Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,

de pronto, cambiaron todas las preguntas.

MARIO BENEDETTI

La palabra más soez y la carta más grosera

son mejores que el silencio.

FRIEDRICH NIETZSCHE

INTRODUCCIÓN

Se habla de la «Primavera de Chile» en referencia a la energía revolucionaria y democratizadora que inunda el país desde 2011. Se habla de la primavera, no obstante, desde la prudencia e incluso la timidez, como si el presente fuera nada más que un momento efímero que ya habrá de acabar, como aconteció en Praga hace más de cuarenta años cuando en menos de ocho meses se desvaneció el sueño de la libertad y los derechos políticos. En este Chile ya han pasado cuatro estaciones, sin embargo. Y sea lo que sea que pueda ser, esto se sigue moviendo. No dejan de desprenderse las ataduras que quedaban de la dictadura y de una transición hecha de amarres, cobardía y colusiones políticas. Han acontecido cientos de hechos impensables y siguen aconteciendo día tras día. La férrea unión entre la clase política y el empresariado comienza a diluirse (HidroAysén empuja al gobierno al muro mientras lo amenaza con su espada), los partidos políticos debaten y discuten entre sí (y como habían perdido la costumbre, solo encuentran insultos), las grandes empresas critican al gobierno y se corroen las estructuras que cimentaron la unidad político-económica del Chile transicional (luego de un apoyo inicial a la Reforma Tributaria, el empresariado bosqueja sus críticas). Los poderosos caminan lento y titubeantes, pierden su personalidad avasalladora y se rinden ante las audiencias, ofreciendo reformas, defensa a los abusos, prometiendo ahora sí más democracia, rogando que les crean. Las autoridades exploran la humildad en su actuar y el presidente de la República recorre el país en eventos a los que cada vez asiste menos gente. Y cada mañana el periódico intenta esconder, pero no puede, nuevas noticias insólitas, con la ciudadanía que despierta. Frente a ello arman una trinchera de palabras con editoriales, cartas y noticias que intentan demostrar que la democratización es un error, que es la llegada del caos. Nos tratan de decir que vienen hordas bárbaras y que la turba puede ser gobierno si no volvemos a creer en quienes mintieron, abusaron y convirtieron ese abuso en su negocio. Entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012, Chile no vivió solo un año calendario. En esos doce meses toda la lentitud de los procesos sociales y políticos que nos acompañó desde 1990 se volvió vértigo y transformación. Lo que era silencio se convirtió en palabra, lo que era muro se transformó en derrumbe, lo que era respuesta se hizo pregunta, lo que era sólido se desvaneció en el aire. Fueron doce meses y se invirtieron los factores y alteraron el producto: todos los gráficos que estaban en un sitio dejaron de estarlo. Los chilenos «descubrimos» que discriminábamos a las «nanas», que el Costanera Center era demasiado alto, que un mall podía ser horrible, que Chile requiere reformas políticas, que maltratamos a los homosexuales; descubrimos que hay pueblos que huelen a mierda, que los autobuses no pasan frecuentemente cuando solo los usa el personal de servicio de una zona, que hay plantas donde se pretende poner a dos millones de cerdos en medio de un pueblo pequeño en el desierto. Encienda usted su aparato de televisión. Podrá ver cómo las fuerzas políticas intentan sobrevivir a punta de trucos, mientras hambrientos se atacan unos a otros. La ciudadanía ha despertado y avanza sólidamente hacia la participación. El camino que Chile ha de emprender es largo y todavía la ruta recorrida es modesta. Pero el proceso no parece tener retorno, no hay un muro que pueda sostener las aguas de este río. Hoy la oposición a un gobierno no está en el partido del frente, sino en las calles,¹ que retornaron a ser espacio público y que sorprendieron con su capacidad de reconstruir la política en Chile. Y en ese solo acto fue como si hubieran insertado oxígeno en una sala repleta de bacterias. Como era esperable, ellas comenzaron a morir. Y cuando parecía que no habría más oxígeno, aparecieron otros a continuar la labor: estudiantes, pescadores, consumidores, trabajadores, un listado infinito de ciudadanos que habían sido desplazados de la polis y que de pronto irrumpieron para decir que estaban vivos, que tomarían un trozo de poder para construir algo nuevo. Y de pronto, el Saturno devorando a sus hijos del Chile transicional, se transformó en los hijos devorando a Saturno. Hoy vemos, con los ojos de Freud, los hermanos asesinando al padre, vemos (como Darwin) los monos jóvenes devorando al macho alfa. Vemos como la Patagonia probablemente quede sin represas, vemos los empresarios y al presidente de la República pidiendo perdón por sus actos.² De rodillas, las autoridades se dirigen a la ciudadanía, rogando piedad, dispuestos a darlo todo con tal de mantener los cargos.

Para nadie es un misterio que el Chile actual vive una gran transformación: estamos rodeados de proyectos de reformas tributarias, de demandas de educación gratuita, de reformas políticas, de críticas a los emblemas del desarrollo (edificios, centros comerciales), de críticas a la discriminación, insistimos en el cuestionamiento de la desigualdad y los empresarios declaran estar dispuestos a cambios. Lo imposible se ha tornado posible, lo inverosímil resulta imaginable. Y lo que antes era invisible, hoy se puede ver. Y es así como de pronto es legítimo reclamar por el olor que ha atentado contra mi vida durante meses o años, es legítimo observar la ciudad y simplemente luchar por evitar el horror arquitectónico que las inmobiliarias nos han regalado a nosotros y nuestros hijos, como un atavismo infame. Todo es posible, porque todos los caminos llevan a la política, a su despertar de un sueño parecido a la agonía.

La resurrección de la política se ha producido luego de un movimiento estudiantil que reivindicó el espacio público como zona de debate y que, con ello, redujo los poderes fácticos a su mínima expresión. Con más espacio público se construyó un entorno democratizador. Si los poderes fácticos de los años noventa eran encabezados por las Fuerzas Armadas y la Iglesia, durante la última década resultaba evidente que la avanzada fáctica estaba en el empresariado. Mientras ellos agujereaban y talaban el país para producir riqueza (que concentraban con ahínco), la política y el país debían rendirse a sus criterios y el de sus gerentes y científicos (economistas expertos en producir riqueza y concentración). Chile generó cinco grupos económicos de gran poder, que suman en patrimonio más de 40.000 millones de dólares, que es como decir alrededor del 80 por ciento del presupuesto de Chile, pero que además son protagonistas de la influencia en las arenas públicas comprando medios de comunicación o directamente llegando a cargos públicos. Este poder fue disuelto con una frase lapidaria: «No al lucro», dijeron los estudiantes. Y con esa frase interpretaron la sensación de gran parte de la ciudadanía que ha visto cómo el afán de ganancia lo domina todo y cómo se sacrifica decencia y dignidad para poder obtener otro peso más. Y fue así como durante 2011 crecieron los reclamos en todas las empresas, fue así como se denunció el «caso La Polar», donde un millón de personas fueron repactadas unilateralmente,³ fue así como aparecieron las denuncias de colusión de precios en diversos mercados (pollos, buses), fue así como la ciudadanía estuvo dispuesta a gritar que una planta de 500 millones de dólares y con medio millón de cerdos sencillamente había sido construida sin ventilación, convirtiendo el poblado donde se instaló en un infierno. La denuncia de un país cruzado por el lucro tuvo sentido, porque representaba un país donde lo que importaba no era producir educación, por ejemplo, sino ganancias. Y precisamente porque nos habíamos acostumbrado al horror de asumir la avidez y la falta de sensibilidad, de pronto se nos hizo intolerable. Chile tenía una sola ley, el lucro. Y esa fue la ley que los estudiantes fueron a sitiar. Su avanzada fue demoledora. Mientras el país mostraba una clase política cuyos líderes oficiaban de simpáticos, como Michelle Bachelet y Laurence Golborne, los estudiantes estuvieron dispuestos a ser serios. Y aparecieron liderazgos como el de Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Si los políticos con carisma personal han abusado de él hasta el cansancio para evitar los grandes temas, los líderes estudiantiles usaron ese poder de atracción para hablar de lo importante.

Mientras toda la ciudadanía veía aparecer, bajo la noción de «lucro», realidades diversas por doquier, la clase política insistió que los casos de abuso y el énfasis en las utilidades desmedidas eran excepcionales. Y pudimos ver frente a nosotros que las denuncias de «excepciones» no terminaban nunca, vimos desfilar caso tras caso de organización empresarial dispuesta a lograr unos pesos de más a costa de la desinformación de los clientes, el abuso de los trabajadores o la comunidad, a costa de la ilusión de las personas. Hemos visto por años que las universidades privadas se venden. Imagine usted que abre el periódico y ve un aviso que dice: «Vendo fundación sin fines de lucro en 100 millones de dólares». Por cierto, sería absurdo, ¿quién compraría una fundación sin fines de lucro? ¿Quién lo haría en esas cifras? Y eso era moneda corriente, ese era Chile.

Los estudiantes dijeron esa frase (no al lucro) y cuestionaron en el mismo movimiento la legitimidad de los actos de la clase política, el poder fáctico de los empresarios, el gobierno de Sebastián Piñera como símbolo de ellos y una manera de pensar y sentir que se había instalado en la elite chilena. Con una movida dejaron fuera de juego todo el orden económico cuya única razón de ser era conceder al mercado todos los derechos,⁴ santificar su presencia, asumir que todo problema social era la oportunidad de una nueva acción empresarial, de una nueva utilidad, de un nuevo aumento del Producto Interno Bruto.

Chile ha vivido una enfermedad. ¿Cómo entender que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) condonen la deuda a La Polar para que siga funcionando, mientras La Polar no condona deuda alguna a los clientes estafados y establece que devolverá los dineros defraudados en cuotas? ¿Cómo entender que es normal que el Servicio de Impuestos Internos condone deudas a grandes contribuyentes por 77.000 millones de pesos?⁵ Uno de los principales beneficiados fue la multitienda Johnson’s, reciente adquisición de Cencosud, comprada entonces con la marraqueta debajo del brazo. Irónico resulta que no se hayan condonado los créditos educacionales abusivos, asumidos como tal por las autoridades durante 2011, pero se rescate a la nueva adquisición de Cencosud de sus dificultades. Así eran (y siguen siendo) las enfermedades de un Chile lucrativo.

Desde que «No al lucro» fue pronunciado, Chile no ha detenido su transformación. El proceso que vivimos se caracteriza por un incremento de la politización. La moda abúlica de no estar ni ahí ha dejado paso al compromiso con el futuro y el presente, consigo mismo y con el prójimo. Una sociedad enferma ha buscado sanarse. El 2011 aumentaron los matrimonios, mejoró por primer vez la brecha de puntajes Simce entre ricos y pobres, mejoró la productividad de los trabajadores chilenos, que es igual a decir que mejoró el compromiso, mejoró la educación, se redujo la injusticia y trabajar tuvo sentido. El 2011 comenzamos a sanarnos. Y en se proceso todas las estructuras propias de la enfermedad en que habitábamos comenzaron a derrumbarse. La arquitectura política del Chile transicional no resiste a la ciudadanía, no resiste la emergencia de la política, no tolera el cuestionamiento del orden. Nuestro modo de vida era la agonía y los estudiantes ofrecieron la vida. La mayor parte terminó por creerlo, aunque siempre la desesperanza lucha por volver para decirnos que ni lo intentemos, como el depresivo que se siente culpable de haberlo pasado bien en una fiesta.

La transición política comenzó con el símbolo de un puente que unía dos momentos: el dictatorial y el democrático. Debíamos transitar de un lado a otro. La campaña de la franja televisiva del No, en el plebiscito de 1988, enfatizó la idea del puente. Si tomásemos al joven que lo cruzaba, él tendría hoy unos cincuenta años. Y deberíamos preguntarle hacia dónde nos llevó ese puente. La respuesta es dudosa. Todo parece indicar que nos quedamos a vivir en el puente mismo, que nunca salimos de la transición, que la hicimos permanente. Hay quienes creen que si a algún lugar llegamos es al mall. Luchamos por la democracia para vivir en la transición, sin vislumbrar el final del camino. El movimiento estudiantil y todos los movimientos que se han despertado posteriormente devolvieron a Chile la oportunidad de hacer política, la oportunidad democrática. Todo el orden existente es incapaz de recibir ese influjo sin resquebrajarse.

Chile estalló en 2011 por una crisis de malestar asociado a la educación. En el país no se estaba educando, esa era la verdad. Y es coherente con el país que se ha propuesto construir: un país que quiere ciudadanos despolitizados no requiere educación, un país que explotará materias primas no necesita educación. Las autoridades que diseñaron dictatorial y transicionalmente el país durante las últimas décadas no se equivocaron. Chile necesitaba colegios, no educación. Los resultados de esta no eran un error del sistema, eran el sistema. Las movilizaciones estudiantiles fracturaron irremediablemente esa arquitectura, basada en el sopor y la vida vegetal.

La transición ha muerto.

Y la política está permitida.

1. CRISIS DE LEGITIMIDAD

El día 14 de marzo de 2012, el gobierno de Chile, representado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, invocó la Ley de Seguridad del Estado⁶ en el marco de los disturbios acontecidos horas antes en la Región de Aysén. Las movilizaciones ya se extendían por un mes y los ciudadanos expresaban a través de ellas sus múltiples demandas sobre energía, educación, salud y transporte, al tiempo que de un modo más abstracto (pero también más trascendente) demandaban la existencia simbólica de su región, exigiendo un interés honesto de la clase política y una mínima atención del país a sus avatares.

Ante el requerimiento de aplicar la Ley de Seguridad del Estado, emanado desde La Moneda en busca de aumentar la capacidad represiva, el juez de Letras y Garantía de Aysén, Juan Patricio Silva, solicitó una nueva diligencia al ministro como requisito para definir si acogía a trámite dicha solicitud. Específicamente (y para sorpresa del gobierno) le solicitó al firmante (Hinzpeter) que le demostrara que él era el ministro del Interior, ya que no estaba el documento original de su nombramiento. El gesto del juez fue político, pues nadie puede pensar que realmente le interesara operar tan rígidamente en el marco de un formalismo. Es claro que su actuar solo intentaba trabar las decisiones represivas del gobierno sobre la ciudadanía aysenina. Por supuesto, su proceder supuso la necesaria exposición de su propia disconformidad sobre la aplicación de dicha ley. Pero sobre todo, esto le sirvió para otorgar un mensaje claro: el gobierno de Sebastián Piñera había sido reducido a un trozo de leyes, papeles timbrados, cuya legitimidad se limita a un sistema burocrático.

Y es que en el Chile actual se ha perdido la legitimidad, ese atributo que es a una autoridad como el aceite es a un motor de combustión, como el amor al sexo, como la firma de un distinguido científico a un argumento. Chile es hoy un país que sufre una crisis de sus instituciones. Es por eso que el ambiente parece crispado, que es tiempo de irascibles y estresados en el mundo político, pues la desesperación de sentir (cada día) que el poder se va escapando de las manos les resulta intolerable.

El gobierno de Sebastián Piñera tuvo que reaccionar presuroso ante la solicitud del juez. Sin mayor análisis, aun cuando con mucho malestar, se tomó un conjunto de decisiones en el marco de una táctica que resolviera el entuerto generado por el juez de Aysén. La medida número uno fue descolgar el decreto de nombramiento del ministro Hinzpeter, que en un acto impúdico había sido puesto en un marco y colgado en un muro del Palacio de la Moneda, cual si fuera la declaración de independencia; y luego fue devuelto a su calidad de documento administrativo, tras despegarlo del lienzo y separarlo del vidrio. La medida número dos fue enviar dicho documento con carácter urgente en un vehículo motorizado a una base aérea. La medida número tres fue tener preparado un helicóptero para que dicho documento llegara lo antes posible a la Región de Aysén. Fue así como el papel cruzó tierra, mar y aire en búsqueda del tiempo perdido.

Muchas personas han vivido, en el marco de su trabajo, la necesidad de construir procedimientos informales para que los procesos laborales se desplieguen de mejor manera y, sobre todo, a mayor velocidad. Eso es normal. Si el funcionario, sin embargo, se encuentra molesto, decepcionado o desmotivado, puede decidir que se ceñirá absolutamente al proceso, generando dificultades y retrasos antes desacostumbrados. Lo que hay de fondo en esos casos no es la mera y humana venganza, sino ante todo la pérdida de valor del mandato, la sensación de que la orden es impertinente o injusta y que, en el leve marco de acción que las labores de un ciudadano permiten, se hará lo posible para evitar que las cosas funcionen a favor de quien tiene el poder. Es un caso de horadación de legitimidad. El juez Silva, en pleno conflicto de Aysén, quiso revelar con un gesto su disconformidad con la aplicación de una ley que tiene profundos rasgos antidemocráticos y que articula la relación entre autoridades y ciudadanos concentrando el poder en los primeros y trasladando sus propios errores en la responsabilidad política hacia la penalización de la acción ciudadana. Y es que, en rigor, dicha ley puede ser requerida prácticamente por cualquier práctica que un gobierno considere atentatoria contra sus mandatos. Los actos de resistencia, huelga, protesta y revuelta están involucrados como causales para invocar dicha ley, que no solo amplifica las penas de modo significativo por cualquier delito que caiga en su seno, sino que además acelera los procesos judiciales. Una persona detenida en una protesta, normalmente puede estar retenida un par de horas y es posible que se curse en su contra una multa; sin embargo, bajo la Ley de Seguridad del Estado, esa misma conducta podría costarle penas superiores al año de reclusión, pudiendo llegar incluso a cinco años.⁷ Habría que agregar que convierte en delitos actos que en condición normal carecen por completo de relevancia, pues por la vaguedad de los actos definidos como delitos por esta norma es sumamente probable incurrir en prácticas que ameriten su uso en cualquier condición de oposición a las autoridades, pues se incluyen actos como entregar informaciones tendenciosas destinadas a destruir el régimen republicano y democrático de gobierno. Y al respecto, ¿cómo saber si una denuncia de un medio de comunicación contra una autoridad política es «tendenciosa», por ejemplo? ¿Qué es ir contra la democracia y la república? Un ciudadano no puede invocar ley alguna para señalar que una medida de política pública es injusta. Solo vale su opinión. ¿Por qué la interpretación de la autoridad tiene mayor estatus jurídico?

Esta ley y este caso representan gran parte de un proceso político que estamos viviendo y en el cual conviven dos dioses cuya guerra se está librando desde hace algunos meses, cuando en 2011 se consolidó el principal movimiento social que ha conocido el Chile de los últimos cuarenta años. Por un lado, uno de los dioses combatientes es el de la despolitización, que ha gobernado cuatro décadas sin oposición en Chile, otorgando gran concentración de poder a las autoridades y que garantiza la operación de poderes fácticos. Por otro lado, el segundo dios que marca presencia es el de la politización, que invita a la construcción de ciudadanía, a la impugnación de las normas cuando ellas son injustas, que se orienta a distribuir el poder y la responsabilidad en toda la sociedad. Chile se debate en este dilema, viviendo desde 2011 la oportunidad histórica de concebir su destino desde la ciudadanía y su deliberación.

La enfermedad de la despolitización tiene muchos años de historia en Chile y se intensificó de manera radical desde 1974 hasta 2011. Muchos creen que la despolitización tiene relación con la gente que no vota, o con los ciudadanos que no saben de política o detestan conversar sobre ello. Son estos rasgos meras manifestaciones de un proceso más profundo. La despolitización debe ser entendida como la destrucción de la polis, la ausencia de criterios de coordinación basados en la concurrencia de los ciudadanos, la pérdida de toda posibilidad de apelar al bien común y a un horizonte utópico. En el Chile despolitizado se entendía como «politización» cualquier radicalización de una temática o la mera presencia de partidos políticos en ciertos asuntos que parecían resultarles ajenos. Y hemos entendido como «política» el ejercicio profesional de tomar ciertos cargos públicos que ejecutan quienes ambicionan adquirir el prestigio y la capacidad operacional de la representación popular. Sin embargo, en este libro intentaremos plantear la politización como el proceso por el cual se validan e integran el disenso, el conflicto y los intereses de toda la población de una sociedad. De esta manera, la despolitización es un ejercicio de poder y no de política, es una usurpación del espacio público mínimo que corresponde a cada ciudadano, para beneficio e influencia de los más poderosos.

Las protestas en Magallanes en 2010, la crisis del gobierno por el «asunto Bielsa», las impugnaciones masivas a los proyectos de generación eléctrica en Barrancones e HidroAysén, el movimiento estudiantil y la crisis conocida como «el grito de Aysén» (que está acompañada de otros focos de protesta en distintas latitudes de Chile), marcan la existencia de un proceso de integración política que avanza a gran velocidad y que tiene como consecuencia el aumento del espesor del espacio público y una mayor sensibilidad sobre los asuntos comunes.

La politización de Chile supone además el aumento de la valentía de los ciudadanos y la reducción de la resignación. El juez de Aysén, señor Juan Patricio Silva, no solo molestó a la autoridad política con su solicitud del nombramiento del ministro del Interior y no solo se expuso a la rabia de la autoridad central del país, cuestión siempre inconveniente. También corrió el riesgo de que le pudieran aplicar la misma ley, ya que esta legislación castiga a aquellos funcionarios que retarden intencionadamente el cumplimiento de las órdenes de autoridades superiores. Y no cabe duda de que el comportamiento del juez permitía diagnosticar su gesto como un acto de retardo de los procedimientos. Tampoco cabe duda de que el juez lo sabía y que es parte de su acto intencional. Sin ir más lejos, el mismo gobierno argumentó su molestia con el juez cuando le pidió los papeles de su nombramiento al ministro, ya que (dijo el gobierno) es un hecho público y notorio que el ministro Rodrigo Hinzpeter es efectivamente ministro del Interior. Irónicamente el gobierno contesta, cuando es evidente que el juez sabía de parte de quién había recibido el requerimiento de invocar dicha ley. El gobierno contesta porque piensa que está frente a un burócrata absurdo. No han sabido ver que estaban frente a un ciudadano. Y es que lo único que aconteció es que el juez se politizó; esto es, que estuvo dispuesto a ir más allá de su cargo sin vulnerar ningún principio relevante para la sociedad. A veces ser político es estar contra un mandato superior o legal para poder estar a favor de la sociedad y su bienestar. Es lo que se conoce como desobediencia civil.

Es así como el juez Silva hizo algo simple y potente a la vez: ejerció el trozo de soberanía que otorga el principio de ciudadanía en cualquier condición. El mundo se modifica radicalmente cuando cada persona pasa a comportarse en el límite superior de sus derechos y posibilidades de acción y no en el límite inferior.

¿Podía el Ejecutivo invocar la Ley de Seguridad del Estado contra el juez? El gobierno carece en 2012 del piso político mínimo para realizar esa apuesta. Y es que desde 2011 cada vez que el gobierno se sube a su automóvil declara que todos van contra el tránsito. Y como es lógico, esos son los casos donde se ha de deducir que el denunciante es el que va en la dirección equivocada.

Chile está viviendo un rápido proceso de politización. Renace la idea de bien común y de espacio público. El escenario ha sorprendido a contrapié a toda la clase política, los poderes fácticos y la elite económica del país. Cuando parecía que el enorme proceso de despolitización estaba por consumarse, la legitimidad de ese orden injusto se desplomó y los antiguos líderes fueron observados ya no solo con suspicacia, sino además con rabia. El silencio de la polis dio paso a las voces y las luces de la ciudad iluminaron los rincones ocultos donde se escondían los rasgos más putrefactos de un modelo de sociedad que había conducido al malestar y la injusticia.

El gobierno de Sebastián Piñera es simplemente el caso cómico de una tragedia que comenzó hace tiempo, consistente siempre en la misma historia: el desprecio a la voz de la ciudadanía. No en vano su gobierno ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado para el conflicto con la Región de Magallanes en 2011, luego durante el movimiento estudiantil del mismo año y posteriormente en el conflicto con la Región de Aysén en 2012. A todos quienes protestaron, en los distintos casos, el gobierno los llamó en alguna ocasión «intransigentes», a todos los acusó de desoír las propuestas, a todos les repitió las mismas fórmulas. Y en todos los casos su derrota fue absoluta. Piñera va contra el tránsito, pues toda la clase política, la elite económica y los poderes fácticos van avanzando en contra de la dirección que lleva el país. Piñera no es un caso aislado, aunque indudablemente sea el más ridículo de todos, el que más insiste en sus derroteros fracasados; aunque sea el peor gobernante que uno se pueda imaginar, no es menos cierto que no es una excepción. De modo sublime, Piñera representa todos los poderes impugnados: el dinero, el poder político, la Iglesia, los medios de comunicación. Es por esto que él es un caso emblemático de concentración de poder. Piñera es la caricatura de un orden que se volvió decadente. Y en sus manos ese orden se resquebraja sin posibilidad alguna de control.

Chile se está politizando. Y se cierne sobre la ciudadanía el fantasma de la democracia, con sus responsabilidades y derechos. Mientras tanto, quienes tenían concentrado el poder han pensado por años que en el incremento de la política habita una menor posibilidad de tomar decisiones correctas, que ha sido una forma elegante de decir que las decisiones correctas solo podrían tomarlas ellos.

El país se está politizando. Y el proceso parece marchar a gran velocidad. En su camino necesariamente desplomará muchas de las aplicaciones del orden antes existente. Es justamente lo que estamos observando en Chile. Los siguientes capítulos examinan la pulverización del orden político actual (el de la despolitización), las condiciones en que desplegó su espíritu tanático, cómo fue que se deterioró y qué senderos se abren hoy en un evidente proceso de politización que ha comenzado, oxigenando todos los escenarios y causando una mortal herida al modelo político de Chile que se instaló desde 1974 y que parece haber muerto en 2011.

Este libro trata sobre el presente. Y el presente es siempre un intersticio, es el ente más real que haya sido pensable precisamente porque es una ficción. El presente, que se escapa a cada segundo, es sin embargo nuestro sostén. Habitando en el hiato entre el pasado y el futuro, todo presente es una cuestión política, pues en él está en juego la construcción de la historia, la interpretación del pasado, la mirada y la voluntad sobre qué hacer en el futuro. El presente es un concepto político porque configura las leyes del «ahora» y no hay forma de nombrar esa palabra sin referirse a la posibilidad de asumir que nuestro reino sí es de este mundo.

La política es obsesión de presente, es comprensión del pasado y ansia de intervenir en el futuro. La política es pura ausencia de resignación y total ausencia de fantasías. La política fue asesinada en dictadura y enterrada sin honores (mientras se la dejaba transitar a la degeneración) en la transición a la democracia. Hoy hemos visto renacer su espíritu, el que desde su inmaterialidad intenta lavar las heridas de esta historia para intentar el acto de resurrección. La historia que sigue la conocemos todos, pero extrañamente hemos tendido a olvidarla. La siguiente reconstrucción solo pretende tener sentido y verdad, bienes sencillos y escasos hasta hace poco.

2. HÁGASE LA SOMBRA: LA DESPOLITIZACIÓN

La inquietante tesis de una política sucia e irrelevante, la avasalladora convicción que reza que la biografía de cada chileno no tiene nada que ver con la historia de Chile, la constante mención que astutamente pregunta, para minar su importancia, si el salario lo pagan las leyes, los presidentes, las políticas públicas o las constituciones; todos estos son sentidos comunes que han articulado el Chile que se intentó refundar desde 1973 (en rigor, 1974) y que realmente fue construido durante la década de los ochenta, con continuidad por timidez o conveniencia durante los veinte años de gobiernos concertacionistas, que en verdad no pueden llamarse de democracia, pero tampoco de transición, pues aquello no iba a ninguna parte, transitando esa época siempre hacia sí misma. La política, se nos dijo y repetimos con convicción, no es nada y, cuando lo es, resulta ser perversa. Así fueron diseñadas un conjunto de fórmulas para mantener a la política lo más lejos posible de los ciudadanos; nos ofrecieron cuidarnos de la mugre, alejarnos de la corrupción, evitarnos el mal rato de abordar un mundo irrelevante, peligroso y pestilente. Y es que, claro, nos dijeron que la política nos había llevado al conflicto, a la polarización, la lucha interna y la división. Fuimos invitados, entonces, a vivir un Chile despolitizado. Ha sido este rasgo el corazón de un país que ha sumado casi cuatro décadas y que habita en el atavismo de la insuficiencia democrática. En estos cuarenta años hemos vivido, ya sea en un Chile de dictadura o en uno de seudodemocracia, pero no en un Chile democrático. La marca de ambos momentos es una misma: qué se hace con el autoritarismo, cómo convertir en pasado la dictadura. Y el resabio dictatorial ha sido siempre manantial de sentido para estos cuarenta años de «transición a la democracia»: nos ha importado más la tranquilidad que la felicidad, más el orden que la libertad o la igualdad, estamos convencidos de que con Pinochet había menos delincuencia porque había mano dura. La huella, el surco, la siembra de la dictadura ha habitado Chile por casi cuatro décadas.⁸

Si la transición es siempre un camino, un umbral, ¿hacia dónde nos llevó? Sabemos hoy que nos condujo a un sitio cuyo nombre desconocemos, un lugar que no puede ser llamado «democracia», que ciertamente no es dictadura y que quizá pueda entenderse, pero es insuficiente y hasta impreciso, como «democracia tutelada», «democracia protegida» o cualesquiera de esas fórmulas que han sido convocadas en la búsqueda del significante perdido.

Este Chile se acerca a cumplir cuarenta años en 2013 y su adultez no aparece por ningún sitio. Sus rasgos estructurales han sido la Constitución de 1980, un sistema electoral que construyó dos fuerzas políticas, un espacio público controlado por la elite del país a través de los medios de comunicación, una cultura política basada en la despolitización, un modelo económico de radical libre mercado y una matriz exportadora de materias primas. Estos elementos estaban plenamente articulados, requiriéndose unos a otros. Muchos críticos han puesto el énfasis en los asuntos constitucionales, otros en lo electoral. Han sido más numerosos los que han visto el problema en el modelo neoliberal. El foco de esta obra, no obstante, se concentra en la despolitización. Y es así, pues se juzga que en ella reside la condición de posibilidad de todo lo demás. En el esqueleto humano no hay fémur, no hay tibia, no hay peroné, hablando estrictamente como función, sin la estructura de la rodilla y su función de articulación. Para que la Constitución sea la que es y se desatienda su modificación, para que el modelo económico de fundamentos neoclásicos pueda instalarse con la pureza y la brutalidad que lo ha hecho, para que el duopolio sea la forma de las fuerzas políticas y de la prensa escrita, resultaba imprescindible un país sin política. Por supuesto, Chile ha tenido una clase política que ejecuta día a día una actividad que se da en llamar política. Pero a lo largo del libro se mostrará que dicha actividad no es el ejercicio constructivo de la polis, ni produce procesos de ciudadanización acordes con una sociedad democrática, que exige la presencia de la política en su sentido puro, como el ejercicio del poder en toda la sociedad.

Chile ha visto la política como una instancia, un momento, una forma de ejecución que habita entre lo administrativo y lo técnico, sumamente indefinida, donde acontecen operaciones políticas del peor nivel, pero que de alguna manera requieren ser realizadas por los «servidores públicos» cuya «vocación» los lleva a meter las manos en tan oscuros derroteros supuestamente por el bien del país. Es misterioso que los políticos digan por televisión que no se deben politizar los temas, que la política siempre divide y amenaza, que es sucia, contaminante y crápula, mientras al mismo tiempo se ofrecen para navegar en semejante lodazal de mierda. Se afirma que la política, sea ella una zona, un momento, una instancia, no tendría que ser visitada por los ciudadanos, que deben consumir porquería en el centro comercial y la televisión como imperativos del goce y la analgesia de su dolor. Pero que no tienen que exponerse a la porquería de la política que habita el Congreso Nacional o el Palacio de la Moneda. Y así, heroicamente, los políticos han liberado a los chilenos del yugo y la hediondez de la política, mientras en un acto sacrificial se sumergían en ella, ya que alguien debía hacerlo. Pues bien, es esta lógica uno de los grandes enigmas que ha conocido la humanidad, muy cerca del misterio del Dios uno y trino o de la cuadratura del círculo. Y es que hay hombres que han estado dispuestos a liberar a su pueblo del yugo del poder y han optado a la vez por quedarse ellos viviendo sometidos a él. Y cuando se les pide que salgan, que basta ya de tanto sacrificio, resulta que se atormentan y luchan encarnizadamente por sostener aunque sea un minuto más esa posición tan repugnante. Al criticar la política, nuestros políticos no desearon eliminar el poder, sino que señalaron la imperativa necesidad de quedarse ellos mismos a cargo, mientras indicaban que nadie en su sano juicio, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debía transitar el camino que ellos mismos (y sus hijos, sus parejas y sobrinos candidatos) decidieron recorrer. No ha conocido la historia de la humanidad rito sacrificial más hermoso que todos los políticos chilenos caminando hacia la mierda para salvarnos de ella.

En Chile no solo se ha quitado poder procedimental a la ciudadanía, no solo ha sido ella irrelevante en los procesos políticos. Además se ha destruido el valor de la política, se le ha quitado su capacidad litúrgica, se la ha convertido, pasando de pura a corrupta. La polis, la ciudadanía, ha sido sitiada por la clase política. Y es que el corazón del Chile de la dictadura y la posdictadura ha sido definir como estilo de vida saludable la existencia con respirador artificial, haciendo que en la política funcionen los órganos básicos, evitando así la muerte, pero también impidiendo la vida en su forma plena. La política debía estar suficientemente viva para firmar los cheques necesarios (económicos, simbólicos, legales) y suficientemente muerta para no intervenir en las decisiones de quienes tienen el poder. Se requería estar algo más arriba del coma, pero bastante por debajo de la salud.

El rol intersticial de la política encontraba su hábitat fundamental en las instituciones. Desde ellas se podía operar adecuadamente en la búsqueda de los rendimientos que se necesitaban de la política para conservar el orden social y económico construido. Al tiempo, desde las instituciones se podía controlar el acceso de nuevas fuerzas y visiones, se podía deslegitimar por falta de adecuación normativa aquellas propuestas que alteraran el orden. Las instituciones estaban completamente reguladas para este fin. Como el éforo en la Esparta de hace veinticinco siglos, las instituciones en Chile existían fundamentalmente para evitar que se ejecutaran cambios. Desde el Congreso de la República hasta el Tribunal Constitucional, un intrincado sistema de procesamiento de las propuestas de transformación redundaba no solo en negociaciones, sino en un sistema constante de claudicaciones. Las enormes diferencias entre el pensamiento político de los chilenos y las decisiones de las instituciones del país solo era viable por el distanciamiento sistemático, ritualizado y administrado de las decisiones en las cúpulas invisibles que eran las instituciones, desde donde se administraron los ritos políticos republicanos y las validaciones éticas (con la Iglesia católica y la evangélica) para sostener un modelo de sociedad injusto.

Las instituciones fueron orientadas al funcionamiento de un modelo de sociedad incapaz de producir legitimidad en su proceso de politización. Las instituciones gozaban de una ventaja: por razones históricas, ellas sí gozaban de tal potestad. Si se analizan los rasgos más profundos de la cultura chilena, la única obra humana que goza de un carácter tan positivo como sagrado son las instituciones. Los chilenos las respetan como la obra de ancestros que trajeron el proceso de civilización y que permitieron dominar la vida instintiva de un pueblo ubicado demasiado al fin del mundo como para estar inmerso en la cultura ilustrada. Tal y como la naturaleza o Dios habían donado un país que es juzgado por los chilenos como notablemente hermoso y rico en recursos naturales, los patriarcas fundadores de la patria nos habían legado las instituciones. Todo lo que acontecía en ellas estaba provisto del perfume de esa verdad originaria y de la legitimidad que proveía la circunstancia de emitir determinada resolución desde dichas instancias. El valor de la ley, que se había construido históricamente en Chile, que permitía dar la mayor importancia a cualquier reforma legal y circunscribir toda gran transformación política o social a un cambio en las leyes, no hacía sino llevar más agua al mismo molino: solo las instituciones importan. Y con esa legitimidad, la clase política chilena podía entonces usar el crédito histórico de las instituciones para llevar a cabo su labor sin requerir realmente de una rendición de cuentas real frente a la ciudadanía. La prensa era utilizada para mandar recados a los compañeros de partido o a los rivales, para debatir problemas que afectaban a quinientas personas en Chile. Por cierto, bajo esa forma de observar, la política fue vista por los ciudadanos con creciente distancia.

Parapetados en las instituciones, los políticos chilenos gastaban el crédito de legitimidad que la historia les había donado. Si Carrera, O’Higgins, Portales, Bello, Vicuña Mackenna, Prat, Alessandri, el padre Hurtado⁹ y otros tantos habían firmado el cheque, la Concertación, los militares, la Iglesia y la Alianza estuvieron empeñados en cobrarlo en su totalidad, sin invertir nada, pero aprovechando los bienes existentes para hacerlos pie para un crédito sostenido por el futuro fantasioso de un recurso que jamás se acabaría. Tal y como el Chile actual extrae cobre a destajo sin pensar en el futuro, tal y como tala los árboles nativos y reemplaza por pinos, la clase política asumió que las instituciones podían ser usadas para cualquier cosa y aun así seguirían existiendo inmaculadas. Pero los fondos de esa cuenta se fueron agotando.

Si las instituciones habían sido históricamente un espacio de cierta distancia con la ciudadanía, se terminaron por alejar por completo. Y es que la primera distancia era ritual; en cambio, la segunda es mero abandono, soledad. Si toda institución tiene un valor litúrgico que compite con el funcional, en el Chile despolitizado estos organismos tuvieron un valor administrativo del cual se asumía derivado el valor litúrgico, funcional y la producción de legitimidad. Pero el valor administrativo de las instituciones no se convertiría para siempre en todo lo demás.

Toda la legitimidad del orden político chileno comenzó a residir en la evanescente fantasmagoría de un pasado desde el cual emanaron estas instituciones que garantizaban el cumplimiento de la ley, el respeto del momento civilizatorio. Un miedo central de los chilenos —el caos, el desorden, que tiene relación con un temor aún más profundo, que es la posibilidad de ser incapaces de mantener vivo el momento civilizatorio— se resolvía con las instituciones. Ellas garantizaban el imperio de la ley y la ejecución administrativa de ella (el Estado), la conservación del orden (las Fuerzas de Orden y, en una atribución que ha costado cara, las Fuerzas Armadas) y el resguardo de la moral (la Iglesia). Toda la realidad social podía, mediante un ejercicio que era menos de abstracción que de comodidad, ser resumida en estos caminos institucionales. La complejidad de la vida social podía ser anudada desde las instituciones.

Solo quedaba preguntarse, entonces, en quiénes recaerían las responsabilidades de ser los habitantes de estas instituciones. Algunos de esos habitantes se definían por lineamientos ajenos por completo a la voluntad de los chilenos. Es así, por de pronto, con la Iglesia, cuyos cargos y camino a seguir dependen de un Estado foráneo; pero también ocurre con las Fuerzas Armadas, que han gozado de una autonomía importante respecto al mundo civil y cuyos nombramientos, presupuestos y orgánica han sido establecidos por los civiles a la manera de los militares, en homenaje al miedo otrora padecido.¹⁰Y pasa así con numerosos cargos relevantes para los ciudadanos, en donde el voto popular no tiene presencia, como las intendencias o gobernaciones. Comprender la profundidad de la relevancia de la presencia ciudadana en instancias de decisión se logra cuando se llega a dar cuenta de toda la textura de decisiones donde podría estar comprometida la visión de los ciudadanos: en muchos países hay representantes de la ciudad en las universidades de la zona, de la comunidad vecinal en los colegios o tiene sentido público la presencia de cargos nombrados por el gobierno en las distintas instituciones (¿qué aporta en Chile la existencia de dos miembros del directorio en Inacap nombrados por el Estado?). Pero el asunto va más lejos. Incluso en aquellos sitios donde el voto es parte del proceso de selección de los habitantes de las instituciones, el control externo de esa instancia (la dura realidad construida por años, donde era difícil dar pasos dentro del sistema sin ser parte de él) y el control interno (legal) del momento electoral, que garantizaba a los existentes su existencia y a los inexistentes su inexistencia, fueron suficientes ambos controles para transformar en crecientemente irrelevantes los votos de la ciudadanía. Integrarse políticamente no parecía tener sentido para quienes se veían fuera del orden.

Los habitantes del orden institucional chileno, una elite a la que se le permitió el acceso a la clase política antes sancionada (la Concertación), fueron meros representantes de esta transición sin tránsito, de la fractura entre lo social y lo político construida arbitrariamente para borrar o hacer parecer una fotocopia distorsionada aquellos vínculos que resultan inextricables entre los intereses derivados de una posición en la sociedad y las posiciones políticas que descansan sobre ellos. Los habitantes del orden institucional fueron la clase política, la elite religiosa y el mundo militar. Todos ellos abrían levemente un regulador cuando un conflicto complicaba el escenario y amenazaba con hacer estallar la cocina de su orden con un aumento de la presión en la olla. Máquinas de reformismo irrelevante, por décadas fueron capaces de articular sus intereses, a veces desde veredas incluso opuestas, sin perder ninguno de ellos posición de preferencia. La elite chilena logró construir una estabilidad política compulsiva, basada en variables afectivas de poca profundidad valorativa y funcional, simulacros y caricaturas de democracia, que vendía bien en la bolsa de la elección de países emergentes donde invertir el capital. El orden, con sus ajustes y hasta con sus escándalos cuando alguien llamaba a hacerlos, funcionaba como una obra de teatro perfecta. Y claro, aunque no se habían puesto de acuerdo, el resultado era la colusión de partidos por la transición permanente.

La clase política chilena amó la irrelevancia de su función y la conveniencia de su posición. Cada vez que una tormenta parecía cubrir el horizonte, sus llamados iban en dirección de los entes morales: convocaban a la Iglesia católica y sus sotanas para evitar ponerse pantalones. Cuando el problema no requería negociación, sino fijar una posición más taxativa, se apoyaban en el orden legal y llamaban al Tribunal Constitucional. Brillantemente, mientras prohibían la píldora de anticoncepción de emergencia, más conocida como «píldora del día después», llevando la resolución al Tribunal Constitucional, la clase política tenía todavía la fortaleza emocional de declarar que las leyes y las constituciones no tenían nada que ver con los problemas reales de la gente.

La Iglesia católica, por su parte, se sintió un baluarte de la moral y el bien, por el rol que jugó en la dictadura, y luego decidió sencillamente cobrar el cheque. Se felicitaban de su posición histórica: defendiendo a quienes eran víctimas de las violaciones de derechos humanos y, a la vez, manteniendo una dirigencia episcopal y una articulación con el Vaticano desde el conservadurismo más extremo, que no los distanció jamás de la derecha incluso en dictadura. Todavía hay chilenos que piensan que Juan Pablo II saludó desde el balcón de La Moneda, junto a Pinochet, a la masa que lo vitoreaba, engañado por un astuto Pinochet que logró que esa foto fuera posible. Pero la verdad es más simple: el viaje de Juan Pablo II incluía, desde siempre, esa fotografía, pues ambos líderes eran baluartes mundiales de la misma lucha, que a la sazón está a las puertas del triunfo: la derrota del comunismo. Los dos representaban el cáliz y la espada, o como dice el dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. El doble juego de la Iglesia chilena evitó una crisis de legitimidad como la vivida por la Iglesia católica en España apenas recuperada la democracia en ese país. Y contrario a los políticos chilenos, cuya capacidad de aprendizaje se ha mostrado resentida, la Iglesia incorporó los hechos acontecidos y sacó las lecciones del caso.

Después de la dictadura, la Iglesia chilena decidió que había dado mucho a los desesperados, los zarrapastrosos, los excluidos y sobre todo los perseguidos, y que era hora de los incluidos y poderosos. Opus Dei, Legionarios de Cristo, Schoenstatt, más toda clase de fenómenos locales, como la parroquia de El Bosque, donde con el liderazgo de Karadima permitió a esa pequeña parroquia obtener la autonomía financiera otorgada por el mismísimo Vaticano. El desarrollo de estos nichos de negocio eclesial son la prueba clara de una Iglesia que se dirigió hacia la zona alta de la distribución del ingreso en Chile. Todas las almas son iguales, pero hay algunas más iguales que otras. ¿Por qué? Porque había un botín. Un premio que era fácil de reconocer: la conquista de los ricos de Chile, cada vez más ricos. Las obras comenzaron a ser fórmulas para convencer a los ricos de la necesidad de invertir sus recursos en el futuro cielo o en el presente de la comunidad empresarial que rodea a la Iglesia. Los empresarios del Opus Dei exigen a sus proveedores pagar un porcentaje a la obra. El chantaje moral toma forma financiera. Emergieron así los colegios asociados al sectarismo religioso, vinculados a las formas más extremas de concentración de la riqueza. Puros y santos. Pero ante todo ricos. El modelo de negocio de la Iglesia comenzó a cambiar de tono y no fue extraño que fuera perdiendo arraigo popular y que los grupos evangélicos consiguieran un incremento de su poder tan significativo. Mientras la Iglesia católica hacía el negocio de boutique y bajaba de 77 a 70 por ciento sus cultores declarados entre 1992 y 2002 (datos censales), la Iglesia evangélica hacía el negocio del retail y buscaba la masa. Un error extraño de parte de la Iglesia católica, que siempre había creído en el negocio masivo.

Gráfico 1: Evolución del culto católico y evangélico (1992 a 2002)¹¹

Pero además los católicos salieron a la busca de variantes. Insuficiente sus misas y sus santos, buscaron tradiciones religiosas diversas: hinduismo, budismo, cábala, diversas formas heréticas y paganas complementaban la fe para horror de los sacerdotes. Y, por cierto, del 15 por ciento de los evangélicos, un grupo muy importante llena cada semana los templos, mientras que del 70 por ciento de católicos, una cifra ínfima dedica tiempo al rito.

Por supuesto, el Hogar de Cristo no se olvidó de toda la sociedad. Su principio era más osado, su apuesta más inteligente. Ante un Estado débil y desprotector, el Hogar de Cristo podía convertirse en el Estado. Quiso ser el dueño de las mediaguas, quiso ser el dueño de los jardines infantiles, quiso ser el puente de los recursos fiscales y las obras sociales, especializándose en llegar a todo Chile sin gastar un peso propio, diciendo que recaudaban dinero en un par de jornadas anuales, pero en rigor viviendo de fondos públicos. La apuesta era brillante y, de hecho, de no haber existido la obra desarrollada por el Hogar de Cristo, la crisis que ha vivido la Iglesia católica habría sido de proporciones insospechadas. Fue su presencia nacional la clave de su fortaleza. Su negocio no fue principalmente económico, sino ante todo político. Y luego, eso se podía convertir en dinero.

Las fuerzas políticas del Chile despolitizado requieren un examen relativamente detallado. Marcaron ellas el clivaje, la dimensión fundamental de conflicto y la textura del mismo en el Chile transicional. Durante este ciclo, el elemento marcado de las coaliciones será siempre la Concertación, protagonista del orden político al ser la única fuerza capaz de generar movimiento centrípeto a su alrededor. Pero la Concertación es la protagonista precisamente porque esconde en su nombre y fundamento el origen simbólico de todo el ciclo político que hoy vemos desplomarse. La Concertación nace como némesis de Pinochet, su opuesto exitoso capaz de derrotarlo en las urnas instaladas por el mismo dictador. El fallecido comandante en jefe, presidente, senador vitalicio y todo lo demás, es el único nombre propio en el Chile de los últimos cuarenta años. Lo demás son sustantivos comunes, nombres genéricos o esfuerzos patéticos por reemplazar la marca de Pinochet, como cuando Lagos borró el nombre del dictador y situó el suyo en la Constitución, con tanto infantilismo y arrogancia como para pensar que el cambio del nombre propio haría posible un nuevo Chile. Ese solo hecho revela el respeto reverencial de la Concertación a la figura del dictador, su admiración última, la atribución de poderes mágicos. Sin la detención de Pinochet en Londres, la Concertación habría cerrado la fantasmagoría con un homenaje oficial el día del entierro de dicho personaje, con jornadas de duelo y ruegos al Señor por la recepción en su santo reino proferidos desde La Moneda.

El corazón de la Concertación se había alimentado de la conciencia moral de una sociedad que había considerado que Pinochet se había sobrepasado con la ley del miedo y el yugo militar. Es importante aclarar este juicio. Los chilenos estamos convencidos de que todo experimento radicalmente democrático peca de exceso, pues estamos convencidos de que la ciudadanía es y será incapaz de tomar en sus manos su destino de modo responsable. Se verá más adelante en el desarrollo del libro, pero esta convicción permite en gran medida legitimar la acción violenta de Pinochet, pues se considera que ella acontece en el marco de la violencia civilizatoria. Convocada para recuperar el orden y eliminar el conflicto, la violencia no es solo energía a favor de unos intereses, sino sobre todo requerimiento del todo social cuando las voluntades han excedido sus atribuciones. Por lo tanto, para la sociedad chilena, la acción de Pinochet no era reprobable por el acto de violencia en sí mismo, sino por los excesos en el uso de ella. Chile no muestra en este sentido una convicción democrática y un apoyo irrestricto a los derechos humanos. La cultura política chilena reivindica estos derechos de modo condicional, no los asume como absolutos, lo que básicamente significa no entenderlos como derechos humanos, sino como derechos contingentes, relativos a la historia; es decir, que solo bajo ciertas condiciones deben respetarse. Y los chilenos estaban convencidos, por ejemplo, de que en la década de los ochenta (y no en la de los setenta), la violencia de Pinochet era ilegítima. Por eso, el símbolo de la injusticia está en esa década y no en la anterior.

La Concertación, entonces, vivió por muchos años de la intensa legitimación que le otorgaba el crédito moral de haber sido víctima de la violencia pinochetista. La Concertación tenía como capital los excesos de Pinochet. En rigor, el corazón de dicha fuerza política radicaba en la labor emprendida por la Vicaría de la Solidaridad, paradigma de la protección de los derechos humanos en el Chile dictatorial. El núcleo moral de Chile se asentaba en la Vicaría, mientras la Concertación intentó ser el traductor político de esa energía moral. La clase política marginada del poder y el pueblo eran lo mismo, pues ambos habían sido víctimas del yugo militar. La Democracia Cristiana, aunque apoyó el golpe de Estado, quedó en posición ventajosa al iniciarse la transición, porque representaba las fuerzas políticas y cristianas que habían padecido y lavado las heridas hechas por Pinochet.

Pero la Concertación pretendió vivir para siempre de ese crédito. No está de más señalar que cuando se iniciaban los años noventa, algunos miembros conspicuos de dicho conglomerado declararon la posibilidad de llegar a gobernar muchas décadas, «como el PRI¹² mexicano», dijeron, dado que el pacto unía a dos fuerzas, el socialismo y el democristianismo, que normalmente sumaban cerca del 70 por ciento de los votos. La carrera parecía corrida de antemano. Se podía bajar bastante en apoyo, pero no lo suficiente para dejar de tener la mitad más uno de los votos.

La Concertación siguió mirando a Pinochet durante todos sus gobiernos. La vida del dictador era el crédito, ser su antípoda era por definición ser demócrata. Cada vez que quedaba en evidencia la falta cometida por un gobierno o partido de la Concertación, sus voces se levantaban para decir que en la vereda del frente estaban Pinochet y los suyos, cuyas manos estaban manchadas con sangre. La fórmula empezó a desgastarse, por supuesto, a medida que el objeto central de ese ciclo político cuyo clivaje era «dictadura/Concertación» fue desvaneciéndose. Primero fue con la muerte política de Pinochet, generada por la detención en Londres en 1998. No en vano en la siguiente elección la Concertación estuvo próxima a perder. Se desgastó el corazón de su carisma, o el núcleo de su chantaje, cuando tuvo que defender a Pinochet en Londres.

El Chile que recorrió la larga historia de 1973 al 2010 tiene un solo protagonista: Pinochet. Todos los demás son notas al pie. Lagos representó el Pinochet democrático, el dictador civil. Megalomaníaco como era, Lagos vio adecuadamente que si Pinochet dijo «me quedo con el Estado», él haría un paso históricamente más elegante, diciendo «el Estado soy yo». Pinochet iba hacia La Moneda, Lagos dejaba que ella fuera hacia él. Sus diferencias eran cuestión de estilo y, en tanto tal, es indudable que Lagos llevaba la delantera. Aylwin simbolizaba el miedoso curita que tomaba en sus manos un conflicto caliente y lo gestionaba con habilidad (en la medida de lo posible), el hombre que rechazaba con el dedo y el corazón todo lo que aceptaba mirando hacia otro sitio, el gestor de las pequeñas sombras. Nadie podría acusarlo de malévolo, pero no por falta de mal en su alma, sino por la reducida escala de sus actos. Aylwin estuvo en las dos transiciones: de democracia a dictadura (fue protagonista) y de dictadura a democracia (nuevamente fue protagonista). Y es que Aylwin se refleja bien en esa escena: parado sobre el muro que divide la dictadura de la democracia, mirando según indicaran los tiempos hacia uno u otro lado. Bachelet fue el esfuerzo por quitarle a las milicias el olor del miedo, fue la mujer que se sube a un tanque y emprende el viaje de reivindicación de su padre militar. Frei fue la mera herencia de su padre, muerto en sospechosas circunstancias en plena dictadura. La luz mortecina que Pinochet proyectaba fue el único foco de una era política triste, cuyos actores secundarios sencillamente modificaban como un prisma esa luz, generando un reino de sombras un poco caóticas.

La energía de Pinochet explica casi todo lo relevante que pasó entre 1973 y 2010. Es cierto que él tuvo una injerencia modesta y mediocre en el golpe, que sus dudas y oportunismo no se llevaban bien con la incertidumbre de una apuesta tan arriesgada donde los líderes que condujeron el proceso fueron José Toribio Merino y Gustavo Leigh. Pero Pinochet fue el rostro y pronto fue más que eso, fue el ícono, fue el hombre de las gafas negras y el amenazante líder que prometía que ninguna hoja se movería sin su saber en el Chile dictatorial. Pinochet fue el amado líder, el único hombre de derecha capaz de despertar las pasiones más intensas del pueblo. Pinochet fue la DINA, la CNI y todo eso que llaman inteligencia en el mundo militar, solo porque requiere matar con un criterio más allá del color del uniforme. Pinochet fue la sangre y las lágrimas, él cumplió el rol del temor. Y fue el representante de ese anhelo nacional por el orden. Pinochet enganchaba en el mundo popular, prometía logros civilizatorios básicos, prometía el fin del caos. La sociedad de hálito campesino que se había mudado a la ciudad sin querer realmente su dinamismo y carácter, veía en Pinochet el estado de sitio, veía en él las calles vacías y el orden perfecto de la nada. Y lo juzgaron bueno.

Pinochet fue la gran historia que contar de ese Chile. No nos hemos cuestionado por qué el general Prats, en sus memorias, se pregunta primero por la salud de Pinochet, asumiendo que no era golpista; para luego justificarlo diciendo que seguramente Augusto tendrá buenas razones para haber participado. Prats se conduele de Pinochet durante un período posterior al golpe, trata de comprenderlo. Pinochet lo mandaría asesinar finalmente, para que se acabaran sus dudas. Pinochet hizo la traición, la obra, desarmó los partidos, los volvió a renacer bajo su égida, acabó con la derecha histórica y dio pie a una nueva (más fuerte y rozagante), determinó la transición, instaló el miedo. Pero era solo energía psíquica. No había allí ningún proyecto. Aquel vendría de otro sitio. Pinochet fue un mediocre resiliente, fue de esos líderes inseguros que puestos en medio de un gran proceso histórico hacen lo que sea para parecer que están a la altura del momento. Por eso se llenó de voces agudas, gritos, lentes oscuros, señales de poder cuya necesidad radicaba en su mente pequeña y en sus miedos a perder el espacio que la casualidad lo llevó a ocupar.

Pinochet fue la sangre y las lágrimas. Solo faltaba el sudor. Y para eso estaban los Chicago Boys, que llegaron ofreciendo el proyecto. Pero no tenían realmente un proyecto de sociedad, sino solo un modelo económico. Por eso Chile se transformó simplemente en una máquina de producir Producto Interno Bruto. Y es que sencillamente nunca hubo nada más. Jaime Guzmán tenía una visión institucional, una forma de conservar el poder preso en las instituciones y de despolitizar Chile. Pero no tenía un proyecto de sociedad. Guzmán era constitucionalista, no sociólogo; era abogado, no ciudadano. Chile serían sus leyes, se configuraría desde el imperativo normativo, y su modelo económico sería el imperativo categórico, la regla amoral de toda la existencia. Chile fue diseñado por ingenieros comerciales y un abogado ambivalente que amaba la política solo para poder destruirla.

Lagos fue lo que fue porque apuntó a Pinochet con su dedo una noche de 1988, porque lo desafió en el sitio de las batallas contemporáneas: la pantalla de televisión. Lagos se hizo macho alfa porque miró al rostro y desafió al dictador, la energía potente y oscura que cruzó muchas décadas en forma de anochecer. Y es que Pinochet ha sido la energía de nuestro tiempo. No en vano el único medio de izquierda que logró consolidarse en la prensa escrita fue The Clinic, que nace con la detención de Pinochet en Londres, cuando queda recluido en una clínica para la cual la sobriedad británica no encontró mejor denominación que el nombre The Clinic, sin posibilidad alguna de confusión. A los chilenos les llamó la atención esa sencillez, esa simplicidad, acostumbrados a la exageración, a los nombres que dan confianza y seguridad invocando algún dios o sus herederos. Nos cuesta entender que el poder no necesita adornos, que los grandes imperios llaman las cosas por su nombre, no requieren multiplicar las fantasías. Pues bien, ese medio en rigor se llama Augusto Pinochet, decir The Clinic es simplemente un eufemismo para decir que hubo un día en que Pinochet murió políticamente. Decir The Clinic es un homenaje a la muerte de Pinochet. Y como Pinochet ha sido todo este orden y la clase política ha sido un apéndice de él, entonces decir The Clinic es la posibilidad de reírse de toda esa clase. Ricardo Lagos, al poner la firma en la Constitución, hizo su esfuerzo para convertirse en Pinochet, como cuando el macho alfa es asesinado por decenas de monos (sus hijos), que después de su muerte se lo comen para que no quede rastro y al tiempo heredan su poder. Pinochet era el nombre propio, el macho alfa, el pene. Lagos fue un sustantivo común arribista, el hijo edípico, el envidioso del pene.

Pinochet estaba en todas partes, hablaba en todos los idiomas, era la crueldad por excelencia y por ello fue la potencia y por tanto se hizo miedo. Con los años ese miedo se trocó cada vez en una emoción más sorda, pero siempre fue miedo, amenaza de violencia, fantasía de dolor. En las protestas en Indonesia durante los años noventa, el dictador Suharto estaba a punto de caer. Para ilustrar la crueldad de Suharto, las pancartas decían en las marchas Suharto = Pinochet. El primero había asesinado a un millón de personas, Pinochet a tres mil. Pero las acciones de Pinochet se vendían a alto precio en todo el mundo, era el símbolo del horror, moneda de cambio del crimen. Y era el corazón de una época en Chile.

El Chile a contraluz se comenzó a desplomar en 2010. La muerte física de Pinochet implicaba el fin de la Concertación, que demoraría en producirse lo que tarda una energía en disiparse. Durante veinte años esta coalición apostó a no construir un proyecto de sociedad, o al menos a no hacer nada que no fuera ser la antítesis del dictador. No pensaron qué ocurriría cuando el viejo muriera. La miopía impidió que vieran más adelante y la comodidad permitió que disfrutaran el camino a su patíbulo. La Concertación no preparó ninguna propuesta que modificara el modelo de sociedad que se desplegaba, ningún documento que reflexionara seriamente sobre el Chile del futuro. A lo más hubo autoflagelantes¹³ y autocomplacientes, como se denominaron ellos mismos, todos bajo la egomanía de llamar a un proceso político «auto-lo-que-sea». Esos grupos escribieron opúsculos y pronunciaron discursos sobre el camino recorrido y el propio desgano, la propia complacencia y/o la autocrítica. Con la empatía de un depresivo y el riesgo de un rentista, la Concertación decidió preguntarse sobre lo humano y lo divino cada cierta cantidad de años. Y a ello lo llamaron conciencia. Y a todos los destinatarios de esas reflexiones y los subsidios resultantes de ellas le llamaron «gente». Y a todo resultado de sus políticas lo llamaron equidad. Pero no había conciencia, no había ciudadanía, no había equidad.

Chile creció de alrededor de siete mil dólares de PIB per cápita en 1990 a catorce mil en 2010. Y de setenta y dos años de esperanza de vida a setenta y nueve años. Incorporó al mercado del trabajo a muchas mujeres, que casi duplicaron su presencia en el mercado laboral. La pobreza bajó desde cifras superiores al 35 por ciento a otras por debajo del 20 por ciento. Sin embargo, el coeficiente de Gini, que mide desigualdad, se ha mantenido prácticamente intacto en estos veinte años. Hay quienes afirman, por ejemplo Beyer¹⁴ (hoy ministro de Educación), que el tiempo no ha pasado en vano y que las condiciones para modificar la desigualdad han mejorado. Sin embargo, los porfiados datos citados por él mismo muestran una desigualdad estable dentro de su gravedad. «Crecer con igualdad» fue así el gran fracaso, cuando no la gran mentira.

La Concertación se sintió salvífica, sintió el poder sagrado de su enorme dignidad de coalición que sacó a Chile de la dictadura. Asumieron en ello un crédito incombustible. No vieron la posibilidad real de su desfallecimiento. Nunca lo entendieron. La irrupción del movimiento estudiantil fue el momento donde la Concertación pudo ver su propia decadencia. No en vano el exministro de Educación Sergio Bitar trató de «niño» al líder estudiantil Francisco Figueroa en un debate televisado por CNN Chile el 22 de agosto de 2011. Lo hizo simplemente incómodo por haber sido impugnada su más famosa obra educacional, el crédito con aval del Estado (CAE).

«Eso es una insolencia, suponer que tú tienes la moral [...] y no me lo vengas a plantear a mí, porque yo tengo mi vida entera dedicada a la política, fui ministro de Allende, he estado preso, he estado exiliado, no estoy para que venga un niño a calificarme de esta manera» .¹⁵

Figueroa señaló, en alusión a la generación de Bitar, que «ellos han tenido el monopolio de la política» y que desde las movilizaciones «esta generación llegó para quedarse». La misma estructura del programa donde todo esto aconteció revela el orden político chileno sobre el cual se llegó a instalar el movimiento estudiantil. Sergio Bitar, exministro concertacionista, exdetenido en isla Dawson; Joseph Ramos, doctor en Economía, el experto que defiende el modelo; y Francisco Figueroa, el líder estudiantil cuyo movimiento debía enfrentar al gobierno de derecha, a la oposición política de centro e izquierda y a los expertos al servicio de unos y otros. Durante años, la mera presencia del político y el científico a favor del modelo fueron suficientes para destruir las impugnaciones de distintos grupos sociales. En 2011, el estudiante podía vencer tanto a la clase política como a sus expertos.

