La Iglesia es, todavía en el siglo XXI español, uno de los pilares de la vida política, social y cultural. Grimaldos desmonta y analiza su poder, sus relaciones, sus arcaicas formas internas y externas, los conflictos en el seno de la Conferencia episcopal, las relaciones con los diferentes partidos políticos e instituciones bancarias y financieras, en resumen, su influencia y poder. La Iglesia española santificó la Cruzada franquista y los fusilamientos de quienes defendieron la Segunda República. Durante cuarenta años, disfrutó de las prebendas de la dictadura y fue uno de sus pilares. Cuando el régimen empezaba a desmoronarse, se distanció tácticamente de él, apostó por una apertura controlada y selló una renovada alianza medieval entre la cruz y el trono ocupado por el «sucesor a título de rey», designado por el propio Franco. Los Pactos de la Moncloa, la Constitución y los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede apuntalaron sus privilegios. Durante los últimos veinte años se ha convertido en el eje del neofranquismo y ha salido a la calle contra el aborto, los matrimonios entre homosexuales, la escuela pública y la eutanasia. El poder civil ha cedido una y otra vez ante la Conferencia Episcopal, que ha arrancado a Rodríguez Zapatero más dinero público para sus arcas que a Adolfo Suárez o José María Aznar. Esta es la crónica de estos últimos años.

Alfredo Grimaldos

La Iglesia en España 1977-2008

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Titivillus 04.03.15

Título original: La Iglesia en España 1977-2008

Alfredo Grimaldos, 2010

Editor digital: Titivillus

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Para nuestro querido Andrés Sánchez, que nos ha dejado huérfanos. Siempre añoraremos las reuniones de tu casa. ¡Cuánto nos hemos reído, en la mesa de la cocina, con las cosas de estos hechiceros!

Con cariño, respeto y agradecimiento, para el maestro Gonzalo Puente Ojea, una referencia fundamental de lucidez y honestidad.

Introducción

INTRODUCCIÓN.

En mayo de 2003, la Audiencia de Madrid impone una pena de diez años de prisión a José Martín de la Peña, juez eclesiástico y sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, por abusar sexualmente de una menor, de forma continuada, entre 1978 y 1988. La madre de la víctima, una persona muy religiosa, había conocido a «don José» porque fue él, como juez eclesiástico, quien le tramitó la nulidad del matrimonio. Aprovechándose de esta circunstancia, el sacerdote comienza a visitar con frecuencia y absoluta confianza la casa en la que viven la niña de la que abusa, la madre y la abuela. Deja de acudir a la vivienda cuando la víctima ha cumplido trece años. La madre, ignorante del calvario que ha supuesto la infancia de la cría, logra sonsacarle los hechos cuando ella ya es mayor de edad. Entonces explica la situación al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, a quien conocía personalmente y con quien se entrevista en varias ocasiones. Pero lo que hace monseñor Rouco es neutralizar la denuncia, hasta que el caso llega a los juzgados. Y José Martín de la Peña continúa celebrando misas.

Una situación similar se produce varios años después. Rafael Sanz Nieto, sacerdote de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, del barrio madrileño de Aluche, es sentenciado en 2006 a dos años de cárcel por un delito «de abusos sexuales continuados» cometidos sobre un menor entre 1999 y 2001. La víctima tenía trece años cuando se iniciaron las agresiones. De nuevo monseñor Rouco Varela frena el asunto, expulsa de su diócesis a los catequistas que denuncian los hechos y ampara al párroco. La ocultación se convierte siempre en la estrategia de la jerarquía católica cuando un caso de pederastia afecta a un ministro de Dios. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, donde se han denunciado centenares de abusos y violaciones protagonizados por religiosos durante los últimos años. Y en la diócesis de Los Ángeles, una de las más afectadas por esta plaga, los delincuentes han gozado del respaldo del arzobispo Roger Mahony, a quien se puede ver tirando balones fuera en el documental «Líbranos del mal», recientemente estrenado. Ése es el estilo de la Iglesia. Vivir al margen de la legislación civil, pretendiendo que las leyes se plieguen a sus dogmas.

El propio papa Ratzinger «congeló» miles de denuncias por abusos sexuales cuando era el máximo responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe (la antigua Inquisición), entre ellas varias contra el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y buen amigo de Juan Pablo II. Contrasta esta actitud con la intransigencia moral que evidencian constantemente Benedicto XVI y monseñor Rouco Varela a la hora de abordar cuestiones como la utilización de los preservativos, el matrimonio entre homosexuales, los cuidados paliativos, la investigación con células madre o el aborto. Y siguen con la matraca de que la especie humana proviene de Adán y Eva y del paraíso terrenal. En la Expo de Zaragoza, el propio alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, ha apadrinado un acto «creacionista». La Iglesia se adapta a la realidad muy poquito, cuando no tiene más remedio, pero continúa siendo un lastre para el avance científico y la calidad de vida del ser humano. El gran Bertrand Russell decía que las religiones, «en cada etapa, tratan de hacer que el público olvide su anterior oscurantismo, a fin de que su oscurantismo actual no sea reconocido como tal».

Durante los últimos años, la Iglesia española se mantiene en pie de guerra. Mientras los partidos políticos desmovilizan a la sociedad y convierten a los ciudadanos exclusivamente en votantes, la cúpula episcopal se muestra cada vez más organizada y beligerante. Los obispos avalan los mensajes ultraderechistas que se lanzan a través de su cadena de radio y hacen política directa y descarnada todos los días. Nunca habían emitido tantas pastorales, comunicados e instrucciones de todo tipo, ni habían ofrecido semejante número de ruedas de prensa como en esta última época.

Cuanto más se manifiestan y gritan las huestes episcopales en los espacios públicos, convertidos en nuevos púlpitos del integrismo católico, más privilegios reciben del Gobierno. Cada vez se escucha, de forma más insistente, la voz de los obispos, que intervienen en la elaboración o la desactivación de las leyes desde fuera del Parlamento. Todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación, y ante la incomprensión de no pocos militantes y simpatizantes del partido en el Gobierno. Así lo reconoce incluso el número dos del PSOE, José Blanco, sorprendido por la que les está cayendo encima, al afirmar que el trato del Gobierno a la Iglesia católica «ha sido exquisito» y que el acuerdo de financiación «ha sido cuestionado por buena parte de la sociedad y por muchos votantes del PSOE». Pero la Iglesia es insaciable y, además, ya se sabe que Roma no paga a traidores.

De todas formas, no se puede hablar de que haya habido una marcha atrás de la cúpula episcopal durante los últimos años. Tanto en la Iglesia universal como en la española en particular: para que haya involución tiene que producirse, primero, evolución o marcha hacia delante. Y esto no ha tenido lugar en sentido profundo y realmente significativo. Durante la última etapa del franquismo, con el cardenal Tarancón al frente, la Iglesia pretende desmarcarse del Régimen, pensando que la dictadura se va a hundir con enorme estrépito y que lo inteligente es mantenerse lo suficientemente alejado de sus residuos para que el derrumbe no le alcance. El «gran gesto progresista» del arzobispo de Madrid en San Jerónimo el Real, poco después de la muerte del dictador, pidiéndole al rey apertura, no es más que un espectáculo medieval, la renovada alianza eterna entre la Iglesia y el Trono. «Tarancón pasa por ser una persona liberal porque se le compara con los obispos ultras que hay en la Conferencia Episcopal», decía el cura obrero Mariano Gamo. Pero claro, los franquistas más recalcitrantes consideran unos traidores a los máximos responsables del episcopado por intentar abandonar un barco que se hunde.

Dos años antes, en el mismo escenario, durante el funeral por Carrero Blanco, los más extremistas del Régimen le habían gritado al arzobispo de Madrid: «Tarancón al paredón», una consigna que no hacía más que blanquearle para la historia. El exministro franquista Pío Cabanillas comenta el incidente en la serie de TVE «La Transición Española»: «Ese acontecimiento tenía algo verdaderamente entristecedor. Era como una pelea de dos instituciones ya vencidas: la Iglesia, que intentaba remontar su credibilidad, y el Régimen, que intenta remontar una credibilidad que ya no existía».

Pero a la hora de la verdad, no se produce ningún derrumbe estrepitoso. Los cambios son, sobre todo, cosméticos. Figuras como Adolfo Suárez o Rodolfo Martín Villa, surgidos de las entrañas del Régimen, son los encargados de dirigir y controlar la Transición. Y nada se les escapa de las manos. Es entronizado el rey designado por Franco y la Iglesia vuelve a ser lo que siempre ha sido, conservando, además, todos sus privilegios. La reivindicada ruptura y la depuración del régimen dictatorial se quedan, primero, en «ruptura pactada», para convertirse enseguida en «reforma» y finalizar con el «consenso», que no es más que la rendición de los grandes partidos de la oposición ante las condiciones impuestas por los que quieren maquillar el Régimen desde dentro. Ni la Iglesia pide perdón por haber santificado la criminal «Cruzada» y jaleado miles de fusilamientos, ni los policías torturadores son procesados y depurados, ni los magistrados del siniestro Tribunal de Orden Público se ven apartados de la carrera judicial.

El resultado es que, enseguida, la Iglesia y el neofranquismo se alían, olvidando pasajeros reproches, para volver a la carga juntos como siempre. Los Pactos de la Moncloa, la Constitución monárquica y los Acuerdos con el Vaticano actualizan y ponen al día las eternas y desmedidas prebendas de la Iglesia en España. Todo se negocia con un secretismo absoluto, de espaldas a los ciudadanos, que sólo tienen derecho a decir sí o no —como en cualquier referéndum franquista— a un paquete de medidas en el que está todo revuelto: las normas que supuestamente van a democratizar el país, la monarquía heredada del dictador, las menciones expresas a la Iglesia católica… Uno de los «padres» del enjuague constitucional, Gregorio Peces Barba, lamenta ahora los réditos que ha obtenido la Iglesia gracias a la sumisa redacción de la venerada «Carta Magna».

En 1978, los principales ministros siguen siendo hombres estrechamente ligados a la institución católica: antiguos alumnos de los jesuitas, como Agustín Rodríguez Sahagún y Marcelino Oreja; vaticanistas de toda la vida, como Íñigo Cavero o el hombre fuerte de la Iglesia en el Gobierno, Landelino Lavilla. Todos los gobiernos de Suárez están cuajados de ministros clericales, dispuestos a legislar para la Conferencia Episcopal.

Y son estos sectores de UCD, como correa de transmisión de la Iglesia y estrechos colaboradores de la Conferencia Episcopal, los que, ayudados por Alianza Popular y por la pusilanimidad del PSOE y el PCE, consiguen imponer un proyecto constitucional que deja las puertas abiertas para que el estatus del clero español continúe siendo intocable.

Felipe González confiesa que el «gran descubrimiento» del primer Gobierno socialista es la Guardia Civil. Y aparece el GAL. Un criminal convicto como Rodríguez Galindo llega a general gracias al PSOE y, en el camino, se forran Rafael Vera, Julián Sancristóbal y compañía. Ahora, la vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, también ha hecho su gran descubrimiento: el Vaticano. Después de negociar la financiación de la Iglesia con dinero público frente a un obispo de extrema derecha, como monseñor Cañizares, amigo de Zaplana y de Bono, cede en todo lo que el prelado le exige y, a consecuencia de las nuevas fórmulas de financiación pactadas con la Iglesia, el Estado da más dinero a la Conferencia Episcopal que Franco o Aznar. Vamos ganando. Y como prueba de buena voluntad, para sellar esa nueva amistad, Fernández de la Vega se aficiona a visitar la Santa Sede.

González aceptó liquidar al embajador más competente que ha tenido España en el Vaticano, para hacer el caldo gordo al papa Wojtyla, y Rodríguez Zapatero nombra representante de su Gobierno en la Santa Sede a Francisco Vázquez, que llama «casposos» a sus compañeros de partido que reclaman al Estado la aplicación, como mínimo, de unos elementales postulados laicistas. Además, el beato de La Coruña pide públicamente que los contribuyentes pongan una X en la casilla de la Iglesia cuando realicen la declaración de la renta. El enemigo en casa. Que entren y se sirvan lo que quieran.

Ahora, gracias al mal llamado impuesto religioso, la realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo, cuando hace la declaración del IRPF, para financiar a su Iglesia. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de un creyente que, con ese mecanismo, aporta el 99,3 por 100 de su cuota fiscal al Estado, no el 100 por 100, como el resto de los españoles. Pero ésta es sólo una parte de los ingresos eclesiásticos a costa de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que añadirle la enorme cifra destinada a la educación concertada —en su inmensa mayoría en manos de la Iglesia—, los salarios de los profesores que imparten religión —contratados y despedidos por la Iglesia, a su libre albedrío—, los de los párrocos castrenses…

Durante su primer mandato al frente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero renuncia a ampliar la legislación sobre el aborto y a abordar la cuestión de la eutanasia, mantiene la religión en la escuela pública y permite que se deje sin contenido la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en toda la escuela religiosa, incluida la que financiamos todos los contribuyentes. Cuando la cosa está muy clara: lo que hace falta es enseñanza de calidad para todos, y el que quiera religión, a la catequesis, la mezquita o la sinagoga. Ahora se acaba de anunciar la intención del Gobierno de modificar la ley del aborto y abordar el problema de los cuidados paliativos. A ver hasta dónde llegamos.

La Conferencia Episcopal continúa asustando al poder civil, que disfraza su miedo con mentiras. Ante la ofensiva del clero español, Rodríguez Zapatero acude a pedir árnica al nuncio de Su Santidad en España y al propio Vaticano, lo que no hace más que incrementar la sensación de debilidad que transmite el Gobierno en su pulso con el clero. La Iglesia católica española es un conjunto de 40 000 instituciones: 67 diócesis, cientos de órdenes y congregaciones, 23 000 parroquias, más de 14 000 fundaciones y asociaciones. Pero los datos estadísticos señalan que cada vez hay mayor número de bodas civiles, menos estudiantes de religión y mucho más absentismo en las iglesias. Obviamente, el bautismo es más tradición que devoción.

Cuando los prelados denuncian el «laicismo radical» que quiere imponer el Gobierno y reclaman enardecidamente «libertad de enseñanza», es inevitable recordar qué propugnaban los clérigos hace muy pocos años. Los que éramos niños a principios de la década de los años sesenta —no ya en los primeros y siniestros años de la posguerra— recordamos muy bien en qué consistía esa libertad: obligación de presentar la partida de bautismo para poder escolarizarte, misa y comunión obligatoria todos los domingos y el catecismo memorizado con preguntas y respuestas: «¿Podemos nosotros saber cuál es la verdadera religión, entre todas las que se practican en el mundo? Sí; podemos saberlo, y de hecho lo sabemos, porque el mismo Dios nos lo ha revelado; la religión verdadera, la única verdadera, es la religión cristiana, apostólica y romana».

Una muestra evidente de enseñanza libre y científica eran las clases de Historia Sagrada. Aquellos episodios bíblicos son, desde luego, mucho más divertidos en la versión de Leo Bassi. Por ejemplo, cuando nos explicaban aquello del Diluvio Universal, se me ocurrió preguntar «¿y qué pasó con los peces?»; don Juan avanzó por el pasillo y con un bofetón me sacó del pupitre. Respuesta científica a las dudas de un chaval de nueve años, en el marco de la libertad de enseñanza que hoy reclama la Conferencia Episcopal. Por cierto, don Juan se mostraba, además, excesivamente efusivo con varios compañeros. Aún recuerdo los apellidos de algunos de ellos. Otro de los profesores, también religioso, y falangista, juntaba periódicamente a los alumnos de varias clases y pedía que cada uno contase los chistes de Franco que había oído en su casa. ¿Las actividades policiales de los curas franquistas también se consideran libertad de enseñanza?

A lo largo de los últimos veinte años, la Iglesia española, en absoluta sintonía con el Vaticano, ha adoptado posiciones cada vez más integristas. De forma muy marcada, desde la elección del arzobispo Ángel Suquía como presidente de la Conferencia Episcopal, en 1987. Ahora, el hombre fuerte de los prelados es un «duro» como el cardenal Rouco Varela, cuya carrera se ha desarrollado en la estela de monseñor Suquía. Goza de mucho poder en la corte del papa Ratzinger y éste es su tercer mandato al frente de la Conferencia Episcopal. Eso le ha permitido nombrar obispo auxiliar suyo, en la diócesis de Madrid, a Juan Antonio Martínez Camino, otra de las voces más beligerantes de la Iglesia española durante los últimos años. Monseñor Rouco y él están especialmente obsesionados con combatir el matrimonio homosexual. «Es la cosa más terrible que ha ocurrido en veinte siglos», ha dicho el nuevo obispo. En la extrema derecha del episcopado también se sitúan el cardenal primado de la Iglesia española Antonio Cañizares o Agustín García-Gasco. Incluso prelados más templados en otros tiempos están ahora desatados, como monseñor Fernando Sebastián, obispo emérito de Pamplona.

Mientras el Vaticano y el episcopado español apoyan a los movimientos más integristas y ultraderechistas de la Iglesia, como los «kikos», el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, se ha lanzado una auténtica caza de brujas contra teólogos progresistas y los clérigos que apoyan a la Iglesia de base y la teología de la liberación. Al mismo tiempo, Benedicto XVI ha estrechado aún más la «santa alianza» del Vaticano con Estados Unidos, que se consolidó durante el mandato del papa Wojtyla. La Iglesia católica norteamericana tiene cada vez más fuerza, económica y doctrinalmente, y ha influido de forma decisiva en la elección de los dos últimos papas. El circo político norteamericano se mueve en clave religiosa y se ha puesto de moda el llamado shopping religion, una especie de consumismo de la fe, cuyo exponente puede ser un personaje como Bob Dylan, que ha transitado desde el judaísmo hasta el judaísmo de nuevo, pasando por todo tipo de sectas bíblicas, con parada y fonda en el Vaticano de Juan Pablo II. En el país con mayor catálogo de grupos religiosos protestantes, la jerarquía católica, bien organizada y con importante respaldo financiero, va ganado terreno, a pesar del mazazo que se ha llevado con el escándalo de los ingentes casos de pederastia religiosa descubiertos.

La conexión entre el Vaticano y la Casa Blanca, concretada, durante varias décadas, en la red Gladio, sigue muy activa. Y como siempre, la Iglesia española continúa siendo una base fundamental de ese eje. A los ciudadanos de un país que trabajan al servicio de un Gobierno extranjero, con intereses contrapuestos a los del suyo, se les suele llamar espías o traidores, menos en el caso de los agentes del Vaticano. En este caso son curas, obispos y cardenales, capitanes de la fe. Los prelados españoles deben estar bajo el imperio de las leyes de nuestro país. Teniendo en cuenta, además, que cobran sus salarios con cargo al Ministerio de Hacienda, que cada mes los ingresa en una cuenta de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, actúan a las órdenes del Estado Vaticano.

La Conferencia Episcopal participa cada vez más activamente en política. Pide el voto, de forma abierta, para partidos que defiendan el ideario católico, como el PP, e, incluso, para grupúsculos de extrema derecha franquista, como hizo el arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián. La Iglesia española fue la columna vertebral de la reorganización neofranquista a partir de la década de los años ochenta y continúa siendo ahora el mayor reclamo para los movimientos de masas que confluyen en las urnas con papeletas del PP. Esperanza Aguirre y Francisco Camps, que encabezan las dos comunidades que más votos aportan al partido de Mariano Rajoy, lo tienen claro. Es precisamente en Madrid y Valencia donde la batalla contra la Educación para la Ciudadanía va a ser más dura durante este curso.

Mientras tanto, las iglesias de toda España continúan conservando en su fachada las placas de «caídos por Dios y por España», mientras decenas de miles de republicanos asesinados por los fascistas continúan en fosas comunes. El juez Baltasar Garzón ha dictado una providencia para que los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de otros organismos e instituciones como la Conferencia Episcopal, la Abadía del Valle de los Caídos o varios archivos y registros estatales, identifiquen a los desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante el franquismo. La primera respuesta recibida por el magistrado es la de la Conferencia Episcopal, que asegura no tener competencias para atender la petición de que la policía judicial acceda a los libros parroquiales de los difuntos.

En cambio, los procesos de beatificación de los «mártires» de la Cruzada continúan adelante. Desde hace setenta años, las víctimas de la guerra civil del bando franquista descansan en panteones y sus nombres están registrados en las iglesias con todo tipo de bendiciones. Y ahora, tras cuatro décadas de dictadura franquista y otras tres de cobardía y falta de voluntad para poner la historia en su sitio, los hijos y nietos de los asesinados por defender al régimen republicano legítimo, frente al alzamiento de militares y curas, continúan la dolorosa búsqueda de los restos de los suyos.

Durante los años sesenta, a los niños del barrio de Ventas que jugábamos cerca de las tapias del cementerio de la Almudena, los mayores nos contaban entre dientes lo que había pasado allí, con la bendición de la Iglesia. Mientras tanto, por la noche, la emisión de la única cadena de televisión, TVE, se cerraba todos los días con un microespacio de monseñor Guerra Campos, «El alma se serena». Ésa es la libertad de información y educación que quieren seguir imponiendo monseñor Rouco Varela y su auxiliar Martínez Camino.

1. Caídos por Dios y por España

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CAÍDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA

«Y si tienes dinero, tendrás consolación,

placeres y alegrías y del Papa ración,

comprarás Paraíso, ganarás la salvación;

donde hay mucho dinero, hay mucha bendición».

ARCIPRESTE DE HITA,Libro de Buen Amor

«España vuelve a hallarse dividida y enfrentada, porque se están abriendo viejas heridas de la Guerra Civil», declara en noviembre de 2006 el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Durante la rueda de prensa en la que presenta la anunciada «Instrucción pastoral» de los prelados, otra más, denuncia que el tímido proyecto gubernamental de Ley de la Memoria Histórica está, en realidad, «guiado por una mentalidad selectiva». Paralelamente, los prelados españoles preparan una nueva beatificación masiva de «mártires de la Cruzada». En este caso van a ser 498 los agraciados por el Vaticano. Entre ellos no se encuentra ninguno de los sacerdotes vascos fusilados por las tropas franquistas. De este modo, la jerarquía eclesiástica española continúa impulsando el carrusel de beatificaciones que se inició con la llegada de Karol Wojtyla a la cúpula del Vaticano.

«Acabada la Guerra Civil, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos, recordándoles durante décadas los efectos devastadores de la matanza del clero y de la destrucción de lo sagrado, mientras se pasaba un tupido velo por la “limpieza” que en nombre de ese mismo Dios habían emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien», escribe el catedrático Julián Casanova en El País.* «Obispos y sacerdotes celebraron durante mucho tiempo actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de sus mártires. Bajo aquellos “días luminosos” de la paz de Franco, sus restos fueron exhumados y trasladados en cortejos que recorrían con gran solemnidad numerosos pueblos y ciudades, desde los cementerios y lugares de martirio a las capillas e iglesias elegidas para el eterno descanso de sus restos».

La Iglesia católica española quiere, no obstante, perpetuar la memoria de sus «mártires» con algo más que ceremonias fúnebres y monumentos, y reclama, apoyada por los dirigentes franquistas, que todos sean beatificados. Pero Pío XII se opone a una beatificación indiscriminada y masiva de miles de «caídos por Dios y por España». A pesar de que, inmediatamente después de acceder al pontificado, cuando aún falta un mes para poder escuchar el último «parte oficial de guerra» franquista del 1 de abril de 1939, el papa Pacelli ha santificado enseguida la victoria del fascismo en España. El día 16 de ese mismo mes declara: «La nación elegida por Dios acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista la prueba de que, por encima de todo, están los valores de la religión». Además, también ha dado prueba de su agradecimiento personal a Franco por culminar satisfactoriamente la Cruzada, nombrando al dictador protocanónigo de la basílica romana de Santa María la Mayor.

Son los tiempos de las sacas diarias y los fusilamientos en las tapias de los cementerios y las cuentas, de los batallones de trabajadores forzados, el exilio y las prisiones repletas, la hora de la persecución y la expropiación de los bienes de todos los que han defendido la legitimidad republicana contra los militares golpistas, la Iglesia ultramontana y sus aliados nazis y fascistas. Pero la derrota de Hitler y Mussolini en 1945 deja los procesos de beatificación congelados, de modo que las simpatías de Pío XII no canten demasiado y resulten excesivamente molestas para los vencedores de la contienda mundial.

Una actitud similar adoptan sus sucesores Juan XXIII y Pablo VI, quien ordena la paralización de los procesos canónicos que están llegando al Vaticano desde el final de la Guerra Civil. En 1965 decide retrasarlos «para tiempos futuros, cuando la perspectiva histórica ayude a esclarecer los hechos y mejor valorarlos».

La cosa cambia con Juan Pablo II. En marzo de 1982, el papa polaco comunica a los obispos españoles que va a impulsar la beatificación de los «mártires». El anuncio del cardenal Pietro Palazzini, prefecto del dicasterio de la Curia Romana para la Causa de los Santos, de que se van a abrir los procesos de declaración de martirio y beatificación de las víctimas de la Guerra Civil española causa impresión y estupor en el propio Vaticano.

Un «airgamboy» camino de los altares

En enero de 1985 se inicia el primer proceso de beatificación de un mártir de la Cruzada desde que Pablo VI fuera elevado al papado y congelase este tipo de actuaciones. Es el del sacerdote de Agullent (Valencia) Ricardo Pla Espí, fusilado en Toledo el 30 de julio de 1936. El difunto era primo de Jesús Pla Gandía, obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara en el momento de la iniciación del proceso de beatificación. Pla Gandía participa en la ceremonia inaugural del proceso junto al arzobispo de Valencia, Miguel Roca Cabanellas, que besa el cráneo del beatificable. El obispo Jesús Pla es quien, el 10 de marzo de 1984, ha prohibido al católico y apostólico José Bono, a la sazón presidente socialista de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convertirse en padrino de una niña, por ser «dirigente de un partido que legisla contra la Iglesia».

El inicio de la canonización de un hijo de la localidad de Agullent se convierte para este pequeño pueblo en una verdadera fiesta[1]. No es frecuente que se exponga durante 24 horas un cadáver desenterrado casi cincuenta años después de su muerte. Los niños no ocultan su curiosidad y se asoman para contemplar el cuerpo del «siervo de Dios». Sobre un peldaño a escala reducida, que imita el lugar donde fue asesinado «don Ricardo» (junto al paseo del Tránsito, en Toledo), un airgam-boy representa al sacerdote, de espaldas a sus ejecutores. Éstos son otros cinco muñecos, algunos con fusiles y uno con una espada en la mano, que, supuestamente, es quien da la definitiva orden de fuego.

El 29 de marzo de 1987, el Vaticano beatifica a tres monjas carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de julio de 1936. Son las primeras beatificaciones de mártires de la Cruzada. Además de las tres monjas, también toman el camino de los altares el cardenal Marcelo Spínola, arzobispo de Sevilla a principios del pasado siglo, y el sacerdote Juan Domingo Sol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Spínola es el primer cardenal español que consigue ser beatificado. Al solemne acto del Vaticano asiste una delegación del Gobierno socialista de Felipe González, encabezada por el vicepresidente primero del Congreso y diputado por Guadalajara Leopoldo Torres. Veintiún años después, insólitamente, la representación oficial del gobierno socialista de turno, el de Rodríguez Zapatero, en un acto similar tendrá aún más calado, con la presencia de su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Pocos días antes de que se celebren las beatificaciones, se ha filtrado el malestar del Vaticano por el divorcio del embajador español ante la Santa Sede, Gonzalo Puente Ojea, que lleva en ese cargo desde 1985. El diplomático, cuyo nombramiento ya fue objeto de tensión entre la Curia y el Gobierno español, tiene que formar parte, por una cuestión protocolaria, de la misión oficial presente en las beatificaciones. Leopoldo Torres también está divorciado, y el nuevo y recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, Ángel Suquía, hace público su malestar ante semejante desafuero, que deja en evidencia, por partida doble, a la familia tradicional. El propio Felipe González se encargará enseguida de que la presencia de Puente Ojea no vuelva a incomodar al Vaticano ni a la Conferencia Episcopal Española.

Por orden expresa del papa Wojtyla, se hace un catálogo de los «martirizados» en el siglo XX y él mismo toma las riendas del proceso de beatificación de cientos de víctimas del primer año de la Guerra Civil, todas ellas del bando sublevado. «En nuestro siglo han vuelto los mártires», afirmará en la encíclica «Tertio Millennio Adveniente», hecha pública en 1994.

A partir de ese momento se acelera la conclusión de procesos anteriormente paralizados y se abren otros muchos. A la jerarquía eclesiástica española, sin embargo, los más de cuatrocientos beatificados desde entonces le parecen pocos y reclama que sean elevados a los altares muchísimos más: los cerca de siete mil eclesiásticos «martirizados» y unos tres mil seglares de ambos sexos, militantes de Acción Católica y de otras asociaciones confesionales, a quienes se quieren aplicar las mismas categorías. Si se cumple lo anunciado por la Conferencia Episcopal, la Iglesia española tendrá 498 nuevos mártires de la «persecución religiosa» en otoño de 2007. Enseguida se empieza a organizar una peregrinación multitudinaria a Roma para celebrar con júbilo la beatificación en masa de dos obispos, 24 sacerdotes, 462 religiosos, un diácono, un subdiácono, un seminarista y siete laicos.

Y efectivamente, todo sigue adelante según lo previsto. Fallecido el antiguo actor polaco el 2 de abril de 2005, es Benedicto XVI el encargado de dar la bendición papal a tan renombrado evento. Tira la casa por la ventana: la beatificación se celebra en Roma el 28 de octubre de 2007, en una ceremonia conjunta y multitudinaria, contrariamente a lo que ha expresado al comienzo de su mandato. Entonces, el Papa había dicho que estas ceremonias se celebrarían en las propias diócesis. Pero ésta es una «excepción» reclamada con vehemencia por la Conferencia Episcopal Española. Los prelados se comprometen a poner en Roma a dos millones de peregrinos. La cosa se quedará luego bastante más cortita, en alrededor de veinte mil viajeros.

San francisco franco

Hay que recordar que, en materia de canonizaciones, el «papa» Clemente Domínguez, de la Iglesia de El Palmar, alias Gregorio XVII, ya pretendió elevar a la categoría de santo al dictador Francisco Franco. Después de cuarenta años, son los jerarcas de la Iglesia católica y los que continúan justificando la sublevación contra el Gobierno constitucional de la República quienes quieren seguir manteniendo el exclusivo privilegio de honrar a sus muertos. Cuando los restos de decenas de miles de fusilados republicanos aún no han aparecido y sus propiedades, esquilmadas en los años del terror, jamás han sido reintegradas a los legítimos propietarios ni a sus herederos. Cuarenta años de represión y vejaciones, mientras los obispos llevaban bajo palio al dictador. Desde el mismo 18 de julio, en el bando fascista, las víctimas religiosas de la guerra empezaron a ser consideradas «mártires», y a continuación, han tenido cuatro décadas más de dictadura a su servicio. Pero setenta y dos años después del inicio de la sublevación fascista, las placas de «caídos por Dios y por España» se mantienen en las iglesias, al mismo tiempo que muchos republicanos asesinados en la guerra y la posguerra permanecen aún en fosas comunes.

«La Iglesia católica española, a través de representantes suyos, había llamado a un golpe militar en varias ocasiones durante la República, y su papel en ese periodo, lejos de ser apolítico, fue partidista en extremo», escribe Vicenç Navarro[2]. «La evidencia histórica de esa realidad (ignorada por la historia tergiversada que se presentó durante la dictadura y no corregida durante la democracia) es abrumadora. De ahí que, cuando se produce el golpe militar el 18 de julio, parte de la población salió a la calle y tomó la justicia por su mano, indignada, no sólo por el golpe militar, sino por todas las atrocidades que los golpistas estaban cometiendo y que pronto fueron conocidas en el lado republicano. La mayoría de los asesinatos de religiosos (el 90 por 100) tuvieron lugar durante los meses que siguieron al golpe militar. Este tomarse la justicia por su mano debe ser denunciado. Ahora bien, tiene que subrayarse que no contó con el apoyo de la República, que intentó por todos los medios que se terminaran, y que lo consiguió. No así en el lado franquista, donde tales asesinatos fueron política de Estado y continuaron hasta la muerte del dictador».

En su mensaje «Vosotros sois la luz del mundo», escrito con motivo de la beatificación masiva de 2007, los obispos españoles señalan que, con esta ceremonia, «se trata, ante todo, de glorificar a Dios por la fe que vence al mundo y que trasciende las oscuridades de la historia y las culpas de los hombres». Esta enésima ceremonia de reivindicación del franquismo por parte de la cúpula eclesiástica se produce justo en el momento en que se debate en el Congreso la Ley de Memoria Histórica, que propone la reparación de las víctimas de las largas décadas de dictadura y de la Guerra Civil. Es una ofensiva en toda regla. El número de beatificados en esta ocasión equivale prácticamente al del total de todos los «mártires» españoles del siglo XX que hasta ese momento han sido elevados a la categoría de beatos, 479. La mayoría de ellos han iniciado el camino hacia los altares de la mano de Juan Pablo II, principal apoyo de la nueva senda hacia el nacionalcatolicismo emprendido por la Iglesia española.

José Bono es uno de los dirigentes socialistas que está presente en la ceremonia de beatificación del 28 de octubre de 2007 en Roma. En declaraciones a TVE, el exministro de Defensa y actual presidente de las Cortes destaca que, «como socialista y cristiano», considera necesario «avanzar juntos, ya que hay valores de los que se puede beber mutuamente, sin fanatismos, sabiendo que siempre habrá radicales en un campo y en otro».

Miguel Ángel Moratinos preside la delegación oficial española. Paradójicamente, ese mismo día se cumplen veinticinco años de la primera y arrolladora victoria de Felipe González en las elecciones generales de octubre de 1982. Y aquí seguimos. A la ceremonia asisten 71 de los 78 obispos españoles en activo. La masiva beatificación es, para la Conferencia Episcopal, especialmente necesaria «en estos momentos en los que, al tiempo que se difunde la mentalidad laicista, la reconciliación parece amenazada en nuestra sociedad». Los que se beneficiaron de todos los privilegios de un régimen criminal quieren seguir imponiendo su modelo de «reconciliación». Además de las 498 beatificaciones del 28 de octubre hay iniciadas otras dos mil causas y la cifra puede ascender a diez mil. Todos los beatificables son, por supuesto, de un solo bando. Los obispos, que rechazan la legítima reivindicación de la memoria de los miles de asesinados y represaliados por el franquismo, llevan décadas obsesionados por llenar los altares con sus víctimas.

Pero desde el propio seno de la Iglesia suenan algunas voces en contra del evento. En mayo de 2007, una parte del Obispado de Bilbao acusa a la Conferencia Episcopal de «deslegitimar la memoria histórica». «Esta propuesta de beatificación que ahora nos ocupa es una más de las numerosas medidas que parecen posicionar a la Iglesia en actitud beligerante», afirma el Secretariado Diocesano de Justicia y Paz de Bilbao en una nota pública. En el texto se afirma que la beatificación masiva es «el error más grave y pernicioso para una adecuada recuperación de la memoria histórica» y acusa al Episcopado de «utilizar a las víctimas de la Guerra Civil, obviamente inocentes, como tantas otras víctimas, para deslegitimar otra forma diferente de hacer memoria histórica». La nota añade que esta «utilización de las víctimas olvida que, en gran medida, fue la complicidad de la Iglesia, beligerante junto a uno de los bandos en contienda, la que las convirtió en potenciales víctimas». El texto produce una «honda conmoción» en la Conferencia Episcopal, que decide no contestar al comunicado. En cambio, el obispo de Sigüenza se tira al ruedo y, en declaraciones a la cadena Ser, rechaza que la Iglesia condene el franquismo, porque fue una época en la que «también hubo bondades» y condena la «revancha o relectura de la historia parcial» que supone la Ley de la Memoria Histórica.

En el libro Alto y claro. Conversaciones con Rouco Varela, el autor, José María Zavala, le pregunta con sobriedad profesional al entrevistado: «Usted, que acaba de regresar de Roma, donde ha participado en la ceremonia de beatificación de los mártires españoles de la revolución de Asturias y de la Guerra Civil, supongo que lamentará tal vez más que nadie la politización de ese merecido homenaje a los inocentes que ofrecieron su vida por Dios y supieron perdonar a sus verdugos. Incluso hay quienes han pregonado en los medios de comunicación la falacia de que mártires fueron también los caídos en el bando republicano. ¿Qué le parece a usted?». Tras semejante entradilla, el arzobispo de Madrid contesta: «Mártir es, en efecto, aquel que muere por el nombre de Cristo. ¿Tú eres cristiano? ¿Sigues a Cristo? ¿Estás en la Iglesia? O reniegas de Él, o pierdes la vida de una manera directísima… o implícitamente contenida en lo que se te exhorta: “¡Deja de ser sacerdote!”, “¡Deja de ser seminarista!”, “Abandona tu congregación”…» Reniega de todo eso, blasfema. Si no lo haces, te matan. «Eso es un mártir».

Y en relación con los recién beatificados, añade: «Ellos no apostaban ni luchaban por ninguna causa política; ellos no estaban mezclados en ningún tipo de actuación militar o política; seguían a Cristo y vivieron su vida de comunidad y personal con un estilo admirable de pobreza, obediencia, castidad y servicio a los demás. ¿Por eso se les quitó la vida? Pues compare usted otros fenómenos con ése. Es verdad también que en la vida, cuando se niega a Dios, es muy difícil mantener una línea ética pública y social que tenga en cuenta plenamente el bien del hombre».

«La religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la gran batalla que se libró en España desde julio de 1936 hasta abril de 1939», escribe, poco antes de la beatificación multitudinaria, el catedrático Julián Casanova[3]. «Mientras que la religión fue, desde el principio, un elemento útil y positivo, el vínculo perfecto para todos los que lucharon en el bando franquista, el anticlericalismo violento que estalló con la sublevación militar no aportó beneficio alguno a la causa republicana. El incendio de iglesias y el asesinato del clero fueron narrados y difundidos, en España y en el extranjero, con todo lujo de detalles, constituyendo el símbolo por excelencia del “terror rojo”. La Guerra Civil adquirió así una dimensión religiosa que condenó al anticlericalismo a pasar a la historia como una ideología y práctica negativas y no como un importante fenómeno de la historia cultural, con su visión particular de la verdad, de la sociedad y de las libertades humanas».

Y continúa Casanova: «No hay en la actualidad ningún historiador riguroso que silencie esa violencia anticlerical y pueda eludir su análisis e interpretación. La jerarquía de la Iglesia católica, sin embargo, nunca ha condenado la sublevación militar que la desató ni tampoco siente la necesidad de pedir perdón por bendecir y apoyar la violencia franquista durante la guerra y en la larga dictadura que la siguió. Prefiere reconocer únicamente a los “mártires de la fe” y rendirles culto. La Ley de la Memoria fomenta, según los obispos, la división y el enfrentamiento, mientras que las beatificaciones y canonizaciones sólo pretenden “cumplir una deuda” con esos mártires, “ejemplo vigoroso de fortaleza y testimonio”. Es la diferencia entre una solemne ceremonia en el Vaticano, con todos los medios de comunicación pendientes y una amplia representación de las autoridades políticas españolas, y la apertura de fosas en busca de los restos de esos miles de asesinados por los franquistas que ni siquiera fueron inscritos en los registros civiles y de los que se ignora todavía el lugar de su muerte».

El primer ensayo general

El primer gran hito en la ofensiva religiosa contra un Gobierno del PSOE, con las beatificaciones de sus mártires como punta de lanza, se había dado ya más de veinte años antes, en marzo de 1987, con Wojtyla en el Vaticano y Ángel Suquía recién llegado a la cúpula de la Conferencia Episcopal. Una elaborada maniobra conjunta de la cúpula eclesiástica y la extrema derecha franquista, que comienzan su reorganización y anuncian lo que va a venir después.

Lo más granado de la extrema derecha española se presenta en el Vaticano para jalear las beatificaciones de tres monjas que fueron «asesinadas» por las hordas marxistas y que, por tanto, son «mártires de la Cruzada». La extrema derecha española utiliza las beatificaciones propuestas por Juan Pablo II para tomar carrerilla a la hora de reorganizarse.

El 29 de marzo de 1987, cuando el Papa beatifica, en la basílica de San Pedro del Vaticano, al cardenal Marcelo Spínola, al sacerdote Manuel Domingo y Sol, y a las monjas carmelitas Teresa del Niño Jesús, Pilar de San Francisco de Borja y María Ángeles de San José, todos ellos españoles, la ultraderecha franquista logra parte de sus propósitos y culmina un capítulo iniciado cincuenta años antes, un proceso al que denominaron en su día «Operación Mártires». El proceso de beatificación había sido archivado en Roma por orden del papa Pablo VI, por entender que estaba auspiciado por sectores ultraderechistas del clero y del Ejército e instrumentalizado políticamente por la propia dictadura franquista.

En ese momento, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos es el poderoso cardenal Pietro Palazzini, gran mecenas del Opus Dei, relegado durante el pontificado de Pablo VI y rehabilitado por el papa Wojtyla. Afirma que «en la Iglesia, no existe una política de los santos, sino más bien una santa política».

Juan Arias, corresponsal en Roma muchos años, explica en El País[4], con precisión, cómo se hace un santo: «Con el primer paso, la beatificación, se asegura que el candidato al santoral se ha salvado, no ha ido al infierno, aunque podría estar todavía en el purgatorio. En el segundo, con la solemne canonización, se asegura, con infalibilidad papal, que dicho personaje goza ya de la gloria del cielo». Pero el procedimiento santificador tiene sus pequeñas complicaciones. Continúa Arias: «Lo que más suele faltar a los candidatos seglares son los milagros. Por ejemplo, existe un cierto interés por beatificar a un seglar que había sido portero del Palacio de Justicia de Nápoles, pero le falta un milagro, y parece ser que no hay modo de que lo haga. Antes, para la beatificación, hacían falta dos milagros seguros, y otros dos para la canonización. Ahora basta uno para cada cosa, y en algún caso, el papa Wojtyla ha dispensado del hecho sobrenatural».

Es el caso de los mártires de la Cruzada, que gozan de un estatus especial. Arias lo explica muy bien: «La cuestión de los milagros que testimonian la santidad de un candidato a los altares es muy delicada. Están totalmente exentos de ellos los llamados “mártires”, es decir, quienes han ofrecido voluntariamente la vida por defender la fe. Es el caso, según Roma, de los 60 seglares, 300 monjas y 4000 religiosos y sacerdotes asesinados durante la Guerra Civil española y que el Vaticano prefiere llamar “mártires de la persecución religiosa de 1931 a 1936”».

A la ceremonia vaticana del último domingo de marzo de 1987 asisten más de quince mil españoles, que llegan a la capital italiana en autobuses, sobre todo, en caravanas organizadas desde España por los institutos nacionalcatólicos articulados en torno a la «Hermandad Sacerdotal Española», en la que están integrados cerca de tres mil clérigos españoles de los más de veinte mil que, en ese momento, hay censados en nuestro país. Este núcleo de clérigos es conocido también como la «Hermandad de los Curas Nacionales». La asociación sigue reivindicando el retorno al franquismo más duro y la «Cruzada» como fórmula purificadora. Son los mismos que calificaban de «ateo» y «marxista» al cardenal Tarancón, los que se opusieron frontalmente al menor aperturismo eclesiástico y los que hacían circular el ripio de «Tarancón al paredón».

Durante la celebración vaticana, aplauden fervientemente a los peregrinos llegados desde España los integrantes de la organización integrista «Comunión y Liberación», fundada por el teólogo italiano Luigi Giusanni, cuya sección española está dirigida por José Miguel Oriol. También hay representaciones de Falange Española, de los Alféreces Provisionales y de la Guardia de Franco. Todos ellos hacen coro al cardenal primado de Toledo Marcelo González. Entre los peregrinos figuran 42 obispos, cuatro cardenales y más de seiscientos sacerdotes identificados con la Iglesia de la Cruzada.

Son destacados componentes de estas organizaciones franquistas los que han reiniciado, en febrero de 1982, la campaña de beatificación y canonización de los «Mártires de la Cruzada». Tienen órganos de expresión como Iglesia-Mundo, Qué pasa o Fuerza Nueva. Sus líderes espirituales son prelados ultraconservadores, como el cardenal francés Marcel Lefèvre o los españoles monseñor Guerra Campos y el cardenal Marcelo González. En el Retiro madrileño organizan, cada primer sábado de mes, un «Rosario por la salvación de España». Entre ellos hay «capellanes» de Fuerza Nueva, como Sergio Herrera Corrales, candidato fallido al Congreso por Unión Nacional, o el cura Julio Herrera, que ha aparecido en TVE, vistiendo sotana, para pedir el voto a favor del partido de Blas Piñar en las elecciones generales de 1986.

En esta larga lista de patrocinadores de la beatificación y canonización de mártires de la Santa Cruzada destaca el padre Ángel Garralda. Oficiante de las liturgias fascistas de los 20-N y de las misas en el Valle de los Caídos, que es el encargado de bendecir los locales de Fuerza Nueva. Entre ellos están también el padre Oltra, el reverendo Bernardo Montsegú, redactor jefe de la revista Roca Viva, y fray Antonio de Lugo, de los jerónimos de El Paular, que presenta sus libros en las sedes de Fuerza Nueva bajo el patrocinio del obispo Guerra Campos.

El obispo de Cuenca, monseñor Guerra Campos, es, junto con el cardenal primado Marcelo González, el personaje de la Iglesia oficial que más se destaca en la campaña de beatificaciones y canonizaciones de «mártires de la Cruzada». Es también uno de los fundadores y mayores animadores de la Fundación Francisco Franco.

La reapertura del proceso de beatificación paralizado por Pablo VI, ordenada por Juan Pablo II, ha sido dada a conocer por el cardenal Pietro Palazzini, prefecto de las Causas de los Santos Padres y admirador de Benito Mussolini. «El motivo por el que los procesos siguen ahora su curso es que las circunstancias han cambiado, que en España se ha llegado a la pacificación y ya hay una democracia, de modo que ya no existen circunstancias que impidan el normal desarrollo de estos procesos». Así contesta el cardenal Palazzini a la pregunta del obispo Carlos Ariz sobre si «se puede o no llamar mártires de la Cruzada a las víctimas religiosas y católicas de la Guerra Civil española».

Es a principios de los años setenta cuando la Hermandad Sacerdotal Española comienza a oponerse activamente al papa Pablo VI y a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Esta organización clerical tenía entre sus benefactores al almirante Carrero Blanco, y, por iniciativa suya, se edita la revista Iglesia-Mundo, primero semanal y después quincenalmente, que se distribuye desde el Ministerio de Información y Turismo. Junto a las actividades de la pía hermandad hay que situar la edición del Boletín Informativo de la Fundación Francisco Franco, desde el 20 de noviembre de 1977. La presidenta de la organización es Carmen Franco. La hija del dictador, junto con el vicepresidente, Gutiérrez Cano, y el máximo animador de la Fundación, monseñor Guerra Campos, auspician desde su creación la idea del martirologio y la canonización de todos los que «sufrieron persecución de las hordas rojas y los asesinos comunistas».

A todas estas campañas hay que añadir las iniciadas por Hispania Mártir, entidad nacida en octubre de 1979, y las de Amigos de los Mártires de España, cuya sede está en Barcelona. En esta misma fecha, la editorial Testigos de España anuncia la publicación, por fascículos, del Gran Diccionario Martirial de España.

Monseñor Marcelo González escribe en Hispania Mártir, en noviembre de 1981: «El cardenal prefecto de la Causa de los Santos me ha dicho que se puede proceder a incoar las causas de los que se pueden considerar mártires en los tiempos de la Guerra Civil española». Unos años antes, la revista Iglesia-Mundo dedicaba un número extraordinario a los «13 obispos y 6832 sacerdotes, religiosos y religiosas muertos violentamente por las hordas rojas».

Por su parte, el obispo de Cuenca, Guerra Campos, ofrece una charla en la parroquia madrileña de Los Dolores, donde desvela una conversación reservada que ha mantenido con el propio Juan Pablo II: «El Papa tomó la iniciativa, hablando con nosotros, de interesarse cariñosamente por la glorificación de los mártires de la guerra de España. Tendremos que hacer algo, nos dijo, para promover esa glorificación».

A principios de marzo de 1982, el Papa recibe a una delegación ultraconservadora, formada por siete obispos y encabezada por Marcelo González, quien expone a Juan Pablo II la «insistencia de muchos católicos españoles de reanudar los procesos de canonización de los mártires de la Cruzada». En esa ocasión acude también a la cita con el Papa el vicario general castrense, monseñor Benavent, miembro de la comisión permanente del episcopado español y amigo personal del cardenal Ángel Suquía.

El 29 de marzo de 1987 también acude a la celebración del Vaticano el padre Rodríguez, clérigo extremeño ultra, al frente de una delegación de Alféreces Provisionales de Badajoz. El padre Rodríguez es un admirador de Juan Galán Bermejo, que era cura de Zafra en 1936 y fue entonces uno de los encargados de señalar con el dedo a los republicanos detenidos por las columnas del teniente coronel Yagüe que debían ser toreados en la plaza de Badajoz antes de morir. A preguntas de Marcel Dany, de la agencia Havas, el cura de Zafra respondió entonces: «Todavía no hemos tenido tiempo de legislar cómo y de qué manera será exterminado el marxismo en España. Por esta razón, todos los procedimientos de exterminio de estas ratas son buenos, y Dios, en su inmenso poder y sabiduría, los aplaudirá». El cura Galán Bermejo llevaba siempre una pistola reglamentaria del Ejército español encima de la sotana y participó directamente en la ejecución de presos republicanos[5].

El cardenal Palazzini había aclarado también, en 1986, que mártires son sólo aquellos «que se demuestra que murieron por amor a Cristo y su muerte se produce por odio a la fe». Lo mismo que, tradicionalmente, había sostenido nuestra teología clásica, por boca del padre Vitoria, en el siglo XVI: «hay un género de muerte que es siempre martirio, como es la que se soporta por defender algún artículo de fe».

Curas pero no «mártires»

El 3 de septiembre de 1936, cuando las tropas fascistas del general Mola entran en San Sebastián y ocupan casi toda la provincia de Guipúzcoa, se producen, inmediatamente, dieciséis fusilamientos de sacerdotes vascos. Los primeros en morir son Martín de Lecuona y Gervasio de Albizu, vicarios de la parroquia de Rentería (Guipúzcoa), que son fusilados el 8 de octubre de 1936. Los días siguientes continúan los asesinatos de religiosos que ejercían su labor en Hernani, Oiartzun, Marquina, Amorebieta y Elgoibar. Entonces, su obispo, monseñor Múgica, protesta ante la Santa Sede, mandando un informe en el que dice que dos coadjutores de Rentería han sido ejecutados: «Jamás vimos en nuestra región vasca atropellos tan inauditos». Añade que los restantes fusilamientos se han hecho «sin proceso, sin declaraciones de los supuestos reos, sin defensa. ¡Se les ha fusilado sin piedad!», añade. En este caso, el Vaticano interviene y sus quejas cortan los fusilamientos de curas nacionalistas. Las matanzas de republicanos que no gozan de la protección del Vaticano continúan, masivamente, hasta bien entrada la posguerra.

A partir de entonces se hace detener y condenar a la cárcel, o al destierro a otras zonas de España, a muchos sacerdotes vascos. Durante los primeros años, muchos de ellos coinciden en la prisión de Carmona (Sevilla). A partir de los años sesenta, los clérigos nacionalistas y los curas obreros empiezan a sufrir reclusión en la prisión concordataria de Zamora.

«El número de sacerdotes fusilados, las fechas y los lugares de las ejecuciones y la coyuntura política y militar en que se produjeron confirman que estas actuaciones del bando franquista no constituyeron incidentes aislados. Fueron iniciativas con un determinado sentido, reprimir a quienes defendían la legitimidad republicana, sin que para esta práctica del terror fuese impedimento que el encausado fuese religioso», escribe el catedrático Manuel Montero[6]. «No puede descartarse que tal condición constituyera causa o agravante, en un momento en el que, por el apoyo decidido de la Iglesia a la sublevación, el bando franquista desplegaría su inquina contra los curas que se oponían a la rebelión. Téngase en cuenta que era el momento en el que desde la Iglesia se gestaba la idea de “Cruzada” para referirse a la sublevación, pero sin que quizá se hubieran deducido aún las consecuencias que tal símbolo implicaba o sin que se hubiesen transmitido eficazmente».

Enrique Miret Magdalena recuerda[7] que, durante la guerra, la situación religiosa en el País Vasco y en Cataluña tiene especiales características, que son distintas a las de otras zonas: «Al principio, en Euskadi, son los sindicatos los que mandan, pero pronto coge la batuta del gobierno regional el PNV. Los curas van vestidos con sotana, y las fuerzas de los gudaris llevan capellanes para ser atendidos espiritualmente».

Es obvio que la Iglesia no ha podido alegar nunca su desconocimiento de los fusilamientos de sacerdotes vascos por las tropas fascistas. El embajador de Estados Unidos en España durante la Guerra Civil, Claude Bowers, los denunció en su libro Misión en España, 1933-1939[8], en el que señalaba que «esta lealtad de los católicos vascos a la democracia ponía en un aprieto a los propagandistas que insistían en que los moros y los nazis estaban luchando para salvar a la religión cristiana del comunismo».

El régimen franquista mantiene siempre bajo control al clero vasco, incluso a los prelados que van ascendiendo hasta los más altos puestos del escalafón episcopal. En octubre de 1954, el dictador le confiesa a su primo Francisco Franco Salgado-Araujo[9]: «El actual arzobispo de Valencia, doctor Marcelino Olaechea, en otras épocas fue considerado como poco entusiasta con el Régimen y apasionado por el ideal del separatismo vasco; el Gobierno gestionó su ascenso a arzobispo para alejarlo de Navarra, donde tenía su diócesis».

José María de Areilza, conde consorte de Motrico, es otro franquista que evoluciona hacia la «democracia» partiendo desde las más profundas oscuridades del Régimen. Y llega a situarse como candidato a presidente de Gobierno con la monarquía. Durante años, las hagiografías de la Transición le han presentado como un campeón de la tolerancia, obviando, como en el caso de otros de sus compañeros de viaje, los detalles más negros de su biografía.

Un detalle muy ilustrativo: Areilza se convierte, en 1937, en el primer alcalde de Bilbao después de la entrada, a sangre y fuego, de las tropas franquistas en la ciudad del Nervión, tras romper su «cinturón de hierro» defensivo. Todavía queda mucha guerra por delante ese año terrible y las represalias contra los vencidos van a ser tremendas. Areilza lo deja bien claro desde el primer momento: «Ley de guerra, dura, viril, inexorable. Ha habido, ¡vaya que si ha habido!, vencedores y vencidos». El libro de Iñaki Anasagasti y Josu Erkoreka Dos familias vascas: Areilza y Aznar, en el que se hace un exhaustivo seguimiento del conde de Motrico, contribuye decisivamente a poner en su sitio al primer ministro de Asuntos Exteriores del juancarlismo.

Cuando los franquistas entran en Bilbao y aprovechándose de la confusión política imperante durante los primeros días de ocupación de la ciudad, consigue hacerse alcalde de la Villa, nombrado a dedo por un grupo de amigos influyentes.

En 1954, la publicación que mantiene el gobierno vasco en el exilio, Euzko Daya, recuerda los pasos iniciales de Areilza como primer edil de Bilbao: «Para hacerse grato a los detentadores del poder, destacó frecuentemente su voz en el coro de aduladores y en el de los instigadores de los excesos propios de la situación. Se dedicó con frecuencia a denigrar a víctimas indefensas del totalitarismo imperante, haciéndolo en discursos, artículos de prensa e informes que firmaba como alcalde. Conocemos algunos de estos informes leídos en Consejo de Guerra y no vacilamos en calificarlos de criminales, por lo arbitrario de las acusaciones y por la imposibilidad de rebatirlas en que se hallaba el acusado. Con tales imputaciones, las sentencias de muerte eran fulminantes».

Pero lo más elocuente, el texto en el que queda evidenciado su talante revanchista y criminal es el discurso que pronuncia el 8 de julio de 1938, en el teatro Coliseo Albia de Bilbao. Reproducimos algunos elocuentes fragmentos «[…] Que quede esto bien claro: Bilbao conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra, dura, viril, inexorable. Ha habido, ¡vaya que si ha habido!, vencedores y vencidos […] ¡Atención, leguleyos de Ginebra, masones, escoceses y obispos comunistas de la Iglesia protestante! ¡Atención, Frente Popular francés y Komintern de Moscú! La garra de vuestro dominio sobre el solar de España la hemos cortado a hachazos […] España ha recobrado la plena independencia de su soberanía. En uso de ella proclama bien alto su amistad hacia los grandes países europeos amigos que en estas horas trágicas de Cruzada Nacional están junto a nosotros, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Portugal de Oliveira Salazar. A los pueblos de Inglaterra y Francia se lo ha advertido ya el Caudillo Franco: que no se sorprendan mañana si nuestra política exterior cierra sus puertas a quienes, en días de prueba para nuestra patria, nos demuestran su enemistad […] Saludo a Franco ¡¡¡Arriba España!!!».

Luego, siempre cercano al ministro de exteriores, Fernando María Castiella, el que firma, en 1953, el Concordato con la Santa Sede, iniciará su carrera de embajador. El que será reconocido católico y conde de Motrico consorte no muestra mucha simpatía por los curas vascos asesinados. En el mismo discurso se acuerda expresamente de ellos: «Para siempre desaparecerá también de nuestra tierra ese clero secular, o regular, que daba durante los últimos años el lamentable espectáculo de la traición a la Patria desde las gradas sacrosantas del altar o desde las alturas del púlpito. La gran vergüenza del clero separatista, ésa también se acabó para siempre».

En 2003, el Parlamento navarro desatiende la amenaza de una denuncia por injurias hecha por el arzobispo de Pamplona y vicepresidente de las Conferencia Episcopal Española, Fernando Sebastián, y aprueba una declaración sobre los fusilamientos en 1936 que acusa directamente a la Iglesia. El texto aprobado reclama la reparación moral de los tres mil fusilados en 1936, en una zona donde no hubo guerra, y afirma que las ejecuciones se llevaron a cabo «no sólo con el beneplácito de la jerarquía de la Iglesia católica, manifestada públicamente a favor del llamado “Alzamiento”, sino en algunos casos con su participación directa».

El búnker de García Gasco

El 11 de marzo de 2001, Juan Pablo II beatifica a 226 valencianos muertos en la Guerra Civil «por el odio a la fe», entre los que había sacerdotes, religiosos y seglares. Constituye uno de los mayores actos de beatificación celebrados en la plaza de San Pedro de Roma y tiene su origen en las causas iniciadas por el arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, uno de los prelados situados más a la derecha de la Conferencia Episcopal Española. Además, la diócesis de Valencia instruye la causa de canonización de otros 250 mártires, cuyo proceso abre el arzobispo en 2004.

Para honrar su memoria, García Gasco inicia la construcción de un gran templo que recibirá el nombre de Parroquia Santuario de los Beatos Mártires Valencianos y que, gracias al Ayuntamiento de Valencia, se ubica en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad. La alcaldesa, Rita Barberá, del PP, se muestra, una vez más, obsequiosa con la Iglesia. La arrolladora alcaldesa de la ciudad del Turia es hija de un falangista ultra, José Barberá Armelles, que entró en Valencia, al final de la Guerra Civil, con las tropas del general Aranda.

Bajo la premisa de «proteger y garantizar las manifestaciones y tradiciones de la Comunidad Valenciana», el vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, anuncia, el 5 de julio de 2008, que el gobierno valenciano regulará por ley «la defensa de las manifestaciones culturales religiosas que forman parte de la historia del pueblo valenciano».

Este anuncio surge como respuesta a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que acaba de plantear el PSOE durante la celebración del 37.º congreso del partido. Rambla resalta que la Generalitat «tiene la obligación de defender por ley esas tradiciones históricas, como ya se hiciera, por ejemplo, con el Misteri d’Elx en la provincia de Alicante. Asimismo, plantea la necesidad de hacerlo en la actualidad con celebraciones “tan importantes como la Romería de la Santa Faz o las de las Cañas en Castellón, el Hábeas, el Sexenni de Morella, los Peregrins de les Useres, la muixaranga o la mojiganga de Titaguas”», manifestaciones que «podrán declararse Bien de Interés Cultural inmaterial a través de una ley».

Rambla apunta que con esta iniciativa «se defenderán todas las tradiciones religiosas, festivas y culturales que forman parte de la historia de la Comunidad, frente a una posición del Gobierno socialista» con la que, en su opinión, «pretende dividir e ir eliminando señas religiosas que forman parte de nuestra historia».

García Gasco se pone en el grupo de cabeza del pelotón episcopal cuando Ángel Suquía llega a la presidencia de la CEE e inicia el giro hacia el integrismo. Es el propio Suquía quien consagra a García Gasco como obispo auxiliar. Como secretario general de la Conferencia Episcopal, se convierte en una de las bestias negras de Felipe González, quien, manos arriba, se vacía los bolsillos. Tan eficaz gestión de acoso y derribo le permite al montaraz prelado ascender a la sede de Valencia.

Desde que toma posesión de esta archidiócesis, el 3 de octubre de 1992, inicia un fructífero idilio con los dirigentes locales del PP, que ya se ha hecho con los mandos de las instituciones políticas valencianas. De modo especial, con el «muy honorable» presidente y singular católico Eduardo Zaplana, a quien le organiza actos en plena campaña electoral para atraer el voto católico y de quien recibe cuantiosas ayudas públicas para la Iglesia. «Las cosas de Dios se realizan con la ayuda de las instituciones», declara García Gasco.

La Parroquia Santuario de los Beatos Mártires Valencianos está situada, intencionadamente, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, dentro de una estrategia que pretende rentabilizar las visitas a este punto de referencia turística. Las facilidades concedidas por el ayuntamiento para la construcción de este nuevo mausoleo nacionalcatólico contrastan con la mezquina actitud que mantiene en el cementerio de Valencia, donde inicia las obras de construcción de nichos sobre una fosa común en la que, según el Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià, hay enterrados cientos de republicanos fusilados tras la Guerra Civil.

2. De la santa cruzada a San Jerónimo el Real

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DE LA SANTA CRUZADA A SAN JERÓNIMO EL REAL

«Es hora que caiga tanta dictadura,

vergüenza de España con su proceder.

No más militares, beatos, ni curas.

¡Abajo la Iglesia! ¡Que caiga el Poder!».

Canción anarquista

En agosto de 1931, pocos meses después de la proclamación de la República, ya se produce la ruptura total entre la jerarquía católica española y el Gobierno elegido por el pueblo en las urnas, con una pastoral colectiva contra el proyecto de Constitución que se debate en las Cortes Constituyentes. El primer «inconveniente serio» que señalan los obispos es el laicismo del Estado, conceptuado como «crimen social» y «peste mortífera». Además, los prelados consideran la separación Iglesia-Estado como «un pecado de ingratitud, por todo lo que el Señor ha hecho por los pueblos, al sacarlos de la barbarie, ya que por medio de la Iglesia les dio una civilización que les hizo grandes y envidiables». Y añaden: «Los católicos deben guardarse muy bien de defender la separación de la Iglesia y el Estado. Querer que el Estado se separe de la Iglesia sería querer, por lógica consecuencia, que la Iglesia quedase reducida a la libertad de vivir conforme al derecho común de todos los ciudadanos».

Y un poco más tarde, al final del año, con ocasión del tiempo litúrgico de Adviento, el Obispado de Barcelona publica una circular haciendo un llamamiento al Tribunal de Cristo, «donde habrá una horrible confusión de los pecadores y de los políticos impíos». Y continúa el escrito: «Vemos con gran satisfacción el generoso movimiento de protesta que se ha levantado entre nosotros para reparar los daños causados a la Iglesia». Poco han tardado los prelados en sacar la artillería verbal. De momento, sólo ésa. Una de sus principales obsesiones es la libertad de expresión. Con el 14 de abril han florecido numerosos escritos anticlericales. El miedo a la letra impresa no controlada ha caracterizado siempre a la jerarquía eclesial. La censura y el oscurantismo son instrumentos fundamentales para los obispos. La última parte de esta circular está dedicada a alentar a los fieles contra las publicaciones de prensa: «Declaramos, con todo el peso de nuestras responsabilidades, que están comprendidos en el canon 1398 algunos diarios y periódicos que se editan en nuestra ciudad y en otras de la diócesis, sin que pretendamos, en modo alguno, referirnos a sus aspectos profesionales y políticos, como El Diluvio, Solidaridad Obrera, L’Esquella de la Torratxa, El Papitu, L’Hora, La Batalla, y otros que se publican en otras ciudades, como La Traca, Frailazo, El Cencerro, La Tierra y otros similares cuya lectura está prohibida bajo pena de pecado mortal».

La libertad de educación que ahora reclaman para seguir adoctrinando con sus dogmas a las nuevas generaciones de estudiantes, la combatían con todo tipo de armas en 1931. Frente a la República, los obispos sostienen que «en modo alguno es lícito pedir, defender ni conceder la libertad de pensar, de enseñar, de escribir y de culto, como si estas facultades fuesen un derecho concedido al hombre por la naturaleza. Porque si la naturaleza hubiese otorgado al hombre estas libertades, existiría el derecho de sustraerse a la soberanía de Dios y no habría ley capaz de regular la libertad humana». Y para acabar de despachar el asunto, señalan que la libertad de culto «no es libertad, sino degradación de la libertad y servidumbre del alma envilecida por el pecado».

El proyecto constitucional republicano señala claramente que el poder civil «emana del pueblo», pero los obispos pretenden corregir este principio básico de la democracia y, citando a León XIII, aseveran: «La autoridad misma nace de la naturaleza y, por tanto, tiene como autor a Dios. De ahí se infiere que la sociedad pública no procede sino de Dios».

La constitución republicana

El artículo 3.º de las Disposiciones Generales incluidas en el Título Preliminar de la Constitución de la República Española, aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931, señala claramente: «El Estado español no tiene religión oficial». Y el artículo 26 del texto constitucional pormenoriza la separación de Iglesia y Estado: «Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

»El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero».

Además, se proclama la disolución de «aquellas órdenes religiosas que, estatutariamente, impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes».

Las demás órdenes religiosas tendrán que someterse a una ley especial votada por las Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: «Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado. Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. Y obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con la Asociación».

»Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Por su parte, el artículo 27 añade: «La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

»Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

»Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

»Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

»La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento del presidente del Consejo de Ministros».

El 3 de junio de 1932, el presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, presenta en el Parlamento el proyecto de ley sobre fijación del destino de los bienes de la disuelta Compañía de Jesús. La Ley queda aprobada definitivamente en la siguiente sesión, el 8 de septiembre de 1932. La Constitución republicana decretaba la disolución de la Compañía de Jesús y la incautación de sus bienes, y en cumplimiento de este precepto constitucional, el Gobierno dictó el decreto del 23 de enero de 1932, con el que dispuso la incautación inmediata de sus bienes y la creación de un Patronato.

«La Constitución española de 1931 discriminaba a la Iglesia católica e incluso la perseguía. Y eso era, sin duda, reflejo de lo que estaba pasando y causa de lo que luego ocurrió», opina el cardenal Antonio María Rouco Varela[1]. Y en relación con el artículo 26 del texto constitucional, sobre asuntos religiosos, añade: «Ese artículo y otras disposiciones dejaban en manos de la autoridad administrativa, e incluso local, todas las expresiones públicas de culto, de la presencia de la Iglesia en la calle y en la sociedad. También dificultaban seriamente el papel de la Iglesia en la enseñanza, aparte de agravar los problemas relacionados con su financiación, o con el estatuto jurídico de los cementerios propiedad de la Iglesia […] Tampoco debe olvidarse el decreto ley de supresión de la Compañía de Jesús y de confiscación de todos sus bienes, que hacía francamente difícil el respeto al derecho a la libertad religiosa en aquel momento […]».

«España ha dejado de ser católica». Manuel Azaña, ministro de la Guerra del primer Gobierno de la Segunda República y, desde el día siguiente, presidente de Gobierno, pronuncia esta frase histórica la noche del 13 de octubre de 1931. Esa agitada y trascendental sesión nocturna de las Cortes Constituyentes da un rumbo de incalculable importancia a la política que va a seguir el régimen republicano.

La figura de esa noche es, sin duda, Manuel Azaña, quien, desde esa tribuna parlamentaria, se lanza comprometidamente en defensa de algo fundamental, los valores laicos de la República[2]. El discurso parte de dos principios. El primero es que España inicia un nueva era, libre del peso del catolicismo como dogma oficial, y el segundo enuncia que el problema religioso tiene que ser relegado, necesariamente, al campo de la conciencia individual, «porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino». Con esta afirmación se niega el valor de los fenómenos religiosos colectivos y, por supuesto, toda intervención o influencia de éstos en la vida nacional.

«Las Cortes de 1931 no reniegan del pasado, lo consideran superado, porque, para el político republicano, la realidad política, social e incluso psicológica de España era muy distinta», escribe José Manuel Gutiérrez Inclán[3]. «No se podía, según Azaña, continuar con unas categorías históricas que estaban totalmente rebasadas por la realidad que estaba viviendo el país. Azaña considera que el Estado ha vivido enfeudado en la Iglesia, esclavizado y unido al carro clerical, no ha tenido autonomía. Y el deber de las Cortes Constituyentes sería el de dotar a la República de tal fortaleza que pudiera desafiar a la Iglesia reduciendo “el llamado problema religioso” al ámbito exclusivo de las conciencias y limitando la cuestión a “un problema de gobierno”, es decir, a la actitud del Estado frente a un cierto número de ciudadanos que visten hábito talar».

Ante el hecho de la libertad de conciencia, proclamado en el proyecto constitucional, y la seguridad del Estado, Azaña escoge «un término superior a los dos principios en contienda». Y este término superior es la salud del Estado, de la República. Hay que tener en cuenta que, para el político alcalaíno, no todas las órdenes religiosas han de ser tratadas igualmente en razón de su «temeridad para la República». La más alarmante para el Estado es la Compañía de Jesús, y el ministro pide su disolución. Y en razón de la seguridad del Estado, la enseñanza debe ser quitada de las manos de las órdenes religiosas. Azaña afirma: «Que no me vayan a decir que esto es contrario a la libertad, porque es una cuestión de salud pública». Y recuerda que «la obligación de las órdenes religiosas católicas, en virtud de su dogma, es enseñar todo lo que es contrario a los principios en los que se funda el Estado moderno». Tampoco se puede permitir a estas órdenes que ejerzan la beneficencia o la caridad, la razón está en el proselitismo que ejercen con ese motivo.

Ingenuamente, Azaña se pregunta: «¿Creéis vosotros que una política inspirada en lo que acabo de decir, en este concepto del Estado español y de la historia española, conduciría a la República a alguna angostura donde pudiera ser degollada impunemente por sus enemigos?».

La iglesia se organiza

Las palabras de Manuel Azaña levantan las protestas furibundas de los medios confesionales católicos, que ven así amenazado su tinglado. El mismo día 14 de octubre, el periódico clerical El Debate[4], de Ángel Herrera Oria, fundador también del grupo ultraderechista Acción Nacional, publica un editorial en el que, bajo el título «Declaración de guerra», se dice: «Por 178 votos contra 59, se aprobó la mal llamada fórmula que suprime la Compañía de Jesús y sujeta a las demás órdenes religiosas a una ley especial sobre bases tiránicas e inadmisibles». La Iglesia actúa siempre igual, frente a la República y durante la Transición, contra la descafeinada Constitución de 1978 o las leyes educativas del PSOE, el divorcio y el aborto. Hasta hoy. Siempre con amenazas de trasfondo golpista: «Los católicos hemos extremado los deseos de concordia. Sin una provocación de nuestra parte, se nos ha declarado la guerra con un ataque sectario a la religión».

Y continúa Herrera Oria: «El resultado del debate constitucional es un hecho gravísimo y trascendental. Se permite la disolución de las órdenes religiosas, se ordena la efectiva disolución de una de ellas y se le confiscan a ésta sus bienes […] La Constitución que se elabora ya no es nuestra. No estamos los católicos dentro de ella. Se ha proclamado ya a las claras la guerra, la persecución contra la creencia religiosa».

El episcopado, por su parte, entona una partitura que no dejará de repetir varias décadas después. En un mensaje dirigido al Papa y fechado en Madrid el 18 de octubre de 1931, los prelados españoles afirman del proyecto de Constitución republicano: «Se dieron disposiciones sobre la enseñanza y con ello se pretende arrancar al niño de la educación de sus padres y a los jóvenes de la influencia de la Iglesia; se atenta contra la indisolubilidad del matrimonio; implantación del divorcio; se suprime la dotación de culto y clero, quebrantando los solemnes pactos contraídos por el Estado a título de justicia». Y remachan los obispos: «Lo peor de todo es el laicismo que, a fin de cuentas, lo que intenta es sustraer a la ley de Cristo a toda la sociedad […] En nombre de la libertad de pensamiento y de la transigencia, se imponen errores hace ya tiempo condenados». Para ellos, la Constitución republicana supone «la proclamación del ateísmo oficial con todos sus errores y daños incalculables».

