A los lectores de «Cuando el tiempo nos alcanza»,

que han compartido conmigo muchas de las emociones de mi vida

Para Alfonso, para Alma, con amor

AVISO DE CAMINANTES

«EN la suma de días indistintos

que la vida da al hombre, acaso hay uno

en que el destino, trágico y hermoso,

pasa por nuestro lado y el azar manifiesta

una insólita luz, un desusado

fulgor inconfundible.

Pero no has de dudar. Ten el coraje,

cuando llegue el momento,

de abandonar las cosas con que siempre

te engañó la costumbre, y sube pronto

a ese carro de fuego.

Poco dura

el milagro.

Después, si te negaras

a partir, sólo noche

merecerás. Y nunca, aunque quisieras,

podrás comprar la luz que despreciaste.»

ELOY SÁNCHEZ ROSILLO

INTRODUCCIÓN

Al comenzar la lectura de este libro es conveniente conocer que es continuación de Cuando el tiempo nos alcanza, en el que inicié la exposición de mis recuerdos. Lo he escrito con los mismos temores: ¿podrá interesar a los lectores los episodios que cuento en él? La especial acogida que tuvo el primer volumen no ha logrado disuadirme de que mi relato puede tener un interés muy relativo. Cuando me complazco en la reacción de los lectores del volumen anterior crece mi confianza en la acogida del libro que ahora principio. La publicación de seis ediciones en el plazo de un año es un signo muy claro de la atención que han prestado si tomamos en cuenta que mis personales circunstancias no permitieron un plan de promoción. La aparición de la primera edición del libro coincidió con mi estancia en una sala de hospital, horas después de una agresiva intervención quirúrgica. Había conocido meses antes la existencia de una grave enfermedad, situación límite que me impulsó a terminar el libro ajustándome con fuerza al compromiso inicial de contar la verdad. Y creció en mí el deseo de concordia, de evitar los arreglos de cuentas o la magnificación del papel del autor en los acontecimientos narrados.

Estas son unas memorias políticas, no es una biografía, por lo que domina en ellas los relatos ligados a la vida pública que he vivido; pero no he querido ignorar la visión personal, la reflexión interior, la exposición de sentimientos y sensaciones que completan una panorámica global del mundo que he vivido.

El libro comprende mis recuerdos de diciembre de 1982 —mi llegada al Gobierno— a enero de 1991 —mi salida del Gobierno—. He preferido enmarcar con claridad mi actuación en la etapa de Gobierno porque delimita eficazmente una época de mi vida, aquella en la que tuve la responsabilidad de gobernar.

Después de aquella fecha (1991) han sucedido muchos, importantes y graves hechos que merecen ser contados. Si lo haré más adelante no ha sido objeto todavía de una decisión. Dejo abierta la puerta a la última época que encierra muchas razones que piden una explicación.

Desde la aparición de Cuando el tiempo nos alcanza otros libros de personas dedicadas a la actividad política han sido publicados. A todos, mi respeto; pero debo aclarar algunas diferencias. Le aseguro, lector, que este libro —como su primera parte— está escrito por su autor. Sí, no es una tautología. Sabemos que en otros casos unos lo escriben y otros colocan su nombre en la solapa del libro. En este, no. Lo he escrito yo mismo. Aunque confirmo que me costó hacerlo, además de confiar poco en el interés que pudiera suscitar —reconozco mi error tras el éxito de la primera parte—, temo que, al narrar algunas cosas como las viví, tan diferentes de como han sido contadas, sea un ejercicio estéril para recuperar la verdad.

He escrito este libro con dos orientaciones principales: decir la verdad que yo conozco y alcanzar un cierto grado de calidad en el estilo. En cuanto a lo primero, les certifico que lo he cumplido; en tanto a lo segundo, es a los lectores a quienes corresponde el veredicto.

La pretensión de no ocultar lo que he vivido se enfrenta a otra vocación: no herir a nadie con deliberación. He querido explicar las cosas como son, o mejor, como han sido según mi testimonio personal. Acepto los errores de perspectiva que pueda cometer. Henry Harland sostiene que «Vivir es arriesgarse a cometer errores»; el poeta Juan Gil-Albert profundiza en el principio: «Vivir es cometer errores que nunca humanamente se reparan». Son los riesgos de expresar en letra impresa tus propios pensamientos. Pero errar no es atacar gratuitamente a personas o instituciones.

Milan Kundera dice que «el hombre queda separado del pasado por dos fuerzas que se ponen inmediatamente en funcionamiento y cooperan: la fuerza del olvido (que borra) y la fuerza de la memoria (que transforma)».

Tras los hechos sucedidos y conocidos de forma incontestable se extiende un espacio infinito, el del recuerdo (¿idealizado?), de la aproximación, de la simplificación, un espacio infinito de verdades y de transformaciones.

He querido con sana pretensión ajustarme a lo que he conocido; al lector pido benevolencia ante los errores no buscados ni queridos. En palabras cervantinas, mi objetivo ha sido «parar las aguas del olvido».

En todo caso, la percepción de las actuaciones de los demás depende grandemente de la actitud y de las circunstancias. Porque, como dice Marcel Proust, «a cada uno de nosotros nos resulta difícil calcular exactamente la escala con que los demás aprecian nuestras palabras o nuestros movimientos».

Los lectores podrán echar en falta algunos hechos sucedidos en los años descritos. Y les asiste la razón. Los recuerdos escritos responden a una selección hecha con un patrón inamovible, escoger los pasajes que mejor retraten el pasado reciente sin intención de hacerlo inacabable. He debido podar algunos episodios que me hubiera gustado explicar, pero la exigencia de la limitación en la extensión no me lo ha permitido. Queda, de todas formas, lo principal, la esencia de todo lo que, bien como testigo o como protagonista, puedo ofrecer al lector para la más adecuada comprensión de una etapa llena de vida y de acción.

No sería acertado esperar épicos hechos, sorprendentes y maravillosos acontecimientos, pues los seres humanos no ofrecen diferencias exageradas. La gran escritora Willa Cather nos lo muestra con su habitual sabiduría: «Solo hay dos o tres historias humanas, y se repiten una y otra vez con tanta intensidad como si no hubiera ocurrido nunca antes; son como las alondras de este país, han estado cantando las mismas notas durante miles de años».

Así ocurre con las pasiones humanas. Los deseos que empujan a los hombres de nuestro siglo responden a las mismas pasiones que movieron a las generaciones que nos describen los autores clásicos en Grecia o Roma.

En mi vida política no he querido ser flecha de vanguardia que señala a todos por dónde deben marchar, sino receptor de las ilusiones de los más para actuar acorde con la dirección que emana de las esperanzas de los demás. Como en Proust: «Solo me quedó claro que repetir lo que todo el mundo pensaba no era, en política, una señal de inferioridad, sino de superioridad».

Todos sabemos que cuando los vientos chocan entre sí surgen las tempestades. He querido dejar atrás los vientos, evitar el surgir de tempestades que rompan la concordia y el entendimiento.

La lectura de mis recuerdos traerá en palabras mi dedicación, mis esfuerzos y mis sacrificios, pero también los momentos de orgullo, cobardía, imprudencia y debilidad, atento al axioma de Max Jacob: «Mi conciencia es una ropa sucia y mañana es día de colada».

He sido consciente de que los conflictos existen, porque la vida es conflicto. Lo que necesitamos son cauces para resolverlos. El más grave problema se presenta cuando se deslegitima al adversario negándole la razón moral; entonces se militariza la política, se entra en una dinámica arrasadora.

En la lógica disputa nadie puede conseguirlo todo abandonando a los otros a la nada total. Y los otros han de saber aceptar los acuerdos, el reparto de la responsabilidad. Como nos enseña Elisabeth von Armin: «En un mundo donde nadie puede conseguirlo todo, es mejor aceptar algo a no tener nada».

He sido modesto en las aspiraciones materiales y soñador en las aspiraciones espirituales. Mi concepción de la vida atraviesa siempre un prisma estético: estética visual, estética moral y estética de la sensibilidad o el conocimiento.

Me puedo emocionar ante lo grande y ante lo pequeño. Un bello atardecer, una sinfonía de Brahms, la sonrisa de un niño, un interior de Vermeer, la belleza de una mujer, unas cataratas en Iguazú, la solemnidad de miles de guerreros en Xiam, un almuerzo entre amigos en una trattoria de Taormina, un poema de Kavafis. Mi forma de enfrentarme a lo bello y magnífico se basa en que la contemplación es una forma de posesión. Cuando me pongo delante del Triunfo de la muerte, de Brueghel, en el Museo del Prado, el cuadro me pertenece. No necesito una fortuna para hacerlo mío. Me basta con contemplarlo, con degustarlo.

He sido un hombre de Partido. Soy un hombre de Partido. Ello no ha limitado mi libertad, porque no hay doctrina que valga más que la dignidad de la persona. Así que he pensado con libertad, he hablado libremente, he actuado en libertad, pero me he sentido formando parte de un proyecto colectivo, de un proyecto que no nacía con mi generación, sino que era deudora de muchos sacrificios, de muchos esfuerzos, de hombres sencillos que habían entregado su vida a una idea de perfeccionamiento por justicia, por libertad.

No comparto la teoría de los descomprometidos políticamente, según la cual toda militancia es una amputación de la libertad. Doy fe con mi vida de que no es inexorablemente así. Soy socialista y soy libre.

La pregunta que usted, lector, podría hacer la hago yo mismo: ¿Me arrepiento de mi vida, de mi trayectoria? No. Quiero que me entiendan bien los jóvenes: nunca se arrepiente uno de lo que ha hecho; solo nos arrepentimos de lo que no hicimos cuando la ocasión pasó por nuestro lado. Las ideas que surgen en nuestra vida hay que vivirlas, con prudencia pero con arrojo, con valentía.

En mi juventud, jamás se me ocurrió que mi vida recorrería el camino que ha trazado, pero soy feliz de haberlo vivido.

Y la lucha por el socialismo no acaba. No hay que dejarse impresionar por los ideólogos de pago, los que acusan de todos los males a quienes defienden ideas de cambio, ideas para revolver el mundo, en el que el abuso de los poderosos sigue siendo burdo, feo, sucio, como podemos comprobar en Iraq o en Gaza.

No vine a la política por vocación profesional, sino que el compromiso ético contra la dictadura me fue arrastrando a otros compromisos más políticos, más orgánicos. Pero cuando estuve en el centro de la actividad política me encontré con que muchas personas confiaban en mí, me veían como un defensor de su causa, de la idea de un mundo más justo, más humano. Y entonces no pude dar marcha atrás. Incluso acepté, en contra de mis deseos, violentando mi voluntad, formar parte del Gobierno.

Durante muchos años he pensado si me equivoqué. No estoy seguro. Es probable que aquella decisión dificultara el cultivo de mis aspiraciones más vivas, pero me ayudó a forjar un espíritu fuerte, al contribuir a un cambio trascendental para España, como he expresado en otra parte.

Creo también que he sido para muchos españoles una referencia con la que se sentían más seguros, más confiados. Esta convicción me reconforta de mis errores.

No soy un político normal, tradicional. Les oigo muchas veces decir que el político está al servicio de los ciudadanos. Esa declaración no me apasiona. Claro que hay que servir a los ciudadanos, pero mi objetivo es otro: yo quiero cambiar las cosas. El mundo es muy injusto, lo era cuando llegamos los que estamos aquí y lo seguirá siendo cuando nos vayamos; pero es un acto de decencia, de dignidad, no aceptar la humillante, la cruel desigualdad que castiga a muchas personas.

Las injusticias condenan a la miseria a millones y millones de seres humanos mientras que un grupo reducido disfruta de la opulencia, del derroche. Pero hay más. Estos tienen medios, expertos, técnicos, profesores, periódicos para explicar el desorden moral en el que vive el mundo. Mas si alguien habla en nombre de los pobres, de los débiles, de los más desgraciados, es acusado de demagogo; los informadores, los intelectuales, la élite de la sociedad le condenarán por demagogo, exagerado o utópico.

Sé que lo que yo pueda hacer será poco, pero ese poco se puede convertir en un testimonio que se multiplique y crezca en todas partes.

No hay que dejarse engañar por algunos delincuentes morales que mandan en el mundo. Siempre pagan los mismos, los más débiles, los que nada tienen. Vivimos un ejemplo paradigmático, espectacular. Los pobres iraquíes soportaban la opresión y la tortura de un dictador llamado Saddam; fueron liberados por un tal Bush, que continuó la opresión y la tortura. ¿Cuál es el cambio para los pobres iraquíes? ¿Qué les importa a ellos que se les torture en nombre de un régimen autoritario o en nombre de la democracia? ¿Qué a los palestinos los acuerdos de Oslo o la Hoja de Ruta?

Esta realidad que es tan clara es, sin embargo, vista con otras lentes por los egoístas, los que hablan de patriotismo y dedican sus horas a violar los derechos humanos.

Como ve, sigo siendo amigo de la utopía, de la verdad prematura; un socialista tiene que trabajar por acercarla al presente.

A mí me ocurre como a Russell: «Tres pasiones simples pero abrumadoramente intensas han gobernado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda de conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad».

Estos han sido los principios de mi vida. La he hallado digna de vivirse, y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciera la oportunidad.

Sí creo que he usado el tiempo de mi vida de forma satisfactoria. He vencido en muchos lances, y he sido derrotado en otros. Pero, en medio de las dificultades, me siento libre.

Y observo el mundo, y llego a la conclusión de que la lucha no ha terminado, que muchos hombres, muchas mujeres lloran sobre la tierra y que algunos debemos secar su llanto facilitando una vida con más felicidad, sabiendo que ello nos obliga a combatir a los poderosos, a los inclementes, a los egoístas, a los que nada quieren cambiar.

Un combate en el que no cabe la desesperación ni la impaciencia, ya que el mundo avanza y desde la humildad se pueden conquistar muchas torres que aparentan ser inaccesibles, pues, como escribió Jacobo de la Vorágine en su Leyenda dorada: «Así como las ramas cimeras de un árbol se mueven al más ligero soplo de la brisa, así cualquier rumor estremece a los hombres encaramados en las alturas del poder y de las dignidades».

A veces me interrogo acerca de la utilidad de mis esfuerzos en la vida política: ¿Habrá servido mi actuación en el Gobierno? ¿Qué queda de mis preocupaciones por aflorar disposiciones que ayuden a los necesitados?

No deseo dejarme caer por el barranco del pesimismo tan frecuente en las actitudes entre españoles; no acepto la perspectiva que Amin Malouf hace adoptar al poeta Omar Kayan: «Me he paseado por los alrededores de Samarcanda y he visto ruinas con inscripciones que nadie sabe ya descifrar, y me he preguntado: ¿Qué queda de la ciudad que antaño se elevaba aquí? No hablemos de los hombres, son las más efímeras de las criaturas, pero ¿qué queda de su civilización? ¿Qué reino ha subsistido, qué ciencia, qué ley, qué verdad? Nada. Por más que he rebuscado en esas ruinas, no he podido descubrir más que un rostro grabado en un cascote de cerámica y un fragmento de pintura en una pared. Eso es lo que serán mis miserables poemas dentro de mil años, cascotes, fragmentos, ruinas de un mundo enterrado para siempre».

Me adhiero al principio de que el fin no justifica los medios, y añado otro no tan aceptado: los medios no justifican el fin. Si hay concierto general en admitir que la finalidad moralmente positiva nunca puede justificar la violación de las normas morales o jurídicas, también defiendo con fuerza —aunque menos acompañado— que el riguroso cumplimiento de los medios no puede ser suficiente causa de justificación de un fin que es inmoral.

La primera regla (el fin no justifica los medios) viene a garantizar los derechos políticos y humanos, que no pueden ser violados porque el fin de una acción sea positivamente considerado.

La segunda (los medios no justifican el fin) quiere dar garantía a los derechos sociales y económicos de manera que no por respetar las normas de la legalidad se justifica un fin de despojamiento de los derechos.

De todo español se proclama que tiene algo de Don Quijote y algo de Sancho. Se olvidan al menos dos personajes: Lázaro de Tormes y Torquemada.

Si hubiera de hacer una introspección sobre mi alma, ¿qué carácter domina: Quijote, Sancho, Lázaro o el Inquisidor? De este nada veo, aunque tachas de ello no me han faltado. De aquel otro, el de Tormes: el carácter bromista, burlesco, aunque no la ambición de progreso material. De Don Quijote, preservar la utopía, y me acompaña el tipo, que no el atuendo indumentario. De Sancho, saber vivir y hacerlo compartiendo, jugándome los goces de la vida a cada envite, a cada amor, con cada amigo.

Soy leal, aprecio la lealtad como rango superior de la amistad, aunque no olvido la advertencia del sabio William Shakespeare: «La mucha amistad es fingimiento; el mucho amor, mera locura».

Aunque el modelo se acerca para mí en el autor del Ingenioso, Miguel, capaz de crear la obra más perfecta y hacerlo pensando siempre en su Arcadia. La mía es Sevilla, mis hijos y los libros.

Durante años, subido a la cucaña de la política, he preservado un ámbito de serenidad y sosiego, sin dejar que me arrastren las aguas del olvido de lo que somos, a veces lejos de lo que parecemos.

He querido ser fuerte, ni palmera cimbreante, ni bambú que se dobla y se recupera, roble atento a las raíces más que a las ramas y a las flores. Alguno dirá que así me ha ido. No lo comparto. La coherencia en las ideas me permite hoy comprobar que unos y otros aprecian mi labor como útil a mi país y a mis conciudadanos. ¿Se puede imaginar fruto más dulce?

Quiero dejar un mensaje de esperanza. Tengo más fe en la capacidad de España que impulso al derrotismo, al que tanta afición existe entre nosotros. Tal confianza me empuja a ser crítico con mis propias acciones y con la de los otros, pero no me solazo en la crítica a todo ni adopto un ánimo de destrucción. Frente a los problemas proclamo la superioridad del enfoque humanista que proporciona el pensamiento socialista.

Dos advertencias solo antes de concluir. Para un gobernante se hace difícil respetar el compromiso de mantenimiento del secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. He sido riguroso en su cumplimiento; para ello he contado con las muchas conversaciones y debates que se tiene fuera del Consejo. Quiero dejar plena constancia de mi actitud alerta para no revelar nada que pertenezca al ámbito estricto a que obliga la ley.

Y mis agradecimientos: de nuevo debo hacerlo a dos mujeres que aprecio y valoro, mi editora Pilar Cortés, paciente, atenta y competente, y a mi secretaria de siempre, Olvido Camarero, eficiente colaboradora y amiga. Al lector, mi respeto, y mi deseo de que encuentre algún interés en las páginas que siguen.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Fue la primera pregunta después de haber tomado conciencia de los sacrificios personales que habían de derivarse de ocupar aquel despacho oficial. La mirada de mi hijo desde el retrato enmarcado me había impulsado a soñar: lo que íbamos a hacer por España desde aquel día de diciembre de 1982 representaría un formidable avance en la historia de nuestro país, un país demasiado castigado en el pasado. Ahora un grupo de jóvenes nacidos después de la Guerra Civil se enfrentaba a una tarea ambiciosa, difícil, pero llena de esperanza y de ilusión. Había que ponerse al trabajo, mas ¿por dónde empezar?

Siguiendo mi tendencia natural en cuantos trabajos había comenzado, procedí mentalmente a forjar una estructura lógica, un sistema de trabajo y actuación. No es fácil obtener resultados importantes sin establecer previamente una relación de objetivos y una tabla de los instrumentos operativos con los que se debe contar. Aunque todos estos elementos habían sido estudiados detenidamente durante los dos años que precedieron al triunfo electoral, este era el momento de ponerlos en marcha, de hacer funcionar lo que con claridad, y como se verá con alguna ingenuidad, habíamos estado preparando para el momento en que el apoyo de los ciudadanos nos encargara la tarea de gobernar el país.

Pero aquel era mi primer día como vicepresidente del Gobierno, y mi primer deber era conocer a las personas y las instalaciones donde desempeñaría mi trabajo. A ello dediqué mis horas primeras hasta el momento del almuerzo que tenía convenido con el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa. Mis dependencias estaban situadas en un antiguo laboratorio agrícola dedicado al estudio de las semillas; con esta palabra se acostumbraba a llamar al edificio de mi despacho, que en todo caso pertenecía al complejo de la Moncloa, aunque separado por el extenso jardín del palacio.

Comencé mi observación por una mirada panorámica a mi despacho; no me gustó la decoración, los cuadros representaban a soldados con uniformes antiguos. Tomé nota: conectar con el Museo de Arte Contemporáneo para que cambiasen aquellos impulsos visuales por algo actual más comprensivo del mundo moderno. Pronto colgarían un magnífico lienzo de gran tamaño del pintor Hernández Pijoan, una superficie de azul con tibios matices rosáceos que proporcionaba sosiego, serenidad; era un verdadero iris de paz.

Saludé a los funcionarios que permanecían en las instalaciones: secretarias, ujieres. Me preguntaron si quería prescindir de ellos. Mi negativa fue rotunda; estaban allí al servicio del Gobierno, qué podía importar que los titulares del Ejecutivo cambiasen, la Administración debía seguir funcionando.

Me acompañaron como personal de confianza las personas con las que siempre había trabajado: Rafael, Olvido, Olimpia y Elisabeth, que se integraron con gran comodidad con las cinco secretarias funcionarias que estaban cuando llegué. Estas nueve personas fueron las que me ayudaron en los años en los que desempeñé el cargo. En muchas ocasiones tuve que soportar una velada crítica por mantener tan escaso número de colaboradores. Como pude comprobar pronto, los organismos de la Administración poseen una elasticidad sin fin: todos amplían indefinidamente el número de colaboradores.

Mi austeridad en esta cuestión me permitía ser taxativo en la negativa a las peticiones de ampliación. Algún director general que intentaba convencerme de la «angustiosa» necesidad de ampliar su personal quedaba chafado cuando a mi interés por conocer el número de elementos de su dirección general y a su respuesta: ciento cincuenta, oponía yo un displicente: ¡Ah, en la Vicepresidencia somos nueve! Enseguida tomaba otro derrotero la conversación.

En aquellas primeras miradas sobre la realidad a la que llegaba quise conocer el archivo de la Vicepresidencia. Me informaron de que no existía archivo ninguno. Insistí yo: pero habrá algunas dependencias con los documentos, los informes, la correspondencia. Nada, no había nada. Fue entonces, en medio de mi incredulidad, cuando un ujier se aventuró a aconsejar que comprobáramos en la caja fuerte. «Bueno —me dije yo—, no podría ser que no hubiera nada. Vamos a ver la caja fuerte.» Nos indicaron que esta se hallaba incrustada en la parte baja de la librería, discretamente oculta tras los libros. Allá nos dirigimos todos, secretarias, ujieres y el vicepresidente. Apareció la caja fuerte. Era necesaria la combinación de su cerradura. Nadie sabía nada. Puse la mano sobre el picaporte fijo de la caja y comprobé que estaba abierta. Moví la puerta lentamente y divisé algo dentro; lo extraje: era un folleto rectangular en el que se leía «Arcas para caudales. Instrucciones». Esto fue todo lo que encontré, el manual de instrucciones, en la caja fuerte de la Vicepresidencia del Gobierno, donde esperaba encontrar los documentos secretos que por su trascendencia para la seguridad del Estado habrían de estar férreamente custodiados. Fue una primera lección sobre la debilidad de la Administración española y la ligereza con que actúan muchos responsables políticos en nuestro país. Ocho años más tarde, cuando abandoné la Vicepresidencia, quedaron —como es lo natural— miles de documentos organizados en una sala de archivos. Pasado el tiempo, sin embargo, ya en 2004, el Gobierno conservador saliente ordenó el borrado masivo de los archivos de la Presidencia del Gobierno. Como se puede ver, y opuestamente a la consideración convencional, los salteadores de caminos de la Administración no es la izquierda en España.

Cuando me quedé solo en mi despacho, me invadió una sensación de agobio, una intuición de depresión, una impresión de aislamiento, una clara convicción de que tardaría tiempo en acostumbrarme a tanta cortesía, tanto «a sus órdenes», tanto tratamiento disciplinado.

Me sobrepuse y me dirigí al palacio al almuerzo con el presidente.

Sentados frente a frente, Felipe y yo comprendimos sin necesidad de explicitarlo la importancia del trayecto que habíamos recorrido unidos. Desde nuestras primeras acciones clandestinas juntos, a comienzos de la década de los sesenta, hasta la Presidencia del Gobierno. En veinte años habíamos pasado de ser una pareja inconformista con el régimen de la dictadura, y más soñadora que política, a la enorme responsabilidad que nos caía encima. Nos lo dijimos, más para romper el hechizo de nuestros pensamientos coincidentes que como información; y añadimos «que el pueblo lo quiere, incluso con entusiasmo, y no hemos de hacer otra cosa que cumplir con nuestro deber y mejorar la condición de vida de nuestros ciudadanos».

Arrastrados por la consciencia de nuestra responsabilidad, reflexionamos acerca de la dimensión histórica que podía alcanzar nuestra gestión. La historia de los dos últimos siglos en España podría identificarse con la reiteración de una queja nacional. Los lamentos de algunos personajes lúcidos se habían repetido en tantas ocasiones que parecía que el país sufría una maldición histórica que no le permitiría escapar de la decadencia y la mediocridad. Cuando el pensador Ortega y Gasset analizaba los males de la sociedad española de 1920 profetizaba que «Si España quiere resucitar es preciso que se apodere de ella un formidable apetito de todas las perfecciones».

No la perfección, ideal absoluto inalcanzable, pero sí el camino por una senda despoblada de mitos, dejando atrás el lastre de nuestras mezquindades y egoísmos. Este era nuestro objetivo: transitar hacia el perfeccionamiento de instituciones, costumbres, labores y frutos; perfeccionar —por no decir estabilizar— el sistema democrático; favorecer la creación de estructuras modernas en nuestra sociedad; intentar un proceso de igualación social que desterrase para siempre el viejo lamento de un país que se creía impotente, inerme ante la historia.

Los obstáculos que se han alzado históricamente en el devenir de España como nación contemporánea arrancan de lejos. Eran problemas crónicos de la sociedad española en los últimos dos siglos, producto de la intolerancia, de la incomprensión, del fanatismo, del desprecio a la modernidad y de condicionamientos socioeconómicos.

Tras un devenir histórico pendular, tejido de ilusiones y de resistencias, de sobresaltos y de desengaños, la conciencia popular española parecía por fin encaminarse por la senda del perfeccionamiento, consciente de las dificultades y los obstáculos, pero también de la necesaria solidaridad en lo fundamental, del valor terapéutico de la reconciliación y de la perentoria fijación de metas y objetivos de modernización. En los turbios senderos del resentimiento y la hipocresía iban quedando aparcados los inservibles bagajes que obstaculizaban la marcha del pueblo español hacia la libertad y el progreso.

¿Cómo había sido posible esta mutación? ¿Qué elementos se habían conjugado para que se operara este trabajoso cambio en la actitud de los españoles? Las claves hay que buscarlas en aquellos obstáculos seculares que se alzaban ante el devenir histórico del país y en los intentos de superarlos.

Se buscaba en primer lugar construir un Estado moderno, rematar la revolución burguesa siempre iniciada y que topaba con disfunciones estructurales. Se hicieron diversos intentos, pero eran siempre esfuerzos individuales, elitistas o de grupo, que no calaban en el conjunto de la sociedad española, que no alcanzaban el nivel de conciencia colectiva. Es como si los arbitristas o los hombres de la Ilustración se perpetuaran, ya en pleno siglo XIX, y en el XX, en un vano empeño academicista, generoso y torpe, por asentar unos hábitos, por decretar unos ideales, sin tener en cuenta el poder de unas estructuras arcaicas pero bien arraigadas en el entramado social de la nación. Entre otras razones, la modernización del Estado, cuya misma forma de gobierno monárquico o republicano era cuestionada por unos y por otros, no se llevará a cabo por persistir una dialéctica de hostilidad y desconfianza entre los principales actores del reparto, entre los detentadores reales del poder político y las capas liberalizadoras, entre las oligarquías retardatarias y una burguesía reacia a asumir su propio papel, entre gran parte de la Iglesia y los intelectuales, entre el poder dinástico y las fuerzas sociales en ascenso, entre un pasado en descomposición cuyos zarpazos eran aún temibles y un presente, combativo y utópico, que todavía no acertaba a abrirse camino. Son las famosas dos Españas, o, si se prefiere, una España contradictoria que aún no había encontrado su síntesis definitiva.

Los viejos males que habían producido ese estado de cosas fueron desvaneciéndose (como el final de la quijotesca empresa colonial), pero su desaparición, acompañada de frustraciones, creó nuevos traumas que dificultaban la adecuación del país a la necesaria modernidad y europeización. Es cierto que la generación del 98 y la Institución Libre de Enseñanza representan importantes eslabones en los intentos contemporáneos de modernizar España. Pero surgen al mismo tiempo cirujanos de hierro y apóstoles del irredentismo. Y, con su mejor voluntad, los intelectuales de la Segunda República fracasan en su didactismo ilusionado, y se ven desbordados por una cruenta Guerra Civil que no es sino la trágica culminación de dos siglos de incomprensiones y escaramuzas irresueltas.

Falta igualmente, durante ese largo tiempo de balbuceos, un efectivo asentamiento del papel del Estado dentro de la sociedad. La acción política se hace lenta, burocrática y omnímoda ante una sociedad a su vez carente de recursos para espolearla. Los gobernantes, caciques surgidos de una farsa electoral hipócrita y castiza, regentan sus ministerios con un desinterés feudal, como antes lo hicieran con sus bufetes de abogado, sus cátedras o sus fincas. Las regiones renacientes, en lo cultural y en lo político, se enfrentan con la incomprensión y la desconfianza de Madrid. Los escasos capitalistas emprendedores son una minoría frente a la oligarquía rentista que vegeta en sus casinos. Las masas obreras sufren la represión generalizada de los poderes constituidos, que no aciertan a integrarlas en el sistema, y ni siquiera se lo proponen. El Ejército se entrega a las últimas aventuras coloniales, combate los brotes carlistas o progresistas, según el momento histórico, y sucumbe a la desesperada y romántica atracción periódica de los pronunciamientos de signo diverso, estimulados en gran parte por las reivindicaciones materiales y auspiciados por el abismo de incomprensión que separa a ese Ejército de una sociedad que se debate en el trance de su difícil renovación. El Estado, en suma, dentro de todo este panorama social, se hace prácticamente inexistente como expresión moderna de una organización política.

Las sucesivas Constituciones no eran expresión real de la voluntad popular, no plasmaban en su articulado el consenso, y ni siquiera el reflejo, de las diferentes fuerzas sociales; no eran, en suma, sino arquetipos de los ideales políticos de los partidos de turno. No eran en ningún caso instrumentos de trabajo efectivos para la modernización definitiva del país. Esto explica otro de los males perpetuados, el de la crisis permanente de legitimación del poder político. La Constitución de más larga duración, la de 1876, sí representa un instrumento efectivo para la alternancia en el poder de las fuerzas conservadoras y liberales burguesas, pero llega a su agotamiento precisamente por haber excluido de ese juego a los otros protagonistas que reclamaban ya sin dilación su parcela de actuación política: los sectores demócratas burgueses, regeneracionistas, que, ante la cerrazón del sistema, optaron por el republicanismo; las fuerzas sociales obreras en ascenso enmarcadas en el socialismo, y los sectores nacionalistas en auge.

La dictadura, echando mano de viejos y nuevos arquetipos mixtificadores, había tratado de enterrar las contradicciones históricas de España por el simple hecho de ignorarlas o de aniquilarlas, pero al mismo tiempo, en la necesaria y progresiva adaptación a su entorno, iba creando insensiblemente los cimientos sociales de su propia sustitución. A su alrededor resurgen, inaplazables, los ya tradicionales elementos renovadores, pero esta vez con una pujanza desconocida, favorecida por un nuevo y sólido entramado de condicionamientos económicos, sociales y culturales.

Abandonado el corsé de la autarquía económica e inviable ya el aislamiento retrógrado y compulsivo, se producen en los años sesenta toda una serie de fenómenos que más tarde darán sus frutos: el crecimiento económico; la ascendencia definitiva de la clase media; la inmigración urbana; la masificación de la Universidad y el acceso generalizado a ella de la clase media; el cambio cuantitativo y cualitativo operado en los contactos y comunicaciones del pueblo español con el exterior y concretado, en una corriente de doble vía, en la emigración y el turismo; los progresos tecnológicos; la misma revolución cultural juvenil de una nueva generación de españoles que derriba impetuosamente las fronteras con el exterior y el pasado, y que vibra, al unísono con los jóvenes de otros países, con Marcuse, Los Beatles o Che Guevara, que está de alguna forma presente en las barricadas de mayo, en las calles enlutadas de Praga y en la protesta generalizada contra la guerra de Vietnam. Esa generación, que ya en los umbrales de la transición hace suyos los claveles de Lisboa, es más espontáneamente internacionalista que todas las que la precedieron, y es en aquellos momentos el símbolo mismo de toda una resistencia a consignas y clichés envejecidos e inservibles, de un definitivo empeño en aparcar egoísmos y localismos inoperantes.

De una u otra forma, el tejido social de España ha cambiado, y frente a un aparato político oficial ficticio, incrédulo él mismo de su propia supervivencia, se alza toda una serie de fenómenos sociales y económicos que permitirán más tarde la transición. El capitalismo se moderniza y es consciente de que necesitará nuevos cauces políticos que posibiliten su maduración y desarrollo, y su integración en un marco geográfico más amplio. La clase obrera, por un duro camino de represión y sacrificios, se moderniza a su vez, abandonando maximalismos dogmáticos y sojuzgaciones seculares, y va adquiriendo los hábitos, compartidos en su entorno geográfico, de la lucha ordenada y estructurada por sus reivindicaciones y de la negociación con el resto de los componentes de la sociedad. Ciertos sectores de la Iglesia asumen los vientos renovadores posconciliares, y lejos quedan el espíritu de cruzada y el nacionalcatolicismo. El secular liderazgo político de la Iglesia sobre la sociedad entra en quiebra.

La sociedad española se va haciendo más tolerante, más laica, más moderna y alegre. Los propios círculos rectores del franquismo empiezan a articular mecanismos de renovación, inservibles por sus limitaciones cosméticas, para hacer menos traumático, y perjudicial para sus propios intereses, el inevitable momento de la salida de un sistema urdido a espaldas del pueblo. Si se prescinde de unos pequeños reductos de nostálgicos y soñadores, la inmensa mayoría de la sociedad española, expectante e incierta, está de hecho preparada para el cambio cuando se produce el agotamiento físico de la dictadura.

La llegada de la democracia, la reconquista de la libertad desató los impulsos esperanzados que habían de concretarse en la amplia confianza que se otorga al Partido Socialista en octubre de 1982.

Es a esta ilusionada expectativa de futuro a lo que debíamos dar respuesta desde el nuevo Gobierno socialista. Después de siglos de balbuceos, de búsqueda frustrada del camino que enderezara el declinar de España, ahora se nos ponía delante la posibilidad y la responsabilidad de colmar las apetencias de perfeccionamiento de nuestro país.

¿Sabíamos lo que teníamos que hacer para dar cauce a las demandas, históricamente aplazadas, del pueblo español? Lo primero era el diagnóstico, el catálogo de problemas, y junto a él las acciones pendientes y la temporización de su realización.

Aquel almuerzo, el primero, en el palacio de la Moncloa podría haber sido el de celebración de un triunfo, de relajación después de una larga marcha desde el trabajo clandestino frente a la dictadura hasta la Presidencia del Gobierno democrático de España. No fue así; fue una cita de responsabilidad y de preocupación. Hicimos un repaso de todos los problemas que la sociedad española tenía ante sí, y que ahora nos correspondía a nosotros resolver. Fue como ver en una película sincopada la magnitud de la inmensa tarea pendiente y tomar conciencia de que era sobre nosotros en quienes en última instancia recaería el peso del éxito o el fracaso en la solución de los viejos problemas de España, que muchas generaciones de políticos no habían logrado encauzar y que ahora dos jóvenes sevillanos, sin pedigree familiar, político, económico o nobiliar (legitimidad habitual en nuestra historia), querían cambiar de manera intensa y duradera. ¿Cuáles eran esos problemas?

En primer lugar, la preservación de la democracia, lograr un sistema político que dejase de estar al albur de conspiraciones de espadones, poderío económico o patriarcas. Las corrientes que habían zarandeado a la democracia española habían estado siempre impulsadas por el trono, la espada, la cruz y las fortunas. Era, pues, imprescindible que cada grupo representativo de estos poderes quedara fijado en las posiciones que la Constitución les asignaba. Tuvimos conciencia clara de la necesidad de fijar en su papel constitucional al Ejército. Para ello, desde el principio debíamos hacer evidente en las Fuerzas Armadas cuál era la línea de mando, cómo la Administración militar estaba sujeta a la autoridad del Gobierno. Esta intención confirmada desde el primer momento hará comprender mejor acontecimientos —de los que hablaré más tarde— como la visita del presidente del Gobierno a la División Acorazada Brunete o mi conferencia en el Ceseden. Complementariamente con tal acto de autoridad, queríamos que los militares supieran que el Gobierno no estaría de espaldas a sus problemas. Quizá el momento en el que más claramente pudo ser percibido fue el entierro del general Quintana Lacacci, asesinado por ETA, que explicaré más adelante.

De igual manera, las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica debían dejar claros los campos de actuación de cada cual. Sabíamos, y eso queríamos olvidarlo, que las acciones y reacciones de clericales y anticlericales habían influido muy poderosamente en la evolución política de nuestro país, con un pronunciado protagonismo durante la Segunda República. Por ello tomamos la iniciativa de establecer una relación institucional mediante la Comisión Iglesia-Estado, que había de presidir yo. Ante tal nombramiento, permítaseme un paréntesis en la argumentación, el cardenal Tarancón había expresado su sorpresa con una frase indicativa de su socarronería y libertad: «Es como si se me estropea un grifo y me mandan a un carpintero para arreglarlo». No estaba falto de razón. Ya había tenido yo algunas relaciones con los obispos en nuestra etapa de oposición. Un buen día recibí una llamada de un prelado al que yo no había tratado hasta entonces —solo había coincidido en una ocasión, en Argelia, en un acto con la viuda de Orlando Letelier, de Chile, en el que se reivindicaba el fin de la dictadura de Pinochet—. Al teléfono el obispo requería una relación con el PSOE, personalizándola en mí mismo. Le advertí que obispos y socialistas tenían una relación establecida con Gregorio Peces-Barba y Reyes Mate. La respuesta del obispo fue sarcástica: «Ya, pero esos son los nuestros; nosotros queremos hablar con el enemigo». No cause extrañeza, pues, el comentario del cardenal Tarancón.

Nuestro trato con banqueros y empresarios era para mí un territorio enigmático; no tenía confianza en las intenciones que albergarían respecto al nuevo Gobierno socialista, pues el precedente de las elecciones andaluzas, pocos meses antes, había mostrado una estrategia conspiradora contra la posibilidad de un gobierno de izquierdas. En todo caso, nuestra visión de las relaciones con el mundo del dinero debía sostenerse en evitar las fricciones, pero asumiendo desde el primer momento una actitud clara y sincera.

Inmediatamente después de la formación del Gobierno la dirección de la CEOE me invitó a un almuerzo en su sede. No era una reunión que me alegrara, pero creí que debía aceptarlo. Acudí sin prejuicio a aquella comida en la que José María Cuevas, Arturo Gil y Fabián Márquez parecían mostrar grandes esfuerzos para resultar amables. Solo fue sentarnos y José María Cuevas, presidente de la CEOE, con una sonrisa abierta, dijo: «Estamos encantados de que estés tú, precisamente tú, en nombre del Gobierno, sentado aquí con nosotros».

Inmediatamente le contesté, consciente de que era el momento clave para marcar el terreno de cada uno: «Presidente, si vamos a empezar mintiéndonos, no iremos muy lejos en nuestras relaciones. La verdad es que vosotros estaríais de verdad contentos si en esta silla estuviese sentado Leopoldo Calvo-Sotelo. No pretendas convencerme de que vuestra preferencia electoral estaba en el PSOE, porque, con no ser verdad, sería además grotesco». A partir de aquel momento pudimos hablar con claridad y con un grado de confianza mutua muy superior. Nunca he soportado la adulación cortesana, nada bueno resulta de ella, pues cuando se instala la desconfianza las relaciones van envenenándose paulatinamente.

La estabilidad democrática, nuestra primera preocupación, reclamaba la eliminación del terrorismo separatista del País Vasco. Era, pues, esta una de las prioridades que debía tener el Gobierno y a ella habíamos de dedicar muchos esfuerzos y recursos, necesidad que se incrementó al conocer directamente los datos de la situación. Baste una señal: nos dejó en suspenso comprobar que las fuerzas de orden público en Euskadi, enfrentadas a la gravedad de decenas de asesinatos terroristas cada año, solo disponían de un automóvil blindado, para uso del delegado del Gobierno. Cuando menos, podía decirse que estaban abandonados a la rueda de la fortuna, a que no les tocase la desgracia de un atentado. Nuestra estrategia estaba definida: agobiar con la persecución policial a la banda terrorista, para lo que era necesario buena información y seguridad de los miembros de las fuerzas de orden público, y si llegaba la ocasión en que ETA, colocada en una posición de difícil supervivencia, manifestaba intención de negociar, ese sería el momento de analizar y decidir si convenía o no la negociación que acabara definitivamente con el terrorismo. No teníamos un planteamiento de contacto con la banda criminal, sino solo hacerle la vida muy cuesta arriba, y si llegaba el caso, estudiar si debíamos dar un paso final. Claro que las estrategias políticas son una cosa y las acciones políticas del día a día, a veces, algo muy diferente. En aquellos momentos no podíamos imaginar que en el escenario aparecería el GAL, que vino a influir muy fuertemente sobre la lucha antiterrorista.

Todos los instrumentos que concebíamos necesarios para la estabilidad democrática, para eliminar del panorama político y de la preocupación del ciudadano el peligro involucionista, exigía recursos: para fortalecer las instituciones, para remunerar a los militares mal pagados, para modernizar la tecnología militar, para resolver la dotación económica que constitucionalmente planteaba la Iglesia, para apoyar a las fuerzas de orden público en su lucha contra el terrorismo. Es decir, que el país necesitaba una creación de riqueza muy por encima de lo que hasta el momento había sido capaz de generar.

Los datos de la economía eran desalentadores. Una inflación muy elevada, más del 14 por 100, producía una pérdida grave del poder adquisitivo de los trabajadores, que soportaban un creciente desempleo e inseguridad en su trabajo. Algunas industrias, señaladamente la siderúrgica, debido a su baja productividad y a la obsolescencia de su tecnología, fabricaban sus productos a un precio superior al que conseguían vender. Era, pues, preciso y urgente la animación del tejido productivo y de las relaciones económicas dentro y fuera del país. Pero ello no era posible si no se conseguía desanudar los puntos de obturación económica. España había vivido durante dos siglos en una situación de atraso respecto a los países del entorno, lo que impedía una reactivación económica. Éramos conscientes de que la situación económica no podía superar sus dificultades si no se resolvían los problemas de infraestructura (pocas y deficientes vías de comunicación, carreteras viejas y escasas, ferrocarriles anticuados y eternamente impuntuales), de energía (dificultades en el carbón, poco racional implantación nuclear, paralización del suministro de gas), de investigación (prácticamente nulo presupuesto, persistencia del modelo aislacionista del ¡que inventen ellos!) y deficiencias educativas (más de millón y medio de jóvenes sin escolarizar, enseñanza lastrada por planteamientos ideológicos y religiosos del pasado).

Si queríamos remover todas esas aguas estancadas, y parecía imprescindible, urgía cambiar las reglas de relación con el exterior. España necesitaba de manera perentoria ser recibida en el seno de la Comunidad Económica Europea, lo que supondría una ventaja doblemente provechosa: significaría una implementación de recursos económicos extraordinarios, y funcionaría como un resorte de disciplina que allanaría muchas de las resistencias a los cambios que sin duda íbamos a encontrar en algunos sectores esclerotizados.

El imperioso e ineluctable, si aspirábamos a los cambios, ingreso en la CEE se vinculaba cada vez con más claridad a la participación de España en la OTAN, cuestión aherrojada a la celebración de un comprometido referéndum. En las relaciones exteriores se nos presentaban aún algunos desafíos complicados: el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel para romper con una situación irregular, pero que sabíamos polémica; la respuesta confirmatoria o declinatoria de celebrar una Exposición Universal en 1992, año conmemorativo del descubrimiento del continente americano.

Cada uno de estos retos exigía además una transformación en la Administración española, anquilosada en actitudes del pasado, ineficaz y lejana para los ciudadanos, que así la percibían en sus relaciones con la burocracia del Estado y en sus reclamaciones ante la Administración de Justicia.

El proceso que más seriamente había emprendido España para acercar la Administración al ciudadano lo representaba el Título VIII de la Constitución de 1978. Cuando llegamos al Gobierno quedaban por elaborar los Estatutos de Autonomía de un número importante de Comunidades, y desde luego la mayor parte de las transferencias de competencias a todas las Comunidades Autónomas.

Hicimos en aquella conversación, Felipe y yo, en Moncloa, un resumen sobre las tareas pendientes: es preciso consolidar la democracia, lo que exige recursos, para lo que hay que cambiar la situación económica, lo que obliga a una revolución en las infraestructuras, que exige sacar del atraso a los sectores productivos y educativos y de investigación, para lo que es preciso el ingreso en la Comunidad Europea, lo que motiva el cambio de la Administración, que implica un desarrollo descentralizado del poder económico, administrativo y político. España necesitaba el cambio, un cambio en las instituciones (democracia), de las estructuras (economía productiva), en las relaciones territoriales (descentralización autonómica) y en las relaciones exteriores (ingreso en la CEE).

La pregunta inmediata que teníamos que responder la planteamos descarnadamente aquel día 3 de diciembre de 1982. ¿Qué hacer? ¿Empezar todo a la vez o establecer un calendario que espaciara las reformas? ¿Podríamos luchar en todos los frentes a la vez?

Lo que teníamos ante nosotros, ¿era una labor propia de un programa socialista o más parecía una tarea de país, más allá de las ideologías? ¿Había un componente nacionalista en el sentido de afirmación de la nación? Esto parece que fue lo que apreció el intelectual francés Régis Debray después de escuchar en un acto multitudinario en Sevilla un breve discurso mío seguido por uno más extenso de Felipe González. Igualmente, como refiere José Carlos Mainer, «un sagaz funcionario del Departamento de Estado norteamericano [nos] definió como “jóvenes nacionalistas”, pensando —añade Mainer— más en Kemal Atatürk que en Lenin».

Aquel día se nos presentaba un dilema capital. Las múltiples deficiencias de nuestro país exigían acciones que estaban imbricadas unas con otras, característica que empujaba a emprender todas las reformas de manera simultánea; pero un impulso general, abierto, de amplio frente, podría ser la causa de un fracaso que condenaría para mucho tiempo al país en el atraso y el aislamiento.

Por otra parte, la población lo esperaba todo de la nueva realidad política: por vez primera en la historia de España, el Partido Socialista, un partido de izquierdas, de vocación transformadora y reformista, alcanzaba el poder. Las expectativas eran grandes, y la confianza en los nuevos gobernantes, jóvenes nacidos después de la Guerra Civil desgarradora de la nación, colosal.

Tomamos una decisión, conscientes de los riesgos, pero también del compromiso con los españoles. Abordaríamos todos los problemas que atenazaban el desarrollo libre y próspero del país. Íbamos a capear en todos los terrenos, dándole grandeza a nuestra visión de gobierno y sembrando también un campo de minas en los probables errores. No podíamos detenernos ante las esperanzas de los españoles, ni siquiera por preservar el éxito político de la experiencia histórica. Teníamos que exigirnos y exigir a todos voluntad y arrojo, combinados con la prudencia y la moderación. En ninguna tabla estaba escrito que la valentía y la sensatez fuesen incompatibles.

Nos levantamos de aquel almuerzo con un empuje excepcional, con impaciencia de poner sobre el telar los largos y múltiples pensamientos que habían alimentado nuestro sueño de cambiar España y de ofrecer a los españoles un futuro de bienestar, prosperidad y modernidad.

PRIMERAS DECISIONES

Terminado el almuerzo, volví caminando a mi despacho recién estrenado. Durante el trayecto fui reflexionando acerca de la soledad del poder, cómo los que ocupan la cúpula del poder han de tomar las últimas decisiones sin el apoyo de nadie, con la íntima inquietud de estar haciendo lo debido o quizá lo equivocado. Tengo, por otra parte, consciencia de que la evolución de las sociedades democráticas ha diseñado un poder ampliamente repartido: no todo el poder se concentra en los gobiernos; los centros de poder económico tienen un margen de actuación fuerte. A pesar de todo, mi convicción firme es que se pueden hacer cosas por una nación, se puede hacerla avanzar o estancarla en la historia, se puede ayudar a ser felices a los ciudadanos o ahogar sus esperanzas de futuro. Es decir, que la acción del Gobierno que comenzaba en España, más allá de los límites impuestos por los poderosos de hecho, podría hacerse notar en la población y en la historia del país, dependería de que acertáramos en las estrategias y la puntual acción de gobierno. De vuelta en el despacho comencé a tomar decisiones ligadas a la organización interna y a los primeros nombramientos. Tuve de inmediato dos reuniones: la primera con Virgilio Zapatero, que ocuparía el puesto de secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, con objeto de establecer las primeras líneas de actuación del Gobierno en el Congreso y el Senado. Le adelanté que los miembros del Gobierno que eran parlamentarios renunciarían a la retribución que les correspondía por su escaño. Así nos constituimos en el primer Gobierno de España que solo tendría un sueldo, inaugurábamos lo que creíamos se convertiría en una tradición, que unos años después se cortaría en seco.

El resto del día lo dediqué a trabajar con los responsables del gabinete de la Presidencia. Su director, Roberto Dorado, ya había sido un pilar fundamental en la organización de la victoria electoral, organizador nato, lúcido e incansable; el subdirector del gabinete, Francisco Fernández Marugán, es una de esas personas que uno no deja de alegrarse de haber encontrado, laborioso, leal, honrado, inteligente y con una visión de la economía no siempre ortodoxa porque incluye el factor humano en la planificación económica, área de la que se ocupaba en el gabinete. Este se completaba con Juan Antonio Yáñez (internacional), Mariano Pérez Galán (educación y cultura) y Alberto Ruiz-Secci (sociolaboral). Componían un equipo que habría de ser fundamental en la elaboración de las políticas del Gobierno. Mantenían informados al presidente y a mí de todas las opiniones recabadas sobre los expedientes que llegaban al Consejo de Ministros.

Puse en marcha un proyecto que habíamos anunciado con grandes esperanzas, la Línea caliente de correspondencia con los ciudadanos. Un equipo analizaría todas las cartas que llegasen de los ciudadanos con peticiones, sugerencias, propuestas para dar una respuesta satisfactoria a cuantos asuntos se planteasen. Comenzaron a llegar miles de cartas cada mes. Tomé la costumbre de dedicar varias horas a la semana a llamar a los más interesantes corresponsales para oír directamente sus quejas o peticiones. La experiencia fue extraordinaria, aunque tuviese que pasar por situaciones chuscas, difíciles de superar. En muchas ocasiones mi llamada dándome a conocer: «Soy Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno», valía respuestas irónicas como «Sí, y yo soy el rey Juan Carlos» o «Sí, claro, aquí Marilyn Monroe», expresión de incredulidad ante el hecho de recibir directamente una llamada del vicepresidente del Gobierno. Me esforzaba yo en que me creyera, que no era broma de nadie; le explicaba: «¿No ha escrito usted al vicepresidente del Gobierno diciéndole que...? Pues por eso le llamo». Seguían sin admitir que algo que hasta entonces consideraban tan lejano —¡el Gobierno!— llamara directamente a su casa sin intermediarios ni protocolos. Cuando se relajaban, entraban en el asunto que les había impulsado a escribir, y terminábamos hablando de cualquier tema: sus preferencias cinematográficas, los libros leídos recientemente, sus convicciones religiosas cuando profesaban alguna, etc. Más tarde aparecían a saludarme en los actos públicos en los que participaba con el orgullo de mantener una «amistad» con el vicepresidente del Gobierno. Para mí estas conversaciones semanales —elegía a diez personas— componían un fresco natural de la percepción que la gente sencilla tenía sobre lo que hacía el Gobierno y sobre lo que debía hacer o modificar.

En una ocasión les dije a un grupo de periodistas que me gustaba esta tarea de oyente en el Gobierno, añadiéndoles que pedía información directa a algunos cargos de la Administración, directores generales, subdirectores, lo que sirvió para utilizar una metáfora despectiva sobre mi papel de oyente en el Gobierno.

Aquel día, 3 de diciembre, al llegar al despacho había hecho declaraciones claras sobre mi tarea como vicepresidente: «Auxiliaré al presidente del Gobierno de una manera muy directa en cuantas funciones tenga a bien delegar en mí, y cuando se encuentre fuera del país yo asumiré sus funciones».

En relación a la manera de gobernar para alcanzar los objetivos que proponíamos, dije que «Vamos a intentar conectar con los impulsos del país, con las aspiraciones populares de los españoles, desde la ilusión y con todo nuestro esfuerzo».

Mis preparadas decisiones, acordadas previamente con el presidente, desmentirían por sí mismas gran parte de la propaganda que caería pronto sobre el Gobierno y que no habría de cesar en ningún momento. Hice varias llamadas telefónicas, las primeras como vicepresidente, para recabar la colaboración de personas que no podían ser consideradas cercanas a las posiciones socialistas. Hablé con Fernando Abril Martorell, amigo, contendiente político y ejemplo de político preocupado siempre por el avance de la sociedad española, sin atender mucho a las etiquetas políticas. Le pedí una entrevista en la que le expuse como argumentación general que hasta aquella fecha las decisiones clave de la marcha del país habían recaído sobre noventa o cien personas que por decisión democrática serían ahora sustituidas por otras. Pues bien, nos parecía un derroche irresponsable que todos los que habían estado en el centro del poder dejaran ahora de servir, con su experiencia, conocimientos y dedicación, a la marcha general del país. Así que le pedía a Fernando que influyera para que algunas personas capaces en las instituciones de la etapa de UCD colaboraran con nosotros. Y me dirigí a él mismo: «Fernando, soy consciente de tu sentido de la responsabilidad y tu eficiencia en las tareas públicas. Sé además que crees en el Estado y en las posibilidades que tiene de favorecer la mejora de los ciudadanos. Nos resultaría una noticia excelente contar con tu contribución, sin exigencia alguna de profesión de fe política ni zarandajas, sino solo con tu capacidad y lealtad probadas para beneficio del país». Agradeció nuestra actitud, declinó una responsabilidad concreta, «no se entendería bien en la sociedad política tan polarizada que aún existe en España; pero creo que desde fuera podré ayudar a la estabilidad de la vida política».

Aún había de tentar en dos ocasiones más a Fernando Abril, ofreciéndole un ministerio económico, y hasta el Ministerio del Interior. Habían pasado ya algunos años, pero su respuesta fue muy semejante.

Llamé también a Antonio Hernández Gil, que había sido presidente de las Cortes y presidente del Consejo General del Poder Judicial, para pedirle una visita. En una amable y cariñosa conversación le propuse la presidencia del Consejo de Estado. Me lo agradeció emocionado y me expuso su deseo de que asistiera a su toma de posesión. Así lo hice el 16 de diciembre, lo que me resultó algo embarazoso, por el complicado ceremonial del Consejo. Los consejeros perpetuos, vitalicios, venerables viejos que casi no podían arrastrar la toga que los cubría, me miraban atónitos y temerosos de lo que yo pudiera decir en mi discurso.

Antonio Hernández Gil, siempre tan atento a los más leves detalles, me advirtió que los consejeros no lucían las medallas que les distinguían porque en ellas aún rezaba lo de «Una, grande y libre».

Creo que les impresionó mi discurso. Tras él, y con la tranquilidad de que no había creado una situación de violencia ideológica, todo eran plácemes y felicitaciones.

Aquella tarde del 3 de diciembre, primer día como vicepresidente, intenté otras dos comunicaciones, una con Joaquín Ruiz-Giménez para comunicarle que le propondríamos como Defensor del Pueblo (en la legislatura anterior había fracasado su elección porque la derecha no quiso votarle), pero había salido para Colombia, por lo que la conversación se demoró. Por fin felicité a Pedro Laín Entralgo por su nombramiento como director de la Academia de la Lengua. Me dijo que se había beneficiado del entusiasmo generado por nosotros. Le contesté que también había colaborado en él. Me asaltó una reflexión. A la llegada de los socialistas, la izquierda, se reconocen los méritos de algunos personajes pertenecientes más bien a la derecha, y nunca apreciados por esta. Esta realidad chocaba de frente con la propaganda que se nos lanzó desde el principio. He podido comprobar la eficacia de la propaganda que consiste en una mentira repetida. Al paso de los años, participando en un homenaje a Enrique Miret Magdalena al cumplir noventa años, coincidí con Joaquín Ruiz-Giménez, que me manifestó su simpatía a pesar de que, según le habían contado, yo estuviera en contra de su nombramiento como Defensor del Pueblo. ¡Había sido yo quien le llamó y le ofreció el cargo! Hasta a él mismo le había afectado la campaña de acusación de sectarismo, él que debía saber mejor que nadie que la propuesta fue mía, personal.

La primera ocasión que tuvimos los miembros del Gobierno para hablar de la inmediata puesta en marcha de todas las decisiones urgentes fue en una reunión informal convocada por el presidente. Se celebró al día siguiente de la toma de posesión, y en ella el ministro de Economía, Miguel Boyer, dio cuenta de la devaluación de la peseta en un 8 por 100, medida esperada desde semanas antes y que nos había endosado el ex presidente Calvo-Sotelo.

El ministro de Defensa, Narcís Serra, se ausentó para acudir al Cuartel General del Ejército, a la toma de posesión. En el acto invitó a dar vivas al Rey, a las Fuerzas Armadas y a España. Los jefes y oficiales contestaron briosamente. La sensación entre los miembros del Gobierno era que había sido un acierto la elección del ministro. El Ministerio de Defensa es un departamento litúrgico, en el que la perfección en el cumplimiento del rito es parte esencial del éxito. Parece que Narcís y su alter ego, Luis Reverter, lo llenan.

Intenté más medidas de reorganización del Gobierno, para dar más racionalidad y objetividad, reduciendo el arbitrio de cada ministerio, pero chocaron con el sentido patrimonial de los ministros.

Terminó el día y me encontraba yo sobrecargado por las pequeñas escaramuzas protocolarias y porque sentía la ausencia de mi hijo. Me marché a Sevilla a pasar el día con él. Pensaba en cuál sería la evolución del amor que sentía por él y su predilección por estar conmigo. No podía creer que al paso de los años pudiera producirse un enfriamiento entre nosotros, a causa de la edad, la conciencia de adulto o los cambios de la época. Para mi fortuna, la distancia no se produjo.

Asistí en el Congreso de los Diputados a la celebración del cuarto aniversario de la Constitución. Acudieron unas mil personas, invitados de todas las instituciones y sectores sociales. Notables fueron los sucesivos encuentros de los altos jefes militares. Se acercaron a saludarme los generales Ascanio y Arozamena, y Aramburu, de la Guardia Civil, todos muy afectuosos, pero ninguno dijo «a sus órdenes». Tomé nota para la estrategia a seguir, así como de que el general Lacalle me eludió.

Esa noche inauguré junto al alcalde Tierno Galván la exposición «Goya y la Constitución de 1812». Pita Andrade nos explicó con gran detalle la muestra, en la que sobresalía el cuadro alegórico de la Constitución de 1812, de gran valor estético e histórico.

A la entrada del Museo Municipal, donde se exponía, se había agolpado una gran cantidad de personas que me vitorearon alegremente. Pensé que el estado de gracia en el que vivíamos tras el 28 de octubre se derivaba de que nos veían entrañablemente como «unos muchachos» bien intencionados.

Después de la exposición volví a mi despacho de la Moncloa a seguir trabajando. Encontré las instalaciones totalmente solitarias, las luces apagadas. A tientas busqué los interruptores, y en una soledad sonora —se podía oír la soledad— reemprendí mi trabajo, con la angustiosa sensación de agobio que me producía comprobar la incapacidad estructural de la Presidencia del Gobierno.

EL GOBIERNO

El día 7 de diciembre el Gobierno se reunió por primera vez de manera formal. Ese día inauguramos la costumbre de tomar un café a la llegada de los ministros antes de entrar en la sala de reuniones. A veces se servía un segundo café mediado el debate. Estas eran las principales ocasiones para conocernos juntos, porque los despachos individuales se centraban en los asuntos concretos a examinar. En los momentos de esparcimiento, con una taza delante, se hacía más fácil la expansión de criterios, comentarios y bromas sobre temas de actualidad. Al menos para mí, estos momentos reiterados durante años representaron una fuente valiosa de conocimiento, creación de vínculos afectivos y de desconfianza mutua en otros casos.

Mi relación personal con los ministros había sido muy desigual antes de la formación del Gobierno. A quien más había tratado y con gran afecto era a Ernest Lluch; nuestro trabajo en el grupo parlamentario había sido muy intenso, forjando una amistad fundamentada sobre su finura en las relaciones personales y su vasta cultura. Él era, junto a Fernando Morán, el más destacado en el ámbito intelectual. Algunos con los que no había coincidido con anterioridad me causaron honda impresión, como Fernando Ledesma, ministro de Justicia, por su rigor, seriedad y trascendencia; como Carlos Romero, por su realismo en el enfoque de las cuestiones. Boyer, muy culto, y Solchaga, más directo, se significaban ya como el ala liberal del partido, y sabíamos que lo serían del Gobierno. Narcís Serra venía precedido de una buena imagen labrada en la Alcaldía de Barcelona, aunque nos desconcertó su estilo algo embarullado de exponer los asuntos. Un grupo de ministros había desempeñado un papel en la reciente historia del partido en la Federación Socialista Madrileña, Solana, Almunia, Barrionuevo y Barón, estos últimos provenientes de la fusión con otras agrupaciones socialistas. Maravall, Moscoso y De la Quadra representaban la impronta académica y profesional, y Julián Campo, el conocimiento técnico.

El primer Consejo de Ministros fue especial no solo por su carácter de iniciático, que le daba una solemnidad interior en cada uno de nosotros, sino porque la inexperiencia y la carencia de la Comisión de Subsecretarios hizo difícil su desarrollo.

La primera prueba de falta de veteranía se reflejó en la pregunta de uno de los señores ministros: «¿Y aquí cómo se vota?». Tercié yo, antes de que se extendiera el debate, para responder de manera incontestable: «Aquí no se vota. Cada uno expresa su parecer, y si este es vario, corresponde al presidente del Gobierno la decisión última. Él es quien está investido por la representación de la soberanía popular. Todos los demás nos debemos a su nombramiento, a su elección personal, y por lo tanto a su autoridad». Nadie habló más sobre el asunto.

Siempre tuve claro cuál era la legitimidad del Gobierno. Los ciudadanos eligen a los diputados del Congreso. Estos se agrupan por posiciones ideológicas y someten a un candidato a un examen en el debate de investidura, y posteriormente le confieren el carácter de director de la política nacional. El nuevo presidente, tras su toma de posesión del cargo ante el Jefe del Estado, procede a nombrar a su equipo de Gobierno, sus ministros. Estos son, pues, instrumentos gubernamentales de quien ha recibido el encargo de la soberanía popular para dirigir la política de la nación.

Esta concepción del mecanismo de la democracia hace injusta la acusación que se me ha hecho por parte de algunos adversarios políticos de mi propio partido, cuando argumentan que no se puede hablar de diferencias políticas entre ellos y yo, como lo demuestra el hecho de que yo aplicara la política que se decidía en el Consejo de Ministros. Opiniones semejantes han sido vertidas por algunos dirigentes que incluso han formado parte del Gobierno y hasta alcanzado la responsabilidad de la Secretaría General del PSOE, como Joaquín Almunia.

Qué extraño concepto de democracia. Están pidiendo que cuando alguien en el Gobierno no coincida con sus decisiones apliquen una política diferente, desleal al Gobierno, o que extirpe de su conciencia las diferencias ideológicas o políticas.

Claro que se puede argumentar que existen tantas formas de entender la política como personas se ocupen de ella. En gobiernos socialistas posteriores he sabido —porque ellos lo han contado— que las decisiones importantes en algún ministerio no las tomaba el señor ministro, sino que eran adoptadas por votación de todo el equipo ministerial, incluyendo al periodista que se ocupaba de las relaciones con la prensa. Bonita manera de hacer dejación de responsabilidad.

Queda dicho que la imposibilidad de reunión de la Comisión de Subsecretarios —aún no estaban nombrados— hizo algo enrevesado su desarrollo. Se hubo de tomar una decisión poco popular, la subida de los precios de los productos derivados del petróleo, otra medida endosada por el gobierno Calvo-Sotelo, que se había negado a salir del Gobierno con una última decisión impopular. Fue la primera ocasión en que tuve que oír los argumentos de los ministros afectados, Economía e Industria, que más parecían destinados a tranquilizar su propia conciencia. Aunque la inicial propuesta fue la de situar el precio de la gasolina más utilizada por los automovilistas en 93 pesetas, y tras un largo juego de tira y afloja se quedó en 86 pesetas.

Tratándose de nuestro primer Consejo, creí necesario incluir algunos asuntos de carácter social, y trabajosamente conseguí que hiciéramos una deliberación acerca de la reducción de la jornada laboral y el incremento de los días de vacaciones. Pronto habría de ser una decisión histórica del Gobierno y un motivo, el primero, de distanciamiento del sindicato UGT, o tal vez solo de su secretario general, Nicolás Redondo.

Mi posterior reflexión después de comprobar cómo funcionaban los mecanismos de un Gobierno es que su labor resulta penosa, por estar prisionera la acción política de un sinfín de razones técnicas y burocráticas que amplían hasta el infinito la distancia temporal entre el momento en que se toma una decisión política y el día de su aplicación sobre la realidad. Entre uno y otro se consume un siglo de tiempo y se atraviesa una montaña de dificultades. Este es el tributo a pagar en un sistema garantista de democracia; el beneficio es que controles y obstáculos —que pueden llegar a desesperar— dificultan los actos de abusos y arbitrariedad.

LA CUESTIÓN MILITAR

Una de las primeras decisiones del presidente del Gobierno fue la visita a la División Acorazada Brunete. El momento en el que las tropas desfilan ante el presidente, con porte solemne, serio, mostrando su conciencia de estar abriendo una nueva comunicación con las Fuerzas Armadas, resultó impresionante en la División y se transmitió la tensa sensación de ganar autoridad a través de los informativos de la televisión. Los jefes y oficiales ovacionaron al presidente y la sensación de que se clavaban en el terreno nuevas demarcaciones se mezclaba entre todos. Fue un acto cargado de dramatismo con un final de alivio, alegría y felicidad, la aplicación perfecta de la estrategia asumida de establecer unas relaciones de lealtad con los militares siempre sobre el cimiento de la autoridad del Gobierno. Felipe me contó que un general le dijo: «Es usted el primer presidente que ha tenido España». Solo hubo un punto débil en la preparación del acto. A los jefes y oficiales les habían acompañado, por la importancia, novedad y solemnidad del acto, sus esposas, que quedaron algo decepcionadas al comprobar que la esposa del presidente del Gobierno no acudía con él. Hablé con Felipe sobre la conveniencia de resolver, aunque fuese posteriormente, ese contratiempo menor pero importante por la influencia que la vida familiar adquiere sobre los profesionales (hay que considerar que en la vida profesional de un militar tendrá más de una docena de destinos, con lo que significa de cambios para sus familiares). A los pocos días convocamos para un almuerzo a la cúpula militar y les advertimos que acudiesen acompañados por sus esposas, dado que estaría presente la señora del presidente del Gobierno. Fue un buen impulso en la normalización de las relaciones. En el palacio de la Moncloa, en la Presidencia del Gobierno, los altos cargos de los Ejércitos y sus esposas invitados por el presidente y señora, un almuerzo que rompía con el tradicional distanciamiento de Gobierno y Ejércitos. Yo asistí también y pude comprobar que la combinación de familiaridad y autoridad era una mezcla perfecta para lograr un nivel de confianza que se hacía sumamente necesario para el mando constitucional de un Gobierno socialista sobre unos Ejércitos de la trayectoria histórica de los nuestros.

Se ofrecieron otras muchas oportunidades para resolver el «problema militar», para hacer que sin violentar voluntades los militares españoles acataran no solo formalmente la Constitución democrática, sino también para que, de manera natural, ocuparan en el entramado de la nación el papel que la Constitución les asigna sin veleidades de sentimientos de salvación de la patria descarriada. Se trataba de desterrar para siempre la latente preocupación de los ruidos de sables, el miedo de experimentos que acabaran con la etapa de democracia y libertad que disfrutaba España.

Narraré solo algunos en los que fui testigo directo y en alguna medida protagonista.

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) organiza cada año unos cursos superiores para jefes y oficiales. El ministro de Defensa me sugirió la idea de que pronunciara la conferencia inaugural o de clausura de los cursos para mostrar la importancia que le concedía el Gobierno. Acepté inmediatamente, pero cuando me preguntaron el título de mi intervención, en el sobrentendido de que se había de referir a la política militar, mi respuesta desconcertó a todos e inquietó a algunos: el programa electoral del PSOE.

A mi llegada a la sede del centro militar me recibieron los responsables del organismo, generales y coroneles, con una cortesía gélida. Era evidente que no contemplaban mi presencia o mi disertación con simpatía.

Impartida mi conferencia, me consultaron si admitiría alguna pregunta. Di conformidad a la petición y comenzó un coloquio que habría de cambiar el clima general. La primera intervención la hizo un coronel que se levantó del asiento para exponer su pregunta. Terminada esta se dispuso a sentarse de nuevo, y fue en ese instante cuando me pareció la ocasión propicia. Le advertí con voz tronante que no le había autorizado a sentarse. El ambiente quedó en suspenso, el coronel de pie y yo contestándole. Cuando acabé, le dije que podía sentarse. Aquel sencillo gesto de autoridad abrió las puertas de la cordialidad.

Terminado el acto, todo eran parabienes, me invitaron a tomar un refrigerio y me regalaron una maqueta metálica de un cañón apoyado sobre una cureña de madera.

Hubo, en todo caso, una ocasión en la que se pudo apreciar aún más claramente el cambio de actitud de los militares respecto del Gobierno socialista. Fue con motivo de un trágico acontecimiento. ETA asesinó al general Quintana Lacacci, lo que representó un golpe muy duro para los Ejércitos y para el Gobierno. Este decidió acudir con una máxima representación que incluía la presencia del presidente y del vicepresidente, además de los ministros más directamente afectados. No era habitual que en un acto público acudiéramos los dos, presidente y vicepresidente, pero creíamos que resultaba obligado dada la trascendencia del atentado terrorista y la alta dignidad militar del general asesinado, así como su trayectoria. Se celebraría un funeral en el patio central del palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, en la plaza de Cibeles. Cuando estábamos organizando la ceremonia, y al preguntar cómo se haría la despedida del féretro, los militares nos informaron de que, como era habitual, terminado el acto, el féretro en el interior de un furgón funerario saldría por la «calle de atrás, la calle de la ONCE», dijeron. Nos pareció que no se rendía el honor debido y nos propusimos que el cortejo saliera por la puerta principal, por la de Cibeles, con el Gobierno y las autoridades militares rindiendo honores como despedida. Se alarmaron, y con la intención de proteger al Gobierno, advirtieron que precisamente antes se hacía de aquella otra manera para evitar que los grupos de extrema derecha, extremistas dijeron, insultaran al Gobierno. Nuestra respuesta les sorprendió y agradó: «Eso no es un problema. Aguantaremos, pero el general será despedido con las honras que merece».

Llegados los momentos previos del funeral, estaba yo hablando cortésmente con un grupo de generales cuando llegó Agustín Rodríguez Sahagún, quien había sido ministro de Defensa. Se acercó, nos saludó a todos y tomándome por el brazo me apartó del corro. Con evidentes signos de desconfianza y temor, me preguntó: «¿Pero qué pasa? Cuando yo asistía a un funeral por un asesinato de ETA me trataban muy hostilmente y te encuentro charlando amistosamente con los generales. ¿Qué ha ocurrido?». Le expliqué con brevedad que no habíamos aceptado sacar el cadáver casi clandestinamente, que soportaríamos la avalancha de acusaciones de los de ultraderecha, y que tan sencillo y natural cambio había modificado el clima de las relaciones. Se detuvo, me miró fijamente y me dijo: «No sé si sois unos valientes o es que sois muy inteligentes». Con una leve sonrisa irónica le contesté con una broma, preguntando: «¿Por qué no las dos cosas?».

Durante la celebración del funeral reinaba una gran serenidad, con una exaltación del ánimo de todos en algunos momentos estéticamente sublimes, como cuando sonaba la música de Wagner durante la comunión y al escuchar el toque fúnebre.

Al salir el féretro, unos centenares de ultras gritaron contra el Gobierno. El hijo menor del teniente general se cuadró ante el presidente, y le dijo: «No haga usted caso, presidente, de los que gritan. Yo sé que usted hace cuanto puede».

Encontraría yo en muchas ocasiones una explicación para comprender cómo se iba encauzando la relación entre el Gobierno socialista y los militares españoles, educados en las Academias y en los cuarteles para una predisposición netamente contraria a lo que representaba el Partido Socialista. La razón principal es que con nosotros sabían con claridad de qué estábamos hablando, con qué objetivos y con qué métodos. Podría resumirse en una frase que con distintas variantes oí repetidamente: «Con ustedes tenemos claro lo que hay que hacer. Antes se nos daban explicaciones, se nos sugería la conveniencia de esto o aquello, se nos insinuaban las cosas; ustedes nos dan la orden con claridad y contundencia. No tenemos dudas, sabemos lo que nos piden y ordenan». El funcionamiento de la institución militar y del ejercicio mental de sus componentes responde a una estructura de cadena de mando, no comprenden las complejas disquisiciones; prefieren una disposición clara, determinada con precisión, que permita una transmisión sin conjeturas ni vacilaciones.

VIDA PÚBLICA, VIDA PRIVADA

El primer mes de Gobierno, diciembre de 1982, estuvo cargado de actividad, las horas se estrechaban para los muchos trabajos que necesitábamos hacer. Comenzó a preocuparme que tantas horas dedicado al trabajo pudieran agotar mi capacidad de innovación, de reflexión, de creación de ideas y de motivación ante los múltiples problemas que se presentaban. Necesitaba un tiempo de análisis sereno para no dejarme arrastrar por los asuntos de cada día, con grave peligro de pérdida de la perspectiva general de las razones por las que trabajábamos. Confirmé para mí mismo que no me instalaría en Madrid, para poder volver cada semana aunque fuese por poco tiempo a mi ciudad, a Sevilla, a la casa familiar, a desintoxicar mi mente entregándome al cuidado de mi hijo, jugando con él, viéndole crecer como persona. También me juramenté para aprovechar todos los momentos que pudiese arrebatar al trabajo para la lectura, la visita a exposiciones, la audición de conciertos, la visión de películas, la presencia en teatros. Necesitaba «vivir» otras cosas para evitar engrosar la nómina de los políticos totalmente profesionalizados, que enfocan su actividad como si de un trabajo burocrático se tratara. Esta decisión me salvó. Quizá algunos no lo entiendan, pero el político que considera que su actividad política agota su vida no creo que sea muy útil para la sociedad, pues tendrá solo una perspectiva oficinesca, estará falto de una mirada callejera. En muchas ocasiones, cuando un grupo de políticos estudiábamos algún proyecto de ley que había de afectar a muchas personas, mi advertencia era siempre que levantasen la vista de los documentos y echaran una ojeada a través de la ventana, que observasen el mundo, que no puede reducirse totalmente en un articulado por muy lógica arquitectura que se le dé.

Cada momento que pudiera dedicarlo a mi vida interior, a mi hijo, a la cultura, a la belleza, mejoraba mi capacidad en la actividad política. Cada día que lograba pasarlo con mi hijo acrecentaba mi ternura, como cuando no quería retirar sus manitas de mi cuello para que no me separase de él, o cuando le oía decir «me viste mi papá», «me lo da mi papá». Me hacía persona, justo lo que yo necesitaba para enfrentarme a los problemas derivados de una alta representación política. Nunca pude entender a los políticos que se ufanan de que no les temblará la mano para tomar tal o cual decisión no bien aceptada por los afectados. Pretenden argumentar que cuando las necesidades del país exigen adoptar decisiones impopulares, ellos no se turban ante el descontento de los afectados. No es mi caso; las medidas que —aun siendo positivas para la sociedad— producen recortes de posibilidades para algunos colectivos siempre han hecho mella sobre mi espíritu. Mantener la sensibilidad dentro de lo que hacemos creo que es un elemento fundamental en la acción política. No somos réplicas computarizadas de seres humanos; somos personas a las que deben importar las trascendentales decisiones que adoptamos, porque caerán sobre ciudadanos que antes que electores, seguidores o adversarios son personas que sienten, sufren y se alegran con los avatares de su vida. El gobernante debe tener siempre presente que sus decisiones, además del beneficio al progreso de su país, inciden directamente sobre los sueños, las penalidades o las esperanzas de muchas personas.

Murió Plácido Fernández Viagas; la asistencia a su entierro me produjo un cansancio físico y mental extraordinario. Las exequias se celebraron en el Tribunal Constitucional, del que era magistrado. Ante su cadáver descubrí una vez más que había sido un hombre excepcional, demasiado puro para los tiempos que corrían. Me preocupaba la situación de desamparo de su esposa, Elisa, y sus numerosos hijos. De todos ellos tenía una relación especial con Blanca, una niña encantadora que en el año de la democracia (1977) nos acompañó a su padre y a mí por pueblos y ciudades en la campaña electoral. Plácido marcó una huella en todos los que le conocieron. Sus palabras tenían vocación de eternidad; nunca hablaba accidentalmente, sino sentenciando ante un hecho concreto que convertía en regla de conducta humana general.

Dos días después de la muerte de Plácido publicó Francisco Tomás y Valiente un artículo en el diario El País titulado «La voluntad de oír», que terminaba con unas palabras hermosas: «Quienes hemos conocido y querido a Plácido lo haremos vivir mientras vivamos, porque los muertos viven en la memoria de los vivos». Hago mías esas palabras y tomo el relevo de Paco Tomás por él y por Plácido.

Pronto empezamos a descubrir situaciones consolidadas en la Administración que exigían un cambio radical. El ministro de Transportes me informó de que la lista de los que tenían pases gratuitos en los viajes aéreos era interminable. Le sugerí que hiciera grandes recortes y preparase una propuesta. Sobre ella elaboramos un listado drásticamente reducido. Comprendo que molestásemos a muchos que venían disfrutando de privilegios, pero era hora ya de fijar nuevas reglas en los servicios públicos. Por honradez, por decencia y por dignidad.

Una cuestión incómoda fue la primera ocasión en la que, como era tradición, los ministros hicieron sus propuestas de condecoraciones; era un número muy extenso. Argumentaron que era lo que los servicios preparaban cada año. Me opuse; no parecía razonable seguir una política de premios y reconocimientos para todos. Al final solo se concedieron dos: a Igor Markevitch, fundador de la Orquesta de Radio Televisión, que anunciaba su retirada, y a Máximo Cajal, embajador en Guatemala, que había soportado el asalto a la Embajada por las fuerzas militares.

Lo que tuvo mayor trascendencia fue el cese de un numerosísimo grupo de periodistas del antiguo régimen que figuraban como asesores en los ministerios y en la radio y la televisión públicas, pero que llevaban años sin aparecer por sus lugares de trabajo, sin que ello fuese óbice para recibir cada mes los sueldos correspondientes. Tal situación escandalosa fue cortada con el cese de los periodistas fantasmas para el trabajo pero corpóreos para la cobranza. Algunos se hicieron enemigos acérrimos del Gobierno y utilizaron sus plumas y su influencia para campañas continuas de desprestigio del Ejecutivo. Esta reacción provocó que se discutiera por algunos si la medida del cese había sido un acto inteligente. No entré en esa polémica. Era un asunto de decencia. Si volviera a vivir una situación semejante, ¿qué haría, soportar el fraude para evitar los males de las críticas despiadadas o cortar con una excrecencia de un régimen fenecido? No tengo dudas: volvería a actuar de la misma forma, aun con la convicción de los probables perjuicios.

LAS ENTREVISTAS

Durante los años que precedieron a nuestra responsabilidad de gobierno había examinado todas las previsiones imaginables para el momento en el que fuéramos gobierno, salvo que no había contemplado las derivadas de un puesto relevante para mí. No había hecho un catálogo de las situaciones que yo mismo había de encontrar en el Gobierno, porque mi previsión no contaba con la asunción de la responsabilidad gubernamental. Me acostumbré pronto a los compromisos derivados del cargo, aunque algunas de las actividades me sorprendieron. Me resultaba difícil atender las numerosas peticiones de entrevistas. Creo que una parte del éxito en la función de un cargo público descansa sobre la habilidad y el acierto en la elección de las entrevistas, pues muchos de los que acuden a un responsable político ocupado en tareas graves o importantes lo hacen para asuntos que deberían ser resueltos en instancias inferiores, descargando a los altos representantes para tareas más trascendentes.

Comenzó el inacabable repertorio de llamadas en petición de entrevistas. Al principio fui propicio a dar oportunidades a todo el que acudía a mí, sin distancia de nivel social o posicionamiento político; más tarde fui estrechando mi criterio en base a la importancia del asunto.

Las entrevistas eran útiles para conocer el estado de opinión de sectores sociales próximos y alejados de las posiciones del Gobierno, y en ocasiones ayudaban a conocer la psicología de las personas que llamaban a la puerta de un despacho oficial para derramar sobre alguien la angustia, la soledad o la desesperación de unas vidas arrasadas por circunstancias personales, familiares o económicas. No rehuí recibir a unos y otros, personas que poseían poder político, económico y social, y otros que vivían marginados por la sociedad; unos que se sentían espiritualmente partícipes de la experiencia del Gobierno socialista, y otros que encontraban equivocadas todas nuestras decisiones; los había que buscaban ayuda, y los que pretendían algún privilegio; otros se aproximaban por curiosidad, para comprobar qué había de verdad en estos «jóvenes socialistas».

Mantuve muchas conversaciones con el presidente de los empresarios madrileños, la CEIM, José Antonio Segurado. La discreción y la lealtad en las relaciones se mantuvo durante todo mi mandato, y aun después. Le había conocido porque estando el PSOE en la oposición me invitó a celebrar una sesión con la dirección de la CEIM para exponer el programa electoral que presentaríamos los socialistas. La reunión fue bien, salvo alguna impertinencia del presidente de la CEOE, Cuevas, que se había invitado a la reunión.

Segurado siempre planteaba la preocupación de los empresarios sobre los grandes datos de la economía. En la primera entrevista después de llegar al Gobierno, Segurado expresó la alarma de los empresarios ante el déficit que calculaban de un billón trescientos mil millones de pesetas, que ligaban al posible crecimiento del sector público, que cifraba en un 30 por 100, y de solo un 8 por 100 del sector privado, que interpretaba como su hundimiento. Manifestó también que creían imposible la concertación si el Gobierno acordase la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales.

También me visitó Cuevas para «convencerse» de que el Gobierno quería el acuerdo sindicatos-patronal, pues su idea era que los ministros Boyer y Solchaga no lo deseaban y que habían transmitido el mensaje a Termes (Asociación Española de Banca) a través del Banco de España. Aprovechó para censurar el protagonismo de Segurado, de quien dijo servía a Max Maxim, «que no sabemos a quién sirve».

Recibí una llamada de Paloma O’Shea, ¡oh, dioses! Pedía verme la esposa de Botín, hijo del viejo Botín aún al mando del Banco Santander. La había saludado en la Universidad Internacional de Santander —no sé por qué se llama Menéndez Pelayo, si fue una creación de Fernando de los Ríos—, donde ella organiza un concurso de piano de prestigio. Su problema era que tenía dificultades en la Embajada española en Washington para organizar un concierto en el Kennedy Center de uno de los jóvenes ganadores de su concurso de piano. La razón estaba en la nacionalidad, sudafricana, del pianista. Más tarde este joven moriría en un accidente de aviación en Barajas, intentando viajar a Santander, precisamente. Paloma O’Shea apoyó en passant la continuidad de Federico Sopeña en la dirección del Museo del Prado.

Pero las personas de la derecha que se aproximaban a nosotros en busca de ayuda, o por curiosidad, llegaban hasta personajes insólitos. Una mañana recibí una llamada en petición de entrevista de Ramón Serrano Suñer, el afamado cuñado del Caudillo y ministro de Asuntos Exteriores responsable de las relaciones con Hitler y sus secuaces nazis. Esta llamada exige una explicación previa. Durante la campaña electoral de 1982 tuve que acudir a platós de televisión y estudios de radio para exponer nuestro programa. Una noche, acompañado por la responsable de prensa, Helga Soto, acudí a una emisora de radio para someterme a una entrevista en un programa nocturno. Al llegar al edificio de la emisora, en el patio de entrada nos esperaba un responsable que nos anunció que el presidente de la emisora quería saludarnos antes de entrar en el estudio. Pasamos a un salón donde aguardaba un viejecito pulcro, de cabello y bigote blanquecinos, con una chaqueta de cheviot que le daba un aspecto atildado. Nos saludó amablemente y enseguida comenzó una serena conversación que giró en torno a la figura del poeta Antonio Machado, a quien decía admirar profundamente. Pasados unos minutos, nos despedimos y nos encaminamos al estudio de grabación para contestar las preguntas del periodista entrevistador.

Cuando terminamos, salimos a la calle y buscamos un taxi. Estábamos entrando en el vehículo cuando Helga me dijo: «Qué foto teníais los dos». No le comprendí. ¿Por qué?, le pregunté. «¡Ah!, ¿pero tú no sabes quién es?». El presidente de la emisora, ¿no?, le pregunté. Abriendo los ojos, me dijo: «Pero... es Ramón Serrano Suñer».

La sorpresa me hizo cavilar toda la noche. ¡Cómo son los seres humanos! Qué capacidad de mutación, cómo una bestezuela política puede llegar a transformarse en una persona con aspecto de caballero inglés. Serrano Suñer, el perseguidor de los republicanos españoles que le llevó a visitar a Hitler con una lista de 3.617 dirigentes republicanos que se habían visto obligados a salir de España camino de un duro exilio, con la petición de que la Gestapo, tras la ocupación alemana de Francia, los detuviese y los devolviese a España para ser fusilados, al cabo de los tiempos convertido en un «pacífico» propietario de un medio de comunicación en una democracia recuperada después de casi medio siglo de secuestro por los pandilleros de su «causa».

Sentí curiosidad por conocer qué estímulo había motivado a tan siniestro personaje a dirigirse a un dirigente socialista. El asunto carecía de valor interpretativo: pretendía un trato favorable en los nombramientos del Servicio Exterior para su hijo. En verdad, la historia de España posee todos los ingredientes para sorprender de continuo. Un siglo marcado por una Guerra Civil provocada por un levantamiento faccioso, una larga dictadura de dominio absoluto del poder por unos bandos autoritarios, para acabar recurriendo a los socialistas para recomendar a la familia de uno de los máximos responsables en los comienzos de la dictadura. ¿Cómo funciona la mente de los dictadores? Después de haber perseguido a los españoles republicanos hasta la muerte, el encarcelamiento, el exilio, la brutal discriminación, ¿qué se deposita en la conciencia?, ¿cómo se pueden borrar los actos de barbarie en la mente para llegar a no sentir turbación, a no encontrar obstáculo para pedir una recomendación a un Gobierno de izquierdas, a quienes representaban el alma de las víctimas de su pavorosa actuación?

Una nota reveladora: cuando se refería al Caudillo no lo nombraba por su nombre; le llamaba mi pariente. ¡Cuánto trabaja el cerebro en pro de la autoexculpación! Por mor de las circunstancias, el Caudillo, el Generalísimo, su jefe y señor, había quedado reducido a la categoría de pariente.

Con objeto de refrescar mi mente salí del despacho buscando algo que me aligerase del peso de la historia. Visité la exposición de realismo americano en el Museo de Arte Contemporáneo. No me interesó; eran simples pruebas de virtuosismo artístico, carentes de alma. Ejercicios en pos del más difícil todavía. El conserje, Máximo, me mostró un cuadro suyo de semejante estilo de los expuestos. Era igual a los de los norteamericanos.

De noche marché a Sevilla, con mi hijo, lo único que de verdad me tranquiliza. De madrugada, a consecuencia de un ataque de tos, vomitó un poco sobre mí. Pobrecito.

NUESTRA HISTORIA PERSONAL

La preparación del segundo Consejo de Ministros contaba ya con la constitución de la Comisión de Subsecretarios, que sería una apoyatura magnífica para el Consejo. La primera reunión de subsecretarios la presidí yo. Me causaron muy buena impresión: un grupo de jóvenes, preparados, voluntariosos, algo despistados aún, me transmitieron la idea de que aquello iba a funcionar. Les impartí un discurso «moral» sobre la visión que teníamos todos de nuestra tarea, que fue recogido magistralmente en una tira cómica por Peridis, justo el día en que el humorista y arquitecto había rechazado, inopinadamente, la oferta de la Dirección General de Bellas Artes. Quedé convencido de que algunos progres de salón le habían desanimado.

Hablé largamente con Felipe, ya trasladado al pabellón de Semillas, lo que facilitaba nuestros encuentros, acerca del drama histórico de nuestro país, estructurado en forma de pirámide en cuyo vértice se aposenta una exigua minoría, una élite que cumple su misión de guardiana de los que obtienen los grandes beneficios económicos y sociales, y una base amplia, generalmente sana y desabastecida de lo más elemental. Nuestra tarea era precisamente cambiar cuanto pudiéramos esa desigualdad injusta y oprobiosa. Nosotros podíamos hacerlo, pues no estábamos bajo la tentación de transigir por dinero, por mantener un nivel de vida de derroche y opulencia. Nuestro objetivo estaba lejos de una acumulación que hiciera escupir doblones. Una posición ética, sin apego al dinero, es una condición básica para enfrentarse a cambios radicales en la distribución de la riqueza. Estando ocupando unos puestos tan altos en la Administración, no estábamos, sin embargo, registrados entre los poderosos. Al contrario, durante toda nuestra vida habíamos pertenecido al registro de los perseguidos.

Esta idea me hizo pensar en los archivos policiales; me excitó la curiosidad de conocer qué registraban de nosotros. Durante años me habían negado el pasaporte para limitar los contactos con los correligionarios de los partidos socialistas del extranjero. Y lo habían hecho con saña, tal vez con objeto de amilanarme. Cada quince días me hacían acudir a la Comisaría Central en Sevilla, donde un funcionario me hacía pasar a un despacho y tras ausentarse volvía con una gran carpeta repleta de documentos, llegando a alcanzar una altura de cuarenta o cincuenta centímetros. Con toda parsimonia el funcionario leía cada documento y me preguntaba si yo había estado tal día en tal lugar con tales personas. Por lo general yo le respondía afirmativamente, y él, con gesto entre sorprendido y enfadado, pasaba a otro documento para volver a preguntar cualquier cosa. Después de una hora de comedia me hacía saber que mi pasaporte aún no estaba tramitado, y que podría volver en dos semanas para repetir la misma operación.

Hablé con el ministerio con el objetivo de saber qué quedaba de aquellos voluminosos legajos. No fue una sorpresa, aunque sí una decepción. Lo habían destruido todo, casi todo. Solo guardaban unos insípidos folios con descripciones difíciles de creer. Los documentos evidencian el control telefónico y de la correspondencia, y son muy prolíficos en los calificativos. Junto a frases acusadoras y despectivas, me consideraban «cerebro gris del PSOE», «auténtico relaciones públicas del PSOE», «persona de vasta formación cultural e intelectual», «dotado de gran personalidad», «considerado como un auténtico teórico». Más parece un curriculum vitae para una plaza universitaria que un informe de la policía de una dictadura. La derecha siempre tuvo un comportamiento ambivalente hacia mí. A la vez que era el más combatido por radical («radicalista» en los oficios de la policía franquista), sentían una especie de admiración por lo que entendían ellos era mi capacidad de organización y planificación. En muchas ocasiones he oído decir a algunas personas de partidos de derecha «necesitamos a un Guerra». Aunque el caso más extraordinario sigue siendo para mí la declaración de un alto cargo del Vaticano. Con motivo de la visita del ministro español de Justicia al Vaticano en mayo de 1983, monseñor Casaroli, el secretario de Estado, dijo: «La Iglesia también necesita un Guerra». ¡Se refería a mí! ¿Es posible que los altos valedores de una institución secular, fuerte, extensa, poderosa puedan creer que necesitan a un saltabancos como yo?

EL ESTADO Y LA IGLESIA

La vida y sus necesidades circunstanciales te proporcionan el conocimiento de aspectos a los que no habías dedicado atención anteriormente. A mí me facilitó, casi por azar, una mirada profunda hacia la Iglesia católica española. Los españoles tenemos una serie de prejuicios sobre la Iglesia, algunos de ellos merecidos por la institución, que no nos permite una visión clara de sus motivaciones y objetivos.

En los primeros días de gobierno recibí una petición de entrevista de la Conferencia Episcopal. Sostuve una conversación con el secretario de la Conferencia, monseñor Fernando Sebastián. Mi actitud fue la de escucharle con atención y tratarle con cortesía y amistad, pero sin fingir un entusiasmo que no sentía. La entrevista resultó gratísima. El obispo se mostró como un hombre comprensivo, formado, que hablaba con un estilo secularizado, sin figuras de misticismo y exhibiendo tímidamente su deseo de colaboración. La buena marcha de este contacto me valió la responsabilidad de presidir la delegación del Estado que se reuniría institucionalmente con la Iglesia católica.

Mi relación con los representantes de la Iglesia discurrió siempre por un terreno de entendimiento y comprensión. Tanto ellos como yo pusimos un especial cuidado en no malbaratar una situación pacífica entre la Iglesia y la izquierda política.

Conocí y traté a los obispos Díaz Merchán, Delicado, Elías Yanes, Rouco, Echarren, etc., aunque las relaciones más intensas las sostuve con el secretario de la Conferencia, con el que llegué a tener unas afinidades muy amistosas.

Los obispos quisieron dar muestras de colaboración desde el primer momento. Creo que como prueba de confianza me contaron las fortísimas presiones que habían tenido que soportar de las autoridades de Cataluña durante la reciente visita del Pontífice. Se habían empeñado en que el Santo Padre, al bajar del avión en Barcelona, besase la tierra catalana como acostumbraba a hacer al llegar a un país. Sentí un profundo desaliento al oírles. El nacionalismo no ve barreras ante su objetivo de marcar las diferencias con los que son sus hermanos: castellanos, andaluces, gallegos, extremeños. Presionar al Papa, instrumentalizar la figura de quien representa la guía espiritual de la Iglesia católica universal para sus fines partidarios, me produjo una sensación entre la náusea y la rabia que levantó en mí un muro de desconfianza hacia la política de los nacionalismos. Los procesos de creación de supranacionalidad, como en Europa, han alentado las tendencias hacia la subnacionalidad. Así, la Unión Europea (agrupamiento de Estados) ha funcionado paralelamente a la radicalización de subnacionalismos en Bélgica, Irlanda, España y Yugoslavia. La globalización económica reduce el papel de los Estados y da alas a la reaparición de los grupos nacionales dentro de estos.

A comienzos del tercer milenio la identidad nacional continúa siendo parte fundamental de algunas comunidades. Una identidad compuesta de lengua, sentimientos, simbolismos, etnia o conciencia de pueblo elegido, nostalgia de una edad de oro o de una patria que nunca existió, vínculos sagrados con el territorio, muertos que lo fueron heroicamente y religión popular.

Siempre he creído y he apoyado el derecho a defender las tesis nacionalistas, pero también el derecho a discrepar de ellas. El problema está en que no se da la reciprocidad, los nacionalismos admiten mal las críticas, tienden a descalificar al crítico, excluyéndolo de la comprensión del problema. «Los que no sean de aquí, ¿qué pueden saber de nuestros problemas?». Pretenden poseer una legitimidad de origen para descalificar. Tal espíritu descalificador funciona como una coacción sobre el que disiente de la tesis nacionalista, provocando un cierto miedo para expresar libremente el punto de vista por temor a merecer el anatema de antinacionalista, o lo que es aún peor en nuestro caso, «nacionalista español».

Yo intento evitar esa coacción y procuro expresarme con claridad sobre este tema tan difícil. No pretendo poseer la verdad, pero expreso lo que pienso, sin ocultar nada, y con respeto al que opina de otra forma. Si estoy equivocado, espero los argumentos que lo demuestren, pero no acepto ni la manipulación de mis ideas ni la descalificación por no compartir las ideas nacionalistas.

