A Mariza

¿Fueron tus ojos o tu boca?

¿Fueron tus manos o tu voz?

Fue a lo mejor la impaciencia

de tanto esperar... tu llegada.

¿Cómo fue? BENNY MORÉ

Contenido

PRÓLOGO

PRIMERA PARTE

1. EL PASADO INMEDIATO

Fox, el Alto Vacío

Calderón: la debacle panista

El retorno del PRI

Enrique Peña Nieto: la construcción de una candidatura

El “elegido” de Montiel

Candidato presidencial

El juego previo

Lucha intestina en el PAN

Todo se vale

La noche triste de Acción Nacional

Recuento de daños (dos sexenios panistas)

AMLO, el hombre que no sabía perder

El mensaje de las urnas: ¿regreso al pasado?

El “nuevo” PRI… el PRI de siempre

2. PEÑA NIETO: LOS PRIMEROS PASOS

Criterios para formar gobierno

Gabinete de mexiquenses (y algunos más)

¿Dos “vicepresidentes” o un “primer ministro”?

La restauración de la Segob

El Pacto por México

El golpe contra la Maestra

La “nueva estrategia” de seguridad pública

3. TRAZOS DE UN SEXENIO

2014: el aterrizaje del Pacto

La reforma energética, un mundo feliz

Pemex: ruina “cultivada”

Administrar la abundancia

Educar, ¿para qué?

El SNTE y la reforma

La CNTE: “por una sociedad sin clases”

Segundo Informe: Wonderland

La tragedia de Iguala

El país de lo mismo

Cleptocracia

“No tienen llenadera”

De obras y “sobras”

Cosmetología política

¿No hay recursos?

Corrupción en la “segunda alternancia”

Constructores “consentidos”

El compadre San Román

Los renglones torcidos de la ley

2015: elecciones intermedias, el “dinosaurio” sobrevive

Ajustes en el equipo

Turbulencia y reacomodos

Nochixtlán: ¿radicales contra ineptos?

Hacia un nuevo modelo educativo

Los papeles de Panamá

2016: comicios estatales, el voto de castigo

La visita de Trump y sus impactos

2017: elección mexiquense, última aduana

Regresión democrática

Fragilidad de las instituciones

Preparando el “blindaje” para el séptimo año

Un presidente incomprendido

Seguridad pública: falló la estrategia

Secuestros

Carreteras sin ley

El fracaso de los que “sabían cómo hacerlo”

Pacto por el Estado de derecho

SEGUNDA PARTE

4. LA SUCESIÓN EN LOS AÑOS DEL pri

Las reglas no escritas

La lógica del Gran elector

Lo que se anticipa

5. PARA ENTENDER LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

La maquinaria político-electoral

El candidato y su capacidad para conectar con el electorado

La disponibilidad de recursos políticos, judiciales y económicos, y la operación a ras de suelo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales

El legado, qué lectura hace la ciudadanía de los saldos de la administración que concluye y su impacto en el humor social

Los saldos del proceso de selección dentro de los partidos

La campaña, la estrategia electoral y las ofertas

Campañas de lodo

Los debates y posdebates

El posdebate

Los “amarres” con los poderes fácticos legales e ilegales

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en la sucesión

¿Inversión, retracción o fuga?

La Iglesia católica

El crimen organizado

El elector: ¿cómo votan los que votan?

Tipología del voto

La dispersión de las opciones (incluidos los candidatos “independientes”)

Los “independientes”

Las alianzas. Cuanto suman o restan a cada fuerza política

El árbitro y la autoridad electoral

Los impactos en la elección presidencial de la selección de candidatos a las gubernaturas, a los congresos federal y estatales y a presidencias municipales clave

El factor externo

Las redes sociales

El azar

Ponderación de las variables y estimación de ocurrencia

6. TRES ESCENARIOS PARA 2018

Escenario 1. La tercera es la vencida. López Obrador gana la presidencia

Conclusión

Escenario 2. Nueva oportunidad para el PAN (y sus aliados)

Conclusión

Escenario 3. Los astros se alinean: José Antonio Meade gana

Conclusión. Querer es poder

EPÍLOGO. ¿PARA QUÉ QUIEREN EL PODER?

Últimas palabras

Repensar México

ACERCA DEL AUTOR

CRÉDITOS

Prólogo

ESTE LIBRO SE PROPONE REALIZAR un corte de caja de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien encabezó el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República tras 12 años de gobiernos panistas. Balance que reclama, en retrospectiva, recuperar en líneas generales la manera en que Arturo Montiel convirtió a su Golden boy en el imbatible candidato presidencial de 2012.

El antecedente resulta indispensable porque advierto una línea de continuidad en las prácticas de esa franja del priismo que consolidó su hegemonía en la segunda alternancia. Una vez al mando del Ejecutivo federal, la cofradía mexiquense se apropió de los principales espacios de poder y estableció un estilo de gobierno que recupera muchas de las enseñanzas de don Isidro Fabela y de quien fuera su mayor exponente, el profesor Carlos Hank González, sintetizadas en una fórmula irresistible: la pulcritud epidérmica y, en contraste, los peores usos del poder.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha resultado la antítesis de lo que fueron las expresiones más notables del régimen posrevolucionario —significativamente, el cardenismo y sus consecuencias institucionales—, es decir, el corolario de las administraciones que, a partir de Miguel de la Madrid (1982-1988), impusieron el desmantelamiento del Estado social, decisión que en algo explica la facilidad con la que las bandas criminales reclutan a miles de jóvenes sin destino como “halcones” o sicarios.

La generación de mexicanos de hoy vive uno de los peores momentos de nuestra historia contemporánea; más dramático, incluso, que el oscuro periodo que arranca en mayo de 1993 con el asesinato en Guadalajara del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y culmina en el annus horribilis con la irrupción de la guerrilla indígena en Chiapas, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, la descomposición del clima político antes y después de la elección presidencial y sus gravísimas secuelas sociales, productivas y económico-financieras. Lo más duro de este tiempo, una década de “guerra” inútil que ha ensangrentado al país, reside en el desbordamiento criminal y en la incapacidad o colusión de las autoridades. El Estado ha sido desbordado y la sociedad vive con miedo.

Este estudio no pretende ser un examen exhaustivo de la administración 2012-2018, labor que corresponderá a historiadores y otros científicos sociales. En su lugar, busca identificar momentos emblemáticos que permitan revelar su naturaleza, su modus operandi y sus saldos.

Además, como parte ineludible de ese balance, se propone un acercamiento a la sucesión presidencial de 2018, proceso signado por la incertidumbre no sólo democrática —imposibilidad de anticipar el desenlace—, sino política en términos llanos, pues no parece haber duda de que el candidato ganador obtendrá el porcentaje históricamente más bajo para una elección presidencial (alrededor de 30% de los sufragios), legitimidad abollada que abre la puerta a serios conflictos poselectorales. El análisis de las principales variables que incidirán en el resultado, motivo del último capítulo, permite imaginar tres escenarios cuya probabilidad de ocurrencia desborda, necesariamente, el registro de “popularidad” de las casas encuestadoras:

1. LA TERCERA ES LA VENCIDA. LÓPEZ OBRADOR GANA LA PRESIDENCIA. Andrés Manuel López Obrador logra contener sus peores instintos y doblegar al enemigo interno: el reflejo maquinal del autócrata iluminado. La experiencia en algunas elecciones locales —Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Estado de México— obliga a replantear el esquema estratégico para convertir una obsesión en alternativa real de poder. La “pureza” imaginaria de Morena se mostró insuficiente —y en la Ciudad de México estuvo a punto de resultar contraproducente—. El tejido de alianzas con sectores de la izquierda social, académica y cultural, además de acercamientos serios con organizaciones de la sociedad civil no partidista, ayudan a disolver el fantasma de la amenaza “populista”. Asumir la agenda ciudadana contra la corrupción, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho, así como un programa económico y socioproductivo articulado por expertos, grupos civiles y académicos, abona a la confianza del electorado. La probabilidad del escenario es alta, pese a depender de la decisión de un caudillo.

2. NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL pan (Y SUS ALIADOS). Contra todo pronóstico, PAN y PRD logran traducir sus respectivas debilidades en fuerza unificada. La idea de un “gobierno de coalición” logra concretarse en una candidatura presidencial de centro-derecha avalada por grupos de la sociedad civil, franjas de la academia y activistas cercanos al mundo empresarial. El perfil de la alianza “ciudadana” consigue atraer a un electorado que reclama un cambio gradual sin ruptura institucional, es decir, continuidad del programa económico-productivo enarbolado en el Pacto por México, nuevo acento social y compromisos verificables contra la corrupción. La probabilidad de este escenario enfrenta varios retos: a) un candidato(a) que convenza a los electorados panista y perredista; b) diferencias programáticas en política económica, derechos civiles y libertades públicas; c) dificultades para diferenciarse de la oferta político-económica de la continuidad priista.

3. LOS ASTROS SE ALINEAN: JOSÉ ANTONIO MEADE GANA LA PRESIDENCIA. A contrapelo de los bajos niveles de aprobación presidencial, la mala gestión del gabinete y la dificultad del candidato para conectar con el electorado, el PRI mantiene la Presidencia de la República. La operación del Ejecutivo como maquinaria corporativa de alto rendimiento electoral, probada en los comicios mexiquenses de 2017, garantiza la continuidad del proyecto reformista de la élite gobernante. La fragmentación de las oposiciones, de izquierda y derecha, eleva el grado de factibilidad de este escenario. Sobre todo, de materializarse la postulación de dos candidaturas “independientes”: Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el Bronco. El horizonte transexenal ratifica la perspectiva inscrita en la candidatura de Peña Nieto en 2012: la adecuación del antiguo régimen a las condiciones de pluralidad y competencia en un entramado institucional que no alcanza los estándares de un auténtico sistema democrático. Con dos sexenios consecutivos, la “retención del poder” se convierte en amenaza legitimada en las urnas.

Como podrá advertirse, esta obra privilegia el estudio de los mecanismos del PRI a partir de un hecho incontrovertible: que el regreso a Los Pinos, si bien no le devolvió al presidente de la República su condición de Gran elector, sí le permitió decidir al candidato presidencial del partido gobernante.

•••

NOTA BENE: Este ejercicio se benefició, por una parte, de la investigación sobre el proceso de sucesión presidencial que realicé en 1994 y fue publicada bajo el título de Los usos del poder (México, Raya en el Agua, 1995), así como de los análisis que he realizado para distintos medios, significativamente la columna semanal que mantengo en El Universal desde mayo de 2007. Por la otra, de diversos análisis de mis colegas en Grupo Consultor Interdisciplinario, S. C.: Roberto Hernández López, Cosme Ornelas, Eduardo Camacho, Omar Báez y Mauricio Mercado.

PRIMERA PARTE

1

El pasado inmediato

Una revolución empieza a hacerse desde los campos de batalla, pero una vez que se corrompe, aunque siga ganando batallas militares ya está perdida. Todos hemos sido responsables. Nos hemos dejado dividir y dirigir por los concupiscentes, los ambiciosos, los mediocres […] Ahí está el drama de México.

CARLOS FUENTES,

La muerte de Artemio Cruz [1962]

EN 1994 MÉXICO VIVÍA LA PLENITUD del poder presidencial. Carlos Salinas de Gortari —“el mejor presidente de México desde don Porfirio”, como llegó a decir el ideólogo de los empresarios, Juan Sánchez Navarro— exudaba fuerza: entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA). Ya no seríamos parte de los países pobres, sino el tercer socio de América del Norte.

Pero, súbitamente, pareció descomponerse todo: la insurrección armada de indígenas “zapatistas” que inauguró el año; en marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la Presidencia; los secuestros de empresarios relevantes; la confrontación de fuerzas políticas y poderes fácticos que parecía anticipar el “choque de trenes”.

Sin la posibilidad de sustituir al candidato sacrificado por otro miembro del círculo íntimo (Manuel Camacho o Pedro Aspe), Salinas se inclinó por Ernesto Zedillo. La gran conflagración no tuvo lugar, pero la degradación del clima político se expresaría después de la elección en un nuevo atentado que cobraría la vida de José Francisco Ruiz Massieu, figura prominente del PRI y excuñado de Salinas de Gortari. Nada volvería a ser igual después del annus horribilis.

Seis años más tarde, con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República, se quebró la “regla de oro”. El titular del Ejecutivo ya no pudo ejercer una de las facultades metaconstitucionales reservadas por el régimen priista: por vocación democrática o forzado por las circunstancias, dejó de ser el Gran elector —de quien lo sucedería en el cargo— para conformarse con la humilde tarea de Gran selector —del candidato— en el interior de su partido.

El desgaste del sistema político, acelerado durante un sexenio de incertidumbre económica y profundización del programa neoliberal, se expresó como hartazgo ciudadano en 1997, cuando el PRI pierde el control de la Cámara de Diputados y dos entidades clave: el Distrito Federal (jefatura de Gobierno para el PRD) y Nuevo León (gubernatura para el PAN). Esa dinámica alcanzaría su punto culminante en la elección presidencial del año 2000. El fin de siglo se presentaba como el fin de un ciclo histórico.

Fox, el Alto Vacío

La alternancia en la Presidencia, primera en siete décadas, comenzó a perfilarse tres años antes de la elección. Luego de los comicios de mitad de sexenio, Vicente Fox anunció que buscaría la candidatura presidencial del PAN. Según el entonces gobernador de Guanajuato, el propósito era “no dejar ir solo” a Cuauhtémoc Cárdenas (primer jefe de Gobierno electo en la capital del país). Para sorpresa de muchos, la estrategia funcionó: Fox le impuso al PAN su candidatura y, a la postre, ganó la Presidencia. El fastidio de la sociedad por las viejas formas de la clase política priista contribuyó al triunfo de un personaje desenfadado e irreverente que pudo articular una mayoría social dispuesta al “cambio”.

Fox celebró su victoria en la Columna de la Independencia ante una multitud que le gritaba: “¡No nos falles!”. El entusiasmo colectivo que despertaba el bato con botas (Humberto Musacchio dixit) fue enorme. Muchos mexicanos creyeron que la mera alternancia implicaría dejar atrás la corrupción, el patrimonialismo, la ineptitud, la violencia política y tantos otros usos del poder autoritario. Se equivocaron. Ya en el gobierno, Fox resultó una gran decepción, dilapidó rápidamente el enorme capital político acumulado y traicionó el entusiasmo colectivo.1

Ocurrente y lenguaraz, simple a grados extremos (sus malquerientes le decían el Alto Vacío), se le recuerda por la insólita irresponsabilidad con que ejerció el cargo. Descuidado en la forma y el fondo, degradó la investidura como casi ningún priista. Compartió el poder, que la Constitución deposita en un solo individuo, con una mujer ambiciosa y manipuladora, Marta Sahagún. Integró un equipo de gobierno, “el gabinetazo”, con ejecutivos de “medio pelo”, aprendices de brujo y políticos inexpertos. La Oficina de la Presidencia se convirtió en un engendro administrado por Ramón Muñoz, psicólogo de cabecera del primer mandatario.

Al final, el gobierno de la alternancia entregó muy malas cuentas. Los “muchachos Bribiesca”, hijos de Marta, hicieron de las suyas; su padre, Manuel Bribiesca, lo justificó con una frase lapidaria: “¿Se acuerdan de los hijos de Miguel de la Madrid?, ¡hacían lo que querían! Si mis hijos no aprovechan las relaciones que tienen ahora por ser quienes son, serían pendejos”.2

Más allá de anécdotas y vulgaridades de similar calibre, lo cierto es que el “cambio” no encontró rumbo y se perdió la oportunidad histórica de desmontar el aparato clientelar, corporativo y corrupto del antiguo régimen. Para garantizar la “estabilidad” y márgenes de “gobernabilidad”, según se argumentó desde un sector del gabinete foxista —con Santiago Creel al frente de Gobernación—, se privilegió el acuerdo con el priismo de rancio abolengo dirigido por Roberto Madrazo y otros “demócratas”.

Calderón: la debacle panista

A Fox le sucedió Felipe Calderón, un panista de cepa, quien tampoco estaba preparado para ocupar la silla del águila. Quizá unos años más de ejercicio público lo habrían dotado de la madurez y la experiencia necesarias para hacer una buena gestión. Pero, como diría el Filósofo de Güemez, “en política las cosas suceden cuando suceden, ni antes ni después”.

Calderón ganó con dificultad la elección de 2006, la más reñida en la corta memoria de nuestra democracia. La clave del éxito: una fuerte campaña de la iniciativa privada que convenció a muchos indecisos de que Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, era “un peligro para México”. Al desenlace contribuyeron, además, los errores propios del tabasqueño, el mayor adversario de sí mismo.

Como presidente, el panista ignoró la máxima que advierte: “Es más fácil convertir a un funcionario capaz, honesto y patriota en amigo, que convertir a un amigo en funcionario capaz, honesto y patriota”. Como Fox, Calderón falló en una responsabilidad mayúscula: la integración de su equipo. Formó un gabinete de bajo perfil con base en dos criterios: cercanía y lealtad. Su gobierno no tuvo la solidez, el talento ni los saberes requeridos para conducir los cambios que urgían al país. Salvo raras excepciones, los principales funcionarios de la administración cumplían con alguna o todas las siguientes características: escasa o nula trayectoria en el ramo a su cargo, carencia de experiencia administrativa en el sector público, un desempeño gris e inercial y, sobre todo, ineptitud política y profesional.

Algunos miembros del gabinete experimentaron “saltos mortales” del anonimato efectivo a la notoriedad sin consecuencias. Fue el caso de Jordy Herrera (Energía), Bruno Ferrari (Economía), Alejandro Poiré (Gobernación) o Gerardo Ruiz Mateos (Oficina de la Presidencia y Economía). El estilo personal de Calderón se definió por el ir y venir de funcionarios; caso extremo, el del doctor Poiré: siete posiciones en sólo cinco años, ascensión vertiginosa de una modesta dirección general a la conducción de la política interior y la coordinación del gabinete, que lo ubicó como primero en la lista de prelación de una eventual Presidencia interina.

La mala fortuna también afectó al gobierno calderonista. Dos de los más cercanos amigos del presidente, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, ambos secretarios de Gobernación, murieron en trágicos accidentes.

Por esos años, al constatar la novatez del equipo de Calderón, el dirigente empresarial Jaime Yesaki me soltó una frase que podría repetirse hoy: “¡El gabinete no es una escuelita, que se vayan a aprender a otra parte!”.

No era una exageración. Sobre todo, al constatar que a lo largo del sexenio la Secretaría de Gobernación contó cinco titulares, casi todos de estatura menor. Y lo mismo ocurrió en la Procuraduría General de la República (PGR): tres procuradores en seis años y seis encargados de la subprocuraduría más importante, la de Investigación en Delincuencia Organizada: José Luis Santiago Vasconcelos, Noé Ramírez Mandujano, Marisela Morales, Patricia Bugarín, José Cuitláhuac Salinas y Rodrigo Archundia Barrientos.

Mudanzas, desplazamientos y enroques que hicieron interminable la “curva de (lento) aprendizaje”. Sin embargo, los ajustes y regaños del presidente nunca se tradujeron en la disciplina y el orden necesarios en el gabinete. En los medios, por ejemplo, se filtraban noticias sobre la “guerra de baja intensidad” entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Genaro García Luna, y la PGR, entonces encabezada por Marisela Morales. También se supo, a modo de hipótesis soterrada, que en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina no se veía con buenos ojos el extraordinario crecimiento de la Policía Federal (un potencial ejército civil con mayores recursos y poder que las fuerzas armadas), corporación privilegiada por el Ejecutivo.

Con esas triangulaciones de lealtad fingida, animadversión y golpeteo bajo la mesa, en 2007 el presidente Calderón lanzó a las fuerzas federales a una “guerra” crudelísima, sin cuartel ni estrategia, “contra las drogas” y los grupos del crimen organizado. Se dice que por razones de cálculo político: lograr en el campo de batalla la legitimidad que le fue regateada en las urnas y como escape al cerco de la feroz oposición, contrainstitucional, de López Obrador. Pero también se acepta, sin excluir lo otro, que el desafío de los cárteles del narcotráfico había desbordado la capacidad de respuesta del Estado mexicano y, en los casos más graves, capturado territorios y gobiernos estatales y municipales.

La verdad última sigue generando polémica y cuestionamientos. De lo que no hay duda es de que esta guerra insensata, con sus decenas de miles de víctimas mortales, desaparecidos y desplazados, marcó a sangre y fuego al segundo gobierno panista, precipitó al país a una espiral de violencia sin parangón en la historia reciente y definió no sólo el proceso sucesorio de 2012, sino las líneas estratégicas de la siguiente administración.

Los 12 años de gobiernos panistas (2000-2012) transcurrieron con más pena que gloria, se tradujeron en un profundo desencanto ciudadano y aceleraron el desarreglo institucional. Así, las malas cuentas de Fox y Calderón pavimentaron el regreso del PRI a la Presidencia de la República.

El retorno del PRI

Con Enrique Peña Nieto no regresó cualquier PRI a Los Pinos, sino una facción muy peculiar, heredera del “inexistente” Grupo Atlacomulco que fundara Isidro Fabela en los años cuarenta del siglo pasado. Fabela instituyó una clase política endogámica y de pulcritud epidérmica, pero practicante del dictum de quien fuera su discípulo predilecto, Carlos Hank González: “Un político pobre es un pobre político”.

Sin una línea de continuidad precisa, pero con indudable afinidad en métodos y estilo, el grupo que hoy detenta el poder tiene su origen en 1942. El 5 de marzo de aquel año el gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, fue herido de muerte por Fernando Ortiz Rubio, líder de la legislatura del estado. La agresión ocurrió después de un banquete en el Centro Charro que ofrecía el gobernador a ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. De los discursos se pasó al convivio. El consumo abundante de coñac disparó la tragedia.

Después del episodio, Manuel Ávila Camacho, conocido como el Presidente Caballero, decidió que había que inducir un quiebre en esa clase política rústica y violenta. Para sustituir al gobernador asesinado trajo de Europa a un diplomático de prestigio: Isidro Fabela Alfaro, originario de Atlacomulco, a quien años atrás Lázaro Cárdenas había nombrado representante de México en la Liga de las Naciones.

El politólogo Rogelio Hernández Rodríguez, en su tesis doctoral dedicada a la clase política mexiquense, indica que en la verbena popular que se organizó en Atlacomulco para festejar al nuevo gobernador, el orador oficial fue un chamaco de apenas 15 años: Carlos Hank González.3 Desde entonces, sostiene Hernández, se estableció una relación política y personal muy cercana entre ambos. Las finas maneras que, años más tarde, caracterizaron al Profesor, fueron parte del aprendizaje durante su larga convivencia con el viejo diplomático.

Fabela marcó a la clase política mexiquense con dos atributos: la esmerada atención a las formas —camisa y traje a la medida, corbata a tono con el traje, calzado fino y bien lustrado, reloj de marca— y, en lo que verdaderamente cuenta, el uso del poder político como instrumento para el enriquecimiento personal y de grupo.

Hank González, figura icónica del priismo mexiquense, aportó otra frase que enriqueció la doctrina de la cofradía: “En política, todo lo que se puede comprar con dinero es barato”. Por eso, muchos de sus discípulos están convencidos de que el ejercicio del poder les confiere una suerte de patente de corso para enriquecerse y enriquecer a familiares, socios y aliados.

Por supuesto, la escuela de Hank nunca se limitó a los linderos de Atlacomulco, Toluca y anexas. Podría afirmarse, incluso, que los citados apotegmas son la condensación de la filosofía de innumerables generaciones de funcionarios y operadores del régimen posrevolucionario, y, más aún, norma inalterable en la política mexicana al margen de siglas y banderas, antes y después de la transición democrática.

De tal suerte que, lejos de cualquier orgullo regionalista, la escuela Hank podría definirse como una de las vertientes principales del priismo en cuanto cultura política nacional. Lo mismo “verdes” que panistas, perredistas o morenistas de cuello blanco y cartera desbordante, serían la prueba irrefutable del aserto. En ese sentido, guardando las formas y aguzando la pulcritud exterior, la oriundez de Enrique Peña Nieto y sus principales colaboradores resulta anecdótica. Porque, a final de cuentas, el célebre Grupo Atlacomulco nunca existió o fue sólo una metáfora para cifrar un modus operandi: forma y fondo, poder y dinero, escrúpulos flexibles y altas dosis de voracidad en el manejo de los recursos públicos.

Enrique Peña Nieto:

la construcción de una candidatura

Arturo Montiel Rojas gobernó el Estado de México (1999-2005) con rudeza y arbitrariedad sin límites. Su manejo caprichoso del poder se mostró con los más de 400 cambios a su equipo de gobierno y la manera en que abusó de los recursos públicos. Fue el primer gobernador priista beneficiario de la descoyuntada conducción política del gobierno de Vicente Fox.

El doctor Rafael Ruiz Harrell ofreció, en una pincelada, el terrible balance de la gestión montielista:

A cambio de empobrecer a su estado, consiguió que la delincuencia creciera 9.2 veces más que la nacional, triunfo alcanzado a pulso al mantener la proporción más baja de casos resueltos de todo el país: 6.0 presuntos responsables detenidos por cada cien delitos denunciados, apenas la mitad de lo que se hizo en la República en esos años. Cumpliendo la amenaza de que las “ratas” no tendrían derechos humanos, en el mismo lapso multiplicó las penas de prisión 4.5 veces más que la media nacional y aumentó la población carcelaria del estado 2.5 veces más que el resto del país. La joya más lucidora de sus logros fue hacer de Toluca la ciudad con más homicidios dolosos del país. Los de mujeres que se cometen en la capital mexiquense triplican casi los de Ciudad Juárez.4

Una de las primeras decisiones de Montiel, apenas iniciada su gestión, fue “comprar” a un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para construir en la legislatura del estado la mayoría que le habían negado las urnas. Después de ello, el control del Congreso le permitió abusar del presupuesto público sin consecuencias.

Como se hizo costumbre en casi todos los estados, Montiel sometió a los otros poderes y a los órganos constitucionalmente autónomos (Comisión Estatal de los Derechos Humanos e Instituto Estatal Electoral). Despojado el PRI de la Presidencia, la gubernatura parecía la plataforma para su candidatura presidencial en 2006. Para eso desplegó una costosísima campaña en los medios apoyada por el reparto de cuantiosos sobornos a “líderes de opinión” (dueños de medios, conductores de radio y televisión, articulistas, columnistas) y creó la llamada Fuerza Mexiquense, un grupo de operadores políticos con vehículos, sistemas de comunicación y dinero, que puso al servicio de los candidatos priistas en diversas entidades: se trataba de construir la red de aliados que, imaginaba, lo llevaría a la Presidencia de la República.

El cálculo, sin embargo, no contemplaba la astucia de su principal oponente, Roberto Madrazo Pintado. En la lucha por la candidatura presidencial priista, Unidad Democrática, mejor conocido como el Tucom (Todos unidos contra Madrazo), integrado por Enrique Jackson, Enrique Martínez y Martínez, Manuel Ángel Núñez, Tomás Yarrington y el propio Montiel, terminó impulsando al mexiquense como su “gallo” frente a Madrazo, no por sus méritos personales, escasos, sino por los cuantiosos recursos de que disponía.

En agosto de 2005 el análisis del Grupo Consultor Interdisciplinario desplegaba algunas interrogantes que retrataban al personaje: “¿Por qué Montiel, tartamudeante y gris, incapaz de articular frases inteligibles y poco dotado para el juego de inteligencia que exige un debate presidencial? ¿Por qué Montiel, uno de los gobernadores más desacreditados y mediocres en la septuagenaria historia del tricolor, polémico e inconsistente, siempre bajo sospecha por el manejo poco claro e inescrupuloso de los recursos públicos?”.5

Lo cierto es que aquella disputa en el interior del partidazo no fue de ideas ni de proyectos, sino de aparatos y billetes. Madrazo tenía el control de los órganos directivos del partido (Comité Ejecutivo Nacional, Consejo Político, Comisión Política Permanente) y de algunos órganos directivos estatales, además del apoyo de los gobernadores de Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche y Guerrero: Manuel Andrade Díaz, Ulises Ruiz Ortiz, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Jorge Carlos Hurtado Valdez y René Juárez Cisneros, respectivamente. Madrazo fue sumando el respaldo de Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, pero Montiel tenía a su favor la densidad financiero-electoral del Estado de México, la Fuerza Mexiquense y al mencionado Tucom.

En la XIX Asamblea Nacional del PRI, Madrazo se llevó todo. Se impuso en las mesas de discusión y logró introducir los cambios a los documentos básicos que le permitían reconstruir su relación con los hombres del capital y, lo más importante, arrebatar la candidatura presidencial.

El “elegido” de Montiel

En la batalla contra Roberto Madrazo, pleito de rudo contra rudo, Montiel sacó la peor parte: una derrota humillante que tuvo, a modo de puntilla terminal, la “filtración” de documentos sobre una riqueza difícil de explicar. No obstante, preservó la facultad de operar su propia sucesión y elegir a su heredero. Enrique Peña Nieto sería gobernador del Estado de México y, desde ahí, le construiría el camino a la candidatura presidencial. Seguramente esto contribuye a explicar la impunidad de que ha gozado el exgobernador en estos años. Le llaman gratitud.

Siguiendo las enseñanzas de Fabela y Hank, Montiel promovió a los más altos cargos de su gobierno a un grupo de jóvenes que pronto fue identificado como los Golden boys. El más aventajado, por disciplina y obsecuencia, escribiría una historia de éxito a velocidad extraordinaria: en sólo seis años Peña Nieto pasó de subcoordinador financiero en la campaña de Montiel a subsecretario de Gobierno (1999-2000), secretario de Administración (2000-2002), diputado local (2003-2004) y gobernador (2005).

Candidato presidencial

La primera imagen que viene a la mente al observar las formas, los personajes y los contenidos que acompañaron la ceremonia de registro de Peña Nieto como candidato presidencial del PRI es la del célebre cuento de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

¿Formas?, las de siempre, los usos y costumbres del partidazo: el acarreo, las tortas, las playeras, las matracas, las ofertas fantasiosas de millones de votos, la cargada…

Los contenidos del discurso se ajustaron a la liturgia priista. El prolongado y tradicional reconocimiento al presidente del partido, Humberto Moreira; a la gobernadora y los gobernadores del tricolor; a los legisladores y a tantos otros distinguidos priistas. Para Peña Nieto las voces y los gritos de los petroleros, de los cenecistas, de los cetemistas, de las organizaciones populares eran “las voces de la nueva esperanza de México”.

Entre los protagonistas, “las fuerzas vivas” ubicadas en los templetes, destacaban dos: Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general “sustituto” de la Confederación de Trabajadores de México (sustituía al Güero Leonardo Rodríguez Alcaide quien, a su vez, sustituyó al prehistórico Fidel Velázquez), y el honorable Arturo Montiel, vistiendo un traje “gris rata” —como lo describió el periodista Roberto Zamarripa—, convertido en “el padrino del novio”.

Después de todos sus excesos, Montiel volvía a los escenarios priistas —poco antes lo hizo en la toma de posesión de Eruviel Ávila, sucesor de Peña— porque las autoridades responsables de “investigarlo” no encontraron nada anómalo (¿no se dice que la justicia es ciega?) y ese día era testigo de la historia: ante sus ojos veía concretarse, o casi, el destino que proyectó para su hechura: el Golden boy se encaminaba, sin obstáculos mayores, a la Presidencia de la República.

Figuras y figurines congregados en la explanada del PRI, exudando poder, radiantes, eufóricos. Los más felices eran los mexiquenses —herederos imaginarios del profesor Hank— con cara de “¡ya chingamos!”. Si el “fuego amigo” les había malogrado el sueño de Montiel, ahora lucían imparables.

Para el futuro candidato, el PRI tenía el respaldo de la mayoría de los mexicanos “porque es el partido que gobierna mejor, el que da resultados y el que sí cumple”. Exceso retórico, natural en estos casos, que pintaba un país de ficción. Para desmentirlo, bastaba registrar la crisis de seguridad en las entidades gobernadas por priistas (con el mismo Estado de México a la cabeza), los lastimosos índices de desarrollo humano y los niveles de endeudamiento público en aquellos años de algarabía para los gobernadores (priistas) sin Ejecutivo federal (priista) que pusiera límites al “feuderalismo”. Un solo ejemplo, “Coahuila de los Moreira”, donde Humberto sí cumplió: “lo prometido es deuda”… deuda pública que se traduciría en pesada carga para varias generaciones de coahuilenses.

Más tarde, en su primer discurso como candidato, Peña Nieto asumió tres compromisos: primero, cuidar en todo momento la unidad del partido “propiciando la inclusión y amplia participación de todo el priismo”; segundo, privilegiar las ideas, propuestas y compromisos; tercero, hacer de las causas de México las causas del PRI.

El juego previo

Al iniciar el año 2012, los priistas estaban convencidos de su inminente regreso a Los Pinos. El exgobernador mexiquense mantenía una ventaja sustantiva sobre los otros aspirantes, incluidos aquellos que aún suspiraban dentro del partido, como el político sonorense Manlio Fabio Beltrones.

Había razones para el optimismo. La candidatura de Peña Nieto se beneficiaba del inocultable deterioro panista tras dos periodos de gobierno; con ello, apostaba a la construcción mediática de una imagen imbatible, a su alianza estratégica con los poderes fácticos (Televisa, significativamente), a los “resultados” de un gobierno local que “cumplió” lo prometido, a la suma de pequeños partidos que podían hacer la diferencia en una elección cerrada (Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza) y, por supuesto, a la Fuerza Mexiquense, aparato electoral creado por Montiel.

Naturalmente, también López Obrador se mostraba seguro: venía por la revancha para “volver a ganar”, según decía. Para enfrentar su segunda candidatura, el tabasqueño había construido una amplia base social que ya no dependía, en sentido estricto, del principal partido que lo postulaba y del que aún formaba parte (PRD). A la estructura perredista, dominada por la Nueva Izquierda (los Chuchos), se sumaban el Partido del Trabajo (PT), de Alberto Anaya, y Movimiento Ciudadano (MC) (antes Convergencia), del expriista Dante Delgado.

Luego de la extrema polarización que siguió a la derrota en 2006, Andrés Manuel se quería reinventar. El político que solía desoír las propuestas de sus asesores y rechazaba los argumentos que lo invitaban a moderar su estrategia rijosa —“confíen en mí, en mi instinto político”— parecía empeñado en rectificar: bajaba el tono descalificador a sus críticos y buscaba acercarse a sectores de clase media, al tiempo que ofrecía un margen razonable de certidumbre a los empresarios.

En Acción Nacional, tres figuras se disputaban la candidatura: Santiago Creel, quien había tenido su oportunidad seis años antes como elegido de la pareja presidencial (Fox y Marta); Ernesto Cordero, un servidor público capaz pero anticlimático, cuya única fuerza residía en el apoyo del presidente Calderón; y Josefina Vázquez Mota, extitular de la SEP y de Sedesol, “la hija desobediente” que no aceptó competir por la gubernatura del Estado de México y ahora aventajaba a sus compañeros en todas las encuestas.

Lucha intestina en el PAN

La pluralidad y el “espíritu democrático” no podían ocultar la fractura del partido gobernante en corrientes antagónicas. ¿Qué podía explicar la tensión en la cancha panista? Al parecer, las rencillas en la cúpula eran polvos de otros lodos. Es posible que el distanciamiento entre el presidente Calderón y Vázquez Mota se empezara a cultivar mucho tiempo atrás.

Durante el proceso de 2006 el conflicto entre Josefina, coordinadora de la campaña, y Juan Camilo Mouriño, “joven promesa” del panismo, puso en serios predicamentos al equipo calderonista. La victoria limó asperezas, pero no resentimientos. De ahí que, una vez en Los Pinos, quienes respondían al liderazgo y la inspiración de Mouriño —señaladamente, Alejandra Sota— aprovecharon su cercanía con el presidente de la República para sembrar dudas sobre la lealtad de Vázquez Mota… y lo lograron. Quizá por eso, contra toda racionalidad política, Calderón decidió inventar un candidato que representara, sin asomo de duda, continuidad y cercanía.

Sólo que Calderón, como Fox en su momento, no pudo imponerle candidato al partido. La noche de la elección interna, toda la parafernalia con la que se festejaría el “triunfo” de Cordero (playeras, banderines, cornetas) quedó arrumbada. El exsecretario de Hacienda y de Sedesol llegó a creer que los hombres del presidente obrarían el milagro, pero no ocurrió así.

A pesar del fracaso, fue evidente que la operación del Ejecutivo había echado mano de todos sus recursos. Los gobernadores y delegados hicieron todo lo que pudieron, sin escrúpulo alguno, para revertir lo que los estudios demoscópicos señalaban. El brinco asombroso en las preferencias por Cordero, de 16 a 23% en unas semanas, puede explicarse por el “voto útil” que desfondó a Creel —arrancó como puntero, terminó con apenas 6.1% de los sufragios—, pero también por la dimensión de la maniobra político-electoral ordenada por el presidente.

La injerencia de gobernadores y funcionarios federales fue puesta en evidencia mediante la “filtración” de grabaciones comprometedoras que involucraban lo mismo al secretario general de Gobierno de Sonora que a directivos del Instituto Nacional de Migración en Puebla. Asimismo, se registró la difusión de videos trucados en redes sociales, la intervención ilegal de los teléfonos de Vázquez Mota y algunos de sus aliados, para no hablar de la “compra” de votos. Como sea, el apoyo de gobernadores como Guillermo Padrés (Sonora), Juan Manuel Oliva (Guanajuato) y José Guadalupe Osuna (Baja California), sumado al respaldo de miembros del gabinete presidencial, resultaron insuficientes para darle la voltereta a lo que se veía venir.

La derrota de Cordero probó que Acción Nacional no era, como lo fue el PRI, una maquinaria al servicio del Ejecutivo. Al final se impusieron el trabajo político y los votos de una militancia que no atendió consignas y marcó su distancia frente al continuismo que ofrecía el aspirante calderonista.

No obstante, en la batalla constitucional Vázquez Mota enfrentaría desafíos mayores. Para empezar, la distancia de 31 puntos que llegó a tener sobre Peña Nieto se redujo en un año a escasos 19. Aun así, parecía suficiente para ganar la elección. Su trabajo al frente de Educación Pública y de Desarrollo Social le había permitido conocer de primera mano la realidad política, social y productiva del país. En ambas dependencias, por lo demás, tuvo la sensibilidad para integrar un equipo de profesionales respetados, al margen de ideologías y militancia partidista, como Rodolfo Tuirán, Miguel Székely y Cecilia Loría. La idea de una Josefina diferente no era un simple eslogan publicitario.

Todo se vale

Es una ley no escrita: nadie renuncia a usar los medios a su disposición para preservar el poder. Así lo hizo el PRI por más de 70 años. Así lo haría el PRD para no soltar la administración capitalina y utilizar el bastión como plataforma en la disputa por la Presidencia. Los panistas buscaron replicar la experiencia con el legítimo anhelo de hilar un tercer sexenio al frente del Poder Ejecutivo. En la conflagración de ambiciones y racionalidades, excluyentes por definición, se definiría el desenlace y la nómina de ganadores y perdedores.

Muy temprano, los priistas tomaron la iniciativa. Para desacreditar a Calderón, desplegaron una campaña que permitió fijar en el imaginario colectivo la idea de que el incremento de la delincuencia respondía a la fallida estrategia oficial: “golpear el avispero” sin prever las consecuencias. Ocultaban, empero, que el desbordamiento criminal en distintas regiones se venía experimentando desde la segunda mitad de los años noventa. De igual forma, impusieron la percepción de que la atención a la violencia criminal le correspondía al gobierno federal, no obstante que los delitos del fuero común, los que más lastiman a la sociedad, son competencia de los gobiernos estatales (en su mayoría, priistas).

No por azar, en aquellos días se difundió información comprometedora proveniente de Estados Unidos. El exgobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Yarrington, era señalado en un expediente presentado el 6 de febrero de 2012 en la Corte del Distrito Oeste de Texas como parte de una red de protección al Cártel del Golfo, al tiempo que lo vinculaba con el asesinato del candidato priista a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú. Un testigo protegido ubicaba a Antonio Peña Argüelles, uno de sus hombres más cercanos, como enlace de ciertos funcionarios en posiciones clave que favorecieron al cártel.

Sin embargo, nada de lo anterior tendría impacto en el electorado. Por el contrario, conforme avanzaba la contienda se multiplicarían los desafíos para Josefina, identificada como candidata de la continuidad, hasta desbordar la capacidad de reacción del muy desgastado y divido partido gobernante.

Para empezar, el discurso de Vázquez Mota jamás terminó de cuajar. Nunca quedó claro el significado de ser “diferente”. De tal suerte que, durante semanas, se empeñó sin éxito en tomar distancia del presidente Calderón en lugar de asumir y defender algunas de las políticas desplegadas durante el sexenio. Intentó rectificar en el último tramo, pero resultó demasiado tarde.

Tampoco convenció el recurso de apelar a “las mujeres”. Sobre todo por la clave elegida, mucho más conservadora de lo recomendable desde el más elemental sentido común. La politóloga Soledad Loaeza lo formuló en los siguientes términos:

Me pregunto cómo es posible que después de haber sido secretaria de Desarrollo Social haya insistido en llevar a cabo una campaña mojigata y rezandera, en la que las mujeres eran sólo madres de familia, o esposas, hermanas, hijas, novias, ahijadas; es decir, Josefina nos definía una y otra vez en relación con un hombre. Como si no supiera que un tercio de los hogares en México tiene a una mujer como jefe de familia; que nos hemos integrado en masa al mercado laboral; que la planificación familiar nos ha liberado y nos ha favorecido tanto que no queremos dar ni un paso atrás.6

Por otro lado, el desempeño del equipo de campaña dejó mucho que desear. Tal vez debido a la desconfianza que les despertaba el calderonismo, Josefina y su equipo se aislaron o se mostraron autosuficientes. A esto debe sumarse la acumulación de errores operativos en la fase inicial: la “toma de protesta” como aspirante presidencial en un Estadio Azul semivacío; las pifias en materia de comunicación social (por ejemplo, adjudicar el Premio Nobel de la Paz a Mario Vargas Llosa) e, incluso, la mermada salud de la candidata (un “mareo” a principios de abril en un foro con organizaciones civiles). Cuando quiso rectificarse, el golpe de timón en la conducción de la campaña se desplegó con tibieza y mal tino. No cumplió ninguno de los objetivos: ni “relanzar la campaña” ni cohesionar a las distintas facciones del partido; mucho menos ofrecer la imagen de liderazgo que demandaban las circunstancias.

Sin la fuerza de una estructura partidista medianamente sólida y dispuesta a echar el resto, sin el acompañamiento real de sus principales figuras y con un Vicente Fox que llamaría a ejercer el “voto útil” por Peña Nieto para cerrarle el paso a López Obrador, la suerte estaba echada y no favorecería a la empeñosa candidata panista.

La noche triste de Acción Nacional

Fue una verdadera catástrofe. Nada en la historia de Acción Nacional parecía comparable al fallo inclemente expresado en las urnas del 1° de julio de 2012: Vázquez Mota en tercer lugar, a seis puntos de López Obrador y a 13 de Peña Nieto. Pero no sólo fue el descalabro en la elección presidencial, sino la dimensión de las derrotas aparejadas: en la Cámara de Diputados el bloque de izquierda desplazaba al panismo a la tercera posición, mientras que en el Senado el honroso segundo lugar lo ubicaba más cerca del tercero que del primero.

Embarazoso para un partido que ocupó el Ejecutivo por dos sexenios consecutivos, a ello se sumaba la categórica reprobación en la lucha por las gubernaturas de Morelos y Jalisco, entidades que gobernó por 12 y 18 años, y en las que caía a un lastimoso tercer sitio; lo mismo que en la Ciudad de México, desbordado incluso por un PRI históricamente inexistente desde 1988 (salvo la efímera “recuperación” tricolor en 1991, de la mano del gran Salinas y Manuel Camacho).

Las razones de la debacle panista fueron muchas, pero uno de los elementos centrales tuvo que ver con la insospechada combinación de incompetencia política e inconsecuencia democrática de sus liderazgos. Los gobiernos de Acción Nacional no pudieron, no supieron o no quisieron conducir y concretar el “cambio” que reclamó la mayoría del electorado. Con Fox, beneficiario del voto útil por el inútil, se configuró el escenario de la “alternancia sin alternativa” que anticipó en julio de 2000 la Carta de Política Mexicana: la posibilidad de que las transformaciones en la cúpula del poder se reduzcan a simple mudanza de hombres y nombres; el aterrizaje forzoso, tan agitado como anticlimático, de las promesas de campaña; el fin de la luna de miel entre el nuevo gobierno y un electorado que apostó al “cambio” como sinónimo ambiguo y polivalente de modernidad, civilidad, bienestar, progreso y decencia.7

En perfecta continuidad, incluso involuntaria, durante la administración de Calderón se mantuvieron alianzas cuestionables y pactos de no agresión que permitieron la sobrevivencia de corporaciones abusivas en sectores estratégicos y actividades productivas (dominio sindical de la administración pública, subsidios agrarios a organismos clientelares, opacidad y corruptelas en la adjudicación de contratos y concesiones a empresarios, consultores y proveedores consentidos).

Durante dos sexenios los azules toleraron el tráfico de influencias y se beneficiaron de prácticas ilegales. Un ejemplo de ello tardaría cuatro años en estallar como escándalo: en diciembre de 2016 el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense dio a conocer que, entre 2010 y 2014, la firma brasileña Odebrecht entregó sobornos millonarios a muy altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos. Punta del iceberg aún inexplorado que, sin embargo, ya arroja algunos nombres en la mira de la PGR: Jordy Herrera, quien pasó de la secretaría particular de Felipe Calderón (como director de Banobras y secretario de Energía) a la dirección de Pemex Gas y Petroquímica Básica (hasta septiembre de 2011); Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex (2009-2012) e Ian Malo Bolívar, coordinador de asesores de Herrera en la empresa estatal.8

Lo terrible, en cualquier caso, es que el partido de las “buenas conciencias” no resistió la prueba del poder, preservó los viejos usos y premió a sus operadores más “intrépidos”, quienes hoy viven y despachan como nuevos ricos. La alternancia les hizo “justicia”.