Durante toda la batalla, cada vez más abierta y descarnada, de la Iglesia contra la República, los obispos españoles cuentan con el inestimable apoyo del nuncio Tedeschini[5], personaje ultraderechista y maquiavélico, de señorial presencia, que en 1952, en plena dictadura franquista, presidirá, como delegado del papa Pío XII, el Congreso Eucarístico de Barcelona.

El acto más representativo de la campaña promovida por la derecha clerical y la propia Iglesia para reformar el texto de la Constitución se celebra en la vieja Castilla, en Palencia, el 8 de noviembre de 1931. El Debate, en su editorial del 10 de noviembre, bajo el título de «Una jornada triunfal», comenta la concentración político-religiosa de Palencia, precursora de las que tendrán lugar, setenta años después, en la madrileña plaza de Colón: «Al mitin revisionista de Palencia asistieron 23 000 personas. Los católicos han procedido como quien tiene la firme decisión de defender su derecho, incluso mediante el uso de medios coercitivos autorizados por una, a todas luces, legítima defensa. La jornada, pues, ha sido triunfante y gloriosa». Y concluye señalando que deben prepararse para una batalla «larga y dura»: «Al deber religioso y patriótico únese el instinto de conservación para reclamar de todos una cooperación asidua y entusiasta al grupo de hombres que ha echado sobre sí la iniciativa y la responsabilidad de una restauración cristiana».

Afirma Gutiérrez Inclán[6]: «En estas dos palabras finales está la esencia y el sentido de la línea política de Acción Nacional. Habiendo caído la Corona que estaba rematada por la Cruz, se debía conservar, a toda costa, la Cruz, ya que ésta no tenía por soporte natural a la realeza. Era urgente sostener la idea de que era posible una restauración cristiana independientemente de la forma de Gobierno que hubiera en España». Monseñor Tarancón lo tendrá muy claro varias décadas después.

En junio de 1933, el papa Pío XI se lanza al ruedo y, en su encíclica Dilectissima nobis, condena sin miramientos la legislación republicana que respalda el divorcio, seculariza los cementerios y cierra el grifo oficial de financiación de la Iglesia. Parte de la derecha ultra se agrupa en torno al movimiento católico liderado por Ángel Herrera, director del diario El Debate, que confluye con la CEDA de Gil-Robles y contribuye a crear un caldo de cultivo social para el golpe militar del 18 de julio.

Sublevación y cruzada

Desde el primer momento del levantamiento, la Iglesia se vuelca con los golpistas. Los obispos españoles envuelven de legitimidad religiosa el golpe militar. La conversión de la guerra, por parte de los sublevados, en un conflicto puramente religioso, con un planteamiento falso, intoxicador y maniqueo, en el que quedan difuminados los conflictos políticos y sociales, otorga a Franco licencia para el genocidio. La cúpula actual de la Iglesia católica española sigue sin reconocerlo. «El amor a Dios produce mártires y no violencia, como se pretende mostrar de forma superficial», dice el arzobispo de Madrid y actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela.

Por su parte, Vicente Cárcel Ortí, historiador eclesiástico de la Guerra Civil, asegura todavía hoy, desde Roma, que «la actitud de la Iglesia durante la guerra fue de respeto total a la República»[7]. Autor de una treintena de libros, entre los que se incluyen títulos como La gran persecución religiosa en España durante la II República o Mártires españoles del siglo XX, este sacerdote valenciano trabaja en la Curia vaticana desde 1969 y es uno de los principales sustentadores de la versión oficial de la Iglesia sobre lo que ocurrió en la República y la Guerra Civil. «La jerarquía no reconoció a Franco», asegura, con acreditado rigor científico, «simplemente escribió una carta colectiva, el 1 de julio de 1937, cuando ya había pasado un año de persecución, cuando ya habían sido asesinados más de seis mil sacerdotes. Hay una guerra entre dos bandos, y estás con uno o con otro, no puedes estar con los dos».

El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova llega a conclusiones muy diferentes[8]: «Como han confirmado las principales investigaciones, la sublevación no se hizo en nombre de la religión. Los militares golpistas no incluyeron a la religión en los bandos de declaración del estado de guerra y mostraron más preocupación por otras cuestiones: por salvar el orden, la Patria, decían ellos, por arrojar a los infiernos al liberalismo, al republicanismo y a las ideas socialistas que servían de norte y guía a amplios sectores de trabajadores. Ni los militares tuvieron que pedir a la Iglesia su adhesión, que la ofreció gustosa, ni la Iglesia tuvo que dejar pasar el tiempo para decidirse. Unos porque querían el orden y otros porque decían defender la fe, todos se dieron cuenta de los beneficios de la entrada de lo sagrado en escena. Siempre quisieron demostrar, sin embargo, que sólo entraron en escena cuando la violencia anticlerical y revolucionaria que se extendió por la zona republicana no les dejó otra opción. Sabían que ése era el mejor planteamiento para justificar el derecho a la rebelión y la guerra de exterminio que le siguió».

Ya el 23 de agosto de 1936, el obispo pamplonés Olaechea afirma: «No libramos solamente una guerra, sino una cruzada». «La idea de la Cruzada fue un invento inmediato de algunos obispos españoles, que vieron así la manera de santificar la lucha contra la República, con la que estaban profundamente resentidos», escribe Miret Magdalena[9]. «Fueron el de Pamplona, Olaechea; el de Zaragoza, Doménech; el de Tuy, García y García; y el de Santiago, Tomás Muñiz Pablos».

En julio de 1937 se firma la «Carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero», encargada por Franco al cardenal Isidro Gomá, un pacto que uniría para siempre a la dictadura con la jerarquía de la Iglesia. Apoyan con su firma el documento todos los obispos españoles, menos Mateo Múgica y Francesc Vidal i Barraquer, que se encontraba en ese momento en Italia. Múgica, el inequívocamente derechista obispo de Vitoria, había sido expulsado de su diócesis, unos meses antes, por la propia Junta de Defensa de Burgos, como consecuencia de haber «amparado con excesiva transigencia a los sacerdotes nacionalistas» y excusa su firma alegando, precisamente, que no se encuentra en su puesto. La «Carta colectiva» consigue la adhesión de los episcopados de treinta y dos países y de unos novecientos obispos. El respaldo sin contemplaciones al bando rebelde sirve de argumento definitivo para los católicos y gentes de orden del mundo entero.

Un religioso que se hará célebre por su adhesión a la sublevación fascista, el dominico Ignacio Menéndez Reigada[10], escribe también un elocuente folleto de propaganda justificando el levantamiento militar. Sostiene que «el alzamiento en armas contra el Frente Popular y su Gobierno es, no sólo justo y lícito, sino hasta obligatorio, y constituye, por parte del Gobierno Nacional y sus seguidores, la guerra más santa que la historia registra». En 1939, este religioso publica, además, un catecismo, de obligado uso en todas las escuelas y colegios nacionales, en el que se dice de los republicanos: «Esos enemigos han sido vencidos, pero no aniquilados; y ahora, como sabandijas ponzoñosas, escóndense en mechinales inmundos para seguir desde las sombras arrojando su baba […] En ese caso, España no debe dormirse sobre los laureles, sino vigilar siempre a fin de que no vuelva a ser infiel ni a sí misma, ni a lo que la sangre de sus mártires reclama». En la posguerra, la persecución, la represión y los fusilamientos siguen estando justificados y bendecidos por la Iglesia.

Durante el primer mes de guerra ya aparecen las consignas «religiosas», para justificar la sublevación y animar a los católicos a participar en la guerra contra el Gobierno legítimo. Idea que se populariza enseguida, y que utiliza el general Mola tras la toma de San Sebastián, en septiembre de 1936. En cambio, Franco no adopta la letanía religiosa hasta el año siguiente, cuando ya ha perfilado con más claridad su estrategia. No hay que olvidar que, en principio, el 18 de julio es un golpe de la derecha militar contra el Frente Popular, pero desde dentro de la República. De hecho, el primer manifiesto de Franco, desde África, terminaba con el grito de «¡Viva la República!».

Adopción del brazo incorrupto

Enseguida las proclamas se decantan hacia la «guerra religiosa» y se impone el concepto de «cruzada» difundido por la jerarquía católica. «En enero de 1937, el Ejército del Sur, mandado por Queipo, y las tropas italianas del general Roatta inician la campaña de Málaga, que culmina el 8 de febrero con la toma de la capital. Entre otras cosas, sirve parar recuperar la mano incorrupta de santa Teresa de Jesús, que el Caudillo llevará siempre consigo hasta su muerte», escribe Enrique González Duro[11]. «La recuperación de esta reliquia queda inscrita en la versión milagrera de la Guerra Civil, según la cual las victorias franquistas eran exaltadas como pruebas de la protección divina, comenzando por el milagroso paso del Estrecho, siguiendo luego por Brunete, y terminando por la toma final de Madrid. “Y es que España es la nación predilecta de Dios. Por sus grandes servicios a la Iglesia, por ningún pueblo igualados, no le falló jamás su poderosa ayuda”, diría Franco en reiteradas ocasiones».

Y continúa González Duro: «El acto de desagravio por la profanación de la reliquia se celebró en Salamanca poco después de su rescate. Allí se exaltó la obra de la santa como antecedente de su actual protección, interpretándola como imbuida del espíritu de la Contrarreforma, para reafirmar la continuidad entre la reforma teresiana y la protección concedida al ejército nacional, custodio de la espiritualidad cristiana: “Ella, desde el cielo, está velando por España, y por esto providencialmente su mano ha sido traída a Salamanca, que es corazón de España y donde reside su Caudillo en su lucha por la espiritualidad y la civilización cristiana”. La ceremonia se clausuró bendiciendo a la multitud con la reliquia, y la mano fue expuesta cuatro días a la veneración de los fieles».

Pla y Daniel, obispo de Salamanca y devoto de Franco, a quien apoya «moralmente» desde esa ciudad, da el espaldarazo definitivo al manual de consignas religiosas que van a utilizar los sublevados con una pastoral, «Las dos ciudades», el alegato más claro a favor de la guerra como cruzada. El 30 de septiembre, cuando Franco está a punto de ser investido con poderes absolutos, Pla y Daniel define la guerra española como el combate entre «dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la tierra: a un lado, la ciudad terrenal de los “sin Dios”; al otro, “la ciudad celeste de los hijos de Dios”». Considera que se está librando «una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización».

Ése es el concepto que animará, poco después, la pastoral colectiva de 1937. Son los tiempos en los que el humo del cañón y el incienso se funden «hasta las plantas de Dios», en palabras de José María Pemán. «La guerra, al poco tiempo, cambió la mentalidad religiosa de algunos obispos, haciéndose más política y revanchista que religiosa», continúa Miret Magdalena[12]. «Ése fue el caso del obispo de Mondoñedo, Arriba y Castro, que, al terminar la contienda, exaltó a Franco pidiendo, en una pastoral, la bendición para el “Caudillo invicto, el elegido, el insigne caballero del Ideal Hispano”. Y todavía mayor fue el cambio del arzobispo de Granada, Agustín Parrado García, porque el 27 de julio de 1936, al empezar la guerra, se oponía a “pretender por la violencia la sumisión incondicional del adversario, el aplastamiento del enemigo político”. Pero en febrero de 1938 varió radicalmente, ya se había olvidado de sus cristianos consejos y sólo hablaba de razones políticas y religiosas intolerantes, como actitud propia del cristiano».

Por su parte, Julián Casanova señala[13]: «La mayoría del clero no sólo silenciaba esa ola de terror contra los “rojos”, sino que lo aprobaba e incluso colaboraba “en cuerpo y alma” en la represión», como muestran los escasos testimonios de católicos y del propio clero que rompieron esa absoluta complicidad. En palabras de Georges Bernanos, refiriéndose a Mallorca, esos asesinatos «los aplaudían públicamente la inmensa mayoría de capellanes, religiosos y monjas de la isla». El entusiasmo era indiscutible, si creemos a Gumersindo de Estella, capellán de la cárcel provincial de Zaragoza, que no entendía cómo se podía bendecir esa masacre: «Mi actitud contrastaba vivamente con la de otros religiosos, incluso superiores míos, que se entregaban a un regocijo extraordinario y no sólo aprobaban cuanto ocurría, sino aplaudían y prorrumpían en vivas con frecuencia».

Y prosigue Casanova: «Por supuesto, la recompensa a tantos servicios prestados tampoco fue insignificante. Como apunta Frances Lannon, “la victoria de Franco trajo consigo los privilegios más importantes de que había gozado la Iglesia católica en la edad contemporánea: financiación estatal, control de la totalidad del sistema educativo y materialización legislativa de sus valores morales”. De ser una “religión del statu quo”, el catolicismo se convirtió durante la Segunda República, con los cambios en el poder político, en una “religión de la contrarrevolución”, acomodándose a la situación como mejor pudo mientras muchos de sus miembros más militantes y la jerarquía eclesiástica trabajaban a favor del restablecimiento del orden tradicional».

La Iglesia entroniza a Franco como salvador de la religión. La ceremonia se celebra en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid el 20 de junio de 1939. Se entona un tedeum por la victoria y se cantan también antiguas antífonas mozárabes, resultando así la liturgia «típicamente española»[14]. Y para terminar la misa, Franco entrega su espada al Cristo de Lepanto, que preside la ceremonia, uniendo simbólicamente la política española tradicional y la religión hispana con el emperador de Felipe II. El tedeum lo oficia el obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo y Garay, y la misa pontifical, el cardenal primado Gomá, quien desgrana una homilía en la que alaba a Franco reiterada y desmedidamente. Mientras las cárceles están llenas y las tapias de los cementerios huelen a sangre. Así comienza la posguerra.

Responsable ante dios y la historia

Completamente convencido del inestimable respaldo que le proporciona el título de «Salvador de la Cristiandad», Franco recorrerá bajo palio sus casi cuarenta años de poder absoluto. La Ley de Principios del Movimiento Nacional, del 17 de mayo de 1958, comienza con: «Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes…».

Y en el artículo 2.º se dice: «La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación».

Además, en el Fuero de los Españoles, del 17 de julio de 1945, modificado por la Ley Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967, se señala: «[…] sus líneas maestras acreditan el valor permanente del ideario que las inspira y gran número de sus declaraciones y preceptos constituyen un fiel anticipo de la doctrina social-católica recientemente puesta al día por el Concilio Vaticano II, y finalmente, dada la modificación introducida en su artículo 6.º, por la Ley Orgánica del Estado, aprobada previo referéndum de la Nación, a los efectos de adecuar su texto a la Declaración Conciliar sobre la libertad religiosa, promulgada el 1 de diciembre de 1965, que exige el reconocimiento explícito de este derecho, en consonancia, además, con el segundo de los Principios Fundamentales del Movimiento, según el cual la Doctrina de la Iglesia habrá de inspirar nuestra legislación».

En el título 1, capítulo 1, artículo 6.º, la cosa queda clara: «La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial». Y completa el panorama el título 1, capítulo 2, artículo 22.º: «El Estado reconoce y ampara a la familia como la institución natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva. El matrimonio será uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas».

«A pesar de su consagración como Caudillo, Franco tuvo algunas dificultades con la Iglesia, que, aunque le había apoyado en la guerra, se resistía a someterse absolutamente a su autoridad», escribe González Duro[15]. «En España diecisiete sedes episcopales estaban vacantes, y era preciso dotarlas. Franco reclamaba para sí el derecho de presentación de obispos, considerando que, tras el paréntesis republicano, continuaba vigente el Concordato de 1851, con el que no estaba de acuerdo el Vaticano. No quería que se le escapara de las manos el nombramiento de los obispos, a lo que se creía con todo derecho como salvador y benefactor de la religión católica. Privilegio que consiguió imponer y al que no renunció nunca».

Poco antes de la firma del convenio hispano-norteamericano, el 27 de agosto de 1953, monseñor Domenico Tardini, secretario del Vaticano, Alberto Martín Artajo, ministro español de Asuntos Exteriores, y Fernando María Castiella, embajador de España ante el Estado pontificio, firman en el Vaticano el Concordato, lo que significa el sostén definitivo de la Iglesia al régimen franquista y la concesión de importantes privilegios a los prelados. Por su parte, el presidente norteamericano Harry Truman había declarado que no sentía ningún afecto por el régimen de Franco, aunque tenía claro que la Península Ibérica estaba a punto de convertirse en un portaaviones más de su flota[16]. «Como buen baptista, Truman era hostil a España», escribe Vernon Walters en su libro Misiones discretas. Y como sabe que tiene la sartén por el mango, incluso se permite decir: «I hate Spain» («Odio a España»). Esto provoca una nota de prensa por parte de la embajada española en Washington. Pero Franco no se inmuta, necesita el acuerdo, sabe cuál es el valor geoestratégico del país que controla a sangre y fuego y se siente absolutamente seguro del terreno que pisa. El búnker católico, por su parte, se muestra reacio a aceptar las relaciones con los protestantes heréticos, pero estas actitudes no inciden en absoluto en el desarrollo de las conversaciones con los norteamericanos. De todos modos, Franco procura y consigue que el Concordato con la Santa Sede se firme antes de que concluyan las negociaciones con Washington. Con la Iglesia y el Imperio respaldándole, está seguro de que va a ser muy difícil sacarle del Pardo si no es con los pies por delante.

El Concordato establece la confesionalidad del Estado español y confirma todos los derechos y prerrogativas que en tiempos pasados haya disfrutado la Iglesia católica aquí. Las instituciones eclesiásticas y todos los ingresos de la Iglesia gozarán de exenciones tributarias. El Estado seguirá pagando los emolumentos del clero, considerándolos como rentas indemnizadoras de los bienes usurpados por la desamortización, y contribuirá con subvenciones a los gastos de organización de nuevas diócesis, construcción de nuevas catedrales, oficinas de la curia, seminarios… Los curas serán eximidos del servicio militar y se les concederá el fuero eclesiástico: no podrán ser sometidos a juicio sin la previa autorización del ordinario de la diócesis, la vista será secreta y los condenados cumplirán sentencia en cárceles especiales. Se garantiza la enseñanza en todos los centros docentes y se reconoce a la Iglesia el derecho a organizar y dirigir escuelas públicas y privadas, así como a disponer de sus propios órganos de prensa y difusión. Se reconocen plenos efectos civiles al matrimonio canónico, se garantiza la indisolubilidad del matrimonio y se prohíbe el divorcio civil. Además, se reconoce a la Iglesia el derecho a solicitar la prohibición de libros y publicaciones contrarios a la moral y a la fe. Gran parte de este soniquete nos sigue resultando familiar cincuenta y cinco años después.

Franco, cardenal

En diciembre de 1957, «un grupo de españoles» que conservan sus nombres en secreto para que nadie pueda tacharles de «oportunistas y aduladores» tiene la piadosa iniciativa de pedir el capelo cardenalicio para Francisco Franco Bahamonde, «por los grandes servicios que durante más de veinte años ha prestado a la Iglesia»[17].

El escrito, redactado en el habitual tono comedido de la época, afirma: «Nada más justo, nada más equitativo que este premio a otorgar al hombre que, sin ser sacerdote, mayores servicios ha prestado a la Santa Iglesia. De manera que, si se otorgan condecoraciones y títulos honoríficos civiles para premiar servicios al Estado y a los organismos políticos seglares, si algunos soberanos conceden cruces que hacen del agraciado “primo del rey” de que se trate, si esto hacen los poderes perecederos de la tierra, ¿cómo va a hacer menos la eterna Roma haciendo “príncipe de la Iglesia” a uno de los dos o tres más preclaros seglares que jamás la hayan servido en todos los tiempos? Porque, en verdad que desde Constantino el Grande y Carlomagno, nunca soberano alguno, nunca caudillo civil o militar, nunca hombre ninguno hizo tanto por Nuestra Santa Iglesia como el glorioso Francisco Franco, el hombre que ha restituido España a Dios y Dios a España, reparando así la más grosera y odiosa paradoja histórica cometida por los regímenes anteriores: la de una España sin Dios y sin Fe. Y no se nos diga, no, que por seglar, Franco no puede cubrir sus hombros de atleta de la Fe con la púrpura cardenalicia».

Finaliza el delirante escrito pidiendo que apadrinen tan inusual empresa «personas de limpia ejecutoria y acrisolada lealtad» como Rafael Calvo Serer y José María de Areilza, dos personajes que, años después, se colgarán los galones de reformistas y grandes demócratas durante la Transición.

Desaparecido Franco, el «sucesor a título de rey» que él ha designado continúa situando a la Iglesia y la religión en primera línea para todo. En el primer mensaje de la Corona, pronunciado ante el Pleno de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino el día 22 de noviembre de 1975, con motivo del acto solemne de juramento y proclamación como rey de España, Juan Carlos I de Borbón declara: «El rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia. La doctrina católica, singularmente enraizada en nuestro pueblo, conforta a los católicos con la luz de su magisterio». Y prosigue con sus muletillas franquistas y clericales: «Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional». El 27 de noviembre, la ceremonia de promulgación de su nombramiento como rey se celebra en San Jerónimo el Real, donde entra bajo palio, según la costumbre de su benefactor. Comienza la Transición y la Iglesia sigue sin perder posiciones.

3. Homilía adelante y dos pasos atrás

3

HOMILÍA ADELANTE Y DOS PASOS ATRÁS

«Él crea a los priores, los obispos, los abades,

arzobispos, doctores, patriarcas, potestades,

a los clérigos necios da muchas dignidades,

de verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades».

ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor

A finales de los años sesenta, la Iglesia quiere distanciarse apresuradamente de un Régimen moribundo, pero la jerarquía católica se encuentra con una circunstancia que no sabe muy bien cómo manejar en ese momento: la creciente incorporación de amplios sectores católicos a las filas de la oposición política. En la base de la estructura eclesial se ha ido desarrollando un magma izquierdista que, en algunos casos, ha llegado a planteamientos abiertamente rupturistas, frente a la alternativa de actualizar de forma controlada el Régimen, desde dentro, que es la que acaba triunfando durante la Transición. Hacia 1970, la izquierda católica está muy presente en CC.OO., en el propio PCE e incluso en colectivos maoístas como Bandera Roja o la Organización Revolucionaria de Trabajadores. En el seno de la Iglesia están la HOAC y otros colectivos. Y dentro de la variopinta oposición al franquismo, en la que se viven muy distintos niveles de riesgo y compromiso, también hay que mencionar la tradicional presencia del catolicismo en los movimientos nacionalistas vasco y catalán.

A la prisión de Zamora, único centro de reclusión del mundo destinado exclusivamente a sacerdotes, van a parar numerosos curas vascos a los que el Régimen identifica, por cualquiera de sus protestas, como separatistas. En 1969 hay encarcelados allí una veintena de clérigos. La distribución de propaganda de ETA es ya en ese momento un delito que puede acarrear hasta diez años de prisión. Éste es el caso del padre Luis María Berciartúa, acusado de rebelión militar. Fue sorprendido con octavillas en las que denunciaba precisamente que haya sacerdotes vascos encarcelados en Zamora. Se trataba de los curas Jesús Naverán, Alberto Gabicagogescoa, Javier Amuriza, Julen Kalzada, Nicolás Tellería y Julen Madariaga, que iniciaron una huelga de hambre en el Obispado de Bilbao para denunciar las torturas a las que estaban siendo sometidos los procesados en el Juicio de Burgos. A pesar de las protestas del obispo de Bilbao, monseñor Cirarda, el tribunal militar termina condenando a Bereciartúa a ocho años de prisión.

«La cárcel de Zamora era una prisión especial[1] que, además de una parte destinada al cumplimiento de penas de los clérigos, disponía también de un penal adjunto que acogía a menores», escriben Rodolfo y Daniel Serrano[2]. «No tenía, en contra de lo que se pueda creer, más suave trato que las demás prisiones. Las visitas estaban restringidas y la lectura de diarios se reducía a los locales, el Ya y el Marca, todos con “ventanitas”, todos convenientemente censurados por el capellán de la prisión. No era una cárcel cómoda, sino todo lo contrario. El frío en invierno —y sin calefacción alguna— era aterrador».

En 1970, once sacerdotes firman un escrito en el que solicitan el mismo trato que los demás presos y rechazan cualquier indulto especial que pudiera concedérseles. A los nombres citados, suscribiendo tal documento, hay que sumar los de Francisco Bilbao, Jon Etxabe, Martín Orbe, Mariano Gamo, Felipe Izaguirre y Pascual Inchausti.

Sacerdote y comunista, Mariano Gamo es víctima de la represión franquista en numerosas ocasiones y siempre se encuentra desasistido por la jerarquía eclesial del momento. No tiene dudas a la hora de prevenir a la izquierda contra el cardenal Tarancón y contra el propio papa Pablo VI: «Yo pienso que las referencias al progresismo en Pablo VI son similares a las referencias a la lealtad a la República de la Iglesia cuando se sublevó el 18 de julio. Todos creíamos que cuando fue nombrado Papa, Pablo VI iba a ser un hombre que pondría en práctica la intuición histórica del gran Juan XXIII, y nada más lejos de la realidad. En mi primera detención, en la Dirección General de Seguridad, allá por el año sesenta y nueve, me pillaron con una carta en el bolsillo firmada por setecientos católicos centroeuropeos —franceses en su mayoría— que pedían la dimisión de Montini. Entonces yo ya pensaba que Pablo VI era un obstáculo importante en la organización de la Iglesia y que el Papa sólo tiene que ser el obispo de Roma. Y lo que Tarancón hizo, en hora solemne y en fórmula pública, en la homilía de la misa de proclamación de Juan Carlos I, en San Jerónimo el Real, no fue más que abrir una nueva etapa de colaboración con el régimen establecido, un nuevo maridaje entre la Iglesia y el Trono. Tarancón pasa por ser una persona liberal porque se le compara con los obispos ultras que hay en la Conferencia Episcopal»[3].

Gamo es un «cura obrero» que se gana la vida como enfermero en la clínica de la Concepción. También es dirigente del Sindicato Unitario y miembro de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), un partido maoísta al frente de cuyas listas electorales llega a presentarse en los comicios de 1982. «El Vaticano tiene que desaparecer», añade. «Nadie que conozca la historia puede dudar de que el Vaticano representa un antagonismo al legado del Evangelio. La Iglesia está jugando fundamentalmente a durar, por la pura pervivencia de una casta. El Vaticano supone la pervivencia de una ideología conservadora y retrógrada, siempre identificada con el poder y contraria a los intereses del pueblo».

Otro destacado cura obrero de la época es el jesuita José María de Llanos. Su evolución personal y política le lleva desde el falangismo al comunismo. Se va distanciando del Régimen progresivamente, durante la segunda mitad de los años cuarenta y los primeros cincuenta, y ya en 1956 se afinca en el Pozo del Tío Raimundo, en ese momento una de las zonas más deprimidas de la periferia de Madrid. Allí se integra en CC.OO. y el PCE.

Desde su puesto de capellán del Frente de Juventudes ha vivido muy de cerca las relaciones Iglesia-Estado en los primeros años de la posguerra y la asunción por los vencedores del catolicismo a ultranza, con el visto bueno de la jerarquía eclesiástica, que encuentra la ocasión y el hombre providencial: Francisco Franco. «La Iglesia estaba completamente asumida por esa corriente militar, gloriosa, derechista y burguesa que había invadido también la sociedad y el Ejército», afirma Llanos[4]. «La derecha había vencido en una gloriosa batalla, y Franco, al frente, fue un hombre que brindó maravillosamente a aquel juego. Porque Franco no era un gran talento, pero estaba convencido de ser el enviado de Dios. Y cuando la Iglesia se encuentra a alguien convencido de que es el enviado de Dios…, ¿qué más quiere?».

El padre Llanos había llegado a tratar a Franco de cerca, e incluso en 1953 fue a dirigirle unos ejercicios espirituales al Pardo: «Yo le daba —a él y a su mujer— unas meditaciones bastante duras, sobre los pecados del rey Saúl, y después de mi charla, él me daba a mí la suya en su despacho. Yo le decía: “General, ¿qué dice de lo del Rey Saúl?” Y él me contestaba: “Bueno, eso es otra cosa, yo voy a lo mío, yo voy a que Dios me ha enviado para hacerme cargo de esto. Dios hizo milagros para que ganáramos la guerra y Dios me ha puesto aquí”. Esta corriente vencedora también invadió al Ejército, cosa extrañísima, porque el Ejército nunca había sido católico. Los generales primeros, como Cabanellas, eran masones. Y de pronto se encontró todo en manos de los católicos. Nosotros dábamos ejercicios espirituales en todas las academias militares, con todos los cadetes haciendo ejercicios espirituales y viacrucis».

Morcillo y las monjitas

En Toda España era una cárcel, Francisco García Salve, el «cura Paco», recuerda con especial precisión al ultraderechista Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid con sillón en las Cortes franquistas. García Salve afirma que la Iglesia no se portó bien con él, cuando fue detenido y encarcelado, como cura sindicalista y rojo que trabajaba en la construcción. Al final, también es conducido, en 1973, a la prisión concordataria de Zamora. Cuando sufre sus primeras detenciones, aún está al frente del Arzobispado de Madrid Casimiro Morcillo, que no quiere saber absolutamente nada sobre su situación: «Era como si la Iglesia intentara olvidar a aquel hijo descarriado», afirma García Salve. Morcillo llega a decir públicamente que no quiere que le cuenten nada de ese cura rojo.

«Cuando murió Morcillo, estaba el cura Paco trabajando en la construcción; le dijo al encargado que tenía un asunto personal y le pidió permiso para salir un poco antes», escriben Rodolfo y Daniel Serrano[5]. «Sin lavarse casi, vestido con el mono, lleno de óxido de hierro —trabajaba de ferralla—, se presentó en el obispado. Entró aquel obrero desaliñado y sucio en el palacio episcopal. Se dirigió hacia la sala del duelo. Y se quedó allí, ante el catafalco, de pie, mirando al prelado, tieso y adornado con todos los ropajes y cruces. Las monjitas lloraban. Y él empezó a decir: “Qué cabrón eres, Morcillo, qué cabrón”. Tampoco del cardenal Tarancón guarda de García Salve buena imagen. Asegura que no dejaba las iglesias para que se reunieran los trabajadores y recuerda que las dos veces que se entrevistó con él por ese motivo, se marchó sin haber logrado nada».

En mayo de 1971, tras la muerte de Morcillo, monseñor Vicente Enrique y Tarancón es nombrado obispo titular de Madrid. En marzo del año siguiente asumirá el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal, pero ya en septiembre de 1971 marca las coordenadas de la nueva línea que va a imponer durante su mandato, que se prolongará hasta 1981, tras ser reelegido en dos ocasiones. Tarancón cuenta con la confianza de Pablo VI y la Curia vaticana, y es el encargado de presidir la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, en la que se aprueba «superar el inmovilismo y aplicar efectivamente el Concilio Vaticano II», la independencia de la Iglesia y la abolición del Concordato. Pero la bomba estalla cuando propone que se apruebe la siguiente declaración: «Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno dividido de una guerra entre hermanos». La propuesta no obtiene los dos tercios de los votos necesarios para salir adelante, pero es suficiente para que desde los sectores más intransigentemente franquistas se comience a decir, con indignación, que la Iglesia se ha pronunciado en contra del Régimen, desautorizando la gloriosa Cruzada.

«La muerte de Casimiro Morcillo aceleró las cosas. El Arzobispado de Madrid conllevaba la presidencia de la Conferencia Episcopal y Su Santidad Pablo VI consideró que había llegado el momento de forzar esa larga transición de la Iglesia española», declara monseñor Tarancón a Manuel Vázquez Montalbán[6]. El prelado se considera un instrumento de Pablo VI: «Totalmente. Yo he tenido muchísimas conversaciones con él cuando era el obispo Montini y cuando ya era Papa, y tenía una verdadera obsesión: terminar el expediente de la Guerra Civil española. Yo no hice más que aplicar lo que Pablo VI me decía. Me obligó a ir a Madrid y empezó a tratar de aplicar el espíritu del Vaticano II a las relaciones con el Estado español. Por ejemplo, escribió a Franco pidiéndole que abdicara de sus derechos de escoger obispos».

Y continúa el presidente de la Conferencia Episcopal: «Montini estaba muy mal visto por el entorno de Franco. Ya en sus tiempos de obispo de Milán tenía cartel de avanzado, de hombre relacionado con el catolicismo crítico italiano: Lapira, Dolci, Fanfani… Entonces, la punta de lanza del catolicismo progresista. Imagínate ese currículum en manos de los colaboradores que Franco tenía. La Iglesia española ya no era entonces tan monolítica como antes. Durante un tiempo yo gocé de fama de progre, pero también Morcillo, obispo de Zaragoza mientras yo lo era de Solsona, era un hombre avanzado. Fue curioso el caso de Morcillo. Se fue cerrando con los años, tenía miedo a las consecuencias de la liberalización de la Iglesia. Yo sentía la injusticia social en la piel. Una pastoral sobre el racionamiento de pan me trajo problemas. Simplemente constataba un desfase, una no coincidencia entre la propuesta evangélica y la sociedad que nos rodeaba».

A partir de ese momento se produce un importante cambio en la Iglesia española y comienzan a surgir roces con el Estado. «Franco se mostraba perplejo: quería seguir siendo hijo fidelísimo de la Iglesia, pero se cerraba a cualquier concesión», escribe Enrique González Duro[7]. «Pensó en escribir una carta confidencial a Pablo VI, y esbozó algunas notas que reflejan su pensamiento íntimo: “Produce escándalo la política mantenida por Roma al servicio de los enemigos de la Patria… Las amarguras del desaliento por los servicios a la Iglesia… ¡Qué puñalada por la espalda!”. Franco acrecentaba los gestos propios de un gobernante católico, pero en enero de 1973, la Conferencia Episcopal Española tomaba partido por el pluralismo democrático».

Pero la historia no está tan clara. Hay voces que cuestionan la autenticidad de la repentina vocación democrática del cardenal Tarancón. «La Iglesia se alzó o fue alzada al Olimpo de los best sellers, los artistas de moda, los políticos, deportis-tas o escritores de carrera…, todo fue un viento de admiraciones sobre el nuevo curso de las cosas», escribe José Jiménez Lozano[8]. «Un viento de consternación para los que, grosso modo, podríamos llamar católicos integristas o tradicionales muy vinculados, sentimentalmente al menos, con la anterior situación política, que tampoco supieron ver cuán integrista y reaccionario era ese gesto de un obispo leyendo la cartilla política a un rey. Se trataba, en realidad, de la coloreada e ingenua escena —si queremos imaginárnosla pintada por un artista románico— del obispo Remigio adoctrinando al rey Clovis; y el gesto se había repetido luego mil veces en la historia del cesaropapismo».

Jiménez Lozano considera que se pueden distinguir tres familias católicas diferentes en la Iglesia española durante los últimos tiempos del franquismo: los católicos tradicionalistas más enraizados en el Régimen, que vieron en el Concilio Vaticano no sólo un desastre religioso, sino un ariete moral contra el catolicismo nacional, identificado con la dictadura; en segundo lugar, los que consideraban el Concilio como el punto de partida de una etapa liberadora y estaban comprometidos inequívocamente con la izquierda política y, muchos de ellos, situados cerca del marxismo; y en tercer lugar, el grupo que dirigió el cambio. Como en la Transición política, venía de dentro del aparato de la Iglesia y sólo cuando la muerte de Franco se avecinaba, comenzaron a tener roces con el Régimen. Eran los que se atenían a la interpretación oficial de los textos conciliares, que pronto se utilizó para intentar cortar de raíz los «excesos» de los curas progresistas. Esta corriente, encabezada por el cardenal Tarancón, acogió positivamente la democracia controlada, actualización del franquismo a las nuevas circunstancias históricas, pero que no estaba dispuesta a perder en el camino muchos de sus privilegios. Sólo los imprescindibles para no chirriar mucho. Y con cuentagotas.

Tarancón le comenta a Vázquez Montalbán: «Empieza a haber una gran tensión entre los precipitados, los que quieren cambiar las cosas de la noche al día, chocando contra el muro de la intolerancia, y los nostálgicos que adoptan posiciones conservadoras porque temen las consecuencias del cambio, temen esa imagen de la Iglesia desprotegida. No era el momento para echar la casa por la ventana, ni tampoco el de poner frenos. Nunca hay que dividir inútilmente a la comunidad cristiana, y una toma de posición traumática en aquellos años habría hecho más daño que bien».

¡Viva el Obispo de España!

En la mañana del 20 de diciembre de 1973 muere en Madrid, víctima de un atentado de ETA, el almirante Luis Carrero Blanco. Pocas horas después de conocerse el suceso, el cardenal Tarancón, acompañado del padre Martín Patino, es uno de los primeros en visitar el hospital donde se encontraban los restos del presidente de Gobierno. El cardenal comienza a observar una situación de tirantez respecto a él y a la Iglesia que encabeza, en unos momentos de nerviosismo que se plasmarán a lo largo de estos días y, sobre todo, en el funeral y en el entierro del almirante. Insólito es el desplante del entonces ministro de Educación y Ciencia, Julio Rodríguez, negándole el saludo de paz a Tarancón. Posteriormente, en el entierro, arrecian los gritos de «Tarancón al paredón», que se mezclan con los de «¡Viva el cardenal primado!», o «¡Viva el obispo de España!», reivindicando al ultra Marcelo González[9].

En febrero de 1974, el obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, escribe una pastoral que hoy parecería absolutamente inocente. Sin embargo, su contenido, fotocopiado antes de que se dé a conocer desde ningún púlpito, corre como la pólvora y es comentado y jaleado, con una repercusión inusitada. Ministros, políticos, eclesiásticos hablan esos días de la célebre homilía como si de un best seller se tratara. El despliegue es desmesurado. Habla el prelado de cuestiones como el derecho a la normalización lingüística del euskera. El polémico texto comienza diciendo «que uno de los problemas que dañan más seriamente la convivencia ciudadana del País Vasco y que afectan igualmente a la buena marcha de nuestra Iglesia diocesana es el así llamado problema vasco. Mientras unos grupos de ciudadanos, aunque con matices distintos, afirman la existencia de una opresión del pueblo vasco y exigen el reconocimiento práctico de sus derechos, otros grupos rechazan indignados esta acusación y proclaman que todo intento de modificar la situación establecida constituye un grave atentado contra el orden social».

Se llega a dar la orden de expulsar de España al obispo Añoveros. Y en el aeropuerto bilbaíno de Sondica, un avión comienza incluso a calentar motores, por si las cosas se precipitan.

La decisión de Tarancón es tajante: Añoveros no abandonará el país voluntariamente, sino a la fuerza. Y con conocimiento de la Santa Sede, prepara el documento de excomunión del Caudillo. La intervención personal de Franco, que no quiere conflictos con la Iglesia, para la decisión, firmemente tomada por el presidente del Gobierno, Arias Navarro, de expulsar inmediatamente al obispo de Bilbao de territorio español. Curiosamente, monseñor Añoveros, a quien los más exaltados tachan de feroz antiespañol, ha sido voluntario en la «Cruzada» franquista, como capellán de requetés. Al final, todo se resuelve con una declaración conciliatoria de Añoveros. En la serie de televisión de Victoria Prego «La Transición Española», el exministro franquista Pío Cabanillas señala, en relación con el «caso Añoveros»: «Arias apuntaba un comportamiento desleal de la Iglesia, haberse aprovechado del Régimen y abandonarlo ahora, en los últimos momentos».

Sin embargo, las relaciones personales entre Franco y el cardenal Tarancón no dejan de ser cordiales en ningún momento[10]. «Mis relaciones con Franco fueron, por lo general, gratas», confiesa el prelado a Vázquez Montalbán. «El Caudillo era un cristiano, eso es innegable, pero no podía comprender los cambios de la Iglesia. Para él equivalían a desorden. Y el desorden equivalía a peligro para el Régimen. Era un ser tierno. Yo le vi llorar en más de una ocasión, sobre todo cuando le di la paz en el funeral de Carrero Blanco. Al darle el abrazo se apretó a mí y se puso a llorar como un niño». Ambos se entrevistaron oficialmente en ocho ocasiones y monseñor Tarancón casó a una de las nietas de Franco, «esa que se ha separado y que vive en París. Ésa sí. Pero ya lo dije entonces: caso a una, sólo a una. Las demás ya se arreglarán. No iba a casarle yo a todas las nietas».

El 27 de noviembre de 1975 el cardenal Tarancón oficia en San Jerónimo el Real la misa del Espíritu Santo con motivo de la proclamación como rey de España de Juan Carlos de Borbón y lee su mitificada homilía[11]. Después, el arzobispo de Madrid le dice en privado al nuevo jefe de Estado designado por Franco: «Debéis ser el rey de todos los españoles y no de unos cuantos españoles. Y no me pidáis a mí ni a la Iglesia lo que no podamos daros, porque yo no puedo daros más que lo mío, pero en la cuestión política tengo que ser independiente, y si hace falta criticar, yo colaboraré criticando»[12]. Y también: «Vos sois mi rey y acataré siempre la realeza, pero yo soy vuestro obispo y, en el aspecto cristiano y en el de los derechos humanos y la dignidad de las personas, puedo decir lo mío».

A partir de 1982, con setenta y cinco años cumplidos y libre de la responsabilidad derivada de ser la cabeza visible de la Iglesia española, el cardenal Tarancón empieza a pronunciarse, sin demasiada mesura, sobre todo tipo de cuestiones políticas y sociales. Sobre Juan Pablo II opina: «El papa Wojtyla no es involucionista, se lo puedo asegurar. Simplemente, el Concilio generó un cierto aventurerismo y era necesario un Papa que volviera a encontrar un norte. Juan Pablo II puede parecer un papa más tradicional en los aspectos más estrictamente de fe y espiritualidad, pero es un hombre muy avanzado en cuestiones sociales». Y continúa: «Yo me temo que todo eso de la teología de la liberación pueda acabar en un mero mesianismo revolucionario en el que muy poco papel tiene la idea de Dios. Es decir, me prevengo ante su evidente reduccionismo sociologista de la vivencia cristiana»[13].

En 1987[14], cuando es obvio que el Gobierno de Felipe González ya ha reculado ostensiblemente frente a la Iglesia, opina: «Por el peso de sus cien años, ellos, y cuando digo “ellos” me refiero a los socialistas, durante cien años han sido anticlericales, y eso les sale casi sin darse cuenta. Los hábitos adquiridos y el subconsciente les traicionan muchas veces, y, aunque también han borrado el marxismo de su ideología, muchos de ellos sienten en marxista, aunque no quieran. La Iglesia no quiere defender privilegios suyos, sino que se reconozcan los derechos y las libertades, como en todas las democracias. La LODE tiende a conseguir una escuela única, y eso es una solemne barbaridad, porque yo no sabía que los gobernantes deban ser los maestros del pueblo». Y hablando de historia tampoco se corta ya: «La Iglesia se puso al lado de un bando porque los otros la querían aniquilar y no le dejaron otro camino. La Iglesia, acorralada, optó por la supervivencia en aquel tiempo de enfrentamiento de las dos Españas, período en el cual una de esas Españas quemaba iglesias y mataba sacerdotes y religiosos». Y en 1991, con ochenta y siete años, sólo tres antes de su fallecimiento, aún le quedan fuerzas para colaborar con la ofensiva integrista de la Iglesia en el terreno de la educación: «La degradación que se hace de la religión en la LOGSE va a suponer una vulneración del derecho constitucional de los padres a elegir la educación de los hijos».

Durante la Transición, la cúpula de la Iglesia se suma desde el primer momento al carro del partido mayoritario, UCD, integrado exclusivamente por políticos surgidos de las filas del aparato franquista, y cuajado de políticos clericales (Grupo Tácito) dispuestos a seguir legislando para la Conferencia Episcopal.

«La Iglesia se encontró, sin embargo, con que su visión de la democracia y del mundo moderno —la que estaba dispuesta a bendecir monseñor Tarancón en su homilía, desde luego— no se correspondía con la realidad imaginada», escribe José Jiménez Lozano[15]. «La España de 1975 y, sobre todo, de los años siguientes, no era, de ninguna manera, la Italia de 1945 o 1960, y que era la imagen que, sin duda, tenía la cúpula de la Iglesia española al referirse a la democracia. Así que, enfrentada a las exigencias de libertad de una parte importante y organizada de la sociedad y a su ejercicio controlado, pero infinitamente superior al de los tiempos de Franco, a una creciente secularización, miedosa de que la fe, obligatoria hasta entonces, perdiera su relevancia social y quedara reducida a la esfera de lo privado, de lo subjetivo y de las opiniones personales, y temerosa de perder relevancia e influencia cultural y sociopolítica, pronto empezó a recular y a mostrar su cara de siempre». Así que enseguida empieza a sacar todas sus armas para reclamar una financiación privilegiada e imponerse en la Constitución, la enseñanza y contra el divorcio.

En contra de los hombres del Opus Dei, López Bravo y López Rodó, Tarancón, con la confianza de Pablo VI y la ayuda del nuncio Dadaglio, logra que no se firme un nuevo Concordato, en sustitución del de 1953, sino, en su lugar, unos ágiles acuerdos parciales con la Santa Sede que garantizan a la Iglesia la conservación de sus privilegios. Con los nuevos acuerdos concordatarios firmados en 1976 y 1979, la Iglesia se desprende de la pesada carga, ya inútil y contraproducente, de la confesionalidad estatal, pero mantiene todo su peso específico social, todos sus privilegios, toda su inmensa ascendencia sobre la comunidad y el aparato de Estado, eso sí, con la modernizada aureola de un tímido laicismo oficial y de una cacareada separación entre «las dos potestades».

La modélica transición

Una de las constantes políticas del sistema, durante el comienzo de la Transición, es el empecinamiento, por parte de los grandes partidos de la oposición, en afirmar públicamente que el problema religioso en España ha dejado de existir. La «reconciliación» puesta en práctica por el PCE ya durante las dos últimas décadas del franquismo, unida a la evolución de la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II y la opinión generalizada entre muchos dirigentes de los grandes partidos de izquierda de que la política anticlerical desarrollada en algunos períodos de la Segunda República y durante la Guerra Civil había constituido un error, conducen a un replanteamiento del tema.

Oficialmente, ya no hay «cuestión religiosa», aunque continúa en pie la dialéctica izquierda-derecha en relación a la enseñanza privada, eufemismo que esconde la realidad del monopolio de la Iglesia. Otras veces es el impuesto religioso lo que despierta la susceptibilidad del anticlericalismo larvado. Pero siempre se impone la correspondiente declaración del partido de turno para dejar sentado que no hay problemas religiosos, sino, como mucho, una serie de aristas que hay que pulir.

La restauración monárquica, por imposición de Franco, en la persona de Juan Carlos I de Borbón, vuelve a instalar, en la cúpula de la sociedad, la versión modernizada de la vieja unión entre el Trono y el Altar y sostiene una burocracia con el mismo número de sacerdotes que toda América Latina, siempre a cargo del erario público, mediante el acceso a múltiples consignaciones en los presupuestos de varios ministerios.

El arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, coge la antorcha del cardenal Tarancón en 1981, cuando éste agota su tercer e improrrogable mandato, pero las cosas ya han cambiado en Roma. El nuevo papa polaco, proclive a instaurar y controlar gobiernos católicos, como ha puesto de manifiesto con su apoyo a Walesa, no está contento con lo que sucede en España ni es, precisamente, un admirador de Tarancón. Se entiende mejor con el cardenal de Toledo, Marcelo González, que ha luchado en primera línea contra la ley del divorcio y a favor de que se mencione a Dios en la Constitución.

El 23 de febrero de 1987, sexto aniversario del golpe de Tejero, comienza una reunión que dura hasta el día 28, en la que setenta y siete obispos eligen al presidente de la Conferencia Episcopal Española. Seis años antes, el 23 de febrero de 1981, el famoso 23-F, era elegido Gabino Díaz Merchán, mientras Tejero tomaba el Congreso. Frente al continuismo neotaranconista de Díaz Merchán, que precisa de una mayoría de dos tercios para ser reelegido, el Vaticano, el nuncio en Madrid, Mario Tagliaferri, el Opus Dei y las organizaciones fieles a Juan Pablo II, como Comunión y Liberación, apoyan a Ángel Suquía, arzobispo de Madrid.

Ahora se habla de golpe de Estado dentro de la Conferencia Episcopal. El Vaticano y sus peones quieren al cardenal Suquía en la presidencia de los obispos españoles. Es un hombre próximo al Papa, obediente a sus directrices. Después de cinco votaciones, Ángel Suquía Goicoechea se convierte en el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal con el voto de 39 de los 74 obispos presentes. Tras la transición de Díaz Merchán, Juan Pablo II lanza a sus hombres a ocupar los puestos clave de la Conferencia Episcopal Española, mientras da pasos, en la Iglesia universal, en lo que se ha llamado el «restauracionismo» del papa Wojtyla. Pone a prelados de su confianza en París, Viena, Bruselas, Madrid… Aquí, Suquía consigue una cúpula monocolor y madrileña para la Conferencia Episcopal, con la elección de Agustín García Gasco como secretario general. Y aprieta las clavijas a los obispos españoles para que exijan más en los temas doctrinales y de moral sexual y familiar: aborto, divorcio, enseñanza religiosa.

El cardenal Ángel Suquía ya era considerado el candidato vaticano para la presidencia de la Conferencia Episcopal tres años antes, cuando la reelección de Gabino Díaz Merchán no fue recibida con demasiado gozo por Roma. Si en esta ocasión Suquía no hubiese sido elegido presidente, para el Vaticano habría significado casi un enfrentamiento de los obispos españoles con la línea de Juan Pablo II. De hecho, si acaso algo sorprende a los expertos en asuntos vaticanos es el hecho de que la elección del nuevo presidente no se haya producido de forma plebiscitaria, como se esperaba en Roma.

Juan Pablo II quiere un presidente de la Conferencia Episcopal totalmente sometido a sus directrices y capaz de promocionar a obispos de su misma cuerda. Ángel Suquía ha sido el único prelado español invitado por el papa Wojtyla al Sínodo Extraordinario de Obispos celebrado en 1985 en Roma.

Ya aquel año, la contrapartida al nombramiento de Puente Ojea como embajador ante la Santa Sede había sido la obligatoria presencia aquí en España, como nuncio apostólico, de un prelado del ala dura del equipo de Juan Pablo II, monseñor Mario Tagliaferri. El Papa elegía a un delegado integrista y duro, con el fin de tomar en sus manos las riendas de la Iglesia española y ponerla en la línea de recristianización conquistadora inaugurada por Juan Pablo II. Después vendría la paulatina renovación de los prelados españoles y de los cargos directivos de la Conferencia Episcopal, y así contar con hombres de su entera confianza.

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal se alía con el nuncio del Vaticano en España, Mario Tagliaferri, para domesticar a la Iglesia católica española, imprimiéndole un carácter ultraconservador que va a marcar sus siguientes veinte años de existencia. Suquía, arzobispo de Madrid, cuenta también con la estrecha colaboración, en esta tarea regresiva de su obispo auxiliar, Agustín García Gasco. Este prelado va a asumir un papel protagonista de primer orden en la guerra de trincheras desatada por la jerarquía eclesiástica durante las dos décadas siguientes. Suquía, «un vasco que ejerce de gallego», es el padrino de Rouco Varela, quien le sucede al frente de la diócesis de Santiago y, posteriormente, en el Arzobispado de Madrid y al frente de la Conferencia Episcopal.

Suquía y sus «golfines»

Con Suquía comienza el imparable ascenso de grupos ultraortodoxos como el Camino Neocatecumenal y Comunión y Liberación. En los medios eclesiásticos progresistas se habla mucho de «Los Golfines», un grupo promovido por Francisco José Pérez y Fernández Golfín, a quien se considera cercano al Opus Dei. Bajo las órdenes directas de monseñor Suquía, dos integrantes de este grupo han sido nombrados, en 1985, obispos auxiliares de Madrid: el propio Fernández Golfín y Francisco Javier Martínez. Las andanzas del obispo Golfín en Getafe serán muy sonadas, y más aún su muerte. En febrero de 2004, el cadáver del ultramontano recomendado de Suquía aparece desnudo en el baño del convento de monjas del Cerro de los Ángeles, donde residió durante sus últimos años[16].

Sin embargo, numerosos curas de toda España, incluidos «los trescientos de Madrid», toman una clara postura contra la candidatura de Suquía. La alternativa moderada intermedia era José Delicado Baeza, obispo de Valladolid, que se ha convertido en vicepresidente de la Conferencia. La denominación de «los trescientos de Madrid» quedó acuñada cuando un nutrido grupo de sacerdotes de la capital y su cinturón decidió enviar una carta al cardenal Suquía para manifestar su desacuerdo con el nombramiento de los nuevos obispos auxiliares, todos ellos vinculados de alguna manera a posturas próximas al Opus, a Comunión y Liberación y a comunidades neocatecumenales de rancio sabor integrista. Lo que ahora se llama «colectivo de curas de Madrid» nació realmente de aquella toma de postura común frente al cardenal. Le acusan de su «escaso conocimiento de la realidad», recuerdan que «para hablar con él hay que esperar durante meses» y denuncian que sus «descarnadas homilías están llenas de sugerencias restauracionistas».

Con Suquía se habían incrementado en la diócesis madrileña los actos de homenaje a los sacerdotes muertos en la Guerra Civil, entre los que destaca la misa celebrada el 18 de noviembre de 1986 en San Jerónimo el Real. «Los trescientos de Madrid» llegan a la conclusión de que «la actual corrección de rumbo propiciada desde el Vaticano a través de monseñor Suquía se plasma a diario en la neutralización y paralización de la mayoría de los impulsos innovadores que existen en la diócesis. En este sentido, están siendo apoyados o potenciados los grupos más reaccionarios de la Iglesia: Hermandad Sacerdotal, Comunión y Liberación, Comunidades Neocatecumenales, Opus Dei y Focolares, religiosos de mentalidad opuesta al Concilio o que hacen una lectura de él en sentido restrictivo».

Afirman que «se ven marginados en la diócesis los grupos y movimientos de mentalidad más abierta», y, además, el seminario se ve neutralizado por nuevos formadores, sobre todo por grupos de seminaristas que desembarcan en él desde asociaciones eclesiales ultraderechistas. Con Juan Pablo II, el Vaticano se va convirtiendo en un feudo del Opus Dei, con destacada presencia española, representada, entre otros, por Martínes Somalo, mano derecha del papa Wojtyla. A consecuencia de ello, la influencia de la prelatura en la Iglesia española crece constantemente. Por otra parte, la versión española de Comunión y Liberación ha penetrado con fuerza en el mundo de la enseñanza y la cultura religiosa. Comunión y Liberación es un producto italiano creado por Luigi Giussani para contrarrestar el auge del Partido Comunista en Italia. En España es un movimiento laico, nacido de la izquierda cristiana, que ha ido derivando hacia la doctrina más integrista.

Junto a estas organizaciones, todas las comunidades fieles al Juan Pablo II más reaccionario. Y detrás, Suquía, estrechamente vinculado al Papa, promocionado por el Vaticano, y aquí, sobre el terreno, de forma directa, por el nuncio Tagliaferri. Este sinuoso diplomático ha llegado a España procedente de Perú, donde, además de nombrar seis obispos afines a la Obra, en la línea de lo que acaba de hacer Suquía en Madrid, trató de cercenarle la cabeza al padre Gustavo Gutiérrez, defensor de la teología de la liberación.

El Papa, Martínez Somalo, el Opus, Tagliaferri, Comunión y Liberación… tienen a Suquía como la nueva esperanza que resultará bendecida tras el incruento y solapado golpe de Estado en la Iglesia española. En el momento en el que Alianza Popular se debate en luchas internas para suceder a Fraga, el Vaticano aprieta el acelerador y mueve todos sus resortes para que no se le escape el control de la Conferencia Episcopal Española. En 1989, cuando Aznar llegue a la cúpula del refundado Partido Popular, Suquía ya habrá iniciado su ofensiva integrista.

Este fenómeno de derechización de la Iglesia universal coincide también con la derechización del PSOE. Al partido del Gobierno, después de claudicar ante la banca y los norteamericanos, sólo le queda entregarse, además, a la Iglesia católica. Los prelados tensan la cuerda, atrincherándose en una identidad católica confesional que presentan como la única ética válida para resolver los problemas del país. El nombramiento del exjesuita Luis María de Zavala, en 1989, como director de Asuntos Religiosos supone una clara cesión del presidente González ante la Conferencia Episcopal. Además, el Gobierno se vuelca económicamente en la visita del Papa a Santiago, y González acude a saludar a Juan Pablo II, con quien conversa en privado. Pero los esfuerzos de mediación de Zavala se encuentran con dos grandes escollos: la LOGSE, que él no puede controlar, porque es competencia del Ministerio de Educación, y el documento «La verdad os hará libres» sobre moralidad pública.

Junto a acertadas denuncias sobre la corrupción política y otros deterioros de la sociedad española, este texto de la Conferencia Episcopal no admite la posibilidad de una moralidad y unos derechos humanos defendidos desde una laicidad plural. El ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, responde, durante su primera visita al Vaticano, a la pregunta del Papa sobre este asunto: «El Gobierno se entiende bien con los obispos, pero no con Suquía». A todo esto, un famoso documento sobre el aborto, escrito en forma de catecismo, echa leña al fuego, por su contenido y sus formas agresivas. Desde entonces, los temas que más dividen a la Iglesia y a los gobiernos del PSOE son la enseñanza y la financiación.

Tras la dimisión de Zavala, a raíz del cambio de Gobierno, accede a la dirección general de Asuntos Religiosos Dionisio Llamazares, que no está dispuesto a compadrear tanto con la Conferencia Episcopal como su antecesor en el cargo. Durante más de dos meses, Suquía le hace esperar sin recibirle. A todo esto, ya ha caído una bestia negra para la Iglesia: el vicepresidente Alfonso Guerra.

Dionisio Llamazares es socialista de carné y canonista de profesión. En sus años mozos, fue seminarista, luego se doctoró en Derecho Canónico. Ocupa el cargo de director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia desde abril de 1991 hasta septiembre de 1993, y en ningún momento amaina el chaparrón clerical contra él. Cuando se va, declara[17]: «Me habría gustado haber podido firmar los acuerdos económicos con la Iglesia católica. Pero no ha sido posible». Tanto Llamazares como Agustín García Gasco, anterior secretario de la Conferencia Episcopal, habían hablado insistentemente de que el tema de la financiación de la Iglesia estaba maduro, tesis que no comparten en absoluto el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes. Sobre el futuro de la enseñanza de la Religión, Llamazares opina: «Para mí, el problema mayor no es la materialidad de esa enseñanza, sino el del profesorado y su situación jurídica, que, por su doble afiliación a la Iglesia y el Estado, no responde a los principios de igualdad y libertad de cátedra». Afirma que, en este terreno, la cosa va cada vez peor: «Yo, personalmente, firmaba ahora mismo por una asignatura de cultura religiosa no confesional, obligatoria para todos, con dependencia exclusiva del Estado y que la catequesis se diera en las parroquias». Y por fin, no escatima críticas a Juan Pablo II: «El Papa acepta la democracia, pero sólo desde la fe de Dios; como diciendo que una democracia de no creyentes no es democracia. Tengo la impresión de que las nuevas orientaciones explican el cambio brusco producido en la Iglesia de España, una Iglesia que fue pionera en la lucha por la democracia. El cambio ha afectado no sólo a sus relaciones frente al Estado, sino incluso frente a la sociedad».

Toda la cúpula episcopal se va escorando a la derecha de forma notoria. Por ejemplo, Fernando Sebastián, considerado progresista primero, después moderado y, por fin, beligerante del integrismo. Ya en 1991, Sebastián, en ese momento arzobispo coadjutor de Granada, dice: «El PSOE practica un laicismo ortodoxo y estricto. En materia religiosa, prefiere no tratar con nadie y vivir en un Estado sin religión ni Iglesia. Ésta es una de las pocas notas de identidad que le quedan».

En 1992, desde su retiro en Villarreal, sólo dos años antes de su muerte, el cardenal Tarancón aprovecha los escándalos de corrupción del Gobierno para ajustarle las cuentas. Esta última andanada del anciano prelado contra los socialistas da pie a una interesante «Carta a Felipe González» del escritor y periodista sevillano Antonio Guerra, muy cercano al presidente del Gobierno en otros tiempos[18]. «Por supuesto que, en esta situación de rebeldía de los eclesiásticos, también hay que contemplar que lo mismo que su partido no es lo que era, tampoco la Iglesia del cardenal Tarancón era la que es hoy, una Iglesia casi desvinculada de la corriente de aire fresco que supuso el Vaticano II, y encerrada en sí misma, otra vez con sus miedos, sus demonios y sus condenas, como si empezara a echar de menos la sociedad eclesiastizada y clericalizada de los años del Estado confesional. Habrá que ver un día, con reposo, hasta qué punto la Iglesia española añora aquel poderío constantiniano que el franquismo le proporcionó».

Y concluye Antonio Guerra: «Lo que ustedes debieron dejar claro, ya puestos a polemizar en defensa de la representación social que su Gobierno ostenta, es que la Iglesia católica —y mucho menos la española, que tanto tiene de qué arrepentirse— no posee la exclusiva de la salvación. Los últimos pronunciamientos de los obispos indican la pretensión de unas prebendas constitucionales que, vistas imparcialmente, no se sostienen ni son aceptadas por aquellos católicos que, liberados de un nacionalcatolicismo de consecuencias lamentables, pretenden vivir su religión con talante europeo y libre de aquellas trabas constantinianas que el extraño maridaje Iglesia-Estado impuso a la mayoría de los españoles. Más o menos directamente, la Conferencia Episcopal reclama un reconocimiento constitucional de la presencia mayoritaria de los católicos en la sociedad española. Pero ese planteamiento no parece justo: la condición de católico fue en España —y en cierto modo sigue siendo— casi inherente a nuestra nacionalidad. Difícilmente un español podía dejar de ser católico, y no sólo por motivos de educación o tradición familiar, sino porque el ordenamiento jurídico y social de nuestro país estaban construidos a la medida de una sociedad católica y un Estado confesional».

4. Los cachorros del Papa Wojtyla y la caza de brujas

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LOS CACHORROS DEL PAPA WOJTYLA Y LA CAZA DE BRUJAS

«Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir,

mas si huelen que el rico está para morir,

y oyen que su dinero empieza a retiñir,

por quién ha de cogerlo empiezan a reñir».

ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor

Promocionados inicialmente por Juan Pablo II y bendecidos en su ascenso por el papa Ratzinger, los «kikos» se desarrollan a gran velocidad y acumulan cada vez más poder. Su secta, el Camino Neocatecumenal, goza de creciente protagonismo en los grandes eventos internacionales de la Iglesia. En julio de 2008, los «kikos» eran mayoría entre los 4200 peregrinos que, según la Conferencia Episcopal Española, acudieron a la XXIII Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Sidney. El líder del Camino, el pintor y cantautor Kiko Argüello, busca en estos viajes masivos vocaciones tiernas para nutrir los 52 seminarios de su comunidad.

Los «kikos» son el colectivo más numeroso entre los nuevos movimientos católicos. Según el propio Argüello, cuentan con más de un millón de fieles, divididos en 20 000 comunidades enclavadas en 6000 parroquias de 106 países, con 3000 sacerdotes y 1500 seminaristas, y ya controlan varias universidades privadas. El movimiento está integrado por seglares de una ideología ultraconservadora que se dedican de forma obsesiva a su labor de evangelización. Gozan de pleno apoyo de Benedicto XVI, que apuesta a fondo por ellos como antes lo hizo su predecesor. Argüello fue nombrado por el papa Wojtyla consultor de la Familia en el Vaticano.

En España, las principales zonas de influencia del Movimiento Neocatecumental son Murcia, Andalucía y Madrid. Su método de trabajo consiste en enviar familias enteras a lugares donde faltan curas o donde la religión católica está en recesión. Muchos de sus abnegados militantes pertenecen a familias muy humildes, como es el caso de los padres del niño de Bollullos del Condado que objetaron contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y motivaron la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalaba el rechazo a esta materia. Bajo las órdenes de Argüello e identificándose por completo con las directrices de Rouco Varela, los «kikos» han aportado gran parte de la infantería a las manifestaciones religiosas antigubernamentales de los últimos años. Las consignas por las que se movilizan son sencillitas y claras[1]: no al matrimonio entre personas del mismo sexo, no a los anticonceptivos, al aborto y a la eutanasia. Y a las ideas socialistas. Y al separatismo. Y a los religiosos progresistas. Y a los obispos tibios. Y a los jesuitas izquierdosos. Y a los curas que no ceden sus parroquias al Camino. En la línea apocalíptica de su compañero de viaje Rouco Varela, Argüello afirma: «Claro que existe el demonio; está entre nosotros, es un ángel caído».

El Camino Neocatecumenal lleva años trabajando en sintonía con otro movimiento integrista, el Opus Dei, sin que se hayan producido aparentes fricciones entre ambos. Mientras los herederos de Escrivá de Balaguer buscan talentos entre los universitarios y las elites económicas, Argüello se mueve preferentemente en otro estatus social más modesto.

Pero en algunos casos, el furor expansivo de los «kikos» les hace entrar en colisión con otros movimientos católicos e incluso con la estructura oficial de la Iglesia. Por ejemplo, el obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia, Juan Antonio Reig Pla, mantiene un duro litigio abierto con el «kiko» José Luis Mendoza, presidente-canciller de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, por la titularidad de este complejo educativo. Mendoza es miembro del Movimiento Neocatecumenal, y en este contencioso cuenta con el abierto respaldo del nuncio apostólico en España, Manuel Monteiro de Castro, y de los cardenales Rouco y Cañizares. Monseñor Reig ha utilizado tanto la jurisdicción civil como la canónica para reclamar la titularidad de la diócesis para regir la universidad, mientras que Mendoza sostiene que el propietario de la entidad docente es él.

La Universidad San Antonio fue creada hace once años y ostenta el título de católica gracias a una disposición que lo permite, aunque haya sido fundada por un laico. Ha acumulado un patrimonio superior a los diez millones de euros y cuenta con más de seis mil alumnos. Monseñor Reig Pla sostiene que los laicos deben estar sometidos a los obispos. Pero los «kikos» van por libre, extendiendo su red: Mendoza asegura que ha recibido proposiciones para crear otras universidades en Alicante, Almería, Jerez, Boadilla del Monte y Galicia.

El Camino Neocatecumenal, fundado en 1964 por Francisco José Gómez de Argüello y por la religiosa y teóloga Carmen Hernández, ya ha conseguido que el Papa apruebe sus estatutos, lo que le otorga entidad religiosa oficial. El 13 de junio de 2008, monseñor Stanislaw Rilko, presidente del Pontificio Consejo de los Laicos, firma el Decreto de Aprobación del Estatuto del Camino Neocatecumenal por orden de Benedicto XVI.

Los textos que enarbolan los catequistas de Argüello en sus catecismos son muy elementales, sin espacio para la retórica, una colección de consignas marcadas por una visión intransigente y catastrofista del mundo. Sazonadas con continuas peticiones de dinero a sus fieles[2]: «Alguno que tenga una herencia, alguno que tenga algo, que ponga aquí cinco millones de pesetas para construir el seminario de Madrid». Los «kikos» aportaron importantes donativos para finalizar las obras de la Almudena, y Rouco recompensó a su líder encargándole pintar al fresco el ábside del templo y diseñar las vidrieras. Algo así como si «el maligno» se mete a decorador.

«En cualquier celebración de los “kikos”, durante el tiempo en que relatan sus experiencias vitales, cada interviniente se presenta con su nombre de pila y el número de hijos que ha traído al mundo: “Cuatro, cinco, seis, siete…”». Así relata un redactor del diario El País[3] el ambiente característico de las reuniones de los miembros del Camino Neocatecumenal. Y continúa: «A medida que el número asciende, un murmullo de aprobación se extiende por los bancos de la Iglesia. Cuando un hermano afirma “tengo diez”, brotan los aplausos. Según Argüello, los miembros del Camino tienen el promedio de hijos más alto de la cristiandad, “cinco por familia”. En cuarenta y cuatro años de Camino se han incorporado a las comunidades de la secta miles de hijos y nietos de los primeros seguidores. El crecimiento de sus filas ha sido exponencial. Hoy abarrotan las celebraciones. Después de cada acto multitudinario, con las masas enfervorizadas por la catequesis de Kiko, el iniciador pide vocaciones: “¡Que levanten la mano los hermanos que quieran ir al seminario!”. En el fragor del momento, enardecidos, decenas de jóvenes se alistan sin pensarlo. Muchos marcharán por el mundo como predicadores ambulantes financiados por el Camino. Otros se convertirán en sus sacerdotes. Y los obispos, emocionados. ¿Quién le va a negar nada a Kiko?».

El flechazo del opus

«Yo diría que el Opus tiene una característica especial marcada por su fundador, que, por su vida, está marcado psicológicamente. Esa marca se transmite a todo el Instituto. Entonces, ciertos puntos de la espiritualidad, incluso de la concepción de la misión evangelizadora, tienen aún residuos de la mentalidad de hace años, y en ese sentido se puede hablar de que son un poco conservadores»[4]. Así sintetizaba monseñor Vicente Enrique y Taracón, en 1984, su opinión sobre el Opus. Al parecer, no excesivamente favorable al movimiento iniciado por san Josemaría Escrivá de Balaguer. Y continuaba mostrando su contrariedad porque la Obra hubiese quedado constituida como prelatura personal, fuera de la jurisdicción de los obispos y dependiendo directamente del Papa: «La inmensa mayoría de los obispos españoles éramos contrarios a eso. El Opus había intervenido una época en política y estaba marcado. Nos parecía que era un peligro. Esto es verdad. Y por eso podía ser que aquel estatuto pareciera darle más importancia al Opus».

Efectivamente, el veterano cardenal sabía lo que decía: el Opus Dei se convierte en uno de los principales aliados del papa Wojtyla para llevar a cabo el retorno de la Iglesia española a su línea más integrista. De acuerdo con el Vaticano, en febrero de 1987, la Obra apoya a monseñor Suquía para el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal y él es el encargado de iniciar la restauración. Suquía enlaza perfectamente con la idea del Opus y de Juan Pablo II: ruptura con lo que supone el «taranconismo» y la vuelta a posturas anteriores al Concilio Vaticano, al «espiritualismo» que tanto le agrada al Papa, y la búsqueda de mayor influencia en la sociedad civil, en el poder político. Para llevar a buen término la operación, Suquía y el Opus cuentan con el inestimable apoyo del duro nuncio vaticano en Madrid, monseñor Tagliaferri, que procede de América Latina —antes ha sido nuncio papal en Perú— y ha estado muy presente en las cruzadas de Juan Pablo II contra la teología de la liberación.

Jesús Ynfante, periodista de investigación que ha indagado a fondo en el interior de la organización creada por Escrivá de Balaguer, escribe[5]: «Frente a los socialistas en el Gobierno, la estrategia política fue distinta, concentrándose los miembros del Opus Dei en una sola formación política, el Partido Popular, copia fiel inspirada en la fundación del Partido Popular Europeo. Esta dirección única en la militancia no vino dada sólo por el estrechamiento de los cauces representativos de la derecha, sino también por la acción que la jerarquía de la Iglesia española, a instancias del Opus Dei, desarrolló durante el mandato de Ángel Suquía al frente de la Conferencia Episcopal. Suquía, cuya primera decisión en el cargo fue organizar una peregrinación al santuario de Torreciudad, trabajó junto al nuncio vaticano Mario Tagliaferri, y con el apoyo del diario ABC, en la unificación de la derecha española. Para ello presionaron a Marcelino Oreja, Javier Rupérez y Manuel Fraga, viejo adversario del Opus Dei, para convertir Alianza Popular en el partido de tinte conservador y democristiano que albergara a toda la derecha española y que tuviera alguna posibilidad de derrotar al PSOE».

En el primer Gobierno de Aznar, en 1996, aparecen ya varios ministros vinculados al Opus Dei: Isabel Tocino, Loyola del Palacio y José Manuel Romay. Otro destacado integrante de la Obra, Federico Trillo[6], es nombrado presidente del Congreso de los Diputados.

En la Comunidad Valenciana, bajo la sombra de Francisco Camps, político de profundas convicciones católicas, hay un núcleo duro del PP vinculado al Opus Dei, en el que destaca Juan Cotino, que fue director general de la Policía con Aznar, y el clan Michavila. Una de las mujeres fuertes del nuevo equipo de dirección de Mariano Rajoy en el PP, Ana Mato, también mantiene estrechas relaciones con la Obra. La presencia del Opus Dei es, además, notoria en organizaciones sociales que se mantienen en permanente pie de guerra, como la Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Asociación Provida o la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza.

El ventarrón antiliberal y antimarxista desatado durante el episcopado de Juan Pablo II encaja armoniosamente con los cauces conservadores de activas asociaciones laicas como el Opus Dei. Con el papa polaco, la organización fundada por Escrivá de Balaguer se ve lanzada a nuevas escalas de poder en el propio Vaticano, con lo cual consigue niveles de apoyo y legitimación que hasta entonces le resultaban inaccesibles. El Opus no goza de trato de favor especial con los papas Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, pero se convierte en el movimiento predilecto de Karol Wojtyla. Albino Luchiani, cuyo pontificado con el nombre de Juan Pablo I duró poco más de un mes, tampoco era de la cuerda del Opus, que consideró su elección como un contratiempo. Pero el problema se resolvió pronto.

