Veinte años después de «La democracia en América», un clásico del pensamiento político publicado también en esta colección, Alexis de Tocqueville (1805-1859) dio a la prensa «El Antiguo Régimen y la Revolución» (1856), obra que combina la investigación histórica con la sociología comparada. El predominio del poder real, el crecimiento económico, la centralización administrativa, el ascenso de la burguesía y la decadencia de la aristocracia pusieron en marcha, a lo largo del siglo XVIII, un proceso irreversible que desembocaría en la transformación revolucionaria de 1789. Ahora bien, pese a la cesura que significó la subversión del orden establecido, algunas tendencias iniciadas bajo el Antiguo Régimen y los elementos de continuidad histórica, especialmente el fortalecimiento del Estado, siguieron actuando en el período posterior, «de tal suerte (escribe Tocqueville) que para comprender bien la Revolución era preciso olvidar por un momento la Francia de nuestros días e ir a interrogar en su tumba a la Francia que ya no existe».

Alexis de Tocqueville

El antiguo régimen y la revolución

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Duard 29.04.2023

Título original: L’ancien régime et la Révolution

Alexis de Tocqueville, 1856

Traducción: Jorge Ferreiro

Editor digital: Duard

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Prefacio, tabla cronológica y bibliografía

PREFACIO:
REVOLUCIÓN Y DEMOCRACIA EN LA OBRA DE TOCQUEVILLE

La mayoría de los defensores y de los detractores de la Revolución francesa coinciden en que esta implica una ruptura con el pasado. Para unos, es un acontecimiento con que comienza una etapa, en la cual la humanidad cambia el rumbo histórico y se dirige a la obtención de la libertad. Para otros, se trata de una catástrofe que, por cuestionar el principio de autoridad tradicional, propicia el terror y la anarquía. Tocqueville trasciende esta polémica, ya que afirma que la única manera de establecer el sentido de los sucesos de 1789 es vincularlos a los procesos sociales que les precedieron. Con ello destaca la continuidad que existe entre el Antiguo Régimen y la Revolución. “[…] por radical que haya sido la Revolución, innovó mucho menos de lo que en general se supone[1]”.

Este cambio de perspectiva desconcertó a gran parte de los interlocutores e intérpretes de Tocqueville. Según algunos, cuestionar el carácter innovador de la Revolución es síntoma inequívoco de una convicción conservadora. Se llegó a ver en su posición teórica un ejemplo del cínico escepticismo frente a la capacidad transformadora de las acciones humanas que puede condensarse en la conocida paradoja que Tomasi de Lampedusa expone en su novela El gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”. En contraste con ello, otro grupo de intérpretes niega que Tocqueville sea conservador y resalta la afinidad de este teórico con el liberalismo democrático de John Stuart Mill. El problema de estas interpretaciones es que son tan unilaterales como los juicios de aquellos que quieren hacer una apología o una diatriba de la Revolución francesa.

Como reacción ante los intentos de clasificar su postura dentro de los viejos esquemas políticos, el propio Tocqueville responde:

Se quiere hacer de mí un hombre de partido y yo no lo soy […]. Se me atribuyen alternativamente prejuicios aristocráticos o democráticos. Yo quizás habría tenido estos si hubiese nacido en otro siglo o en otro país. Pero el azar de mi nacimiento me hizo muy fácil defenderme de los unos y de los otros. Yo vine al mundo al final de una larga revolución que, después de haber destruido al Estado antiguo, no había creado nada duradero. La aristocracia estaba ya muerta cuando yo comencé a vivir, y la democracia no existía todavía. Mi instinto no podía, pues, arrastrarme ciegamente ni hacia la una ni hacia la otra. Meditaba en un país que durante cuarenta años había ensayado un poco de todo sin detenerse definitivamente en nada. Yo no era, por tanto, presa fácil en cuestión de ilusiones políticas. Formando parte de la antigua aristocracia de mi patria, no tenía odio ni envidia naturales contra ella, y estando destruida esa aristocracia no tenía tampoco amor natural por ella, ya que no se adhiere uno fuertemente más que a lo que vive. Yo estaba bastante cerca de ella para conocerla bien y bastante lejos para juzgarla sin pasión. Otro tanto diré del elemento democrático. Ningún interés me creaba una inclinación natural hacia la democracia, ni había recibido de ella personalmente ninguna injuria. No tenía ningún motivo particular para amarla ni para odiarla, independientemente de los que me proporcionaba mi razón. En una palabra, estaba en tan perfecto equilibrio entre el pasado y el porvenir que no me sentía natural e instintivamente atraído ni hacia uno ni hacia el otro, y no he tenido necesidad de grandes esfuerzos para lanzar tranquilas miradas hacia los dos lados[2].

Pero que Tocqueville rechace la acusación de poseer “prejuicios aristocráticos o democráticos” no quiere decir que pretenda asumir el papel de observador “neutral”, ajeno al conflicto de valores. Lo que sucede es que para este autor la opción política ya no se encuentra entre el principio aristocrático y el principio democrático de organización social, sino entre las diferentes opciones que ofrece este último. Por otra parte, al afirmar la existencia de diversas formas de democracia y democratización reconoce lo inapropiado de emitir un juicio de valor simple sobre la “democracia” en general. Desde el punto de vista de Tocqueville, la democratización es un proceso que presupone ciertos costos que pueden ser disminuidos si se rescatan algunas de las virtudes de las sociedades aristocráticas. Ello no implica un afán de restaurar el viejo orden sino un deseo de establecer los medios para enfrentar y controlar los riesgos inherentes a la dinámica de las transformaciones sociales.

Revolución y principios de organización social

Antes de adentrarnos en la reconstrucción de las tesis centrales de la teoría de Tocqueville, es preciso advertir que en sus trabajos el concepto “revolución” se utiliza en dos sentidos distintos. En primer lugar, el término “revolución” lo usa para calificar un cambio repentino del sistema político, más o menos violento, en que no solo el grupo dominante se ve desplazado por otro sino también en que se producen cambios significativos en dicho subsistema social. Este sentido se manifiesta cuando habla de la Revolución francesa, de la “revolución americana” o de la revolución de 1848. En segundo lugar, en el aparato conceptual de Tocqueville, “revolución” también denota una transformación radical del principio de organización social, más o menos pacífica, que se realiza en un proceso histórico a largo plazo. Este uso se hace patente cuando el autor habla de la “revolución democrática”. Esta segunda acepción de “revolución” debe distinguirse de los conceptos de “evolución” y de “reforma” porque en ella no se desarrolla o se ajusta un principio de organización ya establecido, sino que se modifican radicalmente los fundamentos del orden institucional.

Tener en cuenta estos dos sentidos del concepto “revolución” nos permite acercarnos por primera vez a la tesis de Tocqueville sobre el carácter de la Revolución francesa. Para él los acontecimientos de 1789 representan una revolución política que tiene su causa profunda en la manera en que se desarrolló un proceso revolucionario más amplio, a lo largo de todo el Antiguo Régimen. Tocqueville quiere mostrar que la Revolución francesa fue un fenómeno violento por el cual se trató de adaptar el orden político al estado social que se había forjado lentamente, mediante lo que él llama una “revolución democrática”. Cabe señalar que para Tocqueville la “revolución democrática” no es un proceso exclusivo para la nación francesa sino un fenómeno común a diversos pueblos de la cultura occidental. Precisamente, en su viaje por los Estados Unidos de América, Tocqueville había observado que en ese país se podía apreciar con más claridad el sentido de esa “revolución democrática”, ya que en él no había existido un pasado feudal.

Una gran revolución democrática se palpa entre nosotros. Todos la ven; pero no todos la juzgan de la misma manera. Unos la consideran como una cosa nueva y, tomándola por un accidente, creen poder detenerla todavía; mientras otros la juzgan indestructible, porque les parece el hecho más continuo, el más antiguo y el más permanente que se conoce en la historia […]. Por doquiera se ha visto que los más diversos incidentes de la vida de los pueblos se inclinan en favor de la democracia. Todos los hombres la han ayudado con su esfuerzo: los que tenían el proyecto de colaborar para su advenimiento y los que no pensaban servirla; los que combatían por ella, y aun aquellos que se declaraban sus enemigos, todos fueron empujados confusamente hacia la misma vía, y todos trabajaron en común, algunos a pesar suyo y otros sin advertirlo, como ciegos instrumentos en las manos de Dios[3].

Respecto a la situación de la “revolución democrática” en Francia, Tocqueville agrega lo siguiente:

No hay pueblos en Europa entre los cuales la gran revolución social que acabo de describir haya hecho más rápidos progresos que en el nuestro. Pero aquí siempre ha caminado al azar […]. Así, resultó que la revolución democrática se hizo en el cuerpo de la sociedad, sin que se consiguiese en las leyes, en las ideas, las costumbres y los hábitos, que era el cambio necesario para hacer esa revolución útil. Por tanto tenemos la democracia, sin aquello que atenúa sus vicios y hace resaltar sus ventajas naturales; y vemos ya los males que acarrea, cuando todavía ignoramos los bienes que puede darnos[4].

En el concepto de “revolución democrática” que usa Tocqueville se encuentran implícitos, a su vez, dos sentidos de la noción “democracia”, a saber: 1) La “democracia” como principio de organización social, caracterizado por la “igualdad de condiciones”, y 2) La “democracia” como forma de gobierno, que tiene en el “dogma” de “soberanía popular” su determinación básica[5]. Tocqueville reconoce que entre estos dos significados de la “democracia” existe una estrecha relación; sin embargo, niega que el vínculo entre el estado social democrático y el gobierno democrático pueda entenderse en términos de una causalidad simple. Si bien es cierto que determinado grado de democratización de la sociedad es una condición para llegar a un gobierno democrático, también un gobierno democrático es un requisito para consolidar y profundizar en la organización democrática social. Por otro lado, como lo demuestra el caso francés, la “revolución democrática” en la sociedad no produce de manera automática un gobierno democrático. Para entender la compleja relación entre sociedad y gobierno en un orden democrático se requiere, como primer paso, determinar el principio de organización propio de estas sociedades.

Tocqueville caracteriza el principio democrático de organización social comparándolo con el principio aristocrático[6]. La organización aristocrática de la sociedad se basa en una estricta jerarquía, así como en un sistema de privilegios que se legitiman por la tradición. En el orden aristocrático la mayoría de sus miembros tiene un lugar y una función determinados en la estructura social, lo que otorga a esta última una gran estabilidad. Dependencia personal y lealtad son los aspectos esenciales de las relaciones entre los individuos. El subsistema político aristocrático se distingue, de acuerdo con Tocqueville, por el policentrismo del poder. La nobleza representa un contrapeso frente al monarca; este es considerado el primus inter pares y no un poder soberano.

En oposición a las sociedades aristocráticas, el atributo esencial del principio democrático de organización social es la “igualdad de condiciones”. En una nota de viaje Tocqueville apunta lo siguiente:

Explicar en alguna parte lo que entiendo por siglos de democracia-igualdad. No es ese tiempo quimérico en que todos los hombres son perfectamente parecidos e iguales, sino: 1) cuando lo sea una cantidad muy grande de ellos […] y cuando un número aún mayor esté a veces por encima, a veces por debajo, pero no muy lejos de la medida común; 2) cuando no haya clasificaciones permanentes de casta ni clase, ni barreras infranqueables o siquiera difíciles de franquear; de suerte que, aunque todos los hombres no sean iguales, puedan todos aspirar al mismo punto; […] de suerte que se haga [sentir] una norma común con la cual se midan los hombres por anticipado. Esto difunde el sentimiento de igualdad aun en un medio de condiciones desiguales[7].

La igualdad de condiciones presupone la desaparición de las jerarquías y privilegios tradicionales que establecían barreras infranqueables entre los grupos sociales. Ello propicia la movilidad social y la aparición de una amplia “clase media”. Cuando emprendió la redacción de La democracia en América, Tocqueville realizó el siguiente esbozo de las características del principio aristocrático y el principio democrático de organización social, así como de la situación que imperaba en su tiempo, la cual, según él, constituye una fase intermedia:

Sistema aristocrático y monárquico. Nuestros padres.

Amor al Rey.

Aristocracia.

Fuerza individual contra la tiranía.

Creencias, devoción al deber, virtudes no civilizadas, instintos.

La idea del deber.

Tranquilidad del pueblo, debida a que no ve nada mejor.

Inmovilidad monárquica.

Fuerza y grandeza del Estado, que se logra por los esfuerzos constantes de pocas personas.

Sistema democrático y republicano.

Respeto por la ley; idea de los derechos.

Buena voluntad que deriva de la igualdad de derechos.

Asociación.

Interés bien entendido; ilustración.

Amor a la libertad.

Conciencia de los propios beneficios.

Movimiento regulado y progresivo de la democracia.

[Fuerza y grandeza del Estado] por los esfuerzos simultáneos de todos.

Situación actual.

Miedo a la autoridad, a la que se desprecia.

Guerra entre pobres y ricos; el egoísmo individual sin la fuerza.

Debilidad igual, sin poder colectivo (sin el poder de asociación).

Prejuicios sin creencias; ignorancia sin virtudes; doctrina del interés sin conocimiento, egoísmo imbécil.

Gusto por el abuso de la libertad.

Gente que no tiene el coraje de cambiar; la pasión de los hombres viejos[8].

La revolución que conduce de las sociedades aristocráticas a las democráticas tiene sus raíces, según Tocqueville, en el ideal de igualdad, que la religión católica contribuyó de manera decisiva a difundir. Sin embargo, para que ese ideal comenzara a cambiar las costumbres y, de esta manera, los hombres llegaran a cuestionar las jerarquías tradicionales, se requirió de un largo proceso, que recibió un impulso definitivo en los albores de la modernidad. Entre los hechos que coadyuvaron a la expansión de la “igualdad de condiciones”. Tocqueville menciona los siguientes: La Reforma, la secularización de la noción de igualdad por parte de los representantes del iusnaturalismo moderno, el desarrollo de una economía de mercado, la invención de la imprenta, los conflictos internos de la nobleza, la consolidación de un Estado soberano. Como podemos apreciar, la “revolución democrática” se da en todos los ámbitos de la sociedad. Para Tocqueville no es la acción de uno de estos ámbitos sino la interacción de todos ellos la causa del avance de la democratización.

En la introducción a La democracia en América se califica el desarrollo de la “igualdad de condiciones” como un hecho “providencial” que tiene las siguientes características: “es universal, durable, escapa a la potestad humana y todos los acontecimientos, como todos los hombres, sirven para su desarrollo[9]”. Esta caracterización de la “revolución democrática” nos lleva a preguntar por la concepción de la historia que subyace en la teoría de Tocqueville.

Historia y democratización

El iusnaturalismo moderno, al identificar lo racional con un conjunto de principios universales y necesarios, ajenos al devenir, creó un abismo entre razón e historia. El resultado de ello es que esta última fue considerada como el reino de lo contingente; expresión de la irracionalidad inherente a la conducta de los hombres. En contra de esta posición, la Ilustración se propuso extender el campo de la explicación racional a la dimensión histórica con el supuesto de que detrás del aparente caos histórico debía existir un orden. Como consecuencia de este intento de conciliar lo racional y lo histórico, surgieron, sustentadas en la noción de “progreso”, una multiplicidad de filosofías de la historia, de las que el sistema hegeliano representa el caso paradigmático.

El que Tocqueville califique la “revolución democrática” como un “hecho providencial” que escapa a la potestad de los hombres puede inducir a pensar que en él encontramos un ejemplo más de este tipo de filosofías de la historia. Pero existe una radical diferencia entre Tocqueville y las filosofías de la historia que conciben el devenir como un proceso teleológico predeterminado. Aunque Tocqueville comparte con Hegel el proyecto de considerar racionalmente la historia, el primero niega la posibilidad de alcanzar una perspectiva privilegiada, desde la que sería posible ofrecer una síntesis de la multiplicidad de puntos de vista existentes, o de encontrar un principio último del que podríamos deducir el sentido global de la historia. Tocqueville sostiene que la complejidad y la riqueza de la realidad no pueden ser agotadas por el saber y menos por una teoría particular.

Para Tocqueville el derrumbe del mundo aristocrático ya es un hecho, mientras que la “revolución democrática” se encuentra en marcha. Tener conciencia de los límites del conocimiento impide a este autor tratar de predecir el destino de esa revolución. Según su punto de vista, el rumbo que ha de tomar la democratización no se encuentra definido, sino que está permanentemente en juego. La democratización puede conducir a la sociedad a una igualdad en libertad o a una igualdad en una tiranía; ello dependerá, en última instancia, de la capacidad de acción política de los ciudadanos. En Tocqueville la vocación del político, que acepta la incertidumbre y los riesgos de la acción, triunfa sobre la vocación del filósofo que busca una certeza.

Si al principio de su libro sobre los Estados Unidos de América dice que la “revolución democrática” es un hecho providencial, al final afirma:

No ignoro que muchos de mis contemporáneos han pensado que los pueblos no son jamás dueños de sus acciones, y que obedecen necesariamente a no sé qué fuerza insuperable e ininteligible, que nace de los acontecimientos anteriores, de la raza, del suelo o del clima. Estas son falsas y fútiles doctrinas, que no pueden jamás dejar de producir hombres débiles y naciones pusilánimes; la Providencia no ha creado el género humano ni enteramente independiente, ni completamente esclavo. Ha trazado, es verdad, alrededor de cada hombre, un círculo fatal de donde no puede salir; pero, en sus vastos límites, el hombre es poderoso y libre. Lo mismo ocurre con los pueblos. Las naciones de nuestros días no podrían hacer que en su seno las condiciones no sean iguales; pero depende de ellas que la igualdad las conduzca a la servidumbre o a la libertad, a las luces o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria[10].

Negar que la visión racional de la historia implica una perspectiva trascendente, capaz de homogeneizar la pluralidad de posiciones que en ella intervienen, le permite a Tocqueville poner en tela de juicio la creencia ingenua en el “Progreso”. Es legítimo hablar de un “progreso” en relación con el avance técnico en la definición y desarrollo de los medios que nos permiten alcanzar ciertos fines dados, pero dicho concepto no puede aplicarse al ámbito de las valoraciones últimas. Por eso Tocqueville nunca recurre a la noción de “progreso” para calificar a la revolución que conduce del principio aristocrático al principio democrático de organización social. Que dicha revolución sea un progreso respecto a la meta de liberar a los hombres de sus lazos de dependencia no puede determinarse de antemano, ni puede ser tampoco una conquista definitiva de ese proceso.

Tocqueville es de la opinión que el esfuerzo de vincular lo racional y lo histórico no puede desembocar en un saber que confirme nuestras esperanzas o nuestros temores. Considerar de manera racional la historia nos sirve para describir el contexto en que actuamos y, dentro de los límites que se nos imponen, buscar los medios más adecuados para llegar a los fines que nos proponemos. El objetivo de este autor no es prever el curso de la “revolución democrática” sino motivar a los individuos para que incidan en ella con el fin de hacerla compatible con la libertad. Tocqueville no pretende fundamentar un juicio de valor definitivo sobre la “revolución democrática” sino determinar los obstáculos que surgen en ella y que ponen en peligro el éxito de la tarea de constituir un orden social compatible con la libertad individual. Tocqueville destaca tres de estos peligros: 1) la centralización del poder, 2) el “individualismo”, en el sentido de aislamiento de los individuos, y 3) la “tiranía de la mayoría”.

Centralización y despotismo administrativo

De acuerdo con los modelos que expone Tocqueville, las sociedades aristocráticas se distinguen por el policentrismo del poder; en cambio, en las sociedades democráticas existe una fuerte tendencia a la centralización del poder. En el examen de esta tendencia, Tocqueville destaca la existencia de dos tipos de centralización:

La centralización es una palabra que se repite sin cesar en nuestros días, y de la que nadie, en general, trata de precisar el sentido. Existen, sin embargo, dos clases de centralización muy distintas que importa conocer bien. Ciertos intereses son comunes a toda la nación, tales como la formulación de leyes generales y las relaciones del pueblo con los extranjeros. Otros intereses son especiales para ciertas partes de la nación, por ejemplo, los de las empresas comunales. Concentrar en el mismo lugar o en la misma mano el poder de dirigir a los primeros, es constituir lo que llamaré centralización gubernamental. Concentrar de la misma manera el poder de dirigir a los segundos, es fundar lo que llamaré centralización administrativa[11].

La centralización gubernamental es la formación de un poder común capaz de instaurar y hacer respetar un orden jurídico general en la nación, así como de salvaguardar los intereses de esta frente a las otras naciones. La centralización administrativa es la creación de un poder que interviene de manera constante en todos los asuntos particulares de las diversas comunidades nacionales. Aunque Tocqueville reconoce que ambas modalidades de centralización se atraen entre sí, su tesis consiste en afirmar que son distintas[12] y que su diferenciación es un requisito indispensable para constituir un gobierno que garantice la libertad de los ciudadanos. Lo que admira a Tocqueville del sistema federativo de los Estados Unidos de América es, precisamente, haber podido conjugar la centralización gubernamental con la descentralización administrativa. Es esta combinación la que permite que en ese país sea posible una amplia participación ciudadana en los asuntos públicos; la cual posibilita, a su vez, fortalecer el aspecto libertario del sistema democrático.

Tocqueville reconoce que la centralización administrativa puede lograr que un pueblo alcance de manera más rápida un fin determinado en una ocasión específica. Porque la centralización permite, en cierto momento, una mejor coordinación de las acciones. Sin embargo, de inmediato este autor agrega que a mediano y largo plazos la centralización administrativa debilita a la sociedad y la capacidad de su aparato administrativo. Ello se debe a varias razones. En primer lugar, un poder central, por más ilustrado y capaz que sea, no puede abarcar por sí solo todos los detalles de una sociedad compleja, lo que hace que la eficiencia esporádica se convierta muy pronto en ineficiencia endémica.

Para tratar de superar sus deficiencias, la administración central crea nuevas instancias o dependencias, así como nuevos procedimientos. Pero en la medida en que se mantiene la concentración del poder, dichas instancias y procedimientos proliferan de manera proporcional a los problemas sociales sin que estos se resuelvan. Por lo contrario, el crecimiento patológico del aparato administrativo dificulta, cada vez más, la busca e implantación de soluciones. Todo asunto local tiene que ser llevado a través de una multiplicidad de organismos administrativos hasta llegar al poder central, para después volver por el mismo camino hasta su lugar de origen. De esta manera, la realización de proyectos y políticas administrativas se ve obstaculizada en un laberinto burocrático. Si bien es cierto que la complejidad de las sociedades modernas requiere una administración especializada, la centralización del poder mantiene la incapacidad de acción frente a esa complejidad.

En segundo lugar, la centralización administrativa acentúa la tendencia a que la burocracia deje de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma. “Como casi todas las cosas dañinas de este mundo”, es fácil provocar una centralización administrativa, pero es muy difícil vencerla o superarla. El conde Hervé de Tocqueville ya había advertido a su hijo Alexis lo siguiente:

Existen demasiadas personas que se aprovechan de la centralización, o que gozan de una posición [en la burocracia centralizada] que en vano buscarían en otro sitio, como para que durante largo tiempo no se puedan desarraigar estos abusos. Esta gente ha establecido como artículo de fe que nada se hace bien, excepto por el Gobierno, y defenderá obstinadamente este dogma[13].

En tercer lugar, la centralización administrativa hace que los hombres pierdan la capacidad de gestar sus propios intereses. La dependencia de los ciudadanos frente al gobierno central crece en la misma medida en que aumenta el control de este último sobre los primeros. Los individuos se acostumbran a pedir soluciones al Estado, pero, al mismo tiempo, a mantener una actitud pasiva. Esta pasividad del pueblo —que representa la realización del sueño de todo tirano— se revierte en contra del propio sistema administrativo estatal, ya que este ve aumentar y hacerse más ostensible su incapacidad por una sobrecarga de las demandas populares.

Además, en relación con la centralización administrativa, no solo está en juego una cuestión de eficiencia; también se plantea el problema del surgimiento de una nueva forma de dominación. Conforme se consolidan las sociedades democráticas, el poder del Estado tiende a trasladarse paulatinamente a su sistema administrativo, el cual tiende a intervenir cada vez más en un mayor número de ámbitos sociales.

Los ciudadanos están sujetos a la vigilancia de la administración pública, y son arrastrados insensiblemente y como sin saberlo a sacrificarle todos los días alguna nueva parte de su independencia individual; los mismos hombres, que de cuando en cuando derriban un trono y pisotean la autoridad de los reyes, se someten sin resistencia cada vez más a los menores caprichos de cualquier empleado[14].

Si con la “revolución democrática” los individuos logran liberarse del sistema de privilegios feudales que imponían el dominio personal de la aristocracia, ello no significa, de manera necesaria, que se alcance la libertad. Por lo contrario, en la organización burocrática de estas sociedades se gesta una dominación impersonal que puede llegar a ser más agobiante que la anterior o, por lo menos, más resistente. El despotismo administrativo

no destruye las voluntades, pero las ablanda, las somete y las dirige; obliga raras veces a obrar, pero se opone incesantemente a que se obre; no destruye, pero impide crear; no tiraniza, pero oprime; mortifica, embrutece, extingue, debilita y reduce, en fin, a cada nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobernante[15].

“Individualismo” y “Tiranía de la mayoría”.

El reverso de la centralización y despotismo administrativos es el aislamiento de los ciudadanos. Si los primeros significan el fortalecimiento de los poderes sociales, el segundo lleva al debilitamiento de los individuos. La destrucción de los lazos y las organizaciones tradicionales, causada por la expansión de la “igualdad de condiciones”, favorece la dispersión de los individuos.

A medida que las condiciones se igualan, se encuentra un mayor número de individuos que, no siendo bastante ricos ni poderosos para ejercer una gran influencia en la suerte de sus semejantes, han adquirido, sin embargo, o han conservado, bastantes luces y bienes para satisfacerse a ellos mismos. No deben nada a nadie; no esperan, por decirlo así, nada de nadie; se habitúan a considerarse siempre aisladamente y se figuran que su destino está en sus manos. Así, la democracia no solamente hace olvidar a cada hombre a sus abuelos; además, le oculta sus descendientes y lo separa de sus contemporáneos. Lo conduce sin cesar hacia sí mismo y amenaza con encerrarlo en la soledad de su propio corazón[16].

A lo largo de toda su obra Tocqueville plantea la ambigüedad que encierra el “individualismo”. moderno[17]. Por un lado, hay la posibilidad de que los individuos se liberen de las autoridades tradicionales y aprendan a servirse de su razón y a confiar en sus propias fuerzas para conducir sus asuntos. Pero, por el otro lado, el aislamiento de cada individuo lo deja inerme frente a los nuevos poderes sociales, que amenazan su libertad recién conquistada. Tocqueville encuentra que esta ambigüedad del “individualismo” está inscrita ya en el ideal de igualdad que define a las sociedades democráticas. Si el valor de la igualdad hace que cada ciudadano niegue la superioridad de algunos de sus semejantes, lo que permite el derrumbe de las jerarquías aristocráticas, también tiene como efecto que se agudicen la desconfianza y la hostilidad entre los pares. La multiplicidad de individuos aislados y extraños entre sí se inclina a confiar solo en un poder central y despersonalizado. El resultado es una sociedad civil atomizada frente a un Estado omnipotente.

La familia se convierte en el último refugio comunitario de las sociedades modernas.

Retirado cada uno aparte, vive como extraño al destino de todos los demás, y sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana: se halla al lado de sus conciudadanos, pero no los ve; los toca y no los siente; no existe sino en sí mismo y para él solo, y si bien le queda una familia, puede decirse que no tiene patria. Sobre estos se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga solo de asegurar sus goces y vigilar su suerte. Absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno, se asemejaría al poder paterno, si como él tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, al contrario, no trata sino de fijarlos irrevocablemente en la infancia y quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar. Trabaja en su felicidad, mas pretende ser el único agente y el único árbitro de ella; provee a su seguridad y a sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, arregla sus sucesiones, divide sus herencias y se lamenta de no poder evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir[18].

Encerrados en el estrecho mundo familiar, los individuos reducen su contacto con la esfera pública a buscar bienes y experiencias que satisfagan sus necesidades y los distraigan de sus rutinas. Se ven condenados a transitar de adquisición en adquisición, de experiencia en experiencia, mientras crecen su frustración y su hastío. La esfera privada, reducida al espacio íntimo, deja de ser uno de los polos entre los que se suceden las acciones libres, para transformarse en una prisión agobiante. El afán de seguridad se convierte en el anhelo dominante de estos átomos humanos; pero su aislamiento les impide incluso tener los medios para realizar ese único deseo.

En esta clase de sociedades [las democráticas], donde nada es fijo, todos se sienten constantemente aguijoneados por el temor a descender y el ardor de ascender; y como el dinero, al mismo tiempo que se ha convertido en el signo principal que clasifica y distingue a los hombres entre sí, ha adquirido una movilidad singular, pasando sin cesar de mano en mano, transformando la condición de los individuos, encumbrando o abatiendo a las familias, casi no hay persona que no se sienta obligada a realizar un esfuerzo desesperado y continuo por conservarlo o por adquirirlo. Por consiguiente, el ansia de enriquecerse al precio que sea, el gusto por los negocios, el amor por la ganancia, la búsqueda del bienestar y de los placeres materiales son las pasiones más comunes. Estas se extienden fácilmente a todas las clases, penetran incluso en aquellas que hasta entonces habían sido las más extrañas y pronto lograrían enervar y degradar a la nación entera, de no acudir algo que las contuviera. Ahora bien, en la misma esencia del despotismo está favorecerlas y propagarlas. Estas pasiones debilitantes vienen en su ayuda, pues desvían y alejan la imaginación de los hombres de los asuntos públicos y los hacen temblar ante la sola idea de las revoluciones[19].

Tocqueville anticipa varios aspectos de lo que más tarde se denominará “sociedad de masas”. En primer lugar, destaca que la masificación de la sociedad no es únicamente un cambio cuantitativo, sino, de manera esencial, una transformación cualitativa de la sociedad. Las masas surgen cuando en el mundo social se pierden las asociaciones y poderes intermedios que permitían una organización autónoma de los individuos, así como una mediación entre sus identidades particulares y la identidad de la sociedad. Son los individuos aislados, en un espacio público homogeneizado, los que conforman las “masas”.

Como su nombre lo indica, las “masas” son susceptibles de ser moldeadas, manipuladas y encauzadas, pero no de proponer y realizar una iniciativa propia. Los seres que las constituyen son todos iguales porque están homogeneizados por un poder tutelar. El control y la manipulación de las “masas” no solo provienen de la élite que controla el poder estatal, también son una consecuencia de su propia dinámica. La homogeneización del espacio público, producida por la centralización del poder, hace muy difícil, cuando no imposible, la confrontación de opiniones y el desarrollo de la actividad crítica. Con ello se atenta contra la pluralidad del mundo humano y se tiende a uniformar la visión del mundo que guía a las “masas” con el dogma de que “hay más luz y cordura en muchos hombres reunidos que en uno solo”. Es este dogma el que otorga a la mayoría una autoridad moral irresistible en detrimento de la libertad individual.

Cuando las condiciones son desiguales y los hombres diferentes, hay algunos individuos muy ilustrados y poderosos por su inteligencia, y una multitud muy ignorante y harto limitada […]. En los siglos de igualdad sucede lo contrario, porque a medida que los ciudadanos se hacen más iguales, disminuye la inclinación de cada uno a creer ciegamente en cierto hombre o en determinada clase. La disposición a creer en la masa se aumenta, y viene a ser la opinión que conduce al mundo. La opinión común no solo es el único guía que queda a la razón individual en los pueblos democráticos, sino que tiene en ellos una influencia infinitamente mayor que en ninguna otra parte. En los tiempos de igualdad, los hombres no tienen ninguna fe los unos en los otros a causa de su semejanza; pero esta misma semejanza les hace confiar de un modo casi ilimitado en el juicio del público, porque no pueden concebir que, teniendo todos luces iguales, no se encuentre la verdad al lado del mayor número[20].

Para calificar este fenómeno de homogeneización de la imagen del mundo que impera en una sociedad, Tocqueville utiliza la provocativa noción de “tiranía de la mayoría”. Esta última es un poder impersonal que subyuga la mente de los hombres sin tener que torturar sus cuerpos. Los antiguos tiranos ordenaban a sus súbditos: “Pensad como yo o moriréis”, y apoyaban esta orden con la amenaza de coacción física. Pero la estrategia de recurrir a cadenas y verdugos para respaldar los mandatos era incapaz de alcanzar y sofocar las fuentes del pensamiento libre. Las tiranías premodernas destruían el espacio público, pero su poder de adentrarse en el ámbito privado era limitado, por lo cual este último se convertía en el refugio de la disidencia, dispuesta a recobrar, tan pronto como fuera posible, sus derechos políticos. La “tiranía de la mayoría” tiene, en cambio, un poder simbólico más eficaz. La “tiranía de la mayoría”, antes de reprimir, busca seducir, ofreciendo la seguridad de formar parte del “Uno”, con los bienes y servicios que ello presupone. Mientras que su respuesta a la obstinada disidencia es el destierro o la indiferencia. En ella impera el principio: “Sois libres de no pensar como yo; vuestra vida, vuestros bienes, todo lo conservaréis; pero desde este momento sois un extranjero entre nosotros”.

En las formas de dominación tradicionales, el ejercicio de la libertad de expresión era una provocación contra el grupo dominante que invitaba a los hombres a exigir el reconocimiento de su derecho a tener derechos. En el imperio de la “tiranía de la mayoría”, la libertad de expresión existe en el orden jurídico como letra muerta, pues su ejercicio se transforma en la “ingenuidad” de algún “desadaptado”, que lejos de ser encerrado en una mazmorra recibe la compasión y la extrañeza de sus conciudadanos.

Si a todos los poderes diversos que sujetan y retardan sin término el vuelo de la razón individual, [los] sustituyesen los pueblos democráticos [por] el poder absoluto de una mayoría, el mal no haría sino cambiar de carácter. Los hombres no habrían encontrado los medios de vivir independientes; solamente habrían descubierto, cosa difícil, una nueva fisonomía de la esclavitud[21].

En su viaje por los Estados Unidos de América, Tocqueville percibe que de los riesgos que acechan a las sociedades democráticas la “tiranía de la mayoría” es el que más amenaza a este país. De ahí, su observación respecto a que no conoce nación donde exista menos independencia de espíritu que en “América”, porque en ella la mayoría traza un amplio círculo, en cuyo interior se “permite” la libertad de opinión, pero excluye radicalmente todo aquello que se salga de él.

No solo las “masas” se ven sometidas a la “tiranía de la mayoría”, también los funcionarios se subordinan a ella, cuando su puesto depende del número de votos. Ello no hace a Tocqueville poner en duda la pertinencia de los procedimientos de elección popular, sino plantear la exigencia de mecanismos que impidan que el principio democrático de la mayoría se convierta en el dominio de la mayoría. La constitución de un poder judicial independiente, capaz de garantizar la libertad de las minorías, es uno de los mecanismos que propone Tocqueville para contener la “tiranía de las mayorías”.

Igualdad, Libertad y Fraternidad

El que busca en la libertad otra cosa que no sea ella misma está hecho para servir.

Tocqueville

El examen de los peligros que acechan a las sociedades democráticas permite a Tocqueville sostener que la “igualdad de condiciones”, determinación esencial de estas sociedades, encierra una ambivalencia: los hombres pueden ser iguales en libertad o iguales porque están sometidos a un poder que los homogeneiza[22]. El hecho de que la igualdad se asocie con la libertad o con la servidumbre depende de la capacidad de acción política de los ciudadanos. La participación de estos últimos en los asuntos públicos es el único medio de instaurar y mantener vivo un orden social capaz de garantizar la libertad. La “revolución democrática” libera a los individuos de la jerarquía y los privilegios aristocráticos; sin embargo, ello no implica la fundación de un orden libre. Una sociedad puede liberarse de una dominación para caer, simplemente, en otro tipo de dominación. La falta de conciencia política y la pasividad de los ciudadanos los condenan a pasar de una dominación a otra.

Tocqueville advierte que la “revolución democrática” ha crecido como esos niños privados de los cuidados paternos, que se crían por sí mismos en las calles de las ciudades y que no conocen de la sociedad más que sus vicios y miserias. La “revolución democrática”, abandonada a sus “instintos salvajes”, a su dinámica espontánea, es propensa a crear una nueva forma de dominio más intensa y agobiante que las anteriores; ello se debe a los procesos de centralización y atomización que en ella se generan, así como al surgimiento de poderes impersonales mucho más efectivos que los tradicionales. Para Tocqueville, el único modo de eludir este destino de la “revolución democrática” es la creación y actualización permanente de un sistema político democrático que encarne el ideal de la soberanía popular.

En su descripción del sistema político democrático Tocqueville se apoya en la distinción entre “naturaleza” y “principio” del gobierno que propone Montesquieu[23]. La “naturaleza” del gobierno denota la forma en que se estructuran sus elementos y el tipo de organización institucional que ello genera. El “principio” del gobierno nos remite al fundamento en que se sustenta la dinámica de esa organización institucional; podemos decir que el “principio” es aquello que mantiene “viva” la estructura del gobierno y lo que permite que alcance sus objetivos. La “naturaleza” del gobierno democrático se define, en primer lugar, por un orden legal, constituido por normas con una validez general, sustentadas en los principios de la igualdad y la libertad de los ciudadanos. La realización de esta legalidad requiere una estricta división de los poderes que evite cualquier tipo de predominio de uno de ellos. Legalidad y correcta división de los poderes son los requisitos imprescindibles para poder hablar, más allá de toda demagogia, de un “estado de derecho”.

Por su parte, para que el “estado de derecho” adquiera un carácter democrático, en sentido estricto, es menester que los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo sean elegidos por el voto popular mediante procesos electorales competitivos, en los que exista una posibilidad real de alternancia del poder. Además, debe garantizarse la autonomía del poder judicial no solo respecto a los otros poderes estatales sino también frente al poder de la mayoría que surja de una votación particular. Tocqueville, como hemos apuntado, ve en esta independencia del poder judicial uno de los principales instrumentos en la lucha contra el despotismo administrativo y la “tiranía de la mayoría”.

Si la fuerza de los tribunales ha sido en todos los tiempos la garantía más grande que se puede ofrecer a la independencia individual, esto es particularmente cierto en los siglos democráticos: los derechos y los intereses particulares se hallan siempre en peligro, si el poder judicial no crece ni se extiende a medida que las condiciones se igualan. La igualdad sugiere a los hombres muchas inclinaciones peligrosas para la libertad, sobre las cuales el legislador debe velar constantemente[24].

Sin embargo, ninguna modalidad de orden institucional puede evitar la corrupción y el derrumbe del gobierno democrático si a este le falta su “principio”. Al igual que Montesquieu, Tocqueville considera que el “principio” del gobierno democrático es la “virtud del pueblo”, entendida como el amor de los ciudadanos por la república, el cual los conduce a interesarse y adquirir la fuerza necesaria para intervenir en los asuntos públicos. La “virtud del pueblo” no se agota en el acto de emitir de manera periódica un voto: “En tal sistema, los ciudadanos salen un momento de la dependencia, para nombrar un jefe, y vuelven a entrar en ella[25]”. Para sobrevivir y apegarse a sus ideales, la democracia debe ser más que una simple aclamación popular, en la que se legitime, por un periodo determinado, el monopolio de las decisiones políticas que posee la élite gobernante. La democracia exige, además del sufragio efectivo, la ampliación cuantitativa y cualitativa de la participación de los ciudadanos. Desde el punto de vista de Tocqueville, es inaceptable, más allá del análisis teórico, la diferenciación entre la llamada “democracia formal” (organización y procedimientos democráticos) y la democracia participativa. La primera se ve condenada a degenerar en una tiranía, si le falta la segunda; la segunda se convierte en un objeto para la charlatanería de aquellos que quieren manipular al pueblo, si falta la primera.

Según Tocqueville, la tarea de instruir y controlar la “revolución democrática” no es una labor que pueda confiarse de manera exclusiva a los políticos profesionales. Que los ciudadanos instruyan y tomen en sus manos la “revolución democrática” significa, entre otras cosas, que ellos mismos aprendan, en la práctica de las virtudes públicas, a orientarse y a coordinar sus acciones mediante la legalidad. Solo cuando los ciudadanos reconocen la validez de las leyes y las transforman en parte de sus hábitos y costumbres el orden legal adquiere vida.

Las sociedades políticas son no lo que las leyes hacen de ellas, sino lo que las preparan a ser de antemano los sentimientos, las creencias, las ideas, los hábitos de corazón y de mente de los hombres que las componen, lo que el temperamento y la educación hacen de ellas[26].

En un gobierno en el que se implanten una legalidad y una organización de “naturaleza” democrática, pero que carezca del “principio” democrático de la “virtud popular”, las normas jurídicas seguirán siendo letra muerta y las instituciones se deformarán hasta ceder de nuevo ante la amenaza del despotismo.

Muchos críticos e incluso algunos simpatizantes de la democracia han señalado que la demanda de participación política acrecienta el riesgo de la anarquía y la ingobernabilidad. Tocqueville percibe este tipo de riesgo, pero considera que el despotismo, surgido de la centralización del poder, es una amenaza más grande y que el único antídoto contra él es una descentralización que permita la participación popular en los asuntos públicos. Ante el argumento de que un pueblo “todavía” no está preparado para ejercer las libertades democráticas, Tocqueville responde que la única manera de que un pueblo aprenda a usar su libertad y a evitar la anarquía es su intervención en el ejercicio del poder político. El miedo al desorden y la actitud paternalista del Estado lo único que logran es ahogar la virtud del pueblo e intensificar la apatía y el aislamiento de los individuos.

En numerosas ocasiones, cuando se habla de la participación del pueblo en la política, se tiene la idea de que se afirma que todos los individuos tienen que participar en todo asunto público. Esta idea hace imposible conciliar la complejidad de las sociedades modernas y la demanda republicana de participación. Pero tal idea está muy lejos de ser el contenido de la propuesta de Tocqueville. Este autor sabe que solo un sistema descentralizado, en el que la participación ciudadana esté ligada a sus intereses y problemas cotidianos de las comunidades, es el camino para hacer realidad la aspiración de soberanía popular de la democracia.

Sin embargo, en la comuna es donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones comunales son a la libertad lo que las escuelas primarias vienen a ser a la ciencia, la ponen al alcance del pueblo; le hacen paladear su uso pacífico y lo habitúan a servirse de ella […]. Al volverse la comuna fuerte e independiente, temen fragmentar el poder social y exponer al Estado a la anarquía. Ahora bien, quitad la fuerza y la independencia de la comuna y solo encontraréis en ella administrados y nunca ciudadanos[27].

Tocqueville vincula la democracia a una sociedad civil fuerte, constituida por una pluralidad de asociaciones autónomas, surgidas no solo de la organización federativa de la nación sino también de los diferentes campos de la actividad social. La autonomía de estas asociaciones no significa su aislamiento, ni su inmunidad frente a la competencia y las exigencias sociales comunes, sino su independencia en relación con el poder central del Estado. La interacción de estas asociaciones, dentro de una esfera pública, es lo que puede impedir que se conviertan en estamentos o gremios cerrados, interesados solo en defender sus intereses particulares. Es innegable que una de las funciones básicas de esas asociaciones es defender y promover los intereses de sus agremiados; pero, al mismo tiempo, deben ser también una mediación entre el individuo y los intereses generales de la sociedad. Por eso, Tocqueville las denomina “poderes intermedios”.

Entre los requisitos indispensables para mantener la vitalidad de la esfera pública y el carácter democrático de sus poderes intermedios se encuentra, junto a un sistema de representaciones, la existencia de una prensa libre.

Creo que los hombres que viven en las aristocracias pueden, en rigor, pasarse sin la libertad de prensa, pero no los que habitan los países democráticos. Para garantizar la independencia personal de estos, no confío en las grandes asambleas políticas, en las prerrogativas parlamentarias, ni en que se proclame la soberanía del pueblo. Todas estas cosas se concilian hasta cierto punto con la servidumbre individual; mas esta esclavitud no puede ser completa, si la prensa es libre. La prensa es, por excelencia, el instrumento de la libertad[28].

Tocqueville coincide con Benjamin Constant[29] en que la libertad propia de las sociedades modernas presupone la creación de espacios autónomos que permitan a los individuos actuar y buscar su autorrealización sin la intervención de los poderes políticos. Pero Tocqueville afirma que esa libertad (“libertad de…”) no puede sobrevivir si los individuos carecen de la libertad de actuar como ciudadanos en un régimen republicano (“libertad para…”). Podemos decir, para ser más exactos, que de acuerdo con Tocqueville no existen dos tipos de libertad (“libertad de los antiguos y libertad de los modernos” o “libertad de” y “libertad para”), sino que se trata de dos polos esenciales de una misma libertad. La libertad del individuo en el ámbito privado requiere que aquel también tenga la libertad de tener acceso al espacio público; de lo contrario, la esfera privada adquiere el carácter de una estrecha prisión que permite a los profesionales de la política y sus administradores apoderarse de la soberanía. Por otra parte, hablar de una libertad pública, sin que exista una libertad en el espacio privado, carece de sentido y este sinsentido es algo que caracteriza al discurso autolegitimatorio de los sistemas totalitarios.

Para Tocqueville la libertad es, ante todo, una forma de vida[30] que abarca tanto el ámbito privado como el público, y que remite a dos aspectos estrechamente relacionados que podemos denominar de manera provisional como objetivo y subjetivo. El aspecto objetivo consiste en la existencia real de opciones, lo que se vincula, entre otras cosas, a la “naturaleza” del orden institucional. El aspecto subjetivo nos remite a la actitud del individuo frente a esas opciones, así como en su capacidad de decisión frente a ellas. Este aspecto de la libertad se adquiere con la educación y, ligada a ella, con la práctica. La libertad no presupone el aislamiento de los hombres, lo que los dejaría inermes frente a los poderes sociales, sino, por lo contrario, la facultad de cada uno de coordinar sus acciones con los demás y, de manera paralela, mantener su individualidad. Es el poder de actuar políticamente lo que da la posibilidad de conjugar la sociabilidad y la libertad.

Tocqueville asocia la forma de vida libre con la “aristocracia”, entendida no como un grupo social determinado sino como el conjunto de individuos que tienen el poder de forjar su propio destino. Por eso para él la libertad no es el atributo exclusivo de las sociedades democráticas sino un fenómeno propio de toda modalidad de una sociedad. Lo que sucede es que en las sociedades aristocrático-feudales la libertad es un privilegio reservado a unos cuantos, mientras que en las democracias se transforma en un bien al que pueden aspirar, en principio, todos sus miembros. La tesis de Tocqueville a este respecto es que la libertad es el antídoto contra los riesgos inherentes a la vida democrática.

[…] en tales sociedades [las democráticas] [solo la libertad] puede combatir de manera eficaz […] los vicios que les son inherentes, y detenerlas en la pendiente por la que se deslizan. Tan solo ella puede, en efecto, rescatar a los ciudadanos del aislamiento en que los tiene sumidos la misma independencia de su condición, obligándolos a acercarse unos a otros, reanimándolos y reuniéndolos a diario por la necesidad de entenderse, de persuadirse y de complacerse mutuamente en la práctica de los asuntos comunes[31].

Tocqueville está consciente de que entre la igualdad y la libertad no existe una armonía preestablecida y que, debido al afán de seguridad y el odio contra los privilegios tradicionales, los hombres se inclinan, a largo plazo, por la igualdad en detrimento de la libertad[32]. Si bien es cierto que el amor a la libertad es una de las primeras pasiones que se manifiestan en los orígenes de las revoluciones, también es un hecho que ese amor es también una de las primeras pasiones que tiende a desaparecer cuando los individuos se han liberado de la forma de dominación establecida. Recordemos que la fundación de un orden institucional que garantice la libertad no es una consecuencia de la liberación (la historia de las revoluciones nos muestra esto con toda claridad). La fundación de un orden libre no solo requiere la superación de la modalidad de opresión del Antiguo Régimen sino también la creación de las condiciones que hagan posible mantener el policentrismo del poder y, con ellas, de los factores que inducen a los ciudadanos a participar en la vida política de la nación.

La libertad, en efecto, puede ser el remedio contra los peligros que surgen de la situación social en la que impera la “igualdad de condiciones”, siempre y cuando la primera se mantenga unida a la fraternidad que impulsa a los hombres a fundar asociaciones. Son estas las que, como poderes intermedios de la sociedad civil, pueden limitar el poder del Estado y hacer realidad el ideal de la soberanía popular. “No se encontrará nunca, por mucho que se intente, verdadero poder entre los hombres más que en el concurso libre de las voluntades[33]”.

Tocqueville encuentra que la religión y el patriotismo han sido los motivos que hasta ahora han podido “hacer caminar durante largo tiempo hacia un mismo fin a la totalidad de los ciudadanos”. La historia trágica y sangrienta de las ideologías religiosas y nacionalistas, así como el desencanto del mundo en las sociedades modernas, plantean el difícil problema de cómo sería posible sustituir o renovar, depojándolas de sus facetas etnocéntrica y agresiva, esas concepciones tradicionales del mundo en la función de motivar a los individuos a salir de su privatismo y a interesarse activamente en los asuntos públicos. Creo que no puede darse una respuesta simple a eso[34], y que, al adentrarse en esta problemática, se percibe algo que Tocqueville subraya de manera continua, esto es: la extremada fragilidad del orden institucional que hace posible el ejercicio de la libertad.

El Antiguo Régimen y la Revolución

En un número de la revista London and Westminster de 1836, apareció publicado un trabajo titulado “El estado social de Francia antes y después de 1789”, que John Stuart Mill había pedido a Tocqueville. En dicho trabajo se expone ya la tesis central del futuro libro de este último sobre la historia de la Revolución francesa, a saber: la centralización administrativa no es un producto de la Revolución sino del Antiguo Régimen. Esta tesis es congruente con la observación de Tocqueville respecto a que uno de los factores que impidió que la “revolución democrática” en los Estados Unidos de América desembocara en una revolución política era que en dicho país se había logrado una descentralización administrativa. Esta permitió mantener el poder político más cerca de los ciudadanos y, con ello, propiciar una mayor participación de los mismos en los asuntos públicos, lo que, a su vez, permitió fortalecer a la nación. “Lo que admiro más en Norteamérica, no son los efectos administrativos de la descentralización, son sus efectos políticos. En los Estados Unidos, la patria se siente en todas partes. Es venerada desde la aldea hasta la Unión entera[35]”.

El Antiguo Régimen y la Revolución es, por tanto, el producto de un viejo proyecto que Tocqueville solo pudo realizar al retirarse de la vida política. En 1850, desde Sorrento, Tocqueville escribe, en una carta dirigida a su amigo Kergolay, que gracias a la tranquilidad que reina durante el invierno en el sur de Italia ha podido superar una época de más de 10 años de esterilidad intelectual e iniciar el trabajo de una gran obra de literatura política.

Debo encontrar ahora para mis ideas las sólidas bases y el contenido de los hechos. Para ello debo representarme la historia de una época que me ofrezca la ocasión de pintar a los hombres y las cosas de nuestro siglo; reunir los aislados cuadros en una sola pintura. El largo drama de la Revolución francesa es la única época que puede permitirme realizar esta tarea.

Más adelante agrega:

Sin duda, yo expondría y seguiría el hilo de los hechos, pero mi principal objetivo no es, simplemente, narrarlos. Mi objetivo es, sobre todo, hacer comprensibles los principios que dieron lugar a los sucesos. ¿Cómo apareció el Imperio; cómo pudo consolidarse en medio de la sociedad creada por la revolución; cuáles son los medios que le sirvieron; cuál es la verdadera naturaleza de los hombres en la que se fundamentó; en qué consisten su éxito y sus fracasos; la influencia pasajera y duradera que ejerció sobre el curso histórico del mundo y, en especial, de Francia? Me parece que aquí encontraría el material para un gran libro. Pero las dificultades son inmensas. Entre ellas la que más me ocupa es la de la relación entre la historia y la filosofía de la historia. No veo todavía cómo puedo mezclar estas dos cosas (y uno debe reunir ambas); pues, podemos decir, que la primera es el lienzo y la segunda el color, las dos son necesarias para realizar la pintura[36].

Cuando Tocqueville habla de la filosofía de la historia como un elemento necesario para retratar su siglo, no se refiere a un principio trascendente que dé una razón a priori del devenir histórico. Se trata de establecer los supuestos teóricos que le permiten adquirir la perspectiva necesaria para seleccionar los hechos y establecer entre ellos una jerarquía con objeto de vincularlos en una narración explicativa. Sin la determinación de esos principios, la historia se reduce a una mera descripción, en la que también se seleccionan y ordenan los hechos, pero de una manera inconsciente y, por tanto, acrítica. En el libro Grandeza y decadencia de los romanos, de Montesquieu, encuentra Tocqueville el modelo de trabajo histórico que desea realizar. Sin embargo, reconoce que su proyecto encierra una mayor dificultad porque no existe todavía la distancia histórica que permita hablar abierta y desapasionadamente de los acontecimientos y los hombres que intervienen en este periodo. A pesar de ello, Tocqueville cree poder lograr su objetivo, pues, según declara, está libre de los prejuicios de los diferentes partidos que entran en juego en esta historia.

Después de cinco años de trabajo, en 1856, aparece su libro El Antiguo Régimen y la Revolución, el que se compone de tres partes. En la primera parte se busca definir el carácter de la Revolución francesa.

La Revolución no se efectuó de ningún modo, como se ha creído, para destruir el imperio de las creencias religiosas; a pesar de las apariencias, ha sido en esencia una revolución social y política; y en el círculo de las instituciones de esta especie no tendió en modo alguno a perpetuar el desorden, a estabilizarlo en cierto modo, a metodizar la anarquía, como decía uno de sus principales adversarios, sino más bien a acrecentar el poder y los derechos de la autoridad pública. No pretendía cambiar el carácter que nuestra civilización había tenido hasta entonces, como han pensado otros; ni a detener su progreso, ni tampoco a alterar en su esencia ninguna de las leyes fundamentales sobre las cuales se apoyan las sociedades humanas en nuestro occidente. Si se la separa de todos los accidentes que momentáneamente cambiaron su fisonomía en distintas épocas y en diversos países, para no considerarla sino en sí misma, vemos a las claras que esta Revolución no tuvo más efecto que abolir aquellas instituciones políticas que, durante varios siglos, habían reinado sin discusión en la mayor parte de los pueblos europeos, y a las cuales se designa comúnmente con el nombre de las instituciones feudales, para sustituirlas por un orden social y político más uniforme y más simple, basado en la igualdad de condiciones[37].

Como señala André Jardin, para Tocqueville la Revolución, más que una brusca mutación, es la aceleración de una tendencia histórica que ya se podía percibir con claridad en Europa y en los Estados Unidos. Desde el punto de vista de Tocqueville, el logro de la Revolución francesa fue la destrucción de los restos del orden feudal, mientras que su fracaso se encuentra en el intento fallido de fundar un orden político capaz de garantizar la libertad y de contener el proceso de centralización del poder. Es este fracaso el que explica por qué la Revolución desemboca en el Imperio y, posteriormente, en la restauración de la monarquía.

En la segunda parte de la obra se examinan las causas más inmediatas de la Revolución con el fin de explicar por qué esta ocurrió en Francia antes que en otra parte de Europa. Para ello se describe, a grandes rasgos, el proceso de centralización política y administrativa de esta nación, así como las consecuencias que ello tiene. De acuerdo con Tocqueville, la dirección de este proceso de centralización se determinó, en gran parte, por el papel que desempeñó la aristocracia francesa. Esta clase fue perdiendo poco a poco su poder económico y político hasta quedar completamente subordinada al rey. Sin embargo, esa nobleza conservó gran parte de sus privilegios, lo que propició que se convirtiera en una “casta” cerrada, incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias. Ello le ganó el odio de las otras clases sociales. La debilidad y la ineptitud de la aristocracia favorecieron, a su vez, la pérdida de las libertades comunitarias y la concentración del poder en la institución de la monarquía. Aunque la centralización, a corto plazo, fortalece al Estado, a mediano y largo plazos lo debilita, hasta impedirle realizar sus proyectos y convertirse en una presa fácil de los que desean apoderarse, en el interior o en el exterior, de él.

La tercera parte empieza por esbozar un análisis del papel de los intelectuales en la creación de las condiciones que dieron lugar al estallido revolucionario. Tocqueville critica la creencia ilustrada, que comparte un gran número de estos intelectuales, de la posibilidad de conciliar la libertad con un régimen centralizado y considera que se podía apelar a una “Razón” como mediación entre el poder y la libertad. Tocqueville dice que a pesar del espíritu antirreligioso de esos intelectuales, que se explica como una reacción ante la posición conservadora de la Iglesia en el Antiguo Régimen, ellos conservan una visión del mundo que podemos llamar “monoteísta”. En este tipo de visiones del mundo la conceptualización y comprensión de la pluralidad se sacrifica en aras de la pretensión de alcanzar un principio supremo (un fundamento último) del que puede deducirse una explicación, supuestamente racional, del ser y el devenir[38].

En cuanto a los sistemas políticos de estos escritores, variaban tanto entre sí que quien deseara conciliarlos y formar con ellos una sola teoría de gobierno nunca llevaría su trabajo a feliz término […]. [Sin embargo]. Por mucho que se separen en el resto de su carrera, todos tienen el mismo punto de partida: todos piensan que es conveniente sustituir las costumbres complicadas y tradicionales que rigen a la sociedad de su tiempo por reglas sencillas y elementales basadas en la razón y en la ley natural […]. Cuando se estudia la historia de nuestra revolución, se ve que se desarrolló precisamente dentro del mismo espíritu que llevó a escribir tantos libros abstractos sobre el gobierno. La misma inclinación por las teorías generales, los sistemas completos de legislación y la exacta simetría en las leyes; el mismo desprecio por los hechos existentes; la misma confianza en la teoría; la misma afición por lo original, lo ingenioso y lo nuevo en las instituciones; el mismo deseo de rehacer a un mismo tiempo toda la organización de acuerdo con las reglas de la lógica y siguiendo un plan único, en lugar de tratar de enmendarla por partes. ¡Aterrador espectáculo!, pues lo que es cualidad en el escritor, en ocasiones es vicio en el hombre de Estado, y las mismas cosas que a menudo inspiraron buenos libros pueden conducir a grandes revoluciones[39].

Posteriormente se afirma que la prosperidad que imperó en el reinado de Luis XVI motivó a este gobierno a realizar una serie de reformas. Pero estas llegaron muy tarde, por lo cual, lejos de adaptarse el gobierno y la administración a la nueva situación social, se abrió con ellas el camino a la Revolución. Finalmente, en el último capítulo Tocqueville hace un resumen de las conclusiones de sus investigaciones históricas y que podemos exponer, siguiendo a J. P. Mayer, en los siguientes puntos:

La aristocracia francesa mantuvo sus privilegios a pesar de haber perdido su poder político. Ello la transformó en una casta aislada, rechazada por todos los demás grupos sociales.

El régimen absolutista abolió las libertades provinciales y se erigió en el centro del sistema administrativo.

La burguesía, ocupada en sus negocios, carecía de la predisposición y la costumbre de participar en los asuntos públicos.

Los intelectuales se convierten en portadores de la opinión pública y exigen la creación de un sistema político y social radicalmente nuevo, en el que sean compatibles la libertad y la centralización.

El contraste entre el carácter filantrópico de la teoría que orientaba a la Revolución y el carácter salvaje y sanguinario de los sucesos revolucionarios. Ello se explica porque la teoría se realizó por los intelectuales en la tranquilidad de sus gabinetes, mientras que tal teoría se llevó a la práctica por un pueblo lleno de resentimientos.

La estrecha cooperación entre la Iglesia y el Antiguo Régimen.

El destino diferente de la pasión por la igualdad y la pasión por la libertad. Ya que si bien ambas pasiones aparecen estrechamente relacionadas en un principio, a largo plazo tiende a predominar la primera sobre la segunda.

Según Tocqueville, son estos hechos los principales factores, dentro de una amplia gama, que hicieron que el deseo de libertad, que acompañó a la Revolución en una primera fase, se viera frustrado y desembocara en un nuevo despotismo, cuyas condiciones sociales habían sido ya creadas por el Antiguo Régimen. El propósito de Tocqueville era, en un segundo volumen de esta obra, describir detalladamente estas dos etapas de la Revolución.

Comenzaré recorriendo con ellos [los franceses] esa primera época de 1789, en la que el amor a la igualdad y el amor a la libertad se reparten en su corazón; esa época en que no solo quieren fundar instituciones democráticas, sino instituciones libres; cuando no solo anhelan destruir privilegios, sino reconocer y consagrar derechos; tiempo de juventud, de entusiasmo, de orgullo, de pasiones generosas y sinceras; época que a pesar de sus errores vivirá eternamente en la memoria de los hombres, y que por mucho tiempo todavía perturbará el sueño de quienes pretendan corromperlos o sojuzgarlos […]. Siguiendo rápidamente el curso de esa misma revolución, trataré de exponer los acontecimientos, errores y desengaños que indujeron a esos mismos franceses a abandonar su primer objetivo y a desear solo ser siervos iguales del amo del mundo olvidándose de la libertad[40].

El encuentro con la muerte, el 16 de abril de 1859, impidió a Tocqueville concluir su proyecto.

Enrique Serrano Gómez
Bonn, enero de 1994

TABLA CRONOLÓGICA. TOCQUEVILLE
 (1805-1859)[0]

1805
El 29 de julio, en París, nace Alexis Charles Henri de Tocqueville.

1814-1815
Caída de Napoleón y restauración de los Borbones. Durante la Restauración, el padre de Alexis es nombrado prefecto de departamento.

1826-1827
Viaje a Italia.

1827
Tocqueville termina sus estudios de derecho y es nombrado juez auxiliar en Versalles.

1828
Compromiso con Mary Mottley.

1830
Revolución de julio; caída de Carlos X. Llega al trono Luis Felipe. Tocqueville jura lealtad al nuevo gobierno y permanece en su puesto.

1831
En mayo, Tocqueville y su amigo Gustave de Beaumont viajan a los Estados Unidos de América, donde permanecerán hasta febrero del siguiente año. El Ministerio de Justicia francés les había encargado un estudio del sistema penitenciario norteamericano.

1832
Tocqueville renuncia a su cargo de juez como protesta por el despido de Beaumont.

1833
Se publica el trabajo, realizado con Beaumont, sobre el sistema penitenciario norteamericano. Primer viaje de Tocqueville a Inglaterra.

1835
Aparición del primer tomo de La democracia en América, que tiene un gran éxito. Segundo viaje a Inglaterra.

1836
Matrimonio con Mary Mottley. Publicación del trabajo El estado social y político de Francia antes y después de 1789. Viaje a Suiza.

1837
Nombramiento como caballero de la Legión de Honor.

1838
Ingresa en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas.

1839
Es elegido diputado como representante de Valognes, cargo en el que permanece hasta 1848. Forma parte de la comisión para hacer un esbozo de la ley sobre la abolición de la esclavitud.

1840
Forma parte de la comisión para la reforma legal del sistema penitenciario.

1841
Ingresa a la Academia Francesa. Primer viaje a Argelia.

1842-1844
Forma parte de la comisión sobre asuntos africanos.

1846
Segundo viaje a Argelia.

1848
Tocqueville advierte, en un discurso ante los diputados, del peligro de una revolución. Febrero: Revolución en París. 23 de abril: Elecciones en las que Tocqueville es elegido diputado por el Partido Conservador a la Asamblea Nacional, encargada de redactar una nueva Constitución. El 10 de diciembre es elegido Luis Napoleón Bonaparte presidente de la Segunda República.

1849
Es elegido ministro del Exterior en el gobierno de Falloux-Barrot.

1850
Tocqueville escribe sus memorias.

1851
2 de diciembre: Se proclama el reinado de Luis Napoleón Bonaparte. Tocqueville es encarcelado y, después de su liberación, se retira de la política.

1853
Estudios en diferentes archivos para su obra El Antiguo Régimen y la Revolución.

1854
Viaje a Alemania.

1856
Aparición de la obra El Antiguo Régimen y la Revolución.

1857
Último viaje a Inglaterra.

1859
Muere el 16 de abril en Cannes.

BIBLIOGRAFÍA

Tocqueville, Alexis de, Œuvres complètes (OC) (edición definitiva publicada bajo la dirección de J. P. Mayer), Gallimard, París, 1951.

Obras de Tocqueville en castellano

La democracia en América (DA), FCE, México, 1973.

El Antiguo Régimen y la Revolución (ARR), FCE, México, 1994.

Recuerdos de la revolución de 1848, Editora Nacional, Madrid, 1984.

Tocqueville Alexis de, y John Stuart Mill, Correspondencia, FCE, México, 1985, Cuadernos de la Gaceta.

Obras de otros autores clásicos

Arendt, H., Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 1988.

Burke, E., Textos políticos, FCE, México, 1984.

Constant, B., Del espíritu de conquista, Tecnos, Madrid, 1988.

Principios de política, Aguilar, Madrid, 1970.

Locke, J., Ensayo sobre el gobierno civil, Aguilar, Madrid, 1980.

Mill, J. S., Del gobierno representativo, Tecnos, Madrid, 1985.

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El Antiguo Régimen
y la Revolución

NOTA LIMINAR

El presente volumen ofrece el texto íntegro de la obra de Tocqueville; sin embargo, no hemos recogido, entre las notas que el autor había agregado al final del libro, aquellas que tienen un carácter demasiado técnico o especializado. Por otra parte, en nuestra edición de la Obras completas de Alexis de Tocqueville (edición revisada, Gallimard, París, 1964), también hemos publicado una edición crítica de El Antiguo Régimen con una introducción de Georges Lefebvre.

J. P. Mayer
Londres, enero de 1964

NOTA PARA LA REIMPRESIÓN

El texto de este volumen ha sido revisado y corregido. Recomendamos el importante libro de Jacques Godechot: Les Révolutions (1770-1779), París, 1963, con indicaciones bibliográficas sumamente precisas, que podría ayudar al lector a ahondar en los problemas planteados por la obra de Tocqueville.

Finalmente, en nuestro esbozo de una historia de la influencia de El Antiguo Régimen, hemos notado una laguna. Sabíamos que Ranke había leído la obra, puesto que la cita (Cf. Leopold von Ranke, Ursprung und Beginn der Revolutionskriege, 1791 und 1792, Munich, 1875, pp. 59 y ss.), pero ahora podemos ofrecer otra prueba. En los archivos del Castillo Tocqueville hemos encontrado una carta, del 5 de abril de 1857, dirigida a Alexis de Tocqueville, en la que el gran historiador alemán escribe:

Señor, fue para mí un singular placer recibir carta de usted, una de cuyas primeras obras (La democracia en América) me había causado profunda impresión, porque en ella veía tratado el principal problema de la sociedad moderna con perfecto conocimiento de causa. Por eso, su última obra [Ranke se refiere aquí a El Antiguo Régimen] ha sido leída en Alemania con admiración general […].

Estás líneas revelan la afinidad de estos dos grandes espíritus, de dos mundos espirituales que nos conciernen profundamente.

Londres, marzo de 1967

He agregado, a nuestra reimpresión de 1979, algunas indicaciones bibliográficas más recientes: véanse páginas 367 y ss.

17 de noviembre de 1981

Una vez más, para las nuevas impresiones de 1984, 1985 y 1986, he agregado algunas indicaciones bibliográficas suplementarias.

7 de diciembre de 1983, 10 de diciembre de 1984 y 26 de diciembre de 1985

Tocqueville Research Center
University of Reading
Reading Berkshire

Véanse los dos títulos para la edición de 1987.

J. P. Mayer

INTRODUCCIÓN

Materiales para una historia de la influencia de “El Antiguo Régimen”.

El 26 de diciembre de 1850, Tocqueville escribía desde Sorrento a su amigo Gustave de Beaumont:

Como usted sabe, desde hace mucho tiempo me preocupa la idea de emprender un nuevo libro. Cientos de veces he pensado que, si alguna huella mía he de dejar en este mundo, será más bien por lo que haya escrito que por lo que haya hecho. Hoy, me siento con muchas más posibilidades de hacer un libro que hace 15 años. Por ello, recorriendo las montañas de Sorrento, me he puesto en busca de un tema. Necesitaba que fuese contemporáneo y que me diera oportunidad de aunar los hechos a las ideas, la filosofía de la historia a la historia misma. [Cursivas nuestras]. Para mí, estas son las condiciones del problema. Con frecuencia había pensado en el Imperio, en ese acto singular del drama aún inconcluso al que llamamos Revolución francesa. Pero siempre me había desanimado a la vista de obstáculos insalvables y, sobre todo, por la idea de que pareciera que estaba rehaciendo libros ya célebres. Pero, en esta ocasión, el asunto se me ha presentado bajo una forma nueva que, a mi parecer, lo hace más abordable. Pensé que no se trataba de emprender la historia del Imperio, sino de mostrar y hacer comprender la causa, el carácter y el alcance de los grandes acontecimientos que formaban los eslabones principales de la cadena de esa época. Por consiguiente, la finalidad del libro no consistiría en el relato de los hechos. En cierto modo, estos solo serían la base sólida y continua en que se apoyarían todas las ideas que anidan mi mente, no solo en cuanto a esa época, sino también a la precedente y subsecuente, a su carácter, al hombre extraordinario que le dio plenitud y a la dirección que imprimió al movimiento de la Revolución francesa, al rumbo de la nación y al destino de toda Europa. Se podría así realizar un libro muy breve, tal vez de uno o dos volúmenes, que resultaría de interés e incluso podría alcanzar cierta grandeza. Mi espíritu ha trabajado en ese nuevo marco y, un tanto reanimado, ha encontrado muchas ideas diferentes que con anterioridad no le habían impresionado. Todo ello no es aún más que una nube que flota ante mi imaginación. ¿Qué piensa usted de la idea madre?[1]

Otra carta de Tocqueville, dirigida al conde Louis de Kergorlay y fechada el 15 de diciembre de 1850, también en Sorrento, es todavía más reveladora de la intención del autor que las líneas citadas con anterioridad. En esta carta leemos:

Hace ya mucho tiempo que me preocupa, podría decir que me trastorna, la idea de intentar, de nuevo, una gran obra. Me parece que mi verdadero valor radica en esos trabajos del espíritu; que valgo más en el pensamiento que en la acción; y que si algo de mí logra subsistir en este mundo, será mucho más la huella de lo que he escrito que el recuerdo de lo que haya hecho. Los 10 últimos años, que en muchos aspectos han sido para mí bastante estériles, me dieron sin embargo mayores certezas sobre las cosas humanas y un sentido más práctico de los detalles, sin hacerme perder la costumbre, adquirida por discernimiento, de considerar los asuntos de los seres humanos de manera general. Me considero, pues, con mayor posibilidad que cuando escribí La democracia, de abordar convenientemente un gran tema de literatura política. Pero ¿qué asunto acometer? Más de la mitad de las oportunidades de éxito deriva de ello, no solo porque es preciso encontrar un tema que interese al público, sino, sobre todo, porque es necesario descubrir uno que me anime a mí mismo y que haga surgir de mí todo lo que puedo dar. Soy el hombre menos apropiado del mundo para remontar con cierta ventaja a contracorriente de mi espíritu y de mi gusto; y caigo muy por debajo de la mediocridad a partir del momento en que no encuentro un apasionado placer en lo que hago.

Con frecuencia he buscado así, desde hace algunos años (por lo menos cada vez que un poco de tranquilidad me permitía mirar a mi alrededor y ver otra cosa y más lejos de la pequeña pelea en la que estaba inmerso), he buscado, decía, el tema por el que podría optar; y jamás vi nada que me gustara por completo o, mejor, que me cautivara. Sin embargo, atrás quedó la juventud, y he aquí el tiempo que avanza o, mejor dicho, que vuela por la pendiente de la madurez; los linderos de la vida se descubren con mayor claridad y a menor distancia y se reduce el campo de acción. Todas estas reflexiones, y me atrevería a decir, todas estas agitaciones del espíritu, me han llevado naturalmente, en la soledad en que vivo, a buscar, con mayor seriedad y de manera más profunda, la idea madre de un libro, por lo que he sentido el gusto de comunicarte lo que ha acudido a mi imaginación y de pedirte tu opinón. No puedo pensar más que en un asunto contemporáneo. En el fondo, solo las cosas de nuestro tiempo interesan al público a la vez que a mí mismo. La grandeza y la singularidad del espectáculo que ofrece el mundo de nuestros días absorbe demasiado nuestra atención para que demos mucho valor a esas curiosidades históricas que satisfacen a las sociedades ociosas y eruditas. Pero ¿qué asunto contemporáneo escoger? Lo que más originalidad tendría y lo que más convendría a la naturaleza y a los hábitos de mi intelecto sería un conjunto de reflexiones y de ideas sobre la época actual, un juicio libre sobre nuestras sociedades modernas y la previsión de su probable porvenir. Pero cuando me pongo a buscar el nudo de semejante asunto, el punto en que concurren y se vinculan todas las ideas a las que da vida, no lo encuentro. Veo las partes de la obra, pero no percibo el conjunto; tengo los hilos, pero me falta la trama para confeccionar la tela. Me falta hallar en alguna parte, para mis ideas, la base sólida y continua de los hechos. Esto solo puedo encontrarlo escribiendo historia; dedicándome a una época cuyo relato me dé ocasión de pintar a los hombres y a las cosas de nuestro siglo y me permita realizar un cuadro con todas esas pinturas inconexas. Solo el largo drama de la Revolución francesa puede dar esta época. Desde hace tiempo acaricio la idea, que, según creo, ya te he manifestado, de optar por esa gran extensión de tiempo que va de 1789 hasta nuestros días, y que yo sigo llamando Revolución francesa, los 10 años del Imperio, el nacimiento, el desarrollo, la decadencia y la caída de esta prodigiosa empresa. Cuanto más reflexiono en ello, más creo que estaría bien elegida la época por pintar. Por sí misma, no solo es grande sino también singular e incluso única; y sin embargo, hasta ahora, por lo menos en mi opinión, se la ha reproducido con colores falsos o vulgares. Por añadidura, ilumina, con luz viva, la época que la precedió y la que le sigue. Es sin duda uno de los actos de la Revolución francesa que permite juzgar mejor toda la obra y expresar más cabalmente, en torno a la totalidad de esta, todo lo que pudiera decirse. Mi recelo obedece mucho más al modo de tratar el tema que a su elección. Mi primer pensamiento había sido el de rehacer a mi manera el libro del señor Thiers; el de escribir la acción misma del Imperio, evitando tan solo el extenderme en el aspecto militar que el señor Thiers reprodujo, en cambio, con tanta complacencia como talento. Pero, reflexionando al respecto, me asaltan grandes dudas de tratar el asunto de ese modo. Vista así, la obra sería una empresa de muy largo aliento. Además, el principal mérito del historiador consiste en saber entretejer bien la trama de los hechos y yo ignoro si ese arte está a mi alcance. Lo que mejor he logrado hasta el momento es juzgar los hechos, más que contarlos; y, en esta historia propiamente dicha, esta facultad que me conozco solo podría ejercerse de vez en cuando y de manera secundaria, a menos de salirme del género y sobrecargar el relato. En fin, hay cierta afectación en remprender el camino que acaba de recorrer el señor Thiers. El público rara vez agradece estos intentos, y cuando dos escritores tratan el mismo tema, de manera natural se ve llevado a creer que el segundo ya no tiene nada que enseñarle. Estas son mis dudas; te las expongo para que me des tu opinión.

A esa primera manera de considerar el asunto le ha sucedido, en mi espíritu, otra que es la siguiente: ya no se trataría de una obra extensa, sino de un libro más bien corto, tal vez de un solo volumen. Ya no escribiría la historia del Imperio, propiamente hablando, sino un conjunto de reflexiones y juicios sobre esta historia. Sin duda indicaría los hechos y seguiría su desarrollo; pero mi ocupación principal no consistiría en contarlos. Me dedicaría, sobre todo, a procurar la comprensión de los principales, a mostrar las diversas causas derivadas de ellos; cómo sobrevino el Imperio; cómo pudo establecerse en medio de la sociedad creada por la Revolución; cuáles fueron los medios de los que se valió; cuál era la verdadera naturaleza del hombre que lo fundó; a qué obedeció su éxito, a qué sus reveses; la influencia pasajera y la influencia perdurable que ha ejercido en los destinos del mundo y, en particular, en los de Francia. A mi parecer, hay en ello materia para un gran libro. Pero las dificultades son inmensas. Una de las que más perturban mi espíritu deriva de la mezcla de historia propiamente dicha con la filosofía de la historia. [Cursivas nuestras]. Todavía no veo cómo mezclar ambas cosas (y sin embargo resulta necesario que así sea, pues podríamos decir que la primera es el lienzo y la segunda el color, y que para hacer el cuadro se requiere tener ambas a la vez). Temo que una dañe a la otra y yo carezca del arte infinito necesario para escoger bien los hechos que deben, por así decirlo, sostener las ideas; referirlos en número suficiente para que el lector sea llevado con naturalidad de una reflexión a otra por el interés del relato, en vez de contar demasiados a fin de que el carácter de la obra permanezca visible. El modelo inimitable de este género lo hallamos en el libro de Montesquieu sobre la grandeza y decadencia de los romanos. En él recorremos la historia de Roma sin detenernos, y sin embargo captamos lo suficiente de ella para desear las explicaciones del autor y para comprenderlas. Pero, independientemente de que tan grandes modelos siempre están por encima de cualquier copia, Montesquieu halló para su libro facilidades que no habría tenido en la realización del que yo hablo. Al ocuparse de una época tan amplia y remota, podía escoger de cuando en cuando los más grandes hechos, y no decir al respecto sino cosas muy generales. Si hubiera tenido que encerrarse en un espacio de 10 años y buscar su camino entre una multitud de hechos detallados y precisos, la dificultad de la obra habría sido con toda seguridad mucho mayor.

