La presente obra tiene la modesta aspiración de contribuir al conocimiento de nuestra Guerra Civil, al margen de la fuerte polémica que ha presidido el estudio de una de las cuestiones más ideologizadas y más lacerantes de la misma: la violencia y el terror que sacudió ambas retaguardias, basándose en el firme convencimiento de que la violencia no fue la causa, sino el efecto. Consecuencia de hondos problemas estructurales no resueltos que venía arrastrando el país de antaño. No es la guerra consecuencia lógica de la violencia, sino la manifestación última de esa violencia que había fracasado como solución: revolucionaria o contrarrevolucionaria.

Alberto Reig Tapia

Violencia y terror

Estudios sobre la Guerra Civil Española

ePub r1.0

Titivillus 03.02.16

Título original: Violencia y terror

Alberto Reig Tapia, 1990

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Índice de siglas utilizadas

ÍNDICE DE SIGLAS UTILIZADAS

B. O. E. | (Boletín Oficial del Estado)
C. E. D. A. | (Confederación Española de Derechas Autónomas)
C. N. T. | (Confederación Nacional del Trabajo)
F. A. I. | (Federación Anarquista Ibérica)
F. E. T. y de las J. O. N. S. | (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista)
J. A. P. | (Juventudes de Acción Popular)
M. A. O. C. | (Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas)
N. K. V. D. | (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos)
P. S. O. E. | (Partido Socialista Obrero Español)
P. C. E. | (Partido Comunista de España)
P. N. V. | (Partido Nacionalista Vasco)
P. O. U. M. | (Partido Obrero de Unificación Marxista)
U. G. T. | (Unión General de Trabajadores)
U. M. E. | (Unión Militar Española)
U. M. R. A. | (Unión Militar Republicana Autónoma)

Prólogo

PRÓLOGO

A la memoria de D. Manuel Azaña (1880-1940)

(en el cincuenta aniversario de su muerte).

«Me reconozco ajeno a este tiempo. Los hombres como yo hemos venido demasiado pronto o demasiado tarde. A no ser que nuestra inutilidad pertenezca a todos los tiempos, a todas las situaciones».

LA VELADA EN BENICARLÓ (1937).

Hay cierta tendencia intelectual, sin duda conformista, que tiende a considerar la violencia política en la historia española como algo consustancial, propio y genuino de los españoles. Nuestra particular idiosincrasia viene siendo tópicamente definida por la natural predisposición del pueblo español a resolver violentamente sus problemas lo que, inevitablemente, contribuye a agravarlos. Tal tópico se va reproduciendo mecánicamente sin que nadie se tome la molestia de constatarlo o desecharlo por medio de elementales estudios comparativos e investigaciones rigurosas.

Sustancialmente, tal inercia, se debe al gran impacto que la guerra civil española produjo en la intelectualidad de los años treinta. Pero la guerra civil fue la consecuencia de la grave crisis estructural en que se vio sumida España en aquellos años y que no era sino la versión «regional» de la crisis general de entreguerras que sacudió a Europa bajo la influencia de las ideologías expansivas de la época; ideologías que se plasmaron en la brutal dicotomía de: fascismo/antifascismo o comunismo/anticomunismo para, finalmente, resultar triunfadora la antes debilitada democracia liberal, presentada como reliquia histórica por tales ideologías.

Las ideologías de la violencia resultaron o habrían de resultar rápidamente derrotadas y la aparentemente débil ideología democrática saldría considerablemente reforzada después de aquella trágica confrontación. El actual desmoronamiento de los sistemas políticos llamados de «socialismo real» no hace sino prestigiar más el sistema democrático cuyos derechos y libertades habían sido peyorativamente relegados a la condición de meramente «formales» o «instrumentales», por unos y por otros.

Tras el conflictivo período de entreguerras, la azarosa posguerra mundial y el aparente fin de la guerra fría, las condiciones para desterrar la violencia de la confrontación política en la vieja Europa parecen óptimas. Y, España, parece definitivamente incardinada en esa perspectiva.

Por consiguiente, el «reñidero» español, si era peculiar, en modo alguno merecía la clasificación de «rara avis» y la cabal comprensión de nuestro caso exigía profundizar en las causas endógenas y exógenas que lo hicieron posible.

El recurso a la violencia, como ha señalado Julio Aróstegui[1], no resolvió en nuestro país el conflicto estructural en que se hallaban sumidos los españoles por ninguna de las vías que se experimentaron en la Europa de la época, lo cual pareció entonces una solución atípica aunque, en realidad, no lo fuera tanto como podía parecerlo en 1936. Ni la dialéctica revolucionaria del proletariado ni el acelerado proceso de fascistización fueron capaces de imponer una estructura de dominación diferente. Lo que resultó fue una vuelta a la situación anterior a la guerra civil: reafirmación del bloque social dominante y Estado de excepción; o sea, dictadura franquista.

La violencia no fue, pues, causa sino efecto. Consecuencia de hondos problemas; de una profunda crisis estructural. No es la guerra consecuencia lógica de la violencia sino la manifestación última de esa violencia que había fracasado como solución: revolucionaria o contrarrevolucionaria.

El conjunto de estudios y ensayos que siguen son una prolongación natural de nuestra tesis doctoral[2] que responden al interés que la violencia y el terror ejercidos en la guerra civil despertaron en el autor hace ya algunos años[3] y que aspiran a ser una contribución más al avanzado proceso de desideologización y desmitificación en que se encuentran actualmente los estudios sobre la guerra civil en general y sobre la represión política en particular.

La introducción responde a una intención claramente metodológica anclada firmemente en la idea de que no puede entenderse la violencia y el terror desarrollados en la guerra civil haciendo abstracción de los factores sociales, como algunos historiadores, que pudiéramos calificar de neopositivistas, han pretendido hacer en los últimos años[4].

El capítulo I intenta desentrañar algunas de las justificaciones ideológicas fundamentales que se han esgrimido desde el bando vencedor para legitimar la insurrección militar que abre la guerra civil y hace «inevitable» la represión política que la sigue[5].

Tratamos en el segundo capítulo de ofrecer una panorámica sobre la organización e ideología de las milicias de derechas en los primeros meses de la guerra civil, cuestión insuficientemente estudiada hasta la fecha y que requiere un profundo trabajo de archivo[6].

En el tercer capítulo se analizan los intentos de organizar la defensa de Madrid e impedir los desmanes de las masas que median en la capital del Estado entre julio y septiembre de 1936[7]

El capítulo IV es una prolongación natural del anterior, en el cual se intenta una aproximación cuantitativa, meramente demostrativa, de los asesinatos que se producen en Madrid a lo largo de la guerra sobre la base de los archivos del cementerio de la Almudena, y que vienen a confirmar que la incidencia mayor de muertes debidas a la represión se produce en el mes de noviembre de 1936[8].

En el capítulo V[9] se intenta una apretada síntesis del terror y la represión ejercidas durante la guerra civil en ambos bandos contendientes y una tímida aproximación cuantitativa sobre la base de los estudios actualmente en curso, y cuya publicación obligue, quizá, a una revisión numérica de las estimaciones globales aunque, sinceramente pensamos, no variarán el enfoque y conclusiones generales.

El capítulo VI[10] pretende establecer el estado de la cuestión en torno al controvertido asunto de Guernica, cuya destrucción no puede en modo alguno separarse de la política general de punición aplicada en el País Vasco por el bando franquista. Contrariamente a lo que una propaganda incansable ha pretendido hacer creer, y todavía pretende, Guernica ni fue un caso aislado, ni un error, ni un mito, ni una leyenda.

En el último capítulo[11] hemos querido ejemplificar en la figura del más genuino representante de la II República española, la gran tragedia que se desarrolló en la piel de toro entre 1936 y 1939. Si algo conturbaba la compleja personalidad de Azaña era el recurso a la violencia. Para quien quiso hacer de las razones y los votos el eje de su política, asistir desde la impotencia al baño de sangre en que se sumergieron sus compatriotas resultó una experiencia insoportable que, en definitiva, acabó con su vida.

Este modesto libro no tiene otra pretensión que contribuir al conocimiento de nuestra guerra civil al margen de la fuerte confrontación ideológica que ha presidido su estudio en uno de los temas más polémicos y desagradables de la misma. Afortunadamente, ya empieza a ser posible reflexionar públicamente sobre tal acontecimiento histórico sin que el insulto o la descalificación personal del discrepante —excepción hecha de algún caso patológico— sea la única respuesta.

Para cualquier persona de buena fe, sea cual fuere la atalaya donde sitúe su observatorio o el horizonte donde fije su mirada, el balance de la guerra no puede ser sino negativo. Ante la constatación de un país desgarrado y empapado en sangre resulta vano intentar justificarla como la última «ratio». Una guerra civil jamás resuelve nada y siempre es la mayor sinrazón. Las heridas que produce necesitan de varias generaciones para poder cicatrizar fructíferamente. No obstante, aún de las experiencias más negativas hay que saber extraer un halo de luz al que poder asirse para ser capaces de lanzarse a la esperanza y construir un futuro mejor.

El oscuro recuerdo de la guerra, y, especialmente, la violencia y el terror desencadenados en ambas retaguardias no pueden pesar como una losa en la memoria de los españoles, pues, como escribió León Felipe, uno de los grandes poetas de la diáspora más traumatizados por la tragedia de la guerra:

«Hay ondas sombrías en la mente del hombre que rompen en las playas azules de una estrella y revierten más tarde, como un relámpago divino, sobre los mismos surcos de la frente»[12].

Introducción

INTRODUCCIÓN

«Que por encima de estos y esos muertos

Y encima de estos y esos vivos que combaten,

Algo advierte que tú sufres con todos.

Y su odio, su crueldad, su lucha,

Ante ti vanos son, como sus vidas,

Porque tú eres eterna

Y sólo los creaste

Para la paz y gloria de su estirpe».

LUIS CERNUDA.

La violencia y el terror son sin duda, el tema polémico por excelencia de la guerra civil. Las razones de ello son diversas pero creo que pueden reducirse a dos fundamentales: la memoria histórica y la cuantificación de las víctimas. Ante la primera, poco puede el historiador; de las conclusiones de la segunda se infiere, una vez más, la eterna cuestión maniquea de buenos y malos. Así, se reconoce que todos los que mataron fueron malos, pero si se demuestra que unos mataron más que otros la conclusión es sencilla: unos fueron más malos que otros. Ni podemos contentarnos con tan poco, ni el conocimiento científico puede limitarse a tales generalidades.

De lo dicho se deduce la importancia de las cuestiones metodológicas ante tan conflictivo asunto. Cuestión sobre la que nunca está de más reflexionar en aras de la tan deseada y pretendida objetividad científica.

Los recuerdos de los sobrevivientes y de sus hijos y herederos ideológicos han venido pesando como una losa sobre las nuevas generaciones, dificultando el análisis sereno de tan escabroso asunto. El síndrome de vencedor y vencido dificultaba las posibilidades de analizar serenamente el problema. Afortunadamente, medio siglo después, son ya muchos los estudiosos, que no han sufrido las consecuencias de la guerra civil de una manera directa y pueden, por tanto, afrontar su estudio con mayores garantías de objetividad que sus mayores.

De cualquier modo, la memoria histórica ejerce una considerable influencia en la cultura de los pueblos. Una guerra civil es una convulsión social de tal naturaleza que sus huellas tardan mucho en desvanecerse en la psicología colectiva; es un conflicto de la mayor intensidad y, los conflictos, cuanto más íntimos y próximos, más traumáticos resultan pues, su aparente resolución —individual o colectiva—, no supone su liquidación total, su superación absoluta. Sus íntimas consecuencias son siempre de difícil medición y los recuerdos más hondos, como son los teñidos por la sangre, no dejan nunca de aletear en el fondo de la conciencia. Y es que la sangre es el recuerdo más reacio al olvido, pero si encima su pródigo derramamiento no ha servido para nada, es natural que todo intento rememorativo en este terreno, aún planteándolo con inexcusable rigor académico, despierte siempre resquemores y suspicacias.

La victoria o la derrota en una guerra civil no pueden ser nunca motivo de gozo común o de solidaridad compartida, pues como dijo Azaña, «no se triunfa personalmente sobre compatriotas». La dureza de la represión durante y después de la guerra, así como la incesante rememoración de la victoria, ha mantenido innecesariamente viva la división y la memoria de los españoles durante los largos años del régimen franquista.

Determinados sectores políticos desarrollan un inútil esfuerzo en hacer pasar por revanchista toda reflexión sobre la guerra que no se ajuste fielmente a su particular mitología, construida sin contrastación posible a lo largo de la dictadura. Otros quisieran simplemente el silencio, pero la inmensa mayoría de los españoles, como corresponde a un pueblo maduro y democrático, quiere algo tan sencillo como conocer y entender su propia historia. Y esto no es una opinión subjetiva.

Hace unos años la revista Cambio 16 publicó una serie de encuestas sobre el impacto de la guerra civil en la España actual. Para lo que aquí nos interesa, resulta significativo destacar que un 76 por 100 decían estar mal informados frente a un 24 por 100, y que el comportamiento de los vencedores para con los vencidos era juzgado como riguroso por un 67 por 100 de los encuestados. A raíz del décimo aniversario de la muerte del general Franco, la misma revista publicaba unas encuestas entre las cuales cabe destacar que el 74 por 100 de los interrogados calificaba el comportamiento del régimen franquista con los vencidos de represivo, dato interesante si tenemos en cuenta que aproximadamente el 85 por 100 de la población actual no había nacido o tenía menos de trece años en 1936.

No cabe duda, pues, de que la represión —en uno y otro bando— ha dejado una profunda huella y que su estudio no puede obviarse por el cómodo sistema de soslayar tan espinosa cuestión por muchas que sean las dificultades con que se encuentra el investigador y el estudioso. Sencillamente, tras la larga noche de la propaganda desplegada por la dictadura, se abre camino la historia, beneficiada por las libertades que defiende el Estado democrático.

Así como el paso del tiempo ha producido efectos benéficos sobre la memoria histórica, el prolongado período de la dictadura franquista ha creado una serie de problemas adicionales a los que ya de por sí provoca el estudio de tan lacerante asunto.

Nadie pretendió, con motivo del cincuentenario, de la guerra civil en 1986, año en que hubo una auténtica eclosión de actos académicos y publicaciones, hacer historia definitiva, excepción hecha de algún iluminado que se considera investido de una rigurosa objetividad y una ilimitada sabiduría, que la generosidad de la musa Clío parece otorgarle en exclusiva. Tal empeño no es tarea para hombres de carne y hueso, sino para auténticos titanes capaces de situarse por encima del bien y del mal, y cuyas continuas manipulaciones, omisiones, tergiversaciones, descalificaciones e insultos, apenas provocan ya la conmisefeción de la comunidad académica que cometió el error —inmenso error— de acogerle en su seno. De la comunidad científica, él mismo se excluye con la perseveración habitual de todo extraviado.

El que analiza tiene que luchar contra su propio pasado y sus propias orientaciones intelectuales. Siempre se investiga, se reflexiona y se escribe desde una determinada tabla de valores que, como dijo Marc Bloch, no dependen de ninguna ciencia positiva. Ignorar esta realidad, situándose al margen de ella, me parece utópico y abocado a un neopositivismo limitado y estéril o a la reelaboración permanente del propio discurso de justificación ideológica, lo que no conduce a ninguna parte. Sabido esto, hay que esforzarse en superarlo porque de otro modo no se escribe verdadera historia sino que se añade otra polémica más a las muchas que ya existen. No obstante, sin interpretación hay relato pero no hay historia.

¿Sobre qué supuestos metodológicos debe operar una auténtica voluntad científica en la materia que nos ocupa? Desde mi punto de vista, básicamente sobre dos:

1.ºRechazo de todo positivismo o neopositivismo. Entendiendo aquí por tal el intento de ideologización de la ciencia como supuestamente aséptica y desvinculada de un referente cultural concreto. O, dicho de otra manera, pretensión de reducir la cuestión de la represión en la guerra civil a una mera valoración cuantitativa por encima de toda axiología presciendiendo así de elementos y componentes esenciales al conocimiento histórico, como las estructuras de poder y los procesos decisionales que, en definitiva, permiten la represión y la explican.

2.ºRechazo de toda pretensión de objetividad absoluta. Actitud que, por una parte, recuerda a ciertos filósofos de la historia que aspiraban a explicaciones globales, totales, de un mundo complejo que sólo puede ser estudiado y explicado desde diversas perspectivas. Y, por otra parte, tendencia a confundir esa supuesta objetividad posible con el eclecticismo o el sincretismo, cayendo en el conocido error —a veces voluntario— de buscar un punto equidistante (¿cuáles serían los referentes precisos de los que habría que partir?) entre los dos bandos ideológicos o grupos de intereses enfrentados. Todo ello conduce a una actitud inaceptable desde un punto de vista estrictamente profesional.

¿Cuál debe ser, pues, a mi juicio, el tratamiento metodológico de la controvertida cuestión de la represión si somos plenamente conscientes de que es imposible una desideologización absoluta del conocimiento?

Hay que empezar por renunciar a toda aspiración de explicación total y ser algo más modestos admitiendo de entrada la imposibilidad de separar completamente las «contaminaciones» ideológicas del trabajo científico. Vivimos inmersos en nuestra propia ideología, en nuestra particular concepción del mundo, pero la admisión de tal obviedad no determina necesariamente el resultado de nuestros estudios e investigaciones en un sentido concreto. De la asunción de tal realidad no puede inferirse una renuncia al estudio científico de un problema. Sencillamente tratamos de eludir el conocido error positivista de que la ciencia es capaz de reproducir la realidad cuando, simplemente, contribuye a explicarla; lo que es bien distinto.

Si insistimos en las consideraciones metodológicas del problema es precisamente con la decidida voluntad de reducir lo más posible las deformaciones ideológicas. Si no somos conscientes de estas limitaciones nos veremos abocados a reproducir los errores epistemológicos habituales.

Aceptando el desencadenamiento del terror en ambas zonas en 1936, en la zona franquista imperó desde el primer momento la declaración del estado de guerra y, en zona republicana, no se implantó hasta enero de 1939, lo que automáticamente determina en el campo de los rebeldes la transferencia de todo el poder a los militares, paradigma máximo del honor, el orden y la disciplina, despreciando la autoridad civil que habían jurado acatar. Como los propios aliados de los rebeldes reconocían (Stohrer, embajador de Hitler ante Franco) en la República se intentaba controlar y poner fin a la represión y era denunciada por sus máximas jerarquías. En el otro bando, los responsables máximos que eran los militares, fomentaban y amparaban la represión. La actitud de los vencedores a partir de abril de 1939 contradiciendo la tan anunciada (hasta la saciedad) propaganda de que nada tenían que temer quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre descalifica por completo, ética y moralmente, a sus auspiciadores.

Por otra parte, una violencia era de signo defensivo ante el asalto al poder legítimamente establecido y, la otra, era de carácter ofensivo empezando por poner en peligro uno de los principios esenciales de toda sociedad civilizada: la seguridad jurídica. Conviene, además, recordar que todo código penal admite eximentes en caso de legítima defensa y agravantes en caso de agresión indiscriminada. Se trata de una cuestión cualitativa fundamental en torno a la cual giran todas los demás, pero de la que no puede prescindirse.

Igualmente es preciso señalar una distinción nada baladí. El Estado republicano se vio privado desde el mismo momento de la rebelión —causa primera de la respuesta popular— de apoyos internacionales inequívocos y de la necesaria eficacia de sus propios aparatos coactivos puestos en almoneda por la propia situación revolucionaria que, paradójicamente, ha provocado la contrarrevolución antirrepublicana. La literatura profranquista ha intentado justificar ideológicamente su rebelión sobre la base de la inexistencia o inoperatividad del Gobierno o del Estado republicano en 1936, argumentando el derecho irrenunciable de resistencia ante el caos, la inseguridad o la persecución política. Para ello no se ha dudado en acudir a los conocidos argumentos que ofrece la teoría política: desde el conflicto entre naturaleza y convención del pensamiento clásico a las posiciones defendidas por Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria. Todas ellas cuadran perfectamente con la vieja teoría contractual hobbesiana para explicar el origen del Estado: el hombre es un lobo para el hombre y el fuerte siempre se impone al débil. Por ello los seres humanos prefieren ver garantizada su propia seguridad que su libertad, no habiendo otro camino que la renuncia absoluta de todos los derechos en un ser superior, el monarca absoluto o el Estado que, a cambio, se compromete a garantizar el orden y la seguridad de sus súbditos. Así, la ausencia de orden y seguridad legitima moralmente la rebelión contra el Estado. Pero es obvio que el Estado republicano de 1936 no se encontraba en tal situación de caos como, finalmente, han acabado por reconocer autores que combatieron en el ejército de Franco y niegan ahora el «secuestro» del Estado que sostuvieron en 1936 como razón suprema de su rebelión. De la misma manera, sobre la legitimidad del Estado republicano no caben dudas: surgido de la voluntad popular y sostenido por la voluntad popular recientemente expresada en unas elecciones, única fuente legítima de soberanía, cuyo resultado ha querido ponerse en cuestión a posteriori pero que, en su momento, fue formalmente acatado por la oposición mayoritaria.

Finalmente, para quienes se aferran a que la cadencia de dos asesinatos diarios de uno y otro bando en julio de 1936 resultaba insoportable, y alguna determinación había que tomar (última justificación ideológica de la rebelión, rebelión que provoca la guerra civil), conviene llamar la atención sobre un dato incuestionable: aún manteniéndose tan estremecedor ritmo de asesinatos tendrían que haber transcurrido quinientos años para alcanzar la cifra de muertos directamente atribuibles a la guerra civil. La idea de una dictadura republicana (provisional) empezaba a extenderse y, en cualquier caso, es al poder legítimo a quien corresponde tomar medidas de excepción, y no a los poderes excepcionales decidir sobre qué es legítimo, y qué no. Concluyamos, pues, desechando tan hipócrita justificación ideológica dado que la rebelión no se produce con el noble empeño de restaurar el orden público, cuya sistemática transgresión ajuicio de los rebeldes exigía romper la legalidad y escarnecer la justicia, sino con el declarado propósito de acabar con los fundamentos mismos de la organización política del Estado democrático encarnado por la República, como tienen suficientemente probado los estudios más solventes. Conviene igualmente recordar que la cuestión Monarquía-República ha quedado reducida hoy en día a una mera discusión académica en torno a la forma de Estado puesto que, la forma de gobierno (democrático) nadie —salvo irrelevantes minorías— la discute, mientras que entonces no se concebía más democracia que la republicana, puesto que los monárquicos constitucionales o democráticos brillaban por su ausencia: eran partidarios de la monarquía tradicional absolutista, eran profascistas o «accidentalistas»; antidemócratas, en cualquier caso.

Concretando, aún más, las diferencias cualitativas que adquiere la represión en una u otra zona, resulta obvio que no puede ser equiparado un terror y una represión ejercidos y sostenidos por mandos militares de la máxima graduación amparados por su indisputado caudillo, y con la cobertura de un Estado emergente primero y nuevo después, que controla total y absolutamente sus propios aparatos coactivos, con aquel otro terror y represión ejercidos por bandas de delincuentes o por grupos políticos que actúan como contrapoderes enfrentados a un Estado acosado que, a medida que reconstruye sus propios aparatos coactivos, va eliminando la represión indiscriminada y restaura el ejercicio de los tribunales de justicia con las garantías pertinentes para los acusados como reconocía el mismísimo embajador de la Alemania nazi.

Por otra parte, y aún comprendiendo que es cuestión delicada y lacerante para los propios allegados de las víctimas, y admitiendo el principio moral de que la muerte no tiene color político, que un crimen siempre será un crimen, y que el asesinato no admite justificación ideológica alguna, a poco que se profundice en esta compleja y poco grata cuestión se comprenderá, a puros efectos analíticos, que no es igual el asesinato de su patrón por un obrero o un campesino políticamente ideologizado, socialmente marginado, económicamente explotado y culturalmente analfabeto («marxismo de alpargata»), que el asesinato de ese obrero o campesino por su patrón, por un señorito estudiante de falange de camisa azul, las católicas JAP de camisa parda o carlistas de boina roja, misa y comunión diaria, capaces de invocar a Jesucristo antes de mancharse las manos de sangre. Tal situación denota una conflictividad social que resultaría estúpido ignorar bajo el inútil argumento de que todos mataron porque para tal viaje no son necesarias semejantes alforjas.

Prosiguiendo con diferencias cualitativas difíciles de ocultar es de señalar la diferente actitud emprendida por los máximos responsables políticos de uno y otro bando. Las instrucciones dadas por el general Mola a los dirigentes rebeldes son explícitas en este sentido y recomiendan el uso expeditivo de la violencia para imponerse lo más brevemente posible al potencial enemigo (todo aquel que no secundase la rebelión).

Por otra parte, la República se limita a aplicar a los insurgentes la legalidad vigente de un código de justicia militar inequívoco que pena gravemente el delito de rebelión al poder legítimamente constituido. Por el contrario, los rebeldes aplican en simulacros de juicio una justicia al revés como ha sido calificada por uno de sus partidarios más significativos (R. Serrano Súñer) dándose así la paradoja de verse calificados de rebeldes y, en muchos casos, pasados por las armas, aquellos republicanos que, precisamente, se oponían a la rebelión.

Concluyendo, nadie quiere jugar al maniqueo, pero en zona republicana, la represión era consecuencia de la ausencia de autoridad, la impotencia y el propio caos revolucionario que la rebelión provoca; y, en zona rebelde, la represión responde a una clara voluntad política que es auspiciada desde el propio poder del Estado y sus máximos responsables. ¿Es que a estas alturas puede haber alguien, de buena fe, capaz de equiparar a este respecto las actitudes de Azaña, Largo Caballero, Prieto, Zugazagoitia, Irujo, Peiró, etc., con las de Franco, Mola, Queipo de Llano, Yagüe, Onésimo Redondo y la mismísima jerarquía eclesiástica? ¿Acaso, también son equiparables las bandas armadas de delincuentes comunes dedicadas al robo y al asesinato en zona republicana como la encabezada por Agapito García Atadell, con las tropas regulares moras y legionarias mandadas por oficiales del Ejército que se dedicaban al saqueo de la población, la violación de las mujeres y la castración de los combatientes…?

Convendría resaltar algunas cuestiones íntimamente relacionadas con el tema que nos ocupa.

La historia parece demostrar que las guerras de mayor significado ideológico sobreviven a las de mayor volumen y duración. Acaba importando más la significación del hecho que el costo real del mismo (caso de Guernica). Los intereses provocan las guerras y las ideologías las justifican.

La propaganda desempeña un papel esencial en cualquier confrontación armada, tanto para justificar las propias posiciones como para mantener en permanente tensión la moral combatiente del propio bando e intentar minar la del adversario. Hay que distinguir, no obstante, entre la propaganda generada desde los propios aparatos ideológicos de Estado y aquella que responde a las tergiversaciones y deformaciones conscientes, e incluso inconscientes, de aquellos intelectuales que estuvieron al servicio de una determinada causa o ideología.

El régimen franquista generó su propia justificación ideológica, como es lógico, sin embargo, sorprende que transcurridos muchos años del final de la guerra y desaparecido el régimen surgido de ella continúen los intentos justificativos y se intente introducir en el análisis histórico elementos mixtificadores, propios de una propaganda de combate, encaminados a mantener ciertos mitos o, cuando menos, a dificultar un riguroso establecimiento de los hechos en la medida que esto sea posible. La constatación de que los defensores de la «ortodoxia» franquista se hayan reducido prácticamente a la figura del que fue su principal promotor no invalida el supuesto.

En estos azarosos tiempos de permanentes guerras localizadas, conflictos regionales, terrorismo político generalizado y horror servido a diario a través de las pantallas de TV, nadie se aventura a defender la práctica del terror. La vieja idea de que el fin justifica los medios, parece definitivamente arrumbada ante el civilizado convencimiento de que son precisamente los medios los que justifican los fines.

Sin embargo, a la hora de enfrentarse con la escabrosa cuestión de la represión en nuestra guerra civil, los inequívocos principios señalados se resienten considerablemente. Como el terror y la represión sí que parecen en sí mismos injustificables, empieza por establecerse el siguiente silogismo tramposo: 1) Todas las guerras son horribles. 2) Las guerras civiles son consecuencia del fracaso de una sociedad. 3) La guerra civil española fue inevitable y, como todas las guerras, necesariamente horrible. Aun admitiendo tales premisas, el conocimiento histórico no puede contentarse con tan simplificadora y poco esclarecedora conclusión. Es necesario conocer la gradación del horror, los mecanismos de la represión, las responsabilidades y las causas remotas y próximas de la guerra que permiten tal explosión de violencia.

Las causas remotas de la guerra pueden ser múltiples y complejas, pero las próximas e inmediatas son diáfanas e inequívocas: el pronunciamiento militar del 17-20 de julio de 1936 fue el detonante fundamental de la guerra y, por tanto, de sus inmediatas consecuencias. No hay guerras limpias y sucias; toda guerra genera, o permite que aflore impunemente, cierta agresividad criminal siempre latente en toda sociedad.

Por otra parte, ante el descontrol y los intereses generados por el fanatismo de la causa, se produce una inflación de la delincuencia común que se presentará en ambos bandos como delincuencia política para, así, contribuir a denigrar al adversario y legitimar las acciones propias.

En definitiva, los militares sublevados que incumplieron sus juramentos y se rebelaron contra los poderes legítimamente constituidos y mayoritariamente acatados, son los principales responsables de la guerra civil.

Ésta es la cuestión fundamental que la propaganda de los vencedores y sus ulteriores intentos justificativos han intentado ocultar.

Es consustancial a la especie humana, la justificación de la propia conducta personal, de las acciones y empresas colectivas que se emprenden con los afines, frente a terceros. Todo ello necesita una tabla de valores, un conjunto de ideas y creencias que sirvan de punto de referencia y que comúnmente conocemos por ideología.

La ideología se va formando en torno a ciertas ideas-fuerza como Libertad, Justicia, Igualdad, Religión, Orden, Familia, Raza, Paz, etc., y a la personal interpretación que hacemos de ellas, según nuestra formación, experiencia personal, contexto social e histórico en que nos hallamos inmersos, etc.

La guerra civil española fue una confrontación fundamentalmente ideológica y política. Desde el punto de vista de los resultados, las consecuencias no pueden ser más claras: un régimen parlamentario liberal y reformista fue sustituido por una férrea dictadura personal al servicio del bloque social-histórico dominante. La propia guerra, como es lógico, aumentó y polarizó aún más las tensiones sociales y políticas. Los conceptos de Patria y Pueblo, España y República, Cruzada y Revolución e incluso, la famosa tríada de libertad, igualdad y fraternidad, fueron vaciados de su contenido real, tales conceptos fueron artificialmente enfrentados y deformados para convertirlos en instrumento ideológico exclusivo del bando que se los apropiaba en régimen de monopolio, en perfecta coherencia con la hipostatización habitual a toda deformación ideológica.

Justificada la rebelión (caos social, inminente revolución comunista o marxista), santificada la guerra civil (cruzada religiosa o de liberación nacional), legitimada la propia causa (en nombre de la salvación de la Patria en trance de perecer), el siguiente paso exigía justificar los medios y los métodos represivos ante las resistencias sociales y políticas (al servicio de internacionales extranjeras) que se oponían a tan noble empeño. De la misma manera que un cuerpo enfermo en alguno de sus miembros necesita la decidida intervención del cirujano que sabe sacrificar una parte para salvar el todo, por traumático que pueda resultar el sistema, el bien supremo de la Patria no podía detenerse en menudencias que interfiriesen tan sagrado fin. Así lo exigía la imperiosa necesidad de redención nacional que con tal fe y entusiasmo se emprendía. Además, la propia Iglesia legitimaba moralmente tan santa tarea en nombre de Dios y de la Religión. La necesidad de purificación nacional —de expiación más bien— exigía tan contundente intervención en un cuerpo social enfermo, aviesamente infectado por los enemigos interiores y exteriores de Dios y de España. Tan noble fin justificaba cumplidamente los medios.

Llevamos algunos años insistiendo en que ya es hora de afrontar la cuestión del terror y la represión en la guerra civil sin demagogias, pero también sin eufemismos. Para ello, los estudios sectoriales y regionales se hacen insoslayables[13]. No obstante, resulta ineludible proclamar que muchos archivos continúan cerrados a la investigación, por no hablar de las dificultades e insuficiencias de los que pueden consultarse. Situación de todo punto intolerable y, de la cual, la historia se encargará de levantar rigurosa acta en su día.

Capítulo I. La justificación ideológica del «alzamiento»

Capítulo I

LA JUSTIFICACIÓN IDEOLÓGICA

DEL «ALZAMIENTO»

«El Ejército, secundado por el pueblo y las milicias, se alzó contra un gobierno anticonstitucional, tiránico y fraudulento y, cumpliendo lo que preceptúa nuestra ley constitutiva castrense, se erigió en defensa de la patria, defendiéndola de sus enemigos exteriores e interiores. ¡Sublime precepto que compendia la más augusta y trascendental misión!».

GENERAL FRANCO.

La violencia y el terror desencadenados por la guerra vienen siendo justificados desde determinadas instancias por la inevitabilidad de la guerra misma y la sublevación que la provoca que, naturalmente, se pretende legítima, pero ¿a qué nos referimos cuándo hablamos de justificación ideológica? Dada la ambigüedad del concepto de ideología no es fácil establecer una definición precisa que satisfaga a todos. «Todo es ideología», decía Alejandro Magno y corroboraba el mismo San Agustín en De Civitate Dei. Es un concepto polisémico y susceptible de las más variadas interpretaciones.

De acuerdo con las dos acepciones de ideología, entre otras posibles, establecidas por Norberto Bobbio: débil y fuerte; la primera, considerada como conjunto de ideas y valores concernientes al orden político que tienen la función de guiar los comportamientos políticos y, la segunda, considerada como falsa conciencia de la realidad o creencia falsa, optamos por ésta. De la misma manera, en la conceptualización establecida por Ferruccio Rossi-Landi: como visión del mundo y como falso pensamiento, dentro de la gradación de éste (gravedad creciente: cada vez es más falso el pensamiento, se progresa de una menor a una mayor consciencia de dicha falsedad y, aquél, tiende cada vez a una mayor generalidad), nos inclinamos por la consideración de la ideología en su faceta más negativa: como mentira, deformación, estafa o engaño consciente y falso pensamiento en general[14].

Creamos permanentemente ideología y nos servimos de ella para intentar clarificar u ocultar la realidad de nuestros intereses más o menos conscientemente. Entendemos así por justificación ideológica del Alzamiento la tergiversación consciente de la realidad llevada a cabo por los valedores más significados de la España sublevada en julio de 1936 contra el orden constitucional republicano.

Las justificaciones ideológicas más elaboradas raramente preceden a la acción, son casi siempre paralelas o posteriores y se constituyen, generalmente, a petición de parte o como mera autocomplacencia histórica, dado que la historia empiezan siempre por escribirla los vencedores. Como dijo Erich Fromm, «la victoria se mira siempre con sospecha, ya que puede resultar ser la máscara de la derrota»[15]. De ahí, la imperiosa necesidad de los victoriosos en legitimar la situación de facto por ellos promovida y la propia necesidad psicológica de autolegitimar las motivaciones que les llevaron a ella. Tales justificaciones ideológicas son de un gran interés, no sólo desde la perspectiva de la Ciencia Política, sino también desde la amplia visión de la Historia.

«La guerra civil fue una necesidad histórica», dirán los vencedores, pero conscientes del drama y el elevado coste que supuso para el conjunto del país es perfectamente lógico que la justificación ideológica de la sublevación militar no sólo buscara argumentos de peso para legitimar tal acción, sino que los repitiera ad nauseam a través de todos los medios propagandísticos posibles a su alcance. Sólo una causa o conjunto de causas sagradas, indiscutibles, podían anular la terrible consecuencia que supone una guerra civil. Hasta un duro como el general Mola le decía a José María Gil Robles el 30 de agosto de 1936, que se conformaría con que la guerra se liquidase con «cien mil muertos»[16].

¿Cuál era esa causa sagrada que podía aunar a todos los corazones? Esa causa era España, nada menos, la España eterna cuya continuidad como nación había sido puesta en almoneda por sus enemigos interiores y exteriores, como el mismo general Franco afirmaba con convicción. La guerra, antes la rebelión, no se hacía invocando los sagrados intereses de todos los españoles o, al menos, de la mayoría de ellos. No eran los españoles como pueblo, sus vidas, sus esperanzas, sus intereses lo que se invocaba. No; la cuestión no podía ser tan prosaica. Tratándose de la lucha del espíritu contra la materia[17], la causa era mucho más importante, tenía que ser trascendente y, por tanto, abstracta, inasible, metafísica. Su esencia primera y última venía de antiguo, estaba garantizada por la tradición, por el depósito acumulado por nuestra historia, cuya interpretación gloriosa no podía ser cuestionada salvo incurriendo en delito de lesa patria. Sólo así podía ser considerada sagrada. Por consiguiente, una idea determinada de España, se hipostatizaba y se convertía en la única admisible. Vemos ya, dos de los caracteres esenciales de la ideología entendida como falsa conciencia: la tendencia a la abstracción y la toma de la parte por el todo. Los combatientes necesitaban un gran ideal por el cual luchar y morir, pero la masa social que los sostenía necesitaba justificaciones ideológicas más prosaicas.

Me referiré aquí, por tanto, a dos tipos de justificaciones ideológicas: aquellas más elementales en las que incluyo la cuestión del orden público y la conspiración marxista, y aquella otra más trascendental que pudiéramos englobar bajo la rúbrica de la defensa de la tradición nacional española frente a lo importado del extranjero, y que, ciertamente, venía gestándose desde mucho antes de julio de 1936 y conecta con toda la tradición del pensamiento reaccionario español del siglo XIX. No obstante, empezaré por referirme a una cuestión terminológica previa.

1.1. ¿Pronunciamiento o alzamiento?

1.1. ¿PRONUNCIAMIENTO O ALZAMIENTO?

En julio de 1936 tiene lugar un pronunciamiento clásico a la manera de los muchos que se producen a lo largo de nuestro siglo XIX. Y, también como ocurriera en anteriores asonadas y revueltas, los eufemismos y adjetivos más grandilocuentes sustituyen o acompañan a todas y cada una de estas acciones decimonónicas. Ahora, «lo novedoso» es que, situados en pleno siglo XX se recurra, cuando hay una abundante terminología disponible para el caso, a los viejos clichés convenientemente aderezados con la retórica moderna que suministra el fascismo. El resultado es fascinante.

Todo el conjunto de las fuerzas políticas, económicas y sociales que se beneficiaron, no sólo materialmente sino también psicológicamente, del resultado de la guerra coinciden en dotar de un valor traumatúrgico al 18 de julio de 1936, negado vehementemente como pronunciamiento militar y exaltado como Glorioso Alzamiento Nacional. Esta fecha supone para ellos, el punto de partida de la reconstrucción espiritual de España. Es la referencia obligada de los distintos sectores que se agruparon para conspirar y derribar a la República. Es el símbolo al que todos acuden y todos invocan tanto en épocas de crisis como de áurea exaltación. Es, en definitiva, la síntesis del conglomerado ideológico de los vencedores sociológicos de la guerra civil. Y, sin embargo, han pretendido dotar a tal fecha, a pesar de su inequívoco contenido partidista, de una significación no sólo nacional sino universal.

En un discurso pronunciado en Valladolid con motivo del segundo aniversario de la sublevación el entonces ministro de Agricultura y secretario general de FET y de las JONS, Raimundo Fernández Cuesta, decía que, dicha fecha, marcaba «un hito en su historia y en la de la Humanidad». En efecto, el 18 de julio de 1936, no sólo era «el estallido de un pueblo cansado de los horrores del Frente Popular, de la tiranía roja», era «a la luz de los fenómenos históricos» de una «trascedencia incalculable», pues representaba la «pugna entre el espíritu y la materia»[18]. Había entrado «en juego el ser mismo de España» y entonces…

«… como en todos los momentos trascendentales de la vida, sólo aquellos seres de alma cálida y de emoción profunda, los que venían buscando inútilmente desde hacía tiempo romper la capa de cochambre materialista y de egoísta indiferencia que asfixiaba a España y aquella institución en la que se conservaba intacto el sentido permanente de la Patria y el concepto espiritual de la vida, fueron los que derribando prejuicios legalistas, cara al sol y a la muerte, hermanados en un mismo afán, desde África a Navarra, empuñaron las armas, para rescatar del monstruo moscovita a esa princesa de nuestros sueños que es España»[19].

El 18 de julio era un alzamiento nacional; es decir, no era ni de derechas ni de izquierdas, era un grito de reconquista. Con el 18 de julio se acaban las visiones incompletas de España y la política partidista[20].

España, como decía Ernesto Giménez Caballero, había perdido la brújula desde el siglo XVIII, pero es en concreto la fecha del 14 de abril de 1931 la que, a su juicio, desencadena el fatídico proceso que había llevado a los buitres a cebarse en las entrañas nacionales. La situación no podía ser más apocalíptica…

«[…]Nos habían destrozado la médula misma de nuestro ser. Nuestra propia alma de españoles y hombres. Pero ¿no os acordáis de aquel horror y de aquella vergüenza?

El católico, en España, había perdido su Dios. El monárquico, su rey. El aristócrata, su señorío. El militar, su espada. El patrono, su capacidad de iniciativa. El operario, su posibilidad de trabajo. La mujer, su hogar. El hijo, el respeto al padre. Y hasta la lengua española, “compañera del imperio” —como la llamó Nebrija ante los Reyes Católicos—, era una escupidera para toda clase de inmundicias regionales»[21].

En sus líneas generales este discurso ideológico se ha mantenido a lo largo de la historia del régimen franquista. Ciertamente se ha limado el tono y se ha refrenado la adjetivación pero, la justificación ideológica de la rebelión, se ha seguido fundamentando sobre el mismo fondo teórico: el caos absoluto en que se encontraba sumida España y la imperiosa necesidad de rebelarse ante tal estado de cosas.

La realidad es que el 18 de julio de 1936 no podía ser una fecha nacional. No podía significar síntesis o depósito de valores permanentes del pueblo español una fecha que señalaba el comienzo de una guerra civil, y no de una cruzada o un glorioso movimiento nacional. El 18 de julio es una fecha que delimita campos, que establece bandos; tal es su espíritu: ésa es la esencia del llamado Alzamiento. Se establecen las diferenciaciones de tal manera que se niega la condición de español al adversario político.

El análisis que de esta cuestión hace Rafael García Serrano resulta paradigmático. Considera que el Alzamiento es «el gesto insurreccional con que España reaccionó ante la invasión comunista. El Alzamiento tiene tres fechas: 17, 18 y 19 de julio de 1936, y lleva el merecido apellido de Nacional». En defensa de su tesis, García Serrano se apoya en Francisco de Cossío distinguiendo entre alzamientos y guerras civiles. Éstas suponen enfrentamientos entre los connacionales, pero sin que ello suponga grave atentado para la integridad nacional. Lo que caracteriza al alzamiento, es el hecho de que el enemigo es exterior; con el alzamiento el pueblo se defiende de una invasión extranjera. Hasta aquí la caracterización de alzamiento y guerra civil es correcta. La distorsión ideológica se produce cuando afirma que «la lucha no se entabla entre españoles divididos en dos campos, sino entre españoles y contraespañoles». Los «separatistas», «los marxistas» se han unido en su «desamor a España», la unión es consecuencia del «odio», de ahí que, en propiedad, haya que hablar de «españoles y extranjeros». Para García Serrano el antecedente inmediato del 18 de julio es el 2 de mayo de 1808. «No hay diferencia entre los borbones de 1808 y don Manuel Azaña […]. Como en 1808, en 1936 son el Ejército y el pueblo los que inician el combate y la Junta de Defensa de Burgos tiene un eco noble de las Juntas del tiempo de la francesada»[22].

No obstante, es claro que lo que ocurre en España a partir del 17 de julio, empezando por Melilla, hasta extenderse a la península los días siguientes, es un pronunciamiento militar clásico al modo y manera de los muchos que habían tenido lugar a lo largo del siglo XIX, y lejos de ser secundado por un apoyo masivo en la población si exceptuamos a Navarra. Se trataba, fundamentalmente, de un pronunciamiento militar surgido de una conspiración militar. Conspiración, desde luego, con notables vinculaciones políticas, económicas y sociales con distintas fuerzas de la España conservadora. Es innegable, pero dado el claro papel subalterno que éstas desempeñan y desempeñarán respecto a los militares, no me parece justificada la definición de «alzamiento». En el documento redactado por el general Mola el 5 de junio de 1936 bajo el título El directorio y su obra inicial queda de manifiesto que, tras el éxito de la rebelión, se instaurará una dictadura militar que «ejercerá el Poder con toda su amplitud»[23].

Desde los distintos sectores aludidos que se beneficiaron del espíritu del 18 de julio, eufemismo con el que se alude a la weltans-chauung particular de los sublevados y sus partidarios, se eludió siempre la conceptualización precisa de lo que realmente ocurrió en tan mítica fecha. Se renunció voluntariamente a la terminología disponible para el caso. Puesto que en su espíritu latía la voluntad de algo nuevo, de hacer tabula rasa con todo lo anterior (siglos XVIII y XIX; el siglo XVI era ya otra cosa), era necesaria la creación y utilización de nuevos conceptos y significados aunque en realidad no lo fueran tanto. Así alzamiento y movimiento son inmediatamente tildados de gloriosos como ya lo fueran algunos de los numerosos pronunciamientos del siglo XIX para marcar el inicio de lo que se pretende sea, esta vez con carácter definitivo, una nueva y distinta época respecto a toda la decadencia anterior. El alzamiento del 18 de julio pasó inmediatamente a convertirse, por la hipostatización común a toda justificación ideológica en Alzamiento Nacional. En cualquier caso la palabra alzamiento transmite la idea de espontaneidad y levantamiento generalizado con apoyo masivo de la población. La intencionalidad política es clara: se anularía así, o cuando menos se relegaría a un segundo plano imperceptible la trama conspirativa concreta y forzosamente limitada de los rebeldes al orden constitucional republicano, así como la dudosa legalidad y legitimidad de la acción emprendida.

Mistificaciones ideológicas aparte es claro que el 18 de julio en su origen responde a una conspiración y una sublevación militar que fracasa en su objetivo esencial: acabar con el Gobierno del Frente Popular. Parte del Ejército se subleva contra el poder constituido y su fracaso, parcial si se quiere puesto que logra imponerse en buena parte del territorio nacional, es la mejor prueba de que el 18 de julio no fue un alzamiento ni un movimiento nacional sino una conspiración y un pronunciamiento militar. El jefe nominal, como es bien sabido, era el león del Rif, el general José Sanjurjo. Su director efectivo era el general Emilio Mola, cuyo brazo derecho en la trama, auténtico Jefe de Estado Mayor de la conspiración, era el teniente coronel Valentín Galarza. La organización fundamental que servía de enlace era la UME (Unión Militar Española), asociación de oficiales, reservistas en su mayoría, de vinculaciones políticas monárquicas y parafascistas. El protagonismo militar es indiscutible.

Un detallado repaso de lo que ocurre en España a partir del 17 de julio en cada División Orgánica, en cada Comandancia Militar, en cada casa-cuartel de la Guardia Civil, en cada pueblo y ciudad de España pone claramente de manifiesto los éxitos y fracasos parciales, los pasos adelante y atrás, las indemnizaciones y vacilaciones, las renuncias y reconversiones de muchos de los inicialmente comprometidos y de sus seguidores. Hechos todos que niegan claramente la pretendida significación espontaneísta y popular que con la utilización de expresiones como alzamiento y movimiento se quiere dotar a lo que es una conspiración y un pronunciamiento militar más, sólo que, esta vez, va a provocar la guerra civil más sangrienta de nuestra historia. La diferencia respecto a otras situaciones históricas es que, tal conspiración y tal pronunciamiento se dan en una sociedad mucho más politizada y socialmente más compleja que en situaciones precedentes. Circunstancias todas ellas que, junto al fracaso de los golpistas en imponerse y el del propio Estado en abortar la rebelión, explican que la situación derive hacia una guerra civil.

El llamado espíritu del 18 de julio no tenía nada de integrador y superador de divisiones o enfrentamientos. El régimen político resultante de la guerra no consiguió (ni lo pretendió) la ansiada reconciliación de los españoles, ni establecer las bases de partida de un destino común. Los vencedores se impusieron y humillaron a los vencidos prosiguiendo la lógica cainita de la guerra, actitud que difícilmente podría restañar las heridas abiertas en julio de 1936.

La solución franquista vino a zanjar violentamente la prolongada crisis orgánica en que se venía debatiendo España en beneficio de las clases tradicionalmente dominantes, sirviéndose de unos métodos que —como dijo Dionisio Ridruejo— no suponían «más que el remedo pintoresco y tímido de pruebas que no dieron resultado y que representaron la tentativa desesperada e inútil por detener, en una forma voluntarista, el proceso histórico normal»[24]. Era evidente, como señalaba el mismo Ridruejo, que:

«Los titulares verdaderos de la victoria de 1936 demostraron pronto que daban a esta victoria un carácter patrimonial y de pleno derecho y que por nada del mundo se avendrían a popularizar el poder, a dimitir sus privilegios y a igualarse con los españoles derrotados»[25].

No puede desconocerse la trama conspirativa que reduce el mítico alzamiento a sus límites precisos. No es siempre fácil en estas cuestiones cribar los meros hechos factuales de sus adherencias ideológicas. Personalidad tan relevante como el citado Ridruejo ha sabido distinguir con precisión los factores subjetivos de los objetivos cuando escribe:

«[…] hay que distinguir con gran cuidado lo que la guerra fue como vivencia subjetiva general de lo que fue como conspiración oligárquica destinada a consumar el secuestro del Estado y a eliminar del juego histórico toda fuerza popular […] en la situación actual aparece con toda desnudez y únicamente el logro acabado de la maquinación conspiratoria»[26].

Ante o post factum, difícilmente se puede seguir defendiendo la calificación de alzamiento popular o nacional para el 18 de julio de 1936.

1.2. La cuestión del orden público

1.2. LA CUESTIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Argumento principal de la justificación ideológica de la sublevación del 18 de julio ha sido la intolerable situación de caos social en la que se encontraba sumida España en 1936. Así, en la base 6.ª de la Instrucción reservada número 1 del director de la conspiración, general Mola, dictada a finales de abril de 1936, se decía: «Conquistado el poder, se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al Ejército, para consolidar la situación de hecho, que pasará a ser de derecho». El objetivo era diáfano.

En el famoso debate parlamentario del 16 de junio de 1936 José María Gil Robles hizo lectura de unos datos estadísticos sobre el panorama de la «subversión de España», datos abundantemente citados en la literatura franquista justificativa del alzamiento. Según el líder de la CEDA entre el 16 de febrero y el 15 de junio habían sido totalmente destruidas 160 iglesias, se habían producido 269 muertes y se habían llevado a cabo un total de 113 huelgas generales[27]. Gil Robles citó algunos casos concretos desmentidos por otros diputados y el ministro de Estado entablándose una acalorada polémica. Buena parte de estos informes se elaboraban sobre fuentes dudosas. La voluntad de intoxicación de cierta prensa empeñada en la tarea de crear un estado de desasosiego en la población, de donde están extraídos la mayor parte de los datos manejados por Gil Robles, no puede negarse. En la misma sesión parlamentaria el presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, ponía en cuestión el informe de Gil Robles sobre la base de que muchos de los hechos que se denunciaban no se habían producido y, una vez consultados gobernadores o cuarteles de la Guardia Civil de los lugares donde se habían producido —según la mentada prensa— los hechos denunciados, aquéllos informaban que no tenían noticia de los mismos. Naturalmente la constatación de tales falsas denuncias que servían para inflar estadísticas e impresionar al Congreso de los Diputados no niegan los desórdenes públicos existentes, pero sí aclaran bastante el clima de excitación que desde determinados sectores quería provocarse para justificar el propio golpe que se preparaba tras las elecciones de febrero. Tales acciones: provocaciones callejeras y enfrentamientos armados entre distintos grupos políticos contaban con la anuencia de los sectores del Ejército implicados en el golpe.

El Informe reservado del general Mola firmado en Madrid el 1 de julio de 1936 resulta bien elocuente al respecto. Su punto 3.º es suficientemente explícito: «Se ha intentado provocar una situación violenta entre dos sectores políticos opuestos para apoyados en ella proceder; pero es el caso que hasta este momento —no obstante la asistencia prestada por algunos elementos políticos— no ha podido producirse, porque aún hay insensatos que creen posible la convivencia con los representantes de las masas que mediatizan al Frente Popular»[28].

Por consiguiente, resulta relevante destacar el protagonismo de los sectores implicados en la conspiración en el deterioro del orden público frente a las continuas denuncias parlamentarias señalando a los partidos y organizaciones de izquierdas como los únicos responsables del clima de subversión generalizada que iba adueñándose del país, así como de la inoperancia del Gobierno en atajar tal situación y, en consecuencia, la legitimidad de rebelarse ante tal estado de cosas.

Pero es que, además, la crítica de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria al Gobierno de Casares Quiroga, desde los sectores favorables al golpe, no se circunscribía a su debilidad en el mantenimiento del orden público, sino a la propia esencia y fundamentos del régimen republicano, causa y efecto, al parecer, de todos los males que aquejaban al país. La campaña propagandística del conjunto de esta oposición se esforzaba en presentar la situación, ciertamente tensa, como desesperada. Se intentaba establecer la equivalencia de República (es decir, régimen democrático) igual a caos. Poco importaba a los efectos perseguidos (desestabilización del régimen parlamentario y demolición del Estado democrático), que la situación del orden público, por ejemplo, hubiera sido más grave en los años 20 bajo gobiernos conservadores, sin que por ello el conjunto de fuerzas políticas y sociales que tan vehementemente atacaban ahora al Gobierno de Casares Quiroga y al régimen político republicano, hubieran puesto entonces en cuestión las esencias del régimen político de la Restauración. La derecha se aprovechaba de cualquier disturbio, que ella misma promovía (recuérdese en este sentido la financiación pactada entre Antonio Goicoechea y José Antonio Primo de Rivera en agosto de 1934), para justificar ideológicamente su declarado propósito de ruptura violenta del sistema democrático.