«Las simpatías del cardenal Karol Wojtyla por la Obra venían de lejos», escribe George Weigel[7]. «Durante los años sesenta había dado una conferencia en uno de sus centros de estudiantes en Roma. El énfasis del Opus Dei en el apostolado laical, la idea de santificar los lugares de trabajo por obra de profesionales apostólicamente comprometidos, tenía puntos de contacto con la interpretación que daba Wojtyla a uno de los temas fundamentales del Vaticano II. Por lo tanto, no fue de extrañar que el nuevo Papa acogiera con simpatía la propuesta del Opus Dei: ser reconocido como “prelatura personal”, innovación jurisdiccional dentro de la Iglesia que ya estaba prevista en el Vaticano II. En el caso del Opus Dei, satisfacer la petición de la institución significaba verlo, de hecho, como una diócesis mundial y no territorial. La dirección de la Obra aducía que esa solución, sin duda innovadora, permitiría al “prelado” que estuviera al frente promover la espiritualidad característica de la Obra y desplegar, con mayor eficacia, a sus sacerdotes por encima de las fronteras nacionales o diocesanas».

Weigel añade: «La idea de las prelaturas personales era vista con recelo en la curia romana y por bastantes obispos. Los críticos del Opus Dei se oponían con vehemencia a que se le concediera aquel estatus sin precedentes, porque temían que, a efectos prácticos, lo desvincularía de la autoridad jurídica de los obispos locales. Los argumentos de los críticos no convencieron al Papa, que, el 28 de noviembre de 1982, promulgó una constitución apostólica que convertía al Opus Dei en la primera prelatura personal de la Iglesia, nombrando prelado al colaborador más próximo de monseñor Escrivá, su sucesor Álvaro del Portillo».

Y efectivamente, en 1982, Juan Pablo II eleva la Obra al rango de «prelatura personal» (diócesis sin territorio), la única existente hasta ahora, con lo que deja de depender de la Sagrada Congregación de los Obispos, y designa a monseñor Álvaro del Portillo, sucesor de Escrivá al frente de la organización, como consultor de la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos.

Además, para hacerse con el control total de las operaciones de prensa del Vaticano, Juan Pablo II llama a su lado al opusdeísta español Joaquín Navarro Valls, que se convierte en el primer seglar que ocupa el cargo de portavoz papal y director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, la Sala Stampa.

De forma adicional, en 1981, se abre el proceso de beatificación de Josemaría Escrivá de Balaguer. El inicio de la causa es postulado por un tercio del episcopado mundial: 1300 obispos. Un hecho único en la historia de la Iglesia. El fundador del Opus tiene la cosa facilita para llegar a los altares, y, claro, al final lo consigue sin muchos problemas. Uno de los médicos de la comisión especial de la Congregación para las Causas de los Santos, encargada de valorar al autenticidad de los milagros que se le adjudican al personaje santificable, es del Opus Dei y es lógico que sea más proclive a quedar fascinado por el poder milagrero de Escrivá de Balaguer. Siempre le resulta más fácil conseguir un santo a una congregación religiosa que a una familia privada. La congregación posee más medios y recursos para llevar adelante la operación, y más subterfugios para empujarla. Y entre las distintas congregaciones, disfrutan de mayores ventajas las más ricas. Juan Pablo II beatifica a Escrivá el 17 de mayo de 1992, apenas diecisiete años después de su muerte —falleció en 1975, el mismo año que su benefactor Francisco Franco—, y lo canoniza diez años después, el 6 de octubre de 2002.

Después de conseguir la canonización de san Josemaría Escrivá de Balaguer, el Opus está ahora impulsando la de su sucesor, Álvaro del Portillo. Y el proceso, que cuenta con el beneplácito de Benedicto XVI, se desarrolla muy rápidamente. Con Álvaro del Portillo son siete los miembros del Opus Dei que tienen abierta la causa de canonización.

Con Franco y con el Rey

El Opus Dei fue creado en España en 1928 y cuenta con aproximadamente 87 000 miembros laicos en 90 países del mundo, 35 000 de ellos en España. La organización dispone también de 1900 sacerdotes. Su principal reto ahora consiste en conquistar los antiguos países comunistas del Este europeo. Sin duda, provee un vigoroso aparato de influencia ideológica: sus adeptos están en alrededor de 500 universidades y escuelas superiores, 60 emisoras de radio y televisión, 700 publicaciones, una docena de casas de producción y distribución cinematográfica y 40 agencias informativas… Además, los integrantes del Opus Dei son muy frecuentemente dirigentes políticos y sociales, grandes industriales y banqueros, con lo cual la incidencia de la Obra excede el territorio ideológico y penetra en el campo político y económico. Entre los miembros del Opus Dei figuran «numerarios» célibes (hombres y mujeres laicos que viven en centros del Opus Dei pero trabajan en el mundo), «agregados» (célibes que viven fuera de los centros) y «supernumerarios» (hombres y mujeres casados que llevan su propia vida profesional y viven en sus casas).

Es una agrupación notoriamente ortodoxa, contraria a las interpretaciones liberales del Concilio Vaticano II, celosa custodia de la moral cristiana más tradicional. La evangelización es una prioridad. Éstas son, justamente, las notas distintivas de la «revuelta» conservadora encabezada por Juan Pablo II. Comunidad ideológica y una vasta red de instituciones y militantes laicos: ahí está la base del súbito espaldarazo recibido por la Obra.

En 1982, cuando el PSOE llega al Gobierno, hay una veintena de obispos que son simpatizantes del Opus Dei, además del nuncio papal, monseñor Innocenti, a quien visita el comandante José Luis Cortina poco antes del 23-F para ponerle al corriente de la operación golpista. La organización está presente en al menos 150 institutos nacionales y controla en torno a 200 colegios de enseñanza media. A ello hay que unir otros tantos clubes juveniles, casas de estudio, «pisos para jóvenes»… Todo ello forma un verdadero entramado para captar nuevos adeptos.

El Opus Dei también cuenta con la Universidad de Navarra, la Escuela de Ingenieros Industriales de San Sebastián, el Patronato de Colegios Universitarios de Córdoba, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona (IESE) y una extensa red de colegios mayores. Decenas de catedráticos de las universidades estatales integrados en la Obra copan departamentos enteros.

Además, tiene una gran implantación en la enseñanza media y la universidad, donde trata de formar desde jóvenes a los llamados a formar parte la elite que integrará más tarde el núcleo de los centros de dirección del Estado. Fruto de esta idea fue la creación, por el ministro franquista Laureano López Rodó, de la Escuela de Administración Pública de Alcalá de Henares, verdadera cuna de la influencia de la Obra en los ministerios y centros públicos.

El Opus gozó de las complacencias del dictador Francisco Franco, que tuvo en ocasiones como confesor a Josemaría Escrivá de Balaguer e hizo ministros a varios de sus seguidores. Carrero Blanco apoyó notablemente a la Obra. Y López Rodó, con el apoyo del Opus, fue uno de los principales padrinos de la llamada «Operación Lolita», que culminó con éxito cuando el «sucesor a título de rey» designado por Franco se sentó en el trono. Y ahí sigue.

Durante los años de la Transición, el Opus Dei también tiene una nutrida representación entre los pistoleros de la extrema derecha. Un claro ejemplo lo encontramos en Valladolid, una de las ciudades que más sufre la violencia ultra en esa época. El máximo dirigente del Frente de la Juventud, Ángel Labón, pertenece a la Obra. También un sobrino del general golpista Jaime Milans del Bosch, Santiago, implicado en numerosos actos violentos protagonizados por Fuerza Joven, es miembro del Opus. Casi todos los dirigentes ultraderechistas vallisoletanos de esos años tienen vinculación con la Obra, como José Luis Silleros, jefe de Fuerza Nueva y miembro del Opus Dei desde 1978. O los hijos de Vázquez de Prada, el jefe eterno de la Caja Rural. Otro miembro de la Obra, el doctor Luis Jolin, presta su finca de Laguna de Duero para que se entrenen los matones ultras.

El Papa feriante

El principal artífice de la consolidación y expansión de los grandes grupos ultrarreligiosos es Karol Wojtyla. Tras su imagen populista y espectacular, ya investido como papa Juan Pablo II, pretende un retorno al pasado, no quiere división de opiniones, sino una total sumisión a sus dictados desde la Sante Sede. Abre de nuevo el fantasma del Santo Oficio contra los nuevos teólogos y se opone a la teología de la liberación. Su obsesión por volver hacia atrás le lleva incluso a dirigirse contra los no católicos, en un intento megalómano de recuperar el universalismo medieval. En ese sentido, tiene una auténtica obsesión por viajar y adopta los más modernos sistemas de propagación de ideas.

El filósofo católico progresista José Luis López Aranguren lo ve así de claro sólo unos meses antes de que Karol Wojtyla visite España por primera vez, en 1982[8]: «Las concentraciones papales nos devuelven a los tiempos de la preguerra mundial, a la pura aclamación pasiva de un protagonista. La utilización masiva de los mass media, las excepcionales dotes del Papa como showman y su genio para la representación teatral y la publicidad convierten sus apariciones en actos de masas, de ninguna manera en actos comunitarios. En sus proclamaciones, el medio es el mensaje, su estilo profético-militante es la mera reiteración de lo consabido y ya anacrónico: anticomunismo y neocristiandad, catolicismo populista, mariología y rechazo de las libertades modernas».

En octubre de 1978, cuando el cónclave romano elige como Papa a Karol Wojtyla, se inicia en el Vaticano una época de auténtica regresión. Juan Pablo II pretende conseguir que el Vaticano sea un centro de poder político a la altura de las dos grandes potencias del momento y en estrecha colaboración con una de ellas. Estados Unidos se convierte, desde el principio de su papado, en el principal y más estrecho aliado de Juan Pablo II en la cruzada que se ha propuesto. El plan descansa en un ejército de sacerdotes y fieles distribuido por todo el mundo.

Por eso una de sus obsesiones es la de oponerse, con todas sus fuerzas, a la secularización creciente de sacerdotes y a que éstos se casen o se integren en la sociedad como unos ciudadanos más. Hasta quiere que, en el aspecto externo, se vuelva a vestir la sotana tradicional. En abril de 1982 envía una carta-oración a los sacerdotes católicos en la que les escribe: «Haz, Señor, que no entristezcamos tu espíritu con el secularismo o con el querer conformarnos a este siglo a cualquier precio […], con lo que hace de nosotros un terreno preparado para toda tentación, con lo que se manifiesta un deseo de esconder el propio sacerdocio ante los hombres y evitar toda señal externa, con lo que, en último término, puede llegar a la tentación de la huida bajo el pretexto del derecho a la libertad».

Alrededor de setenta mil sacerdotes católicos de todo el mundo abandonan su ministerio durante la segunda mitad de la década de los setenta, precisamente después del fracaso de la Iglesia a la hora de modernizar sus estructuras. Para impedir esa sangría, Juan Pablo II ordena paralizar los permisos de secularización, recurriendo, una vez más, a la represión directa. En 1980, en el Vaticano se retienen ya más de seis mil propuestas de curas que quieren dejar el ministerio porque están a punto de casarse. Un año antes, un grupo de 173 sacerdotes madrileños ya ha solicitado que se levante «el secuestro de las miles de peticiones de secularización bloqueadas por el silencio administrativo de la Curia de Roma». La sangría se podría parar, según medios católicos progresistas, permitiendo a los sacerdotes casarse, pero Wojtyla se niega en redondo.

En 1992, el Colectivo de Sacerdotes y Religiosos/as Secularizados (COSARESE), organización aconfesional de ámbito estatal que agrupa a unos dos mil miembros, señala que en España hay ya, en ese momento, unos treinta y cinco mil sacerdotes y religiosos secularizados. Hombres y mujeres que han dejado su trabajo en la Iglesia y, a edades maduras, en la mayor parte de los casos, han tenido que pelear fuera de la parroquia para sobrevivir.

Esta organización tiene como objetivo que se reconozcan, a efectos de jubilación, los años de servicios sociales y pastorales acumulados en su etapa anterior. El exsacerdote Baldomero García Sánchez, miembro de COSARESE, declara a Interviú[9]: «Hubo un proyecto del Gobierno franquista, pergeñado por el ministro opusdeísta Laureano López Rodó, que proponía incluir a los trabajadores de la Iglesia en el Régimen General de la Seguridad Social. Este proyecto no fue aceptado por los obispos por pura conveniencia, nunca se ha sabido el porqué de esa negativa. Pensamos que a los obispos sólo les movía un interés monetario, ya que el Estado pagaba, en aquellos tiempos, no por el número de curas que había en la diócesis, sino por el número de parroquias, y la diferencia iba a parar al obispado, se supone que para obras».

Por fin, en el período comprendido entre 1978 y 1980, los sacerdotes y religiosos fueron incluidos en la Seguridad Social, pero los «traidores» a la Iglesia quedaron excluidos de esta operación por orden de la cúpula católica española. Según declaraciones del propio monseñor Tarancón, entonces al frente de la Conferencia Episcopal: «Esto se debió al clima en el que se vivía, tanto por parte de la sociedad como de la Iglesia. Muchos obispos veían como una traición el hecho de secularizarse y no creían que debían hacer un esfuerzo para solucionar el problema».

Históricamente, en las épocas de mayor libertad política y social, las deserciones en el seno de la Iglesia han sido algo habitual. Ya en el Trienio Liberal —de 1820 a 1823— salieron voluntariamente de los conventos hasta 2774 frailes y 867 monjas, «mal avenidos con su estado», según Julio Caro Baroja[10]. Y añade este autor: «Pero claro, es que los que quedaron después de esta especie de depuración o purga debían de ser hombres y mujeres que no querían dejarlo por razones múltiples: serían los unos místicos, los otros fanáticos, los otros tímidos, pero constituían una masa considerable e influyente».

Mientras el Papa solicita libertad para los líderes sindicales de Solidaridad en Polonia, prohíbe toda libertad a sus clérigos: «Los sacerdotes católicos no se podrán asociar entre ellos con fines políticos o sindicales». Así reza el documento de la Congregación del Clero aprobado por Juan Pablo II el 6 de marzo de 1982. La razón final de la decisión papal obedece a su intención de mantener a la Iglesia como una auténtica dictadura, estrictamente jerarquizada: Papa, obispos, sacerdotes y fieles.

En algunos lugares, como en Estados Unidos y Holanda, ya existen en ese momento varias asociaciones de sacerdotes, de carácter sindical, cuyos representantes discuten con los obispos cuestiones como cambios de destino, sueldos y nombramientos.

Pero, sobre todo, la prohibición de asociarse dictada contra los sacerdotes tiene como finalidad impedir la creación de organizaciones progresistas como Sacerdotes para el Pueblo o Cristianos por el Socialismo, muy presentes en Latinoamérica y también con implantación en varios países europeos. Estos sacerdotes molestan a las ansias hegemónicas del papa Wojtyla, que quiere demostrar, con sus aparatosos viajes, la influencia real que sigue teniendo el Vaticano en el mundo. De ahí también sus enconados ataques a la Iglesia Popular de Nicaragua, uno de los experimentos más avanzados de participación de los católicos en una revolución latinoamericana.

Sobre este asunto, afirma Juan Pablo II: «Iglesia Popular difícilmente escapa a la infiltración de connotaciones fuertemente ideológicas, en la línea de una cierta radicalización política, de la lucha de clases». Según el papa Wojtyla, «una iglesia popular es una grave desviación de la voluntad y del plan de salvación de Jesucristo». Para quienes abogan por una reforma en profundidad de la Iglesia, Juan Pablo II les lanza un decálogo represivo: no al divorcio, no a la contracepción, no a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no a las relaciones homosexuales y no a la eutanasia.

Es obvio que la Iglesia católica inicia una época de involución con Juan Pablo II. Su brazo derecho Joseph Ratzinger y, en España, el cardenal Suquía son grandes artífices del invento. El 5 de enero de 1989, cerca de doscientos teólogos centroeuropeos suscriben un documento denunciando diversos aspectos de la situación a la que la cúpula del Vaticano ha conducido a la Iglesia católica. Critican, sobre todo, el divorcio entre las instituciones romanas y la gran masa de seguidores de la Iglesia, más afines a la adaptación sin traumas a los tiempos que corren que a la paralización doctrinal, y se oponen radicalmente al retroceso a épocas que consideran ya irreversiblemente superadas.

El documento denuncia las bases sobre las que la curia romana está montando la temida estructura de una «restauración», en abierta contradicción con las directrices del Concilio Vaticano II.

Juan Pablo II argumenta la marcha atrás en el «desencanto» que, a su entender, ha producido el Vaticano II. Su portavoz, el cardenal Ratzinger, prefecto del ex Santo Oficio, expresa ese supuesto «desencanto» en frases como éstas: «Del Concilio se esperaba una nueva unidad católica y, en cambio, se ha producido el espectáculo de una disgregación… Están creciendo en el mundo secularizado los cultos satánicos… Digan lo que quieran ciertos teólogos superficiales, el diablo es, para la fe cristiana, una presencia misteriosa, pero real; personal, no simbólica».

Ratzinger es hijo de un comisario de policía de la Baja Baviera, donde nació hace ochenta y un años. Con diecisiete fue movilizado en los servicios auxiliares de artillería antiaérea del Tercer Reich y, un poco tardíamente, como en el caso de su antecesor, sintió la vocación sacerdotal. En 1946 era ya seminarista y vivía obsesionado por la idea de la necesidad de un «renacimiento cristiano de Alemania», que luego, tras la obtención del doctorado en teología y la consagración episcopal, le ha servido para que, en 1981, el papa Wojtyla le permitiese a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe intentar ampliar ese renacimiento a todo el orbe católico. Después continuaría esa tarea desde la cúpula de la Santa Sede. En 1985, Ratzinger ya afirma: «Los veinte años de posconcilio han sido decididamente desfavorables para la Iglesia».

Comienza la purga

«La elección de Karol Wojtyla como Sumo Pontífice supuso un duro golpe, dentro de la Iglesia, para los seguidores del Concilio Vaticano II», recuerda Evaristo Villar[11], coordinador de las revistas Éxodo y Utopía. «No se debe escamotear lo que fue un hecho irrebatible: el Concilio vivió un conflicto entre una minoría conservadora y una gran mayoría renovadora. Lo que esa minoría perdió entonces lo fue ganando posteriormente, contando con el entonces definidor de la fe y hoy papa Benedicto XVI, que parecía saber cuál era el Concilio verdadero y cuál el falsificado, podía afirmar que el tiempo de la aplicación del verdadero Concilio no había llegado, que había que hacer tabla rasa de todo y comenzar de nuevo».

Y prosigue Villar: «Juan Pablo II tenía una formación tradicionalista, venía de un contexto político profundamente anticomunista, y con una visión negativa del progreso moderno. La Iglesia perdía prestigio en la sociedad y la religión se iba viendo reducida al ámbito privado. Su opción fue restaurar. Es decir, reconducir al pasado. Los males quería remediarlos reintroduciendo la imagen de la Iglesia preconciliar, imperial, centralizada, androcéntrica, clerical y compacta, uniformada, obediente y caduca. Imagen que chocaba con el modelo de Iglesia aprobado en el Concilio. Pasado el primer curso de su pontificado, la restauración era ya manifiesta, pero sería reforzada con el nombramiento del cardenal Joseph Ratzinger, desde entonces el guardián doctrinal de la restauración. Los preconciliares no han abandonado el modelo de una Iglesia absolutista, con un poder clerical escalonado pero total y omnipresente en la sociedad, acostumbrada a detentar el monopolio cultural, religioso y moral, por encima del poder civil y político».

La situación de la Iglesia católica en España durante los años ochenta y noventa del pasado siglo se complica con varios ingredientes autóctonos. Cuando aún no se ha salido del nacionalcatolicismo, viene la contrarreforma. El papa Wojtyla gobierna el mundo católico con guante de hierro, pero aquí, además del estilo autoritario del pontífice y de su mano derecha, Ratzinger, la Iglesia española sigue aferrada a los enormes privilegios que logró con el ordenamiento franquista. Y a los disidentes se les fulmina.

Los ejemplos abundan. Juan de Dios Martín Velasco es rector del seminario de Madrid hasta que Suquía llega a la cúpula del Episcopado. Al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal no le parece bien la línea aperturista que sigue Martín Velasco y lo destituye. Benjamín Forcano, religioso claretiano (como Pedro Casaldáliga, el obispo catalán de São Paulo, también enfrentado con la jerarquía) que se manifiesta abiertamente en contra de algunas de las nuevas directrices vaticanistas, es otro de los represaliados por Roma. Forcano era codirector de Misión Abierta, una publicación mensual en la más pura línea del Vaticano II, y, por tanto, molesta para la jerarquía. En abril de 1987, el superior general de los claretianos recibe un documento del ex Santo Oficio, elaborado sobre material facilitado por obispos españoles, según el cual la revista es «negativa», «antiinstitucional» —por presentar una propuesta de Iglesia popular— y «crítica con la jerarquía».

En julio de ese año, el superior provincial de Forcano recibe una carta clasificada como «materia reservada», que es un documento que le manda el cardenal Suquía sobre «Reflexiones y cuestionamientos de Misión Abierta». El obispo Casaldáliga tiene acceso al documento y lo califica de inaceptable. En esas mismas fechas, Forcano publica un libro titulado Nueva ética sexual. El contenido colma la paciencia del reconvertido Santo Oficio, que, el 16 de noviembre, exige al superior de los claretianos la destitución del autor como director de Misión Abierta. Tras un tenso forcejeo entre los claretianos, por una parte, y Suquía y Ratzinger por la otra, Misión Abierta deja de publicarse en marzo de 1988.

En mayo de ese mismo año, dos profesores de teología de la Universidad de Granada, José María Castillo y Juan Antonio Estrada, son desposeídos de sus cátedras por orden expresa de Ratzinger. La lista de purgados en España por el restauracionismo de Juan Pablo II es muy extensa. Javier Picazo, mercedario, profesor de Biblia en Salamanca, a quien se le impone un año y medio de silencio; Juan José Tamayo, de la Asociación de Teólogos Laicos; Marciano Vidal, profesor de Teología Moral; Casiano Floristán, profesor de Pastoral; González Faus, a quien Ratzinger obligó a hacer ciertas aclaraciones sobre un texto referido a la divinidad de Jesús y la crítica dentro de la Iglesia; Julio Lois, Jesús Burgalete, Joan Leita, Evaristo Villar…

La purga continúa todavía. En 2006, un libro del teólogo progresista José María Castillo es prohibido por la Conferencia Episcopal Española, cuando está ya a punto de ser publicado por una editorial de los jesuitas. La obra se titula Espiritualidad para insatisfechos. «Dos censores anónimos han dictado sentencia cuando yo menos me lo podía imaginar», explica Castillo. Autor también de libros como ¿Hacia dónde va el clero?, o La alternativa cristiana, Castillo ha enseñado teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y en la de Comillas.

Él es uno de los teólogos criticados con dureza en la instrucción pastoral que hace pública la Conferencia Episcopal el 30 de marzo de ese año, con el título de «Teología y secularización en España». En ella se alude a «grupos que propagan y divulgan sistemáticamente enseñanzas contrarias al Magisterio de la Iglesia en cuestiones de fe y moral». También hace referencia el escrito de los obispos a un «disenso silencioso que propugna y difunde la desafección hacia la Iglesia y encuentra apoyo en miembros de Centros académicos eclesiásticos y en algunas editoriales y librerías gestionadas por instituciones católicas». Como resultado de la ofensiva integrista, el jesuita Juan Masía Clavel es desposeído de su cátedra. El vaticanista italiano Sandro Magíster ha afirmado que la Iglesia española está enferma de pérdida de fe y que de ello son responsables los teólogos progresistas.

En 2007, el Vaticano sanciona a Jon Sobrino, uno de los principales teólogos de la liberación. La Congregación para la Doctrina de la Fe prepara una notificación contra el sacerdote salvadoreño de origen español y el propio papa Ratzinger confirma la sanción. El expediente implica la prohibición de enseñar en instituciones católicas y la retirada del nihil obstat (visto bueno eclesial) a todas sus obras.

En mayo de 2008, el obispo de Albacete, monseñor Ciriaco Benavente Mateos, nombrado para este cargo en octubre de 2006, inicia una «caza de brujas» para acallar las voces críticas que han empezado a proliferar en su diócesis pidiendo una verdadera renovación en toda la cúpula de la jerarquía eclesiástica castellano-manchega. Todo empieza cuando en un blog denominado «La cigüeña de la torre» se publican varios comentarios anónimos que denuncian que el vicario general, Luis Marín Navarro, con más de veinticinco años en el cargo, «está ya pasadísimo»; que el seminario «no está para echar cohetes», y que la diócesis entera necesita «de una vez, una renovación, tantas veces pospuesta, en fidelidad a la Iglesia».

Al mismo tiempo, el Opus se ha infiltrado en los principales organismos de decisión de la Iglesia y es uno de los principales adalides de la causa de la involución. Ante las defecciones de los jesuitas, el Papa no lo duda: el Opus puede dar a la Iglesia una sensación de solidez poniendo a sus pies las 479 universidades y escuelas superiores que controla, sus 604 publicaciones, la dirección de numerosas cadenas de radio y televisión, agencias y empresas cinematográficas, bancos y grupos de negocios.

Además del Opus, al Papa le interesa seguir protegiendo, y así lo hace, a instituciones como Comunión y Liberación, a la que ha otorgado reconocimiento canónico. Uno de los responsables de este movimiento es el teólogo italiano monseñor Carlo Caffara, el mismo que, cuando es consultado sobre el peligro de que la prohibición del uso de anticonceptivos pueda inducir a la infidelidad, replica diciendo que «es preferible la infidelidad al uso de los anticonceptivos».

Embajadores al gusto del Papa

En febrero de 1985, cuando se comienza a rumorear en Madrid que la intención del Gobierno de Felipe González es enviar como embajador ante la Santa Sede a Gonzalo Puente Ojea, un hombre considerado «sospechoso» por sus simpatías marxistas, que se declara ateo, librepensador y progresista, el Vaticano se pone alerta. Como primera medida, una comisión de «expertos», bajo la vigilancia de la nunciatura de Madrid y de la Conferencia Episcopal Española, comienza a escarbar en los escritos del candidato y a estudiar su obra. La Santa Sede pone en juego todos los resortes de su diplomacia para intentar evitar la presencia de Puente Ojea en Roma. Y, por fin, después de dos meses de maniobras dilatorias, el Vaticano otorga el plácet a su nombramiento, no sin antes conseguir del Gobierno español la aceptación, a cambio, del más integrista de los nuncios, monseñor Tagliaferri. Un período tan largo para conceder el beneplácito a la figura de un embajador sólo puede interpretarse como un signo evidente de rechazo y protesta.

En su libro Mi embajada ante la Santa Sede[12], Puente Ojea recuerda que, en el otoño de 1985, un Gobierno socialista elegido por el aplastante voto mayoritario de más de diez millones de españoles decide designar como embajador ante el Papa a un diplomático como él, que viene de desempeñar el cargo de subsecretario de Asuntos Exteriores desde noviembre de 1982 hasta julio de 1985. «En cuanto se conoció la noticia en los medios informativos, todavía en el curso del verano de ese año, la prensa de vocación católica, hábilmente y más o menos subrepticiamente impulsada por la jerarquía eclesiástica y sus aledaños, desencadenó una feroz campaña contra el Gobierno y contra mi persona con el manifiesto propósito de atemorizar a ambos y lograr que fuese retirada la petición a la Santa Sede del correspondiente plácet diplomático», escribe Puente Ojea.

El cronista de asuntos religiosos Abel Hernández, que mantiene hilo directo con la Conferencia Episcopal, atiza el fuego purificador contra Puente Ojea desde las páginas de Diario 16[13]: «El Vaticano se resiste a conceder el plácet a Puente Ojea, subsecretario de Asuntos Exteriores con Fernando Morán, solicitado por el Gobierno español. La situación está resultando embarazosa. Roma pretende, al parecer, con su largo silencio, que Madrid presente otro candidato para la Embajada de España en la Santa Sede, en sustitución de Nuño Aguirre de Cárcer. En las alturas eclesiásticas, tanto españolas como romanas, se considera a Gonzalo Puente Ojea como un “marxista y ateo convencido”, como ya ha puesto de manifiesto en su libro sobre las raíces del cristianismo. En consecuencia, se cree que no es la persona adecuada para esta importante misión de representar a España, mayoritariamente católica, ante la Santa Sede».

A pesar de la excelente gestión diplomática que realiza Gonzalo Puente Ojea, basta con que se divorcie y se vuelva a casar para que la Santa Madre le declare definitivamente la guerra. El Gobierno de Felipe González no resiste ni un asalto: concede la cabeza de su embajador para mayor gloria de Dios. El diplomático permanece dos años al frente de la embajada. «Lamentablemente, el mismo Gobierno que había dado una hermosa prueba de firmeza en la defensa de su política con la Sede romana y de la soberanía de nuestro Estado, mostró una visible debilidad, inicialmente, y luego una incomprensible disposición a capitular ante las exigencias de la Santa Sede, que deseaba mi destitución invocando falsas razones de orden supuestamente moral contra mi conducta privada y pretendiendo que me sometiese a las normas del derecho canónico en materia de separaciones matrimoniales, cuando le constaba mi increencia religiosa y mi absoluto rechazo de la presunta naturaleza sacramental de los lazos conyugales desde mucho antes del otorgamiento del plácet», señala Puente Ojea.

Cesado el 28 de agosto de 1987 por orden del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, ante la presión de los sectores más conservadores de la Iglesia, Puente Ojea constituye un caso atípico en la historia de la diplomacia española en la Santa Sede.

El ministro Fernández Ordóñez realiza unas declaraciones justificando el cese, y después interviene, cómo no, el portavoz del Gobierno, Javier Solana, que habla de la supuesta ineficacia de nuestra máxima representación diplomática en la Santa Sede.

«La Iglesia española ha hecho capitular al poder político. En España, está jugando el papel de un estado dentro del Estado», afirma el diplomático cesado. En ese momento, en todo el apogeo de Felipe González, intocable por una derecha desunida y desorientada, Puente Ojea declara al semanario El Independiente[14]: «El Episcopado español se ha formalizado en estos momentos de profunda crisis de la derecha como el vector que, sintetizando los intereses económicos, políticos e ideológicos de la gran derecha española, está logrando una capacidad de ruptura o rompimiento en la fachada del Gobierno socialista y un avance progresivo hacia el predominio de los puntos neurálgicos de la sociedad: familia, escuela, grandes medios de comunicación. El Episcopado es la fuerza aglutinante de una derecha sin fuerza. Un gobierno en la sombra».

Veinte años antes de las grandes concentraciones contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero en la plaza de Colón, Puente Ojea añade, con gran capacidad de análisis de futuro y refiriéndose a Juan Pablo II: «Qué duda cabe que con otro pontífice no se habrían gestado acontecimientos como éste. El Papa ha lanzado por el mundo la imagen de la Iglesia. El efecto de su personalidad es impactante. Consigue que el católico, por el mero hecho de serlo, se sienta importante, practique o no la moral cristiana. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Hoy las Nunciaturas tienen mucha más importancia que en unos cuantos pontificados anteriores. Pero todo guiado meticulosamente desde el Vaticano, donde reina el poder absoluto. Y todo ello puede traer complicaciones en un país como el nuestro». Su sustituto al frente de la embajada española en la Santa Sede, Jesús Ezquerra, recibe el plácet inmediatamente.

Tampoco tiene ningún problema para ser admitido en Roma el actual representante español ante la Santa Sede, el católico Francisco Vázquez. El político gallego ha sido previamente alcalde casi vitalicio de La Coruña, desde las primeras elecciones del posfranquismo, en 1979, hasta que es nombrado embajador, en 2005. Enseguida deja claro que él está en el Vaticano para jugar con el equipo contrario. En octubre de 2007 realiza unas declaraciones al sacerdote Juan Rubio, director de la revista religiosa Vida Nueva, en las que se refiere a las leyes sobre «los matrimonios homosexuales, el divorcio exprés o la enseñanza», y afirma: «Ahí hubo mucha prisa». Y a sus propios compañeros del PSOE, del marginado sector anticlerical, les llama «casposos».

En relación con la beatificación masiva de «mártires de la Cruzada», el 28 de octubre de 1987, escribe en una «Tribuna Libre» del diario El Mundo[15]: «Desde mis actuales responsabilidades en Roma, me sorprende mucho cómo en España se está distorsionando una ceremonia que nada tiene de política. La beatificación de los mártires es otra ocasión para la reconciliación y no la debemos perder. No tiene más lecturas e interpretaciones que las de la normalidad con que la Iglesia católica lleva a cabo este tipo de procesos». Y para rematar la faena, reclama que los españoles marquen en sus declaraciones de la renta la casilla de la Iglesia romana. Lo pide en Lugo, el 21 de mayo de 2008, durante el pregón del Día de la Caridad, que el exalcalde de La Coruña pronuncia invitado por Cáritas Diocesanas.

A consecuencia de estas declaraciones, la Unión de Ateos y Librepensadores exige al Gobierno la inmediata destitución de Francisco Vázquez. «El embajador español ante la Santa Sede convierte con estas declaraciones su cargo oficial en un instrumento de propaganda al servicio de una opción particular de conciencia, comprometiendo gravemente la neutralidad ideológica del Estado establecida por la Constitución», afirma esta organización en su comunicado. «No se trata de un hecho aislado. El embajador ante la Santa Sede viene efectuando declaraciones partidistas en favor de la confesión católica de forma reiterada desde su nombramiento, poniendo con ello en entredicho la aconfesionalidad del Estado. En 2006 ya se permitió afirmar que el Gobierno había ofendido gratuitamente a la Santa Sede al sacar adelante la ley de matrimonios homosexuales, y en enero manifestó públicamente que él no está de acuerdo con una absoluta separación entre Iglesia y Estado. Con su comportamiento sectario, el actual embajador ante la Santa Sede ha puesto repetidamente en entredicho la neutralidad ideológica del Estado establecida por la Constitución».

El último representante español ante el Vaticano del Gobierno de Aznar fue Carlo Justo Abella y Ramallo, un magnate de la industria cárnica, también gallego, que llegó a Roma tras ejercer de cónsul de España en Miami desde 1994, durante los años previos a las elecciones de 1996, que dieron el triunfo al PP, cuando las relaciones de Aznar con el exilio cubano ligado al fallecido Jorge Mas Canosa fueron especialmente intensas[16].

Francisco Vázquez sustituyó en el cargo a Jorge Dezcállar, que había sido director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Aznar. El Gobierno del PSOE, después de tenerlo en la Santa Sede, le nombró embajador en Washington, cargo que ocupa en la actualidad. Servicios de información, el Vaticano y Estados Unidos. Lo de siempre.

5. Espada y cruz

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ESPADA Y CRUZ

«Y empezaron con un pesebre…»

MIGUEL GILA

En El Padrino III, Francis Ford Coppola apuesta, de forma evidente, por la tesis de que detrás de la muerte —el asesinato— del efímero papa Juan Pablo I están el Opus Dei y el «banquero» del Vaticano, el cardenal Paul Marcinkus. Albino Luciani fallece, repentinamente, después de sólo 33 días de pontificado.

El largometraje se ha difundido con éxito por todo el mundo y, al parecer, el director de Apocalypse Now aún no ha tenido que enfrentarse a ninguna querella de la Santa Sede.

El origen del inesperado óbito de Juan Pablo I puede encontrarse en la connivencia del Instituto para las Obras de la Religión (IOR, o Banco Vaticano) con el desfalco del Banco Ambrosiano por una cifra de aproximadamente 1200 millones de dólares, como asegura, en su inquietante libro En nombre de Dios, el investigador británico David Yallop. Es decir, en la asociación secreta de la gladio romana y la cruz católica.

En todo caso, el escándalo del IOR revela los vínculos entre sectores vaticanos y organizaciones inmersas en importantes delitos económicos, que, al mismo tiempo, disfrutan de variados nexos políticos del más alto nivel y sostienen un discurso marcadamente anticomunista. En la trama están implicados la logia masónica Propaganda Due (P2), a la que pertenece el presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, y la red Gladio[1] la estructura anticomunista creada en Europa durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial bajo el amparo de la OTAN y la CIA.[2], Algunos elementos ultraderechistas integrados en Gladio actúan en España durante la Transición y son los responsables de numerosos atentados contra militantes antifascistas.

El Instituto para las Obras de la Religión se crea en 1942. Veinticinco años después, Pablo VI funda la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, pero, a pesar de ello, el IOR mantiene una fuerte autonomía con un escasísimo control administrativo por parte de la Curia. En 1969, es también el papa Montini quien nombra presidente de esta entidad financiera a monseñor Paul Marcinkus, clérigo de origen estadounidense. Marcinkus conserva su puesto cuando llega Juan Pablo II, con quien establece una relación muy estrecha: se convierte, además, con sus casi dos metros de altura y su porte de atleta, en un efectivo jefe de seguridad y en protector físico personal del papa Wojtyla.

Bajo la conducción del arzobispo de Chicago, el IOR llega a ser el mayor accionista del Banco Ambrosiano. Esta evolución se produce gracias a la influencia y los consejos de Michele Sindona, banquero y abogado que acumula en Italia un enorme poder económico. Sindona controla la Banca Unión y la Banca Privada Financiera y se convierte en asesor de Pablo VI y de Marcinkus. En 1971, el financiero siciliano es el encargado de conectar a Paul Marcinkus con otro turbio banquero, Roberto Calvi.

Dentro de la estructura de la Santa Sede, el IOR actúa con total autonomía. Los ingresos secretos son la principal fuerza del «banco del Vaticano», ya que el IOR acude ocasionalmente a sofocar los déficits del Estado papal. A través de varias sociedades interpuestas, Calvi y el «banquero de Dios» trabajan juntos y destinan dinero a operaciones ocultas, pagando sobornos, moviendo dinero negro procedente de la evasión fiscal o lavando capital de la Mafia y de otras organizaciones criminales.

Sindona, considerado próximo a la mafia italoamericana, es quien pone a las autoridades sobre la pista de la conexión vaticana, cuando se ve acorralado por la justicia. Acusa al arzobispo Marcinkus, presidente del IOR, y a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y miembro de la logia masónica P2, de haberse involucrado con él en diversas operaciones consideradas de alto riesgo.

Cuando la justicia de Milán emite una orden de captura contra Sindona, acusándole de falsificar la contabilidad de la Banca Unión, el asesor del Vaticano huye a Estados Unidos.

En marzo de 1979 se le procesa en Nueva York por la quiebra fraudulenta del Banco Franklin, vigésima entidad financiera del país por la dimensión de sus depósitos, tras lo cual se autosecuestra. Cuando reaparece, es juzgado y condenado a veinticinco años de prisión. Posteriormente, Sindona es extraditado a Italia desde los Estados Unidos, para que testifique en los numerosos procesos que tiene abiertos en el país Trasalpino. El 22 de marzo de 1986, el banquero siciliano, mago de las finanzas católicas durante veinte años y después rey de las bancarrotas en Europa y Estados Unidos, muere envenenado en la supercárcel de Voghera, una pequeña ciudad de la Lombardía. Delante de tres guardias, Sindona bebe un café con leche que contiene 150 miligramos de cianuro.

La investigación de sus lazos con la mafia siciliana y con la Cosa Nostra norteamericana conduce a los magistrados de Milán hacia Licio Gelli, «maestro venerable» de la logia masónica P2, en marzo de 1981. El allanamiento de su casa permite obtener el famoso archivo clandestino de la sociedad secreta, que, al parecer, actúa fuera del control de la masonería oficial, que está dirigida por el Gran Oriente de Italia. Gelli es un ultraderechista excombatiente en la Guerra Civil española con los «camisas negras» de Mussolini, declarado admirador de Franco y contrario a la democracia y al sistema de partidos. Se le acusa también de estar implicado en casos de torturas a partisanos italianos antifascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Además, participa directamente en las redes de evasión nazi hacia América Latina. A lo largo de los años cincuenta trabaja para los servicios de inteligencia italianos en tareas de desinformación, y en 1985 inicia su carrera en la masonería, donde escala puestos rápidamente (es nombrado secretario de P2 en 1971 y Maestro Venerable en 1975). A partir de entonces, Gelli se dedica a fichar para la P2 a banqueros, empresarios, altos mandos del Ejército, miembros de los servicios de información y figuras claves de la política, jueces, periodistas…

La P2 hace inversiones a través del Banco Ambrosiano, por medio del cual se desarrollan operaciones de exportación clandestina de divisas. Umberto Ortalani, destacado miembro de la P2 muy cercano a Licio Gelli, también se incorpora al Ambrosiano: tiene relaciones fluidas con la Santa Sede y ha sido embajador de los Caballeros de la Orden de Malta en Uruguay.

Con la muerte de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I para sucederle, en 1978, la suerte de Marcinkus parece agotarse. Pero en realidad, ocurre lo contrario: Juan Pablo I, como es sabido, no llega a hacerse con los mandos del Vaticano y le sucede Juan Pablo II, un viejo amigo del «banquero de Dios», que no olvida sus aportaciones durante los años setenta al sindicato polaco Solidaridad. En una conversación telefónica entre Roberto Calvi y Flavio Carboni, un industrial sardo que actúa de mediador entre el banquero y sus aliados políticos y financieros, Calvi le cuenta, indignado: «Le he dicho a Marcinkus que esto no termina aquí. Y si llego a saber que tú das dinero a Solidaridad, te juro que del Vaticano no quedará piedra sobre piedra»[3].

Las cintas de las conversaciones telefónicas entre Calvi y Carboni, grabadas por este último, resultan muy ilustrativas para situar a los personajes que intervienen en la trama del caso IOR-Ambrosiano. Carboni las deja escondidas en su caja fuerte cuando huye con Calvi a Londres. Son doce horas de conversaciones entre ambos, cuando el presidente del Ambrosiano está ya hundido y se siente abrumado por las deudas que su banco ha contraído precisamente para ayudar a los mismos que, según él, le están traicionando. En las cintas se habla expresamente del Vaticano. Las conversaciones revelan cómo la amistad entre Calvi y Marcinkus ha sido íntima, hasta el punto de que se tutean con desparpajo, aunque en los últimos tiempos las relaciones que mantienen no parecen precisamente idílicas.

Menos amistoso aún es, al final, el trato de Calvi con el exsecretario particular de Pablo VI, Pasquale Macchi. «Tuve una conversación con el padre Macchi», afirma Calvi, «fue en su casa. Merecía que le hubiera dado una patada en el culo. No quedará ni una piedra, le grité». Según manifiesta Calvi en sus conversaciones con Carboni, el patrimonio del Banco Ambrosiano controlado por el Vaticano es enorme, nada menos que 10 000 millones de dólares.

Roberto Calvi resulta condenado —también en 1981— por exportación ilegal de capitales, a tres años de reclusión, pero obtiene la libertad provisional y es reconfirmado en la presidencia del Banco Ambrosiano, mientras cada vez son más insistentes las acusaciones contra la entidad de estar lavando dinero de la mafia siciliana y de la logia P2. El 18 de junio de 1982, poco después de que el Banco Ambrosiano sea declarado en bancarrota, su cadáver aparece colgado en el puente de Blackfriars, en Londres, con los bolsillos cargados de ladrillos.

Gelli, en cambio, sigue vivo, tranquilamente retirado, a los ochenta y nueve años, en su casa de Arezzo, y no suelta sus secretos. Escribe poesía, añora el fascismo y deplora la decadencia italiana. Esa decadencia que, según dice, él intentó frenar con el gobierno clandestino de la P2.

La justicia italiana actúa con extrema lentitud, pero en 1987 la Fiscalía de Roma ordena la detención sin fianza de Marcinkus, que elude las órdenes de busca y captura de la Magistratura italiana porque goza de inmunidad y de la protección papal. Juan Pablo II prefiere crear un conflicto diplomático con Italia antes que dejar caer a su protegido y se niega a entregarle. Marcinkus permanece encerrado durante tres meses tras las murallas vaticanas, hasta que la orden de detención es revocada gracias a la presión del Sumo Pontífice. Acaba sus días refugiado en Estados Unidos. Fallece el 4 de marzo de 2006.

Conjura en el Circo Romano

La CIA crea la red Gladio hace casi sesenta años, para impedir que la izquierda pueda llegar al poder en los países de la Europa Occidental. Esta organización clandestina, íntimamente conectada con la OTAN, tiene en España, a través del SECED, y más tarde del CESID, una significativa actividad. De forma especial durante los años de la Transición. La ultraderecha italiana, controlada por la CIA y los servicios secretos del país transalpino, actúa intensamente durante los años setenta y ochenta en nuestro país.

Los crímenes del Batallón Vasco Español y después de los GAL, la matanza de Atocha y el golpe de Estado del 23-F, entre otros acontecimientos, tienen algún tipo de relación con Gladio[4]. El descubrimiento de esta red desvela la identidad de varios de los oscuros instigadores de los llamados «años del plomo» en Italia y de muchos asesinatos, masacres, cuartelazos y golpes de Estado en la Europa de la Guerra Fría.

Durante la dictadura franquista, la red Gladio está coordinada en España por el SECED, el servicio de información creado por Carrero Blanco desde la presidencia del Gobierno. El 7 de noviembre de 1988, el escurridizo y turbio político italiano Giulio Andreotti admite ante el pleno del Legislativo italiano que Gladio siempre ha tenido el apoyo financiero y político de los gobiernos norteamericano, italiano, español, británico y francés. La conmoción provocada por el descubrimiento de la red aumenta tras las declaraciones del entonces ministro de Defensa belga, Guy Coeme. Para él, Gladio es «una organización secreta, enraizada en los servicios de información militares, que ha actuado coordinadamente en toda Europa».

En Italia, el magistrado veneciano Felice Casson es quien empieza a desvelar parte de la cadena de sucesos sangrientos del período de la «estrategia de la tensión» en Italia. Como golpes de Estado fallidos, logias masónicas secretas dedicadas al tráfico de armas y a las «presiones al Estado», y muchas muertes aún sin explicar. Las declaraciones a los medios de comunicación de André Moyen, funcionario de los servicios secretos belgas, vienen a confirmar la participación del espionaje español en la red Gladio a partir de la década de los sesenta. «Los servicios españoles han jugado un papel de faro en el reclutamiento de agentes y en el suministro de información y material para la acción de los servicios paralelos», afirma[5]. «Según mis informaciones, en el interior de Gladio existieron disidencias. Hubo una fracción que superó a Gladio en importancia y actividad. Se trata de la red CATENA (cadena en italiano), que multiplicó en Europa las acciones anticomunistas de todo tipo». En 1980, la red CATENA presta apoyo a varios ultraderechistas implicados en tres asesinatos cometidos en Madrid, para que abandonen España antes de ser detenidos[6].

En el proceso de «estrategia de la tensión» desarrollado en Italia durante varias décadas aparece implicada una larga lista, todavía incompleta, de nombres de políticos, democristianos y socialdemócratas. Desde el citado expresidente de la República Francesco Cossiga a Giulio Andreotti, además de militares y altos miembros de los servicios secretos. Varios de ellos llegan a ser procesados por actividades terroristas, como los generales De Lorenzo y Miceli. Además, se evidencian conexiones directas de la red con el Vaticano y la Mafia.

En la superficie, desde luego, hay un vínculo evidente entre un polaco con mando en Roma, un norteamericano de origen polaco y otro estadounidense de procedencia lituana. Los tres desempeñan funciones muy destacadas en el mundo occidental. Se llaman Wojtyla, Brzezinski y Marcinkus. Son Sumo Pontífice, asesor político (fue secretario de Estado con Carter) y banquero del Vaticano, respectivamente. La primera acción de Wojtyla, nada más ser elegido Papa por el cónclave de cardenales católicos, es ordenar a su banquero, Marcinkus, que reparta cien millones de dólares entre los polacos que viajan a Roma para felicitar al nuevo sucesor de san Pedro.

Marcinkus, hijo de emigrantes lituanos criado en Chicago (Illinois), cuna de afamados gángsters (nace en el cercano pueblecito de Cicero, igual que Al Capone), enlaza con el exsecretario de Estado Zbigniew Brzezinski, ideólogo de la Comisión Trilateral, que es el primero en darse cuenta, en 1978, de las posibilidades de meter baza en la crisis polaca, para empezar a cuartear el bloque socialista del Este europeo. En un informe enviado por Brzezinski al presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, el entonces secretario de Estado dice textualmente: «Después de analizar la situación país por país, hemos llegado a la conclusión de que Polonia es, hoy en día, el eslabón más débil de la débil cadena de dominación soviética en Europa del Este […] Es, pues, recomendable que la atención de Estados Unidos y de sus aliados se concentre sobre Polonia, sin, desde luego, desperdiciar las oportunidades que pudieran surgir en otras partes».

Los pasos del Vaticano y de Estados Unidos en Polonia van estrechamente coordinados, como lo demuestra el siguiente párrafo de ese informe: «Las manifestaciones antigubernamentales llegarán a tales extremos y tomarán tales características que pondrán en cuestión el liderazgo del Partido Comunista. En tal caso, entra dentro de lo posible que se pueda formar una coalición gubernamental de comunistas moderados, economistas liberales independientes, miembros de la oposición y líderes eclesiásticos. El clero declara, cada vez con mayor resolución, que está preparado para enfrentarse al comunismo, mientras que, por el contrario, las autoridades intentan evitar cualquier confrontación con la Iglesia, pues conocen su fuerza e influencia real, así como el apoyo que recibe del Vaticano. Estos factores proporcionan una gran oportunidad para introducir la influencia occidental en Polonia a través de canales religiosos».

Gladiadores en España

Durante los últimos años de la dictadura y a lo largo de toda la Transición, España se convierte en refugio de ultraderechistas de diversos países. El núcleo más importante lo constituyen los fascistas italianos, que aquí disfrutan de protección policial y capacidad operativa para organizar con tranquilidad sus atentados. Cómodamente asentados en Madrid, trabajan para la policía española y no cesan de cometer acciones criminales en su país de origen.

Tras fugarse del país transalpino, los neofascistas italianos llegan primero a Barcelona y después a Madrid. Los primeros que les apoyan son los falangistas Alberto Royuela y Luis Antonio García Rodríguez y otros miembros de la Guardia de Franco. Gracias a éstos, la Ciudad Condal se convierte en la puerta de entrada para los terroristas evadidos de Italia, el primer puerto en el que recalan antes de trasladarse definitivamente a Madrid. La trayectoria de todos ellos es muy similar. Por ejemplo, Giuseppe Calzona pertenece, desde su juventud, a los grupos ultraderechistas italianos. Abandona su país cuando la justicia le condena a diecisiete años de cárcel y viene a refugiarse a España. En 1973 llega a Barcelona, donde se pone en contacto con otros compatriotas suyos miembros de la internacional negra, como Stefano delle Chiae, Cicuttini y Carnasi. Tras conseguir un pasaporte falso, a nombre de Mario Letti, se traslada a Madrid y alquila un piso en la calle de Valmayor, donde se establece el cuartel general de la mafia ultra italiana en España. Como cobertura de sus actividades, Calzona y otros fascistas italianos abren la pizzería El Appuntamento, en la calle de Marqués de Leganés, 6, junto a la Gran Vía, a la que comienzan a acudir con frecuencia también otros destacados miembros del fascismo internacional, como Giancarlo Rognoni, Salvatore Francia, Elio Massagrande y Jean Pierre Cherid. Varios de ellos participan en los hechos de Montejurra, en 1976[7].

La colaboración del principal cabecilla del grupo, Stefano delle Chiae, con los servicios de información dirigidos por el teniente coronel San Martín y con el comisario general de Información Roberto Conesa queda acreditada por numerosas informaciones judiciales. Las investigaciones del juez italiano Pier Luigi Vigna desvelan el poder de la trama italiana ultra en la España de los años setenta: «Los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la Transición. Policías de la entonces Brigada Político-Social de Madrid frecuentaban la pizzería El Appuntamento, donde se reunían los italianos, buscando mercenarios para llevar a cabo provocaciones y atentados ultras».

Mario Ricci, Pier Luigi Concutelli, Mario Tuti, Elio Massagrande, Carlo Cicuttini y muchos otros se convierten en confidentes y colaboradores de los servicios de seguridad españoles. Comienzan a intensificar sus acciones en los tiempos en que Manuel Fraga es ministro de la Gobernación. Participan en los sucesos de Montejurra, en el atentado de El Papus, en la matanza de Atocha y en otros muchos hechos sangrientos. Su intervención en la guerra sucia contra ETA es muy importante y la colaboración de algunos de ellos con la policía española se prolonga hasta mediados de los ochenta, en la época de los atentados de los GAL. Lo mismo que la de antiguos miembros de la OAS, como Jean Pierre Cherid, que muere el 19 de marzo de 1984, en Biarritz, al explotarle el artefacto que manipula para atentar contra un refugiado vasco. La familia del mercenario llega a reclamar una pensión al ministerio del Interior, y la solicitud se hace por medio de un conocido policía en excedencia: José Antonio González Pacheco, Billy el Niño.

Otro capítulo especialmente turbio de la Transición española es la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. En esa ocasión, como en tantas otras, se da carpetazo al asunto sin descubrir quién hay detrás de los autores materiales del atentado, con capacidad real para auspiciar tan terrible atentado. También queda sin aclarar cuál es el origen de las armas empleadas y si algún ultra italiano participa en los hechos. Los abogados supervivientes sólo recuerdan haber visto a dos asesinos, los españoles García Juliá y Fernández Cerra, y se acredita que en el descansillo les esperaba Lerdo de Tejada, pero es posible que fuera del despacho hubiera alguien más. Declaraciones del ultraderechista italiano arrepentido Calore llevan, en 1982, a la detención del militante de Avanguardia Nacionale (el cabecilla era Delle Chiae, que estuvo en Montejurra e implicado en numerosos episodios sangrientos durante los años setenta), cuyas confesiones arrojan luz sobre la implicación de los italianos en las tramas negras de la Transición española. Uno de los elementos clave es Carlo Cicuttini Filiputti, peligroso ultraderechista que continúa viviendo en España y estuvo casado con la hija del general Fontanals Armengol, un militar vinculado durante años a los servicios de información.

Las pruebas periciales de balística, realizadas por expertos policiales, no son concluyentes para determinar el origen de los proyectiles utilizados en la matanza de Atocha. Los abogados supervivientes hablan de que Fernández Cerrá llevaba un «pistolón», que disparaba con gran rapidez, lo que encaja con la teoría de que el arma utilizada era un subfusil Ingram marietta que había pertenecido a la policía española y que formaba parte de un lote que fue desviado por los servicios de información de Carrero hacia la ultraderecha italiana. Con una de las mariettas de esa partida asesinó el ultra Pier Luigi Concutelli al juez italiano Vittorio Occorsio el 10 de julio de 1976.

El inspector de policía Juan José Medina sostiene[8] que «las pruebas periciales que practicó la policía científica sobre las armas de Atocha se hicieron sólo con las municiones, con las balas obtenidas, nunca con las armas, pero en cierto momento el informe dice que la cadencia de disparo no puede pertenecer a una pistola normal, sino que debía ser un arma ametralladora y de las características de la Ingram marietta, puesto que la munición era también de nueve milímetros parabellum. Tuvimos poca colaboración y nos resultó muy difícil hilvanar la investigación, pero los ultras italianos de la época aparecieron en todos los hechos de aquellas mismas características que se produjeron en España. Además, nosotros tuvimos constatación oficial, por un funcionario de policía, de su conexión con lo de Atocha. Pero la verdad es que no lo sabremos con exactitud, al menos yo. Nosotros fuimos apartados de una forma brusca y violenta, no sólo de esa investigación concreta sino también de algunas otras. Casi todas ellas relacionadas con el mismo entorno. De pronto parece ser que en el ministerio del Interior se despertó una especie de conciencia de no acosar a nadie. Se nos debería haber avisado antes de hasta dónde se querían llevar las investigaciones. Yo ya tenía previsto un viaje a Italia para entrevistarme con el juez Vigna, que llevaba la investigación de la muerte del juez Occorsio. Aquéllos eran unos años muy difíciles de la lucha contra ETA y el Gobierno socialista trataba de no hacer lo mismo que había hecho el Gobierno anterior, pero quizá se veía obligado por el mismo sistema a continuar determinadas acciones y lo que menos le interesaba en ese momento, posiblemente, era destapar una trama más amplia en la cual hubiera implicado algún otro funcionario o alguna otra instancia».

Es el año 1983, con el PSOE ya en el poder y José Barrionuevo y Rafael Vera en el Ministerio del Interior. Bajo las órdenes del subcomisario Mariano Baniandrés, jefe de la entonces llamada Brigada «antigolpe», el inspector Medina sigue la «pista de las mariettas». Ambos son cesados antes de que puedan concluir su investigación, pero llegan a reconstruir el itinerario de las tres mariettas. Eran subfusiles Ingram, modelo M-19, de nueve milímetros parabellum, pertenecientes al Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, entonces dirigido por el coronel Andrés Cassinello Pérez. Las mariettas fueron compradas por la Policía española a la fábrica Military Armament Corporation, de Atlanta (USA). El inspector Medina es destituido justo cuando va a viajar a Roma para mostrarle a Concutelli fotos de varios miembros del SECED, con la intención de que el ultraderechista reconozca a la persona que le ha dado el arma. Los jueces Pier Luigi Vigna, de Florencia, y Alberto Macchia, de Roma, dedicados durante años a investigar la subversión fascista italiana y sus conexiones con el extranjero, declararon al diario Il Messaggero que, a partir de las declaraciones de un terrorista italiano arrepentido, que estaba colaborando con la justicia, habían llegado a la conclusión de que un neofascista italiano había participado en el ametrallamiento del grupo de abogados de la calle de Atocha el 24 de enero de 1977. Y recuerdan que las autoridades españolas nunca han respondido a los magistrados italianos cuando éstos han preguntado «cómo se explica que el jefe militar de Ordine Nuovo, Pier Luigi Concutelli, tuviera en su poder, al ser detenido en Roma, la metralleta Ingram M-10, conocida como marietta, el mismo tipo de arma que sirvió para asesinar a los abogados españoles».

La bendición del Nuncio

Detrás de la intentona golpista del teniente general Milans del Bosch y del teniente coronel Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981, también está la mano de los servicios de información, conectados a la CIA y el Vaticano. El comandante José Luis Cortina, destacado miembro operativo del CESID, es quien coordina y dirige los movimientos de los militares que intervienen en el golpe del 23-F. Pocos días antes de que Tejero asalte el Congreso de los Diputados, Cortina visita a dos importantes ciudadanos extranjeros acreditados en Madrid como diplomáticos: el embajador norteamericano, Terence Todman, y el nuncio del Vaticano, monseñor Antonio Innocenti. El golpe de Estado cuenta con el visto bueno del Imperio y con la bendición papal. Suma y sigue en la trayectoria de esta inmortal alianza. El propio Tejero afirma, durante el juicio seguido contra él y los demás militares golpistas, que Cortina le aseguró que la operación tenía el apoyo de los norteamericanos y la bendición de la Iglesia[9].

Conocida la devoción religiosa del teniente coronel, es indudable que el visto bueno de la Iglesia —en su línea— al nuevo golpe militar le infundiese una gran serenidad. Precisamente el primer permiso carcelario del que disfruta para salir de la prisión militar donde cumple la condena impuesta por su participación en la intentona golpista es para ir a misa, con motivo de la ordenación. Tejero sale de la cárcel para ir a la ordenación sacerdotal de su hijo Ramón Tejero Díaz[10].

El 23 de enero de 1977 es asesinado en Madrid el joven Arturo Ruiz García, de diecinueve años, por disparos de un pistolero ultraderechista. El fallecido es estudiante y trabajaba de albañil en una obra. Su muerte se produce durante una manifestación a favor de la amnistía, convocada en la plaza de España madrileña, que ha sido prohibida por el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa. El gobernador civil de la capital es Juan José Rosón. Ese día resulta imposible acercarse a la plaza de España, y los «saltos» comienzan a producirse en la calle de la Princesa y en Callao, minutos antes de la hora convenida. Las primeras cargas provocan la dispersión de algunos manifestantes por las peligrosas calles de Libreros, Silva, Tudescos… Una zona donde suelen estar agazapados elementos fascistas que actúan con la protección de la propia policía política y de los antidisturbios.

En la confluencia de las calles de Silva y la Estrella, junto a la Gran Vía, espera un grupo de ultras. Un hombre con un abrigo loden verde dispara al aire para disolver a varios jóvenes manifestantes y, cuando éstos huyen, otro de los fascistas le pide la pistola, la empuña con ambas manos y dispara por la espalda a Arturo Ruiz, que cae fulminado. La bala le atraviesa el pulmón y le destroza el corazón. Después se sabrá que el asesino es José Ignacio Fernández Guaza. Aprovecha las redes del fascismo internacional para huir de España y jamás será condenado por el crimen.

El hombre del abrigo Loden es un viejo conocido de Licio Gelli, de los tiempos en los que el gran maestre de la logia P2 viajaba con frecuencia a Argentina y mantenía estrecho contacto con el sector ultraderechista del peronismo. Un judío convertido al catolicismo para encajar mejor en la extrema derecha española.

Jorge Cesarsky Goldstein nace en Buenos Aires el 8 de julio de 1927. Cuando cae Perón, en septiembre de 1955, milita, pese a su origen judío, en la ultraderechista y pronazi Alianza Libertadora Nacionalista de Argentina, un grupo de pistoleros dedicado a asolar las calles de Buenos Aires con absoluta impunidad, amparado por su carácter de fuerza de choque del peronismo. Más tarde pertenece a la guardia del ministro López Rega y de la presidenta María Estela Martínez de Perón y conecta con la Internacional Fascista. Cuando llega a España, comienza a frecuentar los círculos de Fuerza Nueva y recibe una mención honorífica de esta organización. El 20 de noviembre de 1976 participa activamente en la organización de la concentración franquista que se celebra en la plaza de Oriente en memoria de Franco, en el primer aniversario de su muerte. En diciembre de ese mismo año intenta acercarse agresivamente, en Barajas, al primer ministro Olof Palme, que durante los últimos tiempos del Régimen franquista ha hecho colectas públicas a favor de los presos políticos españoles y visita Madrid para participar en el 27.º congreso del PSOE. Además, demanda a los responsables de la película La lozana andaluza por «agraviar» a la Iglesia católica. Permanece sólo un año en prisión, al beneficiarse, por una paradoja siniestra, de la amnistía por la que lucharon en la calle y perdieron la vida Arturo Ruiz y otros jóvenes antifascistas durante los primeros años de la Transición.

Masacre en el Monte Sagrado

Otro de los sangrientos episodios en el que participan ultraderechistas vinculados a la red Gladio tiene lugar en Montejurra, el 9 de mayo de 1976. El ataque paramilitar del que son víctimas, durante el tradicional ascenso a la cima del monte, los carlistas seguidores de Carlos Hugo de Borbón Parma, está protagonizado por fascistas, gran parte de ellos italianos, agrupados en torno a su propio hermano Sixto de Borbón. A consecuencia de la agresión fallecen Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos y se producen también varios heridos graves. La «Operación Reconquista» está auspiciada por Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado y miembro del Consejo del Reino, y coordinada por el Gobierno Civil de Navarra. Además, la Guardia Civil tiene un notable protagonismo en los sucesos: deja actuar con toda libertad a los agresores y protege después su retirada desde el escenario de los crímenes hasta lugar seguro[11]. En ese momento, el ministro de la Gobernación es Manuel Fraga Iribarne. El arzobispo de Pamplona, José Méndez, mantiene un silencio cómplice sobre los hechos. Uno de los carlistas asesinados, Aniano Jiménez Santos, de cuarenta años, era vecino de Santander y militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

Los responsables de los crímenes pertenecen al ala fascista del carlismo, vinculada al franquismo duro y a los sectores más integristas de la Iglesia. Con Sixto de Borbón Parma al frente y con importantes personajes del Régimen apoyándolo, como Antonio María de Oriol y Urquijo, adinerado empresario y presidente del Consejo de Estado, y su hermano Lucas, se consideran legítimos representantes del carlismo ultraderechista, lo que históricamente es conocido como la vieja Comunión Tradicionalista.

Además de Antonio María de Oriol, varios miembros —todos ultracatólicos— del Consejo del Reino franquista, que todavía pervive en mayo de 1976, están también implicados en los sangrientos sucesos. José María de Araluce y Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino, es uno de los elementos que contribuye a financiar la «Operación Reconquista». Se encarga de ingresar 42 millones de pesetas a nombre de José Arturo Márquez de Prado y José Luis Zamanillo, secretario de las Cortes orgánicas y consejero del Reino por designación directa de Franco. Estos dos son los organizadores directos del operativo ultraderechista. Araluce será asesinado por ETA poco después, en septiembre de 1976.

El Gobierno de Arias Navarro está al tanto de la encerrona que se prepara contra los carlistas de Carlos Hugo con la connivencia de la Guardia Civil, encabezada en ese momento por el general Ángel Campano López, reconocido carlista de la vieja hornada y franquista ultramontano. Campano ha sido el primer alférez provisional del bando «nacional» llegado al generalato. Además, participan en la «Operación Reconquista», como fuerza de choque, ultraderechistas vinculados a la red Gladio. Todos ellos están implicados en sangrientos atentados en sus lugares de origen y han encontrado refugio en España, donde trabajan para los servicios de información del Estado.

Entre los fascistas de Montejurra se encuentra José Ignacio Fernández Guaza, que sólo unos meses más tarde, en enero de 1977, asesinará en Madrid al joven Arturo Ruiz durante una manifestación proamnistía, con la pistola de Cesarsky.

A través de las fotografías de los hechos, Joaquín Cubero, historiador especializado en la investigación de las tramas de la Internacional Negra, ha conseguido identificar entre los agresores de Montejurra hasta a veinte conocidos fascistas extranjeros, entre ellos, ultras italianos de la red Gladio, argentinos y franceses como Augusto Cauchi, Stefano delle Chiae, Emilio Berra Alemán, El Chacal, expolicía argentino, y Jean Pierre Cherid. Todos son colaboradores de los servicios de información franquistas cuando se producen estos hechos de mayo de 1976 y participarán en otros capítulos sangrientos de la Transición. Algunos llegarán incluso a intervenir en la guerra sucia contra ETA.

Cuatro días después de los sucesos de Montejurra, el Consejo de Pastoral de Estella hace público un contundente y esclarecedor escrito dirigido a monseñor Méndez, arzobispo de Pamplona:

«Los abajo firmantes, miembros del Consejo de Pastoral de Estella, consternados ante los absurdos y sangrientos acontecimientos acaecidos el pasado domingo 9 de mayo en Montejurra, donde fueron asesinados el joven estellés Ricardo García Pellejero y D. Aniano Jiménez Santos, y donde varias personas más cayeron heridas por arma de fuego, y creyendo expresar el sentir popular sobre tan trágicos sucesos, sentimos la imperiosa necesidad de manifestar a Vd., Sr. Obispo, como Padre que es y Pastor de esta Diócesis, lo que a continuación se expone:

Nos adherimos plena y totalmente a la homilía pronunciada por D. Esteban Irigoyen con motivo del funeral celebrado el día 10 por el eterno descanso del joven Ricardo García. Creemos que ése es el único lenguaje válido para denunciar la violencia brutal y asesina de grupos armados que amparados bajo la bandera de Cristo Rey machacan al pueblo indefenso y asesinan a víctimas inocentes.

La presencia masiva del pueblo en el funeral del joven asesinado, reunido en asamblea cristiana, constituyó una impresionante manifestación de fe, una comunión de sentimientos y una denuncia insobornable y pública de un pueblo creyente, que se siente profundamente identificado con el grupo de los humillados y oprimidos, y que denuncia a gritos la injusticia, la complicidad y la opresión de los poderosos.

Sin embargo no podemos ocultar nuestra profunda tristeza ante el silencio mantenido por parte de quien es nuestro Padre y Pastor. Una vez más se prefiere el silencio cómodo que evita complicaciones y problemas. Hay momentos en que la voz amiga del Obispo se hace inexcusable y necesaria, cuando toda una comunidad vive con el alma encogida por el dolor de la violencia desatada y una familia atraviesa momentos amargos por el hijo brutalmente asesinado, el silencio del Pastor nos resulta duro e incomprensible.

Hay silencios, Sr. Obispo, que son silencios cómplices. No denunciar unos hechos como la interrupción sangrienta de un acto religioso como el viacrucis, resulta doloroso para el pueblo cristiano. Creíamos que la actitud de un Pastor era siempre profética, pero Vd. Sr. Obispo, con su silencio, nos está demostrando que es una actitud política. Su silencio, al no tomar partido, al no querer definirse, es un apoyo más al grupo opresor y dominante.

La misma versión de los hechos ocurridos ha sido bastardamente manipulada. Lejos de servir a la verdad y hacer de ella bandera de libertad, “La verdad os hará libres”, las informaciones oficiales y oficiosas de determinados órganos han falseado y tergiversado los hechos. No podemos admitir los argumentos esgrimidos para justificar la masacre de Montejurra. Protestamos enérgicamente y denunciamos los obstáculos que la verdad de los hechos encuentra para ser conocida por toda España. Denunciamos el encubrimiento responsable de la verdad y exigimos la total clarificación de los hechos y pedimos que caiga toda la fuerza de la justicia sobre quienes son los responsables directos y últimos de la masacre perpetrada.

Finalmente sentimos una profunda pena ante los rumores constantes de implicación en tales hechos de determinados sacerdotes, con el consiguiente escándalo e indignación del pueblo»[12].

6. La Santa Alianza

6

LA SANTA ALIANZA

«Sabemos que algunos vais

los caminos desviando,

—nos decían, medio rezando—

hijos, ¿por qué os apartáis?,

si otro camino no hay

que el único y verdadero,

ese que nos lleva al Cielo,

rechazando tentaciones,

que las ideas y ambiciones

son peligroso veneno».

FRANCISCO MORENO GALVÁN[1]

La renovada Alianza entre la Iglesia y el Imperio encuentra en Juan Pablo II y Ronald Reagan dos protagonistas de postín. La nueva visita del papa Wojtyla a Estados Unidos, en 1987, sella el idilio y deja claro que el Vaticano apoya la política del líder del Partido Republicano, pero a cambio de favores recíprocos.

Este nuevo viaje del pontífice se inicia en Miami, donde le reciben, al pie de la escalerilla del avión, el propio Reagan y el vicepresidente George Bush. La gira incluye, además, actos en Carolina del Sur, Nueva Orleans, Texas, Nuevo México y en tres ciudades del estado de California: Los Ángeles, Monterrey y San Francisco. Además, el Papa visita la ciudad de Detroit, en Michigan, donde reside la mayor comunidad de origen polaco de Estados Unidos.

En Miami le espera el embajador norteamericano en la Santa Sede, el ultraconservador católico Frank Shakespeare, quien ha sustituido al no menos extremista William Wilson, en enero de ese mismo año, con la misión de culminar los preparativos del viaje papal. Además, integran el comité de bienvenida el arzobispo de Nueva York, John O’Connor; el arzobispo de Washington, James A. Hickey, y representantes de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.

También participan en la recepción varios caudillos oficiales del catolicismo latinoamericano, sometido doctrinal y económicamente a la Iglesia de Estados Unidos, como el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, arzobispo de Medellín y secretario de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM); el cardenal nicaragüense Ovando y Bravo, varios representantes del Centro Católico Hispano del Nordeste, que dirige, desde Nueva York, el chileno Mario Paredes, y miembros del ultracatólico The Puebla Institute, dirigido por el «contra» antisandinista Humberto Belli. No faltan tampoco los representantes de la Fundación Nacional Cubano Americana, organización potenciada por la Administración Reagan e implicada en el escándalo Irangate/Contragate[2].

La visita papal coincide con el inicio, en la práctica, de la campaña para las siguientes elecciones generales, en el contexto de la estrategia armamentística de Ronald Reagan y de una gran beligerancia en política exterior —en ese momento, sobre todo contra Nicaragua, Libia e Irán—, que encuentra una fuerte oposición entre algunos sectores del episcopado y en amplios grupos de la comunidad católica norteamericana. Así se inicia el que va a ser, probablemente, el más polémico de los viajes realizado hasta ese momento por el papa Wojtyla. Por encima de todo, su principal propósito es el de apuntalar a sus hombres en la Conferencia Episcopal norteamericana y estrechar vínculos con Ronald Reagan. Hay que añadir, como otro factor de conflicto en esta visita, la fuerte oposición al viaje papal que manifiesta la poderosa comunidad judía, indignada por la visita al Vaticano que ha realizado poco tiempo antes el presidente austriaco y exsecretario general de la ONU Kurt Walheim, después de haberse descubierto su pasado nazi.