Pienso que todo nacionalismo fundamentalista, esencialista, es negativo, es peligroso. En primer lugar, porque no podemos nunca saber en qué consisten (el hecho diferencial, los derechos históricos), no se basan en experiencias concretas que puedan definirse con claridad. Son creencias que exigen la fe, no admiten la comprobación.

El nacionalismo organiza la comunidad en base a una fidelidad excluyente con los que no aceptan las reglas impuestas por los nacionalistas. A mi parecer, abundan hoy los nacionalismos en España. Se pueden seguir las huellas de cinco modelos nacionalistas en nuestro país:

• El nacionalismo español, histórico-patriótico, en declive en España tras la afrentosa experiencia nacional de la dictadura franquista. Hoy se encuentra residenciado en los brotes ultraconservadores de fuera y aun de dentro del arco político constitucional.

• El nacionalismo vasco, histórico-étnico (y religioso), apoyado en la raza, un nacionalismo de apellidos, con fuerte apoyo de la Iglesia católica.

• El nacionalismo catalán, histórico-económico, sostenido por el sector económico y empresarial.

• El nacionalismo gallego, histórico-cultural, con el sustento de intelectuales y artistas.

• El nacionalismo de la igualación (es una denominación metafórica), nuevo, actual, reivindicativo de la oportunidad («lo que alcancen los otros, también lo quiero yo»).

Lo que no pasaría de ser un apoyo sentimental al lugar de nacimiento, a la «patria chica», se ha convertido, en el Estado de las Autonomías, en una competición que arriesga acabar con la noción histórica de la nación en España.

El paso cualitativo que agrava la perspectiva es que ahora todos estos nacionalismos se enseñan en las escuelas, lo que creará en el futuro unas generaciones sin concepción nacional, con una concepción nacionalista ligada al territorio y a la mística fabricada por los actores políticos, mediáticos y culturales.

Podemos, pues, preguntarnos: ¿Existe España? ¿Qué es España? ¿Es la suma de diecisiete Comunidades Autónomas agrupadas en una ficción jurídica? España es una realidad producto de la historia, o para ser más exacto, producto de los hombres y mujeres que la poblaron durante su larga historia.

Fernando de los Ríos dictó una magistral conferencia en México, en el exilio, titulada «Sentido y significación de España», que debería ser lectura habitual en nuestras escuelas. Se remonta el insigne socialista a veinticuatro siglos atrás para recorrer los testimonios que Estrabón, Trogo, Plinio y muchos otros dieron a los españoles. Tantos siglos después seguimos preguntándonos quiénes somos. Es hora ya de acordar una estabilidad para nuestra identidad que nos permita dedicar los esfuerzos y preocupaciones a asuntos que redunden en la mejora espiritual y material de los españoles.

Muchas de estas ideas me asaltaron cuando oía al obispo narrar los innobles intentos de instrumentalización del Papa a su llegada a Barcelona con el objetivo de reforzar el ego nacionalista.

Con los obispos las reuniones sirvieron para resolver algunos problemas que reiteradamente planteaban. Les preocupaban tres asuntos de manera especial: lo que llamaban el proceso de descristianización de la sociedad española, los recursos económicos para el sostenimiento de la Iglesia y sus actividades sociales, y la enseñanza de la religión en las escuelas.

Acerca de la supuesta descristianización tuvimos sustantivas conversaciones. Mi tesis fue que la sociedad española estaba de manera voluntaria y deseosa en un proceso de secularización de la vida personal, intentando desembarazar a la conciencia personal de las ataduras atávicas que el régimen de la dictadura había impuesto a través de los más inverosímiles caminos, pero que la fe cristiana o católica no estaba sometida a limitación alguna porque llegase al Gobierno un equipo socialista. Les alerté en varias ocasiones sobre el papel descristianizador que podría estar jugando un medio de comunicación, una radio que dependía directamente de los obispos en razón de su propiedad. En este tema se defendían con una profesión de incapacidad para modificar la situación de poder en la emisora; hablaban siempre de unos cambios en los estatutos del medio que harían posible su intervención. En realidad, era una confesión de descontento con su propia emisora; si era sincera o fingida, no podía averiguarlo, aunque a veces creía que había algo de ambas actitudes. Me impresionó en una entrevista con Ángel Suquía y Fernando Sebastián, en noviembre de 1983, lo asustados y dolidos que se mostraron por la «descristianización» de la sociedad española, de la que hacían responsable a la televisión. Sobre los recursos económicos mi actitud era comprensiva en lo que afectase a la situación de desamparo de las personas —las monjas que no tenían asistencia médica, por ejemplo— y bastante firme en lo referente a los gastos para ritos y boato, en especial en cuanto a los gastos de financiación del templo de la Almudena. Ya en 1912, Pablo Iglesias había pronunciado un discurso en el Parlamento para oponerse a una partida de los Presupuestos destinada a las obras de la Almudena. Con sencillez expositiva, el líder socialista desplegó una argumentación válida casi un siglo después: «Se nos obliga a contribuir a la erección de un edificio que debieran pagar los que tienen esas creencias, y, por lo tanto, entienden que debe hacerse; pero no los que opinamos de distinta manera o no creemos en eso. Ahí se ve una injusticia: la de obligar a aquellos ciudadanos que no tienen esas ideas religiosas a contribuir a la elevación de un templo para los católicos». Entendía la conveniencia de sufragar los gastos de restauración de catedrales e iglesias en mal estado de conservación, pues se trataba de mantener el patrimonio artístico e histórico que es de todos..., pero financiar la edificación de un templo sin valor artístico (rematado por la posterior decoración interior) resultaba injustificado.

Alcanzamos un acuerdo razonable en cuanto a la financiación que establecía un período transitorio para que la Iglesia lograse la autofinanciación del excedente de gasto por encima de lo que los ciudadanos en su declaración de la renta optasen por entregar a la confesión religiosa.

Al paso del tiempo este fue el motivo de la ruptura de amistad con Fernando Sebastián. Él había cesado ya como secretario de la Conferencia Episcopal; ocupaba el sitial de arzobispo de Granada. Unas declaraciones mías en el sentido más ortodoxo de lo acordado con los obispos mereció a Fernando Sebastián una carta en la que se preguntaba aviesamente si mis declaraciones obedecían a una réplica de mal humor a una conferencia del cardenal Suquía, o a una estratagema para distraer la atención de la opinión pública, o a un modo de aparentar cierto izquierdismo cuando el Gobierno «está duramente acusado de derechización».

Más allá de la paradoja de que la argumentación del obispo estuviera centrada en motivaciones exclusivamente políticas, la gravedad de su misiva se encontraba en las palabras que resumían su posición sobre el problema religioso en España: «En perspectiva social y política, sus palabras demuestran la imposibilidad de conseguir por ahora no solo una relación y colaboración normal y positiva de la Iglesia con el Gobierno del PSOE, sino más profundamente la imposibilidad de avanzar en la reconciliación de católicos y no católicos mientras siga el mismo Gobierno, con lo cual resulta imposible superar del todo la cuestión religiosa en España a favor de la normalidad social y estabilidad política de nuestro país».

No sé si el clérigo era consciente de la velada amenaza que se escondía en este párrafo, al ligar relaciones con la Iglesia y estabilidad política, «mientras siga el mismo Gobierno». Así se lo señalé en mi respuesta, que fue correcta, aunque contundente. Rechacé por injustas muchas de las acusaciones que contenía su carta y le devolví la invitación de «analizar y matizar mucho antes de hablar así» que me hacía, haciéndole ver que no estaría nada mal que siguiera esa regla antes de escribir.

Finalicé apoyándome en el quiebro amistoso de su despedida para tender un puente en las relaciones. Nunca tuve respuesta.

La enseñanza de la religión en las escuelas fue un asunto vidrioso desde el principio de la democracia. En la elaboración de la Constitución de 1978 fue el punto más controvertido. Al fin se logró un acuerdo que satisfacía a todas las partes que polemizaban, los que querían privilegiar la enseñanza católica y los que no negaban el derecho de recibir enseñanza católica pero querían salvaguardar el derecho de no recibirla; la vieja disyuntiva de confesionalidad y laicidad.

Pronto un ministro de Educación del Gobierno de UCD estamparía su firma en unas órdenes ministeriales que desvirtuaban aquel acuerdo, forzando de manera celada la enseñanza de la religión para todos, bajo el epígrafe de ética, que no era sino una forma encubierta de la religión.

Muchos años después, una ministra de un Gobierno conservador volvía a las andadas, pero sin el disimulo subrepticio de los gobiernos de UCD. Y de nuevo en 2004 un Gobierno socialista quiso volver a la posición constitucional, con grave quebranto de las relaciones con la Iglesia.

Mi experiencia con los obispos fue muy instructiva. Aprendí a colocarme en su lugar, operación nada fácil; a comprender el descenso en el estatus social que habían experimentado con la desaparición del régimen de la dictadura, que les confería un poder abusivo sobre la educación y hasta sobre la vida personal, familiar, íntima de los españoles. Situándome ante su descenso en la vida secularizada se me hacía fácil entender sus argumentaciones, lo que me servía para evitar la tentación de dejarme arrastrar por posiciones ideológicas de partido, olvidando la responsabilidad ante todos los españoles, al margen de las creencias. Creo que supe mantener con prudencia las exigencias constitucionales sin orillar la realidad de la institución religiosa.

Solo en una ocasión —lo recuerdo bien, fue el 27 de diciembre de 1983— tuve necesidad de enfrentarme abiertamente con los responsables de la Iglesia. En una reunión de la Comisión de Obispos y Gobierno denuncié la doble estrategia de la Iglesia: llegar a acuerdos con el Gobierno y alentar a los movimientos católicos para que lo acosaran. Les anuncié con seriedad y autoridad la posibilidad de reconsiderar la política de colaboración con la Iglesia católica. Hechos y actitudes volvieron al cauce de la normalidad.

El hecho es que todos los obispos con los que traté se refieren siempre a mí con respeto y algunos hasta con afecto, si excluimos, tal vez, precisamente a aquel con el que llegué a intimar más, de cuya evolución ya he dado cuenta en estas páginas.

ENCUENTROS CON LA REALIDAD

Los esfuerzos por enderezar y adecentar la vida política no encontraban dificultad mayor, dada la mayoría parlamentaria y sobre todo el efecto en la psicología de personajes y sectores que había producido nuestro arrollador triunfo. Pero existen otros capítulos en los que la ley democrática de las mayorías tiene poca influencia. Son las cuestiones que solo avanzan si los gobiernos las enfrentan con inteligencia, capacidad e imaginación. Hablo de los temas económicos, laborales y de relaciones internacionales. Representan el choque con la realidad. Nosotros habíamos comprometido nuestro crédito, y el de la democracia, creo yo, con anuncios serios y contundentes: la lucha contra la inflación, la creación de puestos de trabajo, la reducción de la jornada laboral, la elevación y extensión de las pensiones, la ampliación de la seguridad social, la consulta popular acerca de la defensa (OTAN).

El Gobierno era consciente de las dificultades que entrañaba afrontar todos los desafíos económicos de una vez, en una situación agónica de la economía, pero también comprendía la urgencia de muchas necesidades de los ciudadanos y la perentoriedad de responder a las esperanzas suscitadas con el triunfo electoral socialista.

Pero los datos económicos no hacían concebir grandes esperanzas. Débil crecimiento, alta inflación, aumento del desempleo y receso de la inversión y el ahorro ofrecían una situación complicada al final de un período crítico durante los años setenta. El crecimiento económico entre los años 1976 y 1982 se limitaba a un promedio del 1,5 por 100. Los empleos sufrieron una reducción de más de 1.700.000 personas entre 1970 y 1982, el número de desempleados ascendió desde el 4 al 16,4 por 100 en el año en que gana las elecciones el PSOE. La inflación en el período es de un promedio superior al 17 por 100. El sector exterior presentaba gran desequilibrio, con un déficit de la balanza corriente de 4.000 millones de dólares y una gran pérdida de reservas. El sector público se había visto obligado a absorber muchas actividades económicas, pasando el gasto público del 24 por 100 del PIB en el año 1975 hasta el 37 por 100 en 1982, con un incremento importante del déficit público. El escenario económico golpeó a las empresas, con un grave retroceso industrial y con una caída fuerte de la inversión productiva.

Resuelta pero prudentemente nos empleamos a recuperar la economía a la vez que ofrecíamos unas condiciones sociales mejores. Los primeros escollos estaban en el acuerdo general de los ministros del Gobierno. Los ministros de las áreas del gasto no coincidían con la parquedad y rigor que mostraban los ministros de las áreas económicas. Yo tenía asumido que los ministros de Hacienda asientan su autoridad sobre la negativa a las propuestas que generan gastos.

Creo que fue Gore Vidal en su novela Juliano el Apóstata quien describía al responsable de Hacienda en el Imperio romano con unos caracteres válidos para entender a nuestro ministro, Miguel Boyer, como casi a cualquier ministro del ramo.

El hecho de que cualquier actuación de un gobierno necesite la garantía de su viabilidad económica le otorga al ministro de Economía casi un derecho de veto de las propuestas gubernamentales, que degenera en una actividad coactiva que le erige en una pieza suelta de la Administración, que impone con ufanía y desdén sus criterios a veces más basados en su afán de evidenciar su poder que en los objetivos de gobierno o las necesidades de la sociedad.

En las primeras conversaciones que tuvimos respecto a las decisiones económicas y sociales se situó como un asunto importante la reducción de la jornada laboral, compromiso de nuestro programa electoral. El ministro Boyer amenazó con que si empezábamos a hablar de las cuarenta horas semanales de trabajo él no mantendría la previsión de inflación (12 por 100) para el año siguiente. No pude evitar el recuerdo histórico. Cuando se celebró por primera vez en España la fiesta obrera del Primero de Mayo, en 1890, la reivindicación de los manifestantes fue la de distribución de la vida en los tres ochos —ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de instrucción—. La convocatoria fue un gran éxito, tanto que el presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta, recibió a los organizadores, a su cabeza Pablo Iglesias, para felicitarles por la gran afluencia de manifestantes y por haber sabido organizarlo pacíficamente, sin el menor incidente. Pero les afeó lo irreal de la reivindicación, pues limitar el trabajo a cuarenta y ocho horas semanales supondría el inevitable hundimiento de la economía.

En el año 1982 volvía a repetirse el argumento: reducir la jornada a cuarenta horas incidiría muy negativamente en la economía, por lo que el ministro responsable retiraba su compromiso de cuadro macroeconómico. Años después se oirían las mismas quejas cuando se plantease la reducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales.

El propósito del Gobierno de reducir la jornada a cuarenta horas suscitó un interesante debate entre nosotros. Los ministros de Economía, Industria y Trabajo (Boyer, Solchaga y Almunia) se alinearon en su intención de introducir una cláusula que establecía la reducción «salvo que las partes acordaran lo contrario». En la práctica ello hubiese equivalido a anular la reducción de jornada, pues la presión que el empresario puede ejercer sobre los trabajadores hubiese logrado imponer el acuerdo de no reducción en las empresas pequeñas, la mayoría en España. Valoré negativamente la actitud de los ministros de Economía e Industria, Boyer y Solchaga, pues de hecho se oponían al programa electoral y de gobierno expuesto por el presidente en su discurso de investidura, pero aún me resultó más incomprensible la actitud del ministro de Trabajo, Almunia, pieza clave en la redacción del programa y titular de un departamento abocado, como ninguno, a mejorar las condiciones de trabajo como la que se debatía.

No sería esta la única cuestión suscitada por la reforma laboral.

El ministro de Trabajo anunció que la reforma, ya iniciada y con el texto previsto sin la cláusula que pretendieron algunos, entraría en vigor el primero de julio. La difusión de la noticia provocó una reacción airada del secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, que poco menos que acusaba de traición al Gobierno porque se «retrasaba» seis meses la jornada de cuarenta horas. Realmente me chocó que después de esperar un siglo para lograrlo se convirtiera en un casus belli una diferencia de seis meses. Intuí la guerra. Olfateé el enfrentamiento. Ya nada sería igual entre el partido y el sindicato. Se repetirían las ocasiones en las que detalles de una trascendental acción de gobierno eclipsarían la importancia de la medida. En esta ocasión la reducción de la jornada hasta las cuarenta horas semanales, después de un siglo, y la ampliación de las vacaciones hasta treinta días, decisión histórica adoptada en los primeros días del Gobierno socialista, se menospreciaban porque la entrada en vigor fuera seis meses antes o después.

Se estableció para mí un código no explícito según el cual las decisiones de mejora social tendrían dos obstáculos sucesivos: la intención reduccionista del equipo económico del Gobierno —en parte esa es la misión del responsable de Economía— y el efecto deslegitimador del sindicato —o de su cúpula— en base a algunos elementos menores de la reforma, pero que ponían en causa, o al menos le hacían perder la fuerza transformadora en la percepción de la sociedad.

Era consciente de que paso a paso me iba colocando en el centro de las bofetadas. Los ministros resistentes a algunos cambios que generaban gastos me situaban en la defensa del sindicato, y los dirigentes de UGT me consideraban cómplice de las posiciones de los ministros recalcitrantes. Asumí que ejercer de puente entre el Gobierno y el sindicato socialistas era beneficioso para el proyecto de cambio que representábamos todos, Gobierno, partido y sindicato, y lo desempeñé con grandes esfuerzos y largas conversaciones hasta que el sindicato decidió quemar esa pasarela. Fue en 1986, durante la negociación del tratamiento de los salarios y pensiones en los Presupuestos Generales del Estado.

Un paradigma del reparto de roles lo constituyó la actitud ante el compromiso de crear ochocientos mil puestos de trabajo. Se construyó la imagen de que unos ministros rigurosos, serios y responsables denunciaban a otros demagogos e insolventes empeñados en la ejecución de una tarea imposible. Y como representante de estos últimos los periódicos se referían siempre a mí, olvidando, ignorando, ocultando que la redacción del programa se había hecho bajo la responsabilidad de Almunia, y que el compromiso personal con la creación de esos puestos de trabajo lo había contraído el presidente del Gobierno en el debate de su investidura. No les importaba; todo se reducía a mi empecinamiento personal.

Mantuve siempre una actitud paciente ante lo que resultaba muy evidente era una imagen deformada de lo que ocurría en el interior del Gobierno. Muy por encima de todas las menudencias de relaciones estaba para mí lograr los objetivos que el Gobierno se había impuesto y que los ciudadanos esperaban con cierta impaciencia. No me resultó difícil aceptar las injustas imágenes que circulaban si era el precio de lograr un cambio trascendental de nuestro país. La primera experiencia auténtica de un Gobierno socialista en la historia de España —la participación en gobiernos mixtos en la Segunda República y la guerra no tenían el mismo significado— debía saldarse con una transformación profunda que alejase, ya para siempre, los viejos demonios que habían condenado al país al atraso y la pobreza.

Mi preocupación fundamental en los primeros momentos del Gobierno en cuanto a su funcionamiento interno era que nada ni nadie afectara, con o sin razón, a la estabilidad institucional. Ello explica que interviniera en las dos primeras ocasiones en las que el Gobierno estuvo cerca de una crisis interna por la dimisión de sus ministros.

La prioridad para mí era la consolidación del proyecto socialista. Desde el primer momento en que se conoció el triunfo del PSOE, la derecha política anunció su reorganización, que comenzó a construirse alrededor del proyecto reformista de Miquel Roca, el inteligente político catalán. Ya el 19 de noviembre, antes incluso de la investidura del presidente, y por lo tanto de la formación del Gobierno, Roca había declarado: «CiU está dispuesta a ayudar a la reconstrucción del centro en España, porque si Fraga es realmente la alternativa a los socialistas mucho me temo que tenemos Gobierno del PSOE durante veinte años».

Bien es verdad que la derecha más carpetovetónica creía, o soñaba, con un estruendoso y rápido fracaso de los socialistas en el Gobierno. El 15 de diciembre, pocos días después de formar Gobierno, este hizo su presentación en el Senado (no se hacía desde 1918). En el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, el senador del PP Juan de Arespacochaga expresó sus dudas de que el Gobierno pudiese agotar la legislatura (¡con 202 diputados!), aunque no escatimó esfuerzos al confesar su satisfacción por la actitud del presidente del Gobierno en «solemnidades y liturgias que nos son tan entrañables, porque envuelven a Dios, a la Patria y al Rey». Me resultaba trabajoso creer estar oyendo un discurso tan arcaico después de todos los cambios que se estaban produciendo en nuestro país.

La operación reformista, u «Operación Roca», que se concretaría en las elecciones de 1986, pero que se inició el 28 de octubre de 1982, el día del triunfo del PSOE, era en verdad una operación antisocialista, secundada por empresarios y banqueros. Se apoyaban en la conquista del centro, permanente polémica que solo es una brisa política inconsistente. Las actitudes políticas en España siguen marcadas por la identificación. Estos son progresistas, aquellos conservadores; estos son de derechas, los otros son de izquierdas; no existe en nuestro país un corpus político o electoral de centro, sino que hay electores que en función del clima político y de la atracción de algunas personas optan unas veces por votar a izquierdas y otras a derechas, aunque son pocos. Lo más frecuente es que el sector conservador apoye sólidamente a la derecha y el sector progresista apoye a la izquierda, mas a veces hay un segmento que no cambia su voto a otro partido pero se queda en casa. Cuando así sucede, gana el partido conservador las elecciones. Si no se produce esa abstención, gana el partido de izquierdas. La razón de la «Operación Roca» era la desconfianza de los poderes económicos y financieros en que Fraga Iribarne pudiera arrebatar electoralmente el gobierno a los socialistas. Hasta Calvo-Sotelo lo confesó cuando salió del Gobierno.

En todo caso, para nosotros se abría un panorama ambivalente en la gestión de gobierno. Nuestras señas de identidad, nuestra historia y nuestro programa habían creado unas esperanzas claras de mejora de la población mayoritaria, las personas trabajadoras, los más humildes, los marginados de los beneficios de una sociedad que empezaba a ser moderna. Al mismo tiempo éramos totalmente conscientes de la necesidad de producir cambios que resultarían impopulares, que serían entendidos por algunos sectores como una agresión a sus intereses. Estaba bien claro que la industria española, especialmente las grandes empresas, había quedado obsoleta, que se vendía los productos a precios inferiores a los costes, provocando unas pérdidas astronómicas que impedían el enderezamiento de la economía española. Era, por lo tanto, necesaria la reforma del sector productivo, porque no lo había hecho la derecha política y económica, ni durante la dictadura (no estaba tan lejos la actitud irresponsable ante la crisis del petróleo en 1973, que obligó a tomar medidas de ahorro energético en toda Europa menos en España, como si este fuera el país más próspero), ni en el escaso tiempo de la transición, aunque bien es verdad que los problemas se acumulaban en este período.

Es decir, que el Gobierno socialista, si quería avanzar en la construcción de un Estado del Bienestar que reportase beneficios a todos los ciudadanos, pero especialmente a los trabajadores, tendría que desarrollar algunas políticas que no habían hecho las derechas, y que podían ser calificadas como conservadoras.

El historiador norteamericano —cuando escribo esto es ya español— Gabriel Jackson, inteligente y ponderado observador, lo expresó con agudeza en un artículo titulado «Las perspectivas del cambio» publicado pocos días después de comenzar a trabajar el Gobierno socialista: «... Además de todas estas cuestiones de índole material, creo que hay un serio problema de orden moral en toda la izquierda, y muy específicamente en los millares de profesionales que organizaron la campaña del PSOE. Estos militantes han trabajado por el socialismo democrático y no solamente para un Gobierno que, como el de Franklin Roosevelt en los años treinta, salvara a los capitalistas de su propia locura. Muchos dirigentes empresariales han saludado la victoria de Felipe González precisamente porque las reformas que promete redoblarán la eficiencia y la capacidad de competencia del capitalismo español. Son reformas que los gobiernos de UCD podrían haber llevado a cabo de no ser por el ridículo egoísmo de sus barones. Personalmente, creo que el tipo de economía mixta de los países del Mercado Común conviene mejor a sus ciudadanos que economías de tipo más socializado, pero el Gobierno del PSOE puede desilusionar a sus más ardientes partidarios si confina sus actividades a la reforma administrativa y económica de tipo más pragmático».

La necesidad de arreglar algunas situaciones de la economía, que las derechas económica y política no habían querido afrontar, para hacer los cambios que produjeran un más equitativo reparto de la riqueza, para proceder a una redistribución de los bienes públicos más igualitaria, nos obligaba —así lo pensaba yo— a hacer un esfuerzo en el discurso para hacer entender a la mayoría cuál era el objetivo de nuestra actuación, aunque nos viéramos forzados a decisiones de difícil comprensión para nuestros propios seguidores. Durante un tiempo funcionó, pero fue haciéndose más difícil de aceptar para la opinión pública debido al tono liberal que fueron tomando algunas declaraciones de los ministros económicos, a la fuerza deslegitimadoras de los sindicatos, sobre todo el más próximo, UGT, justamente por serlo, y a la insistencia de una parte de la prensa en situar al Gobierno de parte de los poderes económicos. Pero esta fue una evolución lenta que no llegó a concretarse más que a partir de la segunda legislatura de Gobierno socialista.

La puesta en marcha de todas las actividades del Gobierno nos obligaba a estar atentos a muy diferentes problemas. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, acudió enseguida a Bruselas para exponer nuestra decisión de congelar la integración de España en la estructura militar de la OTAN. Se creó una expectación notable acerca de si se trataba de congelación o de un rechazo definitivo.

La consecuencia de aquella inquietud fue la visita a Madrid siete días después del secretario de Estado norteamericano, George Shultz. Tras entrevistarse con Felipe González y con Morán, y recibir la información de que el Gobierno no prejuzgaba la posición respecto a la OTAN hasta no consultar al pueblo español, y de que el resultado configuraría las relaciones Madrid-Washington, Shultz se mostró «altamente comprensivo con la posición española». Estaba pendiente de aprobación por las Cámaras el Acuerdo firmado el 2 de julio por el Gobierno anterior.

Constituimos la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos, que presidía yo por encargo del presidente del Gobierno. Examinamos los problemas pendientes: la elaboración de los Estatutos aún sin aprobar (Extremadura, Castilla-León, Baleares, Madrid...), las transferencias de competencias de los Estatutos ya aprobados y las nuevas peticiones de competencias que empezaban a asomar. Mi experiencia en la Comisión Delegada no fue grata. Las reuniones se convertían en un auténtico pugilato entre los que querían mantener competencias y estructuras en sus ministerios y los que pugnaban por acelerar las transferencias incluso de materias que no estaban contempladas en los Estatutos de Autonomía. Lamentablemente, cuando escribo estas palabras, más de veinte años después, este forcejeo entre centralistas y centrifugadores sigue vivo, aunque hoy sean estos últimos los que han saltado todas las bardas que la Constitución de 1978 estableció como límites.

No fue fácil mantener una distancia de aquellas exigencias de unos y otros. Es posible que me marcara la rueda de prensa que dio Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, socialista y amigo, el 28 de diciembre de 1982 para rechazar la política de transferencias del Gobierno. Solo habían transcurrido veinticinco días de la constitución del Ejecutivo. Hubo, pues, que ponerse a la tarea autonómica con mucha dedicación, estudio y paciencia.

Nos encontramos con una empresa pública deficitaria, mal organizada, con una gran benevolencia en cuanto a la consecución de los objetivos marcados.

Confirmamos a muchos presidentes de empresas y revocamos a algunos que no parecía pudieran cumplir eficazmente su misión, e introdujimos un programa de austeridad: bajamos los sueldos de los presidentes, desaparecieron los presidentes honoríficos, se exigió dedicación completa al cargo, se suprimieron las cláusulas indemnizatorias en caso de cese (los llamados blindajes), se limitaron a dos los consejos de administración de los altos cargos, etc., que crearon algún malestar en los afectados pero que abrieron una nueva etapa en la eficiencia del sector público empresarial, aunque hubo que intervenir en algunas empresas con un programa de reconversión imprescindible, que tuvo gran éxito pero que creó una opinión muy fuerte en contra del Gobierno, al que se acusaba de actuar contra los trabajadores.

El Gobierno tuvo que elaborar un presupuesto extraordinario para regularizar las cuentas que habíamos encontrado con un déficit muy superior al publicado; faltaban partidas presupuestarias por contabilizar hasta de 1967.

El problema de la violencia terrorista nos ocuparía con continuidad e intensidad. La prueba más difícil en la tarea diaria era recibir las noticias de los atentados, pero más allá del efecto emocional y psicológico que nos producía teníamos que observar el fenómeno del terrorismo como una tragedia nacional y personal para las víctimas que teníamos que llevar a su final. A veces la necesidad de dar una respuesta a un atentado concreto inhibe de la estrategia general del combate contra el terrorismo, por lo que hay que estar en un continuo y recurrente proceso de retorno a la visión general del problema, intentando zafarse de los efectos emocionales pero sin perder la sensibilidad ante el drama personal. En la primera ocasión que vivimos la Navidad en el Gobierno, y a causa de unos temores de atentados terroristas, pudimos comprobar directamente el comportamiento de la Guardia Civil en su tarea de vigilancia para evitar atentados. Muchos agentes pasaron toda la Nochebuena patrullando por las vías de ferrocarril para impedir una agresión que podría haber producido muchas muertes y gran dolor.

Al poco de ser vicepresidente me preguntaron cómo había encontrado la estructura del poder y la Administración. Mi respuesta fue contundente: «Aquí no funciona más que el gabinete telegráfico —una red interna del Gobierno de gran eficacia— y la Guardia Civil».

Años después, preparando unas conferencias para la Universidad norteamericana de Middlebury sobre Federico García Lorca, al cumplirse el centenario de su nacimiento, leí muchos textos acerca de la vida y la obra de Federico. Y encontré una opinión del poeta acerca de la Guardia Civil que me sorprendió porque topaba con la idea que tenía de su animadversión a aquel Cuerpo, y porque coincidía exactamente con la opinión que había yo expresado.

Cuenta Gaya Nuño que durante una visita de Federico con Tudela, Taracena, Fernando de los Ríos y él mismo a Numancia, mientras contemplaban las impresionantes y bellas ruinas —siento una preferencia indomable por los monumentos históricos reducidos a restos casi impalpables, como Numancia, la villa Adriana—, una pareja de la Guardia Civil les observaba. Gaya le rogó una opinión sobre la pareja de tricornios. Federico contestó lacónico, casi molesto por la confesión: «Creo que son lo único efectivo que hay en España», añadiendo Gaya Nuño: «No se equivocó Federico. Numancia despeja las ideas».

Cuando aún no habíamos cumplido el primer mes en el Gobierno le preguntaron a Olof Palme qué consejos daría a los jóvenes socialistas españoles. Palme rechazó aconsejarnos porque le parecía presuntuoso y agregó que los objetivos socialistas eran comunes en todos los países. Fue entonces cuando a la pregunta de cuáles eran los errores comunes de los socialistas contestó con unas palabras que me causaron una gran impresión, porque vi nuestra actuación reflejada en los riesgos que él anunciaba: «Hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Porque tenemos tanta prisa, porque sabemos que hay tantas cosas que hacer para cambiar el mundo, la sociedad... Pero si tenemos demasiada prisa, lo perdemos todo».

Ese era nuestro riesgo, acudíamos a todos los problemas a la vez; pero... ¿era posible hacer otra cosa sin decepcionar tantas esperanzas? La respuesta es obvia: aunque fuese lo más sensato, no teníamos margen para establecer un calendario de reformas, habíamos de abordarlos simultáneamente, si no queríamos provocar el desencanto social.

Unos pocos días después de la formación del Gobierno, la Comisión Ejecutiva del partido tuvo su primera reunión. Mientras me desplazaba hacia la calle Ferraz fui imaginando cómo discurriría el encuentro. Pensaba que la camaradería y la alegría por ser la primera vez que la dirección del PSOE se encontraba con que el partido tenía la responsabilidad de gobernar España no permitirían que la cita fuera muy útil para los trabajos propios del partido. Lo entendía; el acontecimiento tenía caracteres de histórico, pero me propuse introducir un poco de frialdad para entrar pronto en nuestras tareas.

Mi cálculo mental había sido una especulación irreal. La reunión fue triste. Algunos miembros de la dirección que no ocupaban un puesto en la Administración no querían ocultar su malestar. Yo había preparado, de acuerdo con Felipe, un reparto de las tareas que habían correspondido hasta entonces a los ejecutivos que ahora estaban en el Gobierno. Pretendía que los otros miembros asumieran las competencias, pero no había muchos dispuestos a aceptarlas. Me produjo gran desaliento, no me parecía una reacción propia de dirigentes socialistas. Me fui de Ferraz triste y cansado. Me dirigí a ver una exposición de uno de mis pintores favoritos, Madlener, un alemán-belga que ha pintado de manera sutil, evocadora, la Venecia scomparsa, la ciudad que imaginamos cuando navegamos por sus canales.

Tras la visita mi ánimo se calmó y concedí que todo había sido una reacción incidental, propia del profundo cambio, de la responsabilidad de todos nosotros. Sin embargo, unos días después, en enero, en una nueva reunión de la dirección, las actitudes no habían cambiado, era como una especie de vendetta contra sí mismos. En aquella época todavía acudía a las reuniones del partido el secretario general de UGT, hasta que dejó de hacerlo voluntariamente. En aquella ocasión tuve una extraña sensación oyendo hablar a Nicolás Redondo. Presentí que no era consciente de que hablaba como si él fuera el presidente del Gobierno.

Después de contemplar la exposición de Madlener acudí a Moncloa, donde se había convocado una jornada de confraternización del presidente y vicepresidente con todo el personal: administrativos, militares, policías, trabajadores de la cocina, jardineros, etc. Era la primera vez, nosotros acabábamos de llegar; yo no sabía cuál sería la reacción, ¿cortesía?, ¿frialdad? La cita fue extraordinaria; todos se mostraban alegres, esperanzados y colaboradores. Tuve además la sorpresa de que había acudido el teniente general Gutiérrez Mellado, a quien la transición política debía mucho. Yo le tenía respeto y afecto. Precisamente poco tiempo después llegó a nosotros la noticia de que se encontraba en una situación no muy desahogada. Me pareció una intolerable injusticia que la sociedad respondiera de forma tan ingrata a quien con graves riesgos había dedicado tantos esfuerzos para el bienestar de la sociedad. De inmediato corregimos una anormalidad tan llamativa y le nombramos consejero de Estado, donde siguió dando muestras de probidad hasta su muerte en un triste accidente.

El peligro de saturación en los temas abordados por un gobierno, del que advertía Olof Palme, alcanzó su cumbre en los primeros meses de 1983. Los acontecimientos internacionales, especialmente las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética acerca del desarme que afectaba a nuestra posición sobre la OTAN, las actuaciones decididas por el Gobierno en España, la respuesta a situaciones no buscadas pero que exigían un posicionamiento del Ejecutivo ya componían un cuadro agotador; si añadimos las consecuencias que sobre mi vida personal acarreaba la nueva situación, convirtieron al año 1983 en un tiempo de aceleración de actividades que yo pretendía neutralizar con lecturas, conciertos y exposiciones para equilibrar un tiempo de locura de acción con la serenidad y la reflexión que proporcionan la literatura y el arte.

CONATOS DE DIMISIÓN

El año 1983 comenzó con cierto optimismo en las relaciones políticas y militares de las grandes potencias. Ronald Reagan y Yuri Andrópov (que había sustituido en noviembre a Leonid Brezhnev a su muerte) declararon que podían alcanzar un acuerdo sobre armamento nuclear estratégico.

Los países del Pacto de Varsovia propusieron a la OTAN un acuerdo de no beligerancia, un pacto de no agresión y una propuesta de desarme, lo que fue acogido muy favorablemente por el Gobierno español. Las dos noticias componían un cuadro que significaba una reducción del peligro nuclear, una disminución de los gastos militares y un nuevo enfoque a la misión de la OTAN (y del Pacto de Varsovia) que facilitaba la posición española respecto a la política de defensa.

Pronto las expectativas fueron dando paso a nuevos encontronazos debido a la pretensión de instalación de los misiles Pershing por parte de Estados Unidos como respuesta a los SS-20 de los soviéticos. Esta polémica había de tener un reflejo directo en el Gobierno español, pues derivó en el leve intento de dimisión de un ministro del Gobierno. Fernando Morán había acompañado al presidente del Gobierno en un viaje a la República Federal de Alemania. Allí, Felipe González adoptó una posición algo más complaciente que la que hasta entonces había mantenido el Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de la instalación de los misiles.

En un acto insólito en la vida diplomática, el ministro regresó del viaje oficial antes de su finalización. Enseguida comprendí la gravedad de la situación y en un gesto poco usual anuncié al ministro que iría a visitarle a la sede del ministerio, en el palacio de Santa Cruz. Lo habitual es que reclamara su presencia en la Vicepresidencia del Gobierno, pero quise desde el primer momento que el ministro se sintiera confortado para evitar una decisión, la dimisión, que me parecía muy perjudicial para el proyecto socialista. ¿Cómo podía interpretar la sociedad española que en la primera ocasión histórica que había tenido la izquierda de ocuparse del Gobierno comenzara su gestión con dimisiones? Hice un gran esfuerzo para mostrarle que no había problema con el ministro ni con su actuación, que todo el Gobierno —también quien le había nombrado— reconocíamos su superioridad en el conocimiento de la política exterior, que la vida política tiene momentos en los que el criterio de cada uno no es el único, ni el prevalente, pero que ello no anula el conjunto del proyecto.

Una larga conversación sentados en un sofá en el salón de recibir calmó al ministro y nos permitió a los dos salir del palacio con redoblados ánimos, con deseos de emprender una política exterior que colocase definitivamente a España en el mapa internacional. El símil «colocar a España en el mapa» es una frase que pronunció el secretario general de Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuéllar, juzgando la labor internacional del Gobierno socialista español.

No fue verdaderamente una dimisión, esta no llegó a presentarse, pero sí estuvo planeando durante un par de días entre los altos cargos del ministerio. La impresión que saqué fue que algunos de estos altos cargos, señaladamente el subsecretario Dicenta, había caldeado el ánimo del ministro.

En todo caso, no fue esta la única intervención que creí necesario hacer para evitar una dimisión. El día 8 de febrero de 1984, cuando llegué al palacio de la Moncloa para la reunión del Consejo de Ministros, el presidente me llevó a su despacho para anunciarme que el ministro de Industria le había presentado su dimisión.

La razón expuesta por el ministro era que no se sentía con fuerza ni suficientemente apoyado por el Gobierno para llevar adelante la reconversión industrial. Solchaga había ideado un plan de reconversión que fue contestado o matizado por ministros del Gobierno, por la dirección del partido y por la UGT. Dos meses antes, el 16 de diciembre, nos habíamos reunido en Ferraz las dos direcciones, del partido y del sindicato, para estudiar el plan de reconversión. En la reunión brilló José Luis Corcuera, que sostuvo una tesis que se apartaba —matizadamente— tanto de la rudeza del plan del ministro de Industria como de la cerrazón del secretario general de la UGT. Corcuera admitía sin reservas la necesidad de aplicar el plan de reconversión del Gobierno, pero exigía un tratamiento flexible y generoso con los trabajadores. El conflicto principal estaba en aplicar la suspensión o la resolución de contrato a los trabajadores afectados.

Al compás que se abría paso una solución más flexible que la inicialmente propuesta y que arreciaban las manifestaciones de los trabajadores contra el plan, el ministro iba sintiendo una suerte de desautorización de su proyecto.

Recuerdo bien, porque me afectó, que una mañana —cuando leía los teletipos, cartas y despachos de los embajadores, costumbre que para sorpresa y alegría de los diplomáticos adoptamos el presidente y yo, leer cada mañana todas las comunicaciones de nuestros representantes— oí unos potentes gritos a través de la ventana de mi despacho. Me acerqué a la ventana y vi una gran cantidad de trabajadores que gritaban con fuerza «Felipe, Guerra, Sagunto no se cierra». Me produjo un gran impacto. ¿Cómo se habían sucedido los hechos para que un Gobierno cuya actuación prioritaria se dirigía a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores hubiera provocado su airada protesta? Éramos muy conscientes de que la siderurgia de Sagunto no podía continuar produciendo acero que no lograba vender ni al precio de coste; era una gran carga de recursos económicos que se detraía de otras necesidades productivas, capaces de generar riqueza para distribuir entre los trabajadores en sus rentas. Podíamos cambiar las cosas y lo íbamos a hacer. Sagunto, tras la reconversión, sería rentable, y sus trabajadores podrían contar con empleos seguros y un futuro estable para sus familias.

Pero había que encontrar un punto de equilibrio que permitiera contar, si no con la colaboración, al menos con la neutralidad de los afectados; era preciso transmitirles confianza, tenían que creer que nuestra actuación iba encaminada hacia su propio beneficio, y ello exigía una presentación suave, evitando la confrontación.

Este clima fue lo que llevó al ministro Solchaga a presentar su dimisión al presidente del Gobierno. Le pregunté a Felipe si había intentado disuadirlo de su resolución. Lo había hecho, pero no había logrado mover su voluntad.

Estuve unos segundos pensando. Me asaltaba el deseo de proponerle al presidente mi intervención, pero mi mente galopaba en otra dirección. Ya había tenido yo muestras de la actitud beligerante del ministro hacia mí, de sus gestos de soberbia, de su desdén hacia mis planteamientos sociales; era la ocasión para perder un elemento hostil en el Gobierno. Pero pudo más el sentido institucional de mi responsabilidad. No era buena noticia para el Gobierno, aún menos para el proyecto de país que teníamos, dimisiones como reflejo de enfrentamientos. Así que pregunté al presidente: «¿Quieres que lo intente yo?». Me pareció observar un sentimiento de alivio en Felipe. «Te lo agradecería», me contestó.

Fui a buscar a Solchaga y le invité a dar un paseo por los jardines de Moncloa. Hablamos un buen rato, en verdad hablé yo casi exclusivamente; argumenté la necesidad de la cohesión; rebatí la importancia de las imágenes que se crean en el exterior si en el Gobierno hay un acuerdo general sobre cuál es la misión que exige la sociedad; deslicé la idea de que una vez parece que dominan las tesis de uno, pero al poco tiempo parece que es otro quien triunfa; le garanticé que pasado lo peor en cuanto a ponerse de acuerdo en el plan de reconversión todo el Gobierno y el partido le estarían apoyando sin grietas ni reservas. Él no se mostraba muy complacido, pero el resultado fue que le convencí y retiró su dimisión.

No sé si esta revelación hará cambiar a algunos sus ideas preconcebidas sobre mi pretendido sectarismo, mas en todo caso no me arrepiento de aquella exitosa gestión, a pesar de que más tarde Solchaga aprovechara todas las ocasiones para instilar opiniones hostiles contra mí.

EROS Y EL PODER

Es un tópico literario y político la afirmación de que el poder produce un placer que amartela, que seduce: el erotismo del poder. No lo encontré en mi tarea de vicepresidente; diría que las decisiones en las que el mando, el poder eran personales más bien me creaban tensión, cierta incomodidad e inquietud por las dudas que se me presentaban en cuanto a si había acertado o errado en la decisión.

Una explicación que apartó de mi mente las inútiles disquisiciones acerca del posible erotismo del poder era que mi posición subalterna, auxiliar o accesoria respecto del presidente del Gobierno, cúpula verdadera de la estructura del poder, me atribuía más una posición de trabajador, de constructor, que de personaje de poder, sobre el que descansa la última decisión, y por lo tanto con un margen de arbitrio importante.

Pero cuando Felipe empezó sus viajes a otros países pasé a desempeñar la presidencia del Gobierno, con lo que aquel argumento ya no tenía validez. La primera salida de Felipe fue el 27 de enero de 1983, para asistir a una extraña reunión en París convocada por el Partido Socialista francés con el presuntuoso título de «Los actores del cambio». En aquel momento —y ello se repitió numerosas veces durante años— yo era la cúspide del poder, el presidente en funciones, pero con todas las prerrogativas. ¿Cambió en algo mi percepción del poder? No. Seguía totalmente ajeno a la mítica erótica del poder, inencontrable en un trabajo que no daba tregua para el descanso ni para compartir la vida con la familia.

Precisamente un día antes de la marcha de Felipe a París había concertado con mi hijo y mi esposa una visita a Madrid, pues yo no podía desplazarme a Sevilla, y ya había sufrido la separación forzosa durante el fin de año. Pasamos tres días juntos en Madrid, visitando el Zoológico, el Parque de Atracciones, el Retiro... viéndole disfrutar y gozando de su felicidad.

Cuando volvió a Sevilla entristecí y me consolé con la London Simphony Orchestra dirigida por Claudio Abbado, un primer concierto con la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, y la Sinfonía Fantástica, op. 14, de Berlioz. Al día siguiente ofreció una vibrante Séptima sinfonía, de Mahler.

De noche medité de nuevo sobre los mitos del poder. Debo de estar negado para el disfrute de la erótica del poder. Es un trabajo que puede llegar a apasionar si tienes un proyecto para tu país, si mides el éxito no por los aplausos, sino por los resultados tangibles para los ciudadanos; pero el salto que supone pensar que el mando, la capacidad de ordenar produzca un placer semejante a la delicuescencia que provoca el eros, me parece una invención especulativa. O tal vez sea solo que el eros no llama a mi puerta en el campo del poder. Tal vez funcione el placer erótico para otros. A veces pienso que los políticos que hacen ostentación de no sentir turbación («no me temblará la mano») al adoptar alguna medida impopular, que perjudica a algunos, pueden quizá sentir un placer en la omnipotencia de pasar por encima de los intereses de los demás, y hacerlo con orgullo, hasta con una soberbia altiva, con una jactancia arrogante. No podría sentir así, aunque me lo propusiera. La única forma inteligente de aceptar la sencillez de la condición humana —no somos dioses— es comportarse en la vida con humildad. La diferencia entre los seres humanos no es la grandeza de unos y la pequeñez de otros, sino la accidental ocupación de un lugar u otro en la sociedad. La cultura no es únicamente la erudición. Cada ser humano, más allá de su formación académica, puede ser una persona culta en su espacio vital. La inteligencia natural, el sentido común, el respeto a los demás, la tolerancia, la comprensión a los otros, la finura personal la he encontrado tanto en los estratos más bajos de la escala social como en los más altos.

Todas estas ideas me empujaban a situarme respetuosamente ante los acontecimientos y ante las personas a las que puedes afectar con tus decisiones, lo que te crea una suerte de desconfianza de las ideas muy contundentes, sin dudas. El gobernante tiene que dudar, pues como dijo el poeta de Sevilla:

En mi soledad

he visto cosas muy claras

que no son verdad.

También el dramaturgo Bertolt Brecht nos advertía de los peligros del dogmatismo: «De todas las cosas seguras, la más segura es la duda».

En resumen, nunca hallé la fuente de placer en el ejercicio del poder. Si otros lo encontraron, que lo disfruten, pero que lo hagan sin levantar la cresta, no sobre la fatuidad.

PALABRAS DE REY

En enero, el Rey sufrió una caída mientras practicaba el deporte del esquí en Suiza. Fue trasladado a España y confinado en el palacio de la Zarzuela, obligado a permanecer en cama. Le llamé para conocer su estado de salud y me invitó a ir a saludarle personalmente.

La relación con el Rey ha estado siempre marcada por su carácter simpático y expansivo. La dirección del Partido Socialista tomó la decisión de solicitar una entrevista con él solo cuando estuvo aprobada la Constitución, cuando la Monarquía había sido apoyada en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, y refrendada muy mayoritariamente por el conjunto de los españoles.

Aquella primera entrevista comenzó con una manifiesta indecisión de todos nosotros. Nos colocamos de pie en línea junto a una pared del salón en el que recibe, y el Rey se colocó enfrente, de pie también. Leyó unas breves palabras sobre un folio que sostenía en sus manos; Felipe contestó con unas pocas palabras, y de inmediato el Rey se aproximó y empezó a bromear con todos. El ambiente se relajó y surgieron los comentarios, las risas y los saludos.

En aquella ocasión en que permanecía en la cama le visité y le regalé la Política poética, de Juan Ramón Jiménez, que había sido editada en aquellos días. No sería correcto revelar el sentido o el significado de una conversación con el Rey, con el Jefe del Estado, mas sí una frase neutra respecto a la política pero que es útil para conocer el vitalismo y la energía de quien nos representa como máximo dignatario.

Al comprobar que a pesar de estar postrado con una lesión que sería muy dolorosa mantenía buen humor y deseos de conversación, le comenté que me sorprendía que tuviese tan buen ánimo. Me respondió de manera contundente con una sonrisa en los labios: «Lo tendré hasta cuando estén clavando el último clavo sobre mi caja». Refleja un acusado positivismo a la hora de enfrentar la vida y sus circunstancias que sin duda ha servido para transmitir el espíritu alegre y optimista que le han hecho acreedor de una simpatía popular que reconocen todos los estratos sociales de la nación, y que se vio aumentada hasta casi la unanimidad cuando los sucesos del 23 de febrero de 1981.

En todas las ocasiones en las que he tenido conversaciones, despachos y consultas el Rey ha tenido una gran deferencia, lo que ha facilitado el contacto directo y sincero. Su comprensión instintiva de los problemas contrasta y se complementa con una visión más racionalista de la Reina.

Componen una pareja cercana y profesional que en un páramo nacional de monárquicos —la historia no perdona— han logrado hacer un ejército de juancarlistas.

ECONOMISTAS

La realidad económica nos obligó a hacer numerosas reuniones para conocer los datos verdaderos y para idear, después de escuchar los diagnósticos técnicos de los especialistas, las medidas que enderezasen la situación.

A mi parecer, los economistas caminan a tientas sobre los problemas que analizan, buscan argumentos que fundamenten las tesis que mantienen a priori, hacen previsiones que a veces se cumplen, y reivindican su acierto, y a veces no, y prontamente argumentan con gran aplomo las razones que explican el desajuste.

En una de aquellas reuniones le pasé una nota a Felipe señalándole cómo los economistas iban a tientas. Me contestó: «Como los médicos, y los llamamos para curarnos». El símil podía estar motivado por una convicción clara o tal vez porque estaba bajo los efectos de una fiebre alta.

El ministro de Economía, Boyer, sostenía que la economía daba sus resultados al margen de la orientación ideológica del ministro. Puestas las cosas en esos términos, podíamos haber continuado con García Díez. El panorama económico era espantoso. Intentamos mejorar el escenario económico, para lo que era necesario atender todos los frentes: elaborar un decreto-ley de liquidación de los déficits ocultos desde 1967, incrementar las pensiones (¡qué horror!, ¡cómo vivían los pensionistas!: el 70 por 100 cobraba 20.000 pesetas, y estamos hablando de cuatro millones y medio), la seguridad social, las prestaciones por desempleo...

Cada lunes, en el almuerzo que compartíamos Felipe y yo, expresábamos nuestra desesperanza por la escasa maniobrabilidad que permitía la situación económica y por las dificultades estructurales que hacen pasar una eternidad entre el momento en que tomas una decisión económica y el tiempo en que aprecian sus efectos los beneficiarios.

Las primeras decisiones acerca de las pensiones intentaron mostrar la tendencia de igualación que exigía una realidad tan injusta. Acordamos unos incrementos de las pensiones por tramos, de manera que las más bajas subían un 16 por 100 y las más altas un 3,3 por 100. El salario mínimo interprofesional también se incrementó en un 13,08 por 100. La señal era que intentábamos recuperar la pérdida de poder adquisitivo de las personas más necesitadas. No eran cantidades suficientes, pero, con el margen que permitieron los datos económicos, representaba un vuelco en la política social que fue muy bien recibido por los pensionistas.

PERIODISTAS

En enero tuve dos incidentes con los periodistas sin que mediara intervención alguna por mi parte. En el programa La Clave de la televisión pública habían previsto una sesión dedicada a «Los Ayuntamientos de izquierda». En el último momento fue sustituido por otro ya grabado dedicado a la presencia de Napoleón en España. El cambio en la programación levantó una enorme polvareda en la prensa, especialmente en Diario 16 y El País. Acusaban al Gobierno de haber sustituido el programa por un veto a la presencia de Alonso Puerta, ex concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, expulsado del PSOE. Televisión Española dio una versión oficial arguyendo enfermedad del director y moderador José Luis Balbín, pero no fue creída porque en otras ocasiones la enfermedad del conductor del programa se había resuelto con otro moderador, y porque Balbín fue visto en Berlín en alguna actividad que no hacía pensar en un proceso de enfermedad.

El asunto derivó hacia la idoneidad de los invitados al programa. Habían sido invitados Alonso Puerta, Juan de Arespacochaga (PP) y José Luis Álvarez, ex alcalde no democrático de Madrid. No se había cursado ninguna invitación a ningún concejal socialista de Madrid, a pesar de que estaban sujetos a una querella presentada por Alonso Puerta. Este señaló a «la superioridad» como responsable de la supresión del programa y enseguida algunos periódicos pusieron nombre a la enigmática superioridad: el mío. El diario El País daba muestras una vez más de su fijación conmigo en su editorial dos días más tarde: «... resultaría que Balbín y Calviño [el director general de RTVE] se habían dedicado estos días a interpretar los papeles estelares de El enfermo imaginario y Tartufo, dos obras de Molière adaptadas para esta ocasión por Alfonso Guerra, con el fin de cubrir la agresión más estúpida, hipócrita y grosera contra los principios que animan el Estatuto de RTVE desde su promulgación».

Solo habría que objetar a la vergonzosa campaña que desplegaron contra mí que nada tuve que ver en tan aireado asunto. La explicación verdadera debía dirigir los juicios hacia el alcalde de Madrid, Enrique Tierno, que presionó al director del programa, Balbín, y al de Televisión, Calviño, en presencia de Ana Tutor para que retirase la invitación a Alonso Puerta. Balbín optó por suprimir el programa y marcharse de viaje. El programa se emitió tres semanas más tarde con los mismos invitados previstos inicialmente, pero aquel incidente ya quedó instalado en la opinión de los periódicos como un ejemplo máximo de intervención gubernamental en la televisión pública, y con un señalado enemigo de la libertad de prensa: yo.

En los días que alcanzó máxima temperatura el escándalo del programa La Clave había acudido yo a la invitación de un grupo de mujeres periodistas, conocido como Desayunos del Ritz. Lo componían jóvenes periodistas con las que se mantenía una conversación informal mientras se desayunaba en el exquisito hotel. El grupo estaba formado por Julia Navarro, Consuelo Álvarez de Toledo, Pilar Cernuda y Charo Zarzalejos. De la conversación con ellas publicaron unos extractos en los que alguna incluyó una información absurdamente falsa y otra una expresión con un sentido erróneo que había de ser repetido durante años como ariete de deterioro del Gobierno.

El primer error fue que se publicó que yo había declarado no conocer al nuevo director general de Televisión, José María Calviño. Era un hecho absurdo que yo pudiera decir tal cosa por cuanto había presidido el acto de su toma de posesión y las fotografías sobre el acto ocuparon las páginas de todos los periódicos. La periodista que había dado la información equivocada —que sirvió para múltiples comentarios en muchos periódicos— me envió una carta personal en la que agradecía «la elegancia con la que, con razón, puntualizas mi versión de los Desayunos del Ritz», añadiendo más adelante que «es obvio que no había “mala intención” y no me suelen ocurrir estas cosas».

Me ha ocurrido en muchas ocasiones que una información falsa o errónea ha valido una carta privada, pero no una rectificación pública en los mismos términos que la primera información.

La segunda deformación informativa hace referencia a la explicación que había hecho en aquel desayuno de mis conversaciones con ciudadanos desconocidos que habían enviado cartas a la Vicepresidencia, así como a mis llamadas a funcionarios concretos responsables de algunos temas para conocer directamente su opinión. Afirmé que me gustaba hacer de oyente, escuchar a los ciudadanos, a los funcionarios, para conocer sin intermediación sus preocupaciones y peticiones. Lo que se publicó fue que yo había afirmado estar «de oyente» en el Gobierno. Tal deformación sirvió durante años para que políticos y periodistas descargaran contra mí una munición viciada en su origen y cuyo desmentido repetido era deliberadamente ignorado.

El presidente del Gobierno me encargó la coordinación de los delegados del Gobierno. Asistí en veloz recorrido en un mismo día a la toma de posesión de los nuevos delegados en Vitoria, Barcelona y Sevilla. Ramón Jáuregui, Francesç Martí y Leocadio Marín ofrecieron una buena imagen de seriedad y dedicación. No hubo problemas en los actos, salvo los de protocolo que planteó el lehendakari —quería ser el último en los discursos—, y la expectación generada en Sevilla por las recientes declaraciones del presidente de la Junta descalificando la política autonómica del Gobierno. No hubo nada, salvo una nota pintoresca: el delegado saliente, de UCD, que «amparado en vuestra cortesía y magnanimidad de vencedores» pronunció un breve discurso con cita de Marx y Lenin. Creyó que era el tono adecuado. Su intención sería buena; su despiste, mayor.

Respecto a las diferencias surgidas con el presidente de la Junta, en una cena posterior pusimos todos los puntos sobre las íes en un buen estilo de caballeros.

Recibí en Moncloa a horas muy avanzadas de la noche a Ricardo Utrilla, un periodista de largo recorrido en la revista Cambio 16, para ofrecerle la presidencia de la agencia Efe. Tres días más tarde me visitaron los periodistas del Consejo de Efe Altares, Palomares, Martínez Reverte y Cándido para expresarme su disconformidad con la propuesta. Anunciaban su voto negativo en el Consejo. Después de oírles a todos, al candidato y a sus oponentes, creí percibir un enfrentamiento por razones profesionales corporativas de las que procuré salirme.

Comprobé que en la profesión periodística, como en las demás, las pequeñas rencillas por agravios pasados, que a veces ni se recuerdan bien, son elementos clave para muchas decisiones. La capacidad analítica y profética de Karl Marx es un aspecto evidente de su aportación científica, pero su gran candidez en algunos casos suavizan sus aciertos. Su afirmación devaluando el papel decisorio en la historia de los aspectos subjetivos es un error que en mi vida política he visto repetido y elocuentemente. Las fobias y las filias personales son a veces determinantes, o al menos condicionantes, de muchas de las decisiones que se adoptan bajo el ropaje de la necesidad y de los principios ideológicos o morales.

DECISIONES IMPORTANTES

En los primeros días del año en la Comisión Delegada para Asuntos Autonómicos que presidía tomamos unas importantes decisiones. A 31 de diciembre, es decir, en el plazo de un año, todas las competencias estarían transferidas o valoradas para que las Comunidades Autónomas las asumieran cuando pudieran o quisieran.

La Administración Central iría reduciendo sus efectivos en Madrid y en la periferia al compás que se fueran transfiriendo las competencias. Al escribir este párrafo me doy cuenta de que esta resolución del Gobierno puso en marcha un mecanismo que en muy poco tiempo convertiría el Estado centralizado español en uno de los más descentralizados del mundo en los terrenos político, económico, administrativo y cultural. Una transformación histórica de consecuencias muy importantes, que transcurridos unos años puede examinarse con certidumbre e inquietud, pero que en aquel momento era una apuesta muy valiente.

Cuando salí de la reunión me marché a conversar con mi amigo Mauricio Scaparro, entonces director del Teatro Stabile de Roma y del Teatro de Europa de París. Siempre he disfrutado hablando de proyectos teatrales y televisivos. Scaparro tomó la costumbre de consultarme sus proyectos (en aquella ocasión se refirió a sus montajes de Don Quijote, en teatro y en televisión. Años más tarde asistiría yo a los ensayos en Madrid con Josep María Flotats y Juan Echanove dirigidos por Scaparro). Cuando en 1992 Scaparro fue nombrado asesor teatral de la Exposición Universal de Sevilla, Mauricio siempre me «distinguió» en sus numerosas cartas y faxes como el asesor del asesor. Scaparro sigue siendo uno de los más grandes del teatro europeo. Algunos de sus montajes han rozado la perfección, como Arlequino servo de due padrone y La mil y una noches representada en castellano, italiano, francés y árabe simultáneamente.

Invitado por Pilar Miró asistí a un visionado privado de la película Antonieta, de Carlos Saura. Durante la proyección una frase de la protagonista me azotó; parecía dirigirse a mí: «Luchando con la inutilidad de mi vida, heme aquí atrapada en la política».

Me fui a casa turbado, con la polémica interior levantada de nuevo. Solo llevaba algo más de un mes en el Gobierno y aquella frase parecía una señal, un aviso. Toda la noche estuve midiendo las armas de mi interior, en un proceso de autoconvencimiento de que ya no era hora de controversias, sino de ponerse a razones. Y a ello me atuve al día siguiente, y aun durante ocho años más.

EL ABORTO

Uno de los más complicados proyectos del Gobierno lo constituía la despenalización del aborto. La dificultad estaba en la reacción de una parte de la población con graves problemas de conciencia sobre la interrupción del embarazo y por la posible batalla propagandística que algunos sectores conservadores pudieran organizar contra el Gobierno exagerando las acusaciones, dado que el aborto es un tema que acostumbra a desbordar los análisis racionales para entrar en una guerra general con descalificaciones totales. Por otra parte, además del compromiso electoral, la situación de muchas mujeres y médicos denunciados y pendientes de juicio por la práctica del aborto exigía una respuesta rápida.

Personalmente mantenía una posición moderada y moderna a un mismo tiempo sobre el asunto. No concibo que se pueda ser proabortista, pero tampoco puedo aceptar que la decisión de no continuar un embarazo pueda convertirse en un delito que castigue la sociedad. Con estas convicciones participé en el Comité Federal del partido que elaboraba el programa electoral, cortando una interminable polémica entre los que se oponían al aborto y los que lo apoyaban, especialmente militantes feministas, aportando una fórmula que fue aceptada por todos, aunque no satisfacía plenamente a ninguno de los bandos.

Propondríamos una despenalización en tres supuestos: peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, malformación del feto y en caso de violación.

En mis conversaciones con la Iglesia fui preparando el terreno para el momento inevitable del envío del proyecto de ley. Recuerdo que los obispos me advirtieron que ellos protestarían públicamente y que yo les dije con un tono de complicidad: «Una protesta como la del divorcio. De acuerdo». Y así lo dejamos para un tratamiento posterior.

El último día de enero, a los dos meses de Gobierno, el diario El País publicó una falsa noticia firmada por el periodista Bonifacio de la Cuadra en la que se daba cuenta de una supuesta reunión del obispo Díaz Merchán, presidente de la Conferencia Episcopal, conmigo, en la que habíamos negociado y cerrado la cuestión del aborto. La publicación molestó a los obispos y al Gobierno. Aquellos anularon una reunión que estaba ya convocada, supongo que sospechando que el Gobierno había soltado «la noticia» para sondear a la opinión pública o a la Iglesia. Desde el Gobierno creyeron que había sido una estrategia de la Iglesia para levantar una polémica que hasta entonces estaba tranquila.

Tuve dudas acerca del camino que pudo recorrer aquella «información»: si era una invención periodística pura, si estaba basada en una insidia de los adversarios o si contaba con alguna media-información de alguien del Ministerio de Educación o de Justicia.

El hecho cierto es que las relaciones con la Iglesia se complicaron por un acontecimiento externo, un artículo periodístico, que nos obligó a extremar la prudencia en el camino de la aprobación de la ley. Cuando se realizó el debate de totalidad de la ley en el Congreso de los Diputados —que se esperaba explosivo—, la serenidad y el respeto caracterizaron las intervenciones. Fraga Iribarne mantuvo un tono aceptablemente conservador. El resultado fue el adecuado para la aspiración del colectivo social del país. Las protestas por haber ido demasiado lejos o por habernos quedado cortos no lograron disipar la evidencia de la aceptación de forma natural de un problema que sabíamos polémico pero para el que la madurez de los ciudadanos supo marcar el camino de la realidad. La reforma del Código Penal supuso un cambio real.

FIRMEZA Y COMPASIÓN

La primera ocasión que tuvo el partido de enfrentarse a la nueva realidad de ser un partido de Gobierno fue el sábado 5 de febrero en la reunión del Comité Federal. Me correspondió, casi en exclusiva, la defensa de la gestión de la Comisión Ejecutiva y de la política del Gobierno. Hice un fuerte alegato por la necesidad antidemagógica de decir la verdad a todos sobre la situación del país y sobre las posibilidades del Gobierno, y de exigir solidaridad a todos, también a los trabajadores, respecto de los que no contaban ni tan siquiera con un puesto de trabajo. En la discusión los miembros del Comité Federal dieron muestras de un espíritu de responsabilidad que auguraba una vasta comprensión del papel que correspondía al Gobierno y del reservado al partido, cuando una propuesta de Carmen García, que fue apoyada por José Rodríguez de la Borbolla, estuvo cerca de complicar las cosas. Pretendían incluir un debate sobre las relaciones partido-Gobierno en la anunciada Conferencia de Organización impulsada por las exigencias de la corriente minoritaria llamada Izquierda Socialista, para participar proporcionalmente en todos los órganos del partido. Mezclar las dos cuestiones, representación interna con relación partido-Gobierno, podría derivar hacia una imbricación de ambas, opción absurda para un Gobierno democrático.

El secuestro del empresario Saturnino Orbegozo me afectó intensamente. Al parecer, el presidente del Parlamento vasco había intervenido cerca del intermediario Erín para intentar su liberación. El intermediario había recomendado a la familia que acudiera al Gobierno vasco para allegar recursos para el pago del rescate (según él, como otras veces). Dos hijas de Orbegozo hablaron con el consejero del Interior.

El hecho es que el empresario fue liberado y el ministro del Interior, Barrionuevo, expresó públicamente su intención de perseguir a los intermediarios de un secuestro. Poco después del secuestro de Miguel Echeverría, un chico de veinte años cuya foto me impresionó, me reuní con el presidente y el ministro del Interior para intentar suavizar la actitud ante los esfuerzos de las familias por conseguir su liberación. Acordamos que daría una explicación en la dirección de que el Gobierno no favorecería el pago del rescate, «pero tampoco prohibiría la utilización de medios humanitarios».

Mis declaraciones en el Club Internacional de Prensa fueron recogidas con grandes titulares en periódicos y en televisión. «Yo no puedo prohibir a la familia que pague el rescate. Por un hijo haría todo lo posible por salvarle la vida, como es natural, al margen de condiciones políticas. Lo contrario sería una monstruosidad.»

Estas declaraciones, motivadas por un sentimiento de compasión y solidaridad con la familia que sufría por un hijo secuestrado, provocaron la reacción de los servicios de seguridad de la Presidencia del Gobierno, que se alarmaron por la protección de mi propia familia. Tuvieron todos que redoblar la precaución, pero yo sentí un gran alivio al saber que había bajado la tensión de las familias de los secuestrados y de todas las personas que sufrieran por aquel acto criminal.

UN PROBLEMA FUERA DEL GUIÓN

La práctica de gobierno y la observación de la política me han enseñado que las previsiones más precisas y estudiadas pueden ser desplazadas por acontecimientos que no estaban en las prospecciones más científicas y pueden trastocar el curso ordinario de la vida política. Podría evocar aquí múltiples ejemplos, pero bastaría con citar dos que influyeron en el acto político más representativo de la vida democrática. En la Alemania unificada las elecciones de 2002 para la renovación del mandato de Gerhard Schröder auguraban un resultado adverso al canciller socialdemócrata. Próximos los comicios, unos fuertes temporales de lluvia recrecieron los ríos y provocaron inundaciones con graves daños en gran parte del país. La respuesta del canciller, acudiendo a los lugares siniestrados, mostrando su apoyo a los damnificados, cambió las previsiones, y venciendo los pronósticos se erigió en vencedor electoral.

En España, en marzo de 2004, la equívoca respuesta a un salvaje atentado provocó una reacción airada primero y responsable después de una parte importante del electorado que hundió definitivamente las escasas aspiraciones de triunfo de la derecha gobernante.

La lección que se puede extraer es que los gobiernos deben estar muy atentos a los accidentes inesperados en la agenda política, sean estos catástrofe natural o debida a una mano criminal, o acontecimientos políticos o sociales capaces de mover el estado de opinión de un pueblo.

Durante el mes de febrero de 1983, fuimos tomando conciencia de algún tipo de irregularidad en un holding empresarial conocido como Rumasa. La primera presentación pública del problema la hizo el ministro de Economía, Miguel Boyer, que informó a los periodistas en el Congreso de los Diputados —18 de febrero— de que «el Gobierno está pendiente de la finalización de la auditoría de Arthur Andersen sobre Rumasa. Si esta rompe con el auditor, el Banco de España mandará a sus inspectores a investigar».

Al día siguiente, en un largo comunicado, el empresario Ruiz-Mateos aseguraba que Rumasa no tenía problemas de solvencia ni de liquidez. El día 22 el empresario convocó una rueda de prensa en la que sustentó su defensa en un ataque hostil al Gobierno: «Una declaración del ministro de Economía y Hacienda como la que hizo el señor Boyer el pasado viernes es más que suficiente para producir el pánico en quienes tienen depositado su dinero en nuestros bancos [...] alguien está interesado en provocar una catástrofe». «El Grupo Rumasa ha sufrido una agresión sin precedente en toda la historia de España.»

Así las cosas —gradual conocimiento de la desastrosa situación económica del grupo, con un aterrador agujero patrimonial y una elevadísima deuda tributaria, lo que ponía en peligro la viabilidad del grupo y los puestos de trabajo de miles de trabajadores, y actitud provocativa de su responsable máximo—, llegamos al Consejo de Ministros del día 23 de febrero.

En la corta expansión que nos permitíamos a la entrada del Consejo, durante el café, todos preguntaban al ministro Boyer sobre la evolución de los acontecimientos en relación con Rumasa. Boyer dejó la taza sobre el platillo —la expectación era máxima—, y con gesto y tono graves anunció que iba a proponer al Consejo de Ministros la publicación de un duro comunicado de prensa que tuviera carácter de ultimátum: o se sometía al control de los auditores o habría de arrostrar las consecuencias. No dijo más. De sus labios no surgió la palabra expropiación. Esta emanó de la boca de otro ministro del área económica y poco a poco se fue extendiendo entre el conjunto de ministros. Es decir, que tanto la colleja sobre la cabeza del ministro de Economía como la estampación de la tarta en su rostro tuvieron una diana equivocada, pero tal mudanza de responsabilidades es frecuente; ya se sabe lo que dice el pueblo llano: «Unos cardan la lana y otros se llevan la fama».

De la intención expropiadora de las empresas del grupo se fue derivando hacia la de los bancos muy ligados a aquellas, y las ideas se fueron aclarando; las obligaciones parlamentarias nos obligaron a interrumpir el Consejo para retomar el asunto a partir de las siete de la tarde. En el ínterin pude hablar con unos y con otros, y comprobar que cabalgaba un potro cargado de incertidumbres y excitación. En cuanto a mí, que los ministros económicos estuviesen resueltos a la expropiación, en alguna medida me tranquilizaba. Ellos conocían bien los vericuetos de bancos y empresas participadas, y, además, quienes eran tan opuestos a las nacionalizaciones debían tener clara la ineluctabilidad de la expropiación, lo que me daba confianza. Pero al mismo tiempo nacía una inquietud en mi interior: ¿cuál será el final de esta operación? En último término: ¿quién pagará los costes?

A las 23.40 horas de la noche el portavoz del Gobierno dio la noticia: el Grupo Rumasa ha sido expropiado por el Gobierno.

La razón argüida era la de evitar un desencadenamiento catastrófico del holding. Se aclaró que no existía en la medida una intención nacionalizadora, pues no se trataba de empresas en sectores estratégicos. Se anunció también que se reprivatizarían las empresas. No se dijo de los bancos. También se expresó el deseo de experimentar algunas cooperativas en tierras no vinculadas a otras propiedades, a excepción de la finca La Almoraima, que quedaría en el Estado.

Podría discutirse el instrumento utilizado, un decreto-ley de expropiación, pero no desde luego, a la vista de los datos, la necesidad de intervención del Gobierno. El ministro Boyer anunció que todas las empresas y los bancos se devolverían a la iniciativa privada.

La impresión que tuve del gran escándalo que suscitó la medida fue que los medios conservadores iniciaban una durísima campaña contra la decisión del Gobierno que contrastaba con la sorpresa complacida de amplios sectores de la sociedad y de la complicidad de los trabajadores de las empresas del grupo, que nos informaban anónimamente del lugar donde los gestores de las empresas habían escondido la documentación.

Me percaté de que estábamos entre dos fuegos, la mediatización conservadora y el apoyo social a un Gobierno recién llegado que mostraba su autoridad ante un grupo económico que no dudaba en emplear artes delictivas para engañar a las autoridades, los clientes y los trabajadores. Así que decidí formular aquella pugna con una representación política, y aprovechando el comienzo de la campaña electoral municipal dije aquella frase que sería tan criticada. Argumenté que ante unas empresas que jugaban peligrosamente con el futuro de miles de familias españolas el Gobierno había resuelto expropiarlas e incluirlas en los bienes nacionales, para entregarlo al pueblo, todo para el pueblo.

Fui severamente amonestado por políticos y periódicos, pero yo sabía lo que estaba haciendo: intentaba recoger la euforia general de los trabajadores ante una medida que les merecía un comentario irónico y satisfecho: por una vez les ha tocado pagar a los que no respetan los derechos de los demás mientras labran una fortuna personal. Aquello fue vivido por muchos como una victoria ética, fue el punto culminante del apoyo moral al Gobierno socialista. La depresión de esta relación se produjo quizá en la huelga general de diciembre de 1988, pero este es otro asunto del que se hablará en su momento real.

Después llegarían las actuaciones judiciales, el encarcelamiento de Ruiz-Mateos, las payasadas del empresario en sede judicial y fuera de ella, las luchas entre cofrades del Opus Dei —Termes, presidente de la Asociación de Banca Española, consideró razonable la expropiación, lo que le valió el odio africano de Ruiz-Mateos—, el recurso ante el Tribunal Constitucional y la insoportable coacción sobre los magistrados desde los sectores ultraconservadores. Al mismo tiempo, el empresario jerezano buscaba desesperadamente un camino que le facilitara la posibilidad de negociación con el Gobierno. Al menos a mí me envió varias cartas y utilizó a diversas personas, abogados, empresarios y periodistas, para lanzar el mensaje de estar dispuesto a llegar a un arreglo. Su trastorno le llevaba a hacer simultáneamente declaraciones acusándome de haber intentado envenenarle; quizá eran vestigios de su relación con la Banca Ambrosiana y aquel gerente, Calvi, que apareció colgado en un puente de Londres.

Me sorprendió que en el debate parlamentario la oposición no entrase en lo acertado o erróneo de la expropiación, sino solo en la utilización del instrumento jurídico del decreto-ley para hacerla. ¿Se podría haber hecho mediante una ley, dando así tiempo a las empresas para ocultar sus deficiencias?

El debate fue exclusivamente jurídico, lo que decepcionó a muchos, entre ellos a empresarios y banqueros, pues solo el ministro Boyer expuso la grave situación financiera de Rumasa.

Resuelto el problema, sin duda por la fortaleza moral de los magistrados del Tribunal Constitucional, que lograron soportar la presión y actuar independientemente, a veces he pensado tras el balance final —la catástrofe económica y laboral que se evitó y los costes financieros que supuso para el erario público— si la expropiación fue un error. No tengo grandes certezas, pero, como ocurre en tantas ocasiones en la vida, es probable que de nuevo ante circunstancias semejantes la actuación fuese la misma.

LAS HERENCIAS EN LA POLÍTICA

Es razonamiento frecuente de los gobiernos apelar a la herencia, al legado que recibe de quien hasta su llegada ocupó la fuente del poder. No es un apoyo de fuerza intrínseca, pues cuando se propicia el acceso al poder se pone en causa la conveniencia de la continuidad del Gobierno anterior. Quiero decir que aunque sea un recurso dialéctico comprensible no es un fundamento capital renegar de la herencia recibida a la hora de justificar las dificultades en los intentos de bien gobernar.

Sin embargo, hay ocasiones en las que no es fácil comprender por qué es preciso cargar con actuaciones de manifiesto perjuicio para la colectividad realizadas por gobernantes cuya incompetencia o falta de honradez hace recaer sobre todos, y en particular sobre el Gobierno, unas responsabilidades que lastran los esfuerzos por mejorar las condiciones materiales y culturales del país.

Al poco de acceder al Gobierno nos enteramos de que España estaba incurso como país en una denuncia ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato.

En 1975, conducida por el ministro Gregorio López-Bravo, la empresa española Enagas había suscrito un contrato con la argelina Sonatrach para el suministro de gas natural. Se habían convenido en el contrato unas cantidades de gas de imposible consumo en España dadas las instalaciones y las aplicaciones del gas natural. España se comprometía a retirar cada año 45.000 millones de termias (en un momento en el que el país no alcanzaba a consumir más de 8.000 millones). Pero la gravedad del convenio no estaba en la disparidad entre la cantidad acordada y la capacidad de consumo, sino en el establecimiento de una cláusula de take or pay, es decir, que España se comprometía a pagar, retirase o no las cantidades convenidas.

De tal manera que desde 1975 a 1983 Enagas solo había retirado una mínima parte de las termias contratadas y había dejado de pagar —como estaba comprometido— el coste de la mayor parte. Argelia presentó la consecuente denuncia ante el tribunal internacional. Y nosotros nos encontramos con una dificultad más para la resolución de la precaria situación económica, pues la deuda contraída con Argelia alcanzaba una cifra de miles de millones de dólares de aquella época.

Había, pues, que intentar lograr un acuerdo con el Gobierno argelino. Y aquí se dirige la mirada hacia mí. Yo había tenido muy buenas relaciones con las autoridades argelinas del FLN, el partido que había logrado la independencia del país frente al colonialismo francés.

Después de unos primeros tanteos telefónicos con algunos amigos argelinos, el Gobierno organizó una visita oficial a Argelia, en marzo de 1983, presidida por el vicepresidente del Gobierno, acompañado por los ministros de Industria (Carlos Solchaga) y de Obras Públicas (Julián Campo Sainz de Rozas), el secretario de Estado de Cultura, el director general de Energía y una amplia delegación para dar a entender la importancia que concedíamos al encuentro.

La recepción de las autoridades argelinas pretendía también mostrar una deferencia especial con el nuevo Gobierno español. Fui alojado en un suntuoso palacete, desde cuya torre se apreciaban decenas de gatos campando libremente en el vasto jardín. Mantuve entrevistas con el presidente Chadli Benjedid, con el primer ministro Abdelghani, con el ministro de Asuntos Exteriores, Taleb Ibrahim, y con el ministro responsable de la Energía, Belkacem Nabi.

Reuniones, visitas al desierto, fiestas en Ghardaïa, chirimías, disparos de arcabuces a mi llegada a cualquier aldea, agasajos que incluían la preferencia de degustar los ojos de cada carnero con que me distinguían —fui dejando un rimero de ojos en las macetas que adornaban las terrazas donde cenábamos— fueron labrando amistad y cordialidad en busca de un acuerdo.

En todas las conversaciones los interlocutores manteníamos la misma canción: ellos se aferraban a la legalidad del contrato firmado y nosotros apelábamos a la generalización de las relaciones entre los dos países y a la amistad entre los gobiernos.

Volví de Argel sabiendo que la tarea sería larga y difícil. La nueva clase política argelina, especialmente la diplomática, tenía formación europea y sabía combinar la habilidad, la dureza y la elegancia, lo que nos hacía volver continuamente al principio; era un viaje laberíntico que conducía no a la salida, sino a la meta inicial.

Nuestra posición era frágil. Los argelinos nos pedían la retirada —de futuro— de las cantidades pactadas en el contrato y el pago de la enorme deuda del pasado. Además, exigían la modificación del precio que ya habían aceptado otros países europeos como Francia e Italia. A esta novedad me agarraba yo, pues, aunque lógica, suponía un cambio de una cláusula del contrato: el precio. Pero si podíamos cambiar un factor podíamos cambiar otros. Y sobre todo argumentaba de forma extenuante sobre las posibilidades que se abrirían en nuestras relaciones si lográbamos resolver el contencioso del gas.

La pugna duró varios años, con continuas visitas a Argel y viajes de las autoridades argelinas a Madrid. Casi cada semana mantenía conversaciones con los responsables argelinos, bien en su país, bien en el nuestro.

Después de una lucha agotadora que me permitió hacer amigos entre los contendientes, logramos una revisión del contrato que parecía más un sueño que una realidad. Acordamos reducir las cantidades, ampliar el plazo para su retirada, terminar con la deuda del pasado con una compensación simbólica y adaptar el precio a la realidad del momento.

Aun con todo he tenido que soportar algunas críticas por mi gestión en el asunto del gas, pues «acordé unas cantidades excesivas para el consumo español». Buena manera de escribir la historia.

ALFÉREZ ROBLES

Durante toda mi vida política he sido receptor de cartas, denuncias anónimas y documentos históricos. En mi etapa de gobierno, probablemente debido a la mayor popularidad y al sentimiento de autoridad que puede percibirse del poder, el número de envíos creció y a veces también el interés de los documentos.

Recibí una interesante colección de cartas e informes relacionados con el golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932. Su lectura me hizo conocer una de las injusticias más rocambolescas que la acción política puede ocasionar. El asunto es el siguiente. Un alférez de Aviación, Rodolfo Robles, destinado en la base aérea de Tablada, en Sevilla, fue testigo del golpe del general Sanjurjo, al que se enfrentó en defensa de la legalidad republicana. Fue encerrado en el calabozo de la base y posteriormente conducido al castillo de Santa Catalina, en Cádiz. Tras el fracaso del golpe militar sus protagonistas son detenidos, pero un posterior indulto del presidente de la República les hará recuperar la libertad. Salvo al alférez que se opuso al golpe. Él, desde el castillo de Santa Catalina, dirigió una carta a la Agrupación Socialista de Cádiz solicitando el ingreso en el PSOE, pues la pérdida de su condición de militar —por haber cumplido con su deber— ya le permitía la militancia política. Esta es la carta que recuperé, junto a otras entre los socialistas de Cádiz y el ministro Indalecio Prieto interesándose por una solución que remediase el disparate jurídico-político: el único oficial que se opuso al golpe es precisamente el castigado.

Los socialistas gaditanos piden al Gobierno —a Indalecio Prieto— la revisión de la causa y le «anticipan que por esta organización y las sindicales de la localidad se dirigirá escrito al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministro [sic] solicitando el indulto y que nosotros esperamos será resuelto favorablemente con la cooperación suya y de los compañeros De los Ríos y Largo Caballero».

Prieto contestará sorprendido: «Quizá la mecánica aplicación de la ley haya conducido inevitablemente a esa enormidad», y ofreciéndose «con todas sus fuerzas» para encauzar la revisión.

Pero lo más importante de la recuperación documental es que apareció un informe escrito por el alférez Robles en el que da cuenta pormenorizada de los acontecimientos de agosto en la base aérea de Tablada, de Sevilla. Es un documento histórico que hasta ahora no ha visto la luz y que por su especial importancia transcribo.

El año 1930 decidí hacerme piloto aviador, para lo cual fui a Getafe y me puse al habla con el comandante Don Juan Ortiz que con Don Ramón Franco tenía una escuela de pilotos. En esta época y enterado de las ideas republicanas de Franco y Ortiz que eran las mías, empecé a trabajar en la medida de mis exiguas fuerzas en pro del régimen republicano que año y medio después había de instaurarse.

Franco, primero, y Ortiz después, fueron encarcelados por Berenguer. Desde entonces nos reuníamos en la Granja el Henar los simpatizantes con la idea, entre ellos el cuñado de Franco, Juan José Díaz Guisásola al cual recordará el Sr. Prieto haber visto en París más tarde, pues fue uno de los emigrados. No puedo, al hablar de este muchacho, dejar de hacer un justo elogio de su conducta en el período revolucionario. El fue quien entró en Madrid gran parte de las pistolas «Demond» que se repartieron entre los revolucionarios; y él también quien llevó a Cuatro Vientos las proclamas que Franco echó sobre Madrid en Diciembre del 30, y otras muchas cosas que seguramente no ignora el Sr. Prieto.

En la Granja el Henar fui detenido una tarde tras abofetear a un Guardia de Orden público que de paisano se mezclaba con los elementos republicanos en cuanto se enteraba de algo lo ponía en conocimiento de la Dirección de Seguridad, la cual mandaba acto seguido, un policía que detenía, un día a uno, otro día a otro, a todos los de la peña, de la cual se llevaron un día hasta el camarero, Pepe, el nº 5. Estuve en casi todas las escaramuzas que se organizaron antes del advenimiento de la República. Más tarde una vez implantada la República, hice instancia para ingresar en el curso de pilotos de complemento en Aviación Militar, de la que a la sazón era Jefe Ramón Franco, ingresando en Junio del año 1931.

En Marzo de 1932 fui destinado a la Base aérea de Tablada. Al llegar a esta Base, donde los jefes y oficiales, en su mayoría, eran enemigos de Franco, como lo demuestra que ellos fueron los que le pusieron la zancadilla para que saliera de la Dirección de Aeronáutica, y enemigos, muchos, del régimen también, empecé a sentir las consecuencias de mi amistad con él; nadie me dirigía la palabra (salvo tres o cuatro que casi estaban en mi situación) si no era para asuntos inherentes al servicio. Así llegó el memorable día.

El diez de agosto de 1932 fui al aeródromo de Tablada a las ocho de la mañana como todos los días. Al entrar me dijo el suboficial Almoguera que estaba de guardia, que el comandante Martín Prats, no había dormido aquella noche, debido según le dijo a un dolor de muelas que le hizo salir del Aeródromo, donde entonces vivía, muy temprano. A eso de las ocho de la mañana tocaron llamada de oficiales y acudimos en número de unos ocho, dándose la particularidad que capitanes solo fue uno de la escala de reserva y de tenientes, también los procedentes de la escala mencionada, otro, excelente oficial republicano y los dos que estábamos de complemento. El resto de la oficialidad no acudió, lo cual me ha hecho pensar después que estaban enterados de la «verdad» que a nosotros se nos ocultó hablándonos de una manera ambigua de nada en concreto. Se nos dijo que se había sublevado la guarnición, Guardia Civil, Carabineros, que Sanjurjo había venido de Madrid y que dijéramos si nos poníamos a sus órdenes; a lo cual el Teniente Compagni y yo contestamos que se debían pedir órdenes al Ministerio de la Guerra ya que, según nos dijeron, de la División se había hecho cargo el General Sanjurjo. Se nos contestó que las comunicaciones estaban cortadas y por tanto no se podía hablar con Madrid, y se nos dio a entender que el general sublevado era González, pues, según el comandante, Sanjurjo tenía la confianza del Gobierno, citando para dar mayor fuerza a su palabra su venida a Sevilla en el año 31 cuando los sucesos de Tablada del mes de junio y su actitud el 14 de abril del mismo año al implantarse la República. Ante esto nada contesté porque nada se me pedía, pero quedé con el Teniente Aragón y el Teniente Compagni (a mi juicio, únicos sobreseídos en estricta justicia, de cuantos fueron procesados por el magistrado Don Dimas Camarero) en expectativa esperando acontecimientos.

Se me ordenó formar una compañía de retén, a lo cual me negué por no corresponderme el servicio. El resto de la mañana pasó sin incidentes y sin que nada anormal se notase.

Se nos hizo comer en el Aeródromo, razón por lo cual ignoramos lo que ocurría en Sevilla que está bastante lejos de él. A las dos o poco antes se presentó en el comedor, donde estábamos comiendo, el comandante Martín Prats, con el General Sanjurjo y varios jefes de Carabineros y Guardia Civil, y al sentarse Sanjurjo en la mesa yo me levanté, pues habiendo detenido el año antes a Franco, Teniente Coronel Camacho y comandante Romero, de forma poco correcta, no me era nada simpático (hoy en cambio, ante su gesto viril en el consejo de guerra y luego en el Supremo en el último juicio oral por los sucesos de aquel día, ha ganado mucho en el concepto que de él tenía, y casi estoy convencido de que lo engañaron).

Bajé al jardín y allí encontré al Teniente Compagni [y] al Teniente Aragón; me quedé un rato con este último y me dijo que Sanjurjo les había dicho que se había sublevado. Entonces hablé al cabo Ponce (que hoy está procesado también) para pulsar el ánimo de la tropa y ver si podía contar con ella para oponerme a la reacción caso de ocurrir algo en el Aeródromo, el cual me respondió que los soldados con él estaban todos al lado del régimen.

Sanjurjo antes de irse había dejado dinero para vino, pero la tropa lo despreció olímpicamente. ¡Los soldados fueron como siempre los verdaderos héroes! ¡héroes anónimos! hoy su heroísmo está ignorado y algunos sufren calamitosas consecuencias. Hablé con el Teniente Compagni, excelente oficial, y le dije que como más antiguo hablase a los jefes para que tomasen alguna determinación o de lo contrario la tomaríamos nosotros. Entonces se reunieron los capitanes, los cuales, no espontáneamente, sino en vista de la actitud nuestra y de la tropa, acordaron decir al jefe que no harían nada en contra del régimen ni de los poderes legalmente constituidos. En vista de esto el jefe prometió no dar ninguna orden en este sentido y yo le creí de buena fe, comunicando así a la tropa lo que había dicho el jefe.

A las cinco aproximadamente llegó el comandante Acedo, hombre inteligente y pérfido que ayudó solapadamente a Sanjurjo a cuanto pudo, pero tuvo la habilidad de demostrar que nada había hecho. A mí me llamó violentamente la atención por censurar en voz alta con el Teniente Aragón y otros, la incertidumbre en que se nos tenía; dijo que tomaría una providencia contra el primero que hablase del asunto y poco después me echó de su despacho con cajas destempladas por que fui a pedirle explicaciones de lo que había dicho anteriormente. A las ocho llegó el trimotor de «Classa» y ordenó el referido comandante se iluminara el campo y se prohibiese entrase en él a nadie; entró él solo. A las once próximamente, recibió un telegrama y como pretendiéramos leerlo a la vez que Martín Prats, a quien se lo entregó, el Teniente Romero y yo, nos advirtió que era particular. Sin nada anormal llegó la noche y yo me acosté en una camilla en el Botiquín del Aeródromo.

A la mañana siguiente muy temprano me despertó el ruido de los motores de la escuadrilla que llegó al mando del comandante Sandino. Entonces el cabo Ponce y alguno de los muchachos que habían estado de guardia me contaron que el comandante Acedo había desarmado, cuando llegó, la compañía de retén; que había dado orden a los centinelas cuando llegó el trimotor, de no dejar entrar en el campo a nadie y que él se había reunido dentro del campo con los oficiales sublevados que en él se encontraban, a los cuales nosotros no pudimos ver por la oscuridad de la noche; que así mismo, les había dado orden a los de la guardia de que durante la noche si veían oficiales de otras armas dentro del campo no los echasen, me enseñaron el texto del telegrama recibido la noche anterior, que Acedo no nos dejó leer, en el cual se daba orden por el Gobierno de la detención de Sanjurjo, que si no se llevó a cabo aquella noche fue por la intervención de Martín Prats y Acedo que con su conducta facilitaron su fuga. Estos hechos culminaron mi odio hacia los que habían sido mis jefes, que desde aquel momento, para siempre dejaron de serlo pues no podía jamás reconocerlos como tal. Concebí la idea de hacer justicia y decidí sacrificarle mi libertad a la República, pues no dudaba que las puertas de la cárcel se cerrarían tras de mí. Lo demás de todos es conocido.

Llegó el consejo de guerra y prohibí a la defensa que negase los hechos, por lo cual se tuvo que basar en lo que yo estimo estrictamente lógico y justo, «que quien se levanta contra el régimen no puede ser reconocido como jefe y por tanto yo no ofendí de obra a un superior, sino a un traidor de la República». Encargué al defensor que recurriese al Supremo y, contra lo que yo esperaba, el auditor de Sevilla denegó la petición. No entiendo de juridicidad, pero yo creo que esa facultad solo la tiene el Supremo que es a quien yo recurría, pero nunca el auditor, el cual creo (sin saber nada de esto como anteriormente digo) pudo y debió ser recusado, así como el fiscal, por ser compañeros de cuerpo e íntimos amigos de una de las partes, el comandante Acedo.

Cuando los ideales se siente[n] de verdad no se claudica jamás; por eso yo, Rodolfo Robles, estaré siempre dispuesto a ofrecer mi libertad, mi vida por el régimen; seré siempre republicano, del mismo modo que los que un día se levantaron contra la República serán siempre monárquicos descarados o encubiertos bajo el manto del fascismo, la tiranía de moda.

Con previsible desespero, pero sin que se aprecie amargura o resentimiento, el noble oficial escribe al Partido Socialista en solicitud de ingreso:

Sr. Presidente de la Agrupación Socialista (Oliva) de Cádiz.

Muy señor mío: Mi condición de militar me ha impedido pertenecer a ningún partido, pero hoy que, afortunadamente, la he perdido como consecuencia de haber cumplido con mi deber durante los sucesos de agosto en Sevilla, quiero que sean una realidad mis anhelos de siempre de liberación de las clases oprimidas, que son en fin de cuentas las que más derechos tienen a una mejor vida, a una mayor consideración.

Debo aclarar que mi condición de militar la he perdido como consecuencia de los sucesos de agosto, pero no por haber secundado el movimiento reaccionario, al cual me opuse desde un principio, sino quizás por esto mismo, pues fui el único oficial de veintidós, no procesado a consecuencia de la sanjurjada, y el único también que hoy se encuentra preso. Claro que también soy el único que tiene la conciencia tranquila del deber cumplido en todo momento.

De espíritu indómito y algo quijotesco, me sublevo ante las diferencias que existen entre los seres humanos; diferencias que de existir, lógicamente, debieran estar invertidas, pues si algún derecho hay a privilegios, este solo le asiste a quien trabaja. Y como tengo la convicción de que las ideas socialistas no son más que fiel interpretación de mis propios ideales, expongo mi deseo de ingresar en el Partido Socialista Obrero Español, con el firme e ineludible propósito de trabajar en la medida de mis exiguas fuerzas por la redención del proletariado.

No pretendo ningún beneficio directo al militar en las filas socialistas, solo quiero aportar mi humilde colaboración en la obtención de la reivindicación de las clases obreras entre las cuales me cuento, pues siempre he vivido de mi honrado trabajo.

Si se me concede lo que solicito me consideraré muy honrado y seré uno más a luchar virilmente contra la insensata reacción y el aún influyente cavernicolismo.

Gracias por la atención que me ha dispensado al leer estas líneas.

Sin otro particular queda de Ud. affmo. amigo y camarada.—Rodolfo Robles.

Cádiz Castillo de Santa Catalina

3 - julio 1933

Don Antonio Romero y Don Enrique Calderón han quedado en hablar con Ud. sobre mis deseos.

Los documentos aparecieron a consecuencia de unas obras en el destacamento militar. Ocultos durante más de medio siglo, llegaron a mis manos y aquí los hago públicos. No he obtenido más información del resultado final de aquel atropello, pero me calma la esperanza de que algún historiador o estudiante, eligiendo tema para su tesis, encuentre en estos datos motivo y ocasión para rastrear la historia de la tropelía cometida con el alférez Rodolfo Robles, y también los mecanismos por los que la acción política puede perdonar a los que violan la legalidad con la acción criminal de un golpe militar y olvidarse de quien con una actitud de nobleza y fidelidad fue leal a las instituciones democráticas.

MIS HIJOS, MI VIDA

El día 26 de mayo de 1983 nació en Roma mi hija Alma. Hablar de un acontecimiento que fue importante en mi vida me obliga a hacer una digresión hacia el pasado, pues cuando expuse mis vivencias al nacer mi hijo Alfonso no supe explicar el camino sentimental que me llevó a convertirme en padre, mi mejor condición humana. Hablar de la segunda ocasión en que sentí los placeres de la paternidad me hace volver a la primera parte de esta historia. Cuando era yo un adolescente con ínfulas de joven rupturista e inteligente en el provinciano mundo del teatro en Sevilla, conocí a una joven —niña por su edad, mujer por precoz madurez— que unía a su delicada belleza una pasión incontenible por el teatro. Había estudiado arte dramático, hacía locución en una emisora de radio y creado un grupo independiente llamado Agrupación Teatral Hispalense. Su finura, elegante delgadez, aire existencialista en el vestir y en el estilo de vida, la harían objeto de cortejo en el gremio de los aficionados al teatro.

Una noche de verano asistía yo a un concierto de Arthur Rubinstein en el Patio de las Doncellas del Alcázar de Sevilla.

En el breve descanso que separaba las piezas «menores» de la obra cimera de Rachmaninov, la joven actriz, María del Carmen Reina, me invitó a dirigir a su grupo de teatro para participar en el festival de teatro independiente que se celebraba en Sevilla. Sin duda, me halagó que con solo veinte años fuese un director codiciado por otros grupos —por entonces yo era miembro del grupo Hora Primera—, pero aún me agradó más que la petición llegara de una deliciosa mujercita. El proyecto era representar la obra del francés Jean Anouilh Eurídice, el mito de Orfeo en versión actualizada.

Pronto estaba entregado a la concepción del montaje y a los ensayos de una obra que requería un buen elenco de actores y una escenografía complicada. Ella tenía asignado el papel central, una juvenil e inocente Eurídice, y como ocurre en las novelas no fue difícil predecir el enamoramiento entre el director y la joven actriz. El buen ambiente creado en los ensayos entre todos y el éxito de la representación probablemente ayudó a consolidar una relación que culminó en boda. Años después nacería mi hijo Alfonso, al que los dos hemos querido con una pasión que no ha dejado de crecer con el tiempo.

