NOTA AL LECTOR

Por las características de este libro, y su concepción, no hay notas a pie de página con alusiones bibliográficas. Tampoco se ha añadido la tradicional bibliografía, tal y como se explica en el prólogo y en el epílogo.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

A.G.I.   Archivo General de Indias.

A.G.S.   Archivo General de Simancas.

A.H.N.   Archivo Histórico Nacional.

A.V.M.   Archivo de Villa (Madrid).

C.J.H.   Consejo y Juntas de Hacienda.

R.A.H.   Real Academia de la Historia.

PRÓLOGO

El libro que tienes entre manos he querido que fuera peculiar. Nació alrededor de dos o tres preguntas: ¿por qué duró el Imperio español lo que duró?; ¿cómo es que la Monarquía de los Austrias (o de los Trastámaras-Austrias) fue la más potente de los dos hemisferios del planeta durante el siglo XVI y casi todo el siglo XVII?; ¿por qué se vivió en paz en la Península a partir de los años veinte del siglo XVI, a excepción de algunos altercado a finales de siglo y se siguió —casi— en paz hasta la catastrófica década de 1640?

Por tanto, no es, ni mucho menos, una historia más de la España de los Austrias, ni un libro de exaltación nacional, o anti leyenda negra, lo cual tanto abunda últimamente.

El libro es una extensa reflexión sobre el ejercicio del poder en tiempos de un imperio, el Imperio español.

Desde un punto de vista cronológico, podemos atisbar cómo con los Reyes Católicos se configura una Monarquía de España, cuyas líneas directrices quedaron trazadas entonces y que perduraron doscientos años. Con ellos la soberanía real quedó robustecida, suponiendo un punto y final de las inestabilidades de los siglos anteriores (por muy débil que fuera el ejercicio del poder con Carlos II, nunca fue tan contestado como el de Juan II o Enrique IV de Castilla); el mundo institucional quedó dibujado para lo porvenir (así los embriones de los Reales Consejos); el abanico diplomático se desplegó por toda la Cristiandad; se rubricaron matrimonios impensables en los albores del reinado; se surcaron mares como nunca antes y se marcaron las estelas que llevarían a esa pléyade de proezas de los siglos siguientes; se peleó contra el musulmán, como se seguiría haciendo después, pero ya en las fronteras de Hungría o en Lepanto; se buscó así pues la homogeneización religiosa con la Inquisición desde 1478 que acabó siendo el instrumento manejado por tirios y troyanos para animar el ascenso o la estigmatización sociales, según a qué lado de la línea se hallara cada cual; se dio cierta normalidad y mucho respeto al funcionamiento de las Cortes o de los parlamentos regnícolas; se acentuó la presencia real en los municipios castellanos mermando (pero no aniquilando) su anterior autonomía; se estabilizó el sistema monetario por más de cien años; se abrió la gran Universidad de Alcalá; creció la propaganda política y se dio alas a la historiografía regia; la potencia militar quedó también aprestada; se planeó el mundo editorial y sus logros o sus restricciones; y, en fin, en poco más de un cuarto de siglo se puso el mundo peninsular como y donde nunca antes había estado.

Luego, la muerte de la reina Isabel I, la traición de la aristocracia castellana a Fernando el Católico, más la sucesión que se encarnó en Juana I de Castilla sumió por tres lustros, con altibajos, a los reinos peninsulares otra vez en los tiempos de la disensión tardomedieval.

Pero las raíces echadas, la legitimidad de los testamentos reales, y la aparición de enormes hombres de Estado forjados en tiempos de los Reyes Católicos, fueron capaces de sortear la gran crisis de los años veinte del siglo XVI. Cada cual que dé, bajo fundamentos serios y no desde perspectivas romanticonas, la interpretación que quiera de las Comunidades. Pero el resultado fue lo que fue. El pre Imperio ambicionado por Fernando e Isabel, se convirtió en una realidad. Efectivamente, la Península se convirtió en una de las bases políticas del Sacro Imperio Romano Germánico. Una de las bases más importantes, tanto como el Círculo de Borgoña, cuna de la dinastía. Pero ahora era en Sevilla y Granada en donde se casó aquel emperador; en Valladolid donde su espectacular y admirable esposa parió al heredero de todos aquellos territorios y en Yuste donde buscó retirarse para morir. La Monarquía de los Reyes Católicos se convirtió en el Imperio de Carlos V. Y este, a su muerte, en el Imperio español de los Felipes. No fueron, formalmente, imperios pues no hubo unciones papales. Pero salvo ese «detalle», eran imperios bihemisféricos, globales, funcionales, llenos de enemigos, pero también de aliados: ¡qué sistema diplomático! Admira al historiador que hoy se descubran los mecanismos del (perdón por el anglicismo tan cursi) softpower, que en español se podría llamar Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro y embajadas, y se nos habla del hardpower, que el historiador de la Edad Moderna lo llama tercios y armadas.

Todo aquello se hizo en tiempos de unas comunicaciones que funcionaban por medio del documento escrito. Volver a llamar la atención sobre el gravísimo problema de la distancia, el tiempo (y su ecuación, la velocidad) entre Lima ¡o Mactán! y la Villa de Madrid, es un recurso muy manido. Pero es una verdad indiscutible.

Entonces, vuelvo al principio, ¿cómo pudo funcionar toda aquella máquina planetaria? Porque se basó en dos pilares sólidos, robustos e incomprensibles para los influencers de hoy, de lo inmediato.

El uno fue la lealtad. La lealtad a una dinastía, la de la Casa de Austria, que encarnaba lo mejor del tronco común al que de una manera u otra, todos se sentían vinculados. Era la dinastía puesta por Dios, la que heredaba las glorias de Isabel y Fernando; pero también la de Carlos V, la de Felipe II, la de Felipe III, la de Felipe IV..., y al fin la hecatombre, la de Carlos II. Pero ellos quisieron y así se hizo, cumplir con el testamento de Carlos II y tras una guerra mundial, se reinstauró el orden dinástico, aunque esta vez fuera una nueva familia reinante, la de los Borbones.

Esa lealtad tuvo otra base: además de la dinástica, la religión. Todos en ese entramado eran, o debían ser católicos. Tal se logró de varias formas. La primera, porque sí. Además, porque los procesos de aculturación impelían a ello desde que los niños eran niños; pero también, porque era lo que se aprendía, era con lo que se convivía, existía la Inquisición y bastaba mirar a Francia, con sus seis guerras de religión, o al Imperio, con Mühlberg, o las zozobras espirituales de Maximiliano II, o las mentales de Rodolfo II; o lo que pasaba en Inglaterra; o lo traidores que eran los flamencos, para darse cuenta de que solo en el seno de la Iglesia católica y romana se vivía en orden, en paz y como Dios mandaba. La discrepancia podía ser heterodoxia asumible, o punible…, y entonces se les tildaba de luteranos, ¡como a Carranza, arzobispo de Toledo!

Pero además de la lealtad a la dinastía y a la religión, hubo unos fundamentos sociales que dieron réditos a algunos, a los más: por un lado, la movilidad social. Porque existió la movilidad social. Bien por estudios, bien por dinero, bien por servicios al rey. La mayor parte de la población estaba predestinada a morirse en la misma situación económica en que nacía, aunque los movimientos migratorios de corta duración (por ejemplo, para la cosecha), de larga duración, de corta y larga distancia eran muy frecuentes.

Pero al hablar de movilidad social, no hablo de emigración, sino de cambio de estatus social con respecto a la generación anterior, la de los padres. Es tanto como hablar de la existencia de un futuro esperanzador.

Esa movilidad social se dio de varias formas, de las que trato en este libro. Es innegable que con la revolución de los precios y con la expansión imperial se necesitó gente involucrada en la gestión y explotación de riquezas y en la gestión y administración imperial. Muchos de ellos se promocionaron socialmente gracias a estas «ofertas reales». Los estudios sirvieron.

Como también sirvió el avisar al rey de que había «rentas reales ocultadas» de las que se podría sacar un dinero, o reforzar la presencia real en alguna parte. Esto es: que el arbitrismo fue útil para incrementar el poder directo real, así como fue usado por la Monarquía para agradecer —de derecho— lo que se hacía por sus rentas.

La aplicación de arbitrios, como las ventas de todo tipo de patrimonio real, sobre todo el jurisdiccional, dio alas a mucha gente de dinero; y las ventas de oficios, a algunos más. La venta de baldíos a miles de campesinos normalitos por toda Castilla.

Otros encontraron en el servicio de las armas un camino de posibles promociones sociales. Lo mismo en el mar que en tierra, pero todos sabiendo que sin esa dinastía, que había favorecido la expansión ultramarina, o terrestre, no habría habido ese despliegue de poder del que en ese mismo momento se estaban beneficiando, o que gracias al cual, se defendían sus tierras o sus familias, o su religión.

Muchos fueron los que alcanzaron su gloria o su bienestar gracias a esa expansión imperial. Los modelos que se emplean en este libro son múltiples y los caminos, de la diplomacia, de las armas, también.

No puedo dejar al margen el proceso de homogeneización religiosa, en el interior peninsular, ni la alta consideración de pertenecer a la mejor de las religiones, en el exterior, frente a reformados o infieles.

Junto a todo ello, además, hubo mecanismos de cierre a esa movilidad social. El más serio, la Inquisición. Nacida como tribunal religioso, se redirigió rápidamente haciendo propias actitudes anteriores (la limpieza de sangre) hacia la creación de un mecanismo de estigmatización o paralización de, precisamente, esas ansias de movilidad social de los cristianos nuevos.

Muchas páginas son producto de investigaciones y trabajos anteriores (de difícil consulta). Otras no. En cualquier caso, se han ensamblado dentro del texto como si tuvieran unidad y novedad. Igualmente, quedan en el tintero enormes bases de datos de marcado carácter social, cultural y económico que espero irán saliendo a la luz durante los años próximos.

Las irregularidades de la obra, que las hay, incluso las carencias, se deben a la dificultad del trabajo durante la pandemia, que cortó todo hilo conductor y de reflexión serena.

Menos mal que he contado con el apoyo y la paciencia de todo el equipo editorial de La Esfera de los Libros, con Ymelda Navajo a la cabeza, y Félix Gil en el día a día, para poner el punto y final a esta apuesta intelectual.

No obstante las lagunas, espero que el lector obtenga información bastante para darse cuenta de que en la España de los Austrias la gente del común vivía de mil y una maneras.

Si este libro sirviera para innovar en la silente mente de cada lector la percepción de aquel gran periodo de nuestra historia, dinámico y agitado, pero no solo legible o audible como si a nuestras espaldas sonaran las trompetas de Jericó, sino que era una sociedad con sus miserias y grandezas, dignas de ser estudiadas, y de reflexionar sobre ellas, me daría por satisfecho.

¡Ah!, y que se vea en casi cada escenario de los aquí descritos a Miguel de Cervantes, modelo «popular» de los que sostuvieron el Imperio.

1

ESPACIOS GEOGRÁFICOS Y POLÍTICA: LA LEALTAD AL REY Y A LA RELIGIÓN

Hasta las independencias americanas, el Imperio español fue el más extenso, vasto y poblado nunca hasta entonces conocido. Solo fue superado en la segunda mitad del siglo XIX por los británicos y en la era Victoriana.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en los momentos de mayor expansión territorial, un inmenso espacio político se comunicaba por escrito sobre papel. Imaginemos que en el alcázar de Madrid, un rey firmaba una orden, que al galope llegaría a Sevilla antes de que zarpara la flota de primavera o la de verano camino de Nueva España (Méjico) o Tierra Firme (Venezuela-Colombia) y desde allí, nuevamente, a lomos de caballo esa orden, o ese mazo de órdenes llegarían a la ciudad de Méjico o a la Ciudad de los Ángeles (Lima), o a donde fuera. El periplo habría durado tres, cuatro, cinco meses. Acaso cuando el virrey fuera a abrir la comunicación, acabara de haber muerto y por ende, acaso esos mismos correos hubieran de volver a andar lo andado para decir en Madrid: «El virrey es muerto», y tuvieran que volver a llevar, unos meses después, la buena nueva de que se había nombrado a otro virrey que estaba a punto de llegar.

Afortunadamente, la misma nota tardaba en llegar a Bruselas solo unos días. Lo mismo que a Caller (Cagliari), Palermo, Sicilia, Milán, Besanzón o las plazas fuertes, los «presidios» del Norte de África. Y todo ello sin contar con que, por el camino, una tormenta diera con las cargas de la galera en el fondo del mar, unos bandidos asaltaran al correo, una mala mujer en una taberna en la campiña francesa emborrachara al «cartero» que no tendría fuerza para llamar dos veces, o se le rompiera la pata al caballo, o que en la vía de la posta no estuvieran listas las cabalgaduras para salir al galope hacia la siguiente posta.

Por ello, la misma carta se podía, o se solía, enviar por dos caminos diferentes y, por eso, existían cifras oficiales, unas con carácter general para toda la Monarquía y otras particulares para una embajada determinada, por ejemplo.

Sí; ese es uno de los mayores problemas de la gestión del Imperio español: las distancias y las comunicaciones. ¿Cómo resolverlo? Sencillamente por la vía de la delegación de las atribuciones, del rey hacia sus oficiales inferiores. Y al mismo tiempo, en sentido inverso, por medio de la lealtad de los oficiales reales para con sus superiores, y todos a una en comunidad de lealtades para con su rey.

Ese rey, que era legítimo entre otras cosas porque había sido puesto por Dios y a él defendía. Lealtad doble e indiscutible, por lo tanto al rey (y a la dinastía) y a la única y verdadera religión, la católica.

Hoy no podemos entender esto de la lealtad porque todo lo resolvemos con el correo electrónico o el teléfono. Con la inmediatez, ante la que sobran «virtudes».

Aquel Imperio español no era en sentido estricto, en sentido institucional, un imperio. Imperio solo había uno: el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyos emperadores, tras un largo proceso electivo, llegaban a esa dignidad que se debía culminar con la unción papal. Por cierto, que era tan difícil cruzar los Alpes, que no se ungían en Roma. El último emperador que fue ungido fue Carlos V en Bolonia en 1530. No recuerdo cuál había sido el anterior. Maximiliano I, su abuelo, no bajó a Roma.

En cualquier caso, podríamos hacer una sucesión político-institucional de la práctica del Imperio en lo que afecta a España, de la siguiente manera: de la Monarquía de los Reyes Católicos, al Sacro Imperio con Carlos V, al Imperio español con Felipe II, al Imperio ibérico con Felipe II, Felipe III y parte de Felipe IV, el Imperio español reducido de Felipe IV y Carlos II y el Imperio hispanoamericano después de Utrecht y con los Borbones.

Lo común a todo ello es que fue regido por la Monarquía de España, o como diría Tomasso Campanella, «la Monarquía Católica de España». Esa Monarquía que fue ocupada por dos dinastías, la de Habsburgo y la de Borbón.

Lo común a todo lo anterior es que fue una «Monarquía compuesta», «Monarquía agregada», «Monarquía múltiple», «Monarquía fragmentada», que hay gustos para todo.

Lo que todas esas denominaciones tienen en común es que la Monarquía de España fue un agregado de territorios siempre dinámico. Esto es, que la empresa de que tratamos nunca estuvo quieta, sino que en legítima defensa y movida por justas causas, fue expandiéndose a lo largo del siglo XVI por Europa y a lo largo de toda la Edad Moderna por América.

Pero lo que quieren decir todas las denominaciones anteriores es también que no había una unidad institucional, legislativa, lingüística, monetaria, esto es, que no había un pasado normativo ni un presente igual para todos. Era una monarquía fragmentada, agregada, compuesta que duró todo lo que duró, con plenitud durante los siglos XVI y parte del XVII y siempre con la magnitud de América, gracias a un principio básico: la lealtad para con el rey y para con la religión. Entendamos en aquel contexto la religión como una suerte de principio constitucional común, que diríamos hoy.

Todo aquel caleidoscopio de territorios, usos, costumbres, fueros, leyes, monedas, idiomas, ordenamientos públicos y privados, climas, colores, paladares o vestidos tenía una única institución que le hacía sentirse en comunión: todos compartían el mismo monarca. Pero el monarca era diferente en cada uno de los territorios, de tal suerte y manera que Felipe II lo era solo en Castilla y sus posesiones porque en Aragón era Felipe I. De hecho, Felipe I, alias el Hermoso, nunca fue rey de España, que lo fue solo de Castilla porque en Aragón reinaba Fernando II de Aragón, que era Fernando V de Castilla, o Fernando III de Nápoles.

Todo esto nos resulta algo lioso por un motivo esencial: empeñados en entender la historia de España desde una unidad monolítica casi desde tiempos del hombre de Atapuerca, socializados en la idea de la unión de España en 1492 —más o menos—, o necesariamente imbuidos de la idea de que una nación ha de ser una en los sentimientos, la ley, la lengua, la cultura, un ordenamiento jurídico compartido y otras cosas por el estilo —amén de miedos atávicos—, nos resulta muy difícil entender que la Monarquía de España, o la Monarquía Católica estaba compuesta por una enorme variedad de situaciones, pero que compartían una lealtad común: la lealtad a su rey y a su religión.

Como he dicho antes, esa Monarquía fue creciendo: el matrimonio de Isabel y Fernando y los pactos de Segovia de la Navidad de 1474-1475 diseñaron en qué iba a consistir su reinado. La hábil estrategia de Fernando de casar a los príncipes o a las infantas con reyes o príncipes de Portugal o del Sacro Imperio, dio los resultados por todos conocidos: la entronización de la Casa de Austria tras un azaroso periodo de incertidumbres hereditarias. En 1503 incorporó Nápoles a la Corona de Aragón, con soldados y dineros fundamentalmente castellanos (porque Fernando sí creía en España más que muchos de sus contemporáneos) y en 1510, Navarra.

La llegada de la Casa de Austria a España es, como se sabe, netamente casual. Todo empezó con el matrimonio doble de 1496 entre los hijos de los Reyes Católicos y los hijos del emperador Maximiliano I. El matrimonio era importante porque implicaba la doble vinculación de la Casa de Trastámara reinante en Castilla y Aragón, con la Casa de Habsburgo. Pero las consecuencias que tendría aquella alianza, nadie las podía imaginar. En principio, a España iría Margot, la hija de Maximiliano que se casaría con el príncipe heredero, Juan (1478-1497); con el heredero de la Casa de Austria casaría Juana, nacida en 1479. El caso es que a los pocos meses de casarse, murió el príncipe Juan, que dejó embarazada a la viuda, quien alumbró un niño muerto. La corona pasó a la hermana mayor de Juan, Isabel, casada con el rey de Portugal. Ella murió en el parto de un varón, Miguel, en 1498, que fue el primer heredero de los reinos peninsulares. Felipe de Austria y Juana de Castilla aún no heredaban nada. Sin embargo, ese niño Miguel murió en 1500 y Juana pasó a ser, por esa serie de circunstancias patéticas, la heredera de Castilla y Aragón.

Se cuenta que, desde 1500, aproximadamente, tras las muertes de Juan, Isabel y Miguel «vivió sin placer la dicha reina doña Isabel, muy necesaria en Castilla, y se acortó su vida y salud» (Andrés Bernáldez).

El miedo a quedar sin sucesión era un mal que afectaba a todas las casas reinantes en Europa. Carlos V, en 1543, se lo expresaba a Felipe, príncipe heredero:

Habéis ya de pensar que os hacéis hombre y que con casaros tan presto y dejaros yo en el gobierno que os dejo, anticipáis mucho el tiempo de serlo, antes que por ventura, vuestra corpulencia y edad lo requieren [...]. Conviene mucho que os guardéis de las relaciones sexuales y que no os esforcéis a estos principios, de manera que recibiésedes daño en vuestra persona, porque además de eso, suele ser dañoso, así para el crecer del cuerpo como para darle fuerzas; muchas veces pone tanta flaqueza que estorba a hacer hijos y quita la vida como lo hizo al príncipe don Juan, por donde vine a heredar estos Reinos.

Luego que hayáis consumado el matrimonio, con cualquier achaque os apartéis [de vuestra esposa] y que no tornéis tan presto ni tan a menudo a verla y cuando tornáredes, sea por poco tiempo... etc.

La reina Isabel murió en noviembre de 1504. Por aquel entonces, ya era claro que su hija no regía correctamente sus destinos mentales, o sea, que Juana estaba loca (con la imprecisión y desprecio que implica semejante adjetivo). Isabel la Católica en su testamento la nombró heredera, como es lógico, pero con ciertas consideraciones como que lo hace «conformándome», no «aceptando»:

Otrosí, conformándome con lo que deuo e soy obligada de derecho, ordeno e establezco e ynstituyo por mi universal heredera de todos mis regnos e tierras e sennoríos e de todos mis bienes rayzes después de mis días, a la ilustrísima prinçessa donna Juana.

Y al mismo tiempo, advirtió que:

Ordeno e mando, que cada e quando la dicha prinçessa mi hija, no estouiere en estos dichos mis reynos [...] o estando en ellos no quisiere o no podiere entender en la gouernaçión dellos [...] que el Rey mi sennor, rija, administre e gouierne los dichos mys reinos...

Esto es: puede ser que la heredera no esté en Castilla, o que si está no quiera o no pueda entender en la gobernación, por lo que en su lugar gobernará el padre Fernando, rey de Aragón, y no el esposo, Felipe.

Esto quiere decir que a los ojos de Isabel, reina de Castilla y de su marido, Fernando de Aragón, Felipe de Austria era persona non grata. Y lo era por dos motivos esenciales: por el mal trato a que sometió a Juana, y por su francofilia. Felipe lo sabía: pero desde el momento en que muere Isabel, él es rey consorte de Castilla, porque su esposa es la reina. Entonces intenta por todos los medios, ser el rey plenamente: para ello logra expulsar a Fernando de Castilla (se va a Aragón y luego a Nápoles) e intenta que la aristocracia de Castilla y las Cortes declaren a su esposa incapaz para gobernar.

Felipe el Hermoso murió a finales de 1506, a los seis meses de empezar a gobernar. A su muerte, la situación era caótica: la reina estaba, a los ojos de todos, algo distanciada de la realidad; pero era la reina titular y legítima. Su padre, Fernando, en Nápoles, se hallaba estabilizando el país tras las guerras con Francia. La aristocracia de Castilla se encontraba dividida entre unos que veían con felicidad la debilidad de la Monarquía y otros que veían con preocupación la inestabilidad política. Y, en fin, el heredero de Juana y Felipe, Carlos, en Flandes. Mientras tanto, Fernando era el regente de Castilla.

Al fin, cuando en 1516 murió Fernando de Aragón, Juana era reina de Castilla y de Aragón y todo pareció tranquilizarse. Todo, pero no del todo: porque, ¿quién iba a aceptar la enajenación mental de la reina? Entonces, Maximiliano I dio un golpe de Estado en Flandes y proclamó a su nieto Carlos rey de Castilla y Aragón: rey, pero ¿no hay una reina que es su madre?

En septiembre de 1517 embarcó aquel muchacho hacia España. Allá le esperaban las dudas, los resquemores y la división dejada por el gobierno de Felipe: favorable a unos, los francófonos frente a los castellanos.

En conclusión: cuando el primer rey titular de la Casa de Austria llegó a España la situación no era sencilla ni aun para el mejor hombre de Estado. Por si todo ese caos no fuera bastante, el nuevo rey extranjero era un desconocido. Pero, para más inri, tenía un hermano, Fernando que había nacido en Alcalá de Henares en 1503 y que su abuelo Fernando había cuidado y educado como a heredero (de hecho en un testamento que nunca fue el definitivo así lo designó), lo había paseado por todas partes y era bien quisto. Carlos llegaba a un reino desconocido, en medio de un caos sucesorio de marca mayor, con su madre-reina viva y con su hermano-infante-amado vivo también.

Menos mal para él que la madre estaba recluida en Tordesillas. Con su hermano lo que hizo fue expulsarlo de España y mandarlo a estudiar a Flandes.

Con Carlos I, luego Carlos V, los horizontes vitales de aquellos que habían sufrido lo indescriptible en tiempos de Enrique IV o hasta la consolidación de la Monarquía hacia 1480, se abrieron fastuosamente. Él —Carlos— aportaba a las coronas de Castilla y Aragón, todas las imperiales: Flandes, Franco Condado, los territorios germanohablantes del Imperio, Hungría, Bohemia, etc. Él, Carlos, gobernaba en pie de igualdad decenas de territorios diversos. A su abuelo lo representó Durero sujetando una granada, o de la fertilidad o de la variedad de territorios representados por los granos que contiene la granada; la cáscara representa al Imperio.

Y si el nuevo emperador Carlos aportaba la germanofonía a los espacios geográficos de un natural cualquiera de Tordesillas, a otro natural de Villach, en Austria, ese mismo emperador Carlos le decía que al otro lado de la Mar Océana, los castellanos —los castellanos— estaban ampliando el mundo hasta entonces conocido: Vasco Núñez de Balboa en 1513 había descubierto el Mar del Sur; Juan Sebastián Elcano había demostrado que la tierra era redonda en 1522; Cortés y Pizarro estaban uniendo a su corona, otros imperios de complejidad inmensa, de enorme admiración, infinitos, los imperios azteca, maya e inca. Como decía el gran Bernal Díaz del Castillo, todo aquello no eran cosas de ensoñación, ni de libros de caballerías, sino cosas nunca vistas, ni aun contadas, ni soñadas. Y California, conviene que se sepa, era…

Es conocido que a mano derecha de las Indias hay una isla llamada California, muy cerca a esa parte del Paraíso Terrenal, que está habitada por mujeres negras, sin un solo hombre entre ellas, que viven al estilo de las amazonas. Tenían el cuerpo robusto, con corazones fuertes y apasionados y grandes virtudes. La isla misma es una de las más salvajes del mundo por sus escarpadas y llamativas rocas. Sus armas están todas hechas de oro. La isla está repleta de oro y piedras preciosas por todas partes, hasta el punto que no hay otros metales (García Rodríguez de Montalvo, Las Sergas de Esplandián. Sevilla, 1510. La reina Calaifa habita en la Isla de California, Topónimo de Diego de Becerra y Fortún Jiménez, en 1533).

Pero de la ensoñación, a la realidad. En tiempos de Carlos V pertenecían a Castilla algunas posesiones de incierta quietud en el Norte de África; además de las Canarias, las Indias…; a Aragón, Cerdeña, Sicilia, Nápoles… y a la Casa de Austria los territorios imperiales. A lo largo de su reinado fue haciendo correcciones en el mapa de sus posesiones, y acabó cediendo los Países Bajos y el Franco Condado, su cuna, a su hijo Felipe; mientras que el resto de los espacios imperiales a su hermano Fernando.

Esta es la base del Imperio español: Flandes, el Franco Condado, Aragón, Castilla y sus respectivas posesiones. Dejó un problema abierto: en la guerra contra Francia, el dominio del Milanesado. En la batalla de San Quintín se puso fin a un interminable periodo de guerras entre los Trastámara, los Austrias y los Valois por el dominio de Italia. Las conocidas como «Guerras de Italia» habían empezado en 1494 por el dominio sobre Nápoles. El triunfo de Fernando el Católico puso fin a esa «parte» de la guerra. Pero quedaba en el aire el domino transalpino: fue en la famosa batalla de San Quintín —al noroeste de París, pues estaban en guerra total— y con la paz de Cateau Cambresis como se puso fin a este problema: se ratificaron en Felipe II las posesiones de Borgoña y Milán. El poder español en Europa era incuestionable.

En 1580 tuvo lugar la anexión de Portugal, culminada con la jura en las Cortes de Tomar de 1581 de Felipe I de Austria como rey de Portugal.

Semejante crisol de territorios, de fuerzas, de lealtades, resultaba insoportable para los enemigos del Rey Católico. Más aún desde 1580. La unión de fuerzas por acabar con el poderío español fue un hecho. Hay una serie de fechas clave que pueden salpicar esta exposición: al final del reinado de Felipe II, guerras con Francia e Inglaterra y sus respectivas paces de 1598 y 1604 (Vervins y Londres), Tregua con los Rebeldes Holandeses de 1609… y unos años a la expectativa, con conflictos menores pero graves, salpicando desde Venecia hacia el Milanesado, porque como escribió un embajador español, «toda Europa se prepara para la guerra». Y esta estalló, en 1618, tras la defenestración de Praga. La «Guerra de los Treinta Años» acabó en 1648 con la firma de las paces de Westfalia en las ciudades de Münster y Osnabruck. La guerra tuvo guerras satélites, como la apertura de hostilidades de nuevo contra los holandeses en 1621 o la guerra total declarada por Francia en 1635 tras el aniquilamiento por los tercios y el cardenal infante don Fernando de los ejércitos luteranos promovidos por Gustavo de Suecia en la épica batalla de Nördlingen, o cómo nos vamos a olvidar del saqueo sueco a Polonia.

En 1635, en pleno reinado de Felipe IV, a la Monarquía de España no había poder que le hiciera sombra. Pero aquella Monarquía era, como escribió un tratadista de la época, un monstruo con la cabeza de oro, los pechos de plata… y los pies de barro.

La declaración de guerra de 1635 (de los Borbones franceses contra los Austrias españoles) fue un revés en todos los sentidos. Y aprovechando la inestabilidad política, los catalanes se sublevaron en 1640 en el Corpus de Sangre. Es curioso cómo aprovecharon los momentos de debilidad política, del asalto desde el exterior a la Monarquía, para sublevarse. Y en diciembre de 1640, los Braganza de Portugal iniciaron la sublevación contra la Casa de Austria.

1640 es un año trágico de la historia de España, como 1492 fue un año glorioso. Muy significativo: más reconocido en la victimización de la historia nacionalista catalana, que alimentado por la historiografía española. Poco después hubo levantamientos contra la Monarquía, o solo contra el gobierno de la Monarquía en Aragón con el duque de Híjar (1648), en Andalucía, con el de Medina Sidonia (1641), en Nápoles con el pescador Masaniello, en Sicilia otros motines de subsistencias (1647-1648).

Ahora ya sí, el monstruo se desmoronó: en Westfalia se hubo de reconocer la independencia de Holanda, la entrega del Rosellón, la Cerdaña (Colliure, Perpiñán, Salses) a Francia. El castillo de naipes iría derruyéndose en los años siguientes, en guerras menores, en paces de todo tipo. Cataluña volvió al seno de la Monarquía de España en 1659 y Portugal se independizó en 1665. Si la España de Felipe IV hubiera sido más fuerte, habría echado los restos no en recuperar el territorio desleal y rebelde de la esquina del mar secundario que era Cataluña, sino el otro, más abierto a los grandes mares que eran Portugal y su Imperio.

Últimamente se pone énfasis en mostrar que la España de Carlos II, lejos de ser una España superviviente, era una España en reconstrucción en todos los órdenes, en lo político, en lo cultural, en lo económico, etc.

El declive vino a confirmarse en la Paz de Utrecht de 1714. Allí, los ingleses conquistaron tierra española: Gibraltar y Menorca. Se entregaron el Flandes obediente, Nápoles, Cerdeña y Milán al Imperio; a Saboya, Sicilia y una parte del Milanesado…

Entonces sí, la Monarquía de España era, en efecto, la Monarquía de España más América, durante un siglo. Ahora bien, pensar que en el siglo XVIII los políticos españoles, o los súbditos no tenían más cuajo que el de unos mentecatos, es tan disparatado como injusto para con nuestra propia historia. La gran hecatombe fueron, desde luego ya sí, la invasión francesa y el regreso del abyecto Fernando VII, aquel príncipe de Asturias que conspiró contra su padre.

SOBRE LA MOVILIDAD SOCIAL

Una de las incógnitas más apasionantes de nuestra historia, y con respuesta abierta casi para todos los gustos, es la de por qué en la Monarquía de España, en el Imperio español, y más aún en los reinos de Castilla y Aragón no hay movimientos sociales, o graves convulsiones, hasta la década de 1640. Obviamente, sí hubo movimientos de protesta, cómo no, y ahí están los sucesos de la década de 1520 (tan vinculados a la grave situación social de toda la Cristiandad), o los de Aragón de 1590-1591 y por las mismas fechas otras alteraciones en otras localidades de Castilla (Ávila, Granada), pero se trata de movimientos que no tuvieron la potencia, que no pusieron en riesgo la esencia misma de su sistema político, como ocurrió con las seis guerras de religión en Francia que concluyen con el «París bien vale una misa» (Enrique IV, 1593); o la cabeza de Carlos I rodando (Londres, 1649) y proclamándose la república de Cromwell, por poner los dos ejemplos más al uso y manidos. La única excepción a lo anterior fue la Guerra de Flandes, tan compleja en sus fundamentos como en su desarrollo, o implicaciones sociales.

Acaso la respuesta a la pregunta tenga, en efecto, múltiples respuestas. En las páginas que siguen me dejaré seducir por tres o cuatro: la primera de todas ellas, es que para que haya una revolución o un movimiento social, no es necesario que se viva bajo ínfimas condiciones de vida (habría explosiones sociales cadañeras) sino que no haya perspectivas de futuro. Es la teoría de la «Curva-J», definida por Harris y traída a la historia por Pérez Zagorin. En segundo lugar, una población se puede controlar cuando sus élites lo hacen y para que en un sistema imperial se dé el caso, ha de existir un pacto entre las élites y la metrópoli (se llama grosso modo mestizaje). En tercer lugar, ha de haber una complacencia por parte de las élites, pero también de los demás, de pertenencia a un sistema (imperial en este caso) que ofrece seguridades, defensa y oportunidades con la certeza de que la ausencia de esa adscripción supranacional no traería más que descalabros. En cuarto lugar, el sistema político e institucional ha de saber dar válvulas de escape, bien por medio de la emigración civil, bien por el enrolamiento en ejércitos o armadas capaces de paliar las amarguras de la vida militar en una campaña victoriosa a las órdenes de grandes héroes. Por último, las estructuras económicas han de posibilitar ascenso social, movilidad social, que al nivel que sea (municipal, administrativo real, imperial) garantice los beneficios de la «teoría de las tres pes», el poder, el prestigio y el privilegio.

Por ende, movilidad social, procesos de culturización y oportunidades económicas son los elementos colectivos que mantienen a las variedades de individuos en paz, o en relativa calma, durante varios siglos y por todo el planeta.

Para entender aquella sociedad y sus funcionamientos, movilidades y frustraciones hay que verla desde tres perspectivas: la sociedad era cualitativa fundamentalmente y estaba dividida entre privilegiados y no privilegiados. Aquellos eran la nobleza y los clérigos; los otros, hechas las excepciones pertinentes, el resto de la sociedad. En segundo lugar, la sociedad estaba divida en dos: cristianos viejos y cristianos nuevos. Aquellos cerraban y fueron cerrando las instituciones de todo tipo al ascenso de los otros. Todo ese mundo de aspiraciones de abandonar el grupo de pertenencia para entrar en el de referencia, generó de todo, hasta una literatura codificada, o por qué no decirlo también, un arte de la disimulación para evitar ser estigmatizado. En tercer lugar, fue imponiéndose una sociedad cuantitativa, la del dinero, la generada por las riquezas del comercio y las manufacturas, que no se quedó en seguir generando más burgueses, sino que las plutocracias tendieron a su ennoblecimiento.

Por tanto, si se aspiraba a la movilidad social, la vida propia se podía complicar si no era llegada la hora del aspirante. Ellos sabían que no todos eran iguales en el reino de los hombres, ni todos tenían la misma cualidad, las mismas calidades. No eran iguales los cristianos viejos y los nuevos, aunque todos fueran cristianos. Porque unos eran cualitativamente mejores que los otros. No eran iguales cualitativamente los hijos de un noble que los hijos de un ganapán. Aquellos tenían linaje, estos no. No podían ser iguales los hijos de la tierra, o los expuestos en la puerta de la Iglesia, expósitos los llamaban, a los habidos de santo matrimonio; todo se regía por calidades diferenciadoras. No todos eran iguales. No todos podían ser juzgados por la misma justicia. Cada parte del cuerpo, una función. Era una sociedad cualitativa.

Claro que había una justicia superior, una ley natural, inviolable e inamovible, la ley de Dios a cuyo dictado se tenían que acoplar las leyes del rey. En el Reino de los Cielos sí que todos eran iguales. Feliz consuelo.

Juan de Mariana, el viejo jesuita, había escrito un texto en latín que se llamaba algo así como De rege et regis institutione, en que se llegaba a justificar no ya el deponer al tirano (el rey ilegítimo o que contravenía la ley de Dios), sino matarlo. Y hubo también obras de teatro de un tal Guillén de Castro sobre esas cosas graves.

Pero todo confluía en la ley de Dios. Todo lo bueno tenía que ir hacia allá.

Una de las características de aquellas leyes de los hombres era que eran muy diversas.

Por ejemplo, en Castilla la justicia local emanaba del rey, que delegaba su administración en el Consejo Real y este la transmitía a las ciudades y a los pueblos en función del Fuero Real.

Sin embargo, en otras partes, la justicia era otra, consuetudinaria y pactada. En Aragón hubo fueros desde mediados del siglo XIII y los querían mantener a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Por otro lado, desde 1478 existió un tribunal que como juzgaba causas religiosas, tenía jurisdicción indistintamente en Castilla y Aragón. Era el tribunal unificador. Se trataba del de la Inquisición. Al principio, muy al principio, había dos inquisidores generales, uno para Castilla y otro para Aragón, pero pronto se decidió que solo hubiera uno.

Así, con el inquisidor general —de Castilla y Aragón desde Torquemada en una sola persona— nombrado por el Papa a propuesta del rey y los miembros del Consejo de la Suprema designados por el rey, las más altas autoridades del Santo Oficio sabrían a quién debían su puesto. Por otro lado, los jueces, fiscales y abogados de los tribunales de distrito también estarían agradecidos a quien tenían que estarlo. Y si era imprescindible se trocaba un proceso religioso en uno civil. Por ejemplo, a Antonio Pérez, fugado de Castilla a Aragón, la Inquisición podía incoarle un proceso por pecado nefando y palabras escandalosas: la inmoralidad se llevaba en el alma por donde uno anduviera. Por ejemplo, los escritos de Mariana contra la alteración de la moneda podían contener alguna proposición herética. A Mariana le fulminaron con un proceso cívico-inquisitorial cuando tenía ochenta años y en menos de tres meses. La verdad es que ese escrito de Mariana iba contra acciones políticas de Lerma.

Aquellos hombres y mujeres de la Alta Edad Moderna tenían sentimientos de pertenencia a un algo difícil de definir que les era común. Les era común por los sentimientos de pertenencia a un grupo, por la herencia cultural recibida, por la adscripción a una naturaleza —del lugar donde se nacía—, a una religión. Así que era evidente a sus ojos que cuna y religión iban intrínsecamente unidas. Se era católico al ser nacido en España; por haber nacido en España, se era católico. Los practicantes de otras religiones debían convertirse porque la libertad de la práctica religiosa era merced concedida por el rey… y no eran tiempos desde 1492 de multiplicidades religiosas. Los musulmanes que quedaron en Granada tuvieron que bautizarse todos en 1503.

DIVERSIDAD EN LA UNIDAD. TERRITORIOS Y FUNCIONES

Una de las características más señaladas del Imperio Hispánico fue ser una Monarquía compuesta, o Monarquía agregada. En historia de los siglos XVI y XVII apenas hablamos de España como entidad institucional o política, sino que hablamos de la Monarquía Católica, de la Monarquía Hispánica, de la Monarquía de España. Ellos, lo hemos visto, usaban la idea de «rey de España», pero no era un término exento de dificultades de definición. Porque el rey lo era también de Nápoles, Cerdeña y Sicilia; señor de Milán y de los Países Bajos; rey de las Indias; señor de las plazas del Norte de África y desde la Unión de Coronas, rey de Portugal y sus inmensos dominios. Ahora bien: no una, sino cientos de veces, he visto escritos en los que se refieren a él como rey de España. Era un uso léxico de grandeza.

Todos y cada uno de esos territorios mantenían sus diferencias con respecto a los demás. Incluso sus indiferencias. Pero nunca se enfrentaron entre sí. Si hubo alzamientos, fue precisamente contra el mal gobierno y en el caso extremo contra el rey. Este «caso extremo» era gravísimo porque habría que justificarlo y la justificación solo procedería por la consideración del rey como un tirano.

Por tanto, tenían un referente común, el rey, que era en su persona el mismo para todos, pero no en su territorio, de tal manera que Felipe II era, en efecto, segundo en Castilla, pero en Portugal o Aragón era Felipe I. Tenían en común la religión, la católica. Pero en Flandes empezó a extenderse la herejía, ¡ay, Flandes!

Entonces, ¿cómo es posible que se mantuviera unida durante dos o tres siglos, depende, semejante máquina de poder?

Porque aquel fue un Imperio funcional.

Porque se pactó con las oligarquías territoriales.

Porque hubo una fluidísima circulación de las élites.

Y en fin, porque cada parte del rompecabezas quería estar en él, no andar jugando a destrozarlo.

Era un Imperio funcional porque cada territorio desempeñaba una función en beneficio propio y en beneficio de los demás. La plata americana financiaba los ejércitos y otros gastos. Esos ejércitos, a los que se entrenaba en Nápoles, defendían a todos de ataques exteriores.

El Imperio estaba subdividido (en la praxis) en varios subsistemas imperiales. El italiano, o mejor dicho el napolitano, servía de muro de contención de los ataques otomanos. Si no había alianza con la Monarquía Universal de España, ¿cuánto durarían los napolitanos sin ser circuncidados? Nápoles era la primera línea de defensa de la Península Ibérica. A cambio, virreinato, bases logísticas, campos de entrenamientos de los soldados, galeras amarradas, circulación cultural y de las élites, y comercio con el Norte de África. Nápoles disputaba la preeminencia mediterránea comercial con Venecia. Sin Monarquía de España, no habría nada. Y a quien más interesaba ese comercio era a las oligarquías locales, a las magistraturas… pero si no había comercio, no habría nada y los campesinos también se verían afectados. Lo mismo se puede decir con respecto a Sicilia, o a Cerdeña, o incluso a Mallorca, que pudo conocer la invasión berberisca desde Argel en tiempos de Carlos V y su liberación. Menos mal.

Desde Nápoles-Sicilia, con dos retropaíses Cerdeña y las Baleares, se estableció una frontera militar contra el otro Imperio, el otomano. Esa frontera se quiso prolongar hasta el Norte de África (Túnez, 1535) con los resultados inciertos conocidos. A su vez, Nápoles y Sicilia eran buenos proveedores de trigo, cuando se necesitaba. Y de cultura. Más al norte, Génova era la ciudad de los banqueros por excelencia y ellos gestionaban el mundo financiero imperial. Pero, además, desde que Andrea Doria abandonó a Francisco I y se pasó a Carlos V, Génova se convirtió en una potentísima base naval de la Monarquía de España: banca y marina unidas. Era más lucrativo el negocio mercenario con Carlos V que con Francisco I. Además, cualitativamente, Carlos V podría dar mejores títulos y condecoraciones. Génova es el puerto que advierte a la Francia mediterránea, o que acude en socorro si hay algún ataque sobre las costas del Imperio o contra las playas de Túnez o Argel. Pero, además, los genoveses que desde la Paz de Lodi en 1454 solo podían mirar al Mediterráneo occidental, se fueron especializando cada vez más en convertir las mercancías en oro o plata. A la altura de 1540 Carlos V sabía que si le fallaran los banqueros alemanes, podría contar con los genoveses. Y la oligarquía financiera genovesa sabía que si quería subsistir no había nada como ser leal al rey de España. Así fue hasta mediados del siglo XVII. Algunos de ellos fueron aristócratas e incluso grandes de España. Mandaron los tercios, fueron retratados por Velázquez… Génova, junto al rey de España, era el centro de Europa.

Milán, en medio de Europa abría las puertas de Italia hacia el centro, pero ahogaba a Francia también. Desde el Milanesado se estaba a tiro de piedra de Austria, Suiza, se incomodaba la retaguardia de Venecia…

Pero de Italia hacia Flandes, aunque haya territorios neutrales o amigos, hay enormes espacios de incertidumbre: por ello es imprescindible el control del Milanesado. Por eso la obstinación por mantener sujeta a la familia Sforza o a los franceses. Tomado Milán, nombrado un gobernador (no virrey, pues no es reino), desde Sicilia a Bruselas se podía ir por territorios o españoles o aliados.

En el Franco Condado, ¿qué mejor pacto con la oligarquía territorial que la alianza con la familia Granvela? Nicolás Perrenot (1484-1550) que fue secretario de Estado y consejero de Carlos V, así como embajador en Francia. Su hijo Antonio (1517-1586) fue presidente del Consejo de Estado en Flandes; luego cardenal; más tarde virrey de Nápoles; asesor de asuntos italianos, y llamado a Madrid como secretario de Estado para poner orden tras el asesinato de Escobedo y el asunto de Antonio Pérez. Acabó siendo presidente del Consejo de Italia y gobernador de Castilla y Aragón durante el viaje de Felipe II a Portugal. Por fin, Tomás Perrenot (1521-1571) fue embajador de Carlos V y Felipe II en Inglaterra, Francia y Viena.

Una de las causas de la sublevación de Flandes fue el exceso de regalismo de Granvela, esto es, la ruptura del pacto con Egmont y la aristocracia flamenca a favor del rey Felipe II.

Flandes, junto al Gran Ducado de Milán, o a Castilla, era uno de los ejes urbanos más poblados y dinámicos de Europa. Estar en Flandes era estar en el Atlántico Norte. Estar en Flandes era dar salida al intercambio de productos de primera necesidad, manufacturas, cultura, materias primas de las ciudades de Castilla, e incluso de los campos de Andalucía; estar en Flandes era tener un punto estratégico junto a Alemania, junto a la naciente Inglaterra; era yugular a Francia y más valía tenerla entretenida por allí, que no en el Pirineo: no se ha de olvidar que los ataques entre las dos grandes monarquías, o los ataques a París se hicieron desde Flandes. En cualquier caso, para ser, había que estar en Flandes. Porque hubo una fluidísima circulación de las élites.

En Flandes no había virreyes, sino gobernadores. En tiempos de Felipe II fueron, ni más ni menos, que Alba, don Juan de Austria, don Luis de Requesens, Alejandro Farnesio, Isabel Clara Eugenia… Estar en Flandes era estar en Europa. Cercar a Francia. Tener la plataforma preparada contra Inglaterra; salir al Mar del Norte. No estar en Flandes, era no estar. Sin embargo, el pacto no funcionó. Margarita de Parma lo intentó denodadamente, pero no pudo. La multicausalidad de todos los conflictos sociales adquiere en Flandes, al principio de los motines, en 1566, carta de naturaleza. Allá hay de todo: conflicto religioso, conflicto nacional, conflicto entre la aristocracia local y la Monarquía y un año de malas cosechas.

Pero la importancia de Flandes era tal que hubo que desangrarse por estar allí. Fue una herencia envenenada, sin duda, de Carlos V a Felipe II. Pero tenía que ser así, porque él había nacido en Gante. Desde finales del siglo XVI hubo críticas a la presencia española; pero también denodados apoyos.

¿Se imaginan que el rey de España se hubiera retirado de Flandes porque los disturbios no se acababan? ¡Habría abandonado a sus leales, habría renunciado a sus derechos, a su propia herencia! ¡Qué imagen de España!

Mas, por otra parte, a la burguesía flamenca no solo le encantaba pertenecer a esa monarquía multinacional, sino que además podía exportar por testaferros hacia Indias, o importar desde allá. Y sus hijos acudían a formar parte de la guardia de los archeros del rey, solo belgas; o la orden del Toisón recaía en muchos de sus aristócratas; o la cultura belga católica, u holandesa, cuando venían mal dadas se refugiaban en Salamanca, Alcalá o en la Corte. De nuevo el subsistema funcionando.

Flandes daba vida a Castilla. Y todo lo demás son bobadas decimonónicas o de novelistas que no saben leer paleografía.

Y América: América era el esqueleto económico de todo; era el campo de formación y consolidación de ese cuerpo de todos; era la tierra de promisión puesta por Dios al servicio de los españoles. Por cierto, en Indias se quedó mucho de lo que se extrajo de sus entrañas: baste con viajar por aquel inmenso continente y hacer un recopilatorio de plazas, palacios, catedrales, viales, ciudades, arquitectura militar y demás. No todo vino a Europa a gastarse en las guerras del rey. Menuda barbaridad. El comercio, la técnica, la ciencia, todo se convirtió en un permanente flujo y reflujo de bienes materiales e inmateriales que a todos beneficiaba. Por cierto, la política del «pacto» en Indias la hemos llamado hasta ahora «mestizaje».

Al sur de ese limes, y exactamente en las mismas fechas que se incorporaba Nápoles a la Corona de España, se mandaban varias expediciones para fijar posiciones en el Norte de África, posiciones de defensa por lo que con presidios había suficiente y no era necesaria una intervención más espacial y cultural, como precisamente en las mismas fechas empezaba a ocurrir en Indias. Dos modelos de expansión diferentes, de asentamiento territorial opuestos, de intencionalidad cultural también diferente. A fin de cuentas, la retaguardia estaba más cerca de África (acaso una jornada o más de navegación) que de América. Pero todo en las mismas fechas y con los mismos agentes sociales.

A mediados del siglo XVI, casi todo el Mediterráneo occidental era un mar hispánico. Nápoles y Sicilia —y a la recogida, Cerdeña— al sur eran las fortalezas que defendían su retaguardia del empuje otomano. Las plazas del Norte de África cerraban permanentemente cualquier intento de «segunda destrucción de España», Génova ponía al servicio del sistema sus galeras y sus finanzas mundiales; Milán, con sus riquezas manufactureras era un enclave estratégico al sur de los Alpes. Por su parte, los territorios pontificios eran a veces buenos aliados y nunca iban a enfrentarse con excesiva violencia al Rey Católico; los otros estados italianos manifestaban una excelente diplomacia para sobrevivir en medio de aquella, ya sí podemos decirlo, Italia española por la que subían y bajaban, de la que iban y venían, pintores, arquitectos, urbanistas, ideas y creaciones culturales en una densidad tal que hacían del sur ese territorio tan intensamente libre en sus concepciones más profundas e íntimas de la existencia del hombre.

El Imperio funcional «funcionaba». Los pactos con las oligarquías, también: ¿qué eran si no las alianzas con el rey de Túnez, con las familias nobiliarias o burguesas italianas, con el impresionante Doria?

En la Península Ibérica, los territorios de la Corona de Aragón, muy celosos de su «pasado normativo», intentaban cooperar lo menos posible pues se conformaban con lo que tenían, o recelaban de la expansión del poder real. Sin embargo, les fascinaba estar dentro del sistema. Carlos V solía embarcar en Barcelona; a Valencia llegó Margarita de Graz y allá fueron las bodas reales, y así sucesivamente. El floreciente humanismo valenciano no se puede entender si no es por los contactos con la corte del rey de España, por la circulación de esos hombres de cultura, por los contactos con Alcalá, Salamanca, Valladolid, etc. Y, al igual que Nápoles o Cerdeña se sentían protegidos gracias a las galeras y tropas del rey.

Por fin, Castilla era el territorio que más participaba de toda esta mentalidad regalista. Castilla era la corona mayor y más granada, era la que daba vida a todo. De ella dependían las Indias; en ella residían el rey y sus consejos territoriales y temáticos; Castilla era el alma de aquel inmenso cuerpo disforme pero rectamente coordinado.

La incorporación de Portugal significó un cambio inmenso: el Imperio dejaba de ser eminentemente mediterráneo y con Portugal, Flandes y América, se hacía atlántico. Portugal fue la gran apertura. Pero ya con Portugal todos los monarcas dubitativos de Europa optaron por coaligarse contra Felipe II: había que frenarle de alguna manera.

El Mediterráneo desde 1580 quedó como un espacio recóndito, segundo en el gran concierto mundial. Gran concierto que, por lo demás, se regía desde Madrid. Ahora bien, eso no quiere decir que hubiera que olvidarse del Mediterráneo, en absoluto: era la retaguardia del Imperio funcional y si se fallaba en Italia… todo se podría desmoronar.

UNA INGENTE CAPACIDAD DE PACTO CON LOS SÚBDITOS

Para que ese inmenso imperio de agua, velas y herraduras funcionara, había que ser hábil en el pactar. Aquellos sí que fueron tiempos de los políticos, de los hombres de Estado. Por encima de todo, la religión y el rey. A cambio de la paz, a las oligarquías se les brindaba mantenimiento de su estatus y protección. ¿Nos podríamos imaginar qué podía preferir en 1590 una familia rectora de Nápoles, ser napolitanos sin más, o pertenecer al Imperio, con la posibilidad de moverse, establecerse en el Consejo de Italia en Madrid o llegar ante el Papa en una misión diplomática, o ser escribanos de las armadas de galeras, o dar clase de artes en Alcalá, o tantas y tantas cosas que se ofrecían por ser partes de aquel cuerpo? Nápoles es incorporada a ese tronco en 1503. Aún hoy en día cabe hacerse la pregunta: ¿participar de grandes alianzas, o intentar quiméricas neutralidades?

Y los pactos con las oligarquías territoriales se mantuvieron firmes. Una de las bases del pacto era la recta administración de la justicia. Carlos V asumió plenamente su papel. Cuando en 1543 embarca en Palamós hacia Génova y deja a Felipe como gobernador, le deja también una serie de instrucciones a él y a sus consejeros regentes.

Principalmente encomiendo y encargo a todos la buena administración de la Justicia y breve y buen despacho de los negocios entendiendo […] principalmente […] en ver y saber cómo son regidos y gobernados los pueblos y a los corregidores y otros jueces y ministros de justicia que pareciere que no han usado bien de sus oficios proveías que sean castigados conforme a la calidad de sus culpas […] de manera que a los culpados sea castigo y a los otros ejemplo y […] holgaré de ser informado de los buenos jueces para servirme de ellos y emplearlos en cargos convenientes a sus méritos con que en lo uno y en lo otro se tenga respeto solamente al bien público y no al particular.

La buena administración de justicia es una obsesión de Carlos V.

En las mismas Instrucciones, por ejemplo, vemos cómo se hace con la voluntad de la nobleza: «Porque van muchos caballeros a servirme en esta jornada y es justo que haya algo en que les gratifique y haga merced, [me] remitirá, para que yo provea los oficios que vacaren en las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba, Toledo, Burgos, Valladolid, Segovia, Salamanca, Jaén, León, Madrid, Ávila, Toro para que yo haga merced de ellos a quien me pareciere», excepto los oficios de elección que se darán conforme a la costumbre.

Era necesario obrar así; incluso respetando los «oficios de elección». En las instrucciones a los virreyes se reiteraba el no hacer novedad, el tratar con gracias y mercedes a las familias significadas. Al príncipe Felipe le había dicho Carlos V que «las leyes y ordenanzas hechas sean muy bien guardadas y cumplidas y que no innoven, ni permitáis ser innovado».

Los problemas saltaban cuando los pactos no se conseguían, o se rompían los preestablecidos. De nuevo es Carlos V el que habla: «Más presto podríais errar en la gobernación de Aragón que en la de Castilla, así por ser los fueros y constituciones tales, como porque sus pasiones no son menores que las de otros y ósanlas más mostrar».

Alba erró al decapitar a Egmont y a Horn en Bruselas aunque las disensiones con la aristocracia flamenca ya venían de uno o dos lustros atrás. En 1590-1591 hubo graves alteraciones en Aragón por el caso Antonio Pérez. La justicia real no pudo con él en Castilla. Además, se fugó. Al refugiarse en Aragón, se sometía a la justicia aragonesa, que no quería saber nada de lo acaecido en Castilla. Hubo que fabricar un proceso penal inquisitorial. Aragón estaba caldeado desde tiempo atrás, por varios problemas sociales. Con la fuga de Pérez, saltó todo por los aires. La oligarquía aragonesa apellidaba «libertad» a lo que no es apellidar libertad al estilo democrático, sino que es exaltar los fueros. Esos fueros que ponían algún coto al rey, pero sobre todo estaban a favor de la aristocracia y la mesocracia. El rey invadió Aragón y le cortó la cabeza al joven Justicia. Pero no se le ocurrió abolir los fueros; los retocó a su favor. El pacto con la oligarquía se había deteriorado; pudo haberse acabado con los fueros, pero era necesario mantener ese pacto. Aun a pesar de lo acaecido siguieron las dos coronas con su andar por separado, aunque con puntos de fusión. Pero, en cualquier caso, para disfrutar de rentas, mercedes y privilegios en Castilla o América, los aragoneses se tenían que naturalizar castellanos. Naturalizarse, que no hacerse, lo cual era imposible. Se naturalizaban no por derecho, sino porque el rey concediera esa merced y con restricciones, sobre todo para el disfrute de rentas, mercedes y privilegios. Naturalizarse entonces no era nacionalizarse, sino recibir una merced del rey para disfrutar temporalmente de una renta o de alguna concesión o exención del rey.

Sin embargo, las difíciles situaciones económicas en la península y la falta de implicación con los problemas de Centroeuropa, resolución que recaía casi exclusivamente en castellanos, hacía que cada vez más clamaran voces de cambios. Y aquellos cambios y novedades se propusieron.

Era el año de 1624. El día de Navidad. Felipe IV (1605-1665) había subido al trono hacía tres años. En esas fiestas tenía diecinueve años. Su privado era don Gaspar de Guzmán y Pimentel (1587-1645), el conde duque de Olivares, que tenía treinta y siete.

El privado da al rey un memorial extenso e importante. Entre otras cosas se contiene el párrafo ya tantas veces aludido,

Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona… que si Vuestra Majestad lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo.

Además, le habló de una «Unión de Armas» una suerte de ejército imperial movilizado permanentemente de 140.000 soldados. Eran los tiempos de la Guerra de los Treinta Años, la de la Defenestración de Praga.

Sin embargo, últimamente se ha puesto en duda que esa propuesta fuera del conde duque y se ha propuesto que se trate de una falsificación hecha por los catalanes durante la Guerra de Sucesión para demostrar las ansias de la Casa de Austria y sus ministros por abolir los fueros de Cataluña, lo cual nunca se hizo hasta 1714.

El caso es que al convocarse Cortes en los territorios periféricos para sufragar el ejército, los unos o los otros, todos se escabulleron. El rey Felipe IV se marchó desairado de Barcelona. Por razones obvias, creció el malestar hasta el punto de que en el Corpus de 1640 empezó la rebelión de Cataluña y el 1 de diciembre, la de Portugal.

Los pactos con los territorios se habían quebrado. Pero ¿tenían esos territorios voluntad de continuar el pacto o era solo la imposición de su voluntad local la que los movía a hacer pactos? Esta es la clave para el día de hoy: pactemos, sí; pero con quienes quieran hablar con nosotros, no pactemos a cualquier precio aun desmoronándose el Estado.

Desde entonces la desconfianza primó por doquier. En 1656, tras diversos acontecimientos un tanto singulares, los ejércitos de Felipe IV reintegraron Cataluña al cuerpo de la Monarquía.

LA CIRCULACIÓN DE LAS ÉLITES

El otro elemento crucial de mantenimiento del Imperio, por la confianza en el rey y en la religión, fue la circulación de las élites.

Si alguien hubiera de gestionar una empresa con 40.000.000 de trabajadores, a buen seguro que no se le ocurriría impedir la movilidad de sus grupos dirigentes, ni aun de sus trabajadores.

Curiosamente en España, como Estado, ocurre un singular fenómeno que es el de que eso no puede hacerse. Comoquiera que, por ejemplo, la educación desde la básica a la universitaria, está transferida a las comunidades autónomas, el profesorado nace, crece, se reproduce y se pudre en su universidad. No digamos los profesores de instituto: se puede dar el caso de que un individuo de una localidad cualquiera curse estudios en la universidad más próxima, oposite, saque plaza en la región con ánimo de quedarse en su pueblo y que de ahí no salga en toda su vida.

Supongamos que por élite vamos a entender a aquellos que han de formar a los productores de bienes de servicio y a sus recursos humanos.

Entonces, un aristócrata, que tenía asumido su linaje se había formado en las primeras letras y armas o bien en alguna escuela palatina, o bien con instructores en casa. Mas luego, si era primogénito y le tocaba heredar título, continuaba de muchacho lo más cerca del rey que se pudiera y una vez alcanzada cierta edad, o ya había ido a la guerra, o le había caído un cargo de responsabilidad (que bastante tenía ya con el mantenimiento de su estado señorial). Luego, podía ser que le tocara ir escalando puestos en los consejos de la Monarquía, en el Real de Castilla, luego en Guerra, si era el caso en Indias e incluso se le podía llamar a alguna junta extraordinaria. Pero igualmente le podía pasar que se le mandara unos años a Nápoles de virrey y un tiempo a la gobernación de Flandes, cuando no iba a cumplir su periplo vital en América.

Supongamos que un muchacho estudiara leyes civiles o canónicas en Salamanca, Alcalá o Valladolid. Su vida deambularía por tenencias de corregimientos, tal vez fiscal de un tribunal mayor, por qué no oidor en la Chancillería de Granada, luego presidente de algún buen tribunal de los que hubiera conocido en juventud, por ejemplo presidente de la Chancillería de Valladolid y de allí candidato por enésima vez a ser miembro de un consejo, hasta lograr una plaza en el de Castilla.

Si hubiera estudiado derecho canónico, habría ido saltando de tribunales episcopales a inquisitoriales, hasta llegar, por qué no, a canónigo, deán, e incluso inquisidor general, tras haber vivido en Santiago, Sigüenza, Quito, Coria y llegar a Madrid, o alabando la aldea y menospreciando la corte, concluyendo sus días en Oviedo…

Y si hubiera sido hijo segundo o tercero de familia aristocrática y hubiera sobrevivido a alguna de aquellas campañas de cuentos de caballerías que se montaban, creo que más que para conquistar territorios en serio, para hacer limpias demográficas de entre las familias nobles (las hijas al convento y los hijos al honorable degüello), si hubiera sobrevivido, digo, acaso podría haber acabado en el Consejo de Órdenes Militares, con sus estudios de derecho y su carrera de armas y letras.

Un ejemplo locuaz, con nombre y apellidos: Juan de Ovando. Hijo de clérigo. Llegó a canónigo de Sevilla. Desde allí, por pertenecer a un grupo de poder, se le mandó a una inspección de la Universidad de Alcalá, en donde removió los estatutos de Cisneros. Luego, a otra inspección al Consejo de Indias, de donde promovió unas nuevas leyes para América, de capital importancia. Acabó sus días siendo presidente del Consejo de Indias y del de Hacienda.

Otro ejemplo: Juan de Mariana, hijo de clérigo también, en Talavera, estudió en Alcalá, ingresó en la Compañía, se le llevó a París, Mesina, Roma y volvió a Toledo de donde, por cierto no volvió a salir desde 1574 a 1624 en que murió.

¿Y Arias Montano, el primer bibliotecario de El Escorial?: formado en Alcalá, estuvo en el Concilio de Trento, volvió a Castilla, se le mandó a Flandes para supervisar la edición de la Biblia Regia, volvió a España se fue a la Peña de Aracena de retiro.

Y esto ocurría y esto pasaba, no ya en excepciones, sino en miles de individuos. Pensemos en la trayectoria vital de los soldados, o de los hijos del médico aquel poco agraciado con la vida, que fue el padre de Cervantes.

¿Hubo frustraciones? Sin duda, a miles también, y caídas. Pero curiosamente el peso de aquel Imperio multinacional lo llevaron castellanos que eran los que más se movían. Se nos argumentará que a los demás se les excluyó por no ser naturales de Castilla. Se podrá responder con cierta sorna: ese es el resultado de vivir obsesionados con la defensa de unos fueros en tiempos de globalización. El conde duque lo quiso corregir: castellanizar, sí, pero dando a cambio movilidad a todos. Creo que es el proyecto más ilusionante en la Europa del XVII. En los medios que propuso, fue muy burdo y la consecución, una tragedia: 1640.

Pero todo aquello fue quebrándose. Los privilegios locales se impusieron a las visiones de futuro. Todo coincidió con la dramática crisis económica de 1640-1680. Portugal se independizó y algunos catalanes lo intentaron. Pero Felipe IV se vio en la trágica tesitura de tener que elegir: o Portugal, la inmensa Portugal atlántica, o Cataluña. Y los esfuerzos se volcaron hacia la recogida Cataluña, en un extremo de aquel mar —por entonces secundario— que era el Mediterráneo. Para acabarlo de arreglar, el rey siguiente moría en 1700 sin descendencia. La guerra se desencadenó. Porque el pastel que era la Monarquía de España era muy goloso. Inmensos territorios en Indias, espacios de ensueño en Europa.

A Felipe V, el Borbón, se le juró como rey en los territorios forales. Fue aceptado como rey legítimo. Sin embargo, se desencadenó una nueva guerra para lograr trozos de aquel cuerpo casi inánime, o cuando menos desangelado.

Concluida la guerra, vencidos los ejércitos de la Casa de Austria y forales, se proclamaron los Decretos de la Nueva Planta de la Monarquía.

Considerando haber perdido los Reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos sus fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis predecesores, particularizándolos en esto de los demás Reinos de esta Corona; y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión; y considerando también, que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogación de leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanza de costumbres podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia.

He juzgado conveniente (así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y pausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada; pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos los Castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción; facilitando yo por este medio a los Castellanos motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios, y gracias tan merecidas de su experimentada y acrisolada fidelidad, y dando a los Aragoneses y Valencianos recíproca e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no lo estaban, en medio de la gran libertad de los fueros que gozaban antes; y ahora quedan abolidos: en cuya consecuencia he resuelto, que la Audiencia de Ministros que se ha formado para Valencia, y la que he mandado se forme para Aragón, se gobiernen y manejen en todo y por todo como las dos Chancillerías de Valladolid y Granada, observando literalmente las mismas regalías, leyes, práctica, ordenanzas y costumbres que se guardan en estas, sin la menor distinción y diferencia en nada, excepto en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica, y modo de tratarla, que en esto se ha de observar la práctica y estilo que hubiere habido hasta aquí, en consecuencia de las concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se debe variar: de cuya resolución he querido participar al Consejo para que lo tenga entendido.

Con los Decretos de la Nueva Planta de la Monarquía se inició el proceso de cambio de la estructura administrativa precedente, que duró doscientos años.

EL REY Y LA DELEGACIÓN DE SU PODER

El rey reinaba, pero ¿gobernaba? No hay duda de que Carlos V y Felipe II, sí. Felipe III lo intentaba pero era más perezoso y le gustaban más la cama —¡con la reina Margarita, por supuesto!— y el confesionario. Felipe IV también gobernó, ¡y con qué finura y habilidad!

La soberanía era del rey. Pero había oficiales delegados, naturalmente.

La administración del poder delegado la podemos analizar desde dos perspectivas: la delegación unipersonal y la delegación colegiada.

La delegación unipersonal sería aquella que recaía en los virreyes. La colegiada, en los consejos reales.

Y es que, en efecto, para la administración de aquel Imperio se delegó el poder. Por debajo del rey estaba la figura del visorrey, o del virrey. De origen aragonés, Fernando el Católico la expandió a Nápoles y con Carlos V quedó consolidada esa figura. El virrey era, en su territorio, un alter ego del rey, pero con una peculiaridad: ejercía sus funciones administrativas, jurisdiccionales y de gobierno en nombre del monarca, no en el suyo propio (al menos las más importantes). No poseía la gracia real. No podía excusar del cumplimiento de la ley del rey. Era, pues, en efecto, un oficial delegado del rey.

Los virreyes procedían todos de la aristocracia, o al menos, de la nobleza. Comoquiera que los virreinatos eran como las parroquias, más o menos ricos, más o menos conflictivos, eran más o menos apetecidos, como cualquier destino. En conclusión, el rey de España tenía virreyes o lugartenientes en Aragón, Valencia (1520), Cataluña y Mallorca. Cerdeña (1418), Sicilia (1415) y Nápoles (1503), Portugal (1581), Nueva España (1535) y Perú (1542). En el siglo XVIII hubo que partir los virreinatos indianos y crear el de Nueva Granada (1717) y el del Río de la Plata (1776). Los más apetecidos eran los de Nápoles y los de las Indias.

Nápoles por sus riquezas, por su proximidad a España, por su paz social. Los de Indias, por sus riquezas, por su lejanía a España, por su paz social.

El tiempo de gobierno de cada virrey era de unos cuatro años. En realidad era muy sencillo que estuvieran más tiempo.

El desempeño del trabajo del virrey fue esencial para el sostenimiento de la Monarquía. Ellos recibían al ser nombrados unas «instrucciones», en las que habitualmente dos son los puntos capitales de su cometido: la administración de la justicia y el buen tratamiento con los naturales, es decir, la existencia de un «pacto» de lealtades entre las oligarquías territoriales y la Monarquía.

El «pacto» era la clave. El mantenimiento de las oligarquías en sus lugares, siempre y cuando reconocieran implícitamente o explícitamente al rey de España. A cambio del pacto, protección, promoción internacional, etc.

Así funcionó el Imperio. Ahormando a las oligarquías locales, noblezas o letrados, alrededor de un proyecto común. Si el pacto funcionaba, los regnícolas sabían que disfrutarían de sosiego, internacionalización, promoción social; si no, si había revuelta, podría haber represión y ruido de tambores.

Porque, ciertamente, cuando se va diseñando el Imperio se hace sabiamente y cuando se pacta, se hace también sabiamente.

En lo que digo a continuación, tienen importancia trascendental la política de virreyes, embajadores y oficiales reales «desplazados». Se basa todo en su habilidad para ganarse a las autoridades locales, a las magistraturas locales, a los órganos de gobierno locales, a las familias importantes. Se basa todo en mantener «el pacto» de «lealtades». De hecho, durante los tiempos de la presencia española, es habitual que sobrevivan los órganos de poder colegiados locales. A veces, se intentan «novedades» (puesta en marcha de tribunales de la Inquisición) con resultado doble: o aceptación o rechazo. Dedúzcase qué convenía a las autoridades locales.

El rey tenía asesores particulares. En tiempos de Carlos V fueron unos cuantos ministros de entre los primeros, o primeros ministros: Mercurino Gattinara, los Granvela y un par de omnipoderosos secretarios, Cobos y Gonzalo Pérez.

Con Felipe II hubo algunos que descollaron entre los demás: Moura, Pazos, el cardenal Espinosa, Ruy Vázquez (el «ajo confitado» en el decir de Antonio Pérez al que tanto persiguió)… En los reinados siguientes, en el siglo siguiente, se inauguró el tiempo de los validos.

Pocos hombres para tantos territorios, problemas, personajes.

Pocos hombres para el despacho «a boca» con el rey. Porque la organización de todo se basaba en el «sistema de consejos» o «sistema polisinodial».

Los consejos eran «organismos colegiados de carácter consultivo que por expresa delegación del monarca estaban investidos de una serie de competencias administrativas, dándose también, en algunos de ellos, la condición de supremos órganos jurisdiccionales en sus respectivos ámbitos de actuación». (Feliciano Barrios).

Es verdad que cada consejo funcionaba autónomamente con respecto a los demás. Pero se intentó paliar esas fracturas por varias vías.

1.   Mediante la acción coordinadora del monarca. Esta se realizaba a través tanto de las instrucciones dirigidas a cada Consejo en particular como de reales decretos de carácter singular que se hacían circular a distintos sínodos: necesidad de observar la obligación de secreto, manos limpias, normas unificadoras de prácticas burocráticas, etc.

2.   A través de la pertenencia de un mismo ministro a varios Consejos; esta presencia múltiple, no siempre reglada, estaba en ocasiones institucionalizada. Así los consejeros de Castilla se hacían presentes en otros organismos: cuatro formaban la Real Cámara de Castilla, dos asistían a las sesiones vespertinas del de Inquisición —los llamados consejeros de la tarde—, otros dos al de Hacienda, también dos al de Cruzada, donde concurría, además, uno del de Aragón y otro del de Indias, uno estaba asimismo presente en el de Guerra y otro en la muy importante Junta del Bureo, institución capital en la vida interna de las casas reales; en el mismo sentido de nexo personal institucionalizado de comunicación entre Consejos tenemos la figura del tesorero general que era común a los Consejos de Aragón e Italia.

3.   Mediante la constitución de juntas especiales con miembros de varios Consejos para determinar un asunto concreto que reclamara una especial atención, o bien porque lo pidieran los imprecisos perfiles del negocio en cuanto a su asignación competencial. Este mecanismo tenía también un efecto perverso respecto al funcionamiento de régimen conciliar, pues fue frecuentemente utilizado, sobre todo en el siglo XVII, para desviar asuntos de la vía ordinaria de un determinado Consejo cuando una concreta coyuntura política lo hiciera aconsejable.

4.   La creación del Consejo de Estado en 1521 como eje vertebrador de toda la política imperial. El experimento no funcionó. Pero es el único Consejo que aún existe.

¿Cuáles eran los Consejos Reales de la Monarquía? De nuevo hemos de tener en cuenta que como toda administración, el régimen polisinodial fue vivo y dinámico. No alcanzó su madurez vital hasta finales del reinado de Felipe II. Aunque funcionaba «correctamente» desde tiempos de Isabel o Fernando o más aún desde tiempos de Carlos V.

Los Consejos eran trece: Estado, Guerra, Inquisición, Cruzada, Castilla, Cámara de Castilla, Aragón, Indias, Portugal, Flandes, Borgoña, Hacienda y Órdenes Militares.

Por las competencias, se han clasificado en «territoriales» o «temáticos».

El caso es que las atribuciones dependían de las necesidades políticas y siempre hubo líneas de fricción o solapamiento. Pero, como unos los presidía el propio rey u otros estaban compuestos por miembros provenientes de otros consejos, es posible que el solapamiento fuera menor.

Casi todos se reunían en el alcázar de Madrid.

El número de miembros variaba, en función de cada consejo, o por épocas. Pero decir que la media era de unos 12 no está exento de verdad. Es decir, que los asuntos de todo el planeta los resolvían, en última instancia, alrededor de un centenar de personas.

Naturalmente las autoridades intermedias y delegadas rendían un sagrado respeto a la lealtad a su rey y a su religión.

Un problema de los consejos fue el de la lentitud de sus actuaciones: porque había que reunirse, sintetizar la documentación, analizarla, tomar decisiones, consultar al rey, ver su despacho, ejecutar la orden real…

Para filtrar las actuaciones estaban los secretarios de los consejos con sus escribanos y también los secretarios reales, que a veces eran la misma persona. En total unas 40 personas más.

Los sueldos iban desde 1.000.000 de maravedíes al presidente del Consejo Real de Castilla, 500.000 del de Indias, a los 100.000 de los consejeros mejor pagados, que era el mismo salario que percibían los consejeros reales. Un millón de maravedíes eran 2.666 ducados, que serían (a 3,6 gramos por ducado y a 50 euros el gramo de oro) unos 480.000 euros al año. Un secretario real ganaría, pues, unos 48.000 euros.

Para solucionar los problemas de lentitud del funcionamiento de los consejos, o para controlarlos más rápidamente, desde los años finales de Felipe II se empezaron a reunir «juntas» (bien de competencias transversales, bien ad hoc, para resolver un asunto concreto), con tres o cuatro consejeros especialistas, etc.

Los consejeros eran aristócratas en Estado o Guerra; nobleza en general; pero letrados o contadores, según el caso, en Hacienda. En el Real y en su derivado, la Cámara de Castilla, aunque hubiera predominio de los nobles, también había letrados, gentes de leyes, porque tenían funciones judiciales penales y administrativas. En el Consejo de la Inquisición, había —naturalmente— teólogos o expertos en derecho canónico.

La edad media de entrada en los consejos era muy alta: antes de lograrlo había habido un cursus honorum recogiendo experiencias por los territorios, con las gentes y los problemas de la Monarquía.

La Administración del Imperio no se dejaba en manos de jovenzuelos, sino de experimentados individuos que tenían cubiertas las espaldas.

Veamos un ejemplo concreto: los miembros del Consejo de Indias desde principios del XVI a 1700, es decir en doscientos años, fueron 249; 187 empleados en la Casa de la Contratación; 3.200 empleados en Indias como virreyes, miembros de las audiencias, gobernadores provinciales, arzobispos y obispos. Es decir que América estuvo vinculada a la Monarquía de España desde el siglo XVI al XVIII por unas 3.600 personas, en lo civil y en lo eclesiástico.

Leales y pactistas, ¡qué duda cabe!

Las universidades fueron un pilar esencial en la formación de letrados pecheros, o de letrados hidalgos que nutrieron la administración local, de ahí saltaron a la general y, por fin, a alguna audiencia y luego al Consejo.

Como he apuntado antes, los secretarios jugaron un papel determinante en este entramado. Los había personales del rey y de los Consejos. En muchas ocasiones el secretario de un Consejo, lo era del rey. Su función consistía en informar por escrito, en un apretado resumen, de lo que contenía cada documento que se elevaba a la reunión de un consejo. Eran, pues, filtros de la Administración, capaces de acelerar, demorar o manipular un asunto. Por escrito pasaban la resolución del consejo «a consulta» del rey, que oiría los argumentos «de boca» del secretario y determinaría. El secretario volvería con la resolución por escrito al consejo para que se ejecutara. Una palabra con doble sentido, un párrafo antes que otro, podían hacer que los regalos fueran imprescindibles para el correcto funcionamiento o archivo, de los asuntos.

Los secretarios de los Reales Consejos del Rey de España eran, habitualmente, vascos. Como se recoge en nuestra literatura. De hecho se hablaba del «estanco vizcaíno» para hacer alusión al monopolio de los vascos.

Hubo secretarios omnipoderosos, como Cobos, Pérez, Gaztelu, Idiáquez, Eraso, Gasol (cuñado de Mateo Vázquez, que lo fue desde 1578 a 1591) y familias y linajes de secretarios (Idiáquez) que llegaron incluso a ser comendadores de órdenes militares.

Pero se da la circunstancia de que el secretario del Consejo de Estado actúa como secretario personal en materias de Estado, del rey. Se erige así en el intermediario entre virreyes, gobernadores, capitanes generales o embajadores con Su Majestad. Él abre la carta, la lee, la resume, la pasa al rey.

Gonzalo Pérez despachó a diario, durante veinte años, con Felipe II. Su hijo Antonio también. Mateo Vázquez lo mismo… (sígase a Escudero).

Finalmente me he de referir a esa figura nueva, sin leyes, ni códigos, ni ordenanzas, que fue la de los validos.

Los validos son la reacción aristocrática al omnímodo poder de los secretarios. Si estos lo han alcanzado con Felipe II, no deja de ser curioso que nada más morir «el rey viejo» subiera al poder con admiración de todo el mundo cortesano, el marqués de Denia.

Tomás y Valiente analizó en su conjunto a los validos del siglo XVII y expuso algunas características: por ejemplo, que no tenían título de oficio, que en el ordenamiento de los pagos a los oficiales reales, no existía una entrada para «valido», pero que acaparaban tantos oficios que ejercían un poder visible a todos y codificado que daba igual que no tuvieran nombramiento.

En segundo lugar, era tan público, notorio y ostensible que disfrutaban de la confianza real, o aun de la propia amistad del rey, que, ¿para qué nombramientos?

En tercer lugar, Lerma, Uceda, Olivares, Haro procedían de la aristocracia. Solo un jesuita, Nithard, hizo recordar el papel callado de los confesores reales como grandes muñidores políticos… a la sombra y en voz baja. Que para eso gobernaban en la conciencia del rey.

Los validos fueron el parapeto tras el que se escondía al rey, tras el que se le protegía. El rey reinaba. El valido gobernaba. Y si las cosas iban mal, la culpa era del valido. «¡Viva el rey, muera el mal gobierno!».

Los validos, ¿eran secretarios de sangre azul? No, son mucho más. Son políticos que mandan, aun en nombre del rey, sin intermediarios.

El riesgo es que los validos, en especial Lerma, se crecieron en exceso. Leales fueron como el que más, a su señor. Pero también a la herencia inmaterial que en aquellos tiempos valía tanto como la familia directa: Lerma fue muy leal a su linaje, que se pasó la vida cuidando a reinas locas, custodiando a príncipes insanos (don Carlos) y no lograban ni virreinatos, ni plazas de consejeros. Estuvo un par de años en Valencia de virrey, pero volvió junto a Felipe III, su buen amigo y príncipe de Asturias. Cuando alcanzó el poder, se ofuscó con tal de lavar la memoria de su familia. Y lo supo hacer. Pero la corrupción y la desmoralización anidaron en la corte de España.

En tiempos de Felipe IV, Olivares no le fue a la zaga, pero es verdad que tenía un sentido más institucional de la relación entre Monarquía y valido. Y el rey, además, estaba más interesado en el ejercicio del poder.

El caso es que la corrupción fue uno de los arietes que fueron desmoronando el sistema de poder y administración. Fue «el mal gobierno» una excusa para la desafección. Sin embargo, el sistema estaba bien anclado y podía funcionar por sus propias energías: fiscales, jueces, regidores, consejeros tomaban decisiones en un sitio o en otro y «las cosas iban tirando».

El «faltan cabezas señor» —del conde duque de Olivares a Felipe IV en 1625— no quería decir que la gente fuera idiota o inepta, es que el servicio público había caído en el desprestigio por culpa de la vulnerabilidad del sistema. Además a Olivares le venía bien desprestigiar el sistema heredado para renovarlo a su manera. Pero otros seguían desde su sitio haciendo que el sistema, que el Imperio, funcionara. La abnegación de muchos virreyes, letrados, embajadores, militares es digna de encomio.

He tenido la fortuna de leer en el mismo día consultas de Estado de tiempos de Carlos V o de Carlos II. No sé cómo definirlo, pero la impresión que me causan los documentos escritos por unos oficiales reales o por otros, son diferentes. Hay unas miras más elevadas. Hay un futuro indescriptible. En tiempos de Carlos II, todo es un pasado, que pasado está, al que no se llegará jamás. Como dijo don Antonio Domínguez Ortiz, nunca la pintura de corte española retrató tantos leones en escudos o de pies de mesa, como en tiempos de Carlos II.

Con Felipe V hubo de llegar la reactivación. Primero la guerra, luego los Decretos de Nueva Planta de la Monarquía (con la abolición de los fueros de Levante) y la abolición de los consejos y en su lugar la constitución de cuatro secretarías, la de Estado, Gracia y Justicia, Indias y Marina y Guerra, permitió que los secretarios se reunieran presididos por el secretario de Estado, que era, a su vez, el único que despachaba con el rey.

Ese fue el germen del actual sistema de Consejo de Ministros, que se reunió por vez primera y como tal en 1834.

Las reminiscencias en la terminología aún nos hablan de la España de los Austrias, «Consejo» de «Ministros» y aún existe el «Consejo de Estado».

En fin: además de lo dicho, hubo un mundo «informal», de poder y organización sin codificar, tanto en Madrid como en las cortes territoriales: fiestas cortesanas, funcionamiento de la corte y de la Casa Real, representación en público de las funciones sociales de cada uno, etc.

Y, por supuesto, la organización de la diplomacia a la que se dedicará también su tiempo.

¿Resuenan aún aquellas palabras que se deben dedicar a los políticos actuales que no tienen escrúpulos?:

«El rey es para el reyno, no el reino para el rey».

A VUELTAS SOBRE UN CONCEPTO, UN SENTIMIENTO Y UNA REALIDAD: «ESPAÑA»

Es habitual que el hombre de los siglos XIX, XX y XXI haya sentido la tentación de negar la existencia de «España» porque la Monarquía de España en la Edad Moderna no funcionaba como el Estado-nacional-España nacido después de las agitaciones, revoluciones y transformaciones del siglo XIX. Es decir, sin darse cuenta, se ha negado la existencia de un «Estado» a todo aquello que no fuera un «Estado-democrático-de origen liberal» o sus derivados.

Mas el Estado, como organización jurídica de una sociedad, parece que en aquellos tiempos era una Monarquía de origen divino, patrimonial de los reyes, en quienes descansaba la soberanía y compuesta por otras jurisdicciones administrativas y penales, que eran de señorío laico, señorío eclesiástico y de órdenes militares.

El rey de España lo era de Castilla, Aragón y Navarra y todas las posesiones sujetas a esas coronas. El rey firmaba, cuanto más importante era el documento, haciendo alusión a todos sus territorios. Pero el rey era el rey de España.

Es cierto que no existía plena unidad institucional. La actual España, aquella que nace de los Decretos de Nueva Planta de 1714 en adelante, tuvo tradicionalmente y desde los Reyes Católicos dos coronas, la de Castilla y la de Aragón, además de Navarra. Ahora bien, la persona del rey lo era por igual de todos los territorios de la Monarquía, del Imperio. Pero esa persona era un rey distinto en cada reino. Por debajo del rey, los reinos. Cada uno con sus usos, leyes y costumbres diferentes. Sin embargo, por lealtad, unidad, riqueza y potencia, uno destacaba sobre los demás, Castilla. Mientras que los otros eran fragmentarios y celosos de sus privilegios, Castilla aparecía más propensa a servir sin duda al rey. Luego en la relación recíproca de lealtades, Castilla era, naturalmente, la más apreciada. Parece que hay que hacerse perdonar esas cosas.

Eran pues coronas distantes en algunas cosas, próximas en otras: nunca se enfrentaron unas contra otras. Estaban unidas solo por un tribunal para el que no había ni distinción de estamentos ni de delitos porque los que se cometen contra la ley de Dios son universales: me refiero a la Inquisición.

Así que alrededor del término «España» (¡en singular!) se aglutinaban realidades geográficas, pero también sentimentales, las de la gloria, las de la tristeza, las del orgullo de pertenencia.

Encarnemos esas afirmaciones, guiados por varios ejemplos, prestando especial atención a los que nos ofrece Cervantes.

Porque se tenía noción de que España existía, como que hay caballos blancos. Y definir qué es un caballo blanco es un absurdo que lo hace difícil de definir.

Por ejemplo, en 1546 en Valencia se había publicado la Primera parte de la crónica general de toda España y especialmente del reino de Valencia por el doctor Pedro Antón Beuter, maestro en Teología. Estaba dividida en tres partes. En la primera, se trataba de los acontecimientos desde el Diluvio de Noé hasta la conquista por Jaime I con la «población [poblamiento] de España»; en la segunda, la conquista de Valencia y en la tercera parte desde entonces hasta sus días. Primero se editó en lengua valenciana y luego…

[…] no había de parecer mal darle la lengua más común en España […]. En tiempo de los godos se hablaba cuasi en toda España una sola lengua […]. Venidos los moros quedó la lengua española en Aragón y Asturias, do salieron la lengua aragonesa y castellana […] en nuestros días tenidas por lenguas diferentes. No es razón que a nadie parezca mal que siendo yo valenciano natural y escribiendo de Valencia a los regidores de ella escriba en castellano —lengua extraña para Valencia— por el respeto del provecho común…

Su voluminosa historia tiene un concepto integrador en lo cultural de España, a excepción de Portugal. Túbal, hijo de Jafet, fue el primer poblador de España, en el año 143 después del Diluvio, desde los Pirineos hacia el sur. Sus descendientes fundaron Perpiñán, «antiquísima población en España». Para este autor valenciano, los reinos españoles que nacieron de la defensa contra los musulmanes fueron «de las Asturias, nacieron los reinos de León y de Castilla y Portugal. De Aragón nacieron los reinos de Sobrarbe, Navarra y Aragón; de Cerdaña nació el condado de Barcelona y principado de Cataluña» (I, XXX, XCVIII-V.)

Portugal, siempre Portugal vinculada a la idea de la Hispania Romana.

En 1547 se editaron en Barcelona las Chroniques de Espanya de Pere Miquel Carbonell. Este era escribano y archivero real así como notario de la ciudad de Barcelona. En su historia, terminada a principios del siglo XV, se preocupaba esencialmente de mostrar los privilegios de Barcelona y de los catalanes en general. Esta obra es interesante porque se acabó de escribir en 1513, pero no se imprimió hasta esa fecha de 1547. Y en el finis los impresores dicen que «es acabada la present hobra de les Chroniques de Catalunya», aunque el título final fuera el de Chroniques de Espanya.

En 1562 en Barcelona se publicó la Crónica de España del canónigo Francisco Tarafa, traducida de lengua latina en castellana. En los textos liminares escribe el traductor entre otras cosas que «al fin de la historia del rey de España o Castilla, se sigue luego la de los reyes de Aragón y condes de Barcelona». Más adelante ya Tarafa afirma con contundencia: «Túbal, el primer rey de España, puso leyes a los españoles». Entonces la historia la escribían sobre leyendas y falsas crónicas que pondrían pronto en duda. Eran como disparatadas novelas históricas. Por ejemplo, Iubalda tomó el reino de España, como dice Beroso, «año XXXIIII del reinado de la reina Semiramis de Asiria, antes de la venida de Jesucristo mil novecientos y setenta y dos años. Este fue el primero que aumentó la Teología en España». Al final de su delirante obra refiriéndose a Fernando el Católico dice de él que «muerto don Enrique [IV de Castilla] fue rey de España y muerto su padre don Juan II de Aragón, no solamente hubo al reino de Aragón, mas aún todos los demás de España». Confusión terminológica entre el binomio Castilla-España.

Pasemos hacia occidente. En 1574 Ambrosio de Morales escribe su Libro de las antigüedades de España. España vuelve a ser «puesta en lo postrero de Europa y tan rodeada de mar que con ninguna otra se junta, sino con sola Francia por un solo lado». Y corrige las descripciones geográficas anteriores, «comenzará España desde la montaña de Creus […] hasta Cabo de Gata […] hasta el cabo de san Vicente […] hasta el cabo llamado ahora de Finis Terrae en Galicia» y por el Cantábrico hasta Creus de nuevo.

En unas 200 páginas pondera las riquezas naturales de España y describe sus espacios geográficos más singulares. Luego, se dedica a la descripción propiamente dicha de las antigüedades de las ciudades de España, Cádiz, Tarragona, Mentesa (Jaén), Sagunto, Ampurias, Toledo y Calahorra, Ibiza… etc., con un concepto de lo «español» común, extrayendo lo portugués.

Esteban de Garibay y Zamalloa era natural de Mondragón y fue cronista real de Felipe II. Antes de acceder al oficio, había publicado en Amberes, en 1571 en la imprenta de Plantino su Los XL libros del compendio historial de las crónicas y universal historia de todos los reynos de España. En su inmenso compendio de la historia de España, incluye a los reyes de Portugal pero también —y esta es novedad— a los reyes moros de Córdoba y Granada, de los que el último (Boabdil), «fue el XXI y último rey moro, no solo de Granada, mas aún el postrer rey moro de toda España».

Juan de Vandenesse escribió un Diario de los viajes de Carlos V. El primero fue en 1517, «para hacer su viaje a España […] llegaron y tomaron puerto en España en Villaviciosa»; anduvo por Valladolid en noviembre de 1517 «acompañado […] de varios duques, marqueses, príncipes, condes y señores y gentileshombres tanto de sus reinos de España»; para negociar paces en Montpellier con el rey de Francia, fueron enviados «señores y prelados, tanto de España como de los Países Bajos»; durante la defensa de Logroño-Pamplona, se distinguieron los «señores de España»…

Y es que cuando no se habla del rey de España, se habla de Su Majestad.

El uso que dio Cervantes al término «España» es del máximo interés. Entonces, habida cuenta que la separación institucional de las coronas de Aragón y Castilla y Navarra era un hecho evidente (aunque había habido intentos de unificación alrededor de la corona, como en la Sentencia Arbitral de Segovia de 1474-1475, o como hacía la Inquisición por vía de religión, o como habría deseado Fernando el Católico), se hablaba de «España» de diversas maneras.

Con cierta perplejidad nos venimos acostumbrando a oír que como no existía el Estado institucional, no se usaría el término.

Igualmente, que como no había una unidad institucional, nada existía formalmente que vinculara a unos y otros. Esto es cierto, pero hasta un límite, como que la botella está medio llena, porque había instituciones comunes. Por ejemplo, los mismos reyes; por ejemplo, la Inquisición (ni más ni menos), por ejemplo, líneas comunes de defensa de la corona y de la religión (era impensable imaginar un enfrentamiento entre aragoneses y castellanos en los campos de batalla de Alemania) y unos sentimientos, a veces de frustración, muy próximos porque para muchos la pretérita unidad —ibera, romana, visigoda— debía recomponerse.

Para Cervantes (que es el escritor del corazón, frente a otros que lo son teóricos) España es su patria, entendida como cuna, naturaleza. Y la patria es la que socorre, da cobijo o ayuda a sus hijos desvalidos (vid. alusiones en El trato de Argel). El sentido antropomórfico de «España» y por lo tanto, dotada de vida humana y —sobre todo— de las más elevadas virtudes aparece con reiteración. Sublime es ese personaje «España» en la Numancia (tragedia que se lee poco). En efecto, España «tiene valor» (Calíope, v. 26).

Comoquiera que el «Canto de Calíope» anejo a La Galatea nace como un texto laudatorio de exaltación de los poetas españoles, se pueden extraer algunas interesantes conclusiones. Por ejemplo, la ninfa habla varias veces de «patria» en la exhortación; además, si se trata de una comparación de lo español, ha de caber naturalmente lo propio de Indias. Aún hay más referencias interesantes. España —proclama Calíope— ha triunfado en la supremacía literaria al compararla con Italia (al hablar de Antonio de Leiva, vv. 23-24; aún a su sombra en el «Donoso escrutinio»). Como se trata de un canto elegíaco a la calidad de los poetas españoles (no solo castellanos) España aparece «dichosa». Es un sentido optimista de la patria. Como en Casa de los celos, que cuando Angélica (disfrazada de pastora) ha decidido salir, Corinto certifica que pasarán por la España «rica y bella».

Con respecto a la riqueza de España y la belleza de sus mozos están ponderadas también al desembarcar Cauralí y entrevistarse con Cadí tras una correría por sus costas, en los Baños de Argel. De España se habla abundantemente en el otro manual de crítica literaria en verso, el Viaje del Parnaso. Esta vez, es cierto, Envidia habita en ella. En Persiles es la tierra de promisión, tras huir de Inglaterra; es, también, tierra famosa por pacífica y santa (me recuerda las alabanzas de Anglería a la España de los Reyes Católicos).

España es también una comunidad geográfica. Cuando Cervantes rememora el cursus honorum del ventero que arma caballero a don Quijote, tras enunciar sus correrías por Andalucía, Castilla la Vieja y Valencia, pondera los muchos tribunales de justicia que hay por toda España, con ese sentido amplio del término… aunque sea recordándolos de la manera que lo hace. También es una alusión jocosa la que hace a la cantidad de ermitas que hay en España, cuando las espectadoras del choque entre el vizcaíno y don Quijote (I-VIII), ven lo que va a ocurrir.

En la consideración de lo propio, aparece «España» de nuevo, en palabras de Cervantes, cuando habla de la Santa Liga, entre Roma, Venecia y España (no Felipe II, o el Rey Católico; emplea un término político-geográfico) contra el Turco, no contra Turquía; de tal manera que tiene claro que su pertenencia es una nación y el otro, un grupo que cede su nombre a su cabeza rectora.

Por otro lado, «España» es, siguiendo la tradición, una continuidad no musulmana. Por ellos «se perdió España». Y «España» sería, pues, el todo que se perdió. Sentido unitario, por encima de la realidad institucional, que se vuelve a plasmar cuando propone el arbitrio de que haya censores de comedias para toda España; sentido unitario que se ve por doquier en El Quijote, donde el final de sus días empieza, precisamente, en Barcelona. Esa Barcelona en la que atracan las naves que «pasan a Italia» o «vienen a España». Esa España que llega a Cádiz, desde donde los marineros antes de zarpar, la bendicen. Las aventuras del loco egregio tienen lugar por tierras de la España unitaria. Obviamente habría sido muy ridículo que, por ejemplo, al tratar de las bodas reales entre Francia y… ¿España?, aquellos hombres hablaran de bodas reales entre Francia y Castilla-León, Aragón, Portugal, Nápoles, Sicilia, Flandes, Indias, y todos los territorios que no configuraban un Estado unitario (aún no era el siglo XIX, creo intuir) pero que estaban vinculados al mismo rey. Ese «rey de España» al que pertenecen las lagunas de Ruidera; no al rey de Castilla. Cuando Gitanilla canta aquel largo romance en Madrid, a la reina Margarita recién alumbrada, la descendencia, de nuevo, será en provecho de España y no de «la Monarquía superpuesta» o contrapuesta. España es el nexo de unión de la diversidad y, como expresivamente define Cervantes, para defensa de la Cristiandad y advertencia al Islam: esa es, para ellos en aquel momento, la razón de ser de España.

En relación con los musulmanes y el concepto de «España», no deja de ser importante que, a la cautiva en la Zaragoza musulmana —en tiempos carolingios—, se le consideraba prisionera de una parte de España. Más tarde, por «España» corren dineros que los moriscos retiran de la circulación para atesaurizarlo. Los moriscos están, como se sabe, extendidos por sendas coronas. Y los moriscos lloran por «España», en la que habían nacido. Eran, por lo tanto, españoles. Su desesperación llegó al ver que no se les da cobijo en su Berbería, por lo que «España es nuestra patria natural»: de nuevo, la protectora. Y, en fin, el gran parlamento del Persiles, «morisco soy […] pero no por esto dejo de ser cristiano» y aspiro a que España sea «entera y maciza de la religión cristiana».

Si Cervantes nunca hubiera escrito sobre España en sentido unitario, podríamos pensar que para él España eran Castilla y lo castellano. Pero comoquiera que habló de todo y de todos, su sentido «español» como aglutinador en pie de igualdad es indiscutible. Acaso quede sublimado si leemos con detenimiento los espacios geográficos citados en la biografía del «bárbaro español» (Persiles, V), esa que transcurre en tiempos de Carlos V, antes de la unión con Portugal: nació en España, huyó de España —primero atravesando la raya de Aragón—, volvió a España y se embarcó en Lisboa (!), en una nave inglesa llena de caballeros de allí «que habían venido […] a ver España»… y volvió a España, malamente.

Al historiador, al final, le parece que Cervantes usó el término con la naturalidad de la sensatez, del que ha viajado y por tanto ve su propiedad con ojos de fuera, sin tantas vueltas y revueltas construidas por ese mal nuestro de cada día nacido en el siglo XIX y cuya sombra es alargada, como la de los cipreses y que se llama nacionalismo. Cervantes fue en su tiempo pensador moderno.

En conclusión: ellos tenían un cierto problema de definición de base sobre a qué referirse cuando se hablaba de «España». Lo más común era aceptar el principio geográfico y romano de España equivalente a Hispania. Durante la Edad Media se tenía claro en convocatorias a concilios u otros sínodos de la Cristiandad que la «provincia» de España era la península.

Pero Portugal no formaba parte de aquel entramado.

Y la voz cantante, la de la unificación, la del peso social y político, la llevaba Castilla. Pero Castilla por si sola no era España.

De los territorios de Aragón clamaban voces queriendo entroncarse con «España» de la que formaban parte y no querían su exclusión.

Por otro lado, si se miraba al pasado, la constitución social de lo español podía excluir a los musulmanes, al tenerlos por invasores. Pero invasores de casi ochocientos años era mucho tiempo. Además, seguía habiendo musulmanes —o falsos musulmanes— en España. En Castilla quedaban los deportados de la segunda de las sublevaciones de Granada. En la Corona de Aragón estaban los oriundos. Y había, además, descendientes de los convertidos del judaísmo.

Verdaderamente, pocos elementos de homogeneidad. No la había racial plenamente, salvo que se excluyera al otro. No la había legislativa.

Unían la dinastía y la religión. Sus fundamentos, ni más ni menos. Ahora bien, ¿era necesaria la unidad si esta la entendemos como homogeneidad?

Ellos bien sabían que no. Podía haber unidad con diversidad.

2

UNIVERSIDADES, SERVIDORES REALES E IMPERIO

El léxico letrado ha conocido a lo largo de la historia una evolución, hasta quedar fijado en el concepto actual de «hombre de derecho» o «abogado» en vez de «hombre de letras». No es mi intención rehacer, ni aun refrescar esa historia sino solo poner un par de referencias eruditas. En 1495 Nebrija tradujo del español al latín de varias maneras al letrado: como «hombre sabido»; si era letrado en griego, «grammaticus»; si era un letrado malo, «litterator» (¡cuántos literatos hay hoy en día!); el letrado bueno en derechos sería el «iurisconsultus»; y el letrado malo en derecho, el «leguleus» (Nebrija, 1495).

Más de un siglo más tarde, en 1611 Covarrubias —que no dedica una entrada específica a la voz letrado— apunta al hablar de la letra que «letrado, el que profesa letras y hanse alzado con este nombre los juristas abogados» (Covarrubias, 1611, 763, b36).

Las páginas que siguen se basan en un ramillete de datos objetivos e incuestionables, y aunque los voy a deshojar más adelante, bueno será fijar la atención aquí y ahora en estos puntos a modo de definición:

En la Corona de Castilla había tres grandes universidades, que eran las de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares.

Hubo mecenas privados que abrieron colegios dentro de esas universidades, o fuera de ellas. En el siglo XVI hubo 88 colegios (según Dámaso de Lario).

De entre todos los colegios, destacaron solo seis, que se coaligaron en los años veinte del siglo XVII constituyéndose en «colegios mayores» por su propia definición.

Esos colegios fueron:

El Real Colegio de San Clemente de los Españoles, fundado por el cardenal Gil de Albornoz en 1364 en Bolonia.

El de San Bartolomé (o Anaya), fundado por don Diego de Anaya y Maldonado en 1401 y con sus primeros estatutos de 1405, en Salamanca. Modelo de muchos de los demás.

El de Santa Cruz, fundado por el cardenal Pedro González de Mendoza en 1483 en Valladolid.

El de San Ildefonso, fundado por Cisneros en 1499, en Alcalá.

El de Cuenca (dedicado a Santiago Zebedeo), fundado en 1500 por el obispo Diego Ramírez de Fuenleal —o de Villaescusa, o de Haro— en Salamanca.

El del arzobispo, o Fonseca (dedicado a Santiago Zebedeo), fundado en 1519 por el arzobispo de Santiago Alonso de Fonseca en Salamanca.

El de San Salvador (o de Oviedo), fundado por Diego de Muros (obispo de Oviedo), en 1521 en Salamanca.

Lorenzo Galíndez de Carvajal (1472-1528) dejó escrito en su manuscrito de los Anales breves que entregó a Carlos V, que los Reyes Católicos «tuvieron en su Consejo y oficios y cerca de sus personas hombres insignes y en número conveniente […]; tuvieron más atención de poner personas prudentes y de habilidad para servir, aunque fuesen medianas, que no personas grandes y de casas principales […]; para estar más prevenidos en las elecciones [de los candidatos a un oficio real] tenían un libro y en él memoria de los hombres de más habilidad y méritos para los cargos que vacasen; y lo mismo para la provisión de los obispados y dignidades eclesiásticas…» (Codoin, 18, 229 y ss.).

Lo del libro blanco con las virtudes de los aspirantes a oficiales reales, parece ser que no era invención de Galíndez de Carvajal porque en las Cortes de Valladolid de 1537, en la petición 66, los procuradores suplicaron o al menos insinuaron al emperador que:

Otrosí, los Reyes Católicos de gloriosa memoria, vuestros abuelos, para informarse de las personas de quien podrían servirse, conforme a sus habilidades para todos los cargos que tenían que proveer en estos reinos, mandaban haber información secreta de todas las calidades y habilidades de las personas de sus reinos y tenían libro de esto dentro en su Cámara Real […] Suplicamos a V. M. se informe y tenga libro de esto…» (en Codoin, Ibíd.).

Y Galíndez, tras narrar el fin de la guerra civil entre Juana e Isabel, concluye:

Los cargos de justicia, gobierno, guerra y hacienda, obispados, dignidades eclesiásticas, no las proveían por favor, ruegos ni intervención de nadie, ni por servicios, sino por virtud, habilidad y méritos de los proveídos: y cuando alguno pedía algo de lo dicho, alegando sus servicios, se le respondía que en otras cosas se habían de remunerar los servicios, como se hacía; porque en aquellas no se había de atender sino al bien del negocio y buena provisión del cargo; y así para ellos se llamaban de sus casas a las veces los que más sin pensamiento estaban de ser proveídos; lo cual fue causa que estos Reyes fuesen bien servidos, y los vasallos tuviesen afición a la virtud. Tuvieron gran cuenta con sus criados, que bien los sirvieron, y después de muertos con sus hijos; y esto también fue causa de ser servidos con grande amor y fidelidad, teniéndose por seguros los que bien servían, que sus servicios habían de ser remunerados en sus personas o en las de sus hijos (Codoin, 18, 235 y 236).

De donde se deduce que fomentaron la lealtad hacia sus personas por medio del trabajo bien hecho.

Por su parte, decía Juan de Castilla y Aguayo en su El perfecto regidor, publicado en Salamanca en 1586, que Felipe II:

«Es tan favorecedor de virtuosos y letrados, que no hay camino tan cierto para alcanzar su gracia [la del rey] como es el de la Cristiandad y letras, porque nunca se han visto los obispados en España tan seguros de que los ocupe ninguno que sin méritos, por favor o privanza los pretenda, como en el tiempo de este Cristianísimo Rey [que…] de tal manera trata de las cosas espirituales que están a su provisión […] las plazas de oidores de los Consejos y Chancillería de este Reino [las tiene] tan llenas de lo que cada una ha menester», como si Felipe II «tiene tan medidos los valores y suficiencias de todos sus vasallos que a cada uno viste del cargo o del oficio que le asienta mejor, no dejando de hacer merced a ninguno que la merezca ni haciéndola a quien dignamente no la haya merecido», para aseverar en este laudatorio cántico de sus días que si se hablaba de una edad de oro y otra de plata, «la que agora tenemos [en pleno reinado de Felipe II] es de letras» (Castilla, pp. 32v-33r y 34v.).

Dejando al margen cualquier análisis sobre las razones que empujaron a este Castilla y Aguayo a escribir el libro y escribirlo así, no queda duda de que fue un buen manual para regidores (como el de Castillo de Bovadilla para corregidores, siendo este posterior y de más fama) y una de las grandes loas de nuestro Siglo de Oro al mundo de las letras y los letrados, superando en los tópicos los debates de armas y letras. Obviamente, ponderar en tiempos de Felipe II la Cristiandad como una virtud del aspirante a una dignidad o un oficio, no dejaba de ser una redundancia; alabar la selección de los mejores para cubrir plazas de Justicia, una exaltación del buen gobierno, el poder y la necesidad de estudios.

Dámaso de Lario empieza sus Escuelas de imperio citando a San Pablo (Romanos, 13, 1) y su frase tan manida a partir de su difusión «no hay autoridad que no venga de Dios». Así empieza mi reflexión: hubo quienes creyeron que no había autoridad que no viniera de Dios, y que además, las autoridades que existieran, habían sido constituidas por Él.

Dejando al margen la evolución histórica que tal idea tuvo, y dando no ya un salto en el tiempo, sino haciendo una pirueta lleguemos al siglo V y, de la mano de Gelasio I (papa entre 492 y 496), aceptemos que había dos poderes que se repartían el imperio del mundo: los pontífices dotados de auctoritas y los reyes que detentaban la potestas, siendo la auctoritas superior a la potestas aunque necesitada del apoyo militar que le daba esta. El rey era el brazo secular protector de sus enemigos (que en cada momento los hubo y por tanto hubo un brazo secular siempre dispuesto a ayudar al Papado, o a la Iglesia. En este momento pienso en la Inquisición española). La coronación imperial del año 800 sería la gran manifestación del reconocimiento de ese binomio de poderes. Por ella, también el Papa unge sacramentalmente al emperador. El emperador (eso es, el poder temporal) se compromete a la defensa de la Iglesia y las leyes divinas, a cambio de que el Papa y sus órganos colegiados le juren obediencia. Por tanto, ¿hay quien pueda rebelarse contra el poder temporal que está ungido por el Papa?

Hagamos otra pirueta: durante el siglo XIII, o por mejor decir e incluso inexactamente, las aguas del poder no se quedaban remansadas. De cuando en cuando, desde Roma se argüía que era su poder superior al otro, incluso en la potestas. El emperador respondía con su fuerza; se invitaba o se inmiscuían intelectuales… se hablaba incluso de la separación de poderes, de la reserva para el Imperio de la acción política; pero naturalmente, Roma tiende a un mayor estado de secularización para quitarse el asfixiante peso del Imperio (así la gran crisis del Cisma de Occidente, refuerza los poderes temporales frente al espiritual que ha vivido un periodo bochornoso y confuso), pero el Imperio, o los poderes temporales, más fuertes que el espiritual, o más estable (si cabe decirlo así) se impone a la Iglesia: el cesaropapismo del emperador Enrique III (1039-1056) fue el más fuerte.

Decía Delumeau que el Imperio corrió al socorro de la Iglesia, y no faltan ejemplos: desde el Concilio de Constanza (1414-1418, fin del Cisma y condena de la herejía de Juan Hus); al V Concilio de Letrán (1512-1517; el Papa por encima de los concilios y condena de la Pragmática Sanción de Bourges o semilla del galicanismo y regreso de la Iglesia de Francia al romanismo); en adelante (¿qué es Trento?). Y en este proceso histórico lento y que coexiste con la historia de Occidente, habrá sinsabores. Para lo que nos interesa: el Saco de Roma en mayo de 1527, la unción imperial de Carlos V en Bolonia (24 de febrero de 1530), las angustias hasta la convocatoria del Concilio ecuménico de Trento, y más.

En definitiva, y sin que haya habido un momento de respiro, las tensiones para imponerse el poder temporal sobre el espiritual o viceversa, formaron parte indisoluble de la historia de Occidente. Ahora bien: la capacidad de crear un discurso sólido y consistente de las preeminencias solo se podía ejercer desde los scriptoria, en las escuelas episcopales donde las hubiere; solo lo podían hacer quienes supieran leer, escribir, o lo que es más difícil, pensar o razonar. Los ejércitos mejor armados para esta tarea eran de la Iglesia, eran los monjes y los curas que supieran algo. Aun con poca formación, tenían en sus monasterios u obispados, más formación en letras humanas y divinas que los bellatores.

No es de extrañar, por lo tanto, que conforme se refinaran o complicaran las actividades de gobierno, los reyes necesitaran estudios generales y universidades en los que se formaran sus futuros hombres de gobierno y de los que salieran los leales a sus causas y derechos. El control de esas instituciones se podría convertir, como de hecho se convirtió en muchas ocasiones, en un frente de batalla sobre la redacción de sus estatutos y su cumplimiento, sobre los mecanismos de inclusión o exclusión de los universitarios, sobre el manejo de las rentas y así sucesivamente. Me viene a la cabeza que la fundación de Cisneros en Alcalá de Henares fue radicalmente trastocada por Juan de Ovando en tiempos de Felipe II y en su nombre (septiembre de 1564-agosto de 1565). No nos puede resultar extraño: no hay momento de más presión de la Monarquía de España contra la Iglesia que en el reinado de Felipe II. Brutal y despiadada presión que se ceba, precisamente, en el arzobispo Carranza, que era el arzobispo de Toledo y que murió en la cárcel (en Roma).

En la historia de España, y más aún en la Corona de Castilla hay unas fechas de inflexión política, que son los años que van desde 1475 a 1480 (por ponerlo fácil) y que son de una actividad fuera de lo común. Todo quedó listo para el último asalto a Granada: instauración de la Inquisición (1478-1480), final de la Guerra Civil (1479), Cortes de Toledo (1480), inicio de la propia Guerra de Granada (1482)… La nueva Monarquía necesitaba gentes a su alrededor de todo tipo, así de armas, como de letras, o de fe. Pero es que además, aquella triunfante Monarquía que se expandía por todas partes sin cesar, tuvo una gran virtud, o un gran acierto político (también), frente a otras monarquías: nunca vendió oficio de justicia. Es decir, al desempeño de la administración de la justicia se llegaba por los méritos emanados de los estudios, no del dinero, o de la cuna (aunque estos ayudaran).

Por tanto, todo el mundo vinculado a las leyes, a su definición, recopilación y estudio, transmisión o aplicación se hizo con universitarios.

Así es que —sigo a Fayard— «todos los consejeros de Castilla fueron juristas, cerca de la mitad enseñaron derecho en alguna universidad de las tres más grandes; algunos fueron jurisconsultos de reconocido prestigio; y por el contrario, los manteístas fueron apartados a cargos de segunda fila, intentaron promocionar por medio de cátedras y doctorados».

El Consejo Real de Castilla, que era el más importante de todos los consejos, mantuvo una estructura estable a lo largo de los siglos, pero conoció, al mismo tiempo, modificaciones coyunturales, o temporales; alteraciones debidas a las circunstancias.

Si en principio era un Consejo sobre todo nobiliario, o de caballeros, esto es bellatores (según las Cortes de Toledo de 1480) conforme pasó el tiempo fue nutriéndose de letrados (desde Carlos V en adelante). Esta situación, así como la edad avanzada de sus componentes, e incluso el excesivo número de consejeros fueron hechos reiteradamente protestados por las Cortes de Castilla.

Se daba la circunstancia de que individuos con honda formación eran calificados de consejeros, cuando en realidad no tenían título de tales. Sin embargo, comoquiera que asesoraban al rey sobre materias de su incumbencia, se les tenía nominalmente por tales, e incluso podían entrar a las deliberaciones del Consejo. En principio (Cortes de 1480) el Consejo estaba compuesto por un prelado, tres caballeros y hasta ocho o nueve letrados, que avanzando el tiempo llegaron a ser dieciséis. Es decir, no más de una veintena de personas. Alrededor de ellas ejercían sus oficios un número variable de fiscales (hasta dos simultáneamente), con sus tenientes. También era variable el número de alcaldes de casa y corte (normalmente cuatro) que se encargaban de que en la localidad en la que se alojara la corte reinaran el buen aprovisionamiento y la paz pública (tenían capacidad de administración de Justicia). Muchas veces los alcaldes eran promovidos a consejeros. A continuación, escribanos y alguaciles (alrededor de veinte). Las escribanías de la cámara se convirtieron en oficios venales de los más apetecidos. Sin embargo, los escribanos de más prestigio, que llegaban al oficio por designación, eran los secretarios del Consejo. De menor rango eran relatores, procuradores de pobres, etc.

¿Cómo se reclutaba a esos servidores reales? En síntesis, se les exigía ser mayores de edad (condición que se adquiría a los veinticinco años) ser graduados por algún derecho en alguna universidad y conocer las leyes del reino (Kagan, 130). Por tanto, lo que necesitaban los reyes eran «letrados». Y andando el tiempo, limpios de sangre.

Paulatinamente la selección de los elegidos recayó cada vez más en el presidente del Consejo Real de Castilla, con la inexcusable ayuda de sus consejeros y de su secretario. El volumen de trabajo que llegó al Consejo Real de Castilla según creció el Imperio español, favoreció el que de él se extrajera, con rango también de Consejo Real, la Cámara de Castilla. Estaba compuesta por el presidente del Consejo y cuatro de sus letrados consejeros más experimentados. Con el tiempo llegó a tener ocho. Aunque sus funciones eran sobre todo las de conceder mercedes y reconocimientos reales (Alvar, 1995), ahora nos interesa destacar que la Cámara era la que proponía los nombramientos al rey. La constitución del Consejo de la Cámara data de 1588.

Como decía antes, desde 1493 (6 de julio) se dispuso que para ser miembro del Consejo Real de Castilla era imprescindible haber estudiado leyes durante diez años y haber cumplido los veinticinco años de edad (que era la de la mayoría de edad), lo cual se cumplió escrupulosamente durante la España de los últimos Trastámaras y de los Austrias. Janine Fayard, que analizó los consejeros de Castilla desde Felipe IV a Felipe V, no puede ser más explícita: «Todos los consejeros de Castilla fueron letrados», mientras que en otros consejos los había técnicos y militares, o por decirlo en términos del Siglo de Oro, togados y de capa y espada; dos terceras partes de los consejeros-doctores (que eran un variable 10 por ciento) eran graduados en derecho canónico, para así tener mejores armas con que defender los derechos del rey frente al Papa (Fayard, 36, 39). La mayor parte de los estudiantes más pobres o «manteístas» se hacía doctores, y aspiraban a cátedras, para poder incrementar sus posibilidades de promocionarse en la Administración. Volveremos sobre ello.

Debe advertirse que el derecho canónico no estuvo en el pensamiento inicial de Cisneros a la hora de poner los estudios de Alcalá. Sí que hubo teología: a Cisneros le interesaba otra cosa que no la burocracia de la Monarquía. En este dato no han reparado muchos investigadores que se han mantenido fieles a la idea de que Alcalá nació también para dar satisfacción a la Monarquía de las Cortes de Toledo de 1480, pero que, a mi modo de ver, no parecen haber comprendido que Alcalá era una universidad fundamentalmente escrituraria, dedicada a la exégesis, cuidado y perfecta difusión de las Escrituras, por medio de la filología y confluyendo sus contenidos en el saber superior de la teología. Acaso, por rebajar el tono de la afirmación anterior podríamos decir que en Alcalá se estudió mucha filología y mucha filosofía para estudiar muchas Sagradas Escrituras. No obstante lo anterior, la primera cátedra de Biblia se instituyó en enero de 1532, y tras esa instauración estuvo «un tal» Juan Egidio… quemados sus restos por hereje en Sevilla en 1559. Dedicarse a la Biblia tenía sus riesgos en la España católica.

La teología (en Alcalá, dos años para saber gramática latina, más tres de bachiller en filosofía, más cuatro de bachiller en teología, más cuatro de licenciatura en teología más el doctorado que se defendía más o menos a la vez que la licenciatura) abría puertas en el mundo episcopal e inquisitorial en general, y concretamente por todo el Arzobispado de Toledo, y en las diócesis de Castilla pues las dos primeras prebendas vacantes de Castilla si se era doctor-teólogo por disposiciones de Cisneros, las podían cubrir con preeminencia graduados por Alcalá y naturales del reino. Así pues, Alcalá debió de ser casi el único lugar en el que se estudiaba teología con ciertas garantías de colocarse al acabar los estudios. La mayor parte de los estudiantes de teología tenían buenas rentas y, por ello, eran de buena familia y tenían sencillo colocarse. Podían ser teólogos de San Ildefonso (colegiales mayores) o de la Madre de Dios (colegio menor de teólogos), o de colegios de regulares o estudiantes libres: a las clases de Melchor Cano iban más de 150 estudiantes, que no procedían de colegios, sino que eran muchos estudiantes libres.

Los oyentes en las clases de derecho canónico (instaurado en 1508) eran, según las visitas a Alcalá, más de 300 jóvenes, es decir, el doble de asistentes que a las mejores clases de teología, por poner un ejemplo. No hay duda de que los estudiantes de cánones y de teología se colocarían tarde o temprano. No parece lo mismo con los estudiantes de Escoto, pues eran, con gran preocupación de todos los sabios, una veintena. Y es que a mediados del siglo XVI, o a principios del siglo XVII el mundo global pedía otras cosas que no debates (sin duda fructíferos y trascendentes para el alma humana).

Quien hiciera derecho canónico, empezaba por conocer el Decreto, que era la síntesis de Graciano el boloñés que antes de mediados del siglo XII había recopilado las disposiciones conciliares y sinodales en materia canónica de todo el mundo cristiano, textos de las Sagradas Escrituras y fuentes romanas y la patrística. El título original latino era Concordia discordantium canonum, pero en español fue conocido como Concordancia de las discordancias de los cánones, Armonía de los cánones discordantes o Concordia de los cánones discordantes. Tan monumental obra, aun sin tener clara la autoridad bendecida por el Papa, era de una indudable utilidad y pragmatismo. De ahí su gran difusión y la cantidad de glosas que se le hicieron. Constituye la primera parte del Corpus Iuris Canonici.

El segundo de los manuales que utilizaría el estudiante eran las Decretales de San Raimundo de Peñafort, promulgadas en 1234 por Gregorio XIII. Es la recopilación de las cartas de los papas comunicando a la Cristiandad sus decretos o decisiones referentes a cuestiones disciplinares. Con las Decretales se conseguían tres objetivos primordiales: continuar la labor recopilatoria de Graciano; confirmar que solo los decretos aquí reunidos eran verdaderos y los demás pasaban a engrosar el cuerpo de las Falsas decretales; el Papa se hacía con el control sobre las recopilaciones de textos canónicos. No obstante, siguieron haciéndose compilaciones y revisiones de compilaciones. También las decretales de Gregorio IX formaron parte del Corpus Iuris Canonici.

Por su parte, el Digesto o Pandectas era a su vez también una recopilación de sentencias del derecho romano mandada hacer por Justiniano en el 530. Además, Justiniano mandó elaborar otra compilación de las constituciones imperiales desde Adriano a sus días, conocida como el Codex Iustinianus. El derecho privado era conocido fragmentariamente por las Gaii Instituiones, o las Instituciones de Gayo, que aunque el original no se descubrió hasta el siglo XIX, aparecían referenciadas en los textos de Justiniano. Estas eran las piezas —o los libros— fundamentales del Corpus Iuris Civilis.

Ambos derechos debían conocerse así, más con las ampliaciones ulteriores. En cualquier caso, es indudable que la tradición romana y cristiana fraguó la mentalidad jurídica española (y castellana) del siglo XVI. Pero ¿no entraban en contradicción aquellas auctoritates romanas con los decretos que emanaban de la voluntad del rey? Este fue un motivo de tensión entre las leyes reales y las de los Corpus. Los reyes tenían que imponer su voluntad sobre la tradición. Para ello, realizar compilaciones de leyes regias (desde las Partidas en adelante) se convirtió en uso común e imponer el derecho real sobre cualquier otro, una constante desde los Reyes Católicos. A iniciativa real, o de particulares, porque en Justiniano «los jóvenes abogados, jueces o magistrados, no podía encontrar […] los innumerables problemas de procedimiento, de puesta en forma, de casuística de los procesos y diversos actos públicos a que tenían que enfrentarse» (Pelorson, 45).

Por otro lado, hubo cada vez más un proceso de «naturalización» de los servidores reales, porque el mundo institucional estaba muy fragmentado, o como escribió Ramírez de Villaescusa —o de Haro— (1459-1537) a Carlos V, sería bueno que los oficios «de Castilla se dieran a los castellanos, los de Aragón a los aragoneses, los de Flandes a los flamencos, los de Alemania a los alemanes» (cit. por Kagan, 132, n. 11). Ramírez de Villaescusa no era un cualquiera, sino hombre tan directamente vinculado a los reyes, que fue a Flandes en varias ocasiones, para bendecir el matrimonio de Juana, para bautizar a Carlos [V], escribió consolatorias palabras por la muerte del príncipe don Juan en sus Dialogi, etc. Quiero decir que lo de dar oficios a —o reservarlos para— los naturales era una aspiración antigua y de muchos. La ejecución de esa ambición traería pésimas consecuencias.

En cualquier caso, los reyes necesitaban servidores que aplicaran sus leyes, que velaran por las formas del pensar... a su favor. Para ello, se necesitaban universidades que los formaran. Estas, a su vez, se nutrirían de jóvenes alfabetos formados en «estudios» locales o de más amplio espectro, en los que uno (el profesor) daba clases a varios (los alumnos). Claro que para que el profesor enseñara con la corrección esperada, debía acreditar haber sido bien formado y que hubiera aprovechado fructíferamente: eso se acreditaría por medio de un certificado, el de haber estudiado bachillerato de artes y filosofía en alguna de las universidades (o estudios generales) del reino. Una vez aprobado el bachillerato ese individuo podía opositar a dar clase en las cátedras de gramática municipales (el ejemplo de López de Hoyos en Alvar, 2014, 295 y 413), o continuar sus estudios para llegar a ser licenciado e incluso doctor, de las materias que fuera que se impartieran con calidad, solo en unas pocas, muy pocas, de las universidades de Castilla o Aragón.

Una universidad, entonces, no era un centro áureo lleno de edificios con sus facultades, y plagado de catedráticos y alumnos: era el lugar en el que se impartía alguna disciplina, y que tenía capacidad de conceder el título correspondiente de esa disciplina. Lo más al uso era expedir títulos de bachiller en artes (pues sin ellos no se podía pasar a estudiar ninguna licenciatura o grado en ninguna universidad), y de alguno de los dos derechos, por razones obvias.

Pero «la teología o las artes podían enseñarse en las aulas de San Ildefonso, en los colegios de teólogos o de artistas en aulas adyacentes o casas universitarias» (Kagan, 22).

Las universidades las sancionaba el Papa. ¿Es esta una razón de peso para explicar el por qué las fundaban hombres de Iglesia? También podemos pensar que las dignidades eclesiásticas tenían a mano o conocían el mejor «capital humano» a su servicio. Y, una vez fundada la universidad, no es de extrañar que hubiera una fusión de intereses entre la Monarquía y la Iglesia, porque recíprocamente se necesitaban o por mutua protección, colaboración con incremento de la financiación u otras razones.

Añádase: el funcionamiento de las universidades lo revisaba el Consejo Real de Castilla (era el que promovía las visitas extraordinarias, los cambios en los estatutos, la aprobación o suspensión de acciones de los colegios y así sucesivamente).

Uno cuantos son los pilares sobre los que se basan las líneas que van más adelante.

El primero es que el Imperio español fue cosa sobre todo castellana, aunque no solo. Pero es natural: si los reinos y territorios de la Corona de Aragón eran tan celosos de sus fueros y no querían participar (o se mostraban tan recelosos en hacerlo) en los costes del Imperio, es natural que tampoco en los beneficios, si los hubiere.

Al decir que el Imperio era cosa sobre todo castellana, en este momento quiero decir que su administración estaba vinculada, sobre todo, a castellanos. Aunque no solo. Por tanto, serán las universidades de Castilla las que nutran de individuos de letras, letrados, esto es en sentido lato, juristas, todos los puestos, desde una escribanía municipal rural, a una fiscalía en una de las chancillerías de Castilla, a la presidencia de un tribunal superior en Indias. En la Corona de Aragón no se concedían oficios públicos a «extranjeros», esto es, a no naturales (pero por derecho foral).

Procedencias
de los colegiales
Corona de Castilla
Reino de Navarra
Corona de Aragón
Otras

Oviedo
87%
4%
4%
4%

San Bartolomé
82%
9%
6%
4%

San Ildefonso
68%
7%
8%
18%

Santa Cruz
83%
6%
7%
3%

Fuente: Kagan, pp. 156-166. Cifras reelaboradas y redondeadas por el autor.

En las universidades de Castilla había «colegiales» y estudiantes exentos del rigor de los colegios.

Los colegios funcionaban según los estatutos dados por el fundador y, en su mayor parte, con cierto carácter conventual. En los colegios se vivía, se convivía, se repasaban las lectiones, pero no se recibían todas las clases universitarias oficiales.

Las clases se recibían en el edificio a ello destinado y que eran de la universidad. Excepcionalmente se podía dar el caso de que hubiera un colegio-universidad (por ejemplo, Sigüenza) con derecho a alojar y dar clases y expedir títulos. También podía darse el caso de que un colegio pudiera dar clases de alguna disciplina, de algún grado completo, o de tan solo unas lectiones (o asignaturas, vendríamos a decir hoy).

Cada colegio tenía sus normas de funcionamiento reguladas por sus estatutos, que deberían estar vinculados a las voluntades del fundador. Cada colegio tenía sus rentas, dotadas por un fundador. Los colegios podían nacer con vitalidad y perdurar, o languidecer, e incluso desaparecer. Cada colegio tenía su propio edificio. Cada colegio estaba vinculado a las disciplinas que considerara el fundador y que se impartieran en esa universidad. Las reglas de aceptación de colegiales estaban registradas en los estatutos fundacionales, o en los posteriores si los primeros se hubieran modificado. Algunos puntos de esas normas eran excluyentes, otros no. Los colegios se fundaban, fundamentalmente, para dar cobijo y ayuda a estudiantes pobres que, de otra manera, no podrían estudiar. De algunos colegios salía el «rector» de la universidad (según estatutos de cada universidad; es decir, no era norma general) que era un estudiante elegido de entre sus compañeros. Habida cuenta que era posible que tuviera poca experiencia, era común que designase (e incluso que existiera designado) un hombre de edad cerca de sí, que era el canciller.

Para lograr una plaza de becado en un colegio había que «opositar» contra otros aspirantes. Además, había que presentar una declaración de las rentas del individuo, o de sus padres. Paulatinamente se extendió la obligación de exhibir una probanza de limpieza de sangre… y así la sociedad exterior empapó a la sociedad colegial. Por cierto, en San Bartolomé existían secundas probationes hechas a cargo y por encargo del colegio, toda vez que no se debían de fiar mucho de lo que traían los colegiales (las primae probationes) y de esta manera reforzaban su prestigio, su excelsa calidad de limpios de sangre.

Pero comoquiera que las rentas fundacionales podían agotarse, los colegios que pudieron recurrieron a reclutar estudiantes con dinero. Eran los «porcionistas», que normalmente vivían en el colegio y pagaban importantes cantidades por ello y por asistir a las lectiones en la universidad. Naturalmente, como eran hijos de aristócratas, vivían con sus criados en el colegio.

Por ende, los colegiales se dividían en tres categorías sociales, no institucionales o estatutarias: «Porcionistas», que eran los ricos de dinero y calificación social; los «familiares» del colegio que se dedicaban a trabajos de conservación y se les mantenía, y se les pagaban los estudios; los socios, o «gorrones» que eran los que cubiertos con gorra, vivían en los peores espacios del colegio y tenían común voz y fama de dedicarse a la peor de las vidas estudiantiles.

Había, además, estudiantes que no tenían una prebenda colegial (¡o un «chollo»!) y que vivían repartidos por la ciudad universitaria, en régimen de pupilaje (en casa de algún profesor, de algún catedrático) o más aún sin ningún tipo de tutela, salvo el que le diera la matrona de la hospedería en que estuvieran.

Permíteme, lector, que introduzca aquí una cuña para hablar del pupilaje, aunque te remita, lo primero de todo al Guzmán de Alfarache y a El Buscón. Como botón de muestra manejaré un memorable estudio de Rodríguez-San Pedro (Pupilajes, gobernaciones…). Más que cuestiones cualitativas, resaltaré ahora algunas cuantitativas. Es decir, datos y estadísticas referidos a Salamanca. En los años que nos ofrece cifras, viene a haber unas diez casas de pupilos: «En 1599 la media por pupilaje son 7 pupilos; en 1604 son 8; en 1613 unos 6,5; en 1628 son 5,7. Es evidente que los pupilajes de más alta calidad, rango y precio tendían a mantener un número reducido de pupilos, a veces tan solo 2 o 3». Por su parte, aunque en los libros de visitas de los pupilajes no se especifica la extracción social de estos muchachos, si vemos el número de criados con que convivían, o cómo se les titulaba, se puede deducir la cuna de esos señores-estudiantes. De nuevo, más datos. En esta ocasión es el porcentaje de pupilos con criados: «11,5 por ciento en 1599, 13,8 por ciento en 1604, 22,5 por ciento en 1613 y 20 por ciento en 1628». Y por último, los «don», rondaban normalmente el 50 por ciento de los pupilos. Todo ellos, indistintamente la década en la que nos fijemos, no habían cumplido aún los veinte años.

Es conveniente saber que para tener pupilos había que disponer de una licencia de pupilaje, y así que en Salamanca entre 1589 y 1634 se concedieron 54 licencias, denegándose tan solo dos. Los pupileros se pueden ordenar, sistematizar, de la siguiente manera: 27 lo fueron a graduados bachilleres en artes y 21 a bachilleres canonistas. El resto de graduados fue irrelevante: dos legistas, un teólogo, dos médicos y uno sin determinar. Adviértase que los pupileros son aún estudiantes, o dicho con otras palabras, «para algunos el hospedar pupilos resultaba una forma de sufragarse los estudios, y por ello lo solicitaban bachilleres artistas que se disponían a continuar derechos o medicina». Pero son estudiantes de repesca, estudiantes que volvían a la universidad años después, porque la edad media de los pupileros era de treinta y ocho años, y en un 20 por ciento de las ocasiones, presbíteros, en proporciones muy variables (en 1599, el 30 por ciento; en 1604, el 12,5; en 1627, el 77,7). En 1604, llevados de esa obsesión por tasar bienes y servicios, se impuso una «tasa», un precio máximo por pupilaje de 95 ducados al año sin criado y de 130 con criado (los datos casi cotidianos, que ofrece en p. 196 son de excepcional calidad). Por lo demás, la fama, o la realidad de la alimentación, o de lo que se ponía a disposición del pupilo, son temas interesantes, pero que en nada incidieron en la marcha del Imperio.

En cualquier caso, téngase en cuenta que si en Salamanca hubiera unos 200 pupilos como máximo al año, había matriculados más de 5.000 estudiantes. Es decir, que varios miles vivían de muy diferentes maneras, por toda la ciudad.

Los becados en un colegio raramente alcanzaban la treintena. Es decir, que lo habitual es que hubiera unos 20 becados en el colegio. En una gran universidad podía haber unos 15 o 20 colegios. Es decir, unos 300 estudiantes becados. Las grandes universidades licenciaban al año a unos 2.000 estudiantes o más. Luego, al año había varios centenares (¡o un par de millares!) de estudiantes que no eran colegiales. Insisto: en San Ildefonso (Alcalá) los becados eran 33.

Según datos de Dámaso de Lario, en España funcionaban en el siglo XVI, 88 colegios. Cuando Cisneros pone en marcha su sueño, viendo que no todos los estudiantes que acuden a San Ildefonso pueden ser admitidos, y lo que es peor no todos pueden pagar los estudios, manda abrir ¡18 colegios menores!, que eran satélites o dependientes parcialmente del de San Ildefonso («muchos sacerdotes y otros escolares pobres […] con amor y deseo de ciencia y por su pobreza […] desisten del estudio», (véase &, p. 38). Sin ánimo de ser exhaustivo, esos colegios eran de gramáticos (San Eugenio y San Isidro; ¿cuántos maestros rurales, urbanos o de casas nobiliarias salieron de ahí?), de griego (San Eugenio, 36 colegiales), súmulas (santa Babilia, para 48 colegiales), física y metafísica (Santa Catalina, otros 48 colegiales), y uno para enfermos (San Lucas); pero también el de la Madre de Dios era para teólogos y médicos (24 colegiales), San Pedro y San Pablo para franciscanos, etc. (Ibíd., pp. 33 y ss.).

Una sociedad cualitativa como aquella, necesitaba establecer diferencias tan pronto como fuera a imponerse algún atisbo de igualdad. Así, en efecto, desde finales del siglo XVI se empezaron a titular como «colegios mayores» y «colegios menores». A los colegiales de los menores despreciativamente se les llamó «manteístas», esto es, los que visten mantos pardos. Este proceso de distinciones cualitativas llegará a su cénit alrededor de 1621, cuando los cuatro colegios mayores de Salamanca prepararon una hermandad entre ellos con intereses diferentes a los del resto de la universidad. Luego, invitaron a formar parte de esa liga a los colegios de Santa Cruz y de San Ildefonso. En 1623 se creó la Junta de Colegios —órgano de coaligación de los colegios mayores— que fue amparada por el Consejo Real y en 1630 se instituyó formalmente con el beneplácito del Consejo Real (la mayor parte de los consejeros eran antiguos colegiales mayores). La fractura diferenciadora entre unos colegiales de élite y otros se había consolidado. Es obvio que se había ido urdiendo una red social de colegiales, quienes desde su juventud en adelante se identificarían según su lugar de estudios. El ilustrado valenciano Francisco Pérez Bayer en 1778 explicó con claridad que fueron los colegiales, precisamente, y desde dentro, los que empezaron a llamarse «mayores» para diferenciarse de los «menores». La distinción triunfó y con ella la diferenciación social. La oposición a esa diferenciación cualitativa partió, precisamente, de quienes lo podían hacer con más visos de éxito: los cuatro colegios de las órdenes militares asentados en Salamanca, protestaron contra la arrogancia de los cuatro colegios mayores. El rey pronunció su veredicto: se concedía precedencia en Salamanca a los cuatro colegios mayores sobre los de las órdenes militares. ¡Y eso que los miembros de estos eran, por lo menos, hidalgos y limpios de sangre!

Visto lo anterior, detengámonos un tanto.

El cardenal Gil de Albornoz (del que no es el momento de trazar ahora una biografía) estipuló en su testamento (septiembre de 1364) que se levantara en la ciudad de Bolonia un colegio digno, para honrar la memoria de Clemente Mártir, y restringido a «hispanos». Las razones que le movieron a ello fueron variadas: quería, como así consta en la escritura, elevar el nivel de formación de sus connaturales toda vez que, como es bien sabido, la invasión musulmana quebró el desarrollo de la cultura cristiana, e hizo más hombres de armas que de letras. Igualmente, eligió Bolonia por haber allí una gran universidad de juristas; e impuso una restricción, que no pudieran entrar en él clérigos regulares. El Colegio de Bolonia, o de San Clemente, o de los Españoles fue la primera fundación colegial española: paradójicamente, imitando en lo académico a otras universidades italianas, se funda en la Península Itálica, pero funcionalmente es netamente español.

Después, en 1371 el chantre de Lérida fundó el Colegio de Santa María o de la «Assunta» (para 12 clérigos pobres); en 1382 en la Universidad de Salamanca se fundó el de Oviedo (para seis colegiales) y así sucesivamente. A lo largo del siglo XV en la Corona de Castilla se fundaron ocho colegios, «el mismo número que en Lovaina solamente». Era un 8 por ciento de todos los fundados en Europa entonces.

Con o sin Reconquista finalizada, se abrieron —entre esos ocho— en Salamanca los de San Bartolomé (Diego de Anaya, 1401) y Cuenca (Diego Ramírez de Fuenleal, 1500); en Valladolid, Santa Cruz (cardenal Mendoza, 1483) y San Ildefonso en Alcalá (Cisneros, 1499). Reténganse estos últimos nombres y datos: téngase presente que fue el colegio de San Bartolomé el que inspiró a los demás. Añádanse otros, si se quiere: en 1476 el arcediano Juan López de Medina había fundado el colegio de San Antonio de Portacoeli en Sigüenza, anejo al convento franciscano y que logra el primer estatuto de Colegio-universidad en 1489; el colegio de Santa Catalina de Toledo (Francisco Álvarez de Toledo y Zapata, 1485), poco estudiado por la pérdida de sus archivos, que vivificó la actividad humanística de la Ciudad Imperial.

Resulta interesante quedarse con la idea de que conforme el fin de la presencia árabe se ve más cerca, aumenta el interés de algunos mecenas por abrir colegios. Dámaso de Lario ha hablado del XVI como del siglo «de los colegios del sur». Fayard lo expresó de otra manera, pero con igual significado: «El siglo XVI fue el gran siglo de las universidades españolas» (Fayard, 42). A lo largo de ese siglo, el incremento en números absolutos y porcentuales con respecto al resto de la Cristiandad es apabullante: «64 fundaciones hispanas, lo que representa el 49 por ciento de los colegios creados en Europa» (Lario, 2019, 95; espectacular tabla en pp. 97-100). Me cabe el preguntarme: ¿si no hubiera habido un poder que necesitara hombres formados, habría habido esa proliferación de colegios? Naturalmente, no. ¿Y a qué fundamento ideológico o moral respondía el ejercicio del poder?: a la defensa de la fe católica y su expansión, a dar luz contra tantas tinieblas, a extirpar las herejías, a servir al rey en sus tan altos y nobles propósitos… a acabar con tanta ignorancia acumulada, entendida la ignorancia (según pienso) no como la falta de conocimiento, sino como la defensa de conocimientos equivocados.