El coordinador de todos los preparativos del viaje papal es el embajador Shakespeare, miembro del Opus Dei, pero el verdadero muñidor en la sombra de la operación es el prelado español Álvaro del Portillo, sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente de la Obra. El viaje cuenta con el apoyo de los servicios secretos y el lobby estadounidense en el Vaticano. Destacados miembros de él son el arzobispo John Patrick Foley, presidente de la Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales y presidente de la Televisión Vaticana, y el cardenal William W. Braum, presidente de la Congregación para la Educación Católica y miembro de la Congregación de la Doctrina de la Fe —la Santa Inquisición—, cuyo prefecto es el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Foley y Braum son también miembros del Opus Dei.

Junto a estos hombres hay que colocar a otros dos personajes provenientes de la Iglesia de Estados Unidos, el obispo William F. Murphy y el cardenal Paul C. Marcinkus. Según la publicación norteamericana Mother Jones, especializada en desmenuzar los entresijos del imperio católico, Murphy está conectado con los servicios de información norteamericanos. Por su parte, Marcinkus, presidente del Instituto de Obras de la Religión (IOR), la banca de la Santa Sede, está en ese momento reclamado por las autoridades judiciales italianas, que han solicitado su extradición al Vaticano por la participación del cardenal en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano.

El embajador Shakespeare, católico extremista, miembro del Opus Dei y Caballero de la Orden de Malta, ha sido consejero de Richard Nixon para las relaciones con los medios de comunicación, y en ese momento es miembro del Consejo directivo de la Heritage Foundation, de donde han salido muchos de los planes de la «revolución» conservadora de Ronald Reagan. También ha sido presidente de la CBS, embajador de Estados Unidos en Portugal y encendido partidario de la intervención norteamericana en Vietnam. Shakespeare ha tenido a su cargo el United States Information Agency —USIA— después de que Nixon le nombrase director. El objetivo de esta agencia es divulgar, a través de los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales, la política del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. En España tiene su sección delegada en el Instituto de Cuestiones Internacionales (INCI).

Como experto en comunicación y embajador en el Vaticano, Shakespeare se reúne frecuentemente en Roma con su compatriota el arzobispo John Patrick Foley. Este prelado lleva una carrera meteórica. Es natural de Filadelfia, donde ha sido ordenado obispo en 1984 por el cardenal John Krol, de la nueva derecha católica norteamericana. Poco más de un año antes de esta visita papal ha sido ascendido al arzobispo por el propio Karol Wojtyla. A la Comisión Pontificia para las Comunicaciones que preside Foley pertenecen, entre otros, los cardenales John O’Connor, de Estados Unidos, el colombiano Alfonso López Trujillo, el brasileño Eugenio de Araujo Sales y el presidente de la Comisión Episcopal Latinoamericana, el también colombiano Darío Castrillón Hoyos. Para completar este panorama, hay que señalar que John P. Foley es, además, consultor de la Comisión Pontificia para América Latina, un área geográfica a la que prestan especial atención tanto el Vaticano como la Casa Blanca. La lucha por aniquilar a los partidarios de la teología de la liberación, movimiento en el que está integrado un prestigioso ramillete de religiosos españoles, tiene lugar en un doble frente: el de las condenas teológicas disciplinarias dictadas por el Vaticano y la propia Conferencia Episcopal Española y el de los asesinatos protagonizados por los Escuadrones de la Muerte adiestrados y financiados por Estados Unidos.

El cardenal colombiano López Trujillo estuvo en España en mayo de 1987, durante la escala de uno de sus viajes a Roma para reunirse con John P. Foley. Había sido invitado por la Fundación Tomás Moro, presidida por el exministro franquista Cruz Martínez Esteruelas, bajo el patrocinio de Marcelo González Martín, cardenal primado y arzobispo de Toledo. López Trujillo pronuncia una conferencia sobre «El problema religioso en Hispanoamérica», en la que afirma, entre otras cosas, que se necesita «una teología que no defienda la lucha de clases, porque la Iglesia puede defender los derechos humanos sin hipotecarse al marxismo».

Siempre el Opus

El número de la revista norteamericana Mother Jones de julio de 1983 señala que el Vaticano, «a principios de este año, le otorgó a Alfonso López Trujillo[3], colombiano, cercano al Opus Dei y firme opositor a la teología de la liberación, la mitra roja de cardenal. López Trujillo está considerado como el protegido del cardenal Sebastiano Baggio, otro hombre del Opus Dei y jefe de la Comisión Pontificia para América Latina», principal fuente de información del Papa sobre los acontecimientos que ocurren en esta zona del planeta. Y continúa la revista Mother Jones: «Uno de los más allegados a López Trujillo es el asistente Roger Vekemans, cura belga que recibió cinco millones de dólares de la CIA y los entregó a organizaciones anticomunistas chilenas en la década de los sesenta.

»En octubre de 1982, el presidente Reagan envió a su embajador especial, el general Vernon Walters, devoto religioso, a conferenciar con Juan Pablo II. El Papa y Walters mantienen ciertas discrepancias a la hora de analizar el tratamiento que hay que dar a la Iglesia católica en el continente americano. El embajador de Reagan trata de convencer al Sumo Pontífice de que los obispos norteamericanos han hecho mal en redactar una carta pastoral oponiéndose a las armas nucleares. Cinco meses más tarde, en marzo de 1983, el propio Juan Pablo II visita Nicaragua, durante un recorrido de ocho días por Centroamérica. Ante una gran multitud, en Managua, Juan Pablo II ataca a la Iglesia del Pueblo como absurda y peligrosa, dando a entender que la única tarea de la Iglesia nicaragüense era oponerse al sandinismo».

Uno de los hombres claves en la conexión Juan Pablo II-Ronald Reagan es el jefe de estación de la CIA en la Santa Sede, Peter K. Murphy, que actúa bajo la cobertura de ministro consejero de la embajada. Otros miembros de la Agencia en el Vaticano, en ese momento, son Frank A. Lattanzi, que ejerce el cargo de primer secretario, y Louis J. Nigro y Douglas Bayar Leoning, que figuran como segundos secretarios de la legación diplomática norteamericana.

A cambio de la visita del papa Wojtyla a Estados Unidos en 1987, en un momento delicado para la administración Reagan, después de que haya estallado el escándalo Irangate/Contragate, el Vaticano verá enjugado su millonario déficit económico que le tiene contra las cuerdas después de la quiebra del Banco Ambrosiano, en la que está implicado el norteamericano de origen lituano Paul Marcinkus. El presidente norteamericano se compromete a taponar gran parte de la deuda vaticana, y las operaciones monetarias destinadas a ese fin serán realizadas a través de las instituciones económicas del Opus Dei. Hay que tener en cuenta que el Instituto de Obras de la Religión (la banca vaticana) ha tenido que desembolsar, sólo unos meses antes, más de treinta mil millones de pesetas en concepto de indemnizaciones derivadas de su participación —un 16 por 100— en el quebrado Banco Ambrosiano.

Además de estas compensaciones económicas, Estados Unidos va a facilitar al Vaticano todos los medios técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de la «iglesia electrónica», incluidos satélites de comunicaciones, emisoras de radio y de televisión, además de colaborar en la renovación de los medios que ya posee la Santa Sede. Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y miembro de la Comisión Pontificia de Comunicaciones Sociales, Darío Castrillón, son más que elocuentes: «La Iglesia latinoamericana busca dar un vuelco revolucionario a sus comunicaciones, entrando en la era de las computadoras y el uso de satélites. Estamos en el plan de crear una red de computación que nos permita tener centrales e información en puntos clave de América Latina, con el ánimo de conectar las conferencias episcopales con 900 obispos de 674 diócesis del área, y a éstos con la Comisión de Comunicaciones Sociales del Vaticano».

El obispo Castrillón continúa declarando a la agencia Reuters: «Hay países donde las comunicaciones son muy difíciles porque existe un control estatal demasiado grave de la telefonía, y así yo sé que puedo comunicar con el arzobispo Miguel Obando Bravo, de Nicaragua, sin pasar por los controles estatales».

Según el biógrafo de Juan Pablo II, George Weigel[4], el flechazo entre Reagan y Wojtyla se produce muy poco después de que éste ocupe el sillón de San Pedro: «En la época de su candidatura a la presidencia, Reagan había visto unas imágenes de Juan Pablo II en la plaza de la Victoria de Varsovia, correspondientes a la misa del 2 de julio de 1979 y, según su ayudante Richard Allen, había quedado profundamente conmovido. Juan Pablo II, por su parte, no tenía necesidad de que le convencieran de que la polémica postura anticomunista del presidente Reagan era acertada. Hacía más de treinta años que el papa polaco sabía que la Unión Soviética era un imperio y que su sistema era maligno. El presidente sentía una admiración enorme por el Papa, y deseaba mantenerlo al corriente de cuanto averiguaran los servicios de inteligencia estadounidenses en la Europa Central comunista. También reconocía que en la lucha contra el comunismo la Iglesia católica tenía objetivos y métodos propios».

Y continúa Weigel: «La decisión de Reagan de hacer partícipe a Juan Pablo II de su información confidencial fue bien recibida, pero el Papa disponía de abundantes fuentes de información propias en la Europa comunista, y no hay pruebas de que las fotografías de los satélites estadounidenses u otras fuentes secretas introdujeran cambios fundamentales en su manera de interpretar una situación o de actuar». Por su parte, Bernstein y Politi[5] afirman que el director de la CIA, William Casey, y el embajador especial de Estados Unidos, Vernon Walters, «efectuaron unas quince visitas secretas» a Juan Pablo II a mediados de los años ochenta.

El pastor y el vaquero

En 1992, algo después de que la revista Time publique por primera vez la idea de la «Santa Alianza» entre el papa Wojtyla y Reagan, un periodista le pregunta por ello a Juan Pablo II durante un vuelo a África. El papa polaco contesta que esa «Santa Alianza» es «una deducción a posteriori». Y añade: «No se puede construir una argumentación partiendo de los resultados. Nadie desconoce la posición de Ronald Reagan como gran propulsor de medidas en la política mundial. Mi posición era la de pastor, obispo de Roma, alguien con responsabilidad sobre el Evangelio, que sin duda contiene principios de orden moral y social, y las relacionadas con los derechos humanos […] La posición de la Santa Sede estuvo guiada por el principio moral, incluso en lo tocante a mi país natal»[6].

La investigadora argentina Ana María Ezcurra señala[7]: «La llegada de Karol Wojtyla al Vaticano implicó la conformación y el lanzamiento de una ofensiva conservadora pujante, signada por la ortodoxia doctrinaria, el impulso a la centralización en las decisiones y una revitalización del papado y, en general, de las jerarquías eclesiásticas. Se trata de una reacción y de un avance permeado por formaciones ideológicas antiliberales y antimarxistas, lo cual gesta importantes zonas de contacto con el renacimiento conservador en EE. UU. Si bien es verdad que dichas orientaciones se encuentran influidas por algunos rasgos específicos del catolicismo polaco, no es menos cierto que también expresan a fracciones de la Iglesia en Europa y en América Latina vertebradas por aquellas configuraciones ideológicas. Esta confluencia de sectores potenció debates y pugnas como las desenvueltas por el CELAM contra la “iglesia popular”, desde que el cardenal Alfonso López Trujillo asumiera la secretaría general (1972) y luego la presidencia del organismo (1979)».

Según Ezcurra, «tanto Juan Pablo II como Ronald Reagan son la conducción y, simultáneamente, el resultado de un avance conservador gestado como reacción a experiencias de renovación previas —en el seno de la Iglesia católica y en Estados Unidos, respectivamente—. Mientras el neoconservadurismo y la nueva derecha actualizan notablemente el tradicional talante reaccionario norteamericano, Karol Wojtyla no encabeza una transformación relevante de los cánones ortodoxos: más bien revitaliza las viejas orientaciones, sin grandes cambios».

Existen diversos trabajos que subrayan el especial interés de los sucesivos gobiernos norteamericanos por penetrar en diversos ámbitos católicos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Incluso se afirma que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) crea, ya a finales de los años cuarenta, organismos internos especializados para desarrollar esa tarea y despliega actividades de información e influencia en los ámbitos seleccionados, sobre todo en el Vaticano. En 1941 —un año antes de la fundación de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), antecesora de la CIA— su futuro jefe, Wild Bill Donovan, ya entabla relaciones con la agencia Pro Deo y, más tarde, le presta ayuda y apoyo financiero. Esta agencia vaticana, dirigida por el padre Félix Morlion, está relacionada con tareas de inteligencia. Al parecer, esa contribución de Donovan le es retribuida posteriormente por el pontífice Pío XII[8].

Ana María Ezcurra asegura[9] que, desde su fundación, en 1947, la CIA mantiene estrechos contactos con la sección norteamericana de la Orden Militar Soberana de Malta, lo que añade otro enlace indirecto e informal con la Santa Sede. En ese sentido, las conexiones de la OMSM con el nazismo evidencian el sustrato ideológico de esta críptica organización. Hay numerosas evidencias de que, durante los años cuarenta, la Orden de Malta asistió en su fuga a numerosos criminales de guerra nazis. Además, concedió una de sus más relevantes condecoraciones al jefe del espionaje alemán antisoviético, el general Reinhard Gehlen. Este marco anticomunista sustenta sus relaciones con la inteligencia norteamericana: en 1946 también condecora a James Jesus Angleton, quien desarrolló su trabajo en la oficina vaticana de la CIA.

En 1984, la sección de la Orden de Malta en Estados Unidos cuenta con alrededor de 1000 miembros, entre los cuales se encuentran William Wilson, embajador estadounidense en la Santa Sede, y William Casey, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Como se ve, la Orden se distingue por congregar a laicos situados en puestos de notable influencia, lo que la acerca, en este punto, al perfil del Opus Dei. «Ambas organizaciones comparten una matriz hondamente anticomunista y, en el caso de la Orden, ello acarrearía la participación en sus filas de altos dirigentes de servicios de inteligencia como la CIA», afirma Ezcurra. Las convicciones vertebralmente antimarxistas de la OMSM la aproximan ideológicamente a Juan Pablo II y permiten impulsar la reanudación de estrechos vínculos diplomáticos con el Vaticano.

Nazis protegidos

En 2005, el viaje que realiza Joseph Ratzinger, ya investido Papa con el nombre de Benedicto XVI, al corazón de Alemania, su tierra natal, encuentra su punto álgido en la visita que el nuevo Sumo Pontífice católico realiza a la gran Sinagoga de Colonia. Allí, Ratzinger habla de paz y entendimiento entre religiones, el supuesto gran mensaje de su pontificado; pero entre bambalinas, los cardenales de su absoluta confianza que forman parte de la delegación se niegan, una vez más, a proceder a la apertura de los archivos vaticanos y, en concreto, a permitir que se puedan aclarar las relaciones de los máximos dirigentes de la Iglesia con los nazis durante el III Reich. Y también desvelar la razón del silencio papal en relación con los crímenes hitlerianos, la protección de la Iglesia a altos dirigentes nazis y sus negocios con uno de los regímenes más genocidas de la historia de la humanidad.

Simón Wiesenthal, el más conocido «cazanazis» que ha existido, fundador del centro de documentación Des Bunde Jüdischer Verfolgter des Naziregimes, señala, en 1979, al redactor de Interviú José Luis Morales, en su despacho de Viena, que «la Cruz Roja y la Iglesia católica españolas protegieron a los criminales nazis que se refugiaron en España». Asegura que, en ese momento, en plena Transición y con la Constitución recién aprobada, «todavía en España viven algunos de ellos, sobre todo en la Costa del Sol. En particular, en Marbella. Y también en distintos puntos de Levante y las islas Canarias. Por ejemplo, el nazi holandés Haucke Pattist vivía hasta hace poco en Oviedo, y tenía muy buena relación con muchos policías y militares que le apoyaban»[10].

Según Wiesenthal, la organización clandestina de apoyo a los mandos nazis, ODESSA (Organización de Antiguos Miembros de las SS) contó con el apoyo del obispo alemán Alois Udal. Los criminales eran albergados en un monasterio franciscano de Roma. De allí los sacaban, con papeles y documentos falsos, hacia España o Latinoamérica. «Está demostrado que Cáritas pagaba los viajes de los nazis que escapaban, miles de criminales. Eichmann entre ellos», aseguraba el viejo perseguidor de criminales del III Reich[11]. «Antes de finalizar la guerra, los nazis liquidaron todas sus cuentas en los bancos alemanes e ingresaron sus riquezas en Suiza, Liechtenstein, España y Tánger. Compraron miles de empresas en América del Sur, que sirvieron de refugio a todos los que lograron huir. El centro de su refugio estaba en Buenos Aires y ODESSA se encargaba de llevarlos hasta allí, a través del Vaticano y vía España. El hombre que enlazaba a ODESSA con el Vaticano, a través del obispo Alois Udal, era el nazi Walter Rauf, que disponía de mucho dinero e introducía libras falsas en el mercado europeo, cambiándolas por otras divisas, dólares o francos suizos. Todo esto se hacía con las directrices expresas del papa Pío XII. Las libras y el dinero falsos eran proporcionados por Friedrich Schwend. El gran protector de Walter Rauf era el secretario del cardenal Siri, primado de Génova. ODESSA era su red, pero la organización española de la Cruz Roja Internacional y, sobre todo, Cáritas española formaban parte de toda la trama oculta en el continente europeo».

La sombra de los pederastas

El octavo viaje internacional de Benedicto XVI, en abril de 2008, durante el cual cumple ochenta y un años y tres de pontificado, contribuye a renovar la estrecha alianza entre la Casa Blanca y el Vaticano que habían sellado, dos décadas antes, Juan Pablo II y Ronald Reagan. A pesar de tener que dar la cara frente al terrible escándalo de los centenares de casos de abusos sexuales contra menores protagonizados por sacerdotes católicos en EE. UU., el Papa considera muy positiva la visita. Después de todo, el actual Sumo Pontífice conocía de sobra las actas de este escándalo sexual, como ningún otro prelado, debido a su cargo al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe durante el mandato de su antecesor.

L’Osservatore Romano, el diario de la Santa Sede, lanza las campanas al vuelo y habla de un «viaje histórico». Durante una semana, el papa Ratzinger y el emperador Bush comparten protagonismo en todos los medios de comunicación. La ONU le abre sus puertas y estrecha su conexión con la Iglesia norteamericana, que, desde hace un par de décadas, es la más importante dentro del catolicismo, tanto por su contribución económica al mantenimiento del Vaticano, como por su aportación ideológica, que ha tenido un peso específico decisivo en la elección de los dos últimos pontífices.

Posteriormente, durante la devolución de visita, en junio de 2008, George W. Bush es agasajado con un tratamiento absolutamente inédito durante el encuentro que mantiene con Benedicto XVI en el Vaticano. Es la primera vez en toda la historia que un jefe de Estado disfruta de un paseo por los jardines de la Santa Sede en compañía de un pontífice. Además, en lugar de recibir al presidente norteamericano en su biblioteca privada, como suele ser habitual, Benedicto XVI decide mantener un coloquio privado en la Torre de San Juan, situada justo detrás de la basílica de San Pedro. Las muestras de favoritismo hacia Bush hacen que dentro del propio Vaticano se levanten voces de protesta.

Los norteamericanos resultan decisivos a la hora de elegir a Ratzinger como sucesor de Wojtyla en el cónclave de abril de 2005 y el nuevo Papa está cada vez más alineado con Estados Unidos, especialmente en el «problema islámico». La alianza entre la cruz y el imperio también aparece detrás del derrumbamiento del gobierno de Romano Prodi en 2007. Periódicos como Il Corriere della Sera, La Stampa y L’Unità se hacen eco en sus páginas de la posibilidad de que haya habido una conjura para hacer caer a Prodi. Como en los viejos tiempos de Gladio.

7. El estado criptoconfesional

7

EL ESTADO CRIPTOCONFESIONAL

«Yo he visto a muchos curas, en sus predicaciones,

despreciar el dinero, también sus tentaciones,

pero, al fin, por dinero, otorgan los perdones,

absuelven los ayunos y ofrecen oraciones».

ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor

En su libro 25 años sin Constitución, el magistrado Joaquín Navarro considera que España es un «Estado criptoconfesional»: señala que la «cuestión religiosa» era uno de los temas de fondo que la Constitución de 1978 debería haber resuelto. Pero no resolvió nada. «Como ocurrió en la regulación de las Fuerzas Armadas, este otro “poder fáctico” consiguió lo que quiso del botín constitucional. Entendían los miembros de la cúpula eclesiástica que habían jugado un papel relevante en la Transición y que se merecían un trato generoso en el texto. Lo consiguieron sin apenas esfuerzo», escribe Navarro.

En diciembre de 1978, la vieja «ruptura democrática» con el franquismo, que se ha ido rebajando, sucesivamente, a «ruptura pactada» y «reforma», finaliza con una Constitución monárquica «consensuada». El proyecto constitucional es producto de una serie de pactos realizados solapadamente y de espaldas a la opinión pública. Además, a diferencia del texto aprobado en 1931, éste emana de unas Cortes que no son constituyentes. El primer contacto popular con el texto que se está elaborando de forma casi secreta se produce a través de una filtración a la revista Cuadernos para el Diálogo, que publica el borrador, causando un auténtico revuelo. La Constitución también es producto de un Parlamento surgido de unas elecciones poco democráticas, las del 15 de junio de 1977 —con formaciones políticas todavía ilegalizadas—, que ha trabajado con secretismo desde sus orígenes, fomentando la desinformación y la despolitización en la calle.

Los padres de la Constitución, que surge con aire de provisionalidad, aunque ahora parezca esculpida en los cimientos de la historia, son Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero, por UCD; Gregorio Peces Barba (PSOE), Manuel Fraga Iribarne (AP), Miguel Roca (CiU) y Jordi Solé Tura (PCE). El Gobierno niega a las fuerzas democráticas opuestas al texto, que propugnan la abstención o el voto negativo en el referéndum, toda posibilidad de hacer campaña en contra, e intenta presentar, igual que siempre, como partidarios del «no» exclusivamente a los añorantes del franquismo.

El 6 de diciembre de 1978 vota en el referéndum sobre la Constitución un 66.96 por 100 de los ciudadanos censados. La mayoría, «sí». Y el texto se aprueba. Un dato significativo y que no se suele recordar es que sólo el 30 por 100 de los vascos vota a favor. El otro 70 por 100 del censo se reparte en Euskadi entre el «no» y la abstención, que es superior al 55 por 100. Con esta Constitución se apuntala una monarquía surgida de la voluntad del dictador y se atribuye al Ejército el papel de garante del orden constitucional. Además, se propicia la continuidad de los privilegios de la Iglesia católica.

El borrador «filtrado» a la prensa el 22 de noviembre de 1977 desencadena el furor eclesiástico. Apenas setenta y dos horas después, el 25 de noviembre, monseñor Elías Yanes afirma en el Club Siglo XXI: «No tendría sentido que en la Constitución se mencionaran expresamente los partidos políticos, los sindicatos o cualquier otro tipo de asociación o institución, y que, en cambio, se desconociera a la Iglesia católica».

El 26 de noviembre se descubren cuáles son las «condiciones» del Episcopado, que acaba de celebrar su XXVII asamblea, para aceptar la Constitución: defensa de la vida humana (es decir, del feto); derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos; estabilidad de la familia (contra el divorcio) y reconocimiento expreso de la Iglesia católica (como superior a las demás religiones). «Todas las condiciones se aceptaron», afirma Joaquín Navarro[1]. «El tratamiento de la aconfesionalidad del Estado en los trabajos constitucionales fue singularmente significativo de la excepcional importancia que la jerarquía católica tuvo en el proceso de redacción del texto constitucional». El artículo tercero del borrador filtrado dice escuetamente: «El Estado español no es confesional». Y el artículo 17 añade: «Se garantiza la libertad religiosa y de cultos, así como la de profesión filosófica o ideológica, con la única limitación del orden público protegido por las leyes».

«Hay que fijarse en que el borrador no se atrevía a la sencilla fórmula de declarar que el Estado español es aconfesional», precisa Navarro. «Ni siquiera eso. Sólo que “no es confesional”, expresión que debió de parecer menos descarnada a los ponentes. Pero ni por ésas. La indignación eclesiástica por la fórmula del borrador fue tan intensa que parecía que la ponencia había exigido la disolución de las órdenes religiosas con voto de obediencia a una autoridad distinta al Estado». Pero la jerarquía episcopal conoce perfectamente el terreno que pisa. Su contribución, en los últimos años del franquismo, a la causa de la liberalización y, más tarde, de la Transición controlada, junto a la debilidad ideológica e institucional propia del consenso, del que forma parte una «normalización de relaciones con la Iglesia», hace que las fuerzas parlamentarias admitan las exigencias básicas de los prelados. El obispo Uriarte se manifiesta de forma muy sutil. En el más puro estilo mafioso, hace una oferta que no se puede rechazar. Según él, lo que el Episcopado quiere no es presionar a los ponentes o a sus grupos parlamentarios, sino sólo «ayudar a que los políticos acepten» las propuestas de la jerarquía católica. En la misma línea se mueve Tarancón: «La Iglesia sabe que es una realidad insoslayable en nuestra patria y pide, sencillamente, que el Estado acepte su colaboración».

«Los frutos de esta presión fueron inmediatos», continúa Navarro. Aunque socialistas y comunistas habían repetido durante los trabajos constitucionales que el principio de aconfesionalidad del Estado era inamovible, fue movido con la rapidez del rayo. Ya en el anteproyecto del 5 de enero de 1978 había desaparecido la mención al carácter no confesional del Estado, que fue sustituida por la expresión «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Pero no bastaba. Había que nombrar expresamente a la Iglesia católica en el lugar de relevancia que exigía el «honor de Dios».

Por si acaso, la voz de monseñor Elías Yanes vuelve a tronar con fuerza: «Estoy descontento ante la actitud recelosa y vergonzante del anteproyecto de Constitución, en relación con el reconocimiento de las convicciones católicas de gran parte de la población española». Finalmente, a propuesta del grupo de UCD, el anteproyecto del 17 de abril de 1978 aparece redactado así: «Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las correspondientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones» (artículo 15.3).

Constitucionalistas arrepentidos

«Algunos consideraban, con razón, que esto era equiparable a una vergonzosa declaración de confesionalidad o a una confesionalidad solapada», prosigue el magistrado Joaquín Navarro. «En realidad, era otra claudicación escandalosa. Como en los mejores tiempos del absolutismo, primero el Trono y después el Altar. Y las Fuerzas Armadas defendiendo a ambos. Crecen ahora antiguos “constitucionalistas” que abominan esta humillación constitucional».

Es el caso de uno de los siete «padres» de la Constitución, Gregorio Peces Barba: «Creo que cometimos un error al aceptar en la Constitución la mención expresa a la Iglesia católica, pero se hizo porque no nos pareció que aquello fuera tan relevante. Y pensamos, además, que los obispos tendrían más buena fe de la que luego han tenido. Pero nos equivocamos. Y ellos lo han utilizado como para poder pensar que el Estado tenía que mantener una relación privilegiada con la Iglesia católica. Pero eso no es cierto. Está bien que se establezca que, a pesar de la separación, el Estado está obligado a mantener relaciones de cooperación con las “iglesias” y confesiones. Pero al decir solamente con “la Iglesia católica”, concede un prius que, realmente, no responde a la intención nuestra como legisladores. Y creo que eso habrá que ponerlo en cuestión en algún momento, replanteando temas como los acuerdos con la Santa Sede, la enseñanza de la religión, la responsabilidad jurídica y económica sobre los profesores de religión o, por ejemplo, los símbolos religiosos, católicos concretamente, en los actos públicos. Son cosas que tienen que ir desapareciendo»[2].

En el pleno del Congreso del 7 de julio de 1978, el ponente Gabriel Cisneros pretende cauterizar la herida. Pero lo hace con aparente ironía y escasa finura: «No es que seamos más papistas que el Papa. Simplemente pretendemos ser constituyentes. Somos ciudadanos de la sociedad civil puestos a la tarea civil de conformar una norma fundamental para una España civil. Es desde esta perspectiva civil desde la que formulamos una constatación: el valor significativo de la creencia católica en el seno de la sociedad civil española».

A la Iglesia aún le queda por ganar la gran batalla: la de la enseñanza. Es en este campo donde tiene que defender su hegemonía ideológica y moral. Y muchos intereses económicos.

«Fue, según se asegura, una negociación tensa, que provocó el estratégico “portazo” de Peces Barba, que después colaboraría encantando en la fórmula final (que no en la “lucha final”). La izquierda parlamentaria debería verse obligada a salvar los principios de una enseñanza pública y laica, orientada a desarrollar el sentido crítico, sin valores absolutos previos, religiosos, morales o económicos», añade Joaquín Navarro.

Y el «arrepentido» Peces Barba señala ahora: «Una de las conquistas de la Modernidad es la distinción entre la ética privada y la ética pública. La ética privada es la ética individual, personal, y ahí, las iglesias pueden hacer sus propuestas. Pero al producirse la separación entre el derecho y la moral, cuando, por la ruptura religiosa y la secularización ilustrada, Dios deja de ser el fundamento último de la moralidad, desplazado por la idea de la naturaleza humana, surge la idea de la ética pública, que no es otra cosa que la idea de justicia que viene desde Aristóteles y constituye la ética institucional, la ética civil de las sociedades. La Iglesia no puede imponer su idea de salvación a la sociedad, ni siquiera su idea de felicidad o de virtud. No es aplicable a toda la sociedad, y menos, pretender que esté por encima de la propuesta de ética pública»[3].

En el Pleno del Congreso del 7 de julio de 1978, el diputado socialista Gómez Llorente había recordado el precepto de la Constitución republicana: «La enseñanza será laica. Hará del trabajo el eje de la actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana». Pero ahí quedó todo, el PSOE no tenía la más mínima intención de defender esos principios. «Al final, el artículo 27 de la Constitución quedó como un recosido en el que los intereses eclesiásticos y los de la enseñanza privada sobresalían notablemente», señala Joaquín Navarro. «Aunque la jerarquía católica no quiso forzar la mano introduciendo el derecho a crear y dirigir centros docentes a cargo, en todo o en parte, del Estado, o el de confesionalizar sus propios centros, su botín educativo fue inmenso. De hecho, la Constitución española, juntamente con la irlandesa, constituye en este campo una excepción en el derecho constitucional europeo. La Constitución italiana, por ejemplo, consagra la libre creación de escuelas, siempre que no supongan una carga financiera para el Estado».

Acuerdos clandestinos

En 2009 se cumple el 30 aniversario de los acuerdos que sustituyeron al Concordato firmado por el régimen de Franco y el papa Pío XII en 1953. En 1976 se había reformado aquel viejo concordato, de modo que el jefe de Estado renunciaba a intervenir en el nombramiento de obispos, y es en 1979 cuando se suscriben cuatro acuerdos (sobre asuntos jurídicos, económicos, culturales-educativos y sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas y servicio militar de religiosos) que actualizan, o en realidad perpetúan las privilegiadas relaciones del Vaticano con el Estado español.

«El 19 de agosto de 1976 el Estado español suscribió con la Santa Sede el Acuerdo que ponía fin a la vigencia del Concordato de 1953, y el 3 de enero de 1979 ambas partes firmaron cuatro Acuerdos de cooperación, exactamente seis días después de la promulgación de la Constitución española, el día 27 de diciembre de 1978», recuerda Gonzalo Puente Ojea[4]. «Estos cinco Acuerdos fueron, de hecho, “preconstitucionales”, pues se negociaron durante los dos años precedentes y mediante los mismos equipos técnicos que colaboraron con la dictadura franquista y que seguían controlando las tareas de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos y realizando su trabajo de espaldas al pueblo español, deseoso de un cambio radical en las relaciones entre las dos potestades. Así, no debe sorprender que los negociadores, animados por el mismo y viejo espíritu proeclesiástico con el que se concertó el nefasto Concordato de 1953, llegasen a plasmar unos textos equivalentes en los cuales los exorbitantes privilegios de la Iglesia católica —que se había aliado en indecente simbiosis con el Estado edificado sobre la sangre de quienes defendieron el orden constitucional republicano— alcanzaron un inexpugnable blindaje jurídico.

»A partir de esa ominosa firma, los gobiernos de la UCD, de orientación marcadamente católica, comenzaron a aplicar dichos Acuerdos con diligencia y vigilados sin cesar por la Iglesia y sus fieles, que dominaban las nuevas instituciones nominalmente democráticas».

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprueba, el 1 de julio de 1979, la propuesta de ratificación de los nuevos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Dos de ellos, el de enseñanza y asuntos culturales y el de asuntos económicos, cuentan con el voto en contra del Grupo Comunista en el Parlamento, entre otros motivos por al carácter de «fundamental» que se otorga a la asignatura de religión. No será obligatoria pero sí contará para la evaluación de los alumnos.

El acuerdo sobre asuntos económicos es objetado por Jaime Ballesteros, por entender que se opta por el criterio del impuesto religioso, no coherente con la Constitución, porque obliga a los españoles a una declaración sobre sus creencias que puede suponer una coacción a los contribuyentes (cuando la situación política para los que se salen del carril está todavía muy durita), quienes deberán manifestar expresamente si desean que se destine a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto.

Las propuestas de Heribert Barrera, de ERC, por el Grupo Mixto, en contra de cualquier privilegio docente a favor de la Iglesia y de la participación de la Conferencia Episcopal en los acuerdos sobre «el respeto a los sentimientos de los católicos en los medios de comunicación social» son también rechazadas. Asiste a la sesión, presidida por el titular de la comisión, Ignacio Camuñas, el ministro de Asuntos Exteriores, el clerical Marcelino Oreja Aguirre, quien recuerda que los acuerdos sustituyen en su integridad al Concordato de 1953, que partía de la confesionalidad del Estado y de una situación de absoluto privilegio para la Iglesia católica. Los acuerdos se pretenden adaptar a la nueva situación creada por la Constitución de 1978, en cuyo artículo 16 se establece que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica (lo cuelan y el PCE está de acuerdo) y las demás confesiones».

El comunista Jaime Ballesteros es el único que pone objeciones: acepta la conveniencia de los acuerdos, pero encuentra defectos en la forma y el tiempo en que se han negociado, antes de que estuviera aprobada la Constitución. Añade que sería grave que esos acuerdos iniciaran su andadura con sospechas de inconstitucionalidad o que sentaran precedentes que pudieran dar lugar a contradicciones con la futura legislación de desarrollo de la Constitución o condicionar al legislador para la elaboración de nuevas leyes. Gregorio Peces Barba, en nombre del Grupo Socialista, se pronuncia globalmente a favor de los acuerdos. Treinta años después, también se lamenta de haberlo hecho: «La Iglesia católica los rompió al no actuar en conformidad con dichos Acuerdos en los asuntos económicos, logrando ventajas por la debilidad de un Estado que, para evitar conflictos con la Iglesia católica, termina aceptando que, en la práctica, se modifiquen los acuerdos con la Santa Sede en esos asuntos. Los Acuerdos sobre educación son claramente inconstitucionales. Porque no se puede dar a la religión el mismo tratamiento que a las llamadas asignaturas fundamentales»[5].

El 3 de enero de 1979, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado del Vaticano, Jean Villot, firman los acuerdos parciales entre el Estado español y la Santa Sede. Menos de un mes después de la aprobación de la Constitución, cuando se acaban de disolver las Cortes y hay convocadas unas nuevas elecciones generales.

«Los acuerdos que regulan las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español se presentan como formalmente postconstitucionales, pero materialmente no lo son. Se publican en el BOE el 3 de enero de 1979, es decir, cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución española, pero la negociación de dichos acuerdos es obvio que no se ha producido entre el 28 de diciembre de 1978 y ese 3 de enero», escribe Javier Pérez Royo[6]. Como recuerda el articulista, la negociación de los acuerdos se ha realizado en circunstancias completamente excepcionales. La ha hecho un Gobierno preconstitucional, y la norma que estaba en el origen de su mandato era la Ley para la Reforma Política, última de las Leyes Fundamentales aprobadas por las Cortes franquistas.

No se tiene conocimiento de los puntos que contienen hasta el mismo día de su publicación. Los acuerdos se negocian aún con mayor falta de transparencia que la Constitución. Por tanto, se suscriben de un modo antidemocrático, oscuro y semiclandestino. A la carrera, para dejar, como es lo habitual, todo atado y bien atado también en materia de financiación y privilegios del clero. Como recuerda Pérez Royo, el gabinete de Adolfo Suárez carece de legitimidad para negociar un acuerdo de semejante envergadura con la Iglesia, y el Vaticano aprovecha la debilidad de un Gobierno que, además, está plagado de elementos que le son muy afines, como el propio Marcelino Oreja. «La posición de la Iglesia católica en España no puede estar regulada por unos acuerdos en los que es tan intensa la huella del régimen del general Franco», añade Pérez Royo. «Los Acuerdos del 3 de enero de 1979 son leoninos. Nunca se habrían podido suscribir en condiciones democráticas, esto es, con un mínimo de equilibrio entre las partes que suscriben el pacto. De ahí que cuanto más pronto sean denunciados y sustituidos por otros, tanto mejor». Van a cumplir treinta años.

Son, claramente, un trágala impuesto por la Iglesia. En el primer artículo del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales ya está clara la filosofía del asunto: «A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana». ¿Y qué pasa con eso del Estado no confesional?

En relación con la firma de los acuerdos, el secretario de Relaciones Internacionales de UCD, Javier Rupérez (vinculado a la Iglesia, otanista y embajador en Washington), declara[7]: «UCD contempla con satisfacción la finalización del proceso de revisión y sustitución del Concordato de 1953. Los acuerdos parciales firmados ofrecen una consideración realista de lo que actualmente pueden y deben ser las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España, en el marco del respeto a la constatación sociológicamente mayoritaria de la religión católica en nuestro país. Creo que, para todos, creyentes y no creyentes, debe ser motivo de satisfacción. De facto y de iure, ha desaparecido el Estado confesional, pero, al mismo tiempo, se abre con ello una vía fructífera para la definición de los respectivos campos de acción de la Iglesia y del Estado, en entendimiento y sin confusión».

Felipe González, más de lo mismo

Más adelante Felipe González tampoco hace nada para enmendar el asunto, al contrario. «El nuevo Gobierno del PSOE, incluso sostenido por su mayoría electoral absoluta, pronto cometió un error de bulto, dado su alto valor simbólico, al crear una Gran Comisión Estado-Iglesia, hasta entonces inédita en la historia española y presidida en el más alto nivel, pensando ingenuamente que sería más ventajoso para el Gobierno discutir con la Conferencia Episcopal en una sola Mesa todos los temas simultáneamente, aún dentro de los estrechos márgenes de maniobra que admitía la aplicación de los compromisos pactados, no con los obispos, sino con la Santa Sede como sujeto soberano de derecho internacional», recuerda Gonzalo Puente Ojea. «El Gobierno socialista, que inicialmente había tanteado la posibilidad de interpretar restrictivamente los duros Acuerdos, pronto se deslizó visiblemente por el plano inclinado de crecientes concesiones, que en ciertos sectores incluso incrementaban la influencia y el poder de la Iglesia».

En el 37.º congreso del PSOE, celebrado los días 5 y 6 de julio de 2008, no se aborda la necesaria revisión de los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano. Queda directamente aparcada la demanda de Izquierda Socialista, suscrita por el diputado José Antonio Pérez Tapias, para que, «en un clima de diálogo sereno, se revisen los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede». Miguel Ángel Aguilar escribe con ironía[8]: «Claro que antes debería relevarse a nuestro embajador ante la Santa Sede o sugerir que cambie su función para recibirlo como nuncio de Su Santidad en Madrid».

José María Contreras Mazarío, director general de Relaciones con las Confesiones Religiosas, en el cargo desde junio de 2008, afirma que su reto principal es «dar pasos» hacia la neutralidad confesional del Estado y garantizar la igualdad de todas las religiones. No cree que los acuerdos de 1979 con el Vaticano sean un obstáculo: «No impiden avanzar hacia un estado laico»[9]. Y añade: «En la cuestión de financiación de la Iglesia católica, el Gobierno ha dado pasos para establecer un auténtico sistema de asignación tributaria, o lo que es lo mismo, para que la Iglesia católica reciba únicamente el 0,7 por 100 de la cuota íntegra del IRPF de aquellos ciudadanos que quieran destinarlo a favor de la misma. Con ello se puso fin a todo complemento presupuestario, una práctica continuada hasta la pasada legislatura. No menos importante es el hecho de que la Iglesia católica asuma el pago del IVA. Es decir, se van dando pasos, sin duda con un cierto retraso temporal, hacia el logro de ese compromiso, que también se recoge en el Acuerdo de 1979, de autofinanciación por parte de la Iglesia católica». Que pongan otra ronda.

En mayo de 2008, la vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, desvela en el Congreso la intención del Ejecutivo de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) para «avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado» y garantizar la igualdad de las confesiones religiosas. El líder de los obispos, Antonio María Rouco, espera para pronunciarse sobre el asunto a volver del viaje que realiza a Roma, el 19 de mayo, con objeto de reunirse con el papa Ratzinger, acompañado por el pleno del Comité Ejecutivo episcopal.

Los obispos sostienen que los acuerdos firmados entre el Estado español y el Vaticano en 1976 y 1979, por ser pactos entre Estados, están por encima de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Y no están dispuestos a aceptar ningún cambio.

Dionisio Llamazares, antiguo director general de Asuntos Religiosos y catedrático de Derecho Eclesiástico, piensa que la reforma debe cambiar, incluso, el nombre de la ley, para llamarse Ley Orgánica de Libertad Ideológica. En todo caso, sorprende que, si de verdad el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene alguna voluntad de avanzar por el camino del laicismo, el camino escogido sea la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y no la revisión de los acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Juan José Tamayo, secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, declara que el anuncio de la vicepresidenta De la Vega de «avanzar hacia la laicidad» es poco creíble[10]. «Ningún paso se ha dado en la pasada legislatura en esa dirección, sino más bien pasos en la dirección contraria». En cambio, el diario ABC se hace portavoz de los obispos, y el 17 de mayo publica en titulares: «La Iglesia recuerda, ante la ofensiva laicista, que la ley garantiza la igualdad religiosa». Y considera que la reforma del Gobierno es «una excusa», pues «ya se reconocen los mismos derechos a todas las confesiones». Eso, frente al tímido anuncio de De la Vega y antes de que se haga absolutamente nada. Aclara el diario que la actual normativa, que data de 1980, no reconoce en ninguno de sus ocho artículos más derechos a unas confesiones que a otras. De forma genérica, al tratarse de una ley de mínimos, «garantiza a todos su derecho a establecer lugares de culto, designar y formar a sus ministros y propagar su propio credo». Efectivamente, los problemas surgidos desde que se aprobó la ley y su concreción, en forma de abusivos privilegios para la Iglesia, no derivan tanto de la redacción de su articulado como de la aplicación absolutamente abusiva a favor de los intereses de la Conferencia Episcopal que han hecho los sucesivos gobiernos.

Ahora no se sabe a ciencia cierta, ante la falta de una definición clara y concreta del Gobierno, si lo que se pretende es reconsiderar la situación de privilegio de la Iglesia católica, en consonancia con las normas de convivencia básicas en un Estado aconfesional, o, por el contrario, generalizar algunos de sus extremos al resto de confesiones. Por ejemplo, aumentándoles la financiación o concediéndoles también horas lectivas en la enseñanza pública para que difundan sus respectivos credos.

Los acuerdos de 1979 son también duramente criticados por los miembros de otras confesiones religiosas. El Observatorio Cívico Independiente (OCI), vinculado a la Alianza Evangélica Española, los rechaza con dureza y también que la Constitución de 1978 haga «una mención explícita a la Iglesia católica romana». Afirman que ambos textos provocan un grave problema de igualdad: «Es anómalo que dos Estados soberanos firmen unos acuerdos que benefician a unos españoles por encima de los demás». En su libro España, de la intolerancia al laicismo, Victorino Mayoral, presidente de la Fundación CIVES —una referencia del pensamiento laico— denuncia que el ordenamiento jurídico español «genera desigualdad» por la relación entre la Iglesia católica y el Estado. Las relaciones Iglesia-Estado se ordenan con tres elementos: la Constitución —«Ninguna confesión tendrá carácter estatal» (art. 16.3)—, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y los acuerdos de 1979.

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) también ha pedido al Gobierno la derogación de los acuerdos de 1979. La UNAF agrupa a 23 organizaciones que representan a todos los colectivos que conforman la realidad de la «familia plural», como la define su presidenta, Juana Angulo. Forman parte de la UNAF organizaciones como la Federación de Mujeres Progresistas, la de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.

8. Dame pan y llámame Obispo

8

DAME PAN Y LLÁMAME OBISPO

«Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;

al torpe hace discreto y hombre de respetar;

hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;

el que no tiene manos bien lo quiere tomar».

ARCIPRESTE DE HITA,Libro de Buen Amor

Objetivo cumplido. El propio vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, reconoce que, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los obispos han alcanzado sus objetivos económicos, hacia los que no habían avanzado nada durante los ocho años anteriores del presidente Aznar. Sin embargo, esos logros no modifican, en absoluto, el empeño de la Conferencia Episcopal Española de comparecer componiendo la falsa imagen de Iglesia perseguida. Zapatero les inyecta una enorme cantidad de dinero público, pero sigue recibiendo sus andanadas. Nunca mejor dicho, Roma no paga a traidores. Ni siquiera les reconoce los favores prestados.

Tras firmar el nuevo acuerdo de financiación con la Conferencia Episcopal, el 23 de septiembre de 2006, la vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, se muestra eufórica y, con una amplia sonrisa, quiere otorgar trascendencia política al modelo pactado. Declara que el incremento de financiación pública a la Iglesia «sienta las bases para avanzar» en el camino de la autofinanciación. Y además, destaca que el acuerdo «introduce mayor transparencia en el sistema». Como dijo Franco cuando murió Carrero: «No hay mal que por bien no venga».

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, afirma que el modelo negociado «satisface» los intereses de la Iglesia de forma «razonable». En lugar de encaminar los pasos de los religiosos hacia su autofinanciación, la vicepresidenta Fernández de la Vega sella, el 22 de septiembre de 2006, un acuerdo con la jerarquía eclesiástica cuyo principal resultado es más dinero para la Conferencia Episcopal. Hasta ese momento, la Iglesia recibía más recursos de los que los contribuyentes entregaban a través de la casilla del IRPF. El Gobierno adelantaba a los obispos recursos sobredimensionados (unos treinta millones de euros anuales) y ellos no los devolvían. Ahora el modelo es diferente, no hay adelanto, pero cuando un ciudadano marca la casilla de la Iglesia, en lugar de destinar el 0,52 por 100 de su contribución, paga un 0,7 por 100 (un 34 por 100 más). Eso sí, con el acuerdo —por reiterada indicación de la UE—, la Iglesia pierde un privilegio del que ha disfrutado hasta ese momento: el de comprar bienes sin pagar el IVA. La aportación de dinero público que hace el Estado a la Iglesia no va a parar a obras de caridad, sino a la Conferencia Episcopal, a los sueldos de obispos y arzobispos. La asignación a las ONG se mantiene en el 0,52 por 100.

La decisión del Gobierno socialista de incrementar más de un 34 por 100 la asignación tributaria de Hacienda al episcopado a partir de 2007 —además, de manera indefinida— va más allá incluso de los acuerdos de 1979, en los que se hablaba de un horizonte de autofinanciación. El 14 de diciembre de 2005, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega había dicho: «Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica, que han ido a más cada año, tendrán que ir a menos». Y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dijo el 22 de julio del año anterior: «Que el Estado financie a esta confesión religiosa se tendrá que acabar algún día».

«Se ha mantenido a la Iglesia católica todos los privilegios que le había otorgado el franquismo, salvo el título para España de Estado católico, que es lo que único que se modificó y que, además, la Iglesia aceptó de buen grado porque era un estorbo para ella», afirma Gonzalo Puente Ojea[1]. «Todo lo demás ha sido el reconocimiento de los máximos privilegios de la Iglesia, tabulado, constitucionalizado y desarrollado por leyes orgánicas.

»Por ejemplo, la legislación de Zapatero sobre la financiación pública de la Iglesia ya la ha consagrado como algo indiscutible. Algo que supone que los católicos, no católicos e incluso no creyentes tienen la obligación de financiar una institución tan retrógrada como la Iglesia católica. Por supuesto, no cargando, como se hace en Alemania, un 10 por 100 los impuestos a los seguidores de cada confesión, protestante o católica, sino detrayendo el dinero destinado a la financiación de la Iglesia de la masa tributaria, que es del Estado. Desde el momento que el ciudadano lo entrega al Tesoro Público, el dinero fiscal es de los contribuyentes, sin discriminación de credos ni de clases sociales, y ya no se puede decir que tanto porcentaje corresponde a los católicos y tanto a los otros. Si realmente la religión católica tiene facultades para pedir una colaboración del Estado en la percepción de lo que serían los antiguos diezmos, una forma de tributo religioso, que lo haga como en Alemania, donde el Estado se limita a ser recaudador, y que añada a la carga fiscal de cada uno el porcentaje que esas religiones señalan como necesario para financiarse. Pero nunca engañando, que es la técnica del PSOE, la técnica de la manipulación, de decir una cosa y hacer la contraria, incluso en la letra de la ley».

María Teresa, negociadora eficaz

En octubre de 2005, en pleno pulso con la Iglesia, que moviliza en la calle a 375 000 personas contra la reforma educativa, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decide encargar la negociación del nuevo modelo de financiación de la Iglesia católica a la eficaz vicepresidenta, que, al final, consigue un acuerdo que vende como «muy satisfactorio». Fernández de la Vega dirige personalmente esa negociación, en la que tiene como interlocutor al vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, quien cuenta con toda la complicidad del Vaticano. Las relaciones de Fernández de la Vega con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal dan un vuelco tras su viaje a Roma para entrevistarse con el papa Benedicto XVI. Descubre un nuevo camino. La visita del Papa a Valencia, el verano de 2006, acaba de ablandar al Gobierno socialista.

A pesar de la magnitud de la chapuza, Rodríguez Zapatero y De la Vega insisten en quitar hierro al asunto, intentando hacer comulgar a los contribuyentes con una rueda de molino monumental: que los católicos son los que financian a su Iglesia. «Es el colmo. Decir que ahora los católicos pagan lo suyo… Pero ¿de qué? Habrían tenido que pagar igual con Iglesia y sin ella, porque el IRPF no distingue entre unos y otros», explica, indignado, Gonzalo Puente Ojea. «Ese dinero no lo hemos pagado los católicos ni los no católicos, los creyentes o los no creyentes, lo ha aportado el contribuyente, y esa masa tributaria es neutra en términos ideológicos. Decir que, al fin, los católicos financian a su iglesia es, además de un sarcasmo y una infamia, una enorme estupidez, que sólo puede salir adelante apoyada en la inmensa ignorancia del electorado español. Porque éste es un pueblo que, políticamente, sigue siendo menor de edad».

El hábito de la Conferencia Episcopal Española de pegar bocados sin piedad a los Presupuestos Generales del Estado viene de atrás. «Desde 1939, el Estado ha gastado unos trescientos mil millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera. Ningún gobernante, en ninguna época de nuestra historia, ha hecho más por la Iglesia católica». Eran palabras del almirante Luis Carrero Blanco, dirigiéndose a Franco, el 7 de diciembre de 1972. Por primera vez, un alto personaje del Régimen —irritado con el «desapego» de la Iglesia para con sus benefactores, ya evidente en esos años— cuantificaba, a la baja, la aportación estatal al sostenimiento del culto. Todavía no se habían hecho profesionales de la política Rodríguez Zapatero y De la Vega.

Casi cuatro años antes, el secretario de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales, el obispo Valentín Pacheco Pérez, había coincidido plenamente con esa afirmación: «Jamás en la historia se ha visto un Gobierno que haya ayudado tanto a la Iglesia como lo ha hecho este nuestro del generalísimo Franco». Insistimos, no eran videntes. ¿Exageraba Carrero? Evaluar en ocho o nueve mil millones de pesetas anuales, de media, el dinero recibido del Estado por la Iglesia, a lo largo del franquismo, según las cifras de Carrero, puede resultar verosímil. En 1949, España dedicaba ya oficialmente el uno por ciento del presupuesto nacional a subvencionar a la Iglesia. De 1939 a 1964, se emplearon más de cuatro mil quinientos millones de pesetas de entonces en la construcción o reparación de 2269 templos, una media de dos millones de pesetas por edificio. En estas y otras cifras, como los 6000 millones que la agencia Europa Press atribuía a subvenciones estatales durante el ejercicio 1970-71, hay que tener en cuenta la desbocada inflación para dar a las cifras la dimensión que hoy tendrían.

«Los españoles pagamos 23 millones de pesetas diarios para mantener al clero», publica la revista Interviú en 1978[2]. «Los Presupuestos Generales del Estado están llenos de partidas “invisibles” y no cuantificables entregadas puntualmente a la Iglesia católica. Y jugosas subvenciones estatales ayudan a las órdenes religiosas a mantener 4000 centros docentes. Todos los ciudadanos —católicos practicantes y no practicantes, fieles de otras religiones, ateos, indiferentes y hasta herejes— estamos obligados a mantener una Iglesia que no es precisamente pobre».

En 1976, Adolfo Suárez llega a la presidencia del Gobierno y, poco después, mantiene una reunión en la cumbre con los cuatro cardenales españoles. Del encuentro se obtiene el apoyo de la Iglesia al proceso político en curso, a cambio de importantes contrapartidas de diferente signo: desaparece el privilegio franquista de intervenir en el nombramiento de obispos; se conceden nuevas subvenciones a la enseñanza no estatal (fundamentalmente religiosa) y, además, se aumenta en un 300 por 100 el sueldo estatal a los curas. En plena crisis económica, cuando se están negociando los gloriosos Pactos de la Moncloa, con un 22 por 100 de inflación, los salarios mensuales de los tonsurados de base pasan de cinco mil a catorce mil quinientas pesetas, el salario mínimo interprofesional de la época, que todavía no está al alcance de más de un millón de trabajadores.

Ahí no queda la cosa, la Iglesia había conseguido en el Concordato que no se pagara a cada diócesis por sus clérigos, sino por las plazas de clérigos que existiesen, estuvieran vacantes o no, lo que se denominó «por piezas dotadas». Los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 prevén que, tras un período de transición no determinado, la Iglesia española hará frente a su propia financiación, algo que, a la hora de la verdad, origina el pánico de los prelados, dada la escasa voluntad de los fieles para sostener económicamente el gasto de la Iglesia. Para que la obra de San Pedro no decaiga, se negociará más adelante —ya con el PSOE en el Gobierno— la introducción en las declaraciones anuales del IRPF del llamado popularmente «impuesto religioso», según el cual, el 0,52 por 100 de lo recaudado deberá ir a la Iglesia, siempre y cuando los declarantes así lo expresen.

El Acuerdo económico de 1979, que viene a modificar los aspectos de este tipo regulados en el Concordato de 1953, aporta pocas modificaciones de fondo, pese a las apariencias formales.

El Estado se compromete de nuevo a financiar a la Iglesia católica «por el procedimiento técnicamente más adecuado» y mantiene su disfrute de un paraíso en la tierra: el fiscal. La Iglesia queda liberada de cualquier presión en ese terreno: «exención total y permanente» de la contribución territorial urbana; de los impuestos reales o de producto sobre rentas y patrimonios; de los impuestos de sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, etc. Sólo de manera retórica se requiere del episcopado el compromiso de autofinanciarse en un futuro que no se determina. Dice el punto 5 del artículo 2.º del acuerdo: «La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresados en los párrafos anteriores de este artículo, por otras formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado». Pero el capítulo de la autofinanciación se mantiene en el aire. Hasta hoy.

Clasificado X

La fórmula de financiación parcial de la Iglesia a través de la declaración de la renta se acuerda en 1987, en sustitución de la asignación presupuestaria directa procedente del franquismo, impropia de un Estado no confesional. «La Iglesia, para realizar la misión que Jesucristo le ha confiado, necesita la colaboración activa y responsable de todos sus miembros. Hoy nos dirigimos a todos los católicos para tratar de uno de los aspectos de esta colaboración: el económico». Con estas palabras se inicia la pastoral del episcopado publicada en 1988, referida a la nueva modalidad tributaria que comienza a aplicarse por primera vez ese año.

Se ha puesto en marcha la asignación tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos, la famosa cruz en la casilla de la renta. Pero sólo la tercera parte de los que declaran a Hacienda en ese ejercicio asignan el 0,52 por 100 de sus impuestos a la Iglesia católica, y el Estado tiene que «arrimar» más del doble de lo recaudado para que no se resquebraje el aparato eclesial. Desde entonces, sistemáticamente, el Estado tiene que paliar siempre el déficit de financiación de la Iglesia, mediante ingresos extraordinarios del Ministerio de Hacienda en la cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. La diferencia entre lo efectivamente recaudado y la cantidad —fijada a priori— que la Iglesia recibe se ajusta en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Este sistema también tiene fecha de caducidad de tres años, mientras los obispos encuentran mecanismos de autofinanciación, pero sigue aplicándose durante dos décadas, hasta que Rodríguez Zapatero se lo mejora a los obispos.

«La financiación de la Iglesia —de “las” iglesias— debe correr a cargo de sus fieles», afirma Gregorio Peces Barba, uno de los «padres» de la Constitución de 1978[3]. «El Estado deberá contribuir, por ejemplo, a la conservación de los bienes culturales, a su mantenimiento, porque eso trasciende a la sociedad. Lo cual conduce ineludiblemente al planteamiento incómodo —que en Francia, por ejemplo, ya está resuelto— de quién es realmente el propietario de esos monumentos artísticos. En Francia, es el Estado, desde hace mucho tiempo. También en España esto debe ser realmente replanteado: si el Estado contribuye a su mantenimiento, deberá tener algún tipo de relación —incluso de “propiedad”— con esos mismos centros. Éstos no pueden quedar a la libre y arbitraria disposición de las instituciones religiosas. Por ejemplo, a la hora de venderlos, sacando pingües beneficios. Y en esto hay experiencias suficientemente elocuentes, como, por ejemplo, el tratamiento vejatorio que recibieron los anteriores presidentes socialistas de Gobierno y de la Comunidad de Madrid en la inauguración de la catedral de la Almudena, después de haber aportado para su finalización una sustanciosa cantidad de millones…».

En 1992, el Gobierno de Felipe González pide a la Iglesia católica española que fije un plazo para iniciar su autofinanciación, pero la jerarquía episcopal sigue viendo muchas dificultades para alcanzar ese fin. No quiere perder los quince mil millones de pesetas anuales con los que la subvenciona el Estado. Tras siglos de acumulación, de disponer de grandes recursos económicos y de un enorme patrimonio histórico-cultural, la Iglesia española se enfrenta a uno de sus mayores retos: fijar definitivamente la fecha para su autofinanciación —base de los acuerdos firmados en 1979 entre España y la Santa Sede— y no depender de los Presupuestos Generales del Estado. En 1990, el sostenimiento de la Iglesia ha recibido del Estado, a través de transferencias corrientes y de asignación tributaria, más de quince mil trescientos millones de pesetas.

Se calcula que, desde 1977, año de las primeras elecciones generales de la Transición, hasta 1990, el Estado aporta, sólo para sostenimiento del culto católico, más de ciento cincuenta mil millones de pesetas. A esa cifra hay que añadir las subvenciones para conservación de templos y, sobre todo, las cantidades transferidas para mantener la enseñanza religiosa, auténtico caballo de batalla de los obispos frente a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LOGSE). Sólo en 1985, el Estado subvenciona a los colegios religiosos con más de setenta mil millones de pesetas.

También hay que sumar el capital patrimonial de la Iglesia, que, entre 1960 y 1980, propicia, gracias al boom inmobiliario de esa época, especulaciones urbanísticas que dejan a sus promotores ingentes beneficios. Especialmente a partir de 1983, tras la aprobación de la «ley Boyer», la Iglesia y las distintas órdenes religiosas encuentra una fuente de ingresos enorme en la venta de inmuebles. En Madrid, por ejemplo, cambian de mano varios colegios religiosos del céntrico barrio de Salamanca, tras vislumbrarse los enormes beneficios de la operación.

En 1990, el propio Fondo Común Interdiocesano, es decir, los «presupuestos generales» de la Iglesia en España, prevé para ese mismo año un gasto total de 17 144 millones de pesetas para el sostenimiento del culto. De esa cantidad, el Estado aporta un total de 15 300 millones de pesetas, mientras que las diócesis apenas consiguen reunir 1775 millones, es decir, la décima parte del gasto total. La financiación indirecta, por medio de beneficios fiscales, es casi tan importante como la entregada directamente. A la aportación del Estado hay que añadir que la Iglesia, hasta hace muy poco, no ha pagado ningún tipo de impuesto.

Los temores de la jerarquía eclesiástica están plenamente justificados. En 1990, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor García Gasco, recibe un fuerte impacto al conocer los resultados de la última asignación tributaria a la Iglesia, el famoso 0,52 por 100. El porcentaje de declaraciones en las que se señala la casilla destinada a la Iglesia católica ha sufrido un descenso del 0,84 por 100 en el año 1989, respecto a 1988, mientras que el porcentaje correspondiente a «otros fines de interés social» se incrementa en un 7,53 por 100. Desde entonces, ésa ha sido la tendencia. Pese al jarro de agua fría que le cae encima, monseñor García Gasco afirma que la Iglesia católica se prepara para adecuar sus ingresos a la asignación tributaria sin el complemento que le entrega el Estado.

Pero la sociedad va en otra dirección. Ya en 1992, un informe sociológico de la Fundación Santa María, vinculada a la Congregación de los Marianistas, señala que, mientras en 1970, un 96 por 100 de los españoles se autocalificaba como católico, en 1992, el año del Quinto Centenario, la Expo y las Olimpiadas de Barcelona, ya sólo lo hacía un 72 por 100. Y, según ese mismo informe, sólo el 27 por 100 de los ciudadanos se declara «católico practicante». Además, únicamente la tercera parte de los encuestados considera que el Estado debe ayudar a la Iglesia católica.

«Ex parroquias» con piscina climatizada

En 1992, el Arzobispado de Madrid-Alcalá, a través de su ecónomo diocesano, Antonio García del Cueto, remite al Ayuntamiento de Madrid doscientas siete sugerencias para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. De esas alegaciones, doscientas corresponden a cambios de uso del suelo de otras tantas parroquias distribuidas por los veintiún distritos de Madrid, y el resto, a fincas que la Iglesia pretende utilizar con nuevos fines, para lo que necesita, evidentemente, la recalificación municipal. El Ayuntamiento de la capital está encabezado en esa época por un político de arraigadas y muy estrictas convicciones religiosas, José María Álvarez del Manzano, del PP.

En marzo de ese año, Secundino Villalobos, asesor jurídico del Arzobispado de Madrid-Alcalá, declara[4]: «Nosotros siempre decimos que la Iglesia tiene que autofinanciarse. Toda entidad que se mueva en esos términos tiene que sostenerse con las aportaciones de sus propios integrantes y por sus propios medios, que son bienes patrimoniales y bienes inmuebles. Eso no es ninguna especulación, es la única manera de la Iglesia para ejercer su acción libre y voluntariamente con el que lo necesita. No se busca la especulación, aunque, lógicamente, pedimos que si una parcela está en una zona determinada, tenga la misma calificación que el resto de la zona. La Iglesia no quiere especular, quiere realizar su labor social».

Sin embargo Francisco Herrera, en ese momento portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Madrid, lo ve desde otra perspectiva: «La Iglesia presentó un documento cuyo contenido esencial era que se le dejasen las manos libres para poder recalificar parte del suelo de su propiedad, para oficinas, sector terciario o comercial. Y eso lo hicieron con carácter generalizado para todo lo que es el equipamiento que tiene en la ciudad, que está calificado de uso religioso y no lo pueden tocar. Ellos quieren hacer algo que ya hicieron en el pasado: vender iglesias».

Durante la década de los setenta y los ochenta del pasado siglo ya se habían registrado al menos cuarenta casos de especulación con inmuebles de la Iglesia en el centro de Madrid. Por ejemplo, el Convento de las Reparadoras, situado junto a la M-30, se vendió por quinientos millones de pesetas de la época; la venta del colegio de Santa María Micaela, de las Adoratrices, ubicado en la calle de Trigales, proporcionó trescientos millones de pesetas, y la de la sede de Acción Católica, de la calle de Alfonso XI, mil millones de pesetas.

Pero ese proceso no sólo se da en Madrid. Durante los años noventa, la Iglesia y las congregaciones religiosas inundan los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos españoles con peticiones de recalificación de los solares de su propiedad, que tienen otorgada una utilización religiosa, para que sean destinados a uso residencial. La Iglesia se convierte en un gran promotor inmobiliario y reclama a las corporaciones locales la recalificación de sus solares para convertirlos en viviendas y apartamentos. El descenso de vocaciones, la escasez de niños a los que evangelizar y los problemas de financiación son los motivos alegados oficialmente por la Iglesia para poner en el mercado un elevado número de solares e instalaciones (situados en áreas de gran valor urbanístico e inmobiliario) y lograr jugosos beneficios.

En agosto de 1996, el periódico Nueva Alcarria publica una carta del obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez González, en la que solicita a los feligreses su apoyo al convenio firmado por el grupo Repensa para construir en el seminario diocesano de Sigüenza un complejo de apartamentos-residencia para la tercera edad. El convenio se basa en la cesión de parte del seminario, en ese momento semivacío por la escasez de nuevas vocaciones, para la construcción de ese complejo, que tiene previsto incluir ochenta apartamentos con zonas comunes, en las que habrá jardines, piscina climatizada y dotaciones sanitarias.

El mutismo absoluto de la Iglesia católica sobre sus operaciones inmobiliarias dificulta la cuantificación de los solares de su propiedad en los que pretende construir viviendas y aparcamientos. Las autoridades eclesiásticas insisten en afirmar que cada diócesis, entidad religiosa o colegio tiene autonomía para decidir qué hacer con sus terrenos, sin que interfieran órganos superiores como la Conferencia Episcopal o el arzobispado correspondiente. El total secretismo del que hacen gala los organismos clericales hace imposible saber lo que ingresa y lo que gasta realmente la Iglesia. La justificación oficial se ampara en la autonomía contable y financiera de cada provincia eclesiástica, de las diócesis y las parroquias.

Las cuentas no están nada claras. La Iglesia es especialista en dotar de opacidad a sus operaciones económicas y en jugar con complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas. Oficialmente, la Iglesia recibe más de cuatro mil millones de euros del Estado a consecuencia de la «X» en la casilla de la declaración de la renta, pero, además de esa partida, grupos laicistas estiman que también suma otros seis mil millones de euros anuales de las distintas administraciones. La mayor parte va a parar a la enseñanza concertada (cerca de 34 000 millones de euros). El Estado paga, además, las nóminas de los profesores de religión, pero es la Iglesia quien decide a quién contratar y a quién despedir. En España hay alrededor de 33 500 profesores de catolicismo, de los cuales 15 000 imparten doctrina en colegios públicos.

Una importante fuente de financiación son también los centros hospitalarios concertados (107); centros sociales como ambulatorios y dispensarios (128); casas de ancianos o discapacitados (876); orfanatos (937); guarderías (321); centros especiales de reeducación (365) y «otros centros de caridad y sociales» (717)[5]. Otras partidas van a parar a los capellanes de prisiones, a los de las Fuerzas Armadas (al frente de los capellanes castrenses está un arzobispo con grado de general de división), hospitales…, y a los convenios de restauración del patrimonio histórico de la Iglesia.

La Conferencia Episcopal no para de pedir y lamentarse. Denuncia incluso que diez millones de españoles no pueden optar por la «X» tributaria a favor de la Iglesia porque no están obligados a hacer la declaración de la renta, dado que sus ingresos no llegan al mínimo que fija Hacienda, o porque no han tenido dos pagadores durante ese año fiscal o por cualquiera de las circunstancias establecidas para este caso.

Policía caritativo

En nuestro país existe una asignación tributaria a la Iglesia católica del 0,7 por 100 de la cuota íntegra del IRPF. Sólo cuando el ciudadano no expresa su opción, este porcentaje revierte a los Presupuestos del Estado para destinarse a la atención de fines de interés general, que es precisamente la razón instrumental de cualquier tributo, dada su naturaleza de ingreso público. Por el contrario, la opción de la Iglesia o de ONG de Acción Social y Cooperación al Desarrollo (otra alternativa que hace cortocircuito y vuelve a la Iglesia, en gran medida, por sus organizaciones «sociales») supone una asignación de recursos públicos a fines sociales que pueden ser muy respetables, pero, en todo caso, privados. Obviamente, la parte del león se la lleva la Iglesia, pues su asignación está garantizada y no la comparte con nadie, a diferencia de las ONG, sujetas a un sistema de reparto colectivo. Además, algunas ONG católicas son financiadas por esta última vía[6].

Por ejemplo, de los 169,5 millones de euros que dispuso Cáritas en el ejercicio de 2005, el 61,7 por 100 de esos recursos lo aportaron 160 000 donantes directos y el resto (algo más de 64,9 millones) llegó de fondos públicos. De ellos, 9,5 millones a cuenta de la providencial «X» en la declaración de la renta. Es curioso reseñar que, desde marzo de 2005, el presidente de la piadosa organización Cáritas España es el expolicía Rafael del Río Sendino, un funcionario que dio sus primeros pasos profesionales en la siniestra Brigada Político-Social franquista, y culminó su carrera como director general de la Policía del Gobierno socialista, entre 1982 y 1986, la época de los GAL, bajo las órdenes de José Barrionuevo y Rafael Vera. Aún no se ha desvelado oficialmente a quién correspondía aquella otra «X», la del cabecilla de la organización criminal que provocó cerca de 40 atentados con un resultado de 26 muertos. De los ocho hermanos de Rafael del Río, dos son sacerdotes. Él mismo estudió en el seminario de Palencia hasta primer curso de Filosofía.

Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, además de la diaconía Cáritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas o entidades como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. La Iglesia, no obstante, aunque pelea con uñas y dientes por el 0,7 por 100 de la «X» tributaria, no pierde ocasión de restar importancia a esa fuente de financiación. «Lo recibido por este cauce significa aproximadamente la cuarta parte de lo que se dedica a las actividades pastorales de la Iglesia: ayuda a la sustentación de obispos, presbíteros y laicos, servicios litúrgicos y catequéticos, conservación de templos y construcción de otros nuevos centros necesarios, atención de tareas administrativas, etc.», declara el obispo de Bilbao, monseñor Blázquez[7]. Y Carlos López, obispo de Salamanca, explica: «Los fondos de la Agencia Tributaria se distribuyen por Conferencia Episcopal a través de unos módulos. Hay una cantidad fija que reciben las diócesis y los módulos varían de acuerdo a la cantidad de habitantes, número de sacerdotes, parroquias y los seminarios. La mayor parte va a la retribución de los sacerdotes, pero no llega ni siquiera para garantizar un salario mínimo. Sobre ese montante, las diócesis tienen que añadir otra parte que viene de las aportaciones de los fieles por otras vías».

No llegan al 25 por 100 los españoles que deciden entregar parte de sus impuestos a la Iglesia católica al hacer la declaración de la renta. Existe una gran preocupación en la Conferencia Episcopal por este asunto, motivo por el que los obispos elaboran su Plan de Comunicación para informar a la sociedad sobre la labor que desarrollan y sobre el nuevo modelo de asignación tributaria acordado con el Gobierno a finales de 2006. ¡A por la financiación «X»!

La primera fase de la campaña de marketing religioso se inicia en noviembre de 2007 y está enfocada a dar a conocer las actividades del catolicismo en España: qué hace, a qué se dedica y cómo se financia. La segunda, que arranca en mayo de 2008, reclama directamente la cruz de sus fieles en la casilla del IRPF. Según este Plan de Comunicación, un 18,3 por 100 de los españoles marca siempre la casilla de aportación de fondos a la Iglesia católica en su declaración anual de Hacienda; un 25,3 por 100 marca la correspondiente a fines sociales; un 5,6 por 100 elige ambas y un 35 por 100 no dedica, por lo general, porcentaje alguno a ninguna de estas tres alternativas. Esta realidad económica refleja el cambio de costumbres religiosas en España. Según el CIS, a finales de 2007, el 77,5 por 100 de los ciudadanos se declara católico; el 12 por 100 no creyente, el 6,6 por 100 ateo, y el 1,5 por 100 pertenece a otra confesión. La mitad de los católicos afirman que «casi nunca» asisten a misa u otros oficios religiosos; un 18 por 100 acude sólo varias veces al año; el 11 por 100, alguna vez al mes; el 14 por 100 todos los domingos, y el 2,7 por 100 varias veces a la semana.

Desde 1987, año que comienza el sistema de financiación de los obispos a partir del IRPF, disminuye el número de contribuyentes que han hecho a los prelados beneficiarios de este privilegio. Entonces, el porcentaje era superior al 40 por 100. Ese tanto por ciento va bajando significativamente. De 1992 a 1998, uno de cada seis contribuyentes que habían señalado la casilla de la Iglesia cambia de opinión. En 1999, el Gobierno de Aznar introduce una importante modificación que permite asignar dinero conjuntamente a la Iglesia y a las organizaciones sociales. De ese modo, la Conferencia Episcopal recupera un 3 por 100 de los contribuyentes, hasta situarse en el 34 por 100. Rodríguez Zapatero ha mantenido esta doble opción, favorable a la Iglesia católica.

