Interrogarse acerca del peronismo es una tarea que no remite solamente al estricto ámbito cronológico de su surgimiento y evolución sino que se vincula con ciertas claves profundas del último siglo de nuestra historia. De allí que, en palabras del autor, el punto de arranque del libro no sea resultado de una arbitrariedad, puesto que «1880 es el comienzo de la moderna historia nacional; antes de esa frontera, la patria no era un acontecimiento suficientemente cristalizado. Allí cobró su perfil definitivo… Y el peronismo es, antes que otra cosa, una suerte de resumen fortísimo de ese perfil».

Mas allá de ello, captar el sentido del peronismo a través de sus transformaciones constituye el objeto central del trabajo de Horowicz. «El primer sentido —dice— está dado por la falta de unidad… por la existencia encadenada (política y cronológicamente) de sucesivos peronismos. Nosotros contabilizamos cuatro: el primero surge el 17 de octubre de 1945 y cae el 16 de setiembre de 1955; el segundo abreva en las luchas de la resistencia y culmina con el retorno del general Perón el 17 de noviembre de 1972, el tercero cristaliza con la victoria electoral del doctor Héctor J. Cámpora y concluye con la muerte de su fundador el cuarto es el resultado del gobierno isabelino y de algún modo sobrevive, herido de muerte y de vida, hasta hoy».

Alejandro Horowicz

Los cuatro peronismos

Biblioteca argentina de historia y política - 059

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et.al 14.07.2019

Alejandro Horowicz, 1985

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

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INTRODUCCIÓN

Nosotros partimos de un hecho político actual: la derrota del peronismo. Escribir sobre ella no supone escribir sobre una derrota ajena, distante, despersonalizada (esto dicho con absoluta prescindencia de la adscripción o falta de adscripción del que lee a las banderas del general Perón). Escribir sobre la derrota del peronismo equivale a escribir sobre nuestra derrota fuera o dentro del peronismo, sobre el destino de nuestras ilusiones, nuestros amigos y nuestras llagas. Es un acto doloroso, terrible, irrenunciable.

Por eso escribo.

Partir de la derrota del peronismo, de la necesidad de explicarla, exige algo más que abarcar largas cuatro décadas de historia política nacional. Obliga a remontarse, por lo menos, hasta 1880, hasta el general Roca, hasta la era del imperialismo inicial, hasta el origen moderno del dominio británico y la crisis de su Imperio. No es fácil.

Largas, tediosas, a veces amenas historias de distinto signo cuentan esta retahila de acontecimientos desgraciados desde otras perspectivas. Todas —o casi todas— tergiversan, omiten o fuerzan los hechos, porque no pueden dar cuenta de ellos, porque libran en el pasado las batallas del presente. Es un mal modo de luchar: sólo sirve para desdibujar éste y mistificar aquél.

El punto de arranque no es una arbitrariedad expositiva sino una necesidad histórica. 1880 es el comienzo de la historia moderna nacional; antes de esa frontera, la patria no era todavía un acontecimiento suficientemente cristalizado. Allí cobró su perfil definitivo, sus problemas definitivos, su sujeto definitivo. Y el peronismo es, antes que otra cosa, una suerte de resumen fortísimo de ese perfil. Por eso el ’80.

El sentido del peronismo, sus transformaciones, son el objeto central de este trabajo. El primer sentido está dado por la falta de unidad, por la discontinuidad de su continuidad y significación, por la existencia encadenada (política y cronológicamente) de sucesivos peronismos.

Nosotros contabilizamos cuatro: el primero surge el 17 de octubre de 1945 y cae el 16 de septiembre de 1955; el segundo abreva en las luchas de la resistencia y culmina con el retomo del general Perón el 17 de noviembre de 1972; el tercero cristaliza con la victoria electoral del doctor Héctor J. Cámpora y concluye con la vida de su fundador; el cuarto es el resultado del gobierno isabelino y de algún modo sobrevive, herido de muerte y de vida, hasta hoy.

No nos propusimos escribir un libro fácil, porque los problemas por resolver imponen otra cosa. Quien se proponga acompañarnos hasta el final deberá salvar más de un escollo. De la suerte que corra el debate que este trabajo realimenta depende algo más que el éxito o el fracaso circunstancial de un texto.

Conviene precisar: no se trata de definir grandilocuentemente la importancia del problema, que a nadie se le escapa, sino de asumir una verdad decisiva: la sociedad argentina está asfixiada y precisa, quiéralo o no, sépalo o no, tamizar con una crítica inflexible la consistencia de sus ilusiones. En ese sentido arrojamos esta piedra.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1984.

GENERALES Y ESTANCIEROS

I

Hipólito Yrigoyen cayó; la argamasa del arco social que lo había sostenido desde 1916 se deshizo; un golpe de estado quebró, casi sin resistencia, el gobierno del «hombre más amado y más odiado de su tiempo».

No era el gobierno el que entraba en crisis, sino la relación umbilical que la sociedad argentina había mantenido con el mercado mundial. Por eso el desplome de Yrigoyen requirió tan poca violencia interna y tanta violencia internacional.

Con un partido descompuesto por 14 años de poder ininterrumpido, sin más horizonte que la próxima renovación parlamentaria, Yrigoyen constituye un punto de ruptura histórico. El mundo entero giraba a la derecha, los intereses agrarios debían readaptarse para sobrevivir, y el viejo caudillo demoraba meses en firmar nombramientos, leyes y decretos. La lentitud presidencial simbolizaba la anacronía de su gobierno.

Ya no bastaba redistribuir con mayor o menor generosidad el fruto de la renta agraria. Todo el sistema productivo estaba en entredicho; los ingresos nacionales habían pasado de tres a uno; las exportaciones, mejor dicho el precio de las exportaciones, se había reducido a un tercio. La calidad de vida del bloque de clases dominantes debía acompañar esta rígida ecuación. Reducir el salario obrero era insuficiente, el problema incluía otros ingredientes; todo lo que se entendía por política económica en el país del centenario mostraba ahora inequívocas señales de muerte.

Era preciso rediseñar la inserción de la sociedad argentina en el mercado mundial; vender cuero y comprar zapatos equivalía a marchar descalzos. El país urbano, electoral, cuentapropista, se resistiría; «¿para qué?», decían, si era posible fabricar zapatos y tal producción alcanzaba el rango de «solución patriótica».

Pero las clases hegemónicas no aman los experimentos, al menos los experimentos que no controlan directamente. Exigen timonear el aparato del Estado durante la crisis, por eso el golpe contra Yrigoyen no requirió programa alguno. Es más, no podía tenerlo, bastaba con sacar al Peludo y ver. Para esa labor el general Uriburu sobraba; sus simpatías y antipatías políticas carecían de toda importancia; en todo caso eran las filias de su tiempo.

II

Roca e Yrigoyen proveyeron de nombres propios al modelo nacional que arranca en 1880 y culmina en 1930. Pinedo y Perón, en rigor Justo y Perón, harían lo mismo con el ciclo siguiente. La tentación de encolumnar estos nombres (Roca-Yrigoyen-Justo-Perón), aun introduciendo podas circunspectas (Roca-Yrigoyen-Perón), incluso afilando el lápiz (Yrigoyen-Perón) es grande y poco relevante. Al menos en el sentido que tradicionalmente se otorga a estas seguidillas; más que proporcionar el hilo de proyectos nacionales crecientemente independientes, muestran la capacidad de hilvanar un país a la medida de los estrechos intereses de su matriz agraria. Un país subordinado y conservador.

Esa es la clave que ilumina con sugestivos destellos el conjunto de la sanguinolenta historia argentina. Una historia de exterminio y sometimiento, donde el partido revolucionario, el partido de la transformación social, sólo puede entreverse tras el filo de los golpes del partido contrarrevolucionario. Es que hay clases en lucha, pero no hay lucha de clases.

Conviene examinar esta afirmación. Marx no entiende por lucha de clases sino aquella que libran los protagonistas históricos como requisito de su propia constitución. En ese terreno se ubican el enfrentamiento entre la burguesía revolucionaria y la reacción monárquico feudal y la del proletariado con la burguesía en su etapa senecta.

Esta diferencia no tiene un mero valor académico, puesto que explica el carácter de la lucha y de los contendientes. La burguesía no puede exterminar al proletariado, porque lo requiere tanto como a su capital; puede derrotarlo, aherrojarlo, pero no puede eliminarlo. Y esto genera un limite, una barrera intraspasable donde la muerte del antagonista equivale a su propia muerte.

Esto es así en el terreno de la lucha de clases, pero cuando la lucha se dirime entre clases no antagónicas, cuando la vida de la otra no es un requisito de la propia existencia, este límite desaparece. Por eso el exterminio del otro se constituye en un camino para resolver «definitivamente», «finalmente», el conflicto. Por eso Sarmiento pudo afirmar: «Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos».

Así Roca, el fundador del moderno estado nacional, ganó sus jinetas en una guerra de exterminio contra el Paraguay del mariscal Solano López y en otra contra la indiada malonera sin Remington. De los tres movimientos que estabilizaron definitivamente a la clase terrateniente argentina (liquidación de las montoneras federales, guerra contra el Paraguay y campaña al desierto), Roca interviene en los tres como militar activo, para coronar su conducta enfeudando a la nación al interés imperialista británico.

Y esto no debe sorprender en demasía, puesto que se trata de un oficial del ejército del general Bartolomé Mitre. De ese general y de ese ejército proviene la tradición militar nacional (el ejército de línea), porque la otra tradición, la que abreva en San Martín, murió en Ayacucho y fue enterrada por el propio Mitre docenas de veces. La tradición de tacuara y chuza fue derrotada por la tradición de los Remington importados, y la escuela napoleónica de San Martín fue reemplazada por la escuela prusiana.

A nadie se le debiera ocurrir que el carácter de una fuerza armada difiera sustancialmente del carácter de la clase social a cuyos intereses sirve. De la composición popular de las legiones romanas, o de la marina británica en el período de la Revolución Francesa, no se puede colegir su comportamiento político. En todo caso, esta tesis no sería del agrado de los pueblos esclavizados por Roma, ni de Espartaco, ni de los jacobinos franceses (es que los marinos amotinados por una paga inadecuada exigían aumento de salario para lanzarse a la lucha contra la odiada flota revolucionaria francesa).

Los que sostienen que Roca, al federalizar Buenos Aires pagaba holgadamente sus pecadillos profesionales (después de todo era un militar de carrera) no comprenden la naturaleza del fenómeno imperialista ni la posibilidad de guardar un vino viejo y picado en odres flamantes.

Jorge Abelardo Ramos sostiene que la federalización de Buenos Aires «cierra el ciclo abierto en 1810» al entregar a la Nación el tesoro que expropiaba la provincia de Buenos Aires: la renta del puerto y la aduana de Buenos Aires. Es cierto que entregaba el tesoro a la Nación, no es menos cierto que con la otra mano se adueñaba de toda la nación.

La federalización tenía un contenido cuando las únicas tierras en condiciones de colocar su producción en el mercado mundial eran las próximas al puerto. El resto, tierras marginales, sólo podían participar de la bonanza capitalizando industrialmente la renta agraria porteña. Es decir, transformando las ventas al exterior en motor de la producción industrial local.

Pero cuando las tierras improductivas fueron incorporadas al mercado mundial por las vías del ferrocarril británico y francés, cuando el puerto de Buenos Aires se extendió a través del ferrocarril, del que es continuación material, hasta Tucumán y Salta, los dueños nominales de tierras baldías devinieron terratenientes.

Para que no haya lugar a ningún equívoco: la burguesía comercial porteña y los productores agrarios de la provincia portuaria se negaban a nacionalizar el ingreso que era localmente producido antes de 1880. Una vez que el interior exporta, una vez que sus productos pasan por el puerto de Buenos Aires, la renta nacionalizada es en definitiva una devolución de los ingresos exportados por las provincias. Ya no se nacionaliza la renta agraria de la provincia de Buenos Aires, sino toda la renta agraria, mejor dicho los ingresos devenidos de la renta agraria. De modo que el conflicto que trababa la federalización desaparece.

Es que el mercado mundial requiere la alimentación barata de sus proletarios, y Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Argentina se la proveen. La «gente decente» que debía sus títulos al buen rey Carlos comienza a parecerse, cada día más, a los estancieros de Buenos Aires, y las únicas diferencias que sobreviven son las diferencias de fertilidad de los suelos.

Para decirlo de otro modo: la organización nacional es posible y con ella la federalización de Buenos Aires, porque los intereses materiales de la sociedad colonial se homogeinizan lo suficiente. Y es precisamente su homogeneidad (terratenientes en el mercado mundial dominado por el imperialismo) la que define el cambio de contenido de la federalización.

A nadie se le debiera ocurrir que el carácter de una fuerza armada difiera sustancialmente del carácter de la clase social a cuyos intereses sirve. De la composición popular de las legiones romanas, o de la marina británica en el período de la Revolución Francesa, no se puede colegir su comportamiento político. En todo caso, esta tesis no sería del agrado de los pueblos esclavizados por Roma, ni de Espartaco, ni de los jacobinos franceses, Es que los marinos amotinados por una paga inadecuada exigían aumento de salario para lanzarse a la lucha contra la odiada flota revolucionaria francesa.

Los que sostienen que Roca, al federalizar Buenos Aires pagaba holgadamente sus pecadillos profesionales (después de todo era un militar de carrera) no comprenden la naturaleza del fenómeno imperialista ni la posibilidad de guardar un vino viejo y picado en odres flamantes.

Jorge Abelardo Ramos sostiene que la federalización de Buenos Aires «cierra el ciclo abierto en 1810» al entregar a la Nación el tesoro que expropiaba la provincia de Buenos Aires: la renta del puerto y la aduana de Buenos Aires. Es cierto que entregaba el tesoro a la Nación, no es menos cierto que con la otra mano se adueñaba de toda la nación.

La federalización tenía un contenido cuando las únicas tierras en condiciones de colocar su producción en el mercado mundial eran las próximas al puerto. El resto, tierras marginales, sólo podían participar de la bonanza capitalizando industrialmente la renta agraria porteña. Es decir, transformando las ventas al exterior en motor de la producción industrial local.

Pero cuando las tierras improductivas fueron incorporadas al mercado mundial por las vías del ferrocarril británico y francés, cuando el puerto de Buenos Aires se extendió a través del ferrocarril, del que es continuación material, hasta Tucumán y Salta, los dueños nominales de tierras baldías devinieron terratenientes.

Para que no haya lugar a ningún equívoco: la burguesía comercial porteña y los productores agrarios de la provincia portuaria se negaban a nacionalizar el ingreso que era localmente producido antes de 1880. Una vez que el interior exporta, una vez que sus productos pasan por el puerto de Buenos Aires, la renta nacionalizada es en definitiva una devolución de los ingresos exportados por las provincias. Ya no se nacionaliza la renta agraria de la provincia de Buenos Aires, sino toda la renta agraria, mejor dicho los ingresos devenidos de la renta agraria. De modo que el conflicto que trababa la federalización desaparece.

Es que el mercado mundial requiere la alimentación barata de sus proletarios, y Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Argentina se la proveen. La «gente decente» que debía sus títulos al buen rey Carlos comienza a parecerse, cada día más, a los estancieros de Buenos Aires, y las únicas diferencias que sobreviven son las diferencias de fertilidad de los suelos.

Para decirlo de otro modo: la organización nacional es posible y con ella la federalización de Buenos Aires, porque los intereses materiales de la sociedad colonial se homogeinizan lo suficiente. Y es precisamente su homogeneidad (terratenientes en el mercado mundial dominado por el imperialismo) la que define el cambio de contenido de la federalización.

En todas las batallas anteriores que el interior federal había librado contra el puerto unitario se visualiza la imposibilidad de una victoria definitiva. Ni el partido federal podía vencer, salvo episódicamente (en 1820, López y Ramírez; en la década del ’50, Urquiza), porque no expresaba un modo de producción superior; ni el partido unitario podía destruir definitivamente los ejércitos montoneros, hasta que los dueños del suelo no transformaran a los combatientes federales en peones y soldados del ejército de línea. Esto es, hasta cuando la renta del suelo, de todo el suelo, no constituyera una clase social única y suficientemente homogénea. Por eso el proyecto de Rivadavia fue derrotado y por eso Urquiza no pudo vencer.

No se trataba tan sólo del carácter secundario del enfrentamiento entre Urquiza y Mitre, de las diferencias menores entre el litoral y el puerto, sino de los limites del mercado mundial. Cuando los reclamos de granos y carne comenzaron a sentirse con peso, el torrente inmigratorio, el ferrocarril, en una palabra el diktat del mercado mundial, hizo oír su voz. Entonces, las fuerzas centrífugas dejaron de golpear y los terratenientes se constituyeron en clase nacional.

Y allí reposa condensada en una sola frase la tragedia de la historia argentina: los terratenientes son su clase nacional. Son lo suficientemente nacionales para impedir que la sociedad argentina constituya un enclave colonial, pero no son lo suficientemente nacionales para impulsar un país independiente. Por eso es posible sostener, epigramáticamente, que la historia argentina puede reducirse a la historia de la consolidación del dominio terrateniente. Más aun: a la historia de la renta del suelo.

Mientras Mitre, representante de la burguesía comercial porteña, se oponía a la federalización de Buenos Aires con las armas en la mano, Roca lo derrotaba cuando lograba unificar tras su bandera a «los 13 ranchos del interior», incluida la campaña de la provincia portuaria. Es decir, Roca vence en tanto representa a los terratenientes de todo el país, y Mitre es vencido y desplazado por su exclusivo anclaje a una clase subrogada. Los tiempos habían cambiado, y la identificación lineal entre librecambismo comercial y manejo de la renta del puerto no ataba a los comerciantes porteños con su hinterland agrario.

La alianza que Moreno había manejado con eximia maestría estalla y de asociados en pie de igualdad con los estancieros de la Pampa Húmeda (mucho más pequeña en aquel entonces) los comerciantes porteños se vieron empujados a un rol subsidiario, y ése y no otro es el ciclo que se cierra en 1880.

III

Para determinar en la Argentina el punto de ingresa del capital financiero internacional de origen británico, no es preciso rastrear a los socialistas clásicos, basta leer a un escritor honrado como Raúl Scalabrini Ortiz, con la siguiente aclaración dicha en su homenaje: no se trata de un pensador marxista. En 1882, dice este autor, el gobierno del general Roca toma un empréstito para extender los rieles del ferrocarril del Oeste. Se trata, explica Scalabrini, de un cambio de política, puesto que hasta ese momento el ferrocarril había crecido con crédito nacional exclusivamente. Un año antes, añade, Roca se había comprometido por medio de un contrato a no adquirir el ferrocarril del Sur, de propiedad británica, hasta el 27 de marzo de 1902.

Y ésas son las dos claves para comprender el ingreso argentino a la órbita del capital financiero británico, por eso conviene desenvolverlas con cierta atención. La construcción del ferrocarril del Oeste se inicia en 1854 con el aporte de capitales privados nacionales y de la provincia de Buenos Aires. Ocho años después, en 1862, los inversores locales resuelven retirarse y el gobierno les compra su participación; de manera que estamos ante una nacionalización sin estruendo a pedido de los inversores particulares.

Esto no impide que el gobierno provincial dueño del ferrocarril intente venderlo en 1864 y Scalabrini comenta así la propuesta: «El capital inglés, para quien la oferta en realidad se formula, no se deja atraer».

Esta es todavía una confirmación indirecta: en el ’64 Gran Bretaña no estaba interesada en el control del sistema ferroviario nacional, el gobierno de los terratenientes provinciales ya estaba interesado en malvenderlo; pero en el ’81 la situación será diferente.

Scalabrini demuestra sobradamente que el ferrocarril inglés, del Sur, pudo ser adquirido por el del Oeste porque le sobraba capital para tenerlo. Tanto es así, que Roca se tuvo que comprometer por escrito a no nacionalizarlo, mientras un político conservador con más sentido nacional sobre ese punto, Estanislao Zeballos, reclamaba la expropiación como una medida adecuada.

Y no se trataba por cierto de la «ignorancia» de Roca sobre la cuestión; en 1904, en un discurso dirigido a las dos cámaras, sostiene: «El Poder Ejecutivo antes de ahora ha tenido ocasión de exponer a V. H. su pensamiento respecto de la situación creada al país por las concesiones, leyes y contratos que rigen a las empresas ferroviarias, y cada vez se afirma más en su creencia de que para salvar inconvenientes en el presente y peligros en el futuro, que no pueden corregirse ni evitarse con leyes ni decretos, más de forma que de fondo, y de efectos más aparentes que reales, no existen sino dos procedimientos: la expropiación de las líneas ferroviarias matrices y el desarrollo de los Ferrocarriles del Estado. El primer procedimiento, de la expropiación, no es aplicable por ahora, entre otras cosas, por lo enorme de su costo, porque no sería factible una operación de crédito semejante».

La defensa de Roca podría hábilmente presentarse así: es cierto que recibió el primer préstamo destinado a la inversión ferroviaria, pero su importancia cuantitativa permite determinar que la presencia británica en el mercado interno no se modificaba sustancialmente. También es cierto que se comprometió a no nacionalizar los ferrocarriles británicos hasta 1902, pero de «no nacionalizar» a desnacionalizar hay una distancia perceptible.

Se puede matizar, durante su primer gobierno, la naturaleza de sus vínculos con el capital financiero internacional, sin ignorar que le entreabrió la puerta que le dio paso. Esa operación es lícita. Lo que no se puede hacer es sostener que se trata de un gobierno «progresista» sin situarse en la atalaya de la reacción.

El concuñado y sucesor de Roca, Juárez Celman, fue mucho más lejos: desnacionalizó el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, al tiempo que se entregó a una ordalía de negociados con el capital financiero británico; y esta política será luego limitada, parcialmente, con la revolución del ’90.

Así las cosas, para cerrar el círculo, basta situar la importancia que el ferrocarril tenía en un país agrario exportador de granos y carnes para comprender la «progresividad» del partido integrado por Roca y Juárez Celman. Dicho con el filo de una fórmula política: dar paso a la desnacionalización de la red ferroviaria equivalía a entregar el puerto de Buenos Aires al control de una potencia extranjera, porque qué era el ferrocarril sino la continuación del puerto en tierra firme.

Con un agregado: no se trataba de cualquier potencia sino de la que adquiría el grueso de los productos agrarios nacionales y proveía la mayor parte de los productos importados.

Y en el mercado internacional se verificaba el creciente dominio británico en el sistema ferroviario. Cuando el trust del riel se reunió en 1884, Gran Bretaña se adjudicó el 66 por ciento de la construcción de ferrocarriles en el mundo entero, al tiempo que se reservaba íntegramente la India para la instalación de nuevas redes. Los alemanes se conformaron con el 27 por ciento y los norteamericanos se mantuvieron por aquel entonces fuera del juego.

Entonces, sostener que el nacionalismo liberal del roquismo era progresivo se traduce así: la penetración del capital financiero británico era progresista.

Dicho con absoluta economía: Roca trazó los ejes de la historia contemporánea hasta 1930; Yrigoyen democratizó, muy limitadamente por cierto, el proyecto roquista. Un general y un estanciero se reparten equitativamente los honores del período; de ahí en más, los estancieros tendrán que resignar los papeles protagónicos, puesto que esta historia será más generosa con los generales a condición de que éstos sean sumamente respetuosos con los intereses de aquéllos.

IV

Sostener que las bases materiales del gobierno radical habían sido destruidas por la crisis del ’30, y detenerse allí, supone que la historia nacional es reductible, sin mucho trámite, a la historia general del capitalismo.

Por cierto que el régimen agrario nacional, el corazón y los nervios de ese sistema productivo, dependía relativa y absolutamente del comportamiento del mercado mundial. Pero así y todo, aunque la economía política fije los límites de la política, la política no es nunca una sierva tan sumisa.

La democracia radical corría el serio riesgo de tomarse crecientemente democrática con el mero correr de los años. Es que la composición del padrón electoral tenía algunas peculiaridades: todos los ciudadanos votaban, pero los no ciudadanos, los extranjeros, constituían un número tan amplio en 1914 (50 por ciento en la Capital Federal y 30 por ciento en todo el país) y tan localizado (dos terceras partes de la clase obrera) que se puede afirmar: los trabajadores no votaban sino muy minoritariamente.

La democracia radical era en suma una democracia restrictiva, censitaria, donde el capital extranjero tenía voz y voto, y donde los trabajadores eran unos perfectos ilotas. Los ciudadanos votaban, los obreros no eran ciudadanos, entonces debían aceptar el gobierno que no elegían. Esta situación delineaba dos conductas políticas posibles: cuando los salarios eran decorosos, el consenso; cuando se reducían, la huelga y el motín, sumarse a los sindicatos semi-ilegales o a la Semana Trágica. Entre esos dos polos osciló permanentemente la clase obrera y ésas fueron las dos políticas del gobierno radical.

La constante renovación de los contingentes humanos (los salarios eran tres veces superiores a los que se abonaban por idénticas tareas en Marsella o Génova) garantizaba el estado de licuefacción de los asalariados; licuefacción que facilitaba la «paz social» ya que evitaba que los estallidos resultaran aun más frecuentes. Es que para el radicalismo ellos, en tanto no votantes, en tanto proletarios, eran una masa muda que debía ser escuchada cuando no quedaba ningún otro remedio.

Pero de la conducta que el radicalismo adoptó frente a los trabajadores dependió toda su suerte política. Las capas medias que lo sustentaban, en la ciudad y en la campaña, no eran capaces de soportar embate alguno sin el consentimiento expreso del Ejército. Lo que en la práctica dejaba la suerte del gobierno en manos de las Fuerzas Armadas.

Y cuando quedó claro que la suerte de Yrigoyen era decidida por los militares, cuando el general Dellepiane (el mismo que tan eficazmente reprimiera a los trabajadores durante la Semana Trágica) no pudo encarcelar a los golpistas porque el presidente se lo prohibía y se negaba, al mismo tiempo, a defender con las armas su gobierno, quedó claro que ni Yrigoyen había intentado arrancar el poder político a la oligarquía roquista mediante métodos insurreccionales ni intentaba conservarlo sin su consentimiento expreso. La democracia radical era una democracia consentida y cuando perdía ese carácter se transformaba en un gobierno imposible.

Para un partido agrario con base urbana Yrigoyen tenía una concepción política excesivamente pobre, no sólo por separarse de la clase obrera con un hilo de sangre (la Semana Trágica y las masacres de la Patagonia), sino por su propia visión de la economía nacional. Observaba la actividad industrial con la misma indulgencia con que un cuáquero norteamericano recorre un porno-shop: sabe que existe, que no puede impedir que funcione, pero lo quiere lo más lejos posible de su casa. De ahí que la posibilidad de amarre político del radicalismo en la clase obrera requiriera una situación económica casi idílica y que los tiempos del mundo agrario resultaran los tiempos del mercado mundial.

Durante la bonanza de los precios internacionales, el radicalismo apenas fue capaz de elaborar algunas concesiones que no pudo materializar porque carecía de mayoría en el Senado. El partido conservador limaba las pobres aristas de su proyecto democrático, y la posibilidad de incluir a los obreros entre los ciudadanos mediante el voto de los extranjeros chocaba contra la cerrazón de su estrecho nacionalismo agrario. Sólo los socialistas incluían esa posibilidad en su programa y esperaban que un parlamento que rechazaba las más pequeñas concesiones laborales (legalización de los sindicatos) se aviniera a modificar, por esa vía, el peso y el impacto de los trabajadores en la sociedad argentina.

Por eso, la clase obrera vio caer a Yrigoyen sin mover un dedo en defensa de una legalidad que no le había aportado casi nada. La matriz agraria de la sociedad argentina estaba tan incrustada en la concepción radical, que bloqueaba la sobrevida que le hubiera otorgado contener una política posible hacia la clase obrera. Y esa cerrazón facilitaría 15 años después el agrupamiento de los trabajadores bajo las banderas del general Perón.

V

El derrocamiento del partido radical equivalía a un programa sin desenvolver. En rigor, el golpe del general Uriburu sólo amalgamaba proyectos encontrados; tan encontrados que la confección de la proclama tuvo que ser rehecha horas antes del cuartelazo. Pero lo realmente grave era que ninguna de las fuerzas allí representadas tenía el esqueleto de una receta para remontar la crisis.

En los inicios todo se redujo a un punto: esperar que amainara la tormenta. La persistencia de la crisis mundial del capitalismo, sin embargo, reduciría el programa a viento; las declaraciones fascistoides del presidente resultarían pura cáscara; la crisis del golpe se visualizaría con toda intensidad cuando Matías Sánchez So rondo, ministro del Interior de Uriburu, aceptara una compulsa electoral libre en la provincia de Buenos Aires, para medir la desradicalización de los ciudadanos. Y se llevaría un gran chasco: la incapacidad del radicalismo para responder a la crisis no se tocaba, todavía, con su potencia electoral. Yrigoyen venció, Sánchez Sorondo renunció y las elecciones fueron anuladas por La incapacidad del radicalismo de transformar el derecho de gobernar en poder gobernar.

El problema del poder se reprodujo entonces con la intensidad inicial y la respuesta constituyó una verdadera hazaña jurídico-política: ya no bastaba que la clase obrera no votara, era preciso además que los que votaran lo hicieran adecuadamente. La pedagogía recetada era de aplicación sencilla: proscribir el radicalismo. A la reducida democracia radical se sucedió entonces el fraude patriótico. Este mecanismo tenía la virtud de definir de antemano quiénes gobernaban y en consecuencia dio la trocha para elaborar el programa de gobierno.

Si se quiere, esta conceptualización «programática» del bloque de clases dominantes siguió un camino típico en la historia argentina. Hablar del proyecto de la generación del ’80 es definir el programa que dibujó su accionar; es decir, se trata de una interpretación ex post facto. Nadie la introdujo en el restringido debate parlamentario, ni siquiera integró las reducidas discusiones de elite; se trató de una acumulación de medidas y contramedidas que finalmente arrojaron una mecánica política «eficaz» y de esas aplicaciones empíricas se nutrió el «proyecto» de la generación del ’80.

Una mirada atenta permite establecer que no se trata de una tara orgánica de la sociedad argentina, sino del carácter dependiente de su formulación. El viejo Marx sostiene que la historia no se plantea las tareas que no puede realizar (en el supuesto de que se plantee algunas) y si las clases dominantes de los países centrales tienen dificultades para establecer con claridad la naturaleza de sus propios objetivos (salvo en su etapa revolucionaria y con un sinnúmero de limitaciones), los terratenientes de un país periférico que anda a la rastra de la burguesía imperialista, simplemente carecen de tiempo histórico para elaborar programas.

Para decirlo con el rigor de Lukacs: sus limitaciones de conciencia están determinadas por el lugar que ocupan en el proceso productivo. Y en el caso de los terratenientes argentinos la conciencia de la dependencia sólo sirve para intimidarlos y retroceder una y otra vez ante la potencia imperial.

Con un agregado, al no tratarse de una clase moderna (burguesía o proletariado) sino de una clase que detenta la propiedad de la tierra por motivos extraeconómicos vinculados a la conquista española, sus posibilidades programáticas se dibujan en la intersección de sus posibilidades materiales con Los intereses del mercado mundial. Dicho de otro modo, su programa está limitado por el programa de la potencia imperialista hegemónica sin someterse absolutamente a su diktat, pero sin enfrentarse abiertamente salvo que ese imperialismo mine las bases de su existencia material.

Así y de ningún otro modo se dibujó el programa que el general Justo inscribió en el golpe del general Uriburu.

Es que los terratenientes argentinos, como todos los terratenientes, tienen un solo programa: usufructuar los beneficios de la renta agraria. Y este planteo es suficientemente amplio si se trata de acrecentar la renta y se vuelve sumamente estrecho cuando algo amenaza con recortarlo y ni qué hablar de ponerle fin.

Saben, a través del ejercicio del poder, que el mejor camino para garantizar que la renta llegue íntegra a sus bolsillos depende del control directo del aparato del Estado; pero tampoco ignoran que aunque no ejerzan directamente ese control, bajo el régimen capitalista de producción encontrarán suficientes mediaciones para permitir que el grueso de la renta les sea reintegrado bajo la forma de crédito y consumo. En definitiva, al hegemonizar los límites políticos de las Fueras Armadas, por ser la clase hegemónica en la formación social argentina, están en situación de revertir todo intento de limitar su poder omnímodo.

El gobierno de Yrigoyen sigue al pie de la letra estas reglas; la renta agraria permanece intocada, no hay control de cambios, ni regulación de importaciones suntuarias; los consumos del centenario —con la sola diferencia de los precios agrícolas internacionales— se conservan idénticos. Todo el proyecto pasó por repartir, con mayor democracia, la renta del capitalismo agrario nacional y conservar el status de dependencia próspera.

No se enfrentan dos modelos productivos, dos ordenamientos sociales, con dos proyectos antagónicos, sino el «régimen», la oligarquía (en su sentido aristotélico) con la «causa», la democracia, en el marco unificado del programa de la Constitución de ’53.

VI

Cuando se estudia la relación histórica que el partido radical mantuvo con la violencia armada (levantamiento del ’90, 1903 y 1905), se verifica la autolimitación con que actúa Hipólito Yrigoyen. Todos siguen una misma línea de acción (salvo el de 1890, donde los aliados del radicalismo logran imponer su propia tónica apropiándose del control político del dispositivo militar). Una cuidadosa conspiración que goza del respaldo de segmentos del poder (en el levantamiento del ’93, el ministro del Interior fue un aliado ireemplazable), una dirección semipública que persigue un doble propósito: dificultar la represión por integrarse «con gente decente» y garantizar la inviabilidad de su victoria.

Raúl Alfonsín, y no sólo él, explicó con bastante razonabilidad este fenómeno: los levantamientos no tenían por objetivo triunfar militarmente. El radicalismo no se proponía construir la democracia con las armas en la mano, su meta era algo más modesta: obligar al régimen a parlamentar para obtener elecciones libres como resultado de las tratativas.

Y cuando el conjunto de las clases dominantes comprendió, cuando los levantamientos se volvieron más peligrosos que la democracia, cuando la democracia se constituyó en verdadera válvula de seguridad del sistema, Yrigoyen fue presidente. Antes no.

A la caída del Peludo las posibilidades de conducir bajo sus banderas a las masas desprotegidas del campo y la ciudad (lo que incluía a la clase obrera, pero no sólo a la clase obrera) se redujeron sensiblemente. Primero, por la sangrienta diferenciación entre radicales y proletarios (Semana Trágica y masacre de la Patagonia) y segundo, por el hecho de que la sociedad argentina, en su progresiva transformación, otorgaba un espacio creciente a nuevos segmentos burgueses y a la clase obrera.

La lucha por la democracia con una clase obrera compuesta por otra proporción de ciudadanos —lo que también equivale a decir con otros lazos con el resto de la sociedad civil, con el fin del aluvión inmigratorio y el estancamiento del campo argentino-transformaba al radicalismo en una heteróclita organización política de borrosas limitaciones sociales.

Por eso, en Alvear la negociación era toda la política, y lo que no se lograba mediante la negociación formaba parte de lo que se incluía en la ciudadela de la revolución; esto es, caía fuera de los límites del proyecto radical. De lo contrario, el radicalismo requería una política hacia el movimiento obrero.

VII

La crisis del ’30 no sólo afectó la naturaleza del vínculo de la sociedad argentina con el mercado mundial, sino al radicalismo mismo. A la voluntad expresa de no resistirse al golpe, formulada conscientemente por Yrigoyen, se sumó la creencia de buena parte del partido, y no sólo del sector antipersonalista, de que el golpe se lanzaba contra la «ineficiencia» del caudillo.

No se trataría en consecuencia de un golpe antirradical, sino de la necesidad de reagrupar el partido bajo una nueva conducción, y como la UCR no mostraba síntomas de poder ejecutar esta operación de cirugía mayor con su propia mano, acudía en su auxilio una partera militar. Por eso mismo se plegaron sin lucha. Hasta el propio don Hipólito compartía parcialmente esta conceptualización y por eso aceptó ceder el mando a su vicepresidente con el claro objetivo de volver innecesario el golpe.

Pero el golpe fue lo que fue, porque la caída de Yrigoyen cierra un ciclo de la historia argentina, la de un país cuya clase obrera ilotizada transportaba del campo a la ciudad vacas y mieses y donde los terratenientes monopolizaban, a través de la tierra, los resortes del aparato del Estado y del sistema financiero.

Aunque el papel de los trabajadores en la producción era sumamente limitado, aunque su incidencia era reducida, se trataba de la única clase capaz de sostener un proyecto político. El partido de los ilotas sería entonces el partido que definiría el perfil político de la sociedad argentina en su etapa siguiente, porque la historia del peronismo es la historia del ingreso de la clase obrera a la arena política nacional.

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PROTECCIONISTAS Y LIBRECAMBISTAS

Agustín P. Justo se instaló en el poder tras las elecciones fraudulentas en que enfrentó y derrotó la alianza demoprogresista-socialista, Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto legitimaron con su aguada presencia esas elecciones en que se proscribió a la Unión Cívica Radical. Justo empuñó el timón del Estado con mano firme, rodeado de un grupo de ex socialistas brillantes y conservadores; con ellos pergeñó los instrumentos económicos de la nueva época: intervención estatal, intervención estatal y más intervención estatal.

De una política de abstinencia económica, de la libertad de comercio, mercados e importaciones, pasó al subsidio de la producción agraria, al control de cambios y a una suerte de restricciones monopólicas del comercio exterior.

El bloque terrateniente no podía permitir que el precio de las carnes rojas dejara de ser retributivo; era preciso «apuntalar al productor modificando la paridad cambiaría y reforzando sus posibilidades de colocar cortes en el mercado internacional», afirmaban. ¿Cómo? forjando una herramienta adecuada: La Junta Nacional de Carnes.

El bloque terrateniente no podía permitir que el precio de las forrajeras, los cultivos industriales, y los granos destinados a la alimentación humana se arrastrara por el suelo; era preciso garantizar un retomo suficiente. ¿Cómo?: forjando una herramienta adecuada: la Junta Nacional de Granos. La Junta establecía un precio sostén por producto, atendiendo a los costos internos y, sin tomar en cuenta la cotización internacional, comercializaba los productos adquiridos, incluso a pérdida.

El bloque terrateniente no podía permitir que la moneda, que los movimientos de la masa monetaria, que la cotización de la divisa extranjera, estuvieran determinados exclusivamente por el saldo de la balanza comercial. Si el oro fugaba de la Caja de Conversión por la disminución de Los precios agrarios y el mantenimiento de los industriales, generando una balanza comercial negativa, no bastaba cerrarla y contener la hemorragia. En ese punto era preciso desenganchar la producción interna de la actividad del mercado mundial y, para lograrlo, las fuentes de generación monetaria no podían responder más a mecanismos automáticos, sino que debían ser resortes de política interna. De lo contrario, la actividad económica interna tenía que reducirse en los mismos términos en que se habían reducido los valores del comercio internacional. ¿Cómo remontar la cuesta?: mediante la creación del Banco Central.

Era una revolución copernicana. De la ortodoxia liberal al intervencionismo keynesiano, de la rigidez monetaria a una política inflacionaria controlada, de la estabilidad a la crisis.

¿Cómo evaluar este giro? Se trata de un ajuste, por cierto, pero ¿de qué clase?: ¿programático?, ¿de circunstancias? Si es programático, sólo resta conocer por qué se ejecutó después de la crisis del ’30 y no durante el centenario. Si es de circunstancias, por qué las herramientas utilizadas (Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos y Banco Central) sobrevivieron hasta nuestros días.

Los sostenedores del programa industrial de los terratenientes (Milcíades Peña, entre otros) razonan así: la existencia de la oligarquía terrateniente no es incompatible con el desarrollo de un cierto nivel de crecimiento industrial; más aun, siempre los terratenientes hallaron conveniente mantener un cierto estadio de crecimiento industrial para evitar someterse totalmente al dictat del capital financiero internacional. La crisis posibilitó, en mejores condiciones, la ejecución de esta política.

Los sostenedores de una adecuación de circunstancias (Ramos, entre otros), por el contrario, explican su tesis del siguiente modo: la oligarquía terrateniente ha sido el principal aliado de la burguesía imperialista y su política de desprotección industrial (omisión de la protección) era su contraprestación por la compra de su producción. Eran librecambistas porque así defendían la colocación de sus productos en el exterior y dejaron de serlo por la crisis de los precios agrarios.

Ambas explicaciones son unilaterales y fragmentarias. Es cierto que los terratenientes siempre comprendieron las ventajas de un cierto crecimiento industrial, tan cierto como que asumieron la política librecambista por motivos esencialmente comerciales. Una explicación no invalida la otra. No se trata del apoyo programático a la industrialización sustitutiva, ni del rechazo orgánico a la política, sino de las necesidades de la realización de la renta agraria argentina en el mercado británico.

Durante todo un período (1880-1930), la renta agraria requirió para su realización de una política librecambista; al menos una política de ese corte generaba mayor aceptación y la clase terrateniente modeló al resto de la sociedad argentina en el respeto absoluto de sus intereses materiales.

En el período siguiente (1930-1976), el librecambismo per se no garantizaba absolutamente nada, porque el Imperio ya no era el de antes. Argentina no podía pagar sus importaciones y Gran Bretaña no podía radicar en territorio argentino una batería de industrias capaces de producir lo que antes se fabricaba en Londres, porque carecía de suficiente capital financiero para la exportación.

Entonces, la clave pasa por el punto en que la crisis mundial del capitalismo encuentra a la economía británica, por una parte; y por la naturaleza del vínculo entre los terratenientes argentinos y el mercado británico, por la otra.

En 1880 Gran Bretaña era la primera potencia capitalista del globo. Una década después comienza a percibirse un relativo envejecimiento en su estructura productiva. La Alemania del Kaiser crece más rápidamente que Gran Bretaña y los Estados Unidos más rápido aun que la Alemania del Kaiser.

A partir de la Iª Guerra Mundial el rezago británico ya era un acontecimiento suficientemente percibido; la competencia con el resto de las potencias imperialistas ya no favorecía a Gran Bretaña, sus exportaciones permanecían estacionarias y las norteamericanas habían crecido.

Sólo la destrucción del aparato productivo alemán, el costo financiero de las reparaciones económicas a los aliados, impuestas por el Tratado de Versalles, permitieron por un breve lapso que su posición relativa no siguiera deteriorándose.

Así y todo no deja de retroceder todo el tiempo. Entretanto, los Estados Unidos esculpen militarmente la doctrina de Monroe; bajo la batuta de Teddy Roosevelt, los marines entran y salen en Centroamérica; Sandino muere en Nicaragua y Gran Bretaña se bate en retirada ordenada.

Pero la crisis del ’30 obliga al gobierno británico a producir un cambio decisivo: replegarse al mundo de sus colonias territoriales, defenderse desde allí.

Eric J. Hobsbawn describe la crisis en Industria e Imperio del siguiente modo: «Gran Bretaña podía resguardarse tanto en el imperio como en el libre cambio, en su monopolio de las zonas hasta entonces no desarrolladas, que en sí mismo coadyuvaba a que no se industrializaran, y en sus funciones de pivote del comercio, navegación y transacciones financieras mundiales. Tal vez no podía competir, pero podía evadirse. Esa capacidad de evasión contribuyó a perpetuar la arcaica y cada vez más inservible estructura industrial y social de la primera etapa» (págs. 14-15, el subrayado es de A. H.).

Hobsbawn no es excesivamente ecuánime con la ductilidad política de sus compatriotas; ya que lo que llama «capacidad de evasión» ahorró a la corona una guerra con los Estados Unidos (su principal y único competidor serio, por ese entonces), guerra de la que difícilmente los británicos hubieran salido vencedores. Pero eso es marchar en otra dirección y lo que nos interesa es entender la «evasión» británica en relación con la sociedad argentina.

En 1932, en Otawa, Canadá, se reúnen los miembros del Imperio para aplicar la política de «evasión». Es decir, para jerarquizar la política de intercambio comercial en los marcos del Imperio y desechar los de afuera. Se inicia la época del proteccionismo británico, el Imperio abandona la ofensiva y se encapsula.

Para los terratenientes argentinos, Otawa equivale a la expulsión. La realización de una parte de la renta agraria, la de los productores de bovinos, queda en suspenso, y eso es una «tragedia con astas» a la que se añade el parate del comercio de granos.

Si Londres opta por la carne australiana, a la caída de los precios internacionales se suma la reducción de otro mercado decisivo. La debilidad británica, el repliegue a sus dominios, es registrado como una catástrofe adicional.

Es que históricamente buena parte de la renta agraria se había realizado en el mercado británico y su cierre, en la estrechez de miras de los terratenientes, sonaba como el fin del mundo conocido.

Los terratenientes argentinos no dudaron: era preciso acompañar la política del Imperio; convencer a Londres de que la Argentina también constituía un dominio británico y desprenderse de tan valiosa posesión constituía un error imperdonable. Julio Roca fue el encargado de ejecutar este «artificio diplomático», amparado en el eco de su apellido.

Sobre el acuerdo Roca-Runciman se han escrito montañas de papel; todos coinciden en destacar su aspecto central: el entreguismo; y no seremos nosotros los que desdigamos lo obvio.

Sin embargo, este abordaje del problema resultó a la postre sumamente pobre. Al jerarquizar excesivamente la dependencia argentina de la economía británica, se pierde de vista el carácter «independiente» de la maniobra de Roca. No se trata de un jeque árabe convocado por Su Majestad, que tras sucesivas presiones acepta lo inaceptable por la diferencia de peso específico y su manifiesta voluntad de no luchar. No; más bien se trata de las relaciones públicas que una meretriz de lujo ejecuta para convencer a su cliente. Es el vicepresidente de un país relativamente independiente que pugna por mantener un mercado para la clase dominante de la sociedad argentina; lo intenta y lo consigue.

Y ése es el otro elemento poco considerado: los invernadores de la Pampa Húmeda son capaces de obligar al conjunto de la sociedad argentina a someterse a su política tras una serie de tironeos, que en ningún caso exceden los límites de la arena parlamentaria. Por eso, más que hablar del dominio británico sobre la economía argentina —que constituye una obviedad— es conveniente destacar el dominio político de una fracción de los terratenientes, capaz de encauzar el conjunto de los intereses agrarios detrás suyo. El pacto Roca-Runciman señala dos caminos para los terratenientes argentinos: el primero, aceptar la «propuesta» británica de renunciar a la soberanía argentina e integrarse por esa vía al Imperio, garantizando en consecuencia su participación en el mercado de carnes rojas; el segundo, declinar tan «gentil invitación», subrogando otros intereses al mantenimiento de su cuota de carnes. Esta conducta es la que prima y aquí aparece el aspecto más interesante del pacto: ¿cómo es posible que una fracción que no hegemoniza las exportaciones agrarias (los granos jugaban en 1932 un papel mucho más importante desde hacia décadas) logre imponer su política a todo el bloque agrario?

La explicación tiene dos mitades. La primera surge de la polémica que Lisandro de la Torre mantiene en el Parlamento sobre el tratado de Londres y la segunda, del proceso de constitución del Banco Central.

De la Torre demuestra que los invernadores (terratenientes que poseen pastos frescos todo el año y buen acceso al puerto, vía el ferrocarril británico) ganan a costilla de los productores de afuera de la Pampa Húmeda. Esa era por cierto la diferencia histórica entre productores e invernadores, de modo que allí no hay ninguna novedad. La diferencia está dada en otro punto: los invernadores negocian otros precios para los mismos animales y adquieren el status de subcontratistas de los frigoríficos ingleses. De modo que compran a 1 peso lo que más tarde venderán a 1,50, no ya en virtud del engorde de animales, sino por estar asociados directamente al frigorífico.

De ahí se entiende la despreocupación de los estancieros de la provincia de Buenos Aires por entregar el control de las exportaciones a los frigoríficos británicos (85 por ciento de toda la actividad) y el constante saboteo gubernamental a otorgar una adecuada cuota de participación a los productores del interior con el 15 por ciento restante.

Dicho de otra manera, al aceptar las leoninas condiciones del Imperiosos invernadores no entregan su renta, sino que eligen reducir los ingresos de los productores que no tenían trato directo con los frigoríficos. Entonces, su carácter cipayo está dado por, es atinente a su determinación de sacrificar cualquier interés que no sea el propio en defensa de sus relaciones con el mercado británico.

Aun así, esto sólo explica por qué los productores más concentrados, de mayor volumen e importancia, pueden doblegara los más pequeños. Pero no explica por qué el resto de la sociedad argentina acepta este sometimiento, y menos aun, por qué el debate parlamentario no alcanza el rango de lucha abierta.

Y aquí surge la otra mitad de la explicación. Cuando se funda el Banco Central queda claro que la banca privada nacional, sumada a la banca pública nacional, es mayoritaria respecto de la privada extranjera, tanto en materia de depósitos como en volumen de capital.

No queda más remedio entonces que preguntarnos sobre el origen de esa masa de capital, y la respuesta surge nítida: capitalización de una parte de la renta agraria. Un fragmento de la renta era consumida parasitariamente, tal como lo denunciaron hasta el hartazgo buena parte de los nacionalistas democráticos posteriores a la década del ’30, y la otra ingresaba a la red bancaria nacional.

Esa masa de capital se volcaba en los negocios de rápida evolución y buen margen de ganancia —especulaciones con tierras— y tejía una curiosa unidad entre todos los productores (dentro y fuera de la Pampa Húmeda) con el sistema financiero.

Así se explica el dominio del sector bovino: se trataba del protagonista tradicional del sistema financiero nacional en sociedad con el comercio de importación y exportación. Utilizó ese poder para concentrar las mejores tierras y lo volvió a utilizar para determinar los giros esenciales del aparato del Estado. Con un elemento más: de ese modo los intereses comerciales desplazados a partir de la década del ’80 se rearticulaban con el resto de la sociedad agraria, forjando una unidad indisoluble.

En apretada síntesis: la Sociedad Rural no era tan sólo un poderoso grupo de estancieros compuesto esencialmente por invernadores, sino que en sus filas militaban los hombres del riñón del sistema financiero nacional. Y los que refrendaron el pacto Roca-Runciman eran los representantes directos de la Sociedad Rural.

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EL BANCO CENTRAL Y LOS NACIONALISTAS

I

Para los nacionalistas argentinos, sobre todo los de origen radical, la creación del Banco Central era una prueba irrecusable de la infamia oligárquica. No trataban de contraponer el sistema monetario de la Caja de Conversión con el nuevo, ni el liberalismo del centenario con el intervencionismo posterior a la crisis del ’30; no trataban en suma de establecer la diferencia, ni siquiera en su faz formal y abstracta, sino que rechazaban en bloque la política de Justo.

El razonamiento que vertebraba su propuesta política era éste: Yrigoyen expresaba lo nacional y popular, los derrocadores del presidente eran su exacto reverso. Esto no era todo, añadían una suerte de reaseguro categorial en el caso del Banco Central, a saber: los ingleses estaban interesados en su creación (rigurosamente exacto), los ingleses eran la potencia hegemónica en esta parte del globo (otra vez daban en el clavo), entonces, rechazar la sujeción al imperialismo británico y rechazar la propuesta británica eran una sola cosa.

El argumento parece sólido. En rigor, este modo de abordar el problema puede constituir un punto de partida, pero no equivale a examinar seriamente la cuestión. Por cierto que resulta útil considerar con suspicacia toda propuesta originada en expertos imperiales, siempre y cuando la prevención dé paso a otro momento del análisis: la comprensión; comprensión que permite desentrañar la puja de intereses; más exactamente, las fuerzas sociales afectadas por una u otra solución monetaria.

Una aclaración secundaria: no se trata de invalidar la postura del nacionalismo mostrando su endeblez metodológica, sino de comprender que su debilidad analítica le impide servir efectivamente a los intereses que dice defender.

Al ignorar qué disputaban (salvo genéricamente) y, en consecuencia, contra quiénes combatían, los nacionalistas carecían de propuesta positiva por carecer de suficiente discriminación. De la propuesta implícita (conservación del sistema monetario anterior, Caja de Conversión y patrón oro) los socialistas de Repetto eran los únicos defensores; es decir, los librecambistas a ultranza. Esta ausencia de política ponía de manifiesto la incapacidad de imprimir una dirección determinada al torrente de los acontecimientos. El rechazo en bloque de la política de Justo era una propuesta sin destinatario, que constituía a Forja en comentarista ácido e impotente de una trama histórica en la que no tuvo mayor incidencia.

Para redondear la afirmación: en lugar de minar la base social del gobierno tensando las contradicciones internas de las fuerzas que lo sostenían, toda la política del radicalismo —incluso la de Forja— se redujo a cuestionar la legitimidad del gobierno de Justo. Es decir, a señalar una y otra vez su carácter antidemocrático. Y esta posición dejaba expeditos dos caminos idénticamente impotentes:

1) llamar al derrocamiento revolucionario del gobierno de Justo;

2) negociar con Justo una salida democrática.

Como el derrocamiento revolucionario requería de fuerzas sociales con las que el radicalismo ya no contaba, por estar integradas al plan Pinedo, o por accionar fuera del universo radical, toda la política de Forja se sintetizaba entonces en una sola fórmula: abstención electoral. Y la de Alvear en otra: negociación con el gobierno. Ambos caminos mostraban la vetustez, el agotamiento del radicalismo, al intentar desdoblada la política de Yrigoyen en otro marco histórico. Todavía era útil para denunciar negociados y deshonestidad gubernamental, al igual que el resto de los nacionalistas, pero era absolutamente incapaz de señalar los lineamientos de un nuevo curso.

En el caso del Banco Central queda sin embargo una fórmula forjista que merece un análisis pormenorizado: ¿la lucha contra la creación del Banco Central y la lucha contra el imperialismo británico eran idénticas? Dicho de otra manera: ¿se trataba de un nuevo avance del imperialismo británico?, ¿o la creación del Banco Central era una jugada de retaguardia cuyo único objeto era dificultar el ingreso del capital financiero norteamericano en el mercado interno argentino?

II

Sir Otto Niemeyer integraba el directorio del Banco de Inglaterra y en tal carácter recorrió el mundo aconsejando la creación de bancos centrales privados. Sobre todo recorrió el mundo del Atlántico, porque el mundo del Pacífico lo recorrían especialistas norteamericanos que aconsejaban muy parecido.

Nadie ignora que los «consejos» financieros no son desinteresados y para calmar toda ansiedad diremos que este caso confirma la vieja regla en toda la línea. Aun así, conviene conocer cuál era exactamente el interés británico en esa materia.

Antes que nada diremos que el mercado donde Gran Bretaña colocaba sus excedentes de producción se había vuelto repentinamente insolvente. El motivo era sencillo: tanto la Argentina como los otros mercados atados al interés británico compraban sobre la base de sus ventas y la reducción de los volúmenes exportables (las metrópolis redujeron sus compras), sumada a la caída de los precios agrarios internacionales, era la responsable de la insolvencia.

De modo que la continuidad del flujo de las exportaciones británicas equivalía al crecimiento desmesurado de una deuda imposible de satisfacer. Esto era claro para compradores y para vendedores; por eso se estableció el control de cambios y por eso se redujeron drásticamente las compras en el exterior. Para decirlo con la grosería de las estadísticas: los británicos vendían a sus compradores argentinos el 60 por ciento menos que antes de la crisis.

Este cuello de botella —falta de abastecimiento— requería solución y la solución inquietaba sobremanera a los británicos. Toda la política inglesa anterior al 30 se redujo a impedir el crecimiento industrial nacional, garantizando por esta vía mercados para sus exportaciones. Pero este mecanismo era viable para una Argentina solvente; es decir, ya no era viable a partir de 1930. Ya no se trataba de reconquistar un poder de compra que no existía, sino de garantizar que las divisas que generaba el comercio exterior argentino se desviaran mayoritariamente hacia Gran Bretaña. En síntesis: los ingleses peleaban por su lugar en el 40 por ciento vacante.

Si Gran Bretaña hubiera estado en condiciones de radicar inversiones industriales en el exterior y producir en Buenos Aires lo que antes se adquiría en Londres, todo hubiera resultado más sencillo y oponerse al designio inglés hubiera equivalido a defender una postura más nacional, pero esto no era así. EL viejo león británico estaba en franca retirada, su ritmo de crecimiento industrial era el más bajo de la Europa desarrollada y la aventura de radicar nuevas inversiones fuera de sus dominios coloniales estaba reservada a sus competidores norteamericanos.

De modo que el problema de la sustitución de importaciones admitía en los marcos del capitalismo dependiente dos soluciones únicas; una: permitir que los capitales norteamericanos invadieran el mercado interno argentino, y la otra: facilitar que los productores nativos crecieran con el simple trámite de cesar de hostigarlos.

Seguir hostilizando a los industriales locales era en definitiva facilitar el ingreso de los capitales norteamericanos y facilitar el ingreso de los capitales norteamericanos equivalía a desviar hacia Nueva York el superávit de la balanza comercial argentina, puesto que allí se abastecían las fábricas de USA. Optaron entonces por defender sus intereses, y sus intereses coincidían con el crecimiento de una actividad industrial dependiente que ellos intentarían abastecer desde Londres capturando por esa vía los excedentes de la balanza comercial argentina. Y esa política funcionó desde 1935 hasta 1950.

Así como antes entendían que la política proteccionista era un acto de guerra contra el Imperio, de ahí en más se transformaron en celosos defensores del mercado interno en todos los rubros donde no producían competitivamente; en los otros, seguían a rajatabla su vieja política imperial; éste es el caso del carbón y del petróleo, por citar dos ejemplos.

La contradanza de la historia era inusitadamente violenta, el perfil de los intereses había mudado con excesiva velocidad, las clases dominantes nativas apenas si habían logrado sacar la nariz del pozo y las subrogadas seguían repitiendo viejas cantilenas. Ningún pensamiento taladraba la opacidad reinante, de modo que reprocharle a los nacionalistas su falta de perspectiva es una exageración. No es su perspectiva de entonces lo que debemos rechazar, sino el conservar idéntica, como si nada hubiera pasado, la explicación de entonces.

Resulta obvio que establecer la diferencia entre los dos sistemas monetarios, tras considerar el abrupto giro de la historia contemporánea, constituye una exigencia elemental. En primer lugar, digamos que la Caja de Conversión funcionó entre 1890 y 1930; fue creada bajo el gobierno de Carlos Pellegrini mientras ocupaba el Ministerio de Hacienda el Dr. Vicente Fidel López. Se trata, por cierto, de una hija dilecta de la revolución del 90.

Su funcionamiento era simple: entraba el oro de las exportaciones y se emitían billetes en su nombre y la salida del oro —importaciones— producía la depreciación instantánea de los billetes.

De modo que el valor del circulante dependía de la cantidad de oro atesorada y la cantidad de oro atesorada era el resultado del saldo de la balanza de pagos (diferencia entre exportaciones e importaciones, menos los servicios financieros pagados al exterior, más créditos provenientes del exterior).

La Caja de Conversión fue entonces el resultado de la aplicación directa del patrón oro; esto significaba que las autoridades nacionales no tenían más política monetaria que la política de exportaciones e importaciones. Si se tiene en cuenta que la política de importaciones y exportaciones estaba determinada por el mercado mundial —tanto la de mercancías como la de capitales— queda claro que el automatismo del sistema era para los «países periféricos, pero resultaba dirigido para la propia Gran Bretaña», tal como lo explicitara Raúl Prebisch.

El 29 de septiembre de 1931 Gran Bretaña abandonó el patrón oro y 24 países implantaron el control de cambios antes que la Argentina (Rafael Olarra Jiménez, Evolución monetaria argentina). Este era el anuncio de la defunción del sistema monetario vigente.

En segundo lugar, la Caja de Conversión tenía un aditamento importante: la ley de redescuentos bancarios. Pero se trató de un recurso teórico, ya que mientras funcionó la Caja de Conversión ningún banco utilizó el redescuento porque equivalía a reconocer un estado de liquidez lindante con la insolvencia.

En tercer lugar, para operar sobre la expansión de la moneda bajo el sistema de la Caja de Conversión era preciso hacerlo sobre el régimen de importaciones. Y ningún gobierno, de ningún signo, ni radical, ni conservador, lo hizo. A lo sumo se cerraba la Caja, con lo que se volvía a un régimen de inconversión de hecho. Por eso, cuando se comparan las importaciones del centenario con las de cualquier gobierno radical se observa que eran absolutamente idénticas.

En cuarto lugar, así como la Caja de Conversión fue el resultado de la dependencia en la faz expansiva del mercado mundial, el Banco Central lo sería en la paz recesiva.

En quinto lugar, el sistema de la Caja de Conversión jerarquizó el mercado externo como eje de toda la actividad económica y subrogó el mercado interno al resultado del intercambio de capitales. Cuando esta relación se hizo insostenible, cuando el mercado externo no pudo proveer a las necesidades del mercado interno por el violento deterioro de los términos del intercambio, la defensa del mercado interno se volvió indispensable para el bloque terrateniente. Antes que nada para los productores de granos que no podían colocar sus productos en el exterior y requerían de su transformación interna. Y por sucesivas oleadas a los distintos pliegues de la clase terrateniente y sus asociados directos.

Se puede decir entonces que el principal elemento que caracterizó la creación del Banco Central fue la necesidad coincidente, complementaria, de las clases dominantes argentinas con los intereses de sus pares británicos, puesto que las nuevas condiciones de realización de la renta agraria obligaban a fijar los ojos en el mercado interno (en el caso de los terratenientes argentinos) y la crisis de la industria británica impedía invertir en la Argentina a los lores de su majestad.

En sexto lugar, los intereses coincidentes, complementarios, entre terratenientes nacionales y burgueses industriales británicos, tenían puntos de fricción. Y éstos se visualizaron con precisión en dos proyectos diferenciados de Banco Central. Dicho de otro modo: Pinedo expurgó suficientemente el proyecto de Niemeyer hasta que respondió exactamente al interés de los terratenientes y financistas locales.

Es útil recordar que al configurar un organismo mixto donde los bancos participaban de acuerdo con el monto de su capital, la mayoría del directorio estaba en manos de los representantes de los bancos oficiales públicos y de los bancos privados nacionales, como lo demostrara Milcíades Peña en la revista Fichas.

En séptimo lugar, la creación del Banco Central equivale en los hechos a la eliminación del patrón oro, puesto que se podía emitir dinero sobre la base de descontar pagarés. Es decir, el monto de la masa monetaria pasaba a ser absolutamente independiente de la situación de la balanza de pagos, para depender exclusivamente de las necesidades del mercado interno. Y ésta es la diferencia cualitativa entre ambos sistemas monetarios.

En octavo y último lugar, el mantenimiento del sistema anterior, cuando el mundo entero había abandonado el patrón oro, facilitaba una descapitalización frenética del bloque de clases dominantes.

III

Conviene destacar que la creación del Banco Central no constituyó per se una palanca para el crecimiento independiente de la economía argentina, pero sin ninguna duda fue un requisito indispensable. Sin generación autónoma de moneda y sin distribución independiente del crédito, la política independiente constituye una ficción literaria.

El corset de la dependencia argentina de Gran Bretaña se aligeraba no ya en virtud del enfrentamiento, sino por la imposibilidad inglesa de conservar el status anterior. La crisis del mercado mundial y las nuevas condiciones de realización de la renta agraria, sumadas a la importancia del capital financiero nacional, imprimieron un nuevo giro a la historia política. Justo y Pinedo así lo entendieron en aquel entonces y los nacionalistas (no sólo los nacionalistas) no lo entienden todavía hoy.

En ese marco las inversiones británicas en la Argentina dejarían de tener el sentido inicial. Si en el centenario alguien hubiera propuesto nacionalizar los ferrocarriles, en las condiciones que fuera, aun pagando lo que no valían, hubiera sido declarado enemigo irreconciliable del gobierno de Su Majestad. Pero desde el momento en que ni el mercado mundial requería enormes masas de cereales y carnes, ni los británicos requerían el control estricto del mercado interno para impedir el crecimiento industrial que les trabara sus propias exportaciones, su tenencia se transformaba en una suerte de lastre antediluviano. No eran un negocio rentable ni una necesidad política.

Por eso la idea de entregarlos progresivamente al control interno cambió de carácter; de una draconiana medida antimperialista pasó a ser una operación financiera compartida por las partes. De ahí que esa idea rondara cabezas tan poco revolucionarias como las de Prebisch y Pinedo. Es que el gerente general del Banco Central se hallaba en condiciones óptimas de entender que lejos de enfrentarse con los mastines del Imperio, estaba ejecutando una política de acompañamiento, de reacomodación de las cargas, que otorgaba a la clase dominante argentina una mayor porción de control efectivo de la economía nacional.

Y como última confirmación, los directores de las compañías ferroviarias británicas sugirieron, de mil modos, la conveniencia de modificar el status de la «principal inversión extranjera» en la economía argentina, constituyendo una compañía mixta.

Cuando el general Perón nacionalizó, mejor dicho estatizó, los ferrocarriles británicos, no fue sino un continuador, el heredero testamentario de la política que Justo diseñó con Federico Pinedo. Es que la hegemonía británica en el Río de la Plata tocaba a su fin. Todos los movimientos que financistas y diplomáticos de Su Majestad ejecutaban con habitual exactitud tenían un sentido defensivo. Y en buena parte de los casos eran la forma de reducir y atemperar su constante pérdida de espacio y peso político y económico internacionales.

El león británico todavía estaba en condiciones de producir zarpazos pero la posibilidad de no atragantarse con los bocados dependía, crecientemente, de la disposición norteamericana a respaldarlo. Sin el respaldo de los Estados Unidos, la posibilidad de librar una batalla en soledad decreció considerablemente después de la IIª Guerra Mundial. Esto es, las posibilidades del Imperio pasaron a estar en manos de su principal antagonista, lo que equivale a decir: su suerte estaba echada.

B. C. R. A.: La creación del Banco Central, Tomos I y II. Edición del B. C. R. A., 1972.

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TORRES, José Luis: Los perduellis. Freeland, 1973.

DOS MITOS SIMÉTRICOS

I

Sebreli, en su libro Los deseos imaginarios del peronismo, produce un análisis del fascismo que resulta de una superficialidad abrumadora. Sostiene que la Tercera Internacional definió este fenómeno como «la última etapa del capitalismo» y la «dictadura abierta del gran capital» (p. 56), lo cual constituye un empobrecimiento malicioso de una fórmula efectivamente limitada y limitante. Desdeña, a renglón seguido, las aproximaciones elaboradas por otras corrientes, pero no aporta ninguna (ni propia ni ajena) que supere ese evidente déficit de explicitación histórica.

Todo su bagaje se reduce a afirmar que el fascismo es una «forma de desarrollo económico forzado», de allí establece «similitudes formales con la burocracia stalinista» (p. 56). No logra explicar por qué este «desarrollo forzado» se dio en la «desarrollada» Alemania y en la «subdesarrollada» Italia. Esto no le impide sostener que existen tres tipos de regímenes que «por apartarse de la democracia parlamentaria, característica de las sociedades capitalistas “normales”, se han dado en llamar estados de excepción: dictadura militar tradicional, bonapartismo y fascismo». «En realidad» —sostiene—, «no se trata de formas muy definidas, los límites entre ellas son imprecisos y sólo puede hablarse del grado de predominio de una sobre las otras y de la combinación que se da entre ellas. El Estado peronista —y lo mismo puede decirse del varguista y nasserista— no es una forma nueva y distinta; constituye una mezcla de las tres». (p. 22, el subrayado es de A. H.).

A pesar de sostener la tesis del «crecimiento económico forzado», afirma más adelante: «Los fascismos se diferencian de los capitalismos democráticos por su concepción política del Estado autoritario y no, como se quiere hacer creer, por su economía». (p. 74, el subrayado es de A. H.).

En suma: se trata de un «crecimiento económico forzado» que no se diferencia «por su economía»; que pertenece a los regímenes llamados «estados de excepción», cuyos límites «son imprecisos» pero se distinguen de los regímenes democráticos «normales» por «su concepción política del Estado autoritario» y que incluyen, también, a la «burocracia stalinista», Sebreli no parece tener una concepción excesivamente ajustada sobre estos problemas.

Tanto Mussolini como Hitler encabezaron movimientos simétricamente opuestos a la Revolución Francesa. Todas las «islas de democracia directa», sindicatos, partidos políticos, prensa independiente, así como las instituciones representativas (Parlamento, gobiernos provinciales y municipales, etcétera), fueron borradas al igual que la juridicidad que permitía su existencia. Toda la vida social fue alterada; un Estado todopoderosamente reaccionario ahogó la disidencia con el sencillo arbitrio de sancionar el delito de opinión. Esto era precisamente el camino opuesto a 1789.

Por eso, la piedra de toque de todo pensador reaccionario del siglo pasado era precisamente su rechazo de la Revolución Francesa. El pensamiento conservador prefascista, desde Burke hasta Maurras, defiende las instituciones monárquico-feudales y ataca las introducidas por el capitalismo revolucionario de la república. La defensa del orden existente, de la propiedad privada, fue atada a la existencia de las instituciones monárquicas. En la Francia de las revoluciones hizo falta un largo siglo para que conservatismo y monarquía pudieran desgajarse, disolverse, separarse, en el discurso político reaccionario. Esta evolución, que finamente alcanzó el pensamiento de la derecha (la asimilación de la tradición republicana), no fue realizada jamás por el fascismo.

No deja de llamar la atención que un pensamiento anglo-francés (Burke era británico; Maurras, francés) haya tenido tan poca audiencia en sus países de origen, para obtener, en cambio, pleno desarrollo en Italia y Alemania. Esta puntualización adquiere otro rango cuando se observa que ni uno ni otro país realizó su Revolución equivalente a la Francesa y que los resabios feudales de ambos constituyeron serios obstáculos para su pleno desenvolvimiento capitalista.

Sebreli tiene razón al señalar que los terratenientes del mezzogiorno (él dice «del Sur») eran subdesarrollados (debiera decir «feudales»), pero no entiende a lo que apunta. Parece ceder a una almibarada idealización que le impide estudiar objetivamente el fenómeno y lo lleva a transformar a la Alemania de Hitler en un país capitalista plenamente desarrollado, en vez de percibir que los junkers prusianos se parecen bastante a los terratenientes del mezzogiorno. Más aun: ambos en la década del 20 ocupaban un espacio político en las Fuerzas Armadas y en la burocracia estatal que no guardaba ninguna proporción con el que mantenían los burgueses agrarios franceses o los landlords británicos. Por otra parte, hacía un siglo que las burguesías agrarias francesa y británica habían perdido ese lugar (en 1846 se dictan las leyes de libre importación de granos en Gran Bretaña). Esta pérdida, tal como se desprende de la lectura de Marx, se produjo antes de que el capitalismo alcanzara su faz monopolista, es decir, en su etapa de libre competencia, hecho que Sebreli no parece tener en cuenta.

¿Cómo se explica el anacronismo? Así: la unidad nacional alemana no fue lograda por la burguesía alemana en las barricadas de 1848, sino por el jefe más avanzado y lúcido de los junkers prusianos: Bismark. Eso sí, con los métodos de un jefe prusiano; es decir, sin revolución agraria.

Otro tanto sucedió, aunque de modo diverso, con la derrota de los levantamientos encabezados por Mazzini, a manos de las tropas del Imperio Austro-Húngaro respaldadas por Luis Napoleón.

Por eso, bastante después, cuando Francia y Gran Bretaña ya habían dejado bien atrás sus problemas nacionales (para no hablar de los Estados Unidos), Garibaldi, en alianza con la casa de Piamonte (representante bastante directo de los terratenientes del mezzogiorno), ejecutó el mínimo de transformaciones revolucionarias requeridas por el capitalismo peninsular.

Con una advertencia: no lesionó, no tocó los intereses del sur agrario, porque así se lo impuso la alianza con el rey. Dicho de otro modo: los sobrevivientes del viejo orden social se adaptaron a la nueva situación, asumiendo una política que el príncipe de Lampedusa cristalizó en el gattopardo.

Entonces, los terratenientes del mezzogiorno y los junkers prusianos lograron desdibujar la revolución democrática sobre un argumento muy sólido: llevar adelante las tareas requería que el sector más radical, los trabajadores artesanales y los semiproletarios del campo, fuera su fuerza impulsora. Si esto era así, lo que quedaría en entredicho sería la naturaleza de la propiedad en su conjunto. El grito de batalla por la revolución permanente resonaba en sus oídos.

Es que el bloque nacional se había diferenciado demasiado, la burguesía preferiría por tanto un acuerdo con los integrantes del viejo orden al auxilio revolucionario de los portadores del nuevo. Aunque no se trataba de una prestación a título gratuito, sino de un pacto que tenía un costo cierto: su influencia política se vio mermada porque los representantes del viejo orden ocuparon un lugar que nada tenía que ver con su participación real en la producción.

Esta situación le permitió a Nicos Poulantzas sostener, en Fascismo y dictadura, que la burguesía monopolista italiana no era clase hegemónica del Estado, que otro tanto sucedía con la alemana y que la combinación parlamentaria de los partidos existentes (antes del fascismo, se entiende) no les permitía alzarse con el poder.

Ése es el panorama porque ésa es la falla en el tejido histórico. Por esa falla discurre el fascismo. Nada, absolutamente nada de este rico proceso es registrado por Sebreli.

La burguesía italiana tanto como la alemana carecían de imperio colonial. Tanto Francia como Gran Bretaña poseían imperio colonial: es decir, mercados protegidos para la colocación de sus excedentes de capital y producción. Para decirlo con el rigor de Charles Bettelheim (La economía alemana bajo el nazismo, T. I. pp. 39/41):

El mercado no tenía posibilidad alguna de ampliarse por sí mismo; para las empresas la contradicción entre el nivel elevado de las fuerzas productivas y el carácter limitado del mercado no tenía la menor posibilidad de resolverse, ni siquiera momentáneamente, como había ocurrido en el transcurso de las crisis precedentes. Se imponía pues la necesidad de añadir al mercado interior limitado un mercado suplementario constituido por los pedidos del sector público. Ciertamente, el inconveniente de este proceso consistía en que el Estado, para poder realizar sus pedidos, se veía obligado a negociar empréstitos, es decir, a endeudarse sin que resulte de ello su enriquecimiento directo (porque esos pedidos, en general, se relacionan con bienes que no tienen un valor económico, por ejemplo armamentos); son, por el contrario, las empresas a las que se les pasan los pedidos, así como sus prestamistas, quienes se enriquecen. A través de este proceso puede verse cómo surge una profunda diferencia entre una economía que se basa en la propiedad privada y una economía, como la soviética, que se apoya en la propiedad colectiva, porque en una economía de este último tipo el Estado se enriquece al mismo tiempo que las empresas, por lo que la deuda pública tan sólo desempeña un papel secundario.

Sean cuales fueren los inconvenientes del procedimiento, no por ello deja de abrir a la economía importantes salidas —por muy poco que se le utilice sistemáticamente— y, por consiguiente, permite la reactivación de la economía. Precisamente el nacionalsocialismo hizo una aplicación grandiosa de este procedimiento.

Si queremos resumir la evolución de la economía alemana tal como la hemos analizado en las páginas precedentes, podemos expresarnos en los términos siguientes. Inmediatamente después de la guerra, un gran país industrial se convertía por primera vez de acreedor del extranjero en deudor del extranjero. La contradicción que ya existía antes de la guerra entre el potencial industrial de Alemania y sus posibilidades de venta se veía aun agudizada. La coyuntura de inflación, seguidamente la coyuntura de empréstitos enmascararon, durante un cierto tiempo, la situación efectiva, cuando en realidad la inflación y los préstamos no hicieron sino agravar la situación futura. Gracias a la inflación y a los préstamos, el aparato industrial alemán volvió a ocupar el segundo lugar del mundo que durante un cierto momento había perdido, pero sus salidas en los mercados exteriores no se vieron incrementadas (la evolución de las exportaciones constituye una prueba de ello), sus salidas en el mercado interior se reducían, de hecho, sobre todo por la extensión del paro, que, aun en plena «prosperidad», alcanzaba a dos millones de trabajadores. Por otra parte, la dependencia de Alemania respecto del exterior, la carga de los intereses que debía pagar, crecían de año en año. En la cadena de los grandes países capitalistas, Alemania se estaba convirtiendo en su eslabón más débil, el más débil debido a su industrialización intensiva, que habría exigido un amplio mercado interior y exterior del que precisamente Alemania carecía.

La crisis económica mundial de 1929 iba a revelar al mundo la debilidad real de la economía alemana. Desde el punto de vista de la producción industrial, del segundo puesto en el mundo, Alemania pasó al quinto; su renta nacional se redujo en forma catastrófica. La proporción de obreros parados alcanzó un nivel hasta entonces desconocido y solamente análogo al de los Estados Unidos; el aparato bancario, estrechamente dependiente del extranjero, corrió el grave riesgo de hundirse definitivamente bajo la presión de las peticiones masivas de reembolso. Sólo pudo permanecer en pie gracias a la bancarrota y a la suspensión de pagos. De una forma general, la estructura económica y social de Alemania, sólo se mantuvo gracias a la socialización de las pérdidas, debido a que el Estado se hizo cargo de las pérdidas de la economía privada. Pero esto no resolvía el problema del funcionamiento del aparato económico alemán, ya que éste estaba y permanecía paralizado. Para salir de esta parálisis había diferentes caminos. El primero, el más radical, pudo ser la ampliación del mercado interior por un cambio profundo de las formas de apropiación, por la sustitución de la propiedad privada por la propiedad colectiva, único medio que permitía renunciar a los principios de la rentabilidad capitalista desarrollando el poder de compra de las masas en función del potencial de producción. Pero ningún movimiento político se proponía seriamente tal objetivo o quienes se lo proponían no tenían —por múltiples razones sobre las que no resulta útil insistir aquí— una audiencia suficiente.

Una segunda solución, la más simple, parece que pudo consistir en la imitación del camino que siguieron en septiembre de 1931 los países del bloque de la libra esterlina: el camino de la devaluación. Pero en la práctica este camino estaba prohibido para Alemania: alterar directamente el valor de la moneda de un país que siete años antes salía de la más terrible crisis monetaria de los tiempos modernos era correr el riesgo de desencadenar un nuevo pánico provocando el hundimiento del reichsmark. Por otra parte, los resultados concretos de ese tipo de política, incluso en el hipotético caso de evitar el hundimiento del reichsmark, verosímilmente se habrían revelado como muy limitados, en parte debido a que el mercado exterior desempeña ordinariamente, en Alemania, un papel secundario y la devaluación tiene su mayor efecto sobre las exportaciones; por otra parte, y sobre todo, porque una medida de ese tipo no habría faltado de originar réplicas análogas por todas partes (puesto que Inglaterra no tuvo necesidad de semejante ejemplo para devaluar la fibra esterlina); por tanto, si Alemania hubiese escogido este camino, las devaluaciones se habrían sucedido unas a otras, y el mundo se hubiera adentrado en un caos monetario mucho más grave aun que el que conoció en 1931.

Otro tercer camino pudo ser la aceptación de la ayuda financiera que sucesivamente le fue propuesta por Francia y por los países anglosajones. De este modo, Alemania habría entrado de nuevo en una vía de colaboración aparente con las potencias occidentales y con los Estados Unidos, y en la vía de su integración en una economía mundial, por lo demás bastante descompuesta. Realmente, habríamos asistido, bajo el disfraz de esa colaboración, a una verdadera colonización financiera de Alemania, a una manumisión del capital anglosajón sobre la economía alemana. Políticamente, Alemania no podía aceptar semejante solución; ningún partido político podía tomar la responsabilidad de semejante renuncia. Sólo quedaba entonces para quienes no querían alterar las formas de propiedad una cuarta solución, la que en la práctica proponía el nacional-socialismo: abrir a la industria alemana salidas provisorias mediante el rearme masivo y las obras públicas, y, seguidamente, por medio de las armas forjadas, abrir a Alemania de forma definitiva los mercados exteriores que, a falta de un mercado interior suficiente, eran indispensables para sus productos y para sus capitales y que tan sólo ellos podían proporcionarle las divisas necesarias para sus compras de materias primas.

De modo que el fascismo surge de una doble impronta: por un lado, de la peculiaridad histórica seguida por la revolución democrática en Italia y Alemania; por el otro, a consecuencia de este recorrido, su arribo tardío al mercado mundial. Es decir, del hecho de no contar con suficiente periferia colonial.

Entonces, se trata de un movimiento formalmente revolucionario, jacobino tanto por sus métodos como por sus fines, que sirve a la política de la burguesía monopolista; política que la burguesía monopolista no puede llevar adelante porque carece del control del aparato del Estado.

Por eso, aunque sirve a los intereses de esta burguesía, se trata de un movimiento «independiente» (no está directamente digitado). Tal autonomía produce fricciones con los elementos del bloque de clases dominantes.

Los roces hicieron que, por momentos, la burocracia prusiana o los industriales de alto nivel de concentración dudaran y temieran utilizar esa aceitada maquinaria de guerra para sus propios fines.

Se trataba, en suma, de una alianza entre la burguesía monopolista y la clase media urbana para desplazar a la burocracia prusiana de los junkers mediante la destrucción de toda actividad independiente de la clase obrera y de toda forma de oposición política.

De modo que el fascismo no es un gobierno posible en cualquier tiempo y lugar sino un fenómeno preciso, acotado por el carácter imperialista del desarrollo capitalista y por la posibilidad de disputar, mediante la guerra, un nuevo reparto del mercado mundial; fenómeno que surge tan sólo en naciones en las que han quedado cuestiones nacionales irresueltas.

Por eso, mientras Sebreli sostiene que no se puede diferenciar entre dictadura militar clásica y fascismo, entre bonapartismo y fascismo; nosotros sostenemos: es posible diferenciar.

II

Antes que ninguna otra cosa, digamos que el fascismo fue una categoría histórica. Esto es, el resultado que la lucha de clases arrojó como cristalización del combate social en Italia y Alemania entre 1920 y 1930, en un determinado estadio del desarrollo de las fuerzas productivas del imperialismo, con cuestiones nacionales irresueltas y en un punto del enfrentamiento interimperialista donde todavía era posible disputar —mediante la guerra— un nuevo reparto del mercado mundial.

Todo esto forma parte de un pasado irreproducible. Hoy, ni la mente más febril imagina una guerra entre Estados Unidos y Alemania o entre Japón y los Estados Unidos. El motivo es simple: la disparidad de fuerzas es excesiva. A su vez, la paridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética determina que una guerra entre países occidentales centrales equivalga al fin de Occidente. Digamos, entonces, que el fascismo es una categoría histórica muy particular, puesto que se trata de una categoría muerta, agotada.

Por eso, las «descripciones» del fascismo, los intentos de reducirlo a su violencia o a sus métodos, no capturan su pasado dinamismo y se convierten en una amalgama carente de vitalidad conceptual, en un relato congelado y congelante, en un inventario esclerosado.

Así como el fascismo es una categoría histórica agotada, el bonapartismo es una figura política viva. Se impone, en consecuencia, precisar lo obvio: qué cosa es.

El problema requiere distinguir entre una categoría histórica y una figura política. Digamos que una figura política es una ilustración histórica. Es decir, una determinada combinación que puede verificarse en muy distintas formaciones sociales, en muy distintos niveles de crecimiento económico y en muy distintas condiciones nacionales. Una figura política (la dictadura, por ejemplo) puede ejercerse en la Roma de los Césares, y en la España de Primo de Rivera. Esto no supone equiparar personajes históricos, ni siquiera sostener que el signo de las figuras es similar; se trata de capturar un peculiar ordenamiento, susceptible de reproducción en condiciones esencialmente diferentes.