Más tarde, de forma accidental, como suceden estas cosas, conocí a una joven bonita y elegante, con una gran sensibilidad ante el arte, María Jesús, con la que encontré una buena compenetración. ¿Cómo se puede explicar el atractivo que surge sin buscarlo entre un hombre y una mujer?

Cuando el poeta Manuel Machado se aproxima al fenómeno del enamoramiento declara que «a ti y a mí nos llevan olas sin ley»; su hermano Antonio remata con «porque en amor, locura es lo sensato».

Los científicos quieren explicar la atracción amorosa a través de complejas combinaciones químicas en nuestro cerebro (de ahí la frase «hay química entre ellos»). Lo que sabemos con certeza es que el proceso por el que una persona siente una fuerza de atracción de otra produce unos efectos euforizantes que alegran la vida y crean angustia, deseos de estar junto a ella; fenómeno no totalmente controlable por la razón. El comportamiento irracional, emotivo, sensorial ocupa todo el espacio de la razón y empuja a actuaciones que niegan los convencionalismos sociales y familiares, de cuya realidad y efectos deja de tener conciencia el enamorado. Es una parte de la magnitud, de la grandeza y la debilidad de la condición humana, capaz de orillar lo que más le importa por un estado de embriaguez espiritual y sensorial.

El hecho es que de aquella relación nació una encantadora niña en Roma. Me desplacé a la ciudad romana para su nacimiento. Lo hice en avión, en clase turista. En la misma ringlera de asientos coincidí con una joven pareja que no acertaba a creer que un vicepresidente del Gobierno viajase solo, sin escoltas, sin secretarios ni comitiva alguna, y además en clase turista. Algún desgraciado publicó en un diario que había hecho el viaje en un avión oficial y que la madre de la niña disfrutaba de una beca que le había proporcionado yo. Todo falso. En todas partes hay alguien de corazón sucio.

Siempre tuve claro —sin que jamás necesitara reflexionar sobre ello— que mi hija, más allá de la circunstancia no matrimonial de sus padres, sería objeto de mi amor, y por lo tanto nunca me planteé siquiera si debía disimular su existencia.

Cuando años después conocí el caso de Mazarine, hija de François Mitterrand, mantenida oculta hasta los diecinueve años, no daba crédito a tal despropósito. Mazarine publicó un hermoso libro, Bouche cousue, cuya lectura me hizo sufrir con el relato de los sufrimientos de la pequeña obligada a guardar «el gran secreto» de quién era su padre (!).

En la clínica romana donde nació mi hija le ofrecí mi dedo índice, lo rodeó con su manecita y me emocionó. Enseguida se la llevó una enfermera, entrando en una sala. La puerta tenía una especie de ojo de buey que me permitió ver cómo la colocaba sentada en un mueble aparador sosteniéndola por la cintura. Su cabecita —acababa de nacer— se mantuvo firme; fue como una premonición del carácter autónomo que desvelaría desde los primeros años.

Con mi hija he mantenido siempre una amorosa relación, salvo en un corto período de tiempo, a sus dos años, en el que mostró una cierta hostilidad hacia mí. Después pasó y hemos compartido juegos y tareas de la escuela. A decir verdad, yo he cumplido en tres ocasiones mis estudios del bachillerato: la de mi infancia y las de mis hijos.

La serenidad de mi hijo y la vivacidad de mi hija han sido muestras complementarias de dos caracteres juveniles cuya observación me han dado felicidad. He compartido junto con ellos momentos de intensidad, viajando a lugares especiales, poniendo ante los ojos de unos niños inteligentes y sensibles experiencias inexploradas: vivir rodeados de animales salvajes en un campamento de Masai Mara, la reserva de Kenia; visitar las tumbas de los faraones en Egipto; navegar por el río Nilo en una barcaza semejante a las que se usaban en el antiguo Egipto; atravesar de norte a sur Estados Unidos desde Vermont, en la frontera canadiense, hasta Orlando, en Florida. Tengo para mí como las más hermosas aventuras estos viajes iniciáticos para mis hijos.

Descubrir a los demás los sentimientos de paternidad se me hace casi imposible. No es decible lo que un padre —no digamos una madre, que le ha engendrado en el interior de su cuerpo— puede conmoverse ante un hijo, qué emoción, qué alegría, qué sensación de inflamar el pecho, y a la vez cuánta conformidad consciente.

La paternidad, como la maternidad, es la experiencia de amor y felicidad más continuada que puede experimentar un ser humano; yo la he vivido dos veces: mi sola quejumbre es no haberla vivido más. En más ocasiones, con más hijos, y con más tiempo de dedicación. La actividad política me ha mantenido a distancia de mis hijos durante demasiado tiempo. Es el único sacrificio de los debidos a la política que nunca podré aceptar como un acierto. La pérdida del tiempo de acompañamiento en el crecimiento de un hijo, en el proceso de descubrimiento del mundo y de la vida, es una injusta inmolación en el ara de la política.

LA FUERZA DE LA OPOSICIÓN

La vida parlamentaria estaba marcada desde el 28 de octubre, desde el día de las elecciones, por dos factores que pueden parecer causa y efecto, uno derivado del otro, pero que en verdad no responden a esa relación. Hablo de la gran mayoría que recayó sobre el PSOE (202 diputados), una mayoría que le garantizaba la aprobación de leyes y proposiciones sin necesidad numérica de los otros grupos. De esta situación se produjo la campaña política y mediática que acusaba al Gobierno y al PSOE de gobernar y legislar sin atender ni uno solo de los argumentos de los grupos de la oposición. Crearon entonces el lema, el eslogan, del «rodillo socialista», utilizado en toda circunstancia a veces en contra absolutamente de la realidad. Expondré un caso para hacer comprender la injusticia que se encerraba en la permanente acusación de arrasar con los votos sin oír las voces de los demás.

La campaña empezó pronto. En enero de 1983 se debatió en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley del Gobierno que modificaba parcialmente la ley electoral municipal. Desde la oposición habíamos estudiado muchos de los cambios que exigían las leyes vigentes y enseguida empezamos desde el Gobierno a enviarlas a la Cámara.

En el caso de las elecciones municipales se trataba de acercar a la más alta representación los votos de los ciudadanos en la composición de las diputaciones provinciales. Habíamos comprobado que el sistema indirecto de elección de los diputados provinciales producía unas disfunciones muy intensas, de manera que los partidos obtenían a veces una sobrerrepresentación de sus votos y en otros casos quedaban sin representación a pesar de haber logrado un número muy importante de votos de los ciudadanos.

Aprobamos el proyecto de ley en el Gobierno, lo enviamos a la Cámara, donde se presentaron tres enmiendas de totalidad, dos de devolución (Grupos del Partido Popular y Convergència i Unió) y una de texto alternativo (Grupo Centrista). Hasta aquí todo fue normal, pero en el debate y en las repercusiones periodísticas se acusó al Gobierno de aprovechar su mayoría absoluta para cambiar las reglas de juego en su beneficio. Diputados de la oposición y columnistas periodísticos hablaron de partidismo, sectarismo, actuación antidemocrática, golpe de Estado contra las diputaciones provinciales.

El ministro de Administraciones Públicas se había esforzado en explicar que nuestra intención era hacer coincidir lo máximo posible la voluntad de los ciudadanos en las elecciones con el resultado de poder en las instituciones. Fue en vano. Todos apuntaban a que cambiábamos la ley en vigor para aumentar nuestra representación en las diputaciones.

Me vi obligado a intervenir, pues conocía bien los efectos de la ley vigente y los que produciría nuestra propuesta. Intenté disipar del ánimo de los diputados cualquier consideración que hiciese suponer que los resultados del 28 de octubre habían inclinado al Gobierno a modificar una ley electoral provincial en beneficio de la nueva situación electoral.

No debía interpretarse que hubiera un intento de aprovecharse de una nueva mayoría para cambiar una ley en beneficio propio, porque justamente el hecho de haber obtenido mayoría absoluta y el primer lugar prácticamente en todas las provincias significaría que la práctica totalidad de las diputaciones quedaría con una mayoría del partido que precisamente quería cambiar la ley porque la consideraba poco representativa.

Había yo calculado los resultados que se obtendrían provincia a provincia con la ley en vigor y aplicando la modificación que proponíamos.

Con la aplicación de la ley vigente el PSOE obtendría mayoría en 43 diputaciones; utilizando nuestra propuesta, reduciría su mayoría a 32 diputaciones. ¿Cómo podrían acusar al PSOE de aprovechar su mayoría absoluta para cambiar las normas en su beneficio?

Ante la evidencia de los datos que aportaba, y sometidos a la oscura desconfianza, se preguntaban: ¿entonces, por qué quiere el Gobierno cambiar la ley?

No eran capaces de entender que quisiéramos aproximar la relación entre votantes y representación. Les hice ver que el mecanismo de asignación de diputados provinciales era tan poco racional, tan escasamente proporcional, que si extrapolábamos los resultados del 28 de octubre, algunas diputaciones terminarían con una representación absurda: en provincias como Badajoz, de un total de 27 diputados, el PSOE obtendría 25; en Almería, de 24, 22; en Albacete, de 24, 15; en Alicante, de 30, 20 serían para el PSOE. Es decir, que la sobrerrepresentación que obtendría el PSOE sería claramente excesiva, y no creíamos en unas normas electorales que primaban injustamente a un partido sobre otros, aunque el beneficiario fuese el nuestro.

Ante tal argumentación documentada, ¿creería alguien que cambiaron el discurso? No; el «rodillo socialista» siguió «aplastando» a la oposición (en la mente de sus dirigentes y en la reiterativa propaganda política).

Me hizo reflexionar durante mucho tiempo acerca de la impotencia ante la propaganda machacona, sobre la eficacia de la fórmula goebbeliana de que una mentira repetida se convierte en una verdad aceptada. Estos efectos destructivos para la democracia los observaría repetidamente en los años venideros. Contar con unos periódicos, cadenas de radio, operadores de televisión dispuestos a repetir una falsedad es disponer de un instrumento de mentalización y agitación capaz de cambiar el estado de opinión colectiva. El resultado nunca es seguro, porque el criterio propio de cada persona, su propensión a la identificación con unos grupos y no con otros, salvaguarda una parte importante de la independencia del pensamiento individual, cuya suma forma el pensamiento colectivo; pero el daño que puede llegar a hacerse a las personas y a los proyectos puede ser arrasador.

Los partidos conservadores han tenido siempre algunos grupos de comunicación que les apoyan y les siguen en sus proyectos y campañas. La izquierda no ha sabido nunca interpretar bien sus relaciones con los medios de comunicación, ni ha sabido propiciar medios con empresas cercanas a sus planteamientos.

El resultado es de una penosa indefensión. La derecha tiene sus voceros disciplinados; la izquierda tiene que contemporizar con unos y otros para ser oídos en los medios. Personalmente he sido reacio a bailar el agua a propietarios y directores de periódicos. Pasar la mano por el hombro de los «magnates» de la prensa no me ha parecido honrado, ni reivindicar un trato menos crítico u ofensivo. Jamás descolgué un teléfono para llamar a nadie para que rectificara una falsa información, ni he solicitado entrevistas. Más bien soy renuente a aparecer con frecuencia en los medios. Algunos me han advertido que una actitud semejante es un suicidio si se participa en la vida política. No lo sé. No estoy seguro, porque algunos efectos no son indeseables. Los profesionales de la televisión, por ejemplo, saben que mi presencia en un programa aumenta de manera sistemática su audiencia. Haber mantenido una independencia estricta de los medios, y una actitud firme respecto a los programas, emisoras o periódicos a los que no concedo entrevistas, no ha sido tan perjudicial respecto a la atención que merecen mis pronunciamientos en el público. De esta cuestión daré cuenta a lo largo del repaso de mis experiencias.

Los acontecimientos seguían sucediéndose a ritmo acelerado, lo que influye en la capacidad de reflexión de los que tienen la responsabilidad de gobernar. Los proyectos pensados, elaborados, meditados, contrastados dan prioridad a la respuesta diaria, a los impulsos de los demás, la sociedad, los partidos políticos.

La aprobación por el Gobierno de la reforma del Código Penal, la despenalización de la interrupción del embarazo en tres supuestos concretos: peligro (físico-psíquico) para la salud de la madre (aborto terapéutico), malformación del feto (aborto eugenésico) y embarazo producto de una violación, tuvo una respuesta lógica de la Iglesia; de manera tácita había yo establecido con la representación episcopal una reacción inevitable pero contenida a su condena moral, sin extralimitación política. La respuesta airada llegó precisamente por el lado más inesperado, por el gremio científico. Fueron los médicos, farmacéuticos, veterinarios, algunas entidades religiosas paralelas, como el Consejo General de Cofradías, la asociación de antiguos miembros del somatén (!) y la de esposas de militares los que lograron congregar a unas doce mil personas en una manifestación en Sevilla contra la ley de despenalización de la interrupción del embarazo.

Pocos días más tarde, el Consejo General de Colegios Médicos se pronunció en contra del proyecto de ley.

En la misma fecha la derecha intentaba encontrar una alternativa política a la decisión del Gobierno socialista, creyendo a regañadientes en el dirigente nacionalista Miquel Roca. El 15 de febrero de 1983 presentó en Madrid, en el Club del Sable, su operación reformista, ante un auditorio muy concurrido por representantes de la banca, quienes más tarde financiarían la operación. La presentación del orador la hizo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, quien con no mucha sutileza le vaticinó un fracaso. En verdad, Herrero muestra mejores aptitudes para el vaticinio político que para la propia acción política.

En la fiesta del Aberri Eguna, Xabier Arzallus, presidente del Consejo Nacional del PNV, exigió en un mitin en Bilbao que el Gobierno de España mantuviera una actitud receptiva a las reivindicaciones de su partido, como paso previo a una colaboración nacionalista en la lucha contra ETA. Fue la primera ocasión en la que los nacionalistas vascos establecían sin esconderse condiciones políticas para colaborar en la lucha contra el terrorismo, es decir, que el PNV se aprovechaba del terrorismo para plantear al Gobierno reivindicaciones políticas. «Tienen que escucharnos si quieren que pongamos toda la carne en el asador», dijo Arzallus. Txiki Benegas, una de las personas que con más inteligencia y corazón han luchado contra el terrorismo, le contestó de forma abrumadora: «Los dirigentes del PNV han perdido el sentido ético de la política».

En el Parlamento de Cataluña se aprueba la Ley de Normalización Lingüística, con 105 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Todos de acuerdo. Solo hubo críticas de Rafael Ribó, portavoz del PSUC, pero no en sentido contrario, sino por el, a su juicio, retraso en la tramitación de la ley. Se inauguraba un esquema político en Cataluña que solo ha hecho ahondar en una ideología generalizada en todos los partidos según la cual la defensa del territorio, de los catalanes (sin diferencia social), prima sobre el carácter progresista o reaccionario de las decisiones. El temor a ser anatematizado como poco catalán, o hasta anticatalán, ha ido creando desde entonces una amorfa, pastosa democracia en Cataluña en la que basta sacar a relucir un supuesto ataque a Cataluña para que todos se unan ante el «enemigo» externo. Caben pocas dudas de que estas actitudes cercenan el pensamiento libre, la creatividad y la felicidad de las gentes.

ACUSACIONES

El Tribunal Supremo solicitó al Congreso de los Diputados autorización para que yo declarase en el procedimiento suscitado por una querella de UCD contra mí. No era la primera, y siempre se sostenían sobre declaraciones mías en las campañas electorales. Yo recibía unas informaciones ciertas sobre financiación de empresas, como las eléctricas y las compañías de seguros, y bancos a las campañas electorales de la derecha.

Denunciaba yo la discriminación de los apoyos, la ocultación del patrocinio, y ¡zas!, la derecha presentaba una querella contra mí. Afortunadamente, he pertenecido siempre a la Diputación Permanente del Congreso, por lo que estaba amparado durante las campañas, cuando se interrumpe la acción de las Cortes, de tal manera que era preceptiva la autorización de la Cámara para proceder contra mí.

En aquella ocasión —en otras anteriores la derecha había optado por retirar las querellas— la Mesa del Congreso no había aceptado la petición de declaración. En verdad, como los propios querellantes me reconocieron, lo hacían sistemáticamente pro forma, pues argumentaban que si en medio de una campaña electoral no replicaban con una querella era tanto como reconocer lo que yo denunciaba. En cuanto se celebraban las elecciones, ni ellos mismos estaban interesados en la continuidad del procedimiento, pues una investigación seria les condenaría a un resultado indeseado y contrario al sentido de su querella.

Es un hecho curioso que tras la debacle electoral de UCD en 1982 —pasaron de estar en el Gobierno a lograr una docena de diputados— los dirigentes del partido se dirigiesen precisamente a mí en solicitud de ayuda por la precaria situación que atravesaban, que amenazaba incluso a la estabilidad de los propios dirigentes. El 28 de julio de 1983 acepté entrevistarme con Fernando Álvarez de Miranda y con Íñigo Cavero, que, inmersos en una preocupación y tristeza notables, me explicaron la situación de UCD y la necesidad de ayuda para liquidar las deudas que habían contraído durante la campaña electoral, cuyos resultados le proporcionaban muy escasos retornos para los gastos electorales. Me informaron también del fracaso de sus gestiones para que los personajes de UCD admitieran la responsabilidad de asumir la situación creada por el derrumbe electoral. Les atendí con cortesía y afabilidad, y les respondí con claridad: las deudas con los bancos no serían problemas mayores para ellos: estaba seguro de que las entidades financieras les «borrarían» las cuentas pendientes; en cuanto a las cuentas a pequeños proveedores —para los que no cobrar puede significar el cierre de sus pequeños negocios—, me ofrecí para que el PSOE hiciese un esfuerzo resolviendo alguno de sus problemas.

Pocos días más tarde recibí una nota de Íñigo Cavero en la que me ampliaba la información y terminaba con una frase en la que se ofrecía a explicar cuando fuera necesario la positiva respuesta que tuvo de los socialistas. («En la medida en que algún día resultara conveniente, cuentas con mi testimonio sobre la acogida que encontré...».)

Posteriormente, tanto Íñigo como Fernando me han reiterado su disposición a testimoniar nuestra solidaridad en un momento difícil para ellos. Es digno de hacer notar su actitud agradecida. Todo ello en la vorágine de enfrentamientos que a veces se dan en la vida política. He tenido siempre como lema irrenunciable que mantener algunas buenas relaciones humanas con los adversarios políticos es clave para garantizar la convivencia, considerando la historia de nuestro país. Y no puedo decir que no haya sido útil. Los mismos que me han tomado siempre como el político más alejado de sus principios no han tenido problemas en acudir a mí o responder a mi solicitud de sentarnos alrededor de una mesa a hablar ante una taza de café. Mi teoría, corroborada en muchas ocasiones y circunstancias, es que la agresividad que levanta una disputa política se reduce a la mitad cuando los oponentes son capaces de sentarse a conversar de cualquier otro tema: del clima, de cine, de literatura o de sus respectivas familias. Es un método infalible, que no se debe desperdiciar.

En todo caso, los conflictos legales me han hecho perder bastante tiempo, aunque nunca le he dado gran importancia, seguro de la fuerza de mis glacis defensivos: mi honradez.

En una publicación, Diario 16, un periodista escribió una columna en la que me acusaba de controlar escuchas telefónicas ilegales. En una mezcla de fantasía y estupidez, pretendió que mi desayuno era completado con unas supuestas grabaciones de las conversaciones de dirigentes políticos de la derecha. Un político declaradamente confesional, democratacristiano, aseguró haber notado una irregularidad en su teléfono y bramó airado contra mí. Lo tomé de la única manera inteligente: bromeé.

Confesé cuánto podría interesarme escuchar el rezo del rosario en familia o en la sede del partido. Me pareció todo indigno de actores de una sociedad democrática, pero no presté mayor atención.

Sin embargo, el ministro de Justicia me advirtió que los servicios jurídicos del Estado habían acordado presentar una querella al periodista, pues se trataba de una acusación que implicaba un delito. Fui tajante. Le dije al ministro que no se les ocurriera hacerlo; le expresé mi sorpresa de que personas dedicadas a las cuestiones jurídicas no fuesen conscientes de que no había un solo juez capaz de sancionar a un periodista por haber atacado —por muy grave que fuese la acusación, por muy calumniosa que fuese— a un político, aún menos a un político socialista, y que ya sería el acabose pensar en que se comprometieran en censurar a la prensa por defenderme a mí. No me hizo caso; mantuvimos varias conversaciones hasta que me anunció que los letrados del servicio jurídico consideraban que era su deber la defensa de los miembros del Gobierno. No encontré más salida que la resignación, pero advertí del desarrollo del asunto: ni siquiera van a aceptar a trámite la querella y los periodistas lo festejarán como un «triunfo de la libertad de expresión».

Aún habían de insistir: en un alarde de irrealismo se dedicaron a recoger las referencias en otros medios de la «información» inicial, alcanzando un grado de inconsciencia llamativo. Así enviaron al juez un documento en el que explicaban:

... adjunto tengo el honor de remitir a VE fotocopias de una hoja de DIARIO 16, edición de Andalucía, correspondiente al día 14 de agosto último, en la que se insertan unos ripios [sic] bajo el título «ROMANCE DE LIBRE EXPRESIÓN», por referirse a la materia que determinó la incoación de dicha causa, y del escrito que dirijo al Juzgado Central n.º 4 remitiendo el suelto periodístico citado.

Se trataba de unos poemillas graciosos que publicaba en Sevilla un humorista bien conocido por sus versos y por su luenga barba blanca en los que se declaraba, además, partidario socialista.

Me era difícil comprender la escasa visión de la realidad de los señores letrados. ¿Creían verdaderamente que añadiéndole estas cuchufletas al juez iba a proceder sancionando a la prensa?

Naturalmente, el juez no admitió la querella. No están los señores magistrados para resolver a los políticos sus cuitas, podría ser el lema de los tribunales.

LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA

A comienzos de 1983 el Ministerio de Exteriores, con el concurso del ICI, organizó unas jornadas o congreso sobre Iberoamérica y la democracia. Me pidieron que hiciese el discurso de inauguración.

Era para mí un compromiso difícil. Mi experiencia en los países iberoamericanos se había limitado a las relaciones con los partidos fraternales de la Internacional Socialista.

En el acto de inauguración que ahora se me proponía debía dirigirme a un conjunto de intelectuales, políticos y diplomáticos de todos los países y de ideologías varias, con un común denominador: una posición favorable a la búsqueda de la democracia en sus países, muchos de ellos castigados por dictaduras militares.

Además, la expectación que había creado en todos los países latinoamericanos el triunfo espectacular del PSOE en España les había atraído con entusiasmo a nuestra convocatoria.

Reflexioné hondamente sobre qué decir en mi discurso y compuse un razonamiento comprometido, lanzando algunas ideas audaces como la conveniencia de constituir una comunidad iberoamericana de naciones y no eludiendo los análisis sociales ni la denuncia de la escasa solidaridad de España y Europa con los países iberoamericanos que reconquistaban la democracia, pero cuya realidad social hacía casi imposible la consolidación de las instituciones democráticas.

El discurso fue bien recibido por todos con un inacabable aplauso. Fuera de la tribuna permanecí un buen rato saludando a todos y recibiendo plácemes entusiastas. Gabriel García Márquez, buen amigo y delicioso conversador, me espetó: «Después de tu discurso, Alfonso, lo mejor sería clausurar el Congreso, pues ya nada queda por decir». Le abracé agradecido a su benevolencia y continué saludando a todos los presentes. Un hombre de aspecto frágil, pequeño de tamaño, delgado de estructura, con rostro bondadoso, me manifestó haber seguido mi trayectoria política, por lo que quería mostrarme su admiración. En el aturdimiento del tumulto no supe contestar más que con una inocente pregunta: «¿Me dijo usted su nombre?». «Juan Rulfo», contestó. Quedé suspenso, y por fortuna supe reaccionar. «Soy yo, como tantos otros, quien le admira a usted, maestro. Sus obras Pedro Páramo y El llano en llamas son las piezas cortas más perfectas que leí en toda mi vida.» Le agradecí su presencia en Madrid, y sus generosas palabras, mientras sentía subir un rubor avergonzado por no haber sabido reconocer a una de las grandes glorias de la literatura universal contemporánea.

Aún habría de recibir cuantiosas felicitaciones por aquel discurso, no solo en el salón donde lo pronuncié, sino a través de cartas y llamadas en los días siguientes. Mencionaré solo una carta. La enviaba un hombre que había recorrido un largo camino desde la colaboración indubitada con el régimen de Franco hasta la recepción elocuente de la llegada de la democracia. José María de Areilza me escribió una breve nota llena de sugerencias. Entre otras cosas, expresaba: «Tu discurso de esta mañana ante los latinoamericanos ha sido un compromiso sustancial y valeroso, poco usual en esta clase de reuniones. Te felicito por tu coraje cívico y tu manera elegante de ir al fondo de los problemas. El hecho de que hoy mismo el presidente Reagan diga ante la sesión conjunta de su Congreso aproximadamente todo lo contrario, añade picante especial a tu oración».

Añadía Areilza un cumplido general que reproduzco porque es un buen ejemplo de la contradictoria forma de enjuiciarme que ha tenido siempre la derecha: «Hace tiempo que me río mucho escuchando las interpretaciones folclóricas y musicales de tu personalidad política que hace la superderecha de este país. ¡Están frescos!».

Por hacer contraste citaré también el telegrama que me envió Fernando Arrabal: «Permítame por favor que le felicite por sus valientes declaraciones sobre Cuba y por su defensa de la libertad en toda Iberoamérica [sic]. Un abrazo anarquista».

La referencia que José María de Areilza hacía de la política de Ronald Reagan en Latinoamérica proclamada en el Congreso tuvo una réplica interna cuando días después el periódico The New York Times publicó un informe del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense que exponía la política de Reagan en Centroamérica: desestabilización del régimen en Nicaragua, aislamiento de Cuba y sostén del Gobierno de El Salvador a cualquier precio.

LA VISITA DE LA HISTORIA

Recibí una petición de entrevista de un personaje histórico que yo creía muerto. Ernesto Giménez Caballero, el inteligente y alunado intelectual fascista que había jugado un papel notable durante la primera mitad del siglo. No me agradaba el contacto con tal individuo, aunque me asaltaba el deseo de contemplar la desbordante imaginería del principal seguidor de Marinetti en España.

Le di cita, pero no se presentó. Lo hizo un día más tarde, alegando que era la fecha convenida. No pude recibirle. A resultas de la fallida cita me envió una carta que principiaba: «Mi admirado y genial Alfonso Guerra», y seguía con otras locuelas observaciones: «Como he leído que le encanta pasear por Roma tal vez sea sobre usted aquel mónito latino “Si vis pacem para bellum”. Si quieres paz prepara a Alfonso Guerra».

Le recibí por fin una mañana, pero no resultó ni siquiera divertido: sus halagos resultaban demasiado pesados. Tal vez en otra época el fascista-locoide tuvo gracia e ingenio, pero a su edad era un remedo cargante de los bufones de palacio.

El trabajo cotidiano resta muchas horas para la planificación de los proyectos importantes para el país, pero la sociedad de la información que se ha instalado impide mirar a otro lado ante la insistente aparición de datos, conjeturas y rumores que saltan al paso de los dirigentes políticos. Entre ellos, los anónimos, los documentos que llegan en sobres sin remitentes y que denuncian, declaran, acusan a alguien y algo sin que tengas, muchas veces, fórmula eficaz de comprobación. Siempre queda la duda de prestar o no atención, porque algunos avisos pueden materializarse en la realidad y siempre habrá quien pueda afirmar que el gobernante estaba avisado. Eran frecuentes las notas advirtiendo que tal o cual colaborador del Gobierno era agente de la KGB o de la CIA, sin la menor verosimilitud. Y luego estaban los avisos llenos de candidez, los excesos de celo de quien se consideraba guardián de la pureza ideológica siempre amenazada por los más simples avatares de la vida ordinaria.

Conservo un anónimo que me hizo reír, primero, y que más tarde motivó una reflexión detenida sobre lo confuso que puede llegar a ser para algunos la pertenencia a un grupo ideológico. En la nota dirigida a mi nombre se puede leer:

Soy camarada y me dijo [sic] a V.S. para denunciar lo que han visto mis propios ojos. La directora Doña X y el Ilmo. Sr. D. Y estaban abrazados y creo que se entienden.

Como socialista que trabaja en la casa Paseo del Prado 28, se investigue sobre este asunto que todos conocemos y trabajamos aquí.

Un socialista que desea colaborar.

La carta procedía de un funcionario del Ministerio de Educación que se creyó obligado a denunciar lo que parece consideraba un ataque frontal al proyecto socialista. Cuántas secuelas de un país secuestrado para el desarrollo normal de la vida diaria durante casi medio siglo. Cuánto quedaba por hacer hasta normalizar las conciencias, para liberar los criterios del adoctrinamiento y las limitaciones de la libertad personal.

MUERTE Y VERDAD

El día 28 de diciembre de 1983 estábamos debatiendo en el Consejo de Ministros cuando Ernest Lluch me pasó una nota: «Amigo Alfonso: Se ha muerto Francesç Ramos».

Me produjo una gran tristeza. Había compartido muchas horas, viajes, reuniones con Paco Ramos. Era uno de los vencidos en la guerra, exiliado, atrapado por los esbirros de Stalin, vuelto a su país, diputado socialista. Siempre comprensivo, siempre diligente ante las tareas del Partido Socialista en Cataluña, amante de España, amigo verdadero, inolvidable. Poco tiempo después su compañera me hizo llegar la carta que había dirigido a un viejo amigo comunicándole el fallecimiento de Paco Ramos. Su carta es un ejemplo, uno más, de la tragedia de España, y de la nobleza de muchos españoles. Pero su carta es también un rayo de esperanza.

Querido José Juan:

Hace pocos días enterramos a nuestro Paco Ramos. Te escribo enseguida porque siento la necesidad de hacerlo. Muchos amigos le han acompañado hasta su última morada y me imagino cuánto sentirás no haber podido hacerlo también, ¡estás tan lejos!

Por ti conocí a Ramos. ¿Recuerdas el encuentro? Fue a principios del año 1934, en una sala de fiestas. Estabais reunidos un grupo de jóvenes celebrando tu primer pleito ganado, tú te fijaste en mí pero por causa de tu impedimento físico no podías sacarme a bailar. Ramos fue el encargado de hacerlo y de invitarme a vuestra mesa. Pero desde que empezamos a bailar, no recuerdo el motivo, nos pusimos a hablar de política y nos olvidamos de vosotros. Me interesé mucho por todo lo que decía Ramos y a él le sorprendió encontrar en aquel lugar una chica tan joven —yo tenía entonces catorce años— que se interesara por la política.

Le conté que no militaba en ningún partido político pero que mi padre había sido uno de los organizadores de la huelga ferroviaria del año 1917 por lo que fuera perseguido durante muchos años y no pudiera volver a trabajar en Ferrocarriles del Norte hasta 1931, es decir, con la República.

Total, que desde muy pequeña había oído siempre hablar de Socialismo y en casa no se compraba ningún periódico de derechas.

Enfrascados en la conversación y sin parar de bailar seguíamos sin haceros caso y eso que nos hacías señas pero Ramos disimulaba. Por fin nos reunimos todos y la velada resultó muy agradable.

Al poco tiempo me afilié a las Juventudes.

Ahora, al cabo de casi cincuenta años, en el cementerio entre ruidos de losas, trajín de coronas de flores —cientos de rosas rojas— y lágrimas, me acordaba de vosotros y de los que murieron el 18 de julio y en la guerra: Rafael Fuster, Soto, López Raimundo...; murieron tantos que de los de la vieja guardia muy pocos hemos podido acompañarle, y los que estáis lejos estuvisteis entonces presentes en mi pensamiento.

Fue un entierro impresionante. No faltaba la representación de ninguna institución o grupo. Asistieron el Vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, los Ministros Narcís Serra, Ernest Lluch y Javier Solana; el embajador en Francia Joan Raventós, nuestro Secretario General Raimon Obiols, el Alcalde de Barcelona Pasqual Maragall y el de Hospitalet Ignacio Pujana, en fin, todos los compañeros del PSC y UGT y Parlamentarios.

También vinieron a darnos el pésame el Presidente de la Generalitat Jordi Pujol y el Honorable Josep Tarradellas; el Presidente del Parlament Heribert Barrera, Miquel Roca Junyent, y los compañeros del PSUC Gregorio López Raimundo, Solé Barberá y Francesç Noguero.

Mandaron telegramas Felipe González y Gregorio Peces-Barba y una gran corona de rosas rojas del Congreso de los Diputados. Llegaron flores hasta de Andorra.

En fin, creo que nadie olvidó a quien tanto había sufrido en defensa de sus ideales.

No sé si todos sabían que fue un luchador desde muy joven. En Barcelona desde 1929 —con solo diecinueve años— había sido detenido varias veces y en la primera que le vi fue en octubre de 1934 en Jefatura de Vía Layetana donde ya le conocían. Solo pudimos hablar unos minutos. De allí le trasladaron a uno de los palacios de la Exposición donde podíamos visitarle cada día no sin antes hacer horas y horas de cola, pero luego le llevaron al viejo barco Uruguay donde estaba también preso Lluís Companys y varios consellers de la Generalitat. Entonces ya era mucho más difícil visitarle pero yo me las arreglé bastante bien para hacerlo, no sé si la policía me veía muy niña o qué pudo ser que me dejaban subir al barco y un día hasta llegué a introducir una cámara fotográfica escondida con la que hicimos una foto de los consellers y Companys al lado de Ramos. Tengo entendido que es la única foto de Companys en el fatídico barco. Yo la conservo con mucho cariño.

Por cierto, en una de mis visitas al barco vi otro buque —este de guerra— anclado al lado del Uruguay y paseándose por la cubierta a un señor que me resultaba familiar.

—¿Quién es aquel señor? —le pregunté a Ramos.

—Pues, Carmiña, es el Presidente del Gobierno.

Don Manuel Azaña también estaba preso.

Me costaba creer que en un régimen republicano hubiera tantos miles de presos republicanos.

Cuando trasladaron al President Companys, a Comorera, a Ventura Gasol y un largo etcétera a los penales de Cartagena y Cádiz llevaron a Ramos a la cárcel Modelo. Allí no pude entrar nunca ni haciendo colas, eran tan largas que el día no daba de sí. Colas interminables en aquel frío mes de diciembre de 1934 tan triste en Cataluña y en Asturias.

Salió de la cárcel bajo libertad vigilada la noche de Reyes de 1935, delgadísimo y todo picado de bichos.

Durante 1935 hasta febrero de 1936 pudimos trabajar bastante en pro de las elecciones que se celebraron el 16 de febrero con el triunfo del Frente Popular.

En ese tiempo Paco publicó el periódico Iscra, nombre tomado de un periódico soviético cuya traducción es «chispa». En ese periódico se denunciaron muchos casos de las represiones en Asturias del 6 de octubre de 1934.

Pero poco nos duró la alegría pues en el mes de julio ya empezó la guerra civil.

La noche del 18 al 19 de Julio empecé la peregrinación. No sabía dónde estabais, en las calles, desde luego, pero dónde. Me subí a varios coches de la CNT, UGT, POUM... solo me importaba encontraros y saber si estabais vivos. ¡Cuántas horas de horror!

La Plaza Cataluña llena de mulas muertas, hinchadas por el calor de aquel verano sangriento. Las alegres Ramblas estaban tristes con olor a sangre de tantos compañeros que ya habían muerto. Y yo buscando, perdida, asustada, nunca he disparado un tiro pero estaba rodeada de tiroteo por todas partes. Varias veces tuve que meterme bajo el coche mientras los compañeros disparaban a los emboscados.

El día 20 me decidí a visitar hospitales y por fin en el de San Pablo encontré a Ramos muy mal herido, una bomba de mano le había abierto casi toda la pierna, los compañeros que iban con él murieron, habían estado luchando frente a Jefatura, frente al CADCI y finalmente cayeron en Capitanía. Allí le recogieron dos guardias de Asalto, únicos supervivientes de una camioneta que fue reducida en Atarazanas. Los guardias le llevaron arrastrando hasta aquellos «caballitos» —tiovivo— que estaban en la Puerta de la Paz. Se les desmayó, perdía mucha sangre. Con mucho tino tomaron una barca de remos y así pudieron llegar a la Barceloneta donde le hicieron las primeras curas.

El día 20 ya se podía circular. Los facciosos estaban derrotados en Barcelona. Entonces le llevaron al hospital.

En una de las visitas del Presidente Companys a los heridos, al ver a Ramos le estrechó la mano y dijo:

—C..., noi, sempre som els mateixos!

En el Uruguay ya le llamaba «noi».

Yo iba todos los días al hospital y podía estar todo el tiempo que quisiera, tenía un pase del Partido.

A pesar de todo Paco no estuvo en el hospital todo el tiempo necesario. Se necesitaban pilotos para aviones de reconocimiento y él era un buen piloto. Se marchó. Le importaba más la guerra que su pierna y las protestas de su madre y mías. Siempre fue así.

El frente de Aragón, la División Carlos Marx y su Jefe José del Barrio era su ilusión y allí estuvo feliz con sus compañeros hasta que un día llegó el General Pozas que había sido nombrado Jefe del Ejército del Este para disciplinar a aquellos valientes milicianos y formar el Ejército Popular.

Cuando el General conoció a Ramos quiso, sin dudarlo, que fuera su ayudante de campo y así fue.

Ramos era el hombre de confianza del Jefe de todo el Ejército del Este.

Estando con el General visitaban todas las divisiones y cuando les tocaba la 27, antes Carlos Marx, su añoranza era grande y le propuso al General volver a la división. Pozas le dijo que accedería siempre que hiciera un curso de Estado Mayor y sacara la mejor nota en la Escuela Militar.

Con la colaboración del General Vicente Rojo hizo el curso de dos meses en la Escuela Militar y obtuvo la mejor nota. Así que pudo volver a su querida división que entonces ya era el XVIII cuerpo de ejército y con su Jefe el Teniente Coronel José del Barrio.

Dicho cuerpo de ejército estaba compuesto por la 27 división, «La Bruja» para el enemigo, la 72 y la 60, «del biberón». De este disciplinado cuerpo de ejército fue Ramos Jefe de Estado Mayor con el grado de Comandante hasta el final de la guerra en Cataluña.

La retirada hacia Francia el XVIII cuerpo no la hizo a la desbandada. Sus tropas pasaron formadas con la orden firmada por su Jefe de Estado Mayor que fue la firma más triste de su vida. A pesar de tanto orden y formalidad fueron internados en campos de concentración igual que todo el Ejército Republicano. Ramos estuvo en el campo de Saint-Ciprien hasta que salió para la URSS obedeciendo órdenes, pues podía haber acompañado al General Pozas a México que tanto le insistió para que lo hiciera y no pudo convencerle. Rehusar fue una gran equivocación; al cabo del tiempo clamaba por ir a cualquier país de América.

Yo llegué a Francia cuando él ya no estaba. Hice cuanto pude por ir a la URSS pero creo que fue más o menos en agosto de 1939 que Alemania y la URSS firmaron el pacto de no agresión y Francia rompió relaciones con la URSS y perdí todo contacto con Ramos.

Me fui a América cuando los alemanes iban a tomar París, o sea en Mayo de 1940 y desde Santo Domingo pude volver a localizar a Ramos y enseguida me pidió que le consiguiera un visado para cualquier país americano.

Removí cielo y tierra. Santo Domingo no tenía relaciones con la URSS pero gestioné lo indecible a través del Japón y México. Le mandé papeles y ropa. La mitad de la ropa me la devolvieron, la otra mitad se esfumó y de los papeles nunca más se supo.

Entrar en la URSS era difícil, lo pude comprobar, pero salir era imposible.

Allí pasó Ramos dieciocho años de los cuales diez en un campo de concentración incomunicado. Sufrió castigos inhumanos, interrogatorios capaces de hacer confesar falsas acusaciones, y, finalmente, por no ceder a las presiones fue acusado de antisovietismo y condenado a trabajos forzados en Siberia. Estando a punto de morir de inanición tuvo la suerte —gracias a su carrera de Ingeniero— de que lo trasladaran a trabajar al Instituto Central de Técnica Operativa. De todos modos seguía preso e incomunicado.

Los delegados del Partido en el exilio me dijeron que había muerto, cosa que creí pues a pesar de haber escrito a la Cruz Roja Internacional y al mismo Ministro Molotov pasé muchos años sin saber nada.

Las madres tienen un sexto sentido cuando se trata de sus hijos. La madre de Ramos siempre pensó que un día volvería. Y así fue, en el año 1957.

De que vivía y de su vuelta a España me enteré enseguida. Fue una grata sorpresa y aquel mismo año vine a Barcelona y nos reunimos todos como unos polluelos con su madre. De Rusia se trajo muy malos recuerdos pero algo bueno sí hubo, me refiero a su única hija, una niña dulce y tímida que entonces tenía once años. Se llama Natasha.

Tú, José Juan, no la conoces. Como espero que algún día vengas ya la conocerás. Yo la quiero mucho.

A su regreso a Barcelona estuvo un tiempo tranquilo buscando trabajo y a pesar de que la policía lo vigilaba pronto se puso en contacto con los compañeros de la clandestinidad.

Últimamente fue feliz, vio la victoria, ha sido diputado cinco años, ha firmado la Constitución. Pero los que hemos seguido sus actividades hemos pasado muy malos ratos. Aparte de todo lo contado, no sabes cómo lo pasamos el 23-F, cuando el asalto al Congreso por la Guardia Civil. Fueron veintitantas horas de angustia. No comíamos ni dormíamos. El día 24 al salir del Congreso me llamó y dijo que estaba bien y que regresaba enseguida. ¡Otra resurrección!

Por cierto, ahora recuerdo que me contó que un joven Guardia Civil le dio un fuerte golpe en el pecho con la metralleta... [?]

En cambio su última anécdota con la Guardia Civil fue positiva y te diría que hasta chocante. Habíamos ido en autocar —Ramos nunca tuvo coche— a Sau. En el Parador se iba a celebrar la elección de nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat. Era el 2 de octubre, el calor era tremendo y él se sentía muy mal. Para colmo de males, el autocar nos dejó en un llano bastante lejos del Parador. Paco, al ver el largo trecho que había que recorrer a pie, se desalentó y casi para sus adentros dijo:

—No llegaré, es imposible para mí.

Pero empezó a andar.

Vi que en la explanada había varios coches de la Guardia Civil, me fui sin dudarlo un momento a contarles el caso. Inmediatamente fueron a buscar a Paco y le llevaron al Parador en un coche patrulla.

Cuando llegué, le encontré sentado esperándome. Me preparé para recibir el chaparrón. En cambio me sonrió y me dijo:

—Es la primera vez que me mandas a la Guardia Civil pero si no es por ellos, me siento en tierra y no llego. Ahora solo me falta una sopa de esas que me haces, tus excelentes torrijas y un café.

A última hora ha tenido la compañía de las personas que más ha querido. Por mi parte, le ayudé en lo que pude cuando estaba en la cárcel, le cuidé cuando estaba herido, le hice compañía en momentos tristes —como en la enfermedad y muerte de su madre— y ahora, discutiendo a veces y charlando y riendo otras, he estado a su lado hasta el último día de su vida.

De todos modos, en casi cincuenta años nunca me sentí tan útil como cuando agonizando me dijo:

—Cógeme la mano que así no me siento tan solo.

Se la estreché.

—Ojalá pudiera darte aliento del mío.

Susurró algo. Así permanecimos muchas horas. Luego me fui, temía verle morir. Me despedí.

—Volveré luego.

—Para qué —me contestó.

—Para cogerte la mano. ¿De acuerdo?

—Bien.

Allí quedaban cincuenta años que ya son historia.

Conservo estos recuerdos, bellas cartas desde la URSS de los años cuarenta y la satisfacción de haber conocido personalmente —gracias a él— a Lluís Companys y a Felipe González, los dos presidentes de mi mayor estima.

Un abrazo

Barcelona enero 1984

Carmen

[P.D.—Ramos murió en la madrugada del 28 de diciembre de 1983.

Todas las fechas de este relato son fidedignas.]

Carmen Carol, una mujer batalladora, siempre optimista, que sigue luchando en su agrupación socialista en Barcelona, cuya vida es un ejemplo y una lección.

CHILE EN EL CORAZÓN

Se aproximaba el décimo aniversario del golpe militar de Pinochet en Chile y las fuerzas políticas democráticas de España querían expresar con claridad su solidaridad con las víctimas de la dictadura y su deseo y ánimo de la recuperación democrática en el país andino.

Se preparaba una gran manifestación pública el mismo día que se cumplía el décimo aniversario, y en mi interior crecía un deseo irrefrenable de participar. Lo había hecho en otras muchas manifestaciones, pero ahora ocupaba la Vicepresidencia de un Gobierno que aún no había cumplido su primer año de mandato. Hablé con el presidente, le hice partícipe de mi decisión de encabezar la manifestación pública y él lo entendió.

Así que el día 11 de septiembre desfilé por las calles de Madrid a la cabeza de una imponente marea humana de varios centenares de miles. Acompañaba en la primera fila a Isabel Allende, hija del presidente chileno, con quien tenía ya una buena relación, si bien mi mayor debilidad sentimental ha estado siempre con la viuda de Salvador Allende, Hortensia Bussi, Tencha, una mujer menuda, atenta a todo, inteligente, ágil, de una magnífica dignidad.

Junto a nosotros desfilaron muchas personalidades de todas las fuerzas políticas, salvo AP, aunque sí estaban los democratacristianos recién separados de la organización Alianza Popular, aunque no del Grupo Parlamentario Popular. Ocupaban las primeras filas Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso de los Diputados; Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid; el director de la Academia de la Lengua, Pedro Laín, o el Defensor del Pueblo, Joaquín RuizGiménez; el rector de la Universidad Complutense, Francisco Bustelo; el alcalde de Madrid, Enrique Tierno; Gerardo Iglesias (PCE), Redondo y Marcelino Camacho, los ministros Maravall y Solana...

La manifestación tenía su fin en el cruce de Cuatro Caminos, donde un escenario presidido por una gran bandera chilena había sido preparado para que los oradores dirigieran sus arengas a la inmensidad congregada ante nosotros.

Habló Isabel, conmoviendo al auditorio. Con voz entrecortada decía: «Es difícil contener la emoción al ver este Madrid desbordado en las calles por Chile. Es difícil contener la emoción, porque Salvador Allende era mi padre y porque Chile es mi pueblo». Las lágrimas aparecieron en los ojos de miles de españoles solidarios con Allende y su pueblo. Terminó su discurso con las últimas palabras pronunciadas por su padre, el presidente Allende: «La historia nos pertenece», saludada con grandes aplausos del gentío.

Los aplausos arreciaron cuando subí al estrado, pero justo cuando me dirigí al micrófono una enorme catarata de gritos repetía «OTAN no, bases fuera». Eran millares y millares de gargantas que levantaban un estruendoso grito que me impedía comenzar el discurso. No tenía salida. Allí estaba yo, encima del escenario, pugnando por ser oído ante una multitud que no cesaba de gritar. Me volví, pedí a los técnicos que elevaran el volumen y dije pausada y gravemente: «Habla el general Augusto Pinochet». Cuando la frase retumbó por los altavoces en toda la plaza, el gentío enmudeció. El desconcierto logró el silenció. Continué con la comunicación de Pinochet con el oficial al mando del asalto al palacio de la Moneda. Cuando terminé la narración histórica de las órdenes militares, recordé que diez años antes se consumaba en Santiago de Chile el asesinato del presidente Allende, el único presidente legítimo de Chile. La respuesta fue unos interminables aplausos encendidos. Los interrumpí para expresar con énfasis: «Diez años después todos claman en Chile por una recuperación pacífica de la soberanía popular. Hoy solo quedan los restos del naufragio. El golpe al final no sirvió ni para algunos que dejaron hacer y hoy se suman al combate por la libertad».

Terminé el discurso entre gritos de apoyo y aplausos, señalando que «Queda el saldo de la represión, de los desaparecidos, de las amenazas y de la tortura, del exilio y de la degradación del país. Todas las dictaduras son paréntesis inútiles en la historia de los pueblos». Las últimas palabras fueron de exigencia de «Libertad, libertad, libertad». Madrid era una fiesta... de la solidaridad.

Los efectos de la manifestación continuaron unos días más con la reacción del Gobierno de Pinochet. La soberbia del tirano no le permitía aceptar que el vicepresidente de un Gobierno calificase de asesino a un Jefe de Estado.

El dictador convocó al embajador de España en Santiago. Debo suponer que, con el susto en el cuerpo, el embajador intentó rebajar la tensión argumentando que la política exterior correspondía exclusivamente al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores. Vamos, que me desautorizó. En su ingenuidad o perversidad lo contaba en el telegrama que enviaban al ministerio los embajadores y que yo leía cada mañana.

El ministro de Asuntos Exteriores me escribió una carta excusándose o excusando al embajador. No le contesté; cuando le vi le dije simplemente: «No es noble lo que hacéis».

LAS PRIMERAS GRIETAS

La Unión General de Trabajadores celebró su Congreso el primero de junio de 1983; era el primer Congreso con el Partido Socialista en el Gobierno y la aparición de las primeras diferencias obligaba a extremar los pasos a dar. El partido y el Gobierno fueron invitados a la inauguración con la posibilidad de dirigir un mensaje a los delegados. Hablé detenidamente con el presidente del Gobierno sobre qué respuesta debíamos dar y acordamos que lo más correcto y prudente apuntaba a mi presencia en la tribuna del Congreso, que cubría suficientemente ambas instituciones, vicesecretario general del PSOE y vicepresidente del Gobierno, a lo que se añadía una general simpatía de los ugetistas. Nos pareció que el contenido del discurso se centraría en la confirmación de los compromisos del programa de Gobierno del debate de investidura. Así lo interpretamos como más conveniente y sobre tal esquema comencé a preparar mi intervención, que se produciría en la mañana del primero de junio. Un día antes se publicaban unas declaraciones del ministro de Industria, Carlos Solchaga, asegurando la imposibilidad de cumplir el compromiso de crear 800.000 puestos de trabajo en la legislatura. Objetivamente, sin hacer juicios de intenciones, el ministro saboteaba la posición del Gobierno en el Congreso del sindicato, y de manera particular me situaba en una difícil posición, pues de la confirmación general del programa hacía obligado hablar de la creación de puestos de trabajo.

En el Congreso tuve que afrontar el compromiso concreto del Gobierno, con lo que se abría una polémica de prensa acerca de la división del Gobierno. El secretario general de la UGT expresó su apoyo a los objetivos del Gobierno y su discrepancia con los métodos empleados.

Esta técnica de dinamitar congresos fue utilizada profusamente por los miembros más conservadores del Gobierno y del partido. Ya no habría Congreso del partido sin que uno de los miembros del Gobierno o del partido poco afectos a la dirección publicasen unas explosivas declaraciones en la mañana de inauguración del Congreso, o en el día anterior. Y casi siempre en el periódico más leído por los socialistas.

UN ALCALDE PARA SEVILLA

En el mes de mayo de 1983 se celebraron elecciones municipales. El PSOE obtuvo unos resultados magníficos, auspiciados sin duda por el eco del triunfo de las legislativas del año anterior. Los comunistas se ofrecieron para reeditar los pactos municipales de 1979, pero en esta ocasión no hay con quién hacerlo, pues su situación no les permite aportar gran cosa.

En la ciudad de Sevilla las elecciones favorecieron al PSOE y a su candidato, Manuel del Valle. La elección del alcalde se celebró el día 24 en el Ayuntamiento, y cuando subía las escaleras del edificio acompañado por Rafael Escuredo, adornadas con alfombras, con guardias empenachados, banda de música tocando, no pude evitar el recuerdo de la época de los estados de excepción. De cuatro jóvenes perseguidos pasábamos a la «hegemonía» política. No acababa de creerlo. En el acto intervinieron los portavoces de los grupos políticos, PCA, AP y PSOE. Fueron discursos zafios, impropios de una celebración, la elección de un alcalde, más idóneos para el comienzo de la campaña electoral. Cerró el acto el nuevo alcalde, Manuel del Valle, con un discurso atinado, moderado e ilusionante. Manolo sería un gran alcalde de Sevilla, superando la timidez de su carácter y la austeridad de sus costumbres en una ciudad que mide el calendario por las fiestas que celebra. Fue apeado de la silla municipal por un empeño equivocado de José Rodríguez de la Borbolla. Lo intentó al finalizar el primer mandato de alcalde, pero mi insistente oposición logró su continuidad por un mandato más. Cuatro años más tarde, Rodríguez de la Borbolla cerró toda posibilidad. El resultado fue la pérdida de la Alcaldía para el PSOE.

LOS PRIMEROS PRESUPUESTOS

En la misma fecha el Gobierno estuvo reunido largas horas, hasta muy avanzada la madrugada, en sesión extraordinaria, para debatir los criterios del primer Presupuesto verdadero del equipo ministerial socialista. Por primera vez sentí un cierto optimismo ante las perspectivas económicas después de batallar con los ministros del ramo, que se resistían a las propuestas de gastos con una única argumentación: el temor a las «derivas»; se referían a que siempre resultan cifras mayores cuando se prevén gastos nuevos.

El debate de este primer Presupuesto en el Congreso tomó inesperadamente una dirección política alejada de las preocupaciones económicas. Cuando se discutía una enmienda a la totalidad al presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores presentada por Coalición Popular, su representante, Guillermo Kirpatrick, hizo un discurso de corte fascista; me recordó alguna intervención de Calvo Sotelo en el Parlamento de la Segunda República. Acusó de sectarismo al PSOE, y al ministerio de haberse convertido en una oficina de la Internacional Socialista (¿qué había querido decir?), para terminar con un exabrupto que rompía con los múltiples esfuerzos que habíamos hecho todos durante la transición: «¡Ustedes representan solo a la España roja!». Se armó un enorme escándalo en los bancos de la izquierda.

De inmediato, Miguel Herrero y Modesto Fraile (PDP) nos presentaron sus excusas oficiales a Felipe y a mí. Jorge Verstrynge me pasó una nota que decía: «Yo te compensaré ahora de Kirpatrick». Se refería a su intervención en la sección 14, Ministerio de Defensa. Estuvo realmente bien, técnico y moderado. Fue a partir de ese incidente parlamentario cuando se hizo habitual la relación del secretario general de Alianza Popular, Verstrynge, conmigo. Un día me buscó con el fin de aclararme la posición de su partido sobre la Ley de Organización Militar. Querían interrumpir la cadena de mando en el último militar, el que conecta con el Rey. Le hice ver que resultaba difícil de entender que el partido conservador pudiera tener esas intenciones acerca del Jefe del Estado. Entonces me hizo una confesión política grave: «Si no fuera por el viejo [Fraga Iribarne] ya hubiera llamado a tu puerta para que me dijeras quédate ahí de diputado de a pie, o donde fuera».

Aquella conversación me hizo pensar acerca de la evolución de la derecha política española. Durante décadas viviendo al socaire del dictador, se enfrentaron a la democracia desnudos, sin pertrechos políticos. La ejemplar etapa de desmontaje del aparato autoritario que hizo Adolfo Suárez había dado paso a un ínterin en el que la derecha comandada por un viejo franquista no había podido encontrar para rehacer su maltrecha estructura más que a un joven voluntarioso, con un modelo de vida personal alejadísimo del esquema de la tradición de la derecha española. Su vinculación con el proyecto que debía organizar era solo la lealtad al jefe superior.

La constatación de las insuficiencias democráticas de la derecha me hizo pensar sobre nuestras propias estructuras. ¿Estábamos moviéndonos los socialistas hacia posiciones de dependencia personal? La fuerza carismática del presidente del Gobierno y la autoridad en la organización de mí mismo, ¿podía hacernos naufragar en las aguas del cesarismo? Encontré refugio en algunas consideraciones: acabamos de empezar la tarea, no había habido tiempo para viciarnos, contábamos con un partido organizado desde su fundación con una alta participación en el debate, hacía de contrapunto una parte amplísima de los medios que atosigaban al Gobierno con sus críticas. Pero la inquietud no me abandonaría nunca más. Mirarme en el espejo de una derecha incapaz de adecuarse, tras tantos años sesteando en la dictadura, a la mera realidad me causó el desasosiego de si estábamos nosotros asumiendo correctamente el papel de gobernantes después de tantos años con un único discurso, la negación del régimen de la dictadura. Sobre ello volvería insistentemente durante años al compás de los acontecimientos que saltaban a nuestro paso.

La transición a la democracia no solo resultó difícil para la derecha. El Partido Comunista atravesó por unos momentos de los que veinte años después no ha logrado levantarse. Sostuve una entrevista con Gerardo Iglesias, candidato a la sucesión de Santiago Carrillo. Me contó que la situación en el PCE era insostenible. Piensan que Carrillo se creyó dueño del partido y que obró como quiso, perdiendo la calle, por su afición a la política de salón con la burguesía. Pasionaria les dice que hay que echarlo, que no es el fundador del partido, que hay que echarlo. Sostienen que la URSS apoya a Carrillo en su política eurocomunista (!). Pensaba que ganará en la confrontación, pero no con holgura. La crisis de adaptación afectó a casi todos los grupos políticos. La política de Santiago Carrillo durante la transición, buscando la aceptación del denominado Partido Comunista, pero también ayudando con un gran sentido de la responsabilidad al éxito de un difícil tránsito de la dictadura a la democracia, tuvo como primer resultado la pérdida de su poder en el partido. Es una ley inexorable: los hombres que realizan un cambio profundo en la sociedad o en un colectivo de ella, los que protagonizan una revolución, son ineluctablemente devorados por ella. Esta fue mi advertencia en 1990 a Mijail Gorbachov en Madrid, que pronto se vería confirmada por los acontecimientos.

Poco más tarde me entrevisté de nuevo con Gerardo Iglesias, ya celebrado el Congreso del PCE y elegido él como secretario general. Me contó que al final del Congreso estuvieron a punto de perder en la votación y de provocar una desbandada general. El comunismo español comenzaba su declive.

La vida política seguía su cauce en otros muchos polos de decisión, además del Gobierno. Habíamos resuelto en el Ejecutivo el asunto del holding Rumasa, pero fuera del alcance del Gobierno el problema continuaba su marcha. En noviembre, el ponente que sustanciaba el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal tenía preparado su informe apoyando su constitucionalidad. Pero en el Tribunal había posiciones muy encontradas. El abanderado de la posición contraria era Francisco Rubio Llorente, que en una extraña pirueta llegó a aconsejarle al presidente del Tribunal, García-Pelayo, que si tenía necesidad de información directa no hablase con el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, sino con el ministro Miguel Boyer, pues este —según Rubio— no dramatizaría tanto sobre las consecuencias de una sentencia contraria a la expropiación. No sé qué información manejaría Rubio, pero una sentencia contraria hubiese supuesto la crisis del Gobierno.

Por fin, el Tribunal Constitucional se reunió en noviembre y tras un debate el presidente propuso la votación. Los contrarios a la expropiación quisieron ganar tiempo, pero el presidente decidió someterlo a votación. El resultado fue ajustadísimo. Apoyaron la constitucionalidad de la expropiación García-Pelayo, Francisco Tomás y Valiente, Díez de Velasco, Ángel Latorre, Arozamena (fue el ponente) y Díez-Picazo. En contra, Rubio Llorente, Gloria Begué, Truyol, Escudero, Pera Verdaguer y Gómez Ferrer. Seis contra seis; pero el voto del presidente, como establece la norma de funcionamiento del Tribunal, deshacía el empate, consagrando la constitucionalidad. Terminada la votación, arreció una discusión violenta a cargo de los disconformes con el resultado.

Actuar como magistrado de cualquier tribunal debe de ser una actividad desgarradora. Es tu conciencia la que, una vez analizados los datos del asunto, toma una decisión que puede ser devastadora para unos y motivo de éxito o incluso felicidad para otros. En el caso Rumasa soy muy consciente de lo que sufrieron algunos magistrados, pues la tensión se elevó muy agudamente por las presiones que se ejercieron desde los medios de comunicación. Me consta que algunos magistrados vivieron con alarma, con temor, un proceso que les conducía a situarse en una posición por la que sabían serían asaeteados. Me bastaría para reflejar el pavor con que algunos vivieron aquel trance contar una anécdota sin trascendencia pero que servirá para dar la medida de la presión bajo la que vivieron los magistrados.

Rumasa había sido auditada por la empresa Arthur Andersen, y en el Tribunal Constitucional consideraron conveniente contar con aquel informe para cotejar todos los datos. El presidente del Tribunal, con ocasión de un encuentro con un alto cargo, solicitó la auditoría. Se le contestó que se enviaría por correo oficial, a lo que el presidente añadió si no era posible llevarse ya una copia para adelantar su examen. Se le entregó la copia. Él sacó su camisa del pantalón, por detrás, y ocultó el documento en su cintura. Ante el gesto sorprendido de su interlocutor, el presidente aclaró: «No quiero arriesgar que alguien me vea con papeles en la mano; puede decir que son documentos del Gobierno». Hasta tal punto sentía la presión externa.

Recibí al ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania, un país pobre al que queríamos ayudar. Pero estábamos en un punto complicado en las relaciones con ellos. Habían detenido y encarcelado a dos patronos de barcos de pesca españoles bajo acusación de pesca ilegal. Habíamos gestionado a través del ministerio la liberación de los españoles, pero el Gobierno mauritano esperaba, para soltarles, la llegada de la documentación de los barcos «liberados de hipotecas» para confiscarlos y liberar a los patronos. Mi misión era dulcificar la actitud mauritana para lograr la inmediata puesta en libertad de los patronos. Me encontré frente a un hombre hosco, tosco, desconfiado, vulgar, que me soltó que debíamos agradecer que no les hubieran cortado las manos a los pescadores, como ordena su código, porque pescar sin licencia es «robar». Logramos llegar a un acuerdo, pero me quedé con el mensaje; fue un aviso de lo que vendría años después, sobre todo con Marruecos. Los países con caladeros de pesca habían hecho una extrapolación desde los derechos de la tierra a los derechos del mar. Si en tierra alguien entra en un cercado y recoge la cosecha de tomate, por ejemplo, todos asumen que se trata de un robo; a partir de ahora el que entra en un caladero y recoge los productos del mar será considerado como un ladrón y como tal se le juzgará.

BANCA CATALANA

En ocasiones los gobiernos deben enfrentarse a problemas que no estaban en sus previsiones. Al poco de comenzar la tarea el Gobierno socialista se encontró de forma inesperada con la quiebra del holding Rumasa, a la que dio una solución que fue muy apoyada, al menos en los primeros momentos.

De semejante carácter fue para el Gobierno enfrentarse a otra dificultad de grupos económicos, una más. En este caso se trataba de un grupo financiero, Banca Catalana, que agregaba al problema económico el de una fantasiosa «catalanidad» que lo complicaba todo.

Los hechos se encadenaron sin que el Gobierno tuviese otro papel que el de observador lleno de zozobra, temiendo ser considerado protagonista de un affaire del que nada podía ni «quería» decir.

Cuando comenzaron a conocerse los primeros rumores, después informaciones, sobre la crisis de Banca Catalana, todos centraban su atención en el papel que hasta pocos años antes había jugado en la entidad Jordi Pujol, a la sazón presidente de la Generalitat.

Al estallar el asunto en el ámbito judicial, los fiscales responsables anunciaron una querella contra los administradores de la entidad. El temor para algunos, el deseo para otros, la preocupación para muchos estaba en saber si los fiscales implicarían, por su pasada responsabilidad, al presidente de la Generalitat. A estos sentimientos de preocupación no era ajeno el Gobierno, que demandaba continuamente del ministro de Justicia algún dato que tranquilizara la inquietud de encontrarse en el vórtice de un huracán que no había desencadenado.

Los hechos aparecían con claridad. Los administradores de Banca Catalana crearon consciente y deliberadamente un centro de acopio de fondos al que llamaron «Caja B» cuya existencia permaneció oculta tanto para el órgano soberano de la entidad (la asamblea de accionistas) como para las autoridades financieras.

Al mismo tiempo constituyeron veintisiete sociedades instrumentales aparentes o disimuladas cuyos accionistas eran personas vinculadas familiar o amistosamente a los administradores; algunas incluso desconocían ser accionistas.

Los dos artificios ideados —«Caja B» y sociedades aparentes— sirvieron a los administradores para detraer fondos propios y ajenos bajo custodia y administración de Banca Catalana y para disponer de ellos sin trabas ni controles de ninguna clase. Según las investigaciones, en solo cuatro años (1974-1977) alcanzaron las desviaciones de fondos a la «Caja B» la suma de 30.794 millones de pesetas, y a finales de 1981, la de 83.715 millones.

Las pérdidas netas después de un complicado ciclo de actuaciones ilegales se cifraban en 33.361 millones que se habían, por decirlo así, evaporado de la entidad.

La implicación de Jordi Pujol se cifraba en que había desempeñado un papel importante en la fundación y desarrollo de Banca Catalana hasta mediados de 1976 y haber estado presente en las sociedades hasta bien entrado el año 1977, y en una de ellas hasta el 26 de junio de 1978.

El Gobierno requería del ministro insistentemente confirmación de la desimplicación o implicación en el procesamiento de Jordi Pujol, porque sabíamos que el victimismo catalanista que exhibían ya los nacionalistas haría recaer sobre nosotros una suerte de persecución del dirigente nacionalista. El Gobierno no podía intervenir, no quería interferir y no deseaba verse envuelto en una acusación de la que estaría obligado a defenderse sin que hubiese motivos reales para ello.

Los fiscales insistían en las pruebas que implicaban a Pujol, pero la Audiencia de Barcelona negó su procesamiento. Y el Gobierno de España, bajo todas las sospechas de estar tras el intento de procesamiento.

Años más tarde, un hijo de Pujol me «recordó» que yo había sido uno de los principales artífices de la persecución de su padre por el asunto Banca Catalana. Cuántas veces queda uno atónito ante la percepción que tienen los demás de los actos propios.

La principal conclusión es que los gobiernos que actúan con limpieza, sin utilizar su poder en abuso de los derechos de los demás, se encuentran en ocasiones indefensos ante otros poderes, sean estos políticos, económicos o mediáticos, que logran crear una imagen distorsionada de la acción del Gobierno.

No es infrecuente en política que quien merece sanción acabe representando el papel de la víctima y que esta sea la que termine por recibir la sanción.

EL SAHARA

Los dirigentes del Frente Polisario querían establecer unas nuevas bases de relación con el nuevo Gobierno español. Desde la oposición el PSOE había apoyado con nitidez las reivindicaciones del Frente, por lo que manteníamos relaciones amistosas con sus representantes.

Recibí a Bachir, secretario general del Frente Polisario, que se hacía acompañar por Bujarin, durante mucho tiempo nuestro contacto con ellos. Les encontré deseosos de lograr una negociación con Marruecos, con unas esperanzas que consideré excesivas. A nosotros nos pedían lo que interpretaban como medidas o gestos de amistad: deseaban la vuelta de la representación en Madrid, seis personas (mi respuesta fue afirmativa); rechazo del acuerdo pesquero con Marruecos (les expliqué el perjuicio que significaría para nuestros pescadores, sin que se obtuviese ninguna otra contrapartida); y nuestro apoyo internacional (les confirmé que afianzaríamos internacionalmente el apoyo que ya les prestábamos).

Durante la conversación me hicieron reír de buena gana, pues me informaron con mucho misterio de que se habían entrevistado clandestinamente con el ministro de Asuntos Exteriores. Les expliqué con benevolencia que tenía toda la información de la entrevista porque en una democracia un ministro no hace entrevistas clandestinas, sí reservadas o confidenciales.

Mi reunión con el Frente Polisario fue pública, lo que motivó una reacción inmediata del embajador marroquí en solicitud de audiencia. Le recibí pasados siete días. El embajador se manifestó muy enfadado por mi entrevista con el Frente Polisario y adelantó su mano para entregarme un sobre con gesto de autoridad. Yo ignoré la existencia del sobre y seguí exponiendo mi tesis sobre el Sahara; él retiró el brazo, pero en cuanto encontraba ocasión volvía a poner ante mis ojos el sobre blanco; yo volvía a tomar el hilo de la conversación. Y así, en diez o doce ocasiones el pobre embajador pretendía que yo recibiera lo que supongo sería una «Nota verbal» de protesta, pero acabó la entrevista y se fue de vuelta a la Embajada con su inmaculada nota.

Aprendí sobre la arena los artificios de la diplomacia. En la ciencia de los diplomáticos se puede establecer controversia, pero siempre sin forzar al otro con un estilo vulgar. Si el embajador no podía, no se lo permitía su profesionalidad, decirme algunas cosas directamente, ante mi cara, y contaba con el subterfugio de entregarme una carta escrita, a la que llaman «Nota verbal», yo hallé un puerto de refugio en no mirar en ningún instante el documento, por lo que si no lo vi, no podía recogerlo. Supongo que, además de contemplar un caso práctico de diplomacia, el señor embajador llevaría un entruchado considerable.

EL TERROR

Cuando el Gobierno socialista comenzó su tarea ya teníamos todos conciencia clara de la ingenua esperanza, ligada a la Ley de Amnistía de 1977, del fin de la violencia terrorista.

El primer año de gobierno las acciones terroristas compusieron la realidad de más difícil aceptación. Cuarenta y cuatro muertos crean una espantosa sensación de fracaso. Se desarticularon veintidós comandos terroristas, se detuvieron a 695 sospechosos, murieron seis terroristas, se intervinieron 215 armas (metralletas, pistolas, lanzagranadas, fusiles de asalto, granadas) y 137 kilos de explosivo, pero cada día —y cada noche— que el teléfono del gabinete sonaba para anunciar un nuevo atentado, además de la tristeza, cundía en mí un sentimiento de fracaso, una consciencia clara de impotencia ante la sensación de poder que significaba el fenómeno terrorista. Bastan solo un par de jóvenes armados y con voluntad de matar para situar al país en un proceso de destrucción. La capacidad de resistencia de los Estados democráticos es suficientemente grande como para que puedan ser vencidos por el terror, pero en los momentos de los atentados la confianza en la seguridad se resiente hasta situaciones límite.

Con todo, aunque el conocimiento de un asesinato por los terroristas nos conmovía y nos golpeaba psicológicamente con fuerza, era un hecho ya irreversible, por lo que la actuación del Gobierno se dirigía a evitar otros posibles crímenes; pero el secuestro nos situaba ante una urgencia aún mayor: se trataba de evitar ese crimen, por lo que toda la maquinaria material y mental se revolucionaba a fin de llegar a tiempo, de evitar el mal mayor, la muerte del secuestrado. Esta insoportable angustia llegaría a ser general en la población española, años después, con el secuestro de un joven concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. La totalidad de los españoles quedaron en suspenso durante las horas en que la banda criminal lanzó la abyecta amenaza de acabar con la vida del joven de Ermua.

Desde los primeros momentos el Gobierno, y muy especialmente los responsables de la lucha antiterrorista, fueron víctimas de la angustiosa necesidad de detener el exceso final, de parar a la muerte. En aquel primer año hubo cinco secuestros. En octubre fue secuestrado el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. A pesar de que los anteriores secuestrados habían logrado su liberación, la policía tenía una intuición pesimista. Desplegaron una actividad incesante para conocer el paradero del secuestrado. Entre un enorme cúmulo de informaciones, a la policía llega un dato excepcional: un residente en Hendaya, dirigente de una rama de ETA, sabe quién lo ha secuestrado y con toda probabilidad dónde le tienen. La angustiosa necesidad y un cierto sentido de impunidad por las peticiones de utilizar toda la fuerza del Gobierno, con artículos periodísticos que piden incluso la involucración del Ejército en la lucha contra el terrorismo, deciden ir a por él a Hendaya, para intentar evitar el asesinato de Martín Barrios. Un grupo de la Policía Nacional y un inspector pasan la frontera y, cuando van a detener al etarra, una patrulla de la policía francesa los descubre y los detiene. ¿Fue este acto el comienzo de unas actuaciones irregulares que habrían de desembocar mucho después en el descrédito del Gobierno y en la desconfianza de los servicios antiterroristas de la valoración de sus sacrificios? En los mismos días se tuvo conocimiento de la desaparición de dos terroristas de Tolosa refugiados en Bayona. Sus nombres: Lasa y Zabala. Entonces nadie hizo comentario alguno. Pero alguien guardó a buen recaudo sus cadáveres para hacerles aflorar años más tarde.

El cadáver de Martín Barrios apareció en Galdácano con un tiro en la sien. Había sido asesinado antes del intento de salvar su vida que emprendieron los policías en Hendaya, intentando detener a quien tenía la información del secuestro.

Poco después del asunto del intento de detención del etarra en Bayona para salvar al secuestrado se produciría otro secuestro, el de Segundo Marey, que ocuparía el centro de atención al final de la etapa de gobierno de Felipe González.

UN AÑO DE GOBIERNO

Al cumplirse un año de la llegada al Gobierno, el partido organizó una fiesta en su sede de la calle Ferraz. Acudieron muchos militantes y dirigentes. Dominaba un ambiente de alegría y esperanza hasta que llegaron los discursos. Felipe enfadó a los dirigentes de UGT, que creyeron ver en sus palabras una crítica al sindicato. A la hipersensibilidad de los sindicalistas se unía la circunstancia de que llovía sobre mojado. Aquel mismo día se había celebrado una reunión de la Comisión Ejecutiva del partido en la que Nicolás Redondo, que asistía a todas las sesiones como secretario general del sindicato, solicitó de manera airada la convocatoria de una reunión conjunta UGT-PSOE y una reunión del Grupo Parlamentario Socialista para debatir el asunto de la rescisión de contratos en el proceso de reconversión industrial.

Después tuvimos un almuerzo en el que todo quedó suavizado, pero a la noche, tras los discursos, otra vez a peor. El nerviosismo y la crispación de Nicolás Redondo y José María Zufiaur me inquietaron de manera especial.

Como cada año, el 6 de diciembre, el Congreso de los Diputados convocaba a la celebración de la Constitución. Habitualmente es una recepción amable en la que todos intentan confraternizar de forma superficial, orillando las disputas políticas. En ese ambiente se me acercó Laureano López Rodó —el hombre del Plan de Desarrollo de la etapa opusdeísta del régimen del general Franco— y me dijo en referencia a los viajes del Rey y del presidente del Gobierno: «Se van el presidente y el Rey; quedará usted de jefe de Gobierno y de Jefe de Estado. ¡Buen timonel!». Es una anécdota pintoresca pero representativa de la percepción que los personajes de la derecha, políticos, financieros, empresarios, tenían sobre mí. Estaban sometidos a dos sentimientos encontrados: un rechazo epidérmico por lo que consideraban un extremismo incómodo y peligroso, y por otra parte, una suerte de reconocimiento de capacidad organizativa, autoridad natural y fiabilidad que da confianza y seguridad. Siempre me ha divertido la atracción y rechazo que provoco en algunos sectores de poder y orden.

Al día siguiente de la celebración constitucional, en el aeropuerto de Barajas se produjo una catástrofe terrible. Un avión de Iberia que se desplazaba a gran velocidad para despegar con destino a Roma se encontró en medio de la pista con un avión de Aviaco. La violencia del impacto incendió los dos aviones y provocó más de ochenta muertos. Abandoné la reunión del Consejo de Ministros para acudir a Barajas. La desolación dominaba la pista: cadáveres, objetos, trozos del fuselaje entre una niebla espesa que imponía una visión fantasmagórica y me encogía el corazón.

Quise conocer las circunstancias que habían provocado el accidente. Hablé con todos los responsables. La conversación con el controlador que había dado las autorizaciones de paso del avión de Aviaco me congeló el alma. No se apreciaba en él la más mínima consciencia de su intervención en el desastre. Por primera vez en toda mi vida sentí miedo a volar.

El Rey, de visita oficial en Estados Unidos, volvió de inmediato y se trasladó al aeropuerto. Venía con la idea, no sé suministrada por quién, de que la causa era la falta de señalización. Los responsables le convencieron fácilmente del error de la información que le habían hecho llegar, mostrándole el magnífico sistema de radar. El presidente de la compañía me dijo que las luces de la pista estaban apagadas. No le creí. Mi intuición quedó confirmada al comprobar las conversaciones mantenidas por la torre de control con el vuelo de Iberia («Tenemos todas las luces del aeropuerto al brillo máximo»).

Cuando regresé a Moncloa, agotado mentalmente por la visión de la tragedia y las conversaciones sobre causas y comportamientos, aún habría de añadir un sentimiento de consciencia de culpa. Entre los pasajeros que encontraron la muerte estaba una amiga, Asunción Cavero, que precisamente el día antes me había pedido una entrevista y a la que a causa de mis excesivas actividades no había podido acceder. Me sentí enfermo, y solo encontré una puerta de alivio escribiendo a sus hijos, ofreciéndoles mi ayuda.

En el Congreso de los Diputados se debate la nueva Ley de Educación (LODE), que representa un avance sustantivo en la democratización de la enseñanza, haciendo participar a padres y alumnos del proyecto educativo.

Los sectores conservadores hicieron un gran ruido ante estos avances, especialmente los responsables de los centros religiosos de enseñanza. Estaban en su derecho; todas las transformaciones sociales de fondo encuentran alguna resistencia en la sociedad. Sin embargo, algunas conductas me produjeron un fuerte malestar porque reproducían los más bajos instintos de los grupos reaccionarios y dañinos. Una señora llamada Carmen de Alvear tuvo la sórdida ocurrencia de manifestar su oposición a la ley a la puerta del colegio donde estudiaban los hijos del ministro de Educación. Allí se apostó la señora con ánimo depredador para acosar a unos niños cuya responsabilidad era la de ser hijos del ministro. Me pareció un acto obsceno, digno de una mente enferma.

De inmediato escribí una carta comprensiva y cariñosa a los niños, los hijos del ministro, y les envié algunos juguetes para intentar endulzar su espíritu después del trago que les hizo pasar la «representante de la familia y la educación religiosa». Su padre, José María Maravall, me contestó: «No creo que olviden lo que les dices. Ni yo tampoco lo olvidaré».

Estas fueron mis afectuosas relaciones con José María Maravall. Él acostumbraba a repetirme que había sido yo quien le había introducido «a la fuerza» en la actividad política, lo que era verdad; él quiso que yo presentase al público el proyecto educativo de su ministerio. Cuando le invité a formar parte del equipo de dirección socialista le conocía poco, pero le antecedía fama de hombre inteligente, trabajador, culto, formado en la Universidad inglesa y, pienso yo, por la magnífica universidad que sería la relación familiar, pues su padre, José Antonio Maravall, fue uno de los más extraordinarios intelectuales de la época, historiador, pensador, hombre educadísimo, una figura magnífica.

Con tales avales yo sentía una gran admiración por Maravall y me atuve a ella en nuestra relación. Creí apreciar una correspondencia similar, hasta que más tarde, ya fuera yo del Gobierno, descubrí una peculiar hostilidad conmigo. En uno de sus libros habla Maravall, adivino que con cierta delectación, de mi cese del Gobierno, cuando conoce bien que fue una dimisión voluntaria (de ello hablaré in extenso); en algunas declaraciones ha «disparado» contra mí e incluso ha enviado a un periódico recientemente una carta al director corrigiendo mi narración de unos pasajes de la vida política de 1993. Él sabe que no es cierta su versión. ¿Por qué esta animosidad? No lo sé. He pensado que tal vez se pueda fundamentar en una equivocada interpretación de una actitud mía. Cuando se celebraron las elecciones de 1986, cubierta la primera legislatura socialista, y a la hora de formar el nuevo Gobierno, hice yo una sugerencia al presidente del Gobierno. Dado que habíamos atravesado un período muy convulso en los centros educativos, con continuas manifestaciones callejeras (fue la época de aquel personaje llamado Cojo Manteca, que caminaba con dos muletas, que utilizaba para destruir todo el mobiliario urbano que encontraba, con repetidas repercusiones en los telediarios) y puesta en crisis del titular del ministerio, quise hacer ver al presidente que un tan buen ministro de Educación corría el riesgo de quemarse totalmente si continuaba en el cargo en aquella turbulencia, y, por el contrario, si se retiraba en aquel momento el presidente podría recuperarlo para el Gobierno en otras circunstancias. Puede ser que esta información mal contada pudiera haber suscitado su animus contrario, que encuentro, en todo caso, injustificado. Mi intención acerca de Maravall fue siempre la de favorecerle. Pero... la ceguera actúa incluso sobre las personas más inteligentes. Mi opinión es que él sería más feliz si no «complejizara» tanto las relaciones personales.

HABLANDO DE LIBROS

La Asociación de Escritores y Artistas me solicitó que pronunciara una conferencia sobre la obra de Antonio Machado en su sede de Madrid. Se celebró el acto en un salón decimonónico con un lleno absoluto de público y con una presentación de un poeta cuyos valores líricos y humanistas siempre he admirado, Leopoldo de Luis. Con una gran sencillez y honestidad introdujo al conferenciante y al tema para dar paso a mi disertación. En la escena que tenía ante mí derivé hacia la valoración estética de la obra del poeta taraceada en su condición humana. Recorrí la vida del autor sevillano paseando sobre sus poemas. Fue la ocasión en que me sentí más a gusto hablando de Machado. Es posible que para un experto no hubiera aportación alguna de valor en mis palabras, pero yo me encontré navegando con el público por el mar en el que Machado invitaba a arar y cuidar las flores. Fue una noche de comunión poética, tal vez demasiado sencilla desde el punto de vista intelectual, pero plena de sentimiento y verdad.

Antes de desplazarme a Sevilla para pasar el último día del año con mi hijo presenté con Antonio Gala el libro de conversaciones que Miguel Fernández-Braso había escrito sobre mis experiencias. Con un aparato magnetofónico nos reunimos Miguel y yo durante varias tardes sin preparación previa. Él me preguntaba y yo contestaba espontáneamente sin tener al alcance un papel, una fecha. Me obligó a recordar muchas etapas de mi vida. Fue como un adelanto de lo que ahora emprendo al escribir estas memorias.

GENERAL SOBRE CABALLO

La retirada de una estatua ecuestre del general Franco de la plaza del País Valenciano en la ciudad de Valencia me hizo cavilar profundamente. Hablé con el alcalde, Ricardo Pérez Casado, inteligente y culto; le planteé mis inquietudes por todo lo que se había generado por la retirada; me anunció el envío de un memorando explicativo.

Había tenido yo noticias de los altercados producidos durante la operación de desenclave de la estatua de su pedestal, pero lo que me alarmó fue ver en el informativo de televisión a los operarios que procedían a la retirada del monumento con los rostros ocultos bajo un pasamontañas. Fue esta la primera ocasión en la que personas que actuaban en la más completa legalidad se veían forzadas a utilizar métodos de ocultación. Me impresionó. Me hizo dudar de un sistema democrático que no amparaba con claridad y transparencia a unos trabajadores que efectuaban un trabajo ordenado por una institución que representaba la legalidad democrática. En aquellos momentos no pude siquiera imaginar que más tarde se haría familiar la imagen de la policía en el País Vasco con los rostros ocultos ante los terroristas y sus valedores gritando a cara descubierta. Entonces (septiembre de 1983), me pareció una señal peligrosa de la debilidad de la democracia. Después se extendió a todos los países en los que los guardianes de la legalidad han de ocultar su identidad mientras los violadores de la convivencia no se sienten obligados a hacerlo. Es la moderna evolución del delito, en la que la conciencia de impunidad del delincuente, unida a veces al desprecio de su propia seguridad y hasta de sus vidas, como en el caso de los terroristas suicidas, complica enormemente el éxito de los Estados democráticos en la lucha contra el crimen. A ello hay que agregar la mayor facilidad que hoy tiene la delincuencia organizada para abastecerse de armas, explosivos y mecanismos para delinquir; todo se vende en el mercado global. Los elementos de fuerza, como las armas, antes reservadas a las instituciones públicas encargadas de velar por el orden y la convivencia, hoy se ofrecen en un mercado de fácil acceso para todos.

En la ocasión de la retirada del monumento del dictador la razón del ocultamiento se debió a que, iniciados los trabajos de desapuntalamiento de la estatua, un grupo de ultraderechistas se presentó en la plaza y golpeó a los operarios, que desistieron de continuar sus trabajos. Encontrar otros trabajadores voluntarios no fue fácil, dado que todos imponían la condición de velar sus rostros para evitar posteriores represalias.

Los problemas políticos derivados de la decisión de retirar una estatua ecuestre del general Franco persistirían dos décadas más tarde, en esta ocasión de la figura, también ecuestre —¡qué gusto por eternizarse sobre un caballo!—, en los Nuevos Ministerios de Madrid.

Son muchos los que expresan su controversia porque se retiren los símbolos de la dictadura, argumentando que forman parte de la historia como otros datos o figuras que no suscitan tal «enfrentamiento». Considerado el argumento en abstracto, están llenos de razón; pero si observamos lo que hacen todos los pueblos, todos los países, comprobaremos que ni en Alemania aceptarían un monumento de Hitler, ni en Italia a Mussolini, y en Rusia, en toda la Unión Soviética, contemplamos el derribo vindicativo de las estatuas de Lenin, y en Bagdad, aunque este caso está infeccionado con la autoría de un ejército ocupante del país, las imágenes de la estatua de Saddam Hussein recorrieron el parque de televisores del mundo.

Treinta años después de la desaparición de un gobernante autoritario, artífice de una profunda división entre los ciudadanos, ¿no es tiempo ya de que se viva con naturalidad un hecho tan poco relevante como el desplazamiento de una estatua que celebra a quien hoy es ya agua pasada? Una sociedad que ha evolucionado tanto desde la época de la dictadura tiene derecho a tomar decisiones que sin daño a terceros pueda clarificar la atmósfera democrática. Y debe hacerlo sin ruido especial, sin alharacas ni aprovechamientos políticos, como un acto sencillo y natural de pasar algunas páginas del pasado, sin olvidarlas, pero construyendo un futuro que ineluctablemente será diferente del pasado.

UN ALCALDE NACIONALISTA

Corrían los días finales de noviembre de 1983 cuando convoqué una reunión de alcaldes de grandes ciudades para tratar de solucionar los problemas que se derivaban de la insuficiencia de recursos de las ciudades obligadas a atender algunos servicios que correspondían al Estado o en algunos casos a la Comunidad Autónoma correspondiente.

La reunión, difícil de montar y aún más en su desarrollo, pues las peticiones provocaban la confrontación entre municipios, especialmente relacionada con la existencia o no de entidades metropolitanas en el entorno de la capital, me permitió un valioso intercambio de opiniones y conceptos que trascendían en muchos casos la particular cuestión de la financiación municipal.

Tal fue el caso con el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, con el que crucé algunas valoraciones que vistas a la luz de los acontecimientos posteriores reclaman la atención.

Sostuvo entonces Maragall que su principal contencioso ideológico con el presidente de la Generalitat, a la sazón Jordi Pujol, era la Corporación Metropolitana. Según el alcalde, la aversión de Pujol al tema solo era comparable a la incredulidad que yo podía sentir (siempre según Maragall) por la idea de que exista un catalanismo popular, abierto, de izquierda e integrador.

Argumentaba Maragall, creo que con ánimo de convencerme, que aquel catalanismo tiene sus raíces en la historia, desde el modernismo de principios de siglo hasta la intelectualidad progresista de los Boadella, Comediants, Nuria Espert, La Trinca o Joan Manuel Serrat, que llenan salas en Madrid; desde los ateneos obreros del anarcosindicalismo hasta la ejemplar labor de un viejo obrero almeriense que enseña catalán en el barrio de Bellvitge de L’Hospitalet.

Y Maragall apelaba a nuestra voluntad —se refería a la dirección del PSOE y al Gobierno— advirtiéndonos que ese era el catalanismo por el que debíamos apostar y no el simbolista y tribal de Pujol, con el que estaríamos obligados a pactar si triunfaba el líder nacionalista.

Maragall creía que ese catalanismo popular, que se expresará en castellano pero que se identifica con la tierra en la que vive, se hacía en el área metropolitana, y su futuro depende de que se haga un área habitable y dotada de signos de identidad propios, mayormente catalanes.

Para Maragall la alternativa era el pacto con la burguesía catalana —a su juicio, uno de los poderes fácticos más sólidos de Cataluña, tanto o más que la Guardia Civil—, pacto con antecedentes históricos que al parecer del alcalde siempre habían resultado funestos.

Estoy recordando la concepción de un alcalde que veintidós años después es el máximo representante de la institución política de Cataluña, la Generalitat. Y se me agolpan los argumentos para deshuesar una teoría política formulada cuando aún no se podían conocer los hechos posteriores. Soy consciente de que jugaría con la ventaja de conocer la evolución de los acontecimientos a la hora de juzgar aquellas confesiones. No lo haré; me limito a explicar algunas ideas que apoyan o deshacen aquella visión del catalanismo, pero no tienen la intención de confirmar el acierto ni de airear los yerros; solo son expresión sencilla de preocupación e inquietud.

Aquello que algunos denominan «el encaje» de Cataluña en España ha tenido permanentemente en contra la desconfianza de los que tienen una concepción hipernacionalista de España y la escasa lealtad de los que hacen de su proclama catalanista la única pieza sobre la que asentar su proyecto político. Un año antes del intercambio de opiniones con Maragall había yo comentado algunas de estas ideas en fecha señalada, la Diada de Cataluña de 1982, a pocos días de las elecciones, en una conferencia en la sede de la Universidad Menéndez Pelayo de Sitges. Mis opiniones tuvieron en aquella ocasión y marco la general aprobación, por lo que siempre me ha acompañado la sospecha de un divorcio profundo entre los dirigentes políticos y el común de la sociedad catalana.

EL BUEN LADRÓN

Por un intrincado medio llegó a conocimiento del Gobierno la existencia de un presidiario que, poseyendo gran información sobre objetos artísticos de extraordinario valor que habían sido robados, estaba en disposición de devolverlos a cambio de un tratamiento legal mejorado.

Hablé con Virgilio Zapatero sobre la necesidad de poseer más datos, dada la importancia de las obras de arte de las que se hablaba. El misterio fue poco a poco desvelándose. Un ciudadano belga, René Alphonse van der Berghe, conocido como Erik el Belga, encerrado en la prisión de Carabanchel, ofrecía la devolución de una serie de piezas sustraídas de gran importancia para el patrimonio nacional. La razón que esgrimía para la devolución de obras de enorme valor e interés, no solo del patrimonio nacional español, pues también hablaba de piezas importantes extranjeras como el retablo de la catedral de Nottingham, era el estado de salud de Erik y su grado de desesperación por el temor de perder a la mujer española con la que había estado conviviendo en los últimos años. Permanecía en prisión provisional por algunas acusaciones de receptación, lo que auguraba penas pequeñas que unido al tiempo que llevaba ya en la cárcel era probable que el resultado fuera su libertad. Pero su ansiedad y avejentamiento no le permitían esperar más, por lo que había ideado el intercambio de piezas valiosísimas para el patrimonio por libertad condicional para él. Todo podía ser una estratagema del delincuente, deseoso de ver la libertad y dispuesto a crear una patraña para conseguirlo. Consultada la policía, confirmó la capacidad de Erik para conocer y controlar las piezas robadas, y manifestó un gran interés en que pudiera alcanzarse un acuerdo.

La operación exigió una enormidad de gestiones en los Ministerios del Interior y de Justicia, con los jueces y fiscales que conocían de los procesamientos, con la policía y con la Embajada belga, en los que jugó un papel fundamental el letrado Javier Mauleón para el control de legalidad de cuanto hubiese que hacer.

Se elaboró un plan que consistía en ir gradualmente comprobando la realidad de las promesas de devolución que serían correspondidas con una atenuación de las condiciones del interno.

En una primera fase se concedería un permiso para tratamiento médico fuera de prisión, bajo la condición de devolución en el plazo de quince días de la Arqueta de Bañolas, la Silla de San Ramón y los Esmaltes del retablo de Aralar. Más tarde se fue ampliando la libertad del preso al tiempo que se iba devolviendo una cantidad enorme de piezas de arte de gran valor. Cuando terminó la operación celebré con Virgilio Zapatero el extraordinario éxito de la recuperación. Horas más tarde, viendo el informativo de televisión, apareció el ministro de Cultura, Solana, de pie ante un gran conjunto de las piezas recobradas, explicando la operación de recuperación. Quedé atónito delante de la pantalla. No pude articular un solo sonido a la vista de una nueva apropiación, esta vez de la autoría.

DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN

El presidente del Gobierno, creo que por sugerencia del presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, propuso la celebración de un debate parlamentario en el que los grupos políticos pudiesen discutir cuál era el grado de realización del proyecto del Gobierno atendiendo a la realidad de la nación. Suponía una ampliación de los debates en sede parlamentaria que había de convertirse en una tradición anual. Aunque la idea pudiera estar basada en el debate anual que se celebra en la Cámara estadounidense, el funcionamiento y la concepción distaban largamente de aquel. En Estados Unidos se entiende que es un debate nacional, lo que expresan aplaudiendo al presidente de turno tanto los de su partido como los de la oposición. En un ejercicio de toma de conocimiento de la realidad del país, en España fue desde el primero de los celebrados un acto más de negación al Gobierno por parte de los grupos de la oposición. Se estableció, además, una práctica disparatada, pues terminado el debate los grupos presentaban —a modo de conclusión (?)— un conjunto de propuestas para ser debatidas y aprobadas por el Pleno de la Cámara. Los usos de la reciente democracia casi imposibilitaban la limitación, de forma que se llegaban a presentar algunos centenares de propuestas que en muy escaso tiempo había que estudiar para decidir el sentido de la votación. Con el tiempo se ha conseguido limitar, aunque no suficientemente, el número de propuestas, que durante años quedó fijado en un máximo de veinticinco por cada grupo parlamentario, que proporciona un volumen aún disparatado.

Los debates del Estado de la Nación trajeron para mí una tarea apasionante. Acordé con el gabinete de la Presidencia que cada año, para cada debate, elaboraríamos un conjunto de fichas que recogiesen los datos de la realidad en todos los campos posibles. El resultado eran dos maletas enormes cargadas de fichas que trasladaba yo a mi escaño en el Congreso, de manera que cada vez que un diputado de la oposición criticaba cualquier dato de la realidad, velozmente hurgaba yo en las maletas para encontrar la ficha con los datos exactos y verdaderos, que pasaba al presidente del Gobierno para su uso en la réplica. La perentoriedad en la respuesta me obligaba a conocer perfectamente el fichero completo que habíamos elaborado. Se hizo proverbial para los españoles —lo veían a través de televisión, ya que los debates se transmitían— conocer que a cada acusación de la oposición extraía yo una ficha que servía para desmontar la crítica realizada sobre datos inexactos o falsos.

Fueron muchos, muchos los españoles que me preguntaron por aquellas fichas. Incluso el Rey se interesó por ellas y de inmediato le envié unos disquetes para el banco de datos de su equipo.

Al compás de los años los debates del Estado de la Nación fueron perdiendo su sentido original, dar a conocer el estado real del país y discutirlo con la oposición, para convertirse en una ocasión para obtener algunas decisiones del Congreso, pues ningún Gobierno puede soportar que tras el debate no se aprueben ninguna de las propuestas, así que la función principal a la que ha derivado es la negociación de propuestas transaccionales que median entre lo que propone la oposición y lo que puede admitir el Gobierno.

EXPERIENCIAS DE PODER

El nuevo año (1984) se presentó con los mismos problemas que habíamos arrastrado en el anterior: asesinatos terroristas —fue especialmente grave el del general Quintana Lacacci—, dificultades de relación con UGT; pero seguimos poniendo las bases para un nuevo país, más moderno, más equitativo, superador del atraso y la pobreza.

Henry Kissinger me solicitó a través de la Embajada de Estados Unidos la celebración de un almuerzo durante su próxima visita a España. No pudo ser el almuerzo, pero sí le di cita para una entrevista en mi despacho el sábado 28 de enero. Acudió acompañado por el embajador estadounidense, señor Enders, y se explayó en agradecimientos porque le recibiera en ¡sábado! Argumentó que conocía las excesivas ocupaciones del vicepresidente de España, todo lo contrario que en Estados Unidos, donde, según él, el vicepresidente no tiene nada que hacer. El embajador intercaló una frase: «Solo esperar a que muera el presidente».

Kissinger se mostró muy interesado, desaforadamente interesado, en conocer qué había de cierto en la idea que les llegaba de las diferencias moderado-radical de Felipe González y Alfonso Guerra.

Me esforzaba yo en exponerle el proyecto del Gobierno sin atender a su poco pertinente pregunta cuando comprobé que el poderoso personaje daba muestras de sopor, iba entrando en un duermevela al arrullo de mis explicaciones o tal vez por lo impreciso de mis argumentos. A cada rato se despertaba, hacía una pregunta con una gran voz seductora y volvía a caer en una dormitación reparadora.