En 1920, con una población laboral netamente inferior, en tiempos de la Monarquía de Alfonso XIII y bajo gobiernos conservadores, hubo 424 huelgas parciales (sin contar varias decenas de huelgas generales), con pérdidas de más de siete millones de jornadas de trabajo (en base a los datos muy incompletos del Instituto de Reformas Sociales, superados por la mera información que proporcionaban los gobernadores civiles), y sin hacer referencia a los frecuentes lock-outs de la época. Ese mismo año, y sólo en Barcelona, hubo 47 asesinatos político-sociales. En 1921, 228 personas murieron violentamente en la calle.

Se insiste en la insoportable tensión provocada por los continuos asesinatos políticos que se producían en el verano de 1936 y, en consecuencia, en que la rebelión era moralmente legítima. Sin duda los factores psicológicos (ya aludió a ello Indalecio Prieto en su discurso de Cuenca) son difícilmente medibles, pero lo que no puede hacerse es, restrospectivamente, seguir distorsionando la realidad. ¿Cómo medir los daños morales que una guerra civil produce en sus protagonistas y en la memoria colectiva de los pueblos?

Por consiguiente conviene analizar la cuestión del orden público en toda su amplia complejidad. La visión cuasidantesca que presentaba la derecha era inducida y respondía a la imperiosa necesidad de justificar el golpe militar que se preparaba. El bloque de derechas había sido desalojado del poder en las elecciones de febrero y, agotada la vía parlamentaria legal y fracasada la táctica del posibilismo gilroblista, no tenían otra alternativa que intentar desestabilizar la situación a su favor apoyándose en el Ejército.

Los sublevados de julio de 1936 no lo hicieron con la única intención de restaurar el orden público, de cuya perturbación son, cuando menos, corresponsables o con la mera voluntad de reorientar la política del Gobierno del Frente Popular y, ni siquiera, con la intención política de derribarlo, sino con el declarado propósito de liquidar el régimen, de acabar con el sistema político-social en su conjunto. Pretendían, simplemente, terminar con la democracia parlamentaria por la vía de una dictadura militar. En el documento El directorio y su obra inicial del general Mola, ya citado, se manifiesta no sólo la voluntad de derribar al presidente de la República y a su Gobierno, sino también la «suspensión de la Constitución de 1931»[29].

Mucho antes del triunfo del Frente Popular y del progresivo deterioro de la situación existía el ánimo de entorpecer el afianciamiento de la República. Sería ocioso abundar aquí en todos y cada uno de los jalones de la conspiración antirepublicana desde el mismo abril de 1931. La conspiración antirepublicana no fue únicamente una respuesta, como pretenden las justificaciones ideológicas franquistas, a una situación insostenible y anárquica, sino que la conspiración misma desde sus orígenes, las sucesivas sublevaciones de derechas fracasadas, sus atentados y maniobras desestabilizadoras contribuyen, precisamente, a crear esa situación de desorden. Todo este conjunto de acciones hay que situarlo en el contexto general de dicho desorden, y no como una mera respuesta al mismo; son un principalísimo factor desencadenante de la explosión final.

El hecho conspiratorio con carácter irreversible, lo que pudiéramos llamar el punto de no retorno, lo constituye la circunstancia de que el Bloque Nacional perdiera las elecciones. Es más, según testimonio del propio general Aranda (uno de los elementos clave del éxito parcial del pronunciamiento), el alzamiento se planeó un mes antes de las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Evidentemente, fue el fracaso electoral de febrero el que aceleró la organización de la trama conspiratoria. Cerrado el camino electoral no había travesía del desierto que valiera; no quedaba otra salida para las autoproclamadas fuerzas de orden que la de intentar conquistar por la violencia lo que se había perdido en las urnas.

El deterioro del orden público —a mi juicio— fue, sobre todo, un efecto inducido de febrero de 1936 antes que una causa determinante del 18 de julio.

1.3. La conspiración marxista

1.3. LA CONSPIRACIÓN MARXISTA

El discurso ideológico franquista imperiosamente necesitado de ampliar el abanico de sus apoyos sociales, no podía construirse sobre la base del mero repudio al régimen republicano, en definitiva, al sistema democrático por mucho que tal fuera su objetivo real; objetivo que, obviamente, convenía no hacer excesivamente explícito para captar a los republicanos conservadores contrarios al Frente Popular, pero no partidarios del fascismo o de un régimen de tipo corporativo. De ahí que la propaganda se afanase en la creación de un auténtico mito: la conspiración marxista que se preparaba, la subversión organizada y financiada por Moscú. Se trataba de la agresión de una potencia extranjera a la independencia nacional.

El general Franco, en unas declaraciones realizadas al periódico portugués O Seculo de Lisboa y recogidas en la prensa española, refiriéndose al carácter del movimiento por él acaudillado (obsérvese que aún falta mes y medio para que Franco se haga con el mando único), decía: «No se trata de una lucha de ideas más o menos respetables, sino de un levantamiento nacional que se ha impuesto la noble tarea de acabar con el régimen de tiranía que ejercían los elementos marxistas». Franco dice que el movimiento estaba preparado para agosto, pero que se adelantaron porque se temía una posible traición y porque las células comunistas estaban ganando mucho terreno y «con la complicidad del Gobierno de Madrid se estaban preparando para llegar a la implantación del régimen comunista en España»[30].

El naciente caudillo repetirá hasta la saciedad esta idea y, con él, todos sus propagandistas. En otro lugar, afirmaba:

«Los jefes del Ejército no intervinieron hasta tener la convicción de que solamente su acción podía salvar al país de la ruina completa. Se decidieron a actuar el día que supieron que los elementos extremistas del Frente Popular preparaban una revolución comunista —de tipo soviético— para apoderarse del poder y exterminar a sus enemigos (entiéndase por enemigos todos los ciudadanos respetuosos de la ley, honrados, ricos o pobres, sin distinción).

Innecesario es decir que poseemos documentos que prueban esto, testimonios que demuestran con cuanta minuciosidad este movimiento había sido organizado.

La revolución comunista que debía de estallar en mayo fue pospuesta para junio, y, por último, hasta finales de julio. Informados a tiempo, la hicimos abortar con un levantamiento de carácter puramente defensivo. Ninguno de nosotros se ha dejado guiar por la ambición o el deseo de apoderarse del poder. Sólo nos han guiado los más altos ideales y motivos puramente altruistas»[31].

Unos meses más tarde, en la exposición de motivos del decreto de 1 de octubre de 1937 instaurando la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas, supremo galardón del nuevo Estado que se concedía a S. M. Imperial Victor Manuel III, rey de Italia y emperador de Etiopía; al Duce de Italia y fundador de su imperio, Benito Mussolini, y al Führer canciller de la nación alemana, Adolfo Hitler, Franco se explayaba en la descripción del terrible peligro que amenazaba a España, anunciando ya «la victoria, en esta cruzada contra la barbarie comunista, amenazadora de la civilización occidental […]. Cerca de tres siglos, el ser auténtico e inmortal de España agonizaba, desgarrado en la carne y en el espíritu, por los dardos venenosos y extranjeros de una concepción atea y materialista de la vida»[32].

Innecesario es decir que todo es pura invención; que es falso de principio a fin. No se preparaba revolución comunista alguna y los documentos, pruebas y testimonios que el general Franco afirmaba poseer eran puras falsificaciones, como ha demostrado terminantemente Herbert Rutledge Southworth, encaminadas a crear las condiciones psicológicas que hicieran posible la intervención militar. Ni la Internacional Comunista ni el PCE o el PSOE preparaban revolución alguna. No merece pues la pena abundar más en ello.

Puede tener mayor interés la consideración del anticomunismo como sustrato psicológico de la derecha universal y particular obsesión de las clases conservadoras españolas ante cualquier intento reformista real. El anticomunismo podía ser el referente ideológico que aglutinase a las heterogéneas fuerzas reaccionarias y conservadoras que apoyaban la rebelión. Táctica nada nueva por otra parte. Cuando Marx y Engels iniciaban su famoso Manifiesto comunista con la no menos célebres palabras de: «Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus…», sabían lo que decían porque, efectivamente, no había cuando escribían estas palabras un solo partido de oposición que no fuese calificado de comunista por los gobernantes conservadores de Europa. Tal actitud ha sido desde entonces el argumento clásico de la derecha que no ha dudado en estigmatizar de comunista todo movimiento, programa, actitud o persona que pudiera poner en cuestión sus intereses económicos y sus privilegios sociales.

El anticomunismo en el mundo contemporáneo es la principal bandera ideológica que esgrimen las clases poseedoras en su pretensión de reconducir la política del Estado en beneficio exclusivo de sus intereses. Cuando en una coyuntura económica desfavorable ven mermados sus beneficios y agitarse a las masas obreras, cuando ven perdida su hegemonía política por la vía electoral, acuden al fantasma comunista. Dicho anticomunismo fue el argumento principal de la oligarquía financiera, hábilmente transmitido a las capas pequeño-burguesas, y puntualmente recogido por los movimientos fascistas en sus pretensiones antidemocráticas para el establecimiento de regímenes totalitarios que sirvieran a sus ambiciones imperialistas.

Mussolini argumentó en este sentido para acabar con todo vestigio democrático en Italia. Hitler, en su lucha por el poder, empleó los mismos argumentos (el incendio del Reichtag fue atribuido a los comunistas aunque fueron los mismos nazis quienes lo llevaron a cabo). Franco y las fuerzas sociales que le apoyaron no iban a ser menos y se sirvieron del mismo fantasma para justificar la rebelión militar que puso fin a la II República española. El general Tojo en Japón haría lo propio para justificar su golpe de Estado y lanzarse a la aventura expansionista, y el régimen nacional-socialista se apresuró a declarar cuando desencadenó la II Guerra Mundial que se trataba de salvar la civilización cristiana del peligro comunista.

Detrás de ese anticomunismo visceral se percibe, al menos en el caso español, un profundo espíritu de clase y arraigado sentimiento de diferenciación social, que pone de manifiesto el rechazo absoluto a poner en cuestión el orden social que —se supone— va situando de un modo natural a los distintos individuos en la escala social de acuerdo con sus solos méritos en el puesto que realmente les corresponde. Son significativas al respecto estas palabras de José María Pemán:

«Detrás de ti, obrero, están movilizados todos los hígados enfermos, todas las mentalidades fracasadas de la nación: los afeminados, los hepáticos, los escritorcillos que no venden sus libros, los autores que no estrenan sus comedias, las “clases” que envidian a los oficiales, los maquinistas que quieren decorar sus monos grasientos con entorchados de almirantes»[33].

Este fuerte sentido de clase que expresa Pemán venía complementado con la exacerbación del sentimiento nacionalista en las masas, presentando a los marxistas como genuinos extraterrestres. El mismo Pemán apostrofaba:

«Los marxistas no son españoles, como no son portugueses ni de ninguna parte. No tienen Patria ni ascendencia. ¡Son los hospicianos del mundo!»[34].

Otro valor literario al servicio de la causa nacional, el escritor, diplomático y poeta, Agustín de Foxá, sintetizaba perfectamente ese anticomunismo visceral del que venimos hablando y hace unas significativas contraposiciones entre arte y técnica; es decir, entre el espíritu, encarnado en España, y la materia, encarnada en la Unión Soviética. Dice Foxá en su poema La espiga estos ilustrativos versos:

«Cambiamos las fábricas de la Rusia soviética, por la inicial de un códice, o las notas de un salmo.

¿Consuelan las turbinas cuando se muere un niño?

¿Sirven las estadísticas, cuando el alma está enferma?

¡Oh Rusia! Te maldigo, porque eres, entre hielo,

la gran inteligencia, bajo cráneos mongólicos,

sutil, negra y segura, judía y miserable,

con la astucia de un diablo asiático y oblicuo»[35].

La propaganda y la intoxicación ideológica de la derecha consiguió sobredimensionar la fuerza real del comunismo en España en 1936. Desde el primer momento de la instauración de la República en 1931 se acusó al nuevo régimen de ser débil con el comunismo aún cuando su implantación social fuese irrelevante.

La representación parlamentaria comunista en vísperas de la inminente revolución marxista se reducía a 17 diputados de los 263 que componían el Frente Popular y los 473 que constituían el total de la Cámara en 1936. Hay que tener presente que los comunistas obtuvieron una sobrerrepresentación parlamentaria por las peculiaridades del sistema electoral mayoritario que primaba las coaliciones de partidos. Los votos comunistas suponían apenas el 4 por 100 (el 3,59 por 100 exactamente) del total del Congreso. La base social de la supuesta revolución comunista en ciernes era prácticamente inexistente. ¿Quiénes iban a dirigir esa revolución? ¿Con qué armas? La supuesta potencia inductora, la Unión Soviética, se había olvidado de formar líderes, enviar agentes, desarrollar un plan de acción, estructurar una organización y, el pequeño detalle, de suministrar armamento conditio sitie qua non para desencadenar una revolución en la medida de tan ambiciosos planes.

El anticomunismo, el antimarxismo de la derecha española era, en unos casos, una respuesta irracional, una actitud instintiva de defensa ante el permanente fantasma de la revolución social; en otros, una actitud perfectamente consciente que buscaba así ampliar sus apoyos sociales. Dicho anticomunismo fue la justificación ideológica principal de la coalición político-social rebelde a la República que había hecho posible el triunfo del Frente Popular y había arrebatado la hegemonía política al bloque histórico conservador socialmente dominante de la España contemporánea poniendo en peligro sus intereses y privilegios seculares.

1.4. La defensa de la tradición

1.4. LA DEFENSA DE LA TRADICIÓN

Finalmente, me referiré a la gran justificación ideológica central del alzamiento, que presenta la rebelión de 1936 como una defensa de la tradición española frente a la colonización de ideas extrañas al espíritu nacional. Se trataba, pues, de rectificar una orientación política infectada por agentes extranjeros para volver a las fuentes de las esencias patrias y, por tanto, de legitimar el derecho de resistencia y el deber de desobediencia al tirano.

Los grandes constructores de esta tesis tomada del pensamiento reaccionario español del siglo XIX son algunos sacerdotes cuya formación filosófica y teológica les permitía elaborar con un mínimo de coherencia tal justificación ideológica. Rápidamente la asumirán el resto de las fuerzas sociales aglutinadas en torno al 18 de julio, primero, y al general Franco, después, arropados bajo el manto de las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia.

Uno de los más destacados en esta labor fue el canónigo magistral de la catedral de Salamanca, Aniceto de Castro Albarrán, retomando la doctrina tradicionalista sobre la resistencia al poder, cuestión sobre la que ya había incidido durante la República. Así que volver sobre ella no le costó mayor esfuerzo a un experimentado predicador como él. En una alocución pronunciada por Inter-Radio de Salamanca bajo el título de La licitud del movimiento armado, decía: «¡Ah! ¡Cuando se sabe cierto que al morir y al matar se hace lo que Dios quiere, ni tiembla el pulso al disparar el fusil o la pistola, ni tiembla el corazón al encontrarse cara a la muerte!». Castro Albarrán se dispone a contestar en su alocución a este interrogante que el mismo plantea «¿Es esta una guerra santa o es una execrable militarada?». El 18 de julio «el pueblo español, en su mayoría inmensa “los más y los mejores”, según la frase de los clásicos, alzose en armas contra el poder establecido. ¿Es lícito este gesto? ¿Está permitido a un pueblo tomar las armas contra el propio poder que le rige?». Dice Castro Albarrán que los autores distinguen claramente dos casos: cuando el poder es legítimo y cuando es ilegítimo. Aceptando —sorprendentemente— desde su origen (elecciones municipales del 12-4-1931) hasta las últimas elecciones del 16-2-1936, la legitimidad del Estado republicano, es lícito también el levantamiento del pueblo cuando aquél ha degenerado en «tiranía». Y ¿cuándo se da la tiranía? Según Saavedra Fajardo, cuando «el Gobierno convierte en utilidad propia y no de los vasallos, el Gobierno». Según Balmes, «la verdadera tiranía consiste en que el gobernante atiende a sus intereses propios y no a los del común». Castro Albarrán prosigue su argumentación advirtiendo que «para justificar la resistencia armada contra un Gobierno tiránico es preciso que la tiranía sea muy grave y prolongada y sin esperanza de remedio. Cuando esto sucede, la sociedad tiene derecho a derrocar por la fuerza la tiranía». En última instancia los argumentos de autoridad en que se apoya Castro Albarrán se hallan condensados en el Fuero Juzgo: Rey serás si federes derecho; e si non federes derecho, non serás rey. Él mismo resume las referencias de autoridad en una de Santo Tomás de Aquino: «El régimen tiránico no es justo. Por tanto el derrocamiento de este régimen no tiene razón de sedición… El sedicioso es, más bien, el tirano». Castro Albarrán dedica las tres cuartas partes de su discurso al planteamiento doctrinal. La cuestión clave admitiendo «la legitimidad» de origen de la República y el resultado de las últimas elecciones estriba en si, a partir de éstas y hasta el 18 de julio, el poder legítimo había degenerado en tiranía o no. La respuesta de Castro Albarrán es obvia: España ha intentado liberarse de la revolución por medios legales. El poder se ha tornado «torticero», ya no se trata de vencer (legalmente) a un «poder-autoridad», sino a un «poder-revolución» y para ello no ha habido otra salida que las armas. Termina su alocución diciendo: «Será nuestro grito el grito de los cruzados: Dios lo quiere. ¡Viva España católica! ¡Arriba la España de Isabel la Católica!»[36].

Otro de los autores destacados en esta labor justificativa es el padre dominico Ignacio González Menéndez-Reigada que, curiosamente, se apoya en Santo Tomás[37] para justificar el alzamiento militar y la muerte del tirano en nombre de la liberación de la Patria, cuando los mismos argumentos que esgrime sirven, todavía mejor, para justificar la resistencia ofrecida a la sublevación y lo que ésta significaba por parte de la España republicana a la que combate, puesto que la concentración de poder denunciada era considerablemente mayor en la zona sublevada, que estaba sometida desde el principio en virtud de la declaración del estado de guerra a la jurisdicción militar, a diferencia de la República que no declarará el estado de guerra hasta enero de 1939. La concentración del poder era notablemente superior en la zona rebelde puesto que residía a partir del l.º de octubre de 1936 en las manos de una sola y única persona: el general Franco.

Paradójicamente González Menéndez-Reigada se reafirma en la doctrina tradicional de la Iglesia de acatamiento al poder constituido aún cuando «sus depositarios y representantes abusen del mismo en contra de ella…» y, a pesar de sus esfuerzos dialécticos, no consigue superar la flagrante contradicción en que incurre y que intenta subsanar calificando la guerra civil de guerra santa. En su contestación al filósofo católico francés Jacques Maritain, que se había escandalizado ante tal calificación, el teólogo dominico razona así:

«Dice un antiguo principio escolástico, que “la razón de ser de dos cosas contrarias es la misma” (contrariorum eadem ratió). Es así que por parte de nuestros enemigos la razón fundamental de la guerra es lo santo en sentido contrario. Luego la guerra por parte de los nacionales tiene por razón fundamental lo santo, y es por consiguiente “guerra santa”»[38].

González Menéndez-Reigada actúa aquí como un vulgar sofista puesto que atribuye a sus supuestos enemigos una razón que él se encarga de calificar de fundamental, para, en un pedestre silogismo cuya conclusión ya ha sido fijada de antemano, situar las premisas más adecuadas al fin perseguido: la santificación de la guerra.

Quedaba por justificar la resbaladiza cuestión de los muertos que provoca la guerra pero la dificultad moral es sólo aparente. Así el padre jesuita Juan de la C. Martínez dirá que «la justicia estaba de “su parte” y puesto que la guerra en sí misma —considerada en abstracto— no es intrínsecamente inmoral», concluía: «El non occides del Decálogo sólo reza con la muerte injusta»[39]. A juicio del sacerdote no nos encontramos ante una guerra entre hermanos…

«Es guerra de un puñado de hijos valientes de la Iglesia contra el enemigo común de su madre. Es guerra sólo comparable a la coalición europea contra el turco, tan encarecidamente excitada y fomentada por San Pío V y tan gloriosamente coronada con el éxito de Lepanto»[40].

La conclusión no puede ser más obvia: no se trata de una rebelión sino de una cruzada[41]. No se lucha contra compatriotas sino contra extranjeros. España y lo genuinamente español se identifica con la Iglesia católica de tal modo que los «disidentes» se convierten automáticamente en algo ajeno a la propia nación. He aquí un expresivo texto del director del periódico Ideal de Granada. Dice Santiago Lozano García:

«[…] luchamos ahora contra un invasor mil veces más odioso y repugnante; contra los enemigos de Dios; y aquellos que levantan banderas contra Dios la alzan también, no se olvide, contra el nombre y el ser de España»[42].

Por consiguiente se niega el carácter civil del conflicto ignorando por completo las implicaciones políticas y sociales del mismo para, sacándolo de su contexto, dignificarlo calificándolo de cruzada, lucha del espíritu contra la materia, enfrentamiento de civilizaciones: la comunista y la cristiana, etc.

El papel desempeñado por la Iglesia católica española durante la guerra civil tuvo una importancia capital. Fue el mayor apoyo ideológico de la España franquista, a la que sostuvo con todas sus fuerzas. El prestigio e influencia social de la opinión de la jerarquía eclesiástica determinó en gran medida el campo ideológico de buen número de católicos que, instintivamente, se inclinaban del lado de la autoridad moral de la Iglesia. La beligerancia de la misma en un conflicto civil contra una de las dos Españas en lucha y el apoyo incondicional a la otra, contribuyó a ahondar enormemente el foso ideológico abierto entre los españoles. Los máximos responsables de la Iglesia cayeron en un torpe maniqueísmo al delimitar el campo de batalla entre «fieles» e «infieles», «con Dios» o «contra Dios». Así muchos cristianos y católicos antifascistas, fueran burgueses o proletarios, se vieron forzados a comprometerse más de lo que, probablemente, hubiesen estado dispuestos a hacerlo de no haberse distorsionado el enfrentamiento civil presentándolo como cruzada religiosa. Como lúcidamente escribió Manuel Azaña:

«Amparar con la bandera de la religión una contienda rigurosamente política y social es malo para la burguesía misma, que se desgarra, y para la religión, que se desacredita»[43].

La instrumentalización de Dios irritó a buen número de republicanos, entre ellos el poeta León Felipe que se preguntaba ¿Dónde está Dios?, concluyendo: «que a unos hombres ayer / otros hombres nos lo robaron todo… / La Patria, el esfuerzo y la canción. / Y / que hoy / esos mismos hombres, hijos míos, / nos han robado a Dios»[44]. Versos que ilustran perfectamente el sentimiento de usurpación y de orfandad espiritual de muchos españoles republicanos creyentes, ante la cobertura moral y la justificación ideológica de la rebelión y la guerra que hacían los hombres de Iglesia.

En la temprana fecha del 6 de agosto de 1936 los obispos de Vitoria (Mateo Múgica) y de Pamplona (Marcelino Olaechea) firmaron una instrucción pastoral conocida como Non licet (no es lícito) aunque, según parece, fue redactada por el cardenal Isidro Gomá, en la que «decían» los obispos:

«En el fondo del movimiento cívico-militar de nuestro país late, junto con el amor a la Patria en sus varios matices, el amor tradicional de nuestra religión sacrosanta […] hijos nuestros, amantísimos de la Iglesia y seguidores de sus doctrinas, han hecho causa común con enemigos declarados, encarnizados de la Iglesia […]. Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es ese monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica […]»[45].

Este documento es, cronológicamente, la primera toma de postura significativa de la Iglesia española ante la guerra. Días después, Marcelino Olaechea en la pastoral de 23 de agosto, decía:

«No es una guerra la que se está librando; es una cruzada, y la Iglesia, mientras pide a Dios la paz y el ahorro de la sangre de todos sus hijos —de los que aman y luchan por defenderla, y de los que la ultrajan y quieren su ruina— no puede menos de poner cuanto tiene en favor de sus cruzados».

Por su parte, Mateo Múgica, en una alocución radiada insistía en el planteamiento del Non licet, diciendo:

«No podéis de ninguna manera cooperar ni poco ni mucho, ni directa ni indirectamente, al quebranto del Ejército español y cuerpos auxiliares, requetés, falangistas y milicias ciudadanas, que enarbolando la auténtica bandera española, bicolor, luchan heroicamente por la religión y la Patria».

Y en una circular del 24 de agosto desde Vitoria ordenaba a los sacerdotes rezar la oración Tempore belli con el fin de:

«Conseguir del Dios de los ejércitos que triunfen de los enemigos de Dios y de España nuestro ejército y todas sus fuerzas auxiliares»[46].

Monseñor Enrique Pía y Deniel, obispo de Salamanca, fue uno de los prelados que más decididamente apoyó la rebelión. El 30 de septiembre de 1936 publicó su pastoral Las dos ciudades, donde quedan perfectamente explícitas las dos líneas fundamentales que constituyen el núcleo de la justificación ideológica de la sublevación y la guerra civil: el anticomunismo y la consideración del conflicto como una cruzada religiosa. Dice Pía y Deniel:

«El comunismo y anarquismo son la idolatría propia hasta llegar al desprecio, al odio a Dios Nuestro Señor; y enfrente de ellos han florecido de manera insospechada el heroísmo y el martirio, que, en su amor exaltado a España y a Dios, ofrecen en sacrificio y holocausto la propia vida […]. El comunismo y el anarquismo despojan al hombre de todo sentimiento elevado y de todo delicado amor. A los sin Dios, si les sobra la elevación y consolación religiosa, les sobran también monumentos de arte y la alta cultura: quieren una humanidad achatada, amoral, si no analfabeta, con pesebres para saciar todos los apetitos, exenta de amores ultraterrenos, pero aún de los amores humanos más puros, del amor conyugal de indisolubles esposos, del amor paternal y filial. El comunismo y el anarquismo no se detienen en el ni Dios ni amo: tampoco quieren padres que deban ser respetados, ni maridos que sean la cabeza y el apoyo de la mujer […]. Los comunistas y anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud, y por ello les asesinan y martirizan; y no pudiendo acabar con Dios ni con Cristo, sacian su odio en sus imágenes, en sus templos y en sus ministros, y se gozan en el asesinato, en el saqueo, en la destrucción y en el incendio […]. Frente a tanta degradación humana de la ciudad terrena de los sin Dios, florece la ciudad celeste de los hijos de Dios, cuyo divino amor les eleva hasta las sublimidades del heroísmo y del martirio […] hoy no necesitamos variar nada, en 1936, al bendecir a los cruzados de Cristo y de España, de lo que escribimos en 1931 […]».

A continuación, tras la descripción habitual de todas las taras antropológicas que, casualmente, se encarnan exclusivamente en los enemigos de la Iglesia y la relación de las virtudes angélicas que, lógicamente, se encarnan también de modo exclusivo en sus aliados, como corresponde al maniqueísmo propio del pensamiento mítico precientífico y de toda concepción dogmática del mundo, monseñor Pía y Deniel entra de lleno en el análisis específico de la guerra civil…

«Reviste, sí, [la actual lucha] la forma externa de una guerra civil; pero, en realidad, es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden […] ya nadie ha podido recriminar a la Iglesia porque se haya abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden contra la anarquía, a favor de la implantación de un gobierno jerárquico contra el disolvente comunismo, a favor de la defensa de la civilización cristiana y de sus fundamentos, religión, patria y familia, contra los sin Dios y contra Dios, sin patria y hospicianos del mundo, en frase feliz de un poeta cristiano [se refiere a José María Pemán]. Ya no se ha tratado de una guerra civil, sino de una cruzada por la religión y por la patria y por la civilización […]. ¿Cómo ante el peligro comunista en España, cuando no se trata de una guerra por cuestiones dinásticas ni formas de gobierno, sino de una cruzada contra el comunismo para salvar la religión, la patria y la familia, no hemos de entregar los obispos nuestros pectorales y bendecir a los nuevos cruzados del siglo XX y sus gloriosas enseñas, que son, por otra parte, la gloriosa bandera tradicional de España? […] el alzamiento español no es una guerra civil, sino que es sustancialmente una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización contra el comunismo […] es de desear y de rogar a Dios que se logre la redención de España, de la España racial y auténtica, de la España madre de tantas naciones, de la España paladín inmortal de la espiritualidad […]. Una España laica no es ya España. Ya hemos visto a qué abismos nos llevó una Constitución zurcida con extranjerismos y a base de que España había dejado de ser católica. Lo dijo con gran clarividencia nuestro insigne Menéndez Pelayo: “España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio…, ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad: no tenemos otra […]”»[47].

Las citas son largas, pero a mi juicio, resumen perfectamente la cuestión que se viene tratando; más incluso que otros textos eclesiásticos más citados.

El cardenal primado, arzobispo de Toledo, Isidro Gomá y Tomás, fue tremendamente explícito nada más iniciarse las hostilidades y, en un célebre escrito, El caso de España, dirigiéndose a las autoridades y a los que ejercen las altas magistraturas en la España sublevada les recomendaba:

«No pactéis con el mal, ni a título de las exigencias de la libertad social; concederle los derechos de ciudadanía, y más admitiéndolo en el santuario de las leyes, será pactar la ruina, a plazo más o menos largo, del pueblo que dirigís»[48].

De todos los documentos eclesiásticos de la época, el que alcanzó mayor difusión y ejerció más influencia fue la carta colectiva del Episcopado español; a los obispos del mundo entero sobre las causas de la guerra de 1 de julio de 1937[49]. Era un documento oficial avalado por la práctica totalidad del Episcopado español y, por tanto, la postura oficial de la Iglesia española ante la guerra civil. Su influencia fue considerable y constituyó un arma propagandística de inapreciable valor para la causa franquista. El documento no fue escrito por iniciativa de los obispos. La carta del cardenal arzobispo de Toledo, fechada en Pamplona el 7 de junio de 1937 y dirigida a los obispos demuestra que la iniciativa se debía al general Franco y que su principal objetivo era el de servir de propaganda política al movimiento e impedir una paz negociada. Concretamente dicha carta dice:

«Excelencia y amigo: El 15 de mayo escribía a los reverendos metropolitanos para ponerles al corriente de una indicación que había recibido pocos días antes del Jefe del Estado y pedirles su opinión sobre la conveniencia de secundarla. La respuesta ha sido afirmativa. Esta indicación da lugar a la redacción de un proyecto de carta colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero […] cuyo objeto es, secundando esa alta iniciativa, dar, de una manera autorizada, nuestra impresión sobre el Movimiento Nacional y especialmente reprimir y contrarrestar las opiniones adversas que, hasta en un gran sector de la prensa católica, han contribuido a formar en el extranjero una atmósfera totalmente adversa […]. He dado conocimiento del proyecto a la Santa Sede […]; puedo aseguraros que especialmente en Inglaterra, Francia y Bélgica, predomina, hasta en los católicos, un criterio contrario al Movimiento Nacional y que, aun en los medios que nos son favorables, se cree necesaria la terminación de la guerra por medio de un acuerdo entre las partes beligerantes…»[50].

La carta la firmaron un total de 48 prelados. El documento tuvo una importancia decisiva y una gran influencia en los medios católicos del mundo entero; fue editado en trece idiomas e inmediatamente después el Vaticano reconoció oficialmente al Gobierno de Franco y envió a su zona a monseñor Ildebrando Antoniutti en calidad de legado apostólico.

Probablemente la mejor condensación doctrinal de la justificación ideológica del alzamiento, expuesta por extenso en la carta colectiva, se encuentre en la carta pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz, de 8 de agosto de 1939, del cardenal Gomá. Allí decía que «Dios ha demostrado su predilección en favor de la España nacional» y que «Dios nos ha conducido amorosamente a la victoria»[51]. Se dijera lo que se dijese en la esfera internacional «en España sabemos que se ha hecho una cruzada»[52]. En la hora del triunfo el cardenal resumía así, con renovada convicción, las tesis esenciales de la España victoriosa:

«[…] empezamos a caer el día en que empezamos a no vivir en español; en que se inocularon en nuestras venas los gérmenes de un pensamiento y de una civilización que no eran los nuestros; en que judíos y masones, fuera de la ley, o contra la ley, o con la ley cuando llegó su hora, envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas, con cuentos tártaros o mongoles aderezados y convertidos en sistema político y social en las sociedades tenebrosas manejadas por el internacionalismo semita y que eran diametralmente opuestos a las doctrinas del Evangelio, que han labrado en siglos nuestra historia y nuestra alma nacional […]. Es el alma mala de la anti-España y el alma buena de España, que se han citado en los campos de batalla. Es el alma de nuestra historia hidalga, el alma vieja de nuestros padres que le ha salido al paso al alma bastarda de los hijos de Moscú»[53].

Casi parece superfluo decir que reivindicar una tradición nacional española, específica y genuina, frente a la importación de idearios extraños a nuestra idiosincrasia, y que éstos hayan sido los causantes de nuestras desgracias patrias, es una apreciación que no se corresponde en absoluto con la realidad. Decir tal es una perfecta síntesis del pensamiento reaccionario español. La tesis esgrimida por el cardenal Isidro Gomá y Tomás reivindicando la «originalidad de nuestra tradición cultural» frente a la «contaminación» extranjera, es falsa e históricamente insostenible. Los grandes tradicionalistas españoles aireados por Menéndez y Pelayo están todavía más influenciados por el pensamiento europeo que los propios ilustrados, liberales, afrancesados españoles. El abate Agustín de Barruel, el padre Francisco Alvarado (el Filósofo Rancio), fray Fernando de Ceballos, Rafael de Vélez (Manuel Anguita Téllez), etc., están absolutamente influenciados por las corrientes doctrinales europeas surgidas como oposición al pensamiento ilustrado y a los planteamientos políticos de la Revolución francesa[54].

Los republicanos, socialistas, marxistas y anarquistas españoles reciben influencia doctrinal del extranjero en la misma medida que los monárquicos alfonsinos, los cedistas, los carlistas o los falangistas las reciben de sus grupos homólogos europeos. La diferencia respecto al siglo XVIII y al gran enemigo común: el liberalismo, origen de toda iniquidad, es que, entonces, todavía no se había desarrollado el parlamentarismo, ni habían surgido los grandes partidos de masas, las organizaciones sindicales reivindicativas ante un capitalismo voraz, ni había nacido Carlos Marx, ni Lenin había creado el primer Estado obrero de la historia… Eran demasiados enemigos todos ellos, meros exponentes de la modernidad, a los cuales, cerrada la vía electoral, había decididamente que parar los pies.

Capítulo II. Organización e ideología de las milicias de derechas

Capítulo II

ORGANIZACIÓN E IDEOLOGÍA DE LAS MILICIAS

DE DERECHAS

«La vida es lucha. Por el sendero, atalayando el horizonte marcha la juventud recogiendo muertos y consignas».

RAFAEL GARCÍA SERRANO.

El papel desempeñado por las milicias en el conflicto, papel mitificado hasta el absurdo por una y otra parte; la participación real del voluntario; el carácter civil del elemento humano, que acudió en los primeros momentos a los banderines de enganche o a las sedes de los sindicatos reclamando un fusil; la cuantificación efectiva, composición social y grado de eficacia de las mismas hasta su militarización total, son cuestiones de la mayor relevancia, cuyo estudio implica, necesariamente, su desideologización.

Es tal la ganga generada por la propaganda interesada en estas cuestiones que llegar al magma supone un esfuerzo considerable. Los historiadores franquistas han desdeñado el papel de las milicias populares (así con minúsculas) y, siempre coherentes, han ensalzado el de las Milicias Nacionales (así con mayúsculas). En aquéllas todo era desorganización, indisciplina y correr sin cesar ante el enemigo; en éstas todo era eficacia, obediencia ciega y valor sin límites. Bueno, las cosas casi nunca son tan simples como suelen pretender aquellos que participan de un desmedido culto a Manés y para quienes su bando (el del espíritu y la luz), naturalmente, es superior al contrario (el de la materia y las tinieblas).

En la zona gubernamental se dijo, una vez planteada la confrontación bélica, que se trataba —con evidente exageración— de una lucha entre pueblo y ejército, olvidando precisamente que para que sea posible tal confrontación —la guerra civil— pueblo y ejército han de hallarse divididos. Sin embargo, los rebeldes llevaron mucho más lejos su vehemencia propagandística. En el primer caso, la radical dicotomía, tenía su lógica: un grupo de militares (más o menos representativos del ejército) se alzaba en armas contra la soberanía popular. Los rebeldes, quizás acomplejados por esta incontrovertible realidad, llevaron su justificación ideológica al límite máximo, y presentaban su rebelión como una «cruzada» emprendida por «España: pueblo y ejército»[55]. ¿Contra quién se alzaban entonces? Si lo hacían apenas contra un gobierno «títere» y antipopular, únicamente sostenido por una minoría revolucionaria frente a la cual se produjo un auténtico («glorioso») «Alzamiento Nacional», ¿cómo se explica una larga lucha de casi tres años para conseguir la victoria? Tal contradicción sería, sin embargo, salvada forzando, aún más, la hipostatización habitual de toda justificación ideológica: el ejército franquista (Nacional, en su terminología), era la genuina encarnación del pueblo, y éste, el voluntariado civil que acudía a engrosar sus filas, se encarnaba en aquel, vivificando con su savia «la columna vertebral de la patria» (Calvo Sotelo, dixit). El «otro pueblo», se convertía en la chusma marxista; eran los «hospicianos del mundo» (José María Pemán). No sólo no tenían patria (se la estaban secuestrando), sino que, además, eran la «antipatria». Este concepto de «antipatria», con el que se definían los valores representados por la República, hará fortuna en los autodenominados «nacionales», si bien está tomado del paladín del pensamiento reaccionario francés: Charles Maurras. Las fuerzas de la «antipatria» son tan universales y poderosas frente a la nación española que ellos —los alzados—, y sólo ellos, la representan en «heroica cruzada» contra la «extranjería» durante esos tres largos años. Eso sí, con una pequeña ayuda de moros, salazaristas, nazis y fascistas extranjeros.

2.1. Las bandas armadas

2.1. LAS BANDAS ARMADAS

Hay un extraordinario confusionismo entre «milicias» y «bandas armadas». ¿Cómo diferenciarlas? El «Somatén», institución catalana de autodefensa rural de la Edad Media, es un claro antecedente de milicia paisana. Fue introducida en Barcelona capital en 1920 como fuerza militarizada. El general Primo de Rivera lo extendió a toda España bajo el mando de oficiales del ejército y lo utilizó como milicia de la Unión Patriótica. Llegaron a ser cerca de 30 000. Fue disuelto por la República en 1931, excepto en Cataluña. El franquismo lo desempolvó en 1945 y lo puso bajo el control de la Guardia Civil.

Antes de julio de 1936 no puede hablarse con rigor de la existencia de milicias en cada uno de los bandos ideológicos que van perfilándose con mayor nitidez, a partir de las elecciones de febrero que dieron el triunfo al Frente Popular ante el Bloque Nacional, ya camino de la confrontación abierta. Ciertamente, existían elementos activos dedicados a la violencia callejera y al terrorismo político, pero su adiestramiento militar era todavía escaso. Ello era lógico: a partir de octubre de 1934 y febrero de 1936 los gobiernos respectivos habían procedido a una eficaz requisa de armas, más efectiva en el primer caso que en el segundo. Sin duda, los grupos de acción disponían de algunas armas cortas, escopetas y también fusiles, pero no en un grado que permita afirmar la existencia de auténticos arsenales.

Se insiste con exceso en el craso error de identificar las actividades terroristas del pistolerismo político practicadas por algunos grupos antes de julio de 1936 con la existencia de auténticas milicias, ignorando la propia significación del concepto, si por tal entendemos grupos paramilitares convenientemente encuadrados, disciplinados y entrenados al servicio de los partidos y organizaciones políticas y sociales clásicas. Se trata del mismo error que ha llevado a algún «célebre» historiador franquista a hablar de «bolchevización» del PSOE, confundiendo las declaraciones voluntaristas y demagógicas de algunos líderes con la auténtica transformación revolucionaria del partido con vistas a la toma violenta del poder, que es lo que permitiría con rigor hablar de «bolchevización», en correcta alusión a la organización revolucionaria puesta en pie por Lenin. De la misma manera, en tanto no exista una auténtica estructura militar, convenientemente armada, es incorrecto hablar de la existencia de milicias.

La organización de elementos armados no se inició seriamente antes de 1934. Los carlistas aceleraron la instrucción de sus hombres en los montes navarros a partir del momento que un indiscutible hombre de acción como Fal Conde es nombrado secretario general de la Comunión Tradicionalista en marzo de 1934, mucho antes de la Revolución de Octubre. De hecho, ya en abril de 1931 se decidió la creación de una fuerza armada que, según Redondo y Zavala, llega a contar con 10 000 hombres organizados en decurias y cuyo fundador fue Generoso Huarte. No cabe duda que el requeté será la fuerza paramilitar mejor preparada y eficaz en la España de 1936. El general Varela, antes de que se concediese la amnistía que le permitió volver al servicio activo, bajo el nombre de guerra de «Tío Pepe» o «Don Pepe» se encargó de recorrer los destacamentos de requetés y de acometer la reorganización que se le había encomendado[56].

Resulta problemática la cuantificación real de efectivos antes de la guerra, dada la ausencia de estudios sobre la materia y la carencia de fuentes fidedignas sobre el fenómeno «miliciano» anterior a la rebelión.

En mayo de 1936, Ignacio Baleztena, miembro de la Junta Regional Carlista, le dijo al general Mola, comandante militar de Navarra, que podía contar con 5000 requetés. Un mes más tarde, Antonio de Lizarza, enlace entre Mola y la Junta Suprema Carlista, además de organizador del Requeté en Navarra, le dijo al general que había encuadrados 8400 boinas rojas, organizadas en unidades tácticas según el inspector militar carlista[57]. Por otra parte, existían elementos armados en mayor o menor número en Álava y Guipúzcoa, en Cataluña y zonas de Valencia y Andalucía, cuya evaluación total es problemática, pero que puede estimarse en torno a los 30 000 hombres, según Blinkhorn, cifra muy ponderada que coincide sustancialmente con la documentación oficial[58].

La situación de Falange en julio era muy precaria, pues su caudillo se encontraba encarcelado en Alicante, al igual que sus líderes más representativos. Su organización había sufrido un duro golpe y la subordinación absoluta a su jefe indiscutido le impedía operar con la eficacia deseada en aquellos momentos decisivos en que la falta de resolución podía dejar al partido completamente descolocado en caso de que triunfase el golpe militar que se preparaba.

La «Primera Línea» de Falange, como llamaban sus militantes a los grupos de acción, había empezado a escaparse del control del mando de José Antonio Primo de Rivera en la primavera de 1936. Según el testimonio de Gumersindo García Fernández, que fuera subjefe nacional de la Primera Línea de Falange de las JONS, tras la separación de determinadas personas, entre ellas algunos militares, «el jefe» decidió disolver por razones de necesidad y disciplina la Primera Línea madrileña. La primera de las nuevas escuadras constituidas, la mandaba un torero navarro, Saturio Torón, y se refería a ella como «Escuadra de la Muerte». Primo de Rivera conservó siempre el mando supremo, si bien el jefe nacional, o lugarteniente, era Agustín Aznar que, según confesión propia, cumplía escrupulosamente las acciones ordenadas por el jefe, entre las que se contaban las represalias y vindictas. Cuando Aznar fue detenido, traspasó el mando a Juan Ponce de León. Como siempre, la cuantificación es problemática. Según le dijo Augusto Barrado, miembro de la Junta Política, a Raimundo Fernández Cuesta, en los primeros días de julio, Falange disponía de unos 3000 hombres de Primera Línea[59].

Por lo que respecta a otras organizaciones de derechas embarcadas en la espiral de violencia política del momento, su importancia es considerablemente menor. Los camisas verdes de la Juventud de Acción Popular ingresaron prácticamente en bloque en Falange tras el descalabro electoral de febrero. Los grupos monárquicos de Renovación Española o los albiñanistas eran muy minoritarios y serían prácticamente absorbidos por Falange y los requetés a partir del 18 de julio. La única organización paramilitar cuya organización interna se encontraba en 1936 en un elevado grado de desarrollo era la del requeté. Contaban con las «patrullas», formadas por seis boinas rojas; los «grupos», equivalentes a pelotones constituidos por tres patrullas, totalizando 20 hombres; los «piquetes», similares a las secciones, con tres grupos y 70 hombres en total; los «requetés» equivalían a la compañía en el ejército y estaban formados por 3 piquetes, que sumaban 246 componentes; y, finalmente, el «tercio» o «batallón», compuesto por tres requetés[60]. Los carlistas disponían, con mucho, de la organización más próxima a lo que entendemos por milicias.

2.2. Rebeldes y gubernamentales

2.2. REBELDES Y GUBERNAMENTALES

Las milicias, que se constituyen rápidamente en zona rebelde a partir del 18 de julio, recogen en cierto modo una corriente sociológica común de nuestro pueblo: pronunciamiento militar y guerrilla, combinada ahora con las nuevas formas de actuación mostradas por el fascismo. La diferencia fundamental entre las milicias de ambos bandos estriba en el distinto peso del ejército en cada una de las organizaciones milicianas. En el campo republicano, la organización miliciana se va a imponer a los cuadros regulares. No podía ser de otro modo: dado el propio pronunciamiento militar, la mayoría abrumadora de sus jefes y oficiales o se habían sublevado, o se mostraban tibios, o merecían —justa o injustamente— la sospecha no carente de lógica de ser unos «emboscados» al servicio del enemigo. Además, las unidades habían sido disueltas y los soldados licenciados, como medida conducente, precisamente, a abortar la rebelión militar. En el campo franquista predominan los modos y maneras del ejército en las organizaciones milicianas. Se impone el peso de la propia estructura militar. El ejército rebelde organiza en bloque a la derecha contra el mundo obrero como lo demuestra cumplidamente que se hiciera fracasar la «Falange obrera» de Hedilla y, por supuesto, la más mínima veleidad autonómica (intentos de creación de academias de oficiales propias), etc.

Nunca las milicias rebeldes pretendieron sustituir al ejército ni lo hubieran podido hacer caso de haberlo pretendido. Los propios cuadros profesionales del ejército franquista se encargaron de eliminar cualquier brote de una milicia ideológica. Los franquistas querían un modelo de sociedad de acuerdo con el modelo del ejército y siguiendo los vientos militaristas que dominaban en Alemania e Italia, países cuya organización fascista era admirada por muchos de los jefes y oficiales de nuestro ejército. A diferencia de lo que ocurría en el campo opuesto, donde se intentaba organizar un ejército desde las milicias, en zona franquista, se siguió —en plena coherencia con la ideología militarista apuntada— el camino contrario: organizar las milicias desde el ejército. Así como en zona republicana, el pueblo en la calle no tiene ejército y pide armas, en zona franquista los voluntarios civiles acuden al ejército o a las organizaciones milicianas sometidas, controladas y mandadas por el ejército.

El hecho miliciano es de gran importancia, pues, como apunta el profesor Aróstegui, «el desencadenamiento de la guerra civil fue posible, desde la óptica de los intereses y las ideologías en pugna, gracias al fenómeno de las milicias voluntarias. Las milicias fueron, como es sabido, un componente esencial de las “columnas” militares con que unos y otros emprendieron la guerra». Estos grupos de civiles armados, que tan destacado papel juegan en los primeros momentos de lucha, van a ser progresivamente militarizados en ambos bandos. «La evolución de las milicias fue conscientemente truncada para reconducirlas hacia su integración en estructuras militares de corte clásico»[61]. Naturalmente, si distintos eran los objetivos, las ideologías y los intereses en pugna, distintos serían los medios conducentes a ponerlos en práctica. Mientras las milicias con que contaron los sublevados fueron inmediatamente armadas sin otra limitación que el propio arsenal disponible, en zona republicana ni el gobierno de Casares Quiroga ni el nonato de Martínez Barrio estuvieron dispuestos a entregar una sola pistola; hubo que esperar al Gobierno Giral para que se procediese a la distribución oficial de armamento. La fuerza militar que quedó con la República, como ha demostrado Alpert suficientemente, era inutilizadle, y la ausencia real de mandos profesionales va a ser desde el principio un grave problema para las milicias republicanas.

En los prolegómenos de la sublevación, el propio general Mola tenía reticencias de sus propios soldados, la mayoría asturianos, a los que en buena lógica no otorgaba la adscripción ideológica necesaria para que a la hora de sacarlos a la calle respondiesen con el ardor esperado. En una conversación mantenida con el conde de Rodezno el 8 de julio, en plenos sanfermines, le dijo que si entremezclaba entre sus tropas muchachos navarros levantaría la moral y abriría con ello la ruta de Madrid[62]. En campo republicano no pudo hacerse nada parecido, pues las unidades habían sido disueltas y los civiles «encuadrados» se tenían por «milicianos del pueblo», pero no «soldados»; eran voluntarios que no se consideraban sujetos al Código de Justicia Militar.

Determinar el alcance real de la movilización popular y el número de auténticos combatientes no es tarea fácil, pues, por de pronto, hay que distinguir entre las milicias de primera línea y las que sólo prestan servicios auxiliares en la retaguardia. Estos milicianos de segunda línea intervinieron fortuitamente en acciones de guerra en algunas ocasiones, pero su labor fundamental, como luego veremos, estriba en labores de vigilancia. En casi todas las ciudades que quedaron bajo el control de los rebeldes se crearon este tipo de «patrullas de vigilancia», que recibieron, según los casos, los nombres de «milicias cívicas», «acción ciudadana», etc[63].

En zona rebelde, las milicias van a desarrollarse a través de formaciones militares plenamente encuadradas con sus mandos naturales y, en general, tendrán una función auxiliar respecto al ejército propiamente dicho. La movilización será masiva sobre todo en Navarra, y en Sevilla será también importante, aunque muchos «voluntarios» lo hacían huyendo de la represión del sanguinario general Gonzalo Queipo de Llano.

2.3. El frentes sur

2.3. EL FRENTE SUR

Triunfante la rebelión en el Protectorado de Marruecos, se procedió lo más rápidamente que se pudo a movilizar a todos los elementos disponibles. En Melilla, una comisión de mujeres se presentó rápidamente en la Comandancia Militar para ofrecer sus servicios a las nuevas autoridades, y el teniente Sánchez Suárez, jefe de las milicias fascistas de la ciudad, dirigió una alocución la noche del 24 de julio a los falangistas del Protectorado[64]. Los falangistas —unos 6000, de creer la prensa local— se pusieron a las órdenes de la autoridad militar y se dedicaron a servicios de investigación, recogida de armas, registros, detenciones, etc. Se abrió un banderín de enganche para la legión y se procedió a la organización de la Guardia Cívica, aunque por deseo expreso del mando militar se constituyeron como segundo escalón de las milicias de asalto de Falange bajo el nombre de «Segunda Línea de Falange Española-Fuerzas de Protección». Las oficinas de inscripción se instalaron en la antigua Delegación del Gobierno. Rápidamente se organizaron dos centurias por distritos, barrios y calles[65]. En Ceuta, aproximadamente un centenar de muchachos se incorporaron a las milicias falangistas que pasaron a combatir a la península. La organización de Falange creció rápidamente y se dedicó sustancialmente a hacer prácticas de tiro bajo la supervisión de un teniente de la Guardia Civil, así como a lo que la propia prensa local calificaba de «labor de limpia»[66]. La afiliación para el frente no debía de ser muy numerosa, pues de vez en cuando, la Falange local procedía a atacar al señoritismo, a los ociosos, a los que pasan… amenazando con que no habría sitio para ellos en la «nueva España», instando a las mujeres a que los despreciaran, etc[67]. Las detenciones y labores de represión se prolongaron durante meses. En Ceuta, Falange hizo públicas numerosas listas de afiliados a la masonería «para vergüenza pública», provocando una cadena de rectificaciones de supuestos masones que vieron así en peligro sus vidas. Al igual que en Melilla, se organizó una «Guardia Cívica Nacional». En Melilla, el 17 de septiembre marcharon a la península dos centurias de Falange (282 hombres en total), que fueron despedidos, tras los discursos correspondientes, por los himnos y gritos de ritual dados por el subjefe de milicias, Antonio Cuadrado, que terminó con un viva a la España fascista[68]. Las mujeres de la Sección Femenina se ocuparon, entre otras actividades, de cargar cartuchos de pólvora en el Parque de Artillería. Hacia finales de septiembre estaba ya constituida la «Bandera de Marruecos», formada con fuerzas de la Falange de Ceuta, Melilla, Tetuán, Larache y Alcazarquivir, a cuyo mando estaba el comandante Pardini[69].

En Sevilla, el general Gonzalo Queipo de Llano tomó rápidamente las medidas oportunas que le permitieron paliar su falta de efectivos y reducir los núcleos resistentes en la capital ayudado por los legionarios y regulares africanos. Ordenó la incorporación urgente de los soldados del capítulo XVII del Reglamento de Reclutamiento (soldados de «cuota») de los reemplazados de 1931 a 1935, ambos inclusive. El 22 de julio organizó dos columnas: una del Tercio, con guardias civiles, soldados de Ingenieros y Artillería, y tres escuadras del Requeté de Sevilla al mando del alférez Barrau, así como soldados de Intendencia, Caballería y otros milicianos agregados, todos bajo el mando del comandante Castejón; la otra columna estaba integrada por regulares, elementos del Tercio y Falange y fuerzas cívicas. La primera actuó contra los barrios de San Julián y San Marcos contundentemente; la otra sembró el terror en el pueblo de Arahal, como el propio Queipo se encargó de divulgar en su charla de las diez de la noche del 23 de julio, felicitando a quienes habían participado en la «razzia»… «fuerzas cívicas que, debidamente encuadradas y uniformadas, están demostrando un espíritu tan brillante y exaltado, y tan deseosos de ser útiles a su patria, que, aparte la indumentaria, sería difícil distinguir a los regulares y al Tercio de las milicias de Falange Española. Claro que también incluyo a estas fuerzas los elementos de Acción Popular»[70].

Queipo de Llano se apresuró a organizar a los elementos civiles adictos a su causa por una orden del 24 de julio. Formarían parte de las organizaciones de «fuerzas cívicas al servicio de España» aquellos elementos que no perteneciendo a Falange y al Requeté se les hubiese facilitado armamento en la división o lo poseyeran propio. Dichas fuerzas «quedarán perfectamente encuadradas con sus oficiales y clases» y «estarán sujetas a la disciplina más férrea», así como «sujetos a la jurisdicción militar en todos sus derechos y obligaciones». Al mando de las mismas figuraba el capitán de Infantería retirado Rafael Coronel Torres[71].