Y una vez logrados los objetivos, obviamente, se calmaron las aguas. En ese sentido, pensar que la reducción del número de fundaciones a lo largo del siglo XVII es muestra de una decadencia (¡una decadencia de cien años…: eso no hay sociedad que lo resista!), no es tan competente como pensar en que los objetivos planteados en el siglo XVI se lograron y lo que se hizo en el XVII fue acabar con la obra iniciada antes, o continuar con las vanitates que todo hombre que se precie ha de tener. En todo el siglo XVII se fundaron 14 colegios en toda España, pero apenas se cerraron colegios de los fundados en los siglos anteriores.

El capital humano seguía con su formación al servicio del rey y de la Iglesia que le bendecía.

El Colegio de los Españoles de Bolonia debería haber formado parte de aquel «club» de los selectos. Si no hubiere nada que los sancionara formalmente, los hechos eran más que suficientes: no solo la calidad del fundador, o las rentas aparejadas a su funcionamiento, sino algunos acontecimientos acaecidos dentro de sus muros corroboraban su grandeza. La visita del propio Carlos V cuando fue a ser coronado emperador, las varias inspecciones que se le hacen, la consciencia de que está a la altura de otros colegios de París y Oxford… Sin embargo, su extrapeninsularidad fue una buena excusa para no invitarle a formar parte de esa liga de colegios. Acaso los «boloños» no lo necesitaban, pues eran por sí mismos, más que suficientes. O acaso funcionaban en parejo sin necesidad de coaliciones institucionalizadas.

En cualquier caso, seguiré el esquema propuesto por Lario y uniré los siete colegios «mayores» en esta reflexión conjunta. Él cita una frase muy definitoria de cuanto queremos expresar, que no es nuestra percepción, sino la transmisión de lo que ellos veían en la Edad Moderna. Un Gregorio Portillo que era catedrático de prima de leyes en la Universidad de Salamanca, describió al conde duque de Olivares el lastimoso estado en que se encontraba su universidad, el 2 de octubre de 1638 y aseveró:

El principal motivo de la fundación de los Colegios fue crear sujetos capaces para la administración de la Justicia y fomentar a muchos buenos ingenios que habiendo nacido con menos hacienda de la que es menester para asistir en las Universidades se quedaran […] ignorantes e inútiles (Lario, 122; BUS, ms. 1925, 260-263; otro testimonio similar en p. 137).

Que este Portillo consiguiera la cátedra (en la universidad en la que don Gaspar de Guzmán había estudiado y fue elegido rector años antes, en 1603) nada más haber logrado una plaza de canónigo en la catedral de Sevilla, debe ser mera coincidencia y conjunción astral de méritos, capacidad y virtud de este hombre al que el valido le encarga el escrito con el que justificar sus actuaciones.

Pero no nos perdamos por los vericuetos del clientelismo y la corrupción, que no es el momento. El 23 de marzo de 1648 Felipe IV dictó una cédula real (puesto en marcha el proceso de reformación de la enseñanza de los seis colegios mayores) en que estipulaba que los colegiales «actuales y futuros merezcan por su virtud, modestia y letras que yo los ocupe en mi servicio como hasta aquí se ha hecho» (Lario, 134).

¿Sería esta la clave, que los colegios se fundaron para formar a los que iban a administrar la Monarquía (en sentido amplio) y para facilitar la movilidad social de los más inteligentes, o virtuosos y que no se quedaran en la cuneta?

«Como hasta aquí se ha hecho». Cerca del rey había habido juristas desde lo más remoto de los tiempos (y sin irnos a los orígenes de los arroyos que van a parar al mar), los medievales «sabidores del derecho», que léxicamente evolucionaron hacia «letrados» cuyo número en el Consejo Real era variable pero siempre complementario del de los caballeros o los prelados.

Mas fue en tiempos de los Reyes Católicos cuando se echaron las bases de una Monarquía nueva y de una justificación de la extensión de la presencia de letrados por doquier: además de los grandes cambios políticos anotados antes, una chancillería nueva en Granada, una audiencia nueva en Galicia, consolidación de los corregimientos por toda Castilla (y cuando no eran corregidores letrados, obligatoriamente su teniente de corregidor lo era), juristas en el Consejo Real y exigencias mayores para ejercer de jueces y otros oficios de Justicia.

La edad para entrar en los colegios varió de unos a otros y aun en el tiempo. Anaya, Santa Cruz, Arzobispo, Cuenca y Oviedo la tenían puesta a los veintiún años, mientras que San Ildefonso a los dieciséis. A lo largo del siglo XVII se fue dejando entrar a estudiantes cada vez más jóvenes. La estancia en todos los colegios iba de seis a ocho años, según los estudios que se cursaran siendo más larga conforme avanzó el siglo XVII.

No todos los colegiales becados eran «pobres», término tan difícil de precisar y con tantas variables ayer y hoy. La lectura de los estatutos de los colegios nos lleva a la convicción de que lo de la «pobreza» (que no es mendicidad, ni pobreza de solemnidad) era más bien una voluntad que otra cosa. Ningún colegio disminuyó el nivel de renta de los aspirantes a ser colegiales a lo largo de su historia. Es más, por el contrario, todos lo subieron: conforme andaba el tiempo entraban más jóvenes acomodados.

En San Bartolomé (Salamanca, 1401) se pasó de 1.500 maravedíes de renta máxima para entrar a 3.750 a mediados del siglo XVI y a 12.000 a mediados del siglo XVII.

Por otro lado, habría que ver cómo se examinaba el nivel de rentas de los aspirantes. Ahora bien, no por ello hemos de pensar en una profanación de las voluntades iniciales. A los colegios iban muchachos de recursos medios (del «mediano pasar» que se decía entonces), o bajos. Los ostensiblemente «ricos» se alojaban en casas de catedráticos o profesores que les daban comida, cama, velas, espacio de estudio y clases particulares (era el sistema de «pupilaje» que daba suculentos extras a los buenos profesores) o eran los porcionistas aludidos antes, que en San Ildefonso eran 17. Nunca fue a estudiar a uno de los seis o siete colegios mayores (si incluimos San Clemente de Bolonia) el hijo de un pobre de solemnidad, sobre todo si era de procedencia urbana. Sin embargo, se nutrirían de gentes de rentas medias a altas y de alguna renta del ámbito rural: hijos de hidalgos arruinados, de campesinos con alguna yugada y alguna fanega de tierras, con un comercio con más polvo que varas de camelote, jóvenes que «ojeados» por un maestro de primeras letras, apoyados por la lucidez de los padres (o el exceso de hijos en casa), «descubiertos» por un cura párroco, dejaban el pueblo y se iban a estudiar al colegio (en este caso laico, pero vale lo mismo el colegio catedralicio o conventual, aunque aquí el futuro era tal vez más restringido).

Pero, en cualquier caso, «los testigos respondían frecuentemente que ellos no conocían el total de su fortuna [del candidato a beca]» (Fayard, 44).

Si la familia tenía suerte y se incrementaban sus rentas (o por cualquier razón aumentaban las rentas del estudiante) los alumnos pobres habrían de abandonar el colegio en un plazo dado y abonar un estipendio, a modo de penalización o compensación… o con esto era suficiente.

Pero, naturalmente, para vivir hay que tener de qué. Así que a los colegios no les «importaba» que entraran hijos de «ricos» que mantuvieran la institución.

A veces se renunciaba a algún beneficio eclesiástico, con tal de no tener que abandonar el colegio: el futuro desde dentro era más halagüeño que lo que podía ofrecer un exiguo beneficio parroquial rural (o sea, mejor renunciar a una herencia que pagar sus impuestos); en solo una ocasión se expulsó a un colegial de San Bartolomé por haber heredado un mayorazgo que le sacó de la pobreza (Lario, 148; Fayard, 44).

Por ende, discreción, humildad, docilidad, más que pobreza sin más y por encima de todo, calidad y virtud sociales aunque sin dinero, más que estigmatizados sociales y además, mendicantes. Como vemos, todo un mundo de situaciones subjetivas de la persona individual y su entorno social.

Una de las causas de la recopilación de informes y memoriales de Olivares hacia 1635-1640 que he citado más arriba, está en poner orden en este marasmo. Por la cédula también citada, de 1648 de Felipe IV (sí: hubo continuidad de la política de Olivares aun después de su cese) el rey ordenó que en los seis colegios mayores no se admitieran estudiantes con rentas superiores a los 500 ducados, que no se puede decir que sea una renta de pobres y menos aún en el medio rural. ¡Los becarios de Alcalá no podían superar en 1508 el equivalente a 17,8 ducados!

Desde luego, no se puede reducir todo a la causalidad de una única voluntad del fundador que permaneciera estática, hierática, a lo largo de los siglos o de las décadas, aun rindiendo honores a las ordenanzas fundacionales. Aclaremos: en primer lugar, todos los fundadores buscaban, sin duda, hacer una obra caritativa, porque eso es inherente al quehacer del buen cristiano. Con el mecenazgo se salvaban las almas, o al menos se mitigaban los tiempos de estancia en el Purgatorio. En segundo lugar, sin embargo, los estatutos fundacionales podían, excepcionalmente, alterarse. El procedimiento no era una fría estrategia (o no lo creo siempre así) sino que por razones obvias podía ocurrir que en los colegios se relajara la vida conventual que había que llevar puertas adentro, o que hubiera habido una alteración en el haber de las rentas y por tanto se tuviera que cambiar el número de colegiales becados; así que tras una visita ordinaria, u otra extraordinaria, se adoptara definitivamente la decisión de cambiar la regla fundacional porque los tiempos, la inquina, la desidia, el tempus fugit e incluso el panta rei, habían provocado el caos en el colegio y había que adaptarlo a las nuevas formas de vida, a las exigencias que imponía el vivir a finales del XVI (por ejemplo) que no era igual que el vivir a principios del siglo, sin reformas protestantes en marcha, ni problema converso sobre el tapete.

Y si se hacían esas reformas estatutarias era evidente que se hacían para lograr, o mantener, unos objetivos: formar a los que habían de administrar lo regio y lo eclesiástico y adecuar los deseos del fundador a la realidad de la vida de cada momento.

Por ello es importante, a la hora de enjuiciar las reformas universitarias, colegiales, o todas las demás, tener en cuenta cuatro elementos que a mi modo de ver son: quién es el promotor de la reforma, cuál la intencionalidad de puesta en marcha del proceso, quién el autor del memorial de reforma o la mente pensante que hay tras los escritos de reforma y, por supuesto la fecha en que se elevan esos escritos y la de ejecución (si llegara el caso). Si hubiere habido reforma de estatutos colegiales, es fascinante comparar los fundacionales con aquellos renovados: la documentación institucional habla casi por sí sola del cambio social operado o en proceso de ejecución.

Por lo tanto, estudiar en uno de los colegios mayores era garantía de éxito profesional en el futuro. Y esta garantía iba ligada a un principio abstracto y virtuoso esencial: la lealtad al rey, a la Monarquía, que a fin de cuentas era la que daba de comer, e incluso había podido permitir la movilidad social de ese personaje que podría proceder de una humilde familia sin mucho futuro, de no ser por el amparo del rey.

Y exactamente lo mismo se podría decir con respecto a los lazos de dependencia de la Iglesia.

Por tanto, la reciprocidad entre Monarquía e Iglesia, en estos asuntos del poder (el ejemplo de Castilla al principio de estas líneas es mera erudición), era una necesidad orgánica que a ambos mundos convenía. Construirla cuidadosamente, sólidamente, era tarea de diseño político con visión de futuro, pero también era necesario que funcionara cotidianamente. Para esto, el ágil y correcto ejercicio del patronato real en las iglesias de España era imprescindible: o en otras palabras, que arzobispos, obispos, canónigos y otras dignidades supieran que ocupaban el cargo gracias al Rey Católico... y a la transmisión de su voluntad ante el Papa por medio de sus delegados diplomáticos. Claro que, si para evitar males mayores había que actuar con contundencia contra algún arzobispo que atufara a hereje, se hacía implacablemente. Veremos algún caso.

Los cursus honorum

Claro que un individuo no iba a ser bachiller o licenciado, becado o habiendo pagado un onerosísimo pupilaje durante años, para empezar a servir al rey o a Dios de chupatintas o de monaguillo. Los colegiales se introducían en la Administración en puestos con previsión de promoción. Y el procedimiento funcionaba. Desde tiempos de los Reyes Católicos a los de Felipe IV, según cálculos de Lario, el porcentaje de colegiales de todos los Consejos de la Monarquía, pasó de un 20 a un 60,5 por ciento. Añádase a ello que el número de consejos en 1504 era muy inferior al de 1665. Esa variación tenía, además, un tinte social: los miembros de los consejos eran aristócratas en algunos de ellos (Castilla, Guerra, Estado, etc.); pero aun en esos había colegiales que, además, proliferaban en los de carácter religioso (Inquisición, Cruzada), o técnico (Hacienda) y compartían espacios en los territoriales.

Hay datos claros:

Archidiócesis

Arzobispos y/u obispos nombrados

1474-1600

Colegiales

Arzobispos y/u obispos nombrados

1601-1700

Colegiales

Toledo
120
41 (34%)
110
45 (41%)

Sevilla
54
14 (26%)
61
17 (28%)

Santiago
167
63 (38%)
193
71 (37%)

Granada
21
6 (29%)
30
8 (3%)

Burgos
42
8 (19%)
53
23 (43%)

Jurisdicción papal
33
17 (52%)
31
13 (42%)

Fuente: Kagan, p. 146 y datos reelaborados por el autor.

Que de seis colegios mayores salieran alrededor del 30 por ciento de los arzobispos y obispos de los siglos XVI y XVII indica, indudablemente, la fuerza de estas instituciones. El 70 por ciento restante procedería de colegios menores y órdenes regulares. Recordemos que Lario cifra en 88 el número de colegios en toda España; de conventos, o escuelas conventuales y aun catedralicias, ni hablamos.

Los colegios mayores funcionaban exitosamente. Es el momento de mencionar el funcionamiento de los grupos sociales, desde un punto de vista sociológico: si el grupo tiene un objetivo, que se alcanza, el grupo funcionará. Si el objetivo no se alcanza, el grupo se resquebrajará, disolverá, desaparecerá. Si queremos podemos formular la pregunta con otra sintaxis: ¿le sirve a la sociedad una universidad que solo produce legiones de parados y frustrados, e incluso doctores falsarios o autores plagiarios?

En los siete colegios podía haber un máximo de 165 colegiales por curso, pero esa cantidad de colegiales nunca se alcanzó porque por la inflación del siglo XVI, las rentas tenían cada vez menos valor relativo y el mantenimiento del colegial era mayor. Tan es así que conforme se modificaron los estatutos, se reducían los colegiales. A estos colegios se llegaba con unos veinte años cumplidos, porque se iba a estudiar un grado, tras el bachillerato y los primeros dos o tres años de gramática.

Estigmas sociales

Existían unas normas estatutarias más o menos comunes para tener acceso a los colegios, o cursar la carrera completa. Normas comunes, producto de la sociedad en que se vivía: la exigencia de pobreza respondía a la obligación cristiana de dar caridad al necesitado; el estar sano de cuerpo, a razones obvias; el no ser naturales de la localidad en que se levantara el colegio, a la lógica del vivir conventual en los colegios. Parece ser que no era norma excluir a los hijos ilegítimos (a fin de cuentas los colegios se fundaban para recoger a los menos agraciados de las familias, o por dignidades eclesiásticas hijas del pecado paterno), ni ser descendientes de trabajadores de oficios viles o mecánicos (en especial, comercio y banca… y el que quiera entender que entienda). Esta estigmatización contra descendientes de conversos se fue introduciendo en los estatutos conforme avanzaba el siglo XVI: todo había comenzado (institucionalmente) cuando en 1449 se promulgó en el Ayuntamiento de Toledo el primer estatuto de limpieza de sangre, por Pedro Sarmiento. El asunto de la limpieza de sangre merece delicada mención propia.

La estigmatización se expandió como una mancha de aceite: San Clemente de Bolonia redactó nuevos estatutos en 1488 en los que incluía la limpieza, el mismo año que lo intentó incluir el capítulo de Santa Cruz, aunque la oposición del fundador, aún vivo (murió en 1495), hizo que se retrasara su implantación hasta 1502. En San Ildefonso esta tuvo lugar en 1519, a los dos años de la muerte de Cisneros, con sanción papal desde 1530 y con reformas para su inclusión en los estatutos emanados de las visitas de Ovando, Gómez Zapata y Portocarrero desde 1564 en adelante; en el de Oviedo en 1524 y así sucesivamente.

Estas medidas arropaban y cumplían las órdenes del Consejo de Inquisición que en 1522 prohibió la graduación por las universidades de Salamanca, Valladolid y Toledo de descendientes de judíos (Sicroff, 119). Mas no porque lo mandara el Consejo, se cumplía instantáneamente: la pugna social podía dilatar la aplicación. La pugna o el hecho de que acaso se vaciaran algunos colegios mayores o menores. O que se entrara en abierto conflicto con leyes reales: a petición de las Cortes de Castilla (sí, a petición de los procuradores en las Cortes de Castilla) en respuesta a la petición 35 que se elevó a los reyes doña Juana y don Carlos V, se promulgó la ley:

Porque en algunos Colegios de las Universidades de estos nuestros Reinos hay constituciones en que los dichos Colegios no reciban por colegiales cristianos nuevos, mandamos que sobre ello se guarden las constituciones sobre ello hechas por los fundadores de los dichos Colegios (Año de 1537, Nov. Rec. Libro VIII, Ley III, Título IV).

Un mundo dinámico y en movimiento.

Es muy significativo —más que significativo, es insultante— ver que los fundadores de los colegios no tenían ni intención, ni interés en la aplicación de estatutos de limpieza. Que hubo quienes querían alterar los estatutos iniciales; que las oligarquías urbanas representadas en las Cortes —pues era así— querían frenar esa oleada anticonversa (¿por qué?) y que los reyes Carlos I y Juana I les apoyaban. Sin embargo, la norma, la acción social, la presión se escurría por otras torrenteras.

Sin embargo, avanzado el siglo XVI, es evidente que con cuanto mayor rigor se actuara con lo de la limpieza, más prestigio tendría el colegio en cuestión a los ojos de sus contemporáneos.

El arzobispo de Toledo Martínez Silíceo (en realidad se apellidaba Martínez Guijarro, pero por esas cosas de los complejos sociales, latinizó el «Guijarro») implantó estatuto en la Primada en 1547. Silíceo había sido colegial en San Bartolomé entre 1517 y 1525. A partir de ese 1547 la aprobación de pruebas de limpieza se convirtió en moneda común. Máxime si tenemos en cuenta que ese estatuto de Toledo fue bendecido por Pablo IV en 1555 y sancionado por Felipe II en 1556: adviértase, desde Bruselas, y casi sin tiempo para empezar el reinado.

Y así, ser colegial se había ido convirtiendo en ser también limpio de sangre. Otra exhibición más de diferenciación social. Se podían tener pocas rentas, pero como tuvieras limpieza de sangre (y en este caso, además, colectiva) ya nadie te podía menospreciar, ni difamar.

Porque la «fama» o la «honra», o el «qué dirán», afectaba a todos los colegiales de un mismo colegio. Que se infiltrara un descendiente de conversos, y se descubriera, mancillaría a todos sus compañeros y autoridades académicas, que no lo habían sabido descubrir a tiempo, ni durante el proceso de elaboración de las declaraciones de la probanza de limpieza.

Alrededor de la elaboración de probanzas de limpieza, también se montó un propio mundo. El rigor, las invenciones; la lentitud, la celeridad; la mucha o poca extensión de los expedientes; eran cambiantes, como cambiantes eran los tiempos. Los requisitos también. La elaboración de los interrogatorios a los testigos, la propia selección de los testigos, la preparación de sus respuestas, las falsificaciones genealógicas, los retoques en las partidas de bautismo de aquella lejana iglesia rural olvidada de todos, pero traída ahora a la memoria porque se iba a hacer una probanza (y a ver si con suerte galopaba más deprisa el falsificador, que el correo que iba con instrucciones al párroco para que certificara quiénes eran los padres, abuelos y bisabuelos de fulanito), el tintineo del dinero capaz de hacer decir lo que se deseara que fuera dicho, en fin. Y así fueron pasando las vidas: si desde luego un individuo era expulsado por no superar las pruebas de limpieza, la catástrofe, la tragedia era inaudita pero no solo para él, sino para sus descendientes. Terrible.

Gracias a los estudios de Baltasar Cuart conocemos en profundidad el estado de la cuestión de las probanzas para ingresar en San Clemente de Bolonia. Él ha analizado detalladamente las Actas soladium, que son una serie de legajos reunidos en el siglo XVIII para hacer los expedientes personales que contienen las Primae y Secundae probationes de cada colegial.

Cada expediente está formado (o estaría formado) por la carta de presentación del colegial expedida por la autoridad eclesiástica correspondiente y, a lo largo del XVI extendiéndose cada vez más el uso de llevar otra del cabildo catedralicio de la naturaleza del aspirante y si se podía de algún albornoz.

En segundo lugar, las Primae probationes realizadas por un juez ordinario civil o eclesiástico en el lugar de la naturaleza del aspirante, en que constaban las declaraciones de cinco testigos sobre si conocían a los padres del aspirante, si efectivamente se estaban recogiendo las pruebas en el lugar de origen de la familia del aspirante (en su defecto, se trasladaban o recogían la información en el lugar de los orígenes familiares), si el candidato era hijo de legítimo matrimonio, si la ascendencia era de cristianos viejos, si tenía edad para entrar en el colegio, si no superaba un límite de rentas, si tenía los estudios iniciales requeridos para ingresar en San Clemente, y si cumplía con los demás requisitos (de no estar enfermo, no estar casado, no ser clérigo y demás).

Presentadas y aprobadas por las autoridades pertinentes las pruebas, el aspirante pasaba a ser considerado como colegial, pero todavía a expensas de pasar las segundas comprobaciones.

En San Clemente, hemos dicho antes, no se aceptaban clérigos regulares. Ni en San Clemente ni en los otros seis colegios mayores. Tan es así que para mejorar la formación de sus hermanos franciscanos, Cisneros fundó San Pedro y San Pablo. Tampoco se aceptaban individuos que hubieran dado palabra de desposorio. Por tanto: había colegios laicos y seculares y de entre estos, episcopales y regulares.

Con esas formalidades, además de la superior a todas, la de la limpieza de sangre, no es de extrañar que socialmente a los colegiales se les tuviera en un estadio cualitativo superior. No importaba la condición de pobres (siempre y cuando no lo fueran de solemnidad o mendicantes), pues esta era relativa y, desde luego, no era obstáculo para ser hidalgo (la famosa «hidalguía universal» del Cantábrico, que no estaba reñida con el ser campesino, por ejemplo). Por ello, por esa subjetiva percepción social de superioridad cualitativa, no es de extrañar que muchos fueran «don», aunque no fueran hidalgos. Así, el «don» era tenido más como un reconocimiento a una forma de ser, que a un verdadero «ser».

La sociedad externa también empapó a los consejeros con otro mecanismo de estratificación, o de diferenciación: la constitución de mayorazgos. Por ellos, y desde las Leyes de Toro de 1505 (que no son del reinado de los Reyes Católicos porque Isabel I ya ha muerto), en Castilla se podía elegir a un heredero al que se beneficiaba con los bienes que dispusiera el testador provenientes del tercio de mejora y del quinto de libre disposición con una condición, la incapacidad de desmembrar o vender parte de esos bienes amayorazgados. El mayorazgo nació para fortalecer a uno de entre los herederos de la casa nobiliaria para que esta no se arruinara. Con el mayorazgo se sobrevaloraba la herencia del mayor, no se desheredaba a los demás (iría contra la leyes de Castilla), pero podía tener enormes bienes inmuebles, semovientes y aun muebles, pero nada de liquidez. Para desmembrar o vender parte del mayorazgo había que contar con licencia del Consejo Real, que por otra parte, era el que sancionaba la constitución de mayorazgos. La constitución de mayorazgos era algo inherente a las casas nobiliarias. Todas tenían, naturalmente, sus bienes y títulos, rentas y demás, vinculados a mayorazgo. Obviamente, si no había fortuna familiar, no había con qué constituir un mayorazgo y no había mayorazgo… y eso era porque no había riqueza.

Por ende, quien no tuviera mayorazgo, no era ni hidalgo, ni mucho menos noble. Por el contrario, quien tuviera bienes amayorazgados, probanzas de limpieza de sangre y otros elementos distintivos cualitativos y cuantitativos, ¿podía ser tenido como de entre los pecheros, o por el contrario era perteneciente a un grupo superior?

Así las cosas, a estos subgrupos sociales de la más alta Administración de la Monarquía, hidalgos o no, pero todos limpios de sangre, y en la medida de lo posible con bienes vinculados a mayorazgo, no se les podía tener por unos cualquiera. En ellos predominaba la honra, esto es, la distinción dada desde el exterior de cada persona a ese individuo, lo que llamamos la fama, el reconocimiento social que era inviolable. Aunque mucho más lo era el honor, virtud propia, individual e inherente al ser humano que lo daba Dios y por ello, era inamovible. Acaso la de Fuenteovejuna no tuviera honra, pero sí honor (y también honra, si así era alabada por los suyos). Acaso en este mundo en que vivimos de los tuteos y los chalaneos, sea incomprensible qué es la honra que se manifiesta de cara a los semejantes, o qué el honor que se preserva como oro en paño. La niñería, e incluso la estupidez de explicar que el honor consistía en ver quién se aparta primero al cruzar un puente, es no entender tampoco qué eran honor y honra.

Por otro lado, comoquiera que hubo un interesantísimo proceso de rehidalguización de la sociedad a lo largo del siglo XVII, muchos autores, moralistas, juristas y demás, llegaron a propugnar que el hombre virtuoso ya era de por sí «noble». Hoy en día, el historiador ha de saber diferenciar entre esa «nobleza ética» y la verdadera «nobleza privilegiada» que era la que importa, la que importaba: la que no pagaba tributos personales y directos, o tenía jurisdicciones y tribunales, o sentencias, diferentes a los demás miembros del estado llano. Se puede concluir, desde luego, que en épocas de más marasmo o dinamismo social, podía haber zonas francas, aguas intermedias, en las que un pechero podía disfrutar de ciertas situaciones de preeminencia, de ciertos reconocimientos que le hicieran ser diferente o superior a los demás; incluso que se le llamara «don», o que se le reconociera cierta nobleza (virtuosa), pero que no dotaba de hidalguía. Sería la habilidad de alguno de los descendientes, la habilidad de su retórica, de sus rentas, de su «vida noble», la que podría favorecerle si litigare por un título ante cualquiera de las dos chancillerías, en pos de una probanza de hidalguía. De esta manera sinuosa un descendiente de un colegial podría llegar a ser tenido por hidalgo y noble al cabo de la vida. A esto lo llamaremos «estrategias multigeneracionales de la movilidad social».

Movilidad por estudios

Y si lo anterior fue así, no es menos cierto que los reyes, para satisfacer a sus súbditos fueron más prolijos en conceder títulos nobiliarios en tiempos de Felipe III y su hijo, que en tiempos de Felipe II.

En otras palabras: el 58 por ciento de los consejeros de Castilla que eran nobles entre 1621 y 1746, recibieron el título que fuera «en recompensa por los servicios prestados a la Administración» (Fayard, 502). Y una vez que había títulos, emparentar con otras familias tituladas, o escalar en la distinción del título, era cuestión de regir la vida con algún objetivo.

Además, no solo la cualidad social los diferenciaba de puertas afuera de los consejos, sino también las diferencias económicas. Por ello se puede decir claramente —o insistir en ello— que aunque hubiera unas líneas directrices, unos pilares que a todos sustentaban y que ya los hemos mencionado, la vida de cada cual era un universo (fascinante siempre).

Esta es y era la clave: movilidad social. Porque un letrado de humildes orígenes sociales, o procedente de una familia rural hidalga de mediano pasar, podía ir y venir de unos cargos u oficios a otros, y de una parte a otra de la Monarquía. Algo que, sin los estudios, los títulos y la merced real, no podría ni haber soñado. Muchas familias habían iniciado su ascenso en tiempo de los Reyes Católicos, estando al servicio de sus monarcas con el derecho en las manos.

La importancia de los lazos familiares, o de la constitución de clanes por castas, esos vínculos «nunca reemplazaron los estudios jurídicos como requisito primario para los puestos de letrado» (Kagan, 139).

En efecto: muchos oficios conocían renovaciones (los corregimientos, en teoría, una vez al año, así que eran de los primeros que se disfrutaban). La rotación iba aparejada a la promoción y se fue estableciendo una suerte de destinos en la carrera que si se alcanzaban, se habría triunfado. Y si no…, a lo mejor es que se había renunciado por el camino porque la vida es así y no solo una permanente y patética ansiedad.

Si alguien negara que quienes estudiaban en las universidades sabían muy bien a quién debían sus privilegios (esencialmente al rey), sería negar lo evidente. Los colegiales, en muchos casos, en los más, o se beneficiaron de la movilidad social (y pasaron de un estamento a otro), o la reforzaron (si venían de un ambiente de depauperada hidalguía rural). Gracias a los títulos universitarios, a la dignidad universitaria, se dignificaron socialmente. Al rey le debían todo: calidad social, emolumentos, prestigio, poder, privilegios. El rey estaba satisfecho con tener estas legiones de criados bien formados para aplicar sus leyes y exponer su poder. Los trataba bien.

Recordemos otra vez a nuestro Castilla y Aguayo inicial, o las Instrucciones de Felipe II a la Cámara, de 1588. «Las promociones en los oficios de Justicia son muy convenientes así para premiar a los que lo merecen […] como para desarraigallos de las amistades que cobran en los lugares donde están mucho tiempo…» (cit. por Pelorson, p. 91).

Sin tener en cuenta la obligación del deber de residencia exigido a los oficiales reales, no se entendería mucho de lo anterior: desde los cronistas reales, a los oficiales de corregimiento, todos tenían obligación de residir en su destino.

Volvamos a las probanzas de limpieza. Los colegiales —de todos los colegios— debían abonar los costos de todas las (primeras) informaciones que se les solicitaran, y aunque una información no arruinara a una familia, era un coste más. Si, además, había más de una información que hacer, los gastos se iban incrementando y así sucesivamente.

Por tanto, aunque no solo por eso, vamos viendo que en los colegios, en su mayor parte solo se mantenían, aun a pesar de las becas de pobreza o las normas estatutarias, gentes de cierta capacidad de acción social. Siguiendo a Lario (Escuelas…, p. 183) que ha manejado más de 2.200 expedientes sobre los «Orígenes sociales de los colegiales mayores, 1560-1650», se puede concluir:

Colegio
Colegiales

Informaciones

conservadas

Alta nobleza

Hidalgos y

caballeros

Estado llano

San Bartolomé (Anaya, Salamanca)
198
130 (66%)
16 (12%)
90 (69%)
24 (19%)

Cuenca (Fuenleal, Salamanca)
192
96 (50%)
17 (18%)
54 (56%)
25 (26%)

Oviedo (Muros, Salamanca)
207
109 (53%)
7 (6%)
74 (68%)
28 (26%)

Arzobispo (Fonseca, Salamanca)
233
107 (46%)
9 (8%)
73 (68%)
25 (23%)

San Ildefonso (Cisneros, Alcalá)
289
131 (45%)
9 (7%)
26 (20%)
96 (73%)

San Cemente (Albornoz, Bolonia)
168
168 (100%)
1 (1%)
94 (56%)
73 (44%)

1.257
741 (59%)
59 (8%)
411 (55%)
271 (37%)

Es muy conocida la ley: «Que no gocen las libertades y exenciones de no pechar concedidas a los graduados, salvo los doctores, maestros y licenciados que por examen riguroso fueron examinados en las Universidades de Salamanca, Valladolid y el Colegio de la Universidad de Bolonia». En 1535 se incluirá a los graduados por la Universidad de Alcalá de Henares (Cuart, «Colegiales y burócratas», p. 67).

Ahora bien, pretender que la exención de pechar concedía hidalguía, no deja de ser un tanto exagerado. Podía ser una artimaña que bien usada por un individuo hábil y su abogado picapleitos, intentara convertir una situación de merced real en otra de naturaleza (porque la hidalguía la concede el rey y la transmite la sangre). Pero ya digo, que a un catedrático en leyes por Alcalá, no se le tenía ni por hidalgo, y mucho menos por aristócrata. Era, simple, llana y prestigiosamente, un catedrático por Alcalá que a la hora de no pechar, no pechaba. Otra cosa es que, gracias a los estudios en leyes, lograra plaza de consejero real, tuviera dinero bastante, llevara una «vida noble» y cifrara su existencia en lograr un título y a ello dedicara una parte de sus esfuerzos vitales. Si lo lograra, bien por él; si no, pues otro más… pero que le quitaran lo bailado a aquel hijo de labriegos de la montaña, hidalgos de cuna, y él ahora presidente de una audiencia en la Nueva España. No sería hidalgo, ni aristócrata, pero era «algo».

Los estatutos de San Clemente de 1485 eran, según Cuart, bastante indulgentes con los requisitos de admisión. A partir de 1487, sin embargo, unos nuevos estatutos —de los que por lo visto no se conserva más que una copia— se hacen eco de la necesidad de estratificar más, de exigir más para ser de San Clemente… y más aún en 1522. Estos estatutos de 1522 pusieron orden en el caos en que cayó San Clemente de Bolonia. Caos, por otro lado, lógico, cuando so color de la excelencia se camufla la estigmatización social. En palabras de Baltasar Cuart, «las luchas que se abrieron en el colegio de San Clemente entre las dos facciones de colegiales, la partidaria de los estatutos antiguos, en la que, por razones obvias, militaban los conversos o de origen converso, y la partidaria de los estatutos nuevos. No faltó de nada. Desde la muerte violenta del rector a manos de un colegial de origen converso, a la expulsión de colegiales por no poder exhibir limpieza de sangre, a acusaciones de sodomía, a rapiña de los bienes del colegio por parte del equipo rectoral, de todo hubo en el San Clemente. Fueron más de treinta años de desórdenes hasta 1522 en que de nuevo se rehicieron los estatutos. Mientras tanto, el colegio de San Clemente se iba castellanizando, vinculándose claramente al rey de Castilla en detrimento de las autoridades boloñesas que pasaban a un segundo plano y que, por esta razón, no dudaban en prestar su apoyo a los revoltosos, sobre todo a los conversos en lucha contra los estatutos nuevos» (Cuart, «Colegiales y burócratas», 70). El proceso de reestratificación social quedó listo. Hubo nuevos estatutos en 1538 y 1558, pero sin grandes modificaciones. Hasta 1627 no volvieron a retocarse. No era necesario. Ya estaba todo socialmente en paz.

Por otro lado, según los datos de Cuart Monar, referidos a San Clemente, entre 1500 y 1559 se admitieron 214 colegiales, en su mayor parte castellanos (185, 86 por ciento; 22 de Aragón y siete de Portugal).

¿Qué estudiaron esos colegiales de San Clemente entre 1500 y 1559?: 153 hicieron estudios jurídicos, 34 médicos y 27 teológicos, o en otras palabras, el 71 por ciento estudió derecho civil y/o canónico, el 16 por ciento, medicina y el 13 por ciento teología. Anecdóticamente se advertirá que todos los estudiantes portugueses estudiaron derecho (incluso antes de la unión de las coronas).

La conclusión es obvia: en San Clemente de Bolonia, estudiantes castellanos estudiaban derecho (o sea, que no estudiaban teología).

En esos mismos años (y según Cuart) 118 colegiales (55 por ciento) eran «nobles» (con todas las reservas y dificultades que tiene el término; lo que es obvio es que no eran ni pobres, ni hijos de comerciantes). De ellos, 107 eran castellanos.

Durante los años siguientes (datos de Lario), se mantuvo la proporción de un 56 por ciento de nobles, que aprovecho para insistir de nuevo, menos del 2 por ciento serían herederos del título, y los demás, segundones, hijos de ramas colaterales y lejanas, hidalgos notorios de solar conocido, es decir, esa muchedumbre de individuos que han dejado su rastro mudo, pero simbólico, en blasones y escudos de fachadas de casonas de media Castilla. Hijos de personas que ejercían un oficio (en la administración de justicia, en la municipal, maestros y profesores, bachilleres, licenciados, médicos).

Por lo tanto, la Administración del Imperio español en su época de oro, formada en estos seis —o siete— colegios mayores, se nutrió sobre todo de hidalgos y caballeros (segundones, hidalgos urbanos o rurales, señores de vasallos, nobleza sin título) y en menor medida de miembros del estado llano. Los jóvenes de la «alta nobleza» representaron un 8 por ciento del total. Por cierto, todos cristianos viejos.

La lealtad al grupo de pares

Esos datos, la reflexión sobre esos datos, tiene su trascendencia: el Imperio se sustentaba sobre la acción personal de individuos bien formados (aunque no tan bien formados como se esperaba de ellos), acomodados, criados en los ideales de la hidalguía y de la nobleza, y si ese no era su grupo de pertenencia, desde luego era el de referencia (de los miembros del estado llano que compartieron estudios con ellos durante la juventud). A lo largo del siglo XVII se acentuó el proceso de «ennoblecimiento» de los colegiales, que si nunca estuvieron excluidos, en este siglo —en Salamanca en concreto— crecieron notablemente en número.

Obviamente, entre los colegiales se generaría una solidaridad de grupo de pares, que iría más allá de la mera amistad surgida por haber compartido pupitre, ya que, en estos casos, se sentían vinculados entre sí por las exigencias para formar parte del colegio, exigencia que los hacía diferenciarse del resto. De aquí nacerían grupos de presión que se deberían tener en cuenta y que se tienen en cuenta al estudiar el cursus honorum (una de las razones del éxito docente de un colegio —hoy— está en la consolidación de las estrategias sociales de los alumnos, no solo en lo que se aprende en las aulas). También surgían matrimonios entre compañeros de colegio con las hermanas que correspondiera.

Estas estrategias sociales no solían limitarse a un individuo del linaje, sino que lo habitual era que los hijos de quien fuera, estuvieran repartidos en más de uno de los colegios.

Ellos eran conscientes y partícipes de la pertenencia a un mismo grupo de poder, a la misma escuela de imperio. Cuart recoge la carta en la que Pazos responde al colegio de San Clemente agradeciendo la felicitación que le habían cursado al ser elegido presidente del Consejo Real de Castilla en 1578. En la respuesta el nuevo presidente ¡claro que muestra su interés en contar con los boloños!, pero al mismo tiempo, muestra que ellos han de dar mucho más a cambio: «Porque soy tan hijo de ella [de la fundación albornociana] y aficionado a los que comen su pan, que en todas ocasiones con las veras que pudiere lo mostraré, prometiéndome de todas vuesas mercedes procurarán, por su parte, tener los méritos que se requieren para poder bien servir a Su Majestad y a mí sacar de vergüenza» (cit. por Cuart, «Colegiales y burócratas», p. 83). ¿Qué no habría visto este hombre de entre los suyos?

Otros también manifestaron, en alguna ocasión, ciertas dudas sobre la calidad de San Clemente, «la carta de vuesas mercedes se dio al presidente Covarrubias con quien tratando yo de esta materia, pasamos muchas cosas y él me dijo que hoy día había más colegios que nunca y más letrados juristas, por lo cual no había oficios para tantos» (cit. por Cuart, «Colegiales y burócratas», p. 83). Opinión interesante, sin duda, pero ciertamente cuestionable, porque si hubiera habido una superinflación de letrados (como hoy, que se hace con dinero público y por ende, no importa, que no es de nadie), ¿por qué se siguieron fundando colegios y siguió habiendo más estudiantes de derecho que de teología para hablar con Dios en las España de la mística y la ascética?

Como afirmó Pelorson, «hacia el año 1600 [fecha de interés de sus estudios] las disciplinas jurídicas atraían al mayor número de estudiantes […]. Este fenómeno no se explica solamente por una afición o una moda: hay que ponerlo en relación con otros fenómenos de orden político y social» (Pelorson, 2008, 25).

Pero que no se nos siga escapando un detalle: el número de «matriculados» era (o es) importante. Pero más aún era el de «oyentes» (Ibíd., 23)

En cualquier caso, la que creo que es para mí la virtud esencial para el mantenimiento del Imperio, se enseñaba en los colegios. O como lo expresa Dámaso de Lario, «la primera [exigencia de la vida colegial] era la de la lealtad a sus patronos, al colegio y a sus “hermanos” colegiales» (Lario, «Escuelas…», p. 224).

La lealtad al grupo de pertenencia formaba parte del proceso de culturización del individuo. Aprendería, pues, que sin lealtad no tenía a dónde acudir ni concurrir. A cambio de esa lealtad podría lograr favores, claro.

Esa «lealtad» se traducía de varias maneras en la vida cotidiana: se enseñaba a que un colegial no aspirara a entrar en otro colegio, por ejemplo.

También se compartía la ambición legítima de los colegiales de llegar a ocupar una cátedra en su universidad, aunque no era aspiración de los hijos de los aristócratas (Lario, 229). Por cierto, el mundo de las oposiciones a cátedras —los catedráticos eran votados y elegidos por los estudiantes— merece una pausada lectura porque nunca faltaban escandalosos ejemplos de fraudes, corruptelas y corrupciones, clientelismos y demás. Tan es así que, al fin, se retiraron los votos en los procesos de oposición a cátedras a los estudiantes en Salamanca, Valladolid y Alcalá entre 1618 y 1623, en medio del fervor reformista de Olivares (Dámaso de Lario), aunque «tras la muerte de dos estudiantes, fue el origen de la decisión real del 17 de octubre de 1636 que suprimía el sistema electivo con participación de los estudiantes», aunque se reinstauró en 1639 y se suprimió definitivamente en 1641 (Fayard, 51). Todo eso no se entiende si pensamos que un catedrático fuera persona de edad y experiencia: «El lapso de tiempo que transcurre entre la admisión en el colegio y la obtención de una cátedra es, por término medio, de unos cinco años», que además se utilizaban las cátedras como trampolines para pasar a la Administración, con lo cual la cátedra en sí misma era secundaria frente a la promoción personal (Fayard, 50).

Curiosamente la mayor parte de los investigadores no hace hincapié en un dato esencial: no todas las cátedras eran vitalicias, sino que eran temporales. Ser catedrático no implicaba tener resuelta la vida. Había que presentarse cada seis años (según estatutos) para renovar la plaza. De hecho, cualquier tentación de hacerlas vitalicias era mal vista: «Que [las cátedras] sean temporales como son en Italia y en otras partes, porque de ser perpetuas se siguen muchos inconvenientes», entre otros el de que tras haber obtenido la cátedra «no tienen cuidado de estudiar ni aprovechar a los estudiantes» y más tarde tras solicitar una visita a los estudios de Salamanca, Valladolid y Alcalá, se pedía al emperador «dar orden que no haya cátedras de propiedad, sino que vaquen de tres en tres años, o de cuatro en cuatro […] y a estos catedráticos se les dé el salario que justo sea teniendo respecto del provecho que hicieron en el estudio y a sus letras y habilidad», según clamaban las Cortes de Madrid de 1528 y las de Valladolid de 1548 respectivamente. Las rotaciones no se cumplieron por defecto: los catedráticos no llegaban a cumplir ni un lustro al frente de sus plazas (excepcionales tabla y cuadros en Fayard).

Cisneros así lo había instituido. Ello lleva a Gonzalo Gómez a hablar de «regentes» de las cátedras, como se les denominaba en el siglo XVI (Gonzalo Gómez, 19).

La verdad es que en Alcalá los mejores resultados se obtuvieron en los estudios de la Facultad de Artes y Filosofía, en donde las cátedras eran de cuatro años y lo que hacían era que el maestro de primero pasaba a segundo con sus mismos alumnos y así sucesivamente hasta terminar el bachiller. Al cuarto año, el maestro volvía a opositar y se reiniciaba el ciclo. Por el contrario, en los estudios de teología, los regentes no cumplían con la asistencia a clase, o con las lectiones, aunque tenían regencias de cuatro años. La causa es porque tenían otras ocupaciones más elevadas… en el mundo episcopal o en el universitario. El dato es demoledor: de Alcalá, aun a pesar de sus estudios teológicos, apenas fueron teólogos conciliares a Trento (filósofos, por el contrario, sí que fueron).

Pero el acceso a las cátedras no era para todos por igual. «En Salamanca se asignaba una cátedra para el conjunto de los graduados de la universidad […] y miembros de los colegios menores, mientras que otras cuatro eran reservadas para cada uno de los cuatro colegios mayores de la ciudad» (Fayard, 51). Las proporciones quedaban abultadas y desdibujadas. Recuerda todo esto a la «democrática» mitad de oficios, para localidades con dos hidalgos y doscientos pecheros. En efecto, a la altura de 1714 (ya fuera de nuestro ámbito de estudio) se informaba de que desde 1688 había habido 21 oposiciones a cátedra de leyes, y todas las habían sacado colegiales mayores; y de las 15 de derecho canónico, solo una la había sacado un manteísta. Y se iba más allá: si entre 1641 y 1703 habían salido a concurso 190 cátedras, de las que el 78 por ciento se las habían llevado colegiales.

Por ello, no es de extrañar que si entre 1621 y 1746 hubo 134 profesores de Salamanca, Valladolid y Alcalá que llegaron a consejeros de Castilla, fueron 117 colegiales y 17 manteístas (una proporción del 87 y 13 por ciento). Dicho sea de paso, que aunque en tiempos de Felipe V se intentó equilibrar todos estos fenómenos, solo hubo pequeñas correcciones. (Fayard, 52 y 53).

No obstante todo lo cual, la mejor carrera que podían hacer los manteístas era la de entrar en las cátedras de las universidades, como fuera, en las que fuera: «Los manteístas deseaban el grado de doctor para aumentar sus posibilidades de obtener cátedra universitaria y, en consecuencia, las [posibilidades] de ascender a un puesto administrativo» (Fayard, 54).

De nuevo, siguiendo los datos de Kagan, podemos apurar aún más: desde Carlos V a Carlos II el 41 por ciento de los colegiales mayores de Arzobispo, Oviedo, San Bartolomé y Santa Cruz promocionaron a cátedras (Kagan, datos pormenorizados, p. 181).

En tiempos de Felipe IV —según los datos disponibles— el 65 por ciento de los consejeros de Castilla provenían de colegios mayores. En tiempos de Carlos II, el 77. El 50 por ciento de los presidentes del Consejo (cuatro sobre ocho) en tiempos de Felipe IV eran colegiales, mientras que en tiempos de Carlos II fue el 65 por ciento (seis sobre nueve).

Por lo demás, desde el siglo XVI hasta 1766 (fecha de un informe considerado muy fiable por Fayard), hubo 347 consejeros colegiales:

San Bartolomé:
95 total (27 por ciento).

Arzobispo:

65 (18 por ciento)

Cuenca:
57 (16 por ciento).

Santa Cruz:
54 (15 por ciento).

Oviedo:
53 (15 por ciento).

San Ildefonso:
23 (6 por ciento).

Fuente: Fayard, 56, siguiendo a Marqués de Alventos.

Conviene advertir que de San Ildefonso fueron saliendo cada vez más hacia la carrera eclesiástica, y que se dio la paradoja de que eran eclesiásticos la mayor parte de los presidentes de Castilla, por lo que las proporciones se invirtieron: eran menos los consejeros procedentes de San Ildefonso, pero más los presidentes (aunque de 1621 a 1746 fueron tres) (Fayard, 56).

Se puede precisar algún dato más:

Seis de los catorce presidentes del Consejo Real de Castilla en tiempos de Carlos V y Felipe II, así como más de la mitad de los presidentes de Indias fueron colegiales (Kagan, 136).

Fueron colegiales 18 de los 28 presidentes de las chancillerías de Valladolid y Granada durante el siglo XVI (Kagan, 136).

De los 103 oidores que hubo en la Chancillería de Valladolid entre 1588 y 1633 solo siete provenían de otras universidades que no fueran Salamanca, Valladolid o Alcalá, aunque de ellos, cuatro eran bachilleres por una de estas tres.

De los 94 oidores de Granada, solo nueve procedían de otras universidades que no fueran estas tres (Kagan, 139 en n. 35 para ambos ejemplos).

Desde el siglo XVI hasta 1766 de los 350 consejeros de Castilla colegiales el 27 por ciento procedían de San Bartolomé, el 18 por ciento del Arzobispo, el 16 por ciento de Cuenca, el 15 por ciento de Santa Cruz, el 15 por ciento de Oviedo y solo el 6 por ciento de San Ildefonso: es decir que el 70 por ciento de los consejeros eran colegiales mayores. Y ahondando más, el 61 por ciento de los consejeros de Castilla entre 1621 y 1746 procedían de colegios mayores, siempre en proporciones similares de cada colegio (datos de Fayard, o citados por ella, 56).

Las salidas al servicio del rey que tuvieron los colegiales de Bolonia son interesantísimas: no hay presencia en Filipinas, la hay (numéricamente hablando) muy escasa en Flandes, porque este es territorio más de bellatores; sin embargo, hubo boloños en el Milanesado, que bien se podría llamar «territorio albornociano» (Lario, 255) en diferentes cargos y oficios, en las localidades de Milán, Como, Cremona, Pavía, Alessandria, Domodossola, Lodi, Novara, Pontremoli, Tortona, Varese, Vigevano, Varallo, Vercelli, Casalmaggiore y Treviglio. Igualmente, en el Marquesado del Finale, que fue la salida al mar definitivamente conquistada por Felipe II y Felipe III, hubo nueve colegiales que disfrutaron el oficio de Capitano de giustizia, y acabaron sus carreras un par de ellos en el Senado de Milán, el otro en la Real Audiencia de Barcelona y de ahí como regente del Consejo de Aragón, etc. Otros colegiales ocuparon otros puestos en otras ciudades de la Lombardía, si bien es cierto que el cargo de Capitano de giustizia de la capital fue reservado a naturales, a mi modo de ver, por esa habilidad del Imperio español de pactar con las oligarquías territoriales para mantenerse en los espacios anexionados. De hecho, otros oficios de justicia se reservaron para milaneses, independientemente de que la más alta magistratura pasase a españoles. Las instituciones judiciales del ducado sufrieron ciertas alteraciones en 1561 y por Felipe II, y así algunas de las más altas magistraturas y la Fiscalía se reservaron a españoles, pero conviene insistir en que no todos esos oficios se españolizaron: existía un órgano colegiado, el Senado, equivalente al Consejo Real de Castilla o de Aragón, que era la máxima autoridad territorial judicial y ejecutiva, administrativa y penal. En cierto modo podía ejercer el derecho de contestación a las decisiones reales, pero sobre todo lo que tenía que hacer era intermediar entre el rey de España y su vicario (el gobernador de Milán) con el patriciado milanés o lombardo, en ese pacto de los equilibrios. Igualmente, otro órgano colegiado que era el Magistrato ordinario, gestionaba la Real Hacienda del Ducado. Estaba compuesto por un presidente letrado y seis jueces (tres letrados y tres militares). Pues bien, desde 1563 a 1749 solo fue presidido en tres ocasiones por españoles (dos de ellos boloños) y solo seis en total sentaron plaza en él. Inferior en la estructura fue el Magistrato extraordinario, esta vez sí, presidido siempre por españoles (pues gestionaba los arbitrios extraordinarios, entre otras cosas), aunque solo dos procedieron de Bolonia. En cualquier caso, la mayoría de los boloños hizo su carrera en Milán, pues casi la mitad murieron siendo senadores; alguno volvió a Madrid como consejero de Italia; por el contrario solo siete de los demás colegios culminaron sus carreras en Milán.

Por su parte, en el reino de Nápoles había aún más albornoces porque los puestos intermedios y bajos, ordinariamente bienales, eran más que en el ducado de Milán y conocieron más modificaciones y reformas que ahí. Sin embargo, parece ser que los oficios desempeñados en Milán eran más dinámicos que los de Nápoles, por cuanto de los 54 colegiales destinados acá, solo 24 (el 44 por ciento) no llegaron a desempeñar cargo en la capital del reino. Probablemente la causa esté en que no salían letrados suficientes y muchas de las plazas se cubrían desde España, sobre todo desde 1640. En cualquier caso, en el Sacro Regio Consiglio de Nápoles, que llegó a tener 24 consejeros distribuidos en tres salas, alcanzaron el honor de formar parte de ese órgano superior colegiado, 14 boloños y 2 de ellos fueron presidentes; en la Regia Camera della Somaria estaba compuesto por el presidente y ocho asesores: nueve colegiales llegaron a sentar plaza, y deducciones similares se pueden obtener referidas al Consiglio Colaterale, etc. Aquí, como en Milán, existían los llegados desde los colegios españoles y los naturales, manteniéndose siempre la filosofía del pacto con las oligarquías locales. En conclusión: si en Nápoles hubo 54 oficiales con plaza en el reino, 43 fueron de San Clemente.

La oposición en Sicilia a que desempeñaran oficios los extranjeros, explica la escasa presencia de colegiales a excepción de cargos que se pudieran interpretar como alter ego del rey. Solo se han contado tres como consultores del virrey, pero en tiempos de Felipe IV y procedentes de Milán. En el mundo eclesiástico, hubo tres prelados y seis inquisidores.

En Cerdeña, dos inquisidores y un regente de la cancillería, que era de origen aragonés.

Por el contrario, no podían faltar colegiales mayores en Roma (una veintena hasta mediados del siglo XVII) con estancias superiores a los diez años de media. De esos 20, la mitad volvieron a España como arzobispos, presidentes de chancillerías, o consejeros reales.

Como concluye Lario, aunque solo un 9,5 por ciento de los colegiales mayores pasaron a Italia, sin embargo, para los boloños ese fue el 61 por ciento de sus destinos.

De los 13 consejeros de Italia que procedían de los colegios entre 1560 y 1650, nueve habían madurado sus carreras allí.

Italia quedó para los colegiales de Bolonia; la mayor parte de los demás colegiales prefirió España e Indias (los datos del cursus honorum y la proyección de los colegiales proceden de Lario, 2019, 246 y ss.).

Los datos manejados por Cuart arrojan conclusiones muy interesantes también: él parte de la idea de que las vidas de los boloños culminaron, casi todas, en la frustración porque no encontraron grandes oficios al servicio del rey. Sin embargo, y con sus mismos datos afirmamos que «son 21 los colegiales salidos de la institución albornociana que llegaron a la culminación de lo que podríamos llamar el “cursus” administrativo, es decir, un 9,8 por ciento» y añade «forman estos colegiales la auténtica “élite” de poder y económica en quien tendrían puestas las esperanzas los colegiales para que hiciesen funcionar la “transmisión” de oficios dentro de la “familia colegial”» (Cuart, «Colegiales y burócratas…», pp. 86-87). O sea, que aunque solo (?) el 10 por ciento de los boloños llegaron a consejeros en Madrid, eran los patronos, los que ejercerían el patronato de los demás. Antes de ser consejeros reales, esas personas habían ido ocupando puestos en chancillerías, tribunales de la Inquisición, Cámara de Castilla, otros consejos de los que habían logrado incluso alguna presidencia, habían disfrutado de hábitos de órdenes militares y encomiendas, fueron auditores en algún tribunal italiano, canónigos… es decir que sus vidas fueron dejando una diversificada estela de oficios y responsabilidades, así como de «contactos» por todas partes.

Con respecto a los datos de la carrera eclesiástica, en la primera mitad del siglo XVI el 5 por ciento de los boloños lograron mitra, pero estadísticamente el doble se situaron en cargos medios de las administración eclesiástica, o en oficios de la Inquisición.

No era Indias el destino más apetecible para los colegiales mayores, que preferían hacer carrera en la península. Solo cuatro colegiales mayores lograron mitra en Méjico (tres eran de Santa Cruz), y otros ocho ocuparon otras sedes de la Nueva España. Al parecer todos rondaban los cincuenta años: parece como si salieran a Indias ya desesperados de no promocionar en España. Por su parte, a todas las sedes del Perú fueron solo siete colegiales mayores y solo uno en Lima. Algunos colegiales fueron visitadores, enviados desde plazas, lo mismo de Indias que de la península.

En cuanto al gobierno civil, se repite el mismo esquema: salidas muy tardías de la península, o en su defecto desarrollo de su carrera profesional en Indias. En cierto modo, no parecía necesario el sacrificio de pasar a Indias y luego allá convivir con la lejanía, si para llegar a consejero de Indias no era necesario. Solo cuatro colegiales mayores de los sesenta que ocuparon plaza en ese Real Consejo habían desempeñado un puesto en América.

Pero el 84 por ciento de los colegiales mayores nunca sirvió fuera de la Península Ibérica (Lario, 2019, 303).

Por tanto: el 61 por ciento de los colegiales hicieron carrera en la Iglesia, en el mundo del clero secular, en el regular o en la Inquisición. Por ejemplo, el 47 por ciento de los obispos nombrados por Felipe II en Castilla fueron colegiales mayores y casi el 20 por ciento de todos los colegiales mayores entre 1560 y 1650 fueron obispos en la Monarquía.

Fueron inquisidores el 12 por ciento de los colegiales mayores (84 individuos), en su mayor parte de Santa Cruz; media docena llegaron a ser inquisidores generales. Pero conviene advertirlo: los que hicieron carrera en la Inquisición también podían hacerla, antes o después, en la Administración real o episcopal. En efecto, 66 colegiales mayores combinaron su cursus honorum, mientras que solo 18 fueron inquisidores de pura cepa; solo tres de ellos llegaron al Consejo de la Suprema. Sin embargo, los que hicieron carrera mixta promocionaron mejor ya que 24 llegaron a obispos, cinco a presidentes de chancillería… La presencia en los tribunales inquisitoriales fue muy irregular: 17 colegiales en la Inquisición de Valladolid, uno en Cartagena. Entre medias, los demás tribunales de distrito.

En el mundo catedralicio, las exigencias en formación de Trento (y la tradición ya existente desde tiempos de Cisneros) favoreció que de los 42 obispos que hubo colegiales, 24 fueran doctores en teología o en cánones. Por las catedrales pasó el 56 por ciento de los colegiales de los que hay datos y en algunas dignidades podríamos decir que casi arrasaron: el 22 por ciento de los colegiales fueron obispos.

En general, ya se sabe que los colegiales empezaban su carrera administrativa civil a ser posible en un tribunal, bien en alguna audiencia o mejor aún en una de las dos chancillerías. Los cargos provinciales de «capa», tenientes de corregidor, escribanos, contadores, empleados en casas nobiliarias, u otros, los ocuparían los manteístas. Si eran doctores y catedráticos o lograban el amparo de un buen patrón, su carrera podía terminar más arriba: en tiempos de Felipe IV hubo 35 consejeros manteístas, que debieron su éxito a influencias o apoyos familiares (porque los padres ya hubieran servido al rey, por estrategias matrimoniales, etc.). Por otro lado, en tiempos de Carlos II una veintena de los 89 consejeros fueron manteístas (Fayard, 59 y 61).

Ahora bien, entonces, lo mismo en tiempos de Felipe V que en tiempos de Felipe II, alrededor del 90 por ciento (Fayard, 67) lo habitual era que los consejeros, antes de llegar a serlo hubieran pasado una buena parte de su vida en provincias: de esta manera conocían la península, o en su caso, el Imperio en Europa o en Indias. Del mismo modo que antes de ser consejeros de Castilla solían haber pasado por alguno de estos tres consejos: Indias, Hacienda y Órdenes Militares en tiempos de Felipe IV y de Carlos II. Esos fueron los «consejos semilleros» del de Castilla.

Otros consejos antes
del de Castilla
En tiempos de Felipe IV (en datos absolutos sobre 100 consejeros)
En tiempos de Carlos II (en datos absolutos sobre 89 consejeros)

Hacienda
26
23

Indias
30
22

Órdenes

26
24

Guerra
3
2

Italia
7
3

Inquisición
1
2

Aragón
0
0

Cruzada
1
3

Fuente: Fayard, 77.

Y luego, además, si llegaban a ser fiscales del Consejo de Castilla, casi tenían anunciado el llegar a consejeros de Castilla: más del 20 por ciento de los fiscales del Consejo fueron consejeros (los datos del Cuadro III de Fayard son importantes; para todo esto, Fayard, 78).

Los ejemplos de los cursus honorum de estos personajes quedan expuestos en las líneas anteriores. Las obras dedicadas a la historia de la Administración del Imperio recogen la variada casuística de vidas individuales que, en su conjunto, vinieron a responder a los modelos aquí expuestos: colegio mayor (si manteísta: doctorado y cátedra) con menos interés por ser catedrático que por ser oidor en una Audiencia o Chancillería —jerarquizadas—, oidor en un consejo —también los consejos tenían su estratificación— y aspiración a la presidencia de uno de los organismos polisinodales, en una vida administrativa que podía durar de media unos diecisiete años, muchos de ellos fuera de la corte, e incluso de la península siendo pues, «funcionarios ambulantes de la Monarquía» (Fayard, 81).

En la Administración real sorprenden algunos datos, que deben ser explicados: solo el 8 por ciento de los colegiales mayores (aun con la cantidad de hijos de la aristocracia que había) llegaron a oficios de corregidores… ¿Sorprende o pone de manifiesto que los colegiales mayores aspiraban a empezar sus carreras administrativas desde más arriba que el mero gobierno urbano?

Por otro lado, pocos sintieron afición por ir a las audiencias de Canarias, o de Galicia, o a la de Navarra (aunque con predominio de los de Santa Cruz). Solo 27 colegiales fueron oidores en Galicia y de estos solo cinco llegaron al Consejo Real. Por la Audiencia de Sevilla pasaron 74 colegiales de los que la mitad terminaron sus carreras en el Consejo Real de Castilla: adviértase que solo el 42 por ciento de los magistrados de la Chancillería de Granada y el 43 por ciento de la de Valladolid llegaron a ser consejeros. La presencia de estos colegiales en las audiencias de la Corona de Aragón es testimonial, naturalmente: solo hubo naturales de esos territorios, aunque hubieran estudiado en cualquiera de los siete colegios mayores.

Con respecto a las chancillerías, se puede afirmar que 35 colegiales fueron fiscales (10 en Valladolid y 25 en Granada) y que el resto de los oficios (alcaldes del crimen, alcaldías de hijosdalgo, etc.) se cubrieron en proporciones similares: hubo 42 alcaldes del crimen, 50 de hijosdalgo (esto es natural por la extracción social de los colegiales). Desde 1542 había 16 oidores en cada Chancillería: hubo 158 colegiales en Valladolid y 152 en Granada. No es extraño encontrar colegiales que después de haber sido oidores, o al cabo de los años, aparezcan como consejeros de Castilla, adonde llegaron muchos pasando antes por la Sala V del Consejo, o sea, como alcaldes de casa y corte. Pero San Ildefonso colocó a 13 colegiales en diferentes consejos; Santa Cruz a 62 (predominio de Castilla e Inquisición); San Bartolomé a 136 (bien asentados por todos los fundamentales); Oviedo a 84 (Castilla, curiosamente Hacienda y Órdenes); Arzobispo a 98 (igual que Oviedo); Cuenca, a 85 (igual); Bolonia a 12.

En conclusión, los consejos de la Monarquía estaban más controlados por los salmantinos; tenía menos presencia Santa Cruz de Valladolid y ninguna relevancia San Ildefonso. El de San Clemente tampoco parecía estar interesado en el gobierno central de la Monarquía, porque se desarrollaba en Italia.

Lo anterior se puede leer o exponer también de otra manera: el 58 por ciento de los consejeros de tiempos de Felipe III fueron colegiales; el 68 por ciento en tiempos de Felipe IV y el 72 en tiempos de Carlos II. Anecdóticamente (o sistémicamente) hay que resaltar que hubo tres colegiales de San Bartolomé en la década de 1650 presidiendo simultáneamente los consejos de Castilla, Hacienda y Órdenes Militares.

De los 134 profesores de las tres grandes universidades que fueron consejeros de Castilla entre 1621 y 1746, fueron 117 los colegiales mayores y 17 los manteístas, es decir que entre el 88, 90 y 80 por ciento de los que habían sido profesores entre los reinados de Felipe IV y Felipe V alcanzaron el oficio de consejeros (Fayard, 53).

Todos los consejeros de Castilla (entre 1621 y 1746) fueron juristas (y algunos de reconocido prestigio) y cerca de la mitad profesores de derecho en alguna de las grandes universidades.

En las universidades se desarrolló un antagonismo entre colegiales y manteístas que desembocó —desde un punto de vista social— en varios episodios, pero que sobre todo se tradujo en que las cátedras eran para los manteístas el primer escalón para acceder a la carrera administrativa.

Es curioso destacar que si algunos de los colegios habían nacido para elevar la formación de sus estudiantes, de sus becados, de gentes humildes, con el paso del tiempo fueron orientándose más hacia la formación de letrados en los dos derechos, para estar más cerca del rey, cumpliendo con todos los procesos de exaltación/estigmatización social (que tanto se favoreció y acentuó durante el reinado de Felipe II). Igualmente, cabe destacarse, y es muy actual esta acotación, que si los colegiales entraron al servicio de la Monarquía, con el transcurso del tiempo sintieron que la Monarquía eran ellos. La situación fue desbocándose durante la segunda mitad del siglo XVII y se encabritó en el siglo XVIII, cuando los colegiales mayores quisieron asumir todo el protagonismo del poder, desechando a los demás colegiales, a los demás letrados, a los «manteístas». Y entonces surgió el encontronazo entre unos y otros. La ruptura por la vía de la acción de los letrados, del orden aristocrático hasta entonces imperante tuvo sus consecuencias. Para empezar, que no supieron calibrar hasta dónde podía llegar su apuesta. Así, fue en tiempos de Carlos III cuando la gran visita de Pérez Bayer a los colegios entre 1771 y 1777 advirtió del nuevo peligro que podía existir en el seno de la Monarquía, similar al de los jesuitas: un Estado dentro del Estado, sin prestar servicio al rey, sino a sus solos intereses. El 21 de marzo de 1777 Carlos III sometía al poder real a todos los colegios. Dicho sea de paso, que Felipe II había «dado» su protección real al Colegio de Bolonia en 1563, justo después de su famosa orden prohibiendo estudiar fuera y al tiempo de la clausura de Trento. Amparo real para que no se le fuese de las manos tan preciada institución. Mas volvamos al siglo XVIII y a aquellos días finales de septiembre de 1798, porque entre el 19 y el 25 de tal mes, Carlos IV abolía los colegios mayores y requisaba sus fondos y rentas que formaron parte de la Caja de Amortización. Desde entonces y hasta 1831 hubo algún episodio intentando resucitarlos, hasta que quedaron absolutamente disueltos. Esto último ha de ser explicado y matizado con más detenimiento, pero no es este el lugar.

En conclusión, las universidades fueron convirtiéndose a lo largo de los siglos XVI y XVII más que en escuelas científicas… en escuelas de imperio, en escuelas del Imperio.

LO QUE COBRABAN LOS MÁS ALTOS SERVIDORES DE CASTILLA EN TIEMPOS DEL IMPERIO (DESDE 1588)

Según una cédula real dada en Vaciamadrid el 13 de abril de 1589, que encabeza una relación de las nóminas de los más altos servidores del rey y en la que se explican sus contenidos (y que ellos la conocieron «cédula de los crecimientos de los salarios de los quince cuentos de maravedíes») en las Cortes de Madrid de 1588 Felipe II concedió una prórroga del servicio al reino (una congelación de lo que Castilla daba al rey por medio del «encabezamiento general») a cambio de lo cual, este le daba ciertas concesiones al rey, entre otras, 15 millones de maravedíes anuales «para el aumento de los salarios de los presidentes, consejeros y oidores y otras personas que sirven en mis consejos y Chancillerías y Audiencias» para los años de 1589 y 1590 y los demás en que se mantuviera congelada la recaudación de alcabalas y tercias, según quedaba recogido más por extenso en otra cédula de 19 de noviembre de 1588.

(Por tanto, como el dinero era concedido por las Cortes de Castilla, se sufragaban los gastos de Castilla… a lo que se sumaban todos los del Consejo de Hacienda y del de Órdenes Militares. Por ello no aparecen en esta nómina los otros consejos territoriales, ni temáticos).

En cualquier caso, expuestos los motivos, Felipe II ordenaba a don Rodrigo Pimentel, gentilhombre de su Casa y pagador de las quitaciones del presidente y otros consejeros y oficiales de «mi corte» que pagara las cantidades siguientes en concepto de salario anual: un presidente de Castilla y 17 consejeros (extraigo tres ejemplos tipo):

Al presidente del Consejo Real de Castilla (Francisco Zapata de Cisneros, conde de Barajas): 1.000.000 maravedíes. Antes de este 1588 cobraba 650.000 maravedíes de salario de presidente. El incremento era de 350.000 maravedíes/año, es decir, un 36 por ciento.

Al consejero licenciado Juan Tomás: 550.000 maravedíes Antes de este 1588 cobraba 200.000 maravedíes de salario de consejero, más 100.000 de «ayuda de costa» (hoy diríamos «dietas»), más otros 50.000 por lo que se ocupa en los negocios de la Cámara. El incremento era de 200.000 maravedíes/año, es decir, un 36 por ciento.

Al consejero Lope de Guzmán, 500.000 maravedíes Antes de este 1588 cobraba 200.000 maravedíes de salario de consejero, más 100.000 de «ayuda de costa» (hoy diríamos «dietas»). El incremento era de 200.000 maravedíes/año, es decir, un 40 por ciento.

El presidente de Indias (licenciado Hernando de Vega) cobraba 500.000 maravedíes/anuales y los nueve consejeros, 200.000 maravedíes/anuales. No constan incrementos de salarios.

El presidente de Órdenes Militares (don Francisco Hurtado de Mendoza) cobró solo 89.555 maravedíes, pero porque tomó posesión en mayo de 1588. Los cuatro consejeros cobraban 100.000 maravedíes/anuales.

El presidente de Hacienda (licenciado Rodrigo Vázquez de Arce) cobraba 750.000 maravedíes Antes de 1588, 600.000 maravedíes Incremento de 150.000 maravedíes.

Los demás consejeros de Hacienda se dividían en cinco oidores de la Contaduría Mayor de Hacienda con un salario de 400.000 maravedíes; un contador de los libros de la Contaduría Mayor, que cobraba 61.200 maravedíes; un escribano mayor de rentas con salario de 150.000 maravedíes; dos contadores de rentas y quitaciones, 165.000 maravedíes; dos contadores de mercedes, 100.000; dos contadores de todo lo tocante a «mi hacienda», 225.000 maravedíes.

En conclusión, en el Consejo de Hacienda, en el que no había consejeros, sino —en su caso— contadores mayores, había 14 personas incluido el presidente.

Los seis alcaldes de Corte tenían asignado un salario de 125.000 maravedíes/año de quitación. Con otras ayudas de costa y compensaciones por no poder cobrar de las escribanías de sus audiencias más el crecimiento desde 1588, cobraban 450.000 maravedíes/año. El fiscal de la cárcel real, 200.000 maravedíes/año.

Los salarios de los cargos intermedios se distribuían de la siguiente manera:

Contaduría de Cuentas: dos contadores de cuentas a razón de 50.000 maravedíes cada uno. Un fiscal seglar de la contaduría, 45.000 maravedíes. Un fiscal letrado de la contaduría, 50.000 maravedíes. Es decir, cuatro personas.

Secretarios: en la nómina de los secretarios se incluían los «mi secretario» (15 en total,) más los «oficiales del oficio» (cinco individuos). Total, 20 secretarios y subalternos. El sueldo del secretario era de 100.000 maravedíes/año. No obstante, algunos disfrutaban de complementos, como Juan Vázquez de Salazar, que percibía 100.000 maravedíes por «el dicho cargo» de «mi secretario», más 200.000 por ser secretario de los consejos de Cámara y Estado. A su vez, Diego de Ayala percibía los 100.000 de secretario y otros 100.000 «con el cargo que tiene de los papeles de mi archivo de Simancas» y que se le pagaban «con que resida en el dicho archivo». Los demás secretarios fueron los muy conocidos Mateo Vázquez, Pedro de Escobedo (con incremento de 100.000 por ser también de Hacienda); don Juan de Idiáquez; Francisco de Idiáquez; Martín de Idiáquez; Francisco González de Heredia (al que le abonaban en 1588 otros 100.000 maravedíes por «el oficio de mi secretario de los descargos del emperador» y la parte correspondiente del salario por secretario «de mi patronazgo real de la iglesia en estos nuestros Reinos de la Corona de Castilla» desde el 6 de enero de 1588 en adelante, que fueron 49.315 maravedíes); Juan de Ibarra (con incremento de 100.000 por secretario de Obras y Bosques y de San Lorenzo y otros 100.000 más «por el trabajo y ocupación que tiene en el ejercicio de la refrendación de los despachos del mi Consejo Real de las Indias»); Andrés de Prada (con un incremento de 200.000 por secretario del Consejo de Guerra), al igual que Andrés de Alba.

Los «oficiales» cobraban 75.000 maravedíes/año. Son los casos de Diego López de Gámez (oficial de Andrés de Prada en Guerra); Juan de Guevara (ídem); Carlos de Ibarguen (oficial de Guerra de Andrés de Alba); Antonio de Irauien (ídem); Antonio de Ayala (hijo de Diego de Ayala e incorporado a Simancas el 3 de junio de 1588).

Compare el lector lo que cobraba un consejero de Órdenes Militares, con lo que cobraba un contador de mercedes y un secretario real, por ejemplo.

Los escribanos de cámara del Consejo [Real de Castilla] cobraban 40.000 maravedíes/año. Eran seis personajes tan conocidos algunos de ellos como Juan Gallo de Andrada (que dio tantas licencias de impresión a Cervantes); Alonso de Vallejo, Pedro del Mármol, Cristóbal de León, Miguel de Ondarza Zabala y Gonzalo de la Vega.

Los relatores del Consejo cobraban 60.000 maravedíes/año y fueron cinco, todos ellos naturalmente licenciados, pues eran abogados del Consejo (algunos salen en la base de datos de corregidores: licenciado Hernando de Paredes, Salvador Núñez, Villarroel, Gilberto de Bedoya…).

Los escribanos de la Cámara de la Contaduría Mayor eran dos y cobraban 30.000 maravedíes/año. Eran jóvenes en formación, lo cual se ve no solo en el salario, sino en casos como el de Sebastián de Quevedo, que fue escribano de la Cámara «entretanto que tenía edad cumplida para lo hacer Diego Calderón de la Barca a quien después hicimos merced del dicho oficio».

Los relatores de la Contaduría Mayor eran dos y cobraban 80.000 maravedíes/año, entre otras cosas porque eran licenciados.

Los porteros de la Contaduría Mayor eran tres y cobraban 25.000 maravedíes/año.

Tal cantidad de personas, con «crecimiento de salarios» y demás, provocó ciertas «dudas» en el trabajo de los contadores, que se reunieron para ver cómo solucionarlos. La decisión que tomaron fue la de asentar en los libros de la Contaduría lo que se mandaba en la cédula y llevar una contabilidad de nóminas más la de las ayudas de costa señalando los incrementos: asuntos burocráticos de registro.

Los cambios antedichos se siguieron asentado en los años siguientes.

Estos eran los costes para el gobierno del Imperio.

3

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD: ENTRE EL ESTIGMA Y HONRAR PARA SERVIR AL REY

¿ESTIGMA, DISIMULACIÓN Y VIOLENCIA O «ACEPTACIÓN, NORMALIDAD Y SOSIEGO» EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID (1561-1638)?

Pocos temas son tan fascinantes para comprender los mecanismos del funcionamiento social en la España de los Austrias, como el de la discriminación conversa. Es un fenómeno en sí fascinante, que a su vez ha sido sobredimensionado (hasta los átomos que respiraban tenían núcleos judaicos), minusvalorado (alarma ver textos de análisis social, bien literario, bien histórico, en que no haya una sola alusión al fenómeno converso); confundido (inquieta la facilidad con que se confunde limpieza de sangre con nobleza) o incluso miserablemente manipulado (he leído cosas en las que los autores ponen en marcha el ventilador de «su» racismo).

En el capítulo de las confusiones, y del confusionismo, es sorprendente también que se haya metido en el mismo saco a la hidalguía urbana (a los hijosdalgo e incluso a los caballeros y a los escuderos) y a la aristocracia, como si fueran lo mismo. ¡Como si no hubiera matizaciones entre esos grupos nobiliarios, y aun de la autopresentación social del individuo para ser estratificado, incluido o excluido, o para evitarlo!

Toda sociedad se estratifica y jerarquiza. Esto es un fenómeno básico. El proceso de estratificación social responde a los mecanismos culturales que conoce para aupar o segregar. En el siglo XVI se emplean dos fundamentos para construir la estratificación social: la «calidad» del individuo y su adscripción religiosa. En el siglo XVI (desde tiempo atrás, claro) en la parte superior de la pirámide social están los nobles y los hidalgos. Los principios religiosos se adulteran y tergiversan en función del discurso cultural imperante, que no es el único que existe. Por tanto, el triunfo de una subjetividad acarrea la construcción de una verdad. Ese proceso cultural es, por definición, dinámico.

Así que aquella sociedad del siglo XVI tiene un estamento nobiliario, otro clerical y un tercero del pueblo llano. A su vez, hay cristianos viejos y cristianos nuevos (rotundamente ha de quedar claro que desde 1492 no hay judíos en España, pues todos al nacer, a partir de esa fecha, son bautizados. Otra cosa es el criptojudaísmo). Pero a su vez también se ha puesto en marcha una dinámica de clases en función de la riqueza, del poderoso caballero que es don dinero. Esto es lo que se ve.

Mas existen también unos comportamientos ocultos, los propios de la «disimulación», de los «caminos de la mentira» en la feliz expresión clásica recogida hace unos años por Pérez Zagorin (1990).

Sigo con atención a Erving Goffman (1970) y sus reflexiones sobre el estigma social. Goffman ha definido el estigma como «la situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social».

Al tratar la definición ha quedado implícito un problema que aflora tarde o temprano: el estigmatizado puede acabar cayendo en la desviación social. Pero, igualmente, el estigmatizado lo es tanto cuanto él se presente en sociedad: en otras palabras, es trascendental la «información social», la información que el individuo exterioriza de sí.

En efecto: un grupo social —en concreto—, o una sociedad —en general— definen las personas que se pueden hallar en su seno, o lo que es lo mismo, todos llevamos una «identidad social» que procede de unas primeras impresiones, o de un estatus, de los atributos de cada cual. Tan es así que, a lo largo del tiempo, aquella primera identidad social que era, ante todo «virtual» va convirtiéndose en una «real». Si de un momento al otro media un abismo, nada tiene que ver entre sí, naturalmente, la reacción social será fortísima contra el estafador. Pero puede ocurrir que en la configuración de la identidad de esa persona, un atributo suyo lo convirtamos en el todo; si ese atributo hace que el individuo sea rechazable o menospreciable, el descrédito será considerable y ese defecto, falla o desventaja que es un «estigma» configurará quién o qué es el individuo en cuestión.

Pero ocurre que en función de coyunturas históricas una sociedad exalta más unos atributos indeseados que otros, más unos estigmas que otros y se queda, no con lo homogeneizador del individuo sino con lo más profundamente desacreditador, con el estigma más doloroso para esa sociedad en ese momento. Ese estigma más desacreditador hace que otros estigmas queden olvidados. Esto quiere decir que un estigma no es en sí mismo ignominioso, sino que la ignominia es, en definitiva, una construcción subjetiva y cultural de la colectividad para hacerse a sí misma, con el fin de minusvalorar lo diferente.

¿Cuáles son los tipos de estigma habituales? En primer lugar, los corporales (las deformidades físicas); en segundo lugar, los del carácter (abulia, pasión desenfrenada, pasión antinatural, intolerancia); en tercer lugar, los colectivos (raza, nación y religión). Todas las sociedades, cualesquiera que sean, tienen individuos estigmatizados e individuos por estigmatizar que se pueden adscribir a cualquiera de esas tres categorías citadas. Pienso que existe una suerte de miedo social que intenta evitar la transmisión del estigma. Porque, efectivamente, aunque no sea heredable, la sociedad pone los mecanismos a su alcance para evitar que pase de una generación a otra, para evitar la «contaminación» del grupo, lo cual ha suscitado a día de hoy enormes debates en la única sociedad preparada para debatir sobre ello: con respecto a la primera categoría señalada antes, a quienes no son capaces de regirse por sí solos, se intenta evitar que se reproduzcan; con respecto a la segunda, es la cultura la que libra la batalla más larga y profunda; con respecto a la tercera, es la violencia. Pero entonces, ¿qué hacer con la persona estigmatizada por la sociedad y que actúa como si no se enterase de ello? Naturalmente, actuar con más crueldad y violencia, si estamos en una sociedad en que prime el ejercicio de la represión por encima de otros medios de socialización. Aunque a veces, no haya más remedio…

Ante la persona estigmatizada, culturalmente se responde como ante un desviado social: o se le tacha de infranatural o de sobrenatural. Si a ese individuo lo tomamos por un ser infranatural, lo hemos conducido directamente a la «muerte social» porque le privamos de unas formas de vida normales. Tal proceder se aplica a todo tipo de «peligro social». El caso más llamativo de nuestra historia es el estigmatizado príncipe don Carlos, muerto socialmente desde el momento que entra en prisión. También son de este grupo las brujas, por ejemplo; o los homosexuales y los conversos; los desfigurados... De carácter sobrenatural lo eran los enanos: el que lo conseguía, a la corte y el que no, a deambular. En cierto modo, las brujas, que de esta manera se sitúan entre medias de esos ambientes extraños para el ser humano. En cualquier caso ese «muerto social», ese estigmatizado se encierra en sí mismo, en sus mundos, habida cuenta que el mundo exterior le rechaza o le es hostil y el círculo vicioso se hace cada vez más duro: sin duda que Juana la Loca lo estaba; pero acaso lo habría estado menos si no hubiera sido un problema político o si hubiera recibido otro trato. En cualquier caso no es de extrañar que la violencia individual aflore en el estigmatizado al tiempo que el retraimiento. Por tanto en ambos casos él se nos muestra en realidad, no como querría ser, sino solo como no tiene otro remedio de ser; el grupo le malinterpreta y él malinterpreta al grupo. El problema, pues, se va acentuando día a día y se genera ese eterno retorno de indeseables mutuas consideraciones que, claro está, acaban dañando más al más débil.

A la sociedad no le importan otros atributos de esos individuos, salvo los que los estigmatizan. Por tanto, ese individuo responderá ante la situación que ve injusta. Unos intentarán corregir directamente la causa de la estigmatización: esto es más frecuente hoy en día que en el pasado (recursos a cirugía plástica, psiquiatría, etc., esto es, ayudas profesionales externas al individuo, internas de la sociedad); otros corregirán la causa de la estigmatización indirectamente, esto es, entrando en las estructuras sociales con el fin de controlarlas y o bien cambiar sus formas de actuar con respecto a los estigmatizados, bien diluyéndose en su interior: es el caso de los conversos y, por ende, el recurso a los estatutos de limpieza ha de interpretarse sencillamente como el mecanismo de defensa de la mayoría no-estigmatizada para evitar esa «indeseable» movilidad social. En las sociedades occidentales actuales se puede dar el caso de que la persona estigmatizada represente al grupo que le acoge, esto es, estigmatizados en representación de estigmatizados y en casos extremos, estigmatizados representando a «normales». No encuentro símil con la sociedad del Antiguo Régimen. En el ámbito personal, puede ocurrir que quien apoya al estigmatizado comparta el estigma en la percepción social y sea tan rechazado —aun siendo normal— cuanto aquel: el lazarillo que genera la misma desconfianza que el ciego; la cuidadora del apestado, etc. El estigma es, por tanto, contagioso hablando en términos sociales; por ello se huye de él. Además, si se defiende en exceso al estigmatizado, los lazos entre los dos pueden ser muy difíciles de cultivar por la persecución social.

En la medida de sus posibilidades los estigmatizados buscan iguales, esto es, elementos sociales que les den cobijo y a quienes dárselo: por eso se crean las subculturas, en las que los partícipes saben que vivirán en un mundo incompleto. Así, probablemente, compartan un universo de respuestas ante situaciones dadas; sepan premiar y castigar a su manera; generen sus normas de convivencia y su propio metalenguaje. Indudablemente estos aspectos sociales (y otros más) son de especial interés para el historiador.

En un análisis individual de un estigmatizado el historiador debe tener presente una serie de principios. En primer lugar, se ha de tener presente hasta dónde llega la aceptación del estigma (orfandad, minoría racial presente) y que, a lo largo de la juventud y la madurez este estigmatizado-aceptado adquiere la convicción de que puede actuar socialmente como una persona normal y asumir roles no vividos y transmitirlos: un huérfano puede ser padre, un converso podía catequizar. Existe una segunda forma de comportamiento social: la familia, por ejemplo, se puede convertir en un gran filtro de la información que reciben sus menores. Tal proceso de protección se desmorona más o menos traumáticamente, o violentamente, cuando no hay más remedio y hay que acceder a la socialización exógena a la familia. Este proceso es más fácil de entender hoy en día: para evitar el daño psicológico o, sencillamente para que puedan sobrevivir, los niños estigmatizados van a colegios de similares, de grupos de pares. En tercer lugar, puede darse el caso de que el estigma se oculte o se acalle y no aflore hasta la adolescencia y así el matrimonio abre a muchos los ojos de su estigma: el que ha mantenido en secreto su situación de converso y, o bien casa con una mujer de su grupo, o enloquecerá si lo hace con una del grupo de referencia. Igualmente, puede ocurrir que no sea hasta la edad adulta cuando un individuo descubra o le descubran su estigma (o quede estigmatizado por accidente, valga el ejemplo): entonces arrastrará graves problemas de re-definición social o re-identificación personal. No es de extrañar que todas estas situaciones ahonden aún más en la tendencia a cerrarse en sí mismos de los grupos sociales de estigmatizados.

Claro está: cuando un joven o un adulto descubre su «marca» —«mancha» o «error»—, buscará protección entre los iguales. Estos, por su parte, le enseñarán mecanismos de defensa social y psicológica. Ahora bien, el individuo puede que no se rinda sin más a su realidad y que vacile de su situación. Es el momento crítico: en muchas ocasiones es comprensible la delación como el mecanismo de refuerzo de pertenencia a un grupo y de querer distanciarse del otro (el cual es, a fin de cuentas, el verdadero de pertenencia).

No cabe duda de que la vida en sociedad tiene mucho de obra de teatro: en la vida el individuo se presenta y presenta su actividad con el fin de que los otros se hagan una idea de él en función de su actuación (Goffman, 1959).

Pero la actuación se puede ir de las manos, porque a fin de cuentas, la representación teatral consiste en hechos ficticios ensayados, mientras que la interactuación social se compone de hechos reales, a veces sin tiempo para ensayar.

Además, en la representación, el tiempo, el espacio, el escenario están controlados, ambientan y rodean a los actores; el público está al otro lado. Pero en la vida, muchos hechos decisivos están más allá del tiempo específico y lugar del acto social. En ocasiones, de hecho, pueden estar ocultos a los ojos de los que en ese momento preciso están interactuando.

Sin embargo, la sociedad sabe que se puede engañar, o disimular. Por ello, cuando quiera extraer las actitudes, creencias y emociones («verdaderas» o «reales») del individuo procederá por medio de mecanismos indirectos, a través de sus confesiones o de lo que puedan parecer conductas expresivas involuntarias. «La expresividad del individuo (y por tanto su capacidad para producir impresiones) parece involucrar dos tipos radicalmente distintos de actividad significante: la expresión que da y la expresión que emana de él» (Goffman, 1959, p. 14).

En este sentido, es muy frecuente que el interlocutor (individual o colectivo) preste atención a los actos gobernables de la conducta para controlar la validez de lo transmitido, o como se dice vulgarmente, «se lea entre líneas» porque habitualmente, el individuo solo tiene conciencia de una corriente de su comunicación, mientras que los interlocutores la tienen de esa corriente y de otras más.

Por tanto, y para ir concluyendo, «la expresión cumple el papel de transmitir las impresiones del “sí mismo”». En las manos de los interlocutores estará el papel de aplicar sus principios culturales a esa expresión del otro.

Cuando volvemos la vista atrás, el registro de esa expresión solo se encuentra en los restos documentales; no los hay audibles. Hay que leer los documentos, por tanto, con cierta distancia hacia la verdad, o hacia la veracidad de lo que contienen.

Lo anterior son mis puntos de partida. Voy a intentar explicar qué ocurre en el Ayuntamiento de Madrid desde 1561 a 1602. La primera de las fechas está escogida porque es cuando Felipe II mueve la Corte desde Toledo y permanece en Madrid hasta nuestros días (excepto en los años de 1601-1606 y algún pequeño episodio bélico más); la segunda de las fechas está escogida porque se implanta un estatuto de limpieza de oficio. Vamos, pues, a hablar de estigmas y sus «contrarios».

POR DEFINICIÓN: SER CORREGIDOR

El corregidor (en Sevilla «asistente») era el delegado real en las ciudades más importantes de la Corona de Castilla. Aunque podemos hablar de unos 90 corregimientos desde que se consolida el cargo (desde 1500, aproximadamente, en adelante, hasta 1835), el número era variable. La figura fue traspasada a Indias y, desde el siglo XVIII, a la Corona de Aragón. En ese siglo entraron en competencia con la nueva figura de los «intendentes», asunto que, de momento, no nos incumbe.

Los corregidores fueron las piezas clave, el contacto directo de los vasallos con el rey en las zonas de realengo.

Los corregimientos no estaban estratificados administrativamente, pero sí en la práctica. Por ello, no es extraño encontrarnos con jóvenes letrados en unos corregimientos que van avanzando su cursus honorum en otros corregimientos, hasta llegar a ser hombres virtuosos y respetados en los corregimientos de Madrid, Burgos, Sevilla, Valladolid o Toledo, por ejemplo.

El oficio de corregidor era anual, excepcionalmente prorrogable (que era lo habitual) y sometido a «juicio de residencia» al acabar el mandato.

El oficio de corregidor, en tanto en cuanto que administrador de justicia, nunca se vendió. En las coronas de Castilla y Aragón había repugnancia a vender los oficios de justicia, lo cual lo explicita y define así Castillo de Bovadilla:

Y basta decir aquí que venderse los oficios y magistrados no es otra cosa sino colocar en los tribunales la avaricia y no la justicia y vender juntamente la justicia, vender la República, vender la sangre de los súbditos, vender las leyes y quitar los premios del honor, de virtud, de doctrina, de piedad, de religión y abrir la puerta a los latrocinios, a la avaricia, a la injusticia, a la ignorancia, a la impiedad y finalmente a todos los vicios y fealdades. Porque es muy dificultoso [...] que el que compró el oficio deje de venderle (Política para corregidores, I, 36).

La zona de acción del corregidor era el «corregimiento». Recibía la misma denominación el periodo de tiempo en que una persona había ejercido el cargo.

La superficie administrada por un corregidor era muy variable. Algunos corregimientos del sur tenían la peculiaridad de gobernar amplios espacios, con grandes poblaciones, y tanto de mar como de tierra. Así por ejemplo, el de Ronda se alargaba hasta Marbella; el de Málaga a Vélez Málaga.

El corregidor era el presidente del ayuntamiento, del concejo o del cabildo civil y era nombrado por el rey. Ejercía la justicia en primera instancia en su demarcación. Era la cabeza gubernativa en lo administrativo y si era de espada, le ayudaba un teniente de corregidor, que era letrado.

Etimológicamente se intenta definir el término corregidor como aquel que co-rige con los regidores; también sería el que corrige las disfunciones del ayuntamiento.

Por estas características, el corregidor es la persona interpuesta entre el municipio y el rey, para servir a este. Los corregidores eran las correas de transmisión entre la corona y las ciudades, sus villas y su tierra. Fueron de capital importancia en el mantenimiento del Imperio.

Los primeros corregidores fueron implantados a petición de las ciudades que lo solicitaran en tiempos de Alfonso XI (1311-1350), con la intención de que pusieran paz y orden en esas ciudades, en nombre del rey, sustituyendo a los jueces que hubiera hasta ese momento.

El territorio de su jurisdicción se llamó «corregimiento» y a quienes les ayudaban en ese distrito, «alcaldes mayores».

Los concejos, que a fin de cuentas eran juntas de regidores, se fueron viendo alterados con la designación de esta potente figura de representación real. Esas juntas de regidores eran la encarnación, la representación de las oligarquías locales, de las familias, sobre todo de la hidalguía (que en términos proporcionales se veía representada al 50 por ciento de los oficios de poder existentes, en vez de por los datos demográficos absolutos) o de grandes mercaderes.

Por tanto, la difusión de los corregimientos fue una manifestación más del poder real. En conclusión, cuanto más poderosa fuera la Monarquía, más prestigio y poder tendría el corregidor. Esos tiempos arrancan con los Reyes Católicos, naturalmente.

Con tan solo varias decenas de corregidores nombrados por el rey, imponiendo su poder a miles de localidades, obviamente se consiguió homogeneizar la administración municipal. Si no hubiera triunfado la figura del corregidor y sus funciones, hablaríamos de otras cosas.

Por otro lado, en esta tendencia a la homogenización frente a otras realidades (caóticas por su inmensa variedad; reductos de la libertad local, según desde donde se mire) permitiría —si era el caso de la Monarquía— presentarse por doquier.

Las habilidades del corregidor (desarrollando sus competencias) consistían en la convocatoria y presidencia de los ayuntamientos, organización de las votaciones, y la ejecución de los acuerdos. Por tanto: controlaban a los regidores (quiero decir, que no solo al ayuntamiento) y por tanto, su promoción social si la anhelaran en algún momento de su vida.

El corregidor disfrutaba del poder sobre las milicias locales, sobre el orden público y todos los aspectos gubernativos.

Ejercía la jurisdicción «alta y baja» con «mero y mixto imperio». Es decir, era el juez único en su demarcación y tenía conocimiento de todo cuanto afectara a los jueces particulares de su jurisdicción.

Pero ese ejercicio de la justicia se hacía, naturalmente, en nombre de la jurisdicción del rey, que como era superior a las demás, acababa revistiéndole de enorme poder en la ciudad.

El gran teórico del corregimiento, Castillo de Bovadilla, definía el oficio de corregidor como «el mayor después del príncipe en la República» y sus facultades las resume así:

Magistrado y oficio real que, en los pueblos o provincias contiene en sí jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio, por el cual son despachados los negocios contenciosos, castigados los delitos, y puestos en ejecución los actos de buena gobernación. Trae vara en señal de señorío y cargo que ejerce. Es el mayor después del Príncipe en la República que rige y suspende todos los otros oficios de justicia de los lugares de su corregimiento [...] y puede conocer de qualesquier negocios, aunque para ellos estén diputados jueces particulares, como son Alcaldes de Sacas, Aduanas, Mestas, Hermandad, Prior y Cónsules y otros (Política para corregidores, I, 25; otras referencias en estas páginas, 57-58, etc.).

Del mismo Castillo de Bovadilla es una de las imágenes más vívidas de la actividad cotidiana, de la vida social y profesional del corregidor:

El corregidor ha de tratar con el regidor tirano y con el aldeano ignorante, con el rico mandón y con la abacera vocinglera, con el clérigo facineroso y con el ciudadano de buen celo, con la viuda honesta y con el rufián atrevido, con el usurero cauteloso y con el hijo de vecino incorregible, con la mujer disoluta y con el escribano desalmado, con el holgazán insolente y con el fraile recogido, con el hidalgo puntoso y con el abogado disimulado y con mil otras gentes de varias calidades, humores y condiciones y necesariamente ha de hablar con ellos con diverso término y lenguaje tratando a cada un con el decoro que el negocio y la persona y su oficio requieren y en fin le es forzoso hablando o obrando dar muestra y señal publica de su prudencia, de su autoridad, de su valor, de su modestia, de su rectitud, de sus letras y de sus virtudes o de los contrarios de todo esto y no puede callar en público ni votar en secreto, encubrir sus defectos y administrar su oficio como lo puede y hace el Oidor (Política para corregidores, I, 69).

Tal y como apunta José Manuel Pérez Prendes, esta última frase es muy aleccionadora sobre en qué consiste la vida del corregidor en su demarcación, y la del oidor en su tribunal.

El propio Castillo de Bovadilla describe cómo para letrados necesitados de oficios, pulular en la corte esperando a ser nombrados corregidores era una escena habitual, aunque patética. Ciertamente, si resaltamos esos aspectos más oscuros, la sensación que nos queda es, en verdad, apocalíptica. Por el contrario, los corregidores mantuvieron una tupida y consolidada red de autoridad real en las ciudades y sus pueblos.

Dicho sea de paso que, aun con todo, y lamentándose de la escena que es ver a viejos esperando a ser nombrados corregidores, Castillo de Bovadilla propone que se les jubile a los setenta años, «es cosa absurda, cuando resta poco camino de andar hacer gran mochila y provisión de comer y así lo es el que frisa con setenta años y ya está en las haces de la vida y apenas se puede tener en los pies y disimula cien enfermedades para dos horas que le quedan de vivir».

El oficio de corregidor era anual. Concluido el año de mandato, el corregidor saliente era sometido a un «juicio de residencia», bien por su sucesor, bien por un juez comisionado a tal efecto (desde 1592) e independiente del nuevo corregidor.

Desde 1564 estaba ordenado que a la toma de posesión del nuevo corregidor fuera también el juez de residencia. Al parecer no era infrecuente que mientras se ponía en marcha el nuevo corregimiento, se abandonaran algunas funciones por el exceso de trabajo (aunque no se exprese así en la explicación de motivos). En ese tiempo no se tomaba residencia correctamente, o no se gobernaba correctamente, por las razones que fuera. Por ello se ordenaba que en adelante el juez de residencia se ocupara exclusivamente de analizar las cuentas públicas del corregimiento anterior y el corregidor nuevo se dedicara a otros asuntos. Se dio esta pragmática en Madrid el 31 de julio de 1564 (RAH, 4/640, 20-10).

La duración del juicio de residencia era de 30, 60, 90 días, según el corregimiento. Sin embargo, en el caso de Sevilla (12 de febrero de 1597) se permite que dure 300 días. El juez de residencia cobraba ordinariamente 1.000 maravedíes al día durante la duración de la auditoría; su alguacil y su escribano, la mitad. Así que la comisión para hacer un juicio de residencia estaba compuesta por tres personas: juez, alguacil y escribano.

Los nombramientos de corregidor iban firmados por el rey, refrendados por su secretario y «librados» por el presidente de Castilla y otros dos consejeros. A partir del 8 de octubre de 1597 los empezó a firmar el príncipe Felipe [III] habida cuenta del precario estado de salud de su padre.

UNAS FORMALIDADES EN EL REGISTRO DE LOS NOMBRAMIENTOS DE CORREGIDORES

Con la renuncia en 1592 a todos sus cargos del presidente de Castilla, don Francisco Zapata y Cisneros, I conde de Barajas (1520-1594) se introdujeron varios cambios en el funcionamiento ordinario de los corregimientos.

El responsable de todo ello fue el sustituto de Barajas, el juez Rodrigo Vázquez de Arce, hombre al parecer de honrada rectitud y apodado por Antonio Pérez como «ajo confitado».

El último de los corregimientos «librados» por el conde de Barajas fue el de Gómez de la Puerta, al que el 20 de octubre de 1590 se le enviaba como corregidor del Señorío de Vizcaya.

Recordemos la fórmula habitual:s

En San Lorenzo, a veinte de octubre, 1590 años, se despachó el corregimiento del señorío de Vizcaya al licenciado Gómez de la Puerta y que tome residencia al licenciado Duarte de Acuña.

Firmado de Su Majestad y refrendado de Juan Vázquez [secretario] y librado del Conde de Barajas [presidente de Castilla] y del licenciado Juan Gómez [Secretario de Castilla].

Desde el siguiente nombramiento, noviembre de 1590, hasta febrero de 1592 los cinco nombramientos que siguieron fueron imprecisos ¡y escasos!: aparecían librados por Juan Gómez, Guardiola, y más adelante Amézqueta, e incluso sin estos nombres.

Sin embargo, a partir de mayo de 1592 aparecen novedades (que vamos a ver inmediatamente). Así, un nuevo secretario real refrendará los nombramientos (Luis de Molina Salazar a cambio de Juan Vázquez de Salazar) y el libramiento por Ruy Vázquez de Arce, Guardiola, Gómez y Amézqueta. Alguno de ellos cayó por el camino.

El caso es que la retirada de un presidente de Castilla y la entrada de otro, introdujo cambios que sobre todo se podrían interpretar como de mayor presencia de los individuos que tomaban decisiones, y un intento de regular los cobros por parte de los corregidores.

En efecto, el trabajo de los corregidores se vio afectado por pequeñas modificaciones.

Por ejemplo, en el registro del nombramiento del licenciado Hernando de Castro como corregidor de Arévalo, el 3 de mayo de 1592 se anota: «Este Corregimiento fue el primero que se despachó con la nueva cláusula que no lleven dineros ni otra cosa por las varas de sus tenientes y alguaciles».

Por otro lado, a partir del 27 de mayo de 1592 (nuevo corregidor para Toledo), se implantó la norma de que la residencia dejaran de tomarla los nuevos corregidores y que la tomaran jueces específicos, diferentes.

El cambio es importantísimo porque de la costumbre anterior bien se podría suponer que se hubiera ido asentando un dejar hacer corporativo y que ahora se transformaba con la introducción de nuevos y diferentes jueces para inspeccionar los trabajos de los corregidores cesantes.

A la vista, formalmente, los registros ya manifiestan los cambios. Unos son escuetos; los otros dobles (nombramiento de corregidor y nombramiento de juez de residencia). Podemos usar dos ejemplos de fechas diferentes en los que el protagonista fue don Luis Gaitán de Ayala, que por cierto, estuvo… algo más de un año ejerciendo el cargo de corregidor de Madrid:

[San Lorenzo, 17 de septiembre de 1586; refrenda Juan Vázquez y libra Barajas]: Corregimiento de la Villa de Madrid a Luis Gaitán de Ayala y que tome residencia a don Alonso de Cárdenas.

Años después:

[San Lorenzo, 27 de mayo de 1592, refrenda Luis de Molina y Salazar; libran Ruy Vázquez y los licenciados Guardiola, Gómez y el doctor Amézqueta]:

Corregimiento de Madrid a don Rodrigo del Águila.

Comisión al licenciado Noguerol de Sandoval para tomar residencia a Luis Gaitán de Ayala, corregidor de Madrid y a sus oficiales, con término de cuarenta días. Y fue nombrado por su alguacil Ambrosio de Aragón y por su escribano Martín de Meneses, con el mismo salario que al de Toledo [el juez cobraría mil maravedíes/día; el alguacil, 500 maravedíes/día y el escribano 400 maravedíes/día además de los derechos por escriturar].

Por otro lado, en aquel mes de mayo de 1592 los primeros corregimientos que se sustituyeron fueron los de Toledo (Per Afán llevaba casi cinco años en el puesto), Madrid (Gaitán llevaba seis años en el cargo), Valladolid (Busto llevaba otros seis años en el puesto), etc.

Alguna vez, dos o tres veces, había algún incidente: firmado el nombramiento, por cualquier motivo se rectificaba y cambiaba in extremis. Es lo que pasó el 3 de agosto de 1592, cuando una vez nombrado juez de residencia, «la comisión de residencia para Olmedo se había dado al licenciado Fermín y después de firmada de Su Majestad, no la aceptó y luego se despachó otra por el Consejo Real al licenciado Alonso de Biedma».

El 6 de noviembre de 1593 se suprimió la tenencia de alcaidía de Arcos (La Rioja, hoy) y se agregó al corregimiento de Logroño y Calahorra porque no se había cumplido bien con el oficio, o en síntesis «por ser aquellos [los tenientes del oficio] naturales de esa dicha Villa no administraban justicia con la igualdad y rectitud que convenía y se seguían otros muchos inconvenientes y para los remediar hemos mandado consumir el dicho oficio de alcalde mayor para que no se provea más y acordado que de ahora y de aquí adelante por el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere la persona que tuviere el oficio de corregidor» de Logroño y Calahorra…

Más adelante, el 18 de julio de 1598 se redactaron las instrucciones para los jueces de residencia. Lo más interesante es que se había dispuesto que en la corte hubiera 20 letrados listos para asumir los mandatos que se les dieran. Percibían un salario anual, más las dietas correspondientes a la comisión que se les diera. Se conservan los registros de cédulas para nueve letrados.

Otro cambio sustancial fue el acecido años más tarde, en 1618. A partir de octubre de este año los tenientes de corregidor serían nombrados por el Consejo de la Cámara, no por el corregidor. De esta manera la presencia del rey en las 90 ciudades con corregimiento se duplicaba: ya no era solo el corregidor, ahora también el teniente. Está claro por qué en las universidades se formaban tantos letrados: «Pragmática en que se manda que de aquí adelante los Tenientes que los corregidores hubieren de llevar a las partes donde fueren proveídos, se provean por el Consejo de Cámara y se derogan las leyes que daban la elección y nombramiento a los corregidores, Juan de la Cuesta, Madrid, 1618».

MEDIO CENTENAR DE CANDIDATOS A CORREGIDOR DE MADRID, 1598-1640: CÓMO SE SELECCIONABA

Lo que viene a continuación interesa más por los nombres o las fechas, por ver una gran cantidad de promociones de hombres de espada y de capa desde Felipe II hasta Carlos II. Uso como ejemplo y modelo el caso de Madrid.

Gracias a la usual perfecta conservación de la documentación, podemos seguir a muchos candidatos a plaza de corregidor en toda Castilla desde el siglo XVI al XVIII. De momento voy a hacer el seguimiento (con una fuente de información inédita y que es la primera vez que se ofrece al público), de cómo se resolvieron los nombramientos de corregidores durante medio siglo, desde finales del reinado de Felipe II, hasta 1640, en que he parado el muestreo.

Según Castillo de Bovadilla —el teórico en la matera, que había sido corregidor antes de jurisperito—, para elegir al mejor candidato había que hacerlo así: «Sería conveniente cosa que el presidente del Consejo y los señores de la Cámara a cuyo cargo esto está, además de la dicha información particular, que ellos por sus personas examinasen y entendiesen con algunas pláticas y razones el talento, letras y ser de los que han de ser proveídos en los oficios» (Política para corregidores, I, 34).

Es decir, que existiera una suerte de oposición, o de examen cara a cara, para la provisión de un cargo.

En realidad se hacía de otra manera, como vengo a explicar en las páginas que siguen.

Como puntos de partida usaré los siguientes axiomas:

La Cámara de Castilla estaba compuesta por cuatro miembros: el presidente y tres consejeros más.

Las candidaturas que presentaban al rey podían ser por unanimidad, y al mismo tiempo e independientemente por otros dos, o por uno solo de los miembros del Consejo.

Aunque el oficio de corregidor era anual, por unas u otras razones su desempeño se prorrogaba muchas veces.

Había dos tipos de corregidores: los de capa (letrados) y los de espada. Si el corregidor era de espada, se acompañaba siempre por un teniente de corregidor, que era o licenciado o doctor.

En Sevilla los corregidores eran denominados «asistentes [del rey]».

Veamos medio siglo de corregimientos en Madrid.

El 17 de septiembre de 1586, firmaba Felipe II en San Lorenzo el nombramiento de un tal Luis Gaitán de Ayala como corregidor de Madrid. No era la primera vez que se le nombraba en este oficio porque ya había sido corregidor de Madrid con anterioridad. Con la provisión real de nombramiento se personó en el Ayuntamiento de la villa en la que residía la corte, para tomar posesión el 1 de octubre de 1586 (según Actas del Ayuntamiento de Madrid de esas fechas).

Don Luis Gaitán de Ayala era caballero de la Orden de Santiago.

Entre el 10 y el 13 de junio de 1588 fue nombrado consejero de Hacienda, mientras seguía siendo corregidor de Madrid (según las Actas del Ayuntamiento).

Felipe II debía tener mucha confianza en la capacidad de gestión de don Luis.

El 6 de marzo de 1589 la Cámara de Castilla propuso a Felipe II que se le exonerara del oficio de corregidor porque no podía atender como debía esta responsabilidad. La consulta elevada al rey constaba de varios puntos. En el primero, el presidente y los otros dos consejeros, por unanimidad, propusieron que fuera sustituido por:

1.   Don Jerónimo de la Bastida. Excorregidor de Toro y de Cuenca, «de que ha dado muy buenas residencias», es decir que quienes habían sometido su gestión a juicio de residencia, no habían hallado ninguna mácula en su trabajo. De entre las virtudes de este don Jerónimo se destacaba que «tiene industria y talento para gobernar». De hecho, Felipe II había pedido personalmente información de este personaje.

Por otro lado, el presidente y el consejero licenciado Guardiola proponían a:

1.   Gonzalianiz de Ovalle, regidor de Salamanca y excorregidor de Segovia. También había dado buena residencia y además, «tiene hacienda y partes para servir».

En tercer lugar, el consejero licenciado Juan Tomás proponía a:

1.   Que como el corregimiento de Madrid había sido ocupado por don Luis Gaitán, don Alonso de Cárdenas y don Luis Gaitán, ambos de capa y espada, proponía ahora a un letrado (¿la estrategia de los colegiales?), al licenciado Juan Pardo, que llevaba más de veinte años en «oficios temporales» tales como la gobernación del marquesado de Coria, alcalde mayor de Cáceres, de Salamanca, de Granada; gobernador de Alcántara, abogado durante ocho años en el obispado de Coria, teniente de corregidor en Segovia, alcalde mayor del estado del duque de Alba, testamentario de don Fernando Álvarez de Toledo, alcalde mayor de Toledo más de cuatro años, consultor del Santo Oficio en Toledo, teniente del asistente de Sevilla… «es letrado y muy activo y discreto y hombre de mucha diligencia». Es muy común que se nos pasen por alto esos centenares de individuos que arrastraron una vida de «oficios temporales», acaso esperando alguna vez consolidarse en algún puesto. Como hoy pasa con los científicos jóvenes que llegan a edad provecta y aún siguen esperando colocarse.

2.   Al licenciado don Antonio de Vergara. Exalcalde mayor del adelantamiento de Castilla en Burgos durante cinco años en donde «dio muy buena residencia» y además, «tiene hacienda, letras y mucha bondad». Era natural de Sevilla.

3.   Don Rodrigo del Águila, vecino de Ávila, «caballero muy discreto y de gobierno y de canas, muy gran cristiano y de pecho y valor». Se le calculaban unos 4.000 ducados de renta «e inclinación de emplearse en servicio de Vuestra Majestad».

Todo ello quedó en agua de borrajas hasta 1592 en que la Cámara de Castilla volvió a la carga. Se volvió a ver esta consulta de 1589, se asumió y se amplió con otras propuestas. Efectivamente, el 19 de febrero de 1592, por unanimidad propusieron a:

1.   Don Luis Carrillo de Mendoza, tío del conde de Pliego, gentilhombre de la Casa del Rey desde la Jornada de San Quintín; excorregidor de Villena-Chinchilla y las Nueve Villas, Requena y Utiel «donde dio muy buena cuenta y honrada residencia». Por otro lado, él en persona prendió a un bandolero valenciano. Sirvió al rey en el socorro de Malta y en Orán y fue jefe de un destacamento de infantería de Cuenca que acudió a la Guerra de las Alpujarras. Las virtudes que destacan en él son que «es muy cuerdo y muy cristiano y en quien cabe bien cualquier honrada ocupación y muy sin codicia».

2.   Don Juan Pacheco. Señor de Minaya Caballero de Santiago. Gentilhombre de la Cámara de Felipe II. Yerno del licenciado Jaraba que fue del Consejo Real. Sirvió en el apuntamiento de cuestiones del partido de Jaén. «Es hombre cuerdo y tiene hacienda y deseo de servir».

3.   Licenciado Pedro de Artega. Llevaba sirviendo al rey desde hacía veinticuatro años en oficios de justicia. Fue alcalde mayor de Zamora, Málaga, Cuenca y Valladolid, en donde fue corregidor durante un año tras la muerte de Cristóbal Mariño. «Ha tenido muchas comisiones de importancia» como la de ir contra los salteadores de Ronda y Jerez. También hizo en Málaga muy buen servicio contra los moriscos. En conclusión, «es letrado y de muy buen entendimiento activo y ha más de siete años que aguarda a ser proveído».

Por su parte, el licenciado Guardiola y el doctor Amézqueta proponían también:

1.   Al licenciado Martín de Arriola. Exteniente de asistente de Sevilla del marqués de Almazán (Bernardino Suárez de Mendoza, 1580-1582), luego alcalde mayor de Caravaca. Desempeñó «otros oficios» de órdenes y corregimientos en Madrigal y Tordesillas amén de comisiones de importancia. En conclusión «hombre de mucha bondad, cristiandad y experiencia y ha mucho tiempo que aguarda su provisión».

2.   Al licenciado Martín Fernández de Frías, «graduado de licenciado por Salamanca», llevaba diecinueve años sirviendo en corregimientos de Madrigal, Olmedo, Palencia; había sido gobernador del priorato de San Juan; auditor general del ejército que se reunió en 1589 del que era capitán general el prior de San Juan. A lo largo de su carrera y en todos sus oficios «ha dado buena cuenta y residencias».

El licenciado Juan Gómez puso sobre la mesa los nombres de:

1.   Don Félix Nieto de Silva, natural de Ciudad Rodrigo, «caballero muy principal», muy buen cristiano y con una renta de más de 3.000 ducados. Llevaba muchos años siendo regidor y procurador de Ciudad Rodrigo.

2.   Don Rodrigo del Águila, vecino de Ávila, «que es un caballero muy principal y muy rico y en quien cabría bien cualquier honrada ocupación» (me da la impresión de que es el más gris o el menos brillante de todos los candidatos).

Finalmente, el doctor Amézqueta propuso a:

1.   Don Jerónimo de Santa Cruz Fajardo, excorregidor de las Cuatro Villas de la costa de la mar, «y dio muy buen residencia». Además, «ha servido en cosas de guerra y tiene muy buen seso y mucha diligencia y es persona de mucho servicio» (o de muchas ganas de estar al servicio del rey).

La decisión del rey fue favorable a don Alonso de Cárdenas, que fue nombrado el 24 de marzo de 1592 y tomó posesión el 19 de junio de 1592 (según Actas del Ayuntamiento de Madrid).

Una vez más, el oficio de corregidor de Madrid se extendía en el tiempo más allá del año preceptivo: el 24 de julio de 1597 la Cámara estudiaba nuevos nombramientos en Madrid, Córdoba y Asturias. Las razones esgrimidas eran que en Madrid don Rodrigo llevaba desde 1592, que en Córdoba se había muerto don Jerónimo de Mendoza dejando vacante la plaza de corregidor y que en Asturias estaba sirviendo el oficio desde 1594 el licenciado Duarte de Acuña. Por todo ello, por unanimidad proponían a:

1.   Don Alonso de Cárdenas, excorregidor de Madrid (nombramiento 2 de abril de 1583 y toma de posesión 27 de mayo de 1583, según las Actas del Ayuntamiento) y de Granada; «persona de muy buenas partes y calidades y tiene experiencia de negocios».

2.   Don Diego de Córdoba Ponce, caballero de Calatrava, gentilhombre de Felipe II, comendador de la Fuente del Moral. Hijo de Andrés Ponce que sirvió a Felipe II en Orán y el propio don Diego, también «hasta que el conde de Alcaudete, su sobrino, vino a España». También sirvió en Inglaterra, Flandes, en las galeras de don Juan de Austria, contra los moriscos rebeldes, y acababa de poner punto y final a una visita a la Orden de Calatrava.

Por su parte, el presidente y los licenciados Juan de Acuña y Valladares Sarmiento propusieron a:

1.   Don Diego de Lugo y Guzmán (que fue nombrado corregidor de Asturias), caballero de Santiago. Exprocurador a Cortes por Salamanca, excorregidor de Antequera, «hombre cuerdo y tiene muy buena hacienda». En 1599 volvió a sonar para ser corregidor de Madrid.

2.   Don Juan Suárez de Carvajal, caballero de Santiago, gentilhombre de la cámara del archiduque, señor de Peñalver y Alhóndiga, hijo de Garci Suárez de Carvajal que fue corregidor de Córdoba, de Granada y consejero de Hacienda. Este don Juan «tiene buena persona y entendimiento y muy buena hacienda».

A su vez, el presidente y el licenciado Valladares presentaron a:

1.   Don Gonzalo Brochero de Tejeda, regidor de Salamanca; tiene 5.000 ducados de renta y muy buenas referencias en sus residencias, «es hermano mayor de don Diego Brochero», caballero de San Juan y almirante de la Armada de Felipe II.

Felipe II respondió que «mientras dura el mal de Madrid [peste] será mejor no mudar de gobierno, y para Córdoba nombra a don Juan Suárez de Carvajal».

Efectivamente: en Madrid había peste (Alvar, 1998) y para Córdoba se habían propuesto algunos candidatos igual que para Madrid o Asturias, así, Alonso de Cárdenas, Suárez de Carvajal, Diego de Lugo, Gonzalo Brochero. Otros propuestos no lo habían sido repetidamente, don Gonzalo de Ulloa Carvajal, que era caballero de Alcántara, natural de Cáceres, excorregidor de Jaén, «que tiene de comer».

Finalmente, el presidente de la Cámara decía por sí solo que si el que tenía que ir a Córdoba debía ser un letrado, proponía al:

1.   «Licenciado Mosquera de Figueroa, que se halla al presente en aquella ciudad donde fue a tomar residencia al corregidor pasado y entiende en otras cosas que se le han cometido y el cabildo y los jurados de ella le piden con instancia. Sirvió en algunos oficios de lugares de señorío y el año de 83 fue auditor general de la Armada que se halló en la Tercera y después fue corregidor de Écija de que dio buena cuenta y residencia».

¡Qué cerca está Cervantes de muchos de estos, en las campañas de Orán, con Cristóbal Mosquera, etc.!

Don Juan de Acuña propuso al doctor Liébana, exteniente de corregidor de Madrid (el 10 de enero de 1592 había dejado ese oficio y pasó a fiscal de la cárcel de corte) para pasar de corregidor a Córdoba.

En cualquier caso, don Rodrigo del Águila siguió siendo corregidor de Madrid y se tragó la peste, y la muerte de Felipe II y la proclamación de Felipe III. Nada comparable con lo que se avecinaba con el nuevo gobierno… y el traslado de la corte a Valladolid y su regreso.

Y así es cómo en 1599 la Cámara vuelve a instar al relevo del corregidor de Madrid. Por unanimidad:

1.   Licenciado García de Medrano, exalcalde del crimen de la Chancillería de Granada durante seis años. Es la primera vez que uno señalado es propuesto al oficio de corregidor de Madrid: «Se le hizo una vista en la Chancillería de Granada y se le suspendió por tres años. Fue procurador por Soria y en Cortes siempre intentó encaminar el servicio de Su Majestad que haya gloria».

2.   Don Diego de Lugo y Guzmán, caballero de Santiago, exprocurador por Salamanca, excorregidor de Antequera; corregidor en activo de Asturias desde 1597, «hombre cuerdo y tiene muy buena hacienda».

El presidente y el licenciado don Juan de Acuña y Valladares proponían a:

1.   Don Diego de Vargas Carvajal, natural de Trujillo, «caballero cuerdo y tiene buena hacienda». Era corregidor de Cuenca en activo y estaba casado con la hermana del conde de Altamira, lo cual al parecer era un mérito.

El presidente y Valladares proponían también a:

1.   Don Diego de Vega, alférez mayor de Jerez de Badajoz. Su padre había servido a Felipe II, entre otros momentos, «en lo de Portugal». Se le tenía por caballero principal, cuerdo y cuidadoso.

Y el presidente por sí mismo presentó a:

1.   Don Francisco Villacís, veinticuatro de Sevilla, «caballero rico y de buenas partes».

Por su parte, el licenciado don Juan de Acuña a:

1.   Don Martín de Porras, regidor de Burgos y procurador en Cortes, en donde trabajó a favor de Felipe II. Había formado parte de juntas de Hacienda y se le calificaba como «hombre prudente».

Lo curioso es que por orden dada el 19 de enero de 1599 se nombró a Mosén Rubí de Bracamonte, de Ávila, que no estaba en ninguna de las candidaturas de la Cámara. Y es que Lerma era mucho Lerma, más que Cámara, la Cámara de Castilla.

Y también es curioso que no se conserve el expediente, ni ningún informe de Silva de Torres (corregidor desde el 6 de mayo de 1602), el corregidor que gestionó el Madrid sin corte, para hacer lo que quisiera el duque de Lerma, y trabajó denodadamente para la vuelta de la corte, y para darle honores y riquezas a Lerma, y era tan próximo a Lerma, que acabó destituido, deshonrado y nombrado guardabosques de El Pardo. El gran matrimonio que estaba preparando para su hija acabó siendo una recomendación para que se metiera en un convento. El torbellino de la corrupción y de la moralización se lo llevó por delante (Alvar, 2001).

El 10 de enero de 1607 la Cámara propuso a:

1.   Don Gonzalo Manuel, caballero de Calatrava, veinticuatro de Córdoba, procurador por Córdoba en las Cortes de 1592; excorregidor de Burgos. Sin duda, hombre próximo a Lerma.

2.   Don Fernando Girón, hábito de Santiago, señor de Cardela y gobernador (hoy Cádiz). Fue gobernador de Llerena y visitador de la Orden de Santiago. Bisnieto, nieto e hijo de leales servidores reales.

3.   Don Juan Suárez de Carvajal, que ya lo hemos visto antes (en la remesa de 1597).

4.   Don Diego Sarmiento de Acuña, al que le dedican encendidísimos elogios; incluso desmesurados.

Lerma eligió a don Gonzalo Manuel.

Años más tarde, el 31 de marzo de 1611 se proponían relevos:

1.   Sarmiento de Acuña.

2.   Don Jerónimo de Santa Cruz Fajardo (véase 1592).

3.   Don García de Silva y Figueroa, excorregidor de Jaén, Toro y Badajoz. Desde Jaén había bajado al socorro del Puerto de Santa María en 1598. El Consejo de Indias le había mandado diversas consultas sobre Filipinas y Chile.

Lerma nombró a don Pedro Guzmán, caballerizo que fue de la reina difunta (es decir, doña Ana de Austria, 1581).

Esta vez los relevos se propusieron el 5 de febrero de 1616:

1.   Don Bernardino González de Avellaneda y Delgadillo, I conde de Castrillo, mayordomo mayor del príncipe Filiberto. Asistente en Sevilla. Presidente de la Casa de la Contratación de Indias. General de los galeones de la guarda de la Carrera de Indias, etc.

2.   Don Francisco Villacís (véase, 1599), caballero de Santiago; excorregidor de Segovia y Toledo.

3.   Don García Suárez de Carvajal. Viudo, entró en la Iglesia y llegó a obispo de Lugo (¿?, en todo caso, su padre).

Felipe III nombró a Villacís.

Lerma supo compensar la lealtad de Villacís, pues fue nombrado I conde de Argamasilla desde abril de 1618.

Pero la muerte de Felipe III implicó nuevos cambios. Así la Cámara de Castilla proponía al mes del reinado de Felipe IV (abril de 1621), que se cambiara al corregidor de Madrid por uno de estos candidatos:

1.   Juan de Castro y Castilla. Regidor de Burgos. Gentilhombre de boca de Felipe III. Procurador a Cortes por Burgos, estuvo en Lerma en la Jornada de las Entregas (1615), fue soldado en Flandes, su padre sirvió a Maximiliano II y a Rodolfo; trajo a España el Toisón para Maximiliano.

2.   Don Diego de Bazán. Fue del Consejo de Hacienda. Gentilhombre de Felipe III. Corregidor de Asturias, Badajoz; procurador a Cortes por Toro en 1602; su familia había servido a la corona desde siempre.

3.   Don Juan de Bracamonte Zapata. Caballero de Santiago. Hijo de Mosén Rubí. Nieto por parte de madre del conde de Barajas. Graduado por Salamanca, etc.

Felipe IV designó a Juan de Castro y Castilla. Pero «por algunas consideraciones» se suspendió todo el protocolo de nombramientos y toma de posesión.

Se volvió a activar el 11 de febrero de 1622, según estas propuestas:

1.   Don Luis Gaitán de Ayala, caballero de Santiago, exembajador en Saboya y regidor de Toledo. Sobrino del Luis Gaitán anterior.

2.   Don Luis de Godoy Ponce de León, caballero de Santiago y excorregidor de Valladolid, Murcia y Jaén. Fue custodio de Ramírez de Prado, de Franqueza, de Osuna.

3.   Manuel Francisco de Hinojosa, caballero de Santiago. Hijo de un antiguo consejero de la Cámara. Excorregidor de Trujillo, de Villena-Chinchilla, gobernador de la provincia de Castilla de la orden de Santiago, ejecutor de la expulsión de los moriscos de Ocaña y su tierra, custodio también de Franqueza, de Rodrigo Calderón.

Extrañamente no hubo resolución. Se vuelve a poner en marcha el proceso el 24 de mayo de 1625 y se habla de nombrar a:

1.   Don Luis Gaitán de Ayala.

2.   Manuel Francisco de Hinojosa.

3.   Don Francisco de Brizuela y Cárdenas. El rey había dado orden de que entre los candidatos le propusieran a este, que ejercía de gobernador en Aranjuez desde hacía ocho años y había sido caballerizo de la reina, al parecer, durante trece años.

Curiosamente salió elegido como nuevo corregidor de Madrid.

Cinco años después, el 15 de febrero de 1630 se propone a:

1.   Don García Bravo de Acuña, caballero de Santiago. Administrador general del almojarifazgo de Sevilla; excorregidor de Granada. Debía de ser hombre de edad porque «ha más de cincuenta y tres años que empezó a servir», con don Juan de Austria. Hombre, pues, de guerra, cuando fue nombrado para presidir la Audiencia de Canarias, se excusó.

2.   Don Nuño de Mújica, caballero de Santiago. Mayordomo del cardenal Infante. Regidor de Ávila. Estuvo en la Jornada de Inglaterra de 1588. Toda su familia había estado al servicio de la corona o de la Inquisición.

3.   Don Juan Pizarro de Aragón. Caballero de Calatrava. Excorregidor de Guadix, donde puso orden en una ciudad demasiado alborotada. Su familia también había estado al servicio de la corona.

Felipe IV nombró a Nuño de Mújica.

En los años siguientes se pierde la antigua fuerza de las candidaturas: el 23 de julio de 1633 se nombra por vez primera a un título, al conde de la Revilla. El 4 de julio de 1636, al conde Montalvo y el 20 de abril de 1637 al conde de Peñaflor, don Francisco de Villacís, que bien nos vale de ejemplo de ascenso social. A partir de 1640 se produce cierto galimatías en los nombramientos, y regresan pecheros. Pero todo esto ya exige investigaciones nuevas.

EL DÍA DE SAN MIGUEL DE 1561: ELECCIÓN DE OFICIOS MUNICIPALES DE SEGUNDA FILA

Cuando Felipe II se trasladó desde Toledo, no lo hizo a solas. Tras él vinieron varios miles de personas. Y al año siguiente, también (Alvar, 1989 y 2013).

Hablan los economistas de elasticidad de oferta y demanda y de su contraria, la inelasticidad. Los hay que hablan de proteccionismo y libertad de mercados.

Y en la España popular había un dicho, «poner puertas al campo», como máxima de la acción de lo imposible.

A Madrid, en 1561 empezó a llegar gente. Hubo presión demográfica y con ella alteración de las costumbres. Algunos lo verían con indiferencia; otros, efectivamente querían ponerle puertas al campo. Era ético, bien aprobado, vender los bienes de consumo «sin pérdida ni ganancia». Era un anhelo, también, no hacer novedad: no nombrar más oficiales municipales, no cambiar lo consuetudinario porque hacer novedad no era bueno. Pero la población seguía creciendo.

Por otro lado, desde una óptica no microsocial, sino macrosocial, el mundo ya no era lo que fue dos décadas antes. Ahora, además de redondo, movía grandes cantidades de dinero contante y sonante, o fiduciario por medio planeta o más. Para moverse tanto dinero algunos tenían que saberlo hacer y hacer novedad. Podían ser elementos incómodos a la tradición social.

En tercer lugar, la representación de los vecinos de la ciudad recaía en sus dos cuerpos: los hidalgos y los pecheros. No pensemos que las proporciones eran equilibradas, ¡ni falta hacía!, sino que eran muy desequilibradas. Naturalmente. La mitad de los oficios los detentaban los hidalgos, que solo eran unos poquillos. La otra mitad de los oficios la detentaban los pecheros, que eran muchísimos.

Quien conseguía entrar en el grupo de los hidalgos, tendría más posibilidades de obtener cargos de representación, con lo que a ello atañe y beneficia. Entre otras cosas, privilegios y calidad social.

Si la sociedad era una balsa de aceite, eso quería decir que todo estaba en orden. Pero si había jaleo, inmigración, dinero, alteración de la estabilidad había que poner orden. ¿Cómo? Con los mecanismos que conocía la sociedad.

Era una sociedad acostumbrada a estigmatizar, a categorizar, estratificar, cualificar.

Vayamos, de la mano de Goffman, a una representación teatral microsocial en 1561.

En el día de San Miguel, el 29 de septiembre, era costumbre que se reuniera el Ayuntamiento para la elección de los oficios municipales que no eran perpetuos (estos eran además del corregidor, los regidores y escribanos). En concreto, hoy toca la elección de fieles y alcaldes de la Hermandad. Los fieles son los encargados de controlar el sistema de pesos y medidas de la localidad y supervisar la buena calidad de lo que se pone a la venta, sobre todo en alimentación (está muy especificado en la sesión de 2 de diciembre de 1569). Hoy sería algo así como un defensor del consumidor. Los alcaldes de la Hermandad son los responsables de las cuadrillas de ese cuerpo popular de defensa de la tierra de una localidad.

Los fieles son hidalgos. Los alcaldes van por «mitad de oficios».

Antes de procederse a la elección, el regidor don Pedro de Herrera exige que se revisen los padrones de vecinos porque, expone, a los curas que hacen los padrones van muchas personas que no son hijosdalgo diciendo que lo son para así obtener los beneficios de pertenecer a tal estado y «a los otros los excluyan».

La propuesta de don Pedro es aceptada, asentida y proclamada por unanimidad por todos, desde el corregidor al regidor más joven en una escena en la que todos dirían varios síes, asentirían con la cabeza y mostrarían la dignidad de exigir que se cumpliera la sentencia y concordia de Montalvo (1484, 1986), gran recopilación de las leyes de Castilla, sancionada según ellos dicen por Juan II, pero no sancionada por Isabel I, cuando se publicó. Dicho sea de paso, que los trabajos de Montalvo son aún tema de importantes estudios de nuestra historia del derecho (María e Izquierdo, 2004).

Hecha la aclaración de la «calidad», o de los requisitos de inclusión-exclusión para ser fieles y alcaldes, se procede a la elección, que no dura más allá del pronunciamiento de los nombres de los propuestos: «En este ayuntamiento nombraron por alcalde de la Hermandad de los hijosdalgo a Alonso de Lara» y «nombraron por alcalde de la Hermandad del estado de pecheros a Luis Jimeno». Mitad de oficios en estado puro.

Luego se procede a la elección de fieles, que se hace por parroquias y de la que te ahorro, lector, más detalles: no hay graves disputas y todo transcurre con normalidad. Madrid es una ciudad más tranquila que otras, como por ejemplo, Toledo.

Y va pasando la mañana con la elección de procurador general de Madrid, mayordomo de propios, obrero de la Villa, apreciador, medidor de las varas y medidas, pesador de los pesos, contraste, guardador del sello municipal…

La reunión, aun a pesar de haberse nombrado una decena de oficios municipales, transcurrió sin sobresaltos. Solo se exigió la exclusión por razón de hidalguía cumpliendo con seculares leyes.

De momento, ni una alusión a los orígenes conversos de nadie.

ELECCIÓN DE DIPUTADOS A CORTES, 4 DE ENERO DE 1563

Vayamos a otra función. Hay que elegir diputados en Cortes. Castilla, por aquel entonces, estaba representada en Cortes por dos diputados de cada una de las 18 ciudades que tenían «voto» o representación. Ni una más, ni una menos. Desde 1535 no se convocaba ni a la nobleza, ni al clero. Y la representación en Cortes no estaba regulada por el sufragio universal, ni cosas tan así.

Veamos, insisto, con Goffman esa representación teatral microsocial de 1563.

Es el frío día del 4 de enero de 1563. El portero del Ayuntamiento ha ido casa por casa requiriendo a los regidores que se presenten a la reunión. Solo uno, don García de Toledo, no ha podido ir porque está enfermo. Se tañe la campana. Se procede a la lectura de la convocatoria de Cortes firmada por el rey en Madrid el 12 de diciembre de 1562. Entonces el Ayuntamiento de Madrid no tenía edificio propio y se reunía en el atrio de la iglesia de San Salvador, y es de suponer que en su interior cuando apretara el frío. Se requiere al cura que se traiga unos Santos Evangelios, «y sobre la señal de la cruz y palabras de los Santos Evangelios, en que corporalmente pusieron sus manos derechas los dichos señores regidores que están presentes, de hacer bien y fielmente la dicha elección y nombramiento de procurador de Cortes, conforme a la sentencia del licenciado Montalvo y concordia de Juan de Bobadilla, sin afición ni por parcialidad alguna, y de tener secreto de lo que pasare en el dicho ayuntamiento», procedieron al juramento y «dijeron todos “sí, juro” y “amén”».

Constituido así el grupo social y reconocidos sus integrantes, se pasó a la siguiente fase de la representación. Se requirió de nuevo al párroco —Diego de Peñalosa— que procediera a dar lectura a los nombres de los parroquianos de su feligresía. Pronuncia los nombres de 25 personas, con algunos datos singulares: de uno dice que «mas ni ha vivido en la casa de más de cuatro años a esta parte ni yo les he administrado los sacramentos, a él ni a ninguno de su casa»; de don Francisco Osorio «es parroquiano habrá de un mes o dos, que yo sepa», sin duda recién inmigrado; y en fin, hay otro que tiene casa con puertas a dos parroquias. Solo se cita a hidalgos y a escribanos. Tal vez repleta la sala en la que están reuniéndose (o a saber si es en la nave de la iglesia), se decide echar suertes para ver a quién le toca representar a la Villa en las próximas Cortes, tanto por los regidores, cuanto por los caballeros de la localidad, siguiendo la concordia de Montalvo, la cual era de uso consuetudinario en los ayuntamientos. El acto fue así: «El señor corregidor mandó que se echasen las dichas suertes, conforme a la sentencia y concordia de Montalvo. Y vista y leída la dicha concordia, acordaron los dichos señores que se eche suertes, como se ha acostumbrado de hacer, así en la cuadrilla que cabe para echar las dichas suertes de las tres cuadrillas de regidores que hay en este ayuntamiento, y asimismo, del estado de los caballeros, en la parroquia que ha de caber, que es la de San Salvador».

El escribano municipal, a petición del corregidor, dio lectura a los nombres de los componentes de la cuadrilla sobre la que tocaba el honor de representar a la Villa en Cortes.

Se manda salir a los que no son regidores que han acudido a curiosear o a ejercer su derecho de ver.

Va a continuar la función. En ese momento alza la voz don Francisco de Carvajal, que «dijo que el oficio que él tiene y posee de alférez y regidor de esta Villa es desde el año de cincuenta y nueve a esta parte, y que hasta ahora no se le ha señalado cuadrilla ni ha habido elección de procurador después acá», por lo que pedía que se le encuadrillara en la cuadrilla citada porque estaba compuesta por cinco regidores y no por seis como las demás.

Y empieza el lío.

Se pide la voz desde una cuadrilla, compuesta por siete que piden que se haga así, pero que además, un licenciado Barrionuevo, que no tiene cuadrilla se meta en la otra cuadrilla de seis componentes, de tal manera que los veinte regidores de Madrid quedarían encuadrados en tres cuadrillas: dos de ellas de siete componentes y una de seis.

Al corregidor le parece bien y manda que a Barrionuevo se lo sorteen entre las dos cuadrillas de a seis.

Pedro de Ludeña, regidor en la cuadrilla de cinco componentes, protestó agriamente: probablemente su grupo menor estaba correctamente cohesionado y en una sola sesión municipal le podían entrar dos regidores más que alteraran su concordia… ¿o su cualidad social? ¡Efectivamente, los regimientos de Carvajal y Barrionuevo eran ¡«acrecentados»!, es decir, de nueva creación para ponerlos a la venta… ¿Quiénes compraban?; ¿hidalgos urbanos de rancio abolengo, o advenedizos de vaya usted a saber de dónde o de qué extracción social?

Siguiendo las órdenes del corregidor, Carvajal entró en la cuadrilla de Ludeña: quedaban así una cuadrilla de siete miembros y dos de seis. Se procedió a sortear a dónde meter a Barrionuevo y… entró en la de Ludeña, que, como se temía pasó de tener cinco regidores, tres hidalgos tradicionales y dos pecheros (el doctor Jerónimo de Pisa y Juan de Vitoria) —y por tanto, mayoría de hidalgos viejos— a tener siete regidores, tres hidalgos tradicionales, uno advenedizo y tres pecheros. ¡Menuda desestabilización microsocial!

Ya estaba casi todo en orden: se había determinado la colación que tenía derecho a ir a Cortes en representación de la Villa, se había puesto a los regidores en orden: ahora tocaba designar al agraciado. El corregidor dijo que, tomado el procedimiento que se hizo para la designación en 1555, se excluiría a los que ya hubieran estado en Cortes, ellos mismos, o los predecesores en el regimiento. Hubo protestas. Ludeña, Mendoza, Carvajal y Barrionuevo eran los únicos de la cuadrilla que no habían ido a Cortes. Hubo nuevo juramento. Hubo sorteo. Salió elegido… ¡don Francisco de Carvajal!, el hidalgo advenedizo.

Ahora tocaba designar al parroquiano de San Salvador que iría a las Cortes. Se pidió que se determinara escrupulosamente a los verdaderos parroquianos para que no hubiera casos como el de «don Francisco de Cisneros [que] no es parroquiano de San Salvador, aunque en la memoria que dio en este Ayuntamiento el dicho cura le trae por parroquiano, y porque el dicho don Francisco tiene dos puertas en su casa». Se llamó a capítulo al tal don Francisco de Cisneros, y «luego vino a este Ayuntamiento el señor don Francisco de Cisneros, y dijo que él es parroquiano de la parroquia de San Salvador y de la parroquia de San Justo, y que si es que ha de escoger en cual de las dichas dos parroquias ha de entrar en suertes de procurador de Cortes, que él escoge ser parroquiano de la parroquia de San Salvador, porque la puerta principal de su casa sale a la plaza de San Salvador». Pasó igual con don Pedro de Granada.