La Concertación entera queda reflejada en la frase de Bitar. Sus credenciales ya estaban hechas, era esa su convicción. Nadie podía impugnarles su superioridad moral. Ese es el dolor que habla en la voz del ministro. De pronto la pureza moral de haber sido detenido se había extinguido y solo quedaban las obras políticas, de las que debía hacerse responsable. De víctimas a victimarios, era ese su tránsito. No podía creer, el ministro, la escena que vivía. La Concertación estaba impugnada precisamente por las obras que tanto le resultaban fuente de orgullo. Pero si el mérito había sido ser víctima, la muerte del victimario de alguna manera transformaba en impertinente la alusión.

En 2007, el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile publicó la Revista de Sociología de dicho año en la que se analizó el Chile de entonces. No es habitual ejecutar una revista académica donde el foco sea la contingencia, pero el ejercicio les resultó relevante al equipo a cargo. En la revisión del conjunto de artículos, el comité editorial de la revista se hizo la convicción de una tesis: la Concertación estaba en riesgo de muerte porque había muerto el sentido de su vida: Pinochet. Para jugar con la hipótesis el equipo editorial escribió un posfacio donde dio cuenta del punto. Pero además modificó la portada de la revista, previendo la existencia de un cambio histórico. En una imagen que asemeja a una portada que se despega, se ven hacia el fondo los periódicos de la fecha y las declaraciones de los actores. En uno de los montajes se lee «Pinochet ha muerto» y Lagos declara a continuación «la Concertación sabrá salir adelante». El montaje solo pretendía mostrar el riesgo que se cernía sobre la Concertación, que operaba como insinuación. Pero por lo visto, los análisis no estaban en el menú de los comensales concertacionistas: no previeron que la muerte de Pinochet era la propia. Ni siquiera vieron la necesidad de construir un proyecto de sociedad y siguieron administrando el modelo del enemigo.

La siguiente elección sería ganada por la derecha, aunque el nombre del ganador se ubicaría de alguna manera fuera del clivaje histórico. Piñera había votado «No» (porque en rigor era democristiano) y llegaba a ser presidente de la República adornado y flanqueado por los hombres del «Sí». Algo andaba mal, algo se había roto. Las coaliciones políticas, la clase política, parecían mostrar fisuras. En esa misma elección, un candidato presidencial fuera del binominal logró superar el 20 por ciento de los votos. La candidatura era de Marco Enríquez-Ominami, quien desde el corazón concertacionista renunció a ella y emprendió un camino que casi amagó la candidatura del bloque de gobierno, que llevaba como carta a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Enríquez-Ominami (apodado MEO en la elección), apoyado por grupos de izquierda, por jóvenes liberales y varios cercanos a la órbita de Piñera, logró salir de la mera extrañeza y convertirse en fenómeno. Piñera y MEO eran inclasificables. Y el cuarto candidato era otro exconcertacionista, Jorge Arrate, que había renunciado al Partido Socialista para emprender una candidatura que terminó por consumarse como la opción del Partido Comunista. La sensación de desmembramiento del orden político estaba en el ambiente.

En el cambio de mando, el 11 de marzo de 2010, una réplica sobre siete grados Richter del terremoto del 27 de febrero instaló en forma de arquetipo que el Chile actual temblaba en todos sus cimientos. Pero la distancia en el tiempo entre la fisura de un rodamiento y la avería de la máquina puede prolongarse. En rigor, todo se había desgastado, pero nadie había propinado el golpe (o sea, el contragolpe) al orden dominante. En ese sentido, el momento decisivo fue el movimiento estudiantil de 2011, que, entre sus efectos, repolitiza el país y abre la puerta a la emergencia de la ciudadanía. La ausencia de instituciones que reemplacen al ciudadano en sus decisiones, por ilegitimidad de la Iglesia, los militares y la clase política, genera una oportunidad para los ciudadanos, que en consecuencia están obligados a hacerse cargo de su destino por falta de confianza en la delegación de su poder en otros. Como la clase política fue en gran medida uno de los factores para destruir y desprestigiar la política, este proceso de repolitización supone además el fin de la clase política actual y del ciclo político que vivimos.

Si después del golpe vino la gran reforma dictatorial, luego del contragolpe debemos esperar la contrarreforma. Pero no hay manuales en este Chile. Por definición, no hay manuales para que la ciudadanía construya su destino. Es eso lo hermoso, pero también lo difícil. ¿De qué repertorio afirmarse? No es fácil hoy por hoy. En el mundo se vive una ausencia de repertorios asociados a modelos económicos que brinden seguridad luego de las crisis que han afectado a los países con mayor protección social y regulación de mercado (Europa), sumadas a las crisis frecuentes de los sistemas financieros desregulados (crisis subprime) y del país representante del libremercadismo (Estados Unidos, cuya deuda solo se sostiene por su fuerza política) y la ya antigua crisis de la propuesta socialista. El modelo chino, por su parte, no parece ser exportable. Habitamos entonces la incertidumbre. Cuesta entender que sea un escenario prometedor, pero lo es. Todo modelo de sociedad basado en la certeza absoluta de unos pocos terminará por corroer o derechamente por pulverizar la democracia. Por eso, en medio de este escenario se necesita más debate, más fuerza ciudadana, más presencia pública de los intereses y las ideas, menos silencio y reuniones privadas. La única solución radica en el aumento de la politización y la posibilidad que ello implica de construir nuevos repertorios desde el ámbito de la deliberación política y desde la claridad en la existencia del conflicto y en los modos como negociar desde ellos.

La hipótesis que se defiende es simple: Chile se repolitizará luego del desplome del ciclo político anterior, basado en la despolitización con una clase política que se quedó con la política aferrada en sus manos. Este proceso está en marcha y es irreversible, estructuralmente irreversible. La crisis de legitimidad que vivió el modelo no tiene posibilidad alguna de retorno. Se murió una era y con ella su hijo, el modelo económico. Por supuesto, las crisis de confianza son ambivalentes en el corto plazo. Después de la infidelidad, el traicionado suele perdonar. Pero desde ahí en más la vida se vuelve invivible, las sospechas y las dudas dejan fuera de juego toda confianza. El siguiente paso es llamar a la transparencia, que no haya secretos. Todo está abierto al escrutinio del otro. La agotadora medida no construye relación, cada vigilancia es nuevo dolor, nueva precariedad. Finalmente, la relación se debilita y muere. Lo mismo ocurrirá en este caso. Quizá el período inmediatamente posterior al movimiento estudiantil y puestos frente al desafío de «cambiarse de casa», los chilenos elijan volver a su fracasado e infeliz matrimonio. Es siempre más cómodo, no hay que presentarse, no hay que contar la vida, no hay que pasar el riesgo de fracasar en la seducción. Pero finalmente cualquier estímulo recordará la desconfianza pasada, cualquier acto será sospechoso. La ciudadanía pedirá explicaciones, hará demandas, querrá hablar con el presidente, pedirá leyes de transparencia y hará demostraciones de su naciente poder. Pero no faltará entre los poderosos quien cometa un error, quien retorne a las prácticas pasadas creyendo que el agua volvió al río. Y entonces sí se morirá el matrimonio.

El ciclo político chileno se basaba en la despolitización. La irrupción ciudadana, por definición, lo fractura irremediablemente y hace de su desplome un hecho de la causa.

La confianza en las instituciones ha muerto.

Ya nada les está permitido.

3. AÑO 2011: DEL HOGAR A LA POLÍTICA

Los dos últimos presidentes de la República han sido Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Ella, símbolo de la protección y la empatía, significada como una madre protectora, capaz de sentir el dolor del prójimo y de comprender al pueblo en sus agobios cotidianos. Él, símbolo del éxito y del emprendimiento, multiplicador de los panes y los peces, príncipe de la economía y la especulación, rey Midas que nos iba a llevar hacia la riqueza. Ella era el hogar, la fuerza de la casa en medio de la adversidad. Él era la empresa, movimiento mecánico de una maquinaria capaz de producir dinero a velocidad infinita. Y no ha logrado salir de ahí. Son estas las últimas promesas del Chile contemporáneo, dos promesas que hoy pertenecen al conjunto de articulaciones que se descoyuntaron en 2011, del conjunto de fantasías que se mostraron. Las dos fantasías parecen tan distintas. Pero en verdad son las mismas.

En la Grecia antigua se llamaba oikos al hogar. En el hogar vivían grupos grandes de personas (decenas), grupos de subsistencia que compartían un mismo sitio donde alimentarse (eso es un hogar). En el hogar se habitaba en el cuidado, en la protección de tener alimento, cobijo, compañía, complicidad. Una solidaridad básica lo recorría. Pero en el hogar también se habitaba en la producción, en los cultivos, en la ganadería, en la provisión. El hogar era la doble dimensión de lo íntimo y la producción. En palabras actuales, el hogar era la protección de la comunidad inmediata (hoy, la familia) y la economía (hoy, la empresa). Cuando la actividad económica fue tan dinámica que rompió con la hacienda doméstica y generó una nueva contabilidad, independiente, nació la empresa económica, entendida como actividad desprendida del hogar.

El hogar es lo privado. En su doble dimensión, el Chile de los últimos años ya ni siquiera consumió el maquillaje de lo público en medio de la eclosión privada, como fue con Lagos. Directamente experimentó la privatización. Bachelet y Piñera fueron la privatización de Chile. Bachelet fue la privatización hacia lo íntimo: Chile fue un hogar, ella una madre. Piñera fue la privatización hacia lo estrictamente económico: Chile es una empresa, él es el dueño.

Pero una sociedad no es un hogar ni una empresa. En Grecia el hogar precedió a la política, pero se hizo insostenible. Debía existir una dimensión de construcción de acuerdos y de explicitación del conflicto. Para coordinarse los griegos se juntaron en las plazas o, en definitiva, las hicieron. Y luego construyeron la polis, la política. Y después pensaron cómo iban a llevar a los que nacían desde el hogar a la política. Porque claro, es evidente que a medida que pasa el tiempo, los incipientes habitantes de la polis aprendían de sus ventajas. Un día, los miembros de un oikos sacan agua de un riachuelo para regar y este se seca. Obviamente, el resto de los afectados, habitantes de otros hogares, se molestan. El conflicto supone una resolución. Se ven las bondades de la polis cuando se previene ese tipo de incordios gracias a la existencia de criterios, acuerdos, normas, que al ser respetadas regulan adecuadamente las relaciones. Ahora bien, los problemas pueden ser mayores: robos, violencia, cercos que son removidos, conflictos amorosos, corte de caminos, construcción de ellos; todo eso requería a la polis. Lentamente se aprende a valorar el aporte de la política. Descubren los griegos que hay algo que es común a todos, que hay la «cosa pública», asuntos que invariablemente atañen a muchos y que legítimamente todos deben estar al tanto. Quien no se da cuenta de ello es un idiota, alguien carente de la comprensión más básica: que a todos conciernen los caminos, los riachuelos, las normas, la fertilidad de la tierra, los invasores de tierras lejanas.

Pero ¿es que cada generación tendrá que descubrir esta importancia y partir siempre de cero? ¿Es que cada uno de los habitantes jóvenes de un oikos descubrirán con conflictos y errores la importancia de lo público? A los griegos se les impuso como evidencia que no tenía sentido que cada generación aprendiese de nuevo, a partir de diversas experiencias, la noción de lo público. Por ello, resultaba imprescindible la existencia de un modo para incorporar a los niños en la polis de forma tal que resultara natural integrarse con las normas, con la actividad económica, con los valores conjuntos y con los criterios de decisión política. Fue entonces cuando los griegos inventaron la educación, la paideia. Desde entonces la educación es un viaje, un trayecto, siempre el mismo, mejor o peor hecho: es el camino que conduce desde el hogar y los lleva a la política, a la ciudad, a la sociedad. Una y otra vez, por miles de años, la educación ha hecho lo mismo: toma un niño en el hogar y tras muchos avatares, tras complejos aprendizajes, tras los fracasos y los éxitos, lo termina entregando en la polis. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero siempre el asunto es cómo incorporar al niño en los valores de una sociedad, en su conocimiento, en sus normas y en su vida económica (laboral y de consumo).

Este viaje se ha hecho más complejo, las normas sociales son más sofisticadas, la irrupción del derecho supone dificultades crecientes en las sociedades. Ser habitante de una sociedad contemporánea tarda mucho. Lo más complejo ha sido el esfuerzo por integrar a los jóvenes en el aparato productivo, en el mercado laboral, en el aprendizaje a ser usuario y operador de sistemas complejos para producir bienes y servicios. La cultura es también más vasta. Y la oferta de sistemas de valores alternativos en la cultura es mayor. El desafío para la educación es más complicado. La presión sobre ella se sitúa en distintos planos, pero considerando la importancia del dinero y de la movilidad social, la educación comenzó a verse fundamentalmente como integración al mercado del trabajo. Una de sus dimensiones tomó un predominio relevante. Ha sido este un fenómeno mundial. Pero en Chile más que en otros sitios. La visión de la educación como inversión y productor de riqueza se unieron. La educación se hizo software de un hardware que era el cuerpo. Y el lugar de instalación de ese hardware y ese software sería la empresa. El viaje se hizo tedioso y largo, angustiante, pues estaba basado en una promesa de éxito, y desde siempre (y hasta siempre) el éxito no está garantizado. Pero este largo viaje era en definitiva incapaz de ir demasiado lejos, era un viaje con sinuosas rutas que caracoleaban sobre sí mismas. Al final no era lejos donde se llegaba. Se arribaba a la fábrica, a la empresa, se trabajaba unas horas. Ese viaje permitía que aumentara la productividad, la educación afianzó el vínculo entre ciencia y tecnología, mientras estas últimas formularon una educación en ellas concentrada. El viaje a la polis se estaba cuestionando.

Chile ha sido un caso emblemático de destrucción del sentido político de la educación. La paideia chilena no lleva a la polis, conduce al mercado. No es educación para el ciudadano, sino para el emprendedor. Bajo este prisma, el sueño de la polis chilena era convertirse en oikos, en espacio de producción, en utilidad. Su sentido último, su fin, era la propia disolución de la polis. El ideal era que cada niño pudiera incorporarse al mercado del trabajo y ganar la mayor cantidad de dinero posible. La unidad de medida del mérito sería la Prueba de Selección Universitaria (antes la Prueba de Aptitud Académica) y, según el puntaje, cada estudiante (si era inteligente, se pensaba) elegiría la carrera más rentable de acuerdo a sus intereses y capacidades expresadas. En este marco no resultó extraño que con el paso del tiempo la educación fuera significada como una inversión, un pago realizado en un momento X que se debía transformar en una rentabilidad en un momento Y. Las carreras más rentables, en su momento ingeniería comercial, psicología, derecho, se colmarían de demanda y finalmente el mercado las transformaría en carreras menos rentables para dar paso a otras. Al final del camino el mercado se regularía, en el largo plazo, cuando estemos todos muertos, como dijo Keynes.

Bajo esta mirada fue posible que Chile fuese el país con la educación más cara del mundo. El 22 por ciento de los ingresos del hogar están destinados, en promedio, a pagar la educación superior. Una excentricidad que ningún país conoce, pues el segundo país más caro es Corea y cuesta casi la mitad.

Tabla 1: Precio de la educación en países de la OCDE respecto a ingreso per cápita¹⁶

(1) No pertenece a la OCDE.

(2) Corregido por paridad en el poder de compra.

(3) Gasto promedio en educación/PIB per cápita x 100.

Con una educación que se ha tornado capacitación para el trabajo futuro, el sentido de formar profesores se reduce. Cualquiera que trabaje puede entrenar a otro que trabaja, se asume. No hay procedimientos para habilitar profesores de educación superior, no hay un sistema mínimamente complejo para llegar a ser académico de una universidad, basta un concurso de antecedentes. Se desgasta así la importancia del acto de enseñar y, desvalorizado, pensamos que incluso los profesionales de un área pueden legítimamente hacer clases en el colegio. No se entiende, en el marco de esta educación-capacitación, que el proceso de aprendizaje tiene condiciones cognitivas y sociales que deben ser conocidas. Solo importa que al final del camino el estudiante egrese lo más rápido posible y encuentre empleo lo más rápido y al mejor precio posible. La industria educativa se comporta entonces como todas las industrias: producir más rápido la mercancía (el egresado), venderla al mejor precio (aunque en este caso se vende el proceso y luego la mercancía terminada).

En definitiva, Chile no tiene hoy un proyecto educacional, sino que ha hecho algo muy diferente: ha construido una industria educativa. Como tal, esa industria ha buscado la expansión del mercado educativo y ha procedido como corresponde cualquiera que juega con los precios de un mercado de bienes. La mejor carrera a ofrecer para una universidad es aquella que vende la mayor cantidad de ilusiones futuras (presunta mejor empleabilidad). Por esa carrera se puede cobrar más, no obstante esa conclusión sea falsa, pues el conocimiento para saber si efectivamente se tendrá empleo no reside en la expectativa, sino en un análisis del mercado laboral que se desconoce. No solo porque los análisis de mercado laboral en Chile no son frecuentes, sino además porque son por definición imposibles como mecanismo de predicción individual futura. El ejemplo más claro es simple: en 1995 era objetivamente «buen negocio» egresar de psicología y de ingeniería comercial. Quince años después son carreras que han saturado no solo su propio mercado, sino además otros.

Las universidades que más han crecido en Chile han aumentado radicalmente la oferta de cupos, pero no la variedad de carreras. Varias universidades privadas se han acercado en cantidad de alumnos a la Universidad de Chile, históricamente la más masiva. Sin embargo, ello se ha realizado en el marco de entregar una infinidad de carreras que no tienen una clara tradición de ser cursadas en el ámbito de la vida universitaria o en el marco del incremento de estudiantes en carreras de gran tradición que son ofrecidas al por mayor (derecho y psicología, por ejemplo), pues tienen la ventaja de ser carreras de mucho prestigio y bajo costo formativo para la universidad, lo que significa que se puede cobrar una cifra abultada y gastar un monto exiguo. Lo que normalmente se conoce como un buen negocio. Esto significa que los estudiantes están estudiando lo mismo. Están pagando por saturar su mercado laboral. El escenario de su formación es el escenario del aumento de sus condiciones de vulnerabilidad frente a un crecimiento sistemático de la competencia. Esa competencia no se ha traducido en mejores profesionales que destacan sobre otros para mejorar su posición de mercado. Esa competitividad ha llevado al precio de su trabajo a la baja y el de las carreras al alza. Entre 2005 y 2010 el precio de las carreras universitarias aumentó un 12 por ciento.

La educación en Chile incorpora a los estudiantes al mercado. Lo hace desde el primer día en que se inscriben en un colegio, el instituto profesional, el centro de formación técnica o la universidad. Por el contrario, la educación en Chile se demora mucho tiempo —cuando lo logra— en incorporar a los estudiantes al conocimiento y la cultura.

Como acto de vergüenza frente a la evidencia de una educación de mercado, la legislación sobre universidades privadas de Pinochet estableció que se prohibía que ellas lucraran. Incomprensible hecho que no se pueda lucrar en la universidad, pero sí en un centro de formación técnica, en un instituto profesional o en un colegio particular o particular subvencionado. No tiene lógica alguna. Es simplemente el acto ritual de honrar a un dios antiguo y asesinado. Tampoco hay sanciones para el lucro en la ley y se asume el hecho de que es perfectamente legal extraer, de un modo sencillo, ganancias de las universidades. A nadie le extraña que el precio de venta de una universidad en Chile pueda llegar a cifras propias de las grandes compañías y que al mismo tiempo se diga que dicha institución carece de interés en lucrar. En el mes de diciembre de 2000 se efectuó la compra de la Universidad de Las Américas por parte de Sylvan International Universities, adquiriendo el control de la sociedad anónima Desarrollo del Conocimiento por un valor de 26 millones de dólares. Por su parte, según un informe oficial norteamericano, en 2003 la misma compañía estadounidense adquirió el 80 por ciento de la Universidad Andrés Bello y de la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales (AIEP), un instituto técnico-profesional, que significaron una inversión de 37 millones de dólares.¹⁷

No parece verosímil que los capitalistas realicen inversiones de millones de dólares por fundaciones sin fines de lucro. No parece verosímil que la Universidad Andrés Bello reciba de herencia a partir de un convenio todos los alumnos de la Universidad Marítima en el momento de su extinción y que, por otro lado, esta institución cambie de propietarios luego para llamarse Universidad Los Leones. La situación es simple. La Universidad Andrés Bello compró la cartera de clientes y el Instituto Profesional Los Leones, en vez de pasar por el trámite para hacerse universidad, compra el derecho ya adquirido por la institución antes conocida como Universidad Marítima. Todo esto demuestra que las regulaciones existentes en Chile solo sirven para hacer más creativos a los empresarios para pasar lejos del espíritu y cerca de la letra de la ley.

Los ejemplos abundan. A fines de mayo de 2012 el rector de la Universidad del Mar, el abogado Raúl Urrutia, renunció a su cargo en una carta donde denuncia que para la universidad era prioritario pagar los arriendos por sobre los salarios y cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Se debe considerar que en las universidades privadas el pago de arriendos se suele ejecutar a empresas de los mismos dueños de la universidad, pues resulta ser el modo en que se logra lucrar con entes (como las universidades) que no pueden tener esos fines. Para ello, los propietarios se estafan a sí mismos, abultando los montos de arriendo a niveles absurdos. Por tanto, cuando los dueños dan prioridad al pago de arriendos por sobre salarios, no solo cometen una aberración ética, al poner por delante los bienes inmuebles antes que los derechos laborales; sino que además están sencillamente retirando las utilidades de su negocio. Como la universidad estaba muy mal económicamente, suponiendo un escenario de quiebra futuro, solo los trabajadores deberían luchar por obtener su dinero, no así los inversionistas, que ya lo habrían recibido. ¿Las medidas del gobierno? La respuesta de las autoridades es que no se puede hacer nada con esa universidad, cuando mucho se podría impugnar la acreditación. De hecho, el ministro Harald Beyer señaló que «el Mineduc tiene pocas atribuciones de fiscalización en esta materia, y actúa en función de las acusaciones que le llegan. De hecho, en el caso concreto de la U. del Mar ya estábamos actuando, porque habíamos recibido denuncias de una sede de Copiapó, respecto del incumplimiento de los programas educacionales ofrecidos, y también respecto de los pagos salariales. Estábamos trabajando con el Consejo Nacional de Educación para ver cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir y cuáles son las sanciones que se pueden establecer.»¹⁸ La respuesta del ministro no solo revela el diseño institucional del modelo educativo, donde el Mineduc tiene objetivamente escasas atribuciones para intervenir incluso frente a denuncias consumadas, sino que además revela la falta de voluntad política. Y es que ante la pregunta del periodista respecto a si es este un caso de «lucro» en las universidades, la respuesta del ministro es: «No sabemos si ese arriendo que se paga es arriendo de mercado o no. Lo fundamental aquí no es eso, lo fundamental aquí es la poca preocupación que ha tenido la universidad por entregar los programas comprometidos. Si uno quiere calidad en el sistema de educación superior, lo que tiene que hacer es asegurar que los programas que la institución ofrece cumplan con las expectativas de los estudiantes y en este caso eso no se está cumpliendo, porque independientemente de estas transacciones, lo que está ocurriendo es que no se les está pagando a los profesores y no se están cumpliendo los programas que se les ofrecieron.»¹⁹ Como se puede apreciar, el ministro quita toda relevancia al hecho de que la universidad pueda estar desviando recursos y saltándose los marcos regulatorios establecidos por la ley. Es decir, una universidad en Chile puede hacer lo que guste mientras cumpla con los programas (lo que en este caso ni siquiera se estaba cumpliendo). La educación no ha sido entonces un derecho social y político en el Chile dictatorial y posdictatorial, ha sido un sitio de construcción de mercado. El sistema de becas se ha centrado en los más pobres, pero no en todos, sino en quienes de entre los pobres «se lo merecen». Y se lo merecen si han logrado obtener un puntaje meritorio. Suena razonable que con fondos acotados se apoye a quienes más se lo merecen de entre quienes más lo necesitan. Suena hermoso incluso. Sin embargo, hay veces que es solo el sonido lo verdaderamente hermoso, de allí los cantos de sirenas. ¿Qué pasaría si la unidad de medida del mérito no mide precisamente el mérito? Entonces es posible que estemos cometiendo una injusticia. Pues bien, en Chile la variable que más explica los resultados educacionales en la enseñanza secundaria es el ingreso económico. Dramáticamente, en Chile los resultados educacionales marcan diferencias notables según el ingreso económico de los hogares de referencia de los estudiantes. Y el puntaje SIMCE de segundo medio se comporta no solo en relación con el ingreso, sino además de modo idéntico a la PSU de acuerdo a los mismos ingresos. En segundo medio la PSU ha sido «rendida», aunque formalmente no haya acontecido. Cada estudiante debe realizar el acto dos años más tarde, aunque la sociedad como un todo ya lo haya ejecutado antes.

Gráfico 2: Puntaje SIMCE y PSU según ingreso autónomo promedio (pesos)²⁰

Irónicamente, en cuarto básico todos los estudiantes chilenos obtienen el mismo SIMCE. Nuestro sistema educacional no solo es responsable de no haber paliado las diferencias económicas en la dimensión educativa, sino que es responsable de la producción de esas diferencias durante el proceso. Por supuesto se nos dirá que la gracia es que los colegios particulares son mejores y generan más puntajes. Es la respuesta de quienes defienden el modelo y, asustados, los consumidores tienden a hacerles caso. La verdad es distinta. Los mejores colegios y los más eficientes son los municipales, el problema simplemente radica en las condiciones de origen de los estudiantes. En todo caso, se debe insistir en la igualdad de puntajes en cuarto básico, pues ha sido discurso tanto del gobierno de Bachelet como de Piñera la necesidad de reforzar la cobertura de los jardines infantiles. Y los datos demuestran que no es hoy esa una prioridad que responda a la necesidad, sino que más bien hace caso al interés de enfocar los temas educacionales allí donde lo público no tiene presencia.

A nivel preescolar no existen entidades realmente públicas. No hay un sistema de educación pública preescolar. No es extraño que los defensores del modelo educativo implementado en los últimos años en Chile hagan énfasis en esta educación. Es lo mismo que acontece con los centros de formación técnica (CFT) o los institutos profesionales (IP), que sistemáticamente han sido parte del discurso de las autoridades políticas, pero ello básicamente porque permite operar en instancias educativas que constituyen estrictamente un mercado y no un sistema educativo. Los gobiernos chilenos han deseado en este ciclo político destruir la educación pública, hacer de la propiedad estatal de instituciones educativas un rasgo irrelevante y promover la educación privada.

Lo cierto es que la educación en Chile ha sido zona de sangramiento de la integración social, política y cultural. Ha sido zona de ampliación de mercado y de destrucción de derechos. La educación era la esperanza falsa en un futuro mejor, asumiendo

que era la vía del mérito. A esa esperanza se le puso un precio y sus acciones fueron puestas a la venta en un mercado que las inflamó hasta el extremo. Todas las universidades se mueven sobre el arancel de referencia calculado por el Mineduc.

Tabla 2: Arancel de carreras de alta demanda en distintas universidades chilenas²¹

Objetivamente, las universidades cuestan más caro de lo que debieran en un mercado normal, asumiendo que hablamos en el marco de una lógica mercantil. Es posible aquello porque el precio expuesto a los consumidores está mediado por el valor de una ilusión. Y como la educación no es un derecho, sino una ilusión, se ha de pagar por ella. Por eso las becas solo cubren a aquellos que por sus ingresos los dejan fuera del mercado y que además son resilientes. El único pobre que vale es el que ha logrado salir adelante a pesar de todo. Hay que ser héroe de guerra o nada. La línea divisoria se trazará justo en el punto donde se asume que el estudiante, realmente su familia, puede comenzar a endeudarse. El análisis de las becas se realiza mirando el ciclo y las oportunidades de endeudamiento. Es el mercado financiero el que marca la frontera entre una beca y un crédito. Sobre cierto umbral, el estudiante puede endeudarse para estudiar, ya que sus ingresos futuros podrán paliar dicho proceso de endeudamiento, se dice. Y sobre otro umbral, entonces el estudiante puede pagar su carrera y por tanto no requiere ayuda. ¿El resultado? Por una carrera de 16.800.000 pesos, los becados no pagan nada (aunque improbablemente puedan ingresar a universidades de mayor calidad), quienes tienen ingresos más altos pagan 16.800.000 pesos y las clases medias deben terminar pagando 30.800.000 pesos.

Cuando el endeudamiento no podía llegar más lejos, pues los estudiantes no podían pagar sus deudas, Chile decidió explicitar cuál era su interés. Y es que al final del camino el interés no era educar, era ampliar el mercado financiero. Lo importante era mantener un nuevo negocio. Y entonces se asumió que debía existir un crédito cuyo aval no fuera la familia o un amigo, sino el Estado. El único objetivo se seguía cumpliendo: que al sistema financiero llegaran los recursos. El absurdo es que era una invitación a no pagar la educación. El futuro era llegar a financiar la educación de los chilenos por el Estado, pero con provisión de privados, de alto costo y baja calidad. Las universidades más beneficiadas por el crédito con aval del Estado tienen pésimas referencias académicas.

Tabla 3: Principales instituciones receptoras de fondos públicos por crédito con aval del Estado (CAE)²²

Gráfico 3: Principales instituciones receptoras de fondos públicos por crédito con aval del Estado (CAE), año 2010²³

Gráfico 4: Promedio de puntaje PSU de ingreso año 2010 de las principales instituciones receptoras de fondos públicos por crédito con aval del Estado (CAE)²⁴

Gráfico 5: Proyectos Fondecyt y publicaciones ISI de las principales instituciones receptoras de fondos públicos por crédito con aval del Estado²⁵

Tabla 4: Proyectos Fondecyt y artículos ISI de las principales receptoras de fondos públicos por crédito con aval del Estado²⁶

Las universidades con una clara orientación al lucro han sido las receptoras privilegiadas de transferencias públicas en el marco del crédito con aval del Estado. Esas universidades han diseñado un modelo de negocio para relacionarse con ese beneficio que cubre con virtudes sociales sus explícitos intereses de obtener esos recursos garantizados por el Estado, en sociedad perfecta con lo que reciben los bancos por el mismo concepto. Lo cierto es que detrás del CAE no hay ningún criterio educativo ni de excelencia para distribuir sus fondos, operando ante todo como un procedimiento de expansión financiera.

La educación chilena estaba llevando a los estudiantes al mercado, era esa su única labor. A tal punto que los había anulado como estudiantes y los había transformado en un aspecto para hacer crecer la economía del país, pero no después de sus estudios, sino durante. Los estudiantes no existían como personas, las salas de clases eran irrelevantes, eran una parodia, una escena inventada, la tapadera de un negocio que ocurría en otro sitio y con otros protagonistas.

Pero la educación hace siempre lo mismo. Como Hegel diría, hay siempre una astucia de la historia para lograr llegar donde debe. La educación había sido privada de su posibilidad de llevar a los niños del hogar a la polis. Y buscaba desesperadamente el camino de vuelta. Y volvió. El 2011 comenzó con los estudiantes caminando del hogar al mercado y terminó con los estudiantes en el agora, en la plaza pública, en las calles, integrados en la polis. No fue un proceso sin dolor, pero fue lo que ocurrió. Como si de una astucia de la historia se tratara, la educación terminó haciendo lo que sabe hacer y evitando la ruta enfermante. La gran ironía es que hubo que parecer enfermo para estar sano: un año con muchos colegios en paro, con miles de horas perdidas en aula. Y sin embargo, justamente ese año, hubo de ser el año de la educación. Justamente ese año, en medio de los paros, mejoraron los puntajes SIMCE de los colegios municipales y se acortó la brecha entre colegios pobres y ricos. Mientras el gobierno criticaba la irresponsabilidad de los estudiantes al detener el proceso educativo, resultaba que este iba aconteciendo. Y es que a veces para lograr la sanación es necesario abrir heridas, como el médico que corta la piel y desgarra órganos para poder quitar una enfermedad. El año de la educación se hizo con menos clases y mucha calle, porque la educación estaba enferma y la sala no era el camino hacia la polis.

El camino hacia la polis se trazó a punta de marchas. Los paros y tomas fueron mecanismos de presión y demostración de fuerza, pero el componente articulador fueron las marchas y su capacidad de hacer ver que Chile estaba movilizado. La energía del movimiento estudiantil estaba ahí: los paros y tomas son quietud, no son energía. Fueron las marchas que sorprendieron en su escala. En el Chile despolitizado una marcha de quince mil personas era sumamente significativa y la cifra de cincuenta mil era una cifra enorme. El 2011 comenzó mostrando la capacidad de movilizar a treinta mil personas y luego los números fueron creciendo: marchas de cien mil se hicieron rutinarias y no fueron infrecuentes las de trescientos mil. Las marchas que confluyeron en la concentración del parque O’Higgins el tercer domingo de agosto sumaron más de medio millón de personas reunidas y en todo Chile se contabilizaron durante esa semana más de un millón doscientas mil personas. La tesis de un Chile sin participación, completamente cierta hasta unos meses antes, se derrumbaba. Durante 2011 las marchas fueron aumentando su participación y mostraron jornadas históricas, como la marcha de los paraguas, en medio de la lluvia y la nieve, con cerca de doscientas mil personas. De hecho, en agosto de 2011 se produce un salto enorme en la legitimidad del movimiento y en el momento de mayor aprobación (89 por ciento de la población estaba de acuerdo con los estudiantes, según el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea).

Gráfico 6: Cantidad de asistentes a las marchas por semana, entre abril y octubre de 2011²⁷

La política no solo retornó en forma de movimientos masivos en las calles, sino además en forma de espacio público. Chile ha sido históricamente un país con un espacio público deficitario. Desde la instauración de la República de Chile se instaló la convicción de una sociedad inmadura e incapaz de hacerse cargo de sí misma. Una sociedad poco capaz de hacerse cargo de su destino requería de figuras fuertes que sí se hicieran cargo de él. Los grandes prohombres forjaron instituciones y la ciudadanía chilena fue siempre postergada en las decisiones más relevantes. También la ciudadanía se asumía en dicho rol y consideraba un problema hacerse cargo de su destino. La imagen fundamental de las instituciones en Chile se relaciona con esta concesión: el pacto social entrega el poder a las instituciones, para satisfacción de quienes en ellas residen y para comodidad de todos los ciudadanos que se abocan a sus asuntos. Sin embargo, no es solo el pacto implícito el que resulta decisivo. Asimismo hay una arquitectura del espacio público que ha sido funcional en desincentivar la posibilidad de una mayor participación de las ideas ciudadanas en el plano público. El espacio público moderno tiene una fuerte dependencia de los medios de comunicación. En el Chile decimonónico los medios de comunicación fueron escasos y el único que logró mayor proyección estuvo asociado a la posibilidad de contar con la propiedad de la principal imprenta del país, El Mercurio. De hecho, el imprentero de dicho periódico (Santos Tornero) tuvo una influencia enorme y sus memorias son una fuente excelente de conocimiento de la época. La cantidad de imprentas de una sociedad en el siglo XIX tiene una fuerte relación con la apertura y capilaridad del espacio público. Una república con pocas imprentas suponía un mayor control de quienes tenían esas imprentas sobre la cultura del lugar. En Chile, a mediados del siglo XIX, había dos imprentas. Países como México, en la misma época, superaban la decena.

Todavía hay quienes dudan de la importancia de los medios de comunicación y de su poder sobre la sociedad. Pero se suele limitar esa imagen de poder a la influencia en ciertas ideas, sin ver la importancia de sus procesos de selección, de la poda de contenidos y discusiones que suponen naturalmente la invisibilidad de dichos temas. Pocos imaginan, sin embargo, hasta dónde se puede llegar. Es posible que el mejor ejemplo de influencia de los medios de comunicación sea el «caso de la ortografía chilena» en el siglo XIX.²⁸ Por entonces, uno de los esfuerzos principales de los grupos intelectuales dominantes (positivistas) se concentró en la modificación del idioma castellano, al que se le reconocían enormes potencialidades, pero a la vez numerosos ripios derivados de ciertas irracionalidades. Ya en 1823, Juan García del Río y Andrés Bello propusieron una nueva ortografía que evitaba la repetición de sonidos en diferentes fonemas, al tiempo que evitaba que un mismo signo representara distintos sonidos. Este tipo de situaciones son frecuentes en el idioma castellano y fue así como un trabajo sistemático detectó el conjunto de irracionalidades y propuso modificaciones revolucionarias en nuestra ortografía, haciéndola menos arbitraria y estableciendo el acto político de contar con una impugnación a la cultura dominante en las excolonias españolas desde la misma cultura occidental (y específicamente desde una variante «más avanzada» de ella).

Lo cierto es que pasan muchos años sin que dicha propuesta tenga cierta viabilidad. El escenario intelectual recién se ha estabilizado y ha adquirido relevancia en la cuarta década del siglo XIX y es entonces, específicamente en 1843, cuando en la Facultad de Humanidades, Domingo Faustino Sarmiento presentó un proyecto de reforma ortográfica en su «Memoria sobre la ortografía americana».²⁹ La reforma era muy radical y no parecía muy probable que institucionalmente la Universidad de Chile apoyara dicha reforma. No obstante, la Facultad de Humanidades aceptó ser parte de la reforma ortográfica, aunque se matizaron algunos elementos. De ese modo la propuesta que emanó de la Universidad de Chile suprimió la «g», la «h», la «y», además de eliminar la «x» cuando ella aparecía antes de consonantes. No se aprobaron reformas consideradas más extremas, como las de escribir siempre con «rr» toda palabra que use la pronunciación vibrante múltiple. De este modo, la propuesta de Sarmiento no tiene un éxito total, pero se instala oficialmente la idea de una reforma que verdaderamente era una jugada política muy relevante por su corte refundacional y por la incorporación de los asuntos de lenguaje, que (como ha sido destacado por la teoría sociológica y la historiografía) resultaron ser expresiones fundamentales de las construcciones de identidad nacional frecuentes en la época. La diferencia lingüística era también diferencia política y no estuvo exento Chile de ese esfuerzo. Por eso es que la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile decide apostar por la reforma ortográfica, al tiempo que asume que una transformación excesiva pueda dejar a Chile, como país innovador, en una condición de distanciamiento con el resto de los países del subcontinente. No era el plan ser excéntrico, sino marcar una diferencia con sentido y con capacidad de proyección fuera de las fronteras. Por esto, la Facultad de Humanidades invita a un tránsito en mejoras sucesivas y no un cambio completo (Pedernik, s/f). Esta ortografía fue conocida como la «ortografía de Bello» u «ortografía chilena». Contrario al temor del aislamiento, la ortografía chilena logra hacerse un espacio en el subcontinente y es adoptada por Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Argentina.

La ortografía chilena estuvo vigente por ley más de ochenta años, hasta 1927, cuando Carlos Ibáñez del Campo retornó a la Real Academia Española como fuente de orientación lingüística. No obstante, la ortografía chilena era letra muerta hacía muchísimo tiempo. Y en ello tenía un rol protagónico El Mercurio. En Reminiscencias de un viejo editor (1889), las memorias de Santos Tornero, por entonces editor de El Mercurio en Valparaíso, el influyente propietario confiesa que por desgracia

fue puesta en práctica la nueva ortografia, por la misma Universidad, cuyo rector lo era el eminente literato D. Andrés Bello, y por toda la prensa del pais, incluidas las publicaciones oficiales y los libros de texto. Únicamente la imprenta de mi pertenencia se mantuvo rebelde, apesar del empeño del entonces redactor del MERCURIO, Félix Frias, arjentino y amigo de Sarmiento, que se declaró partidario de la reforma y la recomendó entusiásticamente en sus escritos. Las jestiones del señor Frias no dieron resultado, hasta que, a contar desde el 28 de Mayo, se empezaron a imprimir los editoriales con la nueva ortografia, conservándose la antigua en todo lo demás del diario³⁰ (Tornero, 1889: 55, la transcripción es literal).

El relato de Santos Tornero es lapidario: solo El Mercurio se mantuvo rebelde, aunque la reforma apareció con tal vigor que incluso dentro de sus páginas lograron imprimirse textos con la reforma ortográfica. Sin embargo, el enorme avance de la nueva ortografía no duró mucho tiempo. La imprenta de El Mercurio de Valparaíso era la principal del país y su imprentero logró imponer su voluntad más allá de la ley, de la Universidad de Chile, de los círculos intelectuales y de la convicción total del Estado. Es el mismo Santos Tornero el que lo reseña con claridad:

Pero poco tiempo presentó el MERCURIO la anomalia de dos distintas ortografias. Apenas habian pasado dos meses, en fines de Julio, ya los editoriales se imprimian en la ortografia llamada antigua [...] Por lo que hace a las otras imprentas del pais, poco a poco fueron abandonando la ortografia sarmientesca. El editor testarudo como me calificó el señor Sarmiento en uno de sus articulos, venció al fin³¹ (Tornero, 1889: 56, la transcripción es literal).

Pocos vestigios quedan de esta reforma chilena, que fue abandonada en la calle y más allá de la ley por la influencia de una imprenta, dado que en Chile la cantidad de ellas era exigua. Los medios de comunicación ocupan un sitio en la amplificación del debate social hacia el espacio político; por tanto, quienes consiguen tener control de ese punto de amplificación, logran un trastorno en la imagen de realidad y una influencia decisiva. No es extraño que Sebastián Piñera se haya comprado un canal de televisión cuando decidió transitar hacia la ruta presidencial. No es extraño que Álvaro Saieh haya realizado un avance tan significativo al mundo de los medios de comunicación luego de haber acumulado un enorme volumen de capital, pues en el espacio de los medios es otro el recurso que se acumula: el capital político. Y no es extraño que el camino sea el mismo que ha emprendido Luksic y que antes ya había seguido Ricardo Claro.

De la reforma ortográfica chilena no quedó mucho: el acceso principal a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile nos muestra la disciplina que da origen a ese campus como «injeniería». Fundada en tiempos de vigencia de la ley, guarda todavía ese recuerdo. Sin embargo, durante muchos años quedó solo como escritura administrativa, sin penetración en las calles. El control de una imprenta fue más fuerte que Andrés Bello, Faustino Sarmiento, los círculos intelectuales, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, la propia Universidad de Chile y que una ley de la república. Es ese un ejemplo notable de la influencia, del poder que portan los medios de comunicación y los soportes sobre los cuales operan.

Sin embargo, los medios de comunicación tienen etapas diferentes. La imprenta fue fuente revolucionaria cien años antes de la historia de la ortografía chilena. Fue en Francia, donde los aires revolucionarios que terminaron el 14 de julio de 1789, fecha precedida por un movimiento cultural y periodístico donde la imprenta tuvo un valor decisivo. Una nueva tecnología mediática supone dificultades de control para los poderes instalados, acostumbrados a controlar lo existente y ciertamente ciegos a lo nuevo. Esa ceguera es funcional e inteligente en el fondo: las cosas nuevas fracasan la mayor parte de las veces. No solo no vale la pena ponerle atención, sino que además es objetivamente contraproducente. Un grupo dominante que no se inquieta por los avatares que a su alrededor acontecen, normalmente hace un buen negocio. Y es que, si les da importancia, los hace crecer. Pero hay ocasiones donde parece conveniente arrepentirse de este tipo de criterio, pues es inevitable tomar en consideración lo que emerge con la potencia de lo inevitable. La revolución de la imprenta configuró las condiciones para la existencia de «la República de las Letras», movimiento cultural decisivo en configurar el escenario revolucionario. Y los folletines clandestinos fueron un recurso sumamente relevante para diversos movimientos contestatarios.

En el Chile actual el ejemplo revolucionario de la imprenta puede homologarse a lo acontecido con las redes sociales en 2011. Es cierto que su masividad, que existe, resulta limitada. Es cierto que el uso de estas redes se concentra en grupos de mayores ingresos y en quienes son más jóvenes. Pero es indudable que la capacidad de producir realidad de las redes sociales supera todos los límites conocidos. Ha logrado competir a la lógica de construcción de realidad de la televisión, que ya se configuró como una transformación en los hábitos más básicos de los ciudadanos. Las redes sociales permiten la existencia de un espacio público de calidad limitada, pero un espacio público al fin y al cabo. Permiten la coordinación de grandes volúmenes de personas, como aconteció con numerosas marchas en 2011. Las redes sociales permiten aproximar contenidos especializados y configurar estructuras de poder e influencia que resultan nuevas y novedosas. La gestión de la realidad se hizo distinta para los genios de la comunicación que trabajan a sueldo para los poderes y objetivamente el poder acumulado en las zonas densas de concentración de recursos de la sociedad se vio disminuido. No pudieron adaptarse a nuevos modos de hacer las cosas y no estaba construido el repertorio de control político. Probablemente, como toda tecnología, finalmente sea colonizada por los grandes poderes. Pero de momento fueron herramientas capaces de producir impertinencia allí donde solo se buscaba la repetición sistemática de lo mismo. Y dicha impertinencia tiende a parecerse a la libertad.

Quienes piensan que las redes sociales han mejorado la capacidad de organización, esto es, que han reducido los costos de transacción, quedan muy limitados en el análisis.³² No cabe duda de que tienen esa capacidad, pero es innegable la profundidad del fenómeno. Chile ha sido un país deficitario de espacio público y las redes sociales operaron como órganos alimentadores de ese espacio público, lo fortalecieron, lo hicieron crecer, le dieron sustento. Ello no implica que toda la sociedad ingresó a este nuevo espacio público, pero la densidad de lo construido fue mucho mayor. Un cambio cualitativo es siempre un cambio de paradigma, de mirada, de alcances. Y las redes sociales fueron un cambio cualitativo impresionante. Lo que parecía información de especialistas trasnochados en marzo se transformó en datos contundentes y asimilados por gran parte de la sociedad en agosto. Un porcentaje ínfimo de ello ocurrió por los canales de televisión, una cantidad limitada de esos datos se entregó por la prensa escrita. Fueron las redes sociales las que transmitieron las fuentes más relevantes y los contenidos más significativos. El gran aparato hermenéutico sobre la educación en Chile fueron las redes. Un error sería pensar que ello les resulta parte de su esencia, en cualquier caso. Ya vemos los denodados esfuerzos por generar bloqueos al poder ciudadano y a la capacidad de ser espacio público de las redes sociales. Y en ello están de acuerdo, por regla general, quienes tienen más que perder con la existencia de tecnologías que se puedan volver en su contra. Sin embargo, de momento el espacio público está más texturizado que hace un año y las redes sociales siguen siendo espacio público y siguen siendo capaces de articular disidencia.

No solo fueron agente de cambio y de espacialización de lo público, no solo fueron una nueva tecnología al servicio de la ciudadanía, las redes sociales también fueron síntoma y, con ello, articularon la posibilidad de mostrar la derrota de los enemigos del movimiento estudiantil. El día clave del movimiento es el 4 de agosto de 2011. Todo parecía indicar que las movilizaciones estudiantiles podían desbaratarse. Diferencias en la coordinación o derechamente una estrategia pro negociación de grupos de estudiantes derivaron en dos marchas separadas, una por la mañana, otra por la tarde. El gobierno apostó a ganador y radicalizó su postura, pensando que la mera descoordinación o el error táctico de los estudiantes concurría a su favor. Se ancló en la compulsión chilena al orden y aplicó coacción física, detenciones ilegales y toda clase de recursos en contra de la ejecución misma de la marcha. Probablemente la convocatoria habría sido baja, pero el gobierno no quiso saberlo y cerró la Alameda como lugar de movilización, generando toda clase de espasmos por la ciudad. Se dice que fue Sebastián Piñera en persona quien quiso prohibir el uso de la Alameda. De haberlo permitido, se habría realizado una marcha más pequeña que las anteriores. Al no permitirlo, la ciudad se transformó en una barricada tras otra. Camila Vallejo llamó a un cacerolazo a las nueve de la noche. El llamado por Twitter fue trending topic. Las redes sociales hacían su trabajo, la coordinación luego de la rabia era un camino posible. Además fueron positivas, pues ese camino consumía una energía enorme que se estaba acumulando. La violencia probablemente fue menor a la que podría haber sido. El error de cerrar la Alameda se parecía mucho al cierre del lugar de reuniones de los tres estados en los meses previos a la Revolución francesa. Sistemáticamente los representantes de los distintos estamentos de la sociedad se reunían en negociaciones que se habían abierto por la fragilidad que iba demostrando la monarquía. Como las reuniones avanzaban rápidamente hacia transformaciones, las autoridades francesas decidieron señalar que el lugar de reuniones estaba en reparaciones y que entonces estas no podían realizarse. El error fue mayúsculo: dos de los tres estados fueron a la cancha de juego de pelota y desde ahí pronunciaron un juramento que se entiende como el momento de aparición de los aires revolucionarios. Y es que las ollas a presión no se tapan y destapan a placer. Piñera cometió un error semejante. Cerró el camino de la descompresión y abrió flancos por todos lados. Además, la ciudad parecía mucho más insegura con esta medida. Es sabido que Napoleón diseñó los Campos Elíseos pensando en las protestas: una explanada grande con calles pequeñas de evacuación generaba un mayor control sobre las marchas, ya que la gente reprimida se diluía en distintas callejuelas sin configurar una nueva masa. El principio es simple. No lo comprendieron ni Carabineros ni menos Sebastián Piñera.

El hito fundamental, en todo caso, sería en ese instante el equivalente a la «toma de la Bastilla» francesa. Si el orden instaurado en Chile había sido pro empresarial, si el protagonista del nuevo Chile era el modelo económico y sus fuentes fundamentales eran el emprendimiento privado, la reducción de lo público y el asumir que todos tienen un interés económico en cada movimiento y que el móvil de todo movimiento es el lucro; si ese era el orden, entonces la rebelión se había ido configurando en la frase que desmentía todo aquello: «No al lucro» había reivindicado la sociedad de las demandas estudiantiles. Y ello se había fortalecido con el descubrimiento del «caso La Polar», la multitienda que repactó unilateralmente a clientes para aumentar su valor bursátil. Ese caso se sumaba a la colusión de farmacias y a una serie de denuncias que mostraban el «abuso» como el concepto más explicativo de las relaciones entre empresas y clientes. El modelo había mostrado problemas por el lado de la relación empresario-trabajador, pero eso se había asumido. Sin embargo, la destrucción de la tranquilidad espiritual en el lado del consumo generó un daño enorme a la ciudadanía. Pues bien, el 4 de agosto de 2011 uno de los grupos de la marcha estudiantil se dirigió hacia calle San Diego y, no se supo quiénes, quemaron un local de la multitienda, a poco más de un mes de la denuncia.

Normalmente un acto de violencia de ese tipo es sancionado severamente por la opinión pública. La cultura chilena asume que la violencia solo es legítima cuando es civilizatoria y construye orden. Esta convicción otorga a la cultura chilena rasgos autoritarios fuertes y una tendencia importante a sobrevalorar el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción de sociedad, que es uno de los problemas históricos más importantes del país. Bajo este supuesto es que los militares se asumen insertos en las altas esferas de lo civil, en circunstancias que por lógica y por ley debieran estar excluidos de lo civil. Todos los beneficios que los militares tienen se les entregan para que se retiren de lo civil. Pero en Chile quieren lo uno y lo otro. Y lo han tenido. Pues bien, decíamos que este acto de violencia, junto a la quema de dos autos, marcó la jornada diurna. Y, sin embargo, la sociedad reaccionó entendiendo esos actos como parte de un rito, se estaba produciendo algo sagrado, era un sacrificio. El dueño de uno de los automóviles quemados declaró que él no justificaba el acto, pero que entendía que su problema era irrelevante al lado de los problemas de la educación chilena. Respecto al automóvil quemado en Valparaíso, la dueña fue reparada por el movimiento estudiantil, quienes juntaron fondos para pagar los daños. Pero lo más importante fue la quema de La Polar. En ese instante la energía de los chilenos quemó sacrificialmente al lucro, destruyó su legitimidad y lo condenó al infierno. Nadie levantó la voz, nadie dijo que estaba mal, Chile cerró los ojos con satisfacción y miró hacia otro lado sin hacer declaraciones. No podía confesar que estaba de acuerdo. Pero lo estaba. Chile estaba dispuesto a la revolución, pero con timidez, una segunda revolución silenciosa. La primera había sido hecha con los fusiles amenazantes y articulada en torno al toque de queda, a la ciudad vacía, a la postergación del ciudadano por riesgoso para el orden dominante. Los ciudadanos presos en sus casas fueron liberados parcialmente, para ir de compras, durante décadas. La fantasmagoría del militar amenazante se había convertido en la fantasmagoría del delincuente acechante. La vida siempre estaba en riesgo. Se podía perder la vida. O peor, se podía perder la propiedad, expresión característica de la existencia en el Chile transicional. Lo cierto es que el único permiso que había para salir de casa era el acto del consumo. Chile fue liberado en el mercado, no en la sociedad. La economía debía generar crecimiento, no bienestar, no felicidad.

Un ejemplo reciente del énfasis que ha tenido el Chile neoliberal ha sido la reconstrucción posterior al terremoto de febrero de 2010. Un gran debate respecto al avance de la reconstrucción y a su velocidad ha ocultado un problema más profundo: ¿qué se está reconstruyendo? ¿Cuáles han sido los énfasis? Es cuestión de observar y veremos que la reconstrucción terminó rápidamente todo lo que permitía crecimiento y se desentendió de las viviendas. Levantó el mercado e hizo caer la sociedad. El domingo 11 de marzo de 2012, cumpliendo dos años de su gobierno, Sebastián Piñera asistió al único programa político en horario estelar de Chile (Tolerancia Cero). No está de más señalar que repitió la ya conocida fórmula que da cuenta de su poco interés en conservar la dignidad del cargo: y es que Piñera es el primer presidente de la República que da entrevistas en los estudios de los canales y no en el palacio de La Moneda. Además, es el primer mandatario que acepta ir a comerciales y estar de vuelta con sus entrevistadores, dejando en evidencia que la presidencia es menos importante que los anunciantes que pagaron su minuto en televisión. Pero no es ese el punto. En dicha entrevista, Sebastián Piñera fue enfático en señalar que dos tercios de la reconstrucción se habían cumplido en un plazo muy breve y que los puertos, caminos, aeropuertos ya estaban repuestos. Reconoció que a nivel de viviendas había existido menos diligencia, aunque las metas de subsidios se habían satisfecho. Queda así en evidencia que el foco del gobierno fue levantar las condiciones productivas del país, los grandes números. El país debía volver a crecer. La sociedad podía postergarse, la vida de las familias podía esperar, no así el sistema productivo. Los caminos y puertos por donde se trasladan los valiosos objetos de las exportaciones deben estar intactos. Muchas casas pueden estar todavía sin siquiera ser demolidas. Pero no importa. Es como cuando Estados Unidos ha hecho invasión de Kuwait o Irak: el enorme esfuerzo de gobernar los pozos petroleros muestra un efecto paradojal con el precario esfuerzo por gobernar las calles. Es cuestión de prioridades. Y aunque el gesto de Estados Unidos es muy miserable, tiene la excusa de ser un gesto en medio de la guerra. El nuestro se desarrolla en tiempos de paz y habla de una falta enorme de sensibilidad.

Pues bien, ese Chile, el de más crecimiento y menos sociedad, había sido abolido el 4 de agosto. La Polar fue el rito sacrificial, pero no era el chivo expiatorio, no quedaban todas las empresas limpias por este gesto. Al contrario, las grandes empresas vivieron y viven desde ese instante la pérdida de su soporte básico, de su legitimidad esencial. Con esa quema se produjo el fin del lucro. Todo el dolor, toda la rabia, toda la impotencia de los ciudadanos, se habían hecho combustible, se tornaron fuego. Y se concentraron en ese incendio reparador.

Ese día, el 4 de agosto, Chile festejó una liberación. Toda liberación es, por definición, una muerte, el fin de un yugo. ¿Cuál es el yugo que cayó? El nombre que los chilenos le habían puesto a ese yugo era «lucro», que significaba básicamente tres cosas: que hay enormes diferencias de poder entre los ciudadanos y las empresas, que estas últimas usan ese poder para beneficiarse en el proceso de creación de utilidades y que ese beneficio se asocia constantemente a un perjuicio al ciudadano. Normalmente esta relación ha sido construida como problemática en la dimensión del mercado de bienes de consumo y en particular en el endeudamiento a él asociado. La dimensión productiva, el trabajo, ha sido menos relevante como fuente de generación de malestar en todo este proceso.

Los chilenos habían explorado un mercado basado en la desinformación organizada, en una obra de teatro cuyos protagonistas estaban en la trastienda. Por delante solo había rostros de televisión, modelos, consumidores paseando por el mall y adquiriendo hermosos objetos. Por detrás, una máquina de moler carne. El endeudamiento basado en la desinformación, que apuesta a la mora, al no pago, al atraso, fue el modelo de negocio que convertía los avatares biográficos de las personas en la clave del éxito de una industria. Mejor dicho, un modelo de negocio que usaba las caídas de sus compradores para hacer crecer sus ganancias, al tiempo que los convocaba inmediatamente después de haber sido perjudicados a vivir la experiencia de ilusionarse con un futuro mejor.

Dolorosamente, los chilenos habían aceptado la contradicción de clase fundamental, la que reside en la diferencia entre el capitalista y el trabajador. Habían asumido que el sitio del trabajo era un lugar de extracción del propio trabajo. Ni siquiera había sido tan doloroso, pues desde la destrucción del mundo sindical ni siquiera ello era tan visible. Y aunque la condición laboral de los chilenos era pésima, les habían entregado otro escenario, les habían ofrecido otro espacio, otra realidad donde ser felices y desplegarse y vivir todos en la armonía y la tranquilidad del presidio privado. Pues bien, en ese otro escenario también empezó a correr sangre. De pronto quedó en evidencia que no solo en el trabajo había contradicción entre los intereses de unos y de otros, sino que también en el espacio del consumo. La incorporación del mundo financiero a la vida cotidiana fue una oportunidad para hacer negocios incomprensibles para el ciudadano medio, en los que él simplemente vaga como un paciente entre diagnósticos médicos, sin entender nada. Fue así como los ciudadanos chilenos comenzaron a ser explotados en la dimensión del consumo. En términos económicos, la explotación no solo ocurrió en la dimensión de la producción, sino además en la circulación.

El 4 de agosto se murió el modelo. No en su operación, no en sus instituciones, no en su brutal presencia día a día. El 4 de agosto se acabó el modelo en el alma de los chilenos. Desde ese día, los representantes del modelo se levantan como fantasmas. No es el fantasma del Manifiesto Comunista, que recorría acechante y anhelante la Europa del siglo XIX. Es el espectro de un muerto, otrora poderoso y absoluto, que se ha convertido en un pilar impertinente en medio de la nada. Porque los modelos pueden vivir sin haber consumado todos sus elementos materiales, pero no pueden vivir sin algo que es el hálito divino que otorga existencia a cualquier ente social: la presunción de su existencia o, mejor dicho, del deber ser de su existencia. Los chilenos dijeron «esto no va más» y sencillamente no va más.

Liberados del yugo de haber asumido que la realidad «era» el modelo, Chile abrió el espacio de la política. Su desafío es enorme. Por el mundo no hay modelos que se muestren rozagantes y hermosos. Parece solo haber desechos. El libre mercado muestra señales de debilidad evidentes, las economías del Estado de bienestar han vivido una crisis feroz, el socialismo ha quedado como un repertorio olvidado desde la caída del muro de Berlín y el ejemplo chino no parece exportable (ni siquiera parece deseable de ser importado). No hay dónde afirmarse. Los chilenos, que siempre estuvimos buscando algún pilar que nos diera tranquilidad, solvencia, seguridad, no tenemos dónde agarrarnos. O sí, pero no es llegar y asumirlo. La única solución es la politización, es hacer crecer el poder ciudadano, lo que implica asumir responsabilidades, pensar adecuadamente cada decisión, comprender los vínculos entre lo macro y lo micro. La realidad nos resulta pertinente. Ha muerto el sujeto histórico Chino Ríos, ha llegado la hora de tomar la historia en las manos, con todos los riesgos que implica. Max Weber decía que quienes pretenden meter la mano en la rueda de la historia, normalmente no logran nada y sencillamente pierden el brazo. El Chile actual tiene que asumir que hay que meter la mano en la rueda de la historia. La ciudadanía cumplirá el 2013 la friolera de cuarenta años sin hacerse cargo de su destino. Viene siendo hora. La educación ha mostrado el camino.

4. EL ÉXITO Y EL DOLOR: DOS CARAS DE LA MONEDA

En un país donde la única dimensión relevante era la economía, la satisfacción de los criterios valorativos de dicha dimensión era indispensable. Cada individuo, pero también todo el país, debía responder al ideal del éxito. Ese ideal podía ser presente o podía ser futuro, estaba permitido especular. La «imitación de clase» del arribista, quien no busca realmente la usurpación de una posición, sino simplemente la imitación estéticamente viable de los actos de las clases superiores, que redundó en las compras falsas en supermercados, en celulares falsos, es la señal ridícula de una normatividad asumida por el país entero. Chile quería ser jaguar, tigre o cualquier felino suficientemente demostrativo del carácter «emergente» de la república. Un país veloz, agresivo, moderno, capaz de tomar al mundo por sorpresa. Chile era todo lo contrario: un país exportador, con la creatividad empresarial de un fenicio, con pocas empresas exportadoras, escasa incorporación tecnológica, nulo desarrollo de innovación; en fin, un país radicalmente provinciano, capaz de entrevistar a importantes personajes mundiales solo para preguntarles por Chile, por Iván Zamorano, Marcelo Salas o el Chino Ríos. Chile no era un tigre, un jaguar, no era un felino agresivo capaz de cazar los ratones con elegancia y eficiencia. Era simplemente un mercader dispuesto a satisfacer los requerimientos de la demanda para vender su producción, por un lado, y un niño que solo espera ser invitado al cumpleaños de un conocido más popular. Pero la fantasía decía otra cosa. Relataba un Chile lleno de emprendimiento, una clase empresarial que sorprendía al mundo, con índices de crecimiento de país asiático, con estabilidad política y tranquilidad para la inversión extranjera. No olvidemos la lista de supermercado que entregó a imprenta en la década de los ochenta Joaquín Lavín y que se llamó Chile, revolución silenciosa, en referencia a la gran transformación del emprendimiento que había cambiado el rostro del país calladamente (no como las revoluciones socialistas, siempre bulliciosas) y lo transformaba en una nación pujante al borde del gran salto hacia el desarrollo.