Es posible verificar esta afirmación, estableciendo una suerte de historia genética de la democracia. Se puede hablar de democracia en Atenas (democracia esclavista), de democracia republicana en Roma (esclavista y aristocrática), de democracia en la Venecia de los Dux (una república aristocrática basada en el capital comercial; es decir, en la disolución de la sociedad feudal), se puede mencionar la monarquía constitucional y democrática de Luis Capeto (burguesa y censitaria), la monarquía constitucional aristocrática y la monarquía democrática británicas, la democracia republicana revolucionaria de la Revolución Francesa y la república soviética de la Revolución Rusa. Como se ve, las diferencias entre unas y otras son enormes. Se trata, en consecuencia, de figuras que, por su repetición, se transforman en instituciones políticas. Por eso, cuanto más se repite una figura para caracterizar un fenómeno, más pobre es la iluminación que aporta al hecho histórico al que pretende remitirse.

Éste es también, de algún modo, el caso del bonapartismo. En su versión original, Napoleón Bonaparte se constituyó en un genuino representante de la burguesía agraria; más precisamente, de los campesinos beneficiados por la revolución de 1789; en otras palabras, de un subproducto puro y directo de la Revolución.

Los campesinos, bajo el uniforme del soldado, permitieron a Napoleón elevarse por encima del conflicto entre las reivindicaciones económicas de los jacobinos de izquierda (hebertistas y enrages) y las exigencias de banqueros y comerciantes dantonistas. Cuando la caída de Robespierre abrió el camino del conservatismo, el bonapartismo de Napoleón surgió entre las fauces de una revolución triunfante en su faz termidoriana.

El agotamiento de los contendientes, el empate social y la imposibilidad de llevar la revolución más lejos, facilitan que un jefe militar agrupe en su torno a los sobrevivientes de la ciudadela revolucionaria.

Pero el bonapartismo de Luis Napoléon, el del «sobrino del tío», como lo denominara Marx, ya es otra cosa. Luis Napoleón emerge del empate producido por una revolución proletaria derrotada en su inmadurez histórica. No es la faz termidoriana de una revolución burguesa, que le permite montarse sobre un equilibrio interburgués, sino que todo el acuerdo entre los distintos segmentos de esa clase social (legitimistas, orleanistas y republicanos) se establece sobre la voluntad común de derrotar a los trabajadores parisinos. Los campesinos, estafados por la contrarrevolución, elevan a Napoleón hasta la presidencia mediante un acto comicial. De allí, tras el cierre del Parlamento, se reviste con los entorchados del emperador.

También en este caso las Fuerzas Armadas juegan un papel, ya que sin ellas el 18 Brumario (según el viejo calendario revolucionario) sería irreproducible; sin ellas, el cierre del Parlamento es un acto imposible. Como sin el reclutamiento del lumpenproletariado parisino, el partido del «sobrino del tío» carece de suficiente envergadura para disputar el poder de Cavaignac; tal es el bonapartismo de Luis Napoleón.

El bonapartismo de Bismark se basa en una revolución burguesa naufragada que deja tareas democráticas irresueltas (unidad nacional alemana). Bismark resuelve, a caballo de la aristocracia prusiana, ejecutarlas sin revolución agraria. Es otro equilibrio, otro pacto; también el Ejército juega un papel, al igual que la corona de Prusia. Pero los términos vuelven a ser muy otros.

De modo que el bonapartismo puede ser resultado de una revolución triunfante estabilizada en su faz termidoriana, de una derrota de la clase obrera revolucionaria o del aplastamiento de una revolución democrática encabezada por la burguesía.

Lo único común es la asunción del poder por parte de un caudillo militar, poder ejercido vicariamente en nombre de la burguesía.

Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón y Bismark no son figuras del mismo signo histórico. De modo que definir a un jefe como bonapartista no equivale a un elogio ni a una denostación, apenas constituye una ilustración sobre la naturaleza particular de su ascensión y comportamiento político.

III

La Revolución Francesa constituye el momento histórico en que la burguesía inicia el tránsito de clase dominante a clase hegemónica, para utilizar la acertada categorización de Antonio Gramsci. Es decir, cuando la burguesía traspasa su dominio de la economía política para alcanzar el dominio de la política.

De ser la principal dinamizadora del aparato productivo, va a ser la cabeza y la médula de una nueva organización histórico-social. El éxito de la revolución democrática estriba en que su dominio de clase emerge como nueva propuesta universal. La victoria burguesa es, entonces, la victoria de todos. Esto no sólo aparece así; es rigurosamente así.

Su dominio, su poder, la obediencia de las demás clases sociales no se funda sobre la violencia desnuda sino sobre la convicción general de que el sistema capitalista es capaz de subvenir y satisfacer las necesidades de todos los integrantes de la sociedad. Esta convicción legitima el dominio a los ojos de todos, la hegemonía de su proyecto y de su poder.

Pero dicha hegemonía no se realizó ni sencilla ni amablemente. Fue preciso guillotinar a un rey en Francia (antes, Oliverio Cromwell había hecho lo mismo con Su Majestad Británica); enfrentar una coalición militar monárquica y vencerla; rehacer el mapa de toda Europa; barrer los escombros feudales; garantizar el dominio de la burguesía a sangre y fuego y, finalmente, vestirse con el ropaje de un nuevo emperador con el único objeto de llevar a la victoria el programa revolucionario: revolución democrática, liquidación de las relaciones serviles en el campo y la ciudad, eliminación de la Iglesia como principal terrateniente feudal, transformación de la deuda privada del rey en deuda pública. En suma: entrega del poder del Estado a la nueva clase hegemónica, porque detrás de ella se alineaba toda la Nación.

Es que los beneficiarios de la historia y los protagonistas de la historia no son necesariamente los mismos, pero ella no admite en ningún caso un beneficiario que no sea un protagonista.

De ahí que Marx, con singular sentido crítico, sostuviera que, entre 1789 y 1815, la burguesía había sido una «clase social revolucionaria». Esto no le impide a un marxista bolivariano (porque de Ramos se trata) sostener exactamente lo contrario. En Ejército y semicolonia, escribe: «Es un error corriente afirmar que la burguesía europea fue “revolucionaria” y que realizó su propia revolución, mientras que la burguesía de los países atrasados, por venir al mundo en la época de declinación del régimen capitalista, adquiere forzosamente una categoría contrarrevolucionaria. En realidad, la burguesía no fue revolucionaria en parte alguna del mundo, ni en época alguna». (p. 174; el subrayado es de A. H.).

Si la afirmación de Ramos fuera correcta, la historia de la sociedad humana, más que «la historia de la lucha de clases», sería aquella donde siempre los mismos ejecutan las tareas de otros. Dicho epigramáticamente: sería la historia del jacobinismo; pero no del de la Revolución Francesa (es decir, la corriente más avanzada de su tiempo), sino de un jacobinismo a la Carlyle, un jacobinismo de héroes, de jefes, un jacobinismo solitario para una historia solitaria.

Este jacobinismo, que ayer hizo la Revolución Francesa sin la burguesía, hoy podría hacer la revolución socialista sin el proletariado.

Esta tesis transforma la historia universal en un soliloquio. Dando vuelta el razonamiento como una media: podríamos afirmar que ella no tiene sujeto, protagonista, que su predicado es su sujeto y que además éste (es decir, las tareas) no es una necesidad de un sujeto histórico concreto y determinado sino que viene dado Dios sabe por quién y por qué.

Y cuando la historia no tiene protagonistas porque los protagonistas no la asumen, pasa a ser una consigna propagandística y escribir sobre ella constituye un ejercicio literario. Eso no es todo, ya que si la burguesía nunca fue revolucionaria, la revolución burguesa nunca fue una tarea burguesa. Entonces, el sustitutismo histórico es la principal fuerza impulsora de la revolución. Lo que no es tan sencillo de explicar es qué es lo que mueve al sustitutismo, salvo la voluntad del héroe o de los héroes; pero cuando toda la interpretación reposa en la voluntad de los elegidos, el músculo que mueve las ruedas del relato comienza a perder fuerza y para recobrarla, para volver creíble lo increíble, tiene que acudir a golpes de efecto, a un estilo particularmente invectivo, provocativo.

IV

En algunas de sus cartas, Raymond Chandler se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo volver verosímil algo tan inverosímil como el protagonismo de una novela policial?; ¿cómo salvar una situación básicamente falsa (los motivos del detective para ser detective son pobrísimos)? Responde así: es un problema de estilo. La comprensión del autor de El largo adiós sobre la debilidad del género (ya que cuando el estilo es el único recurso, o en todo caso el principal, la falta de fuerza es intrínseca) ilumina la literatura de Ramos: la fuerza del lenguaje sirve a la debilidad de sus protagonistas y la ironía desplaza, reemplaza, la solidez argumental.

Así, se comprende que el rigor en este autor no tenga mucha importancia: sus argumentos son para esgrimir desde el poder, no para aportar a su consecución.

Ningún Estado tambalea por la pobreza intelectual con que es defendido; en todo caso, ningún Estado burgués. Cuando los escribas no producen el efecto deseado, los profesionales de la violencia (las Fuerzas Armadas) cumplen su papel con argumentos más contundentes y con métodos mucho menos sutiles.

La burguesía nunca fue revolucionaria, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en parte alguna, sostiene Ramos. Entonces, si nunca lo fue, ¿por qué habría de serlo ahora? Si alguien lo exige, si lo pide, es un ignorante en el terreno de la verdad histórica, un provocador en el escenario de la lucha política, porque no se debe exigir lo que por naturaleza no se puede cumplimentar. El razonamiento parece sólido pero es un silogismo basado en una tautología.

Tanto en Ramos como en Sebreli la historia universal es una historia imaginaria que se deshace entre los dedos. Por eso Sebreli no puede explicar la victoria del ’45 y por eso Ramos no puede explicar la derrota del ’83.

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LA NEUTRALIDAD IMPOSIBLE

I

El surgimiento del peronismo coincide con un momento clave de la IIª Guerra Mundial: la definición del bando vencedor.

Sea cual fuere la fecha en que se extienda la partida de nacimiento del peronismo, queda claro que la suerte del hitlerismo ya estaba echada. Si se identifica el peronismo con el GOU, y al GOU con el golpe del 4 de junio de 1943, se comprueba que arriba a la historia contemporánea después de la batalla de Stalingrado (2 de febrero de 1943).

Admitamos que en aquel entonces Stalingrado no tuviera el valor militar que propagandísticamente se le había asignado y en consecuencia no se tratara «del comienzo del fin». Aun así, para un observador atento a la marcha de la guerra (la dirección del golpe estuvo en manos de militares profesionales) desde abril de 1942 la iniciativa bélica estaba en manos de los aliados. Y si algo faltaba para coronar esta observación, el 30 de septiembre del ’43 el mariscal Badoglio aceptó el armisticio propuesto por los aliados a Italia, tras el arresto a Benito Mussolini. Es cierto que tropas alemanas rescataron al Duce, pero la Italia legal combatió contra el Eje y los alemanes pasaron de aliados a ejército de ocupación.

En cambio, si la fecha de nacimiento se ubica en el momento en que Perón asume el trípode del poder (vicepresidente de la República, ministro de Guerra y secretario de Previsión Social) el destino del Eje está fuera de discusión. Perón asume la vicepresidencia el 7 de julio de 1944 y en junio los aliados invadían Normandía; sin olvidar que hacía meses que la URSS ya no combatía en su territorio.

Si por el contrario se fecha el movimiento en las proximidades del 17 de octubre de 1945 (ésa es nuestra posición) a partir de la movilización del proletariado industrial, se aclara blanco sobre negro que el peronismo es posterior a Yalta (febrero de 1945).

Todo este cuidado abanico de posibilidades tiene un solo y minucioso objetivo: establecer indubitablemente que el peronismo nace a la historia contemporánea en medio de la más formidable trastrocación del equilibrio mundial desde la Revolución Rusa.

Al peronismo y a Perón les toca actuar en la quiebra entre dos épocas. Una arranca en la crisis del ’30 con su consiguiente transformación de las condiciones de realización de la renta agraria en el mundo y la otra cuando la derrota del fascismo ubica a la Unión Soviética en el centro de la escena. El peronismo tiene entonces, históricamente hablando, dos orígenes simultáneos: la crisis del capitalismo que altera el vínculo entre el bloque de clases dominantes nativas y Gran Bretaña, y el fortalecimiento de la URSS, ahora sí un acontecimiento histórico irreversible y por consiguiente el fortalecimiento de los movimientos antiimperialistas del mundo entero.

El panorama no deja de resultar paradójico: por una parte nunca los Estados Unidos fueron tan fuertes económica y militarmente, nunca una sola potencia imperialista hegemonizó tan claramente todo el arco del universo burgués y por otra parte nunca la clase obrera alcanzó vicariamente tanto poder militar y político. Desde la reconstrucción de toda Europa, incluso la Europa burguesa, hasta la liberación de China eran resortes de los partidos comunistas.

Hasta 1939 Rusia Soviética fue una potencia asiática; es decir, una potencia a medias. Si se contabiliza su poder militar pesaba y mucho; pero si se medía su poderío económico en varas industriales, su importancia se reducía drásticamente.

La llamarada que había abrazado a la clase obrera europea tras el triunfo de Lenin y los bolcheviques retrocedía. El capitalismo logró estabilizarse y aunque los partidos comunistas crecieron, la crisis del ’30 y el fascismo los desbordaron. La reacción venció en toda la línea, la III Internacional no fue capaz de detener al fascismo, lo que equivale a decir: no pudo evitar la IIª Guerra Mundial.

Esa incapacidad por evitar el ascenso de Hitler y Mussolini lanzó la dramática pregunta que Wilheim Reich formuló más o menos así: Las razones por las que el imperialismo requiere la guerra son claras. Lo que no es tan claro —sostuvo en Psicoanálisis de masas del fascismo— es por qué los proletarios aceptan morir en la guerra imperialista.

La historia de las dos guerras mundiales no tuvo protagonismo obrero, sino víctimas obreras. El proletariado fue vencido donde debía vencer, los fantasmas de la revolución enterrados sin honras fúnebres, los sobrevivientes encerrados en campos de concentración o eliminados; entonces Hitler saludó desde las murallas de Nuremberg.

Por eso, como no podía ser de otro modo, la IIª Guerra Mundial fue una guerra interimperialista. Podemos reformular esta afirmación del siguiente modo: o la IIª Guerra Mundial era una guerra interimperialista o no había IIª Guerra Mundial.

Si el fascismo vencía a la clase obrera, tal como sucedió, la burguesía estaba en condiciones de disputar con sus antagonistas del mismo signo otra redivisión del mundo. Primero debía probar su pujanza en la cabeza de su proletariado, sólo después estaría en condiciones de enfrentar la lucha por el mercado mundial. Pero si no vencía, si la clase obrera era victoriosa, la disputa no tenía lugar y sin ella la guerra se perdía en el horizonte. Bien podría haber sido que en el ajuste de cuentas sobreviniera una guerra, pero no era más que la internacionalización de una lucha entre burgueses y proletarios. Es decir, no era la guerra sino la revolución.

Así y todo, aunque la IIª Guerra Mundial fue una guerra interimperialista, la URSS fue un elemento decisivo en la derrota del fascismo. Con sólo mirar a qué velocidad fueron doblegadas Francia, Bélgica y Holanda (semanas) y cuál fue la resistencia que fue capaz de desarrollar Gran Bretaña, se comprende la justeza de esta afirmación. Hasta mediados de 1944 el 60 por ciento de las fuerzas de Hitler se batían contra el Ejército Rojo. Tanto es así, que a juicio del Estado Mayor norteamericano Roosevelt debía ceder cuanto hiciera falta para lograr la cooperación de Stalin en la guerra contra el Japón ya que la hostilidad soviética podía cambiar el curso de la batalla.

Los cuatro grandes de Yalta eran cuatro para los fotógrafos y sólo dos en la mesa de negociaciones: los EE.UU. y la URSS. Y precisamente éste era el cambio cualitativo más importante del siglo XX, puesto que la Rusia soviética ingresaba al terreno de los hechos irreversibles.

II

Después del general Justo le toca el turno a Roberto Ortiz. El nuevo presidente fue elegido con los mismos métodos que el anterior y expresaba una continuidad matizada pero evidente. Era radical aunque antipersonalista, abogado de los ferrocarriles ingleses; es decir, un conservador a la vieja usanza.

Cuando estalla la guerra Ortiz desempolva la tradición diplomática argentina: la neutralidad. «Pero si Ortiz declama la neutralidad toda su política estaba destinada a quebrarla», sostiene Ramos en el tomo IV de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, para proseguir así: «Tan sólo la neutralidad norteamericana, que se mantuvo hasta el 7 de diciembre de 1941 y la preeminencia bélica rápidamente alcanzada por Hitler en Europa permitieron durante el gobierno de Ortiz mantener esa política».

Convengamos que si los Estados Unidos eran neutrales, tal como afirma Ramos, también Ortiz lo era. Por eso conviene recordar a cuánto ascendía la cacareada neutralidad de Franklin Delano Roosevelt.

A fines de octubre de 1939, pocas semanas después de que Hitler invadiera Polonia, el Senado aprobó una ley denominada «cash and carry», que podría traducirse páguelo ya y lléveselo; como los únicos que disponían de dinero y barcos eran Francia y Gran Bretaña, lo que se proponía Roosevelt era transparente.

Durante el transcurso de 1940 Winston Churchill avisa a Roosevelt que en diciembre se le acaban las divisas, que no pueden pagar más. Sin perder mucho tiempo, en marzo del ’41, se elaboran las Pret Bail. Esto es, el Congreso autoriza al presidente a prestar a quien crea conveniente material bélico para cobrar una vez finalizadas las hostilidades. Francia ya se había rendido y en Europa los únicos que resistían eran Churchill y un solitario general francés: Charles de Gaulle.

Dos tiempos tuvo entonces la neutralidad norteamericana: hasta fines del ’40 eran el «arsenal de la democracia» al contado rabioso y a partir de esa fecha hasta que los Estados Unidos abandonan la guerra sin fuego disparado por norteamericanos, financian sin límite (podían entregar hasta 7.000 millones de dólares de entonces) la victoria británica. Sólo cobrarían alguna vez si Churchill ganaba la guerra, de lo contrario sus préstamos eran papel mojado. Esa era la «neutralidad» norteamericana.

Resta saber entonces, cómo era la «neutralidad» argentina durante un lapso que incluye completo el gobierno de Ortiz (Castillo asume el 3 de julio de 1940 interinamente). Ramos lo aclara muy a su pesar: La situación militar de los aliados no era muy brillante. Gran Bretaña dependía, cada día más, de los abastecimientos militares de la neutral Norteamérica y debía pagarlos con sus inversiones extranjeras. Las ventas de productos argentinos no eran pagadas, a su vez, sino acreditadas como «libra congelada» en los libros de contabilidad del Banco de Inglaterra, lo que equivale a vender a crédito a un plazo no establecido (p. 65, el subrayado es de A. H.).

Vender equipo militar a uno de los contendientes y no vendérselo al otro y luego vendérselo a crédito hasta que terminen las hostilidades no puede llamarse neutralidad sino en el cínico lenguaje de la diplomacia profesional. Del mismo modo que vender «a crédito a un plazo no establecido» a uno de los contendientes y no cobrar ni siquiera cuando el gobierno británico disponía de divisas convertibles tiene una denominación muy sencilla: colaboración con el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña: sostener desde la retaguardia una guerra sin fuego.

Aun así, entre la «neutralidad» argentina y la norteamericana median miles de kilómetros; en un caso, se trata de una metrópoli imperialista interesada en el debilitamiento de sus dos antagonistas, en la victoria desgarrada de uno de ellos; en el otro, se trata de las clases dominantes de un país dependiente que respaldan incondicionalmente a la metrópoli bajo cuya hegemonía actúan. Una es una política «nacional imperialista» y la otra es una política de clase antinacional que refuerza en tiempos de debilidad británica el dogal de la dependencia.

Entre la rendición de Francia (junio de 1940) y la invasión de la URSS (julio del ’41) Churchill combate absolutamente solo. Es decir, a lo largo de esos 12 críticos meses depende esencialmente del abasto de las colonias y del apoyo norteamericano. Los Estados Unidos ponen sus condiciones, las colonias como Canadá se benefician con la radicación industrial masiva para la producción de material de guerra pesado y la Argentina financia a título gratuito a los combatientes británicos; Roosevelt rechaza cualquier otra moneda que no sea oro o dólares, Argentina no recibe ni libras. Ésa es la neutralidad argentina.

«Como los ingleses no podían vendernos sus productos industriales, según el intercambio tradicional, la industria argentina debió crecer, aunque sin equipos y materiales suficientes», explica Ramos (p. 65). Ésa es la clave de su defensa de la «neutral» política de Ortiz-Castillo: el crecimiento de la industria. En realidad, más que una defensa de ambos presidentes se trata de una defensa encubierta de la guerra, ya que la neutralidad de ambos era casi idéntica y lo que efectivamente favorecía la actividad industrial no era, en ese momento, su acción política sino el proteccionismo generado por la contienda al aislar a la Argentina del mercado mundial.

Y sigue Ramos: «Todo lo que la Inglaterra no podía vender, la Argentina debía comprarlo en EE. UU. Pero al no disponer de libras inglesas (porque no cobrara sus exportaciones a Gran Bretaña) el déficit con los EE. UU. crecía y al mismo tiempo aumentaba la deuda inglesa con la Argentina (no sólo con la Argentina, Londres debía al final de la contienda 1.250 millones de dólares a la India, 470 a Egipto, etcétera). Cuando la posición de la Argentina con las monedas libres mejoró, no pudo emplear esos medios de cambio para importar de los EE. UU. porque este país ya había entrado en guerra y restringía las exportaciones no bélicas». (p. 65).

Todos los elementos aportados por el mismo Ramos tienden a mostrar lo forzado y artificioso de su caracterización. Es obvio que la Argentina participó activamente en la guerra, porque de lo contrario no sería una guerra interimperialista. Para entrar en guerra los países dependientes no deben autorizar a sus potencias dominantes mediante documento político alguno, les basta con no modificar la naturaleza de su relación. Por eso, en una guerra mundial, porque de una u otra forma, combatiendo, ayudando a sostener a los que combaten o enfrentando al imperialismo, todos absolutamente todos cumplen con sus «obligaciones».

La neutralidad de un país dependiente se mide, en consecuencia, por la jerarquización que su propia problemática (la dependencia) asume ante su gobierno y desde esa perspectiva la India, Egipto, Canadá y la Argentina participan de la guerra satisfaciendo los requerimientos británicos. La ficción diplomática de la neutralidad se podía mantener porque el poderío militar alemán no operaba en esta parte del globo. Alemania no tenía flota suficiente para actuar masivamente en el Atlántico y por esa razón su disputa con Gran Bretaña en América no operaba. Toda la política de Hitler después de la rendición de Francia pasó por alcanzar la paz con Gran Bretaña, estabilizar su posición en Europa y tener las manos libres para actuar en la Unión Soviética.

Hasta Ramos ve el problema cuando sostiene: «La cuestión fundamental del momento consistía en mantener los abastecimientos argentinos sin interrupción; y en segundo lugar dificultar hasta donde le fuera diplomáticamente posible, una influencia de los EE. UU. en los asuntos del Río de la Plata. Desde el punto de vista de Washington en cambio, la neutralidad benigna de los EE. UU. en la guerra mundial debía permitirle sustituir al Imperialismo Británico en sus antiguas zonas de influencia» (pp. 50 y 51, el subrayado es de A. H.).

Tal cual, puesto que la entrada en guerra con fuego de la Argentina sólo servía a los intereses norteamericanos, puesto que era la única potencia capaz de colocar, avituallar y sostener tropas argentinas en el escenario del combate. En definitiva, equivalía a alcanzar «una influencia excesiva» en los asuntos del Río de la Plata. Cuando el principal respaldo del gobierno eran las FF. AA.

Es cierto que Ortiz al facilitar el retorno a la democracia se proponía acompañar la política de los Estados Unidos, porque el retorno a la democracia en 1940 equivalía al triunfo del radicalismo. Y el radicalismo era el principal sostenedor junto con el Partido Socialista de Repetto de batirse «junto a la democracia contra el fascismo».

Pero la UCR no expresaba solamente los sentimientos de una importante fracción de su base social, sino la modificación de los intereses de un segmento de la clase dominante (particularmente la burguesía industrial) que requería equipos para el crecimiento económico y entendía que la presencia argentina en la guerra era una moneda de cambio tan buena como las divisas. Al mismo tiempo, visualizaba el eclipse británico como acontecimiento inevitable.

El argumento de que la guerra tuvo dos bandos claramente definidos y fijos (de un lado las democracias y del otro el fascismo) es el resultado de una superreducción propagandística. Los Estados Unidos sostenían a Gran Bretaña en su lucha contra Hitler a cambio de trasquilarse los intereses británicos en el continente. Los ingleses soportaban este arreglo rechinando los dientes porque la estabilización de Hitler en Europa los transformaba automáticamente en una colonia alemana. Por eso esperaban que, al fin de la guerra, la derrota de Alemania les permitiera conservar su imperio de Oriente. Churchill soñaba que el mundo tendría dos protagonistas: Churchill y Roosevelt.

En una palabra, esperaba que Alemania derrotara la Revolución de Octubre y finalmente tuviera que vomitar sus conquistas. Los comunistas serían un fósil sin importancia y Gran Bretaña y los EE. UU., las potencias sajonas, se redistribuirían el mundo a su voluntad.

Stalin trató de mantener la guerra fuera de sus fronteras; no jerarquizó una alianza con Gran Bretaña puesto que equivalía a entrar en primera línea de fuego al combate con Alemania. Para los Estados Unidos, como para Gran Bretaña, las posibilidades de resistencia soviética no pasaban los tres meses frente a un ataque masivo alemán. Estos cálculos no parecen tan irreales cuando se observa la pobre resistencia de Europa, pero reflejan su absoluta incomprensión de las ventajas inherentes a un régimen social de economía planificada.

Por eso, la fantasía de Churchill sufrió una ligera modificación: los protagonistas fueron dos, en efecto, sólo que se equivocó en los personajes y el papel que se reservaba tuvo que dejarlo en las callosas manos de José Stalin.

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RAMOS, Jorge Abelardo: El sexto dominio, Ob. cit.

UNA YALTA LOCAL

I

El 4 de junio de 1943 Ramón Castillo agotó su breve cielo. La candidatura de Robustiano Patrón Costas a la presidencia era su fin. Un golpe palaciego sustituyó al sucesor de Ortiz y las Fuerzas Armadas que habían sido el principal soporte de todos los gobiernos posteriores a 1930 retomaron la iniciativa.

Tanto Patrón Costas, el candidato conservador, como la UCR, eran partidarios del realineamiento internacional de la sociedad argentina. Se trataba a su juicio de aceptar el cambio de los tiempos y consecuentemente pasar de la órbita pro británica a la pro norteamericana. Pasar de un campo al otro era problemático aunque no estaban separados por una barrera china. Con participar del conflicto en los términos indicados por Franklin Delano Roosevelt era suficiente. Es decir, había que declarar la guerra al Eje.

Los motivos de la confluencia radical conservadora no son idénticos. El crecimiento de la industria sustitutiva planteaba urgentes problemas de reequipamiento; y reequipamiento en la Argentina de la década del 40 se traducía en importaciones; importar de Gran Bretaña era imposible, de modo que equipamiento, importación y Estados Unidos eran valores equivalentes.

Pero la relación histórica que los terratenientes argentinos habían mantenido con los EE. UU. era de enfrentamiento; los EE. UU. eran visualizados con justeza como un competidor imbatible; también vendía granos y ahí estaba la dificultad. Tanto es así que hasta Ramos admite el carácter pro británico del nacionalismo agrario antiyanqui.

Para la Unión Cívica Radical, en cambio, el problema era otro. Mientras Alvear vivió, quiso ocupar la presidencia por segunda vez y un solo obstáculo se interpuso entre su deseo y la Casa Rosada: el fraude.

Si lograba que las elecciones fueran libres, si los métodos de la década infame eran abandonados, él sería presidente, y la UCR, partido de gobierno. ¿Cómo alcanzar este objetivo? Sólo dos tácticas se dibujaban en el horizonte: el acuerdo o la lucha, y nadie ignora que la lucha no era el temperamento de Alvear. Más seguro resultaba, en sus términos, apostar a las elecciones libres con el respaldo del Departamento de Estado. Muerto Alvear la UCR se limitó a elegir otro candidato, sin modificar un metro su proyecto político.

II

Gran Bretaña ingresaba en un cono de sombras. Federico Pinedo había entendido con su habitual lucidez teñida de cinismo la nueva situación. Por eso en 1940, cuando esto era evidente para muy pocos, propuso con el respaldo de Ramón Castillo un plan económico.

El plan partía de la siguiente premisa: la potencia hegemónica del mundo era Estados Unidos. Los valores agrarios podían mejorar su situación, sus precios, pero en términos relativos estaban condenados, y todo intento puramente agrarista también; lo que había comenzado como una política de emergencia en relación con una aguda crisis internacional debía ser reforzado; era preciso reimpulsar la actividad industrial lanzando un proyecto que revitalizara la producción sustitutiva.

Ese proyecto que Sebreli juzga «progresista» y sufre porque fue «desperdiciado» fue ejecutado puntualmente, aunque en diferentes condiciones políticas, por el general Perón. Eso sí, en lugar de realizarlo plegándose plásticamente al dictat imperialista, lo hizo resistiéndolo.

El programa de Pinedo fue rechazado por el Senado porque parecía demasiado osado y no fue tratado por la Cámara de Diputados porque el radicalismo tenía mayoría. Dicho de otro modo: para el partido conservador el proyecto de Pinedo no era todavía un programa indiscutido y como para los conservadores esto era así, los radicales preferían no meterse en honduras. No fuera cosa que a la hora de regresar al poder se enajenaran el apoyo de sus aliados naturales.

La Unión Industrial Argentina fue la más firme defensora del Plan Pinedo y sus expertas lo alabaron encomiásticamente. La Sociedad Rural se manifestó favorable, pero menos que la UIA y sólo CARBAP lo rechazó de plano.

Formulado en términos de clases sociales: los industriales, los invernadores y los banqueros veían con simpatía el proyecto. Al menos, en sus capas dirigentes. Pero las representaciones políticas vacilaban. No sabían si debían invertir la renta agraria acumulada bajo la forma de capital financiero en la reproducción industrial o si por el contrario volver a esperar los buenos precios agrarios internacionales y defender en consecuencia la propiedad de la tierra como principal fuente de acumulación de capital.

No sabían, en suma, si su carácter de terratenientes debía primar sobre su carácter de banqueros o si su carácter de banqueros era la clave para reasignar la totalidad de su capital. Y no pudieron resolverlo por sus propios medios, puesto que el general Perón lo resolvió de un plumazo por ellos. Es que todo el tiempo oscilaban entre su «ideología fisiocrática» y la acumulación generada por medio siglo de obtener rentas de la misma manera.

CARBAP, por su parte, rechazaba enérgicamente el Plan Pinedo enarbolando las banderas del tradicionalismo. Y sólo CARBAP sería disuelta como entidad gremial empresaria durante el gobierno de Perón. Los motivos eran transparentes: para los terratenientes medianos y pequeños, para los que no manejaban campos de invernada, para los que no habían acumulado renta agraria bajo la forma de capital financiero, hacer pasar el eje de realización de la renta por el capital financiero equivalía a perder importancia política y económica. De asociados con menor capacidad para la generación de renta, pero sólo separados del invernador por la calidad y ubicación de sus pastos, se transformaban en suministradores de alimentos baratos para la población urbana.

Es decir, cuanto menores sus ingresos, menores los salarios, menores los gastos de los obreros industriales en alimentación, menores sus exigencias salariales y mayores sus consumos de bienes semidurables y durables. En otras palabras, los recortes de su renta se transformaban en ingresos industriales y financieros.

La calesita pegaba la vuelta, los industriales dejaban de ser el último orejón del tarro y los productores agrarios de menor potencial pasaban a ser la variable de ajuste en la lucha interna por la apropiación de la renta agraria. Las bases de la economía argentina no se modificaban; lo que sí se transformaba era el modo en que se dividían las achuras. Y en ese reparto CARBAP perdía espacio día a día porque la CGT ya era más importante que CARBAP.

Y allí emerge el GOU.

El golpe no estaba programado. A juicio de todos los factores de poder, las elecciones debían pulir el nuevo programa del bloque de clases dominantes y Castillo era la referencia estatal adecuada.

Para el Departamento de Estado la participación argentina en la guerra equivalía al desplazamiento definitivo de Gran Bretaña, en un momento en que Churchill no estaba en condiciones de resistirse mucho. Creían que algo tan poco popular como una guerra requería del apoyo de un partido popular y por eso veían con buenos ojos el triunfo radical. La participación de la Argentina en la guerra no tenía ningún objetivo militar (la guerra ya estaba básicamente saldada), se trataba de sentar los reales en un territorio semivedado.

Era la gran oportunidad y por eso no querían dejarla pasar.

Eso sí, el presidente radical debía tener un adecuado ministro de Hacienda, pero el nombre del presidente era casi una cuestión semántica, porque el peso de las decisiones pasaría por ese peculiar primer ministro. Por eso debía ser conservador: un conservador pro norteamericano, Pinedo era un candidato casi ideal aunque no el único.

Los militares en cambio no eran contabilizados en ninguno de los esquemas, ni sus puntos de vista atendidos por casi nadie, salvo los nacionalistas, y sin embargo eran el poder debajo del trono.

Entre 1930 y 1943 los nacionalistas católicos fueron la única estructura política que atendió intelectualmente a las Fuerzas Armadas. Esa labor rendiría algunos frutos (su feroz anticomunismo y sus simpatías por el Eje integraron el sistema de ideas de la corporación militar), por cierto muy alejados de las expectativas del nacionalismo.

Las clases dominantes no concebían una acción militar independiente de sus necesidades y exigencias inmediatas. El golpe del 30 fue una operación donde las Fuerzas Armadas participaron en un grado mínimo: basta recordar que Uriburu movilizó a los cadetes por toda fuerza y que el general Perón en su libro Tres revoluciones militares sostiene que el grueso de la oficialidad no jugó papel alguno.

III

El GOU era una típica logia castrense. En sus filas se mezclaban en partes más o menos iguales aliadófilos y germanófilos, pero en ese esquema no ingresaban los Estados Unidos. La sociedad argentina era antiyanqui por agraria; de ahí que los términos polares de la guerra fueran europeos. Había que elegir entre Gran Bretaña y Alemania; lo demás contaba poco en la limitada testa militar.

Para la fracción pro británica el problema era el statu quo y para la fracción germanófila, para los nazis de segunda mano, todo pasaba por esperar el triunfo militar de Hitler. Argentina sería liberada por la caída de Londres, sostenían los oficiales antisemitas. Para los otros la caída de Londres equivalía a la caída del cielo. De modo que mientras Londres se resistía y Hitler combatía, la «unidad» del GOU estaba sellada; no se trataba de hacer nada, sino de esperar que los sucesos definieran su propio perfil.

Mientras la guerra no estuviera tajantemente dirimida, mientras el descalabro militar alemán no resultara evidente, mientras no hubiera que actuar, el GOU era una armónica logia militar. Pero la acción equivalía al estallido inmediato. Y llegó la acción: es decir, el golpe.

En los documentos fundacionales del GOU, publicados por Fermín Chávez, todo el proyecto está matizado por un anticomunismo militante. La victoria del Frente Popular en Chile, impulsado ideológicamente por el Partido Comunista, con la hegemonía del radicalismo chileno y el visto bueno de Washington, los inclinaba a temer una repetición.

¿No tratarían los radicales argentinos de vencer a caballo de un acuerdo con el PC? ¿No se reeditaría en la Argentina la política del Frente Popular? Si a esto se suma que el movimiento obrero se movía en la trocha dibujada por el PC y los socialistas, y que el apoyo de la sociedad urbana no proletaria a la UCR se daba por descontado, la posibilidad electoral sumada a la creación de un frente popular, equivalía en sus cabezas a una evidente victoria comunista. Sobre todo cuando Stalin y Roosevelt se reunían vuelta a vuelta y a espaldas del mundo, a sus espaldas, negociaban su suerte. Es decir, traicionaban las banderas del Occidente católico. Esto había que evitarlo; pero cómo: ¿facilitando el fraude en favor de Patrón Costas? Las fuerzas en pugna no les dejaban alternativa, el realineamiento de la sociedad civil requería la quiebra militar.

No se trata de un golpe pro británico, como sostiene Peña, sino del desplazamiento de la relación de fuerzas internacionales. Es cierto que el éxito inicial de los blindados hitlerianos deslumbró a los militares argentinos, pero debieron pasar a considerar Kursk. Allí, cerca de Ucrania, 6.400 tanques libraron la batalla de blindados más importante de la historia; casi en paridad de fuerzas (3.300 tanques soviéticos, 3.100 tanques alemanes) la victoria de Stalin quebró el equilibrio de la IIª Guerra Mundial y posibilitó la invasión a Normandía. El comunismo avanzaba con las orugas del T 40, y la pinza de los tanques y el movimiento obrero resultaban temibles.

Las FF. AA. habían cumplido su papel de guardia pretoriana del régimen mientras el bloque de clases dominantes se había perfilado detrás de un proyecto único. Hasta ese entonces no se registraron fisuras destacables; la crisis, la guerra, la nueva situación de hegemonía, el crecimiento del movimiento obrero, facilitaban el accionar militar independiente. Más aun, empujaban a la sociedad agraria a redibujar su perfil mediante su principal buril colectivo: las FF. AA. Por eso, el poder debajo del trono resolvió cancelar la ficción y admitir a los ojos de todos que eran una fuente de poder efectivo y que toda transformación significativa de la sociedad argentina debía realizarse con su consentimiento. De lo contrario el orden del cuartel sería transmitido a toda la sociedad, porque ese orden social imperaba dentro de los límites del cuartel.

No era cosa de que un grupo de advenedizos pescara a río revuelto y de que la nueva relación de poder que la clase obrera, que los partidos comunistas, habían establecido con la burguesía a nivel mundial se retradujera en poder autónomo; el equilibrio de Yalta no debía ingresar a la sociedad argentina. Yalta debía ser la clave de Europa, pero no de la Argentina. Y lo que trataron de evitar fue lo que efectivamente hicieron, ya que el peronismo es una Yalta local.

Todos los que leen las fracturas de la historia universal a «nivel nacional» tienen que elegir determinar de quién es agente el golpe del ’43. Unos dicen de los británicos, otros de los nazis (los más rudimentarios y esquemáticos por supuesto) otros de toda la «historia argentina», es decir no dicen nada, nosotros decimos: de la nueva relación de fuerzas internacionales que todavía no había cristalizado dentro de la sociedad argentina en un proyecto hegemónico. Y como no lo pudo resolver el bloque de clases dominantes por sus propios medios lo resolvió a través de las FF. AA. Eso y no otra cosa es el golpe de 1943.

Pero las Fuerzas Armadas no eran conscientes de que salían a la palestra para dirimir un conflicto interno del bloque de clases dominantes, ni de que el conflicto de las clases dominantes requería resolución militar, ni de que su propio conflicto militar expresaba la tirantez entre un Estado agrario dependiente y un Estado industrial dependiente con basamento agrario; ni terratenientes, banqueros e industriales tenían por hábito que los militares laudaran sus conflictos.

Por eso, cuando el general Rawson se hace cargo de la presidencia avanza muy tímidamente y el primer gabinete refleja el país de la década infame. Es decir, el país que el golpe deja atrás. Era como volver al gobierno de Castillo sin Castillo; era, en definitiva, una ilusión militar irrealizable puesto que el gobierno de Castillo requería de elecciones más o menos fraudulentas para un viraje más o menos pro norteamericano. Y eso era precisamente lo que querían evitar los militares.

El gabinete cae, el presidente cae, porque el golpe está a la búsqueda de su soporte social y siente que el suelo se mueve bajo sus pies.

Queda claro que toda la sociedad civil tradicional está políticamente representada (el movimiento obrero no la integraba) y en ese espacio los intentos de legitimación están perdidos salvo que su única bandera sea elecciones libres; es decir, la victoria radical; es decir, la política de Patrón Costas con mayor soporte social; es decir, tras trece años de fraude los militares que habían soportado la caída de Yrigoyen, los negociados del Palomar, el acuerdo Roca-Runciman, la concentración de los transportes, la política británica en materia ferroviaria, el negociado de la CADE, sin mover una ceja, descubrían la democracia.

Algunos consideraron seriamente la posibilidad; Ramírez fue uno de ellos, pero ésta no era la actitud del coronel Perón, ni la dinámica de la lucha de clases, porque había un espacio susceptible de disputarse: la dirección política del movimiento obrero y de las capas medias de los pueblos agrarios. Vale decir, todo aquello que se movía por fuera del universo político del radicalismo. Entonces, el golpe debía conquistar apoyo social para un gobierno militar independiente y a esa búsqueda se lanzó. El subproducto de ese fallido intento resultó el movimiento peronista.

CHÁVEZ, Fermín: Perón y el peronismo. Buenos Aires, Oriente, 1971.

GIUDICE, Ernesto: Imperialismo y liberación nacional. Buenos Aires, Granica, 1974.

JAURETCHE, Arturo: FORJA y la década infame, Ob. cit.

PERÓN, Juan Domingo: Tres revoluciones militares. Buenos Aires, Escorpión, 1963.

PINEDO, Federico: En tiempos de la República, Ob. cit.

PORTANTIERO, Juan Carlos y Murmis, Miguel: Ob. cit.

POTASH, Robert: El ejército y la política en la Argentina, Tomo I: 1928-45. Buenos Aires, Sudamericana, 1981.

TROTSKY, León: Historia de la Revolución Rusa. Buenos Aires, Galerna, 1972.

1943: RADIOGRAFÍA DE UN GOLPE DE ESTADO

I

El 10 de marzo de 1943 la constitución del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) se formaliza. De modo que 90 días antes del golpe del 4 de junio el GOU todavía estaba en estado de suspensión. Por eso, sostener que la logia era el factótum organizativo o intelectual del derrocamiento de Ramón Castillo constituye una simplificación excesiva, una grosería histórica.

Es posible admitir, por vía hipotética, que los trabajos de constitución del GOU demoraron meses. Existen especialistas en el tema que fechan a comienzos de 1942 los primeros preparativos de una actividad semiorgánica y es casi seguro que están en lo cierto. Así y todo, esa organicidad definitiva no se alcanzó y no se alzó porque no había ningún motivo para apurar el paso.

El Ejército cogobernaba, sus objetivos y principios eran escrupulosamente respetados; el GOU todavía no hacía falta.

Cuando se revisan los conflictos militares del interregno Castillo se contabilizan dos picos: el fallido golpe nacionalista de febrero-marzo del 41 y la reunión de mandos con el presidente a comienzos de octubre de 1941. Ni en un caso ni en el otro se verifica la presencia del GOU; sí se visualizan en cambio, desdibujados, borrosos, los puntos de vista que le darían origen político, en boca de algún protagonista secundario como el teniente coronel Urbano de la Vega.

El general Juan Bautista Molina intentó, en compañía de Urbano de la Vega, conducir una chirinada nacionalista. Y como era costumbre en el general, falló el intento; fue la última vez que pudo encabezar un proyecto golpista y tuvo el mismo destino que la mayor parte de las conspiraciones en que había participado: abortar en semisilencio.

Esta vez el golpe encalló en el general Agustín P. Justo; fue, asimismo, la última vez que el general ingeniero impuso sus puntos de vista en el Ejército, al menos en asuntos tan graves. Molina y Justo se agotaron simultáneamente; de allí en más el grueso de oficiales con mando de tropa les sería hostil. Para Molina se trataba de una variación relativa puesto que nunca le habían sido masivamente favorables, para Justo el giro resultó imperceptible porque lo ocultó su muerte casi inmediata.

Ocho meses después de la fallida chirinada nacionalista un grupo de oficiales superiores con mando de tropa, entre los que no se contaba ningún general, mantuvo una tensa conversación con el presidente Castillo. La ausencia de generales no era casual porque denotaba una suerte de corte horizontal en las Fuerzas Armadas; los generales respondían a Justo, mientras el resto del cuadro de oficiales ya le era profundamente adverso. Y esta hostilidad quedó constatada en el ultimátum que los oficiales seleccionados para el encuentro por el coronel Manuel Savio, presentaron al presidente: primero, alejar al general Justo de toda actividad política vinculada al Ejército; segundo, evitar el establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio argentino; tercero, mantener la neutralidad en la guerra y cuarto, posponer indefinidamente las elecciones y cerrar el Congreso.

Proponían, en síntesis, que Castillo gobernara respaldado únicamente por las Fuerzas Armadas. Impulsaban el fin del acuerdo militar conservador. El presidente aceptó todo menos desparlamentarizar la vida política argentina. Es decir, aceptó el programa político de las Fuerzas Armadas, pero rechazó gobernar en su representación exclusiva.

Los términos de la década infame se conservaban en las formas; la alianza militar-conservadora se mantenía, pero la importancia de los dos elementos modificaba su carácter. Antes el acento había estado puesto en el conservatismo y la subordinación pasaba por el ingrediente militar. Ahora se invertía la ecuación.

Las Fuerzas Armadas, el Ejército más precisamente, pasaban a ser el primus inter pares, los conservadores guardaban su lugar mientras admitían como propio el programa militar. Rechazar el programa equivalía a un golpe inmediato aunque esto no resultara tan transparente al partido conservador por ese entonces.

En consecuencia se estableció un nuevo acuerdo militar-conservador, mejor dicho Castillo-militar, que delimitaba claramente los roles. Era resorte del presidente ejecutar toda la política menuda con absoluta independencia y libertad de criterio, pero cualquier rectificación estratégica sin consulta previa implicaba el quebrantamiento del acuerdo: es decir, equivalía al golpe.

Para Castillo el acuerdo equivalía a una jaula de oro, a un cambio de carcelero; es cierto que se sacaba de encima la tutoría militar de Justo reemplazándola por un patrón coercitivo e impreciso. El cambio de rol de las Fuerzas Armadas equivalía a una modificación histórica del papel del Ejército de línea; de la subordinación política absoluta, pasaban al accionar «independiente». Los términos políticos sobre los que se asentaba la sociedad argentina eran insostenibles y la «independencia» militar así lo prenunciaba.

Y en el instante en que los militares consideraron que Castillo había abandonado el pacto de octubre (evitar que Robustiano Patrón Costas fuera nominado candidato presidencial del conservadurismo), el golpe de junio se puso en marcha.

Patrón Costas era un terrateniente norteño y pro norteamericano; su acceso a la presidencia equivalía al fin de la «neutralidad», por eso no debía ser presidente y para que no lo fuera había un camino segurísimo: evitar las elecciones; no se trataba, entonces, de evitar el fraude sino de evitar una parodia que ubicara a Patrón en el sillón de Rivadavia. El poder, de ahí en más, debía contar con el aval del fusil.

El presidente trató de defender una resolución partidaria que no compartía (Patrón Costas no era su candidato) pero la habilidad adquirida como especialista en la aplicación de la Ley de Quiebras sirvió de poco. Los militares replicaron más o menos así: otro presidente fraudulento vaya y pase, pero un presidente pro norteamericano, no.

II

Los integrantes del GOU eran todavía una fracción indiscriminada del nacionalismo militar y el nacionalismo militar distaba de ser una corriente homogénea. Es que ser pro alemán en un país como la Argentina carecía de viabilidad y en consecuencia determinaba otra orientación política; todo intento de remitirse al Eje en términos de política práctica requería previamente la victoria militar del Eje; la victoria del Eje en 1943 no sólo exigía la derrota de Gran Bretaña, sino también la de Estados Unidos y la Unión Soviética.

Los oficiales germanófilos podían defender por eso la neutralidad en las palabras y en los hechos proveer al esfuerzo de guerra británico; levantaban una bandera que no molestaba a Gran Bretaña y no tenían que diferenciarse de los abiertamente pro británicos; ambos mantenían una cerrada resistencia antinorteamericana y un anticomunismo acérrimo. Ya no era el Ejército de Justo porque el mundo que lo hacía posible ya no era el mundo de Justo. De modo que lo que en Justo se retraducía como cambio de alineación, en el grueso del cuerpo de oficiales se traducía como reafirmación del esquema anterior: eran antinorteamericanos, porque eran un Ejército de un país agrario y poco importaban entonces sus filias o sus fobias sobre el ordenamiento interno de la sociedad burguesa dependiente.

Durante toda la década anterior, la década infame, los militares se habían alineado con Justo. Por cierto no faltaron las moscas blancas, pero su destino, en tanto intentaran acumular poder militar independiente, resultaba matemáticamente exacto: pasar a retiro.

De ahí que para lograr el desplazamiento del general Juan N. Tonazzi, ministro de Guerra impuesto por Justo, fue preciso que Castillo contara con el acuerdo de octubre del 41. Antes, todas las promociones, ascensos, destinos y sinecuras dependían del general ingeniero o de sus allegados. Tonazzi era un integrante de su círculo íntimo y todos los mandos determinantes estaban en manos de incondicionales.

Pero Justo se «adelantó» al espíritu del cuadro de oficiales; fue pro norteamericano antes de tiempo; como que comprendió a gran velocidad que los Estados Unidos eran la nueva potencia hegemónica y actuó en consecuencia. Ya no bastaba con avituallar al ejército inglés, era preciso combatir junto al norteamericano, afirmaba en público y en privado.

Como no era el punto de vista del cuadro de oficiales, las bases para una ruptura estaban echadas. Por eso, cuando Castillo reemplazó a Tonazzi por el general Pablo Ramírez no se produjo ninguna resistencia militar.

Para Justo la neutralidad de Castillo, la neutralidad del GOU, era inadecuada. Su ingrediente antinorteamericano, limitadamente antinorteamericano, pasivamente antinorteamericano, lo disgustaba profundamente. Así como había acompañado desde la perspectiva de las clases dominantes argentinas el modelo de dependencia pro británico, trataba de repetir lo mismo desde la perspectiva pro norteamericana.

Ésa no era ni la neutralidad de Castillo, ni la neutralidad del GOU, ya que la neutralidad del GOU no se diferenciaba un milímetro de la neutralidad de Castillo. Más aun, el GOU heredaba la neutralidad de Castillo como parte de su propia tradición política.

Esto no transforma, en verdad, al GOU en el motor intelectual del golpe sino que lo constituye en el instrumento con que los golpistas dibujan su política. El GOU era el golpe concentrado: no timoneó el asalto a la Casa Rosada, pero buriló su contenido. Dicho de otro modo, el golpe no admitía otros contenidos, con absoluta independencia de la existencia o inexistencia del GOU, porque los otros contenidos carecían de posibles destinatarios sociales.

III

Es posible relatar en términos episódicos el golpe del ’43 como enfrentamiento entre el único ministro de Guerra que no nombró Justo y el presidente Castillo. No sería una anécdota falsa, pero sería un empobrecimiento evidente. Es cierto que el general Ramírez mantenía contactos políticos y que en un encuentro con dirigentes radicales éstos le ofrecen encabezar la fórmula presidencial de la UCR. Para el radicalismo llevar un candidato militar extrapartidario representaba enfrentar el fraude orquestado por Castillo con una hábil estratagema: proponerle a los oficiales trampear a un camarada.

Ramírez sería, en este esquema, el presidente, y la UCR controlaría el resto sin lucha; no se trataba de un mal arreglo, sólo que tenía la misma falta de proporciones que los radicales tienen sobre la historia en general: en lugar de ganar a las Fuerzas Armadas para un proyecto político, se proponían neutralizarlas mediante un recurso parlamentario y de este modo reemplazar el acuerdo conservador-militar por el radical-militar.

La entrevista llegó a oídos de Castillo y el presidente exigió las explicaciones del caso; el ministro de Guerra admitió el encuentro, sostuvo en cambio que no había aceptado candidatura alguna y se negó a precisar más detalles. Dando vuelta los términos: desafió al presidente: o Castillo cambiaba de ministro de Guerra o el ministro de Guerra cambiaba de presidente.

El problema no era tan sencillo puesto que el golpe todavía no estaba preparado y la falta de preparación se verifica en la falta de una adecuada dirección militar. En realidad el golpe, según los rumores entonces en boga, se preparaba para septiembre y era razonable que así fuera ya que las elecciones debían llevarse a cabo con proximidad a esa fecha. El nuevo presidente debía asumir el cargo en 1944 y no como finalmente sucedió en 1946.

Ante tanta inmadurez Ramírez autorizó al coronel González (Gonzalito) a buscar un general dispuesto a encabezarlo, pero no cualquier general sino uno que estuviera en actividad y que tuviera mando de tropa. En los hechos Ramírez daba un paso al costado ya que se negaba a ser el responsable final del golpe contra Castillo y esa negativa se tradujo en torcedura interna del golpe; otro tanto hizo el general Edelmiro Farrell quien alegó no poder encabezarlo por problemas personales (debía acudir a una cita con su abogado para divorciarse de su mujer).

En realidad, las negativas tenían un motivo mucho más simple: se trataba de la quiebra de toda una tradición, era un golpe puramente militar donde las clases dominantes no actuaban sino por omisión y en una fuerza tan conservadora como el Ejército, esta situación no debía resultar del todo indiferente a un señor general de división.

Estas ausencias manifiestas llevan a un general marginal a la cima de los acontecimientos; Arturo Rawson encabezó el levantamiento por poseer un solo mérito: ser general de la Nación; el único de tal rango dispuesto a firmar la proclama.

Rawson no era por cierto un hombre consustanciado con el pensamiento del cuadro de oficiales, aun así se comporta como si efectivamente en su calidad de jefe del operativo militar fuera, al mismo tiempo, el jefe del golpe. Pero sólo es un mascarón de proa y basta que intente imponer su gabinete, los viejos ministros de la década infame, para que lo obliguen a descabalgarse. Por eso Ramírez pasa de ministro de Guerra a presidente en días.

Es el primer golpe en el golpe y grafica la debilidad política de los golpistas. Cuando Rawson abandona la presidencia y Ramírez el Ministerio de Guerra, avanza una nueva dirección que no integran ni Rawson ni Ramírez. Detrás de Ramírez avanza Farrell; con Ramírez asciende Gonzalito y con Farrell asciende Perón; detrás y debajo de Ramírez y Farrell asciende el GOU y dentro del GOU avanzan las contradicciones.

El GOU expresaba el pensamiento deshilvanado de los oficiales, la conciencia militar de un mundo en violenta transformación; era el instrumento de una política inconsciente y una barrera a la parlamentarización del debate militar. Más que el Estado Mayor de una revolución por hacerse, era un Estado Mayor para absorber el impacto que el cambio de equilibrio militar en el mundo imponía al casquete periférico. La nueva situación entre el capitalismo y el socialismo, entre las potencias imperialistas y los Estados Unidos, ponía en entredicho toda la sociedad argentina en términos políticos. Es decir, ponía en entredicho al Ejército tal como existía. Por eso el GOU era la contrarréplica de un parlamento obrero inexistente, la contrafigura de un soviet militar.

IV

A partir de 1944, cuando el resultado de la guerra resultaba indubitable y sólo restaba saber cuánto más iba a resistir Hitler, la política del golpe, el proyecto del GOU, muestra su inviabilidad. La crisis comienza a cobrar nuevas víctimas.

Era imposible mantener la neutralidad, salvo si se enfrentaba abiertamente a los Estados Unidos; era imposible mantener a Justo fuera de la política militar porque la Unión Democrática que Justo impulsaba era imposible de evitar y era imposible evitar la Unión Democrática porque era imposible evitar las elecciones, porque para evitar las elecciones había que impulsar en definitiva una legítima revolución social. Y una revolución social en 1944 en la sociedad argentina estaba fuera de las posibilidades de su historia y de las fantasías del GOU.

Los términos no eran reforma o revolución, sino reforma o crisis. Y por eso los militares se encaminaron muy a su pesar hacia la reforma. Es que la propuesta del GOU, la que los oficiales le plantearon a Castillo en octubre del ’41, carece de vínculos con la realidad del ’44. Entonces, toda la política del golpe, toda la política del GOU, se reduce a su política social. A la legalización del movimiento obrero (ilegal desde siempre), a reconocer la legitimidad de parte de sus viejas banderas; en suma a reconocer que en la república burguesa los proletarios eran ciudadanos y que los ciudadanos decidían a condición de que votaran la república burguesa.

Esta revolución copernicana sólo podía concebirse de ese modo, copernicana, en un mundo absolutamente inmóvil, petrificado, agrario, conservador. Y esa pequeña reforma fue impulsada a pesar de sus protagonistas, por la inviabilidad de sus propuestos. Y esa inviabilidad los empujaba a sucesivos retrocesos, a sucesivas quiebras, que fracturaban su conducción inicial y la traspasaban a otras manos.

Dos personajes juegan la partida final: Ávalos y Perón: Campo de Mayo y un oficial de Estado Mayor sin mando de tropa. Perón representaba el programa social democrático del golpe y Ávalos la cuña radical. En la cabeza de Ávalos las elecciones eran posibles porque no abrían la posibilidad de un gobierno de Patrón Costas y equivalían a la victoria de Amadeo Sabattini; pero Sabattini no controlaba su partido ni estaba dispuesto a quebrarlo; entonces la victoria radical era la derrota del 4 de junio y ésa era la debilidad de Ávalos.

Perón reflejaba los nuevos tiempos y una nueva política para los nuevos tiempos. En lugar de la ley 4.144, Ley de Residencia, en lugar de la Semana Trágica, en lugar de la represión brutal y desembozada, la parlamentarización de la lucha de clases.

V

Estudiar la marcha del gobierno surgido del golpe del 4 de junio supone estudiar la ofensiva diplomática que el Departamento de Estado libró contra sus sucesivos titulares. Y no es casual que así sea, puesto que se trata del único gobierno del continente que mantiene relaciones diplomáticas con el Eje, que mantiene un rasgo que se resiste al garrote rooseveltiano.

En verdad los enfrentamientos eran de vieja data y los Estados Unidos, mejor dicho su gobierno, entendían que la hora del cambio de vereda había llegado.

No bastó la declaración de país no beligerante con que Castillo premió a la administración norteamericana, desde el momento en que Roosevelt entró en guerra con Japón, Alemania e Italia, ni la posterior ruptura de las relaciones diplomáticas; era preciso que el gobierno se bajara los pantalones en regla: hasta la decisión de ser pro norteamericano debía ser expresamente consultada.

De ahí que Farrell se viera empujado a declarar la guerra al Eje y como debía declararla la declaró; tarde, según los patrones norteamericanos, al final del juego, cuando faltaban semanas para la capitulación alemana, cuando sólo expresaba la irresistible voluntad de acordar.

Claro que no era acordar lo que los EE. UU. exigían sino, obedecer; por eso Perón era el único gobernante que el Departamento de Estado aceptaría en la Argentina; pero Buenos Aires no era Tegucigalpa y eso lo tuvo que entender toda una cáfila de diplomáticos del garrote.

A cada presión se correspondía un nuevo agravio y a cada nuevo agravio mayor presión; hasta que soportar la presión no guardaba proporción con los motivos de la disputa, salvo en un terreno: establecer la sombra de una política independiente.

Y el precio de esa sombra fue la fagocitación de todos los viejos nacionalistas, antiyanquis a fuerza de pro británicos. El frente militar pagaba la asimilación de la presión norteamericana con una nueva quiebra; cuando los EE. UU. se niegan a reequipar el Ejército, tras proveer gobiernos más dóciles como Uruguay y Brasil, provocan la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, un marino torpe y honrado; así empujan al gobierno a buscar armas en Alemania y cuando envía un negociador para concretar una compra que Berlín no estaba en condiciones de proporcionar vuelven a golpear: detienen al negociador que bajo el manto de cónsul general en Barcelona se dirigía hacia Alemania; y Franco entrega al cónsul por la investigación del servicio de espionaje británico, en abierta violación a sus fueros diplomáticos. El incidente sirve para probar el carácter «pro nazi» del gobierno argentino y para poner las cosas en su lugar; el embajador Braden es despachado hacia Buenos Aires; no bien llegado, el jefe de la diplomacia norteamericana se transforma en virtual jefe de la oposición política en la Argentina; es el candidato innominado de la Unión Democrática, pero el gobierno calla, no lo declara persona no grata porque la sola formulación resulta imposible; eso no es todo, el gobierno norteamericano retira su embajador, presiona al británico para que haga otro tanto y el enviado de Su Majestad parte hacia Londres pasando antes por Washington; las cuentas del gobierno argentino en Washington fueron congeladas y sólo faltaba adoptar una medida: invadir, porque todas las otras formas de bloqueo y presión se ejecutaron puntualmente, salvo cuando se dañaba directamente el esfuerzo de guerra aliado.

VI

En el frente interno los objetivos inconscientes del golpe se cumplieron uno a uno; todas las fuerzas opositoras se unieron en un solo haz; conservadores y radicales cerraron filas en torno de la UCR, añadiéndose socialistas, demoprogresistas y comunistas.

La disputa que dio origen al derrocamiento de Castillo estaba saldada en favor de la UCR. Patrón Costas ya no era candidato, el fraude dejaba de ser el camino político y aunque el coronel Perón se reúne con Patrón Costas para convencerlo de la justeza de su propio juego, el terrateniente norteño opta por respaldar a Tamborini y Mosca. Es decir, sostiene a sus antagonistas de anteayer.

Pero no es el único viraje: la Unión Industrial Argentina hace exactamente lo mismo, puesto que adscribe a la Unión Democrática; es decir, acuerda con la Unión Cívica Radical que hasta ayer criticaba duramente el programa de Pinedo, que no era otra cosa que el programa de la UIA. Y no se trata de una adscripción simbólica; la UIA aporta un cheque voluminoso con la firma de su presidente. La reorientación de la UIA obedece a un motivo sencillo: sabe que los puntos de vista del radicalismo sobre el programa económico carecen de toda relevancia y que llegado el momento sus propios representantes se harán cargo de determinar lo que importa. Difícilmente sería Pinedo el ministro que ejecutara el programa, aunque casos de «incompatibilidad» semejante no carecen de antecedentes en la historia argentina.

De todos modos cuando la UIA se opone a Perón lo hace desde una perspectiva muy precisa: la política social del golpe. Se opone a que los obreros, en tanto que tales, sean considerados ciudadanos; se opone a que la Semana Trágica quede excluida de la política social del gobierno y así lo hace saber sin mayores remilgos recordando la «paz social» anterior, se opone a la posibilidad de que la justicia ponga coto a sus abusos de hecho, a la agremiación legal, al fin de la ilotización; en suma: se opone al cambio de la relación a escala mundial entre patronos y obreros.

El programa de Perón queda entonces determinado por la singular dinámica de la lucha política. Dado que el radicalismo tradicionalmente había levantado banderas agrarias y antiindustriales, el coronel siguiendo la línea del nacionalismo militar de Savio levantará las banderas opuestas; como la UCR defenderá el giro pro norteamericano, la realineación de la Argentina, el coronel será un medido detractor de lo norteamericano.

Para redecirlo con una justa fórmula de Marx: así como las elecciones son el camino democrático que se da la burguesía para saber qué sector hegemoniza el aparato del Estado, las elecciones en la Argentina revelarían por esa misma razón, qué sector se haría cargo de la implantación de un programa económico esencialmente idéntico y un programa social antagónico.

Es decir, se votaba qué relaciones tendría la clase obrera con la burguesía; de un lado de la barricada se proponía parlamentarizar el conflicto y del otro imponer, conservar, la represión directa como elemento central de la política burguesa. Por eso, casi sin diferenciación toda la clase obrera argentina, tanto los proletarios de origen campesino como los de origen urbano, tanto los nuevos como los viejos, votaron masivamente al peronismo y esto se percibe el 17 de octubre.

La votación en sí no era un objetivo del GOU, ni del golpe, porque la votación era agitada por los que defendían la realineación internacional de la Argentina. Votar equivalía a victoria radical y victoria radical equivalía a guerra con fuego.

Para el GOU la propaganda antiliberal, fascista, contra el parlamentarismo tenía en la Argentina una particular vigencia; sobre todo, porque parlamentarismo y corrupción en la década infame habían marchado estrechamente del brazo.

Ahí no termina la cuestión; votar era para el GOU la casi certeza de salir derrotado. Entonces, la realización de los comicios constituía una victoria de la Unión Democrática, una concesión a los Estados Unidos, una casi derrota del GOU.

El coronel Perón aceptaba las elecciones porque carecía de suficiente soporte militar; mientras las Fuerzas Armadas sostuvieron la política del coronel las elecciones eran un horizonte impreciso: la fecha electoral es arrancada a Farrell por la oposición, por la Unión Democrática.

Negarse a los comicios en estos términos era abandonar el terreno de la Constitución para internarse en el bosque de la guerra civil; una cosa era que los proletarios ingresaran a la república burguesa como ciudadanos y otra que los ciudadanos proletarios pusieran entre signos de interrogación la república burguesa.

VII

El 9 de octubre Campo de Mayo retrocede y propone destituir al coronel Perón; en los hechos la postura de Campo de Mayo reduce el golpe a la convocatoria electoral para que el bloque de clases dominantes determine sin intervención militar su relación con el movimiento obrero.

Para Campo de Mayo los militares ya cumplieron al impedir la elección de Patrón Costas, eliminando el fraude, y todo lo demás no les compete directamente. El programa del GOU estaba agotado y el ala «profesionalista» ganaba a la mayoría. El general Eduardo Ávalos, jefe de Campo de Mayo, actúa de portavoz de su cuadro de oficiales y la furia de la oficialidad se centra en el coronel Perón; es decir, en la política social del golpe.

Con anterioridad el general Rawson intenta un golpe de Estado desde la guarnición cordobesa con el objetivo de entregar el gobierno a la Suprema Corte de Justicia; es decir, Rawson asume como propios los objetivos de toda la oposición unida. Pero al tratarse de un militar retirado los candidatos a golpistas exigen que el general muestre sus cartas, sus respaldos políticos, y el respaldo que el general guardaba en la manga es la Marcha de la Libertad.

La marcha es organizada con el claro propósito de mostrar a los militares que la parte «sana» de la sociedad argentina está contra Perón y por la entrega del poder a la Suprema Corte. El golpe fracasa pero logra generar un residuo político: el levantamiento de Campo de Mayo.

Con una diferencia notable: los términos del golpe de Rawson resultan inaceptables para Campo de Mayo; la Corte Suprema era el símbolo más esclerosado de una sociedad esclerosada; reflejaba la más absoluta impasibilidad entre todos los sucesos de la década infame y era su convalidadora directa.

Perón carece de suficiente respaldo militar, está en minoría, ya que Campo de Mayo era la guarnición decisiva. Perón lo sabía y cuando le exigen la renuncia no plantea ninguna resistencia; en términos militares estaba liquidado y Perón no tenía otros términos como no los tuvo jamás.

Claro que Campo de Mayo no retrocedía incondicionalmente: Ávalos no era Vernengo Lima y la guarnición no aceptaba entregar el poder a la Corte. Elecciones sí; la Corte Suprema, no; era la fórmula de Campo de Mayo. Farrell debía formar un nuevo gobierno, convocar a elecciones y entregar el poder.

Las Fuerzas Armadas estaban rotas en tres fracciones. La Marina defiende la tesis de toda la oposición: entregar el poder a la Corte, pero cuenta con poco respaldo en el Ejército, salvo en Córdoba. Desde la realineación de fuerzas militares conforma la derecha de la fractura militar.

En el centro se encuentra Campo de Mayo, con el grueso de los oficiales con y sin mando de tropa; Ávalos se niega a sostener a Perón, pero no acepta los términos de la Marina. Y a la izquierda se halla el grupo militar más desnutrido: los que defienden a ultranza la política social de Perón, comprendiendo que la caída de Perón equivale volver a foja cero.

De las tres fracciones sólo una está en condiciones de dictar su voluntad (Campo de Mayo) pero al mismo tiempo es la única que carece de aliados socialmente representativos. Ávalos tiene una fluida relación con el dirigente radical cordobés Amadeo Sabattini y la relación genera un terrible equívoco: Sabattini no controla la UCR, no está dispuesto a quebrar el partido de Alem y Ávalos se queda, en consecuencia, sin política posible. Debe elegir, por eso, entre los dos extremos del arco planteado: o asume como propia la política de Perón o respalda a la Marina.

Para Ávalos defender a Perón era imposible ya que suponía ser depuesto por sus propios oficiales; librado a su suerte exclusivamente militar debía inclinarse paulatinamente hacia la Marina. Su vinculación a Sabattini establece una polea de transmisión entre Ávalos y la UCR y entre la UCR y la Marina; por eso Ávalos queda momentáneamente inmóvil resistiendo, y por la inmovilidad de los engranajes militares, por la dificultad de saldar su propio conflicto, se desplaza la clase obrera.

VIII

Perón pierde sus tres cargos y se marcha; Farrell logra que el 10 de octubre, al día siguiente de su renuncia, el coronel se dirija a los trabajadores congregados frente a los balcones de la Secretaría de Trabajo y que sus palabras sean difundidas por la cadena nacional de radiodifusión.

Perón no llama a la lucha, no moviliza; a su juicio su ciclo está cerrado; mientras contó con el aval de sus camaradas actuó, ahora no cuenta con su respaldo y se retira. Se marcha con Evita al Tigre aunque comunica otro destino: el coronel teme por su seguridad.

Esa precaución no alcanza y es arrestado para su posterior traslado a Martín García; el hecho es simbólico, puesto que a pesar de tratarse de un oficial superior del Ejército su custodia es entregada a la Marina, está en manos de sus antagonistas directos.

Desde Martín García escribe a Evita y su carta muestra un hombre vencido que por todo propósito anuncia que escribirá un libro «y veremos quién tiene razón».

No se trata de un jefe en lucha, sino de su antítesis; espera la tranquilidad, el retiro, casarse con Evita.

Ávalos se propone mantener a Farrell en la Casa Rosada y convocar a elecciones, pero el 12 de octubre una multitud de damas endomingadas y caballeros de fina estampa se reúne frente al Círculo Militar, en la Plaza San Martín; exigen la entrega del poder a la Suprema Corte para fiscalizar el proceso electoral; Vernengo Lima, un célebre almirante, acuña una frase que hará época: Yo no soy Perón, y muestra que la fracción militar que encabeza no puede empujar más allá, al menos todavía; todo sigue en manos de Campo de Mayo y Ávalos no cede.

El movimiento obrero está inquieto. Cipriano Reyes el 13 de octubre solicita a la dirección de la CGT una reunión del Comité Central Confederal para lanzar el paro general.

Reyes encabeza el aguerrido gremio de la Carne que viene de alcanzar sonoras y decisivas victorias obreras sin el respaldo del gobierno e incluso contra su voluntad. Integra asimismo el Comité de Enlace Intersindical al que adherían sindicatos que no integraban la CGT e importantes núcleos de activistas independientes. La FOTIA tucumana, recientemente creada, actuaba en la Intersindical.

Un grupo de dirigentes ferroviarios, encabezado por Luis Monzalvo, realiza gestiones ante las autoridades y finalmente se reúne con el general Ávalos, flamante ministro de Guerra. Los ferroviarios eran un sindicato decisivo y basta recordar que sobre un Confederal de 40 miembros 11 eran de ese origen, al tiempo que el secretario general de la CGT era un dirigente ferroviario.

Ávalos y la delegación que integra Monzalvo se encuentran el 16 de octubre a la mañana, tras un fallido intento de hacerlo el 15. Monzalvo relata así el encuentro:

Procuro darle a la conversación el carácter de un informe. Describí la situación lo más fielmente posible: la efervescencia incontrolable, en todo el ámbito del país, de las bases de las organizaciones gremiales que por propia determinación comenzaban a actuar; la posición de los organismos directivos de los diversos sindicatos, que habían procurado abroquelarse en las disposiciones estatutarias que disponían la prescindencia gremial a los fines de soslayar el problema y de no participar en el movimiento por la libertad del coronel Perón. Le dije que los directivos eran absolutamente incapaces para contener la enérgica protesta y el avance avasallador y masivo de las bases que ya estaban en la calle; que en Tafí Viejo los ferroviarios habían abandonado al mediodía los talleres y que exigían la inmediata libertad del coronel Perón. Y agregué que sabíamos que en el caso de que ese objetivo no se pudiera lograr, se proponían hacer arder el país por los cuatro costados. El general Ávalos empalideció.

Monzalvo sostiene que el ministro de guerra respondió así: «Los he escuchado y quiero que ustedes tengan la absoluta seguridad, bajo mi palabra de soldado, de que a Perón no le ocurre nada malo. Fue llevado a la isla Martín García, como una medida de seguridad, a fines de preservar su integridad personal». Ávalos ofreció a los sindicalistas ferroviarios la red Argentina de Radiodifusión para que dijeran a los trabajadores de todo el país lo que él terminaba de decirles. La reunión terminó con un acuerdo: Perón sería trasladado de Martín García al Hospital Militar en la mañana del miércoles 17 de octubre.

A las 19.45 del 16 se reúne el Comité Central Confederal. Sobre ese encuentro se han tejido y destejido muy diversas fábulas. Todas coinciden en lo esencial; por muy estrecho margen (21 contra 19 o 19 contra 18) en una sesión prolongada (diez horas) la dirección del movimiento obrero resolvió la huelga.

La verdad es más rica, y pudo ser rehecha porque el acta taquigráfica de la reunión fue publicada íntegra en el número 2-3 de la revista Pasado y Presente. Curiosamente, tanto Ramos como Sebreli redivulgan las fabulaciones, sin tomar en cuenta esta esencial fuente bibliográfica, por muy distintas razones.

Cuando Ramos escribió su primera versión de Revolución y contrarrevolución en la Argentina (Plus Ultra en dos tomos) este documento no era de dominio público. Pero en una de sus muchas reescrituras, donde le cambió el título al quinto tomo pasando de La Era del Bonapartismo a La Era del Peronismo, tuvo la oportunidad de enmendar la plana. No lo hizo y sería una absoluta ingenuidad esperar que lo hiciera. De modo que un texto reescrito a más de cinco años de publicadas las actas no mereció corrección alguna del «especialista marxista» en el tema.

En el caso de Sebreli la omisión alcanza un rango aun más deleznable, puesto que usa el texto sin citarlo y contando puntualmente la misma fábula que Ramos (21 votos contra 19). Al hacer hablar a Néstor Álvarez, uno de los integrantes de la reunión del C. C. C., dice: «Hay que dejar bien establecido por razones de principios que la CGT no puede declarar la huelga general solicitando la libertad del general Perón». La cita tiene una errata, seguramente por la transcripción apurada y culposa, ya que Perón por aquel entonces era todavía coronel, pero fue extractada, indubitablemente, de Pasado y Presente, página 411. Y esta actitud pinta de cuerpo entero la honradez intelectual de su autor.

No es nuestro propósito mesarnos los cabellos con estos «descubrimientos» sino inscribirlos en el marco de un debate donde la integridad personal de Ramos y Sebreli carece de toda importancia. No sin apuntar un elemento significativo: la coincidencia entre Ramos y Sebreli. Y esta coincidencia merece una explicación sintética.

Sebreli necesita ahogar el debate obrero para reducirlo a una operación policial y Ramos debe modelarlo bajo el cincel «democrático forjista» (Jauretche por boca de Libertario Ferrari) para convalidar la destrucción del subproducto directo del 17 de octubre: el Partido Laborista. El laborismo es un producto de la acción social independiente sin delimitación política. Para decirlo con una fórmula cara a Lenin: tradeunionismo, y por una vez lo existente adopta una conducta tan transparente que laborismo es la traducción castellana y política de tradeunionismo.

IX

La «huelga general por 24 horas a partir de la hora cero del jueves 18» se aprueba por 16 votos contra 11, según reza en el acta de la reunión del Comité Confederal publicada por Pasado y Presente.

Un examen de la votación es posible porque el acta registra el comportamiento de cada votante (votación nominal). Entonces, queda en claro que la CGT estaba dividida en dos grandes bloques: de un lado los ferroviarios y del otro lado los demás; de un lado los que negociaban con Farrell y con Ávalos, y del otro los trabajadores que ya estaban en las calles y los que todavía no estaban.

Pero lo más rico del acta, históricamente se entiende, son los términos del debate librado en la dirección del movimiento obrero. Tanto es así, que las «interpretaciones» posteriores cumplen el papel de empobrecerla. Para Silverio Pontieri, secretario general de la CGT y dirigente ferroviario, el conflicto era así: «La clase patronal ha declarado la guerra al coronel Perón no por Perón mismo, sino por lo que Perón hace por los trabajadores a los que ha otorgado las mejoras que venían reclamando y les ha dado otras que ni siquiera soñaban, como el estatuto del peón. La clase capitalista aquí y en el mundo entero parece haberse olvidado que la guerra contra el fascismo la han ganado los trabajadores y quieren volver a la situación de injusticia de antes, en este sentido están traicionando como lo hicieron antes, y les niegan lo que legítimamente les corresponde. Por eso, la Confederación General del Trabajo tiene la obligación de dirigir este movimiento defensivo de los trabajadores, porque es la central mayoritaria y la más prestigiosa» (el subrayado es de A. H.).

Y Libertario Ferrari retradujo políticamente la propuesta que Pontieri enunció y no se animó a votar para no dividir a los ferroviarios: «En concreto la situación sería ésta, Ávalos está con Perón y Vernengo Lima está contra Perón. Me parece entonces que nuestra actitud va a reforzar la posición del primero y tendrá como consecuencia inmediata la libertad del coronel y el aseguramiento de todas nuestras conquistas. Tenemos que aprovechar este momento excepcionalmente favorable para nosotros, pues si no habremos perdido la lucha por muchos años» (el subrayado es de A. H.).

A lo que la Unión Ferroviaria por medio de Florencio Blanco replicó: «Vamos a hablar claro como corresponde a hombres grandes. Lo que pasa es que hay compañeros que creen que si se destruye la Secretaría de Trabajo y Previsión, ellos desaparecen del movimiento obrero y entonces tendremos que estar embarcando a todo el movimiento en una posición suicida en defensa de sus intereses personales. Y eso no puede ser» (el subrayado es de A. H.).

La riqueza del debate (se trata apenas de un extracto particularmente significativo) obliga a ordenar; primero, los protagonistas establecen la relación que media entre la caída de Perón y la continuidad de la política social democrática de la Secretaría de Trabajo; segundo, consecuentemente atribuyen carácter defensivo al movimiento por ejecutar; tercero, entienden que operan sobre la división de las Fuerzas Armadas y aunque la caracterización de Libertario Ferrari confunde a Perón con Ávalos, le permite discriminar a Vernengo Lima de Ávalos.

En términos militares las fracciones en pugna saldaban posiciones así: El poder a la Suprema Corte (Vernengo Lima) y el poder debe seguir en manos de Farrell (Ávalos). Lima contaba con los manifestantes de la Marcha de la Libertad, con los del 12 de octubre, y Ávalos contaba con Campo de Mayo; el que contaba con el movimiento obrero era Perón, pero Ávalos había encabezado la destitución del coronel; por eso, porque Perón perdió el respaldo militar, porque el GOU está roto y liquidado, porque Ávalos necesita a Perón para no quedar encerrado en los términos de Vernengo Lima, el movimiento es defensivo.

Todo se reduce a parar a Vernengo, a que el poder no caiga en manos de la Suprema Corte; de lo contrario Farrell y Ávalos irán a Martín García para acompañar al coronel.

No se trata de una alianza entre la fracción nacionalista del Ejército y la clase obrera —como afirma Ramos—, sino de una coyuntura donde los intereses inmediatos de la fracción Ávalos y los intereses inmediatos de la CGT coinciden, porque Campo de Mayo (es decir Ávalos) puso en peligro toda la política social democrática de Perón. Visto del revés: si C de M no da el golpe contra Perón, el 17 de octubre es innecesario. Y si Ávalos permite a los obreros movilizados cruzar el Puente Avellaneda no se debe a la «complicidad de la policía» que exagera las «cifras de los manifestantes», según sostiene Sebreli, sino por su propio lugar en los acontecimientos. No sólo la clase obrera requiere la movilización; la requiere toda la oposición militar a Vernengo Lima.

Entonces, por las fisuras del conflicto militar, por las ruedas del poder trabado, se deslizan las delgadas hileras de los obreros industriales.

Por cierto que no se trata de la revolución que pasa debajo de la barriga de los caballos (tal como lo describe Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa), no es la clase obrera que gana para su lucha una fracción decisiva de las Fuerzas Armadas; es el fragmento mayoritario del cuerpo de oficiales que determina que la movilización defensiva del movimiento obrero los incluye.

El 17 de octubre no es una huelga revolucionaria, ni una movilización preinsurreccional, ni una revolución democrática a escala, es la fecha del nacimiento del peronismo político. Es el momento en que el Ejército resuelve que gobernar a la sociedad argentina no es tarea militar, salvo que las clases dominantes entiendan otra cosa.

La hora del Ejército volverá a sonar cuando la hora final del caudillo militar, del jefe político del Ejército, sea proclamada. Cuando Perón en septiembre de 1955 resuelva que no tiene ningún motivo para continuar en el gobierno los tiempos volverán a mutar; antes del movimiento de masas actuó en la fisura de la política militar, y entonces, la política militar actuó por el vacío de la política peronista; la determinación del general de no exceder la política social democrática, de no añadirle una política nacional democrática, por el carácter esencialmente proletario de su base social, terminaría por volver imposible e inútil su gobierno.

Entre su política social democrática y su revolución nacional tantas veces anunciada como irresuelta, entre un punto y el otro, se desenvolvió el primer peronismo.

La movilización del 17 de octubre es el resultado de la actividad sindical de la clase obrera, considerando a la actividad sindical como una política obrera no delimitada; es decir, una política obrera dentro del marco de la república burguesa, cuando la clase obrera todavía no integraba la república burguesa.

Tanto las direcciones «orgánicas» como las espontáneas, tanto las reconocidas públicamente como las subterráneas, coincidieron mayoritariamente en la necesidad de librar una batalla defensiva para evitar la victoria de los contragolpes del 9 y 12 de octubre.

A pesar de comprender la naturaleza política de la disputa la dirección del movimiento actúa a la derecha de los trabajadores: la CGT no se pronuncia categóricamente por la libertad de Perón, sino en contra de la entrega del poder a la Suprema Corte, en un volante que no alcanza a ser impreso. En cambio, los trabajadores se movilizan tras una consigna transparente: Perón.

Para la dirección de la CGT no se trata de transformar a la organización sindical en estructura política, sino de librar políticamente una lucha sindical. El 17 de octubre es su extremo límite, más allá se encuentra la ciudadela de la revolución social y la CGT aclara explícitamente en el debate que no es ésa su propuesta. El legalismo, los estatutos, la posibilidad de que Ávalos reconozca en público y en privado que los reclamos obreros serán respetados, que acepte a la CGT pero rechace a Perón, les produce masivos ataques de cautela.

Las direcciones menos «orgánicas», en cambio, se mantienen más próximas a los reclamos directos de la clase obrera y los estimulan. Estas direcciones no integran la CGT sino el Comité de Enlace Intersindical y a lo largo de tres días (15, 16 y 17) impulsan y reimpulsan la movilización de los trabajadores. El 15 de octubre se movilizan dentro de los límites de La Plata y Berisso; el 16 tratan de llegar a la Capital Federal y recién el 17 encabezan la columna central y llegan; arrancan de Berisso y arriban a la Plaza de Mayo, taladrando el puente Avellaneda con una sola bandera desplegada: libertad al coronel.