La Guardia Cívica alcanzó rápidamente 1000 inscripciones. Queipo la ocupó en la vigilancia de la ciudad, y de esa manera el ejército propiamente dicho podía ocuparse de poner orden en los pueblos no sometidos, aunque de hecho participaron junto al ejército en esta labor de «razzia» eufemísticamente calificada como «labor de pacificación». La represión fue especialmente dura en Arahal, Carmona, Morón, Utrera, etc. Estas fuerzas cívicas, a las que se incorporaron numerosos elementos de Acción Popular, desempeñaron labores militares, de policía, guerreras, de investigación y vigilancia, etc. Llevaban un brazalete verde, mosquetón y gorro cuartelero. También se organizó «la Guardia Montada Rural de Sevilla», para la vigilancia de las tierras. Se constituyó en el cortijo de Caurto esta banda de caballistas voluntarios que cambió la garrocha por el mosquetón y el sombrero de ala ancha por el de palma, donde lucían la escarapela de un detente bordeado de rojo y gualda. El jefe era un comandante del ejército, Alfredo Erquicia, destacado en África, y que tenía por ordenanza a un moro, Abselam Bel Hach Ben Mohamed. El nombre de la organización era Grupo Voluntario de Policía Montada. El uniforme era un mono, unos botos y espuelas vaqueras. Empezaron por organizar dos escuadras, cada uno con tres secciones de 28 jinetes cada uno. Sus fines eran auxiliar a la Guardia Civil y la «persecución de los marxistas» que hubieran huido al campo, así como el desarme de caseríos y pueblos[72].

Desde los primeros momentos de la sublevación en Sevilla, los militares se encargaron del encuadramiento de estos voluntarios. La Guardia Cívica quedó pronto organizada en milicias nacionales a partir del 11 de agosto. Estaban subdivididas en tres grupos, denominados escalones. El primer escalón tenía en armas dos batallones, de tres compañías, con 150 hombres cada una. El primer batallón del primer escalón lo mandaba el entonces alcalde de Sevilla, Ramón Carranza, y el segundo, Juan Ortiz Montero. Las tres compañías del primer batallón estaban destacadas en Llerena, una; en Almendralejo, otra, y en los Santos de Maimona, la tercera. El tercer escalón estaba constituido por gente que por edad u otras circunstancias sólo podían desempeñar servicios en la ciudad[73].

El general Queipo de Llano, con su particular «gracejo», «simpatía personal y dotes de persuasión» —en el decir de la historiografía franquista— infundía «moral» a sus seguidores diciendo cosas como que «Pasionaria» (Dolores Ibárruri), en su juventud «prestaba servicios en Somorrostro, cobrando dos duros por… toda clase de servicios», y que si Indalecio Prieto hubiera caído en sus manos «hubiera bajado bastante la carne de cerdo». A Azaña le calificaba de «imbécil» y de «invertido» por su política militar[74]. Dos días después anunciaba: «Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan no crean que se librarán por ello; les sacaré de debajo de tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar»[75]. Esa misma mañana ya había dado carta blanca a sus seguidores para asesinar impunemente cuando decía: «¡Sevillanos! No tengo que recomendaros ánimo, porque bien conocido tengo ya vuestro valor. Para terminar, os digo que a todo afeminado o invertido que lance alguna infamia o bulos alarmistas contra este movimiento nacional tan glorioso, lo matéis como a un perro. ¡¡Viva España!!»[76].

Al jefe provincial de Falange de Sevilla, Joaquín Miranda, le preguntaba un periodista: «¿Se afilian ahora muchos al fascismo?» a lo que respondía: «Puede decir que la oleada es enorme. Es una avalancha»[77]. No obstante, la oleada no sería tan enorme cuando, bien mediado septiembre, se invocaba desde la prensa a inscribirse en las milicias nacionales con argumentos bien elocuentes: «Tened entendido que en adelante todo buen español debe ser a su vez un miliciano en activo o en reserva; no pertenecer a una organización militarizada es tanto como ir contra las que ofrendaron sus vidas por salvar a España… […] No lo dudéis un instante, pues el dilema es para vosotros salvar a España o ir contra España». A continuación se daba la dirección de las oficinas centrales de las milicias, calle Moratín, 14, donde podían acudir los «voluntarios»[78].

Todas estas fuerzas militarizadas pasaban a formar parte del ejercito salvador, del que decía Antonio Olmedo: «El Ejército de la Patria se mueve con la majestad del león, pero también con la sagacidad del tigre, para asegurar el zarpazo sobre la cabeza de la alimaña. El golpe va a ser terrible. Vae victis!»[79].

Hasta el mes de agosto las milicias se limitaron a apoyar a las columnas militares. De agosto a octubre de 1936 recibieron un encuadramiento suficiente que les permitió participar en acciones de mayor relevancia. Al principio se limitaron a garantizar las comunicaciones entre los puertos del sur (especialmente Cádiz) y Sevilla para asegurar el paso a la península del Ejército de África, así como la ocupación de Huelva y su litoral para enlazar con Córdoba. Se trataba de una guerra de pequeñas partidas, donde la labor fundamental era el control y «pacificación» de la región. Se desplazaban en automóviles y camiones ligeros.

En octubre de 1936 el número total de unidades en el frente sur (II Región Militar) era de 95, suficiente para constituir 24 batallones o dos divisiones de Infantería. Según fuentes oficiales, el 12 de octubre el total de combatientes de la II División Orgánica (Andalucía y Badajoz) era de 29 505. De ellos, correspondían a milicias 9490 (5410 falangistas, 1520 requetés y 2560 sin especificación), según estimaciones oficiales militares[80].

2.4. El frente norte

2.4. EL FRENTE NORTE

En Navarra, en virtud de la propia declaración del estado de guerra del bando promulgado por el general Mola el 19 de julio, quedaban militarizadas todas las fuerzas. Como se especifica en el artículo 1Q: «Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de la provincia de Navarra y, como primera providencia, militarizadas todas las fuerzas, sea cualquiera la autoridad de quien dependían anteriormente, con los deberes y atribuciones que competen a las del ejército y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar»[81].

La misma tarde del domingo 19 de julio salían de Pamplona hacia Madrid fuerzas militarizadas del Requeté y Falange enteramente voluntarias. Desde el momento de proclamarse el estado de guerra afluyeron en camiones, autobuses y coches particulares, requetés y falangistas, que salieron entre las 19 y las 22 horas al mando del coronel Francisco García Escámez. El 20 salieron otras. El 22 por la tarde la columna del tercio de Lácar de Requetés salía en tren hacia San Sebastián al mando del coronel Ortiz de Zárate, y el 23 por la tarde salía en tren hacia Zaragoza una columna de voluntarios al mando del teniente coronel jefe del Requeté de Navarra, Alejandro Utrilla, con unos 600 hombres. Navarra ofreció un río de voluntarios, sin duda alguna, aunque por entonces «todos los combatientes fueron llamados voluntarios con manipulación propagandística evidente»[82]. El predominio de los combatientes voluntarios en las filas del Requeté en Navarra fue notable, seguido de las incorporaciones a las milicias falangistas, caso único en la zona sublevada, pues Falange aportó el mayor número en el resto de los territorios sublevados. «Los escasos hombres que reunieron milicias como las de Renovación Española o las JAP acabaron, en bastantes ocasiones, encuadrados en tercios carlistas»[83]. En ninguna otra zona de España fue tan elevado el coeficiente de voluntarios con respecto al conjunto de la población movilizada a lo largo de toda la guerra. En su inmensa mayoría eran campesinos. En este sentido, Navarra resulta arquetípica de lo ocurrido en el resto de España, donde triunfó rápidamente la sublevación. Eran territorios de estructuras socioeconómicas, en donde el peso del sector agrario era bastante similar al navarro. Lo que no hace sino confirmar algo bien sabido: «que fue el mundo agrario tradicional el soporte de la sublevación antirrepublicana»[84].

Todo el territorio de la VI División, con cabecera en Burgos, había quedado bajo el control de los rebeldes, a excepción de Vizcaya y Guipúzcoa. Los éxitos obtenidos y el control del territorio conseguido tras implacable represión se deben en parte a la actuación del resentido general Mola, jefe del ejército norte, que presentaba una imagen dantesca de la otra zona y anunciaba inmisericordes represalias. En una alocución dirigida por Radio Navarra el 31 de julio decía que «la victoria de las armas no es más que una fase, una etapa… luego viene la reconstrucción de España y el castigo de los miserables, de los malvados y de los asesinos, pues habéis de saber que todos los horrores se han perpetrado en los lugares donde momentáneamente han dominado las huestes del Frente Popular, horrores que parecen servir de recreo a ese aborto de la Humanidad que se llama Azaña, a ese monstruo que sonríe al grito de ¡muera España!… Sabed que no ha habido crimen que no se haya realizado: incendios de templos con los fieles dentro, sacrilegios, martirios como jamás nadie pudo sospecharlos, fusilamientos de familias enteras, violaciones, robos, saqueos y hasta descuartizamientos…»[85]. No obstante, la presentación y desvirtuación de este panorama no ocultaba las intenciones de los rebeldes y su manifiesta voluntad de despreciar códigos y leyes. El mismo general Mola, en una alocución dirigida por Radio Castilla el 15 de agosto, decía: «Va mi palabra, además, a los enemigos, pues es razón y es justo que vayan sabiendo a qué atenerse, siquiera sea para que, llegada la hora de ajustar cuentas, no se acojan al principio de derecho de que jamás debe aplicarse al delincuente castigo que no esté establecido con anterioridad a la perpetración del delito. Y para ver si de una vez se enteran ellos y quienes les dirigen de cuál es nuestra postura y a dónde vamos, seguros ya de una victoria decisiva y pronta. […]» Tras insultar a Azaña y hacerle responsable de la catástrofe que, en definitiva, él mismo había puesto en marcha como «director» de la conspiración, afirmaba: «Pero ¡ah!, todo esto se ha de pagar y se pagará muy caro. La vida de los reos será poco. Les aviso con tiempo y con nobleza; no quiero que se llamen a engaño»[86].

En Navarra, según Casas de la Vega, se conjugaron el entusiasmo propio del voluntariado con la capacidad logística y estratégica del ejército, lo que permitió una actuación ofensiva en apoyo de otras fuerzas o zonas en peor situación. De Pamplona y de Estella partieron las primeras milicias dignas de tal nombre dada su organización, encuadramiento, armamento y elevado espíritu de combate. El éxito operativo de estas unidades se debe, según la experta opinión del general, al entusiasmo del voluntario «encuadrado, protegido, administrado por el Ejército». Y añade: «He aquí una fórmula magistral contra la que puede poco la sinuosa y hábil estrategia marxista» (!)[87].

En Salamanca, la Jefatura Provincial de FE de las JONS (Francisco Bravo) dio orden a todos sus afiliados de presentarse para ser militarizados al servicio de España. Igualmente se dio orden de presentarse en sus locales a los movilizados de Acción Popular y del Bloque Agrario salmantino[88]. La noche del 30 de julio salía en 40 camiones la columna del comandante Lisardo Doval, compuesta por unos 1500 hombres (requetés, falangistas y 90 guardias civiles)[89]. La Cámara Oficial del Comercio e Industria de Salamanca, organizadora de la Guardia Cívica en la ciudad, presionaba para la inscripción de voluntarios en sus filas, advirtiendo que publicará «una lista de los no adheridos, cuya tibieza implica o cobardía o complicidad con el enemigo; para que en su día se saquen las consecuencias debidas»[90]. La Guardia Cívica disponía doce días después de unos 700 hombres.

Salamanca, feudo de José María Gil Robles, era de las pocas regiones donde las milicias de Acción Popular tuvieron alguna significación. Gil Robles visitó su cuartel el 3 de septiembre, y en unas amplias declaraciones a la prensa decía: «Nuestros amigos se han sumado desde el primer instante a este movimiento nacional […]; hemos preferido diluirnos en la magna cruzada […]; es un deber fundamental renunciar a todo lo específico, para que quede sólo el denominador común de un hondo y acendrado españolismo». La posición personal del líder de la CEDA en aquellos momentos era diáfana, pese a sus intentos posteriores de reescribir la historia con evidente voluntad justificativa (No fue posible la paz Eds. Ariel, Barcelona, 1968). «El Ejército ha sido la piedra angular del movimiento y ha de ser después del triunfo el eje de la política nacional durante no poco tiempo. Interés de todos ha de ser que el Ejército sea “lo más fuerte de España”»[91].

Valladolid fue un centro miliciano muy activo, que contó además con organizaciones milicianas de todo el espectro político e ideológico de la España franquista. Además de las dos principales: Falange y el Requeté, y de Acción Popular, el cuartel general de las Milicias de Renovación Española se instaló en la antigua residencia de los PP de la Compañía de Jesús (calle de Ruiz Hernández, 12); Los Legionarios de España fundados por el doctor Albiñana, cuyo jefe provincial era Pedro J. Jiménez, se instalaron en el antiguo palacio de los marqueses de Campomanes (calle del Prado, 9). E incluso hubo unas milicias de Voluntarios de España al margen de toda organización política.

La mayoría de las fuerzas procedentes de la VII División que guarnecían las posiciones defensivas ante la provincia de Santander, unos 2000 aproximadamente, eran en su mayoría falangistas de Palencia. Había también algunas centurias falangistas venidas de Salamanca y Valladolid.

Las milicias de la VIII División (las cuatro provincias gallegas, más León y Asturias) no adquirieron un desarrollo masivo, según Casas de la Vega. Actuaron en los primeros momentos encuadrados en las columnas que luchaban por restablecer contacto con Oviedo desde Galicia. En León sostuvieron el frente asturiano, y en el interior de las plazas cercadas (Oviedo y Gijón) combatieron junto a las tropas del Ejército, contribuyendo al esfuerzo de resistencia. Según el general Aranda, las fuerzas de milicias no sobrepasaban en Asturias la cantidad de 2000 hombres. Para el conjunto de la división el total no sobrepasaría los 3000 hombres[92].

En Zaragoza, al igual que en las otras ciudades y regiones donde triunfó rápidamente la sublevación, se iniciaron de inmediato las suscripciones patrióticas, los ofrecimientos de los patronos, la incautación de vehículos, las detenciones masivas y las operaciones de «limpieza» de los pueblos efectuadas por fuerzas del Ejército y escuadras de paisanos.

A mediodía del 24 de julio llegaban a Zaragoza en un tren militar 2400 hombres de los Requetés Jaimistas de Navarra, a los que mandaba el diputado a Cortes tradicionalista por Zaragoza, Jesús Comín.

Falange se mostró muy activa en Zaragoza. Al mando de sus milicias se encontraba el teniente coronel Urrutia. Nada más estallar la rebelión se pusieron a sus órdenes 250 falangistas. Una de sus primeras acciones consistió en la liberación de Jesús Muro y de José Sainz Nothnagel[93], jefe territorial de La Mancha y miembro de la Junta Política Nacional de Falange Española.

Acción Ciudadana en Zaragoza era una organización encuadrada por retirados del Ejército bajo la dirección del coronel Barba, a la que acudieron rápidamente numerosos voluntarios, alcanzando inmediatamente los 3000 afiliados, según la prensa local. Se ocuparon del abastecimiento de la ciudad y desempeñaron los consabidos servicios de vigilancia, protección y «limpieza». Se vanagloriaba de no tener matiz político alguno, salvo «el honor de servir a España en su causa más justa y más noble: la de salvarla de la tiranía de Moscú»[94].

Se decidió formar una bandera del Tercio, de cuya organización se encargó el comandante de Infantería Pedro Peñarredonda. Como en otros sitios, era una puerta abierta para intentar escapar de la represión. Así lo anunciaba la propaganda: «Cuantos, tras un pasado de irreflexión y de contrariedades quieran rehacer sus vidas, ya saben que dentro de muy pocos días la bandera aragonesa de la Legión les agrupará bajo sus pliegues para que después la llenen de gloria en la defensa de la Patria». La bandera llevaría el nombre del general José Sanjurjo[95]. Pasados diez días, todavía no se había conseguido completar una compañía. Empezaron a publicarse en la prensa recuadros propagandísticos instando al enganche en dicha bandera de la Legión, pues, según parece, no cundía el entusiasmo. El bautismo de fuego se produjo a primeros de septiembre. Dicha bandera fue prácticamente ejecutada en masa al descubrirse que pretendían pasarse a zona republicana, circunstancia que, obviamente, no fue hecha pública. Hechos como éste ponen en evidencia la tremenda dificultad de cuantificar el voluntariado real. Curiosamente, a veces, la prensa informaba de alguna deserción y la consiguiente ejecución, lo que no era frecuente. El domingo 27 de septiembre, en la explanada de los cuarteles del general Luque en San Gregorio, se celebró el acto de jura de la bandera general Sanjurjo, presidido por el general de la División, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga[96]. Esa madrugada se había ejecutado a dos legionarios por deserción[97].

Renovación Española creó en Zaragoza el batallón Calvo Sotelo en homenaje a su líder, a cuyo frente estaba el comandante mayor Antonio Larrocha. Instaló su cuartel general en la plaza de La Seo, en el edificio del Seminario Conciliar. Una de sus primeras iniciativas fue abrir una suscripción para regalar al general Franco una imagen de la Virgen del Pilar para que fuese entronizada en el palacio que ocupase tras la conquista de Madrid y presidiera las deliberaciones del futuro gobierno. Los donativos podían enviarse a Renovación Española, calle Independencia, 32. La cuota mínima era de 0,25 ptas[98].

Acción Ciudadana desempeñó una eficaz labor en Zaragoza. Iban armados y con un brazalete blanco en el brazo izquierdo. Mandados y organizados por jefes del Ejército, un reglamento orgánico militar regulaba sus actividades y servicios. El germen de la organización, que en Zaragoza fue importante, fue la asociación que jefes y oficiales del Ejército retirados por las reformas de Azaña formaron para mantenerse en contacto. El mismo 18 de julio quedó constituida Acción Ciudadana. Se dividió Zaragoza en varios sectores, cada uno mandado por un jefe del Ejército, y un grupo móvil, todos ellos bajo el mando de un coronel jefe. Los milicianos eran clasificados en tres grupos o líneas. El primero, en frentes de guerra; el segundo, por los menores de treinta y cinco años, que prestaban servicio de armas en la capital y también para cubrir las vacantes de primera línea, y la tercera, la constituían aquellos que por edad y condiciones físicas prestaban servicios de día en la ciudad y su extrarradio. A pesar de la huelga general decretada tras la rebelión, pudieron garantizarse los servicios mínimos de la ciudad. Dispusieron también de una banda de música bajo la batuta del maestro Sapetti. Había una sección infantil numerosa y una nutrida representación femenina que, al igual que en otras ciudades donde funcionaron organizaciones similares, se dedicaron a confeccionar ropas de abrigo, cargar cartuchos, bordar banderas, estandartes y camisas, labores de recaudación y servicios en hospitales y oficinas. El conjunto de la organización alcanzaba las 20 000 personas[99].

2.5. Consideraciones finales

2.5. CONSIDERACIONES FINALES

Tiene razón el general Casas de la Vega cuando afirma que en los planes iniciales de la rebelión (él dice «Alzamiento») no se contaba de una manera expresa con aportaciones importantes de voluntarios, dado que el Ejército aspiraba a imponerse por sí mismo rápidamente. Ante el fracaso del pronunciamiento como tal, los mandos militares no tuvieron más remedio que acudir al voluntariado que podían ofrecer las asociaciones, organizaciones y partidos ideológicamente afines. El general Mola se mostró muy hábil entremezclando voluntarios con clara conciencia política de lo que se pretendía con los soldados de las unidades regulares. La República, al disolver las unidades y licenciar a los soldados para desarticular lo que era precisamente un golpe militar, no pudo hacer lo mismo.

Respecto a la mayor acometividad de las milicias nacionales frente a las republicanas, no merecería la pena entretenerse ni un segundo si no fuera porque es un bluff bastante extendido. En una alocución radiada, Indalecio Prieto declaraba que eran muchos los milicianos del bando rebelde que al entrar en contacto con las avanzadas republicanas se entregaban, y ofrecían «como en primera prueba de su desvinculación con el movimiento a que se les ha arrastrado la dotación entera de sus municiones para probar ante quienes les aprehenden que no han disparado un sólo tiro»[100]. A veces, se producían deserciones masivas. En las proximidades de Sástago, en Zaragoza, se pasaron a las fuerzas leales del comandante Pérez Farrás 1600 hombres con abundante material de guerra[101]. Los propios índices de voluntariedad elaborados por el general Casas de la Vega demuestran que el republicano fue más elevado que el «franquista». Pero no decimos todo esto para volver a jugar al maniqueo, sólo que en sentido contrario. Es obvio que en una guerra civil no pueden todos elegir su propio bando, y mucho menos los que no quieren elegir ninguno. El país queda arbitrariamente dividido y desgarrado; y heroísmos y cobardías, grandezas y miserias quedan repartidos equitativamente como corresponde a un pueblo enfrentado, sin que la adscripción a unos u otros ideales determine mayor valor o eficacia.

El papel desempeñado por el voluntario que se sumó en los primeros momentos de la guerra a los rebeldes fue distinto y diverso, según zonas y circunstancias. En Andalucía contribuyeron a asegurar el traslado a la península del potente «Ejército de África», garantizaron el «orden» en las ciudades y territorios conquistados y «pacificados». Las milicias estaban poco instruidas y carecían de organización. Las fuerzas armadas eran escasas y hubo que recurrir a la masiva recluta de hombres. En Aragón, la situación era angustiosa ante las fuerzas que, procedentes de Cataluña y la propia región, se dirigían a Zaragoza. Los requetés venidos de Pamplona aportaron una valiosa ayuda en los primeros momentos que resultó vital. En las demás regiones se dispone de más tiempo para encuadrar y organizar adecuadamente al voluntariado. Los voluntarios navarros constituyeron unidades eficaces, y junto a los castellanos consiguieron al menos controlar las divisorias más importantes del Guadarrama.

Voluntarios octubre 1936

2.ª Div. Org. (Andalucía) | 9360
5.ª Div. Org. (Aragón) | 9767
6.ª Div. Org. (Castilla-Navarra)     | 30 177
7.ª Div. Org. (Castilla-León) | 11 704
8.ª Div. Org. (Castilla-Galicia) | 4100
Total | 65 108

Falangistas     | 36 809 |     (56% del total)
Requetés | 22 107 | (34% del total)
Otros grupos | 6192 | (10% del total)
Total | 65 108 |

La VI División aportó en octubre de 1936 casi la mitad de los efectivos de las milicias de la zona sublevada (30 177, frente a 34 931 del resto de las otras Divisiones Orgánicas), según los datos de Casas de la Vega, a quien seguimos en esta evaluación cuantitativa. De ese conjunto, a pesar de representar los requetés la mayoría (18 402 hombres), le sigue no de lejos la Falange con 10 254.

Por consiguiente el 90 por 100 del total del voluntariado eran falangistas y requetés. El resto estaba muy repartido. Aproximadamente dos tercios (especialmente en Andalucía y Aragón) eran simplemente opuestos a la República. El resto, unos 2000 escasos (2,6 por 100) se dividía entre la JAP (Juventudes de Acción Popular), Renovación Española y Albiñanistas (unos 1628 hombres)[102].

En octubre de 1936 un tercio del Ejército estaba constituido por unidades de milicias. La distinción entre civiles voluntarios adscritos a las organizaciones políticas milicianas y soldados reclutados no resulta tan evidente como podría deducirse de una radical diferenciación entre milicias y Ejército. Es cierto que se produce una progresiva militarización de las milicias, que desemboca en el decreto número 112, cuyo artículo 1.º dispone: «Todas las milicias y fuerzas auxiliares movilizadas quedan sujetas al Código de Justicia Militar en todas sus partes»[103]. Pero, como hemos visto, en Navarra y Andalucía dichas fuerzas están militarizadas desde el principio, y lo mismo puede decirse de las demás en virtud de la declaración del estado de guerra. Desde ese punto de vista resultaba indiferente «apuntarse» al Ejército o a las milicias respectivas, por lo que la distinción entre un miliciano y un soldado no es tan obvia como pudiera parecer.

Las distintas ideologías que se incorporan al esfuerzo miliciano en la zona franquista van progresivamente amalgamándose en un conjunto cada vez más uniforme. La Monarquía tradicional y el integrismo católico de la comunión tradicionalista poco tenía que ver con las ideas nacional-sindicalistas de Falange Española. Falange recibe en masa a los sectores ideológicos que sostenían a la CEDA y a multitud de indiferentes o, sencillamente, de antirrepublicanos. Renovación Española no poseía un contingente de seguidores significativo. Casas de la Vega apenas constata 44 hombres en el frente. Los Albiñanistas (apenas dos compañías) se incorporan al Requeté a partir de enero de 1937. La unificación, tres meses después, contribuirá decisivamente al confusionismo ideológico, dentro del cual prosperarían, simple y sencillamente, los franquistas, y serían marginados o perseguidos los no franquistas.

Había algo que era ciertamente un elemento unifícador: el antiliberalismo, la decidida voluntad de acabar con la democracia parlamentaria y todos los valores que representaba, aunque ello se revistiera de un obsesivo anticomunismo o antimarxismo, al que se engordaba artificialmente, dado que el liberalismo parecía enemigo pequeño y, en definitiva, éste hacia posible al otro. La renuncia a determinados ideales fue el acomodo rápido a lo que cada vez se perfilaba más como una dictadura militar pura y simple al servicio de la más desmedida ambición de mando que ha conocido la historia de España: la del general Franco. Éste convirtió España en un cuartel en concordancia con la ideología militarista que llevó a algunos jefes y oficiales a abandonar sus cuarteles en julio de 1936. Necesitó para ello, aparte de una larga guerra y una sangrienta represión, una ideología legitimadora a cuya construcción la Iglesia se entregó plenamente con decidido aire militar. ¿No es la vida una milicia?, como decía José Antonio Primo de Rivera en sus puntos programáticos. Es éste quien proporciona la más perfecta síntesis ideológica de cómo ha de construirse la nueva España, a cuya consecución se entregarán valerosamente las diversas milicias antirrepublicanas, siguiendo fielmente las indicaciones de uno de sus líderes más significativos. Decía José Antonio Primo de Rivera, en un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 6 de noviembre de 1934: «Es cierto; no hay más que dos maneras serias de vivir: la manera religiosa —o, si queréis, una sola, porque no hay religión que no sea una milicia ni milicia que no esté caldeada por un sentimiento religioso—, y es la hora ya de que comprendamos que con ese sentido religioso y militar de la vida tiene que restaurarse España»[104].

BIBLIOGRAFÍA

Las fuentes bibliográficas sobre este tema son escasas, excepción hecha de los estudios del general Casas de la Vega, que ofrecen abundantes datos cuantitativos si bien se sirve de ellos de forma un tanto farragosa y retórica, y los del profesor Aróstegui, intelectualmente mucho más ambicioso. Es imprescindible complementar el trabajo de archivo con las fuentes hemerográficas.

ABELLA, Rafael, La vida cotidiana durante la guerra civil. 1. La España nacional, Ed. Planeta, Barcelona, 1973.

ARÓSTEGUI, Julio, «Sociedad y milicias en la guerra civil española, 1936-1939. Una reflexión metodológica», Estudios de historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, vol. II, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid, 1981, págs. 307-325.

ARÓSTEGUI, Julio (con la colaboración de A. Cerrudo), «El voluntariado de Navarra en el Ejército de Franco, 1936-1939. Fundamentos socio-históricos de un comportamiento ideológico», en Sistema núm. 47, Madrid, marzo 1982, págs. 77-109.

BLINKHORN, Martin, Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939, Ed. Crítica, Barcelona, 1979.

CASAS DE LA VEGA, Rafael, Las milicias nacionales, Ed. Nacional, Madrid, 1977 (2 vols.).

GARCÍA SERRANO, Rafael, Diccionario para un macuto, Ed. Planeta, Barcelona, 1979.

LIZARZA IRIBARREN, Antonio de, Memorias de la conspiración, 1931-1936, Ed. Gómez, Pamplona, 1969.

PALACIO ATARD, Vicente, «La “quinta columna”, la movilización popular y la retaguardia», en Aproximación histórica a la guerra española (1936-1939), Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, 1970.

PAYNE, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, Eds. Ruedo Ibérico, París, 1964.

REDONDO, Luis (general), y ZAVALA, Juan de (comandante), El Requeté (La tradición no muere), Ed. A. H. R., Barcelona, 1957.

Capítulo III. Madrid. La capital a la defensiva

Capítulo III

MADRID. LA CAPITAL A LA DEFENSIVA

«Madrid sola y solemne, julio te sorprendió con tu alegría

de panal pobre: clara era tu calle,

claro era tu sueño».

PABLO NERUDA.

Desde mucho antes de producirse la sublevación estaba claro que el objetivo fundamental, militar y político de los rebeldes era la capital del Estado. Ya en los planes conspirativos se contempló la idea de que en Madrid, tradicional «nido de rojos», fracasara la rebelión y, entonces, la esperanza de una rápida victoria se desvanecería, dado el peso específico de la ciudad en el resto de España. Por consiguiente, su conquista se convertirá en una obsesión para sus atacantes; y, para sus defensores, conservarla resultará vital. Su firme resistencia muy pronto se convirtió en un símbolo. Parece inútil ponderar la importancia de Madrid. El valor estratégico de la ciudad, dado el sistema radial de comunicaciones, resulta obvio. Como cabecera de la 1.ª División Orgánica y de la de Caballería, así como sede de los Servicios Centrales, el peso específico de su guarnición era notable. Como centro político de la actividad burocrática y administrativa del país, su control podía ser determinante. Además, por su propia historia, por las características peculiares de la ciudad, siempre acogedora con sus visitantes e inmigrantes, se había ido desarrollando un notable sentimiento de pertenencia colectiva que la condenaba a convertirse en una bandera para todos los españoles antifascistas.

3.1. La significación de Madrid

3.1. LA SIGNIFICACIÓN DE MADRID

Madrid en el verano de 1936, a pesar de las tensiones políticas y sociales del momento, era la ciudad clara y alegre de siempre, como escribiera Pablo Neruda, cuando se vio sorprendida en aquel caluroso mes de julio. Muy pronto se vería la sangre por las calles… Sin embargo, acababa el sábado 18 de julio y aparentemente no pasaba nada. La noche era sofocante y en terrazas, cines y teatros la gente se solazaba. Circulaban tranvías y autobuses y numeroso público. Únicamente no se veía un soldado por la calle desde las dos de la tarde. Todo el personal de vigilancia de las diez comisarías de Madrid estaba completo y en su puesto. A los cuarteles de Asalto de Pontejos, del Pacífico y de Menéndez Pelayo acudían a toda prisa oficiales, clases y guardias. Del Parque Móvil de la Dirección de Policía salían camiones y coches de todas clases. Igual sucedía en los cuarteles de la Guardia Civil.

Por la noche, al filo de la madrugada, entran en el cuartel de la Montaña en pequeños grupos varios centenares de elementos facciosos, fundamentalmente falangistas. En el cuartel de Artillería de Campamento han entrado 60, seguidos del general García de la Herrán, que lo hace en automóvil con varios oficiales. El general Fanjul abandona la Gran Peña y con cuatro comandantes de Infantería y un teniente coronel retirado entra, apenas pasada la medianoche, en el cuartel de la Montaña. En Getafe y en el Pardo penetran oficiales de otras armas y elementos civiles de Falange. El santo y seña es «Santiago y por España». La artillería pesada de Vicálvaro está preparada para salir. A las doce y veinte de la madrugada, José Alonso Mallol, director general de Seguridad, da una orden clave: «Necesito que sean desconectados en el acto los aparatos de los cuarteles de Madrid, extrarradio y cantones…», seguida de otras muchas que, a partir de ese momento, van a sucederse sin respiro en aquella tensa y larga noche.

Es la una de la madrugada del ya domingo 19 de julio, los espectadores que salen de los cines y teatros, aquellos que se encuentran en las terrazas de los cafés no ven un solo taxi en las paradas. Motocicletas con guardias armados haciendo sonar sus sirenas recorren velozmente las calles. Se ve marchar en toda clase de vehículos legiones de hombres enfervorizados, empuñando algunas armas desempolvadas de cajones y desvanes, que se dirigen a rodear los acuartelamientos militares[105].

3.2. La República intenta evitar la guerra

3.2. LA REPÚBLICA INTENTA EVITAR LA GUERRA

Muchos analistas se ensañan en la inepcia del presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, para atajar la rebelión. Zugazagoitia ha dejado testimonio de la excitación y abatimiento del primer ministro en esos momentos. El general Ramón Salas Larrazábal, sin embargo, afirma que si bien pecó de exceso de confianza nunca se mostró pasivo y actuó con rapidez y eficacia dando órdenes oportunas, aunque se negara terminantemente a proporcionar armamento a las masas[106]. Según Largo Caballero, estaba hecho un guiñapo, moral y físicamente. Sea como fuere, no cabe duda de que la rápida dinámica de los acontecimientos le desbordó por completo y le dejó psicológicamente afectado, renunciando a su cargo la noche del 18 de julio.

El presidente de la República, Manuel Azaña, encarga al del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrio, esa misma noche la formación de un nuevo Gobierno que represente a «las fuerzas políticas y sociales afectas a la República, con la exclusión por la derecha de Acción Popular y Lliga Catalana, y por la izquierda, de los comunistas». Martínez Barrio no tenía más aspiración que la de «dominar la rebelión, restablecer el orden y normalizar la vida nacional dentro del marco de la Constitución»[107]. Es el último intento por parte de la República liberal-«burguesa» de controlar la sublevación e impedir que la inquietud popular, claramente perceptible en la excitación callejera, degenere en revolución. Es, sobre todo, una desenfrenada carrera para mantener la paz y guardar fidelidad al espíritu de la Constitución, y a su letra, cuyo artículo 6.º, solemnemente, proclamaba: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional».

En la alocución aprobada por Azaña con la que Martínez Barrio iba a dirigirse al país, decía: «He aceptado el encargo por dos razones esenciales, para evitar a mi Patria los horrores de una guerra civil, y para poner a salvo la Constitución e instituciones de la República […]. Yo invito a los españoles a que se sostengan en el marco de la ley, y a los que se salieron de ella a que vuelvan a su mandato, sin otra dilación y espera. Españoles: por la Patria y la República, por la paz social, base de la prosperidad de los pueblos, ayudad al nuevo Gobierno, representante legítimo de la legalidad constitucional y de la voluntad popular. ¡Viva España! ¡Viva la República!»[108].

Martínez Barrio inicia una febril actividad esa dramática madrugada. Se propone enterarse de la extensión y profundidad del movimiento rebelde, asegurar la fidelidad de los jefes militares que parecían indecisos, y detener en su acción a los generales sublevados, así como lograr la obediencia y fervor de la población civil. De todas estas gestiones ha trascendido la famosa conversación telefónica mantenida con el general Mola. Hasta fechas muy recientes sólo se conocía la versión que éste hubiera dado a sus colaboradores y que, a su vez, transmitieron a supuestos historiadores que la reproducen como si hubiera sido tomada taquigráficamente. De ella lo sustancial era el ofrecimiento de una cartera al general Mola en un supuesto gobierno de coalición entre rebeldes y leales (?). Las memorias de Martínez Barrio desbaratan por completo este planteamiento, a todas luces ilógico por otra parte. El mandato de Azaña era la constitución de un gobierno republicano, constitucional, moderado. No responde a ninguna lógica tal ofrecimiento. La versión que ofrece Martínez Barrio de la conversación es mucho más coherente. Como político profesional, Martínez Barrio empieza por sondear al general Mola y le pide que no secunde la rebelión invocando «su amor a España y el cumplimiento de su deber militar». Se trata de «evitar los horrores de la guerra civil», le dice al general. Éste le responde —y acertará desde luego— que el gobierno que pretende constituir no pasará de intento (pero fracasa, entre otras razones, por la negativa de Mola y de otros como él a mantenerse en la estricta defensa de la legalidad). Martínez Barrio le insiste en que su intento «necesita de la obediencia de los cuerpos armados» y que espera que en ese camino no le falte su concurso. Mola le responde que no es posible, y Martínez Barrio le pregunta que si mide bien la responsabilidad que contrae, a lo que Mola le contesta que ya no se puede volver atrás, que si quisiera hacer otra cosa le matarían y que es demasiado tarde. Y aquí acaba la transcripción que Martínez Barrio hace de la conversación diciendo que, a continuación, ambos colgaron el teléfono[109]. Constatada la resolución del general Mola, ya en franca rebeldía, ¿qué sentido podría tener ofrecerle una cartera? Ningún político esgrimiría tal carta cuando previamente le han cerrado todas las puertas para una virtual negociación. Se trataba de un Gobierno de significación inequívocamente moderada integrada por agrupaciones políticas ajenas al Frente Popular[110].

El general Franco, llegado a Tetuán a primera hora de la mañana del 19, cursa el siguiente telegrama al presidente del Consejo de Ministros tras haber tomado el mando del Ejército de África: «El movimiento restaurador español triunfará totalmente en breves días y os exigiremos estrecha cuenta de vuestra conducta. La energía con que actuaremos estará en proporción con vuestra resistencia. Os invitamos a que os sometáis, evitando los ya inútiles derramamientos de sangre»[111].

Martínez Barrio, que se había retirado unas horas a descansar (?), amanece el 19 con la noticia transmitida por Augusto Barcia desde Gobernación, comunicando que una numerosa manifestación recorría el centro de Madrid en abierta oposición al Gabinete Martínez Barrio. «¡Fuera el Gobierno! ¡Abajo Martínez Barrio! ¡Sánchez-Román, no!». En estas condiciones no podía prosperar el Gobierno Martínez Barrio, calificado de «Gobierno de traición». Concluye Martínez Barrio su reflexión personal, redactada en 1941 con honestidad y sin rencor, diciendo: «Partidos los campos violentamente, a todos los españoles se nos imponía la opción. O con la rebelión o con la República. Mi deber estaba claro»[112].

José Giral asume en tan trágicas circunstancias la pesada responsabilidad de formar Gobierno tras el rechazo de Mariano Ruiz Funes[113]. El nuevo gabinete, estrictamente republicano, refrenda formalmente la entrega de armamento. Cuando se reúne el nuevo Gobierno se sabe que en Barcelona ha fracasado la sublevación y que la República ha perdido las islas Canarias, Marruecos, una parte sustancial de Andalucía, Castilla la Vieja y León, las Baleares y, por supuesto, Navarra.

3.3 El pueblo en la calle

3.3. EL PUEBLO EN LA CALLE

La República constitucional y democrática se ha visto en la necesidad de proporcionar armamento, en contra de sus íntimas convicciones, ante el temor de abrir el camino de la revolución, como último cartucho capaz de abortar una rebelión que le ha privado del normal funcionamiento de los aparatos coactivos del Estado.

La historiografía franquista ha responsabilizado al Gobierno de la República de armar al pueblo y permitir con ello las violencias que a partir de ese momento van a producirse en la retaguardia republicana, ignorando que es el conocimiento de que el Ejército se ha sublevado en el Protectorado, la declaración del estado de guerra, la represión y fusilamiento sin contemplaciones («aplicación de bando de guerra»), lo que lanza a las masas a la calle. Es la conciencia histórica de que el pueblo se encuentra ante una nueva intentona militar, como en agosto de 1932, que va a cercenar sus libertades, la que le lanza a la calle ante un Gobierno débil que se derrumba impotente y desconcertado. Una vez que la violencia se desborda se hace prácticamente imposible su control.

Los primeros hechos sangrientos se produjeron en Madrid el 20 de julio, en el asalto al cuartel de la Montaña que se encontraba en rebeldía. También aquí la propaganda justificativa franquista se ha explayado en los asesinatos perpetrados por las turbas tras el asalto, ignorando que desde el cuartel se habían producido disparos —y víctimas— y se enarbolaron banderas blancas de rendición que hicieron aproximarse confiados a milicianos y curiosos a sus puertas, siendo recibidos con diversas descargas de fusilería que produjeron numerosas bajas. No está claro si era una trampa o una rendición parcial, pero el hecho es que la ingenuidad miliciana fue víctima de una carnicería que desencadenó la furia popular ante el espectáculo que ofrecían los cadáveres ante las puertas del cuartel.

En el asalto final se produjeron numerosas víctimas entre la masa atacante, inexpertos milicianos improvisados que no sabían cubrirse, redoblando así el afán de desquite. Fue la Guardia Civil quien penetró en vanguardia en el cuartel por un boquete producido por la artillería, seguida de las masas populares. Algunos oficiales y falangistas todavía resistieron hasta el final (se lanzaron proclamas sobre el cuartel y a través de altavoces se les conminó reiteradas veces a que depusieran su actitud). El capitán Santiago Martínez Vicente al frente de un grupo de milicianos detuvo al general Fanjul, al coronel Fernández Quintana y a varios jefes y oficiales salvándolos así de la ira de los asaltantes. No obstante cayeron abatidos el coronel Serra y un grupo de jefes y oficiales, iniciándose una masacre que llegó al centenar. Otros escaparon en medio de la confusión. El número total de muertos fue de 204 entre militares y civiles, falangistas en su mayoría[114].

Tras el fracaso de la sublevación en Madrid, se inició la búsqueda de «facciosos» considerados como aliados reales o potenciales de los rebeldes. La llamada «quinta columna» —imprudentemente anunciada por el general Mola— mostró cierta capacidad de acción desde los primeros momentos. La actividad de los «pacos» (francotiradores) prosiguió tras la caída del cuartel de la Montaña y coches circulando a gran velocidad —hasta su incautación— hacían fuego con pistolas, ametralladoras sobre grupos milicianos causando múltiples bajas y espoleando así la furia revanchista de las llamadas «patrullas de control». Muchos se emborracharon de sangre —en una y otra zona—, pero los esfuerzos, no sólo del Gobierno de la República, sino también de los responsables políticos por poner coto a los desmanes —a diferencia de lo ocurrido en zona franquista— son evidentes a pesar del empecinamiento de la propaganda franquista en negarlo. La diputada comunista Dolores Ibárruri («Pasionaria»), fue explícita desde los primeros momentos. En una alocución radiada decía: «Comprendemos vuestra indignación por las constantes provocaciones de que hemos sido objeto; pero no os dejéis arrastrar por el camino de la destrucción, del robo vergonzoso, del incendio a que se os quiere llevar […]. Destruid y denunciad a los provocadores o a quienes detrás de una fraseología revolucionaria actúan para favorecer los planes de nuestros enemigos. Disciplina, serenidad, vigilancia para impedir la provocación […]»[115].

El Comité de Enlace del PSOE, PCE, UGT y Federación de Juventudes hacía pública una nota el 23 de julio instando a evitar las violencias callejeras: «Los fascistas hacen esfuerzos de todo género para conseguir que entre los revolucionarios se mezclen elementos que ejerzan crueldades y pillaje. Contra ellos hay que tener la mayor energía, haciendo respetar la vida y propiedades, custodia leal y humana de prisioneros, serenidad y disciplina. Sólo así son grandes los pueblos cuando saben no confundir la alegría con el frenesí, ni la justicia con la venganza. Que nadie se desvíe de estas consignas, que son honra vuestra, de la organización y de la República. Partido Socialista, Anastasio de Gracia. Partido Comunista, Antonio Mije. UGT, Pascual Tomás. Federación de Juventudes, Aurora Arnáiz»[116].

Los anarquistas, incluida la FAI, hicieron igualmente pública su intención de fusilar a todo aquel que realizase actos contra el derecho de gentes[117]. Por su parte el ministro de la Gobernación dirigía al director general de Seguridad y gobernadores civiles este telegrama circular: «Queda V. E. autorizado para, en mi nombre, decretar un bando en el cual se conmine con la ejecución inmediata de la última pena establecida por la ley a todo aquel que, perteneciendo o no a una entidad política, se dedique a realizar actos contra la vida o la propiedad ajenas, pues tales delincuentes serán considerados como facciosos al servicio de los enemigos de la República y, por tanto, deberán ser tratados sin consideración alguna»[118].

El Ministerio de la Guerra prohibía terminantemente la circulación de vehículos y personas armadas, cualquiera que fuera su clase, y ordenaba la detención de todos aquellos que sin una autorización especial para una finalidad concreta circulasen por Madrid en grupos armados tanto a pie como motorizados[119]. Que el Gobierno fracasó en su intento es cosa sabida, pero que aún se calumnie la memoria de aquellos hombres acusándoles de asesinos sin la menor apoyatura documental nos llena de estupor. El general Salas afirma, que Madrid «quedó en manos del Gobierno, quien, además, ordenó matar (sic) o redujo a cautividad a sus más enconados enemigos»[120].

3.4. El avance rebelde

3.4. EL AVANCE REBELDE

El Ejército de África avanzaba a marchas forzadas desde el sur camino de Madrid ante los inexpertos y pobremente armados milicianos que se atrevían a ofrecer alguna resistencia. No se hacían prisioneros. Los testimonios del propio teniente coronel Yagüe o incluso los observadores alemanes como el capitán Strunk son bien elocuentes. Las noticias de la caída de Badajoz y las matanzas allí perpetradas indignaron a la opinión pública republicana. La propia prensa controlada por los rebeldes no ocultaba sus acciones contra las «leyes de la guerra» (códigos de honor militar y esas cosas) e informaba en primera página: «Badajoz cae en poder del Ejército. Fueron fusilados mil comunistas cogidos con las armas en la mano»[121].

Es en este clima cuando van a producirse en Madrid las matanzas de la cárcel Modelo. Los trágicos hechos tienen lugar la noche del 22 al 23 de agosto. Se encontraban allí detenidas unas mil ochocientas personas entre militares y paisanos comprometidos en la rebelión. Algunos de ellos estaban armados gracias a la connivencia de los funcionarios de prisiones, y capitaneados por Julio Ruiz de Alda habían planeado fugarse. Provocarían un incendio para huir aprovechando la confusión. El 22 por la tarde con la leña destinada a los hornos de pan provocaron el incendio. Entraron algunos bomberos y milicianos para apagar el fuego y fueron recibidos a tiros, pues las celdas habían sido abiertas. Consiguieron escapar más de 200. La reacción es sabida: un grupo de milicianos, sirviéndose del registro de la cárcel, seleccionaron aleatoriamente a algunos presos y fusilaron a más de 30 en el patio de la cárcel[122]. Entre las víctimas más conocidas se encontraban hombres como Julio Ruiz de Alda, José María Albiñana, Melquíades Álvarez, Fernando Primo de Rivera, etc. En días sucesivos se sucedieron las «sacas» de las cárceles en un sangriento intento por extirpar a todo enemigo interior. Bandas de desalmados camparon por sus respetos, aprovechándose de la quiebra del Estado, para asesinar, robar, consumar venganzas personales o «saldar» deudas por el expeditivo sistema de liquidar al acreedor.

El fracaso de la rebelión y, a su vez, el del Gobierno, que no consigue imponerse, provoca una paradójica situación: «El Gobierno central, el Gobierno autónomo de Cataluña y los organismos de la Administración local, dimiten de sus funciones, pero no de sus cargos y dan apariencia legal y continuidad histórica al extraordinario fenómeno —dice Ramón Salas— en virtud del cual el cuerpo social que les apoya, les niega obediencia, les desacata, les sustituye, pero les mantiene»[123]. «¿Por qué los partidos revolucionarios, dueños de hecho del poder, no se hicieron cargo de sus órganos? Los socialistas y ugetistas de Largo Caballero clamaban por la dictadura del proletariado, y cuando la tuvieron en sus manos renunciaron a ella», se interroga Salas. Buena pregunta, pero ¿cuál es la respuesta? ¿No sería que no eran tan revolucionarios como la propaganda de las derechas se empecinaban en demostrar? ¿Dónde estaba la «revolución comunista —de tipo soviético— para apoderarse del poder» esgrimida por Franco[124] como justificación de la rebelión?

El general Ramón Salas Larrazábal afirma que en 1936 «el Estado no estaba ni secuestrado ni inválido hasta que no fue sometido a esa situación por los que se decían sus partidarios» [subrayado mío][125].

Este secuestro, esta invalidez, provocan que las calles se vean invadidas de hombres y mujeres que esgrimen fusiles y pistolas que, en muchos casos, no saben ni cómo utilizar. Los milicianos acuden en masa a inscribirse en las columnas que empiezan a constituirse rápidamente para «ir a la guerra»; ésta es todavía algo lejano… El panorama callejero cambia por completo y proliferan las consignas, banderas, pancartas, letreros y carteles que dan testimonio del nuevo «poder» popular. Desaparecen corbatas, sombreros, zapatos y «americanas» sustituido todo ello, como por ensalmo, por pañuelos, gorros, alpargatas y monos milicianos. Tras el entusiasmo popular festejando la «victoria» vendrá la dura realidad de un país desgarrado que se dispone a afrontar una terrible guerra civil.

3.5. La organización de la defensa

3.5. LA ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA

Llegadas a la capital las primeras noticias sobre la sublevación, se desencadena una febril actividad, donde el ir y venir de los responsables y los nombramientos y ceses se suceden en auténtica cascada. El inspector general de Aeronáutica, general Miguel Núñez de Prado, hombre de probada fidelidad republicana, y los jefes de la Aviación a sus órdenes, el teniente coronel Ernesto Carratalá; los jefes y oficiales del Ministerio de la Guerra; los del Batallón Presidencial y los afiliados o próximos a la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista, creada como réplica a la UME, Unión Militar Española, de carácter monárquico), se apresuraron a tomar las primeras medidas. Nombrado Núñez de Prado inspector general de las Fuerzas Militares de Marruecos, se dispone a partir hacia el Protectorado cuando se le informa en el mismo Barajas, ya a bordo de su aparato, que el aeródromo de Sania Ramel de Tetuán ha caído en poder de los rebeldes, por lo que suspende el vuelo. Sustituye inmediatamente al general Virgilio Cabanellas en la II Inspección del Ejército y para el mando de la I División Orgánica —que también desempeñaba Cabanellas— se nombra al general José Miaja. Enviado Núñez de Prado por Casares Quiroga a Zaragoza (con la intención de que se hiciera cargo del mando de la V División) mientras llamaba a Madrid al general Miguel Cabanellas, del que sospechaba su compromiso en la rebelión. Pero el jefe de la División no abandona Zaragoza, incumpliendo las órdenes del jefe del Gobierno y arresta a Núñez de Prado (con quien conspiró en tiempos de la Monarquía) que, posteriormente, será asesinado.

Por su parte la actividad del general Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil, es fundamental exhortando a las distintas Comandancias del Cuerpo a mantenerse en estricta obediencia al Gobierno, lo que sólo conseguirá en parte, y cursando órdenes para que fuesen detenidos cuantos militares abandonaran sus destinos. Casares Quiroga a su vez intenta desesperadamente conseguir apoyos no militares, ignorando el alcance de la subversión en el seno del Ejército, para abortar la rebelión mandando llamar a la capital a guardias de asalto de diversas localidades.

La misma noche del 18 de julio, Martínez Barrio nombra a Miaja ministro de la Guerra, haciéndose cargo provisionalmente del mando de la División el general Manuel Cardenal, mientras el general Luis Castelló viaja desde Extremadura hacia Madrid para hacerse cargo de la misma. Pero en la madrugada, constituido el Gobierno Giral, Castelló es nombrado ministro de la Guerra en sustitución de Miaja, y el general Celestino García Antúnez asume la jefatura de la I División. Al día siguiente, dicho general será sustituido por el general José Riquelme. En apenas cuarenta y ocho horas se han sucedido en la jefatura de la I División Orgánica seis jefes: Virgilio Cabanellas, Miaja, Cardenal, Castelló, García Antúnez y Riquelme. Durante dos interminables días, puesto de tan alta importancia estratégica se ha visto privado de una cabeza responsable con capacidad resolutiva, circunstancia que, en mayor o menor medida, ha afectado a todo el aparato del Estado.

El mismo 18 de julio los jefes y oficiales demócratas ocuparon el Ministerio de la Guerra apoderándose de los puestos de mando y de los centros de comunicaciones. El teniente coronel Juan Hernández Saravia, hombre de probada honestidad y firmes convicciones republicanas, se mostró muy activo en el Ministerio aconsejando al subsecretario, general Manuel de la Cruz Boullosa, hasta el 19, en que es sustituido por el general Carlos Bernal. Secundan a Hernández Saravia los comandantes Hidalgo de Cisneros, Mezquita y Chirlandes; los capitanes Antonio Cordón, Freire y Núñez Maza, así como el teniente José Martín Blázquez, todos ellos de probadas convicciones democráticas, se apresuran a detener a los militares desafectos, dudosos o tibios, asumiendo un importante papel organizativo en medio de la confusión del momento. El comandante Luis Barceló y el coronel Julio Mangada se encargaban de la recluta destinada a formar batallones de milicias. El Ministerio de la Guerra cursa órdenes el día 21 para que se organicen una serie de columnas, que al mando de oficiales seleccionados, marchen a cortar los accesos a Madrid desde el norte, en el Guadarrama, Navacerrada y Somosierra. Por su parte, el coronel Mangada se dirigirá hacia la sierra de Gredos.

La dura realidad republicana, al margen del cuantitativismo positivista, que traza una línea imaginaria y cuenta hombres y guarniciones de uno y otro lado, es que apenas se podía contar con el 20 por 100 de los mandos militares. Los otros podían ser leales, pero eran una incógnita y no estaba la situación para asumir riesgos conducentes a que se pasaran al adversario regimientos enteros. Las estructuras internas del Ejército se habían resentido seriamente del golpe militar. Podían saberse los generales y jefes leales, pero ya en la escala de mandos intermedios —tan imprescindibles— se abrían mares de dudas.