No es de extrañar, entonces, que en 2012 millones de ciudadanos, que por lustros confiaron en Acción Nacional, reprobaran la apropiación del partido por camarillas voraces e ineptas, la pérdida de identidad y la falta de escrúpulos que dilapidó la herencia de los fundadores. Arribistas y pragmáticos asaltaron los puestos de dirección en distintos niveles e hicieron de las suyas mientras los jefes nacionales, de Felipe Bravo Mena a Gustavo Madero, no tuvieron el valor para castigar los excesos que se denunciaban públicamente. Estos y otros dirigentes fueron incapaces, asimismo, de preparar la conversión del PAN, organización regional de liderazgos “familiares”, en un auténtico partido nacional. No pudieron, siquiera, formar cuadros políticos y administrativos calificados para el ejercicio profesional de la función pública en el Congreso y el Ejecutivo.

El resultado de todo ello fue muy grave: después de siete décadas de vida, a 23 años de haber ganado su primera gubernatura y a 12 de ostentar la Presidencia, Acción Nacional no tenía una sola figura rescatable, un liderazgo con el prestigio y la estatura necesarios para encabezar el rescate del partido tras el naufragio.

Recuento de daños (dos sexenios panistas)

El retorno del PRI fue, en sí mismo, un mensaje reprobatorio para las administraciones de Fox y Calderón.

Con el primero llegaron la chabacanería, la improvisación ruinosa y los abusos de poder; la pareja presidencial, el Toallagate, la ineptitud de los “súper gerentes”; el enriquecimiento claramente explicable de Manuel Bribiesca Sahagún y un largo etcétera que incluye la inexplicable bonanza de cuadros medios y altos de la primera administración federal no priista.

Con el segundo, el gabinete se llenó de “leales”, muchos de ellos cabalmente incompetentes, como Gerardo Ruiz Mateos, que entregaron al final del sexenio un país mucho más vulnerable en términos de seguridad y justicia, combate a la pobreza, solidez económica y perspectiva internacional, entre los rubros principales. Por lo demás, muchos de esta segunda camada de panistas empoderados tampoco resistieron la tentación del dinero fácil con cargo al erario. El compromiso ético que por décadas caracterizó a los “místicos del voto” se extravió conforme fueron escalando posiciones de poder.

Calderón quiso desmarcarse de su antecesor, pero incurrió en otros excesos. El más evidente y costoso: asignar responsabilidades relevantes a figuras menores. Las designaciones en la Oficina de la Presidencia o las secretarías de Gobernación, Economía y Energía, por citar casos emblemáticos, exhibieron el infantilismo de su grupo. No pocas veces el atorón de algunas de sus iniciativas en el Congreso se explica por la deficiente operación política, lo mismo en Los Pinos que en el viejo Palacio de Cobián.

Desde los primeros días de su gobierno, Calderón convirtió la seguridad pública en su obsesión. La dimensión del fracaso se apreciaba con el recuento de ejecuciones, secuestros y extorsiones, así como en la “expropiación” de extensos territorios en los que, aún hoy, las bandas criminales imponen su ley. Le apostó a la Policía Federal, pero desatendió los otros eslabones institucionales del Poder Ejecutivo, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República. Y esto para no hablar de la ausencia de una perspectiva de Estado que exigía el necesario acompañamiento del Poder Judicial, el Congreso de la Unión y los gobiernos y legislaturas estatales.

Durante los 12 años del panismo, la falta de contrapesos institucionales en las entidades federativas —congresos sometidos, oposiciones cooptadas, medios comprados o intimidados, organismos “autónomos” capturados, sociedad civil desarticulada— provocó una grave regresión autoritaria. El panismo no se atrevió o no supo usar los instrumentos de que disponía para evitar los atropellos de los gobernadores. Los poderes fácticos —grandes monopolios económico-financieros, políticos y sindicales— y las poderosas corporaciones del crimen organizado acrecentaron su influencia y, algunos de ellos, avasallaron al Estado.

En el ámbito de la procuración de justicia, la simulación, la ineptitud y la corrupción extendieron los márgenes de impunidad. Poco tiempo después se conocieron las motivaciones políticas —incluso la ruindad— detrás de algunos de los procesos más espectaculares conducidos por la procuradora Marisela Morales, como las detenciones de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare, entre muchos otros.

Por si fuera poco, al uso faccioso de la justicia, los panistas concretaron la alegoría foxista del asalto al Palacio: el aparato burocrático se hizo más pesado, especialmente en los estratos medios y altos de la pirámide, y el “servicio civil de carrera” se convirtió en coartada para “empanizar” la administración pública federal.

Tampoco en la relación gobierno-partido la alternancia arrojó cambios sustanciales. En su condición de “jefe real” del PAN, Calderón impuso una suerte de jibarización político-ideológica de sus dirigencias formales: de Manuel Espino a Germán Martínez, de César Nava a Gustavo Madero. La necedad de hacer candidato a Ernesto Cordero, el único que garantizaba la continuidad de los leales, fracturó al panismo y dejó cicatrices que acentuaron el tamaño de la derrota.

Acción Nacional regresaba a su hábitat natural, la oposición. Sólo que, ahora, sin la mística ni la autoridad moral del pasado, cuando sus cuadros no habían tenido que resistir la tentación de las arcas abiertas.

Si sólo hubiera sido el foxismo se habría podido argumentar el fracaso de “los arribistas”, los panistas “epidérmicos”. Pero en los siguientes seis años estuvo Calderón, panista desde la cuna, y entonces no había forma de ocultar el fracaso de los herederos de Manuel Gómez Morín, el hombre que se propuso fundar un partido para la construcción de ciudadanía y dotar de ética el ejercicio de la función pública.

Los calderonistas no se fueron con las manos limpias. La Estela de Luz, pieza emblemática del sexenio, es sólo la expresión más notoria de la ineptitud y la corrupción —perceptible en el sobrecosto de contratos y obras de infraestructura—, la “ordeña” inclemente de recursos públicos (no sólo a los ductos de Pemex), el enriquecimiento de funcionarios y no pocos dirigentes panistas, y la inutilidad orgánica, estructural, de la Secretaría de la Función Pública.

Tuvieron el poder, pero no supieron qué hacer con él, por eso entregaron una Presidencia disminuida. “De la dictadura perfecta a la caricatura perfecta”, según la severa definición de Juan Villoro.

AMLO, el hombre que no sabía perder

Ante los resultados oficiales, que daban el triunfo a Enrique Peña Nieto, López Obrador intentó, de nuevo, que se anulara la elección. El esfuerzo estaba condenado al fracaso, pues no se concretó ninguna de las “causales de nulidad” que señala la ley. Como seis años antes, en 2012 tampoco pudo probar el supuesto “fraude”. Sin embargo, en algo tenía razón: el proceso electoral estuvo marcado por la inequidad, el despliegue abusivo de recursos y las dudas sobre la inducción o “compra” de votos (el uso de tarjetas de Monex y Soriana). Se trataba de una elección “de baja calidad”, como la definió el académico y periodista Eduardo Huchim.

Pero esta disputa no fue entre buenos y malos. El despliegue de malas artes tiene larga data y no es monopolio priista. En la Ciudad de México, el PRD exhibió las peores prácticas clientelares, y en el caso del PAN menudearon las denuncias por fraude, incluso en la batalla interna por las candidaturas.

Hablar de inequidad implica, asimismo, recordar que uno de los candidatos, López Obrador, en los seis años previos a la elección no hizo otra cosa que invertir la totalidad de su tiempo y recursos en la construcción de las redes que debían llevarlo a la Presidencia. De igual forma, registrar que las políticas sociales que implantó como jefe de Gobierno en la capital (2000-2006) se tradujeron en clientela manipulable, como lo mostraba el “acarreo” de adultos mayores a sus concentraciones.

En esta campaña, Andrés Manuel se propuso reducir los “negativos”, pero su conducta errática lo llevó a transitar sin escalas del odio al amor y de regreso. Un día instauraba la república del amor y, al siguiente, reprobaba a los consejeros electorales. Por la mañana firmaba el compromiso de respetar la decisión ciudadana expresada en las urnas, y por la tarde volvía a la retórica del “fraude” anunciado.

Con esa dinámica de bandazos y ocurrencias decidió enfrentar los “malos” resultados en su segunda intentona por llegar a Los Pinos: exigió el recuento de los votos. Cuando el IFE lo autorizó —porque estaba contemplado en la ley— y se recontaron 78 469 paquetes electorales (54.7% del total) sin que se dieran mayores ajustes, el tabasqueño denunció la “compra de votos”: cinco millones de ciudadanos, parte del “pueblo bueno”, habrían seguido su consejo de recibir “lo que les den, pero voten conforme a su conciencia”. Sólo que, al final, su conciencia los llevó a votar por el PRI. Pero, entonces, ¿qué pasó con ese ejército de cientos de miles que cuidarían las casillas y evitarían el fraude?, ¿también “se vendieron”?

Una cosa era evidente: la disociación del candidato “progresista” con la realidad. Condición que le impedía admitir una derrota que ya no se reducía a 0.56%, como en 2006, sino que alcanzaba los siete puntos, más de tres millones de votos de diferencia.

El mensaje de las urnas: ¿regreso al pasado?

Transcurridos 12 años de la elección del 2 de julio de 2000, cuando la mayoría de los pronósticos vaticinaba que el viejo partido hegemónico languidecería hasta su inevitable disolución, la realidad probaba lo contrario: el tricolor estaba otra vez en la antesala del poder presidencial, sólo que ahora a través de un voto libre, lo que expresaba en buena medida la frustración ciudadana ante una democracia “ineficaz”, lastrada por el insuficiente crecimiento económico y rezagos en materia de bienestar social, y radicalmente incapaz de recuperar la tranquilidad secuestrada por la delincuencia.

Los políticos de la alternancia, lo mismo del PAN que del PRD, enseñaron el cobre tan pronto como ocuparon posiciones de poder nacional, estatal y municipal. Las rapacerías que exhibieron mostraban los límites de la decencia, de unos, y del compromiso con los más pobres, de los otros. Frente a esto, mucha gente volvió la vista a un PRI que, fiel a sí mismo, parecía beneficiarse de la incertidumbre y el desencanto: “No necesitas cambiar, ni siquiera disfrazarte de otra cosa, así te queremos”.

En los meses previos a la elección presidencial los priistas se prepararon no sólo para ganar, sino para humillar a sus adversarios: en 2011 lo hicieron en el Estado de México y en Coahuila. El uso intensivo de los recursos públicos, al filo de la legalidad, correspondía puntualmente a una cierta cultura del cinismo prevaleciente en millones de mexicanos (“que roben, pero que salpiquen”).

Por lo demás, los resultados electorales interpelaban a las direcciones panista y perredista, que por más de una década simularon en vez de trabajar seriamente para incorporar liderazgos sociales y formar nuevos cuadros, construir organizaciones en municipios y estados donde su presencia es simbólica, constituirse en gestores eficaces de los reclamos sociales y, muy importante, desempeñarse con honestidad en alcaldías y gobiernos estatales.

Algo de eso se evidenció, por ejemplo, en el llamado “corredor azul” mexiquense, donde la estructura panista fue capturada por arribistas como Antonio Domínguez (Atizapán), José Antonio Ríos Granados (Tultitlán) y Agustín Hernández Pastrana (Ecatepec), que aprovecharon el desprestigio del PRI para ganar elecciones, pero una vez en el cargo mostraron que portaban todas las mañas del viejo régimen: atraco al presupuesto, frivolidad y, en algunos casos, verdadero instinto criminal.

Otro mensaje de las urnas fue el empobrecimiento de los partidos como proyectos políticos. Los candidatos del PRI no hablaron de ideología o de programas de gobierno, sino de compromisos puntuales a demandas puntuales; sustituyeron la oferta programática por cientos, quizá miles, de trueques: votos a cambio de “ponerse a mano” con chambitas, pequeñas obras, uso de vehículos, material de construcción, tinacos, promesas de agua potable y otros servicios públicos…

El “nuevo” PRI… el PRI de siempre

Aun así, Peña Nieto no llegó a la Presidencia con la ventaja apabullante que anticipaban muchas encuestas. El resultado de las urnas acortó la distancia entre el primero y el segundo lugar. Tampoco obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión. No sólo eso: las denuncias sobre irregularidades durante la campaña, hallazgos como el Monexgate, confirmaron las sospechas sobre la turbiedad del proceso.

Una vez declarado ganador, Peña Nieto decidió ejercer las mismas atribuciones que acompañaron al titular del Poder Ejecutivo durante los largos años de preeminencia del PRI, cuando era el “jefe real” de su partido, designaba y removía gobernadores, nombraba coordinadores parlamentarios y, más allá, tenía la facultad de operar su propia sucesión.

La tradicional disciplina de los cuadros priistas —una forma elegante de llamar a la obsecuencia, parte medular de su cultura política— explicaba la ausencia del “pataleo”. Ni siquiera se expresaron quienes aspiraban a convertir al PRI en un auténtico partido (no una oficina del Ejecutivo) o tenían resistencias en relación con ciertos temas de la agenda peñista, como las reformas energética y laboral.

Por otra parte, no aparecían incentivos para una renovación del tricolor en clave democrática. En primer lugar, ¿cambiar para qué? El PRI no necesitó de una cirugía mayor para regresar a Los Pinos; en los 12 años que vivió despojado de la Presidencia, no necesitó disfrazarse de nada para retener el poder en la mayoría de las entidades federativas y mantener la preferencia de anchas franjas del electorado.

El Revolucionario Institucional es una estructura extendida a lo largo de todo el territorio nacional que administra con relativa eficacia la pluralidad en sus filas y los equilibrios de fuerza regionales y sectores. Y es el que mejor cultiva a su electorado: un priismo social que se mantiene firme, leal, dispuesto a movilizarse cuando así lo demanda la coyuntura.

Una transformación de gran calado, un aggiornamento, habría reclamado una masa crítica que no era perceptible; en lugar de grandes “ideólogos” o pensadores, el tricolor exhibía un cúmulo de operadores políticos avezados.

Notas:

1 Un balance sin complacencias del primer trienio del “gobierno del cambio” puede consultarse en Alfonso Zárate, Cosme Ornelas y Roberto Hernández, Fox: los días perdidos, México, Océano, 2004.

2 Véase Anabel Hernández y Arelí Quintero, La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, México, Grijalbo, 2005, p. 181.

3 Rogelio Hernández Rodríguez, Los grupos políticos en México, el caso del Estado de México, tesis para obtener el grado de doctor en ciencia política por la UNAM, 1996, p. 194.

4 Rafael Ruiz Harrell, “Hombres irracionales”, Reforma, 16 de julio de 2005.

5 Grupo Consultor Interdisciplinario (GCI), “¿Por qué Montiel?”, Lectura Política, núm. 317, 10 de agosto de 2005, p. 4.

6 Soledad Loaeza, “Josefina vs. las mujeres”, La Jornada, 5 de julio de 2012, <http://www.jornada.unam.mx/2012/07/05/politica/025a2pol>.

7 Grupo Consultor Interdisciplinario (GCI), “Elecciones 2000: los impactos políticos (I)”, Carta de Política Mexicana, núm. 243, 21 de julio de 2000.

8 Véase Carlos Loret de Mola, “Salvados por dos terremotos”, columna Historias de reportero, El Universal, 12 de octubre de 2017, p. A5.

2

Peña Nieto: los primeros pasos

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012 el presidente electo, Enrique Peña Nieto, dio a conocer la integración de su “equipo de transición”, una especie de anticipo de lo que sería su gabinete. ¿Su característica? La prevalencia de gris sobre gris; abundante en nombres, casi 50, pero escaso en figuras destacadas. Definía, para empezar, un primer círculo de confianza política y cercanía personal; si no por otra cosa, porque sería incomprensible que el presidente electo asignara a un equipo desechable —de improvisados o habilitados para salir del paso— la primera encomienda formal de la nueva administración.

En cualquier caso, lo más notable en los equipos de “transición gubernamental” y “diálogo político y seguridad” sería la ausencia casi total de personajes con peso político propio y trayectoria profesional relevante. Acaso porque, en esencia, su labor técnico-administrativa no lo precisara. Pero, asimismo, porque la tarea serviría para foguear a muchos jóvenes (y algunos maduritos) con ambiciones de alcanzar alguna dirección, una secretaría particular o coordinación de asesores. ¿Tal vez una subsecretaría?

Más importante, por supuesto, fue la ratificación del papel central que jugarían Luis Videgaray Caso y Miguel Ángel Osorio Chong en el tránsito y en la gestión.

Sobre ambos pilares, uno en la conducción económica y el otro en la política interior, se desplegaría la acción del nuevo gobierno desde el 1° de diciembre. Días intensos, agitados, de operación vertiginosa, marcados por la agregación de hechos de alto impacto político. Por un lado, lo inexcusable y protocolario: designación del gabinete para el tramo de arranque, rendición de protesta del titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Unión y mensaje presidencial en Palacio Nacional. Por el otro, lo sorprendente por radicalmente inesperado: la firma del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) y el encarcelamiento de la maestra Elba Esther Gordillo.

En una primera lectura, resaltaba la determinación de restituirle a un Estado vapuleado y anémico su condición de poder por encima de otros “poderes”. Frente a la prepotencia de quienes se asumían como “los dueños de México” y ante el desbarajuste regional causado por gobernadores que ejercían la función sin contrapesos, el Ejecutivo federal mandaba una señal de autoridad y dominio de las circunstancias. En sí mismo, el golpe judicial contra la exlideresa magisterial anunciaba la decisión de neutralizar o desactivar eventuales resistencias al proyecto reformista anunciado desde la toma de posesión.

Las primeras acciones del gobierno de Peña Nieto arrojaban una conclusión inequívoca: lo que estaba en curso era la rehabilitación del poder presidencial. Pero, en el mismo giro, se multiplicaban las interrogantes sobre los propósitos de esa nueva concentración de fuerza: ¿para recuperar el poder soberano del Estado expropiado por los poderes fácticos?, ¿para remover los obstáculos que impedían el crecimiento económico y la creación de empleo?, ¿para someter a la justicia a los corruptos e infractores de la ley? O, meramente, para ejercerlo en beneficio de los suyos: la cofradía mexiquense y sus adláteres. La disyuntiva se planteaba en términos muy simples: fortalecimiento del Estado democrático y los equilibrios republicanos o restauración de algunos de los rasgos más execrables del viejo régimen priista.

Criterios para formar gobierno

En la tradición política mexicana la integración del gabinete solía anunciarse hasta la víspera de la toma de posesión. De esa manera, el presidente electo evitaba exponer a los elegidos al golpeteo prematuro e insano. Si revelaba los nombres con anticipación, sus adversarios “les sacaban sus trapitos al sol” buscando descarrilarlos, mientras los ignorados en la lista original pretendían provocar cambios para ser tomados en cuenta.

Junto con el discurso de toma de posesión, la definición del equipo de gobierno permite medir la estatura del nuevo presidente. ¿Con quién compartirá el ejercicio del poder? ¿A quiénes y por qué ubicará en posiciones cruciales?

La selección de su equipo permite evaluar si estamos ante un líder con la capacidad para convocar a the best and the brightest, como se definió al equipo del presidente John F. Kennedy, o si gobernará bajo la lógica de secta, el pago de facturas o el gabinete de cuates.

Durante siete décadas, una de las claves de la “paz del PRI” fue el entreveramiento generacional, lo que Peter H. Smith llamó “la circulación de las élites”: una renovación permanente de la clase gobernante que evitara la esclerosis, pero también el reemplazo de funcionarios experimentados por una camada de novatos que llegan al gabinete a aprender… echando a perder. El escalafón sirve: promover a quienes han hecho méritos en el cargo inmediato inferior.

Otra clave fue la inclusión, aunque con matices. Nadie gobierna con sus enemigos, pero resulta muy sano imprimir una buena dosis de pragmatismo que se traduzca en la asignación de posiciones de poder a los aliados políticos y grupos que de alguna forma contribuyeron al triunfo, lo que, no obstante, entraña el riesgo de cultivar la condición inamovible de quienes se benefician del statu quo. El peligro es el exceso: pretender gobernar sólo con los cercanos y convertir la lealtad o la confianza en el único cemento que aglutine al equipo: en vez del gobierno de los aptos, el de los adeptos, generalmente ineptos.

La conducción de las finanzas públicas ha sido siempre una cuestión toral, doblemente estratégica en el mundo de la interdependencia globalizada. Sólo con una enorme irresponsabilidad se entregaría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a un funcionario que no resultara confiable por los grandes intereses económico-financieros de México y el exterior; equivocarse puede tener costos altísimos para el país.

Faltando poco para que Enrique Peña Nieto anunciara su gabinete, la incertidumbre prevalecía: ¿tendría la inteligencia y la sensibilidad para reunir a los mejores, aunque no militaran en su mismo partido, aunque no fueran sus amigos? ¿O se impondría la racionalidad de la cofradía?

Gabinete de mexiquenses (y algunos más)

Lo que prevaleció fue el agandalle. El paisanaje se convirtió en criterio ordenador del ejercicio del poder. Lo que ya habían mostrado en los años previos: la propensión a adueñarse de todos los espacios de poder (en la última legislatura del sexenio, el coordinador de los diputados priistas y los presidentes de las principales comisiones en la Cámara Baja eran mexiquenses) fue desplegada a plenitud. Peña Nieto ubicó en los principales puestos a políticos cuyo mérito principal era ser originarios o haberse formado en el Estado de México: cuando no los hizo titulares de una dependencia, los metió como subsecretarios o en posiciones clave en el PRI. Desde el primer momento, el nuevo grupo en el poder mostró su condición rústica, aldeana, limitada al eje Toluca-Atlacomulco y anexas como horizonte.

El presidente integró un gabinete con personajes de trayectorias disímbolas; lo mismo funcionarios profesionales con experiencia en la administración pública federal, como José Antonio Meade (titular de las secretarías de Hacienda y de Energía en el gobierno calderonista), que figuras menores del orbe local y con muy larga cola, como Gerardo Ruiz Esparza: sobreviviente desde los días de Alfredo del Mazo, en el equipo del gobernador Peña Nieto ocupó la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, donde operó los contratos que han abultado las alforjas del puñado de contratistas cercanos a la cofradía: el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Elevado Bicentenario, el Libramiento Nororiente de Toluca…

Entre uno y otro personaje —de Meade a Ruiz Esparza— se marcan los extremos en la conformación del gabinete. Lo esencial, sin embargo, fue la presencia abrumadora de políticos-funcionarios de origen o lealtad mexiquense. Lógica parroquial que contradice uno de los “secretos” de la prolongada permanencia del PRI en el poder: la capacidad para integrar en posiciones clave a políticos de todos los grupos, regiones y orígenes.

En el sexenio de la “democracia eficaz”, lema y compromiso de campaña del “nuevo” PRI, el peñanietismo parecía regresar a los años de la dinastía sonorense (1920-1934): el espíritu de “patria chica” como pauta central para la asignación de las mejores chambas y los más jugosos cotos de poder. Algunos analistas hablaron del “ostión toluco-hidalguense”. Una exageración, desde luego, por lo que hace al segundo componente. Atlacomulco era el núcleo y de ahí se generaban círculos concéntricos. En esa dinámica, pronto quedaría claro, la Secretaría de Gobernación ocuparía uno de los márgenes externos.

¿Dos “vicepresidentes” o un “primer ministro”?

Un imperativo en el arranque de todo gobierno es la identificación de los desafíos mayores que enfrenta el Estado y valorar si el diseño institucional sigue siendo útil o requiere modificaciones de diverso calado: crear o suprimir algunas dependencias, restarles atribuciones o dotarlas de nuevas. Cada seis años, el Ejecutivo envía al Congreso una iniciativa de reformas para “ajustar” la estructura del gobierno al proyecto sexenal.

Lo que se esperaba de Enrique Peña Nieto era una profunda reingeniería institucional que atendiera las malformaciones acumuladas en los últimos sexenios, sobre todo el crecimiento irracional de la administración pública federal. No ocurrió así.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y la promulgación de otras leyes —de Contabilidad Gubernamental, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Deuda Pública— otorgaron mayores atribuciones a dos secretarías clave para la gobernanza y la seguridad: Hacienda y Crédito Público, encargada a Videgaray Caso, estratega del peñanietismo, y Gobernación, asignada al exgobernador hidalguense Osorio Chong.

Aunque no hipoteca ni determina el derrotero de la administración, la integración del gabinete envía señales claras sobre la racionalidad que amalgama al equipo, echa luz sobre sus alianzas, deja ver los eventuales acentos en la gestión y, en muy buena medida, anticipa el estilo personal de gobernar del presidente.

En esa perspectiva, la selección de Videgaray y Osorio se distanciaba, en términos relativos, del canon cumplido en los últimos sexenios: un “técnico” para el gobierno de las finanzas nacionales y un “operador” para la gobernanza del país (política interior y seguridad). La nota “disonante” la ofrecía Videgaray, cuyas cualidades políticas habían sido desplegadas intensamente en los años recientes: primero, como diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la anterior legislatura de la Cámara de Diputados; después, como jefe de las campañas de Eruviel Ávila por la gubernatura mexiquense y de Peña Nieto por la Presidencia. No era extraño que en las semanas previas a la designación se le ubicara como candidato natural al Palacio de Cobián: nadie mejor que el consejero áulico para conducir la política y coordinar el trabajo del gabinete.

Al final se impuso otra lógica. Aunque no, estrictamente, por la experiencia de Videgaray Caso en materia financiera, breve pero sustanciosa: su formación académica (economista por el ITAM, doctorado en finanzas públicas por el Massachusetts Institute of Technology, MIT); su paso por Protego Asesores —firma especializada fundada por Pedro Aspe Armella, titular de Hacienda en el sexenio salinista— y, por supuesto, su gestión de casi cuatro años como secretario de Finanzas en el Estado de México, donde operó una exitosa reestructuración de la deuda pública.

Lejos de valoraciones puramente técnicas, la designación anticipaba un esquema centralizador en el ejercicio de gobierno. Por su ambición, inteligencia y talante multifacético, Videgaray asumiría la llamada “vicepresidencia” hacendaria —suerte de poder real en las administraciones neoliberales— sin ceder los privilegios del estratega y principal consejero político del presidente.

Muy distinto era el caso de Osorio Chong, un político de bajo perfil y límites regionales: antes de llegar a la gubernatura de Hidalgo (2005-2011) fue subsecretario y secretario de Gobierno, secretario de Desarrollo Social y secretario de Desarrollo Regional, además de secretario de Acción Electoral y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006), no dejó huella en la historia parlamentaria. Delegado general del CEN en el Estado de México, participó en la campaña de Eruviel Ávila a la gubernatura, y meses después, ya como secretario de Operación Política de la dirigencia nacional priista, estrecharía lazos con el candidato Peña Nieto.

Después de la victoria, en la obligada división de tareas, Videgaray y Osorio serían confirmados como las figuras centrales del gabinete. Dos mariscales de campo o “vicepresidentes”, se dijo entonces, en los que Peña Nieto depositaba porciones estratégicas, equiparables por su trascendencia, del quehacer gubernamental. Fórmula del poder bifronte, siempre subordinado al mando presidencial, que algunos analistas interpretaron como un extraño “modelo de presidencia tripartita”: Los Pinos, Gobernación y Hacienda. Fue un error de perspectiva. Muy pronto sería evidente que la concentración de poder beneficiaba sólo a uno de los secretarios. La imagen de “vicepresidencias” en disputa era un espejismo. Sería mejor hablar de un anómalo “primer ministro” o, más sencillamente, del verdadero poder tras la silla del águila.

La restauración de la Segob

Al mirar la élite política del México del siglo XX resultan claros varios momentos. De 1920 a 1946 la preeminencia de los militares: todos los que ocuparon la Presidencia de la República, salvo Emilio Portes Gil, fueron generales de división. A partir de 1946 y hasta 1982 prevalecieron los políticos, todos abogados con excepción de Adolfo Ruiz Cortines, y de 1982 a 2000, los tecnócratas.

En la primera etapa, el país recién salía de la lucha armada y la clase gobernante estaba dominada por los “revolucionarios”. En consecuencia, la preeminencia de la Secretaría de Guerra y Marina era indiscutible. Ya en los años cuarenta el aparato gubernamental más complejo reclamaba otros saberes al funcionariado. Se impusieron los abogados y la Secretaría de Gobernación se convirtió en la plataforma hacia la Presidencia (salvo en el caso de Adolfo López Mateos, que venía de Trabajo y Previsión Social, STPS).

Pero hacia 1982 la globalización sentaba sus reales. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, en la Gran Bretaña, y Ronald Reagan, en Estados Unidos, impusieron la tesis del Estado mínimo como supuesto indispensable del proyecto neoliberal. En México llegaron al poder los economistas con estudios de posgrado en algunas de las más prestigiadas universidades de Estados Unidos. Comenzó el proceso que condujo a desmantelar las instituciones sociales que, aún ineficaces y atravesadas por la corrupción, habían contribuido a preservar el tejido social y amplios márgenes de gobernabilidad. Desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo, los candidatos surgieron de la Secretaría de Hacienda o de su desprendimiento temporal, la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La alternancia en el año 2000 rompió esa lógica. No obstante, el paulatino desdibujamiento de la Secretaría de Gobernación no se dio con el PAN, empezó a perder atribuciones dos décadas antes. La desaparición de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) durante la gestión de Miguel de la Madrid (1982-1988), ante las evidencias de la penetración del crimen, dio paso a la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que tenía conexión directa con la Presidencia y sólo de manera subsidiaria con Gobernación.

No fue todo. Con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), el titular de Gobernación dejó de presidir el organismo responsable de organizar las elecciones. Otras decisiones afectaron a la poderosa secretaría: primero, la desaparición de Productora e Importadora de Papel, S. A. (PIPSA), indispensable para el control político de la prensa; después, el traslado a Los Pinos de la conducción de la política de comunicación del gobierno federal.

Cuando llegó Fox no había mucho más que enmendar, pero eso poco lo concretó: sacó la Subsecretaría de Seguridad Pública de Gobernación para convertirla en la Secretaría de Seguridad Pública, muy poderosa durante el mandato de Felipe Calderón con Genaro García Luna al frente.

Otro factor, estrictamente político, que contribuyó a reducir la dimensión de la otrora temible Secretaría de Gobernación fue la designación como sus titulares de auténticos aprendices de brujo: en los años de Acción Nacional, Santiago Creel, Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake y Alejandro Poiré. Después de siete décadas de dominio priista, el panismo no podía más que habilitar figuras de muy distinta trayectoria para ése y otros cargos (como el de titular de la PGR).

La decisión de Peña Nieto de restablecer algunas de las facultades de esta cartera, acentuando la perspectiva del “control político” y centralización del aparato de seguridad e inteligencia, parecía recuperar la condición de súper secretaría, si bien cuestionada en términos democráticos —el coctel explosivo que supone la mixtura política-policía— y puramente operativos —macrocefalia, pesadez burocrática, hiperconcentración improductiva.

La pretendida “restauración” del antiguo poder sería equilibrada, no se sabe si por voluntad expresa o por error, con la impericia y grisura de Osorio Chong, un político de segundo nivel y, sobre todo, marginado del primer círculo presidencial. Condición que sería subrayada con la incrustación de una cuña mexiquense: Luis Enrique Miranda, compadre de Peña Nieto, a cargo de la Subsecretaría de Gobierno hasta el 7 de septiembre de 2016.

En lo que sí tuvo voz y voto el secretario Osorio fue en la designación de uno de sus hombres, Eugenio Ímaz, como director del Cisen, órgano de inteligencia civil del Estado que, con la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, concentraría toda la información estratégica generada por las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal (adscrita a Gobernación).

El Pacto por México

Una vez que Peña Nieto fue declarado presidente electo, los astros parecieron alinearse a favor del nuevo grupo gobernante y su programa de transformaciones. Tanto los presidentes del PAN y del PRD como sus coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados parecían dispuestos al diálogo. Contra todo pronóstico, ni panistas ni perredistas pretenderían ejercer una oposición a ultranza, como la que dificultó por años la concreción de acuerdos en temas mayores. Los retos que enfrentaba el país demandaban un espacio de negociación y concertación.

En el círculo presidencial leyeron bien el momento y convocaron a una mesa de análisis donde se articuló una ambiciosa agenda de 95 puntos. La iniciativa fue bautizada como Pacto por México.

La mayor parte de los temas respondía al diagnóstico elaborado por los sectores más conscientes de la sociedad civil, lo mismo en materia político-electoral que en el diseño de una nueva institucionalidad democrática, transformación del sistema de procuración e impartición de justicia, consolidación del régimen de transparencia y rendición de cuentas, impulso a la competencia económica, regulación actualizada en materia de telecomunicaciones, nuevos criterios para el fortalecimiento del sector energético, política fiscal de largo aliento, programas estratégicos contra la pobreza y la marginación, reforma del sistema educativo, entre los puntos más destacados.

De los tres presidentes de partidos que suscribieron el Pacto, la parte más difícil le tocó a Jesús Zambrano del PRD, quien lo firmó a pesar de la rotunda negativa de las corrientes más poderosas en el interior del partido: Alternativa Democrática Nacional (ADN) o los “bejaranistas” de Izquierda Democrática Nacional (IDN), que detentaban la Secretaría General. Sin embargo, Nueva Izquierda y sus aliados se movieron rápido y Zambrano suscribió el Pacto con el apoyo de senadores, diputados, dirigentes estatales y los gobernadores Arturo Núñez, de Tabasco; Graco Ramírez, de Morelos, además de los “aliados” Gabino Cué, de Oaxaca; Ángel Heladio Aguirre, de Guerrero, y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El súbito “redescubrimiento” de México por los medios internacionales y la ubicación de Peña como un líder de estatura mundial se explicaban menos por lo que se había hecho y más por lo que podría hacer y el Pacto prometía. Peña era percibido como un líder capaz de construir los acuerdos políticos que le dieran viabilidad a las reformas estructurales.

Por su ambición integral y pretendidos alcances de cambio estructural, el Pacto fue definido como “una de las iniciativas políticas más importantes de los últimos años”. Sin embargo, también se advertía que la suerte y orientación del gobierno de Peña en la primera mitad del sexenio dependerían del resultado de la iniciativa: éxito, frustración o desengaño.1 Porque, más allá del consenso social, político y legislativo que anticipaba la reforma educativa, el reto mayor estaba en otros temas estratégicos:

[…] casi la mitad de los 95 puntos pactados están sujetos a la aprobación de una reforma fiscal —que multiplique los recursos públicos destinados a inversión productiva, infraestructura, programas y subsidios—, misma que no puede desligarse de una reforma energética que modifique, para empezar, el estatus de Pemex como surtidor de recursos millonarios para la hacienda pública (transfiere 6% del PIB, más de un tercio de los ingresos federales); la profundidad de una y otra determinará, por definición, el alcance del “sistema de seguridad social universal” como responsabilidad del Estado —sufragado con impuestos generales— y su efecto en cascada tanto en las finanzas familiares y empresariales —eliminaría las cuotas obrero-patronales— como en el sector informal de la economía —restaría incentivos al negocio subterráneo—. La ruta del Pacto y sus promesas parece sembrada de obstáculos, zonas pantanosas, despeñaderos o callejones sin salida.2

El golpe contra la Maestra

El 26 de febrero de 2013, cerca de las siete de la noche, fue detenida en el aeropuerto de Toluca la profesora Elba Esther Gordillo. La decisión de tocar a quien hasta entonces parecía intocable hacía inevitable evocar dos golpes de Carlos Salinas de Gortari en el arranque de su gobierno: el quinazo, contra la cúpula del sindicato de Pemex, y la remoción de la dirigencia del SNTE de Carlos Jonguitud Barrios, presidente vitalicio de la Vanguardia Revolucionaria del Magisterio.

Al margen de las obvias distancias de tiempo y contexto (hoy no es fácil “sembrarle” un muerto y armas a un personaje desafecto, y los medios tienen márgenes de libertad que eran inexistentes entonces), el encarcelamiento de Gordillo reiteraba el “mensaje” del antiguo régimen: no hay poder por encima del poder presidencial.

La maestra Elba Esther es un personaje complejo y de contrastes. Algunos de los rasgos que más incomodan a sus críticos —la actitud desafiante y el gusto por ropa y accesorios caros— se inscriben en una larga tradición del sindicalismo mexicano, desde Luis N. Morones hasta Joaquín Gamboa Pascoe. Morones, dirigente de la CROM quien llegó a ser secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno de Plutarco Elías Calles, gustaba de ostentar su riqueza. En años más recientes, Salvador Barragán Camacho, alfil de la Quina y secretario general del sindicato petrolero, se daba el lujo de perder un millón de dólares en un casino de Las Vegas.

La maniobra para convertir a la exlideresa en “villana favorita” implicó omitir o ignorar elementos centrales de su trayectoria:

1. Que en 1989 el deterioro salarial del magisterio había alcanzado niveles inadmisibles ante la pasividad de la dirigencia encabezada por el “líder moral”, Carlos Jonguitud, y que esas duras condiciones dispararon una rebelión (el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE) que llegó a las puertas de Los Pinos.

2. Que el cambio se orquestó desde el poder: Salinas escogió a la maestra Gordillo para reemplazar a su antiguo maestro, de quien se había distanciado por discrepancias políticas y de estrategia sindical.

3. Que una tarea prioritaria de Elba Esther fue la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores de la educación, al tiempo que impulsaba transformaciones mayúsculas dentro del sindicato, entre ellas: la desafiliación de los trabajadores de la educación al PRI; la creación de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro y del Instituto de Estudios Sindicales de América (IESA); la realización de encuentros internacionales sobre educación, sindicalismo y democracia.

4. Que el sindicato magisterial, a diferencia de la mayoría de las organizaciones gremiales en el país, tenía vida propia.

5. Que promovió, a través del foro El Sindicalismo ante la Nación, una alternativa moderna, más democrática y menos obsecuente al poder, para las organizaciones del mundo del trabajo.

No obstante, su estilo personal y el enorme poder acumulado llevó a atribuir al SNTE y a su presidenta el carácter de obstáculo mayor para la transformación educativa; como si la ausencia de compromiso real de distintos gobiernos con la educación, la profunda inequidad que prevalece en el sistema de enseñanza básica y media superior, el abandono de las escuelas normales y la simulación en los programas de actualización del magisterio, entre otros factores, no explicaran el desastre educativo.

Consumado el golpe contra la Maestra, se esperaban otros similares que mostraran que no se trataba sólo de un ajuste de cuentas —venganza con efectos intimidatorios—, sino el principio de una operación legítima para desmontar otros feudos. No ocurrió así. Liderazgos notoriamente corruptos y “vitalicios”, como el de Joel Ayala en la burocracia federal (FSTSE) o el de Carlos Romero Deschamps en Pemex (STPRM), permanecen intocados.

La “nueva estrategia” de seguridad pública

El 17 de diciembre de 2012, a dos semanas de iniciada la administración, Miguel Osorio Chong presentó, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, una radiografía cruda que exhibía el fracaso de la estrategia anticrimen del gobierno anterior: el secuestro se incrementó en 83%; el robo con violencia, 65%; la extorsión, 40%; los delitos sexuales, 16%; el robo en carretera, más de 100 por ciento.

Ninguno de esos datos era nuevo. Muchos estudiosos documentaron a lo largo de los últimos años las insuficiencias, vulnerabilidades y errores de estas políticas: la ausencia de un enfoque integral que implicara la concurrencia de otras instancias del gobierno federal (las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Agricultura, Salud y Educación), a las que tendrían que haberse sumado los otros poderes y órdenes de gobierno; un concurso que, debe reconocerse, casi todos regatearon.

Otros de los errores más grandes fueron el énfasis policiaco-militar de la estrategia y la desatención al clima de desconfianza mutua, desorden y mezquindad que prevaleció entre las instancias del gabinete de seguridad nacional. Un caso extremo fue el de la PGR: por ineptitud, irresponsabilidad o complicidad, la inmensa mayoría de los presuntos delincuentes puestos en manos del Ministerio Público pudo escabullirse de la justicia.

En el sexenio de Calderón se había hecho poco para afectar las finanzas de los cárteles. El escándalo del banco HSBC, que favoreció a través de sucursales en México el lavado de miles de millones de dólares, muestra el desempeño tramposo de esa institución y la inoperancia, si no es que la colusión, de los responsables de identificar esas operaciones sospechosas (la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y, otra vez, la PGR).

Eso explica que el recién nombrado procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmara que recibió una institución desmantelada, inoperante, que abusó del arraigo y manipuló a los “testigos colaboradores” (delincuentes acogidos a los privilegios de esa figura, entre ellos, la disminución de las penas) para encarcelar a funcionarios cuya responsabilidad en actividades criminales permanecía en duda.

A esto se sumó uno de los efectos no calculados de la estrategia calderonista: el descabezamiento de los cárteles del narcotráfico dio lugar a su fragmentación, a la multiplicación de células criminales “menos poderosas” pero comandadas por personajes más violentos. De ahí que, al iniciar la administración priista, decenas de bandas operaban en casi todo el territorio nacional y habían diversificado sus actividades: ya no era sólo la protección de las rutas para el trasiego de la droga, sino la extorsión, el secuestro, el robo con violencia y el homicidio.

El incremento sustancial de recursos públicos para las dependencias responsables de combatir a los delincuentes no se tradujo en buenos resultados. La inmensa mayoría de los delitos no era denunciada (apenas ocho de cada cien) y sólo se castigaba uno de cada cien delitos cometidos.

Asumiendo que el narcotráfico es un fenómeno trasnacional y multidimensional que involucra tanto a México como a Estados Unidos (principal mercado de las drogas ilegales que atraviesan la frontera común), otra falla de la estrategia consistió en confundir colaboración con sumisión: las acciones del gobierno mexicano respondieron más a la agenda de seguridad estadounidense que al propio interés nacional. Poco explorado por especialistas y actores políticos, el factor externo resulta crucial para entender lo ocurrido en el sexenio de Calderón: que, en muy buena medida, la “guerra contra las drogas” nos fue impuesta por Washington y sus agencias antinarcóticos.

En un contexto como éste, apenas bosquejado aquí, se inscribió la propuesta del presidente Peña Nieto en materia de seguridad y justicia, definida por un cambio de tono y nuevos acentos.

Con énfasis en la planeación, la prevención, la coordinación y el respeto a los derechos humanos, la nueva estrategia se encaminaba a “reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”. Esto implicaba “disminuir”, en el corto plazo, los “indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones”. Para lograrlo, decía Peña Nieto, “vamos a articular los programas, esfuerzos, acciones y presupuestos con que cuenta el Estado para construir un México en paz. No habrá improvisación”. Por lo tanto, la planeación sustentada en diagnósticos rigurosos debía marcar la pauta y el despliegue táctico.

Al menos en el discurso, la ruptura entre la estrategia de Calderón y Peña era total. Pero lo que seguía era bastante más complejo: transitar del discurso a la formulación de acciones que se tradujeran, en plazos muy cortos, en un clima de certidumbre en ciudades, regiones y entidades lastimadas por la delincuencia. Y, desde el campo de la sociedad civil, multiplicar en cantidad y calidad el trabajo de fiscalización, seguimiento y exigencia a las autoridades federales, estatales y municipales.

La realidad fue muy distinta. El “nuevo enfoque” consistió en la reiteración de lo mismo y algunas modificaciones de forma, no de fondo:

• El cambio de “tono” consistió en bajarle el volumen a la difusión de hechos delictivos. Los estrategas oficiales pensaban que el miedo de la sociedad era, principalmente, un problema de percepción alimentado por los medios; en consecuencia, si los medios reducían su atención a la violencia, la gente se sentiría más segura. Sin embargo, el crecimiento de delitos de alto impacto hizo imposible omitirlos. La nota roja se convirtió en el mayor ingrediente noticioso.

• Esfuerzos por “mejorar” la coordinación entre dependencias federales, lógica elemental y obligación primera de un gobierno sumido, por voluntad ajena, en las condiciones extraordinarias de una “guerra”; así como estimular la colaboración de gobiernos estatales y municipales, mayoritariamente priistas, que durante años eludieron toda obligación legal, política y moral al respecto.

• Finalmente, la otra “novedad” consistió en la designación de un comisionado especial para atender la situación explosiva en Michoacán (guerra entre narcos, gobernadores coludidos, autodefensas civiles, agitación social); una especie de delegado plenipotenciario, Alfredo Castillo Cervantes, que conduciría la intervención federal sin necesidad de decretar la desaparición de poderes en el estado. El experimento, fatal en casi todos los sentidos, no se replicaría en ninguna otra entidad.

Notas:

1 Véase Grupo Consultor Interdisciplinario (GCI), “El Pacto y sus impactos. Una promesa cercada de incógnitas”, Carta de Política Mexicana, 8 de febrero de 2013, p. 18.

2 Idem.

3

Trazos de un sexenio

2014: el aterrizaje del Pacto

EN SU PRIMER TRAMO, las acciones y decisiones de Peña em de México: la prensa internacional se mostraba optimista. Unos hablaban del Mexican moment, otros dedicaban sus portadas con títulos excesivos: Saving Mexico…

Más temprano que tarde, sin embargo, tocaría el turno a la indomable realidad. Lo que seguía era el aterrizaje de los principales acuerdos del Pacto por México: ¿cuáles serían los contenidos de la reforma en telecomunicaciones?, ¿la “hacendaria” modificaría el trato con aquellos sectores que disfrutan de privilegios fiscales (la desaparición de subsidios y exenciones para el gran capital)?, ¿la “energética” incluiría el ajuste radical del acuerdo corporativo con los sindicatos petrolero y eléctrico?, ¿en materia educativa se darían los pasos necesarios: refundación del sistema de normales, inversión con sentido de justicia para dotar a las escuelas de las regiones más pobres de las condiciones indispensables?

Transcurrido el primer año del sexenio, era evidente que no estábamos ni en el Mexican moment ni teníamos el gobierno de resultados que prometió Peña Nieto durante la campaña.

El arranque de la administración estuvo signado por anuncios y decisiones que parecieron mostrar a un grupo gobernante que tenía proyecto y sabía cómo concretarlo. Pero a las decisiones contundentes, promisorias, de la primera hora, siguió un segundo momento de indecisiones y estancamiento. Y no sólo eso, pues en tres asignaturas mayores, las que verdaderamente importan a la sociedad: el crecimiento económico, como condición para generar los empleos dignamente retribuidos que reclaman millones de jóvenes; el combate a la pobreza y la desigualdad, y la seguridad, indispensable para devolver la tranquilidad perdida, los resultados fueron adversos.