Pero la movilización no se propone la victoria y por eso Libertario Ferrari confunde políticamente a Perón con Ávalos, al destituido con el destitutor. La «victoria» pasaba por reubicar al coronel en sus tres cargos, volver a los términos anteriores al golpe del 9 de octubre. Como no son ésos los términos de la fractura militar, el movimiento obrero ni se lo propone; le basta con detener a Vernengo Lima; le basta con que el poder no caiga en manos de la Suprema Corte; le basta con la legalidad y por eso no traspasa el umbral.

Ejecutan, en suma, la política de Ávalos sin Ávalos; es decir, Farrell es presidente y Perón es el candidato que cuenta con la simpatía presidencial; de modo que la presión de masas transforma el gobierno de Farrell en un vehículo pro peronista, puesto que la política del coronel continúa vigente.

Para la oposición, el 17 de octubre constituye una derrota innegable al no lograr imponer sus términos políticos. Asistimos entonces a una paradoja: la derrota de Vernengo Lima es el resultado de una exitosa maniobra defensiva del movimiento obrero que no constituye una victoria sino una prórroga. La política del coronel es prorrogada hasta las elecciones y en las elecciones quedará en claro, blanco sobre negro, qué bloque logró mayor adherencia social.

En ese sentido el 17 de octubre prefigura la victoria electoral de Perón, que sintéticamente demuestra que su proyecto político dispone de mayores masas dinámicas que la oposición; de un lado de la barricada hay polvo histórico (pequeña burguesía urbana, estudiantes y personajones) y del otro la clase obrera; esto es, de un lado del río fluye la historia y del otro navega una vasta clientela electoral.

La CGT es consciente que opera como fuerza desequilibradora en un conflicto militar y así lo expresa Libertario Ferrari. Ávalos disponía de una fracción militar mayor con las fuerzas decisivas, pero carecía de política porque la Unión Cívica Radical no tenía política diferenciada; la UCR se había plegado con banderas y bagajes al juego conservador; había aceptado la realineación internacional de la Argentina, el programa económico de la Unión Industrial (Plan Pinedo) y rechazaba la política obrerista del coronel. De modo que para la UCR el poder pasaba a la Suprema Corte y para los militares de la UCR la política era la de Vernengo Lima. Es decir, no tenían política.

Por eso, masticando rabia, Ávalos tiene que optar: o admite los términos de Vernengo Lima o admite los términos de la CGT. Los términos del almirante lo excluyen políticamente y los de la CGT lo liquidan personalmente (Ávalos se ve obligado a renunciar al puesto de ministro de Guerra) pero ofrecen salida a su fracción: compartir el poder con los amigos de Perón.

Y en el movimiento obrero el debate y la movilización muestran tres capas geológicas diferenciadas: una, la vieja guardia de origen socialista, los ferroviarios, el primer sindicato intervenido por el golpe y el primero que negocia un modus vivendi aceptable (el coronel Mercante fue el interventor directo), esa conducción se niega a movilizar y prefiere transitar el andarivel de la negociación; su fórmula sería la siguiente: el poder, la disputa de poder, es una cuestión ajena al movimiento obrero; todo se reduce, en consecuencia, a conservar un espacio legal; podría denominarse la derecha o el sindicalismo puro.

Dos, la nueva horneada que emerge de las luchas triunfantes; se trata de hombres desligados de los partidos existentes por provenir del viejo tronco anarquista en nuevas condiciones de producción, donde los operarios artesanales han sido desplazados y donde la gran industria marca una nueva impronta; son gremios vinculados a la producción y no a los servicios y en consecuencia jerarquizan mucho más adecuadamente la importancia de la actividad proletaria independiente; sobre todo porque cargan sobre sus espaldas el peso de luchas ganadas y perdidas con sus propios medios, sin el respaldo del Estado y contra el Estado mismo. Y no sólo el Estado de la década infame, sino el Estado de Farrell y Perón, cuando los obreros de los frigoríficos ganan la huelga declarada ilegal por la Secretaría de Trabajo y Previsión. No integran la CGT y son la izquierda del movimiento obrero.

Tres, entre los dos polos nítidos se visualiza la tercera capa geológica: los recién llegados. Conviene entender los términos, no son burócratas nominados por la Secretaría de Previsión, sino dirigentes de segunda línea promovidos por la partición de viejos gremios y la formación de nuevas organizaciones. Son anticomunistas con absoluta prescindencia de la posición política del PC y no siempre cuentan con los segmentos más dinámicos de su propio gremio. En suma, son los que dependen, en mayor medida, del respaldo gubernamental para sobrevivir sindicalmente; entonces, se ven obligados a defender su puesto y la defensa de su puesto está atada a la defensa de la política de la Secretaría de Trabajo; es decir, la defensa de Perón. La caída de Perón, el derrumbe de su política, equivale a su propio derrumbe y esto los diferencia claramente de los otros dos segmentos que tienen indiscutible vida propia.

En partes desiguales las tres vertientes integraron el Partido Laborista y dibujarán los rasgos esenciales del peronismo. Estos elementos colorearán con distintos niveles de saturación la política del peronismo a lo largo de cuatro décadas.

Algo queda claro, Perón no organizó el 17 de octubre y de algún modo la liturgia peronista lo reconoce cuando la gesta se nomina Día de la Lealtad; es decir, cuando Perón ya no tenía los atributos del mando, cuando su poder se había evaporado, cuando ya no convocaba desde el poder, ni desde el llano, los trabajadores leales lo rescatan de las manos de sus enemigos. Pero hay más; Perón se dedicó a lo largo de toda su carrera política a impedir los 17 de octubre; es decir, a impedir que los trabajadores zanjaran las diferencias políticas de las clases dominantes a través de la movilización directa; ésta era tarea del propio Perón y no iba a permitir que nadie se la arrogara.

En rigor, Perón acuñó implícitamente la siguiente fórmula política: la suerte del movimiento obrero está atada a mi suerte y mi suerte está atada a la suerte de las Fuerzas Armadas; si las Fuerzas Armadas cambian de monta la clase obrera está derrotada porque no puede ni debe enfrentar a los soldados de la Nación.

El peronismo nació, por esas mismas razones, como una respuesta política reactiva; eran los enemigos de la política social democrática del coronel los que introyectaban los contenidos del peronismo. Los límites de la política argentina se mantenían dentro de los contornos dibujados por el bloque de clases dominantes, porque el universo conceptual de la ciudadela burguesa burilaba los términos del movimiento obrero; nadie rompía nada irreparable, bastaba que los trabajadores votaran y ganaran, para que redistribuyeran de otro modo los beneficios del capital; y si los trabajadores podían efectivamente redistribuir con el simple instrumento de votar, la confianza en el capitalismo, en sus posibilidades, en su capacidad de satisfacer sus necesidades, en el peronismo en suma, se veía multiplicada hasta el infinito.

Y no se trataba de la confianza en el capitalismo independiente como sostienen los maquilladores profesionales de la burguesía, sino la confianza en el capitalismo tal cual era, dependiente, semigrotesco; ése era el marco donde resolverían el conjunto de sus aspiraciones. Era la confianza en una política social democrática a condición de que no requiriera de una política nacional democrática. La opulencia argentina velaba la dependencia, generaba la ilusión que con repartir mejor bastaba y sobraba. Y el peronismo no se propuso seriamente otra cosa cada vez que alcanzó el gobierno.

Por eso el 17 de octubre constituye un acontecimiento inequívoco, es una movilización de masas opositoras, pero es legal; es derrotar a una de las dos fracciones militares en pugna, pero respaldando la más fuerte que no es la propia; es movilización, pero no es lucha; es lucha a condición de no ser combate; es obrera y popular, pero no tiene delimitación de la política burguesa. Es una movilización por un jefe militar del movimiento obrero, sin movilización militar en defensa del movimiento obrero.

La movilización no pasa por debajo de los caballos de los cosacos, los cosacos se corren a un costado; no es la tropa que inmoviliza a los oficiales, no son los oficiales que bajan los puentes que separan el hinterland obrero con el puerto, sino una fracción del cuerpo de oficiales que con su quietud santifica la movilización proletaria.

Así y todo, en la historia argentina es algo nunca visto puesto que es una movilización pacífica de masas obreras que violenta el fiel de la balanza donde discurre la política burguesa. Es decir, la clase obrera tomó partido en la disputa y su partido se denominó peronismo.

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INTERLUDIO POLÍTICO:
EL PARTIDO SIN PARTIDO

I

Tanto los que resisten como los que impulsan el 17 de octubre resuelven lanzarse a la creación de un nuevo partido. Una cosa quedaba clara para la dirección sindical pro peronista: el coronel providencial no vencía solo, para que su estrella no se eclipsara, requería del concurso organizado de los trabajadores.

En materia de previsión Perón mostraba serias lagunas, a cinco meses de los comicios nacionales su movimiento carecía de la estructura mínima; el GOU se había autodisuelto y nada lo había reemplazado. La inorganicidad era tal que, si los trabajadores no forjaban un nuevo partido los simpatizantes de Perón se verían obligados a ejecutar una curiosa pirueta: votar al coronel a través de una descolorida fracción del viejo partido de Alem.

A lo largo de las jornadas previas al 17 de octubre la dirección ferroviaria asumió, tras su formidable voluntad de no luchar, las ventajas de la arena parlamentaria. Estaban imbuidos de todo el cretinismo electoral socialdemócrata. En un país donde la clase obrera no votaba los términos de su concepción política coincidían puntualmente con los hechos: el partido debía vencer en las elecciones; los sindicatos debían garantizar las conquistas sociales. Para el reformismo obrero la Argentina era un país adecuado.

En las otras corrientes sindicales la necesidad de un partido se vinculaba, asimismo, con sus respectivas tradiciones políticas. De modo que la formación del laborismo estaba vinculada a tres elementos desiguales: el 17 de octubre, donde los trabajadores habían inclinado con su acción el fiel de la balanza; la necesidad de presentar una batalla electoral; y la tradición política que había nutrido el sindicalismo que devino peronista.

Por eso, los integrantes de la Intersindical capitaneada por Reyes, los de la CGT ferroviaria (CGT-1) y los militantes de la Unión Sindical Argentina (USA, ex CGT-2) convinieron el 24 de octubre constituir una mesa directiva provisional del partido obrero.

En menos de lo que canta un gallo la mesa resolvió denominar laborista al nuevo partido, organizarlo sobre la base de los sindicatos y confeccionar un programa político.

Con anterioridad al ’46 el coronel Perón nunca se propuso crear un nuevo partido. Fuertes prejuicios antiparlamentaristas gravitaban en su concepción política; para Perón el Parlamento se reducía al Congreso de la década infame; es decir, a la abyección y la corruptela.

Y esto trababa la evolución del coronel. El programa del GOU no resolvía la cuestión, remitía el conflicto a los cielos inmutables del poder militar absoluto. En los hechos el coronel y sus amigos constituyeron, después del golpe, una dictadura donde los militares eran el principal soporte del gobierno; el Parlamento fue clausurado sin mayor gritería, la Iglesia bendijo el nuevo curso y los partidos existentes rechazaron, con el correr de los meses, una a una las medidas del gobierno, primero, y al gobierno mismo, después.

Pero el gobierno que practicaba la vieja política de seguidismo a Gran Bretaña, del que participó Perón, todavía no era un gobierno bonapartista. En rigor, el peronismo es el subproducto, el desprendimiento, de la quiebra del poder militar. Y la quiebra un resultado directo de la voluntad del bloque de clases dominantes de impedir un gobierno militar directo.

Este desprendimiento es el producto de la hostilidad de la burguesía hacia la política social democrática de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por una parte, y de la defensa que los trabajadores hacen de esa misma política. El peronismo es la vía de acceso, la carta de ciudadanía política, el ingreso de los trabajadores a la república burguesa.

La renuncia de Perón, el 9 de octubre, muestra la inviabilidad de la dictadura militar; el Ejército ya no sostenía a nadie que se propusiera quedar con el control del aparato estatal respaldado fundamentalmente en la fuerza de las armas. Por eso hay elecciones, porque la burguesía no admite, no consiente, que se gobierne en su nombre.

Y cuando Perón comprende la inviabilidad de la dictadura militar (Campo de Mayo impone esta comprensión) se lanza a conquistar el apoyo de los partidos políticos. Dicho de otro modo, se propone cambiar la naturaleza de su participación en el poder; si antes participaba por ser un coronel de la Nación, ahora intentará ser el designado de los partidos políticos. El objetivo era obvio: lograr el respaldo de la Unión Cívica Radical; alcanzar lo que Justo y Ramírez parecieron alcanzar en algún momento: la candidatura presidencial de la UCR.

El intento falló; los radicales ya no necesitaban un candidato militar desde el momento en que el fraude se alejaba del horizonte político nacional. A juicio de la UCR, juego limpio equivalía a victoria radical y este criterio se compartía mucho más allá del radicalismo. Perón pensaba del mismo modo, por eso en su discurso de despedida desde los balcones de la Secretaría de Trabajo y Previsión (10 de octubre de 1945) dice: «Si la revolución se conforma con dar comicios libres, no habría realizado sino una gestión en favor de un partido político. Esto no pudo, no puede, ni podrá ser la finalidad exclusiva de la revolución».

Perón afirma dos cosas: dice que elecciones libres suponen una victoria radical y que el golpe del 9 de octubre (comicios libres) es un golpe radical que desvirtúa los objetivos del golpe juniano.

Antes de su derrocamiento, en las tratativas con Amadeo Sabattini, el coronel intenta llegar a un acuerdo con el ala yrigoyenista del radicalismo; fracasa. El líder cordobés le propone en Villa María la fórmula Sabattini-Perón, cuando esta fórmula equivale a patear el tablero sin demasiada elegancia; después Sabattini convence al general Ávalos, según propia confesión, de que se saque de encima tan molesto coronel.

En los últimos meses de su participación en el gobierno de Farrell, y antes por cierto, el coronel redobla sus esfuerzos para evitar la conformación de la coalición electoral que sería la Unión Democrática. Con tal objetivo parlamenta con todos, desde los conservadores hasta los comunistas, y todos lo rechazan.

El no a Perón constituyó una suerte de síndrome de los partidos del 45. Y no es el fruto de una «incomprensión» sino el resultado de una comprensión mal formulada, de una astucia política.

Perón invadía la asignación de espacio político existente; constituía en consecuencia un antagonista de todos por muy diversas razones. Para socialistas y comunistas, al margen de sus alineaciones internacionales que no pueden ni deben olvidarse, se trataba de un competidor en situación de organizar un partido obrero de masas en un país donde el grueso de los trabajadores no estaba afiliado a los sindicatos y donde los sindicatos eran todavía un artículo del código penal. Socialistas y comunistas corrían el riesgo de desaparecer de la escena electoral proletaria y de alguna oscura manera lo registraban.

Para los conservadores Perón implicaba la posibilidad de saldar victoriosamente el enfrentamiento con la UCR, de vencer electoralmente, y en consecuencia de alzarse sin mucha delicadeza con el grueso de su clientela de origen popular de una vez y para siempre. Para el radicalismo Perón era peor que la peste puesto que lo que no habían logrado años de proscripción y fraude, la corrupción y la década infame, podía lograrlo un recienvenido a la política criolla. Para los herederos de Yrigoyen, Perón era el fin del monopolio electoral.

Todos los partidos existentes tenían desde su visión pigmea sobrados motivos para rechazar a Perón, para desear la derrota del peronismo, porque su victoria suponía el fin de la clase política tal cual estaba organizada en ese tiempo.

Esta capacidad de producir rechazo institucional remite a dos perspectivas complementarias y simétricas; una está emparentada con el carácter de trasgresor social del coronel (violar lo establecido dentro de los límites de lo establecido), y que constituye su mejor costado, y la otra, nos conecta con su dificultad para reconocerse como trasgresor; es decir, con el conservatismo del trasgresor.

En rigor de verdad la trasgresión es una frontera extrema del conservatismo, pero en una sociedad tan impermeable a las modificaciones, revolución y trasgresión producen efectos similares en la cabeza de las clases dominantes. Máxime, cuando el sujeto de la trasgresión y el sujeto de la revolución son el mismo: la clase obrera.

II

La creación del partido laborista sorprende al coronel puesto que no entra en sus cálculos iniciales. Monzalvo cuenta la sorpresa de Perón y registra junto a su incomodidad un elemento decisivo: la imposibilidad de rechazarlo y la imposibilidad de integrarlo plenamente. Lo cuenta indirectamente cuando marca un hecho: Perón no se afilia al laborismo aunque le ofrecen la tarjeta número 1.

El coronel no se proponía ser el candidato militar del partido obrero, más bien se planteaba que el movimiento obrero debía militar bajo las banderas del coronel. Perón los aceptaba en tanto ciudadanos, el que fueran obreros lo tenía sin cuidado, salvo a la hora en que los ciudadanos-obreros intentaran organizarse políticamente como obreros; entonces el coronel mostraba los límites de la trasgresión y decía no; como peronistas, sí; como obreros, no.

Perón necesitaba del respaldo activo de los ciudadanos-obreros al tiempo que evitaba, que necesitaba evitar, la cristalización organizativa en partido diferenciado. Si cristalizaban organizativamente como partido obrero todas las corrientes del pensamiento, incluido el socialismo, eran susceptibles de actuar en su seno en tanto corrientes del movimiento obrero. En el caso contrario, Perón establecía la delimitación ideológica y todo intento de sostener otra cosa era contrabando y nadie ignora cómo se trata a los contrabandistas más tarde o más temprano.

Cada vez que el peronismo contó con el control del aparato estatal, Perón deshizo la organización de los trabajadores y el partido laborista no fue una excepción. Exceptuarlo suponía aceptar que el peronismo podía admitir en su seno una corriente de izquierda social e ideológica y el secreto a voces de Perón era: el coronel es su propia izquierda y sólo puede admitir que la derecha juegue un partido aparte.

No se trata de preferencias ideológicas, sino de una aguda comprensión política; en el peronismo la izquierda tiene un destinatario multitudinario y la derecha sólo puede anidar en los aparatos; su importancia guarda una proporción inversa con la posibilidad de desplazamientos sociales hacia posiciones radicalizadas.

Pero cada vez que el peronismo volvió al llano se rehizo con los métodos de la clase obrera: corrientes sindicales políticamente definidas y organización política de las corrientes sindicales: las agrupaciones obreras y las 62 Organizaciones. El movimiento y no el partido, porque en el movimiento primaba la dinámica social y en el partido la burocracia parasitaria.

La propuesta de licuar la base obrera del peronismo tenía un objetivo transparente: ampliar la cancha, abrir el juego, traspasar los límites de clase de su base de sustentación social.

De lo contrario debía admitir que la influencia del peronismo era igual a la influencia de la clase obrera y sus aliados naturales. Para evitarlo el coronel propiciaba la integración, la inclusión de los antagonistas, la comunidad organizada.

El laborismo era, en suma, la desconfianza organizada de la clase obrera en el destino de un coronel providencial sin contrapeso adecuado. El laborismo se propuso construir el contrapeso y el coronel mostró, una vez más, que toda delimitación organizativa requiere una delimitación ideológica; es decir, una adecuada diferenciación política. Y como el laborismo carecía de una delimitación política suficientemente explicitada, sus posibilidades de sobrevida pasaban exclusivamente por la decisión del coronel.

El laborismo fue destruido por una insuficiencia doble; era demasiado proletario para soportar una conducción no obrera mucho tiempo, pero era insuficientemente proletario para resistir exitosamente.

Por eso, los trabajadores de la carne tenían quebrada su lealtad entre Cipriano Reyes y Perón; Cipriano al sindicato y Perón al gobierno, decían, sin poder diferenciar por qué si Perón estaba en el gobierno Cipriano no podía estar en el sindicato. A su manera le fueron fieles a los dos, aceptando la destrucción del laborismo y rechazando otra conducción del gremio que no fuera la de Reyes.

Este modo de fidelidad no sólo selló la suerte de Reyes sino la de la clase obrera y la del peronismo en su conjunto, puesto que no pudo garantizar el margen de independencia indispensable para que los trabajadores pudieran resistir, con sus propios métodos, la asonada gorila de 1955.

Entonces, los que sostienen que el laborismo era un «partido de circunstancias» como Ramos, o los que no le asignan ningún papel, como Sebreli, se suman abierta o encubiertamente al derrocamiento del peronismo. Sólo la existencia del partido laborista podía garantizar que los ciudadanos obreros se armaran en defensa de la Constitución.

La destrucción del laborismo fue, en consecuencia, el primer capítulo de su caída.

III

Los que sostienen que el 17 de octubre fue una movilización lumpen policial, «un aluvión zoológico», sostienen que Perón asaltó los sindicatos a punta de pistola. Y cuando tienen que explicar los 17 de octubre posteriores, los que no transcurren bajo el gobierno de Perón, construyen una explicación racista. Es decir, cuando tienen que remitirse a lo que la conciencia colectiva guarda como 17 de octubre o como peronismo dicen: a los cabecitas les gusta que los asalten, de lo contrario no serían peronistas. Y son peronistas porque son cabecitas, porque les gusta que los asalten. Por eso a Perón le dicen el macho.

Esta visión de los cabecitas se parece bastante a la que ciertos policías tienen de las violaciones femeninas. A su juicio no hay violaciones sino mujeres que buscan ser violadas y la denuncia se produce cuando alcanzan su objetivo, porque comprobaron que les gusta ser violadas.

Pero si ser violadas les gusta y por eso denuncian su horror por el gusto o lo callan, si ser cabecitas, si ser asaltados, si el 17 de octubre fue una movilización lumpen policial, es preciso reconocer que existe alguna relación entre el gusto de ser violadas y las mujeres y entre los lúmpenes del 17 y la clase obrera. Y si se reconoce en las violadas a las mujeres se reconoce al violador entre los hombres y en el ataque a los lúmpenes se registra un ataque a la clase obrera.

Es indispensable admitir que el grado de bestialidad del oprimido nos remite al opresor y a la opresión y no a las limitaciones de los primates inferiores. Es preciso leer en las huellas que la sociedad inscribe en la biología del oprimido el rostro del opresor y horrorizarse por el régimen que somete a los hombres, que nos somete, a tanta degradación, en lugar de degradar la visión de la marcha de los sometidos.

Quien invierte los términos no da cuenta de su tiempo; da cuenta de su horror, y el horror de Sebreli no nos acerca a la historia social sino a su historia personal; por eso la historia se le escapa, por falta de delimitación, por una reducción hasta el absurdo de la historia del peronismo a analogías externas.

Si se toma, por citar un solo ejemplo, la existencia o inexistencia de campos de concentración, para determinar si un régimen social es fascista; o la existencia o inexistencia de partidos opositores, o la existencia o inexistencia de sindicatos independientes del Estado, o si se consideran todos estos elementos simultáneamente, lo que en realidad se comparan son ciertos rasgos de un régimen social y político sin caracterizarlo históricamente y sin poder inteligir su posterior evolución.

Comparemos mediante este «método» a la Rusia de Stalin con la Alemania de Hitler: ambos eliminaron los partidos opositores, en ambos los sindicatos no eran independientes del Estado, ambos contaron con campos de concentración. Sin embargo, hasta al más antisoviético de nuestros lectores no se le escapa que un régimen integra la galería de los fósiles históricos y el otro goza de envidiable permanencia.

Aunque no fuera más que por eso, sostener que se trata de regímenes totalitarios y conformarse con esta ambigua clasificación prueba escandalosamente la falta de inteligencia del ocasional sostenedor. Un régimen soportó el aislamiento, la guerra en soledad, el retraso, pero venció y creció. El otro se expandió como una burbuja y estalló bajo el peso de las contradicciones que desató en la arena histórica universal.

Estas simplificaciones tan a gusto de cierta sociología empírica norteamericana parten del siguiente supuesto: no existen las leyes históricas objetivas. Por consiguiente, cada manifestación concreta —afirman— es de una unicidad tan elevada que sólo permite comparaciones muy tenues, muy generales.

Renuncian a estudiar antes de comenzar el estudio.

Sebreli reduce a polvo todo el sistema categorial: desde su perspectiva no se entiende por qué triunfó Perón en el ’46, para qué Perón era fascista, ni a quién beneficiaba el fascismo peronista.

No hay motivos históricos para la victoria de Perón; es cierto que el coronel venció, pero, según Sebreli, bien podía haber sido derrotado. Se trató de un «error» y como tal se pudo subsanar y hoy se subsanó como corresponde: electoralmente. Alfonsín ganó las elecciones; entonces el «error» queda absorbido.

IV

Catorce días después de que el gobierno del general Farrell cancelara el decreto que proscribe la actividad de los partidos políticos, se conforma la Unión Democrática. Por cierto que el documento firmado el 30 de octubre de 1945 era de pura forma; en los hechos los partidos políticos actuaban a la luz del sol desde hacía meses sin que el gobierno hiciera absolutamente nada por impedirlo. La permisividad oficial era el resultado de la división interna de las Fuerzas Armadas; un segmento significativo de la oficialidad dinámica adhería a los partidos proscritos.

Aun así, la idea de Unión Democrática fue muy anterior a su constitución organizativa. Si se rastrea hacia atrás se encuentran antecedentes en el lanzamiento de la candidatura presidencial del general Justo. El general-ingeniero era un ferviente defensor de la democracia, como su práctica política lo indica, y por tanto un enemigo jurado del fascismo, un amigo público de los Estados Unidos.

La muerte de Justo eliminó el problema; así y todo es posible afirmar que las elecciones que debían realizarse en 1944 no hubieran tenido lugar de todos modos si Justo hubiera vivido. El GOU estaba en su clímax y sus integrantes eran enemigos declarados del general-ingeniero; basta recordar que Justo era defensor de la realineación internacional de la Argentina y que el GOU era un defensor extremo de la neutralidad. Por eso el justismo fue erradicado de las filas del Ejército, y en 1945 había quedado reducido a los amigos de Vernengo Lima.

Pero la creación de un frente electoral con la participación activa del Partido Comunista le quitaba el sueño a los oficiales del GOU, a tal punto que en el documento de constitución se pronuncian explícitamente contra los peligros de un Frente Popular.

En Chile, bajo las banderas del Partido Radical y con el apoyo y el programa del Partido Comunista para este tipo de engendro, el Frente Popular había vencido electoralmente a los conservadores. Eudocio Ravines, a la sazón integrante del secretariado latinoamericano de la Tercera Internacional, piloteaba personalmente el operativo victorioso y los militares argentinos temían la repetición del experimento.

En sus cabezas Victorio Codovila, secretario general del PC argentino e integrante de la dirección de la Internacional Comunista, jugaría el mismo papel que Ravines: insertar sólidamente al PC en la estructura social y política argentina. Igualaban, en consecuencia, al radicalismo chileno con su homónimo argentino y obviamente a los partidos comunistas entre sí. Concluían, desde esa perspectiva, que el «peligro comunista» debía ser atajado y ése era precisamente el objetivo del GOU.

Los partidos comunistas del mundo entero sostenían que la lucha contra el fascismo ponía en segundo plano la lucha contra las potencias imperiales no fascistas (democráticas), de donde colegían que los aliados militares de la Unión Soviética eran aliados políticos de los partidos comunistas. Es decir, que los Estados Unidos eran un aliado de los comunistas latinoamericanos.

Como el peronismo era una «variante nacional del fascismo» según la «científica» caracterización de Codovila, la lucha contra el «nazi-peronismo era una batalla electoral decisiva».

Bajo un manto de humareda propagandística los campos antagónicos se dibujaban con fantasmagórica precisión; de un lado la reacción fascista y del otro la democracia de todo pelaje. Los Estados Unidos eran el bastión de la democracia en esta parte del globo y el embajador de los Estados Unidos era el representante vicario de la democracia en estas tierras. Entonces, Spruille Braden se convirtió con el correr de las horas de dador de sangre intelectual en candidato innominado de la Unión Democrática.

Braden pronunció discursos, participó en la gira proselitista, atacando a Perón y defendiendo a la Unión Democrática, sin que nadie viera ningún inconveniente en su conducta de diplomático profesional. En realidad, el punto de vista del gobierno norteamericano no debía surgir de un trabajoso análisis de sus intereses en la sociedad argentina, sino de las declaraciones públicas y oficiales que Braden producía todo el tiempo. Nadie dudaba: Perón era un enemigo de los Estados Unidos, y para los democráticos estaba muy bien que así fuera.

Tan grande era la presión norteamericana que el gobierno que de algún modo respondía al coronel Perón no tomó ninguna medida contra el diplomático; a nadie, ni siquiera a Perón, se le ocurrió que era posible acusarlo de intromisión en los asuntos internos de la Argentina. Se trataba, tan sólo, de un aliado en la lucha contra el fascismo.

Antes que Braden arribara a Buenos Aires los hilos del enfrentamiento estaban tendidos. Cuando el 19 de septiembre la Junta Coordinadora Democrática (con la participación de todos los partidos políticos, comunistas y conservadores incluidos) moviliza 200.000 personas en la Marcha de la Libertad, con el objetivo casi explícito de respaldar el golpe del general Arturo Rawson y traspasar todo el poder a la Corte Suprema, queda delimitado un bando.

Y cuando el 17 de octubre la dirección sindical del movimiento obrero lanza a los trabajadores a la huelga para liberar al renunciante coronel Perón, queda establecido el otro. En rigor, la elección fue un conteo para determinar cuál de las dos movilizaciones había impactado más hondo al conjunto de la sociedad argentina.

La división de la sociedad argentina obedecía a motivos internos que no siempre tenían correlato internacional. Los paseantes de la Marcha de la Libertad recibían el respaldo de la embajada de los Estados Unidos, y en tanto los norteamericanos eran aliados de los soviéticos en la lucha contra Hitler los comunistas locales tenían expedito el camino para impulsar la marcha. Si se quiere ésa es la cobertura diplomática del fenómeno, pero es preciso reconocer que explica muy poco.

Es cierto que el PC argentino no entraba en contradicción con Stalin cuando actuaba como actuaba, pero no es menos cierto que los motivos de su conducta no pueden atarse mecánicamente a la obediencia a Stalin. De lo contrario la división política de los partidos comunistas se reduce al problema de la obediencia y la desobediencia: Mao no acató las instrucciones de Stalin y dirigió la Revolución China, Codovila acató las instrucciones de Stalin y defendió la Unión Democrática. Como se aprecia, la explicación es un tanto lábil.

Los motivos profundos del Partido Comunista en su elección política son transparentes: liquidar la influencia que el coronel tenía en el movimiento de masas y transformarse en la representación política decisiva del movimiento obrero.

Y como a su juicio el peso de Perón era el resultado de la «demagogia del coronel» y del poder de presión del aparato del Estado, la derrota electoral del coronel suponía su fin. Se equivocaron de cabo a rabo, ni pudieron derrotarlo electoralmente, ni la pérdida del aparato del Estado significó el fin del peronismo. Con su conducta facilitaron que todos los trabajadores se volcaran masivamente en defensa del coronel, al inmovilizar sus propias banderas.

Es que en la Unión Democrática no sólo militaban los partidos patronales, los partidos de la ley 4.144 (de residencia) sino también los organismos patronales, y cuando el cheque de la Unión Industrial Argentina (UIA) firmado por su presidente en favor de los democráticos cobró estado público, nadie más dudó: en un bando militaba la reacción conservadora y en el otro los que de un modo u otro se le oponían.

Con autocrítico sentido del humor un ex dirigente comunista sostuvo: «En 1945 teníamos 200 dirigentes sindicales y casi ningún automóvil, ahora tenemos 200 automóviles y casi ningún dirigente sindical». Se trata por cierto de una ironía sangrienta; tiene un mérito: salda de un plumazo el costo político de la incomprensión comunista.

Por 280.000 votos la coalición de partidos que levantó la fórmula Perón-Quijano derrotó a la Unión Democrática. El movimiento iniciado el 17 de octubre completaba sus objetivos; el coronel Perón era restituido con todos los honores a todos los cargos que ostentara hasta el 8 de octubre de 1945, puesto que el Presidente de la República es más que un vicepresidente con poderes ampliados de ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión Social.

Con alegría los militares aceptaron el veredicto de las urnas. Un hombre salido de sus filas había vencido a la más formidable maquinaria política de su tiempo, sin olvidar que su derrota sería la victoria electoral del golpe del 9 de octubre. Es decir, Perón facilitaba el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles con banderas de victoria y con el mantenimiento de la política del golpe juniano.

Al igual que durante el 17 de octubre, las Fuerzas Armadas, mayoritariamente, requerían el respaldo de los ciudadanos obreros, y a través de Perón lo alcanzaron. Perón era entonces el jefe victorioso e incuestionable y en ningún otro momento de su extensa carrera política su ascendiente fue tan ancho y tan hondo.

La victoria desnudaba, eso sí, la naturaleza social del peronismo; dos terceras partes de su caudal electoral fue aportado por los laboristas y el tercio restante se dividía en partes desiguales entre la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente.

El millón de votos laboristas, así como el debate previo sobre la integración de la fórmula presidencial, da cuenta del comportamiento diferenciado de fuerzas sociales diferenciadas. Los laboristas propugnaron la fórmula Perón-Mercante, porque querían hombres comprometidos con la política enarbolada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y el coronel Mercante era precisamente eso: un continuador de Perón que actuó como interventor de la Unión Ferroviaria hasta su normalización primero y tras la renuncia de Perón ocupó la Secretaría de Previsión Social, después del 17 de octubre.

El coronel, en cambio, quería un radical de copiloto, y Hortensio Quijano era eso; ligado al gobierno de Farrell a través de la cartera del Interior, expulsado de la UCR por sumarse al gobierno militar, expresaba un sueño de coronel mussoliniano; heredar el radicalismo o al menos arrastrar a sus dirigentes más prestigiosos. No era ése el caso de Quijano, por cierto, sino más bien otro; a pesar suyo Quijano revelaba que la dirección radical era fiel a sus bases sociales y que los votos no obreros del peronismo tenían otro origen; su presencia recordaba la ausencia de radicalismo bajo el cielo político peronista así como la determinación de no avanzar en esa dirección. Quijano irritaba a la dirección laborista.

Es que la clase obrera argentina, tanto los nuevos como los viejos migrantes, creció bajo la piel de un solo proyecto sindical y el radicalismo no cabía en su concepción. Claro que un solo proyecto no significa una sola organización y la diferenciación organizativa remite, indubitablemente, a diferencias en el proyecto; pero estas diferencias no alcanzaron el rango de proyectos diferenciados; por eso, los sobrevivientes del comunismo anárquico de la FORA espejaban el país que había quedado atrás y por eso sus hombres fueron absorbidos sin mucha dificultad por las nuevas corrientes; por eso, los socialistas militaban indistintamente en las dos centrales obreras (CGT 1 y CGT 2) y sus respectivos secretarios generales eran afiliados al partido y ambos, en distinta medida, se pliegan al arrollador avance del coronel.

Es que la dirección sindical dividida y orgánica, rica en experiencias de lucha y pobre en victorias, ilegal siempre y buscando la legalidad todo el tiempo, sufrió el impacto de la política social democrática del GOU.

Es que el impacto produjo la quiebra: un sector de la dirigencia eligió la política de sus partidos de referencia, resistió intransigente a costa de la pérdida de su base social, y el otro aprovechó el impulso gubernamental, reconoció las ventajas del poder y se constituyó como la dirección única del movimiento obrero.

Tanto los viejos obreros como los nuevos, sin embargo, eligieron sus jefes en una misma franja social y política. El peronismo no era una política de extramuros, ni el resultado de reprimir violentamente al movimiento obrero, sino una operación posible con las fuerzas existentes.

El peronismo se nutrió de cuadros producidos por el movimiento obrero en su conjunto: ex socialistas, ex comunistas, ex anarquistas y ex sindicalistas; la calidad y cantidad de hombres provenientes de cada sector guarda una cierta proporción con la influencia de esa corriente en el movimiento obrero. Por eso, socialistas y anarquistas se llevan las palmas; sin embargo, hay otra clave: Perón se respaldó en los dirigentes socialistas para limitar la influencia de los comunistas y una vez raleados los comunistas se dedicó a limpiar todos los dirigentes que dieran muestra de una cierta independencia.

Cuando se lee el número de adherentes a los sindicatos en 1941 y se los compara con los de 1946 se constata que la cifra crece normalmente. Es decir, se comprueba que no hay irrupción de masas no sindicalizadas y que la irrupción será el resultado de la política peronista desde el gobierno constitucional.

Pero cuando se compara el número de organizaciones obreras existentes en 1941 con las correspondientes a 1946 se verifica un crecimiento superior al 170 por ciento. Es decir, la batalla por la dirección entre los defensores de la política social democrática de la Secretaría de Trabajo y Previsión y sus antagonistas se libra mediante la creación de sindicatos paralelos pero se corona políticamente; a saber, el sistema de lealtades sindicales no se modifica abruptamente: cuando la tensión política llega a un punto insostenible los trabajadores eligen la trinchera, y al elegir la trinchera optan por uno de los dos sindicatos. Y los paralelos se transforman mutatis mutandis en los oficiales y los oficiales en sombras de sí mismos.

Esta determinación política de la clase obrera no es el resultado de precisos deslindes programáticos. Si se compara el programa laborista con el programa de la Unión Democrática surgen propuestas muy parecidas: ambas proponen la reforma agraria, la nacionalización de los servicios públicos, los derechos políticos para la mujer, y una serie de medidas de protección social para el trabajador; ambas propician el ejercicio irrestricto de los derechos democráticos y ambas se proclaman, apenas veladamente, antifascistas.

Una diferencia es posible registrar aun así: los laboristas proponen la formación de tribunales de trabajo (justicia laboral) y los democráticos la eliminación de la ley de residencia. Como el peronismo derogó la ley de residencia y constituyó la Justicia Laboral, queda en claro que, programáticamente, la diferenciación de los bandos carecía de envergadura.

Luego, es preciso recapitular el problema. Primero, la actividad sindical fue ilegal o semilegal en la Argentina anterior a 1943; segundo, las condiciones de semilegalidad o ilegalidad variaban de acuerdo con la naturaleza de los gobiernos (militares, fraudulentos o constitucionales); tercero, el precio de la semilegalidad bajo los gobiernos más reaccionarios era, como apunta Rubens Iscaro, la complacencia; cuarto, la legalización del movimiento obrero no fue el resultado directo de la lucha de masas, pero su sobrevivencia dependió de la acción directa de los trabajadores; quinto, el paralelismo sindical después del 17 de octubre representa la izquierda de ese movimiento obrero; sexto, la izquierda luchaba por la continuación de la legalidad instituida y la derecha actuaba como un ariete de la reacción.

Cuando un gobierno, aun el más democrático, que no es éste el caso, admite la legalidad, instaura en ese mismo acto la ilegalidad, sea porque construye las reglas del juego que favorecen a sus aliados, sea porque las usa discriminatoriamente entre aliados y antagonistas, sea porque está en condiciones de limitarla cuando y como le viene en gana.

Así y todo, el terreno donde se libra la batalla ha sido modificado en favor de los trabajadores, salvo que se trate de organismos corporativos. Es, decir, organismos donde la patronal y los trabajadores coexisten en una sola entidad.

Y no era ésta la situación de los sindicatos antes de la victoria de Perón. Desde el acceso del coronel a la Secretaría de Trabajo las relaciones entre el Estado y los trabajadores fueron drásticamente modificadas. Con anterioridad, toda la política social del gobierno, sobre todo durante la década infame, se expresaba a través del jefe de Policía; entonces, ciertos matices carecían de toda importancia. Un patrón era un enemigo que contaba con el respaldo de la fuerza pública, con el respaldo del Estado, para vencer, y la palabra Estado significa que profesionales de la violencia (las Fuerzas Armadas) eran convocados para poner fin a la protesta obrera y la protesta obrera tenía fin o los obreros que protestaban encontraban su fin.

La situación había cambiado, era preciso discriminar políticamente. Antes de Perón la actividad sindical era una esfera autónoma de la política salvo en su sentido general, con Perón la esfera sindical pasa a estar directamente determinada por la política que le fija un nuevo horizonte. No sólo había una carrera militar, una carrera profesional, una carrera administrativa, una carrera política, sino que también había una carrera sindical. Los sindicalistas se integraban masiva y abruptamente a la clase política, el peronismo los había captado.

Hasta que el Rubicón electoral no quedó atrás, la ansiedad de la dirección laborista era absorbida por la esperanza; desconfiaban de todo, incluso del coronel Perón, e intentaban garantizar la sobrevida política aunque el coronel no resultara vencedor en la batalla electoral. Por eso actuaron el 17 de octubre y por eso construyeron el Partido Laborista.

La victoria electoral volvió a modificar los tantos. Perón era el vencedor absoluto, el autócrata constitucional. Ante las Fuerzas Armadas era jefe del partido mayoritario y ante su base social el presidente de la República; ante sus enemigos políticos un coronel con suficiente respaldo militar y apoyo popular, y ante el movimiento obrero el coronel del pueblo.

El bonapartismo quedaba establecido; los militares actuarían políticamente sólo en su carácter de funcionarios estatales, su compromiso con el gobierno se reducía a contrabalancear el movimiento obrero y a una suerte de simpatía pasiva por su gestión.

El presidente era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, era un militar retirado y la sensación militar era de placer: era bueno que los militares fueran comandados por un militar con suficiente caudal político. Era como militarizar a la sociedad civil sin que el Ejército saliera de los cuarteles, al menos en el nivel de la metáfora.

Pero las Fuerzas Armadas no eran el principal soporte del gobierno; el gobierno dependía de su capacidad de conquistar, reconquistar, apoyo popular, adhesión política; de lo contrario, si era electoralmente derrotado se quebraba: en ese sentido era una ficción bonapartista.

Los mecanismos del poder presidencial eran los ordinarios, el presidente dependía de su mayoría parlamentaria y si carecía de ella, no gobernaba. No hubo ninguna alianza entre los sindicatos y los militares entre 1946 y 1955, salvo que se entienda por tal permitir, admitir, que la victoria peronista era legal. Cosa que no sería legal después de 1955. En rigor todo pasaba por un notable equívoco: Perón. El coronel que ascendería a general con acuerdo del Senado adquirió un cuádruple liderazgo: jefe político de la clase obrera, jefe de Estado, jefe político e institucional de las Fuerzas Armadas y jefe de su partido.

Y actuaba en su cuádruple carácter, lo que constitucionalmente era posible pero políticamente extraordinario, puesto que conformaba un gobierno de derecho, de consenso y de poder. Es decir, un gobierno parlamentario único, excepcional en cualquier parte del mundo.

Era, en suma, una suerte de gobierno de frente popular bajo la forma de partido de masas con respaldo militar. Un bonapartismo sui generis: Perón.

FAYT, Carlos: Ob. cit.

MONZALVO, Luis: Ob. cit.

PORTANTIERO, Juan Carlos y MURMIS, Miguel: Ob. cit.

WRIGHT Mills, C.: Escucha, yanqui. México, FCE, 1961.

WRIGHT Mills, C.: La elite del poder. México, FCE, 1969.

PERÓN LLEGA AL PODER

I

La victoria electoral de Perón pulverizó a sus antagonistas políticos. Los bandos triunfalistas de la Unión Democrática cesaron, un silencio sobrecogedor ganó las calles. La oposición estaba anonadada. La Unión Democrática carecía de todo futuro electoral; lo sabían oscuramente sus integrantes, lo sabía más claramente el coronel Perón.

En la elección más limpia de toda la historia política argentina los democráticos habían sido incapaces de vencer, a pesar de la enormidad de medios con que habían contado. El porcentaje de abstención electoral era otro récord, puesto que se trataba del coeficiente más bajo desde 1916 a la fecha. De ahí que el destino electoral de la coalición fuera transparente. Perón era el dueño de las urnas y elecciones eran sinónimo de victoria peronista; en ese sentido, pero sólo en ése, peronismo y radicalismo eran casi idénticos. Es decir, mientras Perón o Yrigoyen vivieron jamás perdieron una elección.

Los defensores de la U. D., al igual que sus integrantes, no supieron explicar entonces (como no saben explicarlo ahora) por qué fueron derrotados, salvo con la habitual, cínica malevolencia racista que atribuye a la clase obrera, a los cabecitas negras, la suma total de las perfidias. Toda la producción intelectual del gorilismo político quedó estancada y se redujo a motorizar un movimiento único: el golpe del Estado, transformar la mayoría electoral peronista en minoría militar.

Entre el 17 de octubre de 1945 y el 24 de febrero de 1946 el gobierno de Farrell había adoptado un sesgo crecientemente pro peronista. La oficialización del decreto anunciado por Perón en su último discurso como funcionario (aguinaldo, 9 de octubre de 1945), adquirió el carácter de un respaldo adicional. A su manera era exacto, pero el signo del 17 de octubre había saldado ya esa disputa y sólo restaba saber si era posible gobernar electoralmente esa Argentina sin respaldo obrero.

La oposición política se encrespó aun más; los dirigentes de la U. D. comprendieron, sin embargo, la gratuidad y la inconveniencia de pronunciarse públicamente contra el aguinaldo: oficialmente guardaron silencio y oficiosamente lo impugnaron.

El silencio de la cúpula engarzaba perfectamente con la hostilidad empresarial. Industriales, financistas y comerciantes, mayoritariamente volcados hacia la U. D., afirmaron: vayan a cobrarle a Perón. Vencida la última fecha de pago (7 de enero de 1946), viendo que el gobierno se mantenía en sus trece, empujaron para hacerlo retroceder.

Una verdadera prueba de fuerza se desarrolló entre empresarios y gobierno, mientras la clase obrera observaba el curso de los acontecimientos. Bajo la conducción de Eustaquio Méndez Delfino los empresarios lanzan un lock out a escala nacional para el 14, 15 y 16 de enero. Toda la actividad queda suspendida, los tiroteos recorren Buenos Aires, pero la CGT no lanza ninguna contramedida frente al anti-17 de octubre patronal.

Farrell no cedió, las Fuerzas Armadas no se quebraron; la situación del 9 de octubre de 1945 no se repitió. Es que la repetición hubiera tenido otro significado; hubiera implicado adelantar el reloj político una década, para situarlo en junio-septiembre de 1955.

En lugar de disputar democráticamente qué sector del establishment se haría cargo del control del aparato estatal, se habría pasado a disputar el control del Estado mediante la guerra civil y esta disputa habría terminado poniendo en entredicho la naturaleza misma del Estado, puesto que la clase obrera, de fuerza auxiliar, habría pasado a clase decisiva.

La ausencia de respaldo militar al lock out patronal puso los límites del movimiento; la posibilidad de sostenerlo decreció. Los empresarios se vieron obligados a negociar, retroceder, abrir y pagar; los empresarios fueron vencidos, el gobierno fue el vencedor; políticamente se traduce así: Farrell, es decir Perón, venció; la Unión Democrática, es decir los empresarios, fue vencida; luego, a través de Perón, los trabajadores derrotaron a los empresarios sin presentar combate.

Y éste es el verdadero hallazgo político; una dialéctica insuperable quedó instaurada: si la clase obrera ata su suerte a la del coronel porque los empresarios atan la suya a enfrentarlo, existe políticamente. La dinámica de la política argentina queda instaurada: la clase obrera, un fragmento de las clases medias de la ciudad y el campo y buena parte de los sin bandera, se alinean detrás de la figura de Perón, que cuenta con el aparato del Estado y el respaldo de la Iglesia Católica; del otro lado, lo que resta: una pequeña porción de trabajadores comprometidos políticamente con socialistas y comunistas, un fragmento muy activo de las clases medias de las grandes ciudades y todos los propietarios en tanto tales.

Si vence Perón los obreros son ciudadanos de pleno derecho; de lo contrario, son ciudadanos pasivos. Todo el enfrentamiento se redujo, a pesar de la delimitación social, al espacio que ocupa la clase obrera en la república burguesa.

Y las dos mitades del enfrentamiento se complementan maravillosamente; los gorilas requieren a los peronistas para borrar el espectro rojo de la lucha obrera y los peronistas a los gorilas para legitimar sus blasones «revolucionarios». Por ese estrecho andarivel circuló la política argentina en los últimos cuarenta años y ése es precisamente el sentido final, la última ratio de la dialéctica peronismo-antiperonismo.

Al definir como su enemigo en el movimiento obrero al peronismo (los trabajadores peronistas cerraron durante años el camino de los sindicatos a la izquierda), los defensores del «pluralismo» sindical no luchan por «atomizar la clase obrera», sino que facilitan, destraban, su presencia en el movimiento obrero. Si los trabajadores peronistas y su aparato político-burocrático niegan a la izquierda existencia política representativa, la odiada oligarquía que pretende destruirlos no debe ser tan odiada al inaugurar un «curso progresivo». Para una «izquierda» semejante el aliado se busca entre los partidos democráticos y el «enemigo» se encuentra en el peronismo. Entonces, la Unión Democrática contra Perón era la posición más avanzada, puesto que los trabajadores no son «revolucionarios, ni siquiera reformistas» y si se averigua adecuadamente, se demuestra que tampoco son «democráticos» (Sebreli).

Desde el momento en que la vieja oligarquía, por usar el lenguaje radicalnacionalista de la época, se constituye en enemiga jurada del peronismo, los gorilas facilitan, instalan, empujan, al siguiente razonamiento: la oligarquía los ataca, por algo será; si los enemigos tradicionales de la clase obrera, del país, son enemigos del peronismo, la postura deviene sola: estando con Perón, se está contra la oligarquía (Ramos).

La elección de estas mitades complementarias (Perón supone la existencia de la oligarquía) pinta de cuerpo entero al elector y al momento de la elección, aunque no resuelve el problema. El secreto pasa, precisamente, en que estas mitades simétricas se refuerzan mutuamente mientras son simétricas y no son simétricas todo el tiempo; hay puntos del enfrentamiento donde uno de los términos pone en tensión todo el arco social, a pesar de la falta de delimitación política; el único camino de la izquierda en todo el período pasó por encontrar esos puntos.

Hasta el más endeble jugador de ajedrez sabe que una situación de defensa adecuada, eficaz, no supone una buena alternativa de ataque (asimetría) y el peronismo resultó el camino defensivo del movimiento obrero (no sólo del movimiento obrero), a condición de que las diferencias se dirimieran parlamentariamente; pero mostró su incapacidad de defenderse eficazmente cuando la oposición política abandonó el terreno de la legalidad constitucional. En la Argentina la historia de la ilegalidad, hasta ahora, es la historia de la contrarrevolución.

Dos semanas antes de las elecciones del 46, la Unión Democrática recibe su espaldarazo internacional definitivo. El Departamento de Estado publica el Libro Azul; el texto acusa a Farrell, a Perón, al gobierno militar, en suma, de agentes nazis en Sudamérica; el gobierno responde en el mismo terreno publicando el Libro Azul y Blanco. Algunos integrantes del gobierno proponen la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero la fórmula muere por inanición: el texto norteamericano electriza a las Fuerzas Armadas. La delimitación de campos es completa e inequívoca: la Unión Democrática representa a la patronal, a los Estados Unidos y a la fórmula de los vencedores en la IIª Guerra Mundial, y Perón al gobierno, a los militares, a los trabajadores y a sectores medios y burgueses que rechazan la versión norteamericana de la fórmula victoriosa.

Sólo los británicos expresan discretamente sus diferencias con la política norteamericana. Su prensa adicta, de bajo impacto y circulación restringida, sostiene que el Libro Azul es una «intromisión» en los asuntos internos de un Estado soberano; cosa que como nadie ignora, los británicos no hacen jamás cuando no pueden.

Allí no termina todo, puesto que el Libro Azul está equivocado; los británicos recuerdan que Getulio Vargas no era más democrático que Perón y Farrell y que esto no le impidió militar activamente en el bando aliado. Para los Estados Unidos la diferencia es simple: cuando hablan del bando aliado, hablan de sí mismos, y todo lo demás importa relativamente poco. Como la Argentina no había entrado todavía en el bando «aliado», los Estados Unidos luchaban por lograr democráticamente, parlamentariamente, esta nueva victoria «aliada».

Por eso, a pesar de la orientación antinorteamericana de la mayoría de la oficialidad argentina, la victoria electoral de la U. D. hubiera sido respetada, como correctamente infiere Robert Potash. De lo contrario, la guerra civil se hubiera abierto paso por la otra punta. Y con la guerra civil se hubiera disuelto, destruido, el par peronismo-antiperonismo; se hubiera fracturado un bloque histórico.

El 4 de junio Perón asumió la presidencia entre la algarabía de sus sostenedores y el aplastamiento de sus enemigos. El coronel había definido con precisión la naturaleza del enfrentamiento; en su discurso de proclamación como candidato presidencial laborista había sostenido: «Porque la verdad es ésta: en nuestra Patria no se debate un problema entre “libertad” o “tiranía”, entre Rosas y Urquiza; entre “democracia” y “totalitarismo”. Lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre la “justicia social” y la “injusticia social”» (12 de febrero de 1946). Es decir: la naturaleza de la relación entre los propietarios y los no propietarios, entre la «oligarquía» y los trabajadores, entre la mayoría desposeída y la minoría poseedora.

Antes del 4 de junio, a los pocos días de conocida la victoria de Perón, Miranda se hace cargo del timón del Estado y elabora, sanciona e instrumenta los decretos que perfilarán la nueva gestión gubernamental. El 25 de marzo nacionaliza el Banco Central; el 24 de abril, los depósitos bancarios; el 24 de mayo establece un nuevo régimen para el Banco Industrial y el 28 Miranda constituye el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. El célebre IAPI había nacido: sincréticamente quedaba burlada la política económica de toda la etapa, aun la que excluía a Miranda.

En verdad, el IAPI no suponía, no era, la nacionalización del comercio exterior; se limitaba a instaurar un mecanismo de dirección y control de las exportaciones, las casas cerealeras tradicionales operaban por cuenta de él y conservaban una franja de mercado por la que actuaban directamente.

El IAPI era una suerte de Junta Nacional de Carnes y de Granos con mayores atribuciones (de hecho, las absorbía), puesto que funcionaba desde esa misma perspectiva y en términos casi idénticos. Es decir, garantizaba la realización de la renta agraria.

Cuando los precios internacionales eran buenos, Miranda afirmaba que el IAPI financiaría el Plan Quinquenal, lo que nunca sucedió efectivamente; cuando eran magros, compraba caro y vendía barato, a pérdida, para defender el ingreso de los terratenientes.

El programa gubernamental de Perón y Miranda tenía los mismos supuestos que el de Justo y Pinedo: las exportaciones agrarias debían aportar las divisas requeridas por la actividad industrial sin modificar las relaciones de producción y propiedad existentes. Hasta allí, la identidad y la diferencia se establecía en la naturaleza de la relación entre patrones y empleados. Donde Justo propiciaba el garrote y las policías bravas, Perón introducía una actitud más flexible: la clase obrera no era un enemigo irreconciliable, sino un sostén eficaz. Pinedo y Justo se plegaban plásticamente al dictado imperialista; Perón y Miranda lo asimilaban cediendo. Eso era todo.

Dicho en otro terreno: así como los industriales requerían las divisas de los terratenientes para importar equipos y bienes intermedios que no se producían en el país, precisaban un mercado de consumo donde colocar sus mercancías. El límite de su equipamiento estaba dado por las divisas que se podían arrimar sin alterar las relaciones de propiedad. Los terratenientes, por su parte, invertían el grueso de la renta agraria, acumulada financieramente a través del sistema bancario, por el sencillo expediente del crédito orientado por el Banco Central. Y una vez que el crédito interno, más las divisas acumuladas, más la plusvalía obrera, dejaban de constituir fuente de equipamiento suficiente, exigían crédito internacional, es decir, norteamericano.

La actividad industrial crecía. Entre 1946 y 1951 las acciones de las empresas vinculadas a la industria absorbieron el 40 por ciento del capital nominal de la Bolsa. Entre 1951 y 1955, el coeficiente trepó al 56 por ciento. En cambio, entre 1916 y 1930, las cédulas hipotecarias y los bonos (inversiones inmobiliarias) ocupaban ese lugar y entre 1931 y 1945 fueron los valores nacionales, provinciales y municipales los que jugaron idéntico rol.

De modo que las condiciones posteriores a cada guerra mundial difieren. Milcíades Peña comprende acabadamente la diferencia cuando sostiene en Masas, caudillos y elites lo siguiente: «A diferencia de lo ocurrido al término de la Iª Guerra Mundial, cuando el gran problema de la industria argentina residía en asegurarse la protección contra la competencia de las mercancías metropolitanas, en 1946 la esencia de una política de industrialización consistía en asegurar las divisas necesarias para la modernización y expansión de la industria y de todo el aparato productivo del país —contrarrestando las previsibles maniobras de las metrópolis destinadas a saquear las reservas acumuladas durante la guerra» (p. 96, el subrayado es de A. H.).

Ni el radicalismo de Yrigoyen aseguró «la protección» ni la gestión de Perón evitó las «previsibles maniobras» destinadas a «saquear las reservas acumuladas» ni aseguró «las divisas necesarias» para una genuina política industrial.

Lo cierto es que el proteccionismo «natural» de la guerra —en este caso de la Segunda— generó, a diferencia de la Primera, una sustitución de productos fabricados en Gran Bretaña. En el caso anterior, la sustitución había sido de productos de otro origen. Y si se considera que entre 1930 y 1940 más del 40 por ciento de las exportaciones británicas hacia la Argentina eran textiles, se comprende, en principio, qué tipo de crecimiento industrial había impulsado. En 1943 la actividad industrial argentina había arribado a su límite extremo y todo aumento de la producción era el resultado directo del aumento del número de operarios.

Hilando más fino, la capacidad británica de abastecer el mercado argentino con sus exportaciones era nimia. En primer lugar, Gran Bretaña exportaba durante la contienda el equivalente a un tercio de lo que exportaba antes de comenzada la guerra y para satisfacer sus necesidades de importación, para equilibrar la balanza comercial, debía exportar un cincuenta por ciento más que en sus mejores tiempos. Es decir, debía multiplicar sus exportaciones por cinco, y esto era absolutamente imposible.

A tal punto que Lord Keynes, a la sazón negociador de la alicaída economía británica, tuvo que viajar de urgencia a los Estados Unidos porque Truman, dos meses después de finalizada la guerra, había dado por terminada la «ayuda» norteamericana. La situación británica era desastrosa: debía 3.500 millones de libras, de los que 2.725 se repartían entre India, Egipto e Irlanda, y el resto entre Canadá, Australia y la Argentina (112 millones de libras).

Keynes logró un crédito de 3.500 millones de libras a 50 años y al dos por ciento de interés anual, a cambio de aceptar los acuerdos de Bretton Woods casi sin discusión. Es decir, tuvo que tolerar la vuelta al patrón oro, cuando los Estados Unidos disponían de nueve décimas partes de la existencia de ese metal y la convertibilidad de la libra.

Dicho con precisión, Gran Bretaña salía del mundo cerrado de sus dominios para reingresar al mundo abierto del mercado mundial; Gran Bretaña aceptaba la hegemonía norteamericana porque patrón oro y convertibilidad de la libra equivalían a que los vendedores a Gran Bretaña se transformaran en compradores de los Estados Unidos. La pócima era urticante: las libras congeladas, pegando la vuelta, se convertían en dólares de libre disponibilidad. Vale decir, Lord Keynes, más que pactar un préstamo, permitió que los acreedores de Gran Bretaña se convirtieran en compradores norteamericanos.

Pero el Lord era demasiado taimado para avenirse así como así a semejante dictamen; los créditos que Londres recibió en junio del 46 exigían la convertibilidad de la libra un año más tarde. El experimento resultó breve; antes que 1947 llegara a su término la convertibilidad se había esfumado, junto con el dinero norteamericano.

Gran Bretaña volvió a la inconvertibilidad y los saldos de la balanza comercial entre Londres y Buenos Aires volvieron a constituir un problema. Entonces, las reservas de libre disponibilidad de la Argentina eran la clave de todo el problema, porque Gran Bretaña seguía siendo su principal mercado comprador.

En 1946 la Argentina disponía de 1.100 millones de dólares de reservas, ese nivel se mantuvo durante 1947, para comenzar a caer en 1948; a fines de 1948 descendió a 258 millones de dólares y en 1950 las reservas se habían evaporado por completo.

Cuando Potash evalúa el costo del Plan Quinquenal, excluyendo las fábricas estrictamente militares, afirma que requería 1.270 millones de dólares. De donde se deduce que la Argentina disponía en caja del monto requerido por el proyecto y sin embargo, el proyecto no se cumplió.

Dando vuelta la fórmula: el Plan Quinquenal no se cumplió aunque el gobierno peronista disponía de los medios financieros necesarios para llevarlo a cabo. La clave del incumplimiento estaba atada a la naturaleza social del gobierno peronista: a su bonapartismo de estancieros e industriales.

El general Perón invirtió 983 millones de dólares en nacionalizaciones durante los dos primeros años de gobierno; 645 millones, dos terceras partes, se consumieron en la compra de los ferrocarriles (600 millones de dólares en los británicos, 45 en los franceses) y salvo los 95 millones destinados a la adquisición de la Unión Telefónica el resto se utilizó en repatriar empréstitos: 130 millones de los Estados Unidos, 100 de Gran Bretaña y 13 de países de Europa.

De modo que cuando se comparan los 1.100 millones de dólares que integraban las reservas con los 983 absorbidos por las nacionalizaciones, se comprueba que el noventa por ciento se gastó en nacionalizar.

Aun así, el verdadero descubrimiento surge de comparar el costo estimado del Plan Quinquenal (1.270 millones de dólares) con el total de reservas convertibles, ya que se comprueba que Miranda dispuso de más del ochenta y cinco por ciento del costo de todo el programa. Ese porcentaje crece si se considera que podía realizar las compras al contado rabioso. Nunca más, en toda la historia económica nacional, gobierno alguno dispuso del equivalente a un año completo de exportaciones (1.100 millones de dólares) como masa de reserva financiera, sin la contrapartida, de una voluminosa deuda externa.

Respetando rigurosamente los hechos, debemos consignar que el cincuenta y cinco por ciento de las reservas estaba constituido por fibras bloqueadas; es decir, se trataba de moneda dura, convertible, por los acuerdos pactados en Bretton Woods, entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, sujeta a una negociación bilateral con el gobierno argentino.

Sobre este punto conviene formular algunas precisiones: Gran Bretaña requería un volumen adicional de productos argentinos a crédito, el gobierno argentino contaba con un aliado implícito en la negociación (los Estados Unidos) en virtud de que toda libra de libre disponibilidad se transformaba en un dólar destinado al mercado norteamericano. Entonces, el gobierno argentino estaba en condiciones de utilizar las libras bloqueadas con el sencillo trámite de una negociación diplomática inflexible.

Dicho con el filo de una fórmula comercial: el gobierno argentino era uno de los pocos compradores solventes, en un mundo donde las ventas se hacían a créditos —10 a 20 años— con una tasa de interés del 2,5 por ciento anual.

Así como el gobierno peronista fue capaz de presionar exitosamente al Pentágono para que abandonara el bloqueo de equipos militares, con el sencillo expediente de amenazar comprarlos a la casa Skoda (checa), era factible adquirir equipos industriales con el sencillísimo trámite de pagarlos; máxime, cuando en ese rubro no pesaba interdicción alguna. Con un añadido, no se trataba de una radicación de capitales, sino del uso de las reservas acumuladas durante la guerra.

La ausencia de una política orientada en ese sentido —compra de equipos industriales— impone una reflexión: destinar el noventa por ciento de las reservas a nacionalizaciones equivale a reconocer que el programa de inversiones del Plan Quinquenal no era prioritario o, en todo, caso, que el plan de inversiones disponía de un mecanismo financiero independiente.

Digamos entonces que el programa final del gobierno era el resultado de una yuxtaposición: un elemento era el Plan Quinquenal, cuya finalidad —según Miranda— estaba asegurada por el IAPI (es decir, las exportaciones agrarias tradicionales), y el otro eran las nacionalizaciones, que consumían el grueso de las reservas acumuladas; las nacionalizaciones aportarían, según la propaganda oficial, el cuantum de autodeterminación, de «soberanía», que posibilitaría la ejecución de todo el programa.

Entonces, de la corrección de esta formulación dependía el sentido final de toda la política peronista.

Una mirada más atenta al criterio de nacionalizaciones permite establecer el siguiente agrupamiento: tres cuartas partes correspondían a comunicaciones y el resto a la repatriación de empréstitos.

Comencemos por los empréstitos. Antes que otra cosa, ninguno de los empréstitos cancelados tenía un plazo inferior a los 10 años y la fecha de vencimiento más próxima se situaba alrededor de 1950. Vale decir: no había vencimientos inmediatos, al tiempo que la tasa de interés en todos los casos era inferior al 3 por ciento anual. Si se calculan los servicios al 3 por ciento (o sea, por encima de su costo), cada año era preciso abonar 7,5 millones de dólares —sin contar la amortización del capital—. Con un aliciente: casi el 50 por ciento del total era del área de la libra, y la libra se devaluaba en dólares; de modo que, en moneda constante, los servicios eran significativamente más baratos.

Tan excepcional era la situación financiera del gobierno argentino, que por primera vez en toda su historia el signo de la balanza de pagos, aunque resultara fuertemente deficitario, no planteaba ningún problema. Sin recibir crédito alguno y con la operatoria comercial ordinaria, era posible que el déficit de cuenta corriente ascendiera a 1.100 millones de dólares; ese volumen equivalía a una inversión neta, porque el intercambio comercial ordinario garantizaba la normal operatoria del resto del aparato productivo.

En consecuencia, si la asignación de recursos era la adecuada, si el Plan Quinquenal reflejaba los intereses de fondo de la industria nacional, con el equivalente a un año de exportaciones hubiera sido posible impulsar cualitativamente la economía argentina y alcanzar otro estadio de desarrollo de las fuerzas productivas, al menos en el papel.

Ese salto no se produjo. La ausencia del salto define la naturaleza del proyecto peronista, la cual consistía en no afrontar de raíz, radicalmente, las limitaciones centrales de la sociedad argentina. Precisando: un gobierno que encarna los intereses industriales, aun desde la estrechez de esa mira sectorial, comprendería a bulto la oportunidad que se le presentaba. El modo de consumo de las reservas definía, en consecuencia, la orientación global del gobierno.

Sin embargo, es posible sostener que el programa de nacionalizaciones era la clave y que la nacionalización del ferrocarril era un prerrequisito de cualquier política independiente, tal como lo sostenían los nacionalistas como Jauretche y Scalabrini Ortiz.

Con el ferrocarril sucede, en la polémica historia nacional, algo parecido, similar, a la nacionalización de la renta del puerto; es lógico, puesto que como hemos dicho antes, el ferrocarril es la continuación del puerto en tierra firme.

Mientras la renta agraria era producida casi exclusivamente por la provincia de Buenos Aires, siendo la única renta capaz de impulsar un proceso de acumulación de capital industrialmente reproductivo —por lo menos en teoría—, la nacionalización de la renta aduanera, la confiscación de un ingreso provincial y su transformación en una fuente de capitalización nacional eran medidas revolucionarias sin sujeto histórico en condiciones de ejecutarla.

Cuando en 1880 Roca nacionaliza la renta, la modificación de la sociedad argentina y del mercado mundial cambia completamente su carácter: de una medida radical que trastrocaba la relaciones de producción existentes, se transforma en una campaña que anuncia el dominio nacional de los terratenientes.

La nacionalización del ferrocarril anunciaba, en cambio, el comienzo del fin del dominio británico, cuando el dominio británico estaba herido de muerte. Desde que Londres había impuesto su dominio en materia ferroviaria, el lugar del ferrocarril se había modificado: de ser la clave de la integración del mercado nacional (mejor dicho, de su desintegración), se transformó en un importante regulador del volumen de la renta agraria.

Es que el precio del transporte, en materia de carnes y granos, fija el cuantum que el terrateniente y el productor agrario se reparten entre sí. Dicho epigramáticamente, entre 1880 y 1930 el ferrocarril fue un asociado gravoso de los terratenientes argentinos y un obstáculo ruinoso para la integración industrial nacional. A través del uso de tarifas parabólicas, el costo del flete se modificaba para la misma distancia (el viaje de ida no costaba igual que el de vuelta) y estas brechas se ampliaban según de qué artículos se tratara. De más está decir que en caso de productos industriales, localmente fabricados, el ferrocarril actuaba como una eficaz barrera aduanera y que el control del ferrocarril, en esos años, era efectivamente un prerrequisito de crecimiento económico.

Eran los años en que la industria requería la protección del mercado interno y el ferrocarril establecía una protección al revés.

Por eso, entre 1902 y 1930, ningún político argentino prominente propició la nacionalización ferroviaria: porque constituía la medida concreta más antibritánica que era dable imaginar. Cuando Raúl Prebisch y Federico Pinedo comenzaron a considerar la nacionalización (empresas mixtas), el papel del ferrocarril ya era muy otro; el lugar de la economía británica en el mercado mundial había variado sustancialmente.

Gran Bretaña no estaba en condiciones de aprovisionar el mercado argentino y el ferrocarril no podía seguir jugando el papel de barrera arancelaria. Los Estados Unidos no se proponían reemplazar a los británicos mediante el viejo juego, sino que se disponían a penetrar el mercado nacional a través de una política de radicación industrial; y para la penetración norteamericana, el ferrocarril inglés constituía un obstáculo.

Formulando epigramáticamente el problema: el control del ferrocarril era un elemento esencial en la fijación del monto de la renta agraria; la nacionalización del ferrocarril era una medida que beneficiaba a los terratenientes y productores, en primer término, y a los industriales, en segundo. Los industriales obtenían el mercado; los terratenientes, la renta. De allí en más, el déficit ferroviario (que no es déficit de transporte de pasajeros, sino de carga) se transformó en un sutil mecanismo de subvención de la renta agraria.

Cuanto más barato es el precio del transporte, mayor es la ganancia del sector agrario. A tal punto, que una política de tarifas constituye, indirectamente, una forma de reducción o aumento de esta renta.

La nacionalización ferroviaria atendía fundamentalmente los intereses de los terratenientes que no requerían divisas, y sólo muy limitadamente los intereses industriales. Si bien ampliaba el mercado (ya el camión lo había hecho parcialmente, a través de la política de Justo), cerraba el camino del equipamiento esencial.

Para que la nacionalización contemplara adecuadamente los intereses industriales, hubiera sido preciso que se efectivizara sin divisas; es decir, que se pagara en moneda nacional, puesto que en ese caso hubiera alcanzado su doble propósito: entregar el ferrocarril al Estado y conservar las divisas para la importación de equipos básicos.

Es decir, lo acumulado se liquidaba, lo por acumular se redestinaba. En el fondo, una hipótesis rondaba la cabeza de Perón y su gobierno: la guerra. Ésta no era ya la guerra entre potencias de un mismo signo, sino la guerra de clase contra clase a escala internacional. La lucha abierta de los Estados Unidos con la Unión Soviética: la tercera guerra mundial.

En esa guerra Perón esperaba que los productos agrarios vendidos, en esta oportunidad a los Estados Unidos, se cobraran a buen precio y ese precio, esas nuevas reservas, serían destinadas, ahora sí, a la construcción de la industria básica.

Así, y no de otro modo, se debe entender el proyecto del canciller peronista, Bramuglia, cuando propone al Departamento de Estado una alianza contra la URSS; afirma que el gobierno argentino está dispuesto desde el comienzo a luchar contra el comunismo en el mundo entero y la guerra de Corea alentó su hipótesis; y no en vano Perón especula con enviar tropas argentinas a luchar contra los seguidores de su «descubrimiento» en el exilio: Mao Tse-Tung. Sin embargo, la posición tradicional de la Argentina prevaleció: guerra sin fuego; por eso el gobierno redujo su participación al avituallamiento de las tropas norteamericanas que combatían bajo la bandera de las Naciones Unidas.

De modo que la nacionalización ferroviaria tiene un beneficiario interno inequívoco. Si a esto se suma el mecanismo financiero ideado para apuntalar el programa de inversiones (el IAPI), se visualiza que el programa de Perón y el de Pinedo se parecían como dos gotas de agua.

Planteado con toda crueldad: o el gobierno retenía las divisas para su plan de inversiones, o las destinaba a satisfacer los intereses del sector agropecuario y a evitar conflictos con Gran Bretaña, que seguía siendo el principal comprador a crédito de productos nacionales.

Por eso se equivoca Sebreli cuando señala que se perdió la oportunidad de ejecutar un plan de crecimiento industrial contraponiendo a Perón con Pinedo; los dos programas se basaban en utilizar las divisas provenientes de la renta agraria para la compra de bienes industriales. La diferencia era de orden político: para Pinedo, el programa debía ejecutarse bajo el control directo del bloque agrario-industrial y para Perón, era preciso confiscarlo políticamente (derrota electoral de la Unión Democrática). En ese plano, toda la diferencia era instrumental.

Perón no se proponía explícitamente facilitar la ganancia del sector agrario, pero tampoco se proponía debilitarlo y veía en su solvencia toda la posibilidad del crecimiento industrial. Su fórmula sería así: a mayores exportaciones agrarias, mayor actividad industrial.

El debate en el peronismo no se situaba, entonces —como pretende Ramos—, entre los que defendían la industria pesada (a los que Ramos suma graciosamente al Ejército) y los defensores de la industria liviana, puesto que todos coincidían en el sistema de prioridades establecido. Toda la fricción pasaba por otro punto: como el programa jerarquizaba, en los hechos, a través del IAPI, un elevado nivel de renta agraria al tiempo que debía garantizar el ingreso de los asalariados, la lucha por el consumo de esta renta agraria era terrible. Si se añade que el sistema de precios máximos limitaba los importes de los artículos de primera necesidad pero no operaba en la fabricación de bienes industriales, se comprende el enfrentamiento entre CARBAP y la UIA.

Mientras los precios agrarios internacionales aceitaron las traslaciones sectoriales, todo anduvo bien. Pero precios y reservas murieron juntos (1950) y la caída de Miranda no abrió el curso de la industria pesada (como dice Ramos) sino que impulsó la aproximación hacia los Estados Unidos, que era lo que exigía el bloque de clases dominantes. Agotada la posibilidad de un crecimiento independiente a través de las divisas acumuladas, con un programa económico incapaz de aportar siquiera las requeridas por la industrialización sustitutiva, la política peronista encontraba su verdad definitiva; al conciliar los intereses de terratenientes e industriales quedaba un solo camino para reimpulsar la actividad económica: el acuerdo con los Estados Unidos.

Esta necesidad chocaba con las apoyaturas sociales del gobierno y con los contenidos políticos que el peronismo había elaborado para la alimentación de su base social. La retórica nacionalista dificultaba el acercamiento a Washington. La Constitución del ’49, con su famoso artículo 40 tomado de la Constitución mexicana, impedía la entrega del subsuelo a las compañías petroleras extranjeras. El intento de bordearlo para establecer un acuerdo con la California fue quebrado por un sector del propio oficialismo.

John William Cooke, principal impugnador peronista del proyecto, era un jefe adecuado para luchar contra la Revolución Libertadora desde el llano, pero se volvía un obstáculo insuperable para lograr un modo de vida aceptable entre el gobierno, el bloque de clases dominantes y el capital financiero internacional.

Ése fue el drama del primer gobierno del general Perón; mientras dispuso de reservas líquidas, estuvo en condiciones de jugar diversas cartas alternativamente; cuando las reservas se agotaron, sus posibilidades combinatorias se redujeron y la solución de su permanencia al frente del gobierno requirió medidas crecientemente draconianas.

Y llegó el momento en que el problema se constituyó en un obstáculo real: o el gobierno aportaba la masa de créditos requerida —para lo cual debía golpear a sus propios partidarios—, o el gobierno debía disolverse. La conciliación era imposible y Perón debió optar. El presidente optó, renunció sin lucha y se embarcó hacia el exilio.

Elegir el camino inverso era destruir el peronismo (reprimir su propio movimiento); en consecuencia, tampoco modificaba el resultado final. Existía, por cierto, una tercera alternativa: con la fuerza de su base social, el movimiento obrero, aplastar a los insurrectos militarmente y gobernar de acuerdo con los intereses de los trabajadores.

Pero ésa no era —no fue jamás— la perspectiva del general, ni la del movimiento que encabezaba, ni la de los trabajadores.

II

Eva Perón ocupa un espacio único en la historia política argentina.

Hipólito Yrigoyen no tuvo mujer, o la tuvo en el sentido más doméstico del término. Y la lista de jefes populares —al menos por la composición social de sus seguidores— sólo tiene dos integrantes: Yrigoyen, Perón.

Olvidemos entonces a los jefes populares: confeccionemos la lista tan amplia, tan desprejuiciadamente como se quiera, con famosos de toda especie y cualquier origen. Aun así Evita sigue siendo única. Esta unicidad —esta soledad, si se quiere— constituye su rasgo saliente. Sola también (la única mujer) integra la galería de los mitos políticos del siglo XX, internacionalmente socializados por América Latina.

La historia personal de Evita, que alguna importancia tiene, remite a la soledad rabiosa, a la marginalidad, a la impotencia y al miedo.

Hija irreconocida de un matrimonio indocumentado, niña sometida al murmullo moralizante de un pueblo de provincia, adolescente sin destino, partiquina, actriz sin cartel, personaje radial, amante del coronel, esposa del general, compañera del presidente, abanderada de los humildes y bandera de combate constituyen los peldaños de una carrera poco habitual y muy deseada.

A escala gigantesca, la historia de la Cenicienta rubia pareciera repetirse, y pocos ignoran que cuando cambia la escala, cambia la historia misma. Evita es una versión fantasmal de la Cenicienta: ella también es hija de un padre que no defiende y, en su omisión, ataca, que muere sin reconocerla (aunque reconoce a todas sus hermanas), convirtiéndola en la hermanastra-de-hermanas-ilegítimas, esto es, en la integrante más débil de todo el grupo familiar, la que suma al conflicto con el padre la hostilidad de la madre (porque Eva —en la fantasía materna— es la causa de las malas o difíciles relaciones con el padre).

Entonces, abandonada por todos, tiene dos caminos: la locura o el combate.

Esta elección define un horizonte personal al tiempo que la constituye en horizonte social. Ya no se trata del combate por llegar, sino de la garantía que tienen los que luchan —si luchan adecuadamente— de arribar a la meta. Es posible pelear puesto que se puede llegar y se puede, en estos términos, vencer; llegar y vencer se asemejan demasiado; al menos, no están claramente discriminados.

Llegar; vencer; ser reconocida en el arribo-victoria por el odio de los que no pudieron evitarlo y por el amor de los que llegaron con su llegada. Esto reconstruye sintéticamente su vida.

Evita es una táctica y un recorrido: es la táctica de doblarse tantas veces como sea preciso, odiando cada vez que le toca hacerlo; es el recorrido de organizarse primariamente, sabiendo que la organización y la lucha importan, pero más —mucho más— importa el coronel-padre que finalmente se aviene a reconocer —a reconocerla— y, al hacerlo, se constituye en un elemento indispensable, decisivo, de su autorreconocimiento. El coronel la fija, se vuelve referencia obligada, indispensable, de su propia identidad. Su relación con todos los otros está mediada por él: él es el eslabón central de una relación radial, y casarse con la mediación es como casarse con el padre (Perón tenía 49 años, Evita 24): es decir, incestuoso y conveniente, deseado y terrible.

Evita es la determinación de ocupar un lugar inexistente que se crea con la misma ocupación; un lugar que el otro-burgués niega y a quien Evita, sin desplazarlo, sin liquidar su poder, sin vincularse a él directamente sino a través de Perón, intenta convencer. Convencerlo tiene, para ella, un término preciso: imponer su presencia.

Ésa y no otra fue su tarea a lo largo del primer gobierno peronista.

«Yo te odio por todo lo que hiciste —bien podría decir Evita— pero si me aceptás, si me reconocés, entonces no te odio más porque me resulta posible quererme tal cual soy y al quererme así también te quiero a vos; tu rechazo me nutre, alimenta mi lucha, mi odio, porque me deja sin lugar».

Dicho con el máximo rigor: ocupa un sitio que sólo se abandona revolucionariamente, en compañía de la clase obrera. Por eso la victoria de Evita no se constituye en derrota-del-otro-burgués sino en forma simbólica: es, en realidad, la victoria-del-otro-derrotado. Evita es la pedagogía del oprimido desde la perspectiva del opresor, puesto que no supera su horizonte: a la oligarquía se la vence electoralmente y los problemas de la sociedad argentina se resuelven con generosidad, con la Fundación Eva Perón.

La mirada con que Evita se mira, con que mira al oprimido que en ella se oculta, no es autónoma: está teñida de una secreta y confesada admiración por el opresor. Si la beneficencia es un postulado cristiano sin verificación social, Evita construye esta verificación con una práctica de corte militante. Si la belleza femenina es un patrón de verdad, ella es bella. Si el cuerpo de una burguesa sirve para lucir los objetos en que se reconoce como burguesa (joyas, pieles, tocados), también instrumenta su cuerpo. Evita es, en suma, la versión que las clases dominantes imponen como modelo y que paradigmáticamente rechazan cuando se la enfrentan como producto. Es curioso: Evita respeta una a una las reglas formales, pero su presencia viola toda regla. El motivo es simple: una modelo ataviada con los atributos de la burguesía no es una burguesa sino una representación que la burguesía constituye de sí misma. Pero ninguna clase social confunde una imagen de sí con los integrantes de la clase viva. Y si la modelo se vuelve modelo político-social, la burguesía grita «usurpadora», es decir, prostituta; porque si así no fuera, ¿cómo ocuparía el lugar?

Evita registra el rechazo y lo devuelve como odio visceral; es un odio dúplice, recubierto de nerviosa envidia; es, en el fondo, el odio de un proletario marginal, de una empleada doméstica que sola enfrenta el poder y la riqueza de su patrón. Este odio carece de instrumentos; ya no se trata de golpear las puertas de la historia con el sello rojo del camino obrero, es posible luchar sin que la muerte amenace a los antagonistas, sin que la victoria obrera enloquezca de terror a las clases dominantes.

La sociedad argentina considera seriamente el camino de la reforma, y el peronismo, a través de Evita, cristaliza la reforma obrera del capitalismo dependiente, no para que pierda su carácter de dependiente sino para limar sus aristas antiproletarias.

Evita ensaya una reforma de fuerte musculatura, de fórmulas zahirientes, cargada de frustrada prepotencia y oscura venganza, una reforma que admite la pistola en manos del obrero y las Fuerzas Armadas en manos del patrón, cuya desproporción ahorra el tiroteo o, si no lo ahorra, garantiza la suerte del que empuña heroicamente la pistola.

El recorrido de Evita, el de la clase obrera argentina, sigue una misma línea genética. Ambos llegan desde afuera (fuera del país, fuera del mundo urbano) para escapar del hambre y la abyección, ambos son «extranjeros» en la múltiple significación del término. Extranjero es aquel que vive fuera de las fronteras del imperio de las normas, impuestas por el imperio para sus ciudadanos. Los extranjeros son bárbaros; el bárbaro es el que vive fuera del imperio, los «cabecitas» lo son por antonomasia, Evita es una mujer fuera de las normas, es una bárbara. Más abajo que un bárbaro sólo hay un ser: su mujer; en esa figura, geométricamente, se define el último escalón de la barbarie. Más allá está el hospicio, o la muerte. Evita es la frontera entre el hospicio y la muerte.