El Estado se había visto privado de sus aparatos coactivos, incluso la Guardia Civil era dudosa en un 50 por 100 de sus Comandancias. Por otra parte, el cuerpo diplomático fue muy proclive al golpe y en momentos tan trascendentales el Estado se vio desprovisto de tan importantes contactos en el exterior. Toda la Administración se vio sumida en la vorágine del momento. El improvisado Estado Mayor, que los voluntariosos militares profesionales demócratas organizaron en el Ministerio de la Guerra, apenas sirvió al principio para encuadrar las primeras unidades de voluntarios. No se trata sólo de contar los efectivos militares supuestamente disponibles en ambas zonas, muy discutibles por otra parte[126], sino de comprender que en zona republicana no pudo contarse con un Ejército en el estricto sentido del término; éste había quedado completamente desarticulado como consecuencia de la propia rebelión y el licenciamiento de tropas. Dicho licenciamiento fue, sin duda, un error que intentará corregirse demasiado tarde. No debió la República prescindir de los restos de la estructura del Ejército que, en definitiva, hubo posteriormente que reconstruir. Pero el dato cierto es que hubo que construir una maquinaria militar desde cero.

El coronel Julio Mangada, los tenientes coroneles Víctor Lacalle y Ernesto Marina, y los comandantes Narciso Sánchez Aparicio y José Fernández Navarro recibieron el 19 de julio el encargo de formar un batallón de voluntarios, pero hasta el 3 de agosto no se publicó el decreto que instituía tales batallones; el primero de los cuales no estuvo completamente instruido hasta el 17 de septiembre[127].

3.6. La marcha sobre Madrid

3.6. LA MARCHA SOBRE MADRID

El 26 de julio, el general Franco traslada su cuartel general a Cáceres. Al día siguiente, ordena que se avance sobre Madrid sin descanso y declara a la prensa extranjera que ocupará la ciudad a cualquier precio[128]. Tras pasar las primeras fuerzas del «Ejército de África» los días 18 y 19 de julio, Franco logrará trasladar a la península un importante contingente de tropas y armas el 5 de agosto gracias al apoyo aéreo de los aparatos italianos y alemanes que Mussolini y Hitler le han enviado, aunque, según José María Pemán, ha sido el Arcángel Gabriel quien ha hecho posible el milagro[129].

Las fuerzas del general Mola habían sido frenadas en la sierra madrileña, pero por el sur las tropas franquistas progresan sin cesar. La dura realidad era que Castejón y Asensio Cabanillas tomaban Zafra y Almandralejo el 7 de agosto al mando de regulares y legionarios. A la marcha sobre Madrid se sumaba una nueva columna, la del teniente coronel Tella, igualmente compuesta por marroquíes y hombres del Tercio. El teniente coronel Yagüe asume el mando conjunto de todas ellas el día 11 bajo el genérico de Columna «Madrid»[130].

El día 11 se ocupa Mérida. El 14, tras durísimos combates, cae Badajoz, que sufre una terrible represión. El 17, Tella está ya en el valle del Tajo. El 25, el general Franco lanza sobre Madrid una proclama en la que dice: «Si se persiste en una suicida terquedad, si los madrileños no obligan al Gobierno y a los jefes marxistas a rendir la capital, sin condiciones, declinamos toda responsabilidad por los grandes daños que nos veremos obligados a hacer para dominar por la fuerza esa resistencia suicida. SABED, MADRILEÑOS, QUE CUANTO MAYOR SEA EL OBSTÁCULO, MÁS DURO SERÁ POR NUESTRA PARTE EL CASTIGO»[131].

El primer bombardeo de Madrid (aeródromos de Getafe y Cuatro Vientos) tuvo lugar el 27 de agosto y sólo hubo que lamentar la muerte de un soldado. Se arrojaron múltiples octavillas aprovechando la oscuridad de la noche. El 28, también por la noche, se produjo otro ataque aéreo que causó 16 heridos. El 1 y 2 de septiembre se reprodujeron estos raids aéreos. La ciudad empezó a acusar los primeros problemas de escasez como consecuencia del acaparamiento de los comerciantes y almacenistas. La falta de azúcar se hizo sentir enseguida. Abastecer a una población de más de un millón de habitantes, continuamente incrementada por la llegada de refugiados, fue uno de los primeros problemas que tuvieron que afrontar las autoridades republicanas. El día 3 de septiembre caía Talavera en medio del estupor general por considerar que era el primer bastión de importancia con que había de encontrarse el «Ejército de África» tras la pérdida de Badajoz. La convulsión que produjo la pérdida de la ciudad fue enorme y las consecuencias políticas no se hicieron esperar.

La noche del jueves 3 de septiembre, Giral presentó la dimisión del Gobierno al jefe del Estado. Por la mañana del viernes se reunía en el Ministerio de Marina la Comisión Ejecutiva del PSOE y Giral comunicaba a sus ministros su decisión, tras lo cual se trasladó al Palacio Nacional, donde ya se encontraba Largo Caballero, que había sido llamado por el presidente de la República, don Manuel Azaña. Se fue Largo Caballero a la sede de UGT y Giral a Presidencia. Vuelve a Palacio Largo Caballero y de allí de nuevo a las oficinas de UGT, donde se entrevista con Ruiz Funes y Giner de los Ríos. A las catorce horas se presenta con la lista de Gobierno, que le es aceptada por Azaña. Se prevé una larga guerra civil y ello ha aconsejado formar un Gobierno que represente a todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales y obreras. En la lista facilitada, la cartera de Obras Públicas (ofrecida y rechazada por José Antonio de Aguirre) estaba en blanco a la espera de llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. A las doce y media de la madrugada del ya 4 de septiembre, el ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, facilita a los periodistas una nota con la declaración ministerial del Gobierno constituido, que «se considera representante directo de todas las fuerzas políticas que en los diversos frentes combaten por la subsistencia de la República democrática, contra la cual se alzaron en armas los facciosos». El programa de gobierno se fijaba como objetivo central «adelantar el triunfo sobre la rebelión» con la debida «unidad de acción», a lo que quedaba subordinado cualquier otro objetivo. Se reafirmaba en su renuncia a todo «designio imperialista» y proclamaba su firme «pacifismo». Asimismo declaraba su amistad con todas las naciones y «su más devota adscripción al convenio, que sirvió de base a la Sociedad de Naciones», así como «su inquebrantable resolución de mantener a toda costa la integridad del territorio nacional»[132].

El Gobierno fue acogido en medio del fervor popular que lo calificó de «Gobierno de la victoria». Rápidamente se ordenó el contraataque sobre Talavera y a partir de este momento las cosas no iban a ser tan fáciles como hasta entonces lo habían sido para las tropas africanas. Si en mes y medio habían llegado desde Marruecos a Talavera, ahora les iba a costar dos meses superar la distancia que media entre Talavera y Madrid pasando por Toledo. La guerra llegaba a las puertas de Madrid… a las que Miguel Hernández cantaría (música de Lan Adomián), diciendo: «Cerradas por el pueblo / nadie las puede abrir. / El pueblo está en las calles / como una hiriente llave, / la tierra a la cintura / y a un lado el Manzanares. / ¡Ay río Manzanares / sin otro manzanar / que un pueblo que te hace / tan grande como el mar!»[133].

Madrid iba a salir del letargo en que se mantenía viendo la guerra a distancia. Ahora, cuando la tiene ante sus puertas, va a producirse una auténtica reacción popular y las consignas van a sucederse en medio de la lírica y la épica que provoca la muerte. «¡Madrid será la tumba del fascismo!». «¡No pasarán!», serán las divisas, los lemas que traspasarán las fronteras. Madrid no fue, finalmente, la tumba del fascismo y las tropas franquistas ocuparon la ciudad, tras múltiples e infructuosas tentativas, tras novecientos setenta y siete días de sangre y fuego.

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Capítulo IV. Morir en Madrid: del asedio a la ocupación

Capítulo IV

MORIR EN MADRID:

DEL ASEDIO A LA OCUPACIÓN

«Oh esa luz sin espinas que acaricia la postrer ignorancia que es la muerte».

VICENTE ALEIXANDRE.

Cuando Frédéric Rossif titulaba expresivamente Mourir à Madrid una película sobre la guerra civil española («la última guerra romántica»…) demostraba conocer el alto valor que tienen los mitos en la memoria histórica de los pueblos. Madrid se convirtió en un mito, en una ciudad emblemática para españoles y extranjeros antifascistas.

A partir de noviembre de 1936 Madrid fue el símbolo de la resistencia popular al pronunciamiento militar contra la República, contra la democracia española. Y continuó siéndolo ya para siempre, aún después de haber sido ocupada por las tropas vencedoras.

Madrid, como capital del país, y por consiguiente, objetivo militar obsesivamente perseguido, era la codiciada presa sobre la cual, según las instrucciones reservadas del general Mola, debían converger las columnas rebeldes. Madrid era la clave de la sublevación. Madrid será por excelencia el escenario paradigmático de las pasiones desatadas por la guerra civil. La muerte será la gran protagonista dentro y en los alrededores de la ciudad. A partir del mismo 18 de julio de 1936 la muerte se va a convertir en algo cotidiano para los madrileños que asistirán, angustiados y esperanzados, temerosos y exultantes, indiferentes o comprometidos, al largo proceso por el que transcurrirá la vida en la capital de España: una ciudad asediada que resiste; una ciudad amenazada que canta; una ciudad ocupada/«liberada» a la que costará recuperar su pulso vital.

En los momentos más comprometidos de Madrid, cuando su «caída» se consideraba inminente y el mundo entero estaba pendiente de su suerte, un andaluz universal, plenamente consciente de la importancia presente y futura de que la capital resistiera, escribía: «El corazón de Madrid se conmueve, / su corazón desbordado se aviva. / La capital de la gloria, cubierta / de juventudes la frente, repica. / Voluntariado del pecho de España, / del corazón candeal de Castilla, / duro soldado de pino y de nieve, / seca firmeza de fuego y encina…»[134].

Por todo ello, sus defensores, ciudadanos del mundo decididos a no convertirse en súbditos, se apresuraron a defender la ciudad con el entusiasmo y el fervor que transmiten los versos inmortales que Antonio Machado dejara escritos el 7 de noviembre de 1936, fecha mítica que señala el inicio de la imprevista resistencia popular al hasta entonces incontenible «Ejercito de África»: «¡Madrid, Madrid! ¡Qué bien tu nombre suena, / rompeolas de todas las Españas! / La tierra se desgarra, el cielo truena, / tú sonríes con plomo en las entrañas»[135].

Una vez más en la historia de España Madrid tomaba la decisión de resistir; de resistir hasta el heroísmo. Madrid se convertía en el símbolo de la causa de la libertad, de la resistencia antifascista; en la capital de la gloria que cantara Alberti. La decisión de combatir hasta la muerte fue algo perfectamente asumido por el alma popular. Madrid estaba lleno en noviembre de 1936 de hombres y mujeres de toda España que aquí se hicieron fuertes. Hombres que, atrincherados en la Ciudad Universitaria o en la Casa de Campo, aguardaban la muerte con el convencimiento o la fe de quien cree estar escribiendo unas gloriosas páginas para la historia…

4.1. La siembra del odio

4.1. LA SIEMBRA DEL ODIO

El pueblo español se encontró en julio de 1936 ante una guerra civil y, como dijera clarividentemente el general De Gaulle:

«Una guerra civil no la inventa nadie. Es un torrente salvaje que todo lo destruye. Hasta la dignidad y el valor del hombre e incluso su patriotismo. Todas las guerras son malas, porque simbolizan el fracaso de toda política. Pero las guerras civiles, en las que en ambas trincheras hay hermanos, son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina»[136].

El clima previo que hizo posible la explosión de violencia había sido inducido políticamente por los extremistas y los fanáticos ideólogos de uno y otro bando que no cesaban de clamar por el exterminio del oponente. Esa exaltación terrorista queda nítidamente plasmada en un manifiesto fechado en Barcelona en abril de 1936 y firmado por «Cruces de sangre» que, entre otras cosas, decía:

«No. No hay más derecho que la fuerza. Un empacho de juridicidad ha entenebrecido las inteligencias y ha preposterado las esencias de que dimana. […] Es necesario […] un ejército valeroso que, templado en la lucha, sepa morir y sepa matar. […] España ha de ser vindicada. Y lo será; caiga quien caiga y sea como sea. […] En tanto llega el triunfo final, todo atraco a un español espúreo ha de ser considerado como una legítima expropiación, como un pequeño anticipo de la contribución de guerra que impondremos a todos los que no demuestren decorosidad patriótica. […] Y la revolución de los patriotas no solamente legalizará sus “divinas locuras”; sabrá premiarlas. Toda explosión de fuerza ha de ser deificada. Por eso en adelante ha de decirse: la santa dinamita, la santa pistola, la santa rebeldía. [.]»[137].

Desde que se iniciara la campaña electoral para las elecciones de febrero de 1936, la propaganda de unos y de otros había ido adquiriendo unos tonos cada vez más crispados y violentos, y las soluciones pactadas y de compromiso se hacían cada vez más difíciles.

Manuel Pórtela Valladares, en la sesión de la Diputación de Cortes del 15 de julio de 1936, tras los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, embargado por la angustia de quien está viendo abrirse un abismo infranqueable entre los españoles, se preguntaba: «¿Vamos a continuar así? ¿Es posible continuar así?», y dirigiéndose a sus propios compañeros de la Diputación pronunció estas premonitorias palabras:

«¿No vale la pena de que unos y otros tengamos un momento hoy de detención ante el porvenir, y que esa situación, hoy tan zozobrante y tan llena de angustias y temores, tratemos de remediarla y de llevar por otros caminos la vida política de nuestro país? […] ¿No es posible que lleguemos a un punto no de inteligencia, pero sí de tregua? Pensadlo, señores diputados […]. Os engañaríais, se engañarían aquellos que creyesen que de esta situación de violencia iba a venir la tranquilidad para unos y para otros. Triunfará, momentáneamente, una u otra fracción, después vendrá la reacción del otro lado. Por este camino nunca habrá paz en España, jamás se podrá considerar fijo y definitivo el triunfo de una de las banderías en lucha; iremos cayendo unos y otros, dejando en estas tristes páginas de la historia los momentos porque estamos atravesando tan dolorosos y tan agudos, dentro y fuera de España […]»[138].

Con estas lúcidas palabras hacía Pórtela un último intento por evitar la tragedia que se cernía sobre España. Pero la siembra del odio ya había fructificado: «Eras jardín de naranjas. / Huerta de mares abiertos. / Tiemblo de olivas y pámpanos, / los verdes cuernos. / Con pólvora te regaron. / Y fuiste toro de fuego»[139].

La tragedia y el horror de la muerte revestirá en Madrid, ciudad asediada durante toda la guerra, unos caracteres especialmente dramáticos. Quizás más que en ningún otro sitio pueda apreciarse más nítidamente el espanto que toda guerra suscita, mucho mayor cuando se trata de una guerra civil, y la española de 1936 es, desde luego, una guerra heroica, plena de generosidades y grandezas en ambos bandos, pero también —como cualquier otra— rebosante de odios y rencores, de venganzas y de sangre inocente ignominiosamente vertida.

4.2. La sangre por las calles

4.2. LA SANGRE POR LAS CALLES

La violencia, incluso la que muchas veces se califica de espontánea, responde siempre a unas motivaciones, es consecuencia de determinadas causas, es reflejo de una situación exacerbada. Todo lo que ocurre en Madrid a partir del comienzo de la guerra es consecuencia del propio fracaso del pronunciamiento militar. Como he dicho en otro lugar —con perdón por la autocita—, el Estado republicano, la joven democracia española, sufría en julio de 1936 el embate del fascismo, del corporativismo, del militarismo español de los años treinta, y tuvo que empezar por defenderse de una violentísima agresión. Los rebeldes se sirvieron del terror como instrumento político para controlar inmediatamente la situación. De hecho, las instrucciones reservadas del general Mola, el contenido de los propios bandos de declaración del estado de guerra, eran suficientemente explícitos al respecto. No hay una revolución y crímenes que, a su vez, provocan una sublevación militar y una inevitable represión. Hay un intento de golpe de Estado fracasado con todas las características de los clásicos pronunciamientos, que provoca una revolución y una guerra civil. Es el fracaso del golpe de Estado como tal lo que desencadena el terror para imponerse a las masas populares hostiles. Es el derrumbamiento de la autoridad y del poder del Estado el que hace posible que los desalmados campen por sus respetos. Es la conciencia de que se ha producido un asalto al estado democrático por parte de algunos militares en África el 17 de julio, que van secundando progresivamente sus compañeros, lo que excita a las masas y las lanza a la «caza de fascistas» (implicados, afines, colaboracionistas, tibios, enemigos personales, etc.). Es en el «interregno» que media entre la tarde del 17 y la madrugada del 19 cuando «se calientan los ánimos». Es el conocimiento de que se declara el estado de guerra, y se reprime y fusila sin contemplaciones, lo que lanza a las masas a la calle. Es la conciencia de los rebeldes de que el pronunciamiento —al menos en el conjunto del Estado—, ha fracasado y de que se encuentran ante una contundente respuesta popular lo que desencadena el terror para imponerse. Es la propia impotencia del Estado lo que lanza a sus enemigos a su conquista y destrucción[140].

Una vez que la violencia se desborda y las instituciones se desploman, se hace prácticamente imposible atajarla de plano. En Madrid, los primeros hechos sangrientos comenzaron a gestarse en el asalto al cuartel de la Montaña, donde tuvo lugar una de las primeras matanzas masivas de la guerra[141].

El libro de enterramientos del cementerio municipal de la Almudena es un mudo testigo que refleja fríamente en sus páginas el comienzo de la guerra civil. El aumento de inscripciones parece denunciar calladamente que en Madrid ya no se muere únicamente de muerte natural. El 23 de julio es el primer día en que el libro de enterramientos deja constancia explícita de que ha estallado la guerra civil. Hay un total de treinta y cinco. La única «identificación» posible, es decir, el único dato que permite señalarlos como muertos «anormales» (asesinados), viene dado por el hecho de que la mayoría de los nombres de la mencionada lista figuran incompletos, faltando alguno de los apellidos, circunstancia que no ocurre con las inscripciones normales, así como el que figuren registrados en bloque. Un total de 11 constan como desconocidos y el conjunto de los 35 fue enterrado en una fosa común. Una nota posterior indica que fueron trasladados al mausoleo Héroes del cuartel de la Montaña el 20 de junio de 1944.

El 24 de julio son registrados un total de 139 cadáveres, de los cuales sólo 11 constan con el nombre o algún apellido; el resto lo fueron como «hombre desconocido». Todos fueron enterrados en una fosa común e igualmente trasladados al mencionado mausoleo. El 25 de julio el número total de inscritos bajo la misma rúbrica fue de 40, que fueron también trasladados en la fecha señalada al mausoleo. El número total de inscripciones correspondientes al mes de julio que puedan considerarse víctimas del terror asciende a 373. A partir del 26 de julio decrece el número de inscripciones, correspondientes la mayoría de ellas, lógicamente, al desbordamiento popular ocurrido tras la ocupación del cuartel de la Montaña, y después a «paseados» por incontrolados o por las patrullas de «vigilancia».

El número total de inscripciones correspondientes al mes de agosto asciende a 154; en septiembre, 199, y en octubre, 113. Esto es lo que se deduce del libro de enterramientos del cementerio municipal de la Almudena.

El general Mola, ante el fracaso de cruzar el Guadarrama, veía frustrarse sus planes. Sin duda, lo que esperaba que fuese un golpe cuartelero se encaminaba decididamente, ante la resistencia popular, a una guerra civil de resultado incierto. En momentos menos líricos, el general Mola le decía a su secretario particular: «Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo»[142]. Y el mismo, desde el principio, contribuyó con sus declaraciones a que se decretase la guerra sin cuartel. Tras proclamar el estado de guerra en Pamplona el 19 de julio, en una convocatoria de todos los alcaldes de la región, les dijo: «Hay que sembrar el terror…, hay que dar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros»[143].

El general Mola no cesaba de anunciar la inminente caída de Madrid, cada vez más un deseo malogrado que una realidad factible a corto plazo. En un café de Madrid la chanza popular le asignó un puesto fijo en una mesa destacada con un cartel que decía: «Reservado para el general Mola»[144]. Estas declaraciones, así como su temeraria afirmación de que había una quinta columna en el interior mismo de la ciudad, trajo como consecuencia la busca y captura y en muchos casos, el brutal asesinato de muchas personas consideradas afines a los insurrectos. Tras el fracaso de la sublevación militar en Madrid se desencadenó una inevitable persecución de aquellos a quienes se consideró partícipes en dicha acción, o aliados reales o potenciales de las fuerzas rebeldes. Madrid fue una ciudad asediada desde el principio, con toda la carga de tensión y odio hacia los que se consideraba responsables de tal situación.

Madrid tuvo en 1936 un testigo de excepción, que escribió: «Madrid sola y solemne, Julio te sorprendió con tu alegría / de panal pobre: clara era tu calle, / claro era tu sueño. / […] Yo vivía en un barrio / de Madrid, con campanas, / con relojes, con árboles. / Desde allí se veía / el rostro seco de Castilla / como un océano de cuero. / Mi casa era llamada / la casa de las flores, porque por todas partes / estallaban geranios… […] Y una mañana todo estaba ardiendo / y una mañana las hogueras / salían de la tierra / devorando seres, / y desde entonces fuego, / pólvora desde entonces, / y desde entonces sangre. / […] ¡Venid a ver la sangre por las calles, / venid a ver / la sangre por las calles, / venid a ver la sangre / por las calles!»[145].

4.3. Madrid, asediado

4.3. MADRID, ASEDIADO

El corresponsal norteamericano Jay Allen titulaba su crónica española enviada desde la zona internacional de Tánger del 27 de julio así: «FRANCO ORDERS: NO LET-UP IN DRIVE ON MADRID». («Franco ordena: No habrá descanso en la marcha hacia Madrid»). En declaraciones personales al periodista, Franco le dijo: «I am going through with it. I will advanee on Madrid. I will take it at whatever cost. I will save Spain from the communists and I will pacify it». (Persistiré hasta el fin. Avanzaré sobre Madrid. Lo ocuparé a cualquier precio. Salvaré España de los comunistas y la pacificaré)[146].

El «Ejército de África» avanzaba incontenible por tierras andaluzas y extremeñas ante los inexpertos y pobremente armados grupos de milicianos que, con un valor suicida, se atrevían a hacerles frente. No se hacían prisioneros.

Las noticias de la caída de Badajoz y las matanzas que allí se produjeron sobrecogieron a la población de Madrid, que acogía a los refugiados que huían de las tropas moras, cuyas «hazañas»…, violaciones, amputaciones, etc., eran divulgadas incluso por el general Queipo de Llano que el 23 de julio decía: «Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará…»[147]. Preguntado el teniente coronel Yagüe por el periodista norteamericano John T. Whitaker sobre el fusilamiento de los prisioneros —hecho que la propaganda franquista negaba vehementemente—, Yagüe le respondió, confirmándolo, al decirle que «por supuesto que los hemos matado» y que no iba a dejarse 4000 rojos a sus espaldas[148]. El capitán Strunk, diplomático alemán, le decía a Whitaker: «Prisioners of war were executed by Franco’s soldiery on his express orders». (Los prisioneros de guerra eran ejecutados por los soldados de Franco por órdenes expresas suyas)[149].

Es en este clima cuando en Madrid se produce en la cárcel Modelo la primera matanza colectiva de prisioneros[150]. Se sucedieron las «sacas» de las cárceles en los días sucesivos en un enloquecido intento por extirpar a todo «enemigo» interior… Los asesinos de oficio operaron a sus anchas.

El mes de noviembre es el más sangriento de toda la guerra en Madrid, como el mismo libro de enterramientos del cementerio municipal se encarga de mostrar con la frialdad aséptica de los números. En dicho mes la capital sufre el ataque en toda regla de las tropas del general Varela. Fue entonces cuando se tuvo clara conciencia de que la ciudad podía caer de un momento a otro. La furia y el odio revanchista tuvieron, sin duda, un peso específico a la hora de matar. El libro de registros consigna 798 inscripciones de posibles «paseados», mientras que al mes siguiente desciende la macabra relación a 243. De acuerdo con el fichero fotográfico de «no identificados» (que posteriormente irán siéndolo) del cementerio municipal, la cuantificación es como sigue: julio, 24; agosto, 276; septiembre, 253; octubre, 180; noviembre, 200, y diciembre, 40. Éstas son las cifras que pueden deducirse del archivo del cementerio municipal que, en cualquier caso, sirven para mostrar que la ola de muertes irregulares desciende considerablemente a partir de diciembre de 1936.

Las investigaciones más solventes fijan en torno a los 2400 los presos sacados de las cárceles madrileñas y asesinados entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936[151].

4.4 Madrid, amenazado

4.4 MADRID, AMENAZADO

Desde que se iniciara la marcha sobre Madrid no cesaron los sublevados de amenazar a los madrileños con todo tipo de represalias[152].

Según el mismo general Kindelán, Franco ordenó un ensayo de actuación desmoralizadora de la población mediante bombardeos aéreos[153]. El enviado especial de Paris-Soir en España, Louis Delaprée, recogió una de las octavillas lanzadas sobre Madrid, en la que podía leerse: «Madrileños, rendiros o la ciudad será bombardeada hasta la destrucción total»[154]. El 30 de octubre, seis bombarderos arrojaron su carga sobre Getafe, matando a 60 niños, y otros 60 adultos perecieron en el ataque, que se repitió al día siguiente, causando esta vez 200 muertos y 300 heridos. El 8, 9 y 10 de noviembre Madrid fue sistemáticamente bombardeada por la artillería y la aviación. Los ataques continuaron los días siguientes. Una bomba que cayó en el metro de la plaza de Atocha mató a 80 personas. El 15 de noviembre aviones alemanes bombardearon el hospital de Cuatro Caminos, causando 53 muertos y más de 150 heridos. Este hospital, como los demás de Madrid, tenía pintada en el techo una enorme cruz roja. El 17 de noviembre hubo a causa de los bombarderos más de 200 muertos[155]. Según el testigo presencial Louis Delaprée, la jornada de ese día, 17 de noviembre, transcurrió así: 6,30 horas. Duros enfrentamientos en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria; nueve horas, raid de aviones; 13-15 horas, bombardeos continuos; 18,30 horas, nuevo bombardeo, y 20-21, 30 horas, bombardeo sistemático (Gran Vía, San Bernardo, Arguelles, la Puerta del Sol, la plaza del Carmen y la zona de la Corredera en llamas). Balance de la jornada: 250 muertos y 600 heridos[156].

Como el mismo corresponsal del periódico londinense The Times recogía en su crónica del 1 de noviembre, los efectos de los bombardeos causaban una profunda indignación en la población madrileña. En una octavilla de las arrojadas por la aviación franquista, cuya transcripción recoge el periodista, podía leerse la inaudita amenaza de ejecutar a los heridos tras la ocupación de la ciudad. He aquí el texto:

«The capture of Madrid by the National Army being imminent, you are warned that for every murder committed 10 of yours will be shot. Do not forget that we hold over 1000 of the Red Militia as prisioners in the provinces, while in Madrid the 25 000 wounded will be held responsible for your excesses». (Siendo inminente la ocupación de Madrid por el Ejército nacional, estáis advertidos que por cada asesinato cometido 10 de los vuestros serán fusilados. No olvidéis que tenemos en nuestro poder alrededor de 1000 rojos milicianos prisioneros en provincias, mientras que en Madrid los 25 000 heridos serán considerados responsables de vuestros excesos).

El corresponsal reproduce igualmente parte de la orden del día que Largo Caballero, como jefe de Gobierno y comandante supremo del Ejército republicano, dirigía a sus tropas la víspera de la inminente ofensiva: «I order you to respect the lives of prisioners as the best evidence of showing on which side are the barbarity and destruction». (Os ordeno respetar las vidas de los prisioneros como la mejor evidencia que demuestre en qué lado están la barbarie y la destrucción[157].

Los habitantes de Madrid, permanentemente amenazados de muerte y represalias, se vieron sometidos durante toda la guerra, y especialmente a lo largo de 1936, a una tensión psicológica muy aguda, donde confluían y se superponían las más fuertes emociones: exaltación, miedo, angustia, arrojo, valor, cobardía, odio y generosidad sin límite ni medida. Situación consustancial a toda ciudad asediada, en donde la épica y la lírica del momento —tanto de atacantes como de defensores— relegan a un inevitable segundo plano, cuando no ignoran, el drama y la tragedia de quienes voluntaria o forzadamente no participan de los mismos sentimientos y son marginados, humillados o asesinados por ello.

Hay una copiosa poesía de guerra que ha sabido dar fiel testimonio. Así, mientras Federico de Urrutia escribía… «¡Toda Castilla está en armas! / Madrid se ve ya muy cerca. / ¿No oyes? ¡Franco! ¡Arriba España! / La hidra roja se muere / de bayonetas cercada. / Tiene las carnes abiertas / y las fauces desgarradas. / […] Por la parda geografía / de la tierra castellana, / clavadas en los fusiles, / las bayonetas brillaban. / El Cid, con camisa azul, / por el cielo cabalgaba…»[158], Rafael Alberti clamaba… «Madrid, corazón de España, / late con pulsos de fiebre. / Si ayer la sangre le hervía, / hoy con más calor le hierve. / […] No olvides, Madrid, la guerra; jamás olvides que enfrente / los ojos del enemigo / te echan miradas de muerte. / Rondan por tu cielo halcones / que precipitarse quieren / sobre tus rojos tejados, / tus calles, tu brava gente»[159].

Madrid, efectivamente, era un inmenso hoyo en el que sólo cabía la muerte…

Noviembre de 1936 supone el punto culminante de la acción represiva en el Madrid republicano. El acoso del enemigo ante las puertas de la capital desde los últimos días de octubre, cierta dejadez o postergación de prioridades por parte de las recién nombradas autoridades para la defensa de la capital, con el Gobierno trasladado a Valencia, los bombardeos continuos sobre la ciudad causando víctimas inocentes por centenares, la confusión reinante, el odio y el miedo ante el hecho perentorio de la presencia enemiga, contribuyen a explicar las terribles matanzas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz.

A partir de noviembre de 1936 el número de homicidios desciende considerablemente a medida que las autoridades republicanas van recuperando progresivamente el control de los aparatos de Estado que se les habían escapado de las manos. Es 1936, con mucho, el año más sangriento en la capital, hasta el punto que puede afirmarse que prácticamente el 95 por 100 del total de víctimas de la represión en Madrid tiene lugar en el último semestre de 1936. Madrid alcanza en noviembre la máxima cota de mortandad. Momento culminante del asedio a la ciudad, es cuando se cometen más asesinatos y cuando los madrileños estuvieron expuestos a los mayores peligros. El general Franco, en unas declaraciones a corresponsales portugueses, había dicho: «Destruiré Madrid antes que dejárselo a los marxistas»[160].

4.5. Madrid, ocupado

4.5. MADRID, OCUPADO

Concluida la guerra civil, las reiteradas declaraciones del general Franco en el sentido de que nada tenían que temer quienes no tuviesen las manos manchadas de sangre, se mostraron por completo irreales. El nuevo régimen se aplicó a una sistemática e implacable represión.

Nadie que no fuese un ingenuo podía esperar otra cosa. Ya el 1 de noviembre de 1936 Franco había firmado un decreto, el número 55, en virtud del cual, y para mejor servir «las características de rapidez y ejemplaridad tan indispensables en la justicia castrense», se creaban en la plaza de Madrid ocho consejos de guerra[161]. Las intenciones de los vencedores estuvieron meridianamente claras desde un principio. Se organizaba la represión antes de ocupar la ciudad.

El Madrid ocupado cambió rápidamente su fisonomía en la primavera de 1939: los monos, las boinas negras, las alpargatas, las cazadoras de cuero, los pañuelos al cuello se esfumaron como por acto de magia. Grupos de falangistas arrancaban los restos de la propaganda republicana en medio del entusiasmo de los afines, que cerraban tales actos cantando el «Cara al Sol», y el miedo de los vencidos que desaparecían de la historia como podían ante la avalancha que se les venía encima. Nuevos eslóganes y consignas poblaban las paredes. Resurgían las procesiones de desagravio en olor de multitud y manifiestas muestras de piedad. El fervor y la fe dejaban de ser algo necesariamente íntimo y personal para mostrarse estentóreamente en un afán de afirmación colectiva de la liturgia recuperada. Los sombreros, las corbatas, las camisas azules y caquis, las boinas rojas, los gorros militares se multiplicaban sin cesar en medio de los cánticos triunfales y los gritos de ritual: ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!, ¡Arriba España[162]!

La prensa republicana, y con ella la pluralidad ideológica, desparece la mañana del 28 de marzo. El periódico Arriba sacaba a la calle su número 1 el jueves 30 de marzo de 1939, y en sus páginas se reproducían las «Normas de la Auditoría de Guerra para la depuración de responsabilidades», firmadas por el auditor de Guerra del Ejército de Ocupación. En ellas se afirmaba: «El Caudillo de España —FRANCO— os trae, con la Patria y el pan, la justicia. Justicia serena, pero firme, que en el orden penal sabrá imponer a cada cual la sanción que haya merecido, sin que nada ni nadie pueda evitarlo». A partir del 1 de abril de 1939 la dura represión de los vencedores responde a una planificada acción política.

4.6. Madrid, «pacificado»

4.6. MADRID, «PACIFICADO»

Los vencidos comparecieron, individual y colectivamente, ante tribunales extraordinarios establecidos al efecto, que juzgaron con la máxima celeridad a una ingente muchedumbre. Miles de personas fueron pasadas por las armas y hubo que acondicionar múltiples locales para albergar la masa impresionante de condenados a muerte y a penas elevadísimas de privación de libertad. El régimen franquista se apresuró a dictar leyes, como la de Responsabilidades Políticas y la de Represión de la Masonería y el Comunismo, que aplicaron ominosamente penas con carácter retroactivo, conculcando así uno de los principios esenciales del Derecho.

A medida que se ampliaba la zona franquista se fue ampliando también la masa de prisioneros, y los tribunales militares trabajaron a destajo durante mucho tiempo. A finales de 1939 el número total de prisioneros alcanzaba los 300 000. La represión sustancial se produjo en los primeros años, y empezó a decrecer a partir de 1943, cuando la victoria de las fuerzas del eje se mostraba ya más que problemática[163].

Aparentemente, no hay ninguna anotación en el libro de enterramientos del cementerio municipal de la Almudena que permita identificar claramente a las víctimas de la represión de posguerra. Sólo el 6 de mayo de 1939 aparecen tres inscritos con la anotación de «auditor» en la casilla de «observaciones» del libro que, lógicamente, corresponden a tres fusilados. Evidentemente, desde el 1 de abril al 6 de mayo se produjeron más ejecuciones que las reflejadas en el libro. O dicho de otro modo: entre esas fechas fueron enterradas en dicho cementerio más de tres ejecutados como consecuencia de cumplimiento de sentencia dictada por consejo de guerra.

Hay que esperar al 26 de mayo para encontrar otra inscripción en donde conste «auditor». Hasta el 18 de julio no aparecen otras dos, pero en realidad podría tratarse de unas 44 inscripciones, pues alguien ha borrado con una goma las comillas correspondientes a «auditor» que siguen al primero de la lista (!). Es palpable la voluntad de ocultación de alguien. (¿Algún funcionario excesivamente celoso de la «voluntad de servicio» propugnada en aquellos años por la dictadura franquista, entendiendo aquí por tal «voluntad» la de no dejar huella de las ejecuciones políticas?). A veces, en otras inscripciones, la palabra «auditor» y las comillas que siguen en la lista parecen anotaciones posteriores añadidas sobre lo ya escrito, como puede deducirse por la distinta tinta empleada. Talmente da la sensación de que «auditor» y las comillas que siguen son tímidos (¿audaces?) añadidos. Incluso es perceptible el borrado de buen número de comillas, como si se hubiese declarado una «guerra» entre quien las ponía y quien las borraba. ¿Funcionarios de ideologías contrapuestas o, simplemente, funcionarios y «políticos»? De esta manera resulta imposible cuantificar siquiera las inscripciones que constan en el libro de enterramientos del cementerio. El 14 de julio constan 31, y hasta el 5 de agosto no aparecen nuevas posibles inscripciones, que pudieran corresponder a ejecuciones. Quizá sean 39 ese día. Al siguiente, 6 de agosto, son sólo nueve. Sin embargo, la madrugada del sábado 5 de agosto más de 60 jóvenes fueron fusilados en las tapias del cementerio del Este. Entre ellos había 11 jóvenes mujeres cuyo único delito consistía en haber pertenecido a las Juventudes Socialistas Unificadas. El episodio es conocido como el asesinato de las «trece rosas», pues a las 11 fusiladas aquel día se añadieron dos que lo fueron después[164].

Según el libro de inscripciones del cementerio municipal de la Almudena, un total de 539 pudiera corresponder a ejecutados como consecuencia de aplicación de sentencia de muerte dictada por consejos de guerra desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 1939. Como venimos insistiendo, la cuantificación —compleja, como vemos— de víctimas de la represión que se deduce de los libros de inscripción de defunciones de los registros civiles, así como la que se deriva de los libros de enterramientos de los cementerios, no tiene más valor que el puramente demostrativo de una situación de implacable represión política, en la cual las cifras son elementos fundamentales para el análisis, pero que, por las razones que venimos repitiendo desde hace tiempo con quizá excesiva reiteración, no pueden ser elevadas a «categoría».

4.7. Evaluación final

4.7. EVALUACIÓN FINAL

La guerra civil española de 1936-1939 ha supuesto hasta la fecha la mayor convulsión política, social e histórica de nuestra época contemporánea. Toda situación excepcional, y una guerra civil es la situación más excepcional que puede darse en un país, supone la perturbación completa de la natural inercia y continuidad de los aparatos administrativos y burocráticos del Estado. En este proceso se pierden para siempre importantes masas documentales de importancia decisiva para el conocimiento histórico; que posteriormente resulta de muy difícil reconstrucción, y más cuando después de cuarenta años ni siquiera se puede acudir ya a fuentes subsidiarias.

El estudio riguroso de las muertes producidas en la guerra civil así como su distribución y sus causas sigue siendo objeto de fuertes controversias, si bien ya empezamos a disponer de estudios serios estrictamente científicos que van allanando el camino, son todavía muchas las dificultades que se presentan a la investigación e impiden sentar nada como incontrovertible.

Durante toda la guerra civil la tajante diferenciación en dos bandos contrapuestos hace que se considere enemigo a todo aquél que no asuma en su integridad los principios ideológicos que establece la propaganda política de cada bando. Tal actitud determina que las personas más moderadas y reflexivas sean rebasadas por la más radicales y exaltadas. En una situación de la máxima violencia, manifiesta y latente, en las grandes concentraciones urbanas es, relativamente, fácil actuar con total impunidad, como es el caso de Madrid —del Madrid sublevado, revolucionario, desgobernado, bombardeado, asesinado, amenazado…—, donde personas de la más ínfima condición moral campan por sus respetos y aprovechan el descontrol y la debilidad de las instituciones para su beneficio personal, robando y asesinando a quienes se interponen en su camino. Así, lo que muchas veces no es más que pura delincuencia común, con frecuencia es justificada ideológicamente por sus actores y presentada como delincuencia «política» por quienes la han padecido. Podríamos decir, parafraseando a Mme de Staël… «ideología, ideología, cuántas aberraciones se “justifican” en tu nombre».

La decisión política de la represión franquista, sobre todo a partir de 1939, es manifiesta. La circunstancia de que todavía permanezca vedado el acceso a determinados archivos hace todavía muy difícil abordar científicamente el estudio de la represión. Por otra parte, han desaparecido masas ingentes de documentación y, a pesar de que ya se ha probado la Ley de Archivos y todavía no lo ha sido el reglamento que la regula, por lo que el acceso a la documentación actualmente depositada en los archivos militares referida a las auditorías de guerra permanece por explorar.

Ambas represiones, la efectuada durante la guerra civil en zona republicana y la efectuada por el nuevo Estado franquista, no son en modo alguno equiparables como parecen pretender, en el mejor de los casos, ciertos historiadores neopositivistas y se esfuerzan por demostrar algunos ideólogos residuales del franquismo.

De acuerdo con el libro de enterramientos del cementerio de la Almudena, de Madrid, las inscripciones aparentemente debidas a la represión en 1936 son como siguen: julio, 373; agosto, 169; septiembre, 204; octubre, 113; noviembre, 798, y diciembre, 243, lo que supone un total de 1041. Esta cadencia, a efectos puramente ilustrativos, permite confirmar la tesis de que la incidencia mayor de la represión en el Madrid republicano alcanza sus máximas cotas en el mes de noviembre, cuando se produce la lucha más encarnizada por la conquista de la capital.

Respecto al año 1939, a partir de abril, es decir, a las víctimas de la represión del nuevo Estado victorioso surgido de la guerra civil, hay que señalar la imposibilidad de extraer del libro de enterramientos cifras o conclusiones rigurosas. Sólo cuando aparece la anotación de «auditor» podemos considerar tal inscripción como consecuencia de aplicación de sentencia de muerte dictada por consejo de guerra.

Las irregularidades arriba señaladas en el libro de inscripciones nos inducen a todo tipo de sospechas respecto a la voluntad política de impedir la más mínima referencia que permitiera identificar determinado tipo de inscripciones debidas a la represión política del régimen franquista.

En contra de la persistente insistencia de algunos historiadores que pudiéramos calificar de neopositivistas, han quedado por inscribir muchas víctimas de la represión franquista[165]. Todas las investigaciones locales, regionales o territoriales que se han publicado, todas, nos confirman en tal aserto.

Según el general Ramón Salas, destacado ejemplo de lo que acabamos de decir, las víctimas de la represión de posguerra en Madrid fueron apenas 2488[166]. Tal sería el «coste material» definitivo de la represión franquista porque es el que se deduce de los libros del Registro Civil, que son «completos y rigurosos». Sin embargo, una vez restablecida la democracia en España, y cuando les ha sido posible reclamar pensiones a los familiares del bando republicano, el total de las solicitadas a causa de la guerra civil (tanto como consecuencia de acción violenta, como por enfermedad o muerte en el frente) en Madrid provincia asciende a 13 404, de las cuales, resultaron positivas 11 847, para, finalmente, cobrar por Madrid (el resto fue solicitado por Madrid, pero corresponden a otras provincias) un total de 11 186[167]. Datos que por sí solos y con independencia de su análisis particularizado, ponen en cuestión la cuantificación aportada por Ramón Salas que no ha tenido en cuenta para su particular contabilidad las inscripciones diferidas ni las que ya no se producirán nunca.

En cualquier caso, algo tan inevitable en sí mismo como la muerte, esa «postrer ignorancia», como dijera Vicente Aleixandre, degradada hasta lo inverosímil, absurda, terrible por las terroríficas circunstancias en que se produce, no puede reducirse a una mera relación —equivocada además— contable. Puede, quizá, llegar a comprenderse el hecho de una muerte alevosa o de miles de ellas en el calor de la sangre, en medio de la exaltación del combate y de la muerte de lo más próximo y querido, bajo inadmisibles justificaciones ideológicas, pero cuando las armas han callado, cuando se invoca la palabra paz desde todos los ámbitos y banderías, resulta más difícil de entender la furia sangrienta desatada amparada bajo la cobertura moral —o el silencio cómplice— de la Iglesia, para mayor escarnio del mensaje evangélico del que dice ser depositaría.

En momentos de intensa crispación política y social, como una guerra civil, puede entenderse la locura de la vieja máxima: «quien no está conmigo, está contra mí». Parece que está en la condición humana la paradójica ambivalencia de, por una parte, ser capaz de realizar los actos más nobles y altruistas y, por otra, la terrible resolución de llevar a cabo las más abyectas acciones. Que el instinto asesino se haga gregario en tales circunstancias es una constatación que resulta difícil aceptar, pero que una vez que han cesado las hostilidades se esfuercen los beneficiarios de la victoria en seguir manteniendo perfectamente delimitado el campo teórico de vencedores y vencidos, héroes y asesinos, resulta mucho más difícil de aceptar todavía.

Tras la victoria franquista, la denuncia, la persecución, la «caza» del contrario, del competidor («¿quién es masón?, el que me precede en el escalafón»), del acreedor se convirtieron en algo cotidiano. Se pertenecía única y exclusivamente a uno u otro bando, lo que se manifestó hasta en los signos externos más banales: «Los rojos, no llevaban sombrero», se anunciaba con gran profusión e intolerable petulancia no exenta de indisimulada advertencia a aquellos —probablemente «rojos»— que no tenían dinero ni para comprarse uno y que, naturalmente, se precipitaban a adquirirlo en evitación de mayores males… (una buena ración de aceite de ricino, alguna patriótica bofetada por no saberse el Cara al Sol o no hacer el saludo fascista con el convencimiento y la energía exigibles a un «buen» español).

La represión se manifestó en todos los órdenes, se proyectó en todos los sentidos, alcanzó las más íntimas esferas del individuo. Hasta los más tibios se incorporaron a tal frenesí revanchista azuzados por los nuevos justicieros, con lo que la complicidad moral alcanzó, en mayor o menor grado, a la inmensa mayoría. Quizá por ello, o también por ello, Dámaso Alonso dijo que: «Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)»[168]. Corría el año de 1944, VIII Año Triunfal…

Capítulo V. Represión y esfuerzos humanitarios

Capítulo V

REPRESIÓN Y ESFUERZOS HUMANITARIOS

«El que piensa en mediación propugna por una España rota, materialista, dividida, sojuzgada y pobre en que se realice la quimera de que vivan juntos los criminales y sus víctimas; una paz para hoy y otra guerra para mañana. La sangre de nuestros gloriosos muertos y la fecunda de tanto mártir caería sobre el que escuchase tan insidiosas maniobras».

GENERAL FRANCO.

El capítulo de la represión es uno de los puntos más oscuros y negros de la guerra sobre el que, necesariamente hoy, es menester reflexionar sine ira et studio, sin pretender, naturalmente, decir la última palabra. Cada generación se interroga inevitablemente sobre sus orígenes y, aunque el pasado tiene sus propios fantasmas, sólo podemos contemplarlo desde la perspectiva de nuestro tiempo. No pueden hacerse transposiciones mentales ni dar saltos en el vacío, como no puede ignorarse el pasado salvo que renunciemos a entender el presente.

Lo primero que intenta un investigador honesto es agotar las fuentes existentes sobre su objeto de estudio. Todavía hoy esto no es posible en lo que se refiere al tema que nos ocupa. Lo segundo sería establecer el coste humano de la represión, lo que tampoco es posible a pesar de los meritorios avances que se han hecho en este sentido.

La cuantificación de las víctimas del terror y de la represión perpetrados durante la guerra civil, especialmente en zona franquista, sigue siendo cuestión polémica: quedaron muchas víctimas por inscribir en los registros civiles de defunción, sobre todo las causadas en el primer semestre de la guerra, el más sangriento con mucho de la contienda en este aspecto. Prácticamente todas las víctimas de la represión republicana fueron inscritas, pues sus familiares no se vieron forzados al exilio, la dispersión o el silencio. Esta circunstancia hace posible su cuantificación con mayor precisión que en el otro caso, pues ello permitía el cobro de pensiones y el beneficiarse de alguna de las categorías (excautivos, excombatientes, etcétera) con que el régimen franquista distinguía a las víctimas del terror rojo, a sus herederos y familiares. Lápidas y monolitos esparcidos por toda la geografía hispana, así como el paciente recuento iniciado a través de la llamada Causa general, permiten afirmar a algunos historiadores que es posible acercarse con un limitadísimo margen de error a la cuantificación de la represión frentepopulista.

La propaganda del Estado franquista se cebó en esta cuestión y presentó lo ocurrido en zona «roja» como un auténtico holocausto que alcanzó a centenares de miles de personas. Pero, a pesar de los denodados esfuerzos propagandísticos, la falta de rigor en la investigación, las duplicidades y los solapamientos, en modo alguno se alcanzaron las terroríficas cifras esgrimidas. Los famosos avances de la llamada Causa general, que la premura propagandística exigía incluso antes de concluir el informe, se quedaron en eso, en avances, y sus resultados completos nunca fueron publicados.

Por su parte, huelga aclarar que los familiares de las víctimas de la represión franquista no encontraron las mismas facilidades que sus contrarios para inscribir a sus muertos en el registro civil de defunciones. En su caso no había categorías, privilegios ni derecho alguno de opción a pensión de cualquier tipo. La emigración, el exilio, la cárcel, la dispersión geográfica, los años transcurridos, imposibilitan materialmente una equiparación en ese sentido.

Desde un punto de vista estrictamente científico, resulta inadmisible que en la actualidad persista toda una serie de dificultades burocráticas y administrativas que impiden investigar con rigor la dimensión, el alcance y la significación de la represión franquista. Se han expurgado archivos y otros permanecen sencillamente cerrados. Documentación tan importante para el caso como la que se encuentra en los gobiernos militares, procedente de las auditorías de guerra, permanece inaccesible.

Presiones de todo tipo hacen presagiar que el siempre maleable concepto del honor pueda ser esgrimido arbitrariamente como comodín de una baraja marcada, posponiéndose sine die el —por otra parte tan reclamado— estudio científico de este aspecto de la guerra civil.

En cuestión tan especialmente polémica como la de la represión de guerra, los factores ideológicos ejercen una particular presión psicológica sobre actores, inductores, víctimas y testigos. Resulta así muy difícil deslindar lo puramente factual de lo que son meros juicios de valor, procesos de intenciones o propaganda interesada. Así, los «crímenes horrendos» de una zona, en la otra se convierten en «estrictos actos de justicia» o «dura ley de la guerra», y el puro terror y la represión se convierten en «redención nacional» o «justicia popular», según la perspectiva en que situemos nuestro observatorio.

Es evidente que la muerte no tiene color político y que un crimen siempre será un crimen. Toda guerra civil provoca el desgarramiento total del país que la soporta, y héroes y asesinos, sevicias y actos de nobleza, quedan repartidos entre los combatientes de uno y otro bando con independencia de las ideologías sobre las que sustentan su lucha. Pero el análisis histórico de la represión exige, cuando menos, tratar de traspasar la pura obviedad sin que por ello el intento de explicación pueda ser jamás confundido con el de justificación.

5.1. El inicio de la violencia

5.1. EL INICIO DE LA VIOLENCIA

La violencia que estalla el 18 de julio de 1936 no surge por generación espontánea, ni responde a determinadas características étnicas del español, como algunos observadores cómodamente han pretendido, obviando así el análisis y la investigación de nuestro complejo desarrollo histórico. Todas las guerras, y particularmente las civiles, implican una considerable carga de violencia. A partir de las elecciones de febrero, diversos grupos de acción trasladan a la calle sus diferencias políticas, desencadenando una espiral de acción-represión-acción que va tensando la situación hasta su explosión final. El fracaso del pronunciamiento y el del Estado en imponerse mutuamente permiten el desbordamiento de la violencia y que acabe planteándose una guerra civil abierta.

Los militares sublevados eran conscientes de que buena parte de la población les era hostil. De ahí que confiasen el éxito de su aventura a sus propios medios, lo que exigía una contundente represión que impidiera la reacción del adversario. El general Mola, en su primera Instrucción reservada a los conspiradores, firmada el 25 de mayo de 1936, decía que «la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado». Había que aplicar «castigos ejemplares» para estrangular toda resistencia. En las instrucciones del 24 de junio insistía en este sentido: «El Movimiento ha de ser de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso». También había dicho a su secretario particular: «En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel (…). Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo». Esta actitud no era sino fiel reflejo de la ideología militarista que compartía la mayor parte de los jefes y oficiales africanistas que apoyaban al Movimiento.

El general Franco, en una proclama del 22 de julio, decía: «Para los que persisten en la hostilidad o pretendan rendirse a última hora no habrá perdón». También en su declaración del estado de guerra, escudándose en que trataba de restablecer el «orden dentro de la República», exigía «inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones». Linos días después, en una entrevista concedida al corresponsal norteamericano Jay Allen, le manifestaba que estaba dispuesto a vencer a cualquier precio, aunque para ello tuviera que fusilar a media España.

En cuanto al general Queipo de Llano, los mismos sentimientos se expresaban de forma hartamente vulgar como cuando el 23 de julio de 1936 calificaba de valientes a sus mercenarios violadores a los que se ofrecía como botín mujeres de rojos y de «castrados milicianos» a manos de sus aguerridos moros en defensa de la fe.

De este modo, los rebeldes impusieron desde el principio la aplicación de una represión preventiva que tenía la finalidad de impedir toda posibilidad de organizar la resistencia y de paralizar psicológicamente a los posibles adversarios. Fue la misma utilización del terror como instrumento político que aplicaron los nazis para destruir la República de Weimar. Se trataba, no ya de llevar a la práctica la doctrinas del general prusiano Karl von Clausewitz, de que la guerra era la continuación de la política por otros medios, sino de realizar la doctrina de guerra total del general nazi Erich Ludendorff, aplicando métodos de guerra a los conflictos sociales.

Los primeros hechos sangrientos en zona rebelde se desarrollaron en el protectorado de Marruecos, rápidamente pacificado por la decidida intervención de los militares sublevados. En Melilla, los obreros y militantes del Frente Popular que se lanzaron a la calle fueron reprimidos con extrema dureza, y el intento de huelga general fue abortado sin contemplaciones y fusilados el delegado del Gobierno, el alcalde de la ciudad, etcétera. En Tetuán, Ceuta, en las islas Canarias, en Sevilla, Valladolid, Pamplona, Burgos, Zaragoza…, la cadencia de los hechos fue similar. La proclamación del estado de guerra permitió actuar sin contemplaciones, y la aplicación de bando de guerra (ejecución sumaria sin formación de causa) se prodigó en cualquier sector que opusiera la más mínima resistencia. La defensa de la civilización y de los valores cristianos que proclamaban los alzados no contempló ni siquiera ciertos formalismos jurídicos. El coronel de Caballería Marcelino Gavilán Ataluzara, que se hizo cargo del Gobierno Civil de Burgos el 19 de julio, opinaba que había que «echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanitarismo, filantropía y demás tópicos masónicos». Se trataba de exterminar al adversario.

Mola, ante las pretensiones de Indalecio Prieto a finales de julio de parlamentar para evitar más efusión de sangre, decía: «¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España». Esta actitud, naturalmente, no era exclusiva de los militares. No faltaron intelectuales que jalearon la locura homicida de la guerra. José María Pemán, en una arenga pronunciada el 24 de julio desde el micrófono de Radio Jerez, decía: «La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y de expulsión».