Con todo lo anterior he tratado de hacerte comprender bien a bien el estado de mi espíritu. Todas las ideas que acabo de manifestarte lo han fortalecido en el trabajo; pero todavía se agita en medio de las tinieblas, o por lo menos, no percibe más que con semiclaridad, lo que solo le permite apreciar la grandeza del asunto, sin quedar en condiciones de reconocer lo que se encuentra en ese vasto espacio. Decididamente quisiera que me ayudaras a ver más claro. Tengo el orgullo de creer que soy la persona más adecuada para aportar en campo semejante una gran libertad de espíritu y para hablar sin pasión ni reticencia de los hombres y de las cosas. Pues, en cuanto a los hombres, por más que hayan vivido en nuestra época, estoy seguro de no sentir por ellos ni amor ni odio; y en cuanto a las formas de las cosas que denominamos constituciones, leyes, dinastías y clases, estas carecen, por así decirlo, no solo de valor, sino ni siquiera de existencia ante mis ojos, independientemente de los efectos que produzcan. No tengo tradiciones, carezco de partido, no conozco otra causa que no sea la de la libertad y la dignidad humanas; de ello estoy seguro; y para un trabajo de este tipo, una disposición y un natural de esa especie son tan útiles que con frecuencia resultan nocivos cuando ya no se trata de hablar de los asuntos humanos, sino de mezclarse en ellos […]

Nadie podría definir el fin y el método de El Antiguo Régimen con mayor claridad que el propio autor. Tal vez sea necesario insistir en que Tocqueville menciona en estas dos cartas la dificultad que más le preocupa: “la mezcla de historia propiamente dicha con la filosofía histórica”. En efecto, esa “mezcla” es lo que le da a su libro un carácter único. Todas las historias de la Revolución, escritas antes o después de Tocqueville, están fechadas, marcadas por las épocas que les dieron vida; pero la obra de Tocqueville permanecerá siempre fresca y nueva, porque se trata de un libro de sociología histórica comparada. Ni Scienza Nuova de Vico, ni El espíritu de las leyes de Montesquieu, ni tampoco las Reflexiones sobre la historia universal de Burckhardt han envejecido, aun cuando nuestros métodos históricos o sociológicos sean más especializados. No hay duda de que El Antiguo Régimen debe figurar en ese orden de libros clásicos.

En junio de 1856, al cabo de cinco años de serias investigaciones, se publicó El Antiguo Régimen. Casi al mismo tiempo, la obra apareció también en Inglaterra, traducida por Henry Reeve, amigo de Tocqueville, quien ya había traducido La democracia en América; su prima, lady Duff Gordon, lo ayudó con la traducción. “Ella realiza esta labor a la perfección”, escribe Reeve a Tocqueville. En la misma carta del 27 de abril de 1856, Reeve dice a su amigo: “Cuanto más profundizo en los capítulos que ya he recibido, de vuestro libro, más me convence y me encanta. Todo en él está trabajado como una obra de arte y encuentro la huella y la verdad de la escultura griega”. Reeve era el primer lector de la obra de Tocqueville. Compara El Antiguo Régimen, en la obra de Tocqueville, con el lugar que ocupa El espíritu de las leyes en los trabajos de Montesquieu. (Carta de Reeve a Tocqueville del 20 de mayo de 1856).

Entre 1856 y 1859 —año de la muerte prematura de Tocqueville—, la obra alcanzó cuatro ediciones en Francia: dos en 1856; una en 1857 y la última, que constituye la base de la presente edición, en 1859, aunque fue publicada en diciembre de 1858. Es la cuarta edición; en 1860 se publicó otra, la que también se consignó como la cuarta edición. En 1866, Gustave de Beaumont publicó una nueva edición denominada erróneamente séptima edición, como tomo IV de su edición de las Obras completas. He podido encontrar las siguientes ediciones posteriores a 1866: 1878, 1887, 1900, 1902, 1906, 1911, 1919, 1924, 1928, 1934. Lo cual hace un total de 16 ediciones en Francia, que representan 25 000 ejemplares[2]. En Inglaterra, la edición de Reeve fue publicada por segunda ocasión en 1873, aumentada con siete capítulos tomados del volumen VIII de las Obras completas (ed. Beaumont); la tercera edición de Reeve fue publicada en 1888. En 1904, The Clarendon Press, Oxford, publicó una edición en francés de El Antiguo Régimen, con una introducción y notas de G. W. Headlam; esta edición fue reimpresa en 1916, 1921, 1923, 1925, 1933 y 1949. Además, Basil Blackwell publicó en 1933 una nueva traducción al inglés de El Antiguo Régimen, por solicitud de M. W. Patterson, lamentablemente sin las notas importantes que Tocqueville agregó a su obra; esta edición fue reimpresa en 1947 y 1949. Vemos así que, hasta el momento, ha habido 13 ediciones de El Antiguo Régimen en Inglaterra. Este libro se ha convertido en parte integrante de la civilización británica. El hecho no es difícil de explicar. Desde principios del siglo XX, las autoridades de la Universidad de Oxford instituyeron El Antiguo Régimen como libro de texto manual básico para todo estudiante de historia y de ciencias sociales. En los Estados Unidos, la obra de Tocqueville fue publicada también en 1856, con el título de The Old Regime and the Revolution, traducida por John Bonner; los editores fueron Harper and Brothers. Una traducción alemana, por encargo de Arnold Boscowitz, apareció en 1856, con el título: Das alte Staatswesen und die Revolution; el editor fue Hermann Mendelssohn, de Leipzig.

Se podría fácilmente escribir un libro sobre la penetración de las ideas de El Antiguo Régimen entre los lectores contemporáneos. Nosotros indicamos tan solo algunas filiaciones. Así, Charles de Rémusat escribía en un artículo sobre la obra de su amigo:

Habrá que recordar la idea fundamental de su primera obra. Hace más de 20 años que, aplicando esa idea a Europa, terminaba su libro sobre América con la conclusión comprendida en los términos siguientes: “Totalmente ciegos me parecen quienes piensen rencontrar la monarquía de Enrique IV o de Luis XIV. Por mi parte, cuando considero el estado al que ya han llegado varias naciones europeas y al que tienden todas las demás, me siento inclinado a creer que pronto, entre ellas, solo tendrá cabida la libertad democrática[3] o la tiranía de los césares”. De ese pensamiento, concebido mucho tiempo atrás, pudo desde entonces estudiar el lado fuerte y el débil de las cosas, restringir la generalidad, limitar la aplicación o confirmar la pertinencia; pero la democracia no dejó de parecerle el hecho dominante del mundo contemporáneo, el peligro o la esperanza, la grandeza o la pequeñez de las sociedades actuales en un cercano porvenir. En el prefacio de su nuevo escrito, resumió de modo vivo y patente las características de esas sociedades, cuando el principio democrático empezó a apoderarse de ellas. El cuadro está trazado con mano firme y segura, sin exageraciones ni negligencias, que aúna la precisión del dibujo a la verdad del colorido. Se observa que el pintor, con su talento, conserva su punto de vista. No cambió de sistema, ni de manera ni de ideas. Ni una experiencia de 20 años, ni cuatro de estudios y de reflexiones consagrados a su obra alteraron sus convicciones. Démosle gracias, pues aún cree en lo que piensa.

Agreguemos a estas líneas el testimonio de otro amigo de Tocqueville, Jean-Jacques Ampère:

Hoy, tras haber vivido en las Cámaras y pasado por el poder, tras confirmar sus teorías mediante la experiencia y dar a sus principios la autoridad de su carácter, el señor de Toqueville ha empleado el ocio que le proporcionan las circunstancias actuales en meditar sobre un hecho más vasto que la democracia americana: sobre la Revolución francesa. Ha querido explicar ese gran hecho, pues lo que su espíritu ha menester es buscar en las cosas la razón de las cosas. Su finalidad ha sido descubrir, por medio de la historia, cómo surgió la Revolución francesa del Antiguo Régimen. Para lograr tal meta, trató de recobrar y de reconstruir el verdadero estado de la vieja sociedad francesa, lo que antes a nadie se le había ocurrido. Es esta una obra de verdadera erudición tomada de la propias fuentes, apoyada en archivos manuscritos de varias provincias: de ello dan fe notas sumamente curiosas, colocadas al final del volumen. Por sí solo, este trabajo hubiera resultado muy importante e instructivo; pero en el pensamiento de quien tuvo el valor de emprenderlo y proseguirlo, no fue sino un medio de llegar a la interpretación histórica de la Revolución francesa, de comprender esa Revolución y de lograr que se comprendiera…

De la detalladísima razón que nos da Ampère, solo recogemos estas líneas:

Nos asombra ver, en el libro del señor de Tocqueville, hasta qué punto casi todo lo que se considera como resultado o, según se dice, conquista de la Revolución, ya existía en el Antiguo Régimen: centralización administrativa, tutela administrativa, hábitos administrativos, garantías del funcionario sobre el ciudadano, multiplicidad de plazas y afición por ellas, la misma conscripción, preponderancia de París, división extrema de la propiedad, todo lo cual es anterior a 1789. A partir de entonces, nada de auténtica vida local; la nobleza solo tiene títulos y privilegios, ya no ejerce ninguna influencia en torno suyo, todo se hace por la determinación del rey, del intendente o del subdelegado: nosotros diríamos del Estado, del prefecto y del subprefecto. No transcurre menos de un año para que una comuna obtenga del poder central permiso de reconstruir su presbiterio o de volver a erigir su campanario. Esto no se ha superado desde entonces. Si el señor ya nada puede, la municipalidad tampoco, salvo en los países de estado, poco numerosos, como se sabe, y a los cuales se dedica, en la obra del señor de Tocqueville, un excelente apéndice. La verdadera representación municipal ha desaparecido por doquiera, desde que Luis XIV puso a las municipalidades en la bandeja, es decir, las vendió: gran revolución realizada sin fines políticos, sino tan solo por sacar dinero; lo cual, dice con razón el señor de Tocqueville, es merecedor del desprecio de la historia. La heroica comuna de la Edad Media, que, trasladada a América, se constituyó en el township de los Estados Unidos que se administraba y gobernaba por sí mismo, en Francia no administraba ni gobernaba nada. Los funcionarios lo podían todo y, para hacer más cómodo su despotismo, el Estado los protegía con todo esmero contra el poder de aquellos a los que habían perjudicado. Leyendo estas cosas, nos preguntamos qué fue lo que cambió la Revolución y por qué se hizo esta. Pero otros capítulos explican muy bien por qué se ha hecho y cómo se tornó así…

Sobre el estilo de la obra de Tocqueville, el eminente historiador de literatura comparada se expresa así:

Apenas me atrevo a valorar, en una obra tan seria, las cualidades puramente literarias; sin embargo, no puedo omitir que el estilo del escritor sigue elevándose. Es, a la vez, más amplio y más expedito. En él, la gravedad no excluye la finura, y, junto a las más elevadas consideraciones, el lector encuentra una anécdota descriptiva o un rasgo picante que desahoga la indignación por la ironía. Un fuego interior recorre estas páginas con una razón muy nueva y muy docta, animadas siempre por la pasión de un alma generosa; se oye en ellas una especie de acento de honestidad sin ilusión y de sinceridad sin violencia que honra al hombre en el autor e inspira simpatía a la vez que veneración. (J.-J. Ampère, op. cit).

Incluso en la correspondencia íntima de aquella época se encuentra el eco de la obra de Tocqueville. Así, Cuvillier-Fleury escribe al duque de Aumale:

¿Habéis leído El Antiguo Régimen de Tocqueville? Libro escrito, en mi opinión, con gran sentido, erudición superior y verdadero talento (a lo Montesquieu) en algunas partes; sin embargo, un tanto vago en sus conclusiones; parece acusar una falta de simpatía verdadera por la Revolución francesa, aunque lleno de la aversión más significativa por la tiranía. Sea como fuere, la conclusión que debe sacarse de la obra, incluso independientemente de las opiniones del autor, es que la Revolución francesa fue provocada por las más legítimas causas, que el temperamento de las clases superiores la hizo inevitable, que el del pueblo irresistible, y que este último la hizo tanto con cólera como con razones. Por lo que a mí respecta, con eso me basta. Literariamente, el error del libro consiste en considerar como revelaciones, y en tono de iniciador, verdades ya conocidas en su mayoría y demostradas desde hace mucho tiempo, algunas de ellas sobre todo en el magnífico primer volumen de la Historia de las causas de la Revolución francesa, por Granier de Cassagnac…

A lo que el duque de Aumale respondió:

… quería hablaros del libro del señor de Tocqueville, que he terminado en este momento. Lo he leído con el más vivo interés y me merece mi mayor aprecio, aunque no comparta todas las opiniones del autor ni considere nuevo todo lo que él presenta como tal. He aquí cómo resumo las impresiones que me deja esta lectura.

El señor de Tocqueville demuestra claramente que la Revolución era necesaria, legítima, a pesar de sus excesos, que solo ella podía acabar con los abusos, liberar al pueblo, a los campesinos, como dice el autor. Este absuelve a la Revolución de haber creado una centralización exagerada y numerosos instrumentos de tiranía: todo ello ya existente antes de ella; la absuelve de haber destruido los contrapesos que podían impedir la anarquía o la tiranía: habían desaparecido antes de ella. Pero él la acusa, no sin cierta verosimilitud, de no haber sabido, hasta ahora, crear alguno de esos contrapesos cuya situación, al menos, aún estaba marcada bajo la antigua monarquía. La acusa de haber retomado toda la maquinaria gubernamental del Antiguo Régimen y de haber constituido un estado tal que al cabo de 60 años nos hemos visto, por segunda ocasión y solo Dios sabe por cuánto tiempo, llevados a una tiranía más lógica, más igualitaria, pero seguramente más completa que la antigua.

El defecto del libro radica en no sacar conclusiones; en ser un poco desesperante, en no resaltar lo suficiente el bien, en no indicar el remedio para el mal. Es bueno decir la verdad al pueblo, pero no en tono desalentador; sobre todo, no se debe pretender decir a una gran nación que es indigna de la libertad: esto regocija en demasía a los opresores, a los serviles y a los egoístas.

Pese a todo lo anterior, es un bello libro, que admiro y que amerita, a mi entender, que se hable bien de él, tanto por el fondo como por la forma. Pues, tal como decís, se respira en él un sincero horror por la tiranía, y es esta la enemiga. El Antiguo Régimen ha muerto, para no volver jamás; pero ello no nos permite creer que, sobre sus ruinas, no se puede reconstruir más que el despotismo o la anarquía: ambos son los bastardos de la Revolución; solo la libertad es su hija legítima y quien, con ayuda de Dios, echará algún día a los intrusos. (Correspondance du duc d’Aumale et de Cuvillier-Fleury, 4 vols., París, 1910-1914, vol. II, pp. 333 y ss).

Puesto que El Antiguo Régimen es también un libro inglés, fuerza es que digamos algo sobre la acogida que recibió en Inglaterra. Ya hablamos de Henry Reeve; en tanto que director de la revista inglesa más importante de su tiempo, The Edinburgh Review, y en calidad de leader writer del Times, su opinión entusiasta sobre el libro era de gran peso. Su amigo, G. W. Greg, publicó una reseña en dos artículos en esa gran revista que daba, como en la actualidad, la pauta a la opinión. Citemos algunas líneas de dichos artículos: “Rara vez es prudente aventurar una predicción, pues las circunstancias podrían hacer que no fuera inevitable el que así acaeciera. Pero, en el presente caso, con confianza podemos decir que la gloria del señor de Tocqueville irá en aumento y que la posteridad extenderá el juicio de sus contemporáneos…”. Acto seguido, Greg realiza un extenso análisis de la obra; con el tiempo, este sería reeditado en una colección de estudios sobre Alexis de Tocqueville. Al final de este profundo estudio, Greg escribe:

Creemos haber señalado a nuestros lectores que el señor de Tocqueville ha escrito un libro de gran importancia, libro lleno, casi por entero, de hechos desconocidos que nos llevan a consideraciones de la historia que son verdaderos descubrimientos, y descubrimientos de valor permanente. Sin embargo, este libro no es sino parte de una obra que él nos promete y que ofrecerá la aplicación de todas sus investigaciones, pues, si comprendemos bien, el presente volumen y los anteriores sobre América no son sino partes separadas del mismo trabajo —el trabajo literario de su vida—, para la estimación de las perspectivas de la sociedad en la actual etapa de su desarrollo.

El amigo de Tocqueville, sir George Cornewall Lewis, ministro de Hacienda y destacado sabio, le agradece el envío de un ejemplar de El Antiguo Régimen y le escribe, en una carta del 30 de julio de 1856: “Es el único libro de todos lo que he leído que ha satisfecho mi espíritu, porque da una opinión enteramente verídica y racional de las causas y del carácter de la Revolución francesa…”[4]. Aquí suspendemos los ejemplos que podríamos seguir dando sobre la acogida que recibió la obra de Tocqueville en Inglaterra.

Pasemos ahora a consignar algunos testimonios de la influencia que El Antiguo Régimen ejerció sobre las generaciones posteriores. (En su admirable librito: Histoire d’une Histoire esquissée pour le troisième Cinquantenaire de la Révolution française, París, 1939, p. 24, Daniel Halévy escribe: “Sin embargo, es preciso mencionar un gran libro, escrito por Tocqueville… En 1856, Tocqueville publicó El Antiguo Régimen y la Revolución; la obra ejercerá una muy prolongada influencia y nosotros posponemos hablar al respecto”. Pues bien, de esa influencia me gustaría hablar precisamente).

Ya indicábamos en nuestra bibliografía correspondiente a La democracia en América (1, 2, p. 389) que la educación política de la generación que consumó la Constitución de 1875 se hallaba profundamente impregnada de las obras de Tocqueville, de Broglie y de Prévost-Paradol. El libro del duque de Broglie, Vues sur le Gouvernement de la France, París, 1870, restituye la atmósfera de El Antiguo Régimen, como lo demuestran diversas referencias[5].

La influencia de Tocqueville sobre Taine fue considerable. Si se estudia Los orígenes de la Francia contemporánea, encontraremos numerosas citas referentes a la obra de Tocqueville. (Véase, por ejemplo, El Antiguo Régimen de Taine, 3ª ed., París, 1876, p. 99). En ella, Taine escribe: “Pues no fue la Revolución, sino la monarquía, la que implantó la centralización en Francia”. En ese punto, Taine agrega a su texto la nota siguiente: “De Tocqueville, libro II. Esta verdad capital fue establecida por el señor de Tocqueville con superior perspicacia”. Véase además el extracto de las notas preparatorias para Les Origines de la France contemporaine, apéndice de la obra: H. Taine. Sa vie et sa correspondance, tomo III, París, 1905, que contiene referencias a la obra de Tocqueville. (Cf. pp. 300 y 319). Ciertamente merecería realizarse un estudio profundo de la influencia de la obra de Tocqueville sobre Taine. El perspicaz estudio de Victor Giraud, Essai sur Taine. Son œuvre et son influence, París, 1932, nos ofrece solamente un esbozo del problema. Giraud escribe:

[…] sin duda se necesitarían numerosas páginas para discernir con la exactitud y con la precisión deseables toda la información, las indicaciones fecundas, las visiones de conjunto y de detalle que él [Taine] ha podido extraer de las obras de Tocqueville. Este… había querido tratar precisamente todo el tema que iba a abordar Taine. Pero en El Antiguo Régimen y la Revolución solo pudo terminar la primera parte de esa gran obra; sobre la continuación, que prometía ser admirable, no tenemos más que “Notas”, fragmentos, capítulos apenas esbozados, rápidos y vigorosos bocetos de un pensamiento en pleno vigor sorprendido por la muerte. Taine vino a utilizar los materiales dispersos, a reconstruir sobre nuevas costas y bases más amplias el edificio inconcluso; sustituyó las líneas severas, la majestad un tanto escueta del monumento primitivo por los ricos esplendores de su estilo; pero conservó diversas partes importantes e incluso el plan general. La idea rectora de Les Origines, a saber, que la Revolución tiene las raíces más profundas en toda nuestra historia anterior, era también la del libro de Tocqueville; y me atrevería a afirmar que las tendencias “descentralizadoras” de Taine le vienen en gran parte de su penetrante y atrevido predecesor.

Como acabo de decir, todavía está por realizarse un estudio sobre Tocqueville y Taine. La diferencia entre ambos pensadores tal vez se explique por su formación intelectual. Tocqueville abordaba los problemas sociológicos en primer lugar por la experiencia práctica y un estudio profundo de la historia administrativa y del derecho, en tanto que Taine se formó sobre todo en la literatura, en la filosofía y en el arte. Permítanme insertar aquí un pasaje revelador de la filosofía política de Taine, pasaje tomado de su correspondencia (op. cit., tomo II, París, 1904, pp. 263 y ss.):

Claro que tengo un ideal en política y en religión —escribía Taine en octubre de 1862—, pero sé que es imposible en Francia; por eso solo puedo tener una vida especulativa, nada práctica. El libre protestantismo, como en Alemania bajo Schleiermacher, o poco más o menos como actualmente en Inglaterra; las libertades locales o municipales, como hoy en Bélgica, en Holanda e Inglaterra, tienden a acabar en una representación central. Pero el protestantismo va contra la naturaleza del francés y la vida política local contra la constitución de la propiedad y de la sociedad en Francia. No hay nada que hacer sino atenuar la centralización excesiva, persuadir al gobierno, por su propio interés, de que deje expresarse un poco, disminuir la violencia del catolicismo y del anticatolicismo, soportar los temperamentos. En otra dirección se deben orientar sus fuerzas: hacia la ciencia pura, el bello estilo, a ciertos aspectos de las artes, a la industria elegante, a la vida agradable y gentilmente mundana, a las grandes ideas desinteresadas y universales, al aumento del bienestar general. (Cf. Taine. Formation de sa penssée, por André Chevrillon, París, 1932; F. C. Roe, Taine et l’Angleterre, París, 1923; véanse también A. Aulard, Taine, Historien de la Révolution française, París, 1907; Augustin Cochin, “La crise de l’Histoire révolutionnaire”, Les Sociétés de pensée et de la Démocratie, París, 1921. Véase igualmente Heinrich von Sybel, “Der alte Staat und die Revolution in Frankreich”, Kleine historische Schriften, Stuttgart, 1880, pp. 229 y ss).

Sybel, autor a su vez de una obra importante sobre la Revolución francesa, analiza en ese ensayo el primer volumen de Origines, no sin remitir a sus lectores al “célebre libro” de Tocqueville. (Cf. H. von Sybel, Geschichte der Revolutionzeit, 1789-1800, 10 vols., Stuttgart, 1897). Sybel había empezado la publicación de su obra en 1853.

Como se sabe, Les Origines de Taine estaba inspirado en la experiencia de la derrota tanto de Francia en 1871 como de la Comuna; en comparación con El Antiguo Régimen, esta obra era más bien un estudio sociológico de política comparada. Tocqueville consideraba las tendencias del ritmo universal del mundo occidental, en tanto que Taine abordaba su tema desde el punto de vista de una revolución de la sociedad francesa.

En 1864 apareció La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. La obra lleva la huella profunda de El Antiguo Régimen. C. Jullian, en su precioso manual: Extraits des Historiens français du XIXe siècle (1ª ed., París, 1896; citamos de la séptima edición revisada, París, 1913), escribe:

Como influencias históricas, se entrevén en Fustel de Coulanges, ante todo la de Montesquieu (el estudio de las formas de gobierno), tal vez la de Michelet, y más todavía la de Tocqueville (el papel del sentimiento religioso en la vida de la sociedad). No sería nada sorprendente que El Antiguo Régimen ejerciera decisiva influencia en el talento de Fustel: en La ciudad antigua encontramos la misma manera de exponer, el mismo modo inductivo y el mismo deseo de reducir un libro a dos o tres ideas directrices (pp. 91 y ss.).

Unas páginas adelante, Jullian insiste en el tema:

Sin embargo, la acción de Tocqueville es aún más marcada que la de Michelet en La ciudad antigua. El propio título de la Introducción: “De la necesidad de estudiar las más viejas creencias de los antiguos para conocer sus instituciones”, parece calcado del principio de La democracia en América. Uno de los grandes méritos del libro sobre El Antiguo Régimen y la Revolución es haber mostrado hasta qué punto, después de 1789, persistieron las instituciones, las costumbres, el espíritu de antaño en la nueva Francia, que sin saberlo era legataria universal de la Francia monárquica. Fustel de Coulanges mostraba en su libro la larga subsistencia de las tradiciones y de las costumbres religiosas; y esa ley de la continuidad en ninguna parte fue definida de manera más admirable que en estas líneas de La ciudad antigua: “El pasado no muere jamás por completo para el hombre. Este puede olvidarlo, pero lo guarda siempre en sí. Pues, tal como existe en cada época, es producto y resumen de todas las épocas pasadas. Al descender en su alma, puede encontrar y distinguir esas diversas épocas, de acuerdo con lo que cada una le ha dejado”.

Sobre Fustel de Coulanges, cf. la obra capital del historiador suizo E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, Munich y Berlín, 1911, pp. 560 y ss; E. Champion, Les Idées politiques et religieuses, París, 1903; J.-M. Tourneur-Aumont, Fustel de Coulanges, París, 1931, pp. 50 y ss.

Por otra parte, en el libro citado de Jullian se encuentra una breve y bellísima apreciación sobre la importancia de la obra de Tocqueville, apreciación que nos será provechoso leer: “El libro de Tocqueville es, junto con La ciudad antigua, la obra histórica más original y mejor hecha que haya producido el siglo XIX…”. (Cf. op. cit., pp. 84 y ss.). Jullian cataloga a Tocqueville como historiador filosófico; en la actualidad, nosotros lo llamaríamos, quizás, historiador sociológico. La Société féodale, de Marc Bloch, probablemente sea el ejemplo típico de la historia sociológica contemporánea.

La gran obra de Albert Sorel, L’Europe et la Révolution française, 8 vols., París, 1885-1904, también muestra la influencia siempre inquietante de Tocqueville. Eugène d’Eichthal, en su libro Alexis de Tocqueville et la Démocratie libérale, París, 1897, dedica un capítulo entero a El Antiguo Régimen, en el cual subraya la influencia de esta obra en Albert Sorel. Citamos:

Será preciso recordar que, en su magistral historia L’Europe et la Révolution française el señor Albert Sorel extendió brillantemente a la política exterior de la Revolución el método y las ideas de Tocqueville, demostrando que tanto allí como en el interior, “la Revolución no tuvo consecuencia, ni siquiera la más singular, que no derive de la historia y no se explique por los precedentes del Antiguo Régimen”. Él, mejor que nadie, ha demostrado la verdad de este aserto de Tocqueville: “Me atrevo a decir que quien solo haya estudiado y visto a Francia nunca comprenderá nada de la Revolución francesa”.

Le Play sin duda se había enriquecido con la lectura de la obra de Tocqueville. En La Réforme sociale en France déduite de l’observation des peuples européens, París, 1874, vol. III, se encuentra una observación muy característica sobre El Antiguo Régimen; Le Play escribe: “La cruel intolerancia de Luis XV conservaba ciertas formas de humanidad y tendía solamente a la destrucción de los cristianos protestantes. La intolerancia de los jacobinos de 1793 tendía a la destrucción absoluta de todas las religiones”. Lo cual cuenta con el apoyo de la nota siguiente: “Alexis de Tocqueville expuso esta verdad a plena luz en una obra (El Antiguo Régimen y la Revolución) que sería excelente si llevara su verdadero título y presentara una conclusión”. No creemos que Le Play haga justicia a Alexis de Tocqueville; su espíritu casuístico y moralista se hallaba lejos de comprender la sociología histórica de Tocqueville. (Cf. J. B. Duroselle, Les Débuts du Catholicisme social en France, 1822-1870, París, 1951, pp. 672 y ss). Entre los grandes lectores de El Antiguo Régimen, mencionemos a Georges Sorel y a Jean Jaurès; Les Illusions du progrès, 1ª ed., París, 1908, se refiere a menudo a la obra de Tocqueville y L’Histoire socialiste de la Révolution française, edición revisada por A. Mathiez, tomos I-VIII, París, 1922-1924, también muestra huellas de El Antiguo Régimen.

Asimismo, podríamos citar al eminente historiador del derecho francés A. Esmein quien, en sus Éléments de Droit Constitutionnel français et comparé (4ª ed., París, 1906), revela un sutil conocimiento del pensamiento de Tocqueville.

Además, no debemos olvidar a los grandes historiadores de la literatura francesa. Nos referiremos solo a algunos. En Causeries du Lundi (3ª ed., tomo XV, París, s. f., pp. 96 y ss.), Sainte-Beuve muestra claramente que nunca comprendió la aportación sociológica de la obra de Tocqueville. Si recordamos con qué entusiasmo había acogido la publicación de La democracia en América en Les Premiers Lundis, solo podemos sacar la conclusión de que su gran colega de la Academia francesa seguramente lo había arrollado… (Véase J. P. Mayer, Alexis de Tocqueville, París, 1948, pp. 156 y ss). Pero incluso en su ruindad, Sainte-Beuve sigue siendo brillante. En contraste con este, Petit de Julleville escribe en su Histoire de la Littérature Française, París, s. f., p. 540:

Formado en la escuela de Guizot, Tocqueville ofrecía, en 1835, La democracia en América, la obra más sólida de filosofía social que se haya escrito desde El espíritu de las leyes; 20 años después (1856), El Antiguo Régimen y la Revolución, libro enteramente original y nuevo, cuya influencia fue grandísima, y que, luego del resonante éxito de Los Girondinos de Lamartine, empezó a modificar en Francia, por lo menos entre los espíritus pensantes, lo que podríamos llamar la leyenda revolucionaria. En lugar de ver en la Revolución un ciclón imprevisto (heroico o monstruoso), se reconoce en ella una resultante de numerosas causas, remotas y profundas. Taine concluirá ese enderezamiento de la opinión; pero Tocqueville lo había empezado.

Ferdinad Brunetière, en esa valiosa obra que es el Manuel de l’Histoire de la Littérature française, París, 1898, da su opinión sobre la obra de Tocqueville en forma de notas:

… y que ese libro [El Antiguo Régimen] marcó una época hasta en la manera de concebir los orígenes de la Revolución —y de representar la historia—. Cómo supo ver Tocqueville: 1) que la Revolución se vinculaba, por todas sus ruinas, al pasado más lejano de nuestra historia; 2) que debía a la profundidad de sus causas su carácter “religioso”; y 3) que por esa razón no dependía de ningún poder político el abolir sus efectos. Por medio de estas dos obras [Brunetière había hablado con anterioridad de La democracia en América], nadie ha hecho más que Tocqueville para sustraer a la historia de la arbitrariedad del juicio del historiador; para preparar la idea que de ella nos hacemos en nuestros días; y para suministrarle todas las características de ciencia que se le puedan dar. (Op. cit., p. 441).

En su clásica obra, Histoire de la Littérature française, París, 1912, Gustave Lanson nos ofrece igualmente una admirable apreciación de la obra de Tocqueville:

… El Antiguo Régimen y la Revolución tiene por base una idea de historiador. Como los historiadores orleanistas, Tocqueville ve en la Revolución la consecuencia, el término de un movimiento social y político que tuvo su comienzo en los orígenes mismos de la patria, cuando que casi siempre, tanto para los legitimistas como para los demócratas, la Revolución era vista como una ruptura violenta con el pasado, una explosión milagrosa y repentina, bendecida por unos y maldecida por otros, convencidos todos de que la Francia de 1789 y de 1793 no tenía nada en común con la Francia de Luis XIV o de san Luis. Pero los orleanistas ponían su visión de la historia al servicio de los intereses de un partido; Tocqueville más filósofo, a la vez que se mantiene estrictamente como historiador, se conforma con establecer la continuidad del desarrollo de nuestras instituciones y de nuestras costumbres; la Revolución se hizo en 1789 porque ya estaba hecha a medias y porque, desde hacía siglos, todo se orientaba a la igualdad y a la centralización; los últimos obstáculos de los derechos feudales y de la realeza absoluta parecieron más molestos porque eran los últimos. Tocqueville explica la influencia de la literatura y de la irreligión sobre la Revolución, y el predominio del sentimiento de igualdad sobre la pasión por la libertad. Tras explicar así la destrucción de las instituciones feudales y monárquicas, Tocqueville había proyectado demostrar cómo la nueva Francia se había reconstruido a partir de los escombros de la antigua; este fue más o menos el vasto propósito que realizó Taine en Origines de la France contemporaine. Pero Tocqueville no tuvo tiempo de ofrecer ese complemento a su obra. (Op. cit., pp. 1019 y ss).

Los historiadores de la literatura francesa legaron de ese modo los resultados de la obra de Tocqueville a las jóvenes generaciones. Esperemos que sabrán aprovecharlos.

Terminando nuestro esbozo acerca de la influencia de El Antiguo Régimen en Francia, nos gustaría indicar a nuestros lectores el importante librito titulado Philosophie de la Révolution française, París, 1875, de Paul Janet, eminente historiador de la ciencia política. Janet ha sabido ver brillantemente que el año de 1852 constituyó una línea divisoria decisiva en la concepción histórica de la Revolución francesa. He aquí lo que leemos en su libro:

El año de 1852 determinó una verdadera crisis en la filosofía de la Revolución francesa. Una profunda decepción, una inaudita desviación de los principios hasta entonces caros al país, o al menos así se creía, una tendencia lamentable a sacrificar los resultados morales de la Revolución ante los resultados materiales, una nueva forma de absolutismo se producía bajo el propio prestigio de las ideas que deberían haber erradicado para siempre el absolutismo del mundo, y al mismo tiempo una ciencia un poco más dilatada, una comparación de nuestro estado con el de los pueblos vecinos, la triste convicción —demasiado justificada por la experiencia— de que varios de esos pueblos, sin tantas crisis ni desastres, habían alcanzado poco a poco, por el curso de las cosas, esa libertad política con la que habíamos soñado y de la que habíamos carecido, y que, incluso, desde el punto de vista de algunas grandes libertades sociales, nos habían rebasado y superado, en tanto que un gran pueblo de allende el Atlántico realizaba de una vez en toda su extensión ese gran programa de libertad y de igualdad, la mitad del cual ya empezábamos a sacrificar, sin perjuicio de abandonar posteriormente la otra: todas estas ideas, todas estas meditaciones, experiencias y comparaciones contribuyeron a despertar dudas sobre esa creencia en la revolución que todos compartían en cierto grado… De ahí que una dirección enteramente nueva se haya dado a las teorías recientes sobre la Revolución francesa. Nos empieza a sorprender el poco respeto que la Revolución había tenido por la libertad del individuo, su culto por la fuerza, su idolatría por la omnipotencia del poder central; cabe preguntarse si, establecidas en el mundo moderno la igualdad de condiciones, la Revolución, como antaño el Imperio romano, no habría preparado el camino a una nueva forma de despotismo. Ningún publicista se sintió más impresionado por esta idea que el célebre y agudo Alexis de Tocqueville, quien la tuvo mucho antes que el resto del mundo. En su originalísimo libro, La democracia en América, en tiempos pacíficos, moderados y constitucionales, fue el primero en amenazar a los pueblos modernos con la “tiranía de los Césares”, extraña predicción que ninguna circunstancia, ningún acontecer, ningún síntoma aparente parecía sugerir. Con posterioridad, justificado en cierto modo por los acontecimientos, retomaba este pensamiento y lo desarrollaba con la más rara sagacidad en su magnífico libro El Antiguo Régimen y la Revolución…

No nos es posible citar íntegramente el profundo análisis de Janet, cuyo resumen es el siguiente:

Así, en cierto sentido, Tocqueville justifica la Revolución y en otro la critica, pero de manera distinta a como lo hacen por lo común sus censores o sus amigos. La justifica demostrando que no fue tan innovadora, ni por consiguiente tan absurda como dicen los partidarios del pasado. Desde luego, la Revolución trató de fundar un orden social basado en la razón pura, en la idea abstracta del derecho y de la humanidad; pero incluso en ello no hizo sino realizar lo que habían preparado todas las épocas anteriores. Por tanto, se encuentra a un mismo tiempo en la verdad histórica y en la verdad filosófica. En cambio, Tocqueville trata de despertar nuestras inquietudes sobre una de las posibles consecuencias de la Revolución, a saber, el establecimiento de un nuevo absolutismo: El absolutismo democrático o cesarismo, la desaparición del individuo, la indiferencia del derecho, la absorción de toda vida local por el centro, y por lo tanto la extinción de toda vitalidad de las partes: mal del que Tocqueville quizás exageró su alcance (así lo esperamos), pero que, teniendo su germen en toda nuestra historia, fue propagado y agravado sin sombra de duda y en grado extremo por la Revolución. Tal es la moralidad que nos sugiere el libro del señor de Tocqueville… (Cf. op. cit., pp. 119 y ss).

Fueron precisamente las tendencias latentes de la Revolución —la supresión del individuo y su nivelación en el proceso democrático y el peligro del régimen plebiscitario— las que influyeron profundamente en la obra del gran historiador suizo Jacob Burckhardt (1818-1897). Pese a su esteticismo contemplativo, tal vez sea, entre todos los pensadores que hemos mencionado, el más próximo a Tocqueville. “Es tal como decís”, escribe Burckhardt en una carta a un amigo: “se quiere educar a la gente por los mítines; llegará el día en que todo el mundo se echará a llorar si no se hallan reunidas por lo menos cien personas”. Desde que Werner Kaegi publicó los estudios preliminares para Reflexiones sobre la historia universal[6](Historische Fragmente, Stuttgart, 1942), sabemos hasta qué grado había asimilado Burckhardt el pensamiento de Tocqueville. Como fase de la Revolución de los siglos XIX y XX, la Revolución francesa se hallaba en el punto de encuentro de ambos pensadores. Ya mencionamos a Fueter que, en la obra antes citada, dedica algunas páginas pertinentes al lugar que ocupa El Antiguo Régimen en el desarrollo de las ciencias históricas (cf. op. cit., pp. 557 y ss.). El sociólogo Vilfredo Pareto, quien era maestro en Lausana y cuyo cerebro enciclopédico lo había leído todo, tampoco olvidó estudiar la obra de Tocqueville.

En Italia, la obra de Benedetto Croce también da fe de la proyección de El Antiguo Régimen.

Ya indicamos en nuestra bibliografía glosada de La democracia en América (véanse Œuvres complètes, J. P. Mayer[ed.], 1, 2, p. 393) que el gran pensador alemán Wilhelm Dilthey descubrió la importancia de Tocqueville en nuestro tiempo (“Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften”, en Gesammelte Schriften, vol. VII, Berlín, 1927, pp. 104 y ss.). He aquí lo que Dilthey escribe sobre El Antiguo Régimen:

En otro libro, Tocqueville fue el primero en penetrar en el conjunto del orden político de la Francia del siglo XVIII y de la Revolución. Una ciencia política de este tipo también permitía aplicaciones políticas. Su continuación de la tesis aristotélica muestra ser particularmente fértil, sobre todo en que la constitución sana de cada estado debería basarse en la justa proporción de derechos y deberes. La negación de este equilibrio cambiaría los derechos en privilegios, lo cual tendría por resultado la descomposición del Estado. Importante aplicación de esos análisis en la práctica fue la noción sobre los peligros de la excesiva centralización y la ventaja de la libertad personal y de la administración local. De esta suerte, el autor extrajo generalizaciones fértiles de la propia historia y un nuevo análisis de las realidades pasadas que redundaba en una comprensión más honda de la realidad presente.

En sus importantes estudios sobre la historia francesa anterior a la Revolución, el historiador alemán Adalbert Wahl se dejó conducir constantemente por el ejemplo de Tocqueville, a quien nombraba como “uno de los historiadores más grandes de todos los tiempos”. (Véase Wahl, Vorgeschichte der französischen Revolution. Ein Versuch, 2 vols., Tubinga, 1905, y, del mismo autor, Studien zur Vorgeschichte der französischen Revolution, Tubinga, 1901).

En Inglaterra, Reeve, Greg, Cornewall Lewis y John Stuart Mill asimilaron las ideas de El Antiguo Régimen y gracias a ellos se reveló, a la generación siguiente, la originalidad de la obra. En un importante pasaje de su libro Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1ª ed., 1885; citamos de acuerdo con la 8ª edición, Londres, 1915), Dicey junta La democracia en América y El Antiguo Régimen para aclarar su tesis capital concerniente al derecho administrativo. Dicey cita la primera de estas obras:

En el año VIII de la República francesa, apareció una constitución cuyo artículo 75 estaba concebido de la manera siguiente: “Los agentes gubernamentales, con excepción de los ministros, solo pueden ser enjuiciados por hechos relativos a sus funciones, en virtud de una decisión del Consejo de Estado; en este caso, el enjuiciamiento tiene lugar ante los tribunales ordinarios”. Aunque la Constitución del año VIII pasó, no ocurrió lo mismo con este artículo, que subsistió después de ella y se opone, aun en nuestros días, a los justos reclamos de los ciudadanos. Con frecuencia he tratado de hacer entender el sentido de ese artículo 75 a estadunidenses e ingleses, cosa que siempre me ha resultado muy difícil de lograr. Lo que captaban, ante todo, era que el Consejo de Estado en Francia formaba un gran tribunal establecido en el centro del reino; que había una especie de tiranía para enviar preliminarmente ante él a todos los quejosos.

Pero cuando trataba de hacerles comprender que el Consejo de Estado no era en absoluto ningún cuerpo judicial, en el sentido ordinario de la palabra, sino un cuerpo administrativo cuyos miembros dependían del rey, de tal suerte que este, tras haber ordenado soberanamente a uno de sus servidores, llamado prefecto, cometer una iniquidad, podía ordenar soberanamente a otro de ellos, llamado consejero de Estado, que impidiera el castigo del primero; cuando yo les mostraba al ciudadano, perjudicado por orden del príncipe, reducido a pedir al mismo príncipe autorización para obtener justicia, ellos se negaban a creer tamañas barbaridades y me tachaban de mentiroso y de ignorante. En la antigua monarquía, ocurría con frecuencia que el parlamento decretara la aprehensión del funcionario público declarado culpable de un delito. A veces, la autoridad real intervenía para anular el proceso. El despotismo se mostraba entonces al desnudo, y, aun obedeciendo, el sometimiento era a la fuerza. Por tanto, hemos retrocedido mucho respecto al punto al que habían llegado nuestros padres, pues dejamos hacer, con el pretexto de la justicia, y consagrar, en nombre de la ley, lo que solo la violencia les imponía. (Véanse Œuvres complètes, Mayer [ed.], vol. I; 1, pp. 105 y ss.; véase igualmente nuestra bibliografía glosada, vol. I, 2, pp. 392 y ss).

Tras esta cita, Dicey continúa:

Este pasaje clásico de La democracia en América de Tocqueville fue publicado en 1835; el autor tenía 30 años y para entonces había conquistado una gloria que sus amigos comparaban con la de Montesquieu. Su estimación del derecho administrativo ciertamente no había cambiado cuando, hacia el fin de su vida, publicó El Antiguo Régimen y la Revolución, que es, con mucho, la más vigorosa y más madura de sus obras.

Dicey cita de nuevo a Tocqueville:

Cierto es que hemos expulsado a la justicia de la esfera administrativa, en la que el Antiguo Régimen la había dejado introducirse de manera muy irregular; pero, al mismo tiempo, como puede apreciarse, el gobierno se introducía incesantemente en la esfera natural de la justicia, y nosotros lo permitimos: como si la confusión de poderes no fuera tan peligrosa de un lado como del otro, e incluso peor, pues la intervención de la justicia en la administración solo perjudica los asuntos públicos, en tanto que la intervención de la administración en la justicia deprava a los hombres y tiende a convertirlos al mismo tiempo en revolucionarios y serviles. (El Antiguo Régimen y la Revolución, presente edición, p. 156).

Dicey agrega este comentario:

[Estas] palabras son las de un hombre de genio extraordinario que conocía bien la historia francesa y no ignoraba nada de la Francia de su época. Durante años fue miembro de la Asamblea, y por lo menos en una ocasión formó parte del ministerio. Conocía la vida pública de su país tanto como Macaulay conocía la vida pública inglesa. El lenguaje de Tocqueville tal vez muestre rasgos de exageración, explicable en parte por el giro de su espíritu y por la tendencia de su pensamiento, que lo hicieron estudiar asiduamente, llevándolo a exagerar, la afinidad y las relaciones entre las debilidades de la democracia moderna y los vicios de la antigua monarquía. (Dicey, op. cit., pp. 351 y ss).

Un eminente colega de Dicey en Oxford, sir Paul Vinogradoff, el gran historiador de la historia administrativa y jurídica de Inglaterra, legó los métodos y los resultados de El Antiguo Régimen a todos sus estudiantes. Los estudios de la historia económica apenas habían empezado en Inglaterra. La obra de Tocqueville ejercía importante influencia, pero indirecta, en el desarrollo de esta ciencia. Tampoco nos sorprendería que la obra del historiador clásico de la historia del derecho inglés, F. W. Maitland, mostrara huellas profundas del estudio de Tocqueville. (Cf. P. Vinogradoff, Outlines of Historical Jurisprudence, Oxford, 1920, vol. I, pp. 152 y ss.; R. H. Tawney, Religion and Rise of Capitalism, Londres, 1926, traducción al francés, París, 1951; F. W. Maitland, History of English Law up to the time of Edward I [con F. Pollock], Oxford, 1895; por el mismo autor, The constitutional History of England, Cambridge, 1908). Ya hemos mencionado a lord Acton, quien también había recibido la influencia de Tocqueville. (Véase nuestra bibliografía glosada, vol. I, 2, p. 391). En sus Lectures on the French Revolution (Londres, 1910), Acton escribe en un apéndice sobre la literatura de la Revolución:

A mediados del siglo XIX, cuando empezaban a aparecer los primeros volúmenes de Sybel, en Francia se emprendían los estudios más profundos con Tocqueville. Este fue el primero en establecer, si no es que en descubrir, que la Revolución no fue simplemente una ruptura, un vuelco, una sorpresa, sino, en parte, un desarrollo de las tendencias que operaban en la antigua monarquía… De todos los escritores es el más aceptable y el más severo para encontrar defectos. (Op. cit., pp. 356 y ss).

En los Estados Unidos, El Antiguo Régimen solo fue apreciado por la última generación. Una nación joven descubre la ciencia de la historia bastante tarde. Como lo demuestra la obra de Tocqueville, los métodos históricos aplicados a la sociología política son resultado de una civilización madura. El búho de Minerva despliega sus alas al crespúsculo, como decía Hegel. Terminemos este esbozo de la influencia de El Antiguo Régimen con una frase que tomamos de una bibliografía que Robert Ergang, eminente historiador estadunidense, agregó a su obra, Europe from the Renaissance to Waterloo (Nueva York, 1939): “El Antiguo Régimen y la Revolución, traducido por John Bonner (1856), presenta el análisis más profundo de las causas de la Revolución”.

J. P. Mayer

PRÓLOGO

Este libro no es una historia de la revolución, la que ya fue escrita con suma brillantez para que yo piense en rehacerla; es solo un estudio sobre esta Revolución.

En 1789, los franceses efectuaron el mayor esfuerzo jamás realizado por pueblo alguno a fin de cortar, por así decirlo, su destino en dos y separar mediante un abismo lo que habían sido hasta entonces de lo que querían ser en lo sucesivo. Con este propósito, tomaron toda clase de precauciones para no arrastrar a su nueva condición nada del pasado, y se impusieron todo género de obligaciones para ser distintos de sus padres; en fin, no omitieron nada para tornarse irreconocibles.

Yo siempre había pensado que en esta singular empresa habían tenido menos éxito del que se imaginó en el extranjero y del que ellos mismos creyeron en un principio. Estaba convencido de que, sin saberlo, habían conservado del Antiguo Régimen la mayor parte de los sentimientos, de los hábitos e incluso de las mismas ideas con cuya ayuda habían hecho la Revolución que lo destruyó y que, sin proponérselo, se habían valido de los escombros para construir el edificio de la nueva sociedad; de modo que, para comprender bien a bien la Revolución y su obra, es preciso olvidar por un momento a la Francia en que vivimos e ir a interrogar en su tumba a la Francia que dejó de existir. Esto es lo que he tratado de hacer aquí; pero lograrlo me ha sido más difícil de lo que hubiera creído.

Los primeros siglos de la monarquía, la Edad Media y el Renacimiento dieron origen a trabajos inmensos y han sido objeto de muy serias investigaciones que nos han permitido conocer no solo los hechos ocurridos en ese entonces, sino también las leyes, los usos, el espíritu del gobierno y de la nación en estas diferentes épocas. Pero hasta ahora, nadie se ha tomado la molestia de considerar el siglo XVIII de este modo y tan de cerca. Creemos conocer muy bien a la sociedad francesa de aquella época, porque vemos claramente lo que brillaba en su superficie y conocemos hasta en sus menores detalles la historia de los personajes más célebres que vivieron en ella, además de que críticas ingeniosas o elocuentes nos han familiarizado con las obras de los grandes escritores que la reseñaron. Sin embargo, en cuanto a la manera de dirigir los asuntos públicos, a la verdadera práctica de las instituciones, a la posición exacta de unas clases respecto a otras, a la condición y a los sentimientos de las que todavía no se hacían ni oír ni ver, al fondo mismo de las opiniones y de las costumbres, no tenemos sino ideas confusas y a menudo equivocadas.

Me he propuesto penetrar hasta las entrañas mismas de ese Antiguo Régimen, tan cerca de nosotros por el tiempo, pero que la Revolución nos oculta.

Para lograrlo, no solo he releído los libros célebres que produjo el siglo XVIII, sino que también me propuse estudiar muchas obras menos conocidas y menos dignas de serlo que, no obstante estar escritas con poco arte, revelan tal vez aún mejor los verdaderos instintos de la época. He puesto empeño en conocer a fondo todos los actos públicos en que los franceses pudieron, ante la cercanía de la Revolución, mostrar sus opiniones y sus gustos. Las actas de las asambleas de estados, y con posterioridad de las asambleas provinciales, me brindaron a este respecto mucha luz. Sobre todo he hecho frecuente uso de los cuadernos redactados por los tres órdenes en 1789. Estos cuadernos, cuyos originales forman una larga serie de volúmenes manuscritos, permanecen como el testamento de la antigua sociedad francesa, como expresión suprema de sus deseos y manifestación auténtica de su última voluntad. Es un documento único en la historia. Pero ni esto me ha resultado suficiente.

En los países en que la administración pública ya es de consideración, nacen pocas ideas, deseos y dolores, se encuentran pocos intereses y pasiones que tarde o temprano no vengan a mostrarse al desnudo ante ella. Visitando sus archivos, no solo se adquiere una noción muy exacta de sus procedimientos, sino que en ellos se revela el país entero. Un extranjero al que se le permitiera hoy toda la correspondencia confidencial que llena los legajos del ministerio del interior y de las prefecturas, pronto sabría sobre nosotros más que nosotros mismos. En el siglo XVIII, la administración pública ya era, como hemos de ver leyendo este libro, muy centralizada, poderosa y prodigiosamente activa. Siempre se la veía ayudar, impedir, permitir. Tenía muchas cosas que prometer y muchas otras que dar. Influía ya de mil maneras, no solo en la conducción general de los asuntos públicos, sino también en la suerte de las familias y en la vida privada de cada persona. Además, se manejaba sin publicidad, lo cual hacía que nadie temiera acudir a exponer ante sus ojos hasta las dolencias más secretas. Dediqué mucho tiempo a estudiar todo aquello que nos queda de ella, ya sea en París o en diversas provincias[1].

Tal como esperaba, encontré entre los documentos al Antiguo Régimen vivo, con sus ideas, sus pasiones, sus prejuicios y sus prácticas. En ellos, cada hombre hablaba libremente su propia lengua y dejaba traslucir sus pensamientos más íntimos. Así acabé por adquirir sobre la antigua sociedad muchas nociones que no poseían los contemporáneos, pues tenía ante mí lo que nunca estuvo expuesto a sus miradas.

A medida que avanzaba en este estudio, me asombraba volver a ver de continuo en la Francia de aquel entonces muchos rasgos que saltan a la vista en la de nuestros días. Encontraba un tropel de sentimientos que creía nacidos de la Revolución, una multitud de ideas que hasta entonces había considerado provenientes de ella, mil hábitos cuyo legado se le atribuye de manera exclusiva; por todas partes encontraba las raíces de la sociedad actual implantadas profundamente en este viejo suelo. Cuanto más me aproximaba a 1789, con mayor claridad distinguía el espíritu que formó la Revolución, que la vio nacer y desarrollarse. Poco a poco veía aparecer su fisonomía ante mí. Anunciaba ya su temperamento y su genio; era ella misma. Encontré en esos documentos no solo la razón de lo que habría de hacer en su primer esfuerzo, sino tal vez también el anuncio de lo que a la larga debería fundar, pues la Revolución tuvo dos fases bien distintas: la primera, en que los franceses parecen querer abolir todo lo perteneciente al pasado; la segunda, en la que habrán de recuperar parte de lo que habían abandonado. Así, son muchísimas las leyes y costumbres políticas del Antiguo Régimen que desaparecen de golpe en 1789 y que resurgen años después, como ciertos ríos que se hunden en tierra para reaparecer poco más lejos, dejando ver las mismas aguas en nuevas riberas.

El objeto propio de la obra que expongo al público consiste en hacer comprender por qué esta gran revolución, que se preparaba al mismo tiempo en casi todo el continente europeo, estalló en nuestro país y no en otra parte, por qué surgió como por sí misma de la sociedad que habría de destruir y cómo, en fin, pudo la antigua monarquía derrumbarse de manera tan completa y repentina.

En mi concepto, la obra que he emprendido no debe concluir aquí. Si el tiempo y las fuerzas me lo permiten, tengo la intención de seguir, a través de las vicisitudes de esa larga Revolución, a estos mismos franceses con quienes acabo de convivir tan familiarmente bajo el Antiguo Régimen y a los que este había formado; de verlos modificarse y transformarse según los acontecimientos, sin cambiar por ello de naturaleza, para reaparecer continuamente ante nosotros con una fisonomía un tanto diferente, pero siempre reconocible.

Antes que nada recorreré con ellos esa primera época del 89, en que el amor a la igualdad y a la libertad comparten su corazón; en que no solo quieren fundar instituciones democráticas, sino también instituciones libres; no únicamente destruir privilegios, sino reconocer y consagrar derechos; tiempos de juventud, de entusiasmo, de valor, de pasiones generosas y sinceras, cuyo recuerdo conservarán los hombres eternamente, a pesar de sus errores, y que, durante mucho tiempo todavía, perturbará el sueño de todos aquellos que deseen corromperlos o esclavizarlos.

Siguiendo rápidamente el curso de esta misma Revolución, trataré de mostrar qué acontecimientos, qué errores, qué desengaños condujeron a que estos mismos franceses abandonaran su primera intención y, dando al olvido la libertad, tan solo quisieran convertirse en simples servidores del amo del mundo; cómo un gobierno más fuerte y mucho más absoluto que el derribado por la Revolución recobra y concentra entonces todos los poderes, suprime todas aquellas libertades conquistadas a muy elevado costo, sustituyéndolas por sus falsas imágenes; llamando soberanía del pueblo a los sufragios de electores que no pueden ilustrarse, concertarse ni elegir; voto libre de los impuestos por el asentimiento de asambleas mudas o sometidas; y, al mismo tiempo que usurpar a la nación la facultad de gobernarse, hace lo propio con las principales garantías del derecho, la libertad de pensar, de hablar y de escribir, es decir, todo lo más preciado y noble que había en las conquistas del 89 y todavía se jacta de ese gran nombre.

Me detendré en el momento en que me parezca que la Revolución haya consumado más o menos su obra y concebido la nueva sociedad. Entonces consideraré a esta sociedad, trataré de distinguir en qué se parece a aquella que la precedió y en qué difiere, qué hemos perdido y qué ganado en este inmenso trastocamiento de las cosas y, en fin, intentaré entrever nuestro porvenir.

Parte de esta segunda obra ya está esbozada, pero aún es indigna de ofrecerla al público. ¿Me será dado concluirla? Nadie puede saberlo. El destino de los individuos es aún mucho más oscuro que el de los pueblos.

Espero haber escrito el presente libro sin prejuicio, pero no pretendo haberlo escrito sin pasión. Sería inadmisible para un francés no sentirla cuando habla de su país y piensa en su época. Por tanto, confieso que al estudiar a nuestra antigua sociedad en cada una de sus partes nunca he perdido por completo de vista a la nueva. No solo he querido ver ante qué mal sucumbió el enfermo, sino también cómo habría podido evitar la muerte. Me he comportado como esos médicos que tratan de descubrir las leyes de la vida en cada órgano extinto. Mi objetivo ha consistido en obtener un cuadro que fuese estrictamente exacto y que al mismo tiempo fuera instructivo. Así, cada vez que he encontrado en nuestros padres algunas de esas virtudes varoniles que nos serían de lo más necesarias y que ya casi no tenemos, verdadero espíritu de independencia, gusto por las grandes empresas, fe en nosotros mismos y en una causa, las he puesto de relieve; y asimismo, cuando he hallado en las leyes, las ideas y las costumbres de ese entonces, el rastro de algunos de los vicios que tras haber minado a la antigua sociedad, nos afectan aún, he procurado enfocar la luz hacia ellos, a fin de que viendo el mal que nos han hecho se comprendiera mejor el que todavía pueden causarnos.

Confieso que para alcanzar tal meta no he temido herir a quien fuese, individuos, clases, opiniones, recuerdos, por respetables que pudieran ser. A menudo lo hice con pesar, pero siempre sin remordimientos. Que aquellos a quienes haya podido disgustar con ello me perdonen, en consideración al fin desinteresado y honesto que persigo.

Algunos tal vez me acusen de mostrar en este libro cierto gusto algo intempestivo por la libertad, en la que, según me aseguran, ya nadie se interesa en Francia.

Solo les ruego, a quienes me dirigen tal reproche, tengan a bien considerar que esta inclinación es en mí muy antigua. Hace más de 20 años que, refiriéndome a otra sociedad, escribía yo casi textualmente lo que van a leer.

En medio de las tinieblas del porvenir se pueden ya descubrir tres verdades clarísimas. La primera es que todos los hombres de nuestros días son arrastrados por una fuerza desconocida que se puede esperar regular y moderar, pero no vencer; que tan pronto los impele suavemente como los precipita hacia la destrucción de la aristocracia; la segunda, que, entre todas las sociedades del mundo, las que mayor dificultad tendrán de librarse por mucho tiempo del gobierno absoluto serán precisamente aquellas sociedades en que la aristocracia haya dejado de existir ahora y para siempre; en fin, la tercera, que el despotismo en ninguna parte puede producir efectos más perniciosos que en dichas sociedades, pues favorece más que ninguna otra clase de gobierno el desarrollo de todos los vicios a los que están sujetas especialmente estas sociedades y, de ese modo, las impulsa hacia el mismo lado en que, siguiendo una tendencia natural, se inclinaban ya.

No estando ya los hombres vinculados unos a otros por ningún lazo de castas, de clases, de corporaciones ni de familias, se sienten demasiado inclinados a preocuparse solo de sus intereses particulares, exageradamente arrastrados a pensar solo en sí mismos y a recogerse en un individualismo estrecho en que se ahoga toda virtud pública. Lejos de luchar contra esta tendencia, el despotismo la hace irresistible, pues priva a los ciudadanos de toda pasión común, de toda obligación mutua, de toda necesidad de entenderse y de toda ocasión de actuar juntos; por así decirlo, los enclaustra en la vida privada. Ya de por sí se inclinaban por vivir aparte: él los aísla; se mostraban frialdad unos a otros: él los congela.

En esta clase de sociedades, donde nada es fijo, todos se sienten constantemente aguijoneados por el temor a descender y el ardor de ascender; y como el dinero, al mismo tiempo que se ha convertido en el signo principal que clasifica y distingue a los hombres entre sí, ha adquirido una movilidad singular, pasando sin cesar de mano en mano, transformando la condición de los individuos, encumbrando o abatiendo a las familias, casi no hay persona que no se sienta obligada a realizar un esfuerzo desesperado y continuo por conservarlo o por adquirirlo. Por consiguiente, el ansia de enriquecerse al precio que sea, el gusto por los negocios, el amor por la ganancia, la búsqueda del bienestar y de los placeres materiales son las pasiones más comunes. Estas se extienden fácilmente a todas las clases, penetran incluso en aquellas que hasta entonces habían sido las más extrañas y pronto lograrían enervar y degradar a la nación entera, de no acudir algo que las contuviera. Ahora bien, en la misma esencia del despotismo está favorecerlas y propagarlas. Estas pasiones debilitantes vienen en su ayuda, pues desvían y alejan la imaginación de los hombres de los asuntos públicos y los hacen temblar ante la sola idea de las revoluciones. Solo el despotismo puede brindar el secreto y la oscuridad que ponen a cubierto la codicia y permiten obtener utilidades deshonestas desafiando el deshonor. Sin él, ellas hubiesen sido fuertes; con él, reinan.

Solo la libertad, por el contrario, puede combatir de manera eficaz en tales sociedades los vicios que les son inherentes y detenerlas en la pendiente por la que se deslizan. Tan solo ella puede, en efecto, rescatar a los ciudadanos del aislamiento en que los tiene sumidos la misma independencia de su condición, obligándolos a acercarse unos a otros, reanimándolos y reuniéndolos a diario por la necesidad de entenderse, de persuadirse y de complacerse mutuamente en la práctica de los asuntos comunes. Solo ella es capaz de alejarlos del culto al dinero y del insignificante trajín cotidiano de sus asuntos particulares, para hacerlos percibir y sentir en todo momento que junto y por encima de ellos está la patria; solo ella, la libertad, sustituye de vez en cuando el amor al bienestar con pasiones más enérgicas y elevadas, da a la ambición objetos más estimables que la adquisición de riquezas y crea la luz que permite ver y juzgar los vicios y virtudes de los hombres.

Aquellas sociedades democráticas que no son libres podrán ser ricas, refinadas, brillantes, incluso magníficas, poderosas por el peso de su masa homogénea; podremos encontrar en ellas cualidades privadas, buenos padres de familia, comerciantes honestos y propietarios muy estimables; incluso veremos buenos cristianos, pues su patria no es de este mundo y la gloria de su religión radica en producirlos en medio de la mayor corrupción de las costumbres y bajo los peores gobiernos: el Imperio romano, en su extrema decadencia, estaba lleno de ellos; pero me atrevo a afirmar que lo que no podremos ver en estas sociedades son grandes ciudadanos, y mucho menos un gran pueblo, y no temo aseverar que el nivel común de los corazones y de los espíritus nunca cesará jamás de abatirse en tanto coexistan la igualdad y el despotismo.

Así pensaba y decía hace 20 años. Confieso que, desde entonces, no ha ocurrido nada en el mundo que me haya inducido a pensar y a decir otra cosa. Habiendo mostrado la buena opinión que tenía de la libertad en una época en que estaba de moda, no se me tomará a mal que persista cuando se la abandona.

Por lo demás, téngase a bien considerar que en ello difiero de la mayor parte de mis contradictores mucho menos de lo que tal vez supongan ellos mismos. ¿Qué hombre por naturaleza tendría un alma tan mezquina para preferir depender de los caprichos de uno de sus semejantes antes que obedecer las leyes que él mismo ha contribuido a establecer, si le pareciera que su nación posee las virtudes necesarias para hacer buen uso de la libertad? Creo que no existe. Ni siquiera los déspotas niegan las bondades de la libertad; solo que no la quieren más que para ellos mismos y señalan que todos los demás son indignos de ella. Así, no diferimos en cuanto a la opinión que se deba tener de la libertad, sino respecto a la mayor o menor estima que se tenga de los hombres, de ahí que se pueda decir de manera rigurosa que el apego que se muestre al gobierno absoluto guarda proporción directa con el desprecio que se profese por su país. Pido que se me permita esperar un poco más antes de convertirme a este sentimiento.

Creo poder decir, sin demasiada jactancia, que este libro es producto de una intensa labor. Hay en él algún capítulo sumamente breve que me ha llevado más de un año de investigaciones. Habría yo podido sobrecargarlo de notas al pie de las páginas, pero he preferido introducirlas en escaso número y ponerlas al final del volumen, remitiendo a las páginas del texto a que hacen referencia. En ellas se hallarán ejemplos y pruebas. Podría agregar muchos más, si a alguien le pareciera que esta obra los requiriera.

Libro Primero

CAPÍTULO I

Juicios contradictorios emitidos sobre la Revolución en sus comienzos

Nada más apropiado que la historia de nuestra revolución para mantener a los filósofos y a los estadistas en la modestia, pues nunca hubo acontecimiento más grande, de antecedentes más remotos, mejor preparado y menos previsto.

Ni siquiera el gran Federico, con todo y su genio, llegó a presentirla. La toca sin verla. Más todavía, actúa por anticipado siguiendo el dictado de su espíritu; él es su precursor y, por así decirlo, casi su agente; pero no logra reconocerla ni aun en su cercanía; y cuando por fin se muestra, los rasgos nuevos y extraordinarios que caracterizan su fisonomía entre la innumerable multitud de revoluciones escapan desde el principio a todas las miradas.

En el exterior, es objeto de la curiosidad universal; por doquiera hace nacer en el espíritu de los pueblos una especie de confusa noción de que se preparan nuevos tiempos y de vagas esperanzas de cambios y de reformas; pero nadie sospecha aún lo que habrá de ser. Los príncipes y sus ministros ni siquiera tienen ese presentimiento impreciso que conmueve al pueblo ante su vista. Al principio, no la consideran sino una de esas enfermedades periódicas a las que está sujeta la organización de todos los pueblos y que no tiene otro efecto que abrir nuevos campos a la política de sus vecinos. Si por casualidad dicen la verdad sobre ella, ocurre sin que lo sepan. Cierto, reunidos en Pillnitz en 1791, los principales soberanos de Alemania declaran que el peligro que amenaza a la realeza francesa es común a todos los antiguos poderes de Europa y que todos están amenazados junto con ella; pero, en el fondo, no creen nada. Los documentos secretos de ese tiempo dan a conocer que para ellos esas declaraciones no eran sino hábiles pretextos con que encubrían sus designios o los matizaban a los ojos de la multitud.

Por su parte, ellos bien saben que la Revolución francesa es un accidente local y pasajero del que solo se trata de sacar partido. Con esta idea, conciben planes, efectúan preparativos, contraen alianzas secretas; disputan entre sí a la vista de esa presa cercana, se dividen, se reconcilian; casi no hay nada para lo que no se preparen, salvo para lo que está por venir.

Los ingleses, a quienes el recuerdo de su propia historia y la larga práctica de la libertad política les da más clarividencia y experiencia, perciben, como a través de un denso velo, la imagen de una gran revolución que avanza; pero no pueden distinguir su forma y se les oculta la acción que pronto ejercerá sobre los destinos del mundo y del suyo propio. Arthur Young, quien recorre Francia en el momento en que va a estallar la revolución, y que la considera inminente, ignora a tal grado su alcance que se pregunta si el resultado no será el aumento de los privilegios. “En cuanto a la nobleza —dice—, si esta revolución le diera todavía mayor preponderancia, pienso que haría más mal que bien”.

El mismo Burke, cuyo espíritu se iluminó con el odio que la Revolución le inspiró desde su nacimiento, por un momento permanece incierto ante ella. Lo primero que augura es que Francia se sentirá debilitada y, en cierto modo, aniquilada. “Es de creer —dice— que se extinguirán por mucho tiempo las facultades guerreras de Francia; incluso podría ser que fuera para siempre, y que los hombres de la generación siguiente podrían decir como aquel antepasado: Gallos quoque in bellis floruisse audivimus” [hemos oído decir que los propios galos brillaron antaño en la guerra].

El acontecimiento no es juzgado mejor de cerca que de lejos. En Francia, la víspera del día en que estallará la Revolución aún no se tiene ninguna idea precisa de lo que puede ocasionar. Entre los innumerables cuadernos solo encuentro dos en los que asoma cierta aprensión del pueblo. Se teme la preponderancia que pueda conservar el poder real, la corte, como la llaman todavía. Inquietan la debilidad y la poca duración de los estados generales. Hay miedo de que se les violente. Este temor asalta particularmente a la nobleza. “Las tropas suizas —dicen varios de dichos cuadernos— prestarán juramento de no volver nunca las armas contra los ciudadanos, ni siquiera en caso de motín o de revuelta”. Que los estados generales sean libres y todos los abusos desaparecerán fácilmente; la reforma que hay que hacer es inmensa, pero sencilla.

No obstante, la Revolución sigue su curso: a medida que se ve aparecer la cabeza del monstruo, que se descubre su fisonomía singular y terrible; que después de haber destruido las instituciones políticas ha abolido las instituciones civiles, cambia con las leyes las costumbres, los usos e incluso la lengua; cuando, tras haber arruinado la institución gubernamental, remueve los fundamentos de la sociedad y, finalmente, parece querer acometer al mismo Dios; cuando pronto esa misma Revolución se desborda hacia el exterior, con procedimientos que ella misma desconoce, con una nueva táctica, con máximas mortíferas, con opiniones armadas, como decía Pitt, con fuerza inaudita que abate las barreras de los imperios, rompe las coronas, pisotea a los pueblos y, ¡cosa extraña!, los gana al mismo tiempo para su causa; a medida que todas estas cosas estallan, cambia el punto de vista. Lo que en un principio había parecido, a los príncipes de Europa y a los estadistas, un accidente ordinario en la vida de los pueblos, parece un hecho tan nuevo, incluso tan opuesto a todo lo que antes había ocurrido en el mundo, y sin embargo tan general, monstruoso e incomprensible, que al percibirlo el espíritu humano se queda como extraviado. Unos piensan que esa fuerza desconocida, a la que nada parece alimentar ni abatir, que nadie podría detener y no puede detenerse a sí misma, ha de llevar a las sociedades humanas a su disolución completa y final. Algunos la consideran la acción visible del demonio en la Tierra. “La Revolución francesa tiene un carácter satánico”, dice, ya en 1797, De Maistre. En cambio, otros descubren en ella un designio bienhechor de Dios, quien quiere renovar no solo la faz de Francia, sino también la del mundo, y que de cierto modo habrá de crear una nueva humanidad. En la obra de numerosos escritores de la época encontramos algo de ese espanto religioso que experimentaba Salvien a la vista de los bárbaros. Retomando su pensamiento, Burke exclama:

Privada de su antiguo gobierno o, mejor dicho, de todo gobierno, parecería que Francia fuera objeto de denuesto y de piedad en vez de ser azote y terror del género humano. Mas de la tumba de esa monarquía asesinada ha salido un ser informe, inmenso, más terrible que ninguno de los que abrumaron y subyugaron la imaginación del hombre. Este ser espantoso y extraño se encamina directamente a su meta, sin que le arredre el peligro ni lo detenga el remordimiento; despreciador de todas las máximas admitidas y de todos los medios ordinarios, abate a quienes no pueden comprender siquiera que existe.

¿Es este acontecimiento tan extraordinario como les pareció antaño a sus contemporáneos? ¿Tan inaudito, tan profundamente perturbador y renovador como lo suponían? ¿Cuál fue el verdadero sentido, cuál el verdadero carácter, cuáles los efectos permanentes de esa revolución extraña y terrible? ¿Qué fue exactamente lo que destruyó? ¿Qué ha creado?

Parecería que ha llegado el momento de averiguarlo y de decirlo, y que hoy estamos situados en el punto preciso desde donde se puede percibir y juzgar mejor ese gran hecho. Suficientemente lejos de la Revolución, como para no sentir sino débilmente las pasiones que ofuscaron a quienes la hicieron, nos encontramos lo bastante cerca como para poder penetrar en el espíritu que la produjo y comprenderla. Pronto será difícil lograrlo, pues las grandes revoluciones triunfantes, al hacer desaparecer las causas que las produjeron, se tornan así incomprensibles por sus propios éxitos.

CAPÍTULO II

Que el objeto fundamental y final de la Revolución no era, como se ha creído, el de destruir el poder religioso y enervar el poder político

Uno de los primeros pasos de la revolución francesa consistió en combatir a la Iglesia, y entre las pasiones nacidas de esa Revolución la primera en aparecer y la última en extinguirse fue la pasión irreligiosa. Aun tras de que se desvaneció el entusiasmo por la libertad, tras de que los franceses aceptaron comprar la tranquilidad al precio de la servidumbre, siguió subsistiendo la rebelión contra la autoridad religiosa. Napoleón, que había logrado vencer el genio liberal de la Revolución francesa, hizo esfuerzos inútiles por dominar su carácter anticristiano, y en nuestros mismos tiempos hemos visto hombres que creían redimir su servilismo ante funcionarios menores del poder político mediante su insolencia con Dios, y que mientras abandonaban todo lo más libre, noble y altivo que había en las doctrinas de la Revolución, aún se jactaban de seguir siendo fieles a su espíritu al mantenerse indevotos.

Y, sin embargo, en la actualidad es fácil convencerse de que la guerra a las religiones no era más que un incidente de esa gran Revolución, un rasgo sobresaliente y sin embargo fugaz de su fisonomía, producto pasajero de las ideas, de las pasiones, de los hechos particulares que la precedieron y prepararon, pero no su propio genio.

Se considera, con razón, a la filosofía del siglo XVIII como una de las causas principales de la Revolución, y es muy cierto que esta filosofía resulta profundamente irreligiosa. Pero es preciso observar con atención en ella dos partes distintas y separables a la vez.

En una se encuentran todas las opiniones nuevas o remozadas que se vinculan a la condición de las sociedades y a los principios de las leyes civiles y políticas, como, por ejemplo, la igualdad natural de los hombres, la abolición de todos los privilegios de casta, de clase y de profesión —que es una de sus consecuencias—, la soberanía del pueblo, la omnipotencia del poder social, la uniformidad de las reglas… Todas estas doctrinas no son solo las causas de la Revolución francesa, sino que forman, por así decirlo, su sustancia; son lo más fundamental, lo más duradero y lo más cierto que hay en sus obras, al correr del tiempo.

En la otra parte de sus doctrinas, los filósofos del siglo XVIII se vieron dominados por una especie de furor contra la Iglesia; atacaron a su clero, jerarquía, e instituciones y dogmas, y para su total aniquilación pretendieron acabar con los propios fundamentos del cristianismo. Mas habiendo nacido de los hechos que la misma revolución destruía, esta porción de la filosofía del siglo XVIII habría de desaparecer poco a poco con ellos, y verse como hundida en su triunfo. Para acabar de darme a entender agregaría solo unas palabras, pues más adelante volveré a este importante asunto: el cristianismo excitó esos odios furibundos mucho más como institución política que como doctrina religiosa; no porque los sacerdotes pretendieran regular las cosas del otro mundo, sino porque eran propietarios, señores, diezmeros y administradores en este; no porque la Iglesia no tuviera cabida en la nueva sociedad que iba a fundarse, sino porque entonces ocupaba el lugar más privilegiado y fuerte en esa vieja sociedad que se trataba de reducir a polvo.

Considérese cómo el paso del tiempo ha revelado y remacha día tras día la verdad siguiente: a medida que se consolida la obra política de la Revolución se arruina su obra irreligiosa; a medida que más bien se destruyeron todas las antiguas instituciones políticas que atacó, que fueron vencidos de manera irreversible todos los poderes, influencias, clases que le fueron particularmente odiosos y que, como último signo de su derrota, languidecieron los propios odios que inspiraba; a medida, en fin, que el clero se situó más al margen de todo lo que cayó consigo, se ha visto gradualmente la fuerza de la Iglesia resurgir en los espíritus y afirmarse en ellos.

Y no se crea que este espectáculo sea exclusivo de Francia; apenas hay Iglesia cristiana en Europa que no se haya revitalizado después de la Revolución francesa.

Creer que las sociedades democráticas son naturalmente hostiles a la religión es cometer un grave error; nada en el cristianismo, ni tampoco en el catolicismo, es absolutamente adverso al espíritu de estas sociedades, en tanto que le son muy favorables muchas cosas. Por otra parte, la experiencia de todos los siglos ha demostrado que la raíz más viva del instinto religioso siempre ha estado arraigada en el corazón del pueblo. Todas las religiones que perecieron hallaron en él su último refugio, y muy extraño sería que las instituciones que buscan hacer prevalecer las ideas y las pasiones del pueblo tuvieran como efecto necesario y permanente impulsar el espíritu humano a la impiedad.

Lo que acabo de decir del poder religioso, lo digo con mayor razón del poder social.

Cuando se vio que la Revolución derribaba al mismo tiempo todas las instituciones y todos los usos que hasta entonces habían conservado en la sociedad una jerarquía y sometido a los hombres dentro de una reglamentación, cabía creer que su resultado sería destruir no solo un orden particular de sociedad, sino todo orden; no tal o cual gobierno, sino el propio poder social; y acaso se consideró que su carácter era esencialmente anárquico. Y sin embargo, me atrevo a decir que esto no era más que una apariencia.