El demencial fanatismo por la inversión extranjera y la íntima convicción de requerir pagar todas las deudas hacían de Chile un país que en el concierto mundial se comportaba como una candidata a miss universo, sonriendo siempre y tratando de dar la respuesta correcta, un país que quería ascender todo lo posible y no hacerse cargo de las consecuencias. Chile apuesta por participar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y logra ingresar. Inmediatamente Chile debe manifestarse acerca del ataque de Estados Unidos a Irak. Ricardo Lagos demora la decisión durante meses y trata de no pronunciarse. Al final debe hacerlo y, al no tener un sustento de apoyo popular en Chile para ir a favor de Estados Unidos (lo que configuraba el plan inicial, ya que en un mundo polarizado por las Torres Gemelas Chile no tenía duda alguna sobre cuál era su camino), debe orientarse hacia donde las encuestas marcaban: rechazar el ataque norteamericano. Con dolor, el mundo empresarial chileno, que se ríe de los arribistas en el supermercado, pero se comporta de igual modo al cruzar la frontera de un país desarrollado, vio que la decisión de Chile no se conciliaba con los intereses del imperio y expresaron la inconveniencia o al menos su preocupación. La verdad es que el costo era muy bajo. La única consecuencia fue que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no se firmó en Washington y se terminó por firmar en Miami, en una de las ceremonias más ordinarias que recuerde la historia de las firmas de protocolos y acuerdos. Pero las autoridades chilenas y la clase empresarial no se dieron ni cuenta. Miami se había convertido, decían los miembros de los estratos más altos, en un lugar muy familiar para los chilenos. Cuando Marcelo Ríos disputaba contra Andre Agassi la final del Master de esa ciudad (torneo que es uno de los más relevantes del tour de la ATP, descontando los cuatro Grand Slam), donde el tenista chileno conseguiría ser número uno del mundo, Soledad Bacarreza, periodista de deportes de Canal 13, señaló que Ríos estaba muy cómodo pues era casi como jugar de local, ya que «para los chilenos Miami se ha convertido en una segunda casa». El arribismo salía por los poros, pero para colmo era ordinario.

Chile miraba el éxito con devoción. No es que sea históricamente nuevo: el éxito ha sido señal de salvación para los calvinistas y ha sido históricamente un «bien de salvación»; es decir, esa clase de atributos cuya posesión es señal o condición para sentirse parte de los elegidos, los salvos, en fin, los privilegiados señalados por la mano de Dios. Pero la devoción chilena carecía de esa profundidad: el éxito era solo una cosa, el dinero, causa suficiente de todo lo demás. Noticia destacada de cualquier deportista exitoso era cuánto ganaba, no lo que había logrado en su actividad. La medida de todas las cosas era el dinero, que permitía a los chilenos mirar un índice abstracto construido por entes económicos internacionales y sentir que, por su aumento en el ingreso, podía observar a todo el subcontinente hacia abajo, como si ese dinero estuviese repartido por toda la sociedad y como si, aun cuando así fuese, la tenencia de dinero fuese una razón para imputar superioridad.

Un ejercicio muy interesante para comprender la cultura empresarial chilena es observar los títulos de los diferentes encuentros que los empresarios realizan cada año. Una somera revisión de ellos, escritos en latín siempre (salvo para el bicentenario), permite hacerse una idea de lo que los grupos económicos han diagnosticado sobre Chile, sus problemas y oportunidades.

Vale la pena hacer alguna referencia al hecho de que los títulos sean en latín. Idioma imperial de Roma, adoptado por la Iglesia católica cuando hubo caído el Imperio romano de Occidente, esta lengua (muerta) tiene varios atributos cuyo uso tiene la pretensión de convocar indudablemente. Primero, el ya dicho: el poder, un idioma imperial. En segundo lugar, el vínculo con la fe. Tercero, la conexión con la cultura universal, pues el latín se utiliza como lengua de la filosofía escolástica y como recurso frecuente de aforismos o sentencias filosóficas de relevancia. No en vano las clasificaciones de especias (animales o vegetales) se hacen normalmente en latín, aunque esa práctica se está terminando por la ausencia de suficientes clasificadores que manejen adecuadamente el idioma. Lo cierto es que el uso de esta lengua muerta es una señal muy interesante de la pretensión de un empresariado que se observa a sí mismo con superioridad y admiración, al tiempo que pretende construir una imagen de Chile semejante a la del iceberg que Chile llevó a la Expo de Sevilla de 1992: un país frío, distante, alejado de tropicalismos, limpio y de alguna manera próximo al desarrollo.

La evolución de los títulos del Encuentro Nacional de Empresarios desde 1986 es un ejercicio de gran utilidad para comprender qué imagen de la realidad proyectó el empresariado sistemáticamente sobre la realidad nacional, porque en ese sentido la Enade ha tenido el mérito de intentar interpretar Chile. Grave resulta, por cierto, que ese ejercicio sea monopolizado por los empresarios, aunque habrá que reconocer que en este caso el monopolio no es solo por usurpación del monopolista, sino además por dejación del monopolizado. Lo cierto es que en 1986 se comienza con la tesis fuerte de la dictadura: el empresario es el motor del progreso. Luego, en 1992, ya se estableció por vez primera el mito fundamental de los años de la transición: Chile está a las puertas del desarrollo. Y el año siguiente, ya más fálico, se refieren a este Chile viril como «más alto, más rápido, más fuerte». El 2000 y 2002 la fe seguía firme con expresiones recurrentes como «confianza» y «ver la luz», asumiendo que la crisis de 1998 había pasado y que se avecinaban tiempos mejores. Todos los títulos fueron referidos a la economía o a una versión del país asociado a ella. Solo en 2011 el título se pregunta por la sociedad y plantea la interrogante: ¿será que verdaderamente la voz del pueblo es la voz de Dios? Y es que, de ser así, el problema para el empresariado sería grande, ya que en 2011 la voz del pueblo dijo «no al lucro», «educación gratuita» y tantas otras sentencias pronunciadas con clara distancia respecto a lo que el Opus Dei y los Legionarios de Cristo decían que era realmente la voz de Dios.

Tabla 5: Nombres que se ha puesto la Enade desde 1986³³ Año Nombre

El listado permitiría un análisis más profundo. Desde la bienvenida a la democracia con un mutatis mutandis, pasando por ad portas, adenda, exspectatio (en alusión al arribo al desarrollo) y llegando a las primeras dudas en possum? y Vox populi, vox Dei?; pero ante todo marcando la ruta que va desde fidentia en el año 2000, que continúa en Credere... creare... crescere en 2006 y que terminará en 2011 con la crisis de confianza en las empresas. En definitiva, estos títulos hablan de sueños y realidades y el archivo de esas exposiciones es el conjunto de mentiras, reconocimientos, fracasos y éxitos que los chilenos no debemos desconocer.

De cualquier modo, el listado de títulos de la Enade demuestra que prácticamente la obsesión única será el crecimiento durante toda la operación del modelo económico en su versión «exitosa» (posterior a 1986, de hecho).

Y fue así como, en esa búsqueda de crecimiento, Chile miró a la inversión extranjera como los profetas del empleo, seres superiores que traían dos mil, cinco mil, diez mil puestos de trabajo, normalmente a «las regiones». Era esa una razón suficiente, en rigor, casi una razón de Estado. Inmensos flujos de dinero salieron de Chile en forma de utilidades, dejando aquí salarios escasos y provisionales y unos impuestos sumamente inferiores al impacto de su extracción.

El éxito robó el alma de Chile. La caricatura del fenómeno fue Farkas, millonario y excéntrico, limitadamente chileno, que supuestamente triunfó en Estados Unidos y que se hizo famoso pujando en la Teletón contra otro empresario, luchando por ser el más caritativo, haciendo la prueba de la extensión de sus miembros más cristiana que se pueda conocer. Farkas regalaba billetes en las calles, apoyaba causas nobles, le compraba gimnasios completos a un gimnasta, se vanagloriaba de su riqueza y mostraba su automóvil exclusivo de costo incomprensible. Y todos querían ser Farkas, ser tocados por su fortuna, quizá más escasa, pero más amable que la de los Luksic o Piñeras. Y fue erigido posible candidato presidencial. La locura duró muy poco, pero podemos garantizar que el hecho aconteció, que no estábamos soñando.

Al final, la versión superior en dinero e inferior en sensibilidad llegó a La Moneda. Sebastián Piñera fue elegido presidente de la República en 2010. El ideal, lo que representaba su figura, era la multiplicación del dinero, versión triste de la fertilidad ancestral en este Chile convertido en territorio yermo de valores políticos. Un hombre que, como fuese, se había hecho millonario, podía hacer de Chile un país de ricos, como fuese también. Los chilenos no tenían buena opinión de Piñera, lo veían como un ser en quien no se podía confiar. Y la verdad es que fue elegido por eso mismo. Se decidió optar por el mal, por la falta de respeto al otro, por la búsqueda desenfrenada del éxito. Sí, esa fue la verdad, los chilenos nos convencimos de que había que intentarlo, había que probar suerte y tratar de ser millonario, comportarse como tal, usar todos los recursos disponibles, apostar por el lado oscuro de la fuerza, intentar con un repertorio que se cansaba de los escrúpulos y que se parecía tanto a la libertad absoluta de dejar hacer y dejar pasar. Pero ahora tocaba que a cada uno lo dejaran hacer y lo dejaran pasar, esa era la ilusión. Los chilenos votaron por el tipo de quien pensaban era un estafador, no a pesar de ello, sino precisamente por eso. Y es que querían probar qué pasaba si ellos mismos se convertían en estafadores. Los chilenos votaron por Piñera no a pesar de los conflictos de interés, sino porque deseaban tener uno. Poco faltó para que dichos conflictos fueran un indicador de clase, como ya lo era la información privilegiada. No en vano el programa radial sobre economía de radio Duna se llama Información privilegiada, pues no solo es irresistible para los empresarios chilenos, sino además es admirable. Para ser alguien importante era imprescindible estar al límite de la ley en el terreno económico, pero no por las deudas impagas (que conducían a la excomunión), sino por los pecados del inversionista agresivo y destructor de barreras financieras, el formato del especulador neoyorquino que construiría una fortuna tan nueva como sorprendente.

Arquetípicamente el dinero es poder y excremento. Chile lo asumió por completo. La magia del dinero era indispensable, no importaba el costo, pero sí el resultado. Se buscaba, al fin, el ascenso social. Porque claro, Chile crecía y crecía. Y la promesa aumentaba, aquella que decía que Chile sería un país desarrollado en breve: el 2010 era la primera fecha, luego se postergó para 2015, finalmente se habló de 2020. La meta se movía junto con la esperanza, aunque la primera subía en la escala de los años y la segunda bajaba en la escala de la ilusión. Pero había una forma de acortar el camino: tomar un atajo, hacer trampa. Piñera era el superhéroe de un Chile desvanecido en el esfuerzo del éxito. Chile quería que el dinero llegara a todos los hogares, que todos pudieran vivir su salto al estilo Piñera, aunque fuera limitadamente. Y es que el crecimiento de Chile no solo no había alcanzado para el desarrollo, ni siquiera había llegado a los hogares.

Gráfico 7: PIB en dólares 2005 (miles de millones) ajustado por Consumer Price Index USA

Y entonces debía ser Piñera el que acortara el camino al desarrollo. Pero la fantasía era más grande que la promesa: los ciudadanos hablaban de empleo, pero el empleo no necesariamente significa un cambio sustantivo en la vida y, por cierto, ni de cerca implica riqueza. Los chilenos esperamos que el señor Piñera hiciera en silencio lo que sabía hacer (esa cosa innombrable y oscura) y la fantasía decía que de pronto chorros de dinero llegarían a las casas, golpearían las puertas e ingresarían por ellas regando la familia y sus valores cristianos, que podrían solidificarse mientras mirábamos a otro sitio, uno donde no se notara lo que había hecho Piñera para producir esa bella escena. Y al día siguiente nos esperaría Falabella, con Cecilia Bolocco anunciando su éxito ilimitado en logros y limitado en moral, cuyas puertas se abrirían para recibir nuestro dinero y entregarnos los bienes apetecidos que harían de Chile un país feliz.

Había llegado la hora del éxito. Era esa La Moneda de nuestros sueños el día en que Chile votó por Piñera. No era la erótica de Piñera la que conmovió, era la erótica de los objetos, de los bienes que llegarían a casa. Nos habíamos vuelto miserables, es cierto. Pero había sido por una causa noble: ser millonarios.

Por supuesto, el ritmo de crecimiento de los salarios no se parecía al ritmo de crecimiento del PIB.

Tabla 6: Evolución del salario medio real. Índice anual medio³⁴

Pero el Chile del éxito tiene un vaso comunicante con el otro Chile, también despolitizado, que es su antípoda: el país del dolor. El éxito, de hecho, debe convertirse en caridad, en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en compromiso social. El mejor ejemplo, a gran intensidad, fue el accidente de Juan Fernández en septiembre de 2011, aunque no es su hito político más importante. Lo cierto es que hubo quienes dijeron que el accidente de Juan Fernández nos muestra cómo deben ser las personas, solidarias y arriesgadas, bajo el ejemplo de personalidades como Felipe Camiroaga o Felipe Cubillos, quienes movilizados por ayudar estuvieron dispuestos a arriesgar la vida e incluso perderla. Quienes piensan esto asumen también que debe haber leyes especiales que fomenten estas actividades.

El Chile del accidente en Juan Fernández es el Chile donde la solución de problemas graves se resuelve con voluntarismo, con mera caridad. Y donde la caridad es privativa de quienes tienen más, quienes pueden con sus redes movilizar a las autoridades, a la Fuerza Aérea, obtener el apoyo de un avión y poder así ir a ejecutar sus acciones. Esas acciones serán simbólicas y rituales, no mitigarán el problema, sino que aliviarán los síntomas. Ni cientos de Cubillos pueden reconstruir el Chile posterremoto. Los problemas estructurales no se resuelven con voluntarios ni con buenas intenciones. Los sistemas de caridad privatizados que en Chile imperan quedan perfectamente reflejados en este accidente: miembros de la elite económica y política, hermanos de X, cuñados de Y, una llamada de algún ministro o de un importante empresario, probablemente alguna llamada del presidente, permiten montar operaciones complejas, que demandan la concurrencia de otros pilares de impacto, como los medios de comunicación, la logística militar, los recursos de privados y fondos públicos. Y esa operación, tan hermosa como aislada, combinadamente quijotesca y conveniente, satisface la moral y cuestiona la responsabilidad.

La caridad es una prótesis de una sociedad injusta.³⁵ Una prótesis es muy necesaria cuando se asume que se carece del órgano. Si Chile se asume injusto, entonces la caridad es un camino. Por este camino nos llenaremos de fundaciones hechas por ricos con dinero de sus amigos, llenaremos el sistema público de servicios para estos heroicos voluntarios, lamentaremos desgracias como esta y nos maravillaremos de logros sublimes que favorecerán a quinientas personas. Y no solucionaremos nada. Los países se construyen de un modo muy distinto. Pero en el Chile despolitizado el dolor de unos, el éxito de otros y los paliativos que los segundos pueden entregar a los primeros son la forma de relacionarse adecuadamente entre las clases. Por supuesto, si una tragedia enluta a los más ricos, la lamentaremos doscientas veces más que las demás tragedias, consumando esa medida en un altísimo coeficiente Gini, porque esas tragedias son excepcionales y en algún sentido se las entiende como superiores y eventualmente sagradas. Y es que los exitosos no están hechos para tragedias, sino para mitigarlas con su presencia. Nos invita este problema a preguntarnos por el significado del dolor en el Chile despolitizado que hemos vivido.

El Estado es en Chile un protagonista de la historia deseado por la ciudadanía. Los chilenos quieren que el Estado aparezca en sus vidas, confían en él. En la investigación del CIES intentamos entender qué era para los chilenos el Estado. Sabíamos ya que hay una alta preferencia respecto a que sea un aparato activo en la vida cotidiana, regulando la mayor parte de las interacciones económicas y morales. Los chilenos, aunque habían construido una sociedad donde el Estado se achicaba sistemáticamente, adoraban un Estado omnipresente. Y mientras adoraban el Estado, odiaban la política.

Gráfico 8: Estatismo en Chile³⁶

Gráfico 9: Despolitización en Chile³⁷

Si el Estado es el momento administrativo de la política, ¿cómo era posible tanta distancia entre la política y el Estado? ¿Por qué una debía desaparecer y el otro no? ¿Por qué una marcaba con signo negativo y el otro con signo positivo? Más importante, ¿por qué si los chilenos querían más Estado aceptaban menos?

La respuesta proviene del dolor. El Estado se había convertido en una máquina procesadora de dolor. El Estado, orientado por el neoliberalismo a paliar los males de los más perjudicados por las dinámicas del mercado, había sido traducido por la ciudadanía como un aparato de acción en el dolor. Era la visión estrictamente cristiana de un aparato político que solo enfrenta a la comunidad en tanto sus padecimientos, sus aflicciones. Carente de proyecto, de sentido último, el Estado corría a poner torniquetes allí donde manaba sangre en la sociedad, o a emitir palabras de consuelo allí donde había desamparo. Por cierto, no lo hacía. Pero era esa su profecía. De pronto se hizo evidente en la investigación que el Estado cumplía un rol profético, era un llamado, un mesías que portaba la buena nueva, no existente, de otro tiempo, con la promesa de liberar del dolor a todo el pueblo de Chile. El Estado no tenía nada que ver con la política: era la máquina que procesaba el dolor, pura y simplemente. Recibía la enfermedad, el desamparo, las agresiones, la pobreza y debía lograr producir dignidad, decencia, analgesia para los justos. Para los pecadores, en cambio, el Estado debía inocular el dolor que había en otros sitios mitigado. El delincuente merecía un castigo capaz de demostrar la rabia de la sociedad frente a su conducta. La proporcionalidad del delito dejó de ser importante: solo importaba que los delincuentes estuvieran presos y que los posibles delincuentes, formalizados, también. No importaba lo que habían hecho, sino ante todo lo que podrían llegar a hacer. Chile se había convertido en el tercer país del mundo con más presos por cada mil habitantes.

Gráfico 10:Tasa de población en prisión (cada 100.000 habitantes en el país) de los países de la OCDE³⁸

Este Chile del dolor tuvo su momento estelar. Fue el gobierno de Michelle Bachelet. A muchos sonó extraño que Bachelet haya logrado tal nivel de adhesión en medio de una crisis económica. Muchos han elogiado su gestión de crisis. No es raro hacer ese análisis, pero es insuficiente. No cabe duda de que Michelle Bachelet lograba tener una energía en medio de la adversidad que no era normal. No cabe duda de que parecía inmune a las tragedias y que hasta encontraba en ellas terreno fértil para su carisma. Cuando era esperable una caída proporcional a la gravedad de la situación para el terremoto y tsumani de 2010, donde el gobierno dio un espectáculo de ineficiencia, desorden e incompetencia (y ella no estuvo al margen de esa lamentable escena), ocurrió sin embargo que sus datos se mantuvieron estables y la ciudadanía no pasó la cuenta, al menos no en ese instante. La pregunta es por qué. Y la respuesta es que hay solo una razón: los cuerpos se nutren con el alimento, no mueren por su culpa. Michelle Bachelet tenía como hábitat la adversidad y como alimento el dolor. Su ecuación cultural era estrictamente una ecuación de dolor y no era viable que muriera con lo que la alimentaba:

Michelle Bachelet = Padre asesinado + Detenida + Torturada
+ Médico
Michelle Bachelet Detenida = Dolor padecido
Michelle Bachelet Médico = Dolor investigado + Dolor sanado

Ese navegar por el mundo del dolor caló muy hondo en un Chile donde los vínculos estaban despolitizados y el dolor aparecía como la cara posible para aquellos que no habían logrado tener las condiciones para hablar de éxito. Y si el símbolo del dolor era alguien que, finalmente, lograba triunfar, la redención estaba cerca. Bachelet pudo ser ministra de Defensa, pudo terminar siendo la autoridad superior de quienes la detuvieron y de quienes torturaron a su padre llevándolo a la muerte. Michelle Bachelet se subió a un tanque reivindicada en su dolor al dominar la fuente de la violencia antes recibida.

Michelle Bachelet era mujer (sacrificio, por tanto, en nuestra cultura) y dolor padecido. Ambas cosas la hermanaban como nunca antes en la historia con el pueblo:

Pueblo = Vida en el dolor
Bachelet = Vida en el dolor
Entonces
Pueblo = Bachelet

No había aparecido una ecuación tan intensa desde Pinochet y su capacidad de convertirse en orden, disciplina violenta y miedo. Ni Aylwin, ni Frei, ni siquiera Lagos lograron construir un sitio tan intenso para vivir su autoridad.

Michelle Bachelet se subió a un tanque y dio órdenes a los hombres. Y no solo a cualesquiera hombres, sino a los que habían usado su poder en su contra y contra su padre. Los seres violentos se rendían ante el dolor. Era la revolución de los débiles, una descripción exacta del cristianismo según Nietzsche. El dolor gobernaba las armas y las orientaba a sus reglas. Chile vivió en las antípodas. Con Bachelet fue el primer encuentro con el malestar, pero en forma épica. La venganza, las vueltas de la historia, dieron una energía enorme a este momento en el que la identificación era con una derrota y ese gesto se convirtió en un triunfo ritual.

Con Bachelet no se pudo siquiera impugnar su ausencia de fe. Su energía era más cristiana que la de muchos sacerdotes, aunque no creyera en Dios. Hizo posible aquello que dijo Lagos cuando era candidato: que él era en realidad prácticamente un cristiano porque compartía y practicaba sus valores. Asediado por los buenos auspicios que por entonces rodeaban a Joaquín Lavín (verano de 2000), Lagos se replegó e intentó incluso pasar por cristiano, con el solo inconveniente de no creer en Dios. Ese absurdo lo hizo posible Bachelet, que armonizó su ateísmo con su dolor y logró ser cristiana sin ser Dios, pues había cargado ya la cruz de Cristo vuestro Señor.

Cansados de la ritualidad del dolor, sin embargo, Chile eligió a Piñera. Era la hora de ganar, ya le habíamos dado un premio a la derrota. Después del sufrimiento habría de venir un mundo mejor, un mundo de oportunidades, de riqueza, de transformación. Los chilenos podrían convertirse en emprendedores, ser cada vez más semejantes con los grandes empresarios, arribistas no solo en el consumo, sino también en la empresa.

¿Y qué pasaba con la política? No estaba en ningún sitio, su reino no era de este mundo, pero no por superior, sino por caída. La obra de teatro del Chile transicional no requería ni buscaba a la política. Aquí no había sociedad, sino comunidad de dolor; no había utopía, solo la imagen de una billetera atiborrada; no había moral, solo padecimiento o crapulencia; no había ciudadanos, solo arribistas, dolientes y resilientes (los que pasaban de la segunda categoría a la primera).

5. EL TAMAÑO DE TU PODER

Un país despolitizado es un país donde los ciudadanos pierden poder sistemáticamente. Impotentes, los ciudadanos solo pueden optar a ser rebaño de poderosos. El poder es el recurso más valioso, pues se puede transformar en todos los otros recursos existentes. Las sociedades, por definición, mueven poder en su interior y todas las relaciones humanas están mediadas por ello, desde el amor hasta las órdenes imperativas de un militar de rango superior a uno inferior. Cuando el poder se concentra, o cuando comienza a operar en instancias no políticas, las sociedades pierden textura democrática. Una sociedad distribuye su poder cuando los ciudadanos pueden desplegar su influencia en la esfera política, en la opinión pública y cuando no tienen al frente entes excesivamente poderosos que hagan irrelevantes sus actos. Nada de eso ha ocurrido en Chile en los últimos años, redundando esto en un poder ciudadano mínimo y, en el mejor de los casos, estrictamente ritual.

El sitio central de la ciudadanía en el Chile que va desde los años ochenta hasta 2011 fue el mercado. Pero cuando hablamos de mercados solemos pensar en el del consumo. Sin embargo, hay otro, el laboral. Si se quisiera resumir brevemente cuál es la situación de la ciudadanía chilena frente a estos dos mercados, la mejor síntesis sería que el mercado laboral genera ingresos inestables en su regularidad temporal y estable en sus montos, mientras el mercado del consumo genera gastos estables en el tiempo por la vía del endeudamiento y crecientes en sus montos. Esto implica que necesariamente al final del camino hay un punto de no flotación. El modelo no era sostenible, pues en el tiempo el mercado del consumo se comía al mercado del trabajo.

En una investigación realizada desde 2009 a 2011, un equipo de investigadores se encaminó a comprender lo que se denominó las relaciones entre cultura y estructura social. El problema era comprender las asociaciones entre desigualdad, repertorios valorativos y constitución de la subjetividad. Uno de los hallazgos más notables fue el diagnóstico del malestar social y específicamente del desvalimiento frente al mundo de las deudas. La borrosa subjetividad del endeudado fue algo que saltó a la vista. El endeudado aparecía como un prisionero, pero también como un sujeto caído, como un miembro indispensable e inútil a la vez de una gran maquinaria en la que solo era protagonista el día de pago. Todo consumo tenía la perentoriedad de un imperativo, todo pago tenía el costo de la excomunión del Dicom, la destrucción del principio de ciudadanía existente, la expulsión de la ciudad de los hombres. El carácter «ontológico» de este endeudado quedó en evidencia en una entrevista sublime, donde el trauma de la deuda termina con un individuo que hablaba en espasmos, que quedaba debiendo palabras, que no era capaz de terminar frase alguna, que solo pronunciaba su dolor y sus obligaciones, morales y jurídicas. La cita es conmovedora.

Es que se nota que hay mucha gente que tiene mucho avance, pero yo tengo lo que alguien tiene, todo lo debe. Yo creo que en este país todo lo que tiene lo debe, ¿te fijas? Yo, mis hijos, tienen cosas, pero todas las tiene que pagar, como buen chileno. Pero todos están pagándose. Y lo ves en la realidad de la gente que quiere tener algo tiene que endeudarse. Hay mucha gente que está complicada, por lo mismo, porque no tiene. Yo creo que la más perjudicada es la clase media [...] Yo creo es que es la más que está complicada, porque a ella es la que tiene que pagar, ¿cierto? Porque de hecho en este gobierno se ha hecho mucho en base social en la pobreza, se le han metido el diente, se le ha indicado, (*) pero tenemos mucho desvalencia, podemos aportar mucho, pero uno no ve (*) no sé si no lo quieren ver (*) o porque uno ve en las noticias (*) en Santiago (*) la gente en provincia (*) la drogadicción, el alcoholismo, los chicos que ya no (*), hay personas que (*), yo le digo (*) uno (*) que toda la gente tener (*) yo creo que todo el mundo que en el almuerzo (*), su casa bonita (*) pero todo lo debe.» (Funcionario sector privado nivel bajo, Puerto Montt).

En el marco de esta investigación se extrajo la segunda radiografía del malestar en Chile. La primera fue tomada por el informe del PNUD de 1998. Dicho estudio fue fundamental para instalar la problemática, pero objetivamente su diagnóstico pecó de políticamente correcto, cuestión natural cuando se trata de un informe dependiente de las Naciones Unidas. Se argumentaba la tesis de la asincronía entre los tiempos de la cultura y los tiempos del cambio económico. Por cierto, ello existe. Y siempre sucede. No hay una ley respecto a si va primero la vida material y luego la subjetividad, o viceversa. Hay casos en ambas direcciones. Y en resumen, ello implica que los chilenos no habían configurado un horizonte interpretativo para los cambios sociales y económicos que estaban viviendo. Ante la incomprensión general, se generaba el malestar. El segundo elemento señalaba que había una paradoja en la modernización chilena, que su desarrollo económico no correspondía con el incremento en la felicidad. Pero eso es pan de cada día en la sociología. De alguna manera esta ciencia nace por lo mismo, tratando de entender cómo el aumento de las posibilidades de desarrollo de las sociedades genera una crisis de integración. Hay quienes ven esto como una nostalgia con la comunidad perdida. O sea, nuevamente podemos decir que algo de eso hay. A todos nos gustaría ganar lo nuevo sin perder lo bueno de lo viejo. Todos quisiéramos ciudades pequeñas, con el silencio del pueblo chico y con el dinamismo y la oferta comercial de Nueva York. Los ciudadanos podemos odiar los bancos y amar los cajeros automáticos por ellos provistos. Esa presunta incoherencia es beneficiosa para las sociedades, pues obliga a construir formas capaces de mantener lo bueno de un modelo mientras uno nuevo aparece. Hay presión política por lograr lo que parece imposible.

Pero el informe del PNUD no fue enfático en el vínculo fundamental del malestar con ciertos aspectos: la desigualdad, la injusticia, la sensación de irrelevancia y la falta de sentido. Tampoco se había configurado por entonces, en todo caso, el cuadro completo. La relación significada por los ciudadanos como «abuso» articuló la sociedad chilena desde mediados de la primera década del siglo XXI. El abuso, con su connotación sexual incorporada, ha sido significado como la clave en la relación entre poderosos y ciudadanos. La otra palabra clave será «impunidad», momento final del abuso.

La investigación sobre cultura y estructura social, realizada en el marco del Centro de Investigación en Estructura Social (CIES) de la Universidad de Chile, constituido como núcleo gracias al financiamiento de Iniciativa Científica Milenio, fue la segunda radiografía sobre el malestar. Esta nueva radiografía indicaba un claro desacuerdo con el orden social existente, una distancia enorme con los valores que el orden imponía como indispensables, salvo el individualismo que sí había logrado carta de ciudadanía en el Chile actual. En dicha investigación se apreció que los chilenos tapaban el malestar con procedimientos de «analgesia», que iban desde el consumo de medicamentos (analgésicos, antidepresivos) hasta la construcción de relatos capaces de generar tranquilidad espiritual: «El colegio de mi hijo no es de los mejores, pero tiene valores», por ejemplo. Finalmente, el malestar tenía una supresión en la fantasía del futuro mejor. Los chilenos estaban convencidos de que en diez años habrían modificado radicalmente su realidad, aunque no declaraban lo propio respecto a su pasado. Y esa fantasía aumentaba cuando se trataba de personas despolitizadas. Entre quienes tenían un más elevado índice de despolitización, la fantasía suponía la posibilidad de triplicar el ingreso en diez años. Ese grupo era el que había estudiado en los colegios con los más bajos puntajes Simce, es decir, el camino para lograr saltar de posición gracias a la educación estaba prácticamente bloqueado. La despolitización era una herramienta de tranquilidad. Esto resulta fundamental en el Chile actual: si estoy despolitizado puedo creer en mi carácter excepcional y asumir que mi futuro no se parece al de nadie. Puedo ver a mis vecinos destruidos por las deudas, a mi familia sumida en la precariedad, pero aun así veo eso como un momento pasajero, como rasgos inconstantes de la única realidad permanente que es mi éxito futuro. Para que esa incapacidad de analizar el entorno sea posible resulta indispensable la despolitización. Ciudadanos que creen compulsiva e irreflexivamente en el futuro solo pueden ser ciudadanos despolitizados.

Gráfico 11: Índice de percepción de posición social y expectativas de movilidad personal y generacional³⁹

El análisis sobre la subjetividad naciente en ese entorno de malestar revelaba la existencia del «rebelde adaptativo», sujeto que odia la vida que tiene, pero que la vive igual ante la imposibilidad de construir un horizonte utópico que le permita impugnar el orden. En ese Chile, descrito por el informe investigativo titulado «El Chile profundo: cultura de la desigualdad en el Chile contemporáneo», el malestar actual de un orden que se considera injusto y abusivo había encontrado perversa comunión con rasgos ancestrales de nuestra cultura. Chile tiene una historia de desigualdad que «el modelo actual» había simplemente multiplicado. El Chile pre Reforma Agraria es un Chile asumido en su desigualdad estamental, aunque con pactos sociales claros respecto al trato entre las clases. Uno de dichos pactos fundamentales era no hablar de dinero. Y es que claro, no se habla del centro del conflicto en una sociedad que busca el orden a toda costa. No hablar de dinero se constituyó en una institución nacional: es posible en Chile ir a buscar trabajo y no preguntar cuánto pagan ni que el oferente lo diga. Es mal visto «contar plata delante de los pobres» y muchos trabajos esporádicos se construyen en una escena muy lejana al contrato liberal con información perfecta: un hombre puede pasar por mi casa preguntando si tengo «algo» en lo que pueda ayudar. Puedo decir que sí, que quiero cambiar unas gomas de llaves, le pregunto si sabe. Me dice que sí. Ayúdeme entonces, digo. Ingresa, cambia las gomas, arregla las llaves, se va a retirar y meto mi mano al bolsillo. Debo valorizar el servicio. Puedo preguntar cuánto debo y él dirá «lo que usted quiera», o puedo ahorrarme esa instancia y sencillamente sacar el dinero. El monto puede fluctuar enormemente, la información de ese mercado es demencialmente imperfecta. Pueden ser 2.000 pesos, pueden ser 10.000 pesos. Si la cifra es juzgada pequeña, quizá un rictus de la cara del contratado señale su malestar, en cuyo caso es posible que meta nuevamente mi mano al bolsillo y complemente la cifra argumentando que «encontré más». Esta escena, para nada infrecuente en nuestra cultura, tiene una sola norma: evadir por completo el centro de la discusión. Fue una prestación de servicios, debe ser remunerada. Nadie quiere asumir que ese es el tema, se elude el dinero. No se pregunta el sueldo en la mesa, en fin. Ese es el Chile profundo, un país donde el pacto de clase radica en no humillar por parte del rico y en no rebelarse por parte del pobre.

Pero ¿por qué se elude hablar de dinero? Porque en él se marca un pecado. Los chilenos estamos convencidos de no ser muy buenos trabajando: nos vemos como irresponsables, flojos, impuntuales. Esos rasgos son los mismos que normalmente son usados para sentenciar la conducta económica del pueblo mapuche. No es raro que la acusación más encarnizada hacia el «otro» sea justamente lo que molesta de uno mismo. Nuestra desconfianza en cuanto a las habilidades productivas, que serían propias de nuestra identidad, son enunciadas respecto a un sujeto, el mapuche, lo que nos permite externalizar el juicio negativo. El mapuche es flojo, se dice. El chileno es flojo, se piensa en realidad. Los chilenos estamos convencidos de nuestra flojera, sin importar cuántas horas trabajemos. Y ese carácter hace legítima la pobreza, es decir, la justifica. Los pobres han llegado a su condición porque son los representantes de dicha aversión al trabajo duro. La desigualdad está en el fondo legitimada, pues los que tienen se lo merecen por su talento o su volumen de trabajo.

Esta cultura se inicia en un «pecado económico» que justifica la pobreza del país, la desigualdad de los ingresos e invita además a la comodidad del trabajo hecho a medias. Los chilenos hemos ritualizado la forma de salir de ese pecado y hemos inventado una operación capaz de limpiar esa mancha: «sacarse la mugre» es la forma de expiar la culpa. Eso es trabajar y ser limpio, ser decente. Satisfecho ese rito, el chileno, sin importar su ingreso, es de clase media.

Toda esta arquitectura moral es la base histórica de la cultura de la desigualdad. Sin embargo, el Chile construido desde la dictadura en adelante incrementó los rasgos capaces de discriminar entre unos y otros. Este marco cultural de fondo, que provenía del campo de los valles del centro de Chile, hacía sentido a un grupo social que veía la tierra como materia para la producción frente a una comunidad que la veía como el lugar donde desarrollar su vida. Los primeros veían que se le sacaba poco partido a la tierra, porque los segundos querían vivir en ella, no explotarla. Sin embargo, el nuevo Chile, el neoliberal, fue mucho más lejos. Señaló que la subjetividad central del país debía ser el «emprendimiento»; que cada chileno tenía el imperativo categórico de ser emprendedor en su área, es decir, ser creador de valor económico. Cada carrera en la universidad, cada gesto del microempresario, cada esfuerzo de un técnico, cada conducta del día a día, debía ser una conducta emprendedora. Bajo ese prisma, toda relación es económica en último término y todo éxito o fracaso reside en el individuo, no hay estructuras económicas, solo existe la persona frente al mundo, y de su esfuerzo, inteligencia, perseverancia y voluntad dependerán sus resultados. Nadie que realmente sea emprendedor puede tener un problema. El epicentro cultural de la visión neoliberal ha sido el emprendimiento y su eslogan dice «todo se puede lograr». Un ejemplo notable fue la exposición de Tomás Recart en la Enade 2011. El expositor, un joven emprendedor que cree en el talento de los jóvenes chilenos como fuente fundamental para su éxito futuro, comenzó su relato diciendo que había asistido esa misma mañana a un colegio de Puente Alto, colegio (enfatizó) que no se había plegado a las movilizaciones estudiantiles y que, por el contrario, había decidido aumentar sus jornadas de clases para dar una señal de disciplina. No puedo garantizar que haya dicho disciplina, para ser sincero, pero sí lo anterior. Luego reveló que fue a ese colegio a preguntarle a los niños qué querían decirle a los empresarios de Chile. Contó que los niños habían decidido escribirle un mensaje en una bandera chilena para que los empresarios lo vieran con mayor ritualidad. Luego de un debate, dijo, los niños decidieron escribir el siguiente texto: «Se puede. Depende de nosotros». El público de la Enade aplaudió dos veces enfervorizado. La primera vez lo hizo con el solo movimiento de sacar la bandera por parte de Recart. Se puede presumir que las ínfulas nacionalistas se fortalecieron al ver que un colegio que no se plegaba a las protestas enviaba de regalo una bandera. El mensaje implícito era que quizá los estudiantes movilizados son antichilenos. Probablemente muchos habrían querido sentir esa convicción, que no vio la luz finalmente. La segunda vez que el escenario se vio envuelto en aplausos fue cuando Recart reveló el mensaje de los niños. «Se puede. Depende de nosotros», era lo más parecido a una declaración de amor que ese público podía esperar. Lo que decía explícitamente ese mensaje era muy simple: «Se puede» significa «se puede salir de la pobreza, se puede tener dinero» o algo así. «Depende de nosotros» significa simplemente eso o, mejor dicho, que no hay otros necesarios para que eso sea realizado. Si los niños no «salen adelante» se debe simplemente a que no fueron capaces, no tuvieron talento suficiente o derechamente no lo intentaron todo lo que debían. Tomás Recart dijo que los niños querían que los empresarios sellaran el compromiso firmando la bandera. Los empresarios lo hicieron. Intensas gestiones durante el día de la Enade terminaron con Sebastián Piñera, presidente de Chile y primer empresario de la nación, firmando el compromiso también. Se preguntará usted cuál era el compromiso. Muy simple: ninguno. Gracias a la magia de los ritos, era posible que los empresarios se comprometieran a no hacer nada. Si el problema que había sido revelado era la desigualdad en Chile y la mala educación, la solución a la que invitaban los niños de Puente Alto era «que los niños se esfuercen» y el compromiso de los empresarios era «dejar que los niños se esfuercen». En ese gesto, los empresarios chilenos no firmaron un compromiso, sino que suscribieron el pacto de clase que deseaban: ciudadanos convencidos de que ningún poderoso debía hacer nada por ellos, pues todo depende de cada uno y nada más. Esa es la ideología del emprendimiento.

El Chile contemporáneo asumió que en el individuo residía toda la potencia para obtener el éxito. El ideal de la sociedad es la conquista del éxito por un individuo lo más solo posible. La acción colectiva es así señal de debilidad y obstrucción a la creatividad. Desde ahí se generó la convicción del nulo rol que deben tener los sindicatos, colegios profesionales y toda clase de gremios que puedan unirse por sus intereses comunes en la dimensión laboral. Y claro, si alguien no puede hacerse cargo de su propia vida o de su familia, entonces la sociedad debe esforzarse a su vez por ayudarlo a superar esa condición de precariedad, como acto de humanidad básico. Ha sido esta visión la que ha fundamentado el Estado subsidiario, esto es, el hecho de que los recursos estatales solo son entregados en forma de bienestar social cuando aparecen personas que se han visto perjudicadas en la distribución de recursos asignados por el mercado, es decir, el Estado aparece como paliativo, como reductor de injusticias, no como productor de sociedad, pues ella es simplemente la reunión de los actos de los distintos individuos.

El Chile neoliberal arroja a los individuos en la soledad más absoluta. Cada quien debe defender lo propio y la solidaridad es reemplazada por la caridad. Todo acto social es apoyo de un rico a un pobre. Los más ricos, normalmente carentes de lazos fuertes a nivel comunitario, ¿cómo se sentirían si de pronto llegaran a sus barrios los pobres a enseñarles y ayudarlos a relacionarse con el prójimo? ¿Cómo se sentirían si les llegaran a enseñar a tener lazos sociales más profundos? La gigantesca ironía es que los jóvenes cristianos y ricos llegan a las poblaciones a enseñar emprendimiento y gestión económica, cuando son ellos mismos los que serían incapaces de hacer vivir a cuatro personas con 200.000 pesos. La soberbia del gesto solo tiene lugar por la fuerza de su presencia en la sociedad, pues de no ser así habría sido ya sancionada.

El poder de la mayor parte de los ciudadanos es en Chile infinitesimal. En primer lugar pesa la estructura social en tanto ingreso económico. Lo que se debe entender es que el dinero es ante todo poder reducido a su instancia material y específicamente a su capacidad de cambio. Pues bien, el poder económico en términos de recursos disponibles es muy limitado para la mayoría de los chilenos y es además profundamente desigual. Dado que todo poder es relacional, no cabe duda que el hecho de una gran desigualdad disminuye el poder de quienes tienen menos. El gráfico siguiente muestra el ingreso en Chile dividido en cien paquetes con igual cantidad de hogares cada uno (percentiles). Y la diferencia es brutal.

Gráfico 12: Distribución de ingreso por percentiles⁴⁰

La mayor parte del ingreso, por supuesto, proviene de fuentes laborales. Es obviamente el trabajo la base del ingreso. Por tanto, el escenario del trabajo es decisivo para entender el poder de los ciudadanos. Si partimos analizando que la mayor parte de la población económicamente activa en Chile no es asalariada, o sea es independiente o microempresaria, y que un porcentaje importante de ellos preferiría ganar lo mismo con un régimen de asalariado, vemos que hay muchos que están obligados a no ser asalariados, por lo tanto son emprendedores forzados. Pero vayamos más lejos. Los analistas económicos en Chile insisten en el gran dinamismo del mercado laboral chileno. Si vemos lo que significa apreciaremos que se trata simplemente del hecho de que mucha gente ingresa a trabajar cada cierto ciclo precisamente porque termina de trabajar en cortos períodos. El trabajo estable tiende a ser precario, pero el trabajo en general tiende a ser inestable. Ni siquiera el sistema público goza hoy de estabilidad. Han crecido en él numerosas formas de subempleo, que otorgan a la parte contratante un poder de coacción y chantaje enorme. En la siguiente colección de citas ruego poner atención a la interpretación sobre estos datos que da El Mercurio y a los datos que entrega al mismo tiempo.

Mercado laboral chileno muestra dinamismo similar que Estados Unidos para crear empleo (p. B2, 9/2/2012, El Mercurio, titular de noticia).

Hace poco [...] la economía de Estados Unidos sorprendió gratamente al mundo al crear 100 mil puestos de trabajo más que los esperados para enero. Así, el mercado laboral de esa nación confirmó que es uno de los más competitivos del mundo [...] Pero Chile no está lejos de esa realidad de dinamismo (p. B2, 9/2/2012, El Mercurio).

La forma más precisa de entender el comportamiento de un mercado del trabajo no es solo la creación de empleos, sino también el fenómeno llamado de destrucción de puestos de trabajo. Así, en Chile hay un 6 por ciento de probabilidades de perder el trabajo, incluso superior a la realidad norteamericana, a la española y a la de Reino Unido. Pero eso se compensa con la fuerza con que se crean nuevos puestos de trabajo (p. B2, 9/2/2012, El Mercurio).

Según este estudio, el 24 por ciento de la fuerza de trabajo transita en promedio, durante cada trimestre, entre las tres categorías anteriores (ocupación, desempleo, inactividad), cifra que a juicio de los expertos es alta, más aún si se considera que este número no incluye a aquellos que se cambian de un trabajo a otro (p. B2, 9/2/2012, El Mercurio, último párrafo y destacado).

Las mujeres tienen 13 por ciento de probabilidad de transitar de la ocupación a un estado de inactividad (p. B2, 9/2/2012, El Mercurio, cuadro aparte).

Ahora es preciso hacer el simple ejercicio de despejar del exceso de hermenéutica dicho texto y simplemente mostrar los datos: el mercado chileno produce mucho empleo y produce mucho tránsito también en la dirección contraria. Hay una alta probabilidad de perder el empleo, una de las más altas del mundo en rigor, existiendo un cuarto de la población laboral que se mueve en un trimestre entre las distintas categorías. El hecho de que el «dinamismo» de Chile se parezca al de Estados Unidos no parece ser lo más importante, sino que es el rasgo contradictorio entre creación de empleo y destrucción del mismo el que parece más atractivo de analizar. Lo cierto es que Chile tiene un mundo laboral precario, que genera temor e incertidumbre en sus trabajadores, donde la sensación de seguridad laboral es baja y el futuro aparece sostenidamente como una instancia difícil. Resulta sorprendente que se interprete este escenario de «dinamismo» cuando bien podría ser de «bipolaridad», que obviamente es un estado muy dinámico, pero parece tener una connotación algo más negativa.

Si vemos este escenario queda en evidencia que no solo hay un problema objetivo con el ingreso, sino además con su certeza. Tener poco garantizado es distinto a tener poco no garantizado. Mientras el empresariado ha solicitado no cambiar las reglas para evitar la incertidumbre que daña el desarrollo, los ciudadanos de Chile deben tolerar la incertidumbre en sus puestos de trabajo, mayor si se es mujer, por cierto.

¿Y cuál es el poder de los ciudadanos frente a las empresas en tanto clientes? Ya hemos visto que los ciudadanos no tienen mucho dinero, por tanto su poder de acceso al mercado de bienes y servicios es limitado. Ello implica un alto costo-oportunidad de cualquier transacción, se debe seleccionar muy bien lo que se ha de comprar. A esto se añade que la carencia de dinero supone imposibilidades de acceso y la única solución para traer a presente un futuro posible es consumir a base de crédito, ruta fundamental para relacionarse con el mundo del consumo. Sin embargo, el mundo del crédito se ha caracterizado por su opacidad. No solo se trata de las infracciones a las leyes del consumidor, se trata incluso de la satisfacción de los requerimientos legales con una serie de fórmulas que minimizan el poder de los consumidores frente a quien establece la oferta. En general, es la diferencia de información entre el cliente y la empresa oferente la que marca las sustantivas distancias de poder. La Polar repactó las deudas unilateral y desinformadamente. ABC-Din no sacó de Dicom a quienes estaban repactados con consentimiento informado. Casos opuestos, pero en ambos el perjudicado es el cliente y, luego, la sociedad. En estos casos hubo una infracción a las normas establecidas, pero el hecho de articular modelos de negocio centrados en la certeza matemática que señala que un porcentaje de los endeudados caerá en mora es una práctica común para articular el negocio. Vivir y ser cómplice de la tragedia de otro puede ser un modelo de negocio. Y es así como en el retail el cliente del segmento ABC1 pagará al contado por un televisor o un refrigerador y lo obtendrá a un precio extraordinariamente conveniente. Pero el cliente de clase media pagará a crédito y terminará pagando un 30 por ciento más, en el mejor de los casos.

Comprender el sitio del crédito en nuestra sociedad es decisivo para dar cuenta del Chile actual. En términos estrictos, la existencia de un crédito no tiene ribetes de maldición. En el equipo del Centro de Investigación en Estructura Social de la Universidad de Chile se han revisado los datos sobre endeudamiento de la Encuesta Casen y se ha concluido que hay diversas comunas donde un incremento de la calidad de vida se asocia a su aumento del endeudamiento. Y es que bajo ciertas condiciones es natural que ello ocurra, pues el crédito trae a tiempo presente un bienestar que llegaría (de no existir el adelanto de recursos) en el futuro. Y es muy distinto llegar a vivir en una casa propia con quince años de anticipación y conseguir adecuados electrodomésticos para el hogar. O es muy diferente la oportunidad de desarrollo de una microempresa que tiene acceso al crédito y otra que no. Entonces debemos entender que el crédito ha sido satanizado más allá de su verdadero alcance. La pregunta es: ¿es un error de las personas la satanización del crédito o esconde esa «verdad» algo sustantivo? La respuesta es evidente. Lo que esconde el temor y el dolor de los chilenos frente a los créditos es el conjunto de operaciones sociales y económicas donde este concurre en una posición de estructural violencia sobre la sociedad.

La violencia de los créditos no está realmente en su precio, es decir, en el costo de comprar dinero adelantándolo en el tiempo. La violencia radica en el carácter perentorio de la operación crediticia. Los chilenos se sienten presionados a la búsqueda de créditos, ya sea desde las funciones de seducción, desde las exigencias sociales, los estilos de vida y las exigencias institucionales. Objetivamente, el sistema obliga a endeudarse a muchos chilenos para poder estudiar, por ejemplo. Pero además el endeudamiento es parte de las operaciones sociales de enmascaramiento que supone una sociedad que tiende a premiar a quien logra mentir sin que se note respecto a su posición social. Chile premia al arribista cuando su acto de especulación social ha sido exitoso. La verdad es que todas las sociedades lo hacen, solo que la ficción creada en una sociedad como la Francia del siglo XIX sería simplemente la posibilidad de inmiscuirse adecuadamente en el mundo de los salones. En cambio, la fantasía del Chile actual dice relación con la lógica del «avance». Los créditos pequeños son llamados por las empresas «avances», en clara alusión al adelantamiento de un dinero cuya existencia sería futura. Sin embargo, el avance se ha convertido en un modo de ilusión. El modelo dice a los chilenos que en el futuro serán más, serán mejores, que tendrán más dinero (y que si todo sale bien, los hijos serán rubios). Hemos visto en mediciones que los chilenos asumimos que en el futuro seremos el doble de lo que somos, aun cuando nuestros cambios en el pasado no avalan esa velocidad y evolución. En ese sentido, el avance permite gastar hoy a cuenta de las capacidades de lo que en una investigación fue denominado «el yo del futuro»,⁴¹ ese yo que es tan superior al actual que será capaz de pagar el consumo de sí mismo y el consumo del presente.

La necesidad de enajenarse en la lógica del crédito es el problema de la función social del endeudamiento dentro del Chile actual. Hay que ser alguien mejor, alguien superior, hay que ser en definitiva un «otro», convertirse, mutarse. El yo actual es muy poca cosa y debe ser escondido, no reconocido. Solo debe existir el yo de la ilusión, de la fantasía, el yo que se parece a las expectativas del modelo y no a mis propias competencias.

Pero el sitio del crédito en la sociedad de mercado no solo está marcado por las exigencias a la subjetividad. Además, muestra una faz todavía más compleja cuando observamos la posición estructural del crédito en el proceso de producción de capital. Porque el ciudadano no solo está invitado y muchas veces obligado a introducirse en el mundo crediticio, sino que además la relación que allí se configura excede completamente el mero rol del crédito. Y es que los préstamos han ido creciendo sistemáticamente en la dirección del sistema financiero. Porque evidentemente los préstamos de dinero no siempre arriban a los bancos y otras entidades financieras. Pero la tendencia ha sido que sí. Y de hecho, la mayor parte de las empresas que logran cierto tamaño en ventas al menudeo (el retail) se han financiarizado para poder operar en el mundo del crédito, a tal punto que su utilidad no está ya en vender ropa, tecnología o electrodomésticos, sino directamente en las utilidades de vender el dinero para vender los objetos. Lo cierto es que en este escenario, la construcción del «yo del futuro», ese ente sobre el cual se construye una evanescencia hoy inexistente, se realiza justamente en el marco de la incorporación de ese mismo sujeto a una maquinaria crediticia que finalmente reporta al sistema financiero en su totalidad. El ciudadano queda inserto en el sistema financiero, pero no en la posición ventajosa del «accionista», sino en la posición objetual de «la acción». Cada consumidor es parte de un paquete accionario sobre el cual se analiza su riesgo. Su única unidad de medida es la tasa de interés que corresponde a su riesgo. Si agregamos a esto que la otra participación que un chileno medio tiene en el sistema financiero son las AFP, donde sí es accionista, pero no tiene control administrativo sobre su dinero, ni libertad para retirarlo, ni libertad para dejar de entregarlo; veremos que no es un imperio de libertad para el ciudadano su relación con el mundo financiero.

Siendo el crédito una función obligatoria de la vida actual y operando este en la lógica de la falta de libertad de los individuos frente a la enorme libertad del capital, lo que se configura es una relación muy dispar de poder y un factor más: el crédito se torna usurpación futura, contradicción en los intereses de clase convertidos en especulación financiera. No es un asunto menor. Las clases sociales y sus contradicciones en el momento productivo (empresario, trabajador) se amplían y llegan al punto del consumo, donde hay una nueva oportunidad de usurpación y de toma de control sobre el destino de quien ocupa la posición más alejada del capital en la sociedad.

Este modelo de negocio (el del crédito) es extractivo, igual que nuestra cultura económica. El problema es que el territorio explotado aquí son personas. El plan es sacarles todo lo que se pueda y finalmente amenazarlos con la excomunión, el Dicom. Invitados a integrarse nuevamente en la sociedad, los endeudados lucharán denodadamente por pagar, para que así el templo abra las puertas y les permita ser alguien.

El ciudadano está indefenso frente a las empresas, tanto en el plano laboral como en el de consumo. Es cosa de mirar el panorama para percibir que esto no es una exageración. La colusión de los pollos, de los buses, de las farmacias; la concentración en escasos grupos económicos de todo el poder financiero; el arribo del empresariado a la política, anudando así los poderes de todos los mundos; la integración vertical de los inversionistas en distintas industrias donde tener una empresa es conveniente para la que está en otra industria; los beneficios tributarios para las empresas (las empresas de investigación de mercado no pagan IVA, los libros sí); la delgadez de la legislación tributaria, dejando espacios de creatividad; y finalmente la maravillosa existencia de garantías políticas para los grandes negocios, pues en las concesiones de carreteras se garantizan mínimos de uso, en el crédito con aval del Estado se le dan incentivos a los bancos para que entren al negocio, que ya por sí mismo ha resultado beneficioso para los inversionistas. Haga el ejercicio de observar el Plan AUGE. Por el lado del enfermo, la situación es la siguiente: usted recibe un diagnóstico e inmediatamente debe abrir la página web del Ministerio de Salud para observar si su patología «es» o «no es» AUGE. Es decir, su primer acto es apostar que tuvo «suerte», que tiene un cáncer de hígado, por ejemplo, que es AUGE, y no uno de pulmón, que no lo es. Si tuvo suerte, al menos en ese terrible momento, usted puede respirar «agradeciendo» que su cáncer es el correcto. En caso contrario, la estabilidad de su familia (que con una enfermedad peligra por las consecuencias que ella implica) estará garantizadamente desplomada. Por el lado de la clínica privada, por ejemplo, cada vez que encuentra un paciente AUGE tiene la garantía del pago de todos los costos. El AUGE tiene forma de apuesta por el lado del paciente y tiene forma de certeza por el lado de la empresa. Y esto se repite en distintas industrias. La educación está llena de entidades que gozan de beneficios estatales significativos y que han hecho del movimiento de recursos públicos a sus bolsillos un arte que termina con una educación mediocre.

El tamaño del poder de los ciudadanos ha sido decreciente en los últimos cuarenta años. La Constitución de 1980 fue parte importante de esa privación de capital político a cada ciudadano. Pero la arquitectura del modelo económico ha sido muy significativa en esta reducción de poder. Los chilenos, además, muestran rasgos de una cultura de desconfianza interpersonal. En términos generales, los chilenos no confían en otros, pero sí confían (o confiaban) en las instituciones. Esa fórmula hacía posible que fuera estable la desconfianza con el otro, pues finalmente quien debía regenerar el tejido social sería la institución y su arbitrio. La combinación daña el asociacionismo, pues la desconfianza en los demás necesariamente supone, ya sea el alejamiento de ellos o la falta de profundidad de los vínculos, ya que a medida que es más relevante el asunto, menor es el grado de confianza. Por otro lado, depositar la confianza en las instituciones es un gesto que goza de claros signos autoritarios, pues toda verdad se asumía proveniente de entes superiores. Y en la base de estas articulaciones reside el inobjetable hecho de un ciudadano intensamente privado de potencia para hacer de su voluntad una variable relevante en la sociedad. La concentración económica ha destruido los barrios, pues parte importante del crecimiento se ha orientado en traducir el consumo rutinario en el barrio en acto cotidiano de compra en las escenas supuestamente excepcionales, como son el supermercado o el centro comercial. Y con la muerte de los barrios murieron los estamentos de prestigio que en los barrios existen. Un barrio sano tiene en sus habitantes roles que gozan de cierto poder y/o prestigio: el panadero, el bombero, el policía, la enfermera, lo que sea, en el marco del barrio tiene prestigio o al menos influencia. La señora chismosa tiene también poder, en último caso por el cuidado que se ha de tener con ella. Todo ese entramado de prestigio y poder local se ha ido perdiendo, como también se acepta que cada quien debe aprender lo que debe y no se puede exagerar con el conocimiento. Ese otro capital, el cultural, también decrece y con ello la capacidad para convertirlo en rendimientos sociales se desvanece.

No se puede decir que Chile haya descuidado el poder de sus ciudadanos. El caso tiene que ser analizado de un modo algo más drástico: Chile ha promovido la reducción de poder ciudadano para producir riquezas en el mundo financiero que sean capaces de meterse en las grandes ligas a nivel mundial. Los grandes imperios están construidos sobre los huesos de los pueblos vencidos. Aparentemente esta sentencia sobre los imperios históricos vale también para los contemporáneos imperios económicos, que esconden sus propios osarios en las fosas, que ya no son comunes, pues han sido privatizadas. La sangre derramada para hacer esos imperios sale por el lado del trabajo y también por el del consumo.

El poder del mundo financiero construyó un espacio destinado a vanagloriarse de haberse metido en la primera división mundial: el Sanhattan. Semejante ordinariez, me refiero al hecho de nombrar así a un barrio de negocios, solo ha sido posible por las pretensiones banales y absurdas de una clase empresarial que vive esperando la apertura de las puertas de Nueva York, llena de complejos por su realidad. Hay que meterse en Wall Street y como no es del todo posible, mejor construir Manhattan en Chile e ir a correr la maratón a la ciudad de la costa este. En el colmo de la impostura, cuando se corre la prueba de trote en Nueva York, El Mercurio publica el ranking de chilenos, donde destacan importantes no deportistas que, en cambio, sí son empresarios, ministros, altos gerentes, que han visto en el trote su contacto cotidiano con la realidad. Pues bien, en ese espacio pretencioso, pletórico de torres de vidrio y donde los arquitectos pueden darse algunos de los gustos que los mismos empresarios prohíben en sus edificios de departamentos disponibles a la venta del consumidor (que se debe comer la fealdad y el descriterio para incrementar las utilidades del dueño); pues bien, en ese lugar de la comuna de Las Condes, uno de los empresarios más importantes del país, Horst Paulmann, decidió construir el edificio más grande del hemisferio. No le importó comenzar la obra sin haber terminado de obtener los permisos, no le importó consultar el diseño con los vecinos, no le importó que unos departamentos de cinco pisos quedarían adyacentes a la inmensa obra que su corazón albergaba, no le importó que el edificio no se cansara más de ser grande que de ser feo. Y fue más lejos. Ofreció túneles, modificaciones al espacio público que hicieran más llevadero el enorme caos vial que la obra implicará. Pero luego de ofrecerlo se desentendió y decidió esperar para analizar el impacto de los nuevos flujos vehiculares con el arribo de dicho edificio. Las autoridades están estudiando las medidas de mitigación. Ya el mero uso del término mitigación indica lo que se busca: reducir el daño, es decir, el daño está garantizado, lo que se puede hacer es morigerarlo, paliarlo. El Sanhattan ha dejado de ser un barrio de negocios, se está convirtiendo en una herida urbana y social. No cabe duda alguna de que serán arreglados sus problemas viales, pues como dijo un ingeniero en transporte de la Universidad Católica en un programa de radio (lo siento, nunca supe su nombre), «el taco de la Costanera tiene un alto costo para el país, pues ese taco está lleno de personas que toman decisiones por millones de dólares, por tanto debe ser reducido a la brevedad». Y claro, hasta entre los atascos vehiculares hay desigualdad: hay tacos que importan más que otros.

Ese fue el Chile que se construyó desde 1973 hasta 2011. La pregunta clave de ese Chile no es cuántos son los excluidos, sino cuántos son los realmente incluidos. En la dinámica del desarrollo parecen ser muy pocos los que en verdad tienen acceso al dinamismo del primer mundo económico y a la capacidad de influir sobre su propio destino en el país.

El derrumbe de las instituciones en 2011 fue clave para despojar de gran parte de su poder a los imperios económicos. Suena absurdo, porque ¿en qué puede afectar la caída de confianza en la Iglesia católica o en la Armada a los empresarios? Pues bien, el asunto es el siguiente. Sostener la enorme influencia de las empresas en la política nacional solo era posible con un nivel máximo de ritualidad. Sin liturgia institucional no hay maquillaje para los movimientos del capital. Lagos fue el presidente de los empresarios porque permitía honrar al dios de las instituciones («dejar que las instituciones funcionen», decía) al mismo tiempo que su gobierno permitía y fomentaba toda clase de negocios de gran atractivo y garantizados resultados para los empresarios. Pues bien, las instituciones en Chile se desplomaron en un par de años y en 2011 el derrumbe fue con estrépito. El movimiento estudiantil fue en parte consecuencia, pero también catalizador de ese derrumbe. El movimiento estudiantil no reconoció los momentos institucionales, pues ellos habían sido utilizados con meros afanes litúrgicos en las experiencias anteriores de movilización (ejemplo claro fue el caso de los «pingüinos»). Y, ya caídas las instituciones, no quedó más alternativa que confiar en las personas, que es lo mismo que confiar en sí mismo. El movimiento estudiantil se orientó entonces a mostrar el vacío de las instituciones y a desenmascarar los actores e intereses que tras ellas se parapetaban. Y tuvo éxito. Desplomada la legitimidad del poder empresarial («no al lucro» fue el eslogan clave del movimiento), derrumbada la aprobación del gobierno, caídas las instituciones, la fortaleza quedaba en un movimiento social que era ante todo ciudadano, pues luchaba por derechos sociales y culturales. Y los ciudadanos ganaron poder.