Los pronósticos de crecimiento para 2013 debieron “ajustarse” ante el mediocre desempeño de la economía (lo mismo ocurrió en los años subsecuentes, hasta llegar al punto más bajo en 2017). En septiembre de 2014, en Nueva York, Peña Nieto anticipó que ese año la economía crecería 2.7%, 3.7% en 2015, 4% en 2016, y entre 5 y 6% al cierre del gobierno. La realidad se impuso: en 2013 la economía creció sólo 1.36%; en 2014, 2.27%; en 2015, 2.65%; en 2016, 2.29%; y en 2017 se quedaría rondando 2.2 por ciento.

Por otro lado, la delincuencia siguió cebándose sobre muchas comunidades: los habitantes de numerosos poblados en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y otras entidades seguían siendo víctimas de extorsiones, secuestros y asesinatos.

La integración y el diseño del gabinete llevaron a puestos de altísima responsabilidad a un conjunto variopinto de figuras y figurines cuya ineptitud empezó a lastrar la marcha de la administración. Lejos de las condiciones “ideales” exigibles a quienes forman el equipo presidencial: patriotismo, calidad irreprochable, honestidad a toda prueba, capacidad certificada en el ramo para el que serían designados, lo que se impuso fue el paisanaje, la lealtad y el pago de facturas.

Los poderes fácticos, de dentro y de fuera, impusieron su lógica e intereses al Ejecutivo. Pronto debió reconocerse que la suerte de la administración y sus impactos en distintas esferas (sociales, políticas y económicas) no dependía de la manera en que articulara las diversas políticas públicas (industrial, fiscal, educativa, financiera, agropecuaria, de seguridad…), sino de lo que resultara de la reforma energética y, por supuesto, de la marcha de la economía estadounidense.

La “madre de todas las reformas”, a la que le apostaron todo, no fue la educativa o la fiscal, la financiera o la de telecomunicaciones, sino la que imponía la “apertura” del negocio petrolero y eléctrico; y allí, las condiciones adversas del mercado, una variable que desestimaron los genios de la administración, desmintieron muy pronto las cuentas alegres.

Por su parte, el cambio en materia educativa encontró una oposición irreductible. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, la reforma resultó letra muerta.

Súmese a todo esto que, a pesar de la astringencia económica, no se impuso una política de austeridad y racionalidad en el gasto ni se emprendió una reingeniería gubernamental que redujera el pesado y oneroso aparato estatal. Por el contrario, la clase gobernante siguió exhibiendo un dispendio inmoral y la apropiación ilícita de los recursos públicos.

Luego de un inicio a tambor batiente, la administración de Peña Nieto perdió gas. Al primer tiempo de definiciones y acciones siguió un segundo de incertidumbre y, luego, otro de interrogantes, frustración y enojo.

La reforma energética, un mundo feliz

Para el presidente Peña Nieto sacar adelante la reforma energética era crucial, no sólo por las condiciones que imperaban en la industria petrolera mexicana —caída abrupta en nuestras reservas y en la producción de petróleo y gas; crecimiento de las importaciones de gasolinas y gas; insuficiencia tecnológica para explorar yacimientos en aguas profundas, etcétera—, o por la nueva situación del sector petrolero de Estados Unidos —su conversión en el corto plazo en una potencia exportadora—, sino porque, para “mover a México”, era indispensable concretar cambios de gran calado según la perspectiva de las grandes calificadoras y el interés de corporaciones multinacionales. Podría decirse, sin exagerar, que la “apertura” del sector (entendida como fin del monopolio estatal desde la expropiación cardenista de 1938) resultaba indispensable para mantener la percepción de algunos medios influyentes sobre el “momento de México”.

Aliado con Acción Nacional y algunos legisladores de otros partidos, Peña Nieto dispuso de los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada y reformar la Constitución; pero, para lograrlo, debió integrar algunos componentes de la iniciativa panista.

Quienes estuvieron a favor de una reforma que abriera más las puertas a la participación privada en Pemex repetían datos que mostraban el estado ruinoso de la empresa que había sido orgullo de México, pero omitían las muchas cosas que podrían haberse hecho sin tener que recurrir a las reformas constitucionales:

1) revisar la estructura de Pemex, su funcionamiento y reducir su pesada e ineficaz estructura burocrática; 2) revertir los términos de negociaciones colectivas onerosas para la empresa, lo que incluye el sistema de pensiones; 3) cerrar las válvulas de la corrupción y del saqueo sistemático que padece la petrolera en varios niveles (lo mismo el robo de combustible que el otorgamiento amañado de contratos); 4) permitirle operar como una empresa: con mayor capacidad de gestión, autonomía presupuestal, planeación multianual, mayor disponibilidad de sus recursos… lo que obligaría a emprender una reforma hacendaria que fortaleciera las finanzas públicas, haciéndolas depender menos de la renta petrolera.

La oposición de muchos mexicanos a la participación creciente en Pemex de empresarios privados, mexicanos y extranjeros, no respondía sólo a componentes “patrioteros”, sino a algo más concreto: las duras experiencias de los procesos de privatización durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994): la manera en que entregó los bancos a los casabolsistas que, a su vez, muy pronto los transfirieron a inversionistas extranjeros que han hecho de las suyas ante la pasividad de las autoridades; la conversión de Teléfonos de México, monopolio público, en monopolio privado y puntal de una de las mayores fortunas del mundo (Carlos Slim); la entrega de Imevisión (televisión pública) a Ricardo Salinas Pliego, que no mejoró la calidad de la oferta, sino al contrario; la “privatización” del ejido para beneficiar no a los campesinos (justificación “social” de la contrarreforma agraria) sino al negocio de corporaciones agroindustriales, etcétera.

De acuerdo con la exposición de motivos, las bendiciones que arrojaría la reforma energética peñanietista eran portentosas: crecerían el PIB y la generación de empleos; se obtendrían recursos fiscales adicionales para abatir la pobreza extrema y crear mecanismos de redistribución eficaces; los grupos más vulnerables tendrían la oportunidad de desarrollarse; se formaría a las nuevas generaciones con educación de calidad; se invertiría en infraestructura, para generar un desarrollo incluyente que alcanzaría todos los rincones del país… ¡Casi el paraíso!

Más allá de la retórica, eran muchas las dudas que dejaba: ¿por qué era necesario reformar los artículos 27 y 28 constitucionales?, ¿en qué consistiría el nuevo régimen fiscal de Pemex?, ¿qué impactos tendría la reestructuración de Pemex?, ¿se traduciría en una reducción de su pesada burocracia?, ¿cómo compensaría la SHCP la reducción de sus ingresos?

Había más preguntas: ¿se modificaría el asfixiante sistema pensionario de Pemex?, ¿cuáles serían los términos de los contratos de “utilidad compartida”? Una última: tal como estaba planteada la reforma, ¿era atractiva para los inversionistas? La precariedad de los órganos reguladores y la proverbial incompetencia de los funcionarios no anticipaban nada bueno.

PEMEX: RUINA “CULTIVADA”

La “apertura” del sector fue precedida de una serie de decisiones gubernamentales que en los últimos lustros llevó a la depredación de Pemex. Nunca hubo un intento serio, responsable, de corregir las enormes distorsiones que vivían Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); no se hizo nada para mejorar la operación, evitar o reducir la ineficacia y las duplicidades y cerrar las puertas a la corrupción; se desmanteló (o casi) el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y fueron despedidos o llevados a retiro anticipado los técnicos y profesionales de la industria petrolera; se nombraron directores de Pemex que carecían de la experiencia y la trayectoria inexcusables para dirigir la empresa más importante de México y se les permitió que emprendieran reestructuraciones absurdas y costosas.

Y esto por no hablar de lo que se pierde con los robos de combustible (“la ordeña de ductos”) denunciados desde hace lustros y de por qué no se han adoptado medidas eficaces para frenarlos y llevar a los responsables ante los tribunales. La empresa calcula las pérdidas en 20 000 millones de pesos anuales; algunos analistas manejan el doble.

En esta perspectiva, una gran interrogante esperaba respuesta: ¿por qué, ahora sí, la clase gobernante —la misma que ha enajenado buena parte del patrimonio nacional y que se ha enriquecido desde los cargos públicos— defendería el interés nacional y no su beneficio personal o de grupo?1

ADMINISTRAR LA ABUNDANCIA

Al arranque del sexenio 1976-1982 el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos llevó al presidente José López Portillo a posponer las transformaciones que reclamaba el país. Éramos “ricos” y enfrentábamos un desafío, no el ancestral de la pobreza, sino uno nuevo: el de “cómo administrar la abundancia”. Su periodo terminó en ópera bufa; las duras consecuencias de la corrupción y el manejo caprichoso del poder siguen marcando el derrotero del país.

A la vuelta de más de 30 años, la reforma energética, nos anunciaron sus apologistas, era portadora de bendiciones sin precedentes; deberíamos prepararnos, otra vez, para “administrar la abundancia”. Una cascada de inversiones produciría un crecimiento vigoroso de la economía y el empleo, que le daría al Estado recursos formidables para ensanchar la infraestructura, abatir la pobreza extrema, mejorar la calidad educativa y los servicios de salud… Todo esto sin tener que pagar los costos de limpiar la corrupción y la ineficacia en Pemex y la CFE, sin tener que tocar sus pesadas burocracias, sin alterar las condiciones que permiten la “ordeña” de los recursos públicos en beneficio de delincuentes de overol o de cuello blanco…

Aprobada la reforma es inevitable advertir los enormes riesgos que porta: 1) el carácter sistémico de la corrupción; 2) la rudeza y el enorme poder de los “lobos” multinacionales que ya acechan; 3) la fragilidad de los órganos reguladores; 4) los artificios en la nueva legislación que, entre otras cosas, establecen condiciones de excepción para los directivos de las nuevas empresas (reglas demasiado laxas ante potenciales excesos), y 5) la ausencia de patriotismo que prevalece en un funcionariado frívolo y voraz.

Educar, ¿para qué?

Sólo en la retórica de altos vuelos la educación ha sido una prioridad del Estado mexicano. El compromiso con la educación adorna los discursos de los políticos, sobre todo de los candidatos presidenciales, pero no es creíble. Un solo dato: el recuento de los titulares de la Secretaría de Educación Pública a lo largo de más de 100 años muestra que los presidentes suelen designar a personajes que carecen de los méritos, las trayectorias o las capacidades exigibles a los responsables de conducir al sistema educativo. En todo un siglo, sólo tres personajes —Justo Sierra, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet— han tenido la lucidez, la entrega y la visión de largo plazo que reclama semejante encargo.

Muestra de desprecio o simple irresponsabilidad, en el ánimo de resolver el embrollo poselectoral de Tabasco, en enero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo le ofreció a Roberto Madrazo la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, ¡la SEP convertida en moneda de cambio para la solución de un conflicto político! Otro ejemplo, ahora en el sexenio salinista: después de su paso por Gobernación, Manuel Bartlett fue designado secretario de Educación Pública, a donde llevó a ocupar puestos clave a los mismos colaboradores que le habían servido en Gobernación.

No obstante las múltiples deficiencias del sistema educativo mexicano, durante décadas la educación “impartida” por el Estado constituyó el instrumento privilegiado para mejorar la calidad de vida y el ascenso social. Muchos de los mexicanos más destacados en las ciencias, la medicina, la cultura del siglo XX, se formaron en escuelas públicas. Pero hoy las instituciones de enseñanza pública se han convertido en fábricas de desempleados e inempleables. La educación es una prioridad crítica, pero los títulos y los certificados cada vez valen menos. El desastre educativo es un brutal desperdicio de los recursos escasos de un país pobre y, a un tiempo, una forma de perpetuar o profundizar las desigualdades sociales.

¿Qué ocurrió con el sistema educativo? ¿Dónde se extravió? Los énfasis del pasado puestos en la cobertura educativa, y no en su calidad, en la memorización y la obediencia no correspondían ya a los ingredientes que reclama un país inserto en la globalidad. Es preciso enseñar los derechos, pero no debe haber derechos sin responsabilidad, es decir, sin deberes; es imperativo fortalecer los valores cívicos: el respeto a la vida, al medio ambiente, el amor a la patria, pero, al mismo tiempo, estimular la imaginación, el pensamiento crítico, la invención. Formar ciudadanos de México y del mundo.

Para colmo, las exigencias a profesores y alumnos se han relajado; hoy los profesores, sobre todo de enseñanza media y superior, han perdido autoridad, los alumnos “chatean” mientras toman sus clases y en muchas escuelas —incluso en universidades privadas— imponen horarios y días de asueto.

Para sacudir al sistema educativo no había que seguir reduciendo las exigencias escolares sino, por el contrario, establecer normas educativas más altas y acordes con las exigencias del mundo actual. La mediocridad no le sirve a nadie, ni a egresados ni a empleadores, menos aún al país.

El descuido, el burocratismo y la simulación que arrastra el sistema educativo atentan en contra de los valores democráticos y acentúan las disparidades sociales. Las escuelas rurales y, sobre todo, las de las comunidades indígenas son las más abandonadas; en ocasiones las aulas no cuentan siquiera con una pizarra, mucho menos con baños para los niños y niñas; así, las escuelas se constituyen en reproductoras de la marginación.

Como ocurre en materia de seguridad pública, en la educación el problema no es meramente de recursos económicos —aunque los incluye— sino, principalmente, el uso que se da a los recursos públicos: dónde y cómo se invierte.

Vale repetir las cinco cualidades esenciales que Ruy Pérez Tamayo identifica para el buen maestro: 1) ser un investigador activo, es prácticamente imposible enseñarle a un alumno a hacer algo que su maestro no hace; 2) estar genuinamente interesado en la enseñanza; 3) saber estimular al alumno para que desarrolle sus propias ideas; 4) saber no estorbar, y 5) aceptar que una de las metas más nobles de la educación es que los alumnos superen a sus maestros.

EL SNTE Y LA REFORMA

Al analizar el estado lastimoso del sistema educativo, algunos investigadores, los menos, subrayan el carácter multifactorial de este fenómeno: la responsabilidad de los maestros, del poder público y la autoridad educativa, de los padres y tutores, de los medios de comunicación, así como los impactos del contexto sociocultural; pero otros, mayoría dominante en el debate público, ofrecen una línea de interpretación que fija la responsabilidad casi única en la organización sindical del magisterio.

De ahí que, cuando el SNTE hizo pública su postura frente a la iniciativa del Ejecutivo para reformar el artículo 3° de la Constitución, la lectura prevaleciente haya reiterado ese diagnóstico fragmentario de la “catástrofe silenciosa” cultivada en las últimas cuatro décadas: “El SNTE está en contra de la reforma educativa”, dijeron unos; mientras otros advertían que la movilización (cívica, pacífica, apegada a la ley) anunciada por la organización equivalía a una declaración de guerra.

En 2008 la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) suscrita entre la autoridad educativa y el SNTE fue una iniciativa de gran aliento para sacudir al sistema educativo. Entre los temas centrales incluía, por ejemplo, un cambio sustantivo en los mecanismos de ingreso y promoción tanto del personal docente como de directores, supervisores y autoridades educativas; la formación permanente de los maestros; el equipamiento y rehabilitación de los centros escolares, así como la atención ineludible a rubros como alimentación y salud de niños y jóvenes, factores que inciden en el aprovechamiento en las aulas. Sin embargo, la ACE enfrentó la resistencia no sólo de sectores conservadores del propio sindicato —sobre todo de la CNTE— que buscaban defender viejos privilegios, sino del alto funcionariado de la SEP, beneficiario de esas condiciones.

Los dirigentes del SNTE han sido interlocutores incómodos, seguramente, pero dispuestos a contribuir a la resolución de los desafíos mayores del sistema educativo. Suele olvidarse, por ejemplo, que fue el sindicato el que propuso dotar de autonomía plena al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Resulta natural, en consecuencia, que el 20 de diciembre de 2012, ante la iniciativa de reforma constitucional, el sindicato fijara esta postura: “Decimos SÍ a la calidad y excelencia de la educación, y SÍ a un cambio estructural que destierre la inequidad educativa y la desigualdad social, que reduzca la brecha científica y tecnológica con otras naciones, que cree condiciones para un crecimiento económico con justicia, bienestar y oportunidades iguales para todos los mexicanos, que haga de la educación la garantía genuina de un mejor futuro personal, familiar y comunitario para todos los mexicanos”.2

En un punto, sin embargo, el sindicato expresaba un cuestionamiento: “Con relación a la reforma particular sobre el servicio profesional y la permanencia de los maestros en el servicio docente, acordamos expresar de manera transparente que el SNTE no puede respaldar una medida que amenaza la estabilidad laboral y que genera incertidumbre en el empleo”.3

El tema a discusión estaba en una sola palabra: “permanencia”. ¿Qué tenía de extraño que un organismo sindical asumiera la defensa de los derechos laborales de sus agremiados? Lo que no implicaba solapar incompetencias ni preservar canonjías gremialistas al amparo de la inercia escalafonaria. Para enfrentar desviaciones graves —corrupción, nepotismo, abuso de confianza— existen mecanismos administrativos.

Las evidentes deficiencias en la formación de los maestros se explican por la fragilidad del sistema de normales y las insuficiencias —sumadas a la simulación— de los programas de actualización. Los exámenes de evaluación al magisterio deben servir para identificar vulnerabilidades y, sobre todo, para desplegar iniciativas que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los maestros mexicanos, una inmensa mayoría, no pretenden eludir las consecuencias de una evaluación seria, rigurosa e imparcial. Pero están convencidos de que una reforma a fondo, que impulse la profesionalización y eleve la calidad, no podrá arrojar resultados duraderos si el único estímulo para aspirar a la “excelencia” es la preservación de la plaza.

LA CNTE: “POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES”

La resistencia violenta a la reforma educativa y a la evaluación provino de la CNTE, que desplegó todas las líneas de acción que ha “perfeccionado” a lo largo de tres décadas.

Un ejercicio que debía ser pacífico, más natural que burocrático: la evaluación docente dio lugar en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas a refriegas callejeras, actos de resistencia y de provocación de los núcleos más duros de la Coordinadora.

El martes 8 de diciembre de 2015, en Tuxtla Gutiérrez, un autobús de pasajeros secuestrado por la llamada “disidencia magisterial” fue proyectado hacia donde se ubicaba una barrera de policías federales; no logró su objetivo, pero sí cobró la vida de uno de los profesores, Gemayel Ruiz; además, varios manifestantes y policías resultaron lesionados. Los opositores a la evaluación confiscaron equipo, incluidos cientos de balas, y retuvieron a cinco uniformados que luego fueron “canjeados” por seis de sus compañeros que habían sido detenidos por las fuerzas públicas.

Hugo Alvarado, vocero de la sección 7 de la CNTE, denunció a “un gobierno fascista” y responsabilizó a la Policía Federal de la muerte de Gemayel. Sus arengas evocaban al grupo de Los Enfermos, que operó en la Universidad Autónoma de Sinaloa a principios de la década de los setenta cuando después de la tarde de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, parecía cerrado todo espacio a la transformación pacífica del país. Los Enfermos se propusieron, a través de las armas, implantar en México “la dictadura del proletariado”.

Detrás de la resistencia y, sobre todo, la rudeza de la CNTE, se encuentra una mixtura de ingredientes. Por un lado, la mutación de un movimiento que surgió con causas nobles (revertir el empobrecimiento del magisterio y acabar con el cacicazgo de Carlos Jonguitud) y terminó usufructuando importantes cotos de poder. En Oaxaca, para no ir muy lejos, el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) les permitió manejar el presupuesto educativo y definir puestos, promociones y sanciones, instrumentos clave para controlar y movilizar a sus agremiados.

La intransigencia de los liderazgos y los núcleos más violentos de la Coordinadora ha sido alimentada por su formación política en las normales rurales, como la Isidro Burgos de Ayotzinapa, que preparan a los cuadros que serán “la vanguardia del proletariado”.

Pero no puede omitirse otro ingrediente: la persistencia, en anchas regiones de sus estados, de una pobreza extrema, cacicazgos y falta de oportunidades, lo que convierte la carrera magisterial en condición casi única para escapar de esa lacerante realidad.

El estilo y las herramientas tácticas de la Coordinadora —paros de actividades, plantones y bloqueos, secuestro de transportes públicos, robo de mercancías, asaltos a oficinas públicas, “quema” de expedientes y vejación de funcionarios— han dado resultados durante lustros. La paradoja es que, en contradicción con su discurso justiciero, sus acciones dañan sobre todo a los niños más pobres, aquellos para quienes la educación pública es la mejor herramienta, o quizá la única —legal—, para el ascenso social. Porque, en efecto, una de las principales líneas de acción del magisterio “democrático” ha sido la suspensión de labores. Parodia involuntaria para honrar su lema: “por una sociedad sin clases”.

En los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto poco de esto cambió: a sus exigencias, la administración federal, representada por Luis Enrique Miranda, entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, respondía con mayores canonjías. Sin embargo, después de las elecciones intermedias de 2015, la postura del gobierno pareció dar un giro importante y la Coordinadora empezó a experimentar una embestida por varios flancos, lo mismo de instancias federales —SEP, PGR, SHCP, Segob y Sedesol— que de los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.

La autoridad empezó a aplicar las sanciones previstas en la nueva ley (producto de la reforma): descontando los salarios de quienes faltaban de manera injustificada; cesando a quienes incurrían en faltas mayores, a quienes se negaban a evaluarse, y procediendo a consignar penalmente a algunos de quienes habían cometido delitos. Pero muy pronto pudo constatarse que estos cambios fueron flor de un día. Nuevas “mesas de diálogo” y nuevas concesiones le confirmaron a la disidencia magisterial que manteniendo su estrategia de ruptura garantizaban la impunidad.

Segundo Informe: Wonderland

¿Cómo se evalúa un informe de gobierno? ¿A partir de qué criterios se mide una administración?

Un ejercicio democrático exigiría el cotejo riguroso de lo realizado en un año contra los retos mayores que encara el país, significativamente: a) combate a la pobreza y la desigualdad social, b) crecimiento económico con empleos de calidad y recuperación del poder de compra de los salarios, c) seguridad pública y d) Estado de derecho (corrupción, impunidad, rendición de cuentas).

En materia de política social sí ha habido cambios… en la nomenclatura: lo que con Salinas de Gortari se llamaba “Solidaridad”, con Zedillo cambió a “Progresa”, durante los gobiernos de Acción Nacional, “Oportunidades”, y con Peña es “Prospera”. Sin embargo, a pesar de la continuada estrategia o, quizá, por eso, persiste el abandono.

Los programas para combatir la pobreza extrema servirán de poco mientras no haya un crecimiento sólido y persistente del PIB, y en esta materia, los saldos son mediocres: la economía creció 1.36% en 2013 (Luis Videgaray había calculado 3.5%) y en 2014, 2.27 por ciento. Pero no importaba la realidad porque, desde la perspectiva oficial, lo mejor vendría pronto: “Estamos decididos a mejorar el salario y los ingresos de todos los mexicanos”, afirmó el presidente Peña Nieto en su mensaje.

En lo relativo a la seguridad pública el Segundo Informe portaba noticias alentadoras: los homicidios dolosos disminuyeron 27%; los secuestros, 7%; y las extorsiones, 20 por ciento. No obstante, debe advertirse que las cifras de asesinatos corresponden, en su mayoría, a las disputas entre cárteles y, por desgracia, su disminución sólo indica que, en la disputa por un territorio, una banda se impuso sobre la otra, lo que tiene una traducción dura para la sociedad: lo que sigue, una vez ganado el control, es cebarse sobre la gente.

En todo caso, el presidente prefirió no abundar en temas tan espinosos como el mal desempeño de la economía y las muchas dudas en materia de combate al crimen y la inseguridad. El acento estuvo en lo que vendría y, sobre todo, en algunas de las herramientas para traducir las promesas en realidad. En ese aspecto, lo más destacado fue, por una parte, el anuncio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México —proyecto indispensable como detonador de inversiones— y, por la otra, el aterrizaje de las celebradas “reformas estructurales”. El problema es que, hasta ese momento, los posibles impactos del ciclo reformista en el bienestar de la gente seguían siendo vaporosos.

Frente a la insistencia en las bondades del porvenir, muchos otros temas fueron pasados por alto. Tres muy preocupantes: primero, el que atañe al monstruoso aparato burocrático, la irracionalidad administrativa y el dispendio de la clase gobernante; con ello, el incremento en 22 000 millones de pesos de la deuda externa en los primeros 20 meses de gobierno (pasó de 123 132 millones de pesos a principios de diciembre de 2012 a 145 082 millones de pesos en julio de 2014) y, finalmente, la carga de las pensiones que amenaza quebrar las finanzas públicas.

Con todo, la ausencia más evidente y delicada en el mensaje presidencial fue el de la corrupción, que lastra el crecimiento del país y pone en tela de juicio la prosperidad anunciada por las reformas. Mal sistémico que, de tiempo en tiempo, resurge con más fuerza ante el ascenso de grupos políticos voraces —los del “ya la hicimos”— decididos a multiplicar sus fortunas en un periodo sexenal.

La tragedia de Iguala

Para enturbiar más el escenario, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de 2014 se impuso el horror en Iguala. El abominable crimen reveló que en la tercera ciudad del estado de Guerrero, gobierno y criminales eran lo mismo, ante la pasividad o complicidad del entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre y de las instancias federales asignadas en la zona, incluido un batallón del Ejército.

Los aciertos iniciales de la administración se desdibujaron, las redes sociales hicieron escarnio del presidente y su círculo cercano y los medios de comunicación más influyentes del mundo —los mismos que habían pregonado el Mexican moment y dedicado sus portadas a Enrique Peña Nieto (“Saving Mexico” en la revista Time)— sustituyeron su visión laudatoria por un diagnóstico muy severo: “el presidente no entiende que no entiende”, decretó la revista británica The Economist.

¿Qué mentes enfermas decidieron la ejecución de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? Sólo a partir de la degradación moral y de la convicción de que sus crímenes quedarían impunes se pudo ordenar el ataque criminal, secuestro y posterior asesinato de esos muchachos. La profunda debilidad institucional, el vacío de autoridad y la complicidad u omisión de funcionarios de distinto nivel generaron las condiciones para un acto de barbarie perpetrado por la policía municipal de Iguala y sicarios de un grupo criminal.

El gobernador Ángel Heladio Aguirre tiene una responsabilidad mayor en estos hechos; no hay forma de justificar su aparente ignorancia sobre lo que ocurría en, al menos, dos de las ciudades más importantes de la entidad: Iguala y Acapulco. ¿Nadie en el gobierno del estado, ni siquiera en la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia o la Secretaría de Seguridad Pública, pudo advertir el tamaño de la descomposición? ¿Tampoco el Cisen y la delegación de la PGR en el estado?, ¿ni el 27 Batallón del Ejército Mexicano asentado en Iguala?

En un desplegado publicado el lunes 6 de octubre de 2014 el gobierno guerrerense confirmaba su propia negligencia al dar cuenta de lo que hoy es evidente: que Iguala cayó en las manos de un cártel denominado Guerreros Unidos. No sabemos desde cuándo el alcalde José Luis Abarca Velázquez, así como el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, y el director de Seguridad, Francisco Salgado Valladares, se pusieron a las órdenes de un sujeto apodado el Chucky, líder de la banda.

El comunicado establecía que, según declaraciones de uno de los policías municipales indiciados, la orden para “perseguir y detener a los normalistas” la dio Salgado Valladares, en tanto que la instrucción de trasladar a los estudiantes a un paradero desconocido la recibieron del Chucky.

Hoy, muchas familias humildes —las de esos muchachos que asistían a una normal rural— viven un duelo doloroso; quienes decidieron asesinarlos truncaron sus vidas y la esperanza de una vida mejor en sus comunidades.

Todo ocurrió en Guerrero, la misma entidad en la que, hace casi 20 años, policías de un cuerpo motorizado asesinaron a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez… En Guerrero, el estado en el que, en mayo de 1967, una masacre perpetrada por policías y pistoleros de los caciques en Atoyac llevó al profesor Lucio Cabañas —egresado, por cierto, de la misma normal de Ayotzinapa— a tomar las armas e internarse en la sierra, donde más tarde formaría lo que llamó el Ejército de los Pobres.

Medio siglo después, mientras el gobierno de la República se proponía mostrar a un país en movimiento, con la aprobación de “reformas estructurales” largamente pospuestas, instituciones fuertes y funcionarios capaces, los criminales se encargaban de volvernos a la realidad sembrando la tierra con cadáveres.

Apenas se atiende y “resuelve” una situación crítica en algún punto del país —digamos Tijuana, La Laguna o Ciudad Juárez—, irrumpe la descomposición en otros tantos o regresa a los territorios que se creían recuperados.

Son muchos los focos rojos, lo mismo en Tamaulipas que en Michoacán o Guerrero… Y no sabemos, bien a bien, en qué otros territorios se asienta el poder de las bandas criminales, en cuántos municipios las autoridades ha sido cooptadas o “capturadas” por la delincuencia, en qué entidades las corporaciones policiacas —y hasta los mismos gobernadores— están al servicio de los asesinos.

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo permitimos que el país se nos descompusiera?

El país de lo mismo

El tránsito de los prodigios y bendiciones que portaba el proyecto reformista al reconocimiento de una necia realidad que no cambia fue inesperado y súbito. En apenas unos meses dejamos atrás el Mexican moment para seguir siendo el país de lo mismo: estancamiento económico, empleo insuficiente y mal remunerado, corrupción e impunidad sin freno, pobreza persistente, violencia que no cesa… De los reconocimientos internacionales pasamos a los reportajes y editoriales críticos de algunas de las publicaciones más influyentes del mundo, como The Economist, The New York Times, The Financial Times y The Guardian, que revelaban la ineptitud y los excesos de la clase gobernante.

En sólo dos años el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto transitó de un optimismo enérgico al pasmo y desconcierto. Las enormes expectativas no se tradujeron en resultados concretos para la mayoría de la población, lo que generó frustración y enojo. La reforma fiscal o hacendaria había dejado muchas lastimaduras en las cúpulas empresariales y clases medias, y la educativa no había podido vencer la resistencia de los núcleos sectarios de la CNTE en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

En materia económica, los modestos pronósticos de crecimiento del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fallaron una y otra vez, siempre para abajo, al tiempo que las condiciones socioproductivas resentían los impactos de un entorno global cada vez más incierto. Para colmo de males, los indicadores en materia de seguridad seguían registrando niveles preocupantes: la mayoría de los mexicanos vive con miedo.

Todo esto se agravó con las revelaciones que vincularon las adquisiciones de la “Casa Blanca” de la pareja presidencial, la casa de descanso de Videgaray en Malinalco y otra más del presidente en el club de golf de Ixtapan de la Sal, con algunos de los constructores beneficiarios de cuantiosos contratos: primero con el gobierno del Estado de México y más tarde con la Federación.

Para Peña Nieto era imperativo recuperar la iniciativa. En esa ruta caminaron algunas de las decisiones adoptadas a principios de 2015. Por un lado, la supresión de la Comisión para la Paz y el Desarrollo Integral de Michoacán a cargo de Alfredo Castillo, que en 12 meses no había logrado revertir los profundos desarreglos heredados. Por el otro, el anuncio de un recorte al gasto público por 124 000 millones ante la debilidad de las finanzas públicas.

Lamentablemente, la pregonada “austeridad” fue otra promesa incumplida. En realidad, el gasto público creció otra vez, como lo evidenció México Evalúa en su reporte “Demasiado tarde: recorte 2016”.

Para justificar lo que estaba ocurriendo, los voceros del gobierno nos decían que el escenario había cambiado. Los precios del petróleo, que se anticipaban altos, se desplomaron, al igual que la producción, y con ellos se fueron las cuentas alegres, la euforia, el optimismo. Nos recuerdan que en la vida real los “milagros” son muy poco frecuentes, aunque nos hicieron creer lo contrario.

La verdad es que nuestras élites no aprenden. En la primera mitad del gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1926), una coyuntura exterior muy favorable: los precios al alza de la plata y el petróleo, principales productos de exportación del país, llevaron a quien poco después sería llamado Jefe Máximo a emprender un proyecto imponente. Se “sembrarían” presas por todo el territorio nacional y el agua de las presas convertiría nuestros eriales en pampas argentinas. Una red impresionante de carreteras comunicaría al país de frontera a frontera y de océano a océano. Las arcas llenas de divisas sustentaron la creación de instituciones: el Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Nacional de Caminos. Poco después se constituiría, con la suma de decenas de formaciones políticas, el Partido Nacional Revolucionario (PNR).

El sueño “callista” de un gran “salto adelante” se volvió pesadilla cuando, hacia 1926, cayeron los precios del metal y del hidrocarburo.

Más de cinco décadas después, al igual que los hombres del “callismo”, los del priismo de la abundancia lopezportillista —algunos egresados de prestigiadas universidades extranjeras— tampoco supieron reconocer los riesgos de un escenario que no controlaban. Por eso, cuando se desplomaron los precios del petróleo, el país entró en shock; el mismo López Portillo, engreído, se sintió arrinconado y dijo que defendería al peso “como un perro”. Nada evitó el colapso. La gente bautizó a la propiedad presidencial emblemática del sexenio —regalo del profesor Carlos Hank González, gran beneficiario de contratos y concesiones públicas— como “la colina del perro”.

Han transcurrido casi 40 años desde aquella debacle y, otra vez, nuestra ilustrada y laureada clase gobernante nos cambia sus promesas fantasiosas por el llamado a “apretarnos el cinturón”. El problema, como siempre, es que los duros días por venir no anticipan una especie de adaptación de lo que hizo en Uruguay el austero presidente José Mujica; no es para tanto. No se cancelarán viajes internacionales de clase presidencial ni se reducirán las costosas escoltas del alto funcionariado; tampoco se dejarán de usar aviones y helicópteros sin sentido. No, nuestros gobernantes seguirán gastando alegremente los dineros públicos y la racionalidad, la honestidad y el patriotismo quedarán para los discursos.

Crece la deuda pública y el patrimonio de gobernantes… pero son unos cuantos los responsables que están en la cárcel o enfrentando las consecuencias políticas y penales por su irresponsabilidad y despilfarro. Unos cuantos gobernadores, sobre todo. Nunca los altos cargos de la administración federal, beneficiarios, cómplices y propiciadores de los grandes desfalcos.

Lo cierto es que, tras la reforma energética, todo lo que prometían sus apologistas quedó en promesa: el crecimiento vigoroso de la economía y el empleo, el fortalecimiento de las finanzas públicas que permitiría abatir la pobreza extrema, mejorar la calidad educativa y los servicios de salud. Lo que se ha conocido, una vez que Emilio Lozoya Austin dejó Pemex (8 de febrero de 2016), es que se instauraron nuevas formas de corrupción, y que para 2017 el precio de las gasolinas había alcanzado incrementos significativos. Pero, alegrémonos, en marzo de ese año empezó a funcionar la primera gasolinera de la British Petroleum en Ciudad Satélite.

Cleptocracia

Los largos años del autoritarismo mexicano estuvieron marcados por varios rasgos ominosos, entre ellos: el endiosamiento del Señor Presidente, siempre con mayúsculas; las unanimidades forzadas; el fraude electoral (en 1986 se pretendió justificar la estafa en Chihuahua como “fraude patriótico” para evitar que “la reacción”, es decir, el PAN, se impusiera en un estado estratégico); el control de las organizaciones sindicales, campesinas y “populares” a través de liderazgos impuestos desde el gobierno; la represión a los disidentes y, en el extremo, la “guerra sucia”; la corrupción y el patrimonialismo que implicaban la apropiación de los recursos públicos por camarillas políticas, burocráticas o sindicales, y, de manera central, la opacidad: lo que ocurría en las entrañas y subterráneos del poder se preservaba como secreto de Estado.

La erosión del viejo sistema político estuvo precedida por diversos intentos para abrir cauces a la democracia, la alternancia a regañadientes en algunos municipios y entidades federativas, y la incipiente transparencia que respondía al reclamo social de “hacer público lo público”.

La segunda alternancia —el regreso del PRI a la Presidencia— portaba el riesgo de una regresión; no obstante, la atomización del poder, la incipiente división de poderes, los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, la creación de observatorios ciudadanos y la autonomía relativa de los medios de comunicación parecían constituir límites infranqueables. Algunas señales recientes indicarían que no ha sido así.

Los abusos y el cinismo de políticos y funcionarios llevaron al escritor Rubén Salazar Mallén a definir al régimen posrevolucionario mexicano (1929-2000) como una cleptocracia. Siendo una constante los abusos del poder, en el tercer sexenio del siglo XXI la clase gobernante ha exhibido una voracidad inaudita. De allí el valor de los intentos de quienes, desde distintas trincheras, pugnan por inhibir la corrupción y fortalecer la transparencia a través de un auténtico sistema de rendición de cuentas.

“NO TIENEN LLENADERA”

Somos un país pobre con políticos (y sus cómplices) muy ricos. La función pública en cualquiera de las ramas del poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y lo mismo en el nivel municipal que en el estatal o federal, ofrece a los corruptos una oportunidad para enriquecerse; en eso los ayuda la prevalencia, a nivel social, de una cultura cínica de quienes justifican: “que roben pero que salpiquen”, o que desvergonzadamente proponen: “no me den, nomás pónganme donde hay”.

Para este manejo sucio no importan las jerarquías. Lo mismo un agente de tránsito que un empleado de aduanas, igual un inspector de la vía pública que un director de adquisiciones, un juez o un magistrado, un alcalde o un gobernador, un legislador o un alto funcionario de la federación.

La construcción de los presupuestos públicos es inercial y, con frecuencia, no atiende a las verdaderas prioridades. Se asignan recursos excesivos a rubros que no lo ameritan o los reparten con racionalidad política, no social. La lógica de dispendio y ostentación del funcionariado los lleva a ordenar costosas e innecesarias remodelaciones sólo para satisfacer el engreimiento de los recién llegados al cargo.

La alternancia no significó un cambio en el manejo dispendioso de la clase gobernante. Fox se inauguró con el Toallagate. El “ranchero” que como candidato presumía su sencillez (su comida favorita, dijo, eran los frijoles), una vez en Los Pinos se dedicó a derrochar, con la señora Marta, los recursos de los contribuyentes; pero, además, disparó los sueldos de la burocracia gobernante, los “súper gerentes”.

Funcionarios en la cúpula y los niveles medios de la estructura (políticos panistas, empresarios de baja estofa, “ejecutivos” de la iniciativa privada) vieron cómo la transición les hizo justicia. Lo mismo ha ocurrido en años recientes: integrantes de órganos “ciudadanizados” han sido beneficiados con generosos ingresos y prestaciones excesivas que, no obstante, nunca parecen ser suficientes.

Por otro lado, lo mismo gobernadores que alcaldes y jefes delegacionales distraen recursos para su promoción personal; miles o millones de pesos (según la jerarquía) que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Entre los casos más patéticos están los gobernadores de Chiapas, el estado más pobre del país, Manuel Velasco Coello, y Puebla, Rafael Moreno Valle.

La mayor parte de la clase gobernante muestra no sólo ineptitud y desgano, sino una voracidad sin límite. Alcanzar una posición de poder, lo mismo a nivel del Ejecutivo que en el Congreso o en el Poder Judicial, es ingresar en una casta rodeada de privilegios inadmisibles en una república.

El Palacio Legislativo de San Lázaro es un ejemplo lastimoso. Con el paso de los años, miles de burócratas se han ido sumando a la nómina: asesores, administradores, edecanes, ayudantes, choferes… El grueso de ese personal no hace nada útil, simplemente simula y cobra.

La capacidad para gastar a lo tarugo lo que no es de ellos se constata por toda la geografía del país con la multiplicación de obras innecesarias. Gastar el dinero de los contribuyentes es una compulsión, no tienen llenadera. Los altísimos ingresos durante los años de su función y los ahorros para el retiro no les bastan; quieren más, modifican reglamentos y construyen “guardaditos” para seguir ordeñando las finanzas públicas aun después de concluir sus funciones. Son una clase política sin “clase”. Y en esto, el extremo de privilegios lo representan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En contraste, mientras unos pocos se despachan con la cuchara grande en términos de salarios y prestaciones, la inmensa mayoría de los trabajadores tiene sueldos miserables, prestaciones de ley y jubilaciones indignantes o, de plano, sobrevive en la informalidad sin ingreso fijo ni seguridad social; llegar a la vejez es entrar al averno.

DE OBRAS Y “SOBRAS”

La corrupción gubernamental siempre encontró en la obra pública la veta mayor para concretar “arreglos” políticos y amasar cuantiosas fortunas. A través de jugosos contratos se apaciguaron los ánimos levantiscos de algunos generales, y los “moches”, en efectivo o en especie (vehículos, obras de arte, viajes), acrecentaron el patrimonio de los funcionarios.

Aunque es añeja la costumbre de nuestra clase política de abusar del cargo para enriquecerse y enriquecer a su parentela y socios, por momentos la corrupción alcanza niveles insólitos. Éste, por desgracia, es uno de esos momentos.

Las cifras del dinero público desviado de su objetivo para satisfacer la voracidad de funcionarios y contratistas es incalculable; sin embargo, sólo de vez en vez aparecen testimonios de trapacerías que pretendieron ocultarse con asignaciones directas, concursos simulados, precios inflados de obras públicas o, incluso, pagos por obras de pésima calidad o que nunca se realizaron, como ocurrió con Carlos Ahumada (el empresario consentido de Rosario Robles, lideresa nacional del PRD cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba la Ciudad de México).

Las “comaladas” de millonarios que surgen cada sexenio, como denunciaba Emilio Portes Gil, tienen un duro costo social: en el atraso que persiste en muchas regiones, en las terribles carencias de las instituciones de salud y educativas, en la insuficiente infraestructura que debería detonar el desarrollo, en la pobreza extrema y la miseria de millones de mexicanos.

COSMETOLOGÍA POLÍTICA

Ya en pleno 2015 no resultaba fácil de entender la resistencia en Los Pinos a rectificar el rumbo. El presidente Enrique Peña Nieto y sus cercanos sabían que enfrentaban un problema de credibilidad y desconfianza. Sin embargo, dejaban escapar, una tras otra, las oportunidades de recuperar la vertical y retomar la iniciativa.

Irrumpe el horror de la noche de Iguala y, en un primer momento, el presidente subestima los hechos y se marcha a China (la comitiva incluye, al parecer, al maquillista de la señora Angélica Rivera). Con 10 días de retraso, el gobierno federal asume las riendas de la investigación y los costos políticos de la tragedia.

Semanas más tarde, ante los cuestionamientos por el presunto conflicto de interés en la compra de una casa en el club de golf de Ixtapan de la Sal, a su compadre Roberto San Román, el presidente designa a un subordinado obsecuente, Virgilio Andrade, como titular de la casi difunta Secretaría de la Función Pública (SFP). En un acto público le ordena investigar hasta las últimas consecuencias, pero le recuerda que él (titular del Ejecutivo) no asigna contratos ni ha hecho nada malo. Poco después, Andrade aclara que la SFP no tiene facultades para realizar semejante indagación.

Grupo Higa, el conglomerado que encabeza Juan Armando Hinojosa, otro de los empresarios cercanos al presidente, seguía cosechando contratos. Se le “cayó” el tren a Querétaro, por aquello de la “Casa Blanca”, pero algunos gobernadores, como el poblano Moreno Valle, le otorgaban jugosísimos contratos.

Ante la grave crisis de seguridad que ya entonces lastimaba a la sociedad, el jueves 27 de noviembre de 2014 se informó desde Los Pinos que el presidente haría un anuncio de particular importancia. Tal vez, se creyó, reconocería que la gravedad de los hechos delincuenciales interpelaba no sólo al gobierno, sino al Estado en su conjunto y a la sociedad; por lo que, en consecuencia, sería exigible una respuesta mayúscula, que convocara a los otros poderes y a todos los sectores de la sociedad. No ocurrió así. El “gran anuncio” resultó frustrante: un “decálogo” plagado de inconsistencias, redundancias, ambigüedades y con tan poca visión estratégica, que ni los legisladores de su partido lo tomaron en serio.

No obstante las duras condiciones de las finanzas públicas y la pobreza en la que vive la mayoría de los mexicanos, en el año 2015 el grupo gobernante seguía exhibiendo su plétora en giras internacionales. El presidente Peña viajó a Inglaterra y Francia con una gran comitiva, que incluía familiares de su esposa. Nadie en Los Pinos era capaz de advertirle al presidente sobre los mensajes que enviaba a una sociedad agraviada la pompa que acompañaba esos recorridos.

¿NO HAY RECURSOS?

La dura realidad económica exige que la clase gobernante, toda, sea sensible respecto de la realidad del país y la dura situación en la que vive la mayoría de los mexicanos y entienda que no puede seguir dilapidando el dinero de los contribuyentes.

La lógica prevaleciente en el funcionariado es que hay que gastar todo lo disponible y más. Los presupuestos de egresos suelen construirse sin responsabilidad y sin visión de Estado, muchas veces por inercia o para favorecer a los amigos. Valga un ejemplo: los recursos asignados para comunicación social, con los que se promueve la imagen de los titulares, son exorbitantes y a cada cambio de gobierno se gasta más: tras Ernesto Zedillo, se disparó con la pareja presidencial, creció con Calderón y todavía es mayor con Peña Nieto. Siguiendo la misma lógica, en los gobiernos estatales, municipales y delegacionales, el despilfarro es la regla.

Los resultados de la revisión de la cuenta pública que año tras año presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabezaba Juan Manuel Portal, hablan del carácter incorregible de nuestra clase gobernante, de su rapacidad e ineptitud. Pero hablan, también, de las dificultades jurídicas y políticas para sancionar las anomalías, los excesos y los delitos en que incurren los servidores públicos y de la tolerancia social ante esas prácticas.

El tráfico de influencias, la asignación directa de adquisiciones o de jugosos contratos de obra pública, los pagos improcedentes o en exceso, la falta de documentación comprobatoria de los egresos, el incumplimiento de objetivos y meta y la inadecuada planeación y programación de las obras son algunas de las irregularidades más frecuentes detectadas por la ASF que, casi nunca, son sancionadas.

Hay que atender el reclamo de quien fuera el auditor superior de la federación en el sentido de que, en los últimos 30 años, “las políticas de combate a la corrupción han fallado”. Y esto, a pesar de que se tiene “claridad sobre sus causas”: la falta de control de la gestión pública, la carencia de un verdadero servicio civil de carrera para los servidores públicos y una escasa racionalidad en la aplicación del gasto.