Menos de un año después de haber empezado la Revolución, Mirabeau escribía en secreto al rey:

Comparemos el nuevo estado de cosas con el Antiguo Régimen; de ello nacen el consuelo y la esperanza. Una parte de los actos de la asamblea nacional, la más considerable, es evidentemente favorable al gobierno monárquico. ¿Entonces no significa nada estar sin parlamento, ni países de estado, ni cuerpos de clero, de privilegiados ni de nobleza? La idea de formar una sola clase de ciudadanos habría complacido a Richelieu, pues esta superficie igualitaria facilita el ejercicio del poder. Numerosos reinados de poder absoluto no habrían logrado tanto en beneficio de la autoridad real como este solo año de Revolución.

Esto equivalía a comprender a la Revolución por parte de un hombre capaz de conducirla.

Dado que no solo tenía por objeto cambiar un gobierno antiguo, sino también abolir la forma antigua de la sociedad, la Revolución francesa tuvo que arremeter al mismo tiempo contra todos los poderes establecidos, acabar con todas las influencias reconocidas, borrar las tradiciones, renovar las costumbres y los usos, y vaciar en cierto modo el espíritu humano de todas las ideas en las que hasta entonces se habían basado el respeto y la obediencia. De ahí su carácter tan singularmente anárquico.

Pero, apartemos esos escombros: entonces percibiremos un poder central inmenso, que ha atraído y engullido, en su unidad, a todas las parcelas de autoridad y de influencia que antes estaban dispersas en una multitud de poderes secundarios, de órdenes, de clases, de profesiones, de familias y de individuos, como dispersas por todo el cuerpo social. Desde la caída del Imperio romano, no se había visto en el mundo un poder igual. La Revolución creó ese nuevo poder o, mejor dicho, este surgió como por sí mismo de las ruinas que produjo la Revolución. Cierto, los gobiernos que fundó son más frágiles, pero cien veces más poderosos que cualquiera de los que derribó; frágiles y poderosos por las mismas causas, como hemos de ver más adelante.

Esta forma simple, regular y grandiosa es la que ya vislumbraba Mirabeau a través del polvo de las antiguas instituciones semidemolidas. Pese a su grandeza, entonces el objeto todavía era invisible a los ojos de la multitud; pero el tiempo lo expuso poco a poco a todas las miradas. Hoy atrae sobre todo la vista de los príncipes. Lo consideran con admiración y con envidia, no solo por aquellos que engendró la Revolución, sino también por los más ajenos y mayores enemigos; todos se esfuerzan en sus dominios por destruir la inmunidad y abolir los privilegios. Mezclan categorías, igualan condiciones; sustituyen a la aristocracia por funcionarios; a las franquicias locales por la uniformidad de las reglas; a la diversidad de poderes por la unidad del gobierno. Se aplican a esa labor revolucionaria con incesante ahínco; y cuando encuentran algún obstáculo, llegan a veces a tomar de la Revolución sus procedimientos y máximas. Los hemos visto soliviantar, llegado el caso, al pobre contra el rico, al plebeyo contra el noble, al campesino contra su señor. La Revolución francesa ha sido, todo a la vez, su azote y su institutriz.

CAPÍTULO III

Cómo la Revolución francesa ha sido una revolución política que ha procedido a la manera de las revoluciones religiosas, y por qué

Todas las revoluciones civiles y políticas tuvieron una patria y en ella se encerraron. La Revolución francesa no tuvo territorio propio; es más, su efecto ha sido en cierto modo el de borrar del mapa todas las antiguas fronteras. La hemos visto aproximar o separar a los hombres, a despecho de las leyes, tradiciones, caracteres y lengua, en ocasiones enemistando a compatriotas y hermanando a extraños; o antes bien, por encima de todas las nacionalidades particulares, ha formado una patria intelectual común en que los hombres de todas las naciones pueden convertirse en ciudadanos.

Escrudriñad todos los anales de la historia y no hallaréis una sola revolución política que haya tenido ese mismo carácter: no lo encontraréis sino en ciertas revoluciones religiosas. Así, la Revolución francesa debe compararse con las revoluciones religiosas, si uno desea hacerse entender con ayuda de la analogía.

En su historia de la guerra de los Treinta Años, Schiller señala, con razón, que la gran reforma del siglo XVI tuvo como efecto la repentina aproximación de pueblos que apenas se conocían y unirlos estrechamente mediante nuevas simpatías. En efecto, vimos entonces a franceses combatir contra franceses, en tanto que los ingleses acudían en su ayuda; hombres nacidos en el Báltico profundo penetraron hasta el corazón de Alemania para proteger a los alemanes, de quienes nunca antes habían oído hablar. Todas las guerras extranjeras tuvieron algo de guerras civiles, y en todas las guerras civiles aparecieron extranjeros. Los antiguos intereses de cada nación se olvidaron por intereses nuevos; las cuestiones de principios sucedieron a las cuestiones de territorio. Todas las reglas de la diplomacia se vieron mezcladas y embrolladas para gran asombro y dolor de los políticos de ese tiempo. Esto es precisamente lo que ocurrió en Europa después de 1789.

La Revolución francesa es, pues, una revolución política que ha procedido a la manera de una revolución religiosa, y cuyo aspecto cobró. Véase por qué rasgos particulares y característicos acaba por parecerse a estas últimas: no solo se propaga lejos como ellas, sino que, igual que ellas, penetra mediante la predicación y la propaganda. Una revolución política que inspira proselitismo; que se predica con tanto ardor a los extranjeros como se realiza con pasión en la propia casa: ¡considerad qué espectáculo tan novedoso! Entre todas las cosas desconocidas que la Revolución francesa ha mostrado al mundo esta seguramente es la más nueva. Mas no nos detengamos aquí; tratemos de penetrar un poco más y de descubrir si esa semejanza en los efectos no obedece a alguna semejanza oculta en las causas.

El carácter habitual de las religiones consiste en considerar al hombre en sí, sin detenerse en nada de aquello particular que las leyes, las costumbres y las tradiciones de un país hayan podido agregar a ese fondo común. Su principal objetivo consiste en regular las relaciones generales de los hombres entre sí, independientemente de la forma de las sociedades. Las reglas de conducta que indican se vinculan más con el hijo, el padre, el criado, el amo y el prójimo que con el hombre de un país o de una época determinados. Así, al fundamentarse en la propia naturaleza humana, pueden recibirlas igualmente todos los hombres y ser aplicadas por doquiera. De ahí que las revoluciones religiosas con frecuencia hayan tenido teatros tan extensos y rara vez se hayan visto circunscritas, como las revoluciones políticas, al territorio de un solo pueblo, ni tampoco al de una sola raza. Y si se quiere considerar este tema con aún mayor detenimiento, se encontrará que cuanto más tuvieron las religiones este carácter abstracto y general que acabo de indicar, más fueron difundidas, pese a la diferencia de leyes, de climas y de hombres.

Las religiones paganas de la antigüedad, que casi en su totalidad estaban más o menos ligadas a la organización política o al estado social de cada pueblo y conservaban, hasta en sus dogmas, cierta fisonomía nacional y con frecuencia municipal, por lo general se ciñeron a los límites de un territorio, del que casi nunca se les vio salir. A veces dieron origen a la intolerancia y a la persecución, pero el proselitismo fue para ellas casi totalmente desconocido. Así, en este Occidente nuestro no hubo grandes revoluciones religiosas antes del arribo del cristianismo. Salvando fácilmente todas las barreras que habían detenido a las religiones paganas, en poco tiempo conquistó a una gran proporción del género humano. No creo faltar al respeto a esta santa religión si digo que en parte debió su triunfo a que, más que ninguna otra, se había desprendido de todo lo que podía ser específico de un pueblo, una forma de gobierno, un estado social, una época o una raza.

En relación con este mundo, la Revolución francesa procedió precisamente de la misma manera que las revoluciones religiosas actúan en vista del otro: consideró al ciudadano en abstracto, al margen de todas las sociedades particulares, tal como las religiones consideran al hombre en general, independientemente del país y del tiempo. No solo buscó cuál era el derecho particular del ciudadano francés, sino también cuáles eran los deberes y los derechos generales de los hombres en materia política.

Remontándose así a lo que había de menos particular, y por así decirlo, de más natural en cuestión de estado social y de gobierno, pudo ser comprensible para todos e imitable en cien lugares a la vez.

Como parecía orientarse a la regeneración del género humano, más aún que a la reforma de Francia, provocó una pasión que nunca antes habían podido producir las más violentas revoluciones políticas. Inspiró el proselitismo y engendró la propaganda. En fin, por ello llegó a cobrar ese aspecto de revolución religiosa que tanto aterró a sus contemporáneos; o más bien ella misma se convirtió en una especie de nueva religión, religión imperfecta con toda certeza, sin Dios, sin culto ni vida eterna, pero que, sin embargo, como el islamismo, inundó la Tierra con sus soldados, sus apóstoles y sus mártires.

Por otra parte, no debe creerse que los procedimientos que empleó carecieran absolutamente de precedentes ni que todas las ideas que dio a conocer fuesen totalmente nuevas. En todos los siglos, e incluso en plena Edad Media, ha habido agitadores que, para cambiar costumbres determinadas, invocaron las leyes generales de las sociedades humanas y se propusieron oponer a la constitución de su país los derechos naturales de la humanidad. Pero todas esas tentativas fracasaron: la misma chispa que incendió a Europa en el siglo XVIII fue fácilmente extinguida en el XV. En efecto, para que esta suerte de argumentos produzcan revoluciones es necesario que ciertos cambios, ocurridos ya en las condiciones, en las costumbres y en las conductas, hayan preparado el espíritu humano para dejarse penetrar.

Hay épocas en que los hombres son tan distintos entre sí, que la idea de una misma ley aplicable a todos es para ellos incomprensible. Hay otras en que basta con mostrarles de lejos y confusamente la imagen de esa ley para que al punto la reconozcan y corran hacia ella.

Lo más extraordinario no es que la Revolución francesa haya recurrido a los procedimientos que le hemos visto emplear y concebido las ideas que produjo; la gran novedad consiste en que tantos pueblos hayan llegado al grado de que se pudieran emplear eficazmente estos procedimientos y de que fueran admitidas con facilidad aquellas máximas.

CAPÍTULO IV

Cómo casi toda Europa había tenido precisamente las mismas instituciones y cómo estas se hallaban en ruinas en todas partes

Los pueblos que derribaron el imperio romano y que acabaron por formar las naciones modernas diferían por la raza, el país y la lengua; solo se parecían por la barbarie. Establecidos en suelo del Imperio, durante mucho tiempo chocaron entre sí en medio de una inmensa confusión, y, cuando al fin lograron la estabilidad, se vieron separados unos de otros por las propias ruinas que habían creado. Estando la civilización casi extinta y el orden público destruido, las relaciones de los hombres entre sí fueron difíciles y peligrosas, y la gran sociedad europea se fraccionó en mil pequeñas sociedades distintas y enemigas, las cuales permanecían aisladas entre sí. No obstante, en medio de esa masa incoherente se vieron surgir de pronto leyes uniformes.

Aquellas instituciones no fueron en absoluto imitaciones de la legislación romana; se oponen tanto a ella que hubo que recurrir al derecho romano para transformarlas y abolirlas[1]. Su fisonomía es original y las distingue entre todas las leyes que los hombres se han dado. Se corresponden simétricamente entre sí, y todas juntas forman un compuesto de partes ligadas de manera tan estrecha como no lo están los artículos de nuestros códigos modernos; leyes sabias para uso de una sociedad semiprimitiva.

¿Cómo tal legislación pudo formarse, difundirse y en fin generalizarse en Europa? Mi propósito no reside en investigarlo. Lo cierto es que en la Edad Media la encontramos más o menos en toda Europa y que en muchos países impera con exclusión de todas las demás.

He tenido oportunidad de estudiar las instituciones políticas de la Edad Media en Francia, Inglaterra y Alemania; y a medida que avanzaba en mi labor, me llenaba de asombro al ver la prodigiosa similitud existente entre todas estas leyes, y me admiraba que pueblos tan diferentes y tan poco mezclados entre sí hubieran podido darse leyes tan semejantes. Esto no quiere decir que no varíen constantemente y casi al infinito en los detalles, según los lugares; sino que su fondo es el mismo en dondequiera. Cuando descubría en la vieja legislación germánica una institución política, una regla o un poder, de antemano sabía que si buscaba con atención encontraría algo muy semejante en cuanto a su sustancia tanto en Francia como en Inglaterra, y, en efecto, no dejaba de encontrarlo. Cada uno de estos tres pueblos me ayudaba a comprender mejor los dos restantes.

En los tres, el gobierno se ejerce con arreglo a las mismas máximas, las asambleas políticas formadas por los mismos elementos y dotadas de los mismos poderes. La sociedad se halla dividida en ellos de la misma manera y la misma jerarquía se manifiesta entre las diferentes clases; los nobles ocupan una posición idéntica; tienen los mismos privilegios, la misma fisonomía, la misma naturaleza: no son hombres distintos, propiamente son los mismos hombres dondequiera.

Las organizaciones de las ciudades son semejantes; los campos están gobernados de la misma manera. La condición de los campesinos difiere poco; la tierra pertenece, se ocupa y se cultiva en igual forma; el agricultor se halla sometido a las mismas cargas. Desde los confines de Polonia al mar de Irlanda todo se parece: el señorío, la corte del señor, el feudo, el censo, la rendición de servicios, los derechos feudales, las corporaciones. A veces, los nombres son los mismos, pero lo más sorprendente es que un solo espíritu anime a todas estas instituciones análogas. Creo permitido adelantar que en el siglo XIV las instituciones sociales, políticas, administrativas, judiciales, económicas y literarias de Europa guardaban entre sí mayor semejanza de la que tal vez tengan en nuestros días, cuando la civilización al parecer ha cuidado de allanar todos los caminos y de abatir todas las barreras.

No entra en mi propósito narrar cómo se había debilitado y deteriorado poco a poco aquella antigua organización de Europa[2]; solo me limito a mostrar que en el siglo XVIII en dondequiera se encontraba medio en ruinas. En general, el deterioro era menos manifiesto al oriente del continente y más marcado en el occidente; pero en todas partes se apreciaban la vetustez y con frecuencia la decrepitud.

Esta gradual decadencia de las instituciones propias de la Edad Media se puede estudiar en sus archivos. Sabido es que cada señorío poseía registros llamados becerros, en los cuales, de siglo en siglo, se indicaban los límites de los feudos y de los censos, las cuentas vencidas, la prestación de servicios y los usos locales. He visto becerros del siglo XIV que son obras maestras en cuanto a método, claridad, nitidez e inteligencia. Resultan oscuros, indigestos, incompletos y confusos a medida que son más recientes, pese al progreso general de las luces. Parecería que la sociedad política cayera en la barbarie al mismo tiempo que la sociedad civil acaba por ilustrarse.

En la propia Alemania, donde la vieja constitución de Europa había conservado mejor que en Francia sus rasgos primitivos, una parte de las instituciones que ella había creado estaba ya destruida por doquiera. Pero los estragos del tiempo se aprecian mejor considerando el estado en que se encuentra lo que queda que viendo lo que falta.

Las instituciones municipales, que en los siglos XIII y XIV[3] habían hecho de las principales ciudades alemanas pequeñas repúblicas ricas e ilustradas, aún subsisten en el XVIII; pero tan solo ofrecen vanas apariencias. Sus prescripciones siguen vigentes; los magistrados que establecieron llevan igual nombre y parecen desempeñar las mismas funciones; pero la actividad, la energía, el patriotismo comunal, las virtudes viriles y fecundas que inspiraron han desaparecido. Al parecer, estas antiguas instituciones se derrumbaron sobre sí mismas sin sufrir deformación alguna.

Todos los poderes de la Edad Media que subsisten padecen la misma enfermedad, todos presentan el mismo deterioro y decaimiento. Aún más, todo lo que sin pertenecer propiamente a la organización de la época se ve mezclado con ella y conserva su huella un tanto viva, pierde al punto su vitalidad. En ese contacto, la aristocracia contrae su debilidad senil; la propia libertad política, que llenó con sus obras toda la Edad Media, parece sufrir de esterilidad en dondequiera que conserva las características particulares que le imprimió la Edad Media. Allí donde conservaron, sin cambiar en absoluto, su antigua organización, las asambleas provinciales frenan el progreso de la civilización en vez de propiciarlo; se diría que son ajenas e impenetrables al nuevo espíritu de los tiempos. Se les escapa así el corazón del pueblo y se orienta hacia los príncipes. La antigüedad de estas instituciones no las ha hecho venerables; por el contrario, con su cotidiano envejecimiento caen en descrédito y, cosa extraña, inspiran más odio en la medida en que, al acentuarse su decadencia, parecen con menor posibilidad de causar daño.

El estado de cosas existente —dice un escritor alemán, contemporáneo y partidario de ese Antiguo Régimen—, en general parece resultar ofensivo para todos y a veces despreciable. Resulta curioso ver que en la actualidad se considera desfavorablemente todo lo viejo. Las nuevas impresiones se abren paso incluso en el seno familiar y alteran el orden. Hasta nuestras amas de casa procuran deshacerse de sus viejos muebles.

Sin embargo, por aquella misma época la sociedad se encontraba en gran actividad y disfrutaba de prosperidad siempre creciente, tanto en Alemania como en Francia. Pero mucha atención, este rasgo completa el cuadro: todo lo que vive, lo que actúa y que produce es de origen reciente, y no solo reciente, sino contrario.

La realeza ya no tiene nada en común con aquella de la Edad Media; posee otras prerrogativas, ocupa otro lugar, tiene otro espíritu e inspira otros sentimientos; la administración del Estado se extiende por todas partes sobre los escombros de los poderes locales; la jerarquía de los funcionarios remplaza cada vez más al gobierno de los nobles. Todos estos nuevos poderes actúan de acuerdo con procedimientos y acatan máximas que los hombres de la Edad Media desconocieron o reprobaron y que se vinculan, en efecto, a un estado de la sociedad del que no tenían ni la menor idea.

En Inglaterra, donde a primera vista diríamos que sigue vigente la antigua organización europea, también ocurre lo mismo. Si se trata de olvidar los viejos nombres y de arrumbar las viejas formas, encontraremos desde el siglo XVII abolido, en esencia, el sistema feudal, las clases que se mezclan, una nobleza sin relieve, una aristocracia abierta, la riqueza constituida en poder, la igualdad ante la ley, la semejanza en las cargas, la libertad de prensa, la publicidad de los debates; principios todos ellos nuevos que a la sociedad de la Edad Media les eran desconocidos. Ahora bien, son precisamente estas cosas nuevas que, introducidas poco a poco y con arte en ese cuerpo viejo, lo han reanimado, sin riesgo de anularlo, y lo han llenado de renovado vigor bajo formas antiguas. La Inglaterra del siglo XVII es ya una nación enteramente moderna, que solo ha preservado en su seno, como embalsamados, algunos vestigios de la Edad Media.

Era necesario echar esta rápida ojeada fuera de Francia para facilitar la comprensión de lo que habrá de seguir, pues me atrevo a afirmar que quien no haya estudiado ni visto más que a Francia nunca comprenderá nada de la Revolución francesa.

CAPÍTULO V

Cuál ha sido la auténtica obra de la Revolución francesa

Todo lo anterior no ha tenido otro objeto que aclarar el asunto y facilitar la respuesta a esta pregunta que formulé al principio: ¿Cuál ha sido el verdadero objeto de la Revolución? ¿Cuál es, en fin, su auténtico carácter? ¿Precisamente por qué se realizó? ¿Qué ha realizado?

La Revolución no se efectuó de ningún modo, como se ha creído, para destruir el imperio de las creencias religiosas; a pesar de las apariencias, ha sido en esencia una revolución social y política; y en el círculo de las instituciones de esta especie no tendió en modo alguno a perpetuar el desorden, a estabilizarlo en cierto modo, a metodizar la anarquía, como decía uno de sus principales adversarios, sino más bien a acrecentar el poder y los derechos de la autoridad pública. No pretendía cambiar el carácter que nuestra civilización había tenido hasta entonces, como han pensado otros; ni detener su progreso, ni tampoco alterar en su esencia ninguna de las leyes fundamentales sobre las cuales se apoyan las sociedades humanas en nuestro occidente. Si se la separa de todos los accidentes que momentáneamente cambiaron su fisonomía en distintas épocas y en diversos países, para no considerarla sino en sí misma, vemos a las claras que esta Revolución no tuvo más efecto que abolir aquellas instituciones políticas que, durante varios siglos, habían reinado sin discusión en la mayor parte de los pueblos europeos, y a las cuales se designa comúnmente con el nombre de las instituciones feudales, para sustituirlas por un orden social y político más uniforme y más simple, basado en la igualdad de condiciones.

Ello resultaba suficiente para hacer una revolución inmensa, pues independientemente de que las instituciones antiguas aún estuvieran mezcladas y en cierto modo entrelazadas con casi todas las leyes religiosas y políticas de Europa, también habían sugerido un sinfín de ideas, de sentimientos, de hábitos y de costumbres ligados a ellas. Fue necesaria una terrible convulsión para destruir y extraer de una vez del cuerpo social una parte adherida así a todos sus órganos. Esto hizo que la Revolución aparentara ser todavía más grande de lo que era; parecía destruirlo todo, pues lo que destruía interesaba a todo y, en cierto modo, se incorporaba a todo.

Sin embargo, por radical que haya sido la Revolución, innovó mucho menos de lo que en general se supone, como habré de demostrar ulteriormente. Lo que en realidad se puede decir de ella es que destruyó por entero o está destruyendo (pues aún subsiste) todo lo que, en la antigua sociedad, derivaba de las instituciones aristocráticas y feudales; todo lo que se vinculaba a ellas de la manera que fuese, y todo lo que, al grado que fuere, mostrara la menor huella suya. Del mundo antiguo solo conservó lo que siempre había sido ajeno a aquellas instituciones o que podía existir sin ellas. La Revolución fue cualquier otra cosa menos un acontecimiento fortuito. Cierto es que tomó al mundo desprevenido, y sin embargo solo fue el complemento de un trabajo más prolongado, la terminación repentina y violenta de una obra a la que se habían dedicado diez generaciones de hombres. De no haberse producido, igual se habría derrumbado por doquiera el viejo edificio social, aquí más pronto, allá más tarde; solo que habría ido cayendo paulatinamente, en vez de derrumbarse de pronto. Mediante un esfuerzo convulsivo y doloroso, sin transición, sin precaución y sin miramientos, la Revolución concluyó de manera repentina lo que a la larga habría acabado de por sí poco a poco. Esa fue su obra.

Resulta sorprendente que lo que hoy parece tan fácil de discernir permaneciera tan confuso y tan velado a ojos de los más clarividentes.

Querían corregir los abusos de vuestro gobierno —dice el propio Burke a los franceses—, mas ¿por qué partir de cero? ¿Por qué no os apegasteis a vuestras antiguas tradiciones? ¿Por qué no os limitasteis a recuperar vuestras antiguas franquicias? O bien, si os era imposible recobrar la fisonomía desvanecida de la organización de vuestros antepasados, ¿por qué no volveros hacia nosotros? Aquí habríais encontrado la antigua ley común de Europa.

Burke no percibe lo que está ante sus ojos: la Revolución debe abolir precisamente esa antigua ley común de Europa; Burke no distingue que, en realidad, precisamente se trata de eso y de ninguna otra cosa.

Pero ¿por qué esta revolución estalló en Francia y no en algún otro país, si se incubaba dondequiera y amenazaba en todas partes? ¿Por qué tuvo entre nosotros ciertas características que no se han vuelto a encontrar en ningún otro sitio o que solo han resurgido a medias? Sin lugar a dudas vale la pena plantearse esta segunda pregunta; su examen será objeto de los libros siguientes.

Libro Segundo

CAPÍTULO I

Por qué los derechos feudales resultaron más odiosos al pueblo de Francia que al de cualquier otra nación

Una cosa sorprende a primera vista: la revolución, cuyo objeto propio consistía en abolir en todas partes los remanentes de las instituciones medievales, no estalló en los países en donde estas, mejor conservadas, hacían sentir al pueblo con más fuerza y molestia su rigor, sino por el contrario en aquellos en que eran menos rigurosas, de tal suerte que su yugo parecía más insoportable donde en realidad era menos pesado.

A fines del siglo XVIII, casi en ningún lugar de Alemania se había abolido por completo la servidumbre, y en la mayor parte de su territorio el pueblo permanecía positivamente sujeto a la gleba, como en la Edad Media. Casi todos los soldados que componían los ejércitos de Federico II y de María Teresa fueron verdaderos siervos.

En 1788, en la mayor parte de los estados alemanes, el campesino no puede abandonar el señorío, y de hacerlo, se le puede perseguir doquiera se encuentre para reintegrarlo a él por la fuerza. En él se halla sometido a la justicia señorial, que controla su vida privada y castiga su intemperancia y su pereza. El campesino no puede ascender de su posición, ni cambiar de oficio, como tampoco casarse sin la complacencia del señor. Debe consagrar gran parte de su tiempo al servicio de este. Como doméstico de la casa principal transcurrirán varios años de su juventud. La carga señorial existe en toda su plenitud, y en ciertas partes puede comprender incluso tres días por semana. El campesino reconstruye y da mantenimiento a las edificaciones del señor, transporta sus productos al mercado, los conduce él mismo, y se encarga de llevar sus mensajes. Sin embargo, el siervo puede ser propietario de bienes raíces, aunque su propiedad siempre continúe siendo muy imperfecta. Está obligado a cultivar su campo de cierta manera, bajo la vigilancia del señor; no puede ni enajenarlo ni hipotecarlo a voluntad. En ciertos casos, se le obliga a vender los productos; en otros, se le impide venderlos; para él, el cultivo es obligatorio siempre. Ni siquiera su herencia pasa por entero a sus hijos: en general, una parte es retenida por el señorío.

No he buscado estas disposiciones en leyes arcaicas; las he hallado hasta en el código preparado por el gran Federico y promulgado por su sucesor[1], en el momento mismo en que acababa de estallar la Revolución francesa.

Nada semejante existía en Francia desde hacía mucho tiempo: el campesino iba, venía, compraba, vendía, trataba, trabajaba a su arbitrio. Los últimos vestigios de servidumbre no se podían ver sino en una o dos provincias del Este, en regiones conquistadas; en todas las demás había desaparecido y su abolición incluso se remontaba a una época tan lejana que se había olvidado la fecha. Sabias investigaciones, realizadas en nuestros días, han demostrado que desde el siglo XIII desaparece en Normandía.

Pero en la condición del pueblo francés también se había producido otra revolución enteramente distinta: el campesino no solo había dejado de ser siervo, sino que se había convertido en propietario de bienes territoriales. Aún hoy, este hecho está tan mal establecido y, como hemos de ver, ha tenido tantas consecuencias que pido que se me permita detenerme un momento aquí para considerarlo.

Durante mucho tiempo se ha creído que la división de la propiedad territorial databa de la Revolución y que solo se había producido gracias a ella; lo contrario lo demuestra toda clase de testimonios.

Por lo menos 20 años antes de la Revolución, encontramos sociedades agrícolas que ya deploran que el suelo se fraccione con exceso. “La división de heredades es tal —dice Turgot por esa época— que la que bastaba para una sola familia se reparte entre cinco o seis hijos. En lo sucesivo, esos hijos y sus familias ya no pueden seguir subsistiendo únicamente de la tierra”. Algunos años después, Necker dijo que en Francia existía una inmensidad de pequeñas propiedades rurales.

En un informe secreto presentado a un intendente pocos años antes de la Revolución, encuentro lo que sigue: “Las sucesiones se subdividen de manera igual e inquietante, y como cada uno quiere tener de todo y por doquier, las parcelas se encuentran divididas al infinito y se siguen dividiendo continuamente”. ¿No cabría pensar que ello hubiera sido escrito en nuestros días?

Yo mismo he tenido dificultades infinitas para reconstruir hasta cierto punto el catastro del Antiguo Régimen, aunque en ocasiones lo he logrado. Según la ley de 1790, que establece el impuesto territorial, cada parroquia tenía que confeccionar una relación de las propiedades existentes entonces en su territorio. Estas relaciones desaparecieron en su mayoría; sin embargo, las he encontrado en algunos pueblos, y al compararlas con las listas de nuestros días he visto que en dichos pueblos el número de propietarios de bienes raíces representaba la mitad y con frecuencia las dos terceras partes del número actual; hecho digno de mención si se piensa que la población total de Francia ha aumentado desde entonces en más de una cuarta parte.

Como en nuestros días, en aquella época ya era extremo el amor del campesino por la propiedad territorial, y ya están presentes en él todas las pasiones que nacen de la posesión del suelo.

Las tierras se venden siempre por encima de su valor —dice un excelente observador contemporáneo—; esto obedece a la pasión que todos los habitantes sienten por convertirse en propietarios. Todos los ahorros de las clases bajas, que en otras partes se colocan en préstamos particulares y en fondos públicos, se destinan en Francia a la adquisición de tierras.

Entre todas las cosas nuevas que percibe Arthur Young entre nosotros, cuando nos visitó por primera vez, nada le sorprende más que la gran división del suelo entre los campesinos; afirma que la mitad del suelo de Francia les pertenece en propiedad. “Yo no tenía idea —dice varias veces— de tal estado de cosas”; y en efecto, tal situación no se encuentra en ninguna otra parte que no fuera Francia o entre sus más cercanos vecinos.

En Inglaterra había habido campesinos propietarios, pero en esos tiempos su número era ya mucho menor. En Alemania siempre y por doquier se había visto cierto número de campesinos libres, dueños de parcelas en plena propiedad. Leyes particulares, y a menudo caprichosas, que regían la propiedad del campesino, se encuentran en las costumbres germánicas más antiguas; pero ese tipo de propiedad fue siempre un hecho excepcional, y el número de estos pequeños propietarios sumamente reducido.

Las comarcas alemanas en donde, a fines del siglo XVIII, el campesino era propietario y casi tan libre como en Francia, se sitúan mayormente a lo largo del Rin; también fue ahí donde las pasiones revolucionarias francesas se propagaron antes y fueron más vivas. En cambio, las partes de Alemania que por más tiempo permanecieron impenetrables a estas pasiones fueron aquellas donde no se veía nada por el estilo. Observación digna de destacar.

Por consiguiente, es un error común creer que en Francia la división de la propiedad territorial data de la Revolución; se trata de un hecho muy anterior. Cierto es que la Revolución vendió todas las tierras del clero y una buena parte de las de la nobleza; pero, si se tiene a bien consultar los propios expedientes de esas ventas, como en ocasiones tuve la paciencia de hacerlo, se verá que la mayor parte de esas tierras fue adquirida por gente que ya poseía otras; de suerte que si bien la propiedad cambió de manos, el número de propietarios creció mucho menos de lo que imaginamos. De acuerdo con la expresión rebuscada, pero correcta, de Necker, en Francia constituían ya una inmensidad.

La consecuencia de la Revolución no consistió en dividir el suelo, sino en liberarlo por un momento. En efecto, todos aquellos pequeños propietarios pasaban muchos apuros en la explotación de sus tierras y soportaban múltiples servidumbres de las que no les estaba permitido librarse.

Qué duda cabe de que tales cargas resultaban pesadas; pero lo que las hacía percibir como insoportables era precisamente la circunstancia que, al parecer, habría tenido que aligerarles su peso: más que en ninguna otra parte de Europa, estos mismos campesinos se habían sustraído al gobierno de sus señores, lo cual constituía otra revolución no menos grande que la que los había hecho propietarios.

Aunque el Antiguo Régimen aún esté próximo a nosotros, puesto que diariamente encontramos hombres nacidos bajo sus leyes, parece ya perdido en la noche de los tiempos. La revolución radical que nos separa de él ha producido el efecto de los siglos: oscureció todo lo que no destruía. Por tanto, hay poca gente que en la actualidad pueda responder exactamente a esta simple pregunta: ¿Cómo se administraba el campo antes de 1789? Y, en efecto, no podríamos responder con precisión y en detalle sin antes haber estudiado no ya los libros, sino los archivos administrativos de ese entonces.

Con frecuencia he oído decir: la nobleza, que desde mucho tiempo atrás había dejado de participar en el gobierno del Estado, mantuvo hasta el final la administración del campo y que el señor gobernaba a los campesinos. Lo cual tiene todas las trazas de un error.

En el siglo XVIII, todos los asuntos de la parroquia estaban manejados por cierto número de funcionarios que ya no eran agentes del señorío y a los cuales ya no escogía el señor; unos eran nombrados por el intendente de la provincia, otros elegidos por los mismos campesinos. Correspondía a estas autoridades repartir el impuesto, reparar las iglesias, edificar escuelas, reunir y presidir la asamblea de la parroquia. Velaban por el bien comunal y reglamentaban su uso, entablaban y mantenían procesos en nombre de la comunidad. El señor no solo no dirigía ya la administración de todos estos pequeños asuntos locales, sino que tampoco la supervisaba. Todos los funcionarios de la parroquia se encontraban bajo el gobierno o la dirección del poder central, como lo mostraremos en el capítulo siguiente. Aún más, ya casi no se ve al señor actuar en la parroquia como representante del rey, como intermediario entre este y los habitantes. Ya no es el encargado de aplicar en ella las leyes generales del Estado, de formar las milicias, de recaudar los impuestos, de publicar los mandatos del príncipe ni de distribuir los socorros. Todos estos deberes y derechos les corresponden a otros. En realidad, el señor ya no es sino un habitante al que inmunidades y privilegios separan y aíslan de todos los demás; su condición es diferente, pero no así su poder. El señor no es sino el vecino principal, tienen cuidado de decir los intendentes en sus cartas a sus subdelegados.

Si salís de la parroquia y consideráis el cantón, veréis el mismo espectáculo. En ninguna parte los nobles administran lo general ni tampoco lo individual, como era característico de Francia. En todos los demás países se había conservado en parte el rasgo distintivo de la vieja sociedad feudal: aún permanecían entremezclados la tenencia de la tierra y el gobierno de los habitantes.

Inglaterra estaba administrada y gobernada por los principales propietarios del suelo. En las mismas regiones de Alemania en donde los príncipes habían logrado sustraerse a la tutela de los nobles en asuntos generales del Estado, como en Prusia y Austria, les habían dejado en gran parte la administración de los campos, y aunque en ciertos casos supervisaban al señor, en ninguna parte los habían suplantado todavía.

A decir verdad, hacía mucho tiempo que los nobles franceses solo se encargaban de la administración pública en un aspecto: la justicia. Los principales entre ellos habían conservado el derecho de nombrar los jueces que fallaban en algunos juicios en nombre suyo, y que de vez en cuando hacían los reglamentos de policía dentro de los límites del señorío; pero el auténtico poder se había ido reduciendo, limitando y subordinando paulatinamente a la justicia señorial, al grado de que los señores que aún la ejercían la consideraban más bien como una renta que como un poder.

Lo mismo ocurría con todos los derechos particulares de la nobleza. Había desaparecido la parte política y solo quedaba la porción pecuniaria, que a veces había aumentado de manera considerable.

No quiero referirme en este momento sino a esa porción de los privilegios útiles que se designaban con el nombre por excelencia de derechos feudales, por ser estos en particular los que afectaban al pueblo.

Es difícil decir actualmente en qué consistían esos derechos en 1789, pues su número había sido enorme y su diversidad prodigiosa, a más de que entre ellos varios ya habían desaparecido o se habían transformado, de tal suerte que el sentido de las palabras con que eran designados, confuso en sí para sus contemporáneos, para nosotros resulta oscuro en muy alto grado. Sin embargo, cuando se consultan los libros de los feudistas del siglo XVIII y se investigan con atención los usos locales, nos damos cuenta de que todos los derechos que aún existían se pueden reducir a un pequeño número de tipos principales; cierto es que todos los demás subsisten, pero ya no son sino casos aislados.

Los vestigios de la prestación personal se han semidesvanecido casi en todas partes. La mayor parte de los derechos de peaje en los caminos se han moderado o destruido; no obstante, son pocas las provincias en donde todavía no se encuentren algunos. Sin excepción, los señores cobran en ellas derechos por ferias y mercados. Sabido es que en toda Francia los nobles gozaban del derecho exclusivo de caza. En general, solo ellos poseen palomares y palomas; casi en todas partes obligan al campesino a moler en su molino y a vendimiar en su lagar. Un derecho universal sumamente oneroso es el del laudemio; se trata de un impuesto que se paga al señor cada vez que se venden o compran tierras dentro de los límites del señorío. En fin, por toda la superficie de la nación la tierra soporta cargas de censo, de rentas del suelo y de cánones en dinero o en especie que el propietario ha de pagar al señor, y de los cuales no puede eximirse. Entre tanta diversidad se presenta un rasgo común: todos estos derechos están más o menos vinculados al suelo o a sus productos; todos afectan a quien lo cultiva.

Sabemos que los señores eclesiásticos gozaban de los mismos privilegios, pues la Iglesia, que tenía un origen, destino y naturaleza distintos de los del feudalismo, a pesar de todo había terminado por mezclarse íntimamente con este, y aunque nunca se incorporó por completo a esta sustancia extraña, la había penetrado de manera tan profunda que permanecía como incrustada en ella.

Obispos, canónigos y abades poseían entonces feudos o censos en virtud de sus funciones eclesiásticas; por lo general, el convento tenía el señorío de la población en cuyo territorio se hallaba situado. Contaba con siervos en la única parte de Francia en donde todavía existían; empleaba la prestación personal, cobraba derechos por ferias y mercados, tenía su horno, su molino, su lagar y su toro semental. Además, el clero gozaba en Francia, como en todo el mundo cristiano, del derecho al diezmo.

Pero lo que me importa es señalar que en ese entonces en toda Europa existían los mismos derechos feudales, precisamente los mismos, y que en la mayor parte de las regiones del continente eran mucho más onerosos. Baste con citar la prestación personal al señor. En Francia resultaba rara y suave; en Alemania permanecía siendo universal y dura.

Aún más, varios de los derechos de origen feudal que más sublevaron a nuestros padres, que ellos consideraban no solo contrarios a la justicia, sino también a la civilización, como el diezmo, las inalienables rentas de bienes raíces, los perpetuos cánones, los laudemios, lo que en el lenguaje algo enfático del siglo XVIII llamaban servidumbre de la tierra, todas estas cosas existían parcialmente, por aquel entonces, entre los ingleses; varias incluso subsisten en la actualidad. Pero no obstante no impiden a la agricultura inglesa ser la más perfeccionada y rica del mundo, aunque el pueblo inglés apenas se dé cuenta de la existencia de tales cargas.

¿Por qué, entonces, los mismos derechos feudales despertaron en el corazón del pueblo francés un odio tan grande que sobrevivió a su propio objeto y por ello se antoja inextinguible? Por una parte, la causa de este fenómeno es que el campesino francés se había constituido en propietario territorial, y por otra, que se libró por completo del gobierno de su señor. Sin duda existen muchas otras causas, pero creo que estas son las principales.

Si el campesino no hubiera poseído el suelo, habría permanecido insensible a varias de las cargas que el sistema feudal hacía pesar sobre la propiedad de la tierra. ¿Qué le importa el diezmo a quien no es sino arrendatario? Lo descuenta del producto del arrendamiento. ¿Qué le importa la renta de la tierra a quien no es propietario del fundo? ¿Qué le importan incluso las penurias de la explotación a quien explota en beneficio de otro?

Por otra parte, si el campesino francés aún hubiera estado bajo la administración de su señor, los derechos feudales le habrían parecido mucho menos insoportables, porque en ello solo habría visto una consecuencia natural de la organización del país.

Cuando la nobleza posee no solo privilegios, sino también poderes, cuando gobierna y administra, sus derechos particulares pueden ser al mismo tiempo mayores y menos perceptibles. En los tiempos feudales se consideraba a la nobleza más o menos como ahora lo es el gobierno: se soportaban las cargas que imponía a cambio de las garantías que brindaba. Los nobles tenían privilegios mortificantes, y poseían derechos onerosos, pero aseguraban el orden público, impartían justicia, hacían cumplir la ley, acudían en auxilio del débil, se encargaban de los asuntos comunes. A medida que la nobleza deja de efectuar estas cosas, el peso de sus privilegios parece mayor y su propia existencia acaba por resultar incomprensible.

Los invito a que os imaginéis al campesino francés del siglo XVIII, o mejor al que conocéis, pues no deja de ser el mismo: ha cambiado su condición, pero no su humor. Vedlo tal y como lo pintan los documentos que he citado, enamorado tan apasionadamente de la tierra que consagra todos sus ahorros para adquirirla y la compra al precio que sea. Para poseerla debe en primer lugar pagar un derecho, no al gobierno, sino a otros propietarios vecinos, tan ajenos como él mismo a la administración de los asuntos públicos y casi así de impotentes. Al fin la posee; en ella entierra el corazón y la simiente. Ese rinconcito de tierra que le pertenece en propiedad en medio de ese vasto universo lo llena de orgullo y de independencia. Sin embargo, llegan los mismos vecinos a arrancarlo de su campo y lo obligan a ir a trabajar en otra parte y sin salario. Si quiere defender sus sembradíos contra los perjuicios de la caza de aquellos, también se lo impiden; estos mismos lo aguardan al otro lado del río para demandarle el derecho de peaje. Los vuelve a encontrar en el mercado, donde le venden el derecho a vender sus propios productos; y cuando de vuelta a casa quiere emplear para su uso el resto del trigo, de aquel trigo que creció ante sus ojos y entre sus manos, no puede hacerlo sin antes enviarlo a moler en el molino y a cocer en el horno de esos mismos hombres. Una parte del ingreso de su pequeña propiedad se destina a producir rentas que son imprescriptibles e irredimibles.

Haga lo que haga, en dondequiera encuentra en su camino a estos incómodos vecinos, para turbarle su placer, para estorbar su trabajo, para comer sus productos; y cuando ha terminado con ellos, otros, vestidos de negro, se presentan y le quitan lo mejor de su cosecha. Figuraos la condición, las necesidades, el carácter, las pasiones de este hombre y calculad, si os es posible, cuánto odio y envidia no habrá amasado en su corazón.

El feudalismo permaneció como la más grande de todas nuestras instituciones civiles al dejar de ser una institución política. Reducido de ese modo, despertaba aún más odios, y con razón podemos decir que al destruir una parte de las instituciones de la Edad Media se hizo cien veces más odioso lo que quedaba de ellas.

CAPÍTULO II

Que la centralización administrativa es una institución del Antiguo Régimen, y no obra de la Revolución ni del Imperio, según se dice

Hace tiempo, cuando teníamos asambleas políticas en Francia, oí a un orador que, hablando de la centralización administrativa, la llamaba: “Esta hermosa conquista de la Revolución, que Europa nos envidia”. Estoy de acuerdo en que la centralización es una hermosa conquista, convengo en que Europa nos la envidie, pero sostengo que no es ninguna conquista de la Revolución. Por el contrario, es producto del Antiguo Régimen y me atrevería a agregar que es la única parte de la constitución política del Antiguo Régimen que ha sobrevivido a la Revolución, porque fue la única que pudo acomodarse al nuevo estado social que creó esta revolución. El lector que tenga la paciencia de leer con atención este capítulo tal vez considere que he probado con creces mi tesis.

En primer lugar, ruego que se me permita dejar de lado lo que se conocía como países de estado; es decir, las provincias que se administraban, o más bien, que aún parecían en parte administrarse a sí mismas.

Situados en los confines del reino, los países de estado apenas tenían la cuarta parte de la población total de Francia, y entre ellos solo había dos en que la libertad provincial se mantenía viva. Luego volveré sobre los países de estado para demostrar hasta qué grado el poder central los tenía sometidos asimismo a las reglas comunes[2].

En este punto, quiero dedicarme principalmente a lo que en el lenguaje administrativo de la época se denominaba los países de elección, aunque en ellos hubiera menos elecciones que en ninguna otra parte. Estos países envolvían a París por todas partes; se mantenían juntos y formaban el corazón y la mejor parte del cuerpo de Francia.

Cuando se echa una primera mirada a la antigua organización del reino, al principio todo en ella parece diversidad de reglas y de autoridad, así como embrollo de poderes. Francia está cubierta de cuerpos administrativos o de funcionarios aislados que no dependen unos de otros y que participan en el gobierno en virtud de un derecho que compraron y que no se les puede quitar. Con frecuencia, sus atribuciones se entremezclan tanto y están tan próximas que se apiñan y entrechocan en el círculo de los mismos asuntos.

Los tribunales de justicia participan de manera indirecta en el poder legislativo y tienen derecho de confeccionar los reglamentos administrativos con carácter obligatorio dentro de los límites de su competencia. En ocasiones se enfrentan a la administración propiamente dicha, reprueban ruidosamente sus medidas y enjuician a sus agentes. Simples jueces publican las ordenanzas de policía en las ciudades y en las poblaciones de su residencia.

Las ciudades tienen organizaciones muy diversas. Sus magistrados llevan nombres diferentes o toman sus poderes de distintas fuentes: aquí de un alcalde, allá de los cónsules, acullá de los síndicos. Algunos son nombrados por el rey, otros por el antiguo señor o por el príncipe heredero; los hay que son elegidos por un año por sus conciudadanos, mientras que otros han comprado el derecho de gobernarlos a perpetuidad.

Son vestigios de los antiguos poderes; pero entre ellos se ha establecido algo relativamente nuevo o transformado que me resta por describir.

Al centro del reino y cerca del trono se ha formado un cuerpo administrativo con poder singular, en el cual se agrupan todos los poderes de una nueva manera: es el consejo del rey.

Su origen es antiguo, pero la mayor parte de sus funciones son de fecha reciente. Este cuerpo es al mismo tiempo suprema corte de justicia, pues tiene el derecho de anular las sentencias de todos los tribunales ordinarios, y tribunal superior administrativo, pues de él derivan en última instancia todas las jurisdicciones especiales. Como consejo de gobierno, también ejerce, con consentimiento del rey, el poder lesgislativo, discute y propone la mayor parte de las leyes y fija y reparte los impuestos. En tanto que consejo superior de administración, le corresponde establecer las leyes generales que deben administrar los agentes gubernamentales. Él mismo decide sobre todos los asuntos importantes y supervisa los poderes secundarios. Todo viene a confluir en él, y de él parte el movimiento que se comunica a todo. Sin embargo, carece de jurisdicción propia. Solo el rey decide, aun cuando parece que es el consejo quien se pronuncia. Si bien semeja administrar la justicia, solo está compuesto por simples dadores de consejos, como dice el parlamento en una de sus reconvenciones.

El consejo no está formado en absoluto por grandes señores, sino por personajes de mediocre o baja cuna, de antiguos intendentes y de otra gente avezada en la práctica de los asuntos, todos los cuales son revocables.

En general, actúa discretamente y sin ruido, mostrando siempre menos pretensiones que poder. De esa suerte, no posee de suyo ningún brillo o más bien se pierde en el resplandor del trono dada su cercanía con este, tan poderoso que interviene en todo, y al mismo tiempo tan oscuro que la historia apenas lo registra.

Igual que toda la administración del país, está dirigida por un cuerpo único; el manejo de casi todos los asuntos interiores está a cargo de un solo agente: el interventor general.

Si abrís un almanaque del Antiguo Régimen, encontraréis que cada provincia tenía su ministro particular; pero, cuando se estudia la administración en los expedientes, pronto nos damos cuenta de que el ministro de la provincia solo actúa en contadas ocasiones de poca importancia. La marcha ordinaria de los asuntos es dirigida por el interventor general, quien poco a poco ha atraído a su órbita todos aquellos asuntos que tienen que ver con cuestiones de dinero, es decir, casi toda la administración pública. Sucesivamente se le ve fungir como ministro de hacienda, ministro del interior, ministro de obras públicas o ministro de comercio.

Así como, en realidad, la administración central solo tiene un agente en París, asimismo solo cuenta con un agente para cada provincia. En el siglo XVIII encontramos todavía grandes señores que ostentan el título de gobernadores de provincia. Son los antiguos representantes, con frecuencia hereditarios, de la realeza feudal. Aún se les rinden honores, pero ya no tienen ningún poder. Realmente, el intendente es el único que lleva las riendas del gobierno.

Este es un hombre de origen humilde, siempre desconocido en la provincia, joven, que quiere labrarse una fortuna. No ejerce en absoluto sus poderes por derecho de elección, de nacimiento o de cargo comprado, sino que es elegido por el gobierno entre los miembros menores del consejo de Estado, y siempre es revocable. Separado de este cuerpo, lo representa, razón por la cual, en el lenguaje administrativo de la época, se le llama comisario delegado. En sus manos se acumulan casi todos los poderes que posee el propio consejo; los ejerce todos en primera instancia. Como este consejo, es al mismo tiempo administrador y juez. El intendente está en contacto con todos los ministros; en la provincia, es agente único de todas las voluntades del gobierno.

Por debajo suyo, y nombrado por él, está colocado en cada cantón un funcionario revocable a voluntad, el subdelegado. En general, el intendente es un noble de nuevo cuño, en tanto que el subdelegado es siempre un plebeyo. Sin embargo, representa a todo el gobierno en la pequeña circunscripción que le ha sido asignada, tanto como el intendente en toda su amplia jurisdicción. El subdelegado está sometido al intendente, al igual que este lo está con respecto al ministro.

El marqués de Argenson cuenta, en sus Memorias, que un día Law le dijo:

Jamás habría creído lo que vi cuando era inspector de Hacienda. Sabed que este reino de Francia está gobernado por treinta intendentes. No tenéis ni parlamento, ni estados ni tampoco gobernadores; de treinta relatores del consejo de Estado comisionados en las provincias dependen la desgracia o la felicidad de estas, su abundancia o su esterilidad.

Sin embargo, estos funcionarios tan poderosos habían sido eclipsados por los vestigios de la antigua aristocracia feudal y se encontraban como perdidos en medio del brillo que esta aún mantenía; a ello obedece que, incluso en su época, apenas se les advirtiera, aunque su mano se hiciera sentir ya por todas partes. En la sociedad, los nobles tenían sobre ellos la ventaja del rango, de la riqueza y de la consideración que va ligada siempre a las cosas antiguas. En el gobierno, la nobleza rodeaba al príncipe y formaba su corte; comandaba las flotas y dirigía los ejércitos; en pocas palabras, hacía lo que más atrae la mirada de los contemporáneos y capta con suma frecuencia la de la posteridad. Para un gran señor habría sido un insulto que se le propusiera como intendente; la mayoría de las veces, el más pobre gentilhombre por nacimiento habría desdeñado serlo. A sus ojos, los intendentes eran representantes de un poder intruso, hombres nuevos destinados para gobernar a burgueses y campesinos, o sea, gente de poca monta. Sin embargo, estos hombres gobernaban a Francia, como había dicho Law y como hemos de ver.

Empecemos, antes que nada, por el derecho de establecer impuestos, que en cierto modo comprende en sí a todos los demás.

Sabido es que una parte de los impuestos era concesionada; no obstante, era el consejo del rey el que trataba con las compañías financieras, fijaba las condiciones del contrato y regulaba la forma de su percepción. Todos los demás impuestos, como la talla, la capitación y la vicésima, eran establecidos y recaudados directamente por los agentes de la administración central o bajo su vigilancia omnipotente.

Por decisión secreta, el consejo fijaba cada año el monto de la talla y de sus múltiples accesorios, así como su reparto entre las provincias. La talla iba en aumento año tras año sin que nadie fuera advertido de antemano por el menor alboroto.

Siendo la talla un impuesto antiguo, su fijación y recaudación se habían confiado desde hacía muchísimo tiempo a agentes locales, todos ellos más o menos independientes del gobierno, puesto que ejercían sus poderes por derecho de nacimiento o de elección, así como por la compra del cargo. Estos agentes eran el señor, el recaudador parroquial, los tesoreros de Francia y los elegidos. Estas autoridades todavía existían en el siglo XVIII; pero unas habían dejado de intervenir en absoluto en la talla, en tanto que las demás solo lo hacían de manera muy secundaria y totalmente subordinada. A este respecto, todo el poder se hallaba en manos del intendente y de sus agentes; en realidad, solo él repartía la talla entre las parroquias, dirigía y supervisaba a los recaudadores y concedía moratorias o exenciones.

Respecto a otros impuestos de fecha reciente, como la capitación, el gobierno no se veía obstaculizado por los vestigios de los antiguos poderes; actuaba solo, sin ninguna intervención de los gobernados. El interventor general, el intendente y el consejo fijaban el monto de cada aportación.

Pasemos ahora del dinero a las personas.

A veces nos asombra que los franceses hayan podido soportar tan pacientemente el yugo del servicio militar en los tiempos de la Revolución y después; pero no hay que perder de vista que se hallaban sometidos a ella desde mucho tiempo atrás. La conscripción había tenido como predecesora a la milicia, carga aún más pesada, aunque el número de los contingentes solicitados fuese menor. De vez en cuando se sorteaba a la juventud campesina o se sacaba de ella cierto número para incorporarlos como soldados, con los cuales se formaban los regimientos de la milicia, en los que prestaban seis años de servicios.

Como la milicia era una institución relativamente moderna, ninguno de los antiguos poderes feudales se ocupaba de ella; toda operación se confiaba exclusivamente a los agentes del gobierno central. El consejo determinaba el contingente general y la participación de la provincia. El intendente regulaba el número de hombres por enrolar en cada parroquia; su subdelegado presidía el sorteo, juzgaba los casos de exención, designaba a los milicianos que podían seguir residiendo en su hogar y a los que debían partir, a los que entregaba a la autoridad militar. Solo se podía apelar al intendente y al consejo.

También se puede decir que, salvo en los países de estado, todas las obras públicas, incluso las que tenían un carácter particular, eran únicamente decididas y dirigidas por los agentes del poder central.

Existían también otras autoridades locales e independientes que, como el señor, las oficinas de Hacienda y los grandes veedores de caminos, podían intervenir en esta parte de la administración pública. Casi en todas partes, estos antiguos poderes intervenían poco, si no es que ya no actuaban en absoluto: así lo demuestra el más superficial examen de los documentos administrativos de entonces. Todas las carreteras principales, e incluso los caminos que conducían de una ciudad a otra, se construían y recibían mantenimiento con el producto de las contribuciones generales. El consejo fijaba el plan y concedía la adjudicación. El intendente dirigía los trabajos de los ingenieros y el subdelegado designaba a los que, mediante su prestación personal, debían ejecutarlos. A los antiguos poderes locales solo se les dejaban los caminos vecinales, que a la sazón eran impracticables.

El principal agente del gobierno central en materia de obras públicas era, como en nuestros días, el cuerpo de puentes y caminos. A este respecto todo se asemeja de manera singular, pese a la diferencia de épocas. La administración de puentes y caminos cuenta con un consejo y una escuela: inspectores que recorren anualmente toda Francia; ingenieros que residen en los lugares y que, bajo las órdenes del intendente, se encargan de dirigir todos los trabajos. Las instituciones del Antiguo Régimen que, en número mucho mayor de lo que suponemos, pasaron a la nueva sociedad, por lo general perdieron sus nombres en ese paso, aun cuando conservaran sus formas; pero, cosa rara, esta, a la que nos referimos, conservó ambos.

Con ayuda de sus agentes, el gobierno central era el único encargado de mantener el orden público en las provincias. La gendarmería se distribuía por todo el reino en pequeñas brigadas, en todas partes bajo la dirección de los intendentes. Con ayuda de estas fuerzas, y de ser necesario con la del ejército, el intendente enfrentaba todos los peligros imprevistos, detenía a los vagabundos, reprimía la mendicidad y sofocaba los motines que se producían por doquiera por el precio de los cereales. Nunca ocurría, como antaño, que se llamara a los gobernados en ayuda del gobierno para esta parte de su labor, salvo en las ciudades, donde en general existía una guardia urbana cuyos soldados escogía el intendente, a más de designar a sus oficiales.

Los cuerpos de justicia habían conservado el derecho de confeccionar los reglamentos de policía y con frecuencia hacían uso de él; pero estos reglamentos solo eran aplicables en una parte del territorio, y la mayoría de las veces en un solo lugar. El consejo podía revocarlos, y los revocaba continuamente cuando se trataba de jurisdicciones inferiores. Por su parte, hacía diariamente reglamentos generales, aplicables por igual a todo el reino, fuese sobre materias distintas de las reglamentadas por los tribunales, fuese sobre las mismas materias que ellos reglamentaban de manera distinta. El número de estos reglamentos o disposiciones del consejo, como se les llamaba entonces, es inmenso y aumenta sin cesar a medida que se aproxima la Revolución. Casi no hay parte de la economía social o de la organización política que no haya sido modificada por resoluciones del consejo durante los 40 años que la preceden.

Si bien es cierto que en la antigua sociedad feudal el señor poseía grandes derechos, también lo es que soportaba grandes cargas. A él le correspondía socorrer a los indigentes dentro de sus dominios. En el código prusiano de 1795, encontramos un último vestigio de aquella vieja legislación europea, en el cual se dice: “El señor debe velar porque los campesinos pobres reciban educación. En lo posible, debe procurar medios de vida a aquellos de sus vasallos que no posean tierras. Si alguno de ellos cayera en la indigencia, está obligado a acudir en su auxilio”.

Ninguna ley semejante existía en Francia desde hacía mucho tiempo. Como se había despojado al señor de sus antiguos poderes, él se sustraía a sus antiguas obligaciones. Ninguna autoridad local, ningún consejo, ninguna asociación provincial o parroquial había ocupado su lugar. Nadie estaba ya obligado por ley a encargarse de los campesinos pobres; el gobierno central había acometido con decisión la empresa de atender por sí solo sus necesidades.

De la recaudación general de impuestos, el consejo asignaba, año tras año, ciertos fondos a cada provincia, que el intendente distribuía como socorro entre las parroquias. A él tenía que dirigirse el agricultor necesitado. En épocas de escasez, el intendente mandaba distribuir trigo o arroz al pueblo. Anualmente, el consejo daba a conocer disposiciones que ordenaban establecer, en ciertos lugares que él mismo se encargaba de determinar, talleres de caridad, donde los campesinos más pobres podían trabajar por un modesto salario. Es fácil suponer que una caridad dada de tan lejos, con frecuencia resultaba ciega o caprichosa, a más de ser siempre insuficiente.

El gobierno central no se limitaba a acudir en auxilio de los campesinos en sus miserias; pretendía enseñarles el arte de enriquecerse, ayudarles a lograrlo y obligarlos, de ser preciso. Con este fin, de vez en cuando ordenaba que sus intendentes y sus subdelegados distribuyeran breves escritos sobre el arte de la agricultura, fundaba sociedades agrícolas, prometía primas, y a un elevado costo mantenía semilleros, cuyos productos distribuía. Al parecer, habría sido más eficaz aligerar el peso y reducir la desigualdad de las cargas que en aquel entonces oprimían la agricultura; pero no se ve que el gobierno se preocupara de ello.

En ocasiones, el consejo intentaba obligar a los particulares a prosperar, tuvieran deseo o no. Son innumerables las resoluciones que obligan a los artesanos a utilizar ciertos métodos y a fabricar determinados productos; y como los intendentes no bastaban para vigilar la observancia de todas esas reglas, había inspectores generales de industria que recorrían las provincias para mirar que se cumplieran.

Había disposiciones del consejo que prohibían determinados cultivos en tierras que él mismo había declarado inapropiadas. El gobierno había dejado de desempeñar el papel de soberano por el de tutor, al punto de que encontramos otras disposiciones en las que ordena arrancar las viñas plantadas, según él, en terrenos malos.

CAPÍTULO III

Cómo lo que hoy se llama tutela administrativa es una institución del Antiguo Régimen

En francia, la libertad municipal sobrevivió al feudalismo. Cuando los señores no administraban ya los campos, las ciudades conservaban todavía el derecho de gobernarse. Hasta fines del siglo XVII se encuentran algunas que siguen formando especies de pequeñas repúblicas democráticas, donde los magistrados son elegidos libremente por todo el pueblo y responsables ante él; donde la vida municipal es pública y activa, y donde la ciudad todavía se muestra orgullosa de sus derechos y muy celosa de su independencia.

Las elecciones se abolieron por primera vez de manera general en 1692. Las funciones municipales se constituyeron entonces en cargos concesionados, es decir, que el rey vendía en cada ciudad, a algunos de sus habitantes, el derecho de gobernar a perpetuidad a todos los demás.

Esto equivalía a sacrificar, junto con la libertad de las ciudades, su bienestar; pues si la delegación de las funciones públicas en cargos concesionados ha tenido con frecuencia efectos útiles con respecto a los tribunales, ya que la condición fundamental de una buena justicia es la cabal independencia del juez, nunca ha dejado de ser funesta en cuanto se trataba de la administración propiamente dicha, donde sobre todo es necesario encontrar responsabilidad, subordinación y celo. El gobierno de la antigua monarquía no se equivocaba: tuvo buen cuidado de no usar para sí del régimen que imponía a las ciudades, y asimismo se guardó mucho de que las funciones de subdelegados e intendentes se convirtieran en cargos concesionados.

Pero lo que merece el mayor desprecio por parte de la historia es que esta gran revolución se realizó sin ninguna visión política. Luis XI había restringido las libertades municipales porque tenía miedo de su carácter democrático; Luis XIV las destruyó sin temerlas. Así lo demuestra el hecho de que las devolvió a todas las ciudades que se hallaban en condiciones de comprarlas. En realidad, más que abolirlas su interés fue el de traficar con ellas, y si en efecto las abolió fue, por así decirlo, sin pensarlo y por puras razones financieras; además, aunque cause extrañeza, el mismo juego se prolongó por 80 años. Durante este tiempo, siete veces se vende a las ciudades el derecho de elegir a sus magistrados, y cuando han saboreado de nuevo su dulzura, se les quita una vez más para volvérselos a vender. El motivo de la medida siempre es el mismo, como se acepta con frecuencia. “Las necesidades de nuestras finanzas —se dice en el preámbulo del edicto de 1722— nos obligan a buscar los medios más seguros de satisfacerlas”. El medio era seguro, pero ruinoso para quienes padecían este inaudito impuesto. “Me sorprenden las enormes sumas pagadas durante tanto tiempo para redimir los cargos municipales —escribe un intendente al interventor general en 1764—. El monto de estas sumas, empleado en obras útiles, habría redundado en beneficio de la ciudad, que, por el contrario, solo ha resentido el peso de la autoridad y de los privilegios de tales cargos”. En toda la fisonomía del Antiguo Régimen no percibo rasgo más ignominioso que este.

En la actualidad, sería difícil decir con precisión cómo se gobernaban las ciudades en el siglo XVIII, pues independientemente de que el origen de los poderes municipales cambia sin cesar, como acabamos de señalar, cada ciudad conserva aún ciertos jirones de su antigua organización y de sus costumbres. Tal vez no haya más de dos ciudades en Francia en que todo sea totalmente igual; pero se trata de una diversidad engañosa, que oculta la similitud.

En 1764, el gobierno se propuso crear una ley general para la administración de las ciudades. Así, ordenó que sus intendentes le enviaran informes sobre la manera en que se desarrollaban las cosas en cada una de ellas. Volví a encontrar parte de esa encuesta, y tras su lectura he acabado de convencerme de que los asuntos municipales se administraban más o menos de la misma manera en todas partes. Las diferencias solo son superficiales y aparentes, pero el fondo es el mismo en cualquier lugar.

Lo más común es que el gobierno de las ciudades se halle confiado a dos asambleas. Todas las grandes ciudades y la mayor parte de las pequeñas quedan comprendidas en este caso.

La primera de estas asambleas está compuesta por oficiales municipales, más o menos numerosos según los lugares. Ellos constituyen el poder ejecutivo de la comuna, la corporación municipal, como era conocida entonces. Sus miembros ejercen un poder temporal y son elegidos en cuanto el rey dispone la elección o cuando la ciudad ha logrado redimir los cargos. Desempeñan su cargo a perpetuidad por medio del pago de una suma en dinero, cuando el soberano ha restablecido los cargos y logrado venderlos, lo cual no siempre ocurre, pues esta clase de mercancía se envilece más y más a medida que la autoridad municipal se subordina al poder central. Estos oficiales municipales en ningún caso perciben salario, pero siempre gozan de privilegios y de exención de impuestos. Entre ellos no existe orden jerárquico alguno; la administración es colectiva. No hay magistrado alguno que la dirija en particular y que responda por ella. El alcalde es el presidente de la corporación municipal, no el administrador de la ciudad.

La segunda asamblea, a la que se denomina asamblea general, elige a la corporación municipal, allí donde la elección todavía está vigente, y en todas partes sigue participando en los asuntos principales.

En el siglo XV, la asamblea general con gran frecuencia la componía todo el pueblo; los informes de la encuesta señalan que este proceder iba de acuerdo con la índole popular de nuestros antepasados. Era el pueblo, en su totalidad, el que elegía entonces a sus oficiales municipales; era a él al que en ocasiones se le consultaba; era a él al cual se le rendían cuentas. A fines del siglo XVII, aún se encuentra esto a veces.

En el siglo XVIII ya no es el propio pueblo el que forma la asamblea general actuando como corporación. Esta es casi siempre representativa. Mas lo que debe considerarse es que en ninguna parte la elige ya la masa del pueblo ni recibe su espíritu. En todas partes está compuesta de notables, algunos de los cuales figuran en ella en virtud de un derecho que les es propio; los demás son comisionados por corporaciones o por compañías y cada uno cumple un mandato imperativo que le ha asignado esta pequeña sociedad particular.

A medida que el siglo avanza, el número de notables por derecho se multiplica en el seno de esta asamblea; los diputados de las corporaciones industriales son menos numerosos o cesan de figurar en ella. Solo se encuentran los de las corporaciones; es decir, la asamblea solo comprende burgueses y ya casi no acepta artesanos. El pueblo, que no se deja sorprender tan fácilmente como se cree por esas falsas apariencias de libertad, en tales partes deja entonces de interesarse en los asuntos de la comunidad y vive como un extraño dentro de sus propios muros. De vez en cuando, sus magistrados tratan inútilmente de despertar en él ese patriotismo municipal que obró tantas maravillas en la Edad Media; sin embargo, el pueblo permanece sordo. Ni los intereses más grandes de la ciudad parecen conmoverlo ya. Allí donde se consideró un deber conservar la vana imagen de una elección libre, se desearía que fuera a votar: el pueblo insiste en abstenerse. Históricamente, nada más común que este espectáculo. Casi todos los príncipes que destruyeron la libertad trataron en principio de guardar las apariencias: así ha ocurrido desde Augusto hasta nuestros días; de este modo se jactaban de aunar a la fuerza moral que siempre da el asentimiento público las comodidades que solo el poder absoluto puede ofrecer. Casi todos fracasaron en esta empresa y pronto descubrieron que era imposible mantener por mucho tiempo estas engañosas apariencias que no encerraban la menor señal de realidad.

De este modo, en el siglo XVIII el gobierno municipal de las ciudades había degenerado por doquier en una pequeña oligarquía. Unas cuantas familias dirigían todos los asuntos con miras particulares, lejos de la vista del pueblo, y sin ser responsables ante él: es una enfermedad que padece esta administración en toda Francia. Todos los intendentes la señalan; pero el único remedio que imaginan es someter cada vez más los poderes locales al gobierno central.

Sin embargo, era difícil mejorar lo hecho hasta entonces; independientemente de los edictos que de tiempo en tiempo modificaban la administración de todas las ciudades, las leyes particulares[3] a cada una de estas son continuamente desquiciadas por reglamentos del consejo no registrados, formulados a propuesta de los intendentes, sin averiguación previa y a veces sin que se enteren los propios habitantes de la localidad.

“Esta medida —dicen los habitantes de una ciudad que había sido afectada por una disposición de este género— ha sorprendido a todos los sectores de la ciudad, que no esperaban nada por el estilo”.

Las ciudades no pueden establecer una concesión, ni imponer una contribución, ni hipotecar, ni vender, ni litigar, ni arrendar sus bienes ni administrarlos, ni tampoco disponer del excedente de sus ingresos sin que intervenga una resolución del consejo, por informe del intendente. Todas sus obras son ejecutadas según planos y presupuestos aprobados por disposición del consejo. Se adjudican ante el intendente o sus subdelegados, y en general las dirige el ingeniero o el arquitecto del Estado. He ahí algo que sorprenderá sobremanera a quienes piensan que todo lo que tenemos en Francia es nuevo.

Pero el gobierno central aún va más allá en la administración de las ciudades de lo que indica esta reglamentación; su poder se extiende mucho más que su derecho.

En una circular de mediados de siglo, dirigida por el interventor general a todos los intendentes, encuentro lo siguiente: “Prestaréis particular atención a todo lo que ocurra en las asambleas municipales. Haréis que se os dé cuenta de la manera más exacta y que se os ponga al corriente de todos los acuerdos que se tomen, los cuales me enviaréis de inmediato con vuestro informe”.

En efecto, por la correspondencia del intendente con sus subdelegados se aprecia que el gobierno interviene en todos los asuntos de las ciudades, tanto en los pequeños como en los más importantes. Se le consulta respecto a todo, a la vez que es quien decide sobre todo e incluso regula las fiestas. En ciertos casos, ordena las manifestaciones de alegría popular, así como encender hogueras e iluminar las casas. Por ejemplo, encuentro el caso de un intendente que impone una multa de 20 libras a miembros de la guardia citadina por ausentarse del Te Deum.

De tal modo, los oficiales municipales tienen un claro sentimiento de su nulidad.

“Os rogamos humildísimamente, monseñor —escriben algunos de ellos al intendente—, que nos concedáis vuestra benevolencia y vuestra protección. Nos esforzaremos por no ser indignos de ellas, mediante nuestra sumisión a todas las órdenes de Vuestra Grandeza”. “Nunca hemos resistido a vuestra voluntad, monseñor”, escriben otros que todavía se titulan ostentosamente pares de la ciudad.

Es así como se preparan la clase burguesa para el gobierno y el pueblo para la libertad.

¡Si por lo menos esta estrecha dependencia de las ciudades hubiera preservado sus finanzas! Pero no fue así. Se dice que, sin la centralización, las ciudades pronto se habrían arruinado: lo ignoro; mas lo cierto es que, en el siglo XVIII, la centralización no les impidió que se arruinaran. Toda la historia administrativa de esos tiempos[4] está llena de desórdenes en sus asuntos.

Si de las ciudades pasamos a los pueblos, encontramos otros poderes y otras formas; pero igual dependencia.

Claramente veo indicios que me anuncian que en la Edad Media los habitantes de cada pueblo formaron una comunidad aparte del señor. Este se servía de ella, la vigilaba y la gobernaba; pero aquella poseía en común ciertos bienes sobre los que ejercía plena propiedad; elegía a sus jefes y se administraba a sí misma democráticamente.

Esta vieja organización de la parroquia se encuentra en todas las naciones que fueron feudales y en todos los países a los que estas naciones llevaron los restos de sus leyes. En Inglaterra hay vestigios suyos por doquier, y hace 60 años aún sobrevivía en plenitud en Alemania; para convencernos de ello bastaría leer el código del gran Federico. En la propia Francia existían todavía algunas huellas en el siglo XVIII.

Recuerdo que cuando investigaba por primera vez en los archivos de una intendencia lo que era una parroquia del Antiguo Régimen, me sorprendió encontrar, en dicha comunidad tan pobre como sometida, muchos de los rasgos que me habían llamado la atención en las poblaciones rurales de América, y que entonces había considerado erróneamente una peculiaridad del Nuevo Mundo. Ni la una ni la otra tienen representación permanente, ni corporación municipal propiamente dicha; ambas son administradas por funcionarios que actúan por separado, bajo la dirección de la comunidad entera. De vez en cuando, tanto una como otra tienen asambleas generales en las que todos los habitantes, reunidos en un solo cuerpo, eligen a sus magistrados y arreglan los asuntos principales. En una palabra, se parecen tanto entre sí como un vivo puede parecerse a un muerto.

Estos dos seres, tan diferentes en cuanto a su destino, tuvieron en efecto un mismo origen.

Transportada de un solo golpe lejos del feudalismo y dueña absoluta de sí misma, la parroquia rural de la Edad Media fue la township de Nueva Inglaterra. Separada del señor, pero oprimida por la poderosa mano del Estado, se convirtió en Francia en lo que vamos a ver.

En el siglo XVIII, el número y el nombre de los funcionarios de la parroquia varían de acuerdo con las provincias. Por los antiguos documentos nos damos cuenta de que estos funcionarios habían sido más numerosos cuando la vida local era más activa, pero su número disminuyó a medida que esta se adormecía. En la mayor parte de las parroquias del siglo XVIII se redujeron a dos: uno de ellos se nomina recaudador; al otro las más de las veces se le da el nombre de síndico. Por lo general, estos oficiales municipales aún son elegidos o se supone que deben serlo; pero en todas partes son instrumentos del Estado, más que representantes de la comunidad. El recaudador cobra la talla por órdenes directas del intendente. El síndico, bajo la dirección diaria del subdelegado del intendente, lo representa en todas las operaciones que tienen que ver con el orden público o con el gobierno. Él es su principal agente cuando se trata de la milicia, de las obras del Estado y de la ejecución de todas las leyes generales.

Como ya hemos visto, el señor permanece ajeno a todos estos detalles de gobierno; ni siquiera los supervisa, ni ayuda en ellos; es más, aquellos cuidados por los cuales antaño mantenía su poder le parecen indignos de él a medida que ese mismo poder desaparece. Ahora se heriría su orgullo si se le invitara a dedicarse a ellos. Ya no gobierna, pero su presencia en la parroquia y sus privilegios impiden que pueda establecerse un buen gobierno parroquial en lugar del suyo. Un particular tan distinto de todos los demás, tan independiente, tan favorecido, destruye o debilita el imperio de todas las reglas.

Como su contacto ha obligado a huir sucesivamente hacia la ciudad, como lo demostraré ulteriormente, a casi todos los habitantes que vivían con holgura y tenían cierta cultura, fuera de él ya no queda sino un hatajo de campesinos ignorantes y rudos, sin posibilidad de dirigir la administración de los asuntos comunes. “Una parroquia —ha dicho acertadamente Turgot— es un conjunto de cabañas y de habitantes no menos pasivos que estas”.

Los documentos administrativos del siglo XVIII están llenos de quejas debidas a la impericia, la inercia y la ignorancia de los recaudadores y de los síndicos parroquiales. Ministros, intendentes, subdelegados e incluso gentileshombres, todos lo deploran incesantemente; pero ninguno de ellos se remonta a las causas.

Hasta la Revolución, la parroquia rural de Francia conserva en su gobierno algo de ese aspecto democrático que le habíamos conocido en la Edad Media. Cuando se trata de elegir a oficiales municipales o de discutir algún asunto común, la campana del pueblo llama a los campesinos ante el pórtico de la iglesia; allí tienen derecho a presentarse pobres y ricos. Cierto es que, una vez reunida la asamblea, no hay deliberación propiamente dicha, como tampoco votación; pero todos pueden expresarse, y un notario, llamado para el efecto y trabajando al aire libre, recoge las diferentes opiniones y las consigna en un acta.

Cuando se compararon estas falsas apariencias de libertad con la impotencia real aunada a ellas, descubrimos ya en pequeño que el gobierno más absoluto puede combinarse con algunas formas de la democracia más extremada, de tal suerte que a la opresión viene a agregarse aún el ridículo de no parecer notarla. Esta asamblea democrática de la parroquia bien podía expresar sus deseos, pero no tenía más posibilidad de hacer su voluntad que el consejo municipal de la ciudad. Ni siquiera podía expresarse si no se lo concedían, pues nunca podía reunirse sin antes solicitar permiso expreso del intendente y, como se decía en aquel entonces, aplicando la palabra a la cosa, con su venia. Aunque ella acordase por unanimidad, no podía dictar impuestos, ni vender, ni comprar, ni arrendar, ni litigar sin que lo autorizara el consejo del rey. Era preciso obtener una resolución suya para reparar el daño que el viento acababa de causar al tejado de la iglesia o para reconstruir el muro a punto de desplomarse del presbiterio. La parroquia rural más retirada de París se hallaba sometida a esta regla tanto como las más próximas. He visto parroquias que solicitaban al consejo el derecho de gastar 25 libras.

Cierto es que, en general, los vecinos habían conservado el derecho de elegir a sus magistrados por sufragio universal; pero con frecuencia ocurría que el intendente señalaba para este pequeño cuerpo electoral un candidato que difícilmente dejaba de ser nombrado por unanimidad. Otras veces, él mismo anulaba la elección hecha con espontaneidad, nombraba al recaudador y al síndico y suspendía indefinidamente cualquiera nueva elección. De ello he visto mil ejemplos.

No podría imaginarse destino más cruel que el de estos funcionarios comunales. El subdelegado, último agente del gobierno central, los hacía someterse a sus menores caprichos. Con frecuencia les imponía multas y en ocasiones los encarcelaba, pues las garantías que en otras partes aún defendían a los ciudadanos contra la arbitrariedad ya no existían aquí. “He mandado encarcelar —decía un intendente en 1750— a algunos principales de las comunidades por murmurar, y a las propias comunidades las he obligado a pagar un curso de adiestramiento para la gendarmería montada. De ese modo se les pudo dominar fácilmente”. Así, a las funciones parroquiales se les consideraba más que como honores, como cargas a las que se trataba de rehuir mediante toda clase de subterfugios.

Y, sin embargo, estos últimos restos del antiguo gobierno parroquial seguían siendo apreciados por los campesinos, e incluso ahora, de todas las libertades públicas, la única que comprenden bien es la libertad parroquial. Es el único asunto de naturaleza pública que les interesa realmente. Quien deja de buen grado el gobierno de toda la nación en manos de un amo se subleva ante la idea de no poder expresarse acerca de la administración de su aldea: a ese grado pesan todavía las formas más huecas.