Tanto en una zona como en otra, los primeros en ser juzgados por consejos sumarísimos de guerra fueron los propios militares que secundaron o se opusieron a la rebelión. La guerra civil empezó siendo militar antes que civil; es más, sin la división del Ejército no hubiese sido posible. En zona rebelde empezaron a funcionar rápidamente los consejos de guerra, que eran tramitados con carácter de urgencia por los respectivos jefes militares, que gozaban de total autonomía en el territorio de su demarcación. En Marruecos, Franco dio órdenes para que la defensa no pudiera disponer de más de dos horas para examinar los autos. Pero como prueba de la autonomía de los primeros meses, Franco no consiguió salvar la vida del general Campins, sometido a la autoridad del general Queipo de Llano. Los militares sublevados cometieron la cruel paradoja de juzgar y fusilar a sus colegas republicanos por «adhesión, seducción, auxilio, provocación, inducción y excitación a la rebelión», según el Código de Justicia Militar vigente, cuyo artículo 237 decía textualmente: «Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra (…) el Gobierno constitucional y legítimo (…)». Los consejos se resolvían rápidamente y en muchos casos no se consideraba preceptivo ni tan siquiera oír al acusado. Los juicios tenían con frecuencia carácter masivo, juzgando en bloque a diversas personas. Pero la aberración jurídica máxima fue establecer procedimientos judiciales retroactivos, conculcando así el principio jurídico elemental de que nadie puede ser juzgado por un delito establecido en una normativa inexistente cuando se llevó a cabo la acción encausada. Paradoja todavía mayor, si cabe, fue juzgar la inacción: no haberse sumado a la sublevación.

Los primeros meses de la guerra fueron los más sangrientos en ambas zonas. En el sur, Queipo de Llano defendió su cabeza de puente sevillana a través de la práctica sistemática del terror, dedicándose a la limpieza de elementos rojos y a la razia de las poblaciones hostiles. Organizó unas fuerzas cívicas de apoyo cuya exaltación él mismo elogiaba a través de la radio. Por ejemplo, en su alocución del 25 de julio decía que había que matar como perros a quienes divulgaran bulos contra el glorioso Movimiento Nacional.

Por su parte, el «Ejército de África» del general Franco se abría paso con no menor contundencia camino de Madrid. En esa marcha fulgurante, Badajoz, el 13 y 14 de agosto, supuso el primer enfrentamiento armado de entidad que se produjo en la guerra. La firme resistencia de sus defensores y las bajas sufridas por los legionarios y regulares (285, según sus propias fuentes) exasperaron la furia de los atacantes, que se entregaron a la violación y al saqueo.

La represión fue muy dura, pues se llegó en el cementerio a la quema de cadáveres ante el peligro de epidemia que la descomposición de los mismos podía provocar. Como dice la propia bibliografía profranquista, se procedió, a fin de seleccionar a los detenidos, a examinar si quedaban en el hombro señales del amoratamiento producido por el retroceso de la culata del fusil, prueba de haber disparado con profusión. Estos prisioneros eran ejecutados en el acto y sin formación de causa.

Le Temps, de París, fue el primer periódico que se hizo eco de tales matanzas informando que al día siguiente de la ocupación de la ciudad se había ejecutado a 2200 personas y proseguían las detenciones y ejecuciones en la plaza de toros. El periodista Jay Allen habla de 1800 ejecuciones en la plaza y de una matanza global de unas 4000 personas. Otro corresponsal norteamericano, John T. Whitaker, le preguntó directamente al teniente coronel Yagüe sobre la ejecución de prisioneros, a lo que éste respondió: «Por supuesto que los hemos matado. ¿Suponía usted que iba a dejarme a 4000 rojos a mis espaldas teniendo mi columna que avanzar a marchas forzadas? ¿Iba a permitir que Badajoz volviera a ser rojo?». Con independencia del número exacto de ejecuciones, cuestión polémica y de difícil determinación, no cabe duda que la represión fue dura y dejó impresionada a la población. En una carta del 22 de agosto a Franco, el nuevo gobernador militar de Badajoz, refiriéndose a la moral pública, decía: «Muy abatida en el campo y en la plaza. Para levantarla he organizado un desfile, unas manifestaciones y gran propaganda, pero son poco sensibles y el susto no acaba de salírseles del cuerpo».

La contundencia de las tropas africanas no era sino lógica consecuencia de la ideología militarista que inspiraba sus acciones. Los africanistas aplicaban en su propia patria y con sus propios compatriotas los modos y maneras que el ejército colonial practicaba con los rifeños. El capitán Strunk, diplomático alemán, reconocía a Whitaker que «los prisioneros de guerra eran ejecutados por los soldados de Franco por órdenes expresas suyas».

Ocupadas las diversas poblaciones, las tropas se apresuraban a nombrar a las nuevas autoridades (generalmente militares retirados o incorporados a la rebelión) y a depurar y procesar a las antiguas. En la retaguardia se procedió a una sistemática represión, inducida por los caciques locales, pero practicada con la aquiescencia de los mandos militares —único poder realmente existente en la zona sublevada—, si bien era ejecutada básicamente por falangistas (muchos de ellos de aluvión), grupos cívicos, guardias civiles y fuerzas paramilitares. Se generalizaron los paseos (la «reforma agraria», como decían con sorna algunos grandes propietarios) entre sindicalistas, obreros, masones, responsables políticos y cuantos hubiesen tenido alguna significación izquierdista o, simplemente, republicana; todos ellos globalmente calificados de rojos.

Se produjeron sacas con el consentimiento del mando militar, y hubo fusilamientos en las cunetas, en las tapias de los cementerios y en el extrarradio de los centros urbanos. Pero no siempre el móvil respondía a consideraciones ideológicas, pues se libraron de la muerte personajes políticamente muy comprometidos, y otros que jamás se habían implicado fueron eliminados, encubriendo con justificaciones políticas venganzas estrictamente personales. Se saldaron numerosas deudas por el expeditivo sistema de asesinar al acreedor. A las mujeres que más se habían destacado en las protestas sociales se les cortaba el pelo y se las humillaba prendiendo en sus ralos mechones lacitos bicolores de la bandera monárquica. Otras veces se les hacía ingerir fuertes dosis de aceite de ricino y se las vejaba o violaba.

La represión se centró fundamentalmente en la clase política republicana y en los grupos y sectores afectos al Frente Popular. Posteriormente, a medida que fueron ampliando el territorio, la represión alcanzó a los nacionalistas vascos y catalanes. Fue especialmente dura con los escritores e intelectuales, considerados principales responsables de la guerra, ya que con su actividad habían envenenado el alma popular induciéndola a adoptar credos extraños a la tradición española. Si el asesinato de Blas Infante, líder del tibio nacionalismo andaluz de la época, el 11 de agosto de 1936, en las afueras de Sevilla, puede ser significativo desde el punto de vista de la represión política, el de Federico García Lorca, ocho días después, en un camino próximo a Granada, representa el paradigma máximo de la represión cultural llevada a cabo por los franquistas. No obstante, ambas muertes, a pesar de su relevante singularidad, sólo encuentran explicación en el contexto de una represión de masas que sacudía toda la retaguardia franquista a lo largo de 1936.

Tras los conocidos sucesos protagonizados por Miguel de Unamuno el 12 de octubre (fecha en que por entonces —y durante muchos años después— se celebraba la Fiesta de la Raza), que exasperaron al fundador de la Legión, general Millán Astray, hasta el punto de gritar: «¡Mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte!», y que llevaron a Franco a destituirlo como rector de la universidad de Salamanca, no podía esperarse moderación alguna con los maestros, profesores, catedráticos, escritores e intelectuales republicanos, genuinos representantes de la anti-España, a los que se depuró y persiguió masivamente.

Para preservar a la infancia se procedió a la incautación y destrucción de las obras consideradas subversivas existentes en bibliotecas ambulantes, escuelas y centros docentes, pues hacer desaparecer tales publicaciones se consideraba «un caso de salud pública». No debía quedar de ellas vestigio alguno. Las normas de depuración de los funcionarios públicos debían aplicarse sin distinción, ya se tratase de administrativos, judiciales o fiscales. La depuración era una «sagrada misión» de carácter no solamente «punitivo», sino también «preventivo», en la que no cabían ni «reprobables reservas mentales» ni «sentimentalismos extemporáneos», como establecía el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza (ministro de Educación), José María Pemán.

Esta primera fase de represión masiva exigía la desarticulación del enemigo y de sus aparatos de Estado, y respondía a la decidida voluntad y convencimiento de un triunfo rápido. Tan seguros estaban los militares sublevados de ello, que Franco firmaba en Salamanca, el 1 de noviembre, su Decreto número 55, en virtud del cual se creaban en la plaza de Madrid ocho consejos de guerra, constituidos de forma permanente, cuya competencia era «el conocimiento de los delitos incluidos en el bando que al efecto se publique por el general en jefe del ejército de ocupación».

Los franquistas se aplicaban a la organización de la represión antes incluso de haber tomado la ciudad. Precisamente, la batalla de Madrid supuso una inflexión en el desarrollo de la guerra civil y también de la represión, que, a partir del invierno de 1936, adquirió una dinámica menos indiscriminada y masiva ante la perspectiva de una guerra larga, lo que obligaba a un replanteamiento general de métodos y objetivos.

5.2. El descontrol republicano

5.2. EL DESCONTROL REPUBLICANO

En zona republicana, los primeros hechos sangrientos se desarrollaron en Barcelona y Madrid, los dos principales baluartes republicanos. En la Ciudad Condal, sus fuerzas de seguridad y orden público, perfectamente informadas de lo que se tramaba y con el concurso de los anarcosindicalistas, hicieron fracasar la rebelión. Al anochecer del 19 de julio, los cuarteles y la Maestranza del barrio de Sant Andreu de Palomar, abandonados por sus ocupantes, fueron invadidos por una muchedumbre que se apoderó de todo el armamento almacenado, la mayor parte del cual cayó en manos de la FAI, de la CNT y de numerosos incontrolados. En la mañana del día 20 todavía resistieron las dependencias militares, el antiguo cuartel de Atarazanas y el convento de los carmelitas. En Atarazanas se prolongó la resistencia, y en el ataque murió el líder anarquista Francisco Ascaso. Rendido el edificio, grupos de asaltantes asesinaron a la mayor parte de los defensores. En los carmelitas ocurrió algo parecido. Los rebeldes exigieron entregarse a la Guardia Civil, y así se hizo, pero en las afueras se fue concentrando una gran masa exasperada por las bajas sufridas y el afán de desquite, y, tras arrollar a las fuerzas de orden público, asesinaron a numerosos oficiales y religiosos. La rebelión fracasó en Barcelona, pero las consecuencias fueron trágicas: las masas armadas se enseñorearon de la ciudad e iniciaron la búsqueda y captura de fascistas, al tiempo que bandas de delincuentes se dedicaron al robo, la extorsión y el asesinato.

En Madrid ocurrió algo parecido en el asalto al cuartel de la Montaña, donde se habían refugiado y hecho fuertes los rebeldes. Grandes masas de curiosos y de mal llamados milicianos se concentraron alrededor del cuartel. En medio de la confusión se pensó que se rendían, y avanzaron a la descubierta, siendo recibidos con una descarga cerrada de fusilería que dejó el suelo sembrado de cadáveres. Tras la rendición, las fuerzas de seguridad consiguieron salvar al general Fanjul y al coronel Fernández Quintana de las iras de los asaltantes, y algunos resistentes consiguieron escapar en medio del desconcierto. Pero unos centenares fueron abatidos por una masa incontrolable que, como en Barcelona, pasaría a adueñarse de las calles.

A diferencia de lo ocurrido en la otra zona, los consejos de guerra republicanos aplicaron la legislación vigente correctamente a los militares sublevados que desafiaron con su acción el derecho de defensa del Estado. Los republicanos defendían su propia seguridad jurídica y la indiscutible legalidad del Gobierno surgido de la voluntad popular expresada en unas elecciones limpias. Sentada esta cuestión de principio, no puede ignorarse el clima que rodeó a los primeros juicios sumarísimos y que la vida de los militares apenas dependió de haber sabido elegir el propio bando en el sitio y en el momento oportuno. No obstante, una cosa eran los esfuerzos de un Estado, que se había visto asaltado, por imponer la ley y otra bien distinta la actuación de contrapoderes que se lanzaron a actuar por su cuenta.

Lo ocurrido el 22 de agosto en la cárcel Modelo de Madrid resulta bien elocuente al respecto. Un incendio en la leñera de la cárcel, adonde acudieron bomberos para apagar el fuego, así como fuerzas de seguridad y milicianos curiosos, que fueron recibidos a tiros al penetrar en el recinto, provocó que el edificio fuera tomado por asalto. Según parece —los hechos son confusos—, hubo enfrentamientos dialécticos entre miembros de los distintos grupos asaltantes. Unos pretendían ejecutar masivamente a los prisioneros, y otros, que se procediese a una selección. Examinados los ficheros, eligieron los nombres que más les sonaban, y en el patio de la cárcel fueron asesinadas más de 30 personas aquella misma tarde, fusilamientos que siguieron al día siguiente. Entre las víctimas se encontraban personalidades como Melquíades Álvarez, José Martínez de Velasco, Fernando Primo de Ribera, Julio Ruiz de Alda, Manuel Rico Avelló, José María Albiñana, Osvaldo Fernando Capaz, Rafael Villegas Montesinos, etcétera. Entre los que se encontraban en la cárcel y se libraron de la muerte estaban Ramón Serrano Súñer, Raimundo Fernández Cuesta y Antonio Lizarza, cuyos nombres, para fortuna suya, pasaron inadvertidos de las turbas.

Julián Zugazagoitia escribió en el editorial de El Socialista del 23 de agosto: «Nos declaramos enemigos de toda acción de violencia (…) cualquiera que sea el designio con que se cometa. (…) La conducta de los rebeldes (…) no puede servirnos de ejemplo ni disculpa. ¿Acaso no estamos en el deber de probar que somos distintos?». Manuel Azaña quiso dimitir en cuanto se enteró, y dejó plasmada su impresión en su diario de guerra: «Yo también hubiera querido morir en aquella noche o que me mataran. La desesperación no me enloqueció (…). ¡Ingrata fortaleza! El presidente del Consejo (José Giral) lloraba lágrimas de horror. Razón le sobraba».

El Gobierno, seriamente preocupado por tales hechos, se apresuró a organizar su propia justicia, en un sincero intento de controlar, o canalizar jurídicamente al menos, las ansias vindicativas de sus propias masas. El 23 de agosto, al día siguiente de producirse los asesinatos de la cárcel Modelo, se crearon por decreto, «a fin de evitar matanzas frenéticas», los llamados tribunales populares. El 24 comenzaron en la cárcel los juicios sumarísimos de los presos complicados en la rebelión y se dictaron las primeras sentencias. Se pretendía elegir un jurado imparcial que examinase objetivamente los hechos que se imputaban al acusado, al que se le proporcionarían medios adecuados para su defensa. Pero los candidatos a jurados eran propuestos por las diversas organizaciones políticas y sociales que sostenían la causa republicana, y era evidente que una inequívoca actitud antifascista era el filtro inevitable para poder formar parte de dichos tribunales. Por otra parte, el clima reinante tenía forzosamente que influir en el jurado, aunque también salvaron la vida muchos que de otra manera hubiesen corrido serios riesgos de ser paseados. No cabe duda que la elección del jurado se vio mediatizada por consideraciones políticas, y que el acusado careció por lo general de las necesarias garantías de imparcialidad de los jueces.

El Estado republicano consiguió hacer fracasar la rebelión en las ciudades más importantes y en las zonas industriales y más desarrolladas, pero en alianza no querida con fuerzas revolucionarias que, beneficiadas del caos que produjo la rebelión, desafiaron su autoridad. La revolución desencadenada por sus aliados impidió al resquebrajado Estado republicano controlar la situación. Paradójicamente, los revolucionarios ejercían su poder, pero no ocuparon el poder.

Iniciado un enfrentamiento armado de resultado incierto, se acometió la tarea de limpiar la retaguardia de enemigos reales o potenciales. Las mal llamadas patrullas de control o de vigilancia ampararon muchas veces simples bandas de delincuentes que, como la célebre capitaneada por Agapito García Atadell, se dedicaban al robo y al asesinato. Huido al extranjero, cayó finalmente en manos de Queipo de Llano (gracias a la información del Gobierno republicano), a quien se apresuró a ofrecer sus servicios, siendo finalmente enviado al patíbulo.

En zona republicana, los paseos se generalizaron, y, en lógica correspondencia con lo que ocurría en la otra zona, aquí eran caciques, empresarios, sacerdotes, burgueses o católicos los que caían asesinados, englobados todos bajo la común denominación de fascistas. Se realizaron sacas sistemáticas de las cárceles por grupos más o menos incontrolados. Su más alto exponente tuvo lugar en Madrid el mes de noviembre de 1936.

Las tropas del general Varela se encontraban a las puertas de la capital y el Gobierno se trasladó precipitadamente a Valencia el día 6, dejando la ciudad a cargo de una Junta de Defensa. Fue entonces cuando se tuvo más clara conciencia de que la ciudad podía caer en cualquier momento. Madrid era una ciudad asediada, sometida a durísimos bombardeos que provocaron centenares de muertos y numerosos heridos. Al mismo tiempo caían sobre la ciudad miles de octavillas firmadas por Franco instando a la rendición incondicional y anunciando represalias en consonancia con la resistencia que se ofreciese. Algunas de ellas, como la transcrita por el corresponsal del periódico londinense The Times el 1 de noviembre, amenazaba con tomar represalias con los heridos tras la toma de la ciudad.

En Madrid se generalizaba en aquellos momentos la represión en medio de la connivencia, la indiferencia o la impotencia de los responsables políticos más directos. Miles de detenidos en las cárceles madrileñas temían por su suerte dada la confusión, dispersión de la autoridad y caos reinante. Se decidió entonces trasladar a los presos a Valencia, muchos de los cuales engrosarían los cuadros del adversario si Madrid fuese conquistado, y se confeccionaron al efecto abundantes listas por parte de los funcionarios policiales. En el trayecto se optó por su simple eliminación. El centro primero o último de esta sangrienta determinación —o su real espontaneidad— es confuso y de difícil precisión histórica.

La primera saca tuvo lugar el 7 de noviembre. El convoy de desvió hacia Paracuellos del Jarama, y allí se iniciaron las matanzas, que continuaron en días sucesivos, así como en Torrejón de Ardoz. La Junta de Defensa de Madrid tomó conocimiento oficial de los hechos —como revelan sus actas— el día 11, y delegó en el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los presos en los traslados. No obstante, prosiguieron las matanzas hasta el 4 de diciembre, fecha en que el anarquista Melchor Rodríguez asumió el cargo de delegado especial de prisiones y atajó los asesinatos, a pesar del evidente riesgo que tal resolución representada para él al enfrentarse personalmente con bandas armadas que llegaban a efectuar sacas.

Las responsabilidades son difíciles de establecer, aunque en este caso es imposible desconocer las que afectan directamente a los aparatos policiales, mayoritariamente controlados por comunistas y fuertemente influenciados por asesores soviéticos, como el representante del Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores (NKVD), que actuaba bajo el seudónimo de Alexander Orlov.

Entre el alud de víctimas del terror de la retaguardia madrileña durante aquel trágico mes de noviembre destacan el conocido ensayista Ramiro de Maeztu y el popular comediógrafo Pedro Muñoz Seca. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 fueron asesinadas unas 2400 personas, según los estudios más solventes; no obstante, no fueron las únicas a lo largo de la guerra. Las investigaciones realizadas con posterioridad arrojaron un total de 10 000 exhumaciones en aquella zona. Por ello el nombre de Paracuellos del Jarama ha quedado asociado al terror sufrido en zona republicana.

El clero regular fue objeto de una dura represión en el bando gubernamental. El estallido de la guerra civil provocó una auténtica ola de anticlericalismo, a pesar de que la Iglesia como institución no estuvo directamente implicada en la sublevación, aunque se apresuró a sumarse a la causa rebelde, a la que santificó bautizándola de cruzada.

La tremenda persecución a que se vio sometida parece ser que fue fundamentalmente protagonizada por los anarquistas, cuya fe en la revolución universal les impulsó a destruir aquellos elementos que consideraban más contrarrevolucionarios. La Iglesia representaba para ellos una de las fuerzas más conspicuas de la reacción mundial, y se aplicaron a su destrucción impregnados de un auténtico misticismo antirreligioso. Fue el encontronazo de dos profundos fervores que pueden sintetizarse en dos de sus divisas respectivas: «Ni Dios, ni Amo», y «Dios o sin Dios».

Los anarquistas españoles rendían culto a una utopía revolucionaria que establecería el paraíso en la tierra, y que, en el fondo, rebosaba un profundo idealismo religioso. Eran unos moralistas intransigentes para los cuales el fin justificaba los medios. El resultado de ello fue una tremenda matanza, en la que también participó el resto de los sectores políticos republicanos, que alcanzó a 12 obispos y unos 6500 sacerdotes y religiosos aproximadamente. Las monjas fueron menos perseguidas, pero aun así fueron inmoladas 283 de las 60 000 que por entonces estaban censadas en España. Esta persecución, a la que hay que sumar gran cantidad de iglesias profanadas, saqueadas o incendiadas, enajenó la opinión de la mayor parte de los creyentes españoles y extranjeros, proporcionando a la Iglesia española sólidos argumentos para presentarse ante el mundo con la aureola de mártir. El Gobierno, a fin de impedir o atenuar en la medida de lo posible tales actos, ordenó la incautación de todo el patrimonio artístico y la clausura de los locales eclesiásticos, aunque la medida fue de escasa eficacia. Pasada la primera oleada represiva, este tipo de acciones decreció considerablemente a partir de 1937.

Los prohombres republicanos se vieron impelidos a soportar una situación que representaba el contramodelo de sus más firmes ideales. Hombres respetuosos de la ley, partidarios de la moderación y la reforma, se encontraron atrapados en medio del desorden, el radicalismo y la revolución. Por salvar, sostener o dignificar su principio supremo —la República, como paradigma del Estado de derecho, frente a la acometida de las fuerzas antidemocráticas— se vieron forzados a aceptar una situación para ellos penosa. Pero el secuestro político a que se vieron sometidos no les enajenó sus más firmes creencias, y rechazaron la violencia sin rodeos.

Indalecio Prieto, en una alocución radiada a las milicias el 1 de agosto de 1936, rogaba y suplicaba a los combatientes que no imitasen los excesos del enemigo: había que superarlos en conducta moral y generosidad. Decía Prieto: «Pido pechos duros para el combate, duros, de acero, como se denominan algunas de las milicias valientes; pechos de acero, pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana». Indalecio Prieto no representa un caso aislado, puesto que en toda la Prensa republicana pueden encontrarse llamamientos en contra del terror. Líderes anarquistas como Juan Peiró (fusilado por Franco) denunciaron desde el mismo mes de julio los crímenes que mancillaban el honor de los revolucionarios. Un manifiesto de la misma FAI hecho público el 30 de julio de 1936 en Barcelona amenazaba con «fusilar a todo individuo que se compruebe que ha realizado actos contra el derecho de gentes».

Pero fue la actitud de Manuel Azaña, como presidente de la República, la que resulta más ejemplificadora. En 1920 escribía: «La guerra es un crimen que nunca se disculpa, que no debe aceptarse jamás, que es necesario impedir». En abril de 1936, ya como encarnación genuina de la República, declaraba que había llegado la hora de que los españoles dejasen de fusilarse los unos a los otros, y que no había venido para presidir una guerra civil. Sin embargo, al poco de producirse la sublevación decía: «¡Ya estamos listos para que nos fusilen!». Azaña se hunde con la República; pero no es eso lo que más le preocupaba, sino ver cómo eran pisoteados los principios que él había aspirado a que fuera fundamento de aquélla. Y, más allá, lo que le sumió en una profunda depresión fue asistir impotente al espectáculo de ver cómo se mataban sus compatriotas.

5.3. La retaguardia franquista

5.3. LA RETAGUARDIA FRANQUISTA

A medida que el levantamiento fue derivando hacia una guerra civil cuyo desenlace no se veía próximo, la represión perdió parte del descontrol de 1936 y empezó a ejercitarse de manera menos espontánea y más sistemática. De la pura razia, operaciones de limpieza o pacificación, se pasó a una represión más selectiva e institucionalizada.

Tras la ocupación de Málaga por las tropas franquistas, en febrero de 1937, se desencadenó una durísima represión. Málaga se había visto previamente sometida al terror miliciano, pero las represalias franquistas fueros adquiriendo un carácter masivo y desproporcionado. Fueron fusilados varios miles de personas, a las cuales habría que sumar las víctimas de la carretera del litoral que huían en dirección a Almería, y que fueron ametralladas por el fuego de la aviación y de la escuadra franquistas.

Pero el hecho culminante del terror desencadenado por el bando franquista durante la guerra, por el valor simbólico alcanzado, es el bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937. Aquella tarde cayeron sobre la capital espiritual de los vascos cerca de 30 toneladas de bombas incendiarias y explosivas que redujeron a un montón de escombros y cenizas el centro de la villa, que ardió como una pavesa. El 70 por 100 de las casas quedó destruido, y el Gobierno vasco informó que el bombardeo causó 1600 muertos, cifra que jamás admitió la historiografía franquista, que, por boca de uno de sus propagandistas más pertinaces, declaraba —33 años después de ocurridos los hechos— que Guernica era un mito donde no habían muerto «ni siquiera una docena».

No obstante, la repercusión internacional alcanzada por el hecho viene dada porque la destrucción de Guernica es un claro exponente de la política de tierra quemada que había anunciado el general Mola, dispuesto a borrar Euskadi del mapa, según sus propias declaraciones.

A medida que las tropas franquistas avanzaban militarmente, se encargaban de la ocupación de las poblaciones liberadas los batallones de guarnición, que se encargaban de reducir los focos rebeldes y de aplicar los bandos de la autoridad militar, así como de la vigilancia de prisioneros, polvorines, fábricas, etcétera. Los batallones de orden público se ocupaban de mantener el orden en retaguardia, de la búsqueda y captura de desertores, etcétera. La columna de orden y policía de ocupación se ocupaba, en general, de la rápida normalización de la vida civil. Esta normalización se establecía sin contemplaciones. Los fusilamientos por rebelión militar continuarían en un permanente goteo a lo largo de toda la guerra, y aunque nunca cesó por completo la represión descontrolada, el progresivo afianzamiento del nuevo Estado determinó la institucionalización de la represión a todos los niveles. Conforme se extendía el territorio ocupado, se designaban nuevos consejos de guerra, de tal manera que el auditor del Ejército de ocupación interesaría del Alto Mando la constitución de nuevos tribunales «para atender las necesidades de servicio». Se aumentaban a su vez las atribuciones del Alto Tribunal de Justicia Militar. A finales de 1937, el Ejército franquista tenía recluidos a 106 822 prisioneros en numerosos campos de concentración distribuidos por todo el territorio nacional.

La depuración política alcanzaba todos los niveles del Estado, llegándose a depurar desde personal subalterno de cajas de ahorro benéficas hasta a peones camineros. La censura se extendía a todas las actividades públicas y privadas, y las incautaciones y embargos de bibliotecas alcanzaron hasta a los particulares. La utilización de prisioneros de guerra, incluso «sin una imputación específica», en trabajos forzados fue práctica generalizada. Fue abolido el estatuto catalán y suprimidos los logros autonómicos en otras regiones, «de acuerdo con el principio de unidad de la patria», y se prohibió el uso de otro idioma que no fuera el castellano.

El nombramiento del teniente general Severiano Martínez Anido como jefe de Seguridad Interior para la retaguardia, en octubre de 1937, vino a imprimir a la represión tal dimensión que fue calificada de intolerable incluso dentro de las propias filas franquistas. El mismo embajador de Hitler ante Franco, Von Stohrer, en su informe confidencial de 1 de julio de 1938 a su Ministerio de Asuntos Exteriores, estimaba «deseable un cambio de métodos, considerados por muchos en la República nacionalista insoportables a la larga».

Los bombardeos sobre población civil continuaron a lo largo de toda la guerra. Granollers, por ejemplo, era una pequeña ciudad fuera del área de objetivos militares. Según un informe de la misma Legión Cóndor alemana, fechado el 7 de agosto de 1938, habían sido más de 100 los muertos y 450 los heridos, algunos de los cuales aún habrían de morir. La mayor parte de las víctimas eran mujeres y niños. El citado Von Stohrer, en su informe del 23 de marzo de 1938, se hacía eco de los «terribles» bombardeos sufridos por Barcelona y de que «ningún indicio podía encontrarse de que se hubiese pretendido alcanzar objetivos militares». Más de 1000 muertos y 3000 heridos se habían contabilizado, según el propio embajador alemán.

Aparte de la represión directa sobre las personas, la legislación del nuevo Estado se aplicó a la derogación sistemática de todo lo promulgado por el régimen liberal republicano. Franco había dicho que «contra la patria no caben libertades», y su régimen se aplicó a la supresión de todas ellas: expresión, reunión, asociación, etcétera. Se llegó incluso a derogar la ley de matrimonio civil de 1932 por considerar que constituía «una de las agresiones más alevosas de la República contra los sentimientos católicos de los españoles». Pero donde el espíritu represivo del nuevo Estado alcanzó uno de sus exponentes máximos fue en la ley de 5 de julio de 1938 modificando el artículo 27 del Código Penal común. La exposición de motivos no puede ser más expresiva: «La ley que a continuación se promulga es de las que no requieren explicación ni justificación, porque es la propia realidad la que la impone y la dicta […]. Por un sentimentalismo de notoria falsía, y que no se compagina con la seriedad de un Estado fuerte y justiciero, fue cercenada la escala general de penas, eliminándose de ella, en el Código Penal de la nefasta República, la de muerte».

La culminación legislativa de la política represiva del nuevo Estado franquista se alcanzó con la promulgación de la ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, extendiendo las supuestas responsabilidades contraídas al 1 de septiembre de 1934. Por consiguiente, la nueva ley, al sancionar retroactivamente, violaba uno de los principios irrenunciables del Derecho. Como el propio preámbulo remarcaba, se trataba de castigar a quienes con su actuación habían contribuido a la «subversión roja» y a «entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional […]. La magnitud intencional y las consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas».

5.4. La reconstrucción del estado republicano

5.4. LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO REPUBLICANO

El drama del Estado republicano, el de sus prohombres y políticos más responsables, consistía en la contradicción entre su clara voluntad de poner coto a los desmanes y en su impotencia ante la dinámica general. No dispusieron al principio de fuerza para ello, pero el esfuerzo de reconstrucción del Estado, de sus aparatos policiales y judiciales, de supresión de los diversos contrapoderes fue constante, y alcanzó su culminación a partir del primer Gobierno de Negrín.

A pesar de las propias dificultades internas y todos los condicionantes políticos, el esfuerzo por recomponer las instituciones fue manifiesto en el campo republicano; otra cosa es que los frutos de esa política no empezaran a recogerse hasta la primavera de 1937. La reconstrucción de la autoridad del Estado fue lenta, pero decidida, constante y, desde luego, innegable. «Salvamos así algunos miles de vidas», le dijo José Giral a Azaña cuando le presentó a la firma el decreto de constitución del primer Tribunal Especial (inmediatamente conocidos como populares), el 23 de agosto de 1936, tras las matanzas de la cárcel Modelo de Madrid. El Gobierno acometió la tarea de poner de nuevo en pie la organización judicial. Muchos jueces se enfrentaron valerosamente con toda una serie de comités populares que proliferaron tras la sublevación. Hacía falta mucho valor y determinación para enfrentarse a los grupos que efectuaban sacas y paseos, pero lo que no puede discutirse es la impotencia gubernamental ante tales hechos. El Gobierno de Giral, constituido únicamente por republicanos, no pudo imponerse a unas masas exaltadas sobre las que no tenía autoridad. Largo Caballero, cuyo Gobierno incluía socialistas, comunistas y —después del 3 de noviembre de 1936— anarquistas, tampoco lo consiguió, pero sí se inició bajo su mandato el ejercicio de la autoridad que acabaría con los poderes surgidos al margen del Estado. Los tribunales populares juzgaron y condenaron a muerte a numerosos elementos convictos y confesos de asesinatos hasta que suspendió la ejecución de toda condena a muerte, a partir del 14 de agosto de 1938. Igualmente absolvieron y aplicaron condenas benignas en muchas ocasiones, lo que incluso provocó acusaciones a los tribunales de justicia, que se vieron calificados de fascistas o de enemigos de la República. Las cárceles se llenaron de presos gubernativos, muchos de ellos sin acusación específica o suficientes indicios de culpabilidad. Pero, gracias a ello, lo que en 1936 hubiese supuesto el grave riesgo de ser víctimas de alguna saca, en 1937 y 1938 constituía un seguro de vida.

El Gobierno de Negrín, formado en mayo de 1937, se encaminó decididamente al fortalecimiento del Estado; pero, al mismo tiempo que volvía el orden y cierta seguridad y se garantizaban los derechos de defensa, aumentaron las actividades de los quintacolumnistas y las acciones de sabotaje y espionaje. El mismo embajador alemán, Von Stohrer, en un informe fechado en Salamanca el 13 de enero de 1938, reconocía que en zona republicana «los crímenes de derecho común son inmediatamente castigados o perseguidos de acuerdo con un proceso regular». Los servicios de información y contraespionaje republicano reclamaban continuamente mayores competencias ante la evidente progresión quintacolumnista en su zona, y la represión policial, básicamente controlada por los comunistas, se acentuó y extendió considerablemente. Pero había determinados límites que nunca fueron sobrepasados por una cuestión de principio: cuando en agosto de 1938 se pretendió militarizar los tribunales, Azaña se negó a ello y no se militarizaron.

La represión política no se limitó a la persecución de las ideas y valores representados por el bando opuesto, como el caso Nin y el de su propio partido (el POUM) ponen de manifiesto. El PCE acusó al POUM de ser el principal responsable de los sucesos de 1937 en Cataluña y de estar sus filas infiltradas de agentes franquistas. Se organizó una auténtica conspiración para implicar a los poumistas revolucionarios en supuestos tratos con el enemigo, para lo cual se llegó a preparar documentación falsa. Se desencadenó una serie de procesos políticos contra sus dirigentes. Muchos de sus miembros hubieron de huir y pasar a la clandestinidad. La persecución del POUM coincidió con las purgas estalinistas en la URSS, que los dirigentes soviéticos extendieron más allá de sus fronteras. Detenido en Barcelona y trasladado a Madrid, Andreu Nin, antiguo revolucionario y líder del POUM, se convirtió en un desaparecido. Ni Negrín ni Zugazagoitia consiguieron su reaparición. La implicación, por acción o por omisión, del coronel Ortega, director general de Seguridad, afiliado el PCE, y la del propio partido comunista, preparando el ambiente que hacía posible estos sucesos, parece innegable. Se montó una grotesca campaña propagandística afirmando que Nin había sido secuestrado por un comando de la Gestapo alemana. Así, Nin no sólo pagó con la vida su disidencia, sino que se calumnió su memoria afirmando que estaba a sueldo del enemigo. Los procesos continuaron hasta el otoño de 1938, y en ellos quedó sobradamente demostrado el antifascismo del POUM.

Establecer las responsabilidades en este tipo de acciones —como en el caso de las matanzas de Paracuellos u otros casos— es muy complejo. Los aparatos policiales fueron alcanzando un grado de autonomía notable y llegaron a constituir casi un Estado dentro del Estado. El ministro de la Gobernación en el caso Nin era el socialista Julián Zugazagoitia, que se vio claramente cortocircuitado por su director general de Seguridad. Es evidente que Negrín, absurdamente presentado por unos y otros como fiel servidor de los intereses de Moscú, podía haber puesto todo el peso de su autoridad —y la tenía y sabía ejercerla— para erradicar este tipo de acciones. Pero tampoco pueden ignorarse las circunstancias de guerra en que éste se veía obligado a desenvolverse y la realidad de la dependencia con la URSS para seguir obteniendo el abastecimiento y los suministros que le resultaban vitales a la República. Por otra parte, que un Estado a la defensiva, camino de la derrota, vea incrementarse en su propio seno a los quintacolumnistas y, en lógica consecuencia, redoble sus aparatos policiales y persiga a quienes entorpecen la necesaria unidad de la política gubernamental no puede escandalizar a quienes, al menos, tengan un cierto conocimiento de la historia universal.

5.5 Intentos de humanizar la guerra

5.5. INTENTOS DE HUMANIZAR LA GUERRA

La terrible tragedia que una guerra civil significa, con su desencadenamiento de odios y pasiones, suele oscurecer, ante el inevitable protagonismo de la sangre, las acciones humanitarias, el decidido esfuerzo de los hombres de paz en medio del fragor de los combates, que en ningún caso pueden asumir la escabechina de sus propios congéneres. No digamos cuando se trata de personalidades como la de Manuel Azaña, que siempre tuvo muy presente que los españoles de uno y otro bando eran «hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo», y que esa era «la base de la nacionalidad y la raíz del sentimiento patriótico».

El presidente de la República intentó desde el principio impedir que continuase la matanza. Obsesionado por ello, se mantuvo con dignidad al frente de su cargo sólo para intentar, a través de su decidida política de mediación, en la que implicaría al propio Julián Besteiro, conseguir un alto el fuego, una paz negociada. Pero nada pudo hacer; fue un presidente desposeído por los suyos y despreciado por sus contrarios.

A lo largo de la guerra no dejó de hacer explícita su posición sobre el conflicto y su obsesión por la paz. Pero había pasado definitivamente el tiempo de actuación de hombres como Azaña en un país desgarrado por sus divisiones internas. En su más célebre discurso —pronunciado en Barcelona poco antes de que el Ejército republicano atravesara el Ebro en julio de 1938—, pensando en todos los españoles, se erigió en portavoz del «mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón». Fue, una vez más, la voz que clamaba en el desierto.

En el campo republicano hubo relevantes personalidades perfectamente conscientes de que la guerra representaba un mal absoluto para España, y, en consecuencia, intentaron detenerla desde el principio. Ya han salido a colación sobre este aspecto los nombres de Indalecio Prieto, Manuel Azaña y Julián Besteiro. Pero incluso el tan desconocido e incomprendido Juan Negrín, que ha pasado a la historia —de momento— como un belicista y un declarado prosoviético, intentó negociar también, pero no desde posturas claudicantes. Era muy consciente del talante de sus interlocutores y de su limitado campo de acción, pero no estaba dispuesto a entregar media España atada de pies y manos al revanchismo de los vencedores. Vascos y catalanes también hicieron gestiones de paz por su cuenta.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo del bando franquista. El que su fe en el triunfo fuera más firme que la de sus adversarios no altera la realidad del aserto. El apabullante «ni olvido ni perdón» machaconamente repetido por su propaganda todavía resuena en los supervivientes de la represión franquista.

Franco declaró al periodista Jay Allen que no había ninguna posibilidad de tregua ni de compromiso, y rechazó en todo momento las proposiciones de paz de manera categórica. Sólo contemplaba la victoria aplastante y la derrota total del enemigo. Además no cejó de anunciar duras represalias para, precisamente, impedir presiones de la opinión pública o que se crease un clima propicio para ello.

Durante la guerra fueron numerosas las embajadas y consulados que abrieron sus puertas a los refugiados. El asilo diplomático fue un hecho singular de la guerra civil española, a lo largo de la cual, según los cálculos más ponderados, se alcanzó la cifra de 8000 asilados, de los cuales las dos terceras partes fueron mujeres, niños y hombres fuera de edad militar. Para albergar a tal número de personas surgieron los famosos anexos a las embajadas, edificios a los que se concedía la extraterritorialidad. Gracias a ello salvaron la vida multitud de personas que de otra manera hubieran podido ser víctimas de la anarquía vivida en Madrid en los primeros momentos. El Gobierno fue absolutamente respetuoso con las representaciones diplomáticas que generosamente practicaron el derecho de asilo.

Fue una situación realmente excepcional en la historia diplomática, pues, a pesar de que la práctica internacional no contemplaba el derecho de asilo para los opositores a un Gobierno reconocido, no se pusieron prácticamente restricciones para acogerse a la protección brindada por las embajadas extranjeras. En esta labor se destacó el decano interino del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, Aurelio Núñez Morgado, embajador de Chile, cuyas posiciones profranquistas no contribuyeron a unas relaciones todo lo fluidas que hubiera sido deseable. El derecho de asilo se practicó con largueza y fue respetado en general, a pesar de que en muchos casos, bajo su cobertura, se amparaban acciones de espionaje y de tráfico negro. Esta generosa actitud de la República no encontró su contrapartida en la otra zona. En Valencia, tras la ocupación militar al final de la guerra, el consulado de Panamá fue asaltado por la fuerza pública y pisoteada la bandera que el propio cónsul había puesto en el suelo para impedir la entrada. Entre las aproximadamente 40 personas que allí se encontraban y fueron detenidas estaba el general José Aranguren, que sería pasado por las armas poco después.

Aunque la Convención de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra no contemplaba el caso de las guerras civiles, la Cruz Roja, fuertemente impresionada por las matanzas de Badajoz y de la cárcel Modelo, se esforzó por extender tales reglas al conflicto español. El delegado general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Marcel Junod, viajó a España a ambas zonas entre finales de agosto y primeros de septiembre de 1936 para obtener las máximas garantías para humanizar la guerra. Entre el otoño de 1936 y febrero de 1937, la situación política de ambos bandos no facilitó el clima necesario para que prosperasen acciones encaminadas a intercambiar prisioneros. La verdad es que lo enconado de las respectivas posiciones apenas permitió obtener algunos acuerdos. Los canjes no llegaron a ser frecuentes hasta octubre de 1937, y la mayor parte correspondieron a miembros de las Brigadas Internacionales y alemanes e italianos. A lo largo de la guerra se canjearon aproximadamente unos 1000 prisioneros por cada bando. La mutua desconfianza impidió una labor más fructífera en este terreno. Se temía que los prisioneros respectivos volviesen a tomar las armas una vez liberados.

Argentina y México fueron los dos primeros países que a principios de 1937 consiguieron evacuar a sus refugiados; unos 300 en el primer caso y algo más de 700 en el segundo. La política de evacuaciones pasó por diversas vicisitudes desde que el Consejo de la Sociedad de Naciones se planteó el problema, en diciembre de 1936,hasta que se llegó a las conversaciones de febrero-marzo de 1937, cuyo desarrollo no se vio facilitado debido a la repatriación masiva a zona franquista de los evacuados de las embajadas de Argentina y México. El criterio general adoptado fue no admitir nuevos refugiados. Entre marzo y julio de 1937 se vaciaron numerosas representaciones diplomáticas.

El Gobierno británico tomó numerosas iniciativas para la humanización de la guerra, y se destacó desde el comienzo de las hostilidades por su predisposición mediadora. Su habitual pragmatismo le llevó desde el principio a contactar con Madrid y Burgos a través de su embajador, residente en Hendaya, Henry Chilton. Igualmente, no se privó de negociar directamente con el Gobierno vasco la evacuación por mar de parte de la población civil dispuesta a ello, fundamentalmente constituida por mujeres y niños. La evacuación se orientó básicamente a Francia, aunque también hacia el Reino Unido. En total unas 30 000 personas fueron evacuadas del norte en la primavera de 1937.

5.6. Balance provisional

5.6 BALANCE PROVISIONAL

Todavía se tiene una visión tópica en el extranjero sobre la especial predisposición a la violencia de los españoles. Algunos autores han sido proclives a revestir la guerra civil española de tintes especialmente sangrientos. Pero, evidentemente, el español no está dotado de un gen específico que le predisponga a la violencia en un grado mayor que el resto de los mortales. Nuestra guerra fue sangrienta, dramática, como lo son todas las guerras, pero, al igual que en las demás, también abundaron actos de magnanimidad en ambas zonas.

El «¡ay de los vencidos!», pronunciado por Breno, el victorioso jefe galo, expresa algo bien sabido: que la derrota se paga, que la indefensión del vencido ante el vencedor es absoluta; que el victorioso, apoyándose en la prepotencia de sus armas, impone su ley y dicta su derecho. La guerra civil de 1936-1939 ni fue una excepción ni se saldó con nuevo abrazo de Vergara. Como dice Gabriel Jackson, el general Franco no siguió el ejemplo de Lincoln, no aplicando una política de represalias tras la guerra de Secesión norteamericana, y cumplió sus amenazas vertidas al comienzo de la guerra. Tampoco Franco tuvo la grandeza del general Grant, que le dijo a Lee que los soldados confederados desmovilizados podían marcharse tranquilamente a sus casas con sus mulas para empezar la arada de primavera.

De todas las cuestiones importantes relacionadas con la represión la de la cuantificación real de las víctimas es de las más importantes y complejas. Durante muchos años —incluso ahora— se esgrime la cifra de un millón de muertos como terrible saldo de la guerra civil. Ello se debe a la rotundidad de la cifra y al mayor impacto psicológico de los números redondos. El origen parece estar en una pastoral del cardenal Gomá, incluso en la famosa carta colectiva de los obispos de julio de 1937, se dice que la guerra ha costado «ya» un millón de muertos. Posteriormente la utilización de tal guarismo por Gironella, como título de su famosa novela sobre la guerra, contribuyó al arraigo de la cifra en la conciencia colectiva. Gironella reconoció que la cifra era exagerada, pero que si se contaban los muertos «morales» se alcanzaba sobradamente tal cifra.

El total de pérdidas humanas debidas directa o indirectamente a la guerra civil ronda las 600 000, cifra en la que coinciden la mayor parte de los historiadores de una u otra tendencia política.

Dentro de ese cómputo global hay que incluir tanto a los muertos en combate como a las víctimas de la represión en una y otra zona, muertos en bombardeo, etc. La polémica se sitúa sobre todo en la distinta adscripción de los muertos a uno u otro «casillero». Hay quien ha cifrado en 300 000 los muertos directamente atribuibles a operaciones militares, pero ¿dónde empieza y dónde termina la represión? ¿Cómo diferenciar acciones de guerra de hechos de guerra? ¿Acaso los fusilados sobre el propio terreno, después de conquistada la posición, no son víctimas de la represión, corresponde a los eufemísticamente llamados «hechos de guerra», son una mera «acción de guerra»? No es nada fácil responder con toda precisión a tales interrogantes.

La propaganda siempre se sirvió de las víctimas de la represión como instrumento político. Franco, por ejemplo, afirmaba, en julio de 1937, que las víctimas del terror «rojo» alcanzaban las 400 000. En julio de 1938 decía que eran 470 000, y en diciembre de ese mismo año, afirmaba que ya eran 500 000. Sin embargo, en el territorio bajo su control sólo se habían dictado 6000 penas de muerte, de las cuales 1500 habían sido condonadas. Así, pues, el general establecía una proporción de 100 asesinados en zona «roja» por un ajusticiado (con todas las garantías) en su propia zona. En el territorio bajo su control, Franco pretendía hacer creer que no se cometían actos ilícitos.

Concluida la guerra civil, el régimen franquista se apresuró, a través de la llamada Causa General, a establecer el cómputo global de muertes y destrucciones debidas al Frente Popular en el convencimiento de que el resultado final, que esperaba impresionante, resultaría de extrema utilidad propagandística. Así, las víctimas de la represión en la retaguardia republicana quedaron establecidas en unas 85 000. La cifra es de por sí impresionante pero, a los fines propagandísticos perseguidos, debió resultar corta según parece. La cifra es exagerada pues hubo doble contabilidad en muchos casos. El general Ramón Salas Larrazábal la redujo a unos 70 000. Según él, las víctimas de la represión franquista de guerra se elevarían a 55 000, a las que habría que sumar las 23 000 ejecuciones de posguerra de acuerdo con sus particulares cálculos. De esta manera se establece un paralelismo, una extraña «igualdad», entre ambos contendientes para matar. Pero tal cosa no responde a la realidad de los hechos.

Los solapamientos y dobles contabilidades, los errores del registro, la confusión de las fuentes y de las propias víctimas obligan a reducir la cifra en el caso de la represión republicana. Sin embargo, la persistencia en el tiempo de la represión franquista, que fue disponiendo de más territorio y de más población sobre la cual ejercerla, la imposibilidad de inscribir en los registros a las víctimas, su propia inutilidad, las resistencias burocráticas, etc., obligan a elevar el cómputo de muertes en zona franquista.

Las investigaciones sectoriales y regionales, que en medio de grandes dificultades van llevándose a cabo, corroboran plenamente nuestras afirmaciones. Los 96 muertos oficiales de Gerona se han convertido en 524; los 948 de Navarra, resultan ser 2789; las víctimas de Córdoba han sido infravaloradas en no menos de un 30 por 100. Bien es cierto que no sería honrado hacer extrapolaciones de estas cifras pero no dejan de ser indicativas. Hay que esperar antes de pretender establecer cómputos globales. En cualquier caso, el saldo de la guerra no pudo ser más terrible: no hubo ni paz, ni piedad, ni perdón.

Por otra parte, el hambre, el exilio (político, pero también simplemente económico), la persecución, etc., dejaron unas secuelas psicológicas de difícil determinación. Ciertamente, la guerra civil española de 1936-1939, llamada por algunos la cuarta guerra carlista, no concluyó con un nuevo «abrazo de Vergara».

El sevillano periódico ABC, en su número del 31 de marzo de 1939, sintetizaba muy bien la perspectiva represiva que se abría ante la España vencida:

«Entre los que se marcharon y los que se quedan no hay más diferencia que el hecho de la fuga. Ahora llega para el pecador el momento de rechinar los dientes, según anunciaba para ellos la palabra divina».

La tónica de esa situación la dio Radio Nacional al día siguiente del último parte de guerra. A las masas que decían «al menos se ha acabado y podremos vivir tranquilos», oyeron preocupadas todas las noches a partir de entonces: «¡Españoles, alerta! La paz no es un recurso cómodo y cobarde frente a la historia; la sangre de los que cayeron por la Patria no consiente el olvido, la esterilidad ni la traición».

Terminada la guerra civil, y celebrada la victoria por los vencedores, llegaba la secuela más temida: la represión. Los derrotados considerados rebeldes, comparecieron ante consejos de guerra sumarísimos y en juicios celebrados con suma rapidez.

Más de 300 000 personas fueron sujetas a depuración. El trabajo que concluyó en el año 1943, se realizó de forma veloz y con frecuencia inmisericorde. Fueron ejecutados miles de prisioneros. Y a esas muertes hay que sumar las producidas al margen de la actuación de esta «justicia». Junto a esta represión se produjo otra derivada de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940. La llegada, en septiembre de 1942, del falangista Blas Pérez González al Ministerio de la Gobernación marcó el inicio de una etapa especialmente dura. Himmler, lugarteniente del Führer alemán, Adolf Hitler, se sorprendió en su visita a España en 1940 de la dureza de la represión franquista que consideró excesiva.

El conocido último parte de guerra firmado por Franco, en el que declaraba que la guerra había terminado, no era cierto; no ya en su consideración general, sino en su mera perspectiva jurídica, porque el bando militar del 28 de julio de 1936 que unificaba los distintos bandos hasta entonces promulgados estableciendo el «estado de guerra» se mantuvo vigente hasta 1948.

Entre los miles de cautivos de las cárceles españolas, encontraron la muerte hombres insignes, como el catedrático de Lógica de la Universidad Central y expresidente de las Cortes, Julián Besteiro, que murió en la cárcel de Carmona; o como el poeta del pueblo, Miguel Hernández, muerto igualmente en la cárcel, donde compuso su estremecedor poema «Nanas a la cebolla» tras haber recibido noticias de su mujer informándole que sólo podía darle a su hijo tal alimento…

Muchos de los que se exiliaron regresaron forzados de la mano de la terrible Gestapo alemana. Así, fueron entregados a Franco, y posteriormente fusilados, hombres como: Lluis Companys, Julián Zugazagoitia, Cruz Salido, Juan Peiró, etc.

A este desolador panorama vendría a añadirse la encarcelación de cientos de mujeres, su encuadramiento en destacamentos disciplinarios de trabajo, el exilio exterior y el destierro interior de otros, y la huida al monte, primero, para salvar la vida y, luego, para «venderla» lo más cara posible, de gentes —sobre todo de origen rural— que, probablemente, se habrían contentado con una auténtica paz y un puesto de trabajo con el que ganarse la vida.

La represión se extendió a familiares y amigos y compañeros de los asesinados, fusilados y represaliados, que se vieron marginados y discriminados sin más salida que el robo y la prostitución. Un horizonte de miseria y humillaciones se abrió para muchos hombres y mujeres que se aprestaron a sufrir una larga noche de piedra (longa noite de pedra) como dijera el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro.

Como hemos dicho, resulta muy complejo fijar el saldo global de la represión franquista que, por lo apuntado, no resulta exagerado establecer entre las 100 000 y las 150 000, si bien, insisto, provisionalmente y de forma meramente indicativa. No obstante, en cuestión tan difícil como ésta, tras una prolongada dictadura de casi cuarenta años con una férrea censura y un estricto monopolio informativo, la reconstrucción científica de los hechos y su cuantificación exigen un proceso inverso al que hasta ahora se ha seguido. Se han establecido estimaciones globales sin investigaciones profundas sobre las que fundamentarse. Es requisito imprescindible empezar por las estimaciones parciales y los estudios sectoriales antes de pretender establecer una cuantificación general.

Los estudios publicados o inéditos, realizados hasta la fecha por diversos autores en provincias concretas (C. Fernández, F. Moreno, I. Gibson, R. Gil, A. Nadal, J. M. Solé y J. Villarroya, J. Ortiz, G. Herrero Balsa, A. Hernández García, M. A. Cabrera Acosta, J. Massot i Muntaner y otros muchos) muestran con cruda objetividad una realidad imposible de ocultar y vienen a desmentir, en porcentajes que oscilan entre el 20 y el 50 por 100 en algunos casos, las cifras de la represión franquista establecidas por Ramón Salas; cifras interesadamente consideradas como definitivas desde determinados sectores. Por consiguiente, resulta prematuro adelantar una estimación global en este capítulo que, por otra parte, no puede tardar mucho dado el creciente auge que los estudios históricos más rigurosos sobre nuestro más reciente pasado están adquiriendo entre los jóvenes profesionales españoles.