Resueltos estos problemas se procedió a preparar la lista de parroquianos elegibles. Cuando se está preparando la lista, el licenciado Barrionuevo recuerda que existe la concordia de Montalvo y es la primera vez que en tan polémica sesión aparece el término de oro: «Cualidad» de la persona. Según el discurso recogido en las Actas del Ayuntamiento, «no puede entrar en suertes, sino el que fuere nombrado por la mayor parte de este Ayuntamiento, concurriendo en él las calidades que se requieren».

En verdad que cada regidor iba, en voz alta, diciendo los nombres de aquellos a quienes consideraba «parroquianos» con derecho a ser elegidos. A veces, hay muchas exclusiones sin dar razón de ello. Excepcionalmente algún regidor es más explícito; lo vemos enseguida. Don Pedro de Vozmediano ha nombrado a ocho candidatos, de los 25 que llevaba en su lista el cura párroco. A su designación se suma Bartolomé Velázquez de la Canal, que habla largo y tendido y nos explica lo que está pasando en los órganos de gestión y representación del poder en aquel grupo social:

Pide y requiere al señor corregidor que, por cuanto están nombradas muchas personas que no tienen las calidades que de derecho se requieren para tal oficio ni son de los contenidos en la carta y sentencia ejecutoria que esta Villa tiene del licenciado Alfonso Díaz de Montalvo, confirmada por el señor rey don Juan, de gloriosa memoria (por la cual se eligen todos los oficios de esta Villa, así de procuraciones de Cortes como de otros oficios), que pide y requiere al señor corregidor no admita a las personas para suertes de procuración de Cortes que no tuvieren las calidades contenidas en la carta ejecutoria sobredicha, porque de meter en suertes a personas que no tienen las dichas calidades, viene muy gran daño y perjuicio a la autoridad de esta Villa y al oficio para que se ha de nombrar. Y asimismo, es muy contrario al servicio de Su Majestad, porque en esta villa de algunos años a esta parte, no hay padrones y una de las cosas en que se conocen los hombres hijosdalgo es en entrar en suertes en semejantes oficios, y así lo articulan y prueban los que así hacen sus probanzas. Y porque entre los nombrados hay muchos pecheros hijos y nietos de pecheros, y que han tenido oficios de pecheros, como es muy notorio. Y si fuere necesario protesta declararlos. Que su merced mande que, antes que se echen las dichas suertes, se vea por los padrones que esta Villa tiene los que son pecheros, y que aquellos su merced no los admita a las dichas suertes, antes los excluya, mandándolas echar entre las personas que tuvieren calidades para ello, y haciéndole así, hará su merced lo que debe, lo contrario haciendo, protesta la nulidad de la dicha elección y suertes. Y que si su merced como ha dicho que, no obstante todo esto y todo lo que se dijere, ha de meter en suertes todos los nombrados y que se nombraren sin hacer primero esta diligencia que tiene requerido, que como regidor de esta Villa, y por lo que toca a la utilidad de ella y a sus ordenanzas y buenos usos y costumbres, o como uno del pueblo, o como mejor lugar haya de derecho, hablando con el acatamiento debido, apela de su merced y del mandato que sobre ello hiciere, salvo el derecho de la nulidad, y pídelo por testimonio.

Y ya, abierto el frasco de las esencias, «el señor don Pedro de Cárdenas dijo que hasta que se averigüe de qué parroquia es don García Ramírez, él no vota», aunque aceptaba la lista del cura párroco. Así sigue la reunión, con toda la casuística del enfrentamiento toda vez que han empezado los señalamientos. De hecho, hasta se requiere que se den los nombres de quienes no son hidalgos, o no son parroquianos: es decir, o que se señale, o que se callen.

Por fin, el corregidor volvió a ordenar, parece que sensatamente, pero echándose en contra todos los votos particulares que había habido: «Que él no sabe —arguye el corregidor— las calidades de las personas nombradas, y que con los dichos señores regidores y cura de la parroquia, con juramento, los han aprobado por tales, que manda que, sin perjuicio del derecho de las partes y sin que por entrar en suertes adquieran derecho a hidalguía ni otra exención alguna, que mandaba y mandó que todos los nombrados se echen en suertes». Dicho sea de paso, que don Francisco de Argote fue corregidor de Madrid desde el 11 de junio de 1561 hasta el 17 de febrero de 1563, en que se fue a su Córdoba natal. En año y medio de ejercicio del corregimiento, ya había tenido tiempo para enterarse de la realidad social de Madrid.

Se metieron en el cántaro las papeletas con los nombres de los citados por el cura, que fueron al final los que iban a ser elegidos y de entre todas ellas salió en la que estaba escrito el nombre del «licenciado Preciano», escribano de Madrid desde el 21 de marzo de 1561, por compra del oficio. Así que a las Cortes de Madrid de 1563 fueron un hidalgo advenedizo y un escribano recién incorporado.

Se había cumplido con la ley pues se habían seguido los decretos de la concordia y sentencia de Montalvo. No obstante lo cual, ¡los hidalgos más antiguos e incluso los cristianos viejos debían estar contentos!

Cuando a la vuelta del verano se empieza a hablar de abonarles los gastos como se había hecho con los procuradores en 1551, hubo de nuevo contradictores en el Ayuntamiento: ni a Carvajal, ni a Preciano se les pagó nada por la representación de la localidad.

La historia de Preciano como regidor de Madrid pasa sin pena ni gloria; no así su ajetreada vida de escribano, comprador y vendedor del oficio: el 29 de marzo de 1561 se persona en el Ayuntamiento con su título de escribano del número de la Villa. El 2 de junio de 1561 es nombrado letrado de la Villa por muerte del antecesor, el bachiller Santo Domingo. Preciano renunció esa escribanía en Rodrigo de Vera y el traspaso se formalizó ante el Ayuntamiento el 12 de octubre de 1562. No obstante sigue como letrado de la Villa. Pero como pasa a ser diputado en las Cortes de 1563, cesa como letrado el 27 de febrero de 1563. Preciano no se separa ni de la vida pública, ni de la municipal como se puede ver en las Actas del Ayuntamiento. De esa manera, vuelve a la carga en la primavera de 1567: el 28 de abril de 1567 formaliza en el Ayuntamiento —de nuevo— su oficio de escribano del número de la Villa y su Tierra y el 16 de mayo de 1567 se lo ha vendido a Lorenzo Hurtado de la Puente. El 17 de agosto de 1571 aparece en sesión municipal con el título de regidor que ha comprado (el 5 de junio de 1571) a Melchor de Casares (que muere el 1 de julio de 1571). El 11 de enero de 1572 aparece esta vez Cristóbal de Cuevas como comprador del título de regidor de Preciano.

La vida de Preciano es un buen exponente de la contradicción de la proliferación de conversos «americocastristas». Siendo escribano y zascandileando por oficios y representaciones colectivas (¡para eludir el estigma, nos dirían!), comprando y vendiendo oficios para hacer negocios con lo que ganara, ¿puede alguien pensar que no es un descendiente de conversos, o incluso que en su casa aún se judaizara? Y, sin embargo, desde 1561 a 1575 no he encontrado ninguna alusión a la falta de calidades en él.

Volvamos a donde estábamos antes del excurso anterior. Y concluyamos con lo que ha pasado con la elección de procuradores para 1563: esta vez todo ha sido más violento que en la elección de San Miguel de 1561. Pero tampoco ha aparecido ninguna alusión contra los descendientes de conversos, y eso que alguno apuntaba maneras.

En cualquier caso, el desorden habido trajo cola. En noviembre de 1566 hubo que redactar unas ordenanzas nuevas de elección de procuradores con arreglo al ordenamiento de Montalvo. No había buen recuerdo de lo acaecido en 1563, o en palabras de «el señor don Pedro de Ludeña dijo que él se halló en la elección de la procuración de Cortes pasadas en la cual hubo muy gran desorden a causa de que cada regidor podía nombrar los parroquianos que le parecieron».

Para poner orden en el desorden se decidió redactar unas ordenanzas para la elección de procuradores a Cortes, cuyos resultados se mantuvieron vigentes aún en 1616 (cuando se recopilan y redactan otras más) y cuyos resultados sirvieron de inspiración para el estatuto de limpieza de oficio del que hablo más adelante. En esas «Ordenanzas de 1575» o Forma y orden que se ha de guardar para la elección y nombramiento de el Procurador de Cortes, caballero parroquiano de Madrid y las calidades y requisitos que han de concurrir en los que pretendieren ser admitidos y se admitiere (Archivo de Villa. Madrid. Archivo de Secretaría, 2-303-17) se determina que «la Villa ha de elegir un caballero principal, honrado, hábil» (punto 3), «ha de ser natural de esta dicha Villa» (punto 4) «ha de ser hidalgo notorio» o por probanza o por «reputación en esta villa» (punto 7); y en fin «no se ha de admitir ninguno que él, o su padre haya usado oficio vil, bajo o mecánico o esté en servicio de alguna persona» (punto 10).

Contra individuos de origen converso o mala fama conversa, ni una palabra. En Madrid, ¿no los estigmatizaban o se callaban por si acaso?

LA PAZ SE HA PERDIDO. LA ESENCIA DE TODO: LAS REGIDURÍAS

La vida municipal va transcurriendo en aquel Madrid con Corte con el sosiego normal: tranquilidad, apoyos, protestas, gestión municipal, preocupaciones por tener que convivir con la Corte.

No obstante, alrededor de 1567 se introducen novedades que van a acrecentar la crispación. Proceden esas novedades de la determinación de Felipe II en 1557 de incrementar el número de regidurías y juradurías, escribanías y otros oficios.

Las consecuencias empiezan a llegar casi una década después. Conviene observar que una cosa son los acrecentamientos de oficios y otra los traspasos.

El 14 de mayo de 1563 se presentaba en el Ayuntamiento Juan Zapata de Villafuerte. Lo hacía porque el 23 de abril de 1563 don García de Toledo, ayo del príncipe, había renunciado su oficio de regidor en Juan Zapata de Villafuerte, a todas luces pechero. La renunciación era sancionada por Felipe II desde Madrid el 2 de mayo de 1563. El 10 de diciembre de 1567 tomaba posesión de su oficio de regidor Alonso Martínez de Cos. Se lo había comprado a Juan Zapata.

El 17 de julio de 1566 Francisco de Barrera presenta un título de escribano municipal, firmado por el rey en Valsaín el 9 de julio de 1566. Es de nueva creación y, por ende, comprado al rey.

Pero como digo, es en 1567 cuando hay una primera revolución en las regidurías de Madrid:

El 28 de julio de 1567 aparece en el Ayuntamiento Juan del Campillo, con título de escribano, por renunciación de (o sea, comprado a) Francisco López. Un traspaso de estos no generaba inquietud porque todo quedaba en el mismo grupo de pertenencia y de referencia.

El mismo día, 28 de julio de 1567, se presenta don Gabriel de Herrera con título de regidor que le ha traspaso su padre, don Melchor de Herrera. Por cierto don Melchor de Herrera había empezado sus servicios como contador y acabó siendo marqués. Pero como es hombre poderoso (y fue juzgado por corrupción) no genera inquietud el traspaso de su regiduría.

Sin embargo, el 11 de agosto de 1567 don Juan Ramírez de Vargas presenta su título de regidor (dado en Madrid el 31 de julio de 1567). Procede de acrecentamiento, o sea, compra al rey. Es un regidor hidalgo más en el Ayuntamiento de Madrid.

El 3 de octubre de 1567 ante el pleno del Ayuntamiento aparece un tal Juan de Galarza con un nombramiento de regidor municipal firmado por el rey (dado en Madrid a 29 de septiembre de 1567). ¿Quién era Juan de Galarza? Es «nuestro contador de resultas». O sea, que en 1567 se acrecentaba el número de regidores de Madrid vendiendo uno de los oficios a un hombre de dinero. Por otro lado, Galarza aparece como fiador en las actas municipales de muchas actuaciones hipotecarias. Estaba casado con una hidalga, doña Isabel Hurtado. Lector, deduce lo que quieras de ello, pero no vas descaminado. Nadie se opone a su nombramiento y no pasa nada. Sin embargo, su primera intervención el 6 de octubre es bastante imprudente: en ella pide que se aplace la elección de receptor municipal. Es contestado airadamente por el corregidor, «el doctor Pernia». Este es el acalorado debate que se tiene en público:

El señor contador Galarza dijo que él es regidor nuevo y querría informarse de la persona que debe nombrar. Que pide y requiere al señor corregidor mande alargar esta elección para otro ayuntamiento para que él pueda venir informado de la persona que convenga para el dicho oficio.

El señor corregidor dijo que, atento que es vecino de esta villa, por do se presume tener noticia y relación de las personas que convengan para el dicho oficio, que si quisiere votar, que vote, sin embargo de lo que dicho tiene, y si no, que pase adelante y voten luego por su orden.

El señor contador Galarza dijo que, en cuanto a ser vecino de esta villa es así, pero que él ha residido en la corte desde que nació, y por esta causa, no está tan instructo e informado de las personas que convengan para esta elección. Que de nuevo pide y requiere al dicho señor corregidor lo que pedido y requerido tiene.

El señor corregidor dijo que se prosiga la elección y que voten por su orden.

Por esta y otras intervenciones, no parece que Galarza fuera hombre bienquerido por el corregidor.

Que no anduvieran sosegadas las cosas en el Ayuntamiento, o durante este corregimiento, es posible, porque el 6 de octubre de 1567, durante la elección de receptores de rentas se organizó la del rosario de la aurora: intentaron unos posponer la votación, a lo que el corregidor se negó; arremetieron los otros con afirmaciones del tipo «[Diego de Vargas dijo] ha venido a su noticia que los más de los señores regidores que están presentes, vienen prendados y han sido rogados por sus votos para dar la dicha receptoría a Marcos de Vega, vecino de esta villa. Y para hacerse la elección como conviene, es justo que todos los regidores vengan libres para dar sus votos a la persona que pareciere más hábil y suficiente para el dicho oficio de receptor»; quiso escabullirse el de más allá «el señor contador Galarza dijo que él es regidor nuevo y querría informarse de la persona que debe nombrar»; hicieron ademán de boicotear la sesión los otros, a lo que «el señor corregidor mandó que ningún caballero se salga del Ayuntamiento ni esté en él hasta que se concluya el negocio que está comenzado a votar, so pena de 1.000 ducados, lo cual yo notifiqué a los dichos señores»; saltaron con un «y que, pues son dadas las once, a que son obligados a estar conforme a la provisión, que le pide y suplica dé licencia para que se acabe el ayuntamiento»… Al final salió elegido Marcos de Vega. Pero en la sesión siguiente, de 8 de octubre, el corregidor llamó a capítulo a todos los regidores:

En este ayuntamiento el señor corregidor dijo que, por cuanto en los ayuntamientos pasados ha habido desorden, así en los negocios que se han tratado en atravesarse en palabras unos caballeros con otros y dado voces que se han oído en la plaza y turbándose los negocios, para que no se hagan por el orden, decencia y decoro que conviene a la expedición de los negocios que se tratan en el dicho ayuntamiento, por tanto que mandaba y mandó que de aquí adelante en el dicho ayuntamiento se guarde la orden siguiente…

Mas nosotros, a lo nuestro. Sigamos con el baile de asientos: el 7 de mayo de 1568 don Pedro de Ludeña cede su asiento a Miguel de Cereceda, pechero, que le había comprado el oficio. La renuncia en él había sido sancionada por Felipe II el 4 de mayo de 1568. Ni un año después Cereceda traspasa el oficio a Juan Zapata de Villafuerte. Una regiduría que otrora detentaba un hijodalgo había pasado a un pechero que, como harían todos, traficaba con ella, pero para engrandecimiento propio y del comprador.

El 9 de mayo de 1569 don Pedro Luzón —que era regidor desde el 15 de julio de 1560, o sea, antes de llegar la corte— cede su asiento a Marcos de Almonacid, que entre otras cosas había sido depositario y receptor de rentas y alcabalas de Madrid. La renunciación la sanciona Felipe II el 19 de abril de 1569. Pues bien, tan pronto como puede, la traspasa de nuevo, esta vez en Pedro Rodríguez de Alcántara (sanción de 14 de noviembre de 1569). No obstante lo cual, Marcos de Almonacid compra una regiduría acrecentada el 31 de diciembre de 1572.

Mas volviendo a 1567 había determinado Felipe II sacar a la venta tres regidurías de nueva creación en Madrid. Hasta finales de ese año solo habían salido dos al mercado, la de don Juan Ramírez de Vargas y la de Juan Galarza. Hasta el 18 de julio de 1571 no se completó la terna, adquiriéndola don Gaspar Coello, que se presentó en el Ayuntamiento para hacer efectivo su nombramiento el día 23 de julio de 1571.

Y luego, nuevamente a finales de 1572, propuso el rey incrementar otras dos nuevas regidurías, que las compraron un miembro de los escuderos y caballeros de Madrid y un pechero, vinculados a la actividad jurídica, al aprovisionamiento y a llevar cuentas del Ayuntamiento: Nicolás Suárez y Marcos de Almonacid.

Como vemos, con suavidad, casi inadvertidamente, el Ayuntamiento iba deshidalguizándose. ¿Y no iba a ocurrir nada?

LA PESADILLA DE MARCOS DE ALMONACID

Hemos visto a un tal Marcos de Almonacid gestionando los dineros del Ayuntamiento de Madrid. Un buen día ha debido de pensar que ya le es llegada la hora de cambiar de estatus social. Así que, ni corto ni perezoso, le compra la regiduría a don Pedro Luzón, que debe de tener ganas de volverse a Granada.

Don Pedro Luzón ha pedido permiso a Felipe II para hacer la renuncia el 3 de abril de 1569. El 19 de abril y desde El Pardo, acepta el rey el traspaso y nombra a Almonacid regidor de Madrid. Así es que, como he dicho antes, el 9 de mayo de 1569 el aspirante a regidor exhibe ante el Ayuntamiento la cédula real.

Sin embargo, iba a ocurrir algo extraño. Lo habitual es que se acepte sin más al nuevo regidor. Pero en esta ocasión, el doctor Pernia se sale de la norma: «La dicha real provisión fue obedecida con el acatamiento debido, y en cuanto al cumplimiento de ella, el señor corregidor mandó se vote por los dichos señores regidores, por su orden, sobre si será recibido o no el dicho Marcos de Almonacid al dicho oficio».

Y se abrió el frasco de las esencias. Juan Zapata de Villafuerte y Alonso Martínez de Cos pidieron que fuera admitido a regidor.

Don Juan Ramírez se negó. Dijo que «la Villa tiene dada cierta petición e información a Su Majestad de las causas por donde no conviene que sea recibido al dicho oficio el dicho Marcos de Almonacid, la cual Su Majestad tiene remitida a ciertos sus ministros». En la misma línea se situaron el contador Peralta, Álvaro de Mena, don Pedro de Vozmediano, Bartolomé Vázquez de la Canal, Pedro de Herrera y Diego de Vargas.

Finalmente el corregidor suspendió el nombramiento.

Sin embargo, el 27 de mayo de 1569 volvió a la carga Marcos de Almonacid. Presentó sus papeles anteriores firmados por el rey. Además, en el ínterin había hecho información ante Felipe II contradiciendo lo que la Villa argumentaba en su contra. Y Felipe II le apoyaba, por cédula real desde Aranjuez a 24 de mayo de 1569.

Aunque no he podido localizar el memorial de la Villa contra Marcos de Almonacid, la nueva cédula real de Felipe II es suficientemente explícita:

El dicho Almonacid presentó ante algunos del nuestro Consejo [sus alegaciones], suplicándonos que, teniendo consideración a lo que la dicha contradicción se hace por personas apasionadas y en su persona concurren las calidades de limpieza y las otras que son para tener el dicho oficio de regimiento, le mandásemos dar nuestra sobrecarta del dicho título, o como nuestra merced fuese…

Se le aceptó por regidor.

Mientras tanto, el 6 de junio de 1569 tomaba posesión del oficio de regidor Pedro de Medina, que había comprado el título al contador Hernando de Ochoa.

Sin embargo, el 2 de diciembre de 1569 se presentaron en al Ayuntamiento Almonacid y Nicolás Suárez con títulos expedidos el día anterior de fieles ejecutores reales. Al margen de sus competencias, es de destacar que Felipe II determinaba que los fieles ejecutores nombrados por él tuvieran más preeminencia y autoridad (en el poner precios a las cosas, o inspeccionar en general) que los nombrados por la Villa. Por otro lado, comoquiera que no podían ser regidores y fieles, el 14 de diciembre Marcos de Almonacid cedía su asiento a Pedro Rodríguez de Alcántara, que se lo había comprado el 2 de diciembre: no había, pues, ninguna irregularidad. Pero pronto iba a haber fuerte oposición.

De hecho, fue el 19 de diciembre de 1569 cuando el contador Galarza pidió al corregidor que, como iba a hacer una propuesta que afectaba a Nicolás Suárez que estaba en esa sesión, que le hiciera salir del Ayuntamiento. Así se hizo. Y Juan de Galarza, regidor de los del dinero, expuso a grandes rasgos los daños que se hacían sobre la Villa y su autoridad con el nombramiento de estos fieles ejecutores reales y no municipales, por lo que pedía la suspensión de la ejecución de su nombramiento.

El corregidor fue explícito: «Dijo que, so pena de suspensión de oficio y de cada 1.000 ducados para la Cámara de Su Majestad, les manda no hablen ni traten en este ayuntamiento sobre esto ni a voz de Villa ni de pueblo ni sigan este negocio, sino que obedezcan» las órdenes de Felipe II.

El jaleo era evidente: el ascenso social de los hombres de dineros a cargos de regidores, o de fieles —reservados a hijosdalgo— perjudicaba a los grupos sociales afectados, pero también a los otros, porque si se aumentara el número de pecheros, es verdad que tendrían más fuerza, pero también es verdad que a más pecheros, menos prestigio social de los que hubieran llegado primero.

La venalidad de oficios estaba generando una inestabilidad impensada (en el Ayuntamiento de Madrid, por lo menos).

Pero Galarza también había destapado su caja, la de los truenos. A renglón seguido de su intervención todos los regidores, y el procurador general de Madrid solicitaron poder hablar libremente del asunto. Todo indica que se suspendió la reunión y no se volvió a hablar del tema. Pero no por no hablarse del tema, el tema no existía. Si la presión fuera inaudita, habría vuelto a tratarse el asunto. Y no fue así: el 16 de enero de 1570 se mandaba a inspeccionar las pesas y medidas a Nicolás Suárez.

Hasta el 7 de enero de 1573 no iba a quedar despejado el horizonte. Almonacid y Suárez apostaban fuerte. Ese día comparecieron en el Ayuntamiento con un nombramiento de regidores firmado por Felipe II el 31 de diciembre de 1572. Pero la singularidad que tenía ahora el nombramiento era que Almonacid y Suárez habían logrado que esos dos regimientos fueran acrecentados, esto es, de nueva creación.

A su vez, parece ser que Felipe II entregaba al Ayuntamiento los dos fielazgos, o como ellos decían, «se consumían». La corporación dictaba inmediatamente el mecanismo de designación de fieles ejecutores de entre los regidores.

¿Cuánto dinero les costó a Almonacid y a Suárez la conversión de los fielazgos en regidurías? ¿En qué consistió esa negociación? ¿Qué papel jugó el Ayuntamiento para conseguir que los fielazgos reales se «consumieran» para mantenerse solo los municipales?

El 14 de enero de 1573 tomaba posesión del oficio de regidor Gabriel Galarza, hermano de Juan Galarza, al que se lo había comprado: Felipe II había tenido por bien la operación el 11 de enero de 1573.

Y antes de entrar en un fárrago de nuevas renunciaciones podemos dejar el terreno expedito y abandonar el camino que habíamos tomado.

En cierto modo se puede compartir la prudente impresión de Ana Guerrero: «Curiosamente, en ocasiones, serán los regidores que se han beneficiado del acrecentamiento de oficios los que más protesten» (Guerrero, 1993, p. 112).

Pasaremos, sin embargo, haciendo una pirueta a finales del siglo. Pero nos hemos de poner una red de seguridad: en el Ayuntamiento de Madrid y debido a las ventas de oficios, se habían alterado las estructuras sociales del poder municipal.

Ahora bien, aunque había habido más de una bronca municipal, nunca hasta ahora (1561-1573) he encontrado una alusión directa, demoledora, estigmatizadora contra cristianos nuevos.

UN SALTO EN EL TIEMPO: HACIA LA DÉCADA DE 1590

Entre 1561 y 1605 en Madrid hubo 151 regidores. El 42 por ciento fueron hidalgos notorios, el 20 por ciento lo eran de ejecutoria y el 34 por ciento eran pecheros. Estos pecheros eran banqueros, grandes comerciantes, altos burócratas de la Monarquía. Ahora bien, semejante evolución tuvo cuatro fases: 1561-1576, predominio de nobles, 1576-1580, de pecheros, 1580-1590, otra vez de nobles y a finales de siglo, predominio de pecheros de nuevo. Por tanto, es de esperar que la nobleza urbana intentara utilizar algún mecanismo de defensa contra ese goteo de pecheros.

Y esa es la realidad: las quejas, las protestas son por la pérdida de la presencia hidalga, no cristiano vieja, en el Ayuntamiento.

Las primeras discusiones se pueden rastrear —como hemos visto— en 1563, a la hora de elegir procuradores a Cortes, pero es algo tangencial a lo que ahora nos interesa. No es lo mismo.

Hubo otra avalancha de nuevas regidurías acrecentadas en 1577. Ante ello, el Ayuntamiento pidió al rey que fuera más cauto en su concesión:

En este ayuntamiento [19 de julio de 1577] se cometió a los señores don Pedro de Vozmediano y San Juan de Sardaneta se informen si se acrecientan en esta Villa más regidores de los acrecentados, y, acrecentándose, atento que esta Villa tiene provisión y cédula para que no se acrecienten, hablen a Su Majestad y a las demás personas que convengan y hagan las contradicciones necesarias y las diligencias que convengan sobre lo susodicho.

Y el fenómeno se desata nuevamente en 1582, en plena reconquista de su papel protagonista en el concejo por parte de la nobleza. Es entonces, 19 de enero de 1582, cuando:

Acordóse que los señores don Lope Zapata y don Hernando del Mármol vayan al señor presidente de Hacienda y en nombre de esta Villa le besen las manos y le den las gracias por la intención y determinación que su señoría ha publicado que tiene de no dar los oficios que Su Majestad ha mandado acrecentar en esta Villa, sino fuere a personas tan calificadas como es justo […] y que no los puedan renunciar si no fuere en persona de su calidad y a satisfacción del Consejo o de esta Villa.

Lo que había desatado este movimiento era la entrada de regidor por renunciación de un hidalgo en un pechero. La larga discusión se mantuvo abierta al mes siguiente, 8 de febrero de 1582, y aún más:

El señor licenciado Bedoya dijo que, habiendo esta Villa suplicado a Su Majestad que los regimientos que se hubiesen de proveer por renunciación o de otra cualquier manera, se diesen a caballeros principales y hombres principales, Su Majestad haciendo esta merced a esta Villa entre los regimientos que acrecentó, los dio a tres caballeros del lugar, y después acá nunca se ha pasado ningún regimiento en persona que no tenga la dicha calidad y requisitos. Y que habiendo vendido el señor don Lorenzo de Vargas el que Su Majestad le hizo merced al dicho Francisco Enríquez, esta Villa hizo contradicción y en el Consejo de Justicia fue excluido por no ser capaz del dicho oficio y estar casado con una hija de uno de los obligados que esta Villa tiene de tocino y pescado y ser notable daño que, habiendo los regidores de asistir a la plaza a ser fiel ejecutor, teniendo el suegro obligado al abasto del tocino y pescado y otros mantenimientos, la Villa sería mal servida y defraudados los pesos. Y que, asimismo, el dicho Francisco Enríquez no es vecino de esta Villa y conforme a la ley real no ha de ser admitido por regidor, cuanto más que tiene otros defectos.

¿Cuáles «otros defectos»?

El tal Francisco Enríquez fue admitido por regidor al aceptar el corregidor el cumplir la orden del rey por la que le nombraba. No obstante, muchos hidalgos madrileños y muy principales, se reservaron el derecho de protestar.

Nuevamente, ante otro acrecentamiento a favor de Juan Ruiz de Velasco, que por entonces era solo ayuda de cámara del rey (17 de julio de 1595), se pidió a Felipe II que dejara de incrementar el número de regidurías (4 y 15 de septiembre de 1595). Más adelante, el 11 de enero de 1602, se volvieron a examinar las sentencias de Montalvo y Bobadilla.

Todo ello son esos mecanismos de cierre del grupo por quienes están dentro: si se abre, pierden sus prerrogativas. No tiene más importancia; es una actuación social ordinaria.

Pero comoquiera que en los años siguientes ocurren más y más cosas indecorosas para el Ayuntamiento, todo se exacerbará. Las regidurías de Madrid se convirtieron abiertamente en bienes de inversión. Nada frenaba sus transmisiones. Y mientras se compraban y vendían las regidurías, el Ayuntamiento no tenía quien lo gobernara. Hubo que poner coto. Así, en efecto, «Lope Zapata, comendador de Ocaña, lo renuncia en Pedro de Ludeña, quien inmediatamente lo traspasa al hermano de don Lope que, desde luego, no tenía el rango del antiguo titular; Lorenzo de Vargas se lo transmite al administrador del señor de Layos [(Toledo)]; Ladrón de Guevara lo hace a favor de un letrado; y, por último, Juan Hurtado de Mendoza lo renuncia en su hermano, al parecer deficiente mental, para cederlo, de inmediato, a un hidalgo de ejecutoria» (según Guerrero, 1993, 94).

El Ayuntamiento de Madrid estaba perdiendo la calidad antigua.

Así las cosas, había que poner coto a tanto desmán. Había que reestratificar a la sociedad.

En la recta final hacia el estatuto de limpieza de oficio (otoño-invierno de 1602-julio de 1603).

El 23 de octubre de 1602, en una reunión municipal en la que bajo la presidencia de Silva de Torres estaban Gregorio de Usategui, Juan Fernández de Armunia, Miguel Martínez, Pedro Bravo de Urosa y un único hidalgo, don Gaspar Chacón, se abrió un arca de los truenos que llevaba cerrada bastante tiempo, unos diez años. Lo vamos a ver enseguida, pero antes…

Ante la petición de toma de posesión de un oficio de regidor, al parecer tomó la palabra el señor don Gaspar Chacón (por lo demás, hidalgo recién llegado) y dijo que cuando Felipe II acrecentó los últimos cuatro regimientos de Madrid, lo hizo con condición que en quienes se renunciaran fueran de la calidad de los poseedores. Los cuatro eran don Luis Zapata, don Lorenzo de Vargas, don Felipe de Guevara y don Juan Hurtado de Mendoza. Todos, pues, hidalgos.

Ahora, parecía ser —continuaba arguyendo Gaspar Chacón— que «esto no se ha guardado y que a la autoridad de esta Villa y de la república conviene que si algún regimiento desde aquí adelante se acrecentare o renunciare sea en personas tales cuales convengan a la autoridad y reputación de la república pues es tan grandiosa».

Llevado el tema a consideración del Ayuntamiento, «y visto por la Villa, habiendo tratado y conferido con mucha consideración, de conformidad se acordó se suplique a su Majestad y en su Consejo de Cámara, que los regidores que de aquí adelante hubieren de ser de esta villa sean personas de la calidad que convenga a su autoridad y reputación y que no sean personas que ellas ni sus padres ni abuelos hayan tenido oficio mecánico ni tienda pública y lo mismo se escriba al señor Duque de Lerma y se escriba a los señores Gabriel de Galarza y Félix de Vallejo lo soliciten y hagan las diligencias necesarias y escriban las cartas los señores don Juan de la Barreda y don Gaspar Chacón» (23 de octubre de 1602).

Las consecuencias inmediatas fueron las siguientes, las esperables:

[6 de noviembre de 1602] Acordóse que conforme al acuerdo que está hecho sobre los regimientos que de nuevo entraren, se contradiga el que de nuevo pretende Gaspar Rodríguez, mercader, que fue del señor don Francisco de Herrera.

Es decir, que se paralizara la entrada en el Ayuntamiento del mercader Gaspar Rodríguez, en quien había renunciado el hidalgo don Francisco de Herrera.

Si esta era la decisión municipal, ¿no se podría reforzar con alguna sanción real habida cuenta las buenas relaciones de Silva de Torres con Lerma y de este con Felipe III? Tocaba el turno de exigir que para ser regidor del Ayuntamiento de Madrid, hubiera que demostrar, no ya hidalguía (perdida la antigua mitad de oficios municipales), sino el no haber ejercido oficios viles o mecánicos, esto es, de tocar dinero o fabricar las cosas con las manos, o estar al servicio indigno de otros. ¿Contra quiénes irían estos estatutos si los hubiera? Contra los nuevos mercaderes enriquecidos. A las familias hidalgas urbanas, antiguas o llegadas hacía poco a los ayuntamientos, el mecanismo de estigmatización les venía bien, muy bien. A las familias «burguesas» llegadas al poder urbano en las décadas del reinado de Felipe II, les venía mejor porque cerraban el ascenso social a sus competidores y, al mismo tiempo, ellos se autoencumbraban.

Esta ola de rehidalguización (¡la rehidalguización, el re-ennoblecimiento de la política es una de las claves de la actividad de Lerma!) llegó a Madrid, por casualidad, ¿por casualidad?, mientras la corte estaba en Valladolid, con el nuevo corregidor, después de tomar Lerma posesión de su asiento como regidor, después de anunciarse que él había comprado casa y huerta en Madrid. Por casualidad, no. Madrid tenía que engrandecerse al son de los tiempos si quería seguir siendo una ciudad, como diríamos hoy, «competitiva»: un ayuntamiento que se preciara tenía que estar compuesto por gentes de «calidad» (el asalto de Lerma al Ayuntamiento de Madrid en Alvar, 2006).

Pues bien: el 11 de diciembre de 1602 el Ayuntamiento de Madrid decidió que para ser regidor había que reunir las mismas calidades que para ser procurador en las Cortes, según la Sentencia de Montalvo y la Concordia de Bobadilla (tal y como se había redactado por el municipio en unas ordenanzas de 1575, añado). De las cualidades la más singular era «que ni ellos, ni sus padres, ni abuelos hayan tenido oficio mecánico, ni tienda de paños, joyería, ni lencería ni otro ningún género de tienda en que se venda cosa alguna», según las actas municipales.

El proceso siguió. Se pidió la sanción real, y esta llegó. Claro que con Lerma, que no intervino contra conversos, no se iba a instaurar estatuto de limpieza de sangre. Así que Felipe III sancionó exactamente lo que le pedía el Ayuntamiento de Madrid, que para eso el corregidor era un correveidile de Lerma y este el regidor primero del Ayuntamiento. Efectivamente, la cédula real se firmó en Valladolid el 1 de julio de 1603.

No es que el grupo hidalgo se cerrara a los otros, sino que la hidalguía y los que ya estaban en el Ayuntamiento, aun siendo mercaderes enriquecidos, se cerraban a los otros. Matiz distinto.

Por ningún sitio aparece limpieza de sangre (que desde la perseverante ceguera se puede confundir con nobleza).

Mas advirtamos que, como en las cosas de la vida no todo funciona consecutivamente, sino que pueden pasar cosas a la par, mientras todo eso ocurría, el excluido Gaspar Rodríguez siguió con sus cosas. En efecto, el aspirante bloqueado siguió en su lucha en pos de la movilidad social, como décadas atrás Marcos de Almonacid. A los tres años, Gaspar Rodríguez de Ledesma volvió a ser traído a colación por Silva de Torres (en marzo de 1605): «Es público y notorio que Gaspar Rodríguez de Ledesma dicen ha sido mercader […]. Mandó se vote si el título que pretende de regidor que ha comprado si se ha de contradecir o no» (15 de marzo de 1605, AVM, Lib. 26, fols. 179r-181r.). ¡Y se lo planteaban rigiendo estatuto de limpieza de oficio!

A la hora de votar, el regidor Juan Fernández, de orígenes mercuriales, proponía que en vez de votar eso, que se votara… ¡si se preguntaba al rey si habría que cumplir la cédula de limpieza de oficio!

Silva de Torres le dijo que había que cumplirla y la Villa le acompañó en el voto. Luego, Silva de Torres dijo que se votara de una vez si se contradecía o no a Gaspar Rodríguez. Y la votación quedó empatada por siete votos a favor y siete en contra. Uno de los votos contra la exclusión era de un hidalgo, que argumentaba que señalarle «era contra un hombre y un linaje».

Ante tal panorama, el corregidor convocó al interfecto para el día siguiente y que fuera con su título para cerciorarse de si estaba dado antes o después del estatuto (15 de marzo de 1605, AVM, Lib. 26, fols. 179r-181r.). Se acordó, igualmente, ir a pedir al rey que confirmara que se había de cumplir su cédula (26 de marzo de 1605, AVM, Lib. 26, fols. 181v-183v.).

Pero las cosas, de puertas afuera, no estaban calmadas. En el Ayuntamiento se hacían eco de que «se quieren juntar mercaderes a invalidar el estatuto». El corregidor insistía en que se había de cumplir lo acordado (29 de marzo de 1605, AVM, Lib. 26, fols. 183r-v.). Ante tanta tensión, se suspendió la sesión y se volvió a reunir el Ayuntamiento el sábado 2 de abril y se discutió, muy enconadamente, sobre el asunto, para concluir que se llevaría todo a consulta real (2 de abril de 1605, AVM, Lib. 26, fols. 184r-186v): todo estaba tan claro, que quedaba en el aire... y que se involucrara el rey en la decisión, ¡rigiendo un estatuto de limpieza de oficio!

Sin embargo, el lunes 6 de junio de 1605 se personó ante el Ayuntamiento Gaspar Rodríguez —el mercader excluso— con una cédula real por la que se instaba al Ayuntamiento a que lo recibiera por regidor, tras haber renunciado en él don Bernardo de Sosa y Cáceres, en Salamanca el 28 de febrero de 1605. Es evidente que un regimiento en manos de un hidalgo pasaba a un mercader. Acaso como recurso al pataleo, unos días después, la Villa solicitaba la confirmación del privilegio de las calidades para ser regidor (6 de julio de 1605, AVM, Lib. 26, fols. 214v.). El dinero había podido más que otros argumentos.

En efecto, el proceso de hidalguización municipal aunque se reconocía por escrito, era papel mojado: «En 1603 ingresan: Gregorio Sánchez, mercader y Pedro Álvarez Henao, antiguo mayordomo del pósito, vinculado a los Henao, hidalgos de ejecutoria. En 1604, ingresan dos hombres relacionados con el mundo de los negocios: Andrés Morales y Juan Sauri; el hidalgo de ejecutoria es Fernán Rodríguez de Madrid, pariente de los Henao. En 1605, Benito Rodríguez de Ledesma, mercader y Cosme Ruiz Embito, hombre de negocios» (Guerrero, 1993, 133).

A TÍTULO DE REFLEXIÓN FINAL

Me gustaría resaltar algunos puntos: en primer lugar, que la limpieza de sangre no tiene que ver con la de oficio, como la hidalguía tampoco tiene nada que ver con la cristianía vieja. Que como tales «virtudes» se han confundido por modernos exégetas de documentos, esas confusiones han conducido a innumerables errores y equivocaciones. Que cuando «ellos», en los siglos XVI y XVII se confundían, lo que pretendían era precisamente eso, confundir. Como cuando a mediados del XVII se hablara de «conversos» en vez de «descendientes de conversos», o como cuando se habla de «judíos», cuando se quiere hablar de «conversos».

Que sin desdecir en absoluto la realidad social del mundo converso en aquella España del siglo XVI y XVII (o incluso del XV), no es menos cierto que hay espacios en los que no se siente esa presión, aunque se sea partícipe de la estigmatización colectiva. Pero no deja de ser ilustrativo el que no haya encontrado ninguna alusión a «cristianos nuevos» o «conversos» en la documentación manejada.

Entre diciembre de 1602 y el 1 de julio de 1603 (en que Felipe III sanciona el estatuto de limpieza de oficio tal y como se lo ha pedido la Villa de Madrid reproduciendo los acuerdos municipales de 23 de octubre de 1602 y 11 de diciembre de 1602) y el 24 de diciembre de 1638 en que Felipe IV impone un estatuto de limpieza de sangre para ser regidor en Madrid, han trascurrido, otra vez, más de treinta años sin conseguirse discriminar «al otro». La verdad es que el estatuto de limpieza de sangre para ser regidor de Madrid es «sereno». Ciertamente se ratifican los acuerdos de 1602-1603 (no se va más lejos en el tiempo), se exige que en los aspirantes «concurran en ellos las otras calidades que concurren en los que son y fueren mis veinticuatros de las ciudades de Sevilla, Córdoba y Toledo» y que se haga en Madrid como en esas ciudades. Además, que el corregidor reciba información «de los comisarios del estatuto» si la tal persona que en cualquier tiempo pretendiere ser admitido […] es hijodalgo de sangre y no de privilegio, ni descendiente suyo y concurren en él las calidades de edad, limpieza y las otras que se requieren para poder tener el dicho conforme a los acuerdos arriba referidos» (de 1602-1603). Luego, la información iría al secretario de la cámara que emitirá la decisión final. La ambigüedad (Aranda Pérez para Toledo, 1999; Soria Mesa, para Córdoba, 2000) de lo que regía —jurídica y sociológicamente— en esas ciudades es más que posible se use calculadamente en el estatuto de 1638 para Madrid. Por ello, la provisión real no era tan virulenta como cabría esperar. Lo que sí era más agresiva era la probanza. Habría que ver cómo se hicieron. Cómo las usaron los aspirantes y los filtradores.

Un tema que necesita relecturas correctas alejadas de absurdos dogmas es, desde un punto de vista macrosociológico, lo que ocurrió con las regidurías en el siglo XVII y, desde el punto de vista microsociológico, lo que ocurrió alrededor de 1638.

Se ha escrito que había un interrogatorio que se rellenaba para ser regidor de Madrid. Que ese interrogatorio era de 1638. Tengo ante mí la Instrucción y interrogatorio para las informaciones que se han de hacer de oficio a las personas que pretendieren ser caballeros regidores de la Noble y Leal Villa de Madrid. Es un borrador de aquel que tal vez se imprimiera. El caso es que entre una de las preguntas aparece por fin la puerta del estigma, pero de esa manera tan curiosa como es que lo construye la subjetividad del sujeto que responde: «Si saben, creen, vieron y oyeron decir que el dicho, sus padres y abuelos paternos y maternos es, son, o fueron cristianos viejos sin raza, ni mezcla de judío, moro, ni converso en ningún grado» (AVM, Secretaría, Sin fecha, letra del siglo XVII, 2-253-19).

Existe, igualmente, otro borrador con letra del XVII, pero igualmente sin fecha sobre un Interrogatorio de preguntas por donde se han de examinar los testigos en las diligencias que se han de hacer sobre las calidades que concurren en […] para ser regidor de esta Villa: en la pregunta cuarta se inquiriría sobre la limpieza de sangre, «son y fueron cristianos viejos limpios, sin raza de moros, judíos, penitenciados…», etc. (también AVM, Secretaría, sin fecha, letra del siglo XVII, 2-253-19).

Aún hay más. Otro interrogatorio impreso que en la pregunta décima se inquiere sobre «si le consta [al testigo] la conducta política que ha observado [el aspirante] durante la época revolucionaria». Tal pregunta poco o nada tiene que ver con la España de los Austrias. En cualquier caso, no deja de ser circense que en el siglo XIX (no encuentro que el interrogatorio pueda ser de otra época) aún se anduviera inquiriendo para ser regidor de Madrid cosas tales como que «por las preguntas siguientes se han de examinar los testigos que hubieren de decir de las calidades que concurren en […] para ser regidor de esta muy heroica Villa de Madrid». Las preguntas versan sobre la identificación del aspirante, la naturaleza, su linaje, legitimidad, hidalguía, limpieza de oficio, hombre de buenas costumbres, y en el punto cuarto «si saben o han oído decir que el dicho pretendiente, sus padres y abuelos paternos y maternos son y fueron cristianos viejos, limpios, sin raza de moros, judíos o penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición…» (AVM, Secretaría, 6-125-1). En el siglo XIX.

Para concluir: la elección de procuradores a Cortes abrió ciertas dudas sobre el proceso que quedaron abiertas hasta 1575 en que se dictaron unas Ordenanzas (que rigieron en adelante y se reavivaron en 1616). Que el proceso de deshidalguización del Ayuntamiento de Madrid, como el de la política en general de la Monarquía, fue provocando una reacción nobiliaria (¡no forzosamente aristocrática, o no solo aristocrática!) que culminó y se tradujo en un tímido estatuto de limpieza de oficio de 1602-1603, que, a su vez, se reforzó en 1638 con otro timorato de limpieza de sangre. ¡Habría quienes querían parar la movilidad social!

En Madrid, Villa y Corte de Su Majestad, el Ayuntamiento había ido perdiendo su rango hidalguizante para hacerse más del común. Se reaccionó, intentando parar el proceso con un estatuto de limpieza de oficio, ¡en 1603!, que no tuvo ninguna repercusión. Mucho se ha hablado de que en tiempos del conde duque se frenó la presión antijudaica y anticonversa. Poco se ha dicho sobre el mismo asunto en tiempos de Lerma, el cual, por lo demás, no es santo de mi devoción (Alvar, 2010). Pero creo que lo que acaeció en el Ayuntamiento de Madrid ha de servirnos para poner en su justo equilibrio lo que pasó en la España de los Austrias; en la de Sancho Panza, El retablo de las maravillas, o la de La elección de los alcaldes de Daganzo; en aquella Monarquía a la que todos pertenecían y que era de todos, aristócratas, hidalgos, pecheros, cristianos viejos, cristianos nuevos, receptores de rentas, mercaderes o letrados. ¡A ver si ahora somos nosotros los que vamos a excluir del análisis de los mecanismos de la acción social a alguno de aquellos grupos!

4

LOS CONOCIMIENTOS ECONÓMICOS POPULARES: UN MECANISMO DE PROMOCIÓN SOCIAL

Dos datos de sumo interés confluyen en 1777; sí, en 1777: en ese año se reeditó (aunque de manera harto mejorable, por no decir que rudamente) la Agricultura general de Gabriel Alonso de Herrera (1.ª ed. 1513; luego, 1520, dos en 1524, 1528, 1539, 1546, etc., etc.). La obra de Herrera la había promovido y patrocinado el cardenal Cisneros, que esperaba que de tal conocimiento teórico aplicado al laboreo, se pudieran obtener más rendimientos en el campo (en época de expansión demográfica). No deja de ser interesante, pues, que a finales del siglo XVIII se reimprimiera una obra didáctica sobre el trabajo en los campos. Como tampoco deja de tener su significación, que a finales del XVIII se volvieran los ojos de la Ilustración hacia una obra del Renacimiento. La Ilustración necesitó renacer el Renacimiento para hacerse a sí misma, porque sin él no iba a ninguna parte. El XVIII revivió al XVI. La cultura española tenía una línea multisecular. Esta reedición de teoría agraria tenía claros tintes nacionalistas.

El caso es que aprovechando que se reeditaba la obra de Gabriel Alonso de Herrera, en el mismo volumen se publicaron también el Despertador que trata de la grande fertilidad, riquezas, baratos, armas y caballos que España solía tener y la causa de sus daños y falta con el remedio suficiente (aunque no pusieron su autor —hasta una anotación en p. 357—, este fue Juan Valverde Arrieta y salió a la luz en 1578 impresa por Alonso Gómez); de Gonzalo de Salinas su Discursos del pan y del vino, reducido a sumario (inédito hasta entonces, y publicado en extracto, ¡lógicamente!); de Gonzalo de las Casas su Arte nuevo para criar seda (también de 1581); de Luis Méndez Torres, Tratado de la cultivación y cura de las colmenas (de 1586) y de Gregorio de los Ríos su famosísima Agricultura de jardines… (de 1592).

Obras, como ves lector, todas ellas de fomento de la agricultura, del cultivo de la seda, de apicultura, de jardinería y horticultura. «Sumario» que buscaba recoger «en un cuerpo lo que en esta materia está escrito hasta ahora por nuestros Autores Españoles». Este compendio, impreso por Antonio de Sancha, se reeditó en 1790. No se puede decir que no tuviera cierto éxito. Adviértase que no es una enciclopedia de la materia (falta, por ejemplo y naturalmente el voluminoso Dioscórides de Laguna), pero sí una buena síntesis de lo que habría que conocer para sacar partido a las fincas de cada cual.

No es mi intención ahora mismo hacer un excurso sobre la teoría y la práctica de la agronomía en los siglos XVI al XVIII (y no por falta de ganas). De lo que me he de ocupar ahora es de un apabullante movimiento cultural llamado arbitrismo.

Lector, te ofrezco algunas líneas sobre todo eso. Algunas ya las he publicado, pero posiblemente te sean difíciles de conocer o tener acceso a ellas.

El arbitrismo fue, en origen, un movimiento económico, sobre todo fiscal. Ese movimiento no fue unívoco, ni coordinado. Al principio se trata de unas maneras de intentar sacar beneficios personales; más adelante, probablemente hay más «patriotismo», o más búsqueda de la fama y del reconocimiento cualitativo que cuantitativo.

Por ende, hay varios «tipos de arbitrismos», y varias «etapas del arbitrismo».

Nunca en Europa hubo tal corriente «patriótica» de orígenes tan negativos para con ellos mismos como lo acaecido en España con el arbitrismo.

Insisto en que es necesario dejar claro que hay unos arbitristas fiscales, ocupados solo en el engorde de las arcas reales, y otros que, desde tiempos de Felipe II, ven que la situación general del «país» (de la Monarquía en el sentido geográfico y no en el institucional) está en retroceso, que hay males que se pueden corregir. He de volver a Gutiérrez Nieto —reconociendo siempre su magisterio— pues él hizo la clasificación clásica del arbitrismo, «fiscal y financiero» (arranca de Carlos V, llega a su cúspide con Felipe II; los llantos de Luis de Ortiz son graznidos de pájaro de mal agüero); se fija un «arbitrismo económico», con la escuela de Toledo y otros, en tiempos de Felipe III; se desarrolla entonces el «arbitrismo político»; se crece el «arbitrismo social» en el que se entiende la laboriosidad como un valor social, se clama por el fin de la limpieza, se añora la medianía social como base de la prosperidad. Igualmente, hubo un «arbitrismo agrarista» desde tiempos de Felipe II, pero que llegó a su máximo con Felipe III; en fin, desde tiempos de Felipe II hubo un «arbitrismo técnico» y, ya en tiempos de Carlos II se desarrollaría el epígono del arbitrismo con una extraña mezcolanza de todo lo anterior para ofrecer el remedio de la decadencia a un país ya completamente hundido, pero preparado también para resurgir de sus cenizas.

Por arbitrismo fiscal entendemos unas corrientes de opinión surgidas en la España del siglo XVI y que tienen como finalidad el incremento de las arcas reales según los derechos regios y sin causar daño a los vasallos. El mecanismo es bien sencillo: una persona que sepa cómo incrementar el dinero real se lo comunica al monarca directamente o por medio de algún intermediario (el criado designado a tal efecto) y, en caso de aplicarse el arbitrio, percibirá una merced real sobre los beneficios obtenidos que suele ser un 4 por ciento, aunque en muchas ocasiones la merced es en especie o mixta, especie y metálico, u otra cantidad, como se puede comprobar en los Libros de Cédulas de Hacienda que se custodian en Simancas (solo existen registros de los primeros años de Felipe II).

A partir de ese arbitrismo (en sus orígenes solo fiscal), se irán desarrollando los demás. Poco a poco se va perdiendo la necesidad de la recompensa personal y se busca el reconocimiento. De arbitrios escritos en un folio y a mano, denunciando la ocultación de una renta real en un pueblo y argumentando que de explotarse correctamente se podrían sanear parcialmente las arcar reales, se pasará a razonamientos profundos (a veces sesudos; a veces absurdos) sobre el remedio universal de los males de la Monarquía, impresos en obras de considerable extensión.

De esta manera, estas formas de pensar en cómo recuperar las fuerzas otrora joviales del Imperio impregnarán a toda la sociedad. Tan arbitrista es el vecino de un pueblo que habla de que en la localidad de al lado hay producción de abejas que no pagan alcabalas y que habría que cobrarles, como el que propone que a todos los conversos se les obligue a criar cerdos y el que no los crie que pague una multa, como el que cree que se necesita una reforma de la educación de la juventud noble (el conde duque).

Por otro lado, la fama de los arbitristas fue infame, como en su día puso de manifiesto Vilar en 1973… (Recordemos, entre otros muchos que han sido recogidos en la voz «arbitrio» de la Gran Enciclopedia Cervantina, el personaje de El Coloquio de los perros, «Yo, señores, arbitrista soy») pero al mismo tiempo, no hallaremos a un súbdito real, flamenco, italiano, aragonés o castellano; hidalgo, noble, pechero, clérigo o laico, regular o secular y hasta hay alguna mujer, que no presentase un arbitrio. Cervantes, a la vez que se mofa de ellos, no ceja en proponer arbitrios.

En esa dicotomía vivía la sociedad de los alfabetos.

Toda la sociedad española, o todos los que querían promocionarse dentro de la Monarquía de España (fueran o no castellanos o aragoneses) tenían en la cabeza un arbitrio que, tarde o temprano, con más o menos quietud, acabaron presentándolo al rey o a sus delegados. Todos, o casi todos, en Castilla, en la península, en Italia y en los demás territorios de la Monarquía.

Pero como para cobrar aquel 4 por ciento de los beneficios del arbitrio propuesto había que dar los detalles solo en el último momento, no fuera a ser que por el camino alguien «levantara» el arbitrio (o lo plagiara o robara la idea), el secretismo y, por ende, la pérdida de documentación alrededor de los arbitrios es una constante. Muchos arbitrios se presentaban y se presentaron solo de viva voz, o con solos indicios…

Creo firmemente que en el fondo de todo este entramado de idas y venidas de ideas, chivatazos y recompensas radica un deber de los vasallos para con su rey, el deber de consejo, que es el que sustenta —digamos— filosóficamente, la existencia de unas Cortes o de cualquier tipo de asesoramiento espontáneo a los monarcas.

Pero, paradójicamente, tanto aconsejar al rey sobre cómo sacar dinero —de allá en donde tenga derecho— tiene como consecuencia directa poner en sus manos que no convoque Cortes y, por ende, el afianzamiento del absolutismo. En efecto, gracias a los arbitrios, sobre todo los fiscales, al rey se le mostró una y otra vez dónde o cómo podía incrementar sus regalías y sus rentas sin necesidad de contar con las Cortes. Y la proliferación de arbitrios hizo que las Cortes no fueran imprescindibles —o lo fueran menos—. Con los arbitrios, lo de gobernar no era tan incómodo. En definitiva, el arbitrismo se incrustó como una cuña en el sistema político compuesto por deber de consejo-audiencia real. Si ese papel lo desempeñaban fundamentalmente las Cortes y, cómo no, los consejos, con el arbitrismo se articuló una fórmula comodísima para el monarca: quien presentara un arbitrio no solo no discutía ni un ápice de la soberanía o de los derechos o de la jurisdicción regia en el asunto que planteaba, sino que, si llegara a ser necesario, exponía el regalismo sobre el tema en cuestión; el arbitrista, pues, no discutía, aceptaba la preeminencia real; además, como solo esperaba merced, volvía a reconocer esa prerrogativa de que solo el rey concedía merced y privilegio; en tercer lugar, en fin, incrementaba los espacios o los temas del poder real.

Los arbitristas, es cierto y definitivo, aumentaron el absolutismo real.

El asunto de las recompensas cuando un arbitrio se ponía en ejecución es interesante. A día de hoy no se ha localizado un cuerpo de órdenes reales que fijara en qué consistían esas ayudas al fiel vasallo que «despertara» una regalía. Se puede intuir, cuando no concluir, que las decisiones eran temporales y emanaban o del Consejo de Hacienda, o del Real, en último término, de la voluntad del rey. Pero todo era para ellos tan embarullado que, a falta de mejor ordenación, el arbitrista pedía la recompensa que considerara oportuna (al menos en relación a los fiscales y en tiempos de Felipe II). Los ejemplos que te presento ahora proceden de la sección de Consejos y Juntas de Hacienda del Archivo General de Simancas.

La recompensa, insisto que sin una cédula real aún conocida, era variable, pero normalmente se concedía un 4 por ciento de las ganancias que se obtuvieran por la aplicación y ejecución del arbitrio propuesto. Aunque esa cantidad sea la norma, no son pocas las veces que se solicitan recompensas en especie y sobre todo, naturalmente, en oficios públicos, el gran instrumento de la movilidad social. Arias de Reynoso, aragonés, afirmaba hacia 1581 que se le había prometido en recompensa por los muchos baldíos vendidos en Quesada y alrededores, «un ofiçio de regidor y otro de escribano del número de la ciudad de Baeza», mas como el cobro de la recompensa se iba dilatando, protestaba.

Este otro caso es muy significativo: en 1597, un don Alonso Salgado de Castro, tras advertir que poseía ciertos avisos que mejorarían la administración del ejército en Galicia, pedía, nada más y nada menos que 300 ducados cargados en forma de deuda pública (en juros) de lo que procediese de la aplicación del arbitrio; más 500 en efectivo; más un oficio de escribano tasado en otros 600 ducados; más la administración de ese oficio que sería de nueva creación.

Suplico a Vuestra Majestad me haga merced de trescientos ducados de juro perpetuo pagado en los mismos acrecentamientos que se hicieren al Patrimonio Real y quinientos ducados en dinero de ayuda de costa y un oficio de escribanía de diezmía y visita de la contratación de Bayona de Galicia que está puesto en precio de seiscientos ducados por información del gobernador y alcaldes mayores de Galicia y es oficio que se crea de nuevo como lo hay en la ciudad de La Coruña, de que recibiré particular merced y así mismo se me haga merced de la administración que ha de haber en el dicho oficio…

Se le remitió al contador Salablanca y este le debió decir que solo se le iba a dar el 5 por ciento de lo que rentase el arbitrio que diera. Este desplante le llevó a un notable berrinche, aunque se vio obligado a atemperarse: aceptaba el 5 por ciento si iba aparejado con la «escribanía de diezma, carga y descarga», y si no, no daría el aviso. El Consejo de Hacienda le contestaba otra vez: «Lo proveído y si no tiene otro negocio no se detenga a esto».

Por su parte, en 1582 el contador Antonio Díez de Navarrete pedía como recompensa por haber descubierto un fraude de 16.000 ducados, una juraduría en Baeza. Advierte, lector, que un contador en el desempeño de sus funciones, descubre un fraude y solicita ser recompensado. Con respecto a las juradurías de Baeza he de decir que ya en 1562 (concretamente el 22 de noviembre de 1562) Felipe II había escrito al corregidor de Úbeda y Baeza exponiéndole que había recibido una propuesta de arbitrio, incrementar el número de jurados en esas ciudades y sacarlos a la venta a particulares, «yo he sido informado que para la buena gobernación y regimiento de esas ciudades convendría crear de nuevo en ella algún número de jurados». El proceso de creación y venta se haría por colaciones (un jurado por colación). Comoquiera que el rey no quería que nadie se viera perjudicado por la medida, sino que quería actuar si «conviniese y fuese necesario», requería información sobre el asunto a su delegado en los municipios. Es decir: un particular había elevado el arbitrio de la venta de oficios, lo habían estudiado en el Consejo, y se había decidido lo útil que sería aplicarlo, pero para no hacer daño a nadie, el rey pedía información directa y objetiva a su corregidor.

Hay que recordar constantemente que el arbitrismo no deberíamos (salvo por comodidad comunicativa) considerarlo en singular. Hubo varios arbitrismos por los contenidos y por los años de las propuestas de los arbitrios. El primero fue fiscal y de manera simple lo podríamos definir como solo preocupado por incrementar las arcas reales sacando a la luz regalías ocultas: el arbitrista, en esta ocasión, cobraría un porcentaje de los beneficios logrados para el rey. Pero, al mismo tiempo, empezaron a proponerse remedios a los males de la Monarquía, no porque todo estuviera ya quebrado a mediados del siglo XVI, sino porque siempre que el hombre reflexiona halla momentos pretéritos en que algo iba mejor, o si tiene alguna idea economicista, es posible que, mirando al futuro sea un perfecto agorero. En esta segunda categoría incluiría los textos de Luis de Ortiz o el de Valverde de Arrieta, que ya se imprime y lleva por título Despertador… Cronológicamente el tercer momento es el que tiene lugar a finales del reinado de Felipe II y se dispara ya en tiempos de Felipe III y no digamos en los de Felipe IV. Ahora ya sí, de lo que se habla es de descomposición, hundimiento, ruina y demás epítetos apocalípticos que, expuestos en tiempos de Felipe III, son conjeturas y adivinanzas de un futuro terrible (como acabó siendo medio siglo más adelante), que es muy discutible, en tanto en cuanto no conviene olvidar que, aun a pesar de la cleptocracia y la corrupción durante aquel reinado, Felipe III entregó a Felipe IV tantos cuantos territorios recibió de Felipe II y en los dos hemisferios: ¡menos mal que se estaba en la ruina absoluta! Sin embargo, ante tanta descomposición moral provocada por la cleptocracia y la corrupción, no es de extrañar que buscaran la «reformación» (moral, ya en tiempos de Felipe II, que había mucho pecador; ética con Felipe III) y la «restauración de la antigua abundancia» de España, antigua abundancia que no era solo de tiempos de los Reyes Católicos, sino incluso la de la ardillita aquella que se atravesaba la península de árbol en árbol, mientras que fenicios, griegos y romanos no paraban de extraer riquezas del suelo y del subsuelo patrio. Esta «restauración» tenía tintes economicistas.

Proponer al rey cómo obtener más dinero se ha hecho siempre. Lo que hizo que el arbitrismo fuera un sistema fue la sistematización en la ejecución de las susodichas propuestas, que habían sido expuestas, debatidas y en su caso, puestas en práctica. Además, el arbitrismo duró en el tiempo, afectó a vastos espacios geográficos, homogeneizó, y, en fin propició medios de acopio de dinero más que esporádicos, o aislados prácticamente permanentes en la España de los Austrias.

Así que como si una aguja de hacer punto fuera, las propuestas de arbitrios fiscales perduraron en los dos siglos; la puesta en práctica de arbitrios antiguos se mantuvo (sobre todo las ventas de oficios, cualidades sociales, oficios públicos, bienes de realengo, etc.); aparecieron ideas de base económica absurdas donde las hubiere, más pausadas y maduras otras; los gobernantes estaban empapados de todos esos ideales y no solo de ir a rezar por la aceptación del dogma de la Inmaculada (¡por cierto: la exaltación de la Inmaculada en tiempos de estigmatización contra los descendientes de conversos, que estaban «manchados», que tenían «mácula»), los gobernantes, como Olivares, eran encarnación de arbitrista y de ahí la ingente colección de arbitrios que guardaba en su archivo personal…

Pensar como si fueran todos arbitristas fue una manera de acercarse a la realidad: todos sabían dónde había una regalía oculta, cómo el rey podía sacar de algo unos reales; todos tenían la idea genial de cómo resolver los males (verdaderos, imaginados o exagerados) que les agobiaban. El arbitrismo hizo agudizar el ingenio a cientos, miles de personas, que propusieron de todo. Es imposible hacer un modelo del autor de los arbitrios (Alvar, 2006).

¿Se puede pasar por alto semejante ambiente social o cultural cuando se quiere entender aquella sociedad, o se puede resolver en tan solo unas peyorativas frases en cualquier manual, o se puede intentar explicar aquel bisecular mundo, del que todos formaron parte, o quisieron formar parte, con un ejemplo acá u otro acullá?

En los miles de folios escritos por los arbitristas, por cierto, sin que haya orden ni concierto, en cuartillas, en folios, con encabezamientos o sin ellos, con introducciones o sin ellas, el rey aparece muchas veces. El rey en persona, porque al pobre rey —padre de sus vasallos— estos asuntos eran otros más, de los que le hacían trabajar tanto y perder el sueño.

Los arbitristas tenían la convicción de que era el rey el que estaba al tanto de la recepción de los arbitrios y que luego él los mandaba examinar en profundidad a otros servidores, desde presidentes de consejos, a contadores o quien fuera. Era tal la cantidad de arbitrios que recibía el rey, que su secretario le informaba de lo que iba llegando y decidía[n] a quién mandarlo examinar, que el mismísimo Mateo Vázquez de Leca tenía un escritorio de arbitrios, un armario solo dedicado a ellos (Alvar, 2006). Y no solo funcionaba así el sistema en tiempos de Felipe II, sino que sabemos que a lo largo del siglo XVII se seguía haciendo lo mismo: «Vuestra Majestad fue servido de mandarme que viese unos discursos de Pedro Hurtado de Alcocer…», informaba el gran jurista Gregorio López Madera a Felipe IV. Pedro Hurtado de Alcocer escribió varios y graves arbitrios de Estado. López Madera afirmaba que «he repasado en los muchos arbitrios que se han dado estos años para remedio de los daños que se experimentan en estos Reinos y los pocos que se han llegado a ejecución y me parece que procede de la diversidad de los ingenios de los hombres, unos inclinados a inventar y otros a dudar y disentir» (González Palencia, 100).

Ese rey que, a los ojos de sus arbitristas era visto, por ejemplo, como el mismísimo Alejandro Magno. Es como Juan Leonardo de Benevento (un tipo interesantísimo) se dirige a él desde la cárcel de Sevilla el 2 de agosto de 1567:

También suplico a Vuestra Majestad que pues que en todas sus cosas imita a Alejandro Magno que a su imitación si en caso hubiere dado la una oreja a los murmuradores que deje la otra para oírme a mí que cuando fuere presente yo me sabré muy bien descargar y probaré cuánto haya sido y sea mi fidelidad, y si por mi mala suerte no quisiere Vuestra Majestad servirse de mí será servido mandarme dar buena licencia para que me vaya en Italia dónde seré siempre fidelísimo vasallo de Vuestra Majestad hasta la muerte (las referencias en Alvar, 2006).

Del rey emanaban las gracias y mercedes que beneficiaban a los vasallos, como lo expresó Juan de Trillo Figueroa en 1572:

Y porque Vuestra Majestad es tan gran Príncipe, que le hará poco al caso la merced que en recompensa de este servicio quiero pedir. Suplico a Vuestra Majestad sea servido de mandarme dar, en caso que de este aviso se haya de usar...

Para proponer un arbitrio y para que fuera lucrativo, tenía que reconocerse el derecho real sobre ese bien, o sobre esa renta: es decir, era necesaria la existencia de regalías, esos bienes regios que, sin negociar con las Cortes, los reyes podían administrar a su gusto y antojo. La alteración de la gestión del patrimonio real era la gran base del arbitrismo. Así, en efecto, hubo múltiples propuestas para venderlo en beneficio del máximo número de vasallos; y si no hubiera bienes suficientes para vender, se creaban de nuevas, o se incrementaba su número. Es lo que se hizo con los oficios públicos, por ejemplo. Regalía era, también, la acuñación de moneda y, por ende, la facultad de acuñar de tal o cual manera y quedarse más o menos en concepto de costes de hechura; y regalía era el cobro de derechos por la explotación de las salinas, o del subsuelo; es jugar al alza o a la baja con lo que verdaderamente se cargara a las transacciones comerciales (la alcabala), eran tantas cosas que, como expresaba quejoso un diputado en las Cortes de Madrid de 1576, «se ha usado de otros arbitrios y nuevas rentas, que todo ha sido carga y daño».

LOS ORÍGENES DEL ARBITRISMO EN TIEMPOS DE CARLOS V: HACIA LA MADURACIÓN INSTITUCIONAL

Los primeros pasos del arbitrismo fiscal se dieron hacia 1521, después de las Comunidades y durante la guerra contra Francia, concretamente cuando se discutió cómo acopiar fondos para financiar el sitio a Fuenterrabía. Al principio, en tiempos de Carlos V, había una cierta tendencia a sentirse responsables los organizadores de la Hacienda Real, de cómo andaban las cosas de las arcas regias. Hubo algunos indicios que nos hacen pensar en que se soñaba que si los criados reales trabajaran más eficientemente, habría menos daño a la hacienda del rey. A mi modo de ver, es hacia 1523 cuando se sentaron las bases del control económico que se desarrollará como sabemos con Felipe II. En estos primeros momentos se hará utilizando a los corregidores; más adelante, serán todo tipo de jueces especiales designados directamente por el Consejo de Hacienda.

En efecto, cito el año de 1523 porque en ese año se preparó un «Parecer que dieron los del Consejo a Su Majestad en Burgos, año de DXXIII, sobre aver dineros, y reformación de algunas cosas del reino». Era la primera vez que un consejo escribía al rey para intentar actualizar la Hacienda a la situación política habida tras las Comunidades, la elección imperial, la primera circunnavegación, las relaciones con Portugal, etc. No fue el único memorial emitido en aquellos días. No puedo aquí extenderme en ellos (remito, otra vez, a Alvar, 2006).

En 1523 dentro de una época de necesidad de reforma del funcionamiento de la Real Hacienda, impregnándola de más racionalidad y control, el recién constituido Consejo de Hacienda escribió al rey un Parecer [...] sobre haber dineros y reformación de algunas cosas del reino, en el que se señalaba a los corregidores, esencialmente, como quienes deberían informar de dónde obtener más recursos. Ni una generación más tarde, serían los vasallos del rey, individualmente, quienes se hicieran cargo de dar las primeras informaciones, y después completarlas las autoridades locales.

En 1523, apagándose los rescoldos de Comunidades y Germanías, pero apresada Fuenterrabía, no se pensaba aún en aumentar la presión fiscal sobre la población, sino en utilizar o encaminar de mejor manera los recursos de que se disponía: es recaudar más, pero sobre lo que se tiene y es conocido, sin inventos ni desviaciones, ni novedades. Este miedo a la novedad, que se plasmaba con la frase «no es cosa nueva» cada vez que el Consejo de Hacienda planteaba una acción fiscal, y ese miedo al que tantas veces se recurrió en las Cortes de 1538, será agua pasada años después: un arbitrista de los años sesenta llega a escribir: «Si no fuera novedad, no sería arbitrio».

En aquellos años veinte Carlos V consultó al Consejo de Hacienda sobre la venta de su patrimonio y el Consejo le respondió que aunque era lícito hacerlo, no era recomendable «porque el vender no suena bien y engendra escándalo porque es prenóstico [sic] de nuevos servicios y exacciones, de que los príncipes pierden el amor de sus súbditos, y de la tal pérdida suelen proceder malas hazañas. Sería necesario [sigue el Consejo], y más que necesario, buscar otras maneras para haber dineros en breve para provisión de las dichas necesidades que no trajesen tanto daño y escándalo. Y la verdad es que no se pueden haber dineros sino con alguna murmuración, pero en materias donde hay inconvenientes aquella forma y orden se debe tomar donde menores daños e inconvenientes haya».

Unos años más tarde, de estas precauciones no quedaba sino el recuerdo. El patrimonio real se vendía, bien directamente, bien por medio de argucias, como es la de crear oficios acaso inútiles para la sociedad, pero útiles para su beneficiario.

También por aquellos años veinte el Consejo de Hacienda veía la posibilidad de sacar dinero cobrando por la regalía de exención de hospedaje, o exención de huéspedes de aposento (esto es enteramente un arbitrio fiscal), pero que si tal se decidiera, habría que discutirlo en las Cortes. Unas décadas más tarde, fueron muchos los que ofrecerían cómo obtener dinero, saltándose las Cortes.

Y durante el sitio de Fuenterrabía, Carlos V pidió opinión a individuos versados en temas hacendísticos. Uno de ellos expuso en unos veinte puntos sus opiniones, y aunque en la cabeza le rondara lo que sería el arbitrismo fiscal, aún no había dado rienda suelta a la imaginación. Sus propuestas se centraban, sobre todo, en la mejor racionalización de la Hacienda, y si se sacaba dinero, sobre todo a cambio de mercedes reales conocidas. Decía «no sabemos que haya otros géneros de Hacienda ni otra manera de haber dineros, si no estas». A lo largo de su exposición avisaba del desastre posible, pero convencido del triunfo:

No tenga pena Vuestra Majestad de comenzar guerra tan justa, sin tener dinero junto: que los Reyes de Castilla con poco dinero comienzan guerras muy grandes y las acaban muy bien y nunca les faltó, cuanto más a Vuestra Majestad que tiene tanta grandeza, más que sus antecesores han tenido.

A lo anterior, dos comentarios: años más tarde bien sabemos que sí habría otras maneras de sacar dineros; alguna vez tendría que ser la primera que los reyes de Castilla se metieran en guerras y luego no hubiera manera de salir, económicamente, bien librados.

Por otro lado, no pensemos que todo el pensamiento económico popular castellano estaba encarnado en esas formas belicistas. Al tiempo que se redactaba el texto anterior, había otro asesor en materia fiscal que imploraba:

Todavía suplico ante todas cosas a Vuestra Majestad muy humildemente con cuanta instancia puedo, que no se meta en más necesidades de aquellas que no pudiere en ninguna manera excusar, porque ninguna otra cosa destruye a los Reyes de Castilla como meterlos en necesidades, so color que son cosas que les cumplen.

En este ambiente, en el que insisto, está esbozándose lo que más adelante será el arbitrismo fiscal, un tercer informante elevó otro memorial con un título muy significativo: Los modos y formas líçitas y honestas para aver dinero en Castilla sin daño del pueblo. De esos modos, el que más nos interesaría en estas líneas sería el de imitar lo que hizo Alfonso X en la campaña del Estrecho: esto es, vender las escribanías vacantes para poder costear la construcción de los navíos de las atarazanas de Sevilla. Las leyes del reino no prohíbían expresamente su venta, por lo que, unidos antecedentes y facultad para hacerlo, eran buenos alicientes para poner en marcha esa práctica. Se podrían sacar unos 1.000 ducados anuales (es inherente al arbitrismo fiscal, evaluar el beneficio económico), aunque si «hubiese maliciosa murmuración no era inconveniente dejarlo de hacer en Castilla». ¡Cómo iba a cambiar la actitud en cincuenta años! En Indias se podría actuar así, sobre oficios sin jurisdicción (adviértase la importancia de ese detalle), para recaudar hasta 2.000 ducados anuales.

Y también al calor del sitio de Fuenterrabía se discutió (entre otras cosas), a petición de Carlos V, sobre, cubrir «oficios y otras cosas que han vacado y están por proveer» con gentes que hayan servido bien al rey y que tengan calidad para ocuparlos, que a buen seguro, a cambio, prestarán algo al rey. Esto, concluye el informante anónimo, «con buena manera se podrá fazer sabrosamente».

Así las cosas, como vemos, el arbitrismo nació ante los desajustes existentes entre recursos y gastos por una causa de guerra. Ahora bien, a finales de la década de 1520 aún había miedo a las innovaciones, a las novedades. Se buscaba la gestión más correcta de lo existente.

Sin embargo, entre 1525 y 1540, parece que todo ha entrado en una nueva etapa. Por aquel entonces, creado ya —o en proceso de creación, desde 1523— el Consejo de Hacienda, los avisos que se recibían hablaban por igual de la mejora —de la racionalización— del funcionamiento de las estructuras fiscales de la Monarquía, como que se empezaban a recibir avisos anónimos que hacían que aparecieran por los despachos de los oficiales regios, fenómenos —instituciones, bienes, etc.— que hasta entonces habían permanecido al margen de su estudio.

La creación del Consejo de Hacienda respondía a la necesidad de cubrir todas estas necesidades. No todos estaban de acuerdo con su fundación, y preferían que fuera una especie de secretaría dependiente del Consejo de Estado. Igualmente, había voces, por aquel entonces, contrarias a las determinaciones unipersonales y que aplaudían la asunción colectiva de decisiones y responsabilidades, porque «cuando los negocios, especialmente de Hacienda, se ven por muchos que tengan de ello noticia, se adelgazan y proveen mejor».

Que el Consejo de Hacienda nació para poner orden en los nuevos tiempos, es obvio. Aún en 1525 se ordenaba «que se averigüe lo librado y pagado de la hacienda de este año», o sea, que se ajustara el presupuesto de la Monarquía y que se aclarara la caja.

En 1525, insisto que en medio del ambiente de la creación del Consejo de Hacienda, se seguían pidiendo al rey cosas que a día de hoy nos parecen lógicas. Pues bien: su lógica cumple 500 años: que se hicieran previsiones de gastos para el año siguiente, y que de ello se retirara el dinero para los ejércitos, en especial las guardas, para que no se mezclara ya, bajo ningún concepto, con otras partidas hacendísticas, con una finalidad (o por destacar una), «por manera que Vuestra Majestad sepa a quién y cómo se libra».

También se proponían novedades en los ingresos. Y la verdad es que empezaban ya algunos disparates (autoría desde el Consejo): lo que las cofradías de los gremios gastan «en comer y beber, que ni se sirven Dios, ni Vuestra Majestad», podría pasar al rey durante algunos años, pues en la guerra santa se haría buen uso de ese dinero, y no se dilapidaría de manera tan amoral. Esta propuesta y otras más, podrían ayudar a recaudar ¡hasta un millón de ducados!

Como estamos en los orígenes de las reflexiones de teoría económica, al margen de tomismos o franciscanismos, se ve que son pensamientos sin madurar, muy infantiles en tanto en cuanto se viene a reconocer la incapacidad de comprensión de los fenómenos económicos: «Y si en unas cosas nacen estorbos, con el tiempo se remedian, o se buscan otros medios con que se supla aquella falta o inconveniente», o sea, poco más o menos, Dios proveerá. En ningún caso se plantea aún retirarse de los campos de batalla, ni el liberalismo de finales del XVIII.

Y, en medio de este jaleo y de tanta impotencia, o del susto de la guerra con el francés, había que reconquistar Fuenterrabía, tomada por Francisco I aprovechándose de la debilidad de Carlos V durante las Comunidades y pagar algún que otro préstamo por una elección imperial y tanto más.

De entre las novedades que se propusieron para financiar las tropas que iban a levantar el sitio estaba una que se convertirá, en lo sucesivo, en medida ordinaria:

Hay muchos oficios y otras cosas que han vacado y están por proveer, y podríase dar orden cómo siendo proveídos a criados y personas que han servido a Vuestra Majestad, y que tengan calidad para cada oficio o cosa, y que estos tales, pues reciben merced de Vuestra Majestad en los proveer de su voluntad, presten alguna suma de dinero cada uno dándoseles libranzas en el año venidero de lo que prestaren.

O sea, calidad del aspirante y préstamo de dinero: ya se cambiarán las tornas en los años siguientes.

Y esto con buena manera se podrá hacer sabrosamente…

Había habido muchas propuestas para ese gasto extraordinario y da la sensación de que se sentían exhaustos, que la imaginación estaba agotada, «no sabemos que haya otros géneros de hacienda ni otra manera de haber dineros, si no estas»… Ni se imaginaban lo que quedaba por venir.

Podría seguir trayendo a colación algún que otro memorial fiscal, de estos primeros pasos de las grandes reformas fiscales en función del arbitrismo (como aquel Los modos y formas lícitas y honestas para aver dinero en Castilla sin daño del pueblo) en los que lo mismo se suplicaba que «si alguna murmuración maliciosa hubiese, se puede dejar de hacer» como que se abogaba por vender oficios vacantes y sin jurisdicción si no causa alarma la desmembración del patrimonio real; implicar al Papa en la defensa de la fe; corregir la gestión de la Hacienda, «dando orden en los gastos […] porque si en estos hay buena orden siempre habrá dinero»; pactar con el rey de Portugal intercambios de especias por trigo… o la imposición de un donativo forzoso sobre ciertos personajes o grupos sociales. Dicho sea de paso, que la incorporación de Portugal a la Monarquía de Felipe II se vio favorecida, cuando no apoyada ciegamente, al ver que podía proveerse de los cereales castellanos.

En fin, fue así, en los años del levantamiento del sitio de Fuenterrabía y de creación del Consejo de Hacienda, cuando nació el arbitrismo fiscal. Lo que entonces no eran más que titubeos, con el tiempo se convirtió en prácticas continuadas y la Hacienda Real de Castilla funcionó a golpe de arbitrio.

Un segundo momento tiene lugar en 1538, en aquellas Cortes de Toledo en que la nobleza se niega a pagar contribuciones personales pues perdería la esencia de su ser social, de sus privilegios, e insta a Carlos V a que busque medios novedosos, a que no lo discuta en las Cortes, que fueran lucrativos, sin perjuicio de terceros, etc. Las Cortes, precisamente, se mantuvieron calladas hasta 1570 y, desde entonces, se habló de remedios y medios, cada dos por tres. Me parece que Felipe II, o su Consejo de Hacienda, fue más vivo y despierto que las Cortes: porque aunque la asamblea del reino no hablara de novedades, no quiere decir que no las hubiera. Porque, al contrario, ya en 1566 Felipe II había creado y vendido («acrecentar») en Castilla ¡420 oficios municipales! para venderlos (Alvar, 1998; imprescindible, Modesto Ulloa). Da la impresión de que, definitivamente, desde tiempos de Felipe II, la Hacienda Real funcionó alrededor de la recepción de arbitrios, el estudio de su aplicación, la ejecución y, en su caso, la recaudación de lo propuesto.

Junto a ello, el descubrimiento de que los súbditos debían cumplir la ley del rey promoverá un camino distinto en las relaciones entre vasallos y monarca. De no haber habido visos de que la corona podría llegar a ser muy robusta, escasamente se iba a poder apretar las tuercas a los vasallos.

Aún es, por lo tanto, época en la que no se piensa aumentar la presión sobre la población, sino la de utilizar o encaminar de manera distinta los recursos que se tienen, sin hacer daño a los vasallos (¡es curioso que siempre se quiera hacer la misma pirueta!). Se recaudará más, ciertamente, pero sobre lo que se tiene y es conocido, sin inventos ni desviaciones. Pero ya se sospecha que puede haber más de lo que hay a la vista.

Hacia 1543 se constituyó una junta, la primera de la que tenemos noticia de manera formal y fehaciente, que ha dejado poco rastro documental pero que habló sobre algunas reflexiones de cómo «acrecentar algunos regimientos, y en hacer perpetuos los cadañeros», los que se renovaban cada año; la conveniencia de «vender algunos lugares de frailes y monjas»; la forma de recuperar los juros que tuvieran iglesias, monasterios y hospitales, etc.

No es de extrañar que tan pronto iban naciendo todas estas propuestas, se echara en falta el registro documental de los derechos reales, así como «que hagan [juicios de] residencia todos los oficiales que han sido de la Hacienda, y se sepa cómo han ganado tanto», aunque las indagaciones se dirigirían también hacia los prestamistas; en total unas 60 personas/empresas financiero-mercantiles (Alvar, 2006, CJH, 7).

Este último punto, el de someter a juicios de residencia a todos los oficiales de la Real Hacienda, se puso en ejecución y se nombró como fiscalizadores a una serie de personas, «suficientes», capacitadas a las que se les prohibía tomar cuentas de asuntos en los que estuvieran implicados y se les hacían algunas indicaciones, como al rey, del que solicitaba no diera ningún perdón en caso de irregularidades. Asimismo se proponía un nuevo empréstito forzoso contra la aristocracia.

Y hubo más memoriales, porque estaba a punto de abrirse la espita de la socio-fiscalidad: de estas fechas es otro memorial anónimo en el que se recomienda al Consejo de Hacienda, «vender lugares, behetrías y otras cosas que no sean de calidad» para obtener dinero según las necesidades; acelerar la recaudación «en las cosas extraordinarias», y otros asuntos variados tales como recaudaciones y levas de hombres de nobles que reunidos, se enviarían a Italia, etc.

Como vemos, antes ya de 1550 se habían dado dos pasos importantes en materia fiscal alrededor del arbitrismo: la institucionalización del Consejo y de una junta temporal; la propuesta o recepción en la corte, redactados por consejeros, oficiales reales o particulares, de arbitrios que en sentido estricto o retocados, serán una parte de los que rijan el sistema en las décadas siguientes.

Lo cierto es que la presión de la demanda sobre la oferta era de tal magnitud, tanto en la península como en Indias o Italia que en verdad, las disposiciones que se tomaban eran erráticas. Lo mismo se intentaba que no salieran textiles manufacturados de Castilla, como al poco había que levantar la prohibición por el daño que esa medida hacía a los productores castellanos, a los que paradójicamente se intentaba amparar asegurándoles la exclusividad del mercado interior. Pero hacia 1552 (fecha de esa prohibición) debían estar produciendo lo suficiente como para colmar mercados internos y externos, por más que se quejaran.

En 1555 se abrió la mano revocando las prohibiciones anteriores y en 1558 además, se permitió sacar paños de Castilla hacia Portugal (¿con intención de que ellos los sacaran hacia la India y China?). En cualquier caso, son tantas las demandas en las Cortes, y tantas las órdenes reales, en todos los sentidos, que es evidente que el marasmo era impresionante porque por vez primera en la historia, la demanda (fenómeno macroeconómico que aún no podían analizar científicamente) desbordaba a la oferta y al tradicional proteccionismo imperante. Todo ello alimentado por la plata y las riquezas que no paraban de inyectar fuerza a esta imparable máquina económica.

En Indias, igualmente se desarrollaban manufacturas para satisfacer sus propias demandas, toda vez que desde la península no podía llegar lo suficiente.

RASGOS DEL ARBITRISMO FISCAL EN TIEMPOS DE FELIPE II

El caso es que entre otros arbitrios, en tiempos de Carlos V se empezaron a enajenar lugares de abadengo y de órdenes militares, pero no directamente, sino que el Papa a cambio de la defensa de la religión, cedía al rey de España la jurisdicción sobre varios vasallos, y una vez hecha la conversión en realengo, era el rey el que vendía la jurisdicción a particulares. Este era el silogismo: el que vendía la jurisdicción era el rey, no el Papa.

Igualmente, empezaron a venderse oficios y se consideraron las primeras ventas de hidalguías como de poca monta, y se pensó en poner en venta alcabalas, tercias y otros derechos reales de localidades concretas, habitualmente emparejando la venta de jurisdicciones con la propiedad de esas rentas. Al tiempo, se expandió también el sistema de arrendamiento del cobro de rentas reales (hoy hablaríamos de la externalización del cobro de rentas). A Felipe II le gustaba todo ese mundo de las finanzas y la fiscalidad, aunque le diera quebraderos de cabeza.

Voy a usar un único ejemplo: lo que sucedió alrededor del viaje a Aragón (Monzón) en 1563-1564. Antes de salir hacia Monzón ordenó al Consejo de Hacienda que:

Por mis grandes necesidades he sido forzado aunque lo quisiera mucho excusar, a permitir que se vendan vasallos, alcabalas, pan y otras rentas y derechos que nos pertenecen [...]. Con los que trataren de comprar lo uno y lo otro, procuraréis y haréis toda la diligencia que pudiéredes en subir los precios en el más beneficio y aprovechamiento de nuestra hacienda que sea cierto, como somos cierto lo haréis.

Al mismo tiempo, oídas varias opiniones de sus consejeros, esperaba del Consejo de Hacienda lo que sigue:

Se ha mirado y platicado en la forma y traza que se podría tener para el remedio de esto [de la falta de dinero] y parece que conviene mirar y prevenir con tiempo antes que apriete más la necesidad de dónde y cómo se ha de buscar y proveer lo que falta. Y el medio que se halla más conveniente y menos dañoso para la hacienda de Vuestra Majestad es que se vendan algunos vasallos con su jurisdicción, alcabalas y rentas y que para facilitar las ventas y atraerlas a los compradores con más brevedad, se hiciese alguna moderación y baja en el precio de esto de vasallos porque de otra manera se duda quién quiera comprar...

¡La jurisdicción de los vasallos se ceñía a las reglas del mercado! Es cierto, porque si por vasallo se habían pedido 18.000 maravedíes, se proponía bajar el precio a 14.000 maravedíes (de 48 a 37,3 ducados; una rebaja del 22 por ciento) (Alvar, 2006).

Téngase en cuenta que desde la Baja Edad Media se habían pasado vasallos de jurisdicción real a nobiliaria, con grande escándalo y preocupación de esos vasallos que siempre preferían pertenecer al rey que a un señor. Por ello, hubo concesiones del privilegio de que no habría traspasos; el rey se comprometía a que no se pasara de una jurisdicción a otra. Pero, claro, llegaron los días en que se empezaron a buscar ducados incluso debajo de las piedras. Y se halló que algunos de esos privilegios no estaban firmados, o registrados, o lo que fuera. Triquiñuelas.

Este arbitrio de las ventas de jurisdicciones era soberbio: se ofrecían decenas de miles de vasallos de zonas fértiles o ricas, a particulares que bien podían ser solo banqueros o administradores reales enriquecidos. Si abonaban la cantidad pedida, no es que pasaran a ser dueños de los vecinos, sino de la jurisdicción completa, de la civil y la criminal. A partir de entonces ese banquero podía ser conocido como «señor de» tal lugar. Era cuestión de una generación y algunos servicios más a los reyes siguientes, que consiguiera un título nobiliario. Así los descendientes de aquel banquero, o del funcionario, llegaban a ser aristócratas. ¿No es movilidad social? Los pecheros, el estado llano enriquecido podía promocionarse.

Por su parte, las grandes ciudades episcopales no querían perder lugares de su jurisdicción porque si se fragmentaba su «tierra» perderían ingresos (¿las ciudades, o los obispos o sus hidalguías urbanas?). Pero algunas de las villas querían «independizarse» de los obispos y pasar a realengo. Para ello se entablaban negociaciones y se pagaban dineros. Luego, podían pasar dos cosas, que una vez convertidas en realengo, permanecieran en él o se vendieran a señores.

Otro modelo de arbitrio es el de ofrecer a un lugar la posibilidad de pasar a ser villa. En Castilla la estratificación poblacional era: ciudad, villa y lugar. La ciudad tenía jurisdicción sobre las villas y lugares de su «tierra» (a veces las villas eran cabeza de demarcación; es el caso de Madrid). Finalmente, los lugares dependían de las villas o ciudades que les correspondiera. Situémonos en un lugar que aspira a conseguir privilegio de villazgo: a cambio de una cantidad de dinero, que las familias poderosas mostraban a sus convecinos las grandes ventajas de lograr esa independencia y ese ascenso social-administrativo, se conseguía tener jurisdicción sobre una tierra y sobre otros lugares. Todo ese territorio lo perdía la cabeza de demarcación anterior.

El listado de localidades que de manera apabullante desde el reinado de Felipe II pasaron de abadengo a realengo para ser vendidas a señores; realengos que pasaron a ser señoríos; lugares que se convirtieron en villas, etc. es inmenso.

También las críticas a ese proceder. Pero ¿qué hacer? Dijo un contador real, Almaguer, que «en los lugares donde se venden las alcabalas [la recaudación] hacen esclavos, poco menos, a los vecinos de ellos».

Pero cabía la posibilidad de que un lugar, justo antes de ser entregado a un señor, propusiera al rey su «autocompra» (una suerte de derecho de autotanteo) para permanecer en el realengo y a cambio un privilegio infinito de que no saldría nunca del realengo… De ahí muchos topónimos que recalcaban esa condición: «… del Rey», frente a los otros que exaltaban la pertenencia a una familia: «… de Alarcón».

Y volviendo a ese viaje a Monzón, una orden del rey al Consejo de Hacienda es preciosa en relación con la estructura fiscal de la Monarquía, la movilidad social, las necesidades del rey y el arbitrismo:

Que visto en el estado en que está al presente lo de nuestra hacienda y la necesidad que se nos ofrece para algunas cosas precisas que habemos de proveer [...] y comoquiera que se espera cada día la Flota de la Nueva España en que nos viene dinero, porque esto será necesario para cosas necesarias y muy precisas y muy necesarias que de presente de han de cumplir [...] y para tener yo aquí de contado alguna cantidad, que no se sufre estar sin ella [...], por no haber aquí mercaderes con quien tratar [en Monzón] y estar allí todos [en Castilla] nos ha parecido remitiros y encargaros mucho que tomando por consignación [como aval] ventas de vasallos y lo que procediere de términos redondos y los otros arbitrios de que se usare y sobre lo que vendrá de las Indias el año venidero, porque a lo presente no se ha de tocar por tenerse por dinero de contado [...] procuréis hacer un cambio [préstamo de banqueros] de doscientos o trescientos mil ducados para que se nos paguen a los más breves plazos que ser pudiere, dándoles por seguridad y resguardo juros de a catorce [deuda pública al 7 por ciento].

En otras palabras: no hay dinero líquido. Incluso lo que viene de Indias ya está gastado. Hay que calcular lo que se sacará de ciertos arbitrios, y contra ello, emitir deuda pública para obtener con extrema urgencia esos… ¡200.000 o 300.000 ducados!

Y las preocupaciones expresadas en esas instrucciones eran agobiantes:

Visto que no acuden compradores a esto de vasallos, y que podría ser que esto resultase de parecerles subidos los precios, o por no tomárseles en pago algunos juros [es decir, las propias emisiones de deuda de la corona], y también por haber quedado cerrada la puerta a compras menudas, ha parecido para facilitar esto más, entendiendo que de lo que con menos daño me puedo socorrer y ayudar de presente para mis necesidades de esto de ventas de vasallos, que no embargante la instrucción que dejamos, si acudieren algunos a comprar aunque no sean compras gruesas tratéis de ello procurando que los precios sean los más subidos que pudiéredes [...] y que también se les tome en parte del pago, porque no se hallará tanto dinero de contado hasta el cuarto o el tercio en juros [...] bien situados y seguros.

El texto es impresionante: la Hacienda Real no admite como parte del pago algunas modalidades de su propia deuda; pero es tal la urgencia y el desbarajuste, que se aceptará, en juros de alta calidad, entre otras cosas, porque no hay dinero suficiente en circulación... a pesar de esta gran demanda de dinero en circulación, y no haberlo, la inflación era permanente. Finalmente, donde dije digo, digo Diego: se admitirán juros, se admitirán compras menudas. Estamos, no lo olvidemos, en 1563.

Esta era la gran clave de los arbitrios fiscales: que ponían sobre la mesa dinero líquido e inmediato. Desde Monzón y en enero de 1564, de nuevo, escribió Felipe II:

Porque hay necesidad de dinero para la provisión de acá, trataréis hacer un cambio [préstamo] de hasta xl ó l. [40.000 o 50.000] ducados sobre lo que han de proveer y pagar los lugares sobredichos que se eximen, y de ellos vendrán a Valencia con la más brevedad que ser pudiere hasta xx. ducados que serán menester para nuestro gasto y la resta se guardará sin tocar a ella que yo enviaré a mandar lo que se ha de hacer.

Dinero líquido, con el que, a su vez, se podían pagar los intereses o el principal de los préstamos que estuvieran corriendo:

Nos, habemos tenido por bien que Antonio Fúcar y sobrinos puedan nombrar persona a quien se venda la encomienda de Mohernando, con los vasallos, rentas y derechos que tiene, y asimismo las alcabalas que en ella hay, y que lo que lo uno y lo otro montare, se le dé y pague en cuenta de su deuda.

Hemos visto ya dos fundamentos del arbitrismo: exaltación del poder real, ya que aumenta su capacidad recaudatoria sin recurrir a ninguna negociación con las Cortes y, en segundo lugar, novedad, innovación fiscal, o como dijo uno de los arbitristas en cierto memorial, «porque si no fuera novedad, no sería arbitrio» (Mateo Sánchez del Espino en 1562).

Pero, a pesar de este sentido novedoso, en realidad, estructuralmente, el arbitrismo fue muy conservador: novedades sí, pero formales; quiero decir que sobre la base de rentas tradicionales o de derechos antiquísimos, se proponían «correcciones» a su explotación o a su gestión. No hubo una imaginación desbordante, capaz de romper un sistema de pensamiento económico.

Hubo arbitrios que proponían lograr 30 toneles de oro en Flandes, «como se lo cuento» en 1558; a «señalar» temporalmente la moneda para obtener de dos a tres millones de maravedíes, en 1562; o se desarrollaban, sobre la misma idea matriz, otros: la creación de fiscales en todas las ciudades, villas y lugares del rey para velar por su patrimonio. Serían unos 3.000 oficios, que se podrían hacer venales. Se podrían recaudar, por penas, y ventas, hasta 300.000 ducados anuales. Se vigilaría especialmente el que dejase de darse hidalguías a quienes no lo fueran. Propuesto por el «doctor Espino» hacia 1573. Una década más tarde Hernando de Olivares parece tomarle la idea en parte. El otro proponía «muchos avisos de hallar dineros», en 1574; Bernardino de Ávila en 1574 también quiso presentar un ingenio para que no se ahogaran los marinos, porque con él se podía andar sobre el agua ocho o diez días (no deja de ser gracioso que el inventor fuera de Talavera de la Reina). El beneficio consistiría en llevarse un tanto de lo que se rescatara por el uso de su invento: téngase en cuenta que estamos en puertas de desarrollarse las patentes de invención (estudiadas por García Tapia y abundantes en Simancas); no podían faltar los voraces confiscadores del producto del trabajo ajeno: censar todos los molinos del reino para imponer una renta sobre ellos (anónimo, en 1574). Y como buenos conocedores de sus congéneres, ¿por qué no proponer que los caballeros cuantiosos no tuvieran que hacer alardes? (analizado por la Junta de Arbitrios de 1581-1583), o por qué no crear en las Indias —como ofreció Miguel de Cambrades— «cobradores y beneficiadores» de los bienes de difuntos que no tuvieran herederos allí, y sí en la península, porque se podrían sacar más de 100.000 ducados al año (el oficio sería venal, y se propuso en 1582); que se pagara alcabala del agua ideó Francisco de Arce en 1583, y tantos más.

LOS CAUSANTES DE LAS DISFUNCIONES FINANCIERAS O ECONÓMICAS, A LOS OJOS DE LOS AUTORES DE ARBITRIOS

Dentro de los varios centenares de arbitrios fiscales que se presentaron, y la variedad de los contenidos, ¿culpaban a alguien de lo que ocurría, de los engaños fiscales, del ocultamiento de las regalías?

A mediados del siglo XVI aún no había responsables señalados de la situación económica de la Monarquía. Aún era pronto para llegar a desarrollar una reflexión de decadencia y caos. Eran conscientes de que faltaba dinero, obviamente, porque si no, no escribirían.

Se ve, como siempre se ve, que algunas cosas no funcionan bien. Esas son las que se quieren mejorar. Naturalmente, si se pretende mejorar algo es porque eso sí que es un desastre.

Sin embargo, conforme avanza el reinado de Felipe II, se explican muchas causas y responsables.

Había problemas, qué duda cabe, con sus causantes, como por ejemplo la defensa de la Monarquía o las guerras, tal y como decía un anónimo, «por ser tantas las necesidades que cada día se ofrecen a Su Majestad para la guarda y defensa de estos reinos y otras cosas forzosas a que no se puede dejar de acudir, se andan mirando y buscando medios», o el otro (¡un mercader flamenco anónimo que remitió su arbitrio por vía del Consejo de Estado en 1558!), «considerando estos presentes malos tiempos y guerras, por razón de las cuales Su Majestad ha menester cada día muy grandes y excesivas sumas de dineros, para la subvención y ayuda de sus necesidades y negocios de guerra y defensión de sus tierras contra sus enemigos». La verdad es que este Enrique Hujo (?) bien podría encarnar a los arbitrantes más denostados porque lo que proponía al rey lo vio «en un sueño de noche, el cual aquí abajo va declarado». Por lo demás, lo escribió en francés, y lo presentó al rey en Lille, donde estaba Felipe II con su secretario Eraso y el camarero, que le pidieron que lo tradujera al español. En Lille no halló a nadie capaz de hacerlo, por lo que se mudó a Amberes, desde donde remitió la versión definitiva. En fin: «He inventado, por el amor que yo tengo a Su Majestad del Rey nuestro señor clementísimo, una manera de sacar una suma increíble de dinero…». En la década de 1580, un tal Juan González de Paredes proponía un arbitrio con todo el optimismo del mundo, «así desempeñado, pueda Vuestra Majestad con mayores fuerzas sujetar a sus enemigos».

Para otros, las causas de la incapacidad de sacar dinero tenían nombres y apellidos, aunque no se citaran implícitamente. Es lo que denunciaba, dentro de su concepción de la sociedad en que vivía, necesitada de reforma ética, Juan Leonardo de Benevento, que se quedó a vivir en Sevilla esperando a ser llamado a la corte para presentar su complicado (porque no todos escriben con claridad) arbitrio, sobre préstamos, la Especiería y la Casa de la Contratación: «Entre las otras desórdenes que yo hallé en dicho Reino [de Portugal], fue que por codicia de algunos ministros andaba en perdición la negociación de la Especiería y […] si se ha dejado de hacer ha sido por causa que la Corona Real no ha podido más por las guerras que continuamente ha tenido y tiene contra enemigos e infieles, como es notorio, por lo cual Vuestra Majestad queda excusado».

Codicia y corrupción que describe notablemente Francisco Núñez de Godoy, que había ido tras Felipe II a Lisboa. Según su propio escrito, parece algo paranoico o desconfiado («mandándome [Felipe II] que hablase a Santoyo di dos memoriales, el uno se cometió a Juan Núñez de Illescas y hallándole tan remiso que le tuve por sospechoso como ha aparecido»): «Es en muy gran cantidad lo que aquí se defrauda y porque me parece que tornan algunos de los de los azogues a volver a hacerlo que solían. Estos días pasados un alguacil tomó ciertos barriles de azogue y denunciando de ellos teniendo el pleito le pregunté: “¿Cómo os va con el negocio?”, y […] sesenta coronas me daban porque lo dejase y no hablase en ello; y ahora me lo han quitado de las manos y no me dan nada. No sé si las tomó o no. También sé que a un ministro le sobornaron o cohecharon con nueve mil coronas y ahora andan pidiéndolas medio de secreto. Y porque hay muchas cosas de qué avisar a Vuestra Majestad, y pues no es servido de darme audiencia, suplico a Vuestra Majestad mande expresamente al presidente de Hacienda que a quien conviene y por mandado de Vuestra Majestad le está cometido cosas que tocan a este negocio, que me oiga y examine porque me parece que tiene voluntad a las cosas que tocan al servicio de Vuestra Majestad».

Los intermediarios, de todo tipo, en la gestión o en las gestiones, tenían que cargar también con sus culpas: «No todas las personas, sino antes muy pocas que tienen este trato y cargo tienen la superficiencia y habilidad que para cosa tan importante se requiere, que muchas veces se ha visto que por no entender bien lo que para semejantes negocios conviene, los tales despachos, bulas y dispensaciones que traen vienen erradas, y todos los males que se quiera derivados de ellos» (Andrés de Valencia, 1568).

En ese mundo de intermediarios… ¿podríamos incluir a los procuradores en Cortes, tan poco explícitos sobre cuáles eran sus intenciones, como denunciaba aquel anónimo de 1574?: «Yo he puesto mucha diligencia, en saber la intención de los Procuradores de Cortes, acerca del pagar las deudas de Vuestra Majestad. Ninguna cosa ordenarán, que a Vuestra Majestad dé contento, ni al Reino traiga provecho» (CJH, 132-21 [32]). Esta frase condensa un pensamiento demoledor: si no van a dar respuesta a las necesidades del rey; si no van a dar contento a Felipe II, ni lo que ordenen hacer va a dar provecho al reino, ¿para qué queremos Cortes?

Obviamente, no podían faltar en la lista de los culpables los extranjeros, como denunciaba hacia 1567 —de nuevo— Juan Leonardo de Benevento: «Después comenzaron a contratar gentes forasteras, luego comenzaron a ser ambiciosos de manera, que se dan tanto a adquirir hazienda que la mayor parte de ellos se han dado a logros, y muchos de estos extranjeros, se han dado a logros peores que judíos, porque sin temer de Dios y de la Justicia, hacen logros públicamente, que si Vuestra Majestad no lo provee, de presto crecerán tanto, que cuando después Vuestra Majestad lo quiera remediar, no habrá tiempo». Aunque este buen hombre, además de ser algo paranoico («he sido avisado que algunas personas han procurado con siniestras informaciones hacerme perder la gracia de Vuestra Majestad») en realidad buscaba aquel paraíso perdido: «Antiguamente en España los hombres vivían más puramente que hoy en día así no había ninguna ambición».

Ahora bien: arbitrios y arbitristas vivían al son de los tiempos. Si había suspensiones de pagos contra genoveses, se culpaba «a los [tratantes] forasteros, para que no puedan volver a poner a Vuestra Majestad en necesidad» (anónimo de 1574); Juan González de Paredes describe con perspicacia el problema de la calidad de la moneda real, de mejor aleación que la extranjera, por lo cual se sacaba cuanta se podía, por lo que esperaba que «sería causa muy urgente que no se sacase ningún dinero de estos reinos, antes sería ocasión de que como hasta ahora han sacado de ellos todo cuanto han podido a reinos extraños por hallar que tiene más ley, lo trajesen de hoy en adelante a estos» (años ochenta). Lo mismo expresa más visceralmente, pero con la misma claridad en 1583 Francisco de Arce: «Los cuales por la mayor parte son franceses, gabachos, gascones y otras naciones extranjeras y advenedizas y gente baja que como saben y tienen por cierto que el dicho trato y granjería es de tanto provecho y ganancia vienen y ocurren todos a España donde no son conocidos a usar y ejercer el dicho trato y granjería como se usan y ejercen; y después que ya han estado algunos años en España y se ven ricos y caudalosos, luego se van y pasan con todo su dinero o parte de ello a sus tierras y reinos, e idos éstos, vienen otros de las mismas partes y provincias también a usar del dicho trato y granjería...». La pregunta es obvia: ¿y por qué no hacían los «naturales» lo mismo que los extranjeros?, porque ellos salían a tierras de peores aleaciones de la moneda; entonces, ¿por qué no bajar la aleación de la plata del real?, por cuestiones de prestigio, se argumentará…

Pero los males no eran cosa de los extranjeros o de las guerras, o de algunos altos servidores reales podridos, sino que había males generales, procedentes de una mala gestión de los comunales y propios, que otrora se cuidaban bien, en los tiempos aquellos del Paraíso Terrenal que aparece muchas veces. En un futuro no muy lejano, «los pueblos se hallarán del todo consumidos, así por causa de logros, como porque también en muchas ciudades, villas y lugares, son tan mal gobernadas las haciendas de los comunes, que se van destruyendo, y todo por que los hombres han perdido su acostumbrada piedad, que no miran al provecho de la Patria como miraban primero, que dejaban de entender en sus haciendas propias y entendían en las del bien público» (de nuevo, Benevento).

En 1574 Diego Muñoz de Carvajal abría (o manifestaba por escrito lo que muchos querían) la caja de Pandora de subir los impuestos a los «ricos», en vez de preconizar que todos pudieran serlo, porque naturalmente esto es pecaminoso, se mire desde la religión, o desde el marxismo y sus derivados, y los impuestos son el instrumento purificador contra tanto pecador:

En España hay muchos mercaderes y tratantes, muy ricos y caudalosos, porque son muchos los intereses y ganancias que de los tratos se les siguen [...]; por ser tanto el número de tratantes y mercaderes como es, y pues a causa de ser tantos los mercaderes y tratantes que hay, valen las cosas en tan subidos precios. Es justo, que pues ellos se enriquecen en daño de la República, sirvan a Vuestra Majestad con esta poca cantidad para ayuda de los gastos de la guerra, pues a toda la República le viene tanto provecho, que Vuestra Majestad sea servido de los tratos para ayuda de la dicha guerra.

El doctor Espino en 1573 no añoraba tiempos pasados, ni pensaba en la paranoica maldad de los extranjeros, sino en las corruptelas y deslealtades de las autoridades locales, o las sentencias en primera instancia, que naturalmente no podían ser atendidas por los tribunales de apelación. Por ello proponía más y más presencia directa del rey:

Convendría, asimismo, tuviese en sus ciudades, villas y lugares, personas que tuviesen cuenta con la autoridad de vuestra Corona real, con el respeto y autoridad de la Justicia, con los daños que ha recibido y recibe vuestro patrimonio, por no haber quien responda por él, con los delitos y pecados públicos que se disimulan y dejan de castigar por los Justicias y Jueces ordinarios, con lo que se toma y ocupa por los concejos vuestro patrimonio, con las ligas y confederaciones que se hacen, con los negocios y tratos que en perjuicio del reino se inventan, con los ruines pareceres que envían las Justicias ordinarias en favor de los concejos y particulares en vuestro real perjuicio, con las ordenanzas e invenciones que para defraudar las penas de cámara hacen los concejos, con el fraude y disminución que se hace a vuestras armadas por conmutar las penas de galeras, con otros muchos daños que se han hecho y hacen, en especial con el daño que se hace a vuestro patrimonio real en cofradías, y juntas, y probanzas de hidalguías y en penas y en confiscaciones de bienes que se deben y pertenecen a la Cámara de Vuestra Majestad, con que en muchos delitos que no se ejecutan, ni tienen, ni pueden tener noticia de ellos los fiscales y Consejos e Chancillerías, hay notable perjuicio y recibe daño el patrimonio real de Vuestra Católica Real Majestad.

Lector, tranquilo, ¿cuántas veces hasta ahora ha aparecido registrado en estos arbitrios que son solo una muestra de centenares más, que hay que cuidar más el poder real, su patrimonio, los fines de su Monarquía, y todo cuanto contribuye a la exaltación del poder regio por encima del parlamentario o del urbano?

Los arbitristas esperaban su recompensa, su movilidad social, que emanaría del refuerzo del poder real, del absolutismo (o por entrar en discusiones, del abolicionismo de fueros y privilegios locales y territoriales).

Mas si hasta ahora hemos visto que en el siglo XVI predomina el arbitrismo fiscal, será precisamente a partir de 1600 cuando vaya ganando espacio el arbitrismo reformista en sus muchas variantes, pero con un denominador común y que es trascendental: la exaltación de la laboriosidad, del trabajo, frente a la ociosidad.

Si así se ve, con evidencia en Cellorigo, del que hablo enseguida, ¿qué son, si no, los desvelos sobre combatir la pobreza de Cristóbal Pérez de Herrera? Cierto que estos se encuadran en una línea erasmista ya dibujada por Vives, Miguel de Giginta u otros en donde se abrió en canal un debate fascinante sobre los tipos de pobres (verdaderos y fingidos) y el qué hacer con ellos, si darles limosna o mantener la caridad, o por el contrario, enseñarles un trabajo, enseñarles a trabajar a quienes no estuvieran lisiados, tullidos o tuvieran alguna deficiencia más física o espiritual.

Pero si en esos tiempos de Felipe II les movían consideraciones sobre todo morales —sin que ello implique la exclusión de las económicas—, ahora podríamos plantear el debate de que han cambiado las tornas. La pobreza es más un problema económico (dentro del despertador de la riqueza, dentro de la restauración de la abundancia) que no predominantemente moral. Creo que a Pérez de Herrera se le engrandece entendiéndole dentro del arbitrismo.

Esta exaltación de la laboriosidad tendrá, a su vez, dos momentos que se entremezclan: en tiempos de Felipe III, el agrarismo; al tiempo, van formulándose otros arbitrismos macroeconómicos o manufactureros.

Y mientras se desarrolla el arbitrismo agrarista, se logra la canonización de San Isidro (aunque su arado se lo movieron unos ángeles mientras él rezaba).

Aunque el texto de Arrieta antes citado fue de 1578, la verdad es que a pesar de algunas pinceladas de reflexión sobre teoría económica que podríamos considerar prometedoras, cuando no extendidas desde la Escuela de Salamanca, la verdad es que su originalidad se viene abajo al proponer la reforma agraria: la riqueza se incrementará si se vuelve a arar con bueyes y no con mulas como se venía haciendo últimamente. Sin duda, podemos explicarlo, el buey ara más profundamente y está hecho para ese duro trabajo, mientras que la mula no: esta araña la tierra y está hecha para transportar. Si bien ambos razonamientos son ciertos, hay que atenderlos en toda su amplitud: la mula ara más deprisa, lo cual es imprescindible para dar de comer a la gente en tiempos de gran expansión demográfica como lo fue el siglo XVI. Pero no oxigena la tierra, porque no la voltea, ni los fertilizantes entran en profundidad en el subsuelo para alimentar mejor las raíces.

En fin, aun con todo, el Despertador… es un seductor diálogo entre Justino y Camileto, entre un abogado que se mete a cosas de la agricultura y un capitán de caballos ligeros, preso y llevado a Constantinopla, fugado e incorporado a los tercios para sofocar la segunda rebelión de los musulmanes de la Alpujarra de Granada. Un diálogo a lo platónico, redactado por un eruditísimo escritor que maneja con soltura todos los autores que ponderaron las belleza y las riquezas de España desde las Sagradas Escrituras a los tiempos grecolatinos (Josefo, César, Justino, Estrabón, Plinio, Tito Livio, etc.), o a otros humanistas como Federico Furió Ceriol, o a historiadores como Garibay; capaz de hacer nuestro Valverde de Arrieta una historia de España según las riquezas de oro y plata que siempre hubo, lo cual explicaría las muchas invasiones que sufrió a lo largo de los tiempos: en fin, «España es naturalmente rica» (Valverde, 329b.); hay carencia de bastimentos porque es más fácil importar que explotar, pero eso tiene una atroz consecuencia, «la falta [de cosas] las hace subir de precio […]; la abundancia [de mercadurías] es causa de menor precio», así como la extraordinaria calidad de las monedas las encarece; «el mucho dinero que ha entrado de Indias lo ha encarecido todo». Muchas son las razones para el encarecimiento de los bienes: «Hay mucha gente», que se rebate con el contraargumento, hay mucha emigración a Indias o Italia; hay «grandes gastos y trajes» carísimos, es decir, exceso de gastos superfluos; «la tierra no lleva frutos como solía»; etc.

Por tanto, a principios del siglo XVII ya estaba en pleno auge el desarrollo y ejecución del arbitrismo fiscal (o de los miles de arbitrios fiscales propuestos y ejecutados) y se habían empezado a plantear los males que asolaban a la producción agraria (exceso demográfico, cansancio de la tierra, etc.) proponiendo los remedios por medio de lo que nosotros llamamos arbitrismo agrarista.

A los de Luis de Ortiz o Valverde de Arrieta o al de Lope de Deza, debemos unir otros nombres como los de Sancho de Moncada, González de Cellorigo, Pérez de Herrera, Martínez de la Mata, Caja de Leruela, Pedro Fernández de Navarrete, que forman parte de esa legión de hombres a medio camino entre el ensueño, el patriotismo, la reputación, la quimera, en un movimiento cultural de primera magnitud de la España del XVII. Son ellos los que saben escribir lo que las conciencias dictan a sus conciudadanos. Son los portavoces del sueño y del dolor de Castilla. Los títulos de sus obras son convenientemente expresivos: Memorial [del] remedio de la despoblación, pobreza y esterilidad de España y el medio cómo se ha de desempeñar la Real Hacienda y la de los vasallos; así como Ocho discursos […] y Epítome de los discursos […] procedido de la omisión común de los vasallos en no pedir el cumplimiento de las leyes ordenadas a la conservación de las Artes, tratos y modos de vivir y que el remedio universal consiste en que los interesados pidan su observancia y corra por su cuenta y costa seguir los pleitos… (Fancisco Martínez de Mata, opúsculos s.l., s.f., pero posteriores a 1655 según «Octavo discurso» entrada 70; o Campomanes, IV, lxxvii); Memorial de la política necesaria y útil restauración de la república de España (González de Cellorigo, Valladolid, 1600); Remedios para el bien de la salud del cuerpo de la República (Pérez de Herrera, 1610); Restauración política de España (Sancho de Moncada, 1619); Conservación de monarquías y discursos políticos (Pedro Fernández de Navarrete, Madrid, 1626), Restauración de la abundancia de España (Caja de Leruela), etc.

Tal fue la atracción que causaron esos y otros escritos, que entre los años setenta y ochenta del siglo XX se hicieron muchos estudios y ediciones críticas.

¿Estuvieron dormidos todos esos escritos desde el siglo XVII hasta los siglos XIX o XX? No, por cierto. Por ejemplo los Memoriales y discursos de Martínez de la Mata (del ejemplar que se custodia en la Real Academia de la Historia, 3/2104), tienen una anotación de Campomanes, ni más ni menos: «Estos discursos […] entrego para que se guarden por su raridad en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia», el 20 de agosto de 1778. Al final del volumen facticio con varios escritos de Martínez de la Mata, incluyó Campomanes un informe crítico emitido en Sevilla y advirtió que los ataques de Martínez de la Mata contra franceses y genoveses, los retiró de la reimpresión que hizo «que no excitan envidia de nuevo a los discursos…». Campomanes reconoce que la copia de la que hablo es la base de su edición (en el vol. IV, p. lxxxii, n. 23).

Lo interesante que quiero resaltar es el hecho de que Campomanes rebuscara y guardara los textos arbitristas que fuera. Entre 1775 y 1777 publicó los cuatro volúmenes de su Apéndice a la educación popular. La «Parte cuarta» contiene los ocho discursos de Martínez de Mata más otro nuevo sobre el comercio. Las notas al pie son espléndidas para entender el pensamiento del gran político ilustrado. Mas en la «Parte primera» se hizo eco, siguiendo los pasos de los «escritores coetáneos» sus «reflexiones conducentes a entender el origen de la decadencia de los oficios y artes en España durante el siglo pasado [el siglo XVII]», recuperando textos de tiempos de Carlos II, sobre todo. La «segunda parte» es una recopilación legislativa sobre el fomento de las fábricas, y apunta una conclusión, «el establecimiento de nuevas poblaciones con extranjeros en un país desierto es una política necesaria»; además, «los vagos y mendigos es una población onerosa, que tampoco da fruto, grava a los aplicados y está propensa y pronta a todo género de desórdenes […] cuanto más reflexiono el enorme peso de los holgazanes del reino, conozco la necesidad de sacudir esta carga aprovechando los medios que hoy se desperdician con igual daño» y concluye:

Es feliz un pueblo cuando le sobran hombres para todas sus empresas, frutos y manufacturas con qué suplir lo que le falta a costa del extranjero, sin quedarle deudor en la balanza del comercio (pp. cclxv y cclxvi).

En la «Parte tercera» se dedica al análisis de las ordenanzas y reglamentos gremiales, pero sobre todo a comentar publicaciones sobre las diversas «artes y oficios» y propone en una sentencia, un mundo de pensamiento que, es curioso, a muchos no ha llegado aún: «Los oficios y la industria necesitan más de enseñanza y protección, que de leyes» (pág. v).

Cambiemos de tercio, o sigamos con la sucesión cronológica. Desde tiempos de Felipe III había constituida una Junta de Reformación cuyos documentos los publicó González Palencia, pero que vamos a analizar con más detenimiento más adelante.

De nuevo se daba la dicotomía: de «reformación» se venía hablando desde tiempos de Felipe II, pero era una reformación moral, que los vasallos pecaban mucho; ahora se planteaba más bien una reformación económica.

De los arbitristas anteriores, no es el momento de hacer una antología aquí y ahora, pues ya han sido muchos los autores que han hecho o ediciones críticas, o síntesis de sus escritos. Larraz, Colmeiro, Vilar, Anes, Domínguez Ortiz, Le Flem, Gutiérrez Nieto, Elliott, Grace-Hutchinson, Falcón Ramírez (sobre el marqués de Varinas) y alguno más les hemos dedicado atención. Pero no siempre ha sido suficiente. Se necesita analizar más aún.

Aquella fue la época de la introspección colectiva, pero también de las propuestas de renovación social más o menos aventuradas, más o menos revolucionarias. Fue la época en que los vasallos opinaron para proponer reformas que mejoraran la sociedad y las haciendas, la real y las particulares.

Cellorigo llora la ruina de Castilla y para su revitalización propugna exaltar el trabajo y la laboriosidad con el objetivo de dejar atrás esa «república de hombres encantados que viven fuera del orden natural».

Pérez de Herrera denuncia («venía denunciando» deberíamos decir) la abundancia de mendigos, el exceso de consumo de lujo innecesario, promotor de las innovaciones y así se declara como quien «supliqué [a Felipe II] mandase introducir en estos reinos el sembrar maíz que es el trigo de las Indias», lo cual se hizo muy exitosamente en Galicia, Cantabria y Asturias. Herrera propone también reforestar con frutales y madereros, y que se fomenten los regadíos. También es imprescindible fomentar el crecimiento demográfico con la llegada de inmigrantes con oficios, con el control de los pases a Indias, con el estímulo del matrimonio reduciendo, entre otras cosas, el número de clérigos o ayudando a las doncellas o a las viudas a casarse; igualmente añora el «henchir de mercaderes» España, pero eso sí, persiguiendo la economía fiduciaria; el establecimiento de montepíos, y aún más, fomentando la enseñanza de las artes náuticas a niños, para hacer matemáticos, artilleros y otros oficiales de la mar, etc. En último término, era necesario que se moderasen los gastos y que todos trabajaran «y que no esté nadie ocioso» en la república.

Otro ejemplo: en 1618 Lope de Deza dio a la luz en Madrid su Gobierno político de agricultura, que estaba dividido en tres partes. En la primera dignificaba ese sector económico (¡como para no hacerlo con un San Isidro Labrador!); en la segunda parte denunciaba la falta de mantenimientos y labradores en España (¡es obvio que aunque algunos no lo supieran formular, hablaban constantemente de oferta y demanda!); la tercera parte se dedicaba a proponer remedios. Los males procedían de tener tanto territorios ultramarinos; la cantidad de inmigrantes ociosos, o en el mejor de sus casos charlatanes más que productivos; la gran cantidad de préstamos e hipotecas para vivir de las rentas (censos); la infinidad de impuestos y nuevos tributos; lo caro que resultan la crianza y la labranza; el exceso de pleitos; el no darle más privilegios a la agricultura; las tasas sobre los cereales; el mal uso de la lectura de las estrellas…

Por su parte, la ciudad de Toledo es un gran foco en ebullición intelectual en estos años. Si a los centros de conocimiento que hay allí (Universidad de Santa Catalina, convento de los jesuitas) sumamos su tradición política y su fortaleza económica, podemos atisbar un magma de primera magnitud, que salta por los aires a partir de los años de 1606 en adelante (la vuelta de la corte de Valladolid a Madrid, con lo que implica de relegación de Toledo a ciudad de segunda). La contestación por escrito de los toledanos a tal revés es prolija y tiene dos vertientes: unos hablan de su localidad; otros, se interesan por España en general. De entre estos, los textos del padre Juan de Mariana y en especial su Tratado de la moneda de vellón, son manifiestas denuncias contra la manipulación de la moneda por parte de Lerma (su criticismo le sirvió para ser juzgado, no por la Inquisición, pero sí por un tribunal civil compuesto por algunos inquisidores, tras de lo cual guardó silencio, aunque el trago lo pasó con ochenta y ocho años).

El otro personaje muy destacable fue Sancho de Moncada que definió los efectos que tenía la afluencia de plata americana en la creación de rentistas: vuelve a propugnar la exaltación del trabajo manufacturero, «Dios condena [la negociación] en España por mala, porque España vende lana y compra telas hechas» mientras que otras repúblicas pobres como Francia, Flandes, Génova y Venecia se han enriquecido «labrando mercaderías». Por tanto, habría que prohibir las importaciones y potenciar las exportaciones.

A lo largo del siglo XVI ya estaba más que expuesta la teoría del bullonismo o los principios del proteccionismo, a sabiendas de que no se podía sobrevivir solo con exportaciones de materias primas e importaciones de manufacturas. Pero el peso de las tradiciones, y los intereses creados, a falta de mayor liberalidad económica (no voy a decir aún «liberalismo») y con el triunfo del ordenancismo, tiraron por tierra las propuestas de la innovación.

Frases tópicas de estos arbitristas se han usado tanto que ya no se sabe de dónde proceden: «La riqueza ha andado y anda en el aire, en papeles y contratos y censos y letras de cambio, en la moneda, en la plata y en el oro, y no en bienes que fructifican y traen así como más dignos las riquezas de fuera, sustentando las de dentro. Y así el no haber dinero, oro ni plata en España es por haberlo, y el no ser rica es por serlo» (Cellorigo); o también una obsesión de todos ellos, cual era la necesidad de exaltar la laboriosidad, «las leyes naturales nos enseñan a trabajar» (Cellorigo); «el hacer tributarios a los ingenios e industrias de los hombres y hacer más viles a las personas que trabajan que a los ociosos, se vienen estos ociosos a quedar libres, ahidalgados y honrados, burlándose de ello» (Gutiérrez de los Ríos, 1600).

El absurdo de la consideración de que no había entusiastas de la exaltación del trabajo no tiene sentido. Otra cosa es que triunfaran por abstrusos prejuicios religioso-castizos los otros, los que no quisieron ver el decurso de la historia. O los listillos que, recibiendo ayudas podían ir tirando.

Hidalgos de pelliza, clérigos conservadores, ganaderos o soldados triunfaron sobre los burgueses urbanos, en muchas ocasiones descendientes de conversos, pero no por ello judíos (en absoluto) ni judaizantes (aunque los hubiera, en medio de su propio caos y sincretismo religioso). Por cierto, muchos hidalgos, clérigos o soldados también eran descendientes de conversos y creían en sus papeles sociales, no eran seres sociales pasivos.

Lo cierto es que a la altura de 1492 la cerealera y mesteña Castilla se encontró con unas islas de escaso interés aún, mientras que la otra corona peninsular, Aragón, ya estaba extendida por el Mediterráneo, aunque no consolidada del todo (anexión definitiva de Nápoles, 1503). A su vez, el arzobispo de Toledo orquestaba las conquistas de plazas del Norte de África (en especial Orán y Mazalquivir) para frenar la más que posible y siempre esperada «segunda invasión». Y al poco, la herencia dinástica hizo forzoso mirar a Centroeuropa. En dos décadas todo cambió, y lo que quedaba por cambiar. No es de extrañar que ante una situación de semejante magnitud, hubiera tensiones sociales de todo tipo, más o menos violentas o agresivas, así como válvulas de escape, movilidad social, gracias precisamente a esa Italia, a aquella Centroeuropa, a aquellas Indias.

¿Qué es lo que había ocurrido?

Desde 1535, aproximadamente, las riquezas de Indias empezaron a inundar la península. Las llegadas de metales preciosos a la Casa de la Contratación de Sevilla parecían inagotables e infinitas. Y por si acaso aquellos hombres pensaban que habían alcanzado algún pico de riqueza, de repente, a partir de 1545, 1548 y 1558, respectivamente, se empezaron a hacer familiares topónimos como los del Cerro de Potosí, Zacatecas y Guanajuato.

No había, al parecer, fin a la arribada de plata y oro. Y el dinero, todos lo sabemos, se desparrama monte abajo cuando lo hay. El sastre ha de hacer mejores y más lujosos vestidos; el impresor de libros, más cuidadas ediciones; el arquitecto mejores palacios y así sucesivamente… Claro que lo que no se supiera hacer acá, se importaba de allá. Y, por cierto, a los guardas de las aduanas, a los comerciantes, a los transportadores, a los aseguradores, a los postigones y acarreadores de tantas cargas, a todos ellos, ¿qué más les daba traer o llevar pacas de lana que vestidos de oro y grana?

Riqueza a espuertas irradiada sobre una sociedad que, si antes había sentido la necesidad de movilidad social, se había ido a la guerra contra el musulmán. Pero ¿y ahora qué con Indias demandando? El lamento de las Cortes de Castilla de 1552, hoy se nos hace envidiable y trágico a la vez:

Antes faltan jornaleros que jornales.

Aseveración que se podía endulzar con una antigua vida en el Edén: «En estos lugares no había hombre ni mujer, por viejo e inútil que fuese, muchacho ni niña de ninguna edad, que no tuviesen orden y manera con qué ganar de comer y ayudarse unos a otros» (Cortes de 1552), por las serranías de Segovia y Cuenca donde todos manufacturaban lanas ya que los telares de Toledo no daban abasto para satisfacer la demanda. Así que aquel mítico trabajo a domicilio era de sobra conocido por los agricultores de Castilla, y por los productores y mercaderes de lanas.

Sevilla se convirtió en el centro del mundo. Era lógico, o como lo describió fray Tomás de Mercado allá por 1569 en su Tratos de contratos de mercaderes, el final del mundo se había corrido hacia Indias y había dejado a Sevilla en su centro. En Sevilla se almacenaba todo lo que venía desde el extremo del Mediterráneo (que es tanto como decir por la Ruta de la Seda) y se distribuía hacia el otro extremo, en donde estaban las Indias. Para ser comerciante en Sevilla había que ser consciente de que no se traficaba con Toledo y ya está, por ejemplo, sino que todo aquel mundo, impresionante mundo de dinero fiduciario y letras de cambio, giradas contra las ferias (especialmente de Medina del Campo), se había quedado en nada, ante el volumen de productos y dinero con los que se traficaba en Sevilla, que de verdad que era la torre del oro, que movía capitales y bienes por España, Italia, Flandes, África, por el Sacro Imperio, por toda América, por Portugal y sus Indias…

Riqueza a espuertas; alegría moviendo el dinero, consumiendo, gastando. Sevilla y la corte fueron convirtiéndose en las sedes del capital, en detrimento de Medina del Campo. Los ejes económicos se trasladaban por doquier, tanto en lo referente a los grandes mercados, cuanto a los regionales. Y lo más fascinante de todo aquello es que aún hoy (año 2022) lo vemos, lo palpamos. Se sigue viviendo.

A Sevilla había que ir. En Sevilla había que estar. Hasta los aristócratas se convirtieron en comerciantes, por interpuestas personas, por supuesto, pero no se quedaron quietos ante semejante lluvia dorada (Ruth Pike, Aristócratas y comerciantes). Del mismo modo que los comerciantes extranjeros lograron instalarse en Sevilla. Por más que se quisieran coartar las importaciones para animar las exportaciones de las manufacturas nacionales, la presión de la demanda rompía las prohibiciones, por el camino de la ilegalidad, o de la presión a la hora de negociar cualquier cosa. Así, ellos que en un principio se hacían presentes por medio de testaferros, llegaron a conseguir «cartas de naturaleza», con las cuales, por merced real se les permitía por un tiempo y para una actividad actuar como si fueran naturales de estos reinos. Conseguir una carta de naturaleza no era nacionalizarse ni hacerse español. Y aun otros, en un par de generaciones lograron títulos de nobleza en España, como lo que logró Octavio Centurión (Sanz Ayán), o mandar los ejércitos más prestigiosos de la Monarquía de España por su capacidad de financiación, como Ambrosio Spínola.

Klein estudió, igualmente, La Mesta, en donde habló de una estabilización del número de cabezas de ganado menor entre 1477 y 1549 (en unas 2.700.000 cabezas de ganado), pero con una subida hacia 1526 (cuando se llegó a los 3.400.000 de cabezas). Según datos oficiales del Gobierno de España, en noviembre de 2018 había 15.852.525 cabezas de ganado ovino y 1.764.790 de cabezas de ganado caprino. Calcula las proporciones, lector.

Desde que los occidentales sufrieron la crisis de 1929, volvieron los ojos a la historia para ver cuándo había habido, si lo hubo, algún desbarajuste de semejante magnitud. Y se hicieron estudios sobre movimientos de precios e inflaciones y sus causas. Earl Hamilton publicó su American Treasure and the Price Revolution in Sapin, 1501-1650 (1934), el primer gran estudio sobre alteraciones de precios en España. Y en sus tablas y gráficos, aunque queramos hallar lugares de crítica, se ve claramente que, en efecto, los precios subieron a lo largo del siglo XVI, con sus periodos más agitados o menos agitados, subieron —digo— desde Sevilla por el resto de España (como las ondas del agua al caer una gota en el centro de la balsa), hacia Europa siguiendo las arterias de las ferias de cambios y de mercadurías que estaban unas sincronizadas con las otras.

Según los datos de Hamilton (reelaborados por Larraz, con acierto), se puede concluir un dato: entre 1503 y 1505 se importaron 0,4 millones de pesos (un peso eran 450 maravedíes; 180 millones de maravedíes o 480.000 ducados de oro), mientras que entre 1546 y 1550 se importaron 5,6 millones de pesos (6.720.000 ducados de oro). Entre 1596 y 1601 se importaron 11 millones de pesos (13.200.000 ducados de oro). La mayor parte de esas importaciones eran de plata.

A raíz de esa permanente lluvia de metales preciosos, entre 1501 y 1550 los precios se habían multiplicado por dos (índice de 33,3 a 69,0) y otro tanto entre 1551 y 1600 (índice 69,4 en 1551 y 137,2 en 1600). En conclusión: a lo largo del siglo XVI en España (y siguiendo los datos de Hamilton) los precios se multiplicaron por cuatro, convirtiéndose en una pesadilla de muchos y motivo de reflexión sobre cómo congelarlos para que una pierna de cordero no valiera a finales del siglo, lo que valía un cordero entero al inicio. España fue la región económica de precios más altos de toda la Cristiandad. Y con las monedas de plata de más alta aleación.

Adviértase que si entró cada vez más plata, deberían haberse desestabilizado los precios en proporciones similares y sin embargo no fue así, pues los precios se contuvieron (en términos relativos) en la segunda mitad de este siglo. La causa: que aunque llegara más plata, había menos dinero en circulación porque salía hacia Europa (sobre todo desde 1575, tras las negociaciones con los genoveses para alcanzar un acuerdo por la suspensión de pagos).

Eran tiempos, lamentablemente, de existencia y refuerzo del proteccionismo y de economías reguladas varias veces, desde la corona a los municipios: en los de cierta población, la provisión del comer, beber y quemar se entregaba a «obligados», esto es, a individuos que se quedaban con el monopolio de cada producto, a precios fijados para todo el año (aunque fuera con las oscilaciones que la estacionalidad de la naturaleza mandara), y que se acordaban en pujas antes de cada anualidad. Volvamos a lo anterior: mientras se pudo, se intentó evitar la salida de plata de Castilla. A los banqueros, si querían más ganancias, se les obligaba a comerciar con productos fabricados en Castilla. La inflación era notable, claro. La inflación o, como lo llamaron las Cortes de Castilla de 1548, «la grandeza de los precios de las cosas universales». Y así se llegó a la suspensión de pagos de 1575 (en realidad una conversión de deuda a corto o medio plazo, a deuda a largo plazo) que se intentó hacer sin negociar y que hubo que negociarla, y la Monarquía perdió el pulso, y hubo que dar permisos de exportación de metales preciosos a esos banqueros cosmopolitas e internacionales. La quiebra a las producciones interiores se produjo al poco. Entonces sí, se empezaron a sufrir las exportaciones de plata directa y de materias primas (que ya no se gastaban ni manufacturaban de los Pirineos abajo), las importaciones de bienes manufacturados y en general, una situación de extendida vulnerabilidad (Ruiz Martín me ha inspirado estas líneas).

A su vez, o como consecuencia de ello, en la península, o en Castilla, no se podía producir lo suficiente como para satisfacer las demandas de las Indias. ¿Cómo alimentarlas? Con producción local (de dificilísima elasticidad), o con esa perniciosa inestabilidad producida por el exceso de demanda. El círculo, o las aristas del poliedro, no paraba de funcionar: llegada de plata que si se impedía su salida, provocaba, desde luego, crecimiento manufacturero pero también inflaciones impresionantes. A partir de 1575-1580, salida de la plata y de las materias primas, con lo cual, caídas de precios y de interés en invertir en talleres. No se producía tanto como los nuevos habitantes de las Indias solicitaban, ni los de la península. Esa diferencia entre consumo y producción, u oferta y demanda, se satisfaría… con presión contra los monopolios (de ahí las guerras del mare clausum o del mare liberum), y con comercio ilegal, contrabandistas, piratas y corsarios.

Lo cierto es que la presión de la demanda sobre la oferta era de tal magnitud, tanto en la península como en Indias, que en verdad, las disposiciones que se tomaban eran erráticas. Lo mismo se intentaba que no salieran textiles manufacturados de Castilla, como al poco había que levantar la prohibición por el daño que esa medida hacía a los productores castellanos, a los que paradójicamente se intentaba amparar asegurándoles la exclusividad del mercado interior. Pero hacia 1552 (fecha de esa prohibición) debían de estar produciendo lo suficiente como para colmar mercados internos y externos, por más que se quejaran.

En 1555 se abrió la mano revocando las prohibiciones anteriores y en 1558 además, se permitió sacar paños de Castilla hacia Portugal (¿con intención de que ellos los sacaran hacia la India y China?). En cualquier caso, son tantas las demandas en las Cortes, y tantas las órdenes reales, en todos los sentidos, que es evidente que el marasmo era impresionante porque por vez primera en la historia, la demanda (fenómeno macroeconómico que aún no podían analizar científicamente) desbordaba a la oferta y al tradicional proteccionismo imperante. Todo ello alimentado por la plata y las riquezas que no paraban de inyectar fuerza a esta imparable máquina económica.

En Indias, igualmente se desarrollaban manufacturas para satisfacer sus propias demandas, toda vez que desde la península no podía llegar lo suficiente.

Si tanto se tardó en acabar con el Imperio, sería porque los otros tampoco estaban muy desarrollados para dar punto y final a aquella estructura. Tampoco les interesaría porque, ¿para qué, si los españoles eran los transportistas de los productos de los europeos?

Estos problemas ya están esbozados por muchos, por Soto o por Azpilicueta, que expusieron que la subida de precios se debía a la llegada de plata americana y que esta animaba a su vez, a las subidas de precios; mientas que Luis de Ortiz propugnaba el desarrollo de las manufacturas internas, la aplicación de políticas prohibitivas a las exportaciones y por ende, una gran acumulación de plata en el interior.

Estos eran los dilemas y era la primera vez que se planeaba de tal manera en la historia del pensamiento. Ha resultado muy sencillo a críticos e intelectuales desde el siglo XVIII en adelante (¡y no digamos desde 1898!) explicar la mediocridad y falta de visión de futuro de «los dirigentes» (¿quiénes y cuántos eran en verdad analfabetos?) de los siglos XVI y XVII; incluso hay por ahí quien sigue defendiendo que «a los Austrias» (¿qué es eso?) no les interesaba España más que por sus riquezas (y se les dan tribunas para decir semejantes burradas). Por el contrario, lo que vemos es que se vivió un inmenso debate implícito y explícito sobre todos estos fenómenos económicos tan involucrados con los medioambientes culturales y sociales. A muchos querría ver hogaño sabiendo cómo enfrentar los problemas de la economía cualificada frente a la extensiva-imperial.