Lo que acabo de escribir respecto a las ciudades y las parroquias debe hacerse extensivo a casi todos los cuerpos que llevaban una existencia aparte y tenían una propiedad colectiva.

Bajo el Antiguo Régimen, como en nuestros días, no había ciudad, burgo, pueblo, ni aldea en Francia, por pequeña que fuese, así como hospital, fábrica, convento ni colegio que pudiera tener voluntad independiente en sus asuntos particulares ni administrar a su arbitrio sus propios bienes. Entonces, como ahora, la administración mantenía así a todos los franceses bajo su tutela, y si aún no se manifestaba la insolencia de esta palabra, por lo menos ya existía la cosa.

CAPÍTULO IV

Que la justicia administrativa y la garantía de los funcionarios son instituciones del Antiguo Régimen

No había país en europa en que los tribunales ordinarios dependiesen menos del gobierno que en Francia; pero tampoco se encontraba otro en que se recurriera más a los tribunales excepcionales. Ambos hechos tenían mucho más en común de lo que cabría imaginar. Como el rey casi nada podía hacer respecto a la suerte de los jueces; como no podía revocarlos ni cambiarlos de adscripción, ni en la mayoría de las ocasiones siquiera promoverlos; en pocas palabras, como no los podía someter por ambición ni por miedo, pronto le molestó tal independencia. Más que en ninguna otra parte, el hecho lo había llevado a sustraerlos del conocimiento de los asuntos que interesaban directamente a su poder y a crear, para su uso particular, junto a ellos, una especie de tribunal más independiente, que presentara a sus súbditos cierta apariencia de justicia, sin hacerle temer la realidad.

En aquellos países, como ciertas partes de Alemania, donde los tribunales ordinarios nunca habían sido tan independientes del gobierno como los tribunales franceses de entonces, no se tomó la misma precaución y la justicia administrativa no existió jamás. El príncipe tenía el dominio suficiente sobre los jueces como para no requerir de los comisarios.

Si se leen con atención los edictos y las declaraciones del rey publicados durante el último siglo de la monarquía, así como las resoluciones del consejo dictadas por esa época, rara vez se encontrará que el gobierno, tras haber adoptado alguna medida, haya omitido decir que las querellas a las que esta pudiera dar lugar y los procesos derivados de ella serían llevados exclusivamente ante los intendentes y el consejo.

Ordena además Su Majestad que todas las querellas que pudieran ocurrir por la ejecución del presente acuerdo, sus circunstancias y secuelas sean presentadas ante el intendente, para ser juzgadas por él, salvo apelación al consejo. Prohibimos a nuestras cortes y tribunales tomar conocimiento de ellas.

Esta es la fórmula ordinaria.

En las materias reglamentadas por las leyes o las costumbres antiguas, donde no haya sido tomada tal precaución, el consejo interviene de continuo por vía de avocación, retira de las manos de los jueces ordinarios el asunto de interés para la administración y lo trae ante sí. Los registros del consejo están llenos de esta clase de acuerdos de avocación. Poco a poco se generaliza la excepción y el hecho se transforma en teoría. Así se establece, no en las leyes, sino en el espíritu de quienes las aplican, como máxima de Estado, que todos los procesos en los que se halle involucrado algún interés público, o que nazcan de la interpretación de un acto administrativo, no son de la competencia de los jueces ordinarios, cuya única función consiste en fallar entre intereses particulares. En esta materia, lo único que hemos hecho es encontrar la fórmula, pues la idea pertenece al Antiguo Régimen.

A partir de entonces, la mayor parte de las cuestiones en litigio que surgen respecto a la percepción de los impuestos son de la competencia exclusiva del intendente y del consejo. Lo mismo ocurre con todo aquello relacionado con la policía de transporte, los vehículos públicos, las grandes vías de comunicación, la navegación fluvial, etc.; en general, todos los juicios en que se halla involucrada la autoridad pública se ventilan ante tribunales administrativos.

Los intendentes velan con gran celo porque esta jurisdicción excepcional se extienda incesantemente; avisan al interventor general e incitan al consejo. Vale la pena rescatar la razón que da uno de esos magistrados para obtener una avocación: “El juez ordinario —dice— está sometido a reglas fijas, que lo obligan a reprimir un hecho contrario a la ley; pero el consejo siempre puede derogar estas reglas con algún fin útil”.

De acuerdo con este principio, se ve con frecuencia que el intendente o el consejo llevan ante sí procesos que no se vinculan sino por algún lazo casi imperceptible a la administración pública o incluso que visiblemente nada tienen que ver con ella. Un gentilhombre en querella con su vecino y descontento con las disposiciones de sus jueces, solicita al consejo la avocación del asunto, a lo que el intendente consultado responde: “Aunque en este caso solo se trate de derechos particulares, cuyo conocimiento pertenece a los tribunales, Su Majestad puede siempre, cuando así lo quiera, reservarse el conocimiento de toda clase de asuntos, sin que deba rendir cuentas de sus motivos”.

En general, toda la gente del pueblo que llega a perturbar el orden con algún acto violento es enviada ante el intendente o el preboste de la gendarmería, a consecuencia de la avocación. La mayor parte de los motines que la carestía de los granos origina con suma frecuencia, da lugar a avocaciones de este tipo. Entonces, el intendente designa como ayudantes a algunos graduados, especie de consejo de prefectura improvisado que él mismo ha escogido, y juzga criminalmente. He encontrado sentencias, dictadas de esta manera, que condenan a la gente a galeras e incluso a muerte. Los casos criminales juzgados por el intendente todavía son frecuentes a fines del siglo XVII.

En materia de derecho administrativo, los legistas modernos nos aseguran que se ha progresado mucho a partir de la Revolución: “Antes —dicen— se confundían los poderes judicial y administrativo; a partir de entonces se les ha separado y se ha puesto a cada uno en su lugar”. Para apreciar a las claras el progreso del que se habla aquí, nunca debe olvidarse que si bien, por una parte, el poder judicial en el Antiguo Régimen se salía continuamente más allá de la esfera natural de su autoridad, mientras por la otra nunca la cubría por completo como le correspondía. Quien solo considere uno de los dos aspectos no tendrá más que una idea incompleta y falsa del objeto. Tan pronto se permitía a los tribunales hacer reglamentos de administración pública, lo que manifiestamente caía fuera de su competencia, como se les prohibía juzgar verdaderos procesos, lo que equivalía a excluirlos de su propia potestad. Cierto es que hemos expulsado a la justicia de la esfera administrativa, en la que el Antiguo Régimen la había dejado introducirse de manera muy irregular; pero, al mismo tiempo, como puede apreciarse, el gobierno se introducía incesantemente en la esfera natural de la justicia, y nosotros lo permitimos: como si la confusión de poderes no fuera tan peligrosa de un lado como del otro, e incluso peor, pues la intervención de la justicia en la administración solo perjudica los asuntos públicos, en tanto que la intervención de la administración en la justicia deprava a los hombres y tiende a convertirlos al mismo tiempo en revolucionarios y serviles.

Entre las nueve o diez constituciones que desde hace 60 años se han promulgado a perpetuidad en Francia, hay una en la que se señala expresamente que ningún agente de la administración puede ser procesado por tribunales ordinarios sin que el juicio haya sido autorizado de antemano. El artículo pareció tan bien concebido que al destruir la constitución de la que formaba parte se tuvo buen cuidado de rescatarlo de entre las ruinas para luego conservarlo siempre cuidadosamente al abrigo de las revoluciones. Los administradores todavía tienen la costumbre de llamar al privilegio que les es concedido por este artículo, una de las grandes conquistas del 89; pero al respecto también se engañan, pues bajo la antigua monarquía el gobierno no tenía menos cuidado que en nuestros días en evitar a los funcionarios el sinsabor de tener que comparecer ante la justicia como simples ciudadanos. La única diferencia esencial entre una y otra época es la siguiente: antes de la Revolución, el gobierno solo podía cubrir a sus agentes recurriendo a medidas ilegales y arbitrarias, en tanto que después ha podido legalmente permitirles violar las leyes.

Cuando los tribunales del Antiguo Régimen querían procesar a cualquier representante del poder central, por lo general intervenía un acuerdo del consejo que sustraía al acusado de sus jueces y lo turnaba ante comisarios nombrados por el propio consejo, pues, como lo escribe un consejero de Estado de aquel entonces, un administrador procesado de ese modo hubiese tropezado con cierta prevención en el espíritu de los jueces ordinarios, con lo que se habría visto comprometida la autoridad del rey. Esta clase de avocaciones no solo se producían de vez en cuando, sino todos los días, y no únicamente a propósito de los agentes principales, sino también de los menores. Bastaba con mantener el más leve contacto con la administración para que no hubiera nada que temer, salvo a ella. Un sobrestante de puentes y caminos encargado de dirigir la prestación personal es demandado por cierto campesino a quien ha maltratado. El consejo avoca el asunto, y el ingeniero en jefe, en escrito confidencial al intendente, le dice al respecto:

En realidad, el sobrestante es totalmente reprensible, pero ello no es una razón para dejar que el asunto siga su curso, pues para la administración de puentes y caminos es de suma importancia que la justicia ordinaria no atienda ni juzgue las demandas de los prestadores de servicios contra sus sobrestantes. Si se siguiera tal ejemplo, esos trabajos se verían obstaculizados por procesos continuos a que daría lugar la animosidad popular en contra de estos funcionarios.

En otra circunstancia, el propio intendente da a saber al interventor general, a propósito de un contratista del Estado que había tomado del campo de un vecino los materiales de los que se había servido: “No podría explicaros a cabalidad lo perjudicial que sería para los intereses de la administración abandonar a sus contratistas al juicio de los tribunales ordinarios, cuyos principios jamás podrán conciliarse con los suyos”.

Hace precisamente un siglo que se escribieron estas líneas, y parecería que los administradores que las redactaron hubieran sido nuestros contemporáneos.

CAPÍTULO V

Cómo la centralización había podido introducirse así en medio de los antiguos poderes y suplantarlos sin destruirlos

Ahora recapitulemos un poco lo que hemos dicho en los tres últimos capítulos: un cuerpo único, ubicado en el centro del reino, que reglamenta la administración pública en todo el país; el ministro en persona dirige casi todos los asuntos interiores; en cada provincia, un solo agente se encarga de todos los pormenores; no hay cuerpos administrativos secundarios ni cuerpos que puedan actuar sin previa autorización; tribunales de excepción juzgan los asuntos de interés de la administración y protegen a todos sus agentes. ¿Qué es eso sino la centralización que conocemos? Sus formas son menos definidas que hoy, sus diligencias menos reglamentadas, su existencia más precaria, pero el ser es el mismo. Desde entonces no se le ha agregado ni suprimido nada esencial; ha bastado con derribar todo lo que se levantaba a su alrededor para que apareciera tal y como la conocemos.

La mayor parte de las instituciones que acabo de describir[5] han sido imitadas luego en cien lugares distintos; pero a la sazón eran exclusivas de Francia, y pronto habremos de ver la gran influencia que tuvieron sobre la Revolución francesa y sus consecuencias.

Pero ¿cómo estas instituciones de fecha reciente pudieron fundarse en Francia en medio de los escombros de la sociedad feudal?

Fue una obra de paciencia, de habilidad y de tiempo, más que de fuerza y de pleno poder. En el momento en que sobreviene la Revolución, aún no se había destruido casi nada del viejo edificio administrativo de Francia; digamos que se había construido otro de recalce.

Nada indica que para realizar este difícil trabajo, el gobierno del Antiguo Régimen haya seguido un plan profundamente meditado de antemano; solo se había abandonado al instinto connatural a todo gobierno de querer dirigir solo todos los asuntos, instinto que permanecía siempre el mismo a través de la diversidad de los agentes. Había dejado a los viejos poderes sus antiguos nombres y honores, pero poco a poco les había ido arrebatando su autoridad. No los había expulsado de sus dominios, sino tan solo los había invitado a abandonarlos. Aprovecha la inercia de este, el egoísmo de aquel, para ocupar su lugar; ayudándose de todos sus vicios, no tratando jamás de corregirlos, sino tan solo de suplantarlos, había terminado, en efecto, por remplazarlos a casi todos por un agente único, el intendente, cuyo nombre ni siquiera se conocía en las fechas de su nacimiento.

En esta gran empresa solo le había estorbado el poder judicial; pero también ahí acabó por apoderarse de la sustancia del poder, no dejando a sus adversarios más que la sombra de este. No había excluido a los parlamentos de la esfera administrativa; él mismo se había extendido gradualmente en esta al punto de colmarla casi por completo. En ciertos casos extraordinarios y pasajeros, por ejemplo en tiempos de escasez, en que las pasiones del pueblo ofrecían un punto de apoyo a la ambición de los magistrados, el gobierno central dejaba por un momento que los parlamentos administraran y les permitía escandalizar, lo que en ocasiones resonaba en la historia; pero pronto recobraba en silencio su lugar y discretamente volvía a posesionarse de hombres y asuntos.

Si prestamos atención a la lucha de los parlamentos contra el poder real, se apreciará que casi siempre se enfrentan en el terreno político y no en el administrativo. En general, las querellas nacen a propósito de algún nuevo impuesto; es decir, que ambos adversarios no se disputan el poder administrativo, sino el legislativo, del que tanto al uno como al otro poco derecho les asistía para hacerlo suyo.

Así acontece cada vez más con la aproximación de la Revolución. A medida que empiezan a inflamarse las pasiones populares, el parlamento se inmiscuye más en la política, y como, al mismo tiempo, el poder central y sus agentes han adquirido más experiencia y habilidad, ese mismo parlamento se ocupa cada vez menos de la administración propiamente dicha; día tras día, se convierte en menos administrador y más tribuno.

Por otra parte, el tiempo abre sin cesar al gobierno central nuevos campos de acción en que los tribunales no tienen la presteza para seguirlo, pues se trata de asuntos nuevos sobre los cuales carecen de precedentes y les resultan extraños a su rutina. La sociedad, que progresa a grandes pasos, a cada instante da lugar a nuevas necesidades, y cada una de estas es para él nueva fuente de poder, ya que es el único en posibilidad de satisfacerlas. En tanto que la esfera administrativa de los tribunales permanece fija, la suya es móvil y se extiende incesantemente con la propia civilización.

La revolución que se avecina y que empieza a agitar el espíritu de los franceses les sugiere mil ideas nuevas que solo este puede realizar; antes de derribarlo, lo desarrolla. Él mismo se perfecciona como todo lo demás. Esto llama singularmente la atención cuando se estudian sus archivos. El interventor general y el intendente de 1770 ya no se parecen en nada al intendente y al interventor general de 1740; la administración se ha transformado. Sus agentes son los mismos, pero los anima otro espíritu. A medida que aquella se volvió más minuciosa y amplia, también se hace más regular y hábil. Se ha moderado al acabar de apoderarse de todo; oprime menos y dirige más.

Los primeros esfuerzos de la Revolución habían destruido la gran institución de la monarquía, pero esta fue restaurada en 1800. No fueron, como tantas veces se ha dicho, los principios de 1789 en materia de administración los que triunfaron en esa época y después de ella, sino todo lo contrario, fue entonces cuando se pusieron de nuevo en vigor y permanecieron los del Antiguo Régimen.

Si se me pregunta cómo pudo esa porción del Antiguo Régimen transportarse así, en su totalidad, a la nueva sociedad e incorporarse a ella, responderé que si la centralización no pereció en la Revolución fue porque ella misma era comienzo y signo de esa Revolución; agregaré además que cuando un pueblo ha destruido en su seno a la aristocracia, corre por sí mismo hacia la centralización. Entonces es necesario mucho menor esfuerzo para precipitarlo por esa pendiente que para retenerlo. En su seno, todos los poderes se orientan naturalmente hacia la unidad y solo con mucho arte se logra mantenerlos divididos.

La Revolución democrática, que destruyó tantas instituciones del Antiguo Régimen, debía entonces consolidarse, y la centralización encajaba de manera tan natural en la sociedad que había formado esa misma revolución que fácilmente se llegó a considerarla como una de sus obras.

CAPÍTULO VI

De las costumbres administrativas bajo el Antiguo Régimen

No podríamos leer la correspondencia de un intendente del Antiguo Régimen con sus superiores y sus subordinados sin admirar cómo la similitud de las instituciones hacía a los administradores de aquella época semejantes a los nuestros. Parecería que se dieran la mano a través del abismo de la Revolución que los separa. Lo mismo cabría decir de los administrados. Nunca se manifestó mejor el poder de la legislación sobre el espíritu humano.

El ministro ya ha sentido el deseo de inmiscuirse directamente en los pormenores de todos los asuntos y determinar todo desde París. Esta pasión aumenta a medida que el tiempo transcurre y la administración se perfecciona. A fines del siglo XVIII, no se establece un taller de beneficencia en lo más recóndito de alguna lejana provincia, sin que el interventor general no quiera supervisar él mismo sus gastos, redactar el reglamento y fijar su ubicación. Si se crean albergues para mendigos, hay que comunicarle el nombre de los mendigos que allí se presentan y decirle exactamente cuándo salen y cuándo entran. Desde mediados de siglo (1733), el señor D’Argenson escribía: “Los detalles confiados a los ministros son inmensos. Nada se hace sin ellos, nada que no lo hagan ellos, y si sus conocimientos no son tan amplios como sus poderes, se ven obligados a dejar todo en manos de empleados que se constituyen en verdaderos amos”.

El interventor general no solo pide informes sobre los asuntos, sino también breves referencias sobre las personas. El intendente se dirige a su vez a sus subdelegados, y no deja de repetir casi palabra por palabra lo que estos le dicen, tal como si lo supiera pertinentemente por sí mismo.

Para llegar a dirigir y saber todo desde París, al ministro le fue preciso inventar mil modos de control. El volumen de escritos ya es enorme y la lentitud del procedimiento administrativo tan acentuada que nunca encontré que transcurriera menos de un año antes de que una parroquia pudiera obtener autorización para reconstruir su campanario o para reparar su presbiterio; la mayoría de las veces pasan dos o tres años antes de que se atienda la demanda.

El propio consejo advierte en una de sus resoluciones (29 de marzo de 1773) “que las formalidades administrativas acarrean demoras infinitas en los asuntos y con demasiada frecuencia solo provocan muy justas quejas; formalidades que, sin embargo, son enteramente necesarias”, finaliza.

Yo creía que el gusto por la estadística era una peculiaridad de los administradores de nuestros días; pero estaba equivocado. Hacia fines del Antiguo Régimen, con frecuencia se envían al intendente pequeños cuadros impresos, que él manda a su vez rellenar a sus subdelegados y a los síndicos de las parroquias. El interventor general ordena que le envíen informes sobre la naturaleza de las tierras, su cultivo, la especie y la cantidad de los productos, el número de animales, la industria y las costumbres de los habitantes. Los datos así obtenidos no son menos circunstanciados ni más ciertos que los que en nuestros días proporcionan en semejante caso los subprefectos y los alcaldes. El juicio que los subdelegados emiten, en esta ocasión, sobre el carácter de sus administrados, en general es poco favorable. Con frecuencia insisten en la opinión de que “el campesino es perezoso por naturaleza y no trabajaría si no se viera obligado para vivir”. Es esta una doctrina económica que parece bastante generalizada entre los administradores.

El mismo lenguaje administrativo de ambas épocas no deja de parecerse de manera sorprendente. En una y otra el estilo es igualmente descolorido, simple, vago y descuidado; la fisonomía particular de cada autor se diluye hasta acabar por perderse en una mediocridad común. Quien lee a un prefecto, lee a un intendente.

Solo a fines del siglo, cuando el lenguaje particular de Diderot y de Rousseau ha tenido tiempo de difundirse y diluirse en la lengua vulgar, la falsa sensibilidad que llena los libros de estos escritores conquista a los administradores e incluso cala a los mismos financieros. El estilo administrativo, cuya trama por lo general es muy seca, se convierte, en ocasiones, en untuoso y casi delicado. Un subdelegado se queja con el intendente de París de “que en el ejercicio de sus funciones, experimenta a menudo un dolor sumamente punzante para un alma sensible”.

Como en nuestros días, el gobierno distribuía entre las parroquias ciertos socorros de caridad, con la condición de que los habitantes, por su parte, hicieran también algún donativo. Cuando la suma así reunida por estos parece suficiente, el interventor general escribe al margen de la partida de distribución: Bien, testimoniar satisfacción; pero cuando es considerable, escribe: Bien, testimoniar satisfacción y sensibilidad.

Los funcionarios administrativos, casi todos burgueses, forman ya una clase con su espíritu particular, sus tradiciones, sus virtudes, su honor y su orgullo propio. Es la aristocracia de la nueva sociedad, ya establecida y viviente: solo aguarda que la Revolución le despeje su lugar.

Lo que ya caracteriza a la administración francesa es el odio violento que le inspiran indistintamente tanto los nobles y los burgueses que quieren encargarse de los asuntos públicos, al margen suyo. El más insignificante cuerpo independiente que parece desear constituirse sin su concurso le provoca miedo; la más pequeña asociación libre, sea cual fuere su objeto, le importuna; solo deja subsistir a aquellas que ha formado arbitrariamente y que preside. Incluso las grandes compañías industriales le desagradan; en una palabra, no entiende en absoluto que los ciudadanos de una u otra manera tengan injerencia en el examen de sus propios asuntos; prefiere la esterilidad a la competencia. Mas como siempre hay que dejar a los franceses el dulzor de cierta licencia, para consolarlos de su servidumbre, el gobierno permite discutir muy libremente toda clase de teorías generales y abstractas en materia de religión, de filosofía, de moral e incluso de política. Tolera de bastante buen grado que se ataquen los principios fundamentales sobre los que descansaba entonces la sociedad, e incluso el que se discuta al propio Dios, siempre y cuando no se critique de manera alguna al más insignificante de sus agentes. Se figura que eso no le atañe.

Aunque los periódicos del siglo XVIII o, como se decía por ese tiempo, las gacetas, contuviesen más cuartetas que polémica, la administración ya veía con gran recelo este pequeño poder. Esta se muestra benévola con los libros, pero ya muy dura contra los periódicos; no pudiendo suprimirlos por completo, se propone usarlos en provecho propio. En el año de 1761, encuentro una circular dirigida a todos los intendentes del reino, en la que se anuncia que el rey (Luis XV) ha decidido que en lo sucesivo la Gazette de France se componga bajo la inspección del gobierno:

Deseando Su Majestad —dice la circular— hacer interesante esta hoja y asegurar su superioridad sobre las demás. En consecuencia —agrega el ministro—, os serviréis enviarme un boletín sobre todo lo que ocurra en vuestra circunscripción que pueda interesar a la curiosidad pública, en particular lo relacionado con la física, la historia natural y hechos singulares e interesantes.

Se anexa a la circular un prospecto en el cual se anuncia que la nueva gaceta, aunque aparezca con mayor frecuencia y contenga más material que el periódico al que remplaza, costará a los suscriptores mucho menos.

Provisto de estos documentos, el intendente escribe a sus subdelegados y los hace poner manos a la obra; pero estos empiezan por responder que no saben nada. Llega otra carta del ministro, quien se queja amargamente de la esterilidad de la provincia: “Su Majestad me ordena deciros que su intención es que os encarguéis muy seriamente de este asunto y deis órdenes más precisas a vuestros agentes”. Esta vez, los subdelegados cumplen con lo ordenado: uno de ellos informa que un contrabandista de sal ha sido ahorcado y ha mostrado gran valor; otro, que una mujer de su distrito dio a luz a tres niñas; un tercero, que se ha abatido una terrible tormenta, aunque no ha causado por fortuna ningún daño. Uno declara que, a pesar de todos sus esfuerzos, no ha encontrado nada digno de destacarse, y que sin embargo también se suscribe a gaceta tan útil e invita a toda la gente honrada a que lo imite. No obstante, tantos esfuerzos al parecer resultan poco eficaces, pues una nueva carta nos da a saber que “el rey, que ha tenido la bondad —dice el ministro— de condescender él mismo a ocuparse de todos los pormenores de las medidas relacionadas con el perfeccionamiento de la gaceta y que quiere dar a este periódico la superioridad y celebridad que amerita, se ha mostrado muy descontento viendo sus proyectos tan mal secundados”.

Se observa que la historia es una galería de cuadros en la que se exhiben pocos originales y muchas copias.

Resta por reconocer que en Francia el gobierno central nunca imita a esos gobiernos del Mediodía de Europa, que se enseñorean de todo para dejarlo todo estéril. El gobierno francés muestra a menudo gran entendimiento de su tarea y siempre despliega una prodigiosa actividad. Pero esta con frecuencia resulta improductiva e incluso nociva, porque a veces quiere hacer lo que está por encima de sus fuerzas o aquello que no hay persona que lo controle.

No emprende casi, o abandona pronto, las reformas más necesarias, las que exigen una energía perseverante para lograr el éxito; pero cambia incesantemente algunos reglamentos o leyes. Nada permanece un instante en reposo dentro de la esfera de su competencia. Las nuevas reglas se suceden con celeridad tan singular que los agentes, a fuerza de recibir órdenes, con frecuencia tienen dificultad para aclarar cómo cumplimentarlas. Los oficiales municipales se quejan ante el propio interventor general de la extrema inestabilidad de la legislación secundaria. “Tan solo la variación de los reglamentos hacendarios es tal —dicen—, que no permite a ningún oficial municipal, aun cuando fuera este inamovible, hacer algo más que estudiar los nuevos reglamentos a medida que van apareciendo, al grado de verse obligado a descuidar sus propios asuntos”.

Aun cuando no se cambiara la ley, la manera de aplicarla variaba todos los días. Si no se ha visto actuar a la administración del Antiguo Régimen, por la lectura de los documentos secretos que nos ha legado resulta inimaginable el desprecio en que acaba por caer la ley, para el propio espíritu de los que la aplican, cuando ya no hay ni asamblea política ni periódicos para mitigar la actividad caprichosa y frenar el humor arbitrario y versátil de los ministros y de sus dependencias.

Difícilmente encontramos acuerdos del consejo que no evoquen leyes anteriores, a menudo de fecha muy reciente, que habían sido promulgadas pero no ejecutadas. En efecto, no hay edicto, declaración del rey ni cartas patentes registradas con solemnidad que en la práctica no experimenten mil atenuantes. Por las cartas de los interventores generales y de los intendentes sabemos que el gobierno continuamente permite que se hagan excepciones a lo que él ordena. Rara vez quebranta la ley, pero todos los días la hace plegarse suavemente en todos sentidos, de conformidad con los casos particulares y en aras de facilitar los asuntos.

Un intendente escribe al ministro a propósito de un derecho de consumo al que un adjudicatario de obras del Estado quería sustraerse:

Es cierto que, ajustándose con rigor a los edictos y a los acuerdos que acabo de citar, no existe en el reino nadie exento del pago de estos derechos; pero los versados en el conocimiento de los asuntos saben que con esas disposiciones imperiosas ocurre lo que con sus respectivas penas, y que aunque figuran en todos los edictos, declaraciones y acuerdos que fijan impuestos, ello nunca ha impedido las excepciones.

El Antiguo Régimen se exhibe aquí por entero: regla rígida y práctica blanda; ese es su carácter.

Quien deseara juzgar al gobierno de aquel tiempo por el conjunto de sus leyes incurriría en los errores más ridículos. Encuentro una declaración con fecha de 1757, del rey, en que condena a muerte a todos los que redacten o impriman escritos contrarios a la religión o al orden establecido. El librero que los venda o el comerciante que los propale sufrirán la misma pena. ¿Estaremos de vuelta en el siglo de santo Domingo? No, se trata precisamente de la época en que reinaba Voltaire.

Hay quienes se quejan con frecuencia de que los franceses menosprecian la ley; pero ¡ay!, ¿cuándo habrían podido aprender a respetarla? Se puede decir que entre los hombres del Antiguo Régimen estaba vacante el lugar que debe ocupar la idea de la ley en el espíritu humano. Cada solicitante quiere que en su caso se haga una excepción a la regla establecida, y ello con tanta insistencia y autoridad como si estuviera demandando su aplicación. En efecto, solo se opone a la ley cuando se desea rechazarla. La sumisión del pueblo a la autoridad aún es completa, pero su obediencia es más efecto de la costumbre que de la voluntad, pues si por casualidad llega a conmoverse, la menor emoción lo arrastra al punto a la violencia, y casi siempre son asimismo la violencia y la arbitrariedad, pero no la ley, las que lo reprimen.

En Francia, el poder central aún no ha adquirido en el siglo XVIII esa organización sana y vigorosa que le hemos conocido después; sin embargo, como ya ha logrado destruir todos los poderes intermediarios, y dado que entre él y los particulares ya no existe nada sino un espacio inmenso y vacío, a todos les parece ya desde entonces que es el único recurso de la máquina social, agente único y necesario de la vida pública.

Nada lo demuestra mejor que los escritos de sus propios detractores. En cuanto el prolongado malestar que precede a la Revolución empieza a dejarse sentir, se ve surgir toda clase de nuevos sistemas en materia de sociedad y de gobierno. Los fines que se proponen estos reformadores son diversos, pero sus medios son siempre los mismos. Quieren retener en sus manos el poder central a fin de acabar con todo y de rehacerlo de acuerdo con un nuevo plan concebido por ellos mismos; solo el poder central les parece estar en posibilidad de realizar esta tarea. El poder del Estado, dicen, debe ser ilimitado, así como su derecho; solo se trata de persuadirlo de que haga un uso idóneo. Mirabeau padre, aquel gentilhombre tan apegado a los derechos de la nobleza, que llama crudamente intrusos a los intendentes y declara que si se dejara exclusivamente al gobierno la elección de los magistrados, los tribunales pronto no serían sino bandas de comisarios, este mismo Mirabeau solo tiene confianza en la acción del poder central para realizar sus quimeras.

Estas ideas no solo se exponen en los libros; sino que toman cuerpo en todos los espíritus, se mezclan con las costumbres, entran en los hábitos y penetran por todas partes, hasta en la rutina cotidiana de la vida.

Nadie imagina que se pueda llevar a feliz término un asunto importante sin la intervención del Estado. Los propios agricultores, gente por lo común bastante rebelde a los preceptos, han sido inducidos a creer que si la agricultura no se perfecciona es principalmente por culpa del gobierno, que no les proporciona ni suficiente asesoría ni bastante apoyo. Uno de ellos escribe a un intendente en tono irritado, en el que ya se anuncia la Revolución:

¿Por qué no nombra el gobierno a inspectores que vayan una vez al año a las provincias a ver el estado de los cultivos, a enseñar a los agricultores a cambiarlos por otros mejores, a decirles lo que debe hacerse con el ganado, el modo de engordarlo, de criarlo, de venderlo y a qué mercados llevarlo? Estos inspectores deberían estar bien pagados. El agricultor que demostrara poseer el mejor cultivo recibiría menciones honoríficas.

¡Inspectores y condecoraciones! ¡He ahí un recurso que nunca se le habría ocurrido a ningún granjero del condado de Suffolk!

A ojos de la gran mayoría, ya no queda sino el gobierno para garantizar el orden público: el pueblo solo teme a la gendarmería; solo en ella conservan cierta confianza los propietarios. Para unos y otros, la policía montada no es tan solo el principal defensor del orden, sino el orden mismo. “No hay nadie —dice la asamblea provincial de Guyena— que no haya notado hasta qué grado la presencia de un policía montado basta para contener a los más enconados enemigos de toda subordinación”. Así, cada cual quisiera tener una escuadra a la puerta. Los archivos de una intendencia están llenos de solicitudes de esta naturaleza; nadie parece sospechar que bajo el protector podría ocultarse el amo.

Lo que más llama la atención de los emigrados que llegan a Inglaterra es la inexistencia de esa milicia. El hecho los llena de sorpresa, y en ocasiones de desdén por los ingleses. Uno de ellos, hombre de mérito, pero cuya educación no lo había preparado para lo que iba a ver, escribe:

Es rigurosamente cierto que dicho inglés se felicita de haber sido robado al decir que por lo menos en su país no hay gendarmería. Los hay que, enojados contra todo lo que perturbe la tranquilidad, se consuelan sin embargo viendo a los sediciosos reintegrarse al seno de la sociedad, pensando que el texto de la ley es más fuerte que todas las consideraciones. Estas falsas ideas —agrega— no tienen absolutamente el apoyo de todos; hay personas sensatas que piensan lo contrario, y a la larga deberá prevalecer la cordura.

Lo que no le cabe en la cabeza es que estas extravagancias de los ingleses tengan alguna relación con sus libertades. Él prefiere explicar el fenómeno mediante razones más científicas. Dice:

En un país en que la humedad del clima y la ausencia de fuerza en el aire que circula imprimen al temperamento un tinte sombrío, el pueblo se muestra predispuesto a entregarse de preferencia a las cosas graves. El pueblo inglés se inclina por naturaleza a interesarse en asuntos de gobierno. El francés se distancia de ellos.

De ese modo, tras haber ocupado el gobierno el lugar de la Providencia, es natural que cada cual lo invoque en sus necesidades particulares. Así encontramos un inmenso número de solicitudes que, fundándose siempre en el interés público, no tratan, sin embargo, más que con mezquinos intereses privados. Los cartapacios donde se hallan tal vez sean los únicos lugares en que se encuentran mezcladas todas las clases que componían la sociedad del Antiguo Régimen. Su lectura produce melancolía: unos campesinos piden que se les indemnice por la pérdida de su ganado o de su casa; propietarios acomodados, que se les ayude a explotar ventajosamente sus tierras; algunos industriales solicitan del intendente privilegios que les garanticen contra una competencia molesta. Es muy frecuente encontrar manufactureros que confían al intendente el mal estado de sus asuntos y que le ruegan obtener del interventor general una ayuda o un préstamo. Al parecer, existía un fondo disponible para tal objeto.

En ocasiones, los propios gentileshombres son los principales solicitantes; su condición solo se reconoce entonces porque mendigan en tono bastante altanero. Para muchos de ellos, el impuesto de la vicésima constituye el grillete principal de su dependencia. Como el consejo fija cada año su parte de ese impuesto, con base en un informe del intendente, de ahí que por lo general se dirijan a este para obtener moratorias y descuentos. He leído montones de demandas de tal clase hechas por gentileshombres, casi todos con título y con frecuencia grandes señores, en vista, decían, de la insuficiencia de sus rentas o del mal estado de sus negocios. En general, los gentileshombres nunca se dirigían al intendente sino de “señor”; pero he observado que en estas circunstancias lo llaman siempre “monseñor”, como los burgueses.

A veces, la miseria y el orgullo se mezclan graciosamente en estas peticiones. Uno de ellos escribe al intendente: “Vuestro sensible corazón nunca consentiría que un padre de mi condición fuese gravado con vicésimas estrictas, como pudiera serlo un padre plebeyo”.

En épocas de escasez, tan frecuentes en el siglo XVIII, la población de cada circunscripción se vuelve en masa hacia el intendente, y solo de él parece esperar su sustento. Cierto es que todos culpan al gobierno de sus miserias. Las más inevitables sobrevienen por su culpa, e incluso se le reprocha la intemperie de las estaciones.

Que ya no nos asombre ver con qué facilidad maravillosa se restableció en Francia la centralización a principios de este siglo. Los hombres del 89 habían derribado el edificio, pero sus cimientos habían permanecido incólumes en el alma misma de sus destructores, y sobre esos cimientos fue posible edificarlo en seguida y construirlo con mayor solidez que la que jamás había tenido.

CAPÍTULO VII

Cómo Francia era ya, de todos los países europeos, aquel cuya capital había adquirido mayor preponderancia sobre las provincias y absorbía lo mejor de todo el Imperio

La situación, el tamaño o la riqueza de las capitales no constituyen la causa de su preponderancia política sobre el resto del Imperio, sino la naturaleza del gobierno.

Tan poblada como un reino, Londres no ha ejercido hasta el presente influencia soberana sobre los destinos de la Gran Bretaña.

Ningún ciudadano estadunidense imagina que la población de Nueva York pueda decidir la suerte de la Unión Americana. Es más, en el propio estado de Nueva York nadie se figura que la voluntad particular de esta ciudad pueda dirigir por sí sola los negocios. Sin embargo, Nueva York tiene hoy tantos habitantes como los que tenía París cuando estalló la Revolución.

En tiempos de las guerras de religión y comparado con el resto del reino, el propio París estaba tan poblado como podía estarlo en 1789. Sin embargo, nada pudo decidir. En tiempos de La Fronda, París era apenas la ciudad más grande de Francia. En 1789, es ya la propia Francia.

Desde 1740, Montesquieu escribía a uno de sus amigos: “En Francia solo existen París y las provincias apartadas, porque París no ha tenido todavía tiempo de devorarlas”. En 1750, el marqués de Mirabeau, espíritu quimérico, pero a veces profundo, dice, hablando de París, sin nombrarla:

Las capitales son necesarias; pero si la cabeza se hace demasiado grande, el cuerpo se convierte en apoplético y todo perece. ¡Qué pasaría entonces si, abandonando las provincias a una especie de dependencia directa y no considerando a sus habitantes sino como regnícolas de segundo orden, por así decirlo, no dejáramos en ellas ningún medio de consideración ni carrera alguna a la ambición, y atrajéramos a esta capital a todo aquel que poseyera cierto talento!

El marqués llama a esto una especie de revolución sorda que despoja a las provincias de sus notables, de sus hombres de negocios y de quienes acostumbramos llamar gente culta.

El lector que ha leído con atención los capítulos precedentes conoce ya las causas de este fenómeno; indicárselas de nuevo equivaldría a abusar de su paciencia.

Esta revolución no pasaba inadvertida para el gobierno, pero no le afectaba sino en su forma más material, en el crecimiento de la ciudad. Veía a París extenderse día tras día y temía que resultara difícil administrar convenientemente ciudad tan grande. Existe gran número de ordenanzas de nuestros reyes, principalmente de los siglos XVII y XVIII, cuyo objeto es detener este crecimiento. Esos príncipes concentraban cada vez más en París o en sus puertas toda la vida pública de Francia, pero querían que París siguiera siendo chico. Prohibían construir nuevas casas u obligaban a no edificarlas sino de la manera más costosa y en lugares poco atractivos, designados de antemano. Cierto, cada una de esas ordenanzas testifica que, a pesar de la anterior, París no ha dejado de extenderse. Seis veces durante su reinado, Luis XVI intenta, con toda su omnipotencia, detener el crecimiento de París y fracasa en todas ellas: la ciudad crece continuamente, a pesar de los edictos. Pero su preponderancia aumenta aún más rápido que sus murallas; lo que la garantiza no es tanto lo que ocurre en su interior, sino lo que sucede fuera de ellas.

En efecto, al mismo tiempo y en mayor medida se veían desaparecer por todas partes las libertades locales. En dondequiera los síntomas de una vida independiente se esfumaban; los mismos rasgos fisonómicos de las diferentes provincias se hicieron confusos; se había borrado el último vestigio de la antigua vida pública. Sin embargo, no era que se postrara lánguida la nación; por el contrario, había movimiento en todas partes; pero el motor ya solo se hallaba en París. Al respecto, daré un solo ejemplo entre mil. En los informes presentados al ministro sobre el estado de la librería, leo que en el siglo XVI y a principios del XVII en diversas ciudades de provincia había numerosas imprentas que ya no tenían impresores, o que estos estaban sin trabajo. Con todo, no podría dudarse de que a fines del siglo XVIII se publicaban infinitamente más escritos de todo tipo que en el siglo XVI; pero el impulso del pensamiento ya no partía sino del centro. París había acabado por devorar a las provincias.

Cuando estalla la Revolución francesa, se ha consumado por completo esta primera Revolución.

El célebre viajero Arthur Young abandona París poco después de la reunión de los estados generales y pocos días antes de la toma de la Bastilla; el contraste que percibe entre lo que acaba de ver en la ciudad y lo que encuentra fuera de ella lo llena de sorpresa. En París todo era actividad y ruido; a cada momento salía un panfleto político: se publicaban hasta 92 por semana. Nunca, dice, ni siquiera en Londres, he visto semejante movimiento publicitario. Fuera de París, todo le parece inercia y silencio; se imprimen pocos folletos y ningún periódico. Las provincias, sin embargo, se hallan agitadas y listas para levantarse, pero inmóviles; si los ciudadanos se reúnen de vez en cuando, lo hacen para enterarse de las noticias que se esperan de París. En cada ciudad, Young pregunta a los habitantes lo que van a hacer. “La respuesta es siempre la misma —dice—. Solo somos una ciudad de provincia; hay que ver lo que sucederá en París”. Y Young agrega: “Esta gente ni siquiera se atreve a formarse una opinión sin antes saber lo que piensan en París”.

Causa estupefacción la sorprendente facilidad con que la asamblea constituyente pudo destruir de un solo golpe todas las antiguas provincias de Francia, algunas de las cuales eran más antiguas que la monarquía, y dividir metódicamente el reino en 83 partes distintas, como si se hubiera tratado del suelo virgen del Nuevo Mundo. Nada asombró e incluso aterró más al resto de Europa, que no estaba preparado para semejante espectáculo. “Es la primera vez —decía Burke— que se ve a hombres destrozar a su patria de manera tan bárbara”. Parecía, en efecto, que se desgarraran cuerpos vivos: cuando lo que se hacía era despedazar a los muertos.

En la misma época en que París acababa de adquirir así la omnipotencia en el exterior, en el propio seno veíase ocurrir otro cambio que no es menos merecedor de la atención de la historia. En vez de ser solo una ciudad de intercambios, de negocios, de consumo y de placer, París acababa de constituirse en ciudad de fábricas y de manufacturas; segundo hecho que daba al primero un carácter nuevo y más formidable.

El suceso venía de mucho tiempo atrás; al parecer, París ya era desde la Edad Media la ciudad más industriosa del reino, así como la más grande. El hecho se puso de manifiesto al acercarse los tiempos modernos. A medida que todos los asuntos administrativos se llevaban a París, ocurren asimismo los negocios industriales. Al convertirse París cada vez más en modelo y árbitro del gusto, centro único del poder y de las artes, principal foro de la actividad nacional, allí se retira y se concentra más todavía la vida industrial de la nación.

Aunque la mayoría de las veces los documentos estadísticos del Antiguo Régimen merezcan poco crédito, creo que podemos afirmar sin ningún temor que durante los 60 años que precedieron a la Revolución francesa el número de obreros se elevó en París a más del doble, en tanto que la población general de la ciudad solo aumentaba una tercera parte durante el mismo periodo.

Con independencia de las causas generales que acabo de mencionar, había otras muy particulares que atraían a los obreros de todos los puntos cardinales de Francia hacia la capital y los aglomeraban poco a poco en ciertos barrios que acabaron por ocupar casi por sí solos. En París se habían hecho menos insufribles que en ninguna otra parte de Francia las trabas que la legislación fiscal de entonces imponía a la industria; en ninguna otra parte se sustraía uno con mayor facilidad del yugo de los gremios. A este respecto, algunos suburbios, como el de Saint-Antoine y el del Temple, gozaban sobre todo de grandísimos privilegios. Luis XVI amplió mucho más todavía esas prerrogativas para el suburbio de Saint-Antoine y desplegó todo su esfuerzo para reunir allí una inmensa población obrera, “queriendo —dice este desafortunado príncipe en uno de sus edictos— dar a los obreros del suburbio de Saint-Antoine una nueva muestra de nuestra protección y librarlos de las molestias que son perjudiciales tanto para sus intereses como para la libertad del comercio”.

En la proximidad de la Revolución, el número de fábricas, manufacturas y altos hornos había aumentado tanto en París que el gobierno acabó por alarmarse. La vista de tal progreso lo llenaba de diversos temores extremadamente imaginarios. Encontramos, entre otros, un acuerdo del consejo de 1782, en el que se asienta que “conociendo que la rápida multiplicación de las manufacturas traerá consigo un consumo de leña que resultará perjudicial para el aprovisionamiento de la ciudad, el rey prohíbe en lo sucesivo la creación de más establecimientos de esa clase en un radio de 15 leguas alrededor de ella”. Pero nadie percibía el verdadero peligro que semejante aglomeración podría representar.

Así, París se había constituido en dueña de Francia y reunía ya al ejército que habría de adueñarse de la ciudad.

A mi parecer, en la actualidad existe bastante conformidad en que la centralización administrativa y la omnipotencia de París tienen mucho que ver con la caída de todos los gobiernos que hemos visto sucederse desde hace 40 años. Sin dificultad demostraré que es preciso atribuir al mismo hecho una gran responsabilidad en la ruina repentina y violenta de la antigua monarquía, y que debemos catalogarlo entre las causas principales de esta primera Revolución que alumbró a todas las demás.

CAPÍTULO VIII

Que Francia era el país donde los hombres habían venido a ser los más semejantes entre sí

Quien considere con atención la francia del antiguo Régimen encontrará en ella dos aspectos del todo opuestos.

Parecería ser que todos los hombres que viven en ella, particularmente los que ocupan los estratos medios y elevados de la sociedad, los únicos que se hacen ver, fueran exactamente iguales unos a otros.

Sin embargo, en medio de esta muchedumbre uniforme se alza todavía una multitud prodigiosa de pequeñas barreras que la dividen en gran número de partes, y en cada uno de estos pequeños ámbitos aparece una especie de sociedad particular que se ocupa tan solo de sus propios intereses, sin participar en la vida de la totalidad.

Pienso en esta división casi infinita y comprendo cómo, al estar los ciudadanos menos preparados que en ninguna parte para actuar en común y para prestarse apoyo mutuo en tiempo de crisis, una gran revolución ha podido trastornar por entero a semejante sociedad en un momento. Imagino todas esas pequeñas barreras derribadas por ese mismo gran sacudimiento, y percibo de inmediato un cuerpo glacial más compacto y homogéneo que ninguno de los que tal vez se hayan podido ver jamás en el mundo.

Ya he dicho cómo se había extinguido en casi todo el reino, desde hacía mucho tiempo, la vida particular de las provincias; ello había contribuido considerablemente a hacer a todos los franceses muy semejantes entre sí. A través de las diversidades que aún subsisten, la unidad de la nación ya es transparente, como lo muestra la uniformidad de la legislación. A medida que transcurre el siglo XVIII se ve aumentar el número de edictos, declaraciones del rey y acuerdos del consejo que aplican las mismas reglas, de la misma manera y en todas las partes del imperio. No son tan solo los gobernantes, sino también los gobernados, que conciben la idea de una legislación tan general como uniforme, la misma en todas partes y para todos la misma; esta idea aparece en todos los proyectos de reforma que se suceden durante los 30 años que anteceden al estallido de la Revolución. Dos siglos atrás, por así decirlo, habría faltado la materia para semejantes ideas.

Las provincias no solo se parecen cada vez más, sino que en cada provincia los hombres de las distintas clases, por lo menos todos aquellos que no pertenecen al pueblo, son cada vez más semejantes, a pesar de las particularidades de su condición.

Nada lo aclara mejor que la lectura de los cuadernos presentados por los diferentes órdenes en 1789. En ellos se aprecia que quienes los redactan difieren profundamente en intereses, pero demuestran ser iguales en todo lo demás.

Si estudiamos cómo se presentaban las cosas en los primeros estados generales, observaremos un espectáculo enteramente opuesto: el burgués y el noble tienen entonces mayores intereses y asuntos en común; evidencian mucho menos su animosidad recíproca; pero todavía parecen pertenecer a dos razas distintas.

El tiempo, que había mantenido y en muchos aspectos agravado los privilegios que separaban a estas dos clases de hombres, había obrado singularmente para hacerlos iguales en todo lo demás.

Hacía varios siglos que los nobles franceses venían empobreciéndose. “A pesar de sus privilegios, la nobleza se arruina y acaba día a día, y el tercer estado se apropia de las fortunas”, escribe afligido un gentilhombre en 1755. Las leyes que protegían la propiedad de los nobles seguían siendo, no obstante, siempre las mismas; nada parecía haber cambiado en su condición económica. Empero, se empobrecían en todas partes en la proporción exacta en que perdían su poder.

Diríase que, tanto en las instituciones humanas como en el hombre mismo, independientemente de los órganos a los que vemos cumplir las diversas funciones de la existencia, se encuentra una fuerza central e invisible que es el principio mismo de la vida. En vano los órganos parecen actuar como antes, todo languidece a la vez y muere, cuando esa llama vivificante acaba por extinguirse. Los nobles franceses contaban aún con las sustituciones —Burke observa incluso que las sustituciones eran en su tiempo más frecuentes y más obligatorias en Francia que en Inglaterra—, el derecho de primogenitura, las rentas territoriales y perpetuas, así como todo aquello a lo cual se conocía por derechos útiles; se les había eximido de la muy onerosa obligación de hacer la guerra a sus expensas, y no obstante se les había conservado, aumentándola en mucho, la exención impositiva; es decir, que conservaban la indemnidad al perder la carga. Gozaban, además, de otras muchas ventajas pecuniarias con las que nunca habían contado sus antepasados; y, sin embargo, se empobrecían gradualmente a medida que les iba faltando el uso y el espíritu del gobierno. A este empobrecimiento gradual contribuye incluso, parcialmente, la gran división de la propiedad territorial que hemos señalado con anterioridad. El gentilhombre había cedido su tierra, pedazo a pedazo, a los campesinos, no reservando para sí sino las rentas señoriales, que daban la apariencia más que la realidad de su antigua condición. Varias provincias de Francia, como la de Lemosín, de la que nos habla Turgot, estaban atestadas casi en su totalidad por una nobleza pobre, casi sin tierras, que solo vivía de los derechos señoriales y de las rentas territoriales.

“En esta generalidad —dice un intendente a principios de siglo—, el número de familias nobles todavía asciende a varios millares, pero no hay 15 de ellas que tengan 20 mil libras de renta”. En una especie de instrucción que otro intendente (el del Franco Condado) dirige a su sucesor en 1750, leo lo siguiente:

La nobleza de esta región es bastante buena, pero muy pobre, y es tanto más orgullosa cuanto más pobre. Se siente muy humillada en comparación con lo que fue antaño. No es mala la política de mantenerla en este estado de pobreza, para así enfrentarla a verse precisada a servir y requerir de nosotros. La nobleza forma una cofradía —agrega— en la que solo se admite a las personas que pueden presentar prueba de cuatro cuarteles. Esta cofradía no está patentada, sino únicamente tolerada, y no se reúne más que una vez al año y en presencia del intendente. Luego de cenar y de oír misa juntos, estos nobles retornan a sus casas, unos en sus rocinantes y otros a pie. Podréis ver lo cómico de tal asamblea.

Este empobrecimiento gradual de la nobleza se apreciaba, más o menos, no solo en Francia, sino en diversos puntos del continente en donde el sistema feudal, como entre nosotros, acababa de desaparecer, sin que fuese sustituido por una nueva forma de aristocracia. Esta decadencia era visible y muy notoria, principalmente en los pueblos alemanes de orillas del Rin. Lo contrario solo se encontraba entre los ingleses. Ahí, las antiguas familias nobles todavía existentes no solo habían conservado sino aumentado su fortuna de manera considerable, y seguían siendo las primeras tanto en riqueza como en poder. Las nuevas familias que se habían elevado junto a ellas no habían hecho más que imitar su opulencia sin lograr superarla.

En Francia, únicamente los plebeyos parecían heredar todos los bienes que perdía la nobleza; podría decirse que solo se alimentaban de su sustancia. Sin embargo, ninguna ley impedía al burgués arruinarse ni le ayudaba a enriquecerse; no obstante, se enriquecía sin descanso; en muchos casos era tanto o más rico que el gentilhombre. Con frecuencia, su riqueza era además de la misma especie, pues aunque por lo general vivía en la ciudad, a menudo era propietario de tierras, y en ocasiones incluso adquiría señoríos.

La educación y la manera de vida ya habían hecho surgir entre esos dos tipos de hombres mil y una semejanzas diversas. El burgués era tan culto como el gentilhombre y, lo que debe ser señalado, uno y otro habían adquirido su cultura en las mismas aulas. A ambos los iluminaba la misma luz. Tanto para uno como para otro, la educación había sido igualmente teórica y literaria. París, que cada vez más se constituía en el único preceptor de Francia, acababa por dar a todos los espíritus una misma forma y un proceder común.

No hay duda de que, a fines del siglo XVIII, aún se podía apreciar una diferencia entre los modales de la nobleza y los de la burguesía, pues no hay nada que se nivele con mayor lentitud que esas costumbres superficiales que denominamos modales; pero, en el fondo, todos los hombres situados por encima del pueblo se parecían; tenían las mismas ideas, los mismos hábitos, obedecían a los mismos gustos, se entregaban a los mismos placeres, leían los mismos libros y hablaban la misma lengua. Solo se distinguían entre sí en cuanto a los derechos.

Dudo que esto existiera por aquel entonces en ese mismo grado en alguna otra parte, ni siquiera en Inglaterra, en donde, aunque ligadas sólidamente unas a otras por intereses comunes, las diversas clases con frecuencia diferían aún por el espíritu y las costumbres, pues la libertad política, que posee el admirable poder de crear entre todos los ciudadanos relaciones necesarias y nexos mutuos de dependencia, no por ello los hace siempre iguales; a la larga, es el gobierno de uno solo el que siempre tiene por efecto inevitable el hacer semejantes a los hombres entre sí y mutuamente indiferentes a su suerte.

CAPÍTULO IX

Cómo esos hombres tan semejantes estaban más separados que nunca en pequeños grupos extraños e indiferentes unos a otrosa

Consideremos ahora el otro lado del asunto y veamos cómo esos mismos franceses, que tenían tantos rasgos comunes, se hallaban sin embargo más aislados entre sí que en ninguna otra parte y que nunca antes en Francia.

Según todas las apariencias, en la época en que se estableció en Europa el sistema feudal, lo que luego se llamó nobleza no constituyó de inmediato una casta, sino que en un principio estuvo compuesta por todos los principales de la nación, y de ese modo al principio no fue sino una aristocracia. Es esta una cuestión que no deseo discutir en este momento; me basta con señalar que desde la Edad Media la nobleza se convirtió en una casta, es decir, que su signo distintivo fue el nacimiento.

Conserva debidamente la característica propia de la aristocracia, o sea, de ser un cuerpo de ciudadanos que gobiernan; pero solo el nacimiento determina quiénes estarán a la cabeza de ese cuerpo. Todo el que no sea noble por nacimiento queda fuera de esta clase particular y cerrada, y solo ocupa en el Estado una posición más o menos elevada, pero siempre subordinada.

En todas partes del continente europeo donde se estableció el sistema feudal, este dio origen a la casta; solo en Inglaterra retornó a la aristocracia.

Siempre me ha sorprendido que un hecho que singulariza a tal grado a Inglaterra entre todas las naciones modernas, y el único que puede hacer que se comprendan las particularidades de sus leyes, de su espíritu y de su historia, no haya captado más la atención de filósofos y hombres de Estado y que el hábito haya acabado por convertirlo en algo así como invisible para los propios ingleses. Con frecuencia se le ha vislumbrado y descrito a medias; a mi parecer, nunca se ha tenido de él una visión completa y clara. Montesquieu, de visita en Gran Bretaña en 1739, escribe con razón: “Me encuentro aquí en un país que apenas se parece al resto de Europa”; pero no agrega nada más.

No eran tan solo su parlamento, su libertad, su publicidad y su jurado lo que, en efecto, hacían desde entonces a Inglaterra tan distinta del resto de Europa, sino algo todavía más particular y más eficaz. Inglaterra era el único país en que no solo no se había alterado el sistema de casta, sino que había sido destruido efectivamente. Los nobles y los plebeyos se dedicaban juntos a los mismos negocios y abrazaban las mismas profesiones, y, lo que resultaba aún más significativo, se casaban entre sí. La hija del señor más encumbrado podía casarse sin avergonzarse con un hombre nuevo.

Para saber si la casta, las ideas, los hábitos y las barreras que aquella había creado en un pueblo fueron destruidos de manera definitiva, consideremos los matrimonios. Solo en ellos se encontrará el rasgo decisivo que nos falta. En Francia, incluso en nuestros días, al cabo de 60 años de democracia, con frecuencia lo buscaremos en vano. Las antiguas familias y las nuevas, que parecen confundirse en tantos aspectos, todavía evitan hasta donde es posible mezclarse mediante el matrimonio.

A menudo se ha señalado que la nobleza inglesa había sido más prudente, hábil y abierta que ninguna otra. Lo que faltaba por decir es que desde hace mucho tiempo en Inglaterra ya no existe nobleza propiamente dicha, tomando esta palabra en el sentido antiguo y circunscrito que había conservado en todas partes.

Esta revolución se pierde en la noche de los tiempos, pero todavía permanece vivo un testigo de ella: el idioma. Desde hace varios siglos la palabra gentilhombre ha cambiado totalmente de sentido en Inglaterra, en tanto que ha dejado de existir la palabra plebeyo. Ya hubiese sido imposible traducir literalmente al inglés este verso de Tartufo cuando Molière lo escribió en 1664:

Et, tel que l’on le voit, IL est bon gentilhomme.

[Y, según la apariencia, es un buen gentilhombre].

Si deseáis hacer una aplicación más de la ciencia del lenguaje a la ciencia de la historia, seguid a lo largo del tiempo y del espacio el destino de la palabra gentleman, cuyo origen está en nuestra palabra gentilhomme. Veréis su significado extenderse en Inglaterra a medida que las diversas condiciones se acercan y se mezclan. Con cada siglo, la palabra se aplica a hombres situados un poco más abajo en la escala social. Finalmente, llega a América con los ingleses. Allí sirve para designar indistintamente a todos los ciudadanos. Su historia es la misma que la de la democracia.

En Francia, la palabra gentilhombre siempre ha permanecido estrechamente circunscrita a su sentido primitivo; a partir de la Revolución, ha caído poco más o menos en desuso, pero siempre ha permanecido sin alteración. La palabra que servía para designar a los miembros de la casta se había mantenido intacta, porque la misma casta se había conservado tan separada como nunca antes de todos los demás grupos.

Pero iré mucho más lejos y anticiparé que la separación era mucho más acentuada que cuando fue acuñada la palabra, y que entre nosotros se había producido un movimiento en sentido inverso al conocido entre los ingleses.

Si bien el burgués y el noble eran más semejantes, al mismo tiempo se hallaban más distanciados el uno del otro; dos cosas que no deben confundirse, ya que frecuentemente una, en lugar de atenuarla, agrava a la otra.

En la Edad Media y mientras el feudalismo conservó su dominio, todos los que mantenían las tierras del señor (a los que el lenguaje feudal designaba con propiedad como vasallos), muchos de los cuales no eran nobles, se vinculaban constantemente a él para el gobierno del señorío; incluso era la condición principal para su tenencia. No solo debían seguir al señor a la guerra, sino que, en virtud de su concesión, debían pasar cierto tiempo del año en su corte, es decir, ayudarlo a impartir justicia y a administrar a los habitantes. La corte del señor constituía el principal engrane del gobierno feudal; la vemos aparecer en todas las antiguas leyes de Europa y todavía en nuestros días he encontrado vestigios muy visibles en diversas partes de Alemania. El sabio feudista Edme de Fréminville, a quien, 30 años antes de la Revolución francesa, se le ocurrió escribir un voluminoso libro sobre los derechos feudales y sobre la renovación de los becerros, nos informa que vio en los “títulos de número de señoríos, que los vasallos tenían obligación de presentarse cada 15 días en la corte del señor, en donde, una vez reunidos, juzgaban, conjuntamente con el señor o con su juez ordinario, los casos y diferendos que habían surgido entre los vecinos”. Agrega “que a veces ha encontrado 80, 150 y hasta 200 de estos vasallos en un señorío. Un gran número de ellos eran plebeyos”. Cito lo anterior no como prueba, pues las hay a millares, sino como ejemplo de la manera en que en un principio y durante mucho tiempo la clase campesina se acercó a los gentileshombres y se mezcló cotidianamente con ellos en la conducción de los mismos asuntos. Lo que la corte del señor era para los pequeños propietarios rurales, los estados provinciales, y posteriormente los estados generales, lo fueron para los burgueses de las ciudades.

Resulta imposible estudiar lo que nos queda de los estados generales del siglo XIV, y sobre todo de los estados provinciales de ese tiempo, sin asombrarnos del lugar que ocupaba el tercer estado en esas asambleas y del poder que ejercía en ellas.

Como hombre, el burgués del siglo XIV es sin duda bastante inferior al del siglo XVIII; pero, como cuerpo, la burguesía ocupaba entonces en la sociedad política una posición más segura y más elevada. Su derecho de participar en el gobierno es indiscutible; el papel que desempeña en las asambleas políticas siempre es considerable y a menudo preponderante. Las demás clases sienten día con día la necesidad de contar con ella.

Pero lo que llama sobre todo la atención es ver cómo la nobleza y el tercer estado gozaban entonces de más facilidades que las que tuvieron con posterioridad para administrar los asuntos mancomunadamente o para resistir juntos. El hecho se observa no solo en los estados generales del siglo XIV, varios de los cuales tuvieron un carácter irregular y revolucionario que les imprimieron los infortunios de la época, sino también en los estados particulares de ese tiempo, cuando nada indica que los asuntos no siguieran su marcha regular y habitual. De ese modo vemos que en Auvernia los tres órdenes tomaban en común las medidas más importantes y vigilaban su ejecución por parte de comisarios escogidos en los tres por igual. El mismo espectáculo encontramos hacia la misma época en Champaña. Todo el mundo conoce aquel acto célebre por el cual los nobles y los burgueses de numerosas ciudades se asociaron, a principios de[6] ese mismo siglo, para defender las franquicias de la nación y los privilegios de sus provincias contra los atentados del poder real[7]. En ese momento de nuestra historia encontramos varios de esos episodios que parecen extraídos de la historia de Inglaterra. En los siglos subsecuentes no volverán a verse espectáculos semejantes.

En efecto, a medida que el gobierno del señorío se desorganiza, que los estados generales son cada vez más raros o desaparecen y que las libertades generales acaban por sucumbir, arrastrando en su ruina las libertades locales, el burgués y el gentilhombre pierden contacto en la vida pública. Nunca más sentirán necesidad de acercarse ni de oírse, cada día son más independientes el uno del otro y más extraños entre sí. En el siglo XVIII, esta Revolución se consuma: esos dos hombres ya solo por casualidad vuelven a coincidir en la vida privada. Las dos clases son no tan solo rivales, sino también enemigas.

Pero lo que parece muy particular de Francia es que al mismo tiempo que el orden de la nobleza pierde así sus poderes políticos, el gentilhombre adquiere en lo individual diversos privilegios que nunca antes había poseído o incrementa los que ya poseía. Se diría que los miembros se enriquecen con los despojos del cuerpo. La nobleza tiene cada vez menos derecho de mandar, pero los gentileshombres adquieren cada vez más la prerrogativa exclusiva de ser los primeros servidores del amo; bajo Luis XIV era más fácil que bajo Luis XVI que un plebeyo se convirtiera en oficial. Este hecho se veía con frecuencia en Prusia, mientras en Francia era casi inexistente. Una vez obtenido, cada uno de estos privilegios se adhería a la sangre y le resultaba ya inseparable. Cuanto más deja esta nobleza de ser una aristocracia, más parece constituirse en casta.

Tomemos como ejemplo el más odioso de todos estos privilegios, el de la exención de impuestos. Es fácil ver que desde el siglo XV hasta la Revolución francesa no ha dejado de acrecentarse, dado el rápido aumento de las cargas públicas. Cuando bajo Carlos VII se recaudaban solo 1 200 000 libras de talla, el privilegio de exención era insignificante; al recaudarse 80 millones bajo Luis XVI, pasó a ser grande. Cuando la talla era el único impuesto para los plebeyos, la exención del noble resultaba poco notoria; pero cuando los impuestos de esta clase se multiplicaron con mil nombres y bajo mil formas, cuando a la talla se asimilaron otros cuatro impuestos, cuando se agregaron a la talla y a sus accesorios cargas desconocidas en la Edad Media, como la prestación real aplicada a todas las obras o servicios públicos, la milicia, etc., y todas impuestas de manera inequitativa, la exención del gentilhombre pareció inmensa, pese a[8] que la desigualdad, aunque grande, ciertamente era todavía más aparente que real, pues el gentilhombre, a través de su colono, con frecuencia era objeto del impuesto, del que personalmente estaba exento; pero en este aspecto, la desigualdad que se ve daña más que la que resentimos.

Luis XIV, acosado por las necesidades financieras que lo agobiaron a fines de su reinado, había establecido dos impuestos comunes: la capitación y la vicésima. Pero como si la exención de impuestos hubiera sido en sí un privilegio tan respetable que fuese necesario consagrarlo en el hecho mismo que atentaba en su contra, se tuvo buen cuidado de que la percepción fuese distinta cuando el impuesto era común. Para unos siguió siendo degradante e inflexible; para otros, indulgente y honrosa.

Aunque la desigualdad en materia de impuestos había establecido sus reales en todo el continente europeo, eran muy pocos los países en que fuese tan notoria y sentida con tal persistencia como en Francia. En gran parte de Alemania, la mayoría de los impuestos eran indirectos. En el propio impuesto directo, el privilegio del gentilhombre con frecuencia consistía en su menor participación en el caso de una carga común. Por otra parte, había ciertos impuestos que solo afectaban a la nobleza y que estaban destinados a sustituir el servicio militar gratuito, que había dejado de exigirse.

Ahora bien, de todas las maneras de distinguir a los hombres y de diferenciar las clases, la desigualdad impositiva es la más perniciosa y la más idónea para añadir el aislamiento a la desigualdad y convertirlos en cierto modo en incurables. Pues véanse sus efectos: cuando el burgués y el gentilhombre ya no están obligados a pagar el mismo impuesto, año tras año su reparto y cobranza trazan de nuevo entre ellos, con un rasgo claro y preciso, el límite entre las clases. Cada año, todos los privilegiados muestran un interés actual y acuciante en no dejarse confundir con la masa y hacen un nuevo esfuerzo por mantenerse al margen.

Como casi no hay asuntos públicos que no nazcan de un impuesto o que no terminen en un impuesto, desde el momento en que ambas clases no están sujetas por igual al impuesto ya casi no tienen razones para deliberar nunca juntas, ni causas para experimentar necesidades y sentimientos comunes; ya no tiene caso mantenerlas separadas: en cierto modo, se les ha privado de la oportunidad y del deseo de obrar unidas.

En el halagador panorama que traza Burke de la antigua organización francesa, hace valer en favor de la institución de nuestra nobleza la facilidad que tenían los burgueses para obtener el ennoblecimiento procurándose algún cargo oficial: en ello ve cierta analogía con la aristocracia abierta de Inglaterra. En efecto, Luis XI había multiplicado los ennoblecimientos: era un modo de humillar a la nobleza, y sus sucesores los prodigaron para obtener dinero. Necker nos informa que en sus tiempos el número de cargos que daban nobleza se elevaba a 4000. Nada parecido se podía encontrar en ninguna otra parte de Europa; mas no por ello resultaba menos falsa la analogía que Burke pretendía establecer entre Francia e Inglaterra.

Si lejos de hacer la guerra a la aristocracia las clases medias inglesas permanecieron tan íntimamente unidas a ella, sobre todo no fue porque esa aristocracia fuera abierta sino más bien, como ya se ha dicho, porque su forma era indistinta y su límite desconocido; menos aún porque se pudiera entrar en ella que porque no se supiera nunca cuándo se estaba dentro; de tal suerte que todo aquel que se le acercaba podía aún formar parte de ella, asociarse a su gobierno y adquirir cierto lustre o sacar algún provecho de su poder.

Pero aunque muy fácilmente franqueable, la barrera que separaba a la nobleza de Francia de las otras clases era siempre fija y visible, siempre reconocible por signos evidentes y odiosos para quien se hallaba fuera. Una vez salvada, quien lo lograba se encontraba separado de todos aquellos pertenecientes al medio que acababa de abandonar, a causa de los privilegios que le resultaban onerosos y humillantes.

Lejos de atenuar el odio del plebeyo contra el gentilhombre, el sistema de ennoblecimientos lo acrecentaba sin medida; lo exacerbaba con toda la envidia que el nuevo gentilhombre inspiraba a sus antiguos iguales. Ello explica que el tercer Estado en sus quejas muestre siempre mayor irritación contra los ennoblecidos que contra los gentileshombres, y que lejos de pedir que se amplíe la puerta que puede conducirlo fuera del camino, solicite continuamente que esta sea reducida.

En ninguna época de nuestra historia se había adquirido la nobleza tan fácilmente como en el 89 y nunca habían estado ni el burgués ni el gentilhombre tan distanciados el uno del otro. Los gentileshombres no solo no quieren soportar en sus colegios electorales nada que huela a burguesía, sino que los burgueses marginan con igual esmero a quienes presentan la apariencia de gentileshombres. En ciertas provincias, los recién ennoblecidos son rechazados, por un lado, porque no se les considera suficientemente gentileshombres, y por el otro, porque encuentran que lo son ya en demasía. Este fue, según dicen, el caso del célebre Lavoisier.

Si, dejando a un lado a la nobleza, consideramos ahora a la burguesía, vamos a presenciar un espectáculo muy semejante y a ver al burgués casi tan separado del pueblo como el gentilhombre lo estaba del burgués.

En el Antiguo Régimen, casi la totalidad de la clase media vivía en las ciudades. Sobre todo dos fueron las causas que produjeron este efecto: los privilegios de los gentileshombres y la talla. El señor que residía en sus tierras solía mostrar cierta bonhomía familiar hacia los campesinos; pero su insolencia ante los burgueses, sus vecinos, era casi infinita. Esta insolencia no dejaba de aumentar a medida que disminuía su poder político, por esa misma razón; pues, por una parte, habiendo dejado de gobernar, ya no tenía interés en mostrar consideración a quienes podían ayudarlo en esa tarea, y por la otra, como se ha señalado con frecuencia, le gustaba consolarse de la pérdida de poder real por el uso inmoderado de sus derechos aparentes. Su propia ausencia de sus tierras, en vez de representar un alivio para sus vecinos, aumentaba su malestar. El ausentismo no servía para nada en tal caso, pues el que fuera un procurador quien ejerciera los privilegios no los hacía más soportables.

Sin embargo, tal vez la talla y todos los impuestos asimilados a ella hayan sido causas más eficaces.

Creo que podría explicar en pocas palabras por qué la talla y sus accesorios eran mucho más gravosos en los campos que en las ciudades, pero esto tal vez parezca inútil al lector. Me bastará entonces con decir que los burgueses reunidos en las ciudades disponían de múltiples medios de atenuar el peso de la talla, y con frecuencia de sustraerse a ella por completo, como ninguno de ellos habría tenido aisladamente que haber permanecido en sus tierras. De este modo escapaban sobre todo a la obligación de cobrar la talla, cosa que temían mucho más todavía que a la de pagarla, y con razón, pues en el Antiguo Régimen, y creo que en ningún otro, nunca hubo peor condición que la de recaudador parroquial de la talla. Ya tendré ocasión de demostrarlo más adelante. Sin embargo, nadie en los pueblos, salvo los gentileshombres, podía evadir esta carga; antes que someterse a ella, el plebeyo rico alquilaba su propiedad y se retiraba a la ciudad cercana. Turgot está de acuerdo con todos los documentos secretos que tuve la ocasión de consultar, cuando nos dice: “el cobro de la talla convertía en burgueses de ciudad a casi todos los propietarios plebeyos de los campos”. Dicho sea de paso, esta es una de las razones que hicieron que Francia se llenara más de ciudades, y sobre todo de ciudades pequeñas, que en la mayor parte de los países de Europa.

Encerrado, así, entre murallas, el plebeyo rico pronto perdía el gusto y espíritu del campo; se volvía totalmente ajeno a los trabajos y los asuntos de sus semejantes que habían permanecido en el campo. Por así decirlo, su vida ya solo tenía una meta: aspirar a convertirse en funcionario público en su ciudad adoptiva.

Es muy grave error creer que la pasión de casi todos los franceses de nuestros días, y en particular de los que constituyen la clase media, por los puestos públicos, haya nacido a partir de la Revolución; tuvo su origen varios siglos antes y desde entonces no ha dejado de crecer, gracias a numerosos estímulos que buen cuidado se ha tenido de darle.

En el Antiguo Régimen, los puestos públicos no siempre se parecían a los nuestros, pero creo que eran todavía más; el número de los de poca monta era casi infinito. Se calcula que tan solo de 1693 a 1709 se crearon 40 000, casi todos al alcance de la baja burguesía. En 1750, para una ciudad de provincia de mediana extensión, conté hasta 109 personas dedicadas a impartir justicia y 126 encargadas de ejecutar las resoluciones de las primeras, todas ellas gente de la ciudad. El ansia de los burgueses por ocupar dichos puestos era algo que no tenía igual. En cuanto uno de ellos se sentía dueño de un pequeño capital, en vez de emplearlo en los negocios lo utilizaba al punto para comprar un puesto público. En Francia, esta miserable ambición ha hecho más daño al progreso de la agricultura y del comercio que las corporaciones y la propia talla. Cuando se agotaban los puestos, la imaginación de los solicitantes se ponía en ebullición y pronto inventaba otros nuevos. Para demostrar que va enteramente de acuerdo con el interés público crear inspectores para determinada industria, cierto señor Lemberville publica una memoria y acaba proponiéndose él mismo para el empleo. ¿Quién de nosotros no ha conocido a un Lemberville? En fin, ningún hombre medianamente ilustrado y de cierta condición económica consideraba decoroso morir sin haber sido funcionario público. “Todos, según su estado —dice un contemporáneo—, quieren ser nominados por el rey para un puesto”.

La mayor diferencia apreciable al respecto entre la época a que me refiero aquí y la nuestra es que a la sazón el gobierno vendía los puestos, en tanto que en la actualidad los da; para conseguirlos ya no se entrega dinero; se hace más: se entrega uno mismo.

Separado de los campesinos por la diferencia de rango y aún más por el género de vida, la mayoría de las veces el burgués mantenía esta separación también por interés. Con toda justicia se presentan quejas contra el privilegio de los gentileshombres en materia de impuestos; pero ¿qué decir de aquellos de los que gozaba el burgués? Se cuentan por miles los cargos que los exentan de todas o de parte de las cargas públicas: a este, de la milicia, al otro, de la prestación personal, a un tercero, de la talla. “¿Qué parroquia —se dice en un escrito de ese tiempo— no cuenta en su seno, independientemente de los nobles y los eclesiásticos, con diversos vecinos que, con ayuda de cargos o de una comisión, se han procurado alguna exención de impuestos?”. Una de las razones que provocan, de cuando en cuando, la abolición de cierto número de puestos destinados a los burgueses es la disminución de la recaudación que representa tan gran número de individuos exentos del pago de la talla. No dudo en absoluto que el número de exentos fuese tan grande y a menudo más entre la burguesía que entre la nobleza.

Estas miserables prerrogativas llenaban de envidia a quienes no gozaban de ellas, y del orgullo más egoísta a quienes las poseían. Durante todo el siglo XVIII nada es más manifiesto que la hostilidad de los burgueses de las ciudades contra los campesinos de sus alrededores, y que los celos de estos contra aquellos. “Cada una de las ciudades —dice Turgot—, preocupada por su interés particular, está dispuesta a sacrificar a los campos y pueblos circunvecinos”. “Con frecuencia os habéis visto obligados —dice en otro lugar hablando a sus subdelegados— a reprimir la tendencia constantemente usurpadora e invasora que caracteriza la conducta de las ciudades con respecto al campo y los pueblos de sus alrededores”.

El mismo pueblo que vive con los burgueses en el ámbito de la ciudad termina por serle ajeno y casi enemigo. La mayor parte de las cargas locales que establecen son dirigidas de manera que recaigan particularmente sobre las clases bajas. Más de una vez tuve oportunidad de verificar lo que dice el propio Turgot en algún lugar de su obra, acerca de que los burgueses de las ciudades habían encontrado el modo de regular los consumos para que no gravitaran sobre ellos.

Pero lo que se percibe mayormente en todos los actos de esa burguesía es el temor a verse confundida con el pueblo y el deseo apasionado de evitar por todos los medios ser controlada por él.

“Si pluguiera al rey —dicen los burgueses de cierta ciudad, en un informe al interventor general— que el puesto de alcalde volviera a ser electivo, convendría obligar a los electores a escoger únicamente entre los principales notables e incluso entre los integrantes del tribunal de primera instancia”.

Ya hemos visto cómo en la política de nuestros reyes figuraba despojar sucesivamente al pueblo de las ciudades el uso de sus derechos políticos. De Luis XI a Luis XV, toda su legislación revela esta idea. Con frecuencia, los burgueses de la ciudad se adhieren a ella y a veces la sugieren.

Con motivo de la reforma municipal de 1764, un intendente consulta a los oficiales municipales de una pequeña ciudad sobre el problema de saber si se debe conservar a los artesanos y a otra gente menuda el derecho de elegir a los magistrados. Estos oficiales responden que “en realidad el pueblo nunca abusó de ese derecho, y que sin duda sería aconsejable conservarle el consuelo de escoger a quienes deben gobernarlo, pero que en aras del mantenimiento del orden y de la tranquilidad públicos valdría aún más encomendar tal función a la asamblea de notables”. Por su parte, el subdelegado comunica que ha reunido en su casa, en conferencia secreta, a los “seis mejores ciudadanos de la ciudad”. Estos seis mejores ciudadanos acordaron unánimemente que lo mejor sería confiar la elección no a la asamblea de notables, como lo proponían los funcionarios municipales, sino a cierto número de diputados escogidos entre los diferentes cuerpos de que se compone esta asamblea. Más favorable a las libertades del pueblo que esos mismos burgueses, al mismo tiempo que da a conocer la opinión expresada por estos, el subdelegado agrega que “sin embargo, es muy duro para los artesanos pagar, sin poder controlar su empleo, sumas impuestas por aquellos de sus conciudadanos que, a causa de sus privilegios impositivos, tal vez sean los menos interesados en el asunto”.