Es posible que los ciudadanos no sintamos la cantidad de poder que ganamos desde marzo de 2011 a la fecha. No lo vemos porque nuestro poder era infinitesimal y multiplicado por cien sigue siendo demasiado pequeño para notarse a simple vista. Pero el caso se debe construir al revés. Piense en un poderoso, que de un total de 1.000 pods que existen en toda la sociedad (llamamos pods a una unidad de medida del poder que acabamos de inventar para dar capacidad ilustrativa a este ejemplo) tiene 60 pods, que es una enormidad. E imagine que hay cuatro personas como ese poderoso, juntando entre todos 240 pods. Supongamos que el resto se distribuye en toda la sociedad por igual. Pues bien, entonces cada ciudadano (de un total de 16 millones) tiene 0,00005 pods. Ahora imagine que el poder de cada ciudadano crece de 0,00005 a 0,00006. El cambio para cada ciudadano es mínimo: ahora tiene 0,00001 pods más, es decir, quizá construyen los cines con más estacionamientos que antes, o quizá mejoran algo el transporte público, o quizá las empresas no trafiquen con sus datos personales, lo que sea (no todo junto, una o dos cosas han cambiado, no mucho más). Su poder ha aumentado, pero no parece ser tan relevante en el día a día. Pues bien, de ocurrir ese cambio casi imperceptible para usted, se trata de un cambio de proporciones para el poderoso. Pues en vez de repartirse entre los cuatro poderosos 240 pods, ahora resulta que se reparten 100 pods. Y ello supone que cada uno, en vez de 60 pods, tiene 25. Una verdadera tragedia. La cantidad de cosas que en ese nuevo escenario no podría ejecutar es enorme. Es ella la tragedia de la concentración de poder: no tiene capacidad de resistir fugas de poder cuando comienzan a producirse. Como les gusta a los filósofos del caos (qué manera de abundar), el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un huracán en Miami (nótese que siempre el país subdesarrollado debe ser el culpable). Lo cierto es que en las sociedades es aún más imprevisible: si todos los que no tienen poder hacen algo al mismo tiempo (cualquier cosa, puede ser pararse en la puerta de la casa), en ese instante el poder de los poderosos se ha reducido radicalmente. El poderoso vive de una lógica parásita, es esa su debilidad, pues por definición nadie tiene todo el poder sobre los cuerpos y las almas.

La distribución de poder en Chile es estructuralmente desventajosa para los ciudadanos. Pero 2011 fue una inyección inédita de poder para la sociedad. Los poderosos de Chile se sintieron amenazados, pues había pasado el tiempo de «dejar» que las instituciones funcionen y había llegado el momento de «hacer» que las instituciones funcionasen. Toda la distancia entre ambos verbos marcará la diferencia entre la ciudadanía previa al 2011 y la posterior.

6. LA DESPOLITIZACIÓN: CONDICIÓN Y RESULTADO DEL MODELO ECONÓMICO CHILENO

La teoría económica observa que existen ocasiones donde una actividad económica no circunscribe sus consecuencias en el ámbito previsto por dicha actividad, afectando entonces a terceros que pueden verse beneficiados (externalidades positivas) o perjudicados (externalidades negativas). Es así como un determinado trazado de una vía férrea puede generar una enorme pérdida económica y social a un pueblo, o puede ser lo contrario. Los efectos indirectos de las acciones económicas son una rama importante de la economía. Chile promueve el Rally Dakar y su ejecución genera rendimientos publicitarios y un movimiento económico importante en las fechas de realización. El cálculo que se ha comunicado por la prensa habla de 12 millones de dólares de ganancias.⁴² Pero genera enormes daños al patrimonio cultural y natural del país. ¿Cómo se mide eso? ¿Es realmente medible? ¿Hay una línea ética que trazar? Este tipo de discusiones nos supone con frecuencia el problema de las externalidades.

Ocupemos ahora este concepto como metáfora y hagamos uso de ella en otro plano. El modelo económico chileno tiene un rasgo fundamental: el país se definió como un país exportador de materias primas. Esto significa básicamente que Chile asume que su principal actividad económica estará centrada en la explotación de la naturaleza, ya sea que concentre sus esfuerzos en la extracción de mineral, la explotación forestal, agropecuaria, pesquera, para luego exportar lo que ha sido extraído. Esta definición no es completamente nueva, pero sí su énfasis. Chile ha tenido la tendencia a ser un país minero e históricamente nuestras actividades productivas principales han estado circunscritas en el plano de la explotación de los recursos naturales: fue primero el salitre, luego el cobre. Chile no ha sido un país de repertorio económico amplio. Pero tuvo sus pudores. Los esfuerzos de industrialización de mediados del siglo XX a la busca de la sustitución de importaciones mostraron un intento de matizar el repertorio de actividades económicas. Por tanto, la situación actual, heredada desde los años ochenta, donde se definió el carácter exportador como el centro del modelo chileno, es históricamente nueva, aunque sea por diferencias de énfasis.

Una sociedad extractiva es una sociedad simple. Tiene actividades de alta rentabilidad donde no trabaja la mayor parte de la población, pero donde sí se produce la mayor parte de la riqueza. Eso es Chile. Un país donde cerca del 20 por ciento del PIB proviene de la minería es necesariamente una comunidad altamente dependiente de una sola producción. Las utilidades de las empresas mineras se acercan a los 25.000 millones de dólares anuales, cifra que equivale a más de la mitad del presupuesto en Chile. Los impuestos a la minería privada solo dejan al Estado 3.600 millones de dólares, cifra para nada proporcional con el porcentaje del PIB y con las ganancias que esta actividad produce en Chile. Por otro lado, el impacto de la minería en el empleo es menor todavía que en el presupuesto, llegando a menos del 3 por ciento. Estas cifras dan cuenta de la escasa articulación entre la actividad económica y la sociedad. La minería no está conectada con Chile, no aporta sustantivamente a la sociedad. No es momento de preguntarse con qué está conectada, dónde van sus beneficios. Pero aunque no es el momento, ya viene siendo tiempo de que la discusión comience.

Tabla 7: Utilidad e impuestos de la minería privada⁴³

Tabla 8: Fuerza de trabajo total y sector minería⁴⁴

Tabla 9: Producto Interno Bruto total y sector minería⁴⁵

Hasta 2000, la minería en Chile representaba sistemáticamente entre un 8 y un 10 por ciento. Desde entonces a la fecha, pasada ya más de una década, la participación de la minería en el PIB de Chile se ha más que duplicado. Chile no solo ha sido históricamente un país minero, sino que es cada vez más minero. Además la minería, como ha señalado Patricio Meller, impacta sobre la economía no solo por su aporte en el PIB y su centralidad en las exportaciones, sino también en el sistema tributario y en la inversión extranjera. Es decir, la minería estructura al país y además articula al Estado. Chile privatizó prácticamente todas las empresas públicas, pero mantuvo Codelco, cuyo aporte al fisco está siempre entre tres y cuatro veces por encima del aporte privado.

En consecuencia, en un país como Chile, una actividad económica produce una enorme masa de dinero que llena las cifras del PIB, pero no existen en Chile las condiciones para que ese dinero permee a toda la sociedad y genere beneficios que recorran el tejido social. El dinero de las utilidades de Codelco va al presupuesto, descontando el 10 por ciento de las ventas que han ido a las Fuerzas Armadas. En el presupuesto, el dinero de la minería se destina a políticas focalizadas de gasto social para apoyar a quienes están en una situación que se evalúa como subsidiable. Si ya sabemos que las empresas privadas pagan tributaciones escasas en la explotación minera, debemos agregar que Chile no ha construido ninguna estrategia nacional para hacer que esa recaudación se transforme en una sociedad más sustentable en el tiempo, con nuevas actividades económicas y con ciudadanos más competentes educacionalmente.

En las sociedades mineras las cuencas geográficas se analizan desde el punto de vista de la explotación y, normalmente, la forma de convertir esa cuenca en intensamente productiva supone su modificación radical y la destrucción del orden social allí instalado. Esto implica que las culturas mineras consideran que el centro de la sociedad es el mineral y no las personas. Si hay que tapar una ciudad completa y abandonarla para abrir más el tajo de una mina, pues bien, se ha de hacer, como ocurrió con Chuquicamata. La única pregunta es qué es más rentable. La vida de las personas se deteriora hasta el horror y la compensación es el pago de un salario superior a la media nacional.

Pero hay un rasgo más importante de los países mineros y resuena esta característica a nivel cultural. Y es que en una sociedad extractiva no es relevante la calidad de la educación de los ciudadanos, pues la cualificación está asociada a la actividad inmediata. La sociedad no requiere de pensamiento complejo, innovación, capacidad crítica. La sociedad ha definido que no inventará nada nuevo, su actividad fundamental será arrancar de la tierra la riqueza que ella guarda celosamente. No hay riqueza fuera de la tierra, producir es extraer. Esa es la convicción que en Chile se ha instalado, haciéndonos cada vez más merecedores del rótulo de país minero.

Toda política tiene un marco cultural que le subyace. Ese marco cultural permite su existencia, es decir, de alguna manera antecede a la visión política; pero también ese marco cultural es producido y/o alimentado por las políticas que en su dirección transitan. La cultura detrás de una sociedad extractiva es eficientista. O sea, asume que nada puede ser creado, pues la riqueza está en la tierra, los minerales, la naturaleza, en definitiva, y que la eficiencia es retirar eso al mejor costo posible. Nada es creado económicamente, nada es obra humana, todo se gestiona a partir de recursos que ha otorgado la naturaleza. Son más importantes los gerentes que los inventores, es más importante una máquina capaz de penetrar la tierra muchos metros en su interior que desarrollar habilidades educativas en una población. La riqueza está en el suelo, la inteligencia está en saber usarla.

Un país minero y explotador de materias primas no requiere educación, porque la calificación del trabajador no es realmente relevante. Un país minero no requiere instituciones, pues la única ley es la del mineral.

Esta cultura supone una visión estática de la riqueza, nada puede ser multiplicado, solo se pueden descubrir más yacimientos. Como la madre que cree que algo del amor de su hijo morirá por la llegada de una novia, pues entiende que la cantidad de amor de su hijo es estática; en Chile nos hemos convencido de que la riqueza es algo que está fuera de nosotros y que en nuestro interior solo debe haber un software capaz de gestionar adecuadamente esa riqueza. La creación hubo terminado el séptimo día y desde ahí solo nos queda la gestión.

Bajo esta cultura, la política no tiene ningún valor. El país saca una riqueza de la tierra cuyo volumen es estable, algunos salen muy beneficiados, otros salen perjudicados, algunos quedan directamente excluidos de los beneficios. Para hacer viable esta comunidad hay que recolectar recursos susceptibles de ser distribuidos para paliar la exclusión, devolver la dignidad y dar mayor legitimidad al orden. El punto es hacer toda esta cadena de actos eficientemente. No se deben perder recursos en el camino. Eso es lo que nuestra cultura productiva nos dice día a día. Lo dice el presidente (cualquiera sea), lo dice el ministro de Hacienda, lo dicen los empresarios, lo decimos en las casas. Estamos convencidos de que todo se resuelve con eficiencia. ¿Qué puede hacer la política aquí? La política reconoce intereses, articula dimensiones de conflicto, establece procesos de decisión, debate sobre visiones de mundo, muestra los caminos y sus avatares, se juega en la confianza y la credibilidad, busca legitimidad en su dominación, es espacio de usurpación de poder, de conquista, de lucha. La política tiene como horizonte la transformación, aunque día a día tienda a producir estabilidad. La política se construye desde el interés hacia la utopía. ¿Qué hace la política en medio de una cultura donde la función central de la sociedad es explotar la naturaleza? Su valor está en dar viabilidad a ese modelo; en resumidas cuentas, su valor está en postergarse y dejar que las cosas se hagan del modo más eficiente.

En Chile nos convencimos de que ser eficientes es hacer siempre lo mismo: tratar de bajar los costos y aumentar la producción (o mejorar el precio). Nos cuesta pensar al mismo tiempo que el Chile de la Concertación fue eficiente en aumentar la explotación de los minerales chilenos y que la Unión Soviética de Stalin fue eficiente en generar la industrialización. Y más nos cuesta entender que a la decisión de ser un país industrial, de servicios y/o extractivo subyacen una serie de análisis y evaluaciones que requieren un fuerte análisis político. Un país exportador, por ejemplo, es muy débil frente a las grandes potencias económicas, pues las requiere, dado que serán sus principales mercados de venta de su producción. Y tendrá que tener relaciones constantes con ellas. Maquiavelo enseñaba que nunca es bueno estar en relación intensa con quienes son más poderosos, pues su capacidad de negociación es superior. No son pocos los que han criticado la política de tratados de libre comercio de Chile, señalando que dichas negociaciones no han sido del todo convenientes para Chile. Sin embargo, esa crítica se queda corta. Las condiciones no pueden ser ventajosas cuando una parte no tiene capacidad de chantaje (Chile) y la otra parte sí la tiene (cualquier potencia mundial). Chile estaba obligado a tener tratados de libre comercio si quería existir en el mapa siendo un país con matriz exportadora, pues sería absurdo dedicarse a exportar y al mismo tiempo restringir los esfuerzos exportadores. Es el modelo extractivo el que supone la obsesión chilena por el libre mercado y la reducción de aranceles. Chile tiene 21 acuerdos internacionales de comercio con 58 países, representando dichos acuerdos la posibilidad de contar con reglas para el comercio con el 86 por ciento del PIB mundial. Se considera que «solo estarían faltando Indonesia, Rusia y Filipinas para abrirse a todo el planeta» ⁴⁶ (sic). Por supuesto, el planeta tiene más de 61 países, pero se entiende que los economistas se refieren al planeta económicamente relevante en términos comerciales.

Los chilenos hemos estado convencidos de que los tratados de libre comercio incrementan nuestro bienestar. Por cierto, este enunciado es discutible. Si consideramos un problema perder capacidad de maniobra en lo político, entonces los tratados tienen al menos una externalidad negativa. Este problema lo han vivido incluso los empresarios exportadores. Ellos se quejan de que los actuales tratados no incorporan una serie de temas que desde los países receptores de nuestra producción se están exigiendo. Los compradores solicitan informes sobre el daño medioambiental, la estética de los frutos y vegetales, las condiciones laborales; en fin, una serie de problemas que los negociadores llaman «barreras paraarancelarias», aunque la palabra no tenga el gusto de existir. ¿Qué son esas barreras? Simplemente es el hecho de que, como en todo lugar normal, los asuntos políticos terminan por invadir los acuerdos comerciales y aunque esté firmado algo como el estándar, este va a ser modificado si viene al caso.

En cambio, en Chile, si tenemos un acuerdo comercial, lo respetaremos a muerte. En realidad, no tenemos alternativa. Por eso, la eliminación de barreras favorece más a los países grandes que a los países chicos, sobre todo porque los países grandes se dan el gusto de mantener una serie de políticas proteccionistas. «Según la OCDE, Chile es el país más abierto de la red, y uno de los que menos subsidia».⁴⁷

En una matriz económica exportadora, el momento político comienza en la negociación del Tratado de Libre Comercio y termina con su firma. Después de ello, la política es irrelevante. La política es un lugar por el cual se hace necesario «pasar», pero sería excelente poder evitarlo; tal y como el especulador bursátil entiende que para que exista la bolsa es indispensable que haya empresas productivas, pero sería excelente que no las hubiese.

En nuestra matriz económica la política pierde valor porque la ciudadanía es la que queda postergada y porque, naturalmente como consecuencia de lo anterior, las personas reducen significativamente el interés por la política. El centro operacional de todo el funcionamiento de la sociedad es la ampliación de los mercados, la apertura hacia nuevos volúmenes, el incremento de las ventas. Si el centro de la sociedad es la extracción de materias primas y si la gran riqueza es la minería, ¿cuánto importa la vida de los ciudadanos? No en vano en Chile los derechos de agua, los derechos mineros y la propiedad del suelo no tienen nada que ver. Y no es raro, entonces, que los derechos mineros en Chile tengan prioridad sobre otros derechos de propiedad. El dueño de una pertenencia minera bajo su casa tiene más derecho que el dueño de la casa sobre los avatares futuros de ese territorio. Por cierto, si usted tiene la suerte de tener una gran mina de oro bajo su casa, no le sirve de nada y asuma desde ya que es un gran problema, pues eso le pertenece a otro y desde entonces su biografía depende de él. De hecho, nuestra Constitución Política es enfática:

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.⁴⁸

Y el Código Minero aclara muchas dudas cuando dice:

Artículo 2°.—La concesión minera es un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contraríen disposiciones de la ley orgánica constitucional o del presente Código. La concesión minera puede ser de exploración o de explotación; esta última se denomina también pertenencia. Cada vez que este Código se refiere a la o las concesiones, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras.⁴⁹

A decir verdad, las biografías del grueso de los chilenos son fuertemente influenciadas por las grandes compañías. Un informe de Sercotec y la Organización Internacional del Trabajo, titulado «La situación de la micro y pequeña empresa en Chile» (2010),realizado con datos de 2006, señala que la gran empresa produce el 20 por ciento del empleo en Chile. Normalmente esto es leído desde otro punto de vista, al señalar que la actividad que mueve Chile la realizan las microempresas, que producen un porcentaje más importante de la actividad económica, sumando trabajadores por cuenta propia, empleados remunerados y familiares no remunerados en la empresa, con un 41 por ciento de todo el empleo del país. Sin embargo, lo que no se dice es que un importante porcentaje de las microempresas e incluso de las pequeñas son proveedores de grandes empresas. Y que la mayor parte de las empresas de menor tamaño en Chile son monoclientes y que, por tanto, sus historias se hallan íntimamente ligadas con cada decisión que la gran empresa tome. Por tanto, el poder directo de la gran empresa en Chile sobre las biografías de los hogares chilenos es enorme, abarcando la estructura productiva completa y definiendo las condiciones en que se relacionan las empresas de menor tamaño, los trabajadores y los consumidores con el gran capital de las inversiones de los grandes grupos económicos.

La protección a la micro y pequeña empresa ha sido escasa. No solo habitan en un ambiente de baja productividad (por incapacidad de inversión) y de enorme presión por los mecanismos de pago de los clientes (las grandes empresas pagan a noventa días y destruyen el flujo de liquidez para las pequeñas empresas), sino que además no cuentan con una preferencia clara del Estado para potenciar su desarrollo. Es así como el mismo informe de Sercotec y OIT revela que el 48 por ciento de los montos de las compras que ejecuta el Estado de Chile a través de ChileCompra se cursan a favor de grandes empresas.⁵⁰ El Estado no parece hacer un esfuerzo por potenciar proveedores de menor tamaño y termina siendo un cliente que solo busca resolver sus provisiones sin un sentido social. A esto se debe agregar que el mercado de capitales, disponible para las grandes compañías para obtener créditos de inversión a buen precio con las pensiones de los chilenos, no está disponible para las pequeñas y microempresas. Mientras Falabella o La Polar tienen derecho a acceder a dineros constantes y a bajo precio, derivado del trabajo de los chilenos, los mismos trabajadores deben contratar créditos con tasas inmensas en esas tiendas y los microempresarios sencillamente no tienen acceso a ese pozo de dinero que podría inyectar oportunidades de desarrollo.

En nuestra matriz exportadora, aunque la suma de micro y pequeñas empresas representan el 60 por ciento del empleo y el 98 por ciento de la cantidad de empresas en Chile (año 2006), el porcentaje de exportaciones que realizan es menor al 20 por ciento del total. La gran empresa llega a representar casi al 40 por ciento de las exportaciones y la mediana suma más del 25 por ciento. ¿Cabe alguna duda a quién conviene la matriz exportadora? Hemos gastado numerosos minutos de televisión durante todos estos años mostrando microempresarios que están exportando y se les han abierto oportunidades increíbles en Asia-Pacífico o en la inmemorial Europa. Pues bien, esas páginas deben reunirse en el mismo paquete que muestra niños pobres que sacan puntajes nacionales. Son ejemplos de que es posible salir adelante, por supuesto, pero son ejemplares solo porque son excepcionales, pero no porque sean un método viable estructuralmente de cambio social.

No en vano, dice Patricio Meller⁵¹ sobre la micro y pequeña empresa, que es un segmento muy importante en la generación de empleo, pero que no cuenta ni con capacidad exportadora, ni con suficiente acceso a crédito, a las tecnologías y a los mercados. Remarca además que, en contraste, las grandes empresas están más orientadas al mercado internacional y cuentan con un acceso favorable en todos los ítems donde las empresas de tamaño reducido están al debe.

La gran empresa muestra una gran capacidad para intervenir en los procesos sociales. Sus decisiones conjuntas son relevantes en lo económico, social, político y cultural. El discurso levantado desde el mundo del gran empresariado en Chile ha sido el del emprendimiento. Todas las universidades instaladas por el empresariado promueven la orientación al emprendimiento como un aprendizaje clave para los estudiantes y su futuro. Mediante este concepto se ha homologado a la gran empresa con la mediana, la pequeña y la microempresa. Fue el gran logro del empresariado en Chile, su triunfo ideológico central. Si cada microempresario (un heladero, un taxista) se siente igual a Luksic (solo que sin dinero), la idea de contradicción entre las clases se habría extinguido para siempre.

Pero para sostener ese discurso era imprescindible que las grandes empresas demostraran que eran aliados y amigos de las empresas de menor tamaño. Sin embargo, la relación cliente/ proveedor, donde este último rol lo cumple la empresa más pequeña y recibe un trato predatorio en formas de pago, condiciones, precio y hasta vejatorio en lo emocional, ha terminado por mostrar que no hay semejanza de intereses entre la gran empresa y las otras formas de organización productiva. La escala, el tamaño, ha hecho su labor y ha modificado las reglas del juego para convertirlo en otro juego completamente diferente.

De alguna manera, la gran empresa está muy conectada con la sociedad desde el punto de vista de la determinación de las condiciones de vida de sus habitantes. La gran empresa chilena ha ido ganando presencia en la capacidad de definir las tristezas y alegrías de los chilenos en el día a día. Pero al mismo tiempo esas empresas tienen cada vez menos que ver con Chile en términos del chorro de dinero que de ellas emerge como producto. No en vano hay quienes llegan a hablar de «enclave minero» para describir la relación de Chile como exportador de minerales, señalando que la sociedad que exporta obtiene beneficios muy reducidos en relación con la riqueza producida y con el daño ambiental y social realizado.

Estos análisis, además, conectan con la idea, no infrecuente en ciertos economistas, que señala que los países cuya producción básicamente se orienta a los recursos naturales tienen en general un crecimiento menor que los países que muestran mayor presencia de otro tipo de actividad productiva. Meller expresa que incluso se han visto correlaciones negativas entre el crecimiento económico y el coeficiente de exportaciones de recursos naturales. Sin embargo, el mismo Meller indica que Chile es un outlier, una excepción en esta tesis y que en general es un caso de éxito de explotación de recursos naturales. Pero el problema radica en que asumir eso es asociarlo con una noción de mérito en el plano de la resiliencia; es decir, asumiendo que es muy difícil hacer un vergel en el desierto, se ha de felicitar a Chile por haberlo logrado. El problema es que Chile no tiene razón alguna para producir sus tomates en el desierto, bien podría hacerlo en un sitio con la tierra más mojada.

La forma en que se articula la gran empresa con la sociedad chilena ha resultado ser inconveniente para los ciudadanos del país, ya sea desde la estructura productiva, el empleo, las recaudaciones tributarias, el impacto ambiental, en fin. A esto debemos sumar que la cultura empresarial chilena no ha sido tampoco un aporte, como quiere presentar la ideología del emprendimiento.

La cultura empresarial chilena se ha articulado en el razonamiento miserable. No es la crueldad su valor central, no el emprendimiento, no es la creatividad, no es la mera avidez por la riqueza futura. Todos estos valores pueden estar, menos la creatividad, claro está. Pero el central es la simple poquedad de la miseria. Las grandes empresas han desarrollado áreas de responsabilidad social empresarial, pues ahí canalizan todos sus actos nobles, bajo la lógica de la caridad. Ello les permite asumir que en todas las demás operaciones, que son las centrales, el gesto miserable de perjudicar a otro es necesariamente la prueba de fuego, la señal higiénica de estar haciendo un buen negocio. Los empresarios chilenos no soportan que en el marco de su actividad produzcan riqueza a otro, no soportan beneficiar a un tercero y no ven como buen negocio nada que sea sustentable. Tienen una sensación emocional predatoria: si no se han comido a alguien, entonces no están siendo buenos empresarios. La RSE es simplemente un espacio cristiano de resarcimiento ante el pecado, mera caridad, simple política subsidiaria. Pero los empresarios chilenos han sido incapaces de establecer como un objetivo de su actuar el beneficio de la sociedad. Por el contrario, simplemente asumen que sus actos, por el solo hecho de existir, producen bienestar.

La gran empresa en Chile ha sido clave en el empobrecimiento de la textura social y política del país, desincentivando sindicatos, generando formas contradictorias de empleo en su seno (y propiciando conflictos entre los mismos trabajadores) y convocando a los ciudadanos solo en el consumo o en la defensa corporativa de sus intereses (como en el «caso de las uvas envenenadas»).

La concentración de poder en las grandes empresas es una de las claves de la despolitización. Pero además los políticos han permitido (y en muchas ocasiones lo han promovido) que el país se despolitice. Sin entender nada, pensaron que ello en algún sentido les convenía. Por supuesto, cuando se va contra las definiciones, normalmente se vuelve derrotado. Si la política pierde valor, los políticos terminarán muriendo con ella. Es como alegrarse de tener cáncer porque se quiere adelgazar. Los políticos chilenos se alegraron del proceso de despolitización, pues su primer rendimiento fue quitarles poder a los ciudadanos y dejarlos en esferas donde ellos podían acceder. Pero era cuestión de tiempo para que su influencia se fuera desgastando, en la medida en que eran piezas que el ajedrez del poder no requería.

Es la falta de relevancia de la política la que ha bajado la importancia de quienes la habitan y ha fomentado el ingreso a ella de quienes pueden escarbar en los escombros de la polis algo con que fingir que viven la vida de los poderosos. En Chile el poder se ha concentrado en la esfera económica. Y específicamente en las grandes empresas. No tiene ningún sentido calificar a la microempresa como algo que realmente pertenezca a la misma categoría que Cencosud. Pero tampoco tiene ningún sentido homologar la pequeña empresa o la mediana empresa a las grandes. La mayor parte de las empresas medianas, pequeñas y micro son monoclientes, todas ellas tienden a mostrar una reducción de la productividad en los últimos años, la mayor parte de ellas no exporta. La matriz exportadora se concentra en las grandes empresas, ellas sí aumentan su productividad sistemáticamente y ellas sí tienen diversos clientes. Ellas son el corazón de este Chile. El clientelismo en Chile se construye desde ese centro de poder hacia los políticos. Analizar los directorios de las empresas es suficiente golpe de realidad como para entender que en ellos habita el orden de esta sociedad.

Sin embargo, la dimensión económica tiene un poder con una vulnerabilidad: la legitimidad. Por definición, el poder económico es ilegítimo, nadie ha aceptado el poder del otro, nadie ha reconocido pacto alguno. Las empresas tienen un sucedáneo de la legitimidad: la seducción, la publicidad, pero ello es insuficiente en el largo plazo. La seducción publicitaria es capaz de producir una integración por vía fantasiosa, puede homologarnos a una clase que no pertenecemos, puede ser la promesa del consumo del mañana. La ideología del emprendimiento busca el mismo horizonte. Convierte a cada ciudadano, aunque sea asalariado, en un emprendedor, sitúa todo en la actitud. Si ser empresario depende de la propiedad, ser emprendedor depende de la actitud. Tal y como Platón decía que era necesario contar a los pobres que ellos no requerían dinero porque llevaban el oro dentro de sí mismos, el Chile del emprendimiento contó la historia de que la empresa era el corazón de toda sociedad, pero luego transformó el discurso para integrar a las personas, aunque fuese limitadamente, y declaró que cualquiera podía ser emprendedor, sin importar lo que tuviera, pues se podía no tener empresa y ser emprendedor.

7. FORMAS ECONÓMICAS DE CONCENTRACIÓN DEL PODER: NÚCLEO DE UN MODELO DESIGUAL

La desigualdad no es solo un diagnóstico sobre las diferencias existentes entre unos y otros. La desigualdad no es solo una forma de reproducción de un orden injusto a partir de la educación, el prestigio, los valores o el pago de remuneraciones. Para que la desigualdad sea tan ostensiblemente brutal como lo es en Chile se requiere mucho más que sueldos muy diferentes y educación de diversa calidad. Es imprescindible que haya un vaciamiento de poder en la ciudadanía que sea capaz de concentrar ese poder en otro sitio; en el caso del modelo chileno, en el empresariado. Las operaciones de concentración de poder son diversas y muchas han sido ya enunciadas. No obstante, hay algunas operaciones que tienen la peculiaridad de acontecer en la esfera económica. En particular hay dos de ellas que han sido decisivas para la configuración de una enorme capacidad operacional de los grupos económicos sobre la sociedad. La primera es la integración vertical y la segunda es cierta singularidad de la tributación chilena que es enormemente beneficiosa para quienes tienen más recursos.

Estas dos situaciones ocurren fuera de los espacios más visibles: no están directamente vinculadas con la relación consumidor/empresa ni están asociadas con la relación trabajador/empresario. Por cierto, de un modo mediato estas operaciones tienen que ver con ambas dimensiones de la economía y, de hecho, generan enormes efectos en esos dos ámbitos de transacción, pero en la práctica cotidiana de la economía quedan ocultas para el ciudadano.

Empezaremos analizando los asuntos relacionados con la integración vertical. Para poder explicar este concepto comenzaremos con una historia que permite revelar cómo son diversos los medios para acumular poder desde el mundo de la empresa y cómo la integración vertical es una articulación decisiva para dicho objetivo.

En 2008, la Fiscalía Nacional Económica inició una investigación por posible colusión de precios en 222 medicamentos, que luego Farmacias Ahumada ratificó a modo de confesión en 2009, a la busca de un beneficio en el proceso. No solo las farmacias tenían condiciones de concentración del mercado, controlando entre FASA, Cruz Verde y SalcoBrand el 90 por ciento del mercado, sino que además practicaban la colusión en los precios de más de 200 medicamentos, generando ausencia de competencia y definiendo arbitrariamente los precios, que se revelaron en muchos casos con un altísimo sobreprecio.

En total, FASA identifica 298 alzas para 220 medicamentos, pues en algunos casos los precios subieron más de una vez. A partir de la información entregada por FASA sobre los precios encuestados en SalcoBrand y Cruz Verde, CIPER elaboró una nueva tabla en la que es posible seguir la evolución en el tiempo de cada uno de los medicamentos. Ahí se aprecia, por ejemplo, la evolución del anticonceptivo Marvellon-20 para pasar de $ 2.666 el 24 de diciembre a $ 8.749 el 25 de enero en CruzVerde.⁵²

La fiscalía calculó en 27.000 millones de pesos el monto de los ingresos extra generados por la colusión. El tema de los precios excedidos en las farmacias no ha sido aún resuelto y el 2 de febrero de 2012 el senador Pedro Muñoz señaló la necesidad de apoyar la iniciativa de la Asociación de Farmacias Independientes, que ha propuesto fijar un rango de precios para los medicamentos, siguiendo experiencias como las de España, Reino Unido, Alemania y Francia.

Pues bien, contamos ya con dos condiciones claras para tener el control de un mercado: predominio en el mercado y colusión entre los oferentes para aumentar y controlar los precios.

Pero hay una tercera veta a examinar. Para ilustrar el punto vale la pena recordar una breve historia. En 2010, poco antes del terremoto de febrero, la Comisión de Salud del Senado examinó la posibilidad de prohibir la «integración vertical» entre la industria farmacéutica y los laboratorios, pues las primeras son controladas en gran parte por tres empresas y pueden, de hecho, promover el uso de medicamentos de laboratorios asociados, generando condiciones irregulares de competencia. La propuesta derivó del evidente hecho que en las farmacias muchos medicamentos no estaban en otra versión que no fuera la correspondiente al laboratorio de la propia compañía. Esa experiencia la vivían cotidianamente los consumidores.

De este modo, el oligopolio farmacéutico (es decir, la presencia de pocos oferentes que concentran el mercado) logró tener un control sobre los precios enorme y no solo vigiló el acceso de los consumidores a precios más convenientes, sino que además definió la estructura de utilidades del mercado de los laboratorios, quienes corrían en desventaja por no tener la capacidad de manipulación directa del mercado que sí ostentaban las farmacias.

Muchos análisis se han hecho desde la perspectiva de los precios y las alteraciones del mercado que suponen este tipo de prácticas. En particular, como dice Ricardo Paredes en un artículo sobre integración vertical, «uno de los elementos más interesantes sobre regulación económica en la actualidad y que han estado especialmente presentes en el debate en Chile es la regulación de estructuras de tipo vertical; esto es, organizaciones relacionadas patrimonialmente en sus etapas insumo-producto»⁵³ o, para decirlo en simple, el debate trata sobre la necesidad o no de regular el hecho que una compañía sea propietaria además de empresas que son proveedoras o clientes de ella. El tema de la integración vertical ha supuesto una diversidad de análisis económicos. Y al respecto hay distintas posturas, aunque los economistas chilenos han estado sistemáticamente de acuerdo en apoyar las dinámicas de integración vertical. En Chile se considera que las industrias más afectadas por esto (me apoyo también en el comentario de Paredes) serían la eléctrica, la de telecomunicaciones, el agua potable y la industria aérea. En Chile ya existen regulaciones y hay casos que han llegado a la justicia, pero es conocido que se permiten altos grados de integración vertical. La pregunta es si resulta conveniente o no para la sociedad, ya que es sabido que sí lo es para las compañías.

En Chile es habitual que no solo un mismo grupo económico sea dueño de dos o más empresas que compiten, por ejemplo Isapres, sino que también son dueños de muchas clínicas y de las empresas de rescate. Pero además hay denuncias que señalan la entrega de información privilegiada a las farmacias por parte de Isapres que revelan las patologías de los pacientes que con su seguro (y en sus clínicas) se han atendido, violando el derecho a la privacidad, que no solo es un derecho civil, sino además un derecho asociado a la práctica médica que revela una descomposición ética notoria.

Por supuesto, el control del mercado llegó también a los trabajadores de las farmacias, quienes recibían incentivos por orientar las compras de sus clientes a medicamentos de mayor valor y por inducir al uso desmedido de medicamentos. El Instituto de Salud Pública dio cuenta de estos hechos en 2009. La solución de la clase política fue que las farmacias debían poner 250 medicamentos genéricos a la vista de los clientes para poder optar a ellos sin intervención del vendedor. Es decir, se asumió que había que tratar a las empresas como delincuentes incontinentes que no serían capaces de operar adecuadamente. Por entonces se reveló asimismo que el grueso de los salarios de los vendedores estaba basado en los incentivos y que sus ingresos comenzaban en una tarifa muy por debajo del mínimo. FASA, además, fue sancionada en 2008 por prácticas antisindicales, aunque la multa fue de 2.800.000 pesos (el equivalente a medio sueldo o incluso menos de un gerente).

La integración vertical permite, por otro lado, articular la relación de las grandes empresas con la sociedad. Hemos señalado que parte importante del poder de los grandes conglomerados económicos en Chile reside en su capacidad de financiarizar la vida cotidiana. Pues bien, la integración vertical otorga poder en Chile cuando en efecto logra conectar la dimensión financiera con las áreas de la producción exportadora, con los servicios básicos (más las áreas de derechos sociales, como educación y salud) y con los medios de comunicación. Esa ruta otorga un poder enorme. Si un empresario posee un banco, una compañía minera o frutera, una universidad o clínica o empresa de telecomunicaciones y un diario o canal de televisión, su integración vertical no solo opera en el plano económico, sino también en el plano político. Y es que en ese caso su poder se encuentra integrado en distintas industrias donde tiene capacidad de relacionarse de un modo suficientemente influyente con el Estado y con el mercado.

El hecho de que determinado grupo económico tenga su propiedad integrada verticalmente, incluyendo el sistema financiero, constituye un factor decisivo para acumular poder en Chile. Aunque el sistema financiero está al final del camino de nuestra economía, se ha logrado articular como tronco de la estructura de poder. Si acaso el mundo financiero ya tiene un poder relevante por el solo fenómeno de la importancia del escenario especulativo en el Chile actual, ello se multiplica si se piensa que la forma que tiene el sistema financiero chileno para llegar a la sociedad es la multiplicación de instrumentos crediticios para el consumo habitual de la población. En este sentido, las tarjetas de crédito son el punto donde se anuda la articulación entre finanzas y sociedad y del dominio de las primeras sobre la segunda. Esto no significa que las tarjetas de crédito sean perversas por «naturaleza». No es un juicio ontológico el que aquí se pretende. El asunto es que la relación entre el sistema financiero y los plásticos para el consumo se fundamenta en la endogamia.

El día 17 de febrero de 2012, el periódico La Tercera, en su página 31, entrega los comentarios que el Ministerio de Hacienda realiza respecto a un estudio de la Asociación de Emprendedores (Asech) en relación con el funcionamiento del sistema financiero y específicamente relacionado con la empresa Transbank. Esta empresa tiene como actividad principal el apoyo al giro bancario, otorgando una red que capilariza el sistema bancario en toda la sociedad. La Confederación del Comercio Detallista y Turismo en Chile (Confedech) presenta a Transbank del siguiente modo:

Transbank S.A. es una empresa de apoyo al giro bancario cuyos socios son las entidades bancarias y financieras más importantes del país. Administra las tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Magna, American Express y Diners Club. Administra la tarjeta de débito Redcompra (Electron y Maestro). Administra el servicio de compras en Internet, Webpay, que permite el intercambio seguro de información.⁵⁴

Es decir, en cualquier relación con el comercio que usted desee realizar con un medio de pago plástico, sea presencial o remotamente, Transbank operará como intermediario. La Asociación de Emprendedores señala en el informe citado en prensa que en la estructura de propiedad y en el monopolio de los giros se configuran condiciones suficientes para generar una distorsión al mercado, eliminando toda posibilidad de competencia. El informe, presentado por la directora de estudios de la Asech, Kathryn Baragwanath, señala que «en Chile solo hay una empresa que está cumpliendo el rol de operador y adquirente y que, además, está verticalmente integrada con los bancos, por lo que no hay ninguna forma que entre otro actor en competencia». Pero además, el informe señala que si se considera que el ciento por ciento de la propiedad de Transbank está en los mismos bancos, la probabilidad que emerja una red alternativa es nula.

Transbank no solo muestra integración vertical, sino derechamente un conflicto de interés dado que los bancos están en ambos lados del mesón. Pero el gobierno de Chile no tiene problemas en defender esta condición. En la misma noticia, el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, afirma que «Transbank es un monopolio natural» (sic) y que «hay que analizar con mucho cuidado cuál es la mejor solución para Chile, pues tampoco se trata de destruir lo que tenemos y caer al vacío».⁵⁵

No queda muy claro quién caería en el vacío si se «destruyera» lo que tenemos. Lo que sí es evidente es que en el esquema actual la acumulación de poder gracias a la integración vertical es enorme. Andrés Solimano señala:

Es esperable también que estos grupos ejerzan un poder e influencia económica y política muy superior al de la gran mayoría de la población que cuenta con menores recursos económicos, contactos sociales y acceso a representantes del poder político. La concentración de activos se refleja también en una distribución de ingresos corrientes muy desigual (la que probablemente subestima el grado real de concentración de ingresos por la conocida subdeclaración de los ingresos altos a las encuestas de ingresos y presupuestos).⁵⁶

En el artículo citado de Ricardo Paredes, publicado hace ya quince años, se afirma que tanto las exploraciones y revisiones de casos como los análisis desde la teoría de juegos señalan que la integración vertical no permite obtener rentas adicionales en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay dos aspectos en los que este argumento merece una refutación. El principio articulador de la economía de mercado radica en la condición del consumidor de poder ingresar al mercado con información del mejor tipo y frente a una competencia real, que haga que pueda optar al mejor servicio o bien al mejor precio. La integración vertical no necesariamente atenta contra este principio, pero es evidente que en mercados oligopólicos o monopólicos la integración vertical genera verdaderos bloques de oferta (la clínica se asocia a la Isapre, esta a su servicio de asistencia de urgencia y a los centros médicos, por ejemplo) que comienzan en ofertas para los consumidores y terminan en la imposibilidad de moverse de una de las empresas por las dificultades asociadas a los vínculos con las otras industrias.

Pero no deseo concentrarme en el problema económico, sino en su antecedente. La integración vertical en mercados oligopólicos supone una concentración de poder muy relevante en el mundo de la empresa. Su disponibilidad de información de los consumidores, de los proveedores, la capacidad de pararse frente a las empresas más pequeñas y de ofrecer al consumidor una verdadera ruta de servicio asociada a su propio beneficio, que será invisible para el consumidor, es un problema no solo y ni siquiera principalmente económico, sino ante todo político. Lo que está en juego no es el mercado y su transparencia o competitividad, sino la democracia.

La integración vertical no solo se produce en un sentido económico cuando un grupo tiene control de una industria y de proveedores de ella. La integración vertical debe ser entendida en el plano político, esto es, como la generación de enormes concentraciones de poder que recorren todas las industrias y por tanto toda la sociedad, ya que esas industrias tienen incidencia no solo en diversos mercados de consumo, sino además en el mercado del trabajo.

Cuando se discutía el fin de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), la Universidad Católica de Chile promovió una prueba que se llamaba SIES, que dicha casa de estudios deseaba ofrecer y controlar. Lo extraño es que la promoción en prensa de la iniciativa era con avisos en los periódicos que estaban firmados por una clínica. Ninguno de los testigos de esa escena podíamos ni podemos entender qué vínculo posible había con la clínica. No podemos entenderlo porque no comprendemos la compleja red de asuntos asociados a las inversiones en el mundo de la gran empresa, o quizá a los intereses políticos relacionados. No debemos olvidar que hay clínicas que son de propiedad de los mismos grupos económicos que algunas universidades privadas. Y no sería extraño que esas universidades tuvieran interés en demoler la antigua PAA (de hecho era así) para generar nuevos sistemas de acceso más convenientes a sus intereses, pero sobre todo para herir gravemente a un competidor importante, pues una parte relevante del financiamiento de la Universidad de Chile ha provenido de su gestión de las pruebas de ingreso a la universidad, por lo que ese sería un duro golpe a la matriz pública. Todo esto es pensable para intentar entender situaciones tan absurdas (y peligrosas para la sociedad) como apreciar que empresas de atención en salud promuevan publicitariamente reformas en el sistema educacional sin haber aclarado la legitimidad de sus intereses. Este último punto es decisivo: la exigencia de legitimidad de los actos de las empresas, más allá de las leyes, es algo que no existe. Las empresas no internalizan la exigencia de legitimidad, porque en la dimensión económica ella no tiene valor.

El sábado 24 de marzo de 2012, El Mercurio presentó en su cuerpo B de Economía y Negocios, en la página 6, una breve entrevista a John Reed, expresidente de la Bolsa de Nueva York. En dicha entrevista, con relación al hecho de que en Chile todos los miembros del directorio de la bolsa son corredores de ella, el señor Reed señala: «Debes tener una separación entre la gente que usa la bolsa y cómo esta es manejada. Nadie sabe cuál es el verdadero valor de una acción». Y es que el control de la información desde los dos lados del mesón puede significar una elevada presión sobre las lógicas democráticas. En Chile estamos acostumbrados a que exista este tipo de hechos, pero por lo mismo no nos resulta extraño que el comportamiento errático de las compras y ventas de acciones de los directores de La Polar, de alguna manera haya sido síntoma de la enorme estafa que dicha empresa albergaba. La concentración de poder en Chile se establece claramente como una toma de posición de todos los lugares donde circula la información y se definen sus criterios de uso.

Pero antes de continuar analizando el problema de la legitimidad y el mundo empresarial, que requiere un examen más profundo, es importante introducirse en la otra operación relevante para la concentración de poder en Chile desde la dimensión económica. Y para hacerlo nos permitiremos un pequeño examen de un problema filosófico de poca estatura, pero que es sumamente útil para plantear los asuntos en juego.

En la tradición bíblica son numerosos los pasajes que refieren al pago de la deuda, ya sea entregando dinero o recibiendo castigo en manos de verdugos, que los pecadores han de realizar para ingresar al cielo. Pero surge aquí un problema: ¿dónde reciben los castigos aquellos que lo merecen antes de ingresar al cielo? Porque dada la doctrina, los pecadores no pueden estar en el cielo, pues en él están los puros. ¿Dónde se pagan los pecados entonces? Surge aquí lo que podemos llamar el problema de la arquitectura del cielo, problema teologal no menor. Pues si el cielo es una habitación, el lugar donde se pagan los pecados ¿es el pasillo? ¿Es la antesala? ¿Es el jardín delantero del hogar? El catolicismo resolvió deducir de esto la existencia de una nueva habitación, efectivamente una antesala, pero con espacios definidos: el purgatorio. A ese lugar arriban los que no han cometido pecados mortales y que pueden purificar sus culpas para poder acceder a la hermosa visión de la divinidad. Entre 1264 y 1573 se definió la doctrina sobre el purgatorio que rige en la Iglesia católica. Desde entonces, el purgatorio se puede considerar doctrina de fe. Había sido creado el intersticio, un lugar entre el cielo y el infierno, gracias a lo cual se abrió un suculento recurso de poder para la Iglesia, pues la doctrina señalaba que en el purgatorio a las almas, ávidas de ver a Dios, se les priva de la posibilidad de mirarlo directamente, recibiendo así un enorme sufrimiento. Pero hay una salida: la Iglesia terrenal puede socorrer con sus votos al alma en el purgatorio, pues el amor que le une a Cristo hace posible que interceda. Las almas en el purgatorio, incapaces de operar a favor de sí mismas, pueden sin embargo recibir de los vivos un beneficio. Esta intercesión de la Santa Iglesia Católica a favor de los muertos se desplegó a manera de rezos y ofrendas, muchas de las cuales tomaron forma pecuniaria en la Edad Media. De hecho, una de las principales críticas de Lutero a la Iglesia de Roma sería precisamente la existencia de enormes ganancias económicas asociadas al socorro de los muertos.

Esto nos demuestra que la creación de intersticios puede ser un buen negocio. Pasa también con los abogados, que viven de las condiciones en que se hallan los imputados, presionados por ese estado judicial que se encuentra entre la formalización y el fallo, ese momento donde no se es ni culpable ni inocente, aunque se diga que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario. O pasa con los enfermos, que cuando se debaten entre la vida y la muerte son vulnerables y pueden suponer gigantescas ganancias asociadas a la posibilidad de sacar al enfermo de ese estado límite, cuando las familias son capaces de pagar lo que sea por una opción remota de salvar al enfermo.

Los intersticios son un espacio de poder. Por eso, la palabra «interés» refiere etimológicamente a «estar entre», es decir, la palabra clave en la sociedad, la palabra que es el epicentro de las relaciones sociales y políticas, pues resulta que es una palabra que nos habla de algo que se pone «entre las cosas» y que no «es» cosa alguna ni se deposita en alguna de ellas. Es el espacio intermedio donde cualquier análisis debe fijarse.

Toda esta historia sirve para decir que dos herramientas fundamentales de la concentración de poder económico en Chile están justamente vinculadas con esta lógica, con la posibilidad de ponerse entre las cosas. El primer ejemplo lo hemos visto con la integración vertical, cuya capacidad de generar acumulación de poder radica justamente en el establecimiento de intereses cruzados entre diferentes sitios de la sociedad y el mercado. El segundo ejemplo, que revisaremos a continuación, es el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un importante intersticio que nuestro sistema tributario ha creado para el uso del empresariado. Se trata de la creación de un lugar que está entre las rentas y los tributos, estableciendo condiciones para que una renta empresarial pase o no a ser susceptible de tributación. Esto significa básicamente que gracias a este procedimiento no todas las rentas pagan impuestos.

El FUT se inició en 1984 cuando se definió el criterio básico de la tributación de empresas para el Chile contemporáneo: que los propietarios de empresas solo tributarían en su impuesto personal por los montos que retiran. Se estableció en ese período que el pago de impuestos de primera categoría (como empresa) sería de utilidad (nunca mejor dicho) para pagar el impuesto de segunda categoría (como persona), por lo que los propietarios pueden descontar el impuesto pagado en un nivel (empresa) en el otro (persona). Antes, el pago del Impuesto Global Complementario (personas) se realizaba sobre las rentas de la empresa, es decir, toda producción de riqueza generaba alguna clase de tributo.

El FUT se diferencia enormemente de otros mecanismos tributarios. Por la producción de capital no genera ingresos al sistema público. Los grupos económicos no son sujetos orientados al consumo, por lo que resulta obvio que el sistema tributario favorece a la gran empresa y carga impositivamente la zona del consumo.

Gráfico 13: Comparación aporte IVA con aporte Impuesto a la renta (en millones de pesos nominales)⁵⁷

Como señala en su página web una consultora que asesora contablemente a pequeñas y medianas empresas, «el FUT es un tema complejo en materia tributara. El propio SII se ha confundido y ha cambiado varias veces su posición respecto al registro».⁵⁸ La confusión es natural cuando se ha creado un lugar entre dos mundos. Y es más natural cuando de lo que se trata es de modificar las reglas para satisfacer determinados requerimientos, por lo que en rigor la metodología del FUT es en realidad posterior a los objetivos planteados por el sistema político al régimen tributario. Y es que los principios fundamentales del Chile tributario son: nunca generar dobles tributaciones y no tributar más allá del consumo. Por eso, el FUT como herramienta es imprecisa y ha generado numerosas polémicas.

La consultora Deloitte, a través de un informe, discrepó con el criterio utilizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en sus instrucciones para la aplicación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) neto.

En opinión de los expertos tributarios de Deloitte, con este procedimiento, entre otras cosas, se crean artificialmente utilidades sin derecho a crédito en los casos de contribuyentes que han pagado sus impuestos de primera categoría sobre la totalidad de las utilidades que han generado [...] A juicio de los expertos, dicho criterio escapa a la lógica tributaria del control de las utilidades pendientes de tributación y no se ajusta a la normativa contenida en el artículo 14 de la Ley de la Renta ni a las disposiciones señaladas en la Resolución N° 2154 de 1991.⁵⁹

Esta herramienta ha sido criticada por la OCDE por considerarse que es un mecanismo que favorece fundamentalmente a las elites, pues el FUT permite construir mecanismos de salida de los ingresos diluidos en numerosas sociedades de inversión, al tiempo que permite generar pozos de dinero que no son susceptibles de tributación. En la práctica esto significa que hay una cantidad de dinero producido en el país que no genera ingresos al fisco mientras no se haga consumo con ella.

El FUT es un intersticio fundamental del sistema económico en general, no es solo un asunto tributario. Una entrevista realizada por Ciper Chile a Ramón López y Eugenio Figueroa, resultó brutal al ilustrar los montos de dinero que se encuentran en el «estatus FUT». Dice Figueroa:

Los cálculos actuales indican que en el FUT hay cerca de 200.000 millones de dólares en utilidades «no distribuidas» sobre las cuales no se ha pagado impuesto. Eso implica entre 20.000 y 30.000 millones de dólares de impuestos que nunca han entregado al fisco.⁶⁰

La cifra es sorprendente, pues estamos hablando de tributos equivalentes a la mitad de un presupuesto nacional, y de un monto acumulado en el FUT que es equiparable al Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, a todo lo que Chile produce.

El concepto de elusión tributaria, o sea, la existencia de evasiones legales, son una señal clara del régimen tributario en Chile. No existe manera alguna para que un comerciante de barrio pueda eludir el pago del IVA con un procedimiento debidamente respaldado por Impuestos Internos. Sin embargo, sí puede hacerlo una gran empresa con sus rentas. No obstante, durante los años ochenta se nos señaló que era imprescindible reducir la tasa de evasión de impuestos y para ello nos concentramos en el consumo. No debemos olvidar que por entonces, Don Francisco, en su programa Sábado Gigante, regalaba una casa en un sorteo semanal de cartas que llegaban con boletas de comercios en su interior. El concurso se llamaba «La Tomboleta» y fue generado en medio de una campaña para reducir la evasión del pago del IVA, promoviendo así la entrega de boletas por parte de los comercios pequeños. El modelo tuvo como énfasis lograr ese pago. Pero nunca se hizo nada semejante, de impacto público, nada significativo y simbólico por reducir la evasión a la renta. De hecho, la elusión en Chile ha estado consagrada no solo por la ley, sino incluso por la práctica de autoridades políticas. El 25 de marzo de 2010, el presidente Sebastián Piñera remató los últimos paquetes de acciones de la aerolínea LAN, de la que era socio principal y de cuya propiedad se desprendió al asumir la Presidencia de la República. En ese instante, Piñera fue acusado de elusión tributaria por la Concertación al calcularse que se habría ahorrado alrededor de 50 millones de dólares en impuestos gracias a los numerosos ejercicios contables que realizó, siempre dentro de la legalidad, pero dañando seriamente la recepción de recursos al fisco.

De cualquier modo, la lógica tributaria se ha mostrado sistemáticamente orientada a la reducción del pago de impuestos para quienes operan en la dimensión financiera de la economía. Es así como López explica que «se eliminó el impuesto a las ganancias de capital, lo que es una aberración increíble. Y eso se hace el año 2001, en el gobierno del presidente Lagos».⁶¹

También destaca López que ha habido una tendencia a observar los impuestos desde una perspectiva diferente a la distribución de los ingresos. En ese sentido, en algunos momentos de estos veinte años de transición se ha discutido sobre el rol de los impuestos. En general, en Chile ha predominado la idea que señala a los impuestos como un modo de recaudación de recursos para el fisco, pero se ha desvalorizado la visión de los tributos como procedimiento para generar mayores niveles de igualdad.

En el libro El modelo chileno, de Drake y Jaksic, el economista Patricio Meller señala que los impuestos directos a personas y empresas son los únicos que tienen potencial redistributivo, pero que en Chile son tan poco relevantes en la economía que tienen un efecto redistributivo marginal. Pero además, los impuestos indirectos en Chile son regresivos y, expresa Meller,⁶² el propio Banco Mundial ha manifestado que al observar la confluencia de los impuestos directos (progresivos, esto es, que suponen una carga tributaria mayor a medida que se gana más) con los impuestos indirectos (regresivos, esto es, que suponen mayor carga proporcional para quienes ganan menos), el efecto último es prácticamente nulo y es así como en Chile no hay un fin redistributivo de los impuestos. Cuando esto ha sido criticado, los defensores del modelo han sido explícitos en señalar que no es el rol de los impuestos mejorar la distribución. Pues bien, el asunto es simple: si no es rol de los impuestos, si las políticas de crecimiento económico aumentan la brecha entre ricos y pobres, como ha sido visto en los últimos años, ¿cuál es el procedimiento para generar igualdad? El único que se reconoce como tal ha sido la focalización del gasto, propio de lógicas subsidiarias, cuyo análisis ya hemos realizado y que reconfigura la sociedad de modo fragmentario.

El régimen tributario chileno tiene un efecto nulo en la distribución de modo aparente, pero tiene un enorme efecto en el aumento de la desigualdad, pues entrega herramientas de poder relevantes para quienes poseen grandes capitales y concentran la riqueza del país. Cuando la riqueza está tan concentrada, ni siquiera las metodologías pueden satisfacer el problema. Como dice López: «Y hay que remarcar que la concentración de riqueza que hay en Chile es muchísimo peor de lo que dice la Encuesta Casen. En esa encuesta los más ricos no están representados. De acuerdo a nuestros estudios, los cinco hombres más ricos de Chile, que están en la Forbes, acumulan ingresos equivalentes a cinco o seis millones de chilenos. Estamos hablando de Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera».⁶³

Chile no tiene ni ha deseado contar con un repertorio capaz de reducir la desigualdad y construir una sociedad con mayor capilaridad social del poder. Por el contrario, la fuerza de todo el modelo está en la concentración de poder. Tanto la integración vertical como la legislación tributaria permiten que la dimensión económica sea una aceitada máquina productora de acumulación de poder para quienes tienen más dinero y una efectiva forma de procurarse más recursos económicos gracias a él. Si además la actividad económica se concentra en la minería y las utilidades de ese sector son muy elevadas, entonces

eso se transforma en un incentivo muy grande y hace que asfixie otro tipo de actividades […] En los últimos cinco años, las empresas privadas del cobre han tenido ganancias del 80 por ciento anual de su capital. Cuando las tasas de ganancias son tan espectaculares, y se gravan de una forma tan leve, el capital se orienta a ese tipo de actividades en vez de a tecnología, por ejemplo. Y además de regalarles los recursos naturales, también les regalamos el medio ambiente. Entonces, indirectamente, el sistema tributario favorece que no se instale aquí una industria tecnológica y estimula en cambio la extracción de minerales.⁶⁴

Chile es un país que no se ha preocupado por construir una sociedad fértil en actividad productiva, tiende a promover ciertos negocios y la clausura en el ingreso de nuevos miembros de las zonas rentables de la economía (la mediana y gran empresa) es una señal clara de que en el país las oportunidades comerciales se concentran de modo abismante. No hay ninguna relación entre el empresario de bajo presupuesto y el de alto, sus realidades no solo son disímiles, que es normal, sino que son contradictorias, contrario al discurso oficial.

Las grandes empresas, que realizan mucha inversión en comprar tecnología y maquinaria pesada, pueden arrastrar pérdidas muchos años, lo que conduce a una situación que en la práctica se aproxima al no pago de impuestos. A esto se suma la «depreciación acelerada», que permite aumentar los gastos imputables a la empresa asumiendo la ficción de que las inversiones se deprecian más rápido de lo que realmente lo hacen.

En definitiva, Chile es un paraíso metodológico para la concentración del poder económico. Todas las fórmulas pensables para ejecutar dentro de un marco legal beneficios que se orienten fundamentalmente al beneficio de la riqueza han sido creadas. Chile focaliza el gasto público en los más pobres, pero focaliza las oportunidades de desarrollo en los más ricos. Para la mayoría, el paliativo de la pobreza; para unos pocos, la pura y simple riqueza.

La operación de traducción del poder económico del empresariado en una desmesurada capacidad de control, tanto del escenario político como del escenario económico, se sitúa en la doble capacidad que la legislación chilena permite a las grandes empresas para controlar desde ellas la relación con el mercado y con el Estado. La integración vertical posibilita al gran inversionista recorrer distintas industrias y articular entre ellas vinculaciones capaces de trasladar de una industria a otra las posiciones de hegemonía o de canalizar nuevos poderes precisamente por la interacción de distintos mercados. La integración vertical conlleva una acumulación de poder en el mercado enorme. Sociológicamente se entiende al mercado como un espacio de dominación no legítima, es decir, una instancia donde las relaciones sociales se realizan en el plano de la dominación, pero donde se prescinde de la legitimidad de los dominados para el ejercicio de poder. Por esto, ya de entrada el mercado es una zona de la sociedad donde la politización y la democratización pueden vivir, pero siempre fuera de hábitat. Pues bien, en la esfera del mercado la posibilidad otorgada a las empresas de integrarse verticalmente casi sin restricciones es, en síntesis, una oportunidad de multiplicar el poder que un inversionista tiene en una industria hacia todo el espacio económico. Al multiplicar su poder de una industria hacia todo el mercado se alterarán los equilibrios de poder o, al menos, los desequilibrios tolerables. El consumidor se encontrará minimizado en su importancia, pues tendrá rutas predefinidas en el mercado, trazadas por las empresas oferentes que podrán armar paquetes de oferta que obligarán a recorrer como consumidor toda la verticalidad empresarial del inversionista. El consumidor podría incluso obtener mejores precios (que casi nunca ocurre cuando hay diferencias tan grandes de poder), pero aunque ese fuera el caso, su poder ha disminuido radicalmente, pues no puede salir de la ruta trazada por la compañía.

Cuando los economistas liberales hablan de la importancia de la competencia, cometen a la vez un acierto y un error. El acierto es que en efecto un escenario más competitivo es mejor para toda la sociedad, pero ello no acontece realmente por la competencia. Y he aquí el error. En realidad, la variable que explica todo es más basal: es la distribución de poder. Un escenario amplio en competitividad es consecuencia, no causa, de una mayor capilaridad del poder en toda la sociedad. Cuando el poder económico se concentra se pueden vivir procesos que parecen ser muy convenientes para los clientes, pero esos son en realidad instantes de construcción de hegemonía. Pasó con las farmacias, que antes de su colusión vivieron en la «guerra de precios», con valores muy competitivos para los clientes y que resultaron ser una presión insostenible para muchos pequeños empresarios, que no podían ofrecer los precios de las grandes cadenas, que terminaron por apropiarse de los locales independientes, por jibarizarlos o por destruirlos. Con posterioridad a la guerra de las farmacias vino la colusión y la posibilidad de transformar en suculentas utilidades la posición hegemónica que la guerra anterior proveyó. Por eso, toda legislación y regulación debe preocuparse siempre de que el poder de la ciudadanía sea superior al de actores económicos. No se puede pretender que un ciudadano o un grupo de ciudadanos tenga ese poder, sencillamente porque no es viable, pero al menos es imprescindible que la mera organización ciudadana sea capaz de competir en poder real sobre el poder económico. La integración vertical ha sido en este sentido una oportunidad para las empresas para construir un poder ajeno de todo control ciudadano, permitiéndose a estas un control del mercado evidente. De este modo, la relación de la ciudadanía con la economía queda cuestionada y se transforma en un vínculo entre la masa (informe, desorganizada, carente de respuestas más allá del espasmo) con la oferta empresarial (configurada, organizada, pletórica en respuestas).

La integración vertical sitúa el poder en el intersticio que une las distintas industrias y mercados. Es la capacidad de unir mercados ajenos a través de la misma propiedad la que otorga a quien lo realiza una mayor capacidad multiplicativa de dicho poder. Los destinos de los consumidores y de los trabajadores se ven alterados por este tipo de integración, generando un cambio radical en la correlación de fuerzas entre empresa y ciudadano.

El otro intersticio será el que hemos comparado con la creación administrativa del purgatorio en la teología cristiana medieval. Cuando en el año 1984 se creó esa instancia en las declaraciones de impuestos que se llamó FUT, que permite la existencia de un espacio donde el dinero se transforma en «nada» (mientras sigue siendo todo), en medio de su recorrido desde la empresa productiva hacia la billetera de su propietario. Contrario al purgatorio, que nos ofrece frío y dolor en nuestro tránsito hacia el cielo, para pagar sus culpas, el FUT ofrece al dinero calor, cobijo y tranquilidad. Pero ese dinero no es todavía «capital» ni dinero corriente, es simplemente un alma situada en medio de la nada, pero que en vez de estar en pena habita en paz. La plata que entra al FUT no es capital porque no está invertida, pero no es dinero corriente pues no se puede consumir. Ese dinero para el sistema tributario chileno no existe, no es susceptible de impuestos. Y es así como tenemos acumulado en ese estatus un PIB completo. Si además sabemos que en Chile no solo está permitida la gimnasia contable para evitar pagos, sino que se legitima incluso la realización de operaciones supuestamente empresariales con ese fin (comprar empresas en quiebra que ayudan a reducir la carga, por ejemplo), veremos que el dinero FUT queda guardado a la espera de procedimientos inteligentes de elusión tributaria normalmente. Por supuesto, es pensable y de seguro acontece que parte de esos montos concurran mañana a inversiones, pero la pregunta es: ¿por qué nuestro sistema tributario dice que el inversionista no debe pagar tributos por realizarla? La riqueza en Chile no tiene impuesto en tanto tal; todo lo contrario, tiene una red de exenciones.