Porque, no nos engañemos, el potencial marítimo de Castilla era insuperable en el siglo XVI. Que disfrutaba de protección real, es indudable: así la prohibición de vender barcos a extranjeros (que le pregunten a Elcano), o de cargar en foráneos, mientras hubiera de los naturales disponibles. Así como la calidad de su organización del comercio castellano fue excelente: desde el mismo punto en que se descargaba, cargaba o registraban esas cargas, se explicaba en una escuela náutica de primera calidad cómo navegar. La Casa de la Contratación (desde 1503) era un centro de comercio, investigación y formación único en la Cristiandad.

En contra, no olvidemos que si otros podían pensar en cómo mejorar la producción de los telares, los castellanos estaban en cómo acabar la Reconquista contra los musulmanes. Así, por más que se quisiera, ni Medina del Campo, ni otra cualquier feria podía competir a la altura de 1490 con el movimiento de las ferias de Flandes, y algunas de Francia por ejemplo. Con la plata, claro, el panorama cambió y la internacionalización de Castilla, es más, el convertirse en el nodo del comercio mundial, fueron un hecho.

Porque no se puede olvidar, al hablar de la extraordinaria capacidad de organización castellana, el sistema de «Flotas y galeones». Pronto hubo piratas que sembraron inquietud, pero no crisis. Rápidamente, desde los primeros años del emperador se navegó «en conserva». Es decir, quedó prohibido salir o volver un barco solo a Indias sin artillar; pero como de todo ello me ocupo más pormenorizadamente en otro capítulo, de momento callo.

Y no olvidemos que a pesar de todo lo que se sabe hoy en día, no se nos ha evitado caer en varias crisis económicas sucesivas.

En tan complejo panorama, simplificado hasta el ridículo por mucha gente con algún iluminado titular de prensa, ¿se iba a estar permanentemente luchando contra las irreconocibles fuerzas de la economía y de la libertad de mercados?

El dinero se envió hacia rentas inmobiliarias, o hacia préstamos constructivos o hipotecarios (o censos) porque con sus réditos se podía sobrevivir. Era más hidalguizante vivir así, de las rentas, que no mercadeando, entre otras cosas, porque un mercader no podía entrar en una orden militar, por ejemplo. Aquel sistema económico también permitió, en medio de la fiesta de las riquezas, la movilidad social.

El dinero de Indias animó lo indecible a la economía castellana (y muchos pasarían de ser guerreros a rentistas), pero las mentalidades, las leyes, o la propia inexistencia de una revolución mecánica o tecnológica que permitiera incrementar la producción provocó el colapso de esa economía de producciones inelásticas que hubo de recurrir, aun sin quererlo, a más productos importados de lo deseable, en medio de políticas o mentalidades contrarias a la libertad de esas importaciones o de la presencia de extranjeros en Indias, es decir, a la elasticidad de la oferta.

Y como por más que se trabajara, solo se podía llegar a un tope de producción y ganancia (que para eso los celosos guardianes de la calidad, los gremios, impedían todo atisbo de incremento de la oferta y con ello de bajadas de precios), y desde 1575 se dispararon las recaudaciones por impuestos (en concreto la alcabala empezó a recaudarse a su valor legal, el 10 por ciento de todas las transacciones económicas, mientras que hasta entonces se hacía la vista gorda y no es infrecuente ver que ni llegaba al 4 o que se quedaba en el 1, el 1,5 por ciento, etc.), digo que al dispararse las recaudaciones por impuestos, muchos —que no eran tontos— empezaron a plantearse dejar de trabajar y vivir de las rentas.

La «siguiente» generación de castellanos abandonó el telar, el taller, la manufactura y se dedicó a comprar y vender propiedades inmobiliarias, a prestar y a recoger, a hacerse con oficios municipales... a abandonar las manufacturas. Su lugar no es que lo ocuparan los extranjeros para cubrir la demanda, sino que los extranjeros se dedicaron a la exportación a Indias. Exagerando la imagen, podríamos imaginarla así: los telares, o las imprentas, se abandonaron. Los libros llegaron a América, pero ya impresos en Plantino, y si impresos en la península, sobre papel de mala calidad o con tipos de impresión romos por viejos. Los textiles los fabricaban en el Mar del Norte y acá, además, los topes al cereal, la manía de ponerle tasa a los bienes de uso o consumo, y sobre todo en bienes estacionales (como son los agrarios) animaba a que ante los miedos de una mala cosecha, los grandes comerciantes pudieran apretar hasta lo nauseabundo a los atemorizados campesinos. Los unos sabían que no cometían ilegalidad si no pasaban de un precio porque estaba tasado y de ahí, abajo, a apretar lo que se quisiera. El campesino a soportar la presión porque era una economía que legislaba más a favor del consumidor (el que se comía el pan) que del productor (el campesino, sobre todo el mediano o pequeño). La solución a todo ello es de manual: ante la escasa productividad y el mucho trabajo, se cambiaron los cultivos a favor de los no tasados (el olivar y el viñedo, por ejemplo, pero para exportar a Indias) o incluso se abandonaron los campos a finales del XVI, yéndose los emigrantes a las ciudades. Así fue: las ciudades de Castilla, y en especial Valladolid, Toledo y sobre todo la corte de Madrid se superpoblaron de inmigrantes, demandantes de trabajo o de caridad cristiana. Terrible situación, sin duda, que espoleó el pensamiento económico de nuevo: Pérez de Herrera y sus escritos sobre la limosna (revivificando los escritos que ya he citado de Vives, Giginta y él mismo de lustros antes); terrible situación que espoleó las preocupaciones agraristas que tantos arbitrios generó y que cierran el círculo de estas líneas.

Algunos huyeron hacia los ejércitos del rey o hacia Indias. Otros se quedaron en las ciudades, en Madrid especialmente, que pasó de unos 9.000 habitantes en 1561 a tal vez unos 90.000 en 1600, y con peste por Castilla (Alvar, 1988).

En conclusión, Castilla entre 1500 y 1700 vivió tres etapas económicas (Larraz, 98), que fueron: una primera hasta 1550 en que se dinamizó la producción interior porque todo lo que se manufacturara se colocaba en Indias. Era tiempo de elasticidades de oferta y de demanda, sin que esta surtiera efectos perniciosos sobre aquella. Además, hasta 1575 estaba prohibido extraer oro o plata de Castilla, por lo que los banqueros cosmopolitas tenían que convertir los réditos de sus ganancias en mercancías. Sin embargo, entre 1550 y 1600 el disparado incremento de la demanda de Indias, por un lado, y a partir de 1575 las autorizaciones a los banqueros a sacar plata y oro en vez de manufacturas, provocaron que los mercados se nutrieran de bienes extranjeros que se colocaban en América bien por medio de testaferros castellanos, o bien por vía de contrabando. En cualquier caso, es conveniente advertir que la demanda americana creció tanto que las manufacturas castellanas no pudieron satisfacerla ni aun con lo que antes sacaban los banqueros extranjeros. El tercer periodo pudo ser el que transcurrió a lo largo del siglo XVII, de un siglo XVII corto, durante el cual se incrementó el contrabando, por falta de circulación del dinero se alteraron las monedas y sus valores intrínsecos y, en general, se vivieron décadas de inestabilidad económica, o de inseguridad, en que como una pescadilla que se muerde la cola, la falta de seguridad provocó cierres de manufacturas locales y emigración a las ciudades, y falta de consumo e incapacidad de abrir nuevos telares y así sucesivamente. Castilla fue quedándose descolgada del desarrollo fabril de Inglaterra, Flandes o Francia. Es verdad que se producían unas mantas envidiables en Segovia o Zamora, o una seda óptima en Toledo, o unos cueros de prestigio en Córdoba. Pero quienes vestían a los criollos o a los miles de emigrantes a Indias eran los textiles de peor calidad, pero producidos a mansalva en Inglaterra o Flandes. Por tanto, si con unas rentas se podían comprar oficios y calidad social, ¿para qué preocuparse de otras cosas?

Y es que una mentalidad colectiva forjada en la necesidad de la guerra contra el musulmán, dejó anquilosadas las iniciativas colectivas manufactureras. De no haber habido 711, permítaseme decirlo así, Castilla/España no habría sido diferente a Flandes o Inglaterra, no habría quedado tan descolgada de las tendencias económicas de la Cristiandad durante las últimas décadas de la llamada Edad Media, o mejor dicho de la época pre-expansionista, pre-ultramarina. Son peculiaridades del decurso de la historia. Castilla forjó increíbles individuos guerreros, que se manifestaron así por Indias, África, Europa o los mares. A todos ellos la Monarquía dotó de un Imperio en el que desarrollar sus aspiraciones humanas. Cuando en 1575 Felipe II puso en bandeja a los banqueros castellanos la cabeza de los banqueros genoveses, en último término esa «burguesía» (que en realidad aspiraba a ser aristocrática, y que no eran más que satélites de los banqueros cosmopolitas) se amilanó, y se echó atrás: obviamente, ante semejante debilidad, los genoveses forzaron a Felipe II a aceptar sus durísimas condiciones para continuar dando préstamos a la Monarquía.

TRES ARBITRIOS Y LA MOVILIDAD SOCIAL: VENTAS DE HIDALGUÍAS, DE JURISDICCIONES Y DE OFICIOS URBANOS

Como estoy defendiendo, una de las razones fundamentales de la estabilidad política en Castilla, o de la ausencia de revueltas (salvadas las Comunidades, luego vendrán los disturbios de 1590-1591) y de la potencia de Castilla y por ende de la Monarquía de España, fue la movilidad social.

Gracias a un arbitrio, la movilidad social se aceleró, se siguió un camino rápido y directo. Ese fue el de la «venta de hidalguías».

Se trata de un arbitrio según el cual el rey podía vender el título de hidalgo a quien lo comprara. No había nada irregular en ello, stricto sensu, en tanto en cuanto la concesión de ese privilegio era merced real que se concedía a cambio de un buen servicio prestado a la corona. El buen servicio ahora no era otra cosa que el dinero. Sin embargo, he aquí el cambio: la desnaturalización del servicio al rey. No eran ya servicios por las armas, sino compraventas.

Durante la segunda mitad del siglo XVI hay muchos fenómenos que nos hablan de la corrupción, o descomposición de las estructuras tradicionales por el empuje de la fuerza del dinero. ¿Qué mejor ejemplo que la venta de hidalguías?

Antes de seguir adelante quiero aclarar que no es lo mismo vender hidalguías que títulos nobiliarios. Con la venta de hidalguía un pechero pasa al estamento exento. La compra de un título de duque, por ejemplo, la efectúa un conde. En este caso, dentro del mismo estamento, se sube de nivel o de prestigio, pero no se adquieren privilegios nuevos. Conviene advertir esto porque es fácil caer en la confusión de considerar lo mismo la compra de una hidalguía y la compra de un título. Mientras no haya cambio de estamento, no nos interesa mucho el fenómeno porque no implica cambio social.

Formar parte de la hidalguía tenía, además de ventajas económicas, sobre todo sociales. La inmunidad del pago de tributos directos personales, o las diferencias jurídicas, como el no poder ser atormentados, azotados o mandados a galeras, sufrir cárcel por deudas entre particulares (recuérdese el raro proceso del padre de Cervantes), tener prisión aparte, no podérseles embargar algunos de sus bienes, disponer de jueces especiales, todo ello conformaba el mundo de privilegios que a nadie desagradaría (y que describió Domínguez Ortiz, I, 180-181).

Los orígenes de este arbitrio de la venta de hidalguías se pierden en una nebulosa de datos inciertos. Parece ser que hacia 1523 Carlos V pretendía recaudar hasta 500.000 ducados por medio de esas ventas. Calculamos que, aproximadamente, se daría a 100 personas el privilegio de hidalguía (Carande, II, 503).

Sin embargo, durante años se desestimó la ejecución del arbitrio, hasta la llegada del reinado de Felipe II. Las ventas de hidalguías se hicieron al principio cautelosamente, para no despertar suspicacias. Felipe II en cierta ocasión, hacia 1563, vistos ciertos papeles que le remitía el Consejo de Hacienda apostillaba:

En lo de las hidalguías y alferezazgos parece bien lo que decís de no escribir a los corregidores sobre esto por ser negocios de la calidad que es, sino esperar a ver si acuden a tratar de ello y entonces lo podréis tratar (las citas de archivo en Alvar, «Arbitrismo y nobleza»).

La paralización en la ejecución del arbitrio puede estar definida perfectamente por el contador Almaguer que rotundamente afirmó en unos «Capítulos sobre la Gobernación» (de 1563) en que exponía que «las hidalguías no se deberán vender en ninguna manera por el gran perjuicio que de ello resultará a los nobles y a los pecheros, y porque los más de los hidalgos que se hicieren serán confesos».

Es decir, en último término, aparecía el fantasma de la desnaturalización social, por un lado, y de la movilidad social de los conversos, por otro. Reparos porque se alteraba la tradición, porque se causaba mal a los pecheros (si había muchos hidalgos, esto es, exentos, los pecheros que fueran quedando tendrían que tributar más) y, finalmente, el señalamiento social: ante la posibilidad de que los conversos pudieran medrar socialmente y camuflarse, era mejor, de antemano, cerrar las puertas del ascenso social o de la movilidad social.

Modesto Ulloa expuso otros criterios para que no hubiera ventas de hidalguías, pues eran «indecentes», como las ventas de legitimaciones de hijos de clérigos (Ulloa, 161).

No nacía con buen pie este arbitrio, «experimento preñado de riesgos» en el buen decir de Carande, y desde luego no iba a ser nunca muy rentable. Por ejemplo, cuando en 1569 se toman las cuentas del tesorero general, Melchor de Herrera, solo se anota una entrada «de Pero Alfonso, vecino de Toledo, DCCL. [=750.000] a cumplimiento de cinco mil ducados por una hidalguía», siendo el cargo total de 225.619.465 maravedíes Una hidalguía vendida no representaba más del 0,3 por ciento de lo recaudado en unos meses.

En 1582 se hace una inspección a otro contador real, Melchor del Alcázar, y de 75 entradas auditadas sobre rentas en Sevilla, solo tres se refieren a ventas de hidalguía, a un tal Esteban López, Alonso Núñez y Baltasar de Jaén. Representaban el 2,7 por ciento, e incluso por debajo de la media de las demás entradas: es decir, comprar una hidalguía era relativamente barato (1.800.000 maravedíes aproximadamente, accesible para «ricos» que mirasen hacia el futuro, impagable para un campesino, naturalmente), pero desestimable socialmente. Este sí que era su verdadero precio.

Precisamente por esto es por lo que se pensó rebajar el coste más de una vez: «Que se modere algo el precio» decía Felipe II, porque «no se han despachado más de cuatro, deseándolas muchos». Y añadía, dándonos la clave de sus intereses: «Por haber tanta necesidad de dineros no se pueden dejar de vender algunas». Es decir, se necesitaba dinero líquido con urgencia, y había que recaudarlo como fuera: bájense los precios del arbitrio. Pero el precio es una cosa, y el valor otra. El valor era inmenso: dejar de ser pechero y pasar a ser hidalgo. Por otro lado, la falta de liquidez como guía de los procedimientos fiscales fue una constante en aquellos siglos.

En cualquier caso, no se han desmentido las palabras de Domínguez Ortiz, de hace décadas, sobre que a lo largo del XVII no solo se estancó el valor nominal de las hidalguías que salían a la venta, sino que incluso bajó. Teniendo en cuenta la inflación, el valor real fue cayendo en picado.

Pero no se compraban tantas como deseaba la corona. Sin duda que tras esa inelasticidad de la demanda estaba el que llegar a hidalgo por compra era bochornoso.

Tan escasa era la demanda de compra de hidalguías, que cuando las Cortes de 1628 concedieron de mala gana la venta de cien, tuvieron que ser las propias ciudades las que compraran algunas porque no aparecieron compradores.

En las breves palabras que dedica Ulloa a las ventas de hidalguías, muestra cómo en 1569 hubo 16 concesiones de estos privilegios. De los datos que disponemos, ese año fue con mucho, en el que más dinero se recaudó por ese privilegio. Domínguez Ortiz señala que en todo el reinado de Felipe IV (1621-1665) hubo 102 ventas, siendo el año en que más el de 1630, con 28 concesiones.

La explicación a esta desafección podía radicar en que para muchos resultaba más interesante comprar, por ejemplo, una regiduría que una hidalguía. Así, de regidor, además de la honra por formar parte de los caballeros urbanos, y desde la perspectiva estamental, en una situación ambigua y favorable en cuanto demostrase su riqueza, detentaba poder, lo cual per se, no lo daba la mera hidalguía.

Y todo este proceso vino dándose a pesar de la oposición de las Cortes, sin ser tema de especial preocupación, pero sí de relativo interés.

En el lejano 1518, en las primeras Cortes convocadas por Carlos V, los procuradores se lamentaban de que «muchos labradores pecheros ganen privilegios y sean habidos por fidalgos y no pechen».

A su vez, en las Cortes de Madrid de 1563, en el Capítulo LVII de las peticiones, los procuradores indicaban al rey:

Y porque de venderse hidalguías, los vecinos pecheros de estos reinos han sido y son muy fatigados y cargados en los pechos, porque aquello que les cabe a pagar a los tales hidalgos no se descarga, antes se carga a los buenos hombres pecheros, suplicamos a Vuestra majestad que no se vendan más hidalguías, ni se den libertades ni otras exenciones por dineros.

A lo que Felipe II respondió con la evasiva fórmula que «a esto vos respondemos que mandaremos ver y proveer sobre ello lo que convenga».

Nuevamente en las de Madrid de 1566 apareció la misma queja. Los más susceptibles fueron los representantes de Ávila. Pero en esta segunda ocasión, Felipe II fue más explícito y sus palabras confirman lo que sabemos por las cuentas de su Hacienda:

A esto vos respondemos que los privilegios de hidalguía que se han despachado hasta ahora han sido pocos, y aquellos concedidos por algunas justas causas y consideraciones, y que para lo de adelante mandaremos que cerca de esto se tenga toda consideración y respeto, para que cesen los inconvenientes que en vuestra petición referís.

Unos pocos años más tarde, en las Cortes de Córdoba de 1570, aun quejándose por la aplicación de nuevos arbitrios, y por supuesto del de la venta de hidalguías, se dejaba cierta permisividad a los deseos del rey… a cambio de una rebaja en otros tributos, en el servicio ordinario:

Que no se vendan hidalguías [pedían las Cortes], y si se hubieren de vender, se descuente al reino del servicio lo que estas montaren, y asimismo se le baje lo que montan las vendidas de las Cortes pasadas acá.

Cediéndose a los ayuntamientos los registros de los nuevos hidalgos, con lo que no estaban todos de acuerdo, por cuanto implicaría «hacer novedad», como se quejaron algunos procuradores. Más que a hacer novedad el miedo a las nuevas hidalguías podría estar en que si la mayor parte de los nuevos hidalgos eran conversos, o eso se sospechaba, ¿para qué que hubiera registro? En el Cuaderno de Cortes en la petición XVI se lee:

Otrosí decimos, que a causa de las hidalguías que se han vendido a algunas personas, que de necesidad son los más ricos de los pueblos, la gente pobre y miserable viene a padecer necesidad y a cargar sobre ellas la paga de todo el servicio enteramente. A V. M. suplicamos que de aquí adelante no se dé lugar a semejantes ventas y arbitrios, y que pues el Reino otorga el servicio, entendiendo que los tales han de pechar y contribuir en él, se le descuente lo que monta que habían de pagar los que las han comprado, a lo menos desde las Cortes pasadas acá.

La contestación de Felipe II no tiene desperdicio:

A esto vos respondemos que de este expediente —entre otros— se ha usado para remedio de nuestras necesidades, no se pudiendo excusar, usando en esta parte de la autoridad real que tenemos y nos compete para conceder los privilegios de mercedes y hidalguías, sin que por esto se pueda pretender otro descuento. Mas todavía, visto lo que nos pedís y suplicáis, mandaremos que se proceda en esta parte con consideración para que se excusen los inconvenientes que referís.

De nuevo en las Cortes de Madrid de 1576 se trató el asunto. Esta vez el Capítulo XLVI fue el más extenso y prolijo de todos. Sintéticamente se hablaba de recordar al rey la vieja promesa de que si se vendían hidalguías se rebajaría el servicio, «porque las hidalguías [que] de quince años a esta parte se han vendido, son muchas, y los compradores de ellas [son] los más ricos de los pueblos», lo cual causaba grave perjuicio en los demás, porque los hidalgos estaban exentos del pago del servicio.

En las de Madrid de 1592 se manifestó la repugnancia social que se encontraba hacia los que habían comprado hidalguías:

Los nobles sienten que les igualen personas de tan diferente condición y se obscurezca la nobleza y los pecheros sienten que los que no tuvieron mejor nacimiento que ellos se les antepongan por solo tener dineros.

Así que si el ser hidalgo conllevaba ciertos privilegios, y acceder a la hidalguía de manera directa, por compra, era fenómeno posible, aunque extraño, ¿no había otros medios para llegar al estamento privilegiado, y sobre todo sin señalamiento, desprecio o estigmatización?

La contestación afirmativa me permite introducirme en otro arbitrio: la venta de jurisdicciones.

LAS VENTAS DE JURISDICCIONES O DE TITULARIDAD DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Las ventas de jurisdicciones y de vasallos, como se les conocía, implicaban solo y exclusivamente el traspaso de un tipo de jurisdicción a otro: del rey a un particular. Así, un núcleo de población pasaba de ser realengo a ser señorío laico. El mecanismo tiene otras peculiaridades, que son muy interesantes y sobresalientes en los alrededores de Madrid, la corte. López Salazar estudió las características de esas ventas según estos principios básicos:

1.   Alrededor de Madrid había de todo, realengo, señorío secular, eclesiástico, municipal y de órdenes militares.

2.   Hasta el siglo XVIII se siguió un proceso permanente de disminución del realengo.

3.   El dinamismo de este proceso de señorialización se puede dividir en cuatro fases: de los Reyes Católicos a Felipe II. Felipe II. El siglo XVII. El epígono del siglo XVIII.

En ese proceso de aumento de los lugares de señorío, en detrimento de los de realengo, se vivió un proceso histórico y cronológico muy significado: primero, ventas de territorios vinculados a las órdenes militares; segundo, ventas de territorios vinculados a la Iglesia y, finalmente, ventas directas de realengo. La primera de estas fases viene a coincidir con el reinado del emperador, mientras que la segunda tiene lugar, de manera abrumadora, a partir de la década de 1570.

En 1529 el papa Clemente VII otorgó a Carlos V facultad para desmembrar y separar perpetuamente de las mesas maestrales de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara algunos lugares, castillos, jurisdicciones, vasallos, montes, pastos, bienes inmuebles y fortalezas hasta un valor de 40.000 ducados. La misma bula quedó confirmada por Paulo III en 1536 y por Paulo IV en 1555.

Al mismo tiempo, Paulo III en 1548 concedió un breve al príncipe Felipe para la desmembración de hasta 40.000 ducados más.

Por bulas de Pío IV en 1559 y Pío V en 1570 se continuó con el proceso desmembrador de órdenes militares.

El mecanismo que se siguió fue el de que una vez decidida la desmembración, otorgado el consentimiento por el comendador de la encomienda afectada, un juez de comisión real tomaba posesión en nombre del monarca. Así el territorio pasaba a la corona, dejando de pertenecer a una orden militar, y acto seguido se procedía a la venta a un señor laico. Los trámites para esta compra, por regla general, habrían empezado antes de que el rey tomase posesión del territorio de órdenes militares.

Por medio de este procedimiento, más del 20 por ciento de las encomiendas de Santiago y casi otro tanto de las de Calatrava cambiaron de señor. Geográficamente se concentró el proceso en la Meseta Norte.

En lo que respecta a los alrededores de la corte en 1538 pasó a ser de don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, Brea de Tajo (que pertenecía a la encomienda de Almoguer, desmembrada de la Orden de Calatrava y vendida al marqués en ese año de 1538). Meco era ya suya desde tiempos de don Juan II.

Igualmente, don Arias Pardo Saavedra, mariscal real, obtuvo de Santiago, en 1541, la encomienda de Paracuellos.

En 1560 pasaron a don Francisco de Mendoza, general de las Galeras Reales, Estremera y Valdaracete.

En 1573 se vendió Villamanrique de Tajo a doña Catalina Lasso y en esas fechas pasó la de Auñón a don Melchor de Herrera (luego explico su inclusión aquí).

En 1540 (según Fernández Izquierdo), la encomienda de Oreja, de la Orden de Santiago, y en ella Colmenar de Oreja, pasó al duque de Maqueda a cambio de la donación que hacía de unas dehesas y otras heredades «para introducirlo todo en el Bosque de Aranjuez».

A cambio de estas enajenaciones, a los comendadores había que entregarles ciertas compensaciones, lo cual se hizo con juros, ya que perdían fuentes de ingresos. Aunque a largo plazo, o en lo que es el monto total de la Hacienda Regia no parezcan grandes negocios, ha de pensarse que por cada traspaso de estos se obtenía liquidez. Y la liquidez era, para las finanzas de los Austrias, oxígeno. Por ello, pronto se usó como modo de devolver ipso facto el dinero adelantado, tal y como vemos en este ejemplo firmado por Felipe II, en Barcelona, el 28 de febrero de 1564:

Nos habemos tenido por bien que Antonio Fúcar y sobrinos puedan nombrar persona a quien se venda la encomienda de Mohernando, con los vasallos, rentas y derechos que tiene, y asimismo las alcabalas que en ella hay, y que lo que lo uno y lo otro montare, se le dé y pague en cuenta de su deuda. (AGS, CJH, 53-111).

Por otro lado, a partir de 1551 se inició el proceso de ventas de villas y lugares de iglesias y monasterios, o sea, de abadengos. En ese año Julio III expidió una bula a favor de Carlos V para que pudiera vender lugares, fortalezas y villas pertenecientes a las órdenes de San Benito, San Agustín, San Jerónimo y cualquier otra, hasta un monto de 40.000 ducados. En agosto de 1558, analizando las «cosas sustanciales», se expresa la necesidad de conocer cómo va lo vendido de los 20.000 ducados y «ver lo que falta por vender de las mesas maestrales para los otros xx. ducados [=20.000 ducados]».

A la vez, se dio permiso para apropiarse de bienes del clero hasta una renta anual de 500.000 ducados. Era el preámbulo al proceso iniciado por la bula de Gregorio XIII.

Gregorio XIII concedió por bula el permiso a Felipe II para «desmembrar, quitar, apartar y vender perpetuamente cualesquier villas y lugares, jurisdicciones, fortalezas y otros heredamientos, con sus rentas, derechos y aprovechamientos pertenecientes a cualesquiera Iglesias Catedrales de estos Reinos [...] y desmembrado, darlo, donarlo, y venderlo y disponer de ello» sin pasar de 40.000 ducados. En la bula se especificaba, igualmente, que para estas enajenaciones no había que contar con la aprobación de los prelados afectados, aunque sí habría que compensarles. Esta bula se volvió a confirmar en 1579. Lo de las compensaciones se hizo, pero en juros, no en efectivo. Insisto, pues, en la liquidez obtenida en un primer momento, y la subrepticia transformación de deuda a corto plazo, en deuda a largo.

Los historiadores que me han precedido han coincido al señalar el año de 1574 como el año clave en el desarrollo de estas ventas de lugares de abadengo. López-Salazar habla de «auténtica revolución en el mapa dominical» alrededor de la corte.

Igualmente, se inicia la fase de los traspasos entre particulares de los señoríos comprados anteriormente; del mismo modo que hay continuos cambios de señorío eclesiástico a laico, y de ahí a realengo, etc. en palabras de López-Salazar, es «la edad de las peripecias jurisdiccionales».

Este proceso de ventas afectó de manera muy peculiar al Arzobispado de Toledo. En especial a la diócesis de Alcalá de Henares.

Los lugares salían a la venta si tenían comprador. Era una manera más de asegurar su enajenación y la liquidez. Es decir, la oferta iba a remolque de demanda. Por eso no coinciden las líneas de deuda pública y del número de ventas, porque no es un proceso sistemático de desamortización, sino de venta sobre seguro, asistemáticamente.

Así es que, sobre el papel, la Iglesia participó directamente con la fiscalidad regia y por esta vía, con 120.000 ducados, 45.000.000 de maravedíes.

La variante que se introduce entrado ya el siglo XVII, es que lo que se venden son vasallos de realengo. Directamente.

En las Cortes de 1625 el rey recibió permiso para enajenar hasta 20.000 vasallos, como recoge Domínguez Ortiz, «de behetría, como de villas que tienen jurisdicción propia, o aldeas de cualesquier ciudades o villas». Estos 20.000 vasallos servirían para cubrir los gastos de los asientos firmados con Octavio Centurión, Carlos Strata y Vicente Squarzafigo, por un lado, y por otro, el de Antonio Balvi y, finalmente, el de Pablo y Agustín Justiniano. Cada vasallo a 15.000 o 16.000 maravedíes según dependiera la localidad de la Chancillería de Valladolid o de Granada, y una novedad: no solo se computarían los vasallos, sino la superficie del término (a 5.600 y 6.400 ducados respectivamente), eligiendo la Hacienda lo que más le conviniera.

Hacia 1628 se pensaba que ya se había cubierto el cupo. Quienes no lo creían así, el rey y la Hacienda, se basaban en los cómputos de vasallos enajenados: y no es de extrañar, porque las variaciones entre el número de pobladores de un lugar, según los cálculos del rey o del pueblo, podían variar.

En cualquier caso, si en tres años se había traspasado la jurisdicción de 20.000 vasallos, esto nos habla de la demanda evidente.

No ocurre ya así en 1630, cuando se autoriza la venta de otros 12.000. Hasta 1638 no se daba por zanjada esta segunda «emisión». Si ahora se tardó más fue, según Domínguez Ortiz, porque la demanda empezaba a saturarse, y quien quisiera ampliar su poder social por vía de compra, disponía de otros instrumentos más: compras de regidurías, escribanías, y un sinfín de oficios municipales que había en el tenderete estatal.

Concluido el proceso de venta del segundo lote, en 1639 se ponen a la venta otros 8.000, y como dice Domínguez Ortiz, «veinte, más doce, más ocho mil vasallos son 40.000», vendidos por vía legal, porque hacia 1670 se calculaba que se habían vendido 13.089 vasallos más de los permitidos.

En cualquier caso, en menos de cincuenta años en el siglo XVII, unos 230.000 castellanos conocieron cómo cambiaba su régimen jurisdiccional.

La extensión de estas ventas fue lo más dañino: no son muchos, relativamente, pero si tenemos en cuenta que en su mayoría estas ventas afectaron al valle del Guadalquivir, y los alrededores de Madrid, sobre todo en dirección a Toledo y Guadalajara, comprenderemos que afectaron más a unas zonas que a otras.

¿Qué movía a un individuo a comprar una localidad? Podríamos pensar que hubiera un móvil económico. Domínguez Ortiz lo desestimó, y vengo a corroborarlo. No hay tal, salvo que antes o después de la compra se adquirieran las alcabalas o tercias.

En efecto, las rentas señoriales que percibía el señor de Daganzuelo (hoy despoblado) eran 7.224 maravedíes. La cantidad es irrisoria. Como los 7.007 maravedíes de Pezuela, los 1.293 maravedíes de Los Santos; los 15.096 de Talamanca, los 1.427 de Valdepiélagos, los 1.414 maravedíes de Zarzuela (en AGS, Dirección General del Tesoro, 24 y 284). A mediados del XVIII, el señor de El Vellón y El Molar solo percibía 132 reales por derechos de pecho forero, 100 por penas de cámara, 20 gallinas y dos cabritos al año (según López Salazar).

Lo malo es que el señor nuevo quisiera hacer novedad o cobrar sus derechos íntegros. Entonces, surgían los problemas, como ocurrió a las relaciones entre Paracuellos y el nuevo señor (desde 1542) don Arias Pardo. Se entabló un pleito y el concejo esgrimía que el susodicho debía estar «obligado a las mismas costumbres, leyes, fueros y estilos del dicho concejo», es decir, a dejarles vivir con el absentismo del señor, que es como vivían cuando eran lugar de órdenes militares.

Pero insisto, y uso de nuevo palabras de Domínguez Ortiz, «la pura y simple jurisdicción de un pueblo no era una inversión interesante».

Buena inversión, entre otras, sería la del conde de Chinchón, que compró las alcabalas de más de diez localidades en 1606. En 1607, el rey aprobó un concierto entre este conde y el de Puñonrostro, señor de Cubas y Griñón, además de con el arrendador de las alcabalas de Torrejón de Velasco, para que la feria anual de Chinchón se cambiara por una feria temporal más corta en esa localidad, y se permitiera que hubiera otra en Brunete por San Martín. Era una buena medida para activar los intercambios en sus zonas, sin perjuicio de nadie.

El caso es que si la compra de una jurisdicción no tenía acicate económico, entonces, ¿qué podía hacer que hubiera compras de jurisdicciones?

El atractivo estaba en otras cosas:

1.   Comprar una localidad un pechero, entiéndase un funcionario o un asentista, era abrir el portillo falso a la nobleza, pues desde ese momento era «señor de vasallos». Lo demás vendría dado con el tiempo, y era cuestión de paciencia. Así, por ejemplo, Mejorada era lugar de la tierra de Segovia. En 1574 pasa a la corona, en 1593 se vende a Francisco González de Heredia, en 1611 se le venden las alcabalas de la localidad al mismo individuo, que ya era comendador de la Puebla de Alcántara, consejero de Castilla, secretario de la Cámara de Castilla, secretario de las Tres Órdenes, alcaide de varios alcázares y fortalezas y señor de Mejorada. Según mis datos, su cuna no era noble, pero así iba a dejársela a sus descendientes. En 1672, arruinada la familia Heredia, se vendió la localidad a don Pedro Fernández del Campo, caballero de Santiago y consejero de Indias. No era de origen noble. Pero lo iba siendo. En 1673 es distinguido como I marqués de Mejorada, y se cambia el nombre del lugar: el apellido del señor pasa a ser topónimo, y Pedro Fernández del Campo impone este del Campo a Mejorada. En 1757 se hizo la tercera venta del lugar a don José de Torres, y el nuevo señor ya rimbombantemente era príncipe de las Torres y marqués de Villamejor y de Mejorada...

2.   La compra de varios lugares podía servir a nobleza relativamente nueva a redondear sus territorios jurisdiccionales. También a los aspirantes a esa nueva nobleza, como funcionarios. Helen Nader ha puesto de manifiesto el ejemplo del marquesado de Mondéjar. Podemos citar algún otro caso que afecta también a Madrid. Un ayuda de Cámara del Rey, Sebastián Cordero, compra en la actual provincia de Madrid, en 1582, las alcabalas y la jurisdicción de Carabaña, Orusco y Valdilecha. El Molar y El Vellón pasan al secretario Antonio de Zubiaurre en 1585. Don García de Mendoza, Algete y Valdeolmos en 1578 y 1581. Alonso Enríquez, vecino de Cuenca, se hace con Los Santos en 1579 y su próximo Pezuela en 1579. El conde de Barajas consigue una corona de alcabalas y tercias en 1612 para cerrar el poder de sus estados. Las compras de rentas habían empezado por las tercias de Barajas, Alameda y Torrejoncillo en 1540 por don Juan Zapata Osorio. Y se podrían seguir poniendo ejemplos.

3.   Se saciaban los anhelos de prestigio social. Es así como un tesorero real de Felipe II, Melchor de Herrera, acabó siendo marqués de Auñón, señor de Talamanca y de Valdemoro. Un descendiente de Justo Walter, factor de los Fúcares en tiempos de Felipe II, podía tenerse por señor de Daralcalde y Viveros en 1613. Hablo de don Lope Zapata Walter. Y los señores cambiaban los topónimos: ya he mencionado el caso de Mejorada; ocurrió lo mismo con Pozuelo de Aravaca, que comprado en 1632 por don Gabriel de Ocaña y Alarcón, caballero de Santiago, secretario del rey en el consejo de Órdenes, se llama, desde entonces, Pozuelo de Alarcón. Otros pueblos han tomado derroteros distintos: Campo Real, Arganda del Rey, fueron localidades que lucharon por su anexión a la corona (1579 y 1583 respectivamente), y conseguida, quisieron que quedase orgullosa memoria del hecho en sus denominaciones. Aunque las cosas son así, y Arganda se vendió en 1613 y Campo Real en 1636.

4.   Aunque parezca increíble, se conseguían lugares de esparcimiento. Esto en parte explicaría las numerosas compras de despoblados que se hacen, incluida su jurisdicción, buscando, es innegable, controlar rentas y tierras de una localidad (aun sin vecinos), buscando acaso o su repoblación, su conversión en «mansión», o su conversión en pastos. Cerca de la corte, muchos fueron los cortesanos que abrieron palacios en Arganda, Barajas, Pezuela, etc.

VENTAS A PARTICULARES DE LA PROPIEDAD DE RENTAS REALES

Desde Carlos V en adelante, la corona emplea el arbitrio de vender alcabalas. Tradicionalmente se ha puesto en tela de juicio su efectividad, en tanto en cuanto, el erario real perdía poco a poco una de sus fuentes de ingresos más importantes. Es cierto. Pero por esta vía, se conseguía dinero contante y sonante con rapidez, es decir se conseguía liquidez para hoy y, por la estructura financiera de la Monarquía Hispánica, también para mañana.

Me explico, e insistiré de nuevo: la creciente deuda pública, los juros en sus diversas modalidades, se situaban sobre rentas específicas. Por ejemplo, sobre las alcabalas de tal localidad. Hasta el vencimiento del juro, los intereses había que irlos cargando a esa renta (en el ejemplo que nos ocupa, sobre esa alcabala). Así pues, parte de los beneficios que el rey recibía en concepto de alcabalas resultaban estar inmovilizados, pues se le iban en pagos de intereses de deuda pública. Si a un particular se le endosaba ese pago, a cambio de engrandecer su patrimonio con la titularidad, administración y —en su caso— beneficios de esa renta, por una suma pagada en efectivo, la corona percibiría hoy dinero para pagar a unos criados de la Casa Real, mañana para un cuerpo de ejército y así sucesivamente. Vendida la renta (aun cuando se dedujeran de su importe los gastos procedentes de la amortización de los juros), además, dentro de unos años, aunque se hubiera olvidado de ella misma, también se habría olvidado de pagar los juros que hubiera sobre ella.

Esta es pues, a mi modo de ver, la razón de ser de las ventas de alcabalas: conseguir rápida y momentánea liquidez. El problema estribó en que se emitió mucha deuda, se vendieron muchas alcabalas y tercias y otras regalías, y el sistema anduvo más desequilibrado de lo deseable. Las consecuencias ya las conocemos: arbitrar para tapar este pinchazo, otro parche; y cuando este no aguantara la presión, ponerle encima otro, y otro y otro... apareciendo beneficiados por todas partes.

Conforme avanza el siglo XVI, el número de alcabalas vendidas va aumentando, al mismo tiempo que varía su concentración geográfica: curiosamente tras 1561 se venden más en términos absolutos y proporcionales en las proximidades de Madrid que en fechas anteriores. Los compradores solían ser, por un lado, alta nobleza, que adquiría una renta basada en el comercio, para unirla a las demás rentas de sus señoríos; en segundo lugar, los nuevos señores de vasallos que, comprada la jurisdicción de una localidad cualquiera, reforzaban su poder por medio del control económico también. Adviértase que eran más caras las alcabalas compradas con señorío, que las compradas sin él. Adviértase igualmente que era más costoso comprar las alcabalas de una localidad, que comprar el señorío de la misma localidad. Son dos ejemplos bien significativos del valor que a esta renta y a la jurisdicción daban tanto la corona, como los compradores. Como dijo Moxó, «la norma tradicional es que fuera el titular del señorío quien comprara sus alcabalas».

Los inicios de este proceso de ventas de alcabalas podemos situarlos en 1537, de manera rudimentaria, experimental, y de manera sistemática tras las Cortes de 1538. El 20 de julio de 1539 se dio facultad al tesorero Alonso de Baeza para que pudiera vender en alcabalas, tercias y otras rentas por valor de 4.500 ducados anuales. A partir de 1564 hay una reactivación notable del proceso, hasta tal punto que más del 60 por ciento de lo recaudado por ventas de alcabalas se debe a tiempos de Felipe II.

Coinciden aquellas fechas con las de las primeras ventas de lugares enajenados de las órdenes militares.

Por aquel 1539 se permitía comprar las rentas que nos ocupan a cualquier persona o institución. Si los Trastámara, en sus donaciones, se habían guardado de perder el control sobre las alcabalas, con Carlos V se invierte el proceso, y es el propio rey el que insta a estas enajenaciones, acuciado por su política internacional. Bien es verdad que con mala conciencia. Así en 1554, no recomendó a su hija Juana que continuara con el proceso.

Sin embargo, al subir al trono Felipe II, cuando deja instrucciones a la gobernadora, como hizo su padre, la gobernadora a la sazón volvía a ser doña Juana, su hermana, sí le da permiso para vender alcabalas.

No voy a ocuparme ni de los precios, ni del mecanismo, ni de los años de más o menos ventas, pues ya lo hizo claramente Moxó. Solo recogeré una idea suya, que considero importantísima y que hay que ponerla en relación con la agilización de la recaudación por lo de la liquidez, y es que en tiempos de Felipe II las ventas se abarataron: es un mecanismo natural para vender más deprisa. No obstante, las más caras eran de los alrededores de Madrid y Alcalá, por las causas ya expuestas.

Siguiendo las peticiones de Cortes, vemos que los procuradores, opuestos —relativamente— a estas ventas, pretenden que la corona actúe igual que con las ventas de hidalguías: que se pare el proceso, y en todo caso que se reconozcan las ventas efectuadas descontando su equivalente de lo que el reino ha de pagar en concepto de servicio.

Cabe preguntarse si a los pueblos esto del cambio de señor les perjudicaba. No puede haber una contestación única: unos lugares preferirían a un señor que a una oligarquía urbana, otros preferirían a su antiguo comendador que a un señor dispuesto a hacer cumplir a rajatabla sus derechos. Lo que sí parece evidente es que se prefería más el ser de realengo que el ser de señorío.

Por esta razón es por la que creo que se da ese interminable proceso de concesión de exención a muchos lugares, y de incorporación a la corona. Proceso que, en los casos de Tielmes, Corpa, Pozuelo, Torrejón, Orusco, Villalvilla, Valdilecha, Pezuela, Olmeda, etc. arrancaría documentalmente de 1554. Tres años después de la bula de Julio III. Recordemos que según esa bula se podían vender localidades de iglesias (es el caso), como pasaría más tarde con la de Clemente VII. Por tanto, creo que, frente a lo que se ha venido afirmando hasta ahora, en los lugares de señorío archiepiscopal (no en los de las órdenes) el rey no necesitaba desmembrar, primero, e incorpora después para vender, finalmente.

Las múltiples desmembraciones que hay de la Tierra de Alcalá se deben, a mi modo de ver, a que como el rey no va a vender realengo, y ya que se van a vender lugares de la Iglesia, si se consigue la exención y se pasa a la jurisdicción real, se piensan que nunca saldrán del realengo hacia el señorío laico, por ejemplo. Son muchos los ejemplos de localidades que en los años setenta del XVI pasan por manos del factor Spínola, como agente real, para ser señorializadas, y luego, tras arduo pleito, se hacen realengas, eximiéndose en ese momento de Alcalá de Henares-Arzobispado de Toledo.

Pero, en cualquier caso, para que una localidad se incorporara a la corona había de tantearse, para autocomprarse. Entonces podían ocurrir varias cosas: que para autocomprarse y pasar a ser realengo hubiera de pedir un préstamo que se pagaba por cabeza de vecino y que si venían mal dadas, no hubiera con qué hacer frente a ese préstamo y entonces se hallara la peor de las soluciones, autovenderse a un banquero, o a quien avalara, poniendo así punto y final a sus deudas. Y esto pasó con frecuencia a principios del siglo XVII, al verse las consecuencias de la pandemia de la peste de 1596-1603 y las crisis cerealeras de finales del siglo XVI.

LAS VENTAS DE OFICIOS URBANOS

En tercer lugar, y como rápida explicación a lo que supuso la venta de oficios urbanos, tema tan del agrado de don Antonio Domínguez Ortiz, de don Francisco Tomás y Valiente (asesinado por ETA), del profesor Alberto Marcos y ya de tantos más, puedo apuntar, como ya hice en su día, algunas ideas.

Los cambios en la estructura municipal, o los cambios en el paisaje urbano fueron desde entonces inmensos: muchos arbitristas, muchos arbitrios, muchos oficios nuevos, muchas posibilidades de movilidad social. He aquí algunas de las propuestas que se hicieron. Ten presente, amable lector, que mucha de la tradición vinculada a las administraciones en la España actual, tienen clavadas sus raíces en tradiciones del siglo XVI, perfeccionadas en el XVIII, imagino que retocadas en el XIX, pero existentes aún hoy, a diferencia de otras tradiciones administrativas. Si no lo ves claro, te invito a que escuches los nombres de los oficios propuestos para su nueva creación a lo largo del reinado de Felipe II: aumento del número de procuradores de causas (desde 1562; desconozco el nombre del arbitrista); la creación de «monte píos» (desde 1565 por un arbitrista desconocido, plagiada en 1573 por Pedro de Oudegherste y Pedro de Rotis); el aumento de los fieles ejecutores (o protectores de los consumidores en los ayuntamientos, por Juan del Valle antes de 1572); fiscales del patrimonio real (desde 1573 por arbitrista anónimo; perfeccionado en 1582 por el licenciado Hernando de Olivares); constantes propuestas de reformas de las funciones de los corregidores (desde 1574); innovaciones en el procedimiento de las ventas de corredurías urbanas (desde 1574); fórmulas para disminuir el número de pleitos, pues su exceso es la causa de todos los males sociales (Tomás Cerdán de Tallada, 1574; como Ruiz-Gallardón); creación de un «Contador General del Reino» para la centralización de la administración de los bienes de propios municipales (Diego de Torres, desde 1575?); creación de registradores de la propiedad (Francisco de Solís, 1576, los bautiza «refrendario o registro de todas las escrituras de obligación») y, en fin, decenas de arbitrios menores o velados para intervenir en el comercio; o desde el otro lado de la moneda, los enigmas apuntados por Luis de Ayora, Lope de Salazar, Gaspar de Orellana y otros más.

Tal y como en su día escribió Tomás y Valiente, se vendieron oficios de pluma, de poder y de dineros. A esos tres tipos de oficios que señaló él me gustaría añadir, ya entrado el siglo XVII, oficios cortesanos. Oficios de pluma eran, por ejemplo, escribanías. Por toda Castilla se vendieron centenares de escribanías municipales. Se vendieron oficios de poder, esto es, regidurías municipales, por ejemplo, que se vendieron por miles. Y oficios de dineros: por ejemplo, cargos de contadores, o escribanos contables. Los oficios cortesanos vendidos fueron de baja condición, o de condición no excelente, como criados de espuelas por citar algo. En cualquier caso, nunca se vendieron oficios de administración de justicia, a excepción de los de procuradores de causas, que se crearon para que los abogados no estafaran a sus clientes.

Para que un oficio saliera a la venta, solía haber un proceso, no escrito, pero sí practicado con asiduidad:

I.   Exposición del arbitrio, bien para acrecentar el número de oficios, bien para crear otros nuevos.

II.   Análisis, por parte del Consejo de Hacienda, de la bondad de llevarlo a la práctica.

III.   Ejecución. En muchas ocasiones, como regalía, es la corona la que establece las condiciones para el traspaso.

Los que exponían la necesidad de acrecentar el número de oficios municipales podían ser los propios ayuntamientos, o una parte de sus vecinos, como así lo hicieron ya en 1508 en Medina del Campo, para aumentar el número de regidores con el fin de mejorar la administración de la Villa. Andando el tiempo, sería un arbitrista aquí u otro allá, el que «levantara la liebre» con el fin de incrementar las arcas reales y las suyas, por vía de recompensa.

Antes de que existiera la venalidad en sí misma, existía la posibilidad de transmisión de los oficios por el mecanismo denominado de la resignatio in favorem, la renuncia en favor de alguien, que era autorizada por el rey y que ocultaba, es fácil imaginarlo, una venta entre particulares.

En 1543, la primera junta extraordinaria para cosas fiscales de la que tengo noticia, y que estoy convencido de que no es la primera, platicó sobre «el acrecentar algunos regimientos, y en hacer perpetuos los cadañeros». Curiosamente, en la misma junta apareció un neologismo, que con el tiempo hará escuela: se trata de la voz aviso, con sentido fiscal: «Cuanto a lo del aviso» dado acerca de la posibilidad de arrendar las escribanías del reino, se tiene cierto temor a ponerlo en marcha y se remite la resolución al Consejo Real.

Dos fechas, o por mejor decir, dos momentos cruciales: tras la Guerra de las Comunidades y hacia 1540, como épocas en las que se puso en marcha el motor de las ventas.

En efecto, frente a tanteos anteriores, desde 1543 tenemos constancia del inicio de ventas de regidurías cadañeras y del acrecentamiento de otras, así como de la enajenación de escribanías, no sin reticencias entre algunos burócratas que veían mermarse sus oportunidades de ascenso social por esa suerte de cierta libre competencia.

Hasta 1557 solo se vendieron regimientos, juradurías, escribanías y un fielazgo ejecutor (en Sevilla y en 1544); en 1557 salieron ya a la venta las alferecías, y a partir de entonces, casi de todo: tenencias de fortalezas en 1558, alcaidías de cárceles desde 1569, procuradurías, depositarías y receptorías desde 1562, fieles ejecutorías desde 1570; corredurías desde 1591.

Pero, sin lugar a dudas, un año crucial fue el de 1566. En el verano Felipe II ordenó la creación de más de 400 oficios nuevos en 71 localidades. Entonces sí, y no a principios del siglo XVII o aun después (como ha afirmado con reiteración la historiografía), la Real Hacienda advierte que las ventas de oficios son una renta y no solo una merced real.

Cómo saltarse privilegios de venta

Pero de la misma manera que se vendía lo demás, también se vendía el privilegio de no vender: casi no hay actuación que vaya acompañada de la solicitud por parte de los afectados de comprar ese privilegio. Son innumerables las villas que lo hacen, ante el rumor o la certeza que se va a desmembrar su jurisdicción por la venta de privilegios de villazgo a los lugares de su tierra o partido. También la venta de privilegio de no incrementar el número de oficios municipales, por ejemplo. Pero igualmente son innumerables las violaciones de esos privilegios, que en muchas ocasiones no son abusos sin más, sino que se trata de burlas a vacíos legales, o de lagunas jurídicas en los privilegios. En estos casos, quien avisa de la existencia de esa laguna, y por tanto, de la posibilidad de anular el privilegio es un arbitrista, que conoce mejor el fenómeno local que la Administración Central, que, repito, no puede aprehender todo lo que tiene a su cargo. Traigo a colación, como ejemplo, el recuerdo de sus servicios de Juan Gómez de Bedoya, del que vuelvo a hablar más adelante, que propuso un «Quebramantamiento general de privilegios que proyben esençiones».

El arbitrio, «corre» en 1595; es decir se estaba aplicando aún en 1595.

Alterar la forma de vender: otro filón

Igualmente, era un arbitrio alterar en cierto modo el proceso: que en vez de un particular, fuera el municipio el que comprara el cargo para amortizarlo; después se le concedía privilegio de no ampliar el número de esos oficiales... y años después, es de suponer que gracias a otro arbitrio, la corona encontraría la vía de acrecentar cargos y ponerlos a la venta, entrándose en una recurrente actividad de gastos inútiles. Nuevamente Gómez de Bedoya habla de los memoriales dados: «El terçero, fue el consumo perpetuo de los Regimientos de las ciudades y villas del Reino que dio, año de 1590 passado, el qual se mandó executar y corre después acá y se ban sacando cada día gruesas sumas de millares de ducados».

El argumento que se podía usar era el de que los particulares que habían comprado los oficios, eran deudos de los regidores, y por su codicia, o por amortizar los gastos, explotaban al máximo, en beneficio particular, los propios o rentas municipales. El mal se evitaría si los oficios los compraran los municipios, y los ocuparan los hombres mejor preparados. Obviamente, la ruina de las haciendas locales no estuvo en que algunos oficios los ocuparan deudos de regidores, sino la sucesión de descalabros que se cebaban sobre ellas.

Las Cortes pedían acabar con esto de las ventas, no así los arbitristas. Naturalmente, si por alterar el mecanismo un particular podía obtener un beneficio económico, ¿para qué preocuparse por otras cosas? Es el caso de Hernando de Olivares Ynestrosa, que criticaba que ni de alferazgos, procuradores, fieles ejecutores, depositarios generales y alcaldes de cárceles, «de ninguno dellos viene provecho a la república ni a Vuestra Magestad», por lo que había que enmendar el sistema de adjudicación; o es el caso, también de Juan Gómez de Bedoya, que propuso en 1590, según él mismo declaró, que dejasen de perpetuarse los oficios «de regimientos y juraderías, alferazgos, y depositarías del Reino», y que se consumiesen, convirtiéndose en cadañeros: «De perpetuarse los dichos offiçios se viene a perpetuar y aumentar la perdiçión del Reyno», mientras que de consumirse, «para que sean cadañeros como de antes lo eran se siguirán siempre y continuamente para siempre xamás muchos aprovechamientos para el Reino y para el aumento de la hazienda Real y que este consumo se puede hazer con comodidad y venepláçito de todos los comunes del Reyno sin que falten dineros para hazerle en la forma que él lo diere ordenado ni sea nesçessario ynterbençión ni consentimiento de los procuradores de Cortes».

Se le escuchó en enero de 1591 y «después se mandó executar y corre generalmente con todos quantos pueblos lo vienen a pedir de que se an sacado gruessas sumas de millares de ducados», aunque para él, «no a avido nada ni aún quien diga que yo lo hize».

Francisco Díez de Navarrete, a finales de siglo, hizo una extensa descripción de las consecuencias de las ventas de oficios y de cómo se usaban para provecho de las oligarquías urbanas. Los remedios aplicados, el consumo por las ciudades, no tenía sentido, porque se había corrompido también la designación, así que, era el momento de aplicar remedio: «Que Vuestra Magestad puede ser servido de mandar que todas las çiudades, villas y lugares realengos de Vuestros Reynos [...] donde los offiçios de rrejidores, jurados, escrivanos de ayuntamiento u otros qualesquier offiçios que no fueren vendibles», sino que por privilegio, sean consumidos por el ayuntamiento o nunca se hayan vendido, y por tanto, «se proveyeren por eleçiones de rrejidores o por votos de la comunidad de las ziudades do fueren sujetos los tales lugares», resultando de todo ello que los regidores consiguen darlos a quienes más les interesa, «y ansimismo usan lo mesmo con los offiçios de alcaldes ordinarios y de la hermandad y alguaçiles mayores en los lugares de sus jurisdiçiones [...], las escrivanías del dicho ayuntamiento, alcaldes ordinarios y otros muchos offiçios y fieles de las carnizerías de peso mayor y menor, cavalleros de la sierra, guardas del campo, alamines de la çiudad y del campo, beedores de los paños de los tejedores y beedores de los paños de los perayles y beedores de los paños de los tintoreros y beedores, ansimismo, de tintas de sedas y tejedores de las mismas sedas, que todos los quales trayn los sellos que se echan e las dichas sedas y paños lo qual es de grandísimo aprovechamiento, por ser el trato de todo muy grueso en la mayor parte del Reyno, que es en mucha suma de maravedís a cada uno de aprovechamiento, y ansimismo proveen en todos los demás offiçios beedores conforme la suerte le toca a cada uno de los rejidores, y la persona a quien nombran, como dicho es, sastifaçe cada uno al tal rrejidor que se lo da, y otras bezes lo dan en paga de serviçios que les han echo criados suyos y les usan haçiendo»,

Todo un mundo de corrupción y creación de redes clientelares, pero eso sí, todos sujetos o beneficiándose de la movilidad social: «Lo qual puede Vuestra Magestad muy bien hazer sin ningún escrúpulo de conciençia por ser ofiçios de Vuestra Magestad, anejos de rrepública y neçesarios para Vuestro Real serviçio y no ser de propios de çiudades ni billas ni lugares ni de otro particular que tenga el derecho que Vuestra Magestad a ellos tiene»,

Así que el rey podría cobrar a cada lugar, a «cada uno con un tanto, conforme fuere el offiçio de la tal çidad, villa o lugar y por el tiempo que fuere la costumbre de las dichas eleçiones, y el tanto será desde un ducado hasta diez y desde diez hasta çinquenta y desde çinquenta hasta ziento».

Al final, lo que el rey podría conseguir es que a la hora de desempeñar un oficio se prefiriera a quien dispusiese de armas y caballo, y mataría dos pájaros de un tiro: tendría ejércitos urbanos («por cudicia de los tales ofiçios, sustentarán armas y cavallo, cossa tan ymportante para qualquiera nezesidad del rreyno») y, en segundo lugar, se podrían recaudar buenas cantidades de dinero, más de 400.000 ducados anuales, «que no se entienda es por vía de pecho sino que es por serviçio como fue lo de los millones» .

Hasta aquí un rápido planteamiento general de la situación de la venta de oficios y algunos métodos para su permanente alteración en favor del rey. Pero, como decía antes, hubo muchas propuestas para la creación de cargos públicos nuevos, de alterar las funciones de los existentes, de trastocar la organización de la vida municipal, obteniendo el rey su beneficio y las gentes del común adineradas el suyo, porque pudieron beneficiarse de la movilidad social gracias a las necesidades del rey. Otros, gracias a estas ventas, pudieron sobrevivir en medio de las turbaciones de su vida. Veamos algunos ejemplos.

Existen en el Archivo Histórico Nacional ciertas «Consultas de gracia» de 1597 (Consejos, legajo 4415) y en esas consultas se decide a quién y por qué se le concede cierta gracia real. Veamos unos ejemplos de carne y hueso, con oficios municipales como telón de fondo.

En 1591 se había vendido un oficio de regidor en La Rinconada (Sevilla) a Luis Ponce de León. En 24 de enero de 1597, tras su fallecimiento, su madre solicitaba poderlo comprar, atento que era «noble y pobre». Al hijo se le había vendido por 220 ducados. Sin embargo, habían aparecido otros dos pretendientes. El Consejo resolvió concedérselo a ella por 150 ducados, indicándose además qué se haría con ese dinero, que era darlo entre otras personas necesitadas. En cualquier caso, los beneficios de la transacción eran múltiples:

1.   Se hacía una merced a la viuda, noble y pobre.

2.   Se hacía merced a todos los beneficiarios de los 150 ducados que ella pagara (y que eran una ama de cría de una infantita muerta, 50 ducados, para que pague una «casilla en que vive»; a un «soldado estropeado», otros 30; otros 30 a otro soldado que andaba pidiendo desde hacía diez días una merced; otros 10 a una viuda de otro heroico soldado que murió en la última Jornada en El Ferrol; otros 30…).

Por su parte, la viuda, la «Leiva» recibía merced por partida doble: primero, porque había recibido la merced y eso ya era bastante; pero es que además a ella, viuda, se le había dado un oficio por 150 ducados, que valía 220, de tal forma y manera que cuando lo traspasase (que es lo que haría la viuda), tendría 70 ducados de beneficio.

Pero también el rey había recibido su cuota de beneficio porque había logrado algo de liquidez para hacer sus caridades.

Por otro lado, la Villa de Quesada expuso que un Juan de Alcalá Amurrio sirvió durante veintisiete años en el oficio de regidor. Anduvo en la rebelión de Granada, y logró que Quesada participara en el servicio extraordinario de los «Millones».

Había renunciado el oficio en su hijo (adviértase que de un oficio público se podía renunciar en otra persona), pero habían muerto los dos, el padre y el hijo. La viuda quedaba con otro varón y cuatro hijas doncellas. Quesada solicitaba que se quedara el oficio la viuda (que, obviamente, lo arrendaría como si fuera una vivienda, a alguien capaz de desempeñarlo).

Pues bien, sabemos que el oficio tentó a varias personas (la documentación en los «Libros de la razón», en Simancas) y que lo solicitaron las personas siguientes: Diego López de Angulo, aposentador real, porque tiene deudas. Hernando de Zárate, ayuda de las cavas de sus Altezas, casado, cinco hijos, doce años en el oficio, su padre fue durante cuarenta años cerero mayor y guarda de damas. Está arruinado y tiene deudas. Además, uno de la frutería del rey, otro de la panetería, un archero, un jardinero de la Casa de Campo y una viuda de otro aposentador, con cinco hijos y muy pobre.

Finalmente se decidió concederlo a la viuda de Quesada, por 300 ducados, de los que 200 se darían a la viuda del aposentador (n.º 4) y los otros cien a los demás que habían solicitado el puesto, a partes iguales porque eran gentes necesitadas que habían estado al servicio del rey. La resolución se adoptó el 24 de enero de 1597.

Tercer ejemplo: doña Beatriz de Torres Bueso, viuda de Juan de Guevara, vecina de Adra, en el reino de Granada, suplicaba el oficio de regidor de Berja, en las Alpujarras, vaco por muerte de García de las Peñas. Juan de Guevara fue muerto por los moriscos en Granada, y el padre de la viuda también. Ella fue cautivada hasta que la liberó el marqués de Mondéjar. Se metió en un convento, se exclaustró y ahora pasaba mucha necesidad. El oficio se vendió en 100 ducados. Por los Libros de la razón parece ser que en 1583 se crearon los oficios en cuestión (de regidor en Berja), por 150 ducados, aunque la viuda diga que fue por 100, y que había cuatro «y que no los hay acrecentados». La viuda, o el que le asesorara en las losas de palacio movía las cantidades a su discreción.

En cualquier caso, también solicitaba el oficio Isabel Delgada, viuda: su marido fue Diego García de las Peñas y fue el regidor. Sirvió al rey en la costa de Granada y en la rebelión de las Alpujarras. Quedaron dos hijos, quienes «en cierta cuestión mató el uno al otro y por el muerto vacó este oficio; y el otro se ausentó y ella quedó sola y con gran necesidad».

La decision del Consejo fue salomónica: el 10 de febrero de 1597 se decidió dar el oficio a las dos viudas, por mitades.

Un cuarto caso: el licenciado Tomás de Mendoza quería comprar ¡cinco oficios de regimientos municipales! Actuaba en nombre de su hermano Alonso de Mendoza. Los regimientos que pretendía eran los siguientes: un regimiento en Málaga vaco por la muerte de Pedro de Madrid y cuatro regimientos acrecentados en Alhaurín. Todo saldría por 2.000 ducados.

La resolución que se adoptó fue que como en Málaga había 31 regimientos, seis «del número antiguo» y los demás acrecentados (¡25 de nueva creación para sacarlos a la venta instantáneamente!) y que valía cada uno 1.500 ducados, el «demasiado número de regidores que hay en aquella ciudad y conforme a las leyes de estos reinos y provisiones de Vuestra Majestad se han de consumir hasta quedar en el número antiguo», además de que cuando se venden esos oficios no es para pagar deudas:

Ha parescido que siendo Vuestra Majestad servido, se debe consumir este regimiento. [«Consumir», o sea, que desaparezca]. Los otro cuatro regimientos, al parecer del Consejo de Hacienda, se debían acrecentar (crear) en Alhaurín si era necesario, solo dos y no cuatro, porque es lugar de 280 vecinos y las dos regidurías que hay costaron 220 ducados, y es bastante.

Aún más. Esta vez en Asturias: el 29 de mayo de 1597 piden tres regimientos en Cangas de Tineo, Tineo y Somiedo varias personas, tras la muerte de Arias de Omaña. Valen los tres, 800 ducados. El de Cangas, 400, el de Tineo 275, y el de Somiedo 125. Solicitan los regimientos: 1. Doce cantores de la capilla real, además del apuntador y el teniente de maestro de ella. 2. Un aposentador real, Diego López de Angulo. 3. Pero de Robles y Sebastián Palma, archeros del rey junto con Pedro Oliva, portero de cadena. 4. Un lacayo del rey. 5. Juan de Monclús, un portero de la casa del Tesorero. 6. La viuda del difunto, María Rodríguez.

Murió el hombre a falta de un día para cumplir con los veinte días que marcaba la ley que eran imprescindibles haber poseído un oficio para poderlo traspasar. Además, su hijo había muerto en 1588 en Inglaterra, y quedó con cinco hijas y un niño pequeño.

La resolución fue dar los oficios a la viuda y sus hijos a cambio de que pagaran 600 ducados de esta manera: 300 ducados a diez lacayos a los que se les había concedido una receptoría de las Siete Meridandades de Castilla la Vieja; 200 ducados al monasterio de San Francisco de Madrid para ayudarle a labrar la enfermería, y finalmente 100 ducados a Adrián Nobout, archero real. Ni que decir tiene que ella, la viuda agraciada, o vendería esos oficios, o los arrendaría y así podría sobrevivir convirtiendo, como era uso y costumbre, el oficio público en una renta familiar, en un bien mueble.

EL CURIOSO CASO DE LA ESCRIBANÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA FAMILIA MONZÓN

Aunque podría utilizar otros miles de casos como ejemplos de cómo oficios públicos pasaban a ser bienes muebles de las familias, me limito a uno solo. Podríamos titularlo «los Monzón y la escribanía del Ayuntamiento de Madrid».

La escribanía municipal entonces era el equivalente a una secretaría municipal de hoy en día. Aunque existían escribanías creadas a saber desde cuándo (por ejemplo, desde la Reconquista), ahora, con las ventas de oficios, se dio el caso de que se crearon muchas nuevas (se «acrecentaron» decían ellos), que se vendieron y pasaron a ser, en cierto sentido, un bien más de la familia que los poseía, que los compró. De ahí que se pueda decir que todos los oficios comprados, que fueron muchos miles, se convirtieron en bienes familiares, de los que se disponía al antojo del titular (con licencia del rey) y que se traspasaban de generación en generación, o se arrendaban en unos terceros, por incapacidad de desempeño del oficio del titular: imaginemos que un titular moría con solo una hija y esta recibía un oficio de contador de las galeras. ¿Qué hacer? Arrendarlo a un tercero que lo desempeñase. De ahí que se pueda decir claramente que oficio y función estaban separados.

Por lo demás, ¿cómo no iban a defender a aquella Monarquía que tanto bien les garantizaba a ellos y a sus descendientes y se lo había dado a sus predecesores?

Y ahora vamos a ver cómo se nombraba escribano de ayuntamiento en una villa, la de Madrid. En términos actuales estaríamos tratando del nombramiento del secretario municipal.

Voy a explicar lo menos posible porque la documentación que ofrezco (inédita hasta ahora) es suficientemente explícita de por sí. Por cierto, la he ido reuniendo de diversas secciones, de diversos archivos. O sea, recomponiendo un rompecabezas que se me antoja entretenidísimo porque he ido localizando los documentos en las oficinas ante los cuales los presentaron los protagonistas de esta historia.

Arranco en 1570 y termino en 1600. Hablo de tres generaciones.

Todo empezó el 28 de febrero de 1570. Aquel día, ante el pleno municipal el escribano de Madrid, Francisco de Monzón (que disfrutaba del oficio desde antes de la llegada de la corte en 1561) se expresó de la siguiente manera, según se registró en los libros de Actas del Ayuntamiento. La escena, desde luego, debió de ser sobrecogedora:

Ilustres señores. Francisco de Monzón, escribano de este ilustre Ayuntamiento, digo que estoy enfermo de enfermedad grave puesto en las manos de Dios, en quien me encomiendo. Pido y suplico a Vuestra Señoría [el Ayuntamiento], por amor de Él, me perdone algunos descuidos que yo he tenido en servir a esta Villa, pues voluntad nunca me faltó para trabajar por el bien de ella.

Y porque yo dejo seis hijas y dos hijos, y el uno de edad de quince años que podrá servir a Vuestra Señoría, a quien suplico, en remuneración de los servicios que yo he deseado hacer y mis pasados han hecho, se me haga merced de nombrar por escribano a Diego Méndez y Gaspar Testa, mis hermanos, para que sirvan a Vuestra Señoría en este oficio, entretanto que mi hijo es de edad para poderlo hacer, en lo cual, Vuestra Señoría servirá a Dios y a mí y a mis hijos hará gran merced. Y porque yo no estoy para poder firmar, ruego a Marcos de Vega firme por mí. A su ruego, Marcos de la Vega.

Recogido el guante por el corregidor y los regidores allí presentes, haciendo un encomio del linaje y de lo bien que este había trabajado para el Ayuntamiento, tomaron la decisión siguiente:

Y por los dichos señores vista [la petición de Francisco de Monzón], unánimes y conformes, dijeron que, atento que Antón de Ávila y Gaspar de Ávila, tío y primo del dicho Francisco de Monzón, sus antecesores, y él han servido a esta Villa en el dicho oficio de más de sesenta y setenta años a esta parte, se nombra por escribano de este Ayuntamiento a Francisco de Monzón Testa, su hijo del dicho Francisco de Monzón, para que los sirva, según que el dicho su padre y sus predecesores le han servido con los salarios, aprovechamientos y otras cosas que ha tenido. Y que en el ínterin que el dicho Francisco de Monzón Testa es de edad para servir el dicho oficio, nombraron a Diego Méndez, cuñado del dicho Francisco de Monzón, vecino de esta villa y escribano del número de ella, con los salarios y aprovechamientos que se le da al dicho Francisco de Monzón Testa el dicho oficio. Testigos que fueron presentes al dicho nombramiento que dicho es: el bachiller Arias, letrado y procurador general de esta Villa, y Juan Carrero, procurador del común de esta Villa, y Diego Gómez, contador de la Villa, y Pedro de Carrera, vecinos todos de esta villa. Los cuales dichos nombramientos se hacen para después de los días del dicho Francisco de Monzón. Y el dicho Diego Méndez, que estaba presente, dijo que aceptaba y aceptó el dicho oficio como dicho es. Y juró a Dios y a la Cruz en forma de derecho, de usar bien y fielmente del dicho oficio, y guardar el secreto de lo que en el ayuntamiento pasare. Testigos los dichos. Los cuales señores regidores fueron llamados para el dicho efecto por los porteros, a quien yo, el presente escribano, doy fe mandé llamarse para ello los señores regidores que hubiese en el lugar.

Afortunadamente para todos, los antepasados de Francisco de Monzón habían sido rectos en el ejercicio de su trabajo, el interfecto también; se podía esperar que el hijo de quince años también lo fuera a ser, aunque entre tanto cumplía los veinticinco, se nombraba a otro familiar provisionalmente…

Curiosamente, al acabarse de tomar el acuerdo anterior, un tal Juan de la Torre presentó su título de escribano del número de Madrid (hoy sería plaza de número de notario) «por renunciación» que en él había hecho otro individuo, o sea que se lo había vendido. Este es el texto del documento de 28 de febrero de 1570:

En este ayuntamiento se presentó un título y provisión real de Su Majestad de escribano del número de esta villa para Juan de la Torre, vecino de esta villa, por renunciación que en él hizo Lorenzo Hurtado, escribano del número que fue de la dicha villa. Y pidió a los dichos señores justicias y regidores la obedezcan y cumplan como por Su Majestad les es mandado. Y él está presto de hacer el juramento y solemnidad en tal caso necesarios. Y siendo leída la dicha provisión real, fue obedecida por los dichos señores con el acatamiento debido. Y en cumplimiento de ella, fue recibido juramento en forma de derecho del dicho Juan de la Torre, que usará bien y fielmente del dicho oficio, guardando el servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Majestad, y sus leyes y pragmáticas y aranceles, y en todo hará lo que es obligado y debe hacer. Y habiendo jurado, fue recibido al dicho oficio y al uso y ejercicio de él, atento a que parece haber vivido el dicho Lorenzo Hurtado los 20 días que la ley dispone. Que fueron presentes a lo que dicho es: Diego Gómez y Marcos de la Vega y el bachiller Arias, vecinos de esta villa.

En cualquier caso, mal estaba el pobre Francisco de Monzón en aquel día final de febrero de 1570, que no pudo ni firmar su carta peticionaria al Ayuntamiento. Tan mal estaba, digo, que el 14 de marzo de 1570, según el acta de la sesión municipal de ese día, aparece citado como «difunto». Dicho sea de paso que durante los años siguientes, hasta 1573 se repiten varias veces peticiones hechas a Mari Testa, la viuda de Monzón, en el sentido de que devolviera al Estudio de la Villa las habitaciones que a lo largo del tiempo les habían ido quitando al edificio del Estudio, con autorización municipal, o por las bravas. Todo esto tenía lugar en los primeros momentos de incorporación de López de Hoyos al destartalado Estudio de Madrid y en medio de la debilidad de la viuda de Monzón. No obstante, tras instar a Mari Testa a devolver unas piezas (abril y mayo de 1572) también se le dio una prórroga para que pudiera hacerse en su casa un «cocina para su cómodo». Así son las cosas de la vida.

Pero tan de ellos, de los Monzón era el oficio de escribano que al poco de haber muerto se instaba a la viuda que nombrara al sucesor de una vez porque no se podía estar sin escribano (18 de abril de 1571), aunque eso sí, el Ayuntamiento esperaba a la decisión de la viuda:

En este ayuntamiento se acordó que el señor Velázquez de la Canal hable a su mujer de Francisco de Monzón, que por último término dentro de un mes ponga un escribano que sea hábil y suficiente para que sirva el oficio en el entretanto que Francisco de Monzón, su hijo, tenga edad para le servir; y que pasado el dicho mes no le pusiere y viniere a servir, que esta Villa nombrará escribano que sirva.

El 22 de junio de 1571 fue nombrado escribano del Ayuntamiento un tal Pedro Sancho de Castilla que tenía título de escribano real (o sea, que podía ejercer en cualquier escribanía de realengo). El nombramiento fue temporal, hasta tanto en cuanto el niño Monzón fuera mayor de edad:

[…] para que sirva en el dicho oficio hasta tanto que Francisco de Monzón, hijo de Francisco de Monzón, escribano que fue de este ayuntamiento, difunto, sea de edad para que lo sirva, a quien está hecha merced del dicho oficio por este ayuntamiento.

Mas a Pedro Sancho de Castilla le agradó muy poco el desempeño de sus funciones porque dimitió el 16 de julio de 1571, según estos argumentos:

En este ayuntamiento Pedro Sancho de Castilla, escribano, dijo que por que fue nombrado por el ilustre ayuntamiento para servir en el dicho oficio y él se derrama de otras cosas y él no puede servir a gusto del dicho ayuntamiento, y porque no tiene papeles para despachar a los negociantes y está ocupado en otras cosas: suplica al ilustre ayuntamiento nombre persona que sirva el dicho oficio de escribano del dicho ayuntamiento.

Los dichos señores le hubieron por despedido del dicho oficio.

A los dos días, el 18 de julio de 1571 se nombró escribano a Francisco Martínez, que era escribano de la Villa (hogaño, notario de Madrid) desde tiempo atrás, el cual en la misma sesión tomó posesión del oficio (18 de julio de 1571). Tanto urgir a la viuda y resulta que cuando todo está en vía de resolución, o resuelto, parece como si este Martínez estuviera al quite de todo porque no se tardó nada en nombrarle:

En este ayuntamiento se nombró por escribano del ayuntamiento de esta Villa por vacación de Francisco de Monzón, escribano que fue del dicho ayuntamiento, a Francisco Martínez, escribano del número de esta Villa, para que sirva el dicho oficio en el entretanto que Francisco de Monzón, hijo del dicho Francisco de Monzón, difunto, fuera de edad para lo servir a quien esta Villa ha hecho merced del dicho oficio.

En este ayuntamiento apareció Francisco Martínez, escribano del número de esta Villa, hizo juramento en forma de hacer bien y fielmente el dicho oficio de escribano del dicho ayuntamiento.

Dos días después se ordenó que todos los papeles pasasen a poder del escribano municipal para su archivo e inventario.

Por fin el 11 de agosto de 1579 el niño Monzón, ya el joven Francisco Monzón, fue examinado por los consejeros del Real que fuera, aprobó el examen, se le expidió título de escribano y se personó en el Ayuntamiento para reclamar lo que era suyo. Lo hizo al día siguiente, el 12 de agosto en que los regidores a la vista del documento de la Cámara…

[…] recibieron al dicho Francisco de Monzón al uso y ejercicio del dicho oficio, en virtud del nombramiento que está hecho y si es necesario ahora de nuevo le nombran por tal escribano por la voluntad de esta Villa, el cual juro a Dios en forma de derecho de usar el dicho oficio bien y fielmente y guardar el secreto de lo que en este ayuntamiento pasare.

El 14 de agosto logró un título de notario «de estos reinos», que presentó ante el Ayuntamiento el día 19.

De esta manera, terminaba, de momento, la azarosa posesión del oficio de escribano del Ayuntamiento. Y digo que terminaba de momento, porque años después, volvió a ocurrir casi lo mismo.

Ya no hay niño Monzón, ni joven Monzón. Por cierto, debió de nacer hacia 1554.

El registro de los acuerdos municipales en los libros de actas de 1599 a 1602 va rubricado por dos escribanos diferentes. Francisco de Monzón lo hace hasta el 31 de enero de 1601. A partir de esa reunión lo empieza a rubricar Francisco Testa (fol. 332r.). Francisco de Monzón se ha ido con los trastos a Valladolid, pues ha sido nombrado oficio cortesano y ha de dejar la su Villa de Madrid. La mudanza de la corte, por tanto, afectó al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, no todo quedó en que un titular se iba con la corte y se nombraba a un sustituto, sino que todo era más complejo… y agradecido para el historiador. Veamos.

En primer lugar, el titular se trasladaba a oficinas centrales cortesanas. En segundo lugar, la vacante la dejaba a su hijo, que era menor de edad (y es de suponer que se fuera con el padre a Valladolid, también). Tercero, la renuncia tenía una cláusula muy singular, cual era la de que temporalmente y hasta que su hijo no cumpliera la mayoría de edad (veinticinco años según el derecho castellano), la renuncia sería en beneficio del hijo de un colega y familiar suyo, Francisco Testa, que estaba de acuerdo en esta cesión temporal del oficio. Cuarto, para todo ello se necesitaban licencias reales, etc.

Curiosamente, como digo, se conservan todos los documentos, cada cual en su oficina administrativa, municipal o real. O sea, que para hacer investigación histórica, hay que viajar de un archivo a otro:

A causa de mudarse la Corte de esta Villa a la ciudad de Valladolid y haberla de seguir así para el oficio de Contador del Sueldo como para el de Secretario de la Visita [del Consejo de Hacienda] al tiempo que parta el Consejo Real y acudiendo al servicio de vuestra señoría, he puesto los ojos en Francisco Testa, hijo de Gaspar Testa, escribano público de esta Villa de quién y de su nobleza y partes por ser tan notorias y antiguas en esta Villa vuestra señoría será servido así por ser hijo de quién es y mi primo hermano como su tío de mi hijo… aunque es solo cesión temporal… en el ynter que Pedro de Monzón mi hijo es de edad para le poder servir [el oficio] atento lo cual humildemente suplico a vuestra señoría se sirva de nombrar al dicho Francisco Testa mi primo hermano para escribano del Ayuntamiento para que sirva el dicho oficio hasta tanto que el dicho Pedro de Monzón mi hijo tenga edad para poderlo servir.

Con tales garantías, el Ayuntamiento aceptaba la propuesta:

Y habiéndose llamado por fe que dieron los porteros de este ayuntamiento de esta Villa los señores regidores de ella y tratado y considerado sobre lo oído en la dicha petición, acordaron que por haber de hacer esta ausencia, el dicho Francisco de Monzón que sirve el oficio por Pedro de Monzón, su hijo, que esta esta [sic] villa tiene nombrado, acordaron de conformidad, nombrar para que sirva el dicho oficio Francisco Testa escribano del número de esta villa por el tiempo que fuere la voluntad de esta villa.

Finalmente, el beneficiario tomaba posesión:

En este ayuntamiento entró Francisco Testa y juró de usar el oficio bien y fielmente y guardará el secreto.

Ahora bien, todo esto no se podría haber hecho sin haber solicitado licencia real y tener la aprobación del rey. Así que, esta es la petición al rey:

Francisco de Monzón, Contador del Sueldo de la Villa de Madrid, dice que esta Villa de Madrid a quien toca nombrar persona para usar el oficio de escribano del ayuntamiento de ella, nombró a Pedro de Monzón su hijo, con que hasta que tuviese edad para poderle servir por su persona, le sirviese él, como lo había hecho hasta allí y porque él va a servir su oficio de Contador del Sueldo y de Escribano de la visita del Consejo de la Hacienda en seguimiento de la Corte y no pudiendo por esta causa servir por el dicho oficio su hijo el dicho oficio, la dicha villa a su instancia ha nombrado a Francisco Testa escribano del número de ella, tío del menor, para que por él y durante su menor edad le sirva y suplica a Vuestra Majestad se sirva de mandar conceder licencia para que el dicho Francisco Testa pueda servir el dicho oficio por el dicho su hijo y acudirle con los salarios y aprovechamientos de él sin que por ello se incurra en pena alguna de las contenidas en la nueva pragmática.

Al margen un «que se haga» resuelve la súplica.

La licencia real para ello se emitió desde Carvajales el 22 de febrero de 1601.

Y es que todo el lío empezó por un nombramiento a favor de Monzón. El 30 de octubre de 1600 Felipe III había nombrado al licenciado don Juan de Acuña (consejero de Cámara y de Hacienda), juez visitador del Consejo de Hacienda. Este Juan de Acuña quería llevarse como escribano de esa visita o inspección al Consejo de Hacienda a Francisco de Monzón, porque fue con él a lo mismo en tiempos de Felipe II a otra visita a Chancillería de Granada y debió establecerse entonces un robusto lazo de recíproca confianza.

LOS ARBITRISTAS ANTE LOS SUYOS

Para alcanzar toda virtud hay que renunciar a ciertas vanidades. O sea, que si eras un buen arbitrista, tal vez consiguieras que tus convencinos —que no obtienen arte ni parte del arbitrio de turno— se acordaran de ti.

Hasta ahora hemos visto datos dispersos sobre quiénes fueron estos arbitristas. Pero podemos ilustrar con algunas noticias más las peculiaridades de su existir.

Juan Leonardo de Benevento había servido en Portugal, también proponiendo arbitrios: «Los años pasados, cuando fui a escribir al Rey de Portugal llamado de aquella Reina, entre las otras desórdenes que yo hallé en dicho Reyno» (AGS, CJH, 132). De él tenemos solo tres arbitrios, y eso que propuso muchos más según se desprende de su documentación. Desde finales de 1566 hasta agosto de 1567 (por lo menos), estuvo en la cárcel en Sevilla, por deudas, según él originadas en Madrid por ir a presentar arbitrios. Tantos presentó, o tan plúmbeo debió de ser a algunos, que —como él mismo decía al rey— se había enterado que «han procurado y procuran las tales personas que yo no vuelva más en corte y tornando al propósito digo que con todos los trabajos padecidos no he faltado inquirir cosas por lo cual pudiese hacer algún servicio a Vuestra Majestad que por no estar en la cárcel en ocio se me puso en la fantasía de hallar expediente tal que conociese el mundo que yo soy bueno en alguna cosa». Y es que no paraba. Algo extraordinario debía de tener esto de presentar arbitrios. El darse importancia, el tener la posibilidad de ver al rey cara a cara, o a alguno de sus más próximos consejeros... las recompensas; las vanidad satisfechas, el dejar de ser nadie.

Antes de 1573 Gómez de Bedoya había propuesto las exenciones de algunas aldeas y la venta de otros oficios, saldándose toda esa actividad con gran cantidad de pleitos con los afectados: «Ha sido instrumento [su trabajo] y ocasión de que hayan eximido muchas aldeas del Reyno y vendido y acrecentado grandísimo número de oficios, y hecho otras muchas cosas de que se han sacado en diferentes tiempos gruesas sumas de millares de ducados de que le ha resultado tener siempre y continuamente grandes pleitos y encuentros con ciudades, villas y lugares y personas poderosas, los cuales ha defendido a su propia costa e industria dejando de asistir en su oficio de procurador en los demás consejos, audiencias y tribunales».

Gaspar de Orellana, que había sido fiel de la carne, del pescado y del trigo en Córdoba se describía a sí mismo: «Sacra Majestad: yo estoy muy enfermo, como he dicho y me he desvelado y trabajado por servir a Vuestra Majestad en esto. Si he acertado Vuestra Majestad se acuerde de mi para hacerme merced, y en el inter me mande socorrer para ayuda de costa, porque vivo viejo y cargado de hijas y he caído de capa prieta y vengo de sangre limpia, y antes moriré de hambre que pedirlo. Creo por cosa cierta que Dios Nuestro Señor me [ha] alumbrado estos avisos para que Vuestra Majestad se sirva de ellos porque mi habilidad no se alarga tanto, aunque soy de ingenio rudo, daré la orden de esta cobranza por modo delicado».

UN REY CON ENTENDIMIENTO EN LA FISCALIDAD DE SUS RENTAS: FELIPE II

Como en tantas cosas relativas al gobierno de la Hacienda, la última palabra la tenía el rey. No solo porque ese fuera parte de su papel, sino porque esto de la fiscalidad le gustaba. Voy a hacer algunas referencias al papel real en esta cuestión centrándome en unos años concretos.

Situémonos en 1563. El rey prepara su marcha a Monzón para ser jurado rey de Aragón. Desde Segovia, y a 4 de agosto, prepara una «Orden que habéis de guardar en la expedición y despacho de los negocios que se han de tratar en el Consejo de Hacienda durante esta ausencia que he de hacer de estos reinos de Castilla a los de Aragón, por estas presentes Cortes de Monzón hasta que placiendo a Dios vuelva de ellas» (AGS, CJH, 51-225). En esa orden real al Consejo de Hacienda explica que:

Por mis grandes necesidades he sido forzado aunque lo quisiera mucho excusar, a permitir que se vendan vasallos, alcabalas, pan y otras rentas y derechos que nos pertenecen [...] Con los que trataren de comprar lo uno y lo otro, procuraréis y haréis toda la diligencia que pudiéredes en subir los precios en el más beneficio y aprovechamiento de nuestra hacienda que sea cierto, como somos cierto lo haréis.

El rey lo había visto así después del asesoramiento de su Consejo que le había elevado un «memorial sobre el precio de las rentas»:

Se ha mirado y platicado en la forma y traza que se podría tener para el remedio de esto [de la falta de dinero] y parece que conviene mirar y prevenir con tiempo antes que apriete más la necesidad de dónde y cómo se ha de buscar y proveer lo que falta. Y el medio que se halla más conveniente y menos dañoso para la hacienda de Vuestra Majestad es que se vendan algunos vasallos con su jurisdicción, alcabalas y rentas y que para facilitar las ventas y atraerlas a los compradores con más brevedad, se hiciese alguna moderación y baja en el precio de esto de vasallos porque de otra manera se duda quién quiera comprar…

…y así convendría bajar el precio de cada vasallo vendido por hasta 18.000 maravedíes, a 14.000. Hecho ese memorial, el Consejo de Hacienda estaba esperando su opinión real, y para forzar la ágil respuesta, anunciaba a Felipe II en otro escrito que como hubiera oferta para comprar 7.000 u 8.000 vasallos del rey en Sevilla y Córdoba, esperaban sus instrucciones, entre las que podría estar, incluso, el saltarse el privilegio de no vender realengo a particulares. Y en efecto, así se decidió: a pesar de los privilegios que hubiera en contra, se venderían unos vasallos, ¡y después se confirmaría el privilegio!

Lógicamente la resolución cayó como una bomba en algunas ciudades de Castilla, según las informaciones que desde Madrid se mandaban a Monzón a finales de 1563:

Decís que de Toledo han venido algunos a tratar de esto de vasallos y que están suspensos aguardando a la resolución que se toma con Sevilla y Córdoba porque aquella ciudad tienen semejante privilegio. Será bien que lo veáis y avisarme héis con brevedad si es de la misma manera y si se le concedió por contrato oneroso (6 de noviembre de 1563).

La preocupación de Toledo se debía a la pretensión de exención de Móstoles. Exención que, visto por el rey que era viable, se llevó adelante, dando en compensación al corregidor de la Ciudad Imperial alguna presencia en la nueva villa. La exención se otorgó en 1566.

Al mismo tiempo que Móstoles solicitaba eximirse de Toledo, le salieron compradores, y la Villa recurrió a tantearse para permanecer como realengo. Andamos por 1563. En muchos recursos fiscales por estas fechas, no se buscaba aun al mejor postor, sino el hacer la menos alteración o daño posibles.

En 1581 el Consejo preguntaba nuevamente al rey sobre los precios a los que habría que poner cada vasallo de tierras de la Iglesia. Se recomendaba ponerlos a 12.000 maravedíes cada uno, bajándose así los precios. El rey al margen escribe: «Cuando salgan compradores se atenderá a esto».

Por otro lado, en 28 de octubre de 1563, dos meses después de dejar todo asunto fiscal atado y bien atado antes de abandonar Castilla camino de las Cortes de Aragón, el rey ordenaba a su Consejo de Hacienda desde Monzón, «que visto en el estado en que está al presente esta nuestra hacienda y la necesidad que se nos ofrece para algunas cosas precisas que habemos de proveer» y que la espera de la flota de Nueva España era angustiosa porque se necesitaba dinero líquido con máxima urgencia («para tener yo aquí de contado alguna cantidad, que no se sufre estar sin ella») y ante la ausencia de banqueros internacionales en Monzón, que estaban todos en Castilla, ordenaba el rey que sobre lo que se estimara que se iba a obtener de ventas de vasallos y lo que vendría de Indias «y los otros arbitrios de que se usare», que el Consejo de Hacienda negociara un préstamo internacional de 200.000 o 300.000 ducados a un interés máximo del 14 por ciento.

Se había desautorizado cobrar en juros (o sea, la Hacienda no aceptaba pagos para compras de vasallos con los títulos de su propia deuda pública), ni compras menudas: si alguien quería ser señor de vasallos, que lo fuera de muchos. Las consecuencias de esas restricciones fueron evidentes. Y al hilo de lo que se debatía en 1563, Felipe II seguía escribiendo: «Visto que no acuden compradores a esto de vasallos, y que podría ser que esto resultase de parecerles subidos los precios, o por no tomárseles en pago algunos juros y también por haber quedado cerrada la puerta a compras menudas, ha parecido para facilitar esto más, entendiendo que de lo que con menos daño me puedo socorrer y ayudar de presente para mis necesidades de esto de ventas de vasallos, si acudieren algunos a comprar aunque no sean compras gruesas tratéis de ello procurando que los precios sean los más subidos que pudiéredes [...] y que también se les tome en parte del pago porque no se hallará tanto dinero de contado hasta el cuarto o el tercio en juros [...] bien situados y seguros...» (desde Monzón, 14 de diciembre de 1563, AGS, CJH 51).

Juros «bien situados y seguros». A diferencia de hoy en día, que los Presupuestos Generales del Estado constituyen una bolsa común, entonces cada renta real generaba un propio haber y un propio debe, de tal forma que había rentas de primera, de segunda, de tercera (por decirlo de alguna manera); es decir, más seguras y mejor situadas unas que otras; más las del comercio con Indias que las de otra cosa en otro lugar. El conocimiento y la especulación para asegurar o debilitar una renta era una manera altamente gratificante de especulación. Contra cada renta en concreto, se emitían juros. Por tanto, la deuda pública y sus intereses no eran comunes, sino fraccionados y muy volátiles.

Este ejemplo de lo que dispuso Felipe II en 1563 demuestra que la falta de liquidez era un grave problema de la Real Hacienda, que acaso no es que no se fiara enteramente de su propia deuda pública, sino que lo que necesitaba eran ducados de oro y no títulos, aunque estuvieran avalados por una renta sana y segura.

ALGUNOS ARBITRISTAS SE MANIFIESTAN QUEJUMBROSOS

Puede ser interesante poner voz y oídos a algunos arbitristas, quejumbrosos de sus destinos. Al primero que oiremos será a un tal Alonso Hernández, que esbozaba sus avisos y la falta de recompensa recibida: según sus propias averiguaciones, los vecinos de realengo pagaban aproximadamente unos 250 maravedíes/año y por cabeza, mientras que los de señorío, hasta 1.000. Esta injusta situación habría que remediarla; al arbitrista no se le ocurre rebajar lo que pagan los de señorío, si no hacer pagar más a los de realengo. El rey no quiere, y discutiendo el vasallo con su monarca, arroja una durísima crítica contra las relaciones de poder y la política últimamente llevada a cabo por Felipe II:

A esto yo respondí que todos éramos y somos vasallos de Vuestra Majestad, y no hemos de ser, por ser vendidos, aborrecidos de Su Majestad, que siempre le tenemos por señor y por rey nuestro, y siempre que nos halla menester, pondremos las vidas y haciendas por el servicio de Vuestra Majestad.

Semejante dramatismo muestra claramente la realidad castellana del XVI: el rey ha vendido jurisdicción y derechos a señores; los vasallos otrora de realengo, se han sentido abandonados, aborrecidos, y aun con todo, tienen un sentido supremo de la lealtad y fidelidad a su rey. A él le tienen por tal y, es más, como su señor verdadero por el que darán todo, si fuera necesario.

Las alcabalas [que] damos a señores, hacemos cuenta que Vuestra Majestad las goza, y por esta razón, Vuestra Majestad hallará que no han de ser mejor tratados unos vasallos que otros, y es muy justo que quien lo debe lo pague. Los vasallos de señores decimos que lo que pagamos de alcabala, que lo debemos, y también lo deben otrotanto los vasallos de Vuestra Majestad, y no es justo soltárselo a ellos lo que deben, y hacernos pagar a nosotros lo que no debemos, y digo que si Vuestra Majestad manda que paguen los unos como los otros, que luego daré yo otro aviso.

El segundo ejemplo nos lo da Diego Falcón, vecino de Yepes. En 1591 recuerda que desde 1583 lleva presentados ocho arbitrios. Una sola frase, pero contundente, es la única pista que tengo de él sobre los arbitrios y la nobleza. Ahora bien, como sus datos biográficos son abundantes, pueden servirnos para familiarizarnos con un arbitrista.

En 1583 había presentado sus avisos a Felipe II en Uclés, los había defendido después ante el examinador correspondiente, y se había vuelto a su casa. Con la fuerza de Dios, había decidido volver a la corte, con sus hijas, para pedir una ayuda al rey, por sus muchos servicios, y para poderlas casar. Tal petición la reforzaba además, por la circunstancia de que todos sus hijos eran soldados del rey, y uno de ellos, el más joven, el sargento Francisco Falcón, estaba en Santander. Desde allí, cumpliendo órdenes reales, con dos navíos y ochenta hombres, había ido a reconocer Inglaterra, y había vuelto con un sabroso botín: cuatro navíos cargados, y sus marineros.

Por la misericordia de Dios, su natural inclinación fue y es de servir a Vuestra Majestad, y así, con esta natural inclinación y deseo de servir, él escribió muchas cosas, especulándolas lo mejor que él supo, de las cuales tomó ocho de ellas y las escribió en un memorial el cual dio a Vuestra Majestad, estando en el convento de Uclés, víspera de la Pascua de los Reyes...

Yo gasté mi tiempo bien gastado sirviendo a Vuestra Majestad y me fui a mi casa sin premio alguno y con haber hecho gastos y estando acobardado y afligido y con intento de no volver a esta Corte por mi grande pobreza y verme tan desamparado de todo favor humano. Acudí al divino favor que es Dios, y recobré fuerzas y confiando en la clemencia de Vuestra Majestad, yo he venido a esta Corte a que Vuestra Majestad se sirva de mandarme premiar mis sudores y trabajos y cuidados con que le he pretendido servir [...].

Y para conseguir esta merced que pido a Vuestra Majestad de mandarme gratificar mis sudores y trabajos, acordé de traer conmigo y por amparo a verdad y a justicia para que me valgan ante Vuestra Majestad, pues Vuestra Majestad es su amparador y protector de ellas, y sirviéndose Vuestra Majestad de hacerme merced, sea de manera que mi grande pobreza se mitigue y pueda poner a mis hijas en estado y cumplir dos devociones que prometí a Dios y a su bendita Madre especulando las cosas del memorial, y esto si mis servicios fueren meritorios y mis hijos barones todos sirven a Vuestra Majestad en la milicia [...].

Vuestra Majestad dispense conmigo como mejor se sirva.

En fin. La referencia al arbitrio que nos interesa se basa en la necesidad de que paguen todos, y así el rey podrá defender a todos «ygualando cargas y haziendo que todos ganen obra de misericordia para entrar en el cielo». Con semejante proposición no es de extrañar que le dieran una palmadita en la espalda y lo mandaran a Yepes.

Un tercer ejemplo: uno de los miembros de Hacienda cuando lo de Monzón era el contador Almaguer. De él ya he citado un texto crítico contra la venta de hidalguías. No se andaba con rodeos en las ventas de pueblos y alcabalas: «Que por venderse los lugares de los maestrazgos y realengos a personas particulares, pierden en sus haciendas los que en ellos viven la tercia o cuarta parte que les valdrán menos de lo que les valieran siendo del rey» y que «en los lugares donde se venden las alcabalas hacen esclavos, poco menos, a los vecinos de ellos» (CJH, 51-235).

Verdaderamente hallar una solución que a todos complaciera para corregir la negra situación de las finanzas reales, era imposible. La nobleza, y la estructura de la sociedad estamental, se vieron afectadas a lo largo del siglo XVI y con posterioridad. Traigo a colación un par de cifras que proceden de una estimación de los ingresos y gastos que se hacen en 1584. Recuérdese que esta es una década pletórica, que alienta incluso a la invasión de Inglaterra. Viendo los éxitos obtenidos en los años ochenta, nada hay que presagie el infortunio de las décadas finales del reinado de Felipe II.

En esa estimación o Relación del dinero que se presupone ay para poderse cobrar el anno de 1584 y de lo que en él será menester gastar respeto de lo de hasta aquí, se intuyen unos ingresos de 3.456.220 ducados. Sin embargo, los gastos se barruntan en 4.615.000 ducados. Un déficit, pues, de 1.158.780 ducados... «Para el entretenimiento del ejército de Flandes se presupone será menester 1.960.000 ducados, a razón de 160.000 ducados al mes», es decir, Flandes se llevaba entonces el 57 por ciento de los ingresos de la corona, y era el 169 por ciento del déficit. Las casas reales necesitarían unos 714.000 ducados, un 21 por ciento de los ingresos; las fortificaciones de Portugal, 600.000 ducados, el 17; las obras de El Escorial, 200.000 ducados, el 6. Con solo estas cuatro partidas se superaba el 43 por ciento de los ingresos. Más Flandes, el cien por cien. Pero nuestros reyes de la Casa de Austria tenían otros muchos gastos.

ARBITRISMO AGRARISTA Y ARBITRISMO DE REFORMACIÓN EN TIEMPOS DE FELIPE III Y FELIPE IV

La Monarquía de Felipe III no se quedó impávida ante el panorama. Ya eran muchas las voces que clamaban contra el abandono de los campos y los mismos consejeros lo verían con sus propios ojos; lo habían oído en las Cortes de la década de 1590; es decir, que llovía sobre mojado.

En 1618 se constituyó una «Junta de Reformación». Como he indicado antes, el concepto de «reformación» venía de tiempos de Felipe II, pero con un carácter eminentemente moral: había que «reformar», y para ello hubo alguna junta de reformación (de algunas de ellas nos ocupamos ya, Alvar, 1997, 2005 y con brillantez Ezquerra Revilla, 2012), dispuesta a reformar, en efecto, a tanto pecador que andaba suelto por Castilla. En realidad todos estaban con las manos en la masa de eso del reformar: desde los místicos, con Santa Teresa, a los arbitristas, como estamos viendo.

La Junta de Reformación se puso en marcha en mayo de 1618. Es decir, en medio de la bochornosa caída de Lerma, al cual se le cesa en primavera, suplica una prórroga y se le concede hasta el otoño y solicita una segunda prórroga (¡cuánta afición a dormir en colchón de palacio!) y el rey le dice aquello de que se había llegado el día en que el buey bramaba y el cordero balaba, y le echó. La Junta de Reformación de 1618 nació en medio de esas turbulentas, agitadas aguas. Tal vez con prisas por hacer algo que debería haberse hecho y no se hizo. Pero, en cualquier caso, nació como si fuera un cierto tribunal remoralizador de los tiempos que iban a ser pronto pasados (que habían sido escandalosamente corruptos, y todavía más, cleptocráticos). De este pequeño detalle no se dio cuenta González Palencia y creo que aún no se ha tratado la creación de esta Junta como instrumento de depuración. Para comprender su constitución, a esa finalidad en sus orígenes, le añadiría el medio ambiente social en que nació: el que estoy describiendo.

Por tanto, que se pusiera en marcha un instrumento de reformación era una manera de señalar políticamente a los «otros». En medio de un cierto vacío de poder, o de conmoción por lo que se avecinaba e incluso se rumoreaba, quien fuera y tuviera poder bastante, arrumbó los Consejos, porque constituidos por graves personajes, a la sazón deudos de Lerma, no le seguirían en sus intenciones de acabar con ellos mismos. Para ello nada como constituir una Junta, un órgano compuesto, a su vez, por otros graves personajes, dispuestos a efectuar alguna política diferente. Lo que se les encargara no fue tarea fácil porque su mera existencia desacreditaba a los propios Consejos Reales de la Monarquía. Quien bien pudo estar al frente de todo este desbarajuste, intentado dar la impresión de que dominaba la situación, bien podría haber sido el propio rey Felipe III.

A la Junta acudieron a partir de mayo de 1618, según relación de don Fernando de Acevedo, además de este mismo (presidente del Consejo Real de Castilla, arzobispo de Burgos), el confesor del rey (el inquieto Aliaga), don Francisco de Contreras (uno de los jueces de Rodrigo Calderón, desde septiembre de 1621, presidente del Consejo Real), el marqués de Malpica (de ser Francisco Barroso de Ribera estaba a punto de morir), don Francisco de Tejada (juez, presidente de la Casa de la Contratación, lermista en un principio, deudo de don Fernando de Acevedo); don Diego del Corral (consejero de Castilla); el padre Florencia (gran predicador que lloró la muerte de Felipe III); el gobernador del Arzobispado de Toledo (el archiduque Fernando, porque por suerte el arzobispo don Bernardo, tío de Lerma, había muerto en diciembre de 1618); el conde de Medellín (si fue don Francisco de Portocarrero murió en diciembre de 1619) y finalmente se incorporó fray Juan de Peralta, obispo de Tuy. A los pocos meses, o por mejor decir, al subir al trono Felipe IV, se cambió a algunos miembros (González Palencia, VII y 53).

La Junta de Reformación de Felipe III tenía más carácter económico y social. La reformación adquirió así un tinte arbitrista. Olivares adoptó, entre las medidas de sus políticas, la reformación como una piedra angular.

Probablemente los primeros papeles que revisaron fueron informes de 3 de octubre de 1607, en los que se propugnaba fundamentalmente la reducción de cargos honoríficos de consejeros, o que se les suspendieran las colaciones y limosnas que se les daban en las siete fechas anuales tradicionales de Navidad, Año Nuevo, Reyes, la Resurrección, Pentecostés, y toros de San Juan y Santiago (por lo demás, ya llevamos más de 400 años celebrando las Navidades), u otros de la primavera de 1603 en que se exigía que si se pedía una merced a la Cámara, se llevara un informe de las mercedes recibidas por otros consejos.

Probablemente muchas de estas reformas se necesitaran porque ante la estrechez en tiempos de Felipe II, hubo una prodigalidad escandalosa en tiempos de Lerma. Parece como si se dieran gratificaciones por pasar por allí. Por ello se pidió que lo que no fuera informado favorablemente por el secretario de la Cámara, no se concediera, «para que cese el abuso, engaños y fraudes que hasta aquí se han padecido en la Cámara […] para que cesen los que llaman chalanes, corrilleros…» (González Palencia, 9). A la vez, se proponía «visitar» el aposento, es decir, el funcionamiento de la regalía de aposento porque los oficiales «usan de sus oficios con mucha libertad aposentando a quien quieren». (González Palencia, 10).

Para un asunto parecido, se aspiraba a que «se reduzca esto al número y forma con que se negociaba en tiempo del rey nuestro señor, que haya gloria», o sea, la época de Felipe II como modelo de honestidad (González Palencia, 11), o también que aunque hubiera exceso en el número de alguaciles, que se prohibiera que se arrendaran esos oficios, «si no que los sirvan por sus personas a quien Vuestra Majestad hubiere hecho merced de ellos […] y que solamente los que fueren de menores se puedan servir por interpósitas personas» (González Palencia, 11).

En medio de este furor reformador, no es de extrañar que esta Junta de Reformación entrara por los caminos del arbitrismo.

El 1 de febrero de 1619 elevaban al rey una consulta redactada por el presidente del Consejo Real sobre «el remedio universal de los daños del Reino y reparo de ellos», en que se preocupaba sobre todo de saber cómo aumentar el número de habitantes. La crisis demográfica se debía a «las demasiadas cargas y tributos impuestos sobre los vasallos de Vuestra Majestad, los cuales, viendo que no los pueden soportar, es fuerza que hayan de desamparar [a] sus hijos y mujeres y su casa, por no morir de hambre en ellos, e irse a tierras donde esperan poderse sustentar». Debe el rey, por tanto, «moderar y reformar y aliviar la intolerable carga de ellos, que tiene a los vasallos de Vuestra Majestad oprimidos […] andando el tiempo se reducirían a su antiguo ser». De nuevo, el pasado como espejo en el que mirarse. Por lo demás, se hace hincapié en que en los demás reinos en los que hay menos impuestos «están muy poblados, muy ricos y descansados». Dicho sea de paso, que la historia fiscal que describen es fascinante para conocer cómo veían su propio pasado.

En segundo lugar, «la causa de hallarse el pueblo en tan miserable estado nace de la raíz de los demasiados pechos y tributos de que está cargado y de la falta de hacienda con que Vuestra Majestad se halla». Una de las razones es que:

con gran parte al gasto preciso y forzoso de que se considera hoy tiene Vuestra Majestad necesidad para sustentar el peso grande de este tan extendido imperio y monarquía, Vuestra Majestad se sirva irse muy a la mano en las mercedes y donaciones que ha hecho y hace, y en las ayudas de costa que ha dado […] no hay cosa con que los Príncipes se hagan más nobles a los suyos que con la liberalidad […] ha de ser dentro de los límites y templanza debida, porque esta virtud tiene sus extremos, de los cuales se debe recatar el Príncipe, como de vicios contrarios de ella.

Sin embargo, el rey debe dar limosna, pero «no es permitida de la hacienda ajena». Así que si el rey quiere dar limosna (entiéndase, mercedes) puede hacerlo por otras vías que no cargando a los vasallos, sino concediendo «oficios temporales, plazas de asiento, hábitos, encomiendas, títulos, obispados y arzobispados y otras prebendas eclesiásticas, todo esto que es sin número en esta Corona de Castilla y en lo demás agregado a ella y en lo restante de esta Monarquía, [si] se distribuyese con igualdad, tendría Vuestra Majestad de dos maneras contentos sus vasallos (razón de estado bien importante)». Así se tendría a los unos contentos por recibir premios, y a los demás no se les gravaría para beneficio de estos.

Por tanto, se proponía al rey que se revisasen todas las mercedes dadas por los reyes hasta ese año de 1619, con el fin de revocar aquellas que fueran «inoficiosas, inmensas e inmoderadas: Vuestra Majestad las revoque todas, o reforme», a lo que seguía un cuidado recuerdo de la persecución real contra las mercedes dadas en exceso desde los tiempos medievales.

El tercer remedio que se proponía era el de que para frenar la crisis demográfica, «no se ha de traer [gente] de fuera de él, porque los extranjeros solo sirven de destruirle», sino «traspasar la que sobra de unas partes a otras».

El cuarto remedio sería que se persiguiera los «muchos y muy excesivos gastos que se han introducido de muy pocos años a esta parte en el Reino, con trajes exquisitos, arreos y menajes de casa, traídos con notable costa de reinos extraños, pudiendo pasar más honrada y decentemente con las mercadurías de la tierra labrada en España, como lo hicieron nuestros antepasados»; y sigue el razonamiento:

En cuyo tiempo no se enflaquecían tanto los ánimos y fuerzas de los hombres, ni los acababa ni consumía la superfluidad de que ahora usan, ocasionada a grandes vicios y pecados, para lo cual será importante prohibir que no haya cuellos, sino Holanda; que no pueda tener un cuello más de tantos anchos.

Y así en esta persecución de los lujos inútiles, «que no entren sedas de Italia, ni de la China, ni de otras partes de fuera del Reino», porque aunque haya perjuicios para unos, serán mejores los beneficios colectivos, entre otras cosas porque «habrá menos ocasión de sacar nuestro oro y plata». Así que el rey dé ejemplo en su propia casa real.

El quinto remedio será que «a los labradores […] conviene animarlos y alentarlos, dándoles privilegios y tales que les estén bien y que les puedan ser guardados». Así, por ejemplo, que si a los labradores no se les puede meter en la cárcel por deudas durante los tiempos de labor, sería bueno ampliar el privilegio a todo el año. En segundo lugar (y sin guardar mucha estructura discursiva), que se «reformen y moderen los privilegiados de cargas personales, que son muchos» y que, en general no se les puedan ejecutar penas sobre sus bienes, u obstaculizarles el libre ejercicio de su trabajo.

El sexto remedio, «que se tenga la mano en dar licencias para nuevas fundaciones de religiones y monasterios» porque era muy elevado el número de enclaustrados y de hecho era necesario reformar (¡pero cuántas reformas ya!) a franciscanos y carmelitas…

En séptimo lugar, que se anularan las cien plazas de receptores creadas en 1613, porque esos receptores han abusado sobre todo en gente pobre o ignorante.

Poco antes de morir Felipe III el Consejo Real volvió a mandarle un informe sobre las causas y remedios de la despoblación (4 de marzo de 1621) que era contestación a una pregunta hecha por el rey. «Diversas veces se ha tratado esta materia de la despoblación del Reino», decía el Consejo. Y recordaba cómo acababan de informar en 1618 sobre el asunto y que se había hecho especial hincapié en que la causa era «estar tan gravados de contribuciones y tributos» los vasallos que vivían arruinados. Había que «aliviarlos». ¿Cómo?: «Que se moderasen en lo posible los gastos de las casas reales; que se detuviese las manos en lo de las mercedes», que los grandes se volvieran a sus casas y tierras para gastar allí sus riquezas; que se dejara de gastar superflua y suntuariamente; que habría que reducir el número de los que pasan a Indias (con tantos «llovidos»), la gran cantidad de cautivos que se hacen en la mar…

En abril de 1619 la Junta había hecho llegar al rey otra «consulta» sobre opiniones del Consejo de Aragón, del presidente de Órdenes y del duque del Infantado, sobre el excesivo número de ayudas de costa a los consejeros, incompatibilidades de oficios, gajes para el desempeño de los oficios de consejero y reformación de otros gastos (que al final resultan superfluos). En ese mismo orden de cosas, en enero de 1620 el Consejo Real de Felipe III propugnó la reducción de adornos en cuellos y trajes de los hombres porque, entre otras cosas, los hacen «afeminados» y son «dañosos en las haciendas, peligrosos a las costumbres, escandalosos a las repúblicas y perjudiciales e indecentes al gobierno cristiano y político»… Fue tiempo también de intentar revocar las mercedes de más cuantía hechas durante el reinado de Felipe III (sin duda, imitando testamentos de reyes anteriores, siempre tan recordados).

En 1620, año como vemos de inquieta ansia reformadora, se recuperó una consulta de 1583 hecha por Felipe II sobre cuáles eran las causas de la «carestía de las cosas» (o sea, de la inflación). Y estas eran las razones: «Haberse aumentado el dinero tanto que ha bajado la estimación», o sea, el exceso de masa monetaria en circulación. El remedio: «Procurar que salga del Reino lo menos que fuere posible» (de manufacturas, es de suponer y así el dinero se gastaría en productos locales). En segundo lugar, «haberse introducido las delicadezas en comer y en vestir y en menaje de casa y coches sobremanera, que es lo que ha destruido la virtud en todas las provincias»; el remedio, que aunque se han hecho leyes y se ve que no se cumplen, «bastará mandarlo su Majestad de palabra». Además, «la regatonería usada en los mantenimientos y en todas las cosas necesarias a la vida humana», es decir, el exceso de intermediarios: se comentaba que había leyes sobre ello, se recordaba la necesidad de «que no lo haga nadie sin licencia y fianza; pues los regatones son ladrones públicos, castíguense como tales». En cuarto lugar, «las mohatras [ventas fingidas manipulando los precios] y mohatreros, que apenas ha quedado en Castilla otro trato ni camino que enriquecer», a lo que se respondía que «a su tiempo se dirá cómo se ha de remediar». El quinto punto causante de la inflación era «que se ponen los caudales en poder de hombres de negocios con intereses y sin riesgo», lo cual ha provocado el abandono del trabajo, esto es, la labranza, la ganadería, las mercadurías reales y las manufacturas, «que son los elementos que naturalmente enriquecen las provincias», a lo que la respuesta era clara: «Este camino que han hallado hombres de ganar con el dinero y ser los que lo reciben casi todos extranjeros, tienen destruida a Castilla», pero si los bancos se hicieran ciudadanos los extranjeros tendrían que hacer sus ganancias comprando manufacturas, para bien del reino. En sexto lugar, «los regidores que han reducido a intereses este gran ministerio y por habérseles dado mucha mano en la administración de las rentas y servicios reales, tienen oprimida la justicia ordinaria» haciendo gran daño en la hacienda y en la justicia. Se propone que se empiecen a dar los oficios a los más beneméritos por el tiempo que quiera Su Majestad. En séptimo lugar, «muchos ejecutores y cobradores que profesan ganar de comer a no cobrar ni ejecutar», llevándose más dinero de la ejecución de los cobros que de las producciones, por lo que se abandona el trabajo. Deberían ser cobradores los justicias con su propio salario. En octavo lugar, «los muchos pleitos y muy enredados por la abundancia de escribanos y otros Ministros de Audiencias e infinidad de solicitadores», por lo que debería hacerse una «lista de escribanos de Corte y Chancillerías y Audiencias […] y no puedan escribir en los escritorios de los propietarios sino uno o dos escribanos reales». En noveno lugar, «los censos [préstamos hipotecarios] que por ser con ellos la ganancia mayor y más segura que con las propiedades y mercaderías» de tal manera que «el que goza la renta, no trabaja y pierde la república su trabajo», así que sería mejor bajar el precio de las hipotecas «de los censos a veinte y cinco o treinta mil el millar» y que se acuda «con los caudales a las mercadurías» y otros trabajos agrícolas. En décimo y último lugar, «Importantísima: que se usa en estos reinos mucho el holgar y ganar de comer con industria que casi es hurtando» como hacían, por ejemplo, «los escribanos, demasiados […]; los que se llaman comisarios […]; los solicitadores de negocios que los enredan y dilatan […]; corredores de pretensiones […]; todo género de vagamundos; infinidad de mujeres públicas que viviendo mal son estimadas y honradas […]; los buhoneros y regatones de mercadurías de menor cuantía y los que andan a venderlas por las calles y en tendezuelas [...]; arrendadores de limosnas, industria nueva, perjudicial; una gran muchedumbre de gitanos y gitanas, que profesan holgar en ganar y hurtar y ha más de ciento setenta años que molestan estos reinos […]; otra gran cantidad de los moriscos que se despoblaron del reino de Granada […] viven más como vencedores que como vencidos». La conclusión general, no puede ser más decepcionante, aunque queramos entenderla por el agrarismo imperante: «Para que todos se ocupen en trabajos útiles a la república» haciendo acequias, trabajando los campos desviando al campo el dinero que se retrajera de mohatras y censos, de tal manera, que «estará ocupada la gente, cesará el desconsuelo que acarrea la pobreza» y volverá la gente a la tierra y no estarán tan pendientes de la llegada de las flotas con la riqueza de las Indias.

Entonces se pidió al rey que acabara con la aristocracia cortesanizada, o en otras palabras, los «acreedores de estados y mayorazgos» pidieron al rey que ordenara a los grandes títulos, y viudas, que les mandara abandonar la corte donde estaban «gastando lo que no pueden». No deja de ser importante que los acreedores se constituyeran en grupo social para presionar y lograr sus propósitos.

DEMOGRAFÍA, INFLACIÓN, GASTOS SUNTUARIOS

En los primeros meses del reinado de Felipe IV, desde finales de marzo de 1621 en adelante, se siguieron debatiendo e incluso elevando propuestas al rey de cómo disminuir la saca de oro y plata (con preciosos datos de contrabando, o de cómo saltarse la ley desde Cádiz a Sanlúcar e incluso Sevilla; o se examinaron arbitrios sobre cómo registrar toda la plata que saliera de Indias, para que no se la llevaran extranjeros —González Palencia, 133 y en otro sentido, 162—; o para que no se sacara ni oro ni plata, arbitrio dado por Pedro López de Reino); se deliberó sobre qué hacer con vagos, ociosos y prostitutas (viendo en leyes antiguas incluso de Juan II, o en la expulsión de la corte, unas buenas medidas que se deberían aplicar ahora).

Especial interés despertó en el Consejo el cuadernillo de ¡ocho! arbitrios políticos ya aludidos entregados por Pedro Hurtado de Alcocer y examinados con excepcional detenimiento por Gregorio López Madera y con el informe firmado el 22 de julio de 1621 (González Palencia, 100-108). En el cambio de reinado se recuperaron, como vemos, viejas ideas que venían en ocasiones de tiempos de Felipe II, o que aprovechando la llegada del nuevo gobierno, los autores se atrevieron a presentarlos: Juan López de Ugarte volvía a apretar para que las ciudades abrieran erarios públicos y montes de piedad, como se había propuesto ya en los años sesenta a Felipe II por Pedro de Oudegherste (copia manuscrita en RAH 9-3636/76), retomado por Valle de la Cerda y siempre latente (la narración de todo ello que hace Ugarte es extraordinaria; González Palencia, 109-116). Y abierta la caja de las sorpresas, un nuevo ímpetu arbitrista invadió las mentes de todos, o como escribió López Madera a Felipe IV, «sacan cada día nuevos arbitrios componiendo a veces una República de Platón que ni fue, ni puede ser» (González Palencia, 100). En efecto, ahora ya hasta el arzobispo de Sevilla se subía al carro del arbitrismo social, proponiendo la necesidad de celebrar un concilio nacional para que «las demás naciones viesen cuán de veras tomaba España el aumento y exaltación de la Iglesia». Con ese concilio se daría ejemplo a todos porque «a los prelados nos sería espejo cómo habíamos de vivir», por lo que se ofrecía para lo que fuera menester (el 3 de agosto de 1621, González Palencia, 133-134). Fue en ese momento cuando la Junta de Reformación instó al rey para que se resolviera sobre el expulsar a los aristócratas y a las viudas de la corte; sobre la moderación en los trajes y el guardar las leyes de las que se hablaba sobre la expulsión de los vagos y prostitutas (González Palencia, 134).

Tal era el volumen de trabajo, que a veces tenían reuniones específicas, como «la Junta donde se trata si conviene crecer la plata» (alterar la cantidad de la contenida en las monedas de real). En una de esas se estudiaron los otros arbitrios de Pedro Hurtado de Alcocer y Manuel Riveros. Ahora trataban sobre «viendo la gran cantidad de mercaderías extranjeras que en nuestra España entran» con sus cálculos protoestadísticos; y la gran frase: «Yo figuro a nuestra España un cuerpo humano (aunque al presente debilitado y flaco que parece se quiere acabar) que había de ser un cuerpo fuerte, robusto y de mucha sangre…»; o también «caso raro es la ruina de estos reinos, y que se vea tan evidente y no se remedie» mientras se desangra por culpa de los asientos con los extranjeros; de las mercaderías que se importan; las importaciones de China; el dinero que se llevan las naos de Portugal a cambio de los productos que meten, en ocasiones muy inútiles… (González Palencia, 167-178).

Por este ambiente, no es de extrañar que la Junta de Reformación se ocupara del sacrilegio del Sacramento en la Cárcel de Corte, pero con sensatez: los pedazos de la Sagrada Hostia se habían trasladado a la iglesia de San Luis y ante la preocupación de que se corrompieran, se habían dado ya en comunión; además de ello, ya no se hablaba tanto del asunto porque se había enfriado la noticia, así que pensaba la Junta que el asunto se podía aparcar hasta que la Inquisición tomara su resolución.

Y también en medio de este ambiente, Felipe IV había pedido al presidente del Consejo Real que le informara de las mercedes concedías por su padre Felipe III, porque tal vez habría que moderar lo hecho. El informe que se le devolvió al monarca contenía datos interesantes: desde 1599 hasta 1621 Felipe III había concedido 120 mercedes de oficios que llevaban aparejado el disfrute del oficio en los sucesores del agraciado. Una vez más he de insistir en que una cosa era el oficio y otra la profesión: aquel se podía arrendar, alquilar, a quien supiera desempeñarlo, pero la posesión era del individuo poseedor. La profesión era, precisamente, la habilidad adquirida a lo largo de la vida. Por ejemplo, en esa larga relación, un Bernardo Cornelio, «ayuda de barbero» (o sea, nadie), empezó a disfrutar de una «escribanía mayor de rentas de la ciudad de Guadalajara» aunque «no se sabe si está ejecutada». En 1601, el gran Jean l’Hermite que era ayuda de cámara del rey, pero sobre todo un gran relator y dibujante de los hechos de la corte, volvía a Flandes. Para que pudiera seguir sobreviviendo se le daba «la escribanía mayor de rentas de las villas y lugares de la Orden de Santiago de la provincia de León, con la ciudad de Jerez cerca de Badajoz», etc. O el otro, Diego Díaz, que hasta 1603 había servido treinta y siete años a Felipe II y Felipe III y era alguacil de casa y corte, pero enfermo y con dos hijos, se le concedió la merced «para pasar el dicho oficio en la persona que [él] nombrare»; y a Julio Fernández Quezedo [sic] aposentador real, se le dio licencia para que pasase el oficio «en la persona que casase con una de sus hijas». En muchos casos se autorizó que se heredaran los oficios de padres a hijos y así sucesivamente.

En marzo de 1622 se recontaron las pensiones solicitadas desde 1621: ¡575 personas solicitando!, de todo tipo y condición social, y arguyendo todo tipo de razonamientos, incluso algunos de lo más peregrino, de las que se da cuenta haberse concedido una treintena.

Y ya que se estaba en ambientes de reformación, ¿qué mejor que dar una pensión a Pedro Gabriel? Él, su hermana y sus padres vivían en Ginebra. ¡En Ginebra! Pedro Gabriel, recatolizado, logró irse a Nápoles y desde allí mandó a un primo suyo y a un criado a que fueran a Ginebra a rescatar a su hermana del jardín de la casa de sus padres, donde la hallaron «a la tarde y la llevaron secretamente con caballos a Chiambery (de ahí Chamberí, en Madrid), Corte de Saboya» y desde allí siguió la fuga hasta entrar en el convento de Santa Clara en León de Francia. Tal era la aventura, la épica y heroica aventura, que pedía ayudas económicas al rey para que así «Vuestra Majestad salvará una alma, la cual rogará a Dios, mientras viviere, por la Corona de España». Se le concedió (la historia es fantástica, González Palencia, 159-162).

A fray Luis de Aliaga, el intrigante confesor de Lerma y Felipe III, también se le señala en este ambiente de reformación, con una delación anónima, y con toda la abyección que podamos imaginar, pues él y su hermano eran «mozos de una tienda de paños y lienzo, y hay muchos que los han visto acarrear a cuestas públicamente de manera que no fue vocación la entrada en los conventos de Predicadores, sino necesidad de sustento…», y es lo más suave que se dice contra el confesor, «indecente religioso» (González Palencia, 191-201).

Un Juan Páez de Valenzuela, presbítero de Córdoba, era un escritor y arbitrista profesional. Al rey se quejaba de los asientos de extranjeros, de la corrupción anterior, de la salida de moneda, y sus remedios (González Palencia, 214-222).

Como se ve, lo de los asientos con extranjeros, la salida de plata, los problemas manufactureros, o la quiebra demográfica (como causa o efecto de lo anterior), o los censos, las vanidades de la vida, la ruptura de la estructura social después de la expulsión de los moros en 1492; el descenso de mujeres virtuosas; el abandono de la educación de las criaturas huérfanas; el no trabajar; la presencia de jueces exactores; la proliferación de solicitadores en la corte; el exceso de pleitos; las ventas de baldíos; el exceso de clérigos, frailes y monjas; se convierten en clásicos (el arbitrio del anónimo de 1621 es espectacular, González Palencia, 227-263). Aparecen acá y allá señalamientos del tipo «la flojedad de los nuestros» (González Palencia, 231); la emigración al Imperio; etc.

Es lógico que si se admitían arbitrios o propuestas de reformación, conforme más fama tuviera la Junta, más se recibieran y más anónimos. Es fascinante cómo se habla en contra de unos u otros, so color de introducir reformas morales, hay «un flamenco que vive en la calle de las Carretas de esta villa, que se llama Ubaldo Bibiche, que inquieta mujeres casadas y pasa dinero a reino extraño».

Un Francisco de Pineda, que era platero de oro, contaba a la Junta cómo dio en matrimonio a su hija Manuela de Pineda a un tal Juan de Morueta, alguacil de corte. Se los llevó a vivir a su casa y tuvieron dos hijos. Pero un buen día empezó él a darle malos tratamientos a la esposa, «así de palabra como de obra, queriéndola matar diversas veces sin causa ni razón que para ello tuviese, sino solo por ser hombre cruel y no temer ni a Dios ni a la Justicia». Para proteger a su hija, ante el vicario de Madrid «intentó pleito de divorcio», pero el vicario no sentenciaba nada y el marido se había desentendido de la esposa y de los hijos, «sin dar alimentos algunos a sus hijos y mujer», que los daba «movido de la compasión natural», el padre y abuelo. Pedía este que el rey ordenara que el marido volviera con la esposa e hijos, dejando así de vivir amancebado con otra, y los alimentara «poniéndole sobre ello las penas y conminaciones necesarias para la seguridad de su vida» (González Palencia, 208-209).

Movidos de este celo, los jurados de la ciudad de Sevilla decidieron hacer uso del deber de consejo, informando de todo cuanto pensaban que se debía mejorar en la ciudad (González Palencia, 178-191); y los alcaldes de casa y corte, proponían medidas para reformar disfunciones en Madrid (González Palencia, 209-213).

Aún hubo más: un extenso texto de la Junta de Reformación «escrito» por Felipe IV y remitido a las ciudades con voto en Cortes, informe en el que Felipe IV habla en primera persona. El 3 de septiembre de 1622 Felipe IV se había puesto en contacto con las autoridades urbanas de las ciudades con voto en Cortes manifestándoles su preocupación por la situación del reino, debido a lo cual, para estudiar la solución había reunido a sus ministros más graves para que estudiaran las respuestas generales y universales, o las particulares y locales que fueran llegando a la Corte.

Valladolid, al menos, había respondido el 14 de septiembre.

Ese escrito es la base de unos Capítulos de Reformación impresos en 1623, que desgrano un poco más adelante.

En el texto remitido a las ciudades con voto en Cortes, Felipe IV, que agradecía las manifestaciones de lealtad, fidelidad y amor recibidas, explicaba que había decidido ponerse al servicio del corazón de Dios para que «como principio y autor de todo bien y testigo de la verdad y celo» viera que solo le movía (a Felipe IV) el bien de sus reinos y así «se sirviese de descubrir camino para que se dispusiese su conservación e ilustrase los entendimientos de las personas que habían de tratar de ello».

En segundo lugar, había procurado el rey que se estudiaran con todo cuidado las materias generales y particulares, para conocer «por qué ha venido este reino al estado que tiene y ruina que le está amenazando y los medios que podrán obrar en su reparo, con vista de papeles que se han dado y con otras noticias particulares que por diversos caminos se han adquirido y con larga conferencia, discusión y deliberación de las personas de la Junta y otras que con particular cuidado y trabajo se han desvelado en ello».

Así las cosas se había decidido no gravar más a los súbditos, e incluso «aliviarlos de las imposiciones que se tienen por más graciosas» y logrados esos «alivios», se pondrá a los vasallos «en el estado de felicidad y descanso en la vida política […] porque en su descanso y consuelo, fundo la mayor felicidad de mi gobierno».

Por tanto, lo que se había decidido imponer era, en definitiva, lo siguiente:

Con respecto a la Justicia y la Administración. «La Justicia consiste el apoyo y seguridad de las repúblicas». Sin embargo, sus «ministros inferiores» han sido gravosos en el ejercicio de sus oficios, por lo que habría que seleccionarlos con sumo cuidado sobre todo los corregidores, para que sean jueces y «padres de la patria» y gobiernen con amor y celo al rey «y no su interés [de los corregidores]» para que tengan «los súbditos paz, amparo y justicia».

Además, «el excesivo número de los oficios es pernicioso en la república». Por ello se ha errado en el vender tantos ya que ese «daño se ha experimentado por mayor en escribanos, alguaciles, procuradores y otros de esta calidad». Esa fue la razón por la que se ordenó que se redujeran «a la tercera parte los escribanos, alguaciles y receptores», y que se quedaran solo los más beneméritos después de haberse reducido todos esos oficios, sacando a la venta solo la tercera parte al precio que pareciere justo, indemnizando a los afectados según lo que se hubiera pagado últimamente por los mismos oficios o similares, o si hubieran sido compras antiguas, se tomarían como referencia las últimas cuatros hechas, se eliminarían la de mayor y menor precio y de las dos centrales, se hallaría la media de lo que se habría de pagar. Esa indemnización la abonarían a medias el rey y las ciudades porque estas iban a beneficiarse de la reducción de oficios y porque quienes se quedaran sería «desapasionados» en todo, en lo social y en lo económico.

Igual se actuará con los regidores.

En las ciudades que haya dos tenientes de corregidor, se eliminará uno de los dos oficios, excepto en Sevilla.

A los «pretendientes» en corte, se les autorizará a estar solo treinta días al año, necesitando registrarse al llegar a la corte y presentar el documento cuando tengan audiencias en los consejos.

A los abogados se les exigirá la presentación cada seis meses de un informe de todas las actuaciones hechas y lo cobrado, de tal manera que desde las chancillerías o audiencias se pueda investigar si es así.

Que las causas económicas que afecten a las rentas reales, se diriman ante jueces ordinarios, y los derivados de rentas y alcabalas «encabezadas», se haga ante los corregidores y en otros casos, a quien designe el Consejo de Hacienda, todo ello con un fin, controlar «la muchedumbre de jueces que en todos los tribunales y juzgados despachan en todas materias».

Que los jueces de comisión no puedan nombrar a sus alguaciles, sino que estos procedan de las justicias ordinarias de los lugares a los que vayan.

Por otro lado, el rey indemnizará de su caja la retirada de todos los oficios de receptores de la corte, por el mal uso que han hecho de sus oficios.

Que los corregidores no puedan visitar, ni mandar visitadores a sus territorios excepto lo que se mande en la «nueva orden» porque con las visitas a destiempo o discrecionales, se apremia o abusa de los vasallos.

Comoquiera que hay excesivo número de escribanos, se promulga que se congele su número por veinte años. Téngase mucho cuidado en que los ministros no lleven más derechos de los que les pertenecen.

Para disminuir los gastos de la Justicia, se ordena que los justicias ordinarios entiendan en procesos de hasta 10.000 maravedíes, que las apelaciones vayan a los corregidores y su sentencia no se pueda apelar.

Que los niños expósitos y desamparados, no puedan estudiar, sino que se dediquen a la marinería, «de que hay tanta falta en este reino».

Con respecto a los gastos suntuarios: era necesario disminuirlos, así el guarnecer de plata u oro las joyas porque «el metal se pierde, las costas son excesivas, los engaños grandes, la duración poca»; igualmente, que nada que se labrare con oro u plata pudiera exceder el peso de la plata en un 20 por ciento y el del oro en un 16 por ciento la pieza original.

Las «colgaduras» deberían cumplir la orden de 1611 «porque solo sirven de vanidad y ostentación» y no de comodidad, y además se lo llevan todo los extranjeros (porque a fin de cuentas son los que tienen los telares). Pero lo más llamativo de estas disposiciones es que se prohíbe el oficio de bordadores, ya que su trabajo lo pueden hacer monjas e incluso que «tampoco se puedan bordar sillas, camas, almohadas, alfombras, sobremesas, ni otro género de especie, ni con oro ni con plata, seda, ni hilo», etc.

Además, «se prohíbe totalmente todo género de colgaduras bordadas de cualquier especie o calidad que sean», dándose un plazo de cuatro años para «gastar y disponer de las que están hechas», o sea, para su reciclado. También han de quitarse «todas las colgaduras de verano», aunque para que se mantengan ciertas manufacturas nacionales «se permiten los tafetanes, terciopelos, damascos lisos, brocateles lisos» mientras que se prohibieron todas «las sedas extranjeras, aunque sean lisas».

Comoquiera que las dotes son elevadísimas, hay mucha gente que no se casa porque no puede financiarlo. De ahí se deduce que muchas mujeres, al no poderse casar, naturalmente, «quedan sin remedio, expuestas por diversos caminos y consideraciones a peligro y muchos hombres viven “divertidos”» (en efecto; además, puede significar «descentrados»), así que se recuerda la obligación de cumplirse la ley 1, tít. 2 del lib. 5 de la Recopilación.

Para dar ejemplo, Felipe IV determinó que a las doncellas de su casa se les diera de dote, un millón y la saya; si fueran grandes, dos millones; y a las de la cámara, medio millón… «que es lo que se daba en tiempo de mi abuelo». Además, se excluían de esas gracias, las «plazas de asiento ni oficio de justicia, ni otro, de mi Real Casa».

Se prohibió el uso de plata y oro en telas y guarniciones, «dentro y fuera de casa, en todo género de vestidos», a excepción de los del «culto divino, trajes de guerra y aderezos de caballería, en la forma que se permite en la pragmática del año once» y que se quiten muchos de los adornos en otros ropajes: «Que de seda lisa se pueda hacer solamente en los vestidos de hombre el jubón, ropillas y calzón y que los ferreruelos, capas o bohemios no puedan ser de seda, sino de paño raja de Segovia u otras telillas como sean labradas dentro de estos reinos».

Se prohibió «el uso de los cuellos y puños y se introduzca el de las valonas y vueltas, sin que puedan llevar randas, puntas, ni deshilados, ni más de un pespunte, ni polvos azules, goma ni otro aderezo más que almidón, y que no lleven pliegues, ni otra forma que haga fraude a la intención de la ley». Los inconvenientes de aquellas maneras de vestir eran notorios, razón por lo que «ha parecido arrancar el cáncer de raíz».

A las mujeres se les dejó llevar lechuguillas, aunque sin puntas.

Por vanidad y ostentación, de nuevo, se tenía excesivo número de criados. La corte estaba llena de gente que podría utilizarse en la guerra y en otros oficios, por lo que se advierte que «se va tratando de reformarlos».

Así que, de nuevo, para dar ejemplo, se decidió reducir el número de oficios cortesanos a los que había en tiempos de Felipe II. Se instó a que los ministros más preeminentes también dieran ejemplo reduciendo el número de criados.

Por otro lado, «el mayor daño de todo […] es la falta de gente». El mal se debía a varias causas. El remedio, también: en primer lugar, que nadie pudiera mudarse con su casa a Madrid, Sevilla o Granada.

Se prohibió la emigración a Indias, «segunda causa de la despoblación de este reino».

Se instó a atraer gentes hábiles de otras «naciones», para evitar la salida de metales para pagar las importaciones. Se les podría invitar a que trabajaran en el campo u otras granjerías, y se les eximiría del pago de moneda forera y de los servicios ordinarios y extraordinarios durante cuatro años.

También se eximiría —a quienes se casasen— durante cuatro años del pago de todas las cargas municipales, aposentos de soldados, tutelas, cobranzas, oficios y otras, así como durante los dos primeros años la moneda forera y todos los pechos reales. A todos los que se casasen antes de cumplir los dieciocho años, se les eximiría de solicitar venias (para casarse, para administrar sus rentas, etc.). Que los que tuvieran veinticinco años y siguieran viviendo en casa de sus padres, se les podrían echar todas las cargas (como si fueran autónomos) y que quienes tuvieran más de seis hijos varones, aunque muriera alguno, fuera libre de por vida de todas las cargas anteriores y obligaciones municipales.

Que todas las instituciones piadosas destinaran una parte de las rentas para casamiento de huérfanas y pobres. Para dar ejemplo, el rey destinó los bienes mostrencos para ese fin y ordenó que se usasen también una parte de las «mandas forzosas» de los testamentos, y exhortó a los prelados a que destinaran a ese fin matrimonial lo más que pudieren (pidiendo al papa que rebajara incluso los requisitos de consanguineidad), rindiendo cuentas anualmente a la Cámara de lo que hicieran en ese sentido.

Se ordenó el cierre de todas las casas de mancebía que se habían tolerado en tiempos pasados.

Que Madrid se dividiera no en seis cuarteles, sino en dieciséis, y que en cada uno de ellos viviera un miembro del Consejo Real. Así se tendría un control más directo sobre los barrios.

Que se volvieran a sus señoríos todos los grandes y títulos, con sus casas. Se miraría con cuidado lo inherente a la del nuncio.

Especialmente interesante es lo que dispuso Felipe IV sobre las probanzas de limpieza y de nobleza, explayándose el rey en todos los males que había habido alrededor de los procesos, antes hechos «de buena fe», hoy hechos con «malicia». Por ello, se ordenaba que «en ningún caso se admitan ni hagan fe, memoriales sin firma». Solo se admitirían los bien fundados, los que citaren escrituras ciertas y verdaderas; «que las palabras que se hubieren dicho en pendencias y extrajudicialmente en corrillos o en conversación, por ningún caso obsten ni causen impedimento para la nobleza y limpieza»; y que tampoco sirvieran las declaraciones sobre fenómenos de oídas.

En ese sentido, sería lógico que una vez que hubiera «hasta tres actos positivos, hagan cosa juzgada así en la limpieza como en la nobleza». Si esos pases administrativos, o admisiones hubieran tenido lugar en Salamanca, Valladolid, Alcalá, o en Inquisición, Consejo de Órdenes, o la iglesia de Toledo servirían en las demás instituciones en donde se solicitasen.

Igualmente, quedó prohibido tener libros verdes, o catálogo y registros de linajes y familias, salvo de la propia, para evitar así maledicencias e insultos, de tal manera que «se quemen los que tuviere[n]» de otras familias.

Se instó a los tribunales y en las demás comunidades en que hubiera registros (o archivos) sobre estas materias, que tuvieran especial cuidado en su custodia, porque «de publicarse y andar en muchas manos han resultado muchos perjuicios por usarse mal de la noticia de ellos».

Así también se ordenó a los colegios que asumieran las probanzas citadas, las externas, y que no solicitaran más internas o propias.