Pero concluyamos el cuadro; consideremos ahora a la propia burguesía, aparte del pueblo, como hemos considerado a la nobleza aparte de los burgueses. Puesta al margen del resto, observamos en esta pequeña parte de la nación divisiones infinitas. Parecería que el pueblo francés fuese uno de esos supuestos cuerpos simples en que la química moderna encuentra nuevas partículas separables a medida que las observa con mayor detenimiento. Entre los notables de una pequeña ciudad he encontrado no menos de 36 cuerpos diferentes. Aunque muy pequeños, estos cuerpos actúan continuamente para reducirse aún más; todos los días eliminan las partes heterogéneas que pudieran contener, con el fin de reducirse a sus elementos simples. Hay algunos en los que esta noble labor los ha reducido a tres o cuatro miembros. Pero no por ello deja su personalidad de ser más viva y su humor más belicoso. Todos están separados unos de otros por pequeños privilegios, considerándose honrosos aun los menos encomiables. Entre ellos hay luchas eternas por la preeminencia. El intendente y los tribunales se muestran aturdidos por el ruido de sus querellas. “Por fin se acaba de decidir que el agua bendita se administrará al tribunal de primera instancia antes de serlo a la corporación de la ciudad. El parlamento vacilaba; pero el rey presentó el asunto en su consejo y decidió personalmente. Ya era hora; este asunto tenía en ebullición a la ciudad entera”. Si en la asamblea general de notables se da preferencia a una corporación sobre otra, esta deja de presentarse en ella y renuncia a los asuntos públicos antes que ver, según dice, pisoteada su dignidad. El gremio de peluqueros de la ciudad de la Flèche decide que “de ese modo dará fe del justo dolor que le causa la preeminencia concedida a los panaderos”. Parte de los notables de cierta ciudad se niegan obstinadamente a desempeñar su cargo “porque —dice el intendente— en la asamblea se han introducido algunos artesanos a quienes los principales burgueses encuentran humillante asociarse”. “Si la plaza de regidor —dice el intendente de otra provincia— se da a un notario, se disgustarán los demás notables, pues los notarios son aquí gente baja, que no pertenecen a familias de notables y que fueron pasantes”. Los seis mejores ciudadanos a los que me he referido, y que tan fácilmente deciden que el pueblo debe ser privado de sus derechos políticos, se muestran perplejos cuando se trata de ver quiénes han de ser los notables y cuál grado de preeminencia conviene establecer entre ellos. En semejante materia solo expresan con mayor modestia sus dudas, pues dicen que temen “causar a algunos de sus conciudadanos un dolor demasiado sensible”.

La vanidad natural de los franceses se refuerza y agudiza con el roce incesante del amor propio de estas pequeñas corporaciones, con lo cual hace que se olvide el orgullo legítimo del ciudadano. En el siglo XVI ya existen la mayor parte de las corporaciones a que me he referido; pero tras arreglar entre sí los asuntos de su asociación particular, sus miembros se reúnen continuamente con todos los demás vecinos para discutir conjuntamente los intereses generales de la ciudad. En el siglo XVIII se encuentran replegados en sí mismos, pues los actos de la vida municipal son pocos y todos se ejecutan a través de mandatarios. Por consiguiente, todas esas pequeñas sociedades viven solo para sí, se preocupan solo de sí y no tienen más asuntos que aquellos que les conciernen.

Nuestros antepasados no conocían la palabra individualismo que hemos acuñado para nuestro uso, porque en su época en efecto no había individuo que no perteneciera a un grupo y que pudiera considerarse absolutamente solo; pero cada uno de los numerosos grupitos que componía la sociedad francesa pensaba solo en sí mismo. Era, permítaseme la expresión, una especie de individualismo colectivo que preparaba a las almas para el verdadero individualismo que hoy conocemos.

Pero lo más extraño es que todos esos hombres que se mantenían tan apartados unos de otros, se habían hecho tan semejantes entre sí que hubiera bastado con hacerlos cambiar de lugar para ya no poder reconocerlos. Es más, si alguien hubiera podido sondear su espíritu habría descubierto que esas pequeñas barreras que separaban a personas tan semejantes les parecían a ellas mismas tan contrarias al interés público como al sentido común, y que en teoría ya adoraban la unidad. Cada cual se aferraba a su condición particular solo porque otros se particularizaban por la condición; pero todos estaban dispuestos a confundirse en la misma masa, siempre y cuando todos fueran iguales y nadie rebasara el nivel común.

CAPÍTULO X

Cómo la destrucción de la libertad política y la separación de las clases causaron casi todas las enfermedades que provocaron la muerte del Antiguo Régimen

De todas las enfermedades que atacaban la organización del Antiguo Régimen y lo condenaban a perecer, describí hace poco la más mortal. Deseo insistir aún sobre el origen de mal tan peligroso como extraño y mostrar cuántos otros derivaron del mismo.

Si los ingleses, a partir de la Edad Media, hubieran perdido por completo como nosotros la libertad política y todas las franquicias locales que sin esta no pueden subsistir por mucho tiempo, es muy probable que las diferentes clases que componen su aristocracia se habrían separado, como ocurrió en Francia, y en mayor o menor grado en el resto del continente, y que todas ellas en conjunto se apartaran del pueblo. Pero la libertad las forzó a mantenerse siempre unas cerca de otras con el fin de poder entenderse en caso de necesidad.

Es curioso ver en qué medida la nobleza inglesa, impulsada por su propia ambición, ha sabido, cuando le parecía necesario, mezclarse familiarmente con sus inferiores y fingir que los consideraba sus iguales. Arthur Young, al que ya he citado, y cuyo libro es una de las obras más instructivas que existan sobre la antigua Francia, cuenta que, estando cierto día en el campo, en casa del duque de Liancourt, manifestó el deseo de interrogar a algunos de los agricultores más hábiles y más ricos de los alrededores. El duque ordenó a su intendente que se los enviara. Al respecto, comenta el inglés:

En casa de un señor inglés, se hubiera hecho venir a tres o cuatro agricultores (farmers), que habrían cenado con la familia y en compañía de damas de lo más destacado. He sido testigo presencial de tales hechos cuando menos cien veces en nuestras islas. Pero es algo que buscaríamos inútilmente en Francia, desde Calais hasta Bayona.

Con toda probabilidad, la aristocracia inglesa era más altiva que la de Francia y se mostraba menos dispuesta a entrar en familiaridad con quienes se hallaban por debajo suyo; pero las necesidades de su condición la obligaban a ello. Estaba presta a todo con tal de mantener el mando. Hace siglos que entre los ingleses ya no se ven otras desigualdades de carácter impositivo que las que fueron introducidas sucesivamente en favor de las clases necesitadas. Os ruego que consideréis hasta dónde principios políticos diferentes pueden conducir a pueblos tan próximos. En el siglo XVIII es el pobre quien goza en Inglaterra del privilegio de la exención de los impuestos[9]; en Francia, el rico. Allá, la aristocracia ha tomado sobre sus hombros las cargas públicas más pesadas con el objeto de que se le permita gobernar; aquí, ha conservado hasta el fin la inmunidad impositiva para consolarse de haber perdido el gobierno.

En el siglo XIV, la máxima: “No paga quien no quiere” parece establecida tan sólidamente en Francia como en la propia Inglaterra. Se la menciona con frecuencia: contravenirla parece siempre un acto de tiranía; acatarla, ajustarse a derecho. A la sazón, podemos encontrar, tal como he dicho, infinidad de analogías entre nuestras instituciones políticas y las inglesas; pero por ese entonces los destinos de ambos pueblos se separan y van siendo cada vez más disímiles al paso del tiempo. Parecen dos líneas que, habiendo partido de puntos próximos, pero con una inclinación ligeramente distinta, en lo sucesivo se van apartando indefinidamente a medida que se prolongan.

Me atrevo a afirmar que desde el día en que la nación, fatigada de los incesantes desórdenes que acompañaron el cautiverio del rey Juan y la locura de Carlos VI, permitió a los reyes establecer un impuesto general sin su concurso, y en que la nobleza tuvo la cobardía de dejar que se gravara al tercer estado siempre y cuando ella misma quedara exenta, desde entonces se sembró el germen de casi todos los vicios y de casi todos los abusos que fueron socavando al Antiguo Régimen durante el resto de su vida y que acabaron por causarle su muerte violenta; admiro la singular sagacidad de Commines cuando dice: “Carlos VII, quien obtiene un triunfo al imponer la talla a su antojo, sin consentimiento de los estados, adquirió grave responsabilidad para sí y sus sucesores, causando a su reino una herida que tardará mucho tiempo en sanar”.

Considerad, en efecto, cómo la herida se ha mantenido abierta al paso de los años; seguid el hecho paso a paso con todas sus consecuencias.

Forbonnais dice con justa razón, en las sabias Recherches sur les finances de la France, que en la Edad Media los reyes generalmente vivían de las rentas de sus dominios; “y como las necesidades extraordinarias —agrega— se subvenían mediante contribuciones extraordinarias, estas también alcanzaban al clero, a la nobleza y al pueblo”.

La mayor parte de los ingresos generales aprobados por los tres órdenes, durante el siglo XIV, tienen efectivamente ese carácter. Casi todos los impuestos establecidos en esa época son indirectos, es decir, que son satisfechos por todos los consumidores indistintamente. A veces el impuesto es directo; en este caso grava, no a la propiedad, sino a la renta. Los nobles, los eclesiásticos y los burgueses tienen obligación de ceder al rey, durante un año, la décima parte, por ejemplo, de todas sus rentas. Lo que digo de los impuestos aprobados por los estados generales debe entenderse asimismo para los que establecían, por la misma época, los diferentes estados provinciales en sus territorios.

Cierto es que desde entonces el impuesto directo, conocido con el nombre de talla, nunca pesó sobre el gentilhombre. La obligación del servicio militar gratuito lo dispensaba de su pago; pero la talla, como impuesto general, tenía por aquel entonces un uso restringido, aplicable más bien al señorío que al reino.

Cuando el rey resolvió por primera vez recaudar los impuestos por su propia autoridad, comprendió que ante todo debía escoger uno que no pareciera gravar directamente a los gentileshombres; pues estos, que a la sazón constituían la clase rival y peligrosa para la monarquía, jamás habrían permitido una innovación que les hubiera resultado tan perjudicial; por tanto, el rey escogió un impuesto del que ellos estuvieran exentos y optó por la talla.

De ese modo, a todas las desigualdades particulares que ya existían se agregó una más general, que agravó y mantuvo a todas las demás. A partir de entonces, a medida que aumentan las necesidades de erario público con las atribuciones del poder central, la talla se extiende y se diversifica; pronto se decuplica y todos los nuevos impuestos se convierten en tallas. Cada año, la desigualdad impositiva separa aún más a las clases y aísla a los hombres con mayor severidad de lo que ya se hallaban entonces. Desde el momento en que el impuesto no tenía como objeto el gravar a los más capaces de pagarlo, sino a los más incapaces de defenderse contra él, se tuvo que llegar a la monstruosa consecuencia de dispensar al rico y de cobrar al pobre. Se dice que Mazarino, careciendo de dinero, imaginó establecer un impuesto sobre las principales casas de París, pero que tras encontrar cierta resistencia por parte de los interesados se circunscribió a incorporar los cinco millones que necesitaba al decreto general de la talla. Quiso gravar a los ciudadanos más opulentos, pero fueron los más miserables quienes terminaron por pagarlo; sin embargo, el erario no perdió nada con ello.

El producto de impuestos tan mal distribuidos tenía sus límites, en tanto que no los tenían las necesidades de los príncipes. No obstante, estos no querían convocar a los estados para obtener subsidios, ni gravar a la nobleza para no provocar que esta reclamara la convocatoria de dichas asambleas.

De ahí vino esa prodigiosa y nociva fecundidad del espíritu financiero, que caracteriza de manera tan singular la administración de los fondos públicos durante los tres últimos siglos de la monarquía.

Sería necesario estudiar con todo detalle la historia administrativa y financiera del Antiguo Régimen para comprender a qué prácticas violentas o deshonestas puede conducir la necesidad de dinero a un gobierno benévolo, pero sin publicidad ni control, una vez que el tiempo ha afirmado su poder y lo ha librado del temor a las revoluciones, última salvaguardia de los pueblos.

En estos anales encontramos a cada paso bienes reales vendidos y luego incautados como inalienables; contratos violados, derechos adquiridos que se desconocen; el acreedor del estado sacrificado en cada crisis y la fe pública burlada de continuo.

Privilegios acordados a perpetuidad son perpetuamente retirados. Si pudiéramos condolernos del desagrado que causa una tonta vanidad, nos inspiraría lástima la suerte de esos desdichados nobles de nuevo cuño a los que, durante el transcurso de los siglos XVII y XVIII, se les hace comprar de cuando en cuando esos vanos honores o esos injustos privilegios por los que ya han pagado varias veces. De ese modo anula Luis XIV todos los títulos de nobleza adquiridos desde hacía 92 años, títulos que en su mayor parte habían sido otorgados por él mismo; solo era posible conservarlos cubriendo una nueva cantidad, habiendo sido obtenidos todos esos títulos por sorpresa, dice el edicto. Ejemplo que Luis XV no pierde la oportunidad de imitar, 80 años después.

Al miliciano se le prohíbe buscar sustituto, según se dice, por temor a hacer que el precio de las levas se encarezca para el Estado.

Ciudades, comunidades y hospitales son obligados a faltar a sus obligaciones, para que estén en posibilidad de efectuar préstamos al rey. Se impide a las parroquias emprender obras útiles, por temor a que, dividiendo sus recursos de ese modo, dejen de pagar puntualmente el importe de la talla.

Se cuenta que los señores Orry y De Trudaine, el primero interventor general y el segundo director general de obras públicas, habían concebido el proyecto de sustituir el servicio personal caminero por una prestación en dinero que debían pagar los habitantes de cada cantón para la reparación de sus caminos. Resulta instructiva la razón que hizo desistir a estos hábiles administradores de sus intenciones: temían, según se dice, que una vez reunidos los fondos no se pudiera evitar que el erario público los desviara para aplicarlos en su provecho, de modo que los contribuyentes pronto tendrían que soportar ambos a la vez, o sea tanto el nuevo impuesto como la prestación personal. No temo decir que ningún particular habría podido escapar a la acción de la justicia si hubiera administrado su propia fortuna tal como el gran rey, en plena gloria, administraba el erario público.

Si encontráis algún antiguo establecimiento de la Edad Media que se haya mantenido agravando sus vicios a contrapelo del espíritu de su tiempo, o alguna novedad perniciosa, id hasta la raíz del mal: ahí hallaréis un expediente financiero convertido en institución. Para pagar deudas de un día veréis fundar nuevos poderes que perdurarán por siglos.

Un impuesto particular, llamado derecho de feudo alodial, se había establecido desde tiempos muy remotos a los plebeyos que poseían bienes nobles. Este derecho creaba entre las tierras la misma división que existía entre los hombres y acrecentaba sin cesar una por la otra. Me pregunto si el derecho de feudo alodial no sirvió más que ningún otro para mantener separado al plebeyo del gentilhombre, porque le impedía confundirse en lo que más rápidamente y mejor asimilan los hombres entre sí: la propiedad territorial. De esa suerte, un abismo se reabría de vez en cuando entre el propietario gentilhombre y el propietario plebeyo, vecino suyo. En Inglaterra, por el contrario, nada precipitó más la cohesión de ambas clases que la abolición, desde el siglo XVII, de todos los signos que allí distinguían al feudo de aquella tierra poseída por los plebeyos.

En el siglo XIV, el derecho de feudo alodial es moderado y solo se cobra de vez en cuando; pero en el XVIII, cuando casi ha sido destruido el feudalismo, es exigido rigurosamente cada 20 años, y representa todo un año de rentas. El hijo lo paga al suceder a su padre. “Este derecho —dice la Sociedad de Agricultura de Tours en 1761— perjudica infinitamente el progreso del arte agrícola. Sin discusión, de todas los imposiciones que cubren los súbditos del rey, no existe otra cuya vejación resulte tan onerosa para el campo”. “Esta finanza —dice otro contemporáneo—, que en un principio solo se imponía una vez en la vida, con posterioridad se ha constituido en un impuesto muy cruel”. La propia nobleza habría querido que se aboliese, pues impedía a los plebeyos adquirir sus tierras; pero las necesidades del fisco demandaban que no solo se mantuviera sino que se aumentara.

Sin razón se atribuyen a la Edad Media todos los males que han podido producir las corporaciones industriales. Todo indica que el origen de las maestrías y cofradías no fueron sino modos de vincular entre sí a los miembros de una misma profesión y de establecer en el seno de cada industria un pequeño gobierno libre, cuya misión consistía tanto en ayudar a los obreros como en contenerlos. Lo más probable es que san Luis no haya deseado otra cosa.

Fue apenas a principios del siglo XVI, en pleno Renacimiento, cuando se pensó, por primera vez, en considerar el derecho al trabajo como un privilegio que el rey podía vender. Tan solo entonces cada corporación se convirtió en una pequeña aristocracia cerrada y se dio inicio al establecimiento de esos monopolios tan perjudiciales para el progreso de las artes y que tanto indignaron a nuestros antepasados. Desde Enrique III, que generalizó el mal, en caso de que no le diera origen, hasta Luis XVI, que lo extirpó, se puede decir que nunca dejaron de aumentar y de extenderse los abusos del sistema de corporaciones, al mismo tiempo que los progresos de la sociedad los hacían más insoportables y que la razón pública los identificaba mejor. Año tras año nuevas profesiones cesaban de ser libres y aumentaban los privilegios de las antiguas. El mal nunca se llevó tan lejos como en los que se ha dado en llamar los mejores años del reinado de Luis XIV, porque nunca había sido tan grande la necesidad de dinero, ni más firme la determinación de no dirigirse a la nación.

Letrone decía con justa razón en 1775:

El Estado ha establecido las comunidades industriales solo para obtener recursos, sea por las patentes que vende, sea mediante la creación de nuevos oficios que las comunidades se ven obligadas a comprar. El edicto de 1673 vino a sacar las últimas consecuencias de los principios de Enrique III, obligando a todas las comunidades a adquirir cartas de confirmación mediante el correspondiente pago y haciendo que se reunieran en comunidades todos aquellos artesanos que todavía no lo habían hecho. Este miserable negocio produjo trescientas mil libras.

Ya hemos visto cómo se alteró toda la organización de las ciudades no con miras políticas, sino con la esperanza de procurar al erario algunos recursos.

Es esta misma necesidad de dinero, aunada a la voluntad de no solicitarlo de los estados, lo que originó la venalidad de los cargos, lo que poco a poco se convirtió en algo tan singular como nunca antes se había visto en el mundo. Gracias a esta institución, creada por el espíritu fiscal, la vanidad del tercer estado se mantuvo en vilo por espacio de tres siglos dirigida únicamente a la adquisición de los cargos públicos, e hizo penetrar hasta las entrañas de la nación esa pasión universal por las plazas, que fue fuente común de las revoluciones y de la servidumbre.

A medida que aumentaban las dificultades financieras, se veían surgir nuevos empleos, todos retribuidos mediante exenciones de impuestos o privilegios, y como las que decidían eran las necesidades del tesoro y no las de la administración, se llegó de este modo a instituir un número casi increíble de funciones enteramente inútiles o nocivas. Desde 1664, con ocasión del estudio ordenado por Colbert, se encontró que el capital comprometido en esta miserable propiedad ascendía a cerca de 500 millones de libras. Se dice que Richelieu suprimió 100 000 cargos. Pero estos resurgían de inmediato con otros nombres. Por un poco de dinero, el poder se privaba del derecho de dirigir, de supervisar y de urgir a sus propios agentes. Poco a poco se construyó así un aparato administrativo tan extenso, complejo, embrollado e improductivo que, en cierto modo, hubo que dejarlo trabajar en el vacío y construir fuera de él un instrumento de gobierno que fuese simple y más manejable, por medio del cual se hizo en realidad todo lo que aquellos funcionarios simulaban hacer.

Es posible afirmar que ninguna de esas instituciones detestables habría podido subsistir 20 años si se hubiera permitido discutirlas. Ninguna se habría establecido ni agravado si se hubiese consultado a los estados o si se hubieran escuchado sus quejas cuando por casualidad todavía se les reunía. En escasos estados generales congregados en los últimos siglos no se dejó de reclamar en su contra. En repetidas ocasiones se señaló, en las asambleas, como origen de todos los abusos el poder de establecer impuestos arbitrariamente que se ha arrogado el rey o, según las propias expresiones de que se valía el lenguaje enérgico del siglo XV, “el derecho de enriquecerse con la sustancia del pueblo sin el consentimiento ni deliberación de los tres estados”. Estos no solo se preocupan por sus propios derechos, sino que exigen con fuerza y a menudo obtienen que se respeten los de las provincias y las ciudades. En cada nueva sesión se alzan voces en contra de la desigualdad en las cargas. En reiteradas ocasiones, los estados demandan que se abandone el sistema de los gremios: siglo tras siglo atacan con creciente vigor la venalidad de los oficios. “Quien vende un oficio vende justicia, lo que es infame”, dicen. Cuando queda establecida la venalidad de los cargos, continúan quejándose del abuso que se hace de los oficios y se pronuncian contra tantas plazas inútiles y privilegios peligrosos, pero siempre en vano. Estas instituciones se crearon precisamente en contra de los estados generales; nacieron del deseo de no reunirlos y de la necesidad de disfrazar a los ojos de los franceses el impuesto que el poder no se atrevía a mostrarles con sus verdaderos rasgos.

Pero advertid que a esas prácticas recurrieron tanto los mejores como los peores reyes. Luis XII termina de consolidar la venalidad de los oficios; Enrique IV vende la transmisión por herencia: ¡así, los vicios del sistema son más fuertes que la virtud de los hombres que lo practican!

Ese mismo anhelo de evadir la tutela de los estados hizo que se confiara a los parlamentos la mayor parte de sus atribuciones políticas; así se enreda el poder judicial en el gobierno de manera sumamente perjudicial para el buen orden de los asuntos. Era preciso simular que se establecían ciertas garantías nuevas en lugar de las que se suprimían, pues a los franceses, que soportan con no poca paciencia el poder absoluto mientras no sea opresivo, no les gusta tenerlo enfrente, por lo que siempre es recomendable colocar ante él una especie de barrera, que aunque no logre detenerlo por lo menos lo disimule un poco.

En fin, fue ese deseo de impedir que la nación, a la que se le pedía su dinero, volviera a demandar su libertad, lo que hizo velar ininterrumpidamente porque las clases permanecieran separadas unas de otras, a fin de que no pudiesen ni acercarse ni entenderse para presentar una resistencia común, y así el gobierno nunca tuviera que enfrentarse sino a un reducido número de hombres aislados de todos los demás. Durante todo el curso de esta larga historia, en la que sucesivamente hemos visto aparecer tantos príncipes notables, varios por su talento, algunos por su genio y casi todos por su valor, no encontramos uno solo que haga algún esfuerzo por acercar a las clases y unirlas, como no sea para someterlas a todas a la misma dependencia. Me equivoco: uno solo lo quiso e incluso lo intentó de todo corazón; y ese, ¡quién pudiera conocer los designios de Dios!, fue Luis XVI.

La división de las clases fue el crimen de la antigua realeza, que luego constituyó su excusa, pues cuando todos los que conforman la parte rica e ilustrada de la nación ya no pueden entenderse ni ayudarse mutuamente en el gobierno, la administración del país por sí mismo es casi imposible y se hace necesaria la intervención de un amo.

La nación —dice Turgot con tristeza, en un informe secreto al rey— es una sociedad compuesta de diferentes órdenes mal avenidos y de un pueblo cuyos miembros mantienen pocos lazos entre sí, por consiguiente nadie se preocupa sino de su interés particular. En ninguna parte hay interés común visible. Los pueblos y las ciudades ya no mantienen más relaciones mutuas que con los distritos a que pertenecen. No pueden entenderse entre sí para la realización de las obras públicas que les son necesarias. En esta guerra perpetua de pretensiones y de empresas, Vuestra Majestad se ve obligado a decidirlo todo por sí mismo o por sus mandatarios. Se esperan vuestras órdenes especiales para contribuir al bien público y para respetar los derechos del prójimo, y en ocasiones para ejercer los propios.

No es empresa fácil la de acercar a conciudadanos que por siglos vivieron así, como extraños o como enemigos, y enseñarles a encargarse en común de sus propios asuntos. Dividirlos fue mucho más sencillo de lo que entonces era reunirlos. Hemos dado al mundo un memorable ejemplo. Cuando, hace 60 años, entraron en contacto las diferentes clases que componían la sociedad de la antigua Francia, tras mantenerse aisladas durante tanto tiempo por tantas barreras, la primera relación fue a través de sus puntos más dolorosos y no se volvieron a encontrar sino para desgarrarse entre sí. Sus celos y sus odios les sobreviven incluso en nuestros días.

CAPÍTULO XI

De la especie de libertad que existía bajo el Antiguo Régimen y de su influencia sobre la Revolución

Si se detuviera aquí en la lectura de este libro, no se tendría sino una imagen muy imperfecta del gobierno del Antiguo Régimen y se comprendería mal a la sociedad que realizó la Revolución.

Viendo a los conciudadanos tan divididos y concentrados en sí mismos y un poder real tan amplio y poderoso, podría pensarse que el espíritu de independencia había desaparecido junto con las libertades públicas y que todos los franceses se habían plegado por igual ante la sujeción. Pero no era así; aunque el gobierno ya dirigía solo y absolutamente todos los asuntos comunes, se hallaba lejos de ser el amo de todos los individuos.

La libertad vivía, en medio de muchas instituciones preparadas ya para el poder absoluto; pero era una suerte de libertad singular, de la que es difícil darse hoy una idea, y a la que se necesita analizar con gran detenimiento para comprender el bien y el mal que nos pudiera haber hecho.

En tanto que el gobierno central sustituía a todos los poderes locales y dominaba cada vez más toda la esfera de la autoridad pública, diversas instituciones a las que había tolerado o que él mismo había creado, así como viejos usos, antiguas costumbres y hasta abusos, estorbaban sus movimientos y mantenían todavía en el fondo del alma de gran número de individuos el espíritu de resistencia, y conservaban en muchos caracteres su consistencia y relieve.

La centralización tenía ya la misma naturaleza, los mismos procedimientos, las mismas miras que en nuestros días, aunque todavía no el mismo poder. El gobierno, en su deseo de obtener dinero de todo y tras poner en venta la mayor parte de los cargos públicos, se había privado a sí mismo de la facultad de otorgarlos y retirarlos a su arbitrio. Una de sus pasiones había causado así un gran perjuicio al éxito de la otra: su avidez había servido para contrarrestar su ambición. Por consiguiente, para actuar se había reducido a emplear de manera continua instrumentos que no había conformado él mismo y que no podía destruir. No pocas veces veía así sus deseos más imperiosos enervarse a la hora de la ejecución. Esa organización extraña y viciosa de las funciones públicas se convertía en una especie de garantía política contra la omnipotencia del poder central. Era como si fuese un dique irregular y mal construido que dividía su fuerza y amortiguaba su impacto.

El gobierno no disponía aún de esta multitud infinita de favores, ayudas, honores y dinero que puede dispensar en la actualidad; en consecuencia, había mucho menos medios tanto de seducir como de obligar.

Por lo demás, él mismo desconocía los límites exactos de su poder. Ninguno de sus derechos era regularmente reconocido ni sólidamente establecido; su esfera de acción era inmensa, pero todavía marchaba con paso incierto, como por un lugar oscuro y desconocido. Esas temibles tinieblas, que entonces ocultaban los límites de todos los poderes y que reinaban en torno a todos los derechos, resultaban en ocasiones favorables a los designios de los príncipes contra la libertad de sus súbditos; pero con frecuencia les servía también de defensa a estos.

Sintiéndose de reciente creación y de humilde cuna, la administración siempre se mostraba tímida en sus procedimientos, por pequeño que fuera el obstáculo que encontrara en su camino. Cuando leemos la correspondencia de los ministros y de los intendentes del siglo XVIII, resulta un espectáculo digno de atención ver cómo aquel gobierno, tan dominante y tan absoluto en tanto no se discute su obediencia, se desconcierta ante la menor resistencia, lo perturba la crítica más ligera, lo asusta el más leve ruido y cómo, entonces, se detiene, vacila, parlamenta, se muestra temperamental y con frecuencia se queda muy corto respecto a los límites naturales de su poder. El blando egoísmo de Luis XV y la bondad de su sucesor se prestaban a ello. Por lo demás, estos príncipes nunca imaginaron que se pensara en destronarlos. No tenían nada de ese temperamento inquieto y duro que a partir de entonces a menudo da el miedo a quienes gobiernan. Solamente atropellaban a la gente que no veían.

Muchos de los privilegios, de los prejuicios y de las ideas falsas que más se oponían al establecimiento de una libertad regular y bienhechora mantenían, en numerosos súbditos, el espíritu de independencia y los predisponían a la firmeza contra los abusos de la autoridad.

Los nobles mostraban gran desprecio por la administración propiamente dicha, aunque de vez en cuando recurrían a ella. Hasta en el abandono de su antiguo poder conservaban algo de ese orgullo de sus antepasados, tan enemigo de la servidumbre como de la regla. Poco se preocupaban ya de la libertad general de los ciudadanos y soportaban de buen grado que la mano del poder oprimiera a quienes se hallaban a su alrededor; pero no entendían que pesara sobre ellos mismos, y para evitarlo estaban dispuestos, de ser necesario, a correr grandes riesgos. Cuando empieza la Revolución, esta nobleza, que caería junto con el trono, todavía mantiene ante el rey, y sobre todo ante sus agentes, una actitud infinitamente más altiva y un lenguaje más libre que el tercer estado, que pronto derribaría a la realeza. Casi todas las garantías contra los abusos del poder que hemos[10] poseído durante los 37 años del régimen representativo son reivindicadas enérgicamente por ella. Leyendo sus cuadernos y en medio de sus prejuicios y de sus menosprecios, se siente el espíritu y algunas de las grandes cualidades de la aristocracia. Siempre habremos de lamentar que, en vez de someter a esa nobleza al imperio de las leyes, se la haya abatido y desarraigado. Actuando de este modo, se privó a la nación de una parte necesaria de su sustancia y se causó a la libertad una herida que no sanará jamás. Una clase que durante siglos marchó al frente ha adquirido, en ese largo e indiscutible uso de su grandeza, cierto orgullo íntimo, una confianza natural en su fuerza y una costumbre de ser considerada, que hacen de ella el punto más resistente del cuerpo social. No solo tiene costumbres viriles, sino que enriquece con su ejemplo la virilidad de las otras clases. Extirpándola, enervamos hasta a sus propios enemigos. Nada podría remplazarla por completo, ni podrá renacer jamás; puede recobrar los títulos y los bienes, pero no el alma de sus antepasados.

Los sacerdotes, a los que a menudo habremos de ver luego sometidos de manera tan servil en asuntos civiles a no importa qué soberano temporal, y ser sus más audaces aduladores ante el menor indicio que diera de favorecer a la Iglesia, formaban entonces uno de los cuerpos más independientes de la nación y el único cuyas libertades particulares tenía la obligación de respetar.

Las provincias habían perdido sus franquicias, en tanto que a las ciudades no les quedaba ya sino su sombra. Diez nobles no podían reunirse a deliberar juntos sobre cualquier asunto sin permiso expreso del rey. Entre tanto, la Iglesia de Francia conservó hasta el final sus asambleas periódicas. Pero en su seno, el propio poder eclesiástico tenía límites respetados. El bajo clero contaba con serias garantías contra la tiranía de sus superiores, y no estaba preparado por la ilimitada arbitrariedad del obispo para la obediencia pasiva ante el príncipe. No constituye mi propósito juzgar esta antigua organización de la Iglesia; solo diré que no preparaba en lo más mínimo el alma de los sacerdotes para la servidumbre política.

Por otra parte, muchos eclesiásticos eran nobles por nacimiento y llevaban a la Iglesia la altivez y la indocilidad de la gente de su condición. Además, todos tenían una posición elevada en el Estado y gozaban de privilegios. El uso de esos mismos derechos feudales, tan fatal para el poder moral de la Iglesia, en lo individual, daba a sus miembros cierto espíritu de independencia ante el poder civil.

Pero lo que más contribuía a que los sacerdotes compartieran las ideas, las necesidades, los sentimientos y con frecuencia las pasiones del ciudadano era la propiedad de la tierra. He tenido la paciencia de leer la mayor parte de los informes y de los debates que nos legaron los antiguos estados provinciales, y en particular los del Languedoc, en donde el clero se hallaba más ligado que en ninguna otra parte a los pormenores de la administración pública, así como las actas de las asambleas provinciales que tuvieron lugar en 1779 y 1787; y aportando a esa lectura las ideas de mi época, me asombraba ver a obispos y abates, varios de los cuales fueron tan eminentes por su santidad como por su saber, redactar informes sobre la apertura de un camino o de un canal, abordar el asunto con profundo conocimiento de causa, discutir con ciencia y arte infinitas cuáles eran los mejores procedimientos para incrementar la producción agrícola, garantizar el bienestar de los habitantes y procurar la prosperidad de la industria, siempre al nivel y a menudo por encima de los laicos que se ocupaban con ellos en los mismos asuntos.

Contrariamente a una opinión muy generalizada y sólidamente establecida, me atrevo a pensar que los pueblos que impiden al clero católico toda participación en la propiedad territorial y transforman todas sus rentas en salarios, solo sirven a los intereses de la Santa Sede y a los de los príncipes temporales, y se privan a sí mismos de un grandísimo elemento de libertad.

Para un hombre que ha sometido la mejor parte de sí mismo a una autoridad extranjera, y que en el país en donde vive no puede tener familia, por así decirlo, únicamente está ligado al suelo por un solo lazo sólido, la propiedad de la tierra. Cortad este lazo y ya no pertenecerá en lo particular a ningún lugar. En aquel donde el azar hizo que naciera, vive como extraño en medio de una sociedad civil de cuyos intereses casi ninguno puede afectarlo directamente. Por su conciencia, solo depende del papa; para su subsistencia, del príncipe. Su única patria es la Iglesia. En cada acontecimiento político percibe tan solo lo que la favorece o aquello que la daña. Mientras permanezca libre y próspera, qué importa lo demás. En política, su condición más natural es la indiferencia. Excelente miembro de la ciudad cristiana, resulta un mediocre ciudadano para todo lo demás. Semejantes sentimientos e ideas en una corporación que es rectora de la infancia y guía de las costumbres, no pueden dejar de enervar el alma de la nación entera por lo que concierne a la vida pública.

Si se quiere tener una idea justa de las revoluciones que puede sufrir el espíritu de los hombres como consecuencia de los cambios ocurridos en su condición, es preciso releer los cuadernos del orden eclesiástico de 1789.

En estos, el clero con frecuencia se muestra intolerante y a veces tenazmente aferrado a varios de sus antiguos privilegios; pero, en lo demás, tan enemigo del despotismo, tan favorable a la libertad civil y tan enamorado de la libertad política como el tercer estado o la nobleza, y proclama que debe garantizarse la libertad individual, no mediante promesas, sino por algún procedimiento análogo al habeas corpus. Pide la desaparición de las prisiones del Estado, la abolición de los tribunales excepcionales y de las avocaciones, la publicidad de todos los debates, la inamovilidad de los jueces, la admisibilidad de todo ciudadano a los empleos, que deben concederse tan solo al mérito; un reclutamiento militar menos opresivo y menos humillante para el pueblo, y del que nadie quede exento; la redención de los derechos señoriales que, surgidos del régimen feudal, según dice, son contrarios a la libertad; la libertad ilimitada del trabajo, la desaparición de las aduanas interiores; la multiplicación de las escuelas privadas: según él, en cada parroquia se necesita una, que debe ser gratuita; establecimientos laicos de beneficencia en todas las zonas rurales, así como comisiones y talleres de caridad; toda clase de estímulos para la agricultura.

En la política propiamente dicha, el clero proclama, más alto que nadie, que la nación tiene el derecho imprescriptible e inalienable de reunirse para hacer leyes y votar libremente los impuestos. Ningún francés, asegura, puede ser obligado a pagar un impuesto que no haya votado en persona o por representación. El clero pide además que los estados generales, elegidos libremente, se reúnan cada año; que discutan en presencia de la nación todos los asuntos importantes; que establezcan leyes generales a las que no se pueda oponer ningún uso ni privilegio particular; que fijen el presupuesto y fiscalicen incluso la casa del rey; que sus diputados sean inviolables y que los ministros siempre sean responsables ante ellos. También quiere que se creen asambleas de estados en todas las provincias, y municipalidades en todas las ciudades. Del derecho divino, ni una palabra.

No sé si en general y a pesar de los vicios escandalosos de cierto número de sus miembros, ha habido con anterioridad en el mundo algún clero más admirable que el clero católico de Francia en el momento en que lo sorprende la Revolución; más ilustrado, más vernáculo, menos circunscrito a las exclusivas virtudes privadas, mejor dotado de virtudes públicas, y al mismo tiempo con más fe: así lo demostró a las claras la persecución. Empecé el estudio de la antigua sociedad lleno de prejuicios en su contra; lo terminé lleno de respeto. En realidad, solo tenía aquellos defectos inherentes a todas las corporaciones, tanto las políticas como las religiosas, cuando se hallan fuertemente unidas y bien constituidas, a saber, la tendencia a invadir, el espíritu poco tolerante y el apego instintivo, y a veces ciego, a los derechos particulares de la corporación.

La burguesía del Antiguo Régimen también estaba mucho mejor preparada que la de hoy para dar pruebas de un espíritu independiente. Contribuían a ello muchos de los propios vicios de su conformación. Hemos visto ya que las plazas que ocupaba eran más numerosas todavía en aquel entonces que en la actualidad, y que las clases medias mostraban igual vehemencia para adquirirlas. Pero ved la diferencia de épocas. La mayor parte de esas plazas, que no eran dadas ni quitadas por el gobierno, aumentaban la importancia del titular sin dejarlo a merced del poder, es decir, que lo que hoy ocasiona la sujeción de tanta gente era precisamente lo que más le servía entonces para darse a respetar.

Por lo demás, las inmunidades de toda especie que tan desafortunadamente separaban a la burguesía del pueblo, convertían a esta en una falsa aristocracia que a menudo mostraba el orgullo y el espíritu de resistencia de la auténtica. En cada una de esas pequeñas asociaciones particulares que la dividían en tantas partes, se olvidaba de buen grado el bien general, pero continuamente había preocupación por los intereses y derechos de la corporación. Existían una dignidad y privilegios comunes que defender. Nadie podía perderse nunca en la multitud para ocultar tras ella cobardes complacencias. Cada hombre se encontraba ahí como en un teatro muy pequeño, es cierto, pero con mucha luz, en el que había un público, siempre el mismo y siempre dispuesto a aplaudirle o a silbarle.

El arte de ahogar el estruendo de cualesquier resistencias estaba entonces mucho menos perfeccionado que hoy. Francia todavía no era el lugar sordo en que vivimos; esta era, por lo contrario, bastante sonora, aunque la libertad política no se viera, bastaba con elevar la voz para ser oído a lo lejos.

Lo que en aquella época aseguraba, sobre todo a los oprimidos, un modo de hacerse oír era la organización de la justicia. Nos habíamos constituido en un país de gobierno absoluto por nuestras instituciones políticas y administrativas, pero seguíamos siendo un pueblo libre por nuestras instituciones judiciales. La justicia del Antiguo Régimen era compleja, engorrosa, lenta y costosa; qué duda cabe de que estos eran grandes defectos, pero en ella nunca se había conocido el servilismo ante el poder, que no es sino una forma de venalidad, la peor de ellas. Ese vicio capital, que no solo corrompe al juez, sino que pronto infecta a todo el pueblo, le resultaba enteramente desconocido. El magistrado era inamovible y no buscaba promoverse, dos cosas estas igualmente necesarias para su independencia, pues ¿qué importaba no poder presionarlo cuando había mil modos de conquistarlo?

Cierto es que el poder real había logrado sustraer a los tribunales ordinarios el conocimiento de casi todos los asuntos en que estaba interesada la autoridad pública; pero, aun despojándolos, los temía. Si bien les impedía juzgar, no siempre se atrevía a impedirles recibir las quejas y a dar su opinión; y como el lenguaje judicial conservaba entonces los giros del viejo francés, que gusta de llamar a las cosas por su nombre, a menudo ocurría que los magistrados denominaran crudamente como actos despóticos y arbitrarios los procedimientos del gobierno. La intervención irregular de los tribunales en el gobierno, que con frecuencia perturbaba la buena administración de los asuntos, así en ocasiones servía de salvaguardia a la libertad de los hombres: era un gran mal que limitaba a otro mal mayor.

En el seno de esos cuerpos judiciales y en todo su derredor se conservaba el vigor de las costumbres antiguas en medio de las nuevas ideas. Los parlamentos indudablemente se preocupaban más por sí mismos que de la cosa pública; pero debemos reconocer que en defensa de su propia independencia y de su honor se mostraban siempre intrépidos, y comunicaban su ánimo a todo aquel que se les aproximara.

En 1770, cuando fue disuelto el parlamento de París, los magistrados que lo formaban sufrieron la pérdida de su estado y de su poder, sin que por ello se viera a ninguno flaquear individualmente ante la voluntad real. Aún más: tribunales de naturaleza distinta, como los de cuentas, que no habían sido afectados ni estaban amenazados, se expusieron voluntariamente a los mismos rigores cuando estos eran ya un hecho. Pero he aquí algo más digno de destacar: los principales abogados que litigaban ante el parlamento se solidarizaron de muy buen grado con su suerte; renunciaron a lo que representaba gloria y riqueza, y se condenaron al silencio antes que comparecer ante magistrados deshonrados. En la historia de los pueblos libres no conozco nada más grande que lo ocurrido en esa ocasión, y sin embargo todo esto pasaba en el siglo XVIII, al lado de la corte de Luis XV.

Los hábitos judiciales se habían constituido, en muchos aspectos, en hábitos nacionales. Se había tomado asimismo de los tribunales la idea de que todo caso está sujeto a debate y todo fallo a apelación, el uso de la publicidad y el gusto por las formas, cosas enemigas de la servidumbre: esta es la única parte de la educación de un pueblo libre que nos ha legado el Antiguo Régimen. En gran parte, la propia administración había adoptado el lenguaje y los usos judiciales. El rey se creía obligado a fundamentar siempre sus edictos y a exponer sus razones antes de su conclusión; el consejo presentaba acuerdos precedidos de largos preámbulos; el intendente notificaba sus ordenanzas por medio del alguacil. En todos los cuerpos administrativos de origen antiguo, como, por ejemplo, el cuerpo de tesoreros de Francia o de los elegidos, los asuntos se discutían públicamente y se decidían previo alegato. Todos estos hábitos y formas eran barreras contra la arbitrariedad del príncipe.

Solo el pueblo, y sobre todo el campesino, se encontraba casi siempre imposibilitado para resistir a la opresión, como no fuera por la violencia.

La mayor parte de los medios de defensa que acabo de señalar estaban, en efecto, fuera de su alcance; para valerse de ellos, era preciso ocupar en la sociedad un lugar desde donde se le pudiera ver y una voz que le permitiera dejarse oír. Pero, exceptuando el pueblo, no había en Francia nadie que, con un corazón bien puesto, no pudiera disputar su obediencia ni resistirse, aun cuando aparentemente se plegaba.

El rey hablaba a la nación más como jefe que como amo. “Estamos orgullosos —dice Luis XVI a principios de su reinado, en el preámbulo de un edicto— de mandar a una nación libre y generosa”. Uno de sus antepasados ya había expresado la misma idea en un lenguaje más antiguo, cuando, agradeciendo a los estados generales la osadía de sus observaciones, dijo: “Preferimos hablar con hombres libres que con siervos”.

Los hombres del siglo XVIII apenas conocían esa especie de pasión por el bienestar que es como la madre de la servidumbre, pasión muelle, y no obstante tenaz e inalterable, que de buen grado se mezcla, y por así decirlo, se entrelaza con diversas virtudes privadas: al amor a la familia, a la regularidad de las costumbres, al respeto por las creencias religiosas e incluso a la práctica tibia y asidua del culto establecido, que permite la honradez y prohíbe el heroísmo, a más de sobresalir para hacer hombres ordenados y ciudadanos cobardes. Eran hombres mejores y peores a la vez.

Los franceses de entonces amaban la alegría y adoraban el placer; tal vez fueran más desordenados en sus costumbres, en sus pasiones y en sus ideas que los de hoy; pero desconocían ese sensualismo moderado y decente que vemos en la actualidad. Las clases altas se dedicaban mucho más a engalanar su vida que a hacerla cómoda, a ilustrarse que a enriquecerse. Ni las propias medianías se dejaban absorber jamás por entero en la búsqueda del bienestar, que con frecuencia se abandonaban para correr en pos de goces más delicados y elevados; en dondequiera se anteponía al dinero algún otro bien. “Conozco a mi nación —escribía en un estilo raro, pero no exento de orgullo, un contemporáneo—, hábil para fundir y para disipar los metales; no está hecha para honrarlos con un culto habitual, sino que estaría dispuesta a volver a sus antiguos ídolos, el valor, la gloria y me atrevo a decir que a la magnanimidad”.

Por lo demás, debemos abstenernos de juzgar la bajeza de los hombres por el grado de su sumisión ante el poder soberano, lo cual equivaldría a valerse de una medida falsa. Por muy sometidos a los deseos del rey que estuvieran los hombres del Antiguo Régimen, había una clase de obediencia que no conocían: no sabían lo que era doblegarse ante un poder ilegítimo o discutido, al que no se respeta y con frecuencia se desprecia, pero que se soporta de buen grado porque sirve o puede perjudicar. Esta forma degradante de esclavitud siempre les fue desconocida. El rey les inspiraba sentimientos que ninguno de los príncipes más absolutos que desde entonces han existido en el mundo pudo despertar y que para nosotros incluso son casi incomprensibles, porque la Revolución los arrancó de raíz de nuestros corazones. Sentían por él la ternura que se tiene por un padre y al mismo tiempo el respeto que solo se debe a Dios. Sometiéndose a sus órdenes más arbitrarias, cedían más ante el amor que ante la presión y de ese modo con frecuencia ocurría que conservaban su alma libre hasta en la dependencia más extrema. En su concepto, el mayor mal de la obediencia consistía en la obligatoriedad; en el nuestro, es el menor. El peor radica en el sentimiento servil que obliga a obedecer. Pero no despreciemos a nuestros padres, pues no nos cabe este derecho. ¡Quiera Dios que podamos encontrar, junto con sus prejuicios y defectos, algo de su grandeza!

Por consiguiente, sería un grave error creer que el Antiguo Régimen fue una época de servidumbre y dependencia. Reinaba mucha más libertad que en nuestros días; pero era una especie de libertad irregular e intermitente, siempre concentrada dentro del límite de las clases, siempre unida a la idea de excepción y de privilegio, que casi permitía desafiar tanto a la ley como a lo arbitrario y que casi nunca llegaba al extremo de brindar a todos los ciudadanos las garantías más naturales y más necesarias. Incluso reducida y deformada de este modo, la libertad seguía siendo fecunda. En la mismísima época en que la centralización trabajaba cada vez más para igualar, moldear y debilitar todos los caracteres, ella fue la que conservó en gran número de particulares su originalidad nativa, su colorido y su relieve, y la que alimentó en sus corazones el orgullo de sí mismos y con frecuencia hizo predominar, por encima de todos los gustos, el amor a la gloria. Por ella se formaron esas almas vigorosas, esos genios altivos y audaces que pronto veremos aparecer y que harán de la Revolución francesa objeto tanto de la admiración como del terror de las generaciones siguientes. Muy extraño habría sido que virtudes tan viriles hubieran podido florecer en un suelo en que no existiera la libertad.

Pero si esta especie de libertad desordenada y malsana preparaba a los franceses para derribar al despotismo, también los hacía menos aptos quizá que ningún otro pueblo para fundar en su lugar el imperio apacible y libre de las leyes.

CAPÍTULO XII

Cómo, pese a los progresos de la civilización, la condición del campesino francés era en ocasiones peor en el siglo XVIII que lo fue en el XIII

En el siglo XVIII, el campesino francés ya no podía continuar siendo presa de pequeños déspotas feudales; rara vez era blanco de violencias por parte del gobierno, gozaba de libertad civil y poseía parte del suelo, pero los hombres de las demás clases se habían apartado de él y vivía más solo de lo que quizá no se había visto en ninguna otra parte del mundo. Era una especie de opresión nueva y singular, cuyos efectos merecen ser considerados con suma atención y por separado.

Ya desde principios del siglo XVIII, de acuerdo con Peréfix, Enrique IV se quejaba de que los nobles abandonasen el campo. A mediados del XVIII, esta deserción fue general; la documentación de la época la señala y la deplora: los economistas en sus libros, los intendentes en su correspondencia y las sociedades agrícolas en sus memorias. La prueba auténtica al respecto se encuentra en los registros de la capitación. Esta se cobraba en el lugar del domicilio real; la recaudación de la nobleza alta y de parte de la media se efectuaba en París.

En el campo no permanecía casi nadie, a no ser el gentilhombre cuya mediocre fortuna le impedía irse. Respecto a sus vecinos campesinos, creo que este gentilhombre se hallaba en una posición en la que nunca se había visto ningún propietario rico. Como ya no era su jefe, no tenía el interés de antaño en velar por ellos, ni en ayudarlos ni en dirigirlos; y por otra parte, como no estaba sometido a las mismas cargas públicas no podía experimentar gran comprensión por su miseria, que no compartía, ni asociarse a sus agravios, que le eran ajenos. Esos hombres ya no eran súbditos suyos y él todavía no era su conciudadano: hecho único en la historia.

Lo anterior ocasionaba una especie de ausentismo del corazón, permítaseme la expresión, más frecuente todavía y más eficaz que el ausentismo propiamente dicho. De ahí que el gentilhombre residente en sus tierras mostrara con frecuencia propósitos y sentimientos que en su ausencia habría tenido su intendente; al igual que este, ya no veía a los colonos sino como deudores, y exigía rigurosamente de ellos todo lo que le correspondía aún de acuerdo con la ley o las costumbres, lo que en ocasiones haría que el cobro de lo que subsistía de los derechos feudales pareciera más difícil que en tiempos del propio feudalismo.

A menudo empeñado y siempre necesitado, este gentilhombre vivía por lo general con mucha estrechez en su castillo, pensando solo en reunir el dinero que en invierno iría a gastar a la ciudad. El pueblo, que con una sola palabra con frecuencia abarca directamente la idea, daba a este hidalgo el nombre de la más pequeña de las aves de presa: el halcón.

Se me podrá refutar sin duda con base en los individuos; pero yo me refiero a las clases, que son las únicas que interesan a la historia. ¿Quién puede negar que en aquella época haya habido muchos propietarios ricos que sin motivo forzoso ni interés común se preocupaban por el bienestar de los campesinos? Pero estos luchaban en buena hora contra la ley de su nueva condición que, a pesar de sí mismos, los empujaba hacia la indiferencia, así como a sus antiguos vasallos hacia el odio.

Con frecuencia se ha atribuido este abandono del campo por la nobleza a la influencia particular de algunos ministros y de ciertos reyes: unos mencionan a Richelieu; otros, a Luis XIV. En efecto, durante los tres últimos siglos de la monarquía fue un pensamiento casi siempre puesto en práctica por los príncipes el de separar a los gentileshombres del pueblo para atraerlos a la corte y a los cargos públicos. Esto se ve sobre todo durante el siglo XVII, cuando la nobleza todavía era motivo de temor para la monarquía. Entre las preguntas dirigidas a los intendentes, se les hace también esta: “¿A los gentileshombres de vuestra provincia les gusta quedarse en ella o abandonarla?”.

Se conserva la carta de un intendente que responde al respecto; se queja de que a los gentileshombres de su provincia les guste quedarse con sus campesinos, en lugar de cumplir sus deberes junto al rey. Obsérvese bien lo siguiente: la provincia de la que se hablaba en estos términos era la de Anjou, la que pasó a ser la de Vendée. Estos gentileshombres que rehusaban, según se dice, cumplir sus deberes ante el rey, fueron los únicos que defendieron con las armas en la mano a la monarquía francesa y supieron morir combatiendo por ella; esta gloriosa distinción la debieron al hecho de que habían sabido conservar a su alrededor a esos campesinos, entre los que se les reprochaba que quisieran vivir.

Sin embargo, no debe atribuirse a la influencia directa de algunos de nuestros reyes el abandono del campo por la clase que entonces se hallaba a la cabeza de la nación. La causa principal y permanente de este hecho no radicó en la voluntad de ciertos hombres, sino en la acción lenta e incesante de las instituciones; prueba de lo cual es que cuando, en el siglo XVIII, el gobierno quiso combatir el mal, ni siquiera pudo detener su avance. A medida que la nobleza va perdiendo sus derechos políticos, sin adquirir otros, y que desaparecen las libertades locales, esa emigración de los gentileshombres se incrementa; ya no es preciso por más tiempo atraerlos fuera de sus dominios, pues ya no desean permanecer en ellos: la vida de los campos les parece insípida.

Lo que aquí digo de los gentileshombres debe entenderse de los propietarios ricos de cualquier país: país de centralización, campos vacíos de habitantes ricos e ilustrados; podría añadir: país de centralización, país de cultura imperfecta y rutinaria, así como citar aquellas palabras tan profundas de Montesquieu, para determinar su sentido: “Las tierras producen menos en razón de su fertilidad que por la libertad de sus habitantes”. Pero no quiero salirme de mi tema.

Ya vimos con anterioridad cómo los burgueses, al abandonar asimismo el campo, buscaban de todas partes asilo en las ciudades. No hay punto sobre el que concuerden más todos los documentos del Antiguo Régimen. Estos señalan que en los campos nunca se ve más de una generación de campesinos ricos. Cuando alguno de ellos al fin logra reunir algún dinero, gracias a su trabajo, al punto hace que su hijo abandone el arado, lo manda a la ciudad y le compra un pequeño cargo. De esa época data esta especie de horror singular que, incluso en nuestros días, manifiesta a menudo el agricultor francés por la profesión que lo ha enriquecido. El efecto sobrevivió a la causa.

En realidad, el único hombre bien educado, o como dicen los ingleses, el único gentleman que residía de manera permanente en medio de los campesinos y en contacto constante con ellos, era el cura; así, el cura hubiera sido el verdadero amo de las poblaciones rurales, a despecho de Voltaire, si no hubiera estado ligado de manera tan estrecha y visible a la jerarquía política; poseyendo varios de sus privilegios, el cura se atrajo sobre sí parte del odio que dicha jerarquía despertaba.

He aquí, pues, al campesino casi enteramente separado de las clases superiores; e incluso distanciado de aquellos de sus iguales que habrían podido ayudarlo y dirigirlo. A medida que estos adquieren cultura o fortuna, lo rehúyen; así permanece como excluido en medio de toda la nación.

En ninguno de los grandes pueblos civilizados de Europa ocurría hecho semejante en ese mismo grado, e incluso en Francia el asunto era reciente. El campesino del siglo XIV era más oprimido a la vez que más socorrido. En ocasiones, la aristocracia lo tiranizaba, pero jamás lo abandonaba.

En el siglo XVIII, un pueblo es una comunidad en la que todos sus miembros son pobres, ignorantes y groseros; sus magistrados son tan incultos y despreciados como ella; su síndico es analfabeto; su recaudador, incapaz de efectuar por sí mismo las cuentas de las que dependen la fortuna de sus vecinos y la suya propia. Su antiguo señor no solo ha perdido el derecho de gobernarla, sino que ha llegado a considerar como una especie de degradación inmiscuirse en su gobierno. Fijar la talla, reclutar la milicia, reglamentar las prestaciones personales son actos serviles, propios del síndico. Solo el poder central se ocupa ya de ella, y como está muy lejos y todavía no tiene nada que temer de sus habitantes, tan solo se interesa en ella para sacar provecho.

Ved ahora lo que ocurre con una clase abandonada, a la que nadie desea tiranizar, pero a la que tampoco nadie trata de ilustrar ni de servir.

No cabe duda de que las más pesadas cargas que el sistema feudal hacía gravitar sobre el campesino fueron retiradas y aligeradas; pero lo que no se sabe es que se las sustituyó por otras, tal vez más insufribles. El campesino ya no padecía todos los males que habían sufrido sus padres, pero soportaba muchas miserias que estos no conocieron nunca.

Sabido es que la talla se había decuplicado durante los dos últimos siglos, casi exclusivamente a expensas de los campesinos. En este punto es preciso decir unas palabras acerca del modo en que era cobrada, y con ello mostrar las leyes bárbaras, que pueden establecerse o mantenerse en siglos civilizados, cuando los hombres más ilustrados de la nación no tienen el menor interés personal en cambiarlas.

En una carta confidencial que el interventor general escribe a los intendentes, en 1772, encuentro esta descripción de la talla, auténtica obra maestra en exactitud y brevedad. “Arbitraria en su distribución y solidaria en su percepción, personal y no real, en la mayor parte de Francia —dice este ministro—, la talla está sujeta a variaciones continuas en virtud de todos los cambios que ocurren cada año en la fortuna de los contribuyentes”. Todo está ahí en tres frases; imposible describir con más arte el mal del que se obtiene provecho.

La suma total del adeudo de la parroquia se fijaba anualmente. Esta cantidad variaba de continuo, como dice el ministro, de modo que ningún agricultor podía prever con un año de anterioridad lo que debería pagar al siguiente año. En la parroquia, un campesino era escogido al azar cada año y se le nombraba recaudador, lo que significaba que debía distribuir la carga impositiva entre los demás.

He prometido hablar sobre la condición de este recaudador. Demos la palabra a la asamblea provincial de Berry en 1779; no es sospechosa de falta de probidad, pues está compuesta integralmente por privilegiados exentos de la talla y elegidos por el rey.

Como todo el mundo quiere evitar el cargo de recaudador —decía la mencionada asamblea— es necesario que todos se turnen para su desempeño. Así, cada año el cobro de la talla se confía a un nuevo recaudador, sin tener en cuenta ni la capacidad ni la honradez; de esta manera la confección de cada lista manifiesta el carácter de quien la hace. El recaudador imprime en ella sus temores, sus debilidades o sus vicios. Por otra parte, ¿cómo podría salir airoso si obra con ignorancia plena? Pues, ¿quién puede conocer cabalmente la riqueza de su vecino y la proporción de esta comparada con la de otro? Sin embargo, solo la opinión del recaudador constituirá la decisión, y así responderá de la recaudación con sus propios bienes e incluso corporalmente. En general, durante dos años deberá perder medio día de trabajo en ir tras los contribuyentes. Los que no saben leer están obligados a procurar en el vecindario a quienes los suplan.

Con anterioridad, Turgot ya había señalado respecto a otra provincia: “Este empleo causa la desesperación y casi siempre la ruina de aquellos que lo desempeñan; de este modo se reduce sucesivamente a la miseria a todas las familias acomodadas de una población”.

Sin embargo, a ese desdichado recaudador se le confería un poder inmenso, convirtiéndolo tanto en tirano como en mártir. Durante el ejercicio de su función, causa de su ruina, tenía en sus manos la perdición de todo el mundo. “La preferencia por su parentela —sigue diciendo la asamblea—, por sus amigos y por sus vecinos, el odio y el deseo de venganza contra sus enemigos, la necesidad de un protector, el temor de disgustar a algún ciudadano rico que proporciona ocupación, luchan en su interior contra los sentimientos de justicia”. Con frecuencia, el terror convierte en despiadado al recaudador; hay parroquias en las que este siempre debe ir acompañado de comisionados de apremios y alguaciles. “Cuando va sin alguaciles —dice un intendente al ministro en 1764—, los contribuyentes se niegan a pagar”. “Tan solo en el distrito de Villefranche —prosigue señalando la asamblea provincial de Guyena— hay 106 comisionados de apremios, más numerosos alguaciles siempre en activo”.

Para escapar a esa tasación violenta y arbitraria, el campesino francés actúa, en pleno siglo XVIII, como el judío de la Edad Media. Adopta una apariencia miserable, aun cuando por ventura no lo sea en realidad; teme, con razón, mostrarse acomodado; así lo prueba de manera fehaciente un documento encontrado ya no en Guyena sino a cien leguas de ahí. La Sociedad Agrícola del Maine, en su informe de 1761, anuncia que había tenido la idea de distribuir cabezas de ganado como premios y estímulos. “No se llevó a cabo —dice— por las peligrosas consecuencias que podría acarrear una mezquina envidia en contra de quienes ganaran estos premios, y que, favorecida por la distribución arbitraria de los impuestos, les ocasionaría molestias en los años siguientes”.

En este sistema impositivo, cada contribuyente tenía, en efecto, un interés directo y permanente en espiar a sus vecinos y en denunciar ante el recaudador el aumento que pudieran experimentar sus riquezas; todos eran aleccionados para la envidia, la delación y el odio. ¿No podría pensarse que estas cosas suceden en los dominios de un rajá del Indostán?

Sin embargo, en ese mismo tiempo había en Francia regiones en las que el impuesto se cobraba con regularidad y sin violencia: era en determinados países de Estado. Cierto es que en estos se les había dejado el derecho de recaudarlo por sí mismos. En Languedoc, por ejemplo, la talla solo afecta la propiedad territorial y no varía de acuerdo con la holgura del propietario; como base fija y visible, tiene un catastro levantado meticulosamente que se renueva cada 30 años y en donde las tierras se dividen en tres clases, de acuerdo con su fertilidad. Cada contribuyente sabe exactamente de antemano lo que representa la parte de impuesto que deberá pagar. Si no paga, él o, mejor dicho, sus tierras, serán las responsables. Si se cree perjudicado en el reparto, siempre le queda el derecho de exigir que se compare su cuota con la del otro habitante de la parroquia que él mismo escoja. Era lo que en la actualidad llamamos apelación a la igualdad proporcional.

Como puede verse, son estas reglas precisamente las que nos rigen hoy en día; casi no han mejorado desde entonces y lo único que se ha hecho es generalizarlas. Vale la pena señalar que, aunque hayamos tomado del gobierno del Antiguo Régimen la misma forma de nuestra administración pública, nos hemos cuidado en no imitarlo en todo lo demás. De las asambleas provinciales y no de él hemos tomado nuestros mejores métodos administrativos. Al adoptar el aparato, rechazamos el producto.

La pobreza habitual del pueblo del campo había dado origen a máximas que no eran precisamente las más indicadas para acabar con ella. “Si los pueblos conocieran el bienestar —escribe Richelieu en su testamento político—, difícilmente soportarían las reglas”. En el siglo XVIII ya no se llega a tal grado, pero se cree todavía que el campesino no trabajaría si no fuera acicateado constantemente por la necesidad: la miseria parece ser la única garantía contra la pereza. Esta es precisamente la teoría que de vez en cuando he oído profesar respecto a los negros de nuestras colonias. Esta opinión se halla tan difundida entre los gobernantes que casi todos los economistas se creen obligados a combatirla formalmente.

Se sabe que el objeto primitivo de la talla había sido permitir que el rey comprara soldados con objeto de dispensar a los nobles y a sus vasallos del servicio militar; pero como hemos visto, en el siglo XVII se impuso de nuevo la obligatoriedad del servicio militar con el nombre de milicia, y esta vez solo pesó sobre el pueblo, y casi únicamente sobre el campesino.

Basta considerar los múltiples expedientes de gendarmería que llenan las carpetas de una intendencia, todos ellos acerca de la persecución de milicianos refractarios o desertores, para juzgar que el reclutamiento de la milicia enfrentaba no pocos obstáculos. En efecto, parece ser que para los campesinos no hubiera carga pública más insoportable que esta; para sustraerse a ella, a menudo huían a los bosques, adonde se les perseguía mediante fuerzas armadas. Algo que no deja de sorprender, si pensamos en la facilidad con que se realiza el reclutamiento forzado en nuestros días.

Esa extrema aversión de los campesinos del Antiguo Régimen por la milicia debe atribuirse a la manera en que se ejecutaba el reclutamiento, más que al principio legal en sí; sobre todo a la prolongada incertidumbre en que mantenía a aquellos sobre los que pendía su amenaza (cualquiera podía ser llamado hasta los 40 años, a menos que estuviese casado); a lo arbitrario de la revisión, que hacía casi inútil la ventaja de un buen número; a la prohibición de ser sustituido; a la aversión por oficio tan duro y peligroso, en el que no había esperanza alguna de ascenso; pero sobre todo al sentimiento de que peso tan grande solo recayese sobre ellos y aun sobre los más miserables de su clase, cuya ignominiosa condición hacía más amargos sus rigores.

He tenido en mis manos muchas actas de sorteos levantadas en el año de 1769 en gran número de parroquias; figuran ahí los exentos de cada una de estas: uno es doméstico en casa de un gentilhombre; otro cuida una abadía; un tercero solo es criado de un burgués, cierto, pero este vive como un noble. Solo la buena posición exime; cuando un agricultor figura anualmente entre quienes pagan más impuestos, sus hijos gozan del privilegio de quedar exentos de la milicia: es lo que se llama fomentar la agricultura. Los economistas, grandes amantes de la igualdad en todo lo demás, no se muestran disconformes con ese privilegio; solo piden que se haga extensivo a otros casos, es decir, que la carga de los campesinos más pobres y menos protegidos sea más pesada. “La mediocridad de la paga del soldado —dice uno de ellos—, la manera en que lo alojan, lo visten y lo alimentan, y su absoluta dependencia, serían demasiado crueles para quienes no pertenecían a la clase más baja”.

Hasta fines del reinado de Luis XIV no se dio mantenimiento a los caminos principales, o si se les suministró fue a expensas de quienes los utilizaban, es decir, del Estado o de los propietarios aledaños; pero por ese tiempo se empezó a repararlos a base tan solo de la prestación personal, es decir, a expensas de los campesinos. Este recurso para tener buenas vías de comunicación sin desembolso alguno pareció una idea tan feliz que en 1737 una circular del interventor general Orry la hizo extensiva a Francia entera. Los intendentes fueron revestidos del derecho de encarcelar a los recalcitrantes a su arbitrio o para enviarles comisionados de apremios.

A partir de entonces, con el crecimiento del comercio y el aumento de la necesidad o el deseo de tener buenos caminos, la prestación personal se extiende a la creación de nuevas rutas de comunicación y su carga se agrava. En un informe redactado en 1779 en la asamblea provincial de Berry, leemos que las obras ejecutadas mediante la prestación personal en esta pobre provincia deben evaluarse en 700 000 libras al año. Para 1787, en la Baja Normandía se alcanzaba aproximadamente la misma suma. Nada podría mostrarnos mejor la triste suerte de los campesinos: el progreso de la sociedad, que enriquece a las restantes clases, los desespera; solo a ellos les perjudica la civilización.

Leo en la correspondencia de los intendentes de dicha época que conviene negar a los campesinos el empleo de la prestación personal en los caminos particulares de sus poblaciones, dado que esa carga debe reservarse exclusivamente para los caminos principales, o como se decía entonces, para los caminos reales. Aunque nueva, la singular idea de que conviene que el precio de los caminos lo paguen los más pobres, o sea aquellos que menos irán a viajar, está arraigada de manera tan natural en el espíritu de quienes se aprovechan de ella, que pronto no pueden imaginar que las cosas podrían ser de otro modo. En el año de 1776, se intenta transformar la prestación personal en un impuesto local; la desigualdad cambia de inmediato con ella y prosigue en el nuevo impuesto.

De señorial que era la prestación personal, al convertirse en real se fue extendiendo poco a poco a todos los trabajos públicos. ¡Me doy cuenta de que, en 1719, la prestación personal sirve para construir cuarteles! Las parroquias deben enviar a sus mejores obreros, dice la orden, y todas las demás obras deben posponerse a esta. Gracias a la prestación personal se traslada a los forzados a los penales y a los mendigos a los asilos; se transportan los implementos militares cada vez que las tropas cambian de plaza: carga onerosísima en una época en que un pesado equipo seguía a cada regimiento, que requería reunir gran número de carretas y de bueyes desde lejanos lugares para arrastrarlo. Esta clase de prestación personal, que en un principio tuvo poca importancia, se convirtió en una de las más pesadas cuando los ejércitos permanentes aumentaron considerablemente su número. Encuentro contratistas del Estado que piden a gritos que se les den los sujetos a prestación personal, a fin de transportar la madera para construcción desde los bosques hasta los arsenales marítimos. En general, estos trabajadores recibían un salario, aunque siempre fijado de manera arbitraria y bajo. En ocasiones, el peso de una carga tan mal establecida era tal que el propio recaudador de la talla se inquieta. “Los gastos que se exigen a los campesinos para la reparación de caminos —escribe uno de ellos en 1751— pronto los situará ante la imposibilidad de pagar la talla”.

¿Habrían podido establecerse esas nuevas formas de opresión si junto al campesino hubiera habido hombres ricos e ilustrados con el deseo y el poder, si no para defenderlo, por lo menos para interceder por él ante ese amo común que ya tenía en sus manos tanto la fortuna del pobre como la del rico?

He leído una carta que en 1774 escribía un rico propietario al intendente de su provincia para animarlo a abrir cierto camino. Según él, este conduciría a la prosperidad del pueblo, y al respecto daba sus razones; luego hablaba del establecimiento de una feria que duplicaría, aseguraba, el precio de los productos. Este buen ciudadano agregaba que gracias a una pequeña ayuda se podría establecer una escuela que proporcionaría al rey súbditos más industriosos. Hasta entonces no había pensado en la necesidad de tales mejoras; apenas se le habían ocurrido hacía dos años, cuando una orden de destierro lo retenía en su castillo. “Mi exilio desde hace dos años en mis propiedades —dice ingenuamente— me ha convencido de la extrema utilidad de todas estas cosas”.

Pero es sobre todo en épocas de escasez cuando se aprecia que se han relajado o roto los vínculos de protección y de dependencia que antaño unían al rico propietario rural con los campesinos. En tales momentos de crisis, el gobierno central se asusta de su aislamiento y de su debilidad; este quisiera hacer renacer para la ocasión las influencias individuales o las asociaciones políticas que ha destruido; las llama en su ayuda, pero nadie acude, y por lo regular se asombra de hallar muertas a las personas a las que él mismo ha quitado la vida.

En situaciones tan extremas, en las provincias más pobres se encuentran intendentes que, como Turgot, por dar un ejemplo, dictan ilegalmente órdenes para obligar a los propietarios ricos a alimentar a sus colonos hasta la próxima cosecha. Con fecha de 1770, he encontrado cartas de varios curas que proponen al intendente aplicar gravámenes a los grandes propietarios de sus parroquias, tanto eclesiásticos como laicos, “quienes poseen en ellas —según dicen— enormes propiedades en las que no viven y por las que perciben fuertes ingresos que van a disfrutar a otra parte”.

Incluso en tiempos normales los pueblos se ven infestados de mendicantes; pues, como dice Letrone, se auxilia a los pobres en las ciudades, pero en el campo durante el invierno la mendicidad es de necesidad absoluta.

De vez en cuando, se procedía contra estos desdichados de manera sumamente violenta. En 1767, el duque de Choiseul quiso acabar de una vez con la mendicidad en Francia. En la correspondencia de los intendentes se puede apreciar el rigor con que procedió a ese respecto. La gendarmería recibió órdenes de prender sin demora a todos los mendigos del reino; se asegura que con tal motivo fueron aprehendidos más de 50 000. Los vagabundos aptos debían ser enviados a galeras; en cuanto a los demás, se abrieron más de 40 asilos para acogerlos: más habría valido reabrir el corazón de los ricos.

Este gobierno del Antiguo Régimen, que, como ya he dicho, era tan benigno y en ocasiones tan tímido, tan apegado a las formas, a la morosidad y a los miramientos, siempre que se trataba de hombres situados por encima del pueblo, era a menudo rudo y siempre expedito cuando procede contra las clases bajas, sobre todo contra los campesinos. Entre los documentos que he tenido ante mí, no hubo uno solo que diera a conocer el arresto de un burgués por orden de un intendente; pero a los campesinos se les prende ininterrumpidamente a causa de la prestación personal, de la milicia, de la mendicidad, de la policía y por múltiples circunstancias más. Para unos, tribunales independientes, extensos debates, publicidad tutelar; para los otros, el preboste, que juzgaba sumariamente y sin apelación.

La distancia inmensa que existe entre el pueblo y las demás clases —escribe Necker en 1785— contribuye a que se cierren los ojos ante el modo de proceder de la autoridad con toda la gente perdida entre la masa. Si no fuera por la dulzura y la humanidad que caracterizan a los franceses y al espíritu del siglo, este proceder sería constante motivo de tristeza para quienes se compadecen del yugo, aun estando exentos.

Pero la opresión era más evidente en el bien que a esos desdichados se impedía hacerse a sí mismos que en el mal que se les causaba. Eran libres y propietarios, pero seguían siendo casi tan ignorantes y a menudo más miserables que los siervos, sus antepasados. Permanecían sin industria en medio de los prodigios de las artes e incivilizados en un mundo resplandeciente de luces. Aun cuando conservaban la inteligencia y la perspicacia particulares de su raza, no habían aprendido a valerse de ellas; ni siquiera progresaban en el cultivo de la tierra, que era su única ocupación. “Veo ante mí la agricultura del siglo X”, dice un célebre agrónomo inglés. Solo brillaban en el oficio de las armas; o, por lo menos, en él tenían un contacto natural y forzoso con las demás clases.

Ese era el abismo de aislamiento y miseria en que vivía el campesino; en él se mantenía como en un coto cerrado e impenetrable. Me sorprendió y casi asustó el percibir que menos de 20 años antes de que el culto católico fuese abolido sin resistencia y las iglesias profanadas, el método que a veces seguía la administración para conocer el número de habitantes de un cantón fuera el siguiente: los curas indicaban la totalidad de quienes habían acudido a comulgar en Pascua; a él se agregaba el número presumible de niños de corta edad y enfermos: la suma constituía el total de habitantes. Sin embargo, las ideas de la época penetraban ya por todas partes en esos espíritus groseros; les llegaban por vías indirectas y subterráneas, y en esos lugares estrechos y oscuros cobraban formas extrañas. Sin embargo, nada parecía haber cambiado aún en su aspecto externo. Las costumbres del campesino, sus hábitos, sus creencias seguían al parecer siendo los mismos; el campesino se hallaba sumiso e incluso contento.

Hay que desconfiar de la alegría que a menudo demuestra el francés en medio de sus mayores males; esta solo prueba que, considerando su mala suerte como algo inevitable, trata de distraerse para no pensar en ella, pero no que no la sienta. Abrid a ese hombre una puerta que pueda conducirlo lejos de esta miseria, que tan poco sufrimiento parece causarle, y al punto se dirigirá hacia ella con tal violencia que pasará por encima sin veros, si os interponéis en su camino.

Nosotros percibimos claramente estas cosas desde la distancia en que nos encontramos; pero los contemporáneos no las veían. Los hombres de las clases altas muy difícilmente logran distinguir con claridad lo que ocurre en el alma del pueblo, y en particular en la de los campesinos. La educación y el género de vida les hace ver las cosas humanas bajo un aspecto especial, que permanece oculto para todos los demás. Pero cuando el pobre y el rico casi no tienen intereses comunes, ni agravios comunes ni asuntos en común, esa oscuridad que oculta el espíritu de uno al espíritu del otro se convierte en insondable, de suerte que ambos podrían vivir eternamente uno junto al otro sin compenetrarse jamás. Resulta curioso ver con qué sorprendente seguridad vivían quienes ocupaban los niveles superiores e intermedios del edificio social en el momento mismo en que estalló la Revolución, y oírles discurrir ingeniosamente entre ellos acerca de las virtudes del pueblo, de su docilidad, de su devoción y de sus placeres inocentes, cuando ya el 93 está bajo sus pies: ¡espectáculo ridículo y terrible!

Detengámonos en este punto antes de pasar adelante, y consideremos por un momento, a través de todos estos pequeños hechos que acabo de describir, una de las más grandes leyes de Dios, tocante al gobierno de las sociedades.

La nobleza francesa se obstina en mantenerse al margen de las demás clases; los gentileshombres acaban por quedar exentos de las cargas públicas que pesan sobre ellos; se figuran que conservarán su grandeza aun sustrayéndose a esas cargas, y en un principio parece ser así. Pero pronto una enfermedad interna parece afectar su condición, que mengua poco a poco sin que nadie entre en contacto con ellos; se vienen empobreciendo a medida que aumentan sus inmunidades, En cambio, la burguesía, con la que tanto temían confundirse, se enriquece y se ilustra junto a ellos, sin ellos y contra ellos; no habiendo querido los nobles a los burgueses ni como socios ni como conciudadanos, estos serán sus rivales, pronto sus enemigos y finalmente sus amos. Un poder extraño los ha librado de la responsabilidad de dirigir, de proteger y de auxiliar a sus vasallos; pero, como al mismo tiempo les ha dejado sus derechos pecuniarios y sus privilegios honoríficos, consideran no haber perdido nada. Como siguen encabezando la marcha, creen que todavía dirigen, y en efecto, continúan teniendo a su alrededor hombres a los que en las actas notariales llaman sus súbditos; en otros los denominan sus vasallos, sus arrendatarios o sus colonos. En realidad, nadie los sigue, se hallan solos, y cuando llegue el momento de que se les aseste el golpe final no les quedará más que huir.