Gracias a la integración vertical el empresariado en Chile consolida su poder en la relación con los ciudadanos (en el consumo). Gracias al FUT el empresariado en Chile consolida su poder teniendo capacidad de control sobre su relación con el Estado (en la tributación).

La repolitización de Chile habrá arribado a su punto de consolidación cuando haya llegado a impugnar estas dos instituciones económicas. Sin cambios profundos en este nivel, la ciudadanía chilena nunca habrá conseguido construir relaciones de poder suficientemente democráticas.

8. DEJAR HACER, DEJAR PASAR: EL ESTADO EN LOS TIEMPOS DEL LIBRE MERCADO

La convicción que reza que el mercado se autorregula inspira a los hombres del Chile neoliberal. Siendo así, es innecesario y hasta perjudicial intervenir. Por ello, hay que dejar hacer, dejar pasar, siguiendo la máxima del liberalismo económico más clásico. Y claro, cuando una economía es de mercado, de lo que vive es de los flujos y su dinamismo, se vive de dejar hacer y dejar pasar. Y aunque no a todos los empresarios les sirve tanta liberalidad y hay quienes aman tanto las regulaciones como las lluvias, que es el caso de los agricultores, no es menos cierto que al final la apertura económica fue la regla.

No se vaya a pensar, en todo caso, que en el Chile neoliberal el Estado no tuvo nada que ver con la economía. Buena parte de los más interesantes negocios han estado relacionados con el Estado. Ha sido así, en primer lugar, porque durante el gobierno de Pinochet resultaba habitual que desde organismos públicos se realizaran los estudios y análisis de factibilidad para la ejecución de ciertas actividades económicas, siendo el Estado un importante apoyo para el empresariado. La siguiente entrevista a Joaquín Brahm es clara al respecto:

Primero debo decir que cuando fui seremi de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), aquí en Puerto Montt, formé parte del estudio que impulsó en gran medida la industria del salmón en la región. Nosotros, en los ochenta, hicimos dos estudios, uno para la localización de los puntos donde era factible instalar plantas de proceso y jaulas balsas, y otro sobre la evaluación económica del negocio.⁶⁵

La sistemática reducción de riesgos asumida por el Estado para favorecer las inversiones, que al ser de infraestructura vial fundamentalmente se concentran en grandes empresas, constituye un pilar estructural del modelo económico chileno. En este contexto, el Estado contrae obligaciones que, aun cuando no han significado grandes desembolsos de dinero (aunque son más de 10.000 millones de pesos al año), sí constituyen la incorporación del Estado en la ecuación de riesgo financiero de grandes empresas financieras. Se convierte así en un aparato de reducción de riesgo para el sector empresarial.

Algo parecido ocurre con el surgimiento del «pilar solidario» en el sistema de pensiones chileno. Luego de estimarse que, mirando el futuro inmediato, un porcentaje importante de la población no llegaría a cifras mínimas de cotización para lograr una pensión de subsistencia, se decidió durante el gobierno de Michelle Bachelet realizar una reforma previsional que permitiera garantizar a los ciudadanos del país el acceso a una pensión mínima. Los compromisos fiscales que el pilar solidario supone a Chile son del 1 por ciento del PIB, es decir 2.000 millones de dólares anuales. El pilar solidario evidentemente ha significado un aumento de legitimidad del sistema de pensiones y un logro de armonizar dicho sistema con las necesidades sociales. La página web de las mismas AFP en Chile lo dice enfáticamente:

Es clave la Reforma Previsional que dio origen al pilar solidario, y que en parte articuló Guillermo Larraín.⁶⁶ Bajo su gestión se creó el equipo que desarrolló el primer borrador de la reforma de 2008, identificando la mayor parte de las carencias del sistema. Para Larraín, estas deficiencias fueron bien resueltas en general por la reforma de 2008, que fue el avance que «finalmente legitimó al sistema».⁶⁷

Larraín tiene razón al poner el foco en la legitimidad. En efecto, el hecho de que el Estado deba comprometer una cantidad enorme de dinero anualmente para otorgar un «pilar solidario», considerando que el Estado no recibe un solo peso de las cotizaciones de los trabajadores chilenos, constituye un absurdo completo. En el fondo, el subsidio no se está entregando a las personas, sino a las AFP, que gracias a ese pilar solidario pueden existir, pues si la mitad de la población no hubiese llegado a la pensión mínima con el sistema de AFP, inevitablemente este se habría acabado. Entonces lo que tenemos hoy en Chile no es un sistema de pensiones privado, sino lo siguiente:

• Un sistema de pensiones privado en la recaudación, esto es, las cotizaciones de los trabajadores solo pueden ir dirigidas a entes privados.

• Un sistema de pensiones público y privado en el gasto, con dos grandes ítems públicos que el país asume como costo: las Fuerzas Armadas (que es más del 1 por ciento del PIB) y el pilar solidario.

Es decir, la plata la recaudan los privados para producir pensiones futuras, pero el pago final es realizado en conjunto con el Estado. En la práctica es el fracaso completo del modelo de capitalización individual, pues parte importante del dinero lo está poniendo el Estado, que además no puede sacar ese dinero de los trabajadores, sino de las arcas fiscales, o sea, fundamentalmente del IVA y del Impuesto a la renta (que no pagan las grandes riquezas, pues ellos viven de la inversión).

160.000 millones de dólares suman los fondos de las administradoras de pensiones privadas a 2011. Si se suman los 40.000 millones de dólares que gestionan las compañías de seguro, el sector privado administra una cantidad de dinero que es equivalente a más del 80 por ciento del PIB. Las AFP en Chile concentran en un solo espacio una enorme cantidad de dinero sobre el cual cuentan con una capacidad de disposición que transforma a los entes privados en actores protagonistas (económicamente hablando) del país. En el fondo, tienen un monto que crece sistemáticamente (es obligatorio cotizar), que ahora crecerá más, pues se obligará a cotizar a los independientes. Lo interesante es que esta creación de un fondo es en rigor creación de capital, pues se trata de recursos que se invertirán. He aquí un factor decisivo de este funcionamiento: un 12 por ciento del salario de los trabajadores se transforma en capital para generar mayor inversión privada. La teoría marxista era optimista, pues decía que lo no pagado al trabajador se transformaba en riqueza y capital para nuevas inversiones. Resulta que ahora también parte de lo que se le paga al trabajador es inversión. Objetivamente el sistema de AFP «apalanca» (esta palabra les encanta a los economistas) el sector financiero y su foco no está en la calidad de las pensiones, sino en el funcionamiento de su industria. No en vano, en el sistema de AFP hay, ponga atención, 225 millones de dólares en el fondo de rezagos, que es un fondo sin dueños, porque son errores en el momento del aporte que nadie ha reclamado y que han ido formando un pozo donde ya se ha regularizado gran parte de lo que se podía, pero no se ha hecho nada con ello a favor de la causa última: los trabajadores.

Las AFP son ante todo una transformación estructural del mercado de capitales, no del sistema previsional. Cuando en 1986 se autoriza a las AFP a invertir en empresas privatizadas, el IPSA (índice de precios selectivos de acciones) de la Bolsa de Santiago creció un 140 por ciento, aumento sin precedentes en la historia financiera de Chile. Sin antecedente y sin reiteración.

Decir que la creación de las AFP es un invento para el mercado de capitales y no para las pensiones suena un poco arriesgado. Pero si se calcula que las pensiones de más del 50 por ciento de los chilenos las tendrá que pagar el Estado, ya existe algún antecedente a considerar. Podemos reconocer que no es suficiente, pero la verdad es que es en estos momentos donde se necesita a la gente honesta de entre quienes inventan alguna maldad. Y es así como hay gente muy inteligente para calcular, pero que lo es menos para deducir lo que ello implica. Y podemos citar al siempre honesto Harald Beyer, que señala en un documento escrito con Rodrigo Vergara: «En efecto, en el período que va entre 1985 y 1995 los montos transados en acciones pasaron desde 0,32 por ciento del PIB hasta 17,51 por ciento en ambas fechas. De modo similar, el patrimonio bursátil se incrementó desde representar 13,08 por ciento del PIB hasta 127,83 por ciento en 1994».⁶⁸ Y luego añade: «Nadie duda de que el desarrollo del mercado de capitales chileno está íntimamente ligado al crecimiento de los fondos de pensiones, quienes pasaron a ser un actor de gran relevancia en el mercado de capitales».

Beyer y Vergara destacan también que hay sectores económicos sobrerrepresentados en la Bolsa de Santiago. Los servicios como la electricidad ocupan un porcentaje muy importante de las transacciones en bolsa, en circunstancia que no son un sector en la economía real equivalente a su movimiento en la especulación. Y claro, lo que ocurre es que además la Bolsa de Santiago fue construida sobre las rentabilidades inmensas que suponían las empresas privatizadas y cuyo potencial de expansión era enorme en el corto plazo. La Bolsa de Santiago no solo vive de la expansión de las cotizaciones de los trabajadores, sino además de los restos aún humeantes de las empresas estatales privatizadas (electricidad, telefonía y telecomunicaciones, aguas, en fin). Irónicamente, ni siquiera el mundo minero ha tenido una participación tan activa en la bolsa, teniendo en cuenta que su presencia nacional es inmensa. Pero no tenga usted duda de que si Codelco se hubiese privatizado, sí habría estado en la bolsa y habría crecido una enormidad el valor de su acción. A esto se debe agregar que, cumpliendo la regla económica que persigue a Chile, la Bolsa de Comercio es sumamente concentrada y prácticamente no tienen relevancia las empresas medianas y pequeñas. Pero eso ya no supone ninguna novedad.

Pero volvamos al problema que plantea la pregunta siguiente: la Reforma Previsional ¿era principalmente para modificar el sistema de pensiones o para modificar el mercado de capitales? La respuesta es bastante simple. Los cambios sustantivos al sistema de pensiones en Chile se han hecho siempre ampliando la cantidad de dinero a invertir fuera de Chile o aumentando las formas de recaudación (ahorro previsional voluntario). Y cuando se ha decidido establecer una pensión mínima, no son las AFP las que tienen que pagar esa pensión, sino el Estado. El ejercicio que se debe realizar entonces es preguntarse qué ha hecho realmente el sistema de pensiones en Chile y sabremos cuál es su prioridad. El siguiente ejemplo ayuda a ilustrar el argumento.

Supongamos que usted es un adulto mayor y va en un barco. Lleva en una caja doce cachorros recién nacidos sumamente tiernos. Y en la otra mano lleva una caja con doce piezas de oro. Usted está hablando con alguien, el señor X, brillante navegante y gran nadador (esto será importante). Usted le informa que quizá a él le parecerá extraño, pero que usted ama a esos cachorros de un modo demencial y que haría cualquier cosa por ellos, pues son hijos de una perra que usted adoraba, por lo que sea. De pronto el barco enfrenta una ola enorme y caen ambas cajas. Usted clama por sus cachorros. El señor X, hombre de mar, baja en una balsa al rescate. Vuelve con las doce piezas de oro, pero con seis de los cachorros. Usted le dice que es una tragedia, que es horrible, que han muerto seis cachorros. Él dice que no pudo evitarlo, que intentó salvar a los cachorros primero y que cuando logró recolectar a los seis y vio que no podía más, recogió la caja de doce piezas de oro. Usted bien podrá sospechar que en realidad hizo lo contrario, que le interesaban más las doce piezas de oro macizo que la vida de los cachorros. Incluso puede hacer el ejercicio de decirle que le da en premio un cachorro y comparar con la cara que pone si le dice que le da una pieza de oro de recompensa. Pues bien, ahora imagine que el mismo señor X va a hacer una reforma doble: mercado de capitales y pensiones. Él insiste que esta es una reforma preferente al sistema de pensiones, por lo que ese es el foco. Hay que producir doce paquetes de pensiones y doce paquetes de acciones, nos dice el señor X. Debe lanzarse al mar y demostrar qué tan eficiente es en lograr el objetivo y, si no puede, debemos saber cuál será nuestra prioridad. Entonces el señor X se lanza al mar y vuelve, no con doce, sino con cien paquetes de acciones y con seis de pensiones. Y él pregunta: ¿me creería si le digo que intenté salvar las pensiones? La verdad, no.

El sistema de pensiones fue la taberna donde hay mesas de pool que esconde en su interior un casino en toda la forma. Nosotros creíamos que estábamos produciendo nuestras pensiones por capitalización individual (no en vano pusieron la palabra «capitalización») y resulta que estábamos poniendo dinero para el mercado de capitales. Se apuntaló la bolsa, las AFP ayudan a financiar las empresas que a su vez nos venden sus servicios. Nuestro trabajo financia los servicios que nos cobran cada mes con unos papelitos que conocemos como «cuentas». Pero las cuentas no están claras.

Este es el instante en que los defensores del modelo dicen que estas críticas son injustas, porque ha mejorado la cobertura de las pensiones. En un informe elaborado para las AFP, José Piñera (el creador) muestra que la cobertura desde 1980, cuando se origina el sistema, ha crecido ostensiblemente y ha llegado casi al 70 por ciento. Destaca que en América Latina solo Uruguay tiene una mayor cobertura (con un sistema de reparto completamente público, habrá que decir). No menciona, eso sí, que el año 1974, justo cuando comienzan los primeros atisbos del modelo económico chileno, el 79 por ciento de la fuerza de trabajo chilena estaba afiliada al sistema de pensiones.

Hoy la cobertura del sistema privado de capitalización individual ha logrado niveles muy altos, pero al mismo tiempo la oferta se ha reducido dramáticamente. Si en 1994 había veintiún operadores que ofrecían el servicio, hoy quedan seis. No se ha jibarizado el negocio, todo lo contrario: la torta es cada vez más grande y los comensales cada vez menos. Por supuesto, dado que habrá muchos pensionados en el futuro, se contestará: ellos serán comensales en el mediano plazo. Pero ya sabemos que la mitad de los que capitalizan individualmente recibirán una cifra exigua y serán en el fondo pensionados por el Estado. El sistema es de reproducción de capital, donde aquel queda al servicio de sujetos que no son sus dueños, pero se comportan y rentan como si lo fueran.

Dejar hacer, dejar pasar, esa es la cuestión. Cuando se descubrió el fraude de la empresa de retail La Polar en 2011, los acreedores buscaron llegar a un acuerdo para otorgar continuidad de giro a la compañía, favoreciendo el pago de sus pasivos. Entre los acreedores estaban las AFP chilenas, que terminaron (¿o comenzaron?) cediendo y, conmovidos por las dificultades de la multitienda, decidieron rescatarla. Los administradores de las AFP son, muchos de ellos, propietarios de empresas corredoras de bolsa, así que sugieren a sus clientes que sí compren en La Polar, generando así el efecto deseado: rescatar la compañía, al menos en principio. El problema: ¿y si eso es una burbuja? Los fondos de pensiones se muestran en manos riesgosas en este ejemplo.

El 21 de junio de 2011, el senador Mariano Ruiz Esquide señaló que en La Polar había dos directores puestos ahí por las AFP. Exigió que las administradoras se hicieran cargo de los costos para los cotizantes derivados de la negligencia de los directores, proponiendo una indemnización. Las AFP eran propietarias de más del 20 por ciento de la multitienda, como de muchas otras entidades. Además, en los últimos seis meses habían hecho aumentos de inversión en la multitienda de alrededor del 50 por ciento.

Finalmente hubo que dejar pasar. Nuestro modelo es un Estado que apoya la riqueza y otorga a la sociedad el límite inferior de gasto social que sea necesario para conservar la legitimidad. Eso se realiza en la vía de subsidios focalizados y con recursos públicos que vienen fundamentalmente del consumo. Y como este se ha asociado al crédito, todo vuelve al sistema financiero.

Hoy nos dicen que en Europa están quebrados por haber hecho un enorme gasto público y financiar salud gratis, educación gratis, elevadas pensiones. Lo que no dicen es que Estados Unidos está igual de quebrado. En agosto de 2011 se informó que la deuda de Estados Unidos superó su Producto Interno Bruto. Lo malo es que la deuda tiene intereses y por tanto crece normalmente a mayor velocidad que el PIB. El país ejemplo de desorden financiero es Grecia durante estos años. En ese país la deuda alcanza el 189 por ciento del PIB, por lo que obviamente Estados Unidos no es Grecia. Pero sí es equivalente a Portugal, a quien se juzga también en una enorme crisis, con acreedores reuniéndose en Lisboa para verificar, cual junta de acreedores en una quiebra, el comportamiento del país. ¿Por qué no ocurre lo mismo con Estados Unidos? Muy simple. Estados Unidos ocupa su capital político para mantener un trato del mundo que no es coherente con su condición económica real. Estados Unidos vive igualmente una crisis. Por tanto, hoy está en crisis Europa, claro que sí, y Estados Unidos también.

A sabiendas de que los dos referentes del Occidente desarrollado están en crisis, la pregunta es simple: ¿usted prefiere llegar a una crisis porque se gastó mucho dinero en salud, educación y pensiones, o llegar a una crisis porque se gastó mucho dinero en guerras y rescates de los pecados del burbujeante sector financiero? Estados Unidos prácticamente carece de sistema de salud y tiene una educación mediocre para su desarrollo económico y su posición imperial. Y por cierto, las pensiones europeas son mejores que las norteamericanas. Yo por mi parte juzgo que es mejor una sociedad que intentó satisfacer del mejor modo posible la calidad de vida de sus ciudadanos. Si en ese empeño quiebra, no solo es éticamente mejor que aquella que no lo hizo, sino que es históricamente mejor. Por cierto, si además la sociedad que no lo hizo y se dedicó a la guerra también quebró, entonces ni siquiera hay duda alguna respecto a qué alternativa elegir.

La crisis de Estados Unidos fue por paquetes accionarios que guardaban basura en su interior, mal calificados por las evaluadoras de riesgo. Una simple burbuja financiera. Y la crisis la paga todo el mundo, con Estados Unidos rescatando bancos con dinero que proviene de su posición imperial y su control del petróleo de Medio Oriente, en cuya obtención se ha tomado innumerables molestias. Pero la lógica del libre mercado es implacable: dejar hacer y dejar pasar, que así la creatividad se desarrolla. Como si en un conservatorio de música dejaran a los niños hacer lo que quisieran para despertar su creatividad. Lo cierto es que la idea de dejar hacer y dejar pasar debe haber parecido tan interesante como para que durante un tiempo se tomara en serio. Y aparecieron las integraciones verticales de empresas, las colusiones, el abuso a los clientes con las repactaciones unilaterales, en fin. Y la tímida frontera entre libre mercado e impunidad se cayó en pedazos, uniéndose ambos en sagrado concubinato.

9. BASES OPERACIONALES DEL GRAN CAPITAL

El poder en Chile se ha concentrado en las grandes empresas y en especial en los grupos económicos que reúnen a las principales empresas del país. Esta concentración necesariamente supone una pérdida de poder para la ciudadanía. Si la historia de Chile había invitado a la despolitización, acusando a la ciudadanía de inmadura en el siglo XIX, de excesivamente demandante e ilusa en el siglo XX, los años de la dictadura y la Concertación fueron el punto más alto en la despolitización, pues la fórmula clásica de vaciamiento de poder ciudadano, que era «dejar que las instituciones funcionen» y generar una renuncia de los ciudadanos a los grandes temas, llegó a su máxima expresión cuando se nos invitó a salir de la política voluntariamente por parte de Ricardo Lagos, quien solicitó a los ciudadanos dejar que las instituciones funcionasen. No llamó el entonces presidente a construir instituciones, a reformarlas, llamó a retirarse de ellas. Si la despolitización histórica de Chile era severa, al menos lo era dentro del escenario de la política. En cambio, la despolitización de los últimos treinta y nueve años había cambiado incluso el escenario del poder. La verdad estaba en la Bolsa de Comercio, en las transacciones de grandes empresas, en sus directorios, influencias, asesores. La autoridad política no podía ser plenamente el rey porque el reino ya no era el reino.

Para que el poder se concentrara en los grandes grupos económicos era necesario:

a) Generar condiciones de protagonismo a un escenario que permitiera dar prioridad a las grandes empresas.

b) Generar condiciones de control del mercado por parte de las empresas.

c) Generar condiciones de control del Estado desde las empresas.

Estos criterios son genéricos para cualquier actor que desea concentrar poder. Si usted quiere ganar el juego, lo primero es lograr definir que el juego sea el que a usted le conviene. Y luego, ya definido (o construido) el escenario, es indispensable controlar a los otros actores que son relevantes en el juego. Pues bien, fue precisamente este esfuerzo el que emprendió la gran empresa en Chile, configurando un escenario muy fértil para la acumulación de capital y el aumento de las inversiones.

Para lograr que el escenario de la vida económica fuera conveniente a la gran empresa era imprescindible sacar a la sociedad de en medio. La sociedad parecía un elemento perturbador, una función que había que asumir con sus costos, pero que era relevante construir en calidad de mera demanda. Suena absurdo el esfuerzo de quitar de en medio a la sociedad, pero es posible. Si es posible concentrar toda operación en el marco de un escenario específico, de alguna manera la sociedad pierde control como tal sobre los hechos allí acontecidos, aunque ese escenario específico esté dentro de la sociedad. En particular, en Chile se asumió la posibilidad de transformar al escenario económico en el principal del país y, dentro de este, convertir al mercado financiero en el espacio decisivo. Eso significó que el foco estuvo puesto en el mercado de capitales.

Por cierto, en la práctica los grandes grupos económicos fueron operando por concentración. Los actores más privilegiados han tenido acceso a los mercados clave de la sociedad. Sergio Molina señaló en un informe de 2005⁶⁹ que existe una tendencia a la concentración de la propiedad en Chile en la banca, en las AFP y en las Isapres. Los principales grupos económicos alcanzan la propiedad directa o indirecta de casi el 50 por ciento del valor de activos de la Bolsa de Comercio de Santiago. La cifra es espeluznante si pensamos que solo son cinco grupos económicos. De este modo, los grupos económicos controlan la bolsa y tienen, por tanto, una capacidad operacional sobre la economía nacional que se transforma en algo más que influencia y que en rigor es conducción. No se debe dejar de lado la existencia de la Ley de Donaciones. Gracias a ella las empresas pueden realizar donaciones con las cuales pueden rebajar impuestos por valor del 50 por ciento de sus donaciones. Eso implica que, por ejemplo, la Universidad de Los Andes reciba donaciones elevadísimas (la que más recibe en Chile, aunque es muy pequeña). Para muchos puede sonar normal, pues son donaciones y cada quien le da a quien quiere. Pero la Ley de Donaciones lo que hace es transformar ese dinero donado en un crédito impositivo, es decir, quien dona puede rebajar parte de sus impuestos. En definitiva, esa es plata del Estado y la oportunidad que se da a los grandes empresarios es de definir dónde va parte de su carga tributaria. Muchos de ellos han decidido que vaya a sus propias fundaciones, con las que se legitiman. El círculo es perfecto.

Pero sigamos tratando de entender cómo el gran empresariado chileno puede controlar las tendencias a nivel del consumo (dinero) y de la inversión (capital). Para entender este proceso se debe asumir que hay una gran diferencia entre dinero y capital. Supongamos que una familia normal deviene en demencialmente rica pues se ganó un gran premio de lotería. Son formalmente millonarios. Si la familia guarda ese dinero en una cuenta bancaria y lo utiliza para sus gastos, ese dinero no es capital. Lo que define al capital es su inversión (dice una parte de la economía, la clásica) o la relación social de producción que de él deviene (dice la otra parte de la economía, la marxista). En el primer sentido, usted presta dinero para ganar intereses o compra una compañía en busca de las rentas. Lo que ha prestado o invertido es su capital. Mismo criterio se utiliza para cualquier inversión. En el segundo sentido, usted compra y/o monta diversas empresas y la conquista de sus rentas se produce gracias al establecimiento de determinada forma de relación de producción (la relación entre empresario y trabajador). En cualesquiera de los casos es evidente que Chile construyó un modelo que buscaba el control absoluto desde el empresariado de los flujos del capital y los ritmos de acumulación de él. El gran empresariado chileno puede definir hacia dónde se mueve el capital casi sin obstáculos, al tiempo que está en condiciones de manejar los ritmos del crecimiento del capital. El primer punto ya es una gran ventaja. Los bancos chilenos, por ejemplo, tuvieron utilidades de 2.500 millones de dólares en 2009 y de 3.300 millones en 2010 y 2011. Las explicaciones que dan los expertos sobre ganancias tan elevadas, que son las mayores de América Latina, radican en las buenas expectativas económicas. Pero ¿explican las buenas expectativas económicas el crecimiento de las utilidades sobre la barrera del 20 por ciento? Las grandes empresas mundiales se conforman con utilidades que aumentan en un 3 o 6 por ciento, pero los bancos en Chile se acostumbraron a cifras siderales que crecían sujetas a leyes que desconocemos. Si Chile crece al 3, 4 o 5 por ciento, ¿cómo diablos los bancos crecen al 20 por ciento y más? En 2011 las utilidades se mantuvieron, pero se debe dejar suficientemente establecido que durante ese año se cayó la legitimidad del sistema financiero en Chile. Es decir, dejó de crecer a las tasas anteriores y lo único que explica aquello es que hubo cientos de miles de personas que protestaron contra el lucro en Chile y pusieron a los bancos como los representantes en la tierra de ese concepto abusivo. Las utilidades no cayeron y se mantuvieron en un estándar que sigue siendo sorprendente, porque tener en utilidades el 1,5 por ciento del PIB no deja de ser algo sorprendente, pero se cortó una tendencia que mostraba una enorme avidez de los bancos.

La sensación de la ciudadanía es que la voracidad del sistema financiero chileno es la explicación de su fortaleza y que esa grandeza obtenida desde los lejanos tiempos de la crisis bancaria en los ochenta a la fecha se ha debido fundamentalmente al abuso de los bancos sobre los consumidores. La falta de información y las diferencias de poder entre los actores han hecho sentir a los chilenos que la banca es un animal depredador que solo desea devorar las proteínas de los consumidores, quienes son seducidos por carnadas llenas de ilusión de felicidad familiar, paz y amor del prójimo. Los «abusos» cometidos por los bancos hicieron noticia: las ventas atadas, la información engañosa, las comisiones, en fin, han obligado a elaborar el Servicio Nacional del Consumidor especializado en finanzas, conocido como Sernac financiero.

El ejemplo de los bancos demuestra que los grandes empresarios chilenos tienen un control muy elevado de las capacidades de reproducir su capital y de los ritmos que desean imponer. Manejan la sociedad desde el punto de vista financiero. Pero además pueden controlar los ritmos de producción de capital. El ya mencionado FUT, espacio intersticial donde se acumulan las rentas de las compañías en forma tal que no son retiros ni inversiones, sino algo intermedio, demuestra que los empresarios chilenos pueden decidir cuándo transformarán algo que no es dinero ni capital en alguna de las dos cosas. Ya hemos señalado la verdadera revolución económica que esto implica. Cuando Marx explicó las dinámicas del capitalismo puso la vista en el hecho de que las economías monetarias operan con el flujo «mercancía-dinero-mercancía», es decir, hay un «círculo de mercancías» en el cual el dinero es intermediario. La orientación de este flujo es hacia el valor de uso y en el fondo se trata de vender para comprar. Pero con el avance del capitalismo, la tendencia es transformar el flujo en «dinero-mercancía-dinero», cuya orientación es hacia el valor de cambio y donde la mercancía es la intermediaria, pues solo importa comprar para vender. La conversión de dinero en capital sigue esta regla. Pues bien, el sistema tributario chileno ha establecido que puede existir algo, que es papel moneda, pero que no es ni dinero ni capital, que no es mercancía, que opera no como valor de uso ni de cambio. El FUT establece que hay billetes que pueden esperar a decidirse en su enorme inquietud existencial sobre si se convertirán en mercancías y para ello tomarán la forma de dinero resultante de utilidades empresariales, o si se convertirán en capital para invertir. De este modo, el gran empresariado puede definir el momento en que tome la decisión en que ese algo que acumula un PIB completo de Chile que está en el FUT se transforme en algo concreto y específico.

Nada viene de la nada, dijo Parménides y toda la tradición filosófica de Occidente. El sistema económico chileno ha logrado que algo que se origina como renta se transforme en nada, pero siga valiendo lo mismo. Es cierto que los chilenos tenemos poca tradición filosófica y quizá por eso nos pasan estas cosas. O quizá carecemos de filosofías relevantes porque somos incomprensibles.

De cualquier modo, no hay poder sin su ejecución. Y al respecto la concentración de poder no es el único problema, pues ese es el proceso mediante el cual se ingresa en la dinámica del poder. Pero el poder, además, sale por otro lado. Y en ese momento vemos hasta dónde se puede usar el poder. Una polémica del último tiempo refiere al litigio que enfrenta a la minera privada transnacional Anglo American y la empresa pública nacional Codelco Chile. El caso permitiría una serie de observaciones, pero concentraremos la atención en la más bizarra. Resulta que desde el mes de marzo de 2012 la empresa Anglo American publica un aviso en prensa escrita, a página completa, con la foto de catorce juristas sumamente reputados, quienes son citados en sus informes en derecho solicitados por la compañía. Todos ellos tienen en común haber escrito informes favorables a la empresa extranjera. Los destacados juristas son académicos, miembros activos y exmiembros del Tribunal Constitucional, exjueces de la Corte Suprema y un excontralor. Supuestamente ellos no recibieron pago por el aviso, pero sí por el encargo de sus informes. Más allá del fondo del asunto, la escena configurada es aberrante: exfuncionarios del mundo jurídico público, miembros de universidades públicas, no solo son contratados para emitir informes en derecho contra un ente público, que ya es discutible, sino que además utilizan los nombres de los informantes para efectos publicitarios. Si se asume que los informes solo tienen sentido jurídico, ¿cuál es el valor de presentarlos publicitariamente? ¿Por qué no poner todos los informes disponibles en Internet? ¿Por qué seleccionar fragmentos y realizar una campaña por la prensa escrita? No solo vemos la pérdida del valor de la justicia en este caso. Vemos la impostura, la destrucción de la decencia. La sociedad paga a un precio muy alto la falta de prudencia y elegancia. Y el exceso de poder siempre termina en ese sitio.

10. EL RIESGO FINANCIERO COMO VALOR SOCIAL

Cuando el sistema financiero y sus flujos se encuentran con la vida cotidiana de las personas y participan en el mercado de los bienes de consumo, necesariamente la sociedad debe resolver una tensión. Por un lado, el sistema financiero tiene su centro operacional en el análisis de riesgo. Ya sea si se trata de créditos o de valorización de papeles accionarios, siempre el tema de fondo está en el análisis de riesgo de una operación, de un actor, de un Estado, de un país, en fin. Un mal análisis de riesgo puede ser de gran importancia y gravedad. La última crisis de envergadura que afectó a Estados Unidos en 2008, conocida como la crisis subprime, dice relación justamente con la evaluación de créditos de alto riesgo. Los banqueros norteamericanos de las principales entidades admitieron en comisiones del Congreso de Estados Unidos que eran en gran medida responsables de la crisis por los errores en el análisis de riesgo, que implicaron: la inyección de miles de millones de dólares para salvar empresas, siete millones de nuevos desempleados, dos millones de familias que perdieron sus viviendas. Y eso solo en Estados Unidos.

El presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, aseguró que uno de los problemas fue que muchas instituciones financieras e inversores «externalizaron» su gestión de riesgo (y afirmó que) «en lugar de realizar sus propios análisis [los bancos] confiaron en las calificadoras de riesgo para que hicieran por ellas el trabajo esencial de los análisis de riesgo. Esto fue así desde los comienzos y durante el período de inversión, tiempo durante el cual no prestaron atención a ningún indicador de deterioro financiero», declaró a la comisión.⁷⁰

El análisis de riesgo es el corazón de un negocio financiero. La estafa de La Polar se fundamentó en intervenir maliciosamente las informaciones de riesgo, reduciendo la importancia de un riesgo mayor para mostrar como limpia la cartera crediticia de la empresa. Y es así como numerosos negocios orientados a ampliar la cobertura de un mercado de bienes hacia nuevos consumidores puede tener el inconveniente de un mal análisis de riesgo cuando en esta apertura está involucrado el sistema financiero (desde tarjetas de crédito hasta inversiones en fondos mutuos).

Un análisis de riesgo puede excluir a los grupos sociales menos favorecidos de ciertos bienes o inversiones que pueden mejorar su calidad de vida. Pero, por otro lado, si el análisis de riesgo se desestima o se permite el acceso de esos grupos a negocios de alto riesgo, necesariamente las tasas de interés aumentarán. Y supongamos, como ocurrió en Estados Unidos, que el señor Smith se compró una modesta casa con un crédito a veinticinco años con una tasa de interés variable. Y la tasa subió. Y resulta que el valor de la casa se mantuvo o se deterioró, pues el barrio no tuvo una buena evolución. Al final del camino, el señor Smith puede tener una deuda mayor que el valor de su casa. Es decir, saltarse el análisis de riesgo también puede ser inconveniente para la sociedad.

Pero decíamos que existe una tensión entre el sistema financiero y la sociedad. Esta tensión se plasma fundamentalmente en que la propia operación del riesgo financiero castiga a quienes tienen menores tamaños y, por tanto, es una operación que favorece a quienes tienen mayor capacidad de diluir riesgo, es decir, a los más grandes. Por ejemplo, Transbank cobra las siguientes comisiones a los distintos establecimientos:⁷¹

Comercio pequeño:

Tarjeta de crédito: 2,95%

Tarjeta de débito: 2,5%

Comercio promedio:

Tarjeta de crédito: 1,6%

Tarjeta de débito: 1,31%

Comercio grande:

Tarjeta de crédito: 0,4%

Tarjeta de débito: 0,5%

Como se aprecia, un negocio de barrio pagará seis veces más de comisión por cada compra realizada con tarjeta de crédito que una multitienda o un gran supermercado. La evidencia de la influencia del tamaño en el riesgo financiero es brutal. De hecho, si en un comercio pequeño la tarjeta de débito tiene 0,45 por ciento menos de costo para el comerciante que la tarjeta de crédito, esa diferencia se reduce a 0,29 por ciento en un restaurante, por ejemplo. Y si nos vamos a una gran cadena de supermercados, la relación entre comisión de crédito y débito se invierte, pagando más el comerciante por un pago con débito que con un pago con crédito. Esta situación absurda, esto es, que se premie el crédito sobre el débito, solo ocurre en grandes empresas de retail que diluyen su riesgo en la masa.

El problema que es imprescindible plantear es el siguiente. Indudablemente una sociedad que permite la penetración de las lógicas financieras en su seno, necesariamente estará favoreciendo a los negocios de gran escala y otorgará mejores oportunidades a quienes concentran más riqueza para mejorar su posición en la sociedad. En este sentido, la operación financiera aumenta por su propia operación el riesgo de los pequeños empresarios en comparación con los grandes. Los consumidores también se verán desincentivados para asistir a los comercios más pequeños, que tendrán una carga mayor sobre sus hombros que la gran competencia. De este modo, la operación del riesgo financiero en la sociedad tiene rasgos regresivos, es decir, favorece a los más ricos y perjudica a los más pobres. Pero, por otro lado, de no haber análisis de riesgo, los peligros de colapso económico se incrementan dramáticamente y los efectos negativos a nivel social llegarán a producirse más temprano que tarde. Esta es la aporía, si usted quiere el zapato chino, el camino sin salida de la relación del sistema financiero con la sociedad.

En definitiva, la interacción del sistema financiero con la sociedad produce mucho dinamismo económico, pero ese dinamismo es inestable y está basado en una lógica contradictoria que recorre el tránsito de lo financiero a lo social. Cuando las medidas son favorables para la sociedad, su igualdad e incremento del acceso en todo sentido, el riesgo financiero crece.

En Chile hemos asumido la tensión entre lo financiero y lo social como un dato. Y hemos optado por otorgar preeminencia al riesgo financiero, intentando bajarlo todo lo que se pueda. Si para ello hay que ir contra la sociedad, pues bien, se hará. No se ha hecho un esfuerzo por armonizar ambas dimensiones ni por regular la entrada del mundo financiero a la sociedad para evitar el incremento de contradicciones. Algunos atisbos de protección a la sociedad han aparecido con el ministro Pablo Longueira, titular de la cartera de Economía, a quien incluso el gerente general del Banco de Chile acusó en noviembre de 2011 de haber inspirado el proyecto de Sernac Financiero en la Unión Soviética. No obstante la nueva institucionalidad financiera comenzó a funcionar en marzo de 2012; un informe reciente señala que todavía hoy no se notan tonos rojos en la plaza central de la capital.

De todos modos vale la pena destacar cómo se ha defendido Longueira de la acusación de la presunta «inspiración derechamente soviética» de su proyecto de Sernac Financiero (que además significó una renuncia con elástico de su subsecretario, Tomás Flores). La respuesta es interesante, pues revela la conciencia del ministro de las diferencias de poder y desprotección de los ciudadanos frente a las entidades financieras. Longueira destacó la necesidad de «avanzar hacia un país donde haya más equilibrio entre los proveedores de servicios o de bienes y los consumidores», y agregó que

tenemos que avanzar en entender que la economía social de mercado tiene que beneficiar a todos los chilenos y se debe avanzar en el respeto a los derechos de los consumidores [...] No me parece que, porque estemos defendiendo esos derechos, nos puedan decir que este es un proyecto que tiene características soviéticas. Está muy lejos de ser eso.⁷²

La crítica a Longueira tiene un fundamento simple. El sistema financiero chileno se ha acostumbrado a que sus análisis de riesgo se asumen como un dato de la causa y que la perspectiva propiamente financiera vale más que los derechos de los ciudadanos. Las finanzas se han puesto contra la sociedad. El 2011 y su eslogan «no al lucro» fue una respuesta evidente de la ciudadanía frente a una vida financiarizada indeseadamente e invisible sin las dinámicas del crédito. Los chilenos se han sentido tan obligados a entrar en el juego como maniatados para jugarlo. Por su parte, las empresas financieras han considerado que el riesgo es un valor social y que pueden defenderlo a ultranza y por la prensa.

Este debate plantea en todo caso una tensión esencial: ¿qué es más importante salvaguardar para una sociedad? ¿Es más relevante dar espacio a la clasificación de riesgo del sistema financiero? ¿O es más importante dar igualdad de oportunidades a los distintos actores económicos? ¿Qué tiene de malo que se haga un cálculo colectivo del riesgo para Transbank, que es monopolio además, y establezca un porcentaje estable de comisión por uso de tarjetas que recorra desde los supermercados Lider hasta el comercio de la esquina de su casa?

11. LA EDUCACIÓN EN UN MODELO EXTRACTIVO

Los chilenos desesperamos por la mala calidad de nuestra educación. No es para menos, teniendo la más cara del mundo. El 22 por ciento de los ingresos en los hogares en Chile se destina a educación superior. Limitando al norte con el absurdo y al sur con la crueldad, esa cifra habla de un cuarto del gasto de los hogares destinado a un derecho social. Por cierto, es imposible que un derecho sea satisfecho de este modo, por lo que no cabe duda alguna de que Chile ha violado un principio básico de respeto a la ciudadanía al haber diseñado un sistema educacional caro, de baja calidad, segregado, que solo responde a la lógica de ampliación de mercados. No es un modelo educacional, es un modelo de negocio.

La baja calidad de la educación chilena es además un dato que debe hacer reflexionar. ¿Es realmente posible recibir educación de baja calidad? La educación es un bien absoluto, se recibe educación o no se recibe. Por supuesto, es pensable que existan matices en la calidad cuando se está realmente recibiendo educación, pero los indicadores chilenos hablan prácticamente de la ausencia de la generación del bien educación.

El modelo chileno, que ha apelado a la eficiencia como eslogan de su propaganda, tiene una de sus principales reformas en el sistema educativo diseñado e implementado en el gobierno de Pinochet. Y, sin embargo, el sistema educacional que ha resultado de este modelo es demencialmente ineficiente. El alto costo para las familias se complementa con un creciente costo para el Estado. Muchos de esos recursos que aparecen en el ítem educación van a parar al sistema financiero. En 2009 el Estado de Chile destinó a pagar por el crédito con aval del Estado una cifra dedicada a las universidades, institutos y bancos que era más alta que si hubiese becado a todos los estudiantes con dicho crédito. La «creatividad» de la política pública había traspasado las fronteras de la ineficiencia, para situarse en el absurdo. No se puede leer en ese acto una mera estupidez. Es completamente inaceptable deducir un error que era sistemático. Si se aprecian los datos anuales de transferencias hechas a universidades se verá cómo hay instituciones que «descubrieron» el negocio del CAE y fueron multiplicando sus cifras asociadas a este crédito año a año, universidades a las que les interesaban estos alumnos, pues su pago sería realizado con garantía estatal. El siguiente cuadro selecciona aquellas entidades de educación superior que aumentan de un modo tan significativo como aberrante los montos transferidos desde el Estado por uso del crédito con aval del Estado. Es muy evidente que hay entidades que comenzaron a observar esta herramienta crediticia como un modelo de negocio. Es muy evidente que los estudiantes que postulan al CAE hacen una apuesta, en cambio las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica habitan en la certeza de aprender comercialmente a captar más estudiantes CAE. La evolución de los datos es muy ilustrativa del proceso en el que las instituciones de educación superior se suben al carro del CAE, pasando de cifras exiguas (a veces cero pesos) a miles de millones de pesos, con aumentos que llegan a ser del 4.000 por ciento.

Evolución de montos cancelados por el Estado a universidades privadas (2006 a 2010) ⁷³

No solo la evolución de las transferencias públicas resulta llamativa. También son sorprendentes los montos involucrados a favor de entidades privadas. Mientras entidades públicas como son las universidades de Tarapacá, Arturo Prat, Antofagasta, Atacama, La Serena, Playa Ancha, Valparaíso, UMCE, UTEM, Bío Bío, La Frontera, Los Lagos, Magallanes, reciben aportes estatales por AFD (aporte fiscal directo) que fluctúan entre los 1.400 millones y los 5.600 millones de pesos; vemos que gracias al CAE el Instituto Profesional DUOC recibe de transferencias públicas casi 10.000 millones y las universidades Santo Tomás, Las Américas, Autónoma de Chile, entre otras, bordean los 5.000 millones de pesos. Es cierto que el monto entregado a las universidades públicas es incondicional, es decir, no se postula y se entrega como un aporte fiscal cada año de modo garantizado (que es un decir, pues muchas veces ha sido impugnado), mientras las entidades privadas deben esperar las postulaciones y sus resultados en el CAE. Pero no es menos cierto que resulta evidente la orfandad de los establecimientos públicos, sobre todo de regiones, que intentan cumplir su mandato de construir educación pública en medio de transferencias públicas que no llegan siquiera a ser testimoniales. Por supuesto, los defensores del modelo han dicho que esas universidades no muestran estándares de calidad. Imagine usted un niño golpeado que es puesto a pedir limosna en las calles por sus padres. Imagine que luego usted va y señala que no muestra particulares talentos. ¿Estaría cometiendo una injusticia? Es evidente que ese niño, como las universidades públicas de regiones, no han recibido las condiciones para construir lo que el mandato les exige: educación superior.

No es infrecuente apreciar en Chile la sanción pública al incumplimiento de funciones relevantes en el espacio público por parte de ciertos actores, sin analizar que la causa primera no es la incapacidad o desidia de esos actores, sino las condiciones en que habitan. Es así como las autoridades políticas han culpado sistemáticamente a los profesores chilenos de la mala calidad de la educación. Resulta por completo irónico, pues son las autoridades públicas las que han diseñado un modelo que permite generar profesores que ellas mismas juzgan como insatisfactorios en su labor. Cuando se afirma entonces que los profesores son de baja calidad, la pregunta es qué hemos hecho para producirlos, si acaso es cierto. Y la respuesta no puede ser sacarlos de la docencia, pues habría que traer profesores nuevos y seguramente habría que traerlos de Marte o al menos importarlos, lo que sería o imposible o impresentable. Por tanto, el punto es contar con diseños de un modelo educacional que forme profesores para los distintos niveles competentes en lo que corresponde.

Pero volvamos al CAE. Esta herramienta no era una solución para los estudiantes, no fue realmente una decisión de política pública asociada a la «revolución pingüina», sino que fue directamente una política que articulaba el mundo universitario con el sistema financiero, como ha sido la tónica de las diversas industrias en Chile. Todos los caminos conducen a Roma, esto es, al sistema financiero. Los bancos adquieren un protagonismo inusitado. En el mismo CAE los bancos exigieron un incentivo para entrar al negocio, ya de por sí rentable, dado que los estudiantes suponían variables de riesgo que ellos no controlaban. No bastó que hubiera cobertura estatal en forma de aval. Se inventó un sistema de incentivos, asociado además al hecho de que los bancos podían devolver al Estado parte del paquete de estudiantes licitado. Esa parte del paquete no solo era devuelta al Estado, siendo siempre la más riesgosa obviamente, sino que además los bancos cobraban por ella.

Chile ha invertido importantes recursos en educación. Es cierto que el gasto público es bajo, pero el gasto de las familias es el más alto del mundo. Y además es cierto que se ha incrementado el gasto público en los últimos años de un modo significativo.

Gráfico 14: Gasto público en educación, 1990-2010 (en millones de pesos)⁷⁴

Es decir, Chile ya es el país donde los hogares más gastan en educación en todo el mundo. Y ahora vemos un aumento significativo y sistemático de la inversión pública. Es decir, se gasta dinero por dos lados y no se obtienen resultados por ninguno.

Y es que la inversión se ha realizado de pésimo modo. El hecho de que cada colegio sea una realidad aparte, sin economías de escala, sin un sistema educacional integrado, sin una arquitectura nacional para la educación, constituyen señales suficientes para comprender el poco valor que realmente se le ha dado a la educación. Chile necesita un nuevo modelo educacional y en realidad un nuevo modelo de sociedad. Mirando específicamente, las distinciones que el sistema educacional chileno realiza son arbitrarias. ¿Por qué los centros de formación técnica pueden tener fines de lucro y las universidades privadas no? ¿Por qué la subvención para los colegios municipales es la misma que para los colegios particulares subvencionados? ¿Por qué las clases medias deben pagar más cara la educación (por el endeudamiento) que las clases altas? ¿Por qué el CAE está diseñado de modo tal que no se vincula con las otras herramientas que se han diseñado, como el sistema de acreditación? El sistema de acreditación otorga en Chile una cierta cantidad de años a cada institución según el cumplimiento de los estándares de la Comisión de Acreditación de Carreras de Pregrado. Y resulta que las universidades con bajo CAE tienen solo un par de meses menos de promedio de acreditación que las universidades con alto CAE.

Gráfico 15: Años de acreditación de las universidades en relación al CAE⁷⁵

El sistema de educación no tiene ningún sentido. Como el modelo es subsidiario, la lógica es siempre que los privados provean el bien. Eso es lo que explica el empobrecimiento económico, la pérdida de importancia y la reducción de tamaño de las universidades públicas. El sistema educacional chileno no se ha logrado implementar completamente a nivel universitario, pues allí el peso histórico de las universidades públicas ha sido muy grande. Pero sí se ha implementado a cabalidad en el sistema escolar y en los centros de formación técnica e institutos profesionales. En cualquier caso, a nivel técnico y de institutos, el sistema subsidiario solo entrega fondos a los privados, pero no hay proveedores públicos. En el sistema escolar, por su universalidad, las municipalidades tuvieron que parchar el problema. Y es que el modelo asume lo siguiente: los proveedores de educación son privados. Cuando un privado no tiene interés en abrir un colegio, pues el modelo de negocio no permite tener utilidades como las que espera, pues la población es pobre y puede pagar una cifra exigua, entonces el Estado compensa entregando una subvención por cada niño asistente al colegio. La lógica de pagar por niño que asiste supone infantilmente que ello es un estímulo para el colegio, ya que estarán motivados a lograr que el niño asista. El verdadero estímulo ha sido a falsear los datos de asistencia. La subvención es alrededor de 40.000 pesos, mientras el copago de las familias en los particulares subvencionados suele oscilar en los 10.000 pesos. El sistema contempla que es posible que haya un porcentaje de la población a la que los privados no quieran otorgarle educación, pues su riesgo social y su capacidad de copago es tan baja que no hay negocio con la subvención, pues son niños más caros de educar y finalmente hay que hacerlo con menos plata. Pues bien, el diseño contempla que cuando ningún privado provee educación, el municipio está obligado a concurrir con un establecimiento para garantizar que se provea el servicio educativo, porque es un derecho. Esto significa que con el mismo dinero que el privado juzga imposible educar, el municipio debe hacerlo. Como vemos, el diseño fue pensado para quienes pueden pagar educación, es un modelo de centro neurálgico de corte privado. Es decir, la educación solo logra ser derecho cuando ha dejado de ser negocio.

Lo insólito es que solo el 10 por ciento de los estudiantes van a colegios particulares y el 90 por ciento restante asiste a colegios con subvención. Es decir, el corazón del sistema solo irriga al 10 por ciento. El sistema municipal, carente por completo de corazón alguno, debe hacer un milagro con el dinero que le entregan, para luego ser acusado de ineficiente.

Más insólito resulta saber que, a pesar de todo esto, los colegios municipales obtienen una eficiencia mayor que los particulares subvencionados y colegios particulares cuando se aprecia su inversión económica por alumno y los puntajes Simce que obtienen.

En el sistema escolar chileno el modelo de economía de mercado radical y Estado subsidiario muestra su manera más pura de proveer bienes sociales. Y en esa instancia fracasa. Quienes defienden el modelo educacional chileno (en base a qué, no sabemos) acusan que la culpa está en los profesores y su carácter colegiado, que evita la contratación de mejores profesores al restringir el acceso al mercado profesoral por parte de las restricciones sindicales. El argumento no solo es escandaloso, pues cuestiona el derecho a sindicalizarse y porque, yendo un poco más lejos, se aprecia que en la mayoría de los países del mundo hay protecciones para los profesores por la sensibilidad de su labor y la posibilidad de persecuciones más allá de lo legítimo. El argumento es aún más escandaloso porque olvida algo que está en el fundamento: si el problema es la calidad de los profesores agremiados, habrá que explicar por qué el sistema está enteramente infectado de mediocridad y solo el 30 por ciento de los profesores están en el colegio. Y todavía queda algo más, que en rigor es lo central: un sistema educacional bien diseñado tiene como núcleo la pregunta sobre cómo se formarán los profesores, bajo qué condiciones estudiarán y bajo cuáles trabajarán. Esas preguntas, básicas, nuestro diseño de sistema educacional se las deja al mercado. Y es así como está permitido que las pedagogías se cursen en instancias no universitarias, por ejemplo.

El sistema escolar chileno muestra dos claros objetivos en sus inversionistas privados: el lucro y/o la propaganda de una doctrina (política, social, religiosa). Es así como el principal inversionista de colegios particulares subvencionados es la Iglesia católica, que abarca entre sus distintos establecimientos más de la mitad de los colegios del sistema educacional chileno.

Gráfico 16: Colegios y matrículas según dependencia⁷⁶

Es así como quienes se orientan al lucro tienen como única forma de aumentar la rentabilidad el recorte de recursos en las labores educativas. Y quienes se orientan doctrinariamente vulneran el principio de pluralidad de la educación y enseñan desde el sesgo. Los estudiantes quedan así desprovistos de recursos educativos y de repertorio cultural. La privatización de la educación transita por estas dos aporías.

Pero viendo todo esto, viendo lo cara que está la educación chilena y la baja calidad de la misma, ¿cómo es posible que no se haya hecho nada? ¿Por qué está tan mal pensada? ¿Cómo ha sido posible que las autoridades hayan descuidado algo tan importante? Es posible que estas preguntas se hayan reiterado en muchos hogares cuando se fue comprendiendo, durante 2011, lo mal diseñado del sistema educacional chileno. Pero la respuesta no es obvia, pues deben existir rasgos estructurales que no solo generaron la posibilidad de diseñar y ejecutar una política educacional tan mal hecha, sino además que se sumara la inexistencia de fuerzas políticas y sociales que estuvieran en contra. Chile, como país, se puso al servicio de un sistema educacional perverso.

Habíamos dicho que Chile nunca fue un país en el que la creación de un sistema educacional fuese prioridad para el desarrollo y el bienestar común. La educación formada en el siglo XIX no pretendía llevar las luces del espíritu moderno y su saber a todos los hogares, pretendía iluminar las instituciones que gobernaban esos hogares. Había que construir un país y las instituciones educativas permitían generar ciudadanos competentes para ello, pero eso no implicaba formar a todos los ciudadanos para ese proceso. Chile no tiene una tradición de respeto masivo por el conocimiento, la misma desnutrición del espacio público así lo revela. Se espera siempre que el aprendizaje tenga un rendimiento inmediato, se piensa el saber desde una perspectiva caricaturesca que homologa conocimiento e inteligencia con la capacidad de producir dinero. Entendemos la inteligencia y el éxito en función del volumen de la cuenta corriente y somos capaces de preguntarnos de qué le sirve la inteligencia a alguien si sus condiciones de vida no son lo óptimas que podrían ser. Nuestra cultura no ha sido nunca una cultura de conocimiento, la buena educación se restringe a saludar y despedirse, un polemista es mal visto en una reunión, pues el intercambio de ideas es odioso y hasta peligroso.

Es cierto, el cuestionable valor del conocimiento ha sido un rasgo histórico y el énfasis por la educación es más teórico que práctico. Los hábitos de lectura han sido siempre bajos y tanto el precio como los impuestos no ayudan en nada. Por cierto, es miserable decir que no se lee por el alto costo de los libros, pues siempre se puede leer menos, sin justificar la ausencia de lectura. Pero aunque el valor del conocimiento no ha sido nunca altamente cotizado al alza en Chile, no es menos cierto que el foco en el modelo exportador de materias primas no hizo más que radicalizar la apuesta. El neoliberalismo en Chile ha sido una tortura para el desarrollo de la cultura en sentido amplio, ha sido un vaciamiento de la posibilidad de construir repertorios. Ni siquiera nuestros mediocres resultados en las pruebas estandarizadas logran reflejar la pobreza extrema de nuestro desarrollo del pensamiento, que se expresa de modo dramático en el lenguaje que utilizamos día a día. La incapacidad de comprender lo que se lee suena un problema patético, pero su gravedad es inconmensurable. No entender lo que se lee es ser un incompetente con una herramienta central de la reflexión y el aprendizaje. Es normal no querer leer si no se entiende. Esa disfuncionalidad se ubica en el corazón mismo del problema.

Un informe con resultados de la prueba Serce de la Unesco señala que el peso de la escuela en los aprendizajes de los niños es alto en América Latina. Se debe aclarar que los investigadores tienen asumido que los colegios no son la principal fuente de aprendizaje de los niños. De hecho, en promedio la escuela explica el 12 por ciento de los aprendizajes y en América Latina sube a niveles del 20 por ciento. De alguna manera, los resultados muestran que las escuelas logran romper la inercia de las familias. Pero en Chile se detectan resultados relevantes solo en matemáticas del sexto año de educación básica y, en términos generales, el impacto de la educación formal está siendo escaso en el proceso de aprendizaje. Los realizadores de este estudio en Chile, Marcela Román y Javier Murillo, concentran su atención en la importancia que tiene el aula. La verdad es que sus resultados son muy interesantes, pero no dicen eso. La educación ha estado lejos de la sociedad, precisamente porque se ha tecnificado el aula y se le ha quitado su prestancia. Chile se ha obsesionado con la sala de clases y con la culpa de los profesores. Pero es uno de los países donde menos influye la escuela. La obsesión por los colegios es simplemente un esfuerzo por culpar a profesores y por asumir que la educación se produce en un escenario cerrado, casi de laboratorio, donde se produce un proceso especializado de aprendizaje. Por supuesto, como la educación es bastante más, no se llega a muchos sitios por este camino.

En Chile la educación ha sido crecientemente vista como un entrenamiento para las actividades productivas prefiguradas. La educación ha sido construida como capacitación, instrucción, entrenamiento, pero no como la ampliación del repertorio cultural con el que cada uno de nosotros se enfrenta al mundo y su comprensión.

Desgraciadamente, no es inconcebible que así haya sido. Porque la educación no tiene importancia alguna en el desarrollo de un país donde se asumió que la riqueza está en la extracción de minerales y la explotación en general de materias primas. La riqueza no está en la sociedad, no está en las personas, no está en la innovación, en la creatividad, en el esfuerzo. La cosa es simple. La riqueza está debajo de la tierra y un poco sobre ella: hay que comprar maquinarias para poder sacarla y tener alguien que la extraiga. Y es así como Chile se levanta, pulverizando su patrimonio natural a gran velocidad.

Pero esta realidad resulta inconfesable. No se puede ir por el país, menos por el mundo, diciendo que Chile es una cinta transportadora de minerales, chips de madera y una cantidad importante de bodegas de fruta, pescado y vino. No solo no es sexy, tampoco es inteligente semejante confesión. Los seres humanos requieren un mínimo de dignidad para vivir y, por último, se puede vivir en la fiebre del oro, pero cuando el oro es para uno. Si se pretende inocular fiebre de oro y a la vez explicitar que el oro debe quedar para los demás, no va a funcionar. Era necesario un «relato sobre la educación».

El informe sobre desigualdad conocido como «El Chile profundo: cultura de la desigualdad en el Chile contemporáneo», del Centro de Investigación en Estructura Social, describió el discurso sobre la educación como un relato de tres dimensiones: la educación como capacitación, la educación como aprendizaje del dolor de lo real y la educación como incorporación de criterios de corrección en el cumplimiento de las normas sociales (la «buena educación» de saludar, despedirse, cumplir con los modales en general). No existe en la visión educativa de los chilenos un discurso consolidado sobre el conocimiento, la cultura, la incorporación de repertorios de saber más allá de la funcionalidad del saber institucional. Y es que dos modos de educación se obtienen fuera del sistema educacional. Y la que se obtiene en él solo debe orientarse al trabajo. La educación es vista por los chilenos con el mismo sesgo que tienen las autoridades. Esta perspectiva no solo es empobrecedora desde el punto de vista cultural, sino que demuestra una incomprensión profunda de la manera en que los repertorios de conocimiento se articulan con la calidad de vida y el desarrollo. Los chilenos entendemos que un martillo puede clavar y que, de clavar bien y rápido, podemos producir muchos estantes; pero no entendemos el valor de la producción filosófica, literaria, histórica. No hemos visto que La riqueza de las naciones de Smith o El Capital de Marx cambiaron el curso de la historia, no comprendemos cuán distinta puede ser París sin la torre Eiffel, no comprendemos qué sería de nuestra historia contemporánea sin Kant o Rousseau. Y menos nos damos cuenta de que es imposible saber cuándo un estudiante puede llegar a ser como Kant o como Rousseau si se le mira a los veinte años. No entendemos que, de no haber muchos que fracasan en el intento, entonces sencillamente nunca habremos generado grandes filósofos, economistas, físicos. Daniel Bell fue el autor que logró prever el arribo de sociedades de servicios, que también se han llamado sociedades del conocimiento. El rótulo que él instaló era el de sociedades postindustriales. En su diagnóstico, el conocimiento teórico sería el recurso que produciría valor en este tipo de sociedades. Sin embargo, en Chile sentimos que el conocimiento teórico no sirve de nada, que es una pérdida de tiempo pues no reporta nada.

Pues bien, el primer elemento del relato de la educación en Chile señala que ella está orientada a generar mejores condiciones para abordar el mundo laboral. Carece de otra misión que le otorgue sentido. Ese punto de partida nos conduce a una segunda derivada: la educación es uno de los caminos para mejorar el ingreso económico de las personas. De hecho, es el camino legítimo por excelencia, el más meritocrático de todos los caminos. Haberse educado tiene como premio un mejor ingreso. Esto implica que recibiendo educación se tendrá un mayor ingreso y que recibiendo una mejor educación, entonces se podrá ganar aún más. Los otros caminos no gozan de la misma legitimidad y relevancia que la ruta educativa: se puede simplemente tener suerte o se puede estar vulnerando valores o la ley para llegar a tener mayores ingresos. La educación es entonces el único camino que nuestros valores culturales reconocen como legítimo para la movilidad social.

Esta visión parte de una premisa: que todos los ciudadanos reciben la misma educación y que es su talento y esfuerzo, combinados, los que permiten definir el punto final de su posición social. Es solo con esta premisa que la ruta meritocrática tiene sentido. Pues si resultara que el proceso educativo llegara a no garantizar a todos el mismo resultado cuando se ha aplicado igual esfuerzo o desplegado igual talento, entonces se estaría cometiendo una injusticia. La promesa de la educación y la posibilidad de esperar que ella haga su trabajo se fundamenta en la creencia en su justicia. Si hay algunos que tienen en la práctica mayores derechos educativos, entonces la promesa es falsa.

Pues bien, en Chile la promesa es falsa. En cuarto básico los niños chilenos obtienen los mismos puntajes Simce independiente de su tipo de colegio y nivel de ingreso de su hogar. Esa realidad ha cambiado radicalmente en segundo medio, cuando los colegios más pobres bajan de su ya mediocre nivel y los colegios más ricos crecen notoriamente. Es decir, en Chile habitamos con un sistema educativo que no solo no cumple la promesa, sino que hace lo contrario: construye la realidad inversa a la que promete.