No fue la única entrevista que mantuve con Kissinger a lo largo de los años y pude confirmar que siempre era dominado por un letargo semiinconsciente. No pude evitar pensar en qué estado de conciencia estaría cuando en su responsabilidad en la Secretaría de Estado tomó las confusas y controvertidas decisiones nada escrupulosas con el respeto a las democracias que proclamaba el país de las libertades.

En el Ministerio de Economía y Hacienda había surgido una desavenencia interna de las que son producto de malentendidos personales, roces insignificantes que no alcanzan importancia política. Se resuelven generalmente con la dimisión o el cese de quien ocupa el lugar más débil en la cadena del ministerio. Así ocurrió y no le di una importancia trascendental a pesar de que el sacrificado era un hombre de capacidad e inteligencia probadas. El secretario de Estado de Hacienda, José Sevilla, presentó la dimisión del puesto por dificultades de comunicación. Hasta aquí el suceso, que, aunque desgraciado, no llamaba especialmente la atención. Sí la actitud que adoptó el ministro, que resultaba difícil de comprender. Se negó de manera rotunda, enérgica, airada, a que apareciera en el Boletín Oficial «el cese a petición propia», deferencia general para no perjudicar la proyección profesional del afectado. Y aún sostenía casi con fiereza que se opondría tajantemente a que ningún otro departamento pudiera «recolocarle». Aprecié, con gran incomodidad, una suerte de ceguera de la soberbia. No era ese el estilo habitual en el Gobierno. Aquel día algo se rompió en las normas de las relaciones personales y políticas entre nosotros.

ENTRE ROMA Y MOSCÚ

En enero me vi obligado a encadenar dos viajes internacionales. Estaba en Roma desplegando una gran actividad cuando recibí la llamada de Felipe pidiéndome que me trasladara a Moscú para asistir al sepelio del jefe de la Unión Soviética, Yuri Andrópov, que acababa de morir.

Mi viaje a Italia, mi segundo país, respondía a una invitación de la Universidad de Roma, que deseaba que expusiera la nueva realidad española después de la llegada de los socialistas al Gobierno. Pronuncié una conferencia que titulé «La España vertebrada». Después de un animadísimo coloquio, el rector me hizo entrega de la Medalla de Oro de la Universidad.

La razón del viaje —la conferencia universitaria— me permitió organizar otros muchos contactos y actividades.

Celebré un gratísimo almuerzo en el Quirinal con el presidente Sandro Pertini, al que ya había conocido con motivo de su estancia en Madrid para presenciar la final del Campeonato de Fútbol que ganó Italia. Todos los españoles le vieron en televisión abrir los brazos en un gesto apasionado cuando Italia logró un tanto sobre el equipo alemán.

Con el viejo Pertini nos tuteamos desde el principio a petición suplicada suya. Hablaba con una libertad absoluta y contaba multitud de anécdotas que acompañaba con sonoras risas. Hizo grandes elogios del Rey de España y de Felipe. Me transmitió su admiración por la Reina, por su cultura y elegancia, y me contó que para expresarle gentilmente su consideración, en una comida en Toledo, le explicó que el queso parmesano se toma con los dedos, que así lo hizo la Reina, y Pertini le dijo, medio en español: «Io non sono creyente, però si la mano de la sua maestà me cercara la ostia benedeta, io comulgaba tutti giorni».

Lo mismo que se mostraba galante era capaz de referirse a políticos en activo sin la más mínima cortapisa: «Mitterrand es el Jefe de Estado más antipático que conozco, excluido Richard Nixon, con su cara de bóxer. Mitterrand es tan socialista como yo musulmán».

Pertini me despidió con afectuosísimos abrazos, diciéndome que el rey Juan Carlos, Felipe y yo éramos como sus hijos. Fue una comida llena de euforia y simpatía.

El otro rostro de la política italiana lo pude contemplar en la entrevista que mantuve con Giulio Andreotti. Inteligente, zorro, taimado, paciente, dejó caer, de soslayo, sin referencia a España, que en Italia existía un consenso general respecto al significado de defensa de la libertad de la OTAN. Llamé la atención sobre la sorprendente realidad política italiana, gobiernos que duran una media de nueve meses desde la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo una cierta estabilidad de la sociedad. Es como si estuviera instalada la estabilidad sobre la crisis permanente. Me dijo: «Lleva usted razón; ¿sabe usted cuál es el secreto? Que después de cada crisis siempre somos las mismas caras las que ocupamos puestos de responsabilidad. Mire usted, yo he estado siempre en este despacho, he sido varias veces primer ministro, y muchas otras ministro de casi todos los departamentos, pero nunca me trasladé de despacho, siempre aquí, estable, fijo».

Fue una definición cínica y precisa de la vida política italiana.

Hice una visita a Bettino Craxi, secretario general del Partido Socialista italiano, en su sede de Via del Corso. Le encontré muy nervioso, caminaba apresuradamente por su espacioso despacho, hablaba conmigo, se detenía junto a la mesa, tomaba un documento, le echaba un vistazo, lo dejaba, cogía el auricular del teléfono y hablaba sin presionar ninguna tecla, muy preocupado por el «costo del lavoro».

Yo había coincidido con Craxi en muchas ocasiones en las reuniones de la Internacional Socialista. Él acostumbraba a aparecer en ellas siempre tarde y haciéndose acompañar por un séquito numeroso. Entraba con su abrigo loden verde puesto por los hombros, ondeando al viento como una capa, rodeado de los suyos y de las cámaras de televisión que siempre le seguían; parecía un emperador romano entrando en el Senado. Todos los demás, que viajaban solos, que estaban ya esperando leyendo los documentos, parecíamos los empleados del duque que se dispone a aparecer.

Era inteligente, rápido y ególatra, y en pocas ocasiones se sinceraba con nadie. Una noche en Luxemburgo, después de una larga reunión, descansaba yo en un sillón de la cafetería del hotel, cuando apareció Craxi con toda su corte. Los despidió y se sentó a mi lado. Cansado, desilusionado, sin ánimo, encontró un momento para confesar. Con aire dramático me dijo: «Alfonso, esto se acaba. Tengo muchos problemas y no lograré salir de ellos. He intentado dar estabilidad a mi país, pero ahora ya no tengo ninguna salida, ninguna alternativa; no sé qué será de mí». Efectivamente me pareció un hombre acabado. No pasó mucho tiempo para que todos vieran el final.

En la visita a Roma aún tuve otras oportunidades de conocer el pálpito del país amigo. Se organizó una cena de empresarios italianos en el Gran Hotel para recibirme y escuchar mis comentarios sobre la situación española. Hice un largo brindis al final de la cena, mezclando cuestiones políticas con algunas reflexiones morales. Los empresarios manifestaron su sorpresa ante un político que según ellos parecía un filósofo o un artista. Les saludé a todos e hice buenos comentarios sobre sus perspectivas en España. En castellano andaluz me saludó un empresario con sede en Milán, pero que me confesó ser el tesorero del Real Betis Balompié. Añadió que su residencia habitual en Italia le convertía en un escarnio para la prensa deportiva española. Le contesté: «Y con razón». La nómina de empresarios presentes en la cena no estaba completa: faltaba el capo Agnelli de la FIAT. Y ello por un incidente que se había producido el día anterior. Agnelli y su director operativo, Romiti, me habían solicitado una entrevista; decidí no concedérsela. Mi decisión levantó un gran escándalo. Me hicieron llegar mensajes desde muchos ángulos: autoridades del Gobierno, grandes empresarios, políticos. No había precedente, no era posible negar una entrevista al Jefe, a la máxima representación del poder económico. No me doblegué, y no es que yo quisiera exhibir un orgullo estúpido. Había razones que aconsejaban un cálculo cuidadoso. FIAT había retirado su participación en SEAT en España, dejando la empresa en una situación difícil. Por aquellos días había una aproximación de Volskwagen para entrar en la empresa y supondría un riesgo espantar a los alemanes con la noticia de una entrevista de los responsables de FIAT con el vicepresidente del Gobierno español. Tampoco podía yo hacer públicas mis razones, por lo que mi negativa a recibir a Agnelli se convirtió en un escandaloso comentario entre políticos y empresarios, y mi cotización como hombre valiente creció de manera inmarcesible.

Una noche celebramos una velada magnífica. La Embajada organizó un acto en el que impuse unas condecoraciones acordadas previamente por el Gobierno a cuatro personalidades italianas que eran muy queridas para mí: el filósofo y jurista Norberto Bobbio, con quien había tenido algunos coloquios desde años antes; Leonardo Sciascia, cuyas novelas me apasionaban; Vittorio Gassman, extraordinario actor, y Nerio Nesi, buen amigo y creador de ACIS (Associazione Culturale Italia Spagna).

La finura intelectual del acto culminó en una cena en la Embajada española en la que brilló el encanto de la actriz Monica Vitti y la sabiduría de los laureados. En una conversación informal, Norberto Bobbio dijo que hoy en política internacional solo se puede ser vulpe o leone. Intervino el embajador, Jorge de Esteban, para añadir «o agnello». Rápido, Bobbio dijo: «No de la FIAT» (ironizaba con el capo Agnelli). Unos meses más tarde, Leonardo Sciascia escribió recordando aquella velada: «Este año, cuando el ministro Guerra me impuso la Cruz del Mérito Civil, un español, señalando la firma del Rey en el decreto, bromeando me dijo: “En el fondo, podría ser su rey”. En el fondo: ahí donde la historia encuentra el “si...” que Pascal asume y simboliza en el perfil de Cleopatra, preguntándose cuál hubiera sido la historia del mundo si su nariz hubiese sido unos milímetros más larga; ahí está lo imprevisto, lo imprevisible. Poco antes, mirando un retrato de Carlos III, había pensado: “Ha sido nuestro rey”. Durante siglos andar por España o por los lugares en que España estaba representada, en los que estaba representado el poder, era para un siciliano humillaciones: o iba para oponer razones a la persecución de un virrey o un inquisidor, para hacerse perdonar, para pedir privilegios o títulos, para hacer una delación, en definitiva para servir. Hoy es, por el contrario, buscar y encontrar consanguinidad, afinidad, semejanza: de sentimientos, de costumbres, de palabras».

En Roma asistí al estreno de Macbeth dirigido e interpretado por Vittorio Gassman, uno de los galardonados con la Cruz del Mérito Civil española. La representación alcanzó algunos momentos de grandeza teatral, como en la escena de la batalla, cuando la selva avanzaba hacia el proscenio. Tras la función, una larga y brillante conversación con Vittorio sentó las bases para algunos proyectos en España.

Aún tuve tiempo en Roma para una visita que me causó una gran sorpresa. En la montaña, en la falda del Gianicolo, horadada como una gruta, se conserva la antigua sede de La Arcadia. La magnificencia de la naturaleza se funde con la profusión ornamental en una mezcla desconcertante y cautivadora. El anfitrión, presidente del Comité Olímpico Italiano, se acompañaba de unas elegantísimas jóvenes altas y bellas que nos brindaban unas hermosas copas de champán y nos invitaban a pasar a un jardín interior que semejaba, en efecto, a un paraíso arcádico.

El círculo de trabajo y belleza se cerró con una visita a las tumbas etruscas de Tarquinia y Cebeteri, que me hizo meditar sobre la evolución en la veneración de los muertos y la concepción del homenaje en el arte de las tumbas. Los caballos alados de Tarquinia me hablaron directamente de la armonía y la belleza.

De Roma, de la ciudad de la luz, a las tinieblas de Moscú. Había muerto Yuri Andrópov, el hombre de transición entre la ortodoxia dogmática de Brezhnev y el futuro que había de cambiarlo todo. Las autoridades soviéticas habían hecho llegar a los gobiernos occidentales su deseo de que en las exequias oficiales participaran delegaciones al máximo nivel para mostrar el camino de distensión entre los mundos encontrados: Estados Unidos y sus aliados, la Unión Soviética y los países «satélites».

El presidente del Gobierno, Felipe González, me pidió —era la fórmula elegante que utilizábamos para encargar una tarea— que presidiera yo la delegación. Me acompañaría el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán.

Cuando llegamos al aeropuerto moscovita nos trasladaron directamente a la Casa de los Sindicatos, un austero y vetusto edificio donde habían instalado la cámara mortuoria para facilitar la despedida del «padre» de las repúblicas soviéticas.

Entramos en el edificio y nos condujeron al salón de columnas, donde estaba expuesto el cadáver. La sala estaba totalmente a oscuras; se adivinaban unos voluminosos bultos negros colgando del techo, pero... al poner el pie sobre el pavimento de mármol del salón, como en un mecanismo relojero, se encendieron todas las luces, grandes lámparas de araña veladas por tules negros, y al mismo tiempo comenzó a sonar el Réquiem de Mozart, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Moscú, oculta hasta que las luces iluminaron el salón.

Tengo para mí que esta fue la última prueba de eficacia que brindó al mundo el ya decadente sistema comunista de la URSS.

Me acerqué al catafalco, un suntuoso túmulo inclinado para que pudiese observarse con claridad el macilento rostro cerúleo del líder. A sus pies, varios almohadones de color rojo carmesí cubiertos de tantas medallas que hacían imposible creer en su merecimiento.

Salí del salón presa de ofuscación y desconcierto, aunque no lo bastante como para no ser consciente de que una vez más el montaje funcionaba como un metrónomo. Al poner un pie fuera de la sala, la orquesta calló y las luces se apagaron en una coordinación perfecta.

Aún bajo el efecto abrumador de la impresionante escenografía, me dirigí a la mañana siguiente a la Plaza Roja para la ceremonia oficial del entierro del dirigente Andrópov. El día era muy frío; los termómetros marcaban 14 grados bajo cero, pero el fuerte viento creaba una sensación térmica de mayor frialdad. Esperábamos el paso de la comitiva y el desfile de los ejércitos en homenaje al finado. Nos hicieron esperar dos horas y diez minutos con un frío helador. Algunos habíamos sido precavidos: nos habíamos pertrechado de los imprescindibles elementos para, si no vencer, al menos soportar el frío. Pero otros no pudieron resistir aquello. Especialmente las delegaciones africanas, abrigados con una fina gabardina y calzados con unos ligeros mocasines, estaban al límite de su resistencia. Nos imploraban el puesto de primera fila, pues la existencia de un pequeño escalón les permitía apoyar solo los talones en el suelo, «aislando» el resto del pie volado en el aire.

Todos buscamos periódicos para colocarlos doblados sobre el suelo, intentando un leve aislamiento del gélido enlosado. Se hacía realidad lo que tantas veces había sido como una broma, como un chiste. La verdadera utilidad del Pradva era la de evitar el frío funcionando como aislante.

La fría espera la ocupamos en hablar unos con otros: Trudeau, Margaret Thatcher, Yasser Arafat y otros muchos fuimos agrupados en dos secciones, a derecha e izquierda del monumento a Lenin. A la derecha, los representantes de los países occidentales; a la izquierda, los de los países comunistas o sus aliados. No entendíamos la separación. ¿Prevención de contaminación ideológica? La respuesta llegó enseguida: las cámaras fotográficas y de televisión se dedicaban casi en exclusiva a los «camaradas». La televisión rusa solo transmitía planos de las representaciones más allegadas, dejando en la ignorancia a los ciudadanos soviéticos de la presencia de los gobernantes de los países capitalistas. La insistencia en lograr la máxima representación occidental era una operación solo destinada a convencer a los países de Occidente de sus intenciones de distensión.

El sucesor de Andrópov, un hombre que quiso poner algún orden en el caos soviético que anunciaba su final, fue un desconocido, Chernenko. Nos comunicaron que quería saludarnos a todas las delegaciones. Se organizó una ceremonia en el Kremlin; cuando me aproximaba a saludarle, comprobé su aspecto de anciano débil y ausente. Le tendí la mano; permaneció indiferente. Un ayudante le tomó el brazo, lo acercó a mi mano y cuando la estreché el edecán movió su brazo, simulando un gesto de amistad entre un vicepresidente y un hombre acabado, no ya para la alta magistratura para la que le nombraban, sino para la más elemental supervivencia.

Cuando volvíamos en el avión hacia España le dije al piloto con ironía, pero con base, «deje la radio puesta por si tenemos que dar la vuelta para otro entierro».

El viaje me había hecho ver mejor que cualquier dosier de experto que asistíamos a un final de etapa. Un país inmenso en extensión, población y riquezas, tan importante en la política mundial, ¿podía entregar el mando a un anciano agotado? Era un síntoma de la decadencia que acosaba al país, aunque no se podía entonces imaginar la hecatombe con que se hundiría el régimen, el país, su economía, su partido único controlador hasta de los más insignificantes detalles de la vida política y social.

La confusión de la catástrofe anunciada me llegó meses después a través de un ministro de la Unión Soviética, a la vez que ponía ante mis ojos el cambio que se estaba produciendo en España, en el cual nosotros teníamos algún protagonismo.

Visitó nuestro país el ministro soviético de Transportes, que tras los contactos con su correspondiente en el departamento insistió en la necesidad de entrevistarse con el vicepresidente para transmitirle un mensaje de las autoridades del Kremlin. Le recibí. Me expuso un plan de cooperación entre España y la URSS en el dominio industrial y tecnológico que encajaba en los buenos propósitos que se expresan siempre en las visitas internacionales. La sorpresa llegó cuando elucidó las aportaciones de los dos países. Literalmente, el ministro de una de las dos grandes potencias mundiales aclaró: «España posee los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital; nosotros, desde la URSS, podemos aportar la mano de obra barata». El coloso ofreciendo lo único que hasta poco tiempo antes tenía España y solicitando lo que se presumía poseía él. Me sirvió para entender no solo el ocaso de la URSS, sino sobre todo el cambio de España, el progreso y la prosperidad que ya se percibía desde fuera y que aún costaba hacerlo creer a los de dentro.

UNA DIMISIÓN NATURAL

A las pocas horas de mi vuelta de la URSS me llamó José Rodríguez de la Borbolla para comunicarme que Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, iba a dimitir. Me interesé por la razón. Me contestó muy vagamente, bien porque no lo sabía, bien porque confusa hubiese sido la explicación del dimisionario.

Solicitó, caso de confirmarse el hecho, mi apoyo para sucederle en el cargo. Me anunció que se comunicaría conmigo al día siguiente durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido en Andalucía.

Hablé con Rafael Escuredo. Intuí que su resolución no tenía reversión. Aun con todo, le pedí que habláramos personalmente. Me anunció que salía para Madrid a verme. Tuvimos una larga conversación en mi despacho hasta horas muy altas de la noche. Le encontré psicológicamente ya fuera del cargo. Le insistí en la necesidad de continuar, pero su decisión era más fuerte que mi capacidad de convicción. Cuando se marchaba, le dije que el presidente del Gobierno me había advertido que a cualquier hora que acabásemos Rafael se pasara a hablar con él. No quiso; no soportaba más presión. Me pidió que le facilitara quitarse de en medio unos días para descansar de la tensión.

Al día siguiente le llamé para preocuparme por su estado de ánimo y aproveché para insistir tímidamente. Me envió un télex que decía: «Siento muy de veras no poder atender tu petición de que continúe. Espero y deseo que comprendas, aunque no compartas, las razones de mi dimisión. Con la intención de permanecer firme en mis convicciones socialistas y andalucistas y decidido a seguir trabajando por Andalucía y España, recibe un abrazo de tu compañero y amigo. Rafael Escuredo».

Fueron conversaciones dominadas por el afecto y la sinceridad, condiciones muy fuertes de Rafael Escuredo. Nunca he logrado enfadarme con él, pues su carácter directo y a la vez irónico no lo permite fácilmente. Aquellos días se afianzó nuestra amistad. Lo que queda en la historia es que fui yo quien le sacrifiqué. No han sido suficientes los reiterados desmentidos del dimisionario y míos. Algunos decidieron qué había ocurrido y otros perezosamente les siguieron. A veces me pregunto cuánto habrá de verdad en los pasajes históricos que todos aceptamos como verdaderos. Si el modelo es el que he vivido como testigo y aun protagonista, es grande mi desconfianza ante lo que la historia nos cuenta.

Pocos días más tarde, José Rodríguez de la Borbolla pronunciaba el discurso de investidura como presidente de la Junta de Andalucía. Alabé su contenido, aunque formalmente me pareció vulgar en algunos momentos.

Rodríguez de la Borbolla (Pepote era el sobrenombre utilizado por todos) ejerció su presidencia bajo dos efectos combinados: la necesidad de distinguirse de Escuredo y el deseo de mostrar independencia de mí, temeroso tal vez de la imagen de tutoría inexistente. Lo sé porque hacía profesión de lo contrario, argumentando que «las jerarquías superiores no suponen ningún trauma» y mezclando sus preocupaciones con las visiones oníricas: tuvo una pesadilla, soñó que Rafael Escuredo se había arrepentido de su decisión y se había presentado en el Consejo de Gobierno diciendo que quería volver a ser presidente. Y añadía: «¡La que se lió!».

Al cabo de unos años la estructura del partido exigía su sustitución en el cargo. Hice esfuerzos ímprobos durante dos años para detener lo que creía una operación más desestabilizadora que consolidadora. Cuando mi fuerza no pudo detener el despropósito fue desalojado de la presidencia... y como se iba haciendo tradición el responsable, el culpable, era yo de nuevo. Pepote lo creyó y se guardó el resentimiento hasta que pudo descargarlo y sin avenimiento a las normas del juego limpio.

ENRIQUE CASAS

Al final de la mañana del 23 de febrero tomé un avión para desplazarme a Bilbao. Quería apoyar a mis compañeros en la campaña para las elecciones del Parlamento vasco. Desde el aeropuerto de Sondica me dirigí al hotel, donde había acordado encontrarme con Txiki Benegas y Enrique Casas.

En el instante mismo en que entré en el hotel llegaba la noticia: ¡Han matado a Enrique Casas! Fue un trallazo en el alma. La mente, en un intento de no aceptar la idea, trabajaba aceleradamente, me llenaba de imágenes, de recuerdos de momentos vividos con Enrique, de su lucha por el socialismo, su trabajo en el Senado, su apuesta cordial por la paz; no me dejaba interiorizar la nueva.

Me despertó del sueño lo que estaba ocurriendo alrededor: los compañeros de vida cotidiana caían desesperados en un llanto de nervios y carreras, se hundían y yo les veía caer en un barranco insondable. Entonces se levantó mi espíritu, se alzó un incomprensible ánimo, y dediqué las fuerzas que me daba a consolar a todos, a ordenar el escenario de devastación en que se había convertido lo que minutos antes llamaba al entusiasmo.

Ya había sufrido yo la mordedura del acto terrorista, pero aquel día... se unían algunas circunstancias que lo hacían aún más terrible, más difícil de soportar el dolor y la pena.

Enrique había sido mi amigo, mi cómplice en tantas batallas; sin vernos casi, compartíamos sentimientos y sentidos, siempre coordinados, ni una sola disputa —era difícil llegar a discutir con él—, y ahora, en un instante arrancado de cuajo, muerto a tiros por asesinos que dicen defender al pueblo vasco, perseguido por los disparos, indefenso ante el bárbaro asesino. Los demás, llorando la pérdida del amigo, del político claro, del senador de Euskadi. No hay consuelo ninguno, solo el extraño acicate de apartar la venganza, de alcanzar la verdad en los versos del poeta.

Ya asesinaste a tu postrer hermano:

ya está solo.

Pero, ahora, mira, son sombras lo que empujas.

¿No has visto que son sombras?

Sombras son, hielo y sombras que te atan:

cercado estás de sombras gélidas.

EN NICARAGUA, ¿QUÉ REVOLUCIÓN?

La dictadura de Somoza había sido abatida por la lucha de los sandinistas. Sacudió al mundo la toma del Parlamento por el famoso Comandante Cero. Cuando los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hicieron con el poder, Estados Unidos les puso cerco. Después alimentó a la contra en una guerra desigual que agotaba los recursos del Gobierno sandinista y desdibujaba lo que estaba ocurriendo en el país centroamericano. Yo sentía honda curiosidad, quería saber qué clase de revolución hacían los sandinistas, y además me inclinaba una suerte de simpatía hacia ellos por la persecución a que les sometían las autoridades estadounidenses.

La insistencia del embajador norteamericano para que el Gobierno español no mostrara comprensión alguna con la Nicaragua sandinista fue quizá la espoleta que me hizo aceptar una invitación del presidente Ortega, y muy en particular del vicepresidente Sergio Ramírez, para visitar el país.

Mi visita adquiría importancia por ser el más alto representante de un Gobierno europeo en acudir en visita oficial a la Nicaragua revolucionaria, lo que presagiaba un trato especialmente público para obtener algún tipo de legitimación. No fue así, no aprecié un esfuerzo desmedido para aprovechar la visita de un gobernante europeo. La acogida fue estupenda, pero en clave de sencillez, de camaradería, como si quisieran que nos sintiéramos parte de lo que allí estaba pasando.

Me recibió en el aeropuerto de Managua el vicepresidente Ramírez, que me condujo a la ciudad en un vehículo abierto tipo Land-Rover, conducido por él mismo. Ausencia, pues, de protocolo, naturalidad, compañerismo. Ese corto viaje fue revelador para mí. Sergio Ramírez me hizo una presentación de la situación política clara y sincera. Enseguida aprecié que la revolución estaba en trance de derivar a una rígida burocracia que podía devorar los objetivos sociales primigenios. Y ello sin que Ramírez hiciera la menor acusación a nadie, sin renegar de lo que su Gobierno hacía. Su inteligencia, sutil y literaria, le permitía ofrecer algunos datos de la realidad que unidos a mis conocimientos previos me permitían formar una opinión que me ayudara a enjuiciar con mayor acierto lo que iba a experimentar durante la visita.

Me alojaron en una casa de respeto, viejas villas que pertenecieron a los hacendados somocistas, amuebladas ahora con gran austeridad. Nos aposentamos los miembros de la delegación y enseguida empezamos la interminable nómina de entrevistas y reuniones.

El presidente Ortega parecía inteligente y prudente, y bien querido por las gentes en las calles. Viajamos juntos a una playa del Pacífico, en la que nos rodearon los bañistas con muestras de cariño. Al atardecer, frente a la infinita belleza de los cielos coloreados, conversamos sobre el futuro de la revolución. Necesitaba Ortega el final de las acciones de la contra, se hacía imposible abastecer de mínimos vitales a una población que carecía de casi todo.

Cada mañana un comandante del Gobierno (ministro para nosotros) acudía a nuestra residencia para llevarme al ministerio para conversar sobre su departamento. Así lo hicieron todos los encartados hasta que llegó el turno de Bayardo Arce, un joven comandante de estilo autoritario. Pasaba la hora de la cita, las siete de la mañana, y no llegaba. Sonó el teléfono y me transmitieron que llamaba el ministro extrañado de nuestro retraso, pues nos esperaba en su despacho. Le dije al diplomático español que me anunciaba el recado del ministro que contestara: «El señor vicepresidente de España no puede visitar al ministro Bayardo porque está comprometido a esperar aquí al comandante Bayardo Arce». El diplomático vacilaba, no le parecía posible hablar en esos términos a un ministro del país que visitábamos. Le ordené hacerlo, cumplió, y solo diez minutos después teníamos ante nosotros al joven comandante presentando sus excusas. A veces es obligado colocar a cada quien en su lugar justo.

El programa incluía una entrevista con el obispo Obando de Nicaragua, el principal opositor al Gobierno sandinista.

Cuando llegó a visitarme me informaron de que le acompañaba un buen número de periodistas que permanecieron a la entrada. Me sorprendió el esfuerzo mediático del obispo, que me advirtió que algo significaba.

El obispo entró, me saludó, se sentó, dijo unas palabras de bienvenida, se puso en pie y me tendió la mano para despedirse. Comprendí el acertijo de la compañía de reporteros: se trataba de poner en evidencia la discordancia con la mínima duración de la entrevista. Reaccioné con rapidez. Sin levantarme del asiento le dije, masticando las palabras: «Usted se sienta, monseñor». Lo hizo, musitando: «Sí, sí». Seguí diciéndole: «Usted me va a escuchar, ¿verdad? Y va a contestar a mis preguntas». Volvió a repetir: «Sí, sí». Así continuamos la entrevista durante un largo rato, quebrando la estrategia no precisamente leal de un obispo muy politizado.

Es difícil juzgar en países con circunstancias tan especiales el modelo de convivencia que construyen. Si utilizamos los baremos propios de las democracias europeas, ninguna de esas situaciones nos satisfacen. Hay que hacer un esfuerzo para comprender los datos de aquella realidad, pero sin olvidar que los derechos humanos no pueden ser lesionados. Con estas advertencias, ¿qué revolución era aquella? La clase dirigente no era homogénea ni en sus planteamientos ni en sus conductas públicas y privadas. Algunos, arrogantes, sentían como propio el país y sus bienes; hablaban sin pudor de expropiar una mansión porque al pasar les admiraba. Otros estaban comprometidos místicamente con una revolución que diera pan y escuela a los que nunca lo habían tenido. Y estaban también los que deseaban la construcción de una democracia sin adjetivar.

Doctrinarios como Borge, el ministro del Interior, o Bayardo Arce se mezclaban con inocentes palomas como los hermanos Cardenal, sacerdotes los dos; Daniel Ortega se situaba en un terreno intermedio, su esposa daba muestras de inteligencia y comprensión, y en el ángulo más desplazado del poder, Sergio Ramírez, la opción más clara y con menor posibilidad de progresar. Así ocurrió más tarde, que cuando Chamorro ganó las elecciones, los dirigentes sandinistas, con poca excepción, hicieron la piñata, el reparto del botín que aún les quedaba.

Volví de aquel viaje no triste, pero sí pesaroso. Consciente de que las circunstancias y la fuerza empleada por el coloso del Norte impedirían el avance de una revolución en Nicaragua, y temeroso de que si desaparecían los impedimentos no estuviera contento de que la revolución triunfara.

Aquel fue un régimen muy democrático en un sentido nuevo, y muy autoritario en un sentido viejo.

La gran paradoja fue que, al fin y al cabo, el sandinismo dejó en herencia lo que no se propuso: la democracia; y no pudo heredar lo que se propuso: el fin del atraso, la pobreza y la marginación.

El más respetado de los ideólogos conservadores de Nicaragua dijo una vez, cuando ya los sandinistas habían sido derrotados en las elecciones de 1990, que el sandinismo había traído por primera vez a la cultura política nicaragüense la sensibilidad por los pobres.

Esta es, en verdad, una de las herencias indelebles de la revolución. Los pobres siguen siendo la huella humanista del proyecto que se fue despedazando por el camino, en su viaje desde las catacumbas hasta la pérdida del poder y la catástrofe ética; un sentimiento soterrado o postergado, pero de alguna manera vivo.

De Nicaragua me trasladé a San José de Costa Rica, y el contraste era tan fuerte que parecía hubiera cruzado el mundo, no la simple frontera que separaba los dos países.

El bienestar social que se apreciaba al compararlo con la necesidad que había contemplado se magnificaba. Por otro lado, la simpatía y admiración hacia Estados Unidos era el contraste vivo al temor y enojo vivido en Nicaragua. Participé en un acto multitudinario para celebrar el aniversario, creo que treinta y nueve, de la desaparición del ejército de Costa Rica, decisión adoptada por un presidente hijo de españoles, Pepe Figueres. La ceremonia congregaba a miles de personas en un estadio deportivo. Cuando todos estaban colocados en sus localidades, también las autoridades que estábamos en la tribuna, entró en el estadio, sobre el terreno, un automóvil abierto con George Bush, padre, entonces vicepresidente de Estados Unidos, que dio una vuelta completa entre los vítores y aplausos de todos. Aún había de crecer mi asombro ante el espectáculo. A la hora de los discursos dos oradores ocuparon la tribuna: el presidente de Costa Rica y el ¡cardenal de Nueva York!

En pocas horas contemplé dos sociedades muy distintas, y seguro que costaba elegir.

FRANCIA SE COMPROMETE

En marzo un patrullero francés había disparado contra un arrastrero español, causando heridas a nueve pescadores. Coincidieron los hechos con una Conferencia de los Partidos Socialistas de la Comunidad Europea en Luxemburgo. En ella hice mención del asunto, exigiendo a los socialistas franceses una explicación. En la rueda de prensa conjunta de todos los dirigentes socialistas, Lionel Jospin, primer secretario de los socialistas franceses, fue acosado por los periodistas españoles. Intervine para condenar el ametrallamiento y recordé que en el Museo del Prado cuelga un cuadro titulado Los fusilamientos del 3 de mayo para argumentar la necesidad de la cooperación franco-española en todos los temas, como la pesca y la lucha contra el terrorismo. La rueda de prensa fue tensa y tumultuosa.

Cuando acabamos le ofrecí a Jospin mantener una comunicación privada, relajada. Nos refugiamos en una cafetería, en un aislado rincón. Empezamos a hablar del incidente del arrastrero para enseguida derivar hacia el tema que más nos preocupaba a los españoles, la colaboración en la lucha contra el terrorismo. Lamenté que Francia y los socialistas franceses tuvieran tanta reticencia a la hora de ayudarnos en lo que era una lucha común, acabar con el terror. Jospin intentó justificar la actitud francesa con el argumento de que en España la tortura en las cárceles era habitual, como continuamente denunciaban los presos etarras; que existían algunas operaciones policiales extrañas —mencionó al GAL—. Además de rebatir las falsas acusaciones de los terroristas, le deslicé que aún se esperaba una explicación en Francia por la desaparición del líder corso. En suma, quería hacerle llegar el mensaje de que los gobiernos, aún más si son de ideología socialista, tienen que relacionarse con lealtad, con plena exigencia de explicación por las dudas o acusaciones que existan, pero sin olvidar que estaban ante una organización entrenada para matar. Le informé de que en España ETA había asesinado a quinientas personas, la mayoría miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Me miró incrédulo. Me hizo repetir la cifra. Confesó su sorpresa y su angustia, así como su total incomprensión del límite de aguante demostrado por policías y militares. Me dijo solamente: «A mi vuelta a París, reúno a la dirección del partido, les cuento esta conversación y cambiamos nuestra posición. Tenemos que colaborar mucho más».

Creo que a aquella actitud debemos mucho los españoles. Claro está que las intensas gestiones del presidente español, Felipe González, cerca de Mitterrand, que los trabajos de los respectivos ministros del Interior y los de Exteriores, en especial Roland Dumas, fueron los elementos esenciales del giro de la política francesa en materia de lucha antiterrorista, pero tengo para mí que aquel compromiso más moral que político de Jospin hizo mover la balanza para que todo lo demás, lo principal, pesara cada vez más.

LA OPINIÓN FABRICADA

La publicación de un libro de conversaciones del crítico de arte Miguel Fernández-Braso conmigo irritó a algunos periodistas ilustres, directores de medios o ejemplares mimados, con fama de arrogantes bien ganada y estilo amenazador. Escribieron contra mí con saña buscando una autosatisfacción siempre frustrada, pues no lograban doblegar mi ánimo. Un periódico (Diario 16) sobrepasó la barrera de la pura lógica dedicando ochenta páginas en una serie de diez capítulos diarios a intentar la denigración sistemática de mi persona. Hicieron el encargo a una periodista dedicada a asuntos de prensa rosa de entrevistar a «varias docenas de personas que en uno u otro momento de su vida trataron personalmente a Guerra». De la lectura de los artículos era fácil deducir con qué ánimo se preguntaba a unos y otros, con el propósito de lograr conseguir una frase que pudiese utilizarse contra mí. No alcanzó un gran éxito el proyecto —titulado por el periódico «Una investigación periodística»—, pues los entrevistados no se prestaban fácilmente, aunque la periodista forzaba las respuestas, como pude comprobar por las cartas que recibí de alguno de los entrevistados desmintiendo categóricamente las palabras que les atribuían. En algunos casos acompañaba su carta con una copia de la enviada al medio periodístico, cartas que nunca vi publicadas.

Citaré el ejemplo del poeta José Batlló, que escribió a la revista Cambio 16, del grupo, que se sumó a los reportajes del periódico. Batlló, con inteligencia y mordacidad, les decía:

Señor:

En el número 633 de su semanario y a propósito de Alfonso Guerra y en un artículo firmado por una persona con la que no he hablado en mi vida se me hacen decir una sarta de sandeces que me han dejado asombrado a mí mismo, que soy quien supuestamente las ha dicho.

Hacerme decir sandeces a mí no tiene mayor mérito, como bien sabe cualquiera que me conozca un poco. No les voy a felicitar, pues.

Tampoco es difícil hacerme pasar por necio. Si apreciara el tipo de periodismo que ustedes hacen —si a eso se le puede llamar periodismo—, lo sentiría por ustedes: el necio está negado para la sátira, el sarcasmo, la ironía y todo eso. Ni siquiera sabe decir la verdad. Mal puede, entonces, alcanzar sus propósitos.

Lo que sí le agradecería es que, en lo sucesivo, me permitiera soltar mis sandeces donde más me pluguiera, aunque ya sé que difícilmente voy a encontrar un lugar más adecuado que su revista.

Muy atentamente.

José Batlló

Extraña es la relación que la prensa tiene conmigo. Dan habitualmente un perfil exagerado de mí, intensificando cualquier atisbo de semejanza con un estilo conspirativo, maquiavélico (como dicen los que no lo han leído. Maquiavelo, creador de la idea del Estado moderno, poco tiene que ver con la imagen de siniestro que se ha fabricado de él), implacable, autoritario. Por el contrario, me acosan con peticiones de entrevistas y apariciones. Me confiesan que los lectores y las audiencias se incrementan cuando cuentan con una entrevista mía. Es un juego de atracción y rechazo que yo intento vivir con la mayor indiferencia posible, pues no concibo que la actividad política esté sometida a la imagen periodística. Sé que tal criterio choca con la sociedad de imagen y comunicación que domina hoy las relaciones políticas, pero no puedo dejar de exigirme a mí mismo lo que exijo a los medios. Si durante la dictadura sentía ansiedad por la libertad de prensa, hoy la siento por la dignidad de prensa. Los políticos tienden a perseguir a los periodistas para que les entrevisten o para lograr un tratamiento favorable en sus crónicas. No lo he hecho nunca; por eso me resulta incongruente cuando algunos periodistas, especialmente de la televisión, se sorprenden porque a veces decline la invitación para participar en sus programas. Algunos políticos se preocupan de «aparecer» en los programas; yo quiero decir algo a los espectadores. Por ello cuando no tengo nada concreto que transmitir no considero razonable acudir a un plató de televisión.

Una vez un intelectual francés muy prestigioso quiso saber con qué frecuencia compartía mesa con los propietarios de los periódicos. Cuando le contesté que no tenía ese hábito, me miró sorprendido y me espetó: «Pero así hoy no es posible hacer política». Me palmeó el hombro condescendiente y remató: «Bien, eres un héroe, pero te estrellarás». Creo que en gran parte era él quien tenía la razón: metafísicamente puede considerarse una heroicidad andar por el mundo político sin padrinos mediáticos; esa actitud provoca un cliché que solo puede perjudicar el prestigio político y personal; pero mi insobornable independencia no me ha dejado otro camino. Por otra parte, la consideración del público, más allá y a pesar de las actuaciones para destruirme, no se ha debilitado al paso de los años. Algún fruto parece haber dado mi tenacidad y orgullo. Aun con todo, no me arredro a reconocer que soy yo el que está en el error. La sociedad mediática exige a los hombres públicos una complicidad con los medios que yo nunca he sabido aceptar. Como diría Mairena: «A los hombres públicos, muy especialmente al político, hay que exigirles que posean las virtudes públicas, todas las cuales se resumen en una, la fidelidad a la propia máscara».

Confieso que lo he sido. La coherencia me ha parecido siempre la regla de oro de la política.

DESENFRENO EN LA UIMP

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, organizaba en verano un gran número de cursos y seminarios a los que invitaba a profesores, científicos, artistas y políticos. Santiago Roldán, Curri, había sustituido a Raúl Morodo (entonces embajador ante la UNESCO) en el rectorado. Se hizo frecuente la asistencia de altos cargos del Gobierno, directores generales, secretarios generales de los ministerios que acudían a Santander a exponer los proyectos que ellos tenían en estudio. Sus anuncios, sobre todo en materia económica, suscitaban inmediatamente polémica reflejada en los periódicos sobre los proyectos del Gobierno. La verdad es que el Ejecutivo no tenía ningún conocimiento de aquellos estudios y se encontraba obligado a pasar el verano desmintiendo lo que los altos cargos anunciaban en Santander. Algunos opinaron que era una técnica depurada y sibilina de comprobar la temperatura del cuerpo social mediante globos sonda de los que el Gobierno no se hacía responsable. Es una ley inexorable: siempre se concede al adversario una capacidad estratégica superior a la realidad.

Sin embargo, no sería justo descargar sobre los cuadros intermedios la utilización de la UIMP en la creación de problemas políticos. Porque el hecho es que la veda fue abierta por el propio ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer.

El ministro gozaba de un prestigio bien ganado por su inteligencia, brillantez expositiva y conocimientos económicos. Comprometido con la lucha antifranquista en su juventud, mostró una cierta habilidad política en su madurez. Felipe González confiaba plenamente en su capacidad, hasta el punto de ofrecerle un puesto en la Comisión Ejecutiva del partido en el XXVII Congreso, el primero que celebramos en Madrid desde la guerra, a pesar de que en aquel momento él no estaba muy involucrado en el partido. Ante las primeras elecciones democráticas, Felipe, con buen criterio, consideró importante que Boyer estuviera presente en el nuevo Congreso de los Diputados. El problema era encajarlo en una lista electoral, pues el partido salía de la clandestinidad con una carga ideológica muy fuerte y a Miguel Boyer se le conocía en el partido por su tibieza socialista. Felipe me encargó encarecidamente que propiciase un hueco para él; después de muchos contactos, intentos de persuasión —explicaba que Boyer y yo habíamos dado algunas conferencias al alimón y que había coordinado bien el discurso económico con el político—, aceptaron que Miguel presidiera la lista en Jaén, precisamente una agrupación socialista bastante radical en su concepción del socialismo, pero a la postre con idea clara de partido, y si el partido necesitaba a Boyer en el Congreso, ellos no lo impedirían.

Boyer fue, pues, diputado; se marchó después para pasar por una agrupación socialdemócrata que montó Paco Fernández Ordóñez, aún en UCD. Pero al aproximarse la posibilidad de acceder al Gobierno, Felipe tuvo siempre en su mente a Boyer para la dirección del ministerio económico. Mantuve buenas relaciones con Boyer en nuestra etapa de gobierno, a pesar de los reiterados intentos de creación de una leyenda de enfrentamientos encarnizados entre nosotros. Discrepé de muchas de sus opiniones, como de otros, pero siempre en el entendido de que se trataba de un hombre singularmente capacitado. Mi reflexión personal es que Boyer hubiese sido un excelente presidente de un gobierno conservador. La factura que España había de pagar por cuarenta años de dictadura comprendía también la desubicación ideológica de los demócratas, que por el hecho de serlo eran arrojados por la dictadura a las organizaciones de izquierda. Cuánto hubiera ganado el país con un dirigente conservador moderno como Boyer en una pugna civilizada con un dirigente de izquierdas como Felipe.

Toda esta reflexión venía motivada por una intervención de Boyer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander. Habían coincidido en la Universidad dos ministros socialistas, Miguel Boyer (Economía y Hacienda) y Enrique Barón (Transportes y Comunicaciones). Al término de los cursos el rector, Santiago Roldán, organizó una comida de despedida. Asistieron los ministros citados, los señores Botín (padre e hijo), del Banco Santander; el alcalde de la ciudad, señor Hormaechea; el secretario general del PSOE en Cantabria, Jaime Blanco; un vocal de la Oficina del Portavoz del Gobierno, el rector de la Universidad y algunos periodistas: Pedro J. Ramírez (Diario 16), Alfonso Serrano (El País), Joaquín Estefanía (El País), José García Abad (Nuevo Lunes, económico), José Nevado (Oficina de Prensa del Ministerio de Transportes) y la señorita Mateos (Ya).

La comida discurrió de forma distendida, tratándose temas de diversa índole: literatura, arte, urbanismo, en los que el ministro Barón intervino intensamente, protagonizando, en buena medida, esa fase de la reunión. A los postres, sin que mediara requerimiento por parte de ninguno de los presentes, cambió tanto el temario de la conversación como el protagonista.

Boyer comenzó haciendo una valoración y un análisis de la gestión del primer Gobierno socialista. Dividió la gestión en dos áreas: la actuación económica, que en su opinión merecía una calificación positiva, porque tenía los objetivos bien definidos; y las restantes áreas que no merecían tal calificación, en opinión de Boyer, porque no tenían los objetivos bien definidos y no habían logrado impregnar a los ciudadanos de la seguridad y la certidumbre de que goza la actuación económica.

Se detuvo después en un análisis detallado de las actividades del Gobierno: política de información y comunicación social, política autonómica, educativa, defensa, pensiones, sanidad y política exterior, con manifestaciones críticas sobre todo de la actuación de los ministros de Sanidad, Justicia y Defensa, al que acusó de insensibilidad a la coyuntura económica por la Ley de Dotaciones, haciendo gala de su intervención en la Junta de Defensa Nacional para superar la rigidez de la legislación.

Los asistentes a la comida interpretaron que estaban siendo informados de los detalles de una próxima e inminente crisis ministerial. Alguno llegó a inquirir al ministro acerca de la remodelación ministerial que «habéis hecho el presidente y tú». Circuló además una pequeña hoja manuscrita en la que se leía: «¿No te parece que estás escuchando a un primer ministro?».

Los participantes en la comida salieron del salón con dos sensaciones: el protagonismo de la crisis había sido asumido por el ministro Boyer, situando en un segundo plano al presidente del Gobierno; y se insinuaban tensiones en el Ejecutivo.

La disertación fue brillante, duró dos horas, infravaloraba todas las actuaciones que no eran de su inmediata competencia y fue realizada ante personas de diversa condición política, ante periodistas de distintos medios, delante de otro miembro del Gobierno que asistió callado y atónito a la demostración de arrogancia de su compañero de Gabinete. La crisis ministerial no se produjo, bien porque solo estuviera en su calenturienta mente, bien porque si conocía alguna intención del presidente la abortó con su descabellada soberbia. ¡Qué gigantesca barahúnda se habría armado si este ejercicio de autocomplacencia lo hubiese protagonizado algún otro miembro del Gobierno, por ejemplo, yo mismo!

La exhibición procaz de Santander fue conocida por todos; había demasiada gente presente deseosa de contarlo. Se instaló por primera vez en el equipo de Gobierno una suerte de malestar difuso frente al Ministerio de Economía. Ya los ministros no se recataban, en conversaciones a dos o tres, de expresar su disgusto por las despóticas formas con que el ministro de Economía les trataba. La autocomplacencia de Santander arrastró la pérdida del equilibrio en el equipo, que a pesar de las diferencias había sabido mantener un espíritu solidario entre los miembros del Gabinete.

En octubre se alcanzó un acuerdo con el sindicato UGT, la patronal CEOE y el Gobierno: el AES (Acuerdo Económico y Social), que comprometía al Gobierno a desarrollarlo legislativa y presupuestariamente en amplios temas que afectaban a la vida laboral y económica: ampliación de la prestación de desempleo, reforma de los sistemas de contratación laboral, incentivos fiscales, participación de los comités de empresa; a ello se añadía el pacto entre el sindicato y la CEOE para los salarios de los dos años siguientes. El acuerdo logrado era importante para el Gobierno, pero no podríamos hacernos la ilusión de que las relaciones con UGT y sobre todo con su secretario general, Nicolás Redondo, estaban restauradas por haber firmado el AES.

VIAJE A LA REALIDAD AMERICANA

Inmediatamente después salí hacia Panamá para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Nicolás Ardito Barletta. Había visitado el país otras muchas veces y siempre tuve encuentros interesantes, como el conocimiento de un personaje excepcional, el general Omar Torrijos, un militar que accedió a la Presidencia mediante el golpe de mano habitual en la zona, para, tras un mandato con una visión político-social muy avanzada, retirarse voluntariamente del poder. Torrijos ejercía esa especie de filosofía popular acerca de la vida y la política que causaba honda impresión.

En ocasión del viaje de 1984 me sorprendió el encuentro de una joven fascinante. Su esbeltez espiritual, su fuerza dialéctica en el ejercicio de vivir, su acumulación precoz de conocimiento y sensibilidad, su unión de amor con su aún joven madre componían una figura natural de belleza y pasión. No fue más que contemplación, y después continua remembranza de gestos, voces y circunstancias. Pero es uno de esos momentos que marcan una línea en nuestras vidas y que nunca se olvidan. Es como el encuentro de dos almas afines. Tantos años hace que se podía haber esfumado la pintura, pero ni la voluntad ni el ánimo lo permiten. Si cierro los ojos un momento, la veo; al abrirlos de nuevo, nada queda. De todo aquello hace ya más de veinte años.

En Panamá conocí también al general Noriega. Vino él a visitarme al hotel. Su rostro impedía una buena comunicación: un gesto desabrido, la piel bajo la secuela de una rigurosa viruela, sus ademanes de mando no lograban ser neutralizados por su untuosa manera de hablar. Me invitó a pasar unos días en su residencia de Contadora, que decliné educadamente. Era su época de esplendor bajo la protección de George Bush, que precisamente sería quien enviase a los marines norteamericanos a invadir Panamá para detener a su antiguo cómplice de delitos. En aquel momento, Noriega, jefe de la Guardia Nacional, era el presidente ejecutivo real, por encima del jurídico-institucional, a quien ni tan siquiera respetaba en las formas. La ceremonia de toma de posesión del presidente se realizó en un teatro. Cuando todo estaba preparado para iniciar el acto, este quedó interrumpido, pues las autoridades del Congreso debían trasladarse a la residencia de Noriega para acompañarle hasta el teatro para presenciar la entronización del nuevo presidente. Fue una sonora y restallante visión de una democracia (sic) tutelada.

PRIMEROS PASOS HACIA LA OTAN

Pocos días más tarde se celebró en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Estado de la Nación. Finalizando el discurso, el presidente introdujo un decálogo de política exterior que habría de cambiar el escenario político.

Comenzó Felipe González exponiendo los dos compromisos que el PSOE había contraído en su programa electoral sobre la relación de España con la Alianza Atlántica: la congelación de las negociaciones para la integración en la organización militar (se cumplió de inmediato por el Gobierno, el 9 de diciembre de 1982) y la convocatoria de un referéndum para que fuese la población española la que tomase la decisión definitiva sobre la OTAN (declaró la intención del Gobierno de cumplir este compromiso).

El presidente anunció su deseo de alcanzar un consenso inicial sobre el tema con conversaciones con los grupos políticos, debate parlamentario y difusión entre la población de los acuerdos alcanzados sobre la base de un decálogo de la política internacional que tuviera en cuenta: 1) que España pertenece a la Alianza Atlántica; 2) que no se ha incorporado a la estructura militar, ni lo necesita; 3) que en la relación bilateral con Estados Unidos, convenio de 1982 y protocolo de 1983, debería producirse una reducción de la presencia militar norteamericana en el territorio español; 4) que debe mantenerse la decisión de las Cortes de la desnuclearización de España; 5) España ha firmado el Tratado de no proliferación de pruebas nucleares, y no debe descartarse la firma del TNP; 6) España debe participar en la Unión Europea Occidental en materia de defensa; 7) es necesario alcanzar una solución al problema de Gibraltar, colonia británica en una relación obsoleta a finales del siglo XX; 8) conviene proseguir el trabajo en la Conferencia Europea de Desarme; 9) el Gobierno está desarrollando una red de convenios bilaterales con algunos países europeos que debe ser continuada; y 10) estamos en un proceso avanzado de elaboración del Plan Estratégico Conjunto. Es muy conveniente lograr un consenso en materia de defensa interna y externa.

Al final del proceso de búsqueda y resolución de un consenso nacional sería convocado un referéndum para comienzos de 1986.

En verdad el Gobierno estaba anunciando un cambio en la posición mantenida sobre la OTAN. Pasaba de una oposición resuelta a una aceptación condicionada a algunas decisiones conectadas con la pertenencia a la Alianza, la no incorporación a la estructura militar y la reducción de fuerzas militares estadounidenses sobre el territorio español. Con todo, el giro era copernicano y levantó una expectativa llena de nervios y miedos en el Partido Socialista y en la Unión General de Trabajadores, a las puertas del XXX Congreso del PSOE. Era una polémica acerca del apoyo o el rechazo a la permanencia en la OTAN, pero se desencadenó también un debate interno en el Gobierno, pues algunos ministros eran claros partidarios de ahorrar el trauma de un complicado referéndum.

Vayamos por partes. En primer lugar, el cambio de signo del Gobierno. Se materializaba lo que había sido una presciencia cuando el PSOE inició la campaña contra la OTAN. Recordé los obstáculos que tuvimos que vencer, en la dirección del partido, los diseñadores de la campaña «OTAN, de entrada, NO», como mis palabras advirtiendo a los resistentes que un día se volverían atrás de su posición firme y radical. Pero la última palabra aún no estaba pronunciada. El Partido Socialista se reunía en Congreso dos meses más tarde y allí se daría la batalla entre los partidarios de la nueva tesis del Gobierno y los que mantendrían el rechazo hasta entonces vivo del partido.

El debate congresual no fue difícil; los delegados barruntaban las razones de realismo político del Gobierno y, aunque con quiebra moral y psicológica, se aprestaban a dar su conformidad al cambio de posición. Pero surgió un obstáculo inesperado. Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, se erigió en portaestandarte de la posición contraria, en verdad, la tradicional del PSOE. Nicolás no era un militante más, representaba al sindicato hermano, y si este decidía participar en la contienda las dificultades aumentaban en un grado inesperado. En todo caso, el Congreso apoyó las tesis del Gobierno, lo que abrió una nueva realidad en las relaciones con los países europeos, desatrancando, en primer lugar, muchos de los obstáculos que se imponían al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea.

Lograda sin graves consecuencias la aceptación partidaria de la nueva estrategia en la política de defensa, algunos creyeron llegado el momento de conseguir una segunda trinchera: evitar la celebración del referéndum, anunciado por el presidente del Gobierno en el discurso en el que estableció el decálogo de política exterior e inserto como un compromiso electoral en el programa del partido.

El Congreso del PSOE tomó la decisión de apoyar la permanencia de España en la OTAN en diciembre de 1984; el presidente del Gobierno había anunciado en el Parlamento que el referéndum para que la población optase por el mantenimiento o la salida de España se celebraría a comienzos de 1986; quedaba, pues, entre las dos fechas un año de tiempo. Durante todo el año 1985 ministros, dirigentes socialistas, miembros de grupos sociales y sectores interesados presionaron para que el Gobierno no convocara el referéndum. El propio presidente en varias conversaciones personales, solos los dos, me hacía la pregunta «¿Y si no convocáramos el referéndum?». Siempre contesté con la misma respuesta: la exposición de los costes de convocarlo y los costes de no hacerlo.

Desde que Felipe González, en la oposición, anunciara la convocatoria de un referéndum el día que accediera al Gobierno, los socialistas no habíamos hecho más que sumergir a la opinión pública en la confusión. Aquel anuncio llevaba implícita la posición de salir de la OTAN, después abogamos por permanecer, hablábamos de un referéndum consultivo (como establece la Constitución) que sería vinculante para el Gobierno, ligábamos la permanencia a condiciones concretas, una en relación con nuestra integración en la OTAN, otras referidas a acuerdos con un país concreto, Estados Unidos; se especulaba ya con la oscuridad de la pregunta, y con la validez de la consulta en función del grado de participación popular. Era obvio que a partir de aquel momento deberíamos ser claros, precisos en la exposición de la posición del Gobierno y del partido.

Yo era consciente de lo difícil que era justificar una consulta sobre la defensa, colocando al país ante una disyuntiva de división extrema, cuando además había casi unanimidad de las fuerzas políticas parlamentarias (excluido el Partido Comunista) acerca de la posición del Gobierno. Si todos los grupos políticos entendían que no había una alternativa viable para España, someter al país a las tensiones que a buen seguro se derivarían de la campaña del referéndum carecía de sentido.

También comprendía los riesgos que encerraba la celebración del referéndum. El primero de ellos, el incierto resultado, aunque aún no se había producido el inquietante e irresponsable gesto volatinero de la derecha española apoyando la abstención en el referéndum. Un resultado negativo supondría un fuerte coste para el país, cuya primera consecuencia podría afectar a su decidida integración en la Comunidad Económica Europea y provocaría la desconfianza de los países aliados de España.

Pero, sin aventurar un resultado contrario en la consulta, los riesgos no eran pequeños. Se propiciaría una campaña más emocional que racional sobre la posición de España en el contexto internacional. Se levantarían con fuerza los prejuicios antinorteamericanos aún muy vivos en una sociedad que hubo de comprobar atónita cómo, a causa del inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos fue avalista y protector del régimen de Franco cuando tras el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial los demócratas esperaban su liberación del régimen que apoyó al Eje vencido.

Era fácil prever que los defensores de la salida de la OTAN —una parte de la izquierda y toda la extrema izquierda atomizada— monopolizarían los argumentos de la paz, el desarme, la lucha contra el peligro nuclear, la carrera armamentista, etc., asignando a los defensores de la permanencia las razones que menos simpatía mueven en los ciudadanos españoles.

El Partido Socialista tendría que cargar solo con el peso de la campaña —y aún no conocíamos la pirueta irreflexiva del partido de Fraga Iribarne— y con gran probabilidad enajenaría una parte de sus electores en el referéndum y en las elecciones posteriores.

Tal cúmulo de inconvenientes y peligros hacían pensar en excusar el referéndum. Pero esa decisión no estaba exenta de mayores riesgos. Se trataba ahora tanto del crédito de la joven democracia española como de los gobernantes socialistas.

El Gobierno, su presidente y el Partido Socialista habían contraído un compromiso político y moral con los ciudadanos de que serían ellos los que tomarían una decisión complicada e importante para la nación. Hurtar a todos esa participación produciría un desasosiego general de la política y del sistema democrático. Los sondeos aportaban una cifra altísima de encuestados que deseaba y esperaba que el referéndum fuese convocado. Si el Gobierno escamoteaba a los españoles la celebración de la consulta, la crisis de confianza se podría extender al conjunto del sistema democrático, y de manera especial el Partido Socialista perdería un importante acopio de confianza y esperanza que había logrado con su larga trayectoria de lucha histórica. De esta argumentación se derivaba una consecuencia cierta: haber comprometido el referéndum pudo ser ligero, irresponsable; celebrarlo era inexorable.

JUAN GIL-ALBERT, POETA SIN APELLIDOS

En noviembre se celebró en Madrid un homenaje al poeta Juan Gil-Albert; consistía en una gran exposición sobre su vida y su obra, y un acto público para el que me pidieron dictara yo la conferencia, que sería seguida por las palabras del homenajeado.

Es seguro que fue el poeta quien me propuso, porque yo mantenía unas cordiales relaciones con él.

Fui siempre un gran admirador, y cuando era poco conocido aprovechaba cualquier ocasión para hablar de la belleza de su obra. Con el estilo inconfundible con el que hablaba Juan, me decía siempre que él era conocido en el litoral (se refería a Valencia y Cataluña), pero que yo le había hecho famoso en la meseta (hablaba sobre todo de Madrid).

La plenitud de matices, sutilezas y sensibilidad de la obra de Gil-Albert requiere una aproximación delicada para no dañarla con la brusquedad de una palabra o un contexto inadecuados. Por ello, parafraseé a Lope de Vega, pues me acerqué a su obra con paso quedo.

Pisando con planta de lana

Quedito, pasito, amor...

No asustéis al ruiseñor.

Según el poeta, a su obra solo puede atribuirse un sentido, que oscila entre lo estético y moral. En verdad sus primeros libros lo identifican con una visión estética de la literatura.

Durante los años de la República andaría el camino que le conduciría al encuentro con los intelectuales que habrían de ser sus compañeros de profesión, camaradas de guerra y peregrinos de exilio.

En aquellos años se fue produciendo la toma de conciencia social en el contacto con la realidad española de toda una generación de artistas e intelectuales. En el día del homenaje nos acompañaban escritores tan cimeros como Rosa Chacel y Rafael Alberti. Gil-Albert, un esteta enamorado de la literatura, nos dirá que «soy un prosista nato y un poeta tardío». Su poesía había brotado para salvar a la prosa del peligro de poetizarse.

Al finalizar la contienda civil, Juan Gil-Albert conocería el amargo pan del exilio, del que volvería en 1947 para encerrarse en un silencio voluntario y creativo, en un aislamiento y anonimato generales. Pero no perderá el hilo poético de su pluma, y en el desierto de editores y críticos seguirá produciendo una obra de extrema calidad que está pidiendo exasperadamente una recuperación de su voz. Una voz que surge de un hombre que a sí mismo se describe:

... La frente clara

brotando sobre un cuerpo sensitivo.

PROBLEMAS EN LA FAMILIA SOCIALISTA

Aquel año sería largo y repleto de acontecimientos. En el mes de diciembre del año anterior se había celebrado el XXX Congreso del PSOE. En él se adoptó una decisión que había de tener consecuencias políticas posteriores. Se acordó establecer la incompatibilidad entre los responsables del Gobierno y de la dirección del partido, con dos únicas excepciones: el presidente y el vicepresidente del Gobierno. Las incompatibilidades habían sido un tema recurrente en la organización desde que en el primer Congreso de UGT en Madrid (marzo de 1976) había ocupado gran parte de las discusiones. En todas las reuniones congresuales se había planteado que se limitara fuertemente la posibilidad de ocupar responsabilidades duplicadas. En el XXX Congreso se optó por una fórmula que ante la evidencia de los hechos —nadie quería modificar la situación de «Felipe y Alfonso»— impedía a los demás compatibilizar las responsabilidades en el Ejecutivo (Gobierno) y en la Ejecutiva (partido). Yo siempre me había posicionado por intentar distinguir entre una y otra responsabilidad, pero por decisión de los órganos políticos, no a través de la norma que introducía una rigidez que podía no ser deseada en algunos casos y momentos. A pesar de mi pública posición contra la norma, el resultado del Congreso fue atribuido a mi «inspiración directa», como afirmaron los llamados a sí mismos renovadores, en un ataque febril de autocomplacencia. La aplicación de la incompatibilidad produjo la no confirmación en la dirección del partido de tres ministros: Javier Solana, José María Maravall y Joaquín Almunia. Los datos posteriores parecen confirmar que las bajas influyeron en la hostilidad creciente contra mí.

Comenzó, pues, el año 1985 con algunos problemas internos que desembocarían en una crisis ministerial en el mes de julio y que tensarían las relaciones con UGT a causa de la legislación del Gobierno sobre las pensiones.

A nuestra llegada al Gobierno pudimos comprobar las necesidades de ampliación de derechos a la Seguridad Social de muchos españoles. Casi siete millones de ciudadanos se beneficiarían de una asistencia sanitaria de la que carecían y se incrementó sustancialmente la cuantía de las pensiones. Evaluamos la solidez del sistema y comprobamos que se hacían necesarios algunos retoques para hacer más justa la protección, y confirmamos el sistema de «reparto» en un sistema público de pensiones. Pero algunas irregularidades, por justicia y por necesidad de garantizar el futuro del sistema, pedían una corrección pronta. La picaresca se había instalado entre algunos trabajadores y empresarios (en muchos casos cotizaban por su esposa como empleadas de hogar para generar el derecho a pensión), y los organismos que avalaban el derecho a pensión habían debilitado el régimen de exigencias, hasta el punto de que en algunos momentos se acordaban más pensiones de invalidez que pensiones normales.

Al mismo tiempo, los sectores ligados a grupos financieros colocaron en la opinión pública la especie de que el sistema estaba en quiebra y que en pocos años el Estado no podría disponer de los recursos necesarios para el pago de las pensiones. Aportaban la solución: suscribir planes de pensiones que garantizasen el futuro al llegar a la edad de jubilación. Subió como la espuma el número de planes de pensiones contratados y, claro, el negocio de bancos y grupos financieros. Cuando el Gobierno quiso racionalizar el sistema de pensiones, los voceros de los grupos de intereses encontraron la ocasión perfecta para su propaganda: el Gobierno va a recortar las pensiones. Y los sindicatos los siguieron, con lo que la reforma del sistema de pensiones quedaba deslegitimada por la propaganda.

El enfrentamiento con la Unión General de Trabajadores se fue acentuando durante la discusión sobre la necesidad y la conveniencia de una Ley de Pensiones que frenara el desmesurado crecimiento de la cuantía de las nuevas jubilaciones (un 22 por 100 el año anterior). El momento culminante se presentó en el Congreso de los Diputados cuando se votaban las enmiendas a la totalidad de la oposición a la Ley de Pensiones. El Grupo Socialista votó en contra de las enmiendas, pero dos diputados rompieron la disciplina de voto. Eran dos relevantes diputados: Nicolás Redondo, secretario general de UGT, y Antón Saracíbar, su secretario de Organización. Fue un golpe duro para el Gobierno y para el partido. La historia del Grupo Parlamentario Socialista antes de la Guerra Civil le definía como la minoría de cemento, pues sus diputados se manifestaban siempre como un grupo sólidamente disciplinado. Esa tradición la heredamos con la recuperación democrática en 1977 y seguíamos mostrándonos como un bloque disciplinado lejos de cualquier ligereza o rebeldía de lo que el partido acordaba colectivamente.

La indisciplina del voto de Nicolás Redondo, que aún asistía a las reuniones de la dirección del partido, fue una grieta en las relaciones con el partido y sobre todo con el Gobierno, que ya nunca se rellenaría totalmente, aunque pasara por momentos que mejorasen temporalmente las relaciones.

CÓMO SE PROVOCA UNA CRISIS

En el mes de julio, Felipe González procedió a un cambio de Gobierno; fue su primera crisis, pero no fue provocada por él. La crisis fue alentada por la ambición de poder de Miguel Boyer. Ya un año antes, en Santander, había alardeado de estar investido con autoridad para descalificar a algunos ministros y ponderar la labor de otros. Aunque de forma mucho más discreta, también Carlos Solchaga, ministro de Industria, quiso intervenir en la crisis. Durante el viaje del presidente del Gobierno a Argelia para la firma del contrato del gas, recibí una llamada del ministro de Industria relacionada con la compañía Iberia. Me planteó el cese de Espinosa de los Monteros, explicándome que se había tratado en el Consejo del INI, pero que había desechado hacerlo porque no había presidente. Alguien, me dijo, había respondido: «Hay presidente en funciones».

Mi respuesta no sé si le satisfizo. El presidente en funciones tenía la autoridad y la competencia para tomar esas decisiones, pero me parecía más correcto consultar con el presidente, pues no tenía yo deseos de suplantarle en sus funciones más que en caso de urgente necesidad. Lo entendió Solchaga y en la conversación admitió que, sin ser una amenaza, o cesábamos a Barón (ministro de Transportes y Comunicaciones) o se iba él. Otro que jugaba su cuarto a espadas en una crisis que solo podía resolver el presidente del Gobierno.

A la vuelta del presidente y tras una conversación sobre estos asuntos extraje la conclusión de que Felipe deseaba cambiar la estructura del Gobierno, creando tres vicepresidencias. No lo dijo, pero la sensación que tuve fue muy clara. El lector puede pensar que a la vista de los acontecimientos posteriores mi recuerdo ha podido funcionar como un espejismo. Pero no, tengo constancia escrita de que no es una confusión de memoria, pues el día 14 de marzo escribí en mi libro de notas: «Tengo la impresión de que a F. le gustaría nombrar, cuando haya crisis, tres vicepresidentes».

Lo que en marzo fue intuición en junio se concretó en una nueva conversación en el jardín de Moncloa, almorzando Felipe y yo solos, vestidos con ropa deportiva, sentados junto a la piscina, es decir, en un marco nada protocolario para proceder a una crisis ministerial. Pero esas eran las relaciones entre nosotros, muy amistosas, con una enorme confianza en las dos direcciones. A los postres, Felipe me expuso su idea de la remodelación del Gobierno. En medio de su explicación me dijo: «He pensado nombrar a Boyer vicepresidente para Asuntos Económicos, a fin de evitar la descoordinación en el equipo económico». Continuó desarrollando su proyecto, que culminaría con la creación de tres vicepresidencias: Asuntos Políticos, Económicos y de Seguridad y Defensa, con el objetivo de que el despacho del presidente quedase reducido a los tres vicepresidentes, que a su vez lo harían con los ministros de cada área. Las vicepresidencias serían ocupadas —en este orden— por mí, Boyer y Narcís Serra.

Le reiteré mi doctrina tradicional. Del Gobierno solo el presidente era investido por la soberanía popular residenciada en el Congreso de los Diputados, por lo que solo él tiene la competencia y legitimidad para confeccionar un equipo ministerial. Si creía que la nueva estructura dotaría de mayor eficacia a la acción del Gobierno, no debería tener duda alguna en ponerla en práctica. Podía contar desde aquel instante con mi apoyo absoluto al proyecto, salvo en lo tocante a que yo ocupara una de las vicepresidencias, pues dada la situación de la que partíamos ese cambio significaría una pérdida de autoridad política muy inconveniente para el Gobierno y para mí mismo; aunque esta circunstancia era un tema menor y le animé a proceder a dar la nueva estructura al Gobierno.

Felipe me contestó con una frase corta, seca, implacable: «Entonces no me compensa». Y desvió la conversación a otros asuntos.

La frase no me agradó. No era una cuestión de compensación. Pensé mucho en el significado que aquella frase tendría para el autor. La interpretación más benévola para los dos, sobre todo para mí, es la de que el presidente considerase que mi salida del Gobierno pudiera afectar a la eficacia del equipo ministerial; también podría estar relacionada con un hipotético recelo a que las relaciones entre el partido y el Gobierno tomaran una derivación indeseada; o tal vez fuera una cuestión de oportunidad política, la conveniencia de mi presencia en el Gobierno ante el difícil desafío del referéndum sobre la OTAN. Cualesquiera de las versiones que di a aquella frase me producían un desaliento incómodo. No alcanzaba a entender la razón de la compensación.

El día 3 de julio, Felipe me contó su conversación con Miguel Boyer, en la que le explicó la nueva composición del Gobierno. Boyer le contestó que no contase con él. Su negativa dejó desarbolado el proyecto del presidente, haciendo «inmensa» la crisis. Para colmo de despropósitos, algunos de los cambios se producían para satisfacer las demandas de Boyer, como pude comprobar cuando Felipe me encargó que intentase recuperar a un ministro al que ya le había comunicado el cese. Pedí que me pusiesen con el ministerio, intenté de parte del presidente saber si el ministro estaría dispuesto a seguir, cuando me comunicaron que acababa en esos momentos la copa de despedida que había dado el ministro a todo el personal del ministerio. Así que al marcharse Boyer había que nombrar a un nuevo ministro de Economía. El presidente me consultó. Yo creía saber que él quería nombrar a Solchaga, pero sentía algún recelo en decírmelo. Antes que él lo hiciera, le dije yo que solo podía «tirar» de Carlos Solchaga. Así lo hizo, con gran alegría del nuevo ministro de Economía, tan contento y nervioso con la noticia que al salir del despacho del presidente, en la antesala, no atinó a encontrar la puerta y se metió en un armario.

Fueron días extraños, una crisis entre Buñuel y Samuel Beckett. Felipe convocó a todos los miembros del Gobierno, en lo que todos entendíamos era una despedida, en las instalaciones de Moncloa conocidas como «la Bodeguilla». Algunos ministros habían despachado con el presidente y sabían ya de su continuidad o cese, pero algunos otros no tenían idea cabal de qué iba a suceder con ellos. La cena reproducía la secuencia de El ángel exterminador: se esperaba algo que no llegaba. Pasaba el tiempo y la expectación ante el imaginado discurso del presidente crecía y crecía, pero el discurso no llegaba. Y no llegó. Y el Gobierno se recogió para sus casas o para formar tertulias en algún bar cercano con un recogimiento monacal. Nadie sabía qué decir.

El proceso de la crisis tuvo para mí un incidente chusco. En esos días acudía a España en visita oficial el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, precisamente el político argentino por el que siento más respeto, aunque mi visita a la Casa Rosada para mostrar el apoyo de España al proceso democratizador tuvo una entrada calamitosa. Los servicios de protocolo de la Presidencia cuando entraba yo en el despacho del presidente argentino me entregaron un regalo institucional como presente para el mandatario que visitaba. Le entregué yo el paquete bien envuelto, aunque ya se adivinaba que se trataba de un libro de gran tamaño y grosor. Raúl Alfonsín lo desenvolvió y leyó el título: era un libro que recogía todos los viajes del Rey de España por los países hispanoamericanos. El presidente abrió el libro al azar y apareció una gran foto, a toda página, del Rey saludando ¡al general Videla! Es el momento real en el que pides que te trague la tierra para evitar la vergüenza, el hundimiento. Alfonsín, con buen sentido del humor, volvió el libro hacia mí, sonrió y me dijo: «Qué oportuno». Bajó la tensión y conseguí iniciar unas relaciones amistosas que aún duran. En aquella ocasión me invitó a almorzar en su residencia de Los Olivos mientras veíamos en la pantalla de televisión el discurso que había grabado por la mañana sobre la democracia y los mecanismos de amnistía y perdón.

Retomo la visita de Alfonsín a España en 1985. Felipe me pidió encarecidamente que atendiera durante veinte minutos la recepción que el presidente argentino celebraba en el palacio de El Pardo. Aunque teníamos un acuerdo explícito de mi liberación de ágapes y saraos, en aquella ocasión Felipe no podía llegar más que veinte minutos después del comienzo de la recepción, y dada mi vinculación con Alfonsín me pidió que acudiera yo hasta su llegada.

Me personé en el palacio de El Pardo y tuve unas sensaciones intensas. Desde niño, El Pardo representaba para mí la cueva del poder ilegítimo, el refugio de los delincuentes políticos, ladrones de libertad, aprovechados de un país triste y sin color.

Había salido del despacho en el coche oficial; durante el trayecto rememoré el pasado que yo conocía de El Pardo a través del noticiario cinematográfico, el No-Do, en el que aparecía Franco como vigía de la nación, como padre protector de los españoles a los que libraba de la sucia contaminación del liberalismo degenerador que campaba en Europa, como cortés y frío recibidor de artistas folclóricos y deportistas de la época, como esforzado y sacrificado velador nocturno («la lucecita del Pardo») de la seguridad y bienestar de «su» pueblo.

Cuando el automóvil se detuvo ante el portal del palacio, descendí, y al alzar la cabeza aprecié la sobria arquitectura y me recorrió una extraña sensación. Internamente me asaltó una pregunta: ¿qué hago yo aquí? Un lugar que representaba para mí el oprobio histórico, la sinrazón del secuestro de España. La tentación de entrar de nuevo en el coche y marcharme se imponía a mi determinación de cruzar el umbral. Me volví y mi mirada se encontró con un ujier que cerraba la puerta del vehículo. Me salvó. La costumbre de saludar al personal de servicio con la misma atención que a las autoridades me devolvió al mundo real, me sobrepuso a la pesadilla del recordatorio de lo que aquel palacio fue, y pasé decididamente al patio interior. Pero la historia no acostumbra a soltar la presa. Solo había penetrado unos metros en el interior cuando se me abalanzó Lola Flores con una exigencia perentoria: «Dile a tu amigo Felipe que yo quiero ir a la Bodeguilla. ¿Por qué a mí no se me ha invitado a la Bodeguilla? Yo soy una artista de España».

Por un momento no supe separar el presente del pasado, la realidad del sueño. Me liberé lo más correctamente del acoso y avancé entre los invitados. Sentí una presión en el brazo; era Fernando Morán, que me apartaba hacia un lado para contarme su conversación con el presidente del Gobierno. Le había comunicado que le iba a sustituir si encontraba con quién hacerlo con garantías. Fernando, entre el enfado y la broma, me dijo: «Es como decir a la mujer “te voy a poner los cuernos pero no tengo con quién”».

Este era el clima en el que se produjo la primera crisis de Gobierno, que estuvo provocada por Miguel Boyer y que afectó a áreas que él había exigido para continuar; a pesar de todo, decidió crear un problema mayor al presidente. Este dio una rueda de prensa, que duraría dos horas, para hacer un canto general de las virtudes y valores del dimisionario.

Junto a Boyer abandonaron el Gobierno Fernando Morán, Enrique Barón, Julián Campo y Tomás de la Quadra-Salcedo. Les sustituyeron Solchaga, en Economía; su puesto en Industria fue ocupado por Joan Majó; Francisco Fernández Ordóñez se ocupó de la cartera de Asuntos Exteriores; Félix Pons, de Administración Territorial; Abel Caballero, de Transportes, y Javier Sáenz Cosculluela, de Obras Públicas, que abriría el importante proceso de renovación de las infraestructuras de comunicaciones en España.

NUEVO GOBIERNO

Comenzaba la tarea de un nuevo Gobierno que tenía por delante solo un año de legislatura para desplegar sus actuaciones. Pero un año con muchos acontecimientos importantes. Me puse enseguida a preparar el año por venir. Solo en el ámbito electoral, entre noviembre de 1985 y mayo de 1987, el PSOE habría de afrontar seis procesos electorales: elecciones en Galicia, referéndum sobre la OTAN, elecciones en Andalucía, elecciones legislativas (llamadas generales), elecciones autonómicas y municipales, y elecciones para el Parlamento Europeo. Mi consideración fue que todos los procesos, desde luego hasta las elecciones legislativas, debían ser estudiados y preparados como una unidad estratégica en la que las adaptaciones tácticas necesarias para cada una de las convocatorias debían depender de la coherencia del conjunto, tanto en la línea política a adoptar como en los contenidos del mensaje a la sociedad.

Con el fin de elaborar una estrategia política que pudiera servir para construir una coordinación operativa, hice un balance objetivo de la actuación del Gobierno y el partido en los tres años pasados con responsabilidad de gobierno.

El Gobierno había mantenido la iniciativa política general a lo largo de toda la legislatura, con breves y transitorias interrupciones. No se avistaba perspectiva de alteración en los próximos meses.

Los elementos que funcionaban como activos del Gobierno estaban claros para el conjunto de la población: la consolidación de la democracia, el inminente ingreso en la CEE, el avance en la educación, la ampliación de las libertades, las reformas estructurales, etc.; pero también estaban claros los pasivos que servirían para el discurso de los adversarios electorales: el desempleo y el cambio de posición respecto de la OTAN.

El grado de cumplimiento programático del Gobierno era muy elevado, pero la fijación de la atención popular en los dos puntos negativos, el paro y la OTAN, no propiciaban insistir en el cumplimiento del programa, pues la imagen dominante era que el Gobierno había desarrollado su gestión, positiva en el balance, sin ceñirse al programa electoral.

Se preveía una situación política inédita en la política española. Dos acontecimientos que se habían de producir en pocos meses, el ingreso en la CEE y el referéndum sobre la OTAN, situaban el debate político en el papel de España en el mundo, tema que nunca antes había sido centro de atención ni para las fuerzas políticas ni para la sociedad española. No me pareció insignificante que pocos años después de recuperada la democracia en España nos ocupáramos en los más amplios espacios políticos, sociales y culturales de la posición del país en el mundo, tras haber padecido un aislamiento «sanitario» en el escenario internacional.

El estudio estratégico del futuro político me obligaba a dedicar muchas horas nocturnas al trabajo, pues las tareas ordinarias de gobierno me ocupaban todas las horas del día. Un proyecto en el que tuve que poner un gran empeño durante los años 1984 y 1985 fue la redacción de una Ley Electoral. Aún seguía en vigor el decreto-ley dictado por el Gobierno de Adolfo Suárez antes de las primeras elecciones democráticas en marzo de 1977. Era una norma preconstitucional y aun predemocrática, aunque había sido negociada con la comisión que formaron las fuerzas políticas democráticas. La Constitución estableció un mandato a las Cámaras para elaborar una Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Me entrevisté con todos los representantes de los grupos políticos, que solicitaban modificaciones contradictorias entre sí. El único partido que fue taxativo en su petición-ultimátum fue el PCE. Su secretario general, Gerardo Iglesias, exigió aumentar el número de diputados, hasta 400, y si no se le garantizaba no quería hablar de nada más.

Mi concepción personal, y desde luego la de aquel Gobierno, era y es que una ley electoral solo queda legitimada si es aceptada por la inmensa mayoría de los diputados que la aprueban. Producir una ley electoral con una mayoría que no cuente con el apoyo de todas o casi todas las fuerzas políticas es legitimar el cambio de la norma en el momento en que cambie la distribución de fuerzas políticas en el Parlamento.

La preocupación de las fuerzas políticas se identificaba en relación con la concepción mayoritaria o proporcional de la asignación de escaños. La tendencia habitual es que los conservadores prefieren el sistema mayoritario y los progresistas el proporcional. En el caso español, la Constitución había fijado la proporcionalidad para el sistema electoral, por lo que la discusión se situaba en si era o no suficientemente proporcional por las correcciones que se habían introducido en el decreto-ley de 1977. La merma de proporcionalidad del sistema se imputa por unos y otros al señor D’Hont, el creador del método aritmético de asignación de escaños, pero es una atribución injusta, pues no es esa la causa de la desproporcionalización del sistema, sino que, establecido por la Constitución un mínimo de diputados por provincia, el decreto-ley fijará este mínimo en dos. Bajarlo a un diputado aumentaría algo, no mucho, la proporcionalidad, pero la mayoría de los grupos parlamentarios se opusieron a este cambio, y aun siendo una propuesta del PSOE, el Gobierno optó por desatenderla.

Tras un largo debate parlamentario, la nueva Ley Electoral veía la luz en abril con una votación final y de conjunto de todos los votos favorables menos dos en contra y dos abstenciones. Una Ley Electoral apoyada por el 98,5 por 100 de los diputados se legitimaba no solo desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista popular.

CON LAS ESPUELAS CALZADAS

En el mes de junio recibí un escrito del magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, instándome a comunicarle «la hora en la que podía prestar declaración en su domicilio o residencia oficial, en calidad de testigo» en las diligencias previas en virtud de querella formulada por Alianza Popular.

El asunto era una necedad, si no fuera porque enseñaba, una vez más, las artes «políticas» de la derecha española. Se remontaba la acusación (sic) a septiembre de 1983, con ocasión del debate general de los Presupuestos Generales del Estado.

Llegué al Parlamento unos minutos antes del comienzo del debate y me dirigí al pequeño despacho que utilizaba en el Congreso. Al paso, en el pasillo, tropecé con unos funcionarios que arrastraban un carrito con una montonera de documentos. Uno me alargó una copia de lo que resultó ser el discurso de Fraga Iribarne que pronunciaría minutos más tarde. La costumbre era repartir los discursos a portavoces y prensa cuando va a comenzar el orador.

Ya en el despacho empecé a leerlo. Algunos párrafos con gruesos ataques al Gobierno supuse que no serían leídos en la tribuna. Era un ardid habitual de Fraga Iribarne. No leía los ataques más groseros para que en las réplicas no se pudiera denunciar su agresividad, pero los incluía en la copia mecanografiada que entregaba a los periodistas. Así se garantizaba su difusión pública y evitaba que en el Parlamento apareciera como el catastrofista desligado de la realidad.

Había leído un par de folios cuando tocaron a la puerta. Era Jorge Verstrynge, el secretario general de Alianza Popular, con quien yo cuidaba unas relaciones personales que permitieron al Gobierno algunos puntos de comunicación con la oposición.

Le comenté que estaba leyendo el discurso de su patrón (así le llamaban en su partido). Me contestó con unas palabras de alabanza sobre el discurso. Bromeé sobre la rimbombante manera de atacar al Gobierno, aunque, le informé, solo había leído un par de hojas. Ahí quedó todo.

Pasados dos años me encuentro con una querella basada en una declaración de Jorge Verstrynge en la que mantiene que en aquel encuentro, cinco minutos antes de comenzar el debate de Presupuestos, yo le había confesado que estaba en posesión del discurso de Fraga Iribarne desde horas antes, dado que teníamos espías en su partido que nos lo suministraban. Una pura gedeonada: así que teníamos espías en AP y se lo denunciábamos a su secretario general. Pues el juez creyó que debía tomarme declaración y a mi despacho llegó acompañado del fiscal, que no se dignó abrir la boca durante la cita.

Le narré al juez la verdad de los hechos. Se despidió diciéndome que el asunto carecía de fundamento, por lo que no debía preocuparme. Poco después el juez presentaba la acusación ante el Tribunal Supremo por tratarse de persona aforada. Mi confianza en el funcionamiento de la maquinaria judicial caía vertiginosamente; recuperó equilibrio al conocer la resolución de la Sala del Tribunal Supremo, que no aceptaba la competencia por no deducirse de lo actuado indicios de posible responsabilidad.

No era aquel el primer intento de desprestigio del Gobierno y del Partido Socialista emprendido por la derecha parlamentaria. En febrero de 1985 se debatió en el Congreso acerca del llamado «caso Flick». Un empresario ligado al SPD alemán, ante una investigación de los fondos de su empresa en Alemania, había argumentado que años atrás había allegado recursos a la oposición democrática socialista a la dictadura en España. Alianza Popular acusó al PSOE de estar sometido a las órdenes de países extranjeros, pues estaba «comprado» por partidos políticos de otros países.

De nuevo la vulgaridad de una acusación sin fundamento, pero que deterioraba la imagen del Gobierno y que orientaba a la opinión hacia la consideración del PSOE en contacto con la ciénaga de la corrupción.

El Partido Socialdemócrata Alemán había ayudado económicamente al PSOE en la lucha contra la dictadura del general Franco; también el Partido Socialista Obrero Sueco y algunos otros partidos; pero todo acabó con la recuperación democrática de 1977. Personalmente considero con orgullo y satisfacción la solidaridad mostrada por nuestros compañeros socialistas de otros países cuando nuestra meta era la reconquista de la libertad. Era tenebrosamente injusto que años más tarde algunos de los que mantenían al régimen autoritario como Fraga Iribarne quisieran involucrar al PSOE en un delito político por haber recurrido a la ayuda de los progresistas del mundo para acabar con una impúdica y sucia dictadura.

Recordé la Ley de Amnistía de 1977. Gracias a ella los responsables directos e indirectos de la actuación criminal de la dictadura podrían gozar de impunidad por sus actos. No había exigencia de responsabilidad personal, política ni penal. Los demócratas confiábamos en que aquel borrar el pasado, no de la memoria, pero sí del reclamo de responsabilidad, ayudaría a forjar una nueva sociedad democrática en libertad y que serviría para la regeneración de la derecha española, nunca suficientemente afecta a la decisión democrática de elección de gobernantes. Aquellos primeros pasos hacia la judicialización de la política, hacia la persecución judicial de aquellos a los que no podían vencer en las urnas, me hizo reflexionar sobre lo aventurado, e imprescindible a la vez, de la medida de gracia general en la recuperación de la libertad de 1977.

OTRAS PRÁCTICAS POLÍTICAS

Después de una etapa de dominación militar, Brasil se levantaba de su pasado con esperanzas de democracia. En elecciones libres y limpias el pueblo brasileño había elegido presidente de la nación a un político moderado, de escasa brillantez, pero de eficacia y seriedad, Tancredo Neves. Dada la importancia que el Gobierno otorgaba a un país con tantas perspectivas, el presidente quiso que estuviéramos presentes en la toma de posesión del nuevo presidente. Viajé para asistir a la ceremonia. Al llegar en las primeras horas de la noche al aeropuerto de Brasilia, subió al avión nuestro embajador para advertirme de lo que estaba sucediendo. Aquella tarde, víspera de la toma de posesión, el presidente electo, notando una ligera afección en la garganta y tomando en cuenta que al día siguiente había de pronunciar el discurso principal, había optado por acudir a un servicio médico para que le aliviaran el tenue dolor. Observado por el médico, decide ingresarlo, y en el momento de mi llegada se debatía entre la vida y la muerte. Brasilia era una catarata de rumores. Para muchos, la septicemia diagnosticada solo podía ser causada de manera provocada.

En los aledaños del poder se discutía cómo resolver el problema que se planteaba para la ceremonia que tendría lugar pocas horas después. Se me consultó en base a mi experiencia constitucional sobre cuál sería la salida más acorde con el derecho constitucional brasileño. Mi desconocimiento de los textos me impidió concretar más que unas generalidades sobre los derechos que asisten al elegido y las reglas de sustitución en caso de muerte o enfermedad. Pero el caso era especialmente complejo, dado que mal puede sustituirse a quien aún no ha tomado posesión del cargo. Los responsables institucionales llegaron a una interpretación constitucional a repelones. Sería investido presidente el candidato que formaba pareja electoral con Neves, José Sarney. A partir del alumbramiento de la solución, todos respiraron con tranquilidad, hasta el punto de que en el banquete que siguió a la ceremonia todo fueron alegrías y risas, incluyendo los amables y sonrientes agasajos a los invitados de la esposa del ya no presidente Tancredo Neves, que seguía luchando contra la muerte en una cama de un hospital.

Todo el aquelarre fue una suerte de pesadilla de la que solo logré despertar cuando pisé tierra española. Pensé en el refrán español: en todas partes cuecen habas, ¡y qué manera de cocerlas!

DECADENCIA DE UN RÉGIMEN

No menos sorprendente fue un viaje oficial a Hungría, a pesar de que algo barruntábamos los cambios que habían de producirse en la URSS. Cuando murió Chernenko, Felipe González decidió acudir como presidente de la delegación española a las exequias en Moscú.

Referiré una anécdota en relación con esta decisión. Felipe estaba en Argelia para la firma del contrato del gas y desde allí me comunicó que él viajaría a Moscú. A las cinco de la tarde publicamos un comunicado en Madrid dando cuenta del viaje.

En el telediario de las 8.30 dieron la noticia. A las 9.00 horas recibí una llamada del director del CESID inquiriendo de mí información sobre quién encabezaría la delegación a Moscú, porque los servicios secretos italianos lo habían solicitado a los colegas españoles. Era claro que los espías españoles ni leían los teletipos ni veían la televisión. De ser así hubieran alcanzado a tener la misma información que ya poseían todos los ciudadanos.

En mi visita a Budapest me atendió magníficamente durante toda mi estancia el vicepresidente Jozef Marjai, con quien logré forjar una buena amistad. Con él visité algunas empresas estatales con las que húngaros o españoles tenían interés en colaborar.

Tras un recorrido por una enorme granja avícola que funcionaba como cooperativa del Estado, tuvimos una reunión con el comité director de la empresa. El jefe, un hombre corpulento abrigado con una voluminosa pelliza, lanzó una perorata con aire de provocación. Me miraba cuando explicaba que la empresa estaba sometida a las decisiones del instituto de planificación estatal que marcaba todas las directrices, pero desviaba la mirada y se centraba en el vicepresidente húngaro cuando añadía que ellos en todo caso decidían de forma independiente qué producir, a quién vender y a qué precio. El vicepresidente le escuchaba indiferente, como si no estuviese oyendo, una auténtica rebelión a los dictados del poder. Comprendí que el régimen se desmoronaba, que la explosión de libertad política no tardaría mucho en colarse por las costuras abiertas por la realidad socioeconómica.

Más tarde los dirigentes políticos me explicaron las dificultades que tenían para mantener el sistema colectivista, que ellos mismos estaban impulsando iniciativas privadas en las empresas, concediéndoles un tratamiento especialmente favorable, lo que había empujado a las empresas públicas a exigir igual trato que a las privadas recientemente creadas.

En el tejido productivo competían las normas del pasado estatalista con las libertades del futuro. En una visita a una factoría dedicada a la construcción de autobuses pude apreciar la lenidad con que incumplían los mínimos deberes en el trabajo. La empresa estaba especializada en la construcción de autobuses-salas de reunión. El último capricho de la burocracia comunista consistía en hacer las reuniones de los «aparatos» en autobuses diseñados como salas de juntas, porque, según su peregrina visión, se ahorraba tiempo convocando a los comités durante los viajes. La arbitraria idea de la nomenklatura había concluido en una empresa dedicada a la fabricación del inusual vehículo.

El sistema técnico de producción era moderadamente anticuado, pues si bien contaba con una cinta móvil por la que se desplazaba el vehículo para su montaje continuo, la velocidad de la cinta era tan reducida que más parecía un taller artesanal. Los trabajadores apostados en los costados de la cinta de montaje tenían tiempo suficiente para conversar, fumar, moverse por la nave, mientras pasaba la unidad que estaban montando. Estaba confirmando en mi interior lo absurdo que resultaba copiar las modernas técnicas de producción para aplicar luego una práctica preindustrial, cuando advertí que uno de los chasis de autobús llevaba literalmente colgados de las ventanas a un grupo de obreros que no prestaban atención alguna al trabajo. Pregunté qué significado tenía aquel grupo emperchado en el chasis, pasando al compás que el autobús se desplazaba en la cinta de montaje, charlando amistosamente sin poner un adarme de esfuerzo ni ocupación en la tarea de montaje.

Me comentaron gravemente: es el grupo de cubanos que ha venido para formarse técnicamente. Los tópicos se hacían realidad en una conjunción perfecta: el sistema comunista y la tradición caribeña.

En mis breves paseos por las bellas calles de Budapest comprobé la lenta pero inexorable reconquista de la libertad que ejercían los ciudadanos. Impensable en las calles de Moscú, Rumanía, Bulgaria, etc., las cafeterías y bares de la ciudad situaban sus mesas y veladores en las plazas y en las aceras de las calles llenas de ciudadanos que tomaban posesión de «sus» calles como un preaviso de que querían asumir su destino total. Volví con la impresión de que lo que se inauguraba en Moscú con la llegada de Mijail Gorbachov estaba latiendo fieramente en el corazón de muchos centroeuropeos.

LA DESMESURA DE UNA TRAVESÍA

En la primavera de aquel año el presidente del Gobierno, bajo la influencia de su entorno personal, cometió su primer error con proyección pública. La gravedad no estaba en la importancia intrínseca del acto, sino en su gratuidad, en la innecesariedad de hacerse y crear al Gobierno un problema relacionado con nuestra perspectiva histórica.

Una mañana, al finalizar un Consejo de Ministros, se me acercó Julio Feo, el secretario general de la Presidencia, y me dijo en un susurro acompañado de una sonrisa de pudor y expectación por mi respuesta: «Ahora el presidente se va al Azor. Nos vamos al Azor». No reaccioné de inmediato, no me percaté de a qué se refería. Le pregunté: «¿Adónde vais?». «Al Azor, al barco», contestó. Comprendí y me alarmé; busqué al presidente y le interpelé sobre tan disparatada iniciativa. Me contestó con la razón: el patrimonio del Estado no podía ser ignorado porque lo hubiese utilizado un gobernante autoritario. Intenté convencerle de que había otras razones de las que la razón no quiere saber. El Azor estaba ligado en la retina de los españoles a las ridículas aventuras pesqueras del «caudillo»; representaba además el pequeño desquite contra la dictadura, las bromas, los chistes sobre el gran pescador que era capaz de ensartar en el anzuelo de sus cañas cachalotes de toneladas de peso. Era el símbolo del poder arbitrario, de la megalomanía del dictador. No aceptó mis argumentos y mantuvo la desgraciada ocurrencia. Hizo un viaje por la costa portuguesa. Cuando se conoció, la reacción popular fue especialmente hostil. Se entendía que la ilusión generada por el corte histórico de la llegada de los socialistas al Gobierno no resistía el uso de la misma parafernalia que había servido a la dictadura, aún más en la personalización del tirano.

El reconocimiento del error se tradujo en el abandono inmediato y para siempre de volver a pisar el espectral buque. Hoy el Azor ha recalado en «aguas interiores», convertido en un restaurante-mesón en Cogollos, un pueblo cercano a Burgos, donde agoniza varado en el campo, testigo de otra época, como ala de cuervo del pasado.

LOS ERRORES DEL MIEDO

Todas las personas cometen errores en el desempeño de sus funciones, sean estas públicas o privadas. La gravedad del error se mide por las consecuencias que se deriven para terceras personas, pero a veces un hecho sin daños para otros puede afectarnos porque no supimos responder a nuestra voluntad primera. Y ello porque no tuvimos el valor de actuar sin temor a las repercusiones de nuestros actos.

Una carta me mortificó durante un largo tiempo. Estaba firmada por un teniente coronel de la Guardia Civil interno en el castillo de Santa Catalina con una condena de veinticuatro años y un día. Me pedía apoyo para conseguir un indulto parcial de la pena. No era una carta más solicitando un indulto, ni el preso era uno más.

Se trataba de Carlos Castillo Quero, condenado por su implicación en la detención, tortura y asesinato de tres jóvenes de Santander que habían acudido a Almería a una celebración familiar en 1981. Fueron confundidos con los integrantes de un comando terrorista de ETA, y sin atender a las pruebas que les ofrecían —bien fáciles de comprobar— los guardias civiles, sus mandos o los responsables políticos decidieron actuar brutalmente sin el menor respeto a los derechos que asistían a los jóvenes.

Conocidos los hechos, la sociedad española los vivió con gran perplejidad y consternación. Los autores, un teniente coronel, un teniente y un guardia, fueron juzgados y condenados a altas y merecidas penas, aunque la sentencia contempló un eximente parcial en el cumplimiento del deber.