Aunque el destino de la nobleza y el de la burguesía hayan sido muy distintos, fueron semejantes en un aspecto: el burgués acabó viviendo tan aparte del pueblo como el mismo gentilhombre. Lejos de acercarse a los campesinos, rehuyó el contacto con sus miserias; en vez de unirse estrechamente a ellos para luchar juntos contra la desigualdad común, no hizo más que crear nuevas injusticias para su propio aprovechamiento: así lo vimos tan fervoroso para lograr excepciones como el gentilhombre para mantener sus privilegios. Esos campesinos, de cuyo seno había salido, no solo le eran extraños, sino, por así decirlo, desconocidos, y solo después de ponerle las armas en las manos se dio cuenta de que había despertado pasiones de las que ni siquiera tenía la menor idea y frente a las que era tan impotente para contener como para dirigir, y de las que se convertiría en víctima tras haber sido el promotor.

Por los siglos de los siglos causará asombro ver las ruinas de aquella gran casa de Francia que parecía llamada a extenderse por toda Europa; pero a quienes lean su historia con atención no les será difícil comprender su caída. Casi todos los vicios, casi todos los errores, casi todos los funestos prejuicios que acabo de describir debieron, en efecto, ya sea su origen, ya su duración o su desarrollo, al arte de que gozaron la mayoría de nuestros reyes para dividir a los hombres, con el fin de gobernarlos de la manera más absoluta.

Mas cuando el burgués estuvo tan aislado del gentilhombre, y el campesino tanto de este como del burgués; cuando prosiguiendo una labor análoga y continua en el seno de cada clase se crearon en su interior pequeños conjuntos particulares, casi tan aislados unos de otros como las clases lo estaban entre sí, se vio que todo aquello ya no constituía sino una masa homogénea, pero cuyas partes habían dejado de estar ligadas. Ya nada existía organizado para incomodar al gobierno, pero nada tampoco para ayudarlo. De esa suerte, todo el edificio de la grandeza de esos príncipes pudo derrumbarse por entero y en un momento, en cuanto la sociedad que le servía de base se conmovió.

En fin, si bien ese pueblo, que al parecer fue el único en aprovechar las faltas y los errores de sus amos, escapó, en efecto, a su dominio, no pudo sustraerse al yugo de las ideas falsas, de las costumbres viciadas y de las malas inclinaciones que le habían inculcado o permitido adquirir. A veces lo hemos visto llevar aficiones de un esclavo hasta el propio uso de su libertad, mostrándose tan incapaz de gobernarse a sí mismo como duro había sido con sus preceptores.

Libro Tercero

CAPÍTULO I

Cómo los hombres de letras se convirtieron en los principales políticos del país a mediados del siglo XVIII, y de los efectos que de ello se derivaron

Ahora, desvío mi atención de los hechos antiguos y generales que prepararon la gran Revolución que deseo describir, para ocuparme de los acontecimientos particulares y más recientes que acabaron de determinar su lugar, su nacimiento y su carácter.

Desde mucho tiempo atrás, Francia era la más literaria de las naciones europeas; y sin embargo, los hombres de letras jamás habían mostrado el espíritu que manifestaron a mediados del siglo XVIII, ni ocupado el lugar que entonces tuvieron. Nunca se había visto nada igual entre nosotros ni creo que en parte alguna.

No intervenían cotidianamente en los asuntos públicos, como en Inglaterra; por el contrario, nunca habían vivido más alejados de ellos; no estaban investidos de ninguna autoridad, ni desempeñaban función pública alguna en una sociedad ya atestada de funcionarios.

Sin embargo, no se mantenían enteramente ajenos a la política ni encerrados en el campo de la filosofía pura y de las letras, como sucedía con la mayoría de sus colegas alemanes. Se ocupaban continuamente de los asuntos relacionados con el gobierno; a decir verdad, este era su quehacer característico. A diario se les oía discurrir acerca del origen de las sociedades y de sus formas primitivas, de los derechos primordiales de los ciudadanos y de los de la autoridad, de las relaciones naturales y artificiales de los hombres entre sí, del error o de la legitimidad de la costumbre y de los propios principios de las leyes. Penetrando así, día tras día, hasta las bases de la organización de su tiempo, examinaban con minuciosidad su estructura y criticaban su plan general. En verdad, no todos convertían estos graves problemas en objeto de estudio particular y profundo; incluso la mayor parte solo los mencionaban de paso y a la ligera; pero unos y otros los abordaban. Esta especie de política abstracta y literaria se había difundido en dosis desiguales por la generalidad de las obras de la época, y no había ninguna, desde el árido tratado hasta la canción, que no contuviera algo de ella.

En cuanto a los sistemas políticos de estos escritores, variaban tanto entre sí que quien deseara conciliarlos y formar con ellos una sola teoría de gobierno nunca llevaría su trabajo a feliz término.

Sin embargo, si dejamos de lado los detalles para llegar a las ideas madres, es fácil descubrir que los autores de esos diferentes sistemas concuerdan por lo menos en una idea muy general, que aparentemente todos concibieron de igual modo y que parece preexistir en su espíritu a cualesquier ideas particulares y constituir su fuente común. Por mucho que se separen en el resto de su carrera, todos tienen el mismo punto de partida: todos piensan que es conveniente sustituir las costumbres complicadas y tradicionales que rigen a la sociedad de su tiempo por reglas sencillas y elementales basadas en la razón y en la ley natural.

Observando con detenimiento, se verá que lo que podría denominarse como la filosofía política del siglo XVIII consiste propiamente hablando en esta única noción.

No se trataba de ninguna idea nueva: desde hacía tres mil años pasaba y volvía a pasar sin cesar por la imaginación de los hombres sin poder arraigar. ¿Cómo pudo apoderarse esta vez del espíritu de la generalidad de los escritores? ¿Por qué, en vez de permanecer, como había sucedido a menudo, en la mente de algunos filósofos, había descendido hasta el pueblo y cobrado la consistencia y el calor de una pasión política, de tal manera que teorías generales y abstractas sobre la naturaleza de las sociedades se convirtieron en materia de la conversación cotidiana de la gente ociosa e inflamar incluso la imaginación de las mujeres y los campesinos? ¿Cómo unos hombres de letras sin posición, ni honores, ni riquezas, ni responsabilidad, ni poder, llegaron a constituirse, de hecho, en los principales políticos de su tiempo, e incluso en los únicos, puesto que si otros ejercían el gobierno, solo ellos tenían la autoridad? Quisiera explicarlo en pocas palabras y mostrar la influencia extraordinaria y terrible que estos hechos, que no parecen pertenecer sino a la historia de nuestra literatura, tuvieron en la Revolución y hasta nuestros días.

No fue por azar que los filósofos del siglo XVIII concibieran en general ideas tan opuestas a las que todavía servían de base a la sociedad de su tiempo; estas les fueron sugeridas de manera natural por la imagen de esa misma sociedad que todos ellos tenían ante sí. El espectáculo de tantos privilegios abusivos o ridículos, cuyo peso era cada vez más sentido y cuya causa se percibía cada vez menos, impulsaba, más bien precipitaba simultáneamente el espíritu de cada uno hacia la idea de la igualdad natural de las condiciones. Viendo tantas instituciones irregulares y extrañas, hijas de otros tiempos, que nadie había intentado armonizar entre sí ni ajustar a las nuevas necesidades, sino que parecían destinadas a eternizarse tras haber perdido su virtud, fácilmente cobraban aversión por las cosas antiguas y la tradición, y, como era natural, se veían obligados a desear reconstruir la sociedad de su tiempo de acuerdo con un plan enteramente nuevo, que cada uno trazaba teniendo como guía única su razón.

La misma condición de estos escritores los predisponía a[1] abrazar las teorías generales y abstractas en materia de gobierno y a confiar en ellas ciegamente. Viviendo tan alejados de la práctica, ninguna experiencia venía a moderar su natural ardor; nada les advertía de los obstáculos que los hechos existentes podían producir incluso a las reformas más deseables; no tenían la menor idea de los peligros que siempre acompañan aun a las revoluciones más necesarias. Ni siquiera los presentían, pues la ausencia absoluta de libertad política hacía que el mundo de los negocios públicos no solo les fuera poco conocido, sino invisible. No intervenían en él ni podían ver lo que otros hacían. Por consiguiente, carecían de esa instrucción superficial que la vista de una sociedad libre y el ruido de lo que en ella se dice dan incluso a quienes menos se interesan por los asuntos de gobierno. De esa suerte, fueron mucho más atrevidos en sus innovaciones, más amantes de las ideas generales y los sistemas, más despreciativos de la sabiduría antigua y aún más confiados en su razón individual de lo que comúnmente sucede entre autores que escriben libros especulativos sobre política.

La misma ignorancia les conquistaba la atención y la simpatía populares. Si, como antaño, los franceses todavía hubieran intervenido en el gobierno por medio de los estados generales, incluso si hubiesen continuado encargándose cotidianamente de la administración del país en las asambleas de sus provincias, se puede afirmar que nunca se habrían dejado inflamar, como ocurrió entonces, por las ideas de los escritores, pues hubieran conservado cierta práctica de los asuntos que les habría prevenido contra la teoría pura.

Si, como los ingleses, hubieran podido cambiar gradualmente el espíritu por la práctica, sin destruir sus antiguas instituciones, tal vez no habrían imaginado con tanto agrado otras nuevas. Pero cada uno se sentía afectado a diario en su fortuna, en su persona, en su bienestar o en su orgullo por cualquier ley antigua, por algún uso político añejo o por ciertos residuos de los poderes antiguos, y no percibían a su alcance ningún remedio que pudiesen aplicar por sí mismos a ese mal particular. Parecía que hubiera que soportarlo o destruirlo todo en la organización del país.

Sin embargo, habíamos conservado una libertad en medio de las ruinas de todas las demás: podíamos filosofar casi sin limitaciones sobre el origen de las sociedades, la naturaleza esencial de los gobiernos y los derechos primordiales del género humano.

Todos aquellos a quienes la práctica cotidiana de la legislación les incomodaba, se apasionaron pronto por esa política literaria. Esta afición se apoderó incluso de quienes por naturaleza o condición se mantenían alejados de las especulaciones abstractas. No hubo contribuyente lesionado por la inequitativa distribución de las tallas que no se enardeciera ante la idea de que todos los hombres deben ser iguales; ni pequeño propietario, cuyos campos devastaban los conejos de los gentileshombres de la vecindad, que no le gustara oír decir que la razón condenaba indistintamente cualesquier privilegios. No hubo pasión pública que no se disfrazara de filosofía; la vida política refluyó violentamente hacia la literatura, y los escritores, tomando en sus manos la dirección de la opinión pública, se encontraron por un momento en el lugar que suelen ocupar los jefes de partido en los países libres.

Nadie se hallaba en posibilidad de disputarles ese papel.

Una aristocracia en plenitud no solo se encarga de los asuntos públicos, sino también dirige la opinión, señala el tono a los escritores y da autoridad a las ideas. En el siglo XVIII, la nobleza francesa había perdido por completo esta parte de su imperio; su crédito había corrido la misma fortuna que su poder: se hallaba vacante el lugar que antaño ocupaba en el gobierno de los espíritus, y los escritores pudieron extenderse hacia él a sus anchas y llenarlo por sí solos.

Es más, esa misma aristocracia, cuyo lugar le habían arrebatado, favorecía esta empresa; a tal grado había olvidado que las teorías generales, una vez admitidas, llegan inevitablemente a transformarse en pasiones políticas y en actos, que hasta las doctrinas más opuestas a sus derechos particulares, e incluso a su existencia, le parecían juegos muy ingeniosos del espíritu; con gusto participaba en ellos por pasatiempo y gozaba tranquilamente de sus inmunidades y de sus privilegios, disertando con serenidad sobre lo absurdo de todas las costumbres establecidas.

Con frecuencia nos ha asombrado ver la extraña ceguera con que las clases altas del Antiguo Régimen contribuyeron a su propia ruina; mas ¿dónde habrían podido obtener tal clarividencia? Las instituciones libres son tan necesarias a los ciudadanos principales, para enseñarles los peligros, como a los menores para garantizar sus derechos. Los últimos vestigios de vida pública habían desaparecido entre nosotros desde hacía más de un siglo y la gente interesada más directamente en el mantenimiento de la antigua organización no había sido advertida por ningún golpe ni por ruido alguno de la decadencia de ese antiguo edificio. Como exteriormente nada había cambiado, se figuraban que todo permanecía exactamente igual. Por tanto, su espíritu se había detenido en el punto de vista en que se situaba el de sus padres. En los cuadernos de 1789, la nobleza se muestra tan preocupada por las intrusiones del poder real como habría podido manifestarlo en los del siglo XV. Por su parte, como señala Burke con razón, un momento antes de perecer en el desbordamiento de la democracia, el infortunado Luis XVI seguía viendo en la aristocracia al rival más importante del poder real; desconfiaba de esta como si aún fueran los tiempos de La Fronda. En cambio, la burguesía y el pueblo le parecían, como a sus antepasados, el pilar más firme del trono.

Pero lo que nos parece todavía más extraño a nosotros que tenemos a la vista los escombros de tantas revoluciones, es que la noción misma de una revolución violenta se hallaba ausente del espíritu de nuestros padres. No se discutía al respecto puesto que ni siquiera se la concebía. Los leves sacudimientos que la libertad pública imprime continuamente a las sociedades mejor cimentadas recuerdan a diario la posibilidad de un derrumbamiento y mantienen alerta la prudencia pública; pero en aquella sociedad francesa del siglo XVIII, a punto de hundirse en el abismo, nada señalaba aún tal peligro.

Leo con atención los cuadernos que redactaron los tres órdenes, antes de reunirse en 1789; digo los tres órdenes, refiriéndome al de la nobleza y del clero, así como al del tercer estado. Me doy cuenta de que ora se pide cambiar una ley, ora una costumbre, y tomo nota. Así prosigo hasta el final esta inmensa labor, y cuando logro reunir todas estas voces particulares, con cierto terror comprendo que lo que se reclama es la abolición simultánea y sistemática de todas las leyes y usos vigentes en el país, y al punto percibo que se trata de una de las revoluciones más vastas y peligrosas que jamás se hayan producido en el mundo. Quienes mañana serán sus víctimas no saben nada al respecto; creen que la transformación total y repentina de una sociedad tan compleja y antigua puede tener lugar sin conmociones con la ayuda de la razón y por su sola virtud. ¡Desdichados! Han olvidado hasta aquella máxima que sus padres habían expresado, 400 años atrás, en el francés ingenuo y enérgico de esos tiempos: Por pedir muchas franquicias y libertades se cae en gran servidumbre.

No es de extrañar que la nobleza y la burguesía, excluidas desde tanto tiempo atrás de la vida pública, mostrasen esa singular inexperiencia; pero lo que más sorprende es que los ministros, los magistrados y los intendentes, los mismos que dirigían los asuntos públicos, no mostrasen mayor previsión. Sin embargo, muchos eran personas muy hábiles en su oficio; conocían a fondo todos los detalles de la administración pública de su época; pero en cuanto a esa gran ciencia de gobierno que enseña a comprender el movimiento general de la sociedad, a juzgar lo que ocurre en el espíritu de las masas y a prever lo que habrá de resultar, todos eran tan bisoños como el mismo pueblo. En efecto, solo el juego de las instituciones libres puede enseñar por completo a los estadistas esta parte principal de su arte.

Así se aprecia en la memoria que Turgot dirigía al rey en 1775, en la que le aconsejaba, entre otras cosas, ordenar que la nación entera eligiera libremente una asamblea representativa, que se reuniría anualmente alrededor de su persona por espacio de seis semanas, aunque sin concederle ningún poder efectivo. Esta asamblea solo trataría de la administración, pero nunca del gobierno; podría dar su opinión, pero no imponer su voluntad y, a decir verdad, no se encargaría sino de discutir las leyes sin hacerlas.

De este modo, el poder real estaría informado y no obstaculizado—decía—, y la opinión pública quedaría satisfecha sin correr riesgo alguno. Pues estas asambleas carecerían de toda autoridad para oponerse a las operaciones indispensables, y en el remoto caso de que se mostraran inconformes, Su Majestad siempre sería amo y señor.

No cabía mayor desconocimiento del alcance de una medida y del espíritu de su tiempo. Cierto es que al término de las revoluciones, a menudo fue posible hacer impunemente lo que proponía Turgot, así como conceder libertades ficticias en nombre de las reales. Augusto lo intentó con éxito. Una nación cansada de largos debates da su consentimiento para que se le engañe con tal de que se la deje descansar, y la historia nos enseña que para contentarla basta entonces con reunir en todo el país a un puñado de hombres oscuros o incondicionales y hacerles representar ante ella el papel de una asamblea política, a cambio de un salario. De esto se han dado diversos ejemplos. Pero al principio de una revolución estas empresas siempre fracasan, y lo único que logran es enardecer al pueblo en vez de contentarlo. Hasta el ciudadano más humilde de un país libre lo sabe; Turgot lo ignoraba, con todo y lo gran administrador que era.

Si ahora pensamos en que esta misma nación francesa, tan desconocedora de sus propios asuntos y tan carente de experiencia, tan obstaculizada por sus instituciones y tan impotente para reformarlas, era asimismo, entre todas las naciones, la más letrada y amante de la cultura, fácilmente comprenderemos que los escritores constituyeran una fuerza política y acabaran siendo la primera.

En tanto que en Inglaterra quienes escribían sobre el gobierno y quienes gobernaban se hallaban mezclados, unos introduciendo las ideas nuevas en la práctica, los otros rectificando y circunscribiendo las teorías con ayuda de los hechos, en Francia el mundo político permaneció dividido en dos provincias separadas, sin contacto entre sí. En la primera se administraba; en la segunda se establecían los principios abstractos en que debería basarse toda la administración. Por una parte, se tomaban las medidas particulares indicadas por la rutina; por la otra, se proclamaban las leyes generales, sin pensar en los medios de aplicarlas: para unos, la conducción de los asuntos públicos; para otros, la dirección de las inteligencias.

Así, por encima de la sociedad real, cuya organización todavía era tradicional, confusa e irregular, en que las leyes seguían siendo diversas y contradictorias, los rangos contrastados, las condiciones fijas y las cargas inequitativas, poco a poco se construía una sociedad imaginaria, en la que todo parecía sencillo y coordinado, uniforme, equitativo y conforme a la razón.

Gradualmente, la imaginación popular abandonó la primera para refugiarse en la segunda. Se perdió el interés por lo que era, para soñar en lo que podía ser, hasta acabar viviendo en espíritu en aquella ciudad ideal que habían construido los escritores.

Con frecuencia se ha atribuido nuestra Revolución a la de América: y, en efecto, esta tuvo gran influencia sobre la Revolución francesa, pero ello obedeció más a lo que en Francia se pensaba en el mismo momento que a lo que entonces se hizo en los Estados Unidos. En tanto que en el resto de Europa la Revolución americana no era aún sino un hecho nuevo y singular, entre nosotros solo hacía más sensible e impresionante lo que ya creíamos conocer. Allá, asombraba; aquí, acababa de convencer. Al parecer, los estadunidenses no hacían más que ejecutar lo que nuestros escritores habían concebido; daban la sustancia de la realidad a lo que nosotros estábamos soñando. Era como si Fénelon se hubiese hallado de pronto en Salento.

Esta circunstancia, tan nueva en la historia de toda la educación política de un gran pueblo, debida por completo a los hombres de letras, tal vez fue la que más contribuyó a dar a la Revolución francesa su carácter propio y a hacer surgir de ella lo que ahora vemos.

Los escritores no solo aportaron sus ideas al pueblo que la realizó, sino que le dieron también su temperamento y su carácter. Bajo su prolongada disciplina, en ausencia de cualquier otro guía, en medio del profundo desconocimiento de la práctica en que vivía, al leerlos, toda la nación acabó por contraer los instintos, las tendencias, los gustos y hasta los defectos naturales de los escritores; de tal suerte que cuando al fin tuvo que actuar llevó a la política todos los hábitos de la literatura.

Cuando se estudia la historia de nuestra Revolución, se ve que se desarrolló precisamente dentro del mismo espíritu que llevó a escribir tantos libros abstractos sobre el gobierno. La misma inclinación por las teorías generales, los sistemas completos de legislación y la exacta simetría en las leyes; el mismo menosprecio por los hechos existentes; la misma confianza en la teoría; la misma afición por lo original, lo ingenioso y lo nuevo en las instituciones; el mismo deseo de rehacer a un mismo tiempo toda la organización de acuerdo con las reglas de la lógica y siguiendo un plan único, en vez de tratar de enmendarla por partes. ¡Aterrador espectáculo!, pues lo que es cualidad en el escritor, en ocasiones es vicio en el hombre de Estado, y las mismas cosas que a menudo inspiraron buenos libros pueden conducir a grandes revoluciones.

El mismo lenguaje político adquirió entonces algo del que usaban los escritores; se llenó de expresiones generales, de términos abstractos, de palabras ambiciosas y de giros literarios. Este estilo fomentado por las pasiones políticas que lo empleaban, se difundió a todas las clases y llegó con singular facilidad hasta las más bajas. Mucho antes de la Revolución, los edictos del rey Luis XVI hablaban a menudo de la ley natural y los derechos del hombre. Encuentro campesinos que a través de sus solicitudes llaman conciudadanos a sus vecinos; al intendente, respetable magistrado; al cura de la parroquia, ministro del altar, y al buen Dios, Ser Supremo: para ser pésimos escritores, lo único que les faltaba era saber ortografía.

Estas nuevas cualidades se incorporaron tan bien al antiguo fondo del carácter francés que con frecuencia se atribuyó a nuestra naturaleza lo que solo provenía de esta educación singular. He oído afirmar que la afición, o mejor dicho, la pasión que hemos mostrado desde hace 60 años por las ideas generales, los sistemas y las palabras altisonantes en materia política, obedecía a quién sabe qué atributo particular de nuestra raza, a lo que un tanto enfáticamente se llama el espíritu francés: como si este supuesto atributo hubiese aparecido de pronto a fines del siglo pasado, tras haber permanecido oculto durante todo el resto de nuestra historia.

Lo curioso es que hayamos conservado los hábitos inspirados en la literatura y hayamos perdido casi por completo nuestro antiguo amor por las letras. A lo largo de mi vida pública, con frecuencia me ha sorprendido ver que personas que apenas leían los libros del siglo XVIII, ni los de ninguna otra época, y que mostraban gran menosprecio por sus autores, conservaban fielmente algunos de los principales defectos que habían caracterizado el espíritu literario, mucho antes de que dichas personas hubieran nacido.

CAPÍTULO II

Cómo la irreligión se convirtió en una pasión general y dominante entre los franceses del siglo XVIII y qué clase de influencia ejerció sobre el carácter de la Revolución

A partir de la gran revolución del siglo XVI, en la que el espíritu analítico había emprendido la tarea de distinguir, entre las diversas tradiciones cristianas, cuáles eran las falsas y cuáles las verdaderas, nunca dejaron de aparecer hombres talentosos, más curiosos o animosos que habían impugnado o rechazado todas ellas. El mismo espíritu que en tiempos de Lutero hizo abandonar la fe católica a muchos millones de sus adherentes, cada año impelía aisladamente a algunos cristianos fuera de él: a la herejía la había sucedido la incredulidad.

De manera general, podemos decir que en el siglo XVIII el cristianismo había perdido gran parte de su fuerza en el continente europeo; pero en la mayor parte de los países más que ser combatido con violencia, se renunciaba a él, y los mismos que lo abandonaban lo hacían con pesar. La irreligión se había propagado entre los príncipes y los hombres cultos; todavía no penetraba en las clases medias ni en el pueblo; seguía siendo capricho de ciertos espíritus, pero no una opinión común. “En Alemania, es prejuicio difundido de manera general —decía Mirabeau en 1787— que las provincias prusianas están llenas de ateos. La verdad es que, si bien se encuentran algunos librepensadores, el pueblo se aferra a la religión tanto como en las provincias más devotas, e incluso es posible encontrar gran número de fanáticos”. Tras lo cual agrega que es lamentable que Federico II no autorice el matrimonio de los sacerdotes católicos, y sobre todo el rehusar a quienes se casan las rentas de su beneficio eclesiástico; “medida —dice— que osaríamos considerar digna de este gran hombre”. En ninguna parte, salvo en Francia, la irreligión se había convertido todavía en una pasión general, ardiente, intolerante y opresiva.

En nuestro país ocurría algo hasta entonces desconocido. En otras épocas se había atacado con violencia a las religiones establecidas, pero el ardor mostrado en su contra siempre tuvo como origen el celo que inspiraban las nuevas religiones. Ni las mismas religiones falsas y detestables de la Antigüedad tuvieron adversarios numerosos y apasionados, sino cuando el cristianismo se presentó a suplantarlas; hasta entonces apenas se fueron extinguiendo paulatinamente y sin ruido en la duda y la indiferencia, que es la muerte senil de las religiones. En Francia, la religión cristiana fue atacada con una especie de furor, sin siquiera tratar de poner en su lugar otra religión. Se trabajó ardiente y asiduamente para arrancar de las almas la fe que las llenaba, hasta dejarlas vacías. Una multitud de hombres se entregó con entusiasmo a esta ingrata empresa. Al pueblo le pareció atractiva la incredulidad absoluta en materia de religión, que tanto se opone a los instintos naturales del hombre y pone su alma en trance tan doloroso. Lo que hasta entonces no había producido más que una especie de languidez enfermiza, generó en esta ocasión el fanatismo y el espíritu de propaganda.

La coincidencia de varios grandes escritores dispuestos a negar las verdades de la religión cristiana no parece suficiente para explicar un acontecimiento tan extraordinario; pues, ¿por qué todos esos escritores, todos, se orientaron en un sentido y no en otro? ¿Por qué ninguno de ellos pensó en elegir la tesis opuesta? Y, en fin, ¿por qué, más que ninguno de sus predecesores, encontraron al pueblo dispuesto a escucharlos y su espíritu predispuesto a creerles? Solo causas muy particulares de la época y del país de estos escritores pueden explicar la empresa y sobre todo su éxito. El espíritu de Voltaire rondaba por el mundo desde hacía mucho tiempo; pero, en efecto, el mismo Voltaire solo podía reinar en el siglo XVIII y en Francia.

Antes que nada, reconozcamos que la Iglesia no era más criticable en Francia que en cualquier otro sitio; por el contrario, los vicios y los abusos que se habían detectado resultaban menores que en la mayor parte de los países católicos; y era infinitamente más tolerante de lo que había sido hasta entonces y de lo que todavía era en otros pueblos. Así pues, las causas particulares del fenómeno deben buscarse mucho más en el estado de la sociedad que en el de la religión.

Para entenderlo, no debemos jamás perder de vista lo dicho en el capítulo anterior, a saber: que al no poder manifestarse en los asuntos públicos, todo el espíritu de oposición política a que dieron lugar los vicios del gobierno se había refugiado en la literatura, y que los escritores se habían constituido en verdaderos jefes del gran partido que buscaba derribar todas las instituciones sociales y políticas del país.

Una vez establecido lo anterior, la cuestión cambia de objeto. No se trata ya de saber en qué había podido pecar la Iglesia de entonces como institución religiosa, sino en qué se oponía a la revolución política que se preparaba, y por qué estorbaba particularmente a los escritores que eran sus principales promotores.

Los mismos principios del gobierno de la Iglesia se oponían a lo que los escritores querían hacer prevalecer en el gobierno civil. Aquella se apoyaba principalmente en la tradición; estos profesaban gran desprecio por las instituciones basadas en el respeto del pasado; aquella reconocía una autoridad superior a la razón individual, y estos no apelaban más que a esa misma razón; la Iglesia se basaba en una jerarquía; los escritores se pronunciaban por la desaparición de los rangos. Para poder entenderse con ella, se habría necesitado que ambas partes hubiesen reconocido que, siendo esencialmente diferentes por naturaleza, la sociedad política y la sociedad religiosa no pueden regirse por principios semejantes; pero, a la sazón, se estaba muy lejos de ello y parecía que para atacar a las instituciones del Estado fuese necesario destruir las de la Iglesia, que les servían de base y de modelo.

Por lo demás, la Iglesia era entonces el primero de los poderes políticos y el más detestado, aunque no fuese el más opresivo, pues se había incorporado a estos sin que se lo exigieran ni su vocación ni su naturaleza, y a menudo sancionaba en ellos los vicios que condenaba en otros, los amparaba con su inviolabilidad sagrada y parecía querer convertirlos en inmortales como ella misma. Atacándola, había la seguridad de llegar de inmediato a la pasión del público.

Pero además de estas razones generales, los escritores tenían otras más particulares y, por así decirlo, personales para atacarla. La Iglesia representaba precisamente esa parte del gobierno más próxima y que de manera más directa se les oponía. Los demás poderes solo de vez en cuando se dejaban sentir sobre ellos; pero el de la Iglesia, que era el encargado de vigilar especialmente la orientación del pensamiento y de censurar los escritos, les importunaba todos los días. Al defender contra ella las libertades generales del espíritu humano, luchaban por su propia causa y empezaban a romper las ataduras que más les oprimían.

Además, la Iglesia les parecía, y así efectivamente era, el lado más abierto y vulnerable de todo el vasto edificio que atacaban. Su poderío se había debilitado al irse afirmando el poder de los príncipes temporales. Tras haber sido superior a estos y luego su igual, se veía reducida a convertirse en su cliente; entre ambos se había establecido una especie de intercambio: los príncipes le prestaban su fuerza material, y ella les brindaba su autoridad moral; ellos hacían obedecer los preceptos de la Iglesia, y esta, respetar la voluntad de los príncipes. Comercio peligroso, cuando están próximos los tiempos de revolución, y siempre desventajoso para un poder que no se funda en la fuerza, sino en la fe.

Aunque nuestros reyes todavía se llamaran primogénitos de la Iglesia, eran muy negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones con ella, y mostraban mucho menos fervor en protegerla del que ponían en defender su propio gobierno. Cierto es que no permitían que nadie le pusiera la mano encima, pero consentían en que de lejos la acribillaran a flechazos.

Esta coacción a medias que se venía ejerciendo sobre los enemigos de la Iglesia, en vez de disminuir su poder lo acrecentaba. Por momentos la opresión sobre los escritores logra detener el movimiento de las ideas, mientras que en otros lo precipita; pero nunca ha ocurrido que un tipo de policía como la que se ejercía contra la prensa no haya centuplicado su poder.

Los autores eran perseguidos hasta el punto de provocar quejas, pero no al extremo de hacerles temblar; soportaban esa especie de molestia que anima la lucha, mas no el pesado yugo que postra. Los procesos a los que se veían sometidos, casi siempre lentos, ruidosos y vanos, parecían tener por objetivo el alentarlos a escribir más que a desistir. Una libertad de prensa total hubiese sido menos perjudicial para la Iglesia.

“Consideráis que nuestra intolerancia —escribía Diderot a David Hume en 1768— es más favorable al progreso del espíritu que vuestra libertad ilimitada; pero Holbach, Helvecio, Morellet y Suard no comparten vuestra opinión”. Sin embargo, el escocés tenía razón. Como habitante de un país libre, tenía experiencia al respecto; Diderot juzgaba la cosa como hombre de letras; Hume, como político.

Si detengo al primer estadunidense que encuentro, ya sea en su país o en cualquier otra parte, y le pregunto si considera que la religión es útil para la estabilidad de las leyes y el buen orden de la sociedad, sin vacilar responderá que una sociedad civilizada, pero sobre todo una sociedad libre, no puede subsistir sin religión. A sus ojos, el respeto a la religión es la mejor garantía de la estabilidad del Estado y de la seguridad de los particulares. Los menos versados en la ciencia de gobierno conocen por lo menos tal hecho. Sin embargo, no hay país en el mundo en que las doctrinas más audaces de los filósofos del siglo XVIII, en materia de política, se apliquen más que en América; solo sus doctrinas antirreligiosas no han podido abrirse paso, ni siquiera gracias a la libertad de prensa ilimitada.

Otro tanto diría de los ingleses. Nuestra filosofía irreligiosa les fue predicada incluso antes de que naciera la mayor parte de nuestros filósofos: fue Bolingbroke quien consumó la educación de Voltaire[2]. Durante todo el transcurso del siglo XVIII, la incredulidad tuvo representantes célebres en Inglaterra. Hábiles escritores y pensadores profundos abrazaron su causa, pero nunca pudieron hacerla triunfar como en Francia, porque todos aquellos que tenían algo que temer de las revoluciones se apresuraron a acudir en auxilio de las creencias establecidas. Incluso quienes se hallaban más involucrados con la sociedad francesa de aquella época y no consideraban falsas las doctrinas de nuestros filósofos, las desecharon por peligrosas. Como siempre ocurre en los pueblos libres, grandes partidos políticos se interesaron en vincular su causa a la de la Iglesia, razón por la cual se ve al propio Bolingbroke convertirse en aliado de los obispos. El clero, animado por estos ejemplos y sabiendo que no estaba solo, luchó enérgicamente por su propia causa. La Iglesia de Inglaterra, pese al vicio de su constitución y a los abusos de toda especie que abundaban en su seno, resistió victoriosamente el golpe; de sus filas salieron escritores y oradores que defendieron con ardor el cristianismo. Al fin, luego de ser discutidas y refutadas, las teorías que le eran hostiles se desecharon sin intervención del gobierno, gracias al esfuerzo de la propia sociedad.

Mas ¿por qué buscar ejemplos fuera de Francia? ¿Qué francés osaría hoy escribir libros como los de Diderot o Helvecio? ¿Quién querría leerlos? Casi me atrevería a preguntar, ¿quién conoce siquiera sus títulos? La deficiente experiencia que hemos adquirido tras 60 años de vida pública es suficiente para estar hastiados de esta literatura peligrosa. Ved cómo el respeto a la religión ha recobrado gradualmente su imperio entre las diferentes clases de la nación, a medida que cada una de ellas adquiría esta experiencia en la dura escuela de las revoluciones. La antigua nobleza, que era la clase más irreligiosa antes del 89, se convirtió en la más fervorosa después del 93; la primera afectada fue la primera en convertirse. Cuando la burguesía se sintió a su vez víctima de su propio triunfo, se la vio acercarse de nuevo a sus antiguas creencias. Poco a poco el respeto a la religión penetró dondequiera que los hombres tenían algo que perder en el desorden popular, y la incredulidad desapareció, o al menos se ocultó, a medida que se hacía presente el miedo a las revoluciones.

Otra cosa distinta ocurría en las postrimerías del Antiguo Régimen. Habíamos perdido por completo la práctica en los grandes asuntos humanos y desconocíamos asimismo el papel que desempeña la religión en el gobierno de los imperios; de ahí que la incredulidad arraigara antes que nada en el mismísimo espíritu de quienes tenían el interés más personal y más apremiante en mantener al Estado en orden y al pueblo en la obediencia. Estos no solo la abrazaron, sino que en su ceguera la difundieron a los de abajo, e hicieron de la impiedad una especie de pasatiempo en su vida de ocio.

La Iglesia de Francia, hasta entonces tan fértil en grandes oradores, enmudeció al sentirse abandonada por quienes cierto interés común debería vincular a su causa. Por un momento se habría creído que estaba dispuesta a abjurar de sus creencias con tal de conservar sus riquezas y su rango.

Al alzar la voz quienes negaban el cristianismo y guardar silencio los que aún creían en él, ocurrió lo que a partir de entonces hemos visto tan a menudo entre nosotros, no solo en materia de religión, sino en cualquier otro terreno. Los hombres que conservaban la antigua fe temían ser los únicos que permanecían siendo fieles, y por favor al aislamiento más que al error se unieron a la multitud sin pensar como esta. De ese modo, lo que todavía no era sino el sentir de una parte de la nación pareció ser la opinión de todos, la que fue vista como algo irresistible incluso para quienes le dieron esta falsa apariencia.

Qué duda cabe de que el descrédito universal en que cayeron las creencias religiosas a fines del siglo pasado ejerció gran influencia en nuestra Revolución y determinó su carácter. Nada contribuyó más a darle a su fisonomía esa terrible expresión que le hemos conocido.

Cuando trato de discernir los diferentes efectos que la irreligión produjo entonces en Francia, me doy cuenta de que predispuso a los hombres de aquella época a llegar a extremos tan singulares mucho más por la perturbación de sus espíritus que por la degradación de los corazones o la corrupción de sus costumbres.

Cuando la religión abandonó las almas, no las dejó como ocurre tan a menudo vacías ni debilitadas, sino que, momentáneamente, se vieron llenas de sentimientos y de ideas que ocuparon su lugar y no les permitieron sucumbir desde un principio.

Si los franceses que hicieron la Revolución eran más incrédulos que nosotros en materia de religión, al menos les quedaba una creencia admirable que a nosotros nos falta: creían en sí mismos. No dudaban de la perfectibilidad, de la fuerza del hombre; se apasionaban sinceramente por su gloria y tenían fe en su virtud. Depositaban en sus propias fuerzas esa confianza orgullosa que con frecuencia induce al error, pero sin la cual un pueblo no pasa de la servidumbre; no dudaban en absoluto de que estaban llamados a transformar la sociedad y a regenerar nuestra especie. Estos sentimientos y pasiones eran para ellos una especie de religión nueva que, originando algunos de los grandes efectos que hemos visto a las religiones producir, los apartaba del egoísmo individual, los impelía al heroísmo y al sacrificio, y con frecuencia los hacía insensibles a todos esos bienes mezquinos que se apoderan de nosotros.

He estudiado la historia con detenimiento y me atrevo a afirmar que jamás he encontrado ninguna revolución en que, al principio, se pudiera apreciar en tantísimos hombres un patriotismo más sincero, mayor desinterés y más auténtica grandeza. La nación mostró en ellos su principal defecto, pero también la principal cualidad que posee la juventud: la inexperiencia y la generosidad.

No obstante, la irreligión causó entonces un mal público inmenso.

En la mayor parte de las grandes revoluciones políticas que hasta entonces habían surgido en el mundo, quienes atacaban las leyes establecidas habían respetado las creencias, y en la mayoría de las revoluciones religiosas, los que atacaban la religión no pretendieron modificar al mismo tiempo la naturaleza y el orden de todos los poderes ni abolir de cabo a rabo la antigua organización del gobierno. Por consiguiente, en las mayores conmociones de las sociedades siempre permanecía algún punto sólido.

Pero en la Revolución francesa, como las leyes religiosas se habían abolido al mismo tiempo que se trastocaban las civiles, el espíritu humano se desquició, no supo ya a qué aferrarse ni en dónde detenerse y entonces vimos surgir revolucionarios de una especie desconocida, que llevaron su audacia hasta la locura, a los que no sorprendía ninguna novedad ni detenía escrúpulo alguno y que jamás vacilaron ante la ejecución de un designio. Pero no se crea que estos nuevos seres fueron creación aislada y efímera de un momento, destinada a desaparecer con él; a partir de entonces, constituyeron una raza que se perpetuó y se diseminó por todos los rincones civilizados de la Tierra, y que conservó por doquiera la misma fisonomía, las mismas pasiones y el mismo carácter. La conocimos cuando vino al mundo y aún la tenemos frente a nosotros.

CAPÍTULO III

Cómo los franceses prefirieron reformas antes que libertades

Vale la pena señalar el hecho de que, entre todas las ideas y todos los sentimientos que prepararon la Revolución, la idea y la predilección por la libertad pública propiamente dicha fueron las últimas en mostrarse y las primeras en desaparecer.

Desde hacía mucho tiempo el viejo edificio del gobierno había empezado a resquebrajarse, ya se tambaleaba y todavía ni siquiera se hablaba de dicha libertad. Voltaire apenas pensaba en ella; tres años de estancia en Inglaterra le habían permitido conocerla, sin que llegara a amarla. Le cautiva la filosofía escéptica que se predica libremente entre los ingleses; pero sus leyes políticas le interesan poco, y de estas percibe mejor sus vicios que sus virtudes. En sus cartas sobre Inglaterra, una de sus obras maestras, lo que menos menciona es el parlamento; en realidad, envidia a los ingleses sobre todo su libertad literaria, pero casi no se preocupa por su libertad política, como si la primera pudiera existir mucho tiempo sin la segunda.

A mediados de siglo vemos aparecer algunos escritores que abordan principalmente asuntos de administración pública y a los que diversos principios semejantes les valieron el nombre común de economistas o de fisiócratas. Los economistas destacaron menos en la historia que los filósofos, y tal vez hayan contribuido menos que estos al advenimiento de la Revolución; no obstante, creo que es sobre todo en sus escritos donde mejor se puede estudiar su verdadera índole. Los filósofos apenas salieron de las ideas más generales y abstractas en materia de gobierno; sin embargo, los economistas, sin dejar a un lado las teorías, se aproximaron mucho más a los hechos. Los primeros dijeron lo que se podía imaginar, los segundos indicaron a veces lo que se debía hacer. Objeto particular de sus ataques fueron todas las instituciones que la Revolución habría de abolir sin remisión; ninguna encontró gracia a sus ojos. Por el contrario, todas las que podían considerarse como su propia obra fueron anunciadas de antemano por ellos y preconizadas con entusiasmo; difícilmente se podría mencionar una sola de estas cuyo germen no se halle en algunos de sus escritos; en ellos encontramos lo más sustancial que hubo en la Revolución.

Aún más, en sus libros ya se reconoce ese temperamento revolucionario y democrático que nos es tan familiar; no solo odian ciertos privilegios, sino que la misma diversidad también les resulta odiosa: adorarían la igualdad hasta en la servidumbre. Lo que se interpone a sus designios no merece sino ser suprimido. Los contratos les inspiran poco respeto; los derechos privados, ninguna consideración, o, mejor dicho, para ellos ya no existen realmente los derechos privados, sino solo la utilidad pública. Sin embargo, son hombres por lo general de costumbres dulces y tranquilas, gente de bien, magistrados honrados y hábiles administradores; pero los arrastra la índole particular de su obra.

Para los economistas, el pasado es objeto de ilimitado desprecio. “La nación está gobernada desde hace siglos por falsos principios; todo parece haber sido hecho al azar”, dice Letronne. Partiendo de esta idea, ponen manos a la obra; no hay institución tan antigua ni tan bien cimentada en la historia cuya abolición no pidan poco que les estorbe o perjudique a la simetría de sus planes. Uno de ellos propone suprimir al mismo tiempo todas las viejas divisiones territoriales y cambiar los nombres de las provincias, 40 años antes de que lo ponga en práctica la Asamblea Constituyente.

Las reformas sociales y administrativas que hizo la Revolución ya habían sido concebidas por ellos antes de que en su espíritu empezara a surgir la idea de las instituciones libres. Cierto es que se muestran muy favorables al libre intercambio de productos, al laisser-faire o al laisser-passer en el comercio y en la industria; pero, en cuanto a las libertades políticas propiamente dichas, ni siquiera piensan en ellas e incluso las desechan de inmediato, cuando estas se presentan por casualidad en su imaginación. La mayor parte empieza a mostrarse muy en contra de las asambleas deliberantes de los poderes locales y secundarios, y en general de esos contrapesos que se han establecido en diferentes épocas en todos los pueblos libres para equilibrar el poder central. “En un gobierno —dice Quesnay— el sistema de contrapesos es una idea funesta”. “Las especulaciones según las cuales se ha imaginado el sistema de contrapesos son quiméricas”, opina un amigo de Quesnay.

La única garantía que los economistas inventan contra el abuso del poder es la educación pública, pues, como dice también Quesnay, “el despotismo es imposible si la nación es ilustrada”. “Víctimas de los males que acarrean los abusos de autoridad —dice otro de sus discípulos—, los hombres han inventado mil medios totalmente inútiles, y han descuidado el único en verdad eficaz, que es la enseñanza pública general, continua, de la justicia por esencia y del orden natural”. Con la ayuda de este pequeño galimatías literario creen poder suplir todas las garantías políticas.

Letronne, quien deplora tan amargamente el abandono en que el gobierno tiene al campo, que nos lo muestra sin caminos, sin industria, sin instrucción, ni siquiera imagina que sus asuntos podrían marchar mucho mejor si de ellos se encargaran los propios habitantes.

El mismo Turgot, cuya grandeza de alma y las raras cualidades de su genio lo sitúan muy por encima de los demás, tampoco posee una inclinación muy acentuada por las libertades políticas, o por lo menos el gusto se le desarrolla tardíamente, cuando el sentimiento público se lo sugiere. Para él, como para la mayor parte de los economistas, la primera garantía política es cierta instrucción pública impartida por el Estado, según ciertos procedimientos y de acuerdo con determinado espíritu. La confianza que muestra en esta especie de medicación intelectual, o, como dice uno de sus contemporáneos, en el mecanismo de una educación conforme a los principios, es ilimitada. “Me atrevo a responderos, sire —dice en una memoria en que propone al rey un plan de esta clase—,

que en el término de diez años vuestra nación estará irreconocible y que, gracias a la ilustración, a las buenas costumbres y al celo esclarecido a vuestro servicio y al de la patria, superará infinitamente a todos los demás pueblos. Los niños que en la actualidad tienen diez años serán entonces hombres preparados para servir al Estado, amantes de su país, sumisos ante la autoridad, no por temor sino por convencimiento, caritativos con sus conciudadanos y acostumbrados a reconocer y a respetar la justicia”.

Hacía tanto tiempo que la libertad política había sido destruida en Francia, que se hallaban olvidados casi por completo sus condiciones y efectos. Es más, los restos informes que aún quedaban de ella y las instituciones que parecían haber sido creadas para suplirla, la hacían sospechosa, por lo que con frecuencia despertaba prejuicios en su contra. La mayor parte de las asambleas de estados que aún existían conservaban, junto con las formas anticuadas, el espíritu de la Edad Media, y lejos de propiciar el progreso de la sociedad, lo estorbaban; los parlamentos, únicos encargados de hacer las veces de cuerpos políticos, no podían evitar el mal que hacía el gobierno, pero con frecuencia le impedían realizar el bien que deseaba hacer.

A los economistas les parecía impracticable la idea de hacer la revolución que imaginaban con ayuda de esos viejos instrumentos; incluso les agradaba muy poco la idea de confiar la ejecución de sus planes a la nación ya dueña de sí misma; pues, ¿cómo lograr que un pueblo adopte y siga un sistema de reforma tan amplio y cuyas partes se vinculaban tan estrechamente entre sí? Más fácil y oportuno les parecía poner a la propia administración real al servicio de sus designios.

Este nuevo poder no surgió de las instituciones de la Edad Media; no muestra en absoluto su huella; en medio de sus errores, los economistas distinguen en él ciertas buenas inclinaciones. Lo mismo que ellos, delata cierto gusto natural por la igualdad de condiciones y por la uniformidad de las reglas; desde el fondo de su corazón odia, como ellos mismos, los antiguos poderes surgidos del feudalismo o tendientes a la aristocracia. Sería inútil buscar en el resto de Europa un aparato de gobierno tan bien montado, tan grande y tan fuerte; la existencia de semejante gobierno en nuestro país les parece una circunstancia singularmente feliz: la habrían llamado providencial si hubiera estado de moda entonces, como lo está en la actualidad, el hacer intervenir en todo a la Providencia. “La situación en Francia —dice Letronne— es infinitamente mejor que la de Inglaterra, pues aquí se pueden realizar reformas que cambian toda la situación de un país en un momento, en tanto que entre los ingleses esas reformas siempre pueden ser obstaculizadas por los partidos”.

No se trata de destruir ese poder absoluto, sino de transformarlo. “Es preciso que el Estado gobierne de acuerdo con las reglas del orden esencial —dice Mercier de la Rivière—, y para que así ocurra es preciso que sea omnipotente”. “Que el Estado comprenda bien cuál es su deber —dice otro— y que entonces se le deje en libertad”. Desde Quesnay hasta el abad Bodeau, todos expresan la misma opinión.

Para reformar la sociedad de su tiempo, los economistas no solo cuentan con la administración real; de ella toman en parte la idea del gobierno futuro que quieren fundar. Se basan en aquella para formarse una imagen de este último.

El Estado, conforme los economistas, no solo tiene que mandar a la nación, sino también conformarla de cierta manera; a él le corresponde formar el espíritu de los ciudadanos de acuerdo con cierto modelo adoptado de antemano; su deber consiste en imbuirle ciertas ideas y en inculcar en su corazón aquellos sentimientos que considere necesarios. En realidad, no existen límites para sus derechos ni linderos para lo que puede hacer; el Estado no solo reforma a los hombres, sino que también los transforma; ¡podría, si así lo deseara, convertirlos en otros! “El Estado hace de los hombres lo que quiere”, dice Bodeau. Esta frase resume todas sus teorías.

Este inmenso poder social que imaginan los economistas no solo es más grande que ninguno de los que tienen ante sí, sino que difiere también por su origen y su carácter. No emana directamente de Dios ni se vincula para nada con la tradición; es impersonal: ya no se llama rey, sino Estado; no es legado familiar, es producto y representante de todos y debe ver porque el derecho individual se supedite a la voluntad de todos.

Esta forma particular de tiranía que se denomina despotismo democrático, y de la que ni idea tuvo la Edad Media, a los economistas ya les era familiar. No más jerarquías en la sociedad, ni separación de clases, ni rangos fijos, tan solo un pueblo compuesto por individuos casi semejantes y enteramente iguales, solo esa masa confusa reconocida como único soberano legítimo, pero cuidadosamente privada de todas las facultades que podrían permitirle dirigir e incluso vigilar por sí misma su gobierno. Por encima de ella, un mandatario único, encargado de hacerlo todo en su nombre sin consultar con nadie. Para controlarlo, una razón pública sin órganos; para contenerlo, revoluciones y no leyes: de derecho, un agente subordinado; de hecho, un amo.

No encontrando a su alrededor nada que les parezca conforme a este ideal, irán a buscarlo a la recóndita Asia. No exagero al afirmar que no hay un solo economista que no haya hecho en alguna parte de sus escritos un elogio enfático de China. Al leer sus libros, estamos seguros de encontrar por lo menos lo señalado; y como China todavía es poco conocida, nos cuentan de ella toda clase de pamplinas. Ese gobierno imbécil y bárbaro, que un puñado de europeos domina a placer, les parece el modelo más perfecto que puedan copiar cualesquiera de las naciones del mundo. Para ellos vino a ser lo que más tarde fueron Inglaterra y después América para los franceses. Se sienten conmovidos y embelesados ante un país cuyo soberano absoluto, pero exento de prejuicios, labora la tierra una vez al año con sus propias manos para honrar las artes útiles; en donde los puestos se obtienen en concursos literarios; que por religión no tienen más que una filosofía y por aristocracia a los letrados.

Hay la creencia de que el origen de las teorías destructivas a las que en nuestros días se designa con el nombre de socialismo es reciente; pero ello es un error: son teorías contemporáneas de los primeros economistas. Mientras estos empleaban al gobierno omnipresente con el que soñaban cambiar la forma de la sociedad, los otros se apoderaban con la imaginación del mismo poder para destruir sus bases.

Leed el Código de la naturaleza de Morelly y encontraréis, junto con las doctrinas de los economistas sobre la omnipotencia del Estado y sobre sus derechos ilimitados, varias de las teorías políticas que más temor infundieron en Francia en estos últimos tiempos y cuyo nacimiento nos figurábamos haber presenciado: la comunidad de bienes, el derecho al trabajo, la igualdad absoluta, la uniformidad en todas las cosas, la regularidad mecánica en todos los movimientos de los individuos, la tiranía reglamentaria y la completa absorción de la personalidad de los ciudadanos en el cuerpo social.

“Nada en la sociedad pertenecerá singularmente ni en propiedad a persona alguna”, dice el artículo 1º de dicho código. “La propiedad es detestable y quien trate de restablecerla será encerrado de por vida, como loco furioso y enemigo de la humanidad. Todo ciudadano será sustentado, mantenido y ocupado a expensas del público”, dice el artículo 2.

Todos los productos se concentrarán en almacenes públicos para ser distribuidos entre todos los ciudadanos y satisfacer sus necesidades vitales. Las ciudades se construirán conforme a un mismo plano; todos los edificios de uso particular serán semejantes. A los cinco años de edad los niños serán separados de sus familias y educados en común, a expensas del Estado, de manera uniforme.

Este libro os parecerá escrito ayer, pero data de hace 100 años; apareció en 1755, simultáneamente a la fundación de la escuela de Quesnay: hasta ese grado es cierto que la centralización y el socialismo son productos del mismo suelo; uno respecto al otro, son lo que el fruto cultivado es al silvestre.

De todos los hombres de su tiempo, los economistas son los que parecerían menos desambientados en el nuestro; su pasión por la igualdad es tan firme y su amor a la libertad tan incierto que dan una falsa apariencia de contemporáneos. Cuando leo los discursos y los escritos de los hombres que hicieron la Revolución, súbitamente me siento transportado a un lugar y en medio de una sociedad que desconozco; pero cuando recorro los libros de los economistas me parece que es gente con la que he vivido y que acabo de discurrir con ella.

Hacia 1750, la nación entera no se hubiera mostrado más exigente en materia de libertad política que los propios economistas; al perder su uso, había perdido el amor por ella y hasta la idea de la misma. Deseaba reformas más que derechos, y si en el trono hubiera habido entonces un príncipe de la talla y el temple del gran Federico, no dudo de que habría consumado en la sociedad y en el gobierno varios de los más grandes cambios que efectuó la Revolución, no solo sin perder su corona, sino acrecentando mucho su poder. Se asegura que Machault, uno de los ministros más hábiles que tuvo Luis XV, entrevió esta idea y la comunicó a Su Majestad; pero estas empresas no son para aconsejarse: solo las pueden realizar quienes han sido capaces de concebirlas.

Veinte años después la situación ya no era igual: la imagen de la libertad política se había presentado al espíritu de los franceses y cada día les parecía más interesante. Así nos lo señalan numerosos indicios. Las provincias empiezan a concebir el deseo de administrarse de nuevo por sí mismas. La idea de que el pueblo entero tiene derecho de participar en su gobierno penetra en los espíritus y se adueña de ellos. Revive el recuerdo de los antiguos estados generales. La nación, que detesta su propia historia, solo recuerda con complacencia esta parte de ella. La nueva corriente arrastra a los mismos economistas y los obliga a complicar su sistema unitario con algunas instituciones libres.

Cuando en 1771 se destruyen los parlamentos, el mismo público, que tan a menudo había tenido que sufrir sus prejuicios, se conmueve profundamente viendo su caída. Parecería que, junto con ellos, hubiera caído la última barrera que aún podía contener la arbitrariedad real.

Esta oposición asombra e indigna a Voltaire.

Casi todo el reino está en efervescencia y es presa de la consternación —escribe a sus amigos—; la agitación en las provincias es tan fuerte como en el propio París. Sin embargo, me parece que el edicto está lleno de reformas útiles. ¿No son acaso grandes servicios prestados a la nación acabar con la venalidad de los cargos, impartir justicia gratuita, impedir que los litigantes vengan a París desde los confines del reino para arruinarse aquí, así como responsabilizar al rey de cubrir los gastos de las justicias señoriales? Por lo demás, ¿no han sido a menudo esos parlamentos perseguidores y bárbaros? En realidad, admiro a los welches por tomar partido a favor de estos burgueses insolentes e indóciles. Por mi parte, creo que el rey tiene razón, y dado que hay que servir, pienso que más vale hacerlo a las órdenes de un león de buena cuna y que por nacimiento es mucho más fuerte que yo, y no bajo de las 200 ratas de mi propia especie.

A lo que agrega, a manera de excusa: “Considerad que debo apreciar infinitamente la gracia que el rey ha concedido a todos los señores con tierra al pagar los gastos de sus justicias”.

Ausente de París desde mucho tiempo atrás, Voltaire creía que el espíritu público permanecía tal como él lo había dejado. Nada tan lejos de la verdad. Los franceses ya no se limitaban a desear que sus asuntos fuesen mejor atendidos, sino que empezaban a querer hacerlo por sí mismos y era evidente que la gran revolución que se preparaba iba a tener lugar no solo con el asentimiento del pueblo, sino por sus propias manos.

Pienso que a partir de aquel momento era inevitable esa Revolución radical, que habría de confundir en un mismo montón de ruinas tanto lo peor como lo mejor del Antiguo Régimen. Un pueblo tan mal preparado para actuar por sí mismo no podía emprender la reforma de todo a la vez sin antes destruirlo todo. Cualquier príncipe absoluto habría sido un innovador menos peligroso. Por lo que a mí respecta, al considerar que esa misma Revolución que destruyó tantas instituciones, ideas y hábitos contrarios a la libertad, y que, por otra parte, abolió tantos otros sin los cuales esta libertad difícilmente puede subsistir, me inclino a creer que realizada por un déspota tal vez nos habría dejado en menor desventaja para alcanzar a ser algún día una nación libre, que hecha en nombre de la soberanía del pueblo y por este.

Lo precedente es algo que nunca debemos perder de vista si queremos comprender la historia de nuestra Revolución.

Cuando se despertó el amor de los franceses por la libertad política, habían concedido ya en materia de gobierno cierto número de nociones que no solo no concordaban fácilmente con la existencia de las instituciones libres sino que casi le eran opuestas.

Habían admitido como ideal de una sociedad el de un pueblo sin otra aristocracia que la de los funcionarios públicos, una administración única y omnipotente, rectora del Estado y tutora de los particulares. Queriendo ser libres, no entendieron que debían desligarse de esta primera noción, tan solo trataron de conciliarla con la de la libertad.

Por tanto, emprendieron la tarea de mezclar una centralización administrativa ilimitada y un cuerpo legislativo preponderante: la administración de la burocracia y el gobierno de los electores. Como cuerpo, la nación gozó de todos los derechos de la soberanía, y cada ciudadano en particular fue reducido a la más estrecha dependencia: a una se le demandan experiencia y virtudes de un pueblo libre; al otro, las cualidades de un buen servidor.

Este deseo de introducir la libertad política en medio de instituciones y de ideas que le eran extrañas o contrarias, pero que para nosotros eran ya un hábito o de las cuales habíamos adquirido el gusto de antemano, fue el que, desde hace 60 años, ha producido tantos ensayos inútiles de gobiernos libres, seguidos de tan funestas revoluciones, hasta que al fin, cansados de tantos esfuerzos y desalentados por un trabajo tan laborioso como estéril, abandonando su segunda idea para volver a la primera, muchos franceses acabaron por pensar que al fin y al cabo vivir como iguales bajo un amo aún tenía cierto encanto. De ese modo encontramos que hoy nos parecemos infinitamente más a los economistas de 1750 que a nuestros padres de 1789.

Con frecuencia me he preguntado dónde está el origen de esta pasión por la libertad política que en todos los tiempos ha llevado a los hombres a realizar las cosas más grandes que la humanidad haya logrado, y en qué clase de sentimientos se arraiga y se alimenta.

Me doy perfecta cuenta de que cuando los pueblos están mal dirigidos conciben con gusto el deseo de gobernarse a sí mismos; pero esta especie de amor a la independencia, que solo nace de ciertos males particulares y pasajeros que trae consigo el despotismo, nunca es perdurable: desaparece con el accidente que la había hecho nacer; parecíamos amar la libertad, y lo que sucede es que nos limitábamos a odiar al amo. Lo que odian los pueblos hechos para ser libres es el propio mal de la dependencia.

Tampoco creo que el verdadero amor por la libertad haya nacido nunca de la simple vista de los bienes materiales que procura, pues esta visión con frecuencia llega a oscurecerse. Es muy cierto que a la larga la libertad siempre trae holgura, bienestar y a menudo riqueza a quienes saben conservarla; pero hay épocas en que perturba momentáneamente el uso de estos bienes, y otras en que solo el despotismo puede brindar su disfrute pasajero. Los hombres que solo aprecian en ella estos bienes nunca la han conservado durante mucho tiempo.

Lo que le ha conquistado en todo tiempo y de manera tan decidida el corazón de ciertos hombres son sus mismos atractivos, su encanto propio, independientemente de sus beneficios; es el placer de poder hablar, actuar y respirar sin coacciones, bajo el solo imperio de Dios y el de las leyes. Quien busca en la libertad otra cosa que no sea ella misma está hecho para servir.

Ciertos pueblos la persiguen obstinadamente a través de toda clase de peligros y de miserias. Lo que entonces aman en ella no son los bienes materiales que les brinda; consideran que ella misma es un bien tan preciado y tan necesario que ningún otro podría consolarlos de perderla y que se consuelan de todo disfrutándola. Otros se cansan de ella en medio de su prosperidad; se la dejan arrancar de las manos sin oponer resistencia por miedo a comprometer, mediante algún esfuerzo, ese mismo bienestar que le deben. ¿Qué les falta a estos para seguir siendo libres? ¿Qué? La misma satisfacción de serlo. No me pidáis que analice este gusto sublime, es preciso sentirlo. Entra por sí solo en los grandes corazones que Dios ha preparado para recibirlo; los llena y los inflama. Fuerza es renunciar a hacérselo comprender a las almas mediocres que nunca lo han sentido.

CAPÍTULO IV

Que el reinado de Luis XVI fue la época más próspera de la antigua monarquía y cómo esta misma prosperidad precipitó la Revolución

No hay duda de que el agotamiento del reino bajo luis XIV haya empezado en la misma época en que este príncipe aún triunfaba sobre toda Europa. Se encuentran los primeros indicios de su decadencia en los años más gloriosos del reino. Francia se había arruinado mucho antes de que hubiera dejado de mostrarse como nación vencedora. ¿Quién no ha leído ese aterrador ensayo de estadística administrativa que nos ha legado Vauban? Los intendentes, en los informes que dirigen al duque de Borgoña a fines del siglo XVII e incluso antes de que empezara la malhadada guerra de Sucesión, aluden a esa creciente decadencia de la nación y no la mencionan como si se tratara de un hecho enteramente reciente. “La población ha disminuido mucho en esta provincia, de unos años para acá”, dice uno de ellos; “esta ciudad, que antaño era rica y floreciente, se ha quedado hoy sin industria”, dice otro. Un tercero comenta: “Tiempo atrás hubo manufacturas en la provincia, pero en la actualidad están abandonadas”. Y otro más dice: “Antes los vecinos obtenían del suelo mucho más que ahora; la agricultura era infinitamente más floreciente hace 20 años”. “La población y la producción han disminuido en una quinta parte desde hace alrededor de 30 años”, decía un intendente de Orleans por el mismo tiempo. Debería aconsejarse la lectura de estas memorias a los individuos que encarecen el gobierno absoluto y a aquellos príncipes que aman la guerra.

Como estas miserias tenían principalmente su origen en vicios de organización, ni la muerte de Luis XIV ni la misma paz fueron suficientes para que renaciera la prosperidad pública. En la primera mitad del siglo XVIII, todos los que escriben sobre la administración o sobre la economía social comparten la opinión de que las provincias no logran recuperarse; incluso muchos piensan que se arruinan cada vez más. Señalan que solo París se enriquece y crece. Intendentes, antiguos ministros y hombres de negocios concuerdan al respecto con los hombres de letras.

Por mi parte, confieso que no creo en esa decadencia continua de Francia durante la primera mitad del siglo XVIII; pero una opinión tan general, que comparten personas tan bien informadas, por lo menos demuestra que a la sazón no había ningún progreso visible. En efecto, todos los documentos administrativos que he tenido a la vista, relacionados con esa época de nuestra historia, denotan una especie de letargo. El gobierno únicamente da vueltas alrededor del mismo círculo de viejas rutinas sin crear nada nuevo; las ciudades no desarrollan casi ningún esfuerzo para hacer más cómoda y saludable la condición de sus habitantes; ni siquiera los particulares emprenden alguna empresa importante.

El panorama empieza a cambiar unos 30 o 40 años antes de que estalle la Revolución; se cree distinguir en todas las partes del cuerpo social una especie de conmoción interior que hasta entonces no se había observado. Solo es reconocible luego de atentísimo examen, pero poco a poco se va haciendo más característica y precisa. Esta conmoción se extiende y se acelera año tras año: toda la nación se mueve al fin y parece renacer. Pero ¡cuidado!, lo que se reanima no es su antigua vida; el que impulsa este gran cuerpo es un espíritu nuevo, que solo lo reaviva por un momento para disolverlo.

Cada quien se inquieta y se agita desde su condición y hace esfuerzos por cambiarla: la búsqueda de lo mejor es universal; pero es una búsqueda impaciente y desesperante, que lleva a maldecir el pasado y a imaginar un estado de cosas enteramente opuesto al que se tiene enfrente.

Este espíritu penetra pronto hasta el mismo seno del gobierno y lo transforma por dentro, sin alterar para nada su exterior: las leyes no se cambian, pero se aplican de otro modo.

En otra ocasión ya señalé que el interventor general y el intendente de 1740 no se parecían en nada al intendente y al interventor general de 1780. La correspondencia administrativa muestra detalladamente esta verdad. Sin embargo, el intendente de 1780 tiene los mismos poderes, los mismos agentes, la misma arbitrariedad que su predecesor, pero no tiene la misma mira: a aquel solo le interesaba mantener su provincia en la obediencia, reclutar a la milicia y sobre todo percibir la talla; este tiene muchas otras preocupaciones: su cabeza está llena de mil proyectos encaminados a aumentar la riqueza pública. Los caminos, los canales, las manufacturas y el comercio son las principales preocupaciones de su pensamiento; la agricultura atrae sobre todo su atención. En ese entonces, Sully se pone de moda entre los administradores.

Es por ese tiempo cuando estos empiezan a formar las sociedades de agricultura que ya he mencionado, cuando se establecen concursos y se distribuyen premios. Hay circulares del interventor general que más parecen tratados de agricultura que documentos oficiales.

El cambio principal operado en el espíritu de los gobernantes se puede apreciar mejor en la percepción de los impuestos. La legislación sigue siendo tan inequitativa, arbitraria y dura como en el pasado, pero todos sus vicios se atemperan durante la ejecución.

Cuando empecé a estudiar las leyes fiscales —dice Mollien en sus Memorias—, me horrorizó lo que encontré: multas, encarcelamientos, castigos corporales impuestos a criterio de tribunales especiales por simples omisiones; empleados arrendatarios que gobernaban casi todas las propiedades y personas a la discreción de sus juramentos, etc. Por fortuna no me limité a la simple lectura de este código, por lo que pronto hube de reconocer que entre el texto y su aplicación había la misma diferencia que entre las costumbres de los antiguos financieros y las de los nuevos. Los jurisconsultos siempre se inclinaban por la atenuación de los delitos y por la moderación de las penas.

“¡A cuántos abusos y vejaciones puede dar lugar la percepción de los impuestos! —dice la asamblea provincial de la Baja Normandía en 1787—; sin embargo, debemos hacer justicia a la benignidad y al tacto con que se ha obrado desde hace algunos años”.

El examen de los documentos justifica plenamente este aserto. En ellos se percibe a menudo el respeto a la libertad y a la vida de los hombres. Y sobre todo, se aprecia una verdadera preocupación por los males de los pobres, que habría sido inútil buscar con anterioridad. Raras son las violencias del fisco con los miserables, más frecuentes las condonaciones de impuestos y más numerosos los socorros. El rey incrementa los fondos destinados a abrir talleres de caridad en el campo o a socorrer indigentes, y con frecuencia establece otros nuevos. Solo en la generalidad de la Alta Guyena encuentro que, en 1779, el Estado distribuyó así más de 80 000 libras; en la de Tours, 40 000 en 1784, y 48 000 en 1787 en la de Normandía. Luis XVI no quería dejar en manos de sus ministros esta parte del gobierno; a veces él mismo se encargaba de ella. El rey en persona redactó los considerandos, cuando, en 1776, una disposición del consejo fijó las indemnizaciones que serían pagadas a los campesinos cuyos campos devastaba la caza del rey en los alrededores de las capitanías, indicando modos simples y seguros de cobrarlas. Cuenta Turgot que este bondadoso y desdichado príncipe le entrega escritos de su puño y letra, diciéndole: “Ya veis que yo por mi lado también trabajo”. Si se describiera el Antiguo Régimen tal como era en los últimos años de su existencia, se haría de él un retrato muy halagador y poco fiel.

A medida que estos cambios se operan en el espíritu de gobernados y gobernantes, la prosperidad pública se desarrolla con una rapidez hasta entonces sin paralelo. Todos los signos la anuncian: aumenta la población; las riquezas crecen de manera aún más rápida. La guerra de América no frena este impulso; el Estado se endeuda, pero los particulares siguen enriqueciéndose; estos se hacen más industriosos, más emprendedores y muestran más inventiva.

“A partir de 1774 —dice un administrador de la época—, el desarrollo de las diversas clases de industria había aumentado la materia de todos los impuestos de consumo”. En efecto, cuando comparamos los tratados concluidos en las diferentes épocas del reinado de Luis XVI entre el Estado y las compañías financieras encargadas de cobrar los impuestos, vemos que el precio de los arrendamientos se eleva, a cada renovación, con rapidez creciente. El arriendo de 1786 arroja 14 millones más que el de 1780. “Se puede contar con que el producto de todos los derechos de consumo aumenta en dos millones por año”, dice Necker en el informe rendido en 1781.

Arthur Young asegura que Burdeos en 1788 tenía más comercio que Liverpool; y luego agrega: “En estos últimos tiempos, los adelantos del comercio marítimo han sido más rápidos en Francia que en la misma Inglaterra, pues este comercio se ha duplicado allá en 20 años”.

Si tenemos a bien prestar atención a la diferencia de los tiempos, nos convenceremos de que en ninguna de las épocas posteriores a la Revolución se desarrolló la prosperidad pública con mayor rapidez que durante los 20 años que la precedieron. Los 37 años de monarquía constitucional[3], que para nosotros fueron tiempos de paz y de rápidos progresos, solo pueden compararse a este respecto con el reinado de Luis XVI.

La vista de esta gran prosperidad en aumento es motivo de asombro si se piensa en todos los vicios de que todavía adolecía el gobierno y en todas las trabas con que aún tropezaba la industria; incluso es posible que muchos políticos nieguen el hecho porque no lo pueden explicar, considerando, como el médico de Molière, que un enfermo no puede sanar contra las reglas. ¿Cómo creer, en efecto, que Francia pudiese prosperar y enriquecerse pese a la desigualdad de las cargas, a la diversidad de costumbres, a las aduanas interiores, a los derechos feudales, a los gremios, a los puestos públicos, etc.? Y sin embargo, a despecho de todo, la nación empezaba a enriquecerse y a desarrollarse por todas partes, porque al margen de esos mecanismos mal construidos y mal engranados, que parecían destinados a frenar la maquinaria social más que a impulsarla, se ocultaban dos resortes sencillísimos y sumamente poderosos, que bastaban para mantenerlo todo junto y hacer que todo marchara hacia la meta de la prosperidad pública: un gobierno que seguía siendo muy fuerte aun al dejar de ser despótico y que mantenía el orden en todas partes; una nación que en sus clases superiores era ya la más culta y la más libre del continente, y en cuyo seno cada quien podía enriquecerse a su antojo y conservar su fortuna una vez adquirida.

El rey seguía hablando como señor, pero en realidad obedecía a una opinión pública que lo inspiraba o lo arrastraba todos los días, opinión a la que él consultaba, temía y adulaba continuamente; absoluto por la letra de la ley, limitado por su práctica. Dándolo como un hecho indudable, desde 1784 decía Necker en un documento público: “A la mayor parte de los extranjeros les cuesta trabajo darse una idea de la autoridad que hoy en día ejerce en Francia la opinión pública: difícilmente comprenden lo que representa este poder invisible que manda hasta en el palacio real. Y sin embargo así es”.

Nada más superficial que atribuir la grandeza y el vigor de un pueblo exclusivamente al mecanismo de sus leyes, pues, en esta materia, el producto se debe más a la potencia de los motores que a la perfección del instrumento. Véase a Inglaterra: ¡hasta qué grado sus leyes administrativas siguen pareciendo todavía hoy más complicadas, diversas e irregulares que las nuestras! Y sin embargo, ¿habrá en Europa un solo país en que sea mayor la fortuna pública, más extensa, segura y variada la propiedad particular, más sólida y rica la sociedad? Nada de ello procede de la bondad de esas leyes en particular, sino del espíritu que anima a la legislación inglesa en general. La imperfección de ciertos órganos no impide nada, porque la vida es pujante.

A medida que se desarrolla en Francia la prosperidad que acabo de describir, los espíritus parecen sin embargo más inestables e inquietos; se exacerba el descontento público; va en aumento el odio contra la totalidad de las instituciones antiguas. La nación se encamina visiblemente hacia una revolución.

Es más, las partes de Francia que habrían de ser el foco de esta revolución son precisamente aquellas en que el progreso es más evidente. Si se estudia lo que queda de los archivos de la antigua generalidad de la Isla de Francia, será fácil convencerse de que el Antiguo Régimen[4] se había reformado antes y más profundamente en las comarcas colindantes con París. Ahí, la libertad y la fortuna de los campesinos se hallaban mejor garantizadas que en cualquier otro país de elección. La prestación personal había desaparecido mucho antes de 1789. El cobro de la talla es ahora más regular, moderado y equitativo que en el resto de Francia. Hay que leer el reglamento que lo mejora, en 1772, si queremos comprender lo que un intendente puede hacer tanto por el bienestar como por la miseria de toda una provincia. Visto en este reglamento, el impuesto ha adquirido ya un aspecto por entero distinto. A cada parroquia acuden anualmente delegados del gobierno; la comunidad se reúne en su presencia; el valor de los bienes se establece públicamente y las facultades de cada quien se reconocen por contradicción; la talla se fija en fin con el concurso de todos los que deben pagarla. No más arbitrariedad del síndico ni violencias inútiles. La talla conserva sin duda los vicios que le son inherentes, sea cual fuere el sistema de percepción; sigue pesando sobre una clase de contribuyentes y grava tanto a la industria como a la propiedad; pero en todo lo demás difiere profundamente de lo que todavía lleva el mismo nombre en las generalidades vecinas.

En cambio, el Antiguo Régimen en ninguna parte se había mantenido mejor que a lo largo del Loira, en dirección a su desembocadura, en las ciénagas de Poitou y en las landas de Bretaña. Y fue ahí precisamente donde se encendió y alimentó el fuego de la guerra civil y donde se resistió con mayor violencia y por más tiempo a la Revolución, de tal suerte que podría decirse que a los franceses les pareció su posición más insoportable cuanto mejor era.

Hechos así asombran; la historia está llena de esta clase de espectáculos.

No siempre sobreviene una revolución cuando se va de mal en peor. La mayoría de las veces ocurre que un pueblo que había soportado sin quejarse, y como si no las sintiera, las leyes más abrumadoras, las repudia con violencia cuando se aligera su carga. El régimen destruido por una revolución casi siempre es mejor que el que lo había precedido inmediatamente, y la experiencia enseña que el momento más peligroso para un mal gobierno suele ser aquel en que empieza a reformarse. Solo un gran genio puede salvar a un príncipe que se propone aliviar el agobio de sus súbditos tras una larga opresión. El mal que se sufría con paciencia, como algo inevitable, se antoja insoportable en cuanto se concibe la idea de sustraerse a él. Los abusos que se van eliminando parecen descubrir mejor los que quedan y hacen el sentimiento más insufrible; el mal ha disminuido, es cierto, pero la sensibilidad está más viva. El feudalismo en su pleno apogeo no había inspirado a los franceses tanto odio como en el momento en que iba a desaparecer. Las más leves arbitrariedades de Luis XVI parecían más difíciles de soportar que todo el despotismo de Luis XIV. El breve encarcelamiento de Beaumarchais produjo en París más emoción que las dragonadas.

En 1780, ya nadie pretende que Francia esté en decadencia; por el contrario, se diría que en aquel momento ya no existen límites para su progreso. Surge entonces la teoría de la perfectibilidad continua e indefinida del hombre. Veinte años antes no se esperaba nada del porvenir; ahora no se teme nada de él. La imaginación, haciendo suya por anticipado esa felicidad próxima e inaudita, insensibiliza a la gente ante los bienes que ya tiene y la precipita hacia las cosas nuevas.

Independientemente de estas razones generales del fenómeno, existen otras más particulares y no menos poderosas. Aunque se hubiese perfeccionado como todo lo demás, la administración de las finanzas conservaba los vicios que derivan del propio gobierno absoluto. Siendo secreta y sin garantía, aún se seguían en ella algunas de las peores prácticas que habían estado vigentes bajo Luis XIV y Luis XV. El propio esfuerzo que hacía el gobierno por desarrollar la prosperidad pública, las ayudas y los estímulos que distribuía, las obras públicas que ordenaba ejecutar elevaban los gastos día tras día sin que aumentaran los ingresos en la misma proporción; este hecho ponía cotidianamente al rey en dificultades aún mayores que las de sus predecesores. Tal como ellos, dejaba de continuo de pagar a sus acreedores; igual que ellos, tomaba préstamos de quienes se los facilitaran, sin publicidad ni competencia, y sus acreedores nunca estaban seguros de poder cobrar sus rentas; su mismo capital siempre estaba exclusivamente a merced de la buena fe del príncipe.