Estamos obligados a pasar del escándalo mediático al enjuiciamiento legal. Habría que enviar un mensaje claro contra la impunidad, un mensaje de que sus actos tienen consecuencias legales.

El dinero público no alcanza porque enormes sumas se desvían hacia las arcas de los contratistas y las cuentas secretas en Estados Unidos, Suiza, Panamá u otros paraísos fiscales, de funcionarios deshonestos; y porque se gastan en proyectos inútiles, como las obras de relumbrón que ordenan muchos gobernadores en las capitales de sus estados, en vez de atender los enormes rezagos de las regiones más pobres.

Es imperativo frenar los proyectos innecesarios y las adquisiciones superfluas, las compras con precios inflados para beneficiar a los contratistas cercanos y recibir “moches”. Los gastos públicos podrían reducirse entre 15 y 20% sin afectar ninguno de los proyectos esenciales, sólo adoptando una disciplina y una austeridad republicanas. El mal momento que experimentan las finanzas públicas debe ser el incentivo para un cambio de fondo en la cultura administrativa de la clase gobernante.

Pero la mera corrupción no alcanza a explicar el atraso en vastas regiones, el estancamiento económico y la pobreza en que vive casi la mitad de la población; está también la ineptitud de quienes gastan sin orden ni concierto. Son innumerables los ejemplos de la manera en que nuestra clase gobernante —de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno— dilapida los recursos públicos.

Los gobiernos de Fox y Calderón hicieron crecer desmesuradamente la alta burocracia y sus ingresos: se multiplicaron subsecretarías y otros cargos de nivel superior. En el gobierno de Peña Nieto no sólo no se rectificó, sino que, por el contrario, se crearon nuevas plazas para insertar en el presupuesto a tanto compromiso y tanto paisano.

El país tiene recursos para atender las enormes desigualdades, impulsar programas de infraestructura que comuniquen regiones, favorezcan el comercio y mejoren la competitividad; recursos para dotar a las escuelas, a las clínicas y hospitales de los equipos necesarios para dar un servicio de calidad; para detonar un crecimiento con empleos formales dignamente retribuidos; para recuperar las áreas que sufren una grave depredación. Pero estos recursos se extravían en las manos de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos y se los quedan.

En las últimas décadas, los intentos por afinar los instrumentos institucionales para inhibir la corrupción gubernamental han dado resultados modestos; la impunidad permanece.

La distribución de los recursos es un asunto que va más allá de lo anecdótico, de los elefantes blancos, los lujos de la alta burocracia o la contaminación visual que generan sus ocurrencias cívicas. Es un asunto de vida o muerte: según datos de la Secretaría de Salud (SSA), las principales causas de defunción en el país son las enfermedades cardiovasculares (derivadas, sobre todo, de la obesidad) y la diabetes mellitus. ¿Cuántas vidas salvaríamos si en lugar de tantos informes de legisladores, gobernadores y presidentes municipales, de tantos anuncios espectaculares, de tantas remodelaciones y gastos de representación, esos ahorros lo destinamos a campañas para prevenir estos padecimientos?

México sería otro país, más justo y desarrollado, si tuviera una clase política responsable y comprometida con la nación. También si fuéramos una sociedad más vigilante y activa, menos tolerante con el dispendio con cargo a nosotros.

Corrupción en la “segunda alternancia”

Si con Vicente Fox la mayoría de los escándalos tenían que ver con sus burradas, la frivolidad o los negocios que promovía la señora Marta, con Peña Nieto lo que abundan son denuncias de tráfico de influencias asociado a enormes contratos y concesiones para un grupo de empresarios que encontraron su minita de oro en el Estado de México, con Arturo Montiel, y la siguieron explotando con Enrique Peña.

Desde los días de Montiel, el gobierno mexiquense privilegió a un puñado de empresas (Higa, OHL, Hermes, Iusa y las de los Maccise y del compadre San Román). Los audios de una conversación entre directivos de la constructora española OHL que circularon en las redes sociales el 7 de mayo de 2015 —apenas un botón de muestra— exhibían el sobreprecio de una obra (de 300%), las ganancias perversas de las constructoras (casi del 100%) y las complicidades con funcionarios de la administración estatal, la misma que encabezó Peña Nieto en el Estado de México teniendo al inamovible Gerardo Ruiz Esparza como secretario de Comunicaciones.

En dicha conversación se hace un reconocimiento explícito de la estafa en la construcción del Viaducto Bicentenario: una obra que habría costado 4 000 millones de pesos y se habría facturado en 12 000 millones. Si, como se escucha en la grabación, en esa operación la firma española “se chingó 3 000 millones”, ¿a dónde y a quiénes fueron a parar los 5 000 millones del sobreprecio de la obra? En esos días, el gobernador era Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones, Ruiz Esparza.

Ante el escándalo, el gobernador Eruviel Ávila anunció que la Contraloría mexiquense realizaría auditorías de la construcción y la contabilidad del circuito vial, y aceptó la renuncia de su secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas. Sin embargo, al mismo tiempo tendió una inaudita sombra de opacidad sobre estos arreglos tan onerosos para las finanzas públicas, pues el título de concesión del Viaducto Elevado Bicentenario fue reservado hasta el término de ésta, es decir, hasta 2038.

Además de sancionar severamente a OHL, una investigación seria tendría que haber determinado las responsabilidades de quienes aprobaron los términos abusivos e ilícitos de esta concesión en 2008 y quienes se beneficiaron de todo esto.

El escándalo de OHL, como los de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, Hermes y otras empresas de Carlos Hank Rhon, los de la familia Alcántara y otros contratistas apapachados por la clase política mexiquense, confirma su lógica: hacer negocios desde y para el poder.

CONSTRUCTORES “CONSENTIDOS”

Enrique Peña podría parafrasear al Colorado Rómulo Sánchez Mireles, quien decía a quien quisiera escucharlo: “Me acusan de que cuando fui director del ISSSTE beneficié a mis amigos, ¿pos que querían, que beneficiara a mis enemigos?”.

Un reportaje de Arturo Rodríguez García, publicado en la revista Proceso, ofrece un acercamiento a la manera en que los grupos de empresarios amigos del presidente multiplicaron su fortuna gracias a contratos y concesiones federales. Vale la pena citarlo en extenso:

Un recuento de las obras del Plan Nacional de Infraestructura, las asignaciones de contratos y sus costos, revela que el presupuesto se ha derramado generosamente en las empresas de ocho paisanos y amigos de Enrique Peña Nieto.

Lo mismo en obra pública, que en servicios aeronáuticos, en la operación de carreteras y aeropuertos [...] los mexiquenses jalan con todo. Hay lo mismo empresarios de segunda generación, como Carlos Hank Rhon, hijo del célebre Carlos Hank González, cuya fortuna se calcula en 2 100 millones de dólares; David Peñaloza Alanís con una fortuna de 1 500 millones de dólares; Carlos Peralta Quintero o Roberto San Román [...] Otros se consolidaron bajo el amparo de los gobiernos del Estado de México de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, y a partir de 2012, del gobierno federal: Juan Armando Hinojosa Cantú (Grupo Higa), Roberto Alcántara Rojas (13 empresas), los hermanos Luis Ernesto y Anuar Maccise Uribe (29 empresas), Alfredo Miguel Afif (alrededor de 10 empresas) [...]

Varios de ellos, como Hinojosa (la “Casa Blanca”), San Román (la casa de Ixtapan de la Sal) y Miguel (las oficinas del equipo de transición), fueron claves en algunos de los mayores escándalos de esta administración.

Estos barones mexiquenses poseen, juntos, más de 145 empresas, a través de las cuales acumulan concesiones de transporte, extracción de agua, producción de electricidad, permisos aduaneros y de importación (incluso de residuos peligrosos), usufructúan playas y son proveedores del gobierno en muchos rubros.4

En esta red de empresarios consentidos está la española OHL, que encabezaba en México José Andrés de Oteyza, exfuncionario público en los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, quien renunció a OHL después del escándalo mencionado atrás.

El reportaje es abrumador. Los consentidos de Peña Nieto están metidos en prácticamente todos los campos, lo mismo como proveedores de las empresas del gobierno (CFE y Pemex), como IUSA de Carlos Peralta, y de las dependencias públicas, que en el financiamiento al PRI y a gobiernos estatales y municipales (Interacciones de Hank Rhon). También en materia de transporte, donde Alcántara y Hank llevan mano. Y sus empresas periodísticas, de los Maccise, por ejemplo, se benefician de jugosos contratos con dependencias oficiales.

EL COMPADRE SAN ROMÁN

Junto con el semanario Proceso y algunos diarios nacionales, han sido medios extranjeros los que han revelado algunos de los escándalos mayores de corrupción que tocan al grupo gobernante y sus asociados.

El 20 de enero de 2015 The Wall Street Journal publicó un reportaje sobre la compra que hizo Enrique Peña Nieto de una residencia en el club de golf de Ixtapan de la Sal, cuando apenas iniciaba su gestión como gobernador del Estado de México. El reportaje refirió, asimismo, el compadrazgo entre Roberto San Román Dunne y Peña Nieto.

Algunos analistas cercanos al poder pretendieron desestimar los indicios de “conflicto de interés” a partir de dos argumentos: 1) el monto de la operación. Parece inaudito, escribió alguno, que un medio del prestigio del The Wall Street Journal dedique espacio a la compra de una casa de “sólo” 372 000 dólares, y 2) el hecho de que, al momento de la operación, el grupo San Román no había sido beneficiado aún por contratos oficiales.

Argumentos insostenibles. Primero, porque más allá del monto oficial de la compraventa, que no es cualquier cosa, se trata de una mansión de 2 177 metros cuadrados, así que debería saberse si ese precio corresponde a su valor comercial y cómo se pagó. El segundo, porque no hay una regla que establezca que los “favores” se reciban después de obtenido el contrato, muchas veces son previos (“cayendo el muerto y soltando el llanto”). Lo cierto es que los contratos para las empresas del suertudo compadre empezaron a multiplicarse con Montiel y siguieron con Peña.

Las respuestas de la Presidencia de la República ante el reportaje del The Wall Street Journal fueron, al menos, controversiales: primero, que la constructora participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación; segundo, que al presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos. El propio grupo San Román, mediante un comunicado, intentó justificarse diciendo que “ha desarrollado actividades empresariales en los ramos turístico, inmobiliario y de la construcción a lo largo de ocho décadas”, y que los contratos que obtuvo entre 2005 y 2011 —por 1 050 millones de pesos— los ganó “en procesos competidos de licitación u obra financiada, en los que CUISA presentó mejores ofertas técnicas y económicas que sus competidores”. Alegó San Román que su grupo había ganado 11 contratos, pero había perdido 48, lo que demostraría que compite en las mismas condiciones que cualquiera.

Los negocios entre políticos y contratistas han operado cínicamente al menos desde los días de Álvaro Obregón, pero hoy encuentran límites en la transparencia que exige “hacer público lo público”, en las investigaciones de los medios y en el monitoreo del desempeño gubernamental por observatorios ciudadanos. A esto se agrega un elemento más: la globalización de la economía mexicana que exige “terreno parejo” y no admite acuerdos en lo oscurito que afecten la participación de los grandes conglomerados internacionales en los negocios que anticipan las “reformas estructurales”; mucho menos condiciones que obliguen a llevar de la mano en los concursos a socios mexicanos patrocinados por políticos.

En el caso del compadre San Román, como en los otros beneficiarios de la cercanía, la obtención de presuntos beneficios indebidos a cambio de concesiones y contratos a la vista de todos no tuvo repercusiones en la esfera jurídico-política. Las escasas voces que en el Congreso de la Unión demandaban la integración de una comisión investigadora no encontraron eco.

LOS RENGLONES TORCIDOS DE LA LEY

Si había alguna duda respecto de la legalidad de las adquisiciones inmobiliarias de Enrique Peña Nieto (casa en el club de golf de Ixtapan de la Sal a la empresa de Roberto San Román), de Angélica Rivera (residencia en las Lomas de Chapultepec a Armando Hinojosa, dueño de Higa) y Luis Videgaray (pretenciosa residencia de descanso en Malinalco, también a Hinojosa), esa duda se despejó el viernes 21 de agosto de 2015. Los malpensados de siempre se quedarán con un palmo de narices. No hubo nada ilegal, como lo explicó Virgilio Andrade, nombrado unos meses antes, el 3 de febrero de 2015, titular de la SFP.

Y no lo hubo por razones muy simples: Peña Nieto no era funcionario federal cuando compró la casa del club de golf, sólo era gobernador del Estado de México; tampoco Luis Videgaray, quien apenas encabezaba el equipo de transición del presidente electo y se perfilaba para ocupar una posición clave en el gabinete, y, finalmente, la señora Angélica Rivera no es funcionaria pública. Así que, cuando se dieron los hechos, los involucrados estaban en una especie de limbo jurídico.

Sólo que, para la sociedad, la cuestión no es meramente legalista; bastante conocemos los renglones torcidos de la ley. Es un tema de ética política, de lo que le es exigible a quienes desempeñan cargos públicos: no sólo cumplir y hacer cumplir la ley, sino ajustar su desempeño a los valores republicanos; ser capaz, como decía Kant, de justificar sus acciones públicamente.

Si el gobierno del presidente Peña se propuso lavarse la cara al encargar a Virgilio Andrade —amigo cercano a Videgaray y a José Antonio Meade desde los días de estudiantes en el ITAM— poner en claro el asunto de las propiedades adquiridas a contratistas amigos, el resultado fue grotesco. Andrade aceptó una encomienda que lo convirtió en el hazmerreír del sexenio.

La resolución de la SFP generó repudio social; no obstante, el caso se cerró y los funcionarios que otorgaron a los empresarios consentidos jugosísimos contratos, y los mismos beneficiarios, en vez de ser investigados e inhabilitados han seguido cosechando contratos.

2015: elecciones intermedias, el “dinosaurio” sobrevive

No hay manera de ofrecer una lectura única de un proceso electoral tan complejo y lleno de contrahechuras como el que tuvo lugar el 7 de junio de 2015, en el que confluyen comicios federales de mitad de sexenio y elecciones estatales. Un proceso marcado por la violencia, con más de una veintena de asesinatos “políticos”, la barbarie de la CNTE y, en algunas regiones, la reiteración de prácticas que se creían desterradas.

En Nuevo León, la experiencia más notable, la mayoría de los neoleoneses mandó al diablo al PRI y al PAN, y, todavía más lejos, al gobernador Rodrigo Medina por el escandaloso endeudamiento público y los abusos de su parentela —empezando por su padre, Humberto Medina—. De allí la apuesta multitudinaria por un candidato sin partido, Jaime Rodríguez, el Bronco (llamarle “independiente” parece excesivo).

Algo similar ocurrió en Jalisco con los resultados en Guadalajara, donde Enrique Alfaro, un fenómeno político postulado por Movimiento Ciudadano, derrotó al gobernador Aristóteles Sandoval y a su padre, operador estrella del PRI.

Al PRD la ruptura con Andrés Manuel y la noche trágica de Iguala lo dejaron maltrecho. En la Ciudad de México, su principal núcleo de poder, perdió la indisputada hegemonía. Malas noticias para Miguel Ángel Mancera en perspectiva sucesoria. Morena se convirtió en la primera minoría en la Asamblea Legislativa y, con cinco delegaciones en la bolsa, se prepara para el asalto al poder chilango en 2018. Por si fuera poco, Xóchitl Gálvez recuperaba para el PAN la delegación Miguel Hidalgo.

El Partido del Trabajo, de Alberto Anaya, casi perdió el registro, lo salvó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En contraste, Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado, avanzó en cotos regionales gracias a una astuta selección de candidatos, tonaditas pegajosas y, sobre todo, al pragmatismo como sustituto de cualquier clase de “ideología”.

En su debut, Morena alcanzó 8.39% del sufragio federal. Mucho, se diría, para una formación recién llegada a la disputa por el voto ciudadano, pero no tanto como imaginara su líder López Obrador, quien lleva 15 años en campaña. Paradojas de la política: Morena se consolida en la capital, pero en Tabasco —¿nadie es profeta en su tierra?— debe conformarse con un cuarto lugar —abajo del PRD, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A pesar de los malos resultados del gobierno de Peña Nieto, el PRI y sus aliados incrementaron el número de diputados federales respecto a los que tenían en la legislatura precedente. La lectura optimista de estos saldos le permitió reforzar el ánimo complaciente de los hombres del presidente; pero no les duraría mucho, pues en los comicios estatales de 2016 los resultados alcanzaron nivel de catástrofe.

Las estafas del PVEM, y la protección de que fueron objeto en el INE y el TEPJF, fueron inauditas. Aunque los “verdes” registraron de una elección a otra un avance mínimo (0.79%), la alianza con el priismo permitió que su bancada diera un salto sobresaliente: de 9 a 42 curules, lo que los dotó de recursos suficientes para pagar multas y reforzar la estrategia pirata.

Entre los candidatos sin partido sobresalieron Pedro Kumamoto, activista de 25 años que emprendió una campaña con escasos recursos y se integró a la legislatura local en Jalisco, y Manuel Clouthier, por Sinaloa, quien llegó a San Lázaro como el primer (y único) diputado federal “independiente”.

Ajustes en el equipo

A lo largo de la administración destacan varios momentos de “reacomodo” en el equipo presidencial. Casi como regla, los ajustes han contradicho los mandamientos más elementales del buen gobierno que exigen seleccionar al mejor hombre para cada puesto, evitar la improvisación, reconocer las trayectorias. Por el contrario, los criterios rectores han sido el paisanaje, la cercanía, la lealtad y el pago de favores.

El jueves 27 de agosto de 2015 se anunciaron cambios a nivel ministerial. El entonces titular de Hacienda, Luis Videgaray, confirmó su influencia sobre el presidente Peña Nieto: José Antonio Meade, “amigo entrañable” de Videgaray desde el ITAM, dejó la cancillería para sustituir a Rosario Robles en la Sedesol; en esa cartera, se pensó, podría convertir la política de corte clientelar y asistencialista en un proyecto de Estado destinado a atender la pobreza extrema, la pobreza “moderada” y los graves impactos de la “precarización” salarial que afectan a tres cuartas partes de la población.

Aurelio Nuño, estratega de las reformas estructurales, dejó la Oficina de la Presidencia para reemplazar a un agotado y enfermo Emilio Chuayffet. La idea sería recuperar la centralidad que le corresponde a la SEP y avanzar en la reforma del modelo educativo.

José Calzada, exgobernador de Querétaro que entregaba muy buenas cuentas (crecimiento económico, reducción de la pobreza, deuda pública estatal manejable), llegó a la Sagarpa en sustitución de Enrique Martínez (hoy embajador en Cuba). Renato Sales Heredia, jurista e investigador nato, llegaba a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

No obstante, como para remarcar el sello de la casa, Peña le entregó la Secretaría del Medio Ambiente a un casi desconocido Rafael Pacchiano, subalterno del Niño Verde, casado con Alejandra Lagunes, coordinadora de Estrategia Digital en Los Pinos. Figuras relevantes en este campo, como José Sarukhán o Mario Molina, así como expertos de menor renombre pero igual valor, fueron ignorados.

Por su parte, una desgastada secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles (la pobreza crece, los programas sociales no rinden, la Cruzada contra el Hambre no arroja resultados sensibles), encontró acomodo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Quizá lo más sorprendente de estos cambios fue el ascenso de Claudia Ruiz Massieu, quien sin contar con la experiencia, trayectoria y formación necesarias, fue designada titular de Relaciones Exteriores (SRE).

Algunos de estos ajustes parecieron darle mayor margen de decisión al presidente Peña con vistas a la sucesión presidencial. A las dos piezas (abolladas, pero no descartables) de Videgaray y Osorio Chong, se agregaron Meade, Nuño y Calzada.

Turbulencia y reacomodos

En febrero de 2016 la junta de Gobierno del Banco de México emitió una advertencia muy seria: ante la caída del precio del petróleo y el deterioro económico que se preveía, resultaba necesario llevar a cabo ajustes en las finanzas públicas, incluyendo a Pemex, que permitieran absorber el choque a los ingresos públicos y mantener un marco macroeconómico sólido. Agustín Carstens, gobernador de la institución, repitió esta advertencia en los días subsiguientes.

En ese contexto se dio otro cambio en el equipo presidencial. El acomodo tocó a dos de los organismos que fueron el orgullo de los gobiernos priistas, pero que hoy sufren una crisis muy severa: Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pemex sostuvo por décadas las finanzas públicas; pero malas administraciones, la “ordeña” abusiva de sus recursos por la Secretaría de Hacienda, la corrupción y una lógica depredadora de sus directores, terminaron por desfondar a la empresa que alguna vez fue orgullo de México.

El IMSS no enfrentaba una situación mejor. El pasivo laboral por las pensiones alcanza cifras inmanejables.

Los cambios fueron bien recibidos. El nuevo director del IMSS, Mikel Arriola, era reconocido como un funcionario bien preparado y eficaz; no sólo se le atribuye haber metido en cintura a la industria farmacéutica y de “productos milagro”, sino haberle dado un fuerte realce a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al obtener, entre otras cosas, certificaciones al funcionamiento organizacional por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.

Por su parte, José Antonio González Anaya también es un funcionario reconocido por sus dotes administrativas y financieras. Como director del IMSS consiguió ahorros significativos modificando procesos y logró una sensible reducción en el déficit financiero que arrastra la institución. Esa experiencia parecía servirle para reestructurar a Pemex e insertarla en el complejo entorno de la industria petrolera global y la competencia que llegará con la reforma energética.

El reemplazado, Emilio Lozoya Austin, entregó un verdadero desastre en todos los frentes. Según los rumores que suelen acompañar a despidos como éstos —nunca explicados por el Ejecutivo—, el desempeño del joven y exitoso financista se convirtió en un lastre para la petrolera, por lo que perdió la confianza de su principal valedor, el secretario Videgaray. Hacia finales de año, el nombre de Lozoya saldría a relucir como parte de la trama de corrupción multinacional desplegada por la constructora brasileña Odebrecht, cuyos directivos reconocieron ante la justicia estadounidense el pago de sobornos a “altos funcionarios” de Pemex por 10 millones de dólares entre abril de 2012 y marzo de 2014; cuatro de esos millones habrían sido depositados en cuentas “relacionadas” con Lozoya cuando éste coordinaba los “vínculos internacionales” en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.5

Un tercer cambio en el gabinete se dio en la Secretaría de Salud, donde la doctora Mercedes Juan había tenido un desempeño “discreto”. El doctor José Narro Robles, exrector de la UNAM, político experimentado, llegaba a cubrir el vacío y, casi naturalmente, a engrosar la nómina de los “presidenciables”.

Nochixtlán: ¿radicales contra ineptos?

En las primeras semanas de junio de 2016 los grupos más radicales de un magisterio que se llama a sí mismo “democrático”, con sus aliados de la izquierda radical, desataron su furia. A los múltiples frentes abiertos por la incuria e incompetencia del gobierno federal se agregaba un ingrediente perturbador: la aparición de quienes buscan estirar la liga hasta reventarla por la simple razón de que no están protestando contra la reforma educativa, sino preparando lo que imaginan como insurrección popular (así lo expresa una de las consignas que corean en sus marchas: “maestro aguanta / el pueblo se levanta”).

Lo anterior fue evidente en el lamentable episodio de Nochixtlán, Oaxaca, el domingo 19 de junio. Desde días antes, la CNTE y diversas organizaciones populares tenían bajo control 37 puntos del estado; entre ellos, las principales carreteras que comunican Oaxaca con la Ciudad de México y otras entidades; la refinería de Salina Cruz estaba a punto de parar operaciones porque el bloqueo impedía la entrada y salida de transportes. ¿Cuántos días o semanas más debía esperar la autoridad para actuar? ¿Era aceptable que las policías permanecieran impávidas ante el secuestro y la quema de camiones, el robo de vehículos, el saqueo de almacenes comerciales, el corte de flujos carreteros?

Finalmente se actuó, pero la intervención resultó fallida. La movilización de la Policía Federal desató la respuesta violenta de los manifestantes no sólo en Nochixtlán sino en distintas localidades. El saldo de la refriega fue de ocho muertos; ninguno, por cierto, miembro de la Coordinadora; y uno, por lo menos, víctima del explosivo que manipulaba. En Juchitán se registró el deceso del fotoperiodista Elpidio Ramos Zárate, asesinado mientras documentaba los atropellos que acompañaban a la “protesta popular”.

¿Operación “montada” por extremistas o exceso de fuerza de la Policía Federal? La información nunca fue clara y la narrativa oficial distaba mucho de generar confianza. Los integrantes de la PF no pueden caer en provocaciones; para eso disponen de entrenamiento, protocolos y recursos. Sobre todo en casos delicados, donde la intervención reclama inteligencia y moderación. Sólo podía tratarse de una provocación. Sin embargo, medios nacionales y extranjeros publicaron fotografías que mostraban a los policías federales disparando armas largas (no reglamentarias), lo que desmentía la versión oficial.

Maniobra de “radicales” o ineptitud policiaca, endurecimiento de la línea oficial o simple incapacidad política de mandos superiores (la PF depende de la Secretaría de Gobernación), lo cierto es que la investigación de la PGR sigue sin responder a las interrogantes planteadas por la opinión pública. El exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, trazó en unas líneas el clima de incertidumbre: “Lo ocurrido el pasado 19 de junio en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, es una tragedia inadmisible que pudo evitarse. ¿Dónde quedaron la negociación y el entendimiento? Y si fue una provocación, ¿dónde estaba la inteligencia para anticiparla?”6

En otra perspectiva, el acontecimiento podía interpretarse como un nuevo fracaso del gobierno federal para consolidar la reforma educativa. Con el frustrante operativo de Nochixtlán parecía descarrillarse todo lo avanzado.

Hacia un nuevo modelo educativo

Un mes después, sin embargo, el secretario Aurelio Nuño presentó su propuesta de “Modelo educativo 2016”, que no sólo plantea la revisión a fondo del sistema educativo nacional —la tercera en casi un siglo—, sino que imagina el México del siglo XXI en la medida en que concibe que el sistema educativo no sólo debe formar estudiantes con una serie de habilidades, competencias y valores, sino ciudadanos sensibles, respetuosos de la ley y demócratas.

Sin haber superado el oprobio de la desigualdad, el desafío que hoy enfrenta la educación pública es doble: hacer frente a las demandas de la llamada sociedad del conocimiento: aprendizajes pertinentes y significativos, resolución de problemas prácticos, manejo de las tecnologías, etcétera; y, al propio tiempo, superar lastres históricos: la precariedad de los establecimientos escolares, la desigualdad en el acceso a los servicios educativos entre las zonas urbanas y las rurales e indígenas, la exclusión de aquellos que provienen de familias de escasos recursos y tienen un verdadero hándicap para concluir la educación obligatoria.

El proyecto es muy ambicioso; se trata de tener la educación que reclama el país, de sacudir viejas inercias pedagógicas que enfatizaban la memorización y castigaban las mentes críticas e innovadoras; de incorporar los saberes y las experiencias de las regiones.

No es enseñar más sino aprender a aprender. Son cinco los ejes que sostienen al nuevo modelo: 1) escuela al centro, que supone invertir la lógica imperante durante décadas; 2) contenidos educativos, una de las partes más innovadoras y que se desgrana en el documento más amplio del modelo: “Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016”; 3) formación y desarrollo profesional de los docentes, donde se avanza a través de los nuevos mecanismos de evaluación e ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD); 4) inclusión y equidad, que buscará no dejar a nadie en el camino, y 5) gobernanza, que sustituye la lógica vertical-centralizada del actual sistema por un modelo plural y colegiado de articulación entre los diferentes actores: federación, entidades, INEE, SNTE, Consejos Escolares de Participación Social y padres de familia.

Destaca, sin duda, la propuesta curricular, que se centra en el estudiante e identifica los aprendizajes clave: lenguaje y comunicación, pensamiento lógico-matemático y naturaleza. Su visión no es uniforme para todas las regiones del país, sino que busca adaptarse a contextos particulares. Más allá de la flexibilidad del currículo nacional y la autonomía de las escuelas para decidir, incluso, un porcentaje de los contenidos, de todos los egresados se esperan los mismos logros en lenguaje y comunicación; pensamiento crítico y reflexivo; valores, convivencia y colaboración; desarrollo físico y emocional; México y el mundo; arte y cultura y medio ambiente.

No será fácil concretar el proyecto de un nuevo modelo educativo. Como lo señaló el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, “es preciso reiterar que las leyes y el modelo educativo son necesarios, sí, pero no son suficientes si no se traducen en políticas públicas que obliguen a todos los involucrados a cumplir puntual y cabalmente lo establecido”.

Desde los primeros años de la posrevolución, la educación ha tenido en el discurso un lugar especialísimo que, con frecuencia, no se concretó en los hechos. ¿Ahora sí?

Los papeles de Panamá

En abril de 2016 estalló un nuevo escándalo de corrupción: los papeles de Panamá. Juan Armando Hinojosa (Grupo Higa) fue uno de los mexicanos que usaron al bufete Mossack Fonseca de Panamá para poner en marcha una compleja red que, supuestamente, le permitiría ocultar parte de su fortuna.

El dinero de mexicanos en el exterior es cuantioso, suma miles de millones de dólares. En un país urgido de inversiones que detonen el desarrollo de regiones enteras, algunas de las mayores fortunas permanecen a buen resguardo en instituciones financieras extranjeras.

Quienes ganan licitaciones amañadas y obtienen ganancias indebidas se disfrazan como empresarios, pero en realidad son traficantes de influencias, delincuentes de cuello blanco.

Es cierto que, desde un punto de vista jurídico, no es posible señalar como culpables a quienes no han sido sometidos a un proceso a cuyo término el juzgador haya determinado su culpabilidad. También lo es que colocar dinero en estos paraísos fiscales no es un delito, pero hay evidencias perturbadoras.

La cantidad que pretendió esconder Hinojosa, cien millones de dólares, traducida a pesos es descomunal y, sin embargo, resulta pequeña si se compara con las utilidades que en años recientes han obtenido sus empresas favorecidas por contratos gubernamentales, mexiquenses o federales: Constructora Teya, Concretos y Obra Civil del Pacífico, Ingeniería Inmobiliaria del Centro (IIC), Eolo, entre otras.

2016: comicios estatales, el voto de castigo

El 5 de junio de 2016 el resultado de las elecciones locales modificó radicalmente el escenario político. Con sus votos, la gente expresó su coraje y su hartazgo ante la impudicia y la torpeza de gobernadores priistas como Javier Duarte, de Veracruz; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua. Un poco antes reprobó el mandato de Guillermo Padrés, el panista que gobernaba Sonora. Pero el electorado también mostró su irritación porque nomás no llegan las “bendiciones” que anunciaban las “reformas estructurales”, porque la violencia delincuencial no cesa y porque la corrupción, sin castigo, alcanza niveles inauditos.

En esta democracia defectuosa, en la que spots insulsos reemplazan el debate serio, los candidatos se lanzan mugre en lugar de argumentos y no existe la revocación del mandato, a la población le quedan pocas herramientas cívicas para impugnar a los malos gobiernos. Por eso, se desquitaron con votos.

En Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, los ganadores —Miguel Ángel Yunes, Javier Corral y Carlos Joaquín— anunciaban que había llegado la hora. “No habrá venganza, pero sí justicia”, decían.

Ante la debacle priista, Manlio Fabio Beltrones dejó la dirección del partido. Pagaron justos por pecadores, porque los verdaderos artífices de la derrota fueron los gobernadores cuyos excesos lastimaron tanto a la gente, y lo fueron también quienes, contrariando toda lógica política, reemplazaron a candidatos que tenían gran aceptación social por los cercanos al círculo de Los Pinos, como ocurrió en Chihuahua y Tamaulipas con Enrique Serrano y Baltazar Hinojosa; el primero, apoyado por el gobernador saliente; el segundo, por el súper secretario Videgaray.

El jefe nacional panista, Ricardo Anaya —el gran triunfador de la jornada— anunció la creación de una comisión responsable de darle seguimiento al desempeño de sus gobernadores para actuar a tiempo y evitar lo que ocurrió con el desastre en Sonora que dejó uno de los suyos; y esto para no hablar de otros “distinguidos” panistas como Sergio Estrada Cajigal o Luis Armando Reynoso Femat, que dejaron un tiradero.

Los nuevos gobernadores del PAN estarán en la mira. Si “nadan de a muertito”, si incumplen con sus principales compromisos —significativamente, el de actuar en contra de sus antecesores—, si se extravían en la frivolidad y los negocios, habrán tirado por la borda lo logrado ese 5 de junio de 2016.

Algo similar anunció Enrique Ochoa Reza, el sustituto de Beltrones, el 12 de julio ante el Consejo Nacional del tricolor. El PRI, dijo, no tolerará más a gobernadores corruptos:

No cabe duda que el elemento más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción y de impunidad. Ésta es precisamente la razón por la cual los partidos son cada vez menos el canal a través del cual se expresan las demandas ciudadanas más sentidas.

Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes, nos lastima a todos.

El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución.

Asimismo, los priistas debemos de adoptar las mejores prácticas en la materia para impedir el acceso a candidaturas en todos los niveles de gobierno de personas que tengan algún antecedente de corrupción.7

Sin duda, estos resultados tienen claros impactos para el partido en el poder hacia 2018: configuran un escenario muy adverso. A las pérdidas de la Ciudad de México, Puebla (ratificada panista), Nuevo León, Querétaro, Guadalajara y municipios conurbados, ahora se agregaban Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Durango y Aguascalientes, lo que le resta al tricolor un ingrediente crucial: recursos e instrumentos para la operación a ras de suelo.

Con las cuatro gubernaturas ganadas por el PAN y las tres de la alianza PAN-PRD, el tricolor perdió el manejo de siete entidades que, en conjunto, representan 21.46% de la lista nominal de electores; es decir, 17 934 939 de votantes potenciales.

La visita de Trump y sus impactos

Descontando el de la corrupción y el reiterado “conflicto de intereses”, quizá ninguno de los cuestionamientos al presidente Peña Nieto se equipara al fracaso que significó invitar y recibir en la residencia oficial de Los Pinos a quien había insultado, denigrado y ultrajado a los mexicanos: Donald Trump, candidato presidencial del Partido Republicano. La internacionalista Olga Pellicer lo describió como “un acto de irresponsabilidad y desmesura que indigna a muchos mexicanos y acentúa el sentimiento de un país amenazado por la incapacidad de sus dirigentes”.

La idea “genial”, que provino de Luis Videgaray, exhibió a un jefe de Estado que no tiene el arrojo ni la astucia para defender, frente a un megalómano ignorante, los intereses y la dignidad del país y el interés de su población.

Reconocer el error habría sido un gesto admirable. Pero, en vez de esto, Peña argumentó en los días siguientes que enfrentaba un dilema: responder con estridencia e insultos o dialogar. ¿De verdad pensaba el presidente que no había más opciones que injuriar o dialogar? ¿No tenía recursos diplomáticos para expresarle a Trump, sin alardes bravucones, pero con firmeza, nuestro rechazo a su discurso de odio?

Peña no dijo nada respecto de la ofensa que significa la simple idea de construir un muro fronterizo. En vez de eso, en una especie de legitimación racional de la “propuesta” delirante, él y su coro insistían en que México no pagaría por él.

Otro impacto adverso es el que generó en el frente externo. La política exterior, que tanto prestigio le dio al país, está hoy disminuida. ¿Qué piensan los gobernantes y las sociedades de la América Latina, que durante muchas décadas vieron en México la primera línea de defensa de la dignidad y los intereses legítimos de nuestros pueblos?

Es posible, y México lo ha hecho en el pasado, encarar con dignidad e inteligencia al imperio. Bastaría recordar la decisión del presidente Miguel de la Madrid y de su canciller, Bernardo Sepúlveda, de promover, en defensa del interés nacional, al Grupo Contadora, asumiendo los riesgos de oponerse a la política belicista de Ronald Reagan.

El único beneficiado por el terrible desatino de septiembre de 2016 fue Trump: le dieron trato de jefe de Estado y le sirvieron, en plena campaña electoral, un acto a modo que lo vistió y sirvió muy bien. Durante la conferencia de prensa en Los Pinos nos volvió a restregar lo del muro fronterizo y, unas horas más tarde, en Arizona, advirtió con toda petulancia y altanería: “Construiremos un gran, alto, fuerte y hermoso muro en la frontera sur, y México lo pagará al 100%… No lo saben aún, pero lo harán”.

A nivel interno, el efecto más severo fue la salida del gabinete de Luis Videgaray, el gran orquestador de la torpeza. Su ausencia parecía dejar a Peña en la orfandad; ya no estaría en las reuniones cerradas, pero, con discreción, seguiría compartiendo con él decisiones mayores.

Su lugar en Hacienda lo ocuparía Meade, cuyo hueco en Sedesol sería ocupado por una de las figuras más impresentables del equipo cercano al presidente: Luis Enrique Miranda. Su traslado de la subsecretaría de Gobernación a Desarrollo Social enviaba un mensaje perturbador: el compadre de Peña Nieto tendría a su cargo la operación política a ras del suelo, la construcción, recuperación o afianzamiento de clientelas para la elección en el Estado de México (2017) y la sucesión presidencial (2018). En enero de 2018 fue reemplazado por Eviel Pérez Magaña, otro experto en operación electoral.

No importó que Miranda careciera de la trayectoria indispensable o de las dotes administrativas requeridas para ocupar una secretaría de Estado, cualquiera. No importó que nada en su biografía justificara el ascenso de un puesto subalterno en la línea de golpeo (subsecretario de Gobierno) a una de la más “nobles” carteras del Ejecutivo federal. La investigadora Edna Jaime, directora de México Evalúa, lo expresó con elegancia: “no tiene idoneidad para el cargo”.

En Gobernación tuvo a su cargo la negociación política con la CNTE, un hueso duro de roer. El protagonismo del subsecretario, operador al servicio directo del presidente, desdibujó a su jefe, Osorio Chong, y al titular de la SEP, Emilio Chuayffet. Los usos de Miranda son de sobra conocidos. Un experto en la política mexiquense lo sintetizó en una frase: “Todo lo arregla a billetazos, bajo cuerda, en lo oscurito”. Por ello no sorprenden sus resultados con la disidencia magisterial: alimentó a un monstruo malherido y lo hizo renacer. Tampoco sorprende, por ello mismo, que desde su llegada a Sedesol —la secretaría que Salinas de Gortari rediseñó para Luis Donaldo Colosio— se mostrara de cuerpo entero como personaje de la nueva picaresca priista: rudo, rupestre, golpeador.

La conclusión era evidente: Peña Nieto no está dispuesto a entregar, así como así, la Presidencia a un partido distinto al suyo; irá con todo para neutralizar el poder que la ciudadanía le ha entregado a las oposiciones en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Nuevo León…

Para finales de 2016 el panorama económico y, consecuentemente, el ánimo social, acentuó el tono pesimista. A la caída en los precios de la mezcla mexicana se agregó la caída en la producción, la debilidad de la exportación, la depreciación del peso (al 30 de diciembre llegó a estar en los bancos hasta en 21.17 pesos a la venta) y el estancamiento económico.

A esto se sumaron los saldos de las elecciones en Estados Unidos: el control de ambas cámaras del Congreso por los republicanos y, sobre todo, el triunfo de Donald J. Trump y su obsesión antimexicana.

A pesar de los anuncios sobre un manejo austero de las finanzas públicas, la realidad contradecía los presupuestos, el gasto ejercido volvía a ser superior al aprobado. Crecieron los recursos para los órganos constitucionalmente autónomos y las participaciones para los estados… Y mientras tanto, las pensiones seguían constituyendo un desafío mayúsculo.

2017: elección mexiquense, última aduana

Contra viento y marea, aun perdiendo un millón de votos respecto de la elección anterior (2011), en la patria chica del presidente se impusieron el PRI y sus aliados. El zacahuil,8 como llamaron a la operación política que incluyó el despliegue de una impresionante maquinaria y cuantiosos recursos, explica el milagro.

El hartazgo de la mayoría de los mexiquenses con las malas cuentas de sus gobiernos (violencia delincuencial desbordada, feminicidios, corrupción, opacidad, pobreza) y la bajísima aprobación al presidente Peña Nieto no fueron suficientes para derrotar al PRI, que logró una victoria crucial tanto por la densidad electoral del estado (lista nominal de 11 millones de ciudadanos) como por el cuantioso presupuesto que supone la gubernatura (más de 260 000 millones de pesos sólo en 2017).

Ante la evidente debilidad de su candidato, Alfredo del Mazo Maza, demasiado exquisito para los grandes grupos sociales, la fórmula fue la misma que ha probado su eficacia en otras elecciones: 1) la fortaleza del aparato político-electoral, 2) el despliegue de todos los recursos, algunos verdaderamente sucios, 3) una campaña para infundir miedo sobre lo que podía significar el triunfo de Morena (rondaba el fantasma de Hugo Chávez, una verdadera pesadilla) y 4) la dispersión del voto opositor, ingrediente clave. La obra El infierno electoral, coordinada por el sociólogo Bernardo Barranco, da cuenta de los peores usos del poder que les permitieron imponerse.

También influyó la extraña habilidad de López Obrador, el mejor enemigo de sí mismo, para estropearlo todo. En vez de convocar a distintas fuerzas políticas a sumarse a una coalición que consumara un quiebre histórico, sacando al PRI del gobierno que ha detentado por casi 90 años, pretendió doblarlas. Su altanería y engreimiento cerraron las puertas a cualquier acuerdo, salvo con el marginal Partido del Trabajo.

Otro factor que explica los resultados fue la ausencia o precariedad de una cultura cívica en anchas franjas de la sociedad mexiquense. Entre los pobres abunda el mexicano cínico, ése que afirma que “el que no tranza, no avanza”; el que tolera a los funcionarios ladrones porque, según dice, al final “todos roban”, pero al menos los del PRI “salpican”. Todo ello ratifica, como escribió un analista, que el PRI no gana las elecciones, las compra.

En una democracia de baja intensidad, el acarreo, el uso grosero de recursos públicos, la intimidación, los “trapos sucios” de todos contra todos y hasta el “robo de urnas” (que parecía un recurso antediluviano) fueron las notas dominantes de la elección del domingo 4 de junio. Una disputa callejera, sin árbitro y sin reglas; una elección que confiere al triunfador, Del Mazo Maza, una legitimidad precaria: apenas un tercio de los votos.

Regresión democrática

El sur del estado, la región más atrasada y penetrada por el crimen, además de municipios emblemáticos como Atlacomulco, le dieron muchos votos al partidazo. Sin embargo, mostraron un comportamiento electoral “atípico”: mientras el porcentaje de participación en el estado fue de 52%, en los distritos de Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Tejupilco, Atlacomulco y Jilotepec llegó hasta 64 por ciento.

Así funciona la “democracia” en la principal entidad del país por número de habitantes y caudal electoral. ¿Un anticipo de lo que será la disputa por la Presidencia de la República, las cámaras del Congreso de la Unión y nueve gubernaturas en 2018? Mal presagio, aunque las condiciones podrían cambiar más pronto de lo que imaginan en la cúpula del priismo.

Parece claro que el priismo mexiquense tendrá todos los recursos a su disposición para obrar y maniobrar. Especialmente cuando su principal adversario, Morena, podría ver diluido en el corto plazo un enorme “capital político” sin anclaje en posiciones de gobierno o incremento en prerrogativas (se eligió solamente gobernador; los ayuntamientos y el congreso local se renuevan al año siguiente). Lo sorprendente, en todo caso, es que en tales condiciones haya podido levantar una campaña en toda la entidad y arrebatar distritos que parecían escriturados al PRI, el PAN o el PRD: cuatro de Ecatepec; dos de Tlalnepantla; dos de Naucalpan; Atizapán y Coacalco; dos de Cuautitlán Izcalli; Tultitlán y Teoloyucan; Tecamac, Ixtapaluca y Valle de Chalco. No son los únicos, pero sí los más significativos; especialmente los que constituyen el célebre “corredor azul”, que ha dejado de ser panista y ya no será priista. En total, el partido de López Obrador gana 23 de los 45 distritos y logra una relativa buena votación en zonas perredistas —Nezahualcóyotl— o claramente priistas —Atlacomulco, Huixquilucan, Tenancingo y Toluca.

Lo que no tiene vuelta de hoja, desde luego, es la contundencia del acontecimiento central: que el primo del presidente Peña Nieto, priista de abolengo, estará a cargo de la operación virtual y sobre el terreno en una plaza definitiva, irremplazable como ya es evidente, en el proceso de sucesión presidencial.

Fuera de lo anterior, todo es incertidumbre. Por ejemplo: saber si una victoria así, por escasos tres puntos porcentuales, servirá de acicate a la maquinaria priista para recomponerse y recuperar el terreno que le fue arrebatado en amplias zonas de la geografía mexiquense. Baste decir que el priismo perdió un millón de votos entre la elección de Eruviel Ávila (superó los tres millones) y la de Alfredo del Mazo (poco más de dos millones).

En esa perspectiva, y ampliando el panorama a las cuatro elecciones del 4 de junio, la Carta de Política Mexicana del GCI formuló algunas conclusiones:

PRIMERA: La caída del voto priista no ha tocado fondo. Sólo en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, a pesar del “triunfo” en los dos primeros, perdió alrededor de 50% del sufragio obtenido hace seis años. Si a esto se agregan las derrotas de 2016 —Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo— más los territorios relativamente fuera de su control —Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Michoacán y Morelos—, el margen de maniobra se reduce drásticamente. El presidente puede celebrar las proezas de la maquinaria en su terruño y en el señorío de los Moreira; suficientes para mantener los hilos en la batalla interna por la candidatura, pero no para definir la sucesión. No hay “recurso” que alcance pare replicar la Operación Zacahuil en las 32 entidades de la República.

SEGUNDA: López Obrador y Morena siguen al alza. En tres años, el tabasqueño ha logrado consolidar una corriente social y electoral —superior al partido, aún descoyuntado— que podría llegar a 2018 como opción mayoritaria. La votación lograda en terrenos hostiles (12% en Coahuila y Nayarit) sería el anticipo. Más claro aún, pese a la derrota, el lugar alcanzado en la contienda mexiquense: más votos que el PRI en solitario y un poco más que lo que hubieran sumado PAN y PRD (menos de 700 000 por Josefina Vázquez Mota, poco más de un millón por Juan Zepeda).9 No obstante ello, la lección es doblemente atendible: sin alianzas serias, que agreguen y multipliquen, que neutralicen la guerra del miedo, la Presidencia “al alcance de la mano” podría ser un nuevo espejismo.