Al igual que todos los bárbaros, éstos también lucharon. Los sindicatos fueron instrumentos esenciales; como tales, reflejaron necesidad y abnegación, más que éxito y victoria. Ni los sindicatos ni estos extranjeros fueron aceptados; su sola mención establecía la posibilidad de expulsarlos, porque su actividad de bárbaros atentaba contra la paz social: reinaba el tiempo del desprecio.

También Evita realizó su pequeña experiencia sindical (ARA) y el organismo fue oficialmente aceptado, tuvo personería jurídica, cuando el coronel a cargo de otorgarla fue convencido por ella. Aprendió, en consecuencia, que si la radio era manejada por el Estado y si los representantes del Estado usaban charreteras bajo un gobierno militar, el camino más corto para convencer, para ser reconocida, pasaba por los entorchados de un oficial.

Todos los bárbaros aprendieron lo mismo, Por eso, en Evita, como en todos los trabajadores, es posible reconocer un antes y un después del 17 de octubre. Antes del 17 de octubre, los sindicatos, la dirección sindical, constituía un universo de activistas minoritarios. Un trabajador elegía ser dirigente gremial cuando aceptaba ser perseguido, maltratado y encarcelado por encabezar los reclamos de sus compañeros. Éste no era el caso de Evita.

Antes del 17 de octubre, Evita batallaba en términos personales; políticamente, no existía. Innumerables testigos centrales de los acontecimientos de esa fecha así lo confirman e, indirectamente, su propio comportamiento quiebra el mito de la lucha de calles encabezada por ella.

Perón está preso en Martín García. Evita va al estudio de Juan Atilio Bramuglia para que el abogado presente un recurso de habeas corpus en favor del coronel. Bramuglia se niega. Los términos de la negativa («a usted lo único que le interesa es salvar a su hombre para irse a vivir con él a otra parte») no son términos que sostienen militantes políticos de una misma causa, sino la respuesta que un dirigente da a la mujer de otro dirigente cuando ella está desvinculada de la lucha que desarrolla su marido, cuando su vínculo con el jefe es estrictamente doméstico.

Evita era, todavía, absolutamente igual a las mujeres de los obreros que participaron en el 17 de octubre a través de sus maridos; es decir, a las mujeres de los obreros que no participaron sino medianamente.

El salto lo pegó desde el poder, o sea, desde Perón («Evita es obra mía»). Desde allí se ocupó de dos cosas: la Fundación y las relaciones con el movimiento obrero. La rama femenina del peronismo y el derecho al voto de la mujer fueron, si se quiere, una suerte de antecedente político de la Fundación, porque no habían sido el resultado del combate popular, sino de la existencia del gobierno peronista.

Allí donde Sebreli ve fascismo por el origen plebeyo de sus componentes, en verdad se registra una vetusta opresión. Los más postergados, los que no alcanzaban a formular políticamente su postergación, eran convocados a la arena política. Las elecciones del ’51 permitieron verificar que Evita movilizaba un fragmento diferenciado de la sociedad argentina.

El auditorio de Perón era el universo de la sociedad tal cual estaba constituida; el de Evita era mucho más especifico, más reducido. El número de votantes femeninos, medido como porcentaje, muestra que la campana que ella tañe suena adecuadamente: los que antes no votaban, los que nunca votaron, los que —en el mejor de los casos— eran arreados por las policías bravas y los patrones de mano dura para que lo hicieran por el terrateniente de la zona, vieron en Evita su bandera y se movilizaron.

Ella era la vanguardia de la retaguardia, la vanguardia de las tropas que hasta ayer no entraban en combate, la dadora de sangre nueva, la que integraba el universo inorgánico y disperso de la miseria al mundo orgánico y estatuido de la política republicana.

Dicho epigramáticamente: es la síntesis personal del primer peronismo.

Todo lo plebeyo y jacobino del peronismo, todo lo popular y movilizador que su regimentación admitía, fue insuflado por la figura de Evita. Es cierto que no alcanzó a transformar el «evitismo» en una corriente política diferenciada; en eso tiene razón, por malas razones, Ramos, pero se le escapa, un nudo: Evita era la sensación internalizada que del peronismo tenían los desposeídos y —en tanto y en cuanto su internalización era todavía defectuosa, incompleta, acrítica— era su bandera de lucha, porque sentían que con ella podían ir más lejos. Sólo cuando efectivamente fueran capaces de marchar más lejos, la retaguardia tendría la sensación no del todo inexacta de que Evita constituía una suerte de puente.

Los puentes tienen un doble carácter: unen las orillas a condición de que no se junten, unen separando. Evita cumplía el mismo papel en relación con Perón, en relación con el Estado. En algún sentido, esto también era inteligido por ella; no en vano sostuvo: «Cuando miro a Perón me siento pueblo y por eso soy fanática del general, y cuando miro al pueblo me siento esposa del general y por eso soy fanática del pueblo».

Este desdoblamiento no se efectiviza en todos los órdenes de su actividad con idéntica intensidad. El punto crítico de Evita pasaba por su relación con la CGT. A diferencia de su actividad en la Fundación, su papel ante el movimiento obrero careció de toda ambigüedad: era la política de Perón, lo que Peña denominó «bonapartismo con faldas».

La CGT histórica, la del paro del 18 de octubre, produjo modificaciones en su conducción. Las modificaciones eran el resultado de una doble circunstancia: en primer lugar, el coronel Perón había licuado la organización de los trabajadores al subsumir el Partido Laborista en el Partido Único de la Revolución, que después se llamaría Partido Peronista, a secas; en segundo término, producto de la licuación, de la incapacidad de la dirección del movimiento obrero para presentar batalla cara al cielo, los dirigentes eligieron un camino alternativo: resistir desde la CGT. Para resistir al poder del Estado, de Perón, resolvieron modificar la cúpula. El secretario general anterior, Silverio Pontieri, un dirigente ferroviario, tuvo que dar un paso al costado, y Luis Gay, el presidente del extinto Partido Laborista, asumió el cargo en noviembre del ’46.

El laborismo había obtenido 64 de las 109 diputaciones con que contaba Perón; el resto se dividía del siguiente modo: 22 para la UCR Junta Renovadora, 19 para los independientes y los otros 4 carecían de clara identidad política.

Cipriano Reyes representaba la táctica de enfrentamiento abierto. Una docena de diputados estuvo originariamente dispuesta a secundarlo pero el proyecto mostró, casi inmediatamente, que el enfrentamiento sin delimitación política provocaba el aislamiento de los dirigentes; por eso, Reyes quedó solo.

Los otros eligieron un camino más simple: resistir desde la CGT. Perón, que lo comprendió inmediatamente, intentó operar en el conflicto apoyando una candidatura alternativa. Se llevó una sorpresa desagradable, puesto que su hombre salió en tercer lugar, y Gay venció holgadamente. La independencia de la CGT era todavía un hecho político.

Ante la derrota, Perón intentó neutralizar a Gay. En una entrevista, le propuso un equipo de «asesores»; el dirigente, sin eufemismos, le dijo: «General, usted tiene problemas más urgentes que atender, deje al movimiento obrero en manos de los que desde hace 25 años dirigen sus destinos».

La guerra estaba declarada.

De allí en más, Perón buscó la oportunidad de liquidar a Gay. A los pocos meses, producto del arribo al país de una delegación de sindicalistas norteamericanos de la AFL, el general sostuvo que Gay era un traidor dispuesto a entregar la CGT a los norteamericanos.

La dirección de la CGT pidió prueba; Perón afirmó que disponía de la grabación de la charla, sin exhibir jamás las cintas. El forcejeo se desarrolló durante varios días y Gay —que se negaba a enfrentarse abiertamente con Perón, a pesar de contar con una fracción dispuesta a respaldarlo en el Comité Central Confederal— se avino a renunciar.

En esas condiciones asumió Aurelio Hernández, un ex comunista que mantenía fluidos contactos con el general Perón. Había, pues, una diferencia entre Hernández y Gay: Gay era un representante obrero ante el Estado, los trabajadores lo elegían como resultado de su adscripción política y como saldo de las luchas libradas; Hernández, en cambio, era un hombre que los representaba en condiciones diferentes, puesto que reflejaba una incapacidad de la dirección gremial —la de conservar su independencia organizativa— que se mostraba ahora en el terreno sindical, como antes se había mostrado en el terreno político. Hernández representaba, en consecuencia, el avance de Perón y el retroceso de la dirección sindical, al tiempo que avance y retroceso se expresaban como corrientes del movimiento obrero. Es decir: la corriente obrera que se había opuesto a defender a Perón el 17 de octubre se alzaba con la CGT.

La cosa dejó de ser así cuando Hernández fue desplazado meses después por José Espejo. Espejo no era un dirigente sindical ni su situación con respecto al movimiento obrero era el resultado de la actividad gremial, era hombre del entourage de Evita y en ese carácter alcanzaba el puesto. La esposa del general, por interpósita persona, se hacía cargo directamente de la conducción del movimiento obrero, a partir de encarnar ella misma el Estado, que encontraba en su marido la figura central.

«¡Corporativismo!», gritan los viejos pelucones gorilas. De algún modo decían la verdad, no la que ellos creían anunciar sino una más amplia y general; esta verdad: en el Estado burgués, aun en el más democrático, el presidente tiene algún poder para facilitar el acceso de un dirigente sindical a la secretaría general de la CGT o para bloquearlo. Eso no sucede sólo en la Argentina de Perón, sino también en los Estados Unidos de Roosevelt y Truman. Con un agregado: cuando un gobierno no interviene es porque no lo necesita; es decir, cuando le da absolutamente igual Juan que Pedro, lo cual no habla sólo del gobierno, de su no intervención: habla esencialmente de Juan y de Pedro. Reformulando críticamente el problema: el gobierno interviene siempre, por acción o por omisión; la calidad de la intervención define el grado de desarrollo alcanzado por el movimiento obrero y la naturaleza de ese gobierno.

El avance sobre las organizaciones trabajadoras no se detuvo allí. El gobierno intervino la FOTIA, que jugaba el doble papel de dirección política y dirección sindical en Tucumán, e hizo otro tanto con la Federación de la Carne (sindicato no adherido a la CGT, técnicamente imposible de intervenir), con los metalúrgicos, los ferroviarios. La mayor parte de los conductores de primera línea que habían tenido papeles destacados en las luchas anteriores al 24 de febrero del 46 (los dirigentes del 17 de octubre) fueron barridos.

Y fue Evita la encargada de pilotear directamente este operativo. Una vez que el movimiento obrero estuvo en caja (fines de 1947), Evita emergió como factor «independiente» y apareció la Fundación como pieza central de esta independencia; antes de la Fundación, ella no existía, actuaba tras bambalinas.

No sólo la política hizo posible este juego sino también la economía política. El ingreso de los asalariados entre 1946 y 1949 no cesó de crecer; a partir de ese punto se estancó. Comenzó un período de declinación de los sueldos, de movilizaciones obreras. A través de Evita, su factor más popular, el gobierno reprimió huelgas y movilizó militarmente a los ferroviarios.

Estos choques deben comprenderse en su múltiple significación. En un plano, los trabajadores disputaban su participación en la distribución de la renta; entonces, la reducción del ingreso popular los ponía en marcha. Era un movimiento defensivo sin mayores proyecciones. En otro plano, la imposibilidad del gobierno de conservar la distribución del ingreso, su necesidad de disminuir el consumo popular para aumentar de esta forma las exportaciones agrarias, arrimando así las divisas requeridas por las importaciones industriales (bienes intermedios), en un cuadro de sequía y derrumbe de precios agrarios internacionales, establecía una barrera infranqueable. Por eso, la movilización obrera por mejoras económicas suponía, a la mínima profundización, una crítica a la política económica oficial.

No se trataba del carácter gorila de los huelguistas, sino del carácter impopular de la política económica peronista. No se trataba del cuestionamiento de la política económica peronista (éste era un coto reservado a Perón), sino del cuestionamiento de sus efectos inmediatos.

Y este problema alcanzaría su cenit después de la muerte de Evita, durante el Congreso de la Productividad. Pero conviene no adelantarse tanto.

Evita ejecutó una división del trabajo político con Perón. Al asumir el rol de plebeya radicalizada, su discurso antioligárquico alcanzó el techo de la ambigüedad. En un costado, expresaba el odio de clase bajo su expresión más elemental: una suerte de inconsciente colectivo que verbalizara el resentimiento de décadas de sometimiento y degradación; en el otro, constituía una válvula de seguridad: un integrante del gobierno legitimando en sus discursos el rencor acumulado, sin vía instrumental, sin eliminar las causas del rencor; dibujaba una suerte de descarga catártica, de higienización colectiva, de gritería tranquilizante.

Su discurso cumplía un papel funcional preciso: impedir el surgimiento de una corriente interna plebeya de abajo hacia arriba. Evita emergía como la jefa natural de esa corriente, lo que no permitía a ésta cristalizar jamás. Aun así Evita, por su mismo lugar, estaba obligada a expresar de algún modo a esas fuerzas. Así quedó plasmado en el intento de obtener en su nombre la vicepresidencia de la República.

Los hechos demuestran que ni ella ni Perón impulsaron tal candidatura. Más bien, se trató de un juego del entourage de Eva, de una apuesta de la CGT.

La dirección controlada de la CGT parecía decir así: «Si en verdad somos representantes del Estado ante el movimiento obrero, bueno es serlo orgánicamente. Que el organigrama del poder nos contabilice en sus filas. Si el gobierno es el resultado de un peculiar ordenamiento entre los trabajadores, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, si los militares tienen la presidencia de la República (Perón es un general) y la Iglesia se ha convertido —por vía de las mejoras de sus ingresos— en una servidora del Estado, en una burocracia con sotanas, en una funcionaria pública, sólo resta que el representante del gobierno ante los trabajadores —Evita— sea el otro integrante de la fórmula». Evita no sólo sería la delegada del Estado ante el movimiento obrero, sino también la delegada política del movimiento obrero ante el Estado.

Esto era inadmisible para las Fuerzas Armadas, como era inadmisible para Perón. Es significativo que Potash no haya registrado ninguna reunión en la cual el Ejército haya informado al presidente sobre la inconveniencia de la vicepresidencia para Evita: no hacía falta. En cambio, sí detectó reuniones donde los oficiales superiores rechazaban, con suavidad y tacto, la «intromisión» de Evita en el gobierno.

Perón rechazó sin la menor hesitación el «consejo» político de sus camaradas. Puesto que actuaba como presidente constitucional de la República, impugnó la candidatura de Evita porque equivalía a un desborde, a la quiebra de la división del trabajo entre ambos y a la posibilidad simbólica de que el movimiento obrero ejecutara una suerte de toma de yudo: transformar a un representante del Estado en representante político de los trabajadores y, por esa ruta, mostrar un camino propio con modos impropios. Dando vuelta la ecuación: ya no pedir un representante surgido del gobierno, un militar de carrera que actuara como mediación, como eslabón central de su conciencia colectiva, referente de su actividad política; constituir un referente propio, diferenciado, que, sin ser el resultado directo de la acción proletaria, fuera un bárbaro, alguien en quien reconocerse sin la mediación del Estado. Un oprimido oficial y estatizado.

Esta posibilidad no sólo abría el paso a la radicalización del peronismo (por eso las propuestas radicales peronistas siempre son embanderadas con Evita) sino que posibilitaba su quiebra en mitades políticamente antagónicas. Perón así lo comprendía, entonces reforzaba la visión de que su esposa era su «obra». En consecuencia, impidió con la mayor dureza la cristalización de su candidatura.

El renunciamiento de Evita no fue entonces el de una militante al borde de la muerte, sino el renunciamiento de la clase obrera a transformar revolucionariamente el peronismo. Los límites que el general impuso a su movimiento fueron los límites del movimiento de una vez y para siempre.

Desde ese sitio, a Evita sólo le quedaba retroceder. Las características del personaje, la naturaleza de su desenvolvimiento, tornaban psicológicamente imposible esta operación. De ahí que la muerte de Evita fuera el único camino, el único lugar que el peronismo podía adjudicarle.

Con la muerte de Evita, la suerte del movimiento obrero quedaba sin fiel de medición; el contenido popular de su composición social se remitía únicamente al acto comicial y sus integrantes podían fantasear el peronismo que quisieran, remitiéndolo a los incendiarios discursos sacados de contexto. Ésta era la última operación que Evita ejecutaba: legitimar, con su presencia, cualquier contenido y cualquier presencia. Por eso el cadáver de Evita debía estar en ninguna parte durante la Revolución Libertadora: su ausencia determinaba su derrota, mientras su presencia convocaba, nutría —a través del rechazo burgués— el combate de un fragmento de los sectores populares.

Cuando el joven fiscal David Viñas presencia la escena de la urna donde Evita moribunda deposita su voto y la multiplicación de escenas de adoración popular, sostiene muy adecuadamente: se trata de una situación sacada de un libro de Tolstoi. Para corolario de la explicación de Viñas, basta decir que Evita cumplía el papel del icono que encabezaba la movilización de la clase obrera rusa frente al Palacio de Invierno de Nicolás, en 1905: los trabajadores marchaban detrás de los iconos, encabezados por el Pope Gapon; el zar —la guardia del zar— ametralló a la multitud. De allí en más, la clase obrera dejó de marchar encabezada por un pope, detrás de los íconos.

Digamos, en consecuencia, que es preciso que la multitud marche aunque la encabece una imagen religiosa, y que la guardia dispare. De lo contrario, Gapon puede pilotear por mucho rato la movilización.

Más ajustadamente: el lugar de Gapon está definido por el grado de enfrentamiento objetivo entre el zar y los trabajadores; entonces, los disparos son irresistibles y un «error» subsanable se transforma en un acontecimiento irreversible.

Como la situación del zar en 1905 no era la de la sociedad argentina en 1951, Perón pudo correr a Evita y el peronismo perdió su segunda oportunidad de quebrar, simbólicamente, sus propios límites. La primera había sido la destrucción del Partido Laborista.

III

Los gastos militares argentinos en 1945 superaban los de Chile, Colombia, Perú, Brasil y Venezuela sumados, sostiene Robert Potash. El estudioso norteamericano afirma que el 43,3 por ciento del presupuesto —6 por ciento del PBI— estaba destinado a gastos militares, aunque la Argentina no pudo adquirir durante ese lapso equipos en el exterior y el número de integrantes de las Fuerzas Armadas no se incrementó significativamente.

Lo que sí se modificó con posterioridad fue la estructura interna del cuadro de oficiales: entre 1950 y 1955, Perón aumentó casi en un 50 por ciento el número de generales y coroneles, sin aumentar simultáneamente el número total de oficiales.

Así y todo, el presupuesto de defensa disminuía a valores constantes todo el tiempo: del tope del 43,3 por ciento en 1945, pasó al 24,9 por ciento en 1949. Cuando, a comienzos del ’47, el embargo de armas se levantó, Gran Bretaña anunció a los Estados Unidos que, tras el acuerdo ferroviario, abandonaba el bloqueo. El general Humberto Sosa Molina viajó a Washington. A mediados de 1948, Sosa Molina efectuó las primeras compras.

Cierto es que la mitad de los generales en servicio activo en enero de 1946 eran hijos de inmigrantes; es decir, primera generación de argentinos. Este porcentaje, curiosamente, se repetía en la clase obrera. El carácter aluvional de la estructura social argentina mostraba una suerte de uniformidad.

El número de hijos de extranjeros en los militares no permite determinar el carácter democrático o antidemocrático del sistema de cooptación de oficiales. Más bien, esa cifra era el resultado del impacto inmigratorio, por una parte, y la atracción que ejercían sobre los inmigrantes los entorchados militares, por la otra. Así y todo, la mayoría de los especialistas en historia militar sostiene que la elite, los integrantes del arma de caballería, eran mayoritariamente hijos de nativos que a su vez habían sido, en alta proporción, oficiales superiores de esa arma.

Bajo la conducción de Sosa Molina, el Ejército no aceptó nunca la apertura del escalafón interno, y aunque las Cámaras aprobaron la posibilidad de que los suboficiales pudieran ingresar a la carrera de oficiales, incorporándose a la escuela de aspirantes, nadie recorrió ese camino (cf. Potash, T. II, p. 127).

Más aun: una propuesta radical, que contó con respaldo peronista, impulsó que los hijos de obreros tuvieran mayores facilidades para ingresar a la carrera de oficiales que el resto. Sosa Molina sostuvo que se trataba de una cláusula discriminatoria; y pese a que formalmente —tras sucesivas modificaciones— la idea sobrevivió, en la práctica no se cumplió jamás.

Durante los 10 años de gobierno peronista, la estructura interna de las Fuerzas Armadas se modificó en el mismo sentido que la sociedad civil. Las relaciones entre oficiales y suboficiales cambiaron de plano: estos últimos, con anterioridad, no podían votar; de allí en más, pudieron; de personal de maestranza semi-ilotizado, alcanzaron el rango de ciudadanos. Es decir, alcanzaron más tarde los derechos que el movimiento obrero había alcanzado primero: ingresar a la república parlamentaria burguesa.

Hasta 1949, para ascender en la estructura militar, para alcanzar las palmas del generalato, no era imprescindible tener opiniones políticas. Un oficial que se dedicara a cumplir adecuadamente con sus responsabilidades profesionales no era postergado por su falta de compromiso político. Desde ese año la cosa cambió.

Conviene destacar que, hasta 1949, la situación económica de la clase obrera mejoró todo el tiempo y que los conflictos sociales eran gobernables con el sencillo trámite de ceder a los reclamos populares. Eso sí: los que los encabezaban eran despedidos; los demás eran satisfechos. Mientras la tensión social no ganó a la sociedad argentina, el profesionalismo militar resultó viable. Después dejó de serlo. A cada retroceso global de la sociedad (menor disponibilidad de bienes) el gobierno respondió con menor flexibilidad política.

Las relaciones más tensas con la oposición correspondieron a los peores momentos de la economía peronista (fines del ’51, ’52 y ’53). De modo que es posible enunciar una suerte de tendencia clara: cada vez que la oposición contaba con argumentos reales para golpear al gobierno, éste golpeaba anticipadamente a la oposición, al tiempo que los conflictos no se traducían en pérdida de adhesión social (caída de la votación o derrota electoral), como sucediera con el radicalismo.

La clase obrera tomaba todo lo que el peronismo daba y no pedía más. Si el peronismo no podía, si lo requerido estaba más allá de sus posibilidades, la clase obrera se resignaba. De algún modo, los trabajadores se comportaban con el gobierno en los mismos términos que los industriales frente a los terratenientes: obtenían lo que se podía sin alterar la relación umbilical; si para obtener más debían quebrarla, sentían que la quiebra, más que entregarles un nuevo horizonte, les entregaba la posibilidad efectiva de una derrota históricamente compleja. Entonces, sin la menor hesitación, retrocedían. El bloque histórico estaba férreamente soldado; sólo dos décadas más tarde, Martínez de Hoz mediante, se produciría el tajo que abriría un nuevo curso.

IV

Por un instante detengamos la marcha de los acontecimientos. Volvamos a mirar la sociedad como un conjunto vivo. ¿Qué le había pasado?: mucho y nada. La clase obrera vivía mejor que nunca, pero ¿vivía bien? Había ingresado a la ciudadela prohibida; votaba; su actividad era legal a condición de que no tuviera actividad («de casa al trabajo y del trabajo a casa»); sus dirigentes más independientes, aunque no fueran exactamente jefes revolucionarios, pagaban el atrevimiento con la soledad y el aislamiento.

Las banderas agitadas por décadas, las que habían permitido a los trabajadores forjar los primeros elementos de su identidad, fueron abandonadas junto a sus portadores nominales.

Es cierto que comunistas y socialistas saltaron el cerco, puesto que no defendieron los intereses históricos del proletariado. Pero el precio era excesivo. No se trataba de un exceso conceptual, del disgusto de un intelectual más o menos izquierdista por el comportamiento no proletario del proletariado, sino de una verdad contable: la clase obrera había elegido algo más que denostar a la izquierda.

Los jefes del 17 de octubre ya no eran sus jefes; el coronel del pueblo, el macho, el hombre, ocupaba toda la escena. Y el 17 de octubre lo había rescatado del cuarto del capellán del hospital militar, donde lo habían confinado sus camaradas.

Una lectura atenta de la historia del movimiento obrero inglés muestra que el proletariado puede transformarse en furgón de cola de su burguesía. Aquí aparece el fantasma de la riqueza, del botín colonial, de la potencia del capitalismo británico.

Una lectura atenta de la historia del movimiento obrero argentino también remite a la riqueza. Esta historia proletaria es la de emigrar para ganar más, para vivir mejor, para incorporarse al mercado mundial desde un lugar situado menos atrás. Es la historia de la renta agraria. Así como la burguesía industrial está atada «desde los dientes de leche» a los terratenientes por la naturaleza de la formación social argentina, también la clase obrera está atada a la misma noria.

No siempre se puede deslindar con claridad cuándo los ingresos del industrial son el resultado de las horas-hombre no retribuidas y cuándo el resultado de un deslizamiento. Si se mira un instante más largo el sistema proteccionista instaurado después del ’30, se verifica que tuvo varios objetivos simultáneos. Primero: evitar el ingreso de mercancías importadas; segundo: evitar el ingreso de mercancías importadas que no fueran británicas; tercero: evitar el ingreso de mercancías importadas que no fueran británicas y garantizar así el mercado británico para la renta agraria argentina; cuarto: producir, en consecuencia, lo que Gran Bretaña no estaba en posibilidad de producir a causa de la debacle; quinto: a través de la protección arancelaria, garantizar la producción del bien y el traslado del rédito obtenido a donde la tasa de ganancia fuera mayor; sexto: incrementar esta última disminuyendo la inversión constante (maquinarias) y llevando el precio del producto tan alto como se lo pudiera pagar; séptimo: vincular este precio a otros dos, el de reproducción de la mano de obra (alimentos y hábitat) y el ingreso global de la renta agraria. Dicho de otra manera: el hilo que aliaba la producción industrial con el mercado mundial estaba determinado por la renta agraria. La industria argentina no producía en términos del mercado mundial, a precios de ese mercado; no era interés de los industriales operar en esas condiciones. Bastaba y sobraba con que sus ganancias de coto cerrado resultaran satisfactorias. Estas no eran más que un modo de repartir la renta agraria bajo la forma de consumo popular. Por eso los terratenientes odian el aumento del poder adquisitivo del movimiento obrero, porque señala el monto de ingresos de los que son, contra su real voluntad, despojados por los «abusivos» precios industriales. De este festín participa paupérrimamente la clase obrera; el peronismo resultó el punto más alto del festín. ¿Quién quiere sangre, sudor y lágrimas cuando participa de una fiesta? Nadie, por supuesto, y el proletariado menos que nadie, porque su ansiedad por disfrutar del banquete sólo es comparable con la voluntad burguesa de no invitarlo.

Comencemos de nuevo. El festín produjo algunas caras agrias: Reyes, Gay; fuera con ellos. Hernández no resultó suficientemente bueno; fuera con él. Espejo no era un proletario; y quién quería que lo fuera: servía a Evita, servía a Perón, entonces era excelente.

Por eso los jefes del 17 de octubre se fueron y quedaron los que nada tuvieron que ver con la movilización: al gobierno le bastaban los votos obreros y los fusiles de Campo de Mayo.

Al gobierno le bastaban; si no, caía. Pero ¿y al movimiento obrero?

La dependencia argentina estuvo tan bien aceitada, contó con tanta lubricidad, que admitió —caso prácticamente único en el mundo dependiente— la posibilidad de una política que incluyera al movimiento obrero por algún tiempo.

La lucha por el reparto de la renta nacional, de la renta agraria, es una lucha donde todo lo que se persigue es dividir de un cierto modo. El secreto a voces del bloque de clases dominantes es que esta distribución, este modo de compartir, no es exactamente un resorte proletario sino el resultado directo del enfrentamiento entre terratenientes e industriales.

Con una aclaración: los industriales no son el «factor progresivo» del juego, en el sentido histórico del término. Pero son los que permiten, los que posibilitan, los que vehiculizan el mendrugo obrero. Por eso los sindicalistas —que no son locos ni idiotas— convocaron a los industriales a un proyecto común; con una idea fantástica: si los industriales se quedaban con el costado más grande, el quantum obrero de la renta agraria también sería mayor, sería peronista.

V

Con la elección de constituyentes, el peronismo alcanza su cenit: el 66 por ciento de los votos emitidos. Este ejercicio constitucional mostraba con absoluta precisión los contenidos programáticos del gobierno.

Ni la Iglesia fue separada del Estado, ni los derechos democráticos particularmente jerarquizados. Sólo el célebre artículo 40 de la Constitución mejicana sobre la propiedad pública del subsuelo y los recursos naturales no renovables justificaba, en términos políticos, la operación.

El objetivo profundo del gobierno era de otro calibre y permanecía tan inconfesado que el propio Perón tuvo serias dificultades para implementarlo. El régimen bonapartista supone un equilibrio social endeble, cualquier alteración puede quebrarlo. Basta que la cupla social o el punto en derredor del cual relativamente se estabiliza, registren alguna alteración para que el equilibrio quede destrozado.

Y ese punto pasaba por la jefatura, por Bonaparte, por el dominio político que Perón estaba en condiciones de instrumentar y que, de seguro, resultaba intransferible.

Por algo Perón sostuvo una y otra vez: «Mi único heredero es el pueblo». Para que su legado testamentario se cumpliera (en 1949 debe leerse exactamente al revés) era preciso que pudiera ser otra vez presidente. De lo contrario, las fuerzas sociales nucleadas bajo su mandato tenderían a desarticularse polarmente.

Ése es el secreto de la Constitución de 1949; la continuidad del equilibrio bonapartista. Por eso Evita piloteó la única operación significativa: la reformulación del artículo 77, que impedía la reelección presidencial.

El trámite merece alguna minucia. El texto, en sus lineamientos centrales, fue «escrito» por Arturo Enrique Sampay. Por cierto que no fue el de Sampay el primer esbozo considerado: con anterioridad, José Figuerola, el estadígrafo que Perón conociera en la vieja Dirección Nacional del Trabajo, había elaborado la versión rechazada por el presidente.

El proyecto de Sampay corrió mejor suerte. Así y todo, el manejo político de la constituyente estuvo en manos del coronel Domingo Mercante, a la sazón gobernador de la provincia de Buenos Aires y por entonces número tres de la jerarquía peronista: Perón, Evita, Mercante.

Todo anduvo más o menos bien hasta que se trató el artículo 77. Después de la «apertura de la convención, Mercante y un grupo de líderes peronistas se reunieron con el presidente en la quinta de Olivos y éste les informó, en términos inequívocos, que debía ser mantenido» (Joseph A. Page, Perón, T. I, p. 241). Es decir, el presidente no debía ser reelecto, el artículo seguía vigente, igual que en la Constitución del 53.

Según Eduardo Colom (citado por Page), se produjo una vuelta de tuerca, porque Perón esperaba que Mercante rechazara su propuesta. Pero para Mercante, rechazarla equivalía a despreciar la presidencia de la República (o al menos una posibilidad muy cierta), de modo que no lo hizo. Entonces Evita, cumpliendo instrucciones directas del presidente, ordenó a los constituyentes peronistas la reforma del artículo 77; esto es, la reelegibilidad de Perón. Toda la actitud del radicalismo cambió: de la colaboración, pasó al enfrentamiento abierto, a tal punto que se retiró de la Constituyente; al hacerlo, eligió un camino transparente: el golpe de Estado.

Para Perón, más que garantizar el cumplimiento de un determinado programa, el sistema político debía facilitar una determinada hegemonía. No faltan los que infieren que hegemonía y programa son la misma cosa, pero se equivocan de medio a medio. Hegemonía equivale a un determinado programa cuando es ejercida por una clase social con viabilidad histórica; de lo contrario, es el proyecto que permite la continuidad del equilibrio social. Cuando la hegemonía no tiene decurso, sin herramientas programáticas, el equilibrio es destruido.

En esas condiciones (supremacía peronista, gobierno bonapartista) se llega a las elecciones del 51. Antes de ellas, rumores golpistas suenan con insistencia. Los generales Menéndez y Lonardi conspiran. Menéndez mantiene una entrevista con los principales jefes de la oposición: Arturo Frondizi, Reinaldo Pastor (demócrata nacional, conservador), Américo Ghioldi (socialista) y Horacio Thedy (demoprogresista). Todos acuerdan coparticipar de un golpe de Estado antes de las elecciones de 1951.

Los sobrevivientes de la Unión Democrática comprenden implícitamente que la posibilidad de batir electoralmente al peronismo integra el reino de las fantasías políticas. Sin embargo, Lonardi abandona la conspiración y deja a sus hombres en libertad de acción. El motivo es sencillo: Lonardi se niega a subordinarse a Menéndez, es decir, al ala centrista de las Fuerzas Armadas. Los nacionalistas, que en octubre del 45 se habían plegado al general Ávalos en Campo de Mayo, por ahora se resisten a ponerse bajo las órdenes de la derecha liberal. Y un golpe de Estado militar sólo funciona en la Argentina cuando nacionalistas y liberales asaltan el poder para dirimir desde allí quién lo hegemoniza.

El equipo de oficiales que se sumó a Menéndez (Alejandro A. Lanusse, Conito Sánchez de Bustamante, Alcides López Aufranc) sería, por esas ironías de la historia, responsable del retorno de Perón a la Argentina dos décadas más tarde; por aquel entonces, empero, constituían el corazón del gorilismo militar.

La planificación del golpe resultó, por cierto, defectuosa —como la mayor parte de los realizados y abortados en la Argentina—, sobre todo porque partía de un supuesto falso: el descontento masivo de los oficiales. En realidad, los golpistas expresaban una verdad profunda de la sociedad argentina, los partidos opositores y las clases sociales por ellos representados querían reorientar a Perón y necesitaban que el gobierno produjera un acercamiento más veloz hacia los Estados Unidos.

La posibilidad del gobierno de entenderse con Washington todavía no debía descartarse del espectro político peronista (Perón lo intentaría y fracasaría), sin olvidar que la necesidad de la reaproximación aún no se expresaba como posibilidad militar independiente. Es decir: la lucha de clases en la sociedad argentina no había alcanzado a las instituciones armadas con intensidad capaz de producir un desgajamiento.

Conviene puntualizar que la ausencia de desgajamiento militar no remite a la «eficacia» de la alianza con los sindicatos a través del Estado; el Estado podía todavía, sin alterar ninguno de sus componentes, satisfacer el equilibrio existente. Ese gobierno aún era posible: Perón, en tales condiciones, resultaba indestructible.

Ajustando los términos: el derrocamiento de Perón no sería el resultado de la «antipatía» que el bloque de clases dominantes reservaba al presidente, sino de su capacidad política para fracturar el equilibrio bonapartista. Esta capacidad era producto directo de la presencia de una fracción militar adicta dispuesta a luchar hasta la victoria.

Pegando la vuelta: el bloque de clases dominantes carecía de suficiente acumulación militar porque sus intereses centrales no estaban en entredicho; cuando lo estuvieran, poseerían un segmento dispuesto al combate; entonces, verificarían que el peronismo no estaba decidido a luchar hasta la victoria.

Esta constatación y el derrocamiento de Perón formaron parte de un descubrimiento político único.

Ciento once oficiales fueron condenados; cincuenta y seis abandonaron el país y fueron destituidos por la represión legal. Los que en 1945 habían levantado en el Ejército las banderas de la oposición política («todo el poder a la Corte»), con filas más raleadas que entonces, encabezaron el golpe. La diferencia con el 45 es esencial, porque en esa oportunidad la Marina había encabezado la conjura, sin embargo esta vez faltó a la cita; su comportamiento reveló que se trataba de un tanteo y no de una batalla en regla.

Semanas después se realizaron las elecciones del 51. El fallido golpe sirvió para declarar el estado de guerra interna y, hasta que Perón no lanzó las banderas de la pacificación (agosto de 1955), toda la vida política transcurriría en condiciones de semi-legalidad.

Tras la victoria, la oposición quedó sin política y se resignó a jugar al contragolpe. El peronismo se propuso modificar la ley de inversiones extranjeras para facilitar el ingreso del capital norteamericano. A pesar de que el presidente asegurara personalmente al embajador estadounidense que no aplicaría el artículo 40, los monopolios extranjeros consideraron que las garantías para invertir eran insuficientes.

El máximo intento de aproximación se produjo en derredor de la radicación en el sur de una filial de la STANDARD OIL. La oposición puso el grito en el cielo: los radicales sostuvieron que el proyecto violaba el artículo 40 y, en términos legales, tenían razón. Pero el problema era, si se quiere, más grave: el contrato con la CALIFORNIA equivalía, tras la firma del acta de Chapultepec y el Acuerdo de Río, a la realineación internacional de la Argentina; es decir, a la ejecución del programa electoral de la Unión Democrática.

Esto enfrentaba al gobierno con su base social. Un fragmento del peronismo se opuso al contrato, sosteniendo que era lesivo para la soberanía nacional. El gobierno no retiró, no obstante, el proyecto; un día antes de que se iniciara la Revolución Libertadora, el ministro de Industria defendió el contrato por la cadena nacional de radio y televisión. Llegó demasiado tarde; al día siguiente, Lonardi se insurreccionaba en Córdoba.

VI

En 1953 se creó la Confederación General Económica (CGE). Hasta entonces, el mundo empresarial había permanecido idéntico a sí mismo. Sólo CARBAP había sido intervenida y no faltan los que visualizan en esta intervención un golpe contra la perversidad oligárquica. Se trata, por cierto, de un gran equívoco.

Antes que otra cosa, conviene saber que CARBAP no nucleaba a los grandes terratenientes de la Pampa Húmeda; los verdaderamente grandes adscribían directamente a la Sociedad Rural. CARBAP era otra cosa, puesto que representaba a los terratenientes que vivían exclusivamente de la renta agraria y que, por lo general, no alcanzaban a capitalizarse añadiendo nuevas tierras, sino que —en el mejor de los casos— conservaban las suyas.

Dicho burlonamente: era la cola del león. Era a la Sociedad Rural lo que la CGE era a la Unión Industrial Argentina: un fragmento que no alcanzaba a constituir un proyecto diferenciado, aunque manifestaba un cúmulo de diferencias.

Así como la CGE eran los industriales de Perón, CARBAP agrupaba a los terratenientes del golpe. Pero ni unos ni otros proporcionaron comandos civiles ni defensores del régimen.

José Ber Gelbard, presidente de la CGE, integraba en ese carácter la reunión del gabinete ministerial, como «invitado». Con el fin de la bonanza (1949), Miranda ya había sido despachado; en su reemplazo, Roberto Ares y Alfredo Gómez Morales iniciaban un «nuevo rumbo».

Ares, que era el más liberal de los dos, propuso la eliminación lisa y llana del IAPI, además del ingreso al Fondo Monetario Internacional. Evita se opuso, la CGT maniobró y el «nuevo curso» se redujo a mantener el viejo curso en las nuevas condiciones. Es decir, solicitar un crédito al Eximbank por 125 millones de dólares, para cancelar la deuda de 108 que los importadores argentinos mantenían con compradores norteamericanos y destinar el saldo a comprar locomotoras y teléfonos, o sea al mantenimiento de las nacionalizaciones.

Una vez que la guerra de Corea tocó a su fin, los precios agrarios volvieron a desinflarse y el paquete alimentario del Plan Marshall (aprovisionamiento de Europa a título casi gratuito) redujo los mercados. De modo que, aunque se duplicaron las exportaciones, los montos casi no se modificaron por el derrumbe de los precios. Comparada con el 51 y el 52, la producción agraria repuntó en 1953, pero no logró sobrepasar este techo ni en el 54 ni en el 55.

La inconvertibilidad de la libra agravaba los problemas, porque el saldo positivo de la balanza comercial con Gran Bretaña no podía ser compensado con el negativo de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno se vio obligado a reducir las importaciones provenientes de Norteamérica.

Por eso la prensa de aquel día era profesionalmente antiperonista: porque la estructura productiva nacional constituía un obstáculo para el avance del capital norteamericano. Este profesionalismo se vio reforzado, por así decirlo, ante un hecho innegable: cualquier gobierno antiperonista sería mucho más débil y, en consecuencia, mucho más incapaz de resistir el dictado norteamericano.

Los conflictos entre patrones y empresarios se agravaron. Perón se declaró neutral; esto es: el gobierno no respaldó los reclamos obreros, la CGT no apoyó las huelgas parciales de los sindicatos adheridos y los organismos empresarios pusieron el acento en la necesidad de aumentar la productividad del trabajo como único camino para incrementar ingresos.

En rigor, no se trataba de aumentos salariales, sino de correcciones motivadas en la marcha de la inflación. Pero así y todo se verificaba una redistribución del ingreso en favor de los industriales. Con precisión: en 1949, los trabajadores habían tocado su techo: 53 por ciento del ingreso nacional; nunca más alcanzarían un coeficiente parecido, incluso —aunque reconocerá nuevas oscilaciones— la tendencia sería hacia abajo.

En las postrimerías de 1954, la situación económica se había estabilizado. Las aguas políticas bajaban mansas, hasta que sorpresivamente se produjo el enfrentamiento entre Perón y la jerarquía eclesiástica.

Quién provocó a quién suele ser una de las preguntas que recorren el tema: ¿Perón hostigó inicialmente a la Iglesia?; ¿la Iglesia resolvió cambiar de bando y atacar a Perón? Pero antes de analizar este punto, es necesario retomar el problema económico de esta etapa del peronismo.

Tras marchas y contramarchas, patrones y asalariados (la CGE y la CGT) resolvieron debatir a fondo la distribución del ingreso en un intento de conservar la «paz social» e impedir la generalización de los reclamos salariales. Para lograrlo, se promocionó un encuentro en el Concejo Deliberante que se denominó abreviadamente «Congreso de la Productividad». Pero las partes no lograron ponerse de acuerdo.

La posibilidad de que el movimiento obrero y los empresarios lograran, bajo métodos parlamentarios, un pacto de precios y salarios (que en la práctica se traduciría en congelación voluntaria del ingreso obrero), resultaba ilusoria. Para lograr un acuerdo semejante, el gobierno tenía que estar en otras manos. Cuando el general Lonardi se hiciera cargo del Estado —aunque él no expresara la Revolución Libertadora en su versión definitiva— el salario obrero se ubicaría en los andariveles exigidos por el Congreso de la Productividad; antes, no.

Entonces, casi todas las piezas ocupaban su lugar, menos una: las Fuerzas Armadas. Los partidos políticos tenían en claro que no podían derrotar electoralmente al peronismo, salvo que esperaran hasta 1958; recién entonces se vería de qué modo ellos serían capaces de evitar una tercera victoria de las huestes del coronel. Los empresarios no consideraban posible que el peronismo vehiculizara el arribo de capital norteamericano a gran escala: una observación detenida de la batalla petrolera los había desengañado de inmediato. A esto se debía sumar la incapacidad del régimen bonapartista para imponer «disciplina social» en el movimiento obrero: el aparato sindical, aunque bastante esclerosado, daba muestras de defender —en el terreno estrictamente profesional— los intereses inmediatos de los trabajadores. Perón podía reprimir una huelga o mantenerse «neutral» en materia salarial, pero no podía atacar de frente a su base social.

De ahí que ni los partidos ni los empresarios tuvieran motivos para defender al gobierno. Más bien estaban interesados en derrocarlo a la brevedad, poner en vereda a los sindicatos obreros y restablecer directamente su dominio político. El golpe era, consecuentemente, la política unitaria.

Por cierto que la fórmula «los empresarios» es expresamente ambigua. En este caso se refiere a los industriales pues se da por descontado que los terratenientes —por la sencilla razón de no controlar directamente el andamiaje estatal— estaban interesados en el recambio.

El bloque de clases dominantes, con independencia de su particularización, estaba unificado en torno de una política central: derrocar a Perón. La Unión Democrática se reconstituía para llevar a cabo el fragmento incumplido de su programa electoral: ingresar a tambor batiente al área del dólar. Los terratenientes de CARBAP guardaban sus sueños anglófilos (esto, más que reflejar la participación británica en el golpe septembrino, muestra en qué modelo de país CARBAP creía conservar una cierta influencia).

Era preciso empujar a las Fuerzas Armadas al centro de la escena y transformar la mayoría parlamentaria en minoría militar. Para esa labor no servía cualquier pretexto, se requería que el motivo cuadrara. En ese aspecto, la formación del Partido Demócrata Cristiano cumplió honrosamente su cometido.

Después de la IIª Guerra Mundial, el Vaticano había elaborado una política anticomunista de masas: la democracia cristiana. En Italia, la respuesta fue casi instantánea: bajo el birrete del viejo partido popular agrario nació la doctrina social de la Iglesia como herramienta política concreta. El Vaticano tomó las banderas del parlamentarismo burgués de una vez y para siempre.

En la Argentina, en cambio, la aparición del peronismo y el hecho de que este movimiento mantuvo desde el vamos excelentes relaciones con la Iglesia, tornaron innecesaria la formación de una escuadra política propia.

De algún modo, entonces, la decisión de formar partido, tomada por la jerarquía católica, suponía una modificación de la relación con el gobierno, gobierno que manifestaba su filiación cristiana tan abiertamente como para establecer por vía parlamentaria la educación religiosa en las escuelas.

Por eso —retomando la pregunta planteada páginas atrás— es posible admitir, a pesar de que el acontecimiento carezca de valor determinante, que la Iglesia eligió atacar al gobierno, antes de que el gobierno atacara a la Iglesia.

Aun así, nadie podía colegir que la actividad política del catolicismo sería la fisura por donde los golpistas penetrarían a las Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), fundada a fines de 1954, y la Acción Católica se disputaban —al menos en teoría— el mismo universo juvenil. Y la Acción Católica cordobesa, particularmente pía y gorila, se lanzó a conquistar a los jóvenes bajo sus banderas, en abierto desafío al gobierno. Perón resolvió recoger el guante. Entonces, lo que en sus inicios había arrancado como un juego fuerte devino con el correr de los días en un eje de fractura política.

El presidente se lanzó a una batalla frontal, promovió una ley de divorcio, al tiempo que propuso separar la Iglesia del Estado, es decir, modificar el artículo de la Constitución donde se afirmaba que la religión del Estado era la católica apostólica romana y, en consecuencia, el culto —sus integrantes y dignatarios— recibía estipendios públicos; esto equivalía a separar a los capellanes del cuerpo de oficiales. La medida, junto con el voto de la mujer y la ley de divorcio, integraría la panoplia de propuestas democráticas y revolucionarias de cualquier gobierno burgués radical, pero al ser ejecutada con el estilo burocrático-policial propio del peronismo, en lugar de permitir acumular el rédito social, conquistar a los sectores a los que esta conducta tendía a satisfacer, enajenó a una fracción militar.

Y aquí emerge un elemento central del problema: la democratización estatal en la Argentina tiene, innegablemente, necesidad de separar la Iglesia del Estado. De lo contrario, el Estado argentino, tal cual está constituido, entrega a la Iglesia la formación y la supervisión política de las Fuerzas Armadas. La burocracia con sotanas controla a la burocracia de uniforme y de ese maridaje entre las banderas de la Inquisición y las banderas del Ejército de línea, entre Torquemada y la guerra de la Triple Alianza, surge el pozo ciego más negro de la historia nacional.

VII

Los bombardeos del 16 de junio de 1955 constituyeron un atentado terrorista a escala gigantesca.

En el pasado, ningún golpe fallido había producido, comprobada su ineficacia, semejante daño de sangre civil, y ningún golpe triunfante había requerido tan elevado número de bajas.

Por torpe que el vicealmirante Toranzo Calderón fuera (y no hay ningún motivo para pensar que fuera torpe) no podía ignorar que la conspiración se hallaba en sus inicios. Sus encuentros con el general León Bengoa se lo confirmaron. Por otra parte, la existencia de un proyecto como el Alcázar demuestra que el vicealmirante no se lanzaba a una batalla decisiva.

Vamos por partes: en El ejército y la política en la Argentina. 1945-1962, Robert Potash sostiene (T. II, p. 252) que durante 1954, un año atrás, los oficiales de Puerto Belgrano habían concebido un plan para un futuro levantamiento contra el gobierno. El plan asignaba un papel fundamental a la Marina, aunque contaba con el apoyo de Ejército y Fuerza Aérea, lo cual requería que Puerto Belgrano estuviera en condiciones de resistir ataques por tierra y aire «hasta tanto la flota de mar pudiera bloquear el Río de la Plata (lo que efectivamente sucedió en septiembre) y debilitar la decisión del gobierno de resistir». Potash relata que el plan se denominó «Alcázar» y fue practicado hacia fines de año (en pleno conflicto con la Iglesia) mediante un adecuado encubrimiento.

Entonces, Toranzo Calderón se insurreccionó sin lograr el respaldo del Arma, mientras el cuadro de oficiales superiores elaboraba y ejecutaba el ejercicio «Alcázar», y nada menos que el almirante Rojas aceptó reprimir el levantamiento. Dicho de otro modo: Toranzo Calderón era un jefe adecuado para un atentado a gran escala, pero no era el elegido para dirigir a la Marina en un intento de golpe de Estado en regla. Tanto es así, que Potash sostiene que no se trataba de un «típico oficial naval» porque no se había graduado en la Escuela Naval, sino de un ex oficial del Ejército, incorporado con la creación de la infantería de Marina. En otras palabras: la Marina eligió a un ex oficial del Ejército para atentar contra la vida de un general del Ejército y para sembrar la muerte, no como parte de un fallido levantamiento, sino como movimiento de otro levantamiento.

Abreviando el problema: el 16 de junio es un paso del juego que culminará el 16 de septiembre.

La Marina no se había propuesto, en ese momento, derrocar al gobierno, sino ejecutar una medida pedagógica. Su sentido era más o menos éste: «cuidado, estamos dispuestos a ir hasta el final, es decir hasta la muerte, si es requisito de la victoria. Quien se oponga debe saber que pasará por encima de nuestro cadáver y que éste no es solamente un uniforme ensangrentado, es el cadáver de la sociedad existente; quien dispara contra nosotros dispara contra la propiedad privada y, quiéralo o no, salta el cerco». Su derrota era, entonces, la derrota de la burguesía, la victoria del Proletariado, aproximaba la victoria del socialismo, que no era precisamente la del peronismo.

Cinco días antes, toda la oposición política había marchado bajo las banderas del Vaticano en la movilización de Corpus Christi. El gobierno reprimió y el 14 de junio lanzó un paro con el respaldo de la CGT. El argumento del paro era trivial, si se quiere, incluso mitificador; se sostenía que los manifestantes habían quemado una bandera argentina para reemplazarla por una vaticana que, finalmente, habían izado en el mástil del Congreso. Por eso se llamaba a desagraviar la enseña nacional.

El 16 de junio a las 10.30, el vicealmirante Toranzo Calderón inicia el ataque. Tres aviones bombardean la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra. Una bomba da en el blanco (la Casa Rosada), la otra pega en un trolebús y mata a todos sus ocupantes. Perón salva su vida por no estar en la sede del gobierno. Los sublevados establecen su comando en el ministerio de Marina, pero al no lograr el «apoyo» de su Arma, son rápidamente rodeados por tropas de la primera división de Ejército. Los infantes que deben venir desde Martín García en ayuda de los sublevados defeccionan. A las 17.40, Toranzo Calderón y sus acompañantes son arrestados.

Sin embargo, aunque el «golpe» carece de toda posibilidad de vencer, a las 18.15 horas (35 minutos más tarde del apresamiento del comando revolucionario) se produce el último y masivo ataque, el que cobra el grueso de las víctimas. 38 aviones vuelan luego hacia Montevideo (en una de las máquinas viaja Miguel Ángel Zavala Ortiz, el jefe del radicalismo unionista). Trescientos civiles muertos y centenares de heridos quedan tendidos en Plaza de Mayo.

La represión del golpe estuvo íntegramente a cargo del Ejército. El general Franklin Lucero dirigió personalmente el operativo desde el ministerio de Guerra. La CGT se mantuvo absolutamente al margen: Héctor Di Pietro, secretario general adjunto de la central obrera, puso todo su empeño en impedir la participación popular en la lucha. Sólo algunos núcleos de trabajadores particularmente combativos e independientes, además de los integrantes de la Alianza Libertadora Nacionalista, intervinieron en alguna medida; sobre todo, en el ataque al Ministerio de Marina, donde fueron rechazados.

Aun así, las masas peronistas exteriorizaron su furia por la masacre quemando una docena de iglesias y el edificio de la Curia Eclesiástica de la Capital Federal. En el ataque a la Curia los sacerdotes fueron maltratados sin que se contaran víctimas. Pero el pato de la boda fue la biblioteca eclesiástica: 80.000 volúmenes ardieron alegremente, mientras los manifestantes entonaban cánticos violentamente anticlericales.

La campaña anticlerical del peronismo, potenciada por la masacre de Plaza de Mayo y por las bajas en el asalto del Ministerio de Marina, adoptaba un giro imprevisto. El gobierno recibía un segundo mazazo en un solo día; las líneas estaban tendidas: de un lado de la barricada se hallaba la clase obrera, dispuesta a combatir; del otro, una fracción militar dispuesta a aplastarlos si era preciso; en el medio, como fuerza en transición pero todavía sin posición asumida, el grueso de las Fuerzas Armadas. Todo el juego de la reacción pasó por ensanchar la fracción golpista y neutralizar a legalistas e indecisos. Con todo, la desproporción de fuerzas —en términos militares, se entiende— favorecía ampliamente a Perón.

El 17, al día siguiente de la masacre, el gobierno convoca a la clase obrera a la Plaza de Mayo. Una multitud que de algún modo se siente victoriosa escucha al presidente. El general Perón produce un discurso casi inimaginable: «Nosotros no estamos predicando la lucha, ni la guerra; estamos predicando la paz. No queremos matar a nadie, no queremos perjudicar a nadie».

Si se considera que Perón era el jefe de una fortaleza sitiada, el discurso llama la atención. Muestra, en principio, que el atentado había producido su efecto, había constituido un límite infranqueable que podía verbalizarse así: «La violencia es ajena; la paz, el desarme, la cristiana oferta de la otra mejilla, propias». Perón anunciaba que no combatiría mediante la movilización de masas. Por eso, el otro eje de su discurso era el Ejército. Y en ese punto su poder quedó descompensado.

El secreto del bonapartismo pasa por el hecho de que ninguno de sus elementos está en condiciones de saldar per se un conflicto; ése es el papel de Bonaparte. Para que sea así, las fuerzas tienen que estar en relativo equilibrio, el cual depende, entre otras cosas, de la calidad de los antagonistas; es decir, de la naturaleza del combate.

La Marina había roto el equilibrio, lo había tirado al diablo, había mostrado que la conciliación no tenía cabida y que el debate estaba muerto; a menos que la Marina careciera de apoyaturas políticas, a menos que estuviera sola. Porque si los partidos políticos —el radicalismo, en concreto— sostenían el camino democrático, si no eran golpistas, Perón podía aislarla por medio del Ejército y neutralizar a la Aeronáutica.

Todo su juego consistía, entonces, en tender la mano a la oposición, sin comprender que la Marina expresaba crudamente al conjunto de la oposición. No tanto por los acuerdos pactados previamente en los conciliábulos conspiradores, sino porque motorizaba a los partidos opositores: nadie era capaz de vencer electoralmente al peronismo, el peronismo no era el instrumento apto para que el bloque de clases dominantes implementara sus necesidades políticas y económicas, por eso debía caer.

Entonces, la Marina no estaba sola; al contrario, era Perón el que perdía terreno. Para recuperarlo, debía combatir. Si la decisión de combatir quedaba librada enteramente a la voluntad del Ejército, si sus oficiales decidían qué se hacía, todo el problema pasaba por eliminar el factor de perturbación. Y el factor de perturbación militar era Perón. Por eso, la decisión no debía escapársele de las manos, ya que en ese instante sus fuerzas comenzarían a defeccionar.

Para que el poder de resolución se mantuviera en la Casa de Gobierno, Bonaparte debía abandonar el traje de Bonaparte, porque el escenario no estaba dispuesto para ninguna representación de ese tenor. Perón no podía vencer como Bonaparte; en ese carácter estaba vencido, ya que lo que debía conciliar era inconciliable. Entonces, sólo le quedaba asumirse como jefe de una fracción. Tampoco podía elegirla, puesto que el Ejército no lo seguiría en esas condiciones como líder indiscutido. Para volver a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas debía derrotar a los insurrectos, para derrotar a los insurrectos debía movilizar su fracción incondicional y responder al atentado terrorista de la Marina con terrorismo en masas, ese terrorismo instintivo que se anunciaba en la quema de las iglesias y que Perón rechazó.

Porque ésa era una ficción, porque ése no era Perón ni ése era el peronismo. Si la defección del presidente hubiera sido un problema «personal», su movimiento hubiera generado un sustituto; si en 90 días no lo hizo fue porque estaba fuera de su naturaleza proporcionarlo. La clase obrera tampoco se planteó la cosa más allá; eso quedaría palmariamente claro cuando la propuesta de pacificación cayó en saco roto y Perón intentó pirotécnicamente reiniciar las hostilidades.

La movilización obrera del 17 de junio constituyó, en consecuencia, toda la réplica al atentado terrorista de la Marina. En el acto de la Marina se había visto un puño, sin que se distinguiera todavía el brazo que lo enarbolaba; en la movilización de la CGT se vio un brazo sin puño, inerme, desarmado. La oposición registró el suceso. Sabía, oscuramente, que la batalla estaba ganada.

Sólo era un problema de tiempo.

VIII

Todavía la conspiración no estaba unificada; de hecho, nunca lo estaría aunque luego compartiera el gobierno. Esta dificultad no era el resultado de taras organolépticas de los conspiradores, sino del heteróclito conglomerado social allí representado. Ésa era su debilidad y ésa era su fuerza. Debilidad, en tanto mostraba serias trabas para actuar con suficiente grado de coordinación; fuerza, porque —salvo el movimiento obrero— todos los segmentos de la sociedad argentina eran, en ese punto, solidarios con la conspiración o neutrales.

Dando vuelta la afirmación: los conspiradores nuclearon 3.000 comandos civiles; los sostenedores del gobierno, no; en el primer caso, había una aguda conciencia de la debilidad militar del levantamiento armado; en el segundo, el grueso de la tarea estaba delegada en el Ejército y las fuerzas de represión.

Perón intentó avanzar con su política de pacificación y renunció, junto con Teissaire, a la presidencia del partido. No se trataba, por cierto, de una medida antiburocrática (como sostiene Ramos) sino de un verdadero paso atrás: la renuncia de Perón equivalía a desconocer que era el jefe de una fracción. Intentaba una escena bonapartista clásica, instalarse por encima del conflicto: no era el jefe de una fracción, era el presidente de todos los argentinos.

Es cierto que los que llegaron al control del partido fueron mejores que todos los burócratas anteriores, pero ése es un fenómeno absolutamente secundario. Aunque fue John William Cooke quien asumió la dirección del partido en la Capital, no pudo llamar a la movilización que la clase obrera requería, porque la movilización era guerra civil y era enfrentar abiertamente la conducción de Perón. Era posible oponerse a Perón, por ejemplo, en el contrato petrolero de la California y admitir, finalmente, como Gómez Morales, que el contrato fuera modificado; pero otra cosa era determinar el escenario de la lucha. Para que una conducción alternativa fuera posible, la CGT hubiera debido estar en otras manos; para ello, el laborismo hubiera debido existir como partido diferenciado. Jefes obreros como Cipriano Reyes, tal vez, hubieran podido plantearse pelear a cielo abierto. Pero esa posibilidad estaba clausurada y había sido el propio Perón quien se había ocupado de que así fuera. Defender la destrucción del laborismo había equivalido a defender el derrocamiento de Perón.

Entonces el presidente avanzó con su propuesta. El 15 de julio anunció estentóreamente que «la revolución ha terminado»; y había terminado porque había cumplido todos sus objetivos, cumplimiento irreversible, puesto que estaba constitucionalmente garantizado. Un libro prolijamente impreso protegía a los trabajadores. Lo curioso del caso era que el argumento surgía de boca de un militar que había conspirado más de una vez, en contravención con la anterior edición del mismo texto.

Y como muestra de buena voluntad, el presidente permitió que los partidos opositores usaran la radio para dar a conocer sus puntos de vista sobre la propuesta del gobierno. Arturo Frondizi (que es el que importa) produjo una pieza oratoria célebre, que se puede sintetizar así: la UCR rechazaba la pacificación; ésta —para que fuera un hecho y no un montoncito de palabras— precisaba que el gobierno pasara a otras manos. En términos de la UCR: la pacificación no podía ser la defensa de Perón.

El camino del golpe estaba expedito; públicamente, Frondizi dejaba sin sostén al gobierno al tiempo que avalaba implícitamente su derrocamiento. De ese modo salvaba la ropa: no se comprometía con todas las letras frente a la sociedad argentina y simultáneamente volvía posible la operación del golpe. Es decir: actuó como el jefe de la otra fracción, como candidato a la sucesión, como el candidato del acuerdo Frondizi-Perón.

Antes de que el dirigente radical pronunciara su discurso, el gobierno produjo el último intento serio de negociar y evitar, por esa vía, su derrocamiento: prorrogó 180 días la convocatoria de constituyentes para separar la Iglesia del Estado. Aun así, la negociación con la Iglesia era imposible porque la jerarquía católica estaba de lleno en la conspiración.

Decir que la jerarquía católica estaba en el golpe es decir que los capellanes integrantes del cuadro de oficiales de las tres Armas actuaban como correas de transmisión, al menos, de toda la agitación opositora.

La convención radical, reunida el 12, 13 y 14 de agosto para discutir la reforma de la Constitución, quedó abruptamente sin terna a causa de la prórroga gubernamental. Se abocó, por cierto, a otro problema: ratificar el discurso de Frondizi. La política de la intransigencia renovadora obtuvo el auspicio de la intransigencia nacional (sabatinismo), a pesar de que el unionismo se abstuvo de participar en la Convención. La abstención unionista (algo menos de un tercio de los convencionales) tenía un solo motivo: el programa golpista de Frondizi pasaba por criticar el peronismo desde la izquierda, es decir, marcando sus insuficiencias transformadoras; mientras que el unionismo aunaba a su gorilismo pertinaz un conservadorismo cerril.

El gobierno respondió indirectamente a la convención radical anunciando las condenas de los marinos golpistas. El vicealmirante Samuel Toranzo Calderón fue degradado y condenado a prisión por tiempo indeterminado. Las otras penas fueron del mismo tenor; tendían a señalar que el gobierno se comportaba con mano dura. Sin embargo, aunque la legislación peronista elaborada con posterioridad al golpe del 51 autorizaba la pena de muerte y aunque Calderón era el responsable directo de la masacre de 300 civiles, el peronismo se negó a introducir un hecho de sangre en sus relaciones con los militares. Para que hubiera fusilamientos habría que aguardar a la Libertadora, que en ese rubro —como en tantos otros— cumplió un rol de pionerismo irrefutable.

Así y todo, el curso de los acontecimientos avanzaba inexorablemente. Buena parte de la oficialidad, adecuadamente trabajada por los capellanes, vio en la quema de las iglesias un motivo más que obligaba a considerar la inmediatez de un golpe de Estado. Temían, sobre todo, la acción independiente de segmentos del movimiento obrero. Exageraban, por cierto, pero los motivos de la reacción, los profundos, poco tienen que ver con la exactitud histórica de sus afirmaciones políticas.

Perón comprendió que retrocedía ininterrumpidamente, que desde el atentado de la Marina no dejaba de retroceder, que la pacificación era un fracaso y que la apertura democrática (el Ejecutivo había gobernado con «estado de guerra interno» desde antes de las elecciones del 51) sólo servía a los golpistas. En la fábrica, la democracia mostraba que los patrones se sentían mucho más fuertes ante la comisión interna. Los obreros comenzaban a temer y callar, los empresarios registraban que la relación de fuerzas cambiaba con el paso de los días. El tiempo trabajaba para ellos.

Perón ejecutó su última maniobra. Un bluff a escala gigantesca: aterrorizar verbalmente a sus antagonistas; paralizarlos con el espectro de la guerra civil. El 31 de agosto envió una nota a la dirección del partido justicialista y a la CGT ofreciendo su «retiro». En la cabeza de la clase obrera, retiro y renuncia resultaban indistinguibles. Pero así y todo la diferencia existe.

El recurso del retiro tenía por objeto impactar a los propios, movilizarlos, agitar el espectro del pre-peronismo. La CGT y el partido no se hicieron esperar: convocaron a una concentración para que el general reconsiderara su alejamiento. Para la oposición, la primera sensación fue de desconcierto: Perón se retiraba, ¿a dónde? Y Perón se lo hizo saber, a las 18 horas apareció en el balcón y rugió: «Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos».

La amenaza era terrible; el método, conocido: se trataba de parodiar el 17 de octubre del 45, como bien sostiene Arthur Whitaker (1945, junio a diciembre). En aquel año, los militares habían estado divididos; los partidos habían respaldado a una fracción; la fracción militar mayoritaria aceptaba el retiro de Perón pero éste no contaba con el respaldo de los partidos tradicionales. Entonces, la clase obrera se había movilizado y con su movilización había abierto un curso parlamentario que el desconcierto militar cerraba.

Resulta que la oposición había querido votar porque había pensado que ganaría y que en ese caso contaría con respaldo militar suficiente para gobernar. Perdió. Perder era posible: no estaba en discusión la naturaleza del Estado sino la composición del gobierno, Por cierto que hubiera sido preferible la Unión Democrática, pero se soportaría, llegado el caso, a los sostenedores del coronel. Y el coronel, durante un buen tramo, no los defraudó.

Concilió a estancieros con industriales, a financistas con industriales y estancieros, a los tres con la clase obrera; todo esto sin romper lanzas con Gran Bretaña y manteniendo a los Estados Unidos a una distancia tolerable. Pero la situación de entonces no era la de agosto de 1955. Es cierto que en aquel momento los militares habían estado divididos, sin embargo nadie había estado dispuesto a combatir: los opositores creían que las elecciones eran suficiente garantía.

Ahora sabían que eran imposibles y que lo que esa vez había podido dirimirse parlamentariamente hoy sólo podía resolverse en combate abierto, mediante la guerra civil. Mas la guerra civil no ponía en entredicho la sobrevivencia de tal o cual gobierno, sino el régimen del gobierno mismo; es decir, la naturaleza del poder.

Por eso la amenaza de Perón no podía cumplir el efecto deseado. Los golpistas estaban dispuestos a la guerra civil; esperaban ganarla. No bien los trabajadores se movilizaran armados, el grueso de los oficiales se pasaría con armas y bagajes. Si Perón cometía un bluff, ellos actuarían como si efectivamente hablara en serio.

Una vez más, el discurso del general se volvía contra su gobierno. Primero, las iglesias, y después, el propio Perón. Los capellanes pudieron decir entonces: «¿Vieron?, Perón no es mejor que los “cabecitas”, de modo que conviene no llamarse a engaño».

El 7 de septiembre, para reafirmar el mito de las milicias obreras, la CGT ofreció sus 6 millones de afiliados al general Lucero. Lucero se apuró a rechazar la idea. El objetivo era obvio: actuar como si en realidad se considerara seriamente la posibilidad de formar estas milicias.

Y aquí surge el último capítulo del drama. No faltan los que sostienen que Perón defendió la idea de las milicias y que fueron los generales quienes las rechazaron (se basan en una carta de Perón a Cooke y en La fuerza es el derecho de las bestias). Es posible, pero carece de toda relevancia, puesto que Perón estaba en situación de relevarlos. Sin embargo, todo indica que no fue así.

El intento de retroceder y abrir el curso de la pacificación no muestra a un jefe dispuesto a organizar milicias obreras, sino a un hombre que quería «arreglar por las buenas». Entre los tres meses que mediaron entre el atentado terrorista de la Marina y la insurrección militar en Córdoba, el general utilizó 75 días (tres cuartas partes de ese tiempo) en retroceder; recién el 31 de agosto convocó el famoso «cinco por uno». Después de haberlo lanzado, no dio ningún cauce a los arrestos combativos de la clase obrera.

No bien se iniciara el golpe, Perón alentaría, a través de un comunicado, a la quietud obrera. Y por eso los trabajadores no entrarían en combate.

Algo es cierto, sin embargo: el presidente confiaba en que el Ejército lo iba a sostener; se sintió traicionado por los oficiales. Esto prueba que el general no tenía claro que su lugar había mutado, que ya no era Bonaparte, y que nunca más volvería a serlo: el primer peronismo había estallado.

Todo lo demás es ampliamente conocido: el general Eduardo Lonardi se insurreccionó en Córdoba el 16 de septiembre y logró sostenerse. La tesis política de Lonardi era sencilla: bastaba abrir un foco de dos o tres días para que los leales defeccionaran. Perón sólo podría sobrevivir si era fulminante, y en este caso el golpe tendría un tercer capítulo. Aunque los golpistas fueran derrotados, el gobierno estaba muerto.

Explicado con rigor político: si Perón vencía militarmente, la necesidad de restañar las heridas del cuerpo de oficiales lo expulsaría del gobierno. El motivo era claro: el Ejército había sido el árbitro absoluto de la situación, Perón, su prisionero, y su quebrada unidad habría exigido eliminar el elemento irritativo. «Ni vencedores ni vencidos» se hubiera leído, entonces, «ni Lonardi ni Perón». La institución devoraría a su oficial más brillante porque por encima de su figura estaba, indubitablemente, la estabilidad del régimen; es decir, la estabilidad del Ejército.

El primer peronismo moría de muerte violenta.

El general Lonardi, después de una trabajosa negociación, pasó de jaqueado a jaqueador y de integrante de la dirección revolucionaria a presidente provisional del gobierno. De allí en más, el papel de Perón en la historia argentina sería muy otro.

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WHITAKER, Arthur: 1955, junio a diciembre. Buenos Aires, Proceso, 1956.

1955: RADIOGRAFÍA DEL OTRO GOLPE

I

En un DC-3 arriba al aeropuerto militar de la Capital Federal el jefe provisorio del gobierno provisional, un 23 de septiembre de 1955. El general Eduardo Lonardi, una semana atrás, ingresaba clandestinamente en la Escuela de Artillería de Córdoba. Y de oficial retirado, por ende sin mando de tropa, sin un programa previamente acordado con sus camaradas de armas ni con los partidos golpistas, asciende, siete días más tarde, a la presidencia.

En principio es preciso convenir que la hazaña no es pequeña, al menos en el terreno puramente instrumental. Máxime, si para lograrlo fue necesario dar vuelta el Ejército como una media, traspasar la muralla de ruido informativo uniformemente oficial de la prensa adicta, clausurar un parlamento que acompañó al general Perón en casi todos los casos, y neutralizar a un movimiento obrero centralizado y activo que el 31 de agosto se movilizó bajo las consignas de 5 por 1 y el rechazo de la renuncia presidencial.

En consecuencia, o la hazaña de Lonardi resulta casi épica, o el desmoronamiento del gobierno peronista fue absolutamente independiente de las escaramuzas que victoriosamente libró Lonardi. Ésa es, en nuestra opinión, la primera clave de la derrota del primer peronismo: su incapacidad para combatir fuera del hemiciclo parlamentario, su inepcia para la victoria.

Cuando se observa la mecánica del golpe lonardista, la endeblez de su acumulación militar inicial (con un puñado de oficiales ingresa al amanecer a la Escuela de Artillería cordobesa) y la rapidez con que su propuesta se propaga, se verifica el comportamiento de un jefe arrojado, hasta aparentemente insensato; Lonardi instrumentó un buen número de estratagemas que, en el mejor de los casos, debieron permitirle librar una batalla, pero de ningún modo alcanzar la victoria. Es decir: más que en las dotes militares de Lonardi, más que en el arrojo de sus oficiales, más que en su capacidad de nuclear en su torno, la victoria se alienta en un solo punto: la decisión de Perón de no combatir.

Comencemos la crónica: Lonardi cruza el portón de la Escuela de Artillería. El jefe de la guarnición no era un insurrecto, su segundo no militaba en las filas de los golpistas; aun así Lonardi lo capturó en la cama (el coronel Turconi dormía) y logró neutralizarlo. Ése fue su triunfo: el coronel Turconi aceptó que un oficial sin tropas se transformara en un oficial con tropas a partir de marginarse de la lucha.

De modo que Turconi no se pasó a los rebeldes, pero tampoco fue leal; bastó que se quedara prudentemente al costado, que silenciosamente entregara la guarnición: más que suficiente. Sin embargo, un oficial decidido hubiera podido abortar el juego y los insurrectos hubieran alcanzado apenas la primera plana de los diarios. Una reedición convulsiva del ’51.

Es posible pensar que Lonardi tuvo «suerte» puesto que, en la pulseada, un coronel particularmente débil se enfrentó con un general particularmente fuerte; un cruzado católico derrotó a un oficial pancista; es posible.

Cuando se comprueba que esta operación se repitió una y otra vez a lo largo de cuatro días, queda desnuda la labilidad de esta línea explicativa. Entonces, la debilidad del coronel era algo más que la debilidad del coronel, como la fortaleza era algo más que la superioridad del cruzado católico. El general representaba el bloque de clases dominantes, tanteaba los caminos para adueñarse de un Ejército que no controlaba sino en términos históricos, y el coronel, un burócrata armado que reconocía en la voz del general la voz del amo. Por eso dudó, con eso bastaba.

El general tenía sobrados motivos para luchar y vencer; el coronel, muy pocos para arriesgar su vida y su lugar en la institución. No se trataba, en consecuencia, de una «suerte» genérica, ni de problemas de personalidad, sino de la relación entre los militares y el gobierno, entre los militares y el general Perón, entre los militares y Bonaparte.

Para complicar aún más las cosas, la victoria de Lonardi no perdura. El general que modifica la relación de fuerzas en las Fuerzas Armadas carece de suficiente fuerza para gobernar en su nombre. Dicho brevemente: él también es un intermediario.

El 13 de noviembre, a menos de 60 días del levantamiento, el general Pedro Eugenio Aramburu ocupó su lugar, y el jefe de la Libertadora pasó a ser un oficial depuesto sin lucha; depuesto por un militar mucho más parecido al coronel Turconi que al general Lonardi, ya que Aramburu fue incapaz de levantar con su presencia Curuzú Cuatiá; el vasco no tuvo «suerte» para encabezar la asonada, no importa, para eso estaba Lonardi.

Una figura física tiene la virtud de ilustrar sobre la victoria militar de Lonardi: la palanca invertida. Una pequeña acumulación militar que el cuerpo de oficiales no registra como antagónica, con un programa que coincide con el sentir mayoritario (legalidad), abre el curso de un proyecto que en septiembre del ’55 el grueso de la oficialidad de las tres armas hubiera rechazado con indignación.

El 16 de septiembre de 1955 los oficiales no hubieran aceptado transformar al peronismo en un perro rabioso, en un apestado intratable, colocarlo fuera de la ley, impedir que se expresara como una corriente política nacional.

Enunciando rápidamente: las Fuerzas Armadas son un instrumento; el cuerpo de oficiales, sus opiniones, ilusiones y fantasías, carecen de importancia esencial, puesto que están sobredeterminados por la naturaleza de su relación con el Estado y, librados a su propia suerte, tienen el comportamiento que el Estado —que el bloque de clases dominantes— tiene con las clases dominadas. Entonces, en tanto instrumento, prestan su cuerpo para ejecutar una maniobra cuyo sentido se les escapa, y la maniobra se constituye en una experiencia que los modela, que los rehace, a imagen y semejanza de los que pulsan los hilos de la historia.

Vuelto al revés: el Ejército que derrocó a Perón era el que Perón construyó ladrillo por ladrillo, el que adoctrinó a lo largo de años; el Ejército que derrocó a Lonardi era todavía el de Perón sacado de caja; pero el que reprime en los basurales de José León Suárez, el del 9 de junio de 1956, el que fusila a un general que se entrega confiado en la palabra de sus camaradas, es otro Ejército. Es el Ejército de la Libertadora, contenido en el anterior, posible, subyacente, pero otro.

La dominación es otra, la hegemonía es otra y el recorrido que permitió la nueva dominancia y la nueva hegemonía es el recorrido del capitalismo argentino; mejor dicho: de las necesidades del capitalismo argentino; más precisamente: de las necesidades del bloque de clases dominantes del capitalismo argentino; porque una formación social sin el movimiento de sus clases dominantes es una abstracción reaccionaria, una fantasía vaciada de contenido cognoscitivo, un esquema estéril.

Recomencemos: Lonardi ingresa en la Escuela de Artillería, el director se mantiene al margen pero permite que 2.400 soldados integren el Ejército rebelde. Esta operación es automática, no es preciso convencer a los demás oficiales, suboficiales y soldados; basta que el mando —que el oficial a cargo— sea modificado, para que el cuerpo inerme deje de serlo y la articulación del sentido, la direccionalidad, sean el resultado del cambio de mando. Digamos entonces que la batalla, toda la batalla, es una batalla por el mando, una lucha por ganar oficiales.

Un coronel es reemplazado por un general; nadie se inquieta, todos saben que la fuente que los constituye es idéntica: ambos son oficiales superiores y ambos pueden intercambiarse sin mayores conflictos; aun así, uno es un jefe legal y el otro un insurrecto; ¿cuál es el legal? y ¿cuál el insurrecto?, no está claro y no forma parte de las «necesidades» de la tropa, de los oficiales subalternos y de los suboficiales, aclararlo.

Claro que el oficial legal cuenta con el poder legal, y mientras que defenderlo puede significar un ascenso, plegarse a un insurrecto constituye una desobediencia que, en teoría, podía ser penada en ese entonces con la muerte. Pero ésa es una teoría sin mucho predicamento: es así en el discurso oficial y nadie cree demasiado en él, al menos dentro del cuerpo de oficiales, quienes no creen porque el discurso oficial no los tiene por destinatarios a ellos sino a los que no integran dicho cuerpo.

Un oficial superior que se insubordina no es un candidato al paredón, aun cuando su insubordinación cueste la vida de soldados o civiles; a lo sumo pasará a retiro y —si tiene algo de suerte— lo aguardará una embajada secundaria o alguna otra canongía; salvo, eso sí, que deje de ser un militar; es decir: salvo que atente contra la existencia de la institución.

Los atentados contra la institución castrense no integran el discurso de un oficial sino otro discurso que éste reconoce de inmediato y lo hace actuar en consecuencia. Por eso Valle fue fusilado, por eso Toranzo Calderón fue ascendido y por eso Perón pudo partir hacia el exilio sin que nadie atentara contra su vida.

Y por eso mismo el coronel Turconi duerme tranquilo, confiado; Turconi no está en presencia del «enemigo» sino de un militar que piensa distinto y porque piensa como piensa hizo lo que hizo. La palanca invertida vuelve a funcionar: desde la Escuela de Artillería atacan la Escuela de Infantería.

Al mediodía del 16 de septiembre, la situación de Lonardi —según él mismo— es insostenible: carece de hombres para defender las baterías y se apresta a morir heroicamente. El director de la Escuela de Infantería, consciente de lo que sucede, envía a su segundo para arreglar la rendición de Lonardi.

La rendición no se produce; en cambio, Lonardi se entrevista con el coronel Brizuela —titular de la Escuela de Infantería— y así el jefe de la Libertadora obtiene su segunda victoria: seducir al enemigo, neutralizarlo.

En rigor, no estamos analizando una insurrección militar en regla sino un gigantesco ejercicio de propaganda armada. El objeto del ejercicio es simple: reemplazar, evitar una batalla decisiva.

Lonardi convence a su antagonista de que él está dispuesto a morir. Su antagonista está convencido de que no tiene motivos suficientes para matar y de que si la situación fuera a la inversa y el sitiado fuera él, se hubiera entregado hace rato. Cuando Lonardi explica los motivos de su lucha («la revolución no se hace en provecho de partidos, clases o tendencias, sino para restablecer el imperio de derecho»), Brizuela no puede distinguir entre leales y rebeldes, una propuesta de la otra, a Lonardi de Perón; y como no puede distinguir, no puede morir: y como no puede morir, le resulta muy difícil matar. Tiene que suponer que quien está dispuesto a dejarse matar por una distinción que él no comprende, posee esa distinción que a él se le escapa, cuenta con ella. Y en esa confianza, Brizuela se rinde a la diferenciación de Lonardi, porque Lonardi está dispuesto a morir y Perón no está dispuesto a pelear.

Con la rendición, Brizuela restablece el orden quebrado y el programa de Lonardi se vuelve programa propio porque antes flameaba en manos impropias, en las manos de Perón. Brizuela asume que se puede ser un oficial superior del Ejército argentino —ser un buen oficial—, estar en condiciones de ascender a general (Lonardi le dice que tiene el ascenso garantizado) y creer que el gobierno de Perón es un gobierno legal, hasta que un hombre que está dispuesto a morir demuestra con su disposición que el gobierno es ilegal y Brizuela comprende que no comprende. Entonces elige a Lonardi.

En el otro extremo del arco está Perón. El presidente ordena la represión, conforma el comando de represión, el comando pone en marcha el plan CONINTES (siglas de «estado de conmoción interior») y espera que la disparidad de fuerzas resuelva la batalla, sin batalla, en su favor. Lo que debía ser un paseo, a lo sumo una escaramuza de horas, se convierte en un pantano: los rebeldes hacen pie en Córdoba y Cuyo; en consecuencia, la batalla debe librarse, requiere sangre.

La situación planteada con la Escuela de Infantería se repite a escala de toda la institución; luchar equivale a aplastar a los insurgentes, y si Perón no fusiló a Toranzo Calderón tras la muerte de 300 civiles inocentes, ¿por qué los generales de Perón deben masacrar a sus colegas?

El foco sobrevive; el 17 de septiembre la relación de fuerzas militares en Córdoba es de cinco a uno en favor de Perón: los leales disponen de 20.000 soldados y los rebeldes de 4.000. Aunque se intercambian disparos, la lucha está empantanada; todos esperan que el conflicto no se resuelva en Córdoba sino en otro lugar. En lugar de intentar ponerle fin, intentan escamotearlo; eso es bueno para Lonardi, pero muy malo para los leales.

Mientras la cadena nacional de radio y televisión anuncia que el gobierno controla la situación y sólo resisten los últimos bolsones rebeldes, el general Iñíguez ataca a Lonardi. El discurso oficial también es elusivo, constituye otra afirmación de que la batalla no tiene entidad, de que allí no se resuelve nada; Iñíguez no se juega, actúa ralentadamente, aguardando la marcha de los acontecimientos. Y el 19, el cielo se despeja.

Éste es el punto central del levantamiento de Lonardi. Mientras la Marina amenaza bombardear La Plata, Berisso y la Capital Federal, Perón envía un texto a su general en jefe donde anuncia: «Ni la Constitución ni la ley pueden ser superiores a la Nación misma». Si se considera que Perón es el presidente constitucional y que los rebeldes se levantan contra las leyes vigentes, esto puede interpretarse de un solo modo: la permanencia de Perón en el gobierno no es el objetivo primordial, el objetivo primordial es evitar la quiebra de la Nación que aparece a través de la quiebra del cuerpo de oficiales; restablecer la Nación es evitar el ahondamiento de las fracturas: es preciso detener la lucha.

Perón también opina sobre ese punto: «El Ejército puede hacerse cargo de la situación, el orden y el gobierno, para contribuir a la pacificación de los argentinos». Es que las fracturas del Ejército son el resultado de fracturas fuera del Ejército.