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Capítulo VI. Guernica: la propaganda y los hechos

Capítulo VI

GUERNICA: LA PROPAGANDA Y LOS HECHOS

Que vienen, vienen, vienen

los lentos, lentos, lentos,

los ávidos, los fúnebres,

los aéreos carniceros.

………………………………

Que asaltan las palomas

sin hiel. Que van sedientos

de sangre, sangre, sangre,

de cuerpos, cuerpos, cuerpos.

Que el mundo no es el mundo.

Que el cielo no es el cielo,

sino el rincón del crimen

más negro, negro, negro.

MIGUEL HERNÁNDEZ.

El fragmento transcrito del poema de Miguel Hernández «Canción del antiavionista» refleja a la perfección el terror que sembraban los bombardeos masivos que, por aquél entonces y de la mano de la Legión Cóndor alemana, empezaban a experimentarse sobre las filas de la retaguardia adversaria como eficaz método de terror para quebrar la moral de resistencia enemiga.

«Que nunca, nunca, nunca / su tenebroso vuelo / podrá ser confundido / con el de los jilgueros». Parece como si el poeta se hubiera inspirado en lo que ocurrió en Guernica el 26 de abril de 1937.

El bombardeo de Durango —obviando otros antecedentes— precedió en intensidad al de Guernica; pero fue el ataque aéreo sufrido por la villa foral vasca el que ha prevalecido sobre todos los demás a pesar de ser un pálido reflejo de los que en la II Guerra Mundial padecerían ciudades como Dresde o Coventry, por no mencionar Hanoi mucho más próximo a nosotros, históricamente hablando y, sin embargo, ninguna de tales ciudades ha conseguido arrebatarle a Guernica su carácter simbólico.

Ciertamente, se abría con Guernica un nuevo capítulo en la historia de la guerra. El empleo masivo de bombas explosivas e incendiarias sobre población civil suponía un paso adelante en la historia universal de la infamia… «Que vienen, vienen, vienen / con sed de cementerio / dejando atrás un rastro / de muertos, muertos, muertos».

¿Fue Guernica el crimen más negro de la guerra civil española? Evidentemente, no. ¿Por qué se ha convertido Guernica en el arquetipo, en el símbolo? Guernica, aparte de una pequeña población del País Vasco, es el símbolo de las tradiciones y libertades seculares de un pueblo. Guernica es también la pintura más famosa de la historia del arte del sigloXX. Guernica se ha convertido en una bandera ideológica por encima de su estricta realidad histórica.

Acontecimientos aparentemente banales en cualquier confrontación bélica adquieren una especial significación en el caso de la guerra civil española dado su fuerte componente ideológico (enfrentamiento fascismo / antifascismo, comunismo / anticomunismo, democracia / dictadura, etc.) y el contexto europeo de la época. Tal es el caso de Guernica —tema polémico donde los haya—, que constituye una de las cuestiones más largamente debatidas del sangriento conflicto y que puede ser abordado desde múltiples perspectivas.

El bombardeo de Guernica fue un acto tan gratuito y su persistente e incomprensible negativa, tan absurda que, a partir de entonces, tal acontecimiento tenía necesariamente que permanecer dislocado para siempre. La guerra propagandística parece haber concluido en sus aspectos más burdos, y actualmente, en la medida que lo permiten las fuentes disponibles, los hechos fundamentales están suficientemente establecidos por la historiografía seria y rigurosa. Sin embargo, una vez desmontada pieza a pieza la estructura de la propaganda franquista sobre el tema, todavía es manifiesta cierta resistencia ideológica desde los sectores provenientes de la dictadura franquista no ya a aceptar ciertos hechos, sino a extraer de los mismos las consecuencias pertinentes.

La historia de la historia de Guernica es, sin duda, tan interesante —así lo ha demostrado Herbert R. Southworth— como la historia misma del acontecimiento. Desde el mismo momento del bombardeo hasta hoy, la historiografía franquista no ha hecho sino ceder terreno constantemente, descalificando a conocidos autores, silenciando sus aportaciones decisivas y resaltando las propias por irrelevantes que fuesen para el auténtico fondo de la cuestión. Guernica pasaba —en el lapso de siete años— de ser «un mito» donde «no murieron ni siquiera una docena»[169], a ser «una enorme realidad, un enorme mito, un enorme símbolo y un enorme cuadro», según escribe Ricardo de la Cierva, quien presentaba un artículo de Jesús Salas Larrazábal en una revista entonces dirigida por él —frente a «propagandistas recalcitrantes» (léase Southworth, auténtica «bête noire» del historiador oficial del franquismo)—, como «revisión definitiva» (sic) de la cuestión de Guernica[170].

No cabe duda que Guernica es un símbolo dado que es más importante la significación adquirida del acontecimiento a lo largo de los años que la fuerza intrínseca del hecho en sí. Es una realidad que escapa al historiador aunque no puede serle ajena. Cuando un oficial alemán le preguntó a Picasso que si era el autor de Guernica, respondió: «No, han sido ustedes»[171]. Que sea más conocido el mural de Picasso en todo el mundo, como símbolo del horror de la guerra, que el hecho de que fuera bombardeado por aparatos extranjeros un pueblo de Vizcaya —sin razón aparente— en plena guerra civil española, no puede sorprender a los historiadores profesionales.

Hay hechos, acontecimientos, sucesos, que son lo que son, y nada más; sin embargo, los símbolos, «representan» los significados de aquellos hechos que «tienen» relevancia, que trascienden al acontecimiento en sí y, el bombardeo de Guernica, no sólo «tiene» un enorme significado político, más allá de la estricta realidad de los hechos, sino que también ha pasado a representar un hito más en la lucha del pueblo vasco —a lo que ha contribuido determinantemente el régimen franquista— por su reconocimiento pleno como comunidad diferenciada, frente al torpe nacionalismo unitarista del fascismo español. En este sentido, tal acontecimiento, adquiere una considerable significación histórica y se constituye en «símbolo» por razones que escapan a la propia voluntad de los vascos.

Dónde empieza y acaba en sentido estricto el «hecho histórico» es cuestión sumamente compleja. A este respecto dice Pierre Vilar[172]:

«Importan, desde luego, “los hechos”. Pero no siempre se puede circundarlos. La imagen de los hechos, el peso de las cifras, tal como los acoge una opinión dividida, son temas más importantes para el historiador, pues constituyen a la vez el signo, la consecuencia y el factor de esta división. Sólo una crítica sistemática, que investigue con detalle los laberintos informativos, sus mecanismos y sus trampas, puede esclarecer la lógica interna de las cegueras existenciales».

Como dice el mismo Pierre Vilar: «La historia siempre es un aparente “embrollo”, y nuestra tarea consiste en desentrañar la lógica interna de la misma»[173]. Si extraemos las cifras, los datos, los hechos del contexto en que se producen, nos resultará imposible aclarar dicha «lógica interna». Tal empeño forma parte de lo que es esencial al historiador. Siguiendo a Pierre Vilar, se trata de:

«(…) poner de manifiesto los mecanismos que unen el acontecimiento con la dinámica de las estructuras. El acontecimiento sigue siendo, a pesar de todo, uno de los elementos esenciales de la investigación histórica, pero no puede ni debe ser aislado. Así pues, lo que debe buscarse no son sólo las estructuras, sino la dinámica de las estructuras, los principios y los procesos de sus cambios»[174].

No cabe duda que el tema de Guernica es un aparente «embrollo» si tomamos en cuenta la dinámica generada en torno al hecho mismo del bombardeo. Ricardo de la Cierva, por ejemplo, afirma que:

«El bombardeo de Guernica, de clara intención táctica, careció por completo de intención simbólica. En efecto, la Casa de los Fueros y el famoso árbol quedaron patéticamente inmunes»[175].

Es probable —¿cómo saberlo?— que el bombardeo careciera de intencionalidad simbólica, ¿acaso porque la Casa de los Fueros y el árbol quedaron incólumes?, como dice De la Cierva; en ese caso, aplicando la misma lógica, ¿cómo afirmar que fue «de clara intención táctica», si los principales objetivos «tácticos» no sufrieron daño alguno y el puente de Rentería, supuesto blanco perseguido, no fue destruido?

Prescindiendo de juicios de intencionalidad, de lo que no cabe duda desde la perspectiva actual es del carácter simbólico —sea éste adquirido o no— del bombardeo, debido precisamente al torpe empecinamiento de la propaganda franquista, que, al negar la evidencia y atribuir a los dinamiteros asturianos el incendio de la villa, estableció las bases de la simbolización de Guernica.

Se entiende por «mito» (de acuerdo con la Real Academia Española), una fábula, una ficción alegórica, especialmente en materia religiosa. Para numerosos cultivadores de las ciencias sociales, los mitos tienen una consideración positiva, puesto que se trata de creencias o relatos valiosos para una comunidad humana determinada, dado que, con su transmisión de generación en generación, contribuyen a la propia integración de sus miembros. En su acepción más común se llama mito a cualquier fantasía producida por la imaginación sin apoyatura real. Se trata de una explicación ficticia de algo que no ha ocurrido.

Cuando, refiriéndose a Guernica, algunos autores profranquistas hablan de «mito» y de «leyenda» cabe suponer que no aluden a consideraciones religiosas o mágicas que nada tienen que ver con el hecho del bombardeo de la villa foral vasca. ¿Qué es, pues, lo que pretenden insinuar? ¿Acaso que el bombardeo de Guernica no tuvo lugar?

La ciencia, desde luego, se sitúa en el campo opuesto al de los mitos, esto es incuestionable; pero conviene no olvidar que en la vida política pueden desempeñar una función positiva. Hallamos en la naturaleza humana elementos irracionales que se manifiestan tanto privada como públicamente, por lo que pretender estudiar la historia y a sus protagonistas, los hombres, desde una perspectiva exclusivamente racionalista sería caer en un reduccionismo estéril. Desde este punto de vista no importa que los mitos sean falsos o verdaderos; lo que importa es si convencen y suscitan adhesión y seguimiento[176]. Y, desde luego, referirse a Guernica como «mito» o «leyenda» para limitarse a desmenuzar la anécdota, puesto que «lo esencial» es historiográficamente incontrovertible, es una muestra más de mala fe o de justificación ideológica de lo injustificable aunque, naturalmente, jamás se admitirá tal pretensión.

En su sentido actual, el concepto de mito no tiene ya la connotación religiosa que le viene de origen y suele utilizarse el término con una clara voluntad peyorativa queriendo significar con ello la ausencia de realidad histórica, la falta de contenido científico del relato o hecho a que se hace referencia. ¿Acaso es un «mito» el bombardeo de la población de Guernica por aparatos alemanes e italianos, en una guerra civil ajena, y que la ciudad —cuna del sentimiento fuerista vasco— quedase prácticamente calcinada? ¿Acaso el bombardeo de Guernica, su incendio y destrucción, sus ametrallamientos sobre población civil, su falta de interés militar real, la burda negativa franquista, la coordinación en el mando entre las autoridades franquistas y alemanas y, por tanto, su ineludible responsabilidad política e histórica, son un «mito» o una «leyenda»?

6.1. El carácter específico de la represión en Euskadi

6.1. EL CARÁCTER ESPECÍFICO DE LA REPRESIÓN EN EUSKADI

Lo ocurrido en Guernica no se entiende si se reduce el análisis a consideraciones meramente técnicas o se elude el contexto sociohistórico en que se producen los hechos. Dados los caracteres diferenciales que esgrimía el pueblo vasco y su decidida voluntad de hacerlos valer políticamente, tal actitud despertó una especial agresividad (como cualquier otro nacionalismo interno) en las fuerzas franquistas, uno de cuyos rasgos aglutinantes fundamentales era un extremado nacionalismo (más «unitarista» que «unitario»), que concebía la organización del Estado español bajo el signo de una uniformidad autoritaria forzada, y no sobre el solar común de una unidad pluralmente compartida.

El ejército rebelde, que era el estamento de mayor peso específico en la España franquista y que se consideraba la representación última del conjunto del país y genuina expresión de la suprema unidad nacional española, reaccionaba con una redoblada violencia allí donde consideraba que se atentaba contra sus valores más sagrados. Tal era el caso de Euskadi, donde al componente de clase común a toda la represión por ellos ejercida había que añadir uno más «selectivo», porque, sobre todo, se pretendía la «eliminación» de los nacionalistas y éstos no se identificaban fácilmente (en principio todo vasco lo era) ni —además— eran potencialmente revolucionarios, sino más bien fuertemente conservadores, lo que, en principio, en términos puramente sociológicos, los situaba en el campo de la España franquista. Su proverbial catolicismo les preservaba, en cierto modo, del espíritu exterminador que mostraba la España de la «cruzada» con la «chusma marxista y atea». La represión indiscriminada la producía la irritación que sentían los franquistas ante la resistencia del pueblo vasco, que, mayoritariamente católico y conservador, hubiera debido decantarse del lado de las fuerzas sublevadas representantes del «bien» (de acuerdo con el esquematismo habitual de las mentalidades simples y maniqueas) y no haber optado «traidoramente» —como quedó plasmado en el BOE del nuevo Estado— por la defensa del orden constitucional republicano, configurador de un Estado «ateo y revolucionario» representante del «mal», pero que, como Estado de Derecho, ofrecía a los vascos un marco jurídico autonómico para el desarrollo de su personalidad histórica.

El País Vasco fue un caso especial dentro del conjunto nacional que optó por la República. No sólo no hubo persecución religiosa, sino que en todo momento se mantuvo el culto católico. Dicha realidad venía a contradecir los presupuestos propagandísticos de la España sublevada para los cuales en el campo enemigo no había más que asesinatos, persecución religiosa, destrucción del patrimonio histórico-artístico y expolios sin fin. ¿Por qué esa crueldad ante Guernica?

La tesis propagandística franquista de que «su represión» era siempre la lógica respuesta al «terror rojo» es insostenible, y en lo que respecta a Euskadi, más insostenible todavía. Resulta bien elocuente el testimonio de un sacerdote vasco que publicó en Barcelona un libro sobre su experiencia vivida en zona franquista, en el cual mostraba cómo la represión «blanca» no respondía a iniquidades o crímenes previos cometidos por los «rojo-separatistas». Decía el sacerdote:

«A Mondragón —on durant els dos mesos d’autoritat governamental no va ésser assassinat ningú, per bé que aquest poble fós un deis suports més ferms del socialisme de Guipúscoa i que després de la temptativa revolucionaria de l’octubre del 34, hagués estat objecte d’iniqües represálies— els feixistes van assassinar 41 persones, entre les quals hi havia tres sacerdots i dues dones.

A Vergara, on tampoc ningú no havia estat assassinat, alguns honrats camperols van ésser assassinats per haver format part de la Societat Cristiana de Pagesos Bases. A Oyarzun, que com Vergara i Mondragon no va veure cap assassinat en els temps governamentals, els feixistes varem assassinar de quinze a vint persones diaries durant més de dos mesos»[177].

No era, por tanto, una crueldad derivada de supuestos desafueros llevados a cabo bajo la «dominación roja», sino una represión dirigida con fines políticos muy precisos. Continúa el mencionado sacerdote relatando hechos de los que dice haber tenido conocimiento de manera directa:

«Al cap de vint-i-quatre hores de l’entrada deis militars a Beasain, hi havia ja 37 cadavers al cementiri.

A Sant Sebastià, únicament un Pare Jesuíta va administrar els darrers auxilis espirituals a més de 300 condemnats a mort, que eren executats immediatament després»[178].

Un capellán de requetés resumía perfectamente el espíritu beligerante que el nacionalismo vasco despertaba en las filas franquistas:

«La guerra será llarga, i és llástima, perquè si haguéssim triomfat, en quinze dies, ni un sol nacionalista, ni un sol roig no hauria quedat viu!»[179].

Resulta evidente que para los rebeldes al orden constitucional republicano, enemigo tan vilipendiado como el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo…, lo era el «separatismo», al cual identificaban con todo lo vasco. Cuando José Calvo Sotelo decía que prefería una España «roja» a una España «rota», expresaba perfectamente la hipersensibilidad existente al respecto en el campo franquista, dispuesto a imponer por la fuerza su concepción unitarista del Estado aboliendo toda normativa específica o diferenciadora a la que, en realidad, consideraba otorgadora de «privilegios».

El gran pecado del pueblo vasco consistía en haber votado masivamente su estatuto de autonomía. La participación electoral en el plebiscito del 5 de noviembre de 1933 alcanzó el 87 por 100, de los cuales un 84 por 100 votó afirmativamente frente a un 3 por 100 que lo hizo en contra. Su firme resistencia ante los militares sublevados en julio de 1936 resultaba incomprensible incluso para sus propios prelados. El obispo de Vitoria, Mateo Múgica, en un mensaje radiado por la emisora de Vitoria el 8 de septiembre de 1936, decía a sus feligreses:

«No podéis de ninguna manera cooperar ni mucho ni poco, ni directa ni indirectamente, al quebranto del ejército español y cuerpos auxiliares, requetés, falangistas y milicias ciudadanas que, enarbolando la auténtica bandera española, bicolor, luchan heroicamente por la religión y por la patria […]. El ejército español y sus cuerpos auxiliares están resueltos a triunfar, cueste lo que cueste, y hay que apoyarles decididamente […]. Dejad de combatir al ejército español victorioso; apoyadlo, cooperad con él […]; aportad y haced aportar los recursos económicos que os sean posibles; todo ello para cooperar por todos los medios viables al triunfo del ejército salvador de España ¡Viva España!»[180]. [Subrayado mío].

La resistencia del pueblo vasco al «ejército español» provocaba las reacciones más airadas. Buena muestra de ello es la carta que dirige al alcalde de Pamplona, Tomás Mata, el 22 de agosto de 1936 el presbítero de Ortigosa (Logroño), Primo de Riva, en la que dice:

«Se habla de dar a la heroica Navarra parte de Guipúzcoa, para que tenga salida al mar, y nada más justo. Sin apelar a hechos históricos, el derecho que Navarra alega lo ha conquistado ahora salvando a España. Y no debe tener Navarra un millar de hectáreas sino 160 000 más, con la incorporación de Guipúzcoa»[181].

La irritación antivasca alcanza su máxima expresión en estas palabras difundidas por radio y atribuidas al general Mola:

«Arrasaremos Bilbao hasta el suelo, y su solar vacío y desolado quitará a Inglaterra todo deseo de apoyar a los bolcheviques vascos en contra de nuestra voluntad. Es preciso que destruyamos la capital de un pueblo perverso que se atreve a desafiar a la causa irresistible de la idea nacional»[182].

Palabras apenas pronunciadas dos días después del bombardeo de la villa foral. En este contexto, ¿qué tiene de particular o cómo puede sorprender que se haya hecho de Guernica un símbolo?

6.2. La información oficial y la propaganda

6.2. LA INFORMACIÓN OFICIAL Y LA PROPAGANDA

Es, precisamente, la deformación de los hechos y la campaña propagandística desatada por el Cuartel General de Salamanca la que propicia la sobredimensión de lo ocurrido y que Guernica se convierta en un símbolo.

El parte de operaciones del Sexto Cuerpo de Ejército del Frente de Vizcaya, correspondiente al 28 de abril de 1937, firmado en Valladolid al día siguiente por el coronel jefe de Estado Mayor, Fernando Moreno Calderón, dice textualmente:

«[…] nuestras tropas, deseosas de entrar en Guernica al conocer por fotografías aviación que el enemigo había evacuado la población destruyéndola criminalmente culpando de ello a nuestras fuerzas aéreas, especie calumniosa que queda rebatida con ver que no hay en la ciudad un sólo embudo de bombas aviación […]»[183].

La Oficina de Prensa de Franco publicó el 29 y 30 de abril información detallada del bombardeo. Fueron distribuidos a los corresponsales de prensa extranjera una serie de artículos en los cuales se rechazaba en términos categóricos, calificándolo de mentiroso y calumnioso, el informe del gobierno vasco, según el cual Guernica había sido destruida por los aviadores alemanes. El informe del 29 de abril sostenía que la destrucción de Guernica era debida al incendio de la ciudad con gasolina y que había sido reducida a cenizas por las hordas rojas al servicio del criminal Aguirre, que satánicamente había destruido la ciudad para acusar a sus adversarios y provocar una ola de indignación entre los vascos ya vencidos y desmoralizados[184].

La prensa falangista achacaba la destrucción de Guernica al «vandalismo rojo» y al «sadismo marxista»[185]. Ésta ha sido la versión oficial sobre Guernica mantenida durante más de treinta años: la ciudad no sólo no había sido bombardeada, sino que había sido incendiada por las propias fuerzas republicanas.

El Estado Mayor del Ejército del Norte envió a Guernica al ingeniero de Minas J. Milans del Bosch y al de Caminos Vicente Machimbarrena el 29 de abril para examinar como expertos las posibles causas de la destrucción de la ciudad. En su informe, fechado en Vitoria el 1 de mayo de 1937 y entregado en propia mano al coronel Juan Vigón, ambos comisionados aprecian en su recorrido «la existencia de embudos —en número de seis u ocho— de distinta profundidad y extensión, causados por bombas de aviación»[186]; igualmente, informados por personas diversas que habían permanecido en la ciudad, dicen que «todas coinciden en afirmar que el lunes 26, por la tarde, la aviación voló sobre la misma arrojando varios proyectiles» y que se había dicho «con fundamento que Guernica no constituía un objetivo militar de tal importancia para que se hubiese hecho de ella éste alarde de destrucción»[187].

Por su parte, el 7 de mayo, el general «Sander» (es decir, Sperrle, comandante en jefe de la Legión Cóndor) ponía un telegrama desde Vitoria al general Franco en Salamanca manifestándole sus reticencias a que una comisión internacional investigara lo ocurrido, a no ser que Franco garantizase que Alemania quedaría libre de responsabilidades. El texto original del telegrama es el siguiente:

«AN GENERALÍSIMO FRANCO SALAMANCA^

SOEBEN GEHT FOLGENDER FUNKSPRUCH AUS BERLIN AN GENERAL SANDER EIN:

EDEN HAT RIBBENTROP GEFRAGT, OB DUTSCHLAND MIT INTERNATIONALEN UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS UEBER GUERNICA-FALL EINVERSTANDEN. DRINGEND FUNK ANTWORT OB VORFALL SO EINWANDFREI, DASS KEINE BEDENKEN BESTEHEN. EUER EXCELLENZ BITTE ICH UM MITTEILUNG, OB UNTERSUCHUNGSERGEBNIS DURCH SPAN. UNTERSUCHUNGSKOMMISSION SO EINWANDFREI BELEGT WERDEN KANN, DAS DEUTSCHE REGIERUNG OHNE BEDENKEN DER ENTSENDUNG EINER INTERN ATION ALEN UNTERSUCHUNGKOMMISSION ZUSTIMMEN UND SICH BETEILIGEN KANN=

EUER EXCELLENZ ERGEBENSTER SANDER»[188]

La contestación de Franco del mismo día es la siguiente:

«Ruego Sander comunique Berlín que Guernica villa de menos de 5000 almas estaba a 6 kilómetros línea combate, es cruce importantísimo comunicaciones, tiene fábrica municiones, bombas y pistolas; día 26 era lugar paso unidades y estacionamiento reservas. Unidades primera línea pidieron directamente a Aviación bombardeo cruce carreteras ejecutándolo Aviación alemana e italiana alcanzando por falta de visibilidad por humos y nubes polvo bombas aviones a la villa.

Por tanto, no es posible acceder investigación, rojos aprovecharon bombardeo para incendiar población. Investigación constituye maniobra propaganda y desprestigio a España nacional y naciones amigas. Aviación roja bombardea constantemente capitales importantes alejadas frentes como Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Melilla y otras poblaciones con más de 300 muertos y 600 heridos.

En ninguna forma conviene acceder asunto Guernica que carece de importancia. Personas civiles asesinadas por rojos con beneplácito su gobierno pasan de 300 000 todo conocido por representantes diplomáticos Inglaterra, Francia y Rusia»[189].

Vemos, pues, en esta contestación de Franco todas y cada una de las tergiversaciones mantenidas por la propaganda durante casi medio siglo, dado que, todavía hoy, algún historiador militar se aferra a alguna de ellas: disminución de la población de Guernica, atribución de importancia militar a la villa, error de ejecución, etc.

Algunos autores, a pesar de estos antecedentes se lamentan de la potente campaña de propaganda lanzada por el Gobierno vasco sobre Guernica; campaña que, al fin y al cabo, tenía una apoyatura real. Sin embargo, la propaganda franquista sólo pudo levantarse sobre falsedades manifiestas.

Luis Bolín, que fue jefe de la Oficina de Prensa de Franco en Sevilla y Salamanca, hombre educado en las Universidades de Granada, Madrid y Londres, treinta años después de ocurridos los hechos, afirmaba que «la supuesta destrucción de Guernica por bombas aéreas durante la guerra civil de España es puro mito». Según Bolín:

«[…] los separatistas vascos necesitaban un hecho sensacional. Despacharon a Guernica brigadas de dinamiteros asturianos, encargados de incendiar y volar las casas con una eficacia comparada a la que habían demostrado en Oviedo el año 1934. Hecho esto, aseguraron que la destrucción era obra de la Legión Cóndor»[190].

¿Por qué este empecinamiento a lo largo de tantos años en mantener esta versión? Dice Bolín categóricamente:

«La especie de que Guernica y sus moradores fueron destruidos por bombas alemanas se fabricó con fines propagandísticos. Fue uno de los mitos que nuestros enemigos inventaron durante la guerra civil para engañar a la opinión pública extranjera»[191].

Jaime del Burgo, que formó parte de los 200 carlistas que recibieron instrucción militar en un campo de aviación próximo a Roma con vistas a la sublevación antirrepublicana que se fraguaba, reconocía muchos años después el hecho del bombardeo; sin embargo, añadía:

«Pero el testimonio de la Compañía de Zapadores de Pamplona que poco después llevó a cabo la labor de desescombro, nos señalaban sin género de dudas las huellas de las cargas de dinamita colocadas después del bombardeo, que cesó a las siete y media de la tarde […]. Con la mano puesta en el corazón podemos testimoniar que cuando preguntábamos a las viejas familias carlistas que padecieron el bombardeo y quedaron sin pertenencias, quién habría destruido el centro de la ciudad, nos decían invariablemente:

—Los rojos. Los dinamiteros asturianos —y no les sacábamos otra cosa»[192].

La pasión política partidista de las fuerzas ocupantes, los testimonios interesados de los propios carlistas permitían afirmar —a juzgar por el interesado testimonio de Jaime del Burgo— que se había visto lo que no se había producido. El mismo Jaime del Burgo charlaba amigablemente unos días después del bombardeo con un teniente coronel de Artillería, al que, ante el espectáculo de la plaza destruida, le interrogó así: «¿Era necesario hacer esto?». A lo que contestó el militar: «Esto hay que hacer con todo Vizcaya y con toda Cataluña»[193]. Finalmente, Jaime del Burgo, sin pruebas para su aserto, se une a los que consideran el bombardeo de «exclusiva iniciativa de la aviación alemana»[194], a pesar de que hacía ya años que habían sido publicados los documentos secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán relacionados con la guerra de España, donde podía verse que el responsable alemán de la aviación germana en España sólo tenía que rendir cuentas al general Franco, personalmente, para el conjunto de su actividad[195]. Por otra parte, ignora la propia documentación militar española disponible en los archivos. El mismo marqués de Magaz, embajador de Franco en Berlín, le decía al secretario de Estado alemán, Ernst von Weizsácker, comentando las medidas tomadas por Inglaterra ante los bombardeos efectuados por el Ejército de Franco, que no había que intentar persuadirle para que no se bombardease en el futuro las ciudades españolas (dado que, según la interesada intoxicación propagandística franquista, dichos bombardeos, podían ser acciones independientes de italianos y alemanes), puesto que Franco difícilmente autorizaba el bombardeo de ciudades de la España «roja». ¿Si era Franco quien decidía sobre el bombardeo de ciudades, en qué se basan quienes sostienen que la acción se debió a la «exclusiva iniciativa» de la aviación alemana? La confirmación de que también participaron en el bombardeo aviones italianos dificulta todavía más el mantenimiento de tal tesis. No digamos ya, a la vista de que fueron las propias unidades de primera línea las que pidieron directamente la intervención de la aviación. Decía el marqués de Magaz que Franco era consciente de que el 50 por 100 de la población de esas ciudades estaban con él, y por eso era prudente[196]. ¿Lo estaba siendo en Barcelona, lo había sido en Guernica?

Las autoridades franquistas desarrollaron su campaña propagandística sobre dos evidentes falsedades: negar el bombardeo y atribuir el incendio de la ciudad a dinamiteros asturianos. Fueron ellas, por tanto, quienes contribuyeron más eficazmente a sacar de sus precisos contornos la cuestión de Guernica.

Arthur Koestler, destacado defensor de la causa republicana, funcionario de la Komintern, fue un sobresaliente competidor con Luis Bolín en las tareas de propaganda respectivas que tenían asignadas; pero, como él mismo dice en sus memorias:

«[…] Lo que más me asombraba en la propaganda de Burgos no era su malignidad, sino el abismo de ignorancia y estupidez que revelaba. Goebbels era un adversario inteligente y brillante, pero los encargados de la propaganda de Burgos parecían analfabetos. Señalar las contradicciones de la propaganda del enemigo era una de las tareas que más me complacían y la consideraba más efectiva que la enumeración de atrocidades»[197].

En la cuestión de Guernica las autoridades franquistas no pudieron reaccionar más torpemente contribuyendo con su acción, de manera decisiva, a elevar el tema de Guernica a la categoría de «enorme mito», «enorme símbolo» y, naturalmente, «enorme realidad». La historiografía franquista y neofranquista no hace desde entonces sino librar ante este tema —y ante tantos otros— lo que los franceses, gráficamente, denominan «un combat de retardement», por mucho que algunos de sus más significados representantes lo nieguen.

La guerra propagandística la inició el bando franquista inmediatamente después de producirse el bombardeo. La prensa vasca de la mañana del 27 de abril publicaba una declaración del presidente de Euzkadi, José Antonio de Aguirre, en la que afirmaba:

«Los aviadores alemanes al servicio de los rebeldes españoles han bombardeado Guernica, quemando la ciudad histórica venerada por todos los vascos. Han intentado herirnos en lo más sensible de nuestros sentimientos patrióticos, mostrando una vez más que Euzkadi no puede esperar nada de quienes no vacilan en destruir el país, hasta el umbral del santuario de nuestros siglos de libertad y de democracia»[198].

Esa misma noche Radio Nacional emitía en Salamanca un comunicado en el que decía:

«¡Miente Aguirre! Miente vilmente. En primer término, no hay aviación alemana ni extranjera en la España nacional. Hay aviación española. Noble, heroica aviación española, que lucha constantemente con aviones rojos que son rusos, franceses y conducen aviadores extranjeros.

En segundo lugar, Guernica no ha sido incendiada por nosotros. La España de Franco no incendia. La tea incendiaria es monopolio de los incendiarios de Irún, de los que han incendiado Eibar, de los que trataron de quemar vivos a los defensores del Alcázar de Toledo»[199].

Lo que resulta asombroso es que todavía haya quien pretenda seguir defendiendo una causa definitivamente perdida. Tal beligerancia ideológica no hace sino poner de manifiesto el carácter paradigmático de Guernica en el contexto general de la guerra civil española.

6.3. La historiografía militar

6.3. LA HISTORIOGRAFÍA MILITAR

Algunos historiadores militares, bajo una apariencia pretendidamente «objetivista», ponen de manifiesto esa actitud «a la defensiva», ese «combat de retardement» al que antes me referí.

El coronel José Manuel Martínez Bande, jefe de la Sección de la Guerra de España de 1936 en el Servicio Histórico Militar de Madrid, describe el bombardeo objetivamente. Según él, la acción bélica se produjo entre las 16,15 horas, momento en que apareció un primer avión que arrojó varias bombas, y las 19,30 horas, a base de sucesivas oleadas de aviones de diversos tipos: Heinkel-111, Junker-52 de bombardeo y Heinkel-51 de caza y ametrallamiento, que despegaban del aeródromo de Vitoria. En cada oleada actuaban entre 15 y 20 aviones, que primero arrojaban bombas rompedoras ordinarias, a continuación bombas incendiarias y, finalmente, ametrallaban a la población al descubierto. El viejo casco urbano desapareció prácticamente. En total, 721 casas sufrieron daños, de las cuales un 71 por 100 quedaron completamente destruidas[200].

Martínez Bande, riguroso en la descripción de los hechos militares a los que dice circunscribirse, elude, no obstante, cuestiones importantes en este terreno (como la colaboración conjunta en el plano estratégico y táctico de alemanes, italianos y españoles) e incurre con frecuencia, en notas a pie de página que complementan sus textos, en apreciaciones mucho más discutibles que denotan una voluntad de justificación ideológica concreta. En este caso, exonerar de responsabilidades a las autoridades franquistas en general y a Franco en particular. Se esfuerza en primer lugar en resaltar la importancia de Guernica desde el punto de vista industrial, logístico, estratégico, militar en suma, como queriendo «justificar» en cierto modo la posibilidad de que Guernica fuese bombardeada en función de esa importancia militar que se le atribuye.

Martínez Bande, aparte de exculpar de responsabilidades al general Franco y a las autoridades franquistas, se esfuerza en presentarnos a un Franco humanitario (!) que no quería «hacer la guerra a su propio pueblo» para desechar la hipótesis de «tierra quemada». Este «enfoque», sin más apoyatura que la del periodista británico George Hills (especializado en temas hispánicos), que no cita fuente, abre sin duda (o al menos lo intenta) una nueva perspectiva sobre la personalidad del general Franco, a mi juicio, a todas luces excesiva. El general Franco practicó a lo largo de toda la guerra una táctica de desgaste y confrontación abierta, lo que contradice abiertamente su pretensión de ahorrar vidas. Los datos disponibles, en sentido contrario, son abrumadores. Los mismos argumentos de Martínez Bande sirven para explicar que cuantos más «rojos» cayesen y más se prolongase la guerra, más estables serían las bases para la futura gobernación del Estado franquista.

Franco no hizo absolutamente nada por poner freno al terror desarrollado en su retaguardia desde el inicio mismo de la sublevación. Su actuación en este terreno siempre fue fría e implacable. A lo largo de toda la guerra se negó a aceptar cualquier tipo de mediación o de conversaciones para poner fin al conflicto, lo que sí habría ahorrado vidas y evitado destrucciones. Pero a Franco no le interesaba en absoluto limitar el destrozo físico y moral de España y los españoles, sino asegurarse las bases políticas, económicas y sociales de su dominación. Si tanta indignación despertó en el general Franco el bombardeo, ¿cómo se explica que se bombardeara sistemáticamente un año después Barcelona entre el 16 y el 18 de marzo de 1938 —por no hacer referencia a otros bombardeos, con nuevo material explosivo, causando destrozos y víctimas inocentes en pleno centro de la ciudad?—. Hasta el mismo embajador alemán ante Franco, Eberhard von Stohrer, calificó de completamente absurdos dichos bombardeos porque contribuían a redoblar la resistencia republicana[201]. Afirmación hecha por el embajador de la Alemania nazi, fiel aliada de Franco, y no precisamente por ningún destacado miembro de la Cruz Roja internacional o cualquier otra organización humanitaria.

Otro historiador militar, el general honorario Ramón Salas Larrazábal reconocido experto de la guerra civil, al tratar el bombardeo de Guernica dice que Vicente Talón había escrito la penúltima palabra[202], y con sensata prudencia de investigador experimentado, añadía: «Y no seré yo quien redacte la última; pero, sin embargo, creemos preciso hacer algunas precisiones aclaratorias»[203]. Ramón Salas deja correr la especie monstruosa de que el Gobierno vasco se inhibió ante el incendio de la ciudad, actitud que escapa a mi capacidad para hacer juicios de intenciones. Afirmaciones tales han de probarse contundentemente porque, si no, siempre se estarán diciendo penúltimas palabras y, desde luego, no se hacen precisiones aclaratorias de ningún género al respecto.

Ramón Salas se apoya sustancialmente en sus «precisiones aclaratorias» sobre Guernica en el análisis de Vicente Talón y afirma que a una crítica serena de los acontecimientos le parece imposible la duración de la acción, las masas de aviones y «desde luego esos ametrallamientos estilo tiro de pichón que no son en modo alguno verosímiles, aunque esa impresión tuvieran quienes los padecieron»[204]. Así, pues, Ramón Salas desautoriza a Martínez Bande y niega el hecho sarcásticamente rechazando los testimonios que así lo afirman, no contraponiendo argumento o testimonio alguno en contra. Sencillamente, a Ramón Salas, en su peculiar metodología histórica, le parece increíble que se ametrallara a la población y otorga mayor fe a ese íntimo y particularísimo convencimiento suyo que a testigos presenciales en Guernica en el momento del bombardeo, como es el caso del padre Alberto de Onaindía, quien escribe:

«Serían las cuatro y cuarto de la tarde cuando llegamos a la entrada de la Villa Foral. Era lunes y día de mercado. Pasábamos cerca de la estación cuando oímos una explosión de bomba, a la que siguieron inmediatamente otras dos.

Un avión que volaba muy bajo lanzó su carga y se alejó en unos instantes. Era la primera experiencia de guerra de Guernica. El pánico de los primeros momentos conmovió a la población y a los aldeanos llegados al mercado semanal Notamos un excitado alboroto. Bajamos del coche y procuramos indagar lo sucedido y calmar a muchas mujeres que se encontraban nerviosas y excitadas. Minutos más tarde cayeron nuevas bombas en las proximidades del convento de las Madres Mercedarias, y la gente comenzó a abandonar las calles y a esconderse en abrigos, en sótanos y bajo cubierto. Muy pronto asomaron como viniendo del mar unos ocho aparatos pesados que lanzaron numerosas bombas, y tras ello se siguió una verdadera lluvia de bombas incendiarias y de aparatos sueltos que bajaban a unos 200 metros de altura para ametrallar a las pobres gentes que huían despavoridas»[205]. [Subrayado mío].

Alberto de Onaindía había llegado a Guernica aquel lunes 26 de abril de 1937 por Algorta y Munguía procedente de Bilbao; tras decir que no conocía la marca de los aviones, pues no entiende de estas cuestiones, prosigue su relato el sacerdote diciendo:

«El estallido de las bombas, los incendios que comenzaron a producirse y la persecución de los aparatos de ametrallamiento nos obligaban a cobijarnos bajo los árboles, en soportales de casas, en pleno campo echándonos a tierra cuando veíamos acercarse algún avión. No había ningún antiaéreo, ninguna defensa, éramos presa cercada y acorralada por unas fuerzas diabólicas que perseguían a miles de indefensos habitantes. Por las calles andaban sueltas las bestias del mercado, burros, cerdos, gallinas. […]. A las ocho de la tarde de aquel radiante atardecer de abril cesó la sistemática destrucción de nuestra Villa Santa. Habían sido aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria. Era el primer ejemplo de ese género de lucha: primero unas bombas para alarmar a la población, luego oleadas de bombardeos con explosivos seguidos de bombas incendiarias y, por último, aviones ligeros que ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar su vida»[206]. [Subrayado mío].

A juicio de Ramón Salas el sacerdote debió de sufrir «alucinaciones». Respecto al polémico tema del número de víctimas, Ramón Salas se apoya de nuevo en Vicente Talón para decir que «es difícil pasar del centenar». Tan corta cifra se debe a que Lazkano, comandante militar de la plaza, había suspendido la celebración del ferial. Asunto zanjado. Se pretende así descontar del cómputo total de víctimas las correspondientes a la población flotante que acudía cada lunes a Guernica. Ahora bien, el hecho de que Lazkano hubiese suspendido la feria no impidió, evidentemente, que muchos campesinos ignorantes de tal prohibición acudieran a Guernica. ¿Cómo explicar entonces los animales muertos vistos por las calles, como testifican hombres allí presentes el día del bombardeo? Todos ellos debieron de sufrir alucinaciones.

Salas resalta la importancia militar de la villa —como hiciera Martínez Bande—, procura quitar importancia al bombardeo, niega el valor simbólico del mismo y destaca el encono de Franco y de Mola —¡nada menos!— ante el suceso para concluir:

«El hecho parece, pues, plenamente demostrado que se debió a una iniciativa alemana sin conocimiento ni consentimiento, por tanto, del mando nacionalista […]»[207]. [Subrayado mío].

Ramón Salas, al menos, no exime a continuación a los mandos franquistas de responsabilidad «moral». Algo es algo. Pero ¿por qué responsabilidad moral, precisamente (que es apreciación íntima de la propia conciencia), si ni lo sabían ni lo consistieron? Curiosa argumentación de un militar que sabe por experiencia propia que los mandos son responsables de los «errores» de sus subordinados. ¿Y si, además, —como veremos— no está plenamente demostrada, sino todo lo contrario, la supuesta iniciativa alemana y el alto mando conocía y consentía tales acciones?

El también general Jesús Salas Larrazábal, ingeniero aeronáutico, especialista militar de la guerra civil en la materia, apenas dedicó unos renglones al bombardeo de Guernica en su extenso estudio dedicado a la guerra civil desde el aire[208]. Probablemente por considerar tal acontecimiento una «cuestión menor» dentro del conjunto de su obra. Posteriormente ha reconsiderado su postura, probablemente tras la lectura de la obra de Herbert R. Southworth (exhaustivo, documentado y contundente estudio que ha desarbolado a la propaganda y a la historiografía franquista sobre la materia), a quien sólo cita para llamarle «polemista» (?) con evidente voluntad descalificadora.

Jesús Salas abordaba el tema en un extenso artículo presuntuosamente titulado[209], cuyas tesis principales resumía y divulgaba para el gran público conservador en un diario madrileño[210]. Más recientemente ha reeditado su trabajo sin alterar prácticamente el texto y su estructura originaria, pero con un título más acorde con su contenido[211]. En esta versión, Jesús Salas ignora las fundamentales aportaciones de Herbert R. Southworth, al que sólo cita negativamente para descalificarle sin entrar en el tema, y de Ángel Viñas, al que, incomprensiblemente, ni siquiera menciona. El trabajo de Jesús Salas es una prolija descripción de carácter técnico en el que abunda sobre los tipos de aviones, clases de bombas y otras consideraciones de interés subsidiario, probablemente muy provechosas para sus colegas y especialistas de historia militar de la aviación, pero que no aportan nada a lo sustancial del debate: las responsabilidades, puesto que la autoría del bombardeo es irrebatible, y el incendio posterior por elementos republicanos está totalmente descartado.

Jesús Salas se esfuerza en su estudio por demostrar que ninguno de los puntos fundamentales que él se encarga de establecer y que considera que constituyen «la leyenda sobre Guernica» —cuando no «el mito»— responden a la realidad. Así, descartadas las responsabilidades, trata de: reducir la población de Guernica para, a continuación, poder rebajar el número de víctimas; atribuir importancia militar o exagerar ésta, considerando que era un objetivo «táctico»; limitar la duración del bombardeo; negar que la destrucción de la villa fuese deliberada; rechazar los ametrallamientos de la población por aviones a baja altura, y la relación entre el tipo de bombas empleadas y la destrucción alcanzada (lo que ha dado lugar a sostener que el bombardeo fue experimental). Aborda otras cuestiones menores y de puro detalle técnico eludiendo, por el contrario, en su relación, aquellas que sí son importantes y que, según él, han dado lugar al «mito» y a la «leyenda» que con su estudio se propone desmontar, para así —característico procedimiento sofista—, no tener que hablar de lo que no menciona, refiriéndose únicamente a lo que él, previamente, ha considerado «importante».

Respecto a la cuestión demográfica, Jesús Salas se ha limitado a consultar el censo de población. Como quiera que éste se elaborara de diez en diez años, el último examinado ha sido el correspondiente a 1930, que arrojaba una población de 5229 habitantes, de los cuales descuenta 1068 que vivían en centros de población aislados de Guernica, como San Pedro, Arana, Zallo y otros. Ignorando el natural carácter centrípeto que en estos caso adquiere la población principal —caso de Guernica— por circunstancias de toda índole —administrativas, comerciales, etcétera—, lógicamente multiplicadas en situación de guerra en que, por razones obvias, se limitan los puntos de abastecimiento y se concentran más las funciones gerenciales en los núcleos de población importantes, Jesús Salas, puede deducir así la población a 4161 habitantes. No satisfecho, añade que de esta cifra habría que descontar los correspondientes al barrio de Luno (alejado del centro urbano de Guernica) —admitiendo como hecho probado que aquel día todos los habitantes de Luno se quedaron en sus casas—, por lo que afirma que la población no alcanzaba los 4000 habitantes. Cifra sobre la que opera argumentando que, dado que el incendio afectó al 70 por 100 de los edificios y al terminar el bombardeo apenas un 25 por 100 estaban destruidos o ardiendo, y que existían siete refugios antiaéreos —que supone repletos y preservaron de la muerte a sus ocupantes—, llega a la conclusión de que apenas 1000 personas estuvieron expuestas a los efectos del bombardeo (25 por 100).

Igualmente, trata de contrapesar el razonable argumento de la existencia de refugiados que, según múltiples testimonios, eran numerosos y la afluencia de aldeanos al mercado con el hecho de que unos 400 jóvenes de la villa se encontraban ausentes debido a sucesivas movilizaciones militares (se supone también que a cada una de ellas acudieron todos como un sólo hombre y no hubo enfermos, ausentes, etc). De la misma manera no considera el crecimiento vegetativo de la población entre 1930 y 1936, señalando que la población de 7000 habitantes esgrimida por ciertos autores no se alcanza hasta 1970, sin tener en cuenta que una guerra altera por completo el natural crecimiento demográfico de un país: muertes, exilio, emigración, etc. ¿No serían las propias consecuencias demográficas catastróficas del bombardeo las que impidieron a Guernica no alcanzar antes los 7000 pobladores? Jesús Salas rechaza también el incremento de población debido a la celebración del ferial afirmando vehementemente que no llegó a celebrarse, como si dicha circunstancia eliminase automáticamente la afluencia de tratantes y aldeanos a la villa[212]. Salas no hace alusión a informaciones de primera mano de la época, como la carta-informe del cónsul británico en Bilbao, Ralph C. Stevenson, que había comunicado el 28 de abril a su Gobierno que el número de habitantes de Guernica desde la llegada de refugiados era de unas diez mil personas[213]. ¿Qué sentido puede tener que el cónsul exagerase el cómputo de población a su propio Gobierno? ¿Con que fin? ¿De acuerdo con qué lógica? ¿Respondiendo a qué intereses?

A pesar de que el mismo mando franquista no consideraba Guernica un «objetivo estratégico de primera fila», según dicen textualmente sus propios informes oficiales militares (jamás había sido bombardeada antes), Jesús Salas, alega que la situación cambia totalmente y se esfuerza en presentar Guernica como «punto clave del frente vascongado desde el 25 de abril [—por un punto, una petaca—] hasta mediados de mayo». Lo que deja sin explicación que tal «punto clave» careciera de defensas adecuadas en la ciudad. Con el fin de resaltar la importancia militar de Guernica describe los acuartelamientos existentes en la villa: el batallón Seseta (Convento de las Agustinas); el batallón Loiola (Convento de Santa Clara) y el batallón Guernikako Arbola (Instituto de Segunda Enseñanza), que resultaron indemnes. Había también hospitales de sangre, situados fuera de la ciudad (en el Convento de las Josefinas y en el de las Hermanas Carmelitas), difícilmente conceptualizables como objetivos militares, que resultaron igualmente incólumes. La vía férrea tampoco fue alcanzada. Las fábricas Unceta y Cía y Talleres de Guernica, así como el puente de Rentería —principal objetivo— tampoco fueron alcanzados. Sin embargo, el Ferial y el batzoki del PNV fueron alcanzados de lleno.

Respecto a la duración del bombardeo, no tiene sentido alguno esforzarse en mostrar técnicamente, mediante el estudio de las características de los aparatos que participaron en la acción, que la duración real del bombardeo fue inferior a la aludida por algunos testigos presos del terror que, lógicamente, retuvieron la hora del comienzo y el final de la acción; y que, en medio de la confusión, llamas, escombros, miedo, etc., no puede pretenderse que se dedicaran a controlar cronómetro en mano el tiempo de las pasadas de los aviones; además, la descripción de Alberto de Onaindía, testigo presencial, es ejemplar y sustancialmente coincidente con la realidad de los hechos. Resulta irrelevante esforzarse en destacar pequeños errores de cálculo o cuestiones de detalle —plenamente justificados y comprensibles por la propia experiencia padecida—, si se ignora voluntariamente —ya desde la posición del historiador profesional y con la perspectiva de los años transcurridos— el fondo de la cuestión, sus implicaciones y sus consecuencias. Jesús Salas niega los ametrallamientos en el interior del casco urbano. Su colega el coronel Martínez Bande afirma que se ametralló «al personal al descubierto» e insiste «no sólo el que se encontraba en la ciudad, sino también en sus alrededores e incluso las anteiglesias comarcales»[214]. El relato de Alberto de Onaindía transcrito hace referencia a la gente se cobijaba «bajo los árboles, en soportales de casas, en pleno campo…», lo que es perfectamente posible en lo que respecta al amplio paseo de los Tilos (árboles y soportales) y hacia el exterior de la población, lugar natural de huida en una ciudad bombardeada. Es sencillamente asombroso que Jesús Salas pretenda exonerar de responsabilidad por estos ametrallamientos aduciendo que había vehículos o que es «norma» ametrallar las carreteras de entrada a una villa dado que «podían servir de paso a tropas de refresco o en retirada». Las salidas de una ciudad son lugar natural de huida de una población aterrorizada por la metralla y el fuego. Según Salas, si había civiles, dicha «imprudencia», es imputable a las autoridades responsables[215]… Asimismo, por mucho que se empeñe Salas en ilustrarnos sobre las características de las bombas y las diversas posibilidades de carga de los aviones, sigue sin explicación la razón en virtud de la cual se utilizaron bombas explosivas de 250 kilogramos y bombas incendiarias para destruir un simple puentecillo, que, además, no fue destruido. Si realmente el objetivo era la destrucción de tal vía de comunicación, ¿por qué Richthoffen, jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, no recurrió a los stukas y que eran capaces de atacar en picado y soltar su carga con una gran precisión?; ¿por qué se utilizaron bombas incendiarias? Los ametrallamientos sobre personas, perfectamente atestiguados, dificultan todavía más la versión que explica el ataque como un intento de destruir el puente[216].

6.4. La historiografía franquista

6.4. LA HISTORIOGRAFÍA FRANQUISTA

En la década de los setenta, ante los hechos incontrovertibles de la investigación histórica, se ha producido por parte de los propagandistas e ideólogos del franquismo un repliegue y una nueva línea de defensa ideológica. De entre ellos, ha sido principalísimo valladar, como no podía ser menos, Ricardo de la Cierva. Tal actitud es perfectamente lógica en quién se ha confesado testamentario de la defensa de Franco y ha proclamado su lealtad personal y política. Por consiguiente, De la Cierva se manifiesta como ideólogo antes que como historiador, lo que no deja de resultar contradictorio con sus continuas declaraciones de principios autoproclamándose como un historiador objetivo[217].

En una larga entrevista publicada hace años, en donde se le presentaba como historiador, profesor y jefe de sección de estudios sobre la guerra civil de España del antiguo Ministerio de Información y Turismo, que por entonces regentaba Manuel Fraga Iribarne, entre otras cosas, decía: «Lo que nosotros queremos es historia, porque nos interesa un rábano la propaganda». «Lo que no se puede es hablar sin fundamento ninguno. Eso se ha terminado. Por ejemplo, lo de Guernica, de Southworth». «Soy historiador, y lo que tengo que hacer, es decir, la verdad y dejarme de pamemas». Refiriéndose a los historiadores militares, decía que «habían sido plenamente objetivos» (no cita nombres). Finalmente, insiste en que «sería un error gravísimo tratar de hacer cualquier tipo de propaganda».

Pues bien, en esa misma entrevista, refiriéndose a la destrucción de Guernica, decía que habían sido los alemanes, pero no la Legión Cóndor, «que estaba controlada por el mando nacional [subrayado mío], sino por un grupo especial de prueba que vino directamente desde Alemania, destruyó Guernica y se volvió a Alemania sin que nos enterásemos». Alucinante hipótesis que rápidamente rectificó aleccionado probablemente por algún especialista que le mostraría lo absurdo de tal planteamiento. Igualmente que «el mando nacional no había dado la orden», y que: «A la destrucción contribuyeron grupos de acción separatista vascos» y que había que acabar con el mito de Guernica, «donde no murieron ni siquiera una docena».

En otro lugar se animaba a elevar el listón de víctimas y decía que «el desastre apenas superó el centenar de muertos. La pervivencia de la propaganda degenera en el absurdo»[218]. Su fuente de información es Vicente Talón. Sorprendentemente, da crédito a las «ordenes directas de Berlín» y a que nada hicieron los vascos por evitar el incendio; cita el desacreditado informe Herrán, a Jaime del Burgo y a los historiadores británicos J. W. D. Tryhall y George Hills para «probar» que Franco no tenía nada que ver en el asunto[219].

No tendría mayor interés entretenerse en las continuas deformaciones, contradicciones, alusiones y dogmáticas afirmaciones de Ricardo de la Cierva, que la investigación seria y rigurosa va echando abajo implacablemente[220], de no ser por la difusión e influencia que, en los sectores de lo que podríamos llamar franquismo sociológico, alcanzan sus escritos.

Algunos años después, De la Cierva nos ofrece una nueva versión «actualizada» en la que dice —¡cómo no!— que «no vamos a caer en la trampa de la propaganda; éste quiere ser un análisis histórico»[221]. Sigue sosteniendo que, el conocido Informe Herrán, publicado en Inglaterra nada menos que en 1938[222], era inédito hasta ese momento y que permanecía arrumbado en los archivos civiles de la Administración española, donde él, suponemos que gracias a su acreditada perspicacia investigadora, lo encontró[223].

Apoyándose en Vicente Talón, cuyas conclusiones considera esenciales, y en los hermanos Salas Larrazábal, concluye:

«La acción fue emprendida unilateralmente por los alemanes, sin conocimiento, ni menos aprobación, de Franco ni de Mola. No era día de mercado. El bombardeo fue experimental, aunque no faltaban en Guernica objetivos militares. El número de muertos fue elevado —del orden del centenar—, pero no llegó a las fantásticas cifras de la propaganda que hablan de millares»[224].