Pero la injusticia no solo puede producir revoluciones o reformas, también produce adaptación. De hecho, es lo que desgraciadamente produce más a menudo. El único imperativo que es realmente categórico en la existencia es que la vida, mal o bien, siempre hay que vivirla. Y que la única ausencia de adaptación total es la muerte. Por esto ha de ser que los chilenos se contaron un cuento. Vista una realidad donde la educación no era canal de transformación de la propia posición en la sociedad, sino de todo lo contrario, pues los más ricos podían convertir su dinero en más oportunidades, la mayor parte de la población operó con la lógica de san Agustín de Hipona. En su obra La ciudad de Dios, san Agustín vio que la inminente caída del Imperio romano de Occidente podía significar una crisis para el poder de la Iglesia. Y decidió que ese fracaso no debía ser portado por la santa institución. Argumentó entonces que lo que ocurriera en la tierra no era relevante para la «ciudad de Dios», sino solo para la «ciudad de los hombres». La primera tiene un reino en peregrinación, jamás situado en lugar alguno, siempre abstracto y etéreo. Es así como los cristianos podían perder el control de la ciudad terrenal, pero en el cielo, a nivel trascendente, la ciudad de Dios estaba siempre disponible. La caída de Roma no era crisis de la cristiandad, era caída de Roma y nada más. No es raro que en las derrotas busquemos la manera de no cargar con todas sus consecuencias. San Agustín lo logró y la Iglesia no solo superó el trance, sino que construyó un control relevante en Europa durante largos siglos con posterioridad. Pues bien, el recurso de san Agustín, si se formalizara como una receta, dice: «Si a usted le duele una realidad, diga que esa realidad es irrelevante y que la realmente importante es otra». Esto justifica que los chilenos hayamos saltado de la educación como conocimiento para el trabajo a la educación como moral. El reiterado argumento que señala que los padres han formado sólidamente en valores al estudiante o que el colegio no es tan bueno, pero «tiene valores», normalmente asociado a colegios de la Iglesia católica, son elementos efectivos en la defensa de la educación recibida. La premisa es que un estudiante que ha recibido integridad moral terminará por ser alguien que podrá valerse por sí mismo y que transitará al éxito apoyado en los premios que el destino o Dios prepara para quienes siguen las normas. Un muchacho que aprendió que la vida es dura, que hay que respetar a los mayores, que hay que «sacarse la mugre» trabajando, finalmente será premiado. La justicia se va a otro sitio.

Pero este elemento paliativo no calma completamente las demandas asociadas a una promesa incumplida: que la educación es el camino legítimo para llegar lejos. Es imprescindible volver a intentarlo. La situación no es fácil para nadie, pero eso implica que si yo lo intento más que el resto, que si me sacrifico, que si estudio de noche, que si hago estudiar a mi hijo más inteligente para que pueda trabajar bien y pagarle los estudios al otro, si en definitiva mi esfuerzo es enorme, entonces resultará por completo inevitable que los resultados serán positivos. No hay, al respecto, otra posibilidad. El camino es arduo pero posible. Hay de por medio un via crucis, pero para eso es este un país cristiano. Y es así como sordamente todos los chilenos comenzaron a estresar su modo de vida para poder otorgar educación, fuera como fuera, a sus hijos. La mejor dentro de sus posibilidades. Cabe destacar que la tasa de deserciones de las universidades privadas es notoriamente superior a la de las universidades del Consejo de Rectores.

Gráfico 17:Tasa de deserción por tipo de institución para el primer año de estudios, año 2009⁷⁷

Sencillamente había que intentarlo. Habría sido absurdo no hacer el sacrificio. Pero toda esa verdad era en definitiva inconfesable. Nadie en su sano juicio calcularía el daño a sus ingresos y patrimonio que implicaba ese esfuerzo, pues ello haría flaquear la fe, que necesitábamos firme para que moviera las montañas. Y la historia decía que, mirando los grandes números, la apuesta no rendía frutos. Pero se interpretaba simplemente que no se había ido suficientemente lejos, que si se intentaba ingresar a una mejor institución, si se luchaba por estudiar y lograr incrementar el valor del título, entonces sí se llegaría al paraíso.

El tiempo fue pasando y fue quedando en evidencia que no había paraíso. En 2011 el discurso se desplomó. Todos supieron que los demás estaban haciendo lo mismo y que, más allá de las excepciones que tanto relataban los periódicos, no existía realmente un camino para salir de una posición social y llegar a otra muy distinta y superior mediante la educación. Por supuesto, existía quienes habían conseguido superar los obstáculos, logrando el sueño. Pero su carácter excepcional revelaba la ausencia de un camino, de un método. Era toda la diferencia entre un camino y una selva sin huella alguna.

El desplome de la promesa y la infinita claridad de su falsedad suponían a su vez la caída de los fundamentos de legitimidad del orden social. Porque si no importa en absoluto el esfuerzo y el talento puesto en las instancias educativas y si no existen otras vías legítimas, entonces el cumplimiento de las normas del orden implica la condena y solo la transformación radical o la ilegalidad pueden invitar a satisfacer el sueño del ascenso social.

Mientras la sociedad chilena glorificaba el ascenso social, mientras el discurso fundamental era el de un país que se enriquecía y que era el mejor de América Latina, de pronto parecía evidente que esa promesa no tenía carne, que no había un Cristo que encarnara un Dios.

La educación era el centro de la promesa. Y era también el remedio contra el dolor, el analgésico que calmaba el malestar señalando que el presente no resolvía lo que el futuro sí podría lograr. Pero cuando ella mostró que padecía las mismas enfermedades que la sociedad que pretendía curar (desigualdad, mediocridad), quedó en evidencia que la educación era además el epicentro de una injusticia.

Chile no tiene en la educación un recurso para el desarrollo del país ni para el ascenso social de sus ciudadanos. Es así de simple. Y es así porque no hemos montado un sistema educacional: hemos montado colegios, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, pero no hemos construido educación. ¿Y nos hemos preguntado por qué realmente no hemos montado una educación de verdad? Pregúntese usted por qué en un momento de su vida pudo ganar peso y perder musculatura. Tendrá muchas razones, uno siempre dice cosas que pueden permitir pasar por el lado de la verdad sin tocarla. Pero lo más probable es que en ese momento usted comió más y/o hizo menos deporte. No es difícil imaginarlo, pues es así como engordamos todos. ¿Por qué no tenemos educación de verdad? Porque no la hemos buscado, es la respuesta correcta. Chile asumió en los años ochenta que el modelo económico sería extractivo, que la riqueza no estaba en las personas, que la naturaleza es rica, las personas son pobres y las grandes empresas pueden ponerse al medio y hacer allí lo que les plazca.

12. EL DESMANTELAMIENTO DE LA POLÍTICA: AÑO 1974, EL PRIMER PASO

La sociedad chilena ha estado marcada históricamente por el éxito de las oligarquías en controlar y estabilizar un orden político y económico. Las oligarquías son básicamente burguesías agrarias que tienen ramificaciones financieras y comerciales, con el latifundio como escenario fundamental de la arquitectura del orden social y como metáfora del teatro del mundo. El régimen oligárquico se constituyó con posterioridad a la independencia de Chile y, en el fondo, fue un modelo autoritario de control del orden social desde una elite conservadora que había ofrecido un pacto social que era imposible de rechazar, en el cual la tranquilidad y el orden eran los grandes valores y cuya conquista se basaba en la ausencia de cuestionamiento de las condiciones ofrecidas a los grupos dominados. Gran parte de este orden se articuló en la base cultural desde la que se construyó el sistema de valores de este régimen oligárquico. La autoafirmación en calidad de una «aristocracia» de origen hispánico redundó en una especie de colonialismo cultural decolonizado institucionalmente. El juego ofrecido era seguir el cáliz y la espada hispánica, pero sin españoles, sino con sus herederos, los vascos fundamentalmente.

En este orden toda irrupción ciudadana se consideró levantamiento del pueblo y, en ese entendido, irrupción del roto o del indio. La domesticación del sujeto popular fue ideológica: desde el combate naval de Iquique, donde la figura problemática para la elite es adoptada por el orden oligárquico por el enganche de su hazaña y su derrota con el pueblo, hasta el mucho más tardío rol ideológico de la existencia de un equipo de fútbol que ensalza a los indígenas (en Chile existe algo al respecto), al mismo tiempo que no hace nada por ellos y que representa finalmente el orden chileno de domesticación popular en su totalidad.

La domesticación de la ciudadanía es tan intensa, que incluso la izquierda ha habitado en su seno, creyendo hacer lo contrario. La permanente «solución popular» que propone la izquierda, con el símbolo de la posibilidad de llegar al poder para producir un orden invertido, donde el dominante oligárquico devenga en ser maldito y la cultura poblacional adopte la forma del orden dominante, no es sino la incapacidad de la constitución del concepto de ciudadanía. El llamado insurreccional ha sido a reivindicar las formas populares de acción, pensando que las prácticas que han nacido en la discriminación de los sujetos políticos oprimidos son las que pueden conservarse cuando el poder llegue a sus manos. Como si una gigantesca barricada fuera el símbolo de la forma de construir el Estado popular (o el no Estado) para cuando se haya llegado al éxito final. Pues esta forma de pensar sigue siendo oligárquica, porque simplemente reproduce el mismo clivaje, el mismo conflicto, el mismo eje. Estar al otro lado de la vereda supone compartir la calzada. La izquierda ha sido la denuncia constante de la oligarquía y sus lógicas, pero no ha ofrecido realmente un proyecto de sociedad completo, que vaya desde el orden institucional hasta la vida cotidiana.

El proceso de Reforma Agraria fue el tiro de gracia sobre lo que quedaba de orden oligárquico en Chile. Ya su proceso de despliegue se había debilitado desde 1910 hasta los años sesenta. Pero desde 1962, primero con el esfuerzo de Jorge Alessandri de hacer una reforma más bien tímida, para luego vivir la profundización con Eduardo Frei y su énfasis total con Salvador Allende, se había configurado el escenario del desplome del orden oligárquico.

Pero cabe preguntarse: ¿por qué la burguesía había tomado forma de oligarquía? Básicamente por su incapacidad de hacerse parte de la sociedad. El campo era el arquetipo de la vida social y esa articulación entre capital financiero, comercio y pacto social conservador constituían la forma más eficaz de acumulación de capital. Las distintas presiones de una sociedad crecientemente politizada (y por tanto cada vez más poderosa) terminaron en la crisis de la forma hacendal y de su cultura social y política añadida.

Pero las monarquías siempre han sabido que rey muerto, rey puesto. Y muerta la hacienda era necesario poner algo en su lugar. El proyecto de terminar con el orden oligárquico fue exitoso, pero la izquierda de la Unidad Popular no pensó en el proyecto a instalar que abarcase toda la sociedad y las distintas instancias de ella. ¿Cuál sería el repertorio de valores del nuevo Chile, cuáles las instituciones, cuáles serían las prácticas habituales de los chilenos, cuál era la oferta de vida? No es posible decir que no hubo nada de esto, porque es falso; pero no hubo todo lo necesario para mostrar un camino. A los chilenos se les había derrumbado una certeza y la oferta de una nueva no estaba disponible.

El golpe de Estado de 1973 es, en principio, una reacción pro oligárquica. Las dos claves de ese golpe: las instituciones militares y la aceptación de la población, fueron resultado de la fortaleza cultural del orden oligárquico en Chile como único repertorio de conducta y de valores, con su dios particular del orden social suficientemente fuerte como para legitimar el uso de la violencia civilizatoria. El apoyo político de la Democracia Cristiana, que imaginaba militares que limpiaban el camino y máquinas democristianas que se apoderaban del Estado, era menos relevante que la fortaleza de una convicción profunda de ciertas instituciones y de buena parte de la ciudadanía respecto al gran error de un Chile que desplomaba el orden oligárquico.

Y aquí viene el punto central. Muchos autores deducen que, al ser la raíz del golpe la defensa agónica de la oligarquía, entonces la sociedad construida luego de él ha de ser una nueva versión del mismo proceso oligárquico, tal vez vestido con nuevos ropajes. Pues bien, eso no es así. Es cierto que muchos valores del repertorio de la cultura política y económica chilena se sostienen todavía en la fuerza histórica de las lógicas de la hacienda, pero el Chile que emerge luego del golpe es enteramente nuevo y es ante todo un orden burgués, un régimen de capitalismo sin ninguna pretensión de articulación social, orientado a la mera ampliación de los mercados. La sociedad ha de estar en función de la economía. El régimen oligárquico terminaba en el mercado, pero era un orden político; el nuevo orden chileno comienza y termina en el mercado y pasa por la sociedad como zona de producción de valor.

Los militares en Chile limpiaron la ruta, tal como esperaba la Democracia Cristiana, pero quienes pasaron por ese camino finalmente fueron, en primer lugar, los empresarios liberados de las ataduras históricas que el vetusto régimen oligárquico imponía; y segundo, Jaime Guzmán y su nuevo modelo de sociedad, que radicalizaba los procesos de despolitización históricamente intensos en Chile y que otorgaba un control sin contrapeso a la elite económica. El final de ese proyecto suponía que los militares fueran simplemente sujetos premiados con prebendas por haber permitido (y por cuidar) el nuevo orden. Pero el único sujeto político de esta sociedad debía ser el «grupo económico».

Esta sociedad naciente no suponía forma alguna de textura social, pero sí de control social. La derecha estaba convencida de la necesidad imperiosa de controlar al sujeto popular. Por oposición, la izquierda se lo ha pasado convencida de la necesidad de descontrolar al sujeto popular. Ambas son convicciones profundas, ambas tienen el mismo centro: la desciudadanización. El sujeto popular no se ha de controlar ni de descontrolar, la ruta es la posibilidad de construir espacios políticos densos y homogéneos en toda la sociedad.

Lo cierto es que la derecha para el nuevo Chile articuló un proyecto donde el control social radica en la familia, las Fuerzas Armadas (y de Orden) y la Iglesia católica. Se recurrió al repertorio clásico, que es también el oligárquico, pero no eran esas instituciones el centro del escenario social, solo eran los agentes de control.

El énfasis en la familia es siempre un agente de conservación del orden existente. Max Weber decía que lo primero que una revolución ataca son los lazos familiares. Cuando ha triunfado la revolución, retornan los miembros de la revolución a fomentar los valores familiares, adaptándolos a sus intereses. El cristianismo atacó a la familia y luego se afirmó de ella para consolidar sus valores, es lo de siempre.

La Iglesia católica ha sido fundamental en dos roles: despolitizar la educación y despolitizar los conflictos sociales. La Iglesia ha recurrido a sus capitales históricos, que son su supuesta afinidad con la pobreza y con la formación en valores, para hacer con ellos la oferta de convertirse en el puente entre el aparato público y los problemas sociales, entendidos en el modelo neoliberal siempre como asunto de los perjudicados, es decir, de los más pobres. Lo social es «lo pobre». No hay nada más allá.

Las Fuerzas Armadas y de Orden son el símbolo último de la lógica de despolitización por represión. Los errores de la sociedad, la ausencia de civilización, deben ser detenidos por otra ausencia de civilización, cuya única diferencia con la anterior es que su resulta es la quietud y no la revuelta. Los saqueos en la VIII Región luego del terremoto del 27 de febrero de 2010 debían ser reprimidos por los militares, dijeron la población y los medios de prensa. La vulneración del derecho de propiedad requería el concurso de la fuerza militar. Y esa misma lógica es la que impera para tratar los asuntos delincuenciales desde el punto de vista de los delincuentes y no de la sociedad. Como si el médico tuviera que preocuparse de eliminar la célula cancerígena sin tener en cuenta el sistema inmune del paciente.

Lo cierto es que el golpe de Estado fue un acto de destrucción de un momento político que podía proyectarse a la manera de una emergencia popular o una emergencia ciudadana. Pero su despolitización como acto era un espasmo, era efímera. La proyección de una sociedad entendida desde la despolitización era algo más sofisticado y para ello se elaboró una planificación rigurosa. El documento central de dicha planificación fue la Declaración de Principios de la Junta Militar del 11 de marzo de 1974. Fue el momento donde quedaba en evidencia la configuración de un gobierno más allá del momento golpista. Y donde además se trazaron las líneas de un nuevo Chile. Cada uno de sus puntos fueron satisfechos y revela la enorme continuidad de los objetivos de la dictadura, donde confluían las visiones políticas del gremialismo, la visión económica de Chicago y el proyecto de cultura política autoritaria de las Fuerzas Armadas. Todo esto ocurrió un 11 de marzo. No en vano desde Pinochet en adelante la fecha en que cambian los gobiernos es la misma que el día en que se dio a luz el proyecto dictatorial.

La Declaración de Principios del Gobierno de Chile de 1974 señala que «Chile inicia su reconstrucción nacional en los momentos en que una profunda crisis conmueve al mundo». La introducción del documento es una breve descripción del escenario mundial y de los repertorios disponibles para Chile en medio de la crisis.

Bajo la forma de una crisis económica, que constituye una amenaza latente para la paz mundial, asistimos a un fenómeno que es más profundo, y que pone en tela de juicio los valores y formas de vida de los diversos tipos de sociedad. Un importante sector de la humanidad, llamado subdesarrollado o en vías de desarrollo, sufre el impacto de millones de seres humanos que se debaten en la pobreza, cuando no en la miseria. Aunque no en sus peores grados, Chile integra este primer grupo. Desde él se ha mirado alternativamente a dos tipos antagónicos de sociedades como modelos posibles hacia los cuales encaminarnos, con el objeto de superar la situación descrita. Unos miran hacia las sociedades llamadas socialistas e inspiradas en el marxismoleninismo, al paso que otros anhelan un desarrollo económico compatible con la justicia social y la libertad política, semejante al que han alcanzado las naciones más avanzadas del Occidente.

Con la distancia que da el tiempo cabe imaginar que lo que sigue es un fragmento que representa más a los grupos conservadores, pues se critica la alternativa (que finalmente se buscaría) de una sociedad de consumo.

La alternativa de una sociedad de inspiración marxista debe ser rechazada por Chile, dado su carácter totalitario y anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra tradición cristiana e hispánica. Además, la experiencia demuestra que el marxismo tampoco engendra bienestar, porque su carácter socialista y estatista no es apto para un adecuado desarrollo económico. Por otra parte, las sociedades desarrolladas del Occidente, si bien ofrecen un rostro incomparablemente más aceptable que las anteriores, han derivado en un materialismo que ahoga y esclaviza espiritualmente al hombre. Se han configurado así las llamadas «sociedades de consumo», en las cuales pareciera que la dinámica del desarrollo hubiera llegado a dominar al propio ser humano, que se siente interiormente vacío e insatisfecho, anhelando con nostalgia una vida más humana y serena. Esta situación favorece la rebeldía juvenil, que periódicamente aparece bajo diversas expresiones. Todo lo anterior se ve agregado por la exitosa penetración que el marxismo ha alcanzado en esas democracias, seriamente debilitadas, como lo hemos podido palpar a raíz del movimiento del 11 de septiembre en nuestro país.

A medida que el documento avanza, la mirada conservadora logra armonizarse con una visión liberal. El elemento que permita el vínculo serán los «derechos naturales», reivindicados por la tradición conservadora en tanto constituyen derechos que son portados por la persona humana por el mero hecho de pertenecer a tal condición. Normalmente se confunde esta visión con la de los derechos humanos, de orientación y uso más contestatario, pero ello no es así, aunque existan parentescos lejanos. La visión de los derechos humanos reconoce no solo un estatus normativo para la persona humana, sino sobre todo una visión de ella en el marco de las relaciones de poder con aparatos de dominación. Los derechos humanos existen porque las sociedades se han dado a sí mismas aparatos de poder para la administración de las decisiones que suponen una acumulación importante de poder. Y este puede volverse sobre los ciudadanos. Los derechos humanos pretenden defender a la ciudadanía de tales abusos. El derecho natural, en cambio, reconoce la existencia de derechos en el ser humano que son anteriores a la adquisición de forma «positiva» del derecho, es decir, son anteriores a la posible enunciación de la norma. Por tanto, puede haber una norma jurídica que sea contraria al derecho intrínseco a la especie. Lo cierto es que la ruta del derecho natural acomodaba a los socios capitalistas de la empresa Golpe de Estado, pues otorgaba el fundamento filosófico o al menos un vínculo con dicho fundamento, a partir del «derecho natural» de la «propiedad», que ya había sido reconocido por la Santa Iglesia Católica en el siglo XIV, mediante el papa Juan XXII, y que entroncaba con las perspectivas liberales que bastante más tarde reconocían entre los derechos el de la propiedad.

Es tiempo de aclarar que el derecho natural a la propiedad no es obvio. Es diferente que este sea reconocido como un derecho político, económico o social, a que sea reconocido como un derecho natural. Siendo el último caso, la propiedad queda situada en un estatus que compite en relevancia con, por ejemplo, el derecho a la vida. Por supuesto, es un hecho de la causa que la propiedad privada es algo que, al menos en las sociedades patriarcales tal y como las conocemos, ha existido desde siempre (y habría que agregar que el robo, la guerra y otros medios poco elegantes son normalmente métodos eficaces de procurarse la propiedad). Pero el reconocer la propiedad como algo más que un hecho histórico del cual nos hacemos responsables y pasar la frontera hacia la prescripción, es decir, llegar a decir que la garantía de la propiedad tiene estatus de derecho humano, entonces estamos dando un paso sustantivo.

El naturalismo jurídico de la Declaración de Principios de la dictadura militar será, por cierto, un arma de doble filo para los constructores de Chile en dicho período. Haberse metido en el derecho natural generó que esta declaración no sea bien recibida a posteriori, dado que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos no solo son contrarias al derecho positivo (leyes existentes), sino además al derecho natural. Pero si bien la promesa moral de los golpistas no se cumplió, caso distinto fue con el diseño del país. En todo caso, detengamos un poco la mirada en el tono de recuperación moral que dicha declaración señala en su inicio:

En consideración a la tradición patria y al pensamiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, el Gobierno de Chile respeta la concepción cristiana sobre el hombre y la sociedad. Fue ella la que dio forma a la civilización occidental de la cual formamos parte, y es su progresiva pérdida o desfiguración la que ha provocado, en buena medida, el resquebrajamiento moral que hoy pone en peligro esa misma civilización.

De acuerdo con lo anterior, entendemos al hombre como un ser dotado de espiritualidad.

Se asume así que «el hombre tiene derechos naturales y superiores al Estado» y que esos derechos «arrancan de la naturaleza misma del ser humano, por lo que tienen su origen en el propio Creador. El Estado debe reconocerlos y reglamentar su ejercicio, pero no siendo él quien los concede, tampoco podría jamás negarlos». No es vano recordar que Chile se había constituido históricamente de espaldas a un reconocimiento religioso de la comunidad política. En este texto queda en evidencia que la comunidad de los hombres (y mujeres) se considera posterior (menos relevante por tanto) al vínculo con un Dios creador. Este acto pone entre paréntesis la existencia de la comunidad política, situándola en el lado accidental de la existencia, como una coyuntura, una contingencia, un efluvio de una realidad que es anterior y superior, que es la divinidad. Por tanto, «el Estado debe estar al servicio de la persona y no al revés». Este punto, que suena lógico en términos de sentido común, no lo es. Si usted plantea, por ejemplo, el derecho a la educación como un derecho social, no queda visto como un asunto del individuo. No solo el individuo tiene el derecho a recibir educación y, por tanto, el Estado debe procurarla, sino que además es la sociedad la que requiere que sus ciudadanos reciban educación, para una mejor construcción de su propia existencia como ente colectivo. Los derechos no son solo individuales y, por tanto, en tanto comunidad, los habitantes de un Estado tienen derechos que pueden quedar no satisfechos cuando a ellos se les exige postergación en respeto a los individuos y su particularidad. Es así como la declaración reza:

Tanto desde el punto de vista del ser como desde el punto de vista del fin, el hombre es superior al Estado. Desde el ángulo del ser, porque mientras el hombre es un ser sustancial, la sociedad o el Estado son solo seres accidentales de relación. Es así como puede concebirse la existencia temporal de un hombre al margen de toda sociedad, pero es, en cambio, inconcebible, siquiera por un instante, la existencia de una sociedad o Estado sin seres humanos. Y también tiene prioridad el hombre desde el prisma del fin, porque mientras las sociedades o Estados se agotan en el tiempo y en la historia, el hombre los trasciende, ya que vive en la historia, pero no se agota en ella.

Lo que se aprecia en esta cita es un argumento liberal dicho por un conservador. En la filosofía política se entiende como «robinsonada» a las ideas que plantean un sujeto solo en el mundo como ejemplo de cualquier aspecto de la filosofía política. En un homenaje a Robinson Crusoe, el argumento es simple: está bien imaginar los avatares de un náufrago en una isla desierta, pero está muy mal sacar de esa existencia ejemplos relevantes de comportamiento aplicables a los individuos que sí están insertos en una sociedad. Pues bien, decir que «puede concebirse la existencia temporal de un hombre al margen de toda sociedad» es una robinsonada. Por de pronto, cualquier sujeto que ha recibido socialización, lenguaje, manejo de herramientas, no puede definirse simplemente como individuo sin hacer un ejercicio de disección de toda la sociedad que lleva dentro. Los individuos no existen, el hecho que se constituyan como tales es una obra política. No existe ser temporal fuera de la civilización y los casos de «niños ferales» o «niños salvajes» (niños que han quedado abandonados entre los animales y no acceden a la sociedad hasta muy tarde) revelan exactamente lo que decimos: no gozan esos niños de los atributos de sustancialidad, espiritualidad ni trascendencia. El pegamento de este opúsculo filosófico que intentaba juntar a los filósofos del derecho de la Universidad Católica de Chile, los economistas de Chicago y de la Universidad Adolfo Ibáñez, con todo el mesianismo e integrismo propio del mundo militar, fracasaba a cada instante, pero a la vez el mero acto de usar el pegamento fue dando fuerza a sus creadores. Y es así como había que resolver el problema de explicar qué razón hay entonces para ejecutar un golpe de Estado si este carece de toda importancia. Y por eso, el punto 3 de la declaración dice:

No obstante lo expuesto anteriormente, como el hombre no puede buscar su plenitud sin vivir en sociedad, debe agruparse con otros seres humanos. La forma jurídicamente superior de la agrupación es el Estado.

El fin del Estado es el bien común general, definido por la propia Junta de Gobierno en un reciente documento público, como «el conjunto de condiciones sociales que permita a todos y a cada uno de los chilenos alcanzar su plena realización personal». (Ver «Declaración de la Junta sobre prescindencia política en la administración pública». Diciembre de 1973). Esta definición traduce una concepción del bien común que difiere por igual de la que sustentan el individualismo liberal y el colectivismo totalitario. El individualismo liberal concibe al bien común como la simple suma de los bienes individuales, que cada cual procura obtener con total prescindencia del de los demás. El colectivismo se sitúa en el extremo opuesto, y entiende el bien común como un concepto referido al todo colectivo o estatal, frente al cual el bien individual de cada persona desaparece por completo. De este modo, nuestro siglo ha presenciado las horribles masacres del comunismo o del nacionalsocialismo, justificadas por sus autores en nombre de un supuesto «bien o necesidad colectiva», lo que revela un desconocimiento absoluto de que la persona humana, en virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, goza de un ser y de un fin último que le conceden derechos que ninguna autoridad humana puede legítimamente atropellar.

Caricaturizando las ofertas disponibles a nivel mundial, la Junta de Gobierno plantea una síntesis presuntamente novedosa que es capaz de otorgar un modelo y una filosofía de gobierno particular.

La verdadera idea de bien común se aparta de ambos extremos, y los supera. Ve en el bien común un bien de orden o de relación, que hace que la obtención del bien individual de cada uno exija para ser verdaderamente tal una preocupación y respeto solidario y activo por el bien de los demás, lo cual descarta la concepción liberal. Pero, al mismo tiempo, parte del reconocimiento de los derechos naturales de la persona humana, y niega que en nombre de un falso «bien común» pudiera llegar a ser admisible su conculcación.

El bien común no es, pues, el bien del Estado. Tampoco es el bien de la mayoría, y mucho menos es el de una minoría. Es el conjunto de condiciones que permita a todos y a cada uno de los miembros de la sociedad alcanzar su verdadero bien individual.

Pero en realidad hasta aquí la declaración se mueve en un ambiente retórico. Va a ser el punto 4 el primero que aborda asuntos de máxima importancia para el futuro de Chile desde ese 11 de marzo de 1974. Es en el punto 4 donde la particular filosofía de Jaime Guzmán comienza a quedar plasmada, donde se señala que «el bien común exige respetar el principio de subsidiariedad», pues «el ser humano forma una familia para alcanzar fines que no puede lograr solo. Da vida luego a diversas formas de agrupación social más amplias, para lograr objetivos que la familia es incapaz de conseguir por sí. Y llega finalmente a integrar todas esas sociedades intermedias en un Estado, por la necesidad de que haya un orden común a todas ellas que las coordine en justicia, y que asuma las funciones que ninguna de aquellas podría cumplir directamente». Este principio exige que las sociedades mayores (el Estado) respete el campo de acción de la familia, por ejemplo, pues en caso contrario vulnera el origen de la forma de articulación de ambas agrupaciones. Y es que «si la superior nace para cumplir fines que la inferior no puede realizar sola, si esa es su justificación, resulta evidente que no le es legítima la absorción del campo que es propio de la menor, y dentro del cual esta debe tener una suficiente autonomía. La órbita de competencia de la sociedad mayor empieza donde termina la posibilidad de acción adecuada a la menor. Tal idea matriz es lo que da origen al llamado principio de subsidiariedad». Este principio de subsidiariedad es parte central del proceso de despolitización del Estado. Vale la pena explicarlo.

Es bajo este principio de subsidiariedad que la polis, esto es, la comunidad política, carece de capacidad de interceder en gran parte del espacio social. El Estado debe limitarse a ejecutar aquellas labores que, siendo indispensables, los otros entes no cumplen. Por ejemplo, el Estado no debe tener empresas, no debe ser «Estado empresario», pues dicha función debe satisfacerse por el mundo empresarial. Las limitaciones al Estado pasan a ser limitaciones a la comunidad política, o sea, las resoluciones tomadas en su seno solo pueden operar en espacios restringidos.

Esta lógica es absurda, pues la noción misma de derechos humanos sería irrelevante si se funcionara con el Estado subsidiario, ya que por definición un poder jamás podría ser coactivo con un individuo. Pero la noción de derechos humanos existe porque la acción política por definición tiene límites imposibles de trazar en sus efectos y alcances. El poder es siempre el triunfo de una voluntad sobre otra y ese rasgo oscuro y malévolo es parte de sus condiciones. Es mucho peor para las sociedades no reconocer la complejidad del poder y creer que el Estado es un órgano que cumple ciertas funciones acotadas que otros no pueden cumplir.

El principio de subsidiariedad está por todos lados. El sistema de Isapres, que son aseguradoras de salud que pueden recibir dinero de las cotizaciones salariales, las AFP, la educación en Chile, todo ello funciona bajo el principio de subsidiariedad. Cuando la empresa no cubre un espectro o genera un problema social, el Estado entra a arreglar el entuerto. Como las empresas tienen normalmente fallas en la provisión de prestaciones sociales, pues ellas no buscan producir bienestar, sino prestaciones capaces de permitir una ganancia, el Estado debe intervenir en todos los mercados en Chile. Irónicamente es además siempre el principal actor, pero eso es porque los privados no están dispuestos a entrar en zonas del negocio que son más riesgosas. Todos los riesgos los absorbe el Estado y todas las utilidades las empresas. Luego las empresas pretenden ir y mostrar que ellas son más eficientes, pero claro, lo hacen atendiendo a clientes que pagan cifras siderales por cada prestación.

¿A quién subsidia el régimen de subsidiariedad? La prestación subsidiada hace parecer que el receptor de ella sea el usuario. Pero si se observa el modo de operación, el subsidio aparece cuando una empresa se retira de un espacio del mercado para ella construido. Es decir, la empresa elige hasta dónde operar y el Estado se retira de todo espacio que ella desee ocupar. Lo público deja el espacio abierto a lo privado incluso en el ámbito de sus derechos más básicos: educación, salud, previsión.

La subsidiariedad es la base del retraimiento de la política y de su irrelevancia. Allí donde la sociedad tiene más dificultades, solo ahí el Estado será bienvenido. La política no es para toda la sociedad, es para los desposeídos. El poder tampoco es para toda la sociedad, es para los poderosos.

Política y poder se separan en este ejercicio de la subsidiariedad. Es aquí donde se articula el pilar fundamental, la piedra angular de la caída de la política en Chile desde la dictadura. Ella no solo fue postergada por el acto de concentración de poder que supone un golpe de Estado (aspecto material del hecho), sino que además se articuló en una lógica de operación constante (aspecto formal del hecho) que desnudaba la política para vestir al poder absoluto que dan las armas. No se debe olvidar (y en Chile está completamente olvidado) que los militares, en el espacio de la política moderna, deben estar fuera de la comunidad política, pues precisamente ellos tienen en sus manos el poder absoluto que brinda el monopolio de las armas legítimas. Son mandatados para ello y sus beneficios solo tienen sentido en la medida que deben privarse de hacer ver su poder al poder civil. El golpe de Estado (y después, en los noventa, los ejercicios de enlace, el «Boinazo», en fin) son señales de vulneración de los principios básicos de politicidad. Pero lo son también los actos, menos evidentes pero igual de graves, que derivan del tránsito sistemático de los miembros de las Fuerzas Armadas hacia el poder civil, sin privación alguna e incluso sin perder sus beneficios económicos como militares. Almirantes que pasaron a ser senadores (Arancibia, por ejemplo), generales que pasaron a ser parte de los gabinetes (Izurieta en la actualidad, otro ejemplo), demuestran que la línea divisoria en Chile entre lo civil y lo militar no se ha respetado. De hecho, los militares deben tener un estatus de ciudadanía más acotado, limitado por el poder que tienen, por lo tanto son estamentalmente «no deliberantes», esto es, las leyes de la civilización les reservan una precariedad concordante con su control de los más peligrosos bienes (las armas) y dicha carencia es simple: ser subciudadanos, no poder utilizar todos los derechos, pues de poder hacerlo, la suma de su poder sería descomunal. Sin embargo, en Chile los subciudadanos son los habitantes del país, mientras el estamento militar ha gozado de ventajas increíbles. Por de pronto, económicas. El estamento militar goza de un régimen tributario distinto al de todos los chilenos. Mientras el gobierno de las Fuerzas Armadas diseñó un sistema nuevo para las pensiones de todos los chilenos (supuestamente mejor), el mismo estamento militar decidió no someterse a esos «beneficios» y quedarse en el sistema antiguo. Su acto sacrificial les significó menor porcentaje de cotización y mejor sueldo al jubilar. Y es que entretanto los chilenos se debaten normalmente entre tener o no la pensión mínima (75.000 pesos), resulta que en el mismo instante las Fuerzas Armadas pueden jubilar con su sueldo, o incluso con uno mayor. Tan elevado es el costo que más de la mitad de las remuneraciones que Chile gasta en el personal militar está orientado a pensiones, que suman alrededor de 1.500 millones de dólares anuales.

Mientras en el sistema de AFP la jubilación promedio apenas alcanza los $ 166.000, los afiliados a Capredena reciben un desahucio de entre 20 y 30 sueldos (según antigüedad) y pensiones que en promedio ascienden a $ 430.000. A diferencia de los civiles, los uniformados pueden llegar a jubilar con el equivalente a su último sueldo: un suboficial de Ejército con 30 años de servicio se puede retirar con $ 730.000 y un general o almirante con más años puede llegar a recibir $ 2.300.000, una cifra impensable en el sistema privado.⁷⁸

Los militares gozan de beneficios salariales y de pensiones que los sitúan en un estatus de privilegio. Los chilenos fuimos «capitalizados individualmente» por el sistema de pensiones del nuevo orden: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades recolectoras de las cotizaciones legales de cada trabajador, es decir, entes privados que tienen la concesión de recibir un dinero que obliga el Estado a extraer a los ciudadanos. Se trata de un tributo, pero no estatal; es como pagar un impuesto, pero a un privado. Esos entes no han demostrado ser una solución al problema de las pensiones, sino más bien lo contrario. No en vano a todos los chilenos los llaman un par de veces al año para ofrecerles seguros de vida con ahorro, ahorro previsional voluntario y toda clase de complementos que mitiguen la futura pobreza. Pues bien, los militares, en cuyo gobierno se instituyó el sistema de pensiones de capitalización individual, no se rigen por ella. Su sistema de pensiones tiene financiamiento que viene del presupuesto público y cuando una persona jubila lo hace en el grado superior. Mientras la mayor parte de los chilenos reducen su ingreso cuando jubilan, el estamento militar vive el retiro como un ascenso.

Pero nos hemos desviado un poco. Retornemos al concepto de subsidiariedad, que reglamenta que «en virtud de él, ninguna sociedad superior puede arrogarse el campo que respecto de su propio fin específico pueden satisfacer las entidades menores, y, en especial, la familia, como tampoco puede esta invadir lo que es propio e íntimo de cada conciencia humana». Este tipo de definiciones que establecen líneas de corte imposibles de visualizar (la línea que corta el ámbito de incumbencia del Estado respecto a la familia, o de esta respecto al individuo) resultan ser normalmente definiciones que facilitan el funcionamiento de quienes tienen poder, pues pueden establecer gracias a él la zona de corte entre una posición y otra. Bajo este principio podríamos objetar la intromisión del Estado en una familia ante casos de violencia psicológica, o ningún tribunal podría determinar que uno de los padres está incapacitado para criar un hijo. Por cierto, en todo caso resulta difícil conciliar cómo los artífices de este principio pueden con posterioridad negarse a distribuir la píldora del día después.

El principio es sumamente claro y está expuesto de modo prístino en la declaración cuando afirma:

Aplicado este principio al Estado, debemos concluir que a él le corresponde asumir directamente solo aquellas funciones que las sociedades intermedias o particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente, ya sea porque de suyo desbordan sus posibilidades (caso de la Defensa Nacional, las labores de Policía o las Relaciones Exteriores), o porque su importancia para la colectividad no aconseja dejar entregadas a grupos particulares restringidos (caso de los servicios o empresas estratégicas o fundamentales para la nación), o porque envuelven una coordinación general que por su naturaleza corresponde al Estado. Respecto al resto de las funciones sociales, solo puede entrar a ejercerlas directamente cuando las sociedades intermedias que de suyo estarían en condiciones de asumirlas convenientemente, por negligencia o fallas no lo hacen, después de que el Estado haya adoptado las medidas para colaborar a que esas deficiencias sean superadas. En este caso, el Estado actúa en subsidio, por razón de bien común.

He aquí la lógica implacable. Las empresas que prestan servicios de salud son las que tienen el derecho preferente de dar salud. Si no lo hacen, por falla o negligencia, no tienen sanción alguna, aun cuando estén situadas en un derecho, pero es claro que de fallar, el Estado debe subsidiar el funcionamiento de ese «mercado» que no tuvo capacidad para constituirse plenamente como tal. Y así los colegios municipales, el Fonasa, los hospitales públicos, la subvención escolar a colegios particulares que reciben dineros estatales, en fin. Allí donde termina la ganancia y el interés del privado, entonces el Estado interviene para satisfacer las demandas de la sociedad. Es simplemente un mecanismo que libera por completo las utilidades a los privados y deja los costos en el Estado. La extracción impositiva, cuyo principal ítem es el IVA (que todos los chilenos pagan y afecta más a los más pobres), sirve para concurrir a otorgar las prestaciones que los privados no desearon realizar, por riesgosas o derechamente inviables en su economía. Por supuesto, los defensores de este principio luego critican al Estado por ineficiente, no obstante el modelo ha sido diseñado para que tenga que hacerse cargo con poco dinero (pues el Estado debe ser pequeño) de todo aquello que las empresas no se hacen cargo.

Pero la convicción de los adalides del modelo es inquebrantable y señalaban en la declaración que

el respeto al principio de subsidiariedad representa la clave de la vigencia de una sociedad auténticamente libertaria. Casi podría decirse que es el barómetro principal para medir el grado de libertad de una estructura social. Por oposición a él, cuanto mayor sea el estatismo que afecte a una sociedad, menor será su efectiva libertad, por extendido que sea el ejercicio ciudadano de los derechos políticos.

El punto 5 de la declaración está de más, pues plantea un elemento que se hace obvio desde el principio: «El respeto al principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico». No cuesta advertir que el principio de subsidiariedad presupone el derecho a la libre iniciativa en el campo económico, y agrega que una visión estatista «prescinde de la capacidad creadora de los particulares en el terreno empresarial, cuyo reemplazo por el burócrata perjudica el surgimiento de nuevas fuentes de producción y de trabajo».

Lo interesante es que al mismo tiempo que se enuncia al Estado como el culpable de la falta de creatividad, se declara que «una economía moderna exige, además, que el Estado cumpla un papel planificador de la actividad económica general». Esto será evidente durante el gobierno de Pinochet y también durante la Concertación de Partidos por la Democracia. Gran parte de las actividades económicas en las que Chile ha vivido un despertar han derivado de la planificación y el fomento realizados desde el Estado. Pasó con las salmonicultura, cuyos estudios originales y análisis de viabilidad se realizaron a fines del gobierno de Pinochet. A los inversionistas se les aportó con todo lo que necesitaban para hacer andar el negocio. Y el surgimiento de las Isapres, AFP, la educación privada masiva, todo ello nació de decisiones tomadas a nivel gubernamental. Y durante los gobiernos de la Concertación, las autopistas, carreteras, cárceles y todo el sistema de concesiones, que garantiza los negocios a los inversionistas, fueron diseñados y creados desde el mismo aparato de Estado. Para bien o para mal, la mayor parte de la creatividad empresarial en Chile la ha tenido el Estado. En muchas ocasiones, la creatividad empresarial chilena se basa además en la información privilegiada, que permite tomar decisiones inteligentes sin base en la inteligencia, sino en el poder. Comprar tierras que cambiarán su uso de suelo es un ejemplo simple. Y no es poco habitual que inversionistas privados hagan lobby esforzándose denodadamente por lograr el cambio de uso de suelo. Y a eso lo llaman creatividad empresarial. Por eso, no es raro que la declaración haya dicho que «de lo que se trata es que dicha planificación estatal no se hipertrofie, cerrando el paso al valioso aporte de la iniciativa particular, sino que se oriente a converger y complementarse con esta». Y claro, es lo que se ha hecho en Chile. La acción estatal ha sido complementaria con la acción privada, generando grandes utilidades a esta última, cubriendo sus espaldas. No en vano a fines del gobierno de Pinochet los chilenos salieron a las calles a defender a los exportadores de uvas, a quienes les habían descubierto uvas con cianuro en una revisión en Estados Unidos. ¿Es posible explicar qué fue eso? ¿Por qué la ciudadanía fue invitada al chovinismo de saludar la bandera de las utilidades de los empresarios en nombre de la patria? Ese hito marcó el momento simbólico en el que la matriz exportadora mostró que ella era el centro de la economía y todos los chilenos debían defender las uvas, el mineral, la madera que se exporta por sobre sus propios intereses, pues en cada exportación estaría el futuro chorreo de Chile.

La Declaración de Principios de la Junta de Gobierno es en efecto el corazón doctrinario del Chile dictatorial, pero no solo eso. Fue un catéter capaz de introducir en la cultura política del país su ideario. Las doctrinas no solo tienen un repertorio valorativo, fundamental. También tienen uno emocional, de seguro más importante que el primero. Y la cultura política chilena ha reproducido ese repertorio desde 1974 hasta el 2011. Uno de los principios fundamentales ha sido el llamado a la unidad nacional.

Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas, haciendo de Chile una gran nación. Para lograrlo ha proclamado y reitera que entiende la unidad nacional como su objetivo más preciado, y que rechaza toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre las clases sociales. La integración espiritual del país será el cimiento que permitirá avanzar en progreso, justicia y paz, recuperando el lugar preponderante que los forjadores de nuestra República le dieron en su tiempo dentro del continente.

El orden político que nace en 1974 logra construir ciudadanos que no reconocen los conflictos sociales como legítimos, que ven con malos ojos la satisfacción de su interés si para lograrlo deben generar demandas públicas en forma de protesta. La unidad nacional no debe cuestionarse, hemos repetido todos por años, deben buscarse acuerdos, decimos, no deben discutir los políticos. A partir de un nacionalismo incomprensible hemos eliminado la observación de los intereses en la sociedad. Y mientras los empresarios defienden los suyos con mercurial protagonismo, los ciudadanos deben señalar que todo interés propio debe postergarse por la nación, por la «imagen país», por los indicadores de estabilidad, en fin. ¿No es acaso normal que al panadero le importa más el precio de la harina y al taxista el de la gasolina? ¿O pretendemos que los panaderos defiendan el interés del taxista y este el del panadero? ¿O pretendemos que ninguno defienda interés alguno? El modelo económico que reivindica a la propiedad es el mismo que no le reconoce a cada ciudadano, sino solo a las empresas, el interés.

Ya habíamos visto cómo el poder y la política son separados en este Chile, concentrándose el primero y desbaratándose la segunda. Ahora vemos cómo el interés económico es expropiado a los ciudadanos y queda en manos de los empresarios. Defenderlos a ellos es parte del bien común, del interés general. Bajo el nombre de la nación chilena debemos construir una unidad absoluta y un orden social definitivo, que no puede reconocer diferencias. La distancia objetiva entre un trabajador o un consumidor y el empresario que compra la fuerza de trabajo y luego vende los productos, no es reconocida como legítima. No es adecuado situarse como trabajador. No en vano la sindicalización en Chile fue llevada al nivel más bajo pensable, estabilizándose en torno al 11 por ciento de la población ocupada.

Mientras Chile promovía, con la dictadura a la cabeza, la apertura al mundo de la economía, reduciendo abrumadoramente los aranceles y convirtiéndose en un país obsesionado por los tratados de libre comercio, la misma dictadura incentivaba la ceguera cultural, el carácter isleño, la invisibilidad del mundo, que haría posible el control de las almas. Y es que se decía que «conspiran en contra de esa unidad las ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales, y la invasión cultural extranjerizante». Esta sentencia muestra el diseño de un alma provinciana y despolitizada, pretendiendo anular toda visión ideológica y, al tiempo, cualquier idea extranjera. Las únicas ideas válidas serían las nacionales y las únicas nacionales serían aquellas que apelan al alma histórica de Chile que, según los militares, proviene de los padres fundadores, militares ellos mismos. El núcleo simbólico del país había de ser el alma militar y sus valores, donde el principio de autoridad es clave y por ello no cupo duda en proclamar el «gobierno autoritario», pues la declaración señala que

conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía. Despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia. Se colocará siempre por encima de todo grupo particular de cualquier naturaleza, desterrando el juego de las influencias, protegiendo al más débil de todo abuso por parte del más fuerte, y siendo el árbitro que resuelva sin complejos ni favoritismos, en la mira únicamente del bien común y de la justicia.

Pocas formas son menos elegantes para decir que las Fuerzas Armadas se situaron con el poder total: árbitros frente a todo juego de influencias, autoridad total, poder sancionador. Esta era la mirada mesiánica que inspiró a las Fuerzas Armadas. No en vano la herencia cultural de nuestra visión política convirtió al Estado en un mesías que vive para salvar a los desposeídos y sanar las injusticias cometidas.

En el acápite 4, la declaración demuestra su afán despolitizador cuando señala que

el nacionalismo chileno, más que una ideología, es un estilo de conducta, la expresión genuina del ser de la Patria y del alma de su pueblo. En tal sentido, el Gobierno de Chile preferirá siempre los principios que las doctrinas, las realizaciones que los programas, la conducta que las simples leyes, el pragmatismo que las ideologías y la verdad de los hechos que la ilusión de las palabras.

Palabras, leyes, doctrinas, programas, todos esos elementos propios de la vida política son minimizados, oponiendo siempre un par superior. Resulta incomprensible que una proclama reniegue de las proclamas, aunque claro, se han visto contradicciones peores en los gobiernos de la Concertación. No en vano el 3 de octubre de 2001, en el periódico El Mercurio se señala: «Un nuevo llamado a la ciudadanía a consumir “tranquilamente” comida rápida formuló hoy la ministra de Salud, Michelle Bachelet, tras la apertura de sumarios sanitarios efectuada por el Sesma a dos locales de la cadena McDonald’s».⁷⁹ Por supuesto, los más exigentes dirán que cómo es posible que una ministra socialista llame al consumo de uno de los emblemas de las sociedades de consumo, que es la comida rápida, y que además salga defendiendo directamente a la cadena internacional McDonald’s, luego de un sumario por la mala calidad de sus alimentos. Pero siendo menos exigentes no tenemos para qué convocar al fantasma que recorrió Europa y bastará señalar lo impresentable que es añadir a lo anterior que la ministra de Salud llame a consumir tranquilamente la comida que es más conocida como «chatarra» por su carácter poco elaborado y ciertamente insalubre, en un país donde la obesidad es una de las enfermedades más presentes en la población. Porque claro, uno puede entender que el gobierno de Sebastián Piñera integre en las cuponeras de descuento del Injuv a las empresas de comida rápida desde el punto de vista ideológico, aunque no se pueda comprender desde la perspectiva de la salud pública. En todo caso, no hubo nadie que haya llegado tan lejos como lo hizo la Concertación en la defensa colectiva que se realizó a la cadena multinacional en 2001, cuando el ministro del Trabajo, Ricardo Solari, y el subsecretario de Salud, Ernesto Benkhe, dieron una conferencia de prensa para señalar con claridad que era seguro comer en la cadena de alimentos; pero no contentos con realizar semejante gesto político, decidieron dar un componente litúrgico superior e ir al local involucrado en la denuncia, en el Mall del Centro, para servirse sendas hamburguesas a vista y paciencia de la prensa que se solazaba con la escena de apreciar a un reciente miembro del Comité Central del Partido Socialista otorgando el menos elegante apoyo pensable a McDonald’s, embetunado en mayonesa y con el alma en un hilo por haber amenazado al capital. Por supuesto, todos los involucrados declararon no haber recibido presiones. El país inaugurado tenía incorporado en su noción de orden la prioridad de la inversión sobre la salud (y de la impostura sobre la decencia).

La Junta de Gobierno, debemos continuar con la declaración, es enfática en su ataque a la desigualdad, pero claro, con matices: «Es obligación urgente de los tiempos actuales transformar además esa igualdad ante la Ley en una verdadera igualdad de oportunidades ante la vida, no admitiendo otra fuente de desigualdades entre los seres humanos que las que provengan del Creador o del mayor mérito de cada cual». La reflexión sobre el Creador y los méritos nos plantea dos dudas. La primera, teologal: ¿cuáles son las diferencias que el padre de los cielos tolera? Y si esa verdad ha sido pronunciada, ¿cómo saber la versión correcta? Y aunque la sepamos, ¿cómo lo hacemos para meterla en nuestra legislación si somos un Estado no confesional? Respecto a la segunda razón por la que es legítima la desigualdad, la que remite al mérito, viene el problema de saber cuáles son los volúmenes de diferencias de ingreso, por ejemplo, que explican el mérito. La apertura de estas dos puertas, lo hemos visto en las investigaciones del CIES, han sido reproducidas en la cultura económica chilena, que ha visto finalmente que el mérito es fuente explicativa de muchas desigualdades. Cuando preguntamos por qué alguien tiene mucho dinero, se contesta a veces que «se ha sacado la cresta», razón suficiente para su éxito. Pero ello no explica cómo la mayor parte de los trabajadores chilenos hacen lo propio, trabajan de sol a sol, y no reciben semejantes recompensas ni algo relativamente próximo siquiera.

Hay otro aspecto en el que la reflexión de la Junta de Gobierno merece un examen. La clara señal que proclama la igualdad como igualdad de oportunidades, es una reducción al principio de igualdad que ha sido estructurante en el Chile contemporáneo. La única igualdad es verdaderamente la material, esto es, si hay un compromiso por la igualdad, debe plasmarse en la existencia de condiciones de vida y acceso a recursos (económicos, políticos, culturales) lo más semejantes para el total de la población. El compromiso con la igualdad resulta improcedente como un potencial, pues no es posible ofrecer una incomprobable existencia de igualdad o no de oportunidades. Nadie sabe si tiene realmente igualdad de oportunidades sin una mínima igualdad material. Si el Estado proclama que todos los estudiantes chilenos que tengan mérito (y se instala una medida específica) tienen derecho a becas por su educación, entonces evidentemente hay igualdad de oportunidades, ya que satisfecha una condición, todo lo demás es igual. Y si además, para satisfacer esa condición no hay impedimentos relevantes (todos los estudiantes pueden dar la PSU, todos tienen acceso a educación escolar, por ejemplo), entonces se considerará que la igualdad de oportunidades es total. Sin embargo, es sabido que la probabilidad de obtener un buen puntaje PSU está asociada a los rendimientos en segundo año de educación secundaria en la prueba Simce y que ella nos revela una desigualdad brutal de acuerdo al ingreso económico. Entonces, no es cierto que hay igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, pues la probabilidad de superar la condición impuesta no solo es diferente entre unos y otros, sino que además responde a desigualdades materiales.

La igualdad de oportunidades es mucho más un discurso capaz de tranquilizar los aires de igualdad, asociándose a la idea del mérito, siempre tan atractiva. Ya en 1974 nos encontramos con este fundamento que parece defender la igualdad, cuando sencillamente la está privando de toda capacidad operativa en el escenario político, pues la transforma en café sin cafeína, leche sin lactosa, cuando la condiciona a una idea de mérito que es simplemente una forma de ocultar las estructuras profundas de creación de resultados que la sociedad tiene, haciendo siempre más eficiente al que tiene más y menos al que tiene menos (en una partida de póquer, el que tiene más dinero tiene muchas más probabilidades de ganar que el que tiene menos, aunque las reglas son las mismas).

Es evidente que el documento del 11 de marzo de 1974 de la Junta de Gobierno es no solo un texto programático, sino ante todo una interpretación de la historia desde la perspectiva doctrinaria y de los valores a construir. La dominación de las almas era el objetivo fundamental, la llave del control de un escenario político. Y la culpa fue una herramienta decisiva, la acusación que la Junta Militar hizo a los chilenos fue radical: los chilenos habían sido flojos antes de 1973. El texto es brutal:

La restauración de la dignidad del trabajo, único camino verdadero de progreso y de realización personal del ser humano. Varios decenios de demagogia política han pretendido hacer creer al pueblo que las recetas ideológicas podían reemplazar al trabajo como vehículo de desarrollo económico. Por otra parte, mucho tiempo de abuso en la retribución del trabajo de millares de chilenos ha desdibujado en la conciencia nacional la dignidad que le es inseparable. Ambas desviaciones deben ser corregidas, comprendiendo que en tanto Chile es una tarea colectiva, no cabe justificación ni para el parasitismo ni para el ocio.

La política es situada en la antípoda del trabajo, la ideología es la mentira que nos hace pensar que podemos evitar el esfuerzo. La recurrencia de la culpa en las alocuciones y textos de los militares es un tema relevante en nuestra cultura política. La sanción autoritaria es merecida por los actos cometidos, dice explícita o implícitamente el mensaje dictatorial.

No vale la pena señalar el punto donde la Junta de Gobierno recoge el respeto a los derechos humanos. Las atrocidades cometidas no ameritan mayor comentario. Solo es relevante señalar que la cultura política chilena sí parece haber internalizado la idea de haber sido culpables de tener los sueños y anhelos que se derrumbaron con el golpe de Estado, pues finalmente el severo juicio de la historia sobre Pinochet no llegó por no haber cumplido la exigencia de respetar los derechos humanos, sino por no haber cumplido la claramente menos relevante exigencia de «austeridad de los gobernantes» de la que habla también la declaración y que se derrumbó en el «caso de Pinochet» cuando se conocieron sus cuentas en el Banco Riggs, donde millones de dólares inexplicables esperaban al gobernante para el deleite de sus últimos años. Este hecho, que no pudo ser explicado por la tesis de las joyas donadas al caudillo, fue más fuerte en la cultura política chilena que el asesinato, la tortura y el secuestro. En este momento de derrota política de Pinochet, con su caída económica, quedó al mismo tiempo en evidencia el triunfo de la derecha, cuyo foco puesto en el dinero como único dios se presentaba ante todos con pasmosa claridad. La ilegalidad del dinero había superado a la ilegalidad de la muerte, el delito económico vale más que el político. Pero claro, no había pasado todo el tiempo requerido, Pinochet tuvo mala suerte, porque pocos años después los delincuentes de las colusiones han gozado de la impunidad que el general tanto añoró y que le ha de haber significado preguntarse, no sin razón, qué misterioso hecho hace que sus partidarios hayan perdonado más la sangre derramada por él que la «apropiación» de recursos económicos que todo dictador sabe que es parte de su rol realizar. Porque si Pinochet fue un dictador famoso a nivel mundial por sus violaciones a los derechos humanos, la verdad es que a la hora de robar fue un dictador mediocre, comparado con los dictadores más ordinarios y con menos años en el poder. El general ha de haber visitado el más allá con esta duda inquietando su mente.

De todos modos, la Junta de Gobierno tuvo palabras más sofisticadas en relación a los derechos. Señaló, por ejemplo, que «el derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de fijar los límites admisibles de esa discrepancia». La defensa de un derecho y su instantáneo matiz en la redacción parece haber sido un arte muy manejado por los redactores del documento. Enunciada la norma, eran capaces de plantear con velocidad el matiz, el limitado alcance y, por qué no, la excepción recurrente que se transforma en norma. La declaración de 1974, como vemos, señala que hay límites a la discrepancia. Es verdaderamente increíble cómo este rasgo de despolitización ha sido articulador de la política nacional y de la sociedad chilena desde entonces hasta 2011. En la investigación realizada por el CIES de la Universidad de Chile, un proyecto financiado por Iniciativa Científica Milenio, se observó la configuración de una subjetividad específica al ciudadano de la transición. Fue llamada «el rebelde adaptativo», sujeto completamente en desacuerdo con el grueso de las políticas y criterios establecidos en Chile y que, al mismo tiempo, consideraba innecesario, irrelevante e incluso peligroso el plantear su disenso. La diferencia debía quedar inscrita en el alma, no en las conversaciones callejeras, no en los debates familiares. Chile se acostumbró a los acuerdos y no a las diferencias, a las resoluciones y no a los debates, a la adaptación y no a la protesta. Y es que la discrepancia, dijeron los militares, tenía sus límites. No en vano la aparición de los «díscolos» en la política chilena generó toda clase de críticas de parte de la elite política. Bastaba un pequeño cuestionamiento, un voto fuera de norma, para que los llamados al orden llegaran rápidamente: en abril de 2007, Soledad Alvear, por entonces presidenta de la Democracia Cristiana, señaló que «uno está en la Concertación o no está», mientras la derecha se reía de las divisiones intestinas de la coalición por entonces gobernante señalando que era «una bolsa de gatos», con esa referencia tan cruel al comprensible desorden en que habitan los gatos cuando son acumulados en una sola bolsa. Sin embargo, mientras la Concertación se demoró ocho años en tener autoflagelantes y más de quince en tener díscolos, la derecha logró producirlos en menos de dos años en el poder. El 11 de enero de 2012, Jovino Novoa denunció que los parlamentarios de Renovación Nacional que han apoyado el cambio del sistema electoral binominal «se están poniendo al margen de la Coalición por el Cambio», en referencia a Lily Pérez, Antonio Horvath, Carlos Cantero y Carlos Bianchi, quienes además habían apoyado la supresión del sistema de subvención escolar a los colegios particulares.

La historia de la discolatría comenzó hace ya muchos años, cuando arreciaron enormes críticas a disidentes dentro de la Concertación, quien fue la primera en padecer lo que, a sus propios ojos, era un error lamentable, una lacerante división y una inaceptable traición. Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista durante los últimos años de gobierno concertacionista, nunca se cansó de señalar que era difícil tolerar el problema de los díscolos, al tiempo que desde la vereda del frente Juan Antonio Coloma señalaba que la aparición de los díscolos era una señal del cansancio en el bloque oficialista (aunque no sabemos lo que opinará ahora que la derecha tiene los propios).

La descripción de uno de los primeros «díscolos» del sistema podemos tomarla de la revista Cosas, que entrevistó a Marco Enríquez-Ominami en calidad del «rey de los díscolos» el año 2007.

Desobediente, perturbador, indócil. Todos sinónimos de díscolo, el afamado término con que hoy se conoce a un grupo de diputados, entre los que se encuentra el socialista Marco Enríquez-Ominami. El apelativo surgió luego de que algunos parlamentarios viajaran el año pasado a Bolivia para solidarizar con los reclamos marítimos del país vecino. Pero la diplomacia parlamentaria no cayó bien. Así, aunque «díscolo» no estuvo en su eslogan de campaña, hoy es imposible desprender a este joven político y cineasta de este tercer apellido. A Marco Enríquez-Ominami no le incomoda el término y, por el contrario, defiende sus diferencias. «El gran chiste es que nunca se sabe cuántos somos. Es como geometría variable. Siempre he dicho que los díscolos no penalizamos la disidencia, por lo que se puede ser díscolo entre los díscolos», sentencia muy acelerado y con su característico humor. Eso sí, se defiende de quienes han dicho que es desleal con el gobierno. «Jamás he dicho:“La Presidenta debería hacer esto”. Menos díscolo que eso no hay; soy muy disciplinado. He votado todas las leyes que corresponden y me he abstenido de informes que no son proyectos de ley del gobierno», comenta.⁸⁰

Como bien reseña el mismo diputado, que luego sería un «descolgado» candidato presidencial (fuera de los pactos del binominal), la verdad es que los díscolos no fueron sino tibios esfuerzos de parlamentarios que hicieron algunos gestos (normalmente testimoniales o en proyectos de menor importancia) de no plegarse a las órdenes de partido o a las definiciones establecidas por los gobiernos correspondientes. Y, sin embargo, fue ese mero hecho una tremenda discusión en la que ocuparon numerosas horas de los más reputados analistas políticos para encontrar el gen de la «discolatría» y de asesores para hallar el antídoto contra ella. La cultura política y social chilena tiene un enorme trauma con la disidencia y el debate. El golpe de Estado y su permanente alusión al efecto de una «polarización» del país y las claras limitaciones al debate público y privado que la dictadura involucró, fueron ostensibles barreras, ya sea en forma de muros o fosos, a toda disidencia. Los chilenos anunciaban en las entrevistas de la investigación del CIES que estaban completamente en desacuerdo con el orden en el que vivían, pero que no estaban dispuestos a expresarlo a la manera de una protesta. El malestar social y la voz política fueron divorciados.

El sentido último de liquidar el debate es el mismo que el núcleo de todo el proyecto construido. La Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de 1974 no admite aquí análisis, pues es explícita:

Asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de estas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. Así como el principio de subsidiariedad ya enunciado exige que dichas entidades se desenvuelvan con autonomía dentro de sus fines específicos, sin que el Estado absorba su control, tampoco puede admitirse que sus objetivos sean distorsionados por una instrumentalización partidista de ellos o de sus directivas. Quedará, por tanto, expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta, en la generación y actividad de las directivas gremiales, cualquiera que sea su naturaleza. Resulta vital comprender que la mencionada despolitización es el único camino posible para que los gremios y demás organizaciones intermedias sean auténticos vehículos de participación social, cumpliendo así con un anhelo que puede ser señalado como verdadero signo de nuestro tiempo.