De modo que el coronel Brizuela comprende adecuadamente: es preciso restablecer el orden; para ello hay dos caminos: aplastar a los insurrectos o aceptar sus términos. Aplastarlos equivale a desordenar definitivamente el Ejército; aceptar sus términos es posible, puesto que se trata de oficiales superiores, caballeros.

Para Perón, el nuevo orden —la Revolución Libertadora— se parece bastante a la elección de un nuevo Bonaparte, de otro caudillo militar que se avenga a recomponer los términos, del equilibrio anterior; sus términos, en definitiva. El general admite dar un paso atrás, desdibujarse, a condición de que su proyecto perviva. Piensa muy parecido al coronel Brizuela, ya que él tampoco distingue los dos bandos.

Todo el problema pasa por su propia figura, piensa Perón: eliminándola se restablece el orden; y aplastar a la gente por el lugar de Perón resulta excesivo hasta para Perón.

Esta fantasía duró poco. Los derrotados no querían, como el 9 de octubre del 45, sacarlo del medio; querían el poder. El general había autorizado un cambio de Bonaparte, no un cambio de régimen, pero el primero equivalía al segundo porque una sola cosa era imposible de mantener: el equilibrio bonapartista. Podía vencer la Libertadora o podía vencer la clase obrera, el que no podía vencer —en ningún caso— era el jefe bonapartista.

Los que integraban la Junta de Generales, con los debidos respetos a su rango, replicaron a Perón: «General, usted renuncia». «De ninguna manera», sostuvo Perón. Era tarde.

Los generales estaban en lo cierto, Perón se había equivocado. No se trata de una interpretación leguleya sino de una explicación histórica: Perón devino jefe de una fracción, o se asumía como tal y combatía, o daba un paso al costado y su fracción era derrotada.

Si sus jefes defeccionaban, dejaban su bando, podía detenerlos o destituirlos, pero si no lo hacía abandonaba la lucha.

Mientras Lonardi arriesgaba su vida y probaba que estaba dispuesto a vencer o morir, Perón titubeaba una y otra vez, y cada vez que vacilaba, la resolución del insurrecto contrastaba con la dubitativa actitud del presidente. Hasta que la duda se contagió a todo el sistema y Perón no pudo vacilar más: dudar era marcharse. Y eligió —tal como lo reconocieron sus enemigos, sus detractores irrespetuosos, sus detractores más ecuánimes, él mismo— retirarse de la lucha.

II

Al igual que en 1930, la participación activa de los oficiales en la preparación y ejecución del golpe fue mínima. Los parecidos terminan allí, porque el del ’30 fue un golpe sin violencia interna, un golpe «limpio»; el del ’55, una masacre.

Y las semejanzas, golpe a golpe, permiten constatar que las transformaciones del Ejército, de las Fuerzas Armadas, calaron en la superficie: el Ejército se dividió en la cúpula, pero la base de su estructura permaneció inmóvil; ganar a los oficiales supuso ganar su clientela militar, y en ningún caso la quiebra del orden jerárquico se produjo fuera de este cuerpo.

La consigna de Lonardi hipnotizó por un instante a la sociedad argentina; «ni vencedores ni vencidos» parece generar un nuevo punto de equilibrio, pero se trata de una ilusión castrense. Durante los breves días de su gestión hubo vencedores y vencidos; mas la fórmula no tenía sino un objeto instrumental: facilitar que el grueso del cuerpo de oficiales nacionalistas, sobre todo los coroneles, pasaran insensiblemente de un campo al otro.

El peronismo alcanzó un silencio militar imponente. Aunque buena parte de los cuadros superiores no fueran ni remotamente peronistas, estaban comprometidos con la liturgia y no tenían modo de demostrar que, efectivamente, su antiperonismo no era el resultado de la victoria del otro bando. Entonces, era necesario aclarar que no se tomarían represalias contra los que hasta ayer hubieran sido partidarios de Perón o contra los que no pudieran demostrar fehacientemente lo contrario (amplia mayoría); por eso: ni vencedores ni vencidos.

Se ejecuta la misma operación que el 17 de octubre del ’45, pero en sentido inverso; en octubre del ’45, los oficiales de Campo de Mayo aceptaron realinearse con Perón tras haberlo destituido; en septiembre del 55, los oficiales de Campo de Mayo, que tampoco entraron en la pelea, se realinean —levantamiento de Lonardi mediante— con la Escuela de Artillería de Córdoba.

La consigna ahorraba la lucha, permitía al grueso de los militares de alta graduación saltar el cerco sin mayores conflictos; los oficiales «heroicos» eran un puñado, el resto eran oficiales acomodaticios. Los combatientes daban la oportunidad a los burócratas de integrarse sin desmedro de sus carreras.

III

Con otros protagonistas, la Plaza de Mayo se llena; el gorilismo cívico-militar reúne una muchedumbre abigarrada. Lonardi, tras formar su gabinete, anuncia elecciones dentro de los próximos 220 días como máximo y 180 como mínimo. Esto es, entre abril y mayo del ’56.

A eso se reducía el programa de Lonardi: «Restablecer el estado de derecho». Y constituía un callejón sin salida. Si convocaba a elecciones sin proscripciones pero con proscriptos, el peronismo probablemente vencería y el problema volvía a foja cero. Y como el peronismo no era el radicalismo —al menos así lo pensaban entonces los militares— no se debía realizar un ensayo similar al que Matías Sánchez Sorondo había realizado en 1930 en la provincia de Buenos Aires.

Por eso, si el programa de Lonardi era el de la Libertadora, ésta no tenía programa; digamos, entonces, que el de Lonardi era el derrocamiento de Perón; y el de la Libertadora, derrocar a Lonardi para tener un programa.

Antes que ninguna otra cosa, el bloque de clases dominantes exige que el gobierno ponga en caja al movimiento obrero. En ese terreno, Lonardi anuncia que no intervendrá la CGT y que nadie será perseguido por sus ideas políticas. Pero no bien termina de afirmarlo, comienza a retroceder. Primero: se niega a intervenir la CGT y permite que el peronismo, como partido, sobreviva. Segundo: acepta producir un decreto donde disuelve el partido; sin embargo no lo ejecuta, lo mantiene en suspenso, y aunque no interviene la CGT, deja que los sindicalistas «democráticos» asalten los sindicatos a punta de pistola y que sea arrestado un elevado número de dirigentes peronistas. Tercero: ante la amenaza de paro general (2 de noviembre) de parte de la CGT, comandada por Hugo di Pietro, Lonardi se aviene a fiscalizar militarmente las elecciones sindicales en todos los gremios.

La Central Obrera todavía es la cuarta rama del partido peronista: controla el diario La Prensa ante el estupor de Gainza Paz y, para mejorar sus relaciones con el gobierno, reemplaza a Di Pietro por Andrés Framini, textil, y Luis Natalini, de Luz y Fuerza, el 4 de noviembre.

Lonardi cambia 4 de los 5 jueces de la Suprema Corte y, el 19 de octubre, cuando un periodista le pregunta sobre la fecha electoral, responde con evasivas. Las promesas del presidente naufragan unas tras otras. Los investigadores nombrados por el gobierno arrestan sin derecho alguno y determinan que los 300 miembros y ex miembros de la Legislatura (peronistas, por supuesto) sean declarados traidores a la Patria, recomendando que se les aplique prisión perpetua.

El gobierno se mueve, zigzagueando entre sus promesas iniciales y las presiones del gorilismo marino. El almirante Rojas logra que Lonardi acepte la instalación de una Junta Consultiva donde todos los partidos (excepto el peronismo, los comunistas y los socialistas de la revolución nacional —PSRN—) tienen cabida; hasta la flamante democracia cristiana de los comandos civiles tiene dos cargos en la Junta que orientará políticamente al presidente bajo la conducción del almirante Rojas.

Entre tanto, la Libertadora elimina los precios máximos de los productos de la canasta familiar y mantiene clavados los salarios en el mismo punto ya que —según la doctrina Prebisch— elevarlos masivamente es inflacionario. De modo que el ingreso nacional se redistribuye en contra de los asalariados. Es decir: aunque la política no es todo lo antiperonista que será algunas semanas más tarde, la economía golpea el corazón de la «revolución justicialista», golpea la distribución del ingreso nacional invirtiendo los términos de una década. Las mejoras conseguidas se evaporan, aunque todavía la Constitución del ’49 sigue vigente. Y si en algún punto se verifica el retorno «del pasado» es precisamente en las relaciones entre patrones y asalariados, entre el Estado y los sindicatos.

Durante el interregno de Lonardi la CGT no cesa de replegarse, a la espera de que los retrocesos del movimiento obrero se compensen con la afirmación del gobierno. La consigna implícita es «no despertar a la bestia» y para adormilarla la dejan comer cuanto desea. En realidad, el gorilismo de la Marina alcanza, por aproximaciones sucesivas, todos sus objetivos.

El 4 de octubre, la conducción del movimiento obrero eliminó a Di Pietro para facilitar las relaciones con el gobierno. Durante su gestión, Di Pietro había amenazado con la huelga general, y eso no se hacía contra un militar católico y comprensivo, eso era «hacerle el juego a la reacción» y esta vez —a diferencia del 17 de octubre— primaron los sensatos, los que eligieron desatar su suerte sindical de la del peronismo y ataron la suerte de los peronistas a la de sus sindicatos claudicantes. Tras admitir que dejaban de ser lo que eran desde 1950: la cuarta rama del partido peronista, colaboraron abiertamente con el nuevo gobierno en nombre de un viejo argumento: sobrevivir.

Sólo el 14 de noviembre dispusieron un paro general que cumplimentaron los trabajadores industriales porque los otros, aun cuando libraban combates defensivos, salariales, se negaban a parar contra el gobierno de la Libertadora. Los sectores terciarios, los prestadores de servicios, los obreros de cuello duro, se mantuvieron al margen a pesar de que la crisis devoraba su ingreso. Era un tributo que su gorilismo pagaba para señalar un distingo esencial: el golpe no era antiobrero sino antiperonista, ellos no eran peronistas, y sólo en tanto los obreros lo fueran, el golpe era antiobrero.

Tanto era así, que Lonardi sostuvo que la política de los golpistas, en lugar de facilitar la desperonización de los trabajadores, produce un efecto contrario. En sus términos tenía razón: no se trataba de una maniobra maquiavélica, sino de la dinámica interna de la política: todos los intentos de imponer este «verdadero antiperonismo», antiperonismo sin revanchas y de prolijo cuello almidonado, no obtuvieron ningún eco bajo ningún gobierno. Era un animal imposible, fantástico, como diría Borges.

De allí arranca la resistencia peronista al gorilismo militar: de la intervención de Aramburu a la CGT, de la constatación de las bases sin conducción de que el retroceso ya es imposible. Entonces, con los gremios en estado de licuefacción, con los edificios sindicales en manos del enemigo de clase, con el grueso de los cuerpos de delegados cesanteados, destruidos o encarcelados, la gente comienza, inorgánicamente, a pesar de la dirección sobreviviente y contra ella, a reagruparse fuera de la fábrica, porque la fábrica es territorio enemigo.

El barrio, la propia casa, se constituyen en el último refugio del peronismo. Ante un retrato prohibido de Perón y Evita se congrega la masa dispersa. Surge un nuevo tipo de militante: el burócrata sindical de la primera mitad de la década del ’50, el que servía para conseguir mejores vacaciones o una plaza laboral mejor retribuida, se pierde; un activista ilegal, clandestino, nace. Porque la Libertadora ilegaliza al peronismo éste recurre a la violencia terrorista, todos los otros caminos están cerrados.

No resultaba posible actuar como peronistas dentro del sindicato ni agruparse en un partido que levantara el derecho de la mayoría a gobernar; el retorno de Perón a la Argentina era factible si las clases dominantes peligraban, de modo que peronismo y revolución parecían una sola bandera. La vuelta a la democracia parlamentaria aparentaba, para el movimiento obrero, estar vinculada a la ejecución de una política revolucionaria. Se trataba de un colosal espejismo: era cierto que el regreso de Perón requería la movilización revolucionaria de la clase obrera, pero era falso que los trabajadores se organizaran en ese sentido.

El barrio sigue siendo el corazón de la resistencia; junto a él está el «caño» (la bomba), el sabotaje. Pero el sabotaje no es parte de un plan insurreccional, sólo en 1956 el peronismo elabora algo que con buena voluntad puede asemejarse a un levantamiento armado, más bien se trata de una suerte de ludismo nacional.

La destrucción de las máquinas, aun a escala limitada, sustituye la posibilidad de actuar en las fábricas. «Si no podemos elegir delegados, si no podemos organizarnos y defendernos legalmente, haremos saltar todo por los aires», reza el «caño» del ’55, ’56, ’57. Es decir: el abandono del «caño» es una elección del antagonista, basta que éste acepte incluirlos en el juego, que les reconozca un lugar, para que aquél deje paso a un negociador duro. Al costado del «caño» una silueta se recorta con precisión, Augusto Timoteo Vandor; el conservandorismo, el conservandurismo.

La actividad sindical de los trabajadores, legal o ilegal, pacífica o violenta, integra el organismo vivo, cuya existencia la presupone necesariamente. Por eso, eliminarla requería instaurar la lucha de clases en su punto más alto, la represión militar desembozada. Esto sólo es posible en determinadas coyunturas históricas, por un tiempo claramente limitado.

Es que la actividad sindical no sólo es imprescindible para los trabajadores sino que también es un requisito de la moderna actividad industrial para resolver instrumentalmente los conflictos entre el capital y el trabajo.

Para Sebastián Marotta, que no es precisamente un defensor de los sindicatos peronistas, 62.000 militantes de esa orientación fueron exonerados para asegurar la «vigencia efectiva de la libertad sindical». La nueva legislación permitía actuar a más de una de dichas organizaciones gremiales por rama industrial, ése fue el único punto donde Lonardi se mantuvo inflexible, por eso el programa de la Libertadora se dictó «legalmente» en mayo de 1956, meses después de estar en vigencia «de facto». Las exigencias del gorilismo militar, del gorilismo civil y del bloque de clases dominantes estaban cubiertas.

Por eso, una vez desarmado el andamiaje defensivo de la clase obrera, el programa de la libertadora se redujo a un punto: elegir a un sucesor adecuado. Y a esto se limitó todo el problema de Pedro Eugenio Aramburu.

La elección del próximo gobierno no constituía un problema menor. Hasta que los generales Valle y Tanco intentaron el levantamiento armado, la Revolución Libertadora era un acontecimiento revocable, sostiene Potash y tiene razón.

El ingreso se repartía de una manera antes de la Libertadora, se repartió de otra con ella, los asalariados tenían ciertos derechos antes que no tuvieron después, pero nada era definitivo, todo era susceptible de vuelta atrás, resultado del incierto equilibrio de las fuerzas sociales en el esqueleto militar.

Los fusilamientos congelaron el problema. Las Fuerzas Armadas debían comprender un nuevo elemento político: un oficial superior podía tener «ideas», inclusive ser «coherente» con ellas, vale decir, utilizar el bagaje de poder militar para favorecer el crecimiento de determinado punto de vista. Pero había uno que no admitía respaldo militar, y era el punto de vista que no admitía la sociedad civil: el peronismo.

Ésta no era una decisión militar autónoma, sino la que las clases dominantes inyectaban en el cuadro de oficiales y rezaba así: quien respalde, abrace, comulgue con ideas peronistas es un enemigo de la Institución, porque la Institución vertió la preciosa sangre de oficiales por defender al «tirano prófugo».

Había un solo medio de purgar semejante error: tabicar a sangre y fuego la posibilidad del retorno, clausurar definitivamente esa alternativa. Ése era el acuerdo básico de los partidos políticos que integraban la Libertadora. Pero era un acuerdo limitado, puesto que sólo definía una porción del problema: excluía al peronismo e incluía a todos los demás sin determinar hegemonías.

IV

Los obreros fueron expulsados a patadas de la República Burguesa en tanto tuvieran una adscripción política determinada, en tanto se negaran a volatilizarse socialmente, en tanto intentaran definir, por las suyas, un perfil propio. De lo contrario, eran bienvenidos. Por eso, eran «malvenidos».

De algún modo, la polémica del 43 volvió a plantearse en 1957, porque la sociedad argentina, los partidos políticos, tenían dos perfiles diferenciados: uno intentaba rehacer la vieja alternativa de exportar productos agrarios e importar bienes intermedios poniendo el acento en el acuerdo requerido por los países compradores (posición del radicalismo unionista y un segmento de la intransigencia); el otro se orientaba a satisfacer los requerimientos de los sectores concentrados del capital financiero nacional y sus socios industriales (radicalismo intransigente de Frondizi).

Mientras tanto, la Libertadora perfilaba un programa contradictorio.

Por un lado, Prebisch propugnaba un multilateralismo que facilitaba el ingreso norteamericano y por el otro, permitía una redistribución del ingreso en favor de los sectores agrarios. Es decir, intentaba conciliar a los dos segmentos del bloque dominante, para lo cual debía sacrificar al movimiento obrero. La operación tenía un álgebra simple: la devaluación redistribuía la renta en favor de los sectores agrarios al aumentar su poder de compra interna, reducía el nivel de consumo popular al aumentar los precios de los productos alimenticios generando, a través de la disminución del consumo, un incremento de los saldos exportables que se traducía en un aumento transitorio de la disponibilidad de divisas para importar bienes requeridos por la actividad industrial, ya que no se abandonó el control de cambios.

Dicho con sencillez: el programa de Perón debía conciliar a terratenientes, financistas, industriales y obreros; el programa de la Libertadora expulsaba a los obreros de la ciudadela burguesa y, en consecuencia, se podía laudar la conciliación de los otros tres contra el interés proletario. Ése era el plan económico de la Libertadora; vale decir, reflejaba cabalmente el político. Allí comenzaba y terminaba el Plan Prebisch.

Pero la conciliación entre el campo y la ciudad es un momento inestable de la economía política. Uno de los secretos de dominio público es que un sector prima sobre el otro. En los países centrales ese dominio no debe ser explicado porque cae por su propio peso; en los periféricos, es el resultado de una intensa puja. Así y todo, la posibilidad de articular en la Argentina un frente agrario hegemónico, tal como le gusta a CARBAP, era y es una utopía cándida; el proceso de acumulación de capital y tierra, a través de su bisagra financiera, forja una alianza muy estrecha en derredor del capital industrial ligado al mercado interno —sea nacional o extranjero—, ya que se constituye en el verdadero tomador del capital circulante.

Entonces, los partidos que representaran los núcleos más concentrados, no sus gerentes circunstanciales, tenían todo para vencer. Balbín representaba, en la quiebra del radicalismo, a la vieja clientela radical: los estancieros medianos y pequeños, los afiliados típicos de CARBAP; es decir, un fragmento pequeño-burgués de la Unión Democrática, a los que se sumaba el segmento gorila de la pequeño-burguesía urbana.

Frondizi, en cambio, representaba los puntos de concentración económica; los encarnaba programática y socialmente: eran los que requerían el capital financiero internacional, el realineamiento de la sociedad argentina bajo la égida norteamericana, los que requerían un acuerdo de «trabajo» con el movimiento obrero.

La elección de constituyentes muestra que el gorilismo tradicional vence con la abstención del peronismo. El líder de la UCRI es un hombre de la Libertadora, sus correligionarios y amigos integran la Junta Consultiva, las embajadas decisivas, los diversos niveles del poder estatal.

Claro que entre Balbín y Frondizi las diferencias son notorias, pero nadie olvida que a la hora de derrocar a Perón el jefe de la UCRI asestó el golpe de gracia. El discurso de Frondizi fue el que produjo como réplica indirecta el «5 por 1», es decir, la constatación de que la pacificación lanzada por el presidente Perón era un cadáver insepulto.

Y así como Lonardi no podía hegemonizar a las Fuerzas Armadas por expresar una dinámica militar imposible, Rojas no podía hegemonizar a las fuerzas políticas, porque —al igual que Lonardi— era un agente inconsciente del inconsciente proceso histórico. La dinámica interna del cuerpo de oficiales y la del bloque de clases dominantes no era idéntica: la unidad rota en 1943 no se rehizo en 1955. El bloque de clases dominantes requería destruir el equilibrio bonapartista; para ello, era preciso pulverizar al movimiento obrero primero, admitirlo después y evitar la confluencia militar con los sindicatos; es decir, también había que rehacer las Fuerzas Armadas. Eso fue cumplido puntualmente: más de un millar de oficiales fueron retirados por Aramburu y un centenar volvió. El Ejército no sería, en lo sucesivo, un instrumento capaz de repetir la experiencia del 46; y los sindicatos, tampoco. Ningún dirigente sindical dejaría que ningún jefe militar (Onganía, por ejemplo) construyera una base de acumulación obrera propia. De lograrlo, su manejo «independiente» concluiría. El segundo peronismo establecía una delimitación organizativa que no requería delimitaciones políticas explícitas, pero que de hecho las tenía: el peronismo era el movimiento obrero, todo lo demás no existía sino bajo la forma de programa político.

Ahora bien: una vez que el bonapartismo fue un fenómeno finiquitado, una vez que la burguesía recobró las piezas del poder, ésta tenía que resolver algunos conflictos que suponía la destrucción del bonapartismo. En primer lugar, constató la debilidad de su influencia ideológica. Es decir, su influencia social, medida en términos políticos, era inferior a la de sus socios menos significativos en la producción, salvo que incluyera al movimiento obrero. Entonces, el fin del bonapartismo fue el comienzo del poder bicéfalo: los partidos gorilas y los militares.

Si los trabajadores quedaban al margen de la república parlamentaria, la supremacía política del sector económicamente hegemónico del bloque de clases dominantes se quebraba. Más aún: si los trabajadores eran políticamente ilegales por peronistas, las condiciones de la relación entre capital y trabajo se volvían altamente explosivas. Entonces, el proceso productivo de la burguesía necesitaba «normalizar» las relaciones de producción y para ello tenía que conciliar, en algún trecho, con el movimiento obrero. Frondizi necesitaba los votos de los proletarios peronistas para vencer y el segmento hegemónico del bloque agro-financiero, también. Por eso, el pacto Perón-Frondizi era «necesario» y porque era «necesario» era «posible». Pero al mismo tiempo, para no quedar sujeto a tan «desagradable» aliado requería respaldo militar.

V

Entre 1945 y 1955, la lealtad de la clase obrera a Perón era lealtad hacia el gobierno, hacia el equilibrio conciliatorio, bonapartista, del régimen. Después de la caída del peronismo, era la lealtad hacia el programa social-democrático del movimiento, a través de la fidelidad a su jefe. Por la dinámica de la lucha política, el jefe era el programa nacional democrático; esto es: su retorno era la clave de la clase obrera para que su conciencia de sí avanzara hacia su conciencia para sí; con claridad, la posibilidad de una política obrera nacional, democrática y revolucionaria pasaba por la construcción de una organización de combate capaz de luchar por la democracia de toda la sociedad argentina.

Para la dirección sindical, para las 62 Organizaciones, el programa nacional democrático del peronismo era excesivo; el retorno de Perón equivalía a la transformación de las 62 en un partido celular, mientras que el exilio de Perón era un mecanismo de delimitación sin lucha, de delimitación por la derecha, por el cual defender los intereses corporativos de los trabajadores sin defender sus intereses políticos; era, en síntesis, otra versión nacional de reformismo obrero.

Así como los asalariados de la década del ’50 no «entendían» qué razones impedían que votaran a Cipriano Reyes en el gremio de la carne y a Perón en la boleta nacional, los de la UOM no entendían por qué los candidatos de Perón en Mendoza no eran los de Vandor. Perón era capaz de limitar el juego en todos los casos, pero éste no resultaba evitable, integraba la naturaleza del peronismo, era la clave del segundo peronismo.

Frondizi y Perón —Frigerio y Cooke mediante— logran el pacto de Caracas, que no es más que la faz conspirativa de un acuerdo evidente. Si Perón resolviera patear el tablero, correría el riesgo de facilitar la maniobra de los «peronistas sin Perón» (Bramuglia y compañía) y pondría en peligro real la victoria de Frondizi.

En este punto, los sectores revolucionarios del movimiento, los que intentan la conquista de la democracia mediante la lucha franca y directa, sostienen la necesidad de boicotear las elecciones del ’58. Desde su perspectiva, el reingreso a la fábrica, la recomposición de las comisiones internas, la imposibilidad de entregar la CGT a los democráticos tras el fallido congreso de Les Ambassadeurs, donde la alianza peronista-comunista los dejó en minoría, les permite creer que pueden asaltar la fortaleza del Estado y destruirla.

Pero la reacomodación de la Libertadora, su progresiva necesidad de permitir la normalización sindical en las fábricas, abre un curso de lucha sindical de masas que absorbe a los mejores cuadros del peronismo revolucionario: si la desatienden, se separan del grueso de los trabajadores. Sin embargo, esa misma lucha fija inequívocamente una ley de selección política: los reformistas, los que parcelan la lucha en económica y política, tienen mejores chances de avanzar porque logran el okey de las patronales.

Frondizi venció a Balbín el 23 de febrero de 1958. Su gobierno era una curiosa reacomodación de las piezas anteriores al 16 de septiembre de 1955. En lugar del jefe bonapartista, el tribuno de la burguesía desarrollista; en lugar del respaldo militar, la desconfianza militar; en lugar del apoyo obrero, la desconfiada esperanza de los trabajadores; en lugar del equilibrio social del bonapartismo, el desequilibrio social del frente homogeneizado por lo más concentrado de los terratenientes, industriales y banqueros. El Ejército no se desgastaba con el gobierno, se preservaba. Era el reaseguro de que el Pacto de Caracas no se saliera de madre; en caso contrario, Frondizi, represión mediante, estaba en condiciones de instrumentar su versión del pacto. Y si Frondizi no podía, como efectivamente sucedió, daría un paso atrás y las Fuerzas Armadas volverían a reordenar el juego. La continuidad de la Libertadora era un hecho indiscutible.

BELLONI, Alberto: Ob. cit.

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GODIO, Julio: La caída…, Ob. cit.

JAURETCHE, Arturo: Retorno al…, Ob. cit.

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POTASH, Robert: Ob. cit., Tomo II.

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WRIGHT MILLS, C.: La elite del poder…, Ob. cit.

AVANZA ROJAS,
AVANZA LA LIBERTADORA

I

La caída de Lonardi está vinculada al triunfo del ala derecha de las Fuerzas Armadas. Los que en 1945 sostenían «todo el poder a la Suprema Corte» retraducían de este modo la consigna en 1955: «todo el poder a la Marina». Como eso era inadmisible para el Ejército, la solución adecuada pasaba por compartir en partes iguales la conducción de la Libertadora.

Para evitar la aprensión del Ejército se idea un mecanismo jurídicamente perfecto: un Consejo Militar Revolucionario, donde los hombres del almirante Rojas disponen del 50 por ciento de los votos. Aramburu acepta la idea, porque de ese modo cuenta con el respaldo de la Marina para desplazar a Lonardi sin lucha y la fracción peronista muda que todavía sobrevive se mantiene inmóvil (no defiende a Lonardi por las mismas razones por las que no defendió a Perón), con la secreta esperanza de pasar inadvertida. Sólo los que se vuelven frenéticamente gorilas, como el general Videla Balaguer, salvan la ropa, los otros pasan a retiro; el golpe de Valle y Tanco expresará entonces la impotencia política del descompuesto peronismo militar. Ni Valle ni Tanco fueron capaces de batirse bajo las banderas desplegadas del peronismo, ni siquiera del nombre de su jefe; en cambio, prefirieron hacerlo reclamando la vuelta al estado de derecho. Admitamos que en 1956 dicha vuelta (elecciones libres) no tenía el mismo contenido que en 1955, puesto que implicaba clausurar la Libertadora. Pero para eso era preciso enarbolar algo más que una versión remozada del lonardismo tardío: se requería luchar por la democracia en términos políticos; es decir, combatir por el derecho de los ciudadanos-proletarios a elegir libremente a sus candidatos.

Al déficit de los sobrevivientes de la izquierda militar del ’45 debía sumarse, ahora, el déficit de la derecha militar de 1956; ni unos ni otros representaban el segmento hegemónico de clases dominantes. En términos económicos, se entiende; la apoyatura política de la Marina pasaba, a diferencia de 1945, por una corriente interna de un fragmento de la Unión Cívica Radical, la UCRP.

La Unión Cívica Radical del Pueblo era el resultado de la quiebra de la Unión Cívica Radical. Si se quiere, toda la discusión en la UCR jamás excedió el problema de las candidaturas (Frondizi o Balbín), pero en derredor de ellas se libraba un debate más profundo: ¿cuál debía ser la naturaleza de las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado? La UCRP era partidaria, por aquel entonces, de la política de la Libertadora, es decir, de reproducir en el movimiento obrero las relaciones que el Estado mantenía con el peronismo; la UCRI, por el contrario, entendía que debía desdoblarse el problema: una cosa era el partido de Perón con Perón, y otra los trabajadores peronistas; los sindicatos comprendían peronistas y no peronistas en tanto obreros, y este agrupamiento no sólo reflejaba sus necesidades sino también las de la patronal.

El otro eje del debate giraba en torno a las relaciones del bloque de clases dominantes con el capital financiero internacional, principalmente con el norteamericano. En este terreno, también las diferencias eran significativas. Para la UCRI, era preciso obtener el mayor volumen de ayuda financiera para impulsar el desarrollo económico (lo que en los hechos equivalió a modificar la estructura de la dependencia, acentuando en la formación social argentina el impacto político de la clase obrera). Para la UCRP, en cambio, no se trataba de modificar sustancialmente nada. La Argentina debía seguir ocupando el mismo lugar que en 1930; como eso era imposible, se hacía el siguiente gambito: confluencia internacional con la política exterior norteamericana y pasividad ante la política financiera de los Estados Unidos; frente al dinamismo financiero del desarrollismo frondicista, la pasividad agraria del radicalismo balbinista.

Esta diferencia era todo el capital político de la UCRP, ya que el interés material de la fracción agraria no hegemónica, coincidía plenamente con la estructura de la dinámica militar. Para los militares, el principal problema pasaba por la relación entre el Estado y los trabajadores (entre ellos y los trabajadores) y frente al programa económico tenían un intríngulis irresoluble: es casi seguro que el proyecto de Frondizi les resultaba más atractivo que el de Balbín, pero el «pro peronismo» de la UCRI les parecía «nauseabundo».

Además, la UCRP no era tampoco un partido homogéneo. Tres corrientes se alineaban en su seno: una, el balbinismo, resultante de la quiebra del Movimiento de Intransigencia Radical, motor de la UCR unificada; otra, el sabattinismo, una corriente circunscripta a Córdoba que se asoció al balbinismo; en tercer lugar, el unionismo capitalino que encabezaba el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz (conservadorismo liberal).

El segmento próximo al almirante Rojas era, en rigor de verdad, el del unionismo; de alguna manera, la Marina intentó impulsar la candidatura de Zavala Ortiz. La victoria de Balbín echó por tierra esa posibilidad y facilitó el curso de revisar la tesis electoral de la Marina. En cambio, el aramburismo, en tanto manifestación del descompuesto nacionalismo militar sobreviviente, vio en la victoria de Balbín un eje de reagrupamiento adecuado. De modo que Balbín expresaba apropiadamente el equilibrio interno de las Fuerzas Armadas e inapropiadamente el del bloque de clases dominantes. Y con Frondlzi sucedía exactamente lo contrario. Pero ni uno ni otro saltaban fuera de las fronteras de la Libertadora; tanto para uno como para otro, el 16 de septiembre era un acontecimiento irreversible que debía ser defendido, la diferencia era de tono: para Balbín, se trataba de sacar partido al levantar esa bandera; para Frondizi, el problema era a la inversa: los trabajadores debían «olvidar» lo que la burguesía les recordaba todos los días.

Tan así eran los términos, que el 9 de junio de 1956, cuando Tanco y Valle se levantaron en armas, la UCR (todavía sin quebrar) se manifestó públicamente en repudio de la «insurrección peronista».

A la hora del «recuento globular», cuando fue preciso saber cuál era la fuerza social con que contaba la Libertadora y cuál la que adhería al «tirano prófugo», quedaron claras dos cosas: la soledad política de la clase obrera (apenas un 25 por ciento de votos en blanco) y la labilidad de la victoria balbinista.

La primera posición la obtuvo el peronismo (voto en blanco), seguido a mínima distancia por la UCRP (24,2 por ciento); en tercer lugar, surgía la UCRI con el 21,2 por ciento de los votos emitidos. De manera que la elección de constituyentes, por encima del propósito jurídico de eliminar la Constitución del ’49, perseguía un fin más obvio: medir la relación de fuerzas, contabilizar cuánta energía política se movía fuera del sistema «libertador», re-contar en forma actualizada la influencia del peronismo.

Por eso la Marina enarboló de allí en más la tesis quedantista: su candidatura ni siquiera concursó y su «reemplazante» no tenía la «seguridad» de ganar. Claro que si primaba ese criterio, las convulsiones de las Fuerzas Armadas requeridas para la continuación del gobierno militar directo serían potenciadas por las políticas insurreccionalistas impulsadas por la conducción justicialista.

John William Cooke, heredero de Perón en caso de muerte y representante del general en la Argentina, era el principal sostenedor de la conquista armada del poder y —dicho sea de paso— el general Perón participaba plenamente de la idea, tal como surge de su correspondencia con Cooke. La guerra civil que había evitado, retrocediendo, en 1955, se libraría sin auxilio de una fracción militar adicta, sobre la base de una organización política de masas. Con un agregado terrible: fuera del movimiento obrero industrial, el peronismo carecía de soportes sociales significativos, tal como había surgido del mero recuento de votos para la Constituyente.

En los segmentos no proletarios de la sociedad argentina, el peronismo había sido licuado; la campaña antiperonista de la Libertadora había tenido éxito, había logrado dispersar buena parte de los votos peronistas de años anteriores entre los partidos gorilas. Pero, así y todo, la clase obrera logró abrirse paso hacia las urnas y depositar su rechazo a la Libertadora.

La propuesta quedantista de la Marina podía motorizar segmentos sociales «desperonizados» hacia un frente opositor nucleado en torno del peronismo, quebrando la vitriólica campaña de la Libertadora. Por eso Aramburu desechó el planteo de Rojas, sustituyéndolo por una propuesta continuista: no bastaba que todos los candidatos fueran de la Libertadora, ella tendría además su candidato «libertador». Puesto que su continuidad era un acontecimiento indiscutible y tal continuidad suponía el cogobierno con las Fuerzas Armadas, éstas tenían «derecho» a elegir qué fuerza política compatibilizaba mejor y facilitaba, de ese modo, dicho co-gobierno.

La elección no ofrecía dudas: la UCRP.

Entonces, Aramburu resolvió que el ministro político, el del Interior, debía ser un hombre de esa procedencia. El doctor Alconada Aramburu, conspicuo militante de la UCRP, fue convocado. El flamante ministro se ocupó de desmentir cualquier parentesco carnal con el presidente. Para acceder al cargo, le bastó y sobró su parentesco político con el doctor Balbín (el nombramiento fue un resorte que el presidente de la Libertadora acercó al presidente del Comité Nacional de la UCRP).

En ese punto, el problema para Frondizi era transparente: quebrar la distancia que lo separaba de Balbín (unos 400.000 votos); el recurso, casi obvio: obtener una porción de los votos en blanco, lograr que el sufragio de los peronistas cambiara de destinatario.

La Libertadora, por su parte, se vio obligada a permitir una suerte de normalización sindical restringida, reticente y gorila. Los sindicatos más importantes seguían intervenidos (UOM, AOT, Carne, etcétera) pero las comisiones internas fueron elegidas (algunas sobrevivieron) sobre la base de peronistas sin pasado sindical, con el objeto de frenar la política de sabotaje impulsada por las 62 Organizaciones. Más aun: se permitieron elecciones no demasiado fraudulentas en gremios menores y, aunque ganaron los nuevos peronistas, no fueron anuladas. No se trataba, por cierto, de un giro obrerista de la Libertadora, sino del éxito de la presión patronal, que requería normalizar —en el terreno sindical, se entiende— las relaciones con los trabajadores. La combinación de «caños» y presión patronal cumplió su papel. Entre los nuevos delegados ligados a la resistencia surgió uno que más adelante daría de qué hablar: Augusto Timoteo Vandor.

Tanto Perón como Vandor comprendieron a gran velocidad que el «caño» era un reaseguro, pero de ningún modo una política; que la tesis insurreccional sin un partido organizado insurreccionalmente era una amenaza, pero de ningún modo un camino: que los núcleos iniciales de la resistencia peronista no mostraban, tal cual pensaba Cooke, el embrión de un peronismo revolucionario nacionalmente organizado, sino el embrión del reagrupamiento obrero bajo la conducción política del peronismo; entonces, actuaron en consecuencia.

Incluso el mismo Cooke, que a su horizonte conceptual diferenciado sumaba la agudeza de un político de raza, comprendió que antes del 23 de febrero de 1957 el levantamiento armado era una simpleza. A regañadientes, contó a Perón que había dirigido una carta a Frondizi para iniciar las tratativas que desembocarían en el compromiso de Caracas.

Cooke sostenía que las exigencias del pacto debían equivaler a la clausura de la Libertadora. Dicho de otro modo: como el pacto debía aportar lo que la relación de fuerzas no permitía obtener, su dureza era requisito esencial. De la lectura de sus cláusulas surge la «intransigencia» peronista: la proscripción que pesaba sobre Perón y su partido debía ser levantada; la Constitución del 57 debía ser revocada; la política económica de la Libertadora, revisada; y el doctor Frondizi tendría que renunciar a su cargo para facilitar nuevas elecciones.

Anotado políticamente: el trato era incumplible; para cumplirlo, el peronismo estaba obligado a capitanear una revolución triunfante, y pactó porque no podía capitanearla; el trato, entonces, era una suerte de cocaína política. Si Frondizi hubiera estado honradamente de acuerdo con él, no se podría comprender por qué no apoyó la propuesta de pacificación lanzada por Perón después del atentado del 16 de junio de 1955. Y si lanzó políticamente el golpe al rechazar los términos de la pacificación, por qué aceptó —cuando tenía la sartén por el mango— dar marcha atrás.

La explicación es una: Frondizi era consciente de que cualquier pacto, en tanto argumento público, del que fuera Perón uno de sus términos, era imprescindible e inaceptable a la vez. Por lo tanto, daba igual que se hiciera sobre una base o sobre cualquier otra.

Admitió un compromiso inadmisible porque sólo cumpliría con sus propias necesidades políticas. Después, y esto era claro desde el comienzo, Frondizi confiaba en que el éxito de su experimento desarrollista le entregaría, al menos, a un sector del movimiento obrero; con eso le sobraba. Inicialmente, el pacto tenía por delante una duración que no podía exceder los 18 meses.

Para el balbinismo, esto era la muerte: para ganar requería el voto en blanco. Sólo el votoblanquismo posibilitaría su victoria, puesto que el arco social de la UCRP no se podía extender más allá de los valores registrados en la Constituyente. Su propaganda política le impedía crecer. Entonces, Balbín hizo su negociación: con el auxilio de Jorge Antonio, instaló el cuartel del votoblanquismo en Montevideo para que la base social de la UCRP resultara suficiente.

Las tratativas de Balbín formaron la contracara del compromiso Perón-Frondizi; es éste el «parlamento negro» al que alude Aricó y demuestra que el poder de Perón era un poder de desempate: podía optar entre Balbín y Frondizi, pero los límites del juego eran resorte de la Libertadora. La alternativa frondicista no permitía al peronismo obtener mayores concesiones que la balbinista, tampoco la diferencia programática justificaba el apoyo; todo se reducía a la dinámica militar: desde el momento en que Aramburu había optado por Balbín, Perón optaba por Frondizi. Fue Aramburu, en realidad, el que saldó el conflicto y el que dirimió cuál de los dos radicalismos ensayaría continuar la Libertadora.

Por eso se comprende que el gobierno de Aramburu, a pesar de incluir a Rojas, se negara a considerar seriamente las tratativas de Frondizi con Perón: aceptar considerarlas equivalía a proscribir a aquél, proscribirlo suponía avivar las llamas de la guerra civil y era precisamente para evitarla que se hacían, entre otras cosas, las elecciones. Entonces, aunque el debate sobre el pacto era de dominio público, el gobierno —que lo conocía puntillosamente— resolvió que no lo conocía. Si lo hizo fue porque confiaba en las tratativas de Balbín; es decir, en su pacto con Perón.

II

Juan José Real sostiene que el acuerdo entre el desarrollismo y el peronismo fue un movimiento conveniente, razonable, que estaba en la naturaleza de las cosas por el carácter de ambas fuerzas políticas. Lo curioso es que una sufría a la Libertadora y la otra al menos la heredaba en una de sus versiones posibles.

Resulta notable que Real, por razones que ni siquiera considera o que en todo caso nunca explicitó, acierte el pronóstico. Por supuesto que el problema no era, en ningún sentido, programático, y poco importa que la UCRI haya abjurado del programa de Avellaneda para defender los «manifiestos» de la revista Qué. Ambos programas eran complementarios. No se trataba de una complementariedad conceptual, sino del engarce funcional; el proyecto de Avellaneda mostraba que el radicalismo y el peronismo dirimían sus diferencias en el terreno del nacionalismo económico; el radicalismo marcaba con papel y tinta las debilidades del peronismo, sus agachadas y tribulaciones. El peronismo, entonces, podía ser criticado, y en los faldones de la crítica radical se legitimaba a la Libertadora.

Ése fue el rol del programa de Avellaneda; una vez que el 16 de septiembre constituyó un hecho irreversible, éste estaba agotado. Dio paso a un nuevo programa más realista, menos antiimperialista, menos radical en su sentido histórico. El devaneo izquierdizante dejó paso a Rogelio Frigerio, a Jauretche y a Scalabrini Ortiz; todos eran sensatos, todos colaboraban con Frondizi y trataban de volcar «razonablemente» la locura insurreccionalista, que su experiencia radical sabía irrealizable, en una afirmación «positiva»: votar a Frondizi.

III

En la discusión entre Perón y Cooke sobre organización, se ocultan los ecos de una polémica decisiva. Cooke proponía la organización celular del peronismo, con jefes saldados por luchas, derrotas, cárcel y victorias, con un programa que la Revolución Cubana se encargaría de dibujar de una vez y para siempre. El programa de la izquierda peronista.

Perón, en cambio, era defensor de centralizar políticamente lo que surgiera; este método era una verdadera garantía para el espontaneísmo sindical y el partido electoral.

Los sindicatos, en tanto representación limitadamente política del movimiento obrero, intentaban negociar su poder, su cuota de poder, a la sombra de su jefe, contra el jefe.

Y la clave electoral de la Libertadora sería ésta: sufragios y peronismo se tocaban si éste era derrotado en aquéllos. De modo que ganar las elecciones implicaba intentar el peronismo sin Perón; convencer a los gorilas de que en realidad estaban dispuestos a traicionar al jefe no bien hiciera falta.

Perón sabía esto al dedillo y combinaba graciosamente ambas estructuras: juntaba sindicatos y neoperonistas, políticos sin soporte y sindicalistas sin propuesta de poder, y llamaba a esta ensalada «movimiento».

Para los políticos, era imprescindible poner dique a las pretensiones absolutistas del sindicalismo. Para los sindicatos, era indispensable conquistar la anuencia del jefe en la tolerada invasión de chacra ajena. Ni unos ni otros se proponían poner fin a la Libertadora: integraban el lote de sus beneficiarios menores.

¿Cuándo los sindicalistas habían estado en situación de debatir la política del justicialismo, mientras Perón estuvo en la Casa Rosada? ¿Cuándo los políticos habían sido algo más —salvo excepciones honrosas— que «corre -ve-y-dile» del presidente?

En el primer peronismo, la consigna había sido «todo el poder a Perón»; en el segundo, en cambio, el poder de Perón pasaba por la impotencia de sus compañeros de filas; si el sindicalismo crecía más allá, Perón retrocedía más acá. Y si los políticos constituían un partido capaz de democratizar la sociedad argentina en su conjunto, el rol del líder devendría bandera central de un proceso que dejaría de controlar. Ése no era Perón, ése no era el peronismo.

Por eso Perón eligió a Frondizi, por las razones opuestas por las que Aramburu eligió a Balbín: enredaba la interna militar, dificultaba el cogobierno y, sobre todo, garantizaba su lugar en el proceso político; la otra salida lo situaba muy cerca de la puerta de eyección histórica.

Perón sostuvo, alguna vez: «Yo pude haber sido el primer Fidel Castro de América». Suponiendo que tal elección fuera una actividad puramente arbitraria, absolutamente desatada de la historia social —es decir: posible—, la frase refleja que el intento del general por establecer un puente continuo con la izquierda apenas rondaba el horizonte gramatical.

La victoria de Frondizi, entonces, era la certificación de la derrota peronista, de la victoria de la Libertadora y de su incapacidad para determinar, in rigore mortis, el nombre de su heredero. No se trataba de una admisión realista de la relación de fuerzas, de garantizar el «avance popular» en condiciones adversas, de acumular energías para un ataque posterior (nunca el peronismo tuvo muchas más que aquellas con las que contó en 1958). A cambio de siete platos de arroz con leche, el jefe burgués del movimiento obrero congelaba la potencialidad de su movimiento para torcer el rumbo de los acontecimientos políticos.

El advenimiento de la UCRI mostró la eficacia del «parlamento negro». Arturo Frondizi sumó linealmente a los votos que la UCRI había obtenido en la Constituyente, los del peronismo y, con más de cuatro millones de «voluntades», venció de punta a punta.

Este modo de parlamentar, de negociar respaldo político, configuró la trastienda de la Libertadora con una aceptación tácita: el arco social de la contrarrevolución de 1955 era incapaz de compatibilizar un programa que conformara al gorilismo de clase media, civil y militar, con los intereses del bloque de clases dominantes. Y esta incompatibilidad se expresaba como quiebra de las Fuerzas Armadas.

Entonces, el peronismo jugaba un rol supletorio: cuando se pronunciaba «positivamente», garantizaba que el bloque dominante tuviera mayor estabilidad política (por eso Frondizi duró más que Illia), y cuando actuaba por omisión, impulsaba la descomposición del nuevo gobierno (por eso Illia actuó con un soporte superminoritario).

Eso no era todo: el «parlamento negro» generaba una nueva leyenda: la omnisapiencia y omnipresencia de Perón. Dado que la Libertadora había elegido partido —la UCRP—, la derrota electoral del partido pasaba por un traspié de la Libertadora; era un espejismo político.

A tal punto lo era, que no bien Aramburu se convenció de que Frondizi había ganado las elecciones, se ocupó de garantizar el traspase del mando. Por cierto que en la cuadrera del 58 no había vencido el caballo del comisario, pero todos los pingos eran del mismo stud, y si el favorito había entrado segundo, el vencedor estaba incluido en las generales de la ley.

Todo el proyecto de Frondizi puede sintetizarse en tres ejes: satisfacer las necesidades de capital financiero de la industria bajo el doble camino de obtener créditos y de racionalizar el destino de las divisas arrimadas por las exportaciones tradicionales; reubicar al movimiento obrero, obligándolo centralmente a ocuparse de las reivindicaciones económicas y reduciendo su política de respaldo al gobierno; y cogobernar ordenadamente con las Fuerzas Armadas.

Esta perspectiva transforma al grueso de los críticos del desarrollismo en vulgares imbéciles. Cual más, cual menos, todos tratan de explicarle a Frondizi y a Frigerio el error de acordar, negociar, transar y ceder con los militares en lugar de sacarlos simplemente del medio. Y lo hacen porque creen que el acuerdo Frondizi-Perón era un acuerdo «histórico» que la UCRI «traicionó» por el carácter pequeño-burgués de su dirección. Para cumplirlo, Frondizi hubiera debido, al menos, limitar la Libertadora; es decir, rehacer a las Fuerzas Armadas desde una perspectiva «nacional».

Dicho de otro modo: creen que la Libertadora se reducía a un cierto equilibrio militar y que el equilibrio militar era resultado directo del número de generales gorilas con mando de tropa; en consecuencia, bastaba con cambiar una porción del cuerpo de oficiales para cambiar el contenido del Ejército. Creen, finalmente, en la restauración bonapartista, y creen en ella porque las Fuerzas Armadas cogobernaban. Es decir, no comprenden la derrota del peronismo. No comprenden que la presencia militar era el resultado directo de la quiebra del bonapartismo peronista, la cual, por otra parte, no era consecuencia de una mala maniobra, sino de un equilibrio imposible. Conviene explicar esta imposibilidad, o sea, el fin del bonapartismo.

El bonapartismo en la Argentina es producto directo de la falta de un programa único del bloque de clases dominantes para enfrentar la IIª Guerra Mundial. La falta de programa es producto directo de la «debilidad» específica de la sociedad argentina, reforzada por un drástico vuelco de la hegemonía internacional. La historia posterior a la Segunda Guerra es la de la lucha entre el capitalismo norteamericano y el Estado soviético por imponer en el mundo entero su respectivo modelo social.

Para el bloque de clases dominantes en nuestro país, este combate no permite el menor equívoco; unifica su programa, y toda la diferencia se reduce a pujas por la distribución de la renta agraria y el ingreso nacional. La Libertadora refleja, a su manera, esta situación; el frondicismo acota de un modo dramático la ilusión independentista de todas las fracciones decisivas del bloque de clases dominantes (desarrollo con el FMI).

La posibilidad de una voluntad militar «independiente», en consecuencia, sólo puede expresarse por períodos cada vez más cortos, y su surgimiento sólo es posible desde el momento en que las Fuerzas Armadas expresan «independientemente» la necesidad global del bloque de clases dominantes (marzo del ’62, junio del ’66, marzo del ’76). Cuando saltan fuera del cuadro (como en la invasión a las Malvinas) giran en el vacío y se ven obligadas a retirarse.

Digamos, entonces, que la historia posterior al frondicismo confirma puntualmente esta hipótesis, pero digamos además que aquél no fue inconsecuente sino todo lo contrario: fue absolutamente consecuente con la naturaleza de su proyecto, al que ejecutó con los instrumentos que la historia le proporcionó. Otra vez el error es de los críticos, que buscan en Frondizi a un nuevo Perón y razonan en consecuencia: «Frondizi necesitaba transformar al Ejército libertador».

Sin duda, Frondizi comprendía la ventaja de contar con una oficialidad adicta e intentó, en el arma donde menos resistencia se le ofrecía, la Aeronáutica, dibujar un perfil pro gubernamental. La respuesta fue instantánea, el comodoro Krause, oficial retirado que volvía a disponibilidad y que ni de lejos podía ser confundido con un peronista, fue resistido por el conjunto; el motivo, transparente: cogobierno implicaba que las cuestiones militares eran privativas de cada fuerza, representada por sendos secretarios ante el presidente. Por eso Frondizi, tras tironear con poca habilidad, aceptó esos términos. Y aunque después sufrió el «desprestigio» de pasar a retiro a Carlos Severo Toranzo Montero (septiembre del ’58) para luego tener que confirmarlo en su puesto, fue Toranzo Montero el que se fue a su casa antes de que el presidente volviera a la suya.

El problema no consistía —para Frondizi, se entiende— en cambiar oficiales, sino en preguntarse si las Fuerzas Armadas tal cual eran constituían un impedimento para su programa; con el filo de una fórmula política: si el proyecto de Frondizi era un proyecto posible para la Libertadora. Una vez que la pregunta ganó el centro del razonamiento, la respuesta fue obvia: sí. La UCRI era un partido «libertador»; su programa, una versión posible; en consecuencia, no había ninguna incompatibilidad esencial entre éste y las Fuerzas Armadas.

Es cierto que Frondizi contenía a los peronistas con el argumento de que los militares gorilas no permitían tal o cual cosa, pero no es menos cierto que se trataba de una finta diplomática. Cada vez que el presidente requirió a las Fuerzas Armadas para garantizar su política regresiva en relación al salario obrero (militarización de los ferroviarios), las tuvo; cada vez que fue atacado un punto de su programa (contratos petroleros, el SUPE y las 62 Organizaciones) contó con su apoyo; pudo caracterizar una huelga política como subversiva, o declarar sin mayores inconvenientes el estado de sitio; cuando, durante la huelga del Frigorífico Lisandro de la Torre, decidió reprimir, lo hizo sin mayor conflicto, cuando le hizo falta proscribir al Partido Comunista, intervenir sindicatos y establecer el CONINTES («estado de conmoción interna»), nadie rechistó.

En cambio, si se mide el programa de Frondizi desde un patrón diferente, si se trata de constatar si efectivamente construyó la rama I de la economía argentina (máquinas que producen máquinas), se verifica la impotencia de la propuesta. Así y todo, es preciso convenir que el capitalismo de Frondizi, comparado con las políticas anteriores (con el peronismo, por ejemplo), no sale mal parado.

Es posible comprender el «progresismo» del gobierno desarrollista echando un vistazo a la política petrolera. La importación de petróleo absorbía según fuentes oficiales, 367 millones de dólares anuales, y cualquier expansión de la actividad industrial equivalía a incrementar la compra de crudo.

El gobierno requería de esa masa de divisas para su política de equipamiento e importación de bienes intermedios; por eso, el autoabastecimiento surgía como un corolario lógico para la UCRI. Cuidado, no era un debate sobre dependencia o independencia económica, sino una tergiversación de ese debate. La independencia económica no pasa por YPF, como la dependencia no pasa por gastar 367 millones de dólares en importar petróleo, sino que el centro del problema está en la naturaleza del gobierno o —si se prefiere plantearlo en términos convencionales— en el programa global del gobierno, en la definición del bloque de clases dominantes.

«Las siete hermanas» (cartel internacional del petróleo) no es ni mejor ni peor que los integrantes de cualquier lobby financiero internacional grande o pequeño; pero en la política que se sigue frente a YPF queda retratado el complejo de los intereses que ella beneficia o perjudica. Es preciso recordar que el nacionalismo petrolero argentino está vinculado, desde sus orígenes, al condominio británico-norteamericano sobre el tema, Ambos aceptan el rol de YPF para evitar compulsar directamente por el petróleo nacional.

Este reparto constituía a la Shell (compañía anglo-holandesa) en aprovisionadora habitual de crudo y la Standard Oil aceptaba esas reglas a condición de que no pasaran de un cierto límite. Gran Bretaña podía vender petróleo a la Argentina, pero no podía extraerlo de su subsuelo; esto no provocaba mayores conflictos, porque el mundo conocía campos petroleros más simples de explotar y donde el reparto del mercado se encontraba suficientemente afiatado: los del Medio Oriente.

Así, las ventas de petróleo británico a la Argentina servían para compensar, en parte, una balanza comercial crónicamente deficitaria para los ingleses, al tiempo que envaselinaban las ventas a Gran Bretaña. Era, entonces, el producto de una vieja liaison mercantil que ya no respondía a los signos de los tiempos. Ni Gran Bretaña compraría más o menos por el saldo de la balanza con la Argentina, ni la Argentina apostaba su suerte al crecimiento del mercado británico.

Por ende, los defensores de la importación reflejaban un arcaísmo social cuya única importancia residía en el intento político de bloquear las relaciones de la UCRI con la clase media (su electorado natural), al tiempo que chocaban con el nacionalismo petrolero de los trabajadores de SUPE y no sólo de SUPE para, por elevación, golpear las relaciones entre el oficialismo y los militares. El viejo nacionalismo agrario pro británico cobraba nuevas víctimas.

Desde la vereda de enfrente, los industriales de todos los pelajes, nacionales o extranjeros, estaban interesados en hincar el diente en una masa de divisas que equivalía al mismo monto que un stand by, sin las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (Frondizi negoció con éste, poco tiempo después, una cifra levemente inferior: 329 millones de dólares).

Como el proyecto de Frondizi ponía el acento en fortificar a los integrantes del bloque de clases dominantes (terratenientes, industriales y financistas) a partir de su crecimiento en el mercado interno, y como esto poco tenía que ver con una política de crecimiento independiente, debatir el proyecto petrolero como un «eje liberador» constituye una argucia reaccionaria.

Por eso Frondizi pudo autoabastecer de petróleo a la Argentina, duplicar la producción de YPF y crear YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales) con el objeto —que no logró— de eliminar progresivamente la importación de carbón. Un producto era capaz de absorber la tasa media de ganancia requerida por los banqueros (el petróleo), el otro requería que el Estado subvencionara la explotación.

Este abordaje del problema deja fuera una cuestión importante: ¿cuál debía ser la postura del movimiento obrero? Para los trabajadores, el asunto pasa por exigir que el gobierno extraiga petróleo con el concurso del ahorro interno. El desarrollismo sostiene que es insuficiente, pero se olvida de computar la masa de divisas que «huye» —por decirlo delicadamente— hacia el exterior y que representa un volumen mucho mayor que el que se obtiene y obtuvo a través del crédito internacional de cualquier origen. Dicho con todas las letras: Argentina es un exportador de capital que no obtiene regalías por su exportación.

Se trata, entonces, con amabilidad o sin ella, de poner remedio a esta situación.

El conjunto de la política de Frondizi preservaba los intereses dominantes (el consumo obrero, según la teoría desarrollista, debía ser comprimido para facilitar la acumulación de capital) y este juego se verificaba homogéneamente en todos los andariveles.

La batalla petrolera fue librada por el gobierno bajo el signo de la victoria. En medio de la lucha, lanzó lo que los «maquiavélicos» denominaron una «cortina de humo»: la educación libre.

Sólo un ingenuo no comprende que la educación en la Argentina es un coto reservado a la Iglesia y que ésta, en un país donde no está separada del Estado, es una bisagra que vincula directamente al Ejecutivo con las Fuerzas Armadas; estableciendo una analogía de la década del ’60, se puede decir que la Iglesia es al cuerpo de oficiales lo que el psicoanálisis es a la pequeño-burguesía semiculta.

En consecuencia, el intento de desandar lo andado por Perón en materia religiosa tenía por objeto contrabalancear el impacto laicista de un segmento del gorilismo libertador y reforzar los vínculos del cuerpo de oficiales con el gobierno. Perón logró el respaldo de la curia con el sencillo trámite de entregarles la educación primaria, controlar la universitaria con la Policía y los fascistas sobrevivientes de los juicios de Nuremberg. Hizo falta que los intereses que lentamente expresó la Iglesia exigieran un cambio para que la realineación de la curia fuera un acontecimiento consumado. Aun así, la Iglesia no fue premiada por la Libertadora. Es que su base social reaccionaria podía marchar en la manifestación de Corpus Christi contra Perón, pero todos los días no era Corpus Christi.

Frondizi encontró un atajo: era posible que cada uno hiciera lo que le viniera en gana: los defensores de la educación laica estaban en su derecho de degustarla; pero los otros, pobres, eran violentados en sus creencias porque tenían que concurrir a universidades reformistas y ateas. Correspondía, por ende, que pudieran optar y concurrir a universidades católicas y probas.

El fin del monopolio estatal de la educación superior no era más que la tesis petrolera de la UCRI transportada a otro punto: como no hay suficiente ahorro interno (como no hay suficiente variedad educativa) es preciso (es posible) abolir el monopolio de YPF (abolir el monopolio del Estado) para autoabastecer el país de petróleo (para abastecer el país de profesionales).

Nadie debe llamarse a engaño: no se trata de una muestra de liberalismo (esta norma no se aplicó en ningún otro terreno) sino de una política orientada hacia las Fuerzas Armadas. La Universidad ya no sería el terreno del enemigo comunista; las hermanas de los oficiales podrían educarse convenientemente; los militares, contar con el auxilio de un cuerpo profesional confiable. Con una mano, Frondizi amnistiaba a todos los confinados políticos —sin incluir a Perón ni a su partido— y con la otra, morigeraba la influencia del izquierdismo liberal en la educación superior, mientras su hermano, Risieri, marchaba en las movilizaciones que pedían —y por lo general obtenían— mayor presupuesto para las universidades estatales.

IV

El gobierno no cayó por los contratos petroleros, ni por su política con el FMI; pudo absorber al ingeniero Álvaro Alsogaray, el plan CONINTES, la intervención de sindicatos, la denuncia de Perón del pacto incumplido, y sólo cuando fue derrotado electoralmente por el peronismo, Frondizi cayó, no sin garantizar —en términos que había organizado previamente— la continuidad de su partido.

Así como Alejandro Gómez no había garantizado la permanencia presidencial sino, más bien, la voluntad del vicepresidente de cabalgar sobre la quiebra militar en consecución de sus propios objetivos, y por eso lo habían empujado a renunciar, el doctor José María Guido, en su medianía, servía de claro instrumento de la política desarrollista. Hizo cuanto y como se le pidió y dijo todo lo que debía decir; más aun: calló de una vez y para siempre. Cumplió.

Los encontronazos que contabiliza Pandolfi (32 planteos militares) son el resultado de la convivencia, del cogobierno con una institución cruzada por fisuras internas, y no de la resistencia militar al gobierno de Frondizi.

El elenco presidencial contenía, en proporciones homeopáticas, hombres que se pasaban de la raya; creían que el frente nacional popular (el acuerdo entre el gorilismo sensato y el movimiento obrero), que el frente de la UCRI y el peronismo, tenía objetivos permanentes. No podía tenerlos; la base social del peronismo era el pavo de la boda. Es decir, la política salarial del gobierno, su plan de privatizaciones, su programa de reducción del Estado, chocaban con el interés inmediato de los trabajadores. El intento de educarlos en el ideario frigerista mostraba los síntomas de un experimento fallido.

Con cierta habilidad y bastante malevolencia, el gobierno se planteó canjear poder institucional por salario obrero. La conducción de las 62 Organizaciones consiguió, finalmente, la devolución de la CGT, lo que en verdad constituía una victoria pírrica, la quiebra real de la unidad de acción de los trabajadores. Para que los 20 (comisión designada ad hoc) recibieran el edificio, fue preciso que el movimiento sindical se rajara (los comunistas fueron más o menos expulsados), pues Frondizi no accedía a devolver la CGT si en el Comité Central Confederal había representantes del PC. El presidente debía probar frente a los mandos que el desarrollismo no significaba crecimiento de la izquierda en el movimiento obrero y que el peronismo era, en definitiva, una vacuna capaz de contener el giro de los trabajadores en esa dirección, cosa que el cuerpo de oficiales ponía en duda.

Con anterioridad, en febrero de 1959, las 62 Organizaciones habían dado su vuelco político definitivo.

En el programa de privatizaciones del gobierno estaba incluida la entrega del frigorífico Lisandro de la Torre, municipal, a la Corporación de Productores de Carne (CAP). Los trabajadores se resisten a la medida, toman el edificio, declaran el paro y logran el respaldo de las 62 Organizaciones; Cooke participa personalmente. De hecho, se plantea un problema de poder concreto: o el gobierno los desaloja para entregar el frigorífico a la CAP, o los trabajadores imponen su punto de vista y fiscalizan la política económica del gobierno.

Frondizi no vacila: desaloja violentamente a los trabajadores tras quebrar la puerta de entrada con una tanqueta; el operativo militar-policial se ejecuta con energía y sin víctimas, pero el presidente entiende el desafío; por eso, no sólo desocupa el frigorífico sino que además interviene los gremios que encabezan las 62; la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación Obrera Textil, la Federación de Empleados del Sindicato de la Carne y Sanidad.

Augusto Timoteo Vandor es arrestado y en el próximo plenario, los gremios intervenidos abandonan la mesa nacional de las 62 Organizaciones con la bendición de Cooke.

Había sido la última vez que la resistencia peronista y la conducción sindical habían actuado como un todo orgánico; mejor dicho, había sido la última vez que la resistencia peronista había conducido al movimiento obrero; de allí en más, lentamente, iría retrocediendo para abandonar la escena del debate de cúpula primero, y luego para transformarse en una corriente opositora que carecería de espacio gremial.

Lo cierto es que en mayo de 1966, cuando se produjo el tiroteo de la Real donde mataron a Rosendo García, adjunto de Vandor en la UOM, la resistencia ya no formaba parte de los metalúrgicos; los que no habían ingresado en la maquinaria gremial estaban en la vereda de enfrente. La liaison de Vandor con los «caños» era cosa del pasado.

La marcha de las huelgas siguió un ritmo intenso después de la caída de Perón y alcanzó su clímax en 1959. Durante el ’56, unos 5 millones de días laborables fueron destinados a huelgas; en el ’57 la cifra decayó a 3,6 millones, pero volvió a trepar en el ’58 a 6 millones y en el ’59 ascendió a 11 millones de días: era la edad de oro.

De algún modo, la estrella de Cooke siguió la curva del paro obrero. A los doce meses de gobierno frondicista, el Bebe se desdibujó; los sucesivos cargos que Perón le adjudicaba eran algo así como peldaños que conducían al ostracismo.

Cooke viajó a Cuba en 1960 y, desde la isla, escribió al general. El tono de la correspondencia varió: Perón ya no pensaba en voz alta con su delfín, lo trataba igual que a un aliado circunscripto; expresaba comedidamente los acuerdos evitando tocar los núcleos centrales de las diferencias; no desautorizaba a Cooke, pero tampoco facilitaba su juego. La lucha de Cooke por fundar un partido revolucionario peronista era un andarivel quebrado.

Para Perón, el doctor Arturo Frondizi no era un «enemigo». A pesar de su actitud contemporizadora, el general resolvió, tras la derrota obrera de comienzos del ’59, pasar a la carga: el 11 de junio de 1959 denunció el pacto de Caracas.

El «parlamento negro» adquirió, como tantas otras veces, estado público. Frondizi negó la autenticidad del documento al sostener que aquélla no era su firma. Nunca más —aunque sus segundos admitieron públicamente las tratativas— reconoció que el acuerdo con Perón hubiera ido más allá de la confluencia política de dos fuerzas del mismo signo.

Los siete platos de arroz con leche que el peronismo había obtenido de la UCRI podían repasarse así:

1) Normalización de los sindicatos intervenidos (27 de mayo de 1958) para que volvieran a ser intervenidos ocho meses más tarde.

2) Devolución de la personería jurídica a la CGE (en la segunda mitad del ’58).

3) Ley de amnistía para los sindicalistas y políticos peronistas exonerados por la Libertadora, que no incluía a Perón ni a su partido.

4) Derogación de la Ley de Residencia.

5) Ley de Asociaciones Profesionales.

6) Aumento salarial del 60 por ciento.

7) Devolución de la CGT.

No era mucho, como salta a la vista, y nada de lo obtenido, incluso la devolución de la CGT, fisuraba el programa de la Libertadora. El peronismo seguía siendo el gran proscripto de la política nacional, los sindicatos se ocupaban de las reivindicaciones económicas y cuando invadían la lucha política lo hacían para presentarse, mediante una sigla ad hoc, a elecciones parlamentarias con suerte variada. Y el movimiento obrero iniciaba su repliegue tras alcanzar la máxima intensidad de lucha.

En las elecciones parciales de diputados de 1960, el radicalismo balbinista avanzó, pero el peronismo se mantuvo en el mismo punto. El porcentaje de votos en blanco fue muy similar al de las elecciones constituyentes del ’57 (25 por ciento) y las posibilidades de contar con una fracción militar adicta, nacionalista y democrática, siguieron tan ausentes como a lo largo de todo el segundo peronismo.

Los sindicatos fueron cooptados a la estructura del «parlamento, negro»: podían pelear por achuras menores, pero se autoexcluían de la disputa del poder, de la lucha por la democracia política. Es decir, chocaban una y otra vez con el designio de Perón, con las necesidades políticas del movimiento obrero, y en más de una oportunidad imponían su juego al general.

La sífilis política del neoperonismo, que Cooke tanto temiera, mostraba las uñas, pero en ningún caso logró consolidar una estructura independiente de los trabajadores. Peronismo y clase obrera industrial seguían siendo valores intercambiables, de cualquier modo se comenzaba a sentir una modificación. Los sindicatos eran palancas de poder: controlaban un complejo sistema de salud y esparcimiento, eran dadores de trabajo y receptores de prebendas públicas y privadas. Entonces, la clase dirigente nacional sufrió un cambio importante: los líderes sindicales comenzaron a reincorporarse a la estructura de poder, y fue el gobierno frondicista quien vehiculizó y facilitó este tránsito.

V

Los analistas políticos de la época magnificaban las diferencias entre infantes y artilleros, entre la caballería y los infantes y artilleros, entre todos ellos con los oficiales gorilas del ’51; llegaban al punto de sostener que una corriente nasserista ganaba espacio en las filas del Ejército.

Los legalistas, que más tarde serían azules, tras la caída de Frondizi, eran los que proponían la integración del peronismo para derrotarlo mejor; los golpistas, después colorados, querían derrotarlo sin integrarlo a nada. Los legalistas aceptaban dialogar con un dirigente obrero peronista, pero de ningún modo directamente con Perón, mientras los golpistas consideraban que este diálogo era esencialmente procaz. Como se ve, toda una diferencia.

Tras un desgaste enorme, el gobierno mejoró su situación relativa al vencer electoralmente en Santa Fe, Catamarca, La Rioja. El ministro del Interior jugó la suerte de la continuidad de Frondizi a una sola carta: elecciones con la participación del peronismo. Perón sabía que eso equivalía a la muerte de Frondizi sin que ella se transformara en victoria peronista. Y, si bien se mira, las elecciones materializaron una derrota peronista.

De ahí que intentara evitar la concurrencia. Pero ante la presión sindical de Vandor y Framini, resolvió participar, ejecutando una clásica maniobra «a lo Perón»: se inscribió como candidato a vice gobernador de la provincia de Buenos Aires e integró la lista de diputados por la Capital Federal.

Los secretarios militares se reunieron con el doctor Vítolo y acordaron, en un documento secreto, que Perón no podía ser candidato a nada; la cancelación de la Libertadora no sería el resultado de una decisión parlamentaria (el cogobierno Fuerzas Armadas-Frondizi continuaba). Pero tampoco Perón trataba de obtener en las urnas lo que no disputaba en el campo de batalla. Su objetivo era menor: al presentarse como candidato, intentaba que los militares exigieran la proscripción de toda la lista, con lo que lograba una meta doble: evitar la caída del gobierno de Frondizi y bloquear el juego independiente de las 62 Organizaciones.

Los militares gorilas se comportaban como monitos tití y el 18 de marzo se realizaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en 17 distritos electorales, incluida la Capital Federal. Framini salió electo gobernador con el apoyo de Vandor, y las Fuerzas Armadas sancionaron días más tarde el «error» de Frondizi, confinándolo —a su pedido— a la isla Martín García. El experimento desarrollista había concluido sin mayor estruendo, la sociedad argentina se había modificado; no en la medida y en las proporciones buscadas por Frondizi, pero se había modificado. El peronismo, en cambio, a seis años de su caída, sólo podía exhibir la adhesión electoral de la clase obrera, el derecho de la mayoría a gobernar y la impotencia para transformar victorias electorales en victorias políticas.

CANTON, Darío: Ob. cit.

COOKE, John William: Ob. cit., Tomo II.

ESTEBAN, Juan Carlos: Imperialismo y desarrollo económico. Buenos Aires, Palestra, 1961.

DÍAZ ALEJANDRO, Carlos: Ob. cit.

JORGE, Eduardo: Industria y concentración económica. Buenos Aires, Siglo XXI, 1975.

FRONDIZI, Arturo: Petróleo y nación. Buenos Aires, Transición, 1963.

IMAZ, José Luis de: Los que mandan. Buenos Aires, Eudeba, 1968.

MONTEMAYOR, Mariano. Claves para entender a un gobierno. Buenos Aires, Concordia, 1963.

ORONA, Juan B.: Ob. cit.

PANDOLFI, Rodolfo: Frondizi por él mismo. Buenos Aires, Galerna, 1968.

POTASH, Robert: Ob. cit., Tomo II.

REAL, Juan José: Ob. cit.

AZULES Y COLORADOS:
LA IMPOTENCIA PERONISTA

I

En los «diez días que no conmovieron a nadie» se produjo el derrumbe de Arturo Frondizi; es decir, el prólogo de una crisis militar anunciada e impostergable. El presidente que había surgido de la proscripción del peronismo con su convalidación —como él mismo admitiera más de una vez— materializaba un límite político de la Libertadora.

A la hora de las elecciones, Frondizi había dependido de un acuerdo imposible con Perón o de la voluntad militar de sostenerlo en su puesto. El cogobierno de la UCRI y las Fuerzas Armadas se transformaba, por imperio de la dinámica política, en gobierno militar directo, salvo que la Libertadora admitiera la presencia estatal del peronismo.

Esta concesión equivalía a clausurar el proceso abierto en 1955, suponía permitir el retorno de Perón a la Argentina y el retorno —o al menos su posibilidad cierta— de Perón a la Casa Rosada. Y las Fuerzas Armadas, en marzo de 1962, estaban muy lejos de ese punto.

Entonces, la política instrumental dejaba muy pocas salidas: o los militares admitían que la UCRI era el partido de las Fuerzas Armadas y —a pesar de la derrota electoral— sostenían a Frondizi, o Frondizi ganaba el apoyo de los otros partidos de la Libertadora.

Esta última alternativa fue presentada por los tres secretarios militares para evitar el derrocamiento (gobierno de coalición nacional); Frondizi la aceptó pero los otros partidos, salvo la infinitesimal Democracia Cristiana, rechazaron el convite.

Por eso Frondizi fue depuesto: porque sólo el mundo empresarial respetaba su programa, porque el movimiento obrero peronista era incapaz de luchar siquiera por su derecho a gobernar la provincia de Buenos Aires, porque las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a sostener solas el programa de la UCRI y porque los partidos opositores, verdaderas astillas sociales, se negaron a defender su continuidad.

El último intento de sobrevivir estuvo ligado a la mediación de Pedro Eugenio Aramburu, jefe político del legalismo militar. Ante un pedido presidencial, trató de capear, en favor de la UCRI el conflicto, pero la fracción ultra-gorila, que más adelante devendría colorada, se negó terminantemente. Entonces, Frondizi marchó hacia Martín García, y las Fuerzas Armadas se hicieron cargo directamente del gobierno, aceptando una mascarada jurídico-institucional. Lo que Frondizi había rechazado en su discurso de Uruguayana («no seré un títere de nadie») conformaba la patética realidad de Guido.

El final del cogobierno exigía una clara hegemonía militar, lo que equivalía a decir la victoria de una fracción sobre otra. Las tres fracciones existentes del ’45 al ’55 se habían reducido a dos: el centrismo legalista de los generales Rauch y Onganía (caballería) y el derechismo liberal de Poggi y Toranzo Montero (infantería). Si en 1958 el ala derecha fue incapaz de vencer, en 1962 esta operación resultaba harto más compleja.

El bloque hegemónico de clases dominantes, representado en la dictadura semiparlamentaria y semimilitar del gobierno de Frondizi, había consolidado la base material de sus intereses. La política de endeudamiento externo practicada por el desarrollismo (unos 2.000 millones de dólares destinados a la importación de bienes industriales) desequilibraba necesariamente la interna militar.

Las diferencias entre la caballería y la infantería, entre aquélla y la Marina, y la alianza que de hecho mantenía la caballería con la fracción hegemónica de la Aeronáutica, reflejaban distorsionadamente el impacto de la política de Frondizi sobre las Fuerzas Armadas. La caballería, por su origen y su composición social, transmitía casi mecánicamente los intereses de la Sociedad Rural. Vale decir: los intereses agrarios más concentrados, ligados mediante la territorialización de la renta agraria al sistema financiero, cuando el sistema financiero tenía por principal obtenedor de crédito a la industria concentrada nacional y extranjera y cuando la masa de créditos externos vinculados al Fondo Monetario Internacional arrimaba infraestructura para esa misma actividad. Entonces, la caballería era irresistible.

Juan Carlos Onganía se dedicaría a probar, de punta a punta, las bondades de esta afirmación, ya que casualmente él sería el jefe de la victoria legalista-azul y el presidente dedicado a ejecutar, después de la caída de Arturo Illia, esa misma política.

Pero la victoria azul llegaba a destiempo; carecía de una estructura política capaz de arrimar suficiente base social electoral, aun proscribiendo al peronismo y a todos sus aliados alternativos. Debía elegir entre parlamentar con Perón para componer una herramienta seminueva, o —siguiendo la ruta clásica de la Libertadora— respaldar a un candidato propio.

La UCRP no servía para sus objetivos; antes que nada, porque todavía era el principal respaldo de los colorados. Una negociación con Balbín sólo podía significar nuevas alteraciones en el delicado equilibrio militar. Balbín y la UCRP ya no representaban adecuadamente nada: ni registraban el sentido del cambio de dicho equilibrio, ni espejaban los intereses materiales del bloque de clases dominantes. La UCRP era esclava de su lucha con Frondizi; de algún modo, no podía admitir que lo que era malo para el presidente ucrista no fuera excelente para el balbinismo.

Hasta el mismo Balbín era consciente de esta curiosa situación. De ahí que respaldara a los colorados. Y si se recuerda que éstos defendían la «dictadura democrática» de las Fuerzas Armadas, lo cual dejaba sin el menor espacio a la UCRP, se verifica la desorientación del balbinismo.

De ser un partido gorila de masas, aceptaba transformarse en un vulgar prestador de servicios administrativos. Balbín sólo podía ofrecer, en esas circunstancias, algunos ministerios menores, secretarías, embajadas y centenares de cargos en la administración pública; en una palabra: clientismo elemental.

Una vez que Frondizi salió de circulación, el general Raúl Poggi, comandante en jefe del Ejército, juntamente con un representante de la Marina y otro de la Aeronáutica, intentaron gobernar mediante la Junta Militar. El destino de la Junta resultó efímero: de la mano de Julio Oyhanarte, con pasos de estudiado minué, José María Guido juró la presidencia de la República ante la Suprema Corte. Poggi enloqueció; intentó «renunciar» a Guido. Lacónicamente, el senador rionegrino resistió y el general, mascullando revancha, hizo mutis por el foro.

Los oficiales de caballería comunicaron al flamante presidente que la presencia de Poggi era un obstáculo que debía ser removido. El 20 de abril, a menos de tres semanas de su asunción, Guido inició la ofensiva contra la infantería destituyendo al secretario de Guerra; en su lugar, designó al general Enrique Rauch, jefe de la estratégica guarnición de Campo de Mayo y oficial de caballería. Así se entiende: Guido se transformó en el instrumento político de la caballería, al tiempo que conservaba su papel original: defender reducidamente la política de Frondizi.

Pero Poggi se resistía al cambio, tomó rápidamente el control militar de la Capital Federal con respaldo de la Marina; la Aeronáutica se mantuvo al margen, mas Rauch movilizó la columna de blindados para tomar la Capital Federal. Ante la inminencia de un enfrentamiento directo, Guido negoció y logró que Rauch y Poggi dieran ambos un paso atrás. Otro infante, el general Juan Bautista Loza, asumió provisoriamente los dos cargos: la secretaría de Guerra —que Rauch no llegó a ocupar— y la comandancia en jefe del Ejército, que Poggi abandonó.

Federico Toranzo Montero, hermano de Carlos Severo, se insubordinó y exigió la renuncia de Loza. En realidad, Toranzo Montero fue más lejos, puesto que con Loza también se iría el presidente. Montero se proponía instalar la «dictadura democrática» desembozada de las Fuerzas Armadas; Guido no le hacía falta.

La novedad no estaba dada por la desaparición de Guido sino por la clausura del horizonte electoral. La «democracia» colorada requería, para su funcionamiento, de la muerte del general Perón. Mientras esto no sucediera, los seguidores del «tirano prófugo» continuarían obstaculizando con su empecinamiento la marcha de la política nacional.

El 10 de agosto, Guido separó a Loza y nombró en su lugar al general Eduardo Señorans (caballería), pero Señorans no pudo hacerse cargo porque una oportuna movilización de tropas se lo impidió (infantería).

Tras largos cabildeos, el 18 de septiembre, la caballería resolvió saldar con lucha la hegemonía militar. Campo de Mayo se aprontó y el 23 de septiembre, luego de una serie de enfrentamientos sangrientos de segundo orden, Juan Carlos Onganía —comunicado 150 mediante— coronó la victoria azul. 200 oficiales colorados pasaron a retiro; la Marina perdió el control de la Policía Federal que detentaba desde la Libertadora, y el almirante Rojas se transformó en un bien mostrenco.

Algunos ingenuos sostienen que la victoria azul equivale al fin de la Libertadora; explican que el ascenso electoral peronista del 18 de marzo de 1962 constituyó una verdadera victoria popular que impactó a las Fuerzas Armadas y provocó el derrocamiento de Frondizi primero, y la derrota colorada después.

Este modo de embarullar el problema es típico de los defensores de la genialidad estratégica del general Perón. No se trata de constatar la impotencia de una fracción política que prueba una y otra vez ser una mayoría electoral absolutamente imposibilitada de transferir esa mayoría al terreno de la disputa de poder directo, sino de constatar la impotencia de Frondizi.

El error es múltiple. Primero: Arturo Frondizi no sólo determinó con qué pie salía de la Casa Rosada, a dónde se dirigía y quiénes lo acompañaban; también determinó quién lo sucedería y cómo este devenir debería aportar ventajas a la UCRI sin comprometerla frente a la ciudadanía (ésa era su idea al solicitar la renuncia de Guido al partido). Segundo: Frondizi sugirió los ministros que Guido tomó. Tercero: él decidió que su sucesor lo pusiera a disposición del Poder Ejecutivo, para impedir que los hábeas corpus interpuestos en su defensa tuvieran efecto legal. Cuarto y último: la caída de Frondizi no reflejaba solamente la debilidad de la UCRI sino también la incapacidad del arco social de la Libertadora para dotarse de una adecuada representación política. Ella oscilaba, en consecuencia, entre el parlamentarismo imposible y el cesarismo militar.

Entonces, desde la perspectiva de la Libertadora, la caída de Frondizi era el agotamiento de un instrumento; pero la debilidad de éste no se traducía ni se tradujo en crecimiento peronista. La afirmación se verifica incluso electoralmente: el 7 de julio de 1963, entre votos anulados y votos en blanco, pese al respaldo de Frondizi y la actitud anticoncurrencista, la UCRP alcanzó el mayor número de sufragios. Es decir que se trató de la peor elección peronista entre 1957 y esa fecha, puesto que obtuvo menos del 24 por ciento, cuando la UCRP alcanzó el 25.

II

La victoria de Arturo Umberto Illia integra la galería granguiñolesca de la incapacidad militar para urdir, adecuadamente, una salida institucional. El general Osiris Villegas, desde el Ministerio del Interior de Guido, proscribió —siguiendo puntualmente los dictados del comunicado 150 del Comando de Campo de Mayo— al Frente Nacional y Popular que Vicente Solano Lima y Silvestre Begnis encabezaban. Es decir, la fórmula conservadora y desarrollista que Perón había tejido con Frondizi murió en los juzgados que se negaron a permitir su inscripción electoral.

Los azules estaban dispuestos a tomar el poder en sus manos mediante una jugada indirecta. La ciudadanía que rechazara mayoritariamente al «tirano prófugo» debería alinearse tras las banderas del jefe político de los azules, el heredero victorioso de la Libertadora: Aramburu. Pensaron que él, con un partido formado ad hoc, estaría en condiciones de arrebatar el triunfo a una UCRI dividida (Frondizi se había enfrentado con Alende, pues el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires exigía que el partido concurriera sin aliarse con el peronismo y que él encabezara la fórmula), y a un balbinismo que no confiaba en sus posibilidades, al punto de que su jefe permitía que una oscura figura cordobesa encabezara la fórmula presidencial. Si Balbín creía en la victoria, contaba con la posibilidad de imponer su nombre casi sin debate interno.