Me llegaba cuatro años después una carta del más alto oficial implicado, en la que enfatizaba que su acción respondía a una orden y una exigencia de la escala de mando, asumiendo la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, rechazaba que las consecuencias de haber cumplido órdenes superiores pudieran recaer sobre sus hijos, condenados a una situación de vida imposible. Reclamaba mi benevolencia en apoyo del indulto parcial para hacer más llevadero el cumplimiento de la pena por sus hijos y reclamaba mi condición de padre de un niño de igual edad que el menor de los suyos.

Mi primera reacción fue responder a aquel militar abominando de su conducta pero expresándole mi comprensión de lo injusto que puede llegar a ser que unos hijos menores de edad paguen en sus vidas las consecuencias de los actos de sus padres. No lo hice. En un mezquino proceso de enfriamiento mental me hice ver que una carta del vicepresidente del Gobierno podía ser usada por el receptor, en lícita acción para mejorar las condiciones de su vida, lo que supondría una catarata de insinuaciones primero y acusaciones después de que el Gobierno amparaba a los miembros «represores» del aparato del Estado. Sabía que esas acusaciones serían falsas, pero el daño a la imagen del Gobierno y a la de mí mismo se consumaría. Así que no contesté aquella carta y siempre he pensado que no lo hice por temor, por miedo a lo que los demás podrían decir. Es un sentimiento que me avergüenza, aún más cuando en la opinión pública parece instalada la idea de mi valentía. En aquella ocasión fui cobarde, medí las consecuencias antes que responder a lo que consideraba justo, expresar a alguien que merecía todo mi repudio, y que entendía la injusta pena que pagaban unos niños. Años más tarde se hizo más tenue el peso de mi pena por no haber sabido sobreponerme a cálculos políticos contestando aquella carta, cuando tuve conocimiento de que la Guardia Civil había hecho un fondo económico para atender las necesidades de las familias de los condenados. Las sociedades que se han construido en el sistema capitalista no resuelven muchas de las situaciones extremas de los ciudadanos. Sabemos de la desigualdad social, cómo unos niños nacidos en familias adineradas tienen garantizado un futuro en cuanto a sus necesidades, frente a las dificultades que encontrarán los niños de las familias humildes. Esta injusticia se agrava en una situación límite; la ausencia por encarcelamiento merecido del padre adinerado no repercutirá sobre sus hijos; en el caso de quien vive sostenido en un salario puede significar una pena añadida, la que cae sobre sus inocentes hijos.

«MADE IN USA»

Cuando ganamos las elecciones en 1982 sabíamos que las relaciones con Estados Unidos no serían fáciles. Éramos conscientes de que un Gobierno socialista no estaría entre las preferencias de la Administración norteamericana, lo que se agravaba por nuestra puesta en causa de la pertenencia a la OTAN, en contra primero y más tarde mediante convocatoria de un referéndum, y sobre todo por la inquietante expectativa que representaba nuestra actitud sobre la presencia militar estadounidense en las bases instaladas en España.

Contrariando la perspectiva descrita en todas las entrevistas que manteníamos con altos cargos de Estados Unidos, estos se mostraban comprensivos con nuestra actitud. Todos preguntaban por la escasa simpatía hacia ellos que percibían en España, especialmente en los dirigentes de los partidos políticos. Mi respuesta siempre fue intentar hacerles comprender que se daba una disociación clara: el modelo de vida americano en España, como en toda Europa, representaba un referente en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero existía un grado de desconfianza acerca del Gobierno de Estados Unidos. No era un problema reciente: hundía sus raíces en el abandono en el que se dejó a los españoles al concluir la Segunda Guerra Mundial. En Italia, en Francia, las tropas estadounidenses fueron recibidas como liberadoras, mientras que en España representaron en 1959 con el acuerdo Franco-Eisenhower la protección para un régimen que oprimía a una población, secuestrando su libertad. Las bases norteamericanas en España representaban el aval internacional a un régimen que creyó que el triunfo de los aliados en la guerra podía suponer su fin. Aún hacía poco tiempo, cuando el intento de golpe de Estado de febrero de 1981, la Administración norteamericana no quiso comprometerse con una condena de la ilegal rebelión.

Los interlocutores se mostraban comprensivos con mis razones y abogaban todos por olvidar el pasado y establecer unas relaciones de confianza y amistad para el futuro. A esos deseos nos sumábamos nosotros, pero sabedores de que las relaciones no serían fáciles.

Seguíamos con atención cualquier posicionamiento en público o en privado de las autoridades norteamericanas. En febrero de 1983, con motivo del aniversario de la Infantería de Marina, en la Agrupación de Madrid se dio un vino en la Cámara de Oficiales. Durante la celebración, un teniente coronel de Infantería de Marina de Estados Unidos, invitado, alardeó, espoleado por el capellán de la Agrupación, de conocer que el Gobierno socialista español duraría de un año a año y medio.

Dos años más tarde fueron sorprendidas dos personas obteniendo fotografías de la torre de antenas del complejo de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Al ser identificados, resultaron ser el segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos y un técnico del personal civil de la base militar de Torrejón. Se les incautó la cámara con su teleobjetivo y fueron reveladas las películas. Las conclusiones técnicas acusaban a los infractores de intentar conocer la red de comunicaciones, probablemente para establecer escuchas de interceptación o interferencias.

El Gobierno presentó una «Nota verbal» de protesta exigiendo explicaciones y la salida del país en setenta y dos horas de los dos funcionarios en tareas de espías. La Administración norteamericana «aseguró» que los detenidos no obedecían instrucciones de ninguna autoridad de su país, y que aceptaba su inmediata salida de España. La actitud de las autoridades norteamericanas no ayudaba a recorrer conjuntamente el difícil camino que nos aguardaba, referéndum de la OTAN y renegociación del acuerdo bilateral con Estados Unidos, sobre la base decidida por nosotros de la reducción de la presencia militar norteamericana.

Estábamos aprendiendo que gobernar no es solo una buena disposición para administrar los asuntos públicos, sino que se necesitaba saber torear algunos obstáculos que no dependían solo de los responsables políticos del país, que la actuación de los otros puede influir determinantemente en función de que la actitud sea la colaboración o la obstrucción.

PREPARANDO LA EXPO 92

En los primeros días de gobierno pudimos comprobar que nada se había definido sobre el acuerdo del BIE concediendo a Sevilla y Chicago la posibilidad de organizar conjuntamente una Exposición Universal para 1992, año de celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Sopesamos las dificultades y los recursos que serían necesarios y tomamos la decisión de seguir adelante en el proyecto. Pronto Chicago renunciaría a su atribución de responsabilidades, dejando sola a España (Sevilla) con el peso y el mérito de la organización de la Exposición.

En los primeros escarceos sobre qué hacer y por dónde empezar consideramos urgente nombrar a un responsable, a un comisario que haría un primer diseño de la muestra. El primer nombre que surgió —creo que sugerido por Luis Yáñez— fue el del arquitecto Ricardo Bofill. Pronto se alzó una campaña hostil en Sevilla, «argumentada» en la inconveniencia de que un catalán pudiera ser el artífice de un magno acontecimiento andaluz. La pacatería de la razón esgrimida se extendería después a todas las actividades en las Comunidades Autónomas, hasta alcanzar la surrealista cima de que solo los nativos son meritorios para hacer obras, libros, música, etc., en el lugar. El proceso de descentralización del Estado, que ha aportado sustantivas ventajas a la marcha de la nación, ha tenido algunos efectos perniciosos. Entre ellos, la estólida concepción de campanario para la elección de personas, de la política, la cultura, las artes.

Desechado el nombre de Bofill, corrió en los mentideros el del prestigioso catedrático de Derecho de la Universidad sevillana Manuel Olivencia. Contaba con muchos elementos favorables. No era el menor que coincidiesen en la cabecera de las administraciones afectadas tres personas: Felipe González (presidente del Gobierno), José Rodríguez de la Borbolla (presidente de la Junta de Andalucía) y Manuel del Valle (alcalde de Sevilla), que habían sido alumnos suyos. Y ya se sabe que el metus reverencialis debido al profesor permanece vivo para siempre, aunque tengo dudas de que suceda en los últimos tiempos en la enseñanza.

Al candidato Olivencia se le sumaba el apoyo con que contaría en la sociedad tradicional sevillana, alejada del PSOE, y en los medios de comunicación de la capital andaluza.

Con todos sus valores, los propios y los calculados, el nombramiento se hizo con el acuerdo de todos.

Sin embargo, el cálculo fue erróneo. La sociedad conservadora de Sevilla, familias tradicionales, empresarios, partidos políticos y medios de comunicación comenzaron pronto a utilizar al comisario como ariete contra el Gobierno, con continuas exigencias de poder para él y reiteradas denuncias de preterición de su papel.

No se crea que era una guerra sutil contra el Gobierno utilizando al comisario; era una batalla frontal diaria en los periódicos. El diario ABC, ejemplo unívoco de la belicosidad contra el Gobierno, publicó cien días después del nombramiento de Olivencia un artículo revelador que exime de otras pruebas. Se fantaseaba sobre el nombramiento «tras vencer resistencias nunca explicadas y demoras injustificables», para concluir que cien días después el comisario era desatendido por el Gobierno. La redacción del Estatuto del Comisario, competencia del Gobierno, se achacaba a «fontaneros de Moncloa», que ahora pretenden imponer al señor Olivencia (la cursiva es mía). El artículo no descartaba que «el señor Olivencia tire la toalla». ¿Qué podía ocurrir?, se preguntaba. Daba una respuesta insólita: «Lo menos malo sería renunciar a la Exposición. Sería, desde luego, mucho más que una gran lástima, pero al menos no se caería en la indignidad».

La derecha sevillana no aceptaba que en sus predios tomara decisiones alguien que no fueran sus peones, no estaba dispuesta a digerir que era una Exposición de responsabilidad del Gobierno, y prefería que Sevilla perdiera la oportunidad del evento si ellos no podían mangonear a su antojo. Claro que no era solo una cuestión de prurito de poder; en el horizonte se adivinaban muchas decisiones en el terreno económico en las que algunos querían situarse con ventaja.

La pugna duraría hasta el final de la Exposición, creando un buen número de obstáculos que no tenían por qué haber dificultado una tarea que era monumental y que obligó a hacer esfuerzos suplementarios para serenar, en la medida de lo posible, a la fiera representada por la derecha revanchista sevillana.

ESPAÑA EN EUROPA

La firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea tuvo, además de la trascendencia histórica propia, un valor simbólico extraordinario. En el imponente salón del palacio de Oriente, con los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, fue rubricada en el documento la integración, por fin, de España. Era el tránsito de la vieja, aislada, autárquica y ensimismada nación a una España moderna, integrada de igual a igual con los países europeos que nos habían tomado una larga ventaja histórica. Era el principio de una nueva realidad, pero también el final de un sueño. Durante años los españoles miraban a Europa como lugar de promisión, como estructura mental y política liberadora de la situación de mordaza y atraso que vivía el país.

En aquella ceremonia firmaron por España la adhesión a Europa Felipe González, Fernando Morán y Manuel Marín. Ni un vestigio del antiguo régimen. Tres políticos de la oposición a la dictadura, tres rebeldes de una causa por fin lograda. Para mí era una satisfacción personal inmensa, pues al valor del acto se añadía que los artífices que sellaban con su firma el derribo de la frontera cultural y política eran mis amigos, dos de ellos compañeros de lucha durante años: Felipe desde siempre, Marín que vino a España desde Bruselas para trabajar conmigo en la secretaría del Partido Socialista, Morán diplomático díscolo en la dictadura con quien habría de compartir discusiones y coincidencias. Ahora, presidente del Gobierno, ministro de Exteriores y secretario de Estado para Europa eran los protagonistas de la adhesión. Viéndolos firmar me confirmé en que todo había valido la pena. Las dificultades, los riesgos, el abandono de sueños personales reflejaban allí, en aquel momento, el fruto dorado. Habíamos ayudado a la recuperación democrática; ahora lográbamos que España, institucionalmente, pudiera cumplir su vocación europea. Una gesta de la que sentirse orgulloso.

CARANDE, CARTERO REAL

Mi amistad con Ramón Carande, con don Ramón, aparenta ser contradictoria. En las numerosas ocasiones en las que hablamos juntos ante el público, don Ramón me calificaba de amigo del final de su vida, ante lo que yo le declaraba amigo de toda mi vida. Y es que, en efecto, el adolescente que conoce a un hombre de más de setenta años reconocerá a este como un amigo de siempre, pues casi treinta años después permanece el afecto, los contactos. Don Ramón murió a pocos meses de cumplir el siglo, con lucidez y agudísimo ingenio.

A don Ramón le gustaba la conversación con los jóvenes; en el pequeño despacho donde trabajaba en su casa de Álvarez Quintero, de Sevilla, reunía con frecuencia a jóvenes estudiantes de los últimos cursos de carrera para escuchar al sabio historiador y para exponer los proyectos intelectuales propios de la juventud. Allí conversaba yo con don Ramón bajo la advocación de dos retratos que aparecían enfrentados: Juan XXIII y Willy Brandt. Me comentó don Ramón que algunos se extrañaban ante el conjunto fotográfico, y es que no saben —me dijo— que entre ellos hay una corriente subterránea de entendimiento.

Los profundos conocimientos que poseía Carande los administraba con generosidad en charlas y cartas. La práctica epistolar ocupaba una parte importante de su actividad, ejercida con gusto, salvo en el dispendio que representaba para él el costo de los timbres necesarios para cursar las cartas.

A don Ramón cualquier gasto le resultaba excesivo. Así que sabiendo de su protesta propuse cuando llegamos al Gobierno otorgarle el título honorífico de Cartero Real, nombramiento ya existente que implicaba el derecho a un matasellos que exoneraba al beneficiario del franqueo de la correspondencia. De manera simbólica se entregaba al titulado un uniforme de cartero y un bolsón de piel. Tan contento estuvo don Ramón del nombramiento que se puso el traje de cartero, se colgó la cartera y acudió a las dependencias de Correos en Sevilla para saludar a sus compañeros. A la sazón cumplía los noventa y ocho años.

Ramón Carande formó parte, en su juventud, de ese sector de la intelectualidad que supo hacer honor al privilegio de formarse en los centros de la ciencia y del saber europeos. Toda una idea-fuerza, un conjunto de trabajos cada vez más estructurados, se va abriendo camino, a principios de aquel siglo, a favor de nuestra incorporación al mundo de la ciencia, con el que durante siglos no habíamos tenido sino una relación esporádica, fruto de la dedicación, el sacrificio y, en todo caso, la valía de españoles meritorios. Frente a quienes con ocasión de nuestra crisis noventayochista predican una introspección, una búsqueda y recuperación de nuestra esencia nacional, pero con una perspectiva excesivamente aislacionista, quizá no exenta de planteamientos tradicionalistas, van haciéndose camino los partidarios de abrirse al exterior, incorporar los elementos modernizadores de las sociedades de nuestro entorno, profundizar en las reformas.

Por encima del provincianismo, de planteamientos tales como «que investiguen ellos», o pretensiones como la de «españolizar Europa», las fuerzas sociales y políticas más progresistas defienden la necesidad de afrontar la solución de la crisis que en aquel momento sacude a España por la vía de nuestra incardinación al conjunto de valores que representan Europa y la modernidad, valores que en su origen tanto habíamos contribuido a forjar, pero que habíamos cegado en el devenir de nuestra experiencia histórica.

Parte de nuestro regeneracionismo propone «cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid» y empezar una decidida política que sea capaz de proveer suficientemente la despensa de los españoles y a la vez de construir la escuela en la que han de transmitirse los conocimientos necesarios para el desarrollo social y los valores precisos para integrar a toda la colectividad en un modelo social más avanzado. El título de un trabajo de un joven Ortega, «Vieja y nueva política», refleja la crítica, muy compartida, al modelo político oligárquico de la Restauración y prepara los intentos de configuración de fuerzas políticas reformistas que aspiran a tomar el relevo de un sistema político caduco por anticuado, desintegrador por injusto y deslegitimado por ineficaz.

Simultáneamente a los movimientos políticos y a las configuraciones doctrinales e ideológicas, los partidarios de la reforma y del progreso proponen el diseño de una acción de Estado que posibilite a los españoles con talento y dedicación su formación en los centros del saber, allí donde estos se encuentren, así como la creación de una institución que protagonice esa acción, si bien de una forma no excluyente. Surge así la Junta para Ampliación de Estudios, a la que se debe, en gran medida, el hecho de que, a finales del primer tercio del siglo XX, España pudiera contar, aunque modestamente, entre los países que algo podían decir en el campo de la ciencia.

Becados por la Junta o bien beneficiándose del impulso que la acción de esta propicia, hombres como Ortega, Rey Pastor, Bolívar y el propio Ramón Carande completan su formación en importantes centros europeos y regresan para incorporarse a lo ya emprendido por algunas individualidades, entre las que destaca Ramón y Cajal. Son los hombres de la generación de 1914. A no mucho tardar, y con una decisiva participación de Andalucía, y de Sevilla en particular, se sacudirán los cimientos estéticos en nuestro país con la llegada de los hombres de la generación del 27. El reconocimiento prestado a esta última, sin duda merecidísimo y aun quizá corto, ha velado un poco injustamente el que se debe a esos hombres que solo unos años antes habían apostado por un trabajo sordo, callado, diario por arrancar a la naturaleza y al hombre las leyes de su comportamiento y por poner los avances que de ello se deducen al servicio del bienestar y del progreso sociales.

La acción de esos hombres se produce en el marco de dos conceptos, dos realidades, la ciencia y Europa, sobre los que me parece no solo oportuno, sino también necesario, reflexionar hoy. Y me alegra poder hacer esta reflexión, que me permite conectar el pasado con las exigencias del presente. Don Ramón, desde su experiencia vital, sabía que nuestra integración europea, nuestra participación en los beneficios que proporciona el dominio de los avances científicos, pudo haber sido más completa, menos traumática; pudo haberse producido con anterioridad, si no hubiese sufrido la sociedad española esa fractura brutal que la hizo retroceder respecto de los avances tan costosamente conseguidos, que lanzó fuera de sus tierras a lo más granado de su comunidad científica, que impidió que cogiéramos a su hora y a la velocidad conveniente el tren de la integración europea.

Pudo haber sido de otra forma, pero el hecho es que nuestro reto se plantea con unas exigencias más agudas. En el campo de la ciencia no podemos perder la oportunidad de las nuevas tecnologías. España accedió de forma muy deficiente a la revolución industrial y ello tuvo sus efectos en forma de sociedad atrasada económica, cultural y políticamente. También en forma de sociedad dependiente. Si queremos ahora ser protagonistas y no solo clientes, creadores y no solo mercado de los nuevos sectores productivos, capaces de actuar interdependientemente con otros países y no depender esencialmente de ninguno, hemos de abordar con coraje, de forma sostenida, considerándolo una prioridad estratégica, nuestra incorporación al mundo de la ciencia y el desarrollo tecnológico.

Don Ramón fue hacendista, profesor, político. Tuvo tiempo para ser miembro de la Asociación al Servicio de la República, consejero de Falange (malgré lui), militante de UGT, consejero de un banco, catedrático en ejercicio, depurado, reintegrado, amigo de obispos, agnóstico, erasmista... Hacia 1910 estuvo afiliado a la UGT y funda con Manuel Núñez Arenas una escuela primaria de cultura general para proletarios en la Casa del Pueblo (calle de Piamonte). Esta escuela le puso en relación con Julián Besteiro y con Pablo Iglesias. Debido también a que el padre de Ramón Carande era miembro del Comité de la Conjunción Republicano-Socialista, confió en él Pablo Iglesias para que llevara a Alemania una carta con destino a su correligionario, jefe de la socialdemocracia, Augusto Bebel, a quien encontraría en su casa, en torno a una especie de camilla. Al ir a entregarle la carta, se encontraban con él en la misma habitación Karl Kautsky y Rosa Luxemburg, entre otros.

El 29 de septiembre de 1918 entra el profesor Carande en Sevilla, por permuta de su cátedra de Economía y Hacienda, abandonando Murcia, donde había enseñado durante dos cursos y había sido decano en Derecho. En Sevilla, Carande formó parte del grupo de catedráticos nuevos —Pedro de Castro, Demófilo de Buen, Pedro Salinas, Manuel M. Pedroso, Blas Ramos Sobrino, José Ramón Xirau— que en la ciudad se ganaron fama de luciferinos, masones y rojos, y fueron bautizados por «los cenizos biempensantes» como los de la «Harca del Abdelcrim» (harca, según el diccionario, es una partida de marroquíes rebeldes). En la Sevilla de los años veinte, Carande frecuentó tertulias; tuvo trato con Rafael El Gallo, con Gustavo Bacarisas, con Juan Belmonte, y entre otros amigos, en el Ateneo, con José María Izquierdo y más a menudo con Miguel Romero Martínez, traductor de Horacio, que le dio lecciones de latín. También acudía, con sus colegas universitarios, a reuniones celebradas en Ariel, especie de club bautizado por Pedro Salinas, que estaba instalado en un piso alto de la calle Velázquez. En «Pasaje de Oriente» congregaron a su paso por Sevilla viajeros eminentes como Unamuno, Marie Curie, Leo Probenius, el doctor Boronov, Ortega, D’Ors, Hugo Obermaier, Arthur Rubinstein, etc.

Así pues, Carande ejerce por fin la docencia muy a su gusto en Sevilla, su ciudad soñada. La ciudad de la Giralda le cautivó por tres razones: primera, porque ser llana favorece su condición de caminante empedernido y le permite pasear varias horas sin cansarse; segunda, porque sus gentes, desde las más humildes, tienen una sabiduría intuitiva, que es sedimento o reliquia de viejísimas civilizaciones anteriores a Jesucristo. Son los sevillanos sosegados, no tienen prisa ni mal humor, son benévolos y dadivosos. Y tercera, no impone la ciudad, socialmente hermética en sus clases elevadas, tratos frecuentes ni visiteos a quienes prefieren trabajar tranquilos. El ex libris de Carande luce, junto a la Torre de San Miguel palentina, las dos columnas de Hércules que se alzan en la Alameda sevillana. Vivía en un piso alquilado en la calle Calatrava, que desemboca en la Alameda, zona que no gozaba de muy buena fama. Se encontraba contento con aquel vecindario y aprendió a querer a gentes mal conceptuadas injustamente.

El 17 de diciembre de 1931 el diario El Sol publicaba esta información:

El presidente del Consejo pidió ayer tarde al catedrático y consejero de Estado Sr. Carande que colaborase con el nuevo gabinete desde la cartera de comunicaciones, y dicho señor se reservó el darle una contestación en firme hasta que realizase determinada consulta. Obvio es decir que esta consulta estaba dirigida a la agrupación al servicio de la República, a la que el Sr. Carande pertenece. Antes de que este contestara, el jefe del Gobierno tuvo noticias directas, en el sentido de que aquel grupo político no estimaba oportuno tener una representación directa dentro del Gabinete, y que por ello no podía otorgar su representación al Sr. Carande. Al volver el jefe del Gobierno, trató de comunicar con el Sr. Carande, para pedirle que le confirmase la noticia que había recibido sobre la actitud de su grupo, en relación con la aceptación de la cartera. El deseo del Sr. Azaña no se pudo lograr porque todos los intentos que se hicieron para comunicar con el joven catedrático resultaron inútiles.

Más tarde, en la llamada «zona nacional» se somete a Carande a un proceso de responsabilidades políticas, después de haber sufrido en 1937 un breve encarcelamiento en Madrid por denuncia de la patrona de la pensión en que habitaba. Y en enero de 1939, estando Carande en «zona roja», le declaran libre de responsabilidades, debido a las gestiones pacientes de su esposa, María Rosa de la Torre, en «zona nacional», que rescataba los bienes incautados con un pronunciamiento judicial favorable.

Acabada la contienda civil, en el mes de septiembre de 1939, recibe en Extremadura un telegrama comunicándole su nombramiento de consejero nacional de FET y de las JONS y miembro del Instituto de Estudios Políticos, presidente de la sección de Economía y Hacienda. Esta distinción, fruto de las gestiones de un amigo suyo, Pedro Gamero del Castillo, obedecía al hecho de que Gamero, junto con Ramón Serrano Suñer, habían decidido ofrecerle un «paraguas ante cualquier aguacero eventual». «Aquello duró poco —manifiesta Ramón Carande—; ellos sabían que no estábamos identificados con aquello.» Cuando a los setenta años don Ramón se jubiló en su cátedra, tituló hermosamente su clase magistral de despedida de la siguiente forma: «Mis acreedores preferentes». Allí figuraban, agradecida y tiernamente tratados, algunos de sus maestros más queridos, entre los que destacan Francisco Giner de los Ríos y Antonio Flores de Lemus. Hoy podemos decir aquí, con no menos ternura y agradecimiento, y sin duda con la misma justicia, que en el proceso de encuentro con nuestra verdadera identidad, rastreada a través de la historia y propugnada desde el presente, todos somos, respecto de don Ramón, grandes deudores. Yo, desde luego, así me considero.

El domingo 31 de agosto de 1986 volví de Madrid a Sevilla. Al día siguiente muy temprano me comunicaron la muerte de don Ramón. Me desplacé a Almendral, no sin antes cumplir con el compromiso contraído con mi hijo (comprar una pequeña piscina de plástico, instalarla y llenarla). Después visité a la familia de Carande en su finca Capela, asistí al entierro y volví apesadumbrado a Sevilla, donde cené con la esposa, Mary Gay, y los hijos de César Graña, a quien había enterrado solo unos días antes. En cuatro días perdí a dos grandes amigos. ¡Qué horrible encontraba la vida!

PROYECTOS SOCIALES: HACIA EL ESTADO DEL BIENESTAR

El enderezamiento de la economía, el control de los factores económicos desatados, la necesidad de suministrar servicio sanitario a los millones de españoles que no lo disfrutaban, la extensión del derecho a percibir pensiones para todos, la universalización de la educación a todos los niños y jóvenes en edad escolar no bastaban para crear un auténtico Estado del Bienestar. El Gobierno tenía que aplicar la imaginación a nuevos proyectos concretos que vinieran a resolver o al menos paliar hasta encontrar una solución a algunas situaciones insostenibles social y moralmente.

Quiero citar tres ejemplos que resultaron muy queridos para mí y que atajaban problemas de colectivos muy diferentes: el Plan de Empleo Rural para los campesinos de Andalucía y Extremadura, las Escuelas Taller para los jóvenes desempleados y los viajes del Inserso para los ancianos y jubilados.

En Andalucía y Extremadura un número importante de campesinos solo eran contratados para el trabajo agrícola por temporadas, de manera que durante meses no tenían trabajo, ni cobraban cantidad alguna. El PER vino a paliar el problema estableciendo una pequeña subvención mensual a todos los que pudieran demostrar haber trabajado un determinado número de días, las peonadas. Estas pequeñas subvenciones representaban una cifra de gasto importante, dado el número de beneficiarios. Las ayudas levantaron un mar de protestas y argumentaciones contrarias. La derecha política, los representantes de los empresarios y un gran número de periódicos se emplearon a fondo para desacreditar el sistema, intentando forzar su desaparición.

El partido conservador acusó al Gobierno de haber creado el sistema para mantener «cautivo» el voto de las zonas agrícolas. Según sus estrategas, las subvenciones debían desaparecer para que los braceros pudieran ser libres a la hora de elegir a sus representantes. Una forma única de negar la mínima cobertura a familias muy necesitadas de ayuda.

Los empresarios y la prensa ponían el acento en los casos de picaresca, en las trampas para lograr unas certificaciones de peonadas inexistentes compradas a empresarios agrícolas. Insistían también en la importante cantidad de dinero que se «malgastaba» subvencionando a los trabajadores agrícolas, mecanismo, decían, que fabricaba «vagos» que se habituaban a vivir de subvenciones y ya no se ocupaban de buscar otros empleos. Naturalmente, ocultaban que los empresarios agrícolas recibían en concepto de subvenciones cantidades mucho más elevadas que las que se destinaban a los trabajadores agrícolas.

Los casos de picaresca, que sin duda se producían, no podían negar la utilidad del sistema, pero era necesario atajarlos. Hablé con el ministro de Trabajo en varias ocasiones para sugerirle un mecanismo que acabara con el fraude y saneara la imagen del sistema. El Instituto Nacional de Empleo (Inem) disfrutaba de un superávit anual importante. Mi idea fue que gastáramos ese dinero en la creación de un equipo numeroso de inspectores del PER que, además de ahorrar dinero —por los pagos que dejarían de hacerse con los fraudes descubiertos—, limpiarían y dignificarían al Plan de Empleo Rural. Bajo pretextos de dificultades técnicas, nunca se puso en práctica mi plan, a pesar de que lo intenté también con el ministro de Trabajo siguiente. No me hicieron caso y después el superávit del Inem desapareció.

Las Escuelas Taller era una idea que conjugaba dos situaciones negativas: había muchos jóvenes que no encontraban su primer empleo y se soportaba un déficit de especialistas en profesiones tradicionales. La concepción de las escuelas que fuesen talleres para jóvenes que encontraran en ellas el aprendizaje de oficios casi perdidos surgió de la capacidad creadora de José María Pérez, Peridis, arquitecto y dibujante humorístico con un vitalismo e imaginación extraordinarios.

Siendo yo diputado de la oposición visité con él y con el crítico de arte Santiago Amón las ruinas del Monasterio de Santa María, de Aguilar de Campoo, su pueblo en Palencia. Las ansias que Peridis demostró en aquella visita de reconstruir un gran monasterio abandonado me contagió. Consulté con un director general de UCD, uno de los hermanos Fernández Ordóñez, acerca de los fondos que pudieran recabarse para restaurar el monumento dedicado a centro de formación. La obra se puso en marcha y ya estando yo en el Gobierno participé en la inauguración de la primera mitad restaurada dedicada a Instituto de Enseñanza Media. Se involucró mucho en el proyecto la gobernadora de Palencia, Rosa de Lima Manzano, que fue de gran ayuda.

A la terminación de las obras se programó otra ceremonia de inauguración. Tenía yo el compromiso de asistir, como Peridis y como Rosa de Lima, a la sazón directora general de Protección Civil. Organizamos un viaje en helicóptero a Aguilar. Esa mañana un acontecimiento relacionado con el terrorismo me hizo desistir de abandonar mi tarea en Madrid. En cuanto lo comuniqué, recibí una llamada de Santiago Amón, que había conocido mi renuncia y solicitaba ocupar la plaza libre en el helicóptero. Le di mi parecer favorable y acordaron salir de inmediato. El helicóptero fue abatido por un golpe de viento y perecieron todos sus ocupantes: Rosa de Lima, el diputado Alberto Acitores, Santiago Amón... La noticia cayó sobre mí como un rayo. En ese viaje tendría que haber estado yo. Los acontecimientos suceden casi sin nuestra intervención. Valoramos tantas pequeñeces y no somos conscientes de nuestra fragilidad. Estar vivos es el gran homenaje, pero nos enredamos con cuestiones baladíes que nos enojan, entristecen y desesperan. El hombre es un animal racional inconsciente. No aprendemos nunca a vivir, pues los pequeños disgustos nos ocultan la inmensa fortuna de vivir, de disfrutar de tantos placeres que debían neutralizar las dificultades insignificantes de cada día. Las situaciones límite, como el hecho de «salvarte» de una muerte que te parecía destinada, te conducen a una reflexión que inexorablemente concluye en la constatación de que saber vivir no es más que saber distinguir lo principal de lo accesorio.

Aquella primera visita a Aguilar de Campoo con Peridis me rindió un magnífico amor por el románico palentino. Peridis, conocedor del medio y arquitecto restaurador de algunos conventos, me facilitó el conocimiento del maravilloso tesoro patrimonial de la zona. Hicimos además algunas incursiones en conventos de clausura en los que las monjas me recibían con delicada amabilidad. Aún hoy siguen enviándome muestras de su deliciosa repostería.

Mi relación con las monjas de clausura ha sido siempre sorprendente. En varios conventos me he acercado al torno a solicitar una visita al convento. Inexcusablemente la hermana portera me ha contestado con el impedimento de ingreso de los hombres en la clausura. En cuanto procedo a identificarme suena el cerrojo que abre la puerta. Existe un curioso reconocimiento mutuo de autenticidad, coherencia o preferencia por los necesitados que establece una buena relación. En mis viajes a África y a la América hispana siempre buscaba encuentros con las monjas y misioneras que dedicaban su vida a ayudar a los desheredados de la tierra.

Ya en el interior del convento bromeaba yo con las hermanas, alegando que me daban paso como una prueba de fe: habían estado ante «el demonio» y habían resistido la tentación. Las risas nerviosas y la afabilidad se mezclaban en una grata relación.

Los jubilados españoles habían tenido muy pocas posibilidades de viajar. La escasez de la economía durante muchos años había impedido que muchos españoles de varias generaciones pudiesen conocer otros lugares más allá de su región y hasta su aldea. Se fraguó un plan para que los ancianos, la llamada tercera edad, un nombre un poco cursi, pudieran conocer los lugares de atractivo turístico. Se encargó de ello el Inserso y ha resultado ser un programa de un éxito espectacular. Una de las más agradables sorpresas ha sido comprobar que muchos de los exiliados españoles en América a causa de la Guerra Civil han sido beneficiarios del programa. La derecha reaccionó con chuflas y bromas contra los viajes del Inserso, pero cuando tuvo ocasión, más tarde, de gobernar ni se le ocurrió pensar en la desaparición del programa.

LA GRAN EUROPA

Coincidiendo con la conclusión de las negociaciones para la adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea, se reunió en Madrid en abril de 1985 el XIV Congreso de la Unión de Partidos Socialistas de la Comunidad Europea. Para abrir el Congreso me pidieron que introdujera yo con una conferencia inaugural el tema de la reunión, «Europa en el mundo».

Expuse mi criterio sobre el papel que la Comunidad Europea ampliada estaba llamada a desempeñar en un mundo lleno de inseguridad, tensión, injusticias y desequilibrios que no debía ni podía satisfacer a los socialistas. La nueva Europa ampliada, con España y Portugal, comprendía una Comunidad de 320 millones de habitantes, superando a las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, gran aportación de recursos humanos en el futuro. La Comunidad se convertía en la primera potencia comercial del mundo. Con tales fundamentos abogué por una proyección exterior más dinámica para superar el mundo bipolar en el que dominaba la desconfianza y la tensión. Los socialistas, opiné, no deben aceptar una política de confrontación que divida a Europa en dos campos antagónicos.

El ideal lógico al que cabría aspirar es que Europa hable algún día con una sola voz, una voz de distensión y de paz. Pero no por utópico hemos de renunciar a este objetivo, a menos que caigamos en el campo de los pesimistas que plantean aspiraciones imposibles para no hacer nada y justificar fácilmente su conciencia. No podemos, como europeos, renunciar a los países que forman la llamada «Europa del Este», ni podemos aspirar a atribuirnos en exclusiva un adjetivo o un sustantivo que también les corresponde a millones de europeos que habitan en este continente.

¿Es que una barrera política puede hacernos olvidar las realidades culturales e históricas idénticas a las nuestras que existen al otro lado de una línea trazada en el mapa?

El concepto de Europa no queda completo sin una referencia a Europa Central, a la Mittel Europa. ¿Acaso no contribuyó en el pasado el Imperio austrohúngaro a la configuración de una determinada alma europea? ¿Acaso no forman parte del patrimonio europeo conjuntos arquitectónicos tan impresionantes como el Wawel, en Cracovia, o el castillo de Praga? ¿Es que Dvorak, Listz, Chopin, Penderecki y tantos otros no son compositores europeos? ¿Kafka o Brecht no son europeos?

Tenemos obligación de integrar y no de desunir, acercar y no alejar. Pensar siempre que nuestra Europa comunitaria es una parte de una realidad más ambiciosa, en la que tiene cabida no solo la Europa de los neutrales y no alineados, la de los países con los que colaboramos y colaboraremos en el Consejo de Europa, sino también la otra Europa.

Esta declaración mía creó un fuerte revuelo en el Congreso. Apostaba yo por integrar en Europa a los entonces llamados países del Este. Lo que pareció una desmesura, años después se viviría como un proceso natural, cuando se alcanzó la Europa de los veinticinco países.

Sabía yo el riesgo con una apuesta tan distante, que solo introduciendo conceptos de cambio se puede allanar el camino para lograr las transformaciones históricas. Los que me escucharon con sorpresa entonces habrán comprobado que un pensamiento socialista tiene que abrir espacios de libertad para todos, con la prudencia que dictan los datos de la realidad, pero también con la fuerza creadora de los cambios. En las actitudes políticas no es conveniente cerrar los ojos a las nuevas realidades, aunque sí es aconsejable examinar las propuestas novedosas con detenimiento y distancia. En aquella ocasión tengo para mí que el escándalo que produjeron mis palabras facilitaron las posiciones de futuro para una concepción europea abierta a la realidad del mundo nuevo.

LA PASIÓN DEL TEATRO

El teatro había sido mi pasión más fuerte. La actividad política me apartó de él, pero nunca me rendí. Mi relación con el mundo teatral permaneció durante mi etapa de gobierno. No me limitaba a asistir a las representaciones en Madrid; viajaba con frecuencia para asistir a algunos montajes al extranjero, sobre todo a Italia. Allí tenía buenas relaciones con Giorgio Strehler, desde que en Sevilla el Grupo Esperpento invitó a la compañía del Piccolo Teatro de Milán a poner en escena el Arlecchino; con Ferruccio Soleri; con Vittorio Gassman, y muy intensamente con Maurizio Scaparro, director del Teatro di Roma. En España asistí a algunos ensayos y sobre todo hablaba largamente con los directores, de manera especial con Adolfo Marsillach.

Pretendía mantener siempre vivo mi angustioso deseo de montar en un escenario un espectáculo pensado, imaginado, trabajado con delectación y dedicación. Pero la política no me daba tregua, ni por el mucho tiempo que exige el teatro ni porque aceptara fácilmente que se observara lo que yo pudiera hacer desde el prisma político, sin atención a los aspectos artísticos teatrales.

MONTESQUIEU, EL ABORTO Y LA INQUISICIÓN

La ley de despenalización parcial del aborto enviada al Parlamento por el Gobierno socialista fue aprobada por las dos Cámaras. El partido conservador, Alianza Popular, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal correspondiente. Estaba en su derecho, aunque resultase llamativo que todas las decisiones de cambios sociales comprometidas en el programa electoral del PSOE, refrendado por una mayoría importante de los electores, se recurrieran al Tribunal Constitucional en una búsqueda de transformarlo en una tercera Cámara legislativa. Tal vez se pretendía frenar el cambio a través de los recursos. Era, en todo caso, un derecho de la oposición política.

Cuando el Tribunal parecía que se pronunciaría en sentencia sobre la constitucionalidad de la ley, algunos periódicos muy conservadores iniciaron su campaña de presión sobre él.

En aquellas fechas me reuní en un almuerzo con periodistas del que emanaría ríos de tinta más tarde. Un periodista presagió que el Tribunal podía hacer pública inminentemente una sentencia contraria a la ley y se interesó por lo que haría el Gobierno ante los casos de denuncias contra mujeres que habían practicado el aborto. Mi respuesta fue gráfica: el Gobierno pondría en marcha la máquina de conceder indultos. Quise limitar el papel del Tribunal Constitucional a la determinación de si la ley cumple los requisitos de la Constitución sin atender a escrúpulos morales, sentimientos religiosos ni problemas de conciencia. Establecí una torpe comparación entre los sentimientos de 350 diputados y los de doce magistrados. A este argumento, expuesto con poca sutileza, un periodista discrepó en base a la necesaria supremacía de poderes descrita en el liberalismo de Montesquieu. Quise ser riguroso y sin embargo di pie a una interpretación errónea. Maticé que la separación de poderes comprende al poder legislativo, judicial y ejecutivo, pero que en la época de Montesquieu no había siquiera posibilidad de concebir un tribunal de garantías constitucionales, pues su muerte se produce muchos años antes del desarrollo del derecho constitucional. De esta explicación algún periodista dedujo que yo daba por acabada la teoría de la separación de poderes.

Desde aquel momento, políticos y periodistas repetían y ampliaban la supuesta teoría de la muerte de Montesquieu. Centenares de artículos y declaraciones hechas por personas que no me habían oído, personas que con excepciones nunca habían leído a Montesquieu y que para golpear y desacreditar al vicepresidente del Gobierno se convertían en defensores de un Montesquieu del que desconocían todo.

Alianza Popular presentó una pregunta formulada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón que se resolvió en el Pleno al día siguiente de aparecer mi «deformada» declaración.

Algunos de los periodistas presentes en el almuerzo en el que ofrecí mis opiniones en privado me confesaron que todo el manantial de comentarios aparecido poco tenía que ver con mis auténticas declaraciones, pero ninguno lo puso por escrito en sus periódicos.

A pesar de las incontables ocasiones en las que he desmentido, aclarado, negado aquellas falsificadas declaraciones, la derecha política y algunos periódicos asoman de cuando en cuando la teoría atribuida a la muerte de Montesquieu. Todavía en el año 2004, para dar cuenta del acto de presentación del primer volumen de estas memorias, que contó con la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un periódico publicó en su primera página una foto del acto con un pie que decía: «El presidente presenta al enterrador de Montesquieu». ¿Obstinación, perversidad, renacer de la Inquisición?

De tarde en tarde comento con fruición mi mejor venganza. Me siento a leer la hermosa edición de El espíritu de las leyes (con notas del autor y observaciones recogidas por Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, L’Harpe, Servan y otros varios; Madrid, 1845) y entre luces compruebo que Montesquieu me guiña un ojo en señal de complicidad.

ADAM SCHAFF, FILÓSOFO

La Fundación Sistema comenzó a organizar unos encuentros anuales que ha mantenido durante dos décadas. La fundación es la derivación de un instituto social que fundara Joaquín Ruiz-Giménez y que publicara la revista de sociología Sistema. Llegó un momento en que las dificultades de carácter económico para el mantenimiento de una mínima estructura obligó a Ruiz-Giménez a abandonar el proyecto, ofreciéndolo a quien se hiciera cargo de las deudas. Un grupo de amigos encabezados por Elías Díaz y José Félix Tezanos nos comprometimos con el proyecto, transformándolo en una fundación. Y concebimos la idea de reunir cada año a un grupo de intelectuales, políticos y sindicalistas de España y de otros países para debatir acerca de los problemas del pensamiento y de la política bajo el enfoque del socialismo democrático.

Una pieza clave fue el filósofo polaco Adam Schaff, cuyo entusiasmo por recrear una izquierda intelectual europea nos arrastraba a todos. Mi primer contacto con Schaff fue a través de un libro de filología que se estudiaba en todas las universidades del mundo, la Introducción a la Semántica, tema que había abandonado para dedicarse al estudio de la adaptación del marxismo a la nueva realidad del mundo, tras los cambios del capitalismo y la revolución tecnológica.

No es infrecuente que en la vida nos encontremos con personas admirables, sea por su bondad, por su generosidad con sus semejantes, por su elegancia en el arte de vivir, por su inteligencia. Sucede menos que nos encontremos ante una persona a la que consideramos un ejemplo de sabiduría. Tal fue mi impresión primera cuando tuve ocasión de hablar con Adam Schaff en Jávea (Alicante) en 1985. Schaff es un sabio en el sentido en el que hemos leído en los libros las hazañas de los sabios científicos e intelectuales.

Schaff ha escrito más de cuarenta libros dedicados a la filosofía y a la sociología; de ellos se han hecho múltiples traducciones, en diecisiete lenguas; ha publicado miles de artículos y dictado otros miles de conferencias, y ha sido profesor de Filosofía en las Universidades de Lodz, Varsovia y Viena.

De familia polaca de origen judío, Schaff nació en una ciudad perteneciente a Galitzia de los Habsburgo, después a Polonia y a Ucrania. En una región de historia tan convulsa, Schaff ha sufrido por polaco, por judío y por escribir la verdad.

Adam Schaff es un pensador que ha sabido intuir con anterioridad los principales cambios operados en el siglo XX. Aún recuerdo los rostros de incredulidad de politólogos e intelectuales cuando en el verano de 1989 nos anunciaba que en pocos meses había de caer el Muro de Berlín. Pocos le hicieron caso; algunos lo tomamos en cuenta porque ya conocíamos sus atinadas previsiones sobre los acontecimientos de la Unión Soviética. No se piense que Adam Schaff es un visionario; la razón está en sus profundos conocimientos: es observador, analítico y científico; domina muchas lenguas: polaco, yidis, alemán, ruso, francés, inglés, español..., y posee contactos extraordinarios en gran número de países, incluyendo el Vaticano.

Es además un científico ejemplar, pues a pesar de sufrir persecución durante años ha rechazado siempre las suntuosas ofertas de universidades e instituciones norteamericanas, prefiriendo siempre continuar su labor de investigación y extensión del pensamiento progresista en Europa, aunque con ello se imponga una vida de austeridad extrema.

El libro El nuevo socialismo es un intento de mostrar ante las nuevas generaciones el balance de la vida de un hombre del siglo XX, marcado por los avances de la civilización y por los excesos de la barbarie. Dos guerras mundiales, persecuciones masivas, genocidios, tortura y sufrimiento empañan los extraordinarios avances científicos, sociales y artísticos del siglo XX.

Adam Schaff lo ha vivido con especial intensidad y nos ofrece una visión comprometida de la historia de su generación. Lucha por sacar del olvido, en el que los nuevos «gestores» de la sociedad del neoliberalismo les quieren sepultar, a los hombres y mujeres de su generación. Schaff no quiere renegar de las responsabilidades de aquella generación, pero tampoco ocultar ni los errores ni los crímenes cometidos bajo la bandera del progreso, del avance social.

Su objetivo es exigir un tratamiento justo de los que han creído noble y honradamente en el comunismo, y hoy se sienten fracasados, incluso estafados, y expulsados de la vida social.

Schaff se plantea el balance del comunismo con preguntas y respuestas. «Si pudiese comenzar mi vida de nuevo, ¿recorrería el mismo camino?». La respuesta de Adam Schaff es clara: no.

Responder afirmativamente significaría aceptar todo como sucedió, respaldar los terribles crímenes que el comunismo cometió en nombre de los ideales de la justicia y la igualdad.

Schaff se dirige a los que en la izquierda atraviesan momentos de desorientación, y les pide que no cierren su mente ni a la revisión del pasado ni a los nuevos fenómenos que condicionan hoy las ideas de progreso.

La tesis de Schaff es que la crisis del socialismo real (el comunismo que parte de la Revolución de Octubre en Rusia) no significa la crisis del socialismo. Schaff afirma que la incorporación al movimiento revolucionario de los jóvenes que componían su generación se debió tanto al conocimiento de la realidad, que los sublevaba, como al corazón, que les empujaba a construir una sociedad más humana. La evolución posterior de aquella revolución nos hace hablar de fracaso histórico. Pero aquellos jóvenes comprometidos con el comunismo de la época, ¿sabían lo que ocurría en la Unión Soviética, tenían conocimiento de la desviación terrible de los acontecimientos? Schaff nos dice que no: «No sabíamos lo que sucedía en la Unión Soviética no solo porque era difícil enterarse de ello, ya que la información estaba muy controlada, sino también —y eso hay que tenerlo muy en cuenta al hacer un balance honesto de aquellos tiempos y de nuestro comportamiento— porque no queríamos conocer la verdad, no queríamos perder la esperanza de que era posible construir una vida mejor».

Aquí está la clave de la ceguera de muchos ante el aberrante monstruo que deconstruyó la sociedad-objetivo de la revolución. Hoy ya sabemos que los modelos cerrados, dibujados, de sociedad no conducen a la libertad, pero entonces el espejismo cegó a los «constructores» honestos, lo que facilitó la degradación del poder ocupado por los tiranos que acabaron con el sueño de libertad.

Schaff fue uno de los «creyentes», pero quiso saber, y «lo bueno que tiene el saber es que necesita ampliarse», y su afán de conocer, de analizar, le convirtió en un peligro para la ortodoxia.

El proceso de cambios que se está produciendo y aún más que se avecina implica un cambio en las reglas de producción del capitalismo. La nueva organización social, la poscapitalista, se fundamenta en la automatización de la producción y los servicios, sustituyendo gran parte de los esfuerzos humanos, reduciendo —¿hasta su desaparición?— el trabajo como lo conocemos hasta nuestros días.

Los avances sobre el futuro —declinante— del trabajo que Schaff ha explicado en sus libros son muy anteriores a las tesis de Rifkin, que tanta repercusión han tenido en el pensamiento político actual.

Se debe enteramente a Adam Schaff la teoría de la sociedad de ocupación, y no de trabajo. El carácter estructural del desempleo masivo en la población mundial creará una nueva civilización, la civilización de las ocupaciones, que reemplazará a la civilización del trabajo.

«Muchos años antes escribí, como un profeta, cosas que luego se confirmaron, aunque jamás me hicieron caso aquellos a los que iban dirigidas mis advertencias. Confieso que la misma sordera denotan hoy los círculos a los que dirijo mis avisos sobre ese gran problema que es el paro estructural motivado por la segunda revolución industrial, la revolución de la informática, de los autómatas y de los robots. Ese paro es el anuncio de un cambio de sistema, el anuncio de una nueva versión del socialismo que, naturalmente, debería ser una pesadilla para las clases poseedoras, pero resulta que la izquierda tampoco advierte el problema e, incluso, trata de eludirlo, porque probablemente no quiere saber nada de la desaparición —inevitable— de la clase obrera.»

Pero Schaff no se limita a la constatación crítica del fracaso del comunismo, sino que atribuye un resultado semejante —aunque por vía totalmente democrática— a la socialdemocracia, dado que en su opinión esta ha venido a ocupar el lugar de los viejos partidos liberales; han, por así decirlo, trasladado su posición hacia la derecha. Adam Schaff propone la creación de una Nueva Izquierda que supere las ideas del comunismo, de la socialdemocracia, unificando las organizaciones de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, etc.

Schaff denuncia la incomprensión de la izquierda de la nueva revolución industrial o revolución tecnológica, advirtiendo que la continuidad de esta ceguera resulta especialmente peligrosa, ante el auge de la alternativa nacionalista y populista.

Como verá el lector, estamos ante un pensador polémico, tanto con tesis convincentes como con posiciones muy osadas, propias de la inteligencia y sabiduría histórica de un gran pensador, un clarividente escritor, Adam Schaff, que nos recuerda que los rusos dicen «Napisano pierom, ni virubish i toporom» (lo que se ha escrito con una pluma no se puede destruir ni con un hacha).

Una persona como Adam, de trato humano y cariñoso, con una trayectoria vital extraordinaria y una capacidad intelectual inusual, ha tenido una honda influencia en mi manera de encarar los problemas, desde la realidad y con apertura mental.

LA MUERTE DE UN «CONDOTTIERO»

A comienzos del año 1986 falleció el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Su entierro se transformó en una monumental expresión de afecto, admiración y tristeza en la despedida. El Viejo Profesor, con su personalidad enigmática y austera, había logrado una amplísima aceptación de su figura política. Pocos conocían la verdadera personalidad del profesor Tierno, pero muchos, muchos le identificaban como portador de las virtudes que anhelaban en el hombre público. Según Juan de Mairena, al hombre público, y en especial al político, se le debe exigir que posea las virtudes públicas, las cuales se resumen en una: fidelidad a la propia máscara. Tierno fue de una lealtad probada a su propia máscara, la de Viejo Profesor. Recién cumplidos los treinta años, ya firmaba V. P. (Viejo Profesor); se vistió con un traje cruzado de color gris apagado, modelo de vestimenta que conservaría hasta su muerte. Poseía un don gratuitamente concedido por los dioses: carisma. Forjada la personalidad, poco importaba el contenido de sus palabras o el acierto de sus actitudes. Transmitía una moderación tranquila incluso en sus más radicales posiciones. En la campaña electoral de 1977 apareció en televisión, en los primeros espacios a los que accedían los políticos de la oposición, reclamando una revolución cultural como la china, que había provocado el terror en el país asiático. No generaba mucho rechazo. Podía permitirse el lujo irresponsable de invitar a «colocarse» a los jóvenes en una concentración masiva sin deterioro para su imagen pública. Como candidato electoral atraía a votantes de todos los sectores sociales, aunque mantenía en vilo al comité electoral por sus imprevisibles ocurrencias.

Con los dirigentes del PSOE nunca tuvo unas relaciones de confianza y amistad. Conmigo era diferente. Nos conocimos en un seminario muy reducido (éramos ocho personas), en 1964, dedicado al examen, desde una óptica marxista, de la sociedad española del Siglo de Oro en el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Tal inicio de nuestro conocimiento hizo que de manera excepcional me «otorgara» una consideración intelectual diferente. Terminada su experiencia de socialista al margen del PSOE, con la fundación del PSI y después del PSP, y comprobada la imposibilidad del sorpasso electoral sobre el PSOE, las dos organizaciones se fundían en el PSOE, nombrándole a él presidente de honor, pues la presidencia del partido la ostentaba el compañero socialista Ramón Rubial.

A partir del proceso de unidad iniciamos una costumbre que mantuvimos hasta el final. Cada quince o treinta días nos encontrábamos en un almuerzo en el Restaurante Los Porches, en el paseo de Rosales. Siempre la misma mesa, el mismo camarero que nos atendía, el mismo menú y la misma operación intelectual. Me invitaba a ascender a un recinto superior desde el que observaba a los modestos bípedos (con nombres y apellidos) que actuaban en la tierra. Yo le seguía el juego, un ejercicio intelectual atractivo, lleno de ingenio y malevolencia, que nos permitía analizar la realidad como si no formáramos parte de ella. Su potencia intelectual estaba fuera de toda duda; también su gusto por el desuello de propios y ajenos, como una diversión frívola e inmaterial.

Mostraba don Enrique una apariencia de estatismo que ocultaba la realidad. Era de gran agilidad mental y física. En una de las comidas habituales comencé a explicarle que un periodista me había facilitado un documento bancario de una transferencia económica que, emitida en una entidad de la República Democrática Alemana, tenía como destino una cuenta en un banco de Nueva York a su nombre. Le advertí que no era comprometedor, pues correspondía a una fecha anterior a la legislación democrática que prohibía las aportaciones económicas del extranjero, pero que procediendo de la Alemania comunista podía tener una resonancia política negativa.

Mientras hablaba introducía la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta; estaba extrayendo el documento cuando en una fracción de segundo me fue arrebatado por el profesor y ya descansaba en el bolsillo, ahora, de su chaqueta. Y comentaba, en passant, «no haga usted caso de las habladurías, es pura maledicencia». No quise yo ser menor en el pugilato ordinario y le espeté: «Esa es la fotocopia; el original lo dejé en el despacho». Su palidez habitual se convirtió en lividez espectral. El trato frecuente fue forjando una relación amistosa que se humanizó mucho cuando le llegó la enfermedad. Me llamaba para pedirme que le sacara de la postración en la vivienda familiar. El último traslado desde su casa a la clínica donde pronto falleció provocó un pequeño incidente con los médicos que motivó su llamada para solicitar mi mediación. La petición describe perfectamente la tenacidad de su carácter en su intención de mantener una imagen intocable. Me dijo: «Don Alfonso, tienen que trasladarme a la clínica y pretenden que lo haga tumbado en la camilla de la ambulancia. Va a pensar la gente que estoy enfermo». Este era el hombre que moriría pocos días después, el 16 de enero.

Su preocupación intelectual le mantuvo alerta hasta el instante de la expiración. Solo unos momentos antes de su muerte me acerqué a él, pues parecía que quería hablarme; puse el oído cerca de su boca y me sugirió: «Tenemos que hacer la traducción de la Carta a una profesora de latín». Poco después, murió. La sociedad española lo lamentó, los madrileños salieron a acompañar su féretro en una verdadera marea humana que todo lo inundaba. La contemplación de la enorme concentración transida de emoción provocaba un estremecimiento que hacía sentir un vuelco en el corazón.

INDICIOS DE CESARISMO

Afrontábamos un año excepcionalmente importante para el país y para el Gobierno. Este había comprometido el referéndum sobre la OTAN para los primeros meses de 1986 y había de convocar también elecciones legislativas en un plazo que expiraba en octubre.

La tarea que se avecinaba me tenía en una alerta continua, pues todos daban por seguro que las dos campañas correrían a mi cargo. Pero la acción de gobierno nada tiene en común con la actividad académica, en la que se puede programar la dedicación exclusiva a un trabajo de investigación o estudio.

Apenas había comenzado el año cuando tuve que ocuparme, entre bastidores, de un problema artificial pero que provocaba un gasto de energía personal y una falta de dedicación a los problemas reales.

El cumplimiento de la mayoría de edad del príncipe Felipe suponía la necesidad del juramento de la Constitución. El presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, preparó una ceremonia que evidenciaría la autoridad del Parlamento sobre cualquier otra institución, incluida la Corona. En ella se procedería al juramento del Príncipe y a la explicación de la trascendencia del acto a cargo del presidente del Congreso.

Desde la Presidencia del Gobierno, del entorno de Felipe González, se reclamó la participación del presidente en el acto. Peces-Barba lo creyó un error, pero con todo hizo una prospección cerca de Fraga Iribarne, quien reivindicó un turno en el Parlamento. Ante la perspectiva de desnaturalización del acto, pudiendo convertirse en un debate político que oscureciese la ceremonia del juramento, el presidente del Congreso volvió a su proyecto inicial.

El Gobierno organizó entonces una suerte de continuación del acto en el palacio de Oriente, donde se impondría al Príncipe el Collar de la Orden de Carlos III, para el que no se había invitado a las Mesas del Congreso y del Senado.

Gregorio Peces-Barba había combatido en la pugna parlamentaria para preservar la primacía del Parlamento en un acto en el que la Corona (o su continuidad) se comprometía con la defensa y sentimiento de la Constitución. El entorno del presidente del Gobierno, apoyándose en los artículos de un periódico, pretendió situar al presidente como factotum de todo lo que se produjera en las instituciones. Fue el asomo de lo que vendría más tarde, la exaltación de la figura del presidente hasta contra su propio partido. ¿Era consciente el presidente del inicio del culto a la personalidad que algunos amigos y colaboradores ponían entonces en marcha? Según reconoce en su libro Experiencias y reflexiones, Peces-Barba opina que sí; no tengo yo esa seguridad para la fecha en que sucedió, enero de 1986. Más adelante todo sería diferente.

Me tocó a mí hablar con unos y con otros por unos absurdos problemas de protocolo que me distraían de mi preocupación principal, la convocatoria y éxito del referéndum sobre la OTAN.

LA PRUEBA DEL REFERÉNDUM

Unos meses antes, en septiembre, había realizado un estudio mínimo sobre cómo podrían desarrollarse los acontecimientos relacionados con el referéndum. Con el grupo de estrategia del gabinete de la Presidencia imaginamos todos los avatares posibles, elaborando un árbol de posibilidades en el que contemplamos incluso las salidas más disparatadas, no ignorando ningún resultado a la hora de establecer una estrategia para cada situación.

Para entonces, enero de 1986, los escrúpulos pacifistas que rechazaban la continuidad en la OTAN se habían debilitado. El nombramiento de Mijail Gorbachov y su apuesta por la perestroika y la glasnost negaba la hostilidad entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, licuaba la tensión de la Guerra Fría y para nosotros neutralizaba el argumento de que nuestra permanencia en el Tratado defensivo occidental era un acicate al enfrentamiento entre los bloques y para la carrera armamentista.

El escritor Francisco Ayala había publicado un inteligente y realista artículo en el diario El País en el que glosaba unas palabras del presidente del Gobierno sobre la ética de las ideas y la ética de las responsabilidades de Max Weber, que influyó en mi tesis sobre la OTAN. Más tarde, Ayala me escribió una lúcida carta sobre los parámetros de la propaganda en el referéndum.

Nuestros estudios sobre el referéndum afectaban a tres decisiones claras: ¿cuál era la fecha idónea para la convocatoria?, ¿qué debíamos preguntar a los ciudadanos?, ¿cómo realizar la campaña electoral?

A la primera cuestión había, prácticamente, respondido el presidente del Gobierno cuando en su decálogo de política exterior se había comprometido con la celebración del referéndum antes de finalizar febrero. Por razones de operatividad en los plazos legales, la elección fue marzo de 1986. El Consejo de Ministros tomó la decisión de convocar el referéndum y me encargó que celebrase yo la conferencia de prensa en la que habitualmente comparecía el portavoz del Gobierno. Expliqué a los periodistas las características del referéndum y me sometí a las preguntas. Contesté deliberadamente de forma precisa sin dar lugar a repreguntas, dejando en el ambiente la sensación de que el Gobierno se enfrentaba al acontecimiento con seguridad y eficacia.

¿Qué debíamos preguntar a los españoles acerca de la OTAN? La elaboración de la pregunta fue una tarea difícil. Queríamos que el ciudadano conociera con claridad que entrar en la OTAN era una cosa bien diferente de salirse de la OTAN. Queríamos que se supiera que el Gobierno mantenía sus principios de paz y distensión, para lo que era conveniente ligar la decisión de permanencia a la negativa a participar en la estructura militar, a la política de nuclearización del territorio español y a la reducción de la presencia militar en España.

Al final logramos sintetizar todas estas condiciones en un preámbulo a la pregunta:

El Gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:

1. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.

2. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar e introducir armas nucleares en territorio español.

3. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica, en los términos acordados por el Gobierno de la nación?

Aunque la pregunta y su explicación prologal recogía todos los estímulos que nos parecía podría invitar al voto favorable, no éramos tan ilusos como para pensar que su redacción pudiera tener gran influencia en el resultado.

Por fin, la pregunta: ¿cómo hacer la campaña electoral? Discrepé abiertamente de mis colaboradores especialistas electorales. Estábamos de acuerdo en que debería ser una campaña sobre todo explicativa, tanto de las ventajas de la permanencia como de los inconvenientes de la salida; una campaña en la que el PSOE mostrara que su cambio de posición se debía a preservar los intereses de la nación por encima de los partidarios; una campaña en la que se hiciera evidente la autoridad del Gobierno, que se transmitiese que el Gobierno poseía un alto grado de conocimiento y que lo quería transmitir a los ciudadanos. Sin embargo, no estuve de acuerdo en la apreciación de que el modelo de campaña fuera distinto al habitual, haciendo el esfuerzo principal a través de la publicidad y de los medios de comunicación, sin que fuera posible pensar en una campaña basada en mítines y grandes concentraciones. Mi opción era reconocer la importancia de la publicidad y de los medios, pero si nos retirábamos de los actos de masas habituales se produciría una deslegitimación de nuestras posiciones, era como el reconocimiento de que nos asustaba contrastar nuestras posiciones con el público porque no teníamos una verdadera convicción en lo que defendíamos. Mi tesis era combinar ambos aspectos y quise dar ejemplo: inmediatamente después de anunciar la convocatoria comparecí en un programa de televisión que dirigía Manuel Campo Vidal, donde expliqué las razones de la posición del Gobierno; y al Comité Electoral le dije: «Hay que empezar la campaña por una plaza complicada, en la que tengamos que hacer un gran esfuerzo para volcar la posición de los menos proclives a la permanencia del electorado socialista. Comenzaremos por Asturias y el discurso principal lo daré yo». No hubo grandes objeciones, pero en sus rostros se reflejaba la sospecha de si me había vuelto un irresponsable.

En nuestros análisis habíamos contemplado todas las estrategias de las otras fuerzas políticas, pero no supimos prever la fuerza arrolladora con que los contrarios a la OTAN iban a comenzar su movilización. Preveíamos que alrededor del PCE se aglutinarían las fuerzas radicales extraparlamentarias, toda la extrema derecha, un elevado número de intelectuales calificados como progresistas, pero no calculamos su estruendosa irrupción en la campaña. Algunos artistas que habían dado su conformidad para participar en nuestra campaña se asustaron y volvieron sobre sus pasos en su compromiso. No era tan extraño, pues en las propias filas del PSOE, incluso algún miembro de su dirección, solicitaron quedar al margen de la campaña. Lo cierto es que el ruido que hicieron los anti-OTAN resultó ensordecedor para muchos. Pero no podíamos dejarnos llevar a la sirga.

Sí habíamos previsto todas las alternativas que pudiera ofrecer el partido conservador. En una interpretación racional, había que calcular el apoyo del partido Alianza Popular a las tesis del Gobierno. Pero no nos dejamos engañar. Su líder, Fraga Iribarne, no era para mí un pilar sólido de la democracia y, por lo tanto, había que preverlo todo.

Mi parecer era que podían darse todas las actitudes de Alianza Popular:

a) Hacer una campaña beligerante por el sí a la OTAN.

b) Hacer campaña por la abstención.

c) Inhibirse, sin tratar de forzar a su electorado en ningún sentido.

Lo más desfavorable era la segunda opción, pues aumentaba el riesgo de perder el referéndum. La primera actitud garantizaba el voto disciplinado de una parte del electorado de la derecha conservadora, pero probablemente tendría un alto protagonismo pro-OTAN Alianza Popular y su dirigente Fraga Iribarne, lo que podría expulsar del voto favorable a un sector no desdeñable del voto progresista. Si desde el interés político general era esta la opción más coherente, no era la más conveniente desde el punto de vista del éxito en el referéndum, pues la tercera alternativa, inhibición de AP, al dejar al sector conservador sin dirección política en la campaña, permitiría tirar de buena parte de él hacia las posiciones del Gobierno.

No descartamos que pudieran inclinarse por cualquiera de ellas. Y efectivamente el señor Fraga Iribarne (aquel al que «le cabía el Estado en la cabeza», según desafortunada expresión repetida por algunos socialistas) prefirió la posibilidad de su medro personal sacrificando los intereses del país. Sabía bien que a España le convenía la permanencia en la Alianza, su posición era atlantista, y sin embargo optó por la abstención, con la esperanza de que el Gobierno se diera de bruces con un resultado contrario, creándose una situación que tal vez le permitiría ser presidente del Gobierno.

El caso de Fraga Iribarne es digno de análisis especial. Un político comprometido con una dictadura, grosero, despótico y autoritario, más ocupado de su estatus político que de los intereses generales —la prueba es su posicionamiento frente a la OTAN—, ha sido siempre considerado un estadista, un político inteligente y capaz, lo que le ha permitido, acabada la dictadura y en el ocaso de su vida política nacional, alcanzar niveles de apoyo popular muy altos en su región de origen, Galicia.

La decisión de hacer campaña por la abstención en el referéndum dejó solo al Partido Socialista. La derecha, objetivamente, se aliaba con el conglomerado de izquierdas para lograr el fracaso de las tesis del Gobierno. Este, con su partido, quedaba al pairo de sus solas fuerzas.

Pronto fuimos conscientes de que nos tocaría luchar contra todos y que nos situábamos ante un riesgo real: si se perdía el referéndum, qué otra cosa podía hacer el Gobierno que renunciar. Esta constatación nos condujo a una idea que bien administrada había de lograr una fuerza magnífica: ¿quién administrará el no? Transitamos con este interrogante, una inquietud cierta: si la derecha de Fraga Iribarne y el agregado de las izquierdas de Anguita derrotaban al Gobierno socialista, ¿quién se ocuparía de dirigir el país? ¿Fraga, Anguita? La respuesta a esta pregunta volcaría muchos votos indecisos e incluso inicialmente contrarios a la posición del PSOE.

La soledad defendiendo la tesis de la permanencia nos obligaba a hacer una campaña electoral muy intensa, pero no contábamos con recursos económicos. La legislación no contemplaba la posibilidad de subvenciones a los partidos políticos para pagar las campañas. Tendríamos, pues, que endeudarnos aún más de lo que ya lo estábamos. Los bancos nos concedieron créditos en una actitud benevolente que tendría consecuencias más tarde con el doble juicio, en los tribunales y en los medios, que habría de soportar el PSOE por las irregularidades de sus finanzas.

Comenzó la campaña electoral. Yo había decidido empezar en Asturias. La militancia socialista asturiana, con gran sustento en el SOMA, el sindicato minero, siempre dio muestras de una fiel militancia socialista, de expresión radical pero con una gran responsabilidad. Sus dirigentes, que yo había conocido durante la dictadura, siempre dieron muestras de sensatez y convicción. Sabía que, aun a contrapelo de su gusto, los socialistas asturianos acudirían a la llamada de su partido a una convocatoria difícil como el mitin de apertura de campaña. Mi presencia en él añadía garantía de asistencia porque siempre me ha mostrado un gran afecto la militancia socialista asturiana. Pero intervino la UGT, complicando las cosas.

El secretario general, Nicolás Redondo, prohibió la asistencia de los militantes de UGT al mitin. Dudé sobre la eficacia de tal medida, pues los socialistas en Asturias viven con mucha fuerza sus principios; no era seguro que obedecieran una orden que les enfrentaba a sus convicciones socialistas, pero desde el punto de vista operativo la complicación se haría casi insalvable. Las organizaciones de los pueblos de las cuencas mineras no podían organizar desplazamientos colectivos en autobuses alquilados para el evento. Con todo, los asturianos no fallaron: organizaron viajes no anunciados más que de unos a otros y llenaron el aforo del Palacio de los Deportes hasta perder la cuenta.

Desde el escenario podía observar sus caras, sus expresiones corporales. Demostraban incomodidad, se sabían elementos clave para la solución del drama que estaba viviendo su partido, pero no les surgía naturalmente el entusiasmo habitual de las concentraciones asturianas. Fueron sucediéndose las intervenciones de los oradores, correspondidas por corteses y fieles aplausos de la concurrencia. En el último lugar me correspondió hablar a mí. Al acercarme al micrófono, un grupo de una veintena de jóvenes, próximos al escenario, comenzó a gritar airadamente. Eran estudiantes de arquitectura, descontentos con la legislación que se estaba preparando sobre las atribuciones de arquitectos y aparejadores (arquitectos técnicos). La protesta funcionó como el acicate que los mineros necesitaban. De pronto vi cómo todo el público que abarrotaba el recinto gritaba, puño en alto: «¡OTAN sí!, ¡OTAN sí!».

La emoción que me embargó no suspendió mi razón. Comprendí en aquel instante que habíamos ganado el referéndum. Contemplando a miles de hombres curtidos en el duro trabajo de la mina defender a su partido y a su dirigente de lo que consideraban una agresión injusta, me disipó todas las dudas. Podíamos ganar el referéndum, lo íbamos a ganar, pues nada puede detener a una organización que cuenta con la lealtad y la fuerza de las ideas.

Por la noche, en el hotel donde me hospedaba, recibí a una delegación de los estudiantes de arquitectura que pidieron exponerme sus reivindicaciones. Inicié la entrevista agradeciéndoles la bronca en el polideportivo. No entendían nada, pero yo bien sabía que los seres humanos necesitan de estímulos para reaccionar y que ellos habían hecho emerger las más puras esencias de la militancia socialista asturiana.

Así ocurre en política, como en la vida por otra parte, que los acontecimientos no siempre se enlazan siguiendo una secuencia lógica. A veces un suceso inesperado cambia el conjunto de las relaciones del escenario político. De aquí que la paciencia sea una virtud esencial en el político; se trata de encontrar el momento, y las capacidades que se hallaban ocultas para todos se elevan con nitidez ante los que momentos antes no veían nada.

Continuaba la campaña y nosotros luchábamos contra un piélago de dificultades. Los grupos anti-OTAN, con una presencia inusitada en los medios de comunicación, fueron elevando el tono de agresividad contra el Gobierno con denuncias insidiosas, acusándonos de engañar a las gentes con la promesa de reducción de la presencia militar, desnuclearización del territorio y no incorporación a la estructura militar, pues según ellos ya habíamos pactado lo contrario con el Gobierno de Estados Unidos. Me hizo daño la información que me facilitó un secretario de Embajada de un país nórdico: Raúl Morodo les había informado de que el Gobierno había preparado un programa informático para falsear los resultados electorales que se adivinaban contrarios. A la indignidad de la maquinación se unía la estulticia de propalar que en nuestro país se pudiera practicar el pucherazo, pues la presencia de interventores de todos los partidos en todas las mesas electorales, que presencian la votación y el escrutinio y que reciben una copia del acta del recuento, hace imposible el fraude electoral.

En el Gobierno me demandaban angustiosamente qué revelaban las encuestas. Mi experiencia comenzada en 1972, durante la dictadura, me había convertido en un oráculo accidental. Haber adelantado los resultados en 1982 con total precisión me había hecho ganar fama de incontestable nabí. Yo había aprendido alguna cosa: los sondeos de opinión publicados no merecen una gran confianza, pues algunos no tienen pudor en maquillar los resultados según convenga transmitir apoyo a unos o a otros; había detectado que de todos los sondeos publicados en diferentes consultas electorales los que más se aproximaban a los resultados reales posteriores eran los que tenían el trabajo de campo dos días antes de comenzar la campaña electoral; existían algunos grupos de electores inscritos en una mesa electoral que reproducían casi exactamente los resultados nacionales; y lo que más me interesaba en las encuestas no eran las estimaciones que hacían las empresas demoscópicas, sino los resultados en las respuestas directas sobre las preferencias de los electores. Había yo encontrado una ley, una regla de elaboración propia que nunca me había fallado. Si en las respuestas directas la relación entre el partido con mayor número de apoyos y la suma de las opciones del resto de partidos es igual o mayor que 1,1, el partido obtendría la mayoría absoluta de la Cámara. La combinación de estos sencillos términos me convenció de que el voto positivo en el referéndum obtendría un mínimo de diez puntos porcentuales sobre la opción contraria.

Comuniqué al presidente y a los ministros mis previsiones, pero en aquella ocasión el oráculo no tuvo fuerza de convicción. La mayoría, desde luego el presidente, presagiaban un final más oscuro.

Cuando finalizaba la campaña, preparando el mitin final que sería protagonizado por el presidente del Gobierno, tuve una idea para resaltar la autoridad del Gobierno en la materia sobre la que se decidirían cuarenta y ocho horas después. Concebí una nueva escenografía para el acto que enfatizara el ascendiente moral de que gozaba Felipe González. Hasta entonces en los actos políticos los oradores se situaban en el escenario, generalmente sentados tras una mesa, para ir ocupando el lugar adelantado del orador. A veces el escenario albergaba no solo a los que se dirigían al público, sino también a cargos nacionales o locales del partido que organizaba el acto.

Como un fogonazo me llegó la imagen de un solo orador, con una total diafanidad tras él, sin distracción posible con los movimientos o gestos de otros conferenciantes, con un estrado diseñado para dar supremacía al orador. Funcionó. La contemplación en la televisión de Felipe González encaramado en una suerte de pedestal le convertía en el vértice del debate sobre la defensa de España. Impresionaba verle y oírle, encampanando la voz, la pregunta clave: ¿Quién administrará el no? Tuvo un impacto solemne que tocó la fibra sensible de muchos electores. Al día siguiente, periódicos y políticos lanzaron una acerba crítica de la escenografía del acto. La palabra más repetida era «faraónico». Algunos colaboradores que habían expresado sus dudas me pidieron explicaciones. Entre confundido y provocador, les dije: «Es solo que están rabiosos por no haberlo descubierto antes». No sabía bien lo que decía, pero resultó ser la verdad. Solo tres meses después, en las elecciones legislativas, todos los partidos copiaron el modelo, desalojaron a todos los acompañantes del escenario y dejaron solo al orador.

Llegó el día de la votación. Instalamos los ordenadores del seguimiento electoral en mi despacho. A media mañana esperaba que apareciese el presidente del Gobierno para interesarse por el desarrollo de la jornada. Como no llegaba, me desplacé al palacio para invitarle a acompañarnos. No quiso. Estaba preso de la preocupación. Era plenamente consciente de lo que representaría para España la pérdida del referéndum. No estaba seguro del resultado, por lo que preferí desviar la atención de la jornada electoral hasta que hubiera resultados fiables. Le repetí mi confianza en obtener al menos diez puntos de ventaja, pero su inquietud por las consecuencias no le dejaban margen para la especulación.

Me marché al cuartel electoral. El equipo estaba optimista, así que no quise descubrir la preocupación del presidente. Hacia las siete de la tarde, Felipe se presentó en el despacho. Le encontré más animado. Se quedó hasta conocer los primeros datos. El carácter favorable de los sondeos iniciales y el espíritu optimista que se transmitía en el grupo le infundió confianza, y al poco rato todos discutíamos sobre el margen de ventaja, mas no sobre la posibilidad de derrota. Al final el resultado fue magnífico: el 53 por 100 votó afirmativamente y el 40 por 100 se opuso. La cifra contraria era importante, pero conseguir el 53 por 100 con el solo impulso del PSOE era un resultado heroico desde el punto de vista de la batalla electoral. Habíamos caminado solos sobre el borde del abismo y habíamos logrado un triunfo que nos satisfacía, ya que, como rezaba nuestro eslogan, había sido «En interés de España». Atravesar el desierto solos y casi sin provisiones fue una prueba dolorosa, pero tuvo una réplica más dura aún en el fracaso de las otras fuerzas políticas. Alianza Popular fue duramente criticada por sus homólogos europeos, sorprendidos por su disparatada posición respecto a la defensa nacional. La izquierda que se agrupó alrededor del PCE creyó que su salvación estaba en la movilización en el referéndum contra la OTAN y no supo encajar la derrota. Los dos partidos entraron en un proceso errático que les llevó mucho tiempo recuperar. Fraga Iribarne había firmado su final con la pirueta del referéndum, y la derecha económica, los banqueros en particular, hicieron un esfuerzo económico espectacular financiando al Partido Reformista, la «Operación Roca», para las siguientes elecciones.

El PSOE también sufrió algunas consecuencias. Un sector de la izquierda que nos apoyó en 1982 se separó del proyecto socialista durante muchos años a causa del cambio de posición sobre la Alianza Atlántica, aunque tuvo la contrapartida de crear lazos de unión en el interior del partido. Lo había pasado demasiado mal como para no apoyarnos. Recibí una nota de Javier Solana que valoré mucho. Me decía que «aunque no somos muy dados en esta “familia política” a expresar sentimientos, la última experiencia que hemos pasado juntos bien merece una excepción», para añadir que «quizá haya sido el esfuerzo colectivo más emocionante e intenso que hemos compartido».

Era cierto que probablemente había sido el desafío más complejo vivido colectivamente en el partido y en el Gobierno, y lo habíamos hecho con un altísimo grado de solidaridad y compañerismo. El destino nos reservaba algunas otras travesías que resultarían más amargas, porque faltó la fraternidad que había simbolizado históricamente la lucha de las revoluciones y los cambios.

En un intento de aproximarse, Solana se sinceró acerca de asuntos político-personales. Me habló de las jugadas que tenía que soportar de la beautiful people. Con este nombre los periódicos motejaban a un grupo de personas vinculadas a la economía, algunos sectores financieros y otros del Gobierno. Me cuenta del mal trato que el grupo da a su cuñado Albert y a su hermano Luis. Terminó su confidencia con un lamento: «No sé hasta dónde llevarán la persecución».

En una lúcida carta del muy anciano Ramón Carande, resumía bien lo ocurrido: «[...] esperando que vencieran ustedes con triunfos el torbellino del referéndum. Imagino que estarán ustedes satisfechos, que no esperaban tanto y que les hará gracia y aun sorpresa la creencia en el triunfo que propagan a su manera cada grupo de los que han sido vencidos. Aunque, a estas fechas, ni ellos ni muchos españoles se enteraron de qué se trataba».

NUEVAS ELECCIONES

Una vez superada la prueba del referéndum, analizamos las circunstancias que confluían en la vida política a la hora de fijar la fecha de las elecciones. Existían dos posibilidades: agotar la legislatura hasta octubre de 1986, o adelantar algo el proceso electoral convocando poco antes de que comenzara el verano. Esencialmente, había que elegir entre junio y octubre. ¿Cómo eligen los gobiernos la fecha de las elecciones, una potestad del presidente? Se pueden presentar dos casos muy diferentes: que exista una razón nacional o política que fuerce el adelanto, o que, en ausencia de ella, sea el clima electoral favorable o contrario al partido del Gobierno lo que provoque la decisión.

En 1986 no había ninguna razón especial que llevara a decidir una fecha diferente a la marcada por la legislación, en aquel caso el mes de octubre. Ahora bien, el referéndum de la OTAN, su campaña, sus resultados habían afectado a partidos y dirigentes de forma intensa. El electorado se había dividido en dos partes casi iguales, los enfrentamientos habían sido muy tenaces y duros, la derecha había perdido su prestigio en una operación partidista, la izquierda no socialista atravesaba su tránsito de frustración tras la esperanza, y los socialistas habían enajenado una parte de su electorado incómodo por la nueva opción atlantista del PSOE. Había razones políticas para clarificar el ambiente, para que el electorado se posicionara de nuevo ante sus referentes políticos.

Para los socialistas el adelanto electoral representaba la ventaja de que todos los demás habían perdido el referéndum, pero también el inconveniente de que estaría muy cercana la pugna interior del electorado socialista forzado a cambiar de posición ante la OTAN y quizá estaba propicio a hacérselo pagar al PSOE en las elecciones.

Entre los políticos estos temas se resuelven con dos actitudes opuestas. «El paso del tiempo ayuda a resolver los problemas», frente a la tesis de que «el paso del tiempo pudre aún más los problemas». ¿Cómo optar en cada caso? A mi juicio, depende de una circunstancia que es evaluable por uno mismo: ¿cómo se encuentran tus fuerzas internas?

Si tienes ánimo, voluntad, fuerza interior, aliento, coraje, valentía, atrévete con el problema. Para ganar en un empeño se necesita tener todos los elementos de tu espíritu a punto. Es como un avión: para planear basta una pequeña fuerza, pero si quieres despegar necesitas que todos los motores estén encendidos. En múltiples ocasiones de mi vida política he debido reclamar si unos u otros contaban con fuerzas para ganar; si así era, no había más que dudar.

En 1986 decidimos adelantar las elecciones al mes de junio, con todo, pertrechados para ganar.

El diseño de la campaña electoral tuvo para mí más dificultad de lo que hubiera pensado. Hasta entonces en todas las campañas que yo había dirigido introduje el concepto de cambio de situación. Al pasado de la dictadura y al presente de gobierno conservador democrático, el socialismo enfrentaba la ilusión del gobierno a la izquierda, presentaba la novedad, la esperanza de que las cosas podían cambiar. Así, en 1982, el gran triunfo electoral lo consigue el PSOE con una divisa sencilla y precisa: «Por el cambio». Cuatro años después nos enfrentábamos con una campaña electoral en la que el cambio lo representaban los otros; nosotros éramos el statu quo, en cierta forma; al menos semióticamente representábamos un concepto conservador. Conservar el Gobierno, conservar las conquistas sociales logradas, conservar la democracia consolidada, conservar nuestra nueva dimensión internacional. En la elaboración de las ideas-fuerza, eslogan, leitmotiv y concreción de imágenes, estaba ante un trastrueque de lo que había sido mi esquema intelectual a la hora de preparar una campaña electoral.

Durante días, y algunas noches en vela, le di vueltas a posibles lemas.

El mecanismo de que me valía era el de ir creando conceptos que no se constituirían en lema o eslogan, pero que iban poco a poco aproximando la idea central a transmitir. Después me reuní con mis colaboradores del Comité Electoral; elementos clave eran Roberto Dorado y Guillermo Galeote, con los que establecía una especie de combate, en el que lo importante era desacreditar los conceptos que se aportaban. El que resistiera mejor las críticas a todos era sin duda el que con más fuerza y más precisión recogía el espíritu de lo que queríamos transmitir.

El primer concepto que lancé al grupo de estrategia fue avanzando, ligándolo a futuro, horizonte, camino, ganando, siembra, construir, progreso, compromiso, etc. Fuimos construyendo frases que recogían bien o mal los temas en litigio:

• para seguir avanzando

• para que sigamos avanzando

• sigamos avanzando

• un nuevo horizonte

• para abrir un nuevo horizonte

• para abrir nuevos horizontes

• por tu futuro

• por un futuro de progreso

• queremos avanzar contigo

• gana el futuro

• vota futuro

• para construir el futuro

• con buen sentido

• por buen camino

Durante días pasamos varias horas haciendo combinaciones y descartando lo que no respondía a nuestras intenciones. Finalmente nos decidimos por la frase por buen camino, que recordaba la de por el cambio desde el punto de vista de la estructura y que mantenía un cierto grado de dinamismo, hablaba de hacer camino, no significaba estancamiento, parálisis, conservación, y añadía una valoración positiva de lo hasta entonces hecho. Creo que funcionó. Cuando se analiza ahora parece algo simple, poca cosa, pero encontrar el eslogan preciso que ayude a identificar el voto con un proyecto es una tarea muy dificultosa en la que no es fácil acertar.

Aún tuve que lidiar con dos problemas complicados en la preparación de la campaña. Era la primera vez que acudíamos a las elecciones legislativas desde la posición de Gobierno. Los ministros querían ser parlamentarios, y el Gobierno, también nosotros en el Comité Electoral, creía que un ministro a la cabeza de una lista electoral podría significar un añadido de atracción del electorado por el grado de conocimiento que proporciona la aparición en medios de comunicación, sobre todo en la televisión. El problema era doble para mí: tenía que convencer a los militantes de las agrupaciones de que aceptasen la llegada de un paracaidista del Gobierno para ocupar la primera plaza de la lista; y, lograda la conformidad de la agrupación, había que conseguir que los ministros aceptasen presentarse por una circunscripción generalmente alejada de su lugar de residencia, en la mayoría de los casos la capital de España. Así que todos querían ser candidatos en la lista de Madrid, lo que dejaba a la Federación Socialista Madrileña sin campo de maniobra para elaborar su lista y, lo que era más grave, sin puestos para sus militantes.

Las razones de los ministros eran aceptables: ya dedicaban escaso tiempo a sus deberes familiares por su pertenencia al Gobierno como para obligarles a visitar periódicamente una circunscripción lejana. Mas la solución se hacía imposible: todos querían ser diputados, pero todos deseaban serlo de la circunscripción de Madrid. Debía yo soportar las resistencias de las agrupaciones a aceptar a un ministro en su lista y la hostilidad de los ministros cuando les comunicaba el puesto acordado. Me sentía como el payaso de las bofetadas. Y aún hay algún botarate que ha escrito que todo era una maniobra mía para castigarlos. Qué difícil es mantener la calma algunas veces.

El otro problema fue la elaboración del programa electoral. Dos compromisos incluidos en el programa de 1982 habían llevado al Gobierno, especialmente al presidente, a la resolución de «no más compromisos concretos». Los polémicos 800.000 puestos de trabajo y la celebración del referéndum para decidir sobre nuestra permanencia en la Alianza Atlántica convencieron a muchos de la conveniencia de no contraer compromisos en el programa electoral. Creo que fue un error que pude comprobar en los años de la legislatura siguiente. Se perdió una parte muy importante del pulso, del ritmo, en la gestión de los departamentos ministeriales, pues no había programa concreto que cumplir. A partir de 1986, la gestión ordinaria del Gobierno adquirió un tono cansino, sin orientación clara. Se debía, así lo creo, a un programa impreciso que obligaba a los ministerios a suplir la carencia de proyectos con un ejercicio de imaginación, y no es esta una virtud que caracterice a los gobiernos de ninguna parte.

Las elecciones de 1986 contaron con una novedad que tuvo mucha importancia durante la campaña, pero nula eficacia en el resultado. En el sector conservador competían dos formaciones políticas, Alianza Popular de Fraga Iribarne y el Partido Reformista Democrático encabezado por el político catalán Miquel Roca. Los sectores económicos se volcaron en esta coalición. Los bancos aportaron cifras enormes para su campaña. Se dedicaron muchos miles de millones en aquel intento de derrotar al PSOE; parece que el mayor apoyo llegó de la Banca March, con larga experiencia de intervención política. Fue la financiera del golpe de Estado del general Franco. Ahora se trataba de una intromisión pacífica, pero con un fin no muy alejado de aquel: suprimir la experiencia de gobierno de izquierdas.

La operación reformista se saldó con un implacable fracaso. Habían llenado las calles y ¡las carreteras! con vallas publicitarias que mostraban los rostros sonrientes de Miquel Roca, y la mayoría de candidatos desconocidos en la actividad política ocuparon buena parte de los espacios de los medios de comunicación y no lograron obtener ni un solo diputado en toda España (en Cataluña se presentaba Convergència i Unió, que sí recogió sus votos propios).

Fue una esplendorosa lección de los ciudadanos, que para algunos pueden parecer ajenos a la vida política, pero que tuvieron un instinto político sobresaliente. Cómo si no explicar que una campaña costosa y omnipresente pueda resolverse con la más extensa y evidente indiferencia de los ciudadanos.

Por otra parte, nadie tuvo interés en investigar cómo habían pagado aquellos responsables caballeros las deudas milmillonarias de aquella desmesurada campaña financiada por los bancos. Los mismos que callaron hipócritamente ante tal dilapidación de fondos sin justificar alzaron sus voces hasta la extenuación cuando poco después algunos bancos quisieron ayudar al PSOE con los gastos contraídos en solitario cuando el referéndum, con cantidades irrisorias comparadas con las de los «reformistas». Pero esta es otra historia de la etapa en que ya no tenía yo responsabilidad de gobierno.

Llegó el día de las elecciones, y los ciudadanos emitieron su veredicto inequívoco. El PSOE repetía mayoría absoluta, la coalición liderada por Fraga Iribarne se estancaba, la operación reformista fracasaba y la nueva coalición de izquierdas no lograba superar su posición residual. El triunfo socialista tenía aún más mérito que el obtenido en 1982. En aquella ocasión el centro-derecha (UCD) había sufrido una práctica disolución y el PSOE se presentaba al electorado como el único soporte. En las elecciones de 1986 la situación era bien distinta. El PSOE se enfrentaba a tres coaliciones de la oposición: Alianza Popular se coaligó con el Partido Demócrata Popular (los democristianos de Óscar Alzaga) y con el Partido Liberal (José Antonio Segurado); los grupos financieros, desconfiando de las posibilidades reales de Fraga Iribarne, forjaron el Partido Reformista Democrático («Operación Roca»), y el Partido Comunista, intentando aprovechar la conjunción anti-OTAN, creó Izquierda Unida (PCE más el aditamento de grupos sin baza electoral y algunas personalidades aisladas).

Las tres coaliciones fracasaron, por sus reducidos o malos resultados y por no haber logrado el objetivo principal de las tres formaciones: batir al PSOE. La operación reformista se disolvió en las tinieblas económicas; en Coalición Popular se produjo una grave crisis, con declaraciones descalificadoras sobre Fraga Iribarne y con la huida al Grupo Mixto de los diputados democristianos, y la coalición de IU se dispuso a sestear durante una legislatura que no le permitía gran presencia en el Congreso de los Diputados.

La crisis que más me preocupaba era la de Alianza Popular. Fraga Iribarne se sintió injustamente tratado por sus socios de coalición y pretendió en un primer momento paliar los efectos de la derrota electoral con el argumento de que habían consolidado posiciones y que su liderazgo había salido reforzado. Nadie quiso escuchar unos razonamientos que no colmaban la impaciencia de los que querían refundar la derecha política para competir con éxito contra el Partido Socialista. Pronto la crisis se extendió al partido Alianza Popular. Un dirigente andaluz poco conocido salió en defensa de Fraga diciendo que su «cabeza no estaba en juego». Su nombre era Antonio Hernández Mancha, que había de tener un protagonismo notable en el futuro del grupo conservador. Una de las primeras víctimas fue el secretario general, Jorge Verstrynge, un joven impulsivo que no ofrecía la imagen tradicional de la derecha española. Cuando fue destituido compareció en un programa de televisión acusando duramente de autoritario a Fraga Iribarne, hasta días antes su «patrón» admirado. Me pareció injusto y poco inteligente si quería conservar algún crédito en la política española. Se lo dije a él, y lo aceptó como una crítica amistosa. Nunca he comprendido la maniobra de los que escupen al plato donde ayer comían. No es serio. Claro que en la vida política, como en todas las actividades humanas, las personas pueden cambiar sus opiniones y llegar a transitar de un partido a otro, pero las conversiones paulinas, fruto de la caída del caballo, no son convincentes ni honradas.

Hablé con Óscar Alzaga, insistente peticionario de que se flexibilizase el Reglamento del Congreso para que pudiera formar un grupo parlamentario propio. Le preocupaba obsesivamente su aparición en las pantallas de televisión sobre el «rótulo amarillo» de Grupo Mixto. Mi respuesta no pudo ser positiva. Hablamos distendidamente de sus hazañas en Coalición Popular. Defendía su gestión sobre todo por haber desmantelado la campaña electoral de verdadera «cruzada» que había preparado Fraga Iribarne. Según dijo, le apoyaron en la operación de desmontaje Jorge Verstrynge y Javier Carabias. Alzaga me anunció por su parte una oposición seria y rigurosa, «sin jaleos, sin encerrarse en las iglesias, no». Le interrumpí en tono de broma: «Pero si tú tienes todas las llaves».

Alzaga me contó su participación en una fea operación de la que yo tenía algunos datos facilitados por Fernando Abril Martorell: la financiación del Partido Andalucista (PSA; después, PA) por el partido de Gobierno de UCD. Según Óscar Alzaga, Abril Martorell le citó en su despacho de vicepresidente en Castellana, 3. Le explicó que la idea había surgido de Raúl Morodo, pero que el temor de que los andalucistas pudieran hacer una campaña que restara votos a UCD había decidido que el dinero se enviaría directamente a una agencia de publicidad cuya campaña debía controlar Óscar.

En la reunión esperaban a Alejandro Rojas Marcos para cerrar el trato: «Entró vestido como un dandi. Le dije: “Alejandro, qué elegante te has puesto”». La respuesta del político señoril fue: «¿Creías que iba a venir con un zurrón?».

Llegaron pronto a un acuerdo. Durante la campaña, Rojas Marcos llamó a Óscar porque el dinero no llegaba. Alzaga consultó con Abril, el cual le remitió para el asunto del dinero a Rafael Arias-Salgado.

Su narración coincidió con las informaciones que yo poseía de una de las más sucias maniobras políticas hechas contra el PSOE. Dos partidos políticos, uno con responsabilidad de gobierno, el otro pretendido paladín de la independencia nacionalista de una región marcadamente socialista, conspiran financiamiento secreto para perjudicar al partido de los socialistas.

A comienzos de octubre, Fraga Iribarne comunicó telefónicamente a Abel Matutes que «me voy irrevocablemente. Máximo, 30 de octubre. Te doy unos días para que te hagas cargo de esto. Siento asco cuando entro en la sede de AP».

Yo había advertido a Felipe de que Fraga preparaba la desbandada unos diez días antes. La fuente fue el hijo de Robles Piquer, José María Robles Fraga.

El dirigente conservador aguantó hasta el 1 de diciembre. Ese día me llamó Luis Yáñez para anunciármelo. Al parecer, Matutes le pidió que esperase unos días para organizar una estrategia que les llevara a un congreso en enero. Fraga le aseguró que lo pensaría, pero pasadas unas horas le confirmó que abandonaba.

GOBIERNO DE CONTINUIDAD

Inmediatamente después de las elecciones el presidente del Gobierno nombró un nuevo Gabinete. Tuvo, como siempre, la deferencia de examinarlo conmigo. No tuve más observaciones que aportar que lo referido al Ministerio de Trabajo, para el que había previsto un nombre perteneciente a la beautiful que me pareció poco adecuado para las relaciones con los sindicatos. Felipe lo entendió y se inclinó por Manuel Chaves, que había trabajado los temas sindicales en su etapa de dirigente de UGT. Me encargó que yo se lo comunicara. Me costó encontrarlo. Al fin pude hablar con él. Estaba en Madrid cenando en un restaurante con un grupo de compañeros. Intentaba yo hablar con Guillermo Galeote por si podía orientarme sobre el paradero de Chaves, cuando le localicé en una cena. Me dijo que Chaves estaba con ellos. Se puso al teléfono, le comuniqué la decisión del presidente: sería nombrado ministro de Trabajo, y se hizo un largo silencio. Después oí la voz de Galeote, preguntándome extrañado: «¿Qué le has dicho a Manolo? Se ha apoyado en una columna y se ha quedado como petrificado». Era la época en la que Chaves era aún para todos nosotros ejemplo de ingenuidad y sencillez.

El conjunto del Gobierno permanecía fiel al espíritu de grupo. Solo dos cambios eran importantes: la salida de Ernest Lluch, un compañero con sensibilidad, inteligencia, humor y sentido de la amistad, que había recibido injustas críticas internas amparadas en un falso símil de su plan sanitario con el Servicio Nacional de Salud cubano; y la llegada de Virgilio Zapatero, que se ocuparía del trabajo que venía haciendo, las relaciones con las Cortes, pero ascendiendo del nivel de secretario de Estado al de ministro. Un hombre afable, grato, de un socialismo filosófico y humanista, partidario absoluto de la transacción, hace imposible el enfrentamiento, un buen amigo.