En una nueva edición, dos años después, una vez más De la Cierva nos ofrece su habitual versión «definitiva»[225]. Insiste en el desconocimiento de Mola y vuelve a atribuirse —sin ningún rubor— el «descubrimiento» del Informe Herrán, persiste en sostener la iniciativa alemana en el bombardeo y niega responsabilidad directa a Franco sin apoyatura documental alguna trasladando toda la responsabilidad a los alemanes. Curiosamente, reconoce los ametrallamientos y niega valor estratégico al puente de Rentería, en abierta contradicción con los historiadores militares que cita. Una vez eximido Franco y las autoridades franquistas de responsabilidades, De la Cierva puede ya reconocer que «se fue deliberadamente a destruir Guernica»[226] y explayarse en la descripción del acontecimiento. Más adelante, en abierta contradicción con lo dicho unas líneas más arriba, reconoce que Franco aceptó «que Guernica fuese el banco de pruebas ansiado por Goering»[227], para decir unas líneas más abajo: «La acción fue emprendida unilateralmente por los alemanes sin conocimiento ni menos aprobación de Franco ni de Mola»[228].

Con motivo del cincuentenario del comienzo de la guerra civil, Ricardo de la Cierva publicó en fascículos una —¡cómo no!— «nueva y definitiva historia de la guerra civil»[229], en la cual, como en él es habitual, se limita a glosar lo investigado por otros. En este caso se circunscribe al estudio de Jesús Salas Larrazábal perdiéndose en descripciones técnicas, para finalmente —estrambote definitivo— afirmar que a la destrucción de Guernica colaboró «la acción de los incendiarios». La iniciativa fue, naturalmente, de los alemanes.

Aun admitiendo las licencias literarias del nuevo periodismo, el divertido juego de la paradoja, las servidumbres de la propaganda y los condicionamientos ideológicos de Ricardo de la Cierva, escapa a mi limitada capacidad de comprensión este permanente, sostenido e infatigable juego de contradicciones flagrantes en un mismo texto. Resulta difícil caer en tal cúmulo de despropósitos en tan breves líneas. «Definitivamente», De la Cierva es capaz de superarse a sí mismo. La tarea del historiador es, ciertamente, más compleja que la del irredento propagandista de causas «definitivamente» perdidas.

A la historiografía franquista sólo le queda, para seguir obviando el fondo de la cuestión, el estudio de Jesús Salas para las cuestiones de orden técnico, y el de Vicente Talón para el fondo ideológico del asunto:

«Guernica fue destruida por aviones alemanes que recibieron órdenes directas de Berlín y que al cumplir su agresión violaron, gravísimamente, la lealtad prometida al Gobierno de Salamanca»[230].

6.5 El estado de la cuestión

6.5. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Por consiguiente, parece que lo que se intenta ahora desde ciertos sectores (habiendo tenido que ir renunciando progresivamente a que Guernica no fue bombardeada, sino dinamitada por mineros asturianos, o que no había aviación extranjera en España al servicio de Franco, primero, y luego que sí que la había, pero…, obró por su cuenta), es minimizar la cuestión al máximo, quitándole toda la importancia y trascendencia. Se intenta así una práctica contable muy difícil con vistas a reducir lo más posible el número de víctimas inocentes. Por otra parte, se da por descontado que el bombardeo respondió a una acción unilateral alemana (últimamente aparecen también aviones italianos, complicando así tan ligera afirmación), y que el alto mando, y por supuesto el propio Franco, no sólo no tenían nada que ver, sino que estaban «indignadísimos»… Se pretende que las víctimas no sean más de «un centenar», habiendo sido arrasada la ciudad; para ello, se reduce el censo de Guernica y se dice que, suspendido el mercado, dejaron de ir muchas personas a la histórica villa. Resultan muy significativas tales actitudes, muestra inequívoca de las resistencias ideológicas que todavía opone la propaganda de guerra franquista al frío dictamen de la investigación histórica.

En Durango, ciudad que sufrió un bombardeo menos intenso que Guernica y no se usaron bombas incendiarias, hubo 258 muertos según las estadísticas oficiales. Respecto a Guernica, los informes oficiales del Gobierno vasco estimaron en 1645 muertos y 889 heridos el total de bajas producidas por el bombardeo, y esta fue la cifra que José Antonio de Aguirre le comunicó a Indalecio Prieto por carta el 11 de junio de 1937. Jesús María de Leizaola, consejero de Justicia y Cultura del Gobierno vasco, afirmó que una semana después del bombardeo 592 personas de Guernica habían fallecido en los hospitales y centros asistenciales de Bilbao. ¿Por qué iba a mentir? Guernica cae en poder de las fuerzas franquistas inmediatamente después, el día 29. Nunca se llegó a establecer oficialmente el número de víctimas. Personalmente he podido comprobar en el incompleto registro de defunciones de Guernica que se han tachado las inscripciones de muerte relacionadas con el bombardeo[231]. La apertura a la investigación de las casi 6000 fichas con partes de fallecimientos y cadáveres sin identificar correspondientes a la guerra civil en Euskadi, que pude consultar en la Biblioteca de la Audiencia Territorial de Bilbao, apenas contienen 17 correspondientes al bombardeo de Guernica. Igualmente, en el Registro Civil de Bilbao apenas constan inscripciones relacionadas con el bombardeo, lo que no hace sino poner de manifiesto la insuficiencia del Registro Civil para este tipo de estudios cuando, según Leizaola murieron en los hospitales de Bilbao casi 600 personas.

Incomprensiblemente, los historiadores militares y franquistas se empeñan en dotar de importancia militar a la villa de Guernica cuando el parte del Cuartel General del Generalísimo en Salamanca correspondiente al 28 de abril, tras negar el bombardeo de la villa, afirmaba que «Guernica no es objetivo militar para nuestra aviación, que sólo persigue objetivos militares e industriales». Además, ¿cómo es que, precisamente, los supuestos objetivos militares como el puente de Rentería, las fábricas y talleres sitos en la villa no fueron destruidos? Si la ciudad había sido incendiada por los dinamiteros asturianos, los «gudaris» o las milicias marxistas, ¿cómo es que respetaron y dejaron incólumes al enemigo tan «importantes» objetivos militares?

A los presupuestos esenciales de la historiografía franquista, prácticamente reducidos a la patética beligerancia dialéctica de Ricardo de la Cierva[232], cabe oponer:

1.ºNo existe apoyatura documental para sostener que el bombardeo de Guernica respondió a una acción unilateral de la Legión Cóndor. Queda probado que: «Unidades primera línea pidieron directamente a Aviación bombardeo…». El desconocimiento de Franco y su alto mando no está probado. Tal y como se desprende del análisis de Southworth y de la más reciente aportación del profesor Ángel Viñas[233], todos los indicios muestran claramente la coordinación hispano-ítalo-alemana. Es justamente lo contrario lo que habría que probar[234].

2.ºSí, era día de mercado (todos los lunes lo era). Parece ser que había sido suspendido «oficialmente», aunque Joseba Elósegui, allí presente, testifica que la feria semanal se celebró dicho lunes como era habitual desde tiempo inmemorial (se trataba fundamentalmente de una feria de ganado) en la plaza del ferial. Alberto de Onaindía, igualmente presente, lo confirma también afirmando haber visto numerosos animales muertos…

3.ºSe ametralló a la población civil, como afirma el mismo coronel Martínez Bande, sostienen los testigos allí presenciales y reconoce el mismo Vicente Talón, autor citado interesadamente por parte de alguno de los autores aquí estudiados y «olvidado» cuando no interesa.

4.ºSi Guernica era plaza militar importante, ¿cómo es que sólo disponía de una ametralladora aérea para su defensa y sus principales objetivos militares quedaron incólumes? ¿Cómo es que la Jefatura del Aire del Ejército de Franco «no consideraba a Guernica objetivo estratégico de primera fila»? ¿Cómo es posible entonces que los alemanes de la Legión Cóndor considerasen que la operación había sido un éxito total?

5.ºY es radicalmente falso que las tropas republicanas incendiaran o volaran edificios en la villa foral como, sobre la única base de una argumentación ridícula —aludiendo a Eibar o a Irún—, pretende el inefable Ricardo de la Cierva.

El aspecto absolutamente primordial de toda esta cuestión y que, como dice Southworth, la «escuela neofranquista» intenta negar por todos los medios, es las responsabilidades de las jerarquías franquistas y del mismo Franco. La furia exterminadora y las ansias del general Mola de aplicar al País Vasco una política de tierra quemada hasta el punto de asustar a los mismos alemanes, ha quedado fehacientemente probada[235]. ¿Por qué iba a ser distinta la disposición de los mandos franquistas ante Guernica?

Como ha señalado Ángel Viñas refiriéndose a las Normas de conducta para la aviación, ésta debería atacar «sin tener en cuenta la población civil». No sólo se habían establecido puestos de mando conjuntos, sino que Sperrle (jefe supremo de la Legión Cóndor) dependía directamente de Franco, estaba en estricta y única subordinación a Franco y, además, el empleo de la aviación alemana dependía también directamente de Franco. El propio ministro de la Guerra del III Reich, general Von Blomberg, había insistido en este punto y así se lo había dicho al general Franco.

¿Fue un error «lamentable» la destrucción de Guernica? La misma carga de los aviones (bombas explosivas de 250 kilogramos y bombas incendiarias) desbarata por completo la tesis según la cual se pretendía «únicamente» destruir el puente del barrio de Rentería, lo que, además, no se produjo. ¿No había sido la operación un éxito completo? Está igualmente probado que Berlín ignoraba por completo lo sucedido, y fue informado de ello, precisamente, desde Salamanca. ¡Cómo puede seguirse sosteniendo la indefendible tesis de que la Legión Cóndor actuó por orden de Berlín!

Franco, naturalmente, se opuso a una investigación internacional sobre el caso. ¿Por qué si él no sabía nada? Y, si se trataba de cubrir la responsabilidad atribuida a los alemanes, ¿por qué no aclaró nunca bajo su régimen esta cuestión ofreciendo pruebas documentales concluyentes al respecto? ¿Cómo podía tener el cinismo —no cabe calificarlo de otra manera— de afirmar el 14 de octubre de 1948 que Guernica había sido «incendiada y destruida por los propios rojos en su furia destructiva, de lo que quisieron culpar a las escuadrillas nacionales»? ¿Cómo podía decir en junio de 1950 y en el mismo Bilbao que Guernica había sido volada e incendiada antes de su huida por el marxismo internacional?

Como concluye Ángel Viñas, «la mera glosa de los datos disponibles permite concluir en la existencia de una responsabilidad compartida al nivel de Franco, Mola, Kindelán y Sperrle por la destrucción de Guernica, aparte de la que corresponde a los escalones inferiores, españoles y alemanes, silenciosos o tergiversadores»[236].

Difícilmente se podrá algún día dar con la prueba documental concluyente, incluso accediendo a los archivos de la Casa Militar de Franco, el Ministerio de Defensa o los del Alto Estado Mayor. Es más que probable que jamás pueda esgrimirse la prueba contundente y definitiva (los documentos de la Legión Cóndor fueron destruidos al final de la II Guerra Mundial, unos días antes de la rendición de Alemania). Como bien dice Pierre Vilar, comentando a Charles Morazé:

«[…] Toda prueba material de una decisión tiene tantas más probabilidades de ser sustraída de los archivos, cuando más importante sea su significación política. ¿Cómo iba a ocurrir de diferente manera con las decisiones militares?»[237].

El bombardeo de Guernica —con razón o sin ella— se ha convertido con el paso del tiempo en el paradigma máximo del horror perpetrado por el bando franquista en la guerra civil. El hecho en sí mismo y sus consecuencias imprevisibles han dado a tal acontecimiento una dimensión universal a la que no son ajenos los siguientes factores:

1.ºEl hecho de haber sido considerado como el primer bombardeo aéreo masivo de la historia llevado a cabo sobre población civil; dramático antecedente de la desolación provocada por los raids aéreos de la II Guerra Mundial que causaron centenares de miles de muertos.

2.ºLa estremecedora expresividad del mural de Pablo Picasso dedicado al bombardeo y que, precisamente, por el trágico patetismo que el genio del artista supo plasmar, ha quedado como el símbolo de la brutalidad y el espanto que provocan todas las guerras.

3.ºLa incomprensible y burda negativa del bombardeo por parte de las autoridades franquistas provocó una encrespada polémica que, negando primero los hechos y desvirtuándolos después, ha traído como consecuencia que la polémica se haya prolongado durante más de cuarenta años.

La guerra civil en conjunto, aunque, lógicamente, cada vez menos, está sometida a una fuerte ideologización que deforma u oculta los hechos, mitifica supuestas o vulgares acciones y eleva a categoría absoluta lo que sólo forma parte del conjunto. Hasta cierto punto es inevitable. Muchos de sus protagonistas e incluso muchos de quienes sólo han recibido una influencia indirecta de la guerra se encuentran incapacitados para superar sus propias emociones. El periodista norteamericano Herbert L. Matthews dijo acertadamente sobre esta cuestión:

«There are lots of true stories about the Spanish Civil War that remain to be told by the historians of future generations. Only they will be able to sift the wheat from the chaff, the true from the false, to weigh the good and the bad, to lay the blame or mete out the praise. We are too close to it. Many facts are not yet available, and those we have are clouded by our emotions»[238].

El caso de Guernica, que hemos tratado aquí por su especial significación, como igualmente podríamos referirnos a las virtudes providenciales del caudillo Franco, a la gesta sevillana, audacia y simpatía del general Queipo de Llano, a la actuación de Falange en la retaguardia o a tantas otras cuestiones posibles, son muestras representativas —al menos eso creo, entre otras muchas; también en la otra zona, por supuesto— de la capacidad de distorsión de la propaganda, de cómo la misma instrumentaliza políticamente al servicio de una determinada ideología o en aras de un sistema de creencias.

Tanto la destrucción de Guernica en el País Vasco como el asesinato de Federico García Lorca en Granada o el de Blas Infante en Sevilla son hechos especialmente significativos por lo que tienen de simbólicos, hechos que conviene situar dentro de unas coordenadas precisas para poder ser entendidos en toda su dimensión.

Asesinando a García Lorca se asesinaba a algo más que a un hombre. Se asesinaba a un espíritu selecto, distinto; se asesinaba la expresión de la sensibilidad colectiva de un pueblo; se asesinaba a un significado representante del mundo de la inteligencia, de la razón, del compromiso social y de la cultura. Se asesinaba la inteligencia siguiendo la pauta marcada por el general Millán Astray en Salamanca ante Miguel de Unamuno.

Asesinando a Blas Infante se asesinaba a un espíritu independiente, enfrentado a las oligarquías colonizadoras del pueblo andaluz. Se asesinaba al genuino representante de la voluntad de emancipación social de sus tierras secularmente relegadas a la dependencia y a la explotación, ante la indiferencia de un Estado centralista cómplice. Se asesinaba, además, a un traidor a su clase, nada menos que a un notario, auténtico paladín del sagrado derecho de propiedad.

Finalmente, destruyendo Guernica —y de ahí el título de estas líneas—, se destruía algo más que un hermoso pueblo vasco. Se aterrorizaba a una población para que cesara en su resistencia. Se atacaba el símbolo por excelencia de las libertades y tradiciones de su pueblo. Se humillaba su historia, se intentaba doblegar el orgullo y la independencia de Euskalherría.

¿Cómo no va a ser Guernica un símbolo? Guernica, además, gracias a la mano genial de Picasso, ha dado nombre a un cuadro que es impresionante testimonio de la masacre de un pueblo y del horror de la guerra; de toda guerra. De ahí su simbología universal.

La genialidad de Rafael Alberti ha plasmado en estos espléndidos versos todo el drama de la guerra civil española:

La guerra: la española.

¿Cuál será la arrancada

del toro que le parten en la cruz una pica?

Banderillas de fuego

Una ola, otra ola desollada.

Guernica.

Dolor al rojo vivo.

… Y aquí el juego del arte comienza a ser un juego explosivo[239].

Capítulo VII. España en Guerra: la tragedia de Manuel Azaña

Capítulo VII

ESPAÑA EN GUERRA:

LA TRAGEDIA DE MANUEL AZAÑA

«Veo a los hombres abandonados, cientos de miles de hombres convertidos en sus propios verdugos, empujados a la muerte. Veo el naufragio de agresores y agredidos. La misma resaca se los lleva a todos. Cadáveres, muchos cadáveres en olas de sangre. Tal veo en lo más profundo de mi ser de hombre».

MANUEL AZAÑA.

Manuel Azaña, como es sobradamente conocido, fue un destacado intelectual, un notable escritor y un brillantísimo orador capaz de fascinar a la totalidad de su auditorio. Fue también un político muy controvertido que presidió un período, esperanzado para muchos primero, y trágico, después, para todos de nuestra historia contemporánea.

Así como muy pocos —excepción hecha de los sectarios inasequibles al desaliento— negarán el talento de Azaña como escritor, su notoria inteligencia, así como la evidente brillantez de su oratoria, son muchos —o bastantes— los que discuten apasionadamente sobre la bondad y acierto de su gestión pública o, simplemente, rechazan con vehemencia el conjunto de su actuación política.

La obra de Azaña puede provocar diversas reacciones; pero, difícilmente, nos dejará indiferentes. Después de leer a don Manuel Azaña nos sentimos más humanos, más universales. En la tragedia y singularidad de su drama personal se hallan los componentes esenciales del género humano que nos hacen a cada uno de nosotros capaces de reconocernos en las vidas de los demás.

Llama más la atención el patético abatimiento de Azaña a lo largo de la guerra que su mera intervención política a lo largo de ésta, aunque ambas cuestiones no puedan deslindarse fácilmente. Es evidente que hay un Azaña hasta el 18 de julio de 1936 y otro a partir de esa fatídica fecha. No me parece ocioso por consiguiente destacar el «factor humano» del que fuera residente de la II República española en tan dramática coyuntura histórica. Azaña será, sobre todo, una patética voz que se dirigía a todos los contendientes y razonaba para todos los españoles mientras se mataban los unos a los otros: ese es su gran drama personal. El estallido de la guerra provoca en su persona un profundo desgarramiento interior que, en definitiva, terminará por acabar con él.

7.1.La espada y la pluma

7.1. LA ESPADA Y LA PLUMA

«La escritura: lucha de la inteligencia contra el tiempo», decía Azaña, y esa es su gran victoria. Tras medio siglo de insultos e incomprensiones, por la derecha y por la izquierda, la verdad es que su escritura, su inteligencia, han sobrevivido al «tiempo de silencio» impuesto por cuarenta años de dictadura al servicio de «la espada más limpia de Europa». Su pluma ha acabado por imponerse a la espada. Su obra es un valor en alza continuo y, sin embargo, transcurridos sólo quince años del cumplimiento del «hecho sucesorio», la frialdad de las estadísticas dan fe notarial del olvido y la indiferencia del pueblo español hacia la memoria del que otrora se proclamara su caudillo.

¿Quién se acuerda hoy de los calumniadores y perseguidores de Manuel Azaña? ¿Quién conoce los nombres de aquéllos que no encontraban otro argumento en su contra que el del insulto llamándole «Doña Manolita», «el monstruo» o «el verrugas»? ¿Quién lee hoy «Gracia y Justicia» y se divierte con su obsesión antimasónica, sabe quién es Manuel Delgado Barreto o se interesa por la obra de Joaquín Arrarás?

¿Quién no siente un pequeño estremecimiento de emoción y sumergiéndose en la lectura de Azaña no detiene sus ojos ante frases como: «La libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres»? Con motivo de la sublevación anarquista del alto Llobregat en 1932 se opuso a las ejecuciones sumarias diciendo: «Es que no quiero fusilar a nadie. Alguien ha de empezar aquí a no fusilar a troche y moche. Empezaré yo». Y, ya en plena guerra civil, tras los sucesos de la cárcel Modelo de Madrid —a consecuencia de los cuales quiso dimitir—, le decía a su cuñado con rabia e impotencia: «¡Esto no, esto no!: Me asquea la sangre, estoy hasta aquí; nos ahogará a todos».

Y quien no se estremece también, pero de asco y miedo, cuando estudiando la vida y la obra del general Franco le ve siempre dispuesto a fusilar, sean legionarios indisciplinados, sean españoles, cualquiera que fuera el número…, a cualquier precio. Y ya concluida la guerra, seguían los fusilamientos… A sus correligionarios les decía en 1942: «Para la gran obra de redención de un pueblo, el fanatismo y la intransigencia son indispensables cuando se encuentran en posesión de la verdad. A vuestra fe y a vuestro fanatismo correspondo con el mío». Y cuatro años más tarde —ya como colofón— les decía a los mineros de la cuenca asturiana: «No hay redención sin sangre, y bendita mil veces la sangre que nos ha traído nuestra redención».

¡Qué paradoja y qué tragedia! Después de cincuenta años, la concepción del mundo, la vida y la obra del gran derrotado de la guerra civil permanecen vigentes. Sus ideas han prevalecido y resulta el gran vencedor moral. Las ideas representadas por su oponente, su concepción del mundo, su vida y su obra han quedado relegadas al olvido, a la curiosidad historiográfica, al desprecio moral. Azaña dijo modestamente a Álvarez del Vayo: «Dentro de cien años habrá mucha gente que no sepa quiénes éramos Franco ni yo; pero todo el mundo sabrá siempre quiénes son Velázquez y Goya».

Manuel Azaña fue un intelectual que intervino en política o, si se quiere, un político hondamente interesado por el mundo de la cultura y el pensamiento. Resulta inútil —a mi juicio— empeñarse en dilucidar qué faceta de su personalidad resultaba determinante porque, precisamente, del perfecto y dramático ensamblaje de ambas surge la importancia de su figura, la fascinación por el personaje, el respeto por su trágico destino.

Si hay algo que hace grandioso a Azaña o, en cualquier caso, convierte su caso en paradigmático, es esa permanente tensión dialéctica entre ambas actividades, con toda la coherencia y todas las contradicciones que se derivan de tan conflictiva fusión.

7.2 Rasgos biográficos

7.2. RASGOS BIOGRÁFICOS

Manuel Azaña nació en Alcalá de Henares en 1880, como es bien sabido. Se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza y se doctoró en Madrid con una tesis sobre La responsabilidad de las multitudes. Logró una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para «L’Ecole Nationale des Chartes», de París, y ganó con el número dos de su promoción la plaza de letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Fue secretario del Ateneo de Madrid, desde donde influyó progresivamente en la vida cultural española. Fundó la revista literaria La pluma, que dirigió hasta su desaparición. Fue colaborador de El Imparcial, El Sol y la revista España, que llegó también a dirigir. Hizo excelentes traducciones de obras francesas e inglesas, entre las que destaca La Biblia en España, de George Borrow.

Influenciado por el krausismo, Azaña, como él mismo se definió, era sobre todo un «intelectual, liberal y burgués». En 1912 se afilió al Partido Reformista de Melquíades Álvarez, para abandonarlo en 1924. Se proclama republicano, escribe el manifiesto Apelación a la República y funda en 1925 Acción Republicana. Formó con José Ortega y Gasset, la Liga de Educación Política, viajó por Francia y Bélgica y visitó los frentes de guerra, donde adquirió una gran experiencia militar. En 1926 obtuvo el premio Nacional de Literatura por su obra Vida de don Juan Valera y, al año siguiente, publicaba El jardín de los frailes, célebre novela en la que describe con ironía los trazos que una estricta educación religiosa van dejando en la psicología de un adolescente —él mismo estudiante del Colegio de los Agustinos de San Lorenzo de El Escorial.

En 1930, Manuel Azaña es presidente del Ateneo de Madrid y firma el Pacto de San Sebastián, de cuyo comité revolucionario forma parte. Proclamada la República en abril de 1931, asumió la cartera de Guerra en el Gobierno provisional y en seguida su presidencia tras la dimisión de Alcalá Zamora, para, tras la aprobación de la Constitución en diciembre y acceder a la Presidencia de la República Niceto Alcalá Zamora, responsabilizarse él de la Jefatura del Gobierno.

En 1933, tras el triunfo electoral de las derechas, pasó a la oposición, y al año siguiente fundó Izquierda Republicana con elementos del radicalsocialismo de Marcelino Domingo, la Organización Republicana Gallega Autónoma, de Santiago Casares Quiroga, y su propio partido de Acción Republicana. A raíz de la revolución de octubre fue encarcelado, procesado y absuelto. Publicó entonces Mi rebelión en Barcelona, donde quedó fehacientemente demostrado, con la ironía que del propio título de la obra se desprende, que no sólo no había participado en la rebelión, sino que, además, había intentado impedirla.

Su prestigio político fue en aumento hasta constituirse en la figura más destacada del Frente Popular. Sus célebres discursos en campo abierto, donde llegó a congregar, como en el campo de Comillas próximo a Madrid en octubre de 1935, a cerca de medio millón de personas (cifra impresionante para la época), son un modelo de oratoria política que galvanizó a las izquierdas del país bajo su indiscutible liderazgo.

Tras el éxito electoral de febrero de 1936, accedió a la Jefatura del Gobierno para, rápidamente, ser catapultado a la Presidencia de la República en mayo. «Una vez más hay que segar el trigo en verde», dijo el 19 de febrero ante el sombrío panorama que se le presentaba.

7.3 Presidente de la República

7.3. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Azaña tuvo que asumir la Jefatura del Gobierno en condiciones sumamente precarias. Manuel Pórtela Valladares dejaba abandonado el poder y Azaña tenía que responsabilizarse del mismo sin poder cumplir, como era su deseo, los preceptos constitucionales.

Había llegado la victoria, pero en las peores circunstancias. Azaña diría en este sentido: «¡Ya verán cómo este triunfo lo vamos a pagar muy caro!». Nadie tenía paciencia. Resultaba ciertamente insólito formar Gobierno antes de que se constituyese el Parlamento y cuando ni siquiera había concluido el recuento electoral.

Azaña formó un Gobierno exclusivamente constituido por republicanos, y en las dos remodelaciones previas al 18 de julio se mantuvo en esa línea. No eran en ningún caso gobiernos marxistas y revolucionarios, como la propaganda derechista se esforzó en hacer creer como justificación de la rebelión militar.

Lo que es indudablemente cierto es que la conflictividad social y política se disparó por la izquierda y por la derecha de los republicanos de Azaña y su Gobierno. Las izquierdas no representadas en el Gobierno al que, teóricamente, sostenían se mostraban impacientes y al mismo tiempo incapaces de contener a sus masas —muchas, hambrientas, dato que conviene no olvidar—, que se quejaban de que los patronos desobedecían las órdenes del Gobierno. («¡Qué coman República!», decían). Por su parte, las derechas utilizaban la situación para crear dificultades al Gobierno mientras conspiraban sin desmayo preparando el golpe de fuerza que les devolviera la hegemonía política que habían perdido en febrero.

De la lectura de la obra de su cuñado, Cipriano Rivas Cherif, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, se desprende claramente que fue ajeno a su promoción a la Presidencia de la República. Que fue un error —y una injusticia— la destitución de Niceto Alcalá Zamora, es una conclusión en la que coinciden la inmensa mayoría de los historiadores. Si Azaña debió oponerse a la maniobra, es otra cuestión. Él era ciertamente el hombre clave en aquellos momentos y parecía el único capaz de reconstruir el orden republicano que estaba empezando a deteriorarse rápidamente. Pero Azaña estaba cansado, prematuramente envejecido. Además, no aceptaba seguir siendo indispensable. Les decía a sus correligionarios que tenían que irse acostumbrando a no tener que contar con él para todo. Pensaba que había llegado el momento de que otros asumieran las responsabilidades directas de gobierno.

En sus Memorias hay una laguna al respecto y, por tanto, no es posible contar su versión de los hechos, pero creo que lo que sí puede afirmarse es que fue ajeno a la maquinación de sustitución de Niceto Alcalá Zamora.

Para unos, su actitud inhibitoria fue la adecuada por tratarse de una cuestión en la que él mismo se encontraba implicado al presentarle como candidato. Muy probablemente halagó su vanidad su seguro acceso a la primera magistratura del Estado. ¿Quién otro podía disputarle el puesto? ¿Qué otra personalidad republicana gozaba de su prestigio y, sobre todo, de sus apoyos? De cualquier forma, parece cierto que ya no se sentía con fuerzas de seguir asumiendo el desgaste permanente que suponía la Jefatura del Gobierno, y más en aquellas difíciles circunstancias.

Para otros, dada su relevancia política, su innegable liderazgo en el seno del Estado, debería haber impedido la destitución de Alcalá Zamora, que era injustificable y más sabiéndose como se sabía que sus relaciones personales no eran lo correctas que de la responsabilidad de sus respectivos cargos cabía esperar. Un hombre de su influencia y de su ascendiente moral hubiera podido hacerlo, probablemente, y debiera haberlo hecho, entre otras razones porque en aquellos momentos no había sustituto, no había un hombre de su talento político capaz de asumir su papel. Pero también por el propio respeto a los mecanismos constitucionales que, hipócritamente, se esgrimían para destituir a don Niceto, cuando en el ánimo de todos los intrigantes era patente la animadversión personal y el sectarismo político.

Por otra parte, probablemente tampoco el mismo Azaña hubiese sido capaz —caso de permanecer en la Jefatura del Gobierno— de enderezar la situación política. Aparte del cansancio por la continua brega política y su quizá inconsciente o consciente y legítima aspiración a ese retiro dorado que era la Jefatura del Estado, Azaña era sobre todo un político de brillante oratoria capaz de suscitar el entusiasmo y el aparente consenso entre el auditorio más variado; pero sólo por el convencimiento moral no se resuelven los problemas políticos si no se instrumentan los mecanismos adecuados para ello.

En aquellas difíciles circunstancias por las que atravesaba la débil democracia parlamentaria española hacía falta no un «puro» de la actividad política —como Azaña—, sino un organizador —lo que él no era—, un hombre capaz de negociar, de pactar y de aunar intereses entre las diversas fuerzas políticas que, teóricamente, sostenían al Gobierno.

Para él, tal tipo de acción —que despreciaba— era caer en «componendas». Pero, a mi juicio, no había otra posibilidad de frenar la dinámica política que estaba empezando a desencadenarse, que la de fijar plazos, establecer compromisos, ganar tiempo, por un lado, mientras, por el otro, se activaban los mecanismos de defensa del Estado. Creo que Azaña ya no era el hombre para esa política.

Probablemente pensó que desde la Jefatura del Estado podría desempeñar una importante labor de mediación entre las diversas facciones políticas, pero era un hombre demasiado marcado políticamente. Ciertamente, el Azaña de 1936 no era el Azaña de 1931. Había madurado y templado su mordaz ironía, su implacable dialéctica, que tanto entusiasmo despertaba entre sus fieles y tanta irritación provocaba entre sus adversarios.

Azaña era, ciertamente, más inteligente y capaz que la mayoría de los políticos republicanos de todo el arco parlamentario. Pero la auténtica inteligencia política —sin caer en las simplificaciones que de la obra de Maquiavelo se hacen— consiste en no despreciar nunca al adversario, pues la lucidez no determina automáticamente el poder. La necesaria continencia verbal, la templanza formal le llegó a Azaña demasiado tarde, cuando ya se había creado demasiados enemigos. Por ello, la lógica labor de mediación que puede corresponder al Jefe del Estado, en el caso de Azaña, se encontraba comprometida a priori. Tenía pocas posibilidades de prosperar, no por su actividad presente, sino por la memoria pasada acumulada.

Sus supuestos aliados le catapultaron hacia el Olimpo presidencial, entre los cuales había extraviados que decían: «Mejor. Así caerá desde más alto». A sus adversarios, la mera mención de su nombre les producía sarpullidos. Azaña era la encarnación misma de la República, del Estado democrático y de cierto «jacobinismo» —más formal que real— que resultaba inaceptable para la derecha tradicional española.

Manuel Azaña era una brillante excepción en el seno de los partidos republicanos. Lo trágico es que éstos eran muy débiles. La estructura de partidos en la España de los años treinta era muy precaria, quizá con la excepción del PSOE; pero, a su vez, éste vivía tensiones internas muy fuertes. Julián Zugazagoitia llegó a abofetear —y era hombre muy moderado— a Luis Araquistáin con motivo de la elección de Azaña como presidente de la República, a la que se oponía.

El socialismo español atravesaba por profundas divergencias internas en cuanto a la política general del partido. El ala caballerista impidió que Indalecio Prieto accediese a la Jefatura del Gobierno, lo que, probablemente, hubiese sido el deseo íntimo de Azaña con vistas a reconstruir la política de la conjunción republicano-socialista de los primeros años del régimen.

Indalecio Prieto era un hombre que, dado su pragmatismo, su instinto político y su inteligencia natural, quizá hubiera podido enderezar el rumbo del Estado. De cualquier forma, tampoco está tan claro que hubiera podido gobernar, no sólo por causa de sus propios adversarios dentro del partido o de la UGT, sino también porque sus estrictos partidarios estaban perdiendo influencia rápidamente.

Prieto, como el mismo Azaña de unos años antes, era un hombre con la suficiente energía como para haber afrontado el problema del orden público (absolutamente distorsionado por la propaganda derechista), decididamente y con eficacia. Pero no deja de ser una hipótesis. Es menos aventurado afirmar que si había alguien capaz de abortar el golpe militar que se preparaba, ese hombre era Indalecio Prieto.

Conviene insistir, aunque sea de pasada, en un punto clave. Había un evidente descontrol de buena parte de las masas obreras que esperaban de la victoria del Frente Popular auténticas soluciones milagrosas, con evidente ceguera política. El clima de inseguridad e incertidumbre que se iba creando estaba minando progresivamente al Gobierno y dando argumentos a sus enemigos acérrimos. Pero el auténtico peligro venía por la derecha, que, sencillamente, prestaba toda su energía, entusiasmo y recursos de todo tipo para un objetivo claro y sencillo: dinamitar el sistema democrático. Que la rebelión militar era un golpe preventivo para impedir el que supuestamente preparaban las izquierdas es una patraña propagandística que ya ni siquiera defienden los historiadores franquistas más pertinaces.

7.4. El error Casares

7.4. EL ERROR CASARES

Se ha hablado del «error Casares» para referirse a que Azaña no debió elegirle para el cargo. Probablemente esta apreciación es correcta, pero la verdad es que descartada la candidatura de Indalecio Prieto no había mucho donde elegir.

Azaña, tan enemigo de componendas políticas, se apoyaba, quizá en exceso, en sus amigos más fieles, a los que consideraba sin más ambición que la de servir al país. Pero esta consideración le hacía a veces incapaz de calibrar la auténtica valía de sus colaboradores. Diego Martínez Barrio, al que no tendrá más remedio que acudir a corto plazo, ya había sido elegido presidente del Congreso de los Diputados. Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz no congeniaban demasiado con Azaña y, además, habían tendió aspiraciones a la Presidencia de la República que, evidentemente, descartaron ante la candidatura de Azaña.

Azaña eligió a su amigo Santiago Casares Quiroga, hombre odiado por la derecha sobre todo desde su célebre enfrentamiento dialéctico, el 16 de junio de 1936, con José Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados, y al que una maliciosa e irresponsable propaganda aún presenta como inductor del asesinato del líder ultraderechista.

Sobre Casares cayó también la cartera de Guerra, pero Casares no era el Azaña de 1931. Además, era un hombre enfermo y sin la energía que tal responsabilidad requería. Azaña le sostuvo por razones de amistad frente a tirios y troyanos sencillamente porque confiaba ciegamente en él y, quizá, porque pensó que a través de él podría seguir ejerciendo cierta influencia en la política gubernamental. No parecía el hombre adecuado, pero esto es fácil decirlo ahora con la perspectiva que nos ofrece la historia.

Cuando se produce la sublevación en Melilla, y a pesar de que se trataba del desenlace previsto de lo que era para muchos la crónica de un golpe anunciado, la verdad es que cogió desprevenido al Gobierno o, si se quiere, sumido en un imperdonable exceso de confianza.

Azaña y otros prohombres republicanos estuvieron alerta tras las elecciones de febrero, pero se confiaron rápidamente pensando que el peligro de golpe de Estado ya había pasado, ignorando que esta vez la conspiración no tenía nada que ver con la ingenua intentona de agosto de 1932. Esta vez la conspiración había extendido sus tentáculos mucho más que en aquella ocasión, cuando un Azaña confiado y con el control absoluto de la situación dejó que se pronunciaran para así descabezar mejor la trama. Azaña, fumando desde el balcón del palacio de Buenavista, asistió tranquilamente a la represión de la intentona en Madrid. Ahora las cosas iban a ser bien diferentes.

El golpe sorprendió a las autoridades republicanas, que no habían tomado las medidas preventivas adecuadas al caso. Prieto, plenamente consciente y bien informado de lo que se tramaba, no cejaba de apremiar a un Casares, obcecado en su propia fuerza. Irritado por la insistencia de Prieto, le tildó, según parece, de menopaúsico. Cuando la situación le explotó entre las manos, dijo, al parecer, aquella «boutade» de que si los militares se habían levantado, él, en cambio, se iba a acostar.

De creer lo que cuenta Martínez Barrio en sus Memorias, resulta realmente insólita la actuación de Casares Quiroga. La versión es de Plácido Álvarez Buylla, ministro de Industria y Comercio y testigo presencial. Se encontraba reunido el gabinete y el titular de Trabajo y Sanidad, Juan Lluhí Vallescá, informaba sobre un proyecto de reforma de la Ley de Jurados Industriales, cuando fue bruscamente interrumpido por Casares, que dijo: «Bueno, Lluhí: no siga usted. Hace una hora se ha sublevado parte del Ejército de Marruecos y me voy al Ministerio a tomar las disposiciones pertinentes. Señores, buenas tardes…».

¿Cómo es posible concebir que la reunión del gabinete empezase con toda normalidad si Casares ya sabía que se había producido el golpe, y si se le informó durante el Consejo, cómo no interrumpió inmediatamente la reunión para informar a sus ministros? ¿Cómo puede pensarse que un jefe de Gobierno y ministro de la Guerra pueda seguir escuchando tranquilamente un informe ministerial sabiendo que se han sublevado los militares en Melilla? ¿Cómo se explica que se suspendiera el Consejo sin tomar medidas colegiadas?

Sea como fuere, y aunque Casares se apresuró a dar órdenes a la Escuadra y tomó diversas medidas, la situación se le escapaba de las manos y era incapaz de controlarla. Se perdió un tiempo precioso. Abrumado por las circunstancias y completamente desbordado —histérico y descompuesto, según diversos testimonios—, arrojó la toalla y presentó la dimisión a Azaña la noche del 18 de julio.

El presidente de la República encargó a Martínez Barrio, tras alguna tentativa frustrada, la constitución de un nuevo Gobierno. Dado que se trataba de un pronunciamiento antirrepublicano, le dio instrucciones a Martínez Barrio para que en el Gobierno estuvieran representadas las fuerzas políticas y sociales afectas a la República, excepto Acción Popular y la Lliga Catalana, por la derecha, y el Partido Comunista, por la izquierda.

Puesto que el intento fracasa, es fácil criticar ahora la ingenuidad de intentar que prosperase un Gobierno de esas características. De todas formas, sí parece claro que a un golpe de fuerza hay que responder con decisión y energía, y si hay que transgredir formalmente el ordenamiento constitucional o la Ley, se hace, pues una situación excepcional exige medidas excepcionales. En tan graves circunstancias en las que se ponen en juego tantas cosas, únicamente cuanta la eficacia, y sólo por ella se juzgan las decisiones emprendidas. Ni Azaña ni Casares eran hombres para eso.

Azaña era un hombre de razón, un hombre de paz al que le repugnaba la violencia. Inequívocamente demócrata, respetuoso de la ley y el orden, Azaña, había asumido su papel de jefe del Estado con la decidida voluntad de serlo de todos los españoles. Desgraciadamente, la violencia era la negación de la razón, la paz saltaba hecha pedazos, el régimen democrático era asaltado por la derecha, y por la izquierda era reducido a su mera representación ideológica. Los hombres de acción, los violentos y audaces sustituían en cascada a los hombres como Azaña.

Azaña insiste en la misma dirección y nombra un nuevo Gobierno estrictamente republicano, pero ya fuertemente condicionado por las exigencias de las organizaciones de izquierda que, con sus masas de afiliados y simpatizantes, son quienes están dispuestos a morir luchando, más contra el fascismo que en defensa de la República burguesa de abril de 1931.

José Giral asume la responsabilidad del Gobierno y refrenda las primeras entregas de armas que se han producido y da órdenes para que se generalice su distribución entre la población como último cartucho para defender el régimen constitucional.

Pero con la quiebra del régimen constitucional desaparece el Manuel Azaña constitucional para dar paso al vencido y angustiado jefe de un Estado a la defensiva.

Manuel Azaña se encuentra ante un país en guerra civil; la situación más aborrecible que él mismo podía concebir. En la lejana fecha de 1920 había escrito: «La guerra es un crimen que nunca se disculpa, que no debe aceptarse jamás, que es necesario impedir». El 13 de abril de 1936 volvía a insistir en una idea recurrente en él que le obsesionaba: «Es conforme a nuestros sentimientos más íntimos el desear que haya sonado la hora en que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros». Advertía Azaña que no había aceptado la responsabilidad del Gobierno para «presidir una guerra civil», sino para tratar de evitarla y, cruel paradoja del destino, ahora se encontraba presidiéndola desde la más alta magistratura del Estado.

7.5. Un presidente desposeído

7.5. UN PRESIDENTE DESPOSEÍDO

Azaña abandonó su residencia en la calle de Serrano por razones de seguridad cuando fue investido presidente de la República, para trasladarse a «La Quinta», que, como su propio nombre indica, no era un palacio —ni siquiera un palacete—, apenas un pabellón que se encontraba bastante estropeado desde que Fernando VII, aficionado a la cría de gallinas, hubiera instalado allí una especie de granja avícola. Le gustaba a Azaña su emplazamiento, en pleno bosque de El Pardo, para poder disfrutar de esos atardeceres velazqueños que tanto le cautivaban. Todo parecía indicar que Azaña buscaba cierto retiro político para poder dedicarse a leer y escribir plácidamente, pero eran aquéllos malos tiempos para la literatura.

Sus salidas desde entonces fueron esporádicas y parecía que el presidente estaba dispuesto a ejercer como tal y, por tanto, dejar la responsabilidad directa de gobernar al jefe de Gobierno. No parecía dispuesto a seguir mandando por persona interpuesta.

Producida la rebelión militar, Azaña se trasladó, también por razones de seguridad al Palacio de Oriente, llamado por aquellas fechas Nacional. A partir de ese momento su pesimismo y angustia irán en aumento. Por entonces dijo: «¡Ya estamos listos para que nos fusilen!».

Azaña podía ser, y de hecho lo era, un hombre físicamente medroso, según diversos testimonios, pero de lo que no cabe duda es que tenía muy claro la suerte que le esperaba si caía en manos de sus adversarios.

La guerra suponía el fracaso de su intento de racionalizar la política española, la vida pública del país. Se opuso con todas sus fuerzas a que se entregaran armas a la población, pero ¿qué otra opción cabía ya? ¿Entregarse atados de pies y manos a los rebeldes? Su negativa fue interpretada como traición por las masas populares que se veían atacadas sin posibilidad de defensa.

Azaña era un defensor de la Ley; era un presidente para la paz, no para la guerra. Pero en vez de dimitir y abandonarlo todo, como hizo su fiel Casares, que hundido física y psicológicamente dijo: «¡Que talle otro!», Azaña va a mantenerse en su puesto consciente de la grave responsabilidad que sobre él caía: defender con dignidad la institución que representaba, el decoro y el nombre de España cara al exterior. Quiere dimitir, tras las masacres de la cárcel Modelo de Madrid, pero basta recordarle que en el otro lado caen fusilados en masa al grito de «¡Viva Azaña!» o «¡Viva la República!» para que, sobreponiéndose, se mantenga en su puesto. Se produce en él como un desdoblamiento de personalidad: un Azaña profundamente deprimido que quiere morirse, y un presidente dispuesto a soportar con entereza la dignidad de su cargo.

La guerra civil es para Azaña una auténtica tragedia, un drama personal sin paliativos que le sume en el abatimiento y la melancolía. No se sobrepone nunca y, sin embargo, se esfuerza por seguir razonando cuando la quiebra de la razón es absoluta.

Como cabeza máxima del Estado y representante legítimo del pueblo español se dirigió a éste por radio a las doce de la noche del 23 de julio desde el Palacio Nacional, con la intención —según sus propias palabras— de…

«Decir unas palabras de aliento y de gratitud a todos aquellos que con entusiasmo y heroísmo defienden la causa de la ley, que es la causa de la República, y unas palabras de grave y severa admonición a los culpables del horrendo delito que tiene destrozado el corazón de los españoles. En estos momentos de violencia, cuando se ha desencadenado contra el Poder legítimo de la República una agresión sin ejemplo, yo no diré una palabra más de violencia. Cuando todavía la conciencia nacional, sin distinción de ideas políticas ni de partidos, cuando la conciencia de toda persona delicada y conocedora del impulso del deber está escandalizada por el hecho cometido, yo no voy a decir nada que agrave el hecho mismo ni escandalice más. Voy a decir solamente palabras de aliento y de gratitud».

Es decir, Azaña presidente toma partido de manera inequívoca; pero, desde luego, no es beligerante. Por ello, refiriéndose a los protagonistas y seguidores de la sublevación, dice:

«Y aquellos causantes de este destrozo, los que llevan sobre sí el horrendo delito de haber desgarrado el corazón de la patria, los que llevan sobre sí la horrenda culpa de que por ellos se vierta tanta sangre y se causen tantos destrozos, ¿no están ya convencidos de que su empresa ha fracasado? ¿Hasta cuándo van a perdurar en su empeño? ¿Hasta cuándo van a tener escandalizado al mundo, desacreditando el nombre de español y haciéndonos verter a todos lágrimas de dolor por las víctimas que se causan, por las víctimas inocentes de la ambición y del delito? Cada día que pase y persistan en su rebeldía, hasta que sea domada por la fuerza de las armas, como lo será, si antes no deponen su actitud, agravan su culpa, y de ella responderán ante la conciencia nacional, como un día han de responder ante la historia».

Azaña emplaza a los rebeldes ante la conciencia nacional y ante la historia. Franco en esas mismas fechas declaraba que: «Para los que persistan en la hostilidad o pretendan rendirse a última hora, no habrá perdón» y apremiaba a sus oponentes a que se pasaran rápidamente a su bando, pues «al final exigiremos cuenta estrecha de las conductas dudosas o traidoras…». Ambos, Azaña y Franco, representaban dos concepciones del mundo radicalmente opuestas, y del enfrentamiento violento entre un intelectual y un general tenía que resultar vencedor, necesariamente, el general.

Aunque Azaña dice en su alocución que la rebeldía sería, finalmente, sometida por las armas, rápidamente comprenderá que la República se encontraba abocada a perder la guerra. Concretamente desde que en septiembre de 1936 empezó a funcionar —o mejor dicho a no funcionar— la llamada «no intervención». Pero ya cuando el 9 de agosto el Gobierno francés decretaba el embargo de armamento destinado a España, quedando con ello patente que Francia (¡la Francia del Frente Popular de León Blum!) se negaba a ayudar abiertamente al Gobierno republicano, Azaña empezó a comprender que con ello se cavaba irremisiblemente la fosa de la II República.

En una entrevista concedida a Jean-Richard Bloch, publicada en «L’Avant-garde» del 15 de agosto de 1936, decía Azaña: «Si no afluyeran armas, material, técnicos en provecho de los rebeldes lograríamos controlar a los sublevados sin demasiadas dificultades. Pero reciben poderosos recursos. ¡Y, nosotros, nos enteramos que su Gobierno ha decidido mantenerse neutral! ¡Esta neutralidad resulta que confiere a los rebeldes la calidad de beligerantes formales! ¡Les sitúa en el mismo plano de igualdad que el gobierno legal de la República española!…».

En cuanto Azaña comprende que la República está perdida se esforzará desde el primer momento en conseguir una mediación en el conflicto que ponga fin a la carnicería española. Azaña desea ardientemente la paz, porque no soporta una matanza colectiva que, no sólo está arruinando materialmente al país, sino porque comprende la ruina moral que de ello se deriva.

Tras la pérdida de Talavera el 3 de septiembre, lo que supone un duro golpe para la moral republicana, Azaña tiene que aceptar la constitución de un Gobierno presidido por Largo Caballero que era el líder más representativo de las fuerzas sociales que sostenían la República. Las relaciones entre ambos nunca habían sido excesivamente amistosas. La dinámica política transcurre al margen del presidente. Azaña se sentirá cada vez más aislado.

El 18 de octubre se estrenaba en Madrid una película soviética «Los marinos de Cronstadt». Asisten a la proyección en el cine Capitol Azaña y el Gobierno en pleno, así como el embajador soviético Marcel Rosemberg, que había presentado sus cartas credenciales a Azaña a finales de agosto. Muchas escenas del film provocan el entusiasmo de los asistentes, especialmente, la heroica defensa de Petrogrado. Llega entonces la noticia de que se ha perdido Illescas y, rápidamente se reúnen los ministros. Al poco tiempo, Azaña abandona la sala. Algunos ministros se irritaron profundamente cuando Azaña les comunicó que con razón o sin ella se disponía a abandonar la capital rápidamente. «¡Eso es absolutamente anticonstitucional!», le dijo alguno, a lo que respondió Azaña: «Sin duda está más de acuerdo con la Constitución abrir las cárceles y repartir fusiles entre la población penal. Además, lo que yo pienso hacer hoy es lo mismo que van a hacer ustedes dentro de muy pocos días». Y así ocurrió, efectivamente.

Al día siguiente la prensa barcelonesa se hacía eco de la llegada a la ciudad del presidente. Una nota oficiosa trataba de justificar la huida de Azaña como el inicio de una serie de visitas. Sin duda, a Azaña le obsesionaba la idea de caer en poder de sus enemigos y verse vejado, humillado y, muy probablemente, asesinado. En Barcelona se instaló en una finca particular llamada «La Barata», a 10 kilómetros de Tarrasa, y desde allí se trasladaba al Palacio de Pedralbes para cumplir con sus obligaciones presidenciales. Azaña había optado por Barcelona en vez de por Valencia, como quería el Gobierno. A partir de ese momento las relaciones con el Gobierno no serían fáciles. La República necesitaba al Azaña de 1931, un hombre enérgico, capaz de galvanizar a la opinión pública con su poderosa oratoria y dar a los combatientes una razón para morir y fe en la victoria. Pero Azaña se ha venido abajo con la generalización del conflicto y deja de ser un líder político. Si ni él mismo tiene fe en la victoria, ¿cómo va a ser capaz de transmitir tal sentimiento? A partir de ahora desaparece el político y persiste la moral personal del hombre.

7.6 Los discursos de un presidente

7.6. LOS DISCURSOS DE UN PRESIDENTE

El 21 de enero de 1937 Azaña pronuncia un importante discurso en el Ayuntamiento de Valencia, en el que explica la posición de la República. Dice Azaña:

«Cuando se hace la guerra, que es siempre aborrecible, y más si es entre compatriotas; cuando se hace la guerra, que es funesta, incluso para quien la gana, hace falta una justificación moral de primer orden que sea inatacable, que sea indiscutible».

De ahí, prosigue Azaña:

«(…) se deduce lo inatacable de nuestra posición, la tranquilidad para nuestra conciencia personal y para afrontar el juicio de lambistona.

Hacemos una guerra terrible, guerra sobre el cuerpo de nuestra propia patria; pero nosotros hacemos la guerra porque nos la hacen. Nosotros somos los agredidos; es decir, nosotros, la República, el Estado que nosotros tenemos la obligación de defender. Ellos nos combaten; por eso combatimos nosotros. Nuestra justificación es plena ante la conciencia más exigente, ante la historia más rigurosa.

(…) nosotros nos batimos por la unidad esencial de España. Nosotros nos batimos por la integridad del territorio nacional. Nosotros nos batimos por la independencia de nuestra patria y por el derecho del pueblo español de disponer libremente de sus destinos. Por eso nos batimos».

Azaña, recuperada momentáneamente la esperanza tras la heroica defensa de Madrid, parece como si vislumbrara en un horizonte lejano la posibilidad de la victoria. Pero sus palabras de ningún modo podían ser optimistas, y cierra su discurso así:

«No será un triunfo personal, porque cuando se tiene el dolor de español que yo tengo en el alma no se triunfa personalmente contra compatriotas. Y cuando vuestro primer magistrado erija el trofeo de la victoria, su corazón de español se romperá, y nunca se sabrá quién ha sufrido más por la libertad de España».

Los sucesos de mayo en Barcelona someten al presidente a un auténtico aislamiento. Como él mismo ha relatado, dos semanas después de la insurrección escribía su célebre La velada en Benicarló. Diálogo de la guerra de España, auténtica obra maestra, donde mejor puede apreciarse la fusión entre literatura y política. Se trata de una auténtica lección de humanismo, de una desesperada llamada a la razón, a la cordura y a la imprescindible convivencia entre los españoles. Aparte de sus cuatro famosos discursos de guerra, Azaña escribiría su Cuaderno de la Pobleta, de mayo a diciembre de 1937, y sus notas de Pedralbes entre abril de 1938 y enero de 1939. Se trata de un caso insólito. A pesar de todas sus vicisitudes personales, saca fuerzas de flaqueza para escribir y dejarnos a los españoles su testimonio y su reflexión sobre el desgarramiento español de 1936.

Tras la crisis de Gobierno de mayo de 1937, que concluyó con la sustitución de Francisco Largo Caballero por Juan Negrín, Azaña tuvo la esperanza, dada la sólida formación intelectual y reconocida inteligencia y capacidad de Negrín, de que tendría mayores posibilidades de hacer oír su voz, de que sus opiniones serían al menos atendidas. Pero el doctor Negrín era hombre de muy distinto talante al de Azaña. Desbordaba actividad y energía y buscaba la victoria, aunque para ello, como él mismo dijo, tuviera que aliarse con el diablo. Azaña aspiraba sobre todo a detener la matanza. Aislado políticamente, como él mismo denunciaba patéticamente a Negrín, se fue sumergiendo cada vez más en sus reflexiones sobre el drama español.