Lo social y lo político debían divorciarse, esa era la búsqueda central del proyecto. Un vacío habría entre el individuo y la dimensión política, pues la sociedad sería otra ruta. El individuo podía moverse en paralelo en ambos mundos, o sencillamente elegir una ruta, o incluso no elegir ninguna. Pero jamás podía combinar lo social y lo político. El alcance de lo social quedó limitado, pues sin paso político no hay amplificación de las demandas ni capacidad de articular distintos intereses y encontrar soluciones comunes. Cada problema queda limitado a su zona de influencia inmediata. Esta condición impide la escalada de conflictos y agrupa los problemas sociales en paquetes, aunque tengan el mismo fundamento. Al tiempo, facilita la visión tecnocrática, que plantea la necesidad de extraer dimensiones de problematización a la política para entregárselas a los técnicos: «En un mundo en que los problemas son cada vez de índole más técnica y menos ideológica, la función cooperadora en lo técnico aparece como una nueva y ancha perspectiva para el gremialismo chileno».

Al final, la declaración será enfática en señalar la centralidad de lograr un acelerado crecimiento económico para Chile y la presunta regla de oro para lograrlo: la exportación de materias primas. Todo esto se logrará protegiendo la inversión de los riesgos y será ese el camino a emprender.

Cumplida la primera etapa de reordenamiento de nuestra economía, destruida hasta sus mismas bases por el régimen marxista, Chile deberá avanzar hacia un significativo y rápido desarrollo económico, sin el cual resulta imposible satisfacer las aspiraciones de bienestar de nuestros compatriotas y, en especial, de los más modestos. Ello reclama una clara conciencia de que el único camino realista para lograrlo reside en un fuerte aumento de la producción minera, agrícola e industrial, lo cual requiere inversiones nacionales y extranjeras.

Por supuesto, la inversión extranjera parecía entonces chocar con el discurso nacionalista, ya que la Junta de Gobierno había sido enfática en señalar la importancia de la autonomía de las fuerzas internacionales del país, señalando que no participaba de ninguna de las órbitas existentes por entonces. Esto ciertamente era falso. Es conocida la intervención norteamericana en Chile para el golpe. Sin ir más lejos, hace unos quince años la página web de la CIA señalaba «intervenciones de la CIA en el extranjero» y se podía cliquear un mapa que se desplegaba en la página marcando lugares donde había intervenido dicha agencia fuera de Estados Unidos. En ese mapa, una estrella se situaba sobre Santiago y al aproximar el ratón del computador era posible apreciar «Chile, 1973. Golpe de Estado». La transparencia protestante al servicio de la política. Pues bien, lo cierto es que nunca fue fácil conciliar el discurso nacionalista (meramente retórico y de claras funciones ideológicas) con la inversión extranjera. Por eso, no es raro hallar al final del texto una cita que el propio documento hace a un discurso de Pinochet del 11 de octubre de 1973 (discurso que desconozco si realmente existió, dado que el Tata se sumó a última hora para el golpe y no era precisamente el más dotado de conocimientos doctrinarios). Lo cierto es que dicho presunto discurso rezaba: «Un verdadero nacionalismo no consiste en rechazar las inversiones extranjeras, sino en sujetarlas a condiciones que aseguren como condición prioritaria el beneficio de Chile» (Discurso del general Pinochet, 11-X-1973). Por supuesto, eso no es nacionalismo, eso es sentido común.

13. EL DESMANTELAMIENTO DE LA POLÍTICA:AÑOS OCHENTA, LA MANO DURAY LA MANO INVISIBLE

Si Piñera hubiese escrito este libro habría dicho que el gobierno de Pinochet gobernó con las dos manos: con una mano dura y taxativa y con otra mano invisible y pujante. Esa es la ecuación fundamental de los años ochenta, caracterizados por la represión, el toque de queda y la elaboración de un proyecto de transición política completamente diseñado desde la misma dictadura, basado en la conservación de las prebendas y del modelo económico a partir de la amenaza constante del retorno de la violencia. La búsqueda de generar acuerdos políticos comenzó tempranamente en la década de los ochenta, tratando de reconstruir las relaciones con los líderes exiliados y proscritos de los partidos políticos de centro e izquierda. Esta ruta fue lenta, pero comenzó tempranamente, mientras tanto se seguían cometiendo atrocidades. El momento de negociación política no fue ni ajeno ni contradictorio y ni siquiera contraproducente para el uso de la represión. Ella no solo no se detuvo, sino que incluso vivió un incremento en los últimos años de Pinochet, con casos emblemáticos, porque la operación de la Central Nacional de Informaciones (CNI) dio un paso más próximo hacia la sociedad y se acabaron los magnicidios (Letelier, Prats, Tucapel Jiménez, quizá Eduardo Frei) y se apostó por atacar a quienes desde el compromiso político se organizaron para demoler los fundamentos de la dictadura, pero desde la actividad social y no la política o sindical. La CNI no solo se dedicó a la versión chilena de la guerra contra el terrorismo, atacando a grupos relativa y pobremente armados de la izquierda que en efecto se sentían también en guerra contra la dictadura. La CNI dedicó parte importante de su logística a operaciones relacionadas con personas que trabajaban en medios de prensa alternativos (clandestinos o no), a líderes locales en barrios o poblaciones; en definitiva, a amedrentar y otorgar un clima de control absoluto al proceso de negociación política. Francisco Javier Cuadra, siendo rector de la Universidad Diego Portales, confesó que mandó a detener a Ricardo Lagos Escobar por la Policía de Investigaciones de Chile porque tenía información que podía ser asesinado por la CNI,⁸¹ lo que significaba básicamente que era esa una decisión de Pinochet.

La privatización de empresas, el nulo apoyo a la red pública de prestaciones sociales, la creación de soluciones privadas a problemas públicos y la subvención del Estado a los actores empresariales para demoler lo público, fue el momento uno de este proceso. Pero este momento material tuvo como antecedente un proceso comunicacional y una lectura de la historia: la política nos llevó al disenso, este al conflicto, que condujo a la polarización, y esta finalmente al golpe de Estado. Dadas estas condiciones analíticas, se asumió que la política produce golpes de Estado y que, por tanto, es mejor alejarse de la política. Luego de destruir la política como modo de vida, se destruyeron las prestaciones públicas. Y ante un escenario de devastación, las exclusivas clínicas y los majestuosos colegios privados parecían el mejor ejemplo de la ruta a seguir. Es cierto que solo entregaban servicios a un porcentaje ínfimo, pero la derecha señalaba que ese era justamente el problema: debía permitirse que eso llegara a todos. Que el uso de lo privado sea un derecho, no un privilegio, dijeron con voz en cuello los promotores del modelo, como si ello fuese posible. Las energías retardatarias del Estado debían suprimirse, enfatizaron. Por supuesto, cuando comenzó a ser cierto este paradigma, se inventó que era buena idea que el Estado existiera, para recibir el pago por un lado de los clientes y por otro lado del Estado. Pero esa fue creatividad posterior, la creatividad que permitió señalar desde la derecha: «Todos contra el Estado, pero con el Estado».

Toda la operación de desmantelamiento de la política en la década de los ochenta estaba basada en dos fundamentos. En primer lugar, el libre mercado y las privatizaciones generan desarrollo, se decía. Esto último es obvio. Si mañana comienzo a cobrar por lo que antes es gratis, el PIB crece. Si privatizamos el aire, a un precio módico y con caritativos subsidios porque «es un derecho», nos dirán que tendremos mejor aire porque habrá alguien a cargo de ello y además habrá crecimiento muy elevado porque algo que era gratis ahora resulta que es un bien de consumo. Pero claro, cada persona es más pobre porque tiene menos dinero para otras cosas, pero el país es más rico. ¿Cómo es eso posible? Porque (siguiendo el ejemplo, y que ni Dios ni Satanás lo permitan) habrían surgido un conjunto de empresas (en Chile serían dos o tres, siempre es así) que habrían generado gran crecimiento y que pronto serían vendidas a inversionistas extranjeros para beneficio de los inversionistas iniciales y finales. Esas empresas, vendedoras de aire, ofrecerían un mejor aire para Chile, pero su resultado sería indudablemente un mejor aire para los que tienen más. Eso pasa con cualquier bien de consumo: el que gasta más obtiene algo mejor. En poco tiempo los más ricos tendrían excelente aire, las clases medias un aire mediano y los más pobres tendrían un aire peor, pero la esperanza de mejorarlo gracias a la última campaña de aire puro con una hermosa y pura actriz de teleserie como rostro de la campaña. Al final del camino, Chile sería nuevamente un ejemplo de crecimiento, pero también de desigualdad y de pobreza en las interacciones coloquiales («no podemos invitar tanta gente a casa, vienen solo a tomar aire puro», dirían nuestros conciudadanos que logran contar con el bien escaso).

Tal y como la historia del aire fue como se produjo el crecimiento de Chile. Las privatizaciones e incorporación al mercado de nuevas industrias generaron una dinámica de crecimiento del PIB como no ha habido en la historia de Chile. Este dinamismo era posible por el libre mercado, que eliminaba los costos de mover el capital, por lo que habría más bienes de consumo (educación, salud, pensiones, mañana el aire) y así más inversión. Por eso las políticas aplicadas, como privatizaciones y reducción de aranceles, serían eficaces, pues generan desarrollo. ¿Por qué no han privatizado el aire? Esa pregunta se contesta simplemente. Para poder hacerlo es necesario tener una excusa, saber que es un requisito gestionar la limpieza del aire en una planta de tratamiento, por ejemplo, o mandar helicópteros a regar el cielo (como hizo Lavín el emprendedor, que habría creado un negocio si su acto hubiese logrado el efecto que él esperaba). Pero ninguno de los procedimientos sugeridos para limpiar el aire existen o sirven, por lo que no se podría cobrar un impuesto al aire limpio (con subsidio a los más pobres) si no se puede limpiar el aire. Para colmo, el aire no es como la educación. Cada uno de nosotros mira por la ventana y, más o menos, ve qué tan malo está el aire. En la educación no hay ventana para saberlo, nos enteramos años después. Por eso, no es tan fácil decir que el aire está bueno si resulta que está malo, por lo que el negocio habría tenido transparencias que a los inversionistas y políticos habrían disgustado.

Pero decíamos que los cambios estructurales en la economía y la destrucción de lo público tuvieron dos fundamentos, y que el primero era la importancia del desarrollo y el modo de arribar a él, la «transformación estructural» de la economía, mediante privatizaciones y apertura al mercado. Pero quedaba por ver cómo hacerse cargo de la dimensión social, de las prestaciones sociales y la posibilidad de distribuir las oportunidades y recursos en la sociedad. Y en este punto es donde emerge «el chorreo», segundo fundamento operacional y político del modelo económico libremercadista.

La noción de «chorreo» alude, en términos simples, a la convicción de los economistas neoclásicos que sostiene el carácter inevitablemente social de la riqueza. Es decir, sin necesidad de regulación alguna, la tendencia (salvo casos excepcionales) es que el crecimiento logre generar rendimientos económicos no solo para los inversionistas que han instalado una gran empresa, sino para muchos más. El inversionista que explota una mina de cobre, por ejemplo, obtiene una utilidad; pero al abrir la mina le ha otorgado empleo a decenas o centenas de trabajadores. Esos trabajadores, por su parte, llegan a casa o salen a la calle y requieren bienes y servicios, ampliando la demanda de ellos y generando nuevas ofertas económicas. El negocio de barrio se ve beneficiado, la fábrica de bicicletas y quien las repara, el heladero que pasa en un carrito y el taxista que un par de veces al mes tiene nuevas personas que, por atraso, premura, protección de la lluvia, requieren de su concurso. La empresa minera, por su parte, necesita proveedores de maquinaria más o menos tecnológica, donde concurren ingenieros o importadores, trabajando en dicha satisfacción de la demanda. Pero también necesita un casino para los almuerzos de los trabajadores y enfermeros para atender las lesiones vividas. El crecimiento económico parece incrementar el tejido de las transacciones y el dinero comienza a recorrer toda la sociedad. De este modo hay dinero (a veces más, a veces menos) por todos los sitios y ello genera cada vez más dinamismo y más desarrollo. Cuando hay menos trabas (impuestos, aranceles, trámites), lo que es visto como algo positivo, aumenta la velocidad de los flujos de capital y, por lo tanto, por más sitios hay nuevos negocios y el dinero chorrea a más lugares. Es cierto, dirán los defensores del chorreo, que hay más desigualdad, pero más personas podrán insertarse en la dinámica económica y el beneficio social es mayor al final del camino. Y es que, por ejemplo, sin sueldo mínimo y sin indemnización por despidos, el mercado laboral será dinámico y en un mismo hogar habrá más personas empleadas, quizá con un ingreso menor al actual mínimo, pero ciertamente sumando más que antes entre todos. He aquí la filosofía del chorreo.

Dos elementos conceptuales deben unirse para analizar este argumento. Por un lado, se hace necesario ponderar el alcance de la validez del argumento del chorreo. Y es que resulta evidente que la aparición de creación de actividad económica nueva supone el aumento del dinamismo, por lo que aumenta también la creación de nuevas empresas y relaciones productivas y comerciales. Los economistas neoclásicos asumen que el desarrollo así generado no es igualitario, pero no reconocen que la ausencia de regulaciones es francamente portadora de enormes dinámicas de desigualdad. Es decir, no se hacen cargo de uno de los clásicos fenómenos propios de la vida: que la tendencia a ganar algo por un lado tiende a ir aparejada a perderlo por el otro; que si el equipo es ofensivo en el fútbol, es más vulnerable en defensa, por ejemplo; que el hombre que da más seguridad a una mujer, es normalmente menos entretenido; en fin, las clásicas antinomias de los caminos de la vida. Y es así como los dos conceptos clave son dinamismo y capilaridad. El primero es la capacidad de generar riqueza en un entorno determinado; el segundo, la capacidad de distribuir por todo ese entorno dicha riqueza. Obviamente la igualdad total no es posible, pero para que el argumento del chorreo sea cierto es decisivo que los recursos lleguen a la mayor cantidad de personas de ese entorno.

Sin embargo, las cosas no son simples. Los economistas neoclásicos plantean que en un mercado sin grandes fallas, la tendencia será a que un margen pequeño de la población quede excluido de los beneficios del chorreo. Y en ese momento, el sistema propio de un Estado subsidiario resolverá ese problema por la vía de beneficios a los que han quedado fuera del reparto de la torta. Es cierto, dirán, que la torta se reparte de un modo algo injusto, pero antes no había torta. Y claro, eso es así sin considerar un elemento conocido en los fenómenos económicos: la tendencia a la concentración en los mercados liberados a su suerte. Mediante toda clase de fusiones, compras, aprovechamiento de ventajas comparadas, en general las empresas tienden a ir agrandándose hasta niveles sorprendentes, pues gracias a dicho logro (el aumento del tamaño) existe la posibilidad de hacer uso de las economías de escala y de las presiones a proveedores que resultan tan beneficiosas y aumentan el grado de competitividad en las grandes empresas. Pues bien, resulta que esta tendencia entra en contradicción con el beneficio social por dos razones. En primer lugar, porque la gran empresa entra a competir con el resto de las empresas: micro, pequeña y mediana, pues de la presión sobre las utilidades de ellas depende la grandeza de su propio negocio. Y en segundo lugar, la concentración supone que son cada vez menos los «sitios» donde se distribuye capilarmente el dinero en toda la sociedad. Es decir, ya no es cierto que una nueva empresa produce otra y esa otra produce otra y en todas hay nuevo empleo. La tendencia es que la más pequeña sea absorbida por la más grande y que se reduzca el empleo, pero claro, aparecen otras nuevas empresas, pero están cada vez más sometidas a las condiciones de las grandes y tienen pocas oportunidades de tener negocios si no negocian con ellas. El problema no es entonces solo económico, sino de concentración de poder. Las grandes empresas tienen en sus manos a las que no lo son y fijan sus condiciones de crecimiento en la subsistencia que permita contar con proveedores, pero su competitividad está en ser todo lo barato que pueda, por tanto lo menos gastador posible.

Esta lógica económica es de pobreza en la opulencia. Gastar como pobre y tener utilidades de rico es la clave. La concentración elimina la distribución espacial de la riqueza o, cuando menos, la condiciona.

Cuando los economistas liberales discutían con Keynes le decían que, si bien los mercados tienden a no ser perfectos en el corto plazo, ellos se terminan regulando en el largo. La respuesta de Keynes, que pasó a ser parte del repertorio de grandes frases en la historia, fue: «En el largo plazo estamos todos muertos», sarcasmo que hace alusión a que necesariamente la economía se ha de vivir en plazos cortos, pues solo de ese modo gestionamos un futuro que la generación que construye realmente habita. De todos modos, al ver las dinámicas del libre mercado en Chile, la observación de Keynes es optimista, pues parte de la base que la economía se habrá regulado, pero que nosotros estaremos muertos. Es decir, aunque suene absurdo, hay algo que funciona en esa ecuación. Pero en Chile la situación es distinta: con esta dinámica de concentración y con la falsedad última del chorreo, es posible decir que en Chile en el largo plazo están algunos millonarios y muertos y la mayoría completamente cagados (ya sea vivos o muertos).

La última aparición de la teoría del chorreo fue justo antes de las movilizaciones de 2011. La candidez del documento es sublime. El texto es una columna escrita por Julio Dittborn en La Tercera.

Llevo varios meses viviendo en EE.UU., en un buen barrio residencial cerca de Nueva York. Cuando uno vive en un país extranjero, hay muchas cosas que llaman la atención. Hoy quiero comentar una: la ausencia de robos y ataques a las personas en el barrio donde vivo, como Vitacura en Santiago, o sea, un muy buen barrio. Ejemplo: es costumbre que si uno sale a la farmacia y saca el auto del garaje, deja la puerta del garaje abierta. Si deja la casa vacía por unos días y le llega una encomienda, el cartero la deja en la puerta y...¡nadie se la lleva! Aunque esté a la vista de todos los que pasan por la calle. El auto se puede dejar abierto en el mall y frente a la casa, no hay problemas.

¿A qué se deberá que acá casi no hay delincuencia? ¿Se deberá a que las penas por robar o secuestrar son acá muy altas? Puede ser, pero no lo creo. Yo creo que más bien se debe a que las cosas son acá muy baratas y no tiene sentido arriesgarse a robar para conseguir cosas. Un salvadoreño o guatemalteco recién llegado acá se compra un auto en un par de meses si gana el mínimo (3.500 pesos la hora acá). Se compra un par de zapatillas o un computador en pocas horas. O sea, es el chorreo lo que disminuye el robo. Con un ingreso per cápita de US$ 35.000 al año (en Chile son US$ 12.000 al año), acá les chorrea a todos. (El monto del salario mínimo es la mejor señal que acá chorrea). Por lo tanto, soy optimista. Si en Chile seguimos creciendo a la tasa de Piñera (y no a la de Bachelet), podremos aumentar el mínimo y hacer que las cosas sean superabundantes y baratas. Ello disminuirá la delincuencia.⁸²

El argumento de Dittborn es radicalmente equivocado, pero al mismo tiempo permite desmentir muchas de las tesis de la derecha. Comencemos por el principio. El argumento es equivocado ya que homologa crecimiento con chorreo y este con aumento del ingreso, es decir, parte de la base de que el modelo efectivamente produce las tres cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no se puede decir que el aumento del PIB y el incremento en los salarios sean fenómenos concurrentes.

Es precisamente esta operación mental, que asocia indisolublemente el crecimiento del producto con el incremento de los ingresos de las personas, el origen del error de Dittborn. Sin embargo, al mismo tiempo da cuenta de una verdad absoluta. Los principales factores que explican la delincuencia no son el vicio, la flojera o el intento de reducir el esfuerzo y aumentar la rentabilidad. En un trabajo muy interesante de quien es hoy ministro de Educación, Harald Beyer, en conjunto con Rodrigo Vergara, se plantea que el desempleo juvenil, particularmente en los grupos de menores ingresos, es parte importante de la explicación de la delincuencia. Más aún, los autores dan cuenta de que diversas investigaciones internacionales señalan que el retorno económico de la delincuencia es reducido, es decir, no se gana más siendo delincuente que insertándose en el mercado del trabajo.⁸³ Considerando los riesgos asociados a la delincuencia: tiempo privado de libertad, riesgos de salud asociados a enfrentamientos con carabineros, exposición a entornos de alta conflictividad, no es posible señalar que sea fácil y conveniente ser delincuente. Este argumento es evidentemente contrario al sentido común, que ha intentado construir en la delincuencia una simple hermana del facilismo y de acortar caminos hacia la obtención de recursos económicos. Pues bien, tanto Dittborn como Beyer, dos nombres fundamentales de la derecha chilena, uno vinculado a la derecha conservadora (Dittborn) y el otro asociado a la derecha liberal (Beyer, si es que el rótulo de derecha liberal realmente existe en Chile); pues bien, decíamos que ambos acaban por asumir que la delincuencia proviene fundamentalmente de causas económicas. Entender este factor es indispensable para asumir el problema del aumento de los delitos en Chile.

La delincuencia no es hija de la pobreza, pero sí de la exclusión económica. Es decir, en una sociedad pobre puede ser reducida la delincuencia (aunque nunca es nula, esa fantasía no solo no existe, sino que tampoco es deseable). Pero una sociedad excluyente es por definición una sociedad desintegrada y ello conduce al aumento de la delincuencia. Por ello, el aumento de la desigualdad es indudablemente un factor que concurre a incrementar la comisión de delitos contra la propiedad.

Chile ha crecido en ingreso, pero también en exclusión. La ausencia de caminos pavimentados hacia el ascenso social y la enorme exigencia que se impone sobre los ciudadanos de lograr dicho ascenso son factores que gatillan la desigualdad. Dittborn asume con candidez que en Chile la delincuencia se produce por la falta de acceso a bienes de consumo. Siendo el problema más profundo, su argumento es cierto en el fondo. La razón de fondo es que si la delincuencia fuera vista como una política pública, podríamos decir que ha sido la más eficaz en reducir la desigualdad. Es lamentable decirlo, pero la operación delincuencial tiene todos los méritos que los economistas liberales promueven: habita en un mercado libre, sumamente dinámico, que muchas veces invita a la renovación de los bienes de consumo de los más adinerados, mientras permite el acceso a esos bienes de quienes tienen menos. Desgraciadamente, la delincuencia también se produce en gran volumen al interior de estratos sociales más bajos, donde el ambiente de riesgo redunda en robos pequeños y constantes sobre quienes tienen el mismo patrimonio que el delincuente. Pero en términos generales, como diría un economista liberal, los incentivos al robo están puestos en aproximarse a los estratos más altos. Lo cierto es que resulta increíble que Chile no tenga para mostrar ninguna política pública que haya sido capaz de reducir la desigualdad y que el proceso de desintegración que se plasma en delincuencia sea analizado desde el punto de vista del aumento de penas para quienes son declarados culpables. Estar en la cárcel es un costo que no necesita análisis. La pregunta debe ser respecto a qué país hemos construido que el costo de estar en la cárcel se puede asumir porque resulta más fácil incorporarse a la contracultura delincuencial que insertarse en el mercado laboral.

Dittborn y Beyer nos recuerdan que el aumento de la delincuencia se debe, ante todo, a los factores económicos. Desde la misma derecha viene el reconocimiento a una explicación que duele, pues en rigor ello indica que es la forma de operación del modelo económico la que ha conducido al aumento de la delincuencia: el enorme aumento de la desigualdad, la importancia creciente de los objetos como bienes claves para la seducción social, el aumento de importancia del valor de la riqueza, en fin, son los factores que empujan el incremento de delitos. Y no es la flojera y la búsqueda de acortar caminos con miras a un futuro de vida disipada y fácil.

Pero aunque los argumentos de Dittborn y Beyer nos permiten decir que apuntan con razón a los factores económicos, no es menos cierto que ambos han olvidado sistemáticamente que el crecimiento económico, el suicidio y la delincuencia se han movido sistemáticamente al alza en Chile y que parecen estar más bien asociados que disociados. El coeficiente de correlación R (Pearson), que mide qué tan concomitante es el movimiento de dos variables (por ejemplo, si acaso sube el índice de suicidios cuando sube el índice de crecimiento), revela que hay una altísima correlación entre ambas cifras. Siendo 0 la menor correlación (no hay relación entre las variables) y 1 la más alta (por cada punto que aumenta una variable, aumenta un punto la otra), vemos que la correlación entre suicidios y crecimiento del PIB es 0,87.⁸⁴ Que esto ocurra no es extraño, pues la base fundamental de la estrategia de crecimiento ha sido asumiendo que el aumento del poder económico del país ha estado asociado a la reducción de su textura social y de la distribución de poder en la sociedad. Un modelo que logra el crecimiento a partir de la operación de la concentración no es un modelo de desarrollo para la sociedad, sino para los grupos privilegiados.

La economía no es un vaso que al llenarse chorrea. Lo que queda claro es que los millonarios no tienen un estómago limitado, sino que lo amplían al máximo en la medida que el capital no tiene que ver con el consumo. Las riquezas de miles de millones de dólares no tienen ningún sentido estrictamente «humano», son un deporte autónomo de la sociedad, su reino no es de este mundo. Por tanto, no se puede llenar el vaso de la economía de los ricos. Y suponiendo que sí se llenara, el hecho que sufra un rebalse y caiga agua al resto de la sociedad estará basado en un vaso lleno para unos pocos y gotas a repartir en muchos. La imagen del chorreo del vaso es ciertamente correcta, pero es despiadada y revela lo peor del modelo. Pero puede ser peor. El chorreo del vaso lleno tiene en el envase que contiene la riqueza del capitalista una «forma» capaz de dar al agua un determinado orden y una posible gestión futura. El agua que cae del vaso lo hace sobre una mesa que no tiene formalización de la recepción de esos recursos, cae sin capilaridad social, favoreciendo a los más cercanos al vaso y sin capacidad de trasladar esos recursos más lejos.

La imagen del chorreo es el dibujo falso de una historia verdadera que todos los chilenos entienden: hay un solo vaso, que crece sistemáticamente y que es disputado entre los grandes poderes económicos. Y para todos los demás alcanza a llegar algo en el ejercicio de hacer que haya una máquina capaz de ir llenando cada vez más el vaso.

14. EL DESMANTELAMIENTO DE LA POLÍTICA:AÑOS NOVENTA, DEJE LAS DECISIONES A LOS EXPERTOS

El arribo de los noventa estuvo marcado por el proceso de adaptación de la Concertación de Partidos por la Democracia a las condiciones que vinieron impuestas por el mundo militar («justicia en la medida de lo posible», rezó la confesión de Aylwin), y por la aceptación y luego promoción de las fórmulas en que ha operado el modelo económico que se ha denominado en Chile «economía social de mercado», aunque nunca se ha comprendido a cabalidad que hace el término «social» ahí.

En ese proceso la transición fue simple traspaso del poder litúrgico instalado en La Moneda, incorporación más bien figurativa de un fragmento de la clase política que se había proscrito durante los ochenta. La transición a la democracia chilena es la apertura de las puertas del palacio de gobierno a actores viejos que estuvieron sancionados. La transición no fue la construcción de los cimientos para una democracia ni para una transformación de las estructuras de poder en la sociedad chilena. Más bien al revés, fue una aceleración del proceso de construcción de un distanciamiento creciente de la elite política y de una concentración de poder enorme en los grupos económicos. Cuando la Concertación estuvo incluida en el juego, salvo excepciones a muy bajo costo, el libre mercado parecía completamente protegido. Incluso el creciente desplome del poder militar, derivado de los casos judiciales contra Pinochet, significó otro alivio más para el empresariado, pues en la medida en que la escena social parecía satisfecha con la reivindicación moral de los derechos humanos, parecía haber más espacio y ganas de permitir mayores inversiones. Mientras más podía mostrar la Concertación los avances en materia de derechos humanos (aunque ninguno de los avances provino de su seno, por cierto), más espacio había para avanzar por el seductor camino de la legitimación del lucro y la incorporación a él de la Concertación. Mientras ella se cansó de prometer lo que no cumpliría, primero fue «gana la gente» (Aylwin) y luego «crecer con igualdad» (Lagos), haciendo clara alusión a propuestas que exigían la modificación del modelo, su acción cotidiana operaba simplemente bajo la teoría del empate: si la derecha acusaba a la Concertación de un acto de corrupción, ella saltaba instantáneamente señalando que el grupo opositor tenía las manos con sangre y que su inferioridad moral impedía oír su voz con altura de miras.

El Chile de empates en los pecados judiciales marcaba una balanza que simplemente tenía relación con problemas en las cúpulas. La disputa no se relacionaba con tema alguno de la estructura de la sociedad chilena. Para ello estaba el modelo económico, tan incuestionado como asumido. El libre mercado era una verdad absoluta y para toda certeza que no merece reparo se necesitan sacerdotes y apóstoles, no críticos. Y es que la verdad absoluta necesitaba legitimidad, pues esta no concurría inmediatamente por el solo hecho de haber sido pronunciada en Chicago, que por cierto y para colmo, nunca había sido una universidad demasiado prestigiosa.

La construcción de la verdad neoliberal en Chile se había iniciado muchos años antes del golpe de Estado, cuando la Pontificia Universidad Católica de Chile había firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Chicago, formando así varias generaciones de economistas que contaban con una verdad revelada. El convenio comenzó a operar en la década de los cincuenta. Por entonces la escuela neoclásica (que es liberalismo económico con algunos arreglos asociados a los logros del keynesianismo en la teoría de las crisis), defendida ante todo por Milton Friedman, carecía por completo de relevancia en la escena intelectual y académica de los economistas. La fuerza de esta perspectiva no tendrá una aparición significativa a nivel mundial hasta las reformas de la era Reagan, que comienza en 1981. Los chilenos queremos creer que en el proceso de legitimación mundial de la visión neoliberal tuvo alguna importancia Chile, tal y como nos gustaría creer que Marcelo Ríos fue más que Federer o Nadal. Sin embargo, la trascendencia de nuestro país es anecdótica: es cierto que Chile fue el primer país en aplicar el modelo con una fórmula tan experimental y desastrosa en principio que solo pudo tener duración gracias al influjo siempre relevante de haberlo aplicado en dictadura. Pero la gran legitimación provendrá de la era Reagan, símbolo de desprotección económica de la sociedad y de conservadurismo moral, combinación que a la derecha chilena comenzó a fascinarle. En la década de los ochenta la productividad de Estados Unidos subió alrededor de un 30 por ciento y los salarios reales bajaron en torno a un 30 por ciento, combinación que revela la presencia de un esfuerzo por producir acumulación de capital y no desarrollo social.

El neoliberalismo chileno no tenía la obligación de sostener un relato, pues poseía armas que garantizaban su operación. Distinto fue el caso de Thatcher y Reagan, que sí requerían de un discurso capaz de producir una transformación cultural en busca de la hegemonía. Sin embargo, uno de los grandes discursos finalmente servirá para los países donde el neoliberalismo se instala tanto desde un régimen democrático o de uno dictatorial: la convicción fundamental era la ausencia de alternativas. Ese discurso fue común a Margaret Thatcher, Ronald Reagan y a los líderes chilenos. Ya fuese que los militares no te daban alternativa o que la historia no permitía otro camino, al final se llegaba donde mismo.

En el libro de David Harvey Breve historia del neoliberalismo⁸⁵ se relata la importancia que los promotores del neoliberalismo (entre ellos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos) asignaban al proceso de transformación de creencias. En ese sentido, los empresarios debían organizarse para conducir ese proceso. Había que instalar una visión hegemónica y quienes promovían esta mirada insistían en que ya se estaba trabajando tarde.

En el caso de Estados Unidos, comienzo con una nota confidencial enviada por Lewis Powell a la Cámara de Comercio estadounidense en agosto de 1971. Powell, a punto de ser elevado al Tribunal Supremo por Richard Nixon, sostenía que la crítica y la oposición al sistema de la libre empresa estadounidense había llegado demasiado lejos y que «había llegado el momento —de hecho, ya era tarde— para que la sabiduría, la inteligencia y los recursos de la empresas estadounidenses pudieran ser lanzados contra aquellos que lo destruirían». Powell sostenía que la acción individual era insuficiente. «La fuerza —escribió— descansa en la organización, en una meticulosa planificación a largo plazo y en la implementación, en concordancia con una acción proseguida durante un período indefinido de años, en un nivel de financiación únicamente alcanzable mediante el esfuerzo conjunto, y en el poder político, únicamente alcanzable a través de la unidad de acción y de las organizaciones nacionales». La Cámara Nacional de Comercio, aseveraba, debía encabezar el asalto a las instituciones más importantes —universidades, escuelas, medios de comunicación, publicidad, tribunales— en aras a cuestionar el modo de pensar de los individuos «acerca de la empresa, la ley, la cultura, y el individuo». Las empresas estadounidenses no carecían de recursos para realizar un esfuerzo de esta envergadura, particularmente si se hacía un fondo común.⁸⁶

En Chile el proceso de instalación del neoliberalismo no coincide con el de su legitimación, porque su instauración es en democracia. Primero fracasa y logra resistir el fracaso, que termina en la crisis de 1982, solo porque una dictadura sostenía el modelo con un régimen basado en el estado de sitio.

Si se describe la evolución del modelo económico neoliberal en Chile, los años setenta representan el primer paso hacia la liberalización de la economía, con políticas sumamente radicales de liberalización de precios, disminución del gasto público, devaluación del tipo de cambio para favorecer las exportaciones, reducción sistemática de aranceles, aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 20 por ciento y aumento de facilidades para crear empresas, instituciones financieras y un robusto mercado de capitales. Todo esto debía ir acompañado de la primera ola de privatizaciones y de un despido del 30 por ciento de los funcionarios públicos. Milton Friedman vino a Chile a explicar a Pinochet que esta receta era la mejor, pues el paciente estaba muy enfermo y era mejor un tratamiento de shock, que parecía doloroso en primera instancia, pero que sería excelente a posteriori. A los pocos años se hablaba del milagro chileno, imagen que se desplomó en 1982 en una de las crisis económicas más grandes que conozca algún país en la historia.

La crisis se produjo básicamente por un aumento de los créditos sin un análisis de riesgo adecuado. En un documento de la CEPAL, Günther Held y Luis Felipe Jiménez⁸⁷ señalan que los grupos económicos eludieron las disposiciones respecto a los límites de créditos relacionados, ocupando métodos como las «empresas de papel» y la construcción de créditos recíprocos entre grupos económicos. Los créditos relacionados representaban más de tres veces el capital de los bancos que terminaron en una quiebra inminente. Los autores señalan que no sería aventurado señalar que el 50 por ciento de las colocaciones traspasadas luego al Banco Central tenían que ver con los anteriores propietarios de los bancos. O en buen castellano, que el Estado chileno salió a rescatar bancos que le habían prestado mucho dinero a sus propios dueños.

El rescate de la banca y de los deudores en 1982 en Chile costó un 35 por ciento del PIB, el doble que el costo que representó para Chile el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

Los neoliberales chilenos no tuvieron en los ochenta el problema que Reagan y sobre todo Thatcher tuvieron que enfrentar:

El desmantelamiento del Estado del bienestar era, sin embargo, algo completamente distinto. Lidiar en campos como la educación, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, las universidades, la burocracia estatal y el sistema judicial, se reveló difícil.⁸⁸

Esta situación no fue igual en Chile. Las universidades chilenas estaban intervenidas, los trabajadores del sistema público fueron despedidos y el sistema judicial estaba supeditado a una férrea dictadura. La defensa de un sistema de protección social o de bienestar no era posible. Además, el discurso chileno sobre la crisis tuvo mucho éxito por parte de las autoridades, logrando instalar el asunto como un problema nacional. Chile salva a la banca porque debe salvar a Chile.

En el escenario de la dictadura, el neoliberalismo no requería en realidad de un proceso de legitimación sofisticado. Bastaban las rústicas razones que la bayoneta era capaz de pronunciar. Pero un escenario muy distinto se produce en 1990, con el arribo de la Concertación al poder.

Los primeros años de la Concertación son un evidente esfuerzo por no enredar el naipe más de la cuenta. Quizá en este marco se instala la ausencia de interés por intervenir en el sistema económico. Las crisis con los militares marcaban que estos no tenían mucho interés en dejar de incidir en la política chilena y que serían fuertemente deliberantes. La Concertación decidió ser cobarde y no enfrentar el entuerto.

La política se reducía al debate sobre cuánto poder tendrán las autoridades institucionales y cuánto los poderes de hecho, tesis que subyace en el planteamiento de Andrés Allamand sobre los «poderes fácticos». En rigor, su diagnóstico hacía alusión al peso de los militares, los empresarios y El Mercurio sobre los partidos políticos de la Alianza. Y su denuncia se explicita en abril de 2003, cuando preparaba la nómina de candidatos para las elecciones de ese año. Sin embargo, el término acabó por instalarse para comprender toda la política chilena y sus tendencias a la tutela constante de los grandes poderes no políticos. Pues bien, si el debate era sobre el «equilibrio» de poder entre lo institucional y lo fáctico, no cabe duda que la Concertación decidió que las instituciones operasen en la medida de lo posible. Los ejercicios de enlace y el «Boinazo» del Ejército en protesta por problemas judiciales fueron claras señales de su renuencia a salirse de escena. Finalmente, la Concertación terminaría homenajeando y agradeciendo cuando algún militar tenía algún gesto democrático, como si fuese un mérito.

En medio de este escenario de cobardía era inevitable que la política retrocediera. No todos los contenidos podían estar abiertos y los grandes debates requerían estar desprovistos de política para garantizar que los poderes fácticos no tuvieran problemas. Había que vaciar de política la vida social. Y fue lo que se hizo, conservando así la tendencia que ya había marcado radicalmente Pinochet, pero ahora «en democracia».

Pero ¿cómo despolitizar en democracia sin que sea demasiado notorio el efecto autoritario que ello suponía? La respuesta estuvo en el discurso técnico. Chile había tenido una recuperación muy grande entre 1985 y 1998, a tal punto que se habló del segundo milagro y se comenzó a instalar la idea de Chile como país «jaguar» y ejemplo mundial de crecimiento y pujanza. Chile parecía estar ad portas del desarrollo, luego de ser un país quebrado en 1982. ¿Y cómo había sido posible ello? Chile había seguido las doctrinas más avanzadas de la ciencia económica, había hecho caso al Fondo Monetario Internacional y había sabido dejar las decisiones importantes a los expertos, esto es, a los economistas, que en rigor son los únicos que saben de lo que, por cierto, es lo único que importa, que es la economía. Nuestros economistas, apoyados por la Universidad de Chicago, habían producido en los años setenta un libro enorme y complejo, llamado cariñosamente El ladrillo, porque era un libro complicado, largo y sofisticado (un ladrillo, afirmamos coloquialmente), lo que hablaba de la admiración que despertaba este libro sagrado. Y claro, aunque no muchos lo han visto, sí eran muchos los que decían que era fabuloso. Pero había que tener cuidado, pues no cualquiera lo interpretaría adecuadamente. Siempre es así con los libros sagrados; por algo pasaron siglos antes de que la Biblia se imprimiera a destajo, no se trata de llegar e interpretar libros complejos. Nos dijeron que las mejores manos para esa interpretación eran los expertos. Nos dijeron que ellos veían los enormes problemas y las obscenas disparidades de nuestra sociedad, pero que debíamos cuidarnos de los paliativos, pues su uso no debía aumentar al punto de poner en jaque el objetivo último. Nos dijeron que como no se puede proteger y crecer, quizá es mejor crecer primero y luego proteger. Entonces, la cancha quedó bien rayada: economía de libre mercado y democracia. Los hijos de Pinochet celebran al primero, los enemigos del general celebran lo segundo. Ambos han llegado a un acuerdo. Se conoce como la transición pactada, un verdadero ejemplo de paso de una dictadura a una democracia. Se nos dijo así del caso chileno, se estudia incluso en los libros de distintos países. Nos dijeron que era evidente que en Chile la historia se había acabado y que solo quedaba gestionarla. ¿Y quién sabe de gestión? Los economistas. Todos los caminos llevan hacia la ciencia económica.

Fue así como habló la época, como se articuló la construcción de un escenario fuera de la política que se situó sencillamente en la economía y específicamente en una mirada acotada dentro de ella, un paradigma que veía la economía como un asunto de flujos de mercado.

El proceso de despolitización de la década de los noventa es una reacción enfermiza a una incapacidad política de la Concertación por abordar cambios democráticos. A poco andar la enfermedad se hizo norma y comenzó a parecerse a la salud. Y surgieron los técnicos, esos androides, mitad economistas y mitad corredores de maratón, que instalaron su discurso señalando que los problemas ideológicos debían cesar, que las decisiones políticas debían tomarse a partir de criterios técnicos. Los políticos siguieron retrocediendo, solo les importaba que no les quitaran sus palacios, las querellas que en ellos se daban, sus salarios y las tímidas diatribas que cada tanto proferían para otorgar el espectáculo del disenso.

15. EL DESMANTELAMIENTO DE LA POLÍTICA: EL 2000, DÉJEME LA POLÍTICA A MÍ

13 de julio de 2003:

El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, inauguró hoy el centro invernal de esquí, situado en el Parque Los Reyes —Balmaceda con puente Bulnes, pleno centro de Santiago— con una demostración de acrobacias a cargo de experimentados esquiadores y el sorteo de cachorros raza San Bernardo. En la oportunidad, el edil capitalino manifestó que «esto se hizo pensando en los niños que no tienen recursos y que no conocen la nieve», asegurando que las críticas que ha recibido por la iniciativa «vienen de gente que tiene los medios como para ir a un centro invernal».⁸⁹

1 de diciembre de 2002:

Pasado este mediodía el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, inauguró la primera playa artificial de la capital, ubicada en el Parque Los Reyes, en las inmediaciones del puente Bulnes. Joaquín Lavín dijo que la iniciativa no es populista, sino que pretende ser una alternativa veraniega para las familias de escasos recursos que no podrán salir de la Región Metropolitana durante el verano.⁹⁰

Fue Joaquín Lavín quien tuvo la capacidad de dar carne al discurso despolitizador. Si este discurso había operado por negatividad, fue Lavín el que se empeñó en otorgarle un contenido concreto, positivo. Fue ello su brillantez y su decencia, pero también fue inevitable el patetismo que la lógica de despolitización lleva en su seno. Joaquín Lavín representó el centro de la política chilena entre 1995 y 2003, siendo su momento de gloria los años 1999 y 2000, en los cuales no solo ascendió a los cielos, sino además casi se lleva el sillón presidencial.

Lo cierto es que Lavín llevó la sencillez de los objetos a la política, la imaginería sobre la gestión derrotaba todo debate ideológico, por ridículo, lejano e impertinente. El mundo era lo pequeño y sencillo. Todo podía vivirse en una versión más reducida, quizá más artificial, pero finalmente podía vivirse. Todo podía ser realizado si se hacía con suficiente creatividad y voluntarismo. La gran visión política quedaba anulada. Lavín llevó remedios y a Marlen Olivari a Haití. Los primeros no pudieron entrar por falta de permisos. La segunda sí lo pudo hacer, para beneficio de las tropas. Los remedios eran la forma de contrabando para legitimar la llegada de la voluptuosa modelo. Sin embargo, la coartada no existió, pues nunca hubo medicinas, solo modelo.

Lavín no era el único culpable de la despolitización, ni mucho menos. También sería responsable Lagos, que parecía otorgar todo lo contrario, la fantasmagoría republicana en medio de la muerte de la política. Lagos hizo el ritual perfecto y fue «presidente de los empresarios» mientras se disfrazaba exitosamente de «presidente de todos los chilenos». No se debe olvidar que en 2005 el señor Hernán Somerville, hoy máxima autoridad de la Asociación de Bancos y entonces principal hombre de la Confederación de la Producción y del Comercio, declaró «mis empresarios aman a Lagos». La cita resumía una época donde se acuñó la denominación de Lagos como presidente de los empresarios.

La simpleza algo pueril de Lavín y la sofisticación seudorrepublicana de Lagos tenían en común marcar una época de brutal despolitización. Lavín al menos fue honesto y construyó el proyecto desde la filosofía que lo inspiraba, Lagos la dejó pasar de contrabando. Nos regaló un golpe en la mesa al presidente de Bolivia y con ello nos debimos conformar. Pero Lavín es el caso más importante para marcar la forma de hacer política más radicalmente apolítica que se ha conocido en un Chile democrático.

En 1996, el entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, postuló a la reelección para conservar su cargo en el municipio de una de las comunas más ricas de Chile. En dicho evento electoral obtuvo el 78,5 por ciento de los votos, una votación sorprendente y casi perfecta. Y aun cuando la derecha sistemáticamente obtiene en dicha comuna muchos más votos que su promedio en el país, no dejó de resultar sorprendente que Lavín cruzara barreras ideológicas. Lo cierto es que ese impresionante resultado, que más que duplicó su votación anterior para el mismo cargo, tuvo una explicación esencial. Joaquín Lavín parecía haber reinventado la noción de política, parecía haberla modernizado. No era infrecuente, por esos años, que al caminar por las calles de Las Condes, el peatón podía encontrarse con una instalación de un nuevo «paso de cebra». Como se sabe, el «paso de cebra» es un término que hace alusión a un sector delimitado para dar preferencia a los peatones en el cruce de una calzada. Consiste en líneas de unos cincuenta centímetros de ancho que se ubican paralelas al sentido del tráfico y que permiten al peatón cruzar por ellas aun cuando no existe semáforo o disco pare que obligue a los vehículos motorizados a detenerse. Pues bien, para ser más precisos, lo cierto es que un «paso de cebra» son líneas pintadas. La tradición inglesa agrega unos postes a cada costado, para dar mayor solemnidad y visibilidad al rito de cruce, dos cosas esenciales en este tipo de señalética, por lo que son muy útiles. A veces se instala una pequeña reja que permite dirigir el cruce en una posición específica, para que los peatones no crucen más allá de las líneas, pues cuando ello acontece se generan disputas y dudas en cuanto a la pertinencia del vehículo respecto a si debe detenerse y a la corrección del peatón al avanzar. Es claro, incluso en el caso del «paso de cebra» más sofisticado, que no se trata precisamente de una «obra», sino quizá de una intervención menor sobre las condiciones de desplazamiento. Por supuesto, en cierto sentido es una obra. Y fue precisamente en eso que se afirmó Joaquín Lavín para que en el tiempo de su alcaldía se transformara cualquier nuevo «paso de cebra» en una obra más. Lavín anunciaba la llegada de un «paso de cebra», luego entregaba la obra a la comunidad. Cada pequeño detalle era parte de un acto de gestión que se preocupaba de los problemas inmediatos de las personas.

Fue así como Lavín innovó en niveles nunca vistos: regó el cielo con agua de aviones cisterna para lograr mitigar la contaminación ambiental. Su argumento era simple: si la lluvia reduce la contaminación del aire, un conjunto de aviones o helicópteros con agua podrían tener un efecto relevante. No importaba que el agua que puede transportar un medio de transporte para humanos fuese de centenas de metros cúbicos contra las enormes descargas de las lluvias. Lavín era hombre de fe. Y lo hizo. Naturalmente fue un fracaso, pero Lavín insistió en que era necesario explorar alternativas, intentarlo, demostrar las ganas de resolver los problemas. Y fue así como trajo arena para instalar playas en Santiago, o trasladó nieve desde la cordillera para acercar la fantasía de ella a los niños que la desconocían. Lavín, en definitiva, diseñó un conjunto de actividades sencillas y de gran impacto que pretendían ser una nueva forma de hacer política.

Muchas veces se habla que Lavín fue por entonces un hábil gestor comunicacional, que logró realizar actividades de gran alcance publicitario. La afirmación es cierta, pero ello no hace justicia al logro de Lavín. Efectivamente el exalcalde consiguió dar un nuevo tono y construir un algoritmo, una fórmula, en medio de un país decadente de política y deseoso de ello. Fue y enunció la fórmula: solucionar los «problemas reales de la gente». Simple y claro. No solo hizo el gesto de girar hacia el vacío, sino que además hizo de él un concepto. El equivalente es que mañana alguien nos diga «la realidad no existe» y luego la reemplace por un conjunto de objetos (que él fabrica), los que, por cierto sin ser la realidad, operan como equivalentes. Lavín dio contenido a la ausencia que significaba la muerte de la política. Enunció que la política no importaba, sino solo los problemas reales de la gente. Los grandes debates se alejaban: ¿para la delincuencia? Botones de pánico. ¿Para los problemas ambientales? Reciclaje de pilas. Era el rey de las pequeñas cosas. Fue formidable. Los subciudadanos veneraron el fin de la complejidad, la posibilidad de pensar en un país tan fácilmente. Se alejaban las políticas públicas, las leyes, las constituciones. Solo quedaban los asuntos de gestión. Un habitante de la comuna llamaba y señalaba que en una esquina faltaba un semáforo. En pocas horas el señor Lavín había mandado una cuadrilla que instalaba el semáforo.

Lo de Lavín no fue publicidad, fue un viejo truco que la Iglesia católica ha conducido en la historia de modo soberbio. Imagine usted un poblado, un burgo, en el siglo XIII. La población no sabía leer, las noticias llegan por comentarios boca a boca de comerciantes, documentos oficiales y por caminantes, cantantes, juglares. La información cierta no es fácil de validar y el sentido de esas informaciones no cabe dentro de paquetes como «la sociedad de la información» o «el mundo globalizado». Una distinción importante era comprender la existencia de la «cristiandad» y todas las formas de caer fuera de ella. Pues bien, por entonces no existían copias de la Biblia, ella era privativa del sacerdocio, único capaz de interpretarla. Por eso, la misa era la instancia donde la realidad se interpretaba. El sacerdote de pronto comentaba algún avatar acontecido en las proximidades o a grandes distancias (una cruzada, por ejemplo) y oficializaba la información (hemos perdido otra cruzada, por ejemplo), para luego dar, a partir de una cita del libro sagrado, la interpretación resultante (hemos perdido porque hemos pecado, la pureza nos llevará al triunfo, por ejemplo). El efecto era el control total de las definiciones sobre lo real. Pues bien, lo que hizo Lavín fue equivalente. Dio un marco para interpretar lo acontecido: al vacío lo llamó los problemas reales de la gente, a la ausencia de temas relevantes le dio el tono de una conquista de la vida cotidiana. Ahora los políticos estarían viendo las preocupaciones inmediatas: ¿muchos niños pobres no pueden ir a la playa? Traemos la playa. ¿No conocen la nieve? Ponemos nieve. ¿La contaminación es un problema? Generamos lluvia artificial. Todo lo hecho siempre falla en la escala: no se puede mover el mar, no se puede mover la montaña (podrá Mahoma, pero no tú, Joaquín), no se borra la contaminación con un movimiento presupuestario barato. Pero quedan dichas las palabras, la fantasía, su evanescencia. Queda dicho «playa», queda dicho «nieve», queda dicho «descontaminación». Y esas conquistas se transforman en un foco, en un espíritu, en un esfuerzo humano que interpela a la población y les dice: usted tiene derecho a las pequeñas cosas que le han sido privadas por gente a la que le importaban las grandes cosas. Usted puede desentenderse de las constituciones, de las leyes, de las grandes políticas públicas: su vida no va en ellas.

El equilibrio de poderes, el control arancelario, las leyes impositivas, los criterios administrativos para aprobar una licitación pública, un artículo constitucional, han sido todos ellos asuntos lejanos para cualquier ciudadano en cualquier instante de la historia, salvo cuando alguno de estos temas toma importancia por una situación contingente. Lo cierto es que es normal que una uña encarnada sea más importante que la nueva reforma de salud y que una mala calificación en una prueba de ingreso sea más importante que las reformas al tipo de medición. Los seres humanos vivimos en lo inmediato y en tanto tal es natural quedarnos en esa temporalidad. Sin embargo, la política ha sido sistemáticamente el modo de dar alcance, universalidad, generalidad a los problemas concretos. Es ese el rol de la política. Pues bien, ha de estar ella muy enferma para que de pronto el discurso retorne a lo básico y nos quedemos con la política persiguiendo uñas encarnadas y promoviendo casos excepcionales de niños que han logrado vencer la pobreza y les va bien en el colegio. Fue esto lo que aconteció en el Chile despolitizado. Impulsado por la derecha (y específicamente por Joaquín Lavín), este discurso se concentró en los «problemas reales de la gente». Como cuenta la historia de la UDI, el partido de Lavín:

En este espíritu de atender los problemas de la gente, de preocuparse de sus necesidades cotidianas, a partir de 1980 muchas figuras jóvenes habían comenzado a realizar su vocación de servicio público mediante una acción social efectiva y desinteresada, creando, en los municipios y en la administración pública, una verdadera escuela de liderazgo en la solución de los problemas sociales. El fenómeno político que representa Joaquín Lavín puede explicarse, entre otras razones, porque una inmensa mayoría del país percibe que él ha encarnado de manera notable este nuevo estilo político, que más que buscar el poder, pretende servir.⁹¹

Fue así como en 2000 se llegó al final de la despolitización. Se nos dijo que la política era algo realmente peligroso, se nos insistió que ya teníamos experiencia en ello, se miró al cielo y se dijo que Dios sabía que así era nuestra historia. Se nos reiteró que no era bueno politizar la junta de vecinos, el sindicato, el centro de alumnos, que la política debe estar en una parte de la sociedad, no en todas. Se nos dijo que la política debe manipularse con cuidado, con precaución, pues puede producir graves daños. Más aún, se afirmó, ella es innecesaria en muchas dimensiones. ¿En cuántos problemas del día a día usted ve la política? ¿De qué le sirve la Constitución Política a usted? ¿Cree que el binominal le quita un pedazo de pan? La verdad es una sola, se nos dijo: la política es un juego que ocurre en una dimensión donde se requieren ciertas decisiones complejas que no tienen nada que ver con su vida. Por supuesto, eso puede ser remediado. Los políticos podemos darnos el tiempo de preocuparnos de algo más allá de las cosas políticas. En cierto modo (se nos dijo) es el momento de preocuparnos de los problemas reales de la gente: el paso de cebra, el lomo de toro, sus vacaciones, las colas del hospital, los accesos al mall, en fin. Esto supone algunas regulaciones, por supuesto, son imprescindibles, pero cuidado, no vaya a ser cosa que por regular tanto perdamos de vista el objetivo último. Por ejemplo, es cierto que normas flexibles pueden permitir algunos abusos en el trabajo, pero muchas restricciones generan desempleo. ¿Y qué es mejor? ¿Que exista o que no exista empleo? Como todos podemos ver, no es tan fácil meterse en los oscuros recovecos de las grandes cosas. En cambio, mire usted sus problemas reales y podrá saber qué político logra interpretarlo. Y fue así como muchos comenzaron a gritarle a la ciudadanía que ellos debían ser los depositarios de la política, dijeron: «Déjeme la política a mí, que tengo vocación de servicio público, que estudié en una cristiana universidad y que tengo tantas ganas de ayudar. La política es una cochinada, la política es puro discurso, la política no sirve para nada, la política, señor, señora, déjemela a mí».

Lavín fue el único capaz de interpretar el espíritu de este ciclo político con una propuesta. Con su instinto, en su fórmula, en su sencillez y a veces en su ramplonería, fue el hombre capaz de articular un mundo allí donde solo había fragmentos. Vio una totalidad, ordinaria, mediocre, de bajo nivel, pero una totalidad al fin. No fue Borges viendo el aleph, pero al menos tuvo una epifanía y fue por ella, avanzó su camino. La muerte del lavinismo fue temprana. Son muchos los que creen que su muerte política radica en el conflicto educacional, pero ello no es así. Su magia se perdió junto a la retirada de una convicción que estaba sobre nuestros hombros: supuestamente, los problemas reales de la gente no tenían nada que ver con las grandes políticas, con los diseños, las planificaciones en los escritorios. Supuestamente, el mundo era pequeño, sencillo, como decía el libro del principito. Supuestamente, lo macro y lo micro tenían límites profundos, abismos infranqueables. Y cuando todo eso parecía cierto...

Apareció el Transantiago.

Imagine la política pública macro que pudiera afectar más a las personas. Imagine la fusión de la macropolítica (diseño de precios, diseño de licitaciones, recorridos, inversionistas, reglamentos, instructivos) con la micropolítica (la vida cotidiana, el malestar y el agrado, los problemas o soluciones a nivel de detalles, el horario en que llega a su casa). Pues bien, nada más claro que el Transantiago.

El Transantiago parecía que destruiría a Bachelet. Y a Lagos en segundo término. Pero en realidad destruyó más a Lavín porque era él quien representaba una política dividida en dos, con los asuntos de la elite política por un lado y los asuntos de las personas por el otro. El Transantiago no era posible de entender desde la despolitización.

16. 2002-2010: LA PUTREFACCIÓN

Y la noche descendió sobre nosotros. Era frente a nuestros ojos donde los cuerpos lascivos y moribundos, de almas ambiciosas a cuyas conciencias se les había quedado retrasada la decencia, nos mostraban con total claridad, pero sin ninguna transparencia, una realidad que parecía inevitable: si la historia se había muerto, todo estaba permitido. Al menos para los poderosos. Y fue así como comenzó un desfile sin fiesta, donde fue quedando en evidencia, denuncia tras denuncia, que algo olía mal en La Moneda y en la clase política y en la Iglesia y en las Fuerzas Armadas y en todo lugar donde sabíamos que habitaba el poder y sus liturgias. La fiesta fue deliciosa para los morbosos, fue conveniente en distintos tiempos, para unos en un momento, para otros después; la fiesta fue atractiva para los medios y fue compleja para los analistas. Pero la fiesta era tal porque en ella quedaba en evidencia la dilapidación total del sentido último de la política, era una fiesta rancia donde cada uno podía disfrutar con alguna de las escenas tal y como se disfruta de la desgracia ajena o de las escenas bizarras. Pero al final de la fiesta, ningún enfiestado se fue con lo comido y lo bailado, sino con la angustia y el horror de haber presenciado un espectáculo lamentable. La noche, la oscuridad, las tinieblas, la muerte, habían descendido sobre nosotros. Todo lo que había de propiedad de Eros y sus principios vitalistas había pasado a manos de la gestión de Thanatos, que disfrutó con el espectáculo de la perversión. Como si nos hubiesen puesto a observar el lado derecho del tríptico El jardín de las delicias del Bosco, tuvimos que presenciar seres defecando humanos, manoseos abusivos de Evas desmayadas, monjas convertidas en cerdos, músicos asesinados. Si hasta 2000 la dinámica había sido desprestigiar la política y finalmente quedarse con todo el poder y con un barniz de las responsabilidades que ella implica, desde 2002 la escena era el lugar del crimen, la política se manchó de sangre, lágrimas y monedas defecadas. Vimos a la política morir frente a nosotros y, como si nuestra alma se hubiese convertido en el Chino Ríos, estuvimos dispuestos a desatender dicha realidad, a preocuparnos solo de nuestra carrera, nuestras ganas de orinar al prójimo y nuestras pasiones. Vimos a la política morir, fuimos también responsables de no aceptar nunca ser ciudadanos, de permitir la usurpación de los otros que querían el poder para combustionarlo y en ese proceso transformarlo en dinero, cargos, venganzas frente al enemigo. Vimos literalmente las luchas intestinas de la clase política por la televisión. Y sinceramente eran intestinas, pero del intestino grueso, donde todos sacaban un poco del agua y dejaban la mierda transitar.

La noche descendió sobre nosotros. Pero fuimos nosotros quienes lo permitimos. Nos informaron por televisión que éramos televidentes, por el periódico que éramos lectores, por la radio que éramos oyentes; nos informaron en el hospital que éramos usuarios y en la clínica (y en casi todo lo demás) que éramos clientes. Nos fueron informando de nuestros roles, donde cabía ser padre, madre, hijo, esposa, imputado o sentenciado, beneficiario o usuario. Nos fueron informando de la enorme cantidad de roles que emergían como oportunidades de ser algo. Sobre todo nos informaron de la posibilidad única e irrepetible de ser aquí y ahora, en todas las formas y con los distintos medios de pago, consumidor. Nos informaron claramente de todo esto. No dijeron, sin embargo, que detrás de todas esas oportunidades se escondía un cambio esencial. Al pararnos en cada calle como padre, consumidor o usuario, suspendíamos o postergábamos nuestra capacidad de ser ciudadanos. La total sumisión a un rol era también la renuncia a la ciudadanía. No nos dijeron que podíamos ser ciudadanos. A decir verdad, nos dijeron que no podíamos serlo. Por eso nos hablaron de equidad y no de igualdad. La primera tiene que ver con el dinero y el acceso, la segunda es política. Al final no nos dieron ni equidad ni igualdad, pero al menos de la primera nos hablaron.

El principio de ciudadanía fue elegantemente suprimido. Si en la dictadura se había suspendido su operación con violencia y dolor, en democracia la supresión fue más sutil. En una entrevista otorgada en 2003 por Pablo Longueira a Tatiana Hernández, que se encontraba realizando una investigación sobre política y género, encontramos referencias como la siguiente. Dice Longueira:

Mire, yo creo que la ciudadanía va tendiendo a organizarse en instituciones, en organizaciones mucho más vinculadas a sus problemas diarios, creo que se va despolitizando y se va haciendo más libre políticamente en el sentido de que hay gente que votó por Lagos ahora y yo no tengo ninguna duda de que va a votar por Lavín el 2005, y no son casos puntuales, son cosas de una magnitud que uno refleja un cambio muy profundo de la sociedad nuestra. Antes, en el pasado, existía un bloque rígido en torno a partidos políticos, a ideologías; hoy día, en eso la gente es mucho más libre, vota mucho más cruzado, si le gusta una persona de la DC y uno de la UDI, vota por uno y por otro.

El fin de la política era deseable: la ciudadanía era convocada a su supresión política. Mucho más importante era tener la libertad de votar por las personas, no por las ideologías. Años después será el mismo Longueira el que acusará a la política de haberse quedado sin relato. No recordaba haber participado en su ejecución.

La noche descendió sobre nosotros. Y se tardó casi una década en retirar sus sombras. Hoy los cadáveres siguen en movimiento, intentando ostentar una pulsión vital que no les pertenece, que solo se alimenta del simulacro que permiten las instituciones agonizantes y la fuerza de la costumbre. Esos seres, sacados de su actual hábitat, fuera del poder, son espectros incapaces de mover objeto alguno, seres cuya pobreza espiritual alcanza para definirse en la próxima candidatura o nominación, que otorgará una nueva oficina capaz de hacer sentir que se es algo. Pero sin candidatura, sin ilusión de nominación futura, sin afiches en las calles, su mal olor lo inundaría todo. Y ello es cuestión de tiempo. De muy poco tiempo.

De seguro la descomposición comenzó antes. De seguro fue la ausencia total de proyecto y debate la que afectó todo esto. La certeza absoluta que recorrió a la clase política respecto a los grandes acuerdos y la imposibilidad de cuestionar nada, el empate entre la «democracia» de la Concertación y el «modelo» de la derecha, otorgaron la calma primitiva absoluta, la calma que indica que cuando nadie gana hay justicia, que si todos nos repartimos los triunfos todo es justo. Se habían olvidado que la «distribución» se dio en la clase política.