El presidente del Gobierno me pidió, me encargó, que me ocupara de la presidencia de la Comisión de Subsecretarios, para conseguir que los temas llegasen más maduros a la mesa del Consejo de Ministros. Lo acepté con gusto; conocía a los subsecretarios y a los secretarios de Estado, que también acudían a las reuniones, y me propuse estudiar los expedientes cada semana para presidir con autoridad y aportando sugerencias en cada proyecto. En las reuniones introduje un estilo amable, con un gramo de humor que hacía más llevadero los debates. Se hablaba sin solemnidad, pero con rigor. A veces cortaba la intervención de algún orador si se hacía premiosa o se separaba demasiado del asunto, como cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez nos «deleitó» a todos con una encendida y fogosa defensa del mercado, «una flor de invernadero que hay que cuidar con mimo». Mi recuerdo de aquellas citas semanales es magnífico y guardo el deseo de que los subsecretarios tengan unos recuerdos tan gratos como los míos.

HUMILDAD «VERSUS» ADULACIÓN

En septiembre los compañeros socialistas de Albacete me invitaron a visitar la ciudad, que estaba en fiestas. Me acompañaron en la visita el presidente de la Comunidad Autónoma, José Bono, y el alcalde de la ciudad, José Jerez. Entre las actividades privadas habían incluido la asistencia a una corrida de toros. Les advertí que no gustaba yo de palcos de honor y que me causaría horror el brindis de un toro. No pude resistir los argumentos respecto de ocupar plaza en el palco: me aseguraron que no habría dedicatoria de toro alguno.

Al asomarnos al palco una parte de la concurrencia, como la mitad de la plaza, volvió la mirada al lugar donde nos sentábamos y aplaudió. Saludé con timidez y volvió la normalidad. Durante la faena de Dámaso González observé que el torero se dirigía hacia el lugar que ocupábamos andando lentamente junto a las tablas con la muleta en una mano y la montera en la otra. Adiviné para qué se aproximaba y protesté a mis acompañantes. Mascullaron alguna excusa mientras se iniciaba un rumor desaprobatorio en el público. El torero levantó la montera en dirección al palco, se oyeron los primeros pitidos, y Bono dijo: «Si quieres, me pongo yo en pie». Le miré glacialmente y me levanté. Para entonces tronaba una pitada general en la plaza. Siempre he pensado que a la gente no le gusta la mezcolanza; se puede aplaudir a un dirigente político, pero no satisface que se le adule.

No todo fueron caras largas aquella tarde. En la cena, Bono contó una anécdota que me hizo reír y también me preocupó. Era una inocente historia infantil carente de malicia y complejidad que fue aviesamente utilizada por algún clérigo.

El cardenal primado de España fue a visitar a la esposa del presidente Bono cuando nació su último hijo. Cuando entró en la residencia del presidente, la hija mayor, de cinco años, se quedó mirando al prelado y le preguntó: «¿Tú de qué estás disfrazado?». Monseñor, sonriendo, le dijo: «Yo soy un sacerdote de Cristo. ¿Tú sabes quién es Cristo?». La niña respondió: «Sí; Felipe González».

Hasta ahí la candorosa broma. Después añadió que el cardenal contaba la anécdota en unos ejercicios espirituales a los curas de la diócesis como muestra de la descristianización de la sociedad española que se estaba produciendo con los socialistas en el Gobierno.

MR. HYDE Y EL DR. YEKILL

El cambio en el Gobierno fue seguido de la sustitución del director general de Televisión Española, José María Calviño, por la directora de cine Pilar Miró. Pronto se creó una leyenda malintencionada. Los periódicos repetían cada día que existía un enfrentamiento de la nueva directora conmigo; para ser más exacto, que yo practicaba una impía persecución de la directora. Una acumulación de insidias, mentiras, insinuaciones sobre una acción en la que ninguna intervención te corresponde, te crea una situación imposible. ¿Qué puedes hacer? Cualquier gesto, cualquier palabra es interpretada en el sentido de que apoyo la fabulación urdida. La impotencia impide una justa clarificación. Solo queda el alivio, el desahogo de contar la verdad vivida con la esperanza de que algunos no estén presos de las patrañas propaladas.

Conocí a Pilar Miró en septiembre de 1964 en la Escuela de Cine. Era entonces una jovencita encantadora, mimada por todos los compañeros; era la única chica en los estudios de dirección. Aún recuerdo el primer día que la vi: bajaba la escalera velozmente, calzando unas botas, costumbre aún no muy extendida entre las mujeres, con unas alegres risas perseguida por todos los chicos. Diez años más tarde la trataría amistosamente; ya conocía su dolencia cardíaca, por lo que extremaba la delicadeza con ella. Cuando la procesaron en consejo de guerra por su película El crimen de Cuenca, fui yo quien la defendí en el Parlamento con una interpelación al ministro de Cultura de UCD que derivó en un debate de totalidad y en la moción de censura al Gobierno de Adolfo Suárez. Pilar me invitó a una proyección privada de la película en su casa mientras cenábamos. Las relaciones eran las de amigos que muestran afecto y respeto.

Alcanzado el Gobierno en 1982, Pilar fue nombrada directora general de Cinematografía, desde donde realizó una buena labor a favor del cine español, no sin oposición de algunos sectores que la acusaban de tener un carácter demasiado fuerte.

Pilar solía invitarme a presenciar pases privados del cine que se producía en España en la salita del ministerio. Cada vez que su cargo la obligaba a viajar, sobre todo a los festivales de cine, me traía algún regalo relacionado con el séptimo arte: libros, viejas cintas de 8 mm, etcétera, que acompañaba con una cariñosa nota. Teníamos, pues, una relación afable y cotidiana. Llegó en una ocasión a confesarme por escrito algunas intimidades de su vida, cuya confianza yo le agradecí.

Recibí una llamada de José Luis Garci explicándome su enojo porque no había sido invitado a la inauguración de una exposición del pintor José Ramón Sánchez con motivos cinematográficos, sobre todo porque uno de los grandes y hermosos cuadros estaba dedicado a su película Volver a empezar, ganadora del único Oscar, entonces, del cine español. Me dijo que incluso estaba deseando ceder la estatuilla para que se exhibiera en la exposición. Por último, atribuyó a la directora general el desaire de no haber contado con él ni para invitarle. Le agradecí la llamada y le aseguré que sus temores eran totalmente infundados. ¿Cómo iba a ignorarse al autor de la única película española premiada por la Academia de Hollywood? Le aseguré que a buen seguro todo se debía a un olvido administrativo, a un trastrueque de papeles; que estuviese tranquilo, pues pronto recibiría la invitación.

Inmediatamente llamé a Pilar para explicarle que Garci estaba enfadado porque no se le había invitado, a causa de un olvido tonto que nos creaba un problema con él. Pilar me contestó: «No, no ha sido un olvido. No lo he invitado, ni lo haré». Me sorprendió su actitud. Intenté suavizar las cosas exponiéndole con lisura que la película de Garci estaba representada en la exposición; que había conseguido un Oscar, que era el único logrado por el cine español; que los gobernantes no pueden atender a sus fobias o a sus filias; que, más allá de los conflictos personales, debíamos atender a la realidad de los hechos, y estos obligaban a contar para la inauguración con la invitación a José Luis Garci. Me preguntó si era una orden. Intenté argumentar aún con mayor firmeza para no complicar todavía más las cosas. No, no era una orden; pero creía que debía invitarle. Me contestó desabridamente: «Bien, lo interpreto como una orden».

A la media hora tenía sobre mi mesa la copia de la carta-invitación que había cursado al director de Volver a empezar. Me la enviaba Pilar. En la carta, tras invitarle, le interrogaba si quería alguna cosa más —«¿quieres algo al margen de tus rencores?»—, convirtiendo lo que debía haber sido una invitación protocolaria en una carta insolente y ofensiva. Conocí a una Pilar Miró que hasta entonces no había visto, aunque coincidía con la visión de sus críticos que yo nunca había aceptado.

Quedé aterrado por la carta; me pareció un ataque sin sentido, que, lejos de aplacar el enojo de Garci, le aumentaría su sensación de trato vejatorio. En mi mente surgió una duda: ¿después de esa carta acudiría a la inauguración? Asistí al acto inaugural por deferencia con mi amigo José Ramón Sánchez, el pintor, que ya me ayudó en la cartelería en las primeras elecciones democráticas de 1977, y por curiosidad para comprobar si Garci estaría presente y, en tal caso, con qué actitud. Mi sorpresa superó cualquier pronóstico. Pilar estaba en el acto, Garci también, y se ¡abrazaron y besaron! con afecto. Estupefacto, intentaba comprender, cuando aprecié la presencia de varias cámaras de televisión que eternizaban el feliz encuentro de la directora general y el director laureado.

Aquella historia me hizo pensar en la doble personalidad de Pilar, tierna y dulce en ocasiones, implacable en otras circunstancias. Pero no afectó a nuestras buenas relaciones.

Cuando en 1986 es nombrada directora general de Televisión, no opuse ningún reparo a su persona; sí argumenté que atravesábamos un momento de tranquilidad en televisión, que los informativos habían encontrado un cierto grado de aceptación general después de una etapa tormentosa, y que, por lo tanto, no parecía el momento oportuno para hacer cambios, por mucho que lo exigían algunos ministros, muy insistentemente Carlos Solchaga. Hablé con el presidente para hacerle ver que al menos el área de informativos no debería sufrir grandes convulsiones. Felipe me aseguró que Pilar había garantizado mantener el equipo de informativos. Bien pronto les sustituiría a todos.

Al llegar a televisión se reunió con los responsables hasta aquel momento, con los que alardeó de no tomar en cuenta a nada ni a nadie, de no importarle lo que dijera la Comisión de Control Parlamentario, pues, a su juicio, la clase política era impresentable y había que educarla. Rechazó cualquier opinión que pudiera emitir el Consejo de Administración, apostando por suprimirlo, y remachó que en todo caso ella haría siempre lo que quisiera sin atender a los problemas que pudiera crear a los demás con su actuación. Bien que lo demostró en diciembre de 1988 durante la huelga general.

Pronto se enfrentaría con los miembros del Consejo de Administración de Televisión, incluidos algunos propuestos por el grupo socialista. Yo gestioné todo lo que pude para que los socialistas no actuaran contra la directora general, pues las instituciones para mí están por encima de los que ostentan los puestos de responsabilidad. A pesar de todo, la prensa repitió lo contrario, acusándome de un acoso a la directora general que solo estaba en sus febriles mentes. Pilar en un principio dejó correr la especie, enfrió sus relaciones personales conmigo y terminó haciendo declaraciones injustas y ofensivas contra mí. Creo que la influencia de algunos «renovadores» del Gobierno y los halagos de la prensa la envolvieron en una soberbia ciega que terminó por hacerle perder muchos afectos sinceros. Aún tuvo arrestos, sin embargo, para realizar su mejor película, El perro del hortelano, antes de sucumbir a causa de la grave enfermedad que le acechó durante muchos años.

LA CONFIANZA POLÍTICA

Después de las elecciones, formado el nuevo Gobierno, tuve algunas intensas conversaciones con Felipe. Hablamos de los proyectos del Gobierno, y del sentido que adquiría nuestra responsabilidad. Le encontré con una doble actitud: desasosiego por un sentimiento de soledad e incomunicación, y ganas de no perder tiempo ante la tarea que el Gobierno tenía por delante. Sé que son posiciones contradictorias, pero esa era la percepción clara que ofrecía su templada pasión por la tarea de gobierno. No quiso atender mis sugerencias acerca de la conveniencia de abandonar algunas de las muletas con las que habíamos caminado durante la primera legislatura de Gobierno. Mi tesis era que en muchas de las áreas en las que, con buen criterio, había dejado descansar algunas responsabilidades en personajes más vinculados al sector conservador, había llegado el momento de dotar a algunos organismos e instituciones de un estilo más vinculado a una experiencia socialista de gobierno. Cité como ejemplo el caso del Banco de España, en el que, a mi parecer, en la próxima renovación del gobernador debíamos apostar por alguien con una mentalidad más progresista, menos ligado a los centros de poder de la banca española, siempre en actitudes contrarias al proyecto socialista.

Cuando llegó la ocasión de la renovación del gobernador del Banco de España, y ante la propuesta de Mariano Rubio, mantuve mi discrepancia. Paradójicamente, el ministro de Economía, y algo menos el presidente, me presionaron para que estuviera presente en la toma de posesión del nuevo gobernador. Me negué. Debieron estar muy seguros de que yo cedería, porque en el discurso que se repartió a la prensa el recién nombrado saludaba al presidente y al vicepresidente del Gobierno.

En otro momento posterior, al proponer la concesión de una ficha bancaria a Ibercorp, hice una clara advertencia de que la operación podía ser puramente especulativa y facilité la lista de las personalidades del mundo de la economía que podían estar involucradas. No me hicieron caso. Alguno, como Solchaga, se ofendió por mis «insinuaciones». Unos años después estallaría el escándalo, arrastrando al gobernador del Banco de España y a todos los que había señalado yo.

Comprendo que es difícil reaccionar ante una denuncia basada en piezas separadas y en la intuición, pero a veces es preciso ser muy ciego para no apreciar la evidencia.

En todo caso, como ocurre con frecuencia en la hipócrita sociedad de los elegidos, mis criterios fueron considerados por los «puros» fruto de mi ambición de control. Baste recordar un escrito de 1986 del entonces director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, de exaltación del gobernador: «Dotado de un innato sentido de la rectitud, ignorante de cualquier ambición política pequeña, impermeable a los lucrativos cantos de sirena del sector privado, frío en apariencia hasta extremos inhumanos, este hombre es un lujo de la razón de Estado». Como diría un castizo: ¡Dios te conserve la vista!

Si en 1982 la llegada de unos inexpertos socialistas al Gobierno había exigido la demostración de la competencia, la seriedad, después de cuatro años de importantes cambios en España, el momento de conferir a nuestra acción un espíritu más próximo a nuestro discurso y a nuestro programa había llegado. No tenía el presidente esa visión, sino la de hacer una mixtura de socialistas y liberales que lograra eficacia y reconocimiento social.

Sí estuvimos de acuerdo en que nos encontrábamos en el momento oportuno para iniciar un gran avance en las infraestructuras en España. Sabíamos desde el comienzo que la estrangulación para las aspiraciones de progreso y bienestar que representaba la carencia de una importante red de comunicaciones en España era uno de los elementos clave que debíamos solucionar. El problema eran los recursos. Ahora contábamos con una nueva situación: habíamos enderezado la economía española, se estaba creando empleo a un fuerte ritmo y pertenecíamos a la Comunidad Económica Europea, lo que significaba una gran oportunidad de financiación de los proyectos de infraestructura.

Más allá de nuestras conversaciones sobre estrategia de la acción de Gobierno, hablábamos repetidamente de nuestra función en la vida política española. Felipe reiteraba, en conversación privada, su deseo de no permanecer mucho tiempo en la máxima responsabilidad del Gobierno. Enfocábamos el asunto desde todos los vértices posibles para acabar rodeándolo y pasando de nuevo a los temas inmediatos de la política gubernamental.

En octubre recibí dos documentos autógrafos de Felipe, uno corto, otro bastante más extenso. En el primero manifestaba su deseo de dejar por escrito una decisión «que ya conoces». Era la idea muchas veces debatida entre nosotros de terminar con aquella legislatura la tarea de presidente del Gobierno y no estar, por lo tanto, dispuesto a asumir la candidatura en las próximas elecciones generales. Añadía que sentía la necesidad de comunicarme algunas reflexiones, sentimientos o intuiciones, por lo que enviaba el segundo documento.

Este era un conjunto de reflexiones muy abiertas, rompiendo el pudor de la comunicación, nada habitual en un político, cargado de preocupaciones expresadas con sinceridad, muy directamente aunque componiendo un balance final algo misterioso. Se vislumbraba la noción de la soledad del poder, la angustia que proporciona la necesidad de decidir, la inquietud que genera a veces no comprender cuáles son las razones que motivan a las personas cercanas para actuar políticamente. Había como un lamento por la sutil sospecha ante actos que pueden ser intrigas o intentos de aprovechamiento de unos u otros, el bloqueo que hace perder lucidez al dudar sobre si algunas afinidades son ficticias, la necesidad de apartar estos desencantos que hacen perder el impulso moral que da las fuerzas imprescindibles para soportar la tensión de la tarea.

Terminaba su largo, ético exordio reiterando su confianza en el destinatario del documento y me invitaba a olvidar cualquier preocupación que hubiera suscitado su lectura, porque nuestra misión y obligación era seguir trabajando contra viento y marea.

Lo cierto es que me preocupó. Sentí satisfacción al comprobar que su amistad permanecía sin desgastar, admiré que se hubiera atrevido a desnudar su conciencia, a ponerlo por escrito y enviarlo, y me preocupé por su insistencia en abandonar la intención de continuar aspirando a proseguir la tarea de gobierno.

La tendencia actual de poner en crisis la historia contada sobre las hazañas de las personalidades para ceder el protagonismo a las colectividades es inteligente y perspicaz, pero necesita alguna corrección. Hay circunstancias que colocan a una persona en la tesitura de simbolizar una época, dependiendo de su capacidad, sin duda, pero también de los factores que coinciden en un momento histórico concreto, en un lugar determinado y con un conjunto de elementos que le dotan de una superior facultad de representación de la sociedad. Felipe González poseía esa autoridad, como la había tenido Adolfo Suárez en las circunstancias de la transición. Felipe representaba el cambio, y sustituirlo era difícil, no por la imposibilidad de contar con una persona de competencia y eficacia, sino porque carecería de ese carisma simbólico de una época. Así que me juramenté conmigo mismo para evitar, si era posible, que se cumpliera la decisión que íntimamente me comunicaba el amigo y compañero, en beneficio de las ventajas del político estadista.

CAZADORES EN DOÑANA

La detección de una mortandad de aves cerca del Parque Nacional de Doñana, muy superior a la que se producía cada verano por la desecación de los lucios, excitó el interés periodístico por dicho entorno. En realidad, la mortandad, que llegaría a 15.000 aves, no se produjo en el parque, ni siquiera en la zona de protección, en el preparque, sino más al norte, en un área muy exterior al parque, pero en todo caso el interés por la salvaguarda del que puede ser el parque más importante de Europa era una buena noticia para todos los que lo amábamos. Pronto se comprobó que el interés estaba más orientado con salir a cazar, no patos, ni gansos, ni jabalíes, sino al presidente del Patronato del parque, por aquel entonces el que esto escribe. El interés periodístico disparó al de la oposición, que solicitó mi comparecencia en el Congreso de los Diputados. El debate contra el vicepresidente del Gobierno, pues ese era el objetivo, fue liderado por Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS, y un diputado del PP llamado Ramírez.

La comparecencia fue un paseo relajado, pues los interpelantes no conocían nada del Parque de Doñana, jamás lo habían visitado, y tras leer apresuradamente los documentos que habían pillado perpetraban unos errores garrafales para quien conociera, aunque solo fuera ligeramente, aquella maravillosa zona.

Había tenido yo una vinculación lejana en el tiempo. Veinticinco años antes colaboraba en las marismas y en las dunas ayudando al control de la fauna del parque. Una vez en el Gobierno acepté la presidencia del Patronato porque todos los luchadores por la conservación del espacio de Doñana me habían advertido de los grandes beneficios que recibiría el parque con un Patronato cuyo presidente, por ser vicepresidente del Gobierno, tendría la autoridad necesaria para que todas las administraciones representadas en el Patronato colaboraran sin demora en la solución de los problemas del parque y en las mejoras que se esperaban.

La gestión del parque introdujo grandes innovaciones largamente solicitadas gracias a un Patronato que apoyó todas las iniciativas a favor de Doñana. La Estación Biológica y los grupos ecologistas habían reconocido los avances sustantivos de aquel período.

La mortandad de las aves se debió a un uso desaprensivo e ilegal de pesticidas organofosforados que enfermaron a gran cantidad de aves. Aunque la mortandad se había producido fuera del parque, y por lo tanto de la jurisdicción del Patronato, este tomó de inmediato medidas por el peligro de que pudiera declararse una epidemia de botulismo que pudiera afectar a las aves que ya invernaban en el parque, más de trescientas mil. Que la actuación del Patronato fuese rápida y proporcionada a la dimensión del problema no supuso una reducción de la agresiva campaña de desprestigio de los políticos de la derecha y la prensa.

Capítulo aparte constituyeron los centenares de chistes que los humoristas publicaron de los «pájaros» de Doñana y del «pájaro» vicepresidente. La mayoría con verdadera gracia, la minoría siguiendo la consigna de zaherir sin sal ninguna.

Entre ellos destacó el humorista de ABC Manuel Summers. Pasado el tiempo —ya no estaba yo en el Gobierno—, Summers me escribió una carta que no contesté, de lo que me arrepiento continuamente. En ella reconocía: «Quizá yo sea una de las personas que peor te ha tratado durante tu época de vicepresidente del Gobierno». Alegaba que él nunca pedía perdón, pues seguía la máxima de un preparador de boxeo que afirmaba que todo el que pide perdón es un cobarde. Pero Summers añadía: «Ahora que todo el mundo te maltrata, quiero regalarte un original»; y terminaba con un deseo: «Me gustaría que no me malinterpretes y sobre todo que no me incluyas en esa banda de buitres que últimamente te persigue con saña».

No le contesté. Algunas expresiones de la carta, reflejo de una virilidad mal entendida, me hicieron retenerme en lo que mis sentimientos me pedían, aceptar sus «disculpas». Poco después, Summers moría. Comprendí que su carta simbolizaba el intento de un hombre que conoce la proximidad de la muerte de pacificar las relaciones con el pasado, quería hacer las paces con todo. Sentí rabia por haber negado apoyo a un hombre que en circunstancias límite de su vida tendía una mano. Yo no conocía esas circunstancias, pero la ignorancia no calmó mi pena.

UN ENCUENTRO MEMORABLE

El gran escritor mexicano Octavio Paz, de paso por Madrid, manifestó su deseo de encontrarse conmigo. Nos reunimos una tarde otoñal alrededor de una mesa con tazas de café y vasos de agua en el Hotel Palace. Fue una jornada inolvidable, una conversación literaria que giró sobre todo en torno a la poesía española con algunas incursiones en temas más prosaicos.

Mientras hablábamos y reíamos con las anécdotas contadas vino a pasar el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Nos vio, se paró, y con su voz acampanada gritó: «Una novela de Tolstoi: Guerra y Paz». Reímos todos por la ocurrencia.

En la conversación paseamos juntos, con nuestras opiniones, por la obra de Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Miguel de Cervantes, Miguel Hernández, Eloy Sánchez Rosillo, que él no conocía y yo le ponderé, Juan Gil-Albert...

Se mostró vivamente sorprendido de los conocimientos literarios de un político, según él rara avis en el peregrinar de su vida. Me pidió le consiguiera alguno de los sonetos inéditos de Miguel Hernández, que publicaría en breve el Instituto Gil-Albert, para su revista mexicana Vuelta.

Me ofreció una comedia inédita de Luis Cernuda de publicación en Vuelta. Alabó Andalucía y la sabiduría del vivir de la que están dotados sus naturales.

Se interesó por los textos del seminario que la Fundación Sistema celebraba cada año en Jávea. Le prometí enviar los libros de Jávea: el de Elegías de Sánchez Rosillo, los sonetos de Lorca cantados por Amancio Prada y los sonetos de Hernández que deseaba publicar en su revista. Nos despedimos con una grata sensación que ya sería natural en nuestras relaciones posteriores.

Pocos días más tarde recibí una carta de Octavio Paz desde México. Su lectura me produjo una gran satisfacción. Creo que no es gesto de vanidad sentir orgullo por sus palabras: «Aún no me he rehecho del asombro que me causó nuestra conversación en el Palace. Me habían hablado de tu afición a la poesía, pero una cosa es oír algo y otra verificarlo por uno mismo. Descubrí además que el verdadero nombre de esa afición es amor, y recordé que el amor es conocimiento». Me agradecía en su carta el envío de los poemas, libros y discos; confirmaba que tras la lectura de Sánchez Rosillo le parecía «un verdadero poeta», y last but not least comentaba los ensayos sobre el futuro del socialismo de Jávea, lamentándose de la realidad política de su país. «¡Ah, si tuviéramos en México un partido socialista democrático! Es uno de los grandes ausentes, no solo de nuestra vida política, sino de los hábitos mentales de nuestros intelectuales. Su tradición ha sido la de la rama autoritaria del marxismo y solo hasta ahora comienzan a descubrir la crítica y la democracia. Esta es, sin duda, una de las razones de su escasa penetración en el pueblo.»

Guardo un recuerdo imborrable de aquella conversación con Octavio Paz, que continuamos en algunas ocasiones; especialmente emotivo fue un largo intercambio de sensaciones la noche del día que conoció el otorgamiento del premio Nobel, él desde el hotel de Nueva York, yo en Madrid.

CONTRA EL ÚLTIMO TIRANO

Una tarde cruzaba la calle para entrar en el Congreso de los Diputados para asistir a una sesión plenaria cuando se me acercó una hermosa mujer joven que me dijo apresuradamente: «Señor vicepresidente: soy paraguaya, estoy trabajando por la unidad de la oposición al dictador Stroessner y me gustaría que usted pudiera ayudarnos. Mi nombre es Gloria Jiménez. ¿Podría usted recibirnos?».

Le contesté rápido: «Mañana, a las nueve de la mañana, en mi despacho de Moncloa». El rostro se le contrajo en un gesto de contrariedad. «Es que debería acompañarme una persona que está en Toulouse, Roa Bastos.» Asombrado, le pregunté: «¿Augusto Roa Bastos, el novelista?». «Sí, el mismo», contestó. «Dígale usted a Roa Bastos que fije él la fecha en que pueda venir y me la comunican a este teléfono.» Le di una tarjeta. Se quedó parada en medio de la calle, con cara de arrobo, que me emocionó.

Mientras penetraba en el hemiciclo luchaban en mi mente el recuerdo de dos personas opuestas en mi consideración. Rememoré al grosero dictador Stroessner, su cara congestionada cuando me negué a hablar con él en Brasil, en el acto de toma de posesión de Neves, que lo fue de Sarney. ¿Colaborar en la lucha contra un tirano, ayudar a la sociedad paraguaya a recuperar la democracia? ¿Cómo podía negarme? El otro recuerdo fue el de Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo, el continuador con su novela Yo el supremo de la tradición de Valle-Inclán (Tirano Banderas), Miguel Ángel Asturias (El Presidente) y después García Márquez (El otoño del patriarca) y Vargas Llosa (La fiesta del chivo). Debía a Roa Bastos muchos momentos intensos de la lectura de sus libros; ahora se me presentaba la ocasión de ofrecer mi ayuda a la noble tarea de construir la democracia en su país.

Convocamos unas «Jornadas para la democracia en Paraguay» en Madrid, a las que asistieron representantes de partidos políticos, de movimientos sociales, del campesinado, del mundo de la cultura y de los medios de comunicación, con el objetivo de coordinar sus acciones para recuperar la democracia en Paraguay y terminar con la dictadura de Stroessner. Pronunciamos unos discursos de bienvenida y orientación Augusto Roa Bastos y yo; después nos ausentamos y les dejamos debatir, por primera vez todos juntos, acerca de una alternativa a la dictadura. Y el esfuerzo fructificó. Diez años después se recordarían aquellas jornadas en Asunción, donde fuerzas políticas y Gobierno tuvieron la deferencia de homenajearme con una frase que me conmovió: «Nuestra democracia también es suya».

SONETOS EN LA CASA CUNA

Conseguí unos sonetos de Miguel Hernández para enviárselos a Octavio Paz para su revista Vuelta. Pertenecían a una colección de «24 sonetos inéditos» que conservaba su esposa, Josefina Manresa. Desde el momento en que ella me confesó su existencia comenzamos a preparar su publicación. Lo hizo el Instituto Gil-Albert en una cuidada edición a cargo de José Carlos Rovira. Me pidieron que fuese yo quien presentara el libro en Alicante. Me desplacé a la ciudad levantina; allí me llevaron a un local donde ofreceríamos al público la novedad de la edición. Al entrar en el salón no sé bien por qué razón creí estar en el de la Caja de Ahorros, tal vez porque allí había dictado yo algunas conferencias. Nos situamos en la tribuna para dar comienzo al acto. En ese momento observé que del fondo del salón aparecía un grupo de enfermeras con sus vistosas batas blancas portando cada una un bebé en sus brazos. Se dividieron en dos filas que ocupaban los pasillos laterales del salón. Me volví al responsable de la organización, el presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela, sorprendido por aquella aparición. Con una leve sonrisa, me calmó, anunciándome que enseguida lo explicaría.

Empezó su discurso agradeciendo a la Casa Cuna su hospitalidad para la presentación del libro. ¿La Casa Cuna?, ¿por qué la Casa Cuna? Enseguida se me desveló el misterio. El presidente de la Diputación contó sus correrías infantiles por aquella casa; era un inclusero y había querido mostrar cuál era su condición social. Me emocionó. En la vida política lo frecuente es que los famosos o populares velen los aspectos menos brillantes de su vida. Fernández Valenzuela se sentía orgulloso de su origen y agradecido a las personas que le cuidaron cuando era un niño, y quiso mostrarles su reconocimiento en la primera ocasión que encontró, la visita del vicepresidente del Gobierno. Hablé conmovido de Hernández y de Fernández.

Lo primero que sorprendía del libro de sonetos inéditos de Miguel Hernández es que, tantos años después de su muerte, fuera posible la publicación de poesía inédita de tan gran poeta. Una sorpresa inicial que desaparece cuando se analizan las circunstancias políticas que ha vivido España durante muchos años y que han sido, sin duda, la causa que ha impedido el conocimiento profundo y completo de la poesía de Miguel Hernández. La dinámica cultural de la posguerra era un ambiente hostil, nada propicio para que un poeta de la fuerza y la lucidez de Miguel Hernández fuese estudiado, analizado y conocido con la profundidad y la amplitud necesarias. Esos desgraciados hechos históricos ocurridos en España, entiendo yo, son los que explican que, tantos años después, estuviéramos presentando sonetos inéditos de un poeta universal.

Según José Carlos Rovira, presentador de los veinticuatro sonetos, estos fueron escritos entre los años 1933-1935. Es un momento de creación de Miguel Hernández a caballo entre su primer libro, Perito en lunas, publicado por la editorial Sudeste, en 1933, con el apoyo de algunos amigos y prologado por su fraternal compañero Ramón Sijé, y ese otro libro definitivo y central en la obra de Miguel Hernández, El rayo que no cesa, publicado en enero de 1936 en la colección Héroe por Altolaguirre y Concha Méndez. En estos años, Miguel ha retornado a Orihuela (1932) después de su primer viaje poco alentador a Madrid. Allí no encontró el ambiente propicio que esperaba y hubo de retornar a su ciudad natal, si bien por poco tiempo, pues en 1934 ya emprendió un nuevo viaje a Madrid.

Es un período en que el poeta va transformando su concepción estética, madurando su propio lenguaje. Es tiempo aún de una cierta ingenuidad que no merma la belleza de los sonetos, sino que la acrecienta. Sonetos en los que es perceptible la fragancia propia de su tierra y de la propia biografía del autor tan conectada con realidades campesinas. Miguel, tan conocedor de pájaros, corderos, piedras, cardos, aires y almendros. Sonetos también por los que ha pasado con paso presuroso, mil gracias derramando, san Juan de la Cruz. Ecos que son reconocibles en el mismo título de El silbo vulnerado, pues vulnerado era el ciervo del Cántico espiritual.

En los sonetos está presente el aliento de lecturas de san Juan de la Cruz y está también subyacente Garcilaso. En casa de Manolo Altolaguirre y Concha Méndez —nos recuerda en su Memorabilia Juan Gil-Albert— se hablaba de Garcilaso. Allí, en aquellas comidas improvisadas, junto a Moreno Villa «con su porte impecable», también se encontraba Miguel Hernández, «que traía en la cara una coloración rosa de aire montaraz». En este período de los años medios del decenio de los treinta se produce el redescubrimiento de Garcilaso, a punto de celebrarse el centenario de su muerte, producida en 1536.

Estaba reciente aún la celebración del centenario de Luis de Góngora, que tuvo su coronación con un número extraordinario de la revista Litoral, un centenario que dio impulso y cohesión, y hasta fecha, a una generación, la generación del 27; mas eso ya en los años 34 y 35 era pasado, pasado reciente, pero pasado, aunque no cabe ignorar la influencia decisiva que había tenido sobre los poetas de la época y entre ellos en el Miguel Hernández de Perito en lunas. No fue, por diversas causas, tan decisivo y aglutinante poéticamente el autor toledano como lo fue el cordobés, si bien su influencia es indudable en los poetas del 27 y en el propio Miguel Hernández. Y no solo en la temática pastoral elegida, que en Garcilaso fue un recurso poético propio de la época en que escribió, una forma idealizada de entender la realidad tan alejada de su verdadero oficio de soldado y de guerrero. Mientras en Miguel Hernández no fue solo el tema de pastores, con sus ganados y quebradas, un juego poético, sino un duro oficio desempeñado teniendo «la soledad por ejercicio y el silencio por sabio y por contento», como nos dice el poeta.

Existe, sin embargo, otro elemento de proximidad entre Miguel Hernández y Garcilaso, y es la utilización del soneto como forma poética.

El soneto ha sido una forma poética en la que se han expresado los más grandes vates castellanos, produciéndose a lo largo de los siglos flujos y reflujos en su utilización, como una forma más entre los plurales caminos expresivos de los poetas. El soneto fue cultivado por la generación del 27 (Aleixandre, Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego...) y, en este contexto, como el más genuino continuador de esa generación, lo utilizó también Miguel Hernández.

Los veinticuatro sonetos de Miguel Hernández que presentábamos, siendo como parecen camino intermedio, tránsito en un proceso de decantación y perfeccionamiento, de maduración personal y estilística, tienen hallazgos que ya anuncian la rotundidad clásica y universal de El rayo que no cesa. En una lectura reposada del libro fui encontrando versos que ya definen la voz personal, única, del gran poeta que fue Miguel Hernández. Así:

comunico las piedras con las flores,

acreciento el clavel, la tierra ordeno

y torno alegres pascuas las más graves.

Enriqueciendo con sus versos el paisaje, ordenando por encima de la naturaleza los elementos que observa. En el soneto titulado «Hortelano-Doliente», adelanta y anuncia la primavera. Desde el conocimiento profundo de la tierra y el paisaje y la intuición optimista de quien presiente la luz desde la oscuridad, la fuente desde la sed.

Enero, ya la tierra está en amores,

con un color de madre en la mejilla,

ya siento circular bajo su arcilla

la purísima sangre de las flores.

Y en el titulado «Ojos-Indómito», en un primer cuarteto del que destaco los dos últimos versos, que bastarían, en mi opinión, para dejar constancia por sí solos de la altura de un poeta:

¿Adónde vais mis ojos desbocados

rostro abajo, saliendo de la senda

de la virtud? ¿Tras qué liviana prenda

vais, prendidos, mis ojos, y prendados?

O aquel otro que describe el carácter efímero de la vida a través de la rosa:

Para vivir muriendo acelerada,

no valía la pena ser hermosa,

ni siquiera nacer, ni estar celada,

en ti, tu madre, ni llamarte rosa.

A veces, como en el último soneto del libro, se siente la tentación de identificar la esperanzada siembra del campesino con las expectativas del creador tras la obra realizada:

El grano, una esperanza derramada,

por el esperanzado campesino,

dio en el aire un relámpago divino

y avalora la laborable nada.

La llegada de Pablo Neruda a Madrid y su revista Caballo Verde para la Poesía, que lanzaba desde su primer número el grito «por una poesía sin pureza», aceleraba el proceso de toma de conciencia social y política no solo de la generación del 27, sino también de quienes siendo más jóvenes, como Miguel Hernández, habían sentido tan de cerca, tan pegadas a su piel y en su propia sangre, las injusticias de una sociedad clasista y desigual. En estos años, Miguel Hernández asume el compromiso total con la causa del pueblo y toma conciencia de que su poesía, desde su raíz popular, le une, le identifica y le solidariza con el pueblo, frente a quienes le oprimen y le explotan.

Miguel Hernández, poeta único y universal, uno más de ese pueblo.

Su dedicatoria del libro Viento del pueblo a Vicente Aleixandre refleja bien, entiendo, la posición del poeta:

Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, en este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo.

Miguel, como tantos otros, fue víctima del odio cruel y fratricida. A sus treinta y dos años dejó una obra irrepetible y universal. Sus verdugos serán olvidados y despreciados por su pueblo, y Miguel seguirá vivo en sus versos cantando al huerto y a la higuera, a las aladas almas de las rosas, hablando a cada ser humano de compañero a compañero.

EL LABERINTO VASCO

En noviembre se celebraron elecciones en Euskadi. Los resultados depararon una grata sorpresa. Los socialistas vascos obtuvieron más escaños que el Partido Nacionalista Vasco, aunque este les superó en número de votos. Se planteaba, pues, la alternancia en el Gobierno de Euskadi, que significaba algo más que la sustitución de un partido por otro en el Gobierno. Suponía la pérdida de la hegemonía nacionalista, que se percibía hasta entonces como un hecho natural. De inmediato, Txiki Benegas y Ramón Jáuregui comenzaron las conversaciones con todos los grupos, PNV, EA y EE (AP había tenido un rotundo fracaso, que algo influyó en la renuncia de su líder, Fraga Iribarne). El resultado fue descorazonador. Ningún grupo estaba dispuesto a formar una mayoría que implicase que el presidente o lehendakari fuera socialista. Ante tal negativa, solo existían dos salidas: forzar nuevas elecciones, por incapacidad para formar una mayoría en la Cámara de Vitoria, o intentar un acuerdo con el PNV, en el sobrentendido de que solo lo aceptarían con presidente nacionalista.

Esta fue la fórmula elegida. Lehendakari, Ardanza; vicelehendakari, Ramón Jáuregui, un Gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas que parecía una claudicación, el partido con mayor representación parlamentaria cedía la presidencia, pero que era un ejercicio de positivismo político. Otra fórmula de gobierno era imposible.

¿Fue la coalición un acierto o un error histórico? Para valorarlo no podemos hacer trampa, no vale hacerlo tomando en cuenta el conocimiento que tenemos de la evolución posterior del PNV. Es preciso examinarlo en el contexto del momento en el que se tomó la decisión. Siempre he creído que es más conveniente atraer al nacionalismo hacia las posiciones legales y constitucionales que empujarles hacia la rebelión contra el sistema democrático. Aunque siempre he guardado también una desconfianza sobre el carácter excluyente de toda manifestación nacionalista. Del balance que puede hacerse de la colaboración socialista-nacionalista creo que resulta un saldo positivo. El Partido Nacionalista Vasco moldeó muchas de sus actitudes a las exigencias constitucionales que les planteaban los socialistas. Se logró un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo. Los Acuerdos de Madrid, de Ajuria-Enea y Pamplona han constituido la máxima cota de sentido político entre todas las fuerzas políticas, lamentablemente puesta en crisis por la derecha española unos años después, y despreciada recientemente por los nacionalistas del País Vasco.

La cruz de la moneda se identifica con el esfuerzo del PNV en el poder para penetrar hasta los últimos terminales de la sociedad vasca en un control invariable y sistemático, lo que ha hecho más difícil la posibilidad de la alternancia. Más allá de la deslealtad al pacto de la transición practicada por el PNV en los últimos tiempos, mantengo mi fe en aquel acuerdo de gobierno. Fue lo mejor en el momento para Euskadi y para toda España. Cosa diferente es la sensación de frustración que haya podido crear respecto a un futuro de gobierno no nacionalista en el País Vasco. Tengo para mí que con convicción y tenacidad ese escenario llegará y cambiará todos los prejuicios fomentados por la propaganda de los mitos nacionalistas.

LAS AMARGURAS DEL PODER

Un incidente menor si medimos las consecuencias, pero grave en el ámbito moral, me hizo comprender la fragilidad de la conciencia que proporciona el uso del poder.

Finalizada la primera legislatura de Gobierno socialista, Gregorio Peces-Barba anunció, yo lo sabía por él desde mucho antes, que no seguiría en el Parlamento, permitiendo así el relevo en la presidencia de la Cámara. Poco después, el Congreso de los Diputados organizó el acto de instalación del retrato del ex presidente, una tradición algo anticuada. Se aprovechó el momento para la imposición del Collar de San Raimundo de Peñafort, concedido por el Gobierno en razón de su cese como presidente del Congreso. Para la imposición había contraído el compromiso el presidente del Gobierno. La ceremonia estaba prevista en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, con la asistencia de los miembros de la Mesa, los portavoces parlamentarios, diputados, senadores, familiares y amigos.

Cuando llegué al Congreso me condujeron al despacho del presidente, Félix Pons, donde ya aguardaban al presidente del Gobierno el homenajeado y los presidentes del Congreso y del Senado. Llegó la hora del acto, y el presidente no acudía. Pasados unos minutos tuve una informe intuición: algo pasaba. Me excusé manifestando que debía comunicarme con mis colaboradores, pasé a un despacho anejo y llamé al presidente del Gobierno. Se puso al teléfono y me dijo que no asistiría al acto. Me enfadé, pero me contuve. Le argumenté que cuando el presidente del Gobierno se compromete a un acto público está obligado a cumplir. Me reiteró varias veces su negativa. Debí elevar la voz, porque años después supe que en el despacho contiguo, donde esperaban las autoridades y el homenajeado, se oyó: «Pero ¿cómo no vas a venir? Tú le has concedido la cruz a Gregorio, le has dicho que vendrías. ¡Tienes que venir!». «De acuerdo, voy para allá.»

Volví al despacho donde estaban los demás y disimulé (qué absurdo quedaría para los que me oyeron), excusando al presidente: se había retrasado, pero ya estaba en camino.

Mas no habíamos recorrido todo el camino del calvario. El presidente llegó, saludó a todos y nos desplazamos al Salón de los Pasos Perdidos, donde el público se impacientaba.

El presidente le impuso la condecoración a Gregorio y él contestó agradeciéndoselo, y se terminaba el acto con las palabras del presidente del Gobierno. Saltó la sorpresa para todos: en su intervención hizo un elogio del ex presidente del Congreso... Landelino Lavilla.

Se podía apreciar el disgusto de Gregorio, la incomodidad de Lavilla y la sorpresa —no entendían nada— de todos los presentes. Felipe había por fin aceptado venir, pero encontró otra forma de manifestar su desagrado, una ofensa gratuita e injusta a quien había sido un gran colaborador y compañero leal.

En aquel momento me lo prometí: el día que cese en el cargo no admitiré ninguna condecoración para evitar espectáculos tan poco morales por insinceros.

EL TRASLADO DE UN MUSEO

En las primeras horas de la tarde recibí una llamada telefónica del arquitecto Ricardo Bofill. Estaba en Lugano (Suiza) y me llamaba para anunciarme un hecho que consideraba importante y que acababa de conocer. Había almorzado con el barón Thyssen y su esposa, Carmen, en Villa Favorita, su residencia en Lugano. Durante la comida le habían contado que trasladarían su colección de arte por cuestiones relacionadas con los impuestos y la residencia mínima que le exigían en el país para su reducción o exacción. Ricardo me habló de la importancia de la colección y de la oportunidad que se brindaba a España. La esposa del barón es española y esa condición podría ser un elemento claro a la hora de decidir la instalación.

Mostré mi interés a Ricardo, le agradecí la información y le pregunté qué creía él que podríamos hacer. Me respondió: «Invitarles a comer en el palacio de la Moncloa. Les gustará. Mañana salen para Londres, pero en pocos días podrían volar a Madrid; viajan en avión privado». Le sondeé: «¿Puedes invitarles tú en mi nombre? No les conozco ni tengo por qué saber lo que me has contado, no tengo una razón para hacerlo». «Vuelvo a Villa Favorita, ¿te parece bien a principios de la próxima semana?». Así fue. Pero quise amplificar el efecto que pudiera tener la invitación. Me dirigí al despacho de Felipe y le conté el asunto, haciéndole ver que sería más eficaz si el presidente del Gobierno participaba en el almuerzo previsto. Felipe aceptó.

En Moncloa nos encontramos para comer el barón, su esposa, el presidente del Gobierno, Ricardo Bofill y yo. La conversación fue educada, amable, simpática; pero llegado el momento del café, nadie habló del asunto de la colección. Así que me lancé directamente al tema. Les expuse que conocía los problemas de mantenimiento en Lugano de la colección de arte, de su intención de trasladarla y de nuestra disposición a facilitar todo lo necesario para que en España pudieran admirarse unas obras tan importantes. El barón no se comprometió, farfulló algunas vaguedades, pero introdujo algunos datos que capté y guardé de inmediato. Fuese al país que fuese la colección, necesitaría un edificio noble, bien situado en la ciudad; solo sería un depósito temporal, sus dueños tendrían que controlar la marcha del museo y otras circunstancias que consideraba imprescindibles para el momento de la elección del lugar de establecimiento de la colección. Su esposa, tímidamente, sugirió que España era un país de gran arte, que el Museo del Prado daba un carácter especial a la ciudad de Madrid, lo que fue apuntalado por unas fervorosas palabras de Bofill.

El presidente del Gobierno garantizó el máximo apoyo en el caso de que aceptasen la hospitalidad española.

Inmediatamente comenzamos a trabajar. Había que localizar el edificio para la exposición permanente. Encontramos el palacio de Villahermosa, que había sido sede del Banco Pastor y estaba desocupado. Hicimos los cálculos económicos, fijamos que el préstamo de las obras no podría ser inferior a diez años prorrogables y concebimos la creación de una fundación en la que la familia Thyssen tuviese un papel clave. Tras muchos contactos, ofertas y matizaciones, por fin una tarde, reunidos en mi despacho con el barón y la baronesa, dijeron: «Estamos de acuerdo en traer a Madrid la colección, pero exigimos dos condiciones. Usted [se dirigían a mí] debe formar parte del Patronato responsable del Museo y Ricardo Bofill debe ser el arquitecto que haga la remodelación del palacio de Villahermosa».

Al oír que pondrían dos condiciones, me asusté; creí que establecerían algunas nuevas exigencias imposibles de cumplir. Ante los requisitos que exigían, me tranquilicé y les contesté que por nuestra parte no había objeciones. Así fue como se acordó la creación del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, aunque lo que se ha contado sea algo muy diferente.

Pusimos el asunto en manos de los servicios jurídicos del Gobierno y de los técnicos del Ministerio de Cultura para formalizar administrativamente el acuerdo. El ministro de Cultura, Javier Solana, me explicó que había conocido la exigencia de que yo formara parte del Patronato, a lo que él pensaba que yo debía negarme, «porque ¿qué hace un socialista en un Patronato con aristócratas?». Le dije a Solana que yo no había pedido nada, mi pudor me impedía hacer fuerza para obtener ningún puesto; que había sido una condición del barón y su esposa; que yo había aceptado para lograr el proyecto de instalación del museo, pero que no me apasionaba figurar en ningún Patronato. Solana lo interpretó de inmediato como una negativa mía y no se volvió a hablar del asunto.

Bofill comenzó a preparar la remodelación del palacio, pero pronto sería sustituido por Rafael Moneo. Pedí la razón del cambio al ministro de Cultura y me informó de que Bofill era demasiado caro y caprichoso.

Los hechos son implacables. Las dos condiciones impuestas por el barón se transformaron en algo bien distinto: cuando se inauguró el museo, ni Bofill ni yo recibimos una invitación.

A los pocos días fui a visitar la maravillosa colección. Como ciudadano libre compré una entrada y me paseé por las salas disfrutando de la belleza de las pinturas y con la satisfacción interna de haber contribuido a que aquel tesoro artístico pudiera contemplarse en Madrid, a pesar de que a la entrada se atribuyera todo el mérito a un duque, el de Badajoz. Misterios de la política.

EL REGADOR REGADO

La gestión del Gobierno atravesaba una etapa más tranquila, salvo en la hostilidad que iba gestándose en el sindicato UGT. Los agravios o la percepción de agravios neutralizaban las acciones de política social que emprendía el Gobierno, aunque también este colaboraba a una parte de la deslegitimación de su propia gestión con declaraciones poco afortunadas sobre la naturaleza del proyecto socialista. Era el comienzo de una agudización del discurso liberal frente a la política socialdemócrata que realmente hacía el Gobierno. La contradicción entre la política socialdemócrata que inspiraba la acción del Gobierno, de todo el Gobierno, y el discurso de corte economicista neoliberal de algunos de los ministros del Gobierno tenían efectos arrasadores, porque una sola declaración pública útil para el ataque del sindicato al Ejecutivo anulaba el gran esfuerzo de igualación social que con enormes dificultades hacía el Gobierno.

Más allá del problema deslegitimador del sindicato, el Gobierno preparaba con ilusión dos acontecimientos que se convertirían en un buen pretexto para avanzar en algunos importantes proyectos de infraestructuras en Andalucía y Cataluña. Desde el comienzo de la segunda legislatura socialista el Gobierno había tomado la opción de realizar una auténtica revolución en las estructuras de la comunicación. Miles de kilómetros de autovía, grandes reformas de la red ferroviaria, implantación del tren de alta velocidad, modificaciones sustanciales de los pasos de carreteras por las grandes ciudades eran algunas pruebas del afán reformador del Gobierno en esta materia, para el que contó con un ministro entusiasta, trabajador y riguroso, Javier Sáenz Cosculluela.

Este planteamiento del Gobierno obedecía a dos factores complementarios. España necesitaba eliminar estrangulamientos estructurales que impedían el desarrollo del país hacia la modernidad y la normalización de usos y consumos; y en un renacimiento de las tesis keynesianas, la depresión económica y el aumento del desempleo exigían una alta tasa de inversión pública dirigida sobre todo a grandes obras públicas que creasen empleo y modernizaran las estructuras.

Trabajábamos en una situación política de cierta comodidad. La oposición no daba muestras de encontrar un papel con fuerza en el juego político democrático. El partido principal, Alianza Popular, presentado a las elecciones como Coalición Popular, se desintegraba en diferentes grupos en el Parlamento, y su dirigente máximo, Fraga Iribarne, abandonaba en beneficio de un joven abogado, poco conocido, que para mayor dificultad no ocupaba un escaño en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernández Mancha; esto sería probablemente, la necesidad de darse a conocer en un debate en el Parlamento, lo que le induciría a plantear muy pronto una moción de censura al Gobierno.

La censura se sustanció parlamentariamente el 26 de marzo de 1987. Hizo el alegato de censura el diputado Juan Ramón Calero Rodríguez, en una intervención no muy afortunada; es verdad que no lo tenía fácil: solo treinta días antes se había celebrado el debate del Estado de la Nación y no pudo hacer otra cosa que repetir los argumentos expresados por AP un mes antes.

Después del prolijo y habitual catálogo de catástrofes que padecía el país, el diputado acusó al presidente de atender solo a los militantes socialistas y despreciar al resto de los españoles, por lo que le identificaba con Septimio Severo, que poco antes de morir aconsejó a sus hijos que pagasen a los «militantes», en una penosa confusión de miles como militantes frente a soldados.

Me correspondió a mí hacer la defensa del Gobierno. En mi discurso intenté exponer el significado de aquel acto parlamentario y la realidad política que se vivía en España. Aclaré que la moción de censura

... no es un debate de política general como el que hemos realizado hace tan solo unos días. Debe tener en cuenta como elemento determinante la finalidad que la Constitución le atribuye, que es el intento de sustitución de un Gobierno por otro de diferente signo. En este caso concreto sería la sustitución de un Gobierno socialista por un Gobierno conservador de Alianza Popular. Esa posibilidad de sustitución está vinculada, lógicamente, a la formación de una mayoría parlamentaria alternativa. Es decir, a la hipótesis verosímil de que exista en la Cámara una relación de fuerzas que permita colocar al Gobierno en situación minoritaria y construir una mayoría de diputados capaz de sostener al Gobierno que se propone. Es, por lo tanto, responsabilidad política exclusiva de quien asume esta iniciativa el que se den, al menos potencialmente, las condiciones que la hagan coherente y adecuada a su sentido constitucional.

Esto me permite formular una primera observación sobre la moción presentada por Coalición Popular y defendida por el diputado señor Calero. Al margen de la legalidad de la iniciativa, que nadie discute, lo cierto es que esta moción de censura no responde ni objetiva ni subjetivamente al sentido político constitucional de este mecanismo parlamentario; luego veremos a qué responde. Digo que no hay razón objetiva porque no hay ni un solo dato, en la realidad parlamentaria, que permita pensar en la posibilidad, aunque sea lejana, de que los firmantes de la moción puedan aglutinar en torno a su candidato, en el entorno de la propuesta, una mayoría capaz de sostener un Gobierno. Más bien al contrario, esta moción se presenta por un Grupo Parlamentario que viene sufriendo un proceso de reducción acelerada de sus apoyos parlamentarios, que en unos meses ha pasado de 106 diputados a poco más de la mitad. Incluso hay algunos que opinan que Coalición Popular ha presentado la moción de censura en este momento cuando aún tiene diputados suficientes para hacerlo de acuerdo con la Constitución. Pero, señorías, a mí más bien me parece que están sufriendo un efecto perverso, un efecto bien analizado por los estudiosos, en virtud del cual, a medida que un grupo de oposición se va empequeñeciendo y sus posibilidades de ser mayoría van siendo menores, aumenta su radicalismo y disparan cada vez más alto. Así, mientras tuvieron más de cien diputados, se cuidaron mucho de lanzarse a la moción de censura; en pleno proceso de disminución de su grupo intentaron reprobar a dos ministros, y ahora que van por sesenta y siete diputados amenazan con formar Gobierno. ¿Se dan ustedes cuenta de que no están en condiciones de censurar a nadie?

Intenté desmontar el continuo recurso del diputado conservador a la «situación de conflictividad», distinguiendo entre problemas reales de algunos sectores de la población que expresan situaciones de desigualdad y necesidades humanas, hasta exigencias puramente corporativas, de quienes solo pretenden obtener privilegios.

No quise dejar pasar la ocasión sin hacer una reflexión de tipo general sobre las acusaciones que se nos hacían.

Cualquier acción de gobierno es, por definición, insuficiente, sobre todo en una sociedad viva como la española, en la que el propio avance social plantea permanentemente nuevos problemas y nuevas demandas. Cualquier decisión de gobierno supone una prioridad y, por lo tanto, una cierta renuncia a lo que no es prioritario, ya que entendemos que no es factible cumplir todos los objetivos a la vez. Por cierto, hay cuatro años para cumplir un programa en cada legislatura. Lo importante, creo yo, a la hora de valorar la actuación de un Gobierno y también en la actuación de la oposición, es determinar su orientación, saber si en el proceso histórico se avanza o se retrocede, y en las críticas al Gobierno tan importante es escuchar lo que se dice como saber qué y quiénes están detrás de lo que se dice. El Gobierno socialista puede tener problemas con los estudiantes o con cualquier otro sector de la enseñanza, pero nadie puede olvidar que este es el Gobierno de la LODE, de la autonomía universitaria, de la Ley de la Ciencia, de la democratización de la enseñanza; puede haber, y de hecho las hay, insuficiencias en la sanidad, pero el Gobierno que trata de resolver esas insuficiencias es el Gobierno de la Ley General de Sanidad, el de los centros de salud, el de la cobertura sanitaria para el 96 por 100 de la población española. Podemos tener algunas discrepancias con tal o cual central sindical, pero lo hacemos desde la ley de cuarenta horas de trabajo semanales, desde la devolución del patrimonio sindical, desde la Ley de Libertad Sindical. Las prestaciones sociales deberían mejorar, deben mejorar, pero sin olvidar la revalorización automática de las pensiones, el aumento del subsidio de desempleo, la reforma del empleo comunitario. Nunca se puede decir que se ha llegado al final en materia de libertades, pero esto es sobre todo cierto para el Gobierno con el que se ha producido la consolidación definitiva de la democracia, para el Gobierno de la Ley de Reunión, del Derecho de Asilo, de la Iniciativa Legislativa Popular, de la Despenalización Parcial del Aborto, del Habeas Corpus, de la Objeción de Conciencia. Sigue haciendo falta, sin duda, dar más eficacia a la Administración y la Justicia, pero hasta ahora nadie había establecido un sistema de incompatibilidades, ni se había aprobado una Ley Orgánica del Poder Judicial. Siempre aspiraremos a una mayor y mejor presencia de España en el mundo, pero esa aspiración es más posible hoy tras haber ingresado en la Comunidad Europea y con un Gobierno comprometido con la causa de la unidad política de Europa.

Señorías, no hay que olvidar que cuando desde la derecha se ataca al Gobierno y se alientan movimientos sociales que expresan aspiraciones muchas veces justas y legítimas no es porque se pretenda avanzar más por un camino de progreso, sino para conseguir, en coherencia con sus postulados ideológicos y con los intereses que se defienden, la paralización o el retroceso de esas y otras muchas reformas, que, contadas las insuficiencias que se quieran, son las que ha hecho este Gobierno y son las que un Gobierno de derechas no hubiera hecho jamás.

Se dice por quienes presentan esta moción de censura que el Gobierno está de espaldas a los ciudadanos. Como tantas veces ocurre con los discursos de Alianza Popular, se trata de una afirmación indemostrable en sí misma; pero la democracia nos proporciona un instrumento para comprobar la veracidad de estas afirmaciones: las urnas, que a nosotros nos gustan —esperamos que a ustedes también—, y estas han mostrado, hasta ahora, a quién vuelven la espalda los ciudadanos cuando se trata de decidir sobre su futuro.

El impacto de mi discurso generó por primera y única vez la unanimidad de la prensa en una valoración favorable. La sola ocasión en la que toda la opinión publicada se inclinó por alabar el fondo y la forma (así lo reflejaron) de un discurso que solo pretendía poner en evidencia una estrategia política equivocada de la derecha española.

BANDERA NEGRA

La prensa española se había mostrado con frecuencia hostil conmigo. Uno de los grupos que había malquistado en repetidas ocasiones nuestras relaciones era el constituido por los rectores del diario El País, del grupo de información Prisa. Por ello me sorprendió un día la llamada de Juan Benet, que sin duda no representaba al grupo pero oficiaba como una especie de gurú intelectual. Yo admiraba el alto sentido conceptual de sus novelas, especialmente Una meditación y Volverás a Región, aunque no formaba parte del coro de aduladores que le leían poco y le alababan mucho. Benet me pidió una entrevista y le cité de inmediato.

Cuando le recibí comprobé que el motivo de su aproximación no estaba en relación con la literatura, sino con su profesión: era ingeniero. El caso es que un colega y amigo suyo trabajaba en una empresa española en uno de los grandes proyectos que los españoles realizaban en Argelia. Había sido detenido por «sobornar» a una autoridad argelina a fin de conseguir que le facilitara algún trámite administrativo para continuar la obra. Había sido descubierto y encarcelado, y se esperaba para él una grave condena. A Benet le habían contado que solo mi intervención, por mis buenas relaciones con los argelinos, podría resolver o paliar el problema.

Conocía la realidad de los países con fuerte desarrollo que habían de valerse de empresas y técnicos europeos. Algunas autoridades administrativas o políticas les exigían a las empresas el pago de unas cantidades, pero por otro lado cada año se descubrían uno o dos casos que se castigaban con dureza para ejemplarizar a la Administración. Al ingeniero amigo de Benet le había tocado la expiación pública de los vicios privados de los responsables públicos. Me ofrecí a Benet para gestionar el affaire, utilizando las relaciones al más alto nivel que pudiese, por lo injusto de hacer pagar a un empleado que era urgido por la empresa a terminar la obra y por los administradores argelinos a pagar la gabela. Y ahora le querían hacer pagar a él. Comprendía la angustia de su familia, de sus amigos y sobre todo del interesado, así que le aseguré que me emplearía a fondo para salvarle del infierno que estaría pasando.

Juan Benet, un hombretón altísimo, su cabellera abundante y totalmente blanca, me pareció un niño cuando con candidez me dijo: «No entiendo por qué mis amigos me hablan así de ti. Te quedo muy agradecido por la diligencia con que me has recibido y por el interés que muestras en el asunto y te garantizo que a mis amigos les contaré cómo eres, tan diferente a como ellos se empeñan en definirte».

Me hizo gracia su inocencia y la buena disposición y le aconsejé que no se preocupara, que ya sabía yo los intereses que se cruzan en la vida política y que justifican la elaboración de clichés sobre las personas.

Afortunadamente logramos la liberación del español empujado a pagar y castigado por hacerlo.

Poco tiempo después dos gestos de aproximación de Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián los achaqué de hecho al novelista Juan Benet. Lo cierto es que Cebrián me ofreció una entrevista extensa en El País con su intervención como periodista, circunstancia que ponderó como excepcional y lo repitió en la entradilla de la entrevista.

Fui invitado por Polanco y Cebrián a participar en la XXXVI Asamblea General del Instituto Internacional de Prensa, que se celebraba en Buenos Aires coincidiendo con un viaje mío. Participé exponiendo la situación española y la labor de los socialistas con una conferencia que titulé «La democracia española y los socialistas».

Dado que los grupos periodísticos funcionan en España como tribus hostiles, Juan Tomás de Salas, del Grupo 16, protestó mucho por mi presencia en la Asamblea del IPI. El mismo Cebrián hacía mención «a la que armó Juan Tomás» en su carta de agradecimiento por mi participación en Buenos Aires. Además recibí una pequeña cinta magnetofónica en un sobre con remite de un financiero conocido (no revelo su nombre, pues podría ser una jugada de otra persona) que reproducía una conversación probablemente privada en la que Juan Tomás de Salas me insultaba sin limitación. Ello no fue obstáculo para que Juan Tomás me enviara una nota acompañando a un puzle del MOMA en la que escribió: «A pesar de las divergencias —espero que solo políticas—, no resistí la tentación de comprarte este puzle de Nueva York [...] Supongo no será difícil, pero parece divertido». Le contesté con un tarjetón en el que con elegancia mantenía las distancias: «A pesar de las “divergencias” y “otrosíes” que en buen uso de la lengua no pueden denominarse así, debo —noblesse oblige— agradecer el simpático impulso de adquirir un puzle que sin “ser difícil” resulta ciertamente original. Estoy en ello y pronto lo terminaré, como testimonio de aceptación del gesto».

ANTIGUOS Y MODERNOS EN LA ACADEMIA

El joven sabio Francisco Rico fue elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. Deseoso de impulsar el trabajo de la institución, concibió la idea de proponer tras su discurso de ingreso la elaboración de una edición renovada del Diccionario, con el auxilio de todas las técnicas modernas, como forma de celebrar el V Centenario del descubrimiento de las Nuevas Indias, en 1992.

La erudición de Paco Rico —algunos le acusan de pedante; puede ser, pero está tan cargado de razones...— no le impide una noción actual de la repercusión de los instrumentos de la publicidad. Para dar mayor difusión a su proyecto ideó invitarme a presidir la sesión solemne de su ingreso en la Academia, espoleando mi curiosidad ante el rite de passage, ceremonia iniciática.

Paco Rico solicitaba mi presencia con dos requisitos y una promesa. Debía celebrarse sesión en jueves o domingo de mayo o junio, el frac sería inexcusable sin un cierto deslucimiento del espectáculo; y por otra parte ofrecía un discurso, «Lázaro Tormes y el lugar de la novela», «aceptablemente divertido».

Giré cuenta de su petición acordando mi participación, datándola para el jueves 4 de junio y afirmando que mi vestimenta oscura tradicional —y única— bien había de suplantar el innecesario frac.

El nuevo académico consultó con el director de la Academia, Pedro Laín Entralgo, los pormenores citados y todo quedó tal como habíamos previsto. Pero la propuesta en todos sus detalles llegó a la comisión administrativa de la Academia, que la rechazó porque todas las sesiones solemnes se habían de celebrar en domingo. Sabedor Rico de la falsedad —no hacía mucho tiempo había ingresado Jesús Aguirre, duque de Alba, en jueves— y la pusilanimidad de la excusa, la estimó una negativa a su propuesta y renunció a su ingreso. Él no me comunicó este valiente acto de integridad. Lo supe por una carta del director de la Academia, Laín, en la que me daba cuenta del «desagradable quid pro quo», y me solicitaba continuar con el plan acordado para la recepción del nuevo académico.

Se celebró la sesión; Rico estuvo brillante, se mantuvieron las formas clásicas del ceremonial y todos parecían contentos de la sabiduría del recién iniciado académico y de la sobriedad de mi presidencia. Más tarde, Rico publicó su discurso en libro con el generoso gesto de dedicármelo.

En todo caso, algún cerebro perverso confundió mi apoyo a un amigo y admirado especialista humanista —valga la contradicción— con un inventado interés por abrirme las puertas de la Academia. Las estrategias de los numerosos sueltos en los periódicos fue desvelada implacable y oficialmente con la elección de dos directores de periódico, Cebrián y Anson, de la mano, como garantía de general complicidad.

En la antesala de la Academia conversé con un grupo de ilustrados académicos. Entre ellos, Dámaso Alonso, en una decadencia intelectual en razón de su prolongada edad que me hizo entristecer meditando sobre la injusta fugacidad de la vida, especialmente en el caso de hombres de tanta sabiduría acumulada. Alguien citó a Luis de Góngora; Dámaso se interesó por conocer al poeta, él que había puesto ante los ojos de todos la maestría del poeta cordobés.

¿SE PUEDE HABLAR CON TERRORISTAS?

El presidente del Gobierno me anunció que quería tener una conversación extensa y tranquila con el ministro del Interior y conmigo sobre qué hacer para lograr el final del terrorismo.

Acudimos al palacio de la Moncloa, conversamos, cenamos juntos y continuamos hasta la madrugada. El presidente inició la reunión con una exposición corta y precisa de la situación debilitada de ETA por la presión policial y la colaboración de Francia. De inmediato planteó varias preguntas. ¿Creéis que es el momento de establecer algún contacto con la banda? ¿Podemos hablar con ETA? Si es así, ¿cuál debería ser nuestra concreta posición?

Es en momentos como aquel cuando uno comprende el significado de la tarea de gobernar. Tomar una decisión como la que nos pedía el presidente implica un compromiso moral y político que nadie puede sustituir. Se trata de implicarte en una respuesta que puede tener consecuencias importantes por acción o por omisión. No es que fuera una sorpresa, ya había yo reflexionado repetidamente sobre el asunto y compartido reflexiones con Felipe, pero ahora no era un proceso de reflexión, sino una propuesta de acción.

Todos los gobiernos han soñado alguna vez con encontrar la fórmula para terminar de manera definitiva con la actuación terrorista. Todos han explorado en distintos momentos las posibilidades de contar con alguna voluntad de parte de los terroristas para terminar con los actos de violencia.

En aquella ocasión éramos nosotros los que enfrentábamos el hecho posible de manejar los acontecimientos en la dirección deseada por tantas personas, en la dirección que facilitara a la sociedad española un horizonte general más diáfano, sin el lastre de los actos terroristas, sin la amenaza gravitando cada día sobre muchas personas en Euskadi.

Fue una conversación racional, sincera, prudente y valiente. La conclusión fue que si la banda terrorista atravesaba un momento de debilidad en su estructura era ocasión de intentar empujarla al abandono de las armas. ¿Qué podíamos ofrecer a cambio del abandono de las armas? Poco, muy poco; marear los temas políticos que sin duda plantearían, sabedores de que ni podrían hacerse cambios por la presión de la banda, ni habría Gobierno capaz de soportar la mínima debilidad en este dominio. Coincidimos, y nos dimos argumentos unos a otros, en que con las ideas claras sobre la imposibilidad de ceder podríamos intentarlo, pues, caso de tener éxito, las consecuencias serían tan extraordinarias para la convivencia pacífica y el avance de la sociedad que bien merecían el riesgo del fracaso.

En mi pensamiento unas ideas tropezaban con otras que las contradecían. ¿Puede la representación de un Estado democrático negociar, dialogar, entrevistarse con los que practican el crimen? El recuerdo y respeto de las víctimas es también un freno moral que dificulta la decisión de establecer relación con los terroristas. Pero ¿y el respeto de las víctimas que se producirán si la banda continúa asesinando?, ¿cuál es el sentimiento más fuerte, el de las víctimas que ya lo fueron o el de las víctimas que puedes evitar? ¿El respeto, el cuidado a los muertos, o el debido a los que serán muertos si siguen matando?

Todas estas reflexiones se cruzaban en mi mente y supongo que en la de mis interlocutores. Después de dar vueltas y vueltas a los pros y los contras tomamos la decisión: el Gobierno entablaría conversaciones con ETA sobre la firmeza de no introducir ningún asunto político en ellas; fin de la violencia a cambio de un tratamiento menos riguroso de los presos, aunque siempre dentro de la legalidad. La referencia era lo que había ocurrido con la sección de ETA político-militar («los polimilis») que habían decidido disolverse en un acuerdo con el Gobierno de UCD en el sobrentendido de una aplicación más benévola de la disciplina en las cárceles. Cuando el PSOE alcanzó el poder aún había algunos presos de los que habían entrado en el acuerdo y a instancias de Bandrés se fue dando cumplimiento al acuerdo del Gobierno anterior, facilitando la calificación de tercer grado penitenciario cuando cumplían los requisitos legales. Las condiciones de seguridad y garantía que se exigían para aquellas conversaciones creímos encontrarlas en Argel, donde contábamos con la discreción y el apoyo del Gobierno argelino.

En enero de 1987 se produjo el primer encuentro. Acudieron el director general de Seguridad, un comisario y un funcionario. La banda ETA envió a Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin; Iñaki Esnaola y la abogada Christianne Fando. A los pocos días murió en accidente de automóvil, se especuló mucho sobre las circunstancias de su muerte, Domingo Iturbe. Fue sustituido por Eugenio Etxebeste, alias Antxon, pero este se encontraba en Ecuador, desde donde debió ser trasladado a Argel.

Las conversaciones no adelantaban, pues ETA exigía la liberación de todos los presos políticos, y la representación del Gobierno solo ofrecía la revisión caso a caso de la situación de los encarcelados. ETA hizo explotar una bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, lo que cortó de inmediato las relaciones.

A través de las autoridades argelinas el Gobierno español conoció el interés de la banda de reanudar los contactos, y para demostrar su voluntad anunciaría el establecimiento de una «tregua», es decir, que durante un tiempo no definido ni definitivo la banda no actuaría. La denominada «tregua» fue un hecho público días después.

Pronto ETA secuestraría al empresario Emiliano Revilla, rompiendo su anunciada «tregua» y cortando toda posibilidad de contactos.

Dos años después de la primera entrevista, ETA declaró una segunda «tregua» y los contactos se reanudaron, ahora con la presencia del secretario de Estado, Rafael Vera, que poseía un gran conocimiento sobre el tema y que mantenía una gran claridad de ideas en cuanto a la defensa del Estado democrático y la conveniencia urgente de terminar con la amenaza del terrorismo. Se reunieron hasta en cinco ocasiones, logrando avances en la aproximación de las posiciones que mantenía cada parte, exigencias imposibles desde ETA, ofrecimientos insuficientes desde la Administración. El acuerdo se encalló en la redacción de un documento conjunto en el que ETA pretendía figurase el compromiso de «negociación política» sobre la situación en Euskadi. Los representantes del Gobierno se negaron y ETA rompió la tregua; y las conversaciones, que estuvieron cerca de lograr el fin del terrorismo, se perdieron en la niebla del tiempo. Fueron dos años, con amplios intervalos de inquietud, inseguridad, esperanza, ilusión y decepción. Más tarde se intentaría nuevamente, en los sondeos de Pamplona, en la mediación del premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, y ya en tiempos del Gobierno del PP en Zúrich con la presencia del obispo Juan María Uriarte. Cuando escribo estas palabras existe una nueva sensación de que es posible llegar a la liquidación del terrorismo de ETA. Nuevos gobiernos, nuevos intentos. La dificultad del problema se agrava cuando un partido político o algún periódico utiliza la intención de lograr el final de la violencia terrorista como un signo de rendición del Estado ante el terrorismo. Tal actitud hace casi imposible avanzar hacia el final, pues el Gobierno que se comprometa con una tarea tan arriesgada como difícil está permanentemente ante el abismo de ser considerado por sus conciudadanos como el débil que cedió ante los terroristas, el traidor que se rindió ante el «chantaje». La actitud de desviar la autoría criminal del terrorismo al Gobierno no creo que esté basada en ninguna convicción política o moral, sino más bien en la ausencia de convicciones. Cuando se añade el uso instrumental de los familiares de las víctimas del terror para deslegitimar al Gobierno, con la carga de autoridad que tienen las víctimas, el embate contra el intento de arribar al fin de la violencia se transforma en una actuación inmoral.

Hablar mucho sobre terrorismo siempre me pareció inconveniente. Es probablemente el único asunto de la política en el que la prudencia debe dominar sobre la, en tantos otros ámbitos saludable, práctica de desahogar la preocupación con el intercambio público de posiciones. La costumbre de teorizar improvisadamente interpretaciones en los periódicos acerca de las motivaciones, estrategias y simbología de los actos de los terroristas no favorece la concentración en la lucha contra el terrorismo. Se intenta aplicar la lógica de la democracia, de la convivencia pacífica, en la búsqueda de una explicación de la actuación de la banda criminal. Error mayúsculo. Solo una mente que sufra una disfunción —no se trata de locura, es la disfunción del criminal— puede intentar «comprender» las razones que motivan a un terrorista. Los demás se encuentran limitados, solo pueden explorar cuáles son los pretextos, las excusas que los terroristas pueden hallar en su entorno. De esta situación de anomia se derivan las continuas desviaciones de algunos políticos, informadores e intelectuales buscando «el problema político» que hay que resolver para que el terrorismo desaparezca. En el caso del País Vasco se hace muy evidente. Los grupos nacionalistas reinventan la cara del terrorismo bajo un supuesto «problema vasco» que para unos justifica y para otros explica la existencia del terrorismo de ETA.

La fórmula eficaz para reducir y terminar la acción violenta del terrorismo es una conjugación de eficiencia policial, endurecimiento legislativo, severidad judicial y perseverancia en las fuerzas políticas para no dejarse contaminar por los «argumentos» de los terroristas. La fuerza de la combinación de estos elementos es lo que puede arrinconar operativa y socialmente al grupo armado, y cuando esté cercano a la agonía —aunque siempre conservará un margen de maniobra letal— se debe favorecer la escenificación de un final que agote las posibilidades de brotes laterales de violencia. Tal operación exige inteligencia, serenidad y valentía, pues la contrapartida no puede tener ningún contenido político; pero justamente por ello debe publicitarse como un relativo éxito de los que abandonan las armas, lo que provocará un ataque frontal, con acusación de rendición sobre el Gobierno que tenga el arrojo y la prudencia de terminar con el terror, desde sectores que se alimentan de la creación de desconfianzas y ofensas. En todo caso, un Gobierno que merezca tal nombre debe ahorrar a sus ciudadanos la espantosa angustia de vivir en la zozobra de la muerte inesperada a manos del crimen organizado cometido en nombre de falsos ídolos, tiene la obligación política y moral de arriesgar su propio prestigio si con ello elimina del horizonte vital de un pueblo, de todas y cada una de las personas que lo componen, el desasosiego, el pánico y el horror.

LA SOBERANÍA FRAGMENTADA

Firmada el Acta de Adhesión a la Comunidad Europea, España había de preparar su legislación para la primera ocasión en que tuvieran que elegir los ciudadanos a sus representantes en el Parlamento Europeo. Preparé el proyecto de ley; en estas cuestiones existía un sobrentendido en el Gobierno: correspondían a mi departamento personal.

Las elecciones legislativas tienen fijada su circunscripción, la provincia, pero para el Parlamento Europeo existía libertad para optar por otra circunscripción. Dado que el número de parlamentarios era muy reducido, para España en aquel momento solo sesenta, el ámbito provincial convertía la elección en mayoritaria, siendo que me parecía obligado mantener el criterio de proporcionalidad establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Electoral General. Los efectos de una distribución de escaños provinciales sería una desproporción desmesurada, de manera tal que en alguna provincia se exigirían un número de votos abrumadoramente mayor que en otras para obtener un escaño, debido a la diferencia de población entre ellas y a la insignificante diferencia de escaños en juego, dado que solo se contaba con sesenta, como ya he dicho. Esta fue la razón fundamental de que el proyecto del Gobierno considerase la circunscripción única de todo el territorio nacional, renunciando incluso a la exigencia de un mínimo de votos como fijan algunos países (Francia, Alemania, entre ellos), por razones de proporcionalidad y de respeto a las minorías.

Al proyecto de ley se presentaron siete enmiendas de totalidad, cinco de devolución y dos de textos alternativos. Aparentemente la contestación al proyecto parecía general, pero no era verdad. Las enmiendas representaban a un número muy pequeño de diputados; la que obtuvo mayor apoyo contó con solo diecinueve votos de los 350 diputados de la Cámara.

La razón principal que había llevado a siete pequeños grupos a presentar una enmienda a la totalidad era su oposición a la circunscripción única, que querían sustituir por la circunscripción de Comunidad Autónoma. Se acusaba al Gobierno de sectarismo, de intentar beneficiarse con una campaña única de todo el territorio nacional. Yo esperaba ese planteamiento, por lo que me había preparado con anterioridad. Había hecho una simulación de resultados para los sesenta escaños en juego del Parlamento Europeo, utilizando los votos obtenidos por las fuerzas políticas en la última elección efectuada en España, ocho meses antes, y repartiéndolos según fuese la circunscripción única o de Comunidad Autónoma.

El balance era revelador. Los escaños del Parlamento Europeo se distribuían así: PSOE en circunscripción nacional 30, circunscripción Comunidad Autónoma 36; Alianza Popular, 17 en una y 17 en otra; CDS, seis en la circunscripción nacional, uno en la de Comunidades; Izquierda Unida, tres en la nacional, uno en la autonómica. Quedaba, pues, demostrado que la circunscripción elegida por el Gobierno —por respetar la proporcionalidad y porque la representación en el Parlamento Europeo era la de España, no la de las Comunidades Autónomas— era la menos favorable al Ejecutivo desde el punto de vista electoral.

Pero había una razón menor, creía yo, que era rechazada por los grupos minoritarios: el establecimiento de incompatibilidades entre representantes de las asambleas parlamentarias de las Comunidades Autónomas y el acta de parlamentario europeo. También se marcaba la incompatibilidad de diputados y senadores con el escaño en el Parlamento Europeo.

Argumenté yo que en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General —aprobada por el 98,5 por 100 del Congreso— se establecen no ya que sean incompatibles, sino inelegibles, por el Congreso de los Diputados los presidentes y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, así como los cargos de libre designación de dichos Consejos y los miembros de las instituciones autonómicas. Es decir, que ya el Congreso lo había establecido; pero aún había más: las leyes electorales autonómicas que ya se habían aprobado, como las de Andalucía, Baleares, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra, establecen la incompatibilidad o la imposibilidad de ser elegido parlamentario europeo. Si las Comunidades Autónomas están regulando la incompatibilidad con el Parlamento Europeo, ¿cómo el Parlamento soberano no podía establecer la incompatibilidad para los parlamentarios de las Comunidades Autónomas?

A mis razones se opuso el representante de Convergència i Unió, Miquel Roca, con una breve intervención que me creó una gran inquietud porque me hizo presagiar lo que podía venir. El representante comentaba mi intervención:

Se ha referido al tema de las incompatibilidades manifestando que el establecimiento de incompatibilidades que afectan a las condiciones parlamentarias de las Asambleas de Comunidades Autónomas podía hacerse desde este Parlamento. Ponía como ejemplo el señor vicepresidente el hecho mismo de que los propios Parlamentos de las Comunidades Autónomas lo están haciendo, lo cual demuestra que si ellos lo hacen tanto más lo puede hacer este Parlamento.

En distribución competencial constitucional muy a menudo lo que puede hacer un Parlamento de una Comunidad Autónoma es exactamente lo que no puede hacer este Parlamento. Por lo tanto, el que lo haga una Comunidad Autónoma es un argumento de soberanía que demuestra en este caso que quien no lo puede hacer es el Parlamento de esta Cámara.

Con estas breves palabras comprendí el objetivo de los nacionalistas. La nueva estructura del Estado en Comunidades Autónomas no tenía como fin la descentralización del poder, el compartir y coordinar el poder entre dos instancias, el Estado y las Comunidades Autónomas. Se trataba más bien de un proceso de vaciamiento de las competencias del Estado. De manera que el Estado no debe poner sus —¿sucias?— manos en las tareas de las Comunidades Autónomas. Expresaban sus palabras como mínimo una concepción de cosoberanía que estaba lejos del diseño del Título VIII de la Constitución. Esta sería la interpretación constitucional que llevaría veinte años después a redactar unos nuevos proyectos de Estatutos de Autonomía en Euskadi y Cataluña inspirados por la filosofía nacionalista y en algún caso apoyado por fuerzas políticas de la izquierda.

MEMORIA HISTÓRICA

El final del régimen de la dictadura se hizo con acuerdo general para establecer unas bases jurídicas y espirituales que impidiesen la repetición de los trágicos sucesos de los años treinta. Nadie tenía ganas de remover las responsabilidades de los causantes de las violaciones a los derechos cometidas durante los años de autoritarismo y aún menos de los actos de barbarie o de represión durante y después de la guerra. Fue un acuerdo lleno de sensatez para no hacer pagar a las nuevas generaciones las culpas de sus antecesores. No hubo, pues, un proceso al franquismo, se inauguró en el terreno penal y político una nueva etapa. ¿Por qué los vencidos en la guerra y perseguidos durante la dictadura renunciaron a hacer un proceso político al franquismo? Éramos muy conscientes de que una operación de indagación de la historia reciente, un proceso político al régimen que terminaba podría suponer un retraso de diez o quince años de la democracia y la libertad. Por el contrario, la llegada inmediata de la democracia suponía un retraso de quince o veinte años en la recuperación de la memoria histórica.

La llegada en 1982 de los socialistas al Gobierno representaba un impulso para el reconocimiento de la verdad de lo sucedido. Una verdad que había permanecido oculta para todos durante años en los que solo estaba permitida la memoria de los vencedores. Pronto me llegarían propuestas de actos de reconocimiento de combatientes en la guerra, militantes de los partidos y sindicatos y demócratas que habían apoyado a la República aunque no se significaron en la lucha política. Respondí siempre apoyando esas iniciativas y procurando dar una resonancia pública moderada que habría de ir creciendo con el tiempo, cuando las circunstancias moderasen la disposición de la opinión pública a percibir como algo natural el recuerdo del pasado. Como una muestra clara de la lenta pero deseada maduración de la población ante el hecho de enfrentarse a la verdad histórica, baste recordar que la enorme repercusión que tuvo la exposición sobre el exilio que organicé en 2001 desde la Fundación Pablo Iglesias había tenido un precedente en la exposición montada por el Gobierno en 1983, también en el Retiro, saldada con un escaso interés del público. Aún no se consideraba suficientemente preparada la sociedad para recordar unos sucesos tan dramáticos.

Tenía yo plena conciencia de lo implicada que se sentía nuestra sociedad en los amargos acontecimientos de la guerra y la dictadura, pero la realidad siempre desborda nuestra comprensión racional. Recibí una carta pidiendo mi ayuda para la publicación de un libro de historia que se titularía Sevilla, 1936, en el que se reflejaría con la crudeza de la verdad lo sucedido en mi ciudad en el momento del golpe de Estado y la ocupación del general Gonzalo Queipo de Llano. A peticiones semejantes estaba yo habituado. Lo que le daba un carácter especial era la condición de la persona que me solicitaba apoyo. Su nombre, Milagros Martínez, no tiene significación especial para casi nadie, pero sí cuando añadía a su nombre el de su esposo: Milagros Martínez de Laín. Pedro Laín Entralgo había formado parte de la primera generación de escasos intelectuales que había apoyado el golpe militar del general Franco, aunque pronto abandonaría el régimen autoritario y favorecería con su actitud a los luchadores por la democracia. Laín estaba casado con Milagros, que vivía ofuscada con el recuerdo de un familiar cercano que había sido fusilado en un acto de represión de los franquistas. En las ocasiones en las que coincidí con el matrimonio, la esposa solo hablaba de su tragedia familiar, que arrastraba en todos los momentos de su vida. Dedicaba un esfuerzo permanente a lograr la instalación de una tumba o monolito que recordase en todos los cementerios de España la existencia de los cuerpos de los asesinados durante la guerra.

En su carta, Milagros me agradecía mi colaboración «en el libro Sevilla, 1936, que con tanta ilusión y dolor me he propuesto que salga a la luz. Creo que es necesario para nuestro país, sobre todo para los jóvenes. Sé muy bien que a los llamados “ganadores” de aquel terrorista golpe les sienta muy mal todo lo que sea la verdad; en cambio para las generaciones que nada saben o lo saben tergiversadamente les puede servir para evitar seguir en la hipocresía de que “no es pecado eliminar a los enemigos de Dios”, según un cardenal célebre de Sevilla, del 18 de julio».

Milagros y Pedro son una representación viva y cruda del desgarro de la guerra y de la rémora que durante tantos años ha significado para muchas familias españolas. La sensibilidad ante la tragedia, lejos de amortiguarse, mantiene su aspereza, su dolorosa punzada. Los bandos de entonces ya no se enfrentan de manera belicosa, pero la diferente manera de entender lo que pasó mantiene la distancia, la sima que separa dos concepciones de la vida y de la muerte. A raíz del impulso de búsqueda de las fosas comunes iniciada con el nuevo siglo, una señora me atajó en la calle y me espetó: «Pero ¿por qué sacan ustedes a los muertos de las fosas comunes? ¡Si ya los hemos perdonado!...».

UN CAMBIO DE TENDENCIA

Todas las actividades colectivas que ofrecen la posibilidad de una tarea a un nuevo equipo comienza con un fuerte impulso transformador, innovador. Pero pronto van aclimatándose a la nueva situación, perdiendo la musculatura que imprime el deseo de hacer algo nuevo, de aprovechar la ocasión para cambiar las circunstancias, y se va entrando en un proceso en el que la rutina, la administración ordinaria de los hechos va escalando los momentos de decisión.

En la primavera de 1987 comencé a vislumbrar algunas señales de un proceso de adocenamiento en la gestión del Gobierno, y sobre todo en las relaciones de este con la sociedad. El modelo de liderazgo político se apoyaba muy fuertemente sobre la figura de Felipe González, lo cual añadía a los elementos objetivos un componente subjetivo-afectivo que resultaba fundamental para el mantenimiento del modelo. Esta relación subjetivo-afectiva debía ser recíproca, funcionar en doble dirección y sobre dos elementos básicos: la confianza y la comprensión.

Un líder como Felipe González necesita, para su desenvolvimiento político, sentir que cuenta con la confianza explícita de la base ciudadana, confiar en ella y desarrollar una aguda capacidad para comprender e interpretar los sentimientos y las aspiraciones de la opinión pública, más allá de las distorsiones que con frecuencia introducen los intermediarios políticos y los llamados «creadores de opinión».

A su vez, el apoyo de los ciudadanos al líder se basa sobre todo en la confianza que este es capaz de suscitar y en la comprensión genérica de sus motivaciones y sus objetivos, más allá de la reacción que produzca tal o cual decisión o aspecto concreto de la gestión.

A mi juicio, es precisamente esa clase de «relación privilegiada» entre Felipe González y los ciudadanos lo que empezaba a resentirse en aquel período. Desde la visión de los ciudadanos se expresaba, en las preguntas valorativas de las encuestas, en los estudios cualitativos y en el clima general que se respiraba, un paulatino cambio de actitudes que podía sintetizarse en una progresiva sustitución de la «credibilidad genérica» del líder por una exigencia de explicaciones en cada situación concreta; en la medida en que estas no se dan o no son satisfactorias, surgen elementos de recelo y el apoyo se hace más difícil. Quizá el inicio del cambio de actitud pudiera estar producido por una sensación de distanciamiento por el carácter fuertemente institucional que predominaba en las apariciones públicas (actos oficiales y comparecencia en televisión) y en el discurso de Felipe González. Desde el punto de vista de él, se podía apreciar un cierto sentimiento de desaliento y soledad respecto a los ciudadanos, quizá por interpretar que no existía una suficiente comprensión de los motivos de interés general y de los objetivos que guiaban sus decisiones. Este sentimiento de soledad no cesaría después, sino que fue convirtiéndose a lo largo de los años en una suerte de sinestesia, una sensación de ingratitud de sus conciudadanos estimulada por la sincera alabanza de los dirigentes y opinión pública de otros países cuando era aclamado en sus viajes.

La nueva situación política del Gobierno, aunque solo en sus inicios, se alimentaba de comportamientos que pueden ser considerados exógenos por cuanto se debían en parte a la actuación de otras organizaciones o sectores —como los equívocos creados por los medios de comunicación—, pero también endógenos, dado que uno de los principales problemas procedía del interior de la familia socialista, de las relaciones de UGT con el Gobierno y el Partido Socialista.

A raíz de la quiebra de la concertación social, las discrepancias entre UGT y el Gobierno, que en la anterior legislatura fueron numerosas pero siempre sobre cuestiones concretas, dio paso a un estado de tensión genérica que sustraía al Gobierno de uno de sus elementos básicos de apoyo, tanto orgánico como social. La actitud del sindicato era un elemento decisivo para otorgar crédito a las críticas y acusaciones que desde otros ámbitos se hacían del Gobierno y para legitimar los conflictos sociales.

Las diferencias dentro del colectivo del proyecto socialista común tenían además otros efectos. Deterioraba la imagen de unidad de los socialistas, produciendo un gran desconcierto entre los militantes y dirigentes del partido —que conducía a cierta pasividad—, y debilitaba al sindicato UGT, que entraba en una vía de seguidismo estratégico respecto de Comisiones Obreras.

Este estado de cosas y la carencia de un proyecto estratégico claro para la segunda legislatura (a causa de evitar los compromisos, dada la experiencia de la primera), que tuviese un catálogo de prioridades fácilmente identificables y conocidas por todos, evidenciaba algunos claros síntomas de atonía política en el Gobierno y el Partido Socialista que aconsejaban un rearme rápido porque existían unos compromisos cercanos a los que había que dar una respuesta pronto: elecciones municipales y autonómicas, y al Parlamento Europeo, Congreso del PSOE, Congreso de UGT, nuevas elecciones al Parlamento Europeo dos años más tarde y elecciones legislativas para 1989 o 1990.

Las líneas de actuación que propuse comprendían el establecimiento de la comunicación privilegiada entre Felipe González y los ciudadanos, creando situaciones de contacto directo, sin cargo institucional; la participación de Felipe en actos masivos en la cercana campaña electoral; la superación de la situación de tensión existente con UGT, alcanzando un punto de entendimiento con el sindicato, aunque siendo consciente que ello no solucionaría el problema de fondo: la necesidad de una «reconversión sindical».

LA CUESTIÓN SINDICAL

El día 20 de octubre de 1987, Nicolás Redondo y Antón Saracíbar dimitieron de sus escaños en el Congreso de los Diputados por discrepancias con la política del Partido Socialista; es más leal abandonar el escaño que votar contra los proyectos del partido. Aunque en el momento en que se produjo no era fácil calibrar el alcance, las consecuencias de la decisión, en perspectiva histórica, representaba un principio de ruptura de las relaciones del sindicato con el partido.

Nicolás Redondo, secretario general del sindicato, había expresado en varias ocasiones que las discrepancias lo eran con el Gobierno y no con el Partido Socialista. Sin embargo, los ciudadanos percibían una contradicción en esa explicación, pues no veían posiciones diferentes entre el partido y el Gobierno, sino la de apoyo del PSOE al Ejecutivo. Probablemente de tal clarividencia se beneficiaba Nicolás, pues se le atribuía la buena voluntad de no ahondar en las discrepancias entre UGT y PSOE.

El reflejo del conflicto en los medios de comunicación era uniformemente favorable a las posiciones de la dirección de UGT. Mientras los dirigentes ugetistas poseían una estrategia coordinada de declaraciones públicas, el PSOE y el Gobierno se mantuvieron por lo general en actitud silenciosa dictada por el intento de no perjudicar las posibilidades de un acuerdo, muy conveniente para la estrategia del Gobierno.

Al paso de los días el problema se mantenía en términos de ruptura de relaciones partido-sindicato, pero derivando hacia un conflicto de división interna del PSOE.

La dimisión de Redondo y Saracíbar no parece que provocara un debate interno ni una situación conflictiva en el seno de UGT, mientras que sí abrió el debate en el PSOE, algunos de cuyos responsables se sintieron motivados para tomar posición pública, bien a favor, bien en contra.

Redondo lograba sin excesivas dificultades que toda la UGT mantuviera —ora por las buenas, ora por las malas— una actitud uniforme respecto del PSOE y del Gobierno. En el PSOE, tal cosa ni siquiera se intentó.

Los dirigentes del sindicato señalaban que tales hechos habían de suscitar un debate «en el seno del partido», coincidiendo en afirmar que «la batalla» tendría como escenario el Congreso del PSOE, a pocos meses vista.

La razón de estas actitudes está en la existencia de dos proyectos que convivían en la dirección de UGT. Uno que tenía por objetivo lograr una separación entre el sindicato y el partido; otro que parecía pretender modificar el esquema de poder interno del partido.

El resultado de las elecciones de junio, triunfo del PSOE pero con un notable retroceso, abrieron un margen de incertidumbre respecto al escenario político que pudiera resultar de las elecciones legislativas que se aproximaban.

La conflictividad social, las divisiones internas, particularmente con el sindicato, el acoso de los medios de comunicación y una cierta atonía de la acción del Gobierno abrieron la perspectiva de un descenso electoral del PSOE que pudiera dar lugar a fórmulas de gobierno distintas.

Se fue haciendo patente en los comportamientos de algunas personas y sectores la preocupación por «preparar el futuro». Desde 1982, las relaciones internas de poder en sus rasgos básicos habían permanecido inalteradas, según pautas que venían establecidas con anterioridad al acceso del PSOE al Gobierno. A partir de aquel momento algunos tenían la sensación de que en 1989 se volverían a «repartir las cartas». Los que durante algunos años habían deseado tener mayor influencia en los centros de decisión creyeron encontrar el momento propicio de lograr sus objetivos.

Estábamos a las puertas del XXXI Congreso del PSOE y la situación se planteaba de manera muy diferente de cómo ocurrió antes del anterior Congreso. En los meses anteriores al XXX Congreso, además de la polémica por el asunto OTAN, se planteaba el intento de un grupo de dirigentes regionales, llamados califas entonces, barones después, de afirmar su propio poder en sus respectivos territorios mediante un esquema, metafóricamente, de tipo semifeudal. Ante el XXXI Congreso lo que estaba más o menos expresamente sobre el tapete era el control de los órganos centrales del partido ante la posibilidad de un cambio en el escenario político nacional tras las elecciones legislativas pendientes.

Comprender la relación del sindicato socialista con el partido aconseja observar la evolución histórica del sindicalismo en España.

Cuando con la recuperación de la democracia, en 1977, se legalizaron los sindicatos, estos carecían de toda experiencia sobre cómo organizar masivamente a los trabajadores en un sindicato libre, y sobre todo desconocían en la práctica cuál era el papel y las funciones que debe desempeñar el sindicato en una sociedad democrática y moderna. Esta es la razón que explica —se ve más claramente ahora— las dificultades que tuvieron en los primeros tiempos de la democracia para organizar el aluvión de trabajadores que hacían cola en las puertas de los sindicatos para afiliarse.

Pronto los trabajadores percibieron que poco les reportaba pertenecer a los sindicatos. Estos casi nada podían ofrecer a los trabajadores en aquellos años en los que la tarea prioritaria era la actividad política para conquistar el régimen de libertades en un contexto de continuo aumento del paro.

Se empezó a comprender en los sindicatos la necesidad de plantearse su papel en la sociedad, y más concretamente cómo despolitizar el sindicato, cómo llegar a los trabajadores en activo, a los desempleados y a los que pertenecían a la economía sumergida, sin reconocimiento de derechos, qué servicios debe dar el sindicato a sus afiliados, cuáles deben ser las relaciones con la Administración.

La realidad sociolaboral estuvo marcada en aquellos años por los Pactos de la Moncloa, que fueron apoyados por los sindicatos pese a no intervenir en su elaboración y firma.

Cuando en julio de 1979 se firmó el primer Acuerdo interconfederal entre UGT y CEOE, se abría una nueva etapa en la vida sindical, marcada por el protagonismo de UGT, confirmado en las elecciones sindicales de 1980.

Comisiones Obreras no firmó el Acuerdo y quedó así apeada de la negociación del Estatuto de los Trabajadores y aislada del proceso de concertación. Como apreció el peligro que podía suponer el quedar fuera de las negociaciones y bajo los efectos del golpe de Estado del 23 de febrero, firmó en 1981 el ANE con el Gobierno de Calvo-Sotelo.

La victoria histórica del PSOE en 1982 fue saludada por UGT como propia, que le permitía consolidar la hegemonía de su modelo sindical. El triunfo socialista abría todas las esperanzas, era el momento de pactar con el sindicato su implantación y fortalecimiento, fuertes compensaciones a cambio del apoyo o, al menos, la comprensión del sindicato hacia la política de ajustes que se veía necesaria, tanto por los gobernantes como por los dirigentes sindicales.