«¿Me llevarán ustedes ante un tribunal por derrotista? Desde el 18 de julio del 36 soy un valor político amortizado. Desde noviembre del 36, un presidente desposeído. Cuando usted formó Gobierno creí respirar, y que mis opiniones serían oídas por lo menos. No es así. Tengo que aguantarme. Soy el único a quien se puede violentar impunemente en sus sentimientos, poniéndome siempre ante el hecho consumado. Me aguanto por el sacrificio de los combatientes de verdad, lo único respetable. Lo demás vale poco. ¿Hasta cuándo he de aguantar? ¿Hasta qué? Usted mismo, Juan Negrín, no cree en lo que dice. Necesita usted tonificarse con esa ilusión. Pero le sobra a usted inteligencia para no conocer que es ilusión».

El obsesivo tema de reflexión de Azaña gira permanentemente sobre la crueldad de la guerra. En el discurso pronunciado en la Universidad de Valencia el 18 de julio de 1937 hacía una reprobación explícita de la política de exterminio que invadía las tierras de España, diciendo:

«Pues bien: debe afirmarse —yo lo he afirmado siempre— que ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario; no sólo y ya es mucho, porque moralmente es una abominación, sino porque, además, es materialmente irrealizable; y la sangre injustamente vertida por el odio, con propósito de exterminio, renace y retoña y fructifica en frutos de maldición; maldición no sobre los que la derramaron, desgraciadamente, sino sobre el propio país, que la ha absorbido para colmo de su desventura. Eso yo no lo deseo. Yo me opondré con el peso de mi autoridad y con todo el poder que tenga, moral o personal, donde quiera que esté, a que nuestro país, el día de la paz, pueda entrar nunca en un rapto de enajenación por las vías del odio, de la venganza, del sangriento desquite. Odio y miedo causantes de la desventura de España, los peores consejeros que un hombre pueda tomar para su vida personal, y sobre todo en la vida pública. El miedo enloquece y lanza a las mayores extravagancias y a los más feos actos de abyección; el odio enfurece y no lleva más que al derramamiento de sangre. No. La generosidad del español sabe distinguir entre un culpable y un inducido o un extraviado. Esta distinción es capital, porque tenemos que habituamos otra vez unos y otros a la idea, que podrá ser tremenda, pero que es inexcusable, de que de los veinticuatro millones de españoles, por mucho que se maten unos a otros, siempre quedarán bastantes, y los que queden tienen necesidad y obligación de seguir viviendo juntos para que la nación no perezca».

Apenas unos días después, el 26 de julio, impresionado por la ferocidad de la contienda a uno y otro lado de las trincheras escribía en su diario:

«Cuando estén colmadas de muertos las cuencas de España, muchos creerán haber engendrado una nueva patria; o lo dirán, para que la sangre de sus manos parezca la sangre de un parto. Se llaman padres de la patria, o sus comadrones, y no son más que matarifes».

Azaña pronunció otro importante discurso en el Ayuntamiento de Madrid el 13 de noviembre de 1937, en el cual insistía, una vez más, en todo lo que significaba la República que él tanto había contribuido a edificar y, ahora, veía desmoronarse sumido en la impotencia. Afirmaba Azaña:

«Nosotros nos batimos en defensa propia, no sólo en defensa de la vida del pueblo, sino en defensa de aquellos valores que son la razón suprema de vivir: en defensa de la libertad de España y de la libertad de todos los españoles, incluso de los que no quieren la libertad.

Tengo que decirlo cien veces: en defensa de la libertad de España, personificada en la República, que es el régimen jurídico de la libertad, la cual alcanza incluso a los mismos enemigos de la libertad; guste o no guste. La mayor parte de los que son enemigos de la libertad son enemigos de la libertad ajena, pero no de la propia; lo que quieren es convertir su libertad en tiranía sobre nosotros».

Pero de todos los discursos de Manuel Azaña durante la contienda, el pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona, que fue el último, el 18 de julio de 1938 es el que ha alcanzado mayor impacto en la memoria colectiva de los españoles. Es un discurso de hombre de Estado. Azaña no sólo habla para los españoles de entonces, sino para los de después, para todos nosotros, para la historia. «A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste», dice. El resultado no puede satisfacer a nadie.

«(…) cientos de miles de muertos; ciudades ilustres y pueblos humildísimos, desaparecidos del mapa; lo más sano del ahorro nacional, convertido en humo; los odios, enconados hasta la perversidad; hábitos de trabajo, perdidos; instrumentos de trabajo, desaparecidos; la riqueza nacional, comprometida para dos generaciones».

El daño ya estaba causado, no tenía remedio. La reconstrucción de España tendría que ser una obra colectiva, de todos los españoles, «cuando reine la paz —dirá Azaña—, una paz nacional, una paz de hombres libres, una paz para hombres libres» los españoles podrán comprobar entonces lo que nunca debió ser desconocido: «que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo».

Concluía Azaña su discurso con las que han acabado siendo sus más célebres palabras:

«(…) y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres, que han caído embrabecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón».

7.7 El testamento moral de Azaña

7.7. EL TESTAMENTO MORAL DE AZAÑA

Pero ya nadie escuchaba a Azaña, genuino representante de una España que desaparecería en medio del fragor de los combates, y menos le escuchaban lo que desde el otro bando le odiaban con pasión enfermiza. El general Emilio Mola decía desde los micrófonos de Radio Castilla el 15 de agosto de 1936:

«¡Sólo un monstruo, un monstruo de la compleja constitución psicológica de Azaña, pudo alentar tal catástrofe! Monstruo que parece más bien la absurda experiencia de un nuevo y fantástico Frankenstein que fruto de los amores de una mujer. Al final de nuestro triunfo, pedir su desaparición me parece injusto. Azaña debe ser recluido, simplemente recluido, para que escogidos frenópatas estudien un caso, quizá el más interesante, de degeneración mental ocurrido desde Cronstadt, el hombre primitivo, a nuestro días».

Esto lo decía «El Director», es decir, la cabeza rectora de la conspiración antirrepublicana desde abril de 1936, que sentó las bases de la sublevación que condujo a la guerra civil; el mismo que en sus instrucciones reservadas decía que «la acción ha de ser en extremo violenta» y que había que aplicar «castigos ejemplares»; el mismo que decía que el «Movimiento» debía ser «de una gran violencia»; el mismo que había decidido «la guerra sin cuartel» y el mismo que decía: «Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo».

Azaña tenía más que sobradas razones para sentir miedo, pero tenía corazón, ese mismo corazón que se le estaba desgarrando de sufrimiento. En su diario de guerra, anotaba el 1 de julio de 1937:

«Rencor no le tengo a nadie. Es incompatible con la paz interior. Es muy incómodo vivir rencoroso, y aunque, como todo el que cursa la vida pública, y más de lo que es habitual, he recibido agravios horribles y padecido injusticias crueles, no guardo rencor. (…) Ahora mismo no siento el más mínimo deseo de vengarme de los rebeldes, ni en conjunto ni personalmente. Por muy escandalosa que sea la indigna conducta de algunos».

7.8. La muerte de un presidente

7.8. LA MUERTE DE UN PRESIDENTE

Azaña, tal y como él mismo había presentido, atravesaba a pie la frontera española con Francia la madrugada del 5 de febrero de 1939. Se niega a regresar a la zona centro-sur, donde todavía combaten los soldados de la República. El 27 de febrero firma su dimisión como Presidente de la República, convencido de que no hay salida militar para la misma, y ante el reconocimiento del Gobierno de Burgos por parte de Francia e Inglaterra. Cuando tiene noticia del golpe casadista en Madrid el 6 de marzo, lo califica de golpe de Estado contra la legitimidad republicana.

Azaña residió en Francia, sucesivamente, en un pueblecito de la Alta Saboya, en la Embajada española en París, en Pyla-sur-mer, cerca de Arcachon, en la costa atlántica, y, finalmente, huyendo de la Gestapo y la policía franquista, se instaló en Montauban, donde, de no haber sido por la intervención diplomática de México, hubiera sido secuestrado y reexpedido a España como lo fueron su cuñado Rivas Cherif, Cruz Salido y Julián Zugazagoitia, éstos dos últimos fusilados por Franco. Hasta el mismísimo embajador franquista en Vichy, capital de la Francia colaboracionista, José Félix de Lequerica, llegó a trasladarse a Montauban para coordinar la operación.

El 15 de septiembre de 1940 Azaña sufre un ataque cerebral del que ya no se recuperará. El 1 de noviembre entraba en coma profundo para expirar dos días más tarde. Siempre había repetido que no le levantasen por nada ni por nadie de allí donde muriera. Y, allí yace definitivamente, en el cementerio de Montauban, bajo una sencilla lápida de piedra —los escritores tienen siempre entierros más sencillos que los generales—, que, simplemente, dice: MANUEL AZAÑA (1880-1940).

La figura de Manuel Azaña suscita hoy, con la perspectiva que proporciona la historia, admiración por sus virtudes y aciertos, y un profundo respeto por sus defectos y errores.

No recuerdo quién dijo que los hombres éramos soberbios y vanidosos porque nos comparábamos con los demás únicamente en aquello que les superábamos. No hay tantos españoles relevantes capaces de salir airosos de un examen comparativo con él. Su figura, tan maltratada, tan vejada, tan olvidada, bien merece hoy la gratitud y el reconocimiento que durante tanto tiempo se le han negado y, a veces, parece que se le siguen negando por la mezquindad propia del actual pragmatismo político. La torpeza y el oportunismo de algunos son inversamente proporcionales al horizonte ético de lo mejor del ideario del que tan ampulosamente se reclaman y del cual el mismo Azaña resulta hoy un referente imprescindible.

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Notas

[1] Aróstegui, Julio, Conflicto social e ideologías de la violencia. España, 1917-1936. Ponencia defendida el 8-4-1983 en el I Coloquio sobre la España Contemporánea, celebrado en la Universidad Complutense bajo la dirección del profesor Manuel Tuñón de Lara. Véase, García Delgado, José Luis (Ed.), España, 1898-1936: Estructuras y cambio, Ed. de la Universidad Complutense, Madrid, 1984. <<

[2] Reig Tapia, Alberto, La represión franquista y la guerra civil: consideraciones metodológicas, instrumentalización política y justificación ideológica (2 vols.), Ed. de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1983. <<

[3] Ideología e historia. Sobre la represión franquista y la guerra civil, Eds. Akal, Madrid, 1984 y 1986 (2.ª). <<

[4] Ponencia presentada en la mesa «Las resistencias sociales e ideológicas y su represión», en el Encuentro, de especialistas y estudiosos, celebrado del 24 al 27 de septiembre de 1986, en la Universidad de Salamanca, bajo el título de Metodología de la represión y, posteriormente, publicada en el libro, coordinado por Julio Aróstegui, Historia y memoria de la guerra civil Encuentro en Castilla y León, tomo I. Estudios y ensayos, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, págs. 295-302. <<

[5] Ponencia presentada en el IV Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por Manuel Tuñón de Lara, celebrado del 23 al 25 de abril de 1987 en el Colegio Universitario Domingo de Soto, y publicada en García Delgado, José Luis (ed.), La II República española. Bienio rectificador y Frente Popular, 1934-1936, Siglo XXI de España Eds., Madrid, 1988, págs. 211-237. <<

[6] Capítulo publicado bajo el título de «Falangistas y requetés en guerra», en el tomo 4, El 18 de julio. La sublevación, paso a paso, coordinado por Gabriel Cardona, en AA. VV., La guerra civil. Historia 16, Madrid, 1986, págs. 72-89. <<

[7] Capítulo publicado bajo el título de «Madrid, la capital a la defensiva», en el tomo 5, La guerra de las columnas. La vida cotidiana en el verano de 1936, coordinado por Gabriel Cardona, en AA. VV., La guerra civil. Opus cit., págs. 70-83. <<

[8] Artículo publicado bajo el título de «Morir en Madrid (1936-1939). El cementerio municipal, un testigo para la historia de la guerra civil», en Sistema, núm. 89, Madrid, marzo 1989, págs. 35-50. <<

[9] Capítulo publicado con el mismo título en Malefakis, Edward (dtor.), La guerra en España, 1936-1939, El País, Madrid, 1986, págs. 289-304. <<

[10] Capítulo publicado bajo el título de «Guernica como símbolo» en Garitaonandía, Carmelo, y Granja, José Luis de la (eds.), La guerra civil en el País Vasco 50 años después, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1987, págs. 123-155. <<

[11] Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 9 de enero de 1986, y publicada bajo el título de «La tragedia de Manuel Azaña» en Historia contemporánea, número 1, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1988, págs. 47-65. <<

[12] León Felipe, Obras completas (edición de Adolfo Ballano y Andrés Ramón Vázquez; prólogo de Guillermo de Torre), Ed. Losada, Buenos Aires, 1963, pág. 228. <<

[13] Creemos sinceramente que éstos harán variar muy poco las ideas generales aquí expuestas; pero, con todo, no dejan de ser provisionales. Nosotros, yo modestamente al menos, intentamos no caer en la estupidez de considerar ninguna de nuestras páginas como «definitivas». El día que dispongamos en todas y cada una de las provincias y comunidades autónomas de estudios, como los que Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya i Font han realizado con honestidad y profesionalidad impagables para Cataluña, o Francisco Moreno para Córdoba, ese día podrá elaborarse una teorización general sobre la Violencia y el terror en la guerra civil española. <<

[14] Véase sobre estas cuestiones la obra de Rossi-Landi, Ferruccio, Ideología, Ed. Labor, Barcelona, 1980, especialmente caps. 2.3; págs. 143-160, 2.6, págs. 193-211, y 2.7, págs. 213-231. <<

[15] Fromm, Erich, Y seréis como dioses, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1967, pág. 139. <<

[16] Gil Robles, José María, No fue posible la paz, Eds. Ariel, Barcelona, 1968, pág. 721. <<

[17] Véase al respecto Pemán, José María, Poema de la bestia y el ángel, Eds. Españolas, Madrid, 1939 (3.ª ed.). <<

[18] Fernández Cuesta, Raimundo, Dieciocho de julio. Tres discursos, Eds. Arriba (s. l.), 1938, págs. 26-27. <<

[19] Ibidem, pág. 29. <<

[20] Ibidem, pág. 30. <<

[21] Giménez Caballero, Ernesto, España y Franco, «Fe y acción», Fascículo Doctrinal núm. 1, Eds. Los Combatientes, Cegama (Guipúzcoa), 1938, págs. 8-9. <<

[22] García Serrano, Rafael, Diccionario para un macuto, Ed. Pianola, Barcelona, 1979, pág. 367. <<

[23] Copias de documentos facilitados por el teniente coronel Emilio Fernández Cordón referentes a la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional (Instrucciones del general Mola), SHM /AGL /CGG /A.31 / L.4 / C.8. <<

[24] Ridruejo, Dionisio, Escrito en España, Ed. Losada, Buenos Aires, 1964 (2.ª ed.), pág. 306. <<

[25] Ibidem, págs. 370. <<

[26] Ibidem, págs. 34-35. <<

[27] Diario de las sesiones de Cortes núms. 45-60, tomo III Congreso de los Diputados, Madrid, 1936, pág. 1374. <<

[28] Copias de documentos…, cit. Curiosa función la de un destacado miembro de las fuerzas del orden observado con complacencia los preparativos del incendio para luego erigirse en apagafuegos forzado. Sorprendente sentido de la responsabilidad de un general del Ejército que califica de insensatos a quienes tratan de evitar el drama mientras él se apresta a desenvainar su sable. <<

[29] Ibidem. <<

[30] Véase Heraldo de Aragón (Zaragoza), 12-8-1936, pág. 5. <<

[31] Franco, Francisco (general), «¿Dónde estamos?» (artículo publicado en La Revue Belge el 15-8-1937, en Palabras del caudillo. 19 abril 1937-diciembre 1942, Ed. Nacional, Madrid, 1943, págs. 414-415. <<

[32] BOE. núm. 349 (Burgos, 4-10-1937). <<

[33] Pemán, José María, «Alocución a los obreros», pronunciada desde el micrófono de la División de Sevilla el 25-8-1936, en Arengas y crónicas de guerra, Eds. Cerón, Cádiz, 1937, pág. 30. <<

[34] Pemán, José María, «Mensaje a Portugal», pronunciado desde Radio Club Portugués en septiembre de 1936, en Arengas…, opus cit., pág. 36. <<

[35] Foxá, Agustín de, El almendro y la espada. Poemas de paz y guerra, Ed. Internacional, San Sebastián, 1940, pág. 89. <<

[36] Véase El Adelanto (Salamanca), 16-8-1936, pág. 3. <<

[37] «Quando aliquis dominum sibi per violentiam surripit, nolentibus subditis, vel etiam ad consensum coactis…, tune qui ad liberationem Patriae tyranum occidit, laudatur et praemium accipit». Véase, González Menéndez-Reigada, Ignacio, La guerra nacional española ante la moral y el derecho, Est. Tip. de Calatrava, Salamanca, 1937, pág. 9. <<

[38] González Menéndez-Reigada, Ignacio, Acerca de la «guerra santa». Contestación a M. J. Maritain, Est. Tip. de Calatrava, Salamanca, 1937, pág. 5. <<

[39] Martínez, Juan de la C. (S. J.), ¿Cruzada o rebelión? Estudio histórico-jurídico de la actual guerra de España, Librería General, Zaragoza, 1938, págs. 167-168. <<

[40] Ibidem, págs. 209-210. <<

[41] Ibidem, pág. 214. <<

[42] Lozano García, Santiago, en el prólogo a la obra de Gollonet Megías, Ángel, y Morales López, José, Rojo y azul en Granada, Imp. Ed. Urania, Granada, 1937, pág. 7. <<

[43] Azaña, Manuel, La velada en Benicarló. Diálogo de la guerra de España (edición, introducción y notas de Manuel Aragón), Ed. Castalia, Madrid, 1974, pág. 97. <<

[44] León Felipe, «¿Dónde está Dios? Tres lecciones de catecismo y un auto», en Obras completas (edición de Adolfo Ballano Bueno y Andrés Ramón Vázquez. Prólogo de Guillermo De Torre), Ed. Losada, Buenos Aires, 1963, págs. 167-168. <<

[45] La Instrucción Pastoral fue publicada en Diario de Navarra (Pamplona), 8-8-1936, y en el Boletín Oficial del Obispado de Vitoria (septiembre, 1936). Véase Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, Ed. Católica (BAC), Madrid, 1961, págs. 682 y ss. <<

[46] Véase Laboa, Juan María, La Iglesia vasca, en «La guerra civil», vol. 13. «La Iglesia durante la guerra», Historia 16, Madrid, 1987, pág. 96. <<

[47] Plá y Deniel, Enrique, carta pastoral «Las dos ciudades» (30-9-1936), en Boletín Oficial del Obispado de Salamanca, octubre 1936. Véase Montero Moreno, Antonio, opus cit., págs. 688 y ss. <<

[48] Gomá y Tomás, Isidro, El caso de España. Instrucción a sus diocesanos y respuesta a unas consultas sobre la guerra actual (s. n.), Pamplona, 1936 (2.ª ed.), pág. 22. <<

[49] Reproducida íntegra en Montero Moreno, Antonio, opus cit., págs. 726-741. Fue publicada en Diario de Navarra (Pamplona), 5-8-1937, y Heraldo de Aragón (Zaragoza), 6-8-1937, entre otros periódicos. Puede consultarse también en Gomá y Tomás, Isidro, Por Dios y por España, Rafael Casulleras Librería Ed., Barcelona, 1940, págs. 560-590. <<

[50] Euzko Deya, Supplément du núm. 455 (1-6-1961), Oficina de Prensa de Euzkadi, Boletín de Información núm. 3409, París, 15-6-1961, pág. 2. <<

[51] Gomá y Tomás, Isidro, Por Dios y por España, opus cit., pág. 253. <<

[52] Ibidem, pág. 299. <<

[53] Ibidem, págs. 312-314. <<

[54] Véase sobre este tema la obra de Herrero, Javier, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Edicusa, Madrid, 1973. El profesor Abellán, en su monumental obra sobre el pensamiento español, dice: «Los ilustrados españoles ni rompen ni quieren romper totalmente con el pasado nacional, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que la línea de nuestra tradición es incompatible con el nuevo espíritu de los tiempos. Por eso rechazan el estoicismo barroco y la escolástica decadente del seiscientos, pero a la vez buscan su inspiración en fuentes anteriores: el sentido crítico de Vives, la tendencia racionalista y libertaria del erasmismo, el positivismo de los médicos-filósofos, etc.». Abellán, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, Tomo III, Del barroco a la ilustración (siglos XVII y XVIII), Espasa-Calpe, Madrid, 1981, pág. 484. <<

[55] Decreto número 80 de 1-9-1936 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 15, Burgos, 4-9-1936. <<

[56] Blinkhorn, pág. 309. <<

[57] Lizarza, págs. 110-111, y Redondo y Zavala, págs. 326, que dan la misma cifra. <<

[58] Blinkhorn, pág. 313. El 20 de julio serían aproximadamente 35 000, de acuerdo con las estimaciones del Servicio Histórico Militar de Madrid. SHM / AGL / A.1 / L.91 / C.2. <<

[59] García Venero, pág. 137. <<

[60] Casas de la Vega, 1, pág. 116 <<

[61] Aróstegui, 1981, pág. 309. <<

[62] García Serrano, pág. 700. <<

[63] Palacio Atard, págs. 244-245. <<

[64] El Telegrama del Rif (Melilla), 19 y 24-7-1936, pág. 1. <<

[65] Ibidem, 6 y 8-8-1936, pág. 2. <<

[66] El Faro de Ceuta, 3-8-1936, pág. 4. <<

[67] Ibidem, 7-10-1936, pág. 2. <<

[68] El Telegrama del Rif, 17-9-1936, pág. 1. <<

[69] Ibidem, 26-9-1936, pág. 1. <<

[70] La Unión (Sevilla), 24-7-1936, pág. 2. <<

[71] Ibidem, 25-7-1936, pág. 13. <<

[72] ABC (Sevilla), 12-8-1936, pág. 9. <<

[73] La Unión, 9-9-1936, págs. 10-11. <<

[74] Alocución radiada a las 10 horas del 23 de julio en La Unión, 23-7-1936. <<

[75] Alocución radiada a las 22 horas del 25 de julio en ABC, 26-7-1936, pág. 6. Pág. 7. <<

[76] Alocución radiada a las diez horas del 25 de julio, Ibidem. <<

[77] ABC, 27-7-1936, pág. 2. <<

[78] ABC, 16-9-1936, pág. 12. <<

[79] ABC, 6-9-1936, pág. 4. <<

[80] Casas de la Vega, 1977, vol. 1, pág. 210. <<

[81] Diario de Navarra (Pamplona), 19-7-1936, pág. 1. <<

[82] Aróstegui, 1982, pág. 79. <<

[83] Ibidem, pág. 85. <<

[84] Ibid., pág. 88. <<

[85] Diario de Navarra, 1-8-1936, pág. 1. <<

[86] Ibidem, 16-8-1936, pág. 1. <<

[87] Casas de la Vega, I, pág. 246. <<

[88] El Adelanto (Salamanca), 30-7-1936, págs. 2 y 4. <<

[89] Ibidem, 31-7-1936, pág. 1. <<

[90] Ibid., 5-8-1936, pág. 3. <<

[91] Ibid., 8-9-1936, págs. 5-6. <<

[92] Casas de la Vega, I, pág. 247. <<

[93] Era de madre alemana y había vivido en Alemania entre 1922 y 1925. En diciembre de 1936 formó parte de una misión falangista que viajó a Alemania. Al corresponsal nortemericano John T. Whitaker, le dijo: «He ejecutado personalmente 127 prisioneros rojos», mientras golpeaba en su cadera la pesada Lúger alemana. <<

[94] Heraldo de Aragón (Zaragoza), 28-7-1936, pág. 2. <<

[95] Ibidem, 4-8-1936, pág. 5. <<

[96] Ibidem., 29-9-1936, pág. 4. <<

[97] Ibidem. 27-9-1937, pág. 4. <<

[98] Ibidem., 23, 24-10-1936, pág. 3. <<

[99] Ibidem 12-12-1936, pág. 3. <<

[100] Ahora (Madrid), 25-7-1936, pág. 8. <<

[101] Ibidem, 6-8-1936, pág. 8. <<

[102] Casas de la Vega, I, págs. 268-270. <<

[103] BOE, Burgos, 22-12-1936. <<

[104] Obras completas de José Antonio Primo de Rivera [así llamadas] (recopilación de Agustín del Río Cisneros), Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, Madrid, 1959, pág. 333.

[105] Véase un relato completo de la sublevación en Madrid en Ahora (Madrid), 21-7-1936, págs. 3-6, y el reportaje de José Quílez Vicente, Cómo fue dominada en Madrid la sublevación militar, también en Ahora, 1-8-1936, págs. 12-13. Sigue siendo objeto de polémica cuándo empezaron a distribuirse oficialmente fusiles a las milicias madrileñas. Unos dicen que el 18 de julio por la noche; otros que el 19, tras la renuncia de Martínez Barrio. García Venero afirma que «en las primeras horas de la noche se hizo la primera distribución de fusiles a las milicias marxistas —incluidas las MAOC—. Sirvieron especialmente para abastecer a seguidores del teniente coronel Mangada, ya situados en la Casa de Campo» (pág. 330). Aduce un testimonio documental que, misteriosamente, se reserva (?) y hace referencia a testigos presenciales que afirman haber visto la noche del 18 de julio a milicianos armados. El general Salas Larrazábal menciona el testimonio del general Castelló —también citado por García Venero— en el mismo sentido. Según parece, Castelló, proveniente de Extremadura, vio milicianos armados la mañana del 19. Ramón Salas corrige honestamente una anterior afirmación suya pero, aunque sigue íntimamente convencido de que la primera distribución se hizo la noche del 18, a la espera de mayores pruebas de rigor, considera «muy probable que la entrega efectiva no se efectuara hasta la tarde del día 19» (págs. 127-128). De hecho, la autorización gubernamental no se produjo hasta la constitución del Gobierno Giral. Es probable que las armas esgrimidas hasta ese momento tuvieran fundamentalmente su origen en las utilizadas en octubre de 1934 y escaparan a la requisa del Gobierno. No obstante, las dudas persisten. Según Largo Caballero, que había sido llamado en su condición de secretario general de UGT a la reunión ministerial celebrada la tarde del 18 (Largo se confunde y dice el 19, fecha en que Giral ya ha asumido la Presidencia) en el palacio de Buenavista, ya abandonando la reunión preguntó si «el Gobierno tenía confianza en sofocar la sublevación con los militares leales a la República; contestaron [los ministros] que no. En ese caso, dijo Largo Caballero [el texto no está redactado en primera persona], como el pueblo pide armas deben ustedes dárselas, si no lo hacen, todo estará perdido. De esto, trataremos ahora, dijo el presidente del Consejo [Santiago Casares Quiroga]. Después se supo que habían acordado repartir dos mil fusiles. Pero el pueblo se encargó de buscarlos en otros sitios para luchar contra los fascistas, encontrando en el Parque número 1, quien tenía más sentido de lo que convenía hacer» (Largo Caballero, Francisco, Notas históricas sobre la guerra de España, 1917-1940. Inéditas. Mimeografiadas. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid, vol. III, pág. 255). ¿Quiere decir esto que el teniente coronel Rodrigo Gil, jefe del Parque de Artillería, entregó esa noche armamento a las milicias? ¿Y si lo hizo, fue cumpliendo o contraviniendo las órdenes de Casares? Por otra parte, los testimonios sobre la negativa de Casares son abundantes y terminantes: «Respecto a armar al pueblo, no sólo me niego a ello, sino que he dado instrucciones de que si algún jefe pretende abrir las puertas de los cuarteles al pueblo o entregarles armas, se le fusile» (Vidarte, pág. 238). No me parecen definitivos los comentarios de Largo Caballero al respecto, habida cuenta de su confusión y vaguedad cuando en cuestión tan primordial confunde hasta la fecha. <<

[106] Salas Larrazábal, págs. 124-125. Esta última afirmación, comúnmente aceptada por la historiografía, parece admitir ahora una sombra de duda de creer lo dicho por Largo Caballero en sus inéditas Notas históricas… <<

[107] Martínez Barrio, págs. 359-360. <<

[108] Ibidem, pág. 361. <<

[109] Ibid., pág. 364. <<

[110] La lista del Gobierno nonato quedó así constituida: Presidente, Diego Martínez Barrio (Unión Republicana); Negocios Extranjeros, Felipe Sánchez Román (Partido Nacional Republicano); Justicia, Justino Azcárate (PNR); Hacienda, Enrique Ramos (Izquierda Republicana); Gobernación, Augusto Barcia (IR); Obras Públicas, Antonio Lara (UR); Guerra, general José Miaja (Independiente); Marina, Manuel Blasco Garzón (UR); Trabajo, Bernardo Giner de los Ríos (UR); Comunicaciones, Juan Lluhí (Esquerra Republicana de Catalunya); Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla (UR); Instrucción Pública, Marcelino Domingo (IR), y Agricultura, Ramón Feced (PNR). <<

[111] El Telegrama del Rif (Melilla), 19-7-1936 (2.ª ed.), pág. 1. <<

[112] Martínez Barrio, pág. 368. <<

[113] El Gobierno quedó así formado: Presidencia y Marina, José Giral (IR); Estado, Augusto Barcia (IR); Justicia, Manuel Blasco Garzón (UR); Guerra, general Luis Castelló (Independiente); Gobernación, general Sebastián Pozas (Independiente); Hacienda, Enrique Ramos (IR); Obras Públicas, Antonio Velao Oñate (IR); Trabajo, Juan Lluhí (ERC); Instrucción Pública, Francisco Barnés (IR); Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla (UR); Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos (UR), y Agricultura, Mariano Ruiz Funes (IR). <<

[114] Para los sucesos del cuartel de la Montaña pueden consultarse los detallados relatos de García Venero, págs. 366-405, y Romero, págs. 475-91. <<

[115] Ahora, 21-7-1936, pág. 19. <<

[116] Ibidem, 23-7-1936, pág. 9. <<

[117] Saliendo al paso de algo que hay que terminar (manifiesto de la FAI hecho público el 30-7-1936). Cit. por Peirats, José, La CNT en la revolución española (3 vol.), Eds. Ruedo Ibérico, París, 1971, vol. 1, págs. 174-175. <<

[118] Ahora, 28-7-1936, pág. 8. <<

[119] Ibidem, 25-7-1936, pág. 6. <<

[120] Salas Larrazábal, pág. 135. La utilización en este contexto de la conjunción disyuntiva o como si alternativamente se asesinara o se encarcelara a capricho del Gobierno —¡nada menos!— es una tergiversación indigna de un pretendido historiador profesional. El Gobierno de la República jamás ordenó matar. <<

[121] Hoy (Las Palmas), 15-8-1936, pág. 1. <<

[122] Estas son las conclusiones del presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, que presidió un tribunal extraordinario de urgencia que instruyó el caso para la clarificación de los hechos. Véase Azaña, Manuel, Obras completas, vol. 4, Memorias políticas y de guerra (compilación, disposición de los textos, prefacio general, prólogos y bibliografía por Juan Marichal), Ed. Oasis, México, 1968, págs. 850-851. <<

[123] Salas Larrazábal, pág. 224. <<

[124] Franco, Francisco (general), «¿Dónde estamos?» (artículo publicado en La Revue Belge, 15-8-1937), en Palabras del Caudillo. 19 abril-7 diciembre 1942, Ed. Nacional, Madrid, 1943, pág. 414. <<

[125] Salas Larrazábal, pág. 214. Lástima que no llegaran entonces a esta conclusión los militares que se rebelaron en 1936 contra la soberanía popular y el orden constitucional legítimamente establecido. A lo mejor, en ese caso, hubiese sido posible la paz y la guerra civil no habría sido inevitable. <<

[126] Véase el análisis de Alpert, Michael, El Ejército republicano en la guerra civil, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, Barcelona, 1977, págs. 23-36. <<

[127] Ibidem, pág. 40. <<

[128] Declaraciones al periodista norteamericano Jay Alien, en Chicago Daily Tribune, 28-7-1936, pág. 2. <<

[129] Pemán, José María, Poema de la bestia y el ángel, Eds. Españolas, Madrid, 1939 (3.ª ed.), pág. 98. <<

[130] Martínez Bande, págs. 141 y ss. <<

[131] Colección de proclamas y arengas del excelentísimo señor general don Francisco Franco, jefe del Estado y generalísimo del Ejército salvador de España (por José Emilio Diez), Tip. M. Carmona, Sevilla, 1937, págs. 45-46. Esta fuente, de donde yo he transcrito el texto de la proclama que cito, la atribuye al 6 de septiembre, pero el coronel Martínez Bande, que la reproduce en su libro Frente de Madrid. Luis de Caralt, Ed. Barcelona, 1976, págs. 209-210, consigna el 25 de agosto. Como quiera que él la toma de los archivos del Servicio Histórico Militar, me inclino por esta fecha. <<

[132] Ahora, 5-9-1936, págs. 3-4. El nuevo Gobierno quedaba así constituido: Presidencia y Guerra, Francisco Largo Caballero (PSOE); Estado, Julio Álvarez del Vayo (PSOE); Justicia, Mariano Ruiz Funes (IR); Marina y Aire, Indalecio Prieto (PSOE); Gobernación, Ángel Galarza (PSOE); Instrucción Pública, Jesús Hernández (PCE); Trabajo, José Tomás y Piera (ERC); Agricultura, Vicente Uribe (PCE); Industria y Comercio, Anastasio de Gracia (PSOE); Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos (UR); Obras Públicas, al PNV (se encargaba interinamente Vicente Uribe); Hacienda, Juan Negrín (PSOE), y ministro sin cartera; José Giral (IR). En Guerra, Largo Caballero sustituía a Hernández Saravia, e Indalecio Prieto, en Marina, al almirante Francisco Matz. <<

[133] Hernández, Miguel, «Las puertas de Madrid», en El romancero del Ejército Popular (recopilación, estudio introductorio y notas de Antonio Ramos-Gascón), Ed. Nuestra Cultura, Madrid, 1978, pág. 107. <<

[134] Alberti, Rafael, «Madrid por Cataluña», de Capital de la gloria (1936-1938), en El poeta en la calle. Poesía civil 1931-1965, Eds, de la Librairie du Globe, Bucarest, 1974 (2.ª ed.), págs. 82-83. <<

[135] Machado, Antonio, La guerra. Escritos: 1936-1939 (colección, introducción y notas de Julio Rodríguez Puértolas y Gerardo Pérez Herrero), Emiliano Escolar Ed., Madrid, 1983, pág. 60. <<

[136] Cit. por Marañón Moya, Gregorio, El general De Gaulle, en Toledo, en «El País» (Madrid), 8-8-1981, pág. 8. <<

[137] Documento reproducido íntegro por Iturralde, Juan de (padre Juan de Usabiaga), El catolicismo y la cruzada de Franco, vol. 1, Quiénes y con qué fin prepararon la guerra. Ed. Egi-Indarra, Vienne (Francia), 1955, págs. 473-475. <<

[138] Sesiones de la Diputación Permanente de Cortes, núm. 5, Madrid, 15-7-1936, págs. 16-17. <<

[139] Alberti, Rafael, Toro en el mar (elegía sobre un mapa perdido) (1939-1940), en El poeta en la calle, opus cit., pág. 104. <<

[140] Reig Tapia, Alberto, Ideología e historia (sobre la represión franquista y la guerra civil) (prólogo de Manuel Tuñón de Lara), Akal Ed. Madrid, 1984, pág. 118. <<

[141] Para los sucesos del cuartel de la Montaña pueden consultarse los detallados relatos de García venero, Maximiano, Madrid, julio 1936, Eds. Tebas, Madrid, 1973, págs. 366-405, y Romero, Luis, Tres días de julio (18, 19 y 20, de 1936) Ed. Ariel, Barcelona, 1976 (4.ª ed.), págs. 475-491; el testimonio de Vidarte, Juan-Simeón, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista español, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, págs. 298-303, y la síntesis histórica, entre otras muchas posibles, de Cabanellas, Guillermo, La guerra de los mil días. Nacimiento, vida y muerte de la II República española, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1975 (2.ª ed revisada y corregida), vol. 1, págs. 471-475. Ver capítulo anterior sobre este tema. <<

[142] Iribarren, José María, Con el general Mola: escenas y aspectos inéditos de la guerra, Ed. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1937, pág. 292. <<

[143] Cit. por Iturralde, Juan de, El catolicismo y la cruzada de Franco, vol. 2, Su carácter inicial, Ed. Egi-Indarra, Vienne (Francia), 1960, pág. 88. <<

[144] Colodny, Robert G., El asedio de Madrid, Eds. Ruedo Ibérico, París, 1970, pág. 27. <<

[145] Neruda, Pablo, España en el corazón, en Tercera residencia (1935-1945) Ed. Losada, Buenos Aires, 1966, págs. 43 y 45-47. <<

[146] Chicago Daily Tribune, 28-7-1936, pág. 2. <<

[147] Barrios, Manuel, El último virrey. Queipo de Llano, Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1978, pág. 205. <<

[148] Whitaker, John T., We Cannot Escape History, The Mac Millan Company, New York, 1943, pág. 117. <<

[149] Ibidem, pág. 115. <<

[150] Ver capítulo anterior sobre este tema. <<

[151] Gibson, Ian, Paracuellos: cómo fue, Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1983, pág. 191. Hacemos abstracción, como es lógico, de las cifras absurdas barajadas por la propaganda franquista. <<

[152] Véase nota 132. <<

[153] Kindelán, Alfredo, Mis cuadernos de guerra (1936-1939), Ed. Plus-Ultra, Madrid, 1945, pág. 33. <<

[154] Delaprée, Louis, Mort en Espagne (preface de Alexandre Arnoux), Eds. Pierre Tisné, París, 1937, pág. 186. <<

[155] Colodny, Robert G., opus cit., págs. 83-86. <<

[156] Delaprée, Louis, opus cit., págs. 155-160. <<

[157] The Times (London), 2-11-1936. <<

[158] Urrutia, Federico de, «Romance de Castilla en armas», en Antología poética del alzamiento, 1936-1939 (edición de Jorge Villén), Eds. Cerón y Librería Cervantes, Cádiz, 1939, págs. 116-117. <<

[159] Alberti, Rafael, «Romance de la defensa de Madrid», en El poeta en la calle, opus cit., pág. 70. <<

[160] The Times (London), 12-11-1936. <<

[161] BOE núm. 22 Burgos, 5-11-1936. <<

[162] Una espléndida recreación literaria del Madrid «liberado» puede verse en Lera, Ángel María, Las últimas banderas, Ed. Planeta, Barcelona, 1975 (27.ª ed) págs. 379, 391, 407 y 409-410. <<

[163] Para una visión de conjunto sobre la represión, véase Heine, Hartmut, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952 (prólogo de Ángel Viñas), Ed. Crítica, Barcelona, 1983, págs. 41-50, dentro de la abundante literatura disponible. <<

[164] Véase García Blanco-Cicerón, Jacobo, Las «trece rosas». Asesinato legal (5 de agosto de 1939), en Historia 16 núm. 106, Madrid, febrero 1985, págs. 11-29. <<

[165] He abordado este tema con detalle en Consideraciones metodológicas para el estudio de la represión franquista en la guerra civil, Sistema núm. 33, Madrid, noviembre 1979, págs. 99-128, y para una consideración general del problema, véase nota 7. <<

[166] Salas Larrazábal, Ramón, Pérdidas de la guerra, Ed. Planeta, Barcelona, 1977, pág. 229. <<

[167] Datos obtenidos en el Ministerio de Hacienda. <<

[168] Alonso, Dámaso, Hijos de la ira. Diario íntimo, Espasa-Calpe, Madrid, 1958 (2.ª ed.), pág. 15. <<

[169] Cierva, Ricardo de la, La guerra del 36, su historia y su circunstancia (entrevistado por Pedro Pascual), en: Arriba (Madrid), 31-1-1970, s/p. <<

[170] Véase Nueva historia, núm. 4, Madrid, mayo, 1977, pág. 27. <<

[171] Cit. por Pierre Vilar en la presentación de la obra de Southworth, Herbert R., La destrucción de Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, Barcelona, 1977, pág. XIII (1.ª ed. de Eds. Ruedo Ibérico, París, 1975). <<

[172] Vilar, Pierre, «Guerra de España y opinión internacional: A la búsqueda de un método», en Historia 16, núm. 22, Madrid, julio 1978, pág. 133. Este planteamiento metodológico del profesor Pierre Vilar ha sido mal interpretado por el general Ramón Salas Larrazábal, historiador neopositivista, que ha pretendido valorarlo como un rechazo (?) o infravaloración de los hechos (?), juzgando apenas sobre un breve comentario expuesto en una brillante síntesis histórica de España, cuando Pierre Vilar, precisamente, ha dedicado tantas páginas a las cuestiones metodológicas. Establecer una escala valorativa (en la que por pura exigencia científica es necesario contemplar el máximo número de datos) no implica rechazar o minimizar los hechos puramente factuales. Tampoco se alcanza a comprender que tal planteamiento implique deseo o manifiesta voluntad de impedir el máximo esclarecimiento de la realidad histórica. Y mucho menos que sea lógica consecuencia (?) de la «óptica marxista» o de la «interpretación determinista» de Pierre Vilar, como sugiere Ramón Salas con una manifiesta voluntad de descalificarle como historiador en función de su personal ideología política. <<

[173] Ibídem, pág. 129. <<

[174] Vilar, Pierre, «El método histórico», en Althusser, método histórico e historicismo (con Boris Fraenkel et alia), Ed. Anagrama, Barcelona, 1972, pág. 15. <<

[175] Cierva, Ricardo de la, Francisco Franco. Un siglo de España (2 vol.), Ed. Nacional, Madrid, 1972-1973, vol. 1, pág. 612. El autor, a pesar de la relevancia del caso, apenas dedica unas breves líneas como comentario a un par de fotografías al tema de Guernica en una obra de más de 1200 páginas. <<

[176] Véase, Lucas Verdú, Pablo, Principios de Ciencia Política. (3 vol.) I. Introducción. Hombre y Política. Ideologías, Mitos y Tecnocracia. Ed. Tecnos, Madrid, 1969 (2.ª ed. corregida y aumentada), pág. 222. <<

[177] «En Mondragón —donde durante los dos meses de autoridad gubernamental ninguno fue asesinado, a pesar de que dicho pueblo fuese uno de los bastiones más firmes del socialismo de Guipúzcoa, y que después de la tentativa revolucionaria de octubre del 34 fuera objeto de inicuas represalias—, los fascistas asesinaron a 41 personas, entre las cuales había tres sacerdotes y dos mujeres.

En Vergara, donde tampoco fue nadie asesinado, algunos honrados campesinos fueron asesinados por haber formado parte de la Sociedad Cristiana de Agricultores Vascos. En Oyarzun, que, como en Vergara y Mondragón, no se produjo ningún asesinato en los tiempos gubernamentales, los fascistas asesinaron de quince a veinte personas diarias durante más de dos meses». Aberrigoyen, Iñaki (Iñaki de Azpiazu), Set mesos i set dies a l’Espanya de Franco, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1938, pág. 71. <<

[178] «Veinticuatro horas después de la entrada de los militares en Beasain había ya 37 cadáveres en el cementerio. En San Sebastián, únicamente un padre jesuita administró los últimos auxilios espirituales a más de 300 condenados a muerte, que fueron ejecutados inmediatamente después». Ibídem, pág. 72. <<

[179] «La guerra será larga, y es lástima, porque si hubiésemos triunfado, en quince días ¡ni un solo nacionalista, ni un solo rojo habría quedado vivo!» Ibídem. <<

[180] Cit. en, Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, Ed. Católica, Madrid, 1961, págs. 686-687. <<

[181] Véase, Burgo, Jaime del, Conspiración y guerra civil Eds. Alfaguara, Madrid, 1970, pág. 165. <<

[182] Daily Herald (London), 29-4-1937, pág. 1. Véase Southworth, Herbert R., La destrucción de Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia. Ibérica de Ediciones y Publicaciones, Barcelona, 1977, pág. 256. <<

[183] S.H.M. / A.G.L. / D.N. / C.G.G. / A.7 / L.361 / C.57 (Operaciones del Ejército del Norte. Ejército del Norte. Partes de Operaciones, abril, 1937). <<

[184] Véase el telegrama núm. 237 (5-5-1937) del embajador alemán en Salamanca, Wilhelm von Faupel, a Berlín informando a su Gobierno, en Les Archives Secrètes de la Wilhelmstrasse, vol. III, L’Allemagne et la guerre civile espagnole (1936-1939), Librairie Plon, París, 1952, pág. 221. <<

[185] Vértice, núm. 2, San Sebastián, mayo 1937, s/p. <<

[186] S.H.M. / A.G.L. / D.N. / A.7 / L.368 / C.43 (Operaciones sobre Vizcaya. Bombardeo e incendios [sic] de Guernica, mayo, 1937), pág. 1. <<

[187] Ibídem, pág. 2. <<

[188] «Al Generalísimo Franco, Salamanca: En este momento una comunicación telegráfica está llegando al general Sander desde Berlín: Edén acaba de preguntar a Ribbentrop, si Alemania está de acuerdo, sobre el caso de Guernica, con la comisión internacional de investigación. Pedimos urgentemente respuesta telegráfica, si el incidente está tan libre de objeciones que no exista ningún impedimento. A su excelencia le pido me comunique, si el resultado de la investigación a través de la comisión española de la investigación puede ser expuesto tan libre de objeciones que el Gobierno alemán pueda aprobar y participar sin incoveniente en el envío de una comisión internacional de investigación. A las órdenes de su Excelencia. Sander». Ibídem, pág. 3. <<

[189] Ibídem, pág. 4. <<

[190] Bolín, Luis, España. Los años vitales, Espasa-Calpe. Madrid, 1967, pag. 285. <<

[191] Ibídem, pág. 286. <<

[192] Burgo, Jaime del, Conspiración y guerra civil, Eds. Alfaguara, Madrid, 1970, pág. 861. <<

[193] Ibídem, pág. 862. <<

[194] Ibídem, pág. 863. <<

[195] Les Archives Secretes de la Wilhelmstrasse…, opus cit., pág. 86. <<

[196] Nota del secretario de Estado alemán, Ernst von Weizsácker, fechada en Berlín el 9-6-1938, en Les Archives…, opus cit., pág. 566. <<

[197] Koestler, Arthur, Autobiografía (5 vol.), 5. La escritura invisible, Alianza Ed., Madrid, 1974, pág. 44. <<

[198] Véase Southworth, opus cit., pág. 24. <<

[199] Ibídem, pág. 48. <<

[200] Martínez Bande, José Manuel, Vizcaya, Librería Editorial San Martín, Madrid, 1971, págs. 107-108 y ss. <<

[201] Stohrer decía que los bombardeos habían sido terribles, que nada indicaba que se hubiese pretendido alcanzar objetivos militares, que centenares de casas habían sido destruidas, que las bombas tenían una especial capacidad de destrucción, que había más de 1000 muertos y más de 3000 heridos, y que estas acciones contribuían a redoblar el espíritu de resistencia de la República. Véase su informe de 23-3-1938, en Les Archives Secretes de la Wilhelmstrasse…, opus cit., págs. 510-511. <<

[202] Talón, Vicente, Arde Guernica, Librería Editorial San Martín, Madrid, 1970 (2.ª ed. en Gregorio del Toro Ed., Madrid, 1973). <<

[203] Salas Larrazábal, Ramón, Historia del Ejército Popular de la República (4 vol.), Ed. Nacional, Madrid, 1973, vol. II, pág. 1385. <<

[204] Ibídem, pág. 1386. <<

[205] Onaindía, Alberto de, Capítulos de mi vida, I. Hombre de paz en la guerra, Ed. Vasca Ekin, Buenos Aires, 1973, pág. 238. <<

[206] Ibídem, pág. 239. <<

[207] Salas Larrazábal, Ramón, Historia del… opus cit., págs. 1387-1392. <<

[208] Salas Larrazábal, Jesús, La guerra de España desde el aire. Dos Ejércitos y sus cazas frente a frente, Ed. Ariel, Barcelona, 1969, págs. 186-187. <<

[209] Salas Larrazábal, Jesús, «Guernica: la versión definitiva», en Nueva historia, núm. 4, Madrid, mayo 1977, págs. 27-50. <<

[210] Salas Larrazábal, Jesús, «¿Qué ocurrió de verdad en Guernica?», en Ya (Madrid), 26-2-1978, págs. 4-7. <<

[211] Salas Larrazábal, Jesús, Guernica: el bombardeo, Industrias Gráficas España, S. L., Madrid, 1981. <<

[212] Ibídem, págs. 9-10. <<

[213] Véase el informe completo en, Talón, Vicente, Arde Guernica. Gregorio del Toro Ed., Madrid, 1973, págs. 373-377. <<

[214] Martínez Bande, José Manuel, Vizcaya, opus cit., pág. 108. <<

[215] Salas Larrazábal, Jesús, Guernica: el bombardeo, opus cit., pág. 19. <<

[216] Thomas, Hugh, La guerra civil española, Eds. Urbión, Madrid, 1983, libro III, tomo 6, págs. 263-264. <<

[217] Sobre la instrumentalización política e ideológica de la obra de Ricardo de la Cierva me he ocupado extensamente en mi libro Ideología e Historia. Sobre la represión franquista y la guerra civil, Akal Ed., Madrid, 1986 (2.ª ed.), págs. 35-44 y 74-89. <<

[218] Cierva, Ricardo de la, Francisco Franco. Un siglo de España, Ed. Nacional, Madrid, 1972-1973, vol. 1, pág. 612. <<

[219] Ibídem, pág. 616. <<

[220] Me refiero a la obra citada de Southworth La destrucción de Guernica… Este autor es, indiscutiblemente, el máximo especialista sobre el tema. En el capítulo dedicado a «La controversia entre 1939 y 1977» dedica unas cuantas páginas a analizar rigurosamente los sucesivos tratamientos que De la Cierva ha dado a la cuestión de Guernica (págs. 365-386). <<

[221] Cierva, Ricardo de la, La Historia se confiesa, España 1930-1976, Ed. Planeta, Barcelona, 1976, tomo III, pág. 282. <<

[222] Guernica, being the Official Report of a Commision appointed by the Spanish Nationalist Government to investígate the causes of the Destruction of Guernica on April 26-28, 1937, Eyre and Spottiswoode, London, 1938. <<

[223] Cierva, Ricardo de la, La Historia se confiesa…, opus cit., pág. 284. <<

[224] Ibídem, pág. 297. <<

[225] Cierva, Ricardo de la, La Historia se confiesa. España 1930-1977, Ed. Planeta, Barcelona, 1978. «La polémica y la verdad sobre Guernica», vol. 3, págs. 281-299. <<

[226] Ibídem, pág. 292. <<

[227] Ibídem, pág. 294. <<

[228] Ibídem, pág. 297. <<

[229] Cierva, Ricardo de la, Nueva y definitiva historia de la guerra civil, DINPE, Madrid, 1986, cap. 31, «Guernica: los documentos contra el mito», págs. 481-496. <<

[230] Talón, Vicente, Arde Guernica, G. del Toro Ed., Madrid, 1973, pág. 183. <<

[231] Juzgado Municipal de Guernica y Luno. Registro Civil. Sección de defunciones. Libros núms. 15 (del 17-11-1932 al 25-5-1937) al 24 (del 26-3-1979 al 15-6-1984). A partir del 25 de abril no se inscribe ninguna defunción en el libro. Se han tachado con un aspa todas las hojas que quedaban del libro. Se aprecia que el libro núm. 19 ha sido «repasado» por alguien que ha ido tachando las inscripciones a causa del bombardeo. Hemos consultado, igualmente, las inscripciones realizadas fuera de plazo a partir de 1971 hasta mayo de 1985. Del estudio de los libros de inscripción de defunciones del Registro Civil no puede inferirse cuantificación alguna referida a las muertes causadas por el bombardeo del 26 de abril. <<

[232] La obra más importante publicada hasta ahora sobre Guernica le merece a Ricardo de la Cierva el siguiente y único comentario: «Recientemente, el polemista norteamericano Herbert Rutledge Southworth, cuya profesión es la de vendedor de bibliotecas (por las que consigue precios fabulosos), ha publicado un engendro, La destrucción de Guernica (París, Ruedo Ibérico, 1975), en que, totalmente de espaldas a la historia, y sin el menor análisis del contexto documental e histórico, hace continuos pinitos dialécticos de propaganda y contrapropaganda, hasta el punto que rebatirle sería divertimento detonante para el que no tenemos una sola línea más en esta obra». Véase su Nueva y definitiva…, opus cit., pág. 485. Sin comentarios. <<

[233] Viñas, Ángel, «Guernica: las responsabilidades. Informe preliminar en el XLI aniversario», en Historia 16, núm. 25, Madrid, mayo 1978, págs. 127-143; «Guernica: quién lo hizo», en Historia general de la guerra civil en Euskadi, Naroki/Luis Haramburu, Ed., Bilbao-San Sebastián, 1979, tomo III, págs. 165-220, y «La responsabilidad de la destrucción de Guernica», en Guerra, dinero, dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco, Ed. Crítica, Barcelona, 1984, págs. 98-140. <<

[234] Véase Viñas, Ángel, La responsabilidad…, opus cit., págs. 104-114. <<

[235] Ibídem, págs. 102-104. <<

[236] Ibídem, pág. 135. <<

[237] Villar, Pierre, en la presentación de la obra de Southworth, La destrucción de Guernica… opus cit., pág. IX. <<

[238] «Hay un montón de historias auténticas sobre la guerra civil española que quedan por contar a los historiadores de futuras generaciones. Sólo ellos serán capaces de cribar el trigo de la paja, lo verdadero de lo falso, sopesar lo bueno y lo malo, echar la culpa o dosificar el elogio. Nosotros estamos demasiado cerca para ello. Muchos hechos no pueden establecerse todavía, y aquellos que lo están se encuentran nublados por nuestras emociones». Matthews, Herbert L., The Yoke and the Arrows. A Report on Spain, George Braziller, Inc., New York, 1957, pág. 201. <<

[239] Alberti, Rafael. Últimos versos del poema «Picasso», en A la pintura, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1978, pág. 145. <<