TERCERA: Con el tercero y cuarto lugares en la contienda mexiquense, PRD y PAN enfrentan la disyuntiva rumbo a 2018 de perder en soledad o intentar un giro que los meta a la pelea de los tercios mayores. Así lo han planteado Ricardo Anaya y Alejandra Barrales en la propuesta de alianza de centro-derecha o “frente amplio opositor”. El gran inconveniente de esta iniciativa es la vaporosa definición del objetivo: no queda claro si para vencer al PRI o para contener a López Obrador. Si lograran despejar la incógnita, podrían aspirar a un digno tercer lugar y a lograr espacios suficientes en el Congreso. Lo más probable, sin embargo, es que resuelvan atenerse a sus propias, debilitadas, fuerzas. Lo que garantizaría, deliberadamente o no, que la dispersión del sufragio opositor reduzca las posibilidades de Morena o agrande las del PRI, lo que ocurra primero.10

Fragilidad de las instituciones

Quizá, una de las pocas certezas que arrojan los comicios del pasado 4 de junio es que los avances democráticos deben defenderse todos los días porque, aunque son producto de luchas cívicas de muchas décadas, no se consolidan de una vez y para siempre.

Las elecciones en Coahuila y el Estado de México exhibieron la resistencia de la mayoría de los actores políticos para abandonar los viejos usos del poder. En estas campañas fue más burda que en el pasado la compra de votos y la avalancha de recursos de origen dudoso. Estas prácticas, exhibidas por los medios de comunicación y por los ciudadanos, fueron evidentes para todos menos para quienes tienen la responsabilidad de vigilar que no se excedan los topes de campañas, una de las causales de nulidad de la elección. Pero, también, hablan de la incapacidad de los partidos opositores para documentar las violaciones a la ley y cubrir las casillas de las zonas de alto riesgo, sobre todo rurales, en donde la participación electoral atípica llama a sospecha.

Otro dato a tomar en cuenta es el evidente desprestigio de las instituciones electorales. Sobre todo, resulta perturbador que la autoridad administrativa (INE) sufra una merma en su credibilidad y prestigio cuando nos preparamos para un proceso áspero y tramposo como el que se anticipa para el año entrante.

Las elecciones revelan el ascenso de Morena que, a pesar de carecer de una estructura en todo el territorio mexiquense, quedó a sólo tres puntos de ganar la gubernatura; el análisis de las votaciones a nivel distrital permite prefigurar en 2018 la posible mutación hacia esta organización de municipios tan importantes —económica, política y demográficamente— como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Coacalco…

Es sabido que para competir resulta clave el binomio candidato/partido. Un ejemplo relevante es el de Juan Zepeda, cuya candidatura conectó con cientos de miles de electores, le quitó a la profesora Delfina Gómez votos que habrían sido cruciales, y le dio al PRD un caudal de votos muy importante. De tal suerte que un partido que parecía en vías de extinción será un protagonista en la contienda de 2018 y sus movimientos, ya sea en alianza o con candidato propio, podrán influir decisivamente en el desenlace.

Otra lección es que el número de partidos ha disgregado el voto y, en consecuencia, hace muy difícil que uno solo pueda alcanzar la mayoría. De allí la pertinencia de sumar, de construir alianzas. En la elección de 2006, Andrés Manuel López Obrador no creyó necesario sumar a Patricia Mercado, candidata del Partido Socialdemócrata; al final, ella obtuvo un porcentaje de votos equivalente al que le faltó a López Obrador para ganar la Presidencia de la República. Nunca hubo acercamientos o propuestas al respecto; tampoco es claro que Mercado y su grupo estuvieran dispuestos a ceder su “independencia” en aras de un eventual gobierno de coalición. Una década después, lo único cierto es que la arrogancia de López Obrador ante sus posibles aliados, a quienes exige sumisión, parece mostrar que sigue sin aprender las lecciones de antiguas derrotas. En el colmo de la contradicción, su condena a los “mercenarios” (panistas, perredistas) no incluye al Partido del Trabajo, uno de los membretes partidistas más desprestigiados del país… que, naturalmente, ya se le sumó.

En el caso del PRI, no obstante su fortaleza vis-à-vis con el resto de los partidos, cada vez es más claro que el “voto duro” no le alcanza para ganar; necesita el acompañamiento de otras fuerzas políticas. El caso mexiquense resulta ejemplar: sin aliados, Morena alcanzó una votación mayor a la del PRI.

Una última cosa, los partidos parecen concentrados en la lucha política, en ganar las elecciones, pero no están leyendo los reclamos ciudadanos. Como dice Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza, no están respondiendo a una pregunta central: ¿para qué quieren el poder?

Preparando el “blindaje” para el séptimo año

Es sabido que el año más adverso de una administración sexenal es el “séptimo”, cuando despojado de los poderes de la investidura el expresidente de la República encara los ánimos de venganza apenas contenidos y descubre que en política los amigos son de mentiritas, pero los enemigos son de verdad.

La designación de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR pareció inscribirse en esa lógica del blindaje. Pero fue un mal augurio en términos democráticos porque atenta contra la independencia que le es exigible a quien, de no reformarse la ley, encabezará un órgano con enormes atribuciones, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción: la nueva Fiscalía General de la República.

Lejos de buscar una figura que tuviera el consenso de los sectores más conscientes de la sociedad —lo que habría legitimado su propuesta—, el presidente Peña Nieto optó por un procurador a modo (“fiscal carnal”, fue bautizado pronto). Más allá de sus credenciales como abogado astuto y capaz, no eran buenas noticias su cercanía al presidente, ni su militancia partidista.

No lo era su cercanía al presidente porque esta administración ha estado marcada por las denuncias sobre “conflicto de intereses” y tráfico de influencias. Correspondería al nuevo procurador, y más tarde al fiscal general, investigar y perseguir a los prevaricadores; pero sus compromisos con el poder anticipaban que, quizás, lejos de procurar justicia, protegería a quienes lo pusieron en el cargo.

Tampoco lo acreditaba para esta responsabilidad su militancia partidista y, menos aún, la defensa jurídica que realizó de asuntos tan espinosos como el de las tarjetas Monex o el cambio en la convocatoria para la elección del candidato presidencial para favorecer al entonces gobernador Peña Nieto. No menos lustroso resultaba su paso por la coordinación de asuntos jurídicos del PRI en los días de Roberto Madrazo, Humberto Moreira y Pedro Joaquín Coldwell.

Con esta designación, el presidente replicaba el censurable intento de los entonces gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge, de nombrar fiscales “tapaderas”, lo que se frustró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La designación de Cervantes sólo podía leerse como un intento de ubicar en esa posición clave a quien le garantizara a Peña y a sus cercanos la protección necesaria cuando hubieran dejado su gobierno: un fiscal que sólo procedería contra chivos expiatorios o que se cebaría contra personajes como Javier Duarte, quien ya perdió la protección de Los Pinos. Un procurador que, ante una significativa presión social, emprendería investigaciones light que se extenderían en el tiempo y no llevarían a ninguna parte.

Es facultad constitucional del presidente nombrar y remover libremente a sus colaboradores; pero es su deber observar el interés superior del país, sobre todo en una materia tan delicada como la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción.

Raúl Cervantes se convertía en el tercer titular de la PGR en la administración. La rotación adelantada de sus mandos daña a la institución: con el nuevo procurador llegan subprocuradores y fiscales en ramos clave que deberán experimentar la curva de lento aprendizaje.11

No menos lamentable fue la manera en que el Senado aprobó (fast track) la propuesta presidencial, pues exhibió una obsecuencia lastimosa: renunció a cumplir el papel que la Constitución le asigna como contrapeso del Poder Ejecutivo; no hubo siquiera una exploración simulada de la trayectoria del nuevo procurador: 82 votos a favor y sólo tres en contra. Una de las claves de la descomposición que se observa en Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y otras entidades reside, precisamente, en la sumisión de los otros poderes al Ejecutivo.

Una primera consecuencia mayor de todo esto es que el Sistema Nacional Anticorrupción nace con una pata coja.

Un presidente incomprendido

La sensación de ser incomprendidos, de no ser valorados porque la mezquindad de la gente le impide reconocer todo lo que hacen, es un síndrome de los hombres de poder que se repite en todos los tiempos. Los hombres que detentan los mandos (económico, político, financiero) suelen tener una incapacidad notable para conocer la realidad real.

En México suele decirse que el presidente es el hombre mejor informado del país, lo que resulta discutible. Podría afirmarse, por el contrario, que el jefe de Estado es el político más seria y sistemáticamente desinformado. La primera razón que explica la paradoja es muy simple: el cúmulo de materias que reclama su atención es inabarcable; en consecuencia, su hombre u hombres de confianza procesan los documentos de distintas procedencias (por ejemplo, en materia de seguridad: Cisen, PGR, inteligencia militar, etc.) y arman un collage para la atención del mandatario, pero lo hacen de acuerdo con su propia valoración o sus propios intereses.

Lo anterior desata una dinámica que termina por envolver al presidente de la República en una burbuja de falsas percepciones:

PRIMERO, porque quienes realmente gobiernan saturan la agenda presidencial de actos protocolarios, dentro y fuera del país, que le impiden dedicarse seriamente a atender sus responsabilidades.

SEGUNDO, porque en sus visitas oficiales o de Estado a otras naciones reciben discursos, igualmente protocolarios, que endulzan sus oídos; los anfitriones elogian la dimensión de su liderazgo (el que sea), la enormidad de su gestión (que desconocen) y la “profundidad” de su programa reformista que constituye, por regla general, “un antes y un después”.

TERCERO, porque la legendaria lambisconería de la clase política (alcaldes, gobernadores, secretarios del gabinete, dirigentes de su partido) llega a hacerles creer que tienen talentos que ni ellos mismos habían imaginado: una lucidez, una clarividencia, una visión de Estado excepcionales… Durante sus giras por distintas regiones, le presentan al presidente una visión edulcorada del país; lo conducen por rutas previamente “maquilladas” a inaugurar obras donde lo único real es la fachada (hospitales que tardarán meses en funcionar porque carecen de equipamiento y personal médico; carreteras y puentes a medio construir; salas de cómputo en escuelas que carecen de electricidad, etcétera).

El México que suelen ver los presidentes es casi siempre una escenografía. La gente que asiste a los actos es seleccionada; en su mayoría son aplaudidores profesionales. Entonces, si le hacen creer que su gobierno es extraordinario, el mal humor social que prolifera por todo el territorio sólo es explicable como un “problema de comunicación”: no han sabido comunicar sus enormes logros.

En esa lógica, para el presidente y su círculo más cercano, la percepción de la sociedad es alimentada por opositores y medios empeñados en “sobredimensionar” los problemas del país. De ahí que, simplemente, no conciban que la ciudadanía tenga razones de sobra para descalificar una gestión que ha fallado en capítulos esenciales: seguridad pública, donde la delincuencia sigue desbordada; manejo de la economía, con una estrategia que mantiene el modelo de bajo crecimiento, concentración de la riqueza y amplios bolsones de pobreza y exclusión; persistencia de la corrupción y la impunidad, crisis del sistema de justicia, ineptitud gubernamental e irracionalidad político-administrativa.

Un presidente que en 2012 encontró condiciones excepcionales para impulsar un proyecto de gran calado, sobre todo por la disposición de los principales partidos de oposición (PAN y PRD), una vez aprobadas las “reformas estructurales” mostró que no tenía un plan para instrumentarlas.

La multiplicación de frentes de conflicto exhibe un déficit notable para el manejo de los desafíos y una dificultad para ocupar los espacios públicos en un régimen incipientemente democrático; es decir, la política de comunicación gubernamental funciona como solía hacerlo en los largos años de autoritarismo: intentando dar línea a los medios, comprando a “líderes de opinión” y con mucha propaganda oficial. Pero todo esto no acalla al periodismo de investigación y, mucho menos, al despliegue ciudadano a través de las redes sociales.

La ingenuidad de que para modificar la imagen hay que trabajar “la marca México”, ignora que lo primero que hay que cambiar es la realidad, no la percepción.

Seguridad pública: falló la estrategia

¿En qué falló la estrategia de seguridad pública? En ignorar la naturaleza del desafío y pretender atenderlo con respuestas parciales. En desatender varios de los eslabones institucionales que tienen que ver con la materia. El primero, el de las policías municipales y estatales: mal pagadas, mal entrenadas, sin seguridad social mínima, lo que las hace presas fáciles de la corrupción o la intimidación.

Ernesto López Portillo, uno de los más sólidos especialistas en la materia, advierte que la política del gobierno federal ha caminado a contracorriente de la tendencia mundial según la cual “la seguridad se construye desde lo local”. Esto es, que mientras se fortalece una corporación necesaria como la Policía Federal, el eslabón más débil del sistema de seguridad sigue sin encontrar respuestas satisfactorias. Porque, en el mediano y largo plazo, el mando único de policías estatales no resuelve el principal desafío: cómo reformar, crear o refundar organismos de seguridad que respondan a las necesidades de la población en la esfera de gobierno más cercana a la ciudadanía.

Lamentablemente, la administración de Peña Nieto ha hecho poco para impulsar el fortalecimiento de las autoridades locales y diseñar políticas públicas que permitan revertir los profundos desarreglos sociales que viven las comunidades y que constituyen tierra fértil para los intereses de las bandas criminales.

No habrá forma de parar este desbordamiento delincuencial mientras no se encare como lo que es: un desafío al Estado nacional y a la sociedad que exige acciones contundentes del gobierno de la República, no sólo del gabinete de seguridad nacional, sino también de las secretarías de Hacienda (especialmente la Unidad de Inteligencia Financiera y la Dirección General de Aduanas), Desarrollo Social, Educación Pública y otras dependencias, así como de los poderes Legislativo y Judicial. Sólo de esta manera las acciones de la sociedad civil organizada, comprometida y vigilante, tendrán un efecto duradero. Porque sin gobernantes legítimos y confiables, policías bien preparados y reconocidos, fiscales rigurosos, jueces honorables y autoridades del sistema penitenciario íntegras, exigir que la sociedad “haga su parte” mediante denuncias y valor civil para enfrentar las redes delincuenciales, resulta tan inútil como demagógico.

SECUESTROS

Desde el primer día de su administración, el presidente se comprometió a desplegar una política de seguridad pública que frenara los secuestros.

El secuestro es un delito infame que, en la mayoría de los casos, creció por la complacencia o la participación directa de autoridades de distinto orden: policías encubriendo o formando parte de las bandas criminales; agentes del Ministerio Público dejando en libertad a los delincuentes; jueces y magistrados emitiendo, contra toda evidencia, sentencias inadmisibles.

Pero en esta materia también hay una responsabilidad social. Una sociedad alerta y responsable estaría en condiciones de proveer de información útil a las autoridades para proceder en contra de estas bandas criminales.

Durante años, las unidades especializadas en combate al secuestro (UECS), como tantas otras en la esfera policial, devinieron cascarones vacíos o nido de capos: sus mandos e integrantes aparentan servir o, de plano, trabajan para la delincuencia. Muchas bandas de secuestradores operan bajo el manto protector de corporaciones oficiales o son encabezadas por expolicías.

Si a lo anterior se suma la situación del sistema de justicia, el panorama es desolador. ¿Con qué armas enfrentar el secuestro cuando fiscales y jueces suelen responder a intereses estrictamente ajenos a la aplicación de la ley?

En esa perspectiva, la Estrategia Nacional Antisecuestro presentada el 28 de enero de 2014 por el secretario de Gobernación, representó un golpe de timón en la dirección correcta. Tanto la creación de una Coordinación Nacional Antisecuestro como la designación de su titular, Renato Sales Heredia, expresaron un quiebre esperanzador.

Con una sólida formación académica (derecho, filosofía, ciencias políticas), Sales Heredia ha mostrado ser un funcionario eficaz y responsable, lo mismo como subprocurador en la PGJDF que como procurador del estado de Campeche. Apenas en junio de 2013 había sido nombrado subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR. Su nombramiento fue un acierto, lo mismo que la integración de un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación, órgano de control formado por representantes de Sedena, Marina y PGR, un delegado de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y cuatro dirigentes de organizaciones civiles: Alejandro Martí (México SOS), Isabel Miranda de Wallace (Alto al Secuestro), María Elena Morera (Causa en Común) y Josefina Ricaño de Nava (México Unido Contra la Delincuencia).

La integridad y pericia de Sales Heredia rindieron frutos. Sin embargo, su mismo desempeño lo llevaría a asumir nuevas responsabilidades. En agosto de 2015 fue promovido a la Comisión Nacional de Seguridad en sustitución de Alejandro Rubido —único damnificado tras la “segunda fuga” del Chapo Guzmán— y la tarea antisecuestros sería encargada a Patricia Bugarín. Poco antes del cambio, el secretario Osorio Chong anunció una baja de 30% en los secuestros durante el primer semestre de aquel año.12

CARRETERAS SIN LEY

Una de las expresiones más onerosas de la impunidad con la que operan las bandas criminales se observa en las carreteras federales y estatales y en las centrales de abasto de nuestro país.

Casi todas las actividades económicas (la minería, la avicultura, el comercio) que utilizan las carreteras y las vías férreas han sufrido por años el asalto con violencia a sus camiones o trenes, la extorsión y el robo a sus bodegas. Y todo esto ante la mirada complaciente de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población.

Al robo de las cargas sigue la denuncia y la extorsión por agentes del Ministerio Público y de las policías federal o estatal que, como se estila, exigen dinero para hacer investigaciones que nunca alcanzan resultados.

Las bandas delictivas descargan un tráiler y desplazan la mercancía en unas cuantas horas, lo que habla de un complejo sistema de complicidades que incluyen, como en el caso de la “ordeña” de ductos de Pemex, su comercialización por negocios aparentemente legales.

La respuesta de muchos empresarios ha sido la “autodefensa”: instalación de sistemas de localización satelital en los transportes, personal de seguridad que escolta los transportes y, en casos extremos, blindaje de tractocamiones. Todo esto implica costos enormes para la actividad productiva. Son cientos de millones de pesos los que se gastan en procurar la seguridad de su personal y de su mercancía y los que se pierden por el robo a sus unidades.

Los recursos tecnológicos con los que cuentan las instancias de seguridad pública para el trabajo de inteligencia son de última generación, y los recursos públicos asignados a sus labores son enormes. Por eso, no hay forma de justificar la persistencia de estos hechos, salvo por la notoria ineptitud o la colusión de autoridades con la delincuencia.

En años recientes, la Policía Federal de Caminos sucumbió ante la intimidación y los sobornos de los criminales y fue reemplazada por la Policía Federal Preventiva, que también fracasó. En su lugar llegó la Policía Federal cuyos resultados son casi imperceptibles. La puesta en marcha de la Gendarmería que, se dijo, se dedicaría a proteger “los ciclos económicos”, es otro intento fallido.

EL FRACASO DE LOS QUE “SABÍAN CÓMO HACERLO”

El desbordamiento, la brutalidad y el cinismo con el que opera la delincuencia, así como el fracaso de las estrategias desplegadas por sucesivos gobiernos desde los años ochenta, obligan a reconocer el desastre e imaginar respuestas audaces, extraordinarias.

El fiasco en esta materia parece explicarse, entre otras razones:

1) Por el carácter fragmentario de las políticas públicas; en el mejor de los casos, sólo han atendido a alguno o varios de los eslabones institucionales —por ejemplo, el policial—, omitiendo que el desafío interpela a todo el Estado y a la sociedad.

2) Por la ineptitud, negligencia o complicidad de muchas autoridades, lo mismo a nivel municipal, que estatal y federal.

3) Por la frivolidad y la perversidad de direcciones estatales y nacionales de los partidos que han postulado a cargos de elección popular a personajes “sospechosos” o han hecho pactos con el diablo.

4) Por la precariedad de nuestra cultura cívica, el cinismo y la corrupción que prevalecen en todos los sectores sociales que han convivido y se han beneficiado de tratos con los delincuentes.

Llegó el tiempo de revisar las estrategias y líneas de acción en la materia; especialmente la del descabezamiento de los grupos criminales que, como es evidente, ha servido de poda y generado mayores desarreglos en las comunidades. A la sociedad no le importa cuántos capos han sido capturados o abatidos ni cuántas toneladas de droga hayan sido destruidas. Lo que reclama es recuperar la tranquilidad, que sus hijos puedan salir a la calle y a la escuela sin miedo, transitar por las carreteras sin la angustia de ser asaltado o secuestrado.

Frente a esta realidad es urgente poner en marcha acciones de fondo, precisas y verificables. La disyuntiva es clara: las emprendemos ya o asumimos las consecuencias de ser un Estado fallido.

Pacto por el Estado de derecho

Es imperativo construir un acuerdo sin precedente con la participación de los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, los órganos constitucionales autónomos, las instituciones académicas y los sectores organizados de la sociedad para alcanzar un verdadero Estado de derecho. Enorme desafío en un país donde prevalecen niveles obscenos de corrupción e impunidad y la única ley que parece imperar es la del más fuerte.

Las recetas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para recuperar la tranquilidad no han dado resultado. Quizá, una de las explicaciones de este fracaso resida en la simulación o la complicidad de autoridades de todo rango, especialmente las estatales; a lo que debe sumarse el carácter parcial de las políticas públicas, que no enfrentan el fenómeno desde su raíz: la corrupción, la impunidad y los efectos desestructurantes del estancamiento económico.

Podríamos tener mejores policías y no habría resultados en la contención delincuencial porque, una vez que se presentan los indiciados ante el Ministerio Público, la corrupción o la ineptitud llevan a una deficiente integración de las averiguaciones previas con el fin de darle a los jueces la justificación para liberarlos…

Podríamos llevar ante los jueces, con sólidas evidencias, a los presuntos delincuentes; y, sin embargo, juzgadores corruptos o intimidados dejarían libres a criminales convictos o los beneficiarían con sentencias ridículas…

Podríamos tener policías honestos que remitieran al Ministerio Público a delincuentes; agentes del Ministerio Público íntegros y profesionales, además de jueces y magistrados rectos y valientes que emitieran sentencias severas; pero, aun así, no habría resultados contundentes si, como ocurre hoy, se permite a los criminales seguir operando, extorsionando y organizando secuestros desde las cárceles…

Transcurridos más de tres decenios se siguen aplicando, con algunas variables y pocas innovaciones, las mismas recetas que no han dado resultados ni los darán mientras no cambie la dinámica institucional y los responsables en cada eslabón de la cadena hagan lo que les toca y lo hagan bien.

Es indispensable construir un pacto nacional para devolverle la tranquilidad a una sociedad conmocionada por la barbarie y el cinismo. Es imperativo construirlo con responsabilidades específicas, tiempos de ejecución y resultados evaluables. Al Poder Ejecutivo federal le corresponde desplegar todas sus capacidades, no sólo las fuerzas armadas y la Policía Federal, sino también la PGR, el Cisen, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Dirección de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, entre otras dependencias.

Al Legislativo le toca hacer o aprobar leyes que otorguen a los gobiernos las facultades necesarias para actuar. Al Poder Judicial y a los Consejos de la Judicatura, supervisar el desempeño de los juzgadores y, en su caso, sancionar las desviaciones; es inconcebible que, en tantos años de sentencias escandalosas, sólo unos cuantos jueces se encuentren “suspendidos”.

A los gobernadores, por la vía de las procuradurías de justicia, les toca hacerse cargo de la persecución de los delitos del fuero común y asumir, cabalmente, la depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos.

Las universidades y demás instituciones de educación superior tienen también tareas en el compromiso de afrontar este tema, asignando a sus mejores investigadores al estudio de experiencias exitosas en combate a la delincuencia. Y, finalmente, en este acuerdo será crucial la participación ciudadana a través de sus organizaciones: sindicatos, centrales campesinas, colegios profesionales, centros comunitarios, agrupaciones de vecinos, mujeres, jóvenes, trabajadores de la cultura, periodistas, etcétera.

Además de esto, es urgente recuperar un crecimiento económico vigoroso y sostenido que se traduzca en empleos remunerados justamente y bienestar; porque, mientras millones de jóvenes carezcan de alternativas, las bandas criminales dispondrán de un ejército de reserva inagotable para el negocio y el “sicariato”.

No importa qué iniciativas previas hayan naufragado. Lo imperativo, en todo caso, es aprender de esas experiencias para concretar un compromiso a la altura del momento crítico que vive el país. ¿Que reclama un esfuerzo mayúsculo? ¿Que tiene una complejidad endemoniada? ¿Que corre el riesgo de “descarrilarse” antes de generar resultados tangibles? Sin duda. Pero ante la dimensión del desafío, no son admisibles el conformismo, la parálisis, la capitulación.

Llegó la hora. La responsabilidad es compartida. Nadie debe excluirse ni ser excluido. El momento actual tiene una gravedad que obliga a definiciones mayores porque, de lo contrario, el país se nos va de las manos.

Notas:

1 Las revelaciones sobre el manejo sucio de la empresa por el director Emilio Lozoya, que incluyen los presuntos sobornos de Odebrecht, exhiben la depredación que ha seguido sufriendo Pemex aún después de la reforma energética.

2 Notimex, “Evaluación no puede ser para quitar o poner: Elba”, El Universal, 20 de diciembre de 2012, <http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/891394.html>.

3 Idem. (Las cursivas son del autor.)

4 Arturo Rodríguez García, “Las fortunas mexiquenses del peñanietismo”, Proceso,17 de septiembre de 2016, pp. 6-10, <http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747 565fec=414193>.

5 Véase Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, “Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos”, Proceso, núm. 2128, 13 de agosto de 2017, pp. 6-11.

6 Juan Ramón de la Fuente, “México convulso”, El Universal, 27 de junio de 2016.

7 Partido Revolucionario Institucional, “Palabras del Dr. Enrique Ochoa Reza, en la XXXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional”, 12 de julio de 2016, <http://pri.org.mx/SomosPRI/SaladePrensa/Nota.aspx?y=24020>.

8 El zacahuil es un tamal “gigante” que lleva un puerco entero.

9 Antes del recuento distrital, Morena había obtenido 1 786 962 VOTOS (30.81%) y el PRI 1 729 049 (29.81%); el resto lo aportaron sus aliados: PVEM 72 844 (1.25%), NA 52 321 (0.90%), ES 39 705 (0.68%). Véase Instituto Electoral del Estado de México, “Programa de Resultados Electorales Preliminares. Resultado por partido”, <http://www.prepieem.org.mx/rptDistrital_part.html>.

10 Grupo Consultor Interdisciplinario (GCI), “4 de junio: la mesa está servida”, Carta de Política Mexicana, núm. 669, 9 de junio de 2017.

11 El lunes 16 de octubre de 2016: “En una lluvia de tuits, Cervantes explicó que presentó su dimisión de forma ‘irrevocable’ ante el Senado para facilitar la ‘transición a nuevo esquema institucional que asegure, día a día, mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad’ ”. (“Renuncia de Raúl Cervantes, procurador general de México, tras la controversia por su potencial nominación para la primera fiscalía autónoma del país”, BBC, 16 de octubre de 2017, <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41644877>). Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, estará a cargo de esa institución, en tanto se designe una terma de candidatos y sea elegido uno de ellos por el Senado.

12 Véase “Renato Sales: de combatir el secuestro a garantizar la seguridad nacional”, Milenio, 27 de agosto de 2015, <http://www.milenio.com/politica/Renato_Sales_Heredia-zar_antisecuestro-comisionado_seguridad-nuevo_comisionado_0_580742087.html>.

SEGUNDA PARTE

4

La sucesión en los años del PRI

A PARTIR DE LA SUCESIÓN del general Lázaro Cárdenas, el presidente de la República devino el Gran elector, lo que dio lugar a un fenómeno que la picaresca mexicana llamó “tapadismo”: quienes aspiraban a la candidatura debían disimular, contener sus ansias, “taparse”, al tiempo que intentaban descubrir las claves para que el gran dedo del señor los señalara. Hubo incluso quien, como Miguel de la Madrid, recurrió a un psicólogo para aprender cómo ganarse la preferencia del presidente José López Portillo; en su caso, la clave residió en cultivar a quienes le hablaban al corazón: Rosa Luz Alegría, la amante, y José Ramón, “el orgullo de su nepotismo”.

En su condición de jefe real del Partido de la Revolución Institucionalizada (PNR, PRM, PRI), el titular del Ejecutivo disponía de la prerrogativa de escoger a su sucesor. Don Adolfo Ruiz Cortines justificó así el privilegio: “Corresponde al presidente de la República la grave responsabilidad de interpretar lo que quiere el pueblo de México”.1

No obstante, el Gran elector no podía ignorar, nunca lo hizo, a los factores reales de poder: las fuerzas armadas, allá por los años veinte; las organizaciones populares, sobre todo la CTM, en los cuarenta y cincuenta; y, finalmente, desde los años sesenta del siglo pasado, a la treintena de empresarios integrados en el club más exclusivo de México: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), hoy Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Las reglas no escritas

En la República priista prevalecían diversas reglas no escritas que se cumplían rigurosamente. En materia de sucesión, se decía que para ser papa era preciso ser cardenal; esto significaba que en la lucha por la candidatura sólo jugaban los miembros del gabinete. Gobernadores y líderes parlamentarios estaban excluidos.

Una segunda regla era el voto de silencio de los expresidentes: podían hablar mucho durante su mandato, pero una vez fuera del cargo, debían callarse. No obstante, con Luis Echeverría esto empezó a cambiar. En sus conversaciones con el periodista Luis Suárez reveló algunos de los intríngulis del proceso sucesorio. Los libros Echeverría rompe el silencio y Echeverría en el sexenio de López Portillo contribuyeron a revelar los viejos usos del poder. Sólo que la ruptura del silencio tuvo consecuencias. Para mostrarle que ya había pasado su tiempo, su amigo de la adolescencia terminó enviándolo como embajador a las islas Fiji.

La tercera regla fue enunciada por don Fidel Velázquez: El que se mueve no sale. Los suspirantes tenían que contener su apetito porque cualquier movimiento adelantado —como la aprendió rudamente el gobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich, quien anticipó su apoyo al secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia—, se pagaba caro. Esta regla se rompió en 1997.

El panista Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, se autodestapó y en entrevista con Óscar Hinojosa y Ciro Gómez Leyva (El Universal, 27 de julio de 1997) ofreció cinco razones para adelantarse. La primera, dijo, “porque así gané Guanajuato, sin andarme por las ramas, diciendo que iba a lanzarme desde dos años antes. A mí me funciona como estrategia. Que otros se queden callados y se agazapen, es problema de ellos”.

La segunda: “Lo que es obvio, para qué lo ocultas. Te pongo el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. En este momento es tan candidato o más que yo y él no lo ha dicho, por sacón, porque todavía la juega a la priista”.

La tercera razón, mezcla de judo y cohetería vernácula: para “descontrolar al adversario, sacarlo de sus tiempos. Yo quiero ver a Zedillo ahorita. Tiene sólo dos alternativas: jugarla como siempre, con sus caballos ocultos, o dejarla libre. Esto que hice pone en una terrible disyuntiva a Ortiz, Chuayffet, Labastida. Están que se las queman ya. Van a presionar a Zedillo, le van a decir: ‘Danos línea o suéltanos porque se nos va Fox, se nos va Cuauhtémoc’. Sacar al oponente de sus tiempos y sus ritmos es ya una victoria”.

“¿Cuarta?”, lo interrogaron los periodistas, para no darle ventajas al oponente: “Dejarlo crecer solito puede ser una desventaja enorme en la recta final”.

Y la quinta, sensata y responsable, para cultivar el cerebro y articular la oferta programática, porque “llegar a la Presidencia no es enchílame otra”.

Así que en 1997, tres años antes de la elección presidencial, Fox se movió y salió. Desde entonces, quienes desde la oposición aspiran a la silla del águila se mueven sin recato, usan y abusan de los recursos públicos a su alcance para promover su imagen y afectar las de sus presuntos adversarios (en el caso de los priistas, la pugna es dura pero soterrada).

La lógica del Gran elector

Casi siempre la racionalidad que guiaba ésa, que suele ser la mayor decisión de su mandato, tenía que ver con la complicidad y se traducía en la protección que requeriría al concluir su administración para él y para su familia. Así lo expresó Echeverría: el presidente “libra una lucha consigo mismo: descubrir la convicción de que quien resulte el candidato sea una garantía frente a los ataques que vendrán, para el candidato mismo, y para el presidente”.2

Otro criterio para escoger a su sucesor era la garantía, nunca totalmente cierta, de darle continuidad a su proyecto o gobernabilidad al país.

La cercanía afectiva y política también contó. Adolfo López Mateos no dudó en preparar, desde muy temprano, las condiciones para que Gustavo Díaz Ordaz lo sucediera. Pero en otros casos, una coyuntura inesperada, pudo llevar a una decisión sorprendente. A Díaz Ordaz la brutal coyuntura de 1968 le torció el brazo para decidirse por Echeverría, el subordinado que nunca fue su amigo, pero a quien reconocía por su lealtad perruna y disciplina férrea.

El periodista Julio Scherer recuerda: “Menospreciaba don Gustavo a don Luis. Un día me confió: ‘Está verde’. Otro día: ‘No crece. Conserva la mentalidad de subsecretario encargado del despacho’. Alguna vez: ‘Si no tiene qué hacer, algo inventa. Le obsesiona el trabajo por el trabajo mismo’… Todo cambió a raíz de octubre de 1968, el mes de la matanza de Tlatelolco y de la fiesta olímpica”.3

Lo que se anticipa

Como otras, la elección presidencial de 2018 está resultando una disputa reñida, agria y sucia, en la que los combatientes no darán tregua a sus adversarios. Una competencia preñada por la duda, la incertidumbre sobre el resultado.

Por la compleja articulación de diferentes ingredientes, las coaliciones del Partido Revolucionario Institucional con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; la de Morena con el Partido del Trabajo y Encuentro Social y la del Partido Acción Nacional con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano parecen tener similares posibilidades de ganar la Presidencia de la República. El desenlace, incierto, perfila a un ganador con precaria legitimidad, quizá inferior a 30% de los votos; y, como saldo, una sociedad muy fracturada.

A diferencia de lo que se intuye para 2018, en la elección previa, la de 2012, el desenlace parecía evidente: las principales casas encuestadoras se encargaron de anticipar que Peña Nieto, el Golden boy de Montiel, era imbatible. Su triunfo parecía tan evidente, que el proceso electoral resultaba, como en los años de oro del partidazo, un ejercicio banal, casi simbólico, destinado a lograr que la gente conociera al nuevo tlatoani. Al final, lo sabemos, el triunfo del mexiquense resultó claro, pero muy modesto comparado con los vaticinios.

Seis años antes, en 2006, el final fue de alarido. Felipe Calderón se impuso por algo más de doscientos mil sufragios y se negó a conceder, como lo exigía López Obrador, un nuevo conteo “voto por voto, casilla por casilla”. El “hijo desobediente” vino de atrás para adelante, primero se impuso en la elección interna sobre Santiago Creel, el candidato de la pareja presidencial y, después, en la elección constitucional se benefició del “voto del miedo”. Ante la posibilidad de que López Obrador se convirtiera, como lo advertían sus malquerientes, en una variante de Hugo Chávez, muchos electores indecisos o priistas se movieron al PAN dándole un triunfo inesperado a Calderón.

Un año antes de la jornada electoral parecía inevitable el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, al grado de que lo que se discutía en la calle no era quién ganaría la elección sino si López Obrador viviría en Los Pinos o se mudaría, como Benito Juárez, a Palacio Nacional. Convencido de su triunfo, el tabasqueño despreció ofertas de apoyo que habrían hecho la diferencia y cometió otros pecados de soberbia. Más que el triunfo de Calderón, lo que ocurrió fue una derrota autoinfligida.

Notas:

1 Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial, México, Joaquín Mortiz, 1975, p. 17.

2 Luis Suárez, Echeverría en el sexenio de López Portillo, México, Grijalbo, 1983, p. 237.

3 Julio Scherer García, Los presidentes, México, Grijalbo, 1986, p. 11.

5

Para entender la sucesión presidencial

DURANTE LOS AÑOS DE esplendor priista, las claves para descifrar la sucesión residían mayormente en el seguimiento del hombre que ocupaba la silla del águila. Tanto los aspirantes como los analistas buscaban encontrar en una frase, acaso en un guiño, las pistas sobre las preferencias del jefe del Ejecutivo. ¿A quién le heredaría el poder? ¿Al hermano que nunca tuvo (López Mateos-Díaz Ordaz)? ¿Al que consideraba su creación porque lo hizo desde la nada política (Salinas- Colosio)? ¿Al que garantizaría su seguridad y la de su familia (Alemán-Ruiz Cortines)? ¿Al que continuaría su proyecto (De la Madrid-Salinas)?

El carácter de factótum del titular del Ejecutivo no significaba que no tuviera contrapesos, como ya se mencionó: los militares, las organizaciones sociales del régimen corporativo y los hombres del dinero. Pero, al final, el presidente decidía quién lo sucedería en el poder o, dicho de otra manera, quién sería su verdugo.

Con Ernesto Zedillo se agotó esta facultad metaconstitucional. El presidente devino, meramente, Gran selector y sólo en el interior de su partido. Un outsider, Vicente Fox, aprovechó el desprestigio acumulado de los gobiernos neopopulistas y tecnocráticos para convertirse en el portador de una promesa de cambio; un cambio indefinido que, sin embargo, colmó las expectativas de anchas franjas de la ciudadanía que empujaron por la alternancia.

En 2018, como ha ocurrido desde el año 2000, la sucesión se resolverá por la manera en que se articulen distintas variables, señaladamente las siguientes:

1) La maquinaria político-electoral.

2) El candidato y su capacidad para conectar con el electorado.

3) La disponibilidad de recursos políticos, judiciales y económicos, y la operación a ras del suelo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales.

4) El legado, qué lectura hace la ciudadanía de los saldos de la administración que concluye y su impacto en el humor social.

5) Los saldos del proceso de selección dentro de los partidos.

6) La campaña, la estrategia electoral y las ofertas.

7) Los debates y los posdebates.

8) Los “amarres” con los poderes fácticos legales e ilegales.

9) El elector: ¿cómo votan los que votan?

10) La dispersión de las opciones (incluidos los candidatos “independientes”).

11) Las alianzas. Cuánto suman o restan a cada fuerza política.

12) El árbitro y la autoridad electoral.

13) Los impactos en la elección presidencial de la selección de candidatos a las gubernaturas, a los congresos federal y estatales y a presidencias municipales clave.

14) El factor externo.

15) Las redes sociales.

16) El azar.

Además de su articulación, en el proceso influye el diferente peso de las distintas variables; por ejemplo, el candidato es más relevante que los impactos de la selección de candidatos a otros cargos; de allí que en esta propuesta metodológica se pondere su peso.

La maquinaria político-electoral

Lo primero es el partido: su implante territorial, sus recursos, su cohesión (el grado de acuerdo entre las camarillas, grupos, familias o tribus), y su capacidad para la operación política, para movilizar a sus militantes y simpatizantes. En algunos casos, y a pesar de la mediocridad del candidato, la maquinaria deviene el factor decisivo. Así ocurrió con la Fuerza Mexiquense, que en 1999 y después en 2017 pudo llevar a la gubernatura a candidatos anticlimáticos como Arturo Montiel Rojas y Alfredo del Mazo Maza.

No es sólo el número de afiliados al partido —el “voto duro”— lo que representa una posición de arranque para cualquier contienda, también cuenta, y mucho, la presencia de representantes partidistas y movilizadores a lo largo del territorio nacional, un elemento estratégico en las campañas y el día de la jornada electoral. Labores como la vigilancia del voto, el acarreo, la distribución de prebendas para “convencer” al electorado, la multiplicación de “promotores” del voto, requiere de miles de militantes que aporten a la causa del partido.

Adicionalmente, los partidos siguen representando la institución par excellance de la agregación de intereses. En ellos concurren y se articulan la diversidad de intereses gremiales, económicos, sociales, ambientales o culturales, entre otros, de la sociedad. Por ello, el tamaño y la representatividad de un partido —la habilidad para integrar a representantes de diversos sectores de la sociedad— son determinantes en la lucha por el poder. Son los grandes partidos los que, por regla general, acceden al poder.

El candidato y su capacidad para conectar

con el electorado

Junto con la maquinaria electoral, el candidato es otro ingrediente clave en las elecciones. Cada vez más, el elector vota por el candidato, más que por el partido o el proyecto. Al respecto, el Informe 2017 de Latinobarómetro señala que la confianza en los partidos políticos en la región latinoamericana alcanza únicamente 15% en promedio. Nuestro país, en particular, manifiesta una confianza de sólo 9% —una de las más bajas del continente—.1 La confianza en los partidos, así como el “voto duro” están en franco declive. Por eso los partidos buscan a candidatos telegénicos, que retraten bien, que generen empatía con el elector. El binomio partido-candidato suele ser clave para explicar los resultados de las urnas, pues el voto duro ya no es suficiente para alzarse con victorias electorales.

Las coordenadas de competencia en una sociedad mediatizada son ya muy distintas a las de hace unas décadas. El llamado “efecto Macron” en Francia o la propia elección de Donald Trump en Estados Unidos son botones de muestra del creciente peso de los candidatos por encima de los emblemas partidistas.

Quizá lo patético de esto resida en que los partidos no escogen de entre sus cuadros a quien tenga el mejor perfil para hacer un buen gobierno sino a quienes tengan mejores condiciones para competir. Con frecuencia, buenos candidatos resultan pésimos gobernantes, como ocurrió con Vicente Fox en México, Silvio Berlusconi en Italia o Jimmy Morales en Guatemala.

La disponibilidad de recursos políticos, judiciales y económicos, y la operación a ras del suelo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales

Las guerras —y la lucha por la Presidencia de la República es una guerra— se ganan con recursos. Lo que decía Norberto Bobbio para la Italia de Berlusconi vale para México: el dinero es una seria amenaza para la democracia, puede corromper la república porque “los votos, como cualquier otra mercancía, se pueden comprar… Quien tiene más dinero tiene más votos”.2

Desde que los votos se cuentan y cuentan, el dinero se ha convertido en condición sine qua non para acceder al poder. Insaciables, las maquinarias partidistas dilapidan los cuantiosos recursos provenientes de las prerrogativas. Para el proceso electoral de 2018, el PRI recibirá para actividades ordinarias poco más de 1 094 millones de pesos (25.48%), el PAN dispondrá de 827 millones (19.27%), el PRD 496 millones (11.54%), Morena 414 millones de pesos (9.65%), el PVEM 368 millones de pesos (8.58%), Movimiento Ciudadano 341 millones de pesos (7.95%), Nueva Alianza (NA) 264 millones de pesos (6.16%) y Encuentro Social (ES) 250 millones de pesos (5.84%) y el PT 236 millones (5.51%).3 A esto debe agregarse el financiamiento para gastos de campaña —que este año será de más de 2 148 millones de pesos a repartirse entre todas las fuerzas políticas— y los montos que asignarán los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a nivel estatal. Pero ni eso les alcanza.

Recursos clandestinos que salen de manejos tramposos de las arcas públicas, de sobornos o, incluso, de poderes fácticos se usan, principalmente el día de la jornada electoral, para retribuir el esfuerzo de líderes de colonias, ejidos y organizaciones gremiales que “acarrean” o “trasladan” votantes a las urnas: para pagar transportes, gratificaciones, materiales para la construcción y despensas; para aceitar la relación con periodistas, “líderes de opinión” y directores o dueños de medios que, a cambio, le dan una cobertura más favorable al candidato y a su partido o simplemente ignoran o “golpean” a los adversarios.4 También se usan para pagar, sin factura, a empresas proveedoras de servicios (carteles, pancartas y otros materiales promocionales) y cubrir gastos un tanto más sofisticados como estudios de opinión, asesorías en imagen e ingeniería electoral, que tampoco se facturan. Y, por supuesto, para llenar los bolsillos de los mismos “charoleros” —los emisarios reales o autoasignados de los candidatos—, porque no todo lo que reciben llega a las arcas de campaña: su carácter clandestino posibilita el “diezmo” a favor de los mismos operadores o de los intermediarios de los aportantes.

Tales contribuciones, es obvio, no son desinteresadas. Una vez en el poder, los favores se compensan con cargos públicos, jugosos contratos, concesiones o con la cancelación de créditos fiscales.

En una democracia a medio construir, rústica en el fondo y la forma, las contiendas se ganan con el aparato y el candidato, pero también con dinero, mucho dinero, igual limpio que sucio. Con dinero se tejen alianzas y complicidades; se compra imagen y presencia… Antes que el proyecto están los patrocinadores, los arreglos furtivos, el “pase de charola”.

En la elección de 2018 se requerirán carretadas de dinero para aceitar la maquinaria, pagar a medios y periodistas y preservar y ensanchar clientelas. Adicional a los montos de financiamiento público mucho dinero ingresa a las campañas de manera subrepticia y, por ello, no es susceptible de escrutinio.

Pero no es sólo el dinero (que correrá a raudales el mero día de la jornada electoral), en la disputa por el poder, todo se vale. Lo mismo en las elecciones para alcalde que para gobernador y, más aún, para presidente de la República, quienes gobiernan y disponen del control de diversas instancias: fiscales, jueces, magistrados, suelen hacer uso de todos sus recursos para incidir en el proceso. En la elección presidencial, el uso faccioso de la PGR para desacreditar, vulnerar o, quizá, descarrilar a alguno de los contendientes, en este caso Ricardo Anaya, es evidente. Y a ese propósito contribuyen los aliados en los medios de comunicación dándole amplios espacios a reportes y filtraciones.

El legado, qué lectura hace la ciudadanía de los saldos de la administración que concluye y su impacto en el humor social

Siempre impacta en la emisión del sufragio, el balance que hace cada elector de la gestión del gobernante saliente. En principio, el partido gobernante parecería llevar una ventaja considerable por la disponibilidad de los enormes recursos del poder para magnificar su obra y apoyar a su candidato. Pero si hereda una situación difícil o crítica, el ciudadano tenderá a castigar al candidato de un partido que juzgaría depredador, corrupto o incompetente.