La Agencia Tributaria se implica, además, de forma más o menos directa, en la campaña de búsqueda de fondos que la Conferencia Episcopal lanza en la primavera de 2008, el primer año que los obispos reciben el 0,7por 100 del IRPF de los contribuyentes que marcan la consabida cruz en el formulario. Es el primer ejercicio fiscal en el que la Iglesia católica recauda, exclusivamente, el porcentaje asignado por los contribuyentes a ese fin. Hasta entonces, el Ministerio de Hacienda ha adelantado a la Conferencia Episcopal, mensualmente, una cantidad a cuenta (el último año, algo más de doce millones de euros), y si los ingresos asignados al episcopado por la equis del IRPF no coincidían (siempre el saldo era notoriamente favorable a los prelados), el Estado no reclamaba la diferencia, sino que la Ley General de Presupuestos del Estado del siguiente ejercicio elevaba a definitivas esas entregas sobredimensionadas.

En mayo de 2008, IU denuncia que la Agencia Tributaria tiene abierto un enlace directo a la web de la Conferencia Episcopal. «Mantener un link a la página de los obispos indica que algo no va bien en la aconfesionalidad del Estado», señala el coordinador de IU, Gaspar Llamazares.

En abril de 2007, la Comisión Europea decide, a propuesta de Izquierda Unida, pedir explicaciones al Gobierno español para que aclare por qué motivo la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Se trata de comprobar si este privilegio se ajusta a las normas comunitarias sobre las ayudas que puede conceder el Estado. Entre otros ejemplos, Willy Meyer, diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, indica que la Iglesia no abona ese impuesto por construir colegios, universidades y hospitales privados, ni tampoco cuando hace obras en emisoras de radio privadas. Meyer plantea que esta situación supone «una desventaja» para otras empresas no católicas. El eurodiputado denuncia que constituye una irregularidad en la competencia y vulnera el derecho comunitario, que establece que las empresas deben competir «sobre la base de sus propios esfuerzos» y no siendo favorecidos por ayudas estatales irregulares.

Si tomamos como modelo de laicismo a Francia, la diferencia entre lo que sucede en este terreno en el país vecino y la situación que se vive aquí es abismal. Francia es un Estado laico desde 1909. La escrupulosa separación de intereses religiosos y estatales hace que la Iglesia se tenga que financiar exclusivamente con fondos privados. Por su parte, los alemanes deciden si dedican o no parte de sus impuestos a la Iglesia. Hasta un 9 por 100 del impuesto sobre la renta financia a las distintas iglesias. Quien no quiere pagar, se desvincula de su confesión y queda exento. Muchos alemanes abandonan la Iglesia cuando les toca hacer, por primera vez, la declaración de la renta. En Italia es todo lo contrario: sufre la presión del Vaticano, enquistado en el corazón de la república transalpina. Su modelo es similar al español. Destina el 8por 100 de la renta a fines de interés social y a la Iglesia católica, también en el caso de que el contribuyente deje las casillas en blanco, lo que le convierte en un modelo de referencia envidiable para los prelados españoles.

Frente a la campaña publicitaria de la Iglesia, reclamando su «X», varias organizaciones coordinadas por laicismo.org plantean, en mayo de 2008, una estrategia de resistencia a la financiación religiosa a través del IRPF. Es una campaña de objeción fiscal con la que denuncian esta situación «irregular». Los colectivos que sostienen esta iniciativa están en contra de que el Estado financie a las confesiones religiosas. El coordinador de laicismo.org, Rafael Gallego, señala que «el objetivo final es que se elimine todo artificio para financiar a organizaciones religiosas. No es ilegal, nosotros no dejamos de cumplir con nuestra obligación de pagar impuestos, simplemente objetamos ante una medida que nos parece injusta», defiende Gallego. «Estamos hartos de que los médicos objeten contra el aborto, los farmacéuticos contra el preservativo, los padres contra Ciudadanía y nosotros no podamos objetar contra la financiación religiosa».

9. El eterno catecismo del Padre Ripalda

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EL ETERNO CATECISMO DEL PADRE RIPALDA

«Él hace a muchos clérigos y muchos ordenados,

muchos monjes y monjas, religiosos sagrados,

el dinero les da por bien examinados,

a los pobres les dice que no son ilustrados».

ARCIPRESTE DE HITA,Libro de Buen Amor

«El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada… La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana». Así comenzaba el artículo 48 de la Constitución de la República Española. El texto decía, además:

«La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

»La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de la enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación. Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de enseñar sus propias doctrinas en sus propios establecimientos».

El artículo se redactó en 1931, en el marco de unas Cortes Constituyentes. Y en 2008, aún existen prácticas escolares cristianas herederas del franquismo que ignoran la aconfesionalidad del Estado. Hay crucifijos, cuadros religiosos, rezos, recuerdo de la celebración de la primera comunión, procesiones, peregrinaciones… Mucho más en los centros concertados, pagados con el dinero de todos, pero también en las escuelas públicas. Se siguen conmemorando efemérides religiosas y los descansos en el calendario escolar vigente en las distintas comunidades autónomas del Estado se fijan en función de las festividades de la Iglesia católica. Los obispos continúan con su soniquete de siempre, exigiendo que la religión sea una asignatura «fundamental, como las matemáticas». Y el Gobierno del PSOE la ha dejado en la escuela pública.

Hace setenta y siete años, la mayoría de los parlamentarios de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, conscientes de que la implantación de una enseñanza moderna hacía inevitable la secularización de la escuela y el enfrentamiento contra los intereses de la Iglesia, tomaron consecuentes medidas en esa línea, entre ellas la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas. La corta duración de la Segunda República no permitió que cuajaran y se desarrollaran los proyectos educativos iniciados en 1931. El levantamiento militar del 18 de julio no sólo trunca esta línea de actuación, sino quealimenta un gigantesco retroceso en el sistema educativo: maestros y profesores de instituto son asesinados o depurados, se clausuran escuelas e institutos y se implanta una enseñanza fascista y clerical.

Desde el principio de la guerra, la Iglesia católica se coloca, oportuna y claramente, al lado de los sublevados y es la gran beneficiaria de la victoria fascista de 1939. Comienzan años dedominación del clericalismo, el dogmatismo religioso y lanegación de la libertad. El 7 de agosto de 1939, el Ministerio de Educación y Ciencia franquista se muestra categórico: «La política docente de la República, fundada principalmente en la sustitución de la enseñanza impartida por las órdenes religiosas, creó un crecido número de centros de enseñanza media innecesarios a todas luces». Increíble. El cardenal Gomá añade: «No puede haber otra pacificación que por las armas. Conviene extirpar toda la podredumbre de la legislación laica». Y el obispo de Cartagena sentencia: «¡Benditos sean los cañones si en las brechas que ellos abren florece el Evangelio!».

«La política de Instrucción Pública de la Segunda República consistía en llevar a la gente, en sus diferentes niveles educativos, a adquirir los instrumentos científicos necesarios, tanto en el campo de la historia como en el de la sociología, ciencias naturales, matemáticas… Poner en manos de la gente los medios de formar su propia opinión», señala Gonzalo Puente Ojea[1]. «Se creó una enseñanza pública auténticamente del Estado, que fue el gran legado y el gran símbolo de la República de 1931. Que la educación se arrancase de las manos de la Iglesia. De esa Biblia que era una aberración desde el punto de vista de la inteligencia humana, que concebía el mundo de una manera eminentemente descabellada, alienada, destructora de los elementos lógicos más elementales. Esa religión monoteísta pasaba a ser exonerada de la enseñanza e impedida para seguir multiplicándose durante generaciones, infiltrando en la cabeza de la gente una representación del mundo, de la moral, de la ética pública, que era lo contrario a un sistema de igualdad, de responsabilidad personal, de respeto de los derechos humanos… Ése fue el pecado de la República Española que nunca le perdonó la Iglesia: querer quitarle el control de la mente de los niños, la dictadura de la enseñanza, la intolerancia…».

Muy pronto, en 1938, el primer ministro de Educación franquista, Pedro Sáinz Rodríguez, suprime el laicismo, la coeducación y la enseñanza de las lenguas distintas al castellano, implantando una rígida censura en los libros de texto y empezando una cruel depuración de docentes (más del 60 por 100 en algunas provincias). Se restaura el derecho a enseñar de las órdenes religiosas y vuelven los jesuitas (expulsados en 1931). Ante la falta de maestros se admiten «enseñantes» que sólo ostentan ardor guerrero y méritos «patrióticos».

Tanto la ley de 1938 de Reforma de la Segunda Enseñanza, como la de 1945 que regula la enseñanza primaria, y la ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional, de 1949, están impregnadas de nacionalcatolicismo. Del darwinismo, dice el catecismo Ripalda: «Es un sistema absurdo, porque entre el hombre inteligente y libre y un estúpido animal es ridículo establecer parentesco». Además, la Iglesia condena tajantemente las doctrinas político-sociales de los últimos siglos. Por ejemplo, el apéndice I del catecismo Nuevo Ripalda para la nueva España, que se enseña en las escuelas hasta los años sesenta, dice: «Los errores principales condenados por la Iglesia son catorce: materialismo, darwinismo, ateísmo, panteísmo, deísmo, racionalismo, protestantismo, socialismo, comunismo, sindicalismo, liberalismo, modernismo, laicismo y masonería».

Los textos de enseñanza católicos de los cincuenta y los sesenta califican el sindicalismo como «un sistema brutal y pernicioso, porque no respeta la moral ni el derecho y, por medio de la revolución, intenta la ruina de la sociedad y el reparto universal de riquezas».

En el preámbulo de la Ley de Segunda Enseñanza se dice: «Esta formación clásica y humanística ha de ser acompañada por un contenido eminentemente católico y patriótico». El Caudillo entrega la secundaria a la Iglesia, de modo que las enseñanzas medias pasan a estar mayoritariamente en sus manos, como consecuencia de la desescolarización que sufren los centros oficiales y del aumento de los centros privados.

En 1940 nace el Frente de Juventudes, organización en la que obligatoriamente deben inscribirse los estudiantes entre los ocho y los dieciocho años, y también se crea el SEM (Servicio Español de Magisterio), una especie de corporación en la que se encuadran obligatoriamente todos los profesionales de la enseñanza. En la década siguiente, la Ley de Enseñanzas Medias de 1953 sigue permitiendo que la Iglesia católica inspeccione la actividad escolar de los centros públicos en lo que respecta a la moralidad y religiosidad de sus enseñanzas.

Salvo reparo por parte del Obispo

El Concordato de 1953 adjudica a la Iglesia católica el papel de gran censora y vigilante en materia de enseñanza, ya que no sólo fija la obligación de que toda la actividad docente, estatal o privada, se ajuste a sus principios morales y dogmáticos, sino que reconoce a los obispos la facultad de verificar el cumplimiento de este principio y retirar, incluso, determinadas publicaciones que puedan circular por los centros docentes. En ese momento la Iglesia tampoco reclama libertad de enseñanza, la considera uno de sus principales enemigos.

El artículo 27.º del Concordato de 1953 dice: «El Estado garantiza la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden y grado». El pacto adjudica la tarea en primaria a los maestros «salvo reparo por parte del obispo contra alguno». En secundaria, los profesores serán «sacerdotes o religiosos». De ese modo, la religión católica adquiere el carácter de asignatura obligatoria en todo tipo de centros y los obispos se reservan el derecho de proponer a los profesores o de vetar a los ya designados. Ese privilegio lo siguen conservando muchas décadas después. Los programas de religión son fijados también de acuerdo con la jerarquía eclesiástica, que, en cualquier caso, tiene en sus manos la facultad de no otorgar el níhil óbstat.

A través del concordato, el Estado se compromete también a cuidar de que en los medios de comunicación, especialmente en la radio y en la televisión, se dé «el conveniente puesto» a la defensa de «la verdad religiosa» por medio de clérigos nombrados siempre de acuerdo con el obispo. «Nuestra religión es la verdadera», explica la Enciclopedia Álvarez de tercer grado. «Es evidente que hay un solo Dios y también es evidente que una sola e idéntica es la naturaleza humana.

»Por lo tanto, no puede haber más que una religión verdadera: la que une al género humano con el Dios verdadero y le tributa el culto debido. Las demás son falsas.

»Ahora bien, ¿podemos nosotros saber cuál es la verdadera religión, entre todas las que se practican en el mundo?

»Sí; podemos saberlo, y de hecho lo sabemos, porque el mismo Dios nos lo ha revelado; la religión verdadera, la única verdadera, es la religión cristiana, apostólica y romana».

Por otra parte, el Estado reconoce a la Iglesia, además, plena libertad para fijar sus propios programas de estudios, al mismo tiempo que se compromete a otorgarles validez suficiente para que los «titulados» de forma tan irregular puedan ejercer como profesores en un centro de la Iglesia. Así, el Estado carece de cualquier tipo de control sobre unos títulos que, en la práctica, adquieren rango universitario en los circuitos de enseñanza religiosa. Si a esto se añade que la Iglesia tiene el derecho de organizar y dirigir escuelas públicas de cualquier orden y grado, resulta que la jerarquía católica controla todo un sistema docente que, en la práctica, escapa de la regulación estatal. Tan sólo el reconocimiento civil de los títulos eclesiásticos queda pendiente, en última instancia, de un acuerdo entre el Estado y la Iglesia que siempre se produce sin dificultad. En 1964, la Iglesia posee más de cuatro mil centros docentes, con un millón de alumnos.

En 1957 se crea la Federación de Empresarios Religiosos de la Enseñanza (FERE), que, junto con el Opus y la Confederación Católica de Padres de Familia, será uno de los principales bastiones de la Iglesia en la enseñanza. La FERE mantiene como postulado la «libertad de enseñanza», que, en la práctica, significa la libertad para la Iglesia de seguir manteniendo sus privilegios frente a la sistemática degradación de la enseñanza estatal. La Iglesia ya no se contenta con construir sus propios centros, sino que acapara, casi en su totalidad, los de enseñanza oficial o semioficial que aparecen entre 1956 y 1969: las filiales de los Institutos en zonas suburbiales de las grandes ciudades y los Colegios Libres Adoptados (CLA) en las zonas rurales, financiados por el Estado.

Con el ministro Villar Palasí, miembro del Opus Dei, llega la Ley General de Educación de 1970, exigida por los cambios económicos y sociales que se están produciendo en España desde el principio de la década anterior. Se establece la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los catorce años y se implanta por primera vez un tronco común de ocho años a los que siguen dos tipos de estudios, el BUP y la FP, manteniendo una doble vía según las expectativas de estudios y las aspiraciones y posibilidades de cada familia. Esta reforma, que demanda ingentes recursos por el abandono en el que el franquismo ha mantenido a la enseñanza pública, no puede aplicarse en su totalidad por la falta de medios económicos y propicia que la empresa privada abra un gran número de centros en las ciudades que ven crecer su población por la industrialización. Entonces es cuando, realmente, empieza a extenderse la red de centros privados de la enseñanza primaria en nuestro país, pues, hasta estos años, la enseñanza privada había estado en manos de las órdenes religiosas.

El colmo de la desfachatez se da después de la promulgación de la Ley General de Educación, en 1970, en la que se establece la gratuidad de la Enseñanza General Básica. La Iglesia, mediante la FERE, presiona para que esa gratuidad sea real en sus centros, y así consigue del Estado franquista la concesión de subvenciones que empiezan en 1972 y se seguirán otorgando después de la muerte del dictador. En el curso 1979-80, el primero después de la entrada en vigor de la Constitución, las subvenciones por ese concepto a los centros religiosos alcanzarán los 45 000 millones de pesetas. Esas subvenciones, que salen de los presupuestos del Estado para Educación, y, por tanto, de los impuestos que pagan todos los españoles, son controlados, durante el franquismo, por la antigua Unión Nacional de Empresarios (UNE) y por el Sindicato Nacional de Enseñanza, ambos organismos dirigidos, al igual que la FERE, por el agustino Martínez Fuertes, un clérigo «de ideales joseantonianos». Tras la muerte de Franco, la UNE se transformará en la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), organismo que continuará dirigido, durante los primeros años, por ese mismo personaje, que llega a conseguir el acta de senador en 1977, en las primeras elecciones generales, presentándose en las filas de UCD por León. Desde esa privilegiada tribuna declara que el Estado despilfarra dinero con la creación de nuevos centros escolares estatales, «cuando lo que hace falta es remodelar la escolarización, ya que en los centros privados sí hay puestos».

Durante los últimos años del franquismo se van cohesionando los colectivos más democráticos del ámbito de la educación que intentan dar una respuesta progresista a ley de 1970. Este movimiento culmina en un proceso de debate y reflexiones que se denomina Alternativa de Escuela Pública. A lo largo de la segunda mitad de los setenta se suceden numerosos conflictos en el ámbito de la educación, con un Gobierno de UCD plagado de políticos «clericales». Se producen constantes cambios ministeriales y, en esa situación de debilidad gubernamental, la enseñanza privada católica consigue arrancar cuantiosas subvenciones, sin contrapartida alguna. También comienzan a producirse conflictos en el interior de los centros públicos por cuestiones como la existencia de crucifijos en las aulas, los rezos al inicio y final de las clases…

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal elabora un documento sobre «Planteamientos ante la enseñanza» que hace público en septiembre de 1976 donde reclama «el derecho a la libre elección de centros, la libre creación de los mismos y su financiación, y la obligación de la formación cristiana en la enseñanza de todos los centros públicos y privados». Ese documento sienta las bases de posteriores actuaciones de la Iglesia, que hoy continúa con los mismos planteamientos.

Muerto el dictador Francisco Franco, el Estado español y el Vaticano revisan, el 28 de julio de 1976, el concordato nacionalcatólico de 1953. El nuevo «acuerdo» sólo sirve para librar al rey de sus prerrogativas para el nombramiento de obispos (art. VII), que Roma no había logrado arrebatar a Franco tras el Concilio Vaticano II. También se acaba con la obligación de obtener un permiso previo de la Santa Sede antes de demandar o procesar a un religioso (art. XVI). Tras la firma y publicación de este acuerdo, continúan las negociaciones que van a culminar, en 1979, con cuatro acuerdos más, aún vigentes hoy.

Las ideas clave contenidas en el documento «Una alternativa para la enseñanza», elaborado por el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid en enero de 1976, en el que se defiende el carácter público, gratuito y laico de la enseñanza, es ignorado en los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977, en los que ya se contempla la enseñanza privada como un subsistema de enseñanza.

La religión, en la familia o la iglesia

En 1978, cuando se está debatiendo el clandestino borrador de la Constitución, de espaldas a los votantes y por unas Cortes que no son constituyentes, el pensador católico Enrique Miret Magdalena declara: «Yo creo que la libertad de enseñanza no tiene por qué ser objeto de manipulación demagógica, con el fin de obtener subvenciones para entidades católicas privadas. ¿No sería mejor, para todos, una escuela laica, perspectiva de la pluralidad ideológica? Pregunta a la que habría que contestar serenamente, como han hecho muchos católicos franceses: sí a la escuela laica y a la enseñanza religiosa en la familia o en la iglesia, que son los medios adecuados para desarrollar ambientalmente lo religioso».

No obstante, la Constitución define claramente algunos aspectos que invalidan el Concordato vigente: la libertad religiosa y la aconfesionalidad o neutralidad religiosa del Estado. Así se afirma en el artículo 16.3, cuando se dice que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». En cuanto al derecho de los padres a la enseñanza religiosa, se dice en el artículo 27.3 que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». La Constitución establece en su artículo 27 la libertad de enseñanza, la gratuidad de la enseñanza obligatoria, la libertad de creación de centros y que «los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca» (27.9). Pero este «ayudarán», que es uno de los numerosos enjuagues del «pacto constitucional», se vuelca hacia el lado de la empresa privada tras la posterior aprobación de la LODE. Con ella se institucionaliza, mediante una ley orgánica, la contradicción que supone la existencia de «centros privados sostenidos con fondos públicos». Otro «trágala» del «consenso», que permite inyectar dinero público a la empresa privada para que desarrolle un servicio reconocido como público.

Tras la aprobación de la Constitución, y como culminación del proceso iniciado con la firma del acuerdo de 1976, el Estado español y el Vaticano suscriben cuatro nuevos acuerdos, que se rubrican el 3 de enero de 1979, pocos días después de la publicación oficial de la Constitución tras su aprobación en referéndum. Por tanto, es obvio que se han negociado «antes» de la aprobación del texto constitucional.

El artículo 2.º del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales de 1979 señala: «Los planes educativos en los niveles de educación preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». Y no queda ahí la cosa. Continúa el mismo punto: «En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán que la jerarquía eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa».

Por fin, el artículo 1.º del Acuerdo de 1979, todavía vigente, empieza así: «A la luz del principio de la libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana».

En 1982, llega a la presidencia del Gobierno, con mayoría absoluta, Felipe González, pero tanta fuerza parlamentaria no se traduce en un claro apoyo al laicismo en la educación pública. Con José María Maravall de ministro de Educación, las dos primeras medidas legislativas de los socialistas en materia educativa son la elaboración de la Ley de Reforma de la Universidad y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

La Iglesia, mientras tanto, insiste en defender los postulados que ya ha fijado en el documento elaborado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en 1976 —los famosos «Planteamientos ante la enseñanza»—: derecho a la libre elección de centros, la libre creación de los mismos y su financiación y la obligación de la formación cristiana en la formación de todos los centros. Los prelados comienzan a coger carrerilla en su política de movilizaciones y salen a la calle, continua y sistemáticamente, durante la tramitación de las leyes educativas del PSOE. Como va a ocurrir treinta años después, ya en ese momento, a lo largo del debate sobre la LODE, la Iglesia y la derecha desarrollan una dura batalla, con sonoras manifestaciones y actos en los propios centros escolares. No tienen bastante con lo que el PSOE, ya acobardado, les oferta. Quieren más, lo quieren todo: financiación pública al 100 por 100, libertad total para seleccionar al alumnado, ideario en los centros, libertad para nombrar al director… La Conferencia Episcopal se pronuncia hasta cinco veces contra el contenido del proyecto de ley, organiza una gran manifestación el 18 de noviembre de 1984, y el partido que apoya abiertamente la protesta clerical, Alianza Popular, presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, tras ser aprobada por el Congreso, el 14 de marzo de ese año, con los votos del PSOE y de Minoría Catalana.

«No somos fascistas»

Carmen de Alvear, presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familias y Padres de Alumnos, declara a Diario 16[2], unos días antes de la gran manifestación de noviembre: «No somos unos fascistas». A pesar de que existen documentos gráficos que la muestran en diversos actos de extrema derecha, con la camisa azul y el brazo en alto. Irónicamente, Carmen Rigalt escribe en la entradilla de la entrevista: «A costa de la LODE, esta mujer ha conseguido agenciarse tanta popularidad como Pitita Ridruejo».

Alvear arremete en el diario contra el ministro de Educación, José María Maravall: «Hoy, en España, son contadísimos los padres de familia que pueden pagar la enseñanza privada al coste real. Uno de ellos, y me alegro, es el ministro de Educación. No nos parece bien que la enseñanza no estatal sea un artículo de lujo al que no pueden acceder muchas familias trabajadoras. Todo el mundo tiene derecho a elegir el tipo de enseñanza que estime mejor para sus hijos, y eso ha de ser financiado por el Estado, como ocurre en todos los países del mundo libre».

La presidenta de la CONCAPA reconoce abiertamente su estrecha relación con la Conferencia Episcopal: «Yo represento a un grupo confesional, católico, lo cual significa que estamos vinculados y coordinados con la jerarquía de la Iglesia. A mí me eligen, democráticamente, los presidentes de las federaciones. La persona que sale elegida siempre se propone a la Conferencia Episcopal, y la Conferencia da el visto bueno. Intento llevar adelante, desde la sociedad, un rearme a través de los grupos sociales. Soy independiente de los partidos, aunque no de la política, a nadie se le oculta que esta tarea que llevo a cabo también es política, llámese política familiar, política a favor de la libertad de enseñanza, etcétera, pero sin partidos de por medio».

La LODE entra en vigor al publicarse en el BOE el 4 de julio de 1985, tras fallar por unanimidad el tribunal Constitucional contra el recurso presentado por Alianza Popular 16 meses antes. Y eso que están regulados los conciertos y se deja prácticamente el control de los centros privados concertados a sus patronos, sean empresarios seglares o eclesiásticos. La situación de confrontación que mantiene el Ministerio de Maravall con la derecha y con la Iglesia produce unos efectos posteriores a medio y largo plazo de gran importancia, como son las concesiones económicas y normativas a la escuela privada católica por parte de todos los gobiernos socialistas posteriores.

La LODE desarrolla el artículo 27 de la Constitución y esto supone dar rango legal a una serie de aspectos importantes en la enseñanza, como el propio derecho a la enseñanza; la igualdad de oportunidades; la gestión democrática de los centros y otros órganos de participación social, como el Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares Autonómicos (esta supuesta práctica democrática sigue sin llegar a los centros, veintitrés años después); la libertad de asociación de la comunidad educativa; los derechos del alumnado; las condiciones para establecer los centros públicos y privados; la programación general de la enseñanza, y lo que más relación tiene con la herencia franquista en la educación: el ideario de los centros.

«El Gobierno socialista está reaccionando mal ante las presiones de la Iglesia para conservar sus privilegios. No quiere entender que, cuando están en juego los derechos de los niños, hay que ser más firme», declara Francisco Delgado[3], presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). «Los políticos tienen temor a que la Iglesia influya entre sus fieles, a través de los púlpitos. La Iglesia tiene muchos mecanismos de presión. El Gobierno socialista no ha sido capaz, como debería haberlo hecho, de denunciar los Acuerdos de 1979 y de actuar en el tema de la educación conforme dicta la Constitución. Está favoreciendo los intereses de la Iglesia católica».

La LOGSE, en 1990, sustituye a la Ley General de Educación de 1970 y hace de la religión una asignatura obligatoria para el centro y optativa para el alumnado. De momento, se proponen diversas asignaturas como posible alternativa. La llegada del PP al Gobierno, en 1996, propicia un continuo ataque a la escuela pública y gran permisividad en la aplicación y el desarrollo de los conciertos educativos.

El 23 de octubre de 2002, una veintena de organizaciones católicas firman un manifiesto para pedir que se garantice la aconfesionalidad del Estado, establecida en la Constitución. También exigen la derogación de los Acuerdos de 1979 entre la Iglesia y el Estado y la promulgación de un Estatuto que avale la neutralidad en las instituciones y los servicios públicos. Piden, finalmente, que la asignatura de religión se sustituya en la escuela pública por otra de educación cívico-ética. Dionisio Llamazares, firmante del manifiesto y catedrático de Derecho Eclesiástico, declara: «El proceso de secularización de la sociedad no sólo se ha detenido, sino que vamos marcha atrás. Con el Gobierno del PP, estamos dando pasos de cangrejo».

Cuando Aznar inicia su segundo mandato, con mayoría absoluta, se produce un notable cambio legislativo que queda plasmado en la mal llamada Ley de Calidad de la Educación (LOCE), que el Gobierno del PSOE paraliza, parcialmente, al llegar al poder en 2004. Esta ley determina que la asignatura de religión se incluya en el área de «Sociedad, cultura y religión». Para el alumno existen dos opciones: la confesional (cuyo currículum lo fija la respectiva confesión) y la no confesional. La religión es, en este caso, evaluable y computable a todos los efectos. Después aparece José Luis Rodríguez Zapatero.

En noviembre de 2004, las organizaciones promotoras de la campaña «Por una escuela laica, la religión fuera de la escuela», reclaman al Gobierno que no ceda ante la «intensa campaña» de la Iglesia católica, que, según denuncian en un comunicado, tiene «la finalidad de preservar sus históricos privilegios en la escuela y en diversos ámbitos del Estado». Las organizaciones de laicos abogan por sacar la asignatura de religión del currículum escolar, la derogación de los acuerdos de España con el Estado del Vaticano, firmados en Roma en 1976 y 1979; no pagar el adoctrinamiento religioso con dinero público y la defensa de una enseñanza científica y humanística, «en donde no se segregue a ningún alumno como consecuencia de sus creencias».

La ofensiva contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) socialista va subiendo de tono, y el 12 de noviembre de 2005, los obispos se lanzan a la calle. El arzobispo de Madrid, Rouco Varela, remite a todas las parroquias de su diócesis una carta en la que explica «la importancia que la educación tiene para la Iglesia». Y para no perder la costumbre, añade la misma muletilla de siempre: esta ley «no respeta el derecho a la libertad de enseñanza ni el derecho de los padres a decidir la educación religiosa y moral de sus hijos». El proyecto de Ley Orgánica de Educación, debatido esos días en el Parlamento, habría espantado a don Manuel Azaña bastante más que Rouco: la enseñanza de la religión continúa siendo una oferta obligatoria para todos los centros públicos y una opción voluntaria para los alumnos. Y deja pendiente de un decreto posterior la determinación de una alternativa para éstos. Hay miedoen la Iglesia a que la religión se imparta a primera o a última hora y que no exista asignatura alternativa ni obligación de permanencia en el centro para los que no asistan.

«La clase de religión no tiene a su favor nada más que la inercia de los padres, incluso sabiendo que eso detrae del horario escolar de su hijos mucho tiempo que pueden dedicar a las matemáticas o a otras materias», opina Gonzalo Puente Ojea[4]. «La religión es un peso muerto metido en el plan escolar, pero lo aceptan porque es el tran tran de la tradición. Sin embargo, resulta obligatorio ofrecerla en todas las escuelas públicas y privadas, lo cual es una arbitrariedad. El Estado no sólo ofrece esa alternativa, sino que además la financia, hasta el punto de que paga totalmente a unos profesores nombrados por la Iglesia, que, además, los puede poner en la calle sin tener que alegar nada. La Iglesia sabe muy bien que, si se agiliza el horario escolar y la religión se pone al principio o al final de la jornada, habría muchos alumnos que renunciarían a la clase. Entonces, exigen que haya una materia alternativa. Pero como no se puede imponer una alternativa a una clase optativa, la alternativa se convierte en obligatoria. Y eso es atropellar el verdadero sentido de la opcionalidad de la religión. Además, tienen el cinismo de poner a esa nueva asignatura el título de “Historia de las Religiones”. O sea, por un lado, clase de religión, es decir Iglesia católica, catecismo, y además, para los que no la quieran, la alternativa son las religiones en la historia. Toma siete tazas».

En las reuniones entre representantes de la Conferencia Episcopal y el Gobierno de Zapatero, en 2005, previas a las discusiones sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, el arzobispo Cañizares advierte: «Para que la enseñanza de la religión se dé con garantías mínimas, debe ser equiparada a disciplina fundamental. Es decir, debe impartirse con las mismas condiciones académicas y didácticas que el resto de las áreas. Todo lo cual supone que las autoridades académicas habrán de adoptar las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar». Los prelados reclaman, en definitiva, los privilegios que les concedió en 2003 el Gobierno de Aznar mediante la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), cuya aplicación es paralizada por los socialistas nada más llegar al poder, el año siguiente. Aquella ley, aprobada en el Parlamento sólo con los votos del PP y de Coalición Canaria, establecía la obligación de estudiar Religión confesional, que puntuaba para el currículum académico, o una asignatura alternativa: Hecho Religioso.

Obsesión por el monopolio educativo

En el curso 2006-07, la Iglesia cuenta con 2376 centros concertados (el 80 por 100 del total de privados subvencionados), 1 368 237 alumnos y 80 959 profesores. Varias organizaciones religiosas son propietarias, además, de siete universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU, de la Asociación de Propagandistas; las pontificias de Comillas y Salamanca, y las diocesanas de Murcia y Ávila), y de 15 facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores.

La Comunidad de Madrid, con la «liberal» Esperanza Aguirre al frente, está en la vanguardia del apoyo a la enseñanza religiosa con fondos públicos. Como una prueba más de esa política, en junio de 2003, el gobierno regional concierta 50 plazas de educación infantil para niños de tres a seis años en el colegio Tajamar, en el popular barrio madrileño de Vallecas, vinculado al Opus Dei. La Federación de Enseñanza de UGT denuncia en un comunicado que ese acuerdo es innecesario, porque «en la zona hay suficientes plazas de educación infantil en escuelas públicas» y, además, el Tajamar «no cumple la función social exigida a los colegios sostenidos con fondos públicos, porque no escolariza a niñas, discrimina al profesorado femenino y tampoco atiende a inmigrantes y otras minorías. El dinero público no está para esto».

«La política eclesiástica de Zapatero colma con mucho la que hizo Felipe González, que empezó financiando la famosa concertación escolar. La figura de colegio concertado no estaba en el lenguaje de la Iglesia, se lo suministró en bandeja el PSOE», afirma Gonzalo Puente Ojea[5]. «Y eso lleva a situaciones como la de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, que no tiene empacho en decir que aquí se ha abandonado la enseñanza pública y se ha optado por los colegios concertados».

«El estatuto de la escuela pública la está hundiendo, a base de diluirla, minarla, destrozarla por dentro, tanto en medios como en normas operativas. La educación va cayendo otra vez en manos de la Iglesia. Estamos eclesiastizados hasta extremos increíbles. Y no es un tema baladí, porque el Trono y el Altar tienen intereses comunes desde siempre, por su propia estructura ideológica y por su propia fundamentación ideológica. Y esto es lo que gobierna en España: Iglesia más monarquía».

En junio de 2008, una resolución del Tribunal Supremo faculta a las comunidades autónomas para negar subvenciones a los colegios que separen a los alumnos por sexo. «El sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la administración educativa que financia dichos centros», señala la sentencia. Se trata de la respuesta a un recurso de casación que la Junta de Castilla-La Mancha había interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de su comunidad, que queda anulada a partir de ese momento. El gobierno castellano-manchego había dispuesto en 2004 que los centros no podrían separar a los alumnos por razón de sexo y la patronal de colegios privados CECE lo había recurrido y ganado en aquella primera instancia autonómica.

Sin cifras oficiales, se calcula que hay alrededor de un centenar de escuelas ultrarreligiosas de este tipo subvencionadas en toda España, la mayoría vinculadas al Opus Dei. Según la sentencia, la educación mixta «forma parte de la intervención estatal que limita el derecho de dirección de los centros privados que reciben ayudas públicas». La resolución del Tribunal Supremo deja claro que estos centros tienen que admitir a todos los alumnos que lo soliciten y cumplir con la ley y las regulaciones autonómicas, para garantizar, precisamente, la «libertad de los padres para elegir centro» que reclaman de forma machacona los obispos.

Al mismo tiempo, un centro privado que disfruta de las subvenciones de Esperanza Aguirre salta a los medios de comunicación. La guardería concertada Cristo de la Guía, ubicada en otro popular barrio madrileño, Vicálvaro, financiada con fondos públicos, establece un criterio de baremación para seleccionar a los alumnos en el que, si los padres están casados por la Iglesia o los niños están bautizados o realizan catequesis, se otorga un punto al aspirante. La dirección del Cristo de Guía, además, utiliza los puntos de libre determinación para la admisión de niños de cero a tres años, algo que la ley reserva sólo a la educación infantil a partir de tres años. A consecuencia del revuelo informativo que se origina, el gobierno de Esperanza Aguirre envía un inspector al centro para que retire el cartel de la entrada donde se reseñan tan cristianos e ilegales criterios de baremación. El consejo escolar del centro acuerda también eliminar del formulario de admisiones la petición de «un certificado de vivencia de la fe» para otorgar el punto de libre determinación.

Los obispos, por su parte, difunden un comunicado a principios de febrero de 2004 en el que proponen enseñar en las escuelas su doctrina sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia. Entre otras perlas, consideran la violencia machista como un «fruto amargo» de la revolución sexual. Los prelados creen que «la fuente principal de problemas humanos» en España procede de la situación que viven los matrimonios y la familia. Por ese motivo se proponen una evangelización a fondo, cuyo objetivo principal son los centros católicos y también las escuelas públicas. En el documento consideran que «es absolutamente necesario que todos los colegios católicos preparen un programa de educación afectivo-sexual, a partir de métodos suficientemente comprobados y con la supervisión del obispo. En estos programas se ofrecerán los fundamentos humanos de la sexualidad y el afecto, su valor moral en relación con la construcción de la persona y su sentido en el plan de Dios. Igualmente, se ha de estudiar a nivel diocesano el modo de extender esta enseñanza a los centros públicos y las asociaciones educativas que tengan niños y jóvenes».

Está claro que la Iglesia no evoluciona. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, señala que el documento parece escrito «hace cien años». Y la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas, Ana María del Campo, declara: «La doctrina católica es el origen de la violencia de género. Exige obediencia de la mujer al marido, el débito conyugal, y la coloca como sierva, en lugar de como igual. Y también hay que recordar a los obispos que en una situación democrática y aconfesional no pueden convertirse otra vez en procuradores en Cortes ni en referente de la política de los gobiernos. El amor, o es libre o no es nada. Y el que ellos defienden se dirige sólo a la procreación».

En noviembre de 2007 es la «Plataforma por una escuela laica» la que se manifiesta en Madrid, en la Puerta del Sol. «El laicismo no plantea una guerra contra las religiones, sino el respeto absoluto a todas las opciones», señala Fernando Martín, portavoz de CEAPA, que representa a 12 000 asociaciones de padres y madres de alumnos de toda España. Fernando Delgado, de Europa Laica, denuncia que «el 50 por 100 de los alumnos, desde primaria a bachillerato, están secuestrados en sus centros educativos, durante dos horas a la semana, mientras sus compañeros asisten a clases de religión». Y Augusto Serrano, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) afirma: «La religión confesional no es ninguna enseñanza, es adoctrinamiento puro y duro. Los que imparten religión no son profesores, sino catequistas».

Los promotores de la plataforma «Por una escuela laica» exigen que «ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares». Pero los crucifijos continúan estando presentes en muchos centros públicos y en la mayor parte de los privados concertados. Además, advierten que «no hay obligación de contestar sí o no a la hoja que presente el centro sobre si se quiere dar religión. No es constitucional declarar sobre la ideología, la religión o las creencias. La Constitución reconoce ese derecho al silencio (art. 16.2). Hay que exigir que la religión salga del horario lectivo». La religión ocupa 945 horas en las etapas infantil y primaria, y 450 horas en la ESO. Es más tiempo del que se dedica a educación artística o física.

En el curso 2007-08 siete comunidades aumentan el horario mínimo de religión. El País Vasco y seis autonomías gobernadas por el PP dan en la ESO más horas de las que fija el Gobierno. En secundaria, la religión tiene las mismas o más horas de clase, por ejemplo, que Plástica, Música o Tecnología. Sin embargo, los alumnos que eligen estudiar Religión son cada vez menos. En este último curso, el número ha bajado el 1,3 por 100. El descenso del número de alumnos que optan por la asignatura de Religión es una constante en todas las etapas educativas, pero se dispara entre los de bachillerato. Sólo uno de cada tres estudiantes de esta etapa cursa Religión en la enseñanza pública. Los colegios concertados son más de cinco mil y estos centros, de orientación católica en su mayoría, compensan por la mínima la estadística y elevan hasta el 48 por 100 el porcentaje de los que optan por la enseñanza religiosa en sus centros. Los niños que cursan educación infantil y primaria salvan las estadísticas de la Iglesia. Los alumnos de estas etapas tienen entre tres y doce años. Sus padres eligen por ellos, y la tradición todavía pesa mucho.

Catequistas pagados como funcionarios

El artículo 3.º del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 1979, señala: «La enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente, el ordinario diocesano comunicará los nombres de los profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza». Y concluye: «Los profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del claustro de profesores de los respectivos centros».

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha emitido tres sentencias en las que condena a la Iglesia a indemnizar a dos profesores de Religión con 24 000 euros por vulnerar sus derechos sindicales y de libertad de expresión y en las que ordena a la administración a readmitirlos en sus puestos de trabajo.

Son los casos de Araceli del Carmen Gómez Jaén, despedida siete veces, y de Rafael Ramírez, que además de enseñar esta asignatura, es presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión de Comunidades Autónomas (FEPER) y miembro de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT).

En 2008, una cuarta sentencia, en este caso del Juzgado de lo Social n.º 2 de Las Palmas, que declara nulo el séptimo despido de la profesora Gómez Jaén y condena al gobierno canario a readmitirla y a indemnizarla con 6000 euros por daños morales.

Por otra parte, María del Carmen Galayo pierde su trabajo de profesora de Religión en 2001, cuando el vicario de la diócesis canaria se entera de que convive con un hombre con el que no está casada, después de separarse de su marido. Lo mismo les ocurre a Paqui Urbano y Resurrección Galera. La primera por salir de copas con un grupo de amigos y ser concejal de IU, y Galera por casarse por lo civil con un hombre divorciado.

Resurrección Galera llevaba siete años impartiendo clases de Religión en el colegio público Ferrer Guardia, de la localidad almeriense de Los Llanos de la Cañada, gestionado por la Junta de Andalucía. Entre los requisitos exigidos por la Conferencia Episcopal para su contratación, el 13 de diciembre de 1995, no figuraba ni un solo párrafo dedicado a la vida privada o matrimonial de los profesores. El contrato está firmado por un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia, que se encarga de abonar su salario, pero el despido lo ordena el Obispado de Almería.

Similar es el caso, también en Canarias, del profesor Martín Domingo Quesada, despedido por ser dirigente de la Federación de Profesores de Religión en la Confederación Canaria de Trabajadores. En sólo cuatro meses, entre octubre de 2007 y enero de 2008, los obispos cosechan hasta seis condenas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por despedirle ilegalmente.

Otras veces es la pérdida de la condición de religioso del enseñante la que motiva su despido. Uno de los primeros casos que saltan a los medios de comunicación es el de un profesor de Religión del Instituto de Bachillerato Reyes Católicos, de Vélez-Málaga. El claustro de profesores del centro envía una carta al obispo de Málaga, Ramón Buixarraiz[6], en la que expresa su «estupor y disconformidad» por el cese de Santos Vinuesa. El obispo justifica el cese del profesor porque estima que, al abandonar su condición de religioso, «rompe con la comunidad eclesiástica. Por tanto, no puede seguir impartiendo clases de Religión en los centros de BUP».

La situación de estos profesores está regulada por los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede: los contrata y paga el Estado, con dinero público, pero los obispos son los que eligen a los profesores cada curso. Desde 2007, la Conferencia Episcopal impone requisitos morales y de fe que atañen a su vida privada para certificar la idoneidad de los profesores de Religión. De ese modo, se consiente a la Conferencia Episcopal actuar al margen de la legislación civil española, que es la que debe regular las relaciones laborales de cualquier docente con su centro. Alrededor de 15 000 profesores de Religión trabajan en centros públicos, según datos del Ministerio de Educación. El Estado paga sus nóminas.

Dos años después de la aplicación de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), los obispos continúan despidiendo a profesores de religión sin explicación alguna. Según dirigentes de la Federación Estatal de Profesores de Religión (FEPER)[7], «el Gobierno también vulnera su propia ley por miedo a los movimientos de la jerarquía católica o utilizándonos como moneda de cambio para granjearse la comprensión episcopal».

Las sentencias judiciales por despidos nulos se suceden, y obligan a los prelados a pagar cuantiosas indemnizaciones por «daños morales» y «atentados a derechos fundamentales de la persona», pero el clero sigue en sus inamovibles posiciones y ni la justicia ni el Gobierno dan un paso más para meterlos en vereda.

Sin embargo, no todas las resoluciones judiciales están en la misma línea: el día 15 de febrero de 2007, el pleno del Tribunal Constitucional aprueba una sentencia en la que viene a dar su aprobación a la constitucionalidad de los acuerdos entre España y el Estado Vaticano acerca del estatus laboral del profesorado de religión en la escuela pública. El Tribunal decide que, a la hora de enseñar Religión, «son únicamente las iglesias, y no el Estado, las que pueden determinar los requisitos de las personas capacitadas, dentro de la observación de los derechos fundamentales y las libertades públicas y del sistema de valores y principios constitucionales.

»Sumisión del Estado español a un Estado extranjero», conversión del profesorado en catequistas del episcopado a sueldo del Gobierno, son algunos de los calificativos críticos que recibe la sentencia[8]. Francisco Navarro Sanz, abogado de la despedida profesora María del Carmen Galayo, que ha ganado decenas de pleitos por despido de docentes de religión y que es el responsable de que el Tribunal Constitucional tenga sobre la mesa más de quince cuestiones de inconstitucionalidad por resolver, sostiene: «No podemos asumir la condición de simples catequistas que introduce esta sentencia. Estos profesores son empleados públicos que han de desarrollar sus funciones docentes, no catequistas, en igualdad de condiciones que el resto del profesorado. El Estado español, que se proclama social, democrático y de derecho, no puede estar secuestrado por el criterio de un tercero, la Iglesia oficial, que ni en su configuración propia ni en la del Estado del que depende, el Vaticano, concurren los valores democráticos».

De nuevo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en abril de 2008, vuelve a convertirse en vanguardia de la lucha judicial contra los abusos del clero. Según sus últimos fallos, los paganos de las indemnizaciones por despidos ilegales a profesores de Religión, deberán ser los obispos[9]. Dos de esas sentencias amparan a Nereida del Pino Díaz Mederos, a la que el obispado debe indemnizar con 36 000 euros. Esta docente fue despedida por primera vez en 2001 por participar en una huelga legal de profesores de colegios públicos. Díaz Mederos ya suma siete sentencias a su favor, una por curso.

Ni oposiciones, ni movilidad laboral

Pero el problema de los profesores de religión que cobran su salario del Estado también tiene otra cara. Hay voces que cuestionan completamente la existencia de profesores de este tipo en la escuela pública: «En un sistema que se supone que es el más democrático, en la Administración Pública, estos tíos están en los centros públicos cobrando lo mismo, elegidos por el obispado correspondiente. No todos son progres, como es evidente, la mayoría son adoctrinadores en la fe católica. Más o menos convencidos. Están contribuyendo a difundir las consignas del Vaticano con dinero del Estado español», opina la profesora de instituto Maribel Suances. «Tú tienes que aprobar una oposición concursando con mucha gente. Una vez que apruebas, debes estar un año en prácticas donde te manden. Y luego, concursar obligatoriamente por una plaza fija en tu comunidad. En Andalucía, por ejemplo, te puede tocar desde la sierra de Cazorla a La Línea de la Concepción. Y además, ellos no están sujetos a movilidad laboral».

El Gobierno de Aznar suscribe un polémico convenio con la Iglesia católica, en virtud del cual el Estado paga la enseñanza religiosa en la escuela pública, pero la Iglesia designa y revoca, cuando considera oportuno, al profesor que imparte las clases de religión. Los sindicatos protestan porque el convenio vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) critica también el alto coste que supone este reconocimiento y la discriminación para otras creencias y confesiones.

A la Iglesia, que controla a los profesores de religión, se le vuelve a aparecer la Virgen. El Boletín Oficial del Estado publica el convenio que regula el régimen económico laboral de los enseñantes que todavía controla la Conferencia Episcopal Española, aun sin pertenecer al cuerpo de funcionarios docentes. A partir de entonces, percibirán las retribuciones correspondientes al respectivo nivel de profesorado interino. Dinero contante y sonante. Significa que pasan de cobrar menos de quinientos euros mensuales a más de ochocientos. Si se tiene en cuenta que existen unos quince mil profesores de religión en todo el Estado español, su salario anual, que sale de las arcas públicas, ronda los tres mil millones de euros. No está nada mal, teniendo en cuenta que el artículo 18 de la constitución vigente desde 1978 proclama que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

El convenio, firmado entre la Conferencia Episcopal y los ministerios de Justicia y de Educación y Cultura, dice, con toda claridad, que «el Estado asume la financiación de la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria». Sin embrago, los profesores son elegidos por la Iglesia, del mismo modo que puede prescindir de sus servicios si lo considera oportuno. La delegación de enseñanza de cada diócesis elige a los docentes basándose en su «preparación teológica e ideológica», y en su vinculación a la Iglesia para «exponer adecuadamente la fe y la doctrina, y colaborar en la misión evangelizadora a la que son llamados como educadores cristianos». Así queda plasmado en la denominada «Declaración Eclesiástica de Idoneidad», de la Conferencia Episcopal Española. Los criterios científicos brillan por su ausencia.

El convenio es duramente criticado por la CEAPA, que representa a tres millones de familias españolas cuyos hijos se educan en la enseñanza pública. Su presidente en el momento de la aprobación del convenio sobre profesores de religión, Carlos Ladrón de Guevara, sostiene que «si los acuerdos que tiene la Santa Sede con el Gobierno español dicen que el profesorado de religión tiene que ser elegido por la Conferencia Episcopal, que al menos sea la Iglesia quien los pague. Lo que no es normal es que se inviertan medios financieros de todos los españoles en la enseñanza de la religión católica».

Las centrales sindicales muestran su total disconformidad con el convenio. «El acuerdo ha convertido a los obispos en una de las empresas de trabajo temporal (ETT) más importantes de España», declara Jesús Ramón Copa, responsable de política educativa de UGT. «Son quince mil profesores, en la enseñanza pública, que los obispados reclutan sin tener en cuenta los requisitos de mérito, capacidad e igualdad exigibles al resto de los docentes. Es una imposición más de la Iglesia, que nos supedita a un Estado extranjero como el Vaticano. El obispo nombra al profesorado de religión, y puede revocarlo cuando le dé la gana. Esto significa que el Estado emplea a estos trabajadores bajo las órdenes de la Iglesia, creando un problema de dejación de responsabilidades en un capítulo del presupuesto educativo muy importante».

Desde un punto de vista más estrictamente laboral, CC.OO. señala que «el convenio infringe los derechos más fundamentales de los trabajadores, que no pueden opinar y, al estilo del viejo sindicalismo vertical franquista, son representados por sus empresarios. Mientras, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública son flagrantemente vulnerados».

Ladrón de Guevara, de la CEAPA, añade: «Se está enseñando religión católica a alumnos demasiado pequeños, que no tienen criterios y sobre los que el profesorado ejerce un liderazgo enorme. Nosotros propugnamos que la escuela esté libre de adoctrinamientos, que son lo más contrario a la enseñanza científica».

Se dan casos como el del colegio público de Mocejón (Toledo), en el que una profesora de religión exhibe ante sus alumnos, de catorce años, el vídeo titulado «Un grito silencioso». La cinta «mostraba un aborto real, que incluía imágenes de fetos sanguinolentos despedazados», según el escrito que presentó la diputada socialista Clementina Díez de Baldeón en la mesa del Congreso. Una proposición no de ley destinada a prohibir la difusión de vídeos antiabortistas en los centros públicos de enseñanza, que tendría que debatirse en la Comisión de Educación y Cultura. Para Díez, «resulta intolerable que, en el ámbito de la escuela pública, se permita la intromisión de ideologías que condenan y criminalizan decisiones siempre dolorosas y difíciles para quienes las adoptan, y que están permitidas en nuestro Estado de derecho».

Ladrón de Guevara señala: «Se trata de un vídeo muy desagradable que manipula la realidad, llama asesinos a los médicos que practican abortos y muestra imágenes aberrantes».

Las clases de religión crean al ministerio de Educación un problema enorme, al no poder intervenir en los contenidos inmateriales utilizados. «Es una enseñanza sin control, vigilancia ni supervisión, que se convierte así en peligrosa cuando los materiales que se usan en las clases no se ajustan a la legalidad vigente, como es el caso de este vídeo», añade Ladrón de Guevara.

El artículo 4.º del vigente Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 1979, precisa: «A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación». Por ejemplo un montaje en vídeo sobre un falso aborto.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias continúa planteando, una y otra vez, la «inconstitucionalidad» de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. Cada vez que un profesor de religión es despedido por el obispo de algunas de las diócesis canarias. En la pugna han entrado también los sindicatos, especialmente la nacionalista Intersindical Canaria (CCT), que ha convertido este asunto en uno de sus principales temas reivindicativos.

La Intersindical ha promovido, desde 1999, numerosos encierros y huelgas por la situación laboral de los profesores de religión, y varios de éstos, que secundaron las acciones, fueron después despedidos por los obispos. Los profesores recurrieron a los tribunales, que les dieron la razón, pero los obispos no aceptaron su readmisión, por lo que reclamaron a la propia Comunidad Canaria, que llevó el asunto al TSJC y éste al Constitucional, alegando que los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede vulneran la Constitución española.

El TC insiste, sin embargo, en que los problemas laborales de los profesores de religión deben dirimirse en los juzgados naturales, buscando fórmulas que permitan garantizar sus derechos con las exigencias de la libertad religiosa del Estado. El TC, en el fallo dado a conocer el 15 de febrero de 2008, considera «normal» que sean los obispos los que decidan quiénes son los más aptos para dar clases de religión. En relación con el despido de una profesora de religión en un colegio público canario, reconoce la potestad de los obispos para pronunciarse sobre la vida privada a la hora de contratar a un enseñante de esa asignatura. Una sentencia insólita, por lo que representa de carga lesiva para los derechos laborales de cualquier español reconocidos por la Constitución. Los obispos continúan disfrutando de viejos privilegios al margen de ella. En definitiva, lo único razonable es la supresión de la asignatura de Religión en la enseñanza pública.

En febrero de 2008, el delegado episcopal de Enseñanza del obispo de Cartagena, Francisco Rubio Miralles, envía una carta a los profesores de religión de la región de Murcia en la que les advierte con toda claridad: «Nunca olvidéis quién os elige, quién os llama, quién os manda y quién, si se diera el caso, os podría cesar: la Iglesia. Sabéis muy bien que no existiría el contrato si la Iglesia no os presentara».

10. Cree el adoctrinador que todos son de su condición

10

CREE EL ADOCTRINADOR QUE TODOS SON DE SU CONDICIÓN

«La libertad de la imprenta

disfrutará la nación:

¡Pobres del Papa y del clero!

¡Pobre de la religión!».

Copla popular[1]

El respeto a la diversidad y el rechazo al racismo, la xenofobia o la homofobia. La igualdad entre hombres y mujeres. Los derechos y deberes de los ciudadanos y las sociedades democráticas. Todo ello dentro de lo que marcan la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es lo que pretende enseñar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Un temario aparentemente muy razonable y de consenso. No parece que a través de sus capítulos se esté abriendo camino a los soviets. Sin embargo, la Iglesia española se echa al monte para combatir la asignatura. Y el Vaticano apoya la operación. La Conferencia Episcopal, encabezada en ese momento por monseñor Blázquez, recibe el respaldo público de la Santa Sede por boca nada menos que del secretario de la poderosa Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio de la Inquisición), el arzobispo italiano Angelo Amato, que visita Madrid en julio de 2007. El prelado italiano ha sido segundo de a bordo de Ratzinger cuando el actual Papa presidía ese temido dicasterio, durante el pontificado de Juan Pablo II. Monseñor Amato se muestra partidario de la objeción a la nueva asignatura: «El cristianismo reconoce la libertad de seguir las propias convicciones religiosas y no debe ser el Estado quien debe imponer las convicciones religiosas y éticas, sino la propia conciencia».

La lucha contra esta materia comienza a fraguarse en el otoño de 2006, poco después que de se apruebe en el Parlamento la ley que la crea. Las primeras escaramuzas se producen cuando el Gobierno no acepta su promesa de convertir la nueva asignatura en la alternativa única y obligatoria a la de Religión. La Conferencia Episcopal lleva décadas peleando para imponer que se cree una exclusiva alternativa a la suya, a la que le permite continuar inyectando sus creencias en la escuela financiada con dinero público. Así pretenden darle más relevancia a su imposición. Entonces se desatan, y llaman a la guerra total contra la asignatura que el Gobierno decide incluir en la legislación educativa para el curso 2007-08. Los obispos consideran que el objetivo de esa materia es formar «la concepción moral de los alumnos». Cree el adoctrinador que todos son de su condición.

Paradójicamente, los prelados españoles argumentan que el Estado debe ser neutral: «A nadie se le puede imponer una formación moral no elegida». Sólo si es la católica, apostólica y romana. Y, una vez más, suenan campanas de iglesia llamando al combate: el belicoso secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José Antonio Martínez Camino, presenta, el 22 de junio de 2007, una «Declaración» oficial de la Iglesia española que marca el comienzo de la movilización religiosa: «Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que están en juego. Unos padres harán uso de unos medios, y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros, ni en los estatales ni en los de iniciativa social. Cuando está en cuestión un derecho tan fundamental como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos debemos mostrarnos unidos en su defensa».

«En este país tenemos la desgracia de padecer una derecha precivilizada, premoderna, preilustrada, dirigida por los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica, una Iglesia a la que sólo hemos visto movilizarse en contra de los derechos de los homosexuales, de los derechos de las mujeres y, en general, en contra de todo lo que les suene a derecho», opina Carlos Fernández Liria, coautor del libro Educación para la ciudadanía (Akal)[2]. Durante varios meses, en 2007, este filósofo y los compañeros que firman el libro junto a él son objeto de una dura campaña de acosos desde la Cope, especialmente en los programas de Federico Jiménez Losantos y César Vidal, y también desde medios de comunicación escritos afines a la jerarquía eclesiástica.

«En estas condiciones —continúa Fernández Liria—, tampoco es demasiado sorprendente una furiosa reacción de la Conferencia Episcopal contra cualquier propuesta que incorpore, aunque sólo sea en el título, la palabra ciudadanía. Es como si la mera palabra le produjera una especie de reacción alérgica letal, algo así como la luz del sol al Conde Drácula. Es decir, en un país como éste, en el que la jerarquía de la Iglesia pierde los papeles cada vez que siente amenazada una micra de su poder político, es normal que reaccionen con esa virulencia contra una asignatura que pretende transmitir unos valores distintos a los que inculcan ellos (financiados de un modo aberrante con fondos públicos) en la asignatura de Religión».

Rouco y la homosexualidad

Uno de los puntos del temario de Educación para la Ciudadanía que más molesta a los obispos es la mención a la homosexualidad, que, según ellos, hace que «el sexo, es decir la identidad de la persona como varón o mujer, sea suplantada por el género». Y eso que, durante la redacción de estos contenidos, el Gobierno había consultado con la patronal de los colegios concertados católicos, FERE, y se quitó la referencia explícita a los matrimonios homosexuales dentro del capítulo dedicado a las familias. El arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, siempre preocupado muy especialmente por los asuntos de la homosexualidad, no pierde ocasión de dar su opinión sobre este tema. En mayo de 2007, durante una intervención en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, opina: «Se pretende imponer, por esta nueva materia escolar, la educación teórica y práctica en la llamada “teoría del género” para explicar debidamente —según se dice— una dimensión con un significado tan constituyente para el ser humano y para las realidades sociales primarias como es la sexualidad». Un antecedente de la batalla clerical contra Educación para la Ciudadanía se puede encontrar en la tremenda campaña que la Iglesia católica y la extrema derecha lanzaron en 1980 contra la publicación de El libro rojo del cole[3].

La fundación FAES, del PP, capitaneada por el expresidente de Gobierno Aznar, también mete baza en el debate sobre la Educación para la Ciudadanía. Para no quedarse por detrás de los obispos en sus consideraciones tremendistas, acusa al programa de la asignatura de difundir «cualquier tendencia con tal de que se declare antiliberal, anticapitalista, antinortea-mericana, antioccidental y anticlerical»[4]. Un equipo de FAES analiza los libros de texto de Educación para la Ciudadanía y llega a la conclusión de que los manuales «razonan, sistemáticamente, en clave marxista». Critica, de forma expresa, que, en el libro de Ediciones del Serbal, se cite al obispo español Casaldáliga, destacado representante de la teología de la liberación y candidato al premio Nobel de la Paz en 1989 afincado en Brasil desde hace décadas.

La presentación del informe de FAES, bautizado como «El catecismo del buen socialista», corre a cargo de la dirigente del PP Ana Pastor, vinculada al Opus Dei, y en el acto también está presente la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, en representación de su presidenta, Esperanza Aguirre, una de las más duras detractoras de Educación para la Ciudadanía.

En Madrid, un curso patrocinado por el gobierno de Esperanza Aguirre para instruir al profesorado en la forma de impartir la nueva asignatura se convierte en un festival doctrinario en contra de esta materia[5]. Es una asignatura «inventada», que pretende «adoctrinar» a los alumnos y «lesiona los derechos de los ciudadanos», dice el primer ponente, José Luis González Quirós, del Instituto Filosófico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), coordinador también del seminario «Educación para la Ciudadanía: implantación en la Comunidad de Madrid». Algunos de los sorprendidos participantes rechazan, indignados, semejante mitin.

Antonio Cañizares afirma que los padres que boicoteen la asignatura estarán contribuyendo al bien común. El afán de los obispos de aplastar la asignatura de Educación para la Ciudadanía les llega a enfrentar con la patronal de los colegios concertados católicos, FERE. Los responsables de estos centros reciben, en mayo de 2007, un duro rapapolvo de la Conferencia Episcopal[6]. Cañizares afirma públicamente, dentro de uno de sus mensajes apocalípticos habituales, que quienes colaboren en la instauración de Educación para la Ciudadanía estarán colaborando con el ángel caído: «La maldad de esta nueva asignatura reside en que impone criterios propios del relativismo y la ideología de género, obliga a asumir una visión del hombre contraria a la verdad y desestructura la identidad de la persona». Satanás con apariencia de ciudadano. La FERE envía a sus colegios una circular advirtiéndoles de que si no se imparte esa materia se corre el riesgo «real» de perder la subvención o la autorización para enseñar. Los obispos le responden, con toda dureza, que no pueden «impedir» a los padres tomar las medidas que crean oportunas, es decir, boicotear la materia.

La Iglesia católica concibe la escuela como una extensión de la parroquia. En el documento de la Conferencia Episcopal dado a conocer en julio de 2007[7] se señala, para que no haya lugar a dudas: «La escuela católica encuentra su verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia. Se basa en un proyecto educativo en el que se funden armónicamente fe, cultura y vida. Por su medio, la Iglesia local evangeliza, educa y colabora en la formación de un ambiente moralmente sano y firme en el pueblo. En el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo es el fundamento. La escuela católica está al servicio de la educación no por ningún privilegio del Estado, sino para ofrecer formación católica a los que libremente quieran acceder a ella. Especial importancia ha de tener el profesor de religión. Como todo tipo de escuela, es un profesor enviado por el obispo con la misión de enseñar en nombre de la Iglesia. Toda su acción educativa es una acción evangelizadora en cuanto participa de la misión misma de la Iglesia».

El opus judicial

Seis tribunales superiores autonómicos tienen que manifestarse sobre si se puede objetar, legalmente, contra Educación para la Ciudadanía, desde que, en diciembre de 2006, los obispos y diversas organizaciones sociales inician una campaña para animar a los padres de alumnos a no cursarla. Aunque la mayoría de las sentencias[8] aseguran que no cabe acogerse legalmente a esa objeción, las otras dos, procedentes de una misma sala de Andalucía, lo califican como «un derecho de los padres».

Javier Pérez Royo, en su artículo «Fraude de Constitución», señala[9]: «Únicamente cabe calificar de fraude de Constitución las decisiones adoptadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto a las órdenes dictadas por la Consejería de Educación para hacer posible impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía, prevista en la Ley Orgánica de la Educación […]. Es un caso de corrupción institucional en el sentido fuerte del término. Formalmente, los tres magistrados que han constituido la mayoría de la Sala han actuado como jueces. Materialmente, han actuado como unos delincuentes». Los jueces del Tribunal aludidos en el artículo del catedrático de Derecho Constitucional denuncian ante la Fiscalía a Pérez Royo por presuntos delitos de calumnias.

Enrique Gabaldón Codesido, ponente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que reconoce el derecho de unos padres a objetar a Educación para la Ciudadanía, es hijo de José Gabaldón López, presidente de honor del Foro de la Familia, expresidente del Tribunal Constitucional y miembro del Opus Dei, quien lleva llamando a la objeción de conciencia de los padres, en artículos y foros de opinión, desde que el Ministerio de Educación da luz verde a la asignatura. Su hijo, el magistrado en activo Enrique Gabaldón Codesido, también es numerario del Opus Dei y vive en un piso de esta organización.

El Foro de la Familia es, además, la asociación que hace posible el recurso judicial de los padres del joven onubense al que se ha reconocido el derecho a objetar la asignatura, que carecen de recursos económicos. La familia de José Joaquín Cano, el joven objetor de Bollullos del Condado, forma parte del movimiento ultraconservador Comunidad Neocatecumenal, conocido como «los kikos». La integran ocho miembros y en casa sólo entra el sueldo del padre, albañil de profesión.

Otro de los firmantes de la sentencia, Victoriano Valpuesta, es también «católico militante»[10]. La sentencia del TSJA se emite sin darla a conocer previamente al pleno de la sala, en contra de lo que es habitual en los asuntos de especial relevancia, porque Gabaldón y Valpuesta saben que, en ese caso, se la van a tumbar. La sentencia tiene pocas posibilidades de prosperar en instancias superiores. Fuentes del Tribunal Supremo ya han señalado que «confunde valores morales con constitucionales y es absolutamente impresentable. Además, destila un sectarismo digno de mejor causa».

«Los obispos no han sido capaces de aceptar la Educación para la Ciudadanía, que es una asignatura absolutamente transparente que se da en todos los países de la Unión Europea», declara el catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces Barba[11].

Y en relación con la sentencia del Tribunal Supremo de Andalucía sobre la legitimidad de la objeción de conciencia, añade: «Eso es, objetivamente, una prevaricación. Sin querer entrar en la intención de los componentes del Tribunal —uno de ellos, hijo de uno de los grandes dirigentes de la derecha judicial—, hay dos signos de que es una sentencia que no tiene posibilidad de sostenerse. En primer lugar, el núcleo central donde está la legitimación de la asignatura, que es el artículo 27.2 de la Constitución, ni siquiera es mencionado. Solamente se alude al artículo 27.3, que se refiere al derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa acorde con sus convicciones. Pero es extender la educación moral a toda la educación, y esto es una ampliación abusiva que no tiene en cuenta que la educación tendrá como fin el desarrollo de la personalidad humana de acuerdo con los derechos humanos y los principios democráticos, que son el fundamento de la Educación para la Ciudadanía».

Enrique Gabaldón, ponente de la sentencia, copia en el fallo los argumentos de su padre, José Gabaldón[12]. Éste da el trabajo prácticamente hecho a su hijo en dos artículos: uno publicado en el diario ABC el 25 de julio de 2007, y otro, en arsuaga.net, el blog de Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y vocal del Foro, el 21 de diciembre del mismo año. Ambas plataformas protagonizan, junto al PP y de la mano de la Conferencia Episcopal, las principales protestas contra el Gobierno de Zapatero durante su primera legislatura. Gabaldón padre permanece tres años al frente del Foro. Durante su mandato, antes de ceder el puesto a su sucesor, Benigno Blanco, convoca una de las manifestaciones más sonadas contra el Gobierno socialista: la de rechazo a los matrimonios homosexuales. Acebes y Zaplana le acompañan en representación del PP. Por parte de la Iglesia, la muestra tampoco está nada mal: Rouco y Cañizares.

El cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, que no deja pasar una ocasión sin hacerse notar, también se manifiesta públicamente, en su estilo incendiario, reclamando la objeción de conciencia contra la asignatura, como parapeto frente a las «tendencias totalitarias». El gobierno valenciano es uno de los ejecutivos autónomos más beligerantes en contra de la asignatura.

En junio de 2008, el gobierno valenciano del clerical Francisco Camps, contrario a la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, aprueba una orden para buscarle la trampa a la Ley Orgánica de Educación, obligando a los profesores de esta materia a impartir las clases en inglés, bajo amenaza de despido. «El incumplimiento de una orden de estas características está tipificado como una falta de carácter muy grave que tendrá muy graves consecuencias», amenaza el conseller de educación, Alejandro Font de la Mora, ante la decisión de los profesores del Instituto Ballester Gozalvo de Valencia de dar la asignatura en castellano o valenciano, las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana.

Sólo unas cuantas decenas de estudiantes no han asistido el pasado curso a la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía en las siete comunidades (Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra) en las que se comenzó a impartir en 3.º de ESO, a pesar de que se habían declarado objetores centenares de alumnos.

«La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos constituye uno de los logros más importantes de la reforma educativa. Viene a llenar una de las más graves carencias de nuestro sistema de enseñanza, como es la educación cívico-democrática de los ciudadanos y las ciudadanas», escribe Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III[13]. «Responde, además, a una recomendación de la Unión Europea que no parece plantear problemas a la hora de impartirla en las aulas. Para evitar una “sublevación” de la jerarquía católica y de influyentes sectores de la patronal de la enseñanza, la asignatura ha sufrido tal cúmulo de modificaciones que la hacen poco menos que irreconocible. Pero la mayor desnaturalización se ha producido al conceder a los colegios la libertad de adaptar los contenidos al ideario de los centros. ¿Por qué los colegios católicos tienen que distinguirse de la Educación para la Ciudadanía del resto de los centros? ¿Es que existen dos clases de ciudadanos y dos maneras de ser ciudadanos?».

El 11 de junio de 2008, cuando el curso escolar toca a su fin, el cardenal primado de Toledo, monseñor Cañizares, desenfunda de nuevo, para advertir a su rebaño de cómo hay que encarar la siguiente temporada: «Os corresponde a los padres elegir y determinar el tipo de formación religiosa y moral que deseéis para vuestros hijos. Éste es vuestro derecho primordial, insustituible e inalienable». Y a los colegios de la FERE les vuelve a dar otro toque: «Sabéis muy bien que si admitieseis en vuestra programación los contenidos previstos, entraríais en contradicción con vuestro carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligaros a hacerlo tampoco, si no fuese vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa».

11. Contra el «laicismo radical»

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CONTRA EL «LAICISMO RADICAL»

«Lo que yo dije es que la Iglesia católica está por encima de la política, y cuando se mete en política o es beligerante en asuntos de esta índole, no hay que extrañarse de que la combatan no por cosas que afectan al dogma, sino por asuntos de orden político».

FRANCISCO FRANCO[1]

La Iglesia española, que durante los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición intenta desprenderse a toda costa de su imagen negra de colaboradora de la dictadura, siente, desde hace años, la tentación cada vez más incontrolada de iniciar una retrotransición, para volver a su punto de partida nacionalcatólico. Las mayores movilizaciones durante décadas las ha conseguido en los cuatro últimos años, contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Después del triunfo de Zapatero en las elecciones de 2004, mediada la legislatura, la revista Ecclesia, de la Conferencia Episcopal, hace esta afirmación: «Desde hace más de un año, España es en el Vaticano el problema número uno» entre los países occidentales[2]. «Media docena de cardenales de la Curia lo han hecho notar vigorosamente, tanto en Roma como en visitas a España, por lo que no se puede afirmar que la situación es de normalidad democrática», añade Ecclesia. Rodríguez Zapatero, para quitarse de encima la machacona consigna de que es un laicista radical y poco menos que un comecuras, se pasa de rosca. Y María Teresa Fernández de la Vega está a punto de comprarse un apartamento en Roma con vistas a la plaza de San Pedro, para no perderse ningún espectáculo papal.

Durante su primera campaña electoral, Rodríguez Zapatero dice: «La Iglesia debe cumplir su compromiso de autofinanciarse». Pero le ha aumentado la dotación de dinero público. El presidente del Gobierno socialista también ha seguido soltando euros de todos para subvencionar al cien por cien el pacto educativo sellado con la enseñanza concertada religiosa. Además de renunciar a ampliar la legislación sobre el aborto y a abordar la eutanasia, ha mantenido la asignatura de Religión en la escuela —como oferta obligatoria, aunque sin computar a los efectos de la nota final— y ha estabilizado laboralmente, a cargo de las arcas del Estado, a los quince mil profesores de la asignatura, ocho mil de ellos en la escuela pública, que la jerarquía eclesiástica selecciona y despide a su libre albedrío, guiada por criterios tan extravagantes para la moral civil como «vivir en pecado» o divorciarse. Si José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega son «laicistas radicales», en el mejor de los casos, están afectados por el síndrome de Estocolmo.

En noviembre de 2005, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, viaja a Roma para entrevistarse con el secretario de Estado vaticano, Angelo Sodano. La visita es considerada por la Curia como un gesto de debilidad frente a la Conferencia Episcopal Española. De la Vega pretende exponerle a Sodano, sin el «filtro» de los obispos locales, las intenciones de su Gobierno y dejarle sobre la mesa un informe sobre el tono informativo de la cadena Cope.

Y es José Luis Rodríguez Zapatero quien, en junio de 2008, con ocasión de la cumbre de la FAO, después de entrevistarse en Roma con el cardenal Tarsicio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, niega públicamente este encuentro, dando, de nuevo, una gran sensación de debilidad. La del culpable pillado en renuncio. Cobardía y mentira. Oficialmente, la Moncloa, en un comunicado, mantiene el estilo «zapatero» y niega que el presidente de Gobierno haya mantenido «reunión alguna con Bertone».

El Vaticano, más taimado, a través de su portavoz, Federico Lombardi, afirma que no se ha producido «un encuentro significativo». El propio embajador español ante la Santa Sede, el submarino católico Francisco Vázquez, declara solemnemente[3]: «Desmiento que hubiera una entrevista. Ni estaba programada ni se produjo. Yo no sé siquiera si se saludaron. No estaba ese día. Pero estuve con el presidente el día anterior y sé que no se programó ninguna reunión. Lo desmiento tajantemente. Es poco diplomático pero lo digo así». ¿Diplomático?: ése es el oficio de Gonzalo Puente Ojea, no el del beato de La Coruña.