Del uso de coches se habían seguido «confusión y perjuicio en el gobierno, gasto en las haciendas y estrago en la cría de caballos y total olvido de los ejercicios de la caballería». Ahora, sin querer generar incomodidad ni perjudicar a quienes los usan correctamente o tienen hacienda suficiente para hacerlo, se dispuso que no se pudiera llevar coches de más de cuatro caballos, a excepción de los consejeros que solo podrían llevar de dos caballos.

Una de las decisiones más importantes que se adoptaron fue la «institución de los erarios y montes de piedad», según se venía intentado desde la teoría y la práctica, desde tiempos de Felipe II (como ya hemos visto antes). Así que, «será su oficio recibir y dar dinero a censo». El recibirlo será al 5 por ciento y el darlo al 7.

Para el buen funcionamiento de los erarios, se abrirán 119 por toda Castilla que se gestionarán desde un único «consejo superior de pocas personas y gravísimas», que entre otras cosas estarán al tanto de cómo funcionan los erarios que hay en otras partes.

Con esta red de erarios y sus préstamos, se conseguiría el desarrollo de la labranza y la crianza; se incrementarán las manufacturas porque habrá dinero con el que financiar las actividades; se acabará con las compras y ventas «al fiado» de tal manera que al ajustarse los precios a como han de ser en toda la cadena productiva, el precio final será, a su vez también, más justo.

Se podrán pagar mejor las rentas reales porque habrá de dónde hacerlo; habrá menos quiebras de mercaderes porque podrán recurrir al dinero a moderados intereses.

Al haber más dinero en circulación o más facilidad para conseguirlo, se acabarán las mohatras, usuras y los tratos ilícitos «que necesariamente han de tener tan ofendido a Dios».

Se remediará la saca de oro y plata.

Por medio de los erarios se «reducirá» y «consumirá» la moneda de vellón. Es decir, se retirará de la circulación la moneda de pobre aleación que tan perjudicial estaba siendo a la economía del reino… aunque su acuñación la había promovido la propia corona. A pesar de estos buenos propósitos, no se acabó ni con las bajas de la moneda, ni con su circulación.

Al restaurarse los tratos, se acabará con la despoblación del reino y con ello, se enriquecerán las familias pobres, de donde procederá otro beneficio, que era el de restaurarse las casas de cada cual, en su sitio. Con ello «la pasada de gente a la Indias se moderará viendo que en Castilla hay sustancia y modo para ganar de comer y hacerse ricos».

Todo ello, si los erarios no estuvieran bien financiados, no se podría conseguir. Por tanto, «todas mis rentas reales entren en los erarios» y así los cobros de impuestos se harán sin jueces ni ejecutores; los dueños de juros (de deuda pública) cobrarán con puntualidad y sin problemas.

Igualmente, entrarán en los erarios todos los depósitos judiciales de cada partido, con el ahorro que eso significaría.

Mas si por si acaso no se consiguiera financiación bastante, se ordenó que «todos los vasallos de esta Corona, así eclesiásticos como seglares […] compren por una vez de los erarios lo que montare la veintena parte de sus haciendas o rentas», pagando en un plazo de cinco años, a cambio de lo cual recibirían un interés perpetuo al 3 por ciento. El dinero depositado en los erarios no quedará bloqueado, sino que se podrá usar si fuera menester: porque lo mismo que el campesino vende cuando hay peste, hambre o langosta, así también ahora que es época de necesidad («la Monarquía está en las últimas boqueadas y los vasallos consumidos y se trata de darles virtud y vida»).

Los intereses se pagaría, no al principio, ni durante los primeros años para no «desubstanciar» con esos pagos los erarios, se hará pasados los cinco años: no se causará mal a los ricos que han invertido en los erarios, porque tienen rentas de sobra, y al cobrar todo de golpe al fin de los cinco años, les hará más bien, «les podrá ser de mayor fruto».

A cambio de todo ello, se suspende el cobro del servicio de los Millones (impuesto en los años noventa de tiempos de Felipe II, cargante e impopular).

Para financiar los 30.000 soldados que se deberían reclutar en los «quince mil y tantos lugares que tiene esta corona», se necesitarían 144 ducados por pueblo. Cada localidad lo sacará como pueda, pero a buen seguro que sin problemas (se exponen varios arbitrios y el rey asevera que «yo les ayudaré»). Porque de ello se obtendrá una «utilidad que se considera por mayor» y esa era «la disposición para que las demás provincias de Aragón Portugal, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa…

… que hasta ahora siendo igualmente interesadas en la defensa y conservación de la Monarquía han estado libres de las cargas con que se ha tratado de ella [de la defensa de la Monarquía] hagan otro tal socorro de soldados, pues no les quedará razón de excusa, así por comprenderles igualmente los naturales que obligan a que concurran con igualdad en las cargas […] como porque en este género de socorros no tienen fuero, ni leyes que lo exenten ni fuera justo que les aprovecharan cuando [léase ni aunque] los tuvieran.

Concluyendo tan trascendental párrafo con un «se está tratando de entablar en las dichas provincias otro tanto». Porque lo que en esas sesudas, graves, largas reflexiones habidas entre hombres de Estado, lo que se estaba tratando son dos de los fundamentales principios de la política, o del pensamiento político de Olivares y de sus allegados (y muchos más): Castilla exhausta; a la defensa del Imperio, y mucho más a la de la península, debían concurrir todos.

Con fuerza iniciaba el valimiento Gaspar de Guzmán. Si la muerte de don Baltasar de Zúñiga, su tío, acaeció el 8 de octubre de 1622, este documento lleva fecha de 28 de octubre. En tres semanas no se improvisa un texto de estas dimensiones y profundidad, como el que eleva la Junta de Reformación.

Como primera conclusión, ya manida desde los escritos de Elliott y De la Peña, que desde 1621 (por lo menos) en la Corte y en Castilla se clamaba por más reparto de las cargas. Aquellos lamentos irían pasando desde arbitrios al rey, a las ideas de los consejeros (y aun muchos consejeros tendrían sus propios arbitrios en sus mentes), hasta dejarlos por escrito en memoriales como este que nos ocupa en estas páginas.

En otras palabras, lo que se pensaba por las calles y campos de Castilla, era oído y escuchado en la corte, recogido y re-redactado por los regios consejeros que se lo exponían al rey, e incluso este aprobaba los escritos y se mandaban —como era el caso— a las ciudades para que se cumplieran las órdenes de Su Majestad. ¡Las ideas de un arbitrista recorrían un largo camino, pero muy serio, para ponerse en ejecución! ¿Cuándo o dónde se podía ver eso, sino en la Monarquía Católica, a la que se debía servir con agrado, pues con respeto respondía a las ideas de sus súbditos?

Así es que con párrafos como este, o de otros memoriales, avisos y arbitrios se fueron componiendo otros textos de Estado por medio del equipo de escribientes que hacían bricolaje de teoría política y Olivares visaba el texto final. Este texto pudo ser uno de aquellos arbitrios que se usaran en la elaboración del Gran Memorial, o de la Unión de Armas.

No perdamos de vista lo que el presidente del Consejo Real escribió al rey el 11 de febrero de 1626: «Las materias de Estado y gobierno tienen mucho de arbitrio» (Elliott y De la Peña, 147).

En cualquier caso, habida cuenta de las reformas que se iban a ir introduciendo por todas partes, aseveraba Felipe IV que ponía en marcha una «reformación de mi casa». El rey ejemplar; «daré con mi ejemplo la primera ley».

Y aunque las reflexiones filantrópicas de Felipe IV continuaban solicitando más información sobre sus reinos, advertía que los remedios propuestos en este documento eran «fáciles» y «suaves» y de ninguna manera tan «rigurosos» como algunos se temían…

En cualquier caso, este era el estado de cosas y de opinión en el otoño de 1622, que se venía arrastrando desde tiempo atrás, como estamos viendo en estas páginas.

Y en ello no acabó todo. Porque inmediatamente después, a partir del 10 de febrero de 1623 se hicieron públicos por impresión unos Capítulos de Reformación.

Aunque aún no se ha estudiado su proceso de impresión, resulta de lo más interesante que se hicieron al menos cinco impresiones diferentes. En Madrid tres en casa de Tomás de Junti, impresor del rey, y se pusieron a la venta en casa de Antonio Rodríguez, mercader de libros (sabemos que son tres porque hay dos variantes: en ocasiones consta «mercader» de libros y en ocasiones no; a veces el pie de imprenta está caído con respecto al resto de la portada); en Sevilla los imprimió Gabriel Ramos Vejarano (único ejemplar existente, RAH, 9-3636/77) y en Zaragoza Juan de Lanaja Quartanet, impresor del reino de Aragón y de la universidad (algunos ejemplares se pueden consultar: siete en la BNE; en la RAH hay nueve y la impresión de Zaragoza se puede ver en https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=438380, y por supuesto la transcripción en González Palencia, pp. 415-455).

Cinco impresiones en tres ciudades diferentes, con las mismas portadas en Madrid y Zaragoza (no así en Sevilla) donde destaca el escudo real; los muy cuidados tipos y anotaciones marginales; la reproducción facsímil de la firma del escribano real Hernando de Vallejo, la gran cantidad de ejemplares que aún hoy se conservan en bibliotecas de España, todo ello son cuestiones demostrativas del celo con se hizo el folleto y de la difusión que se quiso dar a los Capítulos de Reformación.

La intención del rey era que las decisiones recogidas en ese texto tuvieran «fuerza de ley y pragmática sanción (como si fuera[n] hecha[s] y promulgada[s] en Cortes)». Estos Capítulos de Reformación se «publicaron», o sea, se hicieron públicos el 11 de febrero en Madrid, ante el Palacio Real y en la Puerta de Guadalajara («donde está el trato y comercio de los mercaderes y oficiales»). La publicación se hizo por pregoneros, «a altas e inteligibles voces» con trompetas y atabales, en presencia de tres alcaldes de casa y corte y de cuatro alguaciles del mismo organismo. De todo ello dio fe Hernando de Vallejo.

Los Capítulos de Reformación eran 23. Ahora mismo, por no hacer más engorrosas estas páginas, voy a citar solo los epígrafes:

1.- «Reducción de los oficios a la tercera parte». Se comisionó a ello a Baltasar Gilimón de la Mota (González Palencia, 456-462). 2.- «Que los pretendientes no puedan asistir en la corte en cada un año más de treinta días». 3.- «Que no puedan enviarse jueces de comisión, ni ejecutores» (por las corruptelas, abusos y otros «inconvenientes»). 4.- «Que no se puedan dar fiades para examinarse de escribanos del reino por tiempo de veinte años». Por el exceso de escribanos, los abusos que ha originado su proliferación y la corrupción en el desempeño de las funciones de los escribanos. 5.- «Que pone modo en los criados, alhajas y adornos de las casas y en los trajes de hombres y mujeres», restringiéndose el número de criados a dieciocho como máximo; y los consejeros y ministros reales, solo ocho. 6.- «Que no se guarnezcan con plata o [sic] oro cosas de madera, ni se doren, ni ningún metal y que no se pueda llevar por la hechura [manufacturación] sino la quincena parte de lo que pesare siendo de oro, y la sexta siendo de plata». 7.- «Que no se pueda bordar ningún género de cosa». 8.- «Que no se puedan hacer colgaduras de verano de telas extranjeras y danse ocho años para el gasto de las hechas». 9.- «Que no se traiga oro ni plata en tela, ni guarnición». 10.- «Que no se puedan traer guarniciones en los vestidos». 11.- «Que no se puedan traer ferreruelos de seda». 12.- «Que no se puedan vender paños, ni telas de lana y seda, fabricadas en el Reino o fuera, sin que tenga[n] marca o ley». 13.- «Que no se entre de fuera del Reino ninguna cosa hecha» (el objetivo era dinamizar la producción interior… pero ¿y si las reglamentaciones o los problemas técnicos lo impedían? Entonces había dos soluciones a esa inelasticidad: o contrabando o colapso; el Consejo de Hacienda pide que se revise este capítulo (González Palencia, 491); también los mercaderes ingleses, unos particulares flamencos, 14.- «Que se traigan valonas o cuellos a dozavo y ocho anchos, sin ningún aderezo». 15.- «Se renueva la pragmática sobre el uso y tratamiento de las cortesías», pragmática de 1611. Así se evitarían el desorden o las exageraciones en los tratamientos, tanto en la correspondencia dirigida al rey, a la reina, a los infantes, así como en los juzgados, entre las personas, las dignidades eclesiásticas, a embajadores y aristócratas, etc. con penas a los transgresores de 100, 200 y 400 ducados más destierro la primera, segunda y tercera vez que lo hiciera. 16.- «De la moderación de la dote, arras, joyas y vestidos». 17.- «Que a las damas de palacio no se les pueda dar si no un cuento [un millón] de maravedíes de dote y la saya. 18. - «Que Su Majestad no dará oficio ni plaza de asiento, ni de su Casa, en casamiento». 19.- «Privilegios que se dan al estado del matrimonio». Para fomentar la «multiplicación», durante los cuatro años siguientes al del día del matrimonio, el varón quedará libre de cargas (pecuniarias o en especie) y oficios concejiles, y si se casase antes de cumplir los dieciocho años, que pudiera entrar a administrar su hacienda, etc. 20.- «Modo con que se han de calificar la nobleza y limpieza, y hacerse las pruebas en los casos que fueren necesarias». 21.- «Medios para el aumento de la población». 22.- «Que no pueda haber estudios de Gramática sino en las ciudades y villas donde hubiere corregidores o tenientes». Los razonamientos son geniales. 23.- «Que se quiten las casas públicas», ya todo trastocado.

Los Capítulos de Reformación tienen, sin duda, enorme interés para entender el triunfo de unas corrientes de pensamiento económico sobre otras. Por ello, son tan decepcionantes: porque llevaban preparándose y debatiéndose muchos años sobre propuestas de todo tipo y lo que triunfó fue lo expuesto.

Pero, a su vez, llama la atención que a pesar de esos Capítulos de Reformación firmados por el rey, pronto empezaran a recibirse comentarios contrarios de las propias instituciones de la Monarquía (como el del Consejo de Hacienda de 5 de noviembre de 1623) o a concederse excepciones a algunas de las prohibiciones.

Para entender los Capítulos tal vez esa sea la clave: triunfó la visión del prohibir para impedir, o de mandar y ordenar para conseguir algún objetivo. No se deja un respiro a la libertad económica, a la libertad de acción.

Con esa mentalidad económica triunfante, en verdad bastante providencialista, ¿qué podía ocurrir con los precios?

El 3 de noviembre de 1625 (ya son tres años, por lo menos de estudios y resoluciones) el Consejo de Castilla pedía al rey que tomara alguna resolución para evitar las subidas de precios. Para demostrar que era necesario, se remitieron listas de precios entre 1622 a 1625 porque el rey (!) pensaba que la solución podría estar en que «mientras no se ajustare en alguna manera la desproporción del cobre con la plata, no será posible tener ejecución, ni igual medida, nada de cuanto se resolviere en esta materia». O sea, habría que meter más cobre en la plata para equilibrar precios…

Estuvieron dos años dándole vueltas a cómo remediar las subidas de precios y la Junta de la Diputación en Cortes propuso unas salidas a Felipe IV.

1.   La causa de la subida de precios era «la mala calidad de la moneda de vellón». 2. Se proponía (aunque no por unanimidad) «que se abra el comercio con las naciones extranjeras, excepto los rebeldes». 3. Se proponía autorizar a los que metieran mercadurías extranjeras que sacaran obligatoriamente el producto de su beneficio en mercaderías nacionales, pero no ni en oro ni en plata. 4. Que se prohibieran las compras de mercancías para revenderse al por mayor en las mismas localidades. 5. «Que se ponga tasa de precios fijos a todas las cosas». 6. Que el rey nombrara una Junta de Ministros «que se informen de las cosechas de lanas, sedas y frutos de la tierra y según la abundancia o falta, pongan cada año los precios hasta otra cosecha…» y que a las mercancías extranjeras no se les impusiera esa tasa.

Los comentarios del rey no tienen desperdicio. Aunque el lenguaje es confuso, tiene todo el interés del mundo:

Remite el rey al Consejo de Castilla el informe en cuestión y da instrucciones,

1.   «Veréis lo que dice el pueblo de las pragmáticas que salieren ahora [se iba a legislar para evitar las subidas de precios] y conoceréis entonces que no es mayor el odio de la Diputación que de cualquier ley que se resuelve […] 2. Si el Consejo de Castilla me ata las manos para que no haga la baja y me aprueba las Diputaciones [ambas instituciones, pues, enfrentadas] considerad de quien me puedo quejar, ni a quien me tengo de quejar, de ver perder mis reinos por ejecutar lo que se aconseja […] 3. Tratad de los remedios todos y hallaréis que el que hoy se halló y se resolvió por mí y le he perdido por el Consejo que se opuso públicamente a mi resolución con su opinión. 4. Hágase algo, aunque se haga mal en esto de los precios que bien será menester que obre Dios milagros, para que suceda bien lo que nunca sucedió así», y en fin. 5. «[Estamos] hoy a pique de perdernos todos, solo por lo que en esto se ha obrado contra toda experiencia y razón natural, si bien creo que habrá sido con muy buen celo» (González Palencia, 536-539).

La preocupación por la carestía de los precios era un tema recurrente desde el siglo XVI en adelante. Al principio, en tiempos de Isabel y Fernando se impuso tasa al grano (1502). Las consecuencias fueron obvias: se abandonaron, sin estridencias, los campos de cereal y se cambiaron por viñedos para exportar por Europa e Indias. El cereal que faltaba se importaba de Sicilia, primero y de Polonia más adelante. La tasa al cereal, que fue alterándose a lo largo del tiempo (1539, 1571, etc. ¿pero era freno, o no?), se eliminó en 1765. Eran tiempos de un Imperio, que no solo era de los tercios.

Como es obvio, lo de poner tasa a los productos de consumo es una medida moderna, original, nunca experimentada y digna de ser aplaudida.

Llevaban décadas, en nuestros Siglos de Oro, viendo cómo subían los precios. No atinaban a parar la inflación. Pensaban que con leyes políticas se podría poner coto a la carestía de las cosas. Tras décadas, por toda Europa, probando remedios, es natural que paulatinamente fuera haciéndose eco alguna nueva ideología que pensara más en los equilibrios de oferta y demanda, que en la salvífica prohibición/orden como arregladora de cualquier desbarajuste.

Hacía solo un poco que Felipe IV, el gran Felipe IV, había subido al trono. Desde hacía unos años, se habían acentuado los males. Los reyes habían instado a que se reunieran juntas de hombres expertos para debatir, platicar y decidir.

Así las cosas, y yendo a un hecho concreto, el 24 de diciembre de 1625 el rey emitió una cédula real, no una pragmática, en la que efectivamente se aplicaban algunas de las propuestas, de los arbitrios, enunciados antes: «Por cuanto habiendo considerado cuán conveniente y necesario es conservar la población y acrecentarla y que al ser numerosa y abundante se consigue tener sustancia y fuerza para el servicio de los reyes y que de algunos años a esta parte por varios accidentes se va disminuyendo la de estos reinos […] mandé hacer una Junta de ministros míos donde se tratase de ella […] con pleno arbitrio […] y por ella se van tratando diversos medios que lo encaminan y entre otros se ha reconocido que lo que más puede ayudar a conservar en abundancia estos Reinos, así de personas, como de comercios y tratos es el beneficio de los frutos que son naturales de ellos». Además, los beneficios no deberían redundar en los productores directos, sino que «también sean materia para mejorar el comercio y naturalizar las artes y siendo uno de los principales las lanas», tras denunciar la mucha que se exportaba y que se reimportaba en ropas manufacturadas, decía el rey que había hablado con los fabricantes de paños de Segovia y de mantas de Palencia, proponiéndoles que fabricaran todo tipo de telas. Ellos habían aceptado el reto comprometiéndose a fabricar en cantidad y calidad suficientes. A cambio, entre otras cosas, se les daba preferencia en las exportaciones e importaciones; que las ventas de las lanas se hicieran con escrituras públicas rectamente redactadas (se explica con qué datos), etc. Y así hasta veinte apartados.

Lo que estaba ocurriendo es fascinante desde un punto de vista económico. Y lo más fascinante e incluso preocupante es el encontrarnos con que hoy haya quienes propongan cosas similares. Y lo digo, porque, efectivamente, un poco más tarde pero en medio de aquel momento inflacionista, en 1627 se promulgó una Pragmática que Su Majestad mandó publicar sobre la reformación de las causas de la carestía general en estos Reinos y moderación en los precios de las mercaderías y mantenimientos, salarios y jornales. La pragmática la promulgó el rey el 13 de septiembre de 1627. Se pregonó, esto es se hizo pública en Madrid ante el Alcázar y la Puerta de Guadalajara —como era costumbre— ante los testigos de rigor, el mismísimo día 13 de septiembre, pues tanto urgía y preocupaba el problema de la carestía de los precios. Se dio licencia para imprimirla el 14 de septiembre y se puso precio a seis maravedíes: téngase en cuenta que aun en 1618 el precio tasado de cada pliego impreso era de cinco maravedíes. Lo imprimió la viuda de Luis Sánchez, «impresora del Reino» (¡inaudito, una mujer impresora del reino! Debe de haber una errata en el documento).

La explicación de motivos es, sencillamente, impresionante. Una clase de teoría económica o de historia económica. Felipe IV lo decía bien claro:

Habiendo reconocido el estado en que se hallan estos reinos por la carestía general y excesivos precios a que han subido todas las cosas, sin que hayan bastado penas, ni otras demostraciones que se han hecho a enfrenar la codicia de los criadores y tratantes, que como dueños de las mercaderías se han hecho árbitros de los precios, subiéndolos de una semana a otra, sin causa suficiente que para ello hayan tenido, de que ha resultado la carestía en los jornales y mantenimientos por la relación y necesaria dependencia que tiene el precio en todas las especies comerciales, con que han venido a bajar las haciendas de cuatro años a esta parte a menos de la mitad de su estimación con general queja y común sentimiento. Deseando poner en todo eficaz remedio y prevenir las causas que han ocasionado en parte estos daños, habiendo visto lo que han propuesto las ciudades más principales de estos reinos y personas de celo e inteligencia con quien se ha conferido la materia…

…, visto por los miembros del Consejo, se acordó que el rey debería promulgar esta carta con fuerza de pragmática sanción, como si hubiera sido dada en Cortes.

La decena de artículos remediadores de los males se centraban en que había habido un exceso de regatones (o intermediarios) que compraban las telas (y otros artículos) antes de estar elaboradas, con lo que bloqueaban que salieran a la venta ya manufacturadas en ferias donde las comprarían los mercaderes o los vecinos (al por mayor o al detalle). Por ende, tras ordenar el cumplimiento de las leyes inherentes a los tratos y comercio de la Recopilación, se prohibía taxativamente que se pudiera comprar una serie de productos (telas, papel, cordobanes, etc.) para revender y que solo se podría comprar en tiendas (me pregunto: pero ¿quién lo llevaría a las tiendas? ¿Mercaderes al por mayor locales?; o sea, santificando la autarquía del menudo local). Quedaba vedado salir a los caminos a 20 leguas alrededor de la corte a comprar cordobanes, o reses vivas y se acentuaba en la obligación de cumplirse todas las leyes contra la regatonería, pero… «no es nuestra intención prohibir las lonjas y almacenes de mercaderías que no son de estos Reinos de España, sino que se meten y pueden meter de fuera de ellos conforme a las leyes, porque respecto de traerlas de tanta costa y en beneficio de los naturales, no se reputan los dichos mercaderes de lonja por revendedores». O sea, que las grandes importaciones no eran tan maléficas como el regatoneo (¿no has visto a nadie de los que quieren tasar todo, comprando en grandes almacenes de productos fabricados en Oriente?).

Del mismo modo, para paliar la insuficiencia de productos en el mercado se autorizaría la entrada de productos de los otros reinos de la Monarquía y de sus amigos.

Como había mucha gente ociosa y faltaba gente que sirviera en la labranza y crianza y en las fábricas y labores del reino, «de que resulta menoscabo en la población, crecimientos en los salarios y jornales y consecuentemente en las mercaderías», se mandaba que se cumplieran las leyes contra los vagabundos.

Debido a la gran cantidad de aguas caídas e inundaciones habidas en los años pasados (¡se hacían eco de cambios en el tiempo, hoc est, cambios climáticos en tiempos que no había petróleo!) había muerto mucho ganado mayor y menor, por lo que se prohibía la exportación de cueros y pieles, artículos de excepcional importancia entonces; casi de lujo hoy porque se usan plásticos.

Asimismo, como se sacrificaban muchos cabritos y no llegaban a adultos, que eran el alimento de los trabajadores y gentes del campo, y los carneros que se ponían a la venta lo hacían a precios disparatados, quedaba prohibido el sacrificio de cabritos mientras esa fuese la voluntad real. De la prohibición se excluían los meses de noviembre hasta Cuaresma.

Y como todo lo anterior es posible que no fuera suficiente para frenar la carestía de los precios, se habían estudiado los de las mercadurías y se les ponía freno, tasa, teniendo como referencia lo que valían las cosas «al tiempo que empezaron a crecer» los susodichos precios. En todos los ayuntamientos se guardaría un ejemplar de la copiosa relación de productos tasados que se mandaría impresa y si faltara algo, que lo comunicara el ayuntamiento afectado a la Cámara de Castilla. Se impusieron penas, ¡cómo no! A quienes no cumplieran con la tasa de todos esos productos: la primera vez, perdiendo lo que vendieren fuera de la tasa más 30.000 maravedíes de multa y destierro de dos años del lugar en el que vendieren a cinco leguas de distancia; la segunda vez, se duplicarían las penas y la tercera vez, perderían la mitad de sus bienes y les echarían cuatro años a galeras. Si el que excediera la tasa fuera un tendero, 4.000 maravedíes, más diez días de cárcel la primera vez y si no pagaran la multa en cuarenta y ocho horas, destierro de seis meses; la segunda vez, penas dobladas y la tercera vez, vergüenza pública, 20.000 maravedíes y cuatro años de destierro a 10 leguas. Similares, aunque más leves eran las penas a los jornaleros.

No eran tontos, comoquiera que al estar los precios tasados podría alterarse la calidad de los bienes producidos, se prohibía que se manipulara la bondad, peso o ley y medidas de los productos tal y como hasta el día de la fecha se hubieran fabricado.

Se prohibía que los mercaderes que al presente vendían en tiendas públicas se retiraran de sus negocios so pena de la pérdida de sus mercancías, la mitad de sus bienes y cuatro años de destierro del lugar en el que tuvieran la tienda y 10 leguas alrededor. ¡No podían quebrar, ni cambiar de negocio!

Igualmente se prohibía la venta en secreto de mercadurías, con penas también especificadas.

Se prohibía que el vendedor exigiera el pago en moneda de oro o plata: se abonarían las compras en «la moneda corriente que escogieren».

En fin, la justicia sería ágil e implacable. Bastarían tres testigos denunciantes y sus declaraciones valdrían como «por plena probanza» y además, quedaría exenta de sus privilegios cualquier persona que los pudiera esgrimir para no ser perseguida, etc.

La «tasa general de los precios» ocupa 34 páginas a dos columnas. Empieza por las «lanas al por mayor» y siguen «carnes», «paños de Segovia» (14 entradas); «paños de Ávila» (10 entradas); los de Cuenca, Rioja, Soria, Alburquerque, Baeza, Villacastín, Piedrahita y Villafranca, Parrilla, Palencia, Toledo y otras partes, sedas de Toledo (¡78 entradas!), sedas de Valencia (¡regía la tasa para Valencia!, 38 entradas); sedas de Italia (¡16 entradas!), sedas de Murcia, Córdoba, Sevilla; lienzos, pellejería, guadamacilería, joyería (varias páginas); guarnicionería (otras cinco páginas); cabestreros; espartería; material para obras; hierro y cobre; vidriados de Venecia, de Barcelona, de Cuenca, vidriado contrahecho de la China; de la Puente [del Arzobispo]… y jornales («cada peón de albañilería cada día tres reales»); tundidores, pastores, hechuras para los sastres; hechuras de cordonero; hechuras de gorras…

Aun a pesar de tanto trabajo, tan minucioso y de tantas penas, al final solo se tasaron los precios de unos 1.200 productos, casi todos procedentes de animales.

Ni que decir tiene que no se pudo frenar la inflación. Entre otras cosas porque la guerra comercial estaba desatada desde el norte… y desde 1635 se desataría la otra —a cañonazos— con Francia y en 1640, otra con Cataluña y otra con Portugal.

Esta es una de las cosas más simpáticas de la economía: todas las previsiones las puede destrozar un político iluminado con una guerra. Y entonces, tantos estudios y tantas cosas, ¿para qué?

COMO RECAPITULACIÓN

Naturalmente, la globalización requería de otras medidas para acabar con la inflación. Tal vez con la aplicación de más y más moderna tecnología a los procesos productivos y menos regulaciones. Pero no había llegado aún la revolución industrial y se producía, grosso modo como se hacían las cosas durante toda la vida (frase de salvaguarda de los medrosos). Claro que la revolución industrial y el cambio de las energías limpias (fuerza, agua y viento) por otras fósiles parece ser que ha tenido unos resultados brillantísimos en la historia de la humanidad.

El que ya en 1625-1630 Felipe IV se mostrara tan desmoralizado, nos puede permitir, de momento, dejar este recorrido económico aquí y ahora.

En aquellos años, todas las instituciones, con el rey a la cabeza, estaban involucradas en el remedio de los males económicos. Todas las instituciones y los particulares letrados, capaces de escribir sesudos libros, y hasta las gentes del común que elevaban sus propuestas en papeles manuscritos en la esperanza de que fueran oídos por el rey.

Sobre esa proliferación de ideas se fueron construyendo las prácticas económicas que rigieron a lo largo de los reinados de los Austrias.

Ahora bien: como no había un conocimiento teórico de la economía no se podían tomar decisiones sobre bases «científicas», sino sobre las especulaciones parciales mostradas por la experiencia. Y como las especulaciones son tan subjetivas como la experiencia, los bandazos, las inestabilidades y las inseguridades eran continuos en materia de política económica.

De lo que el «pueblo» no se podía quejar era de que no se le escuchara, o hubiera escuchado.

Sin ánimo de plantearse las causas de la quiebra de la Monarquía de España, sino con interés de hacer unas memorias históricas de su paso por la política, esto es, por el mero hecho de aprender, recordar y transmitir, don Lorenzo Folch de Cardona, que fue del Consejo Real y alcalde de casa y corte (además de consejero de la Inquisición), tomó unas notas de mucho interés acaso para su uso personal, que aún se conservan. Era hombre de Estado, pero también inquieto anticuario del pasado (copia un escrito casi desconocido de Ambrosio de Morales; votos particulares emitidos ante el Parlamento de París en 1589; las instrucciones de Oñate al sucesor de su embajada en Roma, etc.). Se conservan estos sus «papeles varios» en la Real Academia de la Historia (RAH, 9-1833).

Tenía preparada una historia del Sacro Imperio alrededor de 1686 (al año siguiente de la declaración del protestantismo ilegal en Francia con la revocación del Edicto de Nantes, o el año en que Claudio Coello acaba el Carlos II adorando la Sagrada Forma) que fue cuando Leopoldo I venció al Turco, o cuando propugnó una Gran Alianza o Liga de Augsburgo, contra Francia, y que fue el germen del bando austriaco en la Guerra de Sucesión española. Folch de Cardona era muy crítico con aquella paz:

La tregua le ha ocasionado un cáncer que le roe incurablemente si presto no se le aplica el hierro de una justa defensa; cada uno piensa salvarse con alguna política particular a lo menos por algún tiempo esperando mejores coyunturas y creyendo salir de un mal paso, se empeña siempre más en él.

Y es que la situación del Imperio no era broma.

Entre las muchas partes de su cuerpo no se divisaban todavía indicios de la armonía constante y necesaria que se necesita para su conservación, por la inconstancia de los designios, la diversidad de los intereses, la precipitación en opiniones divididas, la lentitud de los que miran por la unión, la facilidad con que se da oídos a las sujeciones de la Francia y la desconfianza común (RAH, 9-1833, 1r.).

¿De verdad que el mamotreto sobre el Imperio no era una excusa para poner por escrito sus reflexiones sobre España? Es verdad que las podría haber escrito clara y libremente (entre otras cosas porque permanecen manuscritas), pero ¿no veía con los mismos ojos lo que pasaba en el Imperio, que lo que pasaba en España?

A lo largo del siglo XVI gracias a la riqueza, y por los caminos que he expuesto, además de otros menores, algunos han dejado el estado llano y han alcanzado el hidalgo. Pero esto ni lo han logrado por la virtud, ni por el honor. Lo han conseguido por el dinero. Consecuentemente, su papel social, el de la defensa de los oradores y de los trabajadores, no lo cumplirán nunca, pues no es parte de su sociabilidad. Se han hecho hidalgos por honra, por estima social y por quedar exentos de pechos.

En la sociedad estamental, pues, se están desnaturalizando los papeles, si bien se mantienen las jerarquías. Incluso los contemporáneos ven cómo no se cumple ni con los estatus de cada cual. La estructura estamental está resquebrajándose. El cambio social está en marcha. Tardará en hacerse efectivo, lógicamente, pero contemplamos cómo un orden social se está viniendo abajo y está instaurándose uno nuevo: el burgués.

En los inicios de este proceso el arbitrismo, o por mejor decir, el pensamiento económico popular ha tenido una importancia capital. El recorrido podría haber sido otro, indudablemente, pero estas necesidades fiscales de la corona han trazado este camino que conocemos.

En los inicios de este proceso también hay sus convulsiones, mejoras, retoques, todo ello dentro de la inconsciencia de que lo que está ocurriendo tendrá unas consecuencias inimaginables, pero con la conciencia de que hay algo que está cambiando o que se podría cambiar: habrá movimientos reaccionarios, conservadores y renovadores. A algunos arbitrios se les hará caso, a otros no... y pasaron a la historia sin pena ni gloria, hasta hoy.

Todos los arbitrios pretendían aumentar el caudal del rey. La sociedad, implícita o explícitamente, ampara al poder que le daba movilidad y riqueza.

5

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

«Los cautiverios duelen, pero sanan; la lisonja halaga, pero mata».

Discurso. Intitúlase «El cautiverio».

Dedicado a la Reina Nuestra Señora. Año de 1669,

en Österreisches National Bibliothek,

Cod. Manuscrito 5943, fol. 306r.

IRENISMO

Sírvame una escena de sacristía para empezar a desarrollar este capítulo. Trasladémonos a la iglesia mayor de Santa María de Alcalá de Henares. Es el otoñal 9 de octubre, domingo por la tarde, y el bachiller Serrano acaba de anotar los bautizos del día. De manera rutinaria registra el de Miguel, hijo de Rodrigo y de doña Leonor. No le da más importancia. Es más, incluso le ha interesado tan poco que se ha olvidado del segundo de los compadres. Además, uno de los testigos había sido el sacristán y el otro el propio cura párroco. Penosa bendición, desde luego.

Como penosos eran los pensamientos que debieron de angustiar a aquel desdichado matrimonio de regreso a casa, a penar con todos los críos que tenían. Cruzarían las calles de Alcalá y en menos de cinco minutos se encerrarían en su destino y la algarabía de los otros dos niños, Andrea y Luisa, nacida el año anterior. De Andrés, el mayor, solo quedaba la incógnita de qué podría haber sido de su vida, pues murió al poco de nacer. Ahora otra carga, de nombre Miguel; luego, Rodrigo y Magdalena.

Aquello acaecía en 1547, el año en que las tropas imperiales de Carlos V habían derrotado a las luteranas de Juan Federico de Sajonia en la batalla de Mühlberg (25 de abril). Aquel mismo año murieron Enrique VIII de Inglaterra, Francisco I de Francia, Hernán Cortés y, el año antes, había fallecido Martín Lutero. Un poco antes, en 1545, habían empezado las sesiones del XIX Concilio Ecuménico, el de Trento, el que redefinió el catolicismo y cuyos cánones y decretos tuvieron vigencia hasta el Vaticano I (1868-1870). En 1550, la Junta de Valladolid, en 1552 las Leyes Nuevas…

Cansado el emperador de los sinsabores de luchar por la verdadera fe casi en solitario, fue dejando paulatinamente el poder en manos de su hermano Fernando y de su hijo Felipe. Aquel promovió la Paz de Augusta de 1555 por la que se hicieron importantes cesiones a los príncipes luteranos a cambio de paz.

Parece como que a mediados del siglo XVI la coyuntura histórica mostrara que, aunque solo fuera por unos breves momentos, el problema protestante pudiera pasar a segundo plano en las preocupaciones del catolicismo. Europa se dividía definitivamente en dos y el precio que se pagaba era, insisto, el de la paz.

Además, tras la batalla de San Quintín y la firma de la Paz de Cateau Cambresis de 1559, el otro gran problema de Carlos V, que heredaba su hijo Felipe II, el de las guerras con Francia, se bloqueaba por un tiempo. Años pues de esperanzada paz y de alegrías en Europa. Pero ¿por cuánto tiempo?

Porque al sur de Europa y en el Norte de África se había enquistado un gravísimo problema, un visceral enemigo contra el que se había intentado de todo y no se había conseguido sino un incómodo equilibrio. Equilibrio nacido, no precisamente del respeto recíproco de la alteridad cultural, sino del cansancio, del miedo, de la falta de recursos humanos y materiales suficientes para aniquilar al otro.

Europa vivía a la defensiva. El Islam había conquistado Constantinopla en 1453 y sus escaramuzas y avances por la frontera oriental del Sacro Imperio Romano se veían hostigadas intermitentemente hasta que tuvo lugar el salto definitivo.

Fue en 1526, en Hungría. Tras la batalla de Mohacs en la que murió su rey, Luis I —a la sazón cuñado de Carlos V, pues estaba casado con su hermana María—, el Imperio otomano penetró hasta Budapest. Hasta ese día, Carlos V no se tomó en serio el peligro otomano… y eso que era advertido por sus servicios de información (Kumrular, 2003). Hungría quedó dividida en tres zonas: al norte, la aristocracia eligió como rey de Hungría a Fernando de Austria, en el centro se asentaron firmemente los turcos otomanos y al sur, al este del río Tisza, se configuró un nuevo estado, el principado de Transilvania, que luchaba por encarnar la soberanía de la Hungría desaparecida. El Este de Europa era tierra de guerra entre el Islam y la Cristiandad. Al frente del Imperio estaba Carlos, nieto de los reyes que en 1492 habían reconquistado legítimamente el reino de Granada a los musulmanes; ese emperador que tenía musulmanes en sus territorios de la Península Ibérica y ahora en el otro extremo del Imperio.

Además, el ejército victorioso en Mohacs había sido acaudillado por Solimán el Magnífico (1520-1566) que tras la incorporación de Buda, decidió continuar su expansión hacia el oeste de Europa: en 1529 primero y en 1532 después, se puso sitio a Viena. El tercer y último intento tuvo lugar en 1683. Los miles de armaduras del Museo de la Fortaleza de Graz gritan a voces, desde su silencio, la angustia que se vivía en la frontera de Europa.

En las relaciones entre Carlos V y Solimán vislumbramos varios periodos: hasta Mohacs, tiempos de indiferencia; de Mohacs a Viena (1526-1532), tiempos de inquietud y hasta Túnez (1535), de prestigio. A partir de entonces, la guerra con Argel y su fracaso (1541), o el avance hacia Viena y la muerte de Solimán en Szigetvar.

Así que a la altura de 1541 el Mediterráneo queda en inestable equilibrio. Hay plazas y castillos de una u otra religión, salpicándose con intermitencia. Navegar no es cómodo ni seguro. Los dos imperios están en disimulada o abierta guerra. Si es necesario, los corsarios berberiscos hacen el trabajo que la Gran Puerta no puede realizar directamente. Si en un lado está Doria, en el otro Barbarroja.

Pasados los años cincuenta del XVI en sendos imperios hay cambios. Tras las abdicaciones imperiales de Bruselas, a Carlos V le sucede Felipe II en 1556 en la Monarquía de España y su hermano Fernando en los territorios imperiales. En 1566 Selim II sucede a Suleimán.

A la vez que todo es guerra, también hay utopías por la paz. No sé decir claramente qué predomina sobre qué. Mas lo que es verdad es que existe un pensamiento de la paz, con bases teóricas e ideológicas.

En 1611 Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española, define un término que nos interesa, «Irineo, nombre propio; vale pacífico, del nombre griego eirené, es, pax».

Retirémonos en el tiempo a un siglo atrás. Situémonos en los albores del siglo XVI. Los reyes de la Cristiandad, el de Aragón y el de Francia luchan por controlar Nápoles. Algunos pensadores, humanistas les llamamos, escriben sobre el conflicto. De entre ellos destaca Erasmo, el vilipendiado y admirado al mismo tiempo Erasmo de Róterdam.

En 1515 edita su Dulce bellum inexpertis, de 1515, traducido al alemán (1519), al francés, al neerlandés, pero nunca al español. Unos meses más tarde edita su segunda obra sobre la guerra y la paz, la más importante de todas, la Querella pacis, de 1516. Este, por el contrario, es uno de los primeros escritos de Erasmo conocidos en España.

En él Erasmo quiere llamar a la reflexión sobre la brutalidad de la guerra, por más que aunque estemos acostumbrados, no nos despierte inquietud o excesivo desasosiego:

En nuestros días, es cosa tan aceptada y corriente, que las gentes se admiran de que haya seres humanos a quienes no les guste.

Dentro del sentido general optimista que tiene Erasmo sobre la naturaleza humana, esta se ha corrompido y hay que devolverla a su estado natural, «a la concordia, a la amistad, a la armonía» y eliminar la aberración bárbara del conflicto:

El hombre es por naturaleza y por voluntad divina un ser creado para la amistad, la ayuda mutua, la beneficencia. Porque a cada uno de todos los demás animales [Dios] le proveyó de sus propias armas... solo al hombre prodújole desnudo, flaco, tierno, inerme, de carnes blandas, de cutis delicado. No hay cosa en sus miembros que le sea para la lucha.

Entonces, ¿por qué el hombre se ha hecho belicoso? Por la costumbre. En otras palabras por un uso, una forma de actuar cultural. En efecto, sigue el roterodamo argumentando: las primeras guerras que hizo el hombre, las hizo para defenderse de los animales salvajes; después, los mataba para alimentarse. Más tarde, se enfrentó un hombre contra un hombre, una ciudad contra una ciudad y un reino contra un reino. Finalmente…

… llegó a la cosa que para mí es más atroz que cualquiera otras, un cristiano contra otro hombre, y lo que es más atroz sobre toda ponderación, un cristiano contra otro cristiano.

En su análisis teórico sobre las causas de la guerra, afirma que son deplorables las que mueven a ella: la ambición, la codicia, los viejos títulos que justifican la expansión territorial, las ofensas personales, los odios nacionalistas... Además, los responsables de la guerra no son ni la plebe, en cuyo caso «la ignorancia podría excusarla», ni la juventud inexperta, sino paradójicamente las personas que deberían dar ejemplo de moderación y sensatez: los religiosos, pues son los que inducen al pueblo y a los reyes a tomar las armas.

Algunos de ellos llegan incluso a combatir en nombre de Cristo, cuando él prohibía hacer la guerra a los cristianos. Si en el Nuevo Testamento se empuja hacia la belicosidad, es como consejo, no como precepto de obligado cumplimiento.

Cristo jamás aprueba la guerra; quizás en algún caso y en alguna parte la permita, pero con dolor y mala gana.

Porque toda la existencia de Cristo y sus ejemplos son una invitación a la paz que tienen el momento culminante en la comunión del Pan y del Cáliz. Afirma, por lo tanto que:

La doctrina cristiana toda, así leas el N. T. como el V. T., ningún otro mandamiento pregona en voz tan alta como la paz [...] que nadie espere jamás la asistencia de Cristo en ninguna guerra.

No hay camino abierto, pues, para justificar ninguna guerra. No hay, de ninguna manera, ni siquiera guerra justa. Estamos en los albores del siglo XVI.

La guerra es deplorable éticamente y mancha al príncipe que la desencadena porque el objetivo último de la política es el de salvaguardar la ley en el interior y la paz en el exterior con el resto de las naciones. En este punto Erasmo dicta una de sus máximas más preciosas: «No se hizo la república para el rey, sino el rey para la república», frase que con disimulación se sigue usando en España en el siglo XVII. Así que el buen príncipe será el que se aleje de las tentaciones de ambición, riqueza, rencillas con otros príncipes, es decir el que gobierne para la paz y el bien de sus súbditos.

Por ello dice al príncipe:

Piensa que ésta es la condición de la guerra. Si detestas los latrocinios, latrocinios engendra la guerra; si execras el parricidio, el parricidio en la guerra se aprende; entre las armas, las leyes guardan cobarde silencio; de incestos y estupros, sienta cátedra la guerra; la religión naufraga en el mar borrascoso de las guerras; en la guerra quienes se imponen son los más facinerosos.

A la guerra se le tienta si se tienen armas, por lo que cuantos menos soldados y menos máquinas de guerra, tanto mejor.

Pero no seamos infantiles. La guerra en ciertas ocasiones parece inevitable y se ha de acudir a ella. Sin embargo, si se hubieran evitado ciertas situaciones, no se habría llegado al borde del precipicio. A principios del siglo XVI Erasmo cita unos principios básicos para evitar la guerra: si hubiera fronteras territoriales claramente definidas, no habría guerras; si los príncipes se ocuparan y preocuparan solo de su territorio, tampoco las habría; si los príncipes no viajaran fueran de sus fronteras en actitud provocadora, tampoco; ni si se abandonara la pretensión de aumentar los territorios, etc.

Sin embargo, la realidad se impone y provoca disensión. Algunos erasmistas como Juan de Valdés aplauden la guerra, y otros, como el propio Erasmo, la acaban aceptando amargamente.

Así, en una segunda fase de aquellas fechas, se ha de asumir que los designios de Dios son los que hacen que los príncipes cristianos sigan en guerra. Precisamente la alianza entre apologetas políticos y empresas imperiales hace que se aplauda el belicismo.

Veamos una sucesión cronológica de acontecimientos. En 1525 Alfonso de Valdés escribe una relación oficial de la batalla de Pavía:

Parece que Dios milagrosamente ha dado esta victoria al emperador para que pueda defender a la Cristiandad y, una vez sosegadas estas guerras civiles (pues así se deben llamar que son entre cristianos), ir a buscar a los moros y a los turcos en sus tierras, y ensalzando nuestra santa fe, cobrar el Imperio de Constantinopla, y la casa santa de Jerusalén, que por nuestros pecados tienen ocupada.

En 1526 hay más escritos apologéticos procarolinos, frente a las alianzas europeas de Cognac (Clemente VII, Francisco I, Enrique VIII, Milán, Venecia y Florencia). En este ambiente, escribe Luis Vives (recuérdense de él la Concordia et discordia in humano genero, o la De pacificatione):

Se dice que gran número de enemigos se han conjurado contra Carlos. Pero ese es el destino de Carlos: no poder vencer sino enemigos en gran número, para que su victoria sea más sonada. Son, en realidad, decretos de Dios para hacer ver a los hombres qué débiles son nuestras fuerzas contra su poder.

Roma, 1527. Un ejército imperial entra en la Ciudad Santa y, ante el estupor y la perplejidad de la Cristiandad, la saquea. Los cardenales son encerrados y el Papa huye a refugiarse a su castillo, el de Sant Angelo. Gran parte del humanismo erasmista español apoya fervientemente al emperador frente al Pontífice porque han visto en este una reencarnación de los males de la Tierra y porque, además, muchos de ellos son consejeros imperiales. Las palabras de Vives no dejan lugar a la equivocación, «Cristo ha concedido a nuestro tiempo la más hermosa oportunidad para la salvación, gracias al cautiverio del Papa». Sin embargo, el estupor se convierte en zozobra y algunos acuden a la guía del maestro. Es Alfonso de Valdés quien escribe a Erasmo: «Me gustaría saber qué crees que debemos hacer nosotros en presencia de este gran acontecimiento, tan inesperado, y las consecuencias que esperas de él».

Igualmente, Valdés, canciller imperial y erasmista reconocido, prepara aquel Diálogo de las cosas acaecidas en Roma en el que se cargan tintas contra los ineptos consejeros papales y se deja claro el profundo respeto del emperador para con el Papa, a expensas de la convocatoria de un concilio. La obra fue absuelta, en un primer momento, de contener proposiciones heréticas; fue impresa en 1541 y, finalmente, incluida en el índice de libros prohibidos de 1559. Otro de los textos imprescindibles para entender esta unión entre intelectualidad y política imperial es el Diálogo de Mercurio y Carón de 1528.

En cualquier caso, las circunstancias históricas han hecho cambiar las bases del pensamiento irenista en menos de diez años. Ha llegado, pues, el momento de las matizaciones. Las matizaciones proceden, fundamentalmente, de las relaciones con los turcos.

En 1530 Erasmo edita su Declaratio de bello turcis. Defiende que si están en el Mediterráneo oriental, fundamentalmente es como castigo divino contra la dejadez de la Cristiandad y que sus victorias no se deben a sus méritos, que no los pueden tener porque son impíos y poco valerosos («es nación afeminada por el lujo»), sino a los deméritos de los cristianos. El camino que se ha de seguir es reconvertirse la Cristiandad y acudir en socorro de las naciones acosadas por los turcos. Es la hora de la acción, de la beligerancia; de los cambios de opinión. Porque él ya había escrito en Dulce bellum inexpertis que los cristianos no debían hacer la guerra a los turcos; Lutero tampoco era partidario de la pelea en tanto en cuanto al ser un castigo divino, se les debía soportar. Y el insoportable peso de la realidad le lleva a desdecirse de escritos anteriores:

Si alguno quitare radicalmente el derecho de guerra a los cristianos, este mismo debería quitar a los magistrados el derecho a castigar a los delincuentes... Concedemos a los monarcas el derecho de guerra.

Ahora bien, con ciertas condiciones, tales como el haber agotado todos los caminos hacia la paz, pensar que los turcos son hombres y en muchas cosas similares a los cristianos, se debe calibrar el esfuerzo bélico y si merece la pena ir o no ir a la guerra; solo deberá haber daño contra los ejércitos; el enfrentamiento ha de ser brevísimo; no deben participar ni arengar en la guerra los prelados...

¿Influyó el pensamiento erasmista en la política de su tiempo? Indudablemente y con su profunda carga de contradicciones. Como botón de muestra, una cita de las Instrucciones de 1548 de Carlos V al príncipe heredero Felipe:

Debéis tener continuo cuidado y solicitud de obviarla [a la guerra] y rehusarla por todas las vías y maneras posibles; nunca entréis en ella si no fuera forzosa y excusadamente, y que Dios y el mundo sepan y entiendan que no habéis podido en ninguna manera evitarla.

Después de 1530, los antaño irenistas, se han convertido en beligerantes enemigos de los turcos. En 1543 se escribe un discurso militar de guerra total contra los turcos y de intento de recuperación de la paz con los franceses. Es de autor anónimo. Es un tratado de arbitrismo militar, escrito al calor del desastre de Argel. Vasco Díaz Tanco, o el pensamiento que él representa ha triunfado. El título de su obra es bien explícito: Libro intitulado Palinodia, de la nefanda y fiera nación de los Turcos y de su engañoso arte y cruel modo de guerrear, Orense, 1547.

No puede quedar en el tintero al menos una alusión a ese ingente corpus que viene editando desde hace tiempo el CSIC, el Corpus Hispanorum de pace (el archivo de su promotor, Luciano Pereña, está ahora depositado en la Universidad Francisco de Vitoria). Se han recuperado entre otros, los textos de Francisco de Vitoria, en edición bilingüe, su Relectio de iure belli, de 1539. En su «Quaestio secunda» es claro: «Cualquiera, aun el simple particular, puede emprender una guerra defensiva» (1981, pp. 111 y ss.). Esperemos que nuestro mundo haya superado tal principio. Como espero también, aunque no tengo mucha fe en ello, que se pueda proclamar libremente y en voz alta, que «la diversidad de religión no es causa para una guerra justa» (se desarrolla en Quaestio Tertia, p. 123 y ss.), argumento superior al de la sura V, tomada a rajatabla: «¡Oh, los que creéis! No toméis a judíos y cristianos por amigos: los unos, son amigos de los otros» (El Corán, V, 56/51).

En medio de tanta violencia, al menos había alguna luz de paz: «Tampoco en la guerra contra los turcos es lícito matar a los niños. Es evidente: ellos son inocentes. Es más, tampoco a las mujeres porque en lo tocante a la guerra, se presume que son inocentes», aunque, continúa Francisco de Vitoria, «eventualmente, sin embargo, en algún caso es lícito matar inocentes aun a sabiendas; por ejemplo, cuando se ataca justamente una plaza fuerte […] y no se pueden disparar los cañones […] sin que resulte daño tanto para los inocentes como para los culpables», aunque siempre teniendo en cuenta que no ha de ser mayor el mal que se inflige que el que se quiere evitar. Y vuelve a preguntarse, ¿es lícito reducir a cautividad a los niños o a los inocentes? Y nos responde, «es lícito reducirlos a cautividad de la misma manera que lo es despojarlos, porque la libertad y la cautividad se comentan entre los valores de fortuna»(Quaestio Quarta, pp. 167 y ss. Y especialmente, 177). Otro de los problemas de la guerra justa es el de la reducción a esclavitud del vencido, «Si se trata de paganos y moros, los prisioneros de guerra son esclavos» (Quaestio de bello, I, 14, p. 239).

BELICISMO

Por tanto, a los ojos de los comentaristas de los siglos XVI y XVII la guerra era tan consustancial a la potencia de las monarquías, como el alimento a los hombres. Segundo: es más, muchas guerras se hicieron interminables y duraron décadas porque dar el primer paso hacia la paz era tanto como reconocer explícitamente la debilidad del que lo diera a los ojos del otro contendiente. Tercero: por ello, había que estar siempre dispuesto para entrar en guerra e incluso más, había que estar dispuesto a mantenerse en guerra. Cuarto: afortunadamente, las guerras eran estacionales y tan pronto como empezaban a apretar los fríos, se licenciaban tropas; o cuando empezaban las lluvias, se dejaban de acometer movimientos de ejércitos porque los lodos o se los tragaban o los frenaban en cualquier maniobra. Sin tener presente este sentido estacional de la guerra, no se puede entender nada de la poliorcética contenida en el epistolario entre Felipe IV y sor María de Ágreda, por ejemplo. Por ese sentido estacional de la guerra, eran tan largas: no se estaba décadas en combate; es más, en los tiempos de tregua climática forzosa, se reorganizaban tropas, o finanzas, o era el tiempo dorado de la diplomacia. Si fracasaban la diplomacia, los préstamos internacionales, o la recluta de hombres… había que ir preparándose para sacar una tregua lo más honrosa posible.

Claro que el otro tal vez no estuviera en mejores condiciones. Para saberlo, nada como los espías ocasionales (cartas de mercaderes, o de viajeros, por ejemplo) o profesionales. Quinto: los soldados disponían de un fuero especial (en aquella sociedad casi no había vasallo que no gozara de fuero excepcional concedido por el rey, bien por sangre, bien por cuna, bien por naturaleza, bien por oficio o trabajo). Sexto: a los ojos de los Austrias, ninguna de sus guerras fue ofensiva, sino todas defensivas y por ende, protegidas por la ley de Dios. Séptimo: todos los ejércitos de la Cristiandad fueron cada vez más numerosos a lo largo de los siglos XVI y XVII y aun XVIII.

En conclusión: guerras iba a haberlas y quienes nutrieran los ejércitos del rey, sobre todo los del rey más que las mesnadas nobiliarias que aunque se incorporaron a alguna guerra allende sus dominios lo hicieron como muestras testimoniales de las obligaciones de los bellatores, digo que quienes nutrieran los ejércitos del rey, además de fama y gloria podrían lograr sueldos o botines y, por supuesto, excepcionalidad jurídica, por no decir que privilegios. Por ende, ser soldado del rey alimentaba la movilidad social.

Ante la evolución histórica de los territorios de la Monarquía de España (que en 1492 acababa de incorporar Granada, y a partir de octubre empezaba a poderse llegar a lo que parecían ser unas islas al otro lado de la Mar Océana), impresiona la implacable capacidad organizativa que demostraron todos los hombres que la servían en materia militar. Porque, si en efecto, en 1492 había que defender las costas de la península y poco más, en tiempos de Felipe IV había que hacerlo por todo el hemisferio y contra tal cantidad de enemigos, o infieles, o herejes, o traidores a su religión (como era el caso de Richelieu), que era evidente que Dios había puesto a prueba a tan gran Monarquía.

Dinero, logística, moral de combate, armamento, disciplina… Por el contrario, deserciones, desmoralizaciones, miedos, bajas, pérdidas o derrotas.

Cifras sobre militares

Aunque es muy difícil conocer el número exacto de soldados que había en un momento concreto, porque fallen los registros, porque las reclutas y licencias fueran irregulares, porque las bajas tras un combate se cubrieran con unidades procedentes de otra compañía, por todo ese «ruido» estadístico, en fin, sí que podemos hacernos a la idea de qué era el ejército de los Austrias.

Según los datos recopilados por Martínez Ruiz (2008, 885), hacia 1558 había unos 20.000 españoles fuera de la península y unos 10.000 dentro y en las flotas; a finales del siglo un embajador veneciano atinaba bien calculando que habría unos 70.000 soldados (tengo siempre mis dudas sobre la veracidad de las cantidades dadas por fuentes literarias). Según datos administrativos, en 1587 Felipe II tenía movilizados 100.000 hombres; por las mismas fechas, en Flandes había 80.000 soldados (como mucho 10.000 españoles); en Italia solía haber unos 6.000 permanentemente, si bien el que hubiera unos 10.000 no era extraño, como tampoco que llegara a haber unos 15.000 cuando se avecinaba una campaña extraordinaria.

En cierta ocasión el Consejo de Guerra propuso la necesidad de reclutar 9.000 hombres al año y 20.000 en el peor de los casos.

Según todo ello, se calcula que al año se reemplazaba entre el 20 y el 30 por ciento de los efectivos.

La mayor parte de las bajas tenían lugar, no en hechos de guerra, sino por deserciones cuando los reclutas habían cobrado su paga e iban camino de las costas de Levante a embarcar, o cuando estaban en territorio de la Monarquía, en tiempos de paz o de sosiego. Desertar en zonas enemigas de la Monarquía, cuando el ejército estaba en marcha era más peligroso que el propio combate.

Al parecer el gran punto de inflexión tuvo lugar tras la incorporación de Portugal. Ciertamente, fue entonces cuando el resto de las monarquías se alió, bien explícitamente, bien por los hechos, contra la de Felipe II y sus sucesores, habida cuenta del inmenso poder reunido en las manos de los reyes de Madrid. Entonces, todo fueron guerras acá o allá, para debilitar semejante concentración.

Los alicientes de ser soldado de las décadas anteriores dejaron de serlo porque ya no había un par de frentes como Italia, o Flandes, y esporádicamente algún tercio desperdigado por acullá, como el de Hungría, sino que ahora la guerra se internacionalizó radicalmente y la velocidad de mover tropas las hizo tener destinos más inestables y por buena parte del continente e incluso fuera.

Todo ello se tradujo en que las compañías eran cada vez más raquíticas. Entre 1540 y 1560 no era difícil reclutar a unos 500 hombres por compañía; en 1575, lo habitual eran compañías de unos 250 hombres reclutados y en 1598, de 200. El ideal era la compañía de 300 soldados o poco más. Reproduzco íntegramente los datos elaborados por Martínez Ruiz, ofrecidos por Thompson:

AÑOS
Número de
compañías
Número de soldados
reclutados
Reclutas por compañía

1552-1557
44
12.693
288

1571-1578
106
27.103
256

1580-1591
181
29.210
161

1596-1602
158
12.211
77

1603-1608
153
16.080
105
¡Periodo de la Pax Hispánica y a punto de la Tregua de los Doce Años, 1609-1621!

1610-1619
93
9.917
107

El jornal de un soldado de «pica seca» era de un real hacia 1581; si vestía coselete o disparaba con arcabuz, cobraba algo más.

A lo largo de los siglos XVI y XVII se fue dando cada vez más un fenómeno sociológico de especial significación: el abandono de la guerra precisamente por los bellatores. Los hidalgos urbanos sintieron otras aficiones para promocionarse, hallaron otros procesos; la aristocracia se cortesanizó, sin duda, y se alojó más en palacio (cuando no estaba en su castillo) que en otras misiones en el extranjero. De hecho, a principios del siglo XVII hubo problemas para mandar jefes de ejército a Flandes.

Por tanto, a la guerra iban cada vez más pecheros y menos hidalgos. Era, para muchos, la única oportunidad de cambiar sus míseras existencias, o de darles sentido.

Según Thompson, en 1492 había unos 50.000 hombres españoles movilizados. Esa cifra no volverá a alcanzarse hasta finales del siglo XVI (en tercios, armadas y presidios africanos). Durante el reinado de Felipe III la cifra cae, lógicamente y se vuelve a alcanzar en el dramático año de 1635.

Durante la segunda mitad del siglo XVI se reclutaban, al año, unos 6.000 hombres.

Todas estas cifras las han puesto de manifiesto los especialistas para compararlas con las de novicios en el clero regular y secular, o con los burócratas.

En cualquier caso, la población española de entonces rondaría los cinco millones de habitantes, de tal manera que 50.000 soldados varones y jóvenes eran el 1 por ciento del total, de ser esa cifra cierta.

Quede claro, por tanto, que el mito de la despoblación por las levas no es más que una aseveración sin sentido hecha por arbitristas de entonces, y que anida fácilmente en las mentes poco críticas contemporáneas.

Vayamos a datos ciertos. Hace un tiempo el profesor I. A. A. Thompson realizó un concienzudo estudio sobre una muestra de 3.500 registros de reclutas entre 1575 y 1625 con el fin de investigar las características demográficas y la procedencia geográfica de los soldados españoles en aquellos años. Su trabajo no está exento de problemas metodológicos, como él mismo avisa. Esos miles de soldados formaron 29 compañías nuevas levantadas en tres momentos (1575, 1587, 1624-1628) por toda España: cinco en Andalucía, dos en Granada, seis en Extremadura, nueve en Castilla la Nueva, seis en Castilla la Vieja y otra en el reino de Aragón. Cada compañía tenía unos 200 soldados.

Conviene advertir, antes de seguir adelante, varios rasgos estructurales de aquellas reclutas para poder hablar de lealtad y esperanzas.

Lo primero es que el reclutamiento era voluntario. Por lo tanto, alistarse en una compañía era tanto como prestarse a servir al rey y la política de la Monarquía de España. Además, podían comer siendo soldados. Por lo tanto, gracias a las reclutas, a la rapidez de completar la demanda de soldados, o en su defecto, la lentitud o incapacidad, pondría de manifiesto la dependencia agradecida de la corona.

Curiosamente, la mayor parte de las reclutas se hacía en ciudades, o en medios urbanos y no en el campo. Esto es muy significativo: quienes firmaban plaza, lo hacía probablemente en un segundo paso de huida de la pobreza, o de «emigración interior», ya que el primer paso de la emigración quedaba dado al dejar el campo y dirigirse a la ciudad y si aquí no se encontraba fortuna, se alistaban en alguna compañía, como siguiente recurso.

También se alistaban algunos que, por convicción ideológica, así lo hacían. En este caso el ejemplo de Cervantes es paradigmático; su ejemplo, y lo que él expresó: perdida Chipre, y sabido que al frente de la Flota se iba a poner don Juan de Austria, comoquiera que «divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía. Todo lo cual me incitó y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba […] lo quise dejar todo y venirme, como me vine, a Italia» y apostillaba con aquella memorable frase, «yo me hallé en aquella felicísima jornada […] Y aquel día, que fue para la Cristiandad tan dichoso, porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar: en aquel día, digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada», fue hecho preso el personaje de ficción y siguió la vida (Quijote I, XXIX).

¿Quiénes lo hacían por un motivo, y quiénes por otro o por los dos a la vez? ¿Cuántos eran los que había profesionalizado su vida en el campo militar? Porque si siguiéramos atendiendo al gran autor, quedaríamos impresionados como él, precisamente, cuando prefiere las armas a las letras en su memorable discurso:

A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de cosarios; y, finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas (Quijote, I, XXXVIII).

Quien así escribiera, o quien en ello creyera sin duda formaba parte de los constructores de la lealtad al Imperio funcional, o lo que se puede llamar también como la integración política, administrativa o ideológica de los territorios de la Monarquía Católica.

Esa visión idílica de la vida militar, sin duda lo era más cierta en tiempos de los Reyes Católicos, o en los de Garcilaso y Bernal Díaz del Castillo (o Carlos V), que en los de Carlos II. Más cuando tocaba movilizarse para Italia (donde la fortuna podía sonreír en cualquier momento), que para Orán ( en donde se buscaba más que nada cobrar y gastar poco); más cuando se iba contra el turco en Szigetvar (gran ilusión de los soldados guerreros) que cuando se estaba acuartelado en otro presidio de África (de soporífera tranquilidad).

Ejemplos de soldados profesionales hay cientos, o miles. Tantos cuantas personas había que eran militares estacionales. Francisco Jiménez de Bonilla exponía en 1591 que era vecino de La Guardia, y «ha muchos años que lo tiene por oficio [el ser soldado] y ha servido en Flandes, y no ha un año que vino de la guerra, y vino con ánimo de volverse a ella, que no hizo sino vender su hacienda y asentarse» en la bandera del capitán Pedro Fernández de Ramada cuando «hacía gente» en la ciudad de Burgos y, posteriormente, fue detenido por la justicia civil y condenado a muerte por herir al teniente de La Guardia, por lo que podía perder el fuero militar, por lo que solicitaría, expuestas las razones de la reyerta, el indulto.

Cuando se necesitaban tropas, se enviaba a los capitanes de las compañías nombrados por el rey. El Consejo de Guerra tenía dividida la península en setenta distritos en los que reclutar. La unidad básica de reclutamiento y de las operaciones militares era la compañía. Al frente de la compañía había un capitán. Al capitán se le mandaba a hacer la recluta con unas «instrucciones». Al llegar a las cabezas de las demarcaciones, se izaba la bandera real en un lugar público, por ejemplo, en un mesón. Allí se alojaban el capitán y sus suboficiales y el escribano y el tesorero de la compañía. Luego, se desplazaban por los pueblos de la demarcación durante unas tres semanas, para ir invitando a los varones comprendidos en los límites de las instrucciones para que asentaran plaza en la compañía. Durante todo ese tiempo se estaba obligado a darles alojamiento y manutención a estos soldados en función de la regalía del aposento. A cambio, se les pagaba a los afectados una indemnización. A nadie agradaba dar aposento ni cobertura a la recluta. Y les agradaba mucho menos si los pagadores tardaban en llegar, o las tasaciones eran raquíticas.

Las zonas de reclutamiento se elegían en función de la proximidad del puerto de embarque, pero intentando que, en la medida de lo posible, no fueran siempre las mismas comarcas. No era extraño que, camino del puerto, se reclutaran más soldados si fuera menester. Naturalmente, si el ser «lugar de paso» tenía sus ventajas en tiempos de paz, pues caminantes, mercaderes o viajeros dejaban sus dineros en esas encrucijadas, en tiempos de recluta era una faena: además de la obligación de aposento, se repetían una y otra vez las ofertas de alistamiento.

Existen muchas «instrucciones» y muchos de los duplicados que se quedaba el Consejo de Guerra se encuentran en Simancas, archivo real (también se conservan las «instrucciones» de los cobradores, como Cervantes, preparando la Gran Armada y movilizaciones posteriores).

En el verano de 1565 se dio orden al capitán Pedro de Andrada para reclutar 250 personas en Úbeda y Baeza y alrededores «mirando que toda ella [la gente] sea útil, y que no sean viejos ni mozos de menos de veinte años, prefiriendo con igualdad de calidades el que tuviera armas al que no las tuviere, y excluyendo cualquiera que tenga mal contagioso de San Lázaro ni de San Antón». Al capitán se le mandó tomar muestra de la gente en presencia de la justicia del pueblo y del escribano público y confeccionar una lista de filiación y de rasgos identificativos de cada varón alistado, así de quién era hijo, si tenía marcas en el cuerpo, cómo era antropológicamente y su naturaleza o vecindad. En 1597 las instrucciones al capitán Marcos Hernández venían a decir que «llegado que seáis a la cabeza del distrito que se os ha señalado […] recibiréis los soldados que vinieren a asentarse en ella, listándolos por sus nombres y cognombres, vecindad, filiación, naturaleza, señas y edad», lo cual iba seguido de unas advertencias, «habéis de tener particular cuidado de no recibir ningún soldado de los presidios […]. El mismo cuidado os mando tengáis de no recibir en vuestra compañía ninguno que no entendáis irá a servirme adonde la dicha compañía fuere, ni a rufianes, fulleros, ni hombres de mal vivir que tienen por costumbre de asentarse por soldados por solo recibir las pagas y socorros y robar en los alojamientos y después volverse; y asimismo no habéis de recibir fraile, clérigo, ni hombre de orden sacro» (Thompson).

Al parecer, hubo tiempos de oro en esto de las reclutas, tiempos grises y tiempos de hierro. Hasta 1580 no fue difícil poder nutrir las compañías; a partir de esa fecha empezaron las dificultades y, posteriormente los tiempos más calamitosos, con ciertas inestabilidades, quiero decir que facilidades o dificultades en el reclutar.

Siguiendo a Thompson, las cifras de embarque de cerca de 900 compañías levantadas a lo largo del periodo 1550-1630 (que debieron ser entre el 20 al 25 por ciento de las compañías nuevas entre esos años), han puesto de manifiesto las dificultades aludidas a partir de esa década: la media de reclutas por compañía en 1570 fue de 256. Sin embargo, en la década de 1580 fue de 161 y en 1590 ya solo de 77. De esas 900, solo hay 11 compañías raquíticas antes de 1590 y de las 100 compañías más grandes de todo el periodo, solo 12 fueron reclutadas después de 1590. Concluye el autor con que si a lo largo del reinado de Felipe III hubo alguna posibilidad de reunir compañías populosas, se hizo común la convicción de que era agraciada la compañía que se formara con más de 100 hombres.

A partir de 1580, según los especialistas, se introdujeron reformas en los ordenamientos militares. Pero quiero llamar la atención: todo ello coincidió con la incorporación de Portugal, que fue el punto de inflexión en la política internacional de la Monarquía, pues a partir de aquel momento, todos los demás se coaligaron abierta o tácitamente contra la enorme máquina que empezaba a ser el bihemisférico Imperio de Felipe II, como vengo repitiendo a lo largo de este libro, porque es una verdad asentada entre los modernistas.

Ellos ya eran conscientes de las causas de todos estos fenómenos. Su capacidad de vislumbrar la realidad no necesita ser explicada: traigo a colación un informe del Consejo de Guerra de 25 de abril de 1602, en el que se aseveraba que «las causas que hay para levantarse tan poca gente como se ve en esta relación que se levanta en Castilla, a mi parecer son tres: la una, la mucha gente común que falta por la peste que ha habido estos años atrás, con que se han encarecido tanto las labores ordinarias que nadie quiere ser soldado, sino acudir a la mucha ganancia que en esto tienen. La segunda, es ser tan mal pagados en los presidios y partes adonde los llevan y el hambre y desnudez que pasan en ellas […]. La tercera, el mal tratamiento y desfavor que les hacen todas las justicias ordinarias generalmente» (Thompson, de AGS, Guerra Antigua, legajo 593).

Por tanto, comoquiera que la espantosa peste de 1596 a 1602 dejó Castilla con unas pérdidas del 15 por ciento de la población, los jornales campesinos tendieron a subir. Este factor económico contuvo la emigración a las ciudades y, en su segundo paso, a los ejércitos. El factor económico es el redundante segundo argumento del Consejo de Guerra: se ganaba menos de soldado que de jornalero; pero es que además, si se perdían los privilegios del fuero militar, ¿para qué enrolarse en estos tiempos?

Con respecto al fuero militar, estaba reconocido y aceptado, pero en enero de 1621 la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, solicitó a Felipe III que «aunque haya costumbre en los lugares del reino de que los capitanes conozcan las causas de sus soldados generalmente, los jueces de la Magna Curia, que son los Alcaldes de casa y corte, han de conocer de los delitos de los soldados de las guardas de los reyes y de los demás soldados que vivieren o estuvieren en la Corte» (González Palencia, 1932, 58-64).

Entre las épicas palabras de nuestro Cervantes, y aquel escrito del Consejo de Guerra, que son de las mismas fechas, media un abismo: las diferencias propias de época de transición, de crisis, de cambio.

¿Cuántos hombres jóvenes se enrolaron en los tercios? Mucho se ha debatido sobre el asunto y toda conclusión no deja de ser relativa, por cuanto estamos en tiempos protoestadísticos y con demasiada facilidad nos hemos dejado llevar por la opinión (sin fundamento, de oídas aunque fuera de aquellos mismos tiempos) de algún autor más literario que fiable. Thompson (de nuevo) ha repasado cifras y lanza su hipótesis: «Basándome en los informes del Consejo de Guerra de Felipe II y Felipe III, en mi opinión es probable que en algo menos de un siglo, desde los años treinta del siglo XVI hasta los veinte del XVII, se levantaron bastante más de medio millón de hombres. Esta es francamente una conjetura, porque, aunque sabemos que de ordinario se levantaban alrededor de cuarenta compañías al año, con más frecuencia que menos, es decir, una media nominal de unos 8.000 a 10.000 hombres, es mucho más difícil saber cuántos efectivos sentaron plaza en aquellas compañías y cuántos se quedaban con ellas. Pero si, a base de los datos incompletos que tenemos, estimamos que un año con otro […] tendríamos un promedio anual de unos 6.000 hombres reclutados para las fronteras, presidios, tercios y armadas dentro y fuera de la península; es decir, todos los años aproximadamente uno de cada 200 hombres entre las edades de dieciocho y cuarenta y cinco años, y uno de cada cuarenta de los de veinte años de edad, sentaban plaza de soldado. La migración hacia la guerra era entonces bastante más numerosa que esa otra gran migración hacia las Américas».

Aunque con características geográficas de origen diferentes. Por ende, continúa Thompson, que al ejército «iba casi un 10 por ciento (concretamente el 9,35) de todos los nacimientos masculinos en España, o, expresado en otros términos, el exceso reproductivo de medio millón de personas de los poco más de seis millones de que se componía la población de Castilla a finales del siglo XVI estaba dedicado a proveer los soldados que les defendían». A mi humilde entender, la cifra total de población para 1591 a que se refiere Thompson era algo menor, unos cinco millones de habitantes, con lo que se trastocarían todos esos cálculos. Pero moviéndonos en «números gruesos», sí parece digno de tenerse en la memoria que algo menos del 10 por ciento de todos los nacimientos masculinos de España estaban predestinados a acabar en el ejército.

Una segunda pregunta: ¿de dónde procedían aquellos soldados, o cuál era el impacto demográfico sobre los lugares de origen? Y a esta pregunta se ha de empezar a responder con otra realidad: entre esos 3.500 analizados solamente la mitad eran oriundos de las regiones donde sentaron plaza, siendo en su mayor parte gentes del norte del Guadarrama y del norte del Duero. Es decir, de sitios más duros (sobre todo las zonas de montaña) que las fértiles riberas del Guadiana o del Guadalquivir, que además tenían otra puerta de salida: Sevilla hacia Indias. En aquellos periodos en que era la necesidad la que movía a los hombres a la guerra, se prefería levantar compañías en zonas áridas que en otras, por razones obvias. Al campesino bien pagado no se le movería de sus tierras.

Suele sorprender la movilidad a corta y media distancia de aquella población. Sin embargo, este es un fenómeno avisado ya y estudiado en sus días por Eiras, Vassberg y otros. En el interior de la península había mucha movilidad migratoria, es decir, muchos cambiaban de alojamiento en pos de una vida mejor. Esa emigración a media y corta distancia era, además, muy estacional, pues coincidía con la «atractiva» llamada de las tareas agrícolas o cualquier otra actividad manufacturera que se realizara en fechas concretas cada año. Si en medio de esa resocialización, que no se lograba, pasaba un capitán con sus símbolos, banderas, pífanos y tambores, ¿por qué no probar fortuna sentando plaza para mejor servicio del rey? Por otro lado, y creo que es una cuestión de capital importancia, la mayor parte de las reclutas se hacían en lugares «urbanos», no rurales. Este dato incide de nuevo en lo mismo: al ejército iban muchos en momentos de «segunda emigración»: primero, abandonadas las tareas agrícolas se iban a la ciudad en la esperanza de hallar otro trabajo y como no lo lograran, se enrolaban en segunda instancia en el ejército.

Esta es la explicación del enorme marasmo que hay en las naturalezas (lugar de nacimiento) y avecindamientos (o vecindad, lugar en el que administrativamente se ha registrado un individuo en función de los fueros locales, que solían estipular que se llevara diez años con casa abierta, entre otras exigencias, a cambio de las cuales podía disfrutar de los bienes de propios de la localidad, o aspirar al desempeño de oficios públicos y otros privilegios locales).

Así, podemos explicarnos que el 30 por ciento de los 183 soldados del capitán don Rodrigo Zapata de León, levantados en Cuenca y Huete en 1567, eran oriundos de Castilla la Vieja y León, Cangas, el señorío de Vizcaya, Cantabria, Andalucía y de la Corona de Aragón (con naturalezas de Ibiza, Perpiñán, Huesca) y hasta de Lisboa; o también es la manera de entender que el 35 por ciento de la compañía de Pedro Sánchez de Sepúlveda, levantada en Segovia en 1587, procedía de partes tan distantes como Andalucía, Aragón y el extremo norte, de localidades como Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Pamplona, Guetaria, Santander, Betanzos, sin olvidarse de uno que venía de Orán, y otro de Quito en el Perú, o en otras palabras, aquellos que fueron enrolados en Segovia en 1587, no eran todos segovianos de pura cepa, sino que la compañía de Pedro Sánchez de Sepúlveda estaba compuesta por tres valencianos, cinco zaragozanos, un pamplonés, cuatro vascos, cuatro asturianos, dieciséis gallegos, etc.

Otra compañía de 1587, levantada en el distrito de Cuenca y Huete, incluía a tres portugueses, cuatro vascos, dos navarros, cuatro catalanes, ocho valencianos y nueve aragoneses. Más aún: en diciembre de 1558, cincuenta y dos varones emigraron desde el reino de Valencia para poderse alistar libremente en Castilla, sin tantas trabas forales: se trasladaron al lugar de paso de Lorquí (Murcia) a alistarse en la compañía de don Diego de la Cerda, compuesta en tierras de Guadalajara, Segovia y Alcalá, y camino de Sicilia.

Por todo lo expuesto, es innegable que una compañía era un hervidero de integración política, ideológica en los diseños y objetivos de la Monarquía de España. Pero también era un hervidero de integración social. En las compañías se construía un común sentido de pertenencia a ¿España? Y desde luego de lealtad al rey y a la religión por los cuales se iba incluso a dar la propia vida.

Más aún: si Castilla se agotara, quienes quisieran ir al servicio del rey en los tercios, en las armadas, en los presidios, no tenían más que dejar los territorios forales y alistarse en donde hubiera una bandera de enganche. También hubo momentos de recluta voluntaria tras pactos entre los territorios forales y el rey. Desde 1587 (justo antes de la Armada de Inglaterra), se levantaron cerca de veinte compañías en Aragón, Valencia y Cataluña.

¿Podemos afirmar que desde finales del siglo XVI, desde finales del reinado de Felipe II se opera un cambio en la recluta, que va dejando de ser castellana para pasar a ser española?

La vida de muchos varones nacidos en lugares lejanos consistió en que dedicados en la infancia y primera juventud a las tareas del campo, emigrados a las ciudades y ahora, pasados los veintitantos años, alistados en los ejércitos.

Junto a ellos, muchos caballeros, qué duda cabe, muchos hidalgos urbanos. Pero, de nuevo, también con singularidades. Un hidalgo urbano, un hijo de una familia plutocrática, no iba a ser un piquero seco en un tercio. Ellos tenían, en la medida de lo posible, sus compañías y si podían mantener montura(s), aún más.

Además, algunas campañas fueron impresionantes alardes aristocráticos, como la de Túnez de 1535, tal vez la más significativa de este tipo de empresas militares. Para servir al emperador, que iba en persona, los aristócratas, sus primogénitos y los demás vástagos, además de la revista que les hizo Carlos V en Barcelona, se embarcaron allí. El resto de la tropa, en Málaga. Ni que decir tiene que una campaña militar de estas características en la que por exhibirse ante el rey y ante los demás títulos, se armaban familias enteras, tenía también un sentido de control demográfico. Se lloraría a los hijos muertos en combate, y con el corazón en la mano y los sentimientos destrozados, pero esas bajas despejarían las herencias; permitirían su concentración.

En esta campaña de Túnez, tal y como se muestra en los espectaculares tapices, o en los cartones, una cosa es el combate aristocrático y otra el de fogueo.

Pues bien: ni la aristocracia, ni las hidalguías urbanas huían de cumplir con su obligación social, la de ser bellatores. Pero no por ello iban a confundirse con la población pechera alistada. Si no se tiene en consideración que las diferencias cualitativas eran para ellos tan consustanciales para el individuo como el comer o el vestir, los historiadores se pueden dedicar a discutir sobre si la guerra era cosa de caballeros o de plebeyos.

Y es que había una parte de la guerra para caballeros y otra para plebeyos.

Con tal de enaltecer los tercios, muchos escritores de la época ponderaban el alto número de hidalgos que se enrolaban en ellos. Es cierto. Pero acaso no como chusma, como arcabuceros, sino como cuerpos de caballería. Acaso fueron los tiempos de Carlos V los más gloriosos para los caballeros guerreros y acaso, tras 1580 (o genéricamente, tras la anexión de Portugal) se redujo su número, porque entre los 2.172 hombres reclutados en Castilla por 17 capitanes en 1587 solo se alistaron 13 dones. De entre los 433 alistados en las cinco compañías levantadas en Andalucía en 1575, no había más que un don. En las siete compañías de 1624-1628, solo aparecen 14 dones entre casi 1.000 soldados y eso que entonces ya había dones por todas partes (Thompson). No obstante lo cual, si no he interpretado mal sus datos, el 15 por ciento de los oficiales, o de los alistados en los tercios eran hidalgos… Obviamente se enrolaban de manera diferente que el resto de la población.

Ni que decir tiene que se prefería contar con soldados hidalgos que no lacayos. Pero lo que había era lo que había y conforme avanzó el tiempo, hubo más desafección aristocrática a entrar en el ejército. Era más llevadera la vida en la corte, en tribunales, en las universidades, en los gobiernos urbanos o ejerciendo el poder.

Aquellos hombres que se alistaban eran muy jóvenes: el 74 por ciento (de entre 2.146 alistados en 1587) tenía menos de veinticinco años. Y de entre estos, el 27 por ciento tenía veinte años y, nada menos que el 14 por ciento, tenía menos de veinte años. Extrañamente aparece un crío con catorce años. En el otro lado de la pirámide de edad, el 3 por ciento eran ya gentes de edad, de treinta y cinco o más años.

Es evidente que esta elevada cohesión generacional era de capital importancia para la correcta interacción en virtudes tales como la lealtad entre el grupo de pares.

En efecto, los soldados tenían una edad media de veintidós años.

Por su parte, sus oficiales, sus capitanes, alcanzaban el grado a partir de los treinta años.

Lo anterior responde a las bases cuantitativas de los ejércitos, pero nos interesan también algunas cuestiones cualitativas. Para ello podríamos usar fuentes autobiográficas, que por ende, pueden ser exageradamente épicas; igual ocurre con algunas historias militares escritas para la exaltación del grupo social de adscripción del autor. Por ello, aun a pesar de que la objetividad no se puede hallar en estas cuestiones, he decidido escuchar a un par de estos centenares de miles de soldados que defendieron la religión, al rey y su tronco cultural: Miguel de Cervantes, por un lado y por otro, Luis de Saavedra.

LAS ASPIRACIONES MORALES DEL BELLATOR

Desde la Edad Media, la sociedad estaba divida en tres estamentos y a cada uno correspondía, a lo menos, una función. También la sociedad era funcional. Por el desempeño de la función asignada, o adquirida, o impuesta, se justificaba la posición de privilegio-obligación en el sistema social: los unos guerreaban para defensa de todos; los otros rezaban por la salvación de las almas de todos y los terceros trabajaban para alimentar a los anteriores.

Durante el siglo XV ocurrió un fenómeno importante: se consolidaron unos cuantos grandes linajes (no más de docena y media) a los que Carlos V reconocería formal, jurídica e institucionalmente, como «los grandes»; los caballeros pasaron a núcleos urbanos o rurales, con amplia implantación del sector secundario y del terciario y, finalmente, los hidalgos de poco pasar quedaron como seducidos u organizadores de diferentes estrategias familiares y económicas para poder subsistir.

Todos ellos se sentían unidos por una serie de circunstancias cualitativas, ya que no tenían homogeneidad en sus rentas. De entre las igualdades, estuvo la de la mentalidad caballeresca, compartida por todos ellos, ambicionada por los pecheros en sus formas de vivir.

Llevar vida noble, que no ser noble era una exigencia indispensable para ser tenido por alguien en la estratificación social. Llevar vida villana no era, precisamente, un halago. Cuando el padre de Cervantes está en la cárcel, aduce que, como es noble, no puede estar preso por deudas. A los testificantes sobre su calidad se les inquiere y responden que, en efecto, le han visto llevar una vida noble y le tienen por noble. Nadie acude a ningún registro o nadie acude al lugar de nacimiento para encuestar. Basta con el estar para ser. Simón Ruiz, el más grande banquero de la época, se retrata junto a su mujer, no ya como un aristócrata, sino como un rey, «en majestad»; y por doquier proliferan los don o doña, que más que cualidad innata delatan el porte físico, el comportamiento del personaje en cuestión.

Ser caballero, pues, a todos apetecía y no solo porque tal vez, lejanamente, algún descendiente pudiera acceder con todas las de la ley a ese estamento y así gozar de sus privilegios y libertades, sino que apetecía porque distinguía.

El grupo social de los caballeros, inmenso en España en el XVI, había ido evolucionando desde las mentalidades bélicas que nos interesan ahora, hacia su establecimiento en las ciudades, para el control de sus rentas y órganos de poder. Ellos se sabían superiores a los hidalgos que se hacían pasar por caballeros por tener un caballo, pero en realidad nada más; acaso solo un trapo y dos cepas de viña: «Nombre de hidalgos, y aun de caballeros»…

Pero ¿cuáles eran los rasgos definitorios del ser caballero? Para empezar, se tenía la plena consciencia de que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tenía el libre albedrío de tomar la senda de la virtud o la del vicio. Podía, pues, perfeccionarse en sus usos y maneras de vivir con un fin sobrenatural, alcanzar la Gloria, sin duda, pero con otro fin terrenal: lograr que sus contemporáneos le reconocieran «honra» y «fama». Esto, la búsqueda de la «honra» y la «fama» que hacían que el hombre pudiera sobrevivir acá, aun después de muerto, movió a las gentes del Renacimiento: ningún cuadro de los finales del XIV o del XV de las varias —pero todas espectaculares— escuelas italianas se entiende si no es pensando que el mecenas ha querido prolongar una suerte de su existencia, por medio del arte, del ser retratado, del construir un palacio. En los mausoleos también queda impresa la honra y fama del finado y sus hazañas se graban para la posteridad en cordón alrededor del sepulcro. Y cada vez más la simbología se amplía hasta darle atributos al muerto en movimiento: esta es la grandeza del Doncel de Sigüenza, que sus hazañas quedan registradas en su sepulcro y él, aunque murió en una poco ventajosa acción militar, lee y lee por los siglos de los siglos: muere ahogado en una acequia, acaso porque el peso de la armadura le impidió darse la vuelta a tiempo. Pero del chapuzón, nos olvidamos y la escena quedó retocada hasta casi olvidarse de ello y quedarnos solo la bellísima imagen de la paz eterna alcanzada, con la lectura… por un caballero, y virgen: el Doncel de Sigüenza. Y la leyenda sigue, porque era doncel, esto es, prístino, puro, inmaculado y joven. Aunque su muerte fue poco lisonjera, fue en Granada. Eso y el frío mármol del mausoleo le han dado la fama que las armas le negaron.

Igualmente, el pobre don Juan yace simbólicamente acompañado por sus guanteletes quitados de las manos porque él sí que no murió en la guerra de las espadas.

La fama también impulsaba a aquellos hombres al ejercicio noble de las armas pretendiendo que, por él, su nombre perviviera entre los mortales: Granada, Túnez, Indias…

En cualquier caso, esta búsqueda de la fama, y con ella de la honra, era un acto terrenal, no sobrenatural: lo sobrenatural eran los rezos y oraciones. La vida, por lo tanto, era un estar alerta permanentemente en esta vida de mero trámite, para conseguir el premio del sosegado Más Allá, o de la pervivencia de la memoria en el más acá. Fama que asociaba a otros símbolos rituales: el color de los sobretejidos, los motes, o los lemas heráldicos: Caballero de la Triste Figura; «Muera la vida y viva la fama» (lema de Cerralbos), «Perecer, mas no huir» (Pelliceres), etc…

Para lograr la fama cada uno tenía que desarrollar sus capacidades virtuosas: ser prudente, justo, fuerte y ecuánime. De nuevo, nos aparece la idea del libre albedrío. Por ello, cada uno debería desarrollarlas en la edad adulta por la vía del ejercicio de aquello que le hubieran enseñado en la pubertad. Por ello se escribían tantos manuales para príncipes, para caballeros, para secretarios reales, para oficiales municipales, para todos: porque los andares de los predecesores habían hoyado ya el camino y era estulticia salirse de las marcas.

En el manual, formal o informal, codificado o consuetudinario, ya estaba escrito. No bastaba ser caballero para gozar de sus privilegios y olvidarse de las obligaciones inherentes al estamento. Por el contrario, siempre se sentía más agobiado por sus obligaciones un buen caballero que un buen pechero. No era sencillo ser caballero. Por eso, por esta razón cultural (amén de otras) iba cayendo en desuso la caballería andante: era mucho lo que se exigía.

Lo primero, lealtad. La lealtad; esto es, el seguimiento al señor, pero si es necesario advirtiéndole de los yerros que puede estar a punto de cometer. Sancho tiene bellísimos rastros de lealtad. Impresionantes. Otra cosa es la fidelidad, que es seguir al señor con los ojos cerrados, a fe ciega y que él asuma la responsabilidad de todo. La lealtad es más hermosa: se han de asumir responsabilidades.

Y es precisamente cuando la sociedad está imbuida de estas ideas, cuando (¿efecto, causa?) aparece impreso el Amadís y cuando empieza a resquebrajarse este coherente edificio y la unidad religiosa y hay que salir a su defensa. Y lo hace Erasmo con su Enchiridión o Manual del caballero cristiano. Y cuando las fuerzas de los tiempos están llevándose irremediablemente el puente que unía la orilla de la virtud con la de la lealtad, cuando, como si se tratara del último estertor antes del fin, aparece un caballero andante que quiere luchar por los viejos ideales… porque el caballero ha sido suplantado por el cortesano; y los valores morales por los valores del poder y del dinero. Don Quijote anhela la reformación conservadora, como le pasará años después al conde duque.

Otro de los rasgos de un caballero es el de la prodigalidad: y regala, si es necesario, los pollinos. Es verdad que la gestión de los patrimonios nobiliarios era, a nuestros ojos cuantitativistas nefasta. Pero, precisamente, para la mentalidad caballeresca no: porque el caballero debía ser munificente; era el comerciante, el tratante, el mercader, dedicado a oficios viles y mecánicos, incluso a la usura, el que anotaba cargos y datas, ingresos y gastos y era codicioso, egoísta.

El caballero debía gastar lo que hubiera menester, aun a pérdidas, que ya llegarían las ganancias.

Además, todos habían de verle alardear, en el sentido marcial del término. Su vida no podía estar dejada a vulgaridades, sino que debía estar sujeta a permanentes ostentaciones. Eran cosas de la fama. Alarde, valor, heroicidades e incluso excentricidades. Granada, Indias, Túnez.

El caballero tenía sus juegos propios, armado y a caballo, ora en torneos, ora en desfiles, ora de caza. Ahora bien, en la guerra o en sus ejercicios en tiempos de paz, el enemigo había de ser inmenso, famoso, importante. El combate había que librarlo más que contra ovejas, contra los caballeros más esforzados y famosos.

El caballero virtuoso tenía más obligaciones: la defensa de los débiles y de los desamparados. Esta era la esencia de sus privilegios. A ello debían dedicar su vida entera. El caballero para defender a los débiles y como manifestación de su superioridad había de ir armado, claro: lo costoso de mantener un caballo, era la primera muestra de su distinción (los «caballeros de cuantía» de Andalucía y Murcia —desde 1492— tenían que avalarse con 50.000 maravedíes y poseer caballo, armas, residir en la ciudad, pasar alarde dos veces al año y acudir a la hueste real cuando se les llamara); como lo eran el arnés guerrero (compuesto de espada, escudo, lanza, yelmo, loriga y calzas de hierro) y su complejo y codificado empleo. En efecto, además del ritual de la investidura del caballero (modesto, en principio, pero sublime, cuando era necesario), expresado en el gesto de la espada que golpea sus hombros, la misma actividad bélica desempeñada en numerosos torneos y duelos singulares encierra reglas y formas propias del estamento y que le diferenciaba de los pecheros. Así, por ejemplo, la lanza no era para el caballero un arma arrojadiza, como la jabalina de los villanos, sino que servía para embestir horizontalmente al contrincante en una justa. Tales combates, minuciosamente descritos, llenan páginas y páginas de la narrativa artúrica.

A diferencia de los rudos combatientes, las reglas de la guerra caballeresca estaban definidas también y su vida era plena formalidad: antes de matar a un adversario, que al fin y al cabo era un par o un familiar más o menos lejano, se le concedía la gracia de la vida y se le rendían honores que no mancillaran su honra: lo hacían los caballeros andantes; lo hizo Espínola en Breda.

Si se formaba parte del estamento, era por gracia divina. Y, antes de entrar en combate, como la vida acaba en incierto momento, había que estar preparado para lo que viniera: por eso, antes de entrar en combate, había que encomendarse a Dios. Lo hacían los andantes, están descritos los rituales litúrgico-bélicos en todas las crónicas del XVI. Por ello, no es extraño que los caballeros acudieran a misa por la mañana o se detuvieran a orar si encontraban una capilla en su camino: débil ser, a fin de cuentas, que se ha de arrodillar ante Dios y cuya vida pende del hilo que Él sujeta.

Débil ser, también, que se vence a las presiones del amor, mitad pérfida tentación, mitad excelsa humanidad. La imagen emblemática del llamado «topos cortés», que se encuentra ya en la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth y que se repetirá una y otra vez en la novelística de los siglos XII y XIII, muestra a los caballeros luchando ante sus damas, que los observan desde los muros creando una corriente de simpatía que enardece la fuerza de los combatientes, que más adelante, en vez de por una dama, pelearán por un Grial. ¡Ay, Dulcinea!

Las formalidades se recogen también en el compromiso verbal: la palabra de caballero era más —al menos tanto— como la firma en papel: «Con todos; que la promesa / del hidalgo o caballero / es deuda líquida expresa, / y ser siempre verdadero / el bien nacido profesa».

Pero conforme avance el siglo (el XV, el XVI), irá aumentándose el sentimiento nostálgico de no haber logrado alcanzar en plenitud y perpetuidad el tiempo dorado que se ha acariciado. «Cualquiera tiempo pasado» dirá Jorge Manrique; «Dichosos tiempos…», platónicamente exclamará don Quijote; «Siglo de Hierro» llamará al suyo propio Antonio Pérez.

Ese siglo XVI que sabemos que fue expansivo en economía y en demografía fue generoso para muchos caballeros: porque la expansión ultramarina les sirvió para alcanzar sus ideales al otro lado de la Mar Océana o para intentarlo en las grandes campañas de Europa. No hay, pues, que maravillarse de que los escenarios bélicos fueran inspiradores de hazañas, leyendas y literatura. ¿Qué son si no, en muchos aspectos las crónicas de Indias, sino novelas de caballerías traspasadas a Indias?; ¿cuáles los ideales o los pensamientos de un Bernal Díaz del Castillo y los suyos?

Eran tiempos de cambio y de frustraciones. El caballero iba dejando de ser guerrero y era cada vez más urbano. Más que a la defensa de los ideales, se dedicaba al gobierno de las ciudades. Ya no quedaban, a finales del XVI, héroes como los de la Guerra de Granada: «Los más de los caballeros que agora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten, que la malla con que se arman; ya no hay caballero que duerma en los campos, sujeto al rigor del cielo, armado de todas armas desde los pies a la cabeza; y ya no hay quien, sin sacar los pies de los estribos, arrimado a su lanza, solo procure descabezar, como dicen, el sueño, como lo hacían los caballeros andantes», gimoteaba don Quijote. Por todo ello, no es de extrañar que hubiera discursos de caballería y de armas y letras.

EN QUÉ PENSABA UN SOLDADO DE LOS EJÉRCITOS DEL IMPERIO

Así es que de las vidas de los soldados individuales se pueden escribir miles de páginas, porque existen otros tantos, si no más, testimonios. Muchas de esas vidas están publicadas, entre otros sitios, en la Biblioteca de Autores Españoles. Démosles a todos esos folios, a todo lo que contienen el beneficio de la duda sobre su veracidad o su tergiversación. En verdad que quien escribía, por algo lo haría. Pero, aun a pesar de la subjetividad inherente a esos textos, leámoslos, aunque no son los únicos que nos han llegado.

Moviendo documentos en Simancas, me llamaron la atención los papeles elevados al rey por un capitán de los tercios, acaso por el apellido del individuo en cuestión. Quiero decir que lo que a continuación viene, es inédito.

Corría el verano de 1574. En Madrid, en la Sala del Consejo de Estado, se había reunido tan impresionante órgano de gobierno de la Monarquía para dirimir ciertas peticiones de merced hechas por algunos vasallos al rey. Era el 13 de julio. De entre los memoriales que puso sobre la mesa el secretario del Consejo de Estado para que los estudiasen los consejeros, había uno de un tal capitán Luis de Saavedra. Pedía un ascenso, como otros más, aquel mismo día que eran don García de Mendoza, de la Orden de San Juan; el alférez Martín de Gaztelu; don Hernando Zanoguera, don Jaime Minjavilla; don Diego de Mendoza, etc., que todos esgrimían «haber servido» o haber participado en la batalla [de Lepanto].

El secretario sintetizó el informe de Luis de Saavedra: «Refiere los muchos y largos servicios que él y su padre han hecho a la Corona Real». Al parecer antes había pedido otra plaza y se le denegó, «el agravio que se le hizo en quitalle el cargo que tenía del gobierno de la Ruza en el reino de Sicilia con título de Vuestra Majestad». Dolido, pues, por sentirse agraviado, pero convencido de sus merecimientos, apostaba fuerte y traía a colación las hazañas de sus antepasados como méritos suyos propios porque así son las cosas del linaje: «Presenta muchos papeles e informaciones de sus servicios y de los de sus pasados». Además, todo lo cual lo reforzaba con cartas de presentación (el que Cervantes llevara una encima no era nada extraño, ni excepcional) «trae —decía el secretario— muchas patentes y órdenes de los capitanes generales debajo de cuyo gobierno ha servido en diversas ocasiones y tiempos». Todo ello, en fin, con un objetivo: «Suplica que en recompensa de todos ellos, Vuestra Majestad le mande emplear en el cargo de la caballería ligera de Lombardía que vacó por muerte de don Lope de Acuña, o de algún castillo, o del cargo de capitán general de la artillería de Sicilia». Así que aquel buen capitán Luis de Saavedra, amparándose en sus servicios y los de sus familiares a la Corona Real, solicitaba en ese importantísimo vértice sureste del Imperio español en Europa, que los otros dos eran Flandes y España, solicitaba —digo— cualquier cargo tanto de caballería, o de artillería, como alguna alcaidía. Ni que decir tiene que el Imperio era una enorme reserva para dar recompensas y salida a las legítimas ambiciones de los fieles servidores del rey. Y algunos, muchos, aun sintiéndose agraviados, por lealtad a su rey seguían insistiéndole, pidiéndole a él, que era el único que lo podía agraciar. No como Magallanes.

Oído el informe sobre Luis de Saavedra, intervinieron los consejeros. El presidente tomó la palabra. Había perdido la primera plaza por ciertas culpas, pero tenía la convicción de que era buen soldado y de que si ahora se le recompensaban sus servicios, «será muy bien empleada en él cualquier merced que se le hiciere y es justo que se le haga», en especial lo de la artillería de Sicilia. Todos parecieron seguir el criterio del presidente del Consejo. ¿Todos? ¡No! Allí estaba el duque de Medinaceli para echar un jarro de agua fría: «Dijo que él conocía muy bien de muchos años atrás [a Luis de Saavedra] y que aunque sabía que era bien nacido, que no era hombre a quien se debía dar tal cargo, por haberse casado con una mujer perdida», por lo que era mejor darle una pensión de 300 ducados. Ante tan convincentes argumentos para negarle el mando en artillería (¡todo es cuestión de atinar con el cañón!), los demás consejeros asintieron en coro y «visto lo que el duque dijo, se remitieron todos a lo que él decía». Se quebró la luna de las aspiraciones del capitán. Adviértase que el Consejo de Guerra se plegaba a las opiniones de un vocal, aunque duque, y no a lo que el presidente quería. Sin embargo, aquella resolución del Consejo siguió su camino ascendente. Es decir, se consultó al rey. El rey. Felipe II. Aquel día, cualquiera que fuera, en El Escorial o en Madrid, él, que gobernaba el mundo, tomaba decisiones también sobre el destino que había que darle a un capitán en Italia. Muestra indudable de suprema responsabilidad… ¿pero es esa la función de un soberano global?

El caso es que Felipe II anotó al margen de la consulta: «Para resolverme en esto, mejor será le en saber todo lo que hay en ello y así decid al Duque de Francavilla que mire si en el Consejo de Italia hay algo que toque a lo que deste oficio del artillería y también a Luis de Saavedra del cargo o cargos que ha tenido y de todo lo que hallare me avise para que habiéndolo yo entendido y lo que aquí se dice vea lo que en ello convendrá». Es decir, largas, y quedar a la espera de la decisión personal del rey, que sin duda tomaría alguna decisión para aquel individuo que encarnaba en sí los servicios suyos y los de sus antepasados al servicio del rey, aún no de la patria como nación, cuya soberanía la tuvieran todos los vasallos.

Y es que esta es la clave para entender en qué pensaban esos soldados: luchaban esencialmente por una relación directa entre el rey y ellos. Luchaban, pues, por la defensa de una religión y una dinastía, siendo entonces la religión el todo que todo lo abrazaba. A veces lo achuchaba en exceso.

Lo que ocurrió con el capitán Luis de Saavedra no lo sé. He encontrado a un Luis de Saavedra, «comisario general de la caballería ligera del reino de Sicilia» al que, al parecer, el presidente y oficiales del organismo que fuera de Sicilia le ninguneaban: «Le ponen dificultad en gozar de las preeminencias de su oficio». Esas preeminencias eran las que «se tienen donde quiera de los estados de Su Majestad que hay caballería». Adviértase que, de nuevo, aparecía la relación patrimonial del rey y sus territorios; no la nacional. Sea como fuere, pedía aquel Luis de Saavedra que «se le dé instrucción para servir su cargo porque de otra manera casi viene a quedar sin ningún ejercicio». O lo que es lo mismo, no estaban aún plenamente emparejadas oficio y función. Al personaje nombrado, en algunas plazas, había que darle instrucciones. Seguimos en 1574.

A veces la investigación fallece en vías muertas, tanto la de ciencias de la naturaleza, como la humanística. Puede aplicarse un método riguroso, que si no hay suerte, el hallazgo de lo que nos ocultan el pasado o los comportamientos celulares no sale a flote.

Estaba el investigador no hace mucho trabajando en un fondo de documentos españoles que hay en Ginebra, cuando se encontró entre otros cientos de papeles de pedigüeños, una nota que le disparó las alarmas. Volvía a ser otro resumen de un secretario sobre la petición de una viuda.

En efecto, doña Teresa Zambrana pedía una merced al rey. Al parecer, ya no era aquella mujer de mala vida que dijo el duque de Medinaceli, sino que era una hidalga. El informe lleva fecha de 30 de agosto de 1583. Ella, al parecer, debía lamentarse de que «el dicho capitán sirvió a Su Majestad más de cuarenta años y que falleció tan pobre que no había con qué enterrarle» y ella estaba igual, por lo que había venido a Madrid «a echarse a los pies de Su Majestad» para que «le mande hacer merced de alguna pensión en Sicilia conforme a su cualidad». Apretaba la desesperación, «en la brevedad la recibirá [la merced] muy grande».

El 24 de septiembre de 1583 fue estudiado el caso en el Consejo y sintetizó las opiniones allí vertidas el secretario. Al parecer de aquellos prohombres, «su marido fue un soldado muy particular y de mucho valor», por lo que aprobaba que se le diera una renta en Sicilia de hasta unos 200 ducados. La pobre viuda, si supiera administrar bien esa renta, podría subsistir.

Sin embargo, su petición exasperó el ánimo del secretario real Mateo Vázquez, que con su letra abigarrada se quejaba, «es cierto verdad que creo tienen ocupada más de la tercera parte del lugar [Madrid] viudas que se vienen aquí con muy pequeñas ocasiones y aun sin ninguna y después no hay cosa que baste a echallas de la Corte y si se les manda que salgan lo tienen por afrenta y doscientos defensores». ¡Ay, la pobre viuda que pedía socorro informal! Aquel hombre proponía que no se le dieran 200 ducados de ayuda y que corriera la voz, «desengañarla que ni a ella ni a otra alguna mujer que aquí viniere se le hará merced y asegurarlas que se tendrá más cuenta con los servicios de sus maridos representándolos desde su casa, que no en persona» (Biblioteca de Ginebra. Colección Favre, libro 34, fol. 546 r.). Por muchas cosas, encontrar simpatía en ese hijo de madre no conocida que fue el riguroso Mateo Vázquez, es muy difícil.

Y el rey, que era irresoluto y débil en muchas decisiones, aunque de fuerte armamento moral, volvía a escribir, ahora sobre las viudas pedigüeñas en la corte, poco después de la anexión de Portugal: «Muy bueno sería que de aquí abajo si aprovechase, pero no aprovechará nada y pueden se dar allá en Sicilia 200 ducados por una vez y 100 así con que se vaya».

En definitiva: aquel Luis de Saavedra sirvió al rey, como había hecho su familia. Pedía plaza para consolidar su vida económica en cualquier destino del Imperio en Italia; no colmó sus aspiraciones y la viuda hubo de volver a pedir merced, de tal manera que tanto una pensión o ayuda de costa a una mujer desamparada, como un ascenso en una plaza militar eran todo mercedes que concedía el rey, a su antojo y capricho, compensando a quienes le hubieran servido con el beneficio de las rentas reales, de las regalías, que las manejaban como un duque las de sus estados patrimoniales. Y esta es la clave: dinastía y religión por un lado; patrimonialismo por otro. Y los vasallos en relación directa de dependencia del rey. Si él administraba rectamente la concesión de mercedes, sería un rey justo. Es lo que hacía Felipe II; es lo que explica sus desvelos. Pero si el rey se equivocaba, podría acarrear malestar. Por ello era bueno interponer entre Su Majestad y los vasallos a algunos oficiales reales, a algunos criados que sirvieran de parapeto. Esa es una parte del asalto al poder de los validos en el XVII y de sus funciones: aguantar chaparrones. Por cierto, que como Felipe II era muy lento o exigente a la hora de dar algunas mercedes, en tiempos de Felipe III-Lerma se les agradecía mucho su generosidad, y se aprovechaba para criticar al rey viejo por su tacañería, es decir, por no recompensar a sus vasallos que se dejaban la piel por él.

En cualquier caso, es verdad que en esta lastimera vida del capitán Saavedra y que nos ha llegado despezada y fraccionada como un mosaico, pero nos ha llegado por escrito y documentada, no hay ni una sola alusión a España y sí a Sicilia, Lombardía o a Su Majestad. Eso no quiere decir que no tuvieran entonces una idea de qué cosa era España, como comunidad de pasado y proyección de futuro. Más aún siendo soldados en compañías que, como hemos visto, estaban compuestas por todo tipo de gentes.

Que estaban definiendo a España, no cabe ninguna duda. Porque ¿cómo mentar ese territorio que iba del Pirineo (o desde la Cerdaña y el Rosellón) a Gibraltar? Pero ¿qué hacer con Portugal?; o ¿cómo hablar de la variedad y de la unidad?

EL PACTO FALLIDO

Después de lo acaecido a raíz de la derrota de Alcazarquivir y la incorporación de Portugal no a España, sino a la Monarquía de Felipe II, pocas cosas podían antojarse inalcanzables para aquel rey y para sus reinos.

El centro de Europa, en tanto el emperador lo mantuviera sujeto y tranquilo, no planteaba mayores problemas y Francia, tras San Quintín, la muerte de su Enrique II, la inestabilidad dinástica que siguió y, sobre todo, las ocho guerras de religión, era una sombra de los peligros que había representado otrora.

Más al norte, la cuna de la dinastía eran, por parte de la abuela de Carlos V, María de Borgoña, esposa de Maximiliano I, Borgoña y Flandes. Como se tratara de estados monárquico-señoriales, una dinastía —tampoco un linaje— no podía renunciar a nada de lo recibido. Menos aún a la cuna. Pero en Flandes concurrieron muchas circunstancias, a cual más aciaga. Allí, la extensión de la herejía, el abandono del señor natural de aquellos territorios (lo cual no lo aceptaron ni entendieron los flamencos) la ruptura del pacto Monarquía-oligarquía, todo ello, desencadenó una guerra que, lejos de tildes nacionalistas-románticas, o escenarios de novela, marcó indefectiblemente la historia de aquel Imperio.

Tal vez si recapituláramos sobre las relaciones de Egmont y Felipe II se podría entender ese fiasco en el pacto.

Lamoral, conde de Egmont (1522-1568) pertenecía a una de las familias más importantes de los Países Bajos, la de los condes de Güeldres. Desde 1546, poseía el Toisón de Oro, por concesión del emperador por sus servicios. En 1554 representó a Felipe II en los rituales inciales de su matrimonio con María Tudor. Poco después, mandó una parte destacada de las tropas de Felipe II en San Quintín (1557) y Gravelinas (1558). A partir de 1559 fue nombrado gobernador de Flandes y Artois y miembro del Consejo de Estado.

La política de Felipe II para las Provincias tenía dos pilares: controlar más de cerca el gobierno local y decidir o por la regente (Margarita de Parma) o por su Consejo, las líneas maestras de la política del territorio. Los grupos rectores pretendían precisamente, lo contrario. Además, la expansión del luteranismo y del calvinismo tuvo la contrapartida comprensible para la época, intentos de implantación de la Inquisición. Por tanto, si se instauraba este tribunal, la política religiosa ni respetaría la autonomía local, ni las grandes decisiones en materia de herejía se discutirían con las oligarquías de allí.

La aristocracia de las Provincias planteó su estrategia política por la vía de la explotación de los problemas religiosos: si no se contaba con ellos en otras materias, no serían muy eficaces en la persecución de la herejía.

En el Consejo de Estado existía una fuerte oposición a Granvela, que era el defensor a ultranza de los ideales de Felipe II, más que la propia gobernadora, Margarita de Parma. En 1561 Guillermo de Orange y Egmont presentaron su dimisión, que el rey no aceptó. Por el contrario, se separó del poder a Granvela. Aquella medida no fue suficiente y en 1564 se mandó a Egmont ante Felipe II en nombre de los flamencos para negociar más autonomía de Flandes, menos mano dura contra los herejes, más autoridad para el Consejo de Estado y más participación aristocrática en su composición.

Tras varias semanas de espera, Egmont fue recibido en una memorable entrevista en que el uno pensó que el rey le decía otra cosa de lo que le comunicaba. En realidad, ni Felipe II logró convencerle de que sus propuestas no eran viables, ni él al rey de lo contrario. Volvió contento a Bruselas, anunciando que, entre otras cosas, Felipe II aceptaba la relajación de la persecución de la herejía. Mas, curiosamente, unos días después se recibían cartas (las «cartas del Bosque de Segovia» porque iban firmadas desde Valsaín) en que se ratificaba la sentencia a muerte de varios anabaptistas. La confusión estaba creada. Ni Parma, ni Egmont entendían nada. En Madrid, mientras, no se era consciente de lo que ocurría porque se aprestaban a la defensa de Malta.

Un grupo de nobles se reunieron en Spa para ver qué medidas de queja o de fuerza tomar contra el rey. Esencialmente, se preparó un documento contra la Inquisición, firmado por el 10 por ciento de la nobleza, a excepción de los aristócratas que se mantuvieron, si no al margen, sí a la expectativa. Orange dimitió de todos sus cargos de nuevo, en 1566. Esa nobleza se presentó ante Margarita, que se vio obligada a suspender las actuaciones de la Inquisición: la herejía, alimentada por el feliz proselitismo, se expandió o, sencillamente, salió a la luz. Muchos exiliados volvieron. El mes de agosto de 1566 fue trágico: el 10 se quemaron iglesias católicas y el 23 Margarita de Parma, de nuevo, hubo de claudicar y así, concedió tolerancia plena a todas las religiones protestantes.

Tal era la caída de la autoridad real que había que ponerle coto. Si hasta hacía poco se vislumbraba la posibilidad de que el rey viajara allí, en octubre de 1566 el Consejo de Estado en Madrid propugnó el envío del ejército. Igualmente, Felipe II siguió preparando su viaje, que se suspendió por las desgracias de 1568: muerte de don Carlos y de Isabel de Valois.

Al mismo tiempo, se mandó a Alba al mando de los tercios para que sofocara los disturbios. Entre otras medidas, destaca la detención y ejecución en la plaza Sablon de Bruselas de los condes de Egmont y Horn en junio de 1568. De esta manera los convirtió en los héroes nacionales belgas. Goethe dedicó una tragedia y Beethoven una espectacular obertura al conde de Egmont. Fueron convertidos en los mártires de la rebelión, pronto ensombrecidos por el hacer de Orange y, en cualquier caso elevado a su mitificación por el romanticismo.

Los disturbios de Flandes no eran más que precisamente eso, unos disturbios en un territorio y era fácil sofocarlos, sobre todo si se movilizaban los tercios, mandados desde Italia. Funcionalmente, de nuevo, las piezas daban sentido al Imperio: desde una tierra en tensión por ser de frontera, el sur de Italia, se mandaban por el «Camino Español» los ejércitos mejor adiestrados y experimentados de Europa a otra parte del Imperio. Y así fue desde 1567 hasta mediados del siglo XVII.

En cualquier caso, el papel de Flandes en la estructura del Imperio era igualmente singular. En primer lugar, era una de las bases de la dinastía y a ningún señor natural de unos territorios se le podía pasar por la cabeza abandonarlos a su suerte porque hubiera habido algún motín. Cuestiones dinásticas, por lo tanto, explicaban la obligación de mantener el territorio ligado a la corona.

Por otro lado, desde la Edad Media, Flandes en general era un mercado esencial para las materias primas hispanas, así como un centro de capital importancia de manufacturación, así como una plataforma estratégica para guerras militares o comerciales contra Francia. De hecho cuando había guerra contra Francia se movían los peones sobre todo desde Flandes, no desde Cataluña ni desde Vizcaya.

Además, Flandes era lugar de emigración de técnicos para algunas manufacturas hispanas, pero también de pintores, escritores y claro está cortesanos.

Amberes era la gran plaza financiera del norte de Europa, de tal manera que en manos de la Monarquía Católica estaban las minas de Indias, las plazas de cambios internacionales de Génova y Amberes.

Se ha escrito, no por Braudel, sino antes, por Viñas Mey, que Flandes y la Monarquía acabaron siendo «enemigos complementarios».

Flandes, pues, era un enclave trascendental de la Europa del momento y su dominio implicaba fijar un bastión de primera magnitud en el corazón del continente. No estar allí era renunciar a estar en el norte de Europa. Era renunciar a ser.

TODOS CONTRA FELIPE II

La Monarquía Hispana se encontró, a mediados del siglo XVI con ser dominadora del Mediterráneo y del Mar del Norte, además de dueña y señora de Sevilla y las costas de las Indias.

Y en medio de semejante estabilidad estructural tuvo lugar lo de Alcazarquivir y la ulterior legítima anexión de Portugal a sus dominios, pactada también con las oligarquías portuguesas, expuestos sus derechos y aprobando todo ello en las Cortes de Tomar de 1581, de tal manera que si antes el poder hispano había dominado el Mediterráneo como si de un lago se tratara y desde décadas atrás la odisea de cruzar el Atlántico era poco menos que una experiencia solo española, a partir de estos años de 1581 en adelante, parecía que la Mar Océana llevaba el mismo camino de convertirse en un lago español. La estrategia había empujado al dominio de las fachadas atlánticas, de aquí y de allá.

Naturalmente, no todos iban a sufrir semejante ampliación de poder con resignación, máxime si se tiene en cuenta que para entonces se sabía que Felipe II tenía un talón de Aquiles: Flandes.

Los sucesos de 1588 en absoluto nacieron espontáneamente. Desde 1569 las relaciones entre Isabel I y Felipe II habían empezado a agriarse lo cual no quiere decir que se rompieran porque sus diferencias tenían contrapesos enormes: Francia, como enemigo común, había sido promotora implícita de las amistades de los Austrias y Tudores; el tráfico angloflamenco era impresionante; Castilla necesitaba tener expeditas las comunicaciones con el Mar del Norte. Sobre esos tres factores se construyó la cooperación hispanoinglesa, difícil de romper, pero destructible. Pero, además, algunas circunstancias puntuales distraían la atención del norte: la rebelión de Flandes, la guerra en el Mediterráneo, los lutos en la corte por las muertes de don Carlos e Isabel de Valois.

No obstante, para sorpresa de Castilla, hubo un suceso en 1569 que hizo despertar la hidra. Atracados en puertos ingleses varios navíos del rey con destino a Flandes para pagar a las tropas de Alba con oro de Génova, fueron embargados por orden de Isabel I. La respuesta en Castilla fue inmediata: hubo embargo general en los puertos peninsulares y en los flamencos. En 1569, esta primera guerra de embargos presagiaba en qué iban a consistir en los años siguientes las relaciones.

Alba, por su parte, ya en febrero de 1570, promovió sosiego y prudencia (Fernández Álvarez, 2007), antes que una invasión, como se le consultaba. En 1572, tras las conquistas de los «Mendigos del mar», volvió a quedar claro que era mejor contar con la armonía inglesa, que no con su hostilidad; en 1573, tras la matanza de San Bartolomé en Francia, Isabel I se convenció de lo interesante que sería mantener una alianza con la católica España.

En 1573 se calman los ánimos (Tratado de Nimega). Desde entonces, hasta 1579 fueron años de colaboración al principio y de distanciamiento después: por ejemplo, en 1575 se firmó el Tratado de Cobbham-Alba, tenido como el primer esbozo de tolerancia religiosa en España para con los anglicanos.

Aquella tranquilidad lograda entre ambos contendientes fue aprovechada de manera más pragmática por los ingleses, que se familiarizaron con los puertos mediterráneos, bálticos o rusos; que abrieron almacenes por esas costas (Wernham, 1966; Croft, 1973 y 1991; Ramsay, 1986), al tiempo que el tráfico marítimo español prácticamente se echaba en manos de otros ante la imposibilidad de readueñarse del Mar del Norte infestado por los Mendigos (Thompson, 1981; Gómez-Centurión, 1988).

La atención al Mediterráneo y las operaciones militares terrestres habían provocado una retirada relativa del teatro marítimo septentrional. La crisis financiera de 1575 fue un elemento debilitador más de aquella situación, uno más de los que vienen a explicar por qué duró tanto la guerra (Parker, passim).

Sin embargo, concluida la década y con ella treguas con Turquía, las llegadas importantísimas de plata americana, los triunfos de Alejandro Farnesio y por encima de todo, la incorporación de Portugal, hicieron de la Monarquía Católica un Imperio atlántico y no solo mediterráneo.

La intranquilidad en Inglaterra, por un lado y de nuevo la consolidación de una conciencia de invencibles entre los militares castellanos (como es el caso de don Álvaro de Bazán), generaron un ambiente cargadísimo. En 1584 el embajador de España en Londres, Bernardino de Mendoza fue expulsado por cuanto se le acusó de ser el hostigador del compló de Throckmorton, para asesinar a Isabel I y poner en el trono a María Estuardo, reina de Escocia, expulsada por los calvinistas.

En Francia moría el duque de Anjou; en Flandes, Orange.

Flandes volvía a convertirse en el centro de las intrigas del norte de Europa. Los rebeldes ofrecieron el rectorado del territorio a Enrique III de Francia.

En ese vertiginoso año de 1584, la diplomacia de Felipe II conseguía el tratado secreto de Joinville con los católicos franceses para que los Guisa siguieran luchando contra los protestantes franceses y contra la más que posible proclamación de aquel Enrique de Navarra como rey de Francia.

Azorado ante la que se le podía avecinar, el rey Enrique III se echó atrás y no aceptó título en Flandes.

Francia estaba anulada y los rebeldes holandeses, cada vez mejor controlados por Alejandro Farnesio.

En ese momento, ofrecieron a la desesperada su soberanía a Isabel I, que, aunque la rechazó, se decidió a intervenir al otro lado del Canal. El detonante fue la caída de Amberes en manos católicas el 17 de agosto de 1580.

El Tratado de Nonsuch de 20 de agosto de 1580 comprometía la ayuda militar de Inglaterra a cambio del establecimiento de soldados de la isla en Briel y Flesinga.

A finales de año, el conde de Leicester y 7.000 soldados ingleses cruzaron el Canal y se interpusieron entre los rebeldes y Alejandro Farnesio.

Si a este hecho se suma el malestar que producían los hostigamientos de Hawkins por San Juan de Ulúa (1568), la violación de los mares hispanos por Drake y su vuelta al mundo (1577-1580) y los nuevos ataques de Drake de 1585 con el asalto a Vigo, Santo Domingo en La Española, o Cartagena de Indias, es fácilmente comprensible que se pasase ya de la tranquilidad a la violencia. Como ha señalado Gómez-Centurión, «Inglaterra se había convertido desde 1585 en el antagonista por excelencia de la Monarquía Católica en Europa, dispuesta a interferir en Portugal, en los Países Bajos o en la Carrera de Indias».

Alrededor de 1585 triunfaron ya las voces de la intervención, acaso solo como campaña propagandística y con efectos disuasorios contra Inglaterra, o incluso para animar a levantamientos generales de católicos en tierras de Isabel. Con la Gran Armada se podría advertir del enorme potencial de Felipe II y de su capacidad invasora, e incluso —como escribió en 1588 el secretario real Juan de Idíaquez—, se podría invadir Irlanda «para que sirva de prenda para trocarla por las plazas que tiene [Isabel I] en los Estados Bajos».

La primavera de 1587 fue dramática en la escalada de las tensiones: la reina católica y depuesta de Escocia, María Estuardo fue fatalmente ejecutada el 18 de febrero de 1587 y Drake asaltó y saqueó en abril de ese año la ciudad de Cádiz.

En ese momento ya casi nadie dudaba de la conveniencia de un ataque a gran escala contra Inglaterra y todos aplaudían la movilización de una gran armada en el norte.

En la primavera de 1588 muchos eran los que henchían sus almas en la esperanza del ataque final.

Tiempos, pues, triunfales que Cervantes también versificó, desde su umbría social, lo cual le da más valor a este poema:

Bate, Fama veloz, las prestas alas,

rompe del norte las cerradas nieblas,

aligera los pies, llega y destruye

el confuso rumor de nuevas malas

y con tu luz desparce las tinieblas

del crédito español, que de ti huye;

esta preñez concluye

en un parto dichoso que nos muestre

un fin alegre de la ilustre empresa,

cuyo fin nos suspende, alivia y pesa,

ya en contienda naval, ya en la terrestre,

hasta que, con tus ojos y tus lenguas,

diciendo ajenas menguas,

de los hijos de España el valor cantes,

con que admires al cielo, al suelo espantes.

Por cierto, mientras en esos años andaba Cervantes de cobrador en nombre del rey por toda Andalucía (¡trece años en mula!) su rival, Lope, disfrutaba de los logros de la fama. Uno en Lepanto; otro en la Armada. Uno tullido; el otro Fénix de los Ingenios…

Efectivamente, de entre las muchas y variadas informaciones que el embajador Khevenhüller mandó a su emperador, que en ocasiones como esta eran papeles que había cogido o recopilado en Madrid, he encontrado en el Archivo Imperial de Viena una Relatione dei cauagleri titulati et non titulati, aventurieri, che sono inbarcati in Armata sino 10 di Maggio 1588, en la que se cita a unas 190 personas. Tras un «Don Luis de Vargas de Madrid, hijo del secretario Bargas» aparece «Lope de Vega de Madrid». Sirva la anécdota como dato del sentido épico que, al uso de las campañas de Túnez, Argel, Gelves, Malta o incluso Alcazarquivir, tuvo la Jornada de Inglaterra.

El caso es que llegaron otras nuevas y aquel Cervantes, escribió otra canción.

DEL MISMO, CANCIÓN SEGUNDA,

DE LA PÉRDIDA DE LA ARMADA

QUE FUE A INGLATERRA

Madre de los valientes de la guerra,

archivo de católicos soldados,

crisol donde el amor de Dios se apura,

tierra donde se vee que el cielo entierra

los que han de ser al cielo trasladados

por defensores de la fee más pura:

no te parezca acaso desventura,

¡Oh España, madre nuestra!,

ver que tus hijos vuelven a tu seno

dejando el mar de sus desgracias lleno.

Aunque hoy sabemos que los destrozos materiales no fueron tantos, venimos a coincidir en que los psicológicos sí.

Los pausados análisis de Parker, Gómez-Centurión, Pi Corrales y Casado Soto, las conclusiones basadas en documentación de archivo y no en escritos subjetivados, arrojan datos elocuentes.

Santa Cruz murió el 9 de febrero de 1588.

El rey, en una rapidísima decisión, mandó al duque de Medina Sidonia que se hiciera cargo de la situación. Había demostrado aptitudes en la expedición de la Tercera, y aunque él no tenía el ánimo para hacerse cargo de tamaña empresa, acató la orden real: «El nombramiento resultó ser un notable éxito». En Lisboa se han aprestado 130 buques, casi 2.500 piezas de artillería, casi 20.000 soldados, 8.050 marineros y 2.088 remeros... van a moverse cerca de 58.000 toneladas. Hay buques de Castilla (a su mando Diego Flores de Valdés), Portugal (a su mando el duque de Medina Sidonia, almirante de la flota), Vizcaya (Juan Martínez de Recalde), Guipúzcoa (Miguel de Oquendo), Andalucía (Pedro de Valdés), Levante (Martín de Bertendona); una escuadra de urcas (Juan Gómez de Medina), otra de galeazas (Hugo de Moncada); otra de galeras (Diego de Medrano); otra de pataches y zabras (Antonio Hurtado de Mendoza) y una flotilla de carabelas.

En mayo de 1588 los barcos se hacen a la mar, sumidos en cierto desconcierto. Los alimentos en mal estado, o la falta de agua así como un primer temporal, obligan a atracar en La Coruña: han de ser reparados 59 barcos. El 22 de julio se hacen de nuevo a la mar. No obstante todo lo cual, lo que se sabe en el resto de la península es una gran verdad: que ha zarpado la Gran Armada. En este momento, lo primeros versos de Cervantes no son solo una espectacular y elegíaca composición —como las que él hace hasta entonces— exaltando «el crédito español», sino un monumento historiográfico.

Las dos composiciones de Cervantes nos sirven como clarísimo exponente de los estados de ánimo que se vivieron en aquel 1588.

En cualquier caso, Felipe II busca la confianza divina, porque «siendo causa propia de Dios nuestro Señor, se puede esperar de su divina bondad que velará por ella y encaminará las cosas como más fuera a su servicio»; al tiempo, Ribadeneira ha escrito su Historia del cisma de Inglaterra y la Exhortación para los soldados y capitanes que van en esta Jornada de Inglaterra; sendas obras demuestran cómo se quiso dar un sentido lógico de «cruzada» a la Jornada.

De La Coruña zarpan definitivamente 127 barcos, con 28.000 hombres a bordo. Poco antes de llegar al Canal, se retiran cuatro galeras porque no pueden navegar por esas aguas, y un quinto buque desorientado.

Durante una semana de estío (30 de julio a 6 de agosto), avistadas las dos flotas enemigas, tienen lugar algunas escaramuzas sin trascendencia. La Armada Católica pierde dos buques por accidentes. Hasta el 8 de agosto de 1588 no hay una batalla naval propiamente dicha. Aunque eso sí, en Calais, fondeados los buques de Felipe II son hostigados durante la noche y el día por los burletes ingleses (barcazas cargadas de metralla, que se lanzan ardiendo contra los barcos anclados), causando desesperación y desconcierto. En la batalla de Gravelinas del 8 de agosto, pretenden los ingleses empujar a la Armada contra los arenales flamencos. El gran almirante que fue Medina Sidonia, se revuelve y logra poner en combate a medio centenar de sus barcos, con lo que consigue proteger a toda la flota: el viento favorable, permite separarse de los arenales. La batalla dura varias horas y se pierde (de ciento veintidós barcos de la Armada) un buque —un mercante armado—; otros dos quedan varados. Los ingleses pierden ocho.

Nuevos vientos empujan a la Armada hacia el Mar del Norte. Ya no se puede fondear en puertos flamencos. Ya no se puede embarcar a los tercios de Alejandro Farnesio. Durante tres días los ingleses persiguen a los 116 barcos católicos sin atreverse a entrar en combate: el 11 de agosto los ingleses se dieron la vuelta y volvieron a sus puertos. El tornaviaje continúa por Escocia e Irlanda. Los temporales son durísimos y los experimentados marineros los van capeando como pueden. Los buques más dañados, o con menos hombres útiles a bordo, optan por intentar ir a tierra, a una tierra —la irlandesa— cuyas costas no se conocen y que, tal vez para su desagracia, no pueden imaginar tan erizadas de rocas. En ese mes se pierden 28 barcos, pero frente a todas las fantasías escritas ahora basadas en dos documentos copiados en el siglo XIX (!), las últimas investigaciones han puesto de manifiesto una gran verdad, que podemos dar «por perdidos en los temporales, 28 buques, de los que más de la mitad fueron urcas y naves mediterráneas».

Los días siguientes fueron llegando barcos a Santander (en donde se reunió el grueso, medio centenar de barcos), Laredo (unos 15), Pasajes (otros 9), La Coruña (15, entre ellos el San Juan, en el que iba Lope de Vega), Gijón (uno), Lisboa (uno); los demás, más despacio, a otros puertos hasta completar el 75 por ciento de regresos.

Lo que es evidente es que el fiasco de la Empresa de Inglaterra no supuso el tan cacareado desbaratamiento del poder marítimo de la Monarquía Católica, o la hegemonía en los mares de Inglaterra. De haber sido así, ¿cuándo se asientan firmemente en América del Norte los ingleses? ¿Por qué, si era la gran potencia marítima no desarrolla su Imperio ultramarino oriental hasta el siglo XVIII?; si tan potente era el poder naval inglés, ¿por qué esperaron a que «bajara» la Gran Armada desde Irlanda camino de la Península Ibérica? Acaso es que los marinos ingleses no eran tan buenos marinos como se ha escrito siempre, ni los católicos tan malos. Más bien al contrario, todo parece indicar que estos gozaban de un prestigio multigeneracional.

FANTASÍAS Y LECCIONES ALREDEDOR DE LA GRAN ARMADA

Las preguntas lógicas son muchas y la respuesta a cuantas fantasías ha habido sobre la expedición de 1588 giran alrededor de una cuestión: el triunfo fue, más que económico o político, eminentemente cultural. En ese año empezó la imposición de las formas de ver el mundo, la cultura, la historia, a lo protestante. El esperpento, la derrota y la humillación culturales llegaron en el XIX y no se puede limitar a que la imagen de España desde entonces sea la de la España-gitana-medieval-levantisca, o lo que transmitió el romanticismo, o que para que por estos lares se crea que una verdad sea objetiva haya de ser escrita por un extranjero, y tantos tópicos más producto de la inferioridad colectiva que tan autocomplaciente ha sido, sino al menosprecio de las costumbres diferenciadoras, a la homogeneización de lo cotidiano y a la confianza en la libertad de acción individual que no siempre ha de estar regida por el éxito como manifestación de ser un elegido de Dios. En este proceso de trasculturización los «de acá» también han de asumir su responsabilidad.

Refiriéndose a los galeones de la Gran Armada, dijo Casado Soto que «tuvieron que hacer frente a la totalidad de las fuerzas navales» de Inglaterra y a pesar de ello y de las tempestades, los barcos construidos en los astilleros peninsulares «demostraron su fortaleza en la construcción y buenas cualidades veleras, así como el saber marinero de sus hombres, para mantener la asombrosa formación en elástico convoy, rechazar todos los ataques del enemigo y volver a sus bases después de mes y medio de ser zarandeados por el Atlántico Norte enfurecido».

En 1588 el triunfo fue de índole psicológico: quedó claro, meridianamente claro, que el Rey Católico no era invencible. Era vulnerable. Fue una lección para aquel Imperio; es una lección para todos los imperios.

A la Gran Armada empezaron a llamarla los ingleses «Armada Invencible» y con ese mote ha llegado a nuestros días.

El Canal se convirtió en un paso de infausto y aborrecible recuerdo, por lo que quedó controlado por los protestantes de tal manera que los pertrechos que venían a la península desde las ciudades de las Hansas de Alemania o de Suecia (productos metalúrgicos, maderamen y pertrechos navales), se las tenían que ver y desear parar burlar los registros neerlandeses o ingleses.

Igualmente, durante unos largos meses, o unos pocos años, la travesía del Atlántico tampoco era apetecible. La confianza de antaño se había desmoronado. Pero se siguió haciendo, de tal manera que aunque se asaltaran galeones por separado, nunca se interceptó una flota entera de Indias hasta 1628. La segunda se perdió en 1656 y la tercera en 1657. Es cierto: en un plazo de uno a dos años siguientes se construyeron 21 nuevos galeones para la navegación atlántica, de entre ellos cabe mencionarse los «Doce Apóstoles», cada uno de 1.000 toneladas. A la vez, entre 1589 y 1591, 235 barcos ingleses cruzaron el Atlántico, causando daños, pero no quebrando el poder español —como a la vista está—; en 1595 murieron Drake en Panamá y Hawkins en Puerto Rico.

Pero en donde el impacto fue mayor, fue en la conciencia colectiva. Ahora, de nuevo, la pluma de Cervantes nos sirve, no tanto como creación literaria, sino como monumento historiográfico (recuerdo la segunda estrofa), esta vez dedicado a «¡Oh España, madre nuestra!». En sendas canciones, Cervantes es uno más de los muchos que escribieron o se lamentaron sobre el destino de su nación:

DEL MISMO, CANCIÓN SEGUNDA,

DE LA PÉRDIDA DE LA ARMADA

QUE FUE A INGLATERRA

Abre tus brazos y recoge en ellos

los que vuelven confusos, no rendidos,

pues no se escusa lo que el cielo ordena,

ni puede en ningún tiempo los cabellos

tener alguno con la mano asidos

de la calva ocasión en suerte buena,

ni es de acero o diamante la cadena

con que se enlaza y tiene

el buen suceso en los marciales casos,

y los más fuertes bríos quedan lasos

del que a los brazos con el viento viene,

y esta vuelta que vees desordenada

sin duda entiendo que ha de ser la vuelta

del toro para dar mortal revuelta

a la gente con cuerpos desalmada,

que el cielo, aunque se tarda, no es amigo

de dejar las maldades sin castigo.

Confusos, no rendidos.

Los ingleses vieron con claridad que la verdadera religión era la suya, que Dios estaba de su lado. Por su parte, de nuevo los vientos de la remoralización soplaron por España. El jesuita combativo antiisabelino Ribadeneira editó su Tratado de la tribulación. Había que ser coherente a la hora de explicar la derrota. Pero ¿qué derrota? Los herejes no habían vencido en batalla alguna, sino que la Armada había sido dañada por la tempestad. Esta había sido mandada por la ira de Dios, provocada por los muchos pecados de los católicos y porque la Empresa no la habían concebido como Dios quería, como una cruzada, sino como una guerra para satisfacer los intereses personales. Tenían que volver a la defensa de la religión y la fe; así vencerían a Inglaterra:

Las causas particulares de aquel azote habían sido la lujuria y la deshonestidad de las personas nobles y principales; el repartimiento injusto de las cargas y gravezas de la república [...] la muchedumbre y maldad de los cobradores [de impuestos].

También alzaron su voz fray José de Sigüenza y un sinfín de visionarios y apocalípticos (Fernández Duro, Maltby, Mattingly y Gómez-Centurión) que sumieron Castilla en una importante crisis de destino, que se vio aumentada por los levantamientos nobiliarios contra el rey en Ávila y Granada; en la manifestación a Palacio de Madrid; en las Alteraciones de Antonio Pérez y Aragón... pero son capítulos de otro tema.

Hubo nuevos planes de invasión: en 1596 partió otra flota hacia Irlanda y una tercera en 1597: las tormentas causaron bajas y daños y sendas flotas no pudieron llegar a su destino. Fueron unos capítulos más de una guerra que se siguió escribiendo hasta 1604, cuando se firmó la Paz de Londres.

Cuando en 1613 aparecen las Novelas ejemplares y de entre ellas, Isabela, la protagonista de La española inglesa, es una niña cautiva en Cádiz por los ingleses (Drake en 1588, Howard-Essex en 1596), cuidada por una criada de la reina Isabel, custodiada por ella misma, enamorada de Ricaredo; cuando en la obrita aparecen católicos camuflados, corsos, turcos, apresamientos, rescates y amor, mucho amor, ¿podría haberla escrito de no haber vivido la gran crisis de 1585-1604? Evidentemente, no. Otra vez, Cervantes aparece como historiador de su tiempo, recreándose en él para dar forma a su imaginación.

Ahora bien, no porque hubiera sufrimiento, hubo huidas. Al contrario. Como botón de muestra, expongo las reacciones del Ayuntamiento de Madrid a aquella situación.

Curiosamente, en primer lugar, he de decir que las referencias a aquellos acontecimientos fueron escuetas; que el término «guerra» solo se usó en todo 1588 en una ocasión, el 12 de octubre de 1588 y que lo habitual era hablar de «Jornada [de Inglaterra]» (4 de julio de 1588; 12 de octubre de 1588) o «Empresa» (12 de octubre de 1588).