Cuando Comisiones Obreras intuyó la posibilidad de un pacto entre el Gobierno y UGT, que consolidaría el modelo sindical de esta, temerosa de quedar de nuevo aislada, lanzó la sorprendente propuesta de unidad de acción con UGT, en torno a un sindicato de corte anglosajón. Pronto, sin embargo, surgieron los primeros desencuentros. En concreto con Miguel Boyer, al que UGT acusaba de falta de sensibilidad sindical, a lo que respondía con desdén: «Los sindicatos no entienden de números».

El choque se extendió al ministro de Trabajo, Almunia, y sobre todo a Carlos Solchaga, al que en un debate en televisión Nicolás Redondo le espetó: «Carlos, tú te has equivocado de trinchera».

Siempre intenté que no se destruyeran los puentes de comunicación entre el Gobierno y UGT, entre el partido y el sindicato. La tarde del día del debate en televisión llamé a Nicolás Redondo —mantuve siempre una relación amistosa con él— para sugerirle que no rompiera los lazos con el Gobierno, que sus discrepancias con el ministro Solchaga ante millones de espectadores no las llevase hasta una situación irreversible. En el debate estuvo acerado, duro, contundente y descalificador. La prensa propagaría que su actitud se debía a las instrucciones que yo le había dado. Los comentarios apuntaban a alguien del Ministerio de Economía como autor de la filtración.

Ya había podido comprobar la gran dificultad de relación entre UGT y el Gobierno, entre Nicolás Redondo y Felipe. Una noche cené en Moncloa con el presidente del Gobierno y el secretario general de UGT. Llegados a un momento en que toda alternativa encallaba en una retahíla de agravios mutuos, hice una propuesta como ejercicio teórico. Discutíamos los elementos principales para los Presupuestos Generales del Estado. Propuse a Nicolás Redondo —con gran inquietud en Felipe— que escribiera en un documento todas sus peticiones, sobre el entendido de que si el Gobierno las aceptaba UGT declararía su apoyo a la política económica del Gobierno. Nicolás contestó: «UGT nunca hará público el apoyo a la política del Gobierno». Comprendí que el acuerdo general ya nunca sería posible, al menos mientras los protagonistas fuesen los mismos. La única posibilidad era establecer unas reglas mínimas de convivencia entre el sindicato y el Gobierno, pero sin pretender un acuerdo global, al parecer imposible. Y así seguí buscando siempre el máximo acuerdo, sabiendo que no se lograría «el acuerdo», hasta que la dirección de UGT y el ministro de Economía hicieron saltar el único puente de diálogo y confianza que se había mantenido: mi mediación.

Con ocasión de un fuerte enconamiento en la fijación de salarios de los funcionarios que se habría de plasmar en los Presupuestos, el Gobierno me encargó una negociación con UGT para intentar desbloquear la situación. Acudieron a las reuniones Paulino Barrabés y Apolinar Rodríguez y, tras largas discusiones, llegamos a un principio de acuerdo que habíamos de presentar a la dirección de UGT y al Gobierno para que dieran su conformidad. Si uno de los dos no lo hacía, habíamos acordado empezar de nuevo. Hicimos dos copias del documento, sin membrete ni firmas, por su carácter de provisionalidad y su exigencia de conformidad. El ministro de Economía le comunicó al presidente del Gobierno que él no aceptaba el acuerdo previo. El sindicato ofreció una conferencia de prensa para anunciar que el vicepresidente del Gobierno había faltado a su palabra. Hablé con Nicolás Redondo. Me dio una semiexcusa: él no sabía, le habían explicado mal la cuestión. Yo escribí una carta, breve, clara, a Paulino Barrabés, que decidí no enviarle, en parte por orgullo, en parte para no complicar aún más las cosas.

Pasados los años puede tener un interés histórico conocer cuál era entonces el sentimiento de mi voluntad. El texto de la carta no enviada decía así:

Compañero Paulino: He esperado unos días para descargar la vergüenza que he sentido por vuestra actuación posterior al Comité Confederal. Podría analizar muchos elementos de la cuestión, pero ni tengo ánimo para ello, ni esperanzas de que me escucharas. Te diré solo que no es honesto lo que habéis hecho. Un saludo. Alfonso.

Y ahí se canceló mi papel de mediador entre el Gobierno y el sindicato UGT. Aprendí que Nicolás Redondo y Carlos Solchaga se necesitaban mutuamente. En los momentos de dificultad para alguno de ellos en su ámbito —el sindicato para uno, el partido para el otro—, una andanada dura del otro provocaba la unidad de todos en apoyo del agredido. Cuando Nicolás entraba en un proceso complicado en el sindicato, una fuerte arremetida de Solchaga provocaba que todos los dirigentes de UGT se alinearan tras su secretario general. Cuando en el PSOE Solchaga pasaba horas bajas, casi siempre por sus arrogantes declaraciones, un ataque de Nicolás le hacía recobrar los apoyos. Es la vieja historia del ataque externo, que hace olvidar las diferencias internas, pues nadie quiere cargar con el sambenito de traidor a su causa.

Diferencias internas había tanto en el sindicato como en el partido. En el interior del partido también me tocaron algunas mediaciones en las que aprendí a ser frío y desapasionado, pues las gentes cambian con facilidad.

CABAÑEROS

En un paraje campestre de Ciudad Real habían puesto sus ojos los jefes del Ejército español para instalar un polígono de tiro que consideraban necesario para el correcto adiestramiento de las tropas. En cuanto se conoció la elección del lugar se suscitó un interés sobrevenido de los grupos ecologistas de la región que levantaron en lucha mortal en defensa de algunas especies animales que, aunque hasta entonces no habían sido objeto de gran atención, a partir del momento de la previsión del destino militar se convirtieron en el principal objeto de deseo medioambiental. Como la política se hace moderadamente, escuchando las reacciones de los grupos sociales que disfrutan de mayor consideración social, además de leyendo encuestas de opinión, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha no dudó en elegir el campo de la reivindicación. Como el ministro de Defensa se alineaba en el bando contrario, congraciando a sus subordinados, la batalla entre dos dirigentes socialistas, José Bono y Narcís Serra, no tardó en figurar en tertulias, corros y chascarrillos. De nuevo hube yo de hacer un enorme esfuerzo, que me obligó a continuos sacrificios, para calmar las aguas del disparate. Qué gran paradoja que quien lucía el entorchado de la intransigencia y mano dura de disciplina y obediencia tuviese siempre el encargo de lograr pactos y armisticios.

Tuve, pues, durante años que manejarme entre dos fuegos —qué símil tan acertado—, que moverme de la Ceca a la Meca, de Defensa a Castilla, del catalán al castellano, buscando siempre, y casi siempre consiguiendo, una paz honrosa aunque transitoria.

Tuve que negar a mi cerebro lo que llegaba a mis oídos, pues si daba carta de naturaleza a improperios e insultos en todas las direcciones no hubiera podido continuar mi labor «humanitaria», dada no solo la condición de dirigentes socialistas de los contendientes, sino también la elevada representación que ostentaban.

Pero el mar en bonanza se agitó cuando en 1987 Bono hizo unas declaraciones públicas contra el Ministerio de Defensa y su titular. Me enojé y me pareció prudente dejar pasar algún tiempo para volver a hacer un intento pacificador. En el ínterin recibí cartas de Bono —¿excusándose?— que leídas a la luz de los años y los actos pasados me hacen sonreír con benevolencia sobre la labilidad de los hombres. Además de explicar las razones que le habían llevado a romper la discreción acordada conmigo, se extendía en protestas de lealtad que adquieren un colorido instructivo casi veinte años después.

Bono me anunciaba que un periodista le había informado de que un general del Aire, tomando unas copas, le había transmitido que el Ministerio de Defensa había pagado cien millones de pesetas a los propietarios de la finca, la familia Aznar —tranquilos, son otros; estos se dedicaban al cabotaje, no al sabotaje—, y que Bono conocía el pago porque así se lo había transmitido el vicepresidente del Gobierno y el ministro de Defensa.

Bono consideró que si a tres meses de las elecciones mantenía el silencio, los adversarios políticos tendrían una gran ventaja en la campaña, haciendo baldíos los esfuerzos de tantos años en la búsqueda de una solución para Cabañeros.

No es momento ya de entrar en el análisis de rumores, declaraciones y ruptura de acuerdos previos. Lo que sí me resulta ilustrativo es consignar para mi experiencia humana que Bono me advirtiera que esperaba la llegada de una situación en la que no siendo ya vicepresidente del Gobierno pudiese demostrarme que su lealtad no eran meras adulaciones, pues los sufrimientos de la vida política no podía, decía, soportarlos sin la referencia ideológica y la amistad de Alfonso Guerra. Su amistad, remachaba, le importaba más que su «carrera política».

LAS SECUELAS DE UNA AFICIÓN

Siempre he tenido afición a los viajes. Desde muy joven probé las delicias del autoestop, que no tiene solo la ventaja económica, sino sobre todo la libertad y el juego del azar. Se visitan los lugares que no se habían previsto. Nunca hubiera conocido algunos pueblos y ciudades de gran interés artístico y humano sin la fortuna a veces considerada infortunio de una conexión inesperada. A tal punto que en mi juventud hice caso de un culto y afable italiano que vino a Sevilla a impartir clases de su bello idioma. Él me aconsejó una práctica viajera loca y llena de sorpresas. Ante la ventanilla que expende los billetes de tren, solicitarlos para el primer tren que vaya a salir. El empleado pregunta inexorablemente: ¿para dónde? La respuesta algo chocante debe ser «no lo sé, para el primer tren que salga». Así conocí en Italia muchos lugares a los que nunca hubiera dirigido mis pasos y en los que, de pronto, descubrías una bellísima plaza, una predela de Cimabue en un retablo de una minúscula iglesia, o un hermoso lienzo de Piero della Francesca, unos maravillosos muros pintados en el patio de un palacio semiabandonado, una visión panorámica de unos acantilados sobre aguas verdes y blancas, un pueblito lleno de jóvenes de una belleza clásica, como bajadas de los frescos del Quattrocento.

Más tarde, en la etapa en la que viajábamos por toda España reorganizando el Partido Socialista clandestinamente, el vehículo principal era el automóvil, un Renault 8, con el que hacíamos muchos miles de kilómetros cada mes, que incluía un viaje casi cada semana desde Sevilla a Francia para las reuniones con la dirección del exilio. Obviamente, preferíamos el coche al avión, para intentar evitar el control de la policía político-social.

Cuando murió Franco, se instaló una nueva situación: pasamos de ser clandestinos a ilegales, pero con más posibilidades de hacernos visibles. A partir de aquel momento usábamos habitualmente el avión para nuestros viajes, lo que se mantuvo ya en la democracia, hasta que en 1992 comenzó a circular el tren de alta velocidad, AVE, entre Sevilla y Madrid, itinerario que semanalmente he recorrido dada mi residencia en Sevilla y mi trabajo en la capital de España.

Siempre me he sentido bien viajando en los aviones. Conozco a algunas personas que sufren un impacto psicológico fuerte al subir a una aeronave. No es mi caso. Me gustan los viajes en avión: son más cómodos, limpios y rápidos. Odio las esperas en los aeropuertos. No sé qué tienen esos hangares llenos de gente que producen un cansancio agotador. Esperar es una no-actividad extraña; el tiempo parece detenerse y no encontramos tranquilidad para sustituir la inacción por alguna actividad que calme nuestra impaciencia.

Pero ya dentro del aparato, comenzando el vuelo, ascendiendo hasta su altura de crucero, un ligero y confortable sopor, producto del cambio de presión, se apodera del viajero. Alcanzada la altura del viaje, se recupera la ligereza mental y la travesía ofrece la calma necesaria para sumirse en un libro o para dibujar. Durante años he hecho compatible ambos entretenimientos en mis viajes aéreos, lectura y pintura. En mi cartera siempre acarreaba uno o dos libros, una caja de acuarelas, un pincel, un depósito de carrete de fotos vacío y un cuaderno de Il Papiro, la firma florentina de papel hecho a mano. Pedía un vaso de agua a la azafata y vertía un poco en el pequeño depósito del carrete, y pasaba el viaje pintando pequeñas escenas que después regalaba a mis hijos. Tengo, pues, una buena relación con los viajes aéreos. Creo que fue George Sand quien escribió que «El recuerdo es el perfume del alma». Mis recuerdos de viajes han aromado mi vida. Viajes solo, viajes acompañado por una persona con la que compartir lo que ves, engrandece el placer del viaje. Durante la infancia de mis hijos, que vivían en familias diferentes, hacíamos un viaje especial los tres juntos: Egipto, Kenia, la travesía de norte a sur de Estados Unidos, Italia, me hacían disfrutar hasta lo indecible viendo el asombro en sus ojos, su sorpresa en los gestos, en sus emociones.

Sin embargo, la actitud poco ética de algunos y mis propios errores le dieron una inversión temporal a mis recuerdos de viajes aéreos.

Comenzó el acoso con una pregunta de un diputado de Coalición Popular, José Antonio Trillo y López-Mancisidor, en el Pleno del Congreso. El diputado me interrogó: «¿Considera necesario el señor vicepresidente del Gobierno modificar el Reglamento de Viajeros de la compañía Iberia?».

Para entonces yo conocía bien las aviesas intenciones de la derecha española en busca del deterioro del Gobierno sin detenerse a considerar la licitud de los métodos. Así que le contesté tan crípticamente como él había preguntado: «Señor diputado, me inclino a pensar que, como toda obra humana, es perfectible».

Enseguida enseñó su acusación. El vicepresidente abusaba de su cargo para interferir en el normal funcionamiento de los planes de vuelo de la compañía, haciendo esperar cada fin de semana a pilotos y pasaje con un retraso que se había hecho habitual.

Yo estaba preparado, sabía que el diputado conservador recogía el contenido de un infecto artículo publicado en el diario ABC en el que se sostenía que un retraso en un vuelo a Sevilla había incidido en el plan de vuelo, que además había levantado a unos turistas para ocupar sus plazas y por fin que había impedido salir a los pasajeros a la llegada del avión hasta que yo lo abandonase. Eran tres groseras mentiras, inventadas por quien hacía el reportaje o por quien le había facilitado las insidiosas falsedades.

Las informaciones relacionadas con mis viajes se multiplicaron en los periódicos. El paroxismo de la invención se reflejó en un suelto de un periódico que informaba (sic) a sus lectores de que el vicepresidente del Gobierno contravenía las normas de seguridad del aeropuerto caminando por la pista para acceder al avión fumando (!) un cigarro habano, ejercicio que nunca he probado hacer en toda mi vida; pero, ¡ay!, los deseos de algún mastuerzo le habían facilitado el espejismo.

En una ocasión, al disponerme a ocupar un asiento en un avión, observé que en el contiguo, cuya plaza tenía reservada uno de los dos escoltas que me acompañaban, se sentaba una mujer que inmediatamente me explicó las circunstancias: unas horas antes le habían comunicado que su esposo había sido ingresado en estado grave en el hospital de Sevilla. Ella desde Madrid había acudido al aeropuerto, donde supo que no había plazas libres en el primer vuelo; había hablado con el comandante, el cual le permitió subir al avión a la espera de un grupo de viajeros que procedentes de Estados Unidos confiaban poder conectar con el vuelo. Si no llegaban a tiempo quedarían libres algunas plazas. Le contesté a la señora garantizándole que no tuviera preocupación; aunque llegase el grupo, ella viajaría, pues uno de mis escoltas se quedaría en tierra para que ella pudiese llegar a su destino en una situación tan angustiosa.

El grupo de viajeros llegó, y resultó ser una delegación de la Junta de Andalucía que había realizado un viaje de promoción de productos andaluces en Norteamérica. Le comuniqué a mi escolta que debía abandonar el avión para que pudiera volar la esposa desesperada, pero el comandante invitó al escolta a viajar en la cabina y así todo se solucionó.

Pocos días más tarde un periódico madrileño contó la anécdota, pero la historia cambió. Según el periodista, la señora que viajaba para visitar a su esposo agonizante con el ansia de verlo antes de morir, con su billete en regla y con plaza reservada, se había visto obligada a bajar del avión porque el vicepresidente y sus doce (!) escoltas habían irrumpido en el último momento en el avión.

Recibí una carta de la señora, compungida por lo injusto de la información que había leído, adjuntándome la carta que había dirigido al periódico protestando indignada y reponiendo la verdad de los hechos. Por supuesto, su carta nunca se publicó.

El fragor de las «denuncias» encontró su apoyo y sostén en la crueldad de algunos y en mis propios errores. Fue con motivo de un viaje de descanso de tres días en el sur de Portugal. Aprovechando los días festivos de Semana Santa, decidí descansar lejos de la publicidad política visitando la Albufeira, una bella ensenada cerca de Faro. A la vuelta hacia España llegamos a Vila Real de Santo António, pueblecito a orillas del Guadiana desde donde en barcazas se pasaba a la ribera contraria ya en tierra española. Las autoridades portuguesas estaban, sin duda, enteradas de mi llegada, pues nos esperaba una patrulla que nos condujo a una zona de estacionamiento junto al edificio de aduanas. Enseguida comprobé que muchos automóviles aguardaban en una larga fila su turno para tomar la barcaza que les atravesaría el río. Cuando vino a saludarme el responsable portugués de la aduana, y tras unas palabras protocolarias, le manifesté mi deseo de colocar mi coche en la fila de los que pacientemente esperaban su turno. El responsable portugués vestía de uniforme, pero no supe interpretar su graduación; argumentó que era una deferencia con España, no con mi persona —no recordaba mi nombre—, el que embarcara en el próximo ferry, que ya se aproximaba. Discutí con él sobre la inconveniencia de saltar el orden de espera, porque había de molestar a los que llevaban un tiempo excesivo esperando. Durante la disputa, el ferry cargó y desatracó del muelle. El jefe de aduanas afirmó que sin excusa tomaríamos la siguiente barcaza. Cuando esta se aproximó los agentes portugueses con sus cuerpos y sus gestos orientaban el automóvil hacia el muelle mientras yo daba órdenes al conductor para que nos sacase del puerto. Al fin lo conseguimos, dirigiéndonos hacia Faro, donde en conversación con el cónsul español decidimos que para evitar enfrentamientos entre la policía portuguesa y los españoles que esperaban atravesar el río —yo había presenciado ya un inicio— no debíamos intentarlo colocándonos en la fila. En aquel momento no encontré otra fórmula que solicitar un avión oficial para desplazarme hacia España. Este fue mi error. Había otra posibilidad más lógica y sencilla: acercarme por carretera a otro paso fronterizo, este por tierra, en el que no había ningún problema de atasco. No encuentro otra explicación al hecho de no haberlo solucionado así más que la ofuscación que me había producido la larga e incómoda discusión con los policías portugueses, ante un gran grupo de españoles expectantes que querían saber el final de aquella historia.

De un error mío, basado en todo caso en la más pura intención —la negativa a seguir las instrucciones de las autoridades portuguesas precisamente para no molestar a los que sufrían la espera—, se pasó a un engrandecimiento espectacular de un hecho nimio. La visión carpetovetónica exigía el aderezo de la tradición. ¿Quién podría dar el adobo necesario? El diario ABC de Sevilla publicó que mis intenciones al evitar la cola no eran más que las de llegar a tiempo a la corrida de toros que se celebraba en la Maestranza. Nadie se tomó la molestia de comprobar que llegué a la ciudad a las doce de la noche; ese es un dato sin importancia para los que durante veinte años han seguido insistiendo que para presenciar una corrida me salté una cola y utilicé indebidamente un avión oficial. ¿Es producto del afán de persecución política? No lo creo; es aún peor: es fruto de la inercia intelectual, de la pereza, de la estulticia, de la malicia, de la irresponsabilidad con que se informa en nuestro país sobre la vida política e institucional.

Aquel error derramó mucha tinta, sin que se aportaran datos reales sobre el asunto. Dio lugar también a preguntas al Gobierno —que lógicamente contesté yo— en el Congreso de los Diputados. Se orientaba hacia el abuso de poder; justamente en evitarlo hice yo los máximos esfuerzos durante mi etapa de gobierno. Pero la vida tiene sus reglas y se comprueba una vez más que mi teoría no está equivocada: en política todos las facturas se pagan; no hay seguridad en la fecha de pago, pero esta siempre llega. Aquel episodio, aunque sin importancia verdadera, no fue una excepción a la regla.

Viví todas estas experiencias con serenidad, consciente de que pertenecer al cuadro de dirigentes de un país implica estar sometido a la controversia y a la crítica, a las acusaciones injustas y a las admiraciones excesivas. Los seres humanos sacralizan los acontecimientos y los personajes, hacen fetiche de sus preferencias o vudú de sus contrincantes. El convencimiento de que las cosas tienen su propia fuerza, de que hay ocasiones en las que los hombres no son totalmente dueños de sus actos, que están mediatizados por informaciones erróneas o por operaciones de cizañeros profesionales o accidentales, me curtieron ante algunos ataques injustificados, y tuve muchos; algunos se enconaron contra mí, provoqué sin pretenderlo alguna inquina desbordada, pero creo que supe aguantar con un espíritu sacrificado. Estar colocado en las altas instituciones del poder, y estar allá para transformar lo que me parecía injusto, mejorable, bien merecía pagar un coste personal. Siempre lo tuve claro: «Tu vida se ha desarreglado para poder arreglar otras muchas». Siempre, salvo en una ocasión.

En el verano de 1987 me ofrecieron una bonita casa unos amigos gallegos para pasar unos días de agosto cerca de la playa, en La Coruña. Disfrutamos mucho aquellos pocos días, con la compañía de tan extraordinarios amigos como Paco Vázquez y Salvador Fernández Moreda, dos inteligentes políticos gallegos dotados de unas condiciones humanas excepcionales; razón y corazón se complementan en ellos en una imbricación perfecta.

Transcurrida la corta estancia nos dirigíamos en automóvil al aeropuerto de Alvedro, en La Coruña, para volver a Madrid y enlazar con el avión de Sevilla.

Al llegar al aeropuerto observé a un grupo numeroso, posiblemente unas trescientas personas, que algo atropelladamente entraban en las instalaciones de la terminal aérea. El escolta que nos acompañaba opinó que sería prudente abandonar el aeropuerto. No fui de su opinión, nada tenía que ver aquello conmigo y no me pareció digno huir a causa de que un grupo de personas llegaba al aeropuerto. Me equivoqué. En la explanada delante de la terminal no quedaba nadie, solo un periodista gráfico cargado de cámaras y objetivos. Cuando me reconoció pensé que dispondría sus cámaras para sacar algunas fotos. No lo hizo. Corrió hacia el interior del aeropuerto y volvió inmediatamente seguido por el grueso número de personas. Rodearon el coche y comenzaron a golpearlo y a intentar volcarlo. Miré la cara de mi hijo, que aún no había cumplido los ocho años. El color de su rostro se tornó blanco; el asombro, el temor, el desconcierto, la incredulidad se reflejaban en su mirada. Comprendí la injusticia de que un niño pagase las consecuencias de no sabía qué, no tenía ningún conocimiento de cuál era la razón de aquella sinrazón. Me apremiaba salvar a mi hijo de aquellos iracundos energúmenos. Abrí la puerta, tomé a mi hijo de la mano, descendimos del auto, me enfrenté a la turba, les censuré con palabras terribles su acción y les grité muy cerca de sus caras: «Abrid paso». Se amilanaron, formaron espontáneamente un corredor por el que entramos a la terminal.

Esperamos la salida del avión varias horas. Los manifestantes ocuparon la pista, impidiendo el embarque de los pasajeros. En ese tiempo me informaron de la índole de la protesta. Eran trabajadores de una empresa siderúrgica en dificultades que acudían al aeropuerto para exigir de los alcaldes de La Coruña y Betanzos una reunión para tratar sus problemas. Habían ido al aeropuerto porque suponían que probablemente acudirían a despedir al vicepresidente, cuya marcha conocían por los periódicos.

En aquellas horas y durante días me recriminé por exponer a mis hijos a riesgos tan injustos. ¿Por qué un niño ha de pagar por la responsabilidad política de su padre? Al aceptar estar en el Gobierno había comprendido que había de sacrificar la convivencia diaria con mi hijo, pero aumentar el sacrificio hasta el terror de un niño me resultó insoportable.

Tomé la decisión de abandonar la política. ¿Había proporción entre la dedicación que me obligaba a una cierta renuncia de mis hijos y lo que podía aportar yo a la sociedad desde el Gobierno? ¿Entre el esfuerzo y la reacción en forma violenta contra un niño de una sociedad incapaz de frenar esos arrebatos amenazantes?

Los medios de comunicación repitieron hasta la náusea aquel incidente, pero entre el matalotaje periodístico me asaltó un suelto de un hombre conservador, Luis Ángel de la Viuda, que tituló «La cara de un niño», el único que se preocupó por la zozobra de un niño. ¿Era el mecanismo social injusto con el niño o era yo quien injustamente sometía a mi hijo a una penalidad indebida?

Recibí una carta del comité de empresa de la siderúrgica excusándose. El acto intimidatorio pretendían explicarlo comparando a unos hijos con otros. No tuve fuerzas para contestarles.

También me escribieron muchas personas que se mostraban avergonzadas o indignadas con el asalto. Sus cartas me dieron ánimo y al paso de los días renuncié una vez más a mi liberación, y esta vez a la de mis hijos.

LA RELACIÓN DEL SINDICATO CON EL GOBIERNO

La Unión General de Trabajadores fue elevando el grado de irritación con el Gobierno. Es posible que sus dirigentes se sintieran cargados de razones y que quisieran actuar con intenciones nobles, pero algunas de sus decisiones más parecían destinadas a suscitar un clima de descontento que fuera creando una situación que justificara la oposición frontal al Gobierno.

Algunos militantes de larga experiencia en la tarea de mantener vivas las ideas del socialismo durante la dictadura sintieron una gran inquietud por la evolución de las relaciones del sindicato con el partido y la derivación de oposición sindical al Gobierno. Personas que contaban con autoridad y respeto, como los hermanos José y Carlos Martínez Cobo, hacían continuos llamamientos a la necesidad de atemperar las contradicciones.

Se aportaban ideas para conducir los problemas hacia zonas de entendimiento y colaboración. A fin de cuentas, el PSOE, la UGT y el Gobierno eran instrumentos diferentes pero complementarios en el proyecto socialista de una sociedad más justa, eficaz y solidaria. La coordinación a grandes rasgos entre el partido y el sindicato era, por lo tanto, necesaria. UGT, como sindicato que tiene su propia autonomía, puede discutir y discrepar de tal o cual aspecto concreto de la política del Gobierno, pero la sistemática oposición a la política social y económica gubernamental solo puede tener como resultado su debilitamiento, y es claro que ello repercutiría en el partido y en el sindicato. Se hacía por ello imprescindible encontrar una vía de diálogo y negociación que canalizara los conflictos.

La larga etapa del franquismo obligó a un sistema de relaciones entre PSOE y UGT que engendró una asimilación completa; en la práctica no eran dos organizaciones, sino dos ámbitos de actuación de una misma organización, con los mismos dirigentes.

La recuperación de la democracia dio a cada organización un papel específico: el sindicato tuvo que organizarse muy rápidamente en los centros de trabajo, y el partido hubo de recolectar un número enorme de militantes para cubrir las responsabilidades políticas sobre todo en los municipios, que exigían decenas de miles de candidatos.

Pero la mayor diferenciación se produjo cuando en 1982 el PSOE gana las elecciones y ocupa los puestos de responsabilidad del Gobierno. Hasta entonces la autoridad había mantenido un equilibrio estable; con el ascenso del protagonismo del partido, el sindicato va perdiendo autoridad, se va situando en un territorio más anónimo, menos brillante. La nueva situación origina un cierto malestar, no siempre consciente, en los cuadros más altos del sindicato, que pasan a disputar el protagonismo y la autoridad al partido en su versión de Gobierno. El mismo secretario general de UGT irá enconando sus relaciones con el presidente del Gobierno hasta límites de incompatibilidad personal. No se puede descargar la responsabilidad en unos u otros; es la nueva relación de autoridad en la sociedad lo que va deteriorando las relaciones. El sindicato, sin decisión premeditada, por la fuerza de los hechos, enfrentará su protagonismo al del Gobierno. Se marcaba de manera estricta el territorio de cada organización y no se permitían injerencias sin pasar por el más alto nivel de dirección. Es la representación de una lucha de autoridad.

Durante la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 1988 la Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas mantuvo reuniones con la dirección del partido para fijar las peticiones del sindicato acerca de las pensiones. Llegaron a un acuerdo total entre los sindicalistas y la dirección socialista. Al día siguiente el partido recibió una carta en la que lamentaban tener que desdecirse de lo acordado. La carta manifestaba el dolor de un sindicato que había logrado los objetivos sociales que pretendía, pero que razones «políticas» le impedían llevar a la práctica. En el texto se expresaba una contradicción insalvable: había una referencia al documento de «acuerdo sobre la tabla reivindicativa para el año 1988», mientras que se constaban «las discrepancias de criterios en cuanto a las posturas mantenidas por las partes» y se añadía que consideraban «anulado en todos sus aspectos el documento establecido», y daban por «terminadas las conversaciones sobre el tema».

Cuando un sindicato logra sus objetivos en la negociación, pero se niega a reconocerlo, es que se prepara una actuación política más allá de sus propias reivindicaciones. La negociación referida tuvo lugar en octubre de 1987; fue para mí el preludio de la huelga general que se preparaba.

Contaba además con otros antecedentes. Ya he narrado cómo años antes, en una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno y el secretario general de UGT, cenando en el jardín, cuando la disparidad en el proyecto de política económica del Gobierno era muy fuerte, lancé una propuesta imaginativa para conocer definitivamente si la posición de Nicolás Redondo estaba más ligada al proyecto general del Gobierno o a cuestiones concretas de su política. Ofrecí un acuerdo sin límites y recabé su apoyo: «Escribid vosotros —me dirigía al secretario general de UGT— todas vuestras peticiones en un documento. El Gobierno os garantiza que acepta todas y cada una de ellas. Siendo así, ¿UGT manifestará su apoyo a la política económica del Gobierno?». Nicolás Redondo fue claro: NO.

Comprendí que la actitud de Nicolás estaba determinada en el no apoyo al Gobierno; no era una cuestión de negociación de Presupuestos o medidas económicas: nunca apoyarían de manera general al Gobierno, aunque este pudiera satisfacer todas sus aspiraciones.

A partir de aquel momento supe que el acuerdo general estratégico entre el partido y el sindicato ya no sería posible al menos por un largo período. Adapté mi participación en las relaciones con UGT en la minimización de los encontronazos, en intentar salvar las relaciones de fraternidad entre los militantes y sobre todo en neutralizar la imagen que se ofrecía a la sociedad española de unas organizaciones enfrentadas, aunque solo fuera por los choques entre el secretario del sindicato y el ministro de Economía.

Asumí el papel de puente, de istmo de relación, que intenté desempeñar con dignidad, sin la arrogancia que exhibían algunos en el Gobierno, y sin la agresividad que otros exteriorizaban en el sindicato. Creí que mis intervenciones eran útiles en la reducción de los desaires, ofensas, ultrajes o humillaciones, que obedecen más al cultivo del ego de cada cual que a razones objetivas de la vida política. Y así fue hasta que la dirección de UGT tomó la decisión de quemar también el vínculo que representaba mi actuación entre el Gobierno y el sindicato.

He expuesto estos antecedentes para hacer comprender más fácilmente las difíciles relaciones a las que llegamos en el año 1988, el de preparación de una huelga general que tuvo un clamoroso éxito en la sociedad española.

Pero antes de la huelga de diciembre el Gobierno tuvo que sortear algunas otras cuestiones, en las que el vicepresidente del Gobierno tuvo alguna participación.

NEGOCIAR CON EL PODEROSO

Una mañana el presidente del Gobierno me pidió que acudiera a su despacho. Crucé a la otra ala del edificio y me senté con él a conversar.

Me alargó un documento del que me informó era la propuesta elaborada por los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa para iniciar las conversaciones con Estados Unidos acerca de su presencia militar en territorio español. Se trataba de un proyecto o borrador de intervención del representante español para la primera reunión del plenario de las negociaciones. El presidente me invitó a estudiarlo y a sugerir cualquier propuesta de modificación, sobre el entendido de que aquel pronunciamiento primero marcaría los límites de maniobra que tendría el Gobierno.

Tomé el documento y volví a mi despacho. Mi intención era dedicar la noche a su estudio, pero la curiosidad me empujó a darle una primera lectura. La sorpresa, el desconcierto, la confusión, la incredulidad crecían en mi interior a medida que iba leyendo las páginas.

Tomé el documento y me dirigí de nuevo al despacho del presidente. Le pregunté si él lo había leído y le aseguré con rotundidad que aquello no podía presentarse a la reunión con los norteamericanos. El Gobierno estaba comprometido, a través de un referéndum, el de la OTAN, con la reducción de la presencia militar de Estados Unidos en el territorio nacional, y aquel documento más parecía destinado a una ampliación de tal presencia. ¡Es imposible utilizarlo en la negociación!, le dije rotundamente al presidente. Después de pensar unos momentos, me dijo: «Hazlo tú». Era consciente de que no disponía de los conocimientos necesarios, yo no era un experto en Defensa, por lo que me excusé ante el presidente. Su respuesta hizo cambiar mi actitud y aceptar el encargo. Si no aceptaba redactarlo yo, se utilizaría el elaborado por los ministerios. Tras algunas explicaciones acerca de la dificultad que suponía para mí el trabajo, me hice cargo de su redacción. Quise conocer de cuánto tiempo disponía; la respuesta fue fulminante: cuarenta y ocho horas.

Apresuradamente tomé el documento, fui a mi despacho y llamé con urgencia al director del gabinete de Presidencia, Roberto Dorado, y al responsable del departamento de Defensa, el coronel José Antonio Blanco. Cuando les tuve frente a mí les hablé sin comedimientos: «Necesito que estéis cuarenta y ocho horas sin descanso trabajando junto a mí. Hemos de elaborar el documento de negociación de renovación del acuerdo de las bases norteamericanas en España. Quiero dedicar veinticuatro horas a revisar toda la documentación que exista, y sea útil, desde la primera negociación en 1952-1953. Cuando lo hayamos repasado todo, dedicaremos las veinticuatro horas restantes a escribir, con la planilla de este documento, lo que el Gobierno va a presentar a los negociadores de Estados Unidos».

Pasadas las cuarenta y ocho horas, corrí literalmente al despacho del presidente a entregarle el fruto de nuestro trabajo. Lo agradeció y anunció que lo enviaba urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde lo esperaba el responsable del grupo negociador, Máximo Cajal.

Dos horas después el presidente me llamó para decirme que los negociadores españoles aseguraban que si el documento entregado se leía a la delegación norteamericana, estos se levantarían de la mesa y se marcharían de la reunión. «Ese será un buen síntoma de que hemos acertado», contesté de inmediato, sin pensar. Después reflexioné más pausadamente sobre todo lo que sabía del asunto y lo que había aprendido en aquellas horas febriles, y me reafirmé en la exactitud de la respuesta.

Desde que fui nombrado vicepresidente del Gobierno había recibido repetidamente solicitudes de entrevistas de los personajes norteamericanos que pasaban por España. Entre ellos, el ex vicepresidente Walter Mondale, el ex secretario de Estado Henry Kissinger, el embajador Enders... Todos me planteaban la misma pregunta: ¿por qué los españoles no sentían la misma simpatía hacia Estados Unidos que sentían los demás europeos?

Con serenidad, con sencillez y con sinceridad trataba yo de explicarles que la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial había significado para los países europeos la llegada de un ejército liberador; que en Italia, Francia, Bélgica, Holanda el compromiso de los norteamericanos había sido saludado como el de un amigo que acude a liberarles del peligro del expansionismo fascista. Incluso en Alemania, el elemento central del Eje, los norteamericanos ayudaron en la construcción de un sistema democrático. En España, no. Los demócratas españoles, sometidos por un gobierno militar, aliado del régimen nazi de Hitler, vivían esperanzados en el triunfo de los aliados, aguardaban en vilo el fin de la guerra, convencidos de que las tropas aliadas volverían sus fuerzas hacia España para liberar al pueblo español de la dictadura del general Franco. No fue así. Razones estratégicas motivaron el alineamiento del Gobierno norteamericano con la dictadura española, bajo la que penaba un gran número de españoles sin libertad.

Como inteligentemente afirma el diplomático e historiador Ángel Viñas:

En la euforia que provocó la caída del Eje, fueron muchos los que pensaron que también le llegaría la hora al régimen que, a sangre y fuego, se había implantado en la Península. Ello no solo no ocurrió, sino que la potencia líder occidental no tardó en acomodarse con el único residuo fascista que había coqueteado abiertamente con las derrotadas potencias. Si Hitler contribuyó al aupamiento de Franco, Estados Unidos le consolidaron en su pedestal. Ciertamente, a muchos de entre ellos no les gustó demasiado, pero lo que contaba era la posición geoestratégica española en las nuevas y peligrosas coordenadas de la Guerra Fría. Lo que pensara aquella parte de la opinión pública española que tanto se había alegrado de la victoria aliada no preocupó demasiado. Con un Congreso más sensibilizado aún que el Ejecutivo al anticomunismo militante de la dictadura, los norteamericanos no vertieron sobre la piel de toro un mensaje liberador. Estados Unidos con el paso del tiempo desarrollaron una relación simbiótica con la dictadura e incluso en el momento de su más acentuado declive la mantuvieron cuidadosamente para no poner en peligro sus posibilidades de acceso a las bases e instalaciones militares y en cuyo manejo y utilización no habían experimentado, en el pasado, grandes dificultades.

Cuando hablaba con las personalidades norteamericanas intentaba hacer comprender que Estados Unidos tuvo con España la actitud contraria a la que mantuvo con los otros países europeos, en los que promovió el establecimiento de sistemas democráticos. Fueron las autoridades de Estados Unidos, de la mano de las jerarquías del Vaticano, las que forzaron que Naciones Unidas cambiaran su actitud de condena del régimen de Franco y le acogieran en la organización internacional.

Todos aseguraban comprender la especial sensibilidad que los españoles podrían tener sobre el papel jugado por las autoridades de Estados Unidos, pero se hacían lenguas sobre la necesidad de entendimiento en el presente y sobre todo al descubrir las posibilidades de relación amistosa de futuro. Les contestaba aceptando su declaración de buenas intenciones y aprovechaba para indicarles dos circunstancias turbadoras de las relaciones: no se piensen que van a tener una relación de vasallaje respecto del acuerdo de cooperación como en el pasado; dejen de acusar de antiyanqui a todo el que mantenga una actitud crítica sobre algunas de las actitudes de su Gobierno.

La situación política había cambiado de manera radical desde los tiempos en que el régimen de Franco negoció un acuerdo con Estados Unidos, en 1952-1953, que respondía a un interés político (la aceptación de su régimen entre las democracias occidentales), mientras para los norteamericanos tenía un objetivo estrictamente estratégico-militar. El desequilibrio hizo que Estados Unidos lograra plena libertad para actuar en el territorio español. En las rondas siguientes la negociación ofreció algunos cambios, aunque no se modificó la actitud arrogante de los estadounidenses. Ya en 1974-1975 se trataba de recuperar alguna dignidad en el trato; el general Gutiérrez Mellado, representante militar en la negociación, diría que el primer objetivo consistiría en evitar que los norteamericanos trataran a los españoles como «cipayos».

En la negociación de 1988 los norteamericanos se encontraron con otra realidad, con un Gobierno que no estaba dispuesto a representar el papel de pedigüeño tradicional en las relaciones con el gran coloso. Sirva como una muestra la réplica que Felipe González dio al secretario de Estado, Shultz, cuando este hizo mención a la financiación que Estados Unidos aportaba a España para compra de material. Felipe le contestó que no estábamos interesados en esos recursos, pero que si Washington necesitaba créditos, España podía estar dispuesta a conceder alguno a Estados Unidos. De pronto comprendieron que trataban con otra realidad española, que negociaban con una democracia, con un Gobierno socialista.

Como habían anunciado los representantes españoles, la reunión de las delegaciones para negociar el acuerdo hispano-norteamericano terminó mal. Máximo Cajal leyó el documento español, el redactado en aquellas cuarenta y ocho horas vertiginosas. Cuando acabó, la delegación norteamericana se puso en pie y se ausentó de la reunión.

Durante casi un año se enfrascaron en un debate circular, en un vano intento de recuperar la vieja relación, pero en diciembre cerraron un acuerdo que cimentaba una nueva filosofía política y que suponía la retirada de los aviones F-16 —los albergaría Italia— y el abandono de las principales bases militares.

Se había logrado redimensionar las relaciones bilaterales con Estados Unidos dos años después de que las aspiraciones históricas de pertenencia a la Comunidad Europea fueran una realidad.

¿Qué aprendí yo de aquel affaire? En primer lugar, entendí con gran claridad que cuando se negocia con un país más fuerte un elemento clave es la claridad de exposición de tus opiniones. La delicadeza para evitar fricciones innecesarias no puede sacrificar la claridad expositiva, pues el menor rasgo de ambigüedad será aprovechado para ganar una parte de la batalla. No es inteligente rebajar el estilo de las exigencias porque estas serán discutidas por el antagonista. El argumento de ir elevando las exigencias en el curso de la negociación no tiene factibilidad. Ocurrirá lo contrario: se irán rebajando las exigencias iniciales.

Negociar la renovación de unos acuerdos que hasta entonces estaban fundamentados en la dependencia casi total del negociador más poderoso solo puede tener éxito si se plantean las nuevas coordenadas con sencillez y limpieza, sin ocultar las verdaderas intenciones de cambiar totalmente el esquema precedente. Si no se hace así, estás perdido; te envolverán en razonamientos históricos y protestas ante todo lo que consideren una ruptura, una confrontación en la relación. Creo que no estar atento a estas reglas mínimas dio como resultado un primer borrador, de Exteriores y Defensa, que respondía, aunque no en la intención, a una continuidad de relación bilateral no deseada por el Gobierno ni por la sociedad española.

La segunda enseñanza que tuve de aquellos debates hace referencia al papel del negociador. Al hilo de las conversaciones los negociadores son influidos por los que ocupan el otro lado de la mesa, llegando a asumir una parte importante de los argumentos del contrario en la negociación. Hay un momento en el que no se sabe si en las conversaciones estás defendiendo las posiciones propias o las de los otros. Mi reflexión me condujo a decidir que en las negociaciones largas es muy conveniente cambiar al interlocutor cuando este haya sufrido una suerte de «ósmosis» con los argumentos de la parte contraria.

EL RETORNO DE LA IGLESIA

Como responsable de la Comisión de Relaciones del Estado con la Iglesia estaba muy atento a la evolución interna de la institución religiosa. La actitud positiva que habían mantenido durante la transición a la democracia, con la guía del cardenal Tarancón, había tenido su continuidad en una relación respetuosa con el Gobierno socialista. Pero los ajustes internos de la jerarquía quebraron esa línea de mutua consideración entre la Administración y la Conferencia Episcopal. Los cambios en la máxima autoridad episcopal en 1988 culminaron con el cese del secretario general de la Conferencia, Fernando Sebastián, y su sustitución por el obispo García Gascó. Su primera actuación pública consistió en unas declaraciones a Radio Nacional de España en las que mantuvo posiciones de poco respeto a las instituciones democráticas y acusó al Gobierno de dificultar la tarea de la Iglesia católica.

El nombramiento del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal tuvo lugar el 22 de abril. De inmediato recibió la felicitación del Gobierno, a la que no contestó con acuse de recibo hasta finales del mes de mayo, y no se dirigió al Gobierno en solicitud de la primera entrevista hasta el mes de junio, concertando un almuerzo con el director general de Asuntos Religiosos.

El obispo llegó veinte minutos tarde, excusándose porque le habían retrasado en el acto en el que se entregaba la condecoración concedida por el ministro de Sanidad (es decir, el Gobierno) a la Orden de San Juan de Dios por su labor en el terreno sanitario. La disculpa la utilizó para manifestar, sus primeras palabras, que la Orden de San Juan de Dios era un ejemplo de la persecución que el Gobierno hacía de las asociaciones y entidades religiosas. Comentario no solo falso, sino pintoresco, dado que venía de un acto de reconocimiento de la orden religiosa.

Su arrogante actitud, mantenida durante toda la entrevista, le impulsó a interesarse reivindicativamente por varias cuestiones ya resueltas en las relaciones Iglesia-Estado, como constaba en las actas de la Comisión Mixta, a la que el señor obispo no daba importancia. Él prefería hablar de presidente a presidente, siguiendo la tesis de los dos poderes propia de un régimen de cristiandad. Se refería al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Suquía, y al presidente del Gobierno.

El obispo aprovechó para manifestar su sorpresa por el revuelo ocasionado por sus declaraciones a Radio Nacional de España, cadena de emisoras que, según él, mantiene «programas diabólicos contra la Iglesia católica», al igual que el diario El País, que pretende «eliminar de la faz de España a la Iglesia católica», y que era cierto que a la Iglesia no se le daba el mismo trato que a los demás españoles.

El director general le hizo las pertinentes observaciones sobre lo poco adecuado de sus expresiones y le aclaró que el trato a la Iglesia católica, lejos de resultar desfavorable, respondía a un especial estatus sobre el que ningún motivo podía tener la Iglesia para su protesta.

El señor obispo afirmó con un desdén algo infantil que «no toleraba que ningún cantamañanas de esos del Congreso dijese que la Iglesia tenía privilegios». Tras cortarle rudamente ante tal exabrupto, el director general quiso dirigir la conversación hacia las cuestiones pendientes en la Comisión Mixta, como la respuesta que la Conferencia Episcopal debía al Gobierno en su propuesta de calendario laboral. El señor obispo volvió a sorprender a su interlocutor protestando por la posible supresión de la fiesta de la Inmaculada Concepción, proponiendo la supresión de la fiesta de Reyes o la Semana Santa. En todo caso, advirtió que antes de tratar cualquier tema en la Comisión Mixta tendría que hablar previamente con el nuncio, monseñor Tagliaferri, para que decidiera qué temas se podían tratar y cuáles no.

Inesperadamente, el señor obispo inició una suerte de autobiografía política, insistiendo de forma reiterada en que él era el mismo de siempre, que no era involucionista, para pasar sin solución de continuidad a preguntar por la situación familiar de un ministro. Al responderle que no le parecía pertinente la pregunta, el obispo respondió lamiosamente: «Como se cambia cada día de cónyuge, es muy difícil saber la situación familiar de los presidentes de delegación al Vaticano».

En el momento de la despedida reiteró su condición política no involucionista, aportando como prueba de ello que él no creía, como otros clérigos, que el sistema de asignación tributaria, la cruz en la declaración de Hacienda, «era una manera de saber a quiénes tenían que matar los socialistas».

La primera relación del nuevo representante de la Conferencia Episcopal me hizo comprender que se inauguraba una nueva etapa en las relaciones con la Iglesia. Recordé una de las últimas cartas del anterior secretario episcopal, monseñor Sebastián, en la que, terminada la Asamblea plenaria de los obispos, me agradecía las medidas adoptadas por el Gobierno respecto a la enseñanza privada. «Es sin duda otro paso importante para el reconocimiento efectivo de la libertad y del pluralismo en España dentro del marco de la libertad cívica y religiosa.»

Comparé sus palabras, su estilo, con la grosería del nuevo secretario, que se atrevía a soltar que la asignación económica a través de la casilla de la declaración de la renta era una forma de hacer listas para el asesinato de los fieles de la Iglesia. Había vuelto Trento y la Cruzada del nacionalcatolicismo. Teníamos que estar preparados para una Iglesia que volvía a los años del sectarismo, que se comprometería con una alianza política contra los socialistas. La Comisión Mixta dejó de funcionar, porque la nueva curia solo aceptaba la relación entre poderes, «de presidente a presidente».

La Iglesia fue poco a poco deslizándose hacia posiciones más conservadoras, tomando posición pública ante los asuntos políticos, siempre en contra del Gobierno y favoreciendo incluso la opción electoral conservadora. La Iglesia de la transición había evolucionado hacia las posiciones de la etapa de la dictadura, aunque ahora, claro está, manteniendo las formas que exige el sistema democrático.

MACHU PICCHU

Un viaje a Ecuador para la toma de posesión del presidente y amigo Rodrigo Borja me permitió combinar un salto a Perú para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Lima. Me acompañaban Javier Moscoso, Rafael Delgado y Olvido Camarero. Con ellos viví algunas experiencias muy intensas.

El primer ministro Armando Villanueva, hombre bondadoso y comprensivo, fue mi introductor durante la visita, aunque las conversaciones de más contenido político las tuve con el presidente Alan García. Le encontré taciturno; ya había comenzado la campaña de desprestigio de Alan, se aproximaban las elecciones presidenciales y parecía sentirse mal correspondido por la sociedad tras su mandato. Ya se habían proclamado candidatos el escritor Mario Vargas Llosa y el «chino» Fujimori. Hablé por teléfono con Mario, que se encontraba en Cuzco para celebrar su primer acto multitudinario de campaña. Un año antes, almorzando con Felipe González y Vargas Llosa en Moncloa, me interesé por un rumor que corría en Perú: que el famoso escritor sería candidato a la Presidencia del país. Mario me contestó tajante: «Oigas lo que oigas, no hagas caso. De ninguna manera aceptaré ser candidato». En tono de broma, su esposa, que estaba presente, dijo que si alguna vez cambiaba de opinión podía tener como seguro que ella pediría el divorcio.

En cuestiones políticas, como se ve una vez más, «nunca jamás» tiene más bien el significado de «ya lo verás».

Mario Vargas Llosa, a la cabeza del Frelimo, se situó en una especie de «despotismo ilustrado» que el pueblo no podía ni quería aceptar. Perú había cambiado, los «cholos» empezaban a adquirir importancia, el destino del país lo decide un gran número de marginados, con cierto resentimiento histórico y voluble electoralmente. Para esta masa de marginados, Vargas Llosa representaba la oligarquía. La modernidad que pregonaba el Frelimo se identificaba con los intereses de los blancos, de los ricos, de la minoría insolidaria y ciega que había gobernado el país. El presidente Alan García me señaló el grupo de grandes familias que formaban «la República Aristocrática» que apoyaban a Vargas Llosa.

La crisis de los partidos políticos que tradicionalmente aglutinaron a los sectores populares, la fallida experiencia del Gobierno de Alan García y la escisión de las izquierdas dejaba sin opción a una gran cantidad de población que buscaba portavoces nuevos, populares, no comprometidos con los políticos tradicionales. Y en ese contexto aparece el mesianismo de Alberto Fujimori, el «chino», que contó con la red de las iglesias evangelistas. La evolución posterior es bien conocida. El proceso de conversión en un Gobierno autoritario, controlador y corrupto desembocó en un nuevo fracaso para Perú.

Al margen de los acontecimientos políticos estaba para mí como interés literario y humano conocer la razón por la que un escritor de prestigio bien ganado se compromete en una oscura experiencia oligárquica. ¿Con qué finalidad? La experiencia hizo evolucionar al escritor, que a partir de aquello suele entreverar buenas novelas con artículos políticos en la prensa diaria, en los que subyace una explicación para el autor mismo de por qué se embarcó en tan extraña operación.

De visita en Perú no quise perderme la contemplación de Machu Picchu. En avión llegamos a Cuzco, donde nos esperaba un helicóptero que nos llevaría directamente a las ruinas.

El comandante dirigió su helicóptero hacia Machu Picchu, pero se perdió. Después de dar unas vueltas nos confesó que no encontraba las ruinas. Descubrió un riachuelo y decidió seguirlo a escasos metros del suelo y con una increíblemente alta pared lateral de piedra de la que de trecho a trecho caía una inmensa cola de agua.

Cundía la preocupación entre los viajeros cuando divisamos unos cables que cruzaban el desfiladero. El responsable del protocolo peruano rezaba y comentó en voz baja pero audible que dejaba un trabajo difícil a sus compañeros: repatriar a España los cadáveres de las autoridades a las que acompañaba. Giré la cabeza y aprecié un tornasol verde bilioso en los rostros de Moscoso y Rafael. Para evitar la angustia tomé la cámara fotográfica y plasmé los bellos paisajes que nos rodeaban. Atravesamos entre los cables, y aún hubo de hacerlo el comandante otras veces más hasta que decidió descender en un claro del bosque. Enseguida aparecieron muchos chiquillos desnudos que orientaron al comandante sin dudar. Levantamos el vuelo y llegamos por fin a Machu Picchu. La visita eclipsó la fatiga del viaje. Era un encuentro con la inmensidad. El mal de altura embriagaba ligeramente, lo que facilitaba la sensación de fantasía que provoca una belleza tan estratégica y sensorial.

CAMBIOS DE GOBIERNO

Una mañana de julio recibí dos notas autógrafas del presidente del Gobierno. La primera era un tarjetón en el que me pedía que llevase los «papeles» conmigo para hablar sobre ellos. La otra era una larga descripción de siete folios de la situación de cada uno de los ministros del Gobierno, que acababa con una propuesta de nuevo Gobierno. Mis «papeles» eran los listados que había elaborado yo sobre posibles cambios en el Gobierno, solicitados por el presidente. Era en verdad la primera ocasión en la que Felipe tomaba la decisión de manera voluntaria, sin que mediaran factores externos, de realizar una crisis gubernamental.

Es cierto que ya en 1985 y 1986 había habido cambios, pero en el primer caso vino motivado por la actitud de mayor ambición de Miguel Boyer y en el segundo era una circunstancia obligada: el nombramiento de Gobierno derivado de la celebración de elecciones legislativas, la investidura del presidente y la formación de un Gobierno que, aun con alguna modificación, representaba la continuidad del anterior.

En 1988 estábamos ante otra situación. El presidente del Gobierno creía que había llegado el momento de introducir cambios en el Ejecutivo y se aprestaba a realizarlos. Tuvo, como en las otras ocasiones, la deferencia de confeccionar la nómina de ministros en conversación conmigo, generosidad que siempre le reconocí y le agradecí.

¿Cuál podía ser la razón para proceder a una crisis ministerial? Tengo para mí que la motivación principal radicaba en la consideración de que algunos ministros ocupaban la misma cartera durante cinco años y medio, lo que resultaba excesivo si se quería mantener el impulso de la acción ministerial. Esta es la razón de que la propuesta incluyera sustituciones, pero también movimientos de un ministerio a otro, indicativo no de pérdida de confianza, sino de inquietud por un cierto proceso de deslizamiento hacia la rutina en la actuación diaria.

Como queda escrito, Felipe me envió una larga nota valorativa de las circunstancias de cada uno de los ministros. No revelaré sus opiniones salvo en lo referido a mí mismo, porque creo que es útil para entender cuáles eran nuestras relaciones, directas, sinceras, y como elemento de comparación para lo que ocurriría solo dos años y medio después.

Felipe me expresaba que él creía que yo debía continuar y argumentaba que existían tantas razones para ello que no necesitaba explicitar ninguna. Añadía que, en el caso de que yo no quisiera seguir en el Gobierno, de ninguna manera me sustituiría por otro vicepresidente. Terminaba haciendo votos para que yo no tuviera la intención de abandonar el Gobierno. ¿Por qué hablaba de mi posible cese? Dos meses antes le había hecho llegar un documento semejante al suyo con la valoración de la tarea de los ministros y con otras sugerencias. Además le decía: «Esta es sin duda la mejor ocasión para que saques al titular de la Vicepresidencia»; o sea, a mí. Razones políticas fuertes, y aún más fuertes las personales, lo hacían conveniente.

Es fácil apreciar la gran confianza que presidía nuestras relaciones. En aquel momento ya había desaparecido la reserva de «entonces no me compensa» de la crisis de 1985. En dos años se producirían muchos cambios, pero en aquella fecha la relación no tenía arrière-pensée alguna.

Los nuevos ministros, José Luis Corcuera, Claudio Aranzadi, Jorge Semprún, Matilde Fernández, Enrique Múgica y Rosa Conde, llegaban de diferentes caminos. De ellos destacaba la figura de Semprún, antiguo dirigente comunista en el exilio, de donde salió por discrepancias con Santiago Carrillo. En Francia había logrado un sólido prestigio tras la publicación de la novela en la que relataba su internamiento en un campo de concentración nazi. Yo le había conocido en 1973, en una de las reuniones del socialismo del sur de Europa, a la que había sido invitado. La disposición del Gobierno respecto del intelectual ex comunista fue de una acogida muy amistosa, con una actitud de admiración por su trayectoria creativa. Se esperaba de él una brillante actuación, que serviría para aumentar el prestigio del Ejecutivo. Pronto defraudó. Estaba ausente en las reuniones, no intervenía en los debates, salvo cuando se planteó la creación de la televisión privada, asunto en el que se sentía vinculado a uno de los proyectos.

La fama que precede a los personajes que tenemos ocasión de conocer suele agrandar la figura de estos, y a veces deparar alguna sorpresa. Resulta harto difícil identificar a una persona siempre indefinida con el personaje comprometido que conocía a través de los libros. No vale el esfuerzo continuar la exposición de lo que sería una actitud insulsa.

Del partido procedía Enrique Múgica, que se había sentido preterido en la formación de anteriores gobiernos y que veía ahora satisfecha su ilusión de ocupar una cartera. Claudio Aranzadi llegaba al Gobierno desde el ámbito económico del equipo. Personalmente no tenía conocimiento alguno sobre él. Rosa Conde, que había dirigido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), había sido mi interlocutora cotidiana para conocer el funcionamiento y los frutos del Centro.

Otros dos nuevos ministros, Matilde Fernández y José Luis Corcuera, procedían del campo sindical. Dirigentes ugetistas, aportaban una visión cercana a los problemas reales de los trabajadores. Corcuera había abandonado la dirección del sindicato en franca oposición a Nicolás Redondo, que parecía creer que le movía la silla de secretario general. Hombre rudo en sus expresiones, capaz de cegarse por la pasión, esconde un poso de nobleza que en último término salva los encontronazos.

Matilde Fernández representaba a una mujer política que yo veía como ejemplar. Trabajadora, sin un ápice de ambición malsana, siempre vuelta hacia el necesitado, el débil, el oprimido, sabiendo distinguir entre lo justo y lo injusto, contribuía al Gobierno con una visión moral que me daba tranquilidad y firmeza.

Formado el nuevo equipo, con los ministros veteranos y los recién incorporados, había de afrontar el momento más difícil hasta entonces en la gestión socialista: la huelga general de diciembre de 1988.

¿RAZONES PARA UNA HUELGA?

El argumento principal que esgrimieron las centrales sindicales en la huelga general de diciembre de 1988 fue la deuda social que el Gobierno había contraído con los trabajadores. Daban por demostrado que la política económica del Gobierno era profundamente antisocial. El conjunto de la sociedad se vio sometida a una ráfaga continua de pronunciamientos en el mismo sentido. Políticos de la oposición, y en privado algunos del partido gobernante, periódicos, radios, comunicados en televisión, intelectuales, profesores y figuras del clero repetían que la política realizada por el Gobierno socialista satisfacía a los banqueros y perjudicaba a los trabajadores. ¿Decían la verdad? ¿Conocían los datos de la realidad? Sé que hubo en aquella descalificación del Gobierno alguna responsabilidad de este. El discurso arrogante de los que desde el Ejecutivo despreciaban los argumentos políticos dirigidos a hacer comprender la acción del Gobierno, a hacer ver los datos del balance general de los cambios, sin negar que puntualmente algunas restricciones fueran necesarias para impulsar la capacidad de generación de riqueza nacional, creó una desconfianza sobre las intenciones de muchas medidas gubernamentales que no lograban traspasar el muro de la incomunicación.

En la historia contemporánea de España ha dominado la visión pesimista de la realidad. Cuando, finalizando el siglo XIX, noventayochistas y regeneracionistas lanzaban un lamento continuo frente a la España que les dolía, lo hacían porque constataban el atraso material y espiritual de un país que había ido descendiendo en la escalera de la indiferencia ante los problemas y de la cerrazón a comprender la necesidad de una profunda transformación de la sociedad española. El lamento ante los males que aquejaban a España se desvaneció ante el empuje de la esperanza y la ilusión que insufló el advenimiento de la Segunda República. Pero pronto el ímpetu general fue cortado de raíz por el levantamiento militar de 1936 y la Guerra Civil.

Durante la dictadura se retrocedió hacia el atraso y el cierre de fronteras, no solo físicas, sino sobre todo mentales, culturales, económicas, artísticas. Tal situación provocó de nuevo un espíritu pesimista, negador de la acción del régimen autoritario. Lo paradójico y triste es que, recuperada la democracia, no cambió ese esquema mental, y mientras los españoles iban de manera permanente mejorando las condiciones de sus vidas, mientras que el país iba escalando puestos en los indicadores sociales en el conjunto de los países, muchos seguían con la misma canción: este es un país incapaz, las desigualdades sociales son más agudas que en ninguna otra parte, los trabajadores y sus familias siguen sin oportunidades de progresar, no se ha construido un mínimo Estado del Bienestar, etc.

La cuestión es que los datos reales de la situación desmentían de forma clara, evidente, el quejoso lamento que los líderes de todos los sectores de la sociedad transmitían a los ciudadanos.

Y los que veían el gran cambio producido no se atrevían a hacerlo público por temor a ser acusados de «cómplices» del Gobierno.

Cuando el sociólogo Mario Gaviria publicó el libro La séptima potencia, subtitulado España en el mundo, una visión en positivo de España, confesó que muchos le preguntaban quién le había pagado para que lo escribiera. No podían entenderlo o no querían aceptar que se pudiese manifestar públicamente que los datos de la realidad confirmaban un avance espectacular de España, sobre todo en el capítulo social.

En verdad, si comparamos la situación de la que parte en 1982 el Ejecutivo socialista y la que deja al abandonar el Gobierno en 1996, la única actitud lógica y honesta es sentir un orgullo gratificador por el cambio que el pueblo español ha experimentado en tan pocos años. Se hace realidad una frase ligera pero con fondo y contenido que dije al comienzo del mandato: «A España no la va a conocer ni la madre que la parió».

No es mi intención abrumar al lector con una montaña de tablas y cifras, pero sí quiero lo más levemente posible ofrecer algunos datos que sorprenderán a muchos y que, estoy seguro, enorgullecerán a algunos.

Nunca en España se vivió una etapa de tantos avances como la que va de 1982 a 1996, que puede ampliarse si se quiere haciéndola comenzar en 1977 con la recuperación democrática. Nunca en España hubo menos desigualdades, nunca hubo más bienestar, más desarrollo económico, más libertad, más solidaridad, mejor salud y educación, más garantía de sostén público ante el desempleo, la enfermedad o la jubilación.

España ha sido secularmente un país de grandes desigualdades; algunos reducidos grupos de familias acaparaban la riqueza de la nación, abandonando a unas condiciones cercanas a la indigencia a la gran mayoría de la población. En los últimos veinticinco años la desigualdad ha sufrido un profundo cambio. Los informes del Banco Mundial ofrecen unas cifras muy favorables para la evolución de la desigualdad en España. Las estadísticas se prestan a ser usadas con la intención de obtener conclusiones deformadas. Voy a procurar una limpieza absoluta en su utilización.

Los indicadores de desigualdad se obtienen comparando la renta que acapara el porcentaje (10, 20, 40 por 100) económicamente más elevado de la población con el porcentaje (10, 20, 40 por 100) de más baja condición económica.

Comprobar que la participación del 40 por 100 de los hogares con rentas más bajas alcanza solo un 22 por 100 de la renta del país puede resultar injusto, pero si comprobamos qué significa en el conjunto de los países más ricos de la Tierra, salta la sorpresa. España ocupa el primer lugar en la tabla de igualdad, pues en todos los demás (Japón, Bélgica, Holanda, Grecia, Noruega, Italia, Alemania, Finlandia, Israel, Canadá, Dinamarca, Francia, Suiza, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, Reino Unido) el 40 por 100 de los hogares más pobres participan de cifras sensiblemente menores de la renta. La fuente es el Informe Mundial de Desarrollo Humano 1995 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según las mismas fuentes, España solo es superada por Japón si consideramos la relación entre la riqueza de la quinta parte más rica del país y la de la quinta parte más pobre. En nuestro país la relación es de 4,4 veces más tienen los ricos respecto de lo que poseen los pobres. En el año 1989 estaban por detrás, tenían más desigualdad, países como Holanda, Suecia, Bélgica, Alemania, Noruega, Finlandia, Italia, Dinamarca (7,1), Francia (7,5), Suiza, Reino Unido (9,6), etc. Solo Japón (4,3) superaba muy ligeramente a España.

El grito que repetían los trabajadores en la huelga general contra la política antisocial del Gobierno era un grito equivocado. La política social del Gobierno había logrado colocar a España a la cabeza de los países ricos del mundo en cuanto a igualdad social. Pero así ocurre siempre; si se conjugan muchas voluntades a la hora de sostener una tesis equivocada o falsa, puede llegar a convertirse en una verdad social. En diciembre de 1988 fue el instante de mayor desafecto de la población con el Gobierno socialista. Representó un momento de censura moral, de desconfianza, de desapego enorme. Las actitudes de altos cargos, las declaraciones jactanciosas, una cierta arrogancia que transmitía desprecio a la opinión pública, la aparición de figuras económicas representativas de negocios rápidos, algunas frases odiosas («En España es donde los inversores ganan más dinero en menos tiempo») crearon un ambiente hostil hacia el Gobierno que precipitaron una crisis de fiabilidad. Tan alta llegó la sanción moral que algunos de los que debían defender al Gobierno, porque directa o indirectamente pertenecían a él, acordaron algunas cuestiones con los sindicatos, pues sentían vergüenza de oponerse al espíritu general de los huelguistas. Hubo en la realización de la huelga muchas complicidades de elementos del poder que ayudaron, si no hicieron posible, su rotundo éxito.

No me quedan dudas de que la población que mostró ampliamente su disconformidad con el Gobierno lo hizo con razones, mas no con la razón esgrimida para ir a la huelga general, la política antisocial del Gobierno. Los datos aportados son suficientemente elocuentes, pero se podían añadir muchos más. Observemos unos pocos indicios que nos sirvan para valorar la evolución durante esos años. Si en 1982 se gastó en pensiones contributivas de la Seguridad Social 1.317.765 millones de pesetas (fijemos a esta cifra un índice 100), en 1988 el gasto fue de 2.951.176 millones (el índice fue 224). Se multiplicó el gasto en pensiones en solo seis años por 2,24, pasando de representar el 6,7 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB) al 7,3 por 100 en un plazo tan corto.

Es digno de orgullo constatar que el país del analfabetismo histórico alcanzó el cuarto puesto del mundo en tasa de escolarización. En resumen, la crítica global al Gobierno socialista a causa de una política antisocial coincide justamente con la creación de un Estado del Bienestar nunca conocido en España. Y el mérito de los españoles es aún más valioso porque construyeron su Estado del Bienestar precisamente cuando el aparato ideológico y mediático repetía incesantemente la tesis de Ronald Reagan de la crisis del Estado del Bienestar. Un sistema, el español, que supo combinar el aumento de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social con un alto crecimiento del PIB, que hizo crecer los gastos sociales más deprisa que el PIB, que logró unas tasas de igualdad nunca conocidas en España.

TRIUNFO DE UNA HUELGA, DERROTA DE UN GOBIERNO

Las relaciones de UGT con el Gobierno fueron haciéndose cada vez más tensas, encadenándose hacia una huelga general seguida cómodamente por Comisiones Obreras, bajo el liderazgo opositor de Nicolás Redondo.

¿Cuáles fueron las razones que desembocaron en una fuerte deslegitimación del Gobierno? La oposición política parlamentaria mostraba una debilidad extrema, no poseía capacidad para instrumentar una crítica global al Gobierno que pusiera en causa el predominio electoral socialista. Su ausencia como elemento equilibrador del poder ejecutivo fue sustituida por los medios de comunicación y por los sindicatos. Ellos conocían bien el esfuerzo en materia social que estaba haciendo el Gobierno desde 1982, pero se enfrentaban a algunos ministros que no tenían escrúpulos en fustigar el papel del sindicalismo tomando como referencia lo que había sucedido con ellos en Gran Bretaña. Además, se había formado —y el Gobierno podía tener parte de responsabilidad— un esquema de desarrollo económico que tomaba públicamente referencia en personajes nuevos del mundo económico, de éxito fácil y rápido, creando una suerte de agravio con los trabajadores sometidos a reconversión industrial o con una moderación salarial que significa sacrificios en la capacidad de compra para su vida cotidiana. La arrogancia de algunas declaraciones de miembros del Gobierno y probablemente el conocimiento de los dirigentes del sindicato UGT de algunas intervenciones en las reuniones anteriores a los Consejos de Ministros, en las que se instaba al Gobierno a aprovechar un momento de debilidad de los sindicatos para darle el golpe final que eliminara su fuerza social, había ido creando una furia mitad política, mitad personal que impedía cualquier operación de acercamiento para evitar lo que ya parecía inevitable: una huelga general de gran calado social.

Días antes de la fecha para la que los sindicatos habían convocado la huelga, Nicolás Redondo anunció que habría más movilizaciones tras la huelga general.

El Gobierno publicó la relación de los servicios mínimos para atender las necesidades básicas de los ciudadanos, centrados en transportes y comunicaciones. De inmediato, los sindicatos anunciaron que no cumplirían los servicios mínimos legales acordados por el Gobierno.

Desde el Partido Socialista se intentó, con reiterados llamamientos a la concertación social al sindicato UGT, detener la huelga. Todos éramos conscientes de que ya no era posible. Se trataba, al menos, de reducir el impacto de lo que se preveía un seguimiento masivo.

Yo era consciente de que una paralización de la televisión supondría una fuerte invitación a no acudir a los centros de trabajo, incluso para los trabajadores que no tuviesen decidido seguir la huelga. Me informé de cuáles eran los mecanismos técnicos para detener la emisión de televisión, aun sin la voluntad de los trabajadores responsables de los programas. Existían unas instalaciones en la Bola del Mundo, en Navacerrada, en las que bastaba con bajar un interruptor para provocar el negro en la pantalla en toda España.

Preocupado porque una sola persona pudiera apagar la televisión, con gran repercusión en el conjunto de la huelga, hablé con el presidente del Gobierno, le advertí del peligro y le encarecí que la dirección de Televisión, que nada tenía ni debía hacer para evitar la huelga de los trabajadores del Ente, se hiciera responsable de evitar el sabotaje que podría hacer una sola persona. En aquellos días le reiteré mi preocupación al presidente. Me comunicó que la directora general, Pilar Miró, le había garantizado que junto al aparato en cuestión apostaría a dos personas de su entera confianza, y si fuera necesario estaría ella misma, para impedir que una sola persona tomara la iniciativa de sabotear las emisiones, pues un acto de tal índole no era el de ejercer el derecho de huelga, sino de quebranto de las reglas laborales.

La víspera de la huelga estuve acompañando al presidente del Gobierno hasta pasadas las once de la noche. Nos separamos. Encendí el aparato de televisión temiendo lo peor. A las doce en punto la pantalla cerró en negro. A las doce y un segundo sonó el teléfono de gabinete. El presidente me preguntó: «¿Estás viendo la televisión?». «Sí», le contesté. «Está en negro», me dijo con un tono sorprendido. «Me lo temía», le dije. «Pero si...», cortó la frase. Pocos días más tarde, Pilar Miró anunció su cese a sus colaboradores; no sé qué relación de hechos hubo, si se dio alguna.

Amaneció el día 14 de diciembre. Las calles estaban vacías, los autobuses no circulaban, los comercios cerrados, muchos con silicona en las cerraduras para impedir su apertura en el caso de que alguien quisiera abrir; el seguimiento de la huelga era verdaderamente general. Es cierto que contaron con alguna colaboración de parte de quienes debían evitarlo, no solo de la dirección de Televisión; algunos ministros, altos cargos, presidentes de Comunidad Autónoma habían establecido algunos pactos expresos o tácitos que favorecían el éxito de los huelguistas, pero no empañan el gran triunfo que supuso para los sindicatos una paralización general y nacional. Fue también una derrota para el Ejecutivo. En la opinión pública, en la mayoría de los ciudadanos, el Gobierno había sido vencido, su valoración moral en cuanto a la coherencia de su programa estaba bajo mínimos.

El equilibrio psicológico de los miembros del Gobierno estaba roto. Estábamos ante un fracaso al que había que responder, y pronto. Al día siguiente el presidente del Gobierno, después de reconocer públicamente que el éxito de la huelga era un duro golpe para el Ejecutivo, citó a los sindicatos a una reunión para el día 22, con el fin de retomar la concertación social, escuchar las reivindicaciones de los sindicatos y alcanzar un acuerdo.

En ese momento la situación del Gobierno empezó a recuperarse. Los sindicatos, víctimas ahora de la arrogancia de la que acusaban al Gobierno, anunciaron que no acudirían a la reunión. Grave error. Los triunfos hay que saber administrarlos. Hay que obtener un fruto de los éxitos, porque si no es así, ¿para qué sirve una huelga general? Los trabajadores que han seguido la consigna de los sindicatos quieren luego que estos les proporcionen algunas, si no es posible todas, de las mejoras por las que han ido a la huelga.

El Gobierno se encontró además con un apoyo inesperado: se publicó un sondeo hecho urgentemente según el cual el PSOE no perdía nada en sus expectativas de voto.

Al fin, tras una cadena de declaraciones de unos y otros, los sindicatos aceptaron acudir a la reunión con el Gobierno, reabriendo la mesa de concertación social.

En la reunión, con el presidente del Gobierno al frente de la delegación, no fue posible ningún acuerdo. Fue una prueba muy difícil para Felipe González. Antes de acudir a la reunión le había preguntado al ministro de Economía cuál era el margen económico para la negociación y hasta dónde podía ofrecer a los sindicatos. El ministro le suministró la cifra máxima: 180.000 millones de pesetas. Cuando en la reunión con los sindicatos el presidente ofreció la cifra máxima, Nicolás Redondo le humilló, mofándose de él, dado que en relaciones de segundo nivel del sindicato con el Ministerio de Economía se le habían ofrecido 350.000 millones.

Es fácil imaginar el enfado del presidente del Gobierno. Entre los que esperábamos el final de la reunión, miembros del Gobierno y equipo de técnicos, la indignación era general. La ministra portavoz me dijo: «Esta vez lo cesa; esto es intolerable». La miré con un esbozo de sonrisa y dije: «No lo hará».

La reunión terminó en fracaso, lo que llevó a Felipe a declarar: «La concertación social, como se concibió en la transición, está acabada». Por otra parte, pidió a UGT que se desmarcara del «proyecto político del PCE», que dejara de hacer política seguidista.

Desde el sindicato, Antón Saracíbar hizo pública una posición algo enigmática: «Si el Gobierno no apoya las reivindicaciones sindicales, otras formaciones políticas lo harán». Quizá estuviera pensando en el apoyo que esperaba conseguir en el Parlamento de los grupos parlamentarios, salvo el socialista; pero no fue así. El presidente del Gobierno llevó el tema de la concertación social al Congreso, en el debate del Estado de la Nación, culpando a UGT del fracaso de la concertación y proponiendo una serie de medidas que satisfacían las reivindicaciones sociales. Se aprobó un conjunto de disposiciones que comprometían 200.000 millones en gasto social.

En una entrevista de prensa intenté neutralizar la corriente antisindical que se extendía en los ámbitos económicos del Gobierno, declarando que «no hay un partido socialista en Europa que no comprenda que el proyecto sindical es una parte muy importante en el progreso de una sociedad».

Aproveché la ocasión para desmentir una acusación que me habían atribuido en los días previos a la huelga acerca del deseo de Nicolás Redondo de ser el secretario general del partido desde el Congreso de Suresnes, cuando repetidamente había yo expresado que no lo fue porque él no quiso serlo, y como consecuencia todos se volvieron hacia Felipe González. Procuré desdramatizar la situación concediendo una representatividad importante a los sindicatos, pero advirtiendo que había otras instituciones incluso más representativas, como el Parlamento. «España no está viviendo un momento trágico, sino floreciente, y no hay que dramatizar. Creo que a la gente le importa mucho menos de lo que se piensa el conflicto entre el sindicato y el partido; lo que busca son soluciones a sus problemas», terminaba mi intento de volver las cosas a su sitio natural.

Todo pasa; en pocos meses estábamos en otras batallas: convocatoria de nuevas elecciones, etc. Todo pasa, pero todo queda. En el partido surgieron dos corrientes de pensamiento respecto del sindicato: unos querían aprovechar para «darles la puntilla»; otros creían que el proyecto sindical en sí mismo era un elemento capital para no perder de vista los objetivos de igualación social, además de considerar que los sindicatos no tendrían mucha legitimidad, pero mantenían la capacidad deslegitimadora de cualquier política social, sea esta avanzada o continuista, del Gobierno.

El camino del partido y del sindicato se bifurcaba inevitablemente; a partir de aquella huelga las organizaciones se sintieron autónomas e independientes, ya ninguna de ellas consultaría a la otra antes de tomar sus decisiones estratégicas. No podía hablarse de divorcio, pero sí de una separación amistosa. Tengo para mí que esa estrategia de separación no ha sido buena ni para el sindicato ni para el partido. Ha obligado al partido a relacionarse con la misma intensidad con los otros sindicatos y a UGT a no hacer distinciones entre los partidos. En definitiva, indefinición política e ideológica, pérdida de referentes para todos y debilitamiento del proyecto progresista compartido por socialistas y ugetistas. Claro que se compensaba con la exaltación de autonomía de cada organización; es una satisfacción de los propios que sirve para autoafirmarse, pero que aleja el proyecto común de sociedad avanzada en la que los derechos políticos se abracen con los derechos sociales y económicos.

Pero la huelga general de 1988, con los consiguientes intentos de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, tuvo una trascendencia más importante. Como había interpretado Felipe González, el modelo de concertación social que fue concebido durante la transición política se había terminado. Fue la primera ruptura de los tres pactos de la transición.

La recuperación democrática que se inicia con las primeras elecciones libres de 1977 había dibujado un escenario político con dos grandes partidos —desde el punto de vista electoral—, UCD y PSOE, más otros partidos menores en votos representantes de la izquierda comunista (PCE), de la derecha del antiguo régimen (AP) y de los grupos nacionalistas periféricos (PNV, CiU y ERC). Los partidos principales, UCD y PSOE, con un apoyo prácticamente unánime, entendieron la conveniencia y aun la necesidad de lograr una concertación política (que diera estabilidad a la democracia naciente), una concertación social (que asegurase prosperidad, progreso económico y social) y una concertación territorial (que lograse integrar a los nacionalismos periféricos hasta entonces ajenos a la construcción del Estado). Las tres modalidades de concertación tuvieron su materialización en el consenso constitucional (concertación política), los Pactos de la Moncloa (concertación social) y el Título VIII de la Constitución (concertación territorial).

Los tres acuerdos conocieron su puesta en causa en un futuro no demasiado lejano. La actitud posterior a la huelga general supuso el fin de la concertación social como fue entendida en la transición. El pacto político quedó suspenso cuando en 1989 el partido que pierde las elecciones (AP) pone en crisis la validez democrática de la consulta y se rompe con la operación antidemocrática del PP entre 1993 y 1996. La estrategia de reformas de los Estatutos vasco y catalán del año 2005 había de quebrar el acuerdo territorial que se logró en la Constitución de 1978. Comenzaba así, en 1988, la revisión parcial del gran acuerdo democrático que ha permitido a España vivir los mejores años de su historia contemporánea.

UN LABERINTO ELECTORAL

En julio de 1989 el presidente del Gobierno advirtió que tras la celebración del Consejo de Ministros, tomando un café, quería oír la opinión de los miembros del Gobierno acerca de la fecha idónea para celebrar las próximas elecciones. Él mismo abrió el fuego ofreciendo dos fechas propicias: otoño de aquel año o una fecha entre febrero y abril del siguiente. Aseguró que era su opinión, pero que quería escuchar la de todos para más tarde tomar una decisión.

El debate se centró, pues, en el dilema adelantar las elecciones o agotar la legislatura. Es interesante contemplar las razones que esgrimen los gobernantes a la hora de fijar el momento más favorable para celebrar elecciones.

El ministro de Agricultura, Carlos Romero, argumentó a favor y en contra del adelantamiento en razón de situarlas antes o después de alguna movilización del sector agrícola y de la alimentación que él preveía.

Jorge Semprún afirmó con contundencia que aunque se interpretase como un comportamiento leninista (por interés de partido) deberían adelantarse. ¡Oh, el peso del pasado!

La ministra portavoz, Rosa Conde, que había tenido antes la responsabilidad del Centro de Investigaciones Sociológicas, fundamentó su opinión favorable al adelanto en los resultados de un reciente sondeo: alta intención de voto para los socialistas, puntuación muy alta del presidente y opinión mayoritariamente de acuerdo con la política del Gobierno. Destacó como los factores más positivamente valorados por la opinión pública el desarrollo económico, el desarrollo democrático, el protagonismo en Europa, etc. Los más negativos, los problemas de seguridad ciudadana, la escasa creación de empleo, los precios en alza, la sanidad, la corrupción de la vida pública.

La ministra no observó, al menos no lo expresó, el carácter abstracto de la gestión bien considerada por los ciudadanos y en cambio lo concreto de lo que les parecía una gestión deficiente.

Otros valoraron también el impacto del viaje del presidente a Estados Unidos y la visita a Madrid de Mijail Gorbachov.

El ministro que mejor argumentó la conveniencia del adelanto, Virgilio Zapatero, hizo hincapié en la ventaja que podía ser para la oposición, con problemas de liderazgo por resolver. La convocatoria de elecciones sería una oportunidad, una ayuda para solventar la desesperada situación interna de la derecha española.

Las escasas razones contrarias al adelanto electoral se centraron en la pedagogía política de agotar la legislatura como indicativo de normalidad democrática. El presidente cerró el debate inclinándose por el adelanto, aún no decidido, y anunciando que la fecha más lógica sería la del 29 de octubre.

Estas reflexiones del Gobierno tenían lugar en julio de 1989. Ya antes, en marzo, el presidente me había enviado un interesante documento que expresaba su entusiasmo por completar el cambio histórico que habíamos iniciado. Felipe me exhortaba a ganar el desafío. Su razonamiento consistía en intentar prever lo que sucedería en España en la economía y en el gasto social si fuéramos capaces de mantener el ritmo de lo acontecido desde mediados de 1985 hasta entonces, cuatro años después. Si pudiéramos proyectar el comportamiento económico de esta etapa hasta el año 2000, España duplicaría su riqueza; si se hiciera lo mismo en lo referente al gasto social, en quince años (1985-2000) este se habría más que duplicado. La idea es simple, fácil de entender: gobernar otra década para duplicar la riqueza nacional y el gasto social. Felipe se preguntaba si era realizable un proyecto que supondría la mayor revolución imaginable de España como «realidad histórica». Para decirlo en términos menos grandilocuentes, significaría aprovechar adecuadamente la mejor oportunidad que ha tenido el país desde el siglo XVI. Me advertía Felipe, recordaba una frase mía: «Tú dirías que a España no la reconocerá ni la madre que la parió», me anunciaba que estas ideas le habían venido a la cabeza como una reiteración racionalizada de nuestra conversación sobre el lema de campaña para las elecciones de 1986, «Ganar el desafío». Entonces, opinaba él, fue más una intuición que una idea-fuerza. Ahora manifestaba sentirse en condiciones de articularla desde la simplicidad a la complejidad de una acción programática asumida colectivamente. Se pronunciaba de manera tajante para ponerse a trabajar en el proyecto, desarrollándolo como una estrategia que pudiese ser llevada a una campaña y plasmada en un programa.

Terminaba su larga carta con una idea ambigua pero que apuntaba a lo que me plantearía meses después: «Para mí sería un alivio sustituir el compromiso moral de la praxis por el de la aportación de ideas —si valen— que ayuden al partido y desde luego que puedan servir a la sociedad».

¿Qué pretendía decirme? Más que intuir, comprendí que estaba hablando de dejar la responsabilidad política directa, la Presidencia del Ejecutivo. Cuando pocos meses después argumentó delante de los ministros su convencimiento de la conveniencia de adelantar a octubre, con fecha concreta, el día 29, las elecciones, creí que mi lectura de aquella carta había sido errónea, o que, si fue acertada, Felipe había cambiado su posición. Pronto me llegaría el desmentido de ambas interpretaciones.

Tuvimos lo que para mí resultó la más difícil de nuestras conversaciones. Sentados alrededor de una mesa en el jardín de Moncloa, un Felipe González triste, lento, agobiado y agotado fue exponiendo su posición contraria a continuar siendo presidente. Sus palabras se estiraban en el tiempo, entreveradas de largos silencios que hacían difícil la oposición a sus tesis. Comenzó por expresar su convicción previa de mi posicionamiento negativo a su abandono. Conociendo con seguridad cuál sería mi respuesta, había intentado una mínima insinuación a algunas personas y había recibido la misma respuesta de todas, semejante a la que yo mantenía.

Después de muchas vueltas, razones, contraargumentos y explicaciones (yo sostuve la tesis que afirma que nadie es imprescindible, pero que a veces una persona en una circunstancia concreta representa tanto que su sustitución resulta gratuita o frívola), me comunicó que aceptaba ser candidato nuevamente con una condición: en la campaña electoral, uno de sus argumentos sería el anuncio de que sería candidato por última vez. Me opuse con sólidas razones: ¿qué beneficio podía obtener con esa advertencia? Ninguno. Pero desde luego tendría consecuencias indeseables, no solo en el terreno electoral —el candidato se va, abandona—, sino especialmente en los dominios de la política y de la lucha por el poder. El anuncio desataría una pugna entre los candidatos a la sucesión que afectaría muy negativamente a la estabilidad del Gobierno, del partido y de la vida política.

Pero Felipe seguía cansinamente, en un diálogo inacabable, arrastrado, agotador. Tras horas de discusión, ofertó una salida que ya no fue posible evitar. Anunciaría que era la última vez en que sería candidato el primer día de la campaña electoral y ya no volvería a hablar del asunto. Los efectos serían los mismos, pero imaginarme lo que pretendía inicialmente, tratar el tema en todos los actos públicos de la campaña, me hizo contemplar con cierto alivio el único anuncio del que no quería apearse.

Las consecuencias de aquel anuncio fueron inmediatas y de mayor calado del calculado. Como había previsto, los sectores del partido con ambición de poder comenzaron a tejer una tela de araña que impidiese una continuidad desde la dirección. La conclusión a la que llegaron fue clara: hay que cambiar la correlación de fuerzas en la dirección del partido. Los aspectos más graves de estas operaciones fueron la búsqueda de colaboración externa al partido. Dirigentes de medios de comunicación, empresarios y algún embajador creyeron llegado el momento de favorecer una salida sucesoria más acorde con sus planteamientos o intereses. Hasta hubo una reunión específicamente dedicada al asunto de los presidentes de los siete grandes; así denominaban a los siete más importantes bancos de la nación.

Pero recuperemos el hilo cronológico. Tras la campaña se celebraron las elecciones el 29 de octubre. El PSOE fue el partido ganador. La noche electoral fue comprometida. Se hacían cábalas acerca de las posibilidades del PSOE para ganar y eran muchos los que opinaban que si repetía triunfo no lo sería por mayoría absoluta. Por la noche anunciaba yo los resultados en el Palacio de Exposiciones y Congresos, flanqueado por el ministro del Interior y la ministra portavoz del Gobierno. Cada uno de nosotros leíamos los resultados del escrutinio en unas pantallas de ordenador en las que se reflejaba la continua descarga de los votos que se introducían en el ordenador de recuento. Los dos ministros y yo mismo teníamos delante unos datos con el 47 por 100 del voto escrutado. El PSOE aparecía como ganador con una distribución de escaños que le situaban a dos escaños de alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, yo anuncié al PSOE como ganador con mayoría absoluta ajustada. El ministro del Interior me dio un fuerte codazo en el brazo; con sus ojos me invitaba a leer la tabla del ordenador. Le tranquilicé moviendo pausadamente las manos. Yo había introducido los datos en un modelo matemático que habíamos preparado desde las primeras elecciones, y efectivamente daba mayoría absoluta al PSOE. Al finalizar el cómputo del total de los votos se confirmó la mayoría absoluta.

Pero el proceso electoral no terminó aquella noche. Por vez primera en la democracia española se puso en causa el resultado electoral. No fue una improvisación; estuvo precedida de una insidiosa campaña de sospechas, dudas y advertencias.

La derecha presentaba a un nuevo candidato, José María Aznar, y el Partido Comunista, ahora bajo las siglas de la coalición Izquierda Unida, tenía como máximo exponente a Julio Anguita, que fue recibido con más elevados halagos que Aznar por la prensa conservadora. Durante la campaña electoral, Aznar y Anguita respondieron a algunas cuestiones de forma acompasada, prefigurando lo que sería más tarde una fuerte alianza contra el Gobierno socialista. Las dos formaciones políticas, el partido de Aznar y la coalición IU, advirtieron sobre la necesidad de garantizar la limpieza del proceso electoral que se aproximaba, extendiendo por primera vez en la democracia dudas sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones. Luego llegarían las denuncias sobre irregularidades que desembocarían en la anulación de las elecciones en Murcia, Pontevedra y Melilla. Aznar llegó a decir en mitad de la campaña electoral que existía una «mafia de compra de votos» de la que culpaba al Gobierno.

El Parlamento convocado para el debate de investidura quedaba reducido a 332 diputados. El PSOE, que había obtenido 176 diputados, transitoriamente quedaba con 166, por lo que necesitaba un diputado (la mayoría absoluta se obtendría con 167 de los 332 que formaron provisionalmente el Congreso). El voto que completaba la mayoría para obtener la investidura en primera votación lo proporcionó el diputado Luis Mardones, de Agrupaciones Independientes Canarias, sin que pudiera evitar una fuerte coacción de las fuerzas conservadoras para disuadirle del apoyo al Gobierno socialista.

Se celebró el debate de investidura en un clima de tensión desconocido hasta entonces. La derecha española tras el triunfo socialista de 1982 había intentado todo con procedimientos normales: intentó derribar al Gobierno negándose a apoyar el referéndum sobre la Alianza Atlántica, creación de la alternativa Reformismo Democrático con abundante apoyo económico de los bancos, cambio de líder (Fraga, Hernández Mancha, Fraga, Aznar), y de nuevo en 1989 comprobaba su ineficacia para evitar el triunfo del PSOE. Vieron entonces una oportunidad, otro camino a través de los tribunales de justicia que presagiaban más favorables a sus tesis.

Felipe González se adelantó a todos anunciando en su discurso que cuando se produjesen los nuevos resultados electorales donde se habían anulado, el presidente del Gobierno se sometería a una moción de confianza.

En su primer discurso en un debate de investidura, José María Aznar mostró ya su desdén, desconfianza y desprecio sobre Felipe González. Era la primera ocasión en que se enfrentaba a Felipe y ya pudo oírse un eslogan: «Lo malo es que usted ya no es creíble», que presagiaba el «Váyase, señor González». Desde el primer día el mulo arenero tiene querencia hacia el río.

Alcanzada la investidura del presidente González en primera votación, los dirigentes conservadores acudieron con sus falsas acusaciones al Parlamento. Fue Rodrigo Rato el encargado de interpelar al Gobierno con imputaciones de irregularidad en el proceso. La respuesta la ofrecí yo; en ella quise dejar bien claro que no solo estaban injuriando malévolamente al Gobierno, ni siquiera era eso lo más importante. La gravedad de la conducta de la derecha estaba en el intento de empañar la dignidad del sistema democrático con argucias, con malos entendidos y con medias verdades que no ocultaban más que grandes mentiras. Apelé a que dejásemos en este tema la mentira, las descalificaciones, los trucos verbales. La demagogia contra el sistema debían dejarla para los enemigos de la libertad. Debíamos reconocer la limpieza del proceso. Hasta aquel momento se habían producido veintiséis procesos electorales legislativos, municipales y autonómicos. Unas veces había ganado un partido y otras veces otro partido. Respetemos la representatividad de los órganos elegidos, cámaras, ayuntamientos, parlamentos autonómicos y gobiernos legislativos.

Realizadas todas las investigaciones y procesos, se comprobó la falsedad de las denuncias, se repitieron las elecciones y el PSOE volvió a disfrutar de la mayoría obtenida el 29 de octubre, la mayoría que la derecha había querido arrebatar por procedimientos ajenos a las urnas. La peligrosa consecuencia es que habían iniciado un camino que ya no abandonarían hasta conseguir en 1996 ganar unas elecciones. Se rompía uno de los pactos de la transición, el de respetar el sistema democrático que entre todos construimos, un sistema que en razón electoral sustraía al Gobierno todas las competencias integrándolas en las juntas electorales (formadas por magistrados y catedráticos) y a la verificación de los partidos políticos en el acto del escrutinio de los votos mediante sus representantes en las mesas electorales. Se quebraba otro de los tres grandes pactos de la transición.

DERRIBAR UN MURO

El 9 de noviembre de 1989, jóvenes alemanes de los dos sectores de Berlín se encaramaron al muro construido por los soldados de la RDA en 1962 y con mazos y martillos procedieron, en medio de la alegría general, a derribar el símbolo de la Alemania dividida, de la Europa rota, del mundo enfrentado.

Se ha escrito mucho sobre el proceso que llevó a la destrucción del Muro de Berlín, pero es muy posible que sean teorizaciones posteriores que dan forma ordenada a unos acontecimientos que estuvieron más ligados a la improvisación, a la intuición popular que a una planificación política de ninguna organización. Baste considerar la completa ignorancia de lo que estaba pasando por parte de las agencias de espionaje más importantes del mundo. Ni la CIA ni el KGB ni los servicios británicos tuvieron siquiera la impresión de que un suceso tan importante estaba en puertas de sorprender al mundo.

A mediados de octubre, Willy Brandt tuvo una entrevista con Mijail Gorbachov en el Kremlin. Según confesión privada de Brandt, Gorbachov le dijo que el proceso de la RDA era un asunto interno, que el Ejército soviético estaba allí para defender los intereses estratégicos de la URSS y no del Gobierno de la RDA, que ellos se comportarían de la misma manera como lo habían hecho en Polonia, Hungría y otros países socialistas, es decir, la no injerencia siempre que se mantenga el equilibrio.

El día de la apertura del muro, Brandt, que estaba en el Berlín occidental, recibió un mensaje personal de Gorbachov pidiendo prudencia para que los acontecimientos que se estaban desarrollando no se desbordasen. Brandt, desde el balcón del Ayuntamiento, se dirigió a los berlineses pidiendo que en la alegría de esos momentos no se olvidaran de las responsabilidades que tenían frente al futuro, que no se debía desestabilizar la situación.

De aquella entrevista, Brandt obtuvo la certeza de que la URSS había cambiado su posición respecto del futuro de Alemania, que ya no rechazaban el planteamiento de una solución hacia la reunificación.

El día 9 de octubre la RDA estuvo al borde de la catástrofe: del Politburó salió la orden de disparar contra los manifestantes de Leipzig, aproximadamente setenta mil. La orden fue conocida por los soviéticos, que hicieron saber a las autoridades de la RDA que en ningún caso se comprometerían en la represión las fuerzas soviéticas estacionadas en la RDA. La URSS dio orden de que soldados y tanques permaneciesen en los cuarteles y prohibiesen a la tropa salir a las calles, ni con uniforme ni de paisano.

En la solución pacífica del derribo del muro el papel de Gorbachov fue fundamental, haciendo saber a los dirigentes comunistas de la RDA, Honecker y Krenz, que no contaran con la URSS para detener los deseos de libertad de los alemanes de la parte oriental.

Bien pronto se precipitarían los acontecimientos, con la caída de Honecker, la desarticulación de la temible policía Stassi y la llegada de la libertad. Honecker se refugió en una iglesia que le dio asilo. Durante un tiempo se especuló sobre su destino. Estando yo en Chile, en casa de quien sería más tarde presidente de la República, Ricardo Lagos, supe que Honecker saldría de la RDA hacia Chile, donde vivía su hija, justamente a pocas casas de distancia del domicilio de Lagos. Sentí un gran deseo de entrevistarme con Honecker para comprobar los efectos en el ser humano del tránsito del máximo poder a una situación de repudio colectivo. Me atraía poderosamente la verificación directa de una transformación tan absoluta, de la cumbre a la sima de forma radical, como un rayo que penetra y destruye el símbolo máximo del poder. Esperé unos días, pero la autorización para la salida de la RDA se demoraba y tuve que abandonar Chile con la pena de no haber podido comprobar las pasiones que William Shakespeare tan magistralmente nos ha hecho conocer; en aquella ocasión se trataba de contemplar el sentido trágico de la vida fuera del escenario.

La trascendencia de la caída del Muro de Berlín afectaría a la vida política, y a la cotidiana, del mundo entero. Del derribo de aquel símbolo de la separación de los mundos se derivarían acontecimientos de una profunda transformación del planeta. La división en dos bandos: Estados Unidos de Norteamérica y su cinturón «sanitario» de los países iberoamericanos y Sudeste asiático, y la Unión Soviética con su «defensa» de los países satélites, se transformó en la unipolaridad del imperio USA con unos países antes adversarios, ciegos ahora por imitar el modelo de vida norteamericano.