Poco después, el 1 de agosto de ese mismo año, Rodríguez Zapatero se entrevista oficialmente con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Rouco Varela, en el Palacio de la Moncloa, para buscar más puntos de acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno, de cara a la próxima visita de Benedicto XVI a España en 2011. Después de que la Iglesia haya conseguido la financiación que exigía y de desnaturalizar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sólo falta que Jiménez Losantos se haga compadre de la vicepresidenta del Gobierno. En una larga entrevista que le hace el director de El País, Javier Moreno, para el suplemento «Domingo» del diario, Rodríguez Zapatero afirma: «Siempre me he declarado agnóstico; pero, como demócrata, sé lo que es un Estado de derecho, y mi obligación y mis principios son defender que todo el mundo pueda tener y practicar sus ideas religiosas».

«Las críticas de los obispos, frecuentes en esta legislatura —hasta con manifestaciones en la calle—, pueden dar la impresión de que el Gobierno les ha tratado mal. Nada más lejos de la realidad», escribe Juan G. Bedoya en El País[4]. «El cardenal Antonio María Rouco tiene la impresión de que Aznar no cedió a los deseos episcopales porque pensaba que tratar bien a la Iglesia católica “restaba votos”. El presidente Rodríguez Zapatero parece pensar lo contrario. Desde que llegó al Gobierno, se ha esforzado en demostrar sintonía con el episcopado, de manera especial a través de su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Nunca había viajado tanto a Roma un vicepresidente del Gobierno español para ver al Papa o para despachar con el secretario de Estado vaticano. No lo hizo Fernando Abril (UCD), tampoco Alfonso Guerra (PSOE), ni siquiera Francisco Álvarez Cascos o Mariano Rajoy (PP). De la Vega ha estado allí hasta para la toma de posesión de nuevos cardenales». El gran descubrimiento de Felipe González al llegar al Gobierno fue la Guardia Civil. El de Zapatero y Fernández de la Vega, la Curia vaticana.

Sin embargo, los obispos no paran de salir a la calle airadamente. Dieciocho de ellos participan en la manifestación contra el matrimonio homosexual que se celebra el 18 de junio de 2005. Y otra media docena de prelados desfila también, el 12 de noviembre de ese año, en la marcha contra la reforma educativa. Y luego vendrán más concentraciones contra los distintos aspectos del «laicismo radical». En su vida habían paseado tanto los prebostes de la Conferencia Episcopal.

«La izquierda española actual nunca ha entendido por qué el movimiento obrero y la historia cultural, pedagógica y política de la izquierda eran anticlericales», afirma Jordi Serrano i Blanquer, director de la Fundació Ferrer i Guardia[5]. «Creemos que en los últimos meses bastante gente ha empezado a entender retrospectivamente que aquellos pobres obreros de los siglos XIX y XX que no habían podido estudiar, probablemente tenían razón. ¿Qué sabían aquellos jóvenes que no sabemos ahora? (La gallina ciega, Max Aub). Seguramente que sólo la Iglesia puede nuclear una potente extrema derecha en España. Cuando oímos clamar a la Conferencia Episcopal contra los excesos laicistas del Gobierno de Rodríguez Zapatero, empezamos a intuir que la reacción que tuvo durante la República era igualmente desproporcionada. ¿Dónde está el laicismo radical de Zapatero?».

Buena parte de la jerarquía eclesiástica española es más ratzingeriana que el propio Benedicto XVI, y en lugar de adecuarse a los tiempos, se ha lanzado a una contraofensiva ideológica intransigente que está ahondando aún más el foso entre los sectores militantes ultracatólicos y la amplia masa de supuestos creyentes que sólo lo son por haber sido bautizados de oficio y por tradición cultural.

Bautizados sin dios

«Muchos bautizados desconocen totalmente a Dios», reconocen los propios obispos españoles. Lo hacen en un mensaje difundido, el 11 de mayo de 2008, con motivo de la festividad de Pentecostés y en el Día del Apostolado Seglar, que ese año coinciden. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, emite el mensaje «Laicos cristianos: sal y luz del mundo». Los prelados destacan en este documento, entre las causas de que todos los que han pasado por la pila del bautismo no progresen adecuadamente en su formación espiritual, «la ruptura en la cadena de transmisión de la fe dentro de la familia» y «los sucesivos procesos de secularización que está padeciendo la sociedad».

La Conferencia Episcopal asegura que el 90 por 100 de los españoles son católicos. En 2007, el CIS rebaja estas cifras al 76 por 100. Matemáticas y religión nunca han ido de la mano en España. Pero si se pregunta a los ciudadanos de este país si son religiosos, sólo afirman que lo son un 41 por 100 (se sitúan entre el 0 y el 4 en una escala de 10), por lo que se puede deducir que muchos españoles —un 35 por 100— que se califican como católicos porque los bautizaron sin preguntarles, en realidad se consideran no religiosos. En la encuesta del CIS, sólo se declaran católicos practicantes un 26 por 100 y van a misa regularmente menos de la mitad de éstos, un 12 por 100. En 1974 la cifra de católicos practicantes era del 79 por 100.

Entre los jóvenes, las cifran son especialmente duras para la Conferencia Episcopal. Según la Fundación Santa María, sólo un 49 por 100 de ellos se declara católico. Practicantes, menos del 10 por 100, y que asistan semanalmente a misa, no llega al 4 por 100. España está dejando de ser católica. De las 211 818 bodas celebradas en 2006 en España, el 44,2 por 100 fueron civiles, según datos del Instituto Nacional de Estadística, cuando en 2000 el porcentaje era sólo del 24 por 100. Si a estos enlaces sumamos el número de parejas de hecho, registradas o no, queda claro que las uniones que escapan del control de la Iglesia católica son ya mayoría en la sociedad. Además, los españoles cada vez se casan menos. Y va aumentando el número de hijos nacidos fuera del matrimonio. En 2005 fueron el 26 por 100 del total: 123 938 niños. El porcentaje sube cada año.

Estas cifras no tienen nada que ver con los datos de la España franquista y nacionalcatólica que Rouco y los suyos toman como referencia, la de aquellos tiempos en los que la Iglesia no reclamaba ningún tipo de libertad. Entonces, el modelo de familia que ahora se reivindica en la plaza de Colón era obligatorio para todo el mundo: sólo se reconocían los matrimonios eclesiásticos. Las uniones civiles se consideraban subsidiarias y, para celebrarlas, había que demostrar que los contrayentes no eran católicos. Los bautizados debían pasar por una declaración de apostasía de la fe —complicada y mal vista— para que les dejaran celebrar su enlace en el juzgado.

El rotundo apoyo de Ratzinger a las algaradas de los obispos españoles les estimula a perseverar por ese camino. En noviembre de 2007, la Conferencia Episcopal Española está de fiesta: recupera el tercer puesto mundial en número de cardenales, tras Italia y EE. UU. El arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, y el de Valencia, García Gasco, son proclamados cardenales en la última promoción de prelados. Se les une el rector emérito de la Pontificia Universidad Gregoriana, el jesuita Urbano Navarrete, de casi noventa años, para completar una nómina española —tres púrpuras juntas— que no se daba desde hacía siglos. Es una prueba de la cercanía del Papa al episcopado español y de su satisfacción por el resultado del viaje que hizo a Valencia en julio de 2006, con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias. Su anfitrión en esa cita fue precisamente monseñor García Gasco, uno de los principales representantes del ala más derechista y ratzingeriana de la Conferencia Episcopal. En marzo de 2008, y con una lógica aplastante, dentro de la CEE, en el nuevo equipo de Rouco, que inicia su tercer mandato, es designado presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que es como se rebautizó, en 1965, el Santo Oficio de la Inquisición para que resultara menos inquietante. Esta temida Comisión es la encargada de velar por la ortodoxia de la doctrina católica y vigila «que lo que se diga en la Iglesia, de palabra o por escrito, sobre el Evangelio responda a la verdad tal y como la entiende la Iglesia». García Gasco mantiene una línea pública de constante crítica al Gobierno y a su supuesta «ofensiva laicista». A Martínez Sistach se le considera moderadamente progresista en cuestiones sociales, nacionalista catalán de derechas y un intransigente conservador en temas de moral católica como el sexo y la familia.

La delegación española que viaja a Roma está encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, e incluye a los presidentes autonómicos de Cataluña, José Montilla, y de Valencia, Francisco Camps. Tampoco se pierde la cita la alcaldesa de la ciudad del Turia, Rita Barberá.

La Iglesia española adelgazaba durante los últimos tiempos en Roma. En abril de 2007, con la aceptación del Papa de la renuncia presentada por el camarlengo Martínez Somalo, y tan sólo unos días antes, la del cardenal Julián Herranz Casado, de la prelatura del Opus Dei, al haber superado desde hacía tiempo los setenta y cinco años de edad reglamentaria, la CEE perdía a sus dos representantes en la Curia. A eso se había sumado la sustitución, el año 2006, del portavoz papal, Navarro Valls, también miembro del Opus. Ahora, los cardenales españoles pasan a ser diez, de los que seis son electores en un posible cónclave, al ser menores de ochenta años, tal como establece la normativa vaticana.

Mientras tanto, Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 2005 y 2008, continúa siendo obispo prelado, no asciende ni a cardenal ni a arzobispo, lo que da idea clara de cuáles son las preferencias del Papa.

Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, preside la Conferencia Episcopal, en sustitución de Rouco Varela, que había permanecido dos mandatos seguidos de tres años al frente y, en 2008, vuelve a sucederle en el cargo. Es más moderado que Rouco, pero durante ese período es precisamente cuando arrecia la campaña ultraclerical, con el arzobispo de Madrid encabezando la oposición. En marzo de 2005, cuando Blázquez es elegido presidente de la Conferencia Episcopal por sólo tres votos de diferencia respecto al cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, se considera que la suya va a ser una presidencia de transición, como así ocurre. Pero durante su mandato, la Iglesia consigue apuntalar muchos de sus históricos privilegios, como la financiación del clero a cargo del dinero público. El equipo que forma con Cañizares, que es el encargado de negociar con María Teresa Fernández de la Vega, funciona. La vicepresidenta de Gobierno y el nuevo embajador español en la Santa Sede se convierten en los principales valedores de las cesiones a la Iglesia.

Alto y claro

Antonio María Rouco Varela nace en el seno de una familia humilde, en Villalba (Lugo), estudia con una beca y se ordena sacerdote a los veintitrés años. El derecho canónico y el conservadurismo teológico le distancian de la calle, pero le elevan a las alturas de la Conferencia Episcopal y le permiten mantener hilo directo con Juan Pablo II. Y ahora, con Benedicto XVI. Obispo de Santiago de Compostela durante dieciocho años, es arzobispo de Madrid desde 1994 y cardenal desde enero de 1998.

Cuando resulta elegido presidente de la Conferencia Episcopal por primera vez, el 2 de marzo de 1999, una de las primeras felicitaciones que recibe es la de Manuel Fraga, nacido en la misma localidad que él. La estrategia política de Rouco coincide en muchos puntos con la del PP. «Su habilidad para nadar entre dos aguas, no el milagro de andar sobre ellas, fue uno de los argumentos utilizados por quienes afirmaban que su política eclesiástica madrileña la dictaba su paisano Fraga Iribarne, primero, y otro gallego, Rajoy, después, éste por delegación», escribe el sacerdote Ramón Casado[6]. «Más fuerza tenían quienes decían que monseñor se puso al pie de los caballos norteamericanos para favorecer la cruzada contra el infiel iraquí, percibiendo millones de denarios dorados a cambio. El papable mostró su lealtad al Imperio sin decir esta boca es mía, a pesar de que el Papa finado condenó la guerra promovida contra las armas de destrucción masiva que no existían. Incluso así, digamos que monseñor Rouco sabe bien que quien más armas tiene para destruir masivamente el planeta es el pagador yanqui, que colma sus cuentas corrientes».

Rouco promueve y convoca, al alimón con el partido derechista, entre otras manifestaciones, la concentración homofóbica del 18 de junio de 2005, con la cobertura de las asociaciones de padres católicos. En el episcopado español, Rouco lidera la «nueva cristiandad». Advierte de que, si a la Iglesia no le reconocen su esencia cultural en el mundo, el monstruo de la modernidad engullirá la moralidad pública. En su radio, Rouco amenaza a las direcciones del PNV y de CiU: deberán borrar el adjetivo «cristiano» de sus estatutos si votan a favor del aborto.

Presidente de la CEE desde 1999 a 2005, no puede repetir porque, al presentarse a la reelección por segunda vez, necesita dos tercios de los votos, mientras a su sucesor, Blázquez, sólo le hace falta mayoría simple. Pero Rouco vuelve al frente de la Conferencia Episcopal el 4 de marzo de 2008. Recupera su cargo en una apretada elección, por dos votos de diferencia. La mayoría conservadora del episcopado español le permite presidir a los prelados por tercera vez. Los obispos deciden finalmente huir de toda componenda y vuelven a demostrar quién manda en la Iglesia española.

En Munich, Rouco fue alumno de Teología con Joseph Ratzinger y desde allí le viene su sintonía con el actual Papa. Es miembro de dos congregaciones de la Curia, la del clero y la de los obispos. Él se encarga de capitanear el definitivo giro hacia la extrema derecha de la Conferencia Episcopal, que ya se había iniciado con Suquía. Afirma que España es hoy un «país de misión» en situación «martirial».

El cardenal Rouco no ha dudado en poner la archidiócesis de Madrid a la cabeza de las manifestaciones contra la nueva Ley de Educación (LOE), calificada como un «calvario» para la Iglesia. También se ha empeñado en cerrar la parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas (Madrid), cuyos sacerdotes se dedican, desde hace muchos años, a tratar de sacar de la calle a los hijos de las familias más pobres y desatendidas social y humanamente. Esta experiencia se inició en 1981, con el apoyo del obispo Alberto Iniesta, cuando era arzobispo de Madrid monseñor Tarancón. La parroquia es el centro de reunión de «Madres contra la Droga».

La devoción de Rouco por la defensa de la involución eclesiástica de la era Ratzinger es tanta que monseñor no titubea siquiera a la hora de dar un rapapolvo al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, del PP, con motivo de la celebración de matrimonios gays en el ayuntamiento de la capital.

Tras situarse por tercera vez al frente de la cúpula eclesial española, el cardenal Rouco decide censurar un libro sobre sí mismo que había dictado al periodista José María Zavala cuando estaba en la oposición episcopal. En él se vierte con toda claridad su ideario sobre los temas sociales más candentes, además de su argumentario teológico. Por orden suya, la Cope y todas las librerías católicas vetan Alto y claro. Conversaciones con Rouco Varela.

Las entrevistas para elaborar el libro se realizaron los días 12 de julio, 1 de agosto, 31 de octubre y 21 de diciembre de 2007; y la última tuvo lugar el 7 de enero de 2008, muy poco antes de las últimas elecciones para renovar los cargos de la Conferencia Episcopal. El autor, que dedica el libro a Gema Galgani[7], «mujer santa», recuerda que el tercer encuentro entre protagonista y entrevistador, en la «casa» del cardenal, en el Madrid de los Austrias, se produjo recién llegado el cardenal Rouco de Roma, donde Benedicto XVI había beatificado, días antes, a 498 «mártires de la Guerra Civil española».

Los «mártires», la Cope, el papel de la mujer en la sociedad, la República, los curas pederastas y la financiación de la Iglesia son algunos de los temas tratados en el libro. Por ejemplo, en relación con los anticonceptivos, monseñor Rouco opina: «La Iglesia afirma, desde la encíclica Humanae vitae de Pablo VI, que el acto del encuentro del hombre y de la mujer en un matrimonio debe estar abierto a la vida. Por lo tanto, tiene que estar libre de manipulaciones mecánicas o químicas que impidan la culminación de ese fin». Y sobre el vicario de San Pedro en la Tierra, dice: «El Papa es infalible siempre. Desde que el Señor confió a Pedro las llaves de la Iglesia. Por lo tanto, cuando el Papa habla como pastor de la Iglesia universal en cuestiones relacionadas con la fe recibida, con la verdad de Dios, del hombre y de la vida que provienen de Él, naturalmente no engaña ni puede engañar». Tampoco se olvida de señalar de dónde viene el mal: «En toda la historia del Nuevo Testamento, Satanás juega un papel importantísimo. Sigue siendo hoy el gran enemigo del proyecto de Cristo». Y además, explica cuál fue el origen de la Guerra Civil: «La Constitución española de 1931 discriminaba a la Iglesia católica e incluso la perseguía. Y eso era, sin duda, reflejo de lo que estaba pasando y causa de lo que luego ocurrió».

La familia y uno más

Durante los últimos meses la familia de monseñor Rouco ha salido a relucir, muy a su pesar, por dos motivos completamente diferentes. En mayo de 2008, Magdalena Rouco, sobrina carnal del presidente de la Conferencia Episcopal, aparece en la portada de la revista Interviú[8] y protagoniza un amplio reportaje en sus páginas interiores. El titular no ofrece dudas sobre el distanciamiento que existe entre monseñor Rouco y su sobrina: «Me desnudo para desnudar la hipocresía de mi tío». Desde la muerte de su padre, José Eulogio Rouco, hermano mayor del arzobispo de Madrid, Magdalena no mantiene ninguna relación con el prelado, que no asistió al entierro. «A través de mi tío he descubierto la hipocresía de la Iglesia, que predica una cosa y hace la contraria. He descubierto que sólo le interesa el poder. Cuando le reeligieron presidente de la Conferencia Episcopal, no me lo podía creer. Los católicos no se merecen una persona así», declara Magdalena Rouco a la revista.

Mucho mejor trato tiene el cardenal, en cambio, con otro de sus sobrinos, Alfonso Carrasco Rouco, el nuevo obispo de Lugo. La Conferencia Episcopal anuncia su nombramiento el 31 de noviembre de 2007[9]. Su ascenso en el escalafón eclesiástico es decisión del papa Benedicto XVI, pero nadie duda de que Carrasco Rouco ha sido promovido al cargo por el cardenal arzobispo de Madrid, que es miembro de la poderosa congregación encargada en Roma de elegir a los prelados para todo el orbe católico.

Hacía tiempo que se rumoreaba en los ambientes eclesiásticos que Carrasco Rouco sería obispo muy pronto, pese a su parentesco con el cardenal. Los que se mostraban más críticos con el asunto, esperaban que se frenase la decisión ante el riesgo de que la designación del nuevo obispo fuese tachada de nepotismo, un serio baldón de la Iglesia de Roma en el pasado. El reciente nombramiento del jesuita Juan Antonio Martínez Camino como prelado auxiliar en la archidiócesis de Madrid, también obra de Rouco pese a la resistencia de la Compañía de Jesús, parecía haber colmado momentáneamente la capacidad de Rouco Varela de colocar a sus peones. Con el nombramiento de su sobrino, largamente esperado y aplazado, el cardenal deja patente de nuevo su gran influencia en la corte vaticana del papa Ratzinger.

Mientras tanto, Martínez Camino se asienta en su nuevo puesto, como sustituto del prelado Eugenio Romero Pose, recientemente fallecido. Tras su nombramiento, dice en una rueda de prensa: «Sólo me debo al Santo Padre». Y a Rouco, está claro. Porque la elección de auxiliares es atributo exclusivo del obispo residencial. Y, de hecho, el recién nombrado se convierte en auxiliar de quien lo elige. Aunque, lógicamente, el Papa lo refrende. En la relación entre monseñor Rouco y su obispo auxiliar, Juan Antonio Martínez Camino, algunos medios han visto una reedición, a escala local, del tándem formado en el Vaticano por Benedicto XVI y el secretario papal Georg Genswein[10].

El pequeño Ratzinger y el Obispo Auxiliar

Antonio Cañizares es cardenal primado de España y arzobispo de Toledo desde 2002. Pierde la presidencia ante Blázquez por sólo tres votos en 2005. Le gusta provocar la polémica, pero es un político avezado y demuestra ser, además, un eficaz negociador. Más papista que el Papa, el «pequeño Ratzinger» comenzó su trayectoria en el campo de la docencia, pero ya lleva muchos años en el aparato de la Conferencia Episcopal. Se le considera cercano a los movimientos eclesiásticos más derechistas, como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei. Durante un tiempo es el obispo que, con mayor profusión, dedica sus alabanzas al trabajo de Jiménez Losantos en la Cope. Con su reciente nombramiento como presidente del Dicasterio de Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, se convierte en «ministro» de Su Santidad y hombre clave de la Conferencia Episcopal Española en el Vaticano. El cometido de monseñor Cañizares será velar, en todo el mundo católico, por la liturgia y la celebración de los sacramentos, una misión de gran relevancia en el pontificado del papa Ratzinger. Cañizares y Benedicto XVI se conocen desde hace muchos años y comparten la misma visión de la Iglesia y de la sociedad. El cardenal primado apunta a tomar el relevo de Rouco, en su misma línea de intransigencia, cuando éste abandone definitivamente la presidencia de la CEE. Cañizares se lo debe todo a Rouco, desde la mitra hasta sus sucesivos ascensos y, al menos hasta hace poco, ha existido entre ellos una gran sintonía. La terna ultra que ha marcado el compás del episcopado español durante los últimos tiempos ha sido la formada por «los tres antonios»: Antonio María Rouco, Antonio Cañizares y Juan Antonio Martínez Camino. Cañizares se puede convertir en el policía bueno que obtiene todo lo que pide sólo invocando la presencia alternativa del policía malo. María Teresa Fernández de la Vega lo sabe muy bien.

Juan Antonio Martínez Camino (1953, Santa Cruz de Marcenado, Asturias) resulta elegido secretario general de la Conferencia Episcopal en 2003 cuando ejercía como catedrático de Teología Dogmática de la Facultad San Dámaso de Madrid. Durante el mandato de Blázquez, lo puentea y continúa teniendo más hilo directo con su valedor Rouco Varela. Se convierte en la cara visible de la Iglesia más ultra.

Este clérigo tremendamente conservador y ambicioso entra en la Compañía de Jesús en 1976 y recibe la ordenación sacerdotal cuatro años más tarde. Es doctor en Teología por la universidad alemana de Frankfurt y licenciado en Filosofía y Letras. Tras desempeñar varios cargos dentro de la Compañía de Jesús, llega a la CEE como director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio de la Inquisición, cargo que ocupa entre 1993 y 2001. Además, ha sido colaborador de la Cope, en el apartado de programación religiosa, por lo que conoce bien el funcionamiento de la cadena episcopal. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista Communio, en la que se agrupan los teólogos ratzingerianos.

En enero de 2008 se convierte en el primer jesuita español que llega a obispo con mando en plaza. Setenta prelados asisten a su consagración. A partir de ese momento será obispo auxiliar de Madrid, bajo el manto protector de su íntimo amigo Rouco Varela.

Los jesuitas, opuestos a este nombramiento, se ven obligados a ceder, tan a regañadientes como cuando el nuevo obispo asumió el cargo de portavoz episcopal en 2003. A cambio, la orden espanta el peligro de que el valido de Rouco llegue a la Curia romana para dirigir los asuntos de enseñanza, como secretario de la Congregación para la Educación en Roma. Martínez Camino vive desde hace tiempo al margen de la Compañía de Jesús.

Así, el nuevo obispo auxiliar asciende en el escalafón de la Iglesia, pero, de momento, se mantiene lejos de Roma y de sus pretensiones de convertirse en el nuevo hombre de la Conferencia Episcopal Española en el Vaticano. Su inagotable ambición puede abrir grietas en la profunda y entrañable amistad que mantiene con Rouco.

Sotanas en la calle

La Conferencia Episcopal reclama su derecho a participar en la vida política y el resultado es la controvertida instrucción pastoral que hace pública a finales de 2006 con el título «Observaciones morales ante la situación actual de España». En este documento, los prelados entran de lleno en cuestiones como las relaciones entre la Iglesia y el Estado o la «unidad de España». De nuevo, vuelven a reclamar el legítimo derecho de todo ciudadano para opinar sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana, pero, como es habitual, rechazan que se les critique como activistas políticos que no tienen superioridad moral sobre nadie. Ni siquiera la surrealista infalibilidad del Papa es de obligatoria creencia para los que no somos católicos.

Según los prelados, casi todo va mal en España: se radicaliza el laicismo contra la Iglesia, se reabren «viejas heridas de la Guerra Civil» por culpa de quienes utilizan «selectivamente» la llamada «Memoria Histórica», y se promueven políticas poco responsables frente al terrorismo o el nacionalismo. La Instrucción Pastoral, décima de la Conferencia Episcopal Española, se termina de redactar precipitadamente y queda aprobada con 63 votos a favor, seis en contra, tres abstenciones, un voto nulo y siete obispos en activo ausentes. Así está el paño.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica responde a la pastoral de los obispos y les reclama que pidan «perdón pública y notoriamente» por haber apoyado el golpe militar de 1936 y la terrible represión posterior de la dictadura franquista, con fusilamientos, cárceles y campos de concentración bendecidos por las autoridades eclesiásticas. «No se puede acusar al movimiento por la recuperación de la memoria histórica de reabrir viejas heridas, porque esas heridas ni son viejas ni han podido cerrarse», señala el comunicado. «Desde una actitud cristiana, la Conferencia Episcopal debería reclamar verdad y justicia, además de una sepultura digna para los miles de hombres y mujeres que todavía permanecen en fosas comunes».

El 14 de junio de 2006 se presenta en rueda de prensa el colectivo Redes Cristianas: 147 grupos, comunidades y movimientos católicos de base del Estado español constituyen esta plataforma. Pretenden ser una voz crítica y alternativa y se coordinan para dar una respuesta conjunta en favor de la transformación democrática de la Iglesia y de la sociedad. Seis meses después, el 12 de diciembre, hacen público un comunicado en el que analizan la instrucción de la Conferencia Episcopal «Orientaciones morales ante la situación actual en España»: «Apreciamos el interés de nuestros obispos por la reconciliación y la distensión en la convivencia, para evitar caer en enfrentamientos. Sin embargo, hablan del “régimen político anterior” al restablecimiento de la democracia sin denominarlo de ninguna forma. Faltan buenas dosis de autocrítica para reconocer la colaboración de buena parte de la jerarquía de la Iglesia con el régimen franquista».

«Además, al situar lo que ellos denominan “ley natural” (sin especificar sus contenidos) como fundamento universal de moralidad, que obliga a todos, lo que hacen es tratar de imponer a la sociedad unos criterios éticos —los suyos— no compartidos en todo o en parte por el conjunto de la ciudadanía. Tampoco por buena parte de las personas católicas de nuestras comunidades. No parece que el episcopado haya superado la tentación de confesionalismo nacionalcatólico en la concepción del Estado, ni la del dogmatismo uniformizador en el interior de la Iglesia».

»Creen que lo que defienden es el pensamiento único de los católicos, negando así la realidad. Las personas católicas no tenemos un mismo pensamiento respecto a las formas de familia y de matrimonio, la igualdad de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, el divorcio, la sexualidad, las posibilidades de la investigación biogenética, la educación para la ciudadanía o la presencia de las religiones en la escuela».

La ofensiva de los prelados coincide con el congreso de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. El VIII Congreso Católicos y Vida Pública, impulsado por esta organización, se cierra en Madrid, el 19 de noviembre de 2006, con reiterados llamamientos a participar en política. «No se puede construir una sociedad quedándose en casa, hay que meterse en los múltiples campos que ofrece la sociedad civil en la democracia», proclama el presidente saliente de la Asociación, Alfonso Coronel de Palma. La AcdP participó muy activamente en la política durante la Segunda República y bajo la dictadura franquista —con ministros en todos sus gobiernos— y también en los primeros años de la Transición, cuando se renuevan los privilegios de la Iglesia católica, actualizando el Concordato de 1953.

La derecha clerical más dura se agrupa. A la sesión de clausura del Congreso asisten Jaime Mayor Oreja y José María Aznar, quien coordina una mesa de debate que tiene como principal orador al expresidente de la AcdP, Coronel de Palma, nuevo presidente de la cadena Cope por designación de los obispos. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, es el encargado de oficiar la ceremonia religiosa que constituye el acto central de la sesión de clausura.

Paralelamente, el mismo militante ultracatólico, monseñor Rouco Varela, que no descansa, se plantea «recristianizar» Madrid con técnicas que ya utilizan las sectas protestantes y los Testigos de Jehová. Llamando puerta a puerta. El 15 de noviembre de 2006 reúne en la plaza de Oriente, para no perder la costumbre, a más de seis mil jóvenes dispuestos a ser apóstoles de Cristo y misioneros de la fe. Y a lo largo de una solemne ceremonia, los «envía» a luchar contra la «mucha oscuridad espiritual que cubre el horizonte intelectual, cultural y humano» de la capital.

La operación para lograr la conversión y vuelta al camino de verdad y salvación de una ciudad tan pecaminosa como Madrid se llama «Misión Joven» y consta de tres etapas: la «premisión», que concluye el día del acto de la plaza de Oriente, la «misión» en sí misma, que comienza con el «envío» de los voluntarios, y la «posmisión», que se desarrolla en los años 2007 y 2008 y en la que se recogen y maduran los frutos obtenidos. La vista de Rouco está puesta en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Hasta el encuentro de Sidney no se anuncia oficialmente que la nueva jornada se va a celebrar en la capital, pero el cardenal de la diócesis madrileña ya lo sabe desde mucho antes: conserva hilo directo con Benedicto XVI, y el Papa tiene claro que hay que reforzar la ofensiva clerical en España.

Isabel y Fernando

En julio de 2006, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, anuncia que la autodeterminación lleva a perder la «identidad cristiana». Afirma que «si España se disgrega, si España se fragmenta, si España se deconstruye, tendrá que buscar otras raíces, otros fundamentos para esa construcción de la nueva España o de lo que sea». Y con insólito rigor científico, el prelado se permite dar una lección magistral de historia: «No es por otra razón que se pretende en este momento que los Reyes Católicos no aparezcan para nada y por eso también se pretende, por parte de alguna comunidad, que no se hable de las raíces cristianas de los primeros siglos, como si esa comunidad simplemente comenzase a existir a partir de la invasión musulmana: es el caso de Andalucía».

Para quienes no tienen una idea cabal de qué piensa la cúpula episcopal española de los Reyes Católicos, habría que recuperar algún texto de la Enciclopedia de Álvarez, especialmente recomendado por la Iglesia durante años, que contaba con el níhil óbstat de Serapius Orduña: «Era Fernando el Católico digno esposo de la mujer preclarísima con quien estaba unido. Cabalgaba muy bien a caballo, justaba sueltamente, y con tanta destreza, que ninguno en todos sus reinos lo hacía mejor. Era de buen entendimiento, pero no tenía aficiones literarias. Cristiano de fe profunda, valeroso y expertísimo capitán, previsor sagaz y prudente como político, consagró su vida entera al noble anhelo de engrandecer España, de hacerla nación próspera y respetada, y bien puede decirse que cumplidamente lo consiguió»[11]. Para que ahora vengan algunos a hacerle de menos.

En marzo de 2007, el obispo de Huesca, Jesús Sanz Montes, hace pública una carta pastoral en la que, bajo el título de «Los idus de marzo», vierte duras críticas contra el Gobierno socialista, anima a votar contra él y se alinea con la teoría conspirativa del 11-M: «Supongo que no pondrán más obstáculos para saber la verdad de la maraña confusa y confundida de otra matanza, el 11-M, cuya sospecha les mira».

Y en mayo de ese mismo año, los obispos se desmelenan: de cara a las elecciones autonómicas y municipales, recomiendan a los ciudadanos que voten a aquellos partidos políticos que valoran la religión —«especialmente la católica»— y defienden la vida, el matrimonio tradicional y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Pese a reconocer que ningún partido recoge «exhaustivamente» esos principios, los prelados advierten de que algunos los contradicen «portentosamente».

En ese aluvión de declaraciones, destacan las del arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, quien declara que partidos de ultraderecha, como Falange Española de las JONS, «son dignos de consideración y de apoyo». El caso de Sebastián ejemplifica la deriva montaraz de la Iglesia española. Él fue, durante muchos años, uno de los asesores de máxima confianza del cardenal Tarancón y uno de los artífices de la famosa homilía de los Jerónimos. Ahora está con las uñas afiladas, considera que la Iglesia católica se encuentra débil, atacada por la deserción silenciosa y el feroz laicismo público. Afortunadamente para él, aún hay partidos políticos que «quieren ser fieles a la doctrina social de la Iglesia en su totalidad, como, por ejemplo, Comunión Tradicionalista Católica, Alternativa Española, Tercio Católico de Acción Política o Falange Española de las JONS. Todos ellos son partidos poco tenidos en consideración. Tienen un valor testimonial que puede justificar un voto. No tienen muchas probabilidades de influir de manera efectiva en la vida política, aunque sí podrían llegar a entrar en alianzas importantes si consiguen el apoyo suficiente de los ciudadanos católicos. Por eso no pueden ser considerados como obligatorios pero sí son dignos de consideración y apoyo. Los grandes partidos, los que rigen la vida social y política, son todos ellos aconfesionales, algunos radicalmente laicos y claramente laicistas».

El arzobispo de Valencia, García Gasco, a quien se considera cercano al Opus Dei, advierte que «el ejercicio responsable del voto exige a los católicos y hombres de buena voluntad tener en cuenta la compatibilidad de las propuestas de los partidos con la fe y las exigencias de la vida cristiana». En la misma línea, el obispo de Tarazona, monseñor Demetrio Fernández, recuerda que el cristiano «debe dar su voto a quien presenta un programa coherente con su fe». Por su parte, los obispos madrileños, «en su misión de iluminar la conciencia de los fieles católicos y los hombres de buena voluntad», señalan que «el aborto, los métodos anticonceptivos abortivos y la eutanasia no pueden ser justificados nunca en pro de políticas sociales». Los prelados andaluces insisten en que, a la hora de emitir el voto, ha de sopesarse si los candidatos defienden la familia «formada por el matrimonio entendido como una unión estable entre un hombre y una mujer con apertura a la vida».

Los Hooligans de la fe

El 30 de diciembre de 2007 tiene lugar en la madrileña plaza de Colón una de las principales concentraciones de la batalla contra el «laicismo radical». A base de repetir el concepto, como hacía Goebbels, las «aviesas» intenciones del bendito Zapatero se las van creyendo hasta muchos de ellos. Los movimientos católicos más ultras arropan a Rouco y sus obispos en esta cita: Legionarios de Cristo, el Camino Neocatecumental (conocido como «los kikos»), Comunión y Liberación, los focolares, Comunidad de San Egidio, Renovación Carismática, los miembros de Acción Católica… Además de la jerarquía en pleno del catolicismo español y las organizaciones clásicas de la Iglesia romana en España: veinte mil sacerdotes con su corte parroquial correspondiente, un centenar de congregaciones religiosas o asociaciones educativas o de caridad y, por supuesto, el Opus Dei. Un verdadero ejército bien adiestrado y dispuesto para el combate por la verdad religiosa.

El objetivo de la jornada es la defensa de la familia cristiana, que los obispos creen gravemente amenazada por varias iniciativas legislativas del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Son los hooligans de la fe que comenzaron a organizarse durante el pontificado de Juan Pablo II y ahora se sienten reforzados en sus posiciones por el nuevo Papa. Rouco ha conseguido juntar a todos los líderes carismáticos de estos movimientos católicos ultraderechistas: en el acto participan[12] Andrea Ricardi, fundador de la Comunidad de San Egidio; Julián Carrón, el español que ha sustituido dos años antes a Luigi Giussani al frente de Comunión y Liberación; José Gómez Argüello Witrz, más conocido como Kiko Argüello, el fundador del Camino Neocatecumenal; Manuel Sarracedo, por Renovación Carismática, y el presidente diocesano de Acción Católica, Francisco Ayuga. La fundadora del Movimiento de los Focolares, Chiara Lubich, que no ha podido viajar a Madrid por enfermedad, ofrece su mensaje por televisión.

El fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, acusado de pederastia y caído definitivamente en desgracia, se pierde la cita, para no dar tres cuartos al pregonero. Su sustituto al frente de la organización, el español Álvaro Corcuera, sí acude a la manifestación, pero se mantiene en un discreto segundo plano. Más de cuarenta obispos están presentes en el acto, para que no haya confusiones. Y la Cope, la cadena de la Conferencia Episcopal, se vuelca con el evento. Además, Benedicto XVI entra en directo desde Roma, como estrella rutilante del firmamento católico, para que a nadie se le escape que España no deja de estar en su punto de mira. Rouco asegura que la Iglesia no quiere imponer su modelo, pero pide que sea «comprendido y aceptado». Desde luego, a él y a los suyos nadie les impone que se casen o se divorcien, que aborten o no vayan a misa. José Bono no hace acto de presencia.

IU no compadece al Gobierno por ser el centro de las duras críticas de la manifestación clerical del 30 de diciembre. «Cría obispos y te sacarán los ojos», afirma irónicamente Gaspar Llamazares. Y añade que el Ejecutivo se ha comportado de forma «benevolente» con una jerarquía católica «ultramontana y más próxima al nacionalcatolicismo y al autoritarismo que al pluralismo moral. El PSOE ha intentado aplacar a los obispos y sólo ha conseguido enardecerlos más». El portavoz de la coalición recuerda que Zapatero no ha puesto en su lugar a la Iglesia y no le ha cortado el grifo de los privilegios.

El escritor José Manuel Caballero Bonald opina que las proclamas de los obispos son «un auténtico disparate»[13]. Y añade: «El Gobierno tendría que salir al paso de una forma seria y contundente, cosa que no ha hecho hasta ahora con otras manifestaciones de la Conferencia Episcopal; tendría que definirse de una forma radical. Este Gobierno no sólo ha sido económicamente generoso con la Iglesia, sino con otro tipo de actuaciones, cuando ha respondido con una actitud bastante pusilánime y entreguista, sin atreverse a tomar partido. Hace falta otra política con la Iglesia, y contundente».

Carlos García de Andoain, coordinador del grupo Cristianos Socialistas, invita a los católicos a que discrepen del «rumbo que está tomando la Iglesia», a «tomar posición». Y asegura que «la mayoría de los católicos, incluidos presbíteros, religiosos, laicos y parte de los obispos no comparten el espíritu de un acto realizado bajo el sesgo sectario y fundamentalista de algunos movimientos católicos». La corriente laica del PSOE, que tiene una de sus cabezas visibles en el diputado Álvaro Cuesta, va más lejos: es partidaria de denunciar el Concordato y de que la Iglesia se autofinancie. Los laicistas del partido en el Gobierno intentaron, sin el menor éxito, que prosperara su criterio cuando María Teresa Fernández de la Vega negoció con los obispos la fórmula de financiarse en parte a través del IRPF.

Destacados teólogos progresistas, como Juan José Tamayo y Enrique Miret Magdalena, integrantes de la Asociación Juan XXIII, constatan que «la Iglesia católica española está retrocediendo a etapas de cristiandad históricamente superadas y parece añorar el nacionalcatolicismo. No se pueden imponer las creencias, los modos de vida y las concepciones morales cristianas como normas de obligado cumplimiento a todos los ciudadanos».

El voto de la fe

Está claro que todo les parece poco a los prelados, y, menos de un mes después de la concentración en defensa de la familia de la plaza de Colón, vuelven a la carga. El 31 de enero de 2008, la Conferencia Episcopal publica una nota electoral criticando algunas leyes del Gobierno de Zapatero que considera «gravísimamente injustas y que deben ser cambiadas». El portavoz de los prelados, Juan Antonio Martínez Camino, recién consagrado obispo, señala, una vez más: «Los católicos deben votar a partidos y programas compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana». La «Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ante las elecciones generales de 2008» dice, textualmente, que los votantes deben tener en cuenta «el aprecio que cada partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida». Además, entra en cuestiones estrictamente políticas, como la negociación con ETA: «Una sociedad libre y justa no puede tener a una organización terrorista como interlocutor político».

Tras las manifestaciones celebradas en la madrileña plaza de Colón por todos los motivos imaginables, durante los cuatro años del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, la cúpula episcopal se lanza directamente a la arena política en pleno período electoral y muerde la mano que le da de comer. A pesar de las cesiones del presidente socialista, piden abiertamente el voto en las elecciones legislativas de 2008 para los que de forma más tradicional les representan, para quienes, a diferencia de los conversos, siempre han comulgado con sus creencias, ritos y ceremonias. Las consignas pastorales se suceden en tono beligerante. La nota emitida por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, formada por 18 obispos, «desprecia su condición de parte que actúa en función de los Acuerdos Internacionales entre el Estado español y la Santa Sede, y se pone por solideo las normas, internacionalmente admitidas, sobre el derecho de los Tratados (Viena, 23 de mayo de 1969)», escribe el magistrado José Antonio Martín Pallín[14].

Los obispos, con su peculiar soniquete, sugieren que su nota sólo pretende meditar, de nuevo, sobre la Instrucción Pastoral aprobada el 23 de noviembre de 2006 por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal bajo el título «Orientaciones morales ante la situación de España». «Pero lo cierto es que, vulnerando de forma explícita su posición en el marco de los acuerdos jurídicos con el Estado español, han abandonado su condición de parte institucional para expresarse como beligerantes ciudadanos implicados hasta el cuello de la sotana en la contienda electoral», continúa Martín Pallín. «La trampa es muy burda: conservan intacta su condición de parte contratante de un Tratado Internacional y, al mismo tiempo, se disfrazan de su condición de españoles para disparar contra los programas de determinados partidos políticos».

La celebración del Corpus, en mayo de 2008, es aprovechada por los cardenales Rouco y Cañizares para denunciar que en España «no hay libertad religiosa» y que se quiere «declarar la muerte de Dios». Antonio Cañizares, siente que su iglesia soporta «insultos, ofensas y agravios». El cardenal primado se muestra indignado porque, el día anterior al de la procesión del Corpus, ha habido una representación teatral por las calles de Toledo en la que, según el beligerante prelado, íntimo amigo de José Bono y Eduardo Zaplana, se han producido graves mofas a la Virgen. Se refiere a un pasacalles festivo de la compañía Morboria, contratado por el ayuntamiento de la ciudad. «Pedimos perdón por los que ayer ultrajaron el cuerpo de Cristo. Esta fiesta y lo que significa son más grandes que ese rebajamiento y ese tirarse por los suelos que supone tanto escarnio», afirma Cañizares, autor también de otra perla científica que no tiene desperdicio: «El laicismo excluyente intenta acabar con el patrimonio y los principios morales que caracterizan a Occidente, sustituyéndolos por la dictadura del relativismo». Ése es el ánimo con que las principales figuras del catolicismo español actúan en ese momento, tras despachar en Roma con Benedicto XVI y la Curia vaticana.

Las nuevas «dosis» episcopales llevan a Zapatero a pedir árnica al nuncio del Vaticano en Madrid, Manuel Monteiro de Castro. Se toman el «caldito» al que el nuncio le había invitado tiempo atrás, cenan juntos y dan un repaso a las últimas desavenencias entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española. Pero eso de saltarse el conducto reglamentario no siente nada bien en la jerarquía eclesiástica nacional, y es nuevamente el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, el que asume protagonismo para manifestar lo que piensan los prelados del ala dura: «Es una reunión poco propicia en tiempos de elecciones». Rápidamente intentan evitar que Zapatero coloque las relaciones Iglesia-Estado en el ámbito vaticano, a través de la nunciatura, y puedan sustraerlas, por tanto, al control efectivo de Rouco Varela. Pero con Benedicto XVI al mando de la nave, la jugada de Zapatero tiene pocas posibilidades de éxito. A lo máximo que puede aspirar es a que actúen con él de acuerdo con la vieja táctica de policía bueno-policía malo (la Inquisición, a cuyo frente estuvo el actual Papa, tiene acreditada experiencia en interrogatorios).

12. Micrófonos y trabucos

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MICRÓFONOS Y TRABUCOS

«Defiende a los frailes,

defiende los diezmos,

defiende señores,

defiende realengos,

defiende prebendas,

defiende abadengos,

defiende baldíos,

defiende mostrencos».

Copla popular decimonónica[1]

La batalla regeneracionista iniciada por la Conferencia Episcopal cuenta con una importante punta de lanza, su propia cadena de radio, la Cope, nutrida por una plantilla cuyas estrellas son locutores ultraderechistas como César Vidal o, sobre todo, Federico Jiménez Losantos, uno de los principales animadores de la «teoría de la conspiración», en relación con la matanza del 11-M. En sus manos, los micrófonos se convierten en un arma de guerra.

Pero los jueces están devolviendo a Federico Jiménez Losantos, en forma de sentencias condenatorias, el caudal de insultos, falacias y calumnias que este locutor a sueldo de los prelados viene vertiendo cada mañana en su programa radiofónico de la Cope. El incendiario periodista deberá indemnizar a José Antonio Zarzalejos a consecuencia de sus injurias, para resarcir «los daños morales por una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor» del exdirector del diario ABC. Losantos utilizó duras expresiones contra él cuando era máximo responsable del veterano periódico católico que, por cierto, mantiene una absoluta sintonía con la Conferencia Episcopal. La jueza María Asunción Ramírez define como «claramente ofensivas, innecesarias para la información que pretendía transmitir e inútilmente vejatorias» las expresiones y los insultos que Jiménez Losantos profirió contra Zarzalejos desde «La mañana», el programa estrella de la radio de los obispos. Por eso, el Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid le condena, en julio de 2008, a pagar cien mil euros al demandante.

La Conferencia Episcopal es propietaria del 50 por 100 de las acciones de la Cope. Y diferentes diócesis españolas poseen otro 20 por 100 de la cadena de radio. El actual presidente de la emisora es un hombre del cardenal Rouco, Alfonso Coronel de Palma, que viene de la presidencia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas Católicos (ACNP). Aunque hay un sector de los obispos molestos con el estilo Losantos, que es la seña de identidad de la cadena, el desaforado locutor tiene contrato hasta el año 2009 para seguir dejando constancia en las ondas de su enloquecida deriva ultraderechista. Durante los primeros años de la Transición, Federico Jiménez Losantos estuvo cercano a grupos comunistas situados a la izquierda del PCE y luego al propio PSUC, también mantuvo estrechos contactos con algunos de los fundadores del movimiento gay en Cataluña. Después se convertiría en feroz antimarxista, homofóbico y delirante propagador de las ideas derechistas más extremistas. Un atentado de la organización independentista Terra Lliure, que le disparó un tiro en una rodilla en 1981, le hizo abandonar Barcelona y afincarse en Madrid.

En la actualidad, Jiménez Losantos es, además de director y presentador del programa radiofónico «La Mañana», de la cadena Cope, columnista del diario El Mundo y copropietario, editor y colaborador del diario de la red Libertad Digital. También es director y presentador de «La hora de Federico», en Libertad Digital TV. «Lo que hace Jiménez Losantos no es periodismo», afirma Zarzalejos, después de darse a conocer la sentencia a su favor. Ni la emisora ni la Conferencia Episcopal Española quieren hacer declaraciones sobre el fallo. El propio Losantos asegura, desde los micrófonos de la Cope, que está dispuesto a mantenerse en la misma línea y va «a seguir dando guerra hasta el final». La letanía de insultos vertida contra el exdirector de ABC es amplia y variada. «Ridículo», «bobo», «avieso», «zote», «mentiroso», «traidor», «despojo intelectual», «cosa grotesca», «fracasado», son sólo algunos ejemplos. La sentencia deja claro que no fueron críticas «más o menos humorísticas», como alegó el locutor durante el juicio. Son, según el fallo, «insultos en el más estricto sentido de la expresión», «meras exteriorizaciones de sentimientos personales» que están «fuera del ámbito constitucionalmente protegido».

Es la segunda vez ese verano que Jiménez Losantos escucha una sentencia similar. A mediados de junio, el locutor había sido condenado a pagar una multa de 36 000 euros por faltar a la verdad, vejar e injuriar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, desde su espacio en la emisora de la Conferencia Episcopal. También entonces los prelados evitaron intervenir. Su única declaración pública fue la de que se comprometían a «seguir velando por el ideario de la cadena». La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, Inmaculada Iglesias, condena a Jiménez Losantos por decir que el alcalde de Madrid no quería investigar el 11-M y que le daban igual los muertos para llegar al poder, acusaciones que considera falsas. Es la primera sentencia judicial por injurias contra uno de los ideólogos de la «teoría de la conspiración». La jueza considera que las expresiones vertidas por Federico Jiménez Losantos en la Cope contra Alberto Ruiz Gallardón, en relación con el 11-M, «son tan claramente hirientes que no cabe duda alguna que pretendía vejar la imagen y dignidad del querellante de forma innecesaria y gratuita». Los testigos propuestos por el periodista —Esperanza Aguirre, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana— no son dudosos de haber perdido la sintonía con el clericalismo ultramontano de la cúpula eclesiástica, pero deciden «darse mus» en el asunto y sus declaraciones dejan a Jiménez Losantos con el culo al aire. Y eso que Aguirre, ocho meses antes, había intentado recabar el apoyo del propio Juan Carlos de Borbón para «rehabilitar» a Losantos. «Si es por ese precio, seguiré», anuncia el condenado.

Mientras le dejen seguir utilizando los micrófonos del clero, está dispuesto a seguir cosechando sentencias desfavorables. En 2007, Losantos fue condenado, junto a la Cope y Radio Popular, a pagar 60 000 euros a Josep-Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós, por vulnerar su derecho al honor, tras equiparar a ambos políticos con terroristas. Losantos dijo que ERC era «aliado» de ETA. En febrero de 2008 fue condenado de nuevo, esta vez a pagar 3000 euros por calificar de «terrorista» al magistrado Carlos Fanlo. Pendientes tiene las denuncias del doctor Luis Montes, que se ha querellado contra Jiménez Losantos por sus acusaciones en relación con supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa, ya desmentidas por la justicia, y también otra del Sindicato Unificado de Policía. Los sindicatos policiales SUP y SPP han presentado varias querellas contra el director de «La mañana» de la Cope por acusar a las Fuerzas del Estado de manipular pruebas en el 11-M para encubrir a los verdaderos autores de los atentados.

Sólo presencia evangelizadora

Los obispos no se dan oficialmente por enterados de estas sentencias y querellas contra su locutor estrella. El episcopado «no es competente para decidir si se rescinde un contrato o no», señala el portavoz de la CEE, Martínez Camino, en junio de 2008. «La Conferencia no toma decisiones empresariales». El recién nombrado obispo auxiliar de Madrid, gracias a las gestiones en el Vaticano de su buen amigo Rouco Varela, señala que los obispos «mantienen el compromiso de que la Cope realice los objetivos de todo medio de comunicación social, además del específico, previsto en el ideario, de ser presencia evangelizadora en el ámbito de la opinión pública». Controlan un imperio mediático que defiende al dictado hasta el menor de sus intereses, pero no quieren ser reconocidos como empresarios, sólo como altruistas pastores de almas. Ellos, aparentemente, no tienen nada que ver con estos problemas terrenales. Sólo hay que leer las declaraciones de monseñor Rouco Varela:

«La Iglesia dispone, en muchos países, de medios propios de comunicación para la información específicamente eclesial y pastoral. Entendida ésta con amplitud, desde la información y la formación de la doctrina central de la fe, que pasa por la vida sacramental y por la vida interna apostólica de servicio pastoral y social, hasta criterios éticos y morales para poder enjuiciar, apreciar y orientar la vida social y política. Por otra parte, la Iglesia ha dado un paso más favoreciendo el nacimiento de instituciones que incluso se sirven de formas y posiciones jurídicas civiles para aportar un elemento de especificidad cristiana, o por lo menos de pluralidad ideológica y doctrinal, al debate social que incluye, naturalmente, lo cultural y lo político»[2].

Además, no hay por qué alarmarse, según el cardenal Rouco, la Cope sólo es una emisora llevada por seglares que contribuye a la pluralidad informativa: «En España tenemos la Cope, fruto en cierta forma de esa cadena de periódicos católica con un soporte jurídico civil y conducida por seglares, de la que formó parte en su día El Debate, cerrado con la Guerra Civil, al que sucedió el Ya, cuya historia concluyó también tristemente. La Iglesia disponía de un grupo de emisoras diocesanas en la primera mitad del siglo XX. Más tarde, tras el cambio político, los obispos españoles decidieron desprenderse de ellas para que se constituyese una sociedad radiofónica de ideario católico con una presencia accionarial fuerte de la Conferencia Episcopal y de las distintas diócesis. Pero pensamos esta cadena como instrumento civil llevado por seglares, que brindase primero una posibilidad de información más rica sobre la vida interna de la Iglesia, ya que de lo contrario ésta no existiría, ni siquiera en otras empresas privadas de comunicación gestionadas por personas de buenas intenciones. Y, sobre todo, pensamos en la Cope para que constituyese un vínculo con la comunidad política y con el Estado. Una cadena de radio que contribuyese a la pluralidad informativa en una democracia que no se asusta de que existan posiciones distintas».

Jiménez Losantos se ceba también, de forma miserable, con Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo. Manjón le planta cara. Se querella contra él y también contra el prolífico «historiador» César Vidal —publica una docena de libros al año—, que disfruta de otro programa en la cadena de radio de los obispos. Manjón, que perdió a su hijo en los atentados de Atocha, afirma que no puede permitirse que, al amparo de la libertad de expresión, se refieran a ella en sus respectivos programas, «como una persona mentirosa, trastornada, que no está bien de la cabeza».

Tres meses antes de que se hiciera pública la condena contra Jiménez Losantos por el caso Gallardón, el abad de Montserrat, Josep María Soler, ya había revelado, durante una conferencia en el Fórum Europa en Barcelona, su disgusto con las «homilías» de este locutor en la radio episcopal[3]. «No quiero descalificar a la Cope en su conjunto, sino a algunos programas que, por un lado, son agresivos con Cataluña y, por otro, presentan imágenes de responsables de la Iglesia muy vinculados a un partido concreto». El abad, un clérigo de gran prestigio en Cataluña, como máximo responsable de la comunidad de Montserrat, señala que había «intentado hacer gestiones no solamente a nivel del Estado español, sino también a través de la Santa Sede», para cambiar la situación de la cadena, y añade que «hay otros obispos que también lo han hecho. ¿Por qué no se cambia? Para mí, es un misterio. Y más viendo la cantidad de gestiones que se están haciendo y que en ciertos niveles preocupa». No es para menos, Jiménez Losantos ha hecho deslenguados comentarios como éste: «El Gobierno sólo habla con terroristas, homosexuales y catalanes».

No es la primera vez que el abad de Montserrat critica veladamente a los principales locutores de la radio de los obispos. En agosto de 2006, Josep María Soler concedió una entrevista a El País en la que afirmaba: «En el tema de la Cope, que yo no escucho, he hecho algunas gestiones en el Vaticano y en la Nunciatura, y firmé un documento que se envió a la Conferencia Episcopal protestando por sus contenidos. Creo que es lamentable que los obispos no tengan el coraje de poner freno a la estrategia del envenenamiento de la sociedad que llevan a cabo los más destacados colaboradores de la emisora. En definitiva, la Conferencia Episcopal mantiene la Cope como está por una estrategia política y no eclesial. Me parece muy triste que no haya una mayoría de obispos que tengan el valor de poner fin a una situación que repugna y contradice abiertamente los valores del Evangelio y también los de la convivencia democrática».

Cofradías y prostíbulos

En la archidiócesis de Valencia, a cuyo frente se encuentra uno de los prelados más integristas de la Conferencia Episcopal Española, monseñor García-Gasco, hay sectores de la Iglesia que siguen amparando abiertamente el fascismo. El partido ultraderechista España 2000, conocido por formar parte del «movimiento antiinmigración» y por impulsar iniciativas como la organización de partidos de fútbol «sólo para españoles», comienza a expandir su ideario, a finales de 2006, a través de un programa de radio en la emisora católica de Valencia Radio Luz. España 2000 es una formación de tintes extremistas que mantiene una vinculación directa con el mundo de la prostitución mafiosa y los clubes de alterne, pero, al parecer, eso no entra en contradicción con el espíritu que anima a la emisora: «Ser fiel al Evangelio»[4].

La emisión del programa «Las cosas por su nombre» se inicia el 15 de septiembre, bajo la dirección de José Pilán y Samuel Azor, dos conocidos ultraderechistas vinculados a España 2000.

El punto de conexión entre la emisora y el partido ultraderechista es el propio director de Radio Luz, el reverendo Antonio Díaz Tortajada, amigo íntimo y estrecho colaborador de varios dirigentes de España 2000. Este clérigo es el director espiritual de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, cuyo presidente-hermano mayor, José Antonio Martín Martín, y su vicepresidenta, Ana Martín Martín, están afiliados al partido ultra y han formado parte de sus listas electorales.

Por otra parte, en octubre de 2007, pocos días antes de que el Vaticano eleve a los altares a 498 «mártires» de la Guerra Civil, y mientras la Conferencia Episcopal asegura que esta celebración no es ningún acto revanchista, el joven sacerdote Jorge Lólez Teulón, uno de los promotores del proceso de beatificación, arremete, desde las páginas de la revista Fuerza Nueva, contra quienes exigen la recuperación de la memoria histórica[5]. Aprovecha la entrevista a la carta que le hace el director de la publicación, Luis Fernández Villamea, un periodista de reconocida trayectoria ultraderechista: «Este Gobierno quiere rehacer una historia que sólo fue de una única manera. Que no se hable de recuperación de la memoria histórica, que se hable de reducción, de reinvención o de redefinición, según sus patrañas».

Y casi al mismo tiempo, para que no se libre nadie del olor a naftalina, el abad Anselmo Álvarez, cabeza visible de los 25 monjes benedictinos de clausura que gestionan la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se despacha a gusto en las páginas de El Mundo[6]: «Lo español y lo católico van unidos. España se sostiene en Dios». Y sin el menor miedo a mostrarse un poquito reiterativo, continúa: «La ciencia camina con la mística, ya que es un don de Dios. Con las células madre, muchos ansían robarle el fuego a Dios. Hay hombres que buscan una semejanza con Dios y Dios es un estorbo. Se ha roto lo básico para España: el respeto a la ley de Dios». Gracias a Dios. Además, por si alguien no lo sabía, el abad también afirma que el Valle de los Caídos fue construido por «trabajadores que, en su totalidad, eligieron libremente participar en las obras»[7].

Durante los años de la Transición, el fascismo de pistola al cinto cuenta en las grandes ciudades con personajes como Venancio Marcos, uno de los fundadores de los Guerrilleros de Cristo Rey, junto a Mariano Sánchez Covisa. El padre Marcos era un religioso oblato de María Inmaculada adscrito a la parroquia de la madrileña calle de Diego de León, en pleno barrio de Salamanca. Compatibilizó la canana cruzada sobre la sotana con el micrófono, y, durante treinta años, desde 1945 hasta la muerte de Franco, disfrutó en la cadena Ser de un espacio titulado «Charlas de orientación religiosa». Con la técnica del consultorio, respondía a las cartas que le llegaban de los oyentes. La familia, la educación, la moral desde el punto de vista del nacionalcatolicismo agobiante y represor del momento eran sus temas habituales. Un precursor de Jiménez Losantos. Poco a poco, el guión se fue haciendo más complejo, introdujo miniespacios dramáticos para ilustrar el asunto que quería desarrollar y el programa llegó a hacerse cara al público con el sacerdote de oficiante en plan estrella. Marcos abrió el camino para que otros sacerdotes en otras radios se adueñaran de importantes tramos horarios de la programación. Paralelamente, fue un activo colaborador de la organización de extrema derecha Fuerza Nueva, miembro del Consejo Nacional del Movimiento y responsable de la Hermandad Sacramental. Falleció en 1978.

Hostias del nueve parabellum

En las zona rurales, los curas trabucaires fueron una realidad durante más años. Singularmente en Galicia. El 21 de abril de 1986, Manuel Pérez Villanueva, cura párroco de la aldea de Sande, provincia de Orense, es detenido por fuerzas de la Guardia Civil, en el puesto fronterizo de Puente de Barjas, tras intentar introducir ilegalmente en territorio español una pistola Astra del nueve corto. El arma le es intervenida cuando los agentes inspeccionan el interior de una cartera de mano que porta el clérigo, en la que también hay tres cajas de balas. La pistola, en perfecto estado de funcionamiento, está cargada con ocho proyectiles. En el momento de su detención, el ministro de Dios procede de Portugal en un coche deportivo último modelo, que conduce E. P. R., amigo íntimo de Pérez Villanueva.

No es la primera vez, en los años posteriores a la muerte de Franco, que un párroco gallego se ve involucrado en un incidente relacionado con armas ilegales. En 1980, al cura de Leiloio (La Coruña) se le desprende la pistola que lleva prendida en el cinturón, bajo la sotana, y cae al suelo del altar, en el momento que el sacerdote celebra la Santa Eucaristía frente a un nutrido grupo de fieles.

Monseñor Temiño, obispo de Orense durante más de treinta años, abandona la diócesis, por jubilación, el 28 de junio de 1987. Considerado uno de los prelados más retrógrados del episcopado español, deja una herencia difícil y conflictiva: descontento popular por los curas prepotentes y ultras que él ha ido situando en numerosas parroquias. Desde 1953, el obispo Temiño regía la diócesis, que se había convertido en un nido de ultras. Durante tan larga estancia en la tierra de Rosalía y Castelao, este burgalés, que participó como voluntario en la Cruzada del Caudillo, no ha mostrado nunca el menor interés por la lengua vernácula de sus fieles. Monseñor Temiño ofició por el caudillo Francisco Franco unas pompas fúnebres muy solemnes y sentidas, en las que calificó al finado como «hombre santo». En el palacio episcopal, mientras el prelado ha estado al frente de la diócesis, se alojaba Blas Piñar cada vez que visitaba la ciudad de Orense.

Uno de los curas de la corte celestial de monseñor Temiño, Ignacio Gil Atrio, párroco de Parada de Outeiro, ordena a los carpinteros que trabajan en la restauración de la iglesia de la que es titular que corten los castaños del entorno necesarios para reparar, con madera nueva, la techumbre del templo. Los propietarios de los bosques se niegan a semejante expropiación. Y es entonces cuando el propio don Ignacio se encarga de escoltar a los carpinteros, armado con una pistola del nueve largo, hasta que acaban de talar los castaños que van a servir de materia prima para el trabajo de restauración eclesial.

Otro cura de armas tomar, con revólver al cinto y en la mesilla de la cama, es el cura de Pexeiros, Eladio Blanco Vila. El 14 de marzo de 1987, en el atrio de la iglesia, la emprende a tiros con los asistentes a los funerales de la anciana Felicita Gómez. Don Eladio se había negado a acompañar a la difunta hasta el cementerio, alegando que no era merecedora de tal honor, ya que en vida no había frecuentado el recinto sagrado ni había mostrado excesiva afición por los sacramentos. Cuando los presentes le reprochan su proceder, don Eladio dispara cinco balas, hiriendo en una pierna al joven Juan Rodríguez Pérez.

Don Amadeo, párroco de Zarracós, aldea del municipio de A Merca, es repudiado por sus feligreses, cansados de chulerías y prepotencias. Después de dieciséis años aguantando sus andanadas, dejan de acudir a las misas que él oficia en el pueblo. Tras la sublevación, don Amadeo se refugia en un pueblo vecino. Durante sus largos sermones, lanzaba mensajes como éste: «Amados feligreses, sois unos burros y unas bestias, y lo que debéis comer son tojos, como los animales, y lo único que hacéis es fornicar»[8].

La gota que colma el vaso es un incidente con la niña Benita Ferreiro, de diez años, a la que el cura le niega la comunión. «Muchos vienen a comulgar no por recibir el cuerpo de Cristo, sino para desayunar», solía decir el párroco, especialmente exigente a la hora de oficiar el sacramento de la comunión. En muchas aldeas de Orense y en otras zonas rurales, a mediados de los ochenta manda más todavía un cura, virrey de lo divino y lo humano, que el alcalde elegido democráticamente.

A don José Rey Lage, arcipreste, párroco de Covelas y de Blancos, le llaman «el obispo de la Limia», dado el dominio que ejerce sobre esa comarca orensana. El arcipreste es hombre muy versado en la explotación de granjas de pollos y está estrechamente relacionado con un intermediario notable como Eulogio Gómez Franqueira, amo y señor de UTECO (Unión de Cooperativas del Campo). El caciquismo y la Iglesia siempre de la mano.

En la actualidad, la síntesis entre la pistola del nueve largo —la reglamentaria del Ejército— y la sotana se sigue encontrando en una figura anacrónica, los capellanes castrenses. La elección de los sacerdotes que integran el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas depende del arzobispo castrense, que tiene el grado militar de general de división. Desde junio de 2008 ocupa el cargo el antiguo obispo de Jerez, Juan del Río, en sustitución de monseñor Francisco Pérez, que fue quien coofició, junto al cardenal Rouco Varela, la boda de Felipe de Borbón y Leticia Ortiz en la Almudena. A su vez, Del Río había sucedido en el cargo, en 2003, a monseñor José Manuel Estepa, que fue viario general castrense durante veinte años.

El arzobispado castrense es personal (no territorial) y se encarga de la atención pastoral de la llamada «familia militar», incluida la Casa Real. Tiene una catedral y un seminario propios en Madrid y dirige a los 155 capellanes militares tanto en el territorio nacional como en las misiones del Ejército en el exterior. Si no le gusta cómo desarrollan su misión pastoral, los puede despedir fulminantemente, a pesar de que los pague el Estado, como sucede con los profesores de religión. La única diferencia con éstos es que los curas castrenses, obviamente, deben ser sacerdotes. Algunos acceden al Ejército con carácter permanente, pero la mayoría no está más de ocho años. Todo ello de acuerdo con el Acuerdo firmado en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. En las resoluciones del 37.º congreso del PSOE no se dice nada sobre la anomalía que representa la graduación militar conferida a los miembros del Vicariato General Castrense y el hecho de que el mantenimiento de la institución corra a cargo de los dineros públicos.

Dado que se codea con los reyes y con la cúpula militar, el arzobispo castrense tiene un gran peso político, es el único prelado cuyo nombramiento tiene que contar con el plácet de la Casa del Rey y, por lo tanto, del Gobierno. Monseñor Del Río es un peso pesado de la Iglesia española, con gran proyección. No en vano dirige también la comisión de medios de comunicación del episcopado. Tras su nombramiento como arzobispo castrense, en Jerez llueven los telegramas de los militares de toda graduación y rango. Con una frase que se repite en casi todos: «A sus órdenes, don Juan»[9].

13. Con la cruz a cuestas

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CON LA CRUZ A CUESTAS

«Dicen que he robao un cáliz.

Ojú, ¡qué mentira es eso!

Desde que me bautismaron,

no he vuelto a entrar en el templo».

Soleá de Triana

Darse de baja de la Iglesia católica no es nada fácil. Es una organización en la que no eliminan de sus ficheros a nadie, aunque deje de pagar las cuotas y, expresamente, quiera quitarse de en medio. Especial resistencia a la apostasía muestran los arzobispados de Madrid y Valencia, a cuyo frente están los prelados Rouco Varela y García-Gasco, respectivamente, dos «duros» de la Conferencia Episcopal. Se niegan a que España deje de ser católica, dando la razón a don Manuel Azaña setenta y siete años después.

Al menos 529 personas intentan apostatar en los primeros cinco meses de 2008 sin conseguirlo[1]. La cifra corresponde a las peticiones de tutela de derechos realizadas a la Agencia de Protección de Datos (AEPD), el organismo al que recurren los apóstatas cuando las diócesis correspondientes se niegan a retirar sus nombres de las partidas bautismales. La cifra duplica el total de peticiones realizadas el año anterior. El número de personas que desean apostatar continúa extendiéndose, pero éstas se encuentran ante la imposibilidad de que algunas diócesis acepten, sin más, con una mera solicitud, inscribir la pérdida de la fe junto al bautismo. Algunos apóstatas piden directamente la excomunión, exponiendo la terrible gravedad de sus pecados, para ver si la Iglesia les expulsa de su seno. En la página web apostasia.es se puede encontrar todo tipo de información sobre este asunto, incluidos formularios.

Algunos arzobispados no plantean tantos problemas a los fieles que quieren dejar de serlo y anotan la apostasía junto a la inscripción de la fe de bautismo. Eso sí, lo que no hace ninguno es borrar los datos de los bautizados. «Los libros de bautismo no son ficheros ni bases de datos, sino un registro que da fe de un hecho histórico», señalan algunas de las cartas que los arzobispados envían a los bautizados que desean apostatar[2]. Éste es el argumento fundamental de la Iglesia católica. Al no considerarlos ficheros ni bases de datos, interpretan que no debe aplicarse la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y, por lo tanto, la Agencia no tendría nada que decir al respecto. En ningún momento entran en el debate de fondo: que los reclamantes no desean seguir formando parte de la Iglesia católica y quieren que el abandono de la fe conste en los ficheros de bautismo.

La Agencia de Protección de Datos admite que los registros bautismales son inviolables, según los acuerdos de la Santa Sede con el Estado español en 1979. Por lo tanto, el asiento en el registro bautismal no se puede borrar. Ni se puede arrancar la hoja en la que consta. Pero esta entidad asegura que sí son bases de datos de carácter personal y que, por lo tanto, su contenido está protegido legalmente. La ley ordena que los datos sean «exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual».

Por supuesto, el Gobierno socialista no quiere saber nada de regular por ley cómo garantizar que, cuando una persona reniega de la religión en la que fue bautizado o iniciado, salga para siempre de sus registros. En enero de 2008, el alcalde de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, José Masa, de IU, anuncia la creación en su ayuntamiento de un registro de apóstatas, semejante al de las parejas de hecho. La primera persona que hace uso de él es la vecina de Rivas Julia Antón, de setenta y siete años. Ella fue bautizada durante la posguerra. «Fue cuando tenía siete años, estaba en una casa de Auxilio Social y, como no sabía nada de religión, nos llevaron a bautizar al castillo de Torrelodones», explica. «Éramos decenas de niñas y a todas nos pusieron Carmen»[3]. La madrina de la ceremonia religiosa fue Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco.

Durante el franquismo, con el catolicismo como religión oficial del Régimen, los intentos de apostatar fueron muy escasos, entrañaban notable peligro y difícilmente llegaban a buen fin. Para contraer matrimonio civil era necesario renunciar explícitamente a la fe. Pero durante la Transición ya comienzan a aparecer, aún de forma muy escasa y aislada, solicitudes de apostasía. En agosto de 1985, Ramón Solá, exconcejal socialista de la localidad gerundense de Sant Hilari Sacalm, decide apostatar por el trato que, según él, recibe su hijo en el colegio religioso al que asiste. En su carta de contestación a Solá, el vicario general de la diócesis, Félix Guardia, afirma darse por enterado «del contenido del presente documento y lo comunicaré para que sea anotado en la correspondiente partida de bautismo». Y ahí queda la cosa. La Iglesia tipifica la apostasía con la pena de la excomunión y el propio poder eclesiástico puede abrir expediente en estos casos, a requerimiento de la comunidad. «El apóstata incurre automáticamente en la pena de excomunión, pero la Iglesia ni se desentiende de él —por quien ruega especialmente—, ni el apóstata se libera del vínculo de sumisión a la Iglesia contraído por el bautismo, aunque parezca una paradoja», explica Jaume Riera, juez eclesiástico de la diócesis de Barcelona[4]. Como se decía antes en el colegio: pan y tomate para que no te escapes.

También Rivas Vaciamadrid es sede, en la primavera de 2008, de un encuentro de los miembros de la Unión de Ateos y Librepensadores, en el que participa Gonzalo Puente Ojea. En cambio, poco antes, en Toledo, el exembajador en la Santa Sede se encontró con que el alcalde de la ciudad había vetado el «I Concilio Ateo». El cómico italiano Leo Bassi era otro de los invitados. Puente Ojea, indignado por la decisión del socialista Emiliano García-Page de prohibir el uso del Centro Social Polivalente de la ciudad para celebrar el encuentro, invoca el artículo 14 de la Constitución española, que «establece, inequívocamente, que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Luis María González, secretario de la Federación Internacional de Ateos, también denuncia el hecho, pero el alcalde mantiene la prohibición y afirma que la iniciativa «ofendería los acendrados sentimientos religiosos del pueblo toledano».

Monarca y biblia

Cuando los cargos públicos de un Estado supuestamente «no confesional», como el español, toman posesión de sus cargos tienen la posibilidad de jurar o de prometer que lo van a hacer todo muy bien durante su mandato. Pero incluso los que prometen tienen que hacerlo con una Biblia y un crucifijo delante. Al modo impuesto por la dictadura de Franco.