Como ya se mencionó, los saldos de las elecciones locales de 2016 mostraron el castigo del elector a gobiernos rapaces e ineptos, de todo signo político.

En el estado de ánimo de los electores incide su percepción no sólo de cómo les fue con el gobierno que concluye, sino sobre cómo imagina que gobernaría uno u otro candidato y qué impactos podría tener en su calidad de vida y su bienestar familiar.

En los comicios de julio próximo, muchos electores decidirán el sentido del voto a partir de un balance elemental: entre los saldos de la gestión económica (impactos de la crisis en las finanzas familiares), el hartazgo ante la corrupción desbordada y la percepción colectiva sobre el clima de seguridad —eficacia en el combate a la delincuencia.

Herencia o fardo, continuidad o deslinde. Sobre esa base, en esa perspectiva, se desplegarán la oferta electoral y el discurso de los candidatos. Con mayor o menor sensibilidad, perspicacia, agudeza, para captar el pulso de la sociedad y definir líneas imaginarias (horizonte, proyecto, compromiso, promesa) que entusiasmen al electorado.

Nada de esto garantiza una batalla de ideas, programas consistentes y alternativas viables. Porque, a final de cuentas, el propósito de los contendientes no es apelar a la razón o al sentido común sino colonizar el espacio de los deseos, las aspiraciones, los humores de la ciudadanía: cómo percibe su situación actual y, sobre todo, quién colma sus expectativas. Antes que un ajuste de cuentas con la realidad, una apuesta a futuro con los escasos elementos disponibles. ¿Figura, carisma, integridad, sensatez? En la incógnita está inscrito el desenlace.

Los saldos del proceso de selección dentro

de los partidos

Desde el “Monrealazo” —la decisión de Ricardo Monreal de renunciar al partido en el que militaba (el PRI), que se negó a postularlo candidato a la gubernatura de Zacatecas, lo que lo llevó a convertirse en candidato del PRD—, la incapacidad de los partidos para manejar el complejo proceso de elección de su candidato, ha significado lastimaduras y fracturas que han debilitado al candidato triunfador.

En distintos estados de la República gobiernan personajes que militaron durante toda su vida en un partido pero que, ante la negativa de la dirección nacional de su partido a postularlos desestimando su arrastre evidente, aceptaron ser postulados por otro u otros partidos y así llegaron al poder. Entre los casos recientes están los de Jaime Rodríguez, el Bronco, de Nuevo León, y el de Carlos Joaquín González, de Quintana Roo.

El tema es complejo porque en la decisión meten mano los poderes reales dentro del partido. En el caso del PRI, el presidente de la República y sus más influyentes asesores; en los otros partidos, los gobernadores o los jefes nacionales.

Las fracturas internas, el canibalismo y las imposiciones de las cúpulas partidistas de un candidato en detrimento de aspirantes con fuerza real, han contribuido de manera importante a la derrota electoral. Una ruptura en la cima, como se ha constatado en varias elecciones para gobernador, puede hacerle mucho daño al candidato triunfador: el “fuego amigo” suele ser más pernicioso que el de los adversarios externos.

Por otro lado, si la militancia percibe que hubo “mano negra” y que le impusieron a un candidato ajeno o distante, lo reprobarán con su abstención, su voto nulo o, incluso, emigrando hacia un candidato de otro partido.

La campaña, la estrategia electoral y las ofertas

Sin el peso que tienen el aparato electoral, el candidato y los recursos, el diseño estratégico y la integración del equipo de campaña juegan, sin embargo, un papel relevante.

La capacidad de los estrategas de campaña para entender la disputa, medir el ánimo colectivo, usar los instrumentos más eficaces (alianzas, pactos, acuerdos) y ofrecer respuestas puntuales, oportunas, seductoras, para los distintos segmentos del electorado en una contienda que, cada vez más, se juega en la esfera mediática, puede hacer la diferencia.

Con el arribo a México de la competencia electoral efectiva —una vez que los votos se empezaron a contar— llegaron también las “modernas” herramientas de la lucha electoral; los estudios de opinión que miden las preferencias electorales y el humor colectivo: qué sienten, qué quieren y qué rechazan segmentos muy precisos del electorado; la “cosmetología política” que permite mejorar la apariencia de los candidatos (sólo la apariencia) y les inventa un look para hacerlos más atractivos; el marketing que diseña las estrategias para mover tanto las imágenes como las narrativas en el sentido que esperan los electores (“al cliente, lo que pida”) y propone las frases que deberán sustituir a las ideas o la ausencia de éstas.

A partir de entonces, las fachadas empezaron a ocupar el lugar de las esencias; los spots reemplazan a los argumentos. Detrás del ascenso político que ha llevado hasta la misma Presidencia de la República a personajes patéticos como Vicente Fox, está la manipulación de la sensiblería de muchos, de su hartazgo y su ingenuidad. Entonces, los votos expresan una apuesta, con alto grado de irreflexión, por una alternancia que a veces se prueba sin alternativa.

Algunos ejemplos del pasado pueden contribuir a valorar la importancia de la estrategia electoral. El primero lo ofreció Adolfo Aguilar Zínser, al recordar su participación en la segunda campaña presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (1994). Según Aguilar Zínser, el ingeniero nunca entendió el papel de los medios electrónicos en la lucha política de fin de siglo: insistía en “pueblear”, como lo había hecho su padre 60 años atrás, y así perdió la capacidad de llegarle en forma simultánea a cientos de miles, incluso millones, de electores.

Guerra de percepciones y juego de inteligencias prácticas, una elección puede ser definida por la capacidad de respuesta inmediata y la sensibilidad para replantear la estrategia sobre la marcha.

Campañas de lodo

Quienes compiten por un cargo de elección popular no son hermanitas de la caridad, es obvio. Por eso es crucial conocer la otra cara de quienes aspiran a representarnos y para eso debe servir la lucha electoral. Sin embargo, la mayoría de los contendientes son igualmente tramposos y carecen de límites éticos. Entonces los spots se convierten en una guerra de lodo sin rendición de cuentas y sin compromisos.

Los especialistas en “guerras de lodo” hurgan hasta en los basureros para encontrar “argumentos” que vinculen a sus opositores con la delincuencia o con acciones censurables: abusos de poder, hijos fuera de matrimonio, parientes incómodos… Y si no los encuentran, los inventan. Finalmente, “palo dado ni Dios lo quita”.

La única regla de las campañas parece ser: “todo se vale, menos perder”. No hay argumentos convincentes para exhibirlos, ni propuestas ideológicas ni compromisos factibles, los spots —y ahora los mensajes a través de las redes sociales— están hechos de pragmatismo, anécdotas y lodo, mucho lodo.

Este escenario reclama a los contendientes y a los medios el debate y la confrontación de ideas, propuestas y trayectorias de los candidatos y, también, desde luego, sacarles sus trapitos al sol.

Los debates y posdebates

En los años de partido “casi único” poco importaba que el candidato fuera un notable orador o un hábil polemista. Las campañas no incluían confrontaciones del candidato con actores importantes (líderes parlamentarios, empresarios, periodistas, etc.), menos aún con los otros aspirantes; la campaña presidencial estaba diseñada para que el candidato conociera el país y a los líderes regionales importantes, era, como alguien la definió: “un paseo triunfal”.

Cuando Miguel de la Madrid innovó las formas, al establecer la comparecencia de los “seis distinguidos priistas”, tampoco hubo debates, se trató de una serie de monólogos sin cuestionamiento alguno, nada de arriesgar al escogido a un derrape o una exhibición de sus limitaciones.

Pero en 1994, por vez primera, los candidatos a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo, del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, y Diego Fernández de Cevallos, del PAN, debatieron ante cámaras y micrófonos. El triunfador innegable fue Fernández de Cevallos, parlamentario experimentado, hábil en el uso de la ironía, exhibió a sus contendientes. El resultado fue un fuerte incremento en sus niveles de aprobación que parecían meterlo seriamente en la pelea. Sin embargo, inmediatamente después ocurrió lo inesperado: el Jefe Diego casi desapareció de la campaña electoral, las razones de esa decisión permanecen en la penumbra.

Hoy, las reglas impuestas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hacen de los debates un espectáculo frío y acartonado. El artículo 218 prescribe que el Consejo General del INE organizará dos encuentros obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República.5 Baste con ello para imaginar el ejercicio que tendrá lugar en 2018 con cinco o más aspirantes. Existe, empero, una alternativa. La ley señala que los medios de comunicación pueden organizar encuentros sin más restricciones que las siguientes: contar con la participación de por lo menos dos candidatos y un formato que garantice condiciones de equidad.

En cualquier caso, si la rigidez hace imposible un verdadero debate, tendrán que multiplicarse los espacios de reflexión en distintos foros y explorar formas novedosas de escrutinio que permitan conocer a fondo las trayectorias, propuestas y debilidades de quienes aspiran a gobernar el país. Los debates entre candidatos, algunos que organizarán los medios, podrán mover de alguna forma, sobre todo a los indecisos, que son muchos.

El posdebate

Después de los debates, lo que sigue es convencer a quienes no los presenciaron o, incluso, a quienes los vieron, sobre quién ganó y quién perdió.

Hay, al menos, tres formas de evaluar los debates: 1) a partir del propósito de cada contendiente, es decir, de lo que se propuso cada uno; 2) desde la perspectiva del “círculo rojo”: los analistas y estudiosos que disponen de buena información y, quizá, de ciertos elementos metodológicos, y 3) desde la perspectiva del ciudadano común que siguió el debate.

En el primer ingrediente —los objetivos de cada participante—, se incluyen mostrarse inteligentes, propositivos, seguros; convencer a los indecisos que vale la pena votar por ellos, abordar los temas más sensibles para la sociedad y ofrecer respuestas creíbles; evitar ser “tocado” por las acusaciones de sus contendientes y contraatacar con eficacia. La postura que adopte cada candidato deberá responder a la estrategia definida: ¿aparecer como el más rudo, formular propuestas audaces o mostrarse maduro y reflexivo?

Los “amarres” con los poderes fácticos legales e ilegales

Los poderes fácticos pueden jugar un papel crítico en el proceso sucesorio. Se trata no sólo de conseguir votos, también de eludir vetos, de emitir señales de mayor o menor cercanía con cúpulas empresariales, jerarquías religiosas, mandos castrenses, liderazgos de “opinión” (medios, intelectuales), organizaciones sindicales y actores externos (el gobierno de Estados Unidos, inversionistas, “comunidad internacional”).

Es verdad que la élite del poder económico suele prender más de una veladora y repartir sus apoyos con generosa pluralidad —ganar es el nombre del juego—. Pero también puede utilizar los recursos a su alcance para intentar demoler famas públicas o minar aspiraciones indeseables.

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en la sucesión

En cuanto al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) importa decir que, si bien durante muchos años sus poderosos miembros influyeron en la sucesión (se reunían cada seis años, con la venia del presidente de la República, con cada uno de los posibles aspirantes a la candidatura del PRI), esta práctica no había trascendido a la opinión pública.

Sin embargo, esta secrecía terminó en junio de 1987 cuando se filtró a la prensa el contenido de una reunión efectuada en mayo, en la que los miembros del entonces Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) habían solicitado al presidente su anuencia para conversar con cuatro secretarios de Estado —Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo González, Miguel González Avelar y Carlos Salinas de Gortari.

En la edición de 22 de julio de la revista Siempre!, Miguel Ángel Granados Chapa escribió:

Según ha podido saberse, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, una treintena de los más notables empresarios mexicanos, encabezados desde el principio de este mes de julio por Juan Sánchez Navarro, se acercaron al presidente De la Madrid para pedirle el patrocinio de entrevistas con los cuatro presidenciables más nombrados. El presidente accedió, pero añadió tres nombres más. De suerte que desde hace varias semanas empezaron las reuniones entre esos jefes del empresariado y los miembros del gabinete de donde se espera surgirá el candidato priista.6

Pero el punto culminante tuvo lugar el viernes 14 de agosto. Ese día El Universal destacó, en su principal titular, una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo en la que éste reclamaba: “No es en foros millonarios con las cúpulas, en los que se entra en contubernio con ellas, en donde debe decidirse el futuro del país”.7

La denuncia de Muñoz Ledo exhibía la naturaleza plutocrática del examen que estaba realizando el CMHN. El desfile subrepticio de los aspirantes ante la crema y nata del poder económico, dejaba muy mal parados al PRI y al sistema político. Había que hacer algo. Esa misma tarde el PRI hizo pública una nueva modalidad que llevaría a los aspirantes a comparecer ante su partido. La “urgente” convocatoria pareció entonces responder a las presiones y a los costos de la exposición pública de una práctica que, aunque no era nueva, hasta entonces se había mantenido oculta.

Aunque tímido y un tanto tardío, el nuevo procedimiento fue visto en distintos espacios, dentro y fuera del país, como una importante apertura que oxigenaba al partido y al mismo sistema político y como un sano precedente democrático que podría llevarse a los siguientes escalones de la representación política alentando más profundas transformaciones.

¿Inversión, retracción o fuga?

Una de las maneras más eficaces que tienen los señores del dinero para hacer sentir su peso reside en el destino de sus inversiones. En el sexenio de Luis Echeverría, la fuga de capitales le jugó las contras al discurso izquierdista. Desde 1973, de acuerdo con Dávila Aldás, “no sólo se incrementaba sino que se convertía por su volumen en un serio factor de desequilibrio económico y social (se calcula que en 1975 el monto de la fuga de capitales alcanzó los 2 191 millones de dólares, y en 1976 los 4 000 millones, cifras impresionantes si se considera que en 1976 la deuda externa de corto plazo fue de 3 000 millones de dólares)”.8

El propio Echeverría explicó los propósitos subyacentes en la fuga de capitales que se dio en las postrimerías de su administración: “[...] debilitar al presidente de la República, tanto en las deliberaciones para la selección del candidato, que será su sucesor, como cuando va a entregarle el gobierno para desplazarlo de la influencia que pueda tener en él y condicionar con mayores problemas al que accede a la Presidencia”.9

La Iglesia católica

Aunque acotada por las limitaciones constitucionales, la cúpula eclesiástica mexicana también deja sentir su posición respecto al proceso sucesorio. Así, por ejemplo, el 23 de agosto de 1988, cuando ya se había completado la mitad de las comparecencias de los precandidatos, el cardenal Ernesto Corripio Ahumada afirmaba que tres de los seis aspirantes a la Presidencia de la República, que ya habían expuesto sus propuestas (Ramón Aguirre, Manuel Bartlett y Alfredo del Mazo), no interpretaban lo que pensaba el pueblo de México acerca de la realidad nacional. El arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca, fue más preciso: “[...] las comparecencias están muy lejos de lo que la Iglesia católica mexicana quiere. La Iglesia está profundamente preocupada por la pobreza que se ha extendido en todas las capas sociales y porque la crisis golpea más a los que menos tienen”.10

Por su parte, el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, muy cercano al entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione, advertía en Guadalajara que la Iglesia no dudaría en denunciar cualquier falla o irregularidad en las elecciones de 1988, y al hablar del candidato Salinas, decía que era el hombre adecuado para ese momento del país.11

El crimen organizado

Un tema distinto es el de la presencia de un poder fáctico sin escrúpulos ni imagen que cuidar: el crimen organizado. Su rostro aparece con alarmante frecuencia en contiendas municipales y estatales y, por lo menos en un caso, marcó a sangre y fuego la disputa de una gubernatura: el asesinato del candidato priista en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010.12

La mezcla de narcopoder (dinero, corrupción, amenaza) y pragmatismo político llevado al extremo —financiamiento a cambio de posiciones e impunidad— constituiría una fórmula explosiva, demoledora, para nuestra democracia. La identificación del riesgo es el primer paso para inhibirlo y neutralizarlo.

En los años recientes, las bandas criminales transitaron del control de autoridades de distinto rango a la disputa por los mismos cargos (en algunos congresos existen ya legisladores que representan al crimen). En algunas regiones del país, como Michoacán, Guerrero o Morelos, el crimen organizado ha “bajado” de la contienda a candidatos y autoridades a punta de pistola. No son pocos los asesinados.

El elector: ¿cómo votan los que votan?

Las elecciones del primer domingo de julio de 2018, uno de los momentos cruciales de nuestra democracia, llegan en un momento difícil, cuando las malas cuentas de los gobiernos y el descrédito de partidos, autoridades electorales y políticos han generado una sensación de hartazgo y repudio.

¿Cómo votar cuando la pérdida de confianza en las instituciones es la nota común? Ello explicaría, en parte, el abstencionismo: un alto porcentaje de ciudadanos no le ve sentido a acudir a las urnas porque siente que no hay opciones: da lo mismo quien gane. Otros se proponen hacerlo, pero con el propósito de anular su voto, forma desencantada de expresar su rechazo a los partidos. Desgraciadamente, a la mayoría de los políticos les tiene sin cuidado el abstencionismo o la anulación; les basta y sobra con que sus clientelas lleguen a la cita y algunos despistados sufraguen por ellos. No hay en nuestras leyes un castigo por una votación exigua.

¿Cómo votan los que votan? Quienes suelen decidir los resultados son los grupos más afines, cercanos o “amarchantados” con los partidos mayores, el “voto duro” de quienes mantienen su preferencia por unas siglas, independientemente de los candidatos y las ofertas. En la medida en que crecen el abstencionismo y el voto nulo, cobra mayor importancia el “voto duro”.

El “voto de castigo” reprueba a los candidatos del partido cuyo gobierno entrega malas cuentas. Este voto explica, en gran medida, los resultados de las elecciones para gobernador de 2016. Aquel año, ocho de 12 estados en disputa —Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz— experimentaron la alternancia en la gubernatura.

Algunos electores votan por figuras que representan un modelo a imitar o admirar. De allí que muchos partidos estén optando por figurines visualmente atractivos. Éste es el “voto aspiracional”.

Un segmento de los electores define su voto a partir de las posturas que adopten los candidatos o sus partidos en temas que estima cruciales, como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo; es el “voto ético”.

Una modalidad del sufragio que puede ser (y ha sido) clave es “el voto útil”, que pretende incidir en el resultado aun cuando el candidato no sea el de sus preferencias. En 2000 muchos electores optaron por Fox para castigar al PRI y porque, sin ser su opción primaria, tenía mayores posibilidades de derrotar a Francisco Labastida.

El “voto en defensa propia” es el de un elector que se siente amenazado por la trayectoria, los aliados o las propuestas de un candidato; detrás del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, estuvo el voto de un sector supremacista blanco que se siente amenazado por el avance de quienes no son como ellos: los negros, los hispanos.

Los pragmáticos ejercen el “voto por conveniencia”, que responde a las supuestas ventajas que el ciudadano imagina obtener con el triunfo de ese candidato o porque ha sido embaucado por una propaganda tramposa, pero eficaz, como la de los “verdes”.

En 1994, el año terrible, en un escenario de incertidumbre derivado del alzamiento indígena en Chiapas y el posterior asesinato de Luis Donaldo Colosio, se produjo el “voto del miedo” que llevó a Ernesto Zedillo a la Presidencia.

Por desgracia, muchos votantes votan a lo tarugo, llegan a la casilla y cuando tienen enfrente la boleta deciden marcar “a ciegas”, por el que sea. Es el voto “chingue a su madre”, según la aportación del maestro Gabriel Díaz Rivera. Y, finalmente, está el “voto reflexivo”, que responde a un análisis riguroso sobre el candidato, su trayectoria, su equipo… Modalidad casi imposible, dada la opacidad que caracteriza a la inmensa mayoría de “nuestros” candidatos, que ni siquiera se atreven a hacer público el más elemental curriculum vitae.

Tipología del voto

Ya vinieron los votantes

los trajeron en camión

les dieron pa’ su sombrero

también pulque y un tostón.

EMILIO CARBALLIDO

1) El “voto duro”, que es el de aquellos electores que mantienen su preferencia por un partido, independientemente de los candidatos y las ofertas.

2) El “voto de castigo”, que reprueba a los candidatos del partido cuyo gobierno entrega malas cuentas.

3) El “voto aspiracional”, a favor de quien parece representar un modelo a imitar.

4) El “voto ético”, que constituye la aprobación o reprobación al candidato en función de sus posturas en temas que el elector estima cruciales (como el aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo).

5) El “voto útil”, que pretende incidir en el resultado, aun cuando el candidato no sea el de sus preferencias.

6) El “voto en defensa propia”, ante el riesgo que parece anticipar el triunfo de un determinado partido o candidato.

7) El “voto por conveniencia”, que responde a las gratificaciones que le ofrecen partidos o candidatos o a las supuestas ventajas que obtendrá con el triunfo de ese candidato.

8) El “voto del miedo” como el que llevó a Zedillo a la Presidencia en el contexto de la violencia de 1994.

9) El “voto que sea lo que Dios quiera”, o como antes llamé, en palabras de Gabriel Díaz, el “voto chingue a su madre”; este tipo se refiere al elector que vota a lo tarugo.

10) El “voto reflexivo”, que implica un análisis serio sobre el candidato, su trayectoria, su equipo, etcétera.

Las condiciones adversas que sufre el país reclaman una revisión seria de lo que está más allá de las fachadas. Porque, a final de cuentas, con o sin nuestro hartazgo e indiferencia, los políticos electos definirán el destino colectivo en los próximos años.

La dispersión de las opciones

(incluidos los candidatos “independientes”)

Un elemento clave para retener el poder, que ya probó su eficacia en algunos estados, será la fragmentación del voto opositor: la división de opciones de “izquierda” (Morena/PT/ES), el Frente (PAN, PRD y MC) y, finalmente, los candidatos “independientes”.

A la hora de decidir el voto tienen que considerarse sus capacidades para enfrentar, en una campaña caracterizada por la rudeza, a sus eventuales opositores.

En el proceso en curso aparecen tres opciones mayores: la coalición Todos por México que postula a José Antonio Meade; la que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Juntos Haremos Historia y la que tiene a Ricardo Anaya como su candidato, Por México al Frente. Aunque no tienen posibilidad alguna, se suman dos candidatos “independientes”, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el Bronco.

El hecho de que haya tres fuerzas con importantes recursos perfila, por ahora, una competencia a tercios en la que crecerá la importancia de aquellos partidos con mayor capacidad de movilizar a sus simpatizantes a las urnas.

No puede descartarse el hecho de que, conforme avance el proceso, una de las tres fuerzas mayores pierda impulso y al final la disputa parezca una disyuntiva entre dos. Esto ya ha ocurrido en contiendas federales y locales. Basta recordar que en 2000, 2006 y 2012 la elección se decidió entre dos grandes fuerzas políticas, una vez que la tercera opción se desplomó. Así, ocurrió en 2000 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, en 2006 con la del priista Roberto Madrazo y en 2012 con la candidata del partido en el poder, Josefina Vázquez Mota.

En este escenario, crecerá la importancia de Margarita Zavala y de Jaime Rodríguez: ¿a quién le restarán votos?, ¿a quién se los agregarán?, ¿en qué medida fragmentarán el voto indeciso?

Los “independientes”

Según una nota de Andrés Becerril, desde julio de 2015 un grupo de intelectuales, políticos y empresarios trabajaba para impulsar una iniciativa que defendiera las candidaturas independientes hacia las elecciones de 2018.13

Federico Reyes Heroles, uno de los participantes, dijo que el proyecto no estaba etiquetado para nadie, es decir, que no tenía dedicatoria. Pero Jorge Castañeda, otro de los convocantes, no ocultó lo que, en su visión, era el propósito último de esta iniciativa: si no hubiera una candidatura independiente fuerte, única, López Obrador se beneficiaría de lo que todas las encuestas muestran en el país: un gran hartazgo con la clase política, con la partidocracia, con el sistema.

Entonces, aunque la iniciativa no tenía dedicatoria, sí nacía, al menos en la mente de Castañeda, con el propósito de frenar al líder de Morena.

Quizá el incentivo mayor para buscar un candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018 haya sido el descrédito de las instituciones democráticas, confirmado por los más recientes resultados del Latinobarómetro. En el reporte referido, entre una muestra de 18 países, Uruguay ocupa el primer lugar en apoyo a la democracia como forma de gobierno (70%) y México uno de los últimos (38%).14

La paradoja es que, si bien una candidatura “independiente” tiene mucho sex appeal, porta varias interrogantes y tiene que superar enormes desafíos. Para empezar, más que “independientes” deberían llamarse candidatos “sin partido”, porque su independencia es muy relativa, y como es el caso de Jaime Rodríguez, suelen portar el ADN del partido en el que militaron por décadas. Finalmente, porque intentar disputar seriamente la Presidencia de la República reclama arreglos mayores (algunos abiertos, otros clandestinos) y lleva el riesgo de que el candidato le venda su alma al diablo.

Además de los enormes recursos —en un proceso electoral de carácter nacional hará falta mucho, muchísimo dinero—, una candidatura presidencial “sin partido” precisa de una figura con enorme prestigio, credibilidad y trayectoria en las luchas cívicas que no se observa en el horizonte.

Impulsar esa candidatura exige la creación de una estructura cuasipartidista capaz, sólo en principio, de recabar las firmas que exige la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: una cantidad de ciudadanos equivalente a 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por electores de por lo menos 17 entidades federativas, que sumen cuando menos 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal en cada una de ellas. Si hoy fueran las elecciones, ese porcentaje correspondería a 866 593 firmas, pues el listado nominal con corte al 31 de agosto de 2017 fue de 86 659 234 ciudadanos.15

Si el objetivo de aquellos promotores de la candidatura “independiente” era, además de sacudir a los partidos, impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia, esto parecía implicar, aunque no lo admitieran, que jugaban a favor del único partido con los recursos y la maquinaria suficiente para aprovechar un escenario de fragmentación del sufragio. Con cinco candidaturas en la disputa, el PRI podría mantener la Presidencia con apenas 30% de la votación. Triunfo irrefutable, sin duda, pero con una legitimidad muy enclenque.

Las alianzas. Cuánto suman o restan

a cada fuerza política

Aunque en política es sabido que hay sumas que restan y que en las urnas no se da la suma matemática de los partidos coaligados, la idea esencial de las alianzas es potenciar a la fuerza mayoritaria. En las elecciones de 2017 en el Estado de México, el PRI obtuvo menos votos que Morena, sin embargo, pudo ganar gracias a la suma de sus aliados.

De acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Electoral del Estado de México, la diferencia entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-NA-ES, Alfredo del Mazo, y la candidata de Morena, Delfina Gómez, fue de 168 833 votos, es decir, 2.87%.16 En un margen de victoria tan estrecho, las alianzas electorales devienen en factores decisivos para el triunfo.

En este proceso electoral el PRI va en alianza con el PVEM y Nueva Alianza; Morena va con el PT y Encuentro Social, mientras que el PAN va con el PRD y Movimiento Ciudadano. Alianzas puramente pragmáticas, con dudosas credenciales ideológicas o programáticas, pero que sin duda se han convertido en medios idóneos para elevar la competitividad electoral. De acuerdo con algunos observadores del tema electoral, 83% de las elecciones estatales para gobernador que tuvieron lugar entre 2006 y 2017 fueron ganados por coaliciones.17 Se trata, en suma, de una apuesta ganar-ganar: los partidos grandes captan más votos a su causa, mientras que los partidos pequeños conservan su registro y acceden a posiciones de poder que por ellos mismos no podrían conseguir.

El árbitro y la autoridad electoral

Para vulnerar a las instituciones “ciudadanizadas” no hace falta reducir sus atribuciones ni desfondarlas, basta con elegir a funcionarios moldeables para conducirlas, dispuestos a renunciar a la autonomía y a la imparcialidad, para servir a los intereses de quienes los pusieron allí.

Los modestos avances en instituciones que acompasaran la construcción democrática, como el INE y el INAI, se han visto revertidos en fechas recientes. Negando su razón de ser, una mayoría de comisionados o consejeros ha adoptado resoluciones que van en sentido contrario a la construcción democrática.

Un ejemplo lamentable de la cooptación de las instituciones lo constituyó la decisión de una mayoría de siete contra cuatro consejeros del INE, en agosto de 2015, acerca de que las violaciones graves y reiteradas del Partido Verde Ecologista de México no ameritaban la cancelación de su registro.

A los consejeros que impusieron su mayoría no les importó el despliegue cínico de recursos que rebasan los topes legales ni la infracción dolosa y sistemática de la ley, tampoco la publicidad mentirosa que le ha servido para engañar a electores con pobre información y más pobre aún cultura cívica.

Como acostumbran, los “verdes” jugaron sucio a ganar… y ganaron. Se salieron con la suya y conservaron el registro. Las multas cuantiosas no les hacen mella. El financiamiento público no parece ser su única fuente de ingresos. Por el contrario, su despliegue de recursos ilegales ha sido siempre una inversión rentable porque ahora gozarán de mayores espacios de poder, con las posibilidades que portan: importantes sumas y posiciones que estarán en condiciones de vender caras al PRI.

El mensaje de esta resolución fue que en la arena electoral todo se vale. No importa que la Ley General de Partidos Políticos establezca, entre las causales para la pérdida del registro: incumplir de manera grave y sistemática las obligaciones que le señala la normatividad electoral.

En un país de impunidades, también es impunidad el castigo a medias: sanción pecuniaria —al fin, recursos públicos—, a cambio de mantener la patente de corso para seguir haciendo trampas. Así que este negocio sucio disfrazado de partido seguirá haciendo de las suyas.

Las cosas no están mejor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En los largos años de predominio del PRI —días de urnas embarazadas, “ratones locos” y “operaciones tamal”—, no existió la incertidumbre democrática, todos sabían de antemano quién ganaría las elecciones. Hoy, esos usos han sido reemplazados por otros que implican la compra del voto.

No obstante sus tropiezos, la creación de un instituto electoral autónomo y de un tribunal electoral, última instancia para dirimir las controversias en la materia, fueron dotados de legitimidad a las autoridades surgidas del voto. Sin embargo, en los años previos a la elección presidencial de 2018, distintas resoluciones han lastimado la credibilidad tanto del INE como del máximo tribunal electoral.

En diversos artículos, Eduardo Huchim, estudioso de la materia electoral, ha advertido los yerros en que está incurriendo la autoridad electoral. La Sala Superior del TEPJF, escribió Huchim el miércoles 3 de mayo de 2017:

[…] tempranamente está dando muestras de parcialidad a favor del partido en el poder, el PRI, en una actitud que, si no se corrige, terminará de arruinar la escasa credibilidad del TEPJF, ya de suyo erosionada por su anterior integración. […] Además, bajo la presidencia de Janine Otálora, el Tribunal está mostrando también una vocación por la opacidad que lo ha llevado a sesionar una y otra vez en privado y, cuando hay temas espinosos, a evitar la discusión y ni siquiera presentar con claridad y amplitud los asuntos en las “cuentas”, aunque sesione públicamente.18

Pero además de la pusilanimidad y opacidad con la que algunos funcionarios electorales se han conducido, se identifican elementos riesgosos en torno al actual proceso electoral. Por una parte, las limitaciones del INE en materia de fiscalización: sea por sobrecarga, saturación, exceso, contrahechuras institucionales o deliberada omisión, estas semanas de precampaña han evidenciado las dificultades del Instituto para fiscalizar los recursos empleados por partidos y aspirantes, su procedencia, su administración, su destino.19

Pero además, preocupa la parcialidad de las autoridades electorales, tanto administrativas (INE) como jurisdiccionales (TEPJF). En ambos casos, las dudas son más que razonables. En cuanto al INE, resulta perturbador el reciente nombramiento de Lizandro Núñez Picazo, exfuncionario del SAT y excolaborador del otrora secretario de Hacienda, José Antonio Meade, como jefe de la Unidad de Fiscalización. En cuanto al Tribunal, pésimas señales que anticipan conflicto, como apunta Eduardo Huchim:

En su ruta de garantizarle al gobierno y a su partido la impunidad en sus prácticas antidemocráticas e ilegales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio este fin de año un nuevo paso: revocó la prohibición del Instituto Nacional Electoral, contenida en su Reglamento de Fiscalización, al uso de tarjetas en las campañas. […] el 27 de diciembre del recién concluido 2017, el TEPJF validó prácticamente el uso de tarjetas que ofrecen beneficios explícita o implícitamente, en abierta contravención a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).20

Sin árbitros electorales que gocen de confianza y legitimidad ante la sociedad y la posibilidad de que el resultado sea muy cerrado, crecen los escenarios para un conflicto poselectoral.21

Los impactos en la elección presidencial de la selección de candidatos a las gubernaturas, a los congresos federal y estatales y a presidencias municipales clave

En ocasiones, la fuerza y el carisma del candidato presidencial “arrastra” al resto de los candidatos a gubernaturas, presidencias municipales o a los congresos federal y estatales. Así ocurrió con Enrique Peña Nieto que, mucho antes de convertirse en candidato presidencial del PRI, ya desbordaba el territorio mexiquense para apoyar las candidaturas de quienes representaban para el PRI “la generación del cambio”. Pero esta especie de simbiosis puede darse a la inversa: que el notorio desprestigio de un candidato local contamine las preferencias electorales en otras fórmulas.

Ya se sabe, los candidatos a puestos de elección popular pueden ser activos o negativos para la imagen del partido. Designar a un mal candidato, asociado a prácticas corruptas o, incluso, al crimen organizado, puede minar el apoyo a las candidaturas presidenciales de ese partido político.

El factor externo

No debería de sorprendernos pero en el desenlace último en la elección presidencial de 2018, jugará también el factor externo, es decir, la manera en que inciden sobre la realidad mexicana factores sobre los cuales no tenemos control: las decisiones impredecibles del presidente Donald Trump, la marcha de la locomotora estadounidense, las turbulencias en las finanzas internacionales, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el precio de la mezcla mexicana del petróleo y la relación peso-dólar, entre otros. Estos ingredientes serán clave para el desempeño de la economía mexicana y éste incidirá en el humor colectivo y en la decisión de premiar o castigar al candidato oficial y arriesgarse a la alternancia.

El gobierno estadounidense (tanto la Casa Blanca como el Congreso y las agencias de inteligencia); los grandes intereses económico-financieros, los gobernadores fronterizos y los medios de comunicación de ese país, son algunos de los actores relevantes en el proceso sucesorio mexicano de 2018. Basta observar la destacada cobertura —negativa, por lo general— que medios estadounidenses como The New York Times o The Washington Post han realizado sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto y algunos de sus colaboradores más cercanos.

Las relaciones de México con el exterior son muy complejas, pero ninguna tan intensa como la que corresponde a Estados Unidos. Temas como el comercio, la migración, el narcotráfico y la diplomacia, confirman la complejidad de la relación. ¿Cuál será el perfil deseable del próximo presidente para lidiar con su homólogo estadounidense y cuál el perfil aceptable para esos enormes intereses? Al escoger al candidato, ningún partido puede ignorar su impacto en la relación con los principales actores políticos, económicos, financieros de Estados Unidos. Al presidente que resulte electo para el periodo 2018-2024 le corresponderá lidiar poco más de dos o quizá seis años con el presidente Trump.

Hace seis años, en vísperas de la elección de julio de 2012, el gobierno de Barack Obama envío una suerte de globo sonda para evaluar la situación política en México. En marzo de 2012, Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, llegó a la capital de la República y se entrevistó con los candidatos presidenciales. Vino a constatar si lo que informan a Washington sus representantes diplomáticos y las agencias de inteligencia corresponde a la percepción que le deja a él y a los miembros de su comitiva —entre ellos venía Tony Blinken, su asesor en seguridad nacional— un diálogo cara a cara con quienes aspiraban a sentarse en la silla del águila.

Desde la perspectiva de la administración Obama, los mensajes que enviaba la visita eran varios. En primer lugar, hacía evidente el interés del gobierno estadounidense por nuestra elección presidencial. En segundo lugar, Biden vino a decir que Obama no vetaba a ninguno de los participantes y que estaba abierto a colaborar con quien resultara electo el primer domingo de julio. Dan Restrepo, director de la Oficina para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, lo expresó así: “El vicepresidente quiere enviar una clara señal de que esta administración está preparada para trabajar con el próximo líder de México electo democráticamente”.

El vicepresidente de Estados Unidos obtuvo una visión directa de Andrés Manuel (¿es el radical que sus adversarios pintan?); de Peña Nieto (¿es tan frágil y hueco como lo pintan sus críticos?) y de Josefina Vázquez Mota (¿tiene con qué preservar la gobernabilidad?). Las conclusiones de Biden y sus acompañantes debieron compartirse en ciertos círculos de decisión de Washington.

Los convocados, ¿cómo no hacerlo?, acudieron a la cita. Cada uno jugó su juego. López Obrador trató de exorcizar a Biden y, a través de él, a otros poderosos, de los miedos que les provoca un político de izquierda que hace seis años desconoció los resultados de las urnas. Pero, a un tiempo, enviarle a sus adeptos, muchos de ellos profundamente antiestadounidenses, el mensaje de que rechaza la injerencia: “Yo le hice ver que eso es un asunto que sólo nos toca resolver a los mexicanos en democracia, con absoluta libertad e independencia”.

Enrique Peña Nieto buscó desmentir la idea que rondaba en algunos círculos de poder y analistas de Washington de que los priistas “pactarían” con el crimen organizado. Apenas unos meses atrás el entonces senador John McCain había sugerido que alguno de los candidatos, se negó a identificarlo, podría “entenderse” con los narcos.

Al salir de la entrevista, el priista dijo que había sido enfático en afirmar que el combate al crimen es una tarea irrenunciable del Estado mexicano, pero cuya importancia reclama mayor eficacia. También afirmó, y en esto coincidió con López Obrador, que el crecimiento económico y la generación de empleos son herramientas indispensables para combatir la inseguridad.

Vázquez Mota refirió las “coincidencias” con Biden en materia de equidad de género; según la panista, el vicepresidente veía con normalidad que una mujer pudiera llegar a la Presidencia de la República. Además, le expresó el interés de apuntalar la colaboración interinstitucional y trabajar en el combate al lavado de dinero y le expuso algunos de sus proyectos rumbo a la Presidencia, como crear un gobierno que ofrezca más espacios a la ciudadanía y mejorar la educación.

Como para mostrar algunas de sus armas para incidir en el proceso electoral mexicano, por esos días se difundió la investigación en curso en Estados Unidos sobre Tomás Yarrington y, a lo largo de los años recientes, se han conocido en México expedientes judiciales que involucran a políticos destacados del PRI, entre ellos, a exgobernadores como Eugenio Hernández de Tamaulipas, con jefes del crimen organizado.

Las agencias de inteligencia estadounidenses saben mucho sobre las redes políticas de apoyo a los cárteles de la droga; tienen en su poder a varios capos, algunos que hoy son testigos protegidos. La manera en que administren esa información generará impactos en la lucha por la Presidencia de la República.

Los halcones en Washington no van a quedarse quietos si concluyen que el triunfo de un partido puede convertirse en un riesgo para su seguridad nacional. En esto, la mayor potencia planetaria no tiene dudas, hace lo que tiene que hacer: identifica enemigos (reales o ficticios), manipula reportes de inteligencia, maniobra con las declaraciones de viejos o nuevos criminales.

Un gobierno como el de Donald Trump puede caer en la tentación de meter la mano de la manera más burda en el proceso electoral mexicano, posibilidad que resulta más cercana a la realidad que aquella que advierte sobre una presunta intromisión rusa en el proceso electoral mexicano. A partir de un reporte de investigación del Senado estadounidense, diversos periodistas y políticos esparcieron la idea de que el gobierno de Vladimir Putin tenía no sólo interés en “socavar” la democracia mexicana sino en tender puentes con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Las herramientas de esta “intromisión rusa” serían los ciberataques, la manipulación de redes sociales y la acentuación de la polarización social.

No puede ignorarse el interés del gobierno ruso en las elecciones mexicanas. Cualquier potencia mundial o socio estratégico —desde China hasta España, desde Argentina hasta Canadá— suele estar pendiente de los procesos políticos internacionales, para eso sirven los embajadores. Sin embargo, no queda claro si el supuesto interés ruso es parte de un golpeteo en el que todo se vale.

Las redes sociales

Aunque no son nuevas, las redes sociales constituyen un componente que en 2018 jugará un papel relevante. Frente al despliegue burdo de la propaganda en los medios convencionales (la espotización), se levanta la protesta ciudadana, muchas veces anónima y truqueada, a través de Facebook y Twitter. Pero además del uso ciudadano, las noticias falsas y el golpeteo entre candidatos y partidos serán el pan de cada día en las redes sociales. El “acarreo digital”, según definición de Jenaro Villamil, estará a la orden del día.

Hace seis años, de acuerdo con el Inegi, sólo 39.8% de los mexicanos eran usuarios de internet, pero el grupo etario con más usuarios eran jóvenes de entre 12 y 17 años, es decir, menores de edad sin derecho al voto. Además, entre los usuarios de internet, 59.7% lo utilizaba para comunicarse o para obtener información general,22 pero aún no se cuantificaba específicamente el uso de redes sociales. En cambio, en la actualidad el número de usuarios ha crecido vigorosamente: de acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes (correspondientes a 2016), 59.5% de los mexicanos son usuarios de internet —20% más que en 2012—; 88.9% lo utiliza para comunicarse, 84.5% para obtener información y 75.8% para acceder a redes sociales.23

Acompaña a las redes sociales la utilización de los teléfonos celulares como instrumento para registrar escenas de la vida pública y para exhibir los abusos del poder: la manera de vivir de nuestros gobernantes y sus familias: vehículos con valor superior a los 700 000 pesos, relojes carísimos que ostentan legisladores, gobernadores o líderes sindicales, propiedades que adquieren secretarios y titulares de juzgados que no podrían explicar con sus haberes honestos. En fin, información que puede viralizarse y, en cuestión de minutos, cambiar las percepciones en torno a los personajes públicos y procesos políticos.

En el actual proceso electoral, las redes sociales serán clave para incidir en cada vez mayores sectores de la opinión pública. En primer lugar, para refrescar la memoria. De pronto, se agolparán y se harán virales los videos que han hecho escarnio del presidente Peña, pero también estarán al alcance de todos los videos o la información que buscará caricaturizar a Andrés Manuel López Obrador o a Ricardo Anaya, atacarlos en sus posturas o exhibir sus errores. Las redes sociales serán una de las arenas principales donde se libra la batalla por la percepción pública.

De acuerdo con cifras de Twitter —red social con mayor flujo de información pública— México cuenta con 35.3 millones de usuarios activos mensuales en promedio, lo que la convierte en la tercera red social más utilizada después de Facebook y Whatsapp.24 Más aún, de acuerdo con la Asociación de Internet.mx, los usuarios de internet en México consultan información política principalmente en redes sociales (97% de los encuestados), antes que en sitios de noticias (79%), buscadores (74%) o publicidad en línea (12%).25

Las redes sociales se han convertido en una de las arenas principales donde se libra la batalla por la percepción pública.

El azar

Y, finalmente, está el azar. Como se ha probado muchas veces, la irrupción de fenómenos sorpresivos —como el atentado terrorista en la estación de Atocha, en Madrid, en marzo de 2004— puede generar un quiebre que afecte resultados electorales que parecían inevitables. En México, el asesinato de Luis Donaldo Colosio llevó a Carlos Salinas de Gortari a buscar un arreglo que le permitiera convertir a Pedro Aspe o a Manuel Camacho en el candidato sustituto, pero ante la resistencia de los panistas a aprobar una reforma constitucional “al vapor”, no tuvo más remedio que entregarle la candidatura a Ernesto Zedillo.

Resulta difícil anticipar, en esta compleja mixtura de datos, el peso que tendrá cada uno de los elementos o cuál será su combinación exitosa. Incógnitas de la incertidumbre democrática que deberán descifrar partidos y candidatos en contienda. Pero lo que es cierto es que el acomodo de las distintas piezas inclinará la balanza.

Ponderación de las variables y estimación de ocurrencia

Además de su probable utilidad para el análisis sistemático del proceso de sucesión presidencial, el modelo que se propone puede alimentar un ejercicio de ponderación o valoración numérica de las fortalezas y debilidades de los tres principales candidatos. A partir de la experiencia histórica y de las conclusiones del Taller de Análisis de la Coyuntura de GCI, se decidió agrupar las variables en tres bloques, según su peso relativo. Para el efecto, las 16 variables están divididas en: bloque A, las cuatro variables de mayor peso, con un rango de calificación de 4 a 10 puntos; bloque B, siete variables, de 3 a 7 puntos; bloque C, cuatro variables, de 1 a 4 puntos. Por sus peculiares características consideramos que la última variable, el azar, resulta imponderable. La mecánica es simple: qué tanto suman —o restan— cada una de las variables a la causa de los respectivos aspirantes.

En el ejercicio de ponderación realizado en GCI el 10 de abril de 2018 se llegó a los siguientes resultados que permiten diseñar tres escenarios:

Notas:

1 Latinobarómetro, Informe Latinobarómetro 2017, Corporación Latinobarómetro, Buenos Aires, 30 de enero de 2018, p. 27, <http://www.latinobarometro.org/latNews.jsp>.

2 Norberto Bobbio y Maurizio Viroli, Diálogo en torno a la República, Barcelona, Tusquets, 2002, p. 91.

3 Instituto Nacional Electoral, “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento público de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018”, Diario Oficial de la Federación, 1° de septiembre de 2017, <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495944&fecha=01/ 09/2017>.

4 Dicen los que saben, que parte de la enorme deuda contraída por los gobernadores Humberto Moreira, de Coahuila, y Javier Duarte, de Veracruz, se destinó a financiar la campaña presidencial de 2012.

5 Secretaría de Servicios Parlamentarios, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cámara de Diputados, 23 de mayo, 2014 [última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017], <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_270117.pdf>.

6 Véase Julio Scherer García, Los presidentes, México, Grijalbo, 1986, pp. 118-124.

7 Francisco Cárdenas Cruz, “Muñoz Ledo: no es acto administrativo la sucesión” [entrevista], El Universal, 14 de agosto de 1987, p. 1.

8 Francisco R. Dávila Aldás, “La economía mexicana, sus problemas y repercusiones sociopolíticas (1976-1983)”, Revista Mexicana de Sociología, México, UNAM, julio- septiembre de 1983, vol. 45, núm. 3, p. 756.

9 Luis Suárez, Echeverría en el sexenio de López Portillo, México, Grijalbo, 1984, p. 159.

10 Excélsior, 24 de agosto de 1993, primera plana.

11 José Antonio Román, “La selección, una farsa que no convenció: Episcopado”, La Jornada, 6 de octubre de 1987.

12 Martín Sánchez Treviño y Gustavo Castillo, “Comando asesina a Torre Cantú y 4 acompañantes”, La Jornada, 29 de junio de 2010, p. 2.