Frente a tales nulidades políticas y sociales, la figura del general arrollador, dinámico y bien parecido, era el número puesto del Ministerio del Interior. Garantizar la victoria del candidato de la Libertadora requería, desde esa perspectiva, impedir la coalición frondo-peronista.

Una vez más la fórmula falló. Entonces, el despacioso médico de Cruz del Eje que Landrú dibujaba con una paloma anidada en el pelo, o posada en su hombro, o aleteando en su derredor, ingresó casi sin darse cuenta en la vieja casona de la calle Balcarce.

Historiar el gobierno del doctor Illia constituye una hazaña literaria del rango de Cien años de soledad, pero de signo opuesto. Ninguno de los ejes de la revulsiva historia colectiva eran atendidos: ni la necesidad de democratizar la Nación más allá del hueco y vacío parlamentarismo esquizofrénico (los peronistas podían votar diputados porque los diputados nada podían); ni la de instalarse en la segunda mitad del siglo XX; ni las aspiraciones consumistas de la clase media; ni los requerimientos del capital monopólico internacional y nacional; ni el razonable gorilismo azul de las Fuerzas Armadas; ni el retorno de Perón; ni nada digno de convocar la atención de alguien cuyo horizonte excediera la jubilación alcanzada en un puesto poco expectante de la administración pública, integraban el horizonte oficial.

Dicho con rigor, se puede sostener que el fallido político del general Villegas duró algo menos de 3 años y que ese tiempo transcurrió dividido en dos partes: en la primera, los militares y el resto de la clase dirigente argentina se preguntaron cómo había llegado Illia a la presidencia, y en la segunda, se preguntaron por qué estaba todavía allí.

En homenaje a la verdad histórica, es preciso decir que ninguno de los interrogantes obtuvo una respuesta fundada. Si Frondizi había sido el co-gobierno entre la Libertadora y las Fuerzas Armadas, si la derrota electoral de la UCRI a manos del peronismo había demostrado la dificultad de la Libertadora para darse un gobierno semiparlamentario y semimilitar, el triunfo de Illia reflejaba la imposibilidad del sistema político nacional de compatibilizar las necesidades del bloque de clases dominantes con las de las Fuerzas Armadas y expresar este acuerdo extramuros del cuartel.

La caricatura parlamentaria alcanzaba con la victoria de Illia su cenit. El peronismo no pudo concurrir al comicio, la UCRI se dividió y una mitad votó con el peronismo y la otra por sí misma. La dinámica interna de las Fuerzas Armadas impidió que la UCRP reflejara el punto de equilibrio (derrota colorada) y, a su modo, la dividió (o por lo menos dividió a su electorado), al presentar la candidatura de Aramburu como alternativa a la de Illia. En lugar de vencer Aramburu, en lugar de que el triunfo militar azul se tradujera en triunfo electoral azul, y se anudaran política y socialmente los hilos del poder en torno del jefe militar, se produjo una nueva quiebra, una nueva discontinuidad.

En esta discontinuidad, las Fuerzas Armadas tenían que aceptar que el gobierno pasaba a manos del partido que apoyó la fracción militar vencida: es decir, a la victoria azul se correspondía la victoria política colorada, cuando ésta (dictadura de las «Fuerzas Armadas») requería liquidar el régimen parlamentario.

Y a modo de una suerte de justicia poético-política, la caída del gobierno de Illia, la derrota del partido colorado civil, se transformó en triunfo póstumo del coloradismo militar sobre los azules. Ante la imposibilidad de éstos de transformar su hegemonía militar en política, en victoria de su candidato político, tuvieron que acceder al poder por el camino de la «dictadura democrática», con el programa económico del dominio azul. Esto es Onganía: un Aramburu sin votos, un azul sin elecciones, un morado con destino manifiesto.

III

Las Fuerzas Armadas, tal cual eran, tenían poco que ver con la UCRP, la miraban con tirria. El bloque de clases dominantes, las organizaciones empresariales, seguían con desconfianza las circunvalaciones radicales de la política económica y los sindicatos daban sobradas muestras de olímpico desdén. Illia no conformaba a casi nadie antes de asumir; de modo que su única posibilidad de sobrevivir pasaba por elegir con qué nueva fracción se embanderaba, cómo modificaba sus soportes sociales.

Esta operación nunca es sencilla, pero es particularmente difícil en una estructura política fuertemente enraizada, con vínculos soldados en el mundo agrario. Conviene destacar algo: Illia ni siquiera intentó ejecutarla. Así le fue.

Todos los argumentos de su panoplia política se reducían a cuidar sus apoyaturas y a escindir el peronismo. No era que el médico de Cruz del Eje se propusiera una política de división donde el protagonismo radical (al estilo de Frondizi) quebrara el mando peronista. De ningún modo, su propuesta era más simple; pasaba por contabilizar las evidencias de la realidad.

El doctor Palmero, lebrel del presidente, redescubrió el peronismo sin Perón e incluso alentó en la burocracia sindical la idea de que el retorno del general no era imposible, puesto que el radicalismo era defensor del estado de derecho. Para probarlo, diluyó, licuó, las leyes represivas contra el peronismo.

El juego radical pasaba por exacerbar las fisuras de ese movimiento, en la creencia infantil de que una derrota de Perón a manos de sus lugartenientes mejoraba la posición radical frente a las Fuerzas Armadas. Si esto efectivamente sucedía, hasta ellas comprenderían que el pase a retiro del «viejo» era obra de Vandor y no de la UCRP. Esto constituía a Vandor en el principal interlocutor militar y a la UCRP en una excrecencia política de la Libertadora. Y si no sucedía así, la UCRP sería responsable de la victoria del general. Es decir, en todos los casos pagaría los platos rotos.

IV

La victoria electoral de Illia cayó como un balde de agua sobre la dirección sindical del peronismo, cuyas idas y vueltas fueron tan desconcertantes, tan amplia su incapacidad de hilvanar una política atinada fuera de un arreglo con Frondizi, que ni siquiera fue capaz de lanzar una consigna clara. Con un añadido: como dirección sindical, espejaba la derrota en manos de Frondizi.

Así como Framini y Natalini habían reflejado en su tiempo la descomposición sindical del peronismo en manos de la Libertadora de Aramburu, y su caída había abierto el curso de una nueva dirección surgida de la resistencia, ésta había sido domesticada y vencida por Arturo Frondizi. Sobrevivía porque los trabajadores no habían librado nuevas luchas de suficiente entidad como para desplazarla; sobrevivía por el reflujo.

Creyeron que el vencedor de la contienda sería Aramburu y que los votos en blanco superarían holgadamente los del vencedor. Creyeron, entonces, lo mismo que el ministro del Interior, en la repetición de 1958.

Creyeron que podían transformar su derrota sindical y política en victoria comicial. Y he aquí que a la primera, siguió otra en el terreno electoral.

A la clase obrera ya no le servía mostrar en las urnas que era mayoría inconsulta, debía imponer su presencia. Y si para algo no servía la dirección cegetista del ’63, era para eso.

La dirección necesitaba, en consecuencia, volver a probar ante el gobierno, ante Perón, ante las Fuerzas Armadas y ante los trabajadores, que dirigía a sus bases. Para demostrarlo ante el gobierno pergeñó un plan de lucha; para demostrarlo ante la clase obrera, tomó una declaración del canciller —el inefable Miguel Ángel Zavala Ortiz— donde el funcionario sostenía que no se impediría el regreso de Perón y la lanzó al centro de la escena.

De inmediato se formó la «comisión pro retorno del general» y el 17 de octubre de 1964, ante unas 70.000 personas reunidas en la Plaza Once, la comisión reafirmó con la presencia del ingeniero Iturbe y del mismo Vandor, la decisión del general de volver a la Patria en el curso de ese año.

Mucha tinta corrió para explicar este fallido regreso. Cuando se compara el intento del ’64 con la vuelta del ’72, se comprende cabalmente la naturaleza del segundo peronismo y, en consecuencia, el mecanismo de la «operación retorno».

Tanto en el ’64 como en el ’72 aquél dependió, finalmente, de la determinación del gobierno. Illia, al igual que el general Lanusse, estaba en condiciones de impedirlo, sin que Perón pudiera torcer la decisión gubernamental.

Dicho de otro modo: no era la fuerza propia la que Perón utilizaba para retornar, sino que capitalizaba como fuerza propia segmentos dinámicos que no controlaba y que, de alcanzar en la lucha política el máximo de su vigor, quedaría claro que lo dejaban fuera de juego.

Como esta evaluación era compartida en 1972 por el general Lanusse, Perón esgrimió su fuerza fantasmal partiendo de la endeblez del gobierno, de su falta de adecuados soportes sociales; entonces, retornó. Ésas no eran las condiciones de 1964, a pesar de la extrema debilidad de Illia, porque ésta no equivalía a la debilidad de la Libertadora, y por eso Perón no fue capaz de regresar.

El intento fallido constituye otra derrota inexcusable y tiene la virtud de mostrar que la dinámica política que expresaba la burocracia sindical y la del propio Perón diferían mucho menos de lo que ambos admitían. No se trataba de Perón intentando volver a caballo de una insurrección de masas, de un dispositivo de lucha popular generalizada, donde el caudillo de la clase obrera magnetizara al conjunto de los sectores populares y los llevara a la victoria; de ningún modo: nadie se movió. La operación se realizó partiendo de dos supuestos: el gobierno argentino la permitiría si se lo enfrentaba ante el hecho consumado; para que el hecho tuviera estas características, bastaba con que ella conservara el suficiente grado de preparación conspirativa previa.

Tras haber intentado fletar un avión varias veces y haber fracasado, fueron comprados siete pasajes de primera clase en un avión de Iberia con documentos falsos, aunque finalmente hubo que garantizar, con la firma de Jorge Antonio, cualquier problema que el viaje a Montevideo pudiera producir a la compañía.

Bien mirado, el general Perón se alejó constantemente de la política nacional —en términos concretos, se entiende— tanto porque era crecientemente incapaz de gobernar su movimiento (por la naturaleza interna de éste), como porque se mostraba inepto para producir cambios en su seno que permitieran su retorno sobre otras bases.

Tras su caída, se asiló en Paraguay, donde permaneció menos de un mes por presión del gobierno argentino. No hizo falta, inclusive, que las líneas internas de la Libertadora se expresaran (Lonardi todavía era presidente) cuando la Junta Militar designada publicitó su dictamen el 3 de octubre (retiro del grado, prohibición del uso del uniforme) y lo internaron a 160 kilómetros de Asunción.

El 1.º de noviembre voló por etapas hacia Panamá. No bien se había instalado en un hotel —propiedad del Departamento de Estado—, el gobierno argentino comenzó a presionar para que se marchara de allí y del país. Y Perón abandonó Panamá (en donde había conocido a Isabelita) para instalarse en Caracas con su amigo Pérez Giménez. De Caracas va a Ciudad Trujillo, República Dominicana, y el 25 de enero de 1959, mientras en la Argentina el movimiento obrero combate al gobierno de Arturo Frondizi, para ser derrotado tras la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, el general Perón viaja definitivamente hacia Madrid.

Perón y sus bases creyeron que el regreso —que la «operación retorno»— era un problema que se resolvía insurreccionalmente entre 1955 y 1959; en realidad, se vinculaba a la insurrección triunfante encabezada por el peronismo, y la vuelta del jefe era su coronación lógica.

Una imagen latinoamericana se sobreimprimía al regreso de Perón: la victoria del Movimiento Revolucionario Nacionalista (MNR boliviano). El doctor Paz Estenssoro residía en Buenos Aires mientras Siles Suazo dirigía la insurrección minera que, tras derrotar al Ejército y destruirlo, imponía (dinamita en mano) la vuelta del líder proscripto. Pero la historia del peronismo y la del MNR divergen en muchos puntos, aun desde la perspectiva más superficial.

Bastó que la Cancillería argentina supiera en qué avión había partido Perón —y lo supo con bastante rapidez, entre otras cosas porque el gobierno del generalísimo Franco no tenía excesivo interés en ocultárselo— para que el vuelo y los pasajeros fueran detenidos en Río de Janeiro; tras una demora de 24 horas, el avión, con Perón incluido, regresó con pena y sin gloria al aeropuerto de Barajas.

El retorno de Perón sería parte de una estratagema parlamentaria, en eso no se equivocó el general, en eso no se equivocó Vandor y en eso sí se equivocaron la izquierda peronista y no sólo la peronista. Su acierto conceptual se verificó ocho años después: de los integrantes de la primitiva operación todos, salvo Perón, eran cadáveres políticos y hasta en algunos casos su carácter de cadáveres desbordaba ese calificativo.

Una pregunta queda, sin embargo, en el tintero: los motivos de Perón para retornar eran obvios, ¿los de Vandor, también?

No faltan los que atribuyen al Lobo la suma del maquiavelismo. Razonan así: Vandor sabía que el regreso era imposible o, al menos, poco probable; si se embarcaba en la Operación era para hacerla estallar; Vandor era una suerte de Caballo de Troya, un reaseguro del fracaso.

Pero él no era simplemente él, su presencia espejaba el compromiso político de toda la dirección peronista del movimiento obrero; el fracaso no caía sobre un hombre, pesaba sobre los hombros de toda la organización. Entonces, ¿qué razones tenía ésta para admitir semejante riesgo, cuando incluso la victoria parecía volverse un boomerang contra su poder independiente?

El motivo era simple: si Perón retornaba a la Argentina, sería para avalar el juego de Vandor. La única fuerza organizada del peronismo en 1964 era el movimiento obrero, golpeado, para más datos; la única política que el movimiento obrero —en tanto aparato sindical— estaba en condiciones de ejercitar frente al gobierno era la que ejecutaba el vandorismo, matiz más o menos. El regreso de Perón significaba el considerable esfuerzo de comprometerlo directamente con esa política, ya que la distancia amortiguaba su responsabilidad y los baches de la táctica peronista no eran baches de Perón, sino de sus lugartenientes.

Vandor intentaba, en consecuencia, evitar que su jefe estuviera en condiciones de quebrar lanzas con él, de modo que quería su vuelta, pero, como Vandor, quería todas las cosas: producto de una buena mano de naipes.

Perón no pensaba sobre el punto de otra forma, por eso aceptó. El único riesgo inmedible era un intento de asesinato, pero ya no creía que las Fuerzas Armadas trataran de matarlo.

Aun así, entre Vandor y Perón había una diferencia dada por el carácter desgajado del mandato del jefe: Perón podía desentenderse de la política que el movimiento obrero elaborara en su ausencia con un simple encogimiento de hombros. La distancia le ahorraba producir opciones viables. Le bastaba desconocer la propuesta del vandorismo, quebrarla, para recomenzar, continuando de este modo una vieja estrategia yrigoyenista.

Durante largas temporadas, cuando su organización había sido copada por los concurrencistas a cualquier precio y él entendía que se debía continuar con la abstención revolucionaria, don Hipólito disolvió su partido. Perón no llegó a tanto; en lugar de disolverlo, lo mantuvo en estado de suspensión.

En consecuencia, cuando la lógica de la política vandorista situaba a los dirigentes sindicales en un terreno en que se volvían auxiliares directos del gobierno, Perón retrocedía, los desconocía, buscaba su fractura. Y una vez que la fractura mostraba que las diferencias no alcanzaban a plasmar socialmente (el regreso no se producía, la democratización de la sociedad argentina no tenía lugar, la lucha del movimiento obrero por ésta no se desenvolvía con suficiente vigor), convocaba a la «unidad».

La «operación retorno» intentada en 1964 mostraba las mismas debilidades de siempre: incapacidad de ganar la calle detrás de una consigna puramente política, ausencia de una dirección capaz de vertebrar el combate por fuera de la dirigencia sindical, resignación parlamentaria; para el peronismo, para el segundo peronismo, política de masas era equivalente a elecciones.

En el ínterin, la conducción de los sindicatos había cristalizado. La derrota del proyecto insurreccional dio paso a un viraje colosal: los viejos combatientes de la resistencia mutaron, el «caño» dio paso a la fábrica y la fábrica permitió hilvanar un poder que se concretó en los sindicatos. Estos eran las obras sociales, los medios materiales, el control que el gobierno tenía y tiene sobre todo ello a través del Ministerio de Trabajo y la ley de Asociaciones Profesionales. Los héroes de la resistencia dejaron de ser hombres que nada tenían para perder; en lugar de la azarosa vida de los proscriptos, tuvieron la de generales de un ejército duramente reclutado, trabajosamente avituallado y, a pesar de eso, el gobierno fue capaz de doblegarlos.

Una pregunta golpeaba el cerebro de esa dirección: ¿y ahora, qué? Si la consigna central de su política pasaba por el regreso de Perón bajo los métodos que él requería (derrotar a la Libertadora), debían aceptar perder los gremios. Eso no significaba que los sindicatos desaparecieran: ellos desaparecerían de los sindicatos y otros, los que aceptaran distintos términos, los que se avinieran a negociar, los que admitieran que Perón vivía en España, iban a ser los soldados del general, mientras ellos serían los parias del movimiento obrero. A su modo, tenían razón; basta mirar lo que le pasó a los seguidores de Cooke.

La política de intransigencia arrojaba a los dirigentes hacia las fronteras exteriores del peronismo, los unía a John William Cooke y los separaba de la clase obrera de carne y hueso. Entonces, elaboraron una barrera infranqueable: la política no podía poner en peligro a los sindicatos, porque el poder de la dirección sindical no pasaba por otro lugar. Intentar que el poder pasara por otro lugar equivalía, antes que nada, a perder esos sindicatos sin ninguna garantía de victoria.

Vandor no era Perón: su exilio era la muerte. Allí estaban Cipriano Reyes, el coronel Mercante y tantos otros para atestiguarlo; Vandor había asimilado esta experiencia, y decidió que su lugar en la política argentina estaba determinado por el de la UOM. Una y otra vez intentó traspasarlo, a izquierda y a derecha, y tuvo que retroceder tanto en 1959 como en 1965.

Con todo, todavía era una dirección relativamente legítima la de 1964. El poder con que controlaban la vida sindical no era el resultado de maniobras exclusivamente oligárquicas; los trabajadores votaban a Vandor en elecciones más o menos democráticas (durante el gobierno de Frondizi y antes del de Onganía) y su jefatura era el resultado directo de largas y duras luchas de saldo diverso.

La ofensiva de la UCRP en este terreno sirvió para afianzar definitivamente una dirección sindical que —a pesar de algunos cambios de nombres— siguió siendo básicamente la misma hasta 1972. Pero el espaldarazo definitivo lo obtuvieron de manos del general Onganía: la permanencia en el cargo bajo su gobierno estuvo más ligada a componendas con Rubens San Sebastián que al apoyo de los trabajadores. Las listas contrarias eran diezmadas, los activistas expulsados y los arreglos con la patronal para extirpar opositores acusados de «bolches» se hicieron moneda corriente.

La dirección sindical que en sus inicios —1955 y 1956— aceptaba el debate político, se volvió crecientemente macartista, identificó el marxismo, el socialismo, con la oposición, con los enemigos, con los enemigos de la sociedad argentina.

El macartismo sindical se vincula, entonces, con el militar. La fábula de restaurar el peronismo con algunas diferencias ganó espacio político. Si los enemigos de las Fuerzas Armadas y los de la burocracia sindical eran los mismos, los sindicalistas y los oficiales superiores eran «aliados». Se trataba, en consecuencia, de que elaboraran adecuadamente la alianza, de que comprendieran la intensidad de la afinidad; de allí en más, coser y cantar.

Eran las buenas épocas en que los seguidores de Serafino Romualdi educaban dirigentes gremiales «libres» en sus escuelitas anticomunistas. Y los dirigentes gremiales «libres» de Romualdi, los oficiales «libres» formados en la escuelita de Panamá, repetían las mismas lecciones de manuales parecidos. El horizonte resultaba promisorio.

La idea del retorno fue abandonada, reemplazada por otra: ¿qué es mejor que un general retirado sin mando de tropa?: un general en actividad, con mando de tropa: ¿qué es mejor que luchar por la vuelta de Perón?: inventar otro Perón más chiquito, con menos poder, sin el movimiento obrero rugiendo bajo sus pies. Los dirigentes sindicales se habían lonardizado: su izquierdismo tenía como límite la «izquierda» militar. El corazón del peronismo renunciaba explícitamente al corazón de su programa: el retorno, la democracia en la sociedad argentina.

Estas carencias del segundo peronismo van, si se quiere, más allá de él; son carencias del movimiento obrero a lo largo de toda su historia política, muestran la huella de un pasado muy reciente, muy fresco, donde la tradición de lucha democrática por el derecho a expresarse políticamente y a organizarse a resultas de ese debate carece de suficiente experiencia colectiva. Hasta 1930, la clase obrera no votaba porque era extranjera; después de 1930, la clase obrera no votó absolutamente nada; en 1945, las elecciones fueron el resultado de la quiebra del bloque de grupos dominantes más que del avance de los sectores populares. El peronismo reflejaba, hasta la desesperación, esa tradición política que no pudo superar y las derrotas de los trabajadores estaban soldadas a la necesidad de enriquecerla.

En los sindicatos, la falta de historia democrática, en su sentido más amplio, se fue reflejando en la consolidación de una dirección estabilizada, inerme, cada día más vinculada a un aparato con intereses diferenciados del movimiento obrero, pero que en los puntos de quiebra todavía era capaz de espejarlo distorsionadamente.

Eso sí: el goteo de militantes arrojados e idealistas con que la resistencia aprovisionó a los flamantes burócratas se cortó. En su lugar, arrivistas de toda especie coparon la banca.

Las ciénagas de la sociedad argentina, las cloacas de la política, arrimaron sus «cuadros» y el vínculo entre ésta y el delito se reafirmó una vez más. En la muerte del «padre protector», del dador de unidad política, fundó la burocracia sindical peronista su propia victoria. En ese punto mostraban su verdadera estatura, su absoluta inconsistencia ideológica: en su desprecio por la conciencia colectiva, en su fe en el aparato como prestidigitador de poder, como verdadero artífice de espacio social.

Una pequeña bobería se les escapaba: la derrota de Perón los dejaba sin piso bajo los pies, la derrota del general era la victoria de la Libertadora y ellos, a su manera, un producto congelado y descompuesto de la lucha del movimiento obrero contra aquélla. En suma: se les escapaba su identidad, y ése era un triunfo colosal de la reacción.

El talento de Vandor era, entonces, instrumental; sabía hasta dónde apretar, sabía cuándo retroceder, cuándo subir la apuesta y cuándo era imprescindible abandonar el juego. Un «hábil negociador», decían los periodistas especializados. Ese adjetivo endurecía gramaticalmente la palabra «negociador». El único «problema» era su programa: desplazar a Perón; ello requería la derrota del movimiento obrero. Entonces: si lo cumplía, sobraba Vandor; si no, era impulsado por la dinámica de la lucha social hacia los brazos de Perón. Este ir y venir, este apoyar el «operativo retorno» y al general Onganía, las luchas reivindicativas y las patronales, a su aparato político sindical y su vinculación con la base, imponía un destino manifiesto.

La duplicidad de Vandor no resultaba de un perfil de personalidad peculiar sino de la naturaleza de la política sindical, de su política sindical, de la naturaleza del peronismo. Por eso era la figura central y Perón una figura distante, por eso el Bebe Cooke era un general sin soldados y por eso —en definitiva— Augusto Timoteo Vandor coloreó, con sus gustos hípicos y su muerte, el segundo peronismo.

Su muerte dejó a la burocracia sindical sin proyecto. En los hechos, equivalió al final de todo proyecto. De allí en adelante los dirigentes sólo se propusieron sobrevivir y los movimientos que ejecutaron tuvieron ese objeto. Nunca más se enfrentaron abiertamente con Perón y nunca más disputaron abiertamente su «conducción estratégica».

El camino de la dirección sindical se había angostado violentamente, y el adverbio no es en este caso una metáfora: Vandor y sus enemigos corrieron la misma suerte (también Alonso murió acribillado), la duplicidad de su juego dejó de ser el costado fuerte de la apuesta para transformarse en el punto intermedio de un fuego cruzado.

El sueño del laborismo parlamentario, del peronismo sin Perón, de disputar poroto por poroto el espacio con el general, quedó trunco; las fauces de la muerte, la violencia de la lucha de clases, la aparición de otros aparatos político-militares, alteraron decididamente el panorama.

Las bases de reclutamiento del vandorismo se habían estrechado, las de sus antagonistas se habían ensanchado. Todavía eran insuficientes para disputarle el aparato, pero eran suficientes para quebrarle la dinámica.

Para el vandorismo, el delito y la política eran primos hermanos. El primero y los hombres que provenían de su mundo bien podían integrarse a una nueva profesión, que perdía su carácter primitivamente artesanal para incluirse en la nómina de una suerte de sociedad industrial.

La política, la del gatillo y la bomba, separada de la resistencia obrera, borraba el margen entre lo deseable y lo posible, y bastaba modificar lo deseable para que lo posible alcanzara una nueva dimensión.

De infractores del orden establecido, los vandoristas se transformaron en defensores de un orden que les reconocía un lugar; ya no era el de Evita, era el que los antagonistas de Evita habían aceptado; se llenaba, en consecuencia, con cierto automatismo.

Para ese juego, Vandor dibujó dos «estrategias»; 1.º) «los militares entienden, finalmente, que entre los “rojos” y nosotros no tienen opción y aceptan nuestra presencia en el escenario político como figuras auxiliares (gobernadores, senadores, diputados)»; 2.º) «los obligamos a tomar el poder directamente en sus manos; entonces, desaparecen los partidos, desaparece Perón, aparecemos nosotros». Ésa era, en síntesis, su propuesta. «Entiendan, el poder no pasa por Madrid sino por la calle Rioja, por la UOM».

En las elecciones de la provincia de Mendoza jugó su carta y Perón comprendió cabalmente la importancia del desafío. Ya no se trataba de una baza más, era una jugada decisiva: si Perón perdía, era un cadáver político; el avance de Vandor sería arrollador y la desarticulación del peronismo, inmediata. La victoria del dirigente transformaría al peronismo en un partido laborista de derecha, munido de una estrategia electoral en un país donde la clase obrera sólo estaba autorizada a votar a candidatos no obreros.

Entonces, ese laborismo debería negociar términos de poder, lo que para Vandor se retraducía en cogobierno militar sindical.

Sí, por el contrario, era derrotado por Perón, siendo el peronismo y el vandorismo mayoría, quedaría claro que era mejor tratar con el Lobo que con el general.

En consecuencia, como la derrota electoral de la Libertadora precipitaría el golpe y la sociedad argentina ya no tendría más instrumentos para continuar su política, salvo el Ejército (los dos radicalismos estaban liquidados, el intento de fundar un partido «libertador» directo había mostrado su inviabilidad), el programa azul debería reformularse sobre bases coloradas: dictadura militar directa.

En ese esquema sólo sobraba el doctor Illia.

Y ese esquema se desarrolló puntualmente. Perón envió a Isabelita a la Argentina, lo que era el máximo de retorno admisible para el gobierno radical, lanzó a Alonso —quebrando las 62— contra Vandor. Y el «dirigente sastre», como lo llamaba despectivamente el Lobo, produjo el programa político más duro de autoría obrera. Por cierto que sólo tenía objetivos intimidatorios (reforma agraria, nacionalización de la banca y del comercio exterior); todo servía para mostrar que Vandor era la derecha y Alonso la izquierda, que Vandor era el reformista y Alonso el radical, que aquél traicionaba las banderas del retorno y la jefatura de Perón y que éste las defendía incondicionalmente. Algo de eso había, pero se trataba de un debate metafórico.

Y una vez que los contendientes se encontraron frente a frente, los radicales temblaron. El Ministerio del Interior se puso a dudar sobre quién convenía que llevara la delantera de la disputa y, por razones ligadas a su propia sobrevivencia, resolvió que Perón, con todo, era preferible a Vandor. El Lobo era, en términos de la UCRP, el golpe en puerta sobre la base de un arreglo entre él y las Fuerzas Armadas. Es decir, una posibilidad de la perspectiva azul. Perón estaba fuera de los límites del juego militar. Entonces, autorizaron que una cinta del general, donde impulsaba a su candidato (Corvalán Nanclares) y rechazaba al pingo vandorista (Serú García), fuera difundida antes de los comicios.

El resultado no se hizo esperar: los votos del hombre, del general, doblaban holgadamente los del vandorismo. De todos modos, la alianza radical-conservadora se alzó con la gobernación. Pero si se sumaban los votos del Lobo con los de Perón, la mayoría peronista era obvia.

Las condiciones para la paz estaban selladas; Perón podía volver a negociar con el Lobo puesto que había probado que tenía la sartén por el mango, y los militares comprendieron que todo arreglo electoral, el que fuere, pasaba por Perón, mientras que uno de otro carácter no requería del líder.

Juan Carlos Onganía, el militar de gruesos bigotes, asesores católicos y otros que no lo eran tanto, oficial de caballería y defensor de la legalidad institucional, solicitó y obtuvo el retiro en 1965 porque —en contra de su opinión— nombraron secretario de Guerra a un general en actividad (Castro Sánchez) en lugar de a un retirado. Illia proporcionó al hombre de armas «constitucionalista» el pretexto necesario para lanzarse, con todas sus fuerzas, al golpe de Estado de 1966.

ALONSO, Enrique: La caída de Frondizi. Buenos Aires, Todo es Historia, 1971.

COOKE, John William: Peronismo y revolución. Buenos Aires, Papiro, 1971.

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JAURETCHE: Retorno…, Ob. cit.

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RODRÍGUEZ LAMAS, Daniel: Ob. cit.

PEICOVICH, Esteban: Hola, Perón. Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1965.

WALSH, Rodolfo: Quién mató a Rosendo. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1969.

PRIMERA PLANA, colección: «Historia del Peronismo», números 136 al 155.

EL CORDOBAZO:
LA LIBERTADORA HACE AGUA

I

A nadie sorprendió la caída de Arturo Umberto Illia. El presidente radical del pueblo era un cadáver político; su persistencia en el cargo, un terrible equívoco. Por eso, el 28 de junio de 1966 careció de todo dramatismo.

Semanas atrás, en presencia de Illia, el comandante en jefe del Ejército había pronunciado un discurso admonitorio. El gobierno lo desatendió, interpretó, tergiversó, hasta volverlo irreconocible; recién entonces la UCRP pudo tranquilizarse: tanto sinsentido tenía un solo sentido, el teniente general Pistarini no se había dirigido realmente a la presidencia, su interlocutor era la sociedad argentina. Entonces, el gobierno no podía decir nada sobre el discurso, salvo demostrar su error, o sea, pasar a retiro a Pistarini y a los oficiales que pensaban como él: derrotar a los azules del Ejército.

En su particular jerga castrense, Pistarini había vuelto a expresar sus verdades eternas: dijo que la izquierda rampaba peligrosamente en la Universidad y la cultura; que las ollas populares, el desorden social, las movilizaciones de la FOTIA, debían erradicarse de Tucumán, dijo también que los ferrocarriles debían ser racionalizados y no dijo —pero lo diría Onganía poco después— que el puerto de Buenos Aires tenía que higienizarse adecuadamente.

Para la UCRP éste era un programa irrealizable, antes que nada porque el Ejército no le ofrecía la posibilidad de ejecutarlo. La derrota electoral de Mendoza (Vandor y Perón, sumando los sufragios, superaban el acuerdo conservador-radical) cerraba el segundo capítulo de la Libertadora.

En algún sentido, Illia y Frondizi eran figuras opuestas de igual sino e idéntico sentido. En Frondizi era posible contabilizar el talento, el brillo de las ilusiones de clase media (cuando la clase media tenía ilusiones, cuando enarbolaba un programa para toda la sociedad argentina, cuando confiaba en deshacer al peronismo en vida de Perón).

Illia era el portador de los jirones de la ilusión destrozada: ni la UCRP ni la UCRI podían triturar al peronismo, y el costo del intento resultó terrible para los partidarios de Alem e Yrigoyen. Es que la capacidad del peronismo para bloquearles su tarea histórica sólo podía compararse con su incapacidad para cumplimentar la propia; a tal punto que la historia de la Libertadora, en rigor de verdad, es la historia de dos impotencias, entendidas como necesidad de un bloque histórico: el fin de una de ellas habría equivalido a la ruptura del bloque, a su muerte, a un nuevo capítulo de la historia argentina.

Las elecciones del 14 de marzo de 1965 habían mostrado, por última vez, las particularidades de la versión vandorista del segundo peronismo. La Unión Popular, nombre con el que se había presentado a los comicios, ingresó a la legislatura por primera vez desde 1955 sin que éstos fueran cancelados. Parecía un triunfo.

Paulino Niembro, viejo dirigente de la UOM, encabezó la bancada impensable. Le bastaba ser un opositor de Su Majestad; la falta de majestad gubernamental rebotaba sobre las figuras chinas de la diputación peronista. Ninguno tenía nada que decir, ninguno se ocupó siquiera de disimularlo. Estaban en la Cámara, eso era todo.

Illia no agregaría nada a lo que Frondizi había posibilitado, otorgado y soportado en materia política; salvo el derecho de los ciudadanos a tratar privadamente sus asuntos personales sin estado de sitio ni plan CONINTES. Y eso que Illia no pactó con Perón. En realidad, el que pactó con Perón fue Frondizi en el ’58 y en el ’63; y como en el 63 el Ministerio del Interior rechazó el compromiso en beneficio de Aramburu, Balbín obtuvo —sin saberlo— el suyo en favor de Illia.

El juego de equívocos proseguiría, ya que el enfrentamiento entre Vandor y el gobierno no tuvo la Cámara por escenario; en la legislatura, se llevaban a las mil maravillas; el conflicto circulaba por las calles. Cuando la CGT solicitó un aumento salarial, el gobierno radical no acusó recibo y el Plan de Lucha del movimiento obrero puso las cosas en su lugar. Entonces, el radicalismo del pueblo actuó a la defensiva: intentó dividir a los trabajadores para aumentar su cuota de sobrevida. Es decir, actuó frente al vandorismo como antes lo habían hecho los militares.

Los colorados habían sido destituidos masivamente en la segunda purga importante del Ejército después del ’55, lo que equivalía a quebrar la relación entre éste y la UCRP (pues eran hombres de Balbín los que Onganía pasaría a retiro). Para evitar el golpe, para quebrar el cerco azul era preciso designar mandos adictos. La operación resultaba imposible: si eran buenos para el gobierno, eran malos para el Ejército, y viceversa.

Con todo, el radicalismo tenía una obsesión realizable: sacar de en medio a Onganía, defenestrar al jefe militar de los azules. Esta victoria pírrica tuvo una doble virtud: por un lado, facilitó la preparación del golpe sin menoscabo para Onganía (general legalista por excelencia) y por el otro, irritó al cuadro de oficiales sin proporcionar ventaja alguna.

Todo el programa de la UCRP se reducía a gobernar seis años con un soporte social estrechamente agrario y tímidamente urbano. Eran las ausencias las que caracterizaban al gobierno de Illia, de modo que el cumplimiento de su proyecto lindaba con la más osada de las utopías.

El gobierno y los sindicatos jugaban su partido aparte: ambos, a su manera, conocían sus respectivas impotencias. Estos sabían que la debilidad de aquél no suponía crecimiento sindical y la UCRP no ignoraba que los alfilerazos que infligiera a Vandor no se traducirían en aumento del peso específico de la UCRP. Ni las organizaciones gremiales ni la UCRP eran capaces de constituirse en puntos políticos de reagrupamiento social. Y esta mutua impotencia, si se quiere, aumentaba el furor de los arañazos.

Entonces, el fatídico 28 de junio se hizo presente. Para los sindicatos se iniciaba un venturoso porvenir. Un Lonardi con bigotes se hacía cargo del Ejecutivo y del Legislativo para poner en marcha la «revolución nacional». Augusto Timoteo Vandor alcanzó el cenit mientras sonreía encorbatado durante la ceremonia de asunción de Onganía, en la Casa Rosada.

Ya no era preciso apostar al retorno o al peronismo sin Perón: Onganía-Perón estaba allí para restaurar el bonapartismo fracturado en 1955. Mejor que en el ’55, si se considera que un gobierno «revolucionario» instauraba la alianza militar-sindical directa. Perón proponía «desensillar hasta que aclare», en apenas velado apoyo al golpe y Ramos esperaba el día menos pensado de la «Revolución Argentina». Era la hora del consenso a gritos.

Por cierto que la alianza entre el Ejército y los sindicatos no era un acuerdo entre iguales: Onganía era el más fuerte de la ecuación. Para Vandor no sería así durante mucho tiempo: aquel general vería, con el correr de los días, que no se podía violentar a las muchachos; si no, un oportuno «plan de lucha» se lo haría comprender, o adiós al general.

Vandor creía que la situación de los sindicatos del 66 era mejor que la de 20 años atrás, puesto que Onganía era, desde esa perspectiva, más débil que Perón y, en consecuencia, más proclive a acordar buenamente.

El error era grave; desnudaba el taparrabos ideológico del vandorismo y sus asesores «de izquierda». Desde el punto de vista del Lobo, el problema pasaba por delimitarse organizativamente de Perón (o, en este caso, de Onganía) para poder ejecutar un juego independiente. Onganía no contaba con respaldo obrero, era preciso impedir que lo tuviera. Ése era el papel de Vandor: evitarlo y dárselo; Onganía proveía de respaldo militar y entre ambos constituían un verdadero cogobierno, una fantasía: la patria metalúrgica.

El sonriente cabo retirado de la Escuela de Mecánica de la Armada pasaba por alto algunos detalles: Perón no podía prescindir del movimiento obrero porque en ese caso sería prisionero del Ejército; Onganía no podía prescindir del Ejército, su única fuente de poder: si intentaba apoyarse en los trabajadores contra él, los oficiales le harían saber inmediatamente que era un ex presidente, un autócrata depuesto.

Perón podía prescindir de Vandor o de cien Vandor, pero ése era su límite. Onganía, en cambio, tenía el límite puesto del revés y por eso, precisamente, presidía la «Revolución Argentina». La naturaleza de su gobierno surgía de la del derrocamiento del gobierno de Illia. La UCRP no había sido expulsada de Balcarce 50 por el carácter antidemocrático, proscriptivo, de las elecciones de 1963. Si así hubiera sido, el remedio era sencillísimo: bastaba con respetar comicios posteriores y perfeccionar, por esa vía incruenta, el defectuoso gobierno radical o, de lo contrario, derrocar a Illia y convocar inmediatamente a elecciones. Pero no era ése el programa azul, el programa de Onganía, y no se puede decir que Vandor estuviera engañado, al menos en ese punto.

Entonces, el sentido del golpe debe rastrearse por otros pastos. Antes que nada, por la homogeneización azul de las Fuerzas Armadas; en segundo lugar, por las necesidades del bloque de clases dominantes, por el gorilismo del bloque de clases dominantes, en suma.

Es preciso rastrear los requerimientos del partido público de la «Revolución Argentina», en lugar de perderse en los meandros del partido secreto. Hay que recordar que, en 1955, la contrarrevolución Libertadora había expulsado a la clase obrera del terreno común de la república parlamentaria y que los trabajadores necesitaban recuperar ese lugar, reconquistar los derechos conculcados, ascender hasta el status de ciudadanos plenos. Pero esa perspectiva estaba fuera del horizonte de los Vandor, de sus asesores espirituales, del peronismo; remite, entonces, a la lucha que, con banderas desflecadas libraría —consciente o inconscientemente— la clase obrera argentina en mayo del ’69 y marzo del ’71, contra Onganía y Levingston.

Mientras tanto, los asesores explicaban que el general cursillista integraba las huestes del Opus Dei y que el Opus Dei arrancaba en la España de Franco y Monseñor Escriba de Balaguer. Los expertos en catolicismo preconciliar afirmaban que el coronel Guevara, reputado militar católico vinculado al general Lonardi, lideraba esa corriente comunitaria, y que Onganía era un recienvenido al Opus que permitía al partido secreto alzarse con el golpe público.

Claro que no todos los expertos coincidían exactamente en la filiación cristiana del partido secreto; no faltaban los que vinculaban a los cursillistas a corrientes francesas y no españolas. Pero nadie discutía que Jorge Néstor Salimei motorizaba el corazón del proyecto y fue precisamente Salimei el designado por Onganía como ministro de Economía. El partido secreto, entonces, tenía un buen pedazo de poder, aunque su viejo enemigo liberal disponía de una fracción militar adicta importante.

Onganía parecía un Lonardi mejor situado. Aunque en este esquema, el 13 de noviembre, su derrota equivalió a un giro a la derecha de la «Revolución», a una victoria de su ala retardataria.

II

El ministro de Economía puso todas las piezas en su lugar. En menos de seis meses ejecutó puntualmente la parte más grosera del programa público de la «Revolución Argentina»: racionalizó el puerto, tras haber aplastado una huelga y encarcelado a su principal dirigente, Eustaquio Tolosa, al que hizo condenar después a cinco años de cárcel; cerró ingenios «antieconómicos» en Tucumán, para lo cual debió expulsar por las buenas y no tan buenas a unos 150.000 trabajadores; racionalizó a sangre y fuego los ferrocarriles, que de todos modos siguieron dando pérdida y presenció impertérrito la «noche de los bastones largos» en la Universidad de Buenos Aires.

Después se marchó, con lo que nos impidió conocer el verdadero programa del partido secreto. Pero conocimos el programa público del partido público: Adalbert Krieger Vasena.

Antes de que el doctor Krieger Vasena se hiciera cargo del Ministerio de Economía, Vandor descubrió que algo no andaba del todo bien. Onganía había recibido a Tolosa en la casa de gobierno para receptar la voluntad de colaboración del dirigente portuario, la cual suponía buscar, de común acuerdo, los modos de reducir costos operativos en el puerto sin «cercenar» las conquistas obreras. El presidente no se comprometió, pero parecía que el nuevo programa laboral consideraría los reclamos portuarios. Era una ilusión candorosa: sin aviso previo, ni comunicación anterior, el programa racionalizador fue lanzado con toda dureza.

Onganía le había robado la táctica a Vandor: golpear primero y negociar después. El golpe incluía la derrota portuaria, el encarcelamiento de Tolosa, la aplicación del nuevo reglamento a rajatabla. Lo que Onganía entendía por «negociación» no quedaba tan claro; tal vez, si se considera la humildad de sus orígenes (era hijo de un puestero de estancia), es posible que, al recibir a Tolosa en la casa de gobierno creyera que negociaba; ir más lejos suponía claudicar, y Onganía no era de los claudicantes.

Así y todo, Vandor elaboró un plan de lucha. Se trataba de actos de esclarecimiento primero y una huelga general después, para que Onganía comprendiera que «cogobierno era cogobierno». Entonces, el 22 de febrero comenzó el movimiento vandorista.

Villegas se encrespó: el jefe del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), dictaminó que el plan de lucha era atentatorio contra la «seguridad nacional», ya que se proponía «subvertir la paz social». El 25 de febrero, tras el arresto de centenares de activistas y la suspensión de la personería gremial de la UOM, el plenario de secretarios generales lo reafirmó a duras penas.

El eje del plan de lucha pasaba por la eliminación de la ley 16.936 (de arbitraje obligatorio), que equivalía a la ilegalización del derecho de huelga y del contrato colectivo de trabajo, mientras que dejaba en manos del gobierno la evolución del salario obrero. Onganía amenazó con intervenir la CGT; la amenaza surtió efecto. Rápidamente, los integrantes del Comité Central Confederal resolvieron que el plan de lucha había muerto incumplido. Tras una escaramuza, sin presentar batalla, la dirección del movimiento obrero se rindió.

Y el 13 de marzo Krieger anunció su plan económico, mientras el conjunto de las clases propietarias admiraba la contundencia de la política oficial. Una cosa quedaba clara: Onganía no era Perón. Y algo más: hacerle un plan de lucha al gobierno de la «Revolución Argentina» no era idéntico a tomar fábricas con rehenes durante el gobierno de Illia.

III

El programa del doctor K. fue elaborado antes de que el gobierno saldara sus diferendos con el movimiento obrero. Aun así, la victoria sindical hubiera tenido un parámetro inequívoco: la inaplicabilidad del plan económico de la «Revolución Argentina».

Es posible sostener, en consecuencia: el programa de Krieger requería la derrota sindical. El motivo es sencillo: una de las patas del proyecto pasaba por el congelamiento salarial y nadie ignora que si la clase obrera no está derrotada resiste, hasta donde le da el cuero, semejante tipo de programas. El doctor K. tenía, entonces, un enemigo preciso: los trabajadores.

Pero todo no terminaba allí. El doctor K. pasó el dólar de 255 pesos a 350, concretando una devaluación del 37 por ciento. Una devaluación en la Argentina distaba de ser novedosa, pero el método del doctor K. era inusual. En lugar de transferir a los exportadores, particularmente a los agrarios, un poder de compra incrementado, compensó la devaluación con retenciones fiscales. Es decir: los exportadores recibían 262 pesos (casi el 3 por ciento más), en lugar de los 255 anteriores.

Denominó jocosamente a esta maniobra «devaluación compensada», pero su ironía no se detuvo allí. En lugar de utilizar la masa monetaria para la nivelación del déficit fiscal, la orientó hacia la inversión pública: las construcciones del Estado (obras públicas) fueron rápidamente incrementadas y se transformaron en el segmento más dinámico de la actividad económica.

La «devaluación compensada» tenía además objetivos secundarios. Es habitual que las devaluaciones produzcan una secuela de efectos «indeseados», porque actúan de inmediato sobre los precios internos de los alimentos. En consecuencia, los trabajadores requieren aumento nominal de sus salarios para compensar la reasignación regresiva del ingreso. Para conservar los términos del intercambio interno (cantidad de bienes industriales por productos primarios) y para evitar que su capacidad de generación de dólares en pesos se vea sensiblemente disminuida, los industriales elevan los precios, dando curso a una intensa puja por la distribución del ingreso.

El doctor K. la ahorró por completo, pues la devaluación no se proponía mejorar la situación competitiva del agro sino crear un impuesto que entregara al gobierno una masa de dinero capaz de dinamizar velozmente, sin efecto inflacionario, la actividad del mercado interno.

Como el doctor K. no esperaba capitales —sabía que en 1966 no eran particularmente abundantes, al menos para América Latina—, toda su propuesta pasaba por utilizar de otro modo la capacidad de ahorro interno. Es decir: en lugar de estimular las exportaciones tradicionales, que facilitan las divisas para impulsar el crecimiento industrial y añadir el faltante con inversiones extranjeras, se propuso exportar bienes manufacturados.

Es preciso reconocer que logró de esta manera alterar significativamente la estructura de exportaciones, reduciendo la participación del sector agropecuario.

Consciente de que la capacidad industrial instalada estaba siendo subutilizada, el doctor K. se propuso reactivarla ofreciéndole el mercado exterior para su crecimiento adicional. Favoreció asimismo las industrias de baja composición orgánica de capital (pequeña inversión en equipos), como la construcción, facilitando, en consecuencia, una mayor explotación del trabajo humano directo.

De este modo, aumentó el nivel de ocupación para salvar los costados más «impopulares» (cierres de ingenios, privatizaciones, etcétera) de la política gubernamental. Al mismo tiempo, con la reducción del salario real se produjo otro fenómeno que lo compensó relativamente: el doctor K. modificó (permitió que se modificaran) las condiciones de trabajo. Es decir: para que un asalariado ganara lo mismo, tenía que trabajar más.

Los terratenientes no fueron los principales beneficiarios del programa de Krieger. Esto quedó palmariamente claro cuando el ministro, a comienzos de 1969, impuso un impuesto a la tierra libre de mejoras.

Es decir: la masa de dinero recaudada mediante el recurso de la devaluación compensada se había agotado en 1968 por los sucesivos aumentos internos de precios; entonces, el doctor K. acudió al expediente de emitir títulos de deuda pública (bonos), con lo que rehizo su disponibilidad financiera sin aumentar el desequilibrio fiscal. Cuando el recurso se agotó (a fines del ’68), recurrió al impuesto a la tierra libre de mejoras.

CARBAP y la Sociedad Rural (no con el mismo tono, por cierto) mostraron su desagrado. En cambio, la Asociación de Bancos elogió sin retaceos el comportamiento del ministro, que había aportado además otra novedad importante: las tasas de interés fuertemente positivas.

Tanto las tasas pasivas (de inversores y ahorristas) como las activas (tomadores de crédito) eran superiores a la inflacionaria. Y el Instituto de Estudios Monetarios, dependiente de la Asociación de Bancos, sostuvo que 1968 había sido un año maravilloso; desde su perspectiva, tenía razón.

El crédito se expandió y el acceso a las fuentes de crédito fue más sencillo. Nunca es demasiado difícil obtenerlo cuando la tasa es fuertemente positiva y si la actividad económica no se encuentra en su faz recesiva. Éste era precisamente el caso de 1966, ’67, ’68: el producto bruto interno creció a buen ritmo, pero un costo tenía el dinero del circuito bancario y otro el del circuito para-bancario.

Las construcciones privadas obtuvieron un auge inusual. A tal punto, que el nivel de construcción fue superior al de la demanda solvente. 60.000 departamentos sin vender en 1968 y 100.000 un año más tarde atestiguan el aserto. Las propiedades se entregaban con el 25 por ciento de su valor, el resto se pagaba en 10 o 12 años; las construcciones se iniciaban con el valor del terreno por todo capital, incluso con menos, en la seguridad de obtener compradores.

Pero el sector sobre el que pivoteaba el programa del doctor K. el de las construcciones públicas y privadas, había llegado a su límite reproductivo. Las obras de infraestructura (riego, electricidad, caminos, diques) tenían un techo preciso y esta reducción del ritmo de crecimiento anunciaba la inversión del ciclo económico: a la expansión se correspondería la crisis. Sin embargo, es preciso destacar que la crisis política sobrevino anticipadamente a la económica.

El programa de la «Revolución Argentina» beneficiaba, en primerísimo lugar, al capital financiero nacional y extranjero; en segundo término, las industrias que tenían acceso al crédito internacional (foráneas de posición monopólica, o nacionales en igual situación); en tercer término, las empresas nacionales ligadas a determinados rubros (constructoras, de servicios, etcétera) y, por último, el sector agropecuario.

Es decir, el proyecto conciliaba los intereses del conjunto de las clases dominantes desde la perspectiva del segmento hegemónico, favoreciéndolas a todas, aunque no en la misma proporción. Sólo los sectores más atrasados (industria textil mediana y pequeña, y metalúrgica liviana) sufrieron los rigores de la política de Krieger y su representación institucional, la Confederación General Económica, de ningún modo se enfrentó a Krieger sino cuando éste era ya un cadáver insepulto. Con anterioridad, había sostenido que el programa del ministro era un dechado de virtudes técnicas y que por su propia lógica interna impulsaba una concentración económica que iba en desmedro de la industria nacional mediana y pequeña. La CGE había entendido, en consecuencia, que el proyecto a largo plazo, susceptible de corrección, debía ser modificado políticamente en su beneficio.

Por cierto, habían explicado que la política arancelaria (de disminución de las gabelas), destinada a mejorar las condiciones técnicas de la industria, debía aplicarse con sumo cuidado, ya que acentuaba la cadena de quiebras industriales.

Mientras tanto, los efectos del programa del doctor K. eran visibles. Amparado en la ausencia de una política de control de cambios (libre circulación de capitales) y en el incremento de la tasa de plusvalía, el capital financiero comenzó a actuar. La devaluación, precisamente por estar compensada, no sólo favoreció al gobierno sino que incrementó en un 37 por ciento el poder interno de compra del dólar.

Es decir, los industriales producían, en dólares de 350 pesos, mucho menos que antes de la devaluación, no obstante sus deudas debían pagarse con dólares de 350 pesos. Entonces, sus acreedores estuvieron en condiciones de transformar sus deudas en participación en el paquete accionario, o de comprar el resto del paquete, porque el bien que más se había valorizado era la moneda norteamericana y el que le seguía inmediatamente en importancia era el peso (tasas de interés positivas).

En lugar de radicar equipos y maquinarias, radicaban capital financiero; es decir, adquirían a buen precio equipos en funcionamiento, desnacionalizando parte de la estructura productiva.

El desarrollismo se encrespó; sostuvo que no era ése el tipo de radicación que ellos defendían, porque no añadía capacidad productiva sino que servía —y esto ya no lo dijo el desarrollismo— al mantenimiento de la tasa de ganancia del capital extranjero.

Esta apreciación contiene un elemento cierto: tal radicación no añadía capital productivo bajo la forma de medios de producción; pero deja sin respuesta una pregunta: ¿qué hacía el tenedor de capital líquido con la masa de dinero recibida?

No se conoce un estudio sistemático sobre el tema. Aun así, es posible presuponer la respuesta. Si se tomara el volumen de compras de bienes nacionales (los que se sabe que fueron transferidos) y se contabilizara el monto de inversión fija adicional del año siguiente, se verificaría —ésta es una hipótesis por corroborar— que el crecimiento de la inversión fija no guarda proporción con el volumen adicional de capital ingresado. Sería dable suponer, entonces, que un fragmento considerable de éste se redestinó a operaciones comerciales (compra de otras empresas) y el resto se fugó hacia el exterior, al amparo de la libre circulación de capitales.

IV

El programa de Krieger Vasena puso en crisis, entre otras cosas, a la dirección del movimiento obrero. La derrota del plan de lucha de febrero del ’67 dividió a la conducción sindical en tres sectores claramente diferenciados:

1.º) Los que entendían que la resistencia no era posible ni deseable: imposible, porque el gobierno estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera preciso; indeseable, porque éste tenía dos alas, la nacionalista y la liberal. La nacionalista, encabezada por Onganía, no estaba en suficiente relación de fuerzas como para imponer sus términos; la liberal, encabezada por el ministro de Economía y el comandante en jefe del Ejército, aprovecharía los ataques contra el gobierno para transformarlos en ataques contra el presidente y su programa.

En ese juego estaba la Unión Obrera de la Construcción (casualmente vinculada al segmento más dinámico de la economía argentina), que salvo episodios aislados —como el del Chocón— no debía soportar mayor presión de sus bases, y Luz y Fuerza. Ambos gremios enarbolaban un único programa: esperar.

2.º) Los que entendían que el gobierno era una unidad reaccionaria que debía ser derrotada, ya que no dejaba la menor alternativa para el movimiento obrero, y estaban dispuestos a perder los sindicatos en la empresa; los defensores de la lucha frontal, los herederos de la resistencia peronista agrupados en organizaciones gremiales secundarias, más golpeadas por la congelación salarial.

3.º) Los que confiaban en la división del gobierno y en la posibilidad de operar sobre ella pero, para volcar la relación de fuerzas en favor del movimiento obrero empujaban a acciones limitadas, circunscriptas, que daban paso a la negociación. Su estrategia podía formularse en dos palabras: luchar y negociar. Ésos rodeaban a Vandor.

Pero en 1967, el vandorismo y el participacionismo no tenían modos concretos de diferenciación. Vandor había permitido que la huelga portuaria fuera derrotada en medio del aislamiento general; el cierre de los ingenios tucumanos, silenciado; la lucha ferroviaria, salvajemente reprimida, acallada y ocultada. A su juicio, esto era parte del acuerdo, parte del programa que el movimiento obrero, a través de sus dirigentes, había pactado con el gobierno.

Reaccionó ante el deterioro salarial. Bastó que viera la firmeza del gobierno para que enarbolara el plan de lucha. El gobierno reprimió duramente el 22 de febrero; era preciso duplicar la apuesta, cortar los puentes o aceptar sus términos. Ni los que defendían el plan ni los que lisa y llanamente proponían olvidarlo estaban dispuestos a combatir. Sentían que se jugaban la cabeza.

De allí en más, la crisis era inevitable. Una lectura más o menos atenta de los días laborales destinados al paro muestra el retroceso de la clase obrera:

1963: | 1.282.000 | días
1964: | 1.208.000 | días
1965: | 1.248.000 | días
1966: | 1.913.000 | días
1967: | 249.000 | días
1968: | 23.000 | días

En 1967, los trabajadores pararon la octava parte del tiempo que el año anterior; en el ’68, la cifra fue absolutamente irrelevante: la paz social del general Onganía era un dato de la realidad, y la situación de los trabajadores, muy dura.

Por eso, a pesar de estar personalmente contra la propuesta de reunir al Comité Central Confederal, en marzo del ’68, para normalizar al secretariado de la CGT, Vandor consideró la alternativa. Comprobó que estaba en minoría (los participantes no integraban el lote); entonces, sus delegados no ingresaron en el recinto.

La división del movimiento obrero era un hecho: Raimundo Ongaro fue elegido secretario general de la CGT y un buen número de gremios lo acompañó. El vandorismo desconoció al nuevo secretariado y organizó su propia central. De allí en más, la «CGT de los Argentinos» y la «CGT Azopardo» desarrollarían una lucha que en 1970, poco antes del «viborazo», sellaría la suerte del ongarismo.

V

La pax de Onganía reinó casi ininterrumpidamente alrededor de 36 meses. Salvo uno que otro relámpago aislado, el gobierno probó que estaba en condiciones de imponer sus términos. Aun así, su poder tenía una particularidad creciente: el consenso inicial iba siendo reemplazado por la eficacia de su aparato represivo: el grueso de los segmentos no propietarios que habían depositado esperanzas en la «Revolución Argentina» se fue alejando a poco andar.

El aislamiento del gobierno era un dato sin verificación efectiva. Bastó, entonces, que una chispa encendiera la pradera, para que Córdoba constatara puntualmente la soledad de Onganía.

Hasta la Iglesia Católica, fuertemente comprometida con el régimen, comenzó a mostrar fisuras. No se trató, por cierto, de los inicios de una completa vuelta de campana, sino de la constatación de otro hecho: una estructura conservadora, adocenada, comprometida hasta los tuétanos con el bloque de clases dominantes, verificaba cambios en el pensamiento y en la percepción de la realidad de un número significativo y dinámico de sus integrantes.

Un obispo —mejor dicho, algún obispo— era capaz de reconocer lo que cualquier laico relativamente sensato y sensible percibía con horror: la sociedad argentina formaba parte de su tiempo universal.

El mundillo universitario comenzó a caldearse a mediados de 1968. Cuando, en 1964, la CGT había lanzado su plan de lucha contra Illia, los estudiantes habían estado ausentes. Conviene decir que no se trata de un reproche tardío sino de un relevamiento fáctico. En cambio, cuando la «CGT de los Argentinos» enfrentó al gobierno desde la agitación política, obtuvo eco. La sociedad argentina había cambiado y este último logro debía inscribirse en el debe del onganiato.

Por cierto que los partidos tradicionales (peronismo, radicalismo, socialismos, desarrollismo) estaban reducidos a sus aparatos centrales. La prohibición política lanzada por Onganía había reconocido una rarísima efectividad: era muy fácil suspender lo destruido por 11 años de Libertadora. Casi constituyó una suerte de inyección de «aslavital», un modo de protegerlos para tiempos mejores. Y decimos «casi», porque las intenciones del onganiato eran muy distintas. Claro que de buenas intenciones está plagado el camino del infierno, y otras menos ecuménicas se deslizaron por la política reaccionaria.

Una transformación molecular tuvo lugar durante esos 36 meses; su eje era el gobierno: había logrado el encono mudo de casi todos. Tiene razón el teniente general Lanusse cuando afirma, en Mi testimonio, «Córdoba estaba enferma de orden». Con un añadido: no sólo Córdoba gozaba de los privilegios del mal.

La relación del onganiato con los sindicatos era distinta. Salvo aquellos abiertamente participacionistas (Luz y Fuerza, UOCRA, Vestido), los demás miraban al gobierno con creciente hostilidad. El vandorismo había echado por la borda sus expectativas y se aprestaba a golpearlo.

En los primeros días de mayo de 1969, la UOM realiza en Mar del Plata un congreso nacional de delegados. El documento con que clausura las deliberaciones es francamente opositor.

Hay más: Vandor viaja con posterioridad a Córdoba y dialoga con Elpidio Torres (de SMATA, vandorista), Agustín Tosco (de Luz y Fuerza, «CGT de los Argentinos») y Atilio López (de UTA, «CGT de los Argentinos») para trazar una estrategia antigubernamental.

El 5 de mayo del ’69, SMATA y UTA paran en Córdoba en protesta por el incumplimiento del decreto 106 del Poder Ejecutivo, que establece la eliminación de las quitas zonales. La industria cordobesa —y no sólo ella— gozaba de un curioso «beneficio» a modo de «estímulo» de radicación: quitas salariales, reducción de los salarios de convenio para impulsar el crecimiento económico. El gobierno resuelve eliminar la prebenda pero la industria se hace la desentendida. Y esos gremios salen a la huelga; al día siguiente, la UOM de Córdoba hace otro tanto, con el respaldo de la UOM nacional.

Para compensar la eliminación de las quitas zonales, el gobierno acuerda, el 11 de mayo, liquidar el sábado inglés, por el cual los trabajadores trabajan 44 horas semanales y cobran 48 (las cuatro de descanso del sábado). El 13 y el 14 de mayo, UTA, SMATA y UOM enfrentan en Córdoba a la policía. Todavía no es el cordobazo, pero la clase obrera ya está en marcha, la desmovilizante pax de Onganía está quebrada.

La congelación salarial requerida por el plan económico del doctor K. produce el máximo de tensión. Las dos centrales obreras lanzan un paro, a nivel nacional, para el 29 de mayo. Es la CGT cordobesa la que resuelve transformar el paro nacional en paro activo. Dos gremios son pivotes del movimiento: SMATA y Luz y Fuerza. Elpidio Torre y Agustín Tosco los movilizan personalmente.

La dirección de SMATA entrega a cada cuerpo de delegados cinco puntos de agrupamiento y reagrupamiento; éstos los entregan a sus bases. Es decir: los puntos de concentración no son públicos, se espera enfrentar a la policía, dispersarse, llegado el caso; reagruparse para volver a la carga.

No es el método que tradicionalmente el vandorismo impulsa en todo el país. Córdoba es una suerte de espacio circunscripto, un anticipo de lo lejos que Vandor está dispuesto a llegar si el gobierno no retrocede. El Lobo ha doblado la apuesta en una provincia en donde SMATA —un solo sindicato— define el fracaso o el éxito de un paro activo. Eso no es todo: ha logrado, previamente, garantizar la presencia de Luz y Fuerza; la cantidad de pólvora acumulada para el estallido es suficiente.

A las diez de la mañana, las columnas de SMATA y Luz y Fuerza comienzan a marchar hacia el centro. Logran sumar rápidamente empleados y estudiantes y la policía es desbordada. El gobernador Caballero pide auxilio al jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Sánchez Lahoz. A las 13.15, el tercer cuerpo emite el comunicado N.º 1, donde anuncia la creación de Consejos de Guerra. Entre tanto, la policía apenas controla el perímetro mínimo que rodea el edificio del cuerpo. La gente domina las calles, charla, bromea, mientras el Ejército todavía no entra a la ciudad: Córdoba es una fiesta.

La hegemonía del «Cordobazo» es claramente proletaria. Son los obreros industriales los que directamente impulsan el paro activo, son los dirigentes orgánicos los que organizan la movilización; el resto de Córdoba se pliega, militante y combativa, a los trabajadores fabriles.

A las 14 horas, el Ejército ya está en el perímetro de la ciudad. Uno de sus primeros operativos, casualmente, es detener a Elpidio Torre y a Agustín Tosco en la sedes de sus respectivos sindicatos.

Antes de ingresar a Barrio Clínicas, el corazón politizado de la Córdoba estudiantil, el Ejército emite un comunicado avisando la medida. Es decir: actúa como si esperara fuerte resistencia y fuera preciso ablandar primero y entrar después. El fantasma estudiantil se ha instalado en los cerebros militares; así y todo, Barrio Clínicas no resiste: los esporádicos disparos de los franco-tiradores (disparos al aire) sirven para inquietar a los conscriptos que no llevan munición de guerra. A las 17, Córdoba es una ciudad tomada y sitiada, y el «Cordobazo» una figura mitológica que teñirá la conciencia colectiva. Una noticia recorre Argentina: Onganía es vulnerable.

En Lucha de calles, lucha de clases (trabajo colectivo del CICSO), se explica que es posible visualizar en el «Cordobazo» zonas de lucha y zonas de resistencia. El corazón de la lucha se libró en el centro, en el terreno enemigo, porque se estableció una suerte de identificación entre centro y poder. Las barricadas eran «formas defensivas del avance popular»; en ellas, la clase obrera entabló el contacto con el resto de los segmentos sociales, sin equivalente nivel de centralización política.

Las zonas de resistencia, en cambio, eran los barrios: una vez que el movimiento refluyó, tras el ingreso del Ejército, ellos constituyeron el último radio de la movilización. Es posible distinguir tipos de barrios claramente diferenciados: los burgueses, donde los manifestantes encontraron, con asombro, inesperado eco; los de clase media, donde la movilización sacó a sus habitantes del interior de sus casas; los populares, donde la retaguardia social de la clase obrera (su vida doméstica) nutrió emocional y numéricamente a los combatientes.

El gobierno de Onganía estaba herido de muerte; pero el onganiato era algo más que la política de un autócrata militar: era el último gobierno de la contrarrevolución Libertadora electo en las condiciones de la Libertadora. De allí en más, sucesivas presidencias (Levingston y Lanusse) intentaron rehuir su destino manifiesto: aceptar el reingreso de la clase obrera a la república parlamentaria; aceptar que el peronismo era una fuerza política legítima y que su ilegitimidad y la del sistema se volvían peligrosamente idénticas.

Digerir el «Cordobazo» no resultó una operación sencilla. El error habitual consiste en ligar el movimiento a la política económica de Krieger Vasena, cuando se trató, en realidad, de un proceso muchísimo más complejo. Si se quiere, fue resultado del proceso zigzagueante de la Libertadora desde la caída de Perón hasta 1969. La Córdoba del ’45 al ’55 había sido la Córdoba agraria, donde la actividad industrial constituía un delicado salpicón, un añadido, una novedad. La del «Cordobazo», era la impulsada por el programa desarrollista de Frondizi, la Córdoba del monopolio industrial automotriz y de la pérdida de ese monopolio.

En la Córdoba agraria, sabattinista, el general Lonardi había lanzado la peculiar alianza que lo había llevado al triunfo en septiembre de 1955. La pequeño-burguesía universitaria católica había servido, armas en mano, de retaguardia, para que la pequeño-burguesía militar tomara los fusiles contra el gobierno del general Perón y —mediante una gigantesca campaña de propaganda armada— modificara drásticamente la relación de fuerzas dentro del Ejército.

Es decir: la Córdoba católica, sabattinista y gorila, espejaba a la vanguardia militante de la Libertadora; a la clase obrera, concentrada geográficamente en derredor del cinturón industrial del Gran Buenos Aires, no podía sumarla en septiembre de 1955.

La Córdoba de la Libertadora se perdió en la noche de los tiempos. La industria automotriz (compañías monopólicas extranjeras) se estableció allí y alimentó los requerimientos del mercado nacional. Hasta 1960, el crecimiento de la industria fue constante, luego se estancó y en 1962 comenzó a retroceder. Fiat ingresó al mercado; lo hizo de un modo diferente de las plantas instaladas: en lugar de montar sus fábricas en Córdoba, las instaló en Buenos Aires. Y cuando Ford se estableció directamente en las estribaciones del cordón industrial porteño, el monopolio cordobés terminó de romperse.

Su fin significó, entre otras cosas, que los talleres que nutrían de elementos semiartesanales a la industria concentrada fueron barridos. La crisis cordobesa comenzó a manifestarse a través de un sistemático goteo de población que se incrementó cuando se superpuso a la crisis agraria.

A lo largo de un proceso que se desarrolló en más de una década, se constituyó un proletariado industrial doblemente concentrado: geográficamente (vivió muy cerca del centro de la ciudad, en barrios claramente definidos) y productivamente (pocas plantas englobaron el grueso de la actividad). Sólo en industrias básicas (acerías) o en obras de gran porte (Chocón-Cerros Colorados, Atucha) es posible visualizar tantos obreros en tan poco espacio productivo.

Ese proletariado tenía, además, otro signo distintivo: era nuevo, no tenía la misma tradición política, no era peronista. Coexistía con un sinnúmero de elementos de clase media empobrecida por la crisis, y con estudiantes de carreras técnicas (ingeniería, química, etcétera). Era altamente calificado y en muchos casos su ingreso estaba por encima de los topes de segmentos sociales no ligados a la producción.

La Córdoba de Lonardi fue destruida por Frondizi, la Córdoba de Frondizi trastabilló durante Illia y la Córdoba de Illia soportó el impacto político de Onganía. Entonces, recién entonces, fue posible sostener: «Córdoba aparece como un eslabón débil del capitalismo argentino. Lo suficientemente débil como para recibir con mayor crudeza y profundidad la crisis que afecta al país, y lo suficientemente fuerte como para poder reaccionar» (de Lucha de calles, lucha de clases, p. 158).

La respuesta, el «Cordobazo», muestra una nueva alineación de clases sociales. Al calor del combate obrero, los sectores medios modificaron drásticamente su comportamiento político y, en lugar de servir de base de reclutamiento de comandos civiles, nutrieron las barricadas en Barrio Clínicas. La política de la Libertadora logró lo que había resultado imposible durante 10 años de gobierno peronista: vincular socialmente a las capas medias con el proletariado y empujar a la clase obrera hacia las banderas que la juventud rebelde enarbolaba en América Latina y en el mundo entero: el socialismo.

Onganía no pudo comprenderlo, por eso sostuvo que el «Cordobazo» era el producto de agitadores entrenados en el extranjero. El general cursillista repitió un argumento del que Federico Engels ya se había mofado un siglo atrás, pues una movilización de masas es el resultado de un largo proceso de transformación de la conciencia colectiva: un puñado de hombres decididos no puede ponerla en marcha a su voluntad ni detenerla cuando le parece conveniente.

La Libertadora tocaba a su fin. Sólo faltaba que sus jefes entendieran la nueva situación. El costo de su error podía ser terrible: la alianza política gestada en las barricadas podía modificar sus términos; es decir: en lugar de marchar tras las imprecisas banderas de SMATA y Luz y Fuerza, marchar tras los gallardetes de la Revolución Cubana. Entonces, en lugar de disputarse cuál de los partidos tradicionales, incluido el peronismo, se haría cargo del aparato del Estado, se disputaría la naturaleza del Estado; esto es, la situación retrocedería hasta el 16 de junio de 1955, con una diferencia abismal: las Fuerzas Armadas estaban absolutamente solas; lo que equivale a decir: marchaban hacia una derrota inevitable.

VI

El gabinete de Onganía renunció en pleno; el general, no. Las Fuerzas Armadas todavía seguían a su jefe político. La renuncia persiguió, de algún modo, su objetivo obvio: reconquistar la confianza. Por cierto que no se trataba de reconquistar la del movimiento obrero, ni de los estudiantes; no, su objetivo era más módico: reconquistar la confianza del bloque de clases dominantes y de las Fuerzas Armadas. Dicho escuetamente: el «Cordobazo» fue un accidente, un imprevisto. No deben preocuparse, no volverá a suceder.

Este «accidente» requería algún tipo de explicación. No se trataba de sostener que los buenos feligreses católicos habían sido convencidos por un grupo de revolucionarios profesionales entrenados en Cuba para sembrar Córdoba de barricadas y cocteles Molotov. Ni los oficiales superiores ni las cámaras empresarias aceptaban semejante galimatías. Sobre todo, cuando los oficiales superiores que habían actuado directamente en los sucesos rechazaron airadamente esa hipótesis y cuando las cámaras empresarias cordobesas sostuvieron que la política oficial había arrimado leña al fuego.

Entonces, la línea de explicación puramente política, duramente anticomunista, dejaba paso a una segunda afirmación: el problema pasaba por el programa económico, por Adalbert Krieger Vasena, por el liberalismo económico, por la fracción retardataria de la «Revolución Argentina».

En el campo de los partidos tradicionales, Arturo Frondizi expresó una interpretación similar: sostuvo que en las movilizaciones cordobesas nadie había pedido elecciones. Y esta versión aceptó, finalmente, Onganía, cuando reemplazó al doctor K. por José María Dagnino Pastore y a Guillermo Borda por el general Imaz. El equipo de la provincia de Buenos Aires, los cursillistas del coronel Guevara, el partido secreto, se adueñaron finalmente de la «Revolución Argentina» y, durante doce meses, ejecutaron el programa verdadero: la «revolución nacional».

Antes que ninguna otra cosa, la congelación salarial del doctor K. voló por los aires, de modo que el movimiento puramente reivindicativo de los trabajadores fue satisfecho. Los sindicatos participacionistas gritaron alborozados nuevas loas; el discurso presidencial sobre la reorientación de la «Revolución Argentina» les permitió cosechar los frutos del paro nacional, tras haber rechazado su realización.

Las piezas parecían reacomodadas. El «Cordobazo» sólo había sacudido, en rigor de verdad, Córdoba; pero había barrido la congelación salarial, eliminado a los «liberales» de la Casa Rosada. La crisis del onganiato era evidente y requería una nueva propuesta política. Entonces, la «Revolución Argentina» sería una «Revolución Nacional».

El general Lanusse confirma, en su libro, que el gobierno no entendía de qué trataba el proyecto: o la «Revolución Nacional» era el camino peruano, el giro a la izquierda y la lucha antimonopólica, o la vía era reformular la Libertadora en su eterna lucha contra el peronismo. Por cierto que Lanusse dedica este comentario a Levingston, pero conviene aclarar que para el último Onganía, el problema no difería en un milímetro.

El equipo cursillista desenvolvió su programa… en el papel. A través del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) elaboró dos gruesos volúmenes para el período 1970-1974 y corrigió a Krieger. Es decir: el Estado debía evitar que el automatismo del programa del doctor K. entregara los resortes básicos de la economía a las empresas monopólicas de capital extranjero. Era preciso volcar el crédito público en defensa de la producción nacional. En suma, el verdadero Onganía y el verdadero Levingston se parecerían como dos gotas de agua. Aldo Ferrer, meses más tarde, transformaría los mamotretos del onganiato en unas cuantas y estrechas medidas económicas que agotaban muy rápidamente el juego «antiimperialista». El camino del autócrata con bigotes llevaba a un callejón sin salida. Lo notable del caso es que, sólo cuando los generales lo descubrieron, el 27 de mayo de 1970, el presidente tuvo que marcharse a su casa. Antes, no.

Es preciso establecer que, tras el «Cordobazo», los síntomas de recesión, de inversión del ciclo económico, comenzaron a ganar la calle. El boom de los negocios terminó, sólo siguieron concretándose estruendosas desnacionalizaciones. Pero una lucha eminentemente política no requiere que el ciclo económico marche viento en popa; por el contrario, los despuntes recesivos sirven de estímulo adicional. La clase obrera no tenía ningún motivo para quedarse quieta, estática, era más bien al revés; sólo la burocracia sindical tenía buenas razones para permanecer al margen, para evitar el desarrollo de la lucha social generalizada contra el gobierno.

A su manera, los dirigentes gremiales habían sacado algunas enseñanzas del «Cordobazo». La primera era ésta: el SITRAC y el SITRAM, sindicatos de fábrica de la firma FIAT, habían desalojado a la dirección. Los obreros, que apenas habían conocido el perfil de las barricadas porque sus dirigentes no los habían movilizado, echaron a los burócratas más corrompidos de Córdoba. En su lugar emergió un nuevo tipo de líder. La nueva conducción era, antes que nada, profundamente antiburocrática: desconfiaba del poder de la cúspide, impulsaba el protagonismo de las bases. Y por si esto no fuera bastante, era socialista.

En suma, lo que no había logrado la «CGT de los Argentinos» con su prédica, lo lograría la clase obrera con la movilización. Jaquear al gobierno hasta derrotarlo políticamente, hasta obligarlo a retroceder, mediante el método de la lucha de clases, ponía en peligro a los dirigentes tradicionales mucho antes que a aquél. Morían en manos de Onganía si eran derrotados (se intervenían los sindicatos, se suspendía la personería gremial, se los sometía a prisión y juicios civiles y militares), o morían en manos de los trabajadores movilizados. Onganía había conquistado un aliado mucho más importante que los sindicatos participacionistas: el grueso de los dirigentes del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal

Sin embargo, sostener que la movilización del cinturón industrial no se produjo por la valla de sus direcciones es una simplificación excesiva. En realidad, la agitación combativa del conjunto de los trabajadores fabriles en el cinturón industrial iba mucho más allá de la derrota del gobierno: constituía un ensayo de insurrección proletaria. Y nadie ignora, ni siquiera los archiburocráticos dirigentes de la CGT, que un ensayo insurreccional tiene un objetivo preciso: la quiebra del sistema estatal vigente, el poder.

Por eso Onganía pudo sobrevivir 12 meses: nadie dispuesto a luchar por el poder poseía suficiente respaldo social; la única posibilidad de impulsar una nueva dirección pasaba, entonces, por la victoria irrecusable de los trabajadores cordobeses. Y esta victoria no se produjo.

Después del «Cordobazo», la unidad del movimiento obrero (hasta entonces dividido en dos centrales) se concretó: el grueso de los sindicatos de la «CGT de los Argentinos» se avino a unificarse con el vandorismo sobre la base de la vieja política del Lobo: golpear y negociar. El vandorismo había vencido en toda la línea, salvo en una cuestión de detalle: Augusto Timoteo Vandor había muerto. Las balas de un comando sin identificar habían puesto fin a su vida en el viejo edificio de la calle Rioja. El congreso normalizador de la CGT, como no podía ser de otro modo, llevaba su nombre.

Hasta la fecha, la identidad de sus matadores, así como su orientación política, permanece en las sombras. Curiosamente, la muerte del Lobo tenía un beneficiario político único: el vandorismo. De ahí que, salvo las rituales palabras de rigor, ni se haya dicho ni se haya investigado nada.

Un acontecimiento similar ronda la memoria: en el tiroteo de La Real donde murió el adjunto de la UOM, Rosendo García, quedó claro, blanco sobre negro, que sus asesinos integraban el lote de sus «amigos». La notable investigación de Rodolfo Walsh probó indubitablemente que Rosendo había sido liquidado, con el consentimiento del gobierno de Onganía, por los integrantes del grupo que encabezaba el Lobo.

La muerte de Vandor resulta idéntica, al menos en términos políticos. Caben muy pocas dudas de que el Lobo había resuelto jugar su carta brava en Córdoba. Así lo indica la presencia de Elpidio Torre, a la cabeza de SMATA, en la movilización, cuando SMATA era el principal gremio de la CGT local, y Torre el hombre de Vandor en la provincia. Así lo indica el hecho de que la UOM local, antivandorista, hubiera recibido el apoyo de la UOM nacional cuando se enfrentó con el gobierno, el 6 de mayo de 1969. La postura del Lobo había sido clara: transformar el paro nacional en paro activo en Córdoba.

Tras la muerte de Vandor la cosa cambió. Elpidio Torre fue condenado por un Tribunal Militar, pero su gremio prosiguió la lucha. Torre fue liberado y se hizo cargo de la CGT de Córdoba en marzo del ’70.

SMATA se enfrentó a la patronal exigiendo un aumento salarial de emergencia y la declaración de insalubridad por parte de las autoridades de la sección Forja. El paro se desarrolló a lo largo de 36 días, los trabajadores tomaron seis plantas, pero fueron desalojados por las fuerzas del orden de Pedriel y retrocedieron. En la primera quincena de julio del ’70, volvieron al trabajo.

Ochocientos operarios fueron dejados cesantes, los mejores activistas quedaron en la calle, Torre renunció primero a la conducción de la CGT y luego a la de su sindicato; la posibilidad de que Córdoba alumbrara una nueva dirección quedaba trunca: Onganía había sido capaz de evitarlo.

En verdad, no se trata de creer que Vandor se proponía derribar al presidente ni impulsar un giro a gauche de la conducción sindical. El problema era otro: Vandor jugaba pegado a la raya que divide lo razonable de lo posible; su juego resultaba muy arriesgado para el conjunto de sus asociados políticos y sindicales. Una fracción resolvió que la estrategia del Lobo resultaba excesiva. El debate no integra la tradición histórica de la UOM, por eso eligieron una vía más expeditiva. Por cierto que se trata de una hipótesis.

Cabe otra: lo asesinó un sicario del gobierno.

Para el poder, la muerte del Lobo equivalía a una fosa política, un límite intraspasable. Para la dirección sindical, la advertencia no caería en saco roto. Pero una cosa es cierta: los beneficiarios no pueden buscarse en otro lugar.

VII

Un año más tarde murió Pedro Eugenio Aramburu. Un comando montonero lo raptó de su casa ante el estupor general. El jefe histórico de la Libertadora anticipó la muerte del proyecto iniciado en 1955. Su rapto prolongó la agonía del general cursillista una decena de días. Y el 8 de octubre, el general Roberto Marcelo Levingston asumió la presidencia.

Levingston no era Onganía, ni tenía las atribuciones formales, ni tenía el poder real; era el presidente de un partido militar desorientado, sin norte.

Eso sí: la jerga corporativista desapareció de las propuestas del presidente y su inclinación «nacionalista» se tiñó de rosa muy pálido. El nacionalismo del general Juan José Torres en Bolivia, el de Velazco Alvarado en Perú y la victoria electoral de Salvador Allende en Chile fueron sus puntos de referencia geográfica.

Por cierto que no expropió la Gulf, como Velazco, ni nacionalizó la minería, como Torres, ni se propuso confiscar el cobre a los monopolios norteamericanos, como Allende. Le bastó con algunas formas genéricamente antimonopólicas acuñadas por el doctor Alende y unas pocas leyes «revolucionarias»: de compre nacional (las empresas del Estado estaban obligadas a equiparse con productos fabricados en la Argentina, en lugar de importar sucedáneos más baratos); de reducción del crédito oficial a las firmas monopólicas extranjeras y nacionales (Bunge y Born no recibió un crédito por 2.000 millones de pesos para comprar la cosecha de algodón a los pequeños productores); creación de un Banco Nacional de Desarrollo. Para aportar capital (unos 210 millones de dólares), propuso descontar el 3 por ciento de los aumentos salariales a la clase obrera y determinó que el crecimiento de los sueldos resultara del crecimiento de la productividad laboral.

Como se ve, una revolución nacional completa. Tanto era así que la CGE, con suficiente tino político, apoyó tibiamente un programa que era el propio pero que visualizaba imposible de ejecutar.

El destino de Levingston se resolvió rápidamente.

En lugar de los 10 o 20 años que Onganía requería para su experimento corporativo, el general recién llegado de Washington, donde había oficiado de agregado militar, proponía «profundizar la Revolución» en cinco.

La marcha del tic-tac social seguía un curso ambivalente; los paros nacionales de la CGT unificada eran más frecuentes, pero se mantenían en el marco de las reivindicaciones inmediatas. Así y todo, la CGT descubrió los beneficios de la democracia política, y con remilgos, tapujos, variantes y agachadas, solicitó, en medio de un cúmulo de otros pedidos, el retorno a la Constitución.

A fines de 1970, los partidos tradicionales construyeron «La Hora del Pueblo». Ricardo Balbín y el representante de Juan Domingo Perón exigían el retorno a la democracia. El tramo final del anteúltimo gobierno «libertador» llegó a su fin. El jefe del último partido de la Libertadora sobreviviente decretó su irrealidad.