En abril de 2008, Alternativa Laica, a través de un escrito dirigido al rey y a Rodríguez Zapatero, denuncia la forma en que se ha llevado a cabo el acto de jura de los ministros del segundo Gobierno del político leonés. El 12 de abril, todos ellos «prometen» —ya no está Bono en la plantilla— frente a una Biblia de 1791 abierta por un pasaje sobre el voto y el juramento del Libro de los Números. Y en el centro de la mesa, un gran crucifijo. El mismo decorado de las cuatro décadas de franquismo, treinta y tres años después de la muerte del dictador. En otro escrito presentado en la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, en Toledo, Alternativa Laica califica este hecho como «una secuela del pasado inadmisible en un Estado moderno y democrático» y exige que, en el futuro, en los actos protocolarios de ese tipo «no se vuelva a exhibir símbolo religioso alguno». También advierte de que la presencia de la Biblia y el crucifijo en ese marco vulnera el artículo 16 de la Constitución. La misma organización había presentado, varios meses antes, una demanda en los juzgados de lo contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Toledo, por renovar cada año el voto de defensa del dogma de la Inmaculada Concepción en nombre de los toledanos.

En mayo de 2008, Izquierda Unida presenta sin éxito, en el Congreso de los Diputados, una propuesta para eliminar del protocolo la obligación de «prometer» con la Biblia y el crucifijo enfrente —algo que «carece de base legal»— y «establecer un protocolo aconfesional para los actos y ceremonias institucionales». La propuesta no tiene eco en el partido del Gobierno, y eso que sus promotores ya le habían dado con la garlopa para dejarla suavecita. En origen, la proposición que iba a defender Gaspar Llamazares era bastante más ambiciosa: pedía expresamente suprimir cualquier intromisión de los rituales católicos en actos institucionales. Esto habría supuesto, por ejemplo, acabar con los funerales de Estado tal y como están concebidos.

La presencia de los símbolos religiosos en la toma de posesión de los miembros del Gobierno, efectivamente, no tiene el menor fundamento legal. El protocolo está regulado por el Real Decreto 707/1979 del 5 de abril, que establece la fórmula de juramento de cargos y funciones públicas; permite elegir entre prometer y jurar el acatamiento a las normas constitucionales y lealtad al rey, pero no hace referencia a los símbolos religiosos, que se siguen colando de rondón.

Rodríguez Zapatero rechaza modificar la fórmula de promesa o juramento de los miembros del Gobierno, por «respeto» al rey. Se ampara en un argumento peregrino: que es en la sala de audiencias de la residencia oficial de los reyes donde tienen lugar estos actos cada vez que hay cambio de Gobierno, y el que está en su casa, manda. Pues que cambien de escenario. Y tampoco estaría nada mal hacerlo, al mismo tiempo, de anfitrión.

En Francia no hay juramento ni ceremonia oficial de toma de posesión del primer ministro ni de los miembros del Ejecutivo. La estricta aplicación del principio del Estado laico impediría, en cualquier caso, la utilización de símbolos religiosos. La toma de posesión del presidente de la República tampoco tiene guión preestablecido.

Pero lo del juramento o la promesa de los ministros es sólo un capítulo. Las autoridades civiles desfilan bajo palio en Toledo durante la celebración del Corpus Christi cada 25 de julio; el jefe de Estado continúa haciendo guiños todos los años al Apóstol Matamoros en Santiago de Compostela, y se siguen celebrando funerales de Estado marcados por el rodillo de la religión católica. Incluso cuando los fallecidos son de otra confesión, agnósticos o ateos. El penúltimo de ellos tuvo lugar en la Almudena, el 8 de mayo de 2008, con el cardenal Rouco oficiando la ceremonia.

Pero, sin duda, el capítulo más indignante de esta historia es el secuestro de los fallecidos en los trenes de Atocha por la cruz y la corona. La Iglesia española, cuya cúpula apoya durante los siguientes años, de forma inmoral, la «teoría de la conspiración» para intoxicar con motivo de la investigación del 11-M, se apropia el 24 de marzo de 2004 de los muertos en aquellos terribles accidentes. Algunos padres y familiares de las víctimas tienen que sufrir el dolor y la indignación añadidos de ver cómo la Iglesia y la monarquía borbónica secuestran la memoria de los suyos en el funeral de Estado que oficia, cómo no, Rouco Varela en la Almudena. Quienes se muestran reacios a permitir que estas dos instituciones les arrebaten obligatoriamente a los suyos, llegan incluso a recibir llamadas telefónicas conminatorias, advirtiéndoles de que «por su propio bien», lo mejor que pueden hacer es participar en el acto de la Almudena. Funeral de Estado católico para todos, creyentes y no creyentes, sin permitir ninguna otra opción. Y después, basura en las ondas a través de la Cope.

Toda vestida de blanco

«¿Quién le iba a decir a la Almudena que se iba a vestir de negro antes de su anunciado enlace tan de blanco?», se puede leer en El Mundo[5]. Y efectivamente, un nuevo acontecimiento de Estado tiene lugar en la Almudena sólo dos meses después, el 22 de mayo, de la boda entre Felipe de Borbón y Leticia Ortiz. Pero antes de llegar hasta ahí, el príncipe de Asturias y la experiodista tienen que pasar un pequeño trámite reglamentario.

Mientras el cardenal Rouco Varela, que va a ser el oficiante y máximo responsable de la boda, se mantiene en silencio, y con él la cúpula de la Conferencia Episcopal, teólogos y, sobre todo, canonistas piden a la Iglesia que actúe con seriedad y no conceda privilegios a los distinguidos novios. Tras el anuncio oficial del noviazgo, la ofensiva de los católicos que no dejan pasar ni un incumplimiento del reglamento arrecian con motivo de la petición de mano, en noviembre de 2003.

Los teólogos le piden al riguroso e integrista arzobispo de Madrid que deje claro que «todos somos iguales ante los ojos del Señor». Y los canonistas, que aplique la actual legislación eclesial, según la cual Letizia Ortiz deberá pasar un «examen religioso especial» para garantizar ante la Iglesia «la seriedad» de su repentina reconversión al catolicismo y la autenticidad de su inesperado descubrimiento del matrimonio canónico. La expresentadora de TVE se había casado por lo civil en 1998, en primeras nupcias, con su profesor de Lengua Española en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, Alonso Guerrero. Durante el tiempo que convivió con él proclamó, de forma permanente y exaltada, su ateísmo y republicanismo, de modo especial en la casa de Almendralejo donde pasaban fines de semana y períodos de vacaciones, sede de exquisitas reuniones en las que participaban ella, su marido y el intelectualizado círculo de amistades que le rodeaba.

Federico Aznar, decano de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, que depende de la Conferencia Episcopal, afirma en el diario El Mundo[6] que Letizia Ortiz «deberá pasar un trámite especial antes de casarse». Es decir, desde el Arzobispado de Madrid, el cardenal Rouco o alguien en su nombre deberá plantearse cuestiones como «¿qué le indujo a contraer matrimonio anteriormente por lo civil?» o «¿por qué quiere ahora contraer matrimonio canónicamente?», explica el especialista en casamientos católicos. Aunque la respuesta parece evidente, hay que dejar constancia oficial de ella ante algún notario del Señor.

Algo de favoritismo sí parece que existe, porque los novios se libran de hacer los cursillos previos al matrimonio canónico, aunque no se escapan de varias charlas con monseñor Estepa, que es el encargado expresamente de la delicada tarea de examinar las intenciones religiosas de los contrayentes y prepararlos lo mejor posible para la recepción del sacramento del matrimonio[7].

Don José Manuel Estepa, que ha sido arzobispo castrense durante veinte años, tiene los galones de general de división y, además, es un hombre de confianza de la Casa Real y del cardenal Rouco. Monseñor Estepa es el que se ha encargado, durante años, de dar la bendición al rey tras ser partícipe de sus confidencias a través de otro sagrado sacramento, el de la confesión.

Consciente de que los jóvenes de hoy son menos religiosos que sus mayores, monseñor Estepa intenta refrescar a los novios el «abc de la fe», centrándose en cinco grandes capítulos: Dios, Cristo, la Iglesia, los sacramentos y la moral católica. Además, a efectos más prácticos, les recuerda las grandes oraciones clásicas de los católicos: el Credo, el Padrenuestro, el Ave María, la Salve o la señal de la Cruz. Finalmente, Letizia Ortiz tiene que rellenar un formulario del Arzobispado de Madrid, en el que la compareciente manifiesta, bajo juramento, «que, pese a su condición de bautizada y fiel hija de la Iglesia, sabiendo que el matrimonio civil no es verdadero matrimonio, tal como ha sido instituido por Dios y la Iglesia lo tiene regulado en el Código de Derecho Canónico, no obstante, lo contrajo». Y, además, se ve obligada a explicar las razones de tamaño desafuero.

El caso es que, pese a estar divorciada y haberse proclamado republicana y atea en tiempos anteriores, Letizia Ortiz se casa de blanco y por la Iglesia, el 22 de mayo de 2004. Jurídicamente podía haberse producido cierta disputa entre el arzobispo castrense y el arzobispo de Madrid por oficiar tan sonada boda, pero es por fin el poderoso cardenal Rouco quien se encarga de dar la sagrada comunión a la princesa consorte en la Almudena. Eso sí, acompañado por el nuevo arzobispo castrense y capellán de la Casa Real, monseñor Pérez González. La boda entre el príncipe Felipe y la experiodista es la primera que se celebra en la catedral de la Almudena, en Madrid, pero no en lo que es el templo propiamente dicho. La cripta ya había acogido enlaces matrimoniales, ninguno de tanto copete, desde que fue consagrada por el papa Juan Pablo II, el 15 de junio de 1993.

La coreografía estaba diseñada desde hacía tiempo. El liturgista de la archidiócesis madrileña, Andrés Pardo, tenía preparada la solemne celebración de los esponsales del príncipe Felipe desde la época en la que su boda con la modelo nórdica Eva Sannum parecía inminente. Con leves toques, la ceremonia es la misma: sencilla, pero solemne, como corresponde.

En junio de 2004, Juan Pablo II bendice la boda de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. «En época de sequía secularizadora, cuando, en vez de conversiones, lo que abunda es la apostasía o, al menos, la indiferencia religiosa, la conversión de la princesa de Asturias es una perla para la Iglesia católica», escribe José Manuel Vidal en El Mundo[8]. «La presencia en Roma de Letizia Ortiz es un auténtico spot publicitario planetario para el catolicismo. Don Felipe y Letizia, de negro, arrodillados ante el Papa, que los bendice. Es el broche de oro de la conversión de la princesa». Y concluye el cronista de temas religiosos del diario: «A Letizia Ortiz la bautizó un cura desconocido en Oviedo, pero la casó el cardenal Rouco en la Almudena ante medio mundo y, previamente, la confirmó en una ceremonia privada en la Zarzuela. Del bautismo a la fe sociológica, pasando por la conversión y el acceso a una fe adulta. Con el sello de la confirmación y la eucaristía. Y con el broche de la bendición papal. El trono y el altar de nuevo hermanados. Sublime capacidad de la Iglesia para seguir convirtiendo a pecadores en santos».

Chaparrón a Tierno y Barrionuevo

Veinticinco años atrás, los veneradores de la Virgen de la Almudena ya habían marcado territorio y habían puesto en su sitio al agnóstico alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván. En 1979, cumpliendo con una tradición de cuatrocientos años, el nuevo primer edil de la capital, socialista y no creyente, después de tomar posesión de la alcaldía, tras las primeras elecciones municipales celebradas después de la muerte de Franco, en un gesto de «cortesía y buena voluntad», acude a ofrecer su cargo a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Y allí le están esperando para darle lo suyo. Son los peligros de jugar en campo contrario. El partido se puede seguir a través de las imágenes de la película Después de…, de Cecilia y José J. Bartolomé[9]. Tierno, con la cara descompuesta, respaldado por el entonces concejal de seguridad ciudadana y posteriormente ministro del GAL, José Barrionuevo, aguanta como puede el chaparrón que le cae desde el púlpito: «En las sociedades modernas se pide también como un derecho y una libertad legítima la disolución del vínculo matrimonial, sin advertir que no es necesaria la familia para el Estado: es el Estado consecuencia y exigencia de la familia». Las homilías son mítines tremendos también en esa época. Y continúa la andanada, sin que Barrionuevo llame al comisario Amedo: «Para que nos libres de esta contaminación moral, mucho más peligrosa que la contaminación material, ¡bendito seas, Señor!».

Inmediatamente después, el oficiante remata la faena con unos versos dedicados a la Virgen de la Almudena de alto contenido lírico: «Por la Virgen nazarena, / que es Madre del Redentor, / María de la Almudena. / Y porque esta Virgen buena / es Madre nuestra, Señor». La exquisita sensibilidad del alcalde choca con esas rimas fáciles y, a esas alturas del encuentro, la cara de Tierno sí que es un verdadero poema.

En mayo de 2008, el Foro Universitario de Izquierdas hace público un comunicado en el que denuncia la existencia de capillas en las universidades públicas: «En los países occidentales no hay Estado moderno, secularizado, si el Estado se adscribe a una determinada religión, o privilegia a determinadas confesiones religiosas en detrimento de otras. Esto es lo que acontece, por ejemplo, en los regímenes islamistas, y también en nuestro país.

»La existencia en las universidades públicas españolas de capillas y lugares de culto constituye una rémora heredada del nacionalcatolicismo que es preciso superar para que se cumpla el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles ante la ley. La época en la que los cardenales se sentaban en las Cortes franquistas se ha terminado, esperemos que para siempre, y afortunadamente ya no quedan caudillos que se mantengan en el poder por la gracia de Dios».

«¿Por qué una pequeña proporción de católicos gozan, en el marco de un Estado democrático y en una universidad pública, del privilegio de disponer, para su exclusivo y particular disfrute, de unos espacios que son de todos?», se preguntan los redactores del texto. «La existencia de las capillas no sólo supone una discriminación para el resto de las confesiones religiosas, sino que, además, separa arbitrariamente en el espacio público, que es el espacio común, a los católicos del resto de los ciudadanos. En breve se van a cumplir treinta años desde que tuvo lugar la aprobación de la Constitución, y la existencia de capillas universitarias contradice tanto la letra como el espíritu de la Constitución», prosigue el comunicado. «En Madrid existen numerosas iglesias parroquiales, numerosos conventos y oratorios, en los que los católicos se pueden reunir a su antojo, realizar sus oraciones, impartir catequesis, en fin, organizar actos de culto con plena y total libertad. La apropiación de espacios públicos de la universidad para determinados usos religiosos, para el exclusivo disfrute de unos pocos fieles de una determinada confesión religiosa, es un acto de discriminación para los no creyentes, así como para los creyentes de otras confesiones, y un contrasentido que es preciso superar cuanto antes. La universidad pública no es un espacio de rezos, sino de producción y transmisión de saberes científicos».

La situación de las universidades públicas es similar a la de los aeropuertos. El de Barajas es el que cuenta con más salas religiosas. Tiene tres capillas para practicar el culto católico, dos mezquitas y dos salas multiconfesionales, repartidas entre sus distintas terminales. Además, se avisa por la megafonía del recinto a los fieles cinco minutos antes de que comience cada misa. Sólo de las misas.

En Valencia, la inmensa cruz, de 40 metros de altura —el equivalente a un edificio de doce plantas—, cuatro metros de ancho y 38 toneladas de peso, que presidió el cielo de la ciudad durante la visita de Benedicto XVI a España, en julio de 2006, no ha sido desmontada y el Ayuntamiento, encabezado por Rita Barberá, plantea la posibilidad de mantenerla en pie, «como recuerdo» del viaje papal y de la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias. El concejal del PSPV Juan Soto señala que la cruz «es un símbolo más propio de la estética megalómana nacionalsocialista que de una ciudad democrática y aconfesional». Pero la cosa no queda ahí, el Arzobispado de Valencia, a través del semanario Paraula, promociona una iniciativa para conseguir que el puente de Monteolivete cambie oficialmente de nombre y pase a denominarse «Puente del papa Benedicto XVI».

El clero y la derecha católica pelean hasta el final para que la presencia de los símbolos y los tics religiosos no mengüen[10]. En 2005, Ángel Torres, intendente jefe, desde quince años atrás, de la Policía Local de Vila-Real (Castellón), presenta una denuncia en el Juzgado número 3 de la ciudad contra el alcalde, Manuel Vilanova, y el concejal delegado de Policía, Alejandro Amposta, por obligarle a asistir a la procesión del Corpus e incurrir en supuestas amenazas. Torres, amparándose en el derecho a la libertad religiosa y en que el Estado no es confesional, había remitido, el 5 de enero anterior, un escrito a la Corporación municipal, gobernada por el PP, para que le eximiera de asistir a los actos religiosos. Le había abierto los ojos la sentencia 101/2004 del 2 de junio del Tribunal Constitucional. El fallo daba la razón a un subinspector de la Policía Nacional que alegaba vulneración de sus derechos al serle ordenada la asistencia a la procesión de Nuestro Padre Jesús el Rico en Málaga.

Patrona para toda la vida

En 2006, la Dirección General de la Guardia Civil de Andalucía desestima la petición efectuada por dos agentes del puesto de Almodóvar para que se retire de las dependencias oficiales la imagen de la Virgen del Pilar. La resolución se basa en la argumentación del jefe de la Comandancia de Córdoba, que, en un escrito, señala: «El 7 de enero de 1913, el entonces director general de la Guardia Civil solicitó que la Virgen del Pilar fuera declarada oficialmente la patrona del Cuerpo, accediendo seis días después, el 13 de enero, el rey Alfonso XIII a esta petición de la Guardia Civil». Por lo tanto, hay virgen para toda la vida. La resolución concluye que «la declaración de la Virgen del Pilar como patrona del Cuerpo de la Guardia Civil es plenamente acorde al derecho y sólo supone el reconocimiento de una tradición histórica. No coarta todo ello, en modo alguno, la libertad religiosa de los guardias civiles. En ese sentido, el patronazgo de la Virgen del Pilar, por tradición de casi un siglo de historia, carece de trascendencia vulneradora de los derechos de la libertad religiosa».

De similar corte son el caso del sargento que se niega a participar en Valencia en un homenaje militar a la Virgen de los Desamparados, designada en 1810 capitana general de la región de Levante. Y el citado conflicto del policía que rehúsa participar obligatoriamente en una procesión de Semana Santa de cuya cofradía, la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico, es miembro de honor su unidad.

La presencia del Ejército en numerosos actos religiosos también continúa siendo habitual. Por ejemplo, en Toledo, cada mes de mayo, varias secciones de la Academia de Infantería participan en un marcial desfile, que discurre por la plaza de Zocodover, como colofón a la procesión de la Custodia de Arfe. Esta pieza de culto exclusivo de los católicos cuenta con la escolta de la Escuadra de Gastadores formada por alumnos de la escala superior de oficiales de la Academia de Infantería, bajo el mando del general director. Y cubren calle el resto de los alumnos de la Escala Básica y dos compañías de la Subdirección de Formación de Tropa. Y eso que Bono ya no es ministro de Defensa.

Pero la Santa Madre Iglesia, además de disfrutar de la escolta del Ejército de la actual monarquía borbónica en sus procesiones, continúa manteniendo indisolubles vínculos con algunos de los militares genocidas que se sublevaron contra la República con Franco. En la entrada de la sevillana Basílica de la Macarena, donde cada Jueves Santo se agolpa una multitud para ver la salida de la Virgen en la popular «madrugá», hay una inscripción, bien visible y en mayúsculas, recordando el día en que fue inaugurada, en 1964: «Realzó con su presencia tan solemne ceremonia su excelencia el Jefe de Estado y Generalísimo de los Ejércitos D. Francisco Franco Bahamonde». Y en el interior de la basílica están sepultados, además, los restos del general Gonzalo Queipo de Llano, responsable de las terribles matanzas que se produjeron en Sevilla durante la Guerra Civil. La Virgen de la Macarena lleva el fajín que perteneció a Queipo.

Poco antes de la Semana Santa de 2008, el Foro Estatal por la Memoria inicia una campaña de recogida de firmas por Internet para reclamar que cese ese claro homenaje a semejante asesino. Gonzalo Queipo de Llano es perpetuo hermano mayor honorario de la hermandad, y la basílica se construyó en homenaje a él. La carta que el Foro Estatal por la Memoria cuelga en la red, para que se envíe firmada al Arzobispado de Sevilla, dice: «Es inconcebible que las instituciones que ustedes representan consientan la ostentación pública de un atributo de autoridad del directo responsable del asesinato de al menos ocho mil sevillanos».

Hay infinidad de iglesias en toda España que siguen conservando las placas de los caídos en la Cruzada católico-fascista contra el Gobierno constitucional de la Segunda República. En el verano de 2008, en el municipio abulense de Pedro Bernardo, un grupo de exaltados vecinos franquistas, apoyados por el párroco local, como en los viejos tiempos, impide a unos operarios municipales retirar la placa de la fachada de la iglesia del pueblo, que recuerda a los caídos del bando de los sublevados en la Guerra Civil con el símbolo de la Falange Española y el consabido mensaje de «José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente!».

La orden de retirada de la placa ha sido aprobada cinco meses antes por el pleno municipal, con la oposición de los cuatro concejales del PP. La promotora de la iniciativa es la concejala del PSOE Isabel Fernández. Su abuelo fue uno de los 23 republicanos vecinos del pueblo fusilados en 1936 y cuyos restos, perdidos en varias fosas comunes, están aún sin localizar. Setenta y dos años después, los únicos muertos reconocidos por la iglesia, como en tantos otros sitios, son los del bando sublevado contra la legalidad republicana.

Desde entonces, el joven párroco local no deja de lanzar airados mítines contra la medida adoptada por el ayuntamiento. Obsesionado por mantener la placa, recurre a todo tipo de interpretaciones legales para impedir que la iglesia se quede sin el reconocimiento a los héroes de la Cruzada: «Los ornamentos no se pueden quitar de un edificio singular, la iglesia es un edificio privado». Por fin, se retira la placa, y es entonces el Obispado de Ávila, directamente, el que emprende acciones legales contra el consistorio de Pedro Bernardo, por considerar que el acto se ha llevado a cabo «de forma ilícita» y «sin autorización alguna de la Iglesia». Los prelados no están dispuestos siquiera a maquillar la estética nacionalcatólica.

Por otra parte, cada año, en Navidad, se reabre el debate sobre la presencia de belenes en los centros escolares públicos. «La escuela pública es de todos y en este país hay una realidad multicultural en las aulas que supone también un cambio en las tradiciones. La escuela debe ser un espacio de convivencia y consenso», declara Lola Abelló, presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), al diario Público[11]. Abelló asegura que «cada vez hay más centros que quitan la iconografía religiosa de sus aulas», y anima a que los padres denuncien la situación, si consideran que la presencia de un belén en las aulas choca con sus creencias. Ni el ministerio de Educación, ni las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de enseñanza, dictan criterios que unifiquen una respuesta para anticiparse a un conflicto como éste. Cuando surge, suele resolverse en el propio centro antes de que llegue a manos de la Administración, catapultado, en ocasiones, por los medios de comunicación. Apenas trascienden casos, aunque, poco a poco, los colegios tienden a retirar iconos religiosos en aras de la multiculturalidad de los centros. La batalla contra los crucifijos y los belenes en la escuela pública aún no ha terminado.

En Alemania, por ejemplo, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno está obligado a retirar de las escuelas públicas los crucifijos cuando al menos un alumno de cada clase lo haya reclamado.

El PSOE, como siempre

«El PSOE eliminará los crucifijos en actos oficiales y edificios públicos», se puede leer el 5 de julio de 2008 en la portada de El País, que titula, con entusiasmo, a cuatro columnas. Ese día comienza el 37.º congreso del PSOE, que ha despertado grandes expectativas entre los arrinconados defensores del laicismo en el partido. Incluso los más optimistas saben que no se va a tomar en consideración la reclamación de algunos militantes de revisar los acuerdos con la Santa Sede, pero que sí esperan que se «avance en la laicidad constitucional».

La portada de El País añade, en un sumario: «La nueva Ley de Libertad Religiosa suprimirá los funerales de Estado». Y en páginas interiores, el diario continúa lanzando las campanas al vuelo: «Los socialistas recurren a avances en laicidad para mostrar su perfil más izquierdista». Pero enseguida llega el tío Zapatero con las rebajas y, de momento, a cada tragedia con resultado de muerte le seguirá un funeral católico de Estado. Y todos los ministros, sin excepción de color, continuarán prometiendo o jurando «cumplir y hacer cumplir» la Constitución ante un crucifijo en el palacio de la Zarzuela. Y eso a pesar de que ninguna religión debe tener carácter estatal, según la propia Constitución.

En el caso de la desaparición de los símbolos propuestos, el texto aprobado señala que «el mando constitucional de aconfesionalidad así lo exige» y dice, genéricamente, que hay que profundizar en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas. Sin embargo, asegura que el PSOE no quiere actuar en este campo «por imperativo legal», sino «dirigir y acompañar la evolución de la sociedad española» en esta materia.

Los avances en materia de laicismo son más tímidos aún de lo previsto inicialmente. El 37.º congreso socialista rechaza, en el último momento, la enmienda de la corriente Izquierda Socialista que abría la puerta a la eliminación de la liturgia religiosa en los funerales de Estado que se celebran cada vez que fallece una personalidad. Ramón Jáuregui, coordinador de la ponencia, justifica el rechazo de la enmienda con un argumento peregrino: «La laicidad no tiene constituida una liturgia alternativa». Por lo tanto, curas y obispos, que sí tienen una larga experiencia en este tipo de puestas en escena, seguirán al frente de los funerales de Estado.

Zapatero decide personalmente mantener los funerales de Estado, es el propio presidente del Gobierno quien frena la propuesta que pretendía poner fin a la celebración de estas ceremonias religiosas cada vez que se produce una tragedia de dimensión pública. Zapatero pide, y logra de inmediato, que se elimine esa proposición, con el argumento de que las familias afectadas prefieren que sus seres queridos sean despedidos con solemnes actos religiosos. Los funerales de Estado son «un derecho de las familias que el Estado pone a su disposición», explican fuentes del entorno del presidente para justificar la rectificación. Estos interlocutores gubernamentales, no obstante, restan importancia a esa supresión porque no altera el objetivo de la dirección del PSOE de «avanzar en la laicidad del Estado».

La ponencia aprobada, con un solo voto en contra de un total de 995, rechaza pedir la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, pero, para lavarse un poco la cara, recuerda que la Constitución no da mandato para un «eterno mantenimiento de relaciones especiales ni de privilegios» con la Iglesia católica. Como el que tiene un tío en Alcalá. Jáuregui insiste en que la promoción de la laicidad mediante la Ley Orgánica de Libertad Religiosa se hará «con mesura» y, en la medida de lo posible, «sin provocar divisiones». Y todos tan contentos. Los representantes de Izquierda Socialista se muestran satisfechos por el compromiso, aunque «entienden» que la reforma se ha quedado a mitad de camino.

Por tanto, en el mejor de los casos, las tímidas reformas proyectadas se harán sin sobresaltos. «Nadie puede esperar que un país cambie de la noche a la mañana», dice Ramón Jáuregui. Así, el texto aprobado habla de trabajar por la «desaparición progresiva de liturgias y símbolos religiosos en edificios públicos». En su redacción inicial, la ponencia se refería a «espacios públicos». Al parecer, el cambio se debe a que la dirección del partido no quiere dar la imagen «radical» de que el Gobierno está dispuesto a prohibir manifestaciones religiosas en lugares como calles o plazas.

Que nadie espere que las cruces y las imágenes de vírgenes y santos desaparezcan de los edificios públicos de la noche a la mañana. La ponencia lo deja claro: los socialistas no pretenden actuar directamente en este campo «por imperativo legal». Se dan por satisfechos «dirigiendo y acompañando» la evolución de la sociedad española. Sin presiones de ningún tipo.

14. Los trapos sucios se lavan en casa

14

LOS TRAPOS SUCIOS SE LAVAN EN CASA

«No creas en la locura

de quien presume de loco,

ni del que se santifíca,

que de santo tiene poco

el que santo se publica».

«Granaína», FRANCISCO MORENO GALVÁN y JOSÉ MENESE

La ocultación se convierte en la estrategia de la jerarquía católica cuando un caso de pederastia afecta a un ministro de Dios. «El patrón de conducta es siempre el mismo, la Iglesia intenta resolver el problema dentro de casa, en términos absolutamente privados», declara Carlos Sánchez Matto al diario Público el 18 de abril de 2008. Sánchez Matto es el catequista que escribe al arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en 2002, para denunciar las agresiones de un cura pederasta que acaba siendo condenado. Rafael Sanz Nieto, sacerdote de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, del barrio madrileño de Aluche, es sentenciado en 2006 a dos años de cárcel, que nunca cumplirá, por un delito continuando de abusos sexuales a un menor. Tiene setenta y dos años cuando es juzgado. Su víctima, trece cuando se inician las agresiones.

En 2007, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Sección 5.ª de la Audiencia de Madrid, emitida un año antes, que considera al Arzobispado de Madrid responsable civil subsidiario en este caso. La sentencia afirma que el arzobispado, dirigido por Antonio María Rouco Varela, debía haber vigilado el comportamiento del sacerdote, que abusó del menor en la propia vicaría. Se ratifica también la pena de prisión para el cura Sanz Nieto, por «abusos sexuales continuados» cometidos sobre el menor entre 1999 y 2001.

El auto del Supremo añade que el arzobispado madrileño ha infringido cánones del Código de Derecho Canónico, que le obligan a controlar y vigilar las actividades realizadas por los sacerdotes de la diócesis. El cura pederasta no recurre la sentencia de la Audiencia de Madrid. Sí lo hace Rouco Varela, por lo que el arzobispado que él dirige tiene que indemnizar con treinta mil euros a la víctima, según señala el alto Tribunal.

Los abusos al menor tienen lugar en la vicaría de la que el sacerdote es secretario y en la propia casa del niño.

El tribunal declara como hechos probados que Rafael Sanz Nieto trabajó como secretario de la vicaría de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Madrid, entre 1958 y 2001. En esa situación, «entró en relación de amistad con la familia» de la víctima, un menor de edad. Según la sentencia, el cura acudía «con asiduidad» a la casa de esta familia «para el cuidado de los hijos, formación religiosa y refuerzo para los deberes escolares» de los niños. El Tribunal estima que los hechos «tienen encaje» en la figura penal del delito continuado de abusos sexuales.

«El hecho de que un sacerdote o un fiel que trabaja al servicio de la Iglesia cometa pecados y delitos de esa naturaleza supone una herida hondísima y gravísima para la Iglesia», afirma el cardenal Rouco[1]. «No olvidemos que la Iglesia ha recibido del Señor el mandato de dejar que los niños se acerquen a Él, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Los niños son los privilegiados por excelencia dentro de la Iglesia. Si alguien abusa de esa relación, comete un pecado muy grave y atenta contra un bien básico de la Iglesia. Juan Pablo II y el Papa actual lo han expresado muchas veces. La Iglesia, en función de los casos de pederastia cometidos fuera de Europa, ha procedido a una revisión a fondo y rigurosa de sus normas disciplinarias y de su actuación pastoral que, en mi opinión, ha dado buenos frutos».

Cuando un grupo de catequistas informa al Arzobispado de Madrid de los hechos que se están produciendo, los máximos responsables de la diócesis intentan tapar el asunto. Dado el silencio de las autoridades eclesiásticas, los catequistas presentan la denuncia ante la Fiscalía de Menores, lo que motiva su fulminante expulsión de la parroquia por orden de Rouco Varela. En cambio, el cura Sanz Nieto es únicamente trasladado por el titular de la diócesis a otra iglesia que apenas dista un kilómetro del lugar de los hechos.

Los jóvenes catequistas de los que parte la denuncia constituyen posteriormente el colectivo Iglesia sin Abusos. Reclaman a la jerarquía un estatuto para proteger a los menores que garantice una respuesta ante los casos de pederastia cometidos por sacerdotes. «Ni la Policía, ni la Fiscalía de Menores, ni el Defensor del Pueblo investigaron lo que ocurría en la parroquia cuando lo denunciamos, todo avanzó a golpe de denuncia periodística», asegura Carlos Sánchez[2].

El caso es similar al de Rafael Medina Marín, párroco de la iglesia de la Inmaculada de Mijas, que causa consternación en la provincia de Málaga. En febrero de 1986, cuando el clérigo tiene cincuenta y dos años, es detenido por la Guardia Civil acusado de corrupción de menores. El cura confiesa enseguida numerosas agresiones sexuales a niños que han estado a su cargo. La investigación se inicia a raíz de la denuncia de la madre de dos hermanos, de once y ocho años, que afirman haber sido víctimas de abusos deshonestos por parte del cura. El menor de ellos es trasladado por su padre al hospital materno-infantil de Málaga. Según fuentes del centro, el niño presenta inflamación en el ano y en los testículos.

En mayo de 2003, el sacerdote de la parroquia de El Salvador de Peñarroya (Córdoba), José Domingo Rey Godoy, de cuarenta y nueve años, es condenado a once años de prisión por abusar sexualmente de seis niñas de entre ocho y diez años. Los hechos ocurren entre octubre de 2000 y junio de 2001. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba señala que el párroco se valió de la situación para «satisfacer sus apetencias libidinosas».

«Las sentencias que condenan abusos sexuales de sacerdotes florecen en muchos juzgados de España[3]: El Supremo confirma la condena de ocho años de prisión impuesta al párroco de la iglesia de El Salvador de Alcalá la Real (Jaén), Luis José Beltrán Calvo, por delito continuado de abuso sexual sobre un menor cuando éste tuvo entre once y catorce años de edad […]. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al sacerdote Edelmiro Rial a quince años de cárcel por diez delitos de abusos sexuales y otros dos en grado de tentativa a seis adolescentes alumnos y monaguillos suyos […]. La de Sevilla confirma la condena por abuso sexual al sacristán de un pequeño municipio que realizó tocamientos a dos menores monaguillos en su iglesia […]. El Supremo ratifica la condena de veintiocho años de prisión para el director de un centro cristiano de Sant Josep de Llagosta (Barcelona), Ramón López Sánchez, por abusos sexuales a tres menores…».

La jerarquía católica acostumbra a actuar a remolque de los acontecimientos: primero interviene ante la familia para frenar la denuncia, sólo traslada de parroquia al sacerdote acusado cuando la situación se hace ya insostenible, y después recurre las sentencias, respalda públicamente al condenado, cuestiona la certeza del fallo y, llegado el momento, reclama el indulto para él.

«De cualquier modo, los medios de comunicación social han explotado estos casos de forma distinta a como hacen con otras situaciones de este tipo», opina el cardenal Rouco[4]. «Creo, además, que en lo que respecta a España y Europa, los casos son rarísimos en proporción con el número de sacerdotes y religiosos.

»Naturalmente, no se puede deducir de ello que la causa de esos casos sea el celibato. La causa es, sencillamente, que se peca, con celibato o sin celibato».

El 27 de diciembre de 2007, tres días antes de que se celebre en Madrid una manifestación en defensa de la familia tradicional, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, asegura, en una entrevista al diario isleño La Opinión, que algunos jóvenes «consienten» las relaciones homosexuales. «Hay adolescentes de trece años que son menores y están perfectamente de acuerdo, y además, deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan», opina.

Le traiciona el subconsciente. Es muy propio de la Iglesia culpabilizar a quienes sufren las agresiones. Ese argumento, que los niños no son víctimas, sino que consienten este tipo de relaciones, es al que recurren los pederastas para justificar sus abusos. Para redondear la faena, Álvarez equipara las relaciones homosexuales con la pederastia y afirma que «la homosexualidad perjudica a las personas y a la sociedad». A pesar de la gravedad de las declaraciones, la Conferencia Episcopal mantiene absoluto silencio sobre el asunto.

Peregrino del Señor

También asiduo a los actos en defensa de la familia tradicional, como el obispo de Tenerife, ha sido hasta hace poco el teniente de alcalde y concejal de urbanismo de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos. Abnegado militante del PP en su batalla contra la «ofensiva laicista», a los cuarenta y dos años es un activista ultracatólico, padre de cinco hijos, que, como concejal de la capital isleña, rechaza celebrar bodas entre homosexuales, lleva en procesión el paso de la Virgen del Remei en El Molinar y participa en las concentraciones que se organizan, en el verano de 2006, con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia ese año, donde se retrata, exultante, con el obispo de Mallorca, Jesús Murgui, vestido de peregrino, con mochila y todo. Un cristiano como Dios manda.

Su mujer, María Luisa de Miguel, ha desempeñado altos cargos en el Gobierno del PP y compite con él en devoción religiosa. Según fuentes cercanas al matrimonio[5], ella está situada todavía más a la derecha confesional que Rodrigo de Santos, a quien se le recuerda en los diferentes lugares donde ha desempeñado cargos políticos porque tiene la costumbre de recogerse a orar en su despacho.

Con ese inequívoco perfil de católico fiel a la más acreditada ortodoxia, no es extraño que cause notable sorpresa su imputación en un peculiar caso de corrupción, tras descubrirse que ha gastado 50 804 euros de fondos públicos en prostíbulos y centros de relax gays. Entre enero de 2006 y junio de 2007, De Santos, excoordinador de la campaña del presidente balear Jaume Matas en 2003, carga «gastos personales y particulares» a la cuenta de la tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras de Palma (EMOP) que él preside. Según la fiscalía, efectúa hasta 118 consumiciones en una sola casa de contactos para gays, donde llega a abonar más de 45 000 euros, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Palma. A lo largo de una sola noche se gasta 1450 euros en contactos no muy habituales dentro del seno de la familia tradicional.

Además, frecuenta otros clubes de encuentros gays de la capital balear y de Madrid hasta altas horas de la madrugada. En su entorno cristiano y de orden, justifica las constantes salidas de madrugada con la excusa de que así hace revisiones de las obras de su departamento municipal sin ser reconocido. Esas revisiones por sorpresa le permiten contratar servicios de compañía y consumiciones hasta tres veces el mismo día. Uno de los establecimientos que le cuenta entre sus clientes distinguidos disfruta de la presencia de Rodrigo de Santos tres veces por semana, según el rastro de la tarjeta.

Y para completar la faena, el fogoso militante antilaicista acaba ingresando en prisión acusado de presuntos abusos sexuales a dos hermanos de doce y trece años. El 26 de junio de 2008, Javier Rodríguez de Santos se persona en la Fiscalía de Palma de Mallorca, acompañado de su esposa, para responder por otro delito de malversación en la construcción de un castillo infantil financiado por el Ayuntamiento de Palma. Una vez que ha concluido la toma de declaración, se encuentra con cuatro policías de paisano que le esperan en la puerta de los juzgados. Los agentes le comunican que está detenido por un presunto delito de abusos sexuales a menores. Los hechos que le imputan los habría cometido en 2005. El propio Rodrigo de Santos no descarta «la posibilidad» de haber mantenido relaciones con menores de edad durante los últimos años ni tampoco haberlas sufragado con la tarjeta de crédito municipal. El peregrino entusiasta, infatigable seguidor de Benedicto XVI y gran fustigador de pecadores, afirma[6]: «Si algunos de los chicos o chicas eran menores, nadie me lo advirtió y no les pedí el DNI. Por lo tanto, la responsabilidad no sería mía, sino de quien no me lo dijo».

Curiosamente, Rodrigo de Santos había sido implacable con un club de alterne de chicas, el Top Models, cerrado durante su etapa como responsable de urbanismo de Palma. Y con motivo del debate sobre las bodas gays en el Congreso, en junio de 2005, aseguró públicamente que ese debate no le interesaba a nadie. Tan duro ha sido en su intransigente discurso a favor de la familia tradicional, que se le atribuyen afiliaciones al Opus Dei y a los Legionarios de Cristo, aunque él sólo reconoce estar cercano al Movimiento Neocatecumenal, los «kikos», con los que asistió en Valencia al citado encuentro de las familias cristianas con Benedicto XVI. En la próxima visita del Papa a España, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid en 2011, es posible que no se pueda contar con su presencia.

In god we trust (en Dios confiamos)

En junio de 2003, la archidiócesis de Louisville, en el estado de Kentucky, accede a indemnizar a 243 víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes con 25,7 millones de dólares (22,78 millones de euros), la mayor suma pagada hasta el momento como consecuencia de los escándalos de pederastia que se destapan a principios de 2002 en EE. UU. Un solo cura del Obispado de Louisville, Louis Miller, abusó de más de 180 menores, entre ellos su propia sobrina, que también le denunció. En mayo de 2003 se declara culpable de medio centenar de casos y es condenado a veinte años de cárcel. Pero, además de Miller, hay otros 33 sacerdotes, dos monjes franciscanos y tres seglares acusados de pederastia en la archidiócesis. Thomas Kelly, el arzobispo responsable de mantener a los pederastas en sus puestos, pese a las denuncias, pide disculpas pero afirma que no piensa dimitir.

En ese momento, ya hay otras diócesis que han llegado a acuerdos extrajudiciales con las víctimas. La de Rhode Island accede a pagar 13,5 millones de dólares a 36 menores agredidos. Boston ha dado 10 millones a 86 víctimas, pero ha rehusado pagar otra indemnización de 30 millones para el resto de los agredidos, aduciendo que no tiene más fondos. La diócesis de New Hampshire se ha comprometido a asumir una indemnización de 6,5 millones de dólares para las víctimas. En 2007, la diócesis de Spokane (Washington) se suma a otras muchas del país al aceptar el pago de indemnizaciones por abusos sexuales a niños cometidos por sus sacerdotes. Se compromete a pagar 48 millones de dólares para cerrar alrededor de doscientas demandas. El propio obispo de Spokane, William Skylstad, es uno de los muchos religiosos acusados de abusos.

En Chicago, en 2007, los jesuitas pagan 50 millones de dólares por haber abusado de 110 niños esquimales de Alaska entre 1961 y 1987. En esta ciudad existe incluso una Red de Supervivientes de Abusos de Sacerdotes. Se produce una marea de denuncias que salpica a muchos estados norteamericanos. También ese año, la diócesis de San Diego se declara en bancarrota para eludir el pago de indemnizaciones. Las demandas implican alrededor de 150 denuncias de abuso sexual que afectan a 60 sacerdotes.

Las indemnizaciones vacían las arcas de la Iglesia norteamericana. Algunos procesos judiciales abiertos en EE. UU. responsabilizan también al Vaticano, y sus instructores piden que se declare a la Iglesia de Roma responsable última del escándalo. Diócesis como las de Boston, Nueva York o Chicago, adictas al encubrimiento, han pagado, en los últimos quince años, cantidades que podrían superar los 1500 millones de euros en indemnizaciones. Nadie sabe cuánto dinero se ha destinado, además, a comprar, clandestinamente, el silencio de algunas de las víctimas.

También en junio de 2003 dimite el jefe del comité de investigación de curas pederastas en EE. UU., Frank Keating, tras afirmar que algunos jerarcas de la Iglesia se comportan en la investigación de estos hechos con el mismo secretismo que aplican los miembros de la Mafia: «Actuar como la Cosa Nostra, ocultar o negar, es muy insano», dice Keating, «se acabará descubriendo todo». El monje benedictino Richard Sipe, experto en la investigación de abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia católica, sitúa en el centro de la red de encubrimiento de estos casos en Estados Unidos al cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony.

La archidiócesis que encabeza Mahony llega a un acuerdo, en julio de 2007, para pagar 660 millones de dólares a 508 personas que han sufrido abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos. Una de las víctimas, Steve Sánchez, dice ante el tribunal que Mahony «básicamente, ha pagado para no ir a la cárcel». Otro de los agredidos, John Manly, se pregunta cómo es posible que Mahony pague esa cantidad por actos delictivos «y quede en libertad»: «¿Cuándo va a asumir alguien alguna responsabilidad?».

Durante su visita a los EE. UU. en abril de 2008, Benedicto XVI tiene que reconocer públicamente su «profunda vergüenza» por los numerosos casos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes en ese país. Además, por si alguien alberga cualquier duda, teniendo en cuenta lo que se está descubriendo, durante su vuelo transoceánico a bordo del Sepherd One, el antiguo máximo responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe (la antigua Inquisición) asegura que «la pedofilia es incompatible con el ministerio sacerdotal». Dado el clamor social que producen los innumerables casos de abusos sexuales, el Papa decide, en el último momento, reunirse con media docena de víctimas de curas pederastas, «para escuchar sus historias». Ratzinger les promete rezar por ellos. En 2001, cuando él mismo estaba al frente de la renovada Inquisición, pidió a los obispos de todo el mundo que los casos de pederastia quedaran sujetos al secreto de la Iglesia y no fueran denunciados a las autoridades, bajo amenaza de excomunión, hasta que no fueran investigados por la propia jerarquía eclesial. Durante toda la visita, mantiene un auténtico idilio público con el presidente George W. Bush, con quien comparte su oposición al aborto, al matrimonio entre homosexuales y a la investigación con células madre.

Chaparrón en las antípodas

Un nuevo escándalo por abusos sexuales ensombrece otro viaje del papa Benedicto XVI, en esta ocasión el que hace a Sidney en julio de 2008. La Conferencia Episcopal australiana reabre el caso de un coordinador de educación que afirma haber sido violado por un sacerdote veinticinco años antes. Junto a cientos de miles de católicos de todo el mundo, el Papa celebra, del 17 al 20 de julio de 2008, la Jornada Mundial de la Juventud. Se aloja en una casa del Opus Dei en Richmond, a unos cuarenta kilómetros de Sidney. Pero la atención informativa se concentra, una vez más, en los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Y de nuevo, la cúpula eclesiástica aparece encubriendo el asunto. Esta vez, el responsable de la ocultación de las denuncias es el cardenal George Pell, arzobispo de Sidney.

El escándalo se remonta a 1962 y tiene como protagonista a Anthony Jones, que entonces tenía veintiocho años y que afirma que fue violado por un sacerdote llamado Terence Goodall. En su momento, la Iglesia rechazó las acusaciones asegurando que fue una relación consentida. Pero unas grabaciones telefónicas acaban poniendo en evidencia que se trató, efectivamente, de una violación. Federico Lombardi, el jefe de la oficina de prensa vaticana, ya ha dejado caer la posibilidad de que Benedicto XVI también pida perdón por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Australia, como había hecho en su viaje a Estados Unidos unos meses antes. Le persigue la pederastia en sus periplos evangelizadores. A las asociaciones de víctimas, esta intención de implorar perdón les parece insuficiente. «¿De qué sirve algo así cuando el más alto cargo de la Iglesia católica en Australia sigue encubriendo abusos sexuales?», denuncia Chris McIsaac, de la asociación Broken Rites.

El Papa dice en Australia algo tan evidente como que hay que «llevar ante la justicia» a los curas pederastas. Está claro que, en este terreno, como en tantos otros, lo que tiene que hacer la Iglesia es someterse al código penal, no al celestial. Durante la homilía de la misa que se celebra en la catedral de Santa María de Sidney, el Papa asegura encontrarse «realmente muy apenado» por el dolor que han sufrido las víctimas. «Como su pastor, comparto ese sufrimiento». ¿Qué pensaría el inquisidor Ratzinger, antes de convertirse en Papa, cuando archivaba los expedientes que le iban llegando, con la intención de que estos y otros muchos casos nunca salieran a la luz? Las propias víctimas y sus representantes consideran que el tono y el contenido de las disculpas no es suficiente. Stephen Woods, que tenía catorce años cuando fue violado por un sacerdote australiano, tacha de «inaceptable» la petición de Ratzinger de que los católicos australianos ayuden a los obispos a combatir estos casos, ya que él mismo fue violado por otros dos sacerdotes, precisamente, cuando acudió a ellos para denunciar los hechos.

Pero una vez parado el primer golpe, el Papa va a lo suyo, a los problemas que realmente acucian a la Humanidad. Mientras por los altavoces se escucha el himno de «Nuestra Señora de la Cruz del Sur», Benedicto XVI se afana en explicar un tema de candente actualidad: que el Espíritu Santo «es la persona olvidada de la Santísima Trinidad» y tiene como misión «cumplir el trabajo de Cristo». En Madrid ocurrió algo parecido con san Isidro Labrador y un ángel que bajó del cielo.

¡A mí, la legión!

A Juan Pablo II sólo le faltó canonizar en vida a Marcial Maciel. Le concedió privilegios sin cesar y le hizo su acompañante en los viajes papales a México, desconsiderando a los obispos del país azteca. Durante años, Ratzinger no dejó pasar adelante la causa contra él que descansaba el sueño de los justos entre otros documentos neutralizados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sólo lo hizo cuando Juan Pablo II ya se encontraba moribundo.

El cura mexicano Marcial Maciel, fundador de la secta cristiana Legionarios de Cristo y del movimiento Regnum Christi, fallece el 30 de enero de 2008, tres años después que el papa Wojtyla, quien tanto le había protegido. Recibe sepultura de forma casi clandestina, en un cementerio privado que la organización tiene en Cotija, una pequeña ciudad del estado mexicano de Michoacán, en el que el amigo de Juan Pablo II había nacido ochenta y siete años antes. Acusado de pederastia, con pruebas contundentes, el propio Vaticano, siempre condescendiente con los pecados de la carne de sus propios pastores, se ha visto en la obligación de «invitarle» a retirarse, para ahorrarle un proceso canónico. Pero el papa Juan Pablo II, íntimo amigo suyo, nunca llega a condenarle. De ese modo tan cruel, Marcial Maciel se queda sin alcanzar la santidad. Al menos, de momento.

Tres años antes de ser ordenado sacerdote, en enero de 1941, Marcial Maciel funda la Legión de Cristo. Y sólo cinco años más tarde se entrevista con el papa Pío XII, quien —según la versión oficial— le marca el camino: «Líderes, padre Maciel, tenemos que formar y ganar para Cristo a los líderes de América Latina y del mundo. Deben ser ustedes un ejército en orden de batalla». Durante el pontificado de Juan Pablo II, Maciel se convierte en consultor de confianza del Papa en lo relativo a vocaciones, clero y América Latina. En especial, en el combate librado contra la teología de la liberación.

En el momento de su muerte, se encuentra en Estados Unidos, donde vive retirado desde mayo de 2006, cuando el Vaticano le «invita» a cultivar «una vida de oración y penitencia», para evitar someterlo a un proceso canónico. Según su sucesor al frente de los Legionarios de Cristo desde 2005, Álvaro Corcuera, el venerable padre Maciel «partió hacia su último destino eterno» acompañado de una imagen de la Virgen de Guadalupe, ante la que había recibido la ordenación sacerdotal en 1944, como expresamente él había pedido. De momento, no podrá encontrarse en el paraíso de los santos con su tío carnal, Rafael Guízar y Valencia, arzobispo de Japala, recientemente canonizado.

La historia que, al final, acaba con Maciel en semiclandestinidad ha comenzado casi diez años antes. En noviembre de 1997, un grupo de ocho víctimas de abusos sexuales por parte del fundador de los Legionarios de Cristo envía una carta al Vaticano en la que denuncia las agresiones sufridas. A pesar de la contundencia de los datos, la investigación se queda congelada por orden de Juan Pablo II. Como el caso afecta a uno de los protegidos del Papa, pasa directamente a manos del tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Ratzinger.

En 2005, al expediente Maciel se suman otras denuncias procedentes de Irlanda, Estados Unidos y España, en las que se detallan más abusos cometidos por otros legionarios de Cristo, además de los protagonizados por el propio Maciel. El retiro del fundador de los Legionarios de Cristo no silencia el escándalo. En marzo de 2007, tanto Maciel como Álvaro Corcuera (que a los doce años fue alumno seminarista del propio Maciel) son citados por la justicia para responder sobre el caso de un niño de tres años que ha sufrido abusos por parte de su profesor, miembro de la plantilla del elitista colegio Oxford, en México, propiedad de los Legionarios de Cristo.

Los padres del crío denuncian que los Legionarios siguen un patrón en el que «los actos de pederastia de Maciel han impregnado toda la organización, gracias a una tradición […] que ha hecho que una tercera generación de legionarios continúe desarrollándolos […] y que ellos mismos protegen y encubren sistemáticamente». Hasta entonces, todas las denuncias acerca de los abusos sexuales cometidos por Maciel se han ventilado, sin éxito, sólo en tribunales eclesiásticos.

Alejandro Espinosa, exlegionario de Cristo, sobrino de Maciel, acusador contra su tío y autor de El Legionario, libro desaparecido en España y México, declara a Interviú, en junio de 2007: «Desde 1978, Wojtyla conocía, por valija diplomática, los excesos pederastas de Maciel, su adicción a la morfina y, posiblemente, el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Las acusaciones venían desde 1945, cuando Maciel fue suspendido a divinis dos años por Pío XII».

Por otra parte, el sacerdote mexicano Alberto Athié difunde públicamente la confesión que le hace, en febrero de 1995, un moribundo legionario de Cristo, José Manuel Fernández Amenábar, que había ocupado altos cargos en la organización. Según Athié, el testimonio que rinde ese hombre enfermo es terrible, pues acusaba al venerado y poderoso padre Marcial Maciel de abuso sexual de menores y, también, de drogadicción (morfina).

Athié intenta presentar el caso ante la autoridad eclesiástica correspondiente, el cardenal Norberto Rivera, pero éste, de modo abrupto, le hace saber que no quiere tratar el asunto y que todo forma parte de un complot contra la Iglesia. Athié prepara entonces un documento en el que detalla, del modo más aséptico, varios casos de abusos sexuales. Una vez que lo tiene listo, lo envía, a través del obispo de Coatzacoalcos, Carlos Talavera, al cardenal Ratzinger, quien, como única respuesta, comenta que el caso es muy delicado, que el papa Wojtyla tenía un gran aprecio por el padre Maciel y que, por lo mismo, no es prudente tratar el asunto. Ahí termina la que habría sido una brillante carrera dentro de la alta jerarquía mexicana. Ahora, Athié reside en Chicago, acogido por los claretianos.

Después de denunciar los abusos sexuales cometidos contra varios jóvenes por el padre Marcial Maciel, superior de los Legionarios de Cristo, el sacerdote Alberto Athié es marginado de sus actividades dentro de la Iglesia católica de México. Tras varios meses de reflexión, decide renunciar al ejercicio de su ministerio mediante una carta al papa Juan Pablo II.

«José Manuel Fernández Amenábar llegó a ser un sacerdote muy prominente en términos de su ministerio. Fue rector de la Universidad Anáhuac. Afirmaba (me lo dijo confidencialmente) que el padre Marcial Maciel había abusado sexualmente de él en varias ocasiones», declara el padre Athié a la revista mexicana Proceso[7]. «También que él mismo le conseguía la volantina, que es una droga. Me metió de golpe en una situación en la que jamás imaginé participar y que me cambió la vida».

Y continúa Alberto Athié: «Busqué dentro de la propia Iglesia algún mecanismo para difundir lo que había escuchado y solicitar alguna forma de demostración. Pronto encontré a otros sacerdotes que también habían sufrido abusos del padre Maciel y que durante años habían buscado dentro de la Iglesia que se les hiciera justicia, sin ningún resultado. Me propusieron darlo a conocer a los medios. Les recomendé agotar todas las instancias internas, y sólo entonces, de no ser escuchados, nos asistiría el derecho de reivindicar la causa en otra forma. Por eso, en 2001, viajé a Chicago. Allá me encontré con la historia de más de tres mil casos de niños de quienes abusaron más de 180 sacerdotes. Como a algunos sólo los habían movido de una parroquia a otra, sin prevenir a la comunidad, habían continuado abusando cientos de veces más. Ahí comprendí que el silencio se convierte en complicidad, y decidí narrar públicamente, por primera vez, mi experiencia. Concedí una entrevista al National Catholic Reporter, que después retornaron los medios mexicanos, y el cardenal Rivera respondió: “Yo nunca recibí al padre Alberto Athié para ese asunto”. ¡Mentira! Así que llegué a la conclusión de que ya no podía hacer nada como sacerdote entre la comunidad, que no podía ejercer el ministerio ante tal injusticia, que no podía obedecer incondicionalmente a la autoridad, porque le estaba yo haciendo el juego a ese valor de la obediencia ciega, que en términos seculares ha tenido consecuencias terribles para toda la humanidad».

Siguiendo los pasos de su fundador, los Legionarios de Cristo y el movimiento laico Regnum Christi han demostrado un gran «dinamismo evangelizador» y prestan sus servicios a la Iglesia con 17 universidades, 40 centros de educación superior y más de 200 colegios, en los que cursan sus estudios miles de alumnos. Además, la organización suma tres obispos, alrededor de 750 sacerdotes y casi 2500 aspirantes, novicios y religiosos en fase de formación en sus centros, abiertos en 20 países. A su vez, Regnum Christi reúne a unos setenta mil miembros procedentes de 40 países. La presencia de la Legión de Cristo y de Regnum Christi es especialmente fuerte en México, EE. UU. y España, pues el malogrado santo Marcial Maciel empezó a enviar a sus seminaristas a estudiar a la Universidad Pontificia de Comillas en 1944.

15. La familia cristiana

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LA FAMILIA CRISTIANA

«Familia católica tradicional: un padre que no lo es, una madre virgen y el hijo que es Dios. Difícil de repetir».

Proverbio popular

El día 16 de febrero de 2007, miembros de la Guardia Civil adscritos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), dependientes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se personan en la clínica Isadora, centro especializado en la práctica del aborto legal y en servicios de ginecología y planificación familiar. Los agentes tienen la aparente intención de controlar el cumplimiento de la norma de residuos orgánicos, y levantan al efecto un Acta de Inspección. Empar Pineda[1], portavoz del centro, recuerda que los trabajadores ya llevaban varios días observando, con extrañeza, cómo un vehículo de la Guardia Civil controlaba la puerta de la clínica, situada cerca de la madrileña Dehesa de la Villa.

En su comparencia en la clínica, los agentes constatan la presencia de un arcón frigorífico en el depósito donde se depositan restos de residuos procedentes del quirófano, que la empresa autorizada Consenur retira tres veces por semana. Los agentes son informados de que, precisamente en ese momento, un vehículo de Consenur se encuentra recogiendo los residuos. Los miembros del Seprona ordenan descargar los contenedores y acuerdan su precinto. En ningún momento la Guardia Civil informa a los responsables de la clínica de que se encuentran investigando unos posibles delitos de abortos ilegales. Se limitan a señalar la inmovilización de los contenedores. Sin embargo, y sin haber informado de ello a los responsables de la clínica, ese mismo día el Seprona presenta un escrito en el Juzgado de Guardia donde, tergiversando gravemente la realidad, solicitan autorización para la retirada y el posterior análisis de los contenedores. El Juzgado de Instrucción número 6 deniega a la Guardia Civil la autorización solicitada, como consta en el sumario, considerando que «no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido» abortos ilegales, «sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios de tipo delictivo alguno».

A pesar de ello, la Guardia Civil continúa con su operación y retira los contenedores —en los que ya se ha roto la cadena de frío— sin permiso judicial. Haciendo caso omiso de lo que el Juzgado número 6 ha ordenado, los agentes del Seprona proceden a la apertura y el examen de los contenedores. Un técnico de la Consejería de Sanidad es el único testigo de la operación. El día 21 de febrero, la Guardia Civil regresa a los Juzgados de Madrid para presentar un nuevo atestado, ocultando que, previamente, un juez les ha denegado el permiso para retirar los contenedores. El nuevo juez, ignorando todos los antecedentes del caso, sí concede el permiso. La falta de garantías de semejante actuación es absoluta. Los agentes del Seprona hacen constar que en los contenedores han encontrado, además de los botes de formol, cinco fetos. Sin embargo, el Instituto Anatómico Forense da cuenta de la recepción de cuatro solamente. No hay ninguna garantía de que lo que la Guardia Civil encuentra en los contenedores sea lo mismo que remite al Instituto Anatómico Forense.

De cualquier manera, sigue sin existir indicio de que se haya cometido delito alguno. En su atestado, la Guardia Civil alega que uno de los fetos encontrados puede tener más de veintidós semanas, lo cual tampoco sería ilegal, porque es lícita la interrupción voluntaria del embarazo por encima de las veintidós semanas de gestación cuando «sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada». Pero ni siquiera se aportan verdaderos indicios que sustenten esa especulación.

La siguiente operación de acoso y derribo a la clínica Isadora por parte de la Comunidad de Madrid y el Seprona consiste en admitir la querella contra la clínica del partido político ultraderechista Alternativa Española, para evitar que se archiven las diligencias. Un disparate jurídico: no es posible admitir una querella en cuyo relato de hechos no se describe ningún delito. Además de que los hechos descritos son falsos. Con la admisión de la querella, el juez José Sierra Fernández, del Juzgado número 47 de Instrucción de Madrid, que se ha negado a devolver el asunto al primer juez que lo había conocido, permite que siga adelante el procedimiento judicial contra Isadora, que no se basa en ninguna prueba. Con esta actuación, el juez permite a un grupúsculo de extrema derecha ser parte en la causa y tomar vista de las actuaciones en las que están los historiales médicos originales de al menos veinticinco mujeres que han abortado, más los de otras que son pacientes de la clínica ginecológica.

La ofensiva contra las clínicas que practican abortos prosigue a lo largo de 2007, con una cadena de inspecciones en las clínicas autorizadas para realizar abortos en Madrid y Cataluña. Controles «rutinarios», según la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, que los centros denuncian como una «auténtica persecución». Las clínicas madrileñas han visto multiplicadas sus inspecciones. La mayoría de ellas ha tenido cinco en la primera mitad de 2008, frente a las dos de todo 2006. Un aumento que, según los centros, responde a una «persecución organizada» por parte del gobierno autonómico que encabeza Esperanza Aguirre.

«Estas inspecciones no son para acreditar que las clínicas cumplen con todos los requisitos de la Administración. Tienen un carácter ideológico y político. Son para ganarse al electorado más conservador», afirma Empar Pineda, portavoz de la clínica Isadora de Madrid. Asociaciones en favor del derecho a abortar piden que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 24 semanas de gestación de forma libre y gratuita.

Mientras tanto, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, manifiesta su desacuerdo con el juez del número 47, José Sierra, por su forma de instruir la investigación sobre los presuntos abortos ilegales en la clínica Isadora. En un escrito, Moix le pide a Sierra que deje de llamar a declarar a las mujeres que abortaron en este centro, al tiempo que le indica que debe centrarse en investigar a la clínica y en averiguar si los sanitarios cometieron alguna irregularidad en el cumplimiento de la ley. El fiscal le recomienda al juez Sierra que llame a declarar a las mujeres sólo en el caso de que encuentre indicios de delito en la actuación de la clínica.

De forma insólita, el juez José Sierra ha ordenado a los agentes del Seprona que interroguen como testigos a cerca de treinta pacientes de la clínica Isadora que abortaron el año anterior. Los guardias civiles se presentan en el domicilio de las afectadas para entregar las citaciones judiciales, con lo que eso supone. En marzo de 2008, el responsable del centro, un médico y la psiquiatra de la clínica Isadora son llamados a declarar como imputados por el juez José Sierra. Un nuevo episodio de la sorprendente actuación del titular del Juzgado número 47 de la capital en su cruzada contra la clínica Isadora.

Empar Pineda califica la imputación como el «último capítulo del carrusel de despropósitos procesales. El juez está actuando como un tribunal de la Inquisición en el siglo XXI. La denuncia inicial hablaba de abortos con más de 22 semanas de gestación. El juez lo investigó y no encontró nada. En lugar de cerrar el caso, que es lo que debería haber hecho, se buscó otra supuesta práctica ilícita para seguir con el proceso abierto: el asesinato de fetos con aire en los pulmones. De eso, claro, tampoco había nada». Pineda califica la actuación del juez de «jurídicamente insostenible. Ya es hora de que alguien pare esta persecución y linchamiento sin ninguna base».

La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB) muestra su «indignación» por la «criminalización y persecución» de las mujeres que abortan y de los profesionales que practican abortos. En un comunicado, la asociación critica que «estos grupos integristas» utilicen las estructuras de la justicia «para imponer sus valores morales».

Un comandante y dos sargentos

Mientras tanto, se descubre que un comandante y dos sargentos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid son los que han estado al frente de la investigación de las clínicas de la capital en las que se hacen abortos. Los responsables del Instituto Armado decidieron hacer un equipo conjunto entre los responsables del Seprona y el Equipo de la Mujer y el Menor (EMUME). De hecho, una sargento de esta unidad viajó por toda España para tomar declaración a las mujeres que asistieron a la clínica Isadora.

La Guardia Civil rechaza ofrecer de manera oficial su versión del caso. Pero fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid afirman que el Seprona ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente y con lo establecido en sus protocolos. Un alto mando explica que las investigaciones en las clínicas donde se realizan abortos comenzaron a raíz de denuncias anónimas por mala gestión de residuos orgánicos. Falseando la realidad, asegura que el día que los guardias fueron a la clínica Isadora, el 16 de febrero de 2007, vieron a dos personas que sacaban bidones y los metían en un todoterreno. Era el vehículo de la empresa especializada Consenur, contratada por la clínica para hacerse cargo de la gestión y el tratamiento de los restos biológicos.

Dadas las numerosas irregularidades de la intervención de la Guardia Civil en este caso, el Ministerio del Interior se ve obligado a abrir una investigación sobre las actuaciones de los agentes del Seprona que impulsaron la causa contra la clínica Isadora. «En este procedimiento ha habido numerosas irregularidades», opina el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Miguel Bajo Fernández. «Alguien se ha aprovechado maliciosamente del solapamiento de competencias y de la propia complejidad de la organización del Estado y se ha cubierto inteligentemente las espaldas. Podría haber responsabilidad de los agentes».

Los guardias civiles del Seprona no han cejado hasta conseguir su objetivo: un procedimiento judicial contra la clínica Isadora. Aunque para ello hayan tenido que pasar por encima de la decisión de un magistrado que les ordenaba abandonar sus «elucubraciones» sin fundamento. Una vez logrado que un juez afín a sus planteamientos abra las diligencias, realizan una investigación paralela que pasa por citar a declarar, de forma llamativa, a más de una veintena de mujeres. Curiosamente, las fotos de los fetos no tardaron en filtrarse a la prensa a pesar de que sólo la Guardia Civil las tenía en su poder.

Lo que empezó siendo una investigación por tratamiento de residuos clínicos y sanitarios se ha ido modificando. Cada vez que la Guardia Civil se queda sin argumentos para proseguir, abre una nueva vía de investigación buscando sin tregua irregularidades. El procedimiento judicial continúa. El caso prefabricado por el Seprona contra Isadora marca el momento de arranque de una gran campaña lanzada desde sectores ideológicamente contrarios al aborto, en especial los grupos autodenominados provida, contra las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos previstos en la ley.

La raíz de un caso como éste se encuentra en la ausencia de una nueva normativa legal sobre el aborto que clarifique definitivamente la situación. Beatriz Gimeno, de la Plataforma para una Ley de Aborto (PLA), señala que hay que conseguir un nuevo cambio: «Ninguna mujer puede ir a la cárcel por abortar. Hemos olvidado que en España no existe una ley del aborto, sino una despenalización parcial».

La resolución aprobada en el 37.º congreso del PSOE, de forma escueta y sin aclarar mucho, señala: «Apoyamos la revisión y elaboración de una nueva ley que recoja las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y de plazos». Y Rodríguez Zapatero adquiere incluso un compromiso, lo cual no es garantía de nada: «Lo vamos a hacer y lo haremos pronto, en esta legislatura». En España, sólo el 3 por 100 de los abortos se practica en la sanidad pública. Cinco comunidades —Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia— no los realizan en hospitales públicos.

La ley del aborto

La batalla por la legalización del aborto viene de muy atrás. De nuevo, el enjuague constitucional de 1978 está en el origen de este problema pendiente de solución. «Como los tiempos no permitían una prohibición constitucional al más puro estilo nacionalcatólico, la Santa Madre hizo cuanto pudo para dificultar cualquier legislación abortista», escribe el magistrado Joaquín Navarro[2]. «Como el artículo 15 de la Constitución decía que “todos” tienen derecho a la vida, la escolástica encontró su agosto para discutir si era más conveniente esa fórmula o convenía, por el contrario, decir “todas las personas”. Dos especialistas en vaticanismo coincidieron en que era preferible la expresión “todos”, pues si se hablaba de “personas” se podía plantear el problema de si el feto tenía o no esa condición (el Código Civil dice que no). Pedro Meilán y José Luis Mendizábal creían que así bloqueaban el camino del aborto. Como la discusión se produjo en el Senado, ocurrió algo pintoresco. El senador independiente Zaragoza logró incorporar al artículo 15 el derecho a la integridad moral. Le parecía que los fetos no podían ser titulares de ese derecho. La intención era excelente. Sin embargo, era muy optimista el senador. Hubo que esperar ocho años para que una ley —la 9/1985, del 5 de julio— despenalizase parcialmente el aborto en tres supuestos excepcionales. Esa tímida decisión (que no cumplía ni de lejos las promesas socialistas en la campaña de 1982) fue objeto de recurso previo de inconstitucionalidad. En el Tribunal Constitucional se produjo un empate a seis, deshecho a favor de la constitucionalidad “condicionada” de la ley. Los supuestos autorizados eran constitucionales siempre que se cumpliesen determinadas exigencias administrativas y sanitarias que nada tenían que ver con la Constitución».

Entre la falta de coraje del Gobierno, temeroso de una violenta reacción de los medios religiosos y el confesado catolicismo del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, las cosas se quedan a medio camino. Hasta hoy. Pero la contestación de las asociaciones religiosas más beligerantes es tremenda. Exactamente la misma que si se hubiese ido, sin más, a una ley de plazos. Mientras se realizan grandes manifestaciones contra el Gobierno, el grupo de Alianza Popular en el Congreso interpone un recurso previo de inconstitucionalidad contra la ley.

«La sentencia del Tribunal Constitucional estimuló a los antiabortistas. Proliferaron las asociaciones “provida” (se referían a la vida del feto, no de la mujer) cuya agresividad fue creciendo con el tiempo», prosigue Joaquín Navarro. «Los fetólatras se envalentonaron como si estuviesen en Irlanda. En realidad, la ambigüedad calculada de la Constitución, la timidez de la ley y el miedo reglamentista estaban de su parte… La solución que preconizaba Alfonso Guerra, a la sazón vicepresidente de Gobierno, era singular. Si había condenas por aborto, pondría a funcionar la “máquina de indultar”. Era consciente de la injusticia de la ley, de la falta de coraje político para remediarla y de la necesidad de que nadie cumpliese su condena por un “delito religioso”».

Durante todo 1983, los obispos desatan una ofensiva antiabortista demoledora. En febrero, la Conferencia Episcopal redacta un texto sobre «La vida y el aborto» en el que se califica de «homicidio moral» el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo y se dice que «en estos casos, se trata de dos o más personas que se ponen de acuerdo para causar la muerte de un ser humano e inocente»[3]. En julio, los prelados vuelven a la carga. La 38.ª Asamblea Plenaria del Episcopado aprueba otro documento de rechazo a la iniciativa gubernamental de enviar a las Cortes el proyecto de modificación del Código Penal que incluye la despenalización parcial del aborto. Los obispos juzgan la despenalización del aborto «a la luz no sólo de la ética cristiana, sino también de la ley natural, cuyas exigencias fundamentales puede captar la conciencia humana», y concluyen que las consecuencias de la aprobación de la Ley del Aborto «afectarían a los mismos fundamentos humanos y éticos de la convivencia cívica, ya que, de este modo, se introduciría un proceso de deterioro creciente de la conciencia moral y una creciente depreciación de la vida humana, sobre todo de los más débiles e indefensos».

Ya en octubre de ese año, cuando comienza a elaborarse el anteproyecto de Ley del Aborto, las asociaciones provida lanzan una tenebrosa campaña de publicidad que muestra, en las páginas de los diarios y en las vallas, la evolución de un embrión humano llamado Nacho que consigue convertirse finalmente en niño tras sortear infinidad de agresiones. Los abominables dibujos que muestran al embrión —ya con cara y cuerpo de niño— sufriendo las distintas técnicas de aborto, no tienen desperdicio. «¿Qué habré hecho yo para que quieran matarme?», dice Nacho.

En julio de 1985 se aprueba la Ley del Aborto, que introduce la despenalización de la interrupción del embarazo, con muchos requisitos y cautelas, en los tres conocidos supuestos de malformación del feto, peligro para la salud de la madre y violación. Los dirigentes socialistas aseguran que toman esa iniciativa a la vista de que los sondeos arrojan una significativa mayoría a favor de esa propuesta, que, obviamente, excluye la llamada ley de plazos, que el PSOE no ha vuelto a plantear en serio hasta ahora.

Durante todo el año está presente el gran debate nacional en la calle, en los medios de comunicación y en el Parlamento, del que sale aprobada definitivamente el 30 de noviembre. La Iglesia y la derecha política dan una gran batalla contra el aborto y para ello movilizan todos los resortes imaginables. Cartas pastorales, homilías, documentos colectivos, declaraciones de la Conferencia Episcopal, exhortaciones dominicales… Toda una abundante literatura eclesial, oral y escrita, se dedica a condenar el aborto como «el peor de los crímenes» y a defender la idea de que «el feto es un ser humano desde el momento de la concepción». La visita a España del jefe de la Iglesia católica, Juan Pablo II, en 1982, poco después de la victoria del PSOE en las elecciones generales del 28 de octubre, ya había sancionado con su autoridad la actividad de sus representantes españoles en torno al tema. El Papa anima a sus prelados a perseverar en el camino emprendido para impedir que la despenalización del aborto se abra paso en la legislación española.