13 Andrés Becerril, “Buscan a un Bronco para atajar a AMLO”, Excélsior, 28 de septiembre de 2015, p. 1.

14 Latinobarómetro, op. cit., p. 13.

15 Véase Anexo 1, “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la Convocatoria para el Registro de Candidaturas Independientes a la Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”, Instituto Nacional Electoral, 8 de septiembre de 2017, <http://www.ine.mx/segunda-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-8-septiembre-2017/>.

16 Dirección de Organización, “Análisis Estadístico de los Resultados de la Elección de Gobernador del Estado de México, Proceso Electoral 2016-2017”, Instituto Electoral del Estado de México, s/f, p. 37, <http://www.ieem.org.mx/memoelec/estadistico/indexesta.html>.

17 Luis Carlos Ugalde, “Mitos y realidades de frentes electorales y de gobierno”, Animal Político, 7 de agosto de 2017, <http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-in vitado/2017/08/07/trece-mitos-realidades-los-frentes-electorales-las-coalicio nes-gobierno/>.

18 Eduardo R. Huchim, “¡Toma tu voto, toma tu spot!”, Reforma, 3 de mayo de 2017, p. 10.

19 Parece una broma, pero no lo es: muy orondos, los consejeros presumen su hazaña: “El día de ayer [10 de enero de 2018] el Consejo General del INE conoció de un caso en el que se evidenció una red de financiamiento ilegal en las campañas de 2012 que benefició a varios partidos. Según la misma, una ‘empresa fachada’ llamada Asismex recibió recursos provenientes de personas físicas y morales con los cuales fondeó, con más de 70 millones de pesos, a un lote de tarjetas bancarias que fueron utilizadas, entre otros conceptos, como pago a 7 311 representantes de partidos políticos ante casillas”. Fiscalización no en tiempo real, sino en tiempo histórico. Véase Lorenzo Córdova Vianello, “Los desafíos de la fiscalización electoral”, Excélsior, 11 de enero de 2018, p. 18.

20 Eduardo R. Huchim, “Las tarjetas de la discordia”, Reforma, 6 de enero de 2018, p. 7.

21 La resolución adoptada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 9 de abril, en la que le ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) registrar a Jaime Rodríguez Calderón como candidato presidencial, a pesar de las graves irregularidades en las que incurrió, entre ellas, firmas fraudulentas y simuladas, le inflige un daño severo a la credibilidad de este tribunal que es la última instancia en materia electoral.

22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadística sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, 2012”, México, 2013, pp. 17, 18 y 20, <http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/especiales/endutih/ ENDUTIH2012.pdf>.

23 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Aumentan uso de internet, teléfonos inteligentes y TV digital: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2016”, comunicado de prensa 122/17, 14 de marzo de 2017, <http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especia les/especiales2017_03_02.pdf>.

24 Notimex, “Twitter tiene 35.3 millones de usuarios en México”, El Universal, 16 de marzo de 2016, <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/ 2016/03/16/twitter-tiene-353-millones-de-usuarios-en-mexico>.

25 Asociación de Internet.mx, “13º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017”, Asociación de Internet.mx-Infotec, mayo de 2018, <https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Es tudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang, es-es/?Itemid=>.

6

Tres escenarios para 2018

Escenario 1. La tercera es la vencida.

López Obrador gana la Presidencia

AL MOMENTO DE CERRAR ESTA OBRA, es el escenario más factible. ¿Qué se impondrá en las urnas: la inercia o el hartazgo? A lo largo de la campaña, los estrategas de las alianzas Todos por México (PRI-PVEM-NA) y Por México al Frente (PAN-PRD-MC) buscarían replicar el clima de incertidumbre y zozobra que precipitó la derrota de Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2006; mostrarían, a toda hora y por todos los medios, escenas del “bloqueo” de Paseo de la Reforma contra el supuesto “fraude”; fragmentos de entrevistas y discursos en los que el eterno perdedor desafía las normas de la convivencia democrática (“¡Al diablo las instituciones!”) y expresa su “simpatía” por figuras y regímenes autoritarios (apego a la leyenda del Che Guevara, elogio al dictador Fidel Castro, vínculos reales o imaginarios con el gobierno venezolano y otros exponentes del “populismo” latinoamericano).

No obstante, junto a quienes lo miran con desconfianza, incluso con miedo, se expresaría la fuerza de un amplio conglomerado social que comparte el diagnóstico y las posiciones de López Obrador: tanto las decenas de miles que acompañaron las protestas de 2006, convencidos de que les “robaron” la elección, como millones de ciudadanos “indignados” que consideran que las instituciones nacionales han sido capturadas por funcionarios ineptos, políticos corruptos y gobernantes insensibles.

A este sector que ya tomó su decisión —voto “duro” e inamovible que rebasaría con facilidad un 20% del electorado potencial— no le haría mella la propaganda de “contraste” o “guerra de lodo” (ni las pintas “pro AMLO” aparecidas en calles de Caracas ni la “trama rusa” para imponer el caos “populista” en el patio trasero de Trump).

La maquinaria político-electoral

Nacido como asociación civil en 2011, para “impulsar” la segunda campaña presidencial de López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se convertiría en el aglutinador de una base social propia, fiel al candidato, al margen de la estructura del PRD. Tras la ruptura del líder con la burocracia del sol azteca, en noviembre de 2012 la asamblea de Morena decide transitar de la ambigua figura de “movimiento social” —atípico por su agenda y vocación estrictamente políticas— a la constitución de un partido propiamente dicho. En julio de 2014 obtiene su registro ante el INE y en 2015 participa en las elecciones federales y procesos locales concurrentes.

Por las expectativas generadas, su estreno fue poco afortunado: no desplazó al PRD del tercer sitio nacional ni “arrasó” en la Ciudad de México (si bien logró 5 de 16 jefaturas delegacionales). Sería hasta los comicios estatales de 2016 y 2017 cuando la ola comenzaría a crecer y desbordar: logra una mayor votación global que el PRD (que va en alianza con el PAN en varios estados), y supera al PRI en votos por partido en dos de los principales “graneros” electorales (Veracruz y Estado de México).

La historia es corta pero sustanciosa. Al grado de que, en sólo tres años, el partido más joven de nuestra democracia habría logrado “levantar” algo así como 16.4 millones votos “en elecciones locales”.1 Lo cual implica, según cálculos interesados, que al inicio de 2018 Morena estaría a escasos cinco millones de sufragios de “romper la barrera de los presidenciables inalcanzables, el umbral de los 21 millones de votos (36% de los votantes esperados el próximo 1° de julio)”.2 Por lo que, podría colegirse, esos cinco millones extra tendrían que ser cosechados por López Obrador en su tercera campaña.

La proyección no será tan alegre y mecánica como imaginan los morenistas, pero plantea uno de sus mayores retos: si López Obrador llegó a su “techo” histórico —los 16 millones serían producto de su liderazgo, dada la inconsistencia de estructura partidista—, ¿con qué herramientas se podía enfrentar, contener y neutralizar a la poderosa maquinaria priista sin contar con un aparato equiparable (no lo tienen ni el PAN y el PRD juntos)?

En la lógica de este escenario, los estrategas habrían encontrado la fórmula perfecta: el candidato más popular del país como ariete-articulador de la movilización social (fervor militante que atenúa el déficit de maquinaria), una política de alianzas que va del pragmatismo al oportunismo sin escrúpulos (“se recibe cascajo”), y el acompañamiento de experimentados operadores político-electorales en las dos circunscripciones donde la presencia de Morena es testimonial: Marcelo Ebrard en la primera (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora), y Ricardo Monreal en la segunda (Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).

Dado que Morena alcanzó votaciones raquíticas en 2015 (2.5% en la primera, 1.9% en la segunda), el trabajo intensivo en ambas regiones tendría como propósito modificar sensiblemente el equilibrio de fuerzas y la distribución del voto nacional. Por tratarse de circunscripciones dominadas por el PAN —12.5 y 15.1% en 2015—, la apuesta sería que por lo menos la mitad del alicaído voto priista (9.6 y 11.9%) se corriera a la izquierda cuando fuera evidente que la candidatura del “ciudadano” Meade no alcanza ni para competir con Anaya.

El candidato y su capacidad para conectar

con el electorado

Existe una muy alta probabilidad de que la elección no se defina por la confrontación de líneas programáticas —coherencia, solidez y pertinencia de las propuestas—, sino por los grados de certidumbre y confiabilidad que puedan transmitir los contendientes: imagen del candidato, valoración de los partidos, calidad y amplitud de la red de aliados.

En este caso, la ventaja de López Obrador radicaría en tres aspectos fundamentales: consistencia del mensaje (un proyecto de “regeneración nacional” que surge en 2006 pero se remonta a la campaña de 2000 por la Jefatura de Gobierno), credibilidad del emisor —cercanía, tenacidad, honestidad personal a prueba de escándalos— y creciente disposición del receptor (ante el irrefrenable descrédito de la clase gobernante).

La terquedad o perseverancia a lo largo del tiempo, que en otra circunstancia sería señal de agotamiento y anacronismo, se convierte en la principal fortaleza del morenista. Congruencia polémica del personaje que a los desplantes del caudillo premoderno —trato sin mediaciones con “el pueblo”, “la gente”— suma la reputación de hombre austero, íntegro, incluso “sacrificado” por la causa. De tal suerte que, luego de dos derrotas consecutivas, el supuesto “cartucho quemado” aprovecha la acumulación de crisis en el sexenio (del crimen de Iguala-Ayotzinapa al escándalo de la “Casa Blanca” presidencial) e irrumpe por los márgenes hasta ocupar el centro del tablero.

La combinación de astucia política, instinto popular o “populista” y altas dosis de buena fortuna —nadie podía prever la debacle del gobierno peñista ni el destino fatal del Pacto por México— daría como resultado lo imprevisto: galvanizar el descontento y la indignación de amplios sectores sociales ante el escándalo reiterado de la corrupción sin consecuencias, el descaro de los “mafiosos” y el “pacto de impunidad” que los ampara.

Sobre esta plataforma, la opción “rupturista” del más tradicional y rudimentario de los candidatos —lejos del pedigrí académico-tecnocrático de Meade o la retórica parroquial del juvenil Anaya— lograría capitalizar las condiciones de una contienda que, en principio, parecían favorecer al candidato oficial. Giros del azar y la necesidad, la fragmentación del voto de sus adversarios (coalición priista, coalición panista, dos “independientes”) y el eventual desplome del rival más débil serían suficientes para ganar la Presidencia con algo más de 30% de los sufragios.

La disponibilidad de recursos políticos, judiciales y económicos, y la operación a ras del suelo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales

La coalición que encabeza Morena dispone de mucho menos recursos que sus dos principales rivales. La suma de prerrogativas (para actividades ordinarias y gastos de campaña) no supera a las del PRI en solitario: Morena, 650.2 millones de pesos; Encuentro Social, 400.8 millones; Partido del Trabajo, 379.3 millones. Aun agregando las aportaciones de sus bancadas legislativas y lo que puedan “jalar” los funcionarios electos en la esfera municipal o equivalente (los cinco jefes delegacionales capitalinos, por ejemplo), el financiamiento del “cambio verdadero” será escaso.

No obstante, lo poco bien invertido generaría magníficos resultados. Si no para frenar la ofensiva de la maquinaria tricolor y la operación gubernamental, al menos para limitar sus efectos en entidades estratégicas y los municipios más importantes.

El legado, qué lectura hace la ciudadanía de los saldos de la administración que concluye y su impacto en el humor social.

México experimenta uno de los momentos más difíciles que le haya tocado vivir a la presente generación. Algo que sólo sería comparable con el clima de tensión que arrancó en mayo de 1993 con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y se agudizó en 1994 con la agregación de hechos perturbadores que parecían responder al intento de “fuerzas oscuras” por desestabilizar al régimen: levantamiento armado en Chiapas, asesinato del virtual “sucesor” Luis Donaldo Colosio, secuestro de empresarios importantes y nuevo crimen político tras la elección presidencial (del también priista José Francisco Ruiz Massieu) que conduciría al desbarrancadero económico-financiero de 1995.

Lo que vivimos hoy es de otra índole, sin duda, pero tanto o más grave porque supone la descomposición no sólo del régimen político y las frágiles instituciones democráticas sino de las condiciones de vida, trabajo y convivencia de la sociedad en su conjunto; porque la barbarie delictiva y la colusión u omisión de autoridades no se concentran en una entidad o región, sino que se extienden por amplios territorios donde la población es extorsionada, secuestrada y asesinada.

A la terrible crisis de seguridad, sin solución tras 12 años de “guerra” contra el narcotráfico y otras variantes del crimen organizado, se agregan como potenciadores del desencanto civil y la irritación social la corrupción pública y la impunidad que la acompaña; la degradación del sistema de justicia (policías, fiscales, jueces), lo que se traduce en la inoperancia efectiva del Estado de derecho; la impotencia, incompetencia y complicidad de la clase política —decadencia del sistema de partidos—, y la continuidad de una política económica que, luego de tres décadas de “apertura”, “liberalización” y Estado “mínimo”, sigue sin ofrecer soluciones razonables a las apremiantes necesidades del país (crecimiento, empleo, competitividad, desigualdad, pobreza, marginación).

El legado de Enrique Peña Nieto, con todo y sus celebradas “reformas estructurales”, sería la confirmación del fracaso de la ortodoxia “neoliberal” —la “excepción” mexicana era una ilusión con pies de barro— más el componente propiamente nativo, neopriista y en clave de la cofradía mexiquense: el ejercicio del poder público para beneficio privado, personal y de facción; el discurso demagógico de la “innovación” institucional, la transparencia y la rendición de cuentas (gobierno y parlamento “abiertos”) acompañado de fortísimas resistencias del Ejecutivo y sus grupos legislativos para desmontar el Estado corrupto del que han sido principales beneficiarios —obstáculos al Sistema Nacional Anticorrupción, negación práctica de autonomía constitucional al Ministerio Público, captura facciosa de consejeros y comisionados del INE e INAI, imposición de ministros obsecuentes en la Suprema Corte y magistrados serviles en el Tribunal Electoral, etcétera.

La debacle política y moral del régimen, agravada por una conducción económica tan insensible como inmoral y evidentemente politizada (la presunta neutralidad técnica de Hacienda y sus burócratas sería puesta en evidencia por el affaire Chihuahua), serían los ingredientes que le inyectaría nueva vida a un liderazgo como el de López Obrador.

Así se explicaría que la sola promesa de poner un alto al despilfarro y el privilegio de funcionarios sin escrúpulos, al desvío de recursos públicos y la impunidad garantizada, a la indiferencia de los gobernantes frente a las necesidades de “los menos favorecidos”, adquiriera el rango de compromiso que sólo puede cumplir el peculiar outsider tabasqueño: un político profesional que cuestiona a sus pares (profesionales de la política), funda un partido para desafiar a la partidocracia (PRI-PAN-PRD) y monopoliza el espacio reservado a los “independientes” como alternativa “antisistémica”.

Los saldos del proceso de selección dentro

de los partidos

Morena nació para llevar a López Obrador a la Presidencia de la República. En ello radica su fuerza y su mayor debilidad: sin el caudillo no tiene vida propia porque el caudillo constituye su razón de ser. La lógica democrática no aplica en los territorios del carisma. Ergo: no existió, porque no podía haberlo, conflicto alguno en la selección del candidato previamente seleccionado.

Morena y sus huestes, aliados y arrimados, llegan a la contienda sin fracturas ni cicatrices. Nunca hubo más opción que Andrés Manuel. Una seria y muy relevante ventaja competitiva frente a la imposición de Meade como candidato “ciudadano”, maniobra que no terminaría de procesar el priismo de viejo o nuevo cuño… Para no hablar de las incontables lastimaduras, grietas y quebrantos que produjo en el PAN el maquiavélico ascenso de Ricardo Anaya —renuncia de Margarita Zavala, deslinde del calderonismo, renuncia de figuras notables, desconcierto de su corriente electoral—, además del muy probable despecho de una que otra figura “perredista” (Miguel Ángel Mancera, para ser precisos).

En esta variable, no hay la menor duda, el antiguo modelo de voto a mano alzada ofrece mayores rendimientos que el antidemocrático dedazo priista y la negociación “en lo oscurito” de las cúpulas pan-perredistas.

La campaña, la estrategia electoral y las ofertas

Con menores recursos y una estructura partidista a medio cocer, López Obrador y sus aliados tenían que echar mano de otros instrumentos para hacer posible lo imposible.

En primer lugar, una política de puertas abiertas a quien quisiera sumarse y sin importar pasados o futuros cuestionables: de los senadores Manuel Bartlett (nacional-priista responsable del fraude anticardenista de 1988) y Gabriela Cuevas (figura menor del panismo capitalino), a la feligresía ultraconservadora pastoreada por Encuentro Social y los fantasmas de un membrete vacío de corte estalino-salinista (PT).

En segundo lugar, lo mismo, pero sin ambages: encontrarles acomodo a antiguos operadores del magisterio institucional (elbista-priista-panista); postular personajes mafiosos (lumpen del priismo más a la derecha) lo mismo en Puebla que en Oaxaca, Quintana Roo o Sinaloa; y, punto culminante, lanzar al arrollador e impresentable Cuauhtémoc Blanco para la gubernatura de Morelos.

Si la tercera sería la vencida, no había más remedio que echar toda la carne al asador, aunque en la rostizada se mezclaran personajes de tenebrosa memoria (muchos de los ya citados) con figuras respetables de la política y la sociedad civil: Tatiana Clouthier (expanista, hija de Maquío), Alfonso Durazno (expriista, secretario particular de Colosio), Pablo Gómez Álvarez (fundador del PRD, legislador experimentado), Héctor Vasconcelos (diplomático), Carlos Urzúa (matemático y economista del Tecnológico de Monterrey) y Javier Jiménez Espriú (exfuncionario de alto nivel en Pemex, SCT y Mexicana de Aviación), entre otros.

Importante, asimismo, sería la designación de coordinadores del trabajo político-organizativo en las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país. Suerte de lugartenientes autorizados para darle algún tipo de coherencia a la variopinta coalición: Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno capitalino, al noroccidente; Ricardo Monreal, exgobernador de Zacatecas y exjefe delegacional en Cuauhtémoc, del Bajío al noreste; Julio Scherer Ibarra, abogado e hijo del fundador de la revista Proceso, de Golfo al sureste; Rabindranath Salazar, senador morelense, al centro-sur, y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, al Valle de México y anexas.

Definido el equipo propiamente operativo, la estrategia de muy amplia convergencia buscaría extender el espectro político- ideológico. En ese sentido, la integración de figuras ajenas a la izquierda y al movimiento social como Alfonso Romo (empresario agroindustrial), Esteban Moctezuma (Fundación Azteca), Olga Sánchez Cordero (ministra en retiro de la Suprema Corte), Miguel Torruco (empresario hotelero, exdirectivo de las cámaras del ramo), Jorge Alcocer Varela (investigador emérito en Ciencias Médicas, Premio Nacional de Ciencias en 2015) o Víctor Manuel Villalobos (agrónomo vinculado a corporaciones trasnacionales), tendría como objetivo consolidar la narrativa de un cambio necesario, responsable y, a final de cuentas, benéfico para el conjunto de la sociedad.

Se trataría de una nueva formulación de la consigna “Por el bien de todos, primero los pobres…”, a partir de un razonamiento elemental: que un modelo económico que promueve la exclusión y la inequidad, como el aplicado desde 1982 por sucesivos gobiernos “neoliberales”, no sólo es inmoral sino que constituye un riesgo para la estabilidad y la gobernabilidad democrática; más aún si se considera el peligro latente de que el resentimiento social —en ausencia de opciones socio-productivas y cauces institucionales— encuentre vías de escape en la violencia expansiva del crimen organizado —la “bases sociales” del narco y el tlachicholes serían la primera señal de metástasis por vías subterráneas.

En tales condiciones de emergencia, algunas medidas del programa “populista” serían vistas como necesarias y urgentes: políticas de atención prioritaria a los jóvenes (acceso irrestricto a la educación media superior y superior, becas de estudio, capacitación laboral y apoyo financiero a desempleados, opciones productivas y culturales gestionadas por los interesados); renta mínima para adultos mayores en todo el país; seguridad social universal; rescate de la economía rural, especialmente en zonas de “alto riesgo” (geografía del narco); estrategia integral —causas y efectos— contra la pobreza y la marginación.

La memoria social, no sólo capitalina, sobre los programas instrumentados por López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México (2000-2006) ocuparían un lugar central en el despliegue propagandístico: apoyo económico a los adultos mayores y a las madres solteras; becas a estudiantes; capacitación y opciones productivas para desempleados; ampliación de la red de atención médica, entre los principales.

Los debates y los posdebates

La agudeza y rapidez mental de Andrés Manuel distan mucho de ser las necesarias para salir airoso en los debates con un polemista avispado (Anaya) y un tecnócrata experto (Meade).

Ni la argumentación razonada ni la formulación de ideas atractivas constituyen “el fuerte” de López Obrador, acostumbrado al acatamiento dócil de los subalternos y la aclamación de masas en plaza pública. No lo son, tampoco, de sus principales adversarios, pero en el contraste de fórmulas, retórica y demagogia, es muy probable que el tabasqueño salga más que raspado.

A pesar de lo anterior, no puede descartarse un desempeño más que regular si se atiende a dos elementos: 1) la experiencia y el control de la escena después de dos campañas presidenciales muy agrestes, y 2) el nuevo talante del candidato, más ligero y bromista, paternal y tolerante.

Definido por sus antagonistas como “el candidato a vencer”, será blanco de ataques por la izquierda y la derecha —ubicación geoestratégica en el estudio de televisión—. De ahí que sus estrategas (él mismo y sus fantasmas) optarían por recomendar un bajo perfil que le permita, al menos, no ser vapuleado. La pauta: no enfrascarse en descalificaciones, tranquilizar a los miedosos y aprovechar el tiempo para lanzar “propuestas” y transmitir la sensación de victoria anticipada.

Si logra imponer esa percepción, así fuera con sus famosos “ases” bajo la manga que sólo convencen a los ya convencidos, la batalla del posdebate sería miel sobre hojuelas: la ratificación pública de que, efectivamente, va “en caballo de Hacienda” y no hay nada que pueda detener su marcha. Se confirmaría, pues, el efecto teflón: un candidato indemne a escándalos, “revelaciones” y cualquier artificio (real o supuesto) de la “guerra de lodo”.

Los “amarres” con los poderes fácticos

legales e ilegales

La mezcla de acciones puntuales, argumentos “moderados” e integración de personalidades libres de toda sospecha al equipo de campaña —empresarios, expanistas y expriistas, exfuncionarios de alto nivel— lograría convencer a porciones significativas de la clases media y alta. En esa dinámica, la percepción de triunfo inevitable ayudaría a mitigar la desconfianza que produce en la élite económica, financiera y mediática una opción considerada anti-establishment y de abierta “ruptura” con los estamentos políticos que gobiernan al país (“partidocracia”, “mafia del poder”). En consecuencia, los saldos negativos de la incipiente democracia y la conducción errática de la economía durante el sexenio peñanietista llevarían a personalidades e instituciones emblemáticas de la iniciativa privada a mirar con curiosidad, “interés” o pragmatismo —encender una vela, por si acaso—, la propuesta de esa “izquierda social” encarnada en López Obrador.

La deliberada ambigüedad de su oferta político-electoral justificaría cualquier acercamiento: ejercicio austero del Poder Ejecutivo y fin a los privilegios de la alta burocracia; lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad; revisión del modelo económico sin alterar las bases de la estabilidad; priorizar el mercado interno y generar un clima que favorezca a las empresas nacionales; impulso al crecimiento y la creación de empleos bien remunerados; programas de infraestructura que estimulen el desarrollo en las regiones más abandonadas.

En resumidas cuentas, nada que altere “radicalmente” el canon de la estabilidad o encienda alarmas en la cabina de mando de los grandes intereses económicos, financieros y mediáticos. Y nada, para efectos prácticos, que pudiera lastimar la sensibilidad de los mandos castrenses (Ejército y Marina), siempre institucionales y al servicio de la Nación, o los intereses de las corporaciones sindicales de viejo cuño “nacionalista” —petroleros, electricistas, burócratas, trabajadores de la educación.

En el mismo tenor, la jerarquía católica se sumaría a la cargada del cambio de guardia y aplaudiría la “sensibilidad social” que tanta falta le hace al país. La inclusión de “sectas protestantes” (Encuentro Social) a la alianza morenista sería vista como pecado venial, sin trascendencia; sobre todo si, como pareciera, el componente espiritual del “cambio verdadero” abre la puerta a un nuevo trato con la Iglesia que representa la fe de la inmensa mayoría de los mexicanos.

En cuanto a los poderes fácticos ilegales… Se sabe poco o nada del comportamiento “político-electoral” del crimen organizado, disperso en cárteles fracturados y bandas regionales cada vez más violentas. Sin embargo, no sería descabellado afirmar que una nueva alternancia en el Ejecutivo los beneficiaría de forma indirecta, debido a los ajustes y reacomodos que trae consigo la inevitable ruptura o interrupción de flujos en la cadena de mando en las instancias de seguridad e inteligencia.

En cualquier caso, no se esperaría que los grupos criminales “voten” o “veten” candidatos en las regiones bajo su dominio —como ocurrió en algunos municipios michoacanos en la elección de 2011—; salvo en aquellos “focos rojos” donde el inmenso poder delincuencial siga marcando la pauta (Tamaulipas, por ejemplo, donde el clima de violencia pudo obligar a la cancelación de una gira del presidente de la República en enero de 2018).

El elector: ¿cómo votan los que votan?

El historiador Enrique Krauze lo llama “desaliento”. Sin embargo, hace tiempo que el eufemismo dejó de reflejar el clima enrarecido que domina la vida pública mexicana. En un momento particularmente delicado del sexenio, el exrector Juan Ramón de la Fuente lo capturó en trazos fuertes: “Lo menos que se ha visto últimamente es un México exaltado, irritado, encolerizado, convulsionado, que se siente engañado, agraviado, amenazado y perseguido. […] lo han hecho explícito el clero, los empresarios, los médicos, los maestros, algunos intelectuales —no muchos, por cierto—, los estudiantes, las y los ciudadanos (sean o no activistas). Lo escuchas en la oficina, en el restaurante, en la escuela, en la calle […]”.3

La iracundia sería pasajera, por supuesto, pero no la sensación de ultraje que alimenta el hartazgo civil. El enorme desprestigio del PRI —la mitad de los encuestados “jamás” cruzaría su emblema— y la baja popularidad del presidente Peña Nieto —el peor calificado desde que hay mediciones— marcarían la contienda y determinarían el desenlace. De ahí que, en ausencia de candidatos independientes confiables o con arrastre popular, un alto porcentaje del “voto de castigo” favorecería a Morena y su candidato vengador.

Al sufragio de esos “indignados” se agregaría el de los “indiferentes”, atraídos por la sensación de triunfo anticipado, y el “voto estratégico” de un sector del electorado priista —antipanista de hueso colorado— ante la sensible caída de Meade en las encuestas.

La dispersión de las opciones

(incluidos los candidatos “independientes”)

En ausencia de “segunda vuelta electoral” —que hubiera permitido, por ejemplo, formalizar un bloque anti AMLO—, la dispersión de los adversarios resultaría crucial para Andrés Manuel.

Ni el imponente poderío del “aparato” ni la legendaria “implantación nacional” del PRI bastarían para contener el tsunami de la irritación y el descontento. Las cuentas alegres del grupo gobernante resultarían radicalmente contrariadas: 1) por la imposibilidad material de replicar la estrategia mexiquense —no hay dinero, estructura e infraestructura que alcance para desplegar un operativo de Estado ni en la mitad del territorio—; 2) por la diferencia que supone maniobrar con 21 gobernadores priistas (como en 2012) que intentar lo mismo con apenas 14 en condiciones precarias; 3) porque apostarle a la continuidad de un proyecto cuestionado por todos los flancos, incluido el interno, suele generar pésimos resultados; y más, si cabe, cuando el candidato oficial porta el sello de dos gobiernos fallidos (continuismo pan-priista) y el pesado lastre del dedazo antidemocrático.

En la acera de enfrente, la alianza PAN-PRD-MC no lograría consolidarse como alternativa “moderada”. A las dificultades para formular una oferta coherente y atractiva se agregarían problemas político-organizativos: el acuerdo cupular no convencería a cuadros medios, militantes y clientelas; se impondrían los intereses de facción o partido en la mayoría de los estados; la disputa entre “profesionales” impediría la integración de figuras respetadas de la sociedad civil.

Todo esto minaría las posibilidades de un candidato fresco, juvenil y voluntarioso como Ricardo Anaya, quien pagaría muy caro entre las clientelas panistas el “oportunismo” y la “rudeza” con que desplazó a sus adversarios internos. No extrañaría, así, que la candidatura “independiente” de Margarita Zavala resultara veneno para la coalición de centro-derecha. De modo que, entre la espada y la pared, una parte del electorado panista preferiría votar directamente por la continuidad (Meade), y otra, por el “cambio verdadero” (López Obrador). Por lo demás, el perredismo sería incapaz de marcar alguna diferencia en sus “bastiones” imaginarios —Ciudad de México, Nezahualcóyotl y Chalco, Morelos, Michoacán y Tabasco.

Las alianzas. Cuánto suman o restan

a cada fuerza política

De las tres coaliciones registradas, la de Morena es la más débil o la que menos agrega a la formación dominante: el PRI gana con el Verde Ecologista y con Nueva Alianza los seis u ocho puntos de votación que pueden ser decisivos en una competencia a tercios; el PAN suma dos estructuras regionales medianas (lo que fue el PVEM hace 10 años) y lo que puedan aportar en tanto corrientes electorales “progresistas” (la perredista, vaciada por López Obrador; la del Movimiento Ciudadano, limitada a Jalisco, zonas de Veracruz y algunos municipios); Morena pierde con el Partido del Trabajo —no aporta votos sino desprestigio— y agrega muy poco con Encuentro Social (el escaso sufragio de los protestantes a cambio de ceder “principios” ante la extrema derecha).

En cualquier caso, la coalición Juntos Haremos Historia cumple dos objetivos elementales en términos pragmáticos: engrosar la bolsa de prerrogativas (más dinero, más spots) y dar la apariencia de apertura a la diferencia (de la izquierda cerril a la derecha primitiva).

Ésta sería una de las variables de menor rendimiento para López Obrador y su partido. Podría afirmarse, en suma, que el triunfo se daría no por la alianza con membretes desprestigiados sino a pesar de ella.

El árbitro y la autoridad electoral

Desde el viejo grito de batalla antisistémico: “Al diablo con las instituciones”, López Obrador mantiene una relación de agresiva desconfianza con las instancias administrativas y jurisdiccionales en materia electoral (INE y TEPJF, respectivamente).

En justa reciprocidad, es altamente probable que las resoluciones del árbitro confirmen las sospechas de parcialidad y dados cargados. Muy especialmente si, como anticipa la estrategia del bloque gobernante, se pretende repetir las “exitosas” experiencias en el Estado de México y Coahuila.

Por razones distintas a la anterior, también en esta variable Morena juega a contracorriente. Para remontar la desventaja, que podría definirse como “institucional”, la posibilidad de triunfo tendría que sustentarse en otros elementos; por ejemplo, en una enérgica movilización contra la “compra de votos” en una estructura capaz de cuidarle las manos a los “mapaches” electorales y en una votación copiosa que neutralice la tentación del “fraude” oficialista.

Los impactos en la elección presidencial de la selección de candidatos a las gubernaturas, a los congresos federal y estatales y a presidencias municipales clave

La estrategia de “puertas abiertas” sin condicionantes ni escrúpulos puede resultar contraproducente. Si bien se descarta un conflicto de las dimensiones del protagonizado por Ricardo Monreal en la capital —al final, desactivado por el propio López Obrador—, el reparto de candidaturas al Congreso federal, las alcaldías más importantes y las nueve gubernaturas en disputa podría minar la cohesión de la alianza morenista: ocurrió en Puebla con la “imposición” del senador experredista Miguel Barbosa; en Morelos, el dedazo por Cuauhtémoc Blanco mostró niveles intolerables de oportunismo; y algo muy parecido se dejaría ver en la integración de listas por circunscripción y las candidaturas de mayoría para diputados y senadores.

La desorbitada ambición de poder podría quebrar la cuerda por lo más delgado: no la “mala prensa” que genera el reciclaje de personajes impresentables sino el desencanto de un sector de la militancia pejista, que aguanta casi todo menos la traición a ciertos principios elementales (mínimos, flexibles, pero no negociables).

El factor externo

La eventualidad de una alternancia por la izquierda en México nunca ha sido bien vista por los grandes intereses de Estados Unidos (republicanos o demócratas, corporaciones e inversionistas, medios informativos hegemónicos), lo mismo que los organismos financieros globales (FMI, Banco Mundial, OMC). De tal suerte que harán todo lo que esté a su alcance —democráticamente hablando, por supuesto— por impedir que ocurra la debacle “populista” en uno de los socios más vulnerables de la OCDE.

No queda claro qué tanto puedan o hasta qué punto estén dispuestos a querer, pero no hay duda de que saben qué representa cada quién: José Antonio Meade, la continuidad de la ortodoxia y el visto bueno de la administración Trump por recomendaciones del canciller Videgaray; Ricardo Anaya, un mal menor perfectamente asimilable (dos panistas ya lo fueron: ineptos y asimilados); y Andrés Manuel López Obrador, un enigmático lobo con piel de oveja.

Si el factor externo determina algo, la opción “antisistémica” encarna no sólo un “peligro para México” sino para la seguridad hemisférica y global (por la amenaza conjunta de rusos, venezolanos y norcoreanos).

Las redes sociales

Virtudes de la política marginal, los operadores de López Obrador llevan años explorando los vericuetos de las redes sociales: distribuyen por internet su órgano periodístico (Regeneración) y alimentan el debate y la réplica puntual con artículos, consignas virales, campañas sistemáticas y memes contrainformativos.

Así como ocurre en las encuestas, Facebook es territorio dominado por López Obrador y sus videos suelen concentrar la atención pública (Andres-Manuelovich esperando al submarino ruso en costas de Veracruz). En suma, que el más rudimentario y tradicional de los aspirantes a la Presidencia lleva mano en los flujos de información y propaganda “alternativos”. Paradojas de la vida.

El azar

La fortuna también juega y López Obrador anda de suerte. Si él se la forjó o se la forjaron (los errores de sus adversarios), poco importa. Salvo un escándalo de corrupción en su círculo más cercano que derrita el teflón, todo parece abonar al triunfo de lo impensable.

Conclusión

En este escenario se considera que la prédica contra la corrupción, el dispendio y la política “antipopular” de los gobiernos del PRI-PAN, puede neutralizar las aristas más filosas de una campaña negativa que subrayará el cariz antidemocrático del nuevo “populismo” —restauración del autoritarismo presidencial, discrecionalidad y abuso del poder, culto a la personalidad, tentaciones reeleccionistas— y el “retorno” a los peores momentos del nacionalismo-revolucionario de matriz priista (la docena trágica de Luis Echeverría y José López Portillo, 1970-1982).

A contrapelo de todo ello, entre la realidad de un poder corrupto e impune y el fantasma del “retroceso” político —siempre relativo, según quién lo formule—, una amplia franja del electorado “indeciso” inclinaría la balanza a favor de la primera alternancia por la izquierda en tres décadas de transición democrática (si se puede fechar el arranque en el megafraude electoral de 1988).

Escenario 2. Nueva oportunidad para el PAN

(y sus aliados)

Menos probable que el anterior, por la combinación de variables necesarias para su consumación, el segundo escenario parte de las siguientes premisas: 1) que el acuerdo entre cúpulas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano logra traducirse en organización territorial en la mayor parte del país; 2) que las diferencias programáticas entre derecha e izquierda son superadas con una agenda mínima, coherente para sus militantes y clientelas y atractiva para amplios sectores del electorado “indeciso”, y 3) que la consolidación de esa “tercera vía” resulta suficiente para neutralizar al candidato de la continuidad priista y superar, en la recta final, al abanderado de la “regresión populista”.

Esta complejidad, sobra decirlo, responde a una de las características centrales de la alianza: un intento de convergencia real, efectiva, de tres organizaciones con programas, trayectorias, estilos y concepciones de ejercer la política; es decir, que no se trata de la confluencia inercial de membretes alrededor de un aparato hegemónico (PRI) o un líder carismático (López Obrador) ni de la simple aglomeración de voluntades en torno a un proyecto previamente fijado: sea el programa neoliberal priista o el “cambio verdadero” en clave retroestatista. En ello reside la principal virtud del Frente, su toque de distinción, aunque también la extraordinaria dificultad para darle coherencia, sentido y viabilidad.

El desarrollo de este escenario supone que el reto habría encontrado respuestas satisfactorias, no obstante la paradoja central de la iniciativa: asumir la condición de Acción Nacional como actor dominante (estructura, recursos, gobernadores, grupos legislativos, corriente electoral), aunque la definición de la línea política y la plataforma electoral deba ser producto de la negociación, pues los aliados de “izquierda” no adoptan sin más el programa de la derecha (PAN) sino que aspiran a construir una alternativa aún no formulada (centro-liberal-socialdemócrata).

La maquinaria político-electoral

Un aparato electoral que no ha sabido o querido construir estructuras a lo largo y ancho del país, que tiene un padrón inflado artificialmente por gobernadores y líderes tramposos, que ha descuidado la formación de cuadros y la generación de ideas, aspira a competir por la Presidencia y la mayoría en el Congreso. Atrás quedó la derrota más humillante de su historia, la de 2012, cuando no sólo fue relevado del Ejecutivo federal —normal en toda democracia— sino desplazado penosamente al tercer lugar de las preferencias —lo que revela un severo castigo social por la incompetencia gubernamental y la inconsecuencia democrática del partido.

El PAN vuelve por sus fueros, pero en una situación inédita: aliado a dos formaciones ubicadas formalmente “a la izquierda”, medianas en estructura y recursos, con presencia “nacional” aún más dispersa que el propio panismo y un peso electoral incierto: declinante, en el caso perredista; pequeña y muy localizada, por lo que hace al “movimiento naranja”.

Si todo lo que suma sirve, la convergencia derecha-izquierda tuvo como principal incentivo la sobrevivencia. Del PAN, agobiado por la crisis de confianza y orientación tras el chasco de dos gobiernos fallidos. Del PRD, herido de muerte por la sangría imparable de cuadros, base social y electorado hacia Morena. Del MC, por sentido de la oportunidad y oportunismo (priismo de derecha navegando con bandera de “izquierda”, ahora “ciudadana”).

La suma de flaquezas fue generando dividendos. Las alianzas locales resultaron potentes, como ya lo habían sido en 2010 —Puebla, Oaxaca y Sinaloa—, al menos para derrotar al PRI e imponer la alternancia. Pero en 2016 la contundencia fue mayor y la combinación de victorias aliancistas movió las piezas en el tablero de la sucesión. El bloque anómalo podía trascender el ámbito local y colarse a la verdadera disputa por el poder.

Con un peso específico mayor, Acción Nacional se convirtió en el eje de la futura coalición y su dirigente, Ricardo Anaya, el que más arriesgó en el proceso, irrumpió como un prometedor aspirante. El pacto entre cúpulas afianzó la maniobra: para el PAN, la candidatura presidencial y la mayoría de postulaciones legislativas (menos de las que reclamaría su fuerza); para el PRD, la candidatura a la Jefatura de Gobierno capitalina y una buena tajada de posiciones al Congreso; para MC, el dominio jalisciense y curules garantizados; además de coaliciones locales donde fuera posible —no en Morelos, pues los panistas se niegan a transitar con el gobernador Graco; ni en Jalisco, donde el alcalde tapatío Enrique Alfaro prefiere ir solo que mal acompañado—.

La agregación de parcialidades regionales, manchones de influencia local y un despliegue táctico de tres aparatos en perfecta comunión harían el resto. No, desde luego, para poner en marcha una maquinaria nacional equiparable a la priista, pero sí para contenerla y dificultar su trabajo en las 16 entidades con gobierno opositor (11 panistas, cinco perredistas) y en algunas más donde su presencia es importante (pan-perredistas en municipios mexiquenses, panistas en San Luis Potosí, perredistas en Oaxaca y Guerrero, “emeceistas” en Guadalajara y municipios aledaños).

En potencia y en acto, la fuerza acumulada en la coalición Por México al Frente sería igualmente capaz de atenuar el oleaje movilizado por Morena y sus aliados.

El candidato y su capacidad para conectar

con el electorado

Ricardo Anaya, el joven maravilla, confirma las promesas anticipadas en su veloz ascenso a las ligas mayores de la política nacional. Si había dudas sobre el efecto Margarita entre el electorado panista, la inteligencia política de Anaya concentrada en spots, obra el milagro de la amnesia. El realismo se impone y transforma el desgarre interno en oportunidad de refundación: sacudirse el peso muerto del “calderonismo” —desastre de seguridad e incompetencia— y ampliar las perspectivas de la derecha democrática como opción de gobierno, así fuere en coalición con antiguos enemigos (la impronta cardenista y socialista en el PRD).

La garra crítica de Anaya, lo mismo contra gobiernos panistas que priistas, convence a franjas del electorado de centro-izquierda —tentado al voto por Morena— y del priismo “moderno” (encantado por la tecnocracia).

Se ratifica la hipótesis de los artífices del Frente: el dinamismo de un candidato asertivo, enérgico y bien articulado, tan inexperto como juvenil, transforma en “positivos” los resquemores por la alianza contranatura de derechas e izquierdas. La “tercera vía” deja de ser una entelequia impulsada por el rencor (al PRI) o el miedo (a Morena).

La disponibilidad de recursos políticos, judiciales y económicos, y la operación a ras del suelo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales

Los comicios estatales de 2016 marcaron la inesperada recuperación del PAN. El triunfo panista en 7 de las 12 contiendas por las gubernaturas replanteó drásticamente el mapa regional y la percepción de equilibrio nacional: el PRI dejaría de gobernar Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas (derrotado por el PAN en solitario), además de Durango, Quintana Roo y Veracruz —ganados por la coalición PAN-PRD—; Puebla se mantendría “panista” gracias al acuerdo de Anaya con el exgobernador Rafael Moreno Valle (su esposa, Martha Érika Alonso, es candidata del Frente a la gubernatura).

Si a lo anterior se agrega la pérdida de Nuevo León en 2015 (arrebatado por el Bronco), el partido del presidente Peña Nieto llegaría a la contienda en una posición de fragilidad territorial: con sólo 14 gobiernos estatales —al inicio del sexenio sumaban 21—, graves problemas en una entidad que parecía en la bolsa (Chiapas, gobernada por el aliado PVEM) y bajo acoso opositor en municipios jaliscienses y mexiquenses (rota la coalición local con el PVEM y Nueva Alianza).

Por si fuera poco, la convergencia derecha-izquierda implica la multiplicación de recursos por concepto de prerrogativas: PAN, 1.2 mil millones de pesos; PRD, 778.7 millones y MC, 539 millones… Relativamente cerca de la fortuna a disposición de la coalición priista y bastante arriba de la morenista.

Este reacomodo de fuerzas, lealtades y recursos financieros tendría efectos en la operación a ras del suelo, con un PRI seriamente disminuido en las cinco entidades que concentran el mayor número de electores: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla.

En esos y otros territorios, lo que pierde el priismo se trasladaría casi en automático a la causa del Frente y la candidatura de Anaya. Incluso ahí donde López Obrador/Morena son altamente competitivos, se impondría la capacidad operativa de los gobernadores Miguel Ángel Yunes (Veracruz), Carlos Joaquín (Quintana Roo) y Antonio Gali (Puebla).

Un ingrediente más, no descartable: si al acercarse el día de la jornada el “ciudadano Meade” sigue empantanado en el testimonial tercer sitio, los recursos ocultos del PRI y el gobierno federal podrían volcarse a favor de Anaya, “el único que puede detener a López Obrador”.

El legado, qué lectura hace la ciudadanía de los saldos de la administración que concluye y su impacto en el humor social

Son dos los candidatos que representan más nítidamente el malestar social con los saldos del gobierno saliente: López Obrador y Anaya. El primero, principalmente apoyado por los sectores populares. El segundo, por clases medias en ascenso, estancamiento o regresión.

En este escenario se considera que la “tercera vía”, encapsulada por ideólogos y publicistas en el eslogan de “el cambio responsable”, arrebata al “populismo” las banderas de la irritación civil con una oferta electoral equilibrada, razonable y atractiva para franjas muy amplias de la sociedad: continuidad esencial del modelo económico —estabilidad, certidumbre, garantía jurídica para inversionistas— más la promesa de “estimular” el crecimiento de la economía para generar empleos y fortalecer el mercado interno; reivindicación “crítica” de las reformas estructurales (salvo la fiscal, considerada “tóxica” por los panistas) acentuando el carácter “elitista” y “corrupto” de su puesta en marcha por el priismo gobernante; atisbos de una nueva política contra la pobreza —ingreso mínimo universal o su equivalente en el subdesarrollo con Estado débil—; compromiso de replantear la estrategia de seguridad y combate al crimen (recursos para la prevención, modelo policiaco mixto, nuevo rol de las fuerzas armadas), y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción según los criterios de organismos civiles que le dieron origen.

El “cambio responsable” sería la respuesta de los demócratas moderados al desorden heredado por el peñanietismo (pésimo desempeño de la economía, retroceso en el combate a la pobreza, corrupción e impunidad, resistencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas, desastre en la procuración de justicia) sin llevar al país al despeñadero de las “soluciones” mágicas, instantáneas, radicales, que propone López Obrador.

Los saldos del proceso de selección dentro

de los partidos

La decisión de Margarita Zavala de renunciar al PAN y la reacción de un grupo cercano al expresidente Felipe Calderón de confrontar a Ricardo Anaya, a quien consideran un autócrata obsesionado con la candidatura presidencial —“más peligroso que López Obrador”—, habría tenido costos iniciales al interior del partido y en sus clientelas electorales.