Los hechos son como sigue: el 4 de julio de 1588 y habida cuenta de que «habiendo hecho relación el señor corregidor de que el Rey, nuestro señor, se servirá de que se vayan continuando las rogativas y devociones que por su real intención y Jornada de Inglaterra se han comenzado», se determinó exponer en lugar preeminente en San Andrés el cuerpo de San Isidro durante nueve días, en los que habría novena y misa por las parroquias de Madrid. Igualmente, se prepararon procesiones de Nuestra Señora de los Remedios y de la de Loreto.

Cuando llegaron las noticias, el Ayuntamiento no se hizo eco de nada. No hubo rogativas, ni obsequias por los muertos. Antes al contrario, una expresión habla de cómo aquella ciudad (¿cuántas ciudades?) cerró filas junto a su rey porque había que proseguir lo empezado:

El 12 de octubre de 1588, por la necesidad y obligación en que el Rey, nuestro señor, se halla de proseguir la empresa que ha comenzado para castigo y reformación de los herejes corsarios [que] en los años pasados hicieron tantos daños y robos en sus súbditos y vasallos y en otros muchos católicos, como jornada de que tanto nuestro señor se sirve y tanto importa al beneficio de la Cristiandad, y asimismo la que tienen en estos reinos de Castilla como los principales de ella de servirle y socorrerle en otra ocasión y que esta Villa, continuando lo que siempre ha hecho desea ser la primera y servir a Su Majestad con la mayor sazón y más agradablemente que pudiere.

Y aquel memorable 12 de octubre, día de exaltación fervorosa de la unión entre los súbditos y el rey, el Ayuntamiento decidió, aun a pesar del enorme esfuerzo que tenía que hacer, conceder una fabulosa cantidad de 100.000 ducados al rey.

Que esta Villa, continuando su antigua costumbre que ha sido servir siempre a Su Majestad conforme a su gran fidelidad y no a sus cortas fuerzas y caudal y no obstante de ellas y que tiene sus propios y rentas empeñados y acensuados en muy gran cantidad de las pérdidas que ha hecho en las provisiones de pan y otras ocasiones que se han ofrecido del servicio de Su Majestad, por ser esta presente tan importante al de Dios Nuestro Señor y suyo y bien y defensa de la Cristiandad en lo general y en particular de estos reinos, otorga y concede en nombre de esta Villa, vecinos y moradores de ella y de su tierra, partido y provincia, por quien habla en Cortes, que servirá y sirve a Su Majestad para ayuda a lo mucho que ha de mandar gastar en la prosecución de Santa Guerra e intento con 100.000 ducados por una vez.

O el 4 de marzo de 1589,

En cumplimiento de lo que se debe a tan católico celo, los procuradores que nos hallamos aquí servimos a Su Majestad para alguna ayuda de sus muchas necesidades con el servicio ordinario y extraordinario con el amor, voluntad y brevedad que estos reinos lo suelen hacer.

Luego, ya llegaría la nueva negociación de los 8.000.000 de ducados y el impuesto de los Millones y con la discusión, el embrollo de la situación, pero en cualquier caso, lo que siguió ocurriendo no fue novedad, sino continuidad. Como los sucesos de Kinsale. Los súbditos apoyaban al Imperio.

6

DE ORIENTE A OCCIDENTE: MAUROFILIAS, MAUROFOBIAS Y OTROS TERRORES CULTURALES

EL IMPERIO, LA FRONTERA HÚNGARA Y EL AVANCE TURCO-OTOMANO: LOS OJOS AVIZORES DE LOS DIPLOMÁTICOS

El asedio y conquista de Szigetvár, Hungría, de 1566 prácticamente no se trata en la historiografía española. Y verdaderamente es un grave error. Porque el sitio de Szigetvár forma parte de la cadena de enfrentamientos que tuvieron lugar entre los dos imperios en el Mediterráneo. Tuvo una importancia colosal.

El Imperio español, aquella potencia política, diplomática, cultural y militar que se extendía por los dos hemisferios y por todos los continentes conocidos en aquellos años de la segunda mitad del siglo XVI, estaba organizado según una escala de gobierno que se basaba en la delegación del poder soberano por el rey de España en sus virreyes o gobernadores y estos, a su vez, en hábiles pactos con las oligarquías territoriales, intentaban mantener las estructuras locales, pero al servicio de la Monarquía Católica.

Así pues, cada virrey rendía cuentas al rey en Madrid (directamente o por medio del Consejo de Estado o de Guerra), al tiempo que tenía como una de sus obligaciones la de mantener la paz en el territorio que gobernara.

A su vez, cada territorio contribuía a la totalidad, del mismo modo que recibía auxilio de todos, bien en hombres, bien en dinero, bien logísticamente. Ciertamente, los virreyes circulaban de unas partes a otras. Las autoridades intermedias también y, a su manera, las familias locales podían desempeñar cargos de prestigio en la plurinacional estructura imperial. Es el caso del «señor de Chantoné», procedente como su padre y sus hermanos, de Besançon, en el Franco Condado.

En tercer lugar, cada territorio cumplía con una «función» dentro de este entramado. Ni que decir tiene que, por ejemplo, los territorios españoles de Italia eran dos grandes murallas (Nápoles, primero y Sicilia-Cerdeña después) contra el avance turco; también un gran alimento cultural; por supuesto, enormes graneros y así sucesivamente. Al norte de África, las plazas fuertes, o «presidios» del rey de España servían para frenar la «segunda invasión» de la Península Ibérica, que se esperaba impacientemente. Génova proveía de barcos y de capacidades bancarias; Milán era una inmensa plaza fuerte al sur de los Alpes que servía para colocar ejércitos en cualquier punto de Europa en unos pocos días; el Franco Condado y Flandes eran las puertas al mundo septentrional y el cerco permanente sobre Francia. Por tanto, en unas cuantas jornadas, cualquier ejército sufragado por el rey de España podía pasar de Túnez a Bruselas, de Málaga a Génova camino de Viena. Así que el todo daba a cada parte concordia y seguridad. Por ello, cada parte debía involucrarse en el funcionamiento del todo.

Nada de ello nos puede extrañar, pues ¿no era Hungría el Baluarte de la Cristiandad (Tibor Martí, 2015) frente a Bosnia otomana, que era una plataforma para la expansión del Islam, y sus fronteras meridionales un permanente foco de atención entre venecianos y habsburgos para construir allá otra frontera? (Tracy, Balkan wars, 2016).

Con un ejemplo concluyo estas primeras líneas: acabadas las operaciones y volviendo los ejércitos a sus cuarteles de invierno, el 5 de diciembre de 1566 Maximiliano II escribió al gobernador en Milán (Gabriel de la Cueva, duque de Alburquerque), para que alojara y avituallara a las tropas de Saboya que, volviendo de la guerra, regresaban a ese territorio atravesando el Milanesado. (AGS, Estado, 655, 14). Vemos cómo poseer Milán era poseer la llave de las comunicaciones entre el oriente y el occidente de Europa (y entre el norte y el sur).

EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y ORIENTAL VISTO DESDE ESPAÑA

El Mediterráneo se veía desde España como el mar que había que defender porque daba vida a casi todo el Imperio. Pero era temido. Porque o turcos o berberiscos asolaban sus costas en rápidas incursiones en busca de cautivos (enormes recursos económicos en cuanto se cobraran sus rescates) y en menor medida, en búsqueda de materias de consumo. Así, ni Malta, ni la Italia insular, ni la peninsular, ni las España de las Baleares o de las costas de Cataluña, Valencia o Murcia y Andalucía podían vivir tranquilos.

Para acabar con todo este ambiente de inestabilidad y de miedo a hacerse a la mar, el emperador Carlos V organizó la memorable campaña internacional contra Túnez en 1535, campaña militar fulgurante y completamente exitosa, que fue recogida en la literatura, pero sobre todo en el arte, con la famosísima serie de los Tapices de Túnez, de los que se conservan incluso los cartones en Viena.

Y así, se soñó, desde 1535 todo el Mediterráneo oriental sería un mar español y tranquilo. Pero esa felicidad la empañaba una mancha: Argel.

Mientras Carlos V estaba fuera de España, su esposa Isabel le instaba una y otra vez a que organizara una campaña en defensa de sus súbditos españoles, contra Argel. Sin embargo, la preparación de la campaña de Túnez en 1535 se mantuvo en secreto hasta el final. La propia Isabel no conoció el destino de las flotas que se organizaban en Barcelona y Málaga hasta casi el momento de zarpar, porque ella soñaba —insisto— en que cayeran sobre Argel. Pero no fueron sobre Argel, sino sobre Túnez y a Isabel aquella noticia le decepcionó, tal y como se ve en su epistolario publicado por Mazario Coleto. Ahora bien, fallecida en 1539, Carlos V organizó, como un voto a la memoria de su esposa, una gran campaña contra Argel (1541) que, sin embargo, se saldó con un fracaso.

De haberse conquistado Argel en 1541, desde Túnez, Malta y Sicilia, casi todos los territorios del Mediterráneo oriental habrían sido o españoles o aliados de España. La paz, el sosiego, la tranquilidad habrían reinado en esa parte del continente. El Occidente sería más cristiano que el Oriente, sobre todo ahora, que acababa de caer Buda (1541).

Pero no fue así. La gran mancha de Argel permaneció y la estrategia en el Mediterráneo alteró las más felices perspectivas del rey de España. En medio de la «bolsa» mediterránea, quedó enquistada Argel, «puerto universal de cosarios, y amparo y refugio de ladrones» (Cervantes, Persiles, 1617).

Hubo reyes que intentaron superar la grandeza de Carlos V. Y para ello, nada como superarle en sus derrotas. Felipe III intentó, de nuevo, la toma de Argel sin éxito, pero logró Larache (1610) y La Mámora (1614), más al oriente, incluso en el litoral atlántico. Ambas ciudades se mantuvieron bajo dominio español hasta 1689.

En tiempos de Carlos III hubo dos campañas de castigo contra Argel en 1783 y 1784, que culminaron con la firma de un tratado de paz en 1786.

El daño que causaban los argelinos en las costas mediterráneas era constante. En ocasiones, los asaltos han permanecido en la memoria colectiva durante siglos. Es el caso de la isla de Menorca. En su capital, Ciudadela, en la plaza principal hay un monumento a los muertos del asalto y destrucción de 1558. Los nombres de las calles adyacentes aún son un recordatorio de un pasado espantoso: la Plaza del Born, la de los Degollados, del 9 de Julio [de 1558]…

Y mientras todo esto ocurría en un extremo marítimo del Mediterráneo, en la otra punta las cosas no estaban más tranquilas.

Desde Mohacs (29 de agosto de 1526), por poner un momento de referencia, o el asedio a Viena (otoño de 1529), el peligro turco estaba ya en las puertas de la Cristiandad occidental.

También la impotencia de Fernando I, el cual, sin la ayuda de Carlos V, probablemente habría sucumbido al empuje turco. De hecho, en la historiografía española del siglo XVI se ve siempre más a Carlos V en los asuntos del Imperio, que al propio Fernando, al cual se le llega a «olvidar» (Alvar, 2004).

Durante el Imperio de Solimán el eje central de su política fue expulsar a los Habsburgo de Transilvania y devolvérsela a los Szapolyai, concretamente a Juan Sigismund (Pál Fódor, 2015). La agresividad turca cimentó en Fernando I la idea de que en Hungría solo había lugar para la guerra defensiva y aguantar las embestidas turcas (Lajos Rúzsás).

Si brevemente hiciéramos una recapitulación de fechas «históricas», de las que se ponen en los cuadros cronológicos de los libros de texto, nos hallaríamos con una sucesión incompleta: 1526, 1529 (Viena), 1535 (Túnez), 1541 (Argel), 1558 (Menorca), en la que podríamos preguntarnos si hubo algún año en el que no hubiera acontecido nada. Evidentemente no.

Sin embargo, por tierra y en el otro lado de Europa, las embestidas turcas en Hungría arrancaban de 1532, cuando menos. De ser así, ese ciclo de inestable sosiego se alteraría ya antes de 1556, antes del primer asedio a Szigetvár. Tal vez el declive de esos ataques se viera explicado por la proliferación de obras de reconstrucción o levantamiento de atalayas y castillos por toda la frontera, desde esos años y más aún desde 1550-1560, con más de un centenar de construcciones levantadas.

De hecho, desde los ataques a Eger, Szigetvár y Gyula la audacia otomana se fue mostrando cada vez más agresiva, de tal manera que en 1565 Solimán reforzó su apoyo militar a Juan Segismundo, para reforzar el dominio otomano en Hungría.

Si el ambiente era tranquilo, desde 1532 (desde el segundo asalto a Viena), con escaramuzas localizadas, y por lo tanto no había habido expectativas de guerra total, ¿qué ocurrió para la puesta en marcha de estas campañas de 1556 en adelante? Fódor ha vuelto a explicar las opiniones tradicionales, que si un nuevo visir más belicoso, que si el impago de los tributos de paz por los Habsburgo, que si la pasividad bélica del sultán era contestada y para evitar males mayores puso en marcha estas campañas…

En resumidas cuentas: ¿podríamos argumentar que en buena medida la defensa del Mediterráneo oriental era cosa del rey de España cuando fallaran otros actores, como el emperador o los venecianos? La defensa de los territorios imperiales en la frontera húngaro-turca, era cosa de familia, por un lado (los Habsburgo) en alianza con las oligarquías feudales territoriales. Efectivamente, la inestabilidad oriental por la llamada «Guerra de Hungría» (que en España se interpretaba como la fragmentación del reino tras Mohacs entre la Casa de Austria, Transilvania y los turcos), había hecho necesaria la colaboración entre los primos, Maximiliano II y Felipe II.

TOMÁS PERRENOT DE GRANVELA (SEÑOR DE CHANTONÉ), EMBAJADOR ANTE EL EMPERADOR

En este momento entra en escena «mi» personaje, el señor de Chantoné, Tomás Perrenot de Granvela. Fue nombrado embajador ante el emperador en 1565 y la primera carta que escribió a Felipe II desde la capital imperial fue el 25 de abril de ese año. En su azaroso viaje hacia Viena iba tomando contacto con algunos de los asuntos que se iba a encontrar. En efecto, algunas cosas le sonaban; de otras, no sabía nada: «De lo que pasa en Transilvania […] yo no estoy informado de la certenidad [léase certeza] [de las noticias que hay, por lo que] dejo de escribirlos». Este desdén, «dejo de escribir» sobre los asuntos que no sé nada, cambiará en cuanto llegue a Viena y adquiera conciencia de la importancia de lo que ocurrirá a lo largo de 1566.

A finales de febrero se había entrevistado, camino de Viena, en Augusta, durante la Dieta Imperial, con el emperador Maximiliano. Entre otras cosas trataron sobre la movilización de hombres para la guerra de Hungría, o para la defensa de Túnez y La Goleta, y el apoyo de Felipe II. Maximiliano quería que las «plazas de muestra», los lugares en los que se hicieran los alardes de las tropas fueran italianas, mientras que Chantoné le instaba a que fuera en «Alemania». La razón era evidente: si en la primera parada militar no estaba el dinero para los soldados, seguro que habría alborotos.

Esos soldados serían alemanes. Sin embargo, andaba preocupado el emperador porque tal vez algunos señores no los dejarían pasar de unos territorios a otros, si esos territorios eran enemigos, o poco afectos.

Así que Chantoné se desesperaba: si juntar un ejército de alemanes para luchar contra los turcos era complicado, no quería ni pensar qué ocurriría si hubiera que juntarlo para luchar contra los franceses. Además, estos soldados alemanes tenían más ganas de quedarse acuartelados en Italia, que de ir a otro sitio, porque en Italia estaban más cerca de sus casas.

Al final, las «plazas de muestra» fueron Milán y las proximidades de Trento.

Mas el avance turco por Hungría no podía llegar en peor momento ya que en plena Dieta de Augusta, discutiendo sobre la aceptación o no del Concilio de Trento, «los príncipes protestantes dicen que esta vez es forzado quel emperador se resuelva claramente de qué religión él quiere ser, porque quieren saber con quién tratan; y otros dicen que si su Majestad quiere tener ayuda contra el Turco, no piense que haya de ser con que se concedan también algunas cosas que vengan bien a los protestantes. Plegue a Dios que todo se pueda acabar como conviene a Su servicio. No podía venir a mi juicio esta nueva de la venida del Turco en Hungría en peor coyuntura, por lo que siempre he temido…».

El embajador suspiraba tranquilo al ver que Maximiliano se daba cuenta de que la presencia turca sobre Hungría era animada por Francia, por lo que sería muy provechoso cerrar cuanto antes el matrimonio de la archiduquesa Isabel (hija de Maximiliano II y de María, 1554-1592) con el rey de Francia Carlos IX, como así se hizo en 1570.

Y, finalmente, todo indicaba en aquel mes de febrero de 1566 que los preparativos del Turco iban muy en serio; que los venecianos estaban esperando ayudas del rey de España para ver qué hacer; que se avecinaban graves problemas.

Se cumplen los peores presagios.

El 19 de marzo de 1566, todo lo anterior se convertía en una evidente alarma.

CHANTONÉ ANTE «LA VENIDA DEL TURCO»

«La nuevas de la venida del Turco en Hungría se confirman». Las cifras de la movilización del enemigo, escalofriantes: «Se entiende que hayan de ser doscientos cincuenta mil hombres sin los tártaros, que serán hasta cincuenta mil. Trae muchos barcos para puentes además de los que ha mandado hacer y tiene aparejados en Buda».

La incertidumbre del movimiento del ejército turco era notable, pero se sospechaba que «tomará la Transilvania y estas fuentes dan sospecha que quiera correr la Moravia y todo lo que hay de tierra llana y quemar y asolar todo».

Ante la desolación que se presagiaba, «desde ahora toda la gente de aquellas tierras comienza a recoger lo que puede por no dejar más de sus casas […] habrá terrible necesidad en todas aquellas tierras y en las circunvecinas que se abastecen de ellas».

Se sospechaba que los polacos apoyaban al transilvano, pero intentaban avisarles que no jugaran con los turcos, porque si entraran por Transilvania, «ganadas aquellas montañas, Polonia no se puede conservar de ninguna manera». Asimismo, al parecer, algunos señores polacos se habían puesto a las órdenes del emperador, pero este prefería mantenerlos defendiendo Pausonia, abandonada ya por el Vaivoda.

Y si, por una parte estaba en marcha la movilización militar de los turcos, era evidente que la campaña iba a ser implacable: desde Constantinopla se habían mandado espías hacia Augusta, Sicilia, Nápoles, Malta.

Así las cosas, en la Dieta de Augusta, el emperador pidió a los príncipes alemanes 40.000 hombres de a pie y 8.000 caballeros, por ocho meses y la mitad durante otros seis años. Poco le parecía a Chantoné, teniendo en cuenta el tamaño de Alemania y el peligro que se cernía. Pero no podía dejar de informar a Felipe II de que otros se quejaban porque Maximiliano I en 1510 había pedido 500 caballos ordinarios y no los logró; que no tenían en cuenta que ahora Hungría estaba devastada y el Turco sobre ella.

A primeros de abril se mascaba la tragedia. Resulta que las primeras escaramuzas ya estaban teniendo lugar («el Turco comienza a hacer incursión en aquellas partes [¿Austria?], hasta doce mil caballos y cuatro mil infantes, que han llevado algunas almas cautivas…»), moría uno de los coroneles en medio de la muestra de sus tropas, había dificultades en el movimiento de los ejércitos, o empezaba a hacer estragos el miedo. El rey de Polonia «ya da a entender que pidiéndole el Turco el paso para cuarenta mil tártaros, no se lo osará negar»; y en Augusta e incluso Viena o Praga, «es tanto el miedo que acá corre con esta venida del Turco y tanto descaecimiento de los de esta corte, desde que se les ha mandado que se aperciban de armas y caballos, que ya les parece que tienen a los enemigos en casa. De Viena y de por allí huye todo el mundo, como si fuese el asedio muy cierto». Solo parece haber una persona dispuesta a aguantar, que era el archiduque Carlos, pero «el archiduque Carlos no los puede detener, ni esforzar».

Además, el famoso Suendi esperaba que le hicieran general en jefe de toda la gente que fuera a Hungría y el nombramiento no llegaba; y para colmo de desgracias, «los húngaros andan desabridos [en cifra:] muestran no estar bien con el emperador y tienen muy cierta opinión que no se fía de ellos» y concluye que las desconfianzas entre uno y los otros, ya tenían una lección en la historia: «Por tal cosa como esta vino la ruina y muerte del rey Ludovico, tío del emperador» (Luis I en Mohacs).

Hubo un último intento de frenar el avance turco («estos días partió de Comar en Hungría uno que el emperador envía a Constantinopla, mas yo creo que será tarde para poder desviar o detener el designio del Turco»). Pero no había confianza ni para con Carlos IX, ni de «los pocos amigos que Vuestra Majestad tiene en Alemania».

El 3 de mayo de 1566 Chantoné presagiaba una catástrofe: no se sabía cuánta gente se podría movilizar para Hungría; los intereses particulares de los posibles jefes del ejército les hacían rechazar las propuestas imperiales y si habían juntado tres coronelías, se necesitaban unas doce. Todos se excusaban ante el emperador y ninguno parecía darse cuenta de la gravedad de la situación.

Para colmo de desdichas, el vividor del archiduque Fernando de Austria (1529-1595), se ponía al borde de la muerte y su padre estaba convencido de que lo había hechizado su amante Filipina, que así lograba que no fuera a la guerra.

Por fin se cerró la Dieta de Augusta y los emperadores volvieron a Viena. Mientas tanto Chantoné recibía inquietantes noticias de Flandes, pero sobre todo el levantamiento del sitio a Palota, que lo movieron a Lengua. A pesar de ese éxito, el embajador de Felipe II estaba convencido de que «yo no conozco ninguno cerca del emperador que se pueda decir verdaderamente soldado para aconsejar en una tal empresa». El Turco les venía demasiado grande. Si había victorias, se debía a la buena suerte: por información de los espías se supo que la decisión final de levantar el asedio a Palota fue porque unos que iban sobre Lengua avisaron al bajá que venía un inmenso ejército sobre ellos. Resulta que el tal ejército era de unos 400 carros que levantaban mucho polvo, que iban a hacer leña. Por la noche debieron encender fogatas y esto confirmó a los avisadores de que era, en efecto un inmenso ejército. Levantaron el asedio a toda prisa; «ha quedado tan descontento [el bajá] que ha mandado ahorcar a los que le habían hecho la relación del polvo de los carros». Luego, al bajá, por perder Tata, Vesprinio y el ridículo de Palota, le dieron garrote.

Del Gran Turco Solimán el Magnífico se esperaba su presencia en Hungría, aunque se decía que venía gravemente enfermo de gota.

Maximiliano II había empezado con sus cálculos y sus temores: 31.000 peones y 35.000 jinetes. Así es que le faltaban hombres y de los caballeros con que contaba, a excepción de los jinetes húngaros, los demás eran inexpertos. Solo la presencia personal del emperador en el frente podría animar a otros 2.000 caballeros más del duque de Sajonia, pero tardarían aún en llegar a la frontera. Y aunque se esperaban otros 2.000 de Ferrara, el archiduque Carlos estaba con viruelas, y Fernando débil y flaco y apenas se tenía en pie. Esta era la situación que se vivía en los meses de julio y agosto de 1566.

Las escaramuzas continuaban y se comunicaban desde Viena a primeros de julio de 1566. A mediados de mes, el ejército había pasado el Danubio. Chantoné estaba hundido de ánimo: «Tengo mucho miedo de Agria, Yula y Cazovia, que se perderán a la larga no pudiendo enviarles socorro, y también Tocay y Satmar, si no les aprovechan las crecientes de los ríos». Era la crecida de los ríos lo que podía salvar a Hungría.

Se estaba pensando en dirigir el ejército imperial contra Buda, para que Solimán tuviera que ir a socorrerla y debilitarle así en otro lugar. Pero el ejército imperial, con soldados desde el norte de Italia, tardaría en llegar, «y la caballería alemana es muy tardía».

Más al sur, sin embargo, existía una importante fortaleza, Szigetvar, que era un punto estratégico en la defensa del Danubio. Cuando en 1555 Alí Pasha fue nombrado comandante del ejército turco en Hungría, su primera misión fue la de conquistar Szigetvár. Al año siguiente tuvo lugar el primer sitio, que se levantó a las pocas semanas de ser impuesto.

CHANTONÉ Y ÇIGUET

En esta rica colección de informes semanales de lo que acontecía en las fronteras de los dos imperios, la primera vez que se menciona la plaza de Szigevtár es el 13 de julio. Pero el topónimo se escribe fonéticamente, a la española, o la germana: «Çiguet». Fue con ocasión de una escaramuza con un sanjaco que iba desde Bosnia hacia el campamento del Turco. Le asaltaron a él y a su guardia en las inmediaciones de esa fortaleza, ahora ya defendida por el héroe Zrínyi, que no solo defendía la fortaleza y sus castillos adyacentes, sino también sus propias posesiones feudales. (Lajos Rúzsás).

Durante el verano aumentaron las escaramuzas y las preocupaciones. Pero ahora, para el rey de España el problema mayor no era el de la frontera húngaro-otomana, sino lo que empezaba a ocurrir en Flandes, en donde se solicitaba su presencia, como estuvo dispuesto a hacer, pero la muerte del príncipe heredero y la reina en 1568 quebró aquel proyecto. Escribe Chantoné que «hallándome yo solo con el emperador y la emperatriz, me dijo el emperador que había tenido cartas de Flandes y entendido que los de aquellos estados andaban muy mal y que la religión se perdía en ellos y que se predicaba en infinitas partes con mucho concurso de gente y que si Vuestra Majestad difería más su venida [a Flandes] era imposible que aquellos estados no se perdiesen…».

A mediados de agosto, aunque nadie había visto en persona a Solimán, a pesar de los muchos espías destacados, o las gentes que pudieran haberlo encontrado a lo largo del recorrido, se vivía con pavor el movimiento de su ejército: más de 200.000 personas y unos 1.000 camellos. A favor del emperador, la crecida de los ríos, que decían que hacía treinta años que no llevaban tanta agua. El sitio de Yula lo tuvieron que abandonar los turcos (35.000 sitiadores; 5.000 muertos, de los que 2.000 eran jenízaros), precisamente por las aguas.

En esos momentos, Maximiliano marchó sobre Tata pero sin apoyos italianos; el transilvano recibió con los brazos abiertos al turco; el conde Serim, en Çiguet esperaba refuerzos de alemanes que tampoco llegaban: «Yo temo la empresa de Çiguet porque está muy adelante en la tierra de los enemigos y quien quisiese socorrerle habría mucha dificultad de asegurar las vituallas habiendo en el entremedio muchos castillejos de turcos y se dejaría atrás Estrigonia, Buda y Albarragal».

En otro sitio aparecen repentinamente 8.000 tártaros de los que no se tenían noticias de su avance y para colmo de desdichas la aristocracia francesa está preparando una armada para marchar sobre La Florida, al otro lado del Atlántico, de lo que está muy contento Carlos IX porque así se quita de encima a mucha gente «desasosegada».

A mediados de agosto de 1566 el hecho ya era evidente: «Con la resolución que ha tomado de cercar a Ciguel [sic], que si caminara adelante pudiera gastar todo el país y correr hasta aquí [Viena] sin que se le pudiera oponer». Para defender Çiguet habría que hacer un asedio de distracción en otro lugar, pero desamparando otras fortificaciones, así que «muchas veces tengo escrito a Vuestra Majestad que más miedo tengo a la falta que habrá de gente de gobierno y consejo, que a los enemigos» (Lajos Rúzsás).

En resumidas cuentas, para el embajador español, Çiguet era a Viena, o al Imperio, lo que Viena era a la Cristiandad. Pero claro, si al final del sultanato el gran logro era haber conquistado Çiguet, en vez de Viena, por ejemplo, podría parecer un tanto ridículo. Tan es así, que —sigo a Fódor— Szigetvár podría convertirse en el símbolo del fracaso de las ambiciones otomanas de dominar el mundo.

Chantoné fue recibiendo puntuales informaciones de las escaramuzas que hubo en Çiguet, de la gran montaña artificial que prepararon los turcos para poder asaltar desde ella la ciudad —desde la misma altura que las murallas—, del valor y la alta moral de Serim y sus gentes y de cómo habían incluso cogido presos o cabezas de turcos… Todo ello lo redactó para Felipe II el 14 de agosto de 1566.

La situación ya era trágica. El campo de Solimán estaba prácticamente pegado a los muros de Çiguet y hacia allá se había puesto en marcha el emperador, con el cual se iba a reunir el embajador del rey de España. Así de seria era la situación el 19 de agosto de 1566. («Yo llegaré mañana placiendo a Dios, donde está el Emperador y si algo más entendiere lo avise a Vuestra Majestad». Chantoné a Felipe II, desde Palestorf a 19-VIII-1566, AGS, E-655, 57).

Y por fin empezaron los asaltos: el primer asalto «duró […] desde las once de la mañana hasta otro día a mediodía y aunque no pudo ser la pelea muy recia de noche entretuvo el trabajo para que los de dentro no pudiesen reposar. Murieron en el asalto según se refiere, cerca de cuatro mil turcos; no se sabe aún cuántos faltaron a los de dentro». Hasta el Turco en persona se acercó a los asaltantes para darles ánimos. Los de dentro, cuando consideraron que él y su séquito estaban a tiro, dispararon la artillería matando al beylerbey de Anatolia.

La heroica defensa provocó la ira de Solimán: no levantará el sitio —sospechaba el embajador— hasta rendir la plaza. De ser así, «todos los estados del Archiduque Carlos tendrían muy poco remedio». No es de extrañar que fuera Carintia un territorio participante en la guerra de Hungría, como veremos enseguida.

A principios de septiembre se comunicaba a Madrid que los turcos habían intentado ya siete asaltos al burgo de Ciguet, bien defendido por Serim. Pero la confusión de las noticias era grande: había que recibirlas de Çiguet por los correos que sacara Serim, o había que oír lo que se dijera de los alrededores y, sin poder constatar las noticias, darlas por buenas. En ese sentido, por ejemplo, «anoche vino nueva de Boboche, castillo no muy lejos de Çiguet», según la cual, «a los XXVI de agosto los turcos habían dado el asalto a Çiguet y perdido en él mil hombres y que retirándose la gente, salieron de dentro y se llevaron preso al castillo el Hagá [el Ajá?] de los jenízaros». Semejante noticia había dado mucho ánimo en el campamento imperial, pero el prudente embajador mostraba su inquietud, «a mí me tiene en pena porque no se especifica si el asalto ha sido todavía en el burgo, o si ha sido en el castillo», y daba por perdida la plaza porque nunca llegaría socorro suficiente para poder frenar el permanente ataque turco, reiterado y sin descanso. Por lo demás, tomada Çiguet, auguraba Chantoné, nunca se le podrá arrebatar a los turcos.

En los informes siguientes es Flandes la materia que más preocupa al embajador ante el emperador. Pero, no obstante, como está en el campamento imperial, sigue su prolija información sobre el asalto a Çiguet en concreto y las batallas de Hungría en general. El 22 de septiembre de 1566 informaba a Madrid de que durante el desbaratamiento de una escaramuza, se había capturado al sanjaco de Albarragal, «el principal sanjaco que hay en Hungría», y que se le había llevado ante el emperador. Fue interrogado. Declaró que el Turco nunca se movería de Çiguet y que Yula acababa de caer (en el asedio 5.000 turcos muertos, de los que 2.000 eran jenízaros). Curiosamente, como en el campo imperial no tenían noticia de ello, no le creyeron. Sin embargo, unos días más tarde llegaron noticias confirmando la pérdida de la plaza, que aunque había capitulado, «los turcos habían degollado todos los que estaban dentro» a excepción del «Carachil y su hermano» que habían sido los negociadores.

Sin embargo, a los pocos días llegaron noticias de lo que acababa de suceder en Çiguet. El relato es épico, una epopeya: los turcos habían intentado quince asaltos y desde la montaña artificial se veía el interior del castillo, en el que ya no había más de «quinientos o seiscientos hombres» que se defendían heroicamente. De hecho el conde de Serim había capturado al «hagá [sic]» de los jenízaros, lo había empalado y lo había expuesto a la contemplación de los turcos.

El 7 de septiembre hubo un nuevo asalto que duró tres horas, que no pudieron resistirlo los defensores. Murieron todos, excepto el conde:

Siempre peleó y a la fin se hubo de retirar en una puentecilla que nadie se le osaba a llegar, aunque no tenía sino su cimitarra en la mano. El Turco le envió a decir que se rindiese y no se hiciese matar y que se le haría buen tratamiento. Él nunca quiso y al fin mandaron a un jenízaro que le tirase un arcabuzazo por mitad del cuerpo, y lo hizo. Todavía el Conde se tuvo en pies llamando a los otros «perros» y que se le allegasen. Luego le tiraron otro arcabuzazo por el cuerpo y otro en la cabeza. De esta manera cayó y llegaron y se la cortaron y la llevaron a Solimán, el cual como la vio, preguntó si era la del Conde y asegurándole que sí, le increpó: «Corbato, corbato muchas veces te había instado para que me entregases la plaza y no quisiste, ahora me la has dejado y tu cabeza también». Todavía teniendo la valentía del Conde en lo que era razón, mandó traer un tafetán amarillo que se puso sobre la cara del muerto y que la envolviesen en un terciopelo negro y de esta manera pusieron una alfombra en tierra y la cabeza en ella. Después que hubo estado allí un día la enviaron al bajá de Buda, el cual la envió envuelta en un tafetán carmesí al Conde de Salma que estaba en Comar y el domingo quince, viniendo toda la gente de Comar a juntarse con este campo delante de Javerín, la pusieron en un coche cubierto de negro con un terciopelo negro y una cruz blanca y así delante [d]el escuadrón de los húngaros venía el coche hasta la puerta del lugar y había mandado el emperador que hiciesen parar el coche en el campo y que todos los señores le acompañasen con hachas hasta la iglesia y saliese la clerecía. Uno de los principales húngaros que es hereje, entretanto que el emperador remiraba los escuadrones de la gente que venía, dio prisa al coche y llegó a la puerta de la iglesia sin ninguna ceremonia ni acompañamiento y cierto era lástima ver todos los húngaros cómo lloraban [a] este muerto que valerosamente se había habido en todos los asaltos y señaladamente en el de 29 de agosto, que todos los jenízaros dieron y a los 30 todos los […] y 31 todo el campo y en este último de los siete, también se señaló. Y andaba vestido de los más galanes vestidos que tenía de tela de plata y muchos aderezos del cuerpo, no se sabe lo que se ha hecho, mas que por sacarle unos brazaletes de oro, le cortaron las manos.

A tan largo y lacónico memorial siguieron otras cartas en las que se mandaban nuevas noticias, como la de la muerte durante el último asalto a Çiguet de Alí Portum, sanjaco de Rodas, herido en 1565 en Malta, o que si algunas plazas —tras recibirse las noticas de Çiguet— se habían conjurado resistir hasta el final como los de Bobxa, mientras que los de Boboche habían huido de la plaza, presos del pánico. Al parecer, nada más tomarse Çiguet se había empezado a reedificar la muralla ordenándose a los naturales en siete leguas a la redonda que trajeran leña y mano de obra necesaria para la reconstrucción, «so pena de la vida».

Ese informe de 22 de septiembre es muy extenso y casi todo cifrado. Releído con tranquilidad, saltan a la vista ciertos giros, «la pérdida [de Ciguet] ha dado harta turbación en este campo»; «tanto espanto ha tomado a los que tienen a cargo las plazas de la frontera viendo la poca manera de socorrer [que hubo en Çiguet] contra la potencia del enemigo»; «tengo miedo de que ninguna de estas plazas menores [Vesprin, Tata, Boboja, Pata] no querrán esperar al asedio» y se entregarán antes; hay voces que avisan de que el Turco podría dar una «rasa [razia] a la Austria y Moravia»; han llegado noticias de que el Turco «era partido de Çiguet y venía para asediar este lugar de Javerín […] y Comar» y aunque el emperador hubiera levantado el campamento, la pérdida de esas plazas se daba por segura, «si la quisiese acometer [a Comar] no sé cómo se podría socorrer»; podría ocurrir que el Turco entrase para «devastar el país de aquí a Viena, lo cual hecho, toda la frontera se puede dar por perdida hasta allí»; «es grandísima burlería todas estas fortificaciones para el esfuerzo del turco»; y en fin, «no sé si me holgaría que el Turco muriese en esta sazón que podría ser que su hijo por ganar crédito contra la poca opinión que se tiene de él, querría señalarse y continuando esta guerra, no me puedo persuadir que se guardase lo poco que queda de Hungría, ni aun la Moravia y la mejor parte de Austria…» o incluso, «por más fortificada que esté [Viena], si el turco llegase sobre ella, yo tengo como por cierto que se la llevaría en menos de un mes […] plegue a Dios nunca lo acometa el Turco [el sitio de Viena] que si no fuese [roto el documento] esfuerzo universal que todo el mundo acudiese allí con determinación de hacer batalla, la villa se perdería».

Tomada Çiguet, los turcos fueron más allá, penetrando en Austria, defendida por el arrojo del archiduque Carlos.

Y en medio de tal turbación, empezaron a correr extraños rumores: no se sabía si Solimán había muerto o no; se decía que un médico del Turco lo había dicho claramente a un bajá presente en Çiguet; del sanjaco de Estigonia llegaban noticias alarmantes según las cuales la muerte de Solimán se estaba encubriendo. (Chantoné a Felipe II. Desde el Campo, a 5-X-1566, AGS, E-655, 64. «Esperamos cada día nuevas ciertas del ser del Turco, si será vivo o muerto, porque a lo que refieren las espías y renegados que se pasan, estaba desahuciado de los médicos, y en la mosquea [mezquita] que se hizo a Çiguet, según su costumbre para dar gracias a Dios de la victoria, no fue el Turco en persona, lo cual nunca suele dejar de hacer»).

Esa confusión —podríamos decirlo ahora nosotros— confirmaba los presagios escritos por un espía desde Constantinopla el 3 de agosto de 1566, en carta a Felipe II, inédita hasta ahora: «Ayer llegó aquí un jenízaro enviado del campo, con cartas del Gran Turco a la sultana […] con alguna esperanza de poder volver a casa este octubre». Y continuaba el espía sintetizando las cartas que «el Turco estaba bueno y muy alegre porque algunos franceses y pocos italianos se habían pasado a su campo porque no eran pagados ni estimados entre tudescos» y por la gran ayuda del transilvano. Además, este jenízaro decía que «dicen que tienen malísimo augurio de esta guerra por haberse caído la luna que puso sobre la mosquea el emperador que ganó Constantinopla y que por este y otras señas que ven, creen que este Imperio acabará con la vida del Turco», etc.

Cada cosa que se oía era más disparatada que la anterior: «Todo es incierto»; «ayer me dijo el emperador que tenía nueva que el Turco nuevo era muerto», dato no exactamente correcto, pero aproximado: Bayaceto y sus cuatro hijos habían sido estrangulados en 1566, dejando libre el camino a Selim para ser el nuevo Turco cuando muriera su padre.

Tan solo en Viena y a finales de octubre de 1566, cuando Maximiliano II llegó allá, se le confirmó por voz del embajador de Venecia la muerte de Solimán el 5 de septiembre de 1566, dato que hacía lamentar a Chantoné: «De suerte que hemos estado dos mes [sic] sin tener la certidumbre, y aun ha habido de venir por la vía de Venecia y por esta cuenta murió tres días antes de la presa de Ciguet y todavía lo que yo escribí tan particularmente de lo que había dicho cuando le llevaron la cabeza del Conde de Serin era por los avisos que se tenían y como Su Majestad misma me lo contó».

En fin, coincidiendo con el final del año, llegó cierta tranquilidad a aquella parte de Europa (pero no por mucho tiempo): «De Hungría no se entiende cosa de nuevo por ahora, y si los turcos hacen algunas correrías ellas son de poco momento y cuales no dejarían de hacer aunque hubiese tregua».

De las páginas anteriores se puede deducir que: en primer lugar, la correspondencia del embajador Chantoné desde el Imperio pone de manifiesto cómo Hungría era, a los ojos de Madrid, una preocupación o una tranquilidad constantes. Hungría era, en efecto, el baluarte de la Cristiandad.

En segundo lugar: el reino de Hungría disponía de un sistema «funcional» de fortalezas defensivas/ofensivas exactamente igual al de las fortificaciones que se habían ido construyendo en las costas españolas desde tiempos de Carlos V y de Felipe II, o en el interior durante la Reconquista de la península. Torres de vigilancia protegidas por acuartelamientos de diversa capacidad logística, y en su retaguardia y por orden fortalezas y ciudades amuralladas.

Tercero, en cierto sentido se puede ver la situación política entonces doblando un mapa de la Cristiandad, desde el sur de Polonia al Norte de África, y de oeste a este y en cierto modo se pueden ir hallando una correspondencia de acontecimientos ocurridos en tierra, con otros ocurridos en el mar. Así, por ejemplo, la muerte de Solimán y el sacrificio nacional en Çiguet tendrían su respuesta en Chipre y, este a su vez, en un ciclo vertiginoso de sucesos, en Lepanto. ¿Podríamos decir que sin Çiguet no habría habido Lepanto? Desde luego, porque sin avance turco, no habría habido guerra en las fronteras terrestres o marítimas de la Cristiandad, o sitio de Malta (hasta septiembre de 1565), o conquista de Chipre (agosto de 1571).

Cuarto: Solimán dejó a sus sucesores un destino escrito: conquistar Viena, para lo cual Szigetvár era un punto estratégico.

Quinto y último: me parece completamente acertada la opinión del profesor Palffy en su excelente monografía sobre el reino de Hungría y la Monarquía de los Habsburgo, en el sentido de que los cambios habidos tras Mohacs «would determine not only Hungary’s but also central Europe’s history for several centuries». Y es que, efectivamente, si la presencia otomana más allá de los Balcanes tuvo las consecuencias que tuvo, estas no se circunscriben solo a esta parte de Europa, sino que están íntimamente ligadas a los más importantes sucesos bélicos del Mediterráneo. Efectivamente, como Palffy señala, después de 1526 (Mohacs) el reino de Hungría se convirtió en un pieza fundamental de las relaciones internacionales de Europa, recibiendo, además, ingentes cantidades de dinero y hombres y devolviendo a cambio una frontera pacífica. Ciertamente ya los cronistas españoles del siglo XVI que trataron de aquellas fechas, se preocuparon por la situación de Hungría, el baluarte de la Cristiandad y el propio Carlos V tenía destacados tercios en esos territorios, unos 10 a 12.000 soldados españoles, como estudió en su día Zoltán Korpás, aunque microgeográficamente Hungría fuera imprescindible por sus aportes de materias primas, bastimentos, carne y demás.

Y es que, indefectiblemente todos los territorios de un imperio cumplen una función, o en su defecto se abandonan o las relaciones se convierten en un problema. Para esa funcionalidad es obvio que el pacto con las élites territoriales ha de ser efectivo y es lo que intentaron los otomanos con Transilvania y es lo que lograron los Habsburgo con Hungría.

Felipe II quería estar informado de cuanto ocurría en aquella parte de Europa. Así, instaba a Chantoné a que le mantuviera informado de todo lo tratado en el camino de las negociaciones de la Tregua de 1568 entre Maximiliano II y Selim: «Aunque por lo que, en suma, me escribís, he entendido cómo se habían concluido la tregua del emperador con el Turco y las pláticas que sus Embajadores habían tenido con el bajá. Sobre lo que a mí toca, todavía holgaría de ver copia de toda la capitulación y así os encargo que procuréis de haberla y enviármela». El 18 de julio de 1568 Felipe II felicitaba a Chantoné por no haber recibido al embajador del Sultán.

Definitivamente: después de 1526 los cambios que hubo en Hungría definieron a la perfección la fusión, la simbiosis del reino de Hungría con la Monarquía de los Habsburgo por mucho tiempo. O lo que es lo mismo y nos interesa resaltar, el pacto y la funcionalidad (imperial)… funcionaron.

MUSULMANES EN CASA, HASTA LA EXPULSIÓN (1609-1614) Y CERVANTES (¡Y LA GUERRA DE FLANDES!) AL FONDO.

Estas páginas no se pueden entender si no se lee y relee El Quijote, II, LIV y LXIII, publicado en 1615, si no se lee El Coloquio de los perros —publicado en 1613—, si no se lee su obra póstuma con la más bella dedicatoria nunca escrita, el Persiles y Segismunda.

Uno de los acontecimientos de nuestra historia que ha generado más bibliografía es el de la expulsión de los moriscos (¡y qué decir el de la convivencia entre Islam y Cristianismo desde 1492 en adelante!). Además, al calor de las conmemoraciones del III centenario de la expulsión no es de extrañar que proliferaran exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, blogs, webs y libros sobre el acontecimiento. Ello se debe a varias causas: una primera y objetiva, a la trascendencia de tal fenómeno, que interesa cuestiones morales, demográficas, antropológicas, etnográficas... Pero, además de ello, hay otras más bien subjetivas, interpretativas e incluso de comodidad metodológica, o de contestación ideológica, sin olvidarnos de las «patrióticas».

Por ende, de las muchas maneras que hay para enfocar el fenómeno, nos vamos a limitar a exponer el proceso de expulsión, hecho en sí suficientemente grave y complejo como para no necesitar hablar de otros fenómenos.

Un par de decretos de expulsión impresos se pueden ver en la Real Academia de la Historia (4/640, 10 y 11).

1.   A modo de breve recapitulación de los antecedentes: «De aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracias, nací yo».

Hace un siglo y cuarto Manuel Danvila dictó en el Ateneo de Madrid una serie de conferencias que marcan un hito en el conocimiento que tenemos sobre las relaciones entre las comunidades cristiana y musulmana o morisca en España desde los tiempos medievales en adelante. La última de aquella serie de charlas estaba dedicada, de lleno, a la expulsión de 1609. Su punto de partida era claro: los problemas de la convivencia venían de tiempo atrás; a la altura de 1582 arreciaron las propuestas de expulsión y a la altura de 1599, según las deliberaciones del Consejo de Estado, «la cuestión morisca estaba ya resuelta; que ya la suerte estaba echada; que la expulsión había quedado decidida y que lo único que preocupaba al Consejo eran la manera y los términos como la expulsión hubiera de realizarse».

Pero, igualmente, defendía Danvila a los «prelados católicos» que en esas fechas de 1599 reunido el concilio provincial de Valencia, propugnaban la catequización de los moriscos, «que sin dilación se procediese a la instrucción de los moriscos», que se dotara de dinero la campaña, que se nombraran predicadores, que se imprimieran catecismo y que se dotara de recursos humanos, escuelas, cementerios y demás agentes de socialización a las comunidades de Valencia, incluso tirando barrios recién levantados de neoconversos.

Las peticiones del concilio de Valencia fueron avaladas por el rey (por boca de su confesor presente allá) e incluso el 6 de agosto de 1599 se promulgó un edicto de gracia a favor de los moriscos que «abrazando la fe católica [supongo que de nuevo] abjuraban de todos sus errores».

Coincidiendo con esta intención catequizadora, el arzobispo patriarca de Valencia, Juan de Ribera, salió propiamente a evangelizarlos, para estimular a los demás clérigos a que siguieran su ejemplo y dio a la luz el catecismo compuesto por su antecesor Martín de Zabala en 1545.

Entre 1601 y 1602 el patriarca elevó sendos textos en los que hacía ver que los moriscos de realengo, en tanto que vivían en hábitats dispersos, eran más peligrosos que los de señorío, más concentrados. El lector avisado comprenderá que los de realengo eran los castellanos, mientras que los otros, los valencianos. Para los primeros, pedía la expulsión; para los segundos, su conservación. La distinción entre unos y otros la califican Domínguez Ortiz y Vincent, al comentar los dos memoriales como «tan curiosa como absurda».

El segundo memorial, el más duro contra los moriscos «sueltos» (los de realengo), nacía al calor de los ecos de una reunión del Consejo de Estado de 3 de enero de 1602. Nada más empezar ese año, se trataba de los males del nuevo fracaso de Argel (el primero en 1541, con Carlos V; el segundo ahora, en tiempos de imitación del abuelo, en 1601).

No sé si es la primera vez que un fiasco político es «lavado» con un intento de expulsión de los moriscos. Pero lo singular del valimiento de Lerma es que parece que, en efecto, a cada fiasco político va ligada una propuesta de expulsión, hasta que esta se ejecute.

Efectivamente: en la reunión del 3 de enero de 1602 del Consejo de Estado, en la que estaban presentes Lerma, Miranda, Juan de Idíaquez y el confesor fray Gaspar de Córdoba se propuso la expulsión empezando con los de Valencia y luego los de Aragón. Sin embargo, afloraron problemas: ¿qué hacer con los niños, a dónde mandarlos a todos?, ¿y si tomaban las armas?, ¿qué hacer si estaban bautizados?, ¿habría que informar al papa?

En aquella reunión de 1602 Lerma no parecía muy propenso aún a la expulsión, «no se declara en contra, pero pone dificultades y busca dilaciones». La resolución del Consejo fue consultada a Felipe III, que se mostró favorable a la expulsión con un claro «creo que es lo más conveniente».

Ya estamos en 1602 con el rey partidario de la expulsión. La ejecución de la decisión está paralizada por cuestiones formales. Habrá que esperar o buscar el momento propicio.

En las Cortes de Valencia de 1604 no se habla nada trascendente de los moriscos. Por el deceso del confesor, hay cambios en la Capilla y a Pedro de Valencia —discípulo de Montano, cronista real desde ¡1607!—, se le encarga un informe sobre los moriscos, que lleva a cabo al parecer en ¡1606! Viene a defender, cómo no, la asimilación, pero no olvidemos que la primera parte del tratado está dedicada a mostrar los vicios de los moriscos. Asimilación, sí (con deportación y matrimonios consanguíneos) pero no dejarles en su ser actual. Y puestos a elucubrar sobre problemas, no olvidemos que el tratado de este cronista real nunca se publicó. Y que el cronista real escribía a favor de la asimilación cuando aún había que hacerlo y… calló después.

Con gran tino sentencian Domínguez Ortiz y Vincent (1978, p. 169), «[política] más fácil de proponer que de realizar», la de la asimilación.

Ambos autores dejan claro que, en esos momentos no había «general clamoreo» solicitando la expulsión. Son tajantes: tal «era inexistente; ni las Cortes de Valencia, ni las de Castilla reclamaban la expulsión; ni hay memoriales de ciudades pidiéndola», ni aun de los arbitristas. Aunque se reclamen medidas a veces, nadie propone «su erradicación de nuestro suelo». Era, en sus palabras, «ambiente de contemporización» con algunas excepciones.

De hecho la Junta de Tres, de enero de 1607, seguía propugnando la «instrucción» realizada por sacerdotes doctos que serían los únicos capaces de convertirlos. Es más, se propugnaba darles libertad de emigración a Berbería. Nuevamente en el otoño de 1607 volvían a exponer sobre todo la necesidad de la catequización, usándose argumentos hasta entonces nunca usados (que se sepa): si había misioneros en China e incluso Marruecos, ¿por qué no los había «en casa»?

Todo eso es cierto, como cierto es también que sus convicciones eran más bien frágiles porque el 30 de enero de 1608, es decir, a los tres meses del debate anterior, el Consejo de Estado se determinó a favor de la expulsión. Algunas voces, como la de Javierre, eran más partidarias de echar los restos en una nueva catequización (de hecho se puso en marcha con una junta de teólogos trasladada a Valencia); otras voces, por el contrario, veían en ello un nuevo esfuerzo inútil. Javierre murió el 2 de septiembre de 1608. En medio de las turbulencias políticas la muerte de Javierre libraba un obstáculo en el proceso de expulsión: la expulsión no fue animada, ni auspiciada por la Iglesia. Javierre, que era el confesor real, estaba en contra (Lomas Cortés).

He ahí uno de los problemas inmanentes a la convivencia entre musulmanes (ya herejes porque estaban bautizados), cristianos nuevos (llamemos así a los bautizados y evangelizados), a los sincréticos procedentes de la tradición musulmana y a los cristianos viejos (por cierto, todos pecadores, e incluso algunos blasfemos y con dudas de fe): ¿era posible la asimilación?; o en términos sociológicos actuales, ¿es posible el proceso de trasculturización de una tan gran comunidad de sujetos procedentes de otra cultura e incluso de otra religión «enemiga» de la de la mayoría?

¿Todos los que propugnaron la evangelización, la asimilación, «a tiempo» o a «destiempo» (si es que los puede haber), creían en ello o estaban haciendo algún brindis al sol, buscando participar en grupos de presión o poder.

2.   La corte, las Navidades de 1607 y algo más: «Celadores prudentísimos tiene nuestra república».

En su día dediqué atención a lo que venía ocurriendo por la corte desde la Navidad hacia el Año Nuevo de 1607. Entonces, con la detención de los validos del valido se puso de manifiesto que se acababa de desatar una crisis política sin precedentes contra Lerma. Todo el año de 1607 y ahora el de 1608 iban a ser años de gestos, decisiones políticas altisonantes y otras medidas que pusieran de manifiesto que el privado del rey seguía disfrutando de su favor y que si alguien lo ponía en duda, que se atuviera a las consecuencias. Son, pues, dos años de crisis institucional y política que de alguna manera se habría de saldar. Y Lerma apostó —¿miserablemente?— fuerte para mantenerse en el poder.

El primero de los grandes acontecimientos que se sucedieron entonces fue la detención de Alonso Ramírez de Prado y de Pedro Franqueza en Madrid. El proceso que más despertó la admiración popular fue el de este. Se inventarió su casa: 3.044 entradas de bienes. Franqueza tenía de todo. Había robado a espuertas y tenía papeles del Consejo de Hacienda. Sabía mucho. Muchos le debían mucho. Más de uno debía de estar asustado con que le tomaran declaración. Fue trasladado a Ocaña y el juez Fernando Carrillo se fue para allá a tomarle declaración a finales de diciembre de 1607. En diciembre de 1609 se dictó sentencia contra él: el juez le imputó 474 cargos de corrupción, nepotismo, malversación y eso que hoy llamamos blanqueo de dinero.

El otro suceso fue la visita a don Rodrigo Calderón. Recibió una advertencia judicial en 1607, aunque Felipe III le exculpó de cualquier sospecha de prevaricador. De momento, Calderón paralizó los ataques contra él, que no fueron pocos. Aún tardó en ser detenido: 20 de febrero de 1619. Dicho sea de paso, uno de los argumentos de su defensa cuando se le expusieron los 244 cargos contra él por corrupción, fue el de decir que si había sido absuelto en 1607, ¿cómo volvían a abrirle juicio ahora sobre cosas ya sentenciadas a su favor? La historia suena.

El tercero de los acontecimientos que tuvieron lugar entonces fue el «Medio General» de 1607, o en otras palabras, la suspensión de pagos de 27 de noviembre de ese año. Fue el presidente de Hacienda quien lo comunicó a los hombres de negocios y a los asentistas. Él fue la correa de transmisión de lo determinado por la Junta Grande de ministros reales y religiosos. El rey mandaba la suspensión del pago de los 12 millones que les debía. Se abonaría un millón al año con el que ir pagando principal e intereses durante 19 años. Los intereses se establecerían al 5 por ciento. El dinero saldría de los 400.000 ducados concedidos por las ciudades en servicio ordinario y extraordinario y los otros 600.000 de otro servicio concedido por el reino de 2,5 millones. Los Fúcares —alcanzados en 1,2 millones de ducados— querían permanecer al margen de la negociación conjunta y ser exceptuados de la suspensión de pagos. Las negociaciones debieron de ser arduas. También quedaron al margen de la suspensión algunos otros genoveses, los Espínola y los Centurión. En mayo de 1608 se publicitaba el Medio General, la proclama del acuerdo de reconocimiento de deuda: a los banqueros cosmopolitas se les debían 12 millones de ducados, ciertamente. Dentro de cuatro años se volverían a revisar las cláusulas del Medio General. Los banqueros aceptaban prestar 3,5 millones de ducados al rey. Se destinaría sobre todo a desembarazar a la Real Hacienda de juros y deuda pública. La corona, a cambio, les daba en adehalas hasta tres millones.

A finales de 1607 hubo otro decreto que afectaba a la vida cortesana, esencialmente un decreto de incompatibilidades, que podríamos decir hoy.

En medio de tanto bullicio y confusión, Lerma presentó la dimisión a Felipe III, que no se la aceptó. Y Lerma respondió al rey con la organización de un gran acto público y político que acallara rumores: el 13 de enero de 1608 se proclamó a Felipe de Austria como príncipe de Asturias en los Jerónimos de Madrid. Fue una fiesta muy sonada.

Pero en febrero de 1608 el presidente del Consejo Real de Castilla, el conde de Miranda, dimitió y se retiró a sus estados. Decía que andaba mal por la mucha edad. Fue reemplazado en el oficio, pero su sucesor murió en el verano de 1608. Don Juan Bautista de Acevedo dejaba vacante ese cargo y el de inquisidor general.

A lo largo de ese año de 1608 muchos apuntaron fenómenos extraños, torbellinos a destiempo, aguaceros e incluso lluvias de sangre. El gran cronista Cabrera de Córdoba les presta atención. Por Valladolid y Madrid aparecieron pasquines contra Lerma, al que se acusaba, entre otras cosas, de haber usurpado la voluntad del rey. El rey y el valido viajaban juntos y solo veían a Su Majestad quienes eran autorizados por Lerma. También corría la voz de que se estaba acorralando al valido, que su vida y su fortuna podían estar en peligro.

Y entonces el político ciclotímico, que había empezado a delegar poder en su hijo, porque tenían un concepto del poder como algo patrimonial, empezó a dar golpes audaces.

3.   Audaces golpes políticos desde el verano de 1608 hasta abril de 1609: «España cría y tiene en su seno tantas víboras como moriscos».

Precisamente, el 15 de julio de 1608 se da permiso al archiduque Alberto (gobernador de Flandes) para que inicie conversaciones para lograr una tregua. No se sabe en qué depararán, pero se vuelven a poner en marcha. Al fin se llega a unos preliminares, el 9 de abril de 1609 y se solicita la ratificación del rey de España, con fecha límite de 9 de julio de 1609.

En efecto, el 9 de abril de 1609, en Amberes, los delegados de España, Flandes y las Provincias Unidas y los mediadores de Francia e Inglaterra firmaron la Tregua en el ayuntamiento de la ciudad. Cuatro días más tarde la rubricaron los gobernadores Alberto e Isabel Clara Eugenia y los Estados Generales.

Felipe III, atormentado por su conciencia, no quería firmar, no quiso firmar hasta el 7 de julio de 1609, hasta unas horas antes de que acabara el plazo fijado por los interlocutores. Se llevaba hablando desde el principio del reinado de cuatro soluciones: realizar un gran esfuerzo bélico; alcanzar una tregua; seguir como hasta el momento; abandonar Flandes (Paul Allen, 2021). Intentos de meter más y más dinero acababa de haber, por ejemplo, con formidables desembolsos por parte de Ambrosio de Espínola y con sonadas victorias militares; por otro lado, la situación angustiosa de hacer sin hacer, o el seguir como se estaba, era exasperante y a nadie convencía. Abandonar Flandes solo se podía argumentar si no se entendía nada de la geoestrategia europea, porque desde Flandes se miraba al Mar del Norte, y se advertía a Francia. Irse de Flandes era replegarse en el Sur. Por tanto, había que buscar, en medio de tiempos de fuerza militar, una tregua (no una paz) honrosa.

Es interesante ver a Felipe III deseoso de dar un escarmiento militar, de superar a su padre en alguna hazaña bélica. Motivos no le faltaban, pues en sus días su Imperio era el más poderoso de la faz de la Tierra. Para entendernos en dos palabras, parece una comunión de intereses entre Felipe III y Espínola —por un lado— y del archiduque Alberto y Lerma —por el otro—. ¡Pero Felipe III quería emular a su abuelo y superar a su padre!

Aun a pesar de las victorias militares, que se suceden en 1605, el desembolso está siendo tan ingente que la sangría no cesa. Por ello, en abril de 1607 se firmó un primer armisticio, que quiso la mala fortuna que se rubricara el mismo día de la batalla de Gibraltar en la que una flota holandesa atacó a la que estaba fondeada en puerto. El resultado del combate fue incierto. El almirante holandés murió en la refriega y las pérdidas fueron notables para ambas escuadras. Pero esta vez tampoco terminó el poder naval español.

El caso es que ese era el ambiente justo antes de la bancarrota y de la crisis política de estos dos años. Y así se estaba saliendo de ella.

Todavía en febrero de 1608 el duque de Osuna, partidario de la guerra a ultranza, preparaba un memorial a instancias del propio rey. El tiempo iba pasando con las dinámicas que mostramos, con las opiniones divergentes que se están consolidando. El archiduque manda a Madrid a su confesor y quiere más dinero. De lo que requiere, no se le puede mandar ni el 10 por ciento. Al rey el Consejo de Estado le está comiendo la moral cada vez más: si a mediados de febrero se despacha al confesor con instrucciones de que Alberto pueda negociar la tregua, en menos de dos semanas las opiniones cambian y recambian. Esta vez es la pluma de Cabrera de Córdoba:

Después del Consejo de Estado que se tuvo en presencia de Su Majestad, del cual se dijo había salido resolución que se volviese a continuar la guerra en Flandes, vino correo de allá y se volvió a tener otro Consejo delante de Su Majestad y […] se mudó el parecer, en admitir suspensión de armas por diez años en mar y tierra.

El 9 de abril de 1609 se firmaron los acuerdos en Amberes. Felipe III tenía de plazo hasta el 9 de julio para ratificar esa firma. Lo hizo el 7 de julio.

Eso fue así. Como lo fue (y lo he recordado antes) que en la reunión del Consejo de Estado de 30 de enero de 1608 se había discutido sobre la conveniencia o no de la expulsión. Este era el ambiente político. Más complejo que una mera coincidencia, aun con ser esto cierto.

4.   Consejo de Estado de 4 de abril de 1609: «Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos».

En la reunión del 4 de abril de 1609 el Consejo de Estado apoyó la decisión que rondaba en la cabeza de Felipe III. Se conserva el acta de aquella sesión y, por lo tanto, no hay que seguir la subjetividad de ningún cronista.

¿Coincidencias de fechas? ¿Meras casualidades durante la acción de gobierno de Lerma?

Desde luego, no podemos pensar que la decisión se les ocurrió de repente en esos años. Desde que Danvila y Collado en 1889 publicó su La expulsión de los moriscos españoles, no se puede creer en la espontaneidad de la decisión. Había voces en pro de tal decisión; las había en contra; hubo dilaciones en tomar la última palabra.

En la reunión del 4 de abril de 1609 habló el secretario Andrés de Prado para exponer ante los consejeros «las causas que hay para tomar la última resolución con los moriscos» de la Corona de Aragón. La gota que había desbordado el vaso había sido que Muley Cidán había tomado Marruecos y Fez y que le habían apoyado moriscos de España animándole a que «vuelva sus fuerzas contra estos reinos». Para ello podría contar incluso con la ayuda de herejes holandeses.

Los moriscos españoles, siguió informando el secretario, habían mostrado con reiteración su obstinación en permanecer «en la maldita y abominable secta de Mahoma» y en seguir actuando para conseguir la perdición «de esta Monarquía en cuya conservación consiste el resto de la Cristiandad». Continuaban los argumentos en similar tono.

En conclusión, había que tomar ya una resolución. Esa determinación se podía asentar en dos cuestiones esenciales: «De más del agradable servicio que en esto se hará a Nuestro Señor, se ganará mucha reputación»; aún más, «se cortará el hilo a los dañados pensamientos de los enemigos de nuestra santa fe y de otros que aunque cristianos odian y aborrecen mortalmente la grandeza de Vuestra Majestad». La determinación nada tenía que ver con causas internas, o al menos eso no se exponía abiertamente: era una cuestión de prestigio y de lo que hoy se llaman «relaciones exteriores».

Debió hacerse el silencio. Luego, se volvieron a distribuir informes entre los consejeros, se oyeron —otra vez— las opiniones de Pedro de Valencia, e incluso se desempolvaron actas de las sesiones anteriores (las «dichas consultas»). Pasado el tiempo necesario, ¡el que fuera!, para volverse a hacer opinión, tomaron la palabra uno a uno los consejeros.

El comendador mayor de León (Juan de Idiáquez) habló de estar bien informado y de que tenía «temor» según evolucionaban los acontecimientos, por lo que veía necesaria «la última resolución y vencer las dificultades». Él, que había servido a Felipe II conocía los peores presagios que se venían dando desde entonces por diversas vías y por ende, creía que si no tomaba alguna decisión definitiva «temía ver la perdición de España», porque sentía todo amenazado. Así que, arrobados los demás consejeros, su largo parlamento continuaba estructurándolo en tres partes: «Lo que se ha de hacer», «por dónde se ha de comenzar» y «cuándo y cómo se ha de ejecutar». En efecto, habló de «inminente peligro» porque «esta gente va creciendo en número y obstinación». Cuentan con el apoyo indirecto de otros príncipes cristianos, por lo que es necesario ya ejecutar la decisión. Lo primero que habría que hacer era manifestar arrepentimiento por no haberlo hecho antes y desde luego, ser conscientes de que con campañas como la de Argel o Larache no se acababa con el problema, porque eran batallas localizadas. Había que aplicar otros remedios. De los que se habían manejado en tiempos anteriores, muchos de ellos, por unas u otras razones, se manifestaban inútiles, innecesarios e impíos (al margen del lenguaje académico, las bestialidades que se les ocurren a algunos no representan a la generalidad del género humano). Se empezaría por los moriscos de Valencia «que son los que muestran mayor obstinación y desvergüenza» y movilizando a las milicias y dando órdenes precisas, además que se aperciba a los virreyes de Italia para que estén aprestadas las galeras por si acaso intentaran los turcos ayudar a los de España: el concepto de Italia como frontera imperial es clarísimo. Con respecto al cuándo es también claro: cuanto antes, a la vuelta del verano y rápidamente. En conclusión, la larguísima exposición de Idiáquez concluía con las ventajas de la expulsión: «Vuestra Majestad hace un servicio muy agradable a Nuestro Señor», además «libra a sus reinos de tan gran peligro» y «quita a los enemigos la ocasión de ofenderle». Por tanto, hay que ofrecer el servicio a Dios, por medio de «oraciones secretas», con discreción, «sin que se entiendan la causa particular por qué se hacen».

El segundo en hablar fue el marqués de Velada que, excusándose en que no conocía los papeles de otros tiempos, no tenía casi nada que decir, salvo que le parecía muy bien y que se revisase si los moriscos repartidos (después de la segunda sublevación de las Alpujarras de Granada) estaban en sus lugares o no y otras consideraciones ambiguas.

Lerma instaba a que se dejara ya de hablar del tema de la conversión, que «es cosa vana y sin fundamento». Por su parte proponía tener apercibidos a los virreyes, mantener la imagen de una campaña sobre Larache y no ofrecer síntomas o pistas que mostraran qué es lo que se iba a hacer. Así, por ejemplo, continuar la catequización o para saber cuántos moriscos había comoquiera que no entraban en las milicias locales, mandar a las autoridades algún alarde que les permitiera informarse. Se escribirá al virrey Caracena para ver en qué estado se halla la milicia de Valencia (que mandó constituir el propio Lerma), reforzar los puertos de Valencia, poner en alertas las guardias y levantar algunas compañías, etc. Se les deberá echar a todos juntos. Por ello, apoyaba la propuesta de empezar por los valencianos. Las galeras de Italia servirán para cubrir Valencia y las de «España», para cubrir Andalucía. Con respecto a los niños, sobre los que en aquella sesión se dijeron también crueldades infinitas, proponía Lerma que se quedaran los de siete años abajo para educarlos en la fe cristiana. Y aunque su plática continúa, no quiero dejar de tomar una frase del principio de su intervención:

Cuando bien se haga la tregua con los rebeldes le acudirán [al rey de Marruecos] para adiestrar y poner su milicia en buena disciplina y ayudarle con lo que quiera intentar contra Vuestra Majestad.

Siguieron las intervenciones del cardenal de Toledo (el tío de Lerma), el condestable de Castilla, el duque del Infantado y la del conde Alba de Liste. En poco o nada vinieron a desdecir las anteriores. En todo caso a debatir algún punto menor, pero fundamentalmente a apoyar la expulsión, a hacerla en otoño y a manifestar que en sus cabezas Italia era el adarve del Imperio y las milicias de Castilla las fuerzas internas que se podían destinar a un punto u otro en caso de necesidad.

En la sesión de 4 de abril de 1609 se ratificó la voluntad de enero de 1608 (obstaculizada por Javierre): se decidió la expulsión y también se delinearon los trazos maestros del procedimiento.

Con la expulsión, la exaltación de Felipe III podía llegar a su apogeo. De hecho, entre 1608 y 1610 hubo todo tipo de exclamaciones en honra y favor del monarca (Lomas Cortés).

Podríamos dar paso ahora a otros cuatro personajes: a don Agustín Mejía (consejero de Estado, pero sobre todo avezado militar desde la campaña de Túnez de 1574 y sobre todo en Flandes) que se haría cargo de las operaciones por tierra; don Pedro de Toledo Osorio (marqués de Villafranca) que se encargaría de la coordinación de los movimientos de las flotas; don Luis Carrillo (virrey de Valencia, marqués de Caracena) y Juan de Ribera (arzobispo de Valencia).

Poco antes del verano se habían dado órdenes a muchos mandos militares para que acudieran a sus puestos, se había decidido que la salida se haría solo por mar, se había ordenado que las galeras de Italia levaran anclas hacia la península… en cierto modo se podía decir que se había diseñado la organización previa de la expulsión.

5.   Decisión y secreto: «¡Vuelvo a decir; vayan, vayan, señor!».

Obviamente, Lerma y los consejeros involucrados en ello hicieron un ímprobo esfuerzo por mantener en secreto todo lo que se estaba preparando. No busquemos extraños argumentos a la acción disimulada o callada. Cualquiera en sus cabales habría actuado igual. Lo absurdo habría sido hacer públicas las intenciones a la salida de la reunión del Consejo de Estado de 4 de abril de 1609. Como era acostumbrado, se insinuó que se iba a hacer algo, para camuflar así los movimientos de personas, correos, avituallamientos y chirriones o tropas que se fueran a hacer. En esta ocasión, se corrió la especie de que se preparaba un ataque a Larache. A nadie extrañaría.

Como a nadie extrañaría que se organizara alguna fiesta áulica, por ejemplo en Lerma, con ocasión de algún natalicio regio y que camino de la villa ducal o a la vuelta, el rey parase en Segovia. Y ya que el rey estaba en Segovia, o el duque en Lerma, a nadie extrañaría que allá acudieran los cortesanos de ordinario y otros personajes extraordinarios a tener audiencias con Su Majestad o a entrevistarse con algún privado, ministro, consejero o secretario. ¡Y tanto que fue así! La reina fue a Aranjuez. Parió. Hubo fiestas en Lerma y jornada real a Segovia.

Como pone de manifiesto Lomas, a partir del 24 de julio hubo una serie de reuniones trascendentales. Algunas de ellas servían para sancionar acuerdos entre Lerma y personalidades del momento, apalabrados en la villa ducal en aquel intenso final de la primavera, inicio del verano del 1609 en el que se tomaron las decisiones logísticas de todos conocidas.

Todo iba a funcionar sin sobresaltos. Mejía hizo ver sus preocupaciones y sus exigencias (todo lógico, dentro de una negociación de poder de estas características). No era un cualquiera: en Flandes, de no haber sido porque Espínola autosufragó parcialmente sus ejércitos, el mando militar de los tercios —cuando se vio la inutilidad del archiduque Albero— habría recaído en Mejía. Pero para evitar celos, recelos y otros choques de egos, se le retiró con toda honra dándole un puesto en el Consejo de Estado en 1604.

A veces nos preguntamos cómo es posible que se llevara a cabo el embarque. La respuesta tiene varios apellidos, cuya experiencia en el movimiento de tropas, lo explicarían todo o casi todo: uno de ellos es Mejía.

Si ahora pudiera volver a haber algún roce entre el maestre de campo y el virrey, todo quedaba resuelto a gusto de Felipe III (por lo menos): Mejía era el responsable de la operación militar, y el virrey, aun cuando era capitán general del reino, tenía órdenes de no abandonar Valencia para garantizar la gobernación del territorio. Así son las cosas, el modelo de Flandes (que había expulsado a Mejía de allí) era el que beneficiaba ahora a este personaje. A nadie se le iba a ocultar que la gestión práctica y cotidiana de la operación militar era cosa del maestre. Tan cosa suya que «la caja de la expulsión [la administración del ingreso y gasto] estuvo indisolublemente ligada al mando del ejército» (Lomas Cortés).

Pensándose que de esta manera quedaban solventadas las peculiaridades del mando del ejército, se mandó a Mejía al Levante para realizar una supervisión de las fortificaciones de la península.

Por su parte, el marqués de Villafranca [del Bierzo] don Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (Nápoles, 1546-Madrid, 1627) era otro de aquellos cientos de militares y políticos que nutrían el plantel de los cargos de la Monarquía y que habían madurado al calor de altos cargos de responsabilidad. Sexagenario ya, se hacía cargo del mando de todas las escuadras que iban a tomar parte en la operación. Suyas iban a ser las grandes decisiones, entre otras, la selección de los puertos de embarque. Su flota, la de «las galeras de España» atracarían en Los Alfaques y los soldados se dirigirían a sellar los puertos secos de Valencia con Aragón y Cataluña y a vigilar la sierra de Espadán. La segunda flota, de «las galeras de Nápoles» mandada por el II marqués de Santa Cruz (también nacido en Nápoles, en 1571) se amarraría en Denia y su tercio iría a Jávea y Benidorm. Finalmente, la «Armada del Estrecho» abandonaría momentáneamente su vocación atlántica y ocuparía, más al sur, Alicante. Al mando de esta armada y sus soldados iba don Luis Fajardo y Requesens (1579-1631), IV marqués de los Vélez.

Tan pronto como los soldados pusieran pie a tierra, pasarían al mando de don Alonso Mejía. Decidido, pues, en abril de 1609 en el Consejo de Estado que habría expulsión y que empezaría por los moriscos de Valencia, a finales de julio todo parecía estar dispuesto.

Por ello, el día 30 de julio Felipe III firmó sus comunicaciones desde Segovia a Valencia (e incluso a Génova). Al marqués de Caracena, don Luis de Benavides, se le comunicó la que se avecinaba. Igualmente, se le indicó que advirtiera al virrey de Mallorca, don Juan de Vilaragut, que iban a llegar las escuadras desde Italia y que se debían cortar las comunicaciones de las islas con la península para que no saliera ningún aviso de semejante concentración de naves y ejércitos.

A los pocos días, el 4 de agosto, se envió por separado a Villafranca y a Mejía a Valencia. Villafranca estaba resolviendo litigios personales en Madrid. Felipe III mandaba a Mejía con los documentos esenciales exponiendo la decisión y estrategia de la expulsión para que hiciera entrega de ellos al virrey Caracena y al arzobispo Ribera.

De entre las instrucciones que se les daba, se podría destacar que Caracena habría de hacer pública la expulsión y que Ribera debería decidir qué hacer con los niños.

A primeros de agosto, Mejía, que se había desplazado a Lerma para retirar el dinero necesario para efectuar los pagos, se encaminó a Valencia. Por su parte, Álvarez de Toledo lo hizo desde Madrid camino de Denia, un par de semanas más tarde.

Comoquiera que Mejía entró en Valencia el 20 de agosto so color de visitar las fortificaciones del Levante y que el día 21 se entrevistó con Caracena, es definitivo: el 21 de agosto Caracena recibió todas las informaciones y noticias de la comisión de Mejía y de lo que había que hacer.

Lógicamente, conforme pasaban los días aumentaban los rumores. Porque, aun a pesar del secreto, la movilización de milicias en Castilla, o el ver galeras en lontananza, o cualesquier otras anomalías en la vida ordinaria desataba los bulos.

El 22 de agosto hubo una primera reunión entre Caracena, Ribera y Mejía. El día 26 tuvo lugar la segunda. Al parecer en ella se expuso con toda crudeza el problema de qué hacer con los niños. Y dudaron. Mucho y durante mucho tiempo. Al principio el arzobispo fue partidario de que se pudieran quedar para ser cristianizados los críos de cuatro años arriba; luego, a partir de los diez y que los menores se fueran con sus padres. Caracena propuso a Felipe III que se quedaran los huérfanos. En todos los informes planea el mismo problema: «La real conciencia». Al final la decisión que se adoptó fue la de no permitir la salida de niños menores de diez-once años.

A finales de agosto de 1609 en Valencia no se sabía bien la causa de tanto trajín. Una semana más tarde, a raíz de una reunión habida en Denia entre Mejía y Villafranca, los movimientos de galeras por el Mediterráneo y sobre todo desde Barcelona, el movimiento de las guardas de Castilla o el amarre de la Flota del Estrecho en Cartagena, animaron todo tipo de rumores.

A mediados de septiembre los rumores eran de tal porte que aristócratas valencianos habían pedido audiencia al virrey; que algunos moriscos habían huido a las montañas; que a otros los habían asesinado, que el malestar empezaba a agitar la tranquilidad. Caracena dio un bando por el que se advertía de graves penas contra quienes alteraran la vida de los moriscos.

De hecho, el 5 de septiembre la nobleza valenciana designó una comisión para entrevistarse con el virrey. Le iban a expresar su apoyo al rey, pero también su extrañeza por los rumores de todo tipo que corrían y desde luego, su queja por no haber sido movilizados, como brazo militar de Valencia que eran, junto a los demás. Recibieron buenas palabras de Caracena. Unos días después, volvieron a reunirse los nobles para seguir sus pláticas. Pero mientras tanto, algunos aristócratas valencianos se pusieron junto al marqués de Denia y al rey para ofrecerles su lealtad.

Mejía y Caracena estaban listos para empezar la expulsión: solo había que esperar a que Villafranca avisase de que todo estaba en orden.

Y así, a finales de septiembre de 1609 todo parecía estar listo. Y lo que no estuviera perfectamente coordinado, se dejaba al albur de la experiencia en la resolución de problemas sobre la marcha.

A mediados de septiembre empezaron los desembarcos de las escuadras española e italianas en Los Alfaques y a partir de entonces, en menos de una semana, en los demás puertos previstos. Empezó el desembarco de los soldados. Al otro lado, en la raya con Castilla, las guardias estaban apostadas desde mediados de julio y la atravesaron en septiembre pasando inmediatamente a las órdenes de Mejía.

Una vez que las escuadras estaban fondeadas y los efectivos militares se habían distribuido por el reino de Valencia, el virrey Caracena pudo hacer público el decreto de expulsión.

6.   Valencia, 22 de septiembre de 1609 y el virrey Caracena: «El pregón y bando que Su Majestad mandó publicar contra los de mi nación puso terror y espanto en todos nosotros».

Esto tuvo lugar el 22 de septiembre simultáneamente en Vinaroz, Valencia, Denia y Alicante. Dos respuestas sociales siguen llamando poderosamente la atención: por un lado, la aceptación de la voluntad real por parte de la nobleza valenciana. Era la más perjudicada —desde un punto de vista económico— y sin embargo, apenas se movilizó en contra. Pero lo que ha resultado más sorprendente siempre ha sido que el destierro (previsto de unas 100.000 personas) no suscitó apenas movimientos en contra entre los afectados. De hecho «el interés de muchos moriscos por hacerse cargo del importe de sus fletes» aceleró los embarques y que entraran en concurso también otros puertos, como los de Valencia, Moncofa y Villajoyosa.

En las semanas siguientes hubo embarques, salidas de navíos reales o de particulares fletados por los moriscos, que iban cargados —hacia Orán—, regresaban vacíos y tenían lugar las segundas y terceras embarcadas, desde los puertos señalados. Pero conforme se iba aproximando el otoño, el Mediterráneo avisaba de que la operación debería ir acabándose.

Y si el mar advertía por un lado, por el otro empezó a sentirse la presión de la rebelión: entre octubre y noviembre de 1609 se sublevaron los moriscos de las sierras de Laguar y Cortes. Según se tenían noticias de más descontentos, más prisas había en el embarque.

Los moriscos de la sierra de Laguar tenían que embarcar por Denia y Alicante. La sublevación afectó a 28 pueblos. También iban a embarcar por Alicante los que se levantaron en La Muela de Cortes. Poco es lo que se sabe ciencia cierta de las causas de la rebelión solo en estas dos localidades. ¿Acaso el presente de los moriscos era tan gris que con la expulsión y algo de dinero contante y sonante, o alguna promesa de mejor vida al otro lado del mar, creyeron en un futuro mejor?

En cualquier caso, aunque la cifra de desterrados sea imposible de saber, los estudios más modernos cifran el número de expulsados en Valencia entre 100.000 y 125.000 personas, en total unas 250.000.

7.   Por el resto de España: «Que aquellos pregones no eran solo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes».

La realidad de los moriscos castellanos era diferente a la de los valencianos. Desde las deportaciones de 1570 su hábitat era esencialmente disperso y estaban en proceso de pérdida de sus referentes culturales. No se engañaban los consejeros de Estado de abril de 1609 cuando marcaron diferencias entre qué hacer con unos y con otros.

A partir de octubre de 1609 se movilizó el sistema de información de la corona: a los corregidores castellanos se les advirtió de que debían estar ojo avizor, no fuera a haber fugitivos valencianos en sus demarcaciones. A la vez, se recibían noticias de que los moriscos de Toledo y de Madrid estaban vendiendo sus bienes muebles e inmuebles: esto es, que querían marcharse de Castilla hartos de la situación. Por estas y otras razones, hubo un rápido cambio de actitud y se habló de sacar a los de Granada, primero, y luego se decidió desterrar a todos. Llegando casi el mes de noviembre se acentuaron las medidas de protección de los moriscos para evitar desmanes contra ellos y eso que aún no se había tomado ninguna resolución sobre los castellanos.

Durante las semanas siguientes, hasta diciembre de 1609 hubo medidas contradictorias, que finalmente se encauzaron: se prohibió que los moriscos traficaran fuera de sus pueblos y se fue preparando todo para la expulsión.

La experiencia valenciana, sobre todo la rarísima falta de resistencia a la expulsión, permitía augurar que los embarques en Andalucía serían muy rápidos. Toda la gestión se encargó al marqués de San Germán, al que se le cursaron las órdenes para proceder a la expulsión con fecha de 9 de febrero de 1610 y él las mandó pregonar el 13 de febrero de 1610. Por su parte, Mosén Rubí de Bracamonte (aquel que había sido corregidor de Madrid y empujado de su sitio por Silva de Torres) dio el pregón en Granada el 20 de febrero de 1610.

La tercera fase de la expulsión afectó a los de Castilla. Iniciada como una generosa invitación y pacto a abandonarla, por bando de 28 de diciembre de 1609, el proceso hubo de ser revisado (19 de enero de 1610). En cualquier caso, se fijó la fecha de 2 de febrero de 1610 como último día para que los moriscos declararan en la aduana de Burgos (instaurada ad hoc) sus bienes y su partida con destino a Francia. Aunque se estimaba que a finales de mayo ya habrían salido todos (y se cerró la aduana de Burgos), en septiembre de 1610 aún se registraban expulsiones forzosas.

La cuarta fase interesó a los de Aragón y Cataluña. El caso de Aragón era especialmente delicado. Siempre presentes los alborotos de 1590 y 1591, o las Cortes de Tarazona de 1592, resultaba que, además acababa de nombrar nuevo virrey que venía a tomar posesión en el otoño de 1609. No eran pocos los problemas. Por su parte, la Diputación de Aragón solicitó mandar —como se hizo— una embajada a Madrid para intentar paralizar la expulsión, si es que la hubiera de haber, como estaba ocurriendo en Valencia. Las largas que supo dar Lerma al regreso de la embajada a Zaragoza, con respuestas indecisas, permitió que, finalmente, a la altura de enero de 1610 se llamara a Aragón a Mejía, para hacerle responsable del despliegue militar y que se apoyara en el virrey Aitona y en el arzobispo. Es decir, se calcó el modelo valenciano. Poco más tarde, el presidente del Consejo de Aragón, con sede en Madrid, fue llamado a las juntas extraordinarias sobre todo para ajustar al derecho aragonés el decreto de expulsión. También se abrieron las deliberaciones al Consejo de Guerra, que estuvo convenientemente informado de todo, no como en el caso valenciano. Finalmente, Juan de Idiáquez, del Consejo de Estado, se integró en la Junta que tomaba todas las decisiones urgentes. A mediados de abril de 1610 Mejía fue despachado de Madrid a Zaragoza, cargado de órdenes y documentos oficiales.

El 29 de mayo el virrey Aitona publicó el bando de expulsión de Aragón y poco después se dio el pregón de expulsión de Cataluña, ratificado por la Audiencia de Barcelona. El caso es que, además, teniendo en cuenta la nueva inestabilidad en Francia por el asesinato de Enrique IV (París, 14 de mayo de 1610) parecía que los astros confluían en pro de la feliz ejecución de la expulsión: podían pasar a Francia, embarcar en Los Alfaques, subir a las naves de particulares que hubiera contratadas. Es decir, no iba a haber riesgos de apelotonamiento, de congestión.

El quinto proceso de expulsión tuvo lugar entre enero y abril de 1610 y afectó a los murcianos. Coordinado por San Germán, sin embargo, hubo de conocer un obstáculo: el manifiesto y abierto enfrentamiento entre las oligarquías municipales murcianas y el apellido Fajardo, que tanto protagonismo y delegación de poder real iba a tener en el proceso de expulsión. La tensión afloró cuando chocaron por causas jurisdiccionales el corregidor y el cabildo murcianos, con los Fajardo, que entendían en la seguridad de los galeones, pero también de villas como Cartagena o Mazarrón. En cierto modo se puede decir que a finales de 1610 el corregidor y Fajardo habían roto hostilidades entre sí. Una de las consecuencias de ese enfrentamiento, fue la promulgación de sucesivas prórrogas para la expulsión de los murcianos que culminaron con una «expulsión fallida» en 1611, la desmilitarización de Murcia hacia 1612, la orden de zarpar a Fajardo y el cambio de corregimiento a Godoy. A estos problemas de competencias, se sumaba el que los moriscos antiguos del Valle de Ricote eran buenos cristianos, como se sabía y ahora ratificaba una comisión secreta de un dominico, fray Juan de Pereda. El 18 de noviembre de 1612 el Consejo de Estado recomendaba su expulsión, pero a tierras católicas, por delitos de alta traición. En ese día, la política de Felipe III se desdecía de lo acordado un año atrás.

Nombrado Manuel Filiberto de Saboya como capitán general de la escuadra en sustitución de Fajardo, se le ordenó a primeros de octubre de 1613 poner rumbo a Cartagena, a donde llegaron sus barcos desde donde estaban en el Mediterráneo, tanto Barcelona, como Sicilia. El ejército en tierra se pondría a las órdenes del conde de Salazar, que estaba listo en Murcia a finales de noviembre. A partir del 28 de ese mes y desde Hellín, empezó a hacerse público el bando de expulsión. Aunque se les hubiera dejado vivir en paz, últimamente se habían demostrado sus traiciones y, por tanto, se había determinado el destierro. A mediados de diciembre se daba por concluido el destierro de los moriscos del valle de Ricote, que en unos tres días ya habían embarcado en Cartagena y así sucesivamente fueron llegando moriscos antes de la Navidad de 1613, procedentes de otras localidades murcianas.

El 6 de enero el conde de Salazar daba por terminada su misión. Solo quedaban algunos flecos sin atar: los fugitivos, los que habían regresado clandestinamente, es decir lo que estuviera al margen de la ley. Los mandos fueron replegándose y retornando a sus destinos.

El 18 de abril de 1614 Lerma comunicaba a Salazar que daba por concluida la expulsión.

8.   Cifras: «Que casi todos tenemos de volver a España».

No obstante, y aun a pesar de la contrastada capacidad para llevar adelante la expulsión, ¿no hubo nada más después? De no haber habido nada más después, ¿por qué Domínguez Ortiz y Bernard Vincent titularon el capítulo final de su obra «La presencia morisca en España después de la expulsión» o cómo iba a tener materiales François Martínez —u otros— para hacer su estudio?

Recientemente Bernard Vincent ha vuelto (¡y nunca mejor dicho!) sobre el asunto, poniendo al día las cifras en función de las últimas investigaciones. Y desde un cierto escepticismo propone que «a los 15.000 (como máximo) [desterrados] de La Mancha, del Reino de Murcia y de la Ribera del Ebro se podrían añadir otros tantos muy dispersos. Y los “vueltos” no pasarían de unos miles». Es decir, concluye, «entre el 10 y el 15 por ciento del total de la población morisca residente en España a principios del siglo XVII». Pero ¿cuántos había en total en España?: En Castilla, unos 100.000 moriscos entre unos 5 a 6 millones de habitantes (el 2 por ciento del total; no entro en más consideraciones o en debatir sobre los 4.500 habitantes moriscos del Hornachos extremeño); en la Corona de Aragón unos 200.000 entre menos de un millón de cristianos viejos (alrededor del 20 por ciento), distribuidos muy heterogéneamente: ninguno en la ciudad de Valencia, el 30 por ciento de la población del reino de Valencia, morisco.

Y, en definitiva, ¿cuántos salieron? De nuevo Bernard Vincent guía la reflexión. Lo hace comparando las cifras clásicas de Henry Lapeyre y las de los siete famosos cuadros encargados por Caracena y relativos solo a Valencia: si Lapeyre concluye con una salida de unos 116.022, los cuadros arrojan la cifra de 155.198. Al margen de otras consideraciones, datos, dudas o cifras que induzcan al error, una reflexión muy sensata es la lanzada por Bernard Vincent: «El contraste es brutal entre los 243.000 expulsados en un año [1609-1610] y los 29.000 (como máximo) expulsados posteriormente en los cuatro años siguientes».

Los destinos nos son conocidos en su gran mayoría. Sin embargo, últimamente se han incorporado investigaciones que abren vías de conocimiento nuevas. Se ha escrito que solo a la Provenza llegaron hasta 60.000 moriscos, pero no fue el único destino francés (Santoni, 1996 citado por Vincent). Hay pistas que confirman la llegada de algún barco a Italia. Pero en ambos casos, el francés y el italiano, es más que posible que se tratara de movimientos de población temporales, a expensas de encontrar una nueva y mejor patria.

Pero a donde más fueron fue, qué duda cabe, hacia Marruecos, Orán y Túnez. Lo que ocurrió fue que muchos fueron mal recibidos en Tremecén o Fez u Orán. Otros, fueron recibidos con los brazos abiertos en Túnez. ¿Cuántos? De nuevo las incertidumbres, porque por más que haya registros de embarques o estimaciones subjetivas en los puertos de salida, ¿contemplan a todos los deportados? Oigamos a B. Vincent: «La idea de un reparto bastante equilibrado entre los tres territorios del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez) con una relativa mayor presencia morisca en tierras argelinas» parece plausible. No obstante, «esta idea debe ser confirmada por futuras e indispensables investigaciones».

En conclusión: ya no se puede hablar de un millón de expulsados, ni de un millón de moriscos (¡e incluso mudéjares!) viviendo en España. Tampoco de cien mil. ¿Acaso 250.000 con un elevado porcentaje de oscilación? Y hubo algunos que se quedaron en España porque lograron licencias que los exceptuaron. Pero fueron muy pocos.

9.   La extraña falta de contestación cortesana: Mariana, el Almirante de Aragón o el cronista Antonio de Herrera: «Llegué a Alemania […] donde se vive con libertad de conciencia».

Lo que ocurrió en aquellos años, ¿no tuvo contestación? Para formular esa pregunta parto de la base de que aquella España era diversa, viva, heterogénea.

A ninguno se nos escapa que la expulsión tenía detractores. Para empezar, todo el clero partidario de la catequización constante. ¡Llevaban pacientemente así desde 1492, desde fray Hernando de Talavera! ¡Era un mito su plegaria, «Dadnos vuestras costumbres y tomad nuestra fe»! Por cierto: no quiero buscar coincidencias esotéricas, pero algunos manejan la expresión como símbolo de perenne unión. Me la encuentro en Laberinto de amor (Parte VIII) de Cervantes, cuando a escondidas se van a casar Anastasio y Porcia, «Pues dadme esa hermosa mano,/ y tomad mi fe y la mía». Claro que otros no querían de sus costumbres, ni la sombra. No pensemos, seríamos muy simplistas, que lo de catequizarlos era un trato de favor o de admiración hacia ellos. Era, sencillamente, una obligación ya instituida por Cristo y ordenada a sus Apóstoles. Era una práctica común que empapaba las conciencias de los creyentes, desde América a Filipinas, China, África o en tierras de herejes. ¡Los seres humanos tienen almas y hay que asegurarles la salvación!

Que eran un problema latente es evidente y así se ve en una parte de los escritos de la época. Como digo, voces contrarias a la expulsión las había y muchas. Pero también las había a favor de la dispersión por la península y luego su evangelización. En esta línea se inscribiría Pedro de Valencia. De Pedro de Valencia es la frase que recojo a continuación. Procede de su traducción al español de una obra de Arias Montano. La traducción no se publicó hasta el siglo XVIII. Poca repercusión parece tener este importante «humanista» de Felipe III, cuyo nombramiento como cronista oficial en 1607 es una manifestación de una lucha cortesana:

Yo hablaré de repente contra una nación y contra un reino para arrancarlo, quebrantarlo y destruirlo. Y si aquella nación se arrepintiera de su mal, que yo hablé contra ella, también yo me arrepentiré del mal que pensé hacerle.

También:

Desea Dios que todos se conviertan y les promete su misericordia y gracia.

Desde luego, así se pensaba en España. Así y de la manera contraria. El fenómeno de la defensa y crítica de los estatutos de limpieza de sangre es el mismo: ¿cómo estigmatizar a hijos de Dios bautizados?

Podríamos pensar que la nobleza afectada por el destierro de su mano de obra se lamentaría. Pero ¿qué más les daba si los sustituirían por otros? Luego llegarían los lamentos de verdad porque la innovación acaso no fue tan productiva como la tradición. Pero, a la altura de 1609, el marqués de Denia, que a la sazón era familiar de los duques de Gandía e incluso valido del rey, había determinado la expulsión y muy posiblemente, muchos pactos con la(s) nobleza(s) y oligarquía(s) territoriales.

Pero, por lo demás, ¿eran tiempos para que en los medios cercanos a la corte se fuera a disentir? Lerma estaba dispuesto a terminar por todos los medios con la crisis política de 1607. La expulsión y la Tregua forman parte de la «política coyuntural» de esos meses, de las medidas que se toman y aceptan para mantenerse en el poder. Al mismo tiempo, se cubren las espaldas con otras actuaciones que son… ejemplares. El poder del valido es omnímodo.

10.   La sombra del padre, las ansiedades del hijo y la conciencia del valido: «¡Ea, mancebo generoso! ¡Ea, rey invencible! ¡Atropella, rompe, desbarata todo género de inconvenientes y déjanos a España tersa, limpia y desembarazada desta mi mala casta!».

De momento, se había logrado superar la crisis política de 1607-1610. La oposición a Lerma tendría que rearmarse de nuevo. Ahora bien, los moriscos de 1609 fueron los que cargaron en sus espaldas con el peso de la ejecución de la medida aprobada años atrás.

Felipe III había superado a su padre que —no lo dice quien escribe estas líneas— «no aceptó las propuestas de expulsión que se le hicieron [Felipe II] y confió en su conversión» (Benítez Sánchez-Blanco). Y el mundo de la política y de sus decisiones es como es. Voluble, cambiante. Felipe II no hizo lo que después haría su hijo. Pero Felipe IV, tampoco. Comparto la opinión de Domínguez Ortiz, «[fue] una medida gubernamental que después de la muerte de Felipe III fue criticada y que seguramente no hubiera tomado nunca su sucesor». Por ende, «[la expulsión] no fue una manifestación del fanatismo y la intolerancia del pueblo español».

Cuando en el mundo de las metáforas se está, pueden construirse algunas tan bellas como la de aquel jesuita de orígenes moriscos al que llamaron «Rosa entre espinas», pues personificaba la esperanza entre tanto infiel o hereje. Hoy en día, que podemos concluir que con la expulsión se daba un paso más en el lento proceso histórico de homogeneización y definición de identidades, podemos aplicar otra metáfora bastante más ruda y tosca: «Para hacer una tortilla hay que cascar los huevos». Lástima que ningún lermista se atreviera a dejarlo por escrito alrededor de 1609, aunque sí cosas semejantes, más «barrocas».

¿Y qué líneas de trabajo parecen no agotadas en la investigación sobre este fenómeno? No son pocas, desde luego, pero debemos quitar los componentes sentimentales (sin deshumanizar la deportación porque somos sujetos que escribimos historia), e intentar prescindir de los predicados nacionalistas y, por supuesto, religiosos. Por ello, posiblemente haya resultados fascinantes si se estudia la catequización en comparación con Indias u Oriente; la prosopografía de esos evangelizadores; las causas de la ausencia de oposición; qué ocurrió en tiempos de Felipe IV, esto es, cuando ya no había miedo a Lerma y a la corrupción; hay que aplicar más ciencia política para entender todo aquello y asistir a la expulsión no solo como la culminación de las relaciones entre musulmanes y cristianos desde 1492 (que lo fue), sino también como una acción política más… No desesperemos. Todo procede de la humana conditio. Nosotros podemos —y debemos— hacer mil y una preguntas, según corren los tiempos. A veces sabemos más que los que ante nos fuere; sin embargo, otras veces nos limitamos a respondernos sobre nosotros mismos. Tal cual le pasó a aquel dignísimo morisco, ¿de verdad de ficción y creado por un novelista, o verdadero e historiador por un gran cronista?, que se llamó Ricote y que no atinaba tampoco a entender qué le había pasado:

Y lo que me tiene admirado es no saber por qué se fue mi mujer y mi hija antes a Berbería que a Francia, adonde podía vivir como cristiana.

Parece mentira la habilidad de Lerma por mantener disimuladas sus actuaciones políticas y cómo vendió a todos con tal de mantenerse en el poder. En esa venta, desde luego, por su conciencia no debieron dar un ardite.

Sujeta, Sancho, de esa argolla y ve tirando que aún queda por desenterrar.

7

EL PLANETA EN PERSPECTIVA

Todo lo que aconteció desde 1492 en adelante, sobre todo en las primeras décadas de la presencia española en Indias, fue una prolongación de la experiencia vital castellana en la península: así, los contratos con los guerreros (capitulaciones al estilo de las que se firmaban con los bellatores en la guerra contra los musulmanes), así la prolongación del derecho (o los debates entre novedad y tradición), así la organización de la vida, de las ciudades, de las universidades o la expansión de la religión.

De no haber existido la Guerra de Granada (1482-1492) la expansión por Indias, o su organización, habrían sido otra cosa. De no haber sido unos súbditos de los Reyes Católicos, esa misma expansión habría sido otra cosa (sobre todo si hubieran sido calvinistas sus protagonistas). Si en vez de en 1492 todo hubiera empezado en 1714, también habría sido todo diferente.

Pero la historia fue como fue. Desde 1492 en adelante, y con las mentalidades de los castellanos llevando la voz cantante.

LO PRIMERO NUNCA ESCRITO SOBRE INDIAS

Como digo, hubo un día muy señalado en la historia de la humanidad, el 12 de octubre de 1492, y una hora, «las dos horas después de media noche» y un personaje hasta entonces ignoto, «esta tierra vido primero un marinero que se dezía Rodrigo de Triana» cuyas consecuencias revolucionaron la vida del planeta y de sus pobladores.

El 12 de octubre muy de mañana, tras haber culminado las maniobras de fondeo, varios navegantes aturdidos echaron pie a tierra acaso sin ser muy conscientes de la grandeza de sus pasos. El almirante había ido escribiendo un Diario, del cual nos ha llegado una versión retocada por su hijo Hernando y por un famosísimo dominico, fray Bartolomé de Las Casas. En ese Diario se anotó:

Llegaron a una ysleta de los lucayos que se llamava en lengua de Yndios Guanahaní, de quince leguas de luengo, toda baja, sin montaña alguna, como una huerta.

Tiene la dicha isla forma de una haba, con una gran laguna en medio.

Luego vinieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra en la barca armada y Martín y Alonso y Viçente Anes, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el Almirante la vandera real…

Puestos en tierra habiendo todos dado gracias a Nuestro Señor arrodillados en tierra y besándola con lágrimas de alegría por la inmensa gracia que les había hecho.

Vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras.

El Almirante llamó a los [que habían saltado a tierra con él] y dixo que le diessen por fe y testimonio commo él por ante todos tomava, commo de hecho tomó, posesión de la dicha Ysla por el Rey e por la Reyna sus señores […] y puso a la isla el nombre de San Salvador.

Luego se ayuntó allí mucha gente de la Ysla.

Los indios, que estaban presentes, que eran gran número, a todos estos actos estaban atónitos mirando los cristianos, espantados de sus barbas, blancura y de sus vestidos […]

Todo tomavan y daban de aquello que tenían de muy buena voluntad.

Ellos andan todos desnudos como su madre los parió y también las mujeres.

[Todos jóvenes] muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras…

Esas fueron las primeras palabras nunca hasta entonces escritas para describir las Indias de la Mar Océana.

Con cierta naturalidad, en estos primeros impactos de lo que se acababa de descubrir a los ojos de los de este lado del Atlántico, se había sintetizado mucho del acervo cultural de lo que llevaban en sus cabezas los recién llegados.

Se hablaba de topónimos en lengua de indios y se cambiaban por topónimos culturalmente aceptables; se describía el espacio geográfico en el que se estaba, como si así se tuviera más seguridad de en dónde se ponían los pies; se describía implícitamente la estratificación social, los símbolos del poder y de la representación; se describían, también, las emociones que no se pueden contener y se llora al pisar tierra; además, se destacaban los colores, el verde, las grandes frutas, la laguna, aunque no haya olores; se hablaba de las sorpresa y la admiración que causa el otro: a ellos les llamaban la atención las barbas, la blancura; a estos, los cuerpos desnudos de los indios y de las indias; su juventud. Ambos se escudriñaban psicológicamente para ver cómo reaccionaban recíprocamente. Se nos habla de generosidad, trueques y en otras partes de estas primeras impresiones de América, se habla de fe, de evangelización, de su rudeza, de que no conocen el hierro.

Y, por último, destacaría cómo se recurre a que el escribano dé testimonio de que se toma posesión de esas tierras. Que se protocolice el acto administrativo.

Falta, sí —o echo en falta— la imagen del momento. Pero no importa: para suplir esas ausencias de nuestra historia, el historicismo del siglo XIX fue pródigo en la creación de esas imágenes, allá donde faltaran o solo hubiera habido textos escritos.

OTRAS PRIMERAS IMPRESIONES: ALLÍ Y AQUÍ

En cualquier caso, no me ocupo más de ese riquísimo texto que narra el primer viaje de Colón a Indias. Y no me detengo más por razones objetivas, no porque el texto no dé más de sí. Efectivamente, cuando el investigador se acerca a la literatura de viajes, bien sean viajes geográficos o viajes por el tiempo y la vida, quiero decir los diarios, memorias y epistolarios, asaltan con reiteración las mismas preguntas: en esos escritos se vuelca la visión del uno; pero también la de la alteridad. Con ello se construyen subjetividades y percepciones que la tolerancia acepta como enriquecedoras y la transigencia como meros obstáculos que hay por el camino y que se pueden sortear. La literatura de viajes también nos habla de abstracciones como qué es el espacio o sobre todo el tiempo en otras épocas con respecto a la actual; hasta dónde hay ficción y realidad; o en esos siglos XVI y XVII, hasta dónde llegan las novelas de caballerías o las caballerosas novelas de nuestros protagonistas; hasta dónde llega la creación literaria, o por dónde deambula la agotada imaginación del que escribe; hasta dónde, pues, la literatura es solo soporte y la historia plasmación de la realidad y no al revés.

La inmensidad de la novedad que supuso América para nuestro acervo cultural. Sé que de ello ya escribió con creces el maestro José Antonio Maravall en aquel memorable texto, Antiguos y modernos, de 1966. No obstante, ven, lector, conmigo a los alrededores del actual México D. F. Vivamos el verano del año de 1521, el de las Comunidades, o el de la ruptura de la Cristiandad (¡esto de la imaginación es un don precioso!) y escuchemos al cronista que nos confiesa, absorto, cómo le está saltando por los aires su tronco cultural, su medioambiente social. Está contando la entrada de Cortés en Méjico:

Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaziones, y aquella calzada tan derecha y por nivel cómo iba a Méjico, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís [...] y algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entresueños, y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente: ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas, como veíamos (Bernal Díaz del Castillo, I, LXXXVII).

Así las cosas no es de extrañar que Rodríguez Prampolini en 1948 titulara su obra Amadises de América. La hazaña de Indias como empresa caballeresca.

Y es que, en verdad, cuando quiero pensar, sin que me dé melancolía, que desde estas calles de Madrid, o desde Sevilla o desde donde fuera, se organizó todo aquel Imperio ultramarino durante tres siglos, no sé si estoy hablando de cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Un sistema español atlántico (Martínez Shaw-Oliva, 2005), a la vez que otro sistema hispanoitaliano mediterráneo.

Por cierto, hablando de epistolarios y de recepción de la alteridad, o sencillamente de noticias de algo extraordinario, bien podríamos traer ahora a colación la primera carta con una alusión a Indias de las más de 800 que conservamos de un humanista al servicio de los reyes, Pedro Mártir de Angleria (es uno de los epistolarios más ricos del Renacimiento). Está fechada en Barcelona, a 14 de mayo de 1493. La dirige al conde Juan Borromeo. La traducción es del inmenso José López de Toro:

Hace pocos días volvió de las antípodas occidentales cierto Colón, de Liguria, quien a duras penas consiguió de mis Reyes tres naves, porque creían quiméricas las cosas que decía. Ha regresado trayendo como pruebas muchas cosas preciosas, pero principalmente oro que, naturalmente, se produce en aquellas regiones. Pero demos de lado [concluye con cierto desdén] a las cosas ajenas, ilustre Conde y pasémoslas por alto (Epistolario, I, 236).

Sin embargo, en las cartas que remite el 13 de septiembre al conde de Tendilla, al arzobispo de Granada y finalmente a Ascanio Sforza Visconti, el desdén se ha convertido en entusiasmo:

¡Levantad el espíritu, mis dos sabios ancianos, escuchad el nuevo descubrimiento! (Epistolario, I, 242).

LA «REDONDEZ» DE LA TIERRA

La escena la hemos imaginado todos con más o menos dramatismo. En lontananza, enfilando el Guadalquivir se adivinan las velas de una nao, la Victoria, que nadie esperaba ya. Tal vez alguien, con un bajel ágil, se ha aproximado a ellos, ha recibido noticias y ha vuelto a puerto a comunicar las nuevas que traen a bordo. Atracar, van saliendo los 18. El plano ha de saber captar las caras de aturdimiento, orgullo, agotamiento. Allí no hay carne, solo coraje; las torrenteras causadas por el sol y el sudor en las caras son un poema. El repique de campanas para darles la bienvenida como a hijos pródigos, y el ir y venir de gentes, oficiales reales, enteradillos, u hombres de buena voluntad que quieren darles parabienes y facilitarles la desestiba —aun antes de tiempo, porque hay que registrar todos los fardos—, o ayudarles a la remontada del río hasta Sevilla, es un trajín que viene a sumarse al que de por sí se estaría viviendo en una situación normal.

El capitán de la nao es un tipo adusto, seco, muy creyente en la voluntad de Dios y algo tosco en sus modales. Tampoco tiene por qué ser refinado. Si se le comparara con un humanista milanés que hubiera escrito un diario de a bordo, a veces sin saber qué fantasías escribía, digo que si se les comparara a ambos, no se les encontrarían puntos en común. Eran tan distintos que el humanista escritor nunca mencionará en sus anotaciones al capitán descubridor. Yo no quiero nombrar tampoco al milanés.

Mas a bordo, en algún momento de tranquilidad, Juan Sebastián Elcano ha de escribir a su rey, don Carlos, del que poco antes de salir hacía tres años ya, habían oído que acababa de ser elegido emperador. ¿Y qué sería eso?

Así que aquel tosco marino de Guetaria quiere comunicar al rey, o al emperador, al que debe lealtad y obediencia, que, aunque parezca mentira, ha terminado el viaje al que se les mandó con unas instrucciones precisas y con destino a la Especiería. Como el promotor de la expedición, compuesta al principio por cinco naos y casi 250 personas, había sido el rey, a él había que rendir cuentas. Todas las cuentas.

Así pues, Juan Sebastián Elcano iba a escribir una carta al rey comunicándole que había vuelto. Pero antes incluso de empezar a redactar, le asalta la duda: ¿cómo se ha de dirigir un vasallo a un emperador? Esto nunca había ocurrido. Así que el marino, duro, implacable, hosco, encabeza su nota a su rey:

Saberá tu alta magestad cómo somos llegado diez e ocho onbres solamente con una / de las çinco naos que tu alta nagestad enbio en descubrimiento de la espeçieria con el capitán / Fernando de Magalas que santa gloria aya, e porque tu alta magestad sea seruidora [sabedora] / de las cosas principal que avemos pasado breuemente escriuo aquellas e digo:

Unas líneas más adelante, aun cuando por segunda vez escribe mal el apellido de Magalhaes, y al acabar de describir los tres años de vida en el mar en menos de 850 palabras, deja caer la frase más importante nunca escrita, tras las que hacían alusión al nacimiento de Cristo, en ponderación de Gonzalo Fernández de Oviedo. Escribió Elcano:

Mas saberá tu alta magestad lo que en más avemos de [roto: esti]mar y tener es / que hemos descubierto e redondeado toda la redondeza del [roto: mu]ndo yendo por el oçidente e veniendo por el oriente.

De esta manera tan simple el héroe que había dado la primera vuelta al mundo, lo contaba todo el 22 de septiembre de 1522. Luego pasaron más cosas y hubo fiestas y diversiones sin límite en Sevilla y en Valladolid. Tal fue el éxito de la expedición que se abrió una segunda Casa de la Contratación, exclusiva para los viajes a la Especiería en La Coruña, de tal forma y manera que se organizó el tráfico atlántico, para Indias desde Sevilla y para el Maluco desde Galicia.

Así las cosas, el 24 de julio de 1525 zarpó de La Coruña una segunda expedición hacia la Especiería, la de frey Jofré García de Loaysa. Esta era aún más grande y con expectativas de cargar más que en la primera. Pero todo se frustró. La expedición no solo no logró sus objetivos, sino que fue perdiéndose por el camino. Solo una nao llegó a destino, y de sus tripulantes, solo 24 volvieron a España, pero incluso dos lustros más tarde. Por el camino también quedaron el cuerpo y la vida, que no la fama, de Juan Sebastián Elcano. Fue el 4 de agosto de 1526.

La verdad es que con la hazaña de dar la vuelta al mundo se complicaron algunas cosas. La primera de ellas, demostrada que la Tierra era redonda, era delimitar por dónde caía el contrameridiano de Tordesillas.

Pero tan pronto como aquellas tres naos atravesaron el Estrecho, el famoso y anhelado paso, que desde que Núñez de Balboa había descubierto un nuevo océano, era obvio que tenía que existir, digo que desde el momento en que se atravesó el Estrecho, la vigencia del Tratado de Tordesillas entraba en relativa crisis: efectivamente, por el lado de acá de la disforme esfera, no había nada que objetar; pero, por el otro lado, ¿por dónde caía?

Y entonces, nuevamente, hubo que reunirse. Se reunieron expertos, gentes prácticas en los conocimientos de la mar y de las mediciones de los astros o de las distancias; se juntaron prototipos de científicos cuyas decisiones servirían para la paz de los reyes, y de los políticos.

Se esbozan ya tan temprano las expediciones científicas que tanta gloria y fama dieron a España.

CIENCIA ESPAÑOLA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Es un buen titular de prensa decir que en España no hubo ciencia en los siglos XVI o XVII. También está bastante extendido el tópico de que si hubo ciencia, no se conoce lo que hubo.

Hay quienes pontifican sobre esos dos principios. Lástima que lo digan alegremente (falta por añadir que todo se debe a las expulsiones de 1492) y que como la semilla cae en terreno fértil, crece rápidamente. Qué duda cabe que es más fácil decir que no hay, que decir que hay y explicarlo.

A cuantos son capaces de decir que no hubo ciencia en el siglo XVI debemos aplaudirles la aseveración, porque el momento es entretenido. Pensar que se puede mantener un imperio bihemisférico y marítimo sin ciencia, no deja de ser cosa milagrosa y aun de alienígenas. Las fortificaciones que defendían ese imperio debieron de generarse espontáneamente, sin estudios que las garantizaran. La artillería sería también de juguete, y el regirse por las estrellas para cruzar los océanos, adivinaciones quirománticas. Da mucha pereza. Y pena, porque si a lo largo del XIX algunos historiadores dejaron por escrito la producción científica que había habido en los siglos anteriores, volver una y otra vez a lo mismo es muy cansino. Este cansancio me espanta ahora y no voy a referirme a Morvilliers, a Juderías o a otras gentes de mal y de bien.

La ciencia, y el conocimiento en general, se mueve en dos planos simultáneos: las reflexiones teóricas y las realizaciones prácticas, o lo que es lo mismo, la teoría de la ciencia y la ciencia aplicada. Ambas se retroalimentan.

Al siglo XVI llegaron como saberes teóricos, basados en su larga tradición histórica, los conocimientos matemáticos, cosmográficos o astrológicos. Sin embargo, toda matemática especulativa fue perdiendo su sustento y su razón de ser porque la fuerza de los hechos ponía de manifiesto que los saberes prácticos eran los que conducían a la verdad, a la madurez científica. No se podría entender el periodo de los grandes descubrimientos geográficos si se acallara la aplicación práctica de la geometría, la aritmética, la cartografía, la astronomía, o la impresión de libros y mapas que difundieron su conocimiento.

En efecto, todos esos saberes se recogieron en importantes tratados, lo mismo del diseño de letras basado en la geometría (Juan de Ycíar), como en las ediciones de los textos de Apiano, o de Jerónimo Muñoz, que describió en 1572 la explosión de una super-nova que recogió en el Libro del nuevo cometa, con lo que tiró por tierra las ideas aristotélicas de la incorruptibilidad, o la inamovible estabilidad de los cielos.

En Sevilla, en la Casa de la Contratación, se enseñaba a marear a pilotos de tal destreza que no se necesitaba fortificar las costas del Pacífico porque nadie, salvo los españoles sabía adentrarse y salir con éxito del Estrecho de Magallanes. Hubo uno que lo hizo, Drake. Gran marino, sin duda, que murió frente a Portobelo en aquella esperpéntica hazaña del ataque al Caribe en 1596, solo superada por Vermont contra Cartagena de Indias. En la expedición de 1596 también murió Hawkins. Y en Trafalgar, Nelson.

Por cierto, que los nombres de Pedro Téllez de Guzmán, Francisco Manso de Contreras, capitanes Agüero y Enríquez, Bernardino de Avellaneda o Gutiérrez de Garibay tal vez no nos digan mucho, pero amargaron la vida a los ingleses en aquella expedición.

Es de suponer que ellos, y otros cientos más, sabían algo de ciencias aplicadas y de poliorcética. En el glorioso siglo XIX tan cargado de prejuicios se llegó a decir que la geometría que se sabía solo aprovechaba a sastres.

Ante semejante desprecio, reaccionó Menéndez Pelayo. Con ahínco defendió Menéndez Pelayo la ciencia española de los siglos XVI y XVII. Con ahínco y con más víscera y sangre por las venas que Picatoste, el cual, por otro lado, dejó una monografía excepcionalmente valiosa sobre la ciencia del siglo XVI.

Efectivamente, en carta escrita a Alejandro Pidal y Mon el 8 de mayo de 1877, Menéndez Pelayo exaltaba los conocimientos matemáticos y geométricos citando obras y autores, Pedro Núñez, Juan de Ortega, Gaspar Lax, Jerónimo Muñoz, Pedro Juan Monzó, Juan Martínez Silíceo, o Manuel Bocarro Francés y Rosales, que no hubo de ser personaje tan despreciable, cuando el mismo Galileo se convirtió en editor suyo. Y la relación continúa con Alonso de Molina Cano, con una memorable laudatio de José de Zaragoza, uno de los novatores del reinado de Carlos II, con más alusiones a la obra de Nicolás Antonio, para terminar con la irónica sorna del prócer hispano:

Yo no entiendo de matemáticas (porque el entender de todo se queda para la escuela del Sr. Perojo), y no le podré decir con seguridad si alguno de los nombrados y de los que omito trajo algún progreso a la ciencia o la dejó como estaba, porque para esto sería preciso conocer la ciencia, y yo no la conozco. Sin duda por tal razón me suenan poco en el oído los nombres de esos Pretorius, Stifel, Reise, Van Colen y Van Roomen, que él cita como grandes matemáticos extranjeros del siglo XVI. Allá en su tierra serán muy conocidos esos caballeros pero lo que yo puedo decir es que Núñez, Pedro Ciruelo, Rojas, Jerónimo Muñoz y algún otro tuvieron en su tiempo tanta notoriedad como cualquiera de ellos, y que sus libros se imprimían y traducían, y corrían grandemente en tierras extrañas, lo cual, siendo geometría de sastres, no tiene explicación plausible.

No cabe duda, pues, de que el navegar sin matemáticas era —y es— tarea imposible. De no haber un sustento potentísimo de estas ciencias y una costumbre en su aplicación, ¿podría haberse ordenado y sustentado un imperio marítimo durante tres siglos, desde 1492 a 1805?

Sin duda que en ocasiones, y en muchas ocasiones, la ciencia, o algunas ramas de la ciencia se vieron afectadas por la Inquisición y se prefirió la recreación artística o cultural: ante un fenómeno cualquiera que sea, el artista, el creador, hace lo que quiere. Para demostrar un problema astronómico o físico, no hay lugar para la creación, y la verdad puede entrar en colisión con la Biblia, como les ocurrió a los ilustrados.

Pero el caso es que el problema planteado por el contrameridiano, y las consecuencias de los descubrimientos geográficos sembraron un mundo de preguntas que, lejos de no contestarse, o de darles la espalda, se quisieron responder.

Quien más fuerzas puso en lograr respuestas fue la corona. A ella correspondían los derechos y la facultad de emitir capitulaciones. No renunció a sus obligaciones. A la corona correspondía también asumir o rechazar las propuestas que los sabios le dieran sobre las preguntas que se plantearan.

La corona se fundió con la ciencia desde finales del siglo XV en adelante. Lo hizo de varias maneras. Vamos a ver algunas. La primera, creando monopolios reales a los que se sometían sus contenidos. Por ejemplo, el del tráfico con las Indias.

Efectivamente, en 1503 los Reyes Católicos, fundaron la Casa de la Contratación de Indias en Sevilla. Las primeras Ordenanzas de la Casa fueron emitidas en Alcalá de Henares el 20 de enero. (Remito a las grandes exposiciones que conmemoraban su fundación y a A. G. Indias, Patronato, 251, R-1).

En 1508 se creó el cargo de piloto mayor, con funciones de examinar las aptitudes de los pilotos que embarcaren o también con la obligación de ir levantando los mapas de cabotaje, las cartas de navegación y especialmente el Padrón Real de Indias, el mapa de referencia del continente: el «padrón de todas las tierras e islas de las Indias que hasta hoy se han descubierto pertenecientes a los nuestros reinos e señoríos, e sobre las razones e consulta dellos, e al acuerdo de vos el dicho nuestro piloto mayor, se haga un padrón general, el cual se llame el Padrón Real, por el cual todos los pilotos se hayan de regir é gobernar». Américo Vespuccio fue el primer piloto mayor.

Las Ordenanzas de la Casa de la Contratación fueron ampliadas desde Monzón en 1510 y, finalmente impresas en 1522. En 1522 se dio a la imprenta la regulación del cómo comerciar de ida y vuelta con Indias. En 1717 la Casa de la Contratación fue trasladada a Cádiz.

En este sentido no podemos dejar de lado que aunque en 1503 una sala específica del Real Consejo de Castilla se ocupara de los asuntos indianos, fue en 1524 cuando se constituyó el Consejo Real de Indias.

A su vez, en 1519 se había nombrado el primer cartógrafo de Indias, dependiente del presidente de la Casa de la Contratación.

Más tarde, Juan de Ovando —en medio de su furia reformadora— creó el oficio de cronista real de las Indias para escribir la Historia verdadera de las Indias. Así se profesionalizaban y homogeneizaban el conocimiento del espacio y el tiempo del Nuevo Continente.

A todo esto podemos hacer una adenda: en diciembre de 1522 empezó a funcionar una segunda Casa de la Contratación con sede en La Coruña y dedicada solo a los viajes a la Especiería. El fracaso de la primera armada que zarpó desde allí, la de frey Jofré García de Loaysa, y el tratado de Zaragoza, por el cual se cedían esas islas a Portugal, dejaron sin contenidos a esta institución que se disolvió en 1529.

En definitiva, pues, el monopolio real, efectivamente, señalaba un único puerto de entrada y salida de las flotas, Sevilla; una única institución con la que gobernar esa navegación, la Casa de la Contratación; una única institución que regía todo lo inherente a América, el Real Consejo de Indias; y solo individuos examinados por oficiales reales podían navegar, o realizar, o consultar mapas de las Indias. De la corona dependía el diseño de la verdadera historia de la conquista y evangelización de Indias.

LA MATERIALIDAD DEL INTERCAMBIO CULTURAL: FLOTAS Y GALEONES

En cualquier caso, el puerto de Sevilla quedó consolidado como el único de entrada y salida para personas y cargamentos. En tiempos de Carlos V se intentó corregir esa situación monopolística abriendo las puertas a otros embarcaderos. En Málaga, según consta en las Actas del Ayuntamiento en los años treinta, la noticia de tal posibilidad les encantó. Habría sido una gran medida para la economía española. Sin embargo, las presiones sevillanas dieron al traste con el intento.

Ir a Indias requería de unos requisitos que nos permiten atisbar que ese viaje no podía ser espontáneo, ni desorganizado. El flujo migratorio se iba a mover de acuerdo con la ley del rey. El flujo migratorio y el comercio en general. (Me inspiro en Clarence Haring, 1918; Rahn Philips, 1991; Martínez-Shaw; Geoffrey Parker y, definitivamente, Martínez Ruiz en La Esfera de los Libros).

La travesía se iniciaba en Sevilla, camino de Canarias. Allá atracaban los galeones a la semana de la salida. Impulsados por los alisios y durante casi un mes, atravesaban el Atlántico hacia alguna de las islas de las Indias Occidentales, en donde recalaban por última vez antes de ir a La Habana. Desde La Habana, se abría la flota hacia Tierra Firme (Cartagena, Portobelo, Nombre de Dios) o Nueva España (Veracruz).

A la vuelta, las flotas se concentraban en La Habana, subían por las Bahamas y ascendían hacia el paralelo 38 en busca de los contralisios que los empujaran a Azores. Fondeaban en el archipiélago. Recibían noticias de última hora, o mandaban algún navío de aviso a Sevilla. Zarpaban finalmente hacia la península y, bordeado San Vicente, entraban por Cádiz y remontaban el Guadalquivir a Sevilla.

La experiencia fue descubriendo dos riesgos de estas travesías. Por un lado, las tormentas y huracanes del Caribe, o por el contrario las calmas chichas, que aunque no se podía comparar con las del Pacífico, tenían sus problemas y, en segundo lugar, los asaltos de los piratas.

Ya en 1501 hubo las primeras disposiciones para defensa de buques contra la piratería. En medio de la guerra con Francia de 1520, se armó una escuadra de cuatro buques para proteger a los que fueran a América. Pero todo esto no es más que anecdótico. De nuevo guerras con Francia obligaron a mandar armadas de guerra que protegieran a la flota mercante y además para que no salieran naos solas. Desde 1543 no podían hacerse a la mar buques de menos de 100 toneladas, ni escuadras de menos de diez barcos y protegidos por un buque de guerra.

A los mercaderes de Sevilla que acababan de fundar el Consulado del Mar, les parecía poca protección la de un bajel de guerra, así que a su costa, pusieron otros tres. Como en tantas ocasiones, se estableció un sistema mixto, corona-particulares, para el funcionamiento de Indias.

Remansadas las aguas, en 1552 se propuso abolir el sistema experimentado y montar flotas de buques mixtos, con protección por escuadrilla de guerra en Cabo de San Vicente-Azores y en el Caribe, con base en Santo Domingo. El hecho cierto es que la flota del Caribe fue la que escoltó a Felipe [II] en su viaje nupcial a Inglaterra y estuvo por estas latitudes hasta 1555.

Precisamente, es el momento de señalar que se lleva años explicando por todas partes que los ataques piráticos no fueron, hasta mediados del siglo XVII tan dañinos como para hundir a la Monarquía de España o su poder sobre el mar. Aquí no hay tiempo para detenerme en ello.

En cualquier caso, el clima y la seguridad hicieron que, a principios del reinado de Felipe II se tomara de nuevo la resolución de prohibir el viajar en navíos sueltos y se impusiera la navegación «en conserva», esto es, un convoy de buques de carga, artillados y con escolta de buques de guerra. Fue en 1559. Hacía unos años que se habían descubierto las minas de Potosí (1545) y Zacatecas (1546); las de mercurio de Huancavélica se hallaron en 1563.

Los experimentos, o las medidas extraordinarias, pasaron a ser ordinarias.

Este «Sistema de flotas y galeones» como se le denomina, aseguraba el tráfico por la «Carrera de Indias», esa pista ficticia que acabo de citar por la que transitaron hombres y cargas durante más de tres siglos. Más de tres siglos. Sin consolidados conocimientos en matemática, náutica, cosmografía, meterología y todo lo demás, no se puede mantener un imperio ultramarino.

Hemos llegado a la joya de la corona de los viajes entre España e Indias. Pocos años después, 1564 y 1566, se dictaron varias normas y ordenanzas de navegación que perfilaron el diseño definitivo del sistema de convoyes. Precisamente en 1564 tuvo lugar el primer viaje exitoso desde Filipinas a Acapulco. En 1565 se inició la conquista de las islas y a la vez, Urdaneta fijó la ruta de regreso desde ese archipiélago a América. En 1567 salía la primera flota desde El Callao hacia Oceanía. En 1571 se fundó Manila y en ese año empezaron con la regularidad de la voluntad de Dios, los viajes del galeón de Manila. En buena medida y por vez primera en la historia de la humanidad, se daban los pioneros y tímidos pasos hacia la globalización.

A la ciencia y la técnica de la Monarquía de España corresponde el honor de haber establecido la primera globalización del planeta. Los fastuosos catálogos de brillantes exposiciones así lo rubrican. En España hacemos catálogos excelentes.

Desde 1564-1565 solo podrían salir dos flotas anuales hacia América. Así lo dictaba la ley del rey. La primera zarparía de Sevilla a finales de abril o primeros de mayo, con rumbo a Nueva España, con los buques que fueran hacia las Antillas Mayores y Honduras. Fue la conocida como Flota de la Nueva España.

La segunda saldría en agosto e iría hacia Nombre de Dios (luego se pasaría a Portobelo), Cartagena de Indias y, en fin, hacia Tierra Firme. Era, claro está, la Flota de Tierra Firme.

Ambas flotas debían invernar en Indias, más concretamente en La Habana. De Cuba no podrían zarpar antes del 10 de marzo con rumbo a España.

Ese juego de fechas, estaciones y tiempos se domina a mediados del siglo XVI. En palabras de Pierre Chaunu:

A partir de 1550 la Carrera no tiene prácticamente más progresos que hacer. Ha alcanzado virtualmente la perfección compatible con las técnicas de su tiempo (Chaunu, 1983, p. 193).

Además de los buques de escolta, patrullaban el Atlántico otras flotas financiadas por el tributo de la «avería» (ricamente estudiado por Céspedes del Castillo, 1945, y que se trataba de una contribución del 2,5 por ciento del valor de la carga, que varió según las coyunturas de la navegación, que quedó abolido en 1660), como la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, que deambulaban entre el Cabo de San Vicente, las Canarias y las Azores y que a veces pasaba incluso a América. Estos buques de guerra se hicieron cada vez más frecuentes en la escolta de la Flota de Nueva España, porque Potosí daba cada vez más plata. Así que se empezó a hablar de los «galeones» por antonomasia para referirse a la escuadra de guerra y de «flotas» para hablar de los buques mercantes o mixtos.

Siento mucho esta digresión sobre náutica y poder en los siglos XVI y XVII, que echan las bases para las grandes expediciones científicas del siglo XVIII.

Solo desde el olvido del tronco cultural de pertenencia se puede estar convencido del atraso técnico o científico en los siglos XVI al XVIII.

Solo desde la ingenuidad de creerse lo que está escrito, sin contrastar otras fuentes u otros datos, sin cuestionarse cuáles son las razones que impulsan a un autor a escribir y cómo lo escribe, solo desde la ingenuidad —digo— nos creemos que la opinión de uno es sentimiento universal.

Veámoslo con detenimiento.

EL VIAJE: INTERCAMBIOS TANGIBLES E INTANGIBLES

Para que hombres y bienes pasasen a Indias había que cumplir con los requisitos impuestos por la corona y que se ejecutaban desde la Casa de la Contratación, o con las licencias reales que se emitieran para el caso donde estuviera la Corte.

Los requisitos se impusieron a partir de 1509. Están recogidos en los ordenamientos jurídicos de la época. Así, en el Título XXVI del Libro IX de la Recopilación de las Leyes de Indias… de Carlos II, dedicado a «De los pasajeros, y licencias para ir a las Yndias y volver a estos Reynos», dice que: «Ley Primera. Que ningún natural, ni estrangero passe a las Indias sin licencia del Rey o de la Casa de Sevilla, en los casos que la pudiere dar».

Ya en 1569 Felipe II prohibía la compraventa de licencias de paso. Y exhortaba a las autoridades de la Casa a que intervinieran contra sus traficantes.

A partir de 1593 quedó determinado que si un oficial real tenía licencia para pasar unos bienes o criados y no lo hacía en el momento del viaje, no podía usar parcialmente la licencia en otro viaje posterior. Y es que, en tiempos de Felipe III debieron de darse casos de venta de licencias para criados, porque en épocas de recesión económica, todo valía: «Los que llevan licencias para criados, suelen venderlas». La argucia más conocida era la de decir que los criados del tal señor no cabían en este barco y que irían en el siguiente. El comprador suplantaba la persona del vendedor y en el siguiente barco se metía por sí, o con nuevo señor, al que naturalmente, le abonaría un pico por tomarle ficticiamente a su servicio. Incidamos en una gran verdad, la gran cantidad de licencias dadas a criados bien pueden estar ocultando otra verdad, lo más sencillo a la hora de pasar a Indias, a gentes sin cualificación, sería decir que eran criados. Sin embargo, es paradójico que en Indias los españoles no solían ser criados: ¿había habido algún cursillo rápido de especialización durante el viaje? Obviamente, no. Como apuntó Magnus Mörner en Aventureros y proletarios, el criado, más que un trabajador doméstico de otro, era un dependiente vertical social.

Desde 1559 quedaron autorizados a volver a Indias los hijos de cristianos e indias «que vinieren a estos reinos a estudiar» con autorización de las autoridades de la Casa, «y no sea necesaria otra licencia nuestra».

Por lo tanto, solo se podía pasar con licencia real. Para lograrla había que presentar ante la Casa las «probanzas» emitidas por las autoridades eclesiásticas o municipales pertinentes de que el solicitante reunía los requisitos, las «calidades» que se exigían. Uno de los requisitos era el de que «para dar licencias conste que no se debe [nada] a la Real Hacienda» (1537, ley LXIX).

Una vez obtenida la licencia, había que pasar a Indias con esta en original, la cual por cierto (desde 1574) no se la podían retirar los oficiales portuarios (ley XXXVI), ni tampoco valía llegar a América sin licencia, y que el gobernador de, por ejemplo Cartagena, emitiera una licencia para seguir viaje a otro lugar (leyes XXXVIII y ss.).

No puedo extenderme más en ello, pero he contado unas 16 ampliaciones de estas restricciones o de estas normas para emigrar, que afectaron a todo tipo de personas, desde mercaderes a gitanos, a penados por la Inquisición, a conversos, a frailes, a negros, a esclavos, a solteros, a casados, a criados y así sucesivamente.

El solicitante debía presentarse en persona ante las autoridades de la Casa de la Contratación. Sevilla fue la heterogénea ciudad que fue, no solo por los que pasaron a Indias, sino por tantos y tantos más que allá acudieron intentando pasar a Indias. ¡Cuántos habría que no entenderían los requisitos y que deambularan por sus calles! ¡O cuántos habría que para explicar a estos en qué «consistían» los trámites, se establecieron en la ciudad!

Por cierto que a partir de 1555 Carlos V autorizó que viajaran mujeres casadas que hubieran sido llamadas por sus esposos, residentes en Indias, con el compromiso de ir a continuar su vida marital. Comoquiera que se conservan esas reclamaciones a las esposas, tenemos un archivo extraordinario de los sentimientos, de las súplicas para unión y así acabar con la soledad; un inmenso epistolario de nuevo de los corazones de miles de personas que a su manera, simple, sencilla, llana, por extenso o con un par de frases imploraban por el fin de las ausencias. Enrique Otte las manejó con profusión construyendo una excelente e involuntaria historia de los sentires. Por su parte, Manuel Alvar llamó a todos esos ignotos solicitantes del calor de la familia, «los otros cronistas de Indias» por la calidad de sus noticias.

Depende de las zonas y de los tiempos, sin duda, pero como señala Jacobs, durante el reinado de Felipe III los de la Meseta Norte eran más propensos a viajar solos, mientras que en la Meseta Sur, lo ordinario eran los viajes en familia.

Este sistema de control del pasaje debía quedar por escrito. En efecto la Casa de la Contratación debía certificar la fecha de salida y de llegada —a Sevilla—, de cada flota así como los «pasajeros que en ellas fueren, con distinción de personas, y si son clérigos, religiosos, o seglares, y de las partes a donde van y con qué licencia, de que han de tener libro formado con relación de lo referido» (Ley V).

Es decir, que si en la Casa de la Contratación se llevaran tantos libros de registro como el tiempo y las circunstancias lo mandaran, con la salida de cada armada y los buques que la componían así como los pasajeros que hubiera en cada uno de ellos, y una descripción cualitativa de ellos, se llenarían estanterías de informaciones de «pasajeros a Indias».

Y es dado el caso de que se hizo así, por aquella espectacular Administración de la Monarquía Hispánica que hubo en los tiempos de los Austrias y los Borbones. De tal forma y manera que de esta Ley V dictada por Felipe II el 4 de octubre de 1574, como recordatorio de otras instrucciones anteriores (incluso de las Ordenanzas), nació una parte del que hoy es el Archivo General de Indias, en el que se conservan, entre otras cosas, más de 600 legajos de «pasajeros a Indias», de licencias, de informaciones, de registros, de papeles de los que se fueron.

Sábado a primero de diciembre de quinientos e nueve años, paresció ante nos los oficiales de la Reina nuestra señora de la Casa de la Contratación […] Millán Gutiérrez, bachiller en Artes, clérigo de misa, natural de la villa de Yanguas de la diócesis de Calahorra, hijo de Diego Gutiérrez del Tejo, e dijo que por cuanto a él le convenía pasar a Indias en la nao de Diego de Basurto que apareja viaje […] presentó los títulos […] fueron vistos y examinados y dados por buenos […] fuele dado licencia… (AGI, Contratación, 5536, legajo 1).

¿CUÁNTOS FUERON… LOS QUE FUERON?

En esos centenares de legajos, en esas decenas de miles de folios, son muchas las voces que nos quieren contar algo: la realidad de la primera globalización, no ya para desarrollar posverdades o reflexiones posmodernas de la vida, sino datos, miles de datos, de gentes que emigraron. Nada más que eso.

Como se puede suponer, la bibliografía emanada del análisis de esas fichas de contenidos estructurados ya en el siglo XVI, es abundantísma. Ahora mismo sintetizo los estudios clásicos del sueco Magnus Mörner y sus publicaciones entre 1975 y 1991; los varios y sólidos escritos de Carlos Martínez Shaw alrededor de 1994 y 1998, los impresionantes escritos de Peter Boyd Bowman entre 1964 y 1985.

Es precisamente Boyd Bowman el que analizó las fichas de más de 56.000 pobladores. Sus datos son usados necesariamente por quienes se dedican a estas cuestiones. Martínez-Shaw ha interpretado los datos de Boyd Bowman y los da por buenos: entre 1493 y 1600 el 37 por ciento de los emigrantes a Indias fueron andaluces, el 20 por ciento castellanoleoneses, el 16 por ciento extremeños y otro tanto manchegos. Ante estas cifras generales no hay más que advertir que, naturalmente, en cada subperiodo puede haber modificaciones, pero la tendencia general es esta: la mayor parte de los emigrantes fueron andaluces, seguidos de castellanos de la Meseta Norte. La suma de andaluces, extremeños y manchegos (casi el 70 por ciento) está en la base de la traslación a Indias de la norma lingüística sevillana.

Acaso, como señala Martínez Shaw, quepa destacarse que la emigración castellanoleonesa fue bajando; Extremadura y La Mancha mandaron cada vez más gente.

Según los estudios de Jacobs para el reinado de Felipe III, la tendencia es la misma, aunque haya oscilaciones estadísticas: Andalucía envía el 48 por ciento de los pasajeros, Extremadura el 16, Castilla la Nueva el 20 y Castilla la Vieja el 9 por ciento. En términos comparativos, cada vez son más andaluces los que pasan a Indias; cada vez menos los castellanos del norte, porque sin duda, si tenían que prosperar se iban a Madrid, que creció desmesuradamente desde 1561, como he tenido la fortuna de analizar. El número relativo de extremeños apenas varía, mientras que sí el de manchegos.

Este proceso parece tener cambios a finales del XVII, para cuando las cifras son menos precisas. Es posible que Andalucía siguiera llevándose la palma en la emigración, pero que La Mancha o Extremadura ya no pudieran mandar más. Sus vacíos los rellenarían castellanos del norte, vascos, etc.

Esta tendencia secular de preeminencia migratoria de andaluces, castellanos y extremeños se rompe en el siglo XVIII. Los andaluces siguieron siendo los que más emigraron a Indias, entre el 24 o el 21 por ciento según fuentes y fechas; sin embargo, irrumpen en segundo lugar los extranjeros (entre el 18 y el 20 por ciento); los catalanes, que en la segunda mitad del XVIII pueden llegar al 15 y los vascos que se mantienen siempre alrededor del 10 por ciento de los expatriados.

La interpretación que podría dar un historiador a todos estos datos es simple: la demografía se ve atada a los acontecimientos políticos. ¿O los acontecimientos políticos, a falta de mejor desarrollo tecnológico, están siempre incrustados en las fuerzas de producción demográficas?