Un testigo digno de confianza, porque había visto con sus propios ojos y se hallaba en mejor posición para ver, dijo en esta ocasión:

Los franceses de entonces solo encontraban riesgos en sus relaciones con su propio gobierno. Si colocaban sus capitales en empréstitos, nunca tenían segura una época determinada para el cobro de sus intereses; si construían barcos, reparaban caminos o vestían a los soldados, quedaban sin garantías de sus anticipos y sin plazo fijo para su reembolso, reducidos a calcular las posibilidades de un contrato con los ministros como se calculan las de un préstamo hecho a la buena de Dios.

A lo que agrega, con mucho sentido:

En aquella época en que, al cobrar gran impulso la industria había desarrollado en mayor número de hombres el amor por la propiedad, el gusto y la necesidad del bienestar, quienes habían confiado parte de su propiedad al Estado padecían con mayor impaciencia la violación de la ley de los contratos por parte del deudor que más debía respetarla.

Y, en efecto, los abusos que aquí se reprochan a la administración francesa no eran nuevos en absoluto; pero sí lo era la impresión que producían. Los vicios del sistema financiero incluso habían sido más escandalosos en épocas anteriores; pero desde entonces se habían producido tanto en el gobierno como en la sociedad cambios que habían hecho la sensibilidad infinitamente mayor que antes.

El gobierno, que en los últimos 20 años había sido más activo y acometido toda clase de empresas en las que ni siquiera había soñado hasta entonces, había acabado por constituirse en el mayor consumidor de productos industriales y en el más grande contratista del reino. El número de los que mantenían relaciones económicas con él, que estaban interesados en sus empréstitos, que vivían de sus salarios y especulaban en sus mercados, había crecido prodigiosamente. Nunca antes habían estado tan ligadas entre sí la fortuna del Estado y la de los particulares. La mala gestión de las finanzas, que durante mucho tiempo solo había sido un mal público, se convirtió entonces, para una multitud de familias, en una calamidad privada. En 1789, el Estado debía cerca de 600 millones a acreedores que a su vez eran casi todos deudores, y que a decir de un financiero de la época aunaban a sus quejas contra el gobierno todas aquellas que su incumplimiento asociaba a sus sufrimientos. Por lo demás, observad que, a medida que esta clase de descontentos era más numerosa, también se mostraba más irritada, pues al difundirse y aumentar al ritmo de los negocios el deseo de especular, el afán de enriquecerse y el ansia de bienestar hacían que estos males parecieran insoportables a aquellos mismos que 30 años atrás tal vez los habrían soportado sin quejarse.

De ahí que los rentistas, los comerciantes, los industriales y otros hombres de negocios o de dinero, que suelen constituir la clase más contraria a las innovaciones políticas, la más amiga del gobierno existente, sea cual fuere, y la más sumisa ante las propias leyes que desprecia o que detesta, se mostraran en esta ocasión los más impacientes y decididos en materia de reformas. Y sobre todo clamaban a grandes voces por una revolución completa en todo el sistema de finanzas, sin pensar que al remover profundamente esa parte del gobierno se provocaría el derrumbe de todo lo demás.

¿Cómo se hubiera podido escapar a la catástrofe? Por una parte, hay una nación en cuyo seno se va difundiendo día tras día el deseo de hacer fortuna; y por la otra, un gobierno que alienta continuamente esta nueva pasión y que al mismo tiempo la perturba, la enciende y la desespera constantemente, empujando así por ambas partes hacia su propia ruina.

CAPÍTULO V

Cómo, al querer socorrer al pueblo, este se sublevó

Como el pueblo no había hecho acto de presencia ni por un instante desde hacía 140 años en la escena de los asuntos públicos, se había dejado absolutamente de creer que pudiera reaparecer en ella; al verlo tan insensible, lo juzgaban sordo: de modo que cuando su situación empezó a despertar cierto interés, se hablaba en su misma presencia de su suerte como si estuviera ausente. Parecía que únicamente hubiera que hacerse oír por quienes se hallaban por encima de él y que el único peligro que recelar fuera el de no ser bien comprendido por ellos.

Quienes más debían temer su cólera conversaban en voz alta y frente a él de las crueles injusticias de que siempre había sido víctima; se mostraban unos a otros los espantosos vicios que encerraban las instituciones que más lo agobiaban, y empleaban su retórica para describir sus miserias y su mal remunerado trabajo: así lo colmaban de furor cuando trataban de socorrerlo. No me refiero aquí a los escritores, sino al gobierno, a sus principales agentes y a los propios privilegiados.

Cuando el rey, 13 años antes de la Revolución, trata de abolir la prestación personal, dice en su preámbulo:

Con excepción de un reducido número de provincias (los países de estado), casi todos los caminos del reino han sido hechos gratuitamente por la parte más pobre de nuestros súbditos. Así pues, todo el peso ha recaído sobre los que no disponen sino de sus brazos y que solo se interesan de modo muy secundario en los caminos; los verdaderos interesados son los propietarios, casi todos privilegiados, cuyos bienes aumentan de valor con la apertura de las carreteras. Forzando únicamente al pobre a conservarlas y obligándolo a aportar su tiempo y su trabajo sin salario, se le priva del único recurso con que cuenta contra la miseria y el hambre, para hacerlo trabajar en beneficio de los ricos.

Cuando por ese mismo tiempo se emprende la tarea de eliminar las trabas que el sistema de corporaciones industriales imponía a los obreros, en nombre del rey se proclama

que el derecho al trabajo es el más sagrado de todos los bienes; que toda ley que atente en su contra viola el derecho natural y debe considerarse nula por sí; y que, además, las corporaciones existentes son instituciones extrañas y tiránicas, producto del egoísmo, de la codicia y de la violencia.

Semejantes palabras eran peligrosas; pero aún lo era más el pronunciarlas en vano. Unos meses después se restablecieron las corporaciones y la prestación personal.

Se dice que era Turgot quien ponía este lenguaje en boca del rey. Pero la mayor parte de sus sucesores tampoco lo hacen hablar de otro modo. Cuando, en 1780, el monarca anuncia a sus súbditos que en lo sucesivo los aumentos de la talla serán sometidos a la publicidad del registro, tiene buen cuidado de agregar a manera de glosa:

Atormentadas ya por las vejaciones inherentes a la percepción de la talla, las personas sujetas al pago de este impuesto estaban todavía expuestas, hasta ahora, a aumentos imprevistos, de tal suerte que el tributo de la parte más pobre de nuestros súbditos ha aumentado en proporción muy superior al de todos los demás.

Cuando el rey, sin atreverse aún a igualar todas las cargas, se propone por lo menos establecer la igualdad de percepción en las que ya son comunes, dice: “Su Majestad espera que las personas ricas no se considerarán perjudicadas, puesto que, al situarlas en el nivel común, solo tendrán que pagar la carga que desde hace mucho tiempo habrían tenido que compartir de manera más equitativa”.

Pero es sobre todo en tiempos de escasez cuando más que satisfacer sus necesidades, lo que al parecer se busca es inflamar las pasiones del pueblo. Para estimular la caridad de los ricos, un intendente habla entonces “de la injusticia y de la insensibilidad de esos propietarios que deben a los esfuerzos del pobre todo lo que poseen, y que lo dejan morir de hambre en el momento en que este se halla agotado y ya no puede aprovecharse de sus bienes”. Por su parte, dice el rey en ocasión análoga: “Su Majestad quiere defender al pueblo contra las maniobras que lo exponen a la falta de alimentos de primera necesidad, obligándolo a ofrecer su trabajo por un jornal que los ricos deseen darle. El rey no habrá de permitir que una parte de los hombres quede a merced de la avidez de la otra”.

Hasta el fin de la monarquía, la lucha entre los diferentes poderes administrativos dio lugar a toda clase de manifestaciones de esta especie: ambos contendientes se acusaban mutuamente de ser el responsable de la miseria del pueblo. Así se aprecia con claridad en la querella entablada en 1772 entre el parlamento de Tolosa y el rey, a propósito de la circulación de los cereales. “Por sus medidas equivocadas, el gobierno corre el riesgo de matar al pobre de hambre”, dice el parlamento. “La ambición del parlamento y la avidez de los ricos causan la miseria pública”, replica el rey. Así pues, una y otra parte hacen esfuerzos para imbuir en el espíritu del pueblo la idea de que los responsables de sus males siempre son los superiores.

Estos hechos no son parte de ninguna correspondencia secreta, sino de documentos públicos que el gobierno y el parlamento mismos mandan imprimir y publicar por millares. De paso, el rey dirige a sus predecesores y a sí mismo verdades muy duras. “El tesoro del Estado —dice un día— ha sido gravado por dilapidaciones de muchos reinados. Muchos de nuestros dominios inalienables fueron cedidos a vil precio”. “Las corporaciones industriales —le hacen decir otra vez, con más razón que prudencia— son sobre todo el producto de la avidez fiscal de los reyes”. “Si bien fue frecuente que se incurriera en gastos inútiles y que la talla aumentara más de toda medida —señala líneas después—, ello obedece a que la administración de las finanzas encontraba en el aumento de la talla, a causa de su clandestinidad, el recurso más fácil y recurría a él, aunque varios otros hubieran sido menos onerosos para nuestro pueblo”.

Todo esto iba dirigido a la parte culta de la nación para convencerla de la utilidad de ciertas medidas que provocaban reproches por afectar intereses particulares. En cuanto al pueblo, quedaba entendido que escuchaba sin comprender.

Fuerza es reconocer que siempre permanecía, tras tal benevolencia, un gran fondo de desprecio por esos miserables, cuyos males se deseaba aliviar de manera tan sincera, lo cual recuerda un poco el sentimiento de la señora Duchâtelet, quien, a decir del secretario de Voltaire, no mostraba el menor reparo en desnudarse delante de sus sirvientes, pues para ella no estaba demostrado a cabalidad que los criados fuesen hombres.

Pero no se crea que solo Luis XVI o sus ministros empleaban el lenguaje peligroso que acabo de señalar; esos privilegiados que son el objeto más inmediato de la ira del pueblo se expresan ante él de la misma manera. Se debe reconocer que en Francia las clases superiores de la sociedad empezaron a preocuparse por la suerte del pobre antes de que este les inspirara temor; ya se interesaban por él en una época en que aún no creían que de sus males pudiera derivar su propia ruina. Este hecho fue evidente sobre todo durante los diez años anteriores al 89: en ese entonces se compadece con frecuencia a los campesinos y se habla continuamente de ellos; se buscan procedimientos para mejorar su situación; se denuncian los principales abusos de que son víctimas y se censuran las leyes fiscales que más los perjudican; pero en general hay tanta imprudencia en la expresión de esta nueva simpatía como antes hubo insensibilidad durante mucho tiempo.

Leed las actas de las asambleas provinciales que tuvieron lugar en algunas regiones de Francia en 1779 y con posterioridad en todo el reino, estudiad los demás documentos públicos que aún existen de ellas y os sentiréis conmovidos por los buenos sentimientos que encierran y sorprendido por la singular imprudencia del lenguaje utilizado.

“Estamos cansados de ver —dice la asamblea provincial de la Baja Normandía en 1787— que el dinero asignado por el rey a carreteras solo promueve el bienestar del rico sin ser útil para el pueblo. Con frecuencia se ha empleado más para hacer agradable el acceso a un castillo que para facilitar la entrada a un burgo o a un pueblo”. En esa misma asamblea, los órdenes de la nobleza y del clero, tras haber descrito los vicios de la prestación personal, ofrecen espontáneamente dedicar 50 000 libras al mejoramiento de caminos al fin, según dicen, de que las carreteras de provincia sean transitables sin que cuesten nada más al pueblo. Para estos privilegiados, tal vez habría sido menos oneroso sustituir la prestación personal por un impuesto general y pagar la parte correspondiente; pero al ceder de buen grado el beneficio de la desigualdad impositiva lo que buscaban era guardar las apariencias. Abandonando la parte útil de su derecho, conservaron celosamente la parte odiosa.

Otras asambleas, compuestas totalmente por propietarios exentos del pago de la talla y que a las claras querían seguir manteniéndose así, describían no obstante con los colores más negros los males que ese impuesto infligía a los pobres. Con todos estos abusos pintaban un cuadro terrible, cuyas copias se encargaban de multiplicar al infinito. Pero lo curioso era que a esos evidentes testimonios del interés que les inspiraba el pueblo, de vez en cuando incorporaban manifestaciones públicas de desprecio. El pueblo ya era ahora objeto de su simpatía sin dejar de serlo también de su desdén.

La asamblea provincial de la Alta Guyena, hablando de esos campesinos por cuya causa abogaba calurosamente, los llama seres ignorantes y groseros, seres turbulentos y caracteres rudos e indóciles. Y en los mismos términos se expresa Turgot, quien tanto hizo por el pueblo.

Estas duras expresiones se encuentran en actas destinadas a la máxima publicidad, y redactadas para ser leídas por los mismos campesinos. Diríase que todo ello ocurría en esas regiones de Europa, como Galitzia, donde las clases altas no pueden ser entendidas porque no hablan la misma lengua que las clases inferiores. Los feudatarios del siglo XVIII, que ante los censatarios y otros deudores de derechos feudales suelen mostrar cierto espíritu de dulzura, de moderación y de justicia casi desconocido por sus antecesores, en ciertos lugares todavía se refieren a los viles campesinos. Al parecer, estas injurias eran de estilo, como dicen los notarios.

A medida que se acerca 1789, esta simpatía por las miserias del pueblo es más viva e imprudente. He tenido en mis manos circulares que varias asambleas provinciales dirigían, en los primeros días de 1788, a los habitantes de distintas parroquias, a fin de conocer por ellos mismos y en detalle de cuántos agravios habían sido víctimas.

Una de estas circulares está firmada por un abate, un gran señor, tres gentileshombres y un burgués, miembros todos de la asamblea y actuando en nombre de esta. Dicha comisión ordena al síndico de cada parroquia que reúna a todos los campesinos y les pregunte lo que tengan que decir contra la manera en que se establecen y se perciben los diferentes impuestos que pagan. “Sabemos, de manera general —dice la circular— que la mayor parte de los impuestos, en especial la gabela y la talla, tienen consecuencias desastrosas para el agricultor, pero además insistimos en conocer cada abuso en particular”. La curiosidad de la asamblea provincial no termina ahí; también quiere saber el número de personas que gozan de algún privilegio impositivo en la parroquia, ya sean nobles, eclesiásticos o plebeyos, y en qué consisten estos privilegios; cuál es el valor de las propiedades de las personas exentas; si residen o no en sus tierras; si existen allí muchos bienes eclesiásticos o, como se decía entonces, fondos de manos muertas que estén fuera de comercio, y su valor. Todo lo cual no basta aún para satisfacerla; es necesario decirle en qué suma puede evaluarse la parte de impuestos, talla, accesorios, capitación y prestación personal que tendrían que soportar los privilegiados si existiera la igualdad de impuestos.

Todo ello equivalía a enardecer a cada hombre en particular con la relación de sus miserias, a mostrarle los culpables, a enardecerlo ante la vista de su reducido número y a penetrar hasta lo más recóndito de su corazón para despertar ahí la codicia, la envidia y el odio. Parecería que se hubieran olvidado por completo la jaquería, los maceros (maillotins) y los dieciséis (seize) y que se ignorara que los franceses, el pueblo más apacible e incluso más benévolo de la Tierra en tanto conserva su serenidad, se convierte en el más bárbaro cuando las pasiones violentas le hacen perder la cabeza.

Lamentablemente, no he logrado examinar todas las memorias que los campesinos enviaron como respuesta a estas crueles preguntas; pero encontré algunas que me bastan para conocer el espíritu general que las dictó.

En estas memorias se menciona cuidadosamente el nombre de cada privilegiado, noble o burgués; en ocasiones se describe su modo de vida, siempre en plan crítico. En ellas se investiga con minuciosidad el valor de sus bienes; se detalla el número y la naturaleza de sus privilegios, y ante todo el perjuicio que causan a los demás habitantes del pueblo. Se enumeran las medidas de trigo que hay que pagarles como canon, y se calculan sus ingresos con envidia, ingresos que nadie aprovecha, según se dice. El derecho de pie de altar del párroco, su salario, como ya se le llama, es excesivo; con amargura se señala que en la iglesia todo se paga y que ni al pobre siquiera se le entierra gratis. En cuanto a los impuestos, todos están mal distribuidos y son opresivos; no hay uno solo que tenga su aprobación, por lo que los campesinos hablan de ellos en un lenguaje violento que denuncia su ira.

Los impuestos indirectos son odiosos —dicen—; no hay casa en que no acuda a husmear empleado arrendatario; nada es sagrado para sus ojos ni para sus manos. Los derechos de registro son abrumadores. El recaudador de la talla es un tirano cuya codicia se vale del medio que sea para vejar a los pobres. Los alguaciles no son mejores que él, y no hay agricultor honrado que esté a salvo de su ferocidad. Los recaudadores se ven obligados a arruinar a sus vecinos para no exponerse a la voracidad de esos déspotas.

En esta encuesta la Revolución no solo anuncia su cercanía, sino que ya está presente, utiliza su lenguaje y en ella muestra su rostro con claridad.

Entre las diferencias que pueden encontrarse entre la revolución religiosa del siglo XVI y la Revolución francesa hay una que resulta sorprendente: en el siglo XVI, la mayor parte de los grandes aceptaron el cambio de religión por cálculo ambicioso o por codicia; en cambio, el pueblo la abrazó por convicción y sin esperar ningún provecho. En el siglo XVIII, las cosas fueron diferentes; creencias desinteresadas y simpatías generosas conmovieron entonces a las clases ilustradas y las involucraron en la Revolución, en tanto que lo que agitó al pueblo fueron el sentimiento amargo de sus agravios y el deseo ardiente de cambiar de posición. El entusiasmo de los primeros acabó por encender y armar la cólera y la avidez del segundo.

CAPÍTULO VI

De algunas prácticas con cuya ayuda consumó el gobierno la educación revolucionaria del pueblo

Hacía ya mucho tiempo que el propio gobierno trabajaba por introducir y arraigar en el espíritu del pueblo diversas ideas que después se dieron a conocer como revolucionarias, ideas hostiles al individuo, contrarias a los derechos particulares y partidarias de la violencia.

El rey fue el primero en mostrar con qué desprecio se podía tratar a las instituciones más antiguas y en apariencia mejor establecidas. Luis XV quebrantó la monarquía y precipitó la Revolución tanto por sus innovaciones como por sus vicios, por su energía al igual que por su molicie. Cuando el pueblo vio caer y desaparecer ese parlamento casi contemporáneo de la realeza, que hasta entonces había parecido tan inquebrantable como ella, comprendió vagamente que se acercaban tiempos de violencia y azarosos en los que todo sería posible, en que no habría cosas respetables por antiguas que fueran ni tan nuevas que no pudieran ser ensayadas.

Durante el transcurso de su reinado, Luis XVI no hizo más que hablar de reformas por emprender. Fueron pocas las instituciones cuya próxima ruina no dejara entrever, antes de que la Revolución viniera a destruirlas a todas efectivamente. Tras haber suprimido de la legislación varias de las peores, no tardó en restablecerlas: se diría que solo quería desarraigarlas para dejar a otros el cuidado de abatirlas.

Entre las reformas que él mismo había implantado, algunas cambiaron bruscamente y sin preparación suficiente hábitos antiguos y respetados, violentando a veces derechos adquiridos. Así fueron preparando la Revolución, no tanto por destruir lo que la obstaculizaba, sino por mostrar al pueblo lo que se requería para llevarla a cabo. Lo que agravó el mal fue precisamente la intención pura y desinteresada que impulsaba a actuar al rey y a sus ministros, pues no hay ejemplo más peligroso que el de la violencia ejercida para el bien y por hombres de bien.

Mucho tiempo antes, Luis XIV había enseñado públicamente en sus edictos esa teoría según la cual todas las tierras del reino habían sido originalmente cedidas bajo condición por el Estado, que resultaba ser así el único propietario verdadero, en tanto que todos los demás no eran sino poseedores cuyo título resultaba discutible e imperfecto su derecho. Esta doctrina provenía de la legislación feudal, pero solo fue profesada en Francia hacia la época en que moría el feudalismo, sin ser admitida nunca por los tribunales de justicia. Es la idea madre del socialismo moderno. Pero no deja de ser curioso verla arraigar primero en el despotismo real.

Durante los reinados subsecuentes al de este príncipe, la administración enseñó día tras día al pueblo, de la manera más práctica y más a su alcance, el desprecio que conviene abrigar hacia la propiedad privada. Cuando, en la segunda mitad del siglo XVIII, se empezó a difundir el interés por las obras públicas, y en particular por las carreteras, el gobierno no tuvo reparo en apropiarse de todas las tierras que necesitaba para sus proyectos ni en demoler las casas que le estorbaban. Desde entonces, la dirección de puentes y caminos se sintió tan apasionada por la belleza geométrica de la línea recta como lo ha estado con posterioridad, por lo que ha evitado escrupulosamente seguir los caminos existentes, por poco que le parecieran un tanto sinuosos, y antes que dar un ligero rodeo, cortaba a través de mil predios. Las propiedades devastadas o destruidas de este modo se pagaban siempre arbitraria y tardíamente, y con frecuencia nunca.

Cuando la asamblea provincial de la Baja Normandía tomó la administración de manos del intendente, comprobó que aún se debía el precio de todas las tierras expropiadas por la autoridad desde hacía 20 años para la construcción de caminos. La deuda así contraída y aún sin saldar por el Estado en ese pequeño rincón de Francia ascendía a 250 000 libras. El número de grandes propietarios afectados de ese modo era reducido; pero el de los pequeños propietarios lesionados era grande, pues la tierra ya se encontraba muy dividida. Todos ellos habían aprendido en carne propia cuán poco respeto merece el derecho del individuo cuando el interés público exige que se le violente, doctrina esta que siempre tuvieron presente cuando hubo que aplicarla a otros en provecho propio.

Antaño habían existido, en gran número de parroquias, instituciones de caridad que por voluntad de sus fundadores habían tenido por objeto acudir en auxilio de los vecinos en determinados casos y de cierta manera indicada en el testamento. La mayor parte de esas fundaciones fue suprimida en los últimos tiempos de la monarquía o desviada de su objeto primitivo por simples resoluciones del consejo, es decir, por la pura arbitrariedad gubernamental. La mayoría de las veces se despojó a los pueblos de los fondos que les habían sido dados, para asignarlos a los hospitales vecinos. A su vez, la propiedad de estos hospitales fue destinada por esa misma época a fines que el fundador no había considerado y que sin duda no habría aprobado en absoluto. Un edicto de 1780 autorizó a estos establecimientos a vender los bienes que les habían legado en diferentes épocas con la condición de disfrutarlos a perpetuidad, y les permitió entregar el precio al Estado, que debía pagarles la renta. Era, según se decía, dar a la caridad de los antepasados mejor uso del que le habrían dado ellos mismos. Se olvidaba que el mejor medio de enseñar a los hombres a violar los derechos individuales de los vivos es no tener en cuenta la voluntad de los muertos. El desprecio que demostró a estos la administración del Antiguo Régimen nunca fue superado por ninguno de los poderes que le sucedieron. Sobre todo, nunca mostró ese escrúpulo un tanto meticuloso que hace a los ingleses brindar a cada ciudadano toda la fuerza del cuerpo social para ayudarlo a mantener el efecto de su última voluntad, y que los lleva a testimoniar aún más respeto a su memoria que a él mismo.

Las requisas, la venta obligatoria de productos agrícolas y el precio máximo son medidas gubernamentales que tuvieron precedentes bajo el Antiguo Régimen. En tiempos de escasez he visto a administradores fijar de antemano el precio de los productos agrícolas que vendían los campesinos en el mercado, y como temiendo ser presionados no se presentaban, se dictaban ordenanzas para obligarlos a ir so pena de multarlos.

Pero nada dejó una enseñanza más perniciosa que ciertas formas que seguía la justicia criminal cuando se trataba del pueblo. El pobre gozaba ya de más garantías de las que pudiéramos imaginar contra los abusos de cualquier ciudadano más rico o más poderoso que él; pero tratándose de asuntos con el Estado, solo encontraba, como ya lo he señalado con anterioridad, tribunales excepcionales, jueces predispuestos, procedimientos rápidos si no es que ilusorios o una sentencia ejecutoria provisional e inapelable.

Comisiona al preboste de la gendarmería y a su lugarteniente para conocer de los altercados y disturbios que pudieran producirse en relación con los cereales; ordena que el proceso sea llevado por ellos, juzgado prebostalmente y en última instancia; prohíbe Su Majestad a todos los tribunales de justicia conocer estos procesos.

Este acuerdo del consejo sienta jurisprudencia durante todo el siglo XVIII. Por las actas de la gendarmería nos damos cuenta de que en estas circunstancias se rodeaban durante la noche los pueblos sospechosos, se entraba en las casas antes del amanecer y se detenía a los campesinos que habían sido señalados, sin necesidad de orden alguna. El hombre así arrestado con frecuencia permanecía largo tiempo en prisión antes de poder hablar con su juez; sin embargo, los edictos ordenaban que todo acusado fuese interrogado en el término de 24 horas. Esta disposición no era ni menos formal ni más respetada que en nuestros días.

Así era como un gobierno bondadoso y bien establecido enseñaba día tras día al pueblo el código de instrucción criminal más apropiado en tiempos de revolución y más cómodo para la tiranía. La escuela permanecía abierta siempre. Hasta el final, el Antiguo Régimen impartió a las clases bajas esta peligrosa educación. Al respecto, no hubo, sin exceptuar a Turgot, quien no imitara fielmente a sus predecesores. Cuando, en 1775, su nueva legislación sobre los cereales encontró oposición en el parlamento y provocó motines en el campo, este ministro obtuvo del rey una ordenanza que, declarando incompetentes a los tribunales, entregó a los rebeldes a la jurisdicción prebostal, “que está destinada principalmente —según se expresa— a reprimir las emociones populares, cuando es útil imponer escarmientos con celeridad”. Aún más, todos los campesinos que se alejaran de sus parroquias, sin ir provistos de una constancia firmada por el cura y el síndico, debían ser perseguidos, arrestados y juzgados prebostalmente como vagabundos.

Cierto es que en esta monarquía del siglo XVIII, si bien las formas eran tremendas, la pena casi siempre resultaba moderada. Se prefería asustar que hacer daño; o antes bien, se era arbitrario y violento por costumbre y por indiferencia, y benévolo por temperamento. Mas no por ello se dejaba de tomar afición a esta justicia sumaria. Cuanto más leve era la pena, con mayor facilidad se olvidaba la manera en que se había pronunciado. La moderación de la sentencia ocultaba el horror del procedimiento.

Me atrevería a afirmar, porque dispongo de pruebas, que numerosos procedimientos empleados por el gobierno revolucionario extrajeron sus precedentes y ejemplos de las medidas adoptadas en lo tocante al bajo pueblo durante los dos últimos siglos de la monarquía. El Antiguo Régimen proporcionó a la Revolución muchas de sus formas; esta no hizo sino agregar la atrocidad de su genio.

CAPÍTULO VII

Cómo una gran revolución administrativa había precedido a la revolución política y las consecuencias que ello tuvo

La forma de gobierno aún no había cambiado en lo más mínimo y ya se habían abolido o modificado la mayor parte de las leyes secundarias que regulaban la condición de las personas y la administración de los asuntos públicos.

La supresión de los gremios y su restablecimiento parcial e incompleto habían alterado profundamente las antiguas relaciones entre obrero y patrono. Estas ahora no solo eran diferentes sino también inciertas y forzadas. La policía señorial se hallaba destruida; la tutela del Estado aún no estaba bien establecida, y el artesano, colocado en una posición difícil e indecisa entre el gobierno y el patrono, no sabía exactamente quién de ambos podía protegerlo o debía contenerlo. Esta situación de malestar y anarquía en que se había colocado de golpe a toda la clase baja de las ciudades tuvo grandes repercusiones en cuanto el pueblo empezó a reaparecer en la escena política.

Un año antes de la Revolución, un edicto real había trastornado por completo el orden de la justicia: se cerraron varias jurisdicciones nuevas, abolido muchas más y cambiado la totalidad de las reglas de la competencia. Ahora bien, como ya he señalado en otra parte, en Francia era inmenso el número de los que se encargaban tanto de juzgar como de ejecutar las sentencias de los jueces. A decir verdad, toda la burguesía estaba vinculada en mayor o menor medida a los tribunales. El efecto de la ley consistió, pues, en afectar de pronto a miles y miles de familias en su condición y en sus bienes, y en colocarlas en una situación nueva y precaria. El edicto también había incomodado a los litigantes, quienes, en medio de esa Revolución judicial, tenían dificultad en saber qué ley les era aplicable o qué tribunal habría de juzgarlos.

Mas fue sobre todo la reforma radical que la administración propiamente dicha hubo de sufrir en 1787, la que tras introducir el desorden en los asuntos públicos vino a sacudir a cada ciudadano hasta en su vida privada.

Con anterioridad he señalado que en los países de elección, es decir, en casi las tres cuartas partes de Francia, toda la administración de la generalidad estaba encomendada a un solo hombre, el intendente, quien actuaba no únicamente sin supervisión, sino también sin consejo.

En 1787, junto a ese intendente se estableció una asamblea provincial que se constituyó en la verdadera administradora del país. En cada pueblo, un cuerpo municipal elegido sustituyó asimismo a las antiguas asambleas parroquiales y, en la mayor parte de los casos, al síndico.

Una legislación tan opuesta a su predecesora y que cambiaba de manera tan completa no solo el orden de los asuntos públicos, sino también la posición relativa de los hombres, tuvo que aplicarse simultáneamente y más o menos de igual modo en todas partes, sin ninguna consideración de los usos anteriores ni de la situación particular de cada provincia; a ese grado poseía ya el espíritu unitario de la Revolución ese viejo gobierno que la misma habría de derribar.

Entonces fueron obvios el papel que desempeñan los hábitos en el funcionamiento de las instituciones políticas y el modo en que los hombres se acomodan mejor a leyes oscuras y complicadas, a cuya práctica están acostumbrados desde hace tiempo, que a una legislación más sencilla pero nueva para ellos.

Bajo el Antiguo Régimen había en Francia toda clase de poderes que variaban al infinito, de acuerdo con las provincias, y que no tenían límites fijos ni bien conocidos, de tal manera que el campo de acción de cada uno siempre era común a varios otros. Sin embargo, se había llegado a establecer un orden regular y bastante fácil en los asuntos públicos, en tanto que los nuevos poderes, más reducidos de número, limitados meticulosamente y semejantes entre sí, chocaron y se enredaron unos con otros en medio de la mayor confusión, y con frecuencia incluso se redujeron mutuamente a la impotencia.

Por otra parte, la nueva ley encerraba un gran vicio, que por sí solo habría bastado, sobre todo en un principio, para dificultar su ejecución: todos los poderes que creaba eran colectivos[5].

Bajo la antigua monarquía, únicamente se habían conocido dos modos de administrar: en los lugares en que la administración se confiaba a un solo hombre, este actuaba sin el concurso de ninguna asamblea; y donde existían asambleas, como en los países de estado o en las ciudades, el poder ejecutivo no se confiaba a persona alguna en particular; la asamblea no solo gobernaba y vigilaba la administración, sino que administraba ella misma o mediante comisiones temporales que ella misma nombraba.

Como no se conocían sino estas dos maneras de actuar, en cuanto se abandonó una se adoptó la otra. Resulta bastante extraño que, en una sociedad tan ilustrada, en que la administración pública desempeñaba desde hacía ya mucho tiempo un papel tan importante, nunca se hubiera pensado en reunir los dos sistemas y en diferenciar, sin separarlos, el poder que debe ejecutar del que tiene que vigilar y legislar. Esta idea, al parecer tan simple, no surgió nunca; apenas se pensó en ella en este siglo. Por así decirlo, es el único gran descubrimiento que nos corresponde en materia de administración pública. Veremos las consecuencias que tuvo la práctica contraria cuando, transportando a la política los hábitos administrativos y obedeciendo a la tradición del Antiguo Régimen, al mismo tiempo que se le detestaba se aplicó en la Convención Nacional el sistema que habían seguido los estados provinciales y las pequeñas municipalidades de las villas, y cómo, de lo que hasta entonces solo había sido causa de confusión en los asuntos públicos, surgió repentinamente el Terror.

A las asambleas provinciales de 1787 se les concedió el derecho de administrarse a sí mismas en la mayor parte de los casos en que hasta entonces el intendente había actuado solo; bajo la autoridad del gobierno central, se les encomendó repartir la talla y supervisar su recaudación, determinar las obras públicas que debían emprenderse y ordenar su ejecución. Bajo sus órdenes inmediatas estaban todos los agentes de puentes y caminos, desde el inspector hasta el sobrestante. Era su obligación ordenarles lo que juzgaran conveniente, informar al ministro acerca del servicio de estos agentes y proponerle las gratificaciones que merecían. La tutela de las comunas se asignó casi por completo a estas asambleas, que debían juzgar en primera instancia la mayor parte de los asuntos contenciosos, que hasta entonces habían sido expuestos ante el intendente, etc.; de estas funciones, muchas resultaban inconvenientes para un poder colectivo e irresponsable, y que por si fuera poco habrían de ser ejercidas por gente que participaba por primera vez en la administración.

Lo que acabó por embrollarlo todo fue que tras reducir así al intendente a la impotencia, se le dejó no obstante subsistir. Luego de haberle retirado el derecho absoluto de hacerlo todo, se le impuso la obligación de ayudar a la asamblea y de vigilar lo que esta hiciera; ¡como si un funcionario degradado pudiera hacer suyo el espíritu de la misma legislación que lo despoja y facilitar su aplicación!

Lo mismo que se había hecho con el intendente se realizó con su subdelegado. A su lado, y en el puesto que antes ocupaban, se estableció una asamblea de distrito que debía actuar bajo la dirección de la asamblea provincial, con arreglo a principios análogos.

Todo lo que se conoce de los actos de las asambleas provinciales creadas en 1787 y sus mismas actas muestran que de inmediato a su creación sostuvieron una guerra sorda y con frecuencia abierta con los intendentes, quienes solo empleaban la superior experiencia adquirida para estorbar los movimientos de sus sucesores. Por una parte, la asamblea se queja de que solo con grandes esfuerzos puede arrancar de manos del intendente los documentos más necesarios. Por otra, el intendente acusa a los miembros de la asamblea de querer usurpar atribuciones que los edictos, según dice, le han asignado. El intendente apela al ministro, quien a menudo no responde o abriga dudas, pues la materia es para él tan nueva y oscura como para los demás. En ocasiones la asamblea delibera que el intendente no ha administrado bien, que los caminos que ha construido están mal trazados o conservados, que ha dejado arruinarse a comunidades cuya tutela ejercía. Con frecuencia estas asambleas vacilan, en medio de las tinieblas de una legislación tan poco conocida; se consultan desde lejos entre sí y continuamente intercambian opiniones. El intendente de Auch pretende que puede oponerse a la voluntad de la asamblea provincial, que había autorizado a una comuna a fijar sus propios tributos; la asamblea afirma que en este renglón el intendente tan solo puede dar su opinión, pero no órdenes, y pregunta a la asamblea provincial de la Isla de Francia qué piensa al respecto.

En medio de estas recriminaciones y de esta clase de consultas, la marcha de la administración a menudo se mueve más lenta y en ocasiones se paraliza: la vida pública parece entonces suspendida. “El estancamiento de los asuntos es completo —dice la asamblea provincial de Lorena, que no es más que el eco de muchas otras—; todos los buenos ciudadanos están afligidos”.

Otras veces, estas nuevas administraciones pecan de exceso de actividad y de confianza en sí mismas; desbordan un celo inquieto y perturbador que las lleva a querer cambiar de pronto los antiguos métodos y a corregir precipitadamente los abusos más añejos. So pretexto de que en lo sucesivo les corresponde ejercer la tutela de las ciudades, se proponen dirigir ellas mismas los asuntos comunales; en una palabra, por querer mejorarlo todo acaban confundiéndolo todo.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el sitio inmenso que ocupaba desde mucho tiempo atrás la administración pública en Francia, la multitud de intereses que afectaba cada día, todo lo que de ella dependía o requería de su participación; si se piensa que los particulares contaban más con ella que consigo para resolver sus propios asuntos, favorecer su industria, asegurar su subsistencia, trazar y conservar sus caminos, proteger su tranquilidad y garantizar su bienestar, se podrá tener una idea del número infinito de personas a quienes afectaban los males que ella padecía.

Pero los vicios de la nueva organización se dejaron sentir sobre todo en los pueblos; ahí no solo perturbó el orden de los poderes, sino que también cambió de pronto la posición relativa de los hombres y puso frente a frente y en conflicto a todas las clases.

Cuando, en 1775, Turgot propuso al rey reformar la administración del campo, la mayor dificultad que encontró, según lo informa él mismo, provino de la desigual distribución de los impuestos; pues, ¿cómo hacer actuar en común y deliberar juntos acerca de los asuntos de la parroquia, siendo los principales de estos la distribución, la cobranza y el empleo de los impuestos, a personas que no estaban sujetas a pagarlos por igual y entre las cuales algunas estaban exentas por completo de sus cargas? En cada parroquia vivían gentileshombres y eclesiásticos que no pagaban la talla, campesinos que estaban exentos de ella en parte o en su totalidad, y otros que la pagaban íntegramente. Era como tener tres parroquias distintas, cada una de las cuales demandaba una administración aparte. La dificultad era insuperable.

En efecto, las diferencias de impuestos en ninguna parte eran tan visibles como en el campo; en ningún otro lugar estaban los vecinos más divididos en grupos diferentes y a menudo enemigos entre sí. Para poder dar a los pueblos una administración colectiva y un pequeño gobierno libre, primero habría sido necesario someter a todo el mundo a los mismos impuestos y disminuir la distancia que separaba a las clases.

Pero no se procedió así cuando al fin se emprendió esta reforma de 1787. Dentro de la parroquia se mantuvieron la antigua separación de los órdenes y la desigualdad en cuestión de impuestos, que era su principal característica, a pesar de lo cual se entregó toda la administración a cuerpos electivos. Ello llevó de inmediato a consecuencias muy singulares.

Se trataba de la asamblea electoral que debía escoger a los oficiales municipales: el cura y el señor no tomaban parte en ella; ellos pertenecían, se decía, a los órdenes de la nobleza y del clero; ahora bien, en este caso, era principalmente el estado llano el que debía elegir a sus representantes.

Una vez elegido el consejo municipal, el cura y el señor eran, por el contrario, miembros de pleno derecho; pues no habría parecido adecuado dejar fuera del gobierno de la parroquia a dos vecinos tan notables. El señor incluso presidía a aquellos consejeros municipales que él no había contribuido a elegir, pero no tenía por qué intervenir en la mayor parte de sus actos. Cuando, por ejemplo, se procedía al establecimiento y distribución de la talla, el cura y el señor no podían votar. ¿Acaso no estaban ambos exentos de este impuesto? Por su parte, el consejo municipal nada tenía que ver con su capitación; esta seguía siendo regulada por el intendente, conforme a reglas particulares.

Por temor a que este presidente, aislado así del cuerpo que se consideraba debía dirigir, ejerciera en él aun de manera indirecta, alguna influencia contraria al interés del orden del que no formaba parte, se demandó que no tuviesen voto sus arrendatarios; y las asambleas provinciales, consultadas al respecto, consideraron esta reclamación muy justa y enteramente acorde con los principios. Los demás gentileshombres que vivían en la parroquia no podían ingresar en ese mismo cuerpo municipal plebeyo, a menos que fuesen elegidos por los campesinos, y entonces, como lo señala puntualmente el reglamento, ya no tenían derecho a representar allí sino al estado llano.

Así, el señor solo aparecía en la asamblea para verse sometido por completo a sus antiguos súbditos, constituidos de pronto en sus amos; era su prisionero más bien que su jefe. Al reunir a estos hombres de esa manera parecía que en vez de aproximarlos, la finalidad fuera la de hacerles ver con mayor claridad las cosas en las que diferían y el grado al que se oponían sus intereses.

¿Seguía siendo el síndico ese funcionario desacreditado, cuyas funciones solo ejercía a la fuerza, o bien había mejorado su posición ante la comunidad que todavía permanecía como principal agente? Nadie lo sabía bien a bien. Fechada en 1788, he leído la carta de cierto alguacil de pueblo que se muestra indignado de que lo hayan elegido para desempeñar las funciones de síndico. “Eso —dice— es contrario a todos los privilegios de su cargo”. El interventor general responde que hay que rectificar las ideas sobre ese particular “y hacerle entender que debería considerar un honor haber sido elegido por sus conciudadanos, y que, por lo demás, los nuevos síndicos no se parecen en nada a los funcionarios que hasta entonces llevaban el mismo nombre, y que en cambio contarían con mayores consideraciones por parte del gobierno”.

Por otra parte, se aprecia que habitantes importantes de la parroquia, e incluso gentileshombres, se acercan de pronto a los campesinos, cuando estos pasan a constituir una fuerza. Un señor de horca y cuchillo de los alrededores de París se queja de que el edicto le impide participar, ni siquiera como simple vecino, en los actos de la asamblea parroquial. Según sus propias palabras, otros aceptan, “por devoción al bien público, desempeñar incluso las funciones de síndico”.

Pero ya era demasiado tarde. A medida que los hombres de las clases ricas se acercan así a los campesinos y se esfuerzan por mezclarse con ellos, estos se retiran en el aislamiento al que se les había reducido, desde el cual se defienden. Hay asambleas municipales de parroquias que se niegan a recibir en ellas al señor; otras recurren a toda clase de ardides antes de admitir aun a los mismos plebeyos, si son ricos.

Se nos ha informado —dice la asamblea provincial de la Baja Normandía— que diversas asambleas municipales se han negado a aceptar en su seno a los propietarios plebeyos de la parroquia que no están domiciliados en ella, aunque no quepa ninguna duda de que tienen pleno derecho a formar parte de ella. Otras asambleas ni siquiera han querido admitir a colonos que no tenían propiedades en su territorio.

Así es que todo era ya novedad, oscuridad y conflicto en las leyes secundarias, incluso antes de haberse tocado las leyes principales que regulaban el gobierno del Estado. Lo que quedaba en pie se había resquebrajado, y por así decirlo no existía un solo reglamento cuya abolición o modificación próxima no hubiera anunciado el propio poder central.

La renovación repentina e inmensa de todas las reglas y hábitos administrativos que precedió entre nosotros a la revolución política y de la cual poco se habla hoy en día, ya era sin embargo una de las mayores perturbaciones que se hayan presentado jamás en la historia de un gran pueblo. Esta primera revolución ejerció una influencia prodigiosa sobre la segunda e hizo de ella un acontecimiento diferente de todos aquellos de la misma especie que hasta entonces habían ocurrido en el mundo o de los que se produjeron después.

La primera revolución de Inglaterra, que trastornó toda la organización política de aquel país e incluso abolió la realeza, afectó muy superficialmente las leyes secundarias, sin cambiar casi nada en los usos ni las costumbres. La justicia y la administración conservaron sus formas y siguieron las mismas rutinas del pasado. Se cuenta que en el fragor de la guerra civil los doce jueces de Inglaterra continuaron haciendo, dos veces al año, el recorrido para cumplimentar su deber. Por tanto, no todo se conmocionó al mismo tiempo. La revolución se encontró circunscrita en sus efectos, y la sociedad inglesa permaneció firme en su base.

A partir del 89, nosotros mismos hemos presenciado en Francia varias revoluciones que han cambiado de pies a cabeza toda la estructura gubernamental. En su mayor parte han sido muy repentinas y realizadas por la fuerza, en abierta violación de las leyes existentes. Sin embargo, el desorden que provocaron nunca fue ni prolongado ni general; apenas se dejaron sentir sus efectos en la mayor parte de la nación y en ocasiones casi pasaron inadvertidas.

Y es que, desde el 89, la organización administrativa siempre ha permanecido firme, en medio de las ruinas de las organizaciones políticas. Se sustituía la persona del príncipe o se cambiaban las formas del poder central, pero no se interrumpía ni se perturbaba el desarrollo cotidiano de los negocios; en los pequeños asuntos que le interesaban en particular, cada quien seguía mostrándose sumiso ante las reglas y los usos que conocía, dependía de los poderes secundarios a los que siempre había tenido el hábito de dirigirse, y por lo general tenía que tratar con los mismos agentes; pues aunque la administración fuera decapitada en cada revolución, su cuerpo permanecía intacto y seguía viviendo; las mismas funciones eran desempeñadas por los mismos funcionarios; estos llevaban consigo, a través de la diversidad de las leyes políticas, su espíritu y su práctica. Juzgaban y administraban primero en nombre del rey; luego, en nombre de la república y, finalmente, en nombre del emperador. Luego, al dar una vuelta completa la rueda de la fortuna, volvían a juzgar y a administrar por cuenta del rey, para la república y para el emperador, siendo siempre los mismos y de igual modo, pues, ¿qué podía importarles el nombre del amo? Su tarea consistía en ser buenos administradores y buenos jueces, más que ciudadanos. De esta suerte, una vez pasada la primera conmoción, parecía que nada hubiera cambiado en el país.

En el momento en que estalló la Revolución, se acababa de alterar por completo aquella parte del gobierno que, aun siendo subordinada, día tras día hacía sentir su existencia a cada ciudadano e influía de la manera más continua y eficaz en su bienestar: la administración pública había cambiado de pronto a todos sus agentes y renovado todas sus máximas. En un principio, no parecía que el Estado hubiera recibido un gran golpe con esta inmensa reforma; pero, en lo particular, todos los franceses habían resentido una pequeña conmoción. Todos ellos habían sido sacudidos en su condición, perturbados en sus costumbres o estorbados en su trabajo. Y aunque continuaba reinando cierto orden regular en los asuntos más importantes y generales, ya nadie sabía a quién obedecer, ni a quién dirigirse, ni tampoco cómo conducirse en los asuntos menores ni en los particulares que constituyen la marcha cotidiana de la vida social.

Y como la nación ya no mantenía el equilibrio en ninguna de sus partes, un último golpe bastó para hacerla bambolearse y para producir el mayor trastorno y la confusión más espantosa que se hayan conocido.

CAPÍTULO VIII

Cómo la Revolución surgió por sí misma de lo que precede

Para terminar, quiero reunir aquí algunos de los rasgos que ya he descrito por separado y ver cómo la Revolución surge por sí misma de ese Antiguo Régimen cuyo retrato acabo de hacer.

Si se considera que entre nosotros el sistema feudal, sin modificar lo que en él podría ser nocivo o irritante, había perdido totalmente todo cuanto brindaba alguna protección o era útil, no es tan sorprendente que la revolución destinada a abolir de manera violenta aquella vieja organización europea haya estallado en Francia y no en ninguna otra nación.

Si nos fijamos en que la nobleza, pese a haber perdido sus antiguos derechos políticos y cesado, en mayor medida de lo ocurrido en cualquier otro país de la Europa feudal, de administrar y dirigir al pueblo, no solo había conservado sino también aumentado considerablemente sus inmunidades pecuniarias y las ventajas de que gozaban sus miembros en lo individual; que, aun estando subordinada, se había mantenido como clase privilegiada y exclusiva, que poco a poco, como ya lo indiqué en otra parte, dejaba de ser aristocracia para constituirse en casta, ya no será de extrañar que estos privilegios hayan parecido tan inexplicables y odiosos a los franceses y que ante su visita la envidia democrática se haya encendido en sus corazones al extremo que aún arde en ellos.

En fin, si pensamos que esta nobleza, separada de las clases medias, a las que había rechazado, y del pueblo, cuyo afecto había dejado perderse, esta nobleza se encontraba totalmente aislada en medio de la nación, aparentemente como cabeza de un ejército, pero en realidad como un cuerpo de oficiales sin soldados, se comprenderá que, tras haberse mantenido mil años en pie, haya sido derribada en el término de una noche.

Con anterioridad he mostrado de qué manera el gobierno del rey, tras abolir las libertades provinciales y sustituir en tres cuartas partes de Francia los poderes locales, había tomado a su cargo todos los asuntos públicos, desde los más pequeños hasta los más importantes; asimismo, he señalado que, como consecuencia necesaria, París se adueñó de un país del que hasta entonces no había sido sino la capital, o mejor dicho, por sí solo se constituyó en el país entero. Exclusivos de Francia, estos dos hechos bastarían para explicar por qué un levantamiento pudo destruir de pies a cabeza una monarquía que durante tantos siglos había soportado golpes tan violentos y que en vísperas de su caída parecía inquebrantable aun a aquellos mismos que habrían de derribarla.

Por ser Francia uno de los países de Europa en que desde tiempo atrás y de la manera más completa se había extinguido toda vida política, donde los particulares habían olvidado en mayor medida la práctica de los asuntos públicos, el hábito de interpretar los hechos, la experiencia de los movimientos populares y casi la noción de pueblo, es fácil imaginar cómo todos los franceses fueron arrastrados al mismo tiempo por una revolución terrible sin verla y que los más amenazados marcharan a la cabeza y se encargaran de abrir y ampliar la brecha que conducía hacia ella.

Como ya no existían instituciones libres, y por consiguiente tampoco clases políticas, ni cuerpos políticos vivos, ni partidos organizados y dirigidos, y dada la ausencia de todas estas fuerzas regulares, la dirección de la opinión pública, cuando esta pudo resurgir, recayó únicamente en los filósofos; era de esperar que la Revolución fuese dirigida con base en principios abstractos y teorías muy generales y no de acuerdo con ciertos hechos particulares; se podía augurar que en vez de atacar por separado las malas leyes, se arremetiera contra todas, y se quisiera sustituir la antigua organización de Francia por un sistema de gobierno totalmente nuevo, concebido por estos escritores.

Por hallarse la Iglesia ligada naturalmente a todas las viejas instituciones que se trataba de destruir, nadie ponía en duda que esta Revolución quebrantaría la religión al mismo tiempo que derribaba el poder civil; desde ese momento resultaba imposible prever a qué temeridades insospechadas podía llegar el espíritu de los innovadores, libres por fin de todas aquellas trabas que la religión, las costumbres y las leyes imponen a la imaginación de los hombres.

Quien hubiese estudiado a fondo la situación del país habría previsto fácilmente que no había temeridad, por inaudita que fuese, que no se pudiera intentar, ni violencia que no hubiera de soportarse.

“¡Vaya! —exclamaba Burke en uno de sus elocuentes panfletos—, no se ve al hombre que pueda responder por el más insignificante distrito; mas no se ve ni siquiera quien pueda responder por otro. A todos se les arresta en su casa sin que opongan resistencia, ya se trate de realismo, de moderantismo o de cualquiera otra cosa”. Burke no sabía bien en qué condiciones nos había puesto en manos de nuestros nuevos amos aquella monarquía que tanto añoraba. La administración del Antiguo Régimen había privado de antemano a los franceses de la posibilidad y del deseo de ayudarse entre sí. Cuando sobrevino la Revolución, inútilmente se habría buscado en la mayor parte de Francia a 10 hombres que estuvieran acostumbrados a actuar juntos de manera regular y a velar por su propia defensa; esta tarea recaía en el poder central, de tal suerte que este, al pasar de manos de la administración real a las de una asamblea irresponsable y soberana, bonachona al principio y terrible después, no tuvo ante sí nada que lo detuviera ni siquiera que lo pudiera retardar un momento. La misma causa que había hecho rodar tan fácilmente a la monarquía hacía que todo fuera posible después de su caída.

Nunca la tolerancia en materia de religión, la moderación en el mando, la humanidad e incluso la benevolencia se habían predicado tanto ni, al parecer, fueron tan bien acogidas como en el siglo XVIII; el mismo derecho de guerra, que es como el último refugio de la violencia, se había restringido y dulcificado. ¡No obstante, del seno de costumbres tan moderadas habría de surgir la revolución más inhumana! Y sin embargo, no era falsa apariencia toda esta moderación en las costumbres, pues cuando se amortiguó el furor de la Revolución se pudo apreciar que aquella misma mesura se transmitía inmediatamente a todas las leyes y penetraba en todas las costumbres políticas.

El contraste entre la benignidad de las teorías y la violencia de los actos, que fue una de las características más extrañas de la Revolución francesa, no sorprenderá a nadie si tenemos en cuenta que esta fue preparada por las clases más civilizadas de la nación y ejecutada por las más incultas y rudas. No existiendo entre los hombres de las primeras ningún nexo preestablecido, ningún hábito de entendimiento ni ninguna influencia sobre el pueblo, este se constituyó casi de inmediato en el poder dirigente desde el momento en que fueron destruidos los antiguos poderes. Donde el pueblo no gobernó por sí mismo, por lo menos imprimió su espíritu al gobierno; y por otra parte, si pensamos en la manera en que este pueblo había vivido bajo el Antiguo Régimen, no nos será difícil imaginar lo que iba a ser.

Las propias particularidades de su condición lo habían hecho desarrollar diversas y raras virtudes. Emancipado desde hacía mucho tiempo a la vez que dueño de una parte del suelo, aislado más que dependiente, el pueblo se mostraba atemperado y orgulloso; estaba hecho al sufrimiento, era indiferente a las delicadezas de la vida, resignado a los más grandes males y firme ante el peligro: raza sencilla y viril que habría de nutrir esos poderosos ejércitos con cuyo empuje doblegará a Europa. Pero la misma causa lo convertía en amo peligroso. Como, desde hacía siglos, había soportado casi solo todo el fardo de los abusos y vivido apartado, alimentándose en silencio de sus prejuicios, de sus celos y de sus odios, estaba endurecido por estos rigores de su destino y era capaz a un mismo tiempo de soportarlo todo y de infligir cualquier sufrimiento.

Al adueñarse del gobierno, en ese estado acometió la empresa de concluir él mismo la obra de la Revolución. Los libros le habían procurado la teoría; él se encargó de la práctica y ajustó las ideas de los escritores a sus propios furores.

Quienes hayan estudiado atentamente, leyendo este libro, la Francia del siglo XVIII, habrán visto nacer y desarrollarse en su seno dos pasiones principales, que no han sido en absoluto contemporáneas ni siempre tendido hacia el mismo fin.

Una, la más profunda y antigua, es el odio violento e inextinguible a la desigualdad. Había nacido y alimentado de la vista de esa propia desigualdad, y con fuerza continua e irresistible impelía desde tiempo atrás a los franceses a desear destruir desde sus cimientos todo lo que quedaba de las instituciones de la Edad Media y, una vez allanado el terreno, a construir en él una sociedad en que los hombres fuesen tan semejantes y las condiciones tan iguales como lo permitiera la condición humana.

La otra, más reciente y menos arraigada, los impulsaba a querer vivir no solo como iguales, sino también libres.

En el ocaso del Antiguo Régimen, ambas pasiones son tan sinceras y tanto la una como la otra parecen igualmente vivas. A principios de la Revolución coinciden; entonces se mezclan y se confunden por un momento, se exarcerban una a otra en ese contacto y terminan inflamando el corazón entero de Francia. Es el 89, sin duda, tiempo de inexperiencia, pero también de generosidad, de entusiasmo, de virilidad y de grandeza, tiempo para el recuerdo imperecedero, hacia el cual se volverán con admiración y respeto las miradas de los hombres mucho tiempo después de que quienes la vivieron y nosotros mismos nos hayamos ido. Los franceses se sintieron entonces lo suficientemente orgullosos de su causa y de sí mismos como para creer que podían ser iguales en la libertad. Por consiguiente, en medio de las instituciones democráticas crearon por doquiera instituciones libres. No solo redujeron a polvo esa anticuada legislación que dividía a los hombres en castas, en corporaciones, en clases y que hacía sus derechos aún más desiguales que sus condiciones, sino que también destruyeron de un solo golpe aquellas otras leyes, obra más reciente del poder real, que habían privado a la nación de la libre determinación de su destino y puesto al lado de cada francés al gobierno, para que fuera su preceptor, su tutor y dado el caso su opresor. La centralización cayó junto con el gobierno absoluto.

Pero cuando aquella generación vigorosa, que había empezado la Revolución, fue eliminada o debilitada, como suele ocurrir con cualquier generación que emprende tales empresas; cuando, siguiendo el curso natural de esta clase de acontecimientos, el amor a la libertad decayó y languideció en medio de la anarquía y de la dictadura popular, y cuando la nación desorientada empezó a buscar a tientas a un amo, el gobierno absoluto halló tan prodigiosas facilidades para renacer y cimentarse, que sin dificultad encontró el genio que habría de ser al mismo tiempo continuador y destructor de la Revolución.

En efecto, el Antiguo Régimen había contenido todo un conjunto de instituciones de reciente creación, que por no ser hostiles a la igualdad podían tener cabida en la nueva sociedad, aunque ofrecían singulares facilidades al despotismo. Se las buscó entre las ruinas de todas las demás y se las encontró. Antaño, estas instituciones habían generado hábitos, pasiones e ideas orientados a mantener a los hombres divididos y obedientes, razón por la cual se las reavivó y utilizó. Se sacó a la centralización de sus ruinas y se la restauró; y como, al mismo tiempo que resurgía quedó destruido todo lo que podía limitarla con anterioridad, de las mismas entrañas de una nación que acababa de derrocar a la monarquía vimos surgir de pronto un poder más extenso, detallista y absoluto que el ejercido por cualquiera de nuestros reyes. La empresa pareció de una temeridad extraordinaria y su éxito, inaudito, porque solo se pensaba en lo que se veía, en tanto que se olvidaba lo que se había visto. El dominador cayó, pero quedó en pie lo más sustancial de su obra; una vez muerto su gobierno, su administración siguió viviendo, y a partir de entonces, cada vez que se ha querido después abatir el poder absoluto, se han limitado a poner la cabeza de la Libertad sobre un cuerpo servil.

Desde el principio de la Revolución hasta nuestros días, en reiteradas ocasiones hemos visto extinguirse y renacer una y otra vez la pasión por la libertad, como seguirá siendo por mucho tiempo, siempre inexperta y desorganizada, fácil de desalentar, de asustar y de vencer, superficial y pasajera. En ese mismo lapso, la pasión por la igualdad se instala siempre en lo hondo de los corazones, que fue lo primero en conquistar; ahí, se aferra a los sentimientos que nos son más caros; mientras una cambia incesantemente de aspecto, mengua, crece, se fortalece o se debilita de acuerdo con los acontecimientos, la otra sigue siendo la misma, empeñada siempre en alcanzar una sola meta, con el mismo ardor obstinado y a menudo ciego, presta a sacrificarlo todo a quienes le permitan satisfacerse, y a proveer al gobierno que quiera favorecerla y halagarla los hábitos, las ideas y las leyes que el despotismo necesita para reinar.

La Revolución francesa no representará sino tinieblas para quienes la consideren por sí; la única luz que puede iluminarla ha de buscarse en los tiempos que la precedieron. Sin una visión clara de la antigua sociedad, de sus leyes, de sus vicios, de sus prejuicios, de sus miserias y de su grandeza, nunca se entenderá lo hecho por los franceses en el transcurso de los 60 años posteriores a su caída; pero ni siquiera esta visión bastará todavía si no se penetra hasta ahondar en la misma naturaleza de nuestra nación.

Cuando considero esta nación en sí misma, me parece más extraordinaria que ninguno de los acontecimientos de su historia. ¿Habrá habido jamás sobre la faz de la Tierra alguna tan llena de contrastes y tan extremada en cada uno de sus actos, guiada más por sensaciones y menos por principios, que hiciera las cosas peor o mejor de lo que se esperaba, ora por debajo del nivel común de la humanidad, ora muy por encima; un pueblo tan inalterable en sus principales instintos que todavía se le reconoce en retratos que se hicieran dos o tres mil años atrás, y al mismo tiempo tan cambiante en sus pensamientos cotidianos y en sus gustos que acaba siendo un espectáculo inesperado para sí mismo y con frecuencia queda tan sorprendido como los extranjeros de lo que acaba de hacer; el más casero y rutinario de todos cuando se le deja solo, y cuando a regañadientes se logra arrancarlo de su morada y de sus costumbres, dispuesto a ir hasta el fin del mundo y a intentarlo todo; indócil por temperamento y, sin embargo, más adaptado al imperio arbitrario e incluso violento de un príncipe que al gobierno regular y libre de los principales ciudadanos; hoy enemigo declarado de toda obediencia, y mañana sirviendo con una especie de pasión que no logran alcanzar las naciones mejor dotadas para la servidumbre; conducido de un hilo cuando nadie resiste e ingobernable cuando en alguna parte se pone el ejemplo de la resistencia; engañando siempre a sus amos, que le temen en exceso o demasiado poco; nunca tan libre como para desesperar en someterlo, ni tan sometido que ya no pueda sacudir el yugo; apto para todo, pero excelente solo en la guerra; adorador del azar, de la fuerza, del éxito, del brillo y del ruido, más que de la verdadera gloria; más capaz de heroísmo que de virtud, de genio que de sentido común, propio para concebir inmensos proyectos más que para realizar grandes empresas; la más brillante y peligrosa de las naciones de Europa y la más adecuada para ser, sucesivamente, objeto de admiración, de odio, de piedad, de terror, pero nunca de indiferencia?

Solo ella podía engendrar una revolución tan repentina, radical e impetuosa en su desarrollo y, sin embargo, tan pletórica de cambios, de hechos contradictorios y de ejemplos antagónicos. Sin las razones que he mencionado, los franceses nunca la habrían hecho; pero fuerza es reconocer que todas estas razones juntas no habrían bastado para explicar una revolución de su clase en ningún país que no fuera Francia.

Heme aquí en el umbral de esta revolución memorable; en esta ocasión no me adentraré en ella: pero tal vez pronto pueda hacerlo. Entonces no la consideraré en sus causas, sino que la analizaré en sí misma, para atreverme en fin a juzgar a la sociedad que surgió de ella.

Apéndice

De los países de estados, y en particular del Languedoc

Mi intención no es precisamente la de investigar en detalle cómo ocurrían las cosas en cada uno de los países de estados que aún existían en la época de la Revolución.

Solo quiero indicar el número, dar a conocer aquellos en que la vida local era todavía activa, mostrar las relaciones que mantenían con la administración real, en qué aspecto se apartaban de las reglas comunes que he expuesto con anterioridad, en qué las acataban y, en fin, mostrar gracias al ejemplo de uno de ellos, lo que pudieran haber sido con facilidad los demás.

En la mayor parte de las provincias francesas habían existido estados, es decir, cada una de ellas había sido administrada bajo el gobierno real, por gente de los tres estados, como se le llamaba entonces; por lo cual debe entenderse una asamblea compuesta de representantes del clero, de la nobleza y de la burguesía. Como las demás instituciones políticas de la Edad Media, esta organización provincial tenía las mismas características en casi todas las demás partes civilizadas de Europa, al menos en todas aquellas en que habían penetrado las costumbres y las ideas germánicas. En muchas provincias alemanas subsistieron los estados hasta la Revolución francesa; donde fueron suprimidos, apenas habían desaparecido durante los siglos XVII y XVIII. Desde hacía dos siglos, los príncipes les habían hecho, por doquiera, una guerra sorda o abierta, pero sin interrupción. En ninguna parte habían tratado de mejorar la institución de acuerdo con el proceso de la época, sino solo de destruirla o deformarla cuando se les presentaba la oportunidad y no habían podido hacer algo peor.

En 1789, en Francia solo había estados en cinco provincias de cierta extensión y en algunos distritos pequeños e insignificantes. A decir verdad, la libertad provincial ya no existía sino en dos de ellas, en Bretaña y Languedoc; en las demás, la institución había perdido enteramente su vitalidad y ya no era sino vana apariencia.

Escogeré como ejemplo el Languedoc, al que haré objeto de un examen particular.

El Languedoc era el más extenso y poblado de todos los países de estados; tenía más de 2000 comunas o comunidades, como se les llamaba entonces, y contaba con cerca de dos millones de habitantes. Por otra parte, era a la vez que el más ordenado y próspero el más grande de todos estos países. Por consiguiente, el Languedoc es un buen ejemplo para dar a conocer lo que podía ser la libertad provincial bajo el Antiguo Régimen, y del grado al que, incluso en las comarcas en que parecía ser más fuerte, esta libertad se hallaba subordinada al poder real.

En el Languedoc, los estados solo podían reunirse por orden expresa del rey y tras una convocatoria dirigida anualmente por él a todos los miembros que debían integrarlos; lo cual llevó a decir a cierto frondista de aquel entonces:

De los tres cuerpos que componen nuestros estados, uno, el clero, es nombrado por el rey, puesto que este nombra a los obispos y demás cargos eclesiásticos y los otros dos, como si lo fuesen, pues una orden de la corte puede impedir que asista el miembro que le plazca, sin que por ello sea necesario desterrarlo o procesarlo. Basta con que no se le convoque.

Los estados no solo debían reunirse, sino también disgregarse en determinados días señalados por el rey. La duración ordinaria de su sesión había sido fijada en 40 días por una disposición del consejo. En la asamblea, el rey estaba representado por comisarios que siempre habían entrado allí cuando solicitaban y se encargaban de exponer los deseos del gobierno. Por lo demás, se les mantenía bajo rigurosa tutela. No podían tomar decisiones de cierta importancia ni acordar ninguna medida financiera sin que su deliberación fuese aprobada mediante un acuerdo del consejo; para cualquier impuesto, empréstito o proceso necesitaban permiso expreso del monarca. Todos sus reglamentos generales, incluso el que concernía al desarrollo de sus sesiones, debían ser autorizados antes de entrar en vigor. Cada año, la totalidad de sus ingresos y sus gastos, su presupuesto, como lo llamaríamos en la actualidad, era sometido a idéntico control.

Además, el poder central ejercía en el Languedoc los mismos derechos políticos que le eran reconocidos en todas partes; las leyes que le convenía promulgar, los reglamentos generales que dictaba continuamente y las medidas generales que tomaba se aplicaban tanto ahí como en los países de elección. Asimismo, ejercía todas las funciones naturales de gobierno; tenía la misma policía e idénticos agentes; de vez en cuando creaba, como en toda la nación, multitud de nuevos funcionarios, cuyos cargos la provincia era obligada a comprar a elevado precio.

Al igual que las demás provincias, el Languedoc estaba gobernado por un intendente. Este tenía subdelegados en cada distrito, los cuales se mantenían en contacto con los jefes de las comunidades, que estaban bajo su dirección. El intendente ejercía la tutela administrativa absolutamente como en los países de elección. Ni la más insignificante aldea enclavada en los desfiladeros de Las Cevenas podía efectuar el menor gasto sin antes ser autorizada desde París por acuerdo del consejo del rey. Esa parte de la justicia, que en la actualidad llamamos el contencioso administrativo, estaba tan difundida como en el resto de Francia, e incluso más. El intendente decidía en primera instancia todas las cuestiones de vialidad, juzgaba todos los procesos en materia de caminos y, en general, fallaba en todos los asuntos en que el gobierno se hallaba o se creía interesado. Tanto como en otras regiones, este protegía a sus agentes contra las persecuciones indiscretas de los ciudadanos vejados por ellos.

En consecuencia, ¿qué tenía de particular el Languedoc, que lo distinguiera de las otras provincias y lo hiciera objeto de su envidia? Tres cosas que bastaban para hacerlo enteramente distinto del resto de Francia:

1) Una asamblea compuesta de hombres destacados, acreditada entre la población y respetada por el poder real, de la que no podía formar parte ningún funcionario del gobierno central ni ningún oficial del rey, de acuerdo con el lenguaje de entonces, y en la cual se discutían año con año, libre y seriamente, los intereses particulares de la provincia. Bastaba con que la administración real se hallara instalada junto a ese foco de luz para que ejerciera sus derechos de manera muy distinta, y que con los mismos agentes e iguales instintos dejara de parecerse a lo que era en cualquiera otra parte.

2) En el Languedoc había muchas obras públicas ejecutadas a expensas del rey y por sus agentes; otras en que el gobierno central aportaba parte de los fondos y cuya ejecución dirigía en gran parte; pero en su mayoría las obras se realizaban con aportaciones exclusivas de la provincia. Una vez que el rey había aprobado el proyecto y autorizado su gasto, estas últimas eran ejecutadas por funcionarios escogidos por los estados y bajo la inspección de comisarios designados en su seno.

3) En fin, la provincia tenía el derecho de recaudar por sí sola y según el procedimiento que prefiriera una parte de los impuestos reales y todos aquellos que se le autorizara establecer para subvenir a sus propias necesidades.

Veamos a continuación el partido que el Languedoc supo sacar de estos privilegios, lo cual es algo que merece considerarse con detenimiento.

En los países de elección lo más sorprendente es la ausencia casi total de cargas locales; los impuestos generales con frecuencia son opresivos, pero la provincia no gasta casi nada para ella misma. En cambio, en el Languedoc es enorme la suma que anualmente cuestan a la provincia las obras públicas: en 1780 superaba los dos millones de libras anuales.

A veces, el gobierno central se alarma ante un gasto tan considerable; teme que la provincia, agotada por tal esfuerzo, no pueda cubrir la parte de los impuestos que le corresponden a él mismo, y reprocha a los estados su falta de moderación. He leído una memoria en que la asamblea respondía a estas críticas. Lo que voy a citar textualmente explicará mejor que nada lo que yo pudiera decir del espíritu que animaba a ese pequeño gobierno.

En esa memoria se reconoce que, en efecto, la provincia ha emprendido y realiza obras inmensas; pero, lejos de disculparse, anuncia que, de no oponerse el rey, se adentrará cada vez más por ese camino. Ya ha mejorado o corregido el curso de los ríos principales que atraviesan su territorio, y se ocupa en agregar al canal del Languedoc, excavado bajo Luis XIV y que resulta insuficiente, prolongaciones que, atravesando el Bajo Languedoc, conduzcan, por Cette y Agde, hasta el Ródano. Ha hecho practicable para el comercio el puerto de Cette y gasta elevadas sumas en su mantenimiento. Según se señala, todos estos gastos tienen un carácter más nacional que provincial; sin embargo, corren por cuenta de la provincia, que sale más beneficiada que nadie. También está desecando y entregando a la agricultura los pantanos de Aigues-Mortes. Pero sobre todo ha querido hacerse cargo de los caminos: ha abierto o puesto en buen estado todos los que la atraviesan y la comunican con el resto del reino; incluso se han reparado aquellos que solo enlazan ciudades y burgos del Languedoc. Todos estos distintos caminos son excelentes, incluso en invierno, y contrastan en mucho con los caminos duros, pedregosos y en mal estado que se ven en la mayor parte de las provincias vecinas, el Delfinado, Quercy y la generalidad de Burdeos (según se señala, país de elección). La provincia se remite al respecto a la opinión del comercio y de los viajeros; y no hay en ello error alguno, pues Arthur Young, recorriendo el país 10 años antes, escribe en sus notas: “¡El Languedoc, país de estados! Buenas carreteras, construidas sin prestación personal”.

Si el rey tiene a bien permitirlo, continúa la memoria, los estados no se detendrán ahí; tratarán de mejorar los caminos de las comunidades (caminos vecinales), que no son menos interesantes que los demás. “Pues si los productos agrícolas —se dice— no pueden salir de los graneros del propietario para ir al mercado, ¿qué más da que puedan transportarse lejos?”. “La doctrina de los estados en materia de obras públicas siempre ha sido —agrega— que no debemos mirar su magnitud sino su utilidad”. Ríos, canales, caminos que dan valor a todos los productos agrícolas e industriales al permitir transportarlos en todo tiempo y a bajo costo, doquier se necesiten, y por medio de los cuales el comercio puede penetrar en todas partes de la provincia, enriqueciendo al país, aun cuando tengan su costo. Por lo demás, obras similares emprendidas a la vez con mesura en diferentes partes del territorio, de manera más o menos idéntica, sostienen por doquiera el nivel de los salarios y redundan en beneficio de los pobres. “En el Languedoc, el rey no necesita costear talleres de caridad como lo hace en el resto de Francia —dice la provincia con cierto orgullo, para concluir—: No reclamamos de ningún modo este favor; las obras de utilidad que nosotros mismos emprendemos cada año lo sustituyen y proporcionan a todo el mundo un trabajo productivo”.

Cuanto más estudio los reglamentos generales establecidos por los estados del Languedoc con permiso del rey, pero por lo común sin su iniciativa, en esa parte de la administración pública que se les dejaba, más admiro la cordura, la equidad y la moderación de que hacen gala, pues los procedimientos del gobierno local me parecen superiores con respecto a todo lo que acabo de ver en los países administrados tan solo por el rey.

La provincia está dividida en comunidades (ciudades o pueblos), en distritos administrativos a los que se llama diócesis, así como en tres grandes departamentos llamados senescalías. Cada una de estas partes tiene una representación distinta y un pequeño gobierno separado, que funciona bajo la dirección de los estados o del rey. Si se trata de obras públicas cuyo objeto es del interés de uno de estos pequeños cuerpos políticos, solo se emprenden a petición de este. Si el trabajo de una comunidad puede ser de utilidad para la diócesis, esta debe contribuir en cierta medida en los gastos. Si hay interés de la senescalía, esta a su vez debe brindar ayuda. La diócesis, la senescalía y la provincia deben acudir en apoyo de la comunidad, aunque esta tenga tan solo un interés particular, siempre que la obra le sea necesaria y exceda sus posibilidades, pues según dicen reiteradamente los estados: “El principio fundamental de nuestra constitución es que todas las partes que constituyen el Languedoc son solidarias unas con otras y deben ayudarse mutuamente”.

Las obras que realiza la provincia deben prepararse con mucha anticipación y ser sometidas previamente al análisis por parte de los cuerpos secundarios que contribuirán en ellas; solo pueden ejecutarse mediante pago en efectivo, pues la prestación personal es desconocida. En los países de elección, los terrenos expropiados a sus dueños para obras públicas siempre se pagaban mal o tarde, y con relativa frecuencia nunca. Este es uno de los grandes reclamos que presentaron las asambleas provinciales cuando se reunieron en 1787. Algunas señalaban que incluso se les había quitado la facultad de pagar las deudas contraídas de ese modo, porque se había destruido o desnaturalizado el objeto por adquirir antes de tasarlo. En Languedoc, cada parcela expropiada a su dueño debe valuarse meticulosamente antes del principio de las obras y pagarse durante el primer año de la ejecución.

El reglamento de los estados relativo a las distintas obras públicas, del que he extraído estos detalles, le pareció tan bien hecho al gobierno central que lo admiró, aunque no lo imitara. Tras autorizar su puesta en vigor, el consejo del rey lo mandó reproducir en la Imprenta Real y ordenó que se enviara como obra de consulta a todos los intendentes.

Lo que he dicho de las obras públicas es con mayor razón aplicable a esa otra parte, no menos importante, de la administración provincial ligada con la recaudación de impuestos. A este respecto, cuando se pasa del reino a la provincia resulta difícil creer que todavía permanece uno en el mismo imperio.

En otro lugar he tenido oportunidad de apuntar que los procedimientos seguidos en Languedoc, para fijar y cobrar las tallas, eran en parte los que en la actualidad seguimos para la recaudación de impuestos. No insistiré más en este aspecto; baste con agregar que la provincia apreciaba tanto la superioridad de sus métodos en esta materia, que siempre que el rey creó nuevos impuestos los estados nunca vacilaron en obtener por elevadísimo precio el derecho de cobrarlos a su manera y por medio de sus propios agentes.

Pese a todos los gastos que he enumerado sucesivamente, los asuntos del Languedoc guardaban tanto orden y su crédito estaba tan bien sentado que el gobierno central con frecuencia recurría a él y pedía prestado en su nombre dinero que no se le habría facilitado a él mismo en condiciones tan ventajosas. He hallado que en los últimos tiempos el Languedoc pidió prestado, bajo su propia garantía pero por cuenta del rey, 73200 000 libras.

Sin embargo, el gobierno y sus ministros no veían con buenos ojos estas libertades particulares. Richelieu empezó por mutilarlas, para después abolirlas. El débil y ocioso Luis XIII, que nada le complacía, las odiaba; dice Boulainvilliers que le horrorizaban tanto los privilegios de las provincias que montaba en cólera con solo oír mencionarlas. Nunca se sabe cuánta energía encierran las almas débiles para odiar aquello que las obliga a realizar algún esfuerzo. Todo lo que les queda de virilidad lo emplean en ello, y se muestran casi siempre fuertes en ese aspecto, por más débiles que lo sean para todos los demás. La suerte quiso que se restableciera la antigua organización del Languedoc durante la infancia de Luis XIV. Considerándola obra suya, este la respetó. Luis XV suspendió su aplicación por espacio de dos años, pero en seguida la dejó resurgir.

La creación de los oficios municipales le hizo correr peligros menos directos, pero no menores; esta detestable institución no solo tenía por efecto destruir la organización de las ciudades, sino que también tendía a desnaturalizar la de las provincias. No sé si los diputados del estado llano en las asambleas provinciales habían sido elegidos en alguna ocasión, pero desde hacía mucho tiempo no lo eran; los oficiales municipales de las ciudades constituían por derecho los únicos representantes de la burguesía y del pueblo.