Nuevos ingredientes colorean a la sociedad argentina. La bandera que el Che Guevara atornillara en las selvas bolivianas tiene un recorrido peculiar. En Montevideo, primero, y en Buenos Aires y Córdoba, después, cientos de jóvenes de menos de 25 años, de una franja social más amplia que la que habitualmente se admite, siguen la legendaria estrella del guerrillero argentino-cubano.

Con el socialismo en la cartuchera y un bagaje intelectual exiguo pero fuertemente invectivo, denostando a sus predecesores generacionales y su práctica reformista e insignificante, confundiendo una cosa con la otra, desde los orígenes más diversos y las tradiciones más variadas, se lanzan alegres y tumultuosamente a los brazos de la historia.

Las acciones armadas ingresan en la vida cotidiana y de «problema social» pasan a ser cuestión angular.

En la Argentina del comienzo de la década del 70, el auge guerrillero bien merece una explicación. La literatura habitual para profanos y especialistas parte de una caracterización central: su exterioridad. El acontecimiento guerrillero remite siempre a la Revolución Cubana, y como ésta se lanza a nuestros estudiosos mucho más atrás, a la Revolución Rusa, ellos arriban por esa vía a los predecesores de los bolcheviques, a los populistas (narodnikes). Es decir: el origen de la guerrilla es la guerrilla.

Cuando se cree seriamente en esa afirmación, cuando se acepta que un fenómeno de tal proporción y tal intensidad es el fruto de la «propaganda», de cierta lectura, de algunas películas, la perspectiva del inquisidor del problema y la de la Inquisición son casi idénticas: se trata de una cuestión diabólica; y contra el Diablo, azufre y fuego.

Entonces, azufre y fuego. Los portadores finales de esta conclusión son conocidos por todos y cada uno. La vinculación entre tal modo de pensar y su respectivo modo de actuar ya no requiere la ayuda de especialistas: sacerdotes y militares, Torquemada y Videla, saltan al centro de la escena.

Con paciencia, es preciso volver a empezar. Indagar sobre el origen de la guerrilla, es de algún modo, indagar sobre la naturaleza del bloque que peronismo y antiperonismo constituyeron a partir de 1955. Es decir, sobre la calidad social y política de los contrincantes, sobre su potencia y su impotencia, su horizonte y su reverso, sobre la posibilidad de remontar un «Cordobazo» y su incapacidad de construir una nueva dirección obrera. En pocas palabras, es indagar qué nuevos ingredientes requiere el 17 de octubre de 1945, en 1970, para obtener los efectos de entonces. Y la respuesta surge sola: la guerrilla.

Por cierto que se trata de una aproximación funcional: ése es el rol que cumple la guerrilla, el de diluir el gorilismo militar con terror al socialismo; lograr que los generales admitan que la clase obrera elija a los jefes políticos que mejor le cuadren, siempre y cuando no sean obreros y socialistas.

Pues bien: Perón reunía admirablemente ambos requisitos. La burguesía dirigente admitió el ingreso proletario a la república parlamentaria burguesa para trabar la política socialista revolucionaria.

El gorilismo militar tal cual era entonces ya no era funcional al sistema de clases dominantes, ya no expresaba tan sólo la aversión a los sectores obreros; expresaba, tomando una fórmula política destinada a otra tarea, un viejo antiproletarismo que ya no atendía a la cuestión central: se volvía su contrario, era peligroso, mostraba que la quiebra entre el Ejército y la sociedad civil atentaba contra esta última, que las Fuerzas Armadas estaban por debajo y por detrás de la «Hora del Pueblo».

Por eso Lanusse, el más clarividente de los gorilas militares, se enoja, en su libro, al recordar que Levingston atacó la entente radical-peronista; porque si el ataque hubiera continuado, si efectivamente el Estado hubiera cerrado el camino a las débiles y escleróticas formaciones políticas del pasado, hubiera facilitado que la confluencia de las barricadas cordobesas cristalizara.

Un partido revolucionario no es más, en definitiva, que el encuentro entre un segmento de la intelligentsia socialista, impulsada por las luchas obreras, y el proletariado. Ése es el camino de la clase obrera para conquistar intelligentsia, el modo de apropiarse de la cultura que se le enfrenta ajena, de saldar la brecha entre trabajo intelectual y trabajo manual, el modo de remontar, fundamentalmente con sus fuerzas, su propia crisis.

La popularidad de la guerrilla, en consecuencia, era similar a la de los nihilistas rusos de fines del siglo pasado, Como la burguesía rusa era absolutamente consciente de su debilidad, de su incapacidad de obligar al zarismo a modificar radicalmente el orden existente, acudía a la bomba. Esperaba que el terror del zar y de la corte empujara a la autocracia hacia el lugar deseado.

Pues bien: el poder del autócrata de la vieja formación social precapitalista y agraria era tan grande, que pudo exterminar a los terroristas y, al hacerlo, cerró el camino del gobierno constitucional, del parlamento, del Estado burgués sin revolución burguesa. Tan notable fue su victoria que abrió un nuevo curso donde la bomba, donde el puño sin brazo, dio paso al puño con sostén obrero. Y en lugar del conspirador individual emergió un conspirador colectivo: el partido socialdemócrata bolchevique ruso. Y el terrorismo individual se trocó en terrorismo de masas.

Las esperanzas burguesas rusas eran, en consecuencia, las únicas posibles para su grupo social. La necesidad de separar clase obrera y socialismo jugaba un papel exactamente inverso en la Argentina. La fuerza del bloque de clases dominantes era tan grande que los militares, que el Ejército, a pesar de su gorilismo ingénito, tuvieron que admitir lo inadmisible. Los que les hicieron sorber la horrenda pócima del peronismo tienen nombre y apellido: el ERP y los Montoneros.

Entonces, la función queda explicada; los motivos de la burguesía, también; todavía faltan los de los guerrilleros, porque los de la clase obrera eran claros. Nadie debe creer que sin el «Cordobazo» la guerrilla hubiera podido jugar el rol que jugó, nadie debe pensar que si el «Cordobazo» hubiera generado una dirección alternativa para el conjunto del movimiento obrero, su papel hubiera sido el mismo.

Volvamos, entonces, a comenzar: el capitalismo argentino mostraba que la capacidad de absorber su producción de profesionales, de artistas, de intelectuales, de gerentes, no guardaba ninguna proporción con su capacidad de generarlos. El modelo de ascenso social propuesto a los sectores medios y la posibilidad de recorrerlo efectivamente entraban en creciente contradicción. Esta contradicción era observada con desasosiego por sus destinatarios naturales.

El horizonte paradisíacamente propuesto y de tan difícil arribo comenzó a resquebrajarse; ya no era tan deseable. La entrada a la Universidad se bloqueaba administrativamente con el examen de ingreso, y si se sorteaban todos los obstáculos, el futuro final era de un intenso gris opaco. El título ya no era un pasaporte a la felicidad de clase media. Los mejor dotados, en términos profesionales, se proponían una beca al exterior y salvaban por esa vía el atraso y la dependencia del capitalismo nacional.

Los más inquietos vincularon su frustración al orden de cosas existente y la conclusión surgió obvia: era preciso darle fin, había que hacerlo saltar por los aires. A esa labor se dedicaron con entereza, pasión y heroísmo. El resultado de su actividad es harina de otro costal.

Por cierto que la Revolución Cubana cumplió algún papel, pero conviene recordar que sucedió en 1959-60, que la Reunión Tricontinental de La Habana se realizó en 1966 y que el auge de la guerrilla posterior al Cordobazo, a 1970.

Levingston, mientras tanto, seguía en lo suyo. Por eso, en marzo de 1971, a nueve meses de asumido, Córdoba puso otra vez los puntos de las íes en su correspondiente lugar.

El Viborazo no fue el Cordobazo. No se trató de una réplica del movimiento anterior sino de su curva descendente. SMATA había sido previamente derrotado, la CGT seguía prácticamente acéfala porque no había sindicato capaz de hacerla funcionar. Los sindicatos de servicios reemplazaron al proletariado industrial en el papel que éste había jugado en mayo de 1969. Los estudiantes casi no desempeñaron rol alguno; el saqueo y el pillaje muestran otros estratos sociales en movimiento y la presencia de guerrilleros del ERP y de francotiradores en los barrios burgueses subraya que el arco opositor no sólo se había extendido sino que tenía, además, otros ritmos y otras banderas.

El general Perón, desde Madrid, bendice a las formaciones especiales porque en su carácter de militar comprende, aunque no explica, que él y su movimiento son los beneficiarios del surgimiento de la nueva oposición.

Largos debates se han realizado sobre si Lanusse no ordenó reprimir el Viborazo para desestabilizar a Levingston. Se desarrolló una discusión preciosista sobre los motivos que tuvo para negarse a reprimirlo instantáneamente. No faltan los que sostienen que ellos provenían de su resolución previa de derribar al presidente y que el Viborazo le dio la oportunidad de realizar sus deseos.

Lanusse se dedicó, horario en mano, a probar lo contrario y Levingston, una y otra vez, repitió el aserto. Citando la opinión de otro militar, Lanusse dice en Mi testimonio: «Ingresar antes a la ciudad era promover una masacre». Y añade: «Eso es lo que querían los subversivos, enfrentarnos con el pueblo de Córdoba».

Todo aquel planteo («Lanusse quiere desestabilizar a Levingston») muestra los quilates intelectuales de su autor. En principio, urge comprender que los deseos del comandante en jefe del Ejército carecen de relevancia personal, en ese punto, para transformarse en todo caso en problemas políticos objetivos. Sus deseos, de existir, mostraban una necesidad que excedía largamente su figura porque los de Levingston giraban en el vacío social.

Dicho de otro modo: los apetitos del presidente carecían en ese momento de sustancia, y esa falta de sustancia imponía el recambio militar. Levingston era una especie de zar aferrado a su imaginería; lo respaldaban los que usualmente impulsan ese tipo de proyectos (Ferrer, Alende). La continuidad del presidente imponía la guerra civil cuando el bloque de clases dominantes la rechazaba, cuando aceptaba librar parlamentariamente el diferendo, cuando se refugiaba entre las botas de Lanusse. Por eso Lanusse actuó: para que el Ejército no se «enfrentara con el pueblo de Córdoba»; y en otra etapa su jugada posibilitó, independientemente de sus deseos, que la juventud rebelde fuera exterminada, antes de chocar a cielo abierto con el conjunto de los sectores populares.

Por eso Levingston se tuvo que ir, por eso su sucesor propuso que el doctor Arturo Mor Roig fuera ministro del Interior: para que quedara claro que había adversarios y enemigos. Los enemigos ya no eran los usuales, sino los enemigos del sistema; los adversarios, los nuevos, dirimían sus diferendos desde el Ministerio del Interior. Porque Mor Roig, a pesar de sus decires, era el ministro de la «Hora del Pueblo», o sea, el hombre que ejecutó ese programa: elecciones nacionales con el peronismo.

El general gorila, el preso del justicialismo, el cursillista liberal, el nieto del almacenero de ramos generales y el terrateniente de la caballería blanca, hizo honor a su inteligencia y a su clase social. Aceptó que la legalidad del peronismo era el precio para evitar la guerra civil, cuando la guerra civil equivalía a la derrota. Ése era su extremo límite, más allá estaba la frontera que un oficial superior del Ejército no podía traspasar —si la cruza se despeña, queda sin suelo social bajo los pies—; hasta allí llegó Lanusse. No es poco.

Pero el general también era un hombre concreto, un gorila concreto, un acreedor lleno de cuentas incobradas e incobrables, un esclavo de su historia, un enemigo de su amigo-enemigo, una inversión de la figura de Perón. Por eso mismo, ejecutó ladrando el retroceso que estaba en la naturaleza de todas las cosas: ese retorno, que confirmaba la muerte política de Aramburu.

El cenit de su poder suponía el cenit de la impotencia Libertadora, ocultaba que no estaba en condiciones de exigir mucho y que, a modo del rey de El Principito, decía: «te ordeno que hagas», a lo que el Principito replicaba: «no quiero», y entonces el monarca, desde su realismo real, añadía: «te ordeno que no hagas», y así, finalmente, era obedecido.

Lanusse le ordenó a Perón que viniera y Perón dijo nones; Lanusse quiso negociar con Perón una candidatura y éste le replicó a aquél: «su cuarto de hora ya pasó»; Lanusse temía el ridículo ante sus pares, Perón temía la ridiculez de los suyos. Dos generales de un mismo Ejército pulseaban, y aquél sin tropas, el execrado, el cubierto de oprobio e ignominia, mostraba que no tenía ninguna importancia lo que Lanusse propusiera, en tanto lo propusiera él, mientras que —contrariamente— todo lo que provenía de Madrid era excelente independientemente de sus contenidos.

Una vez más, el «parlamento negro» funcionó: por encima y por debajo de la ola de insultos, entre escenas de pugilato estudiado y cierta rabia, un mensaje cruzó el Atlántico y llegó a su destinatario: Usted no debe ser candidato, porque si el candidato es usted, yo no respondo de lo que suceda; admito que no admita nada (razonaba Lanusse), pero si no acepta que es preciso que yo sea el comandante en jefe del Ejército para que haya elecciones, no quiere elecciones: quiere guerra civil. Y yo no puedo creer que nos imponga la derrota definitiva. Si los términos del acuerdo no son los míos (balbuceaba Lanusse), entonces son los suyos. De lo contrario, acuérdese de Trelew.

VIII

Tres docenas de guerrilleros escaparon de una prisión del sur, detuvieron un avión y fugaron a Chile. Una veintena no pudo abordarlo y se rindió sin combatir. Los guerrilleros reapresados fueron confinados a una base naval para su posterior traslado a la cárcel. El traslado nunca tuvo lugar: la Marina sostuvo que intentaron fugar y fueron muertos en el intento el 22 de agosto de 1972.

Lo cierto es que Lanusse no pudo evitar —tal admite en Mi testimonio— que la Marina lo enfrentara ante un hecho consumado. Era una suerte de mensaje similar, a otra escala, evidentemente, al bombardeo de Plaza de Mayo. Su destinatario era el Ejército, eran las tres Fuerzas, era el presidente, y decía así: Es evidente que el GAN es un fracaso, que nuestros términos se reducen a polvo. Pero algo tiene que quedar claro: el hombre que no vacila en valerse de insurgentes castristas contra las Fuerzas Armadas no es, él mismo, otra cosa. Si admitimos su movimiento, porque no hay otro remedio, que se entienda que no lo admitimos a él. En el cuerpo de sus aliados supérstites asesinamos al responsable; como no podemos devorar a las ovejas, asesinamos al lobo que nos recuerda que las ovejas no se tocan.

Ése era el otro límite del lanussismo: la Marina de Guerra. Entre ésta y Perón, entre la «Hora del Pueblo» y la nueva oposición, el presidente llegó al 11 de marzo de 1973.

Antes, Perón había vuelto y una multitud había salido a recibirlo: miles de soldados impidieron el arribo de los manifestantes a Ezeiza; durante 24 horas, no quedó claro si el General era un detenido o el hijo pródigo; de algún modo, jugaba los dos roles.

Los medios de información (canales de televisión, agencias oficiales, radios y la prensa escrita) lo trataban como a un héroe: Ulises volvía a Atica. Pero la última ratio de la fuerza actuaba como si fuera un enemigo de cuidado.

Durante tres semanas fue y vino, dialogó con la oposición y aisló una vez más al gobierno, dejándolo sin juego, para luego marcharse de vuelta a España. La candidatura del Frente Justicialista de Liberación, la nominación presidencial que ganaría, sin lugar a dudas, las elecciones de marzo, era todavía una incógnita sin despejar.

Lo cierto es que el último hombre de paja de Perón, Héctor J. Cámpora, no gozaba de consenso sindical. Después del «Viborazo», la movilización obrera había decrecido, al tiempo que las acciones guerrilleras habían aumentado el tono y la frecuencia. Cámpora actuó frente a las organizaciones armadas desde la misma perspectiva que Perón, pero estaba en Buenos Aires, no en Madrid. La estructura sindical pagaba políticamente su inmovilidad: pocas veces había gozado de tan poco predicamento y nunca había sido atacada más claramente por lo que después se denominaría la «tendencia». Y Cámpora era identificado con la «tendencia» porque Perón, que a duras penas estaba en condiciones de reorientar el juego sindical, utilizaba crecientemente a los grupos juveniles para definir su propio perfil.

Entonces, el intento de José Rucci, en ese momento secretario general de la CGT, fue acordar un candidato presidencial. Era claro que Perón no sería candidato, era claro que ése era el mínimo GAN posible; por eso, el modo de dar vuelta el codo era que un hombre de los sindicatos (no un sindicalista, por supuesto) se postulara para la presidencia y desde allí dividiera las achuras del poder estatal.

El poder de las organizaciones gremiales sería entonces el real, puesto que el nuevo gobierno peronista no contaría con las Fuerzas Armadas. Con ellas se podría negociar sobre bases claras y simples: destruir al movimiento contestatario; ése era el enemigo común y ése sería el planteo sindical para el tercer peronismo.

El general escuchó de los labios de Rucci el nombre que avalaba la CGT: Antonio Cafiero. Bastó que Rucci lo pronunciara, para que el ministro que había defeccionado en 1955 por motivos confesionales —era un hombre de la Iglesia— fuera execrado por Perón. Claro que no lo dijo, con su mejor estilo florentino, replicó: «No es un mal candidato».

El secretario general de la CGT estaba en la gloria, la media palabra del general le había resultado maravillosa. Rucci dio por hecho que Cafiero sería el candidato. El despertar sería terrible: antes de partir hacia Paraguay, Perón entregó a Cámpora una carta cerrada donde le informaba que era él quien encabezaría la nominación presidencial del FREJULI. Antes, lo había enviado a consultar al doctor Vicente Solano Lima si aceptaba la vicepresidencia de una fórmula sin presidente, y Solano había aceptado. El juego estaba terminado: Cámpora y Solano Lima iniciarían un nuevo rumbo.

Nadie sabía si el FREJULI sería proscripto o no. Las elecciones, donde el radicalismo no disputaba nada (más bien permitía que el voto gorila fuera usufructuado por Manrique) donde sólo se proponía convalidar la legitimidad peronista, constituyeron su antagonista natural: el gobierno.

AGULLA, Juan Carlos: Córdoba, mayo de 1969. Córdoba, Editel, 1969.

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PRIMERA PLANA: Colección citada.

CRISTIANISMO Y REVOLUCIÓN: números 1 al 30.

CUADERNOS DE MARCHA: «Otro mayo argentino», julio de 1969.

LA VUELTA DE PERÓN.
PENÚLTIMO ACTO

I

En el New York Times rebotan las palabras del general Lanusse: «Deseo conversar con Perón»; en San Andrés de Giles rebotan los cánticos de la Juventud Peronista: «Si Evita viviera, sería montonera». Los dos estribillos organizan un discurso impronunciable; sin embargo, la silueta del general requiere de ambos alternativamente.

El 22 de abril de 1971, a semanas del arribo de Lanusse a la presidencia, el coronel Cornicelli se había anunciado en Puerta de Hierro. A lo largo de 240 minutos había establecido el primer diálogo directo entre el Ejército y el «innombrable». Cinco meses más tarde, el embajador argentino en España comunicó, telefónicamente, que el cuerpo de María Maggi sería restituido a su esposo. Es decir que María Eva Duarte de Perón, Evita, alcanzaba la legalidad de los cementerios. Nadie durmió en Puerta de Hierro hasta la noche del día siguiente, cuando el brigadier Jorge Rojas Silveira presentó un recibo a la firma de Perón. Tras el conforme, la Libertadora comenzó a refluir.

Dos semanas atrás, en Buenos Aires, los dos protagonistas de la historia orgánica habían anudado relaciones: José Ber Gelbard y José Rucci firmaban, en presencia de Lanusse, el acuerdo CGT-CGE, que nueve meses después refrendarían bajo un gobierno justicialista. Eran los primeros pasos del Pacto Social.

Pero los últimos gorilas velaban las armas en Azul y Olavarría. A comienzos de octubre, desde las torretas de una poderosa división blindada, informaron sin disparar un tiro su inquebrantable voluntad de impedir las elecciones con el peronismo. Su comportamiento era casi una metáfora: un tic del cuadro de oficiales, educado durante 17 años en el macartismo antiperonista, un largo adiós sin destinatario social: el barroco-gorilismo.

Antes de las fiestas de fin de año, María Estela Martínez de Perón retornó por segunda vez, enarbolando una consigna: «Unidad, solidaridad, organización». El justicialismo se aprestó a librar la batalla electoral. Mejor dicho: su jefe, en medio de la desconfianza y el desconcierto colectivo, se lanzó a organizar a los que no lo deseaban. Los sindicatos se mantuvieron a prudente distancia. Si firmaron el acuerdo con la CGE fue porque el general Lanusse entendía que no se trataba de actividad política. Los Montoneros, carta mediante, explicaron que las elecciones no eran el camino por eso no afiliaban para el partido electoral. De modo que la consigna del general no resultaba tan sencilla de realizar.

A pesar de que Frigerio tampoco creía en las elecciones, viajó a Madrid. Como en los viejos buenos tiempos, acordó con Perón. Sólo que, esta vez, el general se reiría a carcajadas del acuerdo. En enero de 1972, el dirigente desarrollista produjo con Perón un documento célebre: La única verdad es la realidad. Tan conforme quedó, que dos meses más tarde Frondizi se presentó en Puerta de Hierro. Sólo faltaba Balbín; sucedería en el restaurante Nino, a fines de ese año.

Los viajeros iban y venían sin definir absolutamente nada. Lanusse comprendió, con furia, que el tiempo huía: Perón se ocupaba de que así ocurriera. Cada vez que el presidente intentaba rematar, verificaba que no disponía de reservas. Entonces, el 7 de julio, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, fijó la otra orilla política: el 25 de agosto los candidatos debían estar en escena.

El GAN quedó definido por omisión: si Perón volvía, admitía los términos de Lanusse, y si no volvía, debía luchar a brazo partido para ser candidato. Su fórmula («unidad, solidaridad, organización») sirvió para revestir su impotencia. La dirección sindical no parecía muy decidida a movilizar en defensa de la candidatura del viejo general, y la «juventud maravillosa» carecía, por el momento, de suficiente adherencia social. La suerte estaba echada: tras una larga serie de forcejeos, Perón retornó a los 77 años, después de un exilio de casi 18, a la Argentina, el 17 de noviembre del ’72.

En el Nino, el 20 de noviembre, se planteó el problema de su postulación. Balbín explicó que integraba la otra orilla del GAN. Esto era, el general hubiera podido retornar antes y si no lo había hecho, había quedado fuera del juego. El demócrata radical mostraba los límites de una democracia en nombre de la cual un general usurpador convocaba a elecciones, pudiendo determinar quién participaba y quién no.

Nadie se sintió demasiado incomodado. Perón dijo entender a su interlocutor. Quedaba claro que el programa de la «Hora del Pueblo» sellaba un curioso equilibrio que ninguno de los dos osaba trastrocar. Tanto fue así, que cuando el Frente Justicialista de Liberación le ofreció la candidatura presidencial, su vertebrador político la rechazó.

«No importa», gritó la «jota pe», «Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Así que Lanusse lo proscribe al general? Bueno, bueno: Cámpora es Perón, puesto que tampoco cumple con la cláusula del 25 de agosto (en esa fecha estaba en Madrid) y es su delegado personal, obedece todas y cada una de sus indicaciones. Entonces, ¿por qué no lo proscriben a Cámpora?».

La gambeta era magnífica, pero no cambiaba el fondo del asunto. Basta invertir el problema para entender: si Cámpora era Perón, entonces, ¿por qué no él en vez de Cámpora?; él también violaba lo que su designado. La cuestión no pasaba por la violación, sino por quién la hacía. Dicho brevemente: estaban dispuestos a saltearse cualquier cosa, menos una. Hacían fuerza en un punto: Perón era suficientemente «legal» para actuar normalmente en política argentina, pero insuficientemente «legal» para ser candidato.

La Revolución Libertadora no se había clausurado completamente. La clase obrera podía elegir, pero su elección era vicaria. La Libertadora se batía en retirada, sin embargo aún no había sido vencida.

Expresado con absoluta precisión: Perón no era candidato porque la Libertadora no había sido vencida y esto ocurría porque el peronismo era incapaz de vencer. De ese empate, surgió la candidatura de Cámpora.

II

El 11 de marzo quedó claro que la Libertadora había sido arrollada electoralmente. Balbín, su último sobreviviente político con andarivel diferenciado (Frondizi agitaba las banderas del FREJULI) realizó su campaña explicando una sola consigna: la legitimidad del peronismo. Ni una sola crítica, solapada o directa, surgió de su boca. A tal punto, que un ex oficial de la Marina de Guerra, ex ministro de dos turnos militares, fue el que se quedó con el gallardete gorila: la UCR ya no era el partido gorila de masas.

Las presiones de la sociedad argentina habían licuado el gorilismo militar hasta volverlo inofensivo, azul, conciliador. Una mitad del partido militaba en el FREJULI y otra en la oposición. Sólo el fragmento de capas medias menos erosionado por la crisis votó a Manrique. En realidad, más que votar a Manrique rechazaba, indignado, el comportamiento de Balbín.

Sin embargo, a pesar de que la elección suponía una modificación sustancial de la sociedad argentina, los corrimientos políticos no habían concluido todavía. Sería preciso aguardar las elecciones de septiembre, cuando Perón concursara por la presidencia, para visualizar el nuevo friso político nacional; es decir, la capacidad adicional del peronismo de aumentar su audiencia, al pasar del 50 por ciento de Cámpora al 62 de Perón.

Retomemos con orden. El 25 de mayo de 1973, la fiesta es en la Capital Federal. Miles y miles de manifestantes, peronistas y no peronistas, llenaron la Plaza de Mayo. Los carteles de las organizaciones político-militares, de la «jota pe», de los barrios y las unidades básicas, vertebraban el acto. Dorticós y Allende, Cuba y Chile, los fusiles y los votos, se arracimaban en la Plaza. La izquierda peronista, y no sólo la peronista, se mostraba como el sector más dinámico de la sociedad argentina.

El tercer peronismo se iniciaba a caballo de un frente popular entretejido con la limitada participación obrera, la irrupción de la base social de los Montoneros y la policroma habilidad de la CGE. El tercer peronismo no era el primero: su victoria electoral no le había servido para realinear a las Fuerzas Armadas en función de la fracción que le era adicta, porque éste no era el caso de ninguna fracción militar.

En 1963 un general había intentado, por última vez, insurreccionarse en Rosario —capital del peronismo obrero— y había sido pasado a retiro a toda velocidad. El último teniente de buen promedio había sido expulsado en 1969 por el terrible delito de leer libros inconvenientes. Fruto de sus desvelos, arribó, finalmente, a un peronismo sin oficiales en actividad.

El equilibrio bonapartista estaba definitivamente roto, porque tanto las bases materiales que lo habían hecho posible (las divisas de posguerra) como los términos políticos que lo habían requerido (la realineación internacional de la Argentina) estaban saldados. Toda la puja interna del bloque de clases dominantes se libraba ahora en torno de un solo punto: la hegemonía interna.

El sector industrial nacional relativamente concentrado quería avanzar a mejor paso que el monopólico multinacional; para lograrlo, descubrió que requería el respaldo del movimiento obrero; esto le permitía hilvanar su propio proyecto, que —por cierto— no se proponía revertir la dependencia nacional.

Dicho amablemente: se proponía enderezar el plan de Krieger Vasena con el simple expediente de contar con suficiente respaldo político. En lugar de que las leyes del mercado funcionaran con el automatismo de la relación de fuerzas económicas, desequilibrarlo en su favor mediante una operación política: el control del aparato del Estado. Es decir, su proyecto no era el de Krieger, sino el de la CGE.

Este sector sabía, por experiencia directa, que el capital financiero internacional no sería un aliado confiable, de modo que era preciso apuntalar el programa sobre la base del ahorro interno. Quería que los terratenientes produjeran más divisas con el argumento de aportarlas al crecimiento industrial. Y si se negaban, como era corriente, les descargarían sobre la espalda una inmisericorde ley agraria; de modo que: o producían, o… (señalaban en dirección del general).

Allí no terminaba todo, los industriales iban más lejos: entendían que la Libertadora había educado convenientemente a la clase obrera en la necesidad de producir mucho más para consumir algo más. Afirmaron que el incentivo político no sería poco incentivo y que Perón era capaz de proporcionarlo. La dirección sindical había probado que en materia de rebeldía era más que cauta: entenderse con ella sería un juego de chicos.

Una sola cuestión aguaba la fiesta: la «jota pe». Los muchachos del general habían sido muy útiles en la etapa anterior; en verdad, doblemente útiles: no sólo habían posibilitado, con su golpeteo constante, la transformación de la conciencia militar, sino que esta dramática metamorfosis se había ejecutado sin que el grueso de la clase obrera, sin que el corazón del peronismo, fuera sustancialmente modificado; la dirección sindical seguía siendo el fruto de componendas que los sucesivos gobiernos libertadores habían establecido con el movimiento obrero.

La dirección de la UOM, por ejemplo, era resultado de comicios internos donde el grueso de los trabajadores no había sufragado; si mantenía el control del aparato era, entre otras cosas, porque el agua no había rebalsado un cierto nivel del cuello. Eso sí: bastaría que se desatara la furia de la lucha de clases para que fuera despedida por los aires. El pacto social remediaba la situación, pero si era taladrado, si los activistas de la «jota pe» se constituían en una tendencia interna de la clase obrera, si la dirección sindical era obligada a defenderse en el terreno político-reivindicativo para evitar ser desbordada, todo el programa estallaría.

Evitar que la «jota pe» fuera una corriente del movimiento obrero era más fácil de decir que de hacer: el cuestionamiento de la burocracia sindical era moneda corriente en una franja muy ancha del activismo obrero. Máxime, cuando el desprestigio político de la CGT era enorme y el resultado electoral, por su propia dinámica, impulsaba hacia la izquierda al conjunto de la sociedad argentina. La Libertadora había sido derrotada en los comicios y eso mismo había modificado la etapa política.

Ya no se trataba de conquistar, a través de la candidatura de Perón, el reingreso de los trabajadores a la ciudadela parlamentaria, sino de ejecutar un programa de gobierno. Es decir: el carácter de Cámpora había mutado.

Antes de las elecciones, imponer la candidatura de Perón equivalía a derrotar directa y puntualmente a la Libertadora, en tanto y en cuanto sería la clase obrera, en lucha abierta, la que la impondría. En otras palabras, sería el resultado exacto de una pelea que iba más allá de la candidatura misma y fracturaría, con su accionar, los límites programáticos del propio Perón. La victoria proletaria no sería, en rigor de verdad, la victoria del peronismo, sino la apertura de la acción directa de los trabajadores.

Desde el momento en que el movimiento se había avenido a la proscripción del general y había aceptado resolver el conflicto parlamentariamente, el resultado de las elecciones cerraba el problema para abrir uno nuevo: cumplir con el programa del FREJULI. Cámpora expresaba, curiosamente, un punto intermedio del arco de fuerzas sociales que sostenía al FREJULI: en el elenco gubernamental incluía representantes de los tres segmentos (CGE, CGT y JP) pero tal inclusión era, de suyo, un impedimento para la ejecución del proyecto.

La derrota parlamentaria de la Libertadora introducía en el seno del peronismo, en el del movimiento obrero, la lucha de tendencias. Y la lucha de tendencias, de proyectos legitimados en la etapa anterior, ponía en peligro los límites del programa peronista. Entonces, o Cámpora expulsaba la energía social excedente del aparato gubernamental, iniciando de este modo el cuestionamiento de la legitimidad partidaria de la «jota pe», o Cámpora debía anticipar el destino de la «jota pe».

Conviene repasar esta explicación: no se trata del carácter izquierdizante del presidente ni de los programas explicitados públicamente por las distintas corrientes internas del peronismo, sino de la naturaleza contradictoria de la base social del FREJULI. Era posible que la pequeño-burguesía jacobina se aliara con la clase obrera, a caballo de una transformación de la dirección sindical, o que la burocracia sindical —de común acuerdo con la CGE— quebrara los puentes entre el radicalismo juvenil y el movimiento obrero. Cámpora expresaba la indeterminación entre estas dos alternativas, y precisamente por eso era un aliado difícil de sostener y simple de atacar.

Su elenco ministerial materializaba este cúmulo de explosivas contradicciones políticas. La propuesta del Ministerio del Interior (a cargo de Esteban Righi), por la cual la Policía Federal se transformaba en custodio de plazas y ancianas, descomprimía peligrosamente la relación entre el aparato del Estado y los sindicatos. Para garantizar su perspectiva en las fábricas, los dirigentes gremiales contaban tanto con su capacidad de intimidación tradicional como con la adhesión política concreta de los trabajadores; si esta capacidad de intimidación podía ser contrarrestada por los aparatos político-militares existentes, la situación de los burócratas se hacía difícil. Dicho de otro modo: el movimiento obrero pasaba a ser terreno de un debate político de una calidad desconocida durante muchas décadas, puesto que la Policía Federal y la inteligencia militar dejaban de ser aliados en la lucha contra el «comunismo» librada por las 62 Organizaciones.

De más está apuntarlo: eso no podía ser del agrado de la CGT, de José Rucci, ni de su representante ministerial, Ricardo Otero. Por cierto que la propuesta democrática de Righi no sólo lo enfrentaba con Otero, sino también con Gelbard. El boss del empresariado nacional requería que la educación política que la Libertadora había imprimido en el movimiento obrero siguiera su curso. Toda lucha de tendencias endurecía inmediatamente a la camarilla de la CGT. La razón era obvia: Lorenzo Miguel estaba dispuesto a acusar de bolcheviquismo cualquier propuesta que lo hiciera trastabillar. Eso sí, para evitar suspicacias, debía negociar excelentes aumentos salariales que la CGE contaba con evitar. Ése era quid pro quo del problema: la lucha de tendencias suponía casi automáticamente un encarecimiento notable del costo del trabajo, y qué decir si vencía la tendencia encabezada por la «jote pe».

De modo que la alianza de hecho entre la CGT y la CGE se articulaba de inmediato. Fruto de ella fue, precisamente, la caída de Cámpora. Con extremo rigor, Cámpora cae porque no refleja exactamente los intereses de esa alianza.

Tuvo la oportunidad de encarnarlos cuando, tras el regreso de Perón, el 20 de junio de 1973, no inculpó al Ministerio del Interior de la masacre de Ezeiza. Cámpora reflejaba el arco electoral, y el secreto de él, de la cupla de fuerzas sociales que lo integraban, de su carácter de frente popular, era precisamente su extrema inestabilidad. Todo intento de equilibrarlo requería su modificación, todo intento ele perpetuarlo equivalía a su derrocamiento.

Entonces, Cámpora no cae por ser de izquierda, sino que cae por no ser suficientemente de izquierda.

Desde el vamos, el «Tío» se muestra sensible a los muchachos. Sobre la afinidad del «Tío» con sus sobrinos se ha tejido una parva de historias que ni vale la pena considerar, puesto que no se trata de establecer las vinculaciones personales entre Cámpora, sus hijos, sobrinos carnales y el bloque juvenil (que por cierto existieron) sino de establecer férreamente que estas relaciones operaban en el seno de un conflicto objetivo que iba mucho más allá de sus filias y fobias.

En la noche del 25 de mayo, en Devoto, los presos políticos y de los otros mostraban que la fiesta capitalina proseguía. La derrota de la Libertadora volvía a traducirse en movimiento colectivo. Con la rapidez de una ráfaga, los presos abandonaron la cárcel con el okey parlamentario empujado desde la Casa Rosada.

Era preciso determinar, no obstante, si el movimiento avanzaba, si era parte de una nueva oleada o si por el contrario expresaba la última estribación de una ola vencida. La lista de organismos públicos tomados por la «jota pe», los cuestionamientos a secretarios de Estado y una dinámica de calles en espigado zig-zag ahorran las dudas.

Sin embargo, el sustento del juego era exiguo: lo que actuaba era la franja movimientista del peronismo, no sus estructuras orgánicas; se trataba de los recién venidos, los que aportaban la magia de los perfiles demoníacos. Así y todo, la ola crecía exuberante, y el 20 de junio, en los bosques de Ezeiza, alcanzó estado de plenitud: a campo abierto, dos millones de peronistas aguardan al jefe histórico en la hora de la victoria. Desde Roma, el general Perón retorna definitivamente en compañía del «Tío». El arco social que lo ha votado in partibus se agolpa alrededor del palco mortal. La proximidad al palco equivale a la proximidad al jefe; la proximidad al jefe, al poder mismo. Perón regresa doblemente: vuelve en persona y vuelve en su política concreta, es decir: con el programa del FREJULI bajo el brazo para cumplirlo a rajatabla, puesto que no era el resultado de un acuerdo espurio sino que expresaba —pálida y bíficamente— el viejo peronismo en otro contexto.

Ni entonces ni ahora el proyecto apunta al corazón de las reivindicaciones democrático-burguesas requeridas por la sociedad argentina. Entonces como ahora son salvados medrosamente todos los puntos conflictivos mediante subterfugios que cada uno lee como le viene en gana pero que tienen un sentido transparente: el pavo de la boda es la renta agraria, hasta donde se deje, y la clase obrera, hasta donde pueda.

El «Pacto Social» era una reasignación de ingresos que las subas de precios entre el 11 de marzo y el 25 de mayo apenas resituaban en su punto de partida lanussista. Todo el proyecto se sustentaba en las buenas cotizaciones agrarias internacionales que los terratenientes cobrarían en pesos suavemente inflacionados, a los que se sumarían las exportaciones industriales alentadas con reembolsos (es decir, con déficit fiscal y retenciones a las exportaciones agrarias) y el incremento de la productividad del trabajo obrero.

En otras palabras: la rigidez de la situación política general era tan intensa, los otrosíes tan dependientes entre ellos, que cualquier corrimiento los hacía estallar. Era preciso que los terratenientes aceptaran su lugar en el Pacto Social, que la clase obrera aceptara el suyo, ya que bastaba el menor movimiento para derrumbar el edificio por falta de soporte militar activo. Y el movimiento era la concentración misma. El 20 de junio sólo podía producir un choque furioso entre las tendencias en pugna, al margen de la buena o mala voluntad de sus integrantes.

Más aun: el retorno del «avión negro» era la coronación del peronismo, equivalía a dar vuelta con un mandoble la derrota que los trabajadores habían sufrido desde 1955. Es decir, reforzaba la dinámica izquierdista, conectando directamente al grueso de la clase obrera con el radicalismo juvenil. La consigna «Perón presidente» podía hacer saltar por el aire el delicado equilibrio trabajosamente constituido, para desbordar todos los recursos del orden parlamentario. El riesgo era enorme; evitar la concentración, imposible; impedir la provocación de la derecha, también. En esas condiciones, Cámpora y Perón aterrizaron en Morón por indicación de Solano Lima.

La masacre de Ezeiza constituye una prefiguración del destino de la «jota pe» y una constatación de la perdurabilidad olítica del camporismo. Sin embargo, el enfrentamiento tiene sujetos equívocos. Es cierto que el control del palco estaba en manos del coronel Osinde, ligado a López Rega, y no de la CGT ni de sus hombres, como también lo es que la CGE no asumió en los acontecimientos papel alguno.

Es posible explicar el comportamiento del lopezreguismo en función de cada polarización: era vehículo abierto a cualquier corriente reaccionaria, o —si se prefiere— abrevaba en la derecha de cada conflicto. Su falta de consistencia social, dado su carácter de aparato dependiente directa y mecánicamente de la voluntad de Perón, lo empujaba a asumir como propios intereses de terceros. Y en el caso de Ezeiza, Osinde actuó en nombre de la CGT y de la CGE. No se trató de un acuerdo explícito sino de la perpetuación de una camarilla palaciega a la que cualquier giro a la izquierda echaría por tierra.

Así se entiende que el ministro de Trabajo elogiara abiertamente a López Rega en la reunión que Isabel realizó con todo el gabinete, tras la muerte de Perón, con la participación de los tres comandantes generales y de Balbín. En esa misma reunión, Gelbard optó por callarse la boca y López Rega pudo sobrevivir a los denuestos del jefe radical. Era el pago por servicios prestados.

Volvamos al 20 de junio. Los Montoneros, la conducción de la «jota pe», esperaban que Perón saldara con su presencia la polarización del gabinete camporista. Si el líder descendía en medio de una gigantesca movilización, la victoria tendría un destinatario predeterminado: el 20 de junio, en Ezeiza, pronunciar un discurso como el que el general articuló un día después por TV hubiera sido imposible. Su eje político no podría ser la «pacificación» y la «unidad nacional»; sino la declaración de guerra. A dos millones de peronistas movilizados no se les podría haber dicho otra cosa que el nombre y apellido de los enemigos históricos del gobierno. La movilización de Ezeiza habría actuado, en consecuencia, como una suerte de alza complementaria de la presión política, habría redundado en nuevas concentraciones de masas con objetivos más delimitados y operativos.

Reforzaría, en otras palabras, a la izquierda del camperismo, a la «jota pe»; trabaría la puesta en marcha del programa del FREJULI, pondría en brete a la dirección sindical, dejaría con un pie fuera del gobierno a José Ber Gelbard y en la calle a José López Rega.

Para que todo esto no ocurriera, sucedió lo que sucedió: un número indeterminado pero alto de peronistas —unos 400— murió ametrallado por disparos cruzados entre los dos bandos, sin que el grueso participara del enfrentamiento. Esa era, precisamente, la primera victoria de la reacción; hay más: en la lucha directa, los hombres de Osinde mostraron que conocían mejor su oficio que los Montoneros. Al menos, no existe ni la sombra de una duda para determinar quién venció en el terreno estrictamente militar; por lo general, las victorias políticas anticipan las militares, y viceversa.

Era el principio del fin del camporismo. De allí hasta la renuncia de Cámpora, y más allá, la «jota pe» tuvo que resignar posiciones todo el tiempo para conformarse, por último, con el bastión universitario.

Rodolfo Puiggrós, un marxista expulsado de las filas del PC por su falta de gorilismo, fue nombrado por el «Tío,» rector de la Universidad de Buenos Aires; y ése fue el único espacio que Perón, aun después del enfrentamiento en la Plaza de Mayo, conservaría para la «tendencia». De todos los otros, ella fue expulsada durante la gestión del general (Bidegain y Obregón Cano, enero y febrero del 74, de la gobernación de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente) y recién cuando Isabel asumió el gobierno, la misión Ivanissevich depuró la UNBA con Ottalagano.

III

Tras la masacre de Ezeiza, la suerte del «Tío» era cosa resuelta: faltaba determinar si sería por la puerta o por la ventana. A Cámpora le pasó, en cierta medida, lo que antes había ocurrido al coronel Mercante respecto de la Constitución de 1949.

Mercante había consultado a Perón sobre la conveniencia de facilitar legalmente su reelegibilidad y Perón dijo: «No hace falta». Mercante descubrió, al día siguiente, que a pesar de presidir la Constituyente no estaba al tanto de los últimos detalles; comprendió que su candidatura (acariciada secreta y no tan secretamente) se había esfumado, y con ella su espacio político, porque Perón había resuelto conservar la presidencia.

Cámpora, a fuerza de ejecutar puntualmente todos los dictados de Perón, encontró que ese camino tenía una suerte de reaseguro político: evitar los enfrentamientos con su jefe; y lo único a lo que le temía (debiéramos decir: lo que lo aterrorizaba) era a enfrentarse con Perón. Creyó, en consecuencia, que no podría tener ningún problema, puesto que estaba dispuesto a obedecer: todo su comportamiento político (punto de indefinición) era resultado directo de la obediencia, del camino recorrido para impulsar la fórmula del FREJULI que luego había encabezado.

Estaba fuera de los límites de Cámpora auscultar que el arco de fuerzas que lo había llevado al triunfo no podía ser el que lo sostuviera en el gobierno. No sólo estaba fuera de sus alcances, ni siquiera formaba parte de la comprensión de la «jota pe» o al menos de su dirección política: los Montoneros.

Entonces, cuando Isabel le preguntó en una reunión de gabinete sobre el rol de Perón, el «Tío» retrocedió horrorizado y dijo: «¡El que quiera el general!». Cámpora vio la ventana enfrente y optó por la puerta; a su manera, comprendió que no se trataba de perfeccionar un acto político, sino de garantizar un programa de gobierno que sólo el general podría intentar llevar a cabo.

El motivo de esta última afirmación es complejo. En primer lugar, el proyecto concitaba enemigos poderosos con distinto grado de hostilidad: el número uno, la «jota pe», que intentaba participar en la lucha de tendencias del movimiento obrero, cuando era requisito esencial del programa la permanencia de la dirigencia sindical de la etapa anterior; el segundo, los trabajadores, que no habían votado al peronismo para iniciar el tránsito hacia el socialismo en versión vernácula o foránea, pero tampoco lo habían votado para trabajar mucho más por casi lo mismo; el tercero, la burocracia sindical, que bien podía marchar con la CGE contra la «jota pe», en defensa de su lugar en la estructura corporativa, pero cuyo acuerdo con los empresarios terminaría allí mismo, puesto que ellos ampliaban exiguamente el consumo popular. Estos eran los enemigos a izquierda.

Enumeremos ahora los situados a derecha: en primer lugar, los terratenientes de menor concentración que deberían proveer alimentos baratos para evitar el encarecimiento indebido de los salarios industriales. En segundo lugar, los de mayor concentración, que deberían proveer la porción de divisas suplementarias sin recibir a cambio una participación de idéntica proporción en el consumo interno (sobre todo cuando la política del plan Gelbard desestimulaba, en los hechos, la producción de carnes, para desplazar los campos de invernada fuera del corazón de la Pampa Húmeda y sustituirlos, con la ampliación de la frontera agropecuaria, por tierras dedicadas marginalmente a la siembra). En tercer lugar, las industrias monopólicas multinacionales, que deberían soportar los precios máximos a las que les sería, en alguna medida, más complejo burlar la legislación vigente «de frente mar» y que deberían acudir al crédito internacional, porque el crédito interno estaba previamente reasignado en su contra, en un momento en que el primero era crecientemente más caro. En cuarto lugar, el capital financiero internacional, que no tendría mayores problemas salvo que las tasas de interés no fueran positivas; como no lo eran, su voluntad de captar recursos y reasignarlos en los términos determinados por el Banco Central era, cuanto menos, displicente. Por último, el aparato comercial, el cual si bien en los inicios era políticamente proclive al programa, bastaba que se atascara en algún punto (incumplimiento de los precios máximos por parte de los proveedores) para que soportara las iras del consumidor y los inspectores del gobierno; entonces, las del consumidor se sumarían a las propias para saltar el cerco.

En suma, era preciso que el general Perón, con su notable influencia política sobre la clase obrera, con su notable influencia política sobre las capas medias, sobre el conjunto de la sociedad argentina, defendiera el programa para lograr que alcanzara algún principio de ejecución. Es preciso reconocer que Perón lo intentó; sin embargo, también se debe admitir que no fue, exactamente, un éxito.

Cámpora ignoraba todo esto con un ojo y todo lo demás con el otro; en ese sentido, es posible decir que no era, ni por casualidad, el jefe más adecuado para una coalición izquierdizante; era, sí, el hombre adecuado para una elección vicaria, y culminada la elección, debía volver a su destino manifiesto: una embajada de segundo orden en un país amigo.

Y finalmente sucedió: Cámpora renunció. Solano Lima renunció, el vicepresidente primero del Senado se marchó repentinamente y Raúl Lastiri, el yerno del «Brujo», el marido de Norma López Rega, quien por ese mérito principal había accedido a la presidencia de la Cámara de Diputados, asumió la primera magistratura de la República.

Es decir: la candidatura de Perón había mutado; en lugar de ser la bandera de los segmentos más dinámicos de su movimiento para impulsar un programa popular posible (posible por sus apoyaturas sociales), retrocedía hasta la culata de su movimiento, para garantizar el cumplimiento de un plan incumplible.

En el ínterin, Lastiri se dedicó a ajustar las piezas del juego, a sancionar las leyes que requería el futuro presidente. Un solo lugar quedó vacante: la vicepresidencia, la herencia política de Perón.

La salud del general era delicada. Antes de retornar de España, había tenido que someterse a una extracción de papilomas en manos del doctor Puigvert; sus problemas continuaban y el 26 de junio, a menos de una semana de la llegada definitiva, sufrió dolores abdominales. Dos días más tarde, la CIA contabilizó un infarto en el miocardio que la Secretaría de Prensa transformó en un fuerte catarro. Su constitución todavía respondía magníficamente y se recuperó en el término de una semana; tras la convalecencia, vino el ajuste de cuentas con el «Tío».

Los motivos de la ejecución sumaria enunciados públicamente fueron varios e inconexos: 1) Perón estaba sumamente mortificado porque el «Tío» no se había ocupado todavía de devolverle el grado y la entrevista con el teniente general Carcagno había sido para informarle, de soldado a soldado, sobre el retraso de estas gestiones; 2) se trataba de un complot de López Rega quien, temeroso de la muerte del general, por lo delicado de su salud, entendía que su situación se tornaba muy precaria y, para evitarlo, empujaba a Isabel contra el «Tío», obligándolo a ofrecer su renuncia al general; 3) continúa la tesis del complot, pero ingresa a la galería la conducción de la CGT, la cual —Calabró mediante— declaraba que estando Perón en la Argentina, nadie sino él podía presidir el gobierno.

La primera de las hipótesis no resiste el menor análisis, pues, pocos días más tarde del encuentro entre Carcagno y Perón, Cámpora firmó el decreto donde le restituía el uso del grado y del uniforme. Sin embargo, la reunión existió; la charla entre el máximo oficial en actividad del Ejército y el jefe del justicialismo no constituía —no podía constituir— un problema doméstico.

Puede pensarse, aunque resulte imposible de probar documentalmente, que Perón haya intentado medir, implícita o explícitamente, el grado de resistencia que su figura producía en las Fuerzas Armadas. Es también plausible que se haya sorprendido: los militares miraban a Cámpora con mucha más desconfianza que a Perón. Sobre todo, recordando que Rodolfo Galimberti, cuando era integrante del Consejo Superior del Justicialismo, había convocado a la creación de milicias juveniles y el general, que todavía estaba en Madrid, había resuelto que el dirigente se iba de boca y no había hecho esperar la respuesta, dándolo de baja en una reunión del Consejo Superior, lo cual había tranquilizado a los militares en actividad.

Dicho escuetamente: entre Cámpora y Perón, las Fuerzas Armadas preferían a Perón; con las manos libres, el general podía actuar, el resto del andamiaje político le respondía con absoluta fluidez.

La tesis del complot refleja distorsionadamente una necesidad objetiva: expulsar a Cámpora del gobierno. Expulsarlo requería, quién lo duda, por más débil que el presidente resultara, un «compromiso» que la ciencia política denomina «complot».

En él, el lopezreguismo jugó un papel una vez más: Isabel era el agente inconsciente de los objetivos conscientes de la conspiración.

En la mentalidad de Cámpora, el comportamiento de Isabel sólo podía obedecer a instrucciones de Perón; y ante instrucciones de Perón quedaba únicamente una alternativa: obedecer. Éste es el rasgo más notable del complot: su falta de necesidad. Porque su destinatario no estaba ni había estado dispuesto a ejecutar otra partitura que la asignada previamente por el general.

Discriminar si Perón tuvo o no participación directa en la conspiración constituye un asunto secundario. La razón es simple: si estaba fuera, si no deseaba que sucediera, le bastaba con sonreír con picardía y pasar a otra cosa. Desde el momento en que dijo: «Haré lo que el pueblo quiera», estaba dispuesto a someterse a la voluntad electoralmente contabilizada de sus conciudadanos, y para que este acto resultara posible, era imprescindible que Cámpora renunciara previamente. Dicho sin el menor equívoco: Perón era el beneficiario directo de la maniobra contra el «Tío» y difícilmente hubiera permitido que una determinación de esa envergadura política pasara por otras manos sin su autorización.

IV

El 21 de junio de 1973, la «jota pe» contraataca. Unos 30.000 manifestantes encolumnados intentan romper el «cerco» que los separa del general y marchan sobre Gaspar Campos. Perón recibe a los dirigentes de la «tendencia» y dialoga con ellos a lo largo de unas dos horas; en el encuentro, acuerda un canal directo para el intercambio de opiniones; el encargado de mantenerlo: …José López Rega, la broma no habría sido más dolorosa; el propósito, más transparente.

Dos semanas después, en el teatro Cervantes, se reúne el Congreso Justicialista sin participación alguna de la juventud. Seis meses atrás, la «jota pe» se dividía el espacio político con el aparato vandorista encabezado por Lorenzo Miguel, pero 180 días más tarde el Congreso sesiona sin representantes del movimiento. La modificación es obvia: Perón, personalmente, se ocupará de buscarles un espacio fuera del peronismo; es decir, los expulsa. Sólo la obstinada voluntad de los muchachos, mezclada con una dosis de soberbia ingenua y desasosiego político posponen las cosas hasta el 1.º de mayo de 1974. Con un aditamento: Perón es su principal referente político, y cambiar de referente va más allá de la voluntad personal.

El nombre de Perón encabezando la fórmula del justicialismo era un punto fuera del temario. Toda la expectativa se reducía a su circunstancial acompañante. Contado escuetamente: el nombre del vicepresidente de una fórmula anticipadamente ganadora cuyo candidato presidencial está próximo a los 78 años constituye, indubitablemente, una suerte de reaseguro político y una redefinición programática.

No se trataba ya del papel que Hortensio Quijano había representado en 1945, no se trataba de añadir votos a la fórmula presidencial. En el caso de que así fuera, no era Isabel la figura capaz de aportarlos. El papel que ella jugaba en el peronismo era eminentemente doméstico, sus roles políticos (en los dos retornos, de 1965 y 1972) no la constituían en figura pública. Tanto era así que en los 13 años de exilio que había pasado junto a Perón no había desempeñado nunca un rol central en los distintos esquemas movimientistas del general. La operación de mayor envergadura que el peronismo intentara en ese período (el retorno de Perón en 1964) ni siquiera la había contado en la comitiva.

El papel que Perón le había negado a Evita y que había significado la derrota de Espejo se invertía. Precisamente porque no jugaba rol alguno, porque no representaba a ninguna fuerza social concreta, porque reflejaba la pura domesticidad, porque era un instrumento del entourage rasputiniano, era susceptible de asumir, sin mayores inconvenientes, los contenidos más diversos. Con una sola condición: debían ser lo suficientemente reaccionarios.

De ahí que cuando Norma Kennedy lanzara su nombre en el Congreso, produjera el impacto de una bomba neutrónica. La lucha en derredor de la vicepresidencia era la última lucha significativa del tercer peronismo. Y su saldo determinaba, de un solo golpe, el destino final del movimiento. Si en ese instante la corriente juvenil ya no podía actuar y gravitar de algún modo y el movimiento obrero no era capaz de impulsar a su propio candidato, o de pactar un candidato con el peronismo histórico, las posibilidades de abrir un nuevo curso estaban definitivamente clausuradas.

El nombre de Cámpora revoloteó la audiencia pero se trataba de un contrasentido: Perón no había destituido al «Tío» para sentarlo a la vera de Dios Padre; y la posibilidad de que el nominado fuera Balbín, el otro signatario del programa de la «Hora del Pueblo», era demasiado inquietante para el justicialismo, al tiempo que impedía la legalización de los comicios.

Balbín jugaría, una vez más, el rol asignado al radicalismo en la «Hora del Pueblo»: legitimar la oposición para que la oposición legitimara el justicialismo. En síntesis, Perón establecía una suerte de diunvirato partidario para reemplazar la ausencia de respaldo militar. Entonces, Balbín culminaba sus servicios a la república burguesa como partenaire de Perón, eso era todo.

De allí en más, el tiempo se dedicó a transcurrir. El 25 de agosto, Perón presenció la última gran movilización de sus partidarios, de todos sus partidarios. Las columnas de la juventud congregaban una importante fracción del movimiento y el jefe, de pie, revistó al millón de paseantes a lo largo de 12 horas. Era un gran esfuerzo para un hombre viejo.

El 11 de septiembre, mientras Salvador Allende moría en el Palacio de la Moneda, el FREJULI barría en los comicios con el 62 por ciento de los votos.

Las fuerzas sociales que acompañaron a Cámpora se mantuvieron intactas bajo la fórmula «Perón-Perón». Las huestes del doctor Alende no participaron de la contienda y sufragaron en buena medida por el general herbívoro. Hay una novedad: el candidato fue votado con dos boletas: una, la del Frente Justicialista de Liberación; otra, la del Frente de Izquierda Popular.

Dando pruebas de una comprensión política más que afinada, Perón, que había dejado sin juego a sus seguidores juveniles pero todavía intentaba sumarlos electoralmente sin costo alguno, permitió que el FIP lo votara con boleta diferenciada. Es decir: permitió que la base social de la «jota pe» votara la fórmula Perón-Perón; infló a Ramos de votos juveniles (de otro modo el general no los hubiera recibido en su totalidad) y garantizó que no tuvieran punto de recomposición política; posibilitó que la contabilidad electoral registrara el quantum de la impotencia montonera. La cifra no era pequeña: unos 850.000 ciudadanos votaron a Perón desde la izquierda, uno de cada nueve sufragantes adscribía a la «tendencia» multiformemente expresada. Y, curiosamente, mientras ella disputaba espacio político, el frente popular encabezado por Perón contó con suficiente resuello; bastó que los puentes quedaran truncos, que el enfrentamiento equivaliera a la construcción de una nueva tienda política, para que imperceptiblemente la clase obrera comenzara a distanciarse del gobierno.

V

El 13 de septiembre de 1973, José Rucci muere en un atentado terrorista. El secretario general de la CGT sabía que su vida corría peligro y noche tras noche, en las últimas semanas, cambiaba de domicilio. A pesar de la custodia integrada por profesionales del gatillo, Rucci cae acribillado. Primero se adjudica al ERP la responsabilidad del atentado. Esta organización desmiente su participación y un comunicado de prensa montonero pone las cosas en su lugar.

Entre la muerte de Rucci y la de Vandor median algo más de cuatro años. Ambos dirigentes de la UOM mueren en períodos de extrema tensión política y es posible creer que se trata de dos sucesos similares. Pues bien: ésa es una grosera aproximación política; es preciso constituir el sentido que recorre a cada muerte.

Vandor muere porque es un enemigo del gobierno de Onganía, un aliado insufrible de la burocracia sindical, un hierro caliente que, de una u otra manera, se vuelve contra sus ocasionales empleadores. Es simultáneamente Elpidio Torre y Rucci, el combate y la retirada, Córdoba y el cinturón industrial inmóvil, la pasividad y la posibilidad de la lucha. Caminaba al filo del precipicio y cayó.

Rucci es otra cosa. Es un burócrata que se pasó la vida cumpliendo encargos sin contar con un poder autónomo más o menos significativo. John William Cooke lo envía a parlamentar con la Iglesia durante el gobierno de Frondizi, pues la curia teme caer derrotada en la puja laica-libre. Viene de la resistencia; después desaparece de la lucha sindical y reaparece como funcionario. Ya no es un hombre ligado a la pelea obrera; al contrario, es cooptado por una fracción de los que combatieron, precisamente porque se ha echado atrás, porque ha elegido «la sensata», porque no ha puesto la cabeza en la boca del león, porque resulta impensable que se corte solo. Alcanza la dirección de una CGT debilitada y desprestigiada, carente de poder autónomo, determinada por un precario equilibrio sindical donde los gobiernos de turno están en condiciones de decir sí y no y la CGT debe aceptarlos sin rechistar; donde Lanusse, por ejemplo, decide si se firma o no el acuerdo CGT-CGE, pero los gremialistas no mandan una adhesión al acto de recordación por la muerte de Eva Perón porque pertenece a la arena vedada por el presidente militar, es intromisión en actividades espurias.

Los símbolos vaciados de contenido no se sostienen sobre sus mástiles: en rigor de verdad, la CGT, esa CGT, es poco más o menos que una dependencia del Ministerio de Trabajo. Explicado con justeza y exactitud, nada de lo que el Ministerio de Trabajo rechace con suficiente vehemencia será aceptado con suficiente fuerza por la CGT.

Pasado en limpio: Rucci asciende a la secretaría general porque la Confederación no tiene ningún rol protagónico antes de 1973. De no ser así, podría haber sido, a lo sumo, un oscuro secretario de una seccional no demasiado importante de la UOM.

Y ese hombre oscuro sufrió una mutación. De la noche a la mañana, la CGT se vuelve un aparato determinante porque el gobierno cambia. La cosa ya no pasa exclusivamente por las 62 Organizaciones; el poder de Azopardo, en su carácter de interlocutor oficial del gobierno, gana espacio al representar oficialmente a los trabajadores. Rucci crece.

Pero es un crecimiento curioso, porque carece de correlato por debajo. Sus términos en la UOM siguen siendo limitados; no es él quien determina la interna metalúrgica, es la interna quien determina a Rucci. No es él quien imparte órdenes a Lorenzo Miguel, es Lorenzo quien está en condiciones de dárselas al bueno de José.

Rucci encabeza un juego que no conduce, bajo sus pies el volcán se agita, la lucha interna del peronismo pone el acento en el símbolo del super-burócrata, super-corrompido, que ensucia la camiseta peronista y traiciona a la clase obrera. No es para tanto, pero representa el poder que no detenta y eso, en política, nadie lo ignora, es lo peor que le puede pasar a un dirigente. José absorbe los bifes; Lorenzo organiza el juego, sonríe. No es un mal reparto de roles, teniendo en cuenta que Lorenzo le debe, entre otras cosas mayores, estar vivo.

Los muchachos de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista, adscripta a la tendencia) tenían una franja de influencia en el sector terciario. Todavía no estaban en condiciones de disputar los sindicatos, pero las direcciones debían escuchar sus puntos de vista, ya que su capacidad de movilizar activistas no guardaba ninguna proporción con el número de sus eventuales votantes. En otros términos, la ley de formación de la JTP era diferente de la ley de formación de las corrientes ortodoxas. Y eso lo sabían, antes que nadie, las corrientes ortodoxas.

Sin embargo, en un lugar del entramado sindical su espacio era particularmente exiguo: en la UOM, el corazón de la clase obrera industrial, en el sindicato más vaciado, el que pertenecía a la industria que había reemplazado operarios sindicalizados por modernas máquinas, eran débiles. Es decir, allí donde el número de afiliados decrecía con el concurso de la modernización del sector y el número de votantes estaba determinado por las necesidades del aparato, no pesaban.

Si la oposición era cauta, como en 1967, y sus activistas no habían sido expulsados de la fábrica en connivencia con la patronal y el Estado (Rubens San Sebastián impidió los comicios porque era obvio que Vandor perdía), sobrevivían.

Por eso el Lobo había dado elecciones en 1968. De nuevo dos listas se le opusieron, y aunque logró neutralizar una (milagros de Vandor), la otra era demasiado fuerte; quedaba un recurso heroico: impugnarla. Él lo hizo «porque no somos comunistas». Ante la imposibilidad de votar, la oposición ordenó no votar. En Capital Federal, donde la UOM tenía la mitad de sus afiliados (unos 60.000), casi 57.000 no sufragaron. No importaba, peor para ellos, puesto que con lista única había ganado el Lobo.

Así se forjó la representación de la UOM y así se educó a los trabajadores metalúrgicos: oponerse a Vandor, a su camarilla, era sacar patente de zonzo, equivalía a perder el trabajo. Trabajar requería silencio, acatamiento.

Para que un aparato sindical atornillado durante más de tres quinquenios pudiera ser renovado, modificado, alterado, la relación que la estructura estatal mantenía con la dirección debía cambiar, y para que así sucediera, las bases tenían que alzarse contra esa dirección gremial. No bastaba que la representación fuera espuria, era preciso que los trabajadores sintieran la necesidad imperiosa de sacársela de encima.

La muerte de Rucci constató la debilidad de la oposición; el intento de amedrentar a la burocracia, como si la burocracia no fuera, asimismo, representante de intereses clasistas claramente inscriptos. La lucha contra ella formaba parte de la lucha contra la influencia burguesa en el movimiento obrero, pero la incidencia de la burguesía, de la fracción burguesa más afín a la democracia, no sólo no había decrecido sino que aumentaba, a través del aparato del Estado y la caída de Cámpora. Más aun: ni los Montoneros escapaban a esta influencia, salvo en la lucha misma.

La muerte de Rucci, entonces, retrataba una impotencia, una debilidad orgánica. Retrataba la necesidad de marchar hacia la clase obrera y la dificultad de efectivizar la marcha; el requerimiento de engarzar sólidamente con los trabajadores y la lentitud de la transformación molecular de la conciencia colectiva; el carácter pequeño-burgués de la organización, que intentaba forzar la marcha sin considerar los ritmos de la experiencia obrera; la naturaleza terrorista de su propia experiencia; el finalismo de sus movimientos y la voluntad de Perón de cerrarles el camino. En suma, reflejaba las debilidades y las inconsecuencias de la lucha anterior, su carácter efectivamente peronista y la dinámica de las fuerzas agrupadas en el gobierno del frente popular.

Comencemos otra vez: el tercer peronismo fue el más explosivo de todos los peronismos, incluía en su seno todos los elementos que posibilitaban su transformación. Su conductor, Perón, era absolutamente consciente de esa novísima situación. Por primera vez, existía una alternativa interna. En el primer peronismo, Perón había podido evitarla al destruir el Partido Laborista; igual que entonces, liquidarla equivalía a liquidar el movimiento.

Programa en mano, Perón juzgaba: no necesito a los muchachos de la «jota pe»; un aliado sumamente molesto, con la pretensión de pasar la cuenta y debatir sobre los destinos del movimiento. Se trataba entonces, desde su perspectiva, de pulverizarlos políticamente. Por cierto que cuando Perón reflexionaba así no pensaba en una masacre colectiva, sino en una combinación de medidas políticas: aislamiento, terror en grageas homeopáticas («triple A») y funcionamiento de su programa económico.

La dirección montonera no sabía retroceder; en todo caso, debía dar a sus retrocesos —producto de una nueva relación de fuerzas— el carácter de ofensiva, carácter que estaba muy ligado a los operativos terroristas. Pero éstos habían cambiado de signo: en lugar de vincular a los Montoneros con las corrientes antiburocráticas del movimiento obrero, producían un doble movimiento: los segmentos más próximos a la organización se separaban de su base social mientras que los menos próximos se veían impelidos a repudiar a los Montoneros.

En lugar de utilizar su poder de fuego para garantizar su inserción social, lo utilizaron para debilitarla. Ése fue el comienzo del fin y ése fue el origen de la pírrica victoria del general.

La ola de muerte servía, en este caso, al programa del FREJULI. Si los Montoneros asesinaban a un burócrata famoso, el general podía acudir (lopezreguismo mediante) al uso de la «triple A». Perón sabía que no contaba con una fracción militar adicta, que todas las operaciones de represión requerían el uso de fuerza propia, pues facilitar el ingreso de fuerza ajena (el Ejército) ponía al gobierno, más tarde o más temprano, en manos de los militares. Por eso acudió a un expediente extremo: el terrorismo parapolicial.

El repentino ascenso de López Rega de cabo primero a comisario general de la Policía Federal siempre sonó a una suerte de grandísima boutade de Lopecito, a su afán de desmedida figuración, a una suerte de gusto infantil por los uniformes y los entorchados. Nada de eso.

La designación tenía un objetivo específico, de orden práctico-funcional, puesto que la «triple A» era el resultado de la actividad terrorista de la única dependencia de seguridad estatal políticamente confiable: la Policía Federal. Desde que Esteban Righi intentara «reeducar» a la policía, había quedado claro que el organismo detestaba las prácticas del ministro: consideraba la destrucción de ficheros de inteligencia como una medida tendiente a blanquear el pasado comunista y subversivo del bloque juvenil, al tiempo que desvinculaba al entonces presidente Cámpora de la «maniobra» y entendía que el general Perón era estafado por los «infiltrados».

Dicho de otro modo: la estructura de cuadros de la Policía Federal de ningún modo rechazaba al peronismo, pero tenía su versión del peronismo y no estaba dispuesta a considerar ningún modelo que aportara el «bisoño e inexperto» ministro del Interior.

Esa estructura había sido dirigida por dos comisarios mayores, reintegrados bajo las últimas estribaciones del gobierno de Lastiri: Villar y Margaride. El responsable político de la represión discriminada era, indudablemente, Lopecito con sus nuevos entorchados; su modo de operar, un calco de la OAS francesa. Es decir: una mezcla de Profesionales del crimen sin ideología alguna y de activistas ideológicamente consustanciados; el botín de los masacrados debía financiar su funcionamiento o, al menos, oficiar de estímulo adicional para los masacradores.

No se trata de «mayor fascismo», como sostiene Sebreli, sino del grado de debilidad militar del tercer peronismo. Por cierto que esta actividad fue detectada por la inteligencia militar desde el comienzo, la cual —como no podía ser de otro modo— guardó prudente distancia y silencio, ya que no los comprometía en absoluto a los ojos de la sociedad civil. El terror y el contra-terror eran parte de la «carnicería peronista», los militares estaban de parabienes una vez más. El partido de las Fuerzas Armadas reencontró una política: el silencio.

El papel que esta lucha cumplió no merece dobles interpretaciones: fue absolutamente reaccionario. De algún modo, reeditaba en otro espacio y en otras condiciones la masacre de Ezeiza, reemplazando la batalla definitiva por un constante goteo sanguinolento.

Generaba, en el conjunto de la sociedad argentina, una desesperada y desesperanzada búsqueda de distancia, de quedar al margen, de evitar la visita de una u otra banda. El ritmo de la lucha de clases se veía ralentado y sólo la rapidísima descomposición del proyecto peronista evitó que la maniobra concluyera con el éxito abrumador del lopezreguismo en vida de Perón.

Todavía el lopezreguismo actuaba encarnando la misma cupla de fuerzas sociales que en Ezeiza. La única diferencia era que, al aceptar los términos del «debate», la «jota pe» perdía continuamente los suyos para oscilar entre una corriente que buscaba acaudillar políticamente otra alternativa peronista y un aparato encerrado en la lógica de su accionar militar. Bastaba que la lucha de clases decreciera, que la posibilidad de movilizar y avanzar se desdibujara, para que el sustitutismo más cerril reemplazara la lucha de clases. Más que la vanguardia de una nueva alternativa, el accionar de la «tendencia» reflejaba la posibilidad de un grupo radicalizado de las capas medias de participar en la lucha siempre y cuando el ritmo de la clase obrera se lo posibilitara. Es decir, era la retaguardia armada de una vanguardia obrera inorgánica; de la organización, constitución y crecimiento de esa vanguardia dependía la suerte de todo el movimiento.

VI

En materia económica, el tercer peronismo resultó increíblemente homogéneo. A lo largo de sus tres presidentes (Cámpora, Lastiri y Perón), José Ber Gelbard —don José para sus íntimos— conservó el cargo y, lo que resulta aun más importante, conservó el mismo rumbo económico. En ninguna otra oportunidad ministro de Perón alguno alcanzó y obtuvo similar nivel de respaldo político. A tal punto, que Perón se ocupó de explicar que un ataque a su colaborador equivalía, en rigor de verdad, a un ataque solapado contra él mismo. Es preciso admitir que no se trataba de una frase de circunstancias, sino de una bien destilada conclusión política: el general había apostado todas sus fichas a mano del ex presidente de la Confederación General Económica.

Don José era uno de los dueños de Fate, es decir, de una empresa líder integrada por capital nacional y tecnología importada. El proyecto que había impulsado toda su vida era simple: el crecimiento del capitalismo independiente equivalía al crecimiento de los capitalistas nacionales.

De modo que con saber qué necesidades tenían los burgueses industriales nacionales se sabía qué necesitaba el capitalismo independiente. Claro que don José reconocía, además, que las necesidades de la burguesía industrial estaban vinculadas a la existencia de un cierto número de actividades básicas (rama I, en términos de Marx) que el capitalismo privado nacional no estaba en condiciones de desenvolver. En ese punto, la respuesta del ministro era instantánea: ésa es tarea del Estado Nacional.

Para Gelbard, la alianza entre la burguesía industrial nativa y la producción estatal era la madre del borrego. El sector público debía cumplimentar un doble papel: primero, subvenir las necesidades financieras y productivas de la burguesía industrial; segundo, aprovisionarse con la producción nacional.

Contado con sencillez: se proponía que el sector privado nacional de la industria mediana y grande avanzara más rápidamente que el extranjero, hasta que el corazón de la actividad, los segmentos más dinámicos y modernos, pasara de los segundos a los primeros. A esta operación se la denominaba pomposamente «independencia económica».

Para lograrla, se propuso utilizar cuatro instrumentos de política económica: crédito, precios, salarios y una transferencia relativa de ingresos del campo a la ciudad. Formulado políticamente: el pacto social.

Por eso nacionalizó los depósitos bancarios y estableció líneas de crédito diferencial mediante redescuentos especiales del Banco Central. Con un añadido: todas las líneas eran negativas en términos reales, y las especiales eran fuertemente negativas; eso sí, la participación de las empresas extranjeras en el crédito era regresiva y a tasas más elevadas, pero aun así negativas.

Inicialmente, elevó los salarios y retrotrajo los precios hasta el 30 de abril de 1973; pactó que, durante los próximos dos años, ni los precios ni los salarios sufrirían modificación alguna. En el esquema de Gelbard, la tasa de inflación era el resultado directo de la corrección de los primeros: como ellos no se modificarían, la inflación sería igual a cero. Pero en ese caso, las tasas de interés resultarían brutalmente positivas (las más bajas fueron, efectivamente, al 13 por ciento anual), de donde se colige que el ministro no confiaba demasiado en la efectividad del esquema o creía que la economía argentina podía incrementar y mantener su ritmo de crecimiento con semejante tasa de interés.

Diseñó un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, proyecto en el cual se afirmaba que la tierra no era un «bien de especulación» sino un «instrumento de producción» y, en consecuencia, si los rindes estaban por debajo del nivel normal potencial, los terratenientes serían sancionados impositivamente o incluso, en determinados casos, hasta sería posible confiscarles la tierra.

Con esta medida se instrumentaba una transferencia de ingresos. Es que la paridad cambiaria, establecida siempre en base al crecimiento cero de la inflación, no requería mayores correcciones. Y como había retenciones a la exportación, el ingreso del sector —en términos del intercambio interno— se deterioraba por el costo creciente de los insumos.

Esta explicación viene a cuento porque el esquema no produce de suyo una transferencia de ingresos sino a través de la política cambiaria. No se trata de una modificación estructural, de cuestionar la propiedad privada de la tierra, sino de una alteración política de la distribución de la renta. Es decir: depende pura y exclusivamente de controlar efectivamente el Palacio de Hacienda.

Aun así, el impuesto a la renta normal potencial de la tierra nunca fue aprobado, a pesar de que el peronismo tenía mayoría absoluta en ambas Cámaras y que era factible que la medida contara con el respaldo de al menos una parte de la bancada del radicalismo comprometida con el programa de la CGE. No se trataba de una medida por ejecutar efectivamente, sino de una amenaza: «O ustedes producen, o nosotros… nosotros… somos capaces de sancionar una ley».

El esquema tenía su talón de Aquiles: el respeto de los precios pactados a lo largo de una cadena de producción imposible de controlar administrativamente desde la Secretaría de Comercio. El supuesto básico del plan era éste: los intereses dañados por el cambio de las reglas del juego acatarán en silencio. Dicho de otro modo: la política de precios no forma parte de la lucha interna del bloque de clases dominantes para determinar la hegemonía.

Vista desde hoy, la ingenuidad del programa resulta alarmante; sin embargo, era el prerrequisito político para creer que la burguesía industrial podía ser hegemónica sin descabezar de un solo golpe a sus potenciales enemigos. Esta perspectiva (la de descabezar a sus enemigos) no resultaba menos ingenua; la decapitación de uno solo de ellos iniciaría una dinámica donde nadie podría garantizar cuál sería el próximo decapitado o si la misma burguesía industrial no se vería sometida a un tratamiento similar.

Entonces, entre dos simplezas posibles, el gelbardismo admitió a la más inofensiva; es decir, su dosis de realismo político era mucho más elevada de lo que comúnmente se piensa.

Por cierto que el proyecto fracasó no tanto porque se detuvo el crecimiento de la actividad económica sino porque la inversión cayó abruptamente. El secreto de la economía política del gelbardismo pasaba por estimular intensamente el consumo de bienes semidurables mediante una notable inyección de circulante (el ministro duplicó la base monetaria en el término de su gestión), pero un aumento de la inversión suponía un aumento de la masa solvente, porque el crecimiento económico anterior era el resultado del aprovechamiento de la capacidad ociosa instalada.

El gelbardismo llegó hasta allí: utilizó a pleno el parque industrial; después, comenzó a derrumbarse. El secreto de su caída no proviene de la acción terrorista, ni de la lucha obrera, sino de la violación de las «reglas del juego».

En pocas palabras: los empresarios, un fragmento decisivo de ellos, al menos, se lanzaron a remarcar los precios. Es preciso, en homenaje a la verdad, explicar que no todas las correcciones fueron producto de la puja interna, se trataba más bien de aumentos de los precios internacionales (inflación importada). Y como la industria argentina depende, para su funcionamiento, del abasto de bienes intermedios importados, resultaba imprescindible trasladar a precios el aumento o absorber la diferencia.

De más está decir que ni los empresarios ideológicamente más persuadidos del plan de la CGE estaban dispuestos a «absorber» la diferencia. Entonces, facturaban en negro o, de lo contrario, no vendían. Iniciaron así una cadena de desabastecimiento, por un lado, y de precios «oficiales» —crecientemente distanciados de los precios «reales»— por el otro.

Cuando la onda expansiva del fenómeno ganó suficiente intensidad, fue preciso corregir salarios. Pero como la corrección venía con rezago, el ingreso popular se descompensaba.

Recién en ese punto la clase obrera se puso en marcha; antes aceptó, con cierto disgusto, la propuesta del general. Entonces, el pacto por dos años se redujo a pocos meses y los reclamos de flexibilización salarial al margen de la gran paritaria nacional (así se denominó la renegociación de precios y sueldos) ganaron la calle. La lucha por el ingreso, la más elemental y general de las formas de la lucha de clases, se instaló en el centro de la escena. El frente popular estaba roto.

La fractura se hizo evidente durante el primer trimestre de 1974. En el segundo, Perón tuvo que admitir que la mitad del aguinaldo debería saldarse en junio. El 12 de junio, por última vez, convocó en respaldo del «Pacto Social». A pesar del paro de la CGT y del elevado número de organismos públicos próximos a la Plaza de Mayo, la multitud era crecientemente exigua. En la movilización anterior (del 10 de mayo) la plaza había estado llena de una orilla a la otra; había sido la última vez, porque el 12 de junio los Montoneros no acudieron a la cita.

El 1.º de mayo de 1974, la «jota pe» movilizó sus ya raleadas filas; su poder de convocatoria todavía era muy grande y su reducción se veía amenguada por el deterioro del gobierno justicialista: las multitudes ya no llenaban alegre y bulliciosamente actos y plazas.

La Policía Federal controlaba estrictamente los accesos para evitar la posibilidad de enfrentamientos armados. Aun así, el general Perón se dirigiría a sus seguidores detrás de un vidrio a prueba de balas, del mismo tipo que el instalado, un año atrás, en las inmediaciones de los bosques de Ezeiza.

¿Conformes, conformes, conformes, general? Conformes, los gorilas; los demás van a luchar, corean los manifestantes de la «jota pe». Duro, duro, duro, la patria socialista se la meten en el culo, replican los activistas de la Juventud Sindical Peronista, en un clima tenso. Es que la guerra de consignas no es más que otra forma de la guerra librada con diferentes medios.

La presión crece; la «jota pe», a pesar de la prohibición de ingresar a la Plaza con pancartas, logra introducirlas desarmadas y comienza a desplegar el peso de su participación. Casi media Plaza ha sido copada por sus militantes, que agitan los carteles gritando: ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?

La presión ha llegado al punto del estallido, sólo la ausencia de Perón y la falta de espoleta mantienen el enfrentamiento en el nivel de corridas y trompadas, mientras la mecánica oficial del acto (elección de la «reina del trabajo») transcurre sin que nadie le preste la más mínima atención.

El grueso de la clase obrera ha preferido ver el acto desde sus casas, con las garantías del aparato de televisión.

Dicho conceptualmente: era la contracara del acto del 20 de junio en Ezeiza. La clase obrera no tenía nada que festejar; la dinámica impuesta desde el gobierno a la lucha de tendencias (dinámica de ajustes de cuenta directos) tenía la virtud de retrotraerla. Los protagonistas de Ezeiza se enfrentaban de cara al sol y Perón, esta vez, laudaría personalmente en el conflicto.

Pasadas las cinco de la tarde, aparece Perón vestido con su flamante uniforme de teniente general. Una nube de políticos integra el palco; los cánticos arrecian, aluden brutalmente a su tercera esposa y a López Rega. La «juventud maravillosa», mutatis mutandis, deviene en un hato de «imberbes». La pulseada llega a su fin, dos aparatos se enfrentan como aparatos: los activistas de los jefes sindicales tradicionales, respaldados por la «triple A», los activistas de la «jota pe», respaldados por Montoneros.

El Caudillo, semanario financiado con avisos del Ministerio de Bienestar Social y de las 62 Organizaciones, sostiene que se trata de infiltrados: son izquierdistas que optaron por la camiseta peronista para «fracturar el movimiento nacional y ganar a los corazones obreros» con las banderas del marxismo. Es una «maniobra sinárquica consciente», sostiene Felipe Romeo, un periodista que esgrime, número tras número, una consigna inequívoca: El único enemigo bueno es el enemigo muerto. La idea prende; mejor dicho: las dos ideas. Tanto la que se refiere a la infiltración, como la del tratamiento que se debe proporcionar a los infiltrados.

Éste es, analíticamente, el problema más complejo: no, por cierto, el que remite a la infiltración, puesto que una docena o centena de militantes políticos perfectamente disciplinados pueden ingresar, mediante una estratagema, a cualquier estructura política, para socavarla o impulsar en su seno una propuesta diferenciada. Esto puede suceder y en los hechos sucedió muchísimas veces. Pero cuando decenas de miles actúan de ese modo, el problema es otro: es el primer peronismo quien se resiste a admitir que la situación es otra, que ahora militan en sus filas otras fuerzas sociales ganadas por la dinámica del enfrentamiento anterior. Este «éxito» le resulta indigerible.

Precisemos los tantos: no sólo era indigerible para El Caudillo o para el lopezreguismo, también resultaba así para Perón, para Gelbard, para la CGT. El fenómeno maldito del país burgués se había vuelto doblemente maldito. Y toda la estrategia de expurgar a los jóvenes, de ralearlos, de eliminarlos, de volver a «las veinte verdades del justicialismo», de olvidarse del socialismo nacional y de todas las consignas esgrimidas «tácticamente», refluía sobre la conducción como un boomerang; los jóvenes seguían allí, pero la clase obrera estaba en sus casas.

En un esfuerzo supremo, Perón los echa. Miles y miles se marchan con los ojos nublados, el general montonero y socialista queda atrás, el defensor del pacto quebrado está enfrente. El movimiento se escinde y sus aliados dinámicos quedan definitivamente afuera. Todo vuelve a la normalidad, pero es una ilusión óptica; de la Plaza se va algo más que la «jota pe», que los militantes de la «tendencia», se va la voluntad de luchar y de vencer.