En efecto, antes de llegar a 1650 se ha producido el resquebrajamiento del modelo tradicional que venía operando desde 1492. Alrededor de aquel trágico 1640, fecha de cambio de dirección de la historia de España, y más aún si esta fase de colapso y cambio la prolongamos hasta 1680.

A partir de ahora serán el norte y el este las que manden población, correspondiéndose este esquema con el de la redistribución de la población española desde finales del XVII y a lo largo del XVIII: los campos castellanos pierden gentes, pero las ganan algunas zonas urbanas de la Cornisa Cantábrica, Barcelona y sus alrededores, Madrid, Sevilla, etc.

Suele aceptarse que la emigración a Indias fue un fenómeno fundamentalmente urbano. Lo que no podemos aclarar, ni tal vez nunca podamos hacerlo, es que si los que iban a Sevilla para embarcar, procedentes de las ciudades de España, venían en primera instancia de un núcleo rural.

Otra conclusión general es que sociológicamente la emigración a Indias fue muy diversificada, aunque con gran cantidad de hidalgos de segundo pelo. No hubo predominio de pobres, sencillamente porque no se podían pagar el pasaje.

En Indias hubieron de convivir blancos, indios, mestizos, negros y ese sinfín de mezclas raciales que dio lugar a la cultura de las castas tan espectacularmente recogida en el arte, en la teoría social, o en la literatura de los siglos XVI al XVIII.

Pero ¿cuántos viajaron?

Según los datos de Boyd Bowman, manejados por José Luis Martínez o Martínez Shaw y otros más, podemos ir cerrando círculos. Desde 1493 a 1600, y según la calidad de las fuentes de que disponemos en la actualidad, se conserva el registro legal de paso a Indias de 54.881 personas, unas 513 por año. Pero, insisto, esto son datos de emigración legal. Los ilegales serían los marineros que desertaran al llegar, los polizontes o «llovidos», tanto escondidos como protegidos por los oficiales o la marinería, o los compradores de licencias.

El total de la emigración es imposible conocerlo. Por ello, al margen de otras discusiones que no dan mucha luz, más bien deslumbran, me quedo con la propuesta de Martínez Shaw, tras el detallado análisis de los datos publicados: «A riesgo de parecer temerario […] pienso que provisionalmente se podría aceptar una secuencia de 250.000 colonizadores para el siglo XVI, de 100.000 personas para el siglo XVII, de otros 100.000 individuos para el siglo XVIII y de 25.000 emigrantes para el primer cuarto del siglo XIX, completando ese total de 475.000 emigrantes, medio millón a lo sumo, instalados en América entre 1492 y 1824».

La mayor parte de la población marchó entre 1530 y 1580. Desde entonces y en adelante, fue perdiéndose el empuje inicial suavemente hasta 1630 y con más vértigo hasta 1670.

El XVIII ha sido estudiado después de 1992. Isabelo Macías da el siguiente dato: los emigrantes legales entre 1701 y 1750 fueron 8.203 laicos y 2.250 regulares, o sea, 10.453. Hechas las estimaciones pertinentes sobre ilegales, concluye que «el total migratorio en la primera mitad [del siglo XVIII] se situaría entre los 20.000 y 25.000 individuos».

Rosario Márquez Macías ha elaborado claras tablas para el siglo XVIII. Propone que de 1765 a 1800 partieron unos 11.116 pasajeros legales, o sea unos 317 al año, sin que la línea sea tranquila: de los 550 en 1772 a los 30 en 1797. Según sus datos, el 86 por ciento de los pasajeros fueron varones, el 82 por ciento solteros, y el 43 por ciento solteras; el 18 casados y el 50 casadas; apenas viudos, y un 7 por ciento de viudas. Además, el 37 por ciento eran criados, el 23 comerciantes, el 19 militares, el 9 burócratas y el 7 por ciento religiosos. La zona de máxima atracción fue Centroamérica a donde fue el 43 por ciento de los viajeros; luego los territorios andinos septentrionales (el 17); las Antillas (el 16); los Andes del Cono Sur (el 14) y el Río de la Plata (10).

Por todo ello, podemos concluir: el número de pasajeros fue escueto. Sin embargo, el proceso de trasculturización profundo; la transformación administrativa enorme; el mantenimiento de un Imperio ultramarino, tres veces secular. Por tanto, las respuestas a muchos interrogantes de las preguntas sobre las relaciones de España con Indias habrá que plantearlas en otros términos, en términos cualitativos, de capacidad de pacto con las autoridades amerindias, de la capacidad de transmisión iconográfica de la religión (como fray Pedro de Gante), de las ventajas de la lealtad a la Corona…

IMPORTANCIA CUALITATIVA DE LA EMIGRACIÓN

Las «reclamaciones» de los esposos de las que se ocupó Enrique Otte nos han dado una luz inmensa sobre los aspectos cualitativos de la emigración.

No puedo dejar pasar el momento sin recordar aquella escatológica recomendación para quien se embarcara del gran humanista fray Antonio de Guevara:

Es saludable consejo que el curioso mareante, ocho o diez días antes que se embarque, procure alimpiar y evacuar el cuerpo [propone varios medios] con alguna píldora bendita, porque naturalmente la mar muy más piadosamente se ha con los estómagos vacíos que con los repletos de humores malos.

No obstante las ácidas recomendaciones de fray Antonio de Guevara, hay otras, dadas por los esposos a las esposas reclamadas. Francisco Díaz Posada, asturiano, exhortaba a principios del XVIII a su esposa, que para pasar a Indias llevara un baúl grande «con su buena llave». Además, «vendrás lo más decente que puedas […] trayendo tu buena cama, y una fresquera de Venecia bien herrada, con su buena llave, con sus frascos y vasos de cristal y que vengan llenos de los mejores vinos», excepto blancos que se echan a perder en Méjico. «No te encargo —seguía — otra cosa en estos transportes, que tu alma y mi honor» y que antes de embarcar, se confesara y comulgara «como si te fueras a morir», aunque le encarecía que fuera optimista, «por eso no te acobardes ni amedrentes». Contaba con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, que velaría por ella en caso de necesidad, «que yo con lágrimas de mis ojos se lo he pedido». Y la relación de recomendaciones seguía, «mi alma, si pudieres conseguir venirte con alguna familia…».

Y mientras leía las recomendaciones sobre que viajaran con ropa buena, y que en Indias les mirarían mucho por la ropa, o que viajaran con el menos equipaje posible, acaso la cama envuelta con papeles o el cuadro de la Virgen de la Asunción tan querido por los cónyuges, me imagino pero afortunadamente no puedo llegar a revivir, qué pasaría por aquellas cabezas de varones en Lima, y mujeres en Asturias, que tenían que comunicarse, vender todo, ir, cruzar el mar y volverse a encontrar con aquel individuo siempre su marido, más probablemente otra persona ya. Hay otras visiones en Gonzalo Durán López y Pablo E. Pérez Mallaína Bueno.

En medio de todo este océano de ideas, imágenes, escritos, sentimientos, confusiones, quiero dedicar la atención a un par de barcos, que en verdad trasladaban una cultura de una parte del Atlántico, a otra.

De los ejemplos que traigo a colación el primero es del verano de 1605:

Registró Lucas de Iturbe que ha cargado en esta nao que Dios salve, nombrada El Espíritu Santo maestre Cristóbal López que va a la provincia de Nueva España con la flota, general de Alonso de Chaves Galindo, lo que abajo será declarado que va en una cajuela sellada e intitulada libros para Juan Arza de Machaímo en México para entregar al susodicho o a quien su poder tuviere para que haga la orden que el dicho Lucas de Iturbe le diere por sus cartas.

Una cajuela sellada con lacre e intitulada libros y en él van los siguientes

•   Los hechos de los portugueses en la India oriental

•   Historia general de las Indias en dos tomos

•   La discreta toledana

•   La pícara Justina

•   Historia de los condes de Barcelona

•   Historia del monte santo de Granada

•   Las Vidas de Plutarco

•   Pastoral de san Gregorio

•   Lámpara encendida

•   Berjel de plantas divinas

•   Flor santorum de Ribadeneira

•   Añadidos los santos extravagantes y vida del padre Ignacio

•   La verdadera cirugía del doctor hidalgo

•   Don Quijote de la Mancha

A su vez, en el mismo barco mandaba Andrés de Hervás, vecino de Sevilla «para dar y entregar en el puerto de san Juan de Ulúa a Clemente de Valdés vecino de México y en su ausencia a Francisco de Medina», en el cajón n.º 9, 76 libros del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a doce reales; en el cajón 10.º otros 84 ejemplares… En ninguno de esos diez arcones cargados de libros los había «prohibidos por el Santo Oficio».

Igualmente, en ese mes de julio, en esa armada, en otro galeón, otros 20 quijotes y así sucesivamente, hasta más de 500 quijotes que se registraron camino a América en 1605.

ANTES DE SUBIR A BORDO

Volvamos a nuestros viajes ordinarios, no a los de «descubrimiento». No es fácil saber a ciencia cierta el costo del pasaje. Se trataba de un contrato, verbal en muchas ocasiones, entre el maestre del galeón y el aspirante a pasajero.

En 1764 un emigrado le daba esta recomendación a su esposa que iba a viajar con el hijo de ambos de siete años: «Si trataran de ajuste, dirás que de setenta y cinco a cien pesos será lo que podrás pagar […] aunque te pongan algunos embarazos diciendo que en el navío primero hay poca comodidad u otra semejante, responderás que tú no buscas más que pasar a este puerto [de Caracas] con aquella decencia de una mujer de bien».

El pasaje, pues, incluía el transporte de la persona y su matalotaje. También en esto de los equipajes y los bastimentos quiso inmiscuirse la corona, aunque tarde, en los albores del XVII: Según la ley XXXIIII, tít. XXVI, lib. IX de la Recopilación de las Leyes de Indias (Madrid, 28 de enero de 1609) eran los pasajeros los que debían prepararse su propio matalotaje y bastimentos, sin permitírseles concertar con los maestres de raciones o demás oficiales de la embarcación otra cosa. Es más: desde 1609 se prohibió a los oficiales de los galeones sentar a su mesa a los pasajeros. Así se buscaba, tal vez, que la mesa de la cámara del capitán de la nao no fuera un mesón.

Si la ley antedicha apareció es porque ocurría lo contrario: imaginemos al maestre cobrando al incauto o desprevenido inmensas cantidades por la alimentación que no hubiera subido a bordo, o por el cazo de agua que le ofreciera de ración diaria. Imaginemos las discusiones por los abusos en alta mar y el terrible espectáculo que podía seguir. Así que lo mejor era ordenar que cada cual cargara con lo suyo. Como ocurría en las cárceles. El problema estaría en que los maestres limitarían la carga del pasaje para poder sacar sus beneficios por venderles lo que les faltara.

En cualquier caso, Jacobs —con su singular acierto— ofrece dos datos para explicar el precio del pase a Indias: por un lado, lo que se declara en cierto juicio y, por otro, una provisión de fondos que envía un esposo a la cónyuge. El viaje, 18.173 maravedíes de matalotaje y casi 28.500 maravedíes por reservársele unos 6 metros cuadrados para surcar el Atlántico.

A una mujer y su criado, el esposo les mandó 54.400 maravedíes de provisión.

A ello habría que añadir el coste del desplazamiento desde donde fuera la vivienda habitual hasta Sevilla.

Por otro lado José Luis Martínez, con datos propios y de fuentes bibliográficas, acierta al afirmar que «a lo largo del siglo [XVI] los aumentos y diferencias [de precios] por las distancias son más bien caprichosos». En efecto: cada cual cobraba lo que quisiera al que fuera a embarcar en su navío. No había tasa, como la había para el transporte de mercancías por Castilla, por día y legua recorridos. En virtud de la presencia de cada cual, del número de viajeros que fueran juntos, de la anticipación del compromiso de viajar, de las circunstancias que fuesen, intervenía la elasticidad de la oferta y la demanda. Las leyes del mercado fijaban los precios. Exactamente igual que hoy en los vuelos transoceánicos y todos los demás.

Ida Altman ha hablado también de más de 20.000 maravedíes alrededor de 1580 y subiendo el precio en función de la inflación, o cómo no, de la paz o la guerra.

Por tanto, quien quisiera ir a Indias podía imaginarse que para contratar su traslado y el de sus pertenencias, debía preparar unos 20.000 maravedíes, de los que 7.500 corresponderían al pasaje de la persona y lo que fuera, en función de pesos y dimensiones, con tal de no superar los 920 kilos actuales, al cargamento individual. Un lego venía a pagar unos 13.500 maravedíes si iba sin libros, por ejemplo, que todos sabemos lo que pesan y ocupan.

Felipe III en 1607 pretendió poner cierto orden. Al parecer desde 1538 la corona cubría con los gastos de los frailes que pasasen a Indias. En este año de 1607, el rey mandó que cada uno percibiera de ayuda de viaje, 49 ducados, es decir, 18.326 maravedíes en los que se incluía el traslado de personas y enseres a Nueva España o a Tierra Firme.

Limitándonos a la sola especulación de que llevar la persona y su cargazón a Indias costara unos 20.000 maravedíes, ¿era mucho o poco? Esa cantidad equivalía a 50 ducados de plata. ¿Qué más nos da saber lo que costara el kilo de patatas? Propongo un dato objetivo: el cronista mayor de Indias de Felipe III, Antonio de Herrera, ni más ni menos que Antonio de Herrera, cobraba por su cargo… 80.000 maravedíes al año. Cuando fue promovido a secretario real empezó a cobrar 100.000 maravedíes.

Pero a bordo, en 1571, un paje cobraba 9.000 maravedíes, un grumete 12.000, un marinero 18.000, el artillero 22.500, los oficios menores y medios hasta 27.000, y el capitán, 36.000 maravedíes.

O sea, que pasar una persona a Indias costaba aproximadamente, un cuarto del sueldo de un año de un cronista real.

Viajar era carísimo. Además, penosísimo. Lo tendré en cuenta la próxima vez que me dé rabia quitarme el cinturón en Barajas antes de coger ese vuelo a donde sea que llega en seis horas por el que no llego a pagar 900 euros.

Como curiosa comparación, quiero recordar que, aquello que no llevara en su equipaje el pasajero, tal vez lo podría comprar a bordo. Igualmente, a bordo se hacían negocios de todo tipo, porque era mucho tiempo y mucha gente. Por ejemplo, a los frailes se les alquilaba una cámara pequeña, un camarote en el que cupieran para hacer sus oraciones.

A BORDO

Compradas las provisiones necesarias, en Sevilla y sus alrededores, a excepción de los cargamentos de mercancías para comercio e imperecederas que ya llegarían a puerto desde donde hubieran sido manufacturadas y se embarcaban tras el pago del almojarifazgo, el pasajero podía embarcar en la fecha señalada.

Uno de los aspectos más interesantes de este fenómeno del monopolio de embarque y desembarque en Sevilla fue, precisamente, el de la inflación, de la que ya dieron cuenta los pensadores del siglo XVI. Es muy fácil imaginar las oscilaciones de precios temporales y las oscilaciones de precios en términos comparativos entre Sevilla, su alfoz y el resto de las campiñas colindantes, porque no exageremos, que muchos bienes de consumo ante el encarecimiento de los costes de transporte y distribución, buscarían otras salidas, más «naturales». No obstante, la algarabía sevillana tenía, lógicamente, unas raíces económicas, mercantiles, de oferta y demanda bien claras.

En Sevilla se compraba de todo lo necesario para el viaje, cuanto para los primeros momentos de la vida en Indias. Si alguien ha vivido un traslado de continente, sabe a qué me refiero.

Si se esperaba que la travesía durara un mes, había que ser calculador. Obviamente, cargar siempre de más por si acaso. Si al llegar a Indias los productos fueran a echarse a perder, o no se pudiera seguir cargando con ellos, a buen seguro que los maestres de las naos se harían cargo de ellos, para revenderlos después.

Conocemos raciones y cargas de alimentos tanto para galeones como para galeras mediterráneas, tan irónicamente descritas por fray Antonio de Guevara, o tan lúcidamente sintetizadas por Marañón. Todos sabemos los excesos de proteínas y salazones y las carencias, sobre todo de vitaminas, fibras que contienen las frutas y verduras. No voy a repetir la larga lista de bizcocho, pan duro para mojar en agua o vino y reblandecerlo, cerdo y pescados en salazón, tocinos, otras carnes ahumadas, legumbres y cereales, otros frutos secos, carne de membrillo, azúcares, quesos, aceites, vinagres, ajo y agua. Pero además, abundaban la canela, el clavo, la mostaza, la pimienta, el azafrán, el pimentón…

A bordo, una parte de la carga tenía doble función: se trasportaba para repoblar en Indias, pero si había necesidad, se comía en alta mar. Así, el ganado mayor o menor, y las beatíficas gallinas, que si eran ponedoras tanto mejor y que ocupaban poco, daban de comer a los viajeros, si era la ocasión.

Aunque Hamilton propusiera ya en 1929 que las calorías con las que podía alimentarse un hombre a bordo eran unas 3.638 (datos que deben volver a analizarse), el desequilibrio de los alimentos era notable. De todos modos, probablemente ellos sabían conformarse y sobrevivir con lo que tenían.

Antes de embarcar, ajustaban precios y comidas con el capitán. Tal vez solían comer dos veces al día, antes de las diez de la mañana y al caer la tarde. Cada pasajero podía llevar lo que quisiera.

A veces, podía haber tres mesas distintas: la del capitán con las gentes de calidad, la del común y la de los criados e incluso los esclavos.

A lo largo de la semana de travesía, por ejemplo, durante los lunes miércoles, viernes y sábados comían y bebían conjuntamente unos 700 gramos de bizcocho, un litro de agua, otro de vino, 150 gramos de menestra de habas y garbanzos, y unos 150 de pescado salado por persona.

Los martes, el cambio estaba en que tomaban unos 50 gramos de arroz con aceite y poco menos de un cuarto de kilo de tocino.

Los domingos y días de fiesta señalada, medio kilo de carne salada, y unos 60 gramos de quesos.

Al mes, un litro de aceite y medio de vinagre.

La tripulación estaba compuesta por no menos de 30 hombres para los buques de hasta 170 toneladas; 48 para las de 220 y 61 marinos para los galeones de hasta 320 toneladas.

El responsable del barco era el capitán, o maestre, que en muchas ocasiones era el dueño, o socio de la propiedad del barco o de los beneficios de sus cargamentos. El piloto era el técnico náutico y, en último término, el responsable de la singladura. El contramaestre transmitía las órdenes del maestre y el piloto y estaba al tanto del orden de la vida a bordo. El escribano ejercía de notario del buque. Además, había alguacil, el veedor que representaba los intereses de la corona, un despensero que daba de comer pero, fundamentalmente, estaba al cargo de los fogones a bordo, carpinteros, calafateros, toneleros cada uno con una responsabilidad asignada, y así sucesivamente.

La Santa María desplazaba unas 100 toneladas, la Pinta 61 toneladas y la Niña unas 53. A lo largo del siglo XVI, los buques que surcaron el Atlántico eran, por antonomasia, pero no los únicos, los galeones, desde 200 hasta 400 toneladas, porque la barra de Sanlúcar no tenía suficiente profundidad para barcos más grandes. En 1552 se prohibió que se hicieran a la mar barcos de menos de 100 toneladas; desde 1609 se subió el tonelaje a 200. Desde la traslación de la Casa de la Contratación a Cádiz, como no fuera obligatorio ya remontar la barra del Guadalquivir, se construyó con mayor holgura, se hicieron buques mayores.

Un buque de estos era identificable por contar con dos castillos, el de proa —usado para guardar los aperos de la navegación y alojar a la marinería— y el de popa. El de popa estaba dividido en varias partes: la tolda cubría un espacio que iba desde la popa al palo mayor. En su interior estaban instalados los instrumentos que regían la navegación y en último término las vidas de los viajeros y sus tripulantes. Era el lugar de almacenaje de la carga de uso diario de todos los que iban a bordo y también el dormitorio de quita y pon de buena parte del pasaje. Habitualmente podía ir una parte de la artillería del navío. En un buque bien gobernado, la cubierta se podía limpiar con celeridad antes de entrar en combate, se «zafaba el rancho».

Encima de la tolda, de dimensiones más reducidas, estaba la cámara del capitán, en cuyo techo —o toldilla— estaba el puente de mando.

En cubierta, entre las entradas a ambos castillos, iba la mayor parte de la artillería, bombas de achique, escalerillas, quiero decir que no era zona diáfana. Sin embargo, debajo de la cubierta, en la bodega iban las cargas, en ocasiones camarillas para los oficiales y viajeros distinguidos. Por fin, la sentina era la parte más baja, lastrada con gravilla para absorber el agua que entrara o para liberarla, en caso de necesidad.

La vida a bordo fue relatada de varias maneras en aquellos días. Había tradición de hacerlo, porque la vida en las galeras había inspirado a alguno. Sin embargo, la travesía a Indias imponía mucho más, aunque de manera distinta, acaso por la certeza de ir a pasar semanas y semanas sin ver más que los azules fundidos en la línea del horizonte. Como acertadamente dijo José Luis Martínez, era necesario tener un «aprendizaje de una nueva vida». Eugenio de Salazar, nuestros sagaz escritor también de un vibrante epistolario, destinado en 1573 a pasar a Indias, compara el galeón con una ciudad, eso sí, con sus peculiaridades y cierta acidez: «Hay tantas redes de jarcias y cuerdas […] que los hombres allí parecen pollos» y demás descripciones escatológicas que omito por hoy.

REPERCUSIONES DEL SISTEMA DE «FLOTAS Y GALEONES»

Lo más importante de este sistema fue, en efecto, su perfección, la interdependencia de todos los buques que salían y volvían, la obligación de atender las órdenes de la almiranta. Pero también es fascinante la coordinación que impuso a todo el sistema financiero de Europa el sistema de flotas y galeones. ¿Hubo fallos? Por supuesto, y muchos. Pero se mantuvo un imperio ultramarino durante siglos. Lo que me admira no es el fenómeno imperial en sí, sino la capacidad de ver el mundo, la realidad, el futuro para la Monarquía si se replegaba en los trigales de Castilla. Ellos lo vieron perfectamente: durante el siglo XIX, algunos no tanto. Discutir sobre la necesidad de mantener Flandes o Portugal parece, a día de hoy, una pérdida de tiempo.

En las bodegas de las flotas venían las cargas de plata, metales preciosos, objetos de extraordinario valor que daban vida a Europa entera. Este sistema de flotas y galeones de guerra marcó durante siglos la estacionalidad de la economía del mundo. En efecto, se sabía que avanzada la primavera, a Sevilla llegarían los cargamentos. Esos cargamentos eran uno de los avales, el más importante sin duda, de los que disponía el rey de España para pedir préstamos internacionales. Comoquiera que los pagos de los préstamos se celebraban en las ferias de pagos continentales, primero Medina, luego Piacenza, Augusta y así sucesivamente, todo el sistema internacional de préstamos y vencimientos tendió a acoplarse a las fechas previstas de llegada de metales preciosos a Sevilla. Todo el sistema financiero europeo.

Los «banqueros cosmopolitas» en feliz denominación de don Felipe Ruiz, debían tener en sus cabezas, las fechas de la primavera, como las del principio y final de año, como el estudiante debe tener el mes de octubre.

Y así transcurría todo. Estacionalmente. Como las tareas agrícolas, como el calendario anual, como el clima, que en fin casi todo lo gobernaba.

Cuando la flota llegaba a Azores (de ahí la importancia de la victoria en la Isla Tercera de don Álvaro de Bazán) y se mandaba el «navío de aviso» a la península, en solo unas pocas semanas, por la Europa de las finanzas y los préstamos corría la voz de cuánto venía este año. Y entonces el mundo del dinero rebosaba de felicidad, se aceleraban los préstamos pendientes, se revolucionaba la economía de los créditos, que no solo iban a reyes, sino también a microcréditos para particulares que necesitaran comprar cualquier cosa; los otros banqueros, los banqueros dependientes y tantos individuos del común que eran prestamistas de menudeo sonrían con la esperanza de nuevas acciones. La catarata caía con feliz estrépito.

Sin embargo, podría haber ocurrido que las cargas en Indias no hubieran sido notables, o que por el camino se hubiera perdido algún navío porque las tempestades hubieran dado cuenta de él, o porque en un despiste de su maestre, hubiera sido apresado por algún pirata. Entonces, llegadas las noticias de los males, se difundía la melancolía de la incertidumbre.

En tercer lugar, podría ocurrir que los cargamentos no hubieran estado aprestados a tiempo en Cartagena o en Veracruz, o que los temporales hubieran hecho desaconsejable levar anclas en las fechas previstas en La Habana, o que en el Atlántico hubiera ocurrido otra cosa, con tal que la flota no volviera a tiempo. El retraso de la llegada de la flota a Sevilla inundaba de inquietud a los banqueros. Porque si la descarga no se hacía a tiempo, las demás fichas del dominó se iban cayendo una a una, quiero decir, había que aplazar las ferias de pagos, había que renegociar la fecha de vencimiento de las letras de cambio internacionales, se originaba el marasmo.

Por tanto, habida cuenta que hubo algunas de estas circunstancias y que los mundos medievales no podían soportar la presión de la nueva banca, las ferias de Medina se vinieron abajo porque las letras contra la capital económica de Castilla empezaron a girarse contra banqueros estables internacionales de Madrid. El hundimiento de Medina del Campo fue un aviso más de la profunda transformación económica que estaba viviendo aquel mundo de las últimas décadas del siglo XVI, de los últimos estertores de las tradiciones medievales.

El sistema de flotas y galeones permaneció vigente en términos generales hasta 1738. Luego, pervivió solo para Nueva España hasta 1778, fecha de los Decretos de Libre Comercio. En 1717 se había producido la traslación de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz. En 1740 la apertura de la Carrera de Indias a navíos catalanes, a las relaciones directas comerciales entre el principado e Indias. La historia de la Carrera en tiempos de la independencia ya ha sido tratada también.

El tráfico con América estuvo sometido, pues, a un monopolio real con funcionamiento mixto, en el que la corona determinó todos los aspectos funcionales, de cargas, tiempos, viajeros. Por ello, tal y como en su día defendió García Baquero se trató de un «monopolio compartido», no porque hubiera deseos de hacerlo así, sino por el pragmatismo de la corona. De la defensa de sus intereses y del mare clausum, hubo de claudicar y aceptar a regañadientes los principios del mare liberum, para acabar reconociendo, por los decretos del libre comercio, la apertura de los puertos peninsulares con Indias, lo cual favoreció a la economía catalana. Por cierto, que los bienes de consumo producidos en Cataluña ya se colocaban directamente en Indias durante el reinado de Carlos II, un siglo antes de esos decretos, como investigó hace años Martínez Shaw.

De nuevo, el cumplimiento de una ley está en la base de nuestros conocimientos: «Conviene saber y entender por particular relación qué personas vienen de nuestras Indias o vuelven a estos reinos. Mandamos [a las autoridades de la Casa que tan pronto como las Armadas] dieren fondo, como se hace lista de todo el oro, plata, géneros y lo demás que en ellas se conduce, hagan formar otra precisa y particular de todos los pasajeros que vinieren, especificando sus nombres y si son clérigos, religiosos, seculares, mercaderes, factores o de cualquier otra profesión y de las licencias» (Ley LXXIII, dada en San Lorenzo a 10 de diciembre de 1572).

Para García Baquero las etapas de los intercambios en la Carrera de Indias, fueron cuatro: de 1504 a 1610, época de auge continuado, de enormes alteraciones en la vida de Sevilla pero de «saldo ambiguo», porque ese comercio no repercutió plenamente en Andalucía, ni en la agricultura (ni inversión de capitales, ni ampliación de las superficies en cultivo para exportar a América salvo algo de viñedo y olivar), ni en las manufacturas textiles, ni en la industria naval, ni en las finanzas, aspecto este último ciertamente matizado y correctamente explicado por la monumental obra de García Bernal, «los altos tipos de interés aplicados en las operaciones crediticias más los beneficios mercantiles y cambiarios hicieron de Sevilla primero, y de Cádiz después, unas plazas financieras europeas de primer orden internacional, con un mercado de capitales de tal magnitud» que se han comparado con Brujas, Amberes, Londres Hamburgo y Marsella.

El segundo periodo sería de recesión entre 1610 y 1720, mientras que el siglo XVIII, el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz y los nuevos vientos que soplaron para la economía, arrojan un saldo de recuperación durante el primer siglo de los Borbones, aunque con algunos datos revisables según las últimas investigaciones.

De vuelta a América, siguiendo a Chaunu, hay que resaltar que los tiempos muertos, los periodos de carga y descarga, las esperas, representaban tres veces más que el tiempo de navegación efectiva, o tomando una a una sus palabras, «de ahí el peligro de la “broma”, de ahí el escaso rendimiento del capital invertido en armamento, de ahí la carestía del flete».

Indudablemente que el tamaño de la flota implicaba también su propia rentabilidad. ¿Cuántos barcos componían cada flota? Depende de la coyuntura. En cierta flota de 1550 había una docena de bajeles mercantes custodiados por ocho de guerra. En 1552 el almirante Bartolomé Carreño dirigió la expedición de 24 naves para Tierra Firme y 16 a Nueva España. Solo se trajo de vuelta 12 barcos, que lo demás lo dejó allí para desguace, para navegación de cabotaje tras su reciclaje, o como pecios.

En buena medida puede decirse que una flota de 30 buques era una gran flota, hasta los años ochenta del siglo XVI, en que las flotas fueron impresionantes. Según datos de Haring, en 1585 partieron 71 galeones, ninguno en 1588, pero 94 en 1589, ninguno en 1590 y 1592, pero otros 72 en 1592, 69 en el 1596 y algo más de 30 en 1601 y 1603. La largueza de la flota era motivo de festejo y admiración en Sevilla y en la corte, como se puede ver en tantas relaciones de sucesos.

El sistema de flotas y galeones funcionó bastante bien. A finales del siglo, como puso de manifiesto Parker al explicar la gran estrategia de Felipe II, Europa sintió pavor tras la incorporación de Portugal. Se desataron todas las fobias contenidas. Poco a poco, si había algo de relativa tranquilidad, se vino abajo. En 1588 tuvo lugar el intento de invasión de Inglaterra y, a la vez, se incrementaron los cargamentos de plata. Así las cosas, no es de extrañar que alrededor de 1590 hubiera que fortalecer la seguridad de la Carrera. Además, para muchas cuestiones coyunturales de nuestra historia, el de 1590 fue un año crucial. Desde luego, un fenómeno de capital importancia fue el de la aparición ya sin marcha atrás de ingleses y neerlandeses por el Mediterráneo, por el Atlántico. Pero no porque hubiera Hawkins, Drake y algunos marinos más, vamos a echar por tierra toda la calidad de tantos y tantos. Recordemos, como anécdota acaso insustancial para el derrotismo hispano, que hacía un siglo que había llegado Colón a Indias, o que llevaba casi un cuarto de siglo en funcionamiento el sistema. ¿Cuántas escuadras holandesas, inglesas o francesas habían llegado a América? ¿Habían logrado resquebrajar la presencia ultramarina española o siquiera algún asentamiento permanente?

Por ello, quedo perplejo al leer en un excelente catálogo dedicado al oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias, que «la corona no tenía una idea de las dimensiones del fenómeno» de la piratería. En el mismo artículo, sigo buscando ávidamente las dimensiones del fenómeno y las encuentro: la primera dimensión que cita el autor es el ataque de 1586 de Drake a Santo Domingo; alguna alusión a Hawkins, el ataque de 1598 de Lifford a San Juan. Concluye, «las incursiones de extranjeros seguían con toda normalidad» y más adelante, «la firma de algunos tratados de paz entre España, Francia e Inglaterra hacia finales del siglo XVI»; y aún hay más perlas caribeñas, «la derrota que sufrió la Armada Invencible en las últimas décadas del siglo XVI», etc.

Manejo otras fechas, del mismo catálogo, como que los primeros ataques de Hawkins fueron de 1567 y 1568. Hasta 1572 no es el ataque de Drake a Nombre de Dios. Hasta 1577 Drake no inicia su viaje de circunnavegación con sus acciones piráticas de 1580. Hasta 1585 no tienen lugar sus, esta vez sí, ataques y saqueos en el istmo de Panamá; en 1587 en Cádiz; pérdida del primer galeón cargado el Santa Ana en 1587; en 1595 y 1596 mueren Raleigh y Drake en Indias; en 1600 se hunde el San Diego en Manila; hasta 1615 no se establecen los franceses en La Guayana (aunque hay expediciones aisladas desde las guerras de Francisco I); en 1622 se hundió la almirante Nuestra Señora de Atocha en Florida y a partir de 1625 se intensifican los ataques de franceses, holandeses e ingleses, con triunfos y derrotas. De entre aquellos, el más significado la pérdida por primera vez de la Flota entera de Nueva España en Matanzas… en 1627.

Otro capítulo es el de los naufragios, o por mejor decir, el de la pérdida de barcos. En la cultura popular está inserta la imagen de la tragedia del naufragio. Sin duda. Pero me ha llamado más la atención la capacidad de maniobrar ante la inminencia de un hundimiento por una avería a bordo, por un encallamiento, por un accidente: la velocidad de reacción, la descarga y transporte de enseres o riquezas.

Hubo muchos naufragios (he oído alguna vez que 8.000, que es una barbaridad), que hoy son la delicia de los cazadores de tesoros, quienes lejos de ser solo buitres de la arqueología submarina, que en buena medida lo son, acaso se saben explotadores de los resquicios del derecho internacional, o de las calamidades de la Administración española: como en España la gestión del patrimonio arqueológico es cosa de las comunidades autónomas hay partes de nuestras costas que tienen hecho el mapa de los pecios y otras regiones no. En cualquier caso, cada vez que veo un reportaje, o leo una información sobre sus «hallazgos» suelo encontrar algún indicio de manipulación de la realidad, de la verdad. Y detrás una buena cohorte de picapleitos.

No deja de ser un problema apasionante el de los naufragios, no solo por la parte de aventura que tiene, sino por las implicaciones cualitativas que se aúnan, de historia del derecho, y el derecho actual, culturales, patrimoniales, o esa gran historia de las vanidades o de las esperanzas que iba indefectiblemente en las bodegas de un galeón. Sobre todo, ¿quiénes o cómo sobrevivieron, además de Alvar Núñez Cabeza de Vaca? ¿Cuántos naufragios hubo y cuántas vidas se perdieron? ¿Fue por causa de la ineptitud de los marinos —como sugiere Haring—, o por la falta de desarrollo técnico, que hacía heroico el adentrarse en el mar?

LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN: UNA CREACIÓN DEL DERECHO CASTELLANO DEL RENACIMIENTO

La conquista de las Indias no se abandonó al salvajismo y la codicia sin freno de los cristianos blancos, aunque a más de uno le hubiera gustado. Las autoridades de Castilla intentaron entender, discutir, poner orden y reconocer la dignidad del ser humano en todos los indios que habitaban aquellas tierras. El respaldo jurídico procedía de la experiencia de la corona y sus vasallos desde finales del siglo XV: diplomacia en Roma, conquista, ordenamiento y repoblación del reino de Granada, expansión del derecho castellano…

Por otro lado, los principios aristotélicos de la diferencia cualitativa de los hombres, según la cual unos eran salvajes y por ello dignos de ser gobernados por los otros, los civilizados, con el fin de hacerlos vivir en una comunidad digna, impregnaba las mentes de aquellos hombres de letras.

En las «Instrucciones a Nicolás de Ovando» la reina Isabel proclamó la libertad de los indios. Y ese principio esencial de la dignidad humana rigió en su mente y la de los reyes sus sucesores permanentemente:

Hubimos mandado que los indios vecinos y moradores de la isla Española fuesen libres y no sujetos a servidumbre. (Real Provisión de Medina, 20 de diciembre de 1503).

Sin embargo —¿con sorpresa?— se había constatado que debido a esa libertad, ni convivían con los cristianos, ni querían trabajar. Por tanto y con el fin de poblar más esa isla, aumentar sus frutos y coger el oro que hubiera, la Reina Católica mandaba al gobernador de La Española que a partir de ahora los indios «traten y conversen con los cristianos de la dicha isla y trabajen en sus edificios», minas y granjas pero que «hagáis pagar a cada uno el día que trabajare, el jornal y mantenimiento que según la calidad de la tierra y de la persona y del oficio os pareciere que debiere haber». Al mismo tiempo, se instituía que cada cacique se encargara de varios indios, a los que instara a trabajar y los días de fiesta que oyeran la doctrina cristiana, e insistía la reina…

[…] lo cual hagan y cumplan como personas libres, como lo son, y no como siervos. Y haced que sean bien tratados los indios y los que de ellos fueren cristianos, mejor que los otros. Y no consintáis ni deis lugar que ninguna persona les haga mal ni daño, ni otro desaguisado alguno (Real Provisión, Medina, 20 de diciembre de 1503).

Así que está claro: eran libres y no siervos; mucho menos esclavos. Deberían recibir un jornal y doctrina cristiana. Deberían ser mejor tratados (podemos sobreentender que en jornales) que los cristianos, de donde se deduce que la reina era consciente de que algunos no se convertirían. Sobre estos y su libertad, no hay excepción.

Insistía la reina en todas estas cosas un año más tarde. En el codicilo llama a los indios personas, a las que no se les debe hacer ningún mal (cláusula XI del codicilo), como expresó en el lecho de muerte la reina:

[…] que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y Tierra Firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio que lo remedie.

Digo que —con estas bases de derecho— podemos intuir que el inherente a Indias es profundo y complejo.

Además de las voluntades reales, las primeras ordenanzas reales sobre indios fueron dadas en Burgos, 1512, y ampliadas en Valladolid, 1513. Aún era regente Fernando el Católico. Estas Ordenanzas reales de Burgos nacieron a consecuencia de lo acaecido tras el sermón del tercer domingo de Adviento de 1511 predicado por fray Antonio Montesinos en la ciudad de Santo Domingo, de La Española. Aquel día oyeron a este dominico desde el gobernador Diego Colón abajo. Lanzó una diatriba durísima contra los conquistadores, «estáis en pecado mortal al explotar a los indios»; o también «todo el oro y riquezas que así habéis obtenido se la habéis robado a ellos y este pecado no se perdona si no se los restituís».

Aquellas palabras generaron malestar y quejas, que no voy a detenerme ahora en describir. Montesinos se reafirmó en su soflama y Diego Colón escribió al rey describiéndole lo que ocurría. El rey Fernando no podía admitir que se pusieran en duda los derechos que se tenían sobre aquellas tierras y sobre los indios que, en función de los derechos de los cristianos, «trabajen en beneficio de los españoles». De los dictámenes jurídicos y teológicos favorables al derecho castellano y la conquista, podía derivarse que quien hablara contra los usos de los conquistadores, si estos eran legítimos, estuviera atacando a la propia corona. No obstante, Fernando optó por reunir, nuevamente, a teólogos, jurisconsultos y consejeros en materia de Indias. Hubo más de una veintena de sesiones, de reuniones, de aquella «Junta de Burgos»; en alguna de esas estuvo presente Montesinos.

A raíz de ello, Fernando promulgó 35 leyes a finales de 1512, que se hicieron públicas en Indias en enero de 1513. Nacieron así las «Leyes de Burgos» u «Ordenanzas de Burgos» (1512) y su «Declaración y moderación» (1513).

El fin primero de esas Ordenanzas de Burgos era el de la conversión de los indios al cristianismo, pero para ello, se les conminaba a que abandonaran sus poblamientos y se unieran a los españoles, para obtener en los pueblos de estos las ventajas espirituales y materiales que de tal mudanza se derivarían. Así, la práctica del ordinario culto religioso, el adoctrinamiento y el aprendizaje de las buenas costumbres cristianas, por la vía de la imitación de los españoles.

El fin segundo era el de enseñarles a trabajar, habida cuenta que su salvajismo no se podía curar sino con la disciplina del trabajo. Para enseñarles a trabajar y que no anduvieran holgazaneando, los indios vivirían entremezclados con los cristianos, abandonados sus bohíos o chozas.

Repartidos por grupos, un buen cristiano, su encomendero, les enseñaría a trabajar y a rezar... El proyecto se convirtió, debido a la humana conditio, en una aberración, por más que en las propias Leyes de Burgos hubiera un articulado en defensa de la dignidad del indio.

En conclusión: las Leyes de Burgos trataban otros temas, además de estos de conciencia religiosa. Es muy de destacar, por ejemplo, el hincapié que se hacía en el buen tratamiento de los nativos y las penas a los contraventores. Se regulaba el sistema de trabajo (!) y se reorganizaba el sistema de repartos de indios, de «encomiendas», que tendrían un mínimo de 40 indios y un máximo de 150.

Pero los bien pensantes imaginaron, y aun soñaron con que la convivencia absoluta entre indios y españoles evitaría los riesgos de retorno a la idolatría que se producía con harta frecuencia tras la vuelta de los indios a sus casas, tras la jornada o temporada de trabajo (adviértase que pocos años antes una de las razones esgrimidas para la expulsión de los judíos era la de que los practicantes tentaban permanentemente a los neoconversos para que volvieran a la Ley de Moisés y abandonaran la de Dios).

Según la Declaración de 1513 se reguló que los indios adoctrinados podrían vivir ya solos y regirse en libertad, contribuyendo con los mismos impuestos que los españoles en Indias, y reconocidos —otra vez— como vasallos de los reyes. De nuevo en Zaragoza, 1518, se dictó una real provisión incidiendo en este mismo aspecto de la libertad de los indios.

Durante las reuniones de Burgos (y esencialmente a partir de los razonamientos del consejero real y jurista Palacios Rubios) se acordó que antes de que hubiera acción violenta contra los indios, había que advertirles claramente sobre qué era la soberanía del rey de España, la cristianización, y por decirlo de alguna manera, en qué iba a consistir su inmediato futuro si aceptaban la cristianización, o si por el contrario, la rechazaban.

Imaginemos la escena: un grupo de conquistadores llegaba a un poblado indígena y el capitán, o el responsable de la tropa (a mitad de camino entre soldados, labradores o hidalgüelos) leía ante los atónitos nativos el «Requerimiento», texto en verdad complejo y extenso (reproducido en Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias; etc.) en el que se proclamaba que «Dios Nuestro Señor, uno y trino, creó el cielo y la tierra y un hombre y una mujer de quien vosotros y nosotros y todos los hombres del mundo han de venir»; que el mundo fue creado hacía unos «cinco mil años y más». Y se les hablaba de que Dios había dado a uno que se llamaba Pedro el principado del mundo y que su silla la puso en Roma o en donde considerara para «juzgar y gobernar a todas las gentes, cristianos, moros, judíos, gentiles…». Se les explicaba que un sucesor de Pedro había hecho «donación de estas islas y tierra firme a los dichos rey y reina (Fernando y Juana) y a sus sucesores» y «así que sus altezas son reyes y señores de estas islas y tierra firme por virtud de la dicha donación…». Estaba claro. Continuando con el «Requerimiento» se exhortaba: «Por ende, como mejor puedo, vos ruego y requiero que entendáis bien esto que vos he dicho», que se reunieran para hablarlo y deliberarlo entre ellos y asumir que es la «Iglesia señora y superiora del universo» y el Papa y los reyes, por delegación y representación, los señores de estas tierras.

Si los naturales lo aceptaban, serían bien recibidos bajo el amparo de los reyes y sus bienes y personas serían respetadas «libremente sin servidumbre» aparejándose tal situación a otros privilegios. Mas, si por el contrario, «no lo hiciéreis y en ello maliciosamente dilación pusiéreis, certificoos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes y maneras que yo pudiere y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia» y a vosotros, y a vuestras esposas e hijos, «los haré esclavos y como a tales los venderé», quedando exonerados de cualquier mal tanto sus altezas, como los ejecutores del advertimiento.

Al parecer, la primera vez que se promulgó un requerimiento fue en Tierra Firme en 1513. Pizarro, en Perú, lo leía en 1533.

La complejidad de los problemas que se derivaban de la gobernación de las Indias no podía resolverse al albur de los gobernadores transoceánicos, o la junta dedicada a Indias que formaba parte del Consejo Real de Castilla, no daba abasto. Se necesitaba una mejora del sistema administrativo indiano. El 10 de agosto de 1524 fue creado el Consejo Real de las Indias.

Por su parte, durante estos años, las luchas internas entre conquistadores y el esquilmo de personas y recursos naturales de Indias es un hecho incuestionable. La voz de Las Casas —y otros— sigue clamando. Tampoco parece ser que está exento el propio Consejo de Indias de funcionar al calor de banderías e intereses de grupo. Los escándalos se sucedían.

Por fin, en 1542 Carlos V ordenó una «visita» interna (una auditoría, diríamos hoy) al Consejo. A raíz de esa visita, se sacaron dos conclusiones: el Consejo estaba necesitado de una reforma y las instituciones de Indias debían re-crearse. De hecho, dos consejeros fueron inculpados y para las Indias se promulgaron unas Leyes Nuevas.

Las Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios fueron dictadas en Barcelona (20 de noviembre de 1542; 40 leyes promulgadas por Carlos V) y Valladolid (4 de junio de 1543; seis leyes por Felipe [II] en su nombre).

En su conjunto, se trata del normal funcionamiento del Consejo de Indias; se crea el virreinato del Perú y se recuerdan las funciones y limitaciones que tienen los virreyes, los gobernadores, sus lugartenientes; se establecen las audiencias indianas (Lima, Confines —para las actuales Guatemala y Nicaragua—; se refrendan las de La Española y México); se refuerza la idea de que en caso de carencias en el derecho indiano se aplique el castellano o el derivado de las sentencias de las chancillerías de Granada y Valladolid; las audiencias se encargarían, entre otras cosas, de la provisión de corregimientos, organización de nuevos descubrimientos; filtros en las peticiones de mercedes, etc.

Pero, sobre todo, a las audiencias correspondía el velar por la legislación en defensa de los indios. Como siempre se ahondó en los deseos de cristianización, su libertad y vasallaje real.

Al tratar del trabajo, se interesan las Leyes Nuevas por limitar el abuso del transporte de mercancías a lomos de los nativos, o se prohíbe el abuso que se hacía de ellos en la pesca de perlas…

[…] estimamos [proclama Carlos V] en mucho más, como es razón, la conservación de sus vidas que el interés que nos puede venir de las perlas.

Asimismo se prohibió la imposición de los servicios personales a los indios del Caribe, en la esperanza de que de esta manera se pudieran repoblar las islas.

Igualmente, las Leyes Nuevas proclamaron la libertad de los indios y la abolición de la esclavitud, en cualquiera de las formas aceptadas por el Renacimiento: por actos de guerra, de rebelión o de rescate.

En esta misma línea, se concluye con la encomienda indiana, esto es con la aportación del trabajo de los naturales y se cambia por la encomienda de tributo, es decir, el rey concede a los encomenderos la facultad de recaudar para ellos y por ellos las cantidades que irían destinadas al rey, para con ellas sufragar e indemnizarles de los posibles perjuicios que les causara la medida.

Por ende, se congeló la concesión de encomiendas nuevas y de todas aquellas que hubiera de dudosa legitimidad, o que no se pudieran presentar los títulos, se abolían y los indios pasaban a la directa tutela de los reyes. En el mismo sentido, quedó estipulado que a la muerte del encomendero, la encomienda desaparecería.

El que las Leyes Nuevas eran innovadoras y altamente beneficiosas para los indios es el hecho que tras su promulgación hubo alzamientos contra ellas en Nueva España y Perú: guerras civiles entre españoles.

Ante tal estado de crispación, se convocó una junta en 1545, ante la que los encomenderos laicos o eclesiásticos se mostraron contrarios a las nuevas leyes, so color de perjuicios económicos o de los daños que podría provocar a los indios el fin de la encomienda y con ello de su cristianización.

A lo largo de 1545 se expidieron tres reales provisiones: los pleitos sobre posesión de encomiendas se tendrían ante las audiencias y la sentencia la promulgaría el Consejo (es decir, la sentencia ya vendría inducida desde el tribunal local-territorial de Indias); se anuló la extinción de la encomienda a la muerte del encomendero y, en fin, tal vez por compensar lo anterior, se determinó que los pleitos ante el Consejo pudieran ser de cuantía superior a 6.000 pesos en vez de 10.000 como estipulaban las Leyes Nuevas: es obvio que si los tribunales indianos entendían de la justicia, ciertamente se agilizaría, pero también podría ser más parcial que si lo hacía un tribunal en donde estuviera la corte del rey de España.

Sin embargo, no todas las polémicas sobre los usos y formas de intervención en Indias quedaron zanjadas por las Leyes Nuevas. Efectivamente, el Consejo de Indias en 1549, por orden de Carlos V, resolvió interrumpir el proceso de conquista hasta aclarar la situación teológica y jurídica en que se hallaban las Indias.

Pero para remediar semejante desbarajuste, entre 1550 y 1551 tuvo lugar la Junta de Valladolid.

Por «Junta de Valladolid», o «Controversia de Valladolid» se conocen ordinariamente las reuniones y debates que tuvieron lugar en la ciudad castellana entre 1550 y 1551.

En esta ocasión la gran discusión fue protagonizada por Bartolomé de las Casas y por Juan Ginés de Sepúlveda, el gran humanista aristotélico, cronista imperial, maestro del príncipe Felipe [II], antierasmista, polígrafo donde los haya habido; admirado, vilipendiado y censurado en sus días, sobre el que han escrito con tino Ángel Losada, Baltasar Cuart y Santiago Muñoz Machado.

Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, no se sabe bien cuándo: se han barajado tres fechas, 1464, 1474 y 1484. Murió en Madrid en 1566. Era hijo de uno de los primeros acompañantes de Colón. De hecho, en 1502 viajó por vez primera a Indias (se piensa que para administrar bienes familiares allá), participó en diversas escaramuzas contra los indígenas y en premio se le concedió una encomienda. En 1506, sin embargo, volvió a España a recibir las órdenes menores. En 1507 era ordenado presbítero en Roma y en 1508 volvía a La Española.

Al poco tiempo, llegaron los cuatro primeros dominicos a la isla y en 1511 tuvo lugar el famoso sermón de uno de ellos, Montesinos, en el que denunciaba la explotación de los indios y las sangrantes condiciones a que les tenían sometidos los cristianos. Del sermón hablo más adelante.

Hasta 1514 Bartolomé de las Casas mantuvo sus encomiendas y a sus indios encomendados. En ese año renunció y, sin entrar en más detalles, conviene tener en mente que fue encomendero y que conoció una conversión en toda regla. En efecto, Bartolomé de las Casas era hombre del siglo XVI. Quiero decir que, como hombre de Iglesia, conocía las divisiones sociales que se encuentran en la Biblia y en textos de los padres de la Iglesia (Deuteronomio; San Agustín), del mismo modo que como hombre del Renacimiento conocía a Platón o Aristóteles (no todos los hombres están capacitados para se gobernar y por ende, los hay superiores que deben gobernar a los inferiores); o como hombre de aquella transición secular del siglo XV al XVI, participaba en la idea de que por derechos de guerra, aplastamiento de una rebelión, o por rescate, podía haber hombres esclavos. Si a estos tres pilares de su formación humanística (que lo era, y no hay más que fijarse en los autores que cita en sus eruditísimos escritos), añadimos su aire mesiánico (nada extraño en aquella generación descubridora de mundos hasta entonces desconocidos), un mundo de experiencias nunca antes vivido y la quiebra del pensamiento ante tanta novedad, no es de extrañar, digo que un hombre de su personalidad dejara huella en el mundo.

Pero es que, además, Las Casas fue un precursor del pensamiento social. Sí, del pensamiento social arbitrista, aquel que no encontraba reparo ni freno en ofrecer una visión de la realidad que sirviera para ser escuchado. Una realidad manipulada, en ocasiones, o tergiversada, pero en cualquier caso, subjetivada.

Las Casas da por destruidas las Indias, África y apunta contra todos los conquistadores. Vive sumido en su profunda conversión, escribe como los arbitristas en los títulos de sus obras, en su permanente «dar aviso» (que es la fórmula usada por los arbitristas cuando dicen haber expuesto sus opiniones ante los consejeros pertinentes), en los demoledores mensajes que anuncia.

Al margen de lo cual, no hay duda ya: todos los caribes que murieron en los primeros lustros de la conquista, pudieron ser tantos cuantos había en 1492, para vergüenza de encomenderos y autoridades. En la corte de Fernando el Católico, o en la de Carlos (hasta la llegada de Las Casas), acaso vivían ignorantes de semejante exterminio. Pero no todos murieron por la cruel mano del hombre, sino que, como ya es bien sabido, también por el impacto vírico que fue terrorífico.

Fray Toribio de Benavente (en realidad «Motolinía» que en náhuatl quiere decir «el Pobrecito») escribió sobre la historia de los indios de la Nueva España, a donde llegó en 1524. Los describe, en uno de los primeros textos etnográficos y antropológicos nunca escritos, sin ensalzarlos ni idealizarlos, ni vituperarlos. En el capítulo I habla de las «diez plagas trabajosas» que conocieron los indios desde la llegada de los españoles: viruelas y sarampión, guerras con los españoles y civiles entre indios, que generaron hambrunas, la crueldad de los recaudadores, el exceso de tributos, la búsqueda del oro, los accidentes en la construcción de Méjico, los esclavos que proveían los propios indios, el servicio de las minas y las guerras entre españoles. A poner remedio contra todo ello y la idolatría y canibalismo de los indios —que eran muy salvajes—, vinieron los frailes. A su manera Motolinía también encuentra satisfacción en su presencia, frente a la ignorancia ajena. En 1555 tuvo un enfrentamiento personal con Las Casas: este se negó a bautizar a un niño indio «que venía de lejos», porque se estaba estudiando una bula papal sobre los sacramentos y se había suspendido —al parecer— su administración brevemente. Motolinía le pidió que lo bautizara y Las Casas se negó…

Como si él solo supiera más que todos, y ciertamente aquel indio estaba bien aparejado [entiéndase, instruido, adoctrinado].

Accedió Las Casas a bautizarlo, pero, finalmente se echó atrás y no lo hizo. Comoquiera que coincidía todo ello con que «traía tras de sí cargados 27 o 37 indios», Motolinía le increpó durísimamente: «¿Cómo, padre? ¿Todos vuestros celos y amor que decís que tenéis a los indios se acaba en traerlos cargados y andar escribiendo vidas de españoles y fatigando los indios, que solo vuestra caridad traéis cargados más indios que treinta frailes? Y pues un indio no bautizáis ni doctrináis, bien sería que pagásedes a cuantos traéis cargados y fatigados» (manejo la ed. de la Historia de los indios de la Nueva España de Serna Arnaiz y Castany Prado, RAE, Madrid, 2014).

Los choques entre ambos fueron aún más graves: para los franciscanos, el correcto funcionamiento de las encomiendas podía servir para una mejor evangelización; una suerte de vida en común al estilo de la Iglesia primitiva. Cuando Las Casas se niega obstinadamente a que se absuelva (y aun propugna la excomunión) de los encomenderos, está poniéndose en frente de aquellos que piensan actuar de otra manera (y que después, en California, o Paraguay, por ejemplo, refundarán la idea). La disputa fue tremenda alrededor de 1552, cuando Las Casas dio a la imprenta su Formulario de confesores.

En cualquier caso, clero regular contra clero secular; franciscanos contra dominicos. Por todas partes había semillas de discusión. Y, mientras uno lanzaba soflamas milenaristas, el otro escribía sosegadamente (!) —y también obsesiva y triunfalmente— que «serán bautizados [léase habrán sido bautizados] en este tiempo que digo, que serán quince años, más de nueve millones de ánimas de indios». ¡Como para poner en duda los métodos catequizadores franciscanos!

Volvamos a tiempos pasados. Las primeras quejas de Las Casas fueron oídas por Cisneros y aun por Fernando el Católico. Las siguientes, por los cortesanos flamencos. Él, ingenuo en su decir, es el que redacta en su Historia de las Indias cómo acudió a lamentarse ante algún joven cortesano flamenco. Y ellos le oyeron; ellos, «más blandos» y mejores personas en su percepción, que los españoles. Y lo que hicieron fue lo que hicieron y que no creo que se haya deparado en ello suficientemente: le oyeron los flamencos y buscaron el beneficio para sí, estigmatizando a los españoles.

Las Casas entonces, ni luego, parece darse cuenta de que su acendrado «españolismo», su permanente crítica a lo que hacían los españoles, crítica en pos de su bien y a la espera de su acto colectivo de contrición, admoniciones sobre la condena por pecado mortal por el trato que daban a los indios, en fin, dedo frailuno condenatorio contra los de su misma raíz cultural, no se dio cuenta —digo— de las consecuencias que todo ello tuvo. Y es que, como buen hombre de la Iglesia más tenebrosa, ponía el acento en los aspectos pecaminosos, los dignos de la amonestación y abonados para la iracundia acallando, cuando no olvidando, todo lo demás.

Poco antes del viaje de Las Casas a Roma (1518), había andado por la Ciudad Eterna otro fraile que también señaló los males de la Iglesia toda ella pecaminosa y todos sus miembros pecadores. Fraile agustino que negó la esperanza del creyente al cebarse con las consecuencias de la predestinación. Me refiero a Lutero (llegó a Roma a finales de 1510; se marchó en marzo de 1511).

Tiempos, pues, de reformas; de denuncias, de nuevas ideas, dogmas y disciplinas. Tiempos en los que la acusación era el mecanismo para poner en marcha la redención.

La experiencia personal, y las lecturas, ambos dos pilares humanísticos, hacen que Bartolomé de las Casas sufra casi como en carne propia el mal trato de los indios. No lo puede consentir. Pero alguien ha de hacer el trabajo y la población española en Indias es insuficiente. Aunque se llevaran, como propugna hacerlo, más labradores españoles, aún se necesitaría más mano de obra. Así que la solución a esa carencia estaba en llevar negros esclavos. Porque, en efecto, en el libro III, capítulo CII de su Historia de las Indias contará cómo en uno de sus debates palatinos…

[…] preguntóse al clérigo qué tanto número le parecía que sería bien traer a estas islas de esclavos negros; respondió que no sabía,

por lo que se puso el asunto en manos de los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, que hablaron de que para las islas «Española, San Juan, Cuba y Jamaica […] bastarían cuatro mil esclavos negros» (en edición de Pérez de Tudela, BAE, V-II, p. 417).

Más adelante, cuarenta años más adelante, verdaderamente corrigió esas ideas. Pero los flamencos le habían oído. Y les parecía terrible, a esos hombres suaves, que se maltratara a los indios como lo estaban haciendo los españoles: lo denunciaba un encomendero. Era bueno que no se maltratara a los indios. Era mejor que su espacio lo ocuparan negros. Así que los flamencos optaron por vender algunas licencias de exportación de negros. Esas licencias recayeron en ellos mismos. Las vendieron a comerciantes-banqueros genoveses (de los que había centenares en Andalucía, como Colón). Ante la demanda de mano de obra, los genoveses vendían su producto-negro a altísimos precios. Los flamencos, escribe el propio Las Casas con su mesiánica humildad, le tenían «en tanta alta la estima y el amor».

Lo de las ventas de las licencias y los provechos desorbitados no pareció importunar a Las Casas. A fin de cuentas, sus diatribas inquisitivas iban contra los suyos y el mal de las ventas de negros recaía o sobre portugueses o sobre genoveses. Cuando denuncia las ganancias de estos últimos afirma taxativamente que «para los indios ningún fruto de ello salió, habiendo sido para su bien y libertad ordenado». Y no obtuvieron ningún bien porque «se quedaron en su cautiverio hasta que no hubo más que matar»… La afirmación furibunda debió de redactarla en mal momento, porque según sus esquemas mentales, no era «cautiverio» lo que se practicaba en sentido jurídico (estaría poniendo en duda las bulas papales y los derechos reales), ni los conquistadores andaban por allí mientras hubiera qué matar. Tratando de este asunto, podemos recordar cómo hay especies animales que desaparecieron también de La Española, por el hambre que pasaron los primeros cristianos que allá llegaron: sígase lo que dice al respecto Fernández de Oviedo, en el libro XII de su General y natural historia de las Indias (otra insuperable obra pionera de antropología).

En cualquier caso, Las Casas, en el texto anterior no ha tenido ni un recuerdo para los negros, esos sí, esclavos habidos sin aplicación de las leyes de la guerra, que no eran vasallos sino artículos desalmados, etc.

Pero entonces, ¿había o no había esclavos? Como vemos, los hubo. Lo que ocurre es que la controversia teórica y moral fue impresionante. En los primeros viajes de colonización hubo algún esclavo moro que acompañaba a sus amos y señores. Luego, ya en 1501, buscando la preservación religiosa de los nuevos territorios demandó (al gobernador Ovando) que «no consentiréis ni daréis lugar que allá vayan moros ni judíos, ni herejes, ni reconciliados […] salvo si fueren esclavos negros u otros esclavos que hayan nacido en poder de cristianos» (Instrucciones a Ovando, Cortés, p. 826). Unos años más tarde, en 1511 se solicita a Cisneros que aunque sean «hombres sin honor y sin fe y, por lo tanto, capaces de traiciones y confusiones», se pensaba ya que se les pudiera tener agrupados en comunidades de cristianos, de veinte en veinte negros. Lo curioso es que esta idea está expuesta, al parecer, de puño y letra de Las Casas: «Pero en lugar de indios que habían de tener las dichas comunidades, sustente S. A. en cada una veinte negros...». (Colección de Documentos Inéditos).

Es muy conocida la durísima frase que dedica Las Casas a los negros en la Historia de las Indias, ponderando su cuasi inmortalidad y la admirable adaptación de Guinea al Caribe:

Antiguamente, antes que hubiese ingenios, teníamos por opinión en esta isla, que si al negro no acaecía ahorcarle, nunca moría, porque nunca habíamos visto negro de su enfermedad muerto, porque cierto hallaron los negros, como los naranjos, su tierra, la cual les es más natural que su Guinea...

Es, pues, Bartolomé de las Casas, el muy influyente Bartolomé de las Casas, el que comete el imperdonable error (tan visionario él) de convencer a los flamencos de llevar negros al Caribe. Inmediatamente se da una «licencia» para trasportarlos. El agraciado, Laurent Garrebod (barón de Montinay) la vendió a los genoveses y estos, a su vez, hicieron su agosto.

Sin embargo, la situación que se planteaba era confusa: la exclusiva del tráfico con el Golfo de Guinea era cosa de portugueses y estos tenían vedada la entrada en Indias. Por ende, cualquier tráfico que hicieran era ilegal. ¿Llevaron negros al Caribe? Sin duda, pues más valía correr el riesgo o corromper a alguien, que renunciar a los beneficios que se derivarían de la alta demanda de mano de obra fuerte. Si alguna autoridad autorizaba esas descargas, ese tráfico, era un prevaricador.

Ahora bien: ¿podía existir la licencia de introducción de esclavos negros? Sin duda que el rey concedería esa excepción a la ley, dadas ambas (la ley y su exención) por el rey. ¿Cuántas se darían y a qué precio?

A los conquistadores se les autorizaba a ir a Indias por medio de las capitulaciones. Las capitulaciones eran los contratos entre la corona y los particulares. Podía ocurrir que en una capitulación constara la autorización para llevar negros a Indias, como mecanismo (aparejado a otras fórmulas) de recompensa al conquistador, como estímulo para su campaña. De las capitulaciones que se dieran, algunas se cumplirían; otros capitanes morirían en los naufragios, o las guerras con los indios: a lo largo del siglo XVI se firmaron 75 capitulaciones; solo en 31 había alusión al asunto negrero. La primera vez que se hace alusión a ello es en una de 1520, concedida a un licenciado Serrano para que pueble Guadalupe con «cristianos españoles, e indios, e negros». Al parecer, desde 1529 se introducen algunas especificaciones, como la procedencia («destos nuestros reinos o del reino de Portugal»). Conviene aclarar que aunque en ocasiones se mencione que pueden ser negros de Cabo Verde, o Guinea, estos eran territorios portugueses; ni Castilla, ni Aragón poseían territorios poblados por negros, por lo que difícilmente se podían llevar a Indias negros desde «estos nuestros reinos», o difícilmente se podía llevar a Indias negros sin el concurso de portugueses, o de ilegalidades.

Por otro lado, normalmente el tercio del cargamento deberían ser mujeres. El comercio estaría libre de impuestos a excepción de unos habituales dos ducados por cabeza que iban para la corona.

A Pedro de Mendoza se le concede licencia (21 de mayo de 1534) para pasar con 500 negros, por mitades hombres y mujeres. A Pedro Menéndez de Avilés se le dio licencia para otro medio millar (20 de marzo de 1568). A Hernando de Soto (20 de abril de 1537) 50, y así sucesivamente. Responden estas oscilaciones al capital que puede invertir el conquistador en su empresa: porque debemos tener en cuenta que tras una capitulación, con licencia de exportación de negros, subyacía —indubitativamente— un negocio. Tan es así que en ocasiones se acordaba el pago fraccionado de las licencias. En las capitulaciones también se especifica el territorio al que van los conquistadores y, por ende, a dónde pueden ir los esclavos: sacarlos de ahí supone la pérdida de la mercancía. No es extraño que la licencia se dé para trabajos concretos, así los de carpintería para navíos, los de ganadería, los domésticos, minerías, etc.

Finalmente, por la vía de asiento, se vendía un contrato para introducir negros allá. El primer asiento se firmó en 1511 gracias a Las Casas; el siguiente, en 1552. Este lo firmó un Hernando de Ochoa y se comprometió a trasladar 23.000 esclavos a cambio de pagar a la corona 184.000 ducados (69 millones de maravedíes). Lo que sacara de más por las ventas de esos hombres, serían sus ganancias. Si no los vendía a los precios que pensara, o se le hundía un barco, esas eran sus pérdidas. Sin embargo, cuando todo parecía estar listo para la firma del asiento, se desbarató. Según el mismísimo Felipe [II] a su padre «porque ha parecido a algunos teólogos que era cargo de conciencia poner estanco en esto» (Cortés, p. 827). Y así las cosas, a las Indias españolas, aun a pesar de la incorporación de Portugal, hubo que esperar hasta 1595 para que se firmara el primer asiento con un tal Reynel.

Según los datos ofrecidos por Vicenta Cortés, que estudia todas las capitulaciones del siglo XVI, desde 1520 a 1596 en que hubo —como he sintetizado antes— 31 con referencias a la trata de esclavos negros, solo en dos no consta el número de esclavos que se autoriza a introducir. Desde 1520 a 1529 se firmaron 18 capitulaciones. Se concedió la merced de introducir 1.484 esclavos (en ocasiones, 200; en ocasiones menos de 10). Hasta 1596 se concedieron mercedes para meter otros 2.420 esclavos. En 1554 Felipe [II] cursó orden a su tía Juana, gobernadora de Castilla, para que no se dieran licencias para más de ocho negros por capitulación y siempre que fueran para ir a poblar. Sin embargo, el número más alto de licencias tiene lugar entre 1565 y 1570. Inmediatamente después Juan de Ovando protagonizó la famosa visita al Consejo de Indias: todo parece indicarnos que se sospechaba que estaba algo podrida la administración de lo ultramarino.

En fin, Las Casas era, según el mismo Fernández de Oviedo,

[…] persona reverenda y letrado y de buena doctrina y vida. Pero en el tiempo pasado no estuvo muy en gracia de todos en la estimativa a causa de cierta negociación que emprendió siendo clérigo y llamándose el licenciado Bartolomé de las Casas.

De él ponderaba la habilidad desplegada para apaciguar al cacique rebelde don Enrique, aun a pesar de las críticas suscitadas por entrevistarse con él, o su facilidad para convertir indios y bautizarlos (General y natural historia, lib. V, cap. XII).

Las Casas nunca ha dejado indiferente a nadie.

Como venimos viendo, y es evidente, los descubrimientos y conquista de las Indias no se hacían sin respaldos jurídicos, ni sin reflexiones teóricas.

Debemos volver a unas páginas más arriba, a la convocatoria de la Junta de Valladolid de 1550. En la Junta de Valladolid no se iba a debatir sobre la naturaleza humana de los indios, que estaba plenamente reconocida desde los tiempos de Isabel y sancionada por la bula papal Sublimis Deus (Pablo III, 1537), sino que lo que se iba a debatir era el cómo proceder a la conquista, culturización y evangelización de las nuevas tierras (el Imperio del Perú también había sido incorporado al Imperio español, a excepción del reducto de las sierras de Vilcabamba, último refugio de los incas).

En aquella Junta hubo teólogos de trascendencia internacional (Francisco de Vitoria acababa de morir en 1546, pero sus discípulos constituyeron el grupo que arropaba a Las Casas): Domingo de Soto, Bartolomé Carranza, Melchor Cano…

Los debates tuvieron amplias repercusiones: no solo era lo que se vivía cara a cara, sino utilizando la imprenta. Tal vez esta haya sido la primera vez en la historia que se haya usado la imprenta para publicidad y derogación durante un congreso, una reunión, una asamblea.

Si Sepúlveda, apoyándose en los principios aristotélicos de que el salvaje puede y debe ser gobernado en rectitud por otros gobernantes más cultos y enteros, escribió su De justis belli causis apud indios, Las Casas le respondió con Treinta proposiciones muy jurídicas. Por cierto, Las Casas no negó el principio aristotélico enunciado antes.

Si el uno argumentaba en Democrates alter, el otro hacía lo propio con Apología y así sucesivamente.

Sepúlveda nunca propugnó la esclavitud de los indios. Los indios eran seres humanos capaces de ser evangelizados. El problema radicaba en que no sabían regirse correctamente, eran caníbales; los cristianos tenían la obligación de enseñarles la verdadera religión y de salvar a los que pudieran caer en sus prácticas antinaturales, y tal vez era necesario hacer la guerra para expandir la fe. Es decir, se podía señorear a otros pueblos aun con organizaciones políticas complejas (pero descarriadas por ser ignorantes o idólatras).

Y Las Casas, por su parte, no desdecía la superioridad de unos sobre otros, no negaba la esclavitud (del negro, por supuesto), sino que se quejaba de las formas y, concretamente, de la encomienda. Solo al final de su vida, tras la «conversión» final antes de 1550, puso en tela de juicio que los modos usados para reducir a esclavitud a los negros en el Golfo de Guinea, no habían sido lícitos, no se les había esclavizado tras guerra justa, decía. Pero en ningún caso renunciaba al derecho del vencedor en combate de reducir a esclavitud al vencido.

Ángel Losada, allá por los años cincuenta, hizo de su vida un permanente esfuerzo por reivindicar a Juan Ginés de Sepúlveda, del cual editó su epistolario y algunas obras. Su tarea la emprendía contracorriente. Dedico unas líneas a sintetizar sus argumentos. Hace menos le ha prestado enorme atención un paisano suyo de Pozoblanco, Santiago Muñoz Machado.

Para entender a Sepúlveda hay que haber leído algo de Aristóteles y al propio Sepúlveda, claro, personaje de una formación cultural vastísima. Hombre poderoso, que formó parte del triunvirato que educó al príncipe Felipe [II], cronista imperial y habitual retirado de la corte en su finca del Gallo en Pozoblanco, sufrió lo inenarrable por su ideología y algunas de sus obras nunca fueron publicadas hasta el siglo XVIII —en latín— y hasta nuestros días traducidas al español. Vivió más de ochenta años y fue testigo de vista del saco de Roma, de la coronación imperial; enemigo de Lutero y despreciado por Erasmo; predicador de las conciencias de Clemente VII, Carlos V y Felipe II; intercambió correspondencia con todos los humanistas de la época; aristotelista y gran polemista, fue autor o traductor así como exégeta de clásicos; escritor de obras filosóficas, jurídicas, morales y cronísticas.

Tan compleja mente no podía mantenerse al margen de los grandes debates de la época: instó a Carlos V a hacer la guerra a los turcos y defendió el derecho de la conquista de América.

A la altura de 1530 en Castilla soplaban vientos de controversia en donde unos, los lascasianos, denunciaban todo acto de conquista en América mientras que faltaba el corpus argumental o teórico que aprobara la conquista. En Democrates Primus había aplaudido todas las acciones bélicas de Carlos V en defensa de la fe cristiana. Las opiniones vertidas por Las Casas, en las que consideraba ignominiosa la conquista y que tal manchaba al rey, a la Iglesia y a los nacidos en España, provocó la respuesta de Sepúlveda escribiendo su Democrates secundus hacia 1545. En él su objetivo esencial era demostrar que la conquista era una guerra justa.

La obra fue llevada al Consejo Real para someterla a la censura previa a su impresión. Los miembros censores vinculados a él aprobaron la impresión, mientras que la reserva apareció entre los vinculados al Consejo de Indias. Ante la división de votos, el texto fue remitido a las universidades de Alcalá y Salamanca (en donde la mayoría de los evaluadores resultaron ser discípulos de Vitoria); viajaron el texto, y también el autor que empezó un peregrinaje en defensa de sus tesis; al menos pasó un trimestre de la primavera de 1548 en las localidades universitarias. El resultado —tras un año de deliberaciones— fue el de todos conocido: loas al autor, informes desfavorables a la edición de la obra. Mas Sepúlveda no cejó en el empeño de seguir adelante; a la negativa contestó con la edición fuera de España de una Suma —editada en 1550 y mandada retirar del mercado por Carlos V— así como con tres apologías que remitió manuscritas a otros tantos cortesanos.

Verdaderamente lo que por aquel entonces se ventilaba no era una cuestión de política internacional, sino una organización de los poderes eclesiásticos (dominicos contra otros) y de rivalidades.

El punto de vista de Sepúlveda, sus sentimientos, nos son bien conocidos: habla en carta a Felipe II, aún príncipe, de las «calumnias de algunos frailes apasionados»; de un «confesionario escandaloso y diabólico que publicó el obispo de Chiapa»; un fiscal pidió que quemaran el libro y Sepúlveda pedía la protección de Felipe contra Las Casas y los «hombres apasionados» acaudillados por él, «hombre por naturaleza facineroso y turbulento».

El caso es que el Democrates secundus nunca se editó pero corrió manuscrito. Era necesario aclarar el estado de la conciencia en relación con América. Así que Carlos V convocó la famosa Junta en 1550 a instancias de Sepúlveda, que quería resarcirse de la ofensa universitaria anterior. La discusión iba a ser esencialmente teológica. Pero fueron convocados tres dominicos (Soto, Carranza y Melchor Cano). Además de ellos, un franciscano (Bernardino de Arévalo) y varios juristas, el obispo de Ciudad Rodrigo, el doctor Anaya, el licenciado Mercado por parte del Consejo Real, el licenciado Pedraza por parte del Consejo de Órdenes y el licenciado Gasca por parte del Consejo de la Inquisición.

El caso es que entre 1550 y 1551 se reunió la comisión en Valladolid: allí un Las Casas que durante cinco días leía sus 90 páginas de refutaciones contra Sepúlveda, un Sepúlveda adusto que exponía su ideología de manera sintética y, finalmente, el tribunal que pedía a Domingo de Soto que hiciera un sumario porque no podían más. Al final parece ser que el resultado de la votación no está claro: unos a favor, la mayoría en contra y varios que se callaron, provocó, es verdad, una desautorización de Sepúlveda, unas Leyes de Indias... y un continuar con la conquista según el modelo castellano.

¿Qué defendía Sepúlveda? El Democrates está dividido en tres partes, de las que en la primera se habla sobre la guerra; en la segunda, de la conquista de América y en la tercera, de algunas cuestiones jurídicas en relación con Indias.

¿Cuáles son las causas que llevan a una guerra justa? Fundamentalmente una injuria que no se haya reparado a tiempo por la vía pacífica. La debe declarar una autoridad reconocida y la guerra no puede sobrepasar el daño recibido, etc.

¿Cuáles son las razones que asisten a los castellanos a conquistar las Indias? La primera, es la de someter por las armas cuando no se pueda de otra manera a quienes por su naturaleza deban obedecer a otros. Tal principio aristotélico implica la existencia de unos grupos sociales superiores a otros. Hoy sabemos que racialmente nada de eso tiene ningún fundamento. Sin embargo, culturalmente hemos estratificado el mundo en dos: quienes respetan los derechos humanos y quienes no. Sobre estos podemos ejercer la presión que convenga y llegar a los extremos que se quiera. Lo que ocurre es que lo que no está especificado es el momento oportuno, que siempre se convierte en conveniente.

Sepúlveda afirmó que quien es inepto para regirse, ha de dejarse regir. También nos parece un pensamiento deleznable: pero el mundo actual, fraguado en los derechos del hombre, decide también quién es apto o no para su autogobierno. Y cuando no se aceptan los criterios imperantes, se practica, primero, el cambio cultural y, después, la invasión. Las ideas de Sepúlveda hay que comprenderlas en un marco superior cubierto por el cristianismo.

En este sentido, la segunda causa expuesta para hacer guerra a los indios es la de combatir el canibalismo y la idolatría. ¿No intervendría una fuerza occidental hoy para desterrar prácticas de ese tipo?

La tercera razón, vinculada a lo anterior, se hace sin recurrir a Dios, solo a la convivencia. El argumento lo suscribiríamos hoy cualquiera de nosotros: «Salvar de graves peligros a numerosos mortales inocentes a quienes estos bárbaros inmolaban todos los años». ¿No aceptaríamos la intervención contra los estados racistas o los que practican limpiezas étnicas? Compartimos muchas cosas con aquellos pensadores, entre otras, el que todos somos parte de una sociedad universal. Son las ventajas de la globalización.

La cuarta razón es la de la esencia: los castellanos pueden hacer la guerra a los indios para predicar el Evangelio, porque se debe obedecer al Papa que encomendó la propagación de la fe; para impedir los obstáculos a la propagación de la fe; para evitar que los jefes indios imposibilitaran la expansión de la fe. El fin es ese, y el que tiene la posibilidad de alcanzarlo, ordena con qué medios. A día de hoy, el fin es acabar con las bandas de piratas contemporáneos; unos han determinado los medios con que hacerlo. Por otro lado, Sepúlveda propugna que se obligue el que oigan el mensaje de Cristo, no el que se conviertan. Naturalmente esa era una obligación moral para él: como lo es hoy para los cooperantes el llevar un mensaje diferente de esperanza a esos millones de desplazados o de refugiados por la inoperancia o la brutalidad de sus gobernantes.

Un poco antes, en 1539, Vitoria había echado las bases del derecho de gentes, del derecho internacional. Las propuestas de Vitoria están en sus Relectiones. Para empezar, el poder eclesiástico no es superior al civil, sino diferente. El poder civil ha procedido del pueblo; el eclesiástico de Dios. Los objetivos de aquel son naturales; los de este, sobrenaturales. El poder eclesiástico, pues, no da poder civil: la conquista de América no es justa.

Por ello, los títulos de guerra pueden ser ilegítimos y legítimos. Los ilegítimos serían los derivados de las apreciaciones anteriores y así, el considerar al Papa señor del mundo temporal, o al emperador. Sería ilegítimo también considerar que se tuviera derecho sobre los indios por no querer recibir la fe, por sus costumbres contra natura, etc. Habría, sin embargo, unos títulos legítimos seguros que se podrían ejercer sobre indios infieles, que serían el que los indios quisieran voluntariamente al rey de España como a su señor; también que se imposibilitara el comercio; que se obstruyera la predicación de la verdadera fe; el defender a indios cristianos de ataques de indios paganos; el aliarse con unos indígenas... y, en fin, habría otros títulos legítimos seguros sobre indios cristianos: evitar que los gobernase un infiel, o evitar la apostasía. La única causa de guerra legítima probable, el que fueran bárbaros.

Vitoria expuso igualmente que por derecho natural, es decir el inmanente a la condición de ser, superior por lo tanto a toda ley hecha por los hombres, el hombre puede gozar del mundo entero y por tanto comerciar. Semejante doctrina, claro está, entraba en colisión con los intereses de su corona, en beneficio de los muchos enemigos que tenía. En cualquier caso, el comerciar era un derecho que, si no lo aceptaban los indígenas, se les podía forzar a practicarlo. De esa idea del derecho natural forma parte también el derecho a recibir formación. Si el jefe tribal prohíbe recibir la educación religiosa, puede ser derrocado. Si los indios matan a quien les lleva la fe, puede hacérseles la guerra justa.

El conquense Luis de Molina (1535-1600), jesuita, también se ocupó del tema una generación más tarde. Para ello desarrolló un tratado, De bello, que fue objeto de la tesis doctoral de Fraga Iribarne. El punto de partida es claro: «No solo es lícito a los cristianos guerrear [...] sino que puede ser ello mejor que el abstenerse en la lucha. Y podrá darse el caso, que sea pecado mortal no pelear».

Obviamente la situación le resultaba desagradable desde todo punto, «la guerra es siempre una calamidad» pero necesaria para el restablecimiento del derecho violado o en legítima defensa, «es decir, después de agotados todos los recursos pacíficos para evitarla».

Molina establecía dos tipos de guerras, la defensiva y la ofensiva. La primera, que la puede llevar adelante un particular, es la que se enfrenta a la violencia injusta de un enemigo; mientras que la segunda es cuando un Estado toma la iniciativa.

Desde tiempos de Santo Tomás se habían considerado tres grandes principios para poder declarar una guerra justa, a saber: la autoridad legítima del príncipe que mandaba hacerla; la existencia de una causa justa, es decir, el merecimiento a recibir guerra por haber cometido alguna falta y, en fin, la existencia de una recta intención en los atacantes, es decir, que buscaran el desarrollo del bien y el fin del mal.

Molina reconocía que solo son los Estados soberanos los que están capacitados para hacer la guerra: los que lo hicieran de otra manera serían piratas. Un particular no puede hacer guerra, ya que viola todas las normas del derecho entre las que destacarían la usurpación de soberanía a un superior y la incapacidad de poder exigir compensación por los males causados. Además, el Estado agredido podría exigir al Estado del que el súbdito fuera agresor la compensación de los males. La cuestión de cómo combatir la «guerra privada» era entonces un problema de primera magnitud y su supresión (o lo que es lo mismo el paso de la potestad de usar la violencia solo al Estado) un proceso histórico de enorme magnitud. Solo los estados serán los sujetos del derecho internacional. Esa «guerra privada» hoy la llamamos «terrorismo». Molina considera que practica guerra privada cualquier autoridad delegada que excede las funciones que se le han encomendado. Así, un militar que cometa pillaje, cuando expresamente se ha ordenado que no se causen males a la población, entra en esa categoría y debe restituir el bien dañado.

¿Plantea Molina alguna excepción a esos principios generales? Dos fundamentales: el caso de necesidad extrema, de carencia de un Estado facultado y, en segundo lugar, la represión inevitable en circunstancias especiales. En Europa se va instaurando la idea anterior, la de que solo el Estado puede usar la violencia. Fue un gran logro.

La guerra podría llevarse adelante, por tanto, solo en el caso de que hubiera una causa justa. Y es esencialmente una la razón que la justifica: la guerra es un acto de castigo jurisdiccional, lo cual implica, por otro lado, que no hay guerra justa por dos bandos, sino por uno solo. Tal planteamiento de Molina, heredero del pensamiento medieval, implicaría que solo es justa la guerra por causa de violación del derecho, nunca por motivos políticos. En parte se acepta hoy esa situación, pero en ciertas ocasiones no se sabe bien qué es peor si el casus belli o la pérfida apropiación unilateral del derecho internacional al margen de las instituciones universales que lo amparan y le deben dar cobijo. Aún más, si la guerra solo pudiera ser un acto de defensa del derecho, no cabría como justificación del ataque la posesión de un «derecho probable» porque entonces pierde su esencia jurídica. El rey dejaría de ser justo.

Ahora bien, no es cualquier injuria suficiente para ser tenida por violación del derecho. Ha de ser grave y digna de que por ella se cause otro mal tan poderoso como es la propia guerra, que «da lugar a toda clase de matanzas, destrucciones, incendios, devastaciones y otros semejantes males». Hay veces que en vez de acudir a la guerra, basta solo recurrir a represalias.

El príncipe ha de evaluar si la guerra a que lleve a su Estado le va a ser tan perjudicial o más que el no declararla porque tendrá que subir impuestos, causar males. Molina sintetiza esta idea en una frase que ya nos suena: «El Estado no es para el rey, sino que el rey es para el Estado».

Advierte Molina que antes de enzarzarse en una guerra no son suficientes los indicios de justicia o no, sino que es imprescindible haber analizado con sosiego y en conciencia cuál es el problema, del mismo modo que debe escucharse la razón del atacante: así queda determinada la culpabilidad del otro y con ello la legitimidad de la exigencia de reparación. Lo que nos podemos plantear es que si no se trata con un Estado no hay asunción de responsabilidad de los males causados. Por eso es tan inútil negociar con terroristas, poco acostumbrados a aceptar alguna mínima regla de juego.

El camino que se debe seguir para evitar la guerra, es el de las discusiones diplomáticas o del arbitraje y la adquisición de la conciencia de que se puede estar equivocado, aunque expuesto desde la perspectiva escolástica, no dejan de ser absurdos por lentos. No obstante, reitera la afirmación, «estarán obligadas ambas partes a resolver la cuestión por cualquiera de esos modos, sin llegar a la guerra». En caso de guerra entre cristianos, el Papa podría llegar a intervenir como soberano supremo.

Rotas las hostilidades, si el agresor acepta la reposición del mal causado, deberán acabarse inmediatamente porque habría terminado la injuria. Esta exposición del objetivismo de la guerra justa es continuada por un análisis de los modelos de guerra, modelos referidos al pasado normativo contenido en la Biblia: restitución de derechos del príncipe, represión de súbditos rebeldes, la lesa majestad, la injuria al príncipe, el auxilio al enemigo que ha provocado injustamente, la violación por parte de un Estado o un príncipe de un tratado anterior, la violación del derecho de gentes. En este punto trata los derechos de los comerciantes en tierras extranjeras. Partiendo de la base de que el comercio es bueno para todos, expone que si los indígenas toman las armas contra los mercaderes, estos están capacitados para defenderse, «pues repeler la violencia con la violencia es lícito».

Por lo mismo, se puede cooperar con la nación que posee la razón para que la guerra acabe y para acelerar en la instauración del bien, lo cual evitaría las agresiones gratuitas.

Los comentarios podrían continuar con esa pléyade de autores que estudiados por Hanke, Pereña y los demás editores del Corpus Hispaniarum de Pace, reflexionaron por la causa justa y necesaria para entablar una guerra.

Como toda reflexión teórica, muchos de estos textos quedaban casi caducos tan pronto como salieron a la luz. Sin embargo, la convocatoria de juntas, la redacción de leyes y demás ejercicios del gobierno en función de las ideas teológicas deben hacernos concluir que una ley suprema, la de Dios, regía los destinos del derecho. ¿Cuál es la ley suprema actual? Esa, si es de derecho, deberá ser aceptada por todos.

Igualmente, en estas lecturas se apuntan problemas tan graves como qué es la soberanía, pero se plantean no ya desde supuestos religiosos solo, sino políticos-laicos. Y más aún, definida la soberanía, que recae en un Estado, este es el que se apropiará del derecho de ser el único que emplee la violencia.

A pesar de las raíces medievales de muchas de las propuestas aquí esbozadas, siempre fueron las circunstancias las que se impusieron en un imparable andar. ¡Qué absurdo habría sido frenar el proceso conquistador por la cuestión de las bulas papales! ¿Se habría logrado algo?

Siempre ha necesitado el hombre, desde que vive en mundos supranacionales, la justificación de sus actos por una autoridad superior, bajo la convicción de que sobre ella recae una suerte de «sobrenaturalidad» que le evita cometer actos injustos.

Siempre ha buscado el hombre diferenciar claramente qué es un acto de guerra y qué es un acto delictivo, de piratería o terrorista. El ajustarse al derecho, quiero decir, a la Constitución o al derecho internacional es lo que hace que las sociedades estén organizadas, para el bien de sus ciudadanos, en vez de ser una jungla.

El famosísimo Vitoria, que en España da nombre a una asociación de jueces, resume en cuatro las causas que justifican una guerra: «La autodefensa de nuestras personas y bienes; para recuperar lo que nos han robado; vengar la injuria recibida», y en fin, «para procurar la paz y la seguridad».

Fernández Santamaría nos ayuda también a entender aquel pensamiento. En primer lugar, durante el mismo siglo XVI se ha ido evolucionando a la consideración de que la guerra no puede ser, de ninguna manera, un acto individual, sino de carácter estatal.

Además, también, los pensadores españoles siguieron una serie de líneas maestras, cuales son que es lícito que los cristianos tomen las armas. Lo defiende el padre Vitoria cuando dice «es lícito a los cristianos hacer la guerra»; más allá llega Suárez: «Siempre es lícito repeler la fuerza por la fuerza. El derecho a la autodefensa es un derecho natural y necesario». Vitoria afirmará que «se aprueba la guerra ofensiva».

En fin, como dice Santamaría, «hablar de guerra justa era tanto como controlarla y convertirla en un procedimiento ético para resolver las disputas de manera justa».

Lewis Hanke definió todo aquel marasmo como una historia y un esfuerzo de los españoles «para elaborar métodos justos de tratar a los indios». Es indudable y se trata de una impresionante herencia cultural dejada y, en más de una ocasión, olvidada por el peso del dinero.

También puso de relieve las contradicciones constantes entre unos grupos y otros. Cada vez tengo más la convicción de que a los frailes defensores de los indios, a los frailes que atacaban el derecho del rey a la posesión de América, lo que en verdad les interesaba era desautorizar a la corona para que los derechos jurisdiccionales pasasen a la Iglesia; es decir, hacerse ellos con el dominio de América.

Hanke ha sintetizado también toda esta diatriba: los reyes, políticamente, buscaban la soberanía imperial, el prestigio y las rentas; o sea, lograr la riqueza y los frutos que implican una conquista; pero, como cabezas rectoras de la Iglesia en América, para transmitir la fe, tenían que hacerlo sobre pueblos en paz: la contradicción suscitó la polémica.

Y así se estuvo durante siglos. Bien es verdad que, a diferencia de otras ocasiones históricas, la corona escuchó: durante las reuniones de Valladolid se suspendió la conquista. En ese orden de cosas, el virrey Toledo estaba convencido de que era más justa la presencia del rey de España en Perú que la del Inca.

En aquellos años cruciales de la historia universal, no solo hubo estruendo de las armas. Es otra lección que traemos aprendida. Se oyó el estruendo de las palabras. Es bueno que se oiga siempre, muchas veces, muchas más veces.

Durante la conquista se tuvo la convicción de que a los indios se les podía atraer a la cultura que se tenía por verdadera y única: la cristiana. No se creía en el exterminio, sino en la alfabetización y la trasculturización.

De la Junta de Valladolid no salió nada concreto. No hubo, como muchos habrían esperado, un «volcado» hacia una legislación nueva. Sencillamente la praxis del día a día era más vertiginosa que los debates teóricos. Estaba claro, a aquellos seres racionales había que evangelizarlos. Los reyes los tenían por vasallos y como a tales querían que se les tratara. Lo único que se necesitaba para salvarles de su estado de ignorancia y aun de humillante servidumbre era —como he dicho más arriba— que la humana conditio fuera otra.

Después de aquellas Leyes Nuevas de 1542-1543, se redactaron más cuerpos legales indianos, pero ya durante el reinado de Felipe II: fueron sobre todo colecciones y recopilaciones de cédulas, como el trascendental del doctor Vasco de Puga de 1563 (que recogía las provisiones, cédulas, ordenanzas, etc. desde 1525 a 1563 referidas a Nueva España); la Copulata de las Leyes de Indias, o recopilación de normas espirituales, de gobierno temporal, sobre el derecho privado de los conquistadores, la conversión de los indios, los derechos de los naturales, la administración de justicia, la Real Hacienda y el comercio, la Casa de la Contratación o los consulados. Se recopilaron 9.170 disposiciones reales desde 1502 hasta 1569 (a instancias del Consejo de Indias, parece ser que el que realizó el trabajo fue el gran Juan López de Velasco, pero no me consta haberlo visto. No se imprimió. Quedó para uso interno de los consejeros).

El presidente de Indias, Juan de Ovando, llevó a cabo una ingente labor recopilatoria, de nuevo, y sobre lo que había antes: el Código Ovandino, fue redactándose entre 1570 y 1575 y quedó inconcluso. Este código ha sido llamado, no sin razón, Recopilación de las Leyes de Indias, pues se hacía a la vez que la Recopilación de las Leyes de Castilla.

A finales de siglo, en 1594, Encinas se puso manos a la obra y coronó la empresa entre 1596 y 1599 al editarse los cuatro volúmenes de su Cedulario de Encinas y, en fin, la tarea recopilatoria y las puestas al día se continuaron a lo largo del tiempo con resultados individuales o colegiados de una calidad excepcional (Zorrilla, Aguiar, León Pinelo, Recopilación de las Leyes de Indias de 1680).

En paralelo a estos trabajos, hubo ilustres tratadistas de derecho indiano, con sus múltiples derivaciones que de manera directa han incidido en la consideración de los derechos del hombre y del derecho internacional actual. Todo comparable a la expansión hacia el Lejano Oeste.

¿PROCESOS DE TRASCULTURIZACIÓN? NO, DE ALFABETIZACIÓN. MÁLAGA Y TLATELOLCO CARA A CARA EN 1538

Las absurdas y perversas acciones antiespañolas que están teniendo lugar últimamente por los grupos populistas que se han trasmutado en defensores de lo indigenista, nos provocan a abandonar las comodidades a los que nos dedicamos a estudiar el paso de los españoles por la historia.

Volver a escribir a principios del siglo XXI sobre toda aquella polémica de Masson de Morvilliers es muy cansino. Máxime si a ello ya se ha dedicado por quien esto escribe algún que otro libro, o una vida profesional continuada, que para ello me he dedicado a la sociedad de los Siglos de Oro.

Por tanto, que un modernista tenga que reivindicar la huella de España por el mundo, o por la historia no es materia difícil. Para cuantos tengan dudas de la grandeza de su tronco cultural de pertenencia, que se acerquen a las costas de Guinea, en donde lo único que existe como patrimonio mundial de la UNESCO es el castillo de Sâo Jorge da Mina, que era la fortaleza en la que se cargaba a los negros camino de la esclavitud portuguesa, holandesa y británica.

Al tiempo que aquella factoría de la bellaquería humana existía, e incluso antes, frailes, teólogos y juristas españoles se plantearon con toda naturalidad todo lo inherente a la dignidad del ser humano, a que todos tenemos alma e inteligencia y no sé cuántas cosas más ya citadas en este libro.

¿Será posible que se pueda plantear la duda o la pregunta de que la obra de los castellanos en América no han logrado superarla ni aun con doscientos años de independencia? Doscientos años de independencia que es exactamente el mismo tiempo transcurrido desde la llegada de Colón al Caribe a la muerte de Carlos II, el último de los Austrias, por cierto el primero que mandó hacer una recopilación de la Leyes de Indias allá por 1681 para aclarar el corpus legal y jurídico que obligaba a todas las autoridades de los reinos de Indias, que no colonias.

Y aunque la expansión ultramarina, la conquista, evangelización y colonización de Indias no fue un viaje al Paraíso, tampoco hay que estar rasgándose las vestiduras constantemente. Algo opresor o insoportable habría en los grupos dirigentes amerindios, para que al llegar los castellanos se les aclamara como enviados por sus propios dioses para liberarlos de sus yugos. Amén de un mayor desarrollo tecnológico, una imperiosa necesidad de expansión territorial, y por supuesto, codicia, mucha codicia. Al tiempo que altas voces clamando contra las injusticias, los abusos y en favor de la dignidad de los otros seres humanos.

Corría el año 1988 cuando Manuel Alvar Ezquerra publicó una cédula real de doña Juana I de Castilla en la que contestaba a una petición de Ronda: decía la ciudad serrana que por estar muy apartada no había ningún bachiller que fuera allí a enseñar la gramática a los hijos de los vecinos por lo que pedían que se le pudiera dar a alguien 4.000 maravedíes de salario. Analizada la petición en el Consejo Real, se tuvo por bien acceder a ello y se autorizó a Ronda que de sobras de rentas de sus propios se pagara al bachiller por venir esos 4.000 maravedíes. La cédula real llevaba data de Valladolid y fecha de 4 de septiembre de 1513.

Se ve que aquella sociedad de conquistadores, pero también de humanistas, y de gentes inteligentes, quería tener hijos instruidos. Evocar ahora los nombres de Cicerón y Quintiliano recuperado este último a lo largo del siglo XV, o de Erasmo, Juan Luis Vives y tantos más, no estará de sobra. Ni tampoco evocar también a las grandes universidades de Salamanca, Valladolid o Alcalá y las menores que poblaban el suelo castellano.

La preocupación, la angustiosa preocupación, de la falta de formación de quienes debían regir aquella sociedad era compartida por todas partes. Junto a lo de Ronda, podría traer a colación aquella real orden del emperador desde Madrid, y a 9 de octubre de 1529. Al parecer, algunas catedrales en sede vacante «daban las órdenes de primera corona a personas idiotas, sin saber leer ni escribir, y a otros hombres perdidos y de mal vivir, todo en deservicio de Dios, de que se seguían muchos daños». Para paliar esos males, el rey había ordenado al obispo de Málaga que se abstuviera de nombrar a semejantes personas, y mandaba al corregidor que comunicara su real voluntad al obispo.

Dejamos correr el reloj del tiempo. Movámonos unas leguas. Dejemos Ronda, 1488, y situémonos, en fin, en Málaga y en 1538. En efecto, nada, o casi nada, nos impide trasladarnos al final de la primavera e inicios de verano de 1538 a Málaga y a Valladolid, donde está el emperador Carlos V.

La escena podría ser de película.

El 19 de junio de ese año don Carlos, que por la divina clemencia era emperador Semper Augusto y doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla y demás (pues así encabezaban todas las cédulas reales, para evitar omisiones o problemas de protocolo) ordenaron al corregidor de la ciudad de Málaga, don Fernando de Bazán, que por cuanto un Juan Sánchez Bejarano, jurado de Málaga, y en nombre de ella «nos hizo relación diciendo que a causa de no haber en esa dicha ciudad estudio de gramática tan conveniente como sería razón, esa dicha ciudad y vecinos de ella, en especial los clérigos padecen gran trabajo y las cosas del culto divino no eran tan servidas como sería razón y a los vecinos de esa dicha ciudad se les seguían muchas costas y gastos en enviar a sus hijos fuera de la dicha ciudad a estudiar», por lo que la ciudad solicitaba que pudieran retraer de los bienes de propios hasta diez mil maravedíes anuales para contratar un preceptor de gramática a costa, pues, del Ayuntamiento. Había dotada otra «cátedra de gramática» que probablemente dependía de la catedral, pero no se sabía con qué cantidad. Por tanto, la ciudad pedía que con lo uno y lo otro «se proveyese la dicha cátedra conforme a justicia a la persona más hábil».

La petición de Málaga de 1538 fue estudiada por los miembros del Consejo Real de Castilla, quienes instaron al rey que «debíamos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha razón y nos tuvímoslo por bien», como se estaba haciendo en este momento. Pero para adoptar una resolución final, el corregidor abriría un expediente, o en las palabras del emperador, «hayáis información y sepáis si en esa dicha ciudad hay estudio de gramática y qué provecho viene de ello y qué daño y perjuicio reciben los vecinos de esa dicha ciudad de no lo haber y si será bien que le demos licencia para que de los propios pueda dar los dichos diez mil maravedíes a un preceptor y que lo que está dotado para la dicha cátedra de gramática y de todo lo otro que vos viéredes que se deba haber en la dicha información la hayáis» y todo lo cual lo remita signado por escribano al Consejo que proveerá como conviene.

Tan pronto como el corregidor recibió la real orden y se pudo, se puso en marcha la aludida información con testigos. Las declaraciones empezaron a tomarse el 23 de octubre de 1538 ante el alcalde mayor, el licenciado Francisco de Molina, y el escribano municipal Juan de Baena.

El primero en prestar declaración fue el procurador de causas y vecino de Málaga Diego de Castro, que acudía ante la comisión con un poder de la ciudad que exhibió formalmente y, a su vez, presentó una provisión real de sus majestades sellada con su real sello sobre cera colorada que iba a copiarse en un hueco que a tal efecto dejó el escribano, pero que nunca copió, por lo que no podemos saber el contenido de la aludida provisión real. Pero no desesperemos, que como eran muy ceremoniosos daban fe pública de todo.

En efecto, no obstante estos «problemillas» para nosotros, en aquel día de octubre pudieron hacer las cosas como Dios y los reyes mandaban, porque el procurador de Málaga exigió que se cumpliera lo contenido en la provisión, como así fue: «El señor alcalde mayor, vista la dicha carta y provisión real [roto] la tomó en sus manos y la besó y puso su sobre su cabeza y la obedeció con el acatamiento y reverencia debido y dijo que está presto de la cumplir cómo en ella se contiene y en su cumplimiento dijo que…».

Y dijo que se consultara al deán y cabildo de la Santa Iglesia de Málaga si estaban a favor o en contra de lo mandado en la escurridiza provisión real. Y dicho y hecho, se mandó al escribano municipal a que presentara el documento a los beneméritos miembros de la catedral, «conviene a saber: los señores don Gonzalo Hernández de Puebla, arcediano de la dicha Iglesia y don Antonio de Hojeda, tesorero y Francisco de Tormejón y Bernardino de Alcocer y Juan Valderas y el licenciado Fernando de Vera, canónigos de la dicha Iglesia» quienes «dijeron que les parece muy bien la diligencia que la ciudad ha tenido en querer ayudar para [que] venga buen preceptor a esta ciudad». De hecho, con lo que se podía pagar desde la catedral solo «no puede ser a su voluntad como ellos querían para provecho de los naturales de esta ciudad». Solo había un pero, que el nuevo preceptor no perjudicara al maestrescuela de la catedral.

El escribano fue con el parecer de los antedichos al maestrescuela, don Fernando de Córdoba, «el cual respondiendo a ello dijo que se arrima a la respuesta que tienen dada los dichos señores del cabildo de esta dicha ciudad y se conformaba y conformó con ellos para que se provea del dicho oficio de preceptor no perjudicando al dicho su oficio de maestre escuela».

Así que, puestos de acuerdo el Ayuntamiento y la catedral, empezaron a tomar declaraciones a varios vecinos.

El primero que depuso fue el licenciado Diego de Valencia, vecino de Málaga, que empezó a responder a las preguntas de la misteriosa provisión real que se nos van desvelando. Diego de Valencia no tenía pelos en la lengua:

Dijo que sabe que en esta ciudad ha habido y hay Estudio de Gramática porque es Iglesia Catedral y cabeza de obispado; más que a causa que los preceptores de gramática que ha habido y hay se han puesto por amistad, o ruegos, o por poco salario ha habido y hay falta de tal preceptor de gramática y lógica como conviene y convenía haber en esta ciudad y que a causa de no haber tal preceptor ha habido y hay mucho defecto y daño y perjuicio en los hijos de los vecinos para ser doctrinados y enseñados así para letrados como para haber en esta Iglesia e iglesias de la ciudad y su obispado clérigos doctos. Ha sucedido haber falta en ser muchos clérigos doctos y letrados como conviene y también a falta de no haber habido ni haber tal preceptor los hijos de los vecinos han gastado y gastan su tiempo de niñez y mocedad en balde, a cuya causa desde que son de edad, se hallan faltos de doctrina y entienden en cosas a las veces no lícitas y otras veces no provechosas y se hallan sin oficio ni beneficio ni manera de vivir y si hubiese buen preceptor cesarían los dichos inconvenientes y daños y habría hijos de vecinos de esta ciudad y de su obispado doctos en Ciencia así para el ejercicio de sacerdotes como para ser encaminados para letrados y si quisiesen vivir por caballeros o escuderos o en los artes de sus padres o en otra cualquier manera que quisiesen, sean entendidos.

Por todo lo cual estaba muy a favor de la dotación de los 10.000 maravedíes de propios de la ciudad, más «los maravedíes que más da la dicha Iglesia de esta ciudad» y que de momento no sabemos qué cantidad es. Además, el preceptor de la gramática sería recibido «por oposición de personas preceptores doctos hábiles y suficientes y que se eligiese el más idóneo y no que se diese por favor o negociación de amistad o por otra vía de parcialidad».

El segundo en declarar fue el bachiller Alonso de Villanueva, también vecino de Málaga. Declaró que había estudio, que si no lo hubiere se seguirían muchos daños «a los clérigos e hijos de vecinos de esta ciudad porque como en esta ciudad hay iglesia catedral y es cabeza de obispado en la cual entran otras cuatro ciudades y muchas villas y lugares hay mucha necesidad que haya el dicho estudio» y que la catedral colaboraba de rentas del diezmo con «una fanega de pan de cada pila de todo el obispado y que le parecía a este testigo que es pequeña y tenue dotación para un preceptor de gramática que fuese hábil y suficiente», por lo que creía que aumentando esa dotación, convocando la plaza por oposición y recibiendo el dinero de propios de la ciudad, se podría encontrar «persona suficiente para ello».

El 24 de octubre, se tomó juramento al licenciado Rodrigo Yáñez, que declaró exactamente lo mismo que el anterior, Alonso de Villanueva, y lo mismo se puede decir de las declaraciones del bachiller Gonzalo Cabrera, del licenciado Diego Cabeza, del personero Alonso Ruiz de Toro y del natural de Málaga Álvaro de Alcaraz.

Tras las ocho declaraciones, el alcalde mayor elevó sus conclusiones, que podemos imaginarlas: «Parece ser muy necesario el preceptor de gramática en esta ciudad que sea hábil y suficiente para doctrinar y enseñar la gramática y poesía a los hijos de vecinos de esta ciudad y su tierra y otras personas, lo cual no hay al presente». Nadie había hablado de poesía, pero el alcalde mayor, que era letrado por alguna universidad, no tuvo inconveniente en implorar que a los niños de Málaga se les enseñara poesía. Y siguió con su argumento, «ni hay persona que se quiera encargar del dicho oficio de preceptor de gramática por ser muy poco el salario que se le da de la cátedra de la iglesia de esta ciudad y si de los propios de esta ciudad se le diesen diez mil maravedíes juntamente con lo que está dotado por parte de la dicha iglesia, habría personas hábiles y suficientes para ello». Era evidente que a los maestros había que pagarles bien. Y si se consiguiera esa unión económica entre las fanegas de trigo de los diezmos episcopales más los 10.000 maravedíes de propios de la ciudad, se podría pensar en contratar a un buen maestro. El alcalde mayor proponía al rey que «mande que la dicha cátedra se provea poniendo edictos para que vengan a oponerse personas que merezcan la dicha cátedra, para que se dé y provea al más hábil y suficiente de los opositores si es necesario pedir y suplicar a Su Majestad como persona que ha visto por vista de ojos la gran falta que hay en esta ciudad del dicho preceptor».

Era el punto de vista del licenciado Molina, alcalde mayor de Málaga en aquel 1538, «que vengan a oponerse personas que merezcan la dicha cátedra, para que se dé y provea al más hábil y suficiente de los opositores».

Poco tardó en llegar la proposición de Málaga al rey, que desde Toledo el 10 de diciembre de 1538 otorgó licencia a la ciudad de Málaga para que de sus propios se pudieran dar esos 10.000 maravedíes, «nos tuvímoslo por bien por la cual os damos licencia y facultad para que de aquí adelante por el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere, de los propios y rentas de esa ciudad podáis dar e deis al preceptor que fuese proveído en la forma susodicha por edictos y examen para servir la dicha cátedra de gramática diez mil maravedíes en cada un año de más de pan que se le suele dar por la dotación de la dicha cátedra».

La mencionada provisión real se leyó ante el cabildo de la ciudad el 10 de enero de 1539. Podemos deducir, pues que aunque desde 1492 fuera obligatorio que dependiendo de la catedral hubiera un estudio de primeras letras, a partir de 1539 ese estudio estuvo mejor dotado y sus preceptores convocados por oposición. La falta de Libros de Acuerdos municipales de estos años nos impide saber algo más; los atracones que se han dado los bichos del papel del Archivo de Protocolos tampoco nos permiten profundizar más. Pero nos podemos quedar con esto:

Corría el año de 1539 cuando en Málaga se contaba con las licencias y presupuestos para convocar oposiciones a preceptor de la gramática en esta importante ciudad portuaria, defensa del Mediterráneo. Y ahora, a la vez, lo que pasaba en Tlatelolco.

En no pocas ocasiones se afirma, o se querría que esa fuera la verdad de las cosas, que de la península a Indias partió lo peor de lo peor. De esta manera, desde la Cristiandad se violaron todos los usos y costumbres del buen salvaje americano. Si hubo partido lo peor de lo peor, poco dice —desde luego— de la capacidad de organización de las sociedades amerindias. Desde luego que el mundo criollo, y más aún desde la independencia, necesitó fraguarse una imagen del otro que justificara su propia historia nacional: alteridad putrefacta, propiedad pura; alteridad analfabeta, propiedad lectora de los astros; alteridad corrompedora, propiedad prístina.

Pero cómo no, la exaltación del buen salvaje funcionaba perfectamente: el europeo, más aún el criollo, y más aún el indio, encarnaban esa mística vilipendiada por unas nuevas costumbres que eran innecesarias. Era innecesaria la lengua porque violentaba las amerindias; era innecesaria la religión, porque ellos ya tenían las suyas (en todo caso habría que corregirles sus usos idolátricos) y así sucesivamente.

De esta manera se justificaba moralmente la necesidad de una independencia. Si no se conseguía modernizar las nuevas patrias, o si se era incapaz de unirse en un proyecto común, qué duda cabe de que había una culpa: la presencia española. A la vez, al norte, se libraba una guerra civil que buscaba por todos los medios que no se fragmentaran los estados, o se ampliaba el territorio a costa de jirones conquistados a los del sur. Si a todos estos fenómenos, mucho más complejos, añadimos la desafección de sí mismos urdida por la generación del 98, no es de extrañar que los españoles lleven más de un siglo dándole vueltas a sus culpabilidades. Ahora el indigenismo ha vuelto a la carga. Hace doscientos años que se independizaron. Los Austrias señorearon las Indias durante doscientos años. Tiempo han tenido de solventar sus problemas.

Desde luego que venía de lejos la exaltación de lo propio y la denuncia perversa de la alteridad. Los ejemplos son muchos y variados. Arrancan, cuando menos de fray Alonso de Montesinos y de fray Bartolomé de Las Casas.

Pero entonces, ¿cómo encajar tantas otras realidades? La verdad es que es muy sencillo: acallándolas, olvidándolas, tergiversándolas, manipulándolas. Desde un punto de vista historiográfico, es de capital importancia que en 2016 se haya publicado una obra colectiva sobre el colegio de Tlatelolco, por fin moderna en el método científico (Esther Hernández y Pilar Máynez [eds.], El colegio de Tlatelolco. Síntesis de historias, lenguas y culturas, Grupo Destiempos, México, 2016).

Antes de que en Málaga se hablara sobre la idoneidad de incrementar la financiación de la escuela, en 1523 los tres primeros franciscanos llamados por Hernán Cortés (en la «Cuarta carta de relación» a Carlos V) llegaron a Méjico. Nada más llegar abrieron una primera escuelecilla en Texcoco «y fue casi en forma exclusiva para la familia Ixtlixóchitl, quien fue uno de los primeros indígenas en convertirse al cristianismo» (basándose en Erasmo Cisneros Paz, 1989; Lino Gómez Canedo, 1982; Rubén Romero Galán, etc.). Pero pronto acudieron más niños. Al frente estaba fray Pedro de Gante. En 1524 llegó otra docena de franciscanos, con una bula papal bendiciendo su acción en Indias. Es muy curioso contemplar cómo unas sanciones y otras, las papales y las reales, se producían por secretarías distintas y tardaban en su reconocimiento recíproco.

Permitidme una breve digresión:

¿Tendrá que ver lo anterior con la real orden promulgada por Carlos V en 1535 sobre Que sean favorecidos los colegios fundados para criar hijos de caciques y se funden otros en las ciudades principales y que decía así?:

Para que los hijos de caciques, que han de gobernar a los indios, sean desde niños instruidos en nuestra Santa Fe Católica, se fundaron por nuestra orden algunos colegios en las provincias del Perú dotados con renta que para este efecto se consignó.

Y por lo que importa que sean ayudados y favorecidos, mandamos a nuestros virreyes que los tengan por muy encomendados y procuren su conservación y aumento y en las ciudades principales del Perú y Nueva España se funden otros, donde sean llevados los hijos de caciques de pequeña edad, y encargados a personas religiosas y diligentes que los enseñen y doctrinen en Cristiandad, buenas costumbres, policía [civilidad] y lengua castellana y se les consigne renta competente a su crianza y educación.

(Carlos V, 8 de diciembre de 1535, [I, XXIII, XI o I, p. 122])

Por otro lado, el 31 de enero de 1539 Carlos V redactaba una real cédula a Francisco de Vitoria en la que le pedía su opinión para resolver «ciertos capítulos y dudas que en la Nueva España, que es en las nuestras Indias del mar océano, se han ofrecido acerca de la instrucción y conversión de los naturales de ella a nuestra santa fe» (Rodríguez Cruz, documento XVI). Poco después, el 18 de abril de 1539 le encargaba que seleccionara a doce «discípulos sacerdotes de buena vida y ejemplo» de entre los suyos que pasaran a Nueva España, a petición del obispo de Méjico. El viaje, los salarios y todo lo demás ya estaban previstos y en Sevilla advertidos de esta nueva expedición de doce (documento XVII).

Desde Madrid y a 31 de marzo de 1541 le solicitaba de nuevo su parecer. Esta vez era porque:

Fray Bartolomé de las Casas, de la orden de Santo Domingo, ha mucho tiempo que reside en las nuestras Indias y ahora ha venido a estos reinos a procurar algunas cosas que tocan a su orden y bien de los naturales de aquellas tierras, el cual nos ha hecho relación que conviene y es necesario que se prohíba y defienda que ninguno bautice en aquellas partes indio, ni negro, ni otro infiel adulto hasta que conforme a la Sagrada Escritura y doctrina de los santos y a la costumbre de la universal Iglesia, sean en la fe católica doctrinados tanto tiempo cuanto suficientemente hubieren menester para ser dignos de recibir el santo bautismo porque dice que en las dichas nuestras Indias se acostumbra a bautizar sin que aquel que recibe el agua de bautismo sepa ni entiende lo que recibe de que Nuestro Señor es deservido (documento XVIII).

Con esta última real orden pongo fin a esta digresión, a estos ejemplos; es de 1550. Su encabezamiento rezaba que donde fuera posible se pongan escuelas de la lengua castellana para que la aprendan los indios y su contenido proclamaba que:

Habiendo hecho particular examen sobre si aun en la más perfecta lengua de los indios se pueden explicar bien y con propiedad los misterios de nuestra Santa Fe católica, se ha reconocido que no es posible sin cometer grandes disonancias e imperfecciones, y aunque están fundadas cátedras donde sean enseñados los sacerdotes que hubieren de doctrinar a los indios, no es remedio bastante por ser mucha la variedad de lenguas.

Y habiendo resuelto que convendría introducir la [lengua] castellana, ordenamos que a los indios se les pongan maestros que enseñen a los que voluntariamente la quisieran aprender como les sea de menos molestia y sin costa.

Y ha parecido que esto podrían hacer bien los sacristanes como en las aldeas de estos reinos enseñan a leer y escribir y la doctrina cristiana.

(Carlos V, en Valladolid a 7 de junio y 17 de julio de 1550)

Volvamos a unos años atrás. En una averiguación sobre las prácticas de la enseñanza que hacían los franciscanos allá por 1531, varios frailes tuvieron que responder a la pregunta de que si «para convertir los dichos indios, los dichos religiosos han trabajado de aprender la lengua de la tierra […] teniendo en esta ciudad en su orden seiscientos muchachos, poco más o menos, y en los otros monasterios de Cholula y Guaxoçingo, Talmanalco, Tepeaca, Tezuco, Guatitlan, Tula, Coyoacán, Cuernavaca, Acapistla, Tascaltecle y en las provincias de Michoacán cinco mil muchachos indios, poco más o menos, doctrinándolos […] enseñándoles a leer y escribir y decir las horas canónicas y oficiar las misas y aprender el canto de la Iglesia…». Y fray Pedro de Gante respondió confirmando lo interrogado. Dijo que así era y que lo sabía «porque lo ha visto y tiene cargo de siete años a esta parte de enseñar los dichos niños juntamente con otros religiosos y que al presente hay en esta casa de señor San Francisco seiscientos niños naturales y que entre ellos hay muchos que saben muy bien a leer y escribir y oficiar las misas y canto de órgano y llano y todo lo demás y decir las horas y otras muchas cosas de nuestra santa fe católica» (Francisco Morales, El colegio de Tlatelolco, p. 65).

Los testimonios iniciales nos hablan de los recelos de los indígenas hacia los franciscanos recién llegados, «estuvimos más de tres años en esto, que nunca los pudimos [a]traer sino que huían como salvajes de los frailes», dejó por escrito fray Pedro de Gante. Solo fue la obligación impuesta por Hernán Cortés de que «los hijos de los señores y principales viniesen a México a San Francisco a aprender la ley de Dios […] que se juntaron poco más o menos mil muchachos», a los que, siguen siendo palabras de Pedro de Gante, «los teníamos encerrados en nuestra casa de día y de noche, no les permitiendo ninguna conversación con sus padres, ni menos con sus madres […] y esto para que se olvidasen de sus sangrientas idolatrías y excesivos sacrificios».

El cronista franciscano Jerónimo de Mendieta, en su Historia eclesiástica indiana, se refirió a fray Pedro de Gante en estos términos: «No se contentando con tener grande escuela de niños que se enseñaban en la doctrina cristiana, a leer y escribir y cantar, procuró que los mozos grandecillos se aplicasen a aprender los oficios y artes de los españoles, que sus padres y abuelos no supieron y en los que antes usaban se perfeccionasen» (vol. II, cap. XIII, p. 70 cit. por Galván, p. 15). Ese colegio era el de San José de Belén de los Naturales, también conocido como Colegio del Convento de San Francisco. Luego, en cada convento, o por mejor decir, conventículo que fundaban abrían una escuela.

Y precisamente, como se le quedara estrecha la educación que daba a aquellos niños y mozos grandecillos, fray Pedro de Gante se lanzó a fundar un centro de enseñanza superior.

Cuando en Málaga se hablaba sobre la idoneidad de incrementar la financiación de la escuela, resulta que también en Tlatelolco se había fundado ya una escuela, el Colegio Imperial de la Santa Cruz (1536), que también la rigió el singular fray Pedro de Gante, porque la de Texcoco se le había quedado en nada.

En ese Colegio Imperial de la Santa Cruz vivían en internado los hijos de nobles indígenas, de diez a doce años, dos o tres «de cada cabecera o pueblo principal, porque todos participasen de este beneficio» (Mendieta, cap. XV, 78). El virrey fundador, don Antonio de Mendoza, aspiraba a que en ese colegio «se recogieran hasta ochenta indios muchachos traídos de los pueblos principales de la Nueva España, a los cuales se les enseñase gramática y otras ciencias, conforme a su capacidad, con intento que estos indios, sabiendo latinidad y entendiendo los misterios de la Sagrada Escritura, se arraigasen en la fe más de veras y confirmasen en ella a los otros que no sabían tanto y ayudasen a los religiosos que no entendían bien la lengua, interpretando al pueblo en ella lo que les dijesen» (Mendieta, hacia 1560. García Icazbalceta, Códice franciscano, Méjico, 1941, p. 62).

Es decir, en él se instruía a los hijos de la nobleza indígena. Para apoyar la educación, disponía de la mayor biblioteca del virreinato de la Nueva España y en ese Colegio Imperial se impartían enseñanzas de filología y de historia. Según fueron pasando los años y se incrementaron las necesidades.

Los franciscanos iban a enseñarles a la usanza de la Cristiandad y el Evangelio. Pero esos niños, a su vez, retroalimentaron el sistema educativo; cooperaron con los frailes para que estos aprendieran las lenguas amerindias, o para que fueran capaces de transliterar el náhuatl a caracteres latinos.

También participaron como intérpretes en juicios, y en la administración en general, por ejemplo. La tradición de traductores, intérpretes e intermediarios culturales y lingüísticos estaba tan arraigada entre los castellanos como para haberla usado hasta el agotamiento en el Reino de Granada. Una vez más, lo de Indias era punto de llegada de formas de actuación normales en Castilla.

Me parece fascinante, como le llama la atención a Rubén Romero Galván, que se pudiera pasar a las mentes de los niños indios, y de estos a sus padres, o a los libros en náhuatl, misterios tales como «transustanciación» (que, por cierto, no lo entendían los protestantes), «Trinidad», «redención», «crucifixión», «pecado», «absolución», «cielo» o «infierno» y al autor citado —y no es crítica— se le olvida que había que explicar qué era un «sacramento», o la «confesión». Muchas de las bases religiosas cristianas podían entenderlas los musulmanes, bien por confluencia, bien por religiones en contacto. ¿Pero un adolescente de Tlatelolco qué pensaría de aquellos tonsurados, vestidos de pardo destruyendo los ídolos de sus padres, pero queriendo convencerles de lo de la corona de espinas, ¡o del reino de los cielos, o la virginidad de María!? Sobre la divinidad cristiana explicada a los indios en Tlatelolco ya ha tratado Francisco Morales, así que lo dejo, no sin antes referirme a que Dios, el Dios cristiano, se les ofrecía como sus verdaderos dioses que gobiernan, que dan la vida y que son los dueños (Francisco Morales, Tlatelolco y el diálogo intercultural…, pp. 72 y ss.). No es teología, es persuasión. Por cierto, predicado, escrito e impreso en náhuatl.

No sé por qué me da la sensación de que no todo fue evangelización a espadazos, Inquisición y destrucción de ídolos. El diálogo cultural entre frailes e indios se me antoja como una de las construcciones culturales más importantes que ha habido en la historia de la humanidad.

Lo dejó por escrito Mendieta, «[Pedro de Gante] compuso en náhuatl una doctrina que anda impresa, bien copiosa y larga», y ese libro fue el primero publicado en nueva España. (Efectivamente, se trata de: Fray Pedro de Gante, Doctrina cristiana en lengua mexicana, 1547).

Por cierto, la primera gramática latina publicada en el Nuevo Mundo lo fue en 1559 por fray Alonso de la Vera Cruz, la Grammatica Maturini, de Gilberto Maturino, que compilaba las enseñanzas filológicas de Nebrija, Erasmo y Vives.

Es verdad. Este fray Pedro de Gante fue ducho en enseñar la doctrina por medio de pictogramas y más aún aprendió correctamente el náhuatl para hablar y predicar a los indígenas.

Como acaba de escribir Rohner (en Hispanic Review, 2020) «frailes y estudiantes tradujeron materiales doctrinales, diseñaron gramáticas náhuatl y diccionarios, y compusieron obras descriptivas sobre las tradiciones precolombinas que aún hoy poseen un valor inconmensurable para el estudio de la historia mesoamericana».

A su vez, Esther Hernández ha propuesto una cronología en el trabajo de esa lexicografía: primero la recopilación de palabras en listas, con un Andrés de Olmos como ejecutor; luego, la preparación de un glosario, por Sahagún y finalmente la redacción, al fin, del diccionario náhuatl-español, de Andrés de Molina, de 1551 y de 1571. A partir de este diccionario, se hicieron otros: en 1559 un diccionario bilingüe tarasca-castellano de fray Matutino Gilberti; en 1578 el vocabulario castellano-apoteca de fray Juan de Córdova y en 1593 el de la lengua castellana y mixteca de Francisco de Alvarado.

Dejo al margen las gramáticas u otros glosarios de palabras que no se editaron porque fueron materiales de trabajo y que milagrosamente se han conservado. En cualquier caso, al parecer todos se inspiraron en Nebrija, tanto para hacer diccionarios, como para hacer gramáticas. Ya lo había propuesto así Manuel Alvar López en 1992 en un trabajo tan sugestivo como claro era su título: «Nebrija y tres gramáticas de lenguas americanas (náhuatl, quechua y chibcha)». Él hizo la edición de una gramática chibcha de 1611.

El diálogo lingüístico que se estableció en el siglo XVI alrededor de Tlatelolco, parece fascinante: la trasculturización se hacía en la lengua de los naturales, los cuales entendían la doctrina, pero también la lengua nueva, y a través de ella, o como simbiosis de todo ello, el latín. Ese múltiple aprendizaje lingüístico era ponderado por carta ante el mismísimo papa Paulo III por el obispo de México en 1530. No nos incumbe juzgar lo que hubiere de exageración, de mentira, de desmedido entusiasmo en sus palabras: allá su conciencia: «Es tanta la felicidad de sus ingenios [de los niños] que escriben en latín y en romance mejor que nuestros españoles» (Cisneros Paz, p. 84).

Pero algo de verdad ha de haber en esa rapidez del aprendizaje, porque si no, no habría habido voces que clamaran en contra de la educación de los niños indios, y mucho menos de la educación del latín: que aprendieran a rezar, vale; pero que se les explicaran bases teologales, era innecesario. Como escribió un enemigo de tanta enseñanza a los indios y más aún de que se hicieran sacerdotes, si podían leer la Biblia en latín, ¿cómo iban a interpretar «los sacrificios de la ley vieja y lo de Abraham»? (Cisneros Paz, p. 88). Desde luego no les faltaba razón, porque tanto ataque a la idolatría y a los sacrificios humanos… ¡y los había en la Biblia! (Sobre estos debates, Ignacio Osorio Romero, La enseñanza del latín a los indios…, 1990).

En cualquier caso, a los hijos de los principales se les enseñaba latín. Se cuenta que en San Francisco de México había unos 50 niños estudiándolo. Llegó a haber hasta 70; entraban a partir de los ocho años hasta los doce y a los quince años se les mandaba de vuelta a sus casas (Cisneros Paz, p. 86). Esos niños eran los mejores de entre los otros colegios franciscanos; por tanto, llegaban ya alfabetizados. Al estilo del resto de la Cristiandad, aprendían el trívium y el cuadrivium, para pasar después a las enseñanzas de artes y teología; música y cómo no, medicina indígena que, por cierto gracias a las enseñanzas de un médico indio de Xochimilco, Martín de la Cruz, se escribió e imprimió el primer tratado de medicina indígena en náhuatl. Luego, otro indio, Juan Badiano, también de Xochimilco lo tradujo al latín. Me estoy refiriendo al espigueo que hace Erasmo Cisneros de los oficios posteriores de algunos alumnos del colegio, que es de sumo interés: se ve cómo se configuró un grupo de poder intermedio entre la alta administración (virreinal o episcopal) y los indios, o los habitantes de los pueblos de indios, grupo intermedio copado por alumnos del colegio de Tlatelolco.

O como lo definió Mendieta, con mejores palabras que las mías, «sirven de intérpretes en las Audiencias y por la mayor parte a ellos, como a más hábiles y suficientes, se suelen encomendar los oficios de jueces y gobernadores y otros cargos de república» (Carrera de la Red, p. 134).

A algunos, que las generalizaciones son malas, a algunos, digo, el estudio en el Colegio Imperial de Tlatelolco les sirvió para su promoción social. Es natural, allí se había construido una lengua de prestigio, el latín traspasado a América. Exactamente igual que cien o doscientos años después en Tennesse y Arkansas, por ejemplo. Creo que debemos hacernos perdonar, haciendo el ridículo rodilla en tierra y con la cabeza gacha como cabestros que van a uncir, porque «serán los franciscanos quienes configuren un sistema de enseñanza […] que buscará dar instrucción literaria a los indígenas» (ídem).

O también habrá que hacerlo porque «en México se ofrece igualmente la posibilidad de proporcionar educación superior a los indios que destaquen en sus escuelas primarias» (ídem).

Antonio Valeriano era un individuo de humilde extracción, era un macehual, un grupo social de difícil comparación en Occidente, más que un esclavo, menos que un hombre plenamente libre. Llegó a ser gobernador del pueblo de indios de San Juan en México. Se casó con Isabel de Moctezuma, hija del cacique Moctezuma Xocoyotzin. Ese Antonio Valeriano fue un reconocido latinista y su ascenso social lo logró gracias a sus estudios.

Por su parte, Pablo Nazareo era el señor de Xaltocan. Su suegro era hermano de Moctezuma. Fue rector de Tlatelolco. Fue incansable traductor al náhuatl de textos latinos litúrgicos y sermonarios. Era también sobrino de Moctezuma Xocoyotzin. Escribió dos cartas a Felipe II y una tercera a Isabel de Valois solicitando el reconocimiento de los servicios prestados por su familia a la Monarquía, las pérdidas que habían tenido por ello, y que se les concediera una holgada posición económica. Se conservan en el AGI y las publicó en 1990 Ignacio Osorio Romero; recientemente las ha tratado lingüísticamente Carrera de la Red. No se sabe si se prestó atención a sus peticiones.

Dejando al margen la retórica usada, o el mestizaje lingüístico, la diglosia de algunos apartados, el uso de hispanismos (es genial: el mexica que escribe en latín con hispanismos), me ha fascinado la latinización de antropónimos y topónimos mejicanos, así «Azcaputzalcus», «Teçoçomuctulus», etc., claro que no se queda atrás la estructura epistolar que sigue a Cicerón por su diligentia, suavitas, dispositio. Claro que no pueden faltar alusiones a las Sagradas Escrituras, ni a Ovidio; sigue a Erasmo en la Amplificatio como recurso literario en cartas persuasivas como estas tres; así que el mexica Juan Nazareo en estas más de veinte páginas en latín epistolar, nos aparece como un «latinista de laboratorio», enriquecido con sus usos personales.

El hecho formal de la redacción en latín es fabuloso: no escribe ni en español, ni en náhuatl. Escribe en la lengua de prestigio, a personas de prestigio. Por hacerlo, y por ser como es y ser quién es, se define como un humanista al servicio de la paz humana.

A los hijos de los otros grupos sociales inferiores se les enseñaban otras cosas y ya no en estos conventos-escuelas, sino en los atrios de las iglesias y de asuntos más reiterativos o superficiales.

«En Méjico hay un colegio universal donde se estudian y aprenden gramática y teología y retórica y léxica y filosofía y otras artes y estudios, y hay moldes y maestros de imprimir libros, así en latín como en romance y se gradúan de licenciados y doctores» (Bernal Díaz del Castillo).

«Hay moldes y maestros de imprimir libros». Ciertamente.

He escogido el de Tlatelolco porque fue el más importante centro de educación en la Nueva España durante todo el siglo XVI.

Para las niñas también se abrieron escuelas. Pero, precisamente, el interés de educarlas a la europea llevaba la semilla de su propia desaparición. Educados todos en la poligamia, gracias a la cual las rentas de ellas mantenían al marido, lo que no se podía esperar es que las jóvenes fueran adoctrinadas en esa nueva y fascinante religión, pero que además, se les educara en que fueran los varones los que mantuvieran los hogares. A la altura de 1540 el obispo Zumárraga advertía de que se le quedaban solteras las estudiantes y que antes de que se hundiera el colegio, podrían convertirlo en hospital de bubas. Kobayashi lo explicó: «Los jóvenes indígenas, inclusive los educados en los monasterios, se negaban a casar con las muchachas criadas y educadas por maestras españolas. La razón alegada era que ellas “se criaban ociosas y a los maridos los tendrían en poco, ni los querrían servir según la costumbre suya de que ellas mantienen a ellos”», según explicaba el obispo Zumárraga a Carlos V; a la altura de 1544 la última maestra española deseaba volverse ya a Sevilla.

Como tantas veces ocurre, al parecer hacia 1572 el colegio de los niños varones había decaído y solo servía como escuela de primeras letras. Acaso fuera porque hubiera nuevos centros y no solo por su decadencia intrínseca, aunque no debemos perder de vista que a los indígenas acaso les resultara chocante el cosmos cultural en el que deberían integrarse para entender la teología, o que desde luego las voces contrarias a la educación no cesaron nunca, la decepción al ver que los indios no eran propensos al sacerdocio (o incluso que los que fueran se encontraban con la abierta hostilidad de algunos clérigos y frailes que no lo veían), o el propio envejecimiento del obispo Zumárraga y con ello, de las fuerzas de sus afanes.

El 6 de enero de 1536, mientras en Málaga se veía cómo renovar la escuela, el virrey Antonio de Mendoza, el arzobispo fray Juan de Zumárraga y el expresidente de la Audiencia Sebastián Ramírez de Fuenleal, acudían a la inauguración del mencionado Colegio Imperial. Los maestros a los que se encomendó la formación de aquellos niños eran, precisamente, componentes de la sociedad de ladrones, analfabetos, ágrafos y pícaros que emigraron a Indias: el latín lo explicó en español el francés fray Arnaldo de Bassacio. Pero luego se hizo cargo de la enseñanza de latinidad, pero también a leer y a escribir, fray Bernardino de Sahagún y con él fray Andrés de Olmos, autor de un Tratado de hechicerías y sortilegios; (Fray Antonio Huerta Soto), la retórica, la lógica y la filosofía fueron responsabilidad del impresionante fray Juan de Gaona.

Fray Juan de Gaona era burgalés. Se había formado en La Sorbona y de allí se retiró a su ciudad natal a explicar teología. Mas como la corte imperial residiera en Valladolid, la orden franciscana le mandó allá a predicar y enseñar. En ello estaba cuando en 1538 la emperatriz Isabel le invitó a ir a evangelizar a Nueva España. Como así hizo este fray Juan de Gaona, autor de varias piezas teatrales en náhuatl para que las representaran los niños de Tlatelolco, como ha estudiado Baudot, 1968. Poco antes de iniciar el viaje firmó un acuerdo con el convento franciscano de Valladolid por el cual dejaba allí en depósito temporal sus ejemplares de San Agustín en siete tomos, su San Crisóstomo en cinco en folio, las obras de San Jerónimo en tres volúmenes, las de San Bernardo en uno, así como una Biblia en hebrero, un diccionario en hebrero y «otros algunos» libros más. Pero de ese depósito cabe destacarse que dejó también las obras de Platón en un tomo en folio y las Anotaciones de Erasmo.

Así que un franciscano que partía para Indias, dejaba parte de su biblioteca en la península: las obras de San Agustín, una Biblia y su diccionario en hebrero, un Platón y Erasmo. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué hacer públicas estas lecturas incómodas?

Algo pasó por la mente de aquel teólogo franciscano, que según cuenta Mendieta, al llegar a Indias se dedicó a aprender la lengua mejicana olvidándose «por diez años los libros y estudios graves». Fruto de ese sacrificio lingüístico, fruto de esa inmersión para predicar el Evangelio en la lengua de los indígenas fueron sus Coloquios de la paz y tranquilidad cristiana, en lengua mexicana publicados en Méjico por Pedro Ocharte en 1582, veintidós años después de su muerte. Por cierto, no hay ejemplares en la BNE. Hay reproducciones en la Biblioteca Miguel de Cervantes, pero es un ejemplar deteriorado, y en el repositorio del Tecnológico de Monterrey, en muy buen estado y muy fácil de descargar.

Gaona en 1551 sucedió a Motolinía como provincial en Nueva España.

¿Y quiénes eran el virrey o el arzobispo presentes en aquella inauguración?

El primer virrey de la Nueva España (desde 1535) don Antonio de Mendoza, fundó el Colegio de San Juan de Letrán para mestizos y en 1537 el de Santiago. Por fin, aunque él fue trasladado a Perú para poner orden también en aquel virreinato, no pudo ver hecho su sueño realidad, el de la fundación en 1551 de la Real y Pontificia Universidad de Méjico, el mismo año que se fundó la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima, sobre un estudio general que existía desde 1548, siendo después de la Real y Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo (1538) las tres primeras que se abrieron en América (los cierres de universidades en los años finales del XVIII y sobre todo desde los años treinta del siglo XIX deben tener alguna interpretación histórica). Las universidades americanas se fundaron implantándose los estatutos de las de Salamanca o Alcalá de Henares porque se tenía fe en que profesores y alumnos podían dar los mismos resultados que en el resto de la Cristiandad.

Según Ángela Rodríguez Cruz, autora de una tesis ya clásica, Salmantica docet, y dedicada a la exportación de Salamanca a Indias, «en el Nuevo Mundo […] la universidad fue vehículo de movilidad social, estuvo abierta a todas las clases […]. Esto ocurrió en los primeros siglos, XVI y XVII […] las universidades hispanoamericanas, por lo general, estuvieron abiertas a todos, a los peninsulares como a los criollos, también a los indios» por cuanto «las autoridades del Nuevo Mundo consideraban al indio capaz de recibir una enseñanza superior, como los europeos», como se demostró en Tlatelolco; sin embargo, sabemos que «la incorporación del indio a estos centros superiores fue lenta y escasa». Por su parte, Iglesia y corona «se empeñaron en que la enseñanza en Indias tuviera un nivel similar al europeo y la corona defendió siempre el acceso a los naturales, formados en las universidades de Indias, a los puestos públicos».

Permitidme otra digresión.

La «fiebre» por fundar universidades en España y en Castilla fue impresionante desde los Reyes Católicos a Carlos II. Siguiendo el recuento de Luis Rodríguez-San Pedro Bezares, antes de 1475 se habían fundado nueve universidades (en Barcelona, Lisboa/Coímbra, Gerona, Huesca, Lérida, Perpiñán, Salamanca, Valladolid y Palencia). Entre 1475 y 1600, veintiuna (en Alcalá, Almagro, Ávila, Baeza, Évora, El Escorial, Gandía, Granada, Irache, Oñate, Orihuela, Burgo de Osma, Santiago de Compostela, Sevilla, Sigüenza, Tarragona, Toledo, Valencia, Vich y Zaragoza); entre 1600 y 1700, cinco (en Mallorca, Oviedo, Pamplona, Solsona y Tortosa) y entre 1700 y 1800, dos (en Cervera y La Laguna). (Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, «Prólogo. Las universidades hispanas en la Edad Moderna).

En algún sitio he leído que antes de 1640 se habían fundado 14 universidades, desde el Caribe a Argentina, sin dejar atrás los Andes. En otro sitio veo estos diecinueve nombres, ciudades y fechas: San Marcos de Lima (1551), la Real y Pontificia de Méjico (1551), la Real y Pontificia de Santo Tomás de Santo Domingo (1558), la Real y Pontificia de Gorjón en Santo Domingo (1558), la Real y Pontifica de San Tomás de Bogotá (1580), la de San Fulgencio de Quito (1603), la Pontifica de San Ildefonso (1608), la Universidad de Córdoba (1621), la Pontifica de Santo Tomás de Santiago de Chile (1622), la Real y Pontifica de Mérida de Yucatán (1624), la Pontificia de San Ignacio de Loyola del Cuzco (1621), la Pontifica de San Miguel de Santiago de Chile (1625), la Pontificia de San Francisco Javier en Bogotá (1621), la Real y Pontifica de San Gregorio Magno de Quito (1622), la Real y Pontifica de San Francisco Javier de Sucre (1624), la Real de San Carlos Borroneo de Guatemala (1676), la de San Cristóbal de Huamnaga (1677), la Real y Pontifica de Santo Tomás de Quito (1681), la Real de San Antonio Abad del Cuzco (1692)…

Se cuenta que unos colonos fundaron un sitio para leer biblias en Harvard en 1636. En 1736 se dieron los primeros estudios de medicina en la futura Universidad de Pensilvania, que se empezó a titular así en 1779. En España y América ya se habían fundado, crecido y disuelto unas cuantas, sobre todo a raíz de la expulsión de los jesuitas.