Esta ausencia de un mandato especial y dado en vista de los intereses del momento fue poco notoria, tanto que las mismas ciudades eligieron libremente a sus magistrados por voto universal y la mayor parte de las veces por brevísimo lapso. En aquel entonces, en el seno de los estados, el alcalde, el cónsul o el síndico representaban tan fielmente los deseos de la población en nombre de la cual hablaban como si hubieran sido elegidos con toda intención por ella. Es comprensible que no ocurriera lo mismo con quien había adquirido mediante pago el derecho de administrar a sus conciudadanos. Este solo se representaba a sí mismo, o cuando mucho encarnaba los mezquinos intereses o las bajas pasiones de su camarilla. Sin embargo, a este magistrado adjudicatario de sus poderes se le mantuvo el derecho que habían poseído los magistrados elegidos, lo que cambió de inmediato todo el carácter de la institución. La nobleza y el clero, en vez de tener a su lado y enfrente en la asamblea provincial a los representantes del pueblo, solo encontraron a algunos burgueses aislados, tímidos e impotentes, de forma que el estado llano cada vez quedó más subordinado al gobierno a la vez que era más rico y más fuerte en la sociedad. No ocurrió lo mismo en el Languedoc, pues la provincia siempre había tenido cuidado de comprar al rey los oficios a medida que este los establecía. Solo el año de 1773, el empréstito contraído por ella con este objeto se elevó a más de cuatro millones de libras.

Otras causas más poderosas habían contribuido a introducir el nuevo espíritu en aquellas viejas instituciones y a dar a los estados del Languedoc una superioridad indiscutible sobre todos los demás.

En esta provincia, tanto como en gran parte del Mediodía, la talla era real y no personal, es decir, que se fijaba según el valor de la propiedad y no de acuerdo con la condición del propietario. Cierto es que había algunas tierras que gozaban del privilegio de no pagarla. Antaño, estas habían pertenecido a la nobleza; pero andando el tiempo y con el progreso de la industria gran parte de ellas había caído en manos de plebeyos; por otro lado, los nobles se habían convertido en propietarios de muchos bienes sujetos a la talla. Sin duda el privilegio transferido así de las personas a las cosas resultaba mucho más absurdo, pero se sentía menos porque, aunque molesto, no resultaba humillante. Como ya no estaba ligado de manera indisoluble a la idea de clase ni creaba para ninguna de ellas intereses absolutamente ajenos o contrarios a los de las demás, ya no se oponía a que todas juntas se encargaran del gobierno. Más que en ninguna otra parte, en Languedoc se mezclaban efectivamente y se hallaban en el más absoluto pie de igualdad.

En Bretaña, los gentileshombres tenían derecho de asistir individualmente a los estados, lo que con frecuencia hizo de estos una especie de dieta polaca. En Languedoc, los nobles solo figuraban en los estados por medio de sus representantes; 23 de ellos acudían en nombre de los demás. El clero asistía en la persona de los 23 obispos de la provincia y, lo que es más digno de señalar, las ciudades tenían tantos votos como los dos primeros órdenes.

Como la asamblea era única y no se deliberaba por orden, sino por cabeza, el estado llano cobró naturalmente gran importancia; poco a poco logró imbuir su espíritu particular en todo el cuerpo. Es más, los tres magistrados que, con el título de síndicos generales, se encargaban en nombre de los estados de la conducción ordinaria de los asuntos, siempre eran hombres de ley, es decir, plebeyos. La nobleza, bastante fuerte para conservar su rango, ya no lo era tanto para reinar sola. Por su parte, el clero, aunque compuesto en gran parte de gentileshombres, vivía en perfecta inteligencia con el estado llano; se asociaba con ardor a la mayoría de sus proyectos, trabajaba de acuerdo con él para acrecentar la prosperidad material de todos los ciudadanos y favorecer su comercio y su industria, por lo que, de ese modo, a menudo ponía a su servicio su gran conocimiento de los hombres y su rara destreza en el manejo de los negocios. Casi siempre se escogía a un eclesiástico para ir a discutir a Versalles, con los ministros, las cuestiones litigiosas que ponían en conflicto a la autoridad real y a los estados. Podemos decir que, durante el último siglo, el Languedoc fue administrado por burgueses controlados por gentileshombres y ayudados por obispos.

Gracias a esta organización particular del Languedoc, el espíritu de los nuevos tiempos pudo penetrar apaciblemente en esa antigua institución y modificarlo todo sin destruir nada.

Lo mismo pudo haber ocurrido en toda Francia. Una parte de la perseverancia y del esfuerzo que los príncipes dedicaron a abolir o deformar los estados provinciales habría bastado para perfeccionarlos de este modo y adaptarlos sin excepción a las necesidades de la civilización moderna, si estos príncipes hubieran querido otra cosa que no fuera constituirse en amos y seguir siéndolo.

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ALEXIS HENRI CHARLES DE CLÉREL, vizconde de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, Isla de Francia, 1805 — Cannes, 1859). Conocido como Alexis de Tocqueville, fue un pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Fue bisnieto de Guillaume—Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, también político, que había sido ministro de Luis XVI. Tocqueville es conocido por su obras La democracia en América, que tuvo dos volúmenes —el primero en 1835 y el segundo en 1840— y por El antiguo régimen y la revolución, publicado en 1856.

Tuvo una activa participación en la política francesa del siglo XIX, durante la Monarquía de Julio entre 1830 y 1848, y luego en el periodo conocido como la Segunda República Francesa, entre 1849 y 1851, que sucedió después de la Revolución francesa de 1848. Tiempo después comenzaría a trabajar en su obra El antiguo régimen y la revolución. En ella, argumentó sobre la importancia de la Revolución francesa, que habría continuado el proceso de modernización y centralización del estado francés comenzado bajo Luis XVI de Francia.

Fue un liberal clásico que abogaba por el gobierno parlamentario, y era escéptico en cuanto a los extremos de la democracia. Murió en 1859, afectado de tuberculosis, que lo venía aquejando desde hacía tiempo.

Notas

[1] Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución (ARR) (p. 126, cap. V, párrafo tercero). <<

[2] Citado por Schleifer, J. T., Cómo nació «La democracia en América» de Tocqueville, FCE, México, 1984. <<

[3] Tocqueville, La democracia en América (DA), FCE, México, 1973, pp. 31 y 33. <<

[4] Tocqueville, DA, pp. 34 y 35. <<

[5] Que Tocqueville usara el término «democracia» en estos dos sentidos ha sido una fuente de confusiones. Me parece que lo que hace a Tocqueville utilizar el concepto «democracia» en estos dos sentidos es la tesis, cercana a la teoría de Montesquieu, de que la forma de gobierno de una nación se encuentra estrechamente vinculada al «principio» de organización de la sociedad en general y que para comprender la «naturaleza» del primero hay que situarlo en el contexto del segundo. Mi propuesta para evitar la confusión es interpretar la noción de «sociedades democráticas» como «sociedades modernas» (las que contrastan con las sociedades feudales) y reservar el término «democracia» para referirse a la modalidad específica del sistema político. Sin embargo, en este trabajo voy a respetar la terminología del autor. <<

[6] Tocqueville recurre a modelos o tipos ideales de sociedad aristocrática y democrática. “Para hacerme comprender bien, estoy constantemente forzado a pintar estados extremos, una aristocracia sin mezcla de democracia, una democracia sin mezcla de aristocracia, una igualdad perfecta, que es un estado imaginario. Sucede entonces que atribuyo a uno u otro concepto unos efectos más totales de los que en general producen, porque en general no van solos”. Manuscritos de Yale. Paquete 7, caja 1, citado por Schleifer, Cómo nació “La democracia en América” de Tocqueville, FCE, México, 1984, pp. 294-295. <<

[7] Tocqueville, Manuscritos de Yale, paquete 7, caja 1, 22 de junio de 1838. Citado por Schleifer op. cit., p. 295. En otro texto agrega: “Un pueblo, una sociedad o un tiempo democráticos no significa un pueblo, una sociedad ni un tiempo en que todos los hombres sean iguales, sino un pueblo, una sociedad y un tiempo en que ya no existan castas, clases hipostasiadas, privilegios especiales ni derechos exclusivos, ricos permanentes, propiedades fijas en las manos de ciertas familias, en que todos los hombres puedan subir y bajar continuamente y mezclarse de todas las maneras”. Citado por Schleifer, p. 296. <<

[8] Manuscritos de Yale, paquete 3, caja 3, citado por Schleifer, op. cit., p. 262. <<

[9] Tocqueville, DA, p. 33. <<

[10] Tocqueville, DA, p. 645. <<

[11] Tocqueville, DA, p. 97. <<

[12] “Estas dos clases de centralización se prestan auxilio mutuo y se atraen mutuamente; pero yo no podría creer que fuesen inseparables […]. Que se tenga cuidado cuando se dice que un Estado no puede actuar porque no tiene centralización, pues se habla casi siempre, sin saberlo, de la centralización gubernamental”. DA, pp. 97 y 98. <<

[13] Carta de Hervé de Tocqueville a Alexis del 4 de enero de 1832. <<

[14] Tocqueville, DA, p. 630. <<

[15] Tocqueville, DA, p. 634. <<

[16] Tocqueville, DA, p. 467. <<

[17] Tocqueville distingue entre individualismo y egoísmo. “Individualismo es una expresión reciente que ha creado una idea nueva: nuestros padres no conocían sino el egoísmo. El egoísmo es el amor apasionado y exagerado de sí mismo, que conduce al hombre a no referir nada sino a él solo y a preferirse a todo. El individualismo es un sentimiento pacífico y reflexivo que predispone a cada ciudadano a separarse de la masa de sus semejantes, a retirarse a un paraje aislado, con su familia y sus amigos; de suerte que después de haberse creado así una pequeña sociedad a su modo, abandona con gusto la grande”. DA, p. 466. <<

[18] Tocqueville, DA, p. 633. <<

[19] Tocqueville, ARR, prólogo, pp. 101-102. <<

[20] Tocqueville, DA, p. 396. <<

[21] Tocqueville, DA, p. 397. “En cuanto a mí, cuando siento que la mano del poder pesa sobre mi frente, poco me importa saber quién me oprime; y por cierto que no me hallo más dispuesto a poner mi frente bajo el yugo, porque me lo presenten un millón de brazos”. <<

[22] “En efecto, la igualdad produce dos tendencias: la primera conduce directamente a los hombres hacia la independencia, y puede de repente impelerlos hasta la anarquía; la otra los lleva por un camino más largo, más secreto, pero más seguro, hacia la esclavitud”. DA, p. 613. <<

[23] Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 1980. En el caso de Tocqueville, su atención se centra en el principio del gobierno democrático más que en su naturaleza. <<

[24] Tocqueville, DA, p. 638. <<

[25] Tocqueville, DA, p. 634. <<

[26] Tocqueville, carta a Corcelle del 17 de septiembre, en OEuvres complètes (OC), XV, p. 81. <<

[27] Tocqueville, DA, pp. 78 y 83. <<

[28] Tocqueville, DA, p. 638. <<

[29] Véase Constant, B., Del espíritu de conquista, Tecnos, Madrid, 1988. <<

[30] Al igual que Kant, Tocqueville afirma que la libertad no es un objeto teórico que pueda probarse teóricamente, sino una experiencia que solo puede obtenerse en la práctica. <<

[31] Tocqueville, ARR, p. 102, prólogo, cinco párrafos antes del final. <<

[32] Sobre este tema véase el capítulo I de la segunda parte del segundo volumen de La democracia en América: “Por qué razón los pueblos democráticos muestran un amor más vehemente y más durable hacia la igualdad, que en favor de la libertad” (pp. 463-465). <<

[33] Tocqueville, DA, p. 103. <<

[34] Las propuestas teóricas, como el “patriotismo constitucionalista” que expone Habermas, parecen encontrarse muy lejos de la realidad propia de las sociedades modernas. <<

[35] Tocqueville, DA, p. 103. <<

[36] Tocqueville, carta del 15 de diciembre de 1850, en OC, t. XIII, p. 231. <<

[37] Tocqueville, ARR, pp. 125-126, del capítulo V. <<

[38] Es notable la crítica de Tocqueville a la Ilustración, pues si bien cuestiona la idea de una “Razón” monolítica capaz de homogeneizar el mundo, al mismo tiempo no renuncia a la racionalidad como instancia capaz de sustentar la validez de nuestras explicaciones. Podemos decir que se trata de una defensa de la razón, en contra de sus partidarios fanáticos. <<

[39] Tocqueville, ARR, pp. 250, 257 y 258. Entre estos intelectuales Tocqueville distingue lo que él llama “filósofos”, aquellos que creen homogeneizar la pluralidad de la realidad social por medio de conceptos abstractos, y los “economistas”, aquellos que creen posible dirigir racionalmente la dinámica de la sociedad desde el poder central del Estado. <<

[40] Tocqueville, OC, t. XIII, p. 231. <<

[0] Realizada con base en los datos de M. Hereth, Tocqueville zur Einführung, Junius, Hamburgo, 1991, y A. Jardin, Alexis de Tocqueville, 1805-1859, FCE, México, 1988. <<

[1] Véase Tocqueville, Œuvres complètes (bajo la dirección de J. P. Mayer), VIII, 2, París, 1967, pp. 343 y ss. <<

[2] Agradecemos profundamente a Éditions Calmann por habernos facilitado estos datos. <<

[3] “No cabe creer más”, señala Rémusat en una nota, “que por esta expresión el autor entendía exclusivamente la libertad bajo la forma republicana. Él dice formalmente en el mismo capítulo que cree que, al igual que en América, existe la posibilidad de una alianza de la monarquía, de la democracia y de la libertad”. <<

[4] Una biografía de sir George Cornewall Lewis la hallamos en G. Cornewall Lewis: Histoire gouvernementale de l’Angleterre depuis 1770 juqu’à 1830, París, 1867. <<

[5] Esta obra, de la que se editaron muy pocos ejemplares en 1861, fue decomisada por la policía imperial. <<

[6] Hay edición en español del FCE, 1943, 1961. <<

[1] [NOTA 1]

Poder del derecho romano en Alemania. Manera en que había sustituido al derecho germánico

A fines de la Edad Media, el derecho romano se convirtió en el principal y casi único estudio de los legistas alemanes; la mayor parte de éstos, en ese entonces, se educaban fuera de Alemania, en las universidades de Italia. Estos legistas, que no dominaban la sociedad política, sino que se encargaban de explicar y de aplicar sus leyes, aunque no pudieron abolir el derecho germánico, por lo menos lo deformaron a modo de hacerlo caber por la fuerza en el marco del derecho romano. Aplicaron las leyes romanas a todo lo que parecía, en las instituciones germánicas, guardar alguna lejana analogía con la legislación de Justiniano; así introdujeron un nuevo espíritu y nuevos usos en la legislación nacional; ésta fue poco a poco transformada de tal modo que quedó irreconocible y que, en el siglo XVII, por ejemplo, ya era desconocida por decirlo así. Se la había sustituido por algo que todavía era germánico por el nombre, pero romano de hecho.

Es de creer que en ese trabajo de los legistas muchas de las condiciones de la antigua sociedad germánica empeoraron, sobre todo la de los campesinos; varios de los que hasta entonces habían logrado conservar totalmente o en parte sus libertades o sus posesiones las perdieron entonces por sabias asimilaciones a la condición de los esclavos o de los enfiteutas romanos.

Esta transformación gradual del derecho nacional, así como los esfuerzos inútiles desplegados para oponerse a ella, se aprecian cabalmente en la historia del Württemberg.

Desde el nacimiento del condado de ese nombre, en 1250, hasta la creación del ducado, en 1495, la legislación es enteramente indígena; se compone de costumbres, de leyes locales hechas por las ciudades o los tribunales de los señores, de estatutos promulgados por los estados; sólo las cosas eclesiásticas se rigen por un derecho extranjero, el derecho canónico.

A partir de 1495, cambia el carácter de la legislación: el derecho romano empieza a penetrar; los doctores, como se les llamaba, aquellos que habían estudiado el derecho en escuelas extranjeras, entran en el gobierno y se apoderan de la dirección de los tribunales superiores. Desde el inicio del siglo XV hasta mediados del mismo, vemos a la sociedad política sostener en contra suya la misma lucha que por entonces tenía lugar en Inglaterra, pero con éxito muy diferente. En 1514, en la dieta de Tubinga y en las que la suceden, los representantes del feudalismo y los diputados de ciudades hacen toda clase de manifestaciones en contra de lo que ocurre; atacan a los legistas, que irrumpen en todos los tribunales y cambian el espíritu o la letra de todas las costumbres y todas las leyes. En un principio parecen tomar ventaja; obtienen del gobierno la promesa de que en lo sucesivo, en los tribunales superiores, en vez de doctores se pondrán personas honorables y cultas, escogidas entre la nobleza y en los estados del ducado, y que una comisión, compuesta de agentes gubernamentales y representantes de los estados, redactará el proyecto de un código que pueda servir de regla en todo el país. ¡Esfuerzos inútiles! El derecho romano acaba pronto por desplazar totalmente al derecho nacional de gran parte de la legislación y por arraigar en el mismo terreno en que deja a esta legislación subsistir.

Este triunfo del derecho extranjero sobre el derecho indígena lo atribuyen diversos historiadores alemanes a dos causas: 1ª al movimiento que en aquel entonces arrastraba a todos los espíritus hacia las lenguas y las literaturas de la Antigüedad, tanto como al menosprecio que esto hacía concebir por los productos intelectuales del genio nacional; y 2ª, a la idea, que siempre había preocupado a toda la Edad Media alemana y que se aprecia incluso en la legislación de aquella época, de que el Sacro Imperio es continuación del Imperio romano y que la legislación de aquél es herencia de éste.

Pero estas causas no bastan para hacer comprender el hecho de que ese mismo derecho se introdujo hacia la misma época a la vez en todo el continente europeo. Creo que ello obedeció tanto a que el poder absoluto de los príncipes se estableció al mismo tiempo sólidamente en todas partes, sobre las ruinas de las viejas libertades de Europa, como a que el derecho romano, derecho de servidumbre, encajaba de maravilla en sus propósitos.

El derecho romano, que perfeccionó por doquiera a la sociedad civil, en todas partes se orientó a degradar a la sociedad política, porque fue principalmente obra de un pueblo muy civilizado y muy servil. Por consiguiente, los reyes lo adoptaron con ardor y lo establecieron dondequiera que dominaban. En toda Europa, los intérpretes de este derecho se convirtieron en sus ministros o en sus principales agentes. Cuando fue necesario, los legistas les brindaron el apoyo del derecho contra el mismo derecho. Desde entonces, así han venido haciéndolo. Junto a un príncipe que violaba las leyes, era raro que no apareciera un legista que viniera a asegurar que nada era más legítimo, y que demostrara sabiamente que la violencia era justa y que el oprimido estaba en un error. <<

[2] [NOTA 2]

Paso de la monarquía feudal a la monarquía democrática

Todas las monarquías se habían convertido en absolutas hacia la misma época, y no hay indicio de que este cambio de constitución obedeciera a alguna circunstancia particular que se encontrara fortuitamente en el mismo momento en cada Estado, por lo cual es de creer que todos estos acontecimientos semejantes y contemporáneos debieron producirse por una causa general que en todas partes actuó por igual y al mismo tiempo.

Esta causa general era el paso de un estado social a otro, de la desigualdad feudal a la igualdad democrática. Los gentileshombres ya estaban abatidos y el pueblo no se había elevado aún, hallándose unos demasiado abajo y el otro insuficientemente alto para obstaculizar los movimientos del poder. Estas circunstancias duraron 150 años, que vinieron a ser una especie de Edad de Oro de los príncipes, durante los cuales éstos tuvieron al mismo tiempo estabilidad y omnipotencia, cosas que comúnmente se excluyen: eran tan sagrados como los jefes hereditarios de una monarquía feudal, y tan absolutos como el dirigente de una sociedad democrática. <<

[3] [NOTA 3]

Decadencia de las ciudades libres en Alemania. Ciudades imperiales

Según los historiadores alemanes, el periodo de mayor esplendor de estas ciudades fueron los siglos XIV y XV. Eran entonces el refugio de la riqueza, de las artes y del conocimiento, dueñas del comercio de Europa, los centros más poderosos de la civilización. Acabaron, sobre todo en el norte y el sur de Alemania, por formar con los nobles que las circundaban confederaciones independientes, tal como las ciudades habían hecho en Suiza con los campesinos.

En el siglo XVI todavía conservaban su prosperidad; pero había llegado la época de la decadencia. La guerra de los Treinta Años acabó de precipitar su ruina; casi no hay ninguna que no fuera destruida o arruinada en este periodo.

Sin embargo, el tratado de Westfalia las nombra positivamente y les mantiene la calidad de estados inmediatos, es decir, que sólo dependen del emperador; pero los soberanos vecinos por una parte y el emperador por la otra, cuyo poder, a partir de la guerra de los Treinta Años, no podía ejercer sino ante pequeños vasallos del Imperio, encierran día tras día su soberanía dentro de límites muy estrechos. En el siglo XVIII todavía suman 51; ocupan dos escaños en la dieta, en donde poseen cada cual su voto, pero en realidad carecen de influencia en la dirección de los asuntos generales.

Internamente se hallan abrumadas por tantas deudas; éstas obedecen, por una parte, a que aún se les continúa imponiendo gravámenes del Imperio, de acuerdo con su antiguo esplendor, y, por la otra, a que están muy mal administradas. Pero lo que resulta más sorprendente es que esta mala administración parece depender de una enfermedad secreta, común a todas ellas, independientemente de la forma de su organización; sea ésta aristocrática o democrática, da lugar a quejas si no idénticas, por lo menos igualmente enérgicas; se dice que, aristocrático, el gobierno es camarilla de un reducido número de familias: el favor y los intereses particulares lo pueden todo; democrático, la intriga y la venalidad imperan en todas partes. En ambos casos el ciudadano se queja de falta de honestidad y de desinterés por parte de los gobiernos. El emperador se ve obligado a intervenir constantemente en sus asuntos para intentar restablecer el orden. Las ciudades se van despoblando y se hunden en la miseria. Ya no son focos de la civilización germánica; las artes las abandonan para ir a brillar en las nuevas ciudades, creación de los soberanos y representantes del mundo nuevo. El comercio se aparta de ellas; desaparecen su antigua energía y su vigor patriótico; Hamburgo es casi la única que sigue siendo un gran centro de riqueza y de cultura, pero por causas que le son particulares. <<

[1] Me he servido particularmente de los archivos de varias grandes intendencias, sobre todo de las de Tours, que son muy completas, y que corresponden a una jurisdicción muy amplia, situada en el centro de Francia y poblada con un millón de habitantes. Agradezco su ayuda al joven y hábil archivista señor Grandmaison, que se halla al frente del depósito. Otras jurisdicciones, entre ellas la de la I’le de France, me han hecho ver que las cosas suceden de la misma manera en la mayor parte del reino. <<

[1] [NOTA 4]

Código del gran Federico

Entre las obras del gran Federico, la menos conocida, incluso en su país, y la menos brillante es el código redactado por orden suya y promulgado por su sucesor. Sin embargo, no creo que haya ninguna que proyecte más luz sobre el hombre mismo y su tiempo, a la vez que muestra mejor la influencia recíproca del uno sobre el otro.

El código es una verdadera constitución, en el sentido que se atribuye a este vocablo; su finalidad no solo consiste en regular las relaciones de los ciudadanos entre sí, sino también las relaciones de estos con el Estado: es al mismo tiempo código civil, código penal y carta magna.

Se apoya, o mejor dicho, parece hacerlo en cierto número de principios generales expresados de manera muy filosófica y abstracta, que en muchos aspectos se parecen a los que integran la Declaración de los Derechos del Hombre en la Constitución de 1791.

En él se proclama que el bien del Estado y de sus habitantes constituye el fin de la sociedad y el límite de la ley; que las leyes solo pueden coartar la libertad y los derechos de los ciudadanos cuando así lo dicte la utilidad común; que cada miembro del Estado debe trabajar por el bien general en la medida de su posición y su fortuna, y que los derechos de los individuos deben supeditarse al bien general.

En ningún momento se menciona el derecho hereditario del príncipe ni de su familia, ni tampoco un derecho particular, que sería distinto del derecho del Estado. El nombre del Estado es ya el único al que se recurre para designar el poder real.

En cambio, en el código se habla del derecho general de los hombres: los derechos generales del hombre se basan en la libertad natural de buscar su propio bien sin menoscabo del derecho ajeno. Quedan permitidas todas las acciones que no estén prohibidas por la ley natural o por alguna ley positiva del Estado. Todo habitante del Estado puede exigir de este la defensa de su persona y de su propiedad y tiene derecho a defenderse recurriendo a la fuerza si el Estado no acude en su ayuda.

Tras exponer estos grandes principios, el legislador, en vez de deducir de ellos, como en la Constitución de 1791, el dogma de la soberanía del pueblo y la organización de un gobierno popular en una sociedad libre, se desvía y pasa a otra consecuencia igualmente democrática, pero no liberal: la de considerar al príncipe como único representante del Estado y otorgarle todos los derechos que acaba de reconocer a la sociedad. En este código, el soberano ya no es representante de Dios, sino de la sociedad; es su agente, su servidor, como dice Federico con todas sus letras en sus obras; pero la representa solo y ejerce todos los poderes. En la introducción se dice que el jefe de Estado, a quien se impone el deber de lograr el bien general, único fin de la sociedad, está autorizado para dirigir y regular todos los actos de los individuos hacia ese fin.

Entre los principales deberes de este agente omnipotente de la sociedad, encuentro los siguientes: mantener la paz y la seguridad públicas en el interior, y garantizar a todos contra la violencia. En el exterior, le corresponde hacer la paz y la guerra; solo él debe dictar leyes y hacer los reglamentos generales de policía; es el único que posee el derecho de gracia y el de anulación en los procesos penales.

Quedan bajo su inspección y su dirección todas las asociaciones existentes en el Estado y todos los establecimientos públicos, por el interés de la paz y de su seguridad generales. Para que el jefe de Estado pueda cumplir sus obligaciones, es preciso que tenga ingresos y derechos útiles; en consecuencia, tiene la facultad para establecer impuestos sobre las fortunas privadas, las personas, sus profesiones, su comercio, su producción y su consumo. Las órdenes de los funcionarios públicos que actúan en su nombre deben acatarse como las suyas propias en todo aquello que quede dentro de los límites de sus funciones.

Bajo esta modernísima cabeza veremos aparecer ahora un cuerpo enteramente gótico; lo único que hizo Federico fue quitarle lo que podía estorbar la acción de su propio poder, pero el conjunto pasará a formar un ser monstruoso que se antoja la transición de una a otra creación. En esta extraña producción, Federico muestra tanto desprecio por la lógica como cuidado por su poder y deseo de no crearse dificultades inútiles atacando lo que aún tenía fuerza para defenderse.

Los habitantes del campo, con la excepción de algunos distritos y localidades, quedan sometidos a una servidumbre hereditaria que no solo se limita a la prestación personal y a los servicios inherentes a la posesión de determinadas tierras, sino que se extiende, como hemos visto, hasta la persona del poseedor.

La mayor parte de los privilegios de los propietarios del suelo son consagrados de nuevo por el código; incluso se puede decir que lo son contra él, puesto que dice que en caso de diferencias entre la costumbre local y la nueva legislación se acatará la primera. De manera formal se declara que el Estado no puede destruir ninguno de estos privilegios, sino redimiéndolos y ajustándose a las formas de la justicia.

El código asegura ciertamente que queda abolida la servidumbre propiamente dicha (Leibeigenschaft) en cuanto que establece la servidumbre personal, pero la sujeción hereditaria que la sustituye (Esbunterthänigkeit) sigue siendo una especie de servidumbre, como se habrá podido juzgar leyendo el texto.

En este mismo código, el burgués permanece cuidadosamente separado del campesino; entre la burguesía y la nobleza se reconoce una especie de clase intermedia, compuesta de altos funcionarios que no sean nobles: eclesiásticos y profesores de escuelas, colegios y universidades.

Aunque al margen del resto de la burguesía, estos burgueses no se confundían con la nobleza; por el contrario, permanecían en un estado de inferioridad ante ella. En general, no podían comprar bienes de caballeros ni obtener los puestos más elevados en el servicio civil. Tampoco eran hoffähig, es decir, que no podían presentarse en la corte, salvo en casos muy excepcionales y nunca con su familia. Como en Francia, su inferioridad resultaba más hiriente en la medida en que esta clase iba siendo más ilustrada e influyente y que si bien los funcionarios burgueses del Estado no ocupaban los puestos más destacados, desempeñaban aquellos en que había más qué hacer y más cosas útiles que solventar. La irritación contra los privilegios de la nobleza, que en nuestro país habría de contribuir tanto a la Revolución, preparaba en Alemania la aprobación con la que esta fue recibida en un principio. El principal redactor del código era sin embargo un burgués, pero obedecía, sin lugar a dudas, las órdenes de su amo.

La antigua organización de Europa no está lo suficientemente en ruinas en esta parte de Alemania para que Federico crea, a pesar del desprecio que le inspira, que es tiempo de hacer desaparecer sus vestigios. En general, se limita a privar a los nobles del derecho de reunirse y administrarse como cuerpo, y en lo individual deja a cada cual sus privilegios; lo único que él hace es limitar y regular su uso. Así es que este código, redactado por órdenes de un alumno de nuestros filósofos y aplicado después del estallido de la Revolución francesa, es el documento legislativo más auténtico y reciente que da fundamento legal a esas mismas desigualdades feudales que la Revolución habría de abolir en toda Europa.

La nobleza es declarada en él como el cuerpo principal del Estado; los gentileshombres deben ser designados de manera preferente, señala, para todos los puestos de honor siempre que sean capaces de desempeñarlos. Solo ellos pueden poseer bienes nobles, crear sustituciones, gozar de los derechos de caza y de justicia inherentes a los bienes nobles, así como de los derechos de patronato sobre las iglesias; solo ellos pueden tomar el nombre de la tierra que poseen. Los burgueses autorizados por excepción expresa a poseer bienes nobles solo pueden gozar de los derechos y honores ligados a su posesión dentro de los límites estrictos de este permiso. Aunque sea poseedor de un bien noble, el burgués no puede legarlo a un heredero burgués, a no ser que este lo sea en primer grado. En caso de que no tuviera tales herederos, ni otros herederos nobles, el bien debía subastarse.

Una de las partes más características del código de Federico es el derecho penal en materia política en él incluido.

Federico Guillermo II, sucesor del gran Federico, quien, pese a la parte feudal y absolutista de la legislación cuya breve descripción acabo de hacer, creía percibir en la obra de su tío tendencias revolucionarias e hizo suspender su publicación hasta 1794. Solo se tranquilizaba, dícese, pensando en las excelentes disposiciones penales con ayuda de las cuales este código corregía los malos principios que contenía. En efecto, nunca antes ni después se vio nada tan completo en ese género; no solo se castigan con la mayor severidad las revueltas y las conspiraciones, también se reprimen con sumo rigor las críticas irrespetuosas a los actos del gobierno. Se prohíbe estrictamente la compra y distribución de escritos peligrosos: el impresor, el editor y el distribuidor son responsables de los delitos del autor. Los bailes, las mascaradas y otras diversiones se declaran reuniones públicas que deben ser autorizadas por la policía. Lo mismo ocurre con las comidas en lugares públicos. La libertad de prensa y de palabra están estrechamente sujetas a una vigilancia arbitraria. Queda prohibida la portación de armas de fuego.

En fin, a lo largo de esta obra, mitad de la cual se inspira en la Edad Media, aparecen disposiciones cuyo extremo espíritu centralizador se acerca al socialismo. De esa suerte se declara que corresponde al Estado velar por la alimentación, el empleo y el salario de todos aquellos que carecen de medios para sostenerse y no tienen ni el derecho al auxilio del señor ni a la ayuda de la comuna: a esta gente se le debe asegurar un trabajo conforme a sus fuerzas y a su capacidad. El Estado debe fundar establecimientos donde socorrer a los ciudadanos pobres. Además, el Estado está autorizado a destruir las fundaciones orientadas a alentar la pereza, y a distribuir a los pobres el dinero de que disponían esos establecimientos.

En toda esta obra del gran Federico se aprecian las osadías y las novedades teóricas, tanto como la timidez práctica que la caracterizan. Por una parte, se proclama el gran principio de la sociedad moderna, que todo el mundo debe estar sujeto equitativamente al impuesto; por la otra, se dejan subsistir las leyes provinciales que contienen excepciones a esta regla. Se afirma que todo proceso entre un súbdito y el soberano se juzgará según las formas y de acuerdo con las prescripciones indicadas para todos los demás litigios; pero, en realidad, esta regla nunca se siguió cuando se le oponían los intereses y las pasiones del rey. Se mostró ostentosamente el molino de Sans-Souci y la justicia se inclinó sin pena ni gloria en diversas circunstancias más.

Lo que demuestra el grado al que este código, que en apariencia innovaba tanto, en realidad era poco innovador, y lo que, por consiguiente, hace su estudio tan curioso para conocer el verdadero estado de la sociedad en esta parte de Alemania a fines del siglo XVIII, es que la nación prusiana apenas pareció darse cuenta de su publicación. Solo los legistas lo estudiaron, y en la actualidad existe un gran número de personas ilustradas que jamás lo han leído. <<

[2] Véase el apéndice. <<

[3] [NOTA 5]

Una de las características más descollantes del siglo XVIII en materia de administración de las ciudades es más la extrema movilidad de las reglas a las que esta administración se halla sometida que la abolición de toda representación y de toda intervención del público en los asuntos, pues los derechos se dan, se quitan, se devuelven, se aumentan, se disminuyen y se modifican sin cesar y de mil maneras. Nada nos muestra mejor el envilecimiento en que habían caído las libertades locales que esta eterna modificación de sus leyes, en las que nadie parecía poner atención. Solo esta movilidad habría bastado para destruir de antemano cualquier idea particular, toda afición por los recuerdos y todo patriotismo local, en la institución que, sin embargo, más se presta a ello. Así se preparaba la gran destrucción del pasado que la Revolución habría de realizar. <<

[4] [NOTA 6]

El pretexto que había esgrimido Luis XIV para destruir la libertad municipal de las ciudades era la mala gestión de sus finanzas. Sin embargo, dice Turgot con mucha razón, el mismo hecho persistió y se agravó a partir de la reforma que hizo este príncipe. En la actualidad, agrega, la mayor parte de las ciudades se encuentran sumamente endeudadas, en parte por los fondos que han prestado al gobierno y en parte por los gastos y florituras que, con la intención de ilustrarse y a veces de enriquecerse, multiplican los funcionarios municipales que disponen del dinero ajeno y no tienen cuentas que rendir a los vecinos ni instrucciones que recibir de ellos. <<

[5] [NOTA 7]

Cómo es en Canadá donde mejor se podía apreciar la centralización administrativa del Antiguo Régimen

Es en las colonias donde mejor se puede apreciar la fisonomía del gobierno de la metrópoli, porque en ellas todos los rasgos que la caracterizan destacan y son más visibles. Cuando quiero juzgar el espíritu y los vicios de la administración de Luis XIV, debo considerar a Canadá. Así se aprecia la deformidad del objeto como en microscopio.

En Canadá no había los innumerables obstáculos que los hechos anteriores o el antiguo estado social oponían, abierta o encubiertamente, al libre desarrollo del espíritu de gobierno. La nobleza casi no existía, o por lo menos había perdido casi por completo sus raíces; la Iglesia ya no ocupaba una posición dominante; las tradiciones feudales se habían perdido o desvanecido; el poder judicial ya no estaba arraigado en viejas instituciones y costumbres. Nada impedía al poder central abandonarse a todas sus inclinaciones naturales ni redactar todas las leyes de acuerdo con el espíritu que lo animaba. Por consiguiente, en Canadá no existía ni sombra de instituciones municipales o provinciales, ninguna fuerza colectiva autorizada ni iniciativa individual permitida. Había un intendente con una posición de preponderancia mucho mayor que la que tenían sus contrapartes en Francia; una administración que se inmiscuía en muchos más asuntos que en la metrópoli y que quería hacer todo desde París, a pesar de las 1800 leguas que la separaban de la colonia; que nunca adoptaba los grandes principios que pueden hacer poblada y próspera a una colonia, pero que en cambio recurre a toda clase de mezquinos procedimientos artificiales y pequeñas tiranías reglamentarias para incrementar y extender la población; cultivo obligatorio, retiro a los tribunales y sometimiento al juicio exclusivo de la administración de todos los procesos derivados de la concesión de tierras, obligatoriedad de cultivar de cierta manera, de establecerse en determinados lugares y no en otros, etc., todo lo cual ocurría bajo Luis XIV; estos edictos están aprobados por Colbert. Se diría que ya es la plena centralización moderna, y que estamos en Argelia. En efecto, Canadá es fiel reflejo de lo que siempre se ha visto en esta otra colonia. En ambas estamos en presencia de una administración casi tan numerosa como la población, preponderante, activa, reglamentadora, restrictiva, que quiere preverlo todo y encargarse de todo, siempre más al tanto de los intereses del administrado que él mismo, continuamente activa y estéril.

En cambio, en los Estados Unidos se extrema el sistema de descentralización de los ingleses: las comunas pasan a ser municipalidades casi independientes, especie de repúblicas democráticas. El elemento republicano, que forma como el fondo de la organización y de las costumbres inglesas, se manifiesta sin cortapisas y se desarrolla. La administración propiamente dicha hace pocas cosas en Inglaterra, en tanto que los particulares hacen mucho; en América, la administración no interviene en nada, por así decirlo, mientras que los individuos unidos lo hacen todo. La ausencia de clases superiores, que hace al habitante de Canadá aún más sumiso al gobierno de lo que hacia la misma época lo estaba el de Francia, hace al de las provincias inglesas cada vez más independiente del poder.

En ambas colonias se llega al establecimiento de una sociedad enteramente democrática; pero en Canadá, por lo menos mientras pertenezca a Francia, la igualdad se mezcla con el gobierno absoluto; en las colonias inglesas, se combina con la libertad. En cuanto a las consecuencias materiales de los dos métodos coloniales, se sabe que en 1763, época de la conquista, la población de Canadá era de 60 000 almas, en tanto que los habitantes de las provincias inglesas ascendían a tres millones. <<

[6] [NOTA 8]

Influencia anticasta por la discusión común de los asuntos públicos

En los trabajos poco importantes de las sociedades agrícolas del siglo XVIII se ve la influencia anticasta que ejercía la discusión en común de los intereses colectivos. Si bien estas reuniones tenían lugar 30 años antes de la Revolución, en pleno auge del Antiguo Régimen, y no se tratase más que de teorías, por el solo hecho de que en ellas se aborden asuntos que interesan a las diferentes clases y que estas discutan juntas, al punto se siente el acercamiento y la mezcla de los hombres, se ve que las ideas de reformas razonables se apoderan tanto de los privilegiados como de los demás, y sin embargo se trataba únicamente de conservación y de agricultura.

Estoy convencido de que solo había un gobierno, el del Antiguo Régimen, que buscando siempre su fuerza en sí mismo y teniendo aislados a los hombres, hubiese podido mantener la ridícula e insensata desigualdad que existía en Francia en el momento de la Revolución; el más leve contacto con el self-government la habría modificado profundamente y pronto la habría transformado o destruido. <<

[7] [NOTA 9]

Las libertades provinciales pueden subsistir durante algún tiempo sin que exista la libertad nacional, cuando esas libertades son antiguas y están ligadas a los hábitos, las costumbres y los recuerdos, y cuando, por el contrario, el despotismo es nuevo; pero es insensato creer que se puedan crear libertades locales a voluntad, o incluso mantenerlas por largo tiempo cuando se suprime la libertad general. <<

[8] [NOTA 10].

En una memoria dirigida al rey, Turgot resume de esta manera, que me parece sumamente exacta, cuál era el verdadero alcance de los privilegios de los gentileshombres en materia impositiva:

1º Los privilegiados pueden hacer valer la exención de todo impuesto sobre una granja de cuatro arados, que ordinariamente en los alrededores de París se tasa en 2000 francos de gravamen.

2° Estos mismos privilegiados tampoco pagan absolutamente nada por los bosques, praderas, viñas, estanques, ni tampoco por las tierras cercadas pertenecientes a sus castillos, sea cual fuere su extensión. Hay cantones cuya producción principal proviene de los prados o las viñas; entonces el noble que hace administrar sus tierras se exenta de todo impuesto, que recae en los sujetos a la talla; esta segunda ventaja es inmensa. <<

[9] [NOTA 11].

En Voyage d’Arthur Young en 89 se encuentra un pequeño cuadro en que se describe el estado de ambas sociedades de manera tan agradable y se enmarca tan bien que no puedo resistir la tentación de incluirlo aquí.

Viajando por Francia, en plena conmoción inicial causada por la toma de La Bastilla, Young es detenido en cierto pueblo por un pelotón de lugareños quienes, al no verlo portar escarapela, quieren llevarlo a la cárcel. Para salir del apuro, se le ocurre dirigirles este breve discurso:

Señores —les dice—, se acaba de anunciar que los impuestos se pagarán como antes. Desde luego, los impuestos deben pagarse, pero no como antes. Hay que pagarlos como en Inglaterra. Nosotros tenemos muchos impuestos que ustedes no conocen; pero el estado llano, el pueblo, no los paga; solo pesan sobre los ricos. En nuestro país, cada ventana paga; pero quien solo tiene seis ventanas en su casa no paga nada. Un señor paga la vicésima y la talla, pero el pequeño propietario de un jardín no paga un centavo. El rico paga por sus caballos, sus coches, sus criados: incluso paga por la libertad de cazar sus propias perdices; el pequeño propietario es ajeno a todos estos impuestos. Es más, en Inglaterra tenemos un impuesto que el rico paga para ayuda del pobre. Por consiguiente, es preciso seguir pagando impuestos, pero hay que pagarlos de otro modo. El método inglés es mucho mejor.

Como mi mal francés —agrega Young— iba a la par de su dialecto, me entendieron a la perfección; no hubo en este discurso una sola palabra que no mereciera su aprobación, por lo cual pensaron que podía ser un buen hombre, cosa que confirmé gritando: ¡Viva el tercer estado! Entonces me dejaron en libertad, saludándome con un hurra. <<

[10] [NOTA 12].

Análisis de los cuadernos de la nobleza en 1789

La Revolución francesa es, a mi entender, la única en que a su inicio las diferentes clases pudieron dar por separado testimonio auténtico de las ideas que habían concebido y expresar los sentimientos que las animaban, antes de que esta Revolución los desnaturalizara o modificara. Como sabemos, este testimonio auténtico fue consignado en los cuadernos que los tres órdenes redactaron en 1789. Estos cuadernos o memorias fueron redactados en plena libertad, en medio de la mayor publicidad, por cada uno de los órdenes a los que concernían; durante largo tiempo fueron discutidos entre los interesados y reflexionados con madurez por sus redactores, pues el gobierno de ese entonces, cuando se dirigía a la nación, no se encargaba de formular al mismo tiempo la pregunta y la respuesta. En la época en que se redactaron los cuadernos, sus partes principales se reunieron en tres volúmenes impresos que pueden encontrarse en todas las bibliotecas. Los originales están depositados en los archivos nacionales, junto con las actas de las asambleas que se levantaron y, en parte, la correspondencia intercambiada, por la misma época, entre Necker y sus agentes, a propósito de dichas asambleas. Esta colección forma una larga serie de tomos in folio. Es el documento más serio que se ha conservado de la antigua Francia y que continuamente deben consultar quienes deseen saber cuál era el estado de ánimo de nuestros padres en el momento en que estalló la Revolución.

Yo creía que el extracto en tres volúmenes, mencionado líneas arriba, era obra de un partido y no reproducía exactamente el carácter de esta inmensa encuesta; pero comparando el uno con la otra encontré gran semejanza entre el cuadro general y la copia reducida. (Cf. Résumé Général ou Extrait des Cahiers de Pouvoirs, Instructions, Demandes et Doléances, remis par les divers Bailliages, Sénéchaussées et pays d’Etats du Royaume, à leurs Députés à l’Assemblée des États Généraux, ouverts à Versailles le 4 mai 1789 por Une Société de Gens de Lettres, 3 tomos, 1789. [Nota de J. P. Mayer]).

El extracto de los cuadernos de la nobleza que presento aquí da a conocer el verdadero sentimiento de la inmensa mayoría de este orden. En él se ve a las claras lo que la nobleza se empeñaba en conservar de los antiguos privilegios, lo que estaba poco dispuesta a ceder y lo que ella misma ofrecía sacrificar. Sobre todo, se descubre cabalmente el espíritu que entonces la animaba por entero acerca de la libertad política. ¡Panorama curioso y triste!

Derechos individuales. Los gentileshombres piden, ante todo, que se haga una declaración explícita de los derechos que pertenecen a todo ser humano, y que esta declaración confirme su libertad y se garantice su seguridad.

Libertad de la persona. Piden la abolición de la servidumbre de la gleba ahí donde aún exista y que se busquen los medios de acabar con la trata y la esclavitud de los negros; que cada cual sea libre de viajar o de fijar su residencia donde le venga en gana, dentro o fuera del reino, sin que se le pueda arrestar arbitrariamente; que se ponga coto al abuso de los reglamentos de policía y que esta quede en lo sucesivo en manos de los jueces, incluso en caso de revuelta; que nadie pueda ser detenido y juzgado más que por sus jueces naturales; que por consiguiente se supriman las prisiones estatales y demás lugares de detención ilegales. Algunos piden la demolición de La Bastilla. La nobleza de París insiste sobre todo en este punto.

Deben prohibirse todas las cartas lacradas o selladas. Si la seguridad del Estado hace necesaria la detención de un ciudadano sin entregarlo inmediatamente a los tribunales ordinarios de justicia, hay que tomar medidas para impedir los abusos, dando aviso de la detención al consejo de Estado o de cualquier otra manera.

La nobleza quiere que sean abolidas las comisiones particulares, los tribunales de atribución o de excepción, los privilegios de committimus, las sentencias sobreseídas, etc., y que se impongan las penas más severas contra quienes den o ejecuten una orden arbitraria; que en la jurisdicción ordinaria, única que debe conservarse, se tomen las medidas necesarias para garantizar la libertad individual, sobre todo por lo que toca a lo penal; que la justicia se imparta gratuitamente y se supriman las jurisdicciones inútiles. “Los magistrados se establecen para el pueblo, y no los pueblos para los magistrados”, se señala en uno de los cuadernos. Incluso se pide que en cada bailía se establezcan un consejo y defensores de oficio para los pobres; que la instrucción sea pública y que los litigantes queden en libertad de defenderse por sí mismos; que en materias penales se ofrezca consejo al acusado y que, en todos los actos del procedimiento, el juez sea asistido por cierto número de ciudadanos pertenecientes al orden del acusado, los que deberán declarar sobre el hecho del crimen o delito del acusado: a este respecto se remite a la constitución de Inglaterra; que las penas estén en proporción a los delitos e iguales para todos; que la pena de muerte se aplique con menor frecuencia y que se supriman todos los castigos corporales, el tormento, etc.; en fin, que mejore la suerte de los presos y sobre todo de los detenidos preventivamente.

De acuerdo con estos cuadernos, deben buscarse los medios necesarios para que se respete la libertad individual en el reclutamiento de tropas de tierra y mar. Debe permitirse convertir la obligación del servicio militar en prestaciones pecuniarias y proceder al sorteo en presencia de una representación de cada uno de los tres órdenes; por último, hay que combinar los deberes de la disciplina y la subordinación militar con los derechos del ciudadano y del hombre libre. Quedarán suprimidos los golpes dados de plano con el sable.

Libertad e inviolabilidad de la propiedad. Se pide que la propiedad sea inviolable y que no se permita atentar en su contra salvo por causa de utilidad pública indispensable. En este caso, el gobierno deberá pagar una indemnización elevada y sin demora. Debe quedar abolida la confiscación.

Libertad de comercio, de trabajo y de industria. Debe garantizarse la libertad de industria y de comercio. Por consiguiente, se suprimirán las concesiones y demás privilegios concedidos a ciertas compañías; las líneas aduanales se trasladarán a las fronteras.

Libertad de religión. La religión católica será la única dominante en Francia, pero todos gozarán de libertad de conciencia y se reintegrarán a los no católicos su estado civil y sus propiedades.

Libertad de prensa, inviolabilidad del secreto postal. Se garantizará la libertad de prensa y una ley determinará de antemano las restricciones que puedan aplicarse por el interés general. Nada quedará sujeto a la censura eclesiástica, salvo los libros que traten del dogma; respecto a los demás, bastará con tomar las precauciones necesarias para conocer a los autores e impresores. Algunos piden que los delitos de prensa solo puedan someterse al juicio de los jurados.

Los cuadernos insisten, sobre todo y de manera unánime, en que se respeten inviolablemente los secretos confiados al correo, de modo que las cartas no puedan ser título ni medio de acusación. La violación del correo, dicen con crudeza, constituye el espionaje más odioso, puesto que consiste en la violación de la fe pública.

Enseñanza, educación. Los cuadernos de la nobleza se limitan a solicitar que la administración se encargue activamente de fomentar la educación, que se haga extensiva a la ciudad y al campo y sea dirigida de acuerdo con principios conformes al destino presumible de los niños; sobre todo que se les imparta una educación nacional en la que aprendan sus deberes y derechos de ciudadano. Quieren incluso que se redacte para ellos un catecismo que ponga a su alcance los puntos principales de la constitución. Por lo demás, no indican los medios que habrán de emplearse para facilitar y difundir la instrucción, limitándose a reclamar establecimientos educativos para los hijos de la nobleza indigente.

Cuidados que se deben prodigar al pueblo. Gran número de cuadernos insisten en que se tengan más consideraciones con el pueblo. Varios reclaman contra los abusos de los reglamentos de policía, que según dicen llevan habitual y arbitrariamente, sin juicio regular, a las cárceles, prisiones, etc., a multitud de artesanos y ciudadanos útiles, a menudo por faltas leves o incluso por simples sospechas, lo cual constituye un atentado a la libertad natural. Todos los cuadernos piden que la prestación personal sea abolida de manera definitiva. La mayor parte de las bailías desean que se permita la redención de los derechos feudales y de peaje. Un gran número pide que se haga menos onerosa la percepción de varios derechos feudales y que sea abolido el derecho de feudo alodial. Un cuaderno dice que el gobierno tiene interés en facilitar la compraventa de tierras. Esta es precisamente la razón que se esgrimirá para abolir de una buena vez todos los derechos señoriales y poner en venta los bienes de manos muertas. Muchos cuadernos quieren que sea menos perjudicial para la agricultura el derecho de palomar. En cuanto a los establecimientos destinados a conservar la caza del rey, conocidos por el nombre de cotos reales, piden su abolición inmediata por atentar contra el derecho de propiedad. Quieren asimismo que los impuestos actuales se sustituyan por impuestos cuya percepción sea menos onerosa para el pueblo.

La nobleza pide que se trate de difundir la comodidad y el bienestar en el campo; que se establezcan en los pueblos hilanderías y telares de tejidos ordinarios para ocupar a la gente del campo durante la estación muerta; que en cada bailía se creen graneros públicos bajo la inspección de las administraciones provinciales para evitar la escasez y mantener el precio de los productos agrícolas a cierto nivel; que se intente perfeccionar la agricultura y mejorar la suerte del campo; que aumenten las obras públicas y, sobre todo, que el gobierno se encargue de desecar los pantanos y de evitar las inundaciones, etc.; en fin, que en todas las provincias se distribuyan estímulos al comercio y a la agricultura.

Los cuadernos quisieran que se repartiesen los hospitales en pequeños establecimientos creados en cada distrito; que se suprimieran los depósitos de mendicidad y fueran sustituidos por talleres de caridad; que se abrieran cajas de socorro bajo la dirección de los estados provinciales, y que los cirujanos, médicos y comadronas fuesen distribuidos en los distritos, a expensas de las provincias, para atender gratuitamente a los pobres; que la justicia fuera siempre gratuita para el pueblo; finalmente, que se pensara en crear establecimientos para ciegos, sordomudos, niños abandonados, etcétera.

Por lo demás, en todas estas materias el orden de la nobleza se limita en general a expresar deseos de reformas, sin entrar para nada en los detalles de ejecución. Se ve que ha vivido menos que el bajo clero entre las clases inferiores, y que al estar en menor contacto con su miseria ha reflexionado menos en los medios para remediarla.

De la admisibilidad en las funciones públicas, de la jerarquía de los rangos y de los privilegios honoríficos de la nobleza. Es sobre todo, o mejor dicho, tan solo en lo que concierne a la jerarquía de los rangos y a la diferencia de condiciones que la nobleza se aparta del espíritu general de las reformas solicitadas por lo que, al mismo tiempo que hace ciertas concesiones importantes, se aferra a los principios del Antiguo Régimen. En este aspecto, siente que lucha por su propia existencia. Así, sus cuadernos piden con insistencia el mantenimiento del clero y de la nobleza como órdenes distintivos. Incluso desean que se busquen medios de conservar en toda su pureza el orden de la nobleza; que, por consiguiente, se prohíba adquirir el título de gentilhombre por dinero, que ya no se atribuya a determinados cargos, que solo pueda obtenerse mereciéndolo mediante largos y útiles servicios prestados al Estado. Piden que se indague y persiga a los falsos nobles. Todos los cuadernos, en fin, insisten en que la nobleza sea mantenida con todos sus honores. Algunos quieren que se dé a los gentileshombres algún signo distintivo que los haga reconocibles exteriormente.

No podríamos imaginar nada tan característico como esta demanda ni más adecuado para mostrar la perfecta similitud que ya existía entre el noble y el plebeyo, a pesar de la diferencia de condiciones. Por lo general, en sus cuadernos, la nobleza, que se muestra bastante flexible con respecto a varios de sus derechos útiles, se aferra con inquieto ahínco a sus privilegios honoríficos. Quiere conservar todos los que ya posee e incluso quisiera poder inventar los que nunca ha tenido, pues hasta ese grado se siente arrastrada por la corriente de la democracia y tanto teme disolverse en ella. ¡Qué extraño! Su instinto le advierte del peligro, pero no lo percibe.

En cuanto a la distribución de los cargos, los gentileshombres piden que se suprima la venalidad de los oficios para las plazas de la magistratura; que cuando se trate de esta clase de puestos, todos los ciudadanos puedan ser propuestos por la nación al rey, para que él los nombre indistintamente, siempre que reúnan las condiciones requeridas de edad y capacidad. Para los grados militares, la mayoría piensa que no debe excluirse al estado llano y que todo militar que haya hecho méritos por la patria tiene derecho a llegar hasta los puestos más elevados. “El orden de la nobleza no aprueba ninguna de las leyes que impiden el acceso a los puestos militares al orden del estado llano”, dicen algunos cuadernos; pero los gentileshombres quieren para sí solos el derecho a ingresar como oficiales en los regimientos sin antes haber pasado por los grados inferiores. Casi todos los cuadernos demandan, además, que se establezcan reglas fijas y aplicables a todo el mundo para la distribución de los grados del ejército; que estos no se concedan enteramente por favor, y que salvo a los grados de oficial superior, se llegue a los demás por derecho de antigüedad.

Acerca de las funciones eclesiásticas, solicitan que se restablezca la elección en el reparto de beneficios, o por lo menos que el rey cree un comité que lo asesore en su distribución.

Dicen, en fin, que en lo sucesivo las pensiones deben distribuirse con mayor discernimiento, que es conveniente concentrarlas en ciertas familias y que ningún ciudadano pueda tener más de una pensión ni cobrar emolumentos por más de una plaza a la vez; que se eliminen las supervivencias.

Iglesia y clero. Cuando no se trata de sus derechos y su organización particular, sino de los privilegios y la organización de la Iglesia, la nobleza ya no es tan quisquillosa; entonces abre bien los ojos ante los abusos.

Pide que el clero no goce de ningún privilegio impositivo, y que pague sus deudas sin hacerlas soportar a la nación; que las órdenes monásticas sean reformadas a fondo. La mayoría de los cuadernos declaran que estos establecimientos se apartan del espíritu de su institución.

La mayor parte de las bailías desean que los diezmos sean menos gravosos para la agricultura; incluso son muy numerosas las que reclaman su abolición. “La parte más considerable de los diezmos —dice un cuaderno— es percibida por aquellos curas que menos se preocupan por procurar auxilios espirituales al pueblo”. Es claro que el segundo orden guardaba pocas consideraciones al primero en sus señalamientos. Tampoco actúan de manera más respetuosa con respecto a la propia Iglesia. Diversas bailías reconocen formalmente a los estados generales el derecho de suprimir algunas órdenes religiosas y de aplicar sus bienes a otros usos. Diecisiete bailías declaran que los estados generales son competentes para reglamentar la disciplina. Varias dicen que se han multiplicado demasiado los días de fiesta, dañando la agricultura y fomentando la ebriedad; que por consiguiente hay que suprimir muchos de ellos para ser trasladados al domingo.

Derechos políticos. En cuanto a los derechos políticos, los cuadernos reconocen a todos los franceses el derecho de participar en el gobierno, directa o indirectamente; es decir, el derecho de elegir y ser elegido, pero conservando la jerarquía de los rangos; que nadie pueda nombrar ni ser nombrado fuera de su orden. Una vez asentado este principio, debe establecerse el sistema de representación a modo de garantizar a todos los órdenes de la nación el medio de participar seriamente en la dirección de los asuntos públicos.

Respecto a la manera de votar en la asamblea de los estados generales, las opiniones se dividen: la mayor parte quiere voto separado para cada orden; unos piensan que en la votación del impuesto debe hacerse una excepción a esta regla; otros, en fin, piden que las votaciones se hagan siempre así.

Los votos se contarán por individuos y no por órdenes —dicen estos—, pues solo esta forma es razonable y puede evitar y anular el egoísmo de cuerpo, causa única de todos nuestros males, acercar a los hombres y guiarlos al resultado que la nación tiene derecho a esperar de una asamblea en que el patriotismo y las grandes virtudes se verán fortalecidos por la ilustración.

Sin embargo, dado que esta innovación, realizada demasiado bruscamente, podría resultar peligrosa en el estado actual de los espíritus, varios piensan que se debe actur con precaución y que es preciso que la asamblea juzgue si no sería más prudente dejar la votación por individuos para los siguientes estados generales. En todo caso, la nobleza pide que cada orden conserve la dignidad que merece todo francés; que, por consiguiente, sean abolidas las formas humillantes a que estaba sometido el estado llano en el Antiguo Régimen, por ejemplo, arrodillarse, “pues el espectáculo de un hombre arrodillado ante otro lastima la dignidad humana y anuncia, entre dos seres iguales por naturaleza, una inferioridad incompatible con sus derechos esenciales”, se dice en uno de los cuadernos.

Del sistema por establecer en la forma de gobierno, y de los principios de la organización. Acerca de la forma de gobierno, la nobleza demanda el mantenimiento de la organización monárquica, la conservación de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en la persona del rey; y, al mismo tiempo, el establecimiento de las leyes fundamentales destinadas a garantizar los derechos de la nación en el ejercicio de sus poderes.

Por consiguiente, todos los cuadernos proclaman que la nación tiene derecho de reunirse en estados generales, compuestos de un número de miembros en cantidad suficiente para garantizar la independencia de la asamblea. Desean que en lo sucesivo estos estados generales se reúnan en épocas periódicas fijas y a cada sucesión al trono, sin que nunca haya necesidad de convocarlas. Incluso, muchas bailías declaran que sería deseable que esta asamblea fuese permanente. Si la convocatoria a los estados generales no tuviera lugar en el plazo indicado por la ley, cabría el derecho de suspender el pago de los impuestos. Un reducido número quiere que durante el intervalo que media entre dos reuniones de estados generales se establezca una comisión intermediaria encargada de supervisar la administración del reino; pero la generalidad de los cuadernos se oponen de manera formal a su establecimiento, declarando que iría absolutamente en contra de la organización. La razón que dan a este respecto es curiosa: temen que una reducida asamblea ante la presencia del gobierno se dejaría seducir por las instigaciones de este.

La nobleza quiere que los ministros no tengan derecho de disolver la asamblea y que sean castigados jurídicamente cuando perturben el orden con sus intrigas; que ningún funcionario ni ninguna persona dependiente de alguna manera del gobierno pueda ser diputado; que la persona de los diputados sea inviolable, y que estos, dicen los cuadernos, no puedan ser perseguidos por las opiniones emitidas; en fin, que las sesiones de la asamblea sean públicas y que, para interesar más a la nación en sus deliberaciones, se difundan estas por medio de la imprenta.

Por unanimidad, la nobleza pide que los principios que debe reglamentar el gobierno del Estado se apliquen a la administración de las diversas partes del territorio; que en consecuencia en cada provincia, en cada distrito y en cada parroquia se formen asambleas compuestas por miembros elegidos libremente y por tiempo limitado.

Diversos cuadernos afirman que las funciones de intendentes y de recaudadores generales deben suprimirse; todos estiman que en lo sucesivo solo las asambleas provinciales deben encargarse de repartir los impuestos y de velar por los intereses particulares de la provincia. Entienden que lo mismo debe ocurrir con las asambleas distritales y parroquiales, las que, en adelante, ya solo dependerán de los estados provinciales.

Distinción de poderes. Poder legislativo. En cuanto a la distinción de poderes entre la nación reunida en asamblea y el rey, la nobleza solicita que ninguna ley surta efecto mientras no haya sido aprobada por los estados generales y el monarca, y sea transcrita en el registro de los tribunales encargados de hacerla cumplir; que solo a los estados generales corresponda establecer y determinar la cuantía de los impuestos; que los subsidios concedidos solo valgan durante el tiempo transcurrido entre dos reuniones de los estados; que todos los percibidos o constituidos sin consentimiento de los estados se declaren ilegales, y que los ministros y recaudadores que hayan ordenado y percibido estos impuestos sean perseguidos como concusionarios.

Que tampoco se apruebe ningún empréstito sin consentimiento de los estados generales; que solo se abra un crédito determinado por los estados, al que el gobierno podrá recurrir en caso de guerra o de grandes calamidades, a reserva de convocar a una reunión de estados generales en el más breve plazo.

Que todas las cajas nacionales queden bajo la supervisión de los estados; que los gastos de cada departamento sean fijados por ellos, y que se tomen las medidas más seguras para que no puedan rebasar los recursos aprobados.

La mayor parte de los cuadernos desean que se pida la supresión de los impuestos vejatorios conocidos con el nombre de derechos de registro, centésima y ratificación, reunidos bajo la denominación de administración de rentas del rey: “Bastaría con solo el nombre de administración para lastimar a la nación, puesto que anuncia como pertenecientes al rey objetos que constituyen parte real de la propiedad de los ciudadanos”, dice un cuaderno; que todos los dominios que no sean enajenados queden bajo administración de los estados provinciales, y que ninguna ordenanza ni edicto sobre tributos extraordinarios se pueda dictar sin consentimiento de los tres órdenes de la nación.

La idea evidente de la nobleza es conferir a la nación la administración financiera, sea en la reglamentación de empréstitos e impuestos, sea en la recaudación de estos por intermediación de las asambleas generales y provinciales.

Poder judicial. Asimismo, en la organización judicial la nobleza se inclina porque, al menos en parte, el poder de los jueces dependa de la nación reunida en asamblea. Así, diversos cuadernos declaran: “Que los magistrados serán responsables del ejercicio de sus cargos ante la nación reunida en asamblea”; que solo podrán ser destituidos con el consentimiento de los estados generales; que ningún tribunal podrá, bajo ningún pretexto, ser perturbado en el ejercicio de sus funciones sin el consentimiento de dichos estados; que las prevaricaciones del tribunal de casación, tanto como las de los parlamentos, serán juzgadas por los estados generales. Según la mayoría de los cuadernos, los jueces solo serán nombrados por el rey tras propuesta hecha por el pueblo.

Poder ejecutivo. Acerca del poder ejecutivo, queda reservado en exclusiva al rey; pero se le señalan los límites necesarios para evitar abusos.

Así, por lo que toca a la administración, los cuadernos demandan que el estado contable de los diferentes departamentos se haga público por medio de la imprenta, y que los ministros sean responsables ante la asamblea de la nación; asimismo, que antes de emplear las tropas para la defensa exterior, el rey dé a conocer sus intenciones de manera precisa a los estados generales. En el interior, esas mismas tropas solo podrán emplearse contra los ciudadanos a solicitud de los estados generales. El contingente de tropas deberá ser limitado, y en tiempos normales únicamente las dos terceras partes quedarán como segunda conscripción. Por cuanto a las tropas extranjeras que el gobierno pueda tener a sueldo, este las mantendrá alejadas del centro del reino, enviándolas a las fronteras.

Al leer los cuadernos de la nobleza, lo que más llama la atención, pero que no podría reproducir ningún resumen, es el grado en que los gentileshombres son hombres de su tiempo: tienen su espíritu; emplean corrientemente su lenguaje. Hablan de los derechos inalienables del hombre, de los principios inherentes al pacto social. Cuando se trata del individuo, por lo común se refieren a sus derechos, y cuando se trata de la sociedad, a sus deberes. Los principios de la política les parecen tan absolutos como los de la moral, teniendo unos y otros como base común la razón. Quieren abolir los rastros de servidumbre: se trata de borrar hasta los últimos vestigios de la degradación de la especie humana. A veces llaman a Luis XVI rey ciudadano y en reiteradas ocasiones hablan del crimen de lesa nación que tan a menudo se les imputará. A sus ojos, como a los de todos los demás, hay que esperarlo todo de la educación pública, que debe estar dirigida por el Estado. Los estados generales, dice un cuaderno, se encargarán de inspirar un carácter nacional mediante cambios en la educación de los niños. Como el resto de sus contemporáneos, los gentileshombres muestran una inclinación clara y continua por la uniformidad legislativa, excepto en lo tocante a la existencia de los órdenes. Al igual que el estado llano, quieren la uniformidad administrativa, la uniformidad en las medidas, etc.; sugieren toda clase de reformas y tratan de que estas sean radicales. Según ellos, todos los impuestos sin excepción deben abolirse o transformarse; cambiar todo el sistema de justicia, salvo la justicia señorial, que solo necesita perfeccionarse. Para ellos, como para todos los demás franceses, Francia es un campo de experimentación, una especie de granja modelo en política, en la que todo ha de renovarse, de probarse, excepto en un rinconcito donde crecen sus privilegios particulares, aunque haya que decir en su honor que ni siquiera este queda indemne. En pocas palabras, leyendo sus cuadernos se puede advertir que para hacer la Revolución a estos nobles solamente les faltó ser plebeyos. <<

[1] [NOTA 13].

Se ha dicho que el carácter de la filosofía del siglo XVIII era una especie de adoración de la razón humana, una confianza ilimitada en su omnipotencia para transformar a voluntad leyes, instituciones y costumbres. Pero entendámonos: a decir verdad, lo que algunos de estos filósofos adoraban era más su propia razón que la razón humana. Nadie ha mostrado menos confianza que ellos en la sabiduría común. Podría yo citar a varios que despreciaban casi tanto a la multitud como al buen Dios. Le mostraban a este el orgullo de rivales, y a aquella un orgullo de advenedizos. La sumisión verdadera y respetuosa por la voluntad de la mayoría les era tan ajena como la sumisión a la voluntad divina. Casi todos los revolucionarios acusaron desde entonces este doble carácter. Muy lejos de ello se halla el respeto manifiesto de ingleses y estadunidenses por los sentimientos de la mayoría de sus conciudadanos. Entre estos, la razón es altiva y confía en sí misma, pero nunca es insolente; así, condujo hacia la libertad, en tanto que lo único que hizo la nuestra fue inventar nuevas formas de servidumbre. <<

[2] [NOTA 14].

El gran Federico escribió en sus memorias:

Fontenelle y Voltaire, Hobbes, Collins, Shaftesbury y Bolingbroke, todos estos grandes hombres asestaron un golpe mortal a la religión. Los hombres empezaron a examinar lo que habían adorado estúpidamente; la razón derribó a la superstición; se cobró aversión por las fábulas que se habían creído. El deísmo tuvo múltiples secuaces. Si el epicureísmo fue funesto para el culto idólatra de los paganos, el deísmo no lo fue menos en nuestros días para las visiones judaicas adoptadas por nuestros antepasados. La libertad de pensamiento que reinaba en Inglaterra contribuyó en mucho al progreso de la filosofía.

Por el pasaje anterior puede verse que, cuando escribió estas líneas, es decir, a mediados del siglo XVIII, el gran Federico todavía consideraba a Inglaterra como el gran foco de las doctrinas irreligiosas. También puede verse algo más sorprendente: uno de los soberanos más versados en la ciencia de los hombres y de los asuntos públicos no parece sospechar la utilidad política de las religiones; a ese grado habían alterado sus cualidades espirituales las carencias de espíritu de sus maestros. <<

[3] [NOTA 15].

Este espíritu de progreso, que se podía apreciar en Francia a fines del siglo XVIII, aparecía hacia la misma época en Alemania y en todas partes iba acompañado del deseo de cambiar las instituciones. Véase la descripción que hace un historiador alemán de lo que ocurría entonces en su país:

En la segunda mitad del siglo XVIII —dice el autor— el nuevo espíritu de la época se introdujo gradualmente en los propios territorios eclesiásticos. Ahí empiezan las reformas. La industria y la tolerancia penetraron por doquiera; el absolutismo ilustrado, que ya se había apoderado de los grandes Estados, se abre paso también aquí. Es preciso decir que en ningún momento del siglo XVIII se habían visto en estos territorios eclesiásticos a príncipes tan admirables ni tan dignos de estimación como precisamente en los últimos decenios que precedieron a la Revolución francesa.

Hay que señalar cómo el cuadro anterior se asemeja al que presentaba Francia, donde el movimiento de mejoramiento y de progreso empieza en la misma época, y donde los hombres más dignos de gobernar aparecen en el momento en que la Revolución está a punto de devorarlo todo.

También debemos reconocer el grado al que esta parte de Alemania era arrastrada visiblemente en el movimiento de la civilización y la política francesas. <<

[4] [NOTA 16].

Cómo demuestran las leyes judiciales inglesas que las instituciones pueden tener muchos vicios secundarios, sin que ello les impida alcanzar la meta principal que se propusieron al establecerlas

La facultad de prosperar que tienen las naciones, pese a la imperfección que se encuentra en las partes secundarias de sus instituciones, cuando los principios generales y el mismo espíritu que las anima son fecundos, es un fenómeno que nunca se apreciará mejor que cuando se examina la organización de la justicia inglesa en el siglo pasado, según la describe Blackstone.

Antes que nada, percibimos en ella dos grandes diversidades que llaman la atención:

1) La diversidad de las leyes.

2) La diversidad de los tribunales que las aplican.

1)Diversidad de las leyes. I) Las leyes son diferentes para Inglaterra propiamente dicha, para Escocia, para Irlanda, para diversos apéndices europeos de la Gran Bretaña, como la isla de Man, las islas normandas, etc., y, por último, para las colonias.

ii). En Inglaterra propiamente dicha, vemos cuatro tipos de leyes: el derecho consuetudinario, los estatutos, el derecho romano y la equidad. A su vez, el derecho consuetudinario se divide en: costumbres generales, adoptadas en todo el reino; costumbres particulares de ciertos señoríos, de determinadas ciudades, a veces solo de ciertas clases, como, por ejemplo, la costumbre de los comerciantes. En ocasiones, estas costumbres difieren mucho entre sí, como digamos las que, en oposición a la tendencia general de las leyes inglesas, preconizan un reparto igual entre todos los hijos (gavelkind) y, lo que resulta aún más singular, otorgan el derecho de primogenitura al hijo menor.

2) Diversidad de los tribunales. Dice Blackstone que la ley ha instituido una prodigiosa variedad de tribunales diferentes, como puede apreciarse por el sumarísimo análisis siguiente.

i) En primer lugar, estaban los tribunales establecidos fuera de Inglaterra propiamente dicha, como los de Escocia e Irlanda, que no siempre dependían de los tribunales superiores de Inglaterra, aunque, a mi entender, todos tuvieran que rematar en la cámara de los lores.

ii). Por lo que toca a Inglaterra propiamente dicha, si la memoria no me falla, entre las clasificaciones de Blackstone creo que había:

a) Once especies de tribunales que existían de acuerdo con la ley común (common law), entre los que cuatro, por cierto, ya parecen estar en desuso.

b) Tres especies de tribunales cuya jurisdicción se extiende a todo el país, pero que solo se aplican a ciertas materias.

c) Diez especies de tribunales con un carácter especial. Una de estas se compone de tribunales locales, creados por diferentes actos del parlamento o existentes en virtud de la tradición, sea en Londres, sea en las ciudades o burgos de provincia. Estos son tan numerosos y ofrecen una variedad tan grande en su organización y sus reglas que el autor renuncia a hacer una exposición detallada de ellos.

Así, tan solo en Inglaterra propiamente dicha, si nos remitimos al texto de Blackstone, en la época en que este se escribía, es decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, existían 24 especies de tribunales, entre los cuales varios se subdividían en gran número de individuos, cada uno con su fisonomía particular. Independientemente de las especies que parecen haber desaparecido desde entonces, todavía quedan 18 o 20.

Ahora, si se examina este sistema judicial, es fácil darse cuenta de que encierra toda clase de imperfecciones.

Pese a la multiplicidad de tribunales, con frecuencia se carece de juzgados de primera instancia locales, ubicados cerca de los justiciables y dispuestos a conocer sobre el terreno y a bajo costo asuntos de menor importancia, lo cual hace a la justicia dificultosa y cara. Los mismos asuntos caen dentro de la competencia de varios tribunales, cosa que introduce una molesta incertidumbre en la iniciación de instancias. Casi todos los tribunales de apelación juzgan determinados casos en primera instancia, unas veces lo hacen tribunales de derecho común, otras, tribunales de equidad. Los tribunales de apelación son muy diversos. El único punto central es la cámara de los lores. El contencioso administrativo no se separa en absoluto del contencioso ordinario, lo cual parecería una gran deformidad a ojos de la mayor parte de nuestros legistas. En fin, todos estos tribunales van a buscar la razón de sus decisiones en cuatro legislaciones diferentes, una de las cuales solo se establece por precedentes, en tanto que la otra, la equidad, no lo hace sobre algo preciso, puesto que la mayoría de las veces su objeto es ir contra la costumbre o los estatutos y corregir, mediante el arbitrio del juez, lo que el estatuto o la costumbre tengan de anticuado o excesivamente duro.

Son estos muchos vicios, pero si se compara esta máquina enorme y vieja de la justicia inglesa con la fábrica moderna de nuestro sistema judicial, la simplicidad, la coherencia, el encadenamiento que se aprecia en este, con la complicación, la incoherencia que se observan en aquella, los vicios de la primera parecerán aún mayores. Sin embargo, no hay país en el mundo en que, desde tiempos de Blackstone, la gran finalidad de la justicia fuese alcanzada tan completamente como en Inglaterra; es decir, en donde cada hombre, sea cual fuere su condición, ya litigara contra un particular, ya contra el príncipe, estuviera más seguro de hacerse oír y hallara en todos los tribunales de su país mejores garantías para la defensa de su fortuna, su libertad y su vida.

Lo anterior no significa que los vicios del sistema judicial inglés sirvan para lo que llamo aquí la gran finalidad de la justicia; solo prueba que en toda organización judicial hay vicios secundarios que tal vez solo perjudiquen moderadamente esta finalidad de la justicia, y otros principales que no solo la perjudican, sino que la destruyen aunque vayan unidos a muchas perfecciones secundarias. Los primeros se perciben con mayor facilidad; por lo común estos llaman primero la atención de los espíritus vulgares. Les saltan a la vista, como suele decirse. A menudo, los otros están más ocultos y no siempre son los jurisconsultos u otra gente del oficio quienes los descubren o los señalan.

Obsérvese, además, que las mismas cualidades pueden ser secundarias o principales, según los tiempos y de acuerdo con la organización política de la sociedad. En épocas de aristocracia y de desigualdades, es cualidad principal todo lo que suele menguar un privilegio para ciertos individuos ante la justicia, y dar garantías al justiciable débil en contra del fuerte, imponer el predominio de la acción del Estado, naturalmente imparcial cuando solo se trata de un debate entre dos súbditos; pero esa cualidad disminuye en importancia a medida que el estado social y la constitución política se orientan a la democracia.

Si se estudia el sistema judicial inglés conforme a estos principios, se encuentra que dejando subsistir todos los defectos que podían hacer entre nuestros vecinos la justicia oscura, compleja, lenta, cara e incómoda, se habían tomado infinitas precauciones para que nunca se favoreciera al fuerte a expensas del débil, ni al Estado a costa del particular; a medida que penetramos más en los detalles de esta legislación, nos damos cuenta de que a cada ciudadano se le ha dado toda clase de armas para defenderse y de que todo se ha arreglado para ofrecer a cada cual las mayores garantías posibles contra la parcialidad, la venalidad propiamente dicha de los jueces y esa suerte de venalidad más ordinaria, y sobre todo más peligrosa, en tiempos de democracia, que nace del servilismo de los tribunales para con el poder público.

Desde todos estos puntos de vista, el sistema judicial inglés, pese a los múltiples defectos secundarios que todavía encierra, me parece superior al nuestro, que ciertamente no está afectado por casi ninguno de estos vicios, pero tampoco ofrece en el mismo grado las cualidades principales que aquel presenta; que, excelente en cuanto a las garantías que brinda a cada ciudadano en los debates surgidos entre particulares, flaquea por el lado que siempre habría que reforzar en una sociedad democrática como la nuestra, a saber, las garantías del individuo contra el Estado. <<

[5] [NOTA 17].

La Revolución no sobrevino a causa de esta prosperidad; pero el espíritu que debía producirla, ese espíritu activo, inquieto, inteligente, innovador, ambicioso; ese espíritu democrático de las sociedades nuevas, empezaba a animar todas las cosas y, antes de trastornar momentáneamente a la sociedad, bastaba ya para agitarla y desarrollarla. <<