Los socialistas interpretaron el hundimiento del comunismo como la gran oportunidad para el reconocimiento del movimiento socialista, descontaminado por fin de la influencia de los regímenes comunistas. Fue un error de interpretación que hubo que pagar.

Tengo vivo en mi recuerdo el acto festivo en que se convirtió la primera reunión del Comité Federal del PSOE después de la caída del muro. Los oradores expresaban una desbordada alegría por la recuperación de la libertad de millones de europeos y agregando un sentimiento esperanzador por el futuro del socialismo que ya no había de arrastrar la «vergüenza histórica» de la experiencia comunista.

Cada intervención con muestras de contento por las perspectivas que se abrían para los socialistas me hacía sufrir. Me parecía que no entendían la gravedad y trascendencia del momento, que preferían distraer la atención hacia una autosatisfacción que estaba lejos de justificarse.

Pedí la palabra sabiendo que mis explicaciones serían recibidas con desagrado, mas como en otras ocasiones creí mi obligación expresar un punto de vista diferente al ambiente general dominante, pero en el que yo veía más claridad de análisis.

Comencé mi discurso sumándome a la alegría que motivaba saber que muchos europeos sometidos a un régimen autoritario eran ahora más libres, para pasar sin preámbulos a afirmar que las piedras del Muro de Berlín habían caído sobre nuestras cabezas, que seríamos los socialistas los más perjudicados en los países occidentales por el fracaso de la experiencia del comunismo soviético. El socialismo representaba en la conciencia colectiva un modelo alternativo al sistema capitalista; con todas las salvedades necesarias, como el comunismo. Y el reconocimiento del fracaso de este se emparejaría con una consideración exitosa del capitalismo y, por ende, un menosprecio del socialismo. La tendencia iniciada en la socialdemocracia europea desde el planteamiento descarnado del conservadurismo en la etapa de Ronald Reagan alcanzaría un importante reforzamiento después de la caída del muro, lo que obligaba al socialismo a buscar una nueva formulación del discurso que pudiera resistir el embate que se podía augurar del neoliberalismo triunfante.

No sé cuántos me comprendieron ni cuántos acomodaron su pensamiento a mis tesis —los rostros de disgusto no me permitieron tener muchas esperanzas—, pero al menos se había depositado la semilla de la duda, de la necesidad de replantear la oferta socialista a una sociedad que empezaba a estar «voluntariamente» sometida al esquema neoliberal de desarrollo social.

EL SENADOR BARRAL

Murió Carlos Barral. Integraba Carlos varios personajes en su única y original personalidad: Carlos poeta, novelista, memorialista, editor famoso y respetado, senador socialista, esteta, comprometido en la lucha por la libertad, amigo.

Al cumplirse un año de su muerte, Ivonne, su esposa; Danae, su hija; Malcolm, su nieto, y sus amigos nos reunimos a recordarlo en el Senado.

Pensé que bien hubiera podido decir Carlos como el sabio oriental: «En mi vida no me he ocupado más que de las cosas esenciales, es decir, fútiles: viajar y leer, amar y crear, dudar, luchar y, a veces, escribir».

Parece claro que Carlos Barral vivió más interesado en gozar de lo obtenido que por ampliarlo, siguiendo un principio horaciano que pude apreciar en mi larga relación personal con Carlos, que inicié en mi adolescencia.

Las cenizas de Carlos volvieron a su mar de Calafell entre claveles rojos de tantos amigos. Habremos de seguir hablando de Carlos Barral para que su memoria perdure entre nosotros.

LA CACERÍA

En enero de 1990 el diario ABC publicó una información en la que acusaba a uno de mis hermanos, Juan, de haberse beneficiado de la utilización de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno, en Sevilla, para realizar negocios o contactos. Aunque ya hacía tiempo que mi hermano no trabajaba conmigo y desconociendo el asunto del que hablaba el periódico, hice las comprobaciones necesarias. No apareció nada que pudiera ser ilegal; me quedé tranquilo, y con la serenidad que me dio la verificación de que se trataba de un ataque no fundamentado le presenté la dimisión al presidente del Gobierno para evitar el deterioro, injusto pero no menos eficaz, del Ejecutivo. El presidente me contestó con una negativa clara: no tenía que pensar en ello.

En los días siguientes todos los periódicos sin excepción tomaron el asunto en sus primeras páginas y agitaron en cualquier dirección las acusaciones contra mí. El día 1 de febrero comparecí ante el Pleno del Congreso para dar las explicaciones a las que los diputados tenían derecho. El plazo que medió entre la primera acusación en ABC y la comparecencia en el Congreso fue de pocos días —considerando además que el mes de enero no es hábil parlamentariamente—, pero como paradigma de las manipulaciones políticas y periodísticas aún se sigue sosteniendo en libros de escribidores de ocasión que mis explicaciones fueron tardías como causa del enorme revuelo que tendría el asunto. En el propio debate parlamentario se me acusó de llegar demasiado tarde a dar explicaciones. Comparecí el primer día en el que el Parlamento abría sus sesiones. Cuando la intención es acusar, atacar, destruir, parece que poco importan los argumentos, solo la voluntad de agredir.

En la comparecencia expliqué todo lo que sabía de la cuestión y respondieron los grupos parlamentarios manifestando su insatisfacción con mis razones. Tres grupos parlamentarios pidieron mi dimisión: el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Andalucista. Fueron los tres que, en una acción concertada, llevaron el tema ante los tribunales, constituyéndose en acusación particular. Al trío se uniría la acusación popular de José María Ruiz-Mateos.

El asunto cayó en manos de un juez corto, gris, desconocido, que creyó encontrar un caso que le propulsaría a la fama, a la gloria. A la vista de que la cuestión denunciada no le aportaba ninguna prueba, tomó la decisión de emprender una causa general, según la tradición inquisitorial, y se dedicó a investigar hacia atrás todas las actividades que tuviesen la menor relación con la persona de Juan Guerra, o de su hermano Alfonso. Alcanzó a la investigación de una cuenta bancaria (en verdad, una libreta infantil de ahorros) en la que llegué a amasar la fortuna de 12 pesetas y 75 céntimos. En ella husmeó el juez prevaricador buscando infructuosamente un atisbo de irregularidad económica en mi vida política, cincuenta años después.

Cuando el juez instructor comprobó el éxito de sus gestiones en las miles de páginas que dedicaban todos los periódicos a su actividad, se lanzó a una carrera desenfrenada de procedimientos que le llevó a la apertura de al menos dieciocho procesos penales, que terminaron en los tribunales con sobreseimientos, archivo o sentencias absolutorias. No hubo una sola sentencia condenatoria sobre los asuntos denunciados e investigados por el juez. Solo tuvo mi hermano un problema fiscal, sin relación alguna con el asunto del despacho.

Dos preguntas rondaban continuamente en mi cabeza: ¿qué sucedió verdaderamente en el despacho de la Delegación del Gobierno? Y ¿cómo algo que resultó ser solo aire pudo llegar a producir tanto ruido? A responder a estas dos preguntas dediqué un gran esfuerzo. Expondré mis conclusiones.

En la etapa en la que desde la oposición dirigía yo el Grupo Parlamentario Socialista llegó a mis manos un estadillo de las nóminas de los asesores de los ministros de UCD. Entre ellos figuraba un asesor del ministro de Hacienda que residía en Sevilla, un colaborador habitual de ABC de Sevilla, perteneciente a una «alta familia sevillana». Figuraban en el documento los honorarios que recibía. Le pregunté privadamente al ministro qué función tenía un asesor en Sevilla. Me explicó que por residir él mismo en Sevilla, a la que acudía en su etapa de ministro cada fin de semana, se veía obligado a recibir a gentes en solicitud de reclamaciones o ayudas oficiales, por lo que le resultaba útil una persona que canalizara la llegada de peticiones. Me pareció correcto, y cuando tuve la responsabilidad de la Vicepresidencia recordé aquella conversación y me pareció conveniente contar con alguien que me ayudara en la tarea que me proporcionaran las personas que se dirigían a mí en Sevilla, en mi condición de vicepresidente. Únicamente modifiqué un elemento de la relación: creí que sería más honrado que los honorarios no cayeran sobre el erario público y pedí al partido que se ocupara de sostener el pago de mi asesor en Sevilla. Dado que mi hermano Juan venía haciendo algo semejante en mi tarea de vicesecretario general del PSOE, tanto la organización como yo mismo creíamos tener ya la persona idónea y a ella se le encargó la tarea. A veces en Sevilla debía recibir como vicepresidente del Gobierno a algunas personalidades extranjeras que llegaban a la ciudad y a algunos representantes de la vida política e intelectual sevillana; por esta razón pedí a la Delegación del Gobierno que me facilitara un despacho para las entrevistas que tuviera que celebrar en mi ciudad. Al mismo tiempo advertí que se permitiera entrar en ese despacho a mi asesor, mi hermano, para recoger la correspondencia y para que tuviera a punto la documentación que yo necesitara en cada ocasión en que utilizase el despacho.

El hecho es que cuando alcaldes, empresarios, solicitantes de cualquier ayuda o trabajo supieron de la existencia del despacho acudían allí en busca de mi asesor para exponerle sus asuntos. Estos contactos, con los consiguientes documentos de obras o proyectos de instalación, dieron lugar a una interpretación abusiva de que el despacho de la Delegación se había convertido en un lugar donde se hacían negocios para el lucro de quien asesoraba al vicepresidente del Gobierno. Afortunadamente, pero mucho tiempo después y con el daño hecho, los tribunales certificaron que todo había sido una operación en la que se infló un globo político con intenciones aviesas. No había nada que penalizar porque nada ilegal se había cometido en aquel despacho. Entonces, ¿por qué tanto ruido?; es la segunda pregunta que me hacía.

Después de hablar con unos y otros, de estudiar los documentos presentados ante el tribunal, de escuchar opiniones, informaciones y sugerencias, tengo para mí que la verdad debe estar muy cerca de lo que expongo.

Fue todo una concatenación de hechos: el despecho de una esposa abandonada, la cooperación maliciosa de algunos dirigentes políticos, el ensañamiento de la prensa contra mí, la creencia de que había llegado el momento de suplantarme en la dirección del partido por parte de algunos dirigentes socialistas. Sin embargo, esta colección de armas no hubiera tenido proyección suficiente sin la prevaricación de un juez ni la imprudencia de mi hermano. Él había roto con su esposa, la cual acudió a un abogado para intentar obtener una separación lo más beneficiosa posible, para lo que le aportó una documentación de empresas que serviría para acreditar las posibilidades económicas del marido. Cuando el abogado ve los documentos con la condición de hermano del vicepresidente, orienta a su cliente hacia otro terreno. La dirige a una entrevista con Manuel Fraga Iribarne, presidente del Partido Popular. Le recibe, toma nota, se queda con los «papeles» y todo ello lo encamina hacia el ultraconservador Campmany, director de la revista Época. La revista publica un reportaje, pero dado el descrédito de la publicación no alcanza relevancia alguna.

Entonces se inició otro camino de delación. Según algunas afirmaciones, es José Rodríguez de la Borbolla quien suministra los documentos —dicen que conseguidos por su esposa— al director de ABC de Sevilla. Este considera que un reportaje tan arriesgado debe ser decidido por el director de ABC de Madrid, Luis María Anson, que toma el asunto con fruición.

A partir de la publicación en ABC se desencadenan todas las tormentas. Como acertadamente dijo Miquel Roca en el debate parlamentario: «Señor Guerra, a usted hay mucha gente que le tenía ganas». Los partidos políticos —PP, IU y PA— van a los tribunales, encargan a abogados el procedimiento, que serían premiados después incluyéndoles a todos en las listas electorales. La prensa desborda cualquier exageración imaginable, considerando el «caso Juan Guerra» como un acontecimiento merecedor de la misma atención que una guerra mundial. Y llegó lo peor: la solidaridad interna se rompe. Cuando en su muy buena intervención parlamentaria Eduardo Martín Toval terminaba diciendo que «Por ello, y como expresión de esa voluntad de defender la seguridad jurídica y el honor de las personas, manifiesto aquí, señorías, la solidaridad de todos los diputados del Grupo Socialista con el vicepresidente del Gobierno democrático de España, Alfonso Guerra», no sabía que ya se habían desenvainado las dagas de los que esperaban su ocasión. Primero en declaraciones privadas, después en sugerencias públicas y sobre todo en insinuaciones secretas, los adversarios políticos de mi propio partido creyeron oír el cuerno que anunciaba la batalla final contra aquel a quien no podían vencer en el terreno político, pero tal vez destruir mediante el ominoso calvario de la mendacidad difundida en el espacio global. Pero no se detuvieron en el intento de desprestigio que condujera a mi eliminación política.

Cuando el procedimiento judicial por la utilización del despacho estaba en su última fase en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado ponente, enfermo, recibió la visita de un amigo a quien le contó que se sentía muy incómodo con el asunto porque recibía presiones para que imputase al vicepresidente, pero no encontraba el menor indicio que le permitiera actuar así y no lo haría. Su amigo hizo un reconocimiento de su firmeza en la defensa de la legalidad sin atender a las presiones políticas de la derecha. El magistrado le confesó: «No solo; también tengo presiones en el mismo sentido desde la otra orilla». Un diputado socialista de Granada le había transmitido el mensaje sugerente de un miembro del Gobierno. No escribo los nombres que fueron citados, puesto que yo recibo la información de alguien que lo había oído al magistrado; por lo tanto, es una información de tercera mano, que uno debe administrar con prudencia. En todo caso, tengo gran confianza en la honradez de quien me lo contó, y es difícil pensar en una fabulación del magistrado, pues la confesión se produjo en su lecho de muerte, en el que expiró pocos días después. No parece una situación para invenciones.

Pasados los años, todos dicen que aquello fue algo insignificante visto todo lo que vendría después, pero en su momento se utilizó como arma letal contra lo que significaba mi presencia no solo en el Gobierno, sino sobre todo en la dirección del partido, pues quedaba pendiente la resolución del conflicto planteado por el anuncio del abandono de Felipe González. ¿Quién habría de sucederle? ¿Quién podría tener la mayor influencia en la elección del candidato? Los señores de la guerra de la política y la economía española dudaban a la hora de apoyar a algunos de los candidatos, pero tenían bien seguro que el enemigo a batir se llamaba Alfonso Guerra.

Cuando terminó el debate en el Congreso de los Diputados, los periodistas asaltaron al presidente del Gobierno y le preguntaron si yo iba a abandonar la Vicepresidencia. Felipe les contestó con una frase que causó impacto: «Si quieren que el vicepresidente se vaya, lo tendrán fácil: tendrán dos por el precio de uno». Cuando supe lo que había declarado a la prensa, fui inmediatamente a verle y le expresé tres razones: le agradecí su solidaridad, le expresé que había sido muy generoso conmigo y le reiteré que era el momento para dejarlo y, por lo tanto, le presentaba de nuevo mi dimisión. Su respuesta fue: «Ni lo pienses». Estábamos a 1 de febrero de 1990. En enero del año siguiente mi dimisión fue irrevocable. ¿Qué ocurrió entre tanto? Intentaré explicarlo.

El acoso de la prensa fue la señal que algunos esperaban para abrir la veda en contra del vicesecretario general del partido. Las insinuaciones maliciosas sobre los que llamaban «guerristas» aumentaron, pero no se decidían a plantear una batalla abierta.

Los llamados «renovadores» vieron una señal en una frase que pronunció Felipe, tal vez sin tener conciencia de lo que se ponía en marcha. Fue en Moncloa, después de un Consejo de Ministros, tomando una copa antes de despedirse. El fuego lo abrió el ministro de Economía, Carlos Solchaga, exponiendo que se estaba produciendo un divorcio entre las posiciones que mantenían el partido y el Gobierno. Y pidió a Felipe, como secretario general, que actuara como árbitro. Es interesante saber, para conocer el talante de Solchaga, que yo no estaba presente, ocupado en un viaje oficial en el extranjero.

Tras la petición de arbitraje se hizo un silencio. Felipe contestó que para ser árbitro es preciso que haya dos equipos, y entonces solo existía un equipo en el partido. Los «renovadores» creyeron ver en la frase la señal: ya se podía —el secretario general lo amparaba, pensaban ellos— organizar una corriente contra la dirección del partido. Y así convocaron la reunión del Hotel Chamartín, cubiertos por un acto de apoyo a Leguina, pero organizado para mostrar que los «renovadores» estaban dispuestos a dar la batalla al vicesecretario general. La presencia de varios ministros ponía en evidencia su posición frente al vicepresidente.

Mi posición ante mis propias convicciones quedaba debilitada cuando la persecución se desplazaba desde los adversarios de la derecha a los compañeros de partido. Saber que compañeros de mi partido, incluso compañeros del Gobierno, maquinaban con sectores de influencia en la sociedad contra mí me hacía dudar de mis posicionamientos.

Pude reaccionar plantando cara a la operación de acoso; algunos amigos me reprocharon que no lo hiciera. Era consciente de que con la relación de fuerzas de aquel momento en un enfrentamiento directo por mi parte resultaría vencedor. Pero una fuerza interior me aconsejaba no abrir una brecha en el Partido Socialista. Los «renovadores» se empeñaban en que los «guerristas» dieran el paso de crear una corriente política dentro del partido. Algunos amigos me lo reclamaban, pero yo tenía claro lo que perseguían: poder acusarnos de fraccionalistas, por poder «ir a por ellos» sin tapujos. El problema es que ni entonces ni después me ha abandonado la idea del peligro de un Partido Socialista como el de la etapa de la República y la guerra, un partido dividido, enfrentado, que dio facilidades a la hecatombe posterior. Así que me negué a dar satisfacción a los que disfrazaban su objetivo de «echarlos» o si se quiere de «echarme» bajo pretextos de críticas a la organización y propuestas de modernización. Fui voluntariamente víctima de mis preocupaciones por no repetir la historia.

Y de eso fueron poco a poco aprovechándose los que no tenían otra propuesta que el asalto al poder.

De las declaraciones posteriores de los pertenecientes a los «renovadores» se infiere fácilmente que se dedicaban a calentar la cabeza a Felipe González insistiendo en convencerlo de mis «malas artes». Y algún efecto debió producirle. Hay un ejemplo claro de la creación de una cierta hostilidad no confesada. Una periodista italiana me hizo una entrevista para Il Messaggero en la que hiperbólicamente me atribuía miríficas virtudes, calificándome de «descendiente de Sócrates». Reproducía, a su estilo, una respuesta mía que había dado yo repetidamente antes sin que tuviera la menor trascendencia. Siempre que inquirían sobre la diferente personalidad del presidente del Gobierno y de su vicepresidente, recurría yo a decir que el puesto de Felipe estaba en el puente de mando y el mío en la sala de máquinas, que yo era más proclive a trabajar en la cocina y él con el público. La periodista se permitió una licencia literaria y puso en mi boca: «Yo estoy en la cocina y me dedico a preparar los platos; después Felipe le pone las especias y sirve los platos».

La frase quedaba ciertamente deformada, pero no me llegó entonces ningún malestar de nadie. Al cabo del tiempo supe que Felipe sintió rabia y durante años sacaba el artículo del periódico para demostrar mi supuesta actitud hostil. Él no leía la prensa italiana; alguien le fue con la canción llena de malicia y rencor.

Habíamos vivido también una cierta tensión con la pugna por la dirección del partido en Andalucía. Ya en enero de 1988 había tenido una reunión con los dirigentes andaluces en Moncloa. Todos plantearon con urgencia la necesidad de que Rodríguez de la Borbolla abandonara la secretaría general del partido en Andalucía. Solo dos personas estuvieron en contra, Manuel Chaves y yo. Resulta pura fantasía que Chaves le sucediera y que todos, incluido el sucesor, hayan sostenido después que Borbolla fue defenestrado por mí. ¡Cuántos acontecimientos escribe la historia torcidamente!

Todas las batallas de poder que presentaban contra mí no conseguían reducir mi capacidad de trabajo. Dediqué gran atención a los preparativos para la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, teniendo a veces que jugar en solitario, pues costaba vencer algunas inercias que negaban las transformaciones imaginativas.

Para mí la Expo 92 era sobre todo un magnífico pretexto para realizar el cambio histórico que necesitaba Andalucía, y en particular Sevilla. Sus proyectos modificarían la relación de España con el sur, además de modernizar los servicios y ofrecer unas infraestructuras que remozarían la ciudad de Sevilla, algo adormecida en sus tradiciones.

Pero era también una gran oportunidad para mostrar ante los ojos del mundo que España había cambiado, que la transformación de un país atrasado, aislado, «diferente», en una nación moderna, dinámica, con auténtica pasión por la prosperidad y la modernización, era una realidad tangible que se podía verificar visitando una magna Exposición en la que todo funcionaría como un mecanismo de precisión.

Tuve que explicar en la reunión de comisarios cuál era el proyecto del Gobierno, qué queríamos que hicieran los países en la Expo.

De los proyectos de infraestructuras tenía la firme convicción de que el tren de alta velocidad (AVE) era la punta de flecha que señalaba el camino de la modernización. Al extraordinario coste de su instalación hubo que añadir otros obstáculos. Recibimos fuertes presiones, incluso del interior del Gobierno, para que dedicáramos los recursos a una línea de ferrocarriles que uniese Madrid con el norte, por Barcelona o Irún. Se proclamaba la acertada opción del norte porque Europa era la salida natural de España, mientras que un tren moderno y costoso hacia el sur no conducía a ninguna parte. Ya estaba acostumbrado a que los intereses se envuelvan siempre en el papel de seda de la modernidad. Mi respuesta era siempre la misma, y creo que era irrebatible: si se monta un tren hacia el norte, no hay seguridad de continuar la instalación hacia el sur; pero si el primero se dirige al sur, es bien seguro que también lo habrá en el norte.

No cedimos, defendimos la posibilidad histórica de mirar por una vez con prioridad hacia Andalucía. Pero aún esperaban más obstáculos. Tomada la decisión, presenté el proyecto en Sevilla, en una sala del Ayuntamiento, en una rueda de prensa repleta de periodistas y políticos de todos los partidos. Me sorprendió la oposición cerrada a la creación de la línea de alta velocidad. Proyecto megalómano, faraónico, destinado al fracaso, ridículo, eran algunos de los calificativos que merecía en la clase política andaluza. Era difícil aceptar que el esfuerzo para realizar un proyecto tan moderno y costoso como el AVE pudiera ser recibido con hostilidad por las fuerzas políticas. El sectarismo de partido ciega hasta el punto de disparar contra sí mismos. Me queda el consuelo de haber comprobado en muchas ocasiones viajando en el AVE la inconsistencia de algunos políticos. Al encontrarme con los mismos que habían descalificado el proyecto, me ponderaban con grandes elogios el tren. Cuántas ocasiones perdidas para estar a la altura de los hechos lejos de la consigna partidaria.

Las obras de infraestructura realizadas al socaire de la Expo 92 fueron numerosas en la ciudad de Sevilla: puentes, calles nuevas, carreteras de circunvalación, nueva estación de ferrocarriles, nuevo aeropuerto, etc.; pero la obra que conservo más cerca de mis sentimientos fue la del derribo de una larguísima tapia que ocultaba el río Guadalquivir a los sevillanos. La orilla del río estaba ocupada por las obsoletas vías del tren, que durante un siglo habían obligado a los sevillanos a vivir de espaldas a su río. Una bella definición de la ciudad es «Sevilla es un sueño cruzado por un río». Pues para los sevillanos el río no existía, corría tras una interminable tapia de mampostería que lo convertía en un río de postales. La calle paralela, Torneo, se había convertido en un conjunto de almacenes y talleres más propio de un suburbio marginal que del centro de una de las más hermosas ciudades del mundo. Creí que había llegado el momento, bajo el amparo de la Exposición que se celebraría en la otra orilla, en la Isla de la Cartuja, de reivindicar aquella zona de la ciudad y sobre todo de recuperar el río para los sevillanos. Pero tropecé con la inercia, con la pereza y la incompetencia. Los terrenos que ocupaban las vías pertenecían a Renfe, que se negó de forma radical a levantar la comunicación ferroviaria con Huelva. La Junta de Andalucía se oponía porque no veía con simpatía que la Administración Central recuperase un amplísimo suelo que exigiría ser recalificado como urbanizable, y el Ayuntamiento mostró escaso interés en la operación. Para mí se convirtió en un desafío. Lo peleé en solitario contra todos. Me acusaban de estar obsesionado, pero continué la batalla y la gané. Hoy representa la operación de recuperación de la ciudad más importante que se ha hecho en un siglo y ha cambiado radicalmente la relación de la ciudad con el río.

Cuando estuvo realizado, el Ayuntamiento organizó una fiesta para derribar el muro que había separado a la ciudad del Guadalquivir. Me invitaron, pues todos sabían de mi persistente esfuerzo por lograr aquel cambio. Decliné la invitación, en parte porque no soy adicto a las inauguraciones, en parte porque conozco a los bueyes con los que tenemos que arar: imaginé que alguno querría aprovechar el acto para descargar su pasión persecutoria. Efectivamente, el llamado Partido Andalucista se personó con pancartas en las que se me insultaba y vejaba.

En todo caso, ya conocía yo cómo funciona la atribución de méritos y responsabilidades en la vida política, y con qué facilidad unos y otros acostumbran a perder la memoria de los hechos para sustituirla por la propaganda interesada. La coyuntura del momento político hace que muchos retuerzan los hechos históricos a su conveniencia para favorecer la posición que defienden en un momento concreto.

Una interpretación política sectaria puede influir en la toma de decisiones hasta perjudicar los intereses generales por prejuicios sin solidez alguna. Un caso práctico de lo que digo se me presentó a la hora de elegir el proyecto para el pabellón español de la Exposición Universal. Se nombró un comité técnico que estudió todos los proyectos y que eligió dos que merecían la misma cualificación y sugerían que fuese la autoridad del Gobierno quien decidiera entre los dos proyectos que ellos habían considerado igualmente idóneos. Cuando me presentaron los dos proyectos, me advirtieron, por si era un dato que pudiera influir, que el arquitecto autor de uno de los proyectos era miembro del Opus Dei. De inmediato salté prohibiendo que me dijeran de cuál de ellos era autor, pues quería evitar un sentimiento de parcialidad en su examen. Me sorprendió que los técnicos valorasen con el mismo grado de aceptación, pues uno de ellos me parecía muy superior al otro. A cuantos mostramos los planos coincidieron con mi impresión. Se eligió, lógicamente, aquel proyecto que fue muy bien recibido por todos después de su realización. Hasta el presente no sé si el elegido era o no el del autor perteneciente a la Prelatura religiosa. Por cierto que cada vez que he realizado yo alguna valoración crítica del Opus Dei he recibido carta del vicario de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei reiterándome que «los miembros del Opus Dei gozan de una completa libertad en su actuación política, social y económica [...] Está fuera de lugar, por lo tanto, suponer una acción coordinada de miembros del Opus Dei —por el hecho de serlo— para un determinado objetivo político». La actuación práctica de los miembros del Opus Dei en la vida política no solo no corroboran las santas palabras del señor vicario, sino que las contradicen.

UN CANTO DE FRONTERA

Con ocasión de cumplirse el quincuagésimo aniversario de la muerte del poeta Antonio Machado, la Universidad de Turín declaró un Año Machadiano, que culminaría con la celebración del Congreso Internacional «Antonio Machado verso l’Europa». Los organizadores me invitaron a pronunciar la conferencia inaugural el 18 de febrero de 1990. Acepté de buen grado, porque siempre he llevado al poeta sevillano en el corazón, porque quería agradecer a los profesores turineses su gran esfuerzo en la difusión del poeta y porque me permitiría hablar larga y confiadamente con el gran especialista Oreste Macrí, con el que había tenido algún roce ajeno a la voluntad de los dos.

Meses antes, la editorial Espasa Calpe había publicado en España una edición de las Obras completas de Machado, al cuidado de Oreste Macrí. Se me invitó a hacer la presentación de la publicación en el Salón de Cristales del Ayuntamiento de Madrid. Se contaba con la presencia de Macrí, que a causa de una afección transitoria no acudió, pero fue sustituido por su directo colaborador Gaetano Chiappini. Mi intervención fue muy elogiosa para la obra que presentábamos, muy encomiástica para el esfuerzo de Macrí y sus colaboradores, sin olvidar la meritoria labor de los anteriores compiladores como Guillermo de Torre y Aurora de Albornoz, para hacer un claro hincapié en que ya podíamos contar con unas verdaderas Obras completas del poeta. Añadí observaciones menores que eran fruto de mi dedicación durante años al poeta. Informé de que la presunción que hacía Macrí sobre la desaparición de un poema dedicado a dos amigas segovianas de Machado no era tal, pues el original lo conservaba yo mismo, conseguido de los descendientes de las señoras a las que dedicó el poeta sus versos, junto a la carta en la que Machado les informaba del envío. Igualmente hice observar que de una carta dirigida a Gerardo Diego poseía yo una versión más completa que sería conveniente agregar en otras ediciones. También anuncié que además del manifiesto que escribió Machado al cumplirse un año del levantamiento militar de 1936, existía otro del segundo aniversario, obra también del poeta, del que conservaba yo una copia.

Algunas otras menudas aportaciones fueron hechas sobre el valor principal de la presentación: estábamos ante una gran obra sin precedentes de la que estaríamos siempre agradecidos a Macrí y sus colaboradores. Puse toda mi documentación al servicio de las ediciones que a no dudar seguirían a aquella primera.

Al día siguiente un farfullero periodista publicó en el diario El País una crónica del acto llena de hostilidad y con ánimo cizañero. Titulaba que yo «había corregido la plana a Oreste Macrí», para concluir que mi «descalificación» del teórico italiano era fruto de mi rencor porque no me hubiesen encargado a mí la edición de las Obras completas de Machado. Informaba además de que había llamado por teléfono a Macrí para darle cuenta de mi «agresión» y para comunicarle que yo poseía originales desconocidos del poeta que me negaba a hacer públicos.

Cuando la ignorancia se une a la maledicencia, el resultado acostumbra a ser la abyección. La historia es tan diferente que produce pudor relatarla.

Cuando unos años antes se constituyó la Fundación Antonio Machado, gracias al esfuerzo de Manuel Núñez Encabo, fui invitado a una reunión en la sede de la Asociación de Escritores, como presidente de su consejo asesor. En aquella cita se pidió a los presentes sugerencias para el programa que pretendía desarrollar la Fundación. Hice yo mi propuesta: el más importante homenaje que puede hacerse al poeta es publicar unas verdaderas Obras completas. Fue aceptada inmediatamente y se planteó quién podía ser el responsable de la publicación. Nuevamente hablé yo para decir que la más cuidada edición hasta el momento era la que había publicado la editorial Lerici, de Milán, al cuidado del gran especialista Oreste Macrí, lo que para mí dejaba claro que el italiano era el mejor candidato para nuestro proyecto. Mi propósito personal para que fuese Oreste Macrí se convirtió en papel prensa en mi rencor porque Macrí me robó el papel. ¡Cuánta vesania!

En Turín aclaré todos los pormenores con Macrí; ya le había enviado los documentos con anterioridad. El profesor me explicó que pensaba convencer a la editorial para que publicase un tercer tomo como apéndice para incorporar mis aportaciones junto a otros hallazgos debidos a su incansable búsqueda.

Abrí el Congreso marcando el carácter de canto de frontera de la obra de Antonio Machado.

Un canto de frontera límite entre la poesía y el pensamiento, dándose en ese pensamiento poético suficientemente ágil como para saltar del callejón sin salida a lo que Machado metaforiza como «puerta al campo», a ese, a su vez, límite en el que el hombre se enfrenta, ya necesariamente solo, con las tres esenciales apariciones de la Nada: la muerte, el silencio y el olvido.

Mas ese canto de frontera ya se había hecho historia, historia viva, fusión de la poesía y el pensar con el acontecimiento histórico, con la esperanza de un mañana alerto. Pues más allá de la desesperanza que en el propio poeta produjo la trágica resolución del conflicto español de la Guerra Civil, más allá de la evidente constatación de la derrota, del despojamiento total, Machado consume hasta los bordes el cáliz de los sueños, con su pueblo, a fin de que el trágico padecer común acabara de pasar, se transmutara en razón esperanzadora.

Camino del exilio, de la muerte, del mar —¿cuántos años se le han cumplido ya a don Antonio desde que prorrumpió en aquel lamento por la muerte de Leonor: «ya estamos solos mi corazón y el mar»—; camino del mar, en medio de la doliente multitud, menos masa que nunca, más dignamente hombres que nunca en medio del despojo, la derrota, el más cruel dolor, ha de sentir Antonio Machado esa fría respuesta de la nada, el cumplimiento de su mito de la tierra de Alvargonzález; ellos mismos, los que huían, eran ya la sombra errante de la sombra de Caín. «El poeta —cuenta Waldo Frank— casi inválido en el seno del cuerpo doloroso de su pueblo, sostenido por su madre...»; y, a su vez, Corpus Barga relata que en llegando ya a Colliure, un amigo hubo de llevar a su madre en brazos, mientras la viejecita iba diciendo: «¿Llegaremos pronto a Sevilla?». Y sí, iban a llegar enseguida a Sevilla... y al mar. Pues allí, en Colliure, hay un punto del arder del pensar de Antonio Machado que parece devolvernos íntegra la gran sombra florecida que es su poesía, y ese punto clave ha sido siempre para mí su último verso, encontrado en uno de los bolsillos del gabán del poeta:

Estos días azules y este sol de la infancia.

Donde acaba el pobre río y la inmensa mar le espera, encuentra Machado, y nos hace reencontrar a nosotros, el sentido de su memoria, que si es despojamiento es también una recuperación, un rescate. Y para mí ese último verso en el límite, en la frontera (real y metafórica), acaba iluminando toda su obra. El ya inminentemente llamado al no ser se convoca a sí mismo, a su memoria, a ser luz, a lo que había sido siempre, a lo que seguirá siendo siempre.

LA GUERRA DEL GOLFO

En el verano de 1990 permanecí «de guardia» en Moncloa mientras el presidente del Gobierno descansaba en Doñana. No ejercía yo de presidente en funciones, dado que Felipe González no estaba fuera del territorio nacional, pero me ocupaba desde Madrid de la gobernación ordinaria y mantenía un contacto continuo con Felipe a través de la línea telefónica interna.

El día 2 de agosto las tropas iraquíes de Saddam Hussein invadieron Kuwait, provocando una inicial sorpresa y creando inmediatamente después una situación de desconcierto y preocupación en todos los gobiernos del mundo. Llamé al presidente, urgiéndole a reunir al Gabinete de Crisis para estudiar la compleja situación que se creaba y para proyectar las acciones que nos tocaría emprender y que se derivarían sin duda de la respuesta política y tal vez militar de Estados Unidos. Felipe recibió el asunto con cierta distancia, sin encontrar un motivo para precipitar acontecimientos. En los días siguientes insistí acerca de la necesidad de reunir a los ministros para analizar la situación creada. Mi preocupación tenía su raíz en el conocimiento que había adquirido en mi visita a Iraq, en 1980, donde conversé muy ampliamente con Tarik Aziz, el vicepresidente que ocupaba todo el protagonismo en la crisis política derivada de la incursión. Hasta el día 8 no logré que se reuniera el Gabinete de Crisis, retraso que me causó una gran sorpresa, quizá porque mis conocimientos directos de los dirigentes iraquíes me ayudaba a comprender o incluso a prever que estábamos ante una crisis de consecuencias graves. De hecho, aquella disparatada acción de Saddam Hussein ha dominado la política internacional durante las dos décadas siguientes y sigue siendo hoy, cuando escribo, el argumento central de la política de Estados Unidos, afectando a todo lo que ocurre en el mundo.

PASIÓN PRIVATIZADORA

El Gobierno socialista se tuvo que enfrentar a algunos desafíos cuya solución en una democracia normalizada era propia de gobiernos conservadores. La ausencia de libertad había permitido a las autoridades de la dictadura vivir de espaldas a las transformaciones que con carácter natural habían producido los gobiernos conservadores en las democracias europeas. En España, durante la dictadura, la mezcla de paternalismo y despotismo había acumulado en el Estado muchas de las actividades que en Europa pertenecían al sector privado. La política nacionalizadora de la dictadura consistía en hacerse cargo de las empresas privadas que se desplomaban del mercado, reflotarlas con dinero público y una vez saneadas devolverlas al sector privado. Con estos antecedentes no fue una sorpresa encontrar en 1982 un sector público amplio pero escasamente rentable, por lo que se estudió la posibilidad de desenganchar de los Presupuestos del Estado algunas actividades propias del sector privado y que lastraban las posibilidades financieras del Gobierno.

Mi creencia es que no hay una ley favorable ni contraria como norma para enjuiciar las privatizaciones. No son ni buenas ni malas con carácter general. Depende de la actividad y de su influencia en la política económica general del país, si son sectores estratégicos o irrelevantes para la marcha general de la nación.

El Gobierno se enfrentó a dos procesos de apertura de actividad al sector privado que implicaba algo más, mucho más, que la simple distribución de la producción entre el sector público y el privado. Me refiero a la televisión privada y a la Universidad privada.

La pasión que algunos miembros del Gobierno mostraban por la creación de empresas privadas de emisión televisiva estaba generada por la insistente presión de los sectores de la prensa escrita que ansiaban disponer de un canal de televisión como fuente de negocio y como cauce de influencia. Fue la única ocasión en que estuvo muy activo el ministro de Cultura, Semprún.

Los fervorosos de la televisión privada tenían, claro está, argumentos más nobles para defender la «necesaria y urgente» puesta en marcha de los canales privados. Alegaban que la aparición de nuevos canales, con la consiguiente competencia entre ellos, provocaría una elevación en la calidad de la oferta, además de ampliar el espectro de lo que podrían recibir los espectadores. Nunca les creí, y pienso que la realidad ha confirmado mis temores. Advertí entonces de que, lejos de aumentar la calidad, se produciría un empobrecimiento de los programas que arrastraría hacia abajo el grado de calidad de la televisión pública.

Los aspirantes a operadores de televisión debían de estar informados de las tesis que sostuve en los debates con los ministros, pues todos me solicitaron entrevistas para exponer sus «limpias intenciones» si lograban la concesión de un canal de televisión. Mi poco complaciente disposición tuvo una respuesta de hostilidad de algunos plasmada en el tratamiento recibido en su medio de comunicación. Alguno de los prebostes de la comunicación llegó a declarar y publicar que yo era su enemigo público número uno.

El resultado está a la vista. La proliferación última de pobres y sectarias televisiones locales no creo que haya beneficiado a los espectadores con programas de calidad en la formación ni en la información.

La política privatizadora en la Universidad tiene orígenes muy diferentes. Era producto de la mímesis de la sociedad norteamericana, en la que las instituciones privadas universitarias han alcanzado un alto nivel científico y profesional. Se quería trasladar mecánicamente la realidad de Estados Unidos, ignorando que aquella es posible gracias a unos recursos y unos hábitos que no se dan en nuestra vida universitaria. La Universidad privada, las asignaturas por créditos, las materias de libre configuración son conceptos trasladados sin los mismos condicionamientos y posibilidades del esquema que se intenta copiar.

No es muy esperanzador el resultado obtenido hasta ahora. Las empresas privadas universitarias son antes empresas (con su búsqueda rápida de beneficios) que universidades, pero ya se sabe que la influencia del cine norteamericano hace sentirse modernos a los que creen desenvolverse en un reflejo especular de la sociedad dominante.

En todo caso, cuando comprobé la inminente aparición de universidades privadas, propuse que la primera creación fuese la de la Institución Libre de Enseñanza. Era un homenaje debido a los pedagogos libres que habían abierto cauces de libertad durante los años de la República, y garantía de una alta calidad y rigor que podría señalar el camino para los que le siguieran. El ministro de Educación, Solana, no mostró mayor interés. Más tarde, Virgilio Zapatero lo intentó, buscó el apoyo financiero del Banco de España, cuando estalló el escándalo del gobernador del Banco.

De aquellos debates solo saqué momentos de amargura; no era fácil entender ni sentir que no aprovecháramos aquel «inevitable» proceso de creación de las universidades privadas para recuperar el legado moral y académico de la Institución Libre de Enseñanza.

UN LÍDER EN ALEMANIA

La retirada de la vida política del gran dirigente socialdemócrata Willy Brandt había sumido a su partido, el SPD, en una lenta decadencia que no fue perceptible en una primera etapa gracias a la inteligencia de Helmut Schmidt. Pero más tarde la permanente sustitución del liderazgo a la búsqueda de un dirigente capaz de recuperar la fuerza electoral, tras los éxitos de los cristianodemócratas con Helmut Kohl, fue creando una sensación de adormecimiento, de ensimismamiento del partido, hasta que en un congreso, sin que hubiese una estrategia preparada, un joven político, presidente del land del Sarre, Oskar Lafontaine, pronunció un breve y vibrante discurso que entusiasmó a los militantes. Fue elegido presidente del partido y se presentó como candidato para la cancillería. En medio de la campaña electoral, en un acto multitudinario, cuando recibía el saludo de sus seguidores, una mujer le ofreció un ramo de flores. En el momento en que le agradecía el gesto, la mujer extrajo un cuchillo del ramo y le atacó en el cuello, provocándole una hemorragia que casi le lleva a la tumba. Fue una conmoción popular extraordinaria en Alemania. Para mí fue un incidente que me produjo una profunda pena. Era amigo de Oskar, le había conocido años antes en Barcelona, en un seminario hispano-alemán sobre ecología y política. Desde entonces habíamos trabado una relación de entendimiento y comprensión de los acontecimientos políticos que fue forjando una buena amistad.

Cuando Oskar salió del hospital le anuncié mi visita para compartir unas horas con el amigo aún enfermo. Volé a Colonia y me desplacé en automóvil a Saarbrücken, a la casa de Oskar y Christa, donde pasamos una tarde deliciosa, alegrada con un jamón que había tenido la previsión de llevar conmigo. Hasta aquel día ningún político le había visitado, pues Oskar no había querido aún reanudar las relaciones políticas. Que tuviese la deferencia de recibirme a mí lo agradecí vivamente. A la puerta de la casa permanecían muchos periodistas gráficos a la espera de la primera fotografía del dirigente herido. Oskar me invitó a salir para que en las primeras fotos apareciéramos juntos. La calidad humana de los políticos ha sido siempre un factor esencial en mi valoración de las personas que he tratado en la actividad política. Son incontables los políticos que han mostrado una relación intensa cuando son gobernantes y que no vuelven a tener ninguna relación de amistad cuando abandonan el poder. No es el caso de Oskar Lafontaine, cuya amistad ha crecido con el tiempo. Igualmente he mantenido una buena relación con Sergio Ramírez, el que fue vicepresidente de Nicaragua.

Las etiquetas en política son intercambiables, no dicen gran cosa; lo que importa son las conductas. Los políticos, antes que profesionales, son personas. Acepto que un malvado puede resultar útil y brillante en la acción política, pero su relación no me interesa. El político puro, como el técnico puro, el que no considera los elementos de la condición humana, el que solo atiende a los datos de la tramoya política o a los que proporcionan las máquinas de la informática, tal vez a corto plazo puedan triunfar, pero con más larga perspectiva dudo de que sean provechosos para las personas a las que afectan sus decisiones. En todo caso, no son las personas que me arrancan sentimientos de afecto y amistad.

LA REVISTA INTERNACIONAL «EL SOCIALISMO DEL FUTURO»

Un largo proceso de preparación y contraste de ideas y proyectos entre todos los que animaban la iniciativa —en el entorno de la Fundación Sistema— dio como resultado la publicación de una revista internacional de carácter inédito en el panorama intelectual y político español.

Como director de la publicación me sentí orgulloso de que nuestro país editara una revista que se publicaba en catorce países, en once idiomas: español, italiano, inglés, francés, alemán, portugués, ruso, polaco, griego... La nómina de colaboradores era de altísima calidad. Para el primer número contamos con artículos de Mijail Gorbachov, Willy Brandt, Oskar Lafontaine, Adam Schaff, Fernando Claudín, Ernest Mandel, Giorgio Napolitano, Luciano Pellicani, Ulf Himmelstrand, Andrzej Werblen, José Félix Tezanos y yo mismo.

En cada número añadíamos las firmas más importantes en la esfera política e ideológica del mundo, en una extraordinaria amplitud de orientación. Michel Rocard, Ralph Miliband, Manuel Castells, Erhard Eppler, Jiri Pelikan, Jean Ellenstein, Walter Korpi, Tom Bottomore, Milovan Djilas, Adolfo Sánchez Vázquez, Fernando Henrique Cardoso, Pablo González Casanova, Agnes Heller, Ferenc Feher, Stephen Cohen, Giovanni Arrigui, Goran Therborn, Philippe Shmitter, André Gorz y otros muchos intelectuales figuraban en la nómina de colaboradores. Presenté la revista en Madrid, París, Atenas, Brasilia, Varsovia, Lisboa, Roma, Moscú, etc. En todas partes se levantó un formidable entusiasmo por el proyecto, menos en España. Una paradoja más de la pereza intelectual que se padece en nuestro país entre políticos, medios de comunicación e hipotéticos mecenas. Llegamos a un momento en el que los escasos recursos de la Fundación Sistema no podían soportar el gasto. Acudimos a pedir alguna ayuda a diversas entidades. No había interés. ¿Cómo es posible que una ocasión histórica como aquella, en la que España, aislada durante tantos años, podía ofrecer una publicación internacional de alto nivel a ingleses, franceses, alemanes..., no suscitaba interés de ninguna instancia oficial o privada? La incuria intelectual, la desidia, la pereza de nuestra élite siguen siendo causa de papanatismo, beatería y casticismo en la producción cultural.

En todo caso, aquella aventura me proporcionó extraordinarios momentos de conversación con los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX.

DESVELAR EL ENIGMA

Las autoridades de la República Popular China venían reiterando la invitación para que visitara su país. China era para mí un enigma, una imagen forjada a través de la literatura, el cine y los libros de osados viajeros.

Fue creciendo poco a poco en mi interior el deseo de desvelar el misterio de la gran desconocida. Acepté la invitación, y cuando me preguntaron si quería hacer el viaje en mi condición de vicepresidente del Gobierno o como vicesecretario general del PSOE, me di cuenta de la importancia de la elección. Solo el hecho de que se me ofreciera la opción me hizo comprender la conveniencia de decidir por la vía del partido antes que por la del Gobierno. Acerté.

La acogida fue espectacularmente cálida. Visitamos la capital, Pekín, Shanghái, Xiam y Hangzhou, con un trato especialmente afectuoso en todas las entrevistas, paseos, comidas oficiales y privadas. Me impresionó vivamente el mundo de la calle, tan populosa, con unos ciudadanos con tanta curiosidad. Si sacabas un plano o cualquier otro documento, te veías rodeado inmediatamente por un corro de personas interesadas en conocer de qué se trataba. Gentes delicadas, correctas, risueñas, con una belleza encantadora en los muchos niños que invadían las calles. Y todo en proporciones desacostumbradas para nosotros. Un ejemplo puede hacer comprender cómo son las cantidades para un país tan poblado. La noche que llegamos a Shanghái nos alojaron en una mansión que me aseguraron solo había ocupado Mao Tse-tung y la reina Isabel de Inglaterra. Las dimensiones de las habitaciones parecían concebidas para gigantes. Me advirtieron que la casa contaba con un jardín atravesado por un pequeño riachuelo al que acostumbraban a acudir al amanecer algunos ancianos para practicar la pesca, y querían saber si autorizaba yo que pudieran hacerlo mientras me alojaba en la casa. Naturalmente, di mi conformidad. Cuando se hizo de día, me levanté y descorrí la cortina de una ventana para ver el jardín. Quedé paralizado: casi junto a la ventana discurría el pequeño río en cuyas orillas se veían miles de ancianos con traje mao, en actitud estática, sosteniendo cada uno una caña en la mano. El grupo de ancianos se había convertido en un verdadero ejército que inundaba el jardín.

Como el ejército de terracota que pude ver en Xiam, en la tumba de un emperador. Causa una inmensa emoción contemplar semienterrados a los miles de soldados de tamaño natural en formación militar observándonos como si nos reprocharan que hayamos cambiado las reglas de la civilización al paso de la historia.

Entre las visitas programadas habían preparado un breve encuentro con el presidente Deng Xiaoping, para el que me habían advertido debería comprender su corta duración, dada la ancianidad del dirigente. Me preparé para una entrevista exclusivamente protocolaria de menos de diez minutos, como me habían avisado. Pero saltó la sorpresa.

Me recibieron algunos miembros del Gobierno, del buró político, en una gran sala con dos sillones colocados en el centro, uno junto al otro, y un gran número de sillas detrás de las dos preferentes. Cuando entró Deng Xiaoping en la sala se hizo un gran silencio y todos quedaron paralizados como estatuas. Anciano, pequeño, con traje mao y con una sonrisa de pícaro infantil, me saludó con cariño. Nos sentamos y comenzamos la conversación hablando de cuestiones menores. Él hizo una referencia al oso panda que había regalado a los Reyes de España para el Zoológico de Madrid y yo le expresé los mejores deseos del Gobierno para la evolución de su país. Cuando se cumplían los minutos asignados a la entrevista, Deng Xiaoping comenzó a hacer un discurso político que convulsionó a todos los que asistían a la conversación, que con lápiz y papel se apresuraron a tomar notas lanzándose miradas de asombro. El caso es que todos llevaban meses esperando la orientación que el jefe supremo daría al Congreso del Partido Comunista de China convocado para unos meses después. Sin que aún tenga una razón que lo explique, Deng Xiaoping decidió hacer público su programa durante su conversación conmigo.

Comenzó explicando los objetivos económicos: «En términos generales, la situación de nuestro país es buena. Desde que fue aplastada la “banda de los cuatro”, o mejor dicho, a partir de la III Sesión plenaria del XI Comité Central de nuestro partido, hemos elaborado una serie de nuevas políticas, cuya justeza ha sido corroborada ya por la práctica. No obstante, esto es solo el inicio de nuestra marcha. El período de cerca de nueve años que va desde dicha sesión, celebrada a finales de 1978, hasta el presente, puede considerarse como el primer paso. El objetivo originalmente establecido para este primer paso es duplicar en la década de los ochenta el producto nacional bruto per cápita. Si tomamos como base el PNB per cápita de 1980, que era de 250 dólares norteamericanos, deberemos alcanzar la cifra de 500 dólares. El segundo paso tendrá como objetivo duplicar nuevamente el PNB hacia finales del presente siglo, llegando a los 1.000 dólares. La realización de esta meta supondrá el comienzo de un nivel de vida modestamente acomodado y la transformación de una China pobre en una China modestamente acomodada. Para entonces, aunque el PNB seguirá siendo muy bajo por habitante, el poderío del Estado habrá aumentado considerablemente. Nuestro objetivo más importante es el fijado para el tercer paso, llamado a cuadruplicar el PNB dentro de los primeros treinta o cincuenta años del próximo siglo, haciendo que la renta per cápita llegue a los 4.000 dólares, cifra que se aproxima al nivel actual de su país. Dado este paso, China habrá alcanzado el nivel de los países medianamente desarrollados. He aquí una gran aspiración nuestra. Es cierto que no es demasiado ambiciosa, pero tampoco será fácil hacerla realidad».

Me preguntó cuántos dólares necesitaba España para aumentar la renta per cápita un dólar. Cuando le informé de que eran necesarios cuarenta millones de dólares, me dijo, entre el asombro y la envidia: «Nosotros necesitamos mil millones de dólares para aumentar un dólar la renta de cada habitante».

Continuó después con un relato histórico del desarrollo de China, con una reiterada lamentación por los errores «izquierdistas»:

«China ha cambiado efectivamente de aspecto con la fundación de la República Popular. Durante un siglo a partir de la Guerra del Opio, la nación china se encontró en una situación humillante en el mundo y a los chinos se nos miraba por encima del hombro. Bajo la dirección del Partido Comunista de China, el pueblo chino luchó durante veintiocho años, derrotó la agresión imperialista y derribó la dominación de Chiang Kai-shek. En 1949, el pueblo chino se puso efectivamente en pie. No obstante, en el transcurso de los treinta y ocho años desde la fundación de la República Popular en 1949 hasta el presente, cometimos no pocos desaciertos. Es del todo correcta nuestra orientación para la construcción del socialismo, pero todavía estamos tanteando en cuanto a lo que se entiende por socialismo y a cómo construirlo. La tarea primordial del socialismo reside en desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad. Después de conquistar el poder en todo el país en 1949, liberamos las fuerzas productivas. A través de la reforma agraria, emancipamos las fuerzas productivas de los campesinos, que constituían un 80 por 100 de la población total. No obstante, no sabíamos cómo desarrollar dichas fuerzas después de haberlas emancipado, y procedimos incorrectamente. Nuestro error principal fue la precipitación y la tendencia “izquierdista” en las políticas que aplicamos. Como consecuencia de ello, en vez de tener un desarrollo feliz, las fuerzas productivas fueron trabadas. A partir de 1957 cometimos errores de “izquierda”. Los errores “izquierdistas” en lo político condujeron en lo económico al “gran salto adelante” en 1958, causando graves devastaciones en la producción y acarreando muchas dificultades para la vida del pueblo.

Fueron muy difíciles los años 1959, 1960 y 1961, tres años durante los cuales el pueblo tuvo que soportar hasta el hambre, sin posibilidad de realizar otras cosas. A partir de 1962, la situación empezó a mejorar y poco a poco recuperó el nivel anterior. Sin embargo, quedaba sin resolver el problema ideológico; como resultado de ello, se desencadenó en 1966 la “revolución cultural”, que duró diez años y que resultó ser una gran catástrofe. En aquel entonces, gran número de cuadros veteranos, incluido yo, fuimos perseguidos. Yo era el “dirigente seguidor del camino capitalista” número 2, después de Liu Shao-chi, quien era el “comandante en jefe”, conmigo como “subcomandante en jefe”. Durante estos diez años, muchas cosas absurdas salieron a la escena. Para que el pueblo se resignara a la pobreza y al atraso en que se encontraba, se echaron a correr especies tales como la consigna de “antes bien un socialismo y un comunismo de pobreza que un capitalismo de abundancia”. Esto es lo que practicó la “banda de los cuatro”. ¡Cómo puede haber un socialismo de pobreza y un comunismo de pobreza! El ideal del marxismo es la realización del comunismo. El comunismo al que se refiere Marx es una sociedad en la que se practica el principio de “cada uno, según su capacidad; a cada uno, según su necesidad”. ¿Qué se entiende por “a cada uno, según su necesidad”? ¿Cómo llevar esto a la práctica si las fuerzas productivas no están altamente desarrolladas ni hay suma abundancia de productos materiales? El comunismo al que se refiere Marx es una sociedad con suma abundancia de productos materiales. La primera etapa del comunismo es el socialismo, el cual presupone desarrollar las fuerzas productivas y tiene que cubrir una etapa histórica bastante prolongada. Solo desarrollando sin cesar las fuerzas productivas se podrá llegar finalmente al comunismo. La absurda teoría pregonada por la “banda de los cuatro” sumió a China en la pobreza y el estancamiento.

Durante algún tiempo inmediatamente posterior al aplastamiento de la “banda de los cuatro” no pudimos corregir a fondo los errores “izquierdistas”. En 1977 y 1978, China aún seguía dando vueltas en un mismo sitio. No fue sino a finales de 1978, cuando se celebró la III Sesión plenaria de su XI Comité Central, que nuestro partido llegó a sintetizar en forma muy seria y concienzuda las experiencias de los casi treinta años de la República Popular. Sobre esta base, planteamos una serie de políticas que ahora siguen vigentes, principalmente de reforma y apertura. La apertura comprende dos aspectos: apertura en el interior y al exterior. Planteamos también nuestra línea fundamental, que consiste en trasladar el centro de gravedad de nuestro trabajo a la construcción, dedicándonos a la modernización socialista en cuerpo y alma, con perseverancia y sin dejarnos llevar por interferencia alguna. Para materializar las cuatro modernizaciones y llevar a feliz término la reforma y la apertura necesitamos una situación política de estabilidad y unidad en el país y un ambiente de paz en el plano internacional. En vista de esto, formulamos nuestra política exterior, que consiste, en resumidas cuentas, en luchar contra el hegemonismo y salvaguardar la paz mundial».

Insistía en las tendencias «izquierdistas» cuando criticó las interferencias de derecha: «que, en síntesis, consisten en preconizar la occidentalización total para conducir a China al capitalismo aparentando apoyar la apertura y la reforma. Esta tendencia de derechas, en vez de apoyar verdaderamente las políticas de reforma y apertura, tiene como objetivo hacer cambiar la naturaleza de nuestra sociedad. En caso de que se logre la occidentalización total de China y se practique el capitalismo en el país, será del todo imposible hacer realidad las cuatro modernizaciones. China tiene que resolver el problema de la pobreza y del desarrollo de mil millones de seres humanos. Si se pone en práctica el capitalismo es posible que menos del 10 por 100 de la población se enriquezca, pero más del 90 por 100 permanezca durante largo tiempo en la miseria. Entonces, en China la inmensa mayoría de la población se levantaría para hacer la revolución. Para llevar adelante su modernización, China solo puede continuar con el socialismo y desechar el capitalismo. En la historia de nuestro país hubo quienes intentaron promover en China el capitalismo, pero nunca lograron éxito. Aunque cometimos errores en la construcción del socialismo, hemos cambiado, en términos generales, la fisonomía de China. Tropezamos con interferencias tanto de “izquierda” como de derecha, pero el mayor peligro es, después de todo, la desviación de “izquierdas”. Una vez acostumbrada a algo, la gente difícilmente cambia de idea. Los jóvenes, por su parte, deben estar alerta ante las tendencias de derecha. No saben, sobre todo, qué es el capitalismo y qué el socialismo; por lo tanto, es necesario instruirlos al respecto».

Pareció dirigirse a los asistentes chinos cuando, mirándoles, dijo: «La reforma constituye una cosa totalmente nueva en la que es inevitable que se cometan algunos errores. Sin embargo, no debemos actuar como cobardes, absteniéndonos de comer por temor a atragantarnos, y deteniendo así nuestro avance».

Terminada la entrevista, todos los dirigentes me felicitaron por haber logrado que Deng Xiaoping explicara sus planes. Yo no había hecho nada, pero viéndoles tan contentos me alegré de haber servido de vehículo de la publicitación de los objetivos de China para los próximos años.

Al día siguiente el periódico estampaba una foto de Deng Xiaoping conmigo. Hicieron una tirada de 120 millones de ejemplares. El miembro del Comité Central Zhu Ly me informó unos meses más tarde de que mi entrevista había sido concienzudamente estudiada por seiscientos millones de personas en China, y por supuesto por el Comité Central, que había dictaminado que China vive un socialismo primitivo del que saldrá sin necesidad de vencer muchas dificultades en cien años (!).

La entrevista se incluyó en el libro básico de Deng Xiaoping, Problemas fundamentales de la China de hoy, publicado en todos los idiomas. Deng Xiaoping me envió la edición española dedicada.

Deng Xiaoping es un personaje castigado por la historia. Su imagen ha quedado asociada a la terrible matanza de estudiantes de Tiananmen, cuando sus poderes estaban muy limitados por ser muy anciano, pero pocos quieren recordar que salvó a mil millones de personas de la locura criminal de la «revolución cultural», protagonizando el acto de protección de la humanidad más importante de la historia.

EL DESCARRÍO DE LA HISTORIA

En octubre de 1990 visitó Madrid el presidente de la URSS, Mijail Gorbachov. Le precedía un aura de triunfador que impresionaba. Se le consideraba un coloso histórico que había desentrañado el misterio de la arquitectura social soviética, ofreciendo al mundo la verdad sobre la pobre construcción de la larga revolución y facilitando a los pueblos de la URSS, a través de la perestroika y la glasnost, una ordenación libre y democrática de millones de seres humanos que en algunos aspectos seguían viviendo en las condiciones de la Edad Media.

La imagen que proyectaba Gorbachov a causa de su enorme obra política contrastaba con la sencillez y calidez de su trato personal. Durante el almuerzo que celebramos en Moncloa disfruté de su inteligente y amena conversación. Tuve palabras de reconocimiento y gratitud por la liberación hacia un modelo de libertad de tantos millones de seres humanos, pero me permití advertirle afectuosamente de los riesgos personales a los que podía estar abocado. Le expuse que mi lectura de la historia me llevaba a la conclusión de que a los hombres que han hecho una gran tarea la historia les reserva una gran puerta para su salida, pero que a los que han realizado una obra enorme, de formidable trascendencia, la historia les hace salir por una puerta pequeña; por lo que siempre hay que estar preparados. Me confesó que le asustaba una «profecía» tan oscura, pero que en todo caso él trabajaba intentando comprender lo que necesitaba su pueblo y no atendía a la repercusión que pudiera tener sobre sí mismo. Le dije que esa posición agrandaba aún más su figura para mí, sin que neutralizara la necesidad de prever algunas injusticias de la historia, aunque solo fuera para poder mantener el equilibrio psicológico el día en que estas se produzcan. Añadí una reflexión que le hizo abrir desmesuradamente los ojos: «Usted ha abierto una puerta de libertad a sus conciudadanos. Algunos de ellos cuando atraviesen esa puerta, gracias a sus esfuerzos, le escupirán». Solo once meses después, en Moscú, tuve ocasión de recordarle aquella conversación; ya se había producido el intento de golpe de Estado y la ascensión del malhadado Boris Yeltsin, que le haría apurar la copa del dolor.

La injusticia histórica, en un momento dado, encumbró a Yeltsin y hundió a Gorbachov. Solo queda esperar que el paso del tiempo invierta la escala de valores y reponga a cada cual en su lugar, aunque el daño infligido ya no tiene recuperación.

EL PROGRAMA 2000

En los primeros días de noviembre de 1990 los socialistas españoles aprobaban el Manifiesto del Programa 2000. El documento era el fruto de un trabajo de cuatro años, en el que había participado un millón de personas en más de diez mil debates.

Había concebido yo cuatro años antes la idea de hacer debatir a cuantas más personas pudiéramos alrededor de los grandes temas ideológicos y políticos del momento, pero con una proyección a más largo plazo de los habituales programas electorales.

Los problemas políticos y sociales exigen un tiempo de solución cada vez más largo, mientras que los procesos políticos —elecciones cada cuatro años— no facilitan que los políticos se planteen sus propuestas a largo plazo, pues se sienten presionados por rendir cuentas en cada proceso electoral. Mi pensamiento es que un partido serio, con proyección en el tiempo, debía dedicar sus esfuerzos a un análisis riguroso sobre los recursos, los planteamientos y el favorecimiento del avance social, cultural, científico, educativo, artístico, etc. Para ello propuse en 1986 la elaboración de un amplio programa con vistas al año 2000. Se me encargó la dirección del proyecto, para el que nombré coordinador a Manuel Escudero. Hicimos un planteamiento muy ambicioso, pero fuimos sobrepasados por la realidad. Nunca antes un partido político había logrado involucrar en un debate político a un millón de personas, celebrar diez mil debates públicos, recibir más de diez mil propuestas por escrito.

Se partió de unos estudios iniciales —140 documentos— que se contrastaron con un gran número de grupos que contribuyeron con su aportación a un enorme caudal de documentos que se resumieron después en el Manifiesto del Programa 2000.

Algunos expresaron su opinión de que se intentaba centrar un punto de atención en el futuro —utilizando o aprovechando la magia milenarista del año 2000—, desviando así la atención del presente. Al final del trayecto del debate algunos de los que se autoproclamaban renovadores efectuaron groseras descalificaciones del proyecto porque se olvidaba de los problemas para especular sobre el futuro. La lectura del Manifiesto permite percibir que su contenido no se refería a lo que debían hacer los socialistas a partir del año 2000. Ni siquiera se refería tanto a la sociedad que pudiera existir en dicha fecha como a la dirección en la que se debería encaminar la acción política en los años noventa para atender a los nuevos retos que planteaba una realidad social e internacional en cambio acelerado y continuo.

La crisis del socialismo democrático y de la socialdemocracia nunca fue una crisis de identidad, sino una crisis de adaptación a una nueva realidad social, económica, tecnológica y cultural. El socialismo no ha sufrido una crisis de identidad, porque el socialismo ha sido, es y será una opción política que persigue plasmar en la sociedad el mayor grado de libertad para que toda persona pueda desarrollarse. Esa libertad para todos hay que conseguirla mediante un cambio social que suprima todas las desventajas de partida que impiden a una mayoría acceder a esa situación de libertad. Y para organizar ese cambio social es imprescindible la solidaridad y la cooperación como motor del progreso social.

En otras palabras, el socialismo se fundamenta en los grandes valores básicos de nuestra civilización —la tríada de libertad, igualdad y fraternidad—, pero les da un contenido específico que le distingue de otras opciones políticas. A ello hay que añadir que el socialismo, basado en esos valores éticos, que son la utopía que quiere plasmar en la sociedad, se plantea la cuestión medular, el cambio social, a través de métodos democráticos y con una filosofía racional de acción política. Este conjunto de valores configura la identidad del socialismo democrático frente a liberales, democristianos, comunistas y cualquiera otra opción.

El problema que se le ha planteado al socialismo a lo largo de los años ochenta no ha sido, por lo tanto, encontrar nuevos valores básicos para guiar su proyecto, sino determinar qué tipo de cambio social viene demandado por una sociedad nueva como la que ahora está emergiendo.

El socialismo, en distintas épocas históricas, ha impulsado diversos proyectos de cambio social: desde la perspectiva revolucionaria propia del socialismo de finales del siglo XIX, que persigue la abolición del sistema capitalista y el nacimiento de una sociedad sin clases, pasando por la conquista democrática del Estado por los trabajadores, que llevó a la lucha por la democracia a los partidos socialdemócratas en las primeras décadas del siglo XX, hasta la construcción del Estado del Bienestar. Todos estos han sido proyectos de cambio social que formularon los socialistas en diversas épocas históricas de desarrollo del sistema capitalista, de acuerdo con las injusticias sociales de su propia época y en base a la experiencia que iba adquiriendo el socialismo como movimiento político.

Pues bien: si hoy nos encontramos en un mundo donde están surgiendo oportunidades insospechadas para el bienestar de la humanidad (derivadas de la revolución científico-técnica), pero donde comienzan a aparecer nuevos hechos injustos y nuevas fuentes de desventaja potencial (como el fenómeno de las nuevas marginaciones o las nuevas formas de explotación económica), si hoy surgen nuevos fenómenos de injusticia y también existen posibilidades de progreso inéditas para resolverlos, hemos de enfrentarnos al problema de definir cómo debe ser el cambio social en el futuro, para que en la nueva sociedad se plasmen al máximo los viejos valores que para los socialistas siguen vivos.

Este fue el hilo conductor del serio esfuerzo de reflexión que el socialismo realizó aquellos años.

Cuando después de cuatro años de intenso trabajo aprobamos el Programa 2000 en un acto multitudinario en el Palacio de Congresos, tuve una extraña sensación. Al finalizar mi discurso «todos» se pusieron en pie aplaudiendo con entusiasmo. Entre ellos los que durante todo aquel año habían hecho declaraciones públicas muy críticas conmigo, artífices de la reunión del Hotel Chamartín, los que habían descalificado el Programa 2000. Ante aquel auditorio, con los más críticos en las primeras filas, aplaudiendo sin mesura, sentí un cierto escalofrío: ¿Era aquella una ceremonia de despedida? ¿Anunciaba el nacimiento de un programa o el funeral de su autor? No sentí la menor complacencia ante un auditorio entregado al orador; yo reconocía los rostros de los que llevaban un año actuando contra mí, ¿a qué aquella manifestación de apoyo?, ¿qué significado oculto tenía su agasajo? Mi más profunda convicción apuntaba a que pretendían ser elegantes con aquel a quien querían borrar del mapa político. Recogí mis papeles y volví a mi asiento sin responder a los polisémicos vítores. Supe entonces que la élite del partido había tomado la decisión de apostar a fondo por mi desaparición.

EL CONGRESO DE LA FRACTURA

En esas estábamos cuando llegamos al XXXII Congreso del PSOE. Los periódicos avisaron de que no habría división en los problemas políticos o ideológicos, que la batalla se centraría en el reparto del poder, en la configuración de la nueva dirección del partido. El diario que más se descaró fue El País, que dividió a los delegados al Congreso entre aperturistas y guerristas. La sola elección de los vocablos para su identificación desvelaba hacia quién dirigía sus apoyos el grupo mediático: unos eran de «obediencia de Alfonso Guerra y el aparato», otros pugnaban por la apertura del partido a la sociedad y de la dirección hacia los más abiertos según el periódico: Almunia, Solana, Maravall, Solchaga y Leguina. Días antes estas mismas personalidades habían estado repitiendo declaraciones en el mismo sentido que proclamaban los editoriales del diario.

El discurso de apertura del Congreso del secretario general estuvo en gran parte dedicado a una breve relación histórica de la evolución de Europa y de la política internacional hasta el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín.

En cuanto a la política española, Felipe dejó varios y comprometidos mensajes. Señaló, en una frase que después sería muy repetida, que «también se puede morir de éxito», lo que sugería la necesidad de cambios importantes en la estrategia del partido. Se posicionó a favor de incorporar a los liberales al proyecto socialista e hizo una fuerte y clara defensa del mercado como mecanismo de producción capaz de generar prosperidad y bienestar.

Su discurso fue bien recibido por los delegados al Congreso. Pero cuando Felipe declaró su posición política del momento fue en el discurso de clausura del Congreso. En él hizo una proclamación solemne de la autonomía del Gobierno respecto al partido, sin interferencias de este. «Se gobierna en Moncloa, no en Ferraz.» Aparte del análisis político que ayuda a comprender la oportunidad de tal afirmación, la declaración contenía una clara decisión de «independizarse» del partido del que él era su máximo dirigente. Se transitaba desde la doctrina clásica sostenida por el socialismo español —conviene que el máximo dirigente del partido sea el candidato a la presidencia y eventualmente el presidente, para que el funcionamiento de ambas instituciones, Gobierno y partido, estén marcados por el acorde, por la coordinación, por la sintonía— a la teoría de, una vez elegido presidente del Gobierno, el partido debe olvidarse de su responsabilidad, programa electoral, campaña de argumentos y convencimiento, para renunciar a cualquier orientación de las tareas del Gobierno. Ese modelo de partido había sido teorizado en Italia, como el Partido Parlamentario, tomando como referente el sistema de partidos de Estados Unidos.

El sistema del Partido Parlamentario establece la necesidad de un partido para desenvolver una campaña electoral de agitación de los votantes para lograr los apoyos, que pasa a una etapa de inacción cuando finaliza la campaña. A partir de entonces solo se necesita un líder con carisma que se relaciona con el electorado sin contar con la organización política y que se apoya en un grupo parlamentario compuesto por técnicos, no políticos, que faciliten los informes técnicos sobre los problemas.

Una cierta élite política y periodística llegó a verbalizar ante el presidente del Gobierno la necesidad de prescindir de la relación con su propio partido, debiendo tratar a todos los partidos de manera idéntica, como una especie de monarca por encima de los partidos de derecha y de izquierda. Le bromeaban diciéndole que él no era felipista, pues todavía visitaba la sede de un partido político, el suyo.

El escenario político que se inauguraba poseía un olor cesarista que hacía dudar sobre el futuro de la democracia interna del partido.

Los a sí mismos llamados renovadores —aperturistas, según el periódico que les apoyaba— elogiaron unánimemente el desarrollo del Congreso, alabando sin excepción las resoluciones, pero protestaban o se lamentaban porque no ocupaban puestos en la dirección. Esa contradictoria posición no fue señalada por los medios; la mayoría del aparato guerrista de los delegados (era su definición) debía ser cambiada porque aprobaban resoluciones... que ellos elogiaban. Nunca se descarrió tanto un proyecto guiado solo por la ambición de poder. El más claro en esta línea fue Carlos Solchaga, que me proclamó como el verdadero triunfador del Congreso, considerándose como derrotado, como si la pugna hubiese sido entre él y yo. No ocultaba su afán de protagonismo, claramente desmedido en las discusiones de aquel Congreso.

El periódico El País editorializó sobre la teoría de que los guerristas no perdonaban a los aperturistas la confianza personal y política que mantenían con González. Era un paso más, se interpretaba ahora la solución de compromiso de la dirección (como la calificó Felipe en su discurso) como un enfrentamiento de los guerristas contra el presidente del Gobierno. Esta falsa interpretación sería frecuentemente usada por conspicuos renovadores al explicar años después la historia de los desencuentros en el partido.

Aún me pregunto qué fue lo que sucedió realmente en aquel Congreso. ¿Fui yo, fuimos en la dirección, demasiado exigentes a la hora de formar la Comisión Ejecutiva o más bien fui un ingenuo que cayó en la trampa urdida para desencadenar el enfrentamiento abierto? Lo que sé es lo que cuento.

Felipe González me pidió que nos quedáramos solos para hablar de la formación de la dirección del partido. Nos sentamos en una pequeña sala en el Palacio de Congresos donde se desarrollaban las actividades de la asamblea. Sacó un folio con una lista completa de la Ejecutiva escrita a mano por él mismo, se reconocía su letra. Y comenzó a leer los nombres. Al llegar a Javier Solana hice un tímido comentario acerca de la desautorización que suponía para el vicesecretario del partido, dado que había estado en la gestación de la reunión de Chamartín. No me dio tiempo a terminar. Tomó su pluma estilográfica y tachó el nombre de Solana, sin un argumento, sin la menor defensa. En aquel momento lo interpreté como una muestra de su enfado o molestia porque todos repetían que el partido estaba en manos de los dirigentes de Ferraz, que el presidente del Gobierno había delegado la dirección del partido en el equipo que era identificado como guerrista. Pensé que era una expresión de incomodidad por el ambiente general que se había creado sobre su autoridad más formal que real en la organización, a lo que se debía añadir el calentamiento de cabeza al que le sometían algunos dirigentes «renovadores», sobre todo los que eran ministros.

Más tarde, teniendo a la vista el discurso de clausura del Congreso, la reacción de algunos liberales, especialmente Solchaga, y la visión del periódico intérprete principal del grupo que intentó el asalto a la dirección, he pensado muchas veces si no estaba todo algo más preparado de lo que yo había sido capaz de percibir. No pienso en una conspiración, no; es algo más sutil: unos observan cómo actúan otros, acompañan sus palabras a la estrategia que creen vislumbrar; los demás van conformando sus posiciones a una estrategia tácita que va adquiriendo forma sin una previa coordinación, pero con un planteamiento que va haciéndose común, único, convergente al paso de los acontecimientos.

El resultado fue que de aquel Congreso el partido salió dividido. Se formó una Ejecutiva, que contaba con la autoridad que le daban los militantes a través de los delegados; pero un grupo del Gobierno y el partido no aceptó de buen grado la legitimidad de la dirección, salvo al secretario general, y no dejaron de actuar en consecuencia desde el mismo día en que finalizó el Congreso.

LA LEY DE BRONCE

En diciembre celebramos los encuentros anuales que organizaba la Fundación Sistema. Reuníamos a intelectuales y políticos de Europa, América e incluso de Asia para plantear en el dominio teórico los problemas que se adivinaban serían asuntos de actualidad en el futuro, intentando comprender los cambios vertiginosos que se estaban produciendo. En aquella ocasión el encuentro internacional estaba citado en mi ciudad, en Sevilla.

En la conferencia que pronuncié cité el concepto teórico con el que David Ricardo analizaba el comportamiento de los salarios. El economista clásico consideraba que los salarios funcionaban en la sociedad capitalista según una no explicitada ley de bronce —de hierro, en otras versiones— de los salarios, según la cual el salario medio es la cantidad indispensable, teniendo en cuenta las costumbres de la nación, para que el trabajador viva y se reproduzca. Y añadí que en un tiempo en que los salarios se hallaban contenidos gracias a la colaboración de los sindicatos para rebajar la inflación, tal vez había llegado la hora de formular una ley de bronce de los beneficios empresariales.

El presidente del Gobierno estaba en Roma, donde fue preguntado por el significado de mis palabras. Él se desembarazó arguyendo que no conocía el contexto y que, por lo tanto, no podía responder sobre lo que yo había querido decir. Pero el ministro de Economía, Carlos Solchaga, se dirigió indignado al presidente; encontró una causa fácil para enardecer a Felipe contra mí, cosa que venía haciendo ya desde mucho tiempo antes, como él mismo ha confirmado en algunas de sus entrevistas posteriores.

Solchaga declaró a la prensa que él, ministro de Economía, jamás llevaría una ley de control de beneficios empresariales al Parlamento. Cuando lo leí quedé aterrado. ¿Un economista podía ignorar la ley de bronce de Ricardo? ¿Una persona que confundiera una ley teórica, una imagen para explicar los fenómenos económicos, con una ley de un Parlamento, podía desempeñar el puesto más importante de la economía de un país?

Dudé de que Solchaga pudiera ignorar tan profundamente la historia económica. Y si no ignoraba el sentido que Ricardo daba a su ley de bronce, ¿cómo explicar sus palabras? ¿Era solo un innoble aprovechamiento de una coyuntura para sus fines personales, mediante la simulación de estar interpretando erróneamente un concepto que conocía?

No sé verdaderamente si fue ignorancia o malevolencia, pero entonces trajo a mi mente una historia jocosa que me contaron acerca de las leyes. Cuando en el año 1979 se eligieron democráticamente los ayuntamientos, los partidos tuvieron que recurrir a un gran número de personas para las listas municipales. Aunque los ayuntamientos funcionaron muy bien, tras los cuarenta años sin práctica democrática, algunos puestos se ocuparon por personas de escasa formación. En un pueblecito andaluz fue elegido un alcalde con carisma pero con pocos conocimientos. En los primeros días de su mandato se paseaba por el pueblo inspeccionando unas obras en la red de alimentación del agua a las viviendas. Comprobó que los tubos de suministro estaban colocados con una pequeña inclinación. Requirió al maestro de obras para que pusiera «los tubos derechitos como el suelo». El maestro albañil le explicó que los tubos se colocaban inclinados por la ley de la gravedad. El alcalde le replicó ufanamente: «Usted póngamelos derechitos, que para la ley esa ya hablaré yo con mis compañeros para que la cambien en el Parlamento».

El ministro de Economía se comportaba como el alcalde ignorante: confundía una declaración teórica con una ley parlamentaria. El problema estaba en el salto de responsabilidades entre ambos: uno, alcalde de un pueblecito; otro, máximo responsable de la economía de un país. La élite de la sociedad española nunca ha dejado de sorprenderme; entre la ignorancia y la pereza han mantenido al país en el atraso.

Felipe González, a su vuelta de Roma y bajo los efectos de un catarro, se desplazó a Sevilla para clausurar el Encuentro de la Fundación Sistema. En su intervención quiso resolver la polémica suscitada por mis palabras sobre la ley de bronce. Argumentó que las preguntas que necesariamente deben constituir el núcleo fundamental de un foro como el que se estaba celebrando, propias del trabajo intelectual, cuando las realiza un gobernante pueden interpretarse mal y traducirse por propuestas concretas. Felipe resolvió el asunto con elegancia, pero la temperatura en las relaciones sufrió una elevación notable con los malos oficios de algunos aduladores del presidente.

LA DIMISIÓN

Pocos días después, el primero de enero, Felipe tomaba pluma y papel y escribía una carta fechada erróneamente 1-I-1990; se trataba, obvio es decirlo, del primer día del año 1991. Yo la recibí, en mano, el día 3, lo que puede hacer pensar en un tiempo de reflexión antes de enviarla.

En la carta, Felipe planteaba algunas reflexiones sobre la tarea que habíamos realizado juntos y se preguntaba sobre nuestra colaboración de futuro. El estilo era muy afectuoso, amistoso. Expresaba su deseo de descansar ante la frontera de los cincuenta años que debían traer sones liberadores.

Hacía un balance positivo de lo que habíamos hecho en los últimos quince años y se afianzaba en la idea de un horizonte esperanzador para nuestro país. Para ello se necesitaba energía y coraje político, condiciones que cada vez le resultaba más difícil encontrar. Expresaba su incomodidad ante ciertos síntomas de atonía, de ir tirando, que apreciaba en la marcha general, y manifestaba su decisión de producir cambios en el equipo de Gobierno para aquel mes de enero. A ello, anunciaba, dedicaría los próximos días, y aseguraba que tendríamos ocasión de hablarlo.

Antes de resolver la crisis, opinaba que teníamos que decidir sobre mi continuidad o no en el Gabinete. Me reiteraba que, como me había dicho en septiembre, no quería mezclar ese asunto en un paquete de cambio de Gobierno, insistiendo con afecto en que siempre se había resistido a continuar sin mí algo que empezamos juntos.

Se interrogaba sobre los efectos que pudiera tener una eventual salida mía del Gobierno, que él afirmaba se había negado a admitir a pesar de las veces que yo se lo había planteado.

Me aseguraba que siempre había estado convencido de que yo no deseaba estar en el Gobierno, y que mi continuidad se debía a su insistencia. En aquel momento quería despejar las dudas sobre si mi proyecto personal estaba o no relacionado con el ejercicio del poder. Confesaba que si yo quisiera seguir él no se sentiría con fuerzas para plantearme el tema de mi continuidad. En todo caso, afirmaba no estar dispuesto a traicionar su confianza y amistad conmigo. Por ello no quería, no podía callar sus pensamientos. Recordaba que en la conversación de septiembre me había dicho que notaba falta de comunicación conmigo, lo que consideraba más importante que cualquier otra consideración, pues, perdida la única vía de confianza que tenía, el aislamiento se hacía casi total.

La despedida era cariñosa, proclamando la superioridad del sentimiento de amistad, aunque interrogándose si en la actividad política sería diferente.

De la lectura de la carta se desprendía un proceso mental difícil para decir lo más cuidadosamente posible lo que era un convencimiento o una voluntad, la conveniencia de mi salida del Gobierno, aunque reiterara que ni se plantearía la cuestión en caso de que yo optara por la continuidad. Tuve clara mi posición. Siempre había tenido una concepción del Gobierno basada en la preeminencia del presidente sobre todos los demás miembros. Él era el único investido por la autoridad de la soberanía popular. El resto de elegidos, nombrados por él, nada teníamos que decir ante una manifestación de voluntad del presidente. Mis repetidos planteamientos de abandonar el Gobierno encontraban ahora un carácter de irreversibilidad en cuanto comprendía que no había una petición basada en consideraciones morales de quien soportaba la máxima responsabilidad del poder. Llamé al presidente para comunicarle que deseaba tener una conversación.

Nos vimos el día 8 de enero en el palacio de la Moncloa. En una conversación tranquila, con suavidad de trato, algo triste, nos reiteramos las razones que en tantas ocasiones habíamos intercambiado con sinceridad. Insistí yo en la necesidad de que el máximo dirigente caminara siempre por el centro de la calzada respecto a las posiciones que manteníamos en el Gobierno y en el partido. Los sectores, unos más en posiciones socialistas, otros social-liberales, tenían derecho a caminar cada uno por su acera; pero el que desempeñaba el máximo liderazgo no debía transitar por ninguna de las aceras, sino por el centro de la calle. Nunca le pedí que apoyara nuestras tesis, pero tampoco comprendí que se inclinara por las de los liberales.

Él me repitió que yo era muy intransigente con algunos dirigentes del partido. Me hizo una confesión que años después me causó una gran sorpresa. Me elogió mi intuición acerca de algunos personajes, como Joaquín Almunia, con el que afirmó mantener una gran distancia, pero no respecto de otros como Javier Solana.

La conversación empezó y hubiera terminado con mi presentación de la dimisión, mi agradecimiento sincero por la confianza que me había otorgado y mi declaración de lealtad con el Gobierno. Pero Felipe quiso tratar conmigo la crisis gubernamental. Dimos un repaso detenido a todos los ministros y las posibles incorporaciones, dejando, según él, determinada la nueva composición del Gobierno, que incluía importantes cambios. Dos meses más tarde anunciaría un Ejecutivo que nada tenía que ver con el que habíamos dejado, según él, cerrado.

Pedí al presidente del Gobierno que me permitiera anunciar la dimisión en el primer acto público que tuviera. Lo aceptó y lo cumplió, pues nada se filtró durante los cuatro días que transcurrieron entre aquella conversación y la fecha en que se hizo pública la dimisión.

Estaba invitado a clausurar el Congreso del Partido Socialista en Extremadura el día 12 de enero, y en él pensé encontrar una buena ocasión para dar a conocer mi decisión.

Solo había dado conocimiento de lo que iba a suceder a personas muy cercanas y muy queridas, pero el día que me había de dirigir desde Sevilla a Cáceres para la clausura del Congreso recibí una llamada de Manuel del Valle, alcalde de Sevilla, solicitando acompañarme. Ya en el automóvil no me pareció correcto ni honrado hacer todo el viaje con él sin aclararle lo que iba a hacer en Cáceres. Se lo comuniqué durante el viaje y quedó sorprendido e impactado. Esta misma sería la reacción de algunos dirigentes socialistas presentes en el Congreso y a los que consideré debía informar minutos antes de comenzar el acto. En un despacho del Convento de San Francisco, reunido con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Bono, Alejandro Cercas y algunos pocos más, les di la noticia. Algunos se indignaron, no contra mí; a otros les asomaron unas lágrimas. Corté pronto y pasamos al salón para cerrar el Congreso.

Cuando me correspondió subir a la tribuna los delegados desbordaron su alegría y muestras de apoyo; ninguno sabía lo que vendría enseguida. Hice un discurso lento, neutro, sin elevar mucho el tono, ayudándome de unas notas que había preparado el día antes. Después de analizar algunos aspectos de la política nacional y regional de Extremadura, pasé a desarrollar el asunto de la dimisión.

Yo he trabajado muchos años para este proyecto desde la organización del partido, con muchos de vosotros, primero en la base y luego en la dirección, en la clandestinidad y en la libertad. He seguido trabajando para el proyecto socialista desde el Gobierno de la nación durante ocho años y ahora me propongo iniciar una nueva etapa de trabajo y esfuerzo por el socialismo desde el puesto para el que me han elegido mis compañeros en el último Congreso. Me propongo, pues, dejar mis actuales tareas de gobierno para dedicarme íntegramente a mi responsabilidad en la dirección del Partido Socialista. Así se lo he hecho saber al presidente del Gobierno, secretario general y compañero Felipe. Y él ha aceptado mi decisión. Durante estos años he mantenido un esfuerzo constante para participar en la vida del partido a la vez que atendía mis obligaciones en el Gobierno. Ahora afronto este nuevo período de trabajo militante que me permitirá tener un contacto cotidiano más intenso con mis compañeros y mis compañeras, con vosotros. Y creo que es el momento de hacerlo después de haber recibido, una vez más, el apoyo de los ciudadanos en las elecciones andaluzas, pretendidamente convertidas por la derecha en una especie de prueba contra mí.

El presidente del Gobierno ha anunciado que realizará algunos cambios en el Gabinete, y es bueno facilitar esa labor para que pueda organizar un buen Gobierno. Yo no sé, compañeras y compañeros, quién gobernará en España dentro de cincuenta años; lo que sí sé muy bien y estoy seguro es que en el Parlamento español, en los Parlamentos autonómicos, habrá un grupo socialista importante. [...]

En este momento hay en España un Gobierno socialista elegido libre y democráticamente, y es tarea del partido apoyar a este Gobierno. [...] La dirección del Partido Socialista, los militantes en su conjunto, han mantenido durante estos años el apoyo total al Gobierno socialista y a su presidente. Así ha sido, así debe ser, y así seguirá siendo en el futuro, pese a quien pese. Y he querido decir esto en este Congreso, como un homenaje a lo que yo considero el espíritu del auténtico socialismo.

La reacción de los delegados me conmovió. Todos prorrumpieron en gritos de «¡No, no!» y las lágrimas corrían sin control de los ojos de muchos. Salir del salón fue muy difícil; todos me abrazaban llorando, pidiéndome que continuara en el Gobierno, que no les dejara solos.

En verdad la emoción que sentía no logró ocultarme que aquel era un momento de vida y de gloria, que el sacrificio de entregar todos mis esfuerzos a la vida política tenía una respuesta en el cariño popular que recibía en aquellos instantes. Volví de Cáceres reafirmado en mi posición y con enormes deseos de tranquilizar mi ánimo para reflexionar sobre mis años de gobernante.

Mi entrada en política no se debió a una vocación profesional, sino al compromiso ético contra la dictadura; después me fue arrastrando a otros compromisos más políticos, más orgánicos. Cuando estuve en el centro de la actividad política me encontré con que muchas personas confiaban en mí, me veían como a un defensor de su causa, de la idea de un mundo más justo, más humano. Y entonces no pude dar marcha atrás. Incluso acepté en contra de mis deseos, violentando mi voluntad, formar parte de un Gobierno. Durante años he pensado si me equivoqué. No estoy seguro. Es probable que aquella decisión dificultara el cultivo de mis aspiraciones más vivas, pero me ayudó a forjar un espíritu fuerte, al contribuir a un cambio trascendental para España.

Creo también que he sido para muchos españoles —tal vez lo sea hoy todavía— una referencia con la que se sentían más seguros, más confiados. Esta convicción me reconforta de mis errores.

Cuando percibo el afecto, incluso el entusiasmo que me demuestran muchas personas desconocidas, hasta muchos adolescentes, pienso que no me equivoqué, que todos ellos merecían mis esfuerzos. No soy un político tradicional. Les oigo muchas veces decir que el político está al servicio de los ciudadanos. Esa declaración no me apasiona. Claro que hay que servir a los ciudadanos, pero mi objetivo es otro: yo quiero cambiar las cosas. El mundo es muy injusto, lo era antes de llegar mi generación, y probablemente lo seguirá siendo cuando nos vayamos; pero es un acto de decencia, de dignidad, no aceptar la humillante, la cruel desigualdad que castiga a muchas personas.

Ese ha sido el principio que ha guiado mi actuación como gobernante. Soy consciente de que he logrado que triunfen algunos avances, y también que he detenido, he impedido algunas acciones que consideré injustas o regresivas.

Han sido poco más de ocho años como vicepresidente, años en los que a veces me he sentido aupado por el calor de las gentes y otras veces he sentido la soledad ante las decisiones. No se gobierna para recibir reconocimiento, sino para transformar la realidad; pero a veces sientes que te muerde el aislamiento, y en esos momentos piensas que estás en el camino equivocado, que has de rectificar porque los demás no quieren lo que haces. Entre aplausos y rechazos vive quien está en la actividad pública; organizar el equilibrio entre los que te apoyan y los que quieren tu fracaso es una exigencia imprescindible para guardar tu propio equilibrio psicológico. Lo he pretendido durante muchos años, con la única receta que conozco: convicciones firmes y flexibilidad para enjuiciar las opiniones contrarias o simplemente diferentes.

La importancia de un mínimo consenso que se refleja en escuchar las opiniones contrarias y hacer sin alharacas, sin presumir, las transformaciones que afectan a lo más profundo de las creencias, es que se evita la política derogatoria cuando otro partido llega al Gobierno. Me explicaré para ser bien entendido. Cuando el Gobierno socialista aprueba la ley del aborto, lo hace con mesura, con los tres supuestos y sin arrogancia ante la sociedad. El partido conservador, PP, se opone, los obispos califican de crimen la práctica del aborto, acusan al Gobierno. Pues bien: cuando llega al Gobierno el PP, incluso cuando durante cuatro años disfruta de mayoría absoluta, no se plantea derogar la ley; más aún, la Conferencia Episcopal, que vivía pendiente de los «crímenes» del aborto, no le pide al Partido Popular la derogación de la legislación del aborto. Cuando se hace la política con medida, sin demagogia gratuita, los cambios se instalan con tanta fuerza y naturalidad en la sociedad que no hay partido político que se atreva a volver atrás.

Cosa bien diferente sucede cuando la política la hace un Gobierno bravíamente, con grosera arrogancia, sin escuchar las posiciones de nadie; el Gobierno que le sucede se ve obligado a una política derogatoria de las decisiones tomadas por el Gobierno anterior. En España hemos conocido una etapa de gobierno que despreciaba a la inmensa mayoría de la población opuesta a la participación en la guerra de Iraq. El cambio de Gobierno tuvo como primer acto del presidente Rodríguez Zapatero la retirada de las tropas españolas de Iraq. Los partidos políticos deberían aprender todas las ventajas de la política del mínimo consenso, pues favorece la permanencia de las transformaciones emprendidas, mientras que el gobierno despótico —aun con la legitimidad del origen electoral— propicia la corrección de los cambios introducidos a posteriori.

Un problema que siempre me preocupó fue la esquizofrenia que se da en tantos políticos entre lo que se dice y lo que se hace. Mi dedicación a los problemas ideológicos, a la prospección de los desafíos del futuro, me hizo reflexionar muy frecuentemente con intelectuales, filósofos, politólogos, acerca de la coherencia entre los análisis de los actores políticos de la izquierda y la práctica de esta cuando tiene la responsabilidad de gobernar. Mi amigo Régis Debray, reconociendo que mis esfuerzos mantenían una coherencia intelectual y ateniéndose a la realidad francesa, se preguntaba si tenemos derecho a hablar para no hacer nada. Opinaba que se decían cosas inteligentes en los coloquios, revistas, pero ¿acaso existe relación entre las elaboraciones doctrinales de la izquierda y la conducta efectiva de los gobiernos en los que esta participa? Debray me decía que nosotros no somos hacedores de frases ni comediantes, sino gente seria que hemos querido modificar el curso de las cosas en Europa. Pero los que «dirigen» se ríen de nuestras tesis, de nuestros sueños, de nuestras jornadas de reflexión o de delirio. Ellos dictan la opinión día a día, navegando en medio de los intereses adquiridos; no nos toman en serio porque no tenemos una cadena de televisión o un periódico de gran tirada.

Su análisis se circunscribía a la realidad francesa, pero en muchos aspectos tenía valor como diagnóstico de nuestra realidad.

Nunca acepté de buen grado que la política socialdemócrata del Gobierno tuviese el contraste deslegitimador del discurso liberal. Los esfuerzos por construir una sociedad más igualitaria, más humana, se veían arruinados por discursos de exaltación de los mecanismos más depredadores del sistema capitalista.

Hice, durante años, un enorme esfuerzo para adaptar mi discurso a los objetivos que pretendía el Gobierno. En demasiadas ocasiones ese ejercicio de coherencia me valía una reprimenda por demagogo, o ilusorio, mientras que el discurso de sumisión a los secos postulados del enriquecimiento era saludado como modelo de modernidad.

Nunca renuncié a sostener un criterio propio, que podía lógicamente ser erróneo, pero era mi criterio y así lo expresaba.

En todo caso, cuando intento sopesar los aspectos positivos y negativos de mi actuación en el Gobierno, soy consciente de haber ayudado —poniendo dedicación y oficio— a cambiar mi país, que, como yo había tenido la temeridad de adelantar, en pocos años era difícil de reconocer. El tiempo, el más inclemente crítico, dirá si acerté o erré. Para mí, fue una experiencia digna de ser vivida.

FIN DE ÉPOCA, RECONOCIMIENTO DE VIDA

Pasado el fin de semana, en el que tuve que desconectar el teléfono, pues no transcurría un segundo sin que sonase su timbre, volví al despacho en Madrid para recoger mis objetos personales, entregar a Patrimonio los regalos recibidos durante mi etapa de vicepresidente y recibir la última visita en mi condición de gobernante.

Los lujosos y valiosos —en sentido monetario— regalos oficiales que entregué al Patrimonio del Estado obligaron a redactar un decreto de aceptación de presentes, de lo que se deducía que nunca nadie había depositado esos bienes al abandonar las responsabilidades de gobierno. Mi última visita oficial tenía más un carácter evocador y sentimental que político. Recibí a una joven pintora, Dunia Lorda, hija de mi amigo Felipe Lorda, que venía a entregarme el prometido óleo muchos años antes. La historia era muy querida para mí. Cuando Dunia tenía solo seis años me visitó en Sevilla acompañando a sus padres y hermanos. Durante unos días paseamos por el parque de María Luisa, remamos en el estanque, visitamos la ciudad, congeniamos la niña y yo hasta crear un vínculo de afecto muy fuerte. Cuando se marchaban de la ciudad regalé a la niña una caja de pintura profesional, incitándola a probar una incursión infantil en el arte. Años después me informó de que gracias a aquellas pinturas se había iniciado en la práctica artística y había decidido estudiar Bellas Artes. Muy solemnemente me anunció que, cuando expusiera por primera vez, el mejor cuadro sería para mí como respuesta agradecida de aquel regalo de niña. Pasaron los años y poco antes de mi dimisión recibí un programa anunciando la exposición de obras de Dunia Lorda. Al compás me llamó para fijar una entrevista en la que pudiera entregarme el cuadro prometido. Me pareció una historia cargada de sentimientos románticos que bien valía ser el cierre de mi actividad oficial. Al despedirme de ella le aseguré que colgaría su cuadro en un lugar de inevitable visión para que cada día me recordara que aquella entrevista había sido el final de una etapa y el renacer de una vida que tenía casi olvidada.

Se inauguraba una nueva época para mí, la difícil travesía de un ex vicepresidente. Intentaría cruzarla con dignidad y verdad, utilizando la única arma verdaderamente humana: la naturalidad.

Dejando atrás los vientos

Alfonso Guerra

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