Sin embargo, en la medida en que la campaña “independiente” de Margarita se mostrara poco menos que testimonial, las aguas volverían a su nivel. La fractura del panismo resultaría, a final de cuentas, mucho menor de lo esperado por “calderonistas”, priistas y morenistas. El 6 o 7% de las preferencias por Zavala sería un precio módico si con ello se desbrozaba el camino de Anaya a la candidatura. Por lo demás, la creciente percepción de triunfo haría volver al redil a la mayoría de los renuentes. Después de todo, mejor un panista como Anaya que un retropriista como López Obrador. Sólo un pequeño núcleo de “calderonistas” optaría por perder de la mano de José Antonio Meade.

La campaña, la estrategia electoral y las ofertas

Las diferencias programáticas entre la derecha liberalconservadora y los restos de una izquierda de aspiración socialdemócrata son superadas mediante la formulación de una agenda mínima, pero sustanciosa, que dibuja los perfiles de un “gobierno de coalición” inédito en el país.

Una estructura organizativa solvente y extendida por casi todo el territorio nacional, y un perfil “innovador” que logra relativizar el peso específico del PAN —la sombra de los gobiernos fallidos de Fox y Calderón— y ocultar la impronta de corrupción u oportunismo de sus aliados (los Chuchos de Nueva Izquierda, los “progresistas” de Miguel Ángel Mancera, los “naranjas” de Dante Delgado).

La consolidación de esta “tercera vía” se traduce no sólo en la agregación de las respectivas clientelas sino en la constitución de un polo atractivo para los “indecisos” (25% del electorado que no se identifica con ningún partido); esta dinámica sería registrada por las encuestas al arranque de las campañas (abril) y precipitaría el desplome de la candidatura de Meade; el “voto útil” o “estratégico” de un sector del electorado tricolor, más cercano al panismo, marcaría la derrota del enemigo común (López Obrador/Morena).

Para el sprint final contra López Obrador, los responsables del marketing diseñarían spots que refrescarían la memoria del público sobre los excesos del tabasqueño: toma “violenta” de instalaciones petroleras en Tabasco (1996); plantón en Avenida Reforma (2006); desplantes de intolerancia (“Cállate, chachalaca”, “Al diablo con las instituciones”); episodios de corrupción que involucran a políticos muy cercanos (René Bejarano y las “ligas”, Carlos Ímaz y las “bolsas”, Gustavo Ponce en Las Vegas).

La maniobra iría acompañada de una fuerte campaña para atizar el pánico social ante la “venezolanización” que presagia el eventual triunfo del tabasqueño. El clima de incertidumbre y emergencia sería alimentado por tomas de posición pública de respetables figuras de la sociedad civil —empresarios, intelectuales, académicos, activistas, líderes sociales— llamando a votar por el “cambio responsable” y la preservación de las instituciones democráticas.

Los debates y los posdebates

Aunque es sabido que los debates entre candidatos no modifican sustancialmente las preferencias del electorado, también es cierto que un buen desempeño (el caso del panista Diego Fernández de Cevallos en 1994) puede marcar la diferencia en condiciones de alta polarización o competencia cerrada.

En 2018, la confrontación de maquinarias en relativo equilibrio de fuerzas podría resolverse por la acumulación estratégica de pequeñas victorias tácticas. Anaya aprovecharía la oportunidad con un discurso fresco, agudo y persuasivo que le ganaría adeptos entre los “indecisos” propensos al voto priista, a quienes la “ecuanimidad y solvencia” de Meade termina por parecerles poco.

En el mismo sentido, la falta de herramientas para el debate desmoronaría las aspiraciones de Margarita Zavala, cuyas “bases” ampliarían el espectro del panista y sus aliados.

En la batalla del posdebate, una agresiva campaña de spots que difundiera los mejores momentos de Anaya (o las peores reacciones de sus antagonistas) cerraría la pinza.

Los “amarres” con los poderes fácticos legales e ilegales

Todo indica que, salvo a los consentidos por la cofradía mexiquense (Grupo Higa, OHL, las empresas del grupo Hank y del Grupo San Román), las cúpulas empresariales no están muy complacidas con el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto: lo mismo las que representan a los grandes capitales del país que a la mediana, pequeña y micro empresa, asfixiadas por el sistema tributario, la sobrerregulación y el acoso de autoridades de todo tipo.

El estancamiento económico —la economía crecerá apenas 2.3% en 2018, la mitad de lo ofrecido por Peña Nieto y Luis Videgaray—, el crecimiento irracional del gasto público y los escándalos de corrupción, serían otros datos inquietantes para la iniciativa privada, pues muestran a una clase política gobernante incapaz de ejercer la responsabilidad pública con honestidad y eficacia.

En años recientes, algunos de los principales organismos empresariales —el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, significativamente— han hecho públicos reclamos por los niveles inauditos de corrupción gubernamental. Un organismo presidido por Valentín Díez Morodo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha realizado estudios y promovido acciones contra malas prácticas en el manejo de los recursos públicos. Algo similar ocurre con Mexicanos Contra de la Corrupción y la Impunidad, organismo patrocinado por Claudio X. González Guajardo.

Lastimados por la corrupción priista y algunas decisiones del grupo gobernante —la reforma fiscal, por ejemplo—, y aterrados ante el avance de López Obrador, figuras relevantes del mundo empresarial y organismos patronales como la Coparmex se la jugarían con Anaya y sus aliados de “izquierda moderada”.

Lo mismo harían importantes medios de comunicación, de alcance nacional y local, en el momento justo: cuando la campaña de Meade haya cancelado toda posibilidad a la continuidad de terciopelo. Las televisoras y los grupos radiofónicos empeñarían sus mejores esfuerzos en inhibir el voto por Morena y salvar al país del despeñadero.

El elector: ¿cómo votan los que votan?

El crecimiento de Morena y el desfonde del PRI jugarían a favor de este escenario. Si en las semanas previas Meade sigue sin dar color, porciones del priismo social responderían a los guiños de la alianza pan-perredista. Como en la elección de 2006, gobernadores y líderes del partidazo alentarían una alianza de facto —voto “cruzado”: Anaya a la Presidencia, priistas al Congreso— para cerrarle el paso al Indeseable.

Otro ingrediente a considerar: la cultura cívica, conservadora y católica, prevaleciente en amplios sectores de la población. A despecho del “progresismo” de sus nuevos aliados, Acción Nacional desplegaría esa política de misas (no de masas) que tanto ha redituado en fortines de abolengo “cristero”: Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes; incluso Michoacán, compartida a tercios con priistas y cardenistas; para no hablar, en otras latitudes, de Puebla siempre fiel.

Si bien es previsible que el perredismo oculte los temas más “delicados” de su antigua agenda —laicismo, aborto, anticoncepción, libertad sexual y derechos de los homosexuales—, nada podría impedir al panismo ultramontano y sus otros aliados (el Yunque, la alta jerarquía católica) operar como mejor le plazca en sus dominios. A final de cuentas, la agitación contra la amenaza juarista-socialista (ahora en mancuerna con “sectas protestantes”) redundaría en lo mismo: contener el avance del caudillo “iluminado y autoritario”.

La propaganda tendría un papel fundamental. Baste recordar la experiencia de 2000, cuando la delirante creatividad del publicista Santiago Pando permitió a Vicente Fox responder con prontitud a los ataques del PRI, arrebatar la iniciativa e imponer en el imaginario colectivo la urgencia del “cambio” con sólo dos letras (“¡Ya!”).

La dispersión de las opciones

(incluidos los candidatos “independientes”)

La fragmentación de las oposiciones siempre fue considerada una ventaja de arranque para el bloque gobernante y su candidato. Era previsible que el voto antipriista, mayoritario en el país, se pulverizara en todas direcciones: PAN, PRD y Morena, más los “independientes” que pudieran llegar a la boleta. Algunos visionarios llegaron a imaginar que el Verde Ecologista y Nueva Alianza contribuirían a la maniobra con sus respectivos aspirantes: Manuel Velasco, gobernador chiapaneco, y el conocido ambientalista Gabriel Quadri.

Finalmente, la segmentación no llegó a tales extremos (sólo quedó Margarita Zavala), aunque el cálculo se mantuvo; el voto de castigo al PRI se derramaría por derecha e izquierda: dos frentes partidistas —encabezados por el PAN y Morena— y una “independiente”.

El candidato de la continuidad seguía en condiciones de aprovechar la ventaja, dado que los aspirantes sin partido se encargarían de minar, así fuere en porcentajes ínfimos, el caudal electoral de Anaya (Margarita) y el de López Obrador (el Bronco).

En esta situación, el desplome de la candidatura priista y la evidente inutilidad de las opciones “independientes” llevarían a un sector muy amplio del electorado a la disyuntiva histórica: “cambio responsable” o salto al vacío.

El miedo a un gobierno autoritario, “socializante” y antiempresarial, le daría consistencia inmediata al bloque anti AMLO con Anaya como alternativa al caos.

Las alianzas. Cuánto suman o restan a cada fuerza política

De las tres coaliciones en contienda, Por México al Frente puede ser considerada la más exitosa por los efectos inmediatos: catapultó al PAN a la disputa real por la Presidencia y rescató al PRD de la insignificancia —la candidatura de Miguel Ángel Mancera lo hubiera condenado al cuarto sitio—. No es casualidad que el Frente se convirtiera en inesperado tercero en discordia y que, muy pronto, desplazara al PRI del segundo lugar en todas las encuestas.

No obstante, la promesa debía concretarse; pasar de la idea vaporosa al terreno de los hechos: transitar del acuerdo entre cúpulas “nacionales” a la integración de un referente político-electoral en la mayoría de las entidades del país.

En este escenario se considera que el reto fue solventado: el imperativo de fijar en la opinión pública la imagen de una auténtica opción de poder terminaría por neutralizar la resistencia de grupos de interés, liderazgos locales y minorías partidistas recelosas de sus repentinos aliados.

El árbitro y la autoridad electoral

La moderación es un elemento fundamental en la concepción, línea política y estrategia de Por México al Frente. Esto incluye un trato respetuoso con las autoridades administrativas y jurisdiccionales encargadas del proceso electoral. A pesar de que la mayoría de los consejeros del INE parece responder directa o indirectamente a las instrucciones del bloque oficial, panistas y perredistas confían en la imparcialidad y el equilibrio del árbitro. Lo mismo en lo que corresponde a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Puede haber diferencias, denuncias temerarias y alegatos severos, pero jamás descalificación atrabiliaria. La integridad de las instituciones está por encima de la coyuntura.

Aunque esta variable no le es del todo favorable, tampoco representa un serio predicamento. Podría, incluso, jugar a su favor en el eventual caso de un conflicto durante la campaña o la jornada electoral; sobre todo si involucra a Morena y sus candidatos.

Los impactos en la elección presidencial de la selección de candidatos a las gubernaturas, a los congresos federal y estatales y a presidencias municipales clave

Si el PRI enfrenta dificultades para “alinear voluntades” y cuadrar el círculo de los apetitos encontrados; y hasta en Morena, partido de un solo hombre, surgen diferencias por el reparto de posiciones y candidaturas, no podía esperarse menos en la confluencia de tres formaciones con su respectiva carga de conflicto, mezquindad e intereses creados.

No obstante, la necesidad de darle consistencia y garantizar la viabilidad de la coalición termina por desplazar obstáculos y atemperar las pasiones. El pragmatismo sería un ingrediente medular: impulsar coaliciones locales donde haya condiciones y no forzar arreglos artificiales que lastimen a las respectivas huestes.

Finalmente, la legítima ambición de poder limaría las peores asperezas. La perspectiva de ganar la elección y construir un “gobierno de coalición” facilitaría el proceso.

El factor externo

Puesto que la alternancia por la derecha ya ha sido probada, la opción de centro-liberal no genera preocupación alguna en los centros globales del poder político y financiero. Por el contrario, para algunos actores resultaría más atractivo el “cambio responsable” postulado por Anaya y aliados que cargar con el lastre del continuismo priista carente de legitimidad.

Aunque es muy probable que, en primera instancia, los grandes intereses de Estados Unidos atendieran los consejos del canciller Videgaray —el primer nombramiento de Donald Trump— a favor de la candidatura de Meade, no hay ninguna duda de que apostarían su resto por Anaya como último valladar al caos “populista”.

Las redes sociales

El uso intensivo de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación alternativos marcará, en muy buena medida, la contienda. El joven y aguerrido Ricardo Anaya lograría un notable desempeño con videos ágiles, mensajes atractivos y respuestas puntuales para contrarrestar la “guerra sucia” o la divulgación de “información parcial” sobre sus bienes.

El azar

Ricardo Anaya es un político con buena estrella. Cuando parecía un encargado de despacho, da un golpe de autoridad para hacerse de los hilos del partido. Cuando todos apostaban por su derrota, conduce la victoria de 2016 y dobla las ganancias. Cuando nadie imaginaba que le mantendría el pulso a Margarita, endurece el gesto y precipita la ruptura. Cuando hasta sus leales, comentaristas y estrategas oficiosos aconsejaban una candidatura “ciudadana” para el Frente, simplemente sonríe y consuma la maniobra contraria.

La buena estrella puede durar y coronarse con la silla del águila. Puede ser o no ser. Porque lo cierto es que hay poderosos intereses empeñados en dirigir los vaivenes del azar al estrecho universo de la necesidad. Pero si Anaya resiste la andanada relativa a sus bienes, fortuna familiar, eventuales conflictos de interés y transferencias de lo público a lo privado —del gobierno queretano a la “Fundación por más Humanismo”—, le estaría arrebatando a López Obrador la cualidad del efecto teflón.

Conclusión

Una estrategia dura y eficaz a doble pista: contra el PRI y contra Morena, convertiría a Ricardo Anaya en el candidato de las clases medias y sectores importantes de la élite económica. Hartos del PRI (“por el que nunca votarían”) y aterrados ante la posibilidad de un vuelco a la izquierda, se daría una movilización inédita contra las “dos caras” del “atraso” y el “autoritarismo”. Con una participación electoral por arriba de 60%, la mayoría social de “indiferentes” definiría el desenlace: nueva oportunidad para Acción Nacional (ahora con aliados).

Escenario 3. Los astros se alinean: José Antonio Meade gana la Presidencia

Es el escenario menos probable. Para que esto ocurriera, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el mando priista tendrían que replicar a escala nacional el operativo que le permitió mantener la gubernatura en el Estado de México: operación política para fragmentar el voto opositor; designación de un candidato “aceptable”, sin los negativos de los priistas de cepa; despliegue de todos los recursos financieros, estructurales y logísticos del Estado (Ejecutivo federal, administraciones priistas en 14 estados y cientos de ayuntamientos, gobiernos “opositores” aliados); “compra” intensiva e inducción del sufragio en la extensa geografía de la pobreza, control corporativo de los programas sociales; uso clientelar de recursos públicos y vista gorda de las autoridades electorales, entre los principales elementos.

La maquinaria político-electoral

“Más sabe el diablo por viejo que por diablo.” Un factor muy importante en la concreción de este escenario sería el implante y arraigo priista en prácticamente todo el territorio nacional, lo que contrasta con la presencia regional de sus competidores: el PAN, del Bajío al norte (más Puebla en el oriente); Morena, del Valle de México al sur-sureste; el PRD, en manchones de antigua influencia “neocardenista” (Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Tabasco, Guerrero, Oaxaca).

Desde luego, la fuerza del PRI no se reduce a las entidades que gobierna (14 de 32); se extiende a otros espacios: gobernadores de oposición que jugarán con el tricolor (quizá José Rosas Aispuro, de Durango, y Silvano Aureoles, de Michoacán) mayoría absoluta en 21 congresos estatales, dominio en 34% de los municipios del país y posición como segunda fuerza —salvo excepciones como la Ciudad de México y Veracruz desde 2016— en entidades donde ha sido desplazado.

Bien aceitado y dispuesto a mantener el poder a cualquier precio, el aparato tricolor alinearía todos sus activos y estaría dispuesto a echar su resto. Por experiencia, dimensión y recursos a su alcance, no hay nada que se le compare.

El candidato y su capacidad para conectar con el electorado

En esta variable fundamental, la postulación de un “externo” sin experiencia político-partidista ni arrastre popular se convierte en el principal riesgo. Sin embargo, ante la fragilidad de un candidato que no prende ni entusiasma, se operaría un eficaz golpe de timón en la campaña: en lugar de inventar un fajador y buscapleitos, mostrarían a José Antonio Meade como un funcionario sensato, razonable y sólido en sus propuestas.

El poderío de la maquinaria y una buena estrategia de medios lograrían convertir al hombre de la continuidad no en el mejor candidato —misión imposible—, sino en el más calificado, por trayectoria y experiencia, para ocupar la Presidencia de la República.

La disponibilidad de recursos políticos, judiciales y económicos, y la operación a ras del suelo tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales

La superioridad del PRI es evidente. Sólo por concepto de financiamiento público, en el ámbito federal, dispondrá de 1.7 mil millones de pesos en 2018 (gastos de campaña y actividades ordinarias), a lo que deben sumarse las prerrogativas que ejercerán sus aliados (PVEM, 579.7 millones; Nueva Alianza, 421.4 millones).

Además, la movilización general de la coalición Todos por México incluye lo incuantificable: los enormes recursos desviados de las arcas federales y estatales a través de mecanismos como la estafa maestra (uso intensivo de universidades públicas y “empresas fantasma”) o triangulaciones de fantasía tipo Chihuahua (Hacienda/gobiernos estatales/campañas priistas). En este operativo jugarían un papel fundamental los 14 gobernadores y los 805 alcaldes priistas. También es previsible que una parte de los “sobreprecios” en la contratación de obra pública y otras ganancias ilícitas de empresas beneficiadas por el Ejecutivo federal y sus gobernadores (Grupo Higa, OHL, etc.) se pusieran a disposición de la campaña oficial.

El legado, qué lectura hace la ciudadanía de los saldos de la administración que concluye y su impacto en el humor social

Puesto que el legado del gobierno de Peña Nieto consiste, sobre todo, en el paquete de reformas estructurales que modificará el horizonte nacional en el “mediano” plazo (su verdadero impacto comenzará a registrarse el próximo sexenio), el discurso del candidato buscaría acentuar el carácter visionario del proyecto y su importancia estratégica para garantizar los intereses del país.

Por más que lo demanden estrategas de campaña, figuras civiles integradas al “cuarto de guerra” y liderazgos priistas con sentido común, Meade no aceptará “distanciarse” o “deslindarse” de un programa político, económico y social que define su trayectoria profesional, compromiso ideológico y visión del mundo. Por el contrario, buscaría convencer al electorado de las “virtudes” del modelo mexicano —versión nativa del Acuerdo de Washington o “neoliberal”—, si bien aceptando la necesidad de instrumentar “ajustes” que fortalezcan el mercado interno y “acentos” en lo social (replicando el “éxito” de su gestión en Sedesol cuando, según sostiene, más de dos millones de mexicanos transitaron de la “pobreza extrema” a la pobreza sin adjetivos).

Al mismo tiempo, para atenuar los filos más agudos de la herencia emponzoñada —bajo crecimiento, mercado interno “deprimido”, precarización laboral, pobreza y marginación—, el bloque gobernante buscaría ofrecer un respiro a la sociedad en el último tramo de la administración. El control de las variables macroeconómicas y determinadas políticas de gasto público generarían una suerte de “recuperación” o, al menos, la percepción de “estabilidad” indispensable para que la inflación, el sacrificio salarial y la incertidumbre generada por la negociación del TLCAN con Estados Unidos, no influyan demasiado en el sentido del voto.

Los saldos del proceso de selección dentro de los partidos

La victoria del PRI en la elección de gobernador del Estado de México, donde se jugó mucho más que el honor del grupo gobernante, sirvió al presidente Peña Nieto para afianzar el control del partido y conducir con tranquilidad el proceso de selección del aspirante a sucederlo. Así se explica, por ejemplo, que la reforma estatutaria que hizo posible la postulación de “simpatizantes” a cargos de elección popular no enfrentara mayores resistencias.

Aun así, la candidatura de un “ciudadano” sin militancia representaba riesgos de consideración para la unidad del partido y la cohesión de sus liderazgos. No sería fácil convencer a militantes y cuadros medios de que un “tecnócrata” del gabinete, desconocido para la inmensa mayoría de la sociedad, resultaba una mejor apuesta que el funcionario mejor ubicado en todas las encuestas y quien generaba mayores apoyos entre el electorado priista (Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación por más de cinco años).

Es verdad que nunca se perfiló la posibilidad de una ruptura, pero la faena política reclamaba un epílogo que garantizara cohesión y colaboración del priismo en pleno. La “operación cicatriz”, que incluyó una posición garantizada para Osorio Chong en el Senado, cerraría espacios para el conflicto abierto o soterrado (Manuel Camacho contra Colosio en 1994), el “fuego amigo” —la soledad de Francisco Labastida en 2000— o la “huelga de brazos caídos” de priistas descontentos (desplome de Madrazo al tercer lugar en 2006).

La campaña, la estrategia electoral y las ofertas

Después de un arranque flojo y deslucido, con un equipo que mostró una notable ineptitud y desconocimiento del terreno, la campaña de José Antonio Meade sería reforzada con la integración de colaboradores muy cercanos al candidato —como Vanessa Rubio, subsecretaria en la Cancillería, Sedesol y Hacienda— y operadores con experiencia electoral —priistas como Manlio Fabio Beltrones, expanistas como Javier Lozano, experredistas como Rosario Robles.

Al iniciar el periodo formal de campaña (marzo-abril) la estrategia buscaría posicionar la imagen de Meade como funcionario de alto nivel, servidor público de trayectoria intachable y estadista por encima de intereses de partido o facción. En spots y discursos se pondría el acento en sus principales características: preparación y experiencia, serenidad y buen juicio, inteligencia y sensibilidad.

El tono de la campaña cambiaría sustancialmente. Del “golpeteo” a sus adversarios se encargarían voceros oficiales y oficiosos, Meade se concentraría en transmitir no sólo un mensaje de certidumbre —continuidad, estabilidad, confianza de los factores económicos— sino un programa de gobierno bien articulado, razonable y sustentado en hechos (lo que se puede hacer y lo que, simplemente, resulta engaño “demagógico” o ilusión “populista”).

Naturalmente, la oferta del candidato “ciudadano” eludiría cualquier crítica a las administraciones en las que ocupó posiciones relevantes, pero la formulación de un conjunto de acciones prioritarias llevaría implícita la determinación de “enmendar”, “corregir” o “acelerar el paso” en temas clave: impulso al crecimiento, fortalecimiento del mercado interno, políticas de fomento industrial y desarrollo regional —zonas económicas especiales—, incremento al salario mínimo, combate sistémico a la corrupción pública, nueva estrategia contra el crimen, reforma integral al modelo policiaco, autonomía del Ministerio Público, etcétera.

Los debates y los posdebates

Funcionario técnico de escasa experiencia política, acostumbrado a la “confrontación” de ideas en ambientes controlados y con audiencias a modo, José Antonio Meade no tendría un desempeño destacado en los debates televisivos organizados por el INE y algunos medios informativos. La agudeza mental del polemista o el instinto ofensivo del peleador no se cuentan, precisamente, entre sus mejores armas.

Sin embargo, la formación “teórica” y la experiencia de gobierno le permitirían responder con inteligencia a los principales ataques de sus adversarios. Muy especialmente si, como sería aconsejable, logra llevar las interrogantes y denuncias al terreno donde parece imbatible: el de las cifras, porcentajes, fórmulas y ecuaciones, con los cuales podría explicar y, sobre todo, justificar los rendimientos decrecientes del modelo económico.

Los asesores entenderían que su aparente debilidad puede resultar una fortaleza y lo prepararían para mostrarse en los debates como un candidato serio, reflexivo, de propuestas; un candidato que frente a las “ocurrencias” de López Obrador y la estridencia de Ricardo Anaya, opondría la sensatez, valor muy importante para anchas franjas del electorado.

Su mayor debilidad se mostraría en temas como la corrupción pública y la impunidad garantizada a sus operadores (públicos y privados); el bloqueo sistemático del gobierno priista y sus aliados al Sistema Nacional Anticorrupción, y la resistencia a dotar de autonomía constitucional al Ministerio Público; el fracaso continuado (dos sexenios al hilo) de la estrategia de seguridad y combate al crimen organizado; las señales ominosas de regresión política expresada en la “captura” oficial, presidencialista, de organismos constitucionales autónomos (INE, INAI) e, incluso, de espacios del Poder Judicial de la Federación (postulación de figuras “polémicas” como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

A pesar de ello, contaría con la ventaja que suele acompañar a los candidatos oficiales: el simple hecho de no perder, de no dejarse avasallar, sería sinónimo de triunfo. Percepción que tendría que ser apuntalada, reforzada, por una fuerte campaña de medios para imponer su posición en la guerra de los posdebates.

Los “amarres” con los poderes fácticos legales e ilegales

La historia del sistema político mexicano es la historia de los “arreglos” del poder público con los poderes fácticos, legales e ilegales. Poco cambió con la inconclusa transición a la democracia. Por ello es previsible que los grandes capitales, las élites político-financieras, las empresas mediáticas, las corporaciones sindicales y otros enclaves del caciquismo viejo o nuevo, se movilizaran por el candidato de la estabilidad, la paz y la preservación del modelo económico.

Si la candidatura de Ricardo Anaya se desfondara —lo que marcarían las encuestas hacia mayo—, la disputa por la Presidencia se convertiría en referéndum: PRI o Morena. En esa histórica disyuntiva, muy poderosos intereses echarían su resto para impedir que López Obrador llegara a Los Pinos: lo mismo los grandes empresarios, la jerarquía católica que el mando castrense —habitualmente “neutro” e institucional.

El comportamiento de las grandes o pequeñas corporaciones del crimen organizado es un enigma, pero tampoco se descarta que en zonas controladas por el narco el voto tricolor sea dominante, como ya ha ocurrido en regiones del Estado de México, Michoacán y estados del norte.

El elector: ¿cómo votan los que votan?

José Antonio Meade se beneficiaría del “voto duro” o “militante”, alineado por gobernadores, alcaldes y organizaciones corporativas a nivel local: alrededor de 20% de la votación válida, a lo que se agregaría entre el 8 y el 10% que pudieran aportar el Verde Ecologista y Nueva Alianza. El voto “útil” o “estratégico” de los “indecisos”, además de franjas del panismo y el perredismo tras el derrumbe de la candidatura de Anaya, definiría el desenlace.

La dispersión de las opciones

(incluidos los candidatos “independientes”)

La fragmentación de opciones electorales favorece a las fuerzas políticas con un mayor componente de “voto duro” y maquinarias para movilizar militantes y simpatizantes el día de los comicios. La coalición del PRI tendría ventajas sobre sus contrincantes, aunque Morena buscara potenciar la movilización de sus electores con el arrastre popular del candidato.

En el choque de aparatos y estrategias, en este escenario se considera que la dispersión pulverizada del voto opositor termina por abonar a las aspiraciones de Meade, contribuye a ese propósito la candidatura “independiente” de Margarita Zavala que le resta entre seis y ocho puntos a la votación de Anaya.

Las alianzas. Cuánto suman o restan a cada

fuerza política

Quizá no haya alianza más productiva en términos electorales que la establecida por el Revolucionario Institucional con los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Crucial y estratégica, podría afirmarse, cuando la dispersión del sufragio y la diversidad de opciones anticipa una feroz competencia en “tercios bajos” (bordando 30% de la votación). Muy parecida, en líneas generales, a la contienda mexiquense de 2017, donde el inesperado impulso de Morena consigue más sufragios que el PRI en solitario, pero la gubernatura queda en manos del aspirante priista gracias al voto “verde” y “turquesa”.

Más allá de los cuestionamientos morales al PVEM, lo cierto es que ha probado ser una maquinaria electoral astuta y eficaz: en cada proceso identifica los temas que más lastiman a la sociedad, contrata publicistas profesionales y despliega una intensa campaña en medios (“engaña bobos”, según toda evidencia) que le produce importantes dividendos.

Por lo que toca a Nueva Alianza, no está de más recordar que el magisterio institucional cuenta con una larga experiencia en la operación político-territorial desde que los votos comenzaron a contar y a contarse.

Como en el caso de Morena con el PT y ES, todo lo que suma sirve. Y en la disputada batalla de 2018, la votación marginal de los aliados sería absolutamente decisiva.

El árbitro y la autoridad electoral

El despliegue de recursos que parecería exceder los límites legales —por el monto o su origen difícil de rastrear— llevaría a las fuerzas de oposición a presentar denuncias ante el INE y la Fepade, y, en su caso, a recurrirlas ante el Tribunal Electoral. Sin embargo, tales instancias, “cooptadas” o presionadas por el Ejecutivo y sus redes de poder, emitirían resoluciones polémicas, incluso “escandalosas”, pero “apegadas a derecho”.

No sería la primera vez. Como lo anunciaron los comicios en el Estado de México y Coahuila, así como la extraña “aplicación de la ley” en el caso de “contiendas internas” con candidato único, en este escenario se cumplirían los peores augurios. Salvo que en la recta final el candidato Meade obrara el milagro: desfondar a López Obrador o sumar al electorado panista-perredista, el conflicto poselectoral estaría garantizado.

Los impactos en la elección presidencial de la selección de candidatos a las gubernaturas, a los congresos federal y estatales y a presidencias municipales clave

Con gran pragmatismo, el PRI postularía para las principales posiciones a personajes que, más allá de su trayectoria, le sumen votos. Figuras como la del “independiente” Mikel Arriola en la Ciudad de México; José Enrique Doger, en Puebla, y el senador José Yunes Zorrilla en Veracruz, desplegarían sus mejores armas para contener a los adversarios locales y, en el mismo giro, minar las aspiraciones presidenciales de Anaya y López Obrador.

En Jalisco, la división entre el PAN y Movimiento Ciudadano facilitaría la operación priista que, aunque no retuviera la gubernatura, le sumara al PRI votos valiosos; en cualquier caso, la votación por el Frente pan-perredista se vería seriamente disminuida. Lo mismo que en Morelos, donde el priismo aprovecharía la guerra entre el PRD de Graco Ramírez (gobernador que postula a su hijo adoptivo como aspirante a sucederlo) y Morena con el “popular” y desprestigiado Cuauhtémoc Blanco.

Tanto en la definición de aspirantes a las nueve gubernaturas y las principales alcaldías en disputa, como en la confección de listas al Congreso federal, la clave para el PRI consistiría en mantener la unidad y transmitir la imagen de un trabuco sin fisuras.

El factor externo

Con la lógica de “más vale malo por conocido” que enigma por descifrar, los grandes intereses estadounidenses (Ejecutivo, Congreso, corporaciones, medios) emplearían todos los recursos a su alcance —legal y democráticamente hablando—para garantizar no sólo la contención del “peligro populista” sino la continuidad de terciopelo en materia política, económica, financiera y diplomática.

En esta variable, como en casi ninguna otra, la trayectoria y prestigio de José Antonio Meade se convertirían en un auténtico activo para la alianza priista. Canciller obsecuente, experto en la aplicación ortodoxa del programa neoliberal, no hay candidato que genere mayor tranquilidad y mejores esperanzas entre las instituciones financieras internacionales, las empresas “calificadoras” y los intermediarios-inversionistas.

Por lo demás, las “palancas” del canciller Luis Videgaray en la Casa Blanca y otros espacios del poder global serían decisivas para definir, ya que no el sentido del voto, la dimensión de los probables vetos.

Las redes sociales

Superada la novatada y los pésimos resultados en la precampaña —a mediados de febrero Meade permanecía en un preocupante tercer lugar con 16-18% en las encuestas—, el ajuste al equipo de campaña se traduciría en un manejo profesional de la propaganda y uso intensivo de las redes sociales.

Sin pruritos morales o resistencias presuntamente “democráticas”, la “guerra de lodo” contra sus adversarios correría paralela a la consolidación de la imagen del estadista tranquilo y razonable: fake news por las redes, mensajes de sabiduría y tranquilidad en los spots de radio y televisión.

La sofisticada estrategia incluiría formas, modos, guiños, para hacer crecer a los “independientes” que menoscaben la corriente electoral del Frente por México (Margarita Zavala) y López Obrador (El Bronco).

El azar

Un golpe de suerte o un giro imprevisto en el equilibrio de fuerzas podría definir si no el desenlace, al menos el curso corriente de las campañas.

La pura casualidad: por ejemplo, que el principal contendiente, puntero en las encuestas, empiece a pagar factura por el paso del tiempo; achaques de la edad o viejas dolencias; un segundo infarto, quizá, y la imperiosa necesidad de bajar el ritmo y reducir la presión.

El azar y la necesidad: que un escándalo de corrupción, largamente cultivado por algunos medios, derrumbe súbitamente la aspiración del Joven Maravilla, y el tercero en discordia ocupe su lugar en el sprint final.

En el reino de la eventualidad y la contingencia nada puede descartarse.

Conclusión. Querer es poder

Aunque para muchos analistas el nivel de hartazgo de la ciudadanía y la baja aprobación del presidente Enrique Peña Nieto se traducirán en un abrumador “voto de castigo”, lo cierto es que el Revolucionario Institucional sigue contando con los instrumentos necesarios para imponerse, así fuere por un margen muy estrecho. Si en las urnas se expresa lo que vienen registrando todas las encuestas: una elección a tercios y la polarización entre punteros, previo desplome del rival más débil, el priismo estaría en condiciones de retener la Presidencia con alrededor de 30% de la votación total válida.

Algunas ventajas tendrían que derivarse de su condición de partido gobernante. Ventajas que se potencian con el legedario instinto de la clase política tricolor. En esa perspectiva, sería un grave error olvidar que no hay partido con más apetito de poder que el PRI: lo tuvo en calidad de monopolio, lo saboreó por más de siete décadas, lo perdió por 12 años y no parece dispuesto a dejarlo ir.

Notas:

1 Véase Ricardo Monreal, “Podemos-En Marcha-Morena”, Milenio, 30 de enero de 2018, p. 4.

2 Idem.

3 Juan Ramón de la Fuente, “México convulso”, El Universal, 27 de junio de 2016.

Epílogo

¿Para qué quieren el poder?

LAS FUERZAS SE ALINEAN, los candidatos se mueven, los partidos despliegan sus arsenales y los poderes fácticos ponen en acción todos sus medios. Como cada seis años, las elecciones presidencial y legislativa de 2018 se constituyen en el punto focal en la disputa por el poder. Todos dicen que quieren pero dicen poco sobre una cuestión central: ¿para qué quieren el poder?

Las experiencias recientes (remember Fox) y el estado lastimoso de nuestra vida pública deben llevar al ciudadano a revisar con sentido crítico lo que está detrás de cada opción.

¿Qué harán para contener la corrupción y la impunidad?, ¿cómo piensan afrontar los problema de la pobreza y la desigualdad?, ¿cuáles serían las líneas centrales de sus estrategias para que el país recupere la tranquilidad secuestrada por la delincuencia?, ¿cómo van a incentivar inversiones productivas que se traduzcan en los empleos que reclaman millones de jóvenes?, ¿cuáles son los criterios que guiarían la integración de sus equipos de gobierno?, ¿cómo construirían mayorías legislativas si no las obtuvieran en las urnas?

Por eso es preciso revisar las trayectorias de los candidatos, conocer qué han hecho como servidores públicos (gobernadores, miembros del gabinete o legisladores); si cumplieron sus responsabilidades con honestidad y eficacia o se sirvieron de los recursos públicos para construir sus patrimonios e imágenes; conocer el perfil de sus colaboradores cercanos y de sus familias…

Frente a la necedad de vendernos “envoltorios” en vez de contenidos, fachadas en vez de esencias, es imperativo generar espacios para la discusión abierta, mesas de auténtico debate en los medios y en las universidades, con formatos que posibiliten argumentar y replicar sobre sus trayectorias y su proyecto de país.

Desde hace muchos años, México ha estado sumido en una mediocridad inadmisible no sólo si consideramos los desarreglos que han generado —los más evidentes: crisis de seguridad y estancamiento económico— sino los enormes recursos del país, que se extravían por la corrupción y la mala gestión de administradores mediocres.

Seguimos sin encontrar respuestas para desafíos torales como la crisis de los sistemas de pensiones, los costos de los monopolios y oligopolios privados, la opacidad y discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos en los gobiernos federal, estatales y municipales, por mencionar algunos.

No podemos aceptar que otra vez los aspirantes se concreten a decirnos que quieren llegar a Los Pinos, quienes aspiran a gobernarnos tienen que ir más allá de generalizaciones y ocurrencias para decirnos con claridad qué es lo que harían desde la Presidencia para mover la economía y recuperar la tranquilidad, ¿para qué quieren gobernar?, ¿con quiénes gobernarían?, ¿cuáles serían sus acentos, prioridades y cuál su estilo de gobierno?

Últimas palabras

Llegó la hora de las urnas. Como ocurre cada seis años, el proceso electoral que definirá al nuevo tlatoani, concentra la atención; aunque es mucho lo que está en juego (la renovación del Congreso de la Unión y de muchos congresos locales, gubernaturas y alcaldías), la madre de todas las batallas es la elección presidencial. Las condiciones que prevalecen en el país (sociales, económicas y políticas) son muy distintas a las que vivieron las generaciones precedentes, para mal. Lo que apenas se asomaba en la agenda electoral del año 1982: el ascenso del crimen, hoy se ha vuelto una crisis que parece inmanejable, son escasos los territorios del país en los que prevalece la tranquilidad. En lo económico, la idea de que las “reformas estructurales” detonarían un crecimiento vigoroso, cercano a 6%, se frustró: el promedio de crecimiento de los seis años del gobierno de Peña Nieto será tan mediocre como lo fueron los últimos 30 años y no hay certeza de que cambie en el corto plazo con la “maduración” de las reformas.

En lo sociopolítico, frente a los notables esfuerzos de organismos ciudadanos por lograr mayor transparencia en el ejercicio público, rendición de cuentas y un gasto inteligente y honesto, se levantan los peores usos del poder, una corrupción desbordada, la captura de los órganos ciudadanizados y la decisión de lastrar los modestos intentos para construir un Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo anterior, que apenas ofrece unos trazos de un gobierno fallido, hace que los ciudadanos lleguen a su cita con las urnas con altas dosis de duda, hartazgo y desasosiego, para muchos la opción residirá en votar por lo que estiman como el mal menor.

¿Cómo se articularán las principales variables que juegan en este proceso? En unas cuantas semanas se dilucidará la respuesta, será claro entonces el peso de cada una. El análisis político de la coyuntura tiene el mérito de producirse al calor de los acontecimientos y, a un tiempo, el enorme escollo que le imponen la realidad y sus jugarretas.

¿Qué tan eficaz resultará la maquinaria político-electoral del PRI? ¿El enojo social y la cerrazón de la cofradía mexiquense llevará a fracciones importantes de la militancia priista a mudar en sus preferencias? ¿Qué papel jugará el voto de castigo, cuál el voto en defensa propia y cuál el voto útil? ¿Cómo sufragará el grueso de los indecisos y a favor de quién lo harán los poderes fácticos? Los indecisos podrán definir los resultados: ¿decidirán darle el beneficio de la duda a Andrés Manuel y dar paso a la primera alternancia por la izquierda?, ¿se inclinarán por el Joven Maravilla, Ricardo Anaya, o votarán por el “ciudadano Meade”, un priista sin carnet?

¿Tendrán razón quienes aseguran que el PRI retendrá la Presidencia simplemente porque hará todo lo que sea para retener el poder? Porque quienes han usufructuado en los últimos años un poder sin límites, saben que si pierden la elección presidencial podrán ser exhibidos, procesados y llevados a prisión, y están dispuestos a adoptar medidas extremas para evitarlo.

Repensar México

No estamos condenados al subdesarrollo. El fracaso de los proyectos más ambiciosos en el siglo XX mexicano —el portento infraestructural que imaginó Plutarco Elías Calles como “obra cumbre de la Revolución”; el boom petrolero que borraría toda huella de pobreza ancestral, según la fantasía criolla de José López Portillo; el ingreso instantáneo al “primer mundo” que prometió el gran Salinas— tuvo que ver con factores de muy diversa índole: primero, la disparatada sobredimensión de una variable (los altos precios de nuestros principales productos de exportación: plata, petróleo o la omnipotencia presidencial); segundo, la corrupción e ineptitud y, finalmente, la exclusión de actores fundamentales de la sociedad y la economía.

Lo mismo caudillos que políticos y tecnócratas parecieron creer que su agudeza, su poder sin contrapesos y el despliegue de su voluntad eran suficientes para instaurar un cambio de proporciones mayores. Los “otros” (empresarios, trabajadores, organizaciones sociales, sectores académicos e intelectuales, iglesias) serían compañeros de viaje o, si acaso, aliados subordinados. El Estado fuerte, encarnado en la figura incontrastable del Señor Presidente, bastaba para decidir rumbo y camino porque, como sabemos, los autócratas no aceptan consejos ni saben de razones. Así nos fue.

En el prolongado ciclo del régimen posrevolucionario, del crecimiento sostenido y la estabilidad al agotamiento del “milagro” y la simulación “modernizadora” de los neoliberales, el país fue testigo impotente (e indolente) de la arbitrariedad y el despilfarro, la discrecionalidad y el manejo sin escrúpulos de una clase gobernante que renovaba sexenalmente sus complicidades. Causa y efecto, el entramado institucional de la antidemocracia no podían sino producir figuras iluminadas o de soberbia mediocridad, delirantes o contenidas, pero siempre despóticas y, a final de cuentas, con los pies de barro.

El tránsito hacia una vida democrática y la paulatina consolidación de nuevas reglas de acceso al poder, modificaron las coordenadas de la política, la convivencia social y la actividad productiva. La pluralidad y el equilibrio de poderes, la multiplicación de actores y la emergencia de instituciones autónomas como fuente de legitimidad y garantía de legalidad, desmontaron el andamiaje del “país de un solo hombre” e instalaron el escenario de la complejidad republicana.

Así enfrentamos, hoy, los dilemas de un régimen en construcción y las contrahechuras de un Estado de derecho que no termina de cuajar; la resistencia de poderes fácticos que se niegan a someter sus intereses y privilegios al imperio de la ley y asumir las consecuencias de una sociedad abierta a la competencia; el atraso y la responsabilidad de una clase política incapaz de flexibilizar dogmas y atemperar sus respectivas intransigencias para encarar los desafíos actuales del nuevo desorden internacional tras la debacle del paradigma dominante en la economía global.

A pesar de ello, ante las evidentes distorsiones sociales, económicas y políticas del modelo que perfiló el Consenso de Washington —y que nuestra clase gobernante adoptó con gran ingenuidad y espíritu colonizado—, en los últimos años diversos actores han repetido el llamado a construir los consensos básicos sobre el país que queremos ser y podemos construir en el próximo medio siglo.

El hecho de haber llegado a condiciones límite en distintas áreas, reclama la adopción urgente de medidas de gran calado, no meros paliativos ni salidas coyunturales.

Para delinear un proyecto de país para los próximos 30 años es imperativo convocar a una reflexión efectivamente nacional y garantizar la participación de las principales instituciones generadoras de cultura y conocimiento para identificar las fortalezas reales o potenciales de México en un escenario de economías globales. Ésta es una condición ineludible para delinear la ruta que nos permita avanzar, en el menor tiempo posible, hacia metas definidas con claridad y realismo.

Los ejemplos de naciones como Corea, Irlanda, India o China, que en dos décadas dieron un salto que les permitió la reconversión de sus economías y los convirtió en sólidos exportadores, confirman que es posible impulsar cambios profundos, incluso culturales, en breves lapsos.

En distintos momentos de nuestra historia una élite ilustrada, lúcida, planteó proyectos “nacionales”. Juárez y su generación avanzaron, a pesar de tropiezos y equivocaciones, en la modernización del país. El constituyente de 1917 se propuso superar problemas estructurales: la pobreza, la concentración del ingreso, la injusticia. Los primeros gobiernos de la posrevolución sentaron las bases institucionales y jurídicas para el despegue y el ejercicio pleno de la soberanía… Pero hoy, este país de enormes recursos y ubicación privilegiada se encuentra sumido en un bache. Han sido muchos años, desde el final del “desarrollo estabilizador”, en que venimos dando tumbos. No podemos seguir así. Las duras condiciones de hoy hacen imperativo romper las inercias y hacerlo pronto, con sentido de urgencia. Pero construir este arreglo social exige que dejemos la minoría de edad y asumamos nuestras responsabilidades.

Tenemos que construir respuestas sistémicas a los desafíos de la globalidad: alinear las políticas públicas (fiscal, industrial, laboral, educativa, financiera, social) para fortalecer la competitividad de México y sumar en esa estrategia a los factores de la producción; revisar la orientación del gasto público, invertir en vez de gastar y darle la importancia que le corresponde a la educación pública —de calidad y pertinencia— en todos los niveles. Pero la construcción de un acuerdo nacional reclama dotar de contenidos al discurso: definir sus grandes objetivos, convocar a los participantes, establecer tiempos y método y hacerlo ya.

El primer domingo de julio puede y debe ser un punto de inflexión. Otra vez podremos concurrir a las urnas y ejercer uno de nuestros mayores derechos. En un país que suele escribir su historia en sexenios, tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo.

Acerca del autor

ALFONSO ZÁRATE es académico y analista de los fenómenos del poder fundador. Se ha desempeñado como director general de Información y Análisis en la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la República, asesor del secretario de Relaciones Exteriores, asesor del subsecretario de Gobernación y director de Información para la Evaluación en el Sistema Nacional de Evaluación de la Presidencia de la República. Actualmente es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI. Es autor y coautor de numerosos ensayos, artículos y libros, ente ellos Los usos del poder y Fox, los días perdidos, en colaboración de Cosme Ornelas y Roberto Hernández López.

© 2018, Alfonso Zárate

Derechos reservados

© 2018, Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.

Bajo el sello editorial TEMAS DE HOY M.R.

Avenida Presidente Masarik núm. 111, Piso 2

Colonia Polanco V Sección

Delegación Miguel Hidalgo

C.P. 11560, Ciudad de México

www.planetadelibros.com.mx

Diseño de portada: Grupo Pictograma

Diseño de interiores: Carolina Orozco.

Primera edición impresa en México: junio de 2018

ISBN: 978-607-07-5103-5

Primera edición en formato epub: mayo de 2018

ISBN: 978-607-07-5101-1

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 229 y siguientes de la Ley Federal de Derechos de Autor y Arts. 424 y siguientes del Código Penal).

Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase al CeMPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, http://www.cempro.org.mx).

Hecho en México
Conversión eBook: TYPE