Pero la clase política estaba segura de sus certezas, ya habían llegado a su chileno fin de la historia. No en vano Pablo Longueira dice en la entrevista ya citada:

Yo creo que nosotros —la sociedad chilena— después del gobierno militar hemos vivido un proceso de despolitización de las organizaciones intermedias que son, de alguna forma, las distintas instancias de organizaciones que las personas se dan para satisfacer distintas ambiciones personales o necesidades vitales del ser humano [...] Después del gobierno militar, yo creo que el cambio es tan profundo en el sentido de que en Chile va haber por mucho tiempo respeto a la democracia, que no existía antes del 11 de septiembre [de 1973]. Ahora ningún partido político puede hacer un planteamiento como los que hubieron [sic] en el pasado en materia de no valorar la democracia. Por lo tanto, Chile tiene un sistema político en que podremos discutir muchas normas de nuestra institucionalidad, pero en Chile no hay ningún partido político relevante que no sea democrático. Si miramos también [...] el tema económico social también es un tema en que hoy día hay una cancha muy bien rayada, es un país que tiene una economía abierta en un mundo cada vez más globalizado, en que las líneas gruesas del sistema económico y social tampoco van a ser modificadas, sino que están dentro del rayado de cancha que es legítimo.

Como se aprecia, la cancha despolitizada ha marcado un trazado que es legítimo. Frente a esa legitimidad no hay referencia alguna al rol de la ciudadanía para otorgarle validez. Es el movimiento de la historia, la convicción íntima, la sensación de portar la verdad, la única fuente de esa legitimidad.

Y aunque esta descomposición comenzó antes, se evidenció sobre todo en 2002 y desde ahí hacia delante. La putrefacción es de la clase política primero, la primera en descomponerse en vivo y en directo sin ellos enterarse. Luego fue el resto de los poderosos, los empresarios, la Iglesia, las Fuerzas Armadas. Un orden completo comenzó a mostrar sus cimientos a veces oxidados, pero sobre todo llenos de moho y fangosa podredumbre. Todos los pilares de ese Chile comenzaron a derrumbarse, incluyendo Don Francisco, la Teletón y los famosos. No en vano es ese el Chile de la farándula, que ha vivido del espectáculo de la pobreza espiritual. Por supuesto, en un país tan respetuoso de sus líderes del fango, los periodistas de farándula no se han metido con la clase política, pues ello se parecería mucho a la crítica social. Y, por el contrario, han construido una gala de la podredumbre, como cada viernes cuando Jordi y compañía se disfrazan de alta costura para sumergirse en ella. No es culpa de Jordi. Ni siquiera es de quien les da el afrecho (sus auspiciadores). Hemos sido los ciudadanos de Chile, que no somos ni el chancho ni el afrecho, los que hemos tolerado vivir en el barro. Chapotear en él y ver el programa es un gesto liviano, que no merece exageración. Con patética razón el ejecutivo del canal dirá que si hay alguien que anhele consumir mierda, mierda le dará. Y con razón el televidente dirá que es entretenido ver cómo las miserias del ser humano se revelan del peor modo en vivo y en directo. El problema no es encontrarlo entretenido (que lo es), el problema es no haber percibido que estábamos viviendo en ese Chile, que comíamos basura porque en ella vivíamos Y es que, como decían los sofistas, para un cerdo lo más hermoso es un cerdo. Y Chile se estaba pudriendo, en una obra que no solo ejecutó Agrosuper en Freirina.

No es menester de este libro hacer revisión detallada de cada caso que fue ilustración y efecto de tal inferno destino. La corrupción transformó en protagonista a la jueza Gloria Ana Chevesich, que pasó incluso a ser considerada un símbolo sexual, cuestión solo posible porque ver alguien medianamente limpio en medio de la suciedad es ya un símbolo de belleza. No lo digo porque la jueza carezca de todo atractivo, pero es evidente que no reside en ella la herencia de Afrodita. Pero lo cierto es que ella simbolizó la probidad en medio de la indecencia. Su investigación ramificó la mirada de una trenza de corrupción que recorrió ministerios, empresas privadas, la Universidad de Chile y a toda una serie de funcionarios y autoridades. El 28 de octubre de 2004, Enrique Ponce de León, exjefe de proyectos del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) de la Universidad de Chile, se suicidó en su hogar. Las versiones respecto a la relación entre su depresión y el sometimiento a proceso en su contra que ya llevaba un año y medio no se hicieron esperar. El mismo abogado de Ponce de León señaló que su defendido no había soportado el proceso. La oscuridad del caso podría no acreditarse si fuese excepcional el hecho de Ponce de León. Sin embargo, un año antes de este suicidio, el 13 de abril de 2003, Daniel Figueroa, contador del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, desapareció y luego fue encontrado muerto en el Cajón del Maipo. La familia acusó la posibilidad de un secuestro, mientras la tesis más socorrida por la policía era la de un suicidio. El exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Ricardo Paredes, señaló que Figueroa era el hombre que recibía las instrucciones del Ministerio de Obras Públicas y que hacía los cheques, organizaba los pagos encomendados por el MOP de acuerdo a las listas que este entregaba y recibía las boletas. Figueroa manejaba toda la información y una depresión severa lo acompañaba desde que estalló el «caso MOP-Gate» y sus diversas ramas, unidas a las numerosas denuncias de corrupción que comenzaron a arreciar hacia los gobiernos concertacionistas. El caso de Figueroa es espeluznante, aunque de seguro mucho de lo comentado por entonces haya pasado por el nada sutil tamiz de la teoría conspirativa. Pero incluso intentando omitir los elementos que convocan la imagen de un contubernio, es inevitable finalmente asumir que algo olía mal en el MOP y que la muerte de Figueroa está rodeada de misterios, tanto por el lado de los que deseaban ocultar información, la Concertación, como por el lado de quienes deseaban develar el misterio y sus excrecencias:

Días más tarde, frente a Chilevisión, aparece el computador de la víctima en una extraña operación que, hasta el día de hoy, no se entiende. En círculos periodísticos, sin embargo, se sostiene que tanto el computador como los cuadernos de Figueroa estuvieron siempre en poder de La Tercera y que el matutino, asustado por la envergadura del tema, habría querido compartir responsabilidades con otro medio y, por ello, entregado misteriosamente el computador al canal de Guillier y compañía. No estaría ajeno a esta operación, se comenta, el otrora hombre fuerte de la Cancillería, director general en tiempos de Pinochet y cuando el cargo de ministro lo detentaba Hernán Felipe Errázuriz, Octavio Errázuriz. Este último, mencionado en la prensa como uno de los hombres clave dentro del grupo Hamlet, se desempeña en Copesa, la empresa madre del diario La Tercera, tras dejar su cargo de embajador hace unos años.⁹²

De cualquier modo, el principal misterio es el señalado por la familia de Figueroa. Y es que, si bien la tesis del suicidio tenía sentido desde el punto de vista de la depresión, a la familia le pareció extraño que el cuerpo de Figueroa fuera hallado en una zona de cierto tráfico en el Cajón del Maipo luego de un par de meses. Además, Figueroa apareció descuartizado, lo que podría explicarse por animales de la zona. Pero eso no cuadraba con la aparición intacta de su carné de identidad y de algunos elementos personales. En cualquier caso, Figueroa tenía numerosos antecedentes asociados a posibles actos suicidas y la verdad finalmente no llegó a ser parte de la historia del Chile actual.

Lo cierto es que la rama MOP-Ciade fue solo una arista de un tronco que fue el conocido «caso MOP-Gate». La empresa con el desafortunado nombre de Gate (término que se usaba como sufijo cada vez que aparecía un caso oscuro, como el Piñeragate, en un absurdo homenaje al «caso Watergate» en Estados Unidos) apareció en 2000 en la escena nacional luego de que la secretaria del dueño de la empresa intentara cometer un robo en cuya investigación se destapó el vínculo comercial entre el MOP y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (Gate S.A.). La secretaria declaró en la investigación del caso que su jefe ganaba licitaciones que estaban mañosamente arregladas y cuyo objetivo último era financiar campañas políticas de la Concertación. Se abrió así la veta que terminaría con el conocimiento de los sobresueldos de 79 funcionarios y con el procesamiento de diversos funcionarios, incluido el ministro de Obras Públicas Carlos Cruz.

Los cálculos realizados sobre el monto del perjuicio fiscal superaban los mil millones de pesos. Y eso considerando exclusivamente la causa principal, sin contar el sinfín de aristas que se fueron conociendo durante el proceso (MOP-Prograf, MOP-Idecon, MOP-Cycsa, MOP-Délano y MOP-Gesys).

Sin embargo, el año 2003 mostró todavía más oscuridades. Como suele ocurrir en medio de los grandes períodos de crisis moral, floreció la literatura. Y así como en plena Segunda Guerra Mundial conocimos a Beckett, Camus y Sartre, en 2003 pudimos disfrutar de la metáfora más hermosa y orientalista que conozca la política chilena. El presidente Lagos recurrió a la metáfora del jarrón para explicar que los graves acontecimientos que ocurrían en Chile tenían, sin embargo, solución. Todo comenzó con el caso conocido como «Banco Central-Inverlink», que luego se comprendió asociado al «caso Corfo-Inverlink». Un buen día, el señor Carlos Massad, presidente entonces del Banco Central, se sentó en su computador a leer su correo electrónico. Sin embargo, había rebotado en su casilla un correo que él no había enviado. El correo iba dirigido a Enzo Bertinelli, corredor de bolsa de la empresa Inverlink, quien hacía uso de la información privilegiada a la que correos como aquel ayudaban para mejorar su rendimiento en un trabajo donde la información privilegiada es tan decisiva. La clave del caso estaba en la secretaria de Massad, Pamela Andrada, quien había hecho los envíos de correos a Bertinelli, aunque en su declaración ella comprometió además a un abogado del Banco Central, Rodrigo Irarrázaval, a quien señaló como su amante, cuestión que el caballero negó alegando lo de todo hombre bien puesto: que no tenía memoria de haber yacido con ella.

La arista política del «caso Inverlink» tenía además influjo en la dimensión empresarial. Mucho llamó la atención durante años, antes de las denuncias, el crecimiento del holding que conducía Eduardo Monasterio. En poco más de diez años se calcula que multiplicó su patrimonio en cerca de quinientas veces, llegando a los 200 millones de dólares.

Pero Inverlink no vivió solo del vínculo con la ya mencionada secretaria. No debemos olvidar que el holding defraudó a Corfo por un monto de unos 80.000 millones de pesos. Para llevar a cabo semejante fraude, Inverlink habría recibido apoyo de la mesa de dinero de Corfo, lo que significó la renuncia del vicepresidente ejecutivo de este organismo, Gonzalo Rivas, yerno de Ricardo Lagos (al menos por entonces).

La trama de estos casos, con una colusión público-privada para satisfacer los intereses de las empresas y al mismo tiempo favorecer a la clase política, resulta un ilustrativo ejemplo de lo que significó la transición en Chile y su momento de podredumbre. Los beneficiados de toda esta trama fueron personas específicas que se parapetaron en lo público para satisfacer sus intereses y los de sus partidos (a la vez), generando para ello una destrucción sistemática de la institucionalidad, pues en esa destrucción radicaba justamente el negocio. Devastar las instituciones y su probidad era un gran negocio precisamente porque la ciudadanía confiaba en ellas y, por tanto, se tenían los beneficios del fraude y no los costos. Los chilenos tuvieron que bucear en su confianza en las instituciones y sostener la tesis de un país donde las «instituciones funcionaban». Fue entonces donde Ricardo Lagos convocó sus conocimientos literarios y se mandó la metáfora:

Es como si entraran a mi casa, me robaran un jarrón y después lo llevaran a un reducidor. Ese es el rol de Inverlink. Lo llevan a un reducidor y después se descubre el jarrón. Obviamente, lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío. Es exactamente lo que ha ocurrido en la Corfo (Ricardo Lagos, 2003).

Y claro, la vida es un jarrón. O, mejor dicho, los bienes públicos son un jarrón: y lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío, dijo el presidente, que no solo había dicho ya «el Estado soy yo», sino también «el jarrón es mío» y «las instituciones funcionan», en una combinación que la literatura no premió y la lógica se permitió omitir.

La oscuridad del caso aumentó cuando se supo que Eduardo Monasterio tenía además una corredora de acciones informal que operaba con títulos falsos. De este modo Inverlink recorría completo el espectro político y legal. Sus vinculaciones estaban no solo con la Concertación, sino además con la Unión Demócrata Independiente; pero asimismo sus lazos cruzaban desde el aparato público hasta el sistema informal y, en ambos mundos, operaba en el plano que fuese conveniente, legal o ilegal. Y es que, como dijo Piñera, Adán fue el primer emprendedor porque estuvo dispuesto a hacer algo prohibido. A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo malo es que los emprendedores de Chile se articularon con los políticos y transformaron el riesgo comercial en certeza política y el riesgo político en un enorme margen de utilidad.

Los casos de corrupción fueron recurrentes con el advenimiento del nuevo milenio. La cosa del mundo que se acababa parece haber tenido suficiente asidero como para haber motivado a todos a saltarse las instituciones y hacer que las cosas funcionen de otro modo. Chile pasó de la prescindencia institucional que significaba el poder de los militares (golpe de Estado, «Boinazo», ejercicios de enlace) a la prescindencia institucional que implica el poder de las empresas, que pasaban por el costado, por encima, por debajo, pero siempre pasaban.

En el oscuro 2003 se conoció además también la existencia de irregularidades en las compras de armas, específicamente en la adquisición de veinticinco Mirage Elkan, en el marco de cuya compra se sospechaba fundadamente de coimas. El caso estalló en 2003, aunque es de 1994, y refiere a que el precio presuntamente cobrado por Bélgica por dichos aviones era en rigor menos de dos tercios del monto pagado por Chile. En ese instante, 39 millones de dólares se quedaron en el camino, en Sabca, empresa a cargo de reacondicionar los aviones. Esto no es raro, salvo por el hecho de que 15 millones de dólares habrían sido destinados a pagar coimas a autoridades de las Fuerzas Armadas. Estuvo involucrado el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea Ramón Vega, que además había sido designado senador en la década de los noventa. Por supuesto, en pleno 2003, todavía los chilenos creíamos en las instituciones y estábamos convencidos de la probidad que reinaba en nuestro país.

Hemos dicho que el corazón del ciclo político que se encuentra en proceso de acabar desde 2011 es Augusto Pinochet, figura que otorga la energía que se despliega sobre todo el orden político de la dictadura y la transición. En la medida en que Chile no fue capaz de superar la transición, la figura de Pinochet se hizo tótem y tabú del Chile entre 1973 y 2006. Su muerte tuvo tres actos: la detención en Londres en 1998, la denuncia de sus cuentas ocultas en 2004 y su muerte física el 10 de diciembre de 2006. La detención en Londres fue el fin de su enorme influencia política durante la transición. La denuncia de sus cuentas en Estados Unidos, conocida como el «caso Riggs» por el nombre del banco involucrado, fue la muerte del mito sacrificial que rodeaba a Pinochet como el héroe que había ido más allá de sus intereses para salvar al país y que lo ponía en la ordinaria categoría de «dictador corrupto». La muerte física de Pinochet fue la certeza de poder asumir que su figura ya se había eclipsado.

La detención de Londres es decisiva porque marca el momento en que la transición perdió sentido y solo quedó la opción de despolitizar Chile para que no fuera perceptible que algo se había roto. La Concertación defendiendo al dictador suponía un absurdo inexplicable, la explicitación de un pacto no conocido, la colusión de los políticos. Con una política inexplicable, lo mejor era no explicarla.

El «caso Riggs» fue uno de los efectos inesperados del atentado a las torres gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Los grandes hitos suponen consecuencias que se mueven como tentáculos. Y fue así como en el proceso de investigación de ilícitos relevantes que se pudieran asociar al atentado o de posibles nuevos atentados, el Senado de Estados Unidos autorizó a pasar sobre el secreto bancario y vigilar cuentas bancarias sospechosas. Entre estas aparecieron las cuentas de Pinochet. El Banco Riggs, ubicado en Washington, lo había recibido con su patrimonio a fines de 1994.

Cuando la información se hizo pública, en Chile comenzaron a realizarse diversas acciones judiciales. Carmen Hertz y Alfonso Insunza fueron los primeros en presentar los antecedentes a la justicia. También lo hizo el Consejo de Defensa del Estado. Al final, el exdictador fue procesado por falsificación y uso de cuatro pasaportes, adulteración de un documento de la Subsecretaría de Guerra, declaración irregular de bienes y evasión tributaria. También se le investigó, pero no se llegó a procesar, por malversación de fondos públicos y negociación incompatible. Pinochet fue procesado además junto a su familia (esposa e hijos) y una exfuncionaria del Registro Civil que habría participado en la adulteración de los pasaportes.

El Servicio de Impuestos Internos calculó el perjuicio fiscal de las transferencias de Pinochet fuera de Chile en 8.774.324.043 pesos (aproximadamente 14.623.873 dólares), lo que detonó el embargo de las cuentas de Pinochet.

El «caso Riggs» redujo la defensa de Pinochet a la mínima expresión. Los chilenos podíamos soportar un dictador asesino, pero no un dictador ladrón. Lo primero era parte de los dictadores de todos los tiempos, lo segundo lo ponía en un nivel algo bananero a lo que nos costaba adaptarnos. El padre del Chile dictatorial y transicional comenzó entonces a pudrirse antes de morir.

Los tres hitos de la muerte de Pinochet son hitos de pequeñez. Pinochet huyendo de la justicia internacional en Londres con artilugios formalistas y apoyado por el gobierno de la Concertación para ello; Pinochet recitando su enfermedad y su demencia para quedar impune; Pinochet bajándose del avión en Chile y poniéndose de pie para enorgullecerse de haber mentido en Londres sobre su estado de salud; Pinochet y sus seguidores argumentando que su riqueza provenía de las «joyas regaladas» por los ricos de 1973 para apoyar su causa de extirpación del comunismo internacional en Chile; Pinochet falsificando pasaportes, abriendo cuentas bancarias escondidas; Pinochet no pagando sus impuestos; en fin, Pinochet actuando como un crápula ambicioso preocupado de pequeñeces, abriendo cuentas con nombres falsos, cambiando su nombre por Daniel López.

La dictadura de Pinochet quiso mostrarse como una dictadura institucionalizada, seria. Era esa su energía más poderosa, su capacidad de representar el orden y la civilización, no obstante su violencia. En la cultura política chilena la violencia es parte de los rasgos oscuros que aceptamos sin mayor pretensión de cambio. La violencia nos parece suficientemente justificada cuando ella permite controlar que las conductas transiten por rutas inadecuadas, perdiéndose el rumbo que aquello que entendemos como civilización impone. Normalmente la mera articulación de la idea de pecado es suficiente para desear reprimir esas fuerzas con el uso de una coacción externa. Por eso los militares, con todas sus precariedades como símbolos de la civilización, eran sin embargo considerados representantes de esa búsqueda. La caída de Pinochet y el mundo militar hacia la dirección de la corrupción fue una herida relevante. No demasiado, porque los gobiernos de la Concertación protegieron a la institucionalidad militar todo lo que pudieron y erigieron figuras de «militares democráticos» que intentaban mostrarse como la generación que reemplazaría a Pinochet y sus semejantes. La democratización de la milicia chilena no era tal, en rigor, pero los gobiernos asumieron que era mejor premiar las pequeñas conductas positivas que castigar las grandes faltas. Sin embargo, lo cierto es que la cantidad de casos donde la «familia militar» mostró sus peores atributos fue inmensa. Y casi todo se fue abriendo desde el «caso Riggs».

La denuncia en el «caso Riggs» demostró que los dioses ya no acompañaban al general, que los tiempos eran inciertos para los suyos y que su debilidad reciente habría de costarle dolor y oscuridad. Fue así como se inició toda una línea de investigación asociada al tráfico de armas y supuestas comisiones que el exdictador recibió por ello durante su mandato como comandante en jefe del Ejército en plena democracia. De hecho, en 2005, cuando ya Pinochet se acercaba a su tumba, el propietario de la empresa holandesa Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), Joep Van Den Nieuwenhuyzen, aseguró haber pagado comisiones al exalbacea de Pinochet (Óscar Aitken) por más de nueve millones de dólares en el marco de la compra de tanques Leopard. A la vez, se determinó que Pinochet tenía sociedades con un exdirector de Famae (Fábrica de Maestranzas del Ejército de Chile).

Cuando la debilidad ataca, las enfermedades pasivas y olvidadas emergen como grandes verdades. En 2005, el juez militar Miguel Trincado dicta sentencia condenando por exportación ilegal de material bélico a los capitanes Patricio Pérez Villagrán y Pedro Araya Hermosilla, además de sentenciar por fraude aduanero al sargento (r) Ramón Pérez Orellana. La causa decía relación con la venta de armas a Croacia en medio de la prohibición que existía a comienzos de los noventa en pleno conflicto en los Balcanes, lo que había sido denunciado por el exembajador de Estados Unidos hacía catorce años, en 1991. Recién en octubre de 2005 se ordenó reabrir la investigación. A la pesquisa se sumaron antecedentes de la extraña muerte del coronel Gerardo Huber, quien apareció sin vida justo después de haber declarado en el caso.

Pero la venta de armas a Croacia no parece haber sido un caso aislado de tráfico de armas. Cuando en los años 1994 y 1995 Ecuador y Perú se enfrentaron en un breve conflicto armado, desde Chile se vendieron armas a Ecuador. El juez Sergio Muñoz abrió una ruta explorando la existencia de antecedentes que parecían indicar que los pagos por ese negocio pudieran estar relacionadas con la fortuna de Augusto Pinochet. Finalmente la investigación, que terminó Carlos Cerda como juez, señaló que Famae

encargó al exalbacea de Pinochet, Óscar Aitken, revertir los depósitos hechos por Ecuador. Junto con algunos militares, viajó a Ecuador a inicios de 1995 para eliminar cualquier rastro del pago hecho por ese país a la cuenta de Famae Limited —sociedad off shore ubicada en Panamá— desviándose los dineros a una cuenta del Banco de Chile en Nueva York, a nombre de Famae Limited, y se anuló la transferencia inicial.⁹³

En esos años Chile era garante de paz por acuerdo del Grupo de Río, donde todos los miembros se comprometían a no vender armas a partes en conflicto en la región. Chile había incumplido ese rol de garante, aunque el ministro de Defensa de la época, Jaime Ravinet, señalaba que la venta se había hecho antes de suscribir el acuerdo.

La putrefacción se había instalado por completo. Entre 2003 y 2006 los casos no solo se multiplicaron, sino que fueron demostrando haber evolucionado en profundidad y miseria, no a medida que pasaba el tiempo, sino simplemente con el acto de escarbar un poco más.

No deja de ser interesante que el surgimiento de la farándula en la prensa chilena haya sido justamente en este período. Compulsivamente los chilenos miraban para el lado, pero no podían evitar tragar mierda si era lo que estaba por todos los restaurantes. A fines de los noventa (en 1999 específicamente), Las Últimas Noticias comienza con sus portadas faranduleras, el diario hablando de la televisión. Pocos años después, la televisión se puso a hablar de sí misma y de la portada del diario. No deja de ser interesante que haya sido justo después de la primera muerte de Pinochet que todo esto comenzara. No tenía sentido hablar en el espacio público de los temas de todos, de política. Ella resultaba innombrable. Ante ello, lo mejor fue llenar el espacio público de temas que a todos puedan resultar atractivos, pero que simplemente a nadie interesen de verdad. La banalidad era condición necesaria de un Chile en transición permanente.

En 2006 se descubrieron irregularidades en Chiledeportes, cuando 70 de 77 proyectos mostraron inconsistencias en la revisión de Contraloría. Se descubrieron proyectos que no se ejecutaban, una empresa que se adjudicaba muchos de ellos (Publicam) y una operación de poca monta y cierta logística para desviar recursos. El mismo senador Guido Girardi confesará a poco andar que en su campaña usó facturas de Publicam para aumentar falsamente sus gastos frente al Servicio Electoral y así recibir fondos públicos para su campaña. Esta confesión la realizó agregando que él no estaba en conocimiento de la irregularidad que había llevado su equipo. En 2008 surgió la empresa Gestión Municipal Avanzada, que atendía a los municipios UDI, aunque eso de atender no se le daba muy bien, porque en realidad desatendía sus obligaciones (había acusaciones acerca de que la empresa no hacía nada), aunque en cambio atendía muy adecuadamente los cobros. La gerente general y representante de la empresa oficiaba como jefa de gabinete de la Municipalidad de Recoleta, lo que termina comprometiendo al entonces alcalde de la comuna, Gonzalo Cornejo, quien se mostraba en ese instante como una prometedora figura política a nivel nacional.⁹⁴

Pero en esta historia de putrefacción el caso más emblemático será otro: el «caso Spiniak».

El 10 de octubre de 2003, la diputada Pía Guzmán realiza una denuncia que concentrará la atención de todo Chile por gran cantidad de meses. Dirá la parlamentaria que al «caso Spiniak» (conocido por tal nombre desde la detención de un importante empresario llamado Claudio Spiniak, a quien se acusó de estar vinculado a una red de pederastas) se debía sumar un antecedente: la posible participación en esta red de parlamentarios del Congreso Nacional. Rápidamente los nombres aparecieron y las denuncias se multiplicaron: Pablo Huneeus habló de un connotado conductor de televisión, dos senadores de la Alianza y un senador de la Concertación. Sin embargo, el caso rápidamente se concentró en un solo nombre, Jovino Novoa.

La investigación comenzó a realizarla el juez Daniel Calvo. No es pertinente al tenor de esta obra examinar en detalle la etapa judicial, aun cuando es imprescindible la observación política del mundo de los tribunales durante toda la transición. Pero aun cuando no sea instante de ahondar en esto, no deja de ser relevante un hecho: el juez Daniel Calvo fue removido por el pleno de la Corte Suprema en el mes de diciembre de 2003 como investigador a cargo del «caso Spiniak». ¿La razón? El juez había sido visto en un «sauna gay» (y lo reconoció), que frecuentaba debido a una aparente doble vida privada. La Corte Suprema señaló que el magistrado comprometió «gravemente el decoro» de los altos cargos judiciales al asistir a saunas para homosexuales. Un medio de comunicación, Chilevisión, realizó la denuncia señalando también la inconveniencia de que este juez estuviera a cargo del caso. La lógica es difícil de explicar: un homosexual que no ha salido del clóset no debe llevar un caso judicial sobre pedofilia. ¿Tiene sentido? Ninguno. Cuando el sentido común se desatiende con tanta ligereza, solo queda pensar en la existencia de importantes intereses en juego. Quién influyó para semejante decisión, quién estuvo dispuesto a rastrear un modo de cambiar al juez, no lo sabemos. Si fueron los perseguidos o los persecutores, asunto que en el caso nunca quedó claro, no es algo que sepamos. En cambio, sí resulta evidente que la «falta de decoro» no abre un cuaderno de remoción a un juez y que, por tanto, fueron otros los factores en juego.

El «caso Spiniak» marca entonces el momento de inicio de la putrefacción del orden político que imperaba en Chile desde el fin de la dictadura. No es posible precisar qué fue verdad y qué mentira, qué nivel de operaciones políticas se desplegaron por lado y lado. Es difícil saber qué actor fue confabulador y cuál mera antena repetidora. Lo único que es claro es el impacto en la opinión pública del caso. Y lo que ha sido menos tematizado es su posible carácter articulador de las relaciones entre la clase política y la ciudadanía desde entonces en adelante.

El asunto es que a fines de 2003 e inicios de 2004, un equipo de sociólogos intentamos saber qué representaba cultural y emocionalmente el caso en la opinión pública chilena. Se realizaron grupos de discusión y se intentó comprender cómo internalizábamos en Chile un evento de esta índole. Los resultados fueron sorprendentes.

Las investigaciones cualitativas, donde se opera con la técnica de análisis de discurso, tienen ciertas reglas de validez metodológica: la saturación (que los contenidos se repitan) y la triangulación (que puestos a prueba esos contenidos con otros, sean armónicos). Las reglas de validez en los discursos recibidos se consumaban al mismo tiempo que quedaban insatisfechas. Es decir, los contenidos se repetían y se satisfacía el criterio de triangulación, pero al mismo tiempo las frases siempre parecían abortadas y una lectura lineal de ellas resultaba casi imposible, pues se saltaba de un relato a otro con mucha facilidad y sin ninguna pretensión de satisfacer los criterios habituales de transición que toda conversación conlleva. Los investigadores se preguntaron qué explicaba ese asunto y, consultando con distintos expertos, finalmente una psicóloga experta en abusos sexuales señaló que era propio de los discursos traumáticos la aparición de un habla fragmentada.

Luego resultó insólito que, mientras estaba el tema muy caliente en las noticias y en las conversaciones en la calle, hubiera una tendencia en los invitados de los grupos de discusión a quedarse en silencio por largos pasajes. Esta técnica está diseñada de modo tal que sea prácticamente imposible que ello acontezca y, sin embargo, ocurría. La misma psicóloga señaló que era interesante, pues es conocida la existencia de una «ley del silencio» en las familias donde acontece un abuso, que no solo evita que se hable del asunto, sino que muchas veces supone la ausencia de denuncias al respecto. La pregunta era: ¿por qué la ley del silencio se puede producir en la sociedad toda? ¿Por qué la opinión pública puede reproducir un fenómeno que se asocia a los hogares donde ocurre el abuso? La respuesta es conjetural pero abrumadora. Y es que quizá los chilenos admitimos que en este «hogar» llamado Chile, quienes asumen la función del «padre» (los líderes políticos) estaban abusando sexualmente de los hijos del hogar.

La hipótesis resultó extravagante incluso para el equipo mismo que la enunció.⁹⁵ No obstante, era muy evidente en ese estudio que se lograba leer en las entrevistas la descripción que mostraba a la clase política en el tránsito desde el distanciamiento con el pueblo, la indolencia, la corrupción y luego el abuso. La mera indolencia era la pérdida del sentido de representatividad y del pacto social básico. La corrupción era la violación de los principios de relación con lo público. El último momento, el más grave, situó a los políticos como los abusadores, los que se aprovechan de la falta de poder de los demás para abusar.

La clase política había retornado a la violencia. De la forma política de la violencia pinochetista se había pasado a otra forma de violencia. El origen del concepto «abuso» con el que los chilenos describen su relación con el poder proviene de este momento originario: el «caso Spiniak» como símbolo de una clase política que se había tornado padre violador. No es, quizá, casual que justo después de este caso se eligiera por primera vez en Chile una mujer como presidente, que además estaba vinculada al dolor. Los chilenos no querían otro pene en el poder. La única exigencia era: «No nos haga daño». Bachelet cumplió ese petitorio, salvo en el Transantiago, saliendo adelante con un gobierno que ha sido calificado como carente de obras y dinamismo, al mismo tiempo que exitosísimo en popularidad. Algunos dicen que en realidad su gran mérito es la empatía. Pero el carisma de Bachelet está mucho más allá de la empatía, pues esta no mueve montañas y la exjefa de Estado sí lo lograba con bastante frecuencia.

Lo cierto es que la putrefacción invadió todo el espectro político. Desde el abuso del cargo hasta el abuso sexual, el repertorio violento de la clase política y su carácter ominoso, lascivo, cuando no banal, fueron suficientes para que los ciudadanos decidieran asumir el espectáculo de la putrefacción por sobre su realidad y problemática. Como dice Rodrigo Baño:

Para las delicias del televidente, muy pronto el desgastado tema de los negocios de los señores de la Concertación iba a ser reemplazado por el espectacular tema de las sospechas de pedofilia de los señores de la Alianza [...] Desde ahí en adelante, el televidente pudo disfrutar nuevamente del festín del escándalo, más sabroso aún esta vez, ya que «le llevaba» ese condimento sexual que hace salivar hasta al más respetable jefe de familia.⁹⁶

La política había postergado su representación ciudadana y era simplemente un teatro de publicidad por fuera y de mierda por dentro. Esa política era universalmente condenada, pero los chilenos asumieron que toda política era esa podredumbre. Un error que nos ha costado caro. Alejados de la política, los ciudadanos dejaron libre tránsito a quienes quisieran hundirse en la miseria.

Pero la putrefacción llegó más lejos. Se ha ido expresando en los soldados muertos en Antuco, donde en 2005 un batallón del Ejército de Chile fue obligado a realizar ejercicios en medio de una poderosísima tempestad que terminó costando la vida a media centena de soldados.⁹⁷ La arbitraria crueldad del poder tomó forma entonces y puso sobre la mesa no solo la falta de cuidado y respeto a la vida humana, sino algo políticamente más delicado: los conscriptos en Chile provienen fundamentalmente de las capas más bajas, que ven una oportunidad laboral en la militarización de sus vidas. Después de todo, el uniforme es también una certeza, un salario, una vida. Pero esos mismos jóvenes, carentes de otras oportunidades, se hallan prisioneros de las órdenes de jefes que saben que cuentan no solo con la autoridad del mando, sino además con el siempre efectivo yugo de la pobreza. La putrefacción llegó, desde Antuco hasta el tsunami de 2010, a las Fuerzas Armadas; ya no solo con las sospechas de los oscuros intereses y prácticas que ellas albergaban, sino además con la inquietante posibilidad de que fuesen un espacio de displicencia, incompetencia y abuso.

La putrefacción, finalmente, golpeó a otro Estado y sus ramificaciones en Chile. El Vaticano, la Iglesia chilena, enfrentaron una denuncia asombrosa. El párroco de la zona de El Bosque (parroquia fundamental para la clase alta chilena) fue acusado de abusos sexuales sistemáticos, luego de treinta años a cargo de la parroquia. Los textos de su causa han resultado asombrosos por la perversión descrita en los testimonios y por las consecuencias que suponen. Karadima había logrado contar con autonomía financiera reconocida por el Vaticano, contaba con una parroquia muy decisiva en donaciones y en oferta de vocaciones sacerdotales. Karadima demostró un carisma sorprendente. Si hay un sacerdote que se asemeje a él en su carisma, de acuerdo a quienes lo conocieron, este es Savonarola, que estuvo muchos años en Florencia en la época de los Borgia y que fue decisivo para desestabilizar al papa Alejandro VI. La intensidad de Karadima, la convicción, levantaron presupuestos y vocaciones sacerdotales. Su impronta se marcó en la comunidad eclesiástica y logró finalmente convencer a muchos de su iluminación y hasta de su santidad. Sin embargo, las denuncias fueron apareciendo: una dominación enfermiza, oscuridad en los recursos y abusos sexuales se convirtieron en parte de las conversaciones. La aparición de una de las víctimas en televisión terminaría por abrir el caso y por convertir la crisis de la parroquia de El Bosque en un símbolo de algo mucho más grande: la crisis de la Iglesia. A Chile llegaba entonces el símbolo de la decadencia: en el lugar donde no era esperable, en medio de los ricos, rodeados de ellos, participantes y llenos de fe, aparecían las denuncias de abusos sexuales, manipulaciones, chantajes, en fin. La crisis la despierta el Vaticano, que sentencia a Karadima como culpable, evento que políticamente obliga a abrir el caso y examinarlo.

La crisis de la parroquia de El Bosque fue el símbolo innegable de la asquerosa contaminación de la Iglesia chilena. No venía el problema desde las calles de los peores barrios, no había sido un error realmente forzado. La Iglesia albergaba en su seno historias confusas y dolorosas, pero a la larga quedó claramente establecido que una subcultura interior permitía el maltrato, los abusos, el dominio de los grandes líderes sobre los jóvenes en formación.

La Iglesia chilena ni siquiera supo leer las señales del propio Vaticano. El arribo de Ratzinger al poder tiene un claro sentido transicional. El gobierno de Wojtila fue un liderazgo carismático que permitió esconder mucha basura bajo la alfombra. Y los transeúntes ya flotaban en tanta mierda, con alfombras jibosas y dromedarios. Wojtila no quiso afrontar la pedofilia. Más aún, durante su mandato la Iglesia católica fue enfática en promover fuertes vínculos con el gran capital, haciendo una política de recaudación más eficiente, concentrándose en el selecto grupo que tiene la mayor parte de la torta. El Vaticano apoyó el surgimiento de nuevos grupos, como los Legionarios de Cristo, fomentó al Opus Dei y, no en vano, dio apoyo directo y autonomía a una parroquia de El Bosque, como si el mismísimo Carlomagno decidiera de pronto dar poderes absolutos sobre sus finanzas, por sobre el gobernador de la zona, a un pueblito alejado, pegado a los Pirineos, donde la única particularidad que resalta es la existencia de enormes riquezas. Pues bien, el arribo de Ratzinger, que parecía ciertamente de continuidad, no ha sido tal en este sentido. Más consciente Ratzinger de la legitimidad estructural que de los espasmos de popularidad a los que acostumbraba el papa polaco como método de gestión, decidió ser él mismo el que sacara el velo sobre los casos de pedofilia. Por si usted no lo sabe, el Vaticano tiene una página web. En ella puede encontrar toda clase de informaciones. Una de sus secciones actualmente se llama «Abusos a menores, la respuesta de la Iglesia», y en ella se pueden hallar las modificaciones legislativas realizadas para penalizar más fuertemente los abusos, además de un documento decisivo, conocido como «la carta pastoral del Santo Padre a los católicos de Irlanda», hecha pública el 19 de marzo de 2010, momento en el cual el Vaticano decide abrir las compuertas de su represa y evitar la tendencia a la contención que había sido parte de la estrategia regular. El 2010 fue para el Vaticano el año de los abusos sexuales, con numerosos documentos relacionados, aun cuando la temática se había instalado ya antes y había sido asumida por el Vaticano en 2006, con los abusos de Irlanda como principal hito. Visto lo anterior (es decir, vista la página web), es evidente que la Iglesia católica en Chile fue incapaz de enterarse y comprender que la política del Papa iba dirigida a quitar el piso a los grupos de poder que protegían pederastas y que buscaban oxigenar el palacio todo lo posible. La Iglesia chilena no supo ver que en el mismísimo Vaticano, el sacerdote Karadima perdía terreno y prestigio, mientras en Chile se hacían todavía esfuerzos por no perder al santo.

Karadima pudrió a la Iglesia chilena. Fue la señal. Lo fue por múltiples razones, quizá incluso porque fue denunciado por miembros de la elite, quizá porque fue una operación de otras congregaciones, pero al final lo fue porque se derrumbaron las certezas, las grandes verdades de la alta sociedad chilena. El cura que los casaba, los bautizaba, los enterraba, de pronto era abusador de menores. La psicopatía de Karadima que revela el proceso solo puede ser coherente con la psicopatía de sus fieles, que no solo fueron engañados, sino que creyeron en el alma de un loco, que abrieron su corazón para tener fe en una demencial actuación de un hombre al que hicieron sabio y santo, aunque no era ninguna de las dos cosas (como dijo el cardenal Errázuriz). Desde ese instante, replicado con otros casos (sor Paula), con suicidios y casos de denuncias constantes, la Iglesia pareció bajar el velo y dejar ver el rostro oscuro de una institución que intentaba ser el bastión moral de nuestra sociedad. Cada vez que la clase política se sentía incompetente, era la Iglesia la que salía a resolver sus entuertos. Pero detrás de sus faldones, de sus sotanas y sus ruegos parecía haberse desprendido la dulzona (no dulce) y fatigosa fragancia de la fermentación y luego la podredumbre.

La despolitización supone al final del camino el distanciamiento del poder y la política. El primero, concentrado en pocas manos, se ha orientado al control de los escenarios, a la generación de condiciones siempre conocidas para el capital y siempre inciertas para los demás actores de la sociedad. La política, por su lado, fue vaciada de poder y, ya irrelevante, quedó en manos de una clase que ejecuta el simulacro de ser realmente la que ostenta el poder. El simulacro se derrumbó con el gobierno de Piñera, pues el poder y la política se juntaron, pero en forma de concentración y desigualdad. Al unirse se gatillaron los procesos que normalmente se despiertan cuando el poder se vincula a la política. Chile se politizó porque el paso de Piñera fue terminar el camino y apropiarse de lo último que quedaba, el vestigio ritual de un poder que ya no existía, los restos de la política. Pero aquellos espacios y procesos que provienen de tiempos inmemoriales, aquellos entes como la política que se han desplegado a través de la historia en un ejercicio sistemático de construcción, guardan en su seno una inercia capaz de hacerlos retornar cada vez que una puerta se abre. Y precisamente porque la política estaba fatigada, enferma, anémica, anoréxica, carente de todo vínculo con el poder, en el preciso instante en que la acercaron a él, supo el modo de adherirse y vivir de su energía, que era evidentemente la suya propia. El gobierno de Piñera juntó la sangre con las venas y a fin de cuentas le hizo una transfusión a un cuerpo anémico. Fue un acto hermoso, pero en verdad lo que él deseaba era la muerte del cuerpo. Y en ese sentido fue un acierto no deseado.

En la puerta del horno se quemó el pan...

17. LA TRANSPARENCIA O CÓMO VIVIR EN UN MUNDO PUTREFACTO

Ismael se sentó a una mesa junto a su esposa, Marta. Ambos acostumbraban a asistir una vez a la semana a distintos restaurantes. Aficionados a la cocina, conocedores de sabores, provistos de paladares cuando menos entrenados y para ciertas cosas exquisitos, disfrutaban al conocer nuevos sitios, nuevos platos, nuevas combinaciones, innovaciones diversas. En la cena no cometían la impostura de únicamente dedicarse a la crítica culinaria, pero no era infrecuente que comentaran sobre los condimentos, los equilibrios, en fin. La práctica la vienen reiterando desde hace diez años sin suspensión semana tras semana. Alguna enfermedad, alguna muerte de un familiar, algún viaje, fueron imponderables que pudieron vencer parcialmente la rutina en alguna contada ocasión, pero la suma de las excepciones no permite escribir página alguna.

En diez años la experiencia de Ismael y Marta ha cambiado. Hace diez años no era extraño llamar al cocinero para comentar los logros del plato. Ambos ansiosamente intentaban conquistar los secretos del chef. Normalmente, algo incómodo, el requerido contestaba algunas preguntas, otorgando información valiosa, pero nunca decisiva. Cuando las preguntas eran más asertivas, cuando lograban flanquear los obstáculos de la oscuridad de un secreto hermoso, todos los cocineros decían lo mismo: «Hasta aquí llego, lo demás es parte de mi secreto». Y la despedida se apuraba, las felicitaciones proseguían y la escena volvía a las especulaciones de Ismael y Marta sobre la abundancia o presencia de algún componente.

No es reciente que esa experiencia se haya modificado. Ya suman varios años en que Ismael y Marta llaman menos al chef, pues si quieren saber algo se paran y observan por las ventanas que separan la cocina de las mesas y pueden apreciar cada paso de los cocineros, cada detalle. Los restaurantes han aumentado considerablemente la transparencia de su quehacer, bajo la denuncia constante de las malas condiciones sanitarias tras la cocina. Los consumidores saben que sus platos no nadan en suciedad, que sus sopas no poseen bicharracos que podrían pasear alegremente por la cocina, que ningún terrorista de la cocina ha atacado con un salivazo plato alguno. Todos pueden estar tranquilos. Ismael y Marta normalmente se aproximan a observar un instante y vuelven comentando el condimento que explica el picor y la sudoración, el vino blanco que ha otorgado al marisco una inquietante y débil amargura. Ismael y Marta ya tienen derecho a saber todo lo que ocurre. Ha llegado la transparencia y con ella se perdió la magia, la sorpresa y la erótica relación del secreto.

Esta historia puede llevarse ahora a los problemas, no de Ismael y Marta, sino de otra pareja. Jorge ha sido descubierto por Sandra porque dejó abierto Facebook y apareció una muchacha que supuestamente Jorge no veía hace muchos años y resulta que estaba lleno de conversaciones, citas y alguna que otra referencia subida de tono. Sandra expulsó entonces de su hogar a Jorge. Pero no lo hizo de su vida. Las negociaciones fueron intensas y Jorge volvió a ganar terreno. Prometió no solo comportarse a la altura de su compromiso, sino además otorgar información perfecta para eliminar toda duda, toda inquietud respecto a su buena conducta. Cedió Jorge en todo: la clave de su correo electrónico sería conocida por Sandra, su celular estaría disponible a revisiones periódicas y no habría espacio para llamadas extrañas.

Había triunfado la transparencia.

El amor de Jorge y Sandra volvió a florecer. La reconciliación fue hermosa, incluyó un viaje, un renacer, un despertar. Retornando del viaje, la nueva rutina fue aceptada rápidamente: revisiones del teléfono celular, preguntas sobre las amigas de Facebook, consultas sobre la mala vida observable en la misma plataforma de los amigos de Jorge. Todo era revisado.

Seis meses después ocurrió algo distinto. Quizá Jorge se relajó en las medidas acordadas y se demoró cuarenta minutos más en llegar a casa, sin dar señal alguna. Estaba (según dijo) con su madre. Sandra vio que la excepción no hacía ningún daño, aunque fingió molestia para marcar el territorio. Jorge repitió la dosis dos semanas después, ausentándose dos horas. Su celular no respondía. Sandra desesperó a la media hora de retraso y el resto del tiempo fue un infierno. Cuando él llegó insistió en que estaba con su madre. Ella se vio marcando el teléfono de su suegra para preguntarle si era cierto. Cuando la madre de su esposo contestó, Sandra comprendió que su relación había muerto, que si repreguntaba a un tercero si algo era cierto, significaba que no había nada. No supo si debía colgar o preguntar. Finalmente preguntó: señora Alicia, ¿viene Jorge de su casa? Sí, contestó ella, ¿acaso le pasó algo, no ha llegado? «No, o sea sí, sí llegó, disculpa la llamada, me equivoqué». Y colgó. Pudo ver la sombra de Jorge caminando al dormitorio a buscar algunas cosas para volver a casa de su madre. Sandra no lo detuvo. Había que madurar de una buena vez y asumir que sin confianza no había nada.

Las dos historias revelan el estatus de la sociedad chilena. La transparencia nace de la pérdida de confianza. Cuando esta existe, las llamadas telefónicas no son sospechosas, las ausencias no se parecen a la infidelidad, los ventanales en las cocinas son innecesarios, las medidas de control son las básicas, las higiénicas, las elementales. Pero carece de toda pertinencia la impostura de la supervisión de cada paso, la sospecha de cada movimiento. Todo ese control destruye tanto la magia de la cocina como la confianza de la pareja. La ausencia de secreto, la presencia inevitable de todo lo real sobre la mesa, la ausencia de sorpresa en la cocina, la imposibilidad de una vida más allá de la vigilancia, la sensación de haber contraído un compromiso basado en una relación policial, en el caso de la pareja. Es la basura en la comida la que produce transparencia, como la infidelidad en la pareja la que fortalece la comunicación de cada paso.

El mundo de la transparencia es un mundo sin confianza. El arribo de la transparencia a la política y al gobierno, como ocurre con www.gobiernotransparente.cl, resultante de la nueva Ley de Transparencia, vigente desde 2008, o la llegada de la transparencia a las empresas, ya sea obligadas por el despertar del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y por el nacimiento del Sernac Financiero, o ya sea por iniciativa propia, temiendo los resultados de la opacidad o adelantándose publicitariamente a la moda por venir, constituyen hitos significativos del Chile actual. Los muros burocráticos ceden en su obstrucción a la vista y se ven obligados a modificar el material de su división, invitando al vidrio para que cualquiera que lo desee pueda mirar qué pasa al interior. Si antes decíamos en política que había negociaciones que se hacían en la cocina, que nunca se sabían, hoy las reuniones se filtran con gran facilidad y la cocina se ha vuelto igual de presente que en los restaurantes: todos pueden ver lo que acontece adentro. Vimos por video todos los acontecimientos del terremoto, una cámara lo grabó todo. Nadie puede decir que el aumento de la transparencia no es poder para la ciudadanía. No se puede objetar que la transparencia es mayor capacidad democrática. El problema, sin embargo, es muy simple: el nacimiento de nuestra transparencia deriva del pecado original, de haber faltado al mandato. La transparencia de nuestro país no es el punto final de un modelo que podía derribar todos los muros porque no tenía nada que esconder. Nuestra transparencia nace como esfuerzo (vano) por convencer a los ciudadanos que no hay oscuridad tras los muros de las instituciones, que si algo no se estaba haciendo bien, ya ha sido modificado y las cosas funcionan como es debido. Sin embargo, esta historia nació con suciedad en el plato y con una infidelidad en la relación. Y ambas cosas no fueron errores, sino convenientes actos para el victimario. Esta historia no es de distanciamiento, es de traición. Ya lo dijeron Los Prisioneros a fines de los ochenta: «Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó», y no fue extraño, ni en lo más mínimo, que el grupo musical que simbolizó los ochenta denunciara fundamentalmente a toda la clase política y no solo la dictadura (aunque la disidencia radical de Jorge González fuese también incomprensiblemente laguista, pero eso es harina de otro costal).

La transparencia de Chile significa el fin de la confianza en las instituciones. El fundamento último de la legitimidad de ellas radica en su capacidad para intermediar entre la sociedad y las decisiones. En las instituciones se depositó algo, se porta un mandato. Y ese mandato tiene un misterio (el misterio del ministerio, hablaba Bourdieu), pues en el poder del mandatado por el pueblo necesariamente habita un implícito, que es el acto de usurpación del mandatario sobre el mandante, pero ese acto tiene como fundamento un acto de fe que a su vez se respalda en la atribución a ese mandatario de un carisma, de una capacidad superior a otros para ejecutar lo que ha sido señalado. A más confianza, más amplios son los poderes entregados al mandatario. Pues bien, no hay misterio en el ministerio cuando la cocina tiene un ventanal para apreciar a los cocineros, no hay posibilidad de entregar las decisiones a las instituciones si la esposa tomará el celular ante cada llamada para verificar quién es, vulnerando el principio moral del matrimonio (el otro, el legal, es sexual-patrimonial). La magia de la burocracia, su horror y su legitimidad (que convergen), radica específicamente en su clima kafkiano, en el espantoso tránsito por lugares donde se ejecutan actos solemnes que parecen guardar en su trastienda toda la fuerza de la ley, de las normas impuestas, de las validaciones, acreditaciones, con la concurrencia de notarios, ministros de fe, testigos de fe, sujetos de fe, en fin. Las instituciones son en un 90 por ciento fantasmagoría, efluvios infinitos de discursos y edictos, de tómese razón y actos de autoridad (¿tiene usted la potestad de hacer ese acto? Esa es la pregunta que debe responder cada papel que habita en esas instituciones). Toda esa fantasmagoría, todos esos edictos, todas las instancias que hacen verdadero administrativamente un documento, una vida, una existencia, de pronto se acabó. Las linternas iluminaron timbres tras los cuales no hay nadie, mostraron la precariedad de la existencia institucional. La transparencia destruyó el castillo de Kafka y puso en su lugar una casa de cristal, pequeña, irrelevante, triste, llena de gente patética que había engordado al interior de las instituciones.

Es cierto, ha llegado la transparencia. Ha acontecido porque ya no queda nada, porque hubo la necesidad de sacarlo todo para mirar qué había adentro. Y hubo que asumir la pérdida. Nos habían dicho que no había que botar el agua con el bebé adentro. Y se cuidó al bebé, aunque de pronto no faltó el astuto que hizo pasar agua por guagua. Pero luego de muchos años, la evidencia fue muy grande: el bebé estaba involucrado en el problema. El bebé no era bañable, era radiactivo o no era bebé, era un simulacro, un caballo de Troya. Y claro, Casandra había gritado que todo era una trampa. Pero no le habíamos hecho caso. Y ahora había que destruirlo todo.

Y llegó la transparencia. Llegó porque arribó la desnudez, la precariedad de miles de ciudadanos que se sintieron traicionados por todo lo que les rodeaba y decidieron que todo fuera visible, asumiendo que todas las fantasmagorías que les tranquilizaban por las noches se aniquilaban de una buena vez. Los ciudadanos hicieron la resta. Las autoridades pusieron cristales en todas las cocinas. Y el resultado es siempre el mismo: los ciudadanos sienten que el cristal justo no es capaz de mostrar el lado oscuro, que se siguen escondiendo en los rincones las malas condiciones higiénicas del sistema. Los privilegiados siguen siendo protegidos, dice la convicción popular. Y el celular sigue sonando y la esposa lee en él que dice «mamá», pero sigue pensando que su esposo cambió el nombre de su amante y simplemente ha logrado esconder sus actos. La confianza se ha perdido.

Pablo Longueira ha decidido aplicar una política de shock en transparencia sobre las empresas. Y desde Bachelet la transparencia en el Estado ha crecido enormemente. Las medidas de la clase política parecían destinadas a arrinconar la putrefacción, pero al final ha ocurrido lo contrario. Lo único que funcionó en el terremoto fue la cámara que dejó en evidencia la incompetencia de todos. Funcionó la transparencia. Y solo mostró ineptitud. Felizmente los chilenos nos acostumbramos a comer este guiso y estamos disfrutando de esta escena de ver la caída de unos y otros, estamos felices de ver la miseria humana, acostumbrados gracias a SQP y Primer plano. Pero todo tiene un límite. Cuando se come mierda se caga exactamente lo mismo que se come, nada es alimento. Y ese círculo es tan vicioso como inútil. La putrefacción no ha quedado arrinconada, sino que ha quedado en evidencia.

No existe la transparencia y las instituciones funcionando al mismo tiempo. La primera ha nacido para salvar la legitimidad de las segundas, pero en rigor es solo su can Cerberos, el perro que acompañará a las instituciones a hundirse en el abismo, en el infierno, en la purga de sus infamias y pecados.

18. EL ABUSO Y LA CRISIS DE LAS INSTITUCIONES

La clase política había pasado de displicente a abusadora. Sin embargo, estaba parapetada en las instituciones. Los chilenos confiaban en ellas, era parte de la historia, una convicción arraigada, igual que asumir a Chile como un país hermoso y lleno de riquezas naturales; igual que aceptar todos los mitos sobre la nacionalidad, los resentimientos con los argentinos (basados en la sensación de menoscabo), el altivo e ignorante desprecio por los bolivianos y peruanos. Era así que confiar en las instituciones era como respirar. Había que levantarse cada mañana con la gris fragancia de los ministerios, de los tribunales, del palacio de La Moneda y del imperio de la ley. «Las instituciones funcionan» es el eslogan de Chile, y «dejar» que las instituciones funcionasen era el de la clase política. En ese gesto estaba la naturalización: había que dejar a las instituciones, es decir, no hacer nada, de lo contrario podrían dejar de funcionar. Y entonces, la misma clase política abucheada en la calle, inmediatamente ganaba poder y legitimidad cuando lograba entrometerse en los recovecos de los palacios y los cargos, cubrirse de ministerios y municipios y superintendencias y seremías. También sostenían un halo institucional algunos cargos que estaban más allá del espacio de lo público o que habitan en sus fronteras: las presidencias de empresas, los directorios, las fundaciones. Y estaban además las instituciones religiosas, con sus obispos, cardenales, ministros de fe, y las instituciones militares, con sus reconocimientos y grados. Fue así como la clase política pudo otorgar una investidura a sus actos que superaba con creces la relevancia de ellos y la fortaleza del prestigio de los nombres propios que caminaban por el sendero que lleva a la sacralización. Vito Corleone deseaba en El padrino que su hijo Michael estuviera fuera de la mafia y que sus reconocimientos como héroe de guerra y sus estudios de derecho terminaran por permitirle ser senador de los Estados Unidos de América, completando así el arribo de la familia a los negocios limpios y otorgando santidad a una historia hecha de sangre. Vito Corleone no pudo cumplir sus deseos, su hijo terminó siendo su heredero de una mafia involucrada en nuevos delitos, terminó declarando frente a una comisión del Congreso y tuvo que defenderse con armas tan brillantes como dudosas en su pulcritud. Pues bien, don Vito Corleone habría adorado apreciar lo que logró la clase política en Chile. La cofradía, mal vista, acusada de delitos, había logrado obtener la santidad en comodato por el mero hecho de habitar ciertas instituciones. Era asunto de llegar a ellas.

No es este el sitio para preguntarse si realmente la clase política era tan desastrosa como se la pintaba. Probablemente los políticos son más trabajadores de lo que la ciudadanía cree, probablemente sus motivaciones son decentes y hasta admirables, probablemente su vocación de servicio público sea cierta. Pero lo que fue quedando en evidencia fue la mediocridad de sus recursos, las dificultades que han tenido para tomar decisiones acertadas en políticas públicas, la infinita incompetencia para articular una institucionalidad capaz de interpretar al país. Los políticos chilenos son tal vez mejores de lo que creemos en muchos aspectos, pero evidentemente no fueron representantes, no fueron hombres y mujeres anclados en una idea, no fueron estímulo para la república, ejemplo de virtud cívica, no desgarraron las almas de los ciudadanos con esperanzas. La clase política fue un reducto pobre en espíritu. La sociedad fue perdiendo integración, perdiendo magia. Y la clase política fue decisiva en ello.

En realidad, la crisis de las instituciones que se reflejó en 2011 no fue de todas las instituciones, sino que fue de aquellas que habían dado la espalda al pacto social. El 2011 fue un año decisivo y positivo en términos de compromisos sociales, en términos de construcción de sociedad y sus acuerdos básicos. No se llegó al final, pero se avanzó a una velocidad antes desconocida y en una dirección antes declaradamente inexistente. Se nos había dicho que no había ruta alguna por el camino de la disidencia, por fuera de las instituciones. Pero resulta que había un camino, o varios. Pues bien, si observamos, la repolitización de Chile generada por el movimiento estudiantil favoreció instituciones sociales que venían cayendo y que son importantes en la sociedad. Un ejemplo es el matrimonio. Desde hace muchos años los matrimonios venían cayendo radicalmente. El factor fundamental no es la posmodernidad y las nuevas conductas sexuales de la gente. El factor decisivo es que el matrimonio es un contrato de alta relevancia social, un compromiso que vincula la vida sexual, los aspectos patrimoniales y las estructuras de prestigio. Por eso el matrimonio se estaba concentrando en los sectores altos, como también los votos, vínculo que se asocia al pacto social general. El matrimonio había perdido vigencia porque estaba muriendo la política. Si no hay nada más allá, si se asume que no hay posibilidad de construir futuro, si se piensa que todo compromiso es una carga y que cada paso a favor del bien común es siempre estupidez, entonces no tiene sentido el matrimonio. Los temerosos del compromiso son los despolitizados, pues su temor fundamental es al proceso de construcción de futuro. Cuando no hay horizonte utópico, cuando no hay una mañana mejor, involucrarse con los demás es un error. Nos habíamos acostumbrado en Chile al uso del lenguaje a partir de la desconfianza y la agresión: «Cooperaste», decíamos a quien había sido noble, amable y colaborativo. Asumíamos con ese término que había sido ingenuo y por tanto un poco estúpido, que había confiado en el otro y ese sujeto lo había perjudicado por su falta de cuidado. Ese era el Chile triste, un país con la confianza interpersonal al nivel más bajo pensable.

Fue este Chile el que fue removido en sus cimientos por el movimiento estudiantil. Y lo que no pudieron los curas y sus discursos, lo lograron los estudiantes: insólitamente aumentaron los matrimonios.

Y no se acabó ello ahí. La señal más clara es que aumentaron notoriamente los matrimonios entre quienes parecían tener su vida agotada. Este dato es bellísimo, pues uno de los resultados más evidentes de la despolitización es la prescindencia respecto a los viejos o la «tercera edad» (preferiremos viejos para efectos prácticos, el tono elusivo de «tercera edad» asume que la vejez es una condición impropia, absurdo que no merece mayor análisis). La prescindencia con los viejos no se produce porque los hijos no los vayan a ver o porque los escuchen poco. La prescindencia con los viejos se refleja en una sociedad que establece que no hay vida en ellos, que deben comportarse como el típico viejo de la teleserie donde solo se habla de la vida y complicaciones de los jóvenes, exclusivos protagonistas de la historia. Pues bien, cuando la política renace, los viejos también renacen, porque se conectan las biografías y el viejo tiene importancia porque tiene algo que contar, porque mi vida debiera tener alguna conexión con la de mis abuelos, porque la historia nos muestra líneas que se trazan y que ellos manejan. Los viejos politizados pueden amar de nuevo, porque ven futuro, porque no temen al otro, porque no piensan en herencias en vida y reparticiones de dinero. Los viejos politizados no viven la vida de sus hijos y de pronto salen de casa y terminan en un matrimonio. Y es por eso que en 2011 los matrimonios entre viejos crecieron un 120 por ciento, es decir, aumentaron más de dos veces respecto a los años anteriores. Joaquín Lavín, ministro de Planificación, entregó estos datos en marzo de 2012, señalando que las razones que explican el hecho son el incremento de la población mayor y el aumento de actividades recreacionales, donde supuestamente los talleres (más de 120.000 en todo Chile), promovidos oficialmente muchos de ellos, serían parte importante de la explicación. Y claro, es cierto que los talleres ayudan, pero permiten conocerse y establecer amistad, no un compromiso. Por eso el aumento de cobertura de talleres no ha ido parejo al aumento de matrimonios. Y el aumento de la población de viejos tampoco explica nada, pues ella es sostenida en las últimas décadas en Chile. La verdadera explicación es simple: aumentó la integración social, gracias a las marchas, a la posibilidad de imaginar un mundo mejor. Y la gente se casa cuando cree en el futuro. Y no lo hace cuando no tiene esperanza.

El movimiento estudiantil generó energía vital a la sociedad chilena. Y la vida es erótica, es sexual, es vinculante. La institución del matrimonio volvió a la vida en 2011 porque la sociedad pudo vivir nuevamente. Las instituciones que se cayeron fueron las que eran cortafuegos, diques de contención del malestar y máquinas de procesamiento de demandas para que terminaran en nada. En 2006, los estudiantes secundarios obtuvieron el apoyo de todo Chile y finalmente recibieron una nueva ley para la educación, igual a la anterior, y un sistema de crédito con aval del Estado para el ingreso al sistema universitario, que ha demostrado ser un desastre económico (el Banco Mundial lo evaluó con posibilidades de convertirse en algo parecido a lo acontecido en la crisis subprime que se originó en Estados Unidos a fines de la primera década del siglo XXI) y que no tiene ningún rendimiento educativo acreditable (aunque sí genera utilidades inmensas a los bancos, se ha de señalar).

Las instituciones que se cayeron fueron entonces aquellas donde los políticos y la clase dirigente del país se parapetaron para gestionar la vida nacional con sus propias decisiones, pero con los recursos y capitales de las instituciones históricas. Y no fue pronto, no fue rápido, pero aconteció finalmente que los chilenos se percataron de que detrás de esas instituciones había poder y que en ese poder había abuso. Las instituciones no solo no protegían de la lluvia, sino que la provocaban. Para eso era mejor vivir a la intemperie, sin ningún ropaje institucional. Y los ciudadanos vieron las instituciones putrefactas por