En España, Alianza Popular, con Fraga al frente, Falange y Fuerza Nueva salen juntos a la calle para proclamar el derecho a la vida. «Mamá, no me mates», rezan los carteles. Esta unidad de criterios, esta unanimidad en la condena del aborto por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, podría dar a entender que siempre ha sido ése el pensamiento de esta Iglesia a lo largo de la historia. Nada más lejos de la realidad. Remontándonos, brevemente, a los textos bíblicos, salvo la utilización del vocablo «aborto» en algunas ocasiones, no aparece ningún juicio moral en contra del aborto ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento.

Más aún: hasta el siglo XIX no llega a ser dominante en el pensamiento católico la tesis de la «animación inmediata del embrión» y con ella, la condena de todo tipo de aborto. De hecho, el debate en torno al momento en el que el feto comenzaba a estar «animado», es decir, «recibía el alma», no da resultados unificados entre los pensadores de la Iglesia católica, de forma colectiva, hasta el siglo VII, fecha en la que la tesis de la «animación retardada del feto» llega a ser dominante, manteniéndose hasta finales del siglo XVII. Once largos siglos en los que los pontífices y demás sesudos varones de la Iglesia defendían sin rubor que «la recepción del alma específicamente humana acontece cuando el nuevo ser ha adquirido una forma humana, teniendo esto lugar a los 40 días, si se trata de un feto masculino, mientras que hay que esperar 90 días si se trata de un feto femenino».

Dicha tesis —al margen de la curiosa discriminación sexista intrauterina—, largamente sostenida por la Iglesia católica hasta hace relativamente pocos años, comparada con la tesis actual de la «animación desde el primer momento de la concepción», permitía, cuando menos, no ser objeto de anatema ni excomunión si el aborto se practicaba dentro de los primeros 40 días si el feto era masculino y dentro de los consabidos 90 en el caso de que fuera femenino. Otra cosa es imaginarse cómo tenían que apañarse nuestros antepasados para saber si el feto era femenino.

Un breve repaso por la historia de la Iglesia nos permite observar que, aunque su capacidad de adaptación a los distintos vientos que han corrido haya sido reacia a avanzar en materia de aborto, la Iglesia ha sabido convivir con diversos postulados y hasta compartirlos. Así selló su pacto con el derecho romano por medio del Edicto de Milán, en tiempos del emperador Constantino. Derecho este que permitía el aborto a mujeres libres y esclavas, siempre y cuando lo decidiera el pater familias, el patriarca. Como cuando, mucho más tarde, adoptó la legislación bonapartista de los códigos napoleónicos —legislación en la que se basa nuestro vigente Código Penal—, en los que constaba como atenuante o eximente, según los casos, la ocultación de la «deshonra del varón», como móvil no sólo del aborto sino del infanticidio.

A lo largo de la historia de la Iglesia no han faltado tampoco voces minoritarias, ocultadas por la Iglesia oficial, que defendían la práctica del aborto en algunas circunstancias. Como es el caso del moralista Martín de Azpilicueta, que, en 1698, escribía: «Los médicos pueden suministrar abortivos en casos necesarios para salvar la vida de la madre…». O ya en los años ochenta del pasado siglo, en medio del gran debate sobre la despenalización del aborto, la voz autorizada del padre Díez Alegría, quien, contra viento y marea, no deja de proclamar que el tema del aborto es, junto a otros muchos, materia de «libertad de conciencia» y no objeto a convertir en doctrina de la Iglesia católica. La opinión de este teólogo, en 1983, contrasta de forma radical con lo que, en ese momento, acaba de ser legislado en la última reforma del derecho canónico, que acaba de considerar el aborto como materia de excomunión lata sententia. Es decir, que es reo de excomunión por prácticas abortivas cualquier católica o católico que las lleve a efecto, sin tener que mediar para ello ningún tipo de denuncia, presentación de pruebas, juicio o algo semejante. Basta, pues, con que tal acto «haya llegado a oídos de Dios».

El juicio de Bilbao

El 16 de marzo de 1982, se celebra en Bilbao un juicio contra diez mujeres acusadas del «delito de aborto». Durante las once horas que dura la vista, estas mujeres son la voz de las miles que, hasta entonces, han abortado en clandestinidad. Detenidas en 1976 por unos hechos que se remontan a varios años atrás, sus edades oscilan entre los treinta y tres y los cuarenta y siete años cuando son juzgadas. En el momento que se han visto obligadas a abortar, todas, excepto una, estaban casadas, tenían ya dos o tres hijos y una situación económica difícil. Ante el Tribunal manifiestan que los médicos de la Seguridad Social se negaron a facilitarles anticonceptivos y tuvieron que abortar por razones de salud, excesivo número de hijos y problemas económicos. Y en uno de los casos, por temor a las consecuencias de ser madre soltera.

Tras la celebración del juicio, cuatro de estas diez mujeres hacen pública una carta que resume sus declaraciones en la vista: «Recuerdo cuando, tranquilamente, estábamos en casa un sábado, y en fiestas, que no se nos olvidará en la vida, cuando vinieron a por nosotras. Engañadas, naturalmente, porque nos engañaron como a niños; ¿sabéis lo que significa ir con los críos y el marido para dar una información a la comisaría y para preguntarnos si conocíamos a una tal Julia? (Julia es la que nos hizo el aborto). Aunque el marido y los niños, naturalmente, no subieron, se quedaron abajo esperando. Les dijeron que por un rato, pero el rato se hacía cada vez más largo, tan largo que duró tres días y cuatro noches».

«Os podéis imaginar lo que fue para nosotras, amas de casa, dejar a los niños con su padre, si bien algunas teníamos a las abuelas, pero otras no teníamos a nadie y no era plan de dejar a las vecinas las niñas y los niños de una abortadora, porque, aunque todo el mundo está muy adelantado, todavía hay personas que viven en la Edad Media y están muy retrasadas y ven el aborto como un crimen. Pero es porque no se vieron en nuestras circunstancias, no crean que nosotras abortamos por capricho de decir: ¡No quiero un hijo y voy a abortar! Que aunque así fuera, estamos en nuestro derecho de decidir si queremos dos, tres o ningún hijo. Pero en aquellos tiempos, cuando abortamos, el problema fue que éstas, las que escribimos, y no nos importa decirlo, yo tenía tres niños, el primero, un niño de dos años; luego una niña de dieciocho meses, luego otro niño de cuatro meses, nos habíamos metido en el piso, porque estábamos de renta, y los meses pasaban enseguida, con mucho sacrificio y con un pequeño jornal de nueve mil pesetas. ¡Vosotras me diréis si yo necesitaba otro hijo más!».

«Y otros casos son parecidos, para qué contar. Lo que pretendemos con esta carta es que nos ayudéis a defender el derecho de las mujeres a desear los hijos que quiera cada una, que ahora hay más adelantos y pueden recurrir a otros sistemas, sin tener que llegar a pasar el bochorno y los días que pasamos nosotras y que están pasando muchas mujeres, porque no dejan de coger en casi toda España a mujeres por abortar y las siguen metiendo en la cárcel».

La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao dicta sentencia el 24 de marzo de 1982. A las abortistas, de procedencia humilde, se les aplica la eximente de estado de necesidad, entendiendo esta eximente según una interpretación muy progresista de la Constitución. La sentencia absuelve a las procesadas. El ponente es Juan Alberto Belloch, entonces magistrado en activo y miembro de la organización Jueces para la Democracia.

En la actualidad, los colectivos feministas continúan abogando por una ley de plazos como la mejor opción para regular la interrupción voluntaria del embarazo en España. Consideran que es, también, la única forma efectiva de garantizar la intimidad de las mujeres que optan por abortar. La ley de plazos es la fórmula que se emplea en prácticamente toda Europa. Un informe de la Comisión de Igualdad del Consejo de Europa invitaba en 2008 a despenalizar el aborto y garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres a este derecho. Sólo cuatro de los 47 países miembros del Consejo castigan el aborto: Andorra, Malta, Irlanda y Polonia.

Como siempre, el cardenal primado de Toledo es uno de los prelados más obsesionados por condenar el aborto. «No tardará mucho en que la sociedad se avergüence de esto, al igual que se avergüenza de la esclavitud. El aborto es lo más grave que ha sucedido en la historia de la humanidad». Monseñor Cañizares se despacha nada menos que con esto, en julio de 2008, durante la inauguración de un seminario en Santander. El teólogo Juan José Tamayo, que esos días participa en un debate en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, acusa a la Iglesia de estar «desquiciada»: «Da respuestas del pasado a preguntas del presente».

El modelo de María

El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, lanza una nueva ofensiva antiabortista a las dos semanas de hacerse cargo por tercera vez de la presidencia de la Conferencia Episcopal. El primer documento de la nueva era Rouco insta al Gobierno a abolir el aborto y critica la «cultura de la muerte». El texto, publicado por la subcomisión episcopal de Familia y Vida para ir caldeando la VII Jornada por la Vida, que va a tener lugar el 31 de marzo de 2008, proclama que «ni en el ámbito privado ni público, se puede admitir en ningún caso prácticas como el aborto, la eutanasia o la producción, congelación y manipulación de embriones humanos».

La imagen que el cardenal Antonio María Rouco tiene de la mujer permite entender con bastante claridad por qué hace semejantes planteamientos en ese tema. «La figura de María siempre es un modelo ideal[4]. Por lo tanto, uno no puede pensar que el modelo de vida y de vocación de la Virgen María sea algo que pueda vivirse con mucha facilidad. Ahora bien, que María sea un modelo ideal no quiere decir que sea irrealizable (virgen y madre de Dios). Simplemente constituye un punto máximo de realización de la persona, en este caso de la mujer, en María. Ella es llena de gracia. Es un modelo real y vivo, que nos marca el camino de la existencia tanto a las mujeres como a los hombres. La Virgen es, pues, modelo de santidad para todos sin excepción. Yo creo que, a pesar de los pesares, María es muy aceptada hoy por la mujer española. Si hay algo que aún funciona en las personas con una fe debilitada es la devoción a la Virgen; eso es al menos lo que constatamos en nuestra experiencia pastoral. La virginidad de María no es ninguna negación de la fecundidad de una mujer, sino todo lo contrario». Con ese discurso, estamos listos.

La Comunidad de Madrid destina el 72 por 100 de los fondos del programa Red de Madres a organizaciones provida o religiosas. Los nombres de estos colectivos antiabortistas, vinculados a los sectores más integristas de la Iglesia, advierten con claridad de sus planteamientos ideológicos: Fundación para la Defensa de la Vida (FUNDVIDA), Asociación en Defensa de la Vida Humana (ADEVIDA), Comisión Madrileña para la Defensa de la Vida (PROVIDA), Fundación Vida, Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, Asociación de Víctimas del Aborto (AVA)…

A los obispos también les parece un producto del maligno la práctica de la reproducción humana asistida. Afirman que el embrión humano recibe en España «una tutela legal menor de la que se otorga a los embriones de ciertas especies animales». «No se puede curar matando», afirma el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, en marzo de 2006, durante la presentación del documento titulado «Algunas orientaciones sobre la licitud de la reproducción humana artificial y sobre las prácticas injustas autorizadas por la ley que las regulará en España». Los obispos sostienen que esta «industria productora de seres humanos» se desarrolla al margen de toda moral. «El embrión es un individuo humano», afirman. La descalificación episcopal alcanza también a la ley de biomedicina que permitirá la clonación terapéutica. En la conclusión de su documento, los obispos añaden: «Aun en medio de todos los logros técnicos, el comienzo de la vida sigue ligado a las relaciones sexuales entre el varón y la mujer, que al unirse en el abrazo conyugal perfeccionan su unión de vida y amor y, al mismo tiempo, generan a los hijos, que reciben como regalo del Cielo. La procreación implica, por tanto, las relaciones justas entre los esposos en la práctica ordenada de la sexualidad, es decir, da la castidad conyugal».

En sus Ensayos impopulares[5], Bertrand Russell decía ya en la década de los cuarenta del pasado siglo: «Durante los últimos cuatrocientos años, en los cuales el desarrollo de la ciencia ha demostrado a los hombres el modo de adquirir conocimiento respecto a las costumbres de la naturaleza y dominio sobre las fuerzas naturales, el clero ha librado una batalla perdida contra la ciencia, en astronomía y geología, en anatomía y fisiología, en biología, psicología y sociología. Expulsados de una posición, ocuparon otra. Después de ser derrotados en astronomía, hicieron lo imposible para impedir el ascenso de la geología; lucharon contra Darwin en biología, y en la actualidad están luchando contra las teorías científicas de la psicología y la educación. En cada etapa, tratan de hacer que el público olvide su anterior oscurantismo, a fin de que su oscurantismo actual no sea reconocido como tal».

En noviembre de 2006, la Conferencia Episcopal exige que se modifique la definición legal de embrión humano. La Iglesia y los científicos afines a sus planteamientos defienden que un embrión es una persona desde el momento en que un óvulo es fecundado, aunque esté en un tubo de ensayo. En cambio, las leyes que permiten manipular los embriones de menos de 14 días parten de la idea de que en ese plazo de tiempo todavía no hay órganos ni tejidos, y el llamado preembrión es un «pelota» de células que sólo si se implanta en un útero puede llegar a convertirse en persona.

A sufrir como Jesucristo

Otro asunto por el que se pasa de puntillas en las resoluciones del 37.º congreso del PSOE es la regulación de la eutanasia activa: «En los próximos años se debería abrir el debate para solicitar a los profesionales una intervención más activa en el derecho a una muerte digna». El 7 de julio de 2008, Luis Montes, exjefe del Servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), tras inaugurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el seminario «Muerte digna, asistencia antes de la muerte», pide al Gobierno que fije «fechas concretas», no le convence el resultado del congreso del PSOE, clausurado el día anterior. Una semana después, el exjefe del servicio de Urgencias del hospital madrileño Severo Ochoa inicia una campaña por la despenalización de la eutanasia. Presenta un manifiesto en el que se dice que es responsabilidad de los políticos «conocer, de manera fehaciente, cómo mueren los ciudadanos y garantizar el libre ejercicio de estos derechos. Aunque la Constitución y la legislación vigente deben seguir garantizando el derecho a la vida, también deberían garantizar el derecho a una muerte digna. El legislador ha de reconocer que la regulación actual del código penal en su artículo 143.4 es insuficiente para garantizar este derecho, por lo que habría que encaminarse claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia. La sociedad está más avanzada que los políticos, va por delante y ya ha trasladado este debate a la calle».

Por su parte, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, aprovecha la Semana Santa de 2008 para arremeter contra la eutanasia y los cuidados paliativos: «Jesús no tuvo cuidados paliativos, pero su muerte fue absolutamente digna, porque la miró cara a cara, con confianza, porque la aceptó con amor, porque la vivió descansando en los brazos del Padre Celestial».

Otra de las recientes ofensivas capitaneadas por los prelados ha tenido como objetivo el llamado «divorcio exprés», aprobado en julio de 2005. Mediante esta reforma de la ley del divorcio en España, se agilizan notablemente los trámites, y el único requisito exigible es que hayan transcurrido como mínimo tres meses desde la fecha del matrimonio. Esta simplificación permite que, en algunos casos, se pueda tramitar completamente desde casa, de forma on line o virtual, en pocas semanas o meses, en función de la capacidad de los implicados para llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Comparativamente, la ley anterior prolongaba esos mismos trámites unos dos o tres años. Incluso más si no había forma de lograr el acuerdo entre los cónyuges.

A grandes rasgos, se elimina la necesidad de tramitar una separación previa al divorcio, estado en el que, hasta la llegada de esta ley, se debía permanecer como mínimo un año antes de continuar el proceso. Se elimina también la necesidad de presentar causas de divorcio que el juez podía o no considerar válidas, y se modifican las formas de pago de las pensiones. Además, se regula por primera vez la figura de la custodia compartida. En resumen, se agiliza todo el proceso ya que el único requisito son esos tres meses entre la solicitud de divorcio y el matrimonio, e incluso puede acortarse este periodo si concurren circunstancias especiales, como por ejemplo riesgos para la salud o la vida de uno de los cónyuges.

El objetivo de estas simplificaciones es, entre otros, buscar la reducción del coste económico de cada divorcio y tratar de que un proceso ya de por sí traumático y desagradable no se prolongue durante años, aumentando progresivamente la tensión entre los cónyuges. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) hecha pública en julio de 2008, las bodas civiles van ganando terreno. En 14 provincias españolas superan ya a las uniones religiosas. El cambio ha sido muy rápido. Hace sólo ochos años, en 2000, se celebraron en España 216 451 bodas, de las que el 24 por 100 fueron uniones civiles, prácticamente una de cada cuatro. En 2007, el porcentaje llegó al 46 por 100. Por otra parte, en 2007 se celebraron según ritos religiosos distintos al católico 696 uniones, un escaso 0,34 por 100 del total.

La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo entra en vigor el 4 de julio de 2005 y, ese mismo día, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, la tacha de inconstitucional: «Hay años en que, aunque llueve poco, las aguas bajan muy revueltas», se lamenta metafóricamente el prelado. «La Iglesia católica, en sus dos mil años de existencia, nunca se encontró con algo parecido. Es la cosa más terrible que ha ocurrido en veinte siglos», clama a su vez, desmelenado, el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino.

Previamente, el 18 de junio de ese año, 17 de los 76 obispos en activo en ese momento habían acudido a la manifestación del Foro de la Familia en Madrid contra la reforma del Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre ellos, dos miembros del ejecutivo de la CEE, los omnipresentes prelados Rouco Varela y Cañizares. En el verano de 2003, el Vaticano ya había hecho público un documento dirigido a los políticos católicos pidiéndoles que se opusieran frontalmente a la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio, por considerar que son «inmorales» y «nocivas» para la sociedad. El texto, titulado «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», lo firmaba la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo máximo responsable era el cardenal Ratzinger, que aún esperaba su turno para ser nombrado Papa. El futuro Benedicto XVI intenta justificar ese rechazo con razones no sólo religiosas. Señala que la equiparación de ambas uniones «supondría no sólo aprobar una conducta desviada, sino que equivaldría a oscurecer valores básicos que pertenecen a la herencia común de la humanidad». La Santa Sede ve en esta nueva «tolerancia» hacia los homosexuales el germen de una subversión absoluta de los principios de la sociedad. Y eso que a nadie le van a impedir que se case con quien le dé la gana o se quede al margen de la institución del matrimonio toda la vida. Desde un punto de vista biológico, el rechazo se basa en que esas uniones contribuirán a «desvirtuar la institución del matrimonio», al no asegurar «adecuadamente la procreación y por tanto la supervivencia de la especie».

Para criticar el matrimonio entre personas del mismo sexo, Rouco acude a un texto tan actualizado como el Génesis[6]: «La Iglesia tiene como misión proponer el Evangelio de Cristo que, como es sabido, en cuestiones referidas al matrimonio se refiere al orden de la creación. Cuando a Jesús se le pregunta sobre este tema, se remite al libro del Génesis, que narra la creación del hombre y de la mujer llamados a ser una sola carne. Según este orden que Dios a impreso en la naturaleza humana, el matrimonio, origen de la familia, está constituido por la unión del hombre y de la mujer, llamados al amor, a la transmisión de la vida y al dominio de la creación para ordenarla al fin que le ha dado el Creador».

«Los homosexuales varones utilizan a los niños para abusar de ellos, en el marco de las familias homoparentales», declara, en noviembre de 2006, la antropóloga y doctora en Teología Blanca Castilla de Cortázar Larrea, durante la celebración del VIII Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (AcdP). El exabrupto de la exsecretaria de la Real Academia de Doctores de España provoca la indignada reacción de los representantes de los colectivos homosexuales, que denuncian la «homofobia profunda» y «la incultura» de la conferenciante.

Los obispos también rechazan las medidas aprobadas en 2007 por el Gobierno para ayudar a las madres solteras, el llamado «cheque bebé». Piden al Gobierno que no se dé ayuda a las madres solteras. Afirman que sólo se debe promover «una natalidad justamente establecida». De ese modo, los prelados abren un nuevo frente crítico al rechazar la anunciada ayuda de 2500 euros por nacimiento, que aumenta hasta 3500 euros para las familias monoparentales. «¿Se niegan ustedes a que el Gobierno ayude a las madres solteras?», le preguntan clara y directamente, en rueda de prensa, al secretario de la Conferencia Episcopal, el feroz antiabortista y portavoz de la Conferencia Episcopal Juan Antonio Martínez Camino, en septiembre de 2007[7]. Y su respuesta es contundente: «Ayudar a los niños que ya están en el mundo, siempre. Promover el que vengan niños al mundo sin padre o sin madre no se debe hacer». Es decir, ayudas a la natalidad, sí, pero sólo para las familias tradicionales.

Martínez Camino lo explica más pormenorizadamente: «Las ayudas deben promover que los hijos vengan al mundo en circunstancias óptimas, con un padre y una madre conocidos, que se aman, que tienen un pacto de fidelidad estable, permanente e indisoluble».

Varios días después, durante un homenaje musical que se le rinde en el teatro Jovellanos de Gijón, el cantante Víctor Manuel se confiesa ante el numerosa público asistente «un poco más cabreado cada día», a consecuencia de ciertas declaraciones políticas, y escandalizado por la actitud de «malos cristianos». Y apunta un ejemplo: «Que salga el portavoz de la Conferencia Episcopal diciendo que no hay que dar unos euros a las madres solteras… Esi ye un hijo de puta», concluye con el más genuino acento de su tierra.

Epílogo

EPÍLOGO

«Vengo a confesarme, pare,

de los pecaos que tengo.

Niña, yo no soy el pare,

soy el sacristán del templo».

Bulerías gitanas de MANOLITO de MARÍA

Gonzalo Puente Ojea es uno de los más sólidos intelectuales de este país, autor de importantes obras que constituyen una ineludible referencia académica, como Elogio del ateísmo o Ideología e Historia. La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, entre otras. Ha sido el primer y único diplomático no creyente que ha representado a España ante la Santa Sede y tuvo que soportar, durante dos años, las maniobras contra él de la Curia vaticana, con el papa Wojtyla al frente, que presionó al Gobierno de Felipe González hasta conseguir que lo destituyera de su cargo. «En lugar de mantenerse firme y protestar por la intromisión de la Santa Sede en la política internacional del Estado español, el presidente del Gobierno socialista cedió en todo», señala el diplomático. «Visto con veinte años de perspectiva, aquél fue solo un paso en la vuelta al neoconfesionalismo que está culminando ahora Rodríguez Zapatero».

Pregunta. —¿Qué piensa de los acuerdos alcanzados entre el actual Gobierno del PSOE y la jerarquía católica, entre ellos el de financiación de la Iglesia con dinero público?

Respuesta. —El proceso de perdón a la Iglesia, y, además, de confirmación de todos sus inmensos beneficios que se inició en 1976, ha llegado a su culmen ahora. Zapatero, que dice «¡viva mi abuelo republicano!», ha hecho, políticamente, lo contrario del espíritu de la República, que fue la gran novedad de la historia de España. En 1931 comenzamos a pasar de un país mediatizado por los religiosos a otro que se desembarazaba de ese peso y se hacía independiente, en el papel y en la realidad, del poder religioso.

Zapatero corona un proceso vergonzoso, en el que la actuación de los partidos de izquierda ha sido concluyente y terminante a favor de la Iglesia. Los gobiernos socialistas de Felipe González y, ahora, el de Zapatero han marcado la pauta en los dos temas medulares que se plantearon en España al final del franquismo: las relaciones de la Iglesia con el Estado y la forma monárquica de Gobierno. La República había sido vencida por las armas, pero ahí quedaba un legado histórico que había que ventilar. González, con mayoría absoluta, tuvo la oportunidad de replantear estas dos cuestiones. Pudo introducir, en las relaciones de la Iglesia con el Estado y en el sistema de monarquía parlamentaria, ambos lastres impuestos por la Transición, ciertos correctivos, ciertos matices, que disminuyeran la radicalidad promonárquica y proeclesiástica que venía determinada por la Ley de la Reforma Política y el subsiguiente desarrollo de la Constitución de 1978. Pero los socialistas han ido marcando hitos que no solamente empeoraban la situación Iglesia-Estado determinada por los acuerdos de 1979, que ya fueron suficientemente catastróficos, sino que todavía ampliaban el margen de concesiones a la Iglesia y el refuerzo de la monarquía heredada del franquismo.

P —¿En qué situación queda ahora la supuesta aconfesionalidad del Estado?

R —Zapatero habla de la aconfesionalidad del Estado para echarla por tierra un párrafo después. No solamente no denuncia los convenios con la Santa Sede, que son anticonstitucionales, sino que todavía agrava y carga más a favor de la Iglesia la consecuencia de esos acuerdos. Sin embargo, no lleva a la práctica lo que señalaban los acuerdos en materia de financiación de la Iglesia, y es que, a partir del cuarto año de la entrada en vigor de los convenios, la confesión católica tenía que haber empezado a financiarse absolutamente de la aportación económica que hicieran sus fieles. Pues esto ha quedado ya derogado con la última legislación de Zapatero, que determina que el Estado está obligado a financiar a una iglesia concreta. Es un absoluto atropello y, si hubiera un Tribunal Constitucional imparcial y la posibilidad de recurrir de una manera ágil y económica por parte de cualquier ciudadano, ése era un recurso que se ganaba. Porque, aun siendo el artículo 16 de la Constitución el bodrio y la porquería que es, la primera fase del texto declara abiertamente que el Estado no profesa religión alguna.

P —¿Qué le parece que los curas reclaman ahora libertad? Cuando aquí, durante cuarenta años, era obligatorio presentar la fe de bautismo para poder escolarizarse.

R —Y para otras cosas muy importantes también era imprescindible la fe de bautismo. Ahora invocan la libertad religiosa para que el Estado financie su propio credo. Pero, para que no haya discriminación entre los ciudadanos, como señala la Constitución, ninguna fuerza ideológica puede tener un tratamiento favorecido desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, que tiene que ser neutro y no puede aceptar un privilegio para un credo religioso. Y tampoco para una dinastía real. Sin embargo, aquí se enfeuda la jefatura del Estado, por nacimiento, a una persona apellidada Borbón. Porque esto no es sólo una monarquía, sino una monarquía dinástica. ¿Cómo encaja esto con que nadie será discriminado por razones de nacimiento? La dinastía más odiada por la mayor parte de los españoles durante la mitad del siglo XIX y del XX se ha entronizado de forma feroz. En cualquier boletín de noticias siempre está presente la familia real.

Se ha ido incrementando, cada vez más, la aparición de los borbones y sus parientes en todo tipo de actos. Ahí está la creación de los premios Príncipe de Asturias, la presencia del rey hasta en encuentros internacionales, donde se habla de él incluso como posible mediador político. Hay una inflación de campaña monárquica, financiada con el presupuesto público, sin posibilidad de opinión contraria, con unos medios de comunicación, tanto públicos como privados, volcados a favor de la Institución. Esto es el intento de aplastar todo lo que significaba un sentimiento republicano de la vida, que era muy mayoritario incluso después de sufrir la apisonadora franquista.

P —¿Considera incompatible la situación de privilegio de la Iglesia con una mínima democracia?

R —Todos los poderes de la Iglesia no emanan de Dios, sino, concretamente, de un personaje con zapatillas y gorra, como nosotros. Un señor que se sienta en la sede romana y de quien, en principio, los jefes de los gobiernos y de los estados, para adoptar decisiones que afecten a la moral, tendrían que obtener su visto bueno expreso o tácito. Él es el depositario de la verdad, el vicario de Cristo. ¿Cómo puede reclamar libertad un poder que practica esta filosofía? ¿Qué es la libertad?, ¿hacer lo que quiere la Iglesia, o lo que cada uno decida, al margen de cualquier interferencia eclesiástica o partidaria? Si el Gobierno asume estos poderes excepcionales de la Iglesia, está asumiendo un sistema político sin libertades.

Aquí se cree que en España tenemos democracia y que la Transición ha llegado a su plenitud porque hay elecciones y libertad de partidos políticos. Pero se olvida que las libertades están tan limitadas y las concesiones discriminatorias son tan abundantes que no hay dos ciudadanos que tengan los mismos derechos en este país. España no es una democracia. Primero, porque hay un poder fijo que es la Corona. Segundo, porque se ha institucionalizado el poder religioso, con tal partidismo a favor de la Iglesia, que es otro poder fijo, y además niega la libertad de conciencia. Porque la libertad no es sólo el acto externo de que no te detengan en la calle. Es imprescindible la libertad de conciencia, que es igual a libertad de expresión, de pensamiento… Con las concesiones que el Gobierno hace a la Iglesia en el terreno de la financiación, de la educación, de todo, no hay manera de sacudirse de encima el peso de la religión católica, después de habernos empezado a librar de ella hace setenta y cinco años.

Por ejemplo, qué posibilidad tiene un ateo, un agnóstico o un indiferente de decir: yo quiero que en las escuelas haya una asignatura que sea «Libertad de pensamiento».

P —¿La Iglesia española ha evolucionado en algo o sigue anclada en el nacionalcatolicismo?

R —Ha actualizado su lenguaje, pero la doctrina básica no ha variado. La Iglesia entiende que una parte del poder espiritual no le corresponde al Estado. Así que dejémonos de retóricas, y que nos digan si lo que ellos llaman el poder espiritual, que es el religioso, se sobrepone, por doctrina, al poder político elegido libremente por los ciudadanos. Pues claro que no, lo que decidan los ciudadanos es moral per se, porque responde al sentimiento mayoritario.

Aquí, por ejemplo, la ley de los matrimonios gays no la aceptan, y la combaten porque ellos tienen su definición de matrimonio. Consideran que tienen el depósito de la verdad y la ética, y que ésta es una ley injusta y contra la libertad. Porque la única libertad que existe es la de hacer un matrimonio eclesiástico. Su propia definición de los conceptos demuestra que la Iglesia no quiere la libertad.

P —Usted ha señalado, en más de una ocasión, que la Iglesia, por su propia esencia, es totalitaria.

R —Por supuesto. En el asunto de los matrimonios gays, como en todo lo demás, la Iglesia entiende que sólo vale la moral católica, que además, está definida por una persona, que es el Papa, cuyos poderes derivan de un señor que se llama Jesucristo, que no se sabe muy bien quién era. Y además, el Papa actúa por inspiración… Con ese planteamiento, quieren imponer que los matrimonios sólo sean entre hombre y mujer y para fabricar hijos. No puede ser una forma de institucionalizar el afecto, la compañía… Sus definiciones son totalitarias y están imponiendo a todos los ciudadanos, sean católicos o no, una forma concreta de concebir la familia que no tenemos por qué aceptar.

Por otro lado, consideran que un señor, para ser ciudadano cabal y saber votar, tiene que pasar por una clase de religión en la escuela pública o privada… Si esto es así, usted está negando el sistema de libertades. Y hay que distinguir muy claramente lo que es el mecanismo democrático de elección de los poderes y el sistema de libertades. Porque el primero puede funcionar formalmente sin problemas, con todas las triquiñuelas de una ley electoral falsa y una demarcación de unidades territoriales falsa, para favorecer determinados resultados en las elecciones. Además, la forma de regirse de los partidos políticos, sin transparencia interna, con listas cerradas, es la negación del sistema roussoniano de democracia. Así que, en el capítulo de democracia, España tiene poco que decir, es un país oligárquico, con todo organizado para que haya un bipartidismo de facto, consecuencia de las corruptelas chapuceras, sin luz ni taquígrafos, que se hicieron durante la Transición, al margen del conocimiento del pueblo. El vínculo representante-representado, que en Rousseau es esencial, aquí ha desaparecido.

P —¿Cuáles deben ser las características básicas de un Estado laico?

R —Un Estado laico es el que protege la privacidad en todos los aspectos, la libertad de conciencia, los asuntos personales que afectan a las cuestiones básicas del ser humano: de dónde venimos, adónde vamos, qué vamos a hacer, cómo educar a los niños… En el campo de la privacidad no puede haber discriminaciones, porque la libertad de conciencia ampara cualquier expresión de convicciones, de sentimientos. Y son válidas todas igualmente. Además, por definición, la conciencia es algo móvil. Uno pasa por muchas fases en la vida y su conciencia se llena de contenidos distintos, aunque haya un hilo conductor a veces. Y aquí, ¿quién pone el cascabel al gato? ¿Por qué va a ser tu conciencia mejor que la mía? Además, hay cambios históricos, porque las religiones aparentan una moral unitaria, pero lo que hacen es acomodar continuamente su mensaje. Así que decir que yo tengo la verdad, como hace la Iglesia continuamente, es la negación de la libertad y de la igualdad. El Estado laico protege a todos por igual, a los que tienen creencias religiosas del mismo modo que protegería a un club de ateos.

Lo religioso y lo irreligioso, es decir, aquello que no se formaliza en términos de referencias religiosas, deben tener los mismos derechos de expresión. Religiosidad es toda aquella concepción del universo y del ser humano que distingue el plano de lo natural del plano de lo sobrenatural. La ciencia ha arruinado ya esa distinción, como improcedente, porque no hay un plano sobrenatural: las leyes de la naturaleza y la materia son, al final, las que producen el pensamiento, y ya sabemos de sobra cómo funciona el cerebro. De manera que la irreligiosidad es el punto de partida real de quien investiga en el laboratorio, en los libros, de todos los grandes científicos. Es decir, yo no acepto la escisión entre un plano en el que funcionan las leyes de la física y otro plano que funciona por inspiración del pajarito.

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ALFREDO GRIMALDOS FEITO (Madrid, 1965) es un periodista de investigación. Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Colaboró en publicaciones que lograron amplia difusión después de la muerte de Franco, como Alternativas, España Crítica o Tricolor. En 1977 se incorporó al equipo de redacción de Ediciones la Torre y publicó Contra el Pacto de la Moncloa. Redactor de los diarios Liberación y La Tarde de Madrid, dirigió la revista Área Crítica.

Ha escrito numerosos artículos relacionados con distintos aspectos de la Transición en revistas como Interviú, Actual, Motivos de actualidad o Artículo 20. Desde 1990 es colaborador de El Mundo y crítico de flamenco de este diario. Durante los años 2001 y 2002 formó parte del equipo de investigación de la serie Crónica de una generación.

[1]El País, 30-1-1985.<<

[2] Vicenç Navarro. El País, 5-5-2003.<<

[3] Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. El País, 22-10-1987.<<

[4]El País, 22-3-1987.<<

[5] La matanza de «rojos» en la Plaza de Toros de Badajoz entre los días 14 y 15 de agosto de 1936 está en la historia como una auténtica pesadilla. Miles de republicanos fueron «lidiados» como reses y rematados con el fuego de las ametralladoras emplazadas en el tendido. Jacques Maritain, filósofo cristiano, protestó contra «los asesinatos de muchísimos hombres, mujeres y niños». James Cleugh, simpatizante de los fascistas sublevados, escribió que «sólo en la Plaza de Toros hubo más de tres mil ejecuciones». La confirmación de los horrorosos sucesos la da el propio teniente coronel Juan Yagüe Blanco (en Madrid continúa habiendo una calle con el nombre de este genocida), en una entrevista para el New York Herald Tribune, realizada por John T. Whitaker, en la que responde: «Naturalmente que hemos matado en Badajoz. ¿Qué suponía usted, que iba a llevar a esos seis mil prisioneros rojos en mis columnas teniendo que avanzar contra reloj sobre Toledo, o que los iba a dejar en la retaguardia para que Badajoz fuese rojo otra vez?».

«Aquellos asesinatos eran gratamente presenciados por respetables y piadosas damas», escribió Martínez Bande en La marcha sobre Madrid. «También aplaudían los jovencitos de San Luis, venerables eclesiásticos, virtuosos frailes y monjas de albatoca y mirada humilde tras esperar que Yagüe diese la señal para que, abiertos los chiqueros, iniciasen el ametrallamiento».<<

[6] Manuel Montero, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. El País, 6-5-2007.<<

[7] Enrique Miret Magdalena. Luces y sombras de una larga vida.<<

[8] Citado por Manuel Montero en su artículo.<<

[9] Francisco Franco Salgado-Araujo. Mis conversaciones privadas con Franco.<<

[1] José María Zavala. Alto y claro. Conversaciones con Rouco Varela.<<

[2] Extractos del discurso de Manuel Azaña ante las Cortes Constituyentes de la Segunda República, el 13 de octubre de 1931. Azaña interviene una sola vez en esa larga sesión, en la que se debate el artículo 24 del Proyecto Constitucional, que más tarde pasará a ser el 26. Pide la palabra tras la defensa del voto particular suscrito por el diputado Jiménez de Asúa, haciendo alusiones a algunas de las enmiendas presentadas. Sus palabras se transforman en una exposición de ideas sobre el papel histórico que la Iglesia y el Estado han tenido en España y en qué sentido habrán de enfocarse a partir de ese momento sus relaciones. A continuación reproducimos algunos pasajes de la histórica intervención del político de Alcalá de Henares, que evidencian su enorme talla intelectual y oratoria, muy superior al nivel medio de los actuales diputados en las Cortes de la «monarquía constitucional».

El Sr. Ministro de la Guerra (Azaña):

«Con la realidad española, que es materia de legislación, ocurre algo semejante a lo que pasa con el lenguaje; el idioma es antes que la gramática y la filología, y los españoles nunca nos hemos quedado mudos a lo largo de nuestra historia, esperando a que vengan a decirnos cuál es el modo correcto de hablar o cuál es nuestro genio idiomático. Tal sucede con la legislación, en la cual se va plasmando, incorporando, una rica pulpa vital que de continuo se renueva. Pero la legislación, señores diputados, no se hace sólo a impulso de la necesidad y la voluntad; no es tampoco una obra espontánea; las leyes se hacen teniendo también presente el respeto a principios generales admitidos por la ciencia o consagrados por la tradición jurídica, que en sus más altas concepciones se remontan a los filósofos y a lo metafísico.

»… En los pueblos donde se corta el paso a las reformas regulares de la legislación, donde se cierra el camino a la reforma gradual de la ley, donde se desoyen hasta las voces desinteresadas de la gente que cultiva la ciencia social y la ciencia del derecho, se produce fatalmente, si el pueblo no está muerto, una revolución, que no es ilegal, sino por esencia antilegal, porque viene cabalmente a destruir las leyes que no se ajustan al nuevo estado de la conciencia jurídica. Esta revolución, si es somera, si no pasa de la categoría motinesca, chocará únicamente con las leyes de policía o tal o cual ley orgánica del Estado; pero si la elaboración ha sido profunda, tenaz, duradera y penetrante, entonces se necesita una reforma radical del Estado, en la misma proporción en la que se haya producido el desacuerdo entre la ley y el estado de la conciencia pública. Y yo estimo, señores diputados, que la revolución española, cuyas leyes estamos haciendo, es de este último orden. La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que enunciar y plantear aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso y que es, en rigor, la implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República. La República ha rasgado los telones de la antigua España oficial y monárquica, que fingía una vida inexistente y ocultaba la verdadera; detrás de aquellos telones se ha fraguado la transformación de la sociedad española, que hoy, gracias a las libertades republicanas, se manifiesta, para sorpresa de algunos y disgusto de no pocos, en la contextura de estas Cortes, en el mandato que creen traer y en los temas que a todos nos apasionan.

»Cada una de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentarias, es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español.

»Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Éste es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora, precisamente, cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la curatela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de la salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata, simplemente, de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer.

»Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII. Sería una disputa vana ponernos a examinar ahora qué debe España al catolicismo, que suele ser el tema favorito de los historiadores apologistas; yo creo más bien que es el catolicismo quien debe a España, porque una religión no vive en los textos escritos de los Concilios o en los infolios de sus teólogos, sino en el espíritu y las obras de los pueblos que la abrazan, y el genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo como su genio se derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos…

»Y como no tenemos frente a las órdenes religiosas ese principio eterno de justicia, detrás del cual deberíamos ir como hipnotizados, sin rectificar nunca nuestra línea de conducta, y como todo queda encomendado a la prudencia, a la habilidad del gobernante, yo digo: las órdenes religiosas tenemos que proscribirlas en razón de su temerosidad para la República. ¿El rigor de la ley debe ser proporcionado a la temerosidad (digámoslo así, yo no sé siquiera si éste es un vocablo castellano) de cada una de estas órdenes, una por una? No. No es menester. Por eso me parece bien la resolución de este dictamen; aquí se empieza por hablar de una orden que no se nombra. “Disolución de aquellas órdenes en las que, además de los tres votos canónicos, se preste otro especial de obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado”. Éstos son los jesuitas…».

»Ahora bien, en razón de ese principio de prudencia gubernamental, de estilo de gobernar, yo me digo: ¿es que para mí son lo mismo las monjas que están en Cebreros, o las bernardas de Talavera, o las clarisas de Sevilla, entretenidas en bordar acericos y en hacer dulces para los amigos, que los jesuitas? ¿Es que voy a caer en el ridículo de enviar a los agentes de la República a que clausuren los conventos de estas pobres mujeres, para que en torno de ellas se forme una leyenda de falso martirio, y que la República gaste su prestigio en una empresa repugnante, que estaría mejor empleado en una operación de mayor fuste? Yo no puedo aconsejar eso a nadie…

»En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregándose a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho, pero ésta es la verdadera defensa de la República. La agitación más o menos clandestina de la Compañía de Jesús, o de ésta o de la de más allá, podrá ser cierta, podrá ser grave, podrá ser en ocasiones risible, pero esta acción continua de las órdenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situación política por la que España transcurre y que está en nuestra obligación de republicanos, y no de republicanos, de españoles, impedir a todo trance. A mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública. ¿Permitiríais vosotros, los que, a nombre de liberales, os oponéis a esa doctrina, permitiríais vosotros que un catedrático en la universidad explicase la astronomía de Aristóteles y que dijese que el cielo se compone de varias esferas a las cuales están atornilladas las estrellas? ¿Permitiríais vosotros que se propagase en la cátedra de la universidad española la medicina del siglo XVI? No lo permitiríais; a pesar del derecho de enseñanza del catedrático y de su libertad de conciencia, no se permitiría. Pues yo digo que, en el orden de las ciencias morales y políticas, la obligación de las órdenes religiosas católicas, en virtud de su dogma, es enseñar todo lo que es contrario a los principios en los que se funda el Estado moderno…».<<

[3] José Manuel Gutiérrez Inclán. Tiempo de Historia, n.º 23. Octubre de 1976.<<

[4] Citado por Gutiérrez Inclán en el mismo artículo.<<

[5] En relación con el Congreso Eucarístico de 1952 y el cardenal Tedeschini, escribe Enrique Miret Magdalena (Luces y sombras de una larga vida): «Yo estaba escamado, porque lo había conocido de nuncio en tiempo de la República y corrían vientos de sus correrías femeninas, sobre todo con una guapa morena, que luego corroboró en sus Memorias el monárquico y gran investigador de la espiritualidad clásica española Pedro Sáinz Rodríguez. También se sabía que, en tiempos de la República, su ignorancia canónica había desatado toda suerte de anulaciones matrimoniales en la aristocracia española. Movido por su importancia personal, se olvidó de pedir permiso al párroco correspondiente para poder celebrar la ceremonia en su capilla de la nunciatura, condición imprescindible para la validez canónica del vínculo matrimonial. Y un abogado perspicaz, ante la petición de sus aristocráticos clientes, cayó en la cuenta de ese fallo y consiguió inmediatamente la declaración de nulidad. Se corrió la voz de este hecho por las altas esferas de Madrid y empezaron a surgir nuevas peticiones de anulación de matrimonios desavenidos que no querían continuar juntos y los había casado el nuncio».<<

[6] Gutiérrez Inclán. Op. cit.<<

[7]El Mundo, 27-10-2007.<<

[8]El País, 18-7-2006.<<

[9] Enrique Miret Magdalena. Op. cit.<<

[10] Citado por Miret Magdalena en la misma obra.<<

[11] Enrique González Duro. Franco. Una biografía psicológica.<<

[12] Enrique Miret Magdalena. Op. cit.<<

[13] Julián Casanova. Víctimas de la Guerra Civil.<<

[14] Enrique Miret Magdalena. Op. cit.<<

[15] Enrique González Duro. Op. cit.<<

[16] Alfredo Grimaldos. La CIA en España.<<

[17] Francisco Franco Salgado-Araujo. Mis conversaciones privadas con Franco.<<

[1] Más adelante, a finales de los años setenta y durante la primera mitad de los ochenta, la prisión de Zamora fue el centro donde estuvieron recluidos la mayor parte de los presos del PCE (r) y los GRAPO. El 17 de diciembre de 1979, se fugaron de ella cinco dirigentes de esta organización: Fernando Hierro Chomón, Enrique Cerdán Calixto, Abelardo Collazo Araujo, Francisco Brotons Beneyto y Juan Martín Luna.<<

[2]Toda España era una cárcel.<<

[3]Interviú, 29-6-1978.<<

[4] VV. AA. «Historia del Franquismo». Diario 16. 1984/85.<<

[5] Rodolfo y Daniel Serrano. Op. cit.<<

[6] Manuel Vázquez Montalbán. Mis almuerzos con gente inquietante.<<

[7] Enrique González Duro. Franco. Una biografía psicológica.<<

[8] José Jiménez Lozano. Tiempo de Historia, n.º 72. Noviembre de 1980. «El Postfranquismo. Balance de cinco años».<<

[9] Arzobispo de Toledo y cardenal primado de España durante veintitrés años, Marcelo González Martín es uno de los prelados más influyentes en la España del siglo XX. Evoluciona desde un catolicismo social hacia el mayor conservadurismo clerical y acaba personalizando el sector más ultra de la Iglesia española. Está en el balcón del Palacio Real el 1 de octubre de 1975. Franco se abraza al cardenal temblando y él le da la bendición apostólica, después del que será su último discurso y cuatro días después de que se hayan producido los cinco últimos fusilamientos de su Régimen. También oficia el funeral por el dictador. Le sustituye en el cargo otro obispo de armas tomar, Antonio Cañizares. Monseñor González fallece el 25 de agosto de 2005, y al funeral asiste el ministro de Defensa del PSOE José Bono, que había estrechado una sólida amistad con Marcelo González Martín durante su etapa de presidente de Castilla-La Mancha. Bono explica tras el entierro que le debía mucho al cardenal: «Nada material, todo relacionado con mi creencia, con mi fe, con aspectos espirituales».<<

[10] En 1972 llega a El Pardo (se encuentra en el legajo 203 de los llamados «Archivos secretos de Franco») la copia de un documento redactado durante la asamblea plenaria del episcopado español, que lleva el título de «La Iglesia y la Comunidad Política». El documento es enviado personalmente a Franco y también al almirante Carrero Blanco (legajo 108) por el propio cardenal Tarancón. El envío a Carrero va acompañado de una carta en la que el arzobispo de Madrid dice: «La guerra fue una Cruzada y nunca he dudado de ello; estoy totalmente de acuerdo en lo que dijeron los obispos de entonces en la Carta Colectiva». (Interviú, 11-2-1985. «Los archivos secretos de Franco». Capítulo IX).<<

[11] Durante la homilía de la misa de Coronación de San Jerónimo el Real, monseñor Tarancón dice, entre otras cosas: «… La Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política y si alguien utiliza su nombre para cubrir banderías, está usurpándolo manifiestamente. La Iglesia, en cambio, sí debe proyectar la palabra de Dios sobre la sociedad, especialmente cuando se trata de promover los derechos humanos, fortalecer las libertades justas o ayudar a promover las causas de la paz y de la justicia con medios siempre conformes con el Evangelio. La Iglesia nunca determinará qué autoridades deben gobernarnos, pero sí exigirá a todas que estén al servicio de la comunidad entera; que respeten sin discriminaciones ni privilegios los derechos de la persona; que protejan y promuevan el ejercicio de la adecuada libertad de todos y la necesaria participación común en los problemas comunes y en las decisiones del Gobierno…

»Para cumplir su misión, Señor, la Iglesia no pide ningún tipo de privilegio. Pide que se le reconozca la libertad que proclama para todos…

»Pido para vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la Madre Patria, de todos cuantos desean convivir, sin privilegios ni distinciones, en el mutuo respeto y amor…

»Pido para vos acierto y discreción para abrir caminos del futuro de la Patria, para que, de acuerdo con la naturaleza humana y la voluntad de Dios, las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país, en las medidas concretas de gobierno que nos conduzcan, a través de un proceso de madurez creciente, hacia una Patria plenamente justa en lo social y equilibrada en lo económico…

»Que sea el vuestro un Reino de justicia en el que quepan todos, sin discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley, puesta siempre la ley al servicio verdadero de la comunidad…

»Así sea».<<

[12] Vázquez Montalbán. Op. cit.<<

[13] Vázquez Montalbán. Op. cit.<<

[14]Interviú, 1-7-1987.<<

[15] José Jiménez Lozano. Op. cit.<<

[16] Con el título de «Tetas de novicia», el periodista Rafael Gómez Parra publica este artículo en el número 36 de El Otro País (enero de 2007): «Golfín era su nombre, y por Dios que hacía honor a tan sugerente apellido. El papa Wojtyla —o lo que es lo mismo, el diablo en persona— le creó una diócesis, la de Getafe, en Madrid, para pagarle con su prodigalidad infinita los buenos trabajos que hizo en la Iglesia católica española para meter en cintura a los sacerdotes díscolos, a algún que otro teólogo e incluso a más de un obispo, que, en la transición del régimen franquista al oligopolio del Banco de Santander y de Prisa, habían decidido campar por sus respetos, desoyendo —como hacía el cura Ernesto Cardenal en Nicaragua— las diatribas del Vaticano. En esa época es cuando se ganó el mote de “azote del cardenal Enrique y Tarancón”, por ejemplo».

»Golfín —qué buen nombre para un obispo— era de buen vivir y por eso, nada más llegar a Getafe, consiguió un acuerdo con las monjas del Cerro de los Ángeles —un paraje privilegiado, arrebatado a los vecinos de la zona por el rey Alfonso XIII, para levantar un monumento al Sagrado Corazón de Jesús— para que le cuidaran. A cambio, el golfín les prometió conseguir del Vaticano y de su socio Wojtyla la santificación de sor Maravillas, una especie de monja claustrofóbica (inventó las procesiones en torno a la mesa camilla de su casa) que secuestraba niñas en los pueblos de alrededor (las denuncias de los padres fueron enviadas por el franquismo al cesto de los papeles) para convertirlas en novicias.

»La estancia de Golfín en el convento del Cerro de los Ángeles se alargaba año tras año y Dios le avisaba del pecado una y otra vez. La excusa es que no tenía una casa obispal en Getafe donde gozar de atenciones similares a las que le proporcionaban sus sores maravillas. Pero Dios le castigó con la ira divina, en forma de rayo, que a él le alcanzó en el baño, desnudo, con sus cosas al aire y sin más compañía que las monjas que le cuidaban. Si hubiera estado solo, nadie se habría dado cuenta de su muerte hasta el día siguiente. Elemental, querido Watson. Los periódicos no dijeron nada y su óbito, al parecer, accidental, no mereció más comentarios. Pero la maledicencia popular —ya se sabe que los pobres siempre piensan mal y aciertan— ha creado toda una leyenda sobre su muerte que tiene mucho más que ver con las “tetas de novicia” que tanto alegraron la vida de los curas de los siglos pasados en los monasterios españoles, que con la ira divina».<<

[17]Diario 16. 27-5-1991.<<

[18] Antonio Guerra. Las Filípicas. Diez años de gobierno socialista. 1982-1992.<<

[1]El País, 29-6-2008.<<

[2]El País, 29-6-2008.<<

[3]El País, 29-6-2008.<<

[4]La Vanguardia, 27-8-1984.<<

[5] Jesús Ynfante. Opus Dei, así en la Tierra como en el Cielo.<<

[6] Posteriormente, será el ministro de Defensa responsable político de la catástrofe del Yak-42. Durante su etapa al frente del Ministerio, su condición de piadoso supernumerario de la Obra no le impedirá mantener un inmoral contrato con Prosegur Compañía de Seguridad. El despacho de abogados de Trillo mantenía, hasta que la empresa de seguridad, tras el escándalo, rescindió unilateralmente el contrato, una jugosa relación comercial con esta entidad, a la que Defensa había adjudicado previamente, durante su mandato, contratos por valor de 7 154 151 de euros.<<

[7] George Weigel. Juan Pablo II. Testigo de Esperanza.<<

[8]El País, 13-5-1982.<<

[9]Interviú, 7-2-1992.<<

[10] Julio Caro Baroja. Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español.<<

[11] Entrevista con el autor.<<

[12] Gonzalo Puente Ojea. Mi embajada ante la Santa Sede.<<

[13]Diario 16, 7-9-1985.<<

[14]El Independiente, 7-9-1985.<<

[15]El Mundo, 26-10-2007.<<

[16]El País, 15-5-2003.<<

[1] Toma su nombre de la antigua espada corta romana.<<

[2] Alfredo Grimaldos. La CIA en España.<<

[3]El País, 15-8-1982.<<

[4] Alfredo Grimaldos. Op. cit.<<

[5]El Mundo, 14-11-1990.<<

[6] José Antonio Llobregat Ferré es el autor del apuñalamiento mortal del joven Jorge Caballero Sánchez, el día 28 de marzo de 1980, en la puerta del cine Azul. Daniel Fernández Landa asesina de dos machetazos, el día 1 de mayo, a Arturo Pajuelo e interviene, cinco días después, en el asalto al bar San Bao, en el que es asesinado de un disparo Juan Carlos García Pérez, de veinte años. En este crimen participa también Iñigo Guinea Pérez. Estos tres ultraderechistas abandonan España con el respaldo de CATENA y nunca llegan a ser detenidos. (Véase La sombra de Franco en la Transición, de Alfredo Grimaldos. Madrid, Oberon, 2004).<<

[7] Alfredo Grimaldos. La sombra de Franco en la Transición.<<

[8] Entrevista con el autor.<<

[9] «Poco después de los sucesos de febrero de 1981, el entonces comandante Juan Alberto Perote es destinado al CESID para sustituir, al frente de la AOME (Agrupación Operativa de Medios Especiales), al encarcelado José Luis Cortina. En su nuevo puesto descubre algunas pruebas que acreditan los encuentros de su antecesor con el embajador y el nuncio, a pesar de que, desde el primer momento, encuentra serias dificultades en “la casa” para investigar la trama del 23-F. Una de las principales pistas borradas era un informe Delta Sur en el que se evaluaba la actitud de cada mando del CESID respecto a un cambio de régimen. Sin embargo, según pude averiguar por confidencias de mis nuevos subordinados, el material más importante eran unos edictos y decretos que debían difundirse cuando hubiese triunfado el golpe. Al parecer, éstos reservaban al hermano de Cortina el cargo de jefe de seguridad del Palacio de la Moncloa. Los textos en cuestión habían sido borrados de una máquina Composer, un prehistórico ordenador IBM que, poco antes del golpe, se adquirió por un millón de pesetas para facilitar y modernizar los trabajos del taller de documentación de la AOME. De haber recuperado a tiempo aquella memoria informática, habría podido elaborar una detallada radiografía de un iceberg golpista que nunca afloró».

»Gracias a algunos de sus nuevos subordinados, que antes han servido a las órdenes de Cortina, Perote descubre que éste había ordenado vigilar las reuniones conspirativas que se celebraron en distintos lugares de Madrid. Le aseguran que incluso se fotografió a todos los que participaron en dichos encuentros, pero ese material también ha desaparecido. Además, uno de sus agentes insiste en que, 48 horas antes del asalto al Congreso, Cortina mantuvo sendos encuentros con Todman y el nuncio. “El hombre que condujo a Cortina hasta ellos acabó convirtiéndose en uno de mis más estrechos colaboradores en el servicio”, afirma Perote» (Alfredo Grimaldos. La CIA en España).<<

[10] El 6 de enero de 1989, Antonio Tejero disfruta de un permiso que le permite salir de la prisión militar de Figueres (Gerona), donde cumple condena de treinta años por su implicación en el intento de golpe de Estado del 23-F, para estar presente en la ordenación sacerdotal de su hijo Ramón Tejero Díaz. El exmilitar golpista, de cincuenta y seis años, llega al convento de la Visitación de Santa María, en el número 20 de la madrileña calle de Santa Engracia, lugar de la ceremonia, poco antes de las once de la mañana. Aplausos y gritos de «Tejero, Tejero» saludan su entrada en un templo abarrotado de señoras de avanzada edad con abrigos de pieles, monjas y hombres vistiendo capa española. Familiares y amigos del exmilitar, como el dirigente ultraderechista Mariano Sánchez Covisa o el capitán de navío Camilo Menéndez —también juzgado por el 23-F— no faltan a la cita.

La ordenación sacerdotal de Ramón Tejero Díaz, de veinticuatro años, comienza a mediodía. Alcides Mendoza Castro, arzobispo de Cuzco (Perú), y el religioso agustino Giovanni Salerno, fundador del movimiento Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, al que el hijo del exteniente coronel pertenece, ofician la ceremonia. Por la tarde, Tejero vuelve al convento de la Visitación para escuchar la primera misa oficiada por su hijo. Entre los asistentes figuran el presidente del partido ultraderechista Frente Nacional, Blas Piñar. Ramón Tejero pronuncia una homilía llena de referencias a su padre y a España. «Gracias por ese amor profundo a mi patria que me habéis inculcado, no sólo con palabras, sino con hechos», dice el nuevo sacerdote, dirigiéndose a sus padres (El País, 7-1-1989).<<

[11] Alfredo Grimaldos. La sombra de Franco en la Transición.<<

[12]Esfuerzo Común, 1-7-1976.<<

[1] El pintor y poeta de la sevillana Puebla de Cazalla Francisco Moreno Galván es el artífice de la renovación de las letras flamencas, a partir de los años sesenta. Su paisano, el inmenso cantaor José Menese, puso jondura a estos versos comprometidos y renovadores. Esta letra la grabó Menese por guajiras, un cante «de ida y vuelta», en 1976 y la incluyó en su imprescindible disco La Palabra, en el que estaba acompañado por las guitarras maestras de Enrique de Melchor y Manolo Brenes.<<

[2] El caso conocido como Irán-contras o Irangate, que sacude al Gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan, gira en torno a la venta clandestina de armas por parte de Estados Unidos a Irán, entre 1985 y 1986, y el desvío de ese dinero para financiar a los «contras» de Nicaragua, que intentan derrocar al Gobierno sandinista. El informe del Congreso estadounidense sobre el tema concluye que la responsabilidad final de los sucesos investigados recae sobre el presidente Reagan. La venta de armas a los iraníes forma parte de una negociación para la liberación de rehenes estadounidenses que están retenidos en el Líbano. El beneficio de esa operación se destina a incentivar las actividades terroristas de los «contras». Tanto la negociación con Irán como la financiación clandestina de la Contra cuentan con una prohibición explícita del Congreso estadounidense. En el plan tiene una activa participación el coronel Oliver North, destacado miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan; la Casa Blanca vende armamento a Irán en un momento en el que el régimen islámico de este país está considerado como uno de los peores enemigos de Estados Unidos. El caso constituye un duro golpe para el Gobierno de Reagan y el fin de la carrera de North. El coronel, sin embargo, sufre apenas una condena simbólica cuando es juzgado por este caso, varios años después.<<

[3] ABC, 4-2-2004. En la actualidad, el cardenal López Trujillo es presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Está considerado el auténtico «duro» en cuestiones de moral sexual y es un enemigo acérrimo del uso de los preservativos. Considera que, para controlar la transmisión del sida, «es necesario promover una conducta sexual responsable, y tal conducta tiene lugar sólo en el amor conyugal asumiendo las responsabilidades del matrimonio, en cuanto donación de sí mismo, recíproca, exclusiva y total, de un hombre y una mujer en una comunidad de amor y vida».<<

[4] Testigo de esperanza. Biografía de Juan Pablo II. George Weigel…<<

[5] Carl Bernstein y Marco Politi. Su Santidad Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo<<

[6] Citado por George Weigel. Juan Pablo II. Testigo de esperanza.<<

[7] Ana María Ezcurra. El Vaticano y la Administración Reagan.<<

[8] Según la revista Mother Jones: «Un día de julio de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial se violentaba sobre Europa, el general Wild Bill Donovan penetró en una ornada habitación de la ciudad del Vaticano para sostener un encuentro con el papa Pío XII. Donovan inclinó la cabeza reverentemente al mismo tiempo que el pontífice entonaba una oración en latín y le condecoraba con la Gran Cruz de la Orden de San Silvestre. Esta adjudicación solamente había sido otorgada a otros cien hombres en la historia, por proezas de armas o hechos prominentes, hombres que habían expandido la fe, salvaguardado y defendido la Iglesia… La condecoración del papa Pío XII a Wild Bill Donovan marcó el comienzo de la relación entre el Vaticano y la inteligencia norteamericana, que continúa hasta el presente. Esta fuente de información era tan rica que, poco después de la guerra, la CIA creó una unidad especial dentro de su sección de contrainteligencia para penetrar y asesorar el desarrollo alcanzado dentro de la Santa Sede».<<

[9] Ana María Ezcurra. Op. cit.<<

[10] Hauke Pattist siempre se sintió seguro en España, desde que llegó aquí en 1951, huyendo de una cadena perpetua a la que había sido condenado en Holanda, su país de origen, por criminal de guerra. Consiguió la nacionalidad española y vivió en Oviedo desde 1956, donde trabajó como director de una academia de idiomas y traductor jurado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Asturias. Reclamado por las autoridades holandesas para cumplir la condena de cadena perpetua, según resolución tomada en el año 1948 por un tribunal de excepción, fue finalmente detenido en 1983. Pero los tribunales españoles rechazaron la demanda de extradición (según la interpretación de la legislación española que se hizo, la condena de Pattist ya había prescrito). A pesar de las promesas de Felipe González durante su visita a los campos de concentración nazis, ni su Gobierno ni ejecutivos socialistas posteriores han hecho nada para aclarar de qué manera colaboró nuestro país con los integrantes del Eje antes y después de su derrota.<<

[11] Interviú, 27-3-1979.<<

[1] Joaquín Navarro. Op. cit.<<

[2] Éxodo, abril de 2008.<<

[3] Éxodo, abril de 2008.<<

[4] Entrevista con el autor.<<

[5] Éxodo, abril de 2008.<<

[6] «Acuerdos leoninos». Javier Pérez Royo. El País, 5-1-1979.<<

[7] El País, 7-7-1979.<<

[8] El País, 8-7-2008.<<

[9] El País, 8-8-2008.<<

[10] El País, 10-5-2008.<<

[1] Entrevista con el autor.<<

[2] Interviú, 29-5-1978.<<

[3] Éxodo, abril de 2008.<<

[4] Interviú, 7-3-1992.<<

[5] El País, 30-9-2006.<<

[6] Mariano Sánchez Soler. Las sotanas del PP.<<

[7] ABC, 10-5-2008.<<

[1] Entrevista con el autor.<<

[2] Diario 16, 5-11-1984.<<

[3] Motivos de Actualidad, julio de 1995.<<

[4] Entrevista con el autor.<<

[5] Entrevista con el autor.<<

[6] El País, 21-9-1982.<<

[7] El País, 18-2-2008.<<

[8] El País, 24-2-2007.<<

[9] El País, 13-4-2008.<<

[1] Recogida por Julio Caro Baroja en Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español.<<

[2] Entrevista con el autor.<<

[3] En 1980, el Juzgado Central de Instrucción procesa al editor de El libro rojo del cole (Nuestra Cultura), Luis Martínez Ros, por estimar que el libro podría contener, entre otras figuras delictivas, provocación al aborto y a la corrupción de menores y que, en su conjunto, transmite «principios o ideas demoledoras y negativas».

La obra, escrita por los autores daneses Soren Jansen y Jesper Jensen, ha sido editada y distribuida con éxito por diversos países europeos. El libro está destinado a ilustrar a los jóvenes en edad escolar sobre determinados asuntos y prácticas relacionadas con su incipiente desarrollo natural. En los siete capítulos de la obra se trata, de forma fresca y coloquial, temas como la sexualidad, las drogas, el sistema escolar, la enseñanza, la importancia social de la educación y las relaciones de los alumnos con sus profesores. Las excelentes ilustraciones son obra del dibujante español Romeu.

A pesar de que se acredita que el libro se ha editado siguiendo todos los cauces reglamentarios, con el depósito previo de cinco ejemplares, el ultraderechista ministro de Cultura de UCD en ese momento, Ricardo de la Cierva, afirma que El libro rojo del cole no está autorizado y su contenido es absolutamente «intolerable». Además, lo acusa de ser «gravemente atentatorio contra la conciencia cívica y agresivo contra la conciencia infantil y juvenil». La música nos sigue sonando.

La Comisión pro Libertad de Expresión encabeza la resistencia contra la ofensiva nacionalcatólica. Uno de sus miembros, Jesús González, encargado de coordinar la impresión de la segunda edición colectiva del libro, a cargo de veintiséis firmas editoriales, es detenido. Además, la policía realiza registros en algunas librerías y editoriales y detiene también a varios libreros, acusados de escándalo público.

El 30 de septiembre de ese año, la caseta de la Editorial Nuestra Cultura, de la madrileña Feria del Libro de Otoño, es asaltada por un grupo de ultraderechistas con insignias de Fuerza Nueva, que destrozan los libros y la instalación. Además, el diario Egin, editado en Guipúzcoa, es secuestrado en la imprenta, porque sus páginas centrales contienen la primera entrega de un serial coleccionable de El libro rojo del cole. El periódico ha anunciado el día anterior su intención de comenzar a insertar el contenido del libro, cuyos derechos le han sido cedidos de forma gratuita por la empresa editora.<<

[4] ABC, 20-10-2007.<<

[5] El País, 21-5-2008.<<

[6] El País 24-6-2007.<<

[7] El País, 13-7-2008.<<

[8] El País, 23-5-2008.<<

[9] El País, 26-5-2008.<<

[10] El País, 6-3-2008.<<

[11] Éxodo, abril de 2008.<<

[12] Público, 6-3-2008.<<

[13] Gente, 8-5-2008.<<

[1] Francisco Franco Salgado-Araujo. Mis conversaciones privadas con Franco.<<

[2] Citado por Juan G. Bedoya. El País, 8-1-2008.<<

[3] El País, 13-6-2008.<<

[4] El País, 3-1-2008.<<

[5] Público, 1-6-2008.<<

[6] El Otro País, julio de 2005.<<

[7] Durante los años sesenta del pasado siglo, circuló con profusión una estampita de esta santa, en cuyo reverso se podía leer la «Oración a santa Gema Galgani para tener éxito en los exámenes», cuya declamación, sin duda, ayudó a más de uno a superar las duras reválidas de cuarto y sexto de bachillerato. Con los nuevos planes de estudio, el texto ha caído en desuso. Dice así: «Esclarecida protectora de los examinados, santa Gema Galgani: Tú, que recibiste del Cielo inteligencia tan clara y memoria tan feliz que ocupabas siempre los primeros puestos en las clases, alcanzabas las más altas calificaciones en los exámenes y obtenías premios extraordinarios en públicos certámenes; pero que, inflamada en la más tierna caridad, te angustiabas y sentías como propios los suspensos de tus compañeras de colegio; ya que contemplas desde el Cielo mis pasados descuidos y negligencias en el cumplimiento de los deberes escolares, alcánzame el perdón que humildemente imploro, que sepa enderezar mis conocimientos y que, singularmente en esta circunstancia en que voy a examinarme, conserve rectitud de intenciones, serenidad de ánimo y equilibrio de nervios para que, obteniendo las brillantes calificaciones por las que suspiro, ensalce tu protección y eficacísimo valimiento, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén».<<

[8] Interviú, 5-5-2008.<<

[9] El País, 1-12-2007.<<

[10] Bajo el título de «El Papa no está para bromas. Malestar en el Vaticano por las parodias de Benedicto XVI y su secretario», El País del 16 de noviembre de 2006 informa de la dura reacción del papa Ratzinger ante las sátiras que se hacen en diversos programas de radio y televisión sobre la relación que mantiene con su secretario Georg Genswein. El periodista Rosario Fiorello, en su espacio Viva Radio 2, «hace una supuesta llamada diaria al joven (cincuenta años) y apolíneo secretario del Papa, muy aficionado al deporte, y siempre le encuentra en una cancha de tenis, escalando una montaña o jugando a fútbol sala con varios cardenales». El cardenal Paul Poupard comenta que la sátira sobre el Papa es «ofensiva contra su persona». Y el cardenal Walter Kasper opina, por su parte, que no se puede permitir «el daño a una persona de tanta autoridad».<<

[11] Antonio Álvarez Pérez. Enciclopedia. Tercer Grado. El patriotismo y la religiosidad de la reina también quedan suficientemente resaltados en el texto: «Era Isabel de Castilla señora instruidísima, dotada de altas cualidades de gobierno, animada por grandes ideales e influida por entusiasmos patrióticos y religiosos; prudente y generosa, influyó de una manera decisiva en el desarrollo de los sucesos que se realizaron en su época y en el giro que tomaron los asuntos políticos de su tiempo».<<

[12] El País, 31-12-2007.<<

[13] El País, 3-1-2008.<<

[14] El País, 6-2-2008.<<

[1] En las nuevas Cortes liberales constituidas tras el pronunciamiento de Rafael de Riego, en 1920, hubo también representantes del régimen antiguo, como un diputado eclesiástico llamado Lobato, que defendió, de modo sistemático, los puntos de vista reaccionarios opuestos a los de la mayoría. A él se le dedicaron estos versos (Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español. Julio Caro Baroja. Ediciones Istmo. Madrid, 1980).<<

[2] José María Zavala, Alto y claro. Conversaciones con Rouco Varela.<<

[3] Público, 27-3-2008.<<

[4] El Mundo, 5-3-2007.<<

[5] Público, 14-10-2007.<<

[6] El Mundo, 27-10-2007.<<

[7] El País, 21-11-2006.<<

[8] Interviú, 11-11-1987. Con agradecimiento a Luis Otero, redactor de esta publicación durante muchos años y gran conocedor del mundo clerical rural y de extrema derecha de la Galicia de los años sesenta, setenta y ochenta. Otero es también autor de libros satíricos que recuperan documentos muy ilustrativos de la opresión religiosa durante el franquismo, como Mi mamá me mima, El sexto, no fornicar, Flechas y Pelayos o He aquí la esclava del Señor.<<

[9] El Mundo, 1-7-2008.<<

[1] El Mundo, 19-6-2008.<<

[2] El País, 7-10-2007.<<

[3] El País, 6-3-2008.<<

[4] El País, 16-2-1986.<<

[5] El Mundo, 24-3-2004.<<

[6] El Mundo, 8-11-2003.<<

[7] El Mundo, 30-11-2003.<<

[8] El Mundo, 29-6-2004.<<

[9] Después de… (1981), dirigida por Cecilia y José J. Bartolomé, tiene dos partes: «No se os puede dejar solos» y «Atado y bien atado». Se rueda durante 1979 y 1980. Es un fiel reflejo del período de cambios políticos y sociales ocurridos en España tras la muerte de Franco, que culminan en el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981. La película es «secuestrada» burocráticamente durante bastante tiempo y se le arrebata la ayuda económica a la que tiene derecho.<<

[10] Los catedráticos de Derecho Eclesiástico José María Contreras y Óscar Celador recogen numerosos casos en su informe «Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas».<<

[11] Público, 21-11-2007.<<

[1] José María Zavala. Alto y claro. Conversaciones con Rouco Varela.<<

[2] Público, 18-4-2008.<<

[3] El País, 9-5-2004.<<

[4] José María Zavala. Op. cit.<<

[5] El País, 23-3-2008.<<

[6] El Mundo, 27-6-2008.<<

[7] Proceso, noviembre de 2007.<<

[1] Entrevista con el autor.<<

[2] Joaquín Navarro. 25 años sin Constitución.<<

[3] El País, 16-7-1983.<<

[4] José María Zavala. Alto y claro. Conversaciones con Rouco Varela.<<

[5] Bertrand Russell, Ensayos impopulares. Bertrand Russell (1872-1970) fue un hombre de una curiosidad intelectual casi ilimitada. Su teoría de los tipos, con la que daba respuesta a la grave crisis que atravesaba la teoría matemática de los conjuntos, abrió un nuevo campo a la lógica formal. En la filosofía moral y social, abordó las contradicciones entre individuo y sociedad, libertad y orden, progresismo y pesimismo, etc. Enfrentado a la carrera armamentística nuclear y a la violencia en general, presidió el tribunal que juzgó los crímenes de guerra en Vietnam. En 1950 fue galardonado con el premio Nobel de Literatura. Entre sus temas de interés está el poder negativo de la religión.

Con frecuencia, escribe sobre el clero con mucha ironía e inteligencia: «Cuando Benjamin Franklin inventó el pararrayos, el clero, tanto en Inglaterra como en Norteamérica, con el entusiasta respaldo de Jorge III, lo condenó como un impío intento de derrotar la voluntad de Dios. Porque, como podía comprender toda la gente bienpensante, el rayo es enviado por Dios para castigar la irreligiosidad o cualquier otro pecado grave: los virtuosos jamás son heridos por el rayo. Por lo tanto, si Dios quiere golpear a alguien, Benjamin Franklin no tendría que oponerse a Sus designios; en verdad, hacer tal cosa es ayudar a los criminales a escapar».<<

[6] El Mundo, 30-12-2007.<<

[7] El Mundo, 28-9-2007.<<