Con la misma mano con que hiere a sus jóvenes seguidores, el gobierno pierde el suelo bajo los pies. La ola de huelgas va y viene, las intervenciones sindicales van y vienen; el proyecto tambalea y con él, con igual intensidad, tambalea la salud del caudillo.

Sesenta días más tarde, el teniente general Perón inició una marcha sin retorno; el hombre que había remontado la adversidad de un exilio durante casi 18 años y había logrado arribar por tercera vez a la presidencia con el respaldo del 62 por ciento del electorado, era un viejo destrozado. Y unas pocas horas después agotó el resto de su tiempo. El tercer peronismo llegó a su término.

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MUERTE Y TRANSFIGURACIÓN

I

El velatorio del general dio la estatura de su figura. Por un instante la historia se detuvo. Con voz contrita, María Estela Martínez de Perón anunció la muerte del presidente. Algo reputado imposible sucedió.

Durante años, los gabinetes de inteligencia militar habían programado acontecimientos que requerían, en sus simplificadas testas, la muerte del caudillo. Perón lo supo y muchas veces entusiasmó a sus colegas con falsos informes sobre el estado de su salud.

Una historia falsa o verdadera gozó de gran aceptación popular: el general había cambiado unas placas radiográficas y, en las nuevas, su muerte se volvía un dato cierto. Los asesores de Onganía respiraron hondo, puesto que el presidente de labio partido podía aspirar a la herencia: la «Revolución Argentina» heredaría a Perón; es decir, Onganía heredaría Perón; es decir, la Libertadora heredaría a Perón (el esquema escapaba, por cierto, a toda proporción histórica; en Madrid, el general reía a mandíbula batiente).

Onganía cayó, Levingston retomó las banderas del gorilismo profesional sin disponer de suficiente tiempo para soñar y Lanusse… Lanusse, en cambio, lo requería vivo. Entonces, de muerto fantasmagórico de los estados mayores, pasó a presidente constitucional. Como se ve, el salto no era pequeño; por eso, para la sociedad argentina, para civiles y militares, para gorilas y peronistas, Perón era inmortal.

Cuando tuvo que marchar al exilio, temió por su vida; en Caracas, una bomba voló su auto: sus temores tenían fundamento. Anticipándose a cualquier eventualidad, nombró a John William Cooke su heredero político. Nunca más repetiría la escena, nunca más creería seriamente en la posibilidad de un atentado contra su vida; tampoco se equivocaría esta vez. Sin embargo, para un hombre de sus años, la muerte no era un dato tan distante, tan ajeno.

El peronismo sin Perón abandonaba la fauna de la literatura fantástica. La autoridad del líder, aun cuestionada, había fijado los límites del juego: en sus manos, Lopecito había sido un instrumento terrible, pero un instrumento. De ahora en más, todo quedaba librado a la naturaleza de las cosas y los efectos de esta naturaleza serían alucinantes.

La sociedad argentina, el bloque de clases dominantes, la clase política, como un solo hombre, rodearon a la jefa del Estado. Balbín defendió la legalidad con pollera o pantalón, los Montoneros rindieron su postrer homenaje, Cámpora hizo lo propio, nadie discutió a nadie el derecho colectivo de llorar la muerte del hombre más amado y más odiado de su tiempo. El último acto democrático del tercer peronismo concluía.

Todos eran conscientes de que la geografía política argentina mutaba definitivamente; en la muerte de Perón se balbuceaban las primeras sílabas del fin de una etapa histórica, iniciada en 1930, que con Isabel alcanzaría acabado perfecto.

Morían muchas cosas sin que naciera ninguna: moría el proyecto de impulsar el crecimiento autónomo de la sociedad argentina sin romper los límites del capitalismo y con absoluta prescindencia de su posibilidad efectiva; moría el sueño del «pacto social» que parlamentarizaría el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, para volver innecesario el golpe de Estado; moría el horizonte de un país relativamente próspero y relativamente capaz de satisfacer, tal cual era, los requerimientos esenciales de buena parte de sus integrantes y las aspiraciones irrealizadas de todos los demás; moría el canal que había absorbido —sea por participación directa, sea por oposición sistemática— las energías de los que intentaron dibujar un país diferente. Es decir, todo lo que existía estaba herido de muerte, sin que la muerte de lo existente se tradujera —directa, puntualmente— en la vida de lo por existir.

Con Perón moría, en síntesis, el arco social que lo había votado por última vez el 11 de septiembre de 1973. El tercer peronismo era irreproducible, había nacido el cuarto y nadie sabía, por aquel entonces, de qué se trataba.

Para Isabel, el caudillo fallecido se reemplazaba con mayor poder estatal; sin embargo, mayor poder estatal no significaba mayor poder peronista. La fórmula presidencial debla entenderse así: el Estado es Perón y yo soy el Estado; entonces, yo soy Perón.

La fórmula obviaba datos que no podía obviar: tres semanas antes de su muerte, el general había intentado reflotar el pacto social, que hacía agua desde los cuatro costados. Traducido a la vida cotidiana: el reparto del ingreso, el salario obrero, el consumo popular, no satisfacían a los trabajadores, no colmaban sus apetitos, resultaban insuficientes.

El carácter burgués del peronismo no se mide tan sólo por la naturaleza de su propuesta, sino por la naturaleza de las aspiraciones colectivas; no imbuye a sus sostenedores de una ética protestante espartana, sino de una elevada dosis de hedonismo consumista. El horizonte vital de los trabajadores peronistas es preciso, exacto, inequívoco, está representado en el horizonte que la publicidad propone para sus consumidores; pensar otra cosa es falso y grave.

Aun así, Perón podía exigir otra cosa con absoluta independencia de una obediencia efectiva. Sin Perón, la exigencia se convertía en un contrasentido, y la política de Gelbard, la que había desarrollado desde el 25 de mayo de 1973, alcanzaba, muerto el líder, el rango de un contrasentido. El cuestionamiento de Gelbard, del «pacto social», de ese «pacto social», estaba en la naturaleza de las cosas y asumió la única forma posible: «Eso no es peronismo».

Se trataba, en consecuencia, de volver a las fuentes. Cuarenta y ocho días antes de que Gelbard y la CGE produjeran su célebre toque final («misión cumplida, señora presidenta»), Alfredo Gómez Morales renunciaba a la presidencia del Banco Central, disgustado con la política de continua expansión monetaria. De inmediato, el todopoderoso ministro de Bienestar Social lo nombró asesor económico personal; en la renuncia de Gómez Morales y en el nombramiento de López Rega quedaba claro que el gabinete se volvía a polarizar: de un lado Gelbard y la CGE, que además contaban con leve respaldo radical; del otro, Lopecito, los sindicatos, el partido y la clase obrera descontenta.

El solo señalamiento de la relación de fuerzas define el resultado de la pugna y en el resultado de la pugna se define la suerte del tercer peronismo. Por eso, el 21 de octubre no sólo se va un ministro de Economía, también se pierde una propuesta política y, lo que es más grave aun, la propuesta que se pierde no se reemplaza.

Desde el momento en que Gelbard abandona el Palacio de Hacienda, el gobierno peronista es un cadáver insepulto. Ya no se propone realizar programa alguno, sólo durar, vencer en la próxima elección; carece de tarea histórica.

Antes de que Gelbard abandonara el Ministerio de Economía, el 3 de septiembre, en El descamisado, Mario Eduardo Firmenich y Norma Arrostito, los sobrevivientes del grupo Montoneros inicial, los integrantes de la estudiantina originada en el Nacional Buenos Aires, habían relatado pormenorizadamente la muerte del general Aramburu. Ante los ojos de los lectores directos y de los que recibieron, vía los otros diarios, síntesis del testimonio, la muerte de Aramburu volvió a transcurrir: lo mataban otra vez, moría ante la mirada de todos.

Pero no era la misma muerte, era otra; estaba engarzada, entretejida, vinculada a las muertes del presente, al presente de muerte. Tenía tanto impacto político como la original. La segunda muerte de Pedro Eugenio Aramburu enhebrada con la primera de los Montoneros, puesto que la situación era demasiado distinta: ya no mataban al jefe político de la Revolución Libertadora, al responsable de los fusilamientos de José León Suárez, al represor del movimiento obrero; mataban a un general viejo, políticamente inocuo, a un abuelo tranquilo que soportó con gallardía su responsabilidad ante la historia.

Mataban, en suma, su vinculación con el movimiento popular, en el intento mismo de reforzar lazos tras la muerte de Perón y el abandono de la Plaza de Mayo. Es decir: la operación tendiente a revincularlos, a religarlos a la lucha colectiva, produjo, impulsó, alimentó un movimiento opuesto. No reiniciaron de mala manera su marcha hacia los trabajadores, anunciaron indirectamente una marcha independiente. Pero, cuidado: no se trataba de una independencia vinculante, que retomaría en un punto más elevado la relación que los nutría, sino de un corte, del abandono de la lucha de calles, de la respuesta militar como respuesta dominante y determinante. Por eso, cinco días después, Montoneros anunció su pase a la clandestinidad: la suerte estaba echada.

La puja de tendencias en el seno de una organización aluvional, forjada con las virutas de otras organizaciones, con los fragmentos de diversos orígenes y experiencias políticas, quedaba en lo esencial, saldada. Una y otra vez Montoneros oscilaría entre acompañar la lucha de masas y el elitismo militar, pero, crecientemente, el perfil de la organización se iba a unilateralizar hasta transformarse en un vestigio de sí misma.

A tal punto, que en las elecciones de Misiones (abril de 1975), donde el Peronismo Auténtico (Montoneros y sus aliados del peronismo crítico) participó, los activistas afirmaban desaprensivamente que la campaña electoral era financiada por BUNGE Y BORN. La broma resultaba siniestra: los hermanos Born habían sido raptados por Montoneros y la organización había recibido como pago de su liberación más de 50 millones de dólares. Nadie ignoraba ni la suma ni la situación, porque los Montoneros se habían encargado de que así fuera. Era parte de su prestigio, del método de la «propaganda armada», pero los rebrotes de tal comportamiento político resultaron obvios: los servicios de inteligencia militar sostuvieron desde el comienzo que la igualdad entre Peronismo Auténtico y Montoneros era un asunto indiscutible; desde esa perspectiva, los «auténticos» era una pantalla de masas de la organización; en consecuencia, como ella había elegido abandonar la legalidad, todas sus propuestas políticas eran, en los hechos, ilegales.

El argumento pesaba, pero no determinaba nada; hasta que —en medio de la campaña electoral— los Montoneros atacaron un cuartel en Formosa. En ese punto, la presencia de una franja no montonera en los «auténticos» se redujo a polvo, porque —al obligarlos a definirse sobre el comportamiento de la organización armada— las otras fuerzas políticas establecían una cuña efectiva: o el Peronismo Auténtico la repudiaba —con lo cual, en los hechos, la quebraba—, o debía realizar una práctica esquizofrénica (sostener en público lo que rechazaba en privado).

El repudio equivalía al abandono y la práctica esquizofrénica suponía, necesariamente, sometimiento a Montoneros. En suma, Montoneros y los «auténticos» se volvieron, a partir de la política montonera, una identidad creciente.

Traducido a la contabilidad política ordinaria: la capacidad de gestar alianzas con sectores opositores de la conducción oficial del peronismo quedó invalidada de parte de Montoneros: ellos quedan fuera del debate interno del justicialismo; el lazo estaba roto y fueron los Montoneros los responsables directos de este hecho. Los hijos políticos del tercer peronismo no serían capaces de sobrevivir a la muerte del padre.

De modo que el debate interno del cuarto peronismo se efectivizó entre verticalistas (seguidores incondicionales de Isabel) y antiverticalistas, sin que éstos últimos lograran, en política concreta, diferenciarse de aquéllos más allá del hecho de defender la democracia interna, sin proyectar mayores contenidos. El programa del verticalismo y el del antiverticalismo se parecían como dos gotas de agua: administrar la crisis del tercer peronismo; eso era todo, y era demasiado poco.

Antes de la muerte de Perón, el enfrentamiento entre Gelbard y López Rega había conformado, más que una lucha política precisa, un particular dispositivo de ejecución, en donde Lopecito —independientemente de su voluntad— se veía obligado a defender el «pacto social». Los dos José no chocaron abiertamente: uno era el depositario de la confianza programática del general y en ese carácter gozó de su intimidad, a tal punto que pudo visitar a Perón en su lecho de enfermo, sin la sombra de ningún «entorno»; el otro, a pesar de los decires de los maquilladores profesionales del general, gozó de toda su confianza doméstica retraducida en enorme caudal político, una gran posibilidad de construir un aparato que —una vez muerto Perón— serviría directamente a los intereses del «Brujo».

La teoría de la disminución de Perón sirve para desvincular la suerte del cuarto peronismo de la conducta del general. El motivo salta a la vista: o se debe admitir que no estaba en condiciones personales de gobernar, o es preciso señalar que los métodos utilizados integraban la panoplia de sus instrumentos legítimos.

Sostener, por lo que sucedió después de su muerte, que Perón no estaba en condiciones de gobernar, equivale a sostener que tampoco lo estaba en el período en que asumió la tercera presidencia, puesto que fue su responsabilidad directa lo que sucedió en una y otra etapa, por acción o por omisión.

Todo el problema pasa, si se quiere, por probar que Perón era un anciano digitable, incapaz de hacerse cargo de la rueda de los asuntos públicos; esto falta absolutamente a la seriedad, a las proporciones históricas y a las verdades elementales.

Antes que otra cosa, conviene recordar que el derrumbe de Cámpora y el proyecto que el «Tío» encabezó antes de las elecciones del 11 de marzo fueron resultado directo de la conducción del general. Por aquel entonces, si bien se evaluaba sin demasiada ecuanimidad, todos (y «todos» quiere decir el conjunto de los representantes políticos de la clase dominante y sus aliados) admiraban el tino instrumental de Perón. Aun visto a más de una larga década, queda claro que el general era un hombre que sabía qué se traía entre manos.

Conviene repasar la línea argumental; no se trata de mostrar ráfagas de talento sino continuidad de dirección política: la pulseada con Lanusse (un hombre en plenitud de medios físicos e intelectuales nada despreciables), el regreso en noviembre, el encuentro del Nino, las elecciones internas del justicialismo, su método para neutralizar a la burocracia sindical en la determinación de la fórmula presidencial, su método para reemplazar movilización gremial con Juventud Peronista, el triunfo, desplazamiento y la sucesión de Cámpora, su posterior ascenso a la presidencia, muestran una secuencia desusadamente larga, directa, clara, que señala a un político que —a pesar de su evidente deterioro físico— domina la escena. Y si esto fuera poco, al observar su réplica en la Plaza a los jóvenes rebeldes queda claro que ni siquiera permite que la voz de aura salga de otra garganta que no sea la suya. Perón es Perón, no un disminuido político.

De ahí que la consigna «Isabel es Perón» encerrara la fuerza de una maldición; equivalía a decir: «el descabezamiento de Isabel supone el del movimiento todo. Por lo tanto, la posibilidad de disputarle la dirección, de torcer el rumbo, de reemplazarla, es desechada de antemano».

Por eso, cada reemplazo, durante su gobierno, fue una crisis ministerial; cada crisis ministerial, una crisis del peronismo todo, un camino en donde el movimiento multitudinario se desprendía, expulsaba fracciones sociales que no podría recuperar. Y cuando el enfrentamiento llegara a la clase obrera, la suerte del edificio completo, del proceso completo, estaría saldada.

Por eso, la peronización del peronismo, en rigor, sonaba a reorientar la nave, a modificar el proyecto inicial del tercer peronismo, y comenzaba a mostrar —en el transcurso de los acontecimientos— la naturaleza del cuarto. El 21 de octubre, don José presentó su renuncia, le fue aceptada; Alfredo Gómez Morales pasó de asesor a ministro.

En términos sociales, la industria nacional de elevado nivel de concentración perdía la hegemonía del proceso; ahora, el bloque de clases dominantes disputaría en términos más igualitarios el reparto del ingreso. No eran los trabajadores que salían victoriosos de una lucha contra sus respectivas patronales: la dirección sindical se había plegado —López Rega mediante— a una maniobra de traspaso de poder. Todavía Lopecito era legitimado por la CGT.

Cuando don José había asumido el Ministerio de Economía, la actividad productiva era de ritmo sostenido, el producto bruto interno se expandía a buena velocidad y la capacidad ociosa instalada cedía. En los últimos tramos, comenzó a evidenciarse que la fórmula de pleno empleo (supuesto básico de la CGT) chocaba con la fase descendente del ciclo productivo. Era preciso —en términos capitalistas, se entiende— incrementar la productividad del trabajo y disminuir el número de los trabajadores.

Dicho con poca amabilidad: para defender la tasa de ganancia era imprescindible reducir los salarios reales de toda la clase obrera, reducir el número de asalariados hasta emparejar la producción con la demanda solvente. La secuencia requería aumentar las exportaciones, en el preciso momento en que el Mercado Común Europeo cerraba las puertas a las carnes rojas, para evitar una crisis del sector externo y aminorar la hemorragia de dólares hacia el exterior. En términos rigurosos: las medidas económicas implicaban el agravamiento de la crisis política.

Esto lo sabía Gómez Morales, por eso ralentaba las medidas. No carecía de poder político para ejecutarlas, pero cuando ellas se volvieron inevitables ya había agotado su cuota. Invirtiendo los términos: usó poder político para no hacer, lo consumió en la operación, y cuando tuvo que hacer ya no contaba con aliados en condiciones de respaldarlo. Los dirigentes sindicales no iban a defender a un ministro que laudaba en su contra y en la desatada lucha por la hegemonía interna, Lopecito comenzaba a apoyarse objetivamente en los sectores más concentrados de la actividad industrial y financiera, dejando a Gómez Morales una alternativa de hierro: renunciar o rendirse.

Con todo, el ministro de Economía había recibido unos 2.000 millones de dólares de reserva, aunque una parte indeterminada estaba constituida por documentos comerciales originados en la Europa Oriental y Cuba. La deuda externa trepaba a los 7.000 millones de dólares y los vencimientos superaban holgadamente los 3.000, durante 1974. Estaba en condiciones de negociar desde una posición relativamente sólida con la banca internacional; eran los tiempos en que David Rockefeller todavía podía ser considerado en público, por el ministro, «un viejo amigo», sin que nadie arrugara la frente.

El economista del peronismo ortodoxo, del primer peronismo, se proponía reducir el consumo obrero para evitar la crisis del sector externo; es decir, su política afectaba directamente el ingreso popular desde una fórmula cristalina: austeridad no es miseria.

El momento no podía ser elegido más desfavorablemente para el juego ortodoxo. La dirección de los sindicatos había logrado, en los últimos tramos de la gestión Gelbard, la sanción de la ley de Contrato de Trabajo y de un paquete de legislación obrera que reforzaba, indisimuladamente, el poder de esa conducción gremial. La Confederación General Económica había sido desplazada y no era, consecuentemente, un aliado que considerar. De modo que los que apoyaran al ministro deberían ser buscados por otros pastos, razonamiento que prenunciaba el enfrentamiento que Celestino Rodrigo asumiría con todas las letras.

Los aliados de esa política económica debían buscarse en la derecha del arco social; los enemigos, en el corazón del peronismo político. En esas condiciones, el ministro no podía durar. Gómez Morales tenía la posibilidad de ir lejos (tan lejos como después fue Rodrigo), de abandonar el horizonte del peronismo o, de lo contrario, de aguardar vientos mejores, una coyuntura internacional más alentadora. Es decir, esperar. Y esperó hasta que no pudo más; entonces, hizo lo menos que pudo, pero resultaba insuficiente. Los economistas del primer peronismo eran incapaces de retomar la cuesta, los del tercero habían sido desmontados definitivamente (aunque tratarían de volver, a horcajadas de Antonio Cafiero). La crisis del capitalismo dependiente se mostraba intratable con métodos «tradicionales». De modo que el camino de Rodrigo, de las fuerzas sociales que se expresaron en derredor suyo, estaba expedito.

Eso sí, la clase obrera empezaba a votar contra el gobierno. A comienzos de 1975, el nivel de ausentismo laboral se había elevado muy encima de la media histórica. Los funcionarios peronistas comenzaron a clamar contra los efectos del paquete de leyes sindicales, responsabilizando incluso a la dirigencia de los gremios por facilitar la ausencia de sus representados.

Una lectura a la columna que registra la evolución del salario obrero da la clave: el salario real caía todo el tiempo; a mediados de año, en mayo del ’75, los trabajadores ganaban el 20,3 por ciento menos que en junio del ’73. Pero la caída no resultaba suficiente para la burguesía argentina y la dirección sindical exigía la apertura de las paritarias para remontar la debacle. Gómez Morales pidió la toalla; en sus términos, tenía razón.

II

El mercado negro constituía el mercado: los precios máximos eran burlados sin elegancia; las exportaciones en blanco sumaban 3.000 millones de dólares, en negro, 2.500; el 40 por ciento de la operatoria comercial ordinaria no se facturaba. La crisis requería un perdedor, la economía burguesa no estaba en situación de resolver amablemente situaciones recesivas. Gómez Morales había elegido un perdedor (el consumo popular, el salario obrero) pero postulaba una «deflación suave». El ministro ortodoxo se equivocaba: la deflación suave ya se había producido; los tiempos habían cambiado, el peronismo impulsaría una deflación drástica, impopular, antiobrera. El ministro se encogió de hombros: el peronismo, tal vez, haría tal cosa; Gómez Morales, no. Todavía retumbaban en sus oídos los «eso no es peronismo» apurados contra Gelbard. Y, si eso no era, ¿qué sería esto?

La pregunta tuvo respuesta: el ingeniero Celestino Rodrigo, un místico sobre temas angélicos, en cuestiones terrenales mostró un canibalismo hasta entonces desconocido. Era la medida del nuevo problema.

El 2 de junio de 1975, subterráneo mediante, Rodrigo asumió el cargo. Por un instante, López Rega cubrió todo el horizonte; de instrumento de Perón a primer ministro de Isabel: una especie de Frigerio invertido, un Rasputín nacional. Los motivos de su presencia consumieron toneladas de papel. En los comienzos, nadie lo tomaba en serio. El hermano Daniel, autor de temas esotéricos, no era un contendiente político de monta. Todos lo subestimaban, menos Isabel.

A veinte años de la muerte de Evita, Perón había contado a un periodista argentino: «Eva fue obra mía». Lo había dicho sin afecto, duramente, evaluando los hechos desnudos. No mentía; restablecía las proporciones políticas.

En alguna oportunidad, el «Brujo» afirmó: «Isabel no existe, es obra mía».

Las frases parecen calcadas; el sentido varía drásticamente. Es cierto que Isabel carecía de existencia política propia, que era una estratagema de Perón para multiplicar su nombre al infinito mientras viviera. En ese sentido, su inexistencia es imposible de negar. Desde esa perspectiva, López Rega tampoco existía. Es que en el peronismo, en los cuatro peronismos, la inexistencia era un modo, una forma, una cristalización, de la práctica política.

«El que existe es Perón, Perón está muerto». Ésa era una de las claves.

Pero Lopecito hablaba de otra cosa: hablaba de la voluntad política, de la posibilidad o imposibilidad personal de hacer funcionar las ruedas de un mecanismo relativamente automático que, de tanto en tanto, requería un impulso adicional que Isabel era incapaz de proporcionar. Entonces, como Isabel no podía, necesitaba que pudieran por ella. El que podía ejercía vicariamente el vacío de un jefe muerto. En el vacío, en la falta de tarea histórica, en la incapacidad de rehacer las banderas del 17 de octubre y la resistencia popular, López Rega existía. Su figura pergeñaba el tamaño de la tragedia y Rodrigo sería el instrumento social con que el desmoronamiento alcanzaría rango de camino irreversible.

Detrás de Rodrigo, un hombre, un representante orgánico de una clase, manejaba la marioneta: Ricardo Zinn. Ya no se trataba de la ruptura del frente popular, el gobierno comenzaba a minar directamente sus bases sociales sin reemplazarlas. Es decir, no sumaba en sus ataques contra el salario obrero a los que se beneficiaban con su reducción. Para asumir los términos requeridos por sus enemigos políticos le faltaba un tramo; para quebrar sus vínculos con el movimiento obrero había hecho más que suficiente.

Zinn fue transparente en sus afirmaciones a la prensa. Dijo: «Voy a actuar como un jugador de tenis». Debió agregar, pero olvidó hacerlo: «golpe por golpe, ojo por ojo». No era una declaración de prensa, era una declaración de guerra; no terminó allí, seguía: «somos krigeristas para devaluar, gomezmoralistas en cuanto a austeridad, alsogarayistas en la indexación, frigeristas para comprender las empresas extranjeras, ferreristas para la adopción de políticas graduales y los retoques periódicos»; y remató: «en suma, iconoclastas sin ideología».

La honradez de la declaración exime de todo comentario adicional. Sólo se puede añadir que, por su misma exactitud, nunca fue escuchada, ni antes ni después, en boca de un funcionario público. Las afirmaciones del segundo Rodrigo liquidaban de un plumazo al tercer peronismo: la concertación, el pacto social, los precios máximos, la regulación salarial ascendente, quedaban atrás. Las leyes del mercado, esa mano invisible, establecían el orden verdadero, natural, peronista.

Y la guerra comenzó. El ministro devalúa el peso en un 190 por ciento para los granos (lo que equivale a decir para dos terceras partes de las exportaciones argentinas), en un 70 por ciento para los productos industriales y en un 60 por ciento para las carnes. El mecanismo devaluatorio describe a los beneficiarios del plan, el cual sintéticamente puede formularse así: violenta caída del ingreso obrero (los salarios siguen en el mismo punto) y traslación de ingresos hacia los exportadores y el sector agropecuario.

Pero hay más: el 18 de junio Isabel firma el Acta de Compromiso con la industria automotriz, donde se pacta que, durante dos años, las fábricas terminales no pagan los insumos importados a sus casas matrices, remesan regalías y royalties con bonos externos (paridad dólar) y reinvierten la ganancia a cambio de la liberación de precios.

Consecuentemente, los precios inician una trepada de ritmo desconocido; la nafta se incrementa en un 175 por ciento y al compás del aumento de los combustibles avanza el resto. La capacidad ociosa crece sensiblemente. La Argentina produce su primera versión (después aportará otras, continuamente) de stagflation, que es una fórmula norteamericana compuesta así: Stagnation (estancamiento) e inflation (inflación), cuya traducción política es: «rodrigazo».

Todo esto sucede con la velocidad del rayo, de un día para el otro; a las 48 horas de haber asumido Rodrigo, la maza se descarga con furia sobre la cabeza de los asalariados. Los tiempos, sin embargo, están mal ordenados. Desde que Gelbard y Rucci firmaron el Acta de Compromiso, bajo la presidencia de Cámpora, por primera vez cada sindicato negociará con sus respectivas patronales, por separado, los aumentos salariales. La intención de la CGT es obvia: recuperar el deterioro producido por el «rodrigazo», rehacer el salario obrero, deshacer, en las tratativas con las patronales, la política del ministro, actuar como si fuera —como efectivamente era— ministro de un gobierno enemigo.

En rigor de verdad, la presión de las bases se hace sentir. Las direcciones tradicionales son desbordadas cada vez más frecuentemente por activistas fabriles de distintas corrientes políticas (buena parte de izquierda en un sentido muy vasto), entonces, las direcciones tradicionales afinan el lápiz: los metalúrgicos laudan un convenio donde el aumento es del 130 por ciento; los textiles, uno del 125; los demás gremios esperan el cierre de las tratativas de los dos grandes para actuar en consecuencia. En ese punto, la sangre llega al río.

El ministro admite que su programa estalla con aumentos de esa índole: el máximo que puede absorber no pasa del 45 por ciento, con algunas mejoras adicionales. Ya no se discute una política económica sino la orientación global del gobierno. En esa discusión, el lugar de la presidenta no permite el menor equívoco: así como Perón respaldó a capa y espada a Gelbard, Isabel hace otro tanto con Rodrigo.

Los metalúrgicos movilizan bajo el pretexto de festejar la brillante negociación salarial y agradecer a la presidenta, quien debe refrendar formalmente los aumentos acordados. Lorenzo Miguel reúne unos 10.000 trabajadores, e Isabel no tiene más remedio que salir al balcón y saludar.

Así y todo, el 28 de junio la presidenta fija su trinchera: mediante un decreto, invalida las negociaciones paritarias y otorga un aumento salarial del 50 por ciento. La guerra alcanza punto de definición: de un lado de la barricada, el gobierno, solo, sin aliados, sin tropas dispuestas a reprimir, a impedir la movilización obrera; del otro, el conjunto de los trabajadores.

La reacción, en bloque, permanecía expectante. Las Fuerzas Armadas definieron una vez más su prescindencia política, aunque el general Numa Laplane fuera el comandante en jefe del Ejército.

En abril, antes de que Rodrigo asumiera como ministro, el general Anaya había sido pasado a retiro. La medida formaba parte de la peronización del poder y Numa parecía el general más proclive a esa tesis.

El coronel Vicente Damasco todavía revistaba en actividad y producía la sensación de que el Ejército, si bien no se comprometía institucionalmente con el poder político, al menos lo miraba con simpatía. Era un equívoco bien administrado.

Cuando Damasco revistó a las órdenes de Perón, nadie dijo «ni a». Pero una cosa era un coronel ante un general-presidente relativamente sólido, que servía para lavar la cara de la institución, y otra muy diferente era que el ministro del Interior de Isabel fuera un coronel en actividad.

Mientras vivía Perón, un comportamiento sinuoso había caracterizado a los mandos: todo lo que el presidente había hecho había recibido «de frente, mar» el apoyo de la institución, puesto que la protección del presidente y la protección del Estado eran partes de un mismo todo. Por eso el informe sobre la actividad de la «triple A» no se había hecho llegar al ministro de Defensa en vida del general. Sólo cuando el tiempo permitió establecer una frontera clara entre ambos gobernantes, cuando la crisis de la presidencia constituyó un acontecimiento de dominio público, el Comando General del Ejército (Anaya era el comandante) entregó un informe sobre el terrorismo parapolicial que comprometía al ministro de Bienestar Social.

La respuesta del informe, que llegó a la cartera de Defensa por vía jerárquica, fue inmediata: Anaya pasó a retiro. Pero antes, Isabel había puesto en marcha el operativo «Independencia».

Conviene seguir el hilo del problema: el operativo «Independencia» es anterior al informe sobre la «Triple A» y posterior a la muerte de Perón. Cuando el Ejército se puso en pie de guerra contra la guerrilla campesina que el ERP sostenía en el monte tucumano, recién entonces comenzó a operar políticamente contra la actividad terrorista del gobierno.

El motivo era doble: delimitarse respecto de la represión ilegal, levantando las banderas de la lucha legal y —una vez que el peso de la lucha fuera parlamentariamente definido (con el operativo «Independencia»)— alcanzar el monopolio de la represión, es decir, desarmar las bandas que respondían directamente al Ejecutivo.

En ese contexto, el pase a retiro del general Anaya era un precio razonable. El Ejército alcanzaba su objetivo sin ningún desgaste político, más aun: enarbolando la bandera del acatamiento disciplinado a las resoluciones del gobierno.

Numa Laplane era un solitario general de intendencia, un hombre dispuesto a dar todos los sí requeridos por el lopezreguismo, pero absolutamente incapaz de aportar al gobierno tropas de libre disponibilidad. Numa mandó mientras no hubo nada que mandar y dejó el cargo no bien una orden contravino la opinión de los generales.

Cuando el gobierno consultó al Ejército sobre su intervención ante una arremetida del movimiento obrero, su respuesta fue diáfana: sólo si desbordaban a las fuerzas de seguridad y cometían desmanes, el Ejército intervendría.

Relatado con rigor político: sólo si los trabajadores atacaban abiertamente al Estado, sólo si la movilización contra el gobierno devenía contra el orden social existente, las Fuerzas Armadas intervendrían. Vale decir, no lo harían en ningún caso, puesto que —oficialmente— la protesta popular tendría por centro al ministro de Economía y al de Bienestar Social. Dicho alegremente: el Ejército era un «aliado» de la CGT contra el gobierno, por omisión.

La movilización obrera ante el decreto de invalidación de las paritarias no se hizo esperar. De abajo para arriba, los trabajadores ganan la calle. Es un movimiento defensivo que, en los inicios, dirige la conducción oficial.

Para Lorenzo Miguel, las 62 y la CGT, el problema es muy serio; ¿cómo atacar la política económica sin atacar a la presidenta y al gobierno?; ¿cómo defender el interés de los asalariados sin provocar una crisis irreparable?; ¿cómo evitar que los movimientos de base, es decir, los activistas sindicales que no responden a ellos, les quiten las bases?

Mientras tanto, la ola crece; al calor de la lucha estrictamente reivindicativa se vertebra el último intento de enhebrar el hilo histórico del peronismo en derredor de un proyecto que puede retomar las viejas banderas en los nuevos cauces. Las coordinadoras de base, organizaciones constituidas en torno de las comisiones internas combativas, los delegados y activistas opuestos a las conducciones oficiales, impulsan la movilización. Un segmento no inferior al 10 por ciento de los trabajadores y no superior al 25 por ciento (salvo en Córdoba, donde la coordinadora es más representativa que la CGT local) se pone en marcha en defensa de las paritarias, en contra del Plan Rodrigo y por la destitución de López Rega.

Viendo que la protesta crece al ritmo de una gigantesca bola de nieve, la CGT adhiere lanzando un paro oficial para el 7 y 8 de julio de 1975. El efecto es eléctrico: todo el país se detiene, como en los viejos buenos tiempos; con una pequeña diferencia: es la primera vez en la historia política nacional que las 62 Organizaciones, que la CGT, con absoluta unanimidad, lanzan un paro contra un gobierno peronista.

Y la Plaza de Mayo grafica la nueva situación del cuarto peronismo: cubriéndola de orilla a orilla, la multitud lanza atroces consignas contra el ministro de Economía y contra Lopecito, cuidando —eso sí— no ofender a Isabel. El gobierno es incapaz de actuar, sólo puede retroceder. El plan Rodrigo es inaplicable para el peronismo, al menos en términos convencionales, porque el gobierno carece de toda posibilidad de sostenerlo públicamente: la reacción no requiere tanto, le basta con la situación en la Plaza. De lo contrario, tendría que comprometerse directa, abiertamente con el gobierno y vincularse con un poder moribundo carece de sentido.

Isabel da marcha atrás; la anulación de las paritarias es, a su vez, anulada; los sindicatos han «ganado» el round, pero su victoria es un muestrario de las viejas impotencias del peronismo obrero.

Los topes salariales son eliminados y los convenios convalidados por el Ejecutivo. Los aumentos son nominalmente voluminosos, la mayor de las veces superan el 100 por ciento, pero la continuidad de la estampida de precios muestra que el Plan Rodrigo es algo más que la eliminación de las paritarias: es la crisis y una respuesta posible a la crisis, porque los sindicatos se niegan a cargar sobre sus espaldas sus efectos salariales sin apuntar, ni remotamente, a una solución de fondo. Tanto es así, que en los hechos no son otra cosa que rodriguistas vergonzantes.

La «victoria» fue parcial, no sólo por lo apuntado más arriba, sino porque ni siquiera la presidenta aceptó la renuncia de todo el gabinete. El 11 de julio, Isabel confirmó a varios ministros: López Rega se fue, Celestino Rodrigo se quedó; la tozudez presidencial consumía el grueso de la energía política del peronismo.

En privado, sin levantar demasiados aspavientos, la dirección del movimiento obrero presentó su proyecto a Isabel. El viejo nacionalismo antediluviano volvía del brazo del peronismo trabajador. El programa era insuficiente a ojos vista, pero ni siquiera ese programa insuficiente fue defendido con fuerza y verdad. Sólo el 21 de julio, dos semanas después de la movilización, dos días más tarde que López Rega abandonara el país, Rodrigo se marchó, y una retahíla de ministros de Economía alternaron en el cargo. La debacle fue completa, porque el vencedor no era un vencedor ni el enemigo un vencido.

El programa del «rodrigazo» no sólo liberó los precios y, consecuentemente, reabrió públicamente la lucha por el reparto del ingreso entre asalariados y no asalariados; resumía, además, puntualmente, las viejas recetas recesivas del Fondo Monetario Internacional. Para equilibrar el sector externo, era preciso reducir el consumo interno; para establecer el nivel de reservas y la reinversión productiva, se proponía casi duplicar el nivel de endeudamiento público y privado. De los 8.000 millones de dólares adeudados al finalizar la gestión de Gómez Morales, Rodrigo se propuso pasar a 15.000; era un anticipo homeopático del proyecto de Martínez de Hoz, una política de stand by sin stand by, la reacción desnuda, el cuarto peronismo.

III

La movilización obrera reanimó la política parlamentaria y el bloque de senadores justicialistas eligió, a un año de la muerte de Perón, al presidente provisional del Senado.

En tanto el Senado no había cubierto el cargo, entonces, en caso de acefalía, el presidente de la Cámara de Diputados, el yerno del Brujo, habría vuelto a asumir la presidencia. Al cubrir la vacante, los senadores se insubordinaban módicamente a la «verticalidad» presidencial, insubordinación con la cual daban origen al antiverticalismo; es decir: a nada.

De todos modos, López Rega seguía viviendo en Olivos aunque ya no cumplía formalmente función alguna. Recién el 19 de julio, cuando la presión de todo el aparato político del justicialismo a caballo de la movilización popular, con el respaldo implícito del Ejército, quebró la mellada voluntad de Isabel, recién entonces, el «Brujo» se marchó hacia Europa en el avión presidencial. Sus hombres se quedaron, su política se quedó y —hasta que las Fuerzas Armadas depusieron a la presidenta en marzo del ’76— suya fue la brújula política que orientó al gobierno.

La fórmula de Lopecito, «Isabel no existe», debiera rehacerse así: «yo soy Isabel, mejor dicho, la propuesta de Isabel. Entonces, yo soy el gobierno peronista, porque ella es la única presidenta justicialista posible».

IV

Durante 21 días, Pedro Bonani firmó los decretos originados en el Palacio de Hacienda, hasta que, finalmente, la CGT logró que su hombre, su política, fuera introducido en el aparato del Estado de la mano de Antonio Cafiero.

El candidato presidencial de las 62 Organizaciones para 1973, el ministro de Economía que tenía una «aceitada relación con los sindicatos», no ejecutó el programa que los gremialistas habían arrimado a Isabel. De ningún modo; hizo otra cosa: intentó un retorno al tercer peronismo, la vuelta al pacto CGT-CGE, al «eso no es peronismo», al gelbardismo sin Gelbard. Era una quimera, y el intento devino —mutatis mutandis— en rodriguismo sin Rodrigo.

Sí Perón no había podido encarrilar el «pacto social» con el enorme poder de su ascendiente, en otras condiciones políticas nacionales e internacionales, menos podría un ministro de un gobierno tumefacto —que jugaba sus últimos naipes mientras la reacción aprestaba sus cartas definitivas— rehacer la cuesta rodriguista. Basta recordar que, dos semanas después del «rodrigazo», la Confederación General Económica, con la clase obrera en la calle, no había dicho «esta boca es mía», no había producido una sola declaración sobre el punto, entre otras cosas porque si la producía, estallaba.

Los empresarios de carne y hueso, los que hacen funcionar las cajas registradoras, estaban en otra cosa; formaban la APEGE, vale decir, se aprestaban a poner fin al cielo isabelino. Por eso, los pactos entre el gobierno, los empresarios y el movimiento obrero no valían la tinta con que estaban escritos. Y mientras el ministro ponía punto a sus proyectos, preparándose para asumir la cartera que naturalmente le correspondía, la crisis militar apuraba los ritmos políticos.

El 14 de agosto, Numa Laplane y la tesis del profesionalismo integral pasaron juntos a cuarteles de invierno. La crisis no se resolvió con el pase a retiro del coronel Damasco, puesto que el ideario de Numa no tenía sostenedores militares. Los generales en actividad resolvieron por lo tanto que (tras una movilización obrera que no definía un gobierno diferenciado) resultaba posible apurar una definición militar: un comandante general que representara, de abajo hacia arriba, a coroneles y generales. De lo contrario, Videla y Viola pasaban a retiro, Es decir: a la crisis del «rodrigazo» se sumaría la crisis militar. El gobierno no estaba en condiciones de sumar un nuevo frente de tormenta; Numa pasó a retiro y Videla dio el consabido y necesario paso al frente. Todas las piezas estaban en situación de ingresar al juego.

Por una batiente salió Numa Laplane para establecer claramente que el compromiso militar era con la Nación, es decir, con el Estado. Por la otra batiente, ingresó Cafiero. Entre el 15 de agosto y el 3 de febrero de 1976, el peronismo trastabilló de la mano de un administrador diestro, cuando el tiempo de la destreza había llegado a su fin.

Una fórmula ensayada en un discurso da la clave del tiempo de Cafiero: «Soy el ministro que administra la crisis», dice inequívocamente. Aclarado de otro modo: administrar es la operación simétrica y opuesta de gobernar: se administra cuando no se gobierna, cuando el problema es ingobernable, cuando el potro de la historia se desbocó y es preciso esperar que naturalmente, por su propio peso, entre en caja. Visto desde la atalaya económica: una vez que la fase recesiva del ciclo productivo se agotara, el mercado recuperaría el tono, el salario obrero recuperaría, progresivamente, su poder de compra y el gobierno, su pátina «popular». Hasta tanto eso no sucediera, restaba administrar la crisis todo lo razonablemente que se pudiera y escuchar —sin entusiasmo pero sin temor— el chasquido de los huesos proletarios.

De modo que las buenas relaciones entre el ministro y el movimiento obrero, entre el ministro y los empresarios, entre el ministro y la Iglesia Católica, sirven para contabilizar los vínculos que unen al personaje con los sujetos de la historia colectiva, pero no permiten inteligir el sentido de los acontecimientos.

Afirmado con vulgar precisión: Cafiero no es el ministro de las 62 Organizaciones, y si lo es, de nada les sirve. Cafiero no ejecuta un «programa obrero» independientemente de su existencia efectiva, de su viabilidad práctica: desenvuelve una política muy similar a la de Gómez Morales, con una diferencia: el peronismo histórico había actuado antes que Rodrigo, cuando las ilusiones tenían todavía alguna apoyatura, aunque más no fuera, fantástica. Cafiero actuaba después, cuando las contramedidas debían ser de igual intensidad y de signo opuesto, cuando el dirigismo debía adueñarse de toda la economía argentina para tener alguna chance de remontar la crisis. Eso estaba muy lejos de Cafiero y no sólo de él: estaba muy lejos de la CGT.

Era posible aplicar muchos programas de gobierno o, al menos, el abanico permitía, matizadamente, ensoñarse así. Pero para hacerlo era preciso cambiar de gobierno, derrocarlo. De acuerdo con quien fuera su derrocador sería el plan que, a posteriori, se aplicaría. Mientras tanto, administrar la crisis suponía administrar el rodrigazo.

Uno de los términos del conflicto estaba suficientemente claro: la APEGE, los empresarios hartos del juego gelbardista y del gobierno peronista; en la casilla de enfrente no había contendiente, el otro término se desvanecía, la casilla estaba vacía y la APEGE, en consecuencia, sólo necesitaba arremeter.

Las condiciones de la lucha contra Rodrigo se reprodujeron con máxima tensión y absoluta crueldad. Ya no era la clase obrera la que se movilizaba defensivamente, sino la patronal, que lo hacía ofensivamente.

El 18 de diciembre, el brigadier Orlando Capellini constituyó el comando azul de operaciones, considerando «totalmente agotado el proceso político que ha devastado el país». A lo largo de 6 días se extendió un conflicto en donde quedó claro que el gobierno no disponía de una sola unidad militar adicta. Las Fuerzas Armadas no defendieron a Isabel, tan sólo no creían todavía «totalmente agotado» el cuarto peronismo: era preciso hacerlo boquear y por eso el 24 de diciembre, desde el vivac del monte tucumano, el general Jorge Rafael Videla extendió un pagaré por 90 días. La cosa era clara, Capellini reclamó por el derecho de la Aeronáutica de participar en el golpe y Marina y Ejército aceptaron; pero una cosa era admitir una negociación tripartita relativamente equilibrada y otra, muy diferente, actuar con los ritmos y el programa de la Aeronáutica.

El mismo día en que Capellini se insurrecciona en Morón, el Movimiento de Integración y Desarrollo sale del FREFULI. Sólo resta saber qué pasará con los partidos mayoritarios; es decir: sólo resta saber qué hará Balbín, puesto que el peronismo no hará nada. Los 90 días de Videla tienen un objetivo pedagógico, se trata de probar algo sin la menor sombra de duda: disponga del tiempo que disponga, el gobierno no dispone de nada. Balbín lo sabe de antemano pero no se resigna; de algún modo, intuye que el país en que él y Perón chocaron comienza a quedar atrás.

Mientras Capellini se rinde en Morón, sin que quede clara la «sanción militar» para el jefe insurrecto, los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo atacan Monte Chingolo. El ataque no sólo constituye la derrota más sonada de la guerrilla en la Argentina, sino además muestra la cortedad de su perspectiva política.

Era obvio que el ERP no estaba al tanto del golpe de Capellini cuando había programado el operativo, pero resultaba igualmente obvio que el ingreso del jefe aeronáutico a la escena modificaba drásticamente las condiciones políticas imperantes.

Capellini demostraba que Isabel no contaba con un solo fusil para defender al gobierno. No bien esto había quedado suficientemente claro para la sociedad civil, el ERP atacó Monte Chingolo.

Tanto la derrota como la victoria militar del operativo planteaban esencialmente lo mismo: un gobierno incapaz de garantizar mínimamente el funcionamiento de una sociedad convulsionada, una guerra civil larvada. En la victoria, esta incapacidad incluía tímidamente a las Fuerzas Armadas, y en la derrota del ERP, el cuadro de oficiales se constituía en la última reserva del bloque de clases dominantes. La fórmula de remoción de Isabel ya no podría ser política (en tanto se entienda por este adjetivo la acción de los partidos parlamentariamente representados); devenía político-militar.

El asalto a Monte Chingolo mostraba que la guerrilla no estaba en situación de mantenerse a la ofensiva, invitaba a la contraofensiva militar directa. No se trata de sostener que la conducta golpista del ERP activó la conducta golpista de los militares (las Fuerzas Armadas actúan siempre por motivos mucho más orgánicos), sino de reforzar un aspecto de la transformación molecular de la conciencia del cuadro de oficiales. El argumento sería más o menos así: «El ERP ataca; el caos reina con independencia del ataque (movilizaciones obreras); las Fuerzas Armadas corren el riesgo de dividirse y batirse entre sí, en caso de no clausurar de un solo tajo el ciclo isabelino (crisis de Capellini). Entonces el golpe, la caída de la presidenta, resultan inevitables».

Invirtiendo la fórmula: la derrota de Isabel era el requisito para la destrucción de la guerrilla, para la unidad de las Fuerzas Armadas, para el fin de la epiléptica movilización obrera, para satisfacer a los integrantes de la APEGE, para restaurar el orden de la Nación dividida. Nadie defendió al gobierno, el gobierno no era nadie; era preciso instaurar un gobierno, ninguno estaba en condiciones de hacerlo. Los 90 días de Videla lo probaron inequívocamente: el parlamento no estaba a la altura de las circunstancias, los partidos nada tenían que decir. El sable lugoniano, la hora de la espada, había llegado.

Sólo el movimiento obrero podía modificar la relación de fuerzas existentes. O quebraba el gobierno de Isabel y burlaba sus propios términos —lo que incluía un enfrentamiento sangriento con el Ejército— o luchaba por conservar el salario, confundiendo la naturaleza de la disputa: la lucha por el ingreso había devenido lucha por el poder. Para conservar la misma alícuota distributiva de los tiempos de Gelbard, la clase trabajadora debía adueñarse de todo el poder. Si así no lo hacía, retrocedía económicamente primero, políticamente después, y finalmente quedaba a merced de la patronal acaudillada por los militares.

V

Antes de la muerte de Perón, cuando el frente popular se había rajado, cuando el «pacto social» estallaba, cuando el programa inicial era impúdicamente destrozado a la vista de todos, había quedado claro que el nuevo programa dependería de la hegemonía interna del bloque de clases dominantes.

Tras la muerte de Perón, la imposibilidad de Gelbard de conservar el rumbo se retradujo en «rodrigazo», que no era otra cosa que la renuncia extrema al programa del tercer peronismo. Entonces quedó claro que el bloque peronismo-antiperonismo se rompía por una sola vía: la derrota del movimiento obrero.

La dirección sindical deslindó a Rodrigo de Isabel. Tal deslinde garantizaba, al permitir la permanencia de Isabel, la derrota de los trabajadores. La burocracia sindical retrocedía ante el apellido Perón y lo hacía porque tenía dos caminos dilemáticos: marchar por su propia vía, con sus propias banderas, o arriar todas las banderas y ser reducida a polvo histórico. Bucear su propio camino equivalía a reabrir la polémica con el ala izquierda. Para enfrentarla, había recurrido a los argumentos de sus enemigos políticos, clausurando en consecuencia todo desborde, toda capacidad de resistencia. Y cuando girar a la izquierda es imposible y girar a la derecha, inviable, mantenerse en el mismo lugar resulta suicida.

Cafiero traspasó todas las normas en el intento por continuar. Llegó incluso a firmar una carta de intención para un stand by con el Fondo, sin comunicarlo previamente al Congreso. La carta de intención resultó políticamente incumplible. Acudió a un trámite novedoso, los préstamos a 30, 60 y 90 días —swaps— tendientes a refinanciar intereses caídos: se trataba de las últimas bocanadas de aire contable de un gobierno sin crédito alguno, a un precio insoportable.

Por eso, el 16 de febrero, a menos de dos semanas de la marcha del amigo de los sindicatos, APEGE lanzó un formidable lock out patronal: todos los quiosqueros, los almaceneros, los comerciantes minoristas y mayoristas, menos los industriales, pararon. La maniobra era habilísima, así sacaban del medio al movimiento obrero y el paro alcanzaba, de todos modos, su objetivo: el país real, cuentapropista, propietario, comercial, pequeño-burgués, estaba contra el gobierno, y el país proletario, peronista, no hacía nada por defenderlo. Isabel alcanzó una perfección increíble: no representaba nada, un fantasma anidaba en la Casa Rosada.

Y la hora del sable lugoniano arribó finalmente: esta vez no hizo falta que los cadetes se movilizaran sobre la Casa de Gobierno, ni que la Marina bombardeara la Plaza de Mayo, ni que un general más o menos valiente jugara su chance a cara o cruz en la adormilada madrugada de la Escuela de Artillería cordobesa, ni que los militares, planteo tras planteo, acorralaran a un presidente desgarrado, ni que los bomberos avanzaran sobre el despacho presidencial para despejar a los adictos de un gobierno sin garbo, ni que el Ejército se tragara finalmente el sapo del peronismo. No; todo era mucho menos patético, mucho menos tenso, mucho menos vivo.

Bastó que el piloto del helicóptero presidencial modificara la ruta original —un pequeño engaño— y en lugar de depositar a la presidenta en Olivos lo hiciera en Aeroparque. Por una puerta lateral, entonces, como una oscura partiquina política, fue apartada de la escena María Estela Martínez de Perón, el 24 del marzo de 1976. La primera derrota del cuarto peronismo era un hecho irreversible. De ahí en más, derrota y peronismo serían sinónimos.

VI

La clase obrera no movió un dedo en defensa de Isabel, así como no lo había movido frente al paro general empresario. La CGT hizo otro tanto y del mismo modo se portó el Partido Justicialista. Nadie se molestaba en exceso ante la caída de la presidenta, se trataba de un acontecimiento esperado, lógico, casi irreprochable.

La confusión provenía de una necesidad común: la necesidad de derrocarla. La diferencia —mejor dicho, la falta de adecuada diferenciación— era el resultado del distinto estadio en que se encontraban los preparativos de la clase obrera y del partido militar.

Unos requerían todavía proseguir los choques contra un gobierno vaciado de todo contenido popular; los otros habían alcanzado sobradamente sus propios objetivos: separar la gestión presidencial de todo contingente social capaz de respaldarla eficazmente. La caída de Isabel no era el resultado de la política de choque frontal de las organizaciones terroristas sino del terrorismo ejecutado por las autoridades del Palacio de Hacienda y del terrorismo desplegado por López Rega y la patria metalúrgica.

Para que esa dirección sindical sobreviviera era preciso que el gobierno peronista cayera como un fruto descompuesto. La movilización combativa de las bases desbordaba, fracturaba a la archiesclerosada burocracia miguelista. Así y no de otro modo se explican las fisuras en la UOM, fisuras de dos segmentos burocráticos que se recostaban en dos proyectos políticos: el gobernador Calabró comprendió que la movilización resultaba inevitable; como se negaba a engrosar un polo de lucha popular, intentó canalizarla en respaldo de una fracción militar. El miguelismo, en cambio, comprendió que no se podía avanzar con los dirigentes a la cabeza, porque hubiera equivalido a que rodaran las cabezas de esos dirigentes. Sólo restaba retroceder, pero ¿hacia dónde?

Isabel encontró la respuesta: evitar el golpe, volverlo innecesario, realizar desde el gobierno la tarea de los golpistas. Emilio Mondelli se propuso iniciar, no demasiado tímidamente, por cierto, el plan de Martínez de Hoz.

En una reunión más que adecuada para dilucidar el problema, Isabel explicó a Herminio Iglesias, a la sazón intendente de Avellaneda, la necesidad de mimetizarse con el golpe militar ejecutando su política (así lo cuenta la revista Cuestionario, N.º 36) y Herminio se retiró del encuentro convencido: no habría golpe, ¿para qué?, era mejor que un gobierno «popular» se ensuciara las manos en lugar de que el gobierno «revolucionario» tomara medidas antipopulares.

No se trata, por cierto, de una maniobra personal de la presidente. Ante la dirección de la CGT en pleno, con la presencia de Lorenzo Miguel y el ministro de Economía, Isabel pronunció su celebrada fórmula: «No me lo chiflen mucho a Mondelli». Es decir, «no me lo chiflen mucho a Martínez de Hoz». Los sindicalistas, sonrientes ante la entregada cara del redondo ministro asintieron con displicencia. La broma era macabra, sonreían mientras eran los huesos proletarios los que el gobierno «popular» torturaba. Con ese proyecto salvador, Mondelli solicitó 180 días de tregua a los empresarios. La APEGE replicó con toda claridad: «De ninguna manera». El ministro podía adoptar el programa que más le gustara; desde el momento en que el peronismo ya había entregado el capital, su poder de convocatoria obrera era un limón agotado, exprimido, exhausto. Los trabajadores podían ser llamados a luchar contra la política gubernamental, pero no podían ser convocados a defenderla.

Entonces, los herederos del poder vicario intuyeron que el aparato del Estado no se heredaba y que no disponían de ningún título para permanecer allí puesto que la defensa del Estado y la del gobierno dejaban de coincidir.

Isabel se propuso «muñequear» el resto de vida gubernamental del cuarto peronismo adelantando las elecciones. Ofrecía seguir en el gobierno, ejecutar el plan Mondelli y, de ese modo, facilitar una derrota electoral peronista, garantizar parlamentariamente la continuidad del proyecto reaccionario.

Para las clases dominantes argentinas, y no sólo para ellas, elecciones y victoria electoral peronista eran sinónimos. De algún modo, en Misiones había quedado probado: el peronismo perdía caudal. La pérdida suponía, más que otra cosa, la posibilidad de que la franja izquierdista creciera a su costa más significativamente que la antiperonista. Es decir: que la izquierda se constituyera socialmente, el gorilismo aumentara insuficientemente y el peronismo —el cuarto peronismo— volviera a ganar las elecciones. Esto equivaldría a otorgar al movimiento obrero tiempo suplementario para su reconstitución interna, un plazo adicional. En esas condiciones, la propuesta de Isabel se volvía utópica y por eso las clases dominantes la desecharon sin más ni más: la Junta de Comandantes se haría cargo de los destinos del bloque de clases dominantes. Una nueva etapa histórica quedaba inaugurada.

La caída de Isabel era un requisito indiscutible, faltaba verificar quién la derrocaba.

Las Fuerzas Armadas se adelantaron, rechazaron la oferta del peronismo en virtud de la transformación de la conciencia obrera, del surgimiento, despliegue y relativa representatividad de las coordinadoras sindicales. Es decir: actuaron como estado mayor unificado del partido del orden, como corolario político de la fractura del bloque peronismo-antiperonismo, porque la clase obrera ya había roto lanzas masivamente con el cuarto peronismo y comenzaba a buscar su propio camino.

Las coordinadoras facilitaban el desenvolvimiento de los organismos de base. Una corriente se perfilaba con claridad en los trabajadores: el socialismo. En Villa Constitución, en elecciones parciales, esa regional de la Unión Obrera Metalúrgica fue conquistada por obreros que se asumían públicamente como socialistas. Lorenzo Miguel intervino la seccional; los trabajadores se declararon en huelga. Durante un largo mes y medio, Villa Constitución resistió. Sin embargo, no logró romper el bloqueo, el movimiento no se extendió, todavía era un síntoma aislado.

Balbín encontró una fórmula feliz para describir a los trabajadores de Villa Constitución: la guerrilla fabril. Piccinini, su principal dirigente, fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo y pasó años en la cárcel. Aun así, el nuevo curso quedaba débilmente dibujado. La pérdida del monopolio del movimiento obrero es un acontecimiento que transcurrió, sintomáticamente, bajo el gobierno isabelino. El poder omnímodo de las 62 tocó a su fin.

Entonces, cuando el proletariado todavía no estaba en condiciones de luchar por el poder y cuando el problema del poder estaba claramente planteado, la derrota de la clase obrera se sobreimprimió a la derrota del cuarto peronismo. Es preciso aclararlo indubitablemente: se trataba de dos derrotas diferenciadas. La de Isabel, vinculada a que fue capaz debatir parcialmente —pero batir al fin— a la clase obrera peronista; la de la clase obrera, que surgía del no poder derrocar a Isabel y que entonces sufriría las consecuencias de un programa isabelino multiplicado por mil: el «Proceso».

Dicho con poca amabilidad: el aplastamiento de la clase obrera constituyó la victoria de Isabel, la victoria de Isabel abonó el aplastamiento del cuarto peronismo. Los sectores proletarios sufrieron una doble derrota: la primera, atada a su incapacidad de torcer el rumbo del cuarto peronismo (vencer a la presidenta); la segunda, a manos del «Proceso». La victoria del «Proceso» consistió en rehacer la sociedad argentina de tal modo que la hegemonía social del proletariado quedara seriamente dañada.

VII

El bloque de clases dominantes (terratenientes, industriales y banqueros) determinó que la lucha por la hegemonía dentro de su seno debía ser resuelta de una vez y para siempre. Ya no se trataba de crecer más rápidamente que los otros sectores e imponer de ese modo, con el respaldo del aparato estatal, su perspectiva de los asuntos públicos, sino de reducir, recortar, destruir una fracción para estabilizar definitivamente la jefatura interburguesa.

Los sueños del crecimiento —de cualquier tipo de crecimiento— de todo desarrollismo, de la negociación con el capital financiero internacional sobre bases más o menos igualitarias, habían sido enviados al cuarto de los trastos inútiles.

Después de Vietnam, la burguesía del mundo entero comprendió que la lucha por el dominio del planeta no se libraba entre los bien torneados términos de la «coexistencia pacífica». Los términos excedían ampliamente la voluntad de los habitantes circunstanciales del Kremlin. Estaban en la naturaleza de las cosas o, como gusta decir Henry Kissinger, en el «carácter revolucionario» del poder soviético.

La agudización del conflicto este-oeste sigue dos rutas simultáneas: una responde directamente al desenvolvimiento —sin excesivos riesgos— de transformaciones más o menos fulminantes en territorios próximos a la influencia soviética; la otra, a las contradicciones que el mundo periférico tiene con los países centrales, en las cuales los soviéticos sólo pueden decidir respaldar o no, o hasta dónde respaldar los movimientos antiimperialistas y anticapitalistas que surcan el planeta, como en el caso del sandinismo.

Con un agravante: a partir de 1971 la economía norteamericana y a partir de 1973 la economía mundial comenzaron a debilitar su crecimiento. La crisis y la recesión ganaron los países centrales, la lista de empresas quebradas, de trabajadores ociosos, de capacidad industrial instalada subutilizada, de despidos y movilización obrera defensiva, ganó la calle con una furia desconocida desde 1930.

Las integradas huestes de los trabajadores e industriales que constituían el respaldo climatizado de sus respectivas burguesías comenzaron a resquebrajarse.

Entonces, la lucha anticomunista ganó vigoroso espacio. Los presidentes norteamericanos fueron crecientemente antiliberales, del Estado-protector de todas las necesidades de todos los ciudadanos se pasó a un Estado menos generoso, salvo con la industria de guerra.

El papel del mundo periférico como mercado destinado a recibir los capitales excedentes modificó su carácter y comenzó a sostener la tasa de ganancia, girando ingresos netos hacia les países centrales. La succión imperialista fue reforzada, la ideología de la «seguridad nacional» conquistó el centro de la escena teórica de la derecha mundial y del proyecto de la Trilateral Comission se pasó al de Ronald Reagan: ni un metro más a la revolución en ninguna parte de la tierra.

Todo movimiento que desestabilizara, que cuestionara, que lastimara el statu quo era, por la dinámica del enfrentamiento, una fuerza hostil al Occidente norteamericano y afín al Oriente soviético.

Era preciso inmovilizarlo todo. Para el bloque de clases dominantes de la Argentina, la situación nacional reproducía con relativa fidelidad y relativa autonomía el cuadro internacional. Videla se adelantó a Reagan, el «Proceso» apostó por Reagan, y la victoria del «Proceso» y la de Reagan se respaldaron en la agudización de la lucha de clases a escala internacional y en la inmovilidad relativa de ambos proletariados.

Entonces, la ideología de la «seguridad nacional», la ideología del «enemigo interno», no es el resultado de una importación teórica del reino militar, sino retraducción militar de un conflicto objetivo: o ellos o nosotros.

La «seguridad nacional» exige que la disputa interna del bloque de clases dominantes no pase, no exceda, una cierta costa; es decir, no incluya la movilización de masas susceptibles de ser ganadas por banderas más radicalizadas. De algún modo esto es inevitable, y también el pensamiento militar es consciente de esta situación.

Así y todo, lo que sí se puede hacer es reducir las huestes del potencial ejército enemigo: la clase obrera. Esta determinación es el resultado de la política y de la economía política, puesto que el sector no hegemónico de la burguesía industrial, el que requería del respaldo de los trabajadores para hacer oír sus reclamos, era, asimismo, el más débil. En consecuencia, la estabilización de la jefatura interburguesa y la derrota del movimiento obrero se volvían piezas de una jugada única. Por eso funcionó.

De ahí que el 24 de marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla pudo decir que se iniciaba en la Argentina una «nueva etapa histórica»; por una vez, el tono y el norte de un discurso oficial y los de la realidad se confundieron en un reaccionario abrazo.

En la nueva etapa, cualquier «ataque» a la patronal se transformaba, con el paso de los segundos, en un ataque al Estado en su conjunto, y como tal era considerado. La derrota de los trabajadores, aun en la reivindicación más nimia, constituía un reaseguro del proyecto en su totalidad. Los últimos en enterarse de esta situación, los que todavía intentaban negar este hecho, eran los integrantes de la dirección sindical y política del cuarto peronismo.

El espacio histórico que había hecho posible el surgimiento del movimiento encabezado por el general Perón se cerró definitivamente. Los ciudadanos obreros podían incluirse en la república parlamentaria porque ésta no resolvía absolutamente nada. Poco importa quién preside, quién detenta los atributos formales del poder, quién firma y refrenda las leyes y los proyectos que elabora el Ejecutivo, porque ahora la Argentina es una colonia del capital financiero internacional.

Ya no era posible, en consecuencia, realizar una táctica de resistencia activa en el marco del actual sistema político, ya que ese marco estaba constituido de tal forma que, con absoluta independencia del deseo de sus circunstanciales tenedores, nadie podía formular nada esencialmente distinto. Y nadie lo formula.

Por eso, porque se inició una nueva etapa histórica en 1976, no se reprodujo la resistencia de 1955; por eso los basurales de José León Suárez se multiplicaron por miles, porque la política de los masacradores y la política de la masacre era una sola; por eso la derrota de la guerrilla inviable fue el prólogo de la derrota de la clase obrera.

Es imposible escindir la violencia del Estado de la política del Estado que instrumenta esa violencia. Desde que Platón escribiera la célebre alegoría de las cavernas, poder, impotencia y violencia quedaron dibujados de una vez y para siempre en el universo conceptual de la práctica política.

Conviene recordar, más o menos libremente, los términos del griego: un conjunto de esclavos encadenados sólo ve las sombras que proyecta una lumbre sobre la pared de la caverna. Ellos ven sus propias sombras y consecuentemente sostienen que ésa es la realidad, su realidad. Un esclavo logra huir, ve el sol y cuenta la existencia de un mundo multiforme: nadie le cree, esa realidad no existe. Su existencia, su sólo reconocimiento, plantea el problema de la quiebra de la cadena y la destrucción del carcelero que administra el fuego.

La impotencia del razonamiento luminoso choca contra la potencia de la cadena, con la del carcelero. El brillo del sol requiere asumir que la violencia ajena se ejerce sobre el propio cuerpo y que para ponerle fin es preciso quebrar el yugo. Pero la cadena es doble, pues a la del carcelero se suma la cadena del hábito de la cadena. Una violencia supone el sometimiento, la otra exige la lucha por la libertad a partir de la conciencia de la opresión.

Martínez de Hoz refuerza la cadena de la represión sanguinolenta con la del sometimiento financiero. Sola, la otra permanece en el reino de lo demoníaco a condición de escindirla, de adulterar su sentido; se instala en el reino de la «razón», de la «razón de Estado», de la «seguridad nacional» cuando los dedos de los «Chicago boys» acompañan los dedos del general Camps.

Los campos de exterminio nazis no se explican por el sadismo nazi; el sadismo nazi se explica por el proyecto nazi. Los campos no se sustentan en necesidades militares, no es la guerra la que impone el exterminio sino el modelo de paz, la pedagogía de la cadena, la que precisa tan luctuoso final.

Hace ya muchas décadas que el general Clausewitz, de tan infausta memoria, comprendió que el objetivo de la guerra es desarmar al enemigo; en ese momento, cuando no cuenta con armas, es un impotente, un vencido.

Pero la victoria también presenta sus problemas y el más importante, el más complejo, pasa por batir en el terreno del pensamiento los argumentos de los derrotados. Por un instante, los dos partidos vuelven a medirse.

A pesar de la enormidad de la derrota militar guerrillera, a pesar de sus defecciones, juzgar públicamente a una fracción considerable de sus dirigentes suponía refrendar, en el terreno de las armas de la crítica, la victoria alcanzada con la crítica de las armas. Ese debate era imposible para el «Proceso»; por eso no lo dio, por eso hubo 30.000 desaparecidos.

La única posibilidad de «coherencia» pasó, pasa, por escindir el problema: de un lado, los derechos humanos; del otro, la política económica. De un lado, el general Camps; del otro, Milton Friedman; de un lado, los que critican los «métodos de la represión»; del otro, los que critican a José Alfredo Martínez de Hoz.

Es una estratagema ingeniosa pero débil: Quien critica los métodos sostiene que debió probarse el delito de intentar quebrar la cadena por las virtudes de la cadena, por sus bondades capitalistas y jurídicas; es decir: defiende una cadena imaginaria, cubierta de flores y porvenir. Pero las flores existen en su imaginación, en la realidad, sólo cadenas.

VIII

La clase obrera se entregó sin luchar. La ausencia de la lucha, con absoluta independencia de su resultado final, muestra el papel de la dirección sindical peronista. No se trató de ahorrar sangre, se trató de preservar a una dirigencia y, dentro de ciertos límites, es preciso acordar que esa política antiobrera resultó un éxito.

Contaron, para que así fuera, con el respaldo de la represión del «Proceso». Esto no fue el fruto de un acuerdo explícito (que en muchos casos existió), sino, fundamentalmente, el resultado de una coincidencia objetiva: para ese gobierno, la única dirigencia sindical posible era ésa; otra dirigencia requeriría luchas frontales y victorias parciales contra ese gobierno.

Una vez que el programa de estabilización burguesa, de «seguridad nacional», de hegemonía única, fue cumplimentado hasta el hartazgo (al final del gobierno de Videla), la conservación del poder militar era una consecuencia indeseada del modo en que este proceso había sido ejecutado.

Las Fuerzas Armadas habían sido convocadas para la cirugía mayor. Mientras la ejecutaron, su poder pareció omnímodo, independiente, nadie se imaginaba a generales de 750 dólares mensuales, soldaditos de plomo. Esta ficción creció con el correr de los meses, con el poder de vida o muerte que el partido militar ejerció sobre el conjunto de la sociedad argentina, incluidos los burgueses, sus hijos, sus clientes.

Cuando la lobotomía social concluyó, cuando de las manos ensangrentadas emergió la nueva criatura, el bloque de clases dominantes dijo «basta, hasta aquí llegamos; de aquí en más: al cuartel». Los militares sonrieron displicentemente: «Eso era antes», sostuvieron, «ahora nos vamos cuando lo creamos conveniente, cuando resulte una necesidad interna de las Fuerzas Armadas. Ustedes no están en situación de determinar absolutamente nada».

El éxito de la tarea sucia los había ensoberbecido hasta un punto desconocido, la retahíla de denuestos internacionales se había agotado con Carter y la derrota de Carter parecía convalidar sus propios puntos de vista: la sociedad norteamericana giraba a la derecha, giraba con ellos, todo estaba en orden.

La feudalización del poder, generada para combatir eficazmente a las fuerzas guerrilleras, devino en poderes relativamente autónomos, en administraciones más o menos autónomas, en objetivos autónomos. La ficción se lanzó en busca de su propio cenit cuando sintió que, inexplicablemente, comenzaba a tambalear, que no tenía tarea histórica alguna, salvo la preservación de su propia seguridad. Curiosamente, la burguesía replicó: «La seguridad de las Fuerzas Armadas no es moco de pavo, pero ellas no están en condiciones de garantizarse a sí mismas. Por el contrario, de proseguir en el gobierno, los enfrentamientos inevitables que la clase obrera reiniciará —a pesar de sus direcciones actuales— pondrán en peligro la misma existencia del orden establecido». Era preciso canalizar adecuadamente el descontento social.

Dicho de otro modo: la seguridad de las tres Armas era una tarea que excedía a las tres Armas y competía a la sociedad argentina en su conjunto. Los militares dijeron no, se negaron a ponerse en manos de políticos venales que podían, llegadas las circunstancias, negociar sus cabezas a cambio de los intereses orgánicos. No comprendían que ése es exactamente el lugar que les asigna la burguesía: cuidarla. Cuidarla con las armas en la mano o cuidarla con sus cabezas expuestas al sol. En los dos casos, el rol es idéntico, aunque el segundo resulte —desde la visión militar de las cosas— mucho menos grato.

Al negarse, iniciaron su propio camino y el propio camino independiente los lanzó a la inestabilidad, a la crisis, a la vuelta al cuartel, al destino que el bloque de clases dominantes pergeña para los oficiales: gendarmes de la reacción.

Ésa es la inestabilidad de Viola y Galtieri, ésa es la inestabilidad de Bignone; el agotamiento del programa, la necesidad de restablecer la normalidad de los métodos del gobierno político. El policía pasaba a segundo plano, el juez y el diputado ganaban el centro de la escena. Con una sola condición: no hay nada que juzgar, no hay nada que legislar.

IX

El antiverticalismo ganó las filas del peronismo. La figura de Isabel, aun después de años de cárcel, guarda un lugar inequívoco en la conciencia colectiva: la quintaesencia de la reacción. Pero ni siquiera esta afirmación obvia cruzó el congreso justicialista que elegía la fórmula presidencial. «Ninguna definición en ningún terreno» era la consigna de los congresistas. Por lo tanto, el candidato presidencial fue precisamente el hombre que cumplió, siempre y cada vez, con esta premisa desmoronante.

Pero la hegemonía antiverticalista es una hegemonía vergonzante. A tal punto, que Isabel fue designada presidente del partido in partibus, lo que equivalía a transformarla en gran elector, puesto que estaba en condiciones de vetar al candidato y fracturar, prácticamente sin lucha, el endeble equilibrio interno del justicialismo.

Isabel no actuó, se quedó quieta. Los perdedores absolutos de una representación política sin clientela electoral levantaron la bandera de los principios: «Isabel, candidato; Isabel es Perón», «Isabel es la víctima del “Proceso”». El congreso —mejor dicho, los congresistas— retrocedió aterrado, pero ni así aceptó librar en el terreno del debate sus diferencias con los defensores directos del plan del cuarto peronismo.

El precio surgió transparente: al no establecer sus diferencias, los antiverticalistas carecían de programa y al carecer de programa —ante una crisis que exigía respuestas nítidas— asumían como propio el de Isabel.

En realidad, se propusieron una hazaña cortita: sin decir que el proyecto de Isabel no era el programa de Perón, no era el proyecto del tercer peronismo, intentaron remitir a la conciencia colectiva, simbólicamente, al pasado que incluía al general.

Entonces se produjo un descubrimiento desagradable: la discontinuidad del peronismo, las diferencias entre sus distintas capas geológicas, sus diferentes momentos políticos: la metáfora estalla en cientos de imágenes contrapuestas, porque el peronismo no es una metáfora única.

En 1973, el peronismo era, para los trabajadores, entre tantas otras cosas, su mejor pasado inmediato; sin embargo, también era una propuesta de crecimiento independiente.

En 1983, el cuarto peronismo era el lopezreguismo, el «rodrigazo» permanente, el deterioro del salario obrero, el retroceso del consumo popular, el reflujo del movimiento de masas y el prólogo de una derrota histórica.

Más aun: a lo largo de todo el «Proceso», la falta de lucha encabezada por la dirección sindical peronista expresaba la impotencia en un grado hasta entonces desconocido para toda la sociedad argentina. En ese punto, radicalismo y peronismo, los ciudadanos obreros y el resto de los ciudadanos, por encima y por debajo de las definiciones presuntamente ideológicas, sólo fueron capaces de nuclearse en una coordinadora multipartidaria que asumió como propio el programa político y económico del desarrollismo: negociar con el gobierno un retiro ordenado, no quebrar lanzas, presionar en torno de una salida electoral que no agotara el «Proceso». La consigna más terrible de Videla («la cría del “Proceso”») fue asumida, a regañadientes, como una muestra de realismo político. Tanto realismo, tanta aceptación de la relación de fuerzas, muestra la voluntad de no transformarla. Para no transformarla tan explícitamente, para administrar la crisis agónica del capitalismo dependiente, el peronismo no era, con todo, el organismo más adecuado.

Lorenzo Miguel fue elegido vicepresidente primero; el avance de las 62 apareció como una suerte de laborización del justicialismo, pero ya no reflejaba las luchas del 17 de octubre sino su ausencia; ya no remitía a un programa vinculado a las cumbres de la experiencia colectiva, sino a los abismos; prefiguraba, en suma, una derrota. Y la derrota se avecinaba.

Cuidado: ésta no fue el producto de la falta de debate, de la ausencia de programa, de la inexistente delimitación interna, sino, por el contrario, la derrota muestra en estos síntomas terribles los estragos de la victoria del «Proceso». Entonces, para remontarla, para modificar la situación, es preciso quebrar la política del «Proceso» y hacerlo, ponerle término, cae fuera de las fronteras del peronismo.

Por un instante, el peso de los muertos, de las consignas muertas, del odio obrero hacia la derrota sufrida, de la falta de nuevos canales de expresión, se dibujó en la campaña de afiliación: más de tres millones de ciudadanos se inscribieron en el viejo justicialismo, duplicando la cifra radical.

Pero el arco social que sostuvo a Perón una década atrás estaba definitivamente destruido y, en cierto sentido, era imposible de reconstruir.

Eso no significaba que la clase obrera quedara librada a su sola fuerza, sino que su aliado natural (las capas medias pauperizadas del campo y la ciudad) sería reconquistado al calor del avance de la lucha popular. Sin esa lucha, sin ese avance, su soledad y disgregación resultarían irreversibles.

Alfonsín no venció al peronismo en cualquier lugar. Lo venció en el corazón de la actividad proletaria, en la provincia de Buenos Aires. La derrota excedió ese territorio, pero se definió esencialmente allí. No fueron los votos de clase media los que le dieron el meollo de la victoria, sino una fracción de los votos obreros. No fueron los desocupados los que inclinaron decisivamente la balanza, sino la modificación de la estructura ocupacional.

Cuando la única tarea de la república parlamentaria es administrar la crisis, el radicalismo de nuevo cuño, el radicalismo posterior a Martínez de Hoz, emerge como el instrumento más adecuado.

Desde que Martínez de Hoz abandonara el edificio del Palacio de Hacienda, Lorenzo Sigaut, José María Dagnino Pastore, Roberto Alemann, Jorge Whebe y Bernardo Grinspun se encaramaron al sillón del quinto piso de la calle Hipólito Yrigoyen sin que nadie se diera demasiada cuenta de las diferencias. El milagro de la continuidad está determinado por el milagro de la transformación, el milagro de la transformación se mide en la entidad de la deuda externa.

Un economista tan cauto como Aldo Ferrer tuvo el tino de explicar que la deuda externa no es más que una forma de asignación de recursos internos. De tal modo que, si convenimos que la política económica —tradicionalmente concebida— es precisamente la asignación de éstos en un determinado orden de prioridades, es preciso aceptar que el nombre del titular del Ministerio de Economía es una anécdota secundaria, puesto que la repartición de recursos está determinada por el stand by con el Fondo Monetario Internacional.

Por eso, a la hora de la verdad, los economistas del justicialismo no producen un programa económico alternativo, entre otras cosas porque no lo tienen; sólo pueden definirse sobre aspectos instrumentales de la negociación radical.

No se trata de un deficit profesional, sino de un límite político intraspasable: en la Argentina de Alfonsín, al igual que en la Rusia de los Zares, para luchar por la democracia hay que ser un revolucionario y para luchar porque la asignación de recursos internos sea determinada en función del interés nacional, hay que confiar en la victoria del proletariado.

El golpe del 24 de marzo no fue un golpe más, otro cuartelazo, la interrupción de un proceso democrático. La Libertadora era antiperonista y, en tanto antiperonista, antiobrera. Su objetivo era modesto: se proponía licuar políticamente el voto obrero, dispersarlo, modificar la estructura productiva. Era una reforma de la estructura política que arrojaba a los trabajadores peronistas de la ciudadela parlamentaria; el voto calificado. En cierto sentido, la Libertadora acentuó la lucha por la hegemonía interna del bloque de clases dominantes; en cierto sentido, respaldó, de a ratos, a un segmento contra los demás. Sin embargo, en cualquier caso, tenía un límite preciso: conservar el orden tal cual era. De allí no debía ni podía pasar.

El «Proceso», en cambio, se presentó menos jactanciosamente y eligió ex profeso no llamarse «revolución» a causa del extremo conservadurismo intelectual de sus dirigentes y a causa de asumir conscientemente que su programa era impronunciable en el mundo «civilizado». Era antiobrero, pero no por antiperonista sino porque se proponía debilitar el poder social de los trabajadores, como herramienta para limitar su potencial político. Era gorila, en tanto la tradición militar —la única viva— es de ese origen y signo. Y era «occidental» porque no podía ser ninguna otra cosa.

Punto por punto, los objetivos del «Proceso» fueron llevados a cabo: la oposición dinámica fue eliminada de cuajo; el salario obrero se redujo al mínimo vital, incluso por debajo del mínimo vital; los segmentos críticos de todos los estratos sociales fueron erradicados; y los sobrevivientes —los que soportaron vivos la marcha del «Proceso»— llevan impresas las huellas del horror en términos indescriptibles.

Para eso, la sociedad argentina fue entregada a un banquete compartido entre las clases dominantes y los dueños del capital financiero internacional. De ese maridaje surgió la deuda externa, las fábricas quebradas y los ex fabricantes con dólares girados al exterior. Al tradicional rentismo agrario se sumó ahora el rentismo financiero. La evolución de la tasa media de ganancia disputa los fondos, y tanto les da que sea en Hong Kong como que sea en Buenos Aires.

Un último inadvertido mandamiento cumplió el «Proceso» militar: la derrota del peronismo. Se trató de un objetivo al que curiosamente, la cúpula militar había renunciado por inviable. En ese sentido, pero sólo en ese sentido, el «Proceso» asume la tradición de la libertadora, del mismo modo que asume todas las tradiciones reaccionarias de la historia argentina entera.

Al comienzo dijimos: «Partimos de un hecho político actual: la derrota del peronismo». Esa derrota no resulta ni resultó indolora para la sociedad argentina. Su precio está a la vista, tiene una contabilidad precisa y responsables intransferibles.

El cuarto peronismo es el de la derrota, el de la disgregación, el de los que todavía aguardan que la crisis del capitalismo dependiente se resuelva en los marcos del capitalismo dependiente. Pero el pasado, con su cuota de dolor y de alegría, quedó indefectiblemente atrás, sólo resta sacar de esta experiencia alucinante algunas enseñanzas transmisibles, algunos instrumentos útiles, los fragmentos de una lucha que transcurrió a lo largo de cuatro largas décadas y que no pueden ni deben caer en saco roto.

Y en este punto comienzan los proyectos políticos del presente, y en este punto concluye un intento sistemático de abordar el pasado. La política deja el velo de la historia para pasearse desnuda ante los caminantes desprevenidos.

En alguna parte, Bertolt Brecht sostiene que la imparcialidad se reduce a la defensa de la parcialidad correcta. Se trata, por cierto, de una reducción pedagógica y, en ese sentido, vale. Si fuera preciso extremar la razón última de todo este esfuerzo —que, sin duda, no es la imparcialidad— digamos que es éste:

Entre 1880 y 1930, entre 1930 y 1976, la sociedad argentina eludió con más o menos eficacia toda transformación revolucionaria. El conservatismo cerril de la sociedad agraria triunfó de punta a punta, mutó los soportes sociales y políticos sobre los que se constituyó pero, aun así, el perfil se mantuvo esencialmente idéntico.

El costo de esa identidad sangrienta anuncia el fin de tal identidad. Porque ha pasado el tiempo en que las ideas clamaban por los hombres para dar paso al tiempo en que los hombres comienzan a clamar por las ideas.

KANDEL, Pablo y MONTEVERDE, Mario: Ob. cit.

MANDEL, Ernest: La crisis 1974-1980. México, Era, 1977.

MUCHNIK, Daniel: Ob. cit.

PAGE, Joseph: Ob. cit., Tomo II.

SANCHE, O. y CARDOZO, E.: Ob. cit.

VICENS, Luis: Ob. cit.

ALEJANDRO HOROWICZ (Buenos Aires, Argentina, 1949). Ensayista, periodista, doctor en ciencias sociales y profesor universitario argentino.

Desde su juventud fue periodista. Y a lo largo de los años publicó numerosas columnas en los periódicos Competencia, Primera Plana, La Opinión, Convicción, Clarín, Sur, Infobae y Tiempo Argentino.

Por su libro Las dictaduras argentinas (2012), fue ganador del Premio Nacional de Ensayo Sociológico 2013.