Por otro lado, la figura del obispo de Méjico fray Juan de Zumárraga (Durango, 1475-Méjico, 1548), debe ser tenida en cuenta. No solo llevó maestras a la Nueva España en 1534 para que enseñaran doctrina cristiana a las indias (o sea, rezar, leer y escribir y acaso contar), sino que además fundó el primer colegio para niños indios en Tlatelolco (1536), otro colegio para niños de españoles en Michoacán (el de San Nicolás, 1540) y un colegio para niños españoles e indios, el de San Juan de Letrán (1547); además, se llevó al impresor Juan Cromberger en 1539, cuyo primer libro impreso allí fue el Breve y más compendiosa doctrina christiana en lengua mexicana y castellana (Méjico, 1539); el propio obispo publicó varios libros de doctrina y animó a que se hiciera lo propio en náhuatl. Es verdad que no vamos a promover un proceso de beatificación de este singular fraile, pero tampoco se le puede tener por martillo de indios. Naturalmente fue implacable contra toda idolatría indígena, procediendo a su destrucción en público.

De fray Bernardino de Sahagún no puedo decir nada, porque lo que dijera rayaría en el absurdo. A él se le encomendó el enseñarles a leer y escribir, así como a introducirlos en el latín, junto con fray Andrés de Olmos.

En su Códice florentino y a dos columnas en náhuatl y español, nos ofrece su Historia general de las cosas de la Nueva España. La obra merece toda la atención: se trata de los resultados de años y años de investigación, usando interrogatorios o cuestionarios para recoger la información antropológica de lo que se podía perder con la conquista. El texto nació del paso de Sahagún por Tlatelolco. Efectivamente, Sahagún se alimentó de lo que le contestaban los humanistas indígenas del Colegio de Santa Cruz y «cuatro viejos muy pláticos entendidos así en su lengua (náhuatl) como en todas sus antigüedades». ¿Aculturización, transculturización o diálogos interculturales? Sin duda, diálogos interculturales (F. Morales).

El Colegio Imperial de Tlatelolco puso de manifiesto la capacidad de aprender de los indios, en la que dos o tres décadas antes nadie creería, pues eran tan simples como salvajes y que esa capacidad de aprender era cosa solo de los europeos.

Convencidos los franciscanos, o los dominicos, o los servidores reales, de esas habilidades, se escribió en sus lenguas, se escribió sobre ellos y sus ancestrales costumbres, sobre todo conforme se asistía a la destrucción material de sus bases culturales, léase ídolos o cualquier otro registro o manifestación material.

Creo que puede compartirse la idea de Erasmo Cisneros de que «el fracaso [del colegio] tiene que ver con la capacidad que este tenía para la conformación de un liderazgo indígena que potencialmente amenazaba los intereses de los colonizadores». Es decir, que se mantuvo población autóctona, que se creyó en ella, que se le educó en las normas y leyes de los conquistadores, que se respetaban sus derechos, hasta el punto de que se podían convertir a mediados del siglo XVI en hijos incómodos de aquel proceso cultural, como fue lo que ocurrió a principios del siglo XIX.

De este plan educativo se pueden extraer las conclusiones que se desee. Pero era un centro para formar a los hijos de los indígenas que gobernaban en la Nueva España, para instruirles en el Evangelio y las artes liberales. Se les iba a instruir en una nueva fe y se les iba a formar para que ellos continuaran siendo los gobernantes de sus pueblos.

Como ves, sosegado lector, el tema da para mucho. Para una reflexión monumental sobre la antropología humana y las relaciones culturales. De momento, muy a mi pesar, lo dejo aquí.

Tal vez debiera haber hecho mención a que la primera gramática española que se publicó en América, la publicó Mateo Alemán en Méjico en 1609, o que —y este es un dato emocionante— solo en 1605 sabemos que de la primera parte del Quijote salieron para América… más de 500 volúmenes como he expuesto unas páginas atrás. Con este deambular, cierro el círculo.

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INQUISICIÓN: UNA INSTITUCIÓN EMPLEADA PARA FRENAR LA MOVILIDAD SOCIAL

FUNDAMENTOS

Pocas instituciones tienen peor fama que la Inquisición. Desde luego no es de extrañar. Pero se da la circunstancia de que alrededor de lo que se conoce como Inquisición hay un mar de confusiones monumental.

La bibliografía sobre la Inquisición es interminable e inabarcable. Además, comoquiera que es, junto a los escritos sobre la destrucción de las Indias y la figura de Felipe II, uno de los pilares que han sustentado la Leyenda Negra, no hay manera de limpiar de adherencias absurdas su conocimiento.

La historiografía antigua sobre la Inquisición tiene en Llorente y en el siglo XIX su punto de apoyo. Sin embargo, la historiografía moderna que ha intentado —y de hecho ha conseguido— eludir infantiles o decimonónicas diatribas, arranca desde finales de los años sesenta (Caro Baroja, El señor inquisidor y otras vidas por oficio) y colectivamente desde 1976 cuando el profesor Escudero organizó en Santander una primera reunión científica para atisbar nuevos horizontes de investigación. En 1978 en Cuenca, Pérez Villanueva y Avilés Fernández organizaron otro gran simposio, La Inquisición española, nueva visión, nuevos horizontes. Al mismo tiempo Gustav Henningsen y Jaime Contreras realizaban un exhaustivo recuento de todos los procesos inquisitoriales que se conservan y hacían estimaciones sobre los no conservados para dar una luz incuestionable a las cifras de la Inquisición. Desde entonces otros aires han soplado (recordemos nuevamente a Escudero como coordinador del gran congreso que bajo el título Intolerancia e Inquisición, publicó la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales en 2006; no quiero dejar de citar los escritos de Kamen y tantos otros a los que hago referencia en estas páginas). Otros aires, sí, pero no exentos de polémica. El historiador judío Benjamín Netanyahu ha sido uno de los protagonistas de esos enfrentamientos, al preconizar que como el criptojudaísmo no existía ya a finales del XV porque las conversiones eran auténticas (?), el sentido último de la Inquisición era el de ser un tribunal racista. La afirmación, solo basada en bibliografía no española (lo cual le daba un halo de novedad) fue duramente combatida por historiadores de la Inquisición, así Domínguez Ortiz, García Cárcel y nuevamente Escudero; otros, que le apoyaban, lo hacían con reservas, como Ángel Alcalá. Y al final de este capítulo tenemos españoles de pura cepa, que en el siglo XVII eran criptojudíos, o cuchilleros y los persiguió la Inquisición. No, no era una raza la que se perseguía (aunque entonces se creyera en una suerte de protonacionalismo que raza/casta y religión y naturaleza/cuna iban o deberían ir unidas), sino que lo que se perseguían eran herejías, pecados contra la moral, y la movilidad social, fueras castellano, navarro, francés, español o portugués.

Lo primero que se debería decir es que el sustantivo «inquisición» en español es la «acción y efecto de inquirir» e «inquirir» es «indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo». Esto según la versión más moderna del Diccionario de la Real Academia Española.

Por su parte, en 1611 en el Tesoro de la Lengua castellana o española, Sebastián de Covarrubias definía el «inquirir» como el «buscar, pesquisar, preguntar…», e «Inquisición, la pesquisa». O sea, que la inquisición sería, y es, solo la pesquisa sobre algo. Claro que el bueno de Covarrubias, por si acaso, añadía, «Inquisidores, sus integérrimos jueces» (del Santo Oficio).

Así que en principio lo que una inquisición era, o hiciera, sería realizar una pesquisa.

Segundo: soslayada la cuestión etimológica, podemos entrar en otro proceloso asunto. Inquisiciones, con tal título y con estructura jurídica y social reconocidas, es decir, ajustada a derecho (y al derecho no solo real español) hubo dos: la Inquisición romana y la española.

Tercero: la Inquisición española fue fundada en 1478. Por lo tanto no es una institución medieval, sino plenamente moderna y su vida corrió pareja a la del Imperio (fue disuelta definitivamente en 1834, regencia de María Cristina, decreto de 15 de julio de 1834). Tampoco fue una institución española plenamente, porque ya había una Inquisición romana y siguió habiendo tribunales represivos de las religiones disidentes durante los siglos siguientes en todo el mundo protestante, por ejemplo.

Cuarto: la Inquisición solo actuaba sobre bautizados. Este es el punto esencial de su ser. Al actuar solo sobre bautizados, solo actuaba sobre cristianos que practicaran alguna herejía. No actuaba sobre judíos, ni sobre musulmanes. Insisto en que esta es la esencia, que solo interrogaba a bautizados.

Entremos en materia.

Existieron dos inquisiciones. La Inquisición romana, nacida en 1233 para la persecución de la herejía albigense y la Inquisición española, nacida en 1478 y que es de la que nos vamos a ocupar ahora.

La Inquisición pontificia medieval actuó en los reinos cristianos occidentales (a excepción de Inglaterra y Castilla) desde el siglo XIII al XVI.

Esa Inquisición dependía directamente del Papa y por su delegación, en los obispos.

Sus orígenes están en la difusión de diferentes herejías, sobre todo por el sur de Francia y la Italia septentrional (cátaros/albigenses y valdenses). Sus practicantes no solo atacaban las verdades de la fe, sino también las formas de vida a las que había llegado la Iglesia. Los cátaros renegaban de la autoridad del Papa, rechazaban los sacramentos y el culto a las imágenes. Todos eran practicantes de una humildad, y de una pobreza de tiempos de los apóstoles, que resultaban incómodas. Por ello, como siempre ha ocurrido con los movimientos comunitaristas y con los depauperizadores, suscitaron recelos políticos laicos, pero también eclesiásticos. Sin entrar en más detalles, se desató la persecución porque el Papa no podía permanecer impasible ya que se trataba de movimientos que atacaban el dogma de la religión. Por ello, encargó la persecución de los heterodoxos. De este modo, la represión de la herejía recayó sobre el poder eclesiástico y no solo sobre el civil.

De esta manera se organizó el tribunal que organizara la represión (brutal en no pocos momentos). Así fue instaurado por Gregorio IX por diversas bulas y desde 1233 el Tribunal de la Santa Inquisición.

A las órdenes de predicadores (franciscanos y sobre todo dominicos) se les encargaron las pesquisas.

A partir de entonces se conocieron dos novedades: eran jueces eclesiásticos los que ponían en marcha los procesos cuando así lo creían y, además, esos tribunales convivían o coexistían al margen de obispos, quienes vieron mermadas sus competencias de pesquisas heréticas.

Si en un creyente se detectara una práctica herética la Inquisición era la encargada de sanar el alma; el cuerpo era entregado al poder civil. Pero, en último término, era el tribunal inquisitorial el tribunal sentenciador.

La Inquisición medieval no entró en Aragón hasta 1238 y 1242.

La Inquisición pontificia fue dejando de actuar a finales del siglo XV, cuando se dieron por extirpadas las herejías que habían originado su fundación.

Por otro lado, la Inquisición española actuó en Castilla, Aragón, Indias y algunos territorios de la Italia española.

Además, se intentó implantar en otras regiones de la Monarquía, con resultados catastróficos (Flandes) porque quebraba así los pactos sociales tácitos entre oligarquías territoriales y Monarquía, cuando esas oligarquías, dejando de lado la lealtad religiosa que tanto unía a aquel Imperio, adoptaron formas heréticas. Así empezó todo y no hubo vuelta atrás, porque no podía haber herejes en los territorios de Felipe II.

La Inquisición española no fue, en absoluto, institución medieval, sino que es moderna. Se fundó en 1478 a petición de los reyes de Castilla y Aragón y fue disuelta, definitivamente en 1834 como he dicho antes.

Tuvo, naturalmente unos modelos heredados de la Inquisición pontificia (porque si no, no habría sido Inquisitio; habría sido otra cosa).

Debe tenerse en cuenta que en la España cristiana compartían espacios tres culturas, dos de frontera y una que intermediaba. No creo que convivieran exactamente, sino que coexistían, compartían fronteras. Compartían fronteras geográfico-militares y culturales. Lo que pasa es que esas fronteras, según avanzaron los siglos XIV y XV se fueron haciendo más agresivas y menos neutras. Unos y otros podían, a veces, practicar sus religiones, pero cada vez con más restricciones, o con más recelos por parte de los otros, de tal forma y manera que en esas fechas las actitudes ya habían cambiado. Cada vez aparecían brotes de exclusión mayores, más extendidos, más violentos. Si se nos habla —y quisiéramos creerlo— de tiempos de traductores, podríamos empezar a imaginar que la palabra y la letra iban trastocándose en espadas y fuegos.

Ahora bien, los reyes que gobernaban los territorios cristianos eran cristianos, obviamente, por ende, soberanos de todos cuantos vivieran en esas tierras, incluidos los judíos. Soberanos, sí; protectores también. Grandemente protectores de sus súbditos cristianos y judíos. Estos se sentían protegidos. Pero desde 1391 esa certeza se quebró. La confianza se vino abajo. El clérigo Ferrán Martínez fue el iniciador de la gran tragedia; con sus predicaciones exaltadas y fuera de lugar, dio alas a la violencia de los frustrados cristianos de Sevilla, y de ahí el fuego saltó a Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Burgos y a las demás ciudades. Los tres jinetes de la destrucción galoparon al unísono, el fuego, la sangre y el terror. Desde Castilla pasaron a Aragón, a Valencia, a Barcelona, a Mallorca. Si se restableciera la paz, a partir de ahora vendría firmemente unida a la exclusión y al rechazo de los judíos, o de los convertidos en este ambiente de pánico y angustia. Para que la conversión se diera en profundidad se necesitaban tiempo y paciencia. Y los cristianos viejos no estaban dispuestos a tener ni lo uno ni lo otro. Ya no valían ni las palabras de San Pablo, todos somos iguales a los ojos de Dios, ni las admoniciones pontificias o canónicas en general: todos los convertidos—se diría— eran tan judíos como los judíos. Y a la vez, las conversiones a lo largo del siglo XV no paraban. Y con ello, el número de conversos crecía y crecía y el de sus descendientes también. Y esas gentes, habitualmente asentadas en puestos de poder o relevancia social (en lugares de las tres «pes», de poder, prestigio y privilegio) dominaban, como cristianos que eran los resortes sociales. Había que frenar su movilidad social. Pero, a la vez, quienes frenaran su movilidad, los sancho panzas que frenaran su movilidad social, quedarían ratificados como miembros del más encumbrado grupo de pertenencia, el de los cristianos viejos.

Esta fue la clave de todo: un discurso doctrinario se convirtió en un discurso social, y pervivió mientras fue necesario que así fuera.

SEVILLA Y CASTILLA, 1478-1483

Es de sobra sabido que antes de 1478 hubo algunos momentos clave: entre 1474 y 1475, al tiempo que Fernando e Isabel eran proclamados reyes de Castilla según la Concordia de Segovia, el arzobispo Carrillo, de Toledo, se acercaba a Ciudad Real y constataba con perplejidad cómo muchos individuos de los más altos estratos sociales de la ciudad, judaizaban en secreto.

Por otro lado, entre julio de 1477 y octubre de 1478 los reyes Isabel y Fernando se desplazaron a Sevilla con el fin de apaciguar, con su real presencia, los rescoldos de las alteraciones andaluzas contra su poder. La sorpresa fue el ver por vista de ojos que en Sevilla ocurría lo mismo que en Ciudad Real: que judíos bautizados, apostataban y seguían practicando la ley de Moisés y eso era una herejía. Aunque la presencia del arzobispo de Sevilla, don Pedro González de Mendoza, pudiera aplacar los ánimos de los más exaltados, pues él era defensor de los neobautizados, a los que no toleraba, tampoco, era a los herejes.

Anhelaba Mendoza enseñanza, evangelización y catequización, pero bajo su control. Y lo que ocurrió es que la enseñanza, la evangelización y la catequización pasaron a manos de un tribunal que estaba a punto de nacer.

La España de los nuevos reyes debía ser una España cristiana, como cristiana lo había sido la España visigoda. Esta fue la primera «hispanidad», surgida del reinado de Isabel y Fernando, paradójicamente antes del Descubrimiento de América y de la creación de la «Hispanidad» que conocemos hoy nacida en el siglo XIX.

Lo español era ser cristiano. La pluralidad religiosa debía, o podía, extirparse. El proyecto político en marcha tenía bases religiosas. Pero si naciera un tribunal nuevo, este debería acoplarse a los principios políticos y administrativos de la nueva Monarquía. Y lo que daba sentido a ese programa era la homogeneización (religiosa, legislativa, política, matrimonial, etc.), la lealtad a una dinastía y a una religión. Visto desde los hechos: los reyes designarían al inquisidor general; lo nombraría el Papa.

El primer Tribunal Inquisitorial de Castilla se estableció en Sevilla en 1478. La bula papal (Exigit sincerae devotionis affectus) lleva fecha de 1 de noviembre del mismo año.

El dominico sevillano Alonso de Ojeda se dedicaba casi por completo a la tarea de encontrar y perseguir a los falsos conversos. Como acabo de señalar entre 1477 y 1478 Isabel de Castilla visitó Sevilla, y Ojeda debió informarle de una situación que él consideraba inadmisible. Aunque fuera después de que la reina se marchase de la ciudad, este dominico pudo demostrar la celebración de rituales judaicos por parte de conversos. Sus pruebas, acompañadas de informes concluyentes en el mismo sentido del arzobispo de Sevilla, y del prior de un convento dominico de Segovia, mostraban que no solo en la ciudad del Guadalquivir, sino en toda Andalucía y también Castilla, se practicaba en secreto el judaísmo.

Fernando e Isabel aprobaron entonces entablar negociaciones con Roma para la instauración del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Castilla.

La bula de Sixto IV estipulaba que había de nombrarse a dos o tres sacerdotes de unos cuarenta años de edad como inquisidores, y que sería el rey de Castilla el único encargado de designarlos o destituirlos.

La fusión entre reyes y papas es obvia.

Conseguida la bula, aún pasaron dos años hasta el nombramiento de los primeros inquisidores. Dos años de silencio e inactividad que podríamos interpretar como un periodo dado por los reyes para que los conversos (muchos en altos puestos de la corte) asumieran la advertencia y depusieran su actitud de apostasía y dos años para que hubiera los debates que hubiera de haber y después, unidad.

Transcurrido ese tiempo, el 27 de septiembre de 1480 (desde Medina del Campo) los reyes nombraron inquisidores generales a dos dominicos, Juan de San Martín y Miguel de Morillo, y a Juan Ruiz de Medina como consejero.

El primer Tribunal se instaló en Sevilla. Se ha calculado que, llegados los inquisidores a la ciudad, pudieron ser unas 4.000 familias de conversos las que huyeron: aproximadamente, 16.000 personas. Otros, sin embargo, pensaron en armarse para hacerles frente. La conspiración fue traicionada, y al amparo de la represión que suele sobrevenir cuando se delata una revuelta, se detuvo a muchos de los principales de Sevilla. Juzgados por la Inquisición, fueron condenados a muerte en la hoguera seis convertidos.

El primer auto de fe tuvo lugar en Sevilla el 16 de febrero de 1480, y el sermón ante el patíbulo lo dio, como era lógico, Alonso de Ojeda.

Demostrada la apostasía existente en Sevilla, y el éxito de la actuación inquisitorial, habiendo —como había— sospechas de que eran muchos los conversos judaizantes en toda Castilla, se empezaron a nombrar inquisidores en otras ciudades. Estos son los lugares y las fechas del vértigo: 1480, Sevilla; 1482, Córdoba; 1483, Jaén y Ciudad Real; 1485, Toledo, Llerena y Medina del Campo; 1486, Segovia; 1488, Salamanca, Murcia, Alcaraz, Valladolid y en los años siguientes, Burgos, Cuenca, Osma, Ávila, Sigüenza… hasta llegarse a los 23 tribunales de distrito de 1493.

En 1483 se había constituido el Real Consejo de la Suprema y General Inquisición, formado por cuatro consejeros, uno de ellos el presidente, que al poco unía este cargo al de inquisidor general (remito a los estudios de Rodríguez Besné). El primero fue fray Tomás de Torquemada, no sin sangre de por medio: en Aragón aún existía «su» Inquisición. Por eso no se aceptaba la que venía desde Castilla. Fernando nombró a Gaspar de Juglar y Pedro de Arbués inquisidores de Zaragoza. Sin embargo, como el 13 de septiembre de 1485 fuera asesinado en la Seo de Zaragoza Pedro de Arbués, se desató una campaña anticonversa, porque era evidente que estos no eran solo un problema religioso, sino político también. La situación fue aprovechada para nombrar a Torquemada primer inquisidor general de Castilla y Aragón conjuntamente. El tribunal religioso se convertía en uno político y por encima de las fronteras.

El que los asuntos de la Inquisición quedaran amparados por un organismo administrativo con jurisdicción propia como un consejo demuestra la importancia que desde el primer momento dieron los reyes a la Inquisición. No ha de perderse de vista el hecho de que los asuntos de herejía eran controlados por un Consejo Real.

Así pues, la Inquisición quedó jerárquicamente articulada del siguiente modo: el rey (en sus espacios), el inquisidor general (quien a su vez era presidente del Consejo de la Suprema), el Consejo de la Suprema, y los tribunales de distrito.

La Inquisición, lo repetiré más de una vez, no tenía jurisdicción más que sobre los bautizados. No actuaba contra judíos (que, por cierto, no los había desde 1492). Por ende, sí que actuaba contra los conversos falsamente convertidos. ¡Ay, pobre del que tuviera alguna duda de fe!

Las pesquisas contra falsos conversos se hicieron, sobre todo, contra individuos de origen judío, más que musulmán. La razón fundamental es que había más, así como que vivían más involucrados en la vida urbana castellana, tan es así que los había desde consejeros reales a autoridades municipales e incluso manufactureros y artesanos.

Los musulmanes, por el contrario, vivían menos entremezclados, eran labradores en su mayor parte, o trabajadores para la autarquía rural (las excepciones siempre existen) y sobre todo solían vivir en territorios de señorío, así que la autoridad real antes de llegar a ellos tenía que atravesar el muro más o menos permeable de las decisiones de un señor que protegería a sus súbditos que tanto y tan bien le trabajaban la tierra y le pagaban los derechos señoriales.

Tanto los unos como los otros fueron obligador al bautizo: desde marzo de 1492, todos los judíos; y aquellos que no se bautizaran deberían abandonar España. Por ende, desde 1492 ya no había judíos en España.

Los musulmanes después de 1502 debieron bautizarse en Castilla y en Aragón en 1525. Se les llamó «moriscos». Se les dejó vivir en sus casas. Ya no había musulmanes en España.

DE LA CUESTIÓN CONVERSA AL PROBLEMA CONVERSO

La sociedad quedó partida en dos: cristianos viejos y cristianos nuevos. Estos, en muchas ocasiones, habían abrazado la nueva religión con sinceridad. En otras ocasiones lo hicieron por sobrevivir. En cualquier caso, los cristianos viejos hallaron en la estigmatización de los otros un espléndido mecanismo para coartarles la movilidad social. Una de las actitudes más miserables fue la de expandir la especie de que todos los conversos y sus descendientes eran falsos cristianos, o criptojudíos o marranos. Etimológicamente, «marrano» puede ser tanto «puerco», «cerdo», como más bien el «errado», porque «marrar» es «equivocarse», o «faltar» dice Covarrubias (1611), que añade, «marrano, el judío que no se convirtió llana y simplemente» y específica, «el vocablo marrar es bárbaro y no usado entre gente cortesana», o sea, un insulto.

Al definir «marrano» anota: «Es el recién convertido al cristianismo, y tenemos ruin concepto de él por haberse convertido fingidamente».

Bien extendido estaba el refrán: «No fíes del judío converso, ni de su hijo, ni de su nieto».

No había transcurrido más que un siglo desde la implantación de la Inquisición, cuando el genial Cervantes pone en boca de Sancho Panza aquella famosa sentencia: «Yo cristiano viejo soy, y para ser conde, esto me basta».

Por tanto, el estar «manchado», o el haber tenido un antepasado en hasta cuatro generaciones manchado, el que en la iglesia del pueblo o en la catedral estuvieran colgados los sambenitos de algunos ascendientes, implicaba inexorablemente la muerte social de un linaje. Esta es —acaso debería decir también— la verdadera importancia de la Inquisición, que fue una institución utilizada por unos para evitar el ascenso social, la movilidad social de los otros, hasta que los validos, y una cada vez mayor parte de la población fue haciendo menos caso a todo esto y se abrió la mano… con el riesgo de que nuevos cristianos volvieran a copar espacios de poder político o económico y entonces se desatara una revitalización de aquellas persecuciones contra ellos. Es lo que pasó desde 1643 en adelante, inmediatamente después de la caída de Olivares, que había abierto las puertas a banqueros y judíos o conversos portugueses para frenar el avance de los banqueros genoveses. La Inquisición perduró por cuanto facilitó la exaltación social de unos (los limpios de sangre) y frenó la movilidad social de los otros.

Además de lo dicho, téngase en cuenta que toda la actuación de la Inquisición se asentaba en dos elementos: la delación anónima y el secreto del procedimiento.

No obstante lo cual, existían unas garantías, ya que se trataba de juicios de Dios, que hacían que la arbitrariedad no fuera la norma de la actuación inquisitorial (aunque sí otras acciones subjetivas humanas). Además, la formación de los jueces y los fiscales inquisitoriales les hacía contemplar con mucha frecuencia las acusaciones con una distancia y una frialdad que explican muchas de sus benignas sentencias.

Estos son, expuestos con demasiada simplicidad, los fundamentos para entender en qué consistió la Inquisición y sus actuaciones.

Desde los pogromos de finales del siglo XIV, de 1391, las conversiones —aunque fueran falsas— se multiplicaron por doquier. Las conversiones más rápidas y espontáneas es muy posible que no fueran auténticas; otras muchas sí. La catequización, la presión del medio social u otros factores empujaron a que las gentes adoptaran el bautismo con agrado. Se discute sobre que si hubo más conversiones falsas que verdaderas o al revés. En buena ley se puede pensar que la mayor parte de las conversiones no lo fueran, aunque muchas fueron de frágiles fundamentos y por ello de fácil vuelta a la vieja ley de Moisés.

En 1391 el populacho se había alborotado en las principales ciudades de la península (Sevilla, Barcelona, Toledo, etc.), asaltando los barrios judíos. Se cuenta que en Sevilla se asesinó a unos 4.000 judíos. Bien sabemos que muchos asaltos se hicieron por codicia, por robar. La cuestión religiosa era secundaria, era la excusa, porque muchos de aquellos asaltantes y asesinos serían tan vulnerables en sus creencias como estas eran inconsistentes en sus pensamientos.

Precisamente esa fragilidad aludida fue la que propició que muchos convertidos, tentados por sus familiares o amigos que habían permanecido en la fe de Moisés, se retractaran y volvieran al judaísmo. Tan convulso ambiente, alimentado además por la crisis política de finales del XIV indujo a que se promulgaran leyes contra los judíos, al tiempo que se repetían los pogromos, las conversiones, los miedos, las inseguridades y las idas y venidas de una religión a otra.

Al margen quiero anotar: ¿la fragilidad, no la tiene cualquier creyente?; y ¿no puede llegar a extremos inenarrables ante un tribunal examinador que busque y rebusque el «error»?

Enquistada esta realidad sociológica en el horizonte cristiano, la cuestión judía fue así convirtiéndose en el problema converso. Y este será el cimiento sobre el que se base la vida de la sociedad española a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Efectivamente, aquellas gentes podríamos dividirlas en tres grandes grupos antes de 1492. Judíos que se sentían perseguidos y vivían en esa zozobra; cristianos que se quejaban del acoso económico de los judíos o que vivían con enormes frustraciones y dirigían sus ataques contra los judíos, y entre medias, los conversos y sus vaivenes, con sus prácticas ocultas, o sus dudas y sincretismos y sus tormentos. Pero, además, de entre estos, los verdaderos convertidos se hicieron de los más virulentos perseguidores de los falsos conversos para así alejarse de la estigmatización.

Desde 1391 fue acentuándose cada vez más un proceso de exclusión social exacerbado. Bien podemos plantearnos si eso de la convivencia de las tres culturas no deja de ser un mito romántico. La realidad a finales del siglo XIV (¿y cuántas veces antes?) era que no había sitio para una convivencia en paz. Se cargó, porque había fuerza para ello, contra el grupo más débil al tiempo que se estaba desatando la guerra en su recta final contra el musulmán. Las crisis internas de Castilla, precisamente por no disponer de fuerzas suficientes, ni de recursos bastantes para satisfacer la demanda de riquezas y poder interno, provocaron esa monumental crisis de la nobleza contra la Monarquía durante los reinados de Enrique III, Juan II y Enrique IV, crisis que solo fue vencida con la llegada al trono de los reyes Isabel y Fernando (1474). Empezaron a robustecer el poder de la Monarquía con las famosas Leyes de Toro (1480) y otras medidas, ciertamente, como la implantación de la Inquisición (1478) y el primer auto de fe en Sevilla (1480) así como el ataque final contra Granada (1482-1492). ¿Meras coincidencias cronológicas o estrategias políticas? Obviamente estrategias políticas en pos de la homogenización religiosa. Homogeneización religiosa que se venía anhelando desde tiempo atrás, porque si no, no habría habido desde pogromos a otras manifestaciones de persecución.

En marzo de 1492 se promulgaron varios decretos y pragmáticas reales que sancionaban la obligación del bautismo o la expulsión de los judíos. A ciencia cierta no se sabe cuántos fueron los neobautizados, pero lo que sí es cierto es que no alcanzaron ni de cerca los 250.000 (esa cifra podrían ser los que se bautizaron entre 1391 y 1492). Las últimas investigaciones apuntan a que se expulsó a unos 70.000 judíos.

Sabemos que, aun con la incertidumbre de los datos en la mano, la pirámide de la población conversa era muy ancha en su base. Y tantos conversos con capacidades y habilidades podían ser una amenaza para la movilidad social de los cristianos viejos.

Estos hallaron en la Inquisición, tribunal no solo religioso, el instrumento para cerrar el ascenso social a los neoconversos y para ello se usó todo tipo de acciones, tretas y estratagemas: una fundamental, la implantación de estatutos de limpieza de sangre (Toledo, 1449), otra, el bulo de que todos los conversos seguían practicando el judaísmo, que eran criptojudíos. Lo lograron: la Inquisición y sus instrumentos pesquisidores (juicios, mentalidad, probanzas de limpieza, etc.) crearon un mundo de excluidos y otro de incluidos. Aquellos no podían aspirar a ascender socialmente; estos cerraron la movilidad social. Si no hubiera habido movilidad social, no habría habido triunfo de la mentalidad excluyente inquisitorial.

La disimulación social se convirtió en una práctica. La prevención a intentar promocionar también. Los cristianos viejos pusieron en marcha mecanismos de estigmatización-prevención contra el ascenso social que arrancaron —insisto en ello— en Toledo (1449) al implantarse en el Ayuntamiento el «estatuto de limpieza de sangre», por el que ni conversos ni sus descendientes podrían entrar a formar parte del cabildo. Poco a poco, y no sin reticencias, oposiciones e incluso revueltas locales, la moda de la implantación de «estatutos de limpieza» fue expandiéndose por todas las instituciones, asociaciones y corporaciones, desde ayuntamientos a cabildos catedralicios, órdenes religiosas, gremios y demás. El promotor del estatuto, de intensa vida política, fue Pedro Sarmiento. Le acompañaron hasta proclamas con memoriales y pareceres, porque hay que justificar con el derecho en la mano los desmanes. Lo más curioso es que el papa Nicolás V apoyó a los conversos frente a todo este ambiente persecutorio. Pero eran más potentes las fobias contra la movilidad social que las creencias religiosas o la fe individual. Así son las cosas.

Quienes estuvieran dentro de una corporación con estatuto de limpieza eran socialmente diferentes o superiores a los demás, porque eran cristianos viejos reconocidos. Quienes no, no. Todos y todo tendieron a implantar estatutos de limpieza. Como consecuencia, se expandió el absurdo de la falsedad de las «probanzas de limpieza», o sea, de las deposiciones de testigos manifestando la convicción de que el solicitante era cristiano viejo, de legítimo matrimonio, etc. Todo un espectáculo de la tensión, de la presión en pro de la movilidad social y del intento de frenarla.

Llegó el día en que, no satisfechos con la limpieza de sangre, se añadió a ello la «limpieza de oficio»: se cerraron corporaciones para evitar que quienes desarrollaran, ellos o sus antepasados, oficios viles y mecánicos, es decir de dinero, o manufacturas, pudieran entrar en las susodichas asociaciones.

Semejante ataque contra la medianía social, contra las clases medias, que diríamos hoy, favoreció de nuevo el freno a la movilidad social, o la burla a la ley. En una espiral sin fin (mientras escribo estas líneas pienso que estoy en los años finales del siglo XV y llego a los primeros del XVII) a la persecución contra los linajes, o los oficios que se consideraban propios de conversos, o descendientes, o insultantemente de «judíos» (¿en 1611, por ejemplo?) siguió la de la falsificación de las probanzas, o la relajación en su examen.

Todo un mundo de disimulaciones, de falsedades y de individuos socialmente frustrados. Y, por si acaso, muchos ni se atrevían a solicitar una probanza no fuera a ser que la bisabuela… hubiera tenido algo que ocultar y por eso de ella no se hablaba en casa.

En cierta ocasión Juan Luis Vives escribió a Erasmo (1534): «Estamos pasando por tiempos difíciles en que no se puede hablar ni callar sin peligro». Me pregunto, ¿forma esa reflexión parte del «ser español»?

Al mismo tiempo que tenía lugar en Castilla el primer auto de fe, en 1480, se ponía en marcha la nueva Inquisición en la Corona de Aragón. Así lo manifiesta un texto de esas fechas que publicó García Cárcel: «Los Reys Catholics feren començar la Sancta Inquisició en sos regnes e foren presos molts presos, dells cremats y dells confiscats los bens y trets a penitencia».

Al parecer, los primeros pasos se dieron sin la aprobación papal, pero pronto Fernando el Católico lanzó un despliegue diplomático de primer orden entre (1481 y 1483) con el fin de lograr la legitimación papal para conseguir instaurar el tribunal en Aragón, Valencia y Cataluña. La experiencia de lo que estaba ocurriendo en Castilla, en Andalucía fundamentalmente, echó atrás al Papa y por tanto la negociación fue imprescindible y ardua, no obstante lo cual funcionó en la ciudad de Valencia el primer Tribunal de la Corona de Aragón, antes incluso de que se hubiera aclarado la actitud pontificia. Así, por ejemplo, en octubre de 1482 Sixto IV suspendía el funcionamiento inquisitorial en toda la Corona de Aragón. Sin embargo, como he narrado más arriba, el asesinato de Arbués, la furia anticonversa y las negociaciones diplomáticas en Roma lograron su éxito: el Papa aceptó en 1483 lo hecho por los reyes y nombró en ese año a fray Tomás de Torquemada inquisidor general de Aragón. Así pues, las dos inquisiciones de Castilla y Aragón iniciaron su deambular con un mismo inquisidor general.

Es más, instaurada la Inquisición en Aragón y Castilla, tratándose de un tribunal para el que los fueros territoriales no contaban, ni eran barrera en la persecución de la herejía, la corona tenía así entre sus manos un fabuloso instrumento político y jurídico con el que poder perseguir a los inculpados, a este lado o al otro de las fronteras de Aragón y Castilla, cosa que de otro modo no podían hacer, teniendo que respetar los fueros aragoneses o la ley real de Castilla. Si había que hacerlo, se haría: un proceso civil se convertía en herejía y así en religioso.

LA ORGANIZACIÓN

En cuanto a la organización debe destacarse que desde un primer momento fue el inquisidor general el que llevó de manera unipersonal y directa las riendas de la institución. Por debajo de él, el Consejo, pero por encima, el rey.

Aunque es verdad que el nombramiento de inquisidor general era potestad pontificia, en la práctica los papas cumplían con aquello que les presentaban los reyes; una terna de candidatos De esta forma la Inquisición, de manera indirecta, cumplía con los regios deseos.

Como digo, por debajo del rey estaba el inquisidor general, cabeza y rector del Consejo. Con el tiempo, el Consejo fue ganando terreno al inquisidor general y se configuró en una suerte de «cogestor», al principio, para terminar quedando por encima de él (desde finales del XVI).

El inquisidor general tenía como competencias más importantes el nombramiento de los inquisidores territoriales o de distrito, la recepción de las apelaciones de los tribunales locales y el pronunciamiento de sentencias en los casos en los que los tribunales territoriales se inhibieran de hacerlo. Durante muy poco tiempo, solo en vida de Torquemada, el inquisidor general elaboraba también los decretos e instrucciones a los tribunales locales; luego, sería el Consejo.

Entre 1480 y 1820 hubo cuarenta y cinco inquisidores generales, de los que solo cinco fueron dominicos.

Este era un cargo esencialmente político, como lo demuestra la mención de algunos cuya actividad al margen de la Iglesia y como hombres de Estado fue muy notoria: Deza (1498-1506), segundo inquisidor general, fue además maestro del príncipe don Juan; Cisneros (1507-1517); Adriano de Utrecht (1508-1522), etc. Recorriendo su trayectoria política, encontraremos a bastantes que, siendo miembros del Consejo de Castilla o del de Estado, pasaron el final de sus días (en parte como compensación a sus servicios) como inquisidores generales.

Desde principios del XVI (1509) se separaron los cargos de inquisidor general y presidente del Consejo. Su nombramiento a lo largo de ese siglo fue hecho en unas ocasiones por el rey, en otras por el propio inquisidor, y en otras por votos del Consejo.

A finales del siglo, como quiera que en más de una ocasión hubo conflictos de poder entre el inquisidor y el presidente, acabó por reunificarse el título en la misma persona.

Los consejeros de la Inquisición eran nombrados directamente por el rey, a propuesta de una terna por parte del inquisidor general. El Consejo estaba compuesto por cuatro consejeros y dos secretarios (uno de Castilla y otro de Aragón). Con el andar del tiempo, se amplió a seis el número de sus consejeros.

Se reunían a diario tres horas por la mañana (para discutir cuestiones teológicas de lunes a jueves, los viernes para tratar sobre la limpieza de sangre), y martes, jueves y sábados, dos horas por la tarde (para hablar de las causas).

El Consejo estaba perfectamente imbricado en la política general de la corona: baste recordar que dos consejeros de Castilla asistían a las sesiones del Consejo de la Inquisición y este, protocolariamente, ocupaba el tercer lugar de entre los reales consejos.

No existía un único tribunal de la Inquisición, sino que los había repartidos por toda la península. Eran los tribunales de distrito. En sus orígenes tuvieron carácter trashumante, pero pronto se optó por fijarles residencias permanentes.

También al principio, aunque se pudiera apelar, sus sentencias eran difícilmente revocables. Hasta 1530, nos hallamos ante una fase de cierta autonomía de estos tribunales. Pero a partir de esa fecha se exige la confirmación de sus sentencias bajo la tutela de las directrices del inquisidor general y a partir de 1561 pasan a depender del Consejo. Ese año, un inquisidor general, Valdés, dictó unas instrucciones (las conocidas como Instrucciones de Valdés) que derogaron las llamadas Instrucciones [antiguas] de Torquemada y Deza (dictadas en 1484, 1485, 1488 y 1498). Valdés mandó centralizar más la actuación de los tribunales y aumentar el control sobre sus recursos financieros. Nada quedaría —al menos teóricamente— al libre albedrío de los tribunales de distrito, y de todo cuanto hicieran tenían que rendir cuentas al Consejo y al inquisidor.

Desde un punto de vista geográfico, durante los primeros años de actuación de la Inquisición, García Cárcel ha distinguido tres momentos: entre 1478 y 1495 nos encontramos en la época por él denominada de «proliferación de tribunales». De 1495 a 1510, la tendencia es la de la «concentración», para reducir el coste de tantos tribunales (en 1502 se concentrarán en el Tribunal de Valladolid los que hubiera antes en Burgos, León, Salamanca, Ávila, Segovia y, por supuesto, Valladolid); y entre 1510 y 1574, finalmente, se produce la vuelta a la «multiplicación» de tribunales.

También geográficamente es importante señalar que la implantación de los tribunales tiene lugar, primero, en las zonas periféricas, para ir después hacia el interior, concentrándose muchos de ellos al norte del Guadarrama. A esta regla —o coincidencia— hay que ponerle su excepción: el tribunal de Galicia no se constituyó hasta 1574, tras dos intentos fallidos en 1520 y 1561.

Los funcionarios inquisitoriales se dividían en tres categorías (según Martínez Millán):

1.   Oficiales mayores: inquisidores, fiscales, contadores, receptores.

2.   Oficiales medios: alguaciles, alcaldes, relatores, notarios del secreto, notarios del secuestro y jueces de bienes.

3.   Oficiales menores: nuncios, porteros, despenseros, médicos, capellanes y cirujanos.

En un tribunal como el de Valencia, desde 1530 a 1609 hubo 42 inquisidores (el tribunal siempre estuvo constituido por tres), en su mayor parte eclesiásticos y en su mayoría no pertenecientes a ninguna orden religiosa; formaban parte del clero secular. Su formación era elevada, siendo todos doctores y/o licenciados en leyes: teólogos en la menor parte de las ocasiones. Este fenómeno se invierte a partir de la segunda mitad del XVI, momento a partir del cual los juristas quedan ensombrecidos por los hombres de religión.

Por su parte, en Toledo, sabemos que de los 57 inquisidores que hubo desde 1482 a 1598, solo uno era dominico, como ha demostrado el hispanista francés Dechev.

También merece la pena señalar que los inquisidores procedían de la baja nobleza, y que solían permanecer una media de dos años en el puesto: es obvio que para ellos había movilidad social o profesional.

La Administración durante la Edad Moderna tenía que someterse a visitas: se trataba de inspecciones cuyo objetivo era comprobar si sus componentes habían obrado con rectitud, y en su defecto, purgar sus delitos de cohecho, corrupción, apropiación indebida, etc. hasta con penas de cárcel. Como todos los organismos, los tribunales eran visitados con más o menos regularidad, y en el caso de que algún funcionario apareciera señalado, debía someterse a juicio.

Además de esos dos o tres inquisidores, en los tribunales de distrito existían algunos cargos más. El procurador fiscal era el encargado de revisar si una delación era susceptible o no de ser convertida en acusación. Si se ponía en marcha el proceso, este se encargaba, entre otras cosas, de examinar e interrogar a los testigos y a los reos. Los consultores eran juristas que, pertenecientes a otra institución (como una audiencia, por ejemplo) daban su opinión, teóricamente sin gratificación económica, sobre asuntos relacionados con el proceso, la pena imputable al reo, etc. Los calificadores, también al margen de la Inquisición, elevaban a petición del tribunal informes técnicos sobre asuntos relativos al proceso o a las pruebas. A finales del XVI la vinculación de los calificadores con la Inquisición era más estrecha, era directa. En 1606 se ordenó que no se aceptasen más solicitudes, y desde 1627 se exigió que los aspirantes a calificadores tuvieran más de cuarenta y cinco años. Además para ser consultor y calificador se requería limpieza de sangre. Por este motivo, desde 1590, el cargo de calificador de la Inquisición era muy deseado, no por el trabajo en sí mismo, sino por el prestigio social que implicaba formar parte de un cuerpo administrativo en el que se reconociera notoriamente ser limpio de sangre.

Casi todos los calificadores fueron religiosos, habitualmente, dominicos, franciscanos y jesuitas. La proliferación de calificadores, vinculados en cuestiones culturales a las universidades, produjo una rígida ligazón entre el mundo académico y el inquisitorial.

Consultores y calificadores ocuparon la actividad desempeñada en los primeros años de la Inquisición por los asesores, que eran funcionarios a sueldo.

Los secretarios eran varios y debían levantar actas de las sesiones, declaraciones (también las que se hicieran bajo tortura), sentencias, edictos de gracia, bienes que se embargaban, etc. El alguacil y el alcaide eran cargos similares al de carcelero, diferenciándose de él en que aquel tenía además funciones policiales. El nuncio era el que difundía las resoluciones o hacía públicas las comunicaciones del tribunal. Y los presos debían ser atendidos y examinados por un médico. Pero de cuantas personas alimentaban y eran alimentadas por la Inquisición, se ha de destacar, indudablemente, a los familiares y a los comisarios.

Por familiar de la Inquisición entendemos a aquel civil que prestaba ayuda al tribunal local, implicándose directamente en la información, en la ejecución de las penas y en el boato de la institución. En palabras de Gutiérrez Nieto, «la misión de los familiares era denunciar a presuntos herejes, defender la Inquisición y, sobre todo, prestar su apoyo armado para la persecución o detención de herejes. Eran los ojos, las manos y oídos de la Inquisición».

Contreras los ha descrito en unas acertadas frases: «Los familiares son intermediarios entre el tribunal y el reo. Su labor es de pesquisa. Detectan la herejía, pero no la juzgan. La misión principal de un familiar no es delatar, sino provocar la delación. He ahí a un familiar acompañando, con tonos graves y sombríos al inquisidor. Orgulloso y altivo, con soberbia apenas mal disimulada, muestra su privilegio social ante sus vecinos. Sabe que debe diferenciarse en el trato con sus paisanos, pero también vive junto a ellos. Muchos cambian de conversación ante su presencia, otros adoptan forzadas, aunque discretas, actitudes coloquiales. ¿Cómo delatar a fulano, amigo de la infancia? ¿No murmurará el vecindario cuando el procesado es un enemigo?».

El comisario de la Inquisición suele ser un clérigo local que actúa de puente entre la Inquisición y los familiares.

Desde 1553 se regula en la Corona de Castilla la estructura de las familiaturas, su distribución territorial, etc. Esta Concordia dio paso a una nueva etapa en la vida de este grupo de servidores de la Inquisición, disminuyendo el número de familiares en las ciudades, pero aumentándolo en el campo. En Aragón la Concordia se pactó en 1568. En Valencia, en la segunda mitad del XVI (concretamente en 1567) había 1.638 familiares, de los que solo 183 vivían en la capital; los demás en el campo. En términos proporcionales, podemos concluir con que donde había más familiares era, primero, en los sitios de menos de 700 u 800 habitantes y, en segundo lugar, en los que había de 2.000 a 4.000 habitantes. A grandes rasgos, habría un familiar por cada 42 vecinos (el vecino equivale, aunque no exactamente, a una familia, a unos 4 habitantes). En conclusión, y cito textualmente a García Cárcel, «el control policial de los familiares debió de ser muy elevado».

En Cataluña, a mediados del XVI, con unos 360.000 habitantes, había 785 familiares y 14 comisarios. Residían en poco más de 400 sitios (los más ricos y poblados, pues alcanzan el 53 por ciento de la población total del Principado), es decir que el 20 por ciento de los pueblos de Cataluña tenían uno o más familiares. «Es un control más urbano que rural», afirma García Cárcel, y concluye en una media de un familiar por cada 43 vecinos: es decir como en Valencia, menos que en Zaragoza, y mucho menos que en Galicia, donde solo en el 6 por ciento de las localidades había familiares.

En el mundo rural, la proporción de labradores familiares era —naturalmente— la predominante, mientras que en el urbano, abundaban los artesanos y mercaderes en algunas zonas (Valencia, Galicia, Cataluña) siendo destacable en otras la baja nobleza (Andalucía).

A principios del XVII, la red de las familiaturas en Cataluña se reorganizó: menos familiares en los núcleos principales, extensión del aparato a los lugares menores, más control en los lugares de frontera terrestre o marítima, más exigencias a la hora de conceder el puesto. En estos momentos, se dio una «desurbanización de la red» de las familiaturas, y las había dispersas en el 65 por ciento del territorio.

Ese fenómeno urbano antes citado, nos introduce en un mundo de explicaciones de lo que ha sido denominado como el «sentido social de los familiares». Cabría destacar una serie de cuestiones: desde finales del XVI se apreció un descenso en el número de familiaturas; además, del aburguesamiento de los familiares se pasó a su hidalguización.

Recordemos que para ser familiar se exigía limpieza de sangre (acentuándose el fenómeno desde mediados del XVI). Un texto de la época es muy claro: entre otras exigencias para conseguir una familiatura, estaba la de que los aspirantes «sean cristianos viejos, personas quietas y pacíficas, de buena vida y no revoltosas». La conveniencia de la familiatura era evidente, pues de esta manera, un burgués se desvinculaba por completo de cualquier sospecha de judaizar o de cualquier mácula conversa que pudiera hallarse entre sus antepasados.

Sin embargo, a partir de las primeras décadas del XVII, el acento se pone más en los orígenes nobiliarios de los candidatos que en su limpieza. No quiere esto decir que se bajara la guardia ante la cuestión conversa, sino que, sencillamente, una parte de las estructuras de poder de la España del XVII se había dado cuenta de las nefastas consecuencias sociales que había tenido la política anterior de encastamiento social. Gracias a esta relajación, parte de los manchados pudieron pasar a desempeñar funciones burocráticas hasta entonces vedadas: tener otra puerta abierta para la subsistencia.

Así la Inquisición, por medio de los familiares, nos quitó «la libertad de oír y hablar entre nosotros, por tener en las ciudades, pueblos y aldeas, personas a propósito para dar aviso de lo que pasaba», según escribió el gran pensador español del XVI y XVII, el padre Mariana.

LA FINANCIACIÓN

La Inquisición no recibía aportaciones económicas de la corona. Por ello no sería descabellado pensar que, detrás de los grandes procesos inquisitoriales de los siglos XVII y XVIII, había también una evidente necesidad de ingresos por parte del tribunal. Sin embargo, eso era lo excepcional, porque lo habitual es que la Inquisición fuera deficitaria (Martínez Millán): los costes del Consejo eran muy elevados y, por otro lado, un auto de fe también era costoso y acaso se consumía buena parte de lo que se hubiera embargado a los condenados.

Ahora bien, esto no implica que nunca unas confiscaciones se hicieran para aliviar una apurada situación de un tribunal de distrito, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVII.

Hay que considerar tres grandes fuentes de ingresos. Lo proveniente de las penas: confiscaciones, multas pecuniarias, etc.; los ingresos por préstamos o inversiones, sobre todo de carácter inmobiliario, y lo que les llegara por privilegios, donaciones, fundaciones, arbitrios, etc.

Podemos deducir que en Valencia, en las últimas décadas del XVI, la mayor parte de los ingresos procedían del primer apartado, el 30 por ciento del segundo, y el 10 por ciento del tercero. En Granada a finales del XVI, el 75 por ciento procedía del segundo bloque; en las mismas fechas en Galicia solo el 15 por ciento procedía del primer bloque, y el 70 por ciento del tercero.

Pero el problema de subsistir de confiscaciones acentuaba aún más el daño social que se hacía a la burguesía, que no solo fue empobrecida socialmente, sino también económicamente. Tomemos algunos ejemplos de multas impuestas por el tribunal para aproximarnos a la cantidad con la que contaban proveniente de estas fuentes. A un bígamo, por ejemplo, le solían poner una multa pecuniaria de unos 100 a 200 ducados (37.500 maravedíes); por no llevar puestos los sambenitos, las reducciones o quitaciones de hábitos estaban cotizadas a finales del XVI entre los 6.800 y los 17.000 maravedíes, el levantamiento de un destierro, entre los 10.200 y los 34.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, si un tribunal necesitaba dinero —por ejemplo para pagar los gastos de sus empleados—, no tenía más que poner en marcha un proceso, dictar sentencia y condena, y, en su caso, redimir las penas corporales por penas económicas, anteponiendo en muchos casos las finanzas a la fe.

En la historia de la Inquisición podemos distinguir dos etapas de su vida hacendística:

1.   De 1480 a 1550, cuando la Hacienda Real administra la hacienda de la Inquisición, tanto en ingresos como en gastos.

2.   De 1550 a la extinción, en que la Inquisición consigue independencia económica del rey. Es más, los tribunales de distrito funcionan autónomamente, y el Consejo de la Suprema solo les exige rendir cuentas.

Pero por otra parte, Dedieu y Contreras proponen estas etapas de la vida de la Inquisición (no solo en relación a su actividad hacendística):

1483-1520, predominio de la exitosa persecución anticonversa (12.000 procesados en Toledo; más de 2.500 en Valencia; 2.000 quemados en Sevilla en 1481; 600 procesados en Zaragoza; 1.200 en Barcelona).

1520-1630/1640, época de madurez. Predominio de la persecución antiluterana; auge de la persecución de delitos contra la moral; nuevamente persecuciones anticonversas, contra moriscos y contra judíos portugueses.

1630/1640-1725. Auge de la nueva persecución anticonversa; Guerra de Sucesión y doble Inquisición.

1725-1834. Procesos sonados contra los ilustrados. Sin embargo, frenos regalistas a la actuación inquisitorial. No obstante, también, Inquisición contra revolución.

LOS PROCESOS

Un proceso inquisitorial se abría siempre por medio de una delación, o por una pesquisa o inquisición.

Si se hacía según lo primero, es porque alguien comunicaba al tribunal una práctica herética de un convecino. Si se hacía según lo segundo, era porque el tribunal se ponía en marcha por sí mismo, o usando términos jurídicos, «no a instancia de parte».

Parece ser que la inquisición era el sistema habitual y se daba en varias fases:

1.   Obligación de asistir toda la población a la catedral o a la parroquia que se indica para oír un sermón sobre cuestiones de fe.

2.   Proclamación del sermón para extirpar la herejía y defender el catolicismo.

3.   Lectura de un edicto de fe.

4.   Coyunturalmente, promulgación de un edicto de gracia.

5.   El proceso.

6.   La sentencia y la pena.

Con los edictos de fe se conminaba a todo individuo que tuviera sospecha de que alguien practicara alguna herejía, a denunciarlo secretamente ante el tribunal. Incluso a uno mismo. La omisión llevaba pareja la pena de excomunión. El plazo que se daba para la delación era alrededor de una semana, y transcurrido este tiempo, el que no hubiera puesto en conocimiento del tribunal esas sospechas heréticas sería considerado encubridor. Como las denuncias eran pocas, se solía promulgar una semana después del edicto de fe un edicto de anatemas, advirtiendo de las graves penas y consideración de cómplices que tendrían aquellos que no hubieran delatado. La promulgación de ambos edictos se hacía muy ostentosamente, consiguiendo, por medio de la teatralidad del acto, inculcar el miedo en la población.

Los edictos de fe podían ser generales o particulares, aquellos buscando la persecución general, y estos algo concreto (prácticas judaicas, musulmanas, por conversos; herejía de tal tipo, etc.). En el edicto de fe la práctica que se quería extirpar era descrita minuciosamente, lo cual era criticado por algunos autores, ya que con esas descripciones incluso despertaron hábitos que los propios practicantes habían olvidado. Callar parecía ser tan peligroso como hablar, y el rumor adquirió un peso y unas consecuencias desconocidas hasta entonces. Por otro lado, se le hacía creer al converso que, denunciando, se libraba él mismo de sufrir sospecha. Naturalmente también se contaba para las delaciones con los familiares y los comisarios.

El inquisidor salía a visitar su territorio una vez al año, así que, también una vez al año, había un edicto de fe y otro de anatema.

Las ganas de vengarse o el ambiente de miedo hicieron que muchas de las acusaciones se realizaran por cosas nimias, y así una costumbre familiar podía interpretarse como una práctica herética, al igual que otras acciones cotidianas como comer algo de carne un viernes o blasfemar en un momento de ira.

Antes de la promulgación del edicto de fe, o al mismo tiempo, se promulgaba un edicto de gracia, es decir que se daba un plazo de un mes aproximadamente, para que aquel que sospechase de sí mismo ser heterodoxo, o que tuviera alguna sospecha de su propia conducta o alguna duda de fe, se autodenunciase. A cambio, el tribunal sería indulgente. Pero la gracia solo duraba hasta que el tribunal empezase sus pesquisas: había que vivir en la zozobra. La benignidad del edicto de gracia se traducía en que el proceso era breve, y las penas, habitualmente, solo pecuniarias. Pero a la vez había un problema: si acogiéndose al edicto de gracia, el individuo declaraba, salía culpable y pagaba una multa, por pequeña que fuera, ya habría tenido (en palabras de hoy) antecedentes penales: quizás la próxima vez no pudiera ampararse en el edicto de gracia, y si se le abría un proceso, las penas ya no habrían de ser tan livianas.

El primer edicto de gracia de Mallorca, incitó a que 337 conversos se denunciasen a sí mismos. El primero en Sevilla, según muchos testimonios que nos han llegado, llenó las cárceles inquisitoriales.

Así que las denuncias en cadena resultaron ser de lo más frecuente.

Si la denuncia se encontraba excesivamente frágil, el denunciante podía ser acusado de levantar falso testimonio, con unas penas también estipuladas. Bien es verdad que en Toledo con más de 1.100 procesos entre 1575 y 1610, solo hubo ocho casos de declarado perjurio.

Para denunciar había que ser cristiano, mayor de catorce años y reunir una serie de requisitos de objetividad, como, además de no ser enemigo del denunciado, no ser tampoco su pariente próximo y, en la medida de lo posible, se desestimaban las denuncias hechas por mujeres.

El proceso estaba envuelto en el secreto. En él, el denunciado no sabía ni de qué se le acusaba, ni quién le acusaba. Además, desde el primer momento, estaba incomunicado. El secreto era la gran arma de la Inquisición, y sin él no habría funcionado. Ello explica que quienes quisieron corregir o atacar a esta institución, se refirieron reiteradamente a los problemas planteados por ese proceder; y por eso, en cambio, que la Inquisición lo defendiera obstinadamente.

Además del secreto, también tenía una importancia especial la duración de los procesos. Desesperadamente largos, servían para domeñar la voluntad del acusado, y llegar, si se quiere interpretar así, a que declarara lo que el tribunal necesitara para acusarle.

Inmediatamente antes de que el fiscal se hiciera cargo de la acusación, los calificadores informaban al tribunal sobre si había o no indicios de culpabilidad. Si no los había, se paraba el proceso, pero siempre, a los ojos de sus convecinos, se recordaría que a dicho individuo lo había «estudiado» la Inquisición.

Si había indicios de que la denuncia estaba bien fundada, el fiscal se hacía cargo de la acusación y empezaba la fase conocida como clamosa. Si aún no habían detenido al sospechoso, ahora sí que se le llevaba a la cárcel. Se le confiscaban preventivamente sus bienes. En teoría hasta la calificación, no podía haber detención; pero sabemos que en la práctica hubo muchos detenidos antes de que se les hiciera una acusación formal.

Con la confiscación de los bienes se hacía frente a los gastos de prisión, de manera que, como en las cárceles civiles, los ricos vivían mejor que los pobres.

Las cárceles inquisitoriales estaban mejor acondicionadas que las civiles. La fama que han tenido, procede probablemente de la exigencia de un juramento al reo de no contar en su vida nada de lo visto en los calabozos y de la morbosa leyenda que se ha ido creando sobre la Inquisición.

En cualquier caso, por primera vez era llevado el acusado ante el tribunal, y declaraba sus datos personales. Durante una, dos, tres audiencias, era interrogado e invitado a que declare si había algo en su vida que debiera conocer la Inquisición. Pero él no sabía de qué se le acusaba.

Finalizada esta fase, se le promulgaban los cargos que había contra él. Entonces el acusado tenía ya derecho a la asistencia de un abogado defensor, en ocasiones letrado del tribunal que le estaba juzgando. Era entonces cuando, al fin, el reo sabía de qué se le acusaba. Pero debemos saber que el proceso sería invertido o desordenado a menudo, dependiendo de la mayor o menor entereza del preso.

El papel del abogado era tanto el de defender bien al reo como el de conseguir que confesase sus pecados y que se arrepintiese. La defensa del acusado solía consistir en la recusación de testigos de cargo y la presentación de otros favorables, y en esa preparación participaba, lógicamente, el interesado. Los testigos se abstenían de participar en la defensa del acusado, ya que si el proceso terminaba en condena, más tarde o más temprano se abriría causa contra esos testigos.

La contestación a la acusación se hacía por escrito en forma de alegación, y en la medida de lo posible el preso negaría todo.

Acto seguido, se solicitaban las pruebas, que habían de ser ratificadas por los testigos que las hubieran presentado. El acusado seguía aún sin saber quién había testificado en su contra. Nuevamente ante el tribunal, y de viva voz, había de declarar desmintiendo las acusaciones. Al denunciado se le permitía en ese momento decir quiénes eran sus enemigos y por qué, y en el caso de que el denunciante apareciera en la lista, podía llegarse a refutar su acusación. A partir de entonces, se iniciaba la fase destinada a arrancar la autoinculpación: el potro era el tormento habitual, y ante los inquisidores era buena señal que aquel que lo sufriese no confesase.

En cualquier caso, como se ve, el proceso era implacable si así lo querían los inquisidores, pues se asemeja mucho al ir sacando cerezas de un frutero.

En realidad la Inquisición no usó nada nuevo respecto a los tribunales civiles, es más, siempre fue más benigna y ajustada a ciertas normas, pues no buscaba la muerte en el tormento, sino la confesión. Lo peor de la Inquisición (y no fue poco lo que tuvo), estribó en dejar a generaciones de descendientes «manchadas».

Volvamos a las torturas: la garrucha servía para colgar al acusado por las muñecas con una cuerda fijada a una polea que colgaba del techo y con pesos en los pies. Entonces era izado lentamente, soltado luego de golpe y frenado en seco en la caída. La toca (o tortura del agua) consistía en atar al acusado en un bastidor, abrirle la boca, meterle un paño hasta la garganta y echarle agua para que la fuera tragando. El potro era un bastidor en el que se ataba al reo, apretándosele en muñecas y tobillos unas cuerdas hasta que le sajaban la carne vuelta a vuelta.

Lo habitual era que en una sesión hubiera bastante. De la tortura levantaba acta el notario. Es muy común en todas esas actas encontrar las exclamaciones de aquellos desgraciados repitiendo lo mismo: «Díganme qué quieren que diga, que lo diré, y suéltenme ya». En concreto, en 1597 en Canarias, un acusado de herejía, que se reafirmaba en su catolicismo, acabó exclamando: «Dixo quél no puede pasar estos dolores y que es hereje de los dolores que siente allí».

Potro u otro tormento se usaron en Valencia en el 30 por ciento de los casos, y en Toledo en el 32 por ciento (según H. Ch. Lea), proporciones elevadísimas para lo habitual en las cárceles inquisitoriales, aunque probablemente muy baja respecto a las cárceles civiles de toda Europa. Kamen escribe que «sus métodos [de los inquisidores] eran honestos, sencillos y directos, y no había refinamientos psicológicos».

Pero volvamos al proceso. Las acusaciones y descargos eran nuevamente entregados a las partes por escrito, y llegaba el momento de dictar sentencia. Esta era votada por los inquisidores, el obispo y los consultores, en un acto que se llamaba consulta de fe. Si no había unanimidad, se remitía al Consejo de la Suprema para que decidiera.

Podía haber absolución o pena. Pero, insisto, se había pasado por la Inquisición, y el daño social había quedado hecho, tal vez ya de modo irreparable.

Al margen los absueltos, las sentencias podían castigar con penas espirituales, corporales y económicas. La aplicación de las condenas más severas tuvo lugar a principios del siglo XVI. Por ejemplo en Valencia, un 40 por ciento de los acusados fue condenado a muerte. Sin embargo, a finales del XVI, el 20 por ciento de los acusados fueron absueltos.

¿Cuáles eran las penas?

Absolución: el acusado quedaba libre. Hubo más absoluciones en la Inquisición moderna que en la medieval.

Suspensión: el acusado quedaba libre, pero por falta de pruebas suficientes: más adelante, si las reunieran, ya veríamos. En realidad no eran penas, sino tipos de sentencias.

Reconciliación: la vuelta a la Iglesia de un pecador cuando hubiera cumplido su penitencia. Era la pena más común. La penitencia podía ser espiritual, pero también económica (una multa, la confiscación de los bienes) o corporal (azotes, cárcel, galeras, llevar un sambenito, destierro). Por tanto, la variedad de reconciliaciones era inmensa. Constituían un acto de reconciliación la abjuración de levi, es decir, por faltas menores, y la de vehementi, por faltas mayores.

Relajación: la entrega de un reo a las autoridades civiles. En lengua latina ab aliqua re se relaxare quiere decir «deshacerse de algo», en este caso del procesado. La Inquisición no podía ejecutar penas de muerte, pero aunque ella no prendiera la pira, era la responsable. A la hoguera iban solo los herejes no arrepentidos y los relapsos o reincidentes, y solo se quemaba vivo al que en el último momento no se arrepentía.

También podemos establecer otra clasificación de las penas, según la sanción:

Espirituales, penas y/o sanciones (de más a menos graves): relajación, reconciliación (con las abjuraciones de vehementi y de levi: penitencias diversas, etc.), suspensión y absolución.

Corporales: relajación, reconciliación (prisión temporal o perpetua, galeras, latigazos, destierro, pérdida de oficio).

Financieras: confiscación total de bienes, confiscación parcial de bienes, multas, absolución.

En cuanto al acusado, podía ser considerado:

Absuelto: el que conseguía demostrar que los cargos contra él no tenían sentido.

Difamado: aquel a quien no se le ha podido demostrar culpabilidad, pero al cual, por sospecha, se le imponía una pena espiritual.

Cuestionado: aquel al que se había llegado a dar tormento. Para ello los indicios de la falta debían ser muy seguros, pues no se recomendaba dar siempre tormento al acusado.

Sospechoso de herejía: los había de dos tipos, leves y vehementes. Por ser sospechosos, no había nada probado o fundado, solo la sospecha. Al leve se le imponía una penitencia; al vehemente, una pena, corporal o económica además de la espiritual. Para purgar había que abjurar de la herejía (más de uno tendría que hacerla sin ser hereje, solo por ser sospechoso) y abrazar el credo católico. Entonces eran tenidos por reconciliados. Herejía era tanto una falsa conversión como la práctica del luteranismo.

Reconciliado: el que había abjurado de su herejía y quería volver al seno de la Iglesia. Pero ya tenía «antecedentes» y podía caer en cualquier momento en la condición de relapso.

Relapso: el reincidente. Solían acabar en la segunda o tercera ocasión, relajados, aunque volvieran a reconciliarse.

Relajado: el condenado a muerte. Se le quema en carne y huesos o en efigie si está huido o ha muerto ya. En ocasiones se queman los huesos, si está difunto y se localiza su enterramiento. Los delitos que juzgaba la Inquisición no prescribían por mucho tiempo que pasase. Juzgar a un difunto, más que juzgarle y acusarle a él, era acabar con la honra social de sus descendientes, y por supuesto, con sus bienes, si se podía, pues eran confiscados como los de un acusado vivo.

Además de contra los falsos conversos y los protestantes, la Inquisición actuaba contra los bígamos, porque atacaban el sacramento del matrimonio; contra los que iban a ser ordenados sacerdotes y se casaban; contra los solicitadores (el cura que en confesión intenta seducir a una mujer, o pretende, con fines no sacramentales precisamente, que le narre sus pecados contra la carne); las blasfemias; la usurpación de funciones sacerdotales por un laico; la hechicería y la brujería (que no es la obsesión de la Inquisición); la obstinación en permanecer en excomunión; el no recibir los sacramentos temporales (excluido el matrimonio porque, en su defecto, todos los solteros habrían sido procesados) y los delitos que se hicieran contra el Santo Oficio.

Así pues, se han catalogado los delitos sobre los que actuaba la Inquisición de la siguiente manera:

Clásicos: de los que se acusa a judaizantes, mahometanos y protestantes. Los dos primeros, después de haber recibido el bautismo.

Institucionales: los insultos e intromisiones en las competencias del Santo Oficio, y que el tribunal tenía potestad para perseguir Y juzgar.

No clásicos: «Palabras escandalosas», «palabras heréticas», «palabras erróneas», blasfemias, sacrilegios. Además: bígamos, brujos, solicitantes. En Aragón también, sodomitas y bestialistas. A esta categoría pertenece el 55 por ciento de los procesos del tribunal de Toledo.

MÁS CIFRAS. RECAPITULANDO

Pero entonces, ¿cuál fue el número de procesados? El primer historiador de la Inquisición, Llorente, dio unas cifras desorbitadas; hablaba de un total de 300.000 procesados, de los que murió en la hoguera el 10 por ciento. Además, pensaba que este era el origen de la despoblación de España desde el siglo XVII.

Un hispanista francés (Dedieu) ha escrito: «Nadie sabrá jamás, por falta de documentos, la cifra total de sentencias pronunciadas». Y añade, «la Inquisición de Toledo (desde 1483 a 1805) juzgó a más de 12.000 personas; a 17.000 contando a los reconciliados en periodos de gracia». En 1490 hubo 433 relajados, que es la cifra más alta de la historia de este tribunal de distrito. El recuento más fidedigno es el hecho por Henningsen-Contreras.

De 1540 a 1700, hubo 49.072 reconciliados (condenados con pena espiritual, corporal o económica) en España y América. Partiendo de la base de que la documentación inquisitorial es riquísima, podemos tener esa cifra por absolutamente veraz. Se nos plantea la duda sobre los procesos que hubo en los años anteriores a 1540, los más duros, y los posteriores a 1700, los de decadencia. Tal vez unos 20.000 más. En total por tanto, aproximadamente, unas 70.000 causas. Donde la Inquisición actuó más rígidamente fue en la Corona de Castilla, con la mitad; la otra mitad, en Aragón y América. A partir de este punto concentro mi comentario en el periodo 1540-1700, dentro del cual la fase de actuación más dura va de 1560 a 1610.

El 29 por ciento de los procesos se abrió contra proposiciones, o uso de palabras escandalosas contra la Inquisición, la Iglesia o la religión, pero sin intención de atacar los artículos de la fe ni de cometer herejía.

El 23 por ciento de los procesos se dirigió contra islamizantes, lo cual no es de extrañar por dos razones: la población morisca que había en la península hasta 1609, y el ser nuestro país tierra de «hospedaje» de esclavos del Norte de África capturados en acciones bélicas.

El 10 por ciento perseguía a los judaizantes. Si no es un porcentaje elevado, lo cierto es que el mayor daño de estos procesos consistía en que (como los penados por la Inquisición) el individuo y sus descendientes quedaban manchados hasta tres o más generaciones, sin posibilidad de desempeñar oficios o lograr reconocimientos públicos. Además son pocos, pues ya habían sido severamente perseguidos en las décadas iniciales del siglo XVI, periodo del que no hay tanta documentación sistemática y, por lo tanto, estadísticamente fiable.

El 8 por ciento de los casos se abrió contra aquellos que habían atacado al Santo Oficio.

Otro 8 por ciento se interesó en casos de superstición, que englobaba entre otras cosas a la brujería.

El 7 por ciento de las sentencias condenó a luteranos, o sea, protestantes en general.

El 6 por ciento contra los bígamos. El 3 por ciento contra solicitadores, la escoria de la Iglesia, pues se aprovechaban del sacramento de la confesión y de sus atributos sacerdotales para mancillar la dignidad de la pecadora.

Casi un 7 por ciento de los casos fueron procesos contra reos de difícil catalogación. Muchos de ellos serían charlatanes de la religión, esotéricos o adivinadores.

En conclusión: unos 70.000 procesos como poco (y no muchos más); con unas 1.500 condenas a muerte (según Contreras), algo más de 600 (Escudero)… más de 48.000 (según Llorente, siglo XIX; cifra disparatada); cuya presencia en Indias arranca en la década de 1570 con solo dos tribunales, Méjico y Lima (1569 ambos) y luego Cartagena (1610); que en Indias hubo unos 3.000 procesados, en su mayor parte reconciliados de levi y relajados como mucho una setentena.

Así podemos distinguir cuatro fases de la actividad represora de la Inquisición:

1480-1530: durísima para los judeoconversos. Casi 60.000 procesos según autores recientes (Henningsen y Contreras, que son quienes hicieron los recuentos totales más exhaustivos y fidedignos).

1530-1620: etapa de actividad represiva sostenida. En el Levante, de especial dureza contra los moriscos.

1620-1720: reducción de la actividad en general, excepto en el periodo de 1640-1675; procesos contra los judeoconversos portugueses.

1720-1820: decadencia de toda la actividad. Desde 1740 no hay procesos antijudíos y el trabajo inquisitorial se centra en persecuciones residuales. En ocasiones, se examina a los ilustrados. Es el momento con más procesos contra el propio clero.

Disponemos de otros recuentos, o datos que no desdicen los de Henningsen-Contreras. Desde sus orígenes hasta las primeras décadas del XVI, la Inquisición se preocupó casi solo de los judaizantes: antes de 1500, por ejemplo, el 99 por ciento de los casos en Toledo (Dedieu) eran de esta índole, y en Valencia el 91 por ciento (García Cárcel).

Con respecto a las penas, comprobamos el aumento de las reconciliaciones (tanto en términos absolutos, como relativos) desde mediados del siglo XVII. De entre los castigos impuestos, casi se triplican las confiscaciones: los años centrales del XVII son económicamente dramáticos, y no es de extrañar que la Inquisición dispare el número de confiscaciones para hacerse con las riquezas de los procesados y así poder sobrevivir.

El penado tenía que pasar por un auto de fe, que en sí mismo era, ante todo, un acto de fe y un acto de penitencia.

Si la pena era exigua, ese auto de fe era, por llamarlo de algún modo, íntimo. Los autos de fe se han hecho famosos, porque nos ha quedado el recuerdo de aquellos otros ostentosos, en los que el pueblo se entretenía y el poder exhibía sus atributos.

Las angustias de un procesado por la Inquisición se mantenían hasta el último momento; habitualmente el acusado no conocía su sentencia hasta el auto de fe. Solo a los condenados a muerte se les comunicaba la noche anterior. Apelar, pues, era imposible.

Podemos distinguir dos momentos en los que a los autos de fe se refiere: el de las primeras décadas de actuación de la Inquisición, y el de la mentalidad barroca.

En el primero, los autos de fe fueron más sobrios y austeros.

Por la rapidez con la que se celebraron, podemos pensar que lo que se buscaba era, verdaderamente, solo una cuestión de fe. La idea de la vistosidad del auto de fe viene a concordar con el segundo momento, los años finales del XVI y el XVII.

El poder los usaba como ejemplificadores, y conseguía con ellos humillar al procesado. Además conforme avanzaba la Edad Moderna, servirán para exaltar el catolicismo.

Durante el primer día se hacía la procesión de la santa cruz, desde la sede del tribunal de distrito hasta donde se leían y en su caso se ejecutaban las sentencias, donde se habrían instalado un altar y los tablados. Las piras solían situarse extramuros, pues eran jurisdicción de la autoridad civil, y a los ajusticiados no se les iba a exhibir dentro de una ciudad, con los hedores que desprenderían, sobre todo si eran quemados, durante la ejecución. Habitualmente si se les condenaba a la hoguera y se arrepentían de sus pecados en el último momento, se les daba garrote y luego se les quemaba.

La segunda procesión, en la que iban —según una crónica de finales del XV—, «los hombres en cuerpos, las cabezas descubiertas e descalzos... e las mujeres en cuerpos sin cobertura ninguna, las cabezas descubiertas e descalzas como los hombres e con sus candelas... por la deshonra y mengua que recibían por la gran gente que los miraba, porque vino mucha gente de las comarcas e los miraban, iban dando muy grandes alaridos y llorando; algunas se mesaban...», servía para llenar de miedo a los asistentes, para emocionarles, conmoverles y advertirles.

Tuvo lugar en Madrid uno de los autos de fe más famosos de la historia, por ser pintado por Rizzi. También tenemos un relato escrito coetáneo. Era el 30 de junio de 1680.

En la Plaza Mayor se levantó la tribuna, en la que además de todas las autoridades iba a estar presente y presidiendo el rey Carlos II. A la izquierda de la tribuna, un anfiteatro para los reos.

Hacía un mes que se había anunciado la celebración del auto. El día anterior, se hizo la procesión de la cruz. Salió de la iglesia de la Almudena, precedida de cien carboneros, «ya que ellos proporcionaban la leña con que eran quemados los criminales». Les seguía otra cruz blanca que daba paso a los dominicos. Detrás, los símbolos de la Inquisición, con más cruces, portadas por los familiares en Madrid, a la sazón no menos de 25 grandes de España, 37 nobles y más de 20 personas de calidad.

Los símbolos de la Inquisición se colocaron en su sitio, junto a una tribuna solo para dominicos, algunos de los cuales pasaron la noche cantando salmos y dando misas desde el anochecer hasta las seis de la mañana.

A las siete hicieron acto de presencia los reyes y su séquito más cercano.

A las ocho salió de la Almudena la procesión con los reos, pasó por el Alcázar y se dirigió a la plaza. Esta segunda procesión también la abrían los carboneros.

Detrás 30 hombres con otras tantas figuras de cartón, que simbolizaban a los muertos en prisión (cuyos huesos se trasladaban detrás en baúles y arcones) o a los fugitivos.

Detrás, 12 hombres y mujeres con sogas en el cuello y velas en las manos, con caperuzas de cartón de casi un metro de altura en las que se podían leer o ver sus delitos. Eran los estigmatizadores sambenitos.

Detrás, 50 más, flanqueados por dos familiares de la Inquisición, con su sambenito amarillo o una coroza verde sin mangas, con una gran cruz roja de San Andrés delante y otra detrás. Eran los arrepentidos de sus delitos.

Detrás otros 20 que habían reincidido ya por tercera vez en su delito e iban a ser quemados. Rodeados por dos familiares y por frailes, iban recibiendo un sermón. Llevaban sambenitos de tela y caperuzas, todo ello pintado con demonios y llamas. Los más obstinados iban amordazados para que no se oyeran sus blasfemias.

Una vez que se les sentó, llegaron los invitados que iban a ocupar el anfiteatro a la derecha del rey Carlos II. El último en llegar fue el inquisidor general, que además se sentó en una balconada encima del rey. Ambos actos protocolarios son bastante significativos.

Se oyó la misa, y a las doce empezaron a leerse las sentencias. Primero, las de los muertos en prisión y las de los fugitivos: sus figuras se metieron en unas jaulas. Después se leían una a una el resto de las sentencias, y a cada reo se le encerraba en otra jaula «para que todos los conocieran» (según dice el relato de este auto de fe).

A las nueve de la noche se acabó la lectura de las sentencias. Luego hubo otra misa, y los reyes se retiraron. Los sentenciados a muerte fueron entregados a las autoridades civiles y llevados en asnos a la Puerta de Fuencarral y allí fueron quemados. Si decidían convertirse a la fe de Cristo cuando ya estaban atados al palo de la hoguera, se les daba garrote antes de prender las llamas.

La sensación de felicidad se producía al haber, entre los que no iban a morir, abjuraciones de errores pasados y la promesa de no volver a cometerlos. En cualquier caso, como se ve, ni todos los sentenciados por la Inquisición eran quemados, ni el prender las gavillas de leña era la parte central del auto de fe: no solo no lo era, sino que, además, se trataba de un cometido reservado finalmente a la justicia civil.

En palabras de un historiador francés, «hemos visto en varios casos, en el XVII, a los inquisidores hacer todo lo posible por no quemar a un relapso. El Santo Oficio vacila en matar».

Cabe preguntarse cómo era posible que, después de todo, aún existieran conversos. Sí, quedaban, y por varios motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los recursos económicos de la Inquisición eran limitados. Así, pues, algunos pudieron escapar a la acción inquisitorial. Otros vieron cómo esa falta de recursos hacía que tal vez el lugar donde vivían no fuera visitado por la Inquisición, ya que el tribunal de distrito de turno se dedicaría más a peinar otras áreas más ricas.

Pero hay otras causas. Podía ocurrir que se actuase con extrema dureza en unas décadas, y, casi a punto de decapitar a la clase dirigente de una ciudad, no solo hubiera que frenar la actuación inquisitorial, sino dejarla adormecida durante un tiempo. En muchas ocasiones sucedió que por rivalidades familiares o de banderías, un grupo de una ciudad ponía en marcha la maquinaria inquisitorial, y al paso de los años de procesos, autos de fe, etc. se descubría alguna mácula en ellos mismos: entonces tenía que frenar la maquinaria. Al linaje rival acaso se le hubiera dado un golpe, pero también al propio (Contreras, Sotos contra Riquelmes).

Desde un punto de vista histórico, no hay que olvidar la anexión de Portugal en 1580, y la traída de banqueros de allí medio siglo después. En Portugal no se expulsa a los judíos: sencillamente, se les obliga a bautizarse a todos en 1497 y se les impide abandonar el país, al tiempo que hay vaivenes para instaurar la Inquisición. De manera que, bautizados a la fuerza, naturalmente siguieron practicando el judaísmo, sin posibilidad de salir del país y a punto de ponerse en marcha la Inquisición, perseguidora de herejes, estaban metidos en un callejón sin salida. Huir hacia donde pudieran (Castilla desde 1580) buscando el exilio anónimo se convirtió en una salida —incómoda y arriesgada sin duda— pero esperanzadora (en Castilla, por la plata americana, había más riquezas que en Portugal), sobre todo a partir de 1627, cuando Olivares les da libertad de movimientos. El valido de Felipe IV, como ya hemos dicho, era enemigo de los estatutos de limpieza, y puso al frente del Consejo de la Suprema a un fiel suyo, fray Antonio de Sotomayor: no es coincidencia que la época de menor virulencia contra los conversos transcurriera en estos años.

Y como siempre, antes y después de esas fechas, había una razón de peso para ser permisivo: «Que por ningún modo se irriten o desazonen, porque Vuestra Majestad está en tiempo que los ha menester para muchas ocasiones», recomendaba Sotomayor a Felipe IV en 1630. El dinero hebreo era razón suficiente para relajar las persecuciones.

Desde 1620 a 1660 (y son cuarenta años, el 11 por ciento del tiempo de existencia de la Inquisición) se les dejó vivir más o menos tranquilamente en una zona amplia, en los bordes con Portugal (en una cuarentena de localidades), según ha estudiado Huerga. Pero pronto cambiaría su suerte; excluidos del gobierno de la nación todos los partidarios del conde duque, empezará la persecución de los ingenuos confiados (desde 1643): así en los años sesenta se llevó a cabo «la represión más intensa del siglo contra el criptojudaísmo», realidad con la que coincidimos todos los que hemos manejado documentación inquisitorial (además de los mencionados Sanz Ayán o Pulido). En efecto, en 1662, hubo en Llerena un auto de fe con 101 reos.

Cuando en 1903 se publicó el catálogo de las causas de la Inquisición de Toledo que existen en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el autor comentaba sorprendido: «Choca a mediados del XVII la abundancia extraordinaria de procesados por judaizantes. Todos, o casi todos, son portugueses de origen, cuando no de nacimiento», y seguía comentando dubitativamente: «Debieron pasar la frontera portuguesa en número considerable y repartirse por España durante nuestra unión con Portugal».

Lo que la investigación histórica no sabía en 1903 eran las verdaderas razones de esa nueva persecución, que ya he citado varias veces.

INQUISICIÓN Y MENTALIDAD INQUISITORIAL ESPAÑOLA

La Inquisición moderna tuvo graves repercusiones en el pensamiento español. Pero esta cuestión hemos de tratarla desde un punto de vista cronológico, y para ello es imprescindible comenzar en el reinado de Felipe II.

El rey hace de la Inquisición su instrumento de control político y social. Por tanto, la emplea en las decisiones que considera oportunas. Uno de los temores de este monarca era el de la entrada del protestantismo en España, al considerarse (y así se lo demostraba lo que estaba viviendo, y era una idea común en toda Europa) que la disidencia religiosa también lo era política. Por ello, nada mejor que impermeabilizar sus reinos peninsulares a las corrientes de la «secta de Lutero», como se denominaba a los reformados. Los medios que usó para esa impermeabilización fueron los mecanismos que tenía a su alcance (o sea, todos), su propia autoridad y la Inquisición. Así aunó todo instrumento de control de los que tenía a la mano.

Al poco de subir al trono prohibió que los españoles fueran a estudiar al extranjero, salvo a universidades de indudable catolicismo como Bolonia, Roma, Nápoles y Coímbra. Y al mismo tiempo, la Inquisición española moderna promulgaba su primer índice de libros prohibidos. El debate sobre atrasos científicos y demás está servido.

Terminada la persecución antijudía en su fase más dura (ya habían sido purgados casi todos), y en marcha la antiprotestante, se pasó a la persecución de los cristianos viejos, buscando preservar la fe y las costumbres dentro de la más estricta ortodoxia. Es el momento de que la población se dé cuenta de que no ha de jugar ni con palabras escandalosas, ni con referencias ambiguas sobre el sexo, ni con los sacramentos, especialmente el matrimonio y la confesión. En todo ello, encontramos el sistemático apuntalamiento de los principios católicos.

¿Qué libros habían sido censurados? Desde 1502 los Reyes Católicos habían impuesto la censura previa (en algunos territorios y diócesis del Sacro Imperio Romano existía ya en 1485 y 1501, y desde 1515 el papa León X la extendió a toda la Iglesia): para imprimir un libro era necesario que el Consejo de Castilla concediera licencia, pretendiéndose perseguir la publicación de libros fatuos. Desde que se pone en marcha la reforma protestante en los años veinte del siglo XVI, se prohíbe la importación o lectura de algunas obras: en 1521, las de Lutero; en 1535 los Coloquios de Erasmo; en 1538 El elogio de la locura, también de Erasmo. En 1539 el Papa permitió al inquisidor general, Juan de Tavera, que actuara contra quienes tuvieran libros heréticos, y en 1550 el permiso para perseguir a estos burladores de la ortodoxia se amplió a los inquisidores de los tribunales de distrito.

Ya desde 1559, la Inquisición española publicó las primeras listas de libros que habían de ser destruidos o mutilados. Era el establecimiento de una censura a posteriori. Esta normativa tenía sus antecedentes en listas que habían circulado por Europa, promulgadas por autoridades eclesiásticas y civiles. Incluso en 1551 había aparecido un listado de ediciones de la Biblia que debían prohibirse o adaptarse. La novedad de 1559 estribaba en que esta relación era asumida por todos los territorios sobre los que tenía jurisdicción la Inquisición española (España, Italia, América) y contaba con el beneplácito del rey.

Este primer Catalogus librorum qui prohibentur mandato Illustrissimi D. Ferdinandi de Valdesi nació apresuradamente: en ese año habían sido descubiertos sendos focos luteranos en Valladolid y Sevilla, y como en los años treinta había habido autos de fe contra alumbrados e iluministas, en otras partes de Castilla, resultaba que en menos de medio siglo Castilla se había visto convulsionada por estos movimientos heréticos. Había que poner fin a tanta perversidad que los libros canalizaban.

En 1558 la Inquisición quedó desvinculada de la censura previa (se reservaba a la Cámara de Castilla en Castilla), aunque era la encargada de vigilar las importaciones de libros prohibidos. La cédula real por la que quedaba reservado al rey dar las autorizaciones, era implacable:

Quien imprimiere o diere a imprimir un libro no habiendo precedido la dicha nuestra licencia, incurrirá en pena de muerte y perdimiento de todos sus bienes, y los tales libros serán públicamente quemados...

Desde esa fecha, la Inquisición se inmiscuyó en una actividad que, en principio, era propia del Consejo de Castilla: controlar los libros importados legalmente. Los libreros tenían que enviar memoriales al Santo Oficio indicando qué obras iban a recibir y de dónde.

De aquel primer Índice de 1559 surgieron otros más a lo largo de nuestra historia: 1583-1584, 1612, 1632, 1640, 1707, 1747 y 1790.

Los más importantes fueron los de Valdés de 1559 y el de Quiroga de 1583-1584, cuyo primer tomo se llamaba lndex et catalogus librorum prohibitorum y el segundo lndex librorum expurgatorum. Sobre ellos se sentaron las bases de los posteriores. El de Quiroga posee un valor especial: es la plasmación de los principios del Concilio de Trento. El último catálogo se tituló Índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar, ya en español y no en latín. Era de 1790 y atacaba, sobre todo, los textos franceses y pro-revolucionarios.

El primer Índice, o Índice de Valdés incluía casi doscientos títulos: 16 obras de Erasmo, y El Lazarillo, por ejemplo. La Celestina no aparecerá en los índices hasta 1632, obligando a tachar 50 líneas del texto de la obra: pero es que esta tragicomedia más que escandalosa, era muy moralizante a los ojos de los inquisidores (que parecen tener más visión que algunos contemporáneos nuestros).

A la hora de examinar un libro, se seguían unos pasos que bien podríamos interpretarlos como un proceso precautorio contra los libros heréticos, o torcidos.

Todo empezaba en la descarga en puerto. Podía haber habido una delación, o un hallazgo por una actuación de oficio (Luis Usoz importando ya en el XIX libros prohibidos, camuflándolos al usar las páginas como papel de envoltorio y enviándolos a puertos distintos es el graznido final de todo esta historia).

Localizada la obra, se ponía en manos de calificadores para que emitieran su opinión. Aunque durante el siglo XVI se recurrió con frecuencia a las calificaciones externas de Salamanca y Alcalá, a lo largo del XVII se tendió más a que los calificadores fueran individuos vinculados directamente a la institución.

Recibidas las calificaciones, los tribunales de distrito tenían que mandar el expediente al Consejo que, en última instancia, prohibía total o parcialmente o permitía en su caso la circulación del libro.

Si había que prohibir, los tribunales de distrito recibían el edicto con las instrucciones. Se le daba lectura en la misa mayor del domingo, y se fijaba en las puertas de la iglesia. Así el pueblo quedaba advertido.

En el siglo XVIII se decretó que antes de prohibir a un autor católico había que oír su defensa, y que no se podía promulgar un edicto sin que tuviera conocimiento el Consejo Real. Con ambas normas, la Inquisición veía mermarse parte de sus potestades omnipresentes.

Antes hice mención a algunas prácticas de la censura a posteriori al referirme a la legislación sobre censuras de España. Pero la Inquisición también examinaba las librerías: sus familiares se presentaban en una e iban cotejando los índices con lo que había en los anaqueles. Y más de una vez se pretendió que los libreros tuvieran listas de sus clientes con sus compras.

El mismo procedimiento se utilizaba con las bibliotecas particulares o de instituciones, y esto se hacía sistemáticamente, al aparecer cada índice nuevo.

Del mismo modo que con solo habérsele abierto un expediente, un individuo ya quedaba socialmente dañado, con aparecer en un índice, un autor quedaba ya, en cierto modo, maldito. Recordemos al gran Juan Huarte de San Juan, cuyo Examen de ingenios para las ciencias de 1575 (con 70 ediciones hasta 1700) tuvo que ser expurgado y el autor lo hubo de corregir para la segunda edición. Desde entonces, Huarte guardó silencio y no volvió a escribir. Más valía eso que la infamia inquisitorial.

Las razones que podía dar algún informador a la Inquisición sobre la conveniencia o no de incluir un libro en un índice, eran sobre todo pedagógicas. Se entendía que aquello que no fuera edificante turbaba la mente del pueblo, sobre todo las de los inmaduros (incluidas las mujeres), y que por lo tanto no debía ser publicado: así no es solo cuestión teológica o moral lo que se persigue, sino una pedagogía edificadora. Se ansiaba acabar, entre otras cosas, con la «literatura basura» de entonces, y en ese sentido los libros de caballerías se llevaron la palma, así como aquellos autores (cabría destacar a los grecolatinos y a los renacentistas italianos) que en sus escritos no mostraban nada edificante, antes al contrario, corrompían la moral: el Ars amandi de Ovidio, el Asno de oro de Apuleyo, el Decamerón de Boccaccio y otros muchos.

Pero tan cierto es que había prohibiciones, como que había obras prohibidas más o menos resguardadas o disimuladas en las bibliotecas.

En 1554 una cédula real explica por qué se empeñaba el rey en controlar las publicaciones:

Porque somos informados que de haberse dado con facilidad licencias de impresión, se han impreso libros inútiles y sin provecho alguno, y donde se hallan cosas impertinentes.

En el Índice de 1640 se expresa con claridad:

Prohíbense asimismo los libros que tratan, cuentan y enseñan cosas de propósito lascivas, de amores u otras cualesquiera, como dañosas a las buenas costumbres de la Fe cristiana.

Ahora bien, los mismos aires de persecución de la libertad de pensamiento y expresión soplaban en España y en el resto de Europa, en el mundo católico y en el protestante. El mal de la Inquisición estuvo sin embargo en que cuando en Europa a lo largo del XVII empiezan a plantearse rupturas con el pasado, abriéndose con ello un nuevo camino, en España esas semillas nunca llegaron a sembrarse, o hubieron de hacerlo desde la sombra de la disimulación (en contra de esto, las cartas de Menéndez Pelayo, por ejemplo).

Los catálogos se preparaban contando con el asesoramiento académico, de manera que la Inquisición siempre buscó hacer un trabajo colectivo en el que se comprometieran los hombres de letras. Así no es de extrañar que a la promulgación de un índice siguieran las quejas y las críticas por considerar que tal o cual inclusión (o exclusión) se debía más a criterios subjetivos (de un hombre contra otro) que a cuestiones teológicas.

A la hora de censurar se prestaba atención a las cuestiones de fondo (la inclusión de proposiciones heréticas, o —en ciertos momentos— los ataques políticos) y también a las formales: así, revisar la portada permitía acercarse al autor (desde mediados del XVI se prohíben los anónimos), o ver el pie de imprenta y, si este era de Ginebra, la Alemania protestante u Holanda, el libro resultaba retirado. También formalmente se atendía a la lengua: el latín para los cultos y los clérigos, y el romance para el vulgo, de manera que no hubiera catecismos, libros de misa o biblias impresas en lenguas vulgares.

Pensar en España llegó a ser peligroso y leer también por el ambiente —sórdido— de recelos y suspicacias que imperaba. No se prohibía solo por lo que se decía, sino por el uso que pudieran dar a la obra en cuestión los enemigos de la fe, y también por la interpretación errónea que de tal o cual pasaje pudiera hacer un lector o un espectador. Y era la Inquisición la que decidía qué iba a interpretar el receptor del escrito: es decir se juzgaba y condenaba antes aún de cometerse el «delito».

Cervantes escribió en La elección de los alcaldes de Daganzo una de las sentencias más repetidas por las que encontramos en la Inquisición y su ambiente un freno al desarrollo de la cultura en general. Allí un individuo pregunta a otro:

—¿Sabéis leer?

—No por cierto, ni tal se probará que en mi linaje haya persona de tan poco asiento, que se ponga a aprender esas quimeras que llevan a los hombres al brasero, y a las mujeres a la casa llana.

El libro se había convertido en un monstruo capaz de transmitir ideas heterodoxas y atentados contra la unidad de la Iglesia. Había que prevenirse contra él.

Desde finales del XVIII o principios del XIX hasta nuestros días, se ha debatido sobre las consecuencias de la Inquisición en la cultura española. La postura conservadora, que tuvo —y tiene— en Menéndez Pelayo su punto de referencia, afirma, a grandes rasgos, que la incidencia de la Inquisición sobre la creación literaria fue mínima, como queda claramente demostrado en que uno de los momentos de creación literaria más ricos de la literatura universal, lo da Castilla entre 1550 y 1650.

La postura liberal, por su parte, buscando un culpable del retraso científico español, lo encuentra, precisamente, en la Inquisición: esta es la responsable de nuestra situación, pues no habiendo bases sólidas en el siglo XVII, España no se pudo subir al tren de la revolución científica de ese siglo, ni pudo seguir el empuje de la Revolución Industrial. Demasiado simplón.

Pero esto, en realidad, es mucho más complejo. Obviamente, la creación literaria de nuestro país fue riquísima; pero también nos quedamos a años luz de lo que se producía científicamente fuera a finales del XVII, aun a pesar de las épicos esfuerzos de los novatores; la Inquisición no impidió todo, no fue la única responsable del atraso; ¿qué es la Inquisición, sino una mentalidad también adoptada por muchos? Cuando por vez primera se suprimió temporalmente la Inquisición, en las Cortes de Cádiz, el acuerdo se adoptó por 90 votos a favor y 60 en contra.

Las relaciones de la Inquisición y de la literatura son un tanto singulares. Como todo aparato censorio, va en cierto sentido por detrás de lo que va a censurar, y, en segundo lugar, muestra la formación cultural (en menor medida la benignidad) propia del censor.

La genialidad de nuestros autores del Siglo de Oro radica no solo en los temas de que tratan y la manera de exponerlos, sino en su capacidad de burlar a la Inquisición.

Según avanza el tiempo, entrados ya en el XVIII, predomina cierta pereza o ignorancia a la hora de censurar. Si antes los expurgos, el tachado de una parte del libro, eran algo común, y demostraban, además cierto respeto por la obra en su conjunto, y desde luego que había sido examinada y que se había debatido sobre la conveniencia o no de su mutilación, en el último siglo de la Inquisición las listas de obras prohibidas en su totalidad son profusamente largas, al tiempo que con frecuencia las prohibiciones se decretan decenas de años, o incluso medio siglo después de haberse editado la obra.

Indudablemente, no se puede llamar atrasada a la cultura de Cervantes, Lope, Quevedo o Calderón. Pero pensar que los escritores españoles de los siglos XVI y XVII no se las vieron con la Inquisición es absurdo.

El primero fue Antonio de Nebrija (1444-1522). Andaba preparando unos comentarios a ciertos pasajes de la Biblia cuando el inquisidor Deza, el sucesor de Torquemada, le impidió seguir escribiendo.

El segundo foco de persecución fue el erasmismo. Obras de Erasmo o de sus seguidores en España, estaban mal vistas ya desde 1530; muchas son señaladas antes de aparecer el primer Índice, de modo que algunos títulos escritos en esa década, incluso impresos, siendo prohibidos después por el Índice de Valdés o por el Quiroga de 1583, no se volverán a reeditar hasta el siglo XVIII o incluso el XIX. Y eso que Erasmo contaba con el aprecio del propio Carlos V, quien logró mediante una reunión de teólogos en Valladolid, en 1527, que no fuera considerado totalmente heterodoxo. La lista de erasmistas perseguidos es larga, y hay desde hebraístas a impresores de libros que aplauden los escritos del holandés... muchos han de exiliarse (Pedro de Lerma muere en París en 1541 siendo decano de la Sorbona), y otros mueren en prisión, o relajados (el helenista Juan del Castillo, en Toledo en 1537), o son reconciliados tras sufrir la correspondiente humillación. El nieto de Jorge Manrique, hijo del inquisidor Manrique y llamado Rodrigo Manrique, escribía en 1534 a Luis Vives:

Cada vez resulta más evidente que ya nadie podrá cultivar las buenas letras en España sin que al punto se descubran en él un cúmulo de herejías, de errores, de taras judaicas. Se les ha impuesto silencio a los doctos...

Fragmento que recuerda tanto al de Juan Luis Vives, o al de Cervantes, y que muestra en sus albores lo que sería el pavonearse por ser analfabeto.

La tercera generación de pensadores perseguidos se da ya en tiempos de Felipe II: Arias Montano, Fray Luis de León (cinco años en las cárceles vallisoletanas) o el Brocense (muerto en cautividad); Gaspar de Grajal (muerto en prisión), Martínez de Cantalapiedra, Gudiel (muerto en prisión). Otra carta escrita por estas fechas, se asemeja a la anterior. Entre una y otra transcurren tres décadas. Esta es de El Pinciano y de 1566:

Lo peor de todo es que querían los inquisidores que nadie se aficionase a estas letras humanas por los peligros, pretenden ellos, que en ellas hay [...]. Semejantes necedades me tienen desatinado.

Se producían obras de humanidades, sí. Pero se estaba entrando en un camino tortuoso en el que, salvo lo conocido por todos, los demás no hacían más que repetir lo anterior: faltaba, pues, originalidad.

Este problema de la ignorancia, la falta de originalidad y la reiteración de conocimientos y opiniones asentadas siglos antes, es común también en la filosofía. Si hasta mediados del XVI la nómina de nuestros pensadores en este terreno también es riquísima, como sucede con los teólogos, después de la prohibición de 1559, la clausura de Trento en 1563, y los Índices (de Quiroga sobre todo, aún más que el de Valdés), este terreno del intelecto queda relegado a que quienes se ocupen de él sean individuos grises, incapaces de enfocar los nuevos tiempos con ideas nuevas.

Como escribió Ángel Alcalá, «el poder coercitivo del Santo Oficio y su peculiar “pedagogía” fue tal que apartó a los intelectuales españoles de la actividad creadora científica y filosófica y los obligó a concentrarse en una orientación estética», en los terrenos del arte y la literatura. O si no, a repetir.

COMPORTAMIENTOS SOCIALES, INCLUSO SIN VERLE EL ROSTRO A UN INQUISIDOR

En definitiva, ante este panorama social, con esta institución que perduró casi cuatro siglos, olvidarse del sustento social que tuvo es querer mirar hacia otro lado. La Inquisición fue un instrumento usado por unos para su promoción, cerrando la movilidad social a los otros. No hay duda: la aristocracia y la nobleza urbanas que veían en el ascenso de los cristianos nuevos firmes competidores para arrasarlos de sus puestos, vieron con sosiego la aparición de la Inquisición. La burguesía cristiano-vieja podía encontrar en ellos competidores victoriosos, pero en todo caso, lo que habría que hacer sería unirse a ellos, no esquilmarlos (está muy claro que hay muchos puntos en común entre hombres de tratos y mercaderías cristianos viejos y conversos y que el populacho a todos los opulentos los tenía por herejes) y el pueblo llano, poco podía plantearse, salvo acabar por la vía de la violencia, llegado el caso, con estos que ya aparecían como sus superiores sociales: ¡cuántos conflictos entre el campo y la ciudad no son más que explosiones de ira contra el poder!

Llegamos así a 1449. En ese año el cabildo municipal de Toledo impondría que, para pertenecer a él, había que demostrar limpieza de sangre, es decir, no haber tenido antepasados judíos ni conversos (adviértase que un noble puede haberlos tenido y por ello, no ser limpio de sangre, pero sí ser noble). La pregunta que nos asalta inmediatamente es la siguiente: ¿quiénes salían beneficiados de este procedimiento de exclusión? Naturalmente los cristianos no, porque un converso verdadero fuera cristiano y quedara perjudicado; los cristianos viejos, tampoco, porque un campesino no podía aspirar a tal dignidad; los hidalgos urbanos tampoco, porque podían tener ascendencia conversa. La respuesta es fácil si unimos dos grupos sociales: los beneficiados serían los hidalgos urbanos (por contraposición a la burguesía urbana) que, además, demostraran cristianía vieja.

Esta es la clave: la limpieza de sangre benefició a los hidalgos urbanos cristiano-viejos porque así cerraron el ascenso social en las ciudades a los incómodos conversos. Este nuevo «puesto» en la estratificación social pronto se derramó por el resto de la sociedad que lo usó con ensañamiento. Desde mediados del XV la polémica sobre la licitud moral de la implantación de los estatutos de limpieza de sangre quedó servida. Los individuos de las instituciones que los adoptaran mostrarían a sus congéneres su «superioridad» social (no intrínsecamente racial, aunque el elemento de la raza apareciera pronto fundido con el de la religión). Entrar en esos «clubes» cerrados (un cabildo lo era; un ayuntamiento, no digamos; una universidad también; una orden religiosa igualmente; la cofradía o el gremio, tres cuartos de lo mismo) era una aspiración, una norma de comportamiento para todo aquel que se preciase. Ahora bien, intentar entrar y ser rechazado, ¡qué humillación al linaje, al individuo, a sus descendientes! Por eso era un riesgo tan grande solicitar entrar en una orden militar y, una vez que se hubiera entrado era tan prestigioso ser caballero, porque las probanzas de limpieza eran (en el XVI) rigurosas y serias.

Llegamos a 1492. Se decreta entonces o el bautismo o la expulsión (no solo la expulsión). Se convierten (¡a saber en verdad cuántos!) algo menos de un cuarto de millón de judíos, en una población en Castilla y Aragón que no llegaba a los cinco millones. Si, supongamos, la mitad hubieran sido varones y la otra mitad mujeres, después de 1492 podrían haberse constituido varias decenas de miles de familias nuevas en las que, al menos uno de los componentes hubiera sido converso de 1492. Y a la generación siguiente, otro tanto, de tal manera que hacia 1550 podría haber ¿trescientos, cuatrocientos, quinientos mil? descendientes de aquellos conversos de 1492, pero que al ser cristianos tenían las mismas obligaciones y derechos que los demás súbditos del rey. Pero ¿y si judaizaban «totalmente» o «parcialmente» en secreto?; además, si acostumbrados a ver en sus familias actitudes que, en la madurez hubieran adivinado ser judaicas, ¿qué hacer? Finalmente, ¿cuántos perdieron su pasada y no añorada identidad y eran buenos —excelentes— cristianos sobre los que pesaba la espada de Damocles de un bisabuelo judío?

La movilidad social hubo de buscarse de otra manera y se consiguió, según hemos podido ver en este libro. Movilidad que amparó, por supuesto, a los cristianos viejos, bien activa, bien pasivamente, bien implícita, bien explícitamente. Pero los demás hallaron sus nichos de supervivencia, o de promoción.

Durante el XVI, a la par que se fue fraguando la idea de que en lo alto de la estratificación social estaba la limpieza de la sangre (la cuna limpia), irá consolidándose otra idea más: solo puede ser admirado el que haya llevado una vida noble (vida limpia), lo cual implicaba que no se hubiera ganado el sustento con el trabajo de sus manos y con el amasar fortunas. De esta manera no era solo la ascendencia conversa la que quedaba manchada, sino también la práctica laboral. El fenómeno, estudiado por Gutiérrez Nieto, tuvo su momento de esplendor a partir de 1550. Es la época que él llama «manierista» de la sensibilidad anticonversa, porque ya no son solo razones político-sociales, sino también los modos del comportamiento, las maneras. Los hidalgos quedaron categorizados de una manera y los burgueses (por confusión y antonomasia los conversos) de otra, siendo ambas irreconciliables.

¿Cómo actuó en la sociedad el criterio de exclusión por razón de los orígenes? Existían exclusiones personales: un testador crea una capellanía o un mayorazgo e impone que los beneficiarios nunca pudieran emparentar con conversos; una institución implanta estatutos; en definitiva, hay una suerte de «muerte social» del converso y de sus descendientes, lo que es increíble en la España de Felipe II, porque no olvidemos que la última conversión habría tenido lugar en 1499, cuando se les prohibió volver a Sefarad definitivamente (recordemos que a los judíos que volvieran a bautizarse se les permitió hacerlo entre 1492 a 1499, año en el que se les cerraron las puertas definitivamente), es decir, hacía ya siglo y medio… ¡alrededor de cuatro generaciones!

Gutiérrez Nieto ha señalado cuatro fases fundamentales en la discriminación anticonversa. La primera, hasta 1480, que se circunscribe sobre todo a corporaciones municipales y cofradías nobiliarias. Grupos de pecheros, pero cristiano-viejos, fomentan la discriminación. La segunda, hasta 1520. Entonces la discriminación se traslada, esencialmente, hacia instituciones religiosas. La tercera etapa, hasta 1540, en que florecen por doquier los estatutos, la persecución protestante, los intentos de confundir a los luteranos con los conversos y prolifera el neohidalguismo. La cuarta etapa cubriría el reinado de Felipe II: se abre, por reacción a su difusión, con una masiva —e inútil— contestación a los estatutos y se da la llamada «tibetización» de Castilla (Américo Castro; Gutiérrez Nieto).

Esta persecución al converso implicó, indudablemente una crisis de la burguesía castellana. Y así se llegó a los años finales del XVI y principios del XVII. Curiosamente, en 1593 la Compañía de Jesús impuso estatuto de limpieza, en contradicción con los deseos de San Ignacio. Hasta tal punto había llegado la presión estatuaria. Pero, a la vez, se cayó en la cuenta (de mano de muchos arbitristas-reformadores sociales) de los males que acarreaba la carencia de esa medianía social. Igualmente, fue época de exaltación de la agricultura y, naturalmente, solo había una manera de enaltecer al campesino: reconociéndole su dignidad social por medio del reconocimiento de su limpieza de sangre, juego en el que participaba y que aceptaba porque, a lo menos, tenía un rasgo de cualidad. Tales contradicciones parecen mostrar que el problema converso estaba dejando de serlo, que se resquebrajaba. Tan es así que en tiempos de Olivares parece resuelto el fenómeno. Él —como Lerma— era enemigo personal de la discriminación por la sangre. Para acabar con ella, se esforzó con diversas medidas, entre otras al dictar la ley de los tres actos positivos, por la cual toda familia que hubiera demostrado en tres ocasiones su cristianía vieja, no tenía ya por qué volver a ser examinada por ninguna institución. A mediados del XVII todo parecía haberse olvidado ya. Mas las finanzas de la Monarquía andaban apretadas y pasó lo que pasó y que ya he relatado antes.

No será hasta la convulsa etapa de Carlos II cuando entre en decadencia, olvido, desaparición este elemento de estigmatización, bien es verdad que, estando toda la sociedad en contracción, también lo estaba el espíritu combativo, acaso porque no quedara. Solo el auto de fe de 1680, o más tarde los procesos de 1720 a 1730, o el cierre de fronteras contra la Revolución Francesa, trajeron a la memoria épocas pasadas.

José Bonaparte abolió la Inquisición y las Cortes de Cádiz también (1813). Fernando VII la reinstauró (1814) y afortunadamente desapareció institucionalmente en 1834.

¿Pero ha desaparecido sociológicamente?

SIN DOCUMENTOS NO HAY HISTORIA QUE VALGA

En las páginas anteriores he expuesto cómo una institución creada para la persecución de la herejía, se convirtió según los tiempos lo pedían, en una institución política y en el gran mecanismo para evitar la promoción social de los unos, y la exaltación de los pertenecientes a su grupo, los limpios de sangre.

La mayor parte de los documentos, de los kilómetros de documentos que se conservan sobre la Inquisición están en el Archivo Histórico Nacional porque con la Desamortización y la creación del nuevo Estado, los consejos entregaron allí sus papeles. Solo hubo unas cuantas excepciones, de entre las que la más famosa es que la documentación del Tribunal de Cuenca está en Cuenca.

No obstante, se puede rastrear documentación «descolgada» de ese cuerpo central en Simancas, y en otros lugares. Incluso en su día manejando los papeles de Llorente en París, pude ver un extenso expediente de un individuo 14 veces polígamo.

A continuación sintetizo unos pocos documentos, precisamente de esos que no están en su lugar «natural». A esa curiosidad añado que comoquiera que los trabajos de los tribunales de la Inquisición, y los del Consejo eran muy sistemáticos y sujetos a derecho, unos cuantos documentos sintetizan a la perfección qué fue la institución.

Así que vamos a ello:

Fíjese el lector en las fechas, en el lugar de depósito del documento y lógicamente en los contenidos.

Un blasfemo

Estamos en Granada. Es lunes, 12 de marzo de 1590. Un cuchillero, Alonso de León que tiene veinticuatro años, ha pedido audiencia ante el inquisidor, doctor Salcedo. Resulta que ayer estaba viendo cómo jugaban cuatro individuos a las cartas (de los que no conoce la identidad de todos) y que al acabar uno de los juegos, un tal Gutiérrez, zapatero, proclamó que había ganado los cuatro juegos, a lo que el declarante le dijo que no y se lio el alboroto: «Votaba a Dios [el zapatero] que era verdad. Yo volvía a decir lo que había dicho y por decirlo dije “voto a Dios que no creo en ese Dios que decís”, no mirando lo que decía con la cólera que tenía y los que estaban presentes dijeron que mirase lo que había dicho. Yo respondí que si había dicho mal me arrepentía de ello y así vengo ante vuestra señoría a pedir misericordia y a Nuestro Señor perdón de lo que [borrón] le ofendí». Curiosamente aparece una firma y rúbrica de Alonso de León, aunque declarará más adelante que era analfabeto.

Es el 13 de marzo de 1590. Es el inquisidor el doctor Salcedo y está en audiencia. Manda pasar a un declarante, a un testigo. Este es un varón, Alonso Díaz, tratante en latonería que tiene una tienda junto al cobertizo de San Gil en Granada. Tiene cuarenta años de edad.

Entra a declarar en descargo de su conciencia porque antes de ayer estaban en su casa jugando a los naipes un tal Pedro de Ochoa y otro Pedro Gutiérrez, zapateros y Luis de Vargas, que labra hoja de Milán. Estaba viéndolos Alonso de León, cuchillero. La necesidad de más léxico del juego es innegable. Al parecer hubo una discusión sobre si habían ganado uno o dos, o más juegos y en medio de la bronca «Pedro Gutiérrez dijo “voto a Dios” o “juro a Dios” que he ganado, en quien creo […]y adoro y el dicho Alonso de León respondió a esto habiendo porfiado entre los dos y estando enojados, “no juréis que no quiero creer en ese Dios que vos decís” y reprendiéndoselo todos tornó a decir que “es falsamente lo que vos decís”, encogiéndose. Y que esta es la verdad y lo que pasó».

Al bocazas del tal Alonso de León el cuchillero se le iba a caer el pelo.

El tribunal tenía indicios suficientes para empezar a llamar a los testigos, a los jugadores. Al primero que llamaron es a Luis de Vargas, que era «mozo» de unos veinte años de edad. «Preguntado dijo que sospecha que es llamado para decir cómo el domingo en la tarde […] estando jugando este y Pedro Gutiérrez y Alonso Díaz y otro que no lo sabe el nombre, los estaba mirando Alonso de León, cuchillero…», etc. En fin, se le preguntó si sabía de qué «casta» era el tal León y dijo que no; tampoco firmó porque no sabía firmar.

Luego entró el zapatero Pedro Gutiérrez, que tenía cuarenta y nueve años. Dijo lo mismo que el anterior. Juró guardar secreto de lo visto. No firmó porque era analfabeto.

Pedro de Ochoa era oficial de zapatería y tenía diecinueve años. Contó lo mismo. Firmó. Debió de poner pies en polvorosa porque al margen de su declaración consta un «no ha podido ser habido este para ratificarse».

Al pobre cuchillero se le iba a caer el pelo, porque el inquisidor había preguntado que de qué casta era. Se estudiaron las declaraciones. Se decidió continuar el proceso.

Las respuestas de Alonso de León son antropológica y etnográficamente, maravillosas.

Se le preguntó por sus padres. Respondió que eran Alonso Camaño de León, urdidor de seda y Leonor Jiménez, ambos difuntos. El padre era de Mansilla de las Mulas y ella de Belvís, en el obispado de Plasencia. De los abuelos paternos y maternos ya había perdido la memoria, «no sabe cómo se llamaban», pero que eran de Mansilla y Belvís.

Se le preguntó por sus tíos paternos, «dijo que no sabe si los tiene». De los maternos, recordaba a Juana Jiménez, de Belvís, casada, pero no sabía el nombre de su esposo. Los mismos vacíos venía a tener de otros dos más.

Se le inquirió por sus hermanos (adviértanse los apellidos): Juan de Moraleja era sillero de sillas de caballos y vivía en Granada. María de León era mujer de un guarnicionero de espadas, de Granada. Catalina de León era mujer de Francisco Zaballos, sillero también como el otro. Todos vivían en San Gil.

Con respecto a su mujer e hijos: casado con María Álvarez y sin hijos.

Y añadió, «todos los que tiene dicho son cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros y judíos y de otra diversa ley de nuevamente convertidos y que a ninguno de ellos ha tocado la Inquisición que este sepa».

Él, por supuesto, era cristiano bautizado, oía misa los domingos, confesaba, comulgaba, etc.

El interrogatorio continúa. Y el presunto delincuente declara, como si de un Sancho Panza se tratara, o un aspirante a alcalde de Daganzo que «dijo las cuatro oraciones de la Iglesia bien» y que «no ha salido de estos reinos y que no sabe leer, ni escribir, ni ha estudiado ciencia ninguna».

Pero lo más triste de todo es la poca autoestima del cuchillero, que junto con lo anterior se tiene casi como eximente de poder ser un hereje:

Preguntado por el discurso de su vida, dijo que nació en Granada y aquí se ha criado y casado y residido hasta el presente.

En fin, preguntado si intuía por qué estaba declarando, dijo que se imaginaba que era por el incidente de las cartas.

El proceso siguió su curso. Por las causas que fuera, a Alonso de León le tenían ganas. Y especialmente el fiscal, el doctor Claudio de la Cueva. De manera implacable y solemne le acusaba de haber «dicho y afirmado muchas palabras heréticas, escandalosas y mal sonantes contra nuestra santa fe católica y fe evangélica». Esas «muchas palabras heréticas» solo eran las de la partida de naipes, pero al no parecer suficiente semejante acusación, este fiscal continuaba con sus insinuaciones, «y ha cometido otros muchos delitos contra nuestra santa fe católica, de que a su tiempo protesto acusarle», o sea, que no tenía de qué acusarle hoy y ahora. No obstante lo cual, «está muy sospechoso de hereje» y solicitaba contra el cuchillero «las mayores y más graves penas que están establecidas» ¿Qué pasaba en Granada en 1590 para tanto ensañamiento?

Y se abrió proceso público de testigos contra Alonso de León. Y acudieron los mismos testigos a declarar lo mismo.

Ya corría el 14 de septiembre de 1590 cuando Alonso de León recurrió la acusación del fiscal porque él era y así se tenía, por buen cristiano y además era cristiano viejo. Es más, habían sido llamados varios testigos a declarar a su favor, conocidos y familiares.

Por fin, el 22 de septiembre los consultores inquisitoriales propusieron dictar sentencia contra el blasfemo herético de la partida de cartas: «Dijeron que se le dé una reprehensión».

El 27 de septiembre se le comunicó la pena, «fue reprehendido conforme a lo notado en consulta de suso», que no consta sino un «suspenso» en la carátula del expediente. Por cierto, el abogado defensor cobró cuatro reales por los «derechos de mi abogacía».

Todo esto se conserva en la Real Academia de la Historia, 9/ 4492-1. Lo que no se conserva por ningún sitio es el miedo de Alonso de León desde entonces, el escarmiento a los tahúres, o los siete meses que pasaron desde que el primero, para tranquilidad de su conciencia, empezó a declarar contra este Alonso de León… ¿acuciado en aquella sociedad del miedo? Por cierto, eso sí que es verdad, que probablemente ninguno de ellos aspirara a movilidad social, a ascensos sociales, salvo a vivir tranquilos como cristianos viejos, hasta que unas coléricas palabras durante una partida de cartas en una tarde de domingo, arruinaron la vida a este personaje.

Un judaizante

En 1666 se dictó sentencia contra un «Jorge Rodrígues, residente en Álora». Jorge Rodrígues era natural de «la Puebla en Portugal» y cuando se le procesó tenía sesenta años. Su profesión en Álora era que «se ocupaba de vender azafrán».

Jorge Rodrígues era «cristiano bautizado y confirmado», pero se había pasado a la «antigua y derogada ley de Moisés haciendo sus ritos y ceremonias creyendo salvarse en ella cometiendo delitos de infiel hereje, apóstata de nuestra religión, siendo […] encubridor de herejes, perjuro, excomulgado», etc.

Las pruebas relatan sucesos de tiempo atrás, que muestran que era un hereje de tomo y lomo: «Siendo este reo de edad de once años» fue conminado por sus deudos a practicar la ley de Moisés, cuyos usos, costumbres, ritos, oraciones y creencias se describen profusamente en el proceso y sobre todo, aquellos actos a los que estuvo presente el reo y que se podían demostrar con testigos.

El día del juicio era llegado. «Habiendo sido preso», estaba «en audiencia que pidió este reo de su voluntad, dijo que era cristiano bautizado y confirmado y que es de casta y generación de judíos hebreos y que no presumía la causa de su prisión». O sea, que el reo, preso, de su voluntad había pedido declarar, sin saber de qué se le acusaba. Se le dieron las «tres moniciones», advertencias para que dijera de qué «sospechaba que pudiera estar acusado» y entonces, finalmente se le dijo lo que ponía en la acusación: «Respondió a ella con juramento ser verdad lo en ella contenido» y que había guardado y observado «la ley de Moisés haciendo sus ritos y ceremonias por el tiempo referido en la dicha acusación». Hecha la autoinculpación, se le entregó la acusación y nombró letrado. El fiscal dio por concluido su trabajo. El tribunal pidió a los testigos que se ratificaran, como así lo hicieron. El reo declaró que desde que tenía doce años (desde aproximadamente 1618 y Portugal… todo encaja) «había seguido y observado la ley de Moisés» para salvarse en ella, negando la transubstanciación y la confesión.

Sin embargo había vuelto a la ley de Cristo y pedía poder en ella «vivir y morir». Nunca, añadía había confesado haber vivido en la ley de Moisés «temiendo ser descubierto»; o sea, por miedo. De sus errores estaba muy arrepentido, «pesándole mucho de haber cometido tales errores, de lo cual pedía a Dios y a Nuestro Señor Jesucristo perdón y a este Santo Oficio penitencia con misericordia» y que la recibiría con toda humildad.

La causa por la que abandonaba la ley de Moisés había sido porque no creía que se pudiera salvar en ella y por «la inquietud que tenía en su conciencia después de haber dejado la de Nuestro Señor Jesucristo y por los castigos que el Santo Oficio de la Inquisición hace a los que son observantes de la ley de Moisés».

A un su confidente en Álora —cuya identidad se oculta en el proceso— le había recomendado que acudiera a misa, que rezara el padrenuestro y que hiciera otras cosas cristianas, disimulando.

En fin, ya había material más que de sobra para dictar sentencia. Y así se hizo: no la reproduzco íntegra, sino en extracto: «Declaramos al dicho Jorge Rodrígues haber sido hereje, apóstata judaizante, fautor y encubridor de herejes», por lo que era excomulgado en pena de «excomunión mayor y en todas las otras penas e inhabilidades en que caen e incurren los herejes que debajo del título y nombre de cristianos hacen y cometen semejantes delitos y en confiscación y perdimiento de sus bienes» (que pasaron a la Cámara Real). Como quiera que durante su declaración pidió perdón por sus errores y mostró contrición y arrepentimiento y al Santo Oficio penitencia con misericordia, «considerando que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta», se le admitía «a reconciliación». Así es que «salga hoy día del auto con los otros penitentes a la presente iglesia en cuerpo, sin cinto ni bonete y un hábito penitencial de paño amarillo con dos aspas coloradas del señor San Andrés y una vela de cera amarilla en las manos donde le sea leída esta nuestra sentencia y allí públicamente abjure los dichos sus errores que ante nos tiene confesados», tras lo cual quedaría absuelto de la pena de excomunión y así pues «le unimos y reincorporamos al gremio y unión de la Santa Madre Iglesia Católica y le restituimos a la participación de los santos sacramentos y comunión de los fieles y católicos cristianos». Así quedaba reconciliado con la Santa Madre Iglesia.

No obstante, «le condenamos a hábito y cárcel perpetua», teniendo que llevar el hábito públicamente sobre sus vestiduras y que «guarde carcelería en la Cárcel de la Penitencia de esta Inquisición», además, que todos los domingos y fiestas de guardar haya de oír misa mayor y sermón en la iglesia de Santiago con los otros penitentes y que se confiese y comulgue las tres Pascuas del año; también se le prohibía vestir o lucir oro, plata, piedras preciosas, seda, chamelote o paño fino, ni andar a caballo, ni llevar armas…

[…] ni pueda obtener dignidades, beneficios, ni oficios eclesiásticos ni seglares que sean públicos o de honra, ni ejercer ni usar de las otras cosas…

Cosas que la Inquisición tiene vedadas a sus condenados. O sea, un muerto social.

El auto de fe se celebró en las afueras del convento real de Santo Domingo de Granada el 24 de febrero de 1666.

Se pregonó la sentencia que oyó Jorge Rodrígues, pues estaba a ella presente. Luego, abjuró según se transcribió en la documentación con un compungido «Yo, Jorge Rodrígues, natural de la Puebla en Portugal…». Concluida la larga abjuración fue advertido de que si volviera a caer en la herejía de apostasía «será relajado al brazo seglar».

Acto seguido se le hizo jurar mantener secreto de lo visto y oído en la cárcel.

Finalmente, «fue entregado el dicho Jorge Rodríguez a don Antonio Vázquez de Contreras, alcaide de la cárcel perpetua al cual se mandó tuviese cuenta con él y el dicho alcaide se dio por entregado y lo llevó consigo preso y lo firmó».

Aquí termina la historia de Jorge Rodrígues, cuyos sesenta años de vida y su proceso inquisitorial nunca hasta ahora habían salido a la luz. En esto queda resumida su existencia y su abjuración y condena. El expediente está en la Real Academia de la Historia, 9/ 4492-2.

Los inquisidores al servicio del rey

En esta ocasión estamos en Zaragoza y la pluma de los capellanes firma la carta a Felipe III el 13 de septiembre de 1605. «Ayer se celebró auto público de la fe en esta Inquisición al cual salieron las personas con las penas y por los delitos que Vuestra Majestad verá por la Relación que va con esta». Tenían la esperanza de que lo acontecido, que había sido en defensa de la fe y castigo de los delincuentes, sirviera para «ejemplo del pueblo» que fue al auto de fe «con la devoción que acostumbra» (¡porque al pueblo le gustaban estas demostraciones!). Pero, en fin, el envío de la Relación al rey tenía un propósito:

Suplicamos humildemente a Vuestra Majestad admita el buen celo y cuidado que en esto se ha puesto para más animar a los ministros de esta Inquisición: será obra digna de Vuestra Majestad el tener memoria de ellos y de lo mucho que de ordinario trabajan, haciéndoles merced en las ocasiones que se ofrecieren.

En el auto de fe celebrado en Zaragoza el 12 de septiembre de 1605 fueron condenadas ¡82 personas! Las penas se distribuyeron así: relajados en estatua o en persona, por heresiarcas, sodomitas, bestialistas, asesinos de un oficial de la Inquisición, hasta ocho personas; reconciliadas, 47, todos moriscos y condenados a varias penas de cárcel, pecuniarias y corporales; penitenciados con abjuración de vehementi, otros 10, en su mayor parte por admirar a Mahoma, puestos en tormento y condenados casi todos a galeras, a reeducación en conventos, y a penas pecuniarias; los de levi eran 16, cristianos viejos y moriscos, que habían cometido todo tipo de delitos y tuvieron todo tipo de penas; sin abjuración fueron condenados otros tres, por degollar reses de oreja a oreja como hacían los moros, o el otro por pagar para que no llevaran un libro a la Inquisición. A estos 82 habría que unir otros penados, sin auto de fe espectacular: desde el 31 de mayo de 1604 hasta el 12 de septiembre de 1605 se habían despachado 50 causas más, o sea, 132 en total.

Lo curioso es que todo este expediente se remitió al Consejo de Estado, en tiempos de Lerma (Archivo de Simancas, Estado, legajo 201).

Un auto de fe en Indias, despreciado por el virrey

En el mismo año, en 1605 llegó la comunicación de Méjico. Había sido el 25 de marzo. No había sido tan vistoso como otras veces y los inquisidores de la Nueva España se lamentaban de que el virrey marqués de Montesclaros no había estado presente al auto ni la audiencia, con gran queja de la Inquisición. «Lástima es ver que se trate de desautorizar la Inquisición que tanto se desvela y emplea en servir a Vuestra Majestad». La queja lleva explícito un pulso contra el virrey para ver quién sirve más y mejor al rey.

En esta ocasión fueron condenadas 18 personas más otras 18 fuera de auto de fe. Fueron reconciliados, uno por judaizar natural de Ferrara; otro por calvinista; un portugués por negar el sentido de las imágenes; otros tres por dar misa sin estar ordenados; cuatro por bígamos (uno de ellos cogido en Filipinas); cinco por diversos delitos y tres por blasfemos, uno de ellos griego (también AGS, E-201).

En su día, y aún hoy, me fascinaron los procesos abiertos a Los cristianos de Alá, de Bennassar.

Me he ocupado de gentes simples y sencillas. En otro lugar, he tratado otros procesos, como el de Carranza. Daba igual ser arzobispo de Toledo, que cuchillero. La Inquisición fue una gran institución que cumplió sus objetivos; que fue aplaudida por mucha gente porque perteneciendo a ella o a su estructura mental, podía ascender; pero también creó una sociedad medrosa, maledicente y, en último término, repugnante.

Eso sí, a la Inquisición —dicen— «hay que entenderla en su momento» (!). Lo que pasa es que su momento se estiraba como el chicle desde 1478 a 1834 y persiguiendo lo que fuera menester perseguir. No menos de 70.000 procesados.

EPÍLOGO

La apuesta, el libro, ha llegado a su fin. Las ideas en él contenidas, no. En este libro, así como en mi carrera científica he querido romper siempre la monolítica idea de la sociedad en singular aplicada (ni más ni menos) que a los siglos XVI y XVII. Para muchos, sobre todo los no historiadores, por necesarias razones de sintetizar, se podría ver todo como una unicidad inmóvil. Mas, sin embargo, si había instituciones sociológicas (los estatutos de limpieza) o comportamientos que perseguían la movilidad, ¿por qué duraron tanto? Además, si la adscripción a un grupo de referencia desde uno de pertenencia «inferior» se podía conseguir, y se podía conseguir con dinero, ¿no llevaba eso implícito una carga de movilidad social? Por otro lado, la matriculación en Leyes, en Derecho, superaba a las demás, de donde se deduce que los servicios a la Monarquía, independientemente de la cuna permitían también la movilidad social (los datos para los siglos XVI y XVII, estudiados por Kagan; para el XVIII, Mariano Peset y Fernanda Mancebo).

Sin duda, pues, que aunque fuera para un dos por ciento de la población (como mucho) la posibilidad de cambio social por los estudios, no parece un porcentaje desdeñable, máxime si se tiene en cuenta que podría significar salir de la herrería rural paterna, para llegar a algún oficio de Justicia donde quiera que fuera.

Ahora bien, tanto éxito tuvieron los estudios de derecho que —aunque sea decirlo exageradamente— las universidades se dedicaron a formar en su mayor parte a juristas o a juristas-teólogos, bloqueándose en sí mismas. La aparición de asociaciones como las Sociedades Económicas de Amigos del País (Bilbao, 1765; Madrid, 1775) vino a dar algo de aire innovador al panorama cultural en general. Sin embargo, la trágica invasión francesa de nefastas consecuencias en todos los órdenes, destrozó cualquier ideal esperanzador.

Por otro lado, durante casi dos siglos, o más, no se conocen fracturas en la organización —digamos— estatal de la Monarquía. Quiero decir que la revolución de las Comunidades (1520-1521) no fue seguida de permanentes alteraciones en Castilla, por citar solo esta corona, salvo algunos disturbios urbanos alrededor de 1590 y coincidiendo con años de pésimas cosechas, previos a la peste de 1596-1602, y en Aragón sus alteraciones por el asunto de Antonio Pérez. La siguiente oleada de disturbios, gravísimos, fue la de los años cuarenta del siglo XVII, con Cataluña y Portugal a la cabeza y luego otros movimientos populares en Nápoles y Sicilia. La guerra de Flandes fue por su duración, complejidad social, costes, carga ideológica, diferente a todo lo conocido.

La Monarquía fue un modelo de paz interna en toda Europa (porque en Francia tenían sus guerras de religión; en Inglaterra decapitaban reyes y expulsaban a los peregrinos hacia las ignotas tierras de América y en el Sacro Imperio la ficticia paz de 1555 con las cesiones de Augsburgo, ya había saltado por los aires antes de 1618 y la Defenestración de Praga que dio inicio a la Guerra de los Treinta Años), digo que ese modelo de paz tenía que ser vilipendiado para que no cundiera el ejemplo de lo católico como sosiego. El ataque al modelo se lanzó desde la propaganda y también desde las alianzas internacionales. Un par de fechas podrían ser los dos lustros cortos de 1580 a 1588 y luego el periodo de 1635-1640 en adelante. Mas aun con todo, aun a pesar de que dentro hubiera problemas (y más cuanto más viejo estaba Felipe II) la estructura del estado-monárquico no fue asaltada.

¿En qué radicó conseguir esa estabilidad?, ¿en aplicar cotidianamente contundentes medios represivos y sanguinarios que tanto habrían gustado a los amigos de la Leyenda Negra? No; no parece que esa sea una respuesta seria o plausible. Acaso se aplicaron otros mecanismos: a los ya aludidos, el de la formación en pro de la lealtad a la dinastía, mandada por Dios, que daba orden y paz, no como por ahí fuera; y además de la lealtad a la dinastía, la lealtad a la religión, a la única y verdadera que era la católica, que estaba reescrita desde Trento, con el papa a la cabeza, con miles de frailes, monjas y clero secular expandiéndola a diario; con una Inquisición que velaba porque no hubiera errores y porque, es verdad, que a la vista estaba que era la de verdad y la que generaba paz, sosiego y tradición. Leído el testamento de Elcano (lo cito entre otros miles) era imposible que él fuera luterano, seguidor de los escritos de fray Martín y de sus prédicas y costumbres sociales.

Esa lealtad a la dinastía y a la religión se manifestaba, en casos extremos, por medio del servicio de las armas. Las armas, que a su vez retroalimentaban la idea de la grandeza de lo propio porque los tercios eran invencibles. En más de una ocasión necesitados de reorganización, de mejoras y de retoques, por supuesto, porque el mundo de 1492 tenía diferencias con el de 1620. Era, también, un ejército costosísimo, como las armadas, pero son costes inherentes e irrenunciables a cualquier Monarquía o Estado.

Sobre todo cuando los enemigos estaban, o podían estar en casa, siendo herejes de Mahoma, o cuando estos enemigos intentaban entrar en la Europa cristiana asaltando las fronteras orientales de las tierras de la dinastía reinante. La maurofobia y la maurofilia son dos constantes de la cultura española de estos siglos. Y la solución drástica de 1609, la expulsión de los moriscos, una medida extrema para lavar la cara por haber firmado la paz con los herejes flamencos, la Tregua de los Doce Años de 1609, la misma semana que se decretó la expatriación. En fin, pocas veces, como en Cervantes, podemos encontrar un autor con tanta doblez ante los «moros».

Y eran costosos aquellos ejércitos y aquellas armadas porque había que consolidar posiciones en Europa y batallar contra los herejes. Demasiado infantil es pretender que no lo hicieran. El rey de España se convirtió en paladín del catolicismo, si bien es cierto que con ayudas de Roma. Estas más que directas lo fueron por el arbitrio de cederle el señorío de vasallos, para que el monarca se quedara con los impuestos y rentas que pagaran. El hecho es que convertidos esos pueblos en realengo, el rey procedió a su venta (a la venta de su jurisdicción) a señores laicos: más de un mercader enriquecido, más de un alto servidor real enriquecido se aprovechó de esta conversión y ellos dieron un servicio pecuniario al rey a cambio del cual empezaron a ser «señores de vasallos». En un par de generaciones, marqueses.

Otra de las palabras mágicas de aquellos tiempos fue la de «arbitrio». Pero también fue una manera de eludir la convocatoria de las Cortes. Al dar un arbitrio, esto es, destapar una renta real oculta, el arbitrista se llevaba un porcentaje de los beneficios y el rey, lo demás. Todos buscaron rentas ocultas y a todos les encantaba dar arbitrios, unos fiscales, pero otros técnicos y acabaron dándolos políticos, esto es, ofreciendo ideas sobre cuáles eran las enfermedades de la Monarquía y cuáles sus remedios. Olivares fue un gran arbitrista. Cuanto más se recaudara por vía de arbitrios, menos necesidad de convocar Cortes, que podían ser broncas. Las gentes del común criticaban a los arbitristas. Pero a las gentes del común les encantaba elevar arbitrios para ver si conseguían algo.

Y se dio la circunstancia de que aquella Monarquía amparó y apoyó las expediciones ultramarinas y la conquista de las Indias. Es decir, que aquellos que en el durísimo suelo peninsular no lograran unos medios para poder sobrevivir, siempre podían emigrar al otro lado del mar, esa gran válvula de escape de la presión que la pauperización cerraba acá, con los riesgos que ello suponía.

Con la emigración y la conquista, que no fue cosa solo de curas y militares, sino de hombres de letras también, y de artesanos y de todo, se trasladó un universo de ideas y esperanzas; también de las frustraciones peninsulares. Mas resulta impresionante cómo los castellanos fueron capaces de aplicar dos modelos diferentes de expansión, y lo hicieron simultáneamente: el de los presidios (presidios en el sentido de plaza fuerte y no de cárceles) norteafricanos, en los que no interesaba la conquista de territorio tierra adentro y que tenía mucho de modelo portugués, y el de Indias, de conquista de territorio, de educación de la población indígena, de implantación de leyes… de traslación de un imperio. Esa enorme capacidad de aplicación de dobles sistemas según conviniera cada cosa, se hizo igualmente con los ejércitos, pues a la vez se movían tercios que flotas; se bajaba a Túnez, que se desplegaban los pendones en Filipinas y más allá; que se exportaban ejemplares del Quijote, que Mateo Alemán publicaba en Méjico la primera gramática de la lengua española al otro lado del océano.

El Imperio español fue una construcción ciclópea, envidiada y asaltada por los enemigos de la dinastía y la religión. Sin querer hacer alharacas, pues no es necesario, lo que resulta admirable es, sin duda, el canon español dado a la cultura mundial, pero me ha interesado mucho ver los menudos pilares sobre lo que todo aquello se sustentó.

Lástima que a tantos y tantos españoles no les anime la grandeza y se sientan más a gusto en la poquedad... ¿y en el noventayochismo?

He querido enseñar que a la historia nos podemos acercar de otras maneras y por otras vías. Comoquiera que es un libro de reflexión, algunos apartados había que redactarlos sobre la convicción asimilada de los leídos. Es absurdo intentar, siquiera, dedicarse a poner notas a pie de página. Quedan muy eruditas, pero no son propias de un ensayo. ¡Ah, y además, siempre he pensado en la gran razón de Cervantes en los preliminares del Quijote (y el que quiera entender que entienda)! También hay páginas que no son nuevas, lo he dicho al principio del libro, pero es que afortunadamente como no he cambiado ni de opinión, ni de método de trabajo, hoy no sería capaz de hacerlo mejor que antaño.

Y sabedor de que no soy portador de toda la verdad, sino que con mucho gusto bajo a la arena a hablar con mis lectores, me gustaría darles respuesta a quienes alguna vez se hubieran preguntado sobre cómo los Austrias articularon su Imperio y su poder, con su sociedad. O al revés, cómo la sociedad mantuvo en alto el Imperio y el poder de los Austrias.

Desde el barrio de las Letras de Madrid, frente a los jardines del Palacio del Buen Retiro y el Prado, junto a las casas de Lope y Cervantes, que me dan ánimo a diario.

1 de noviembre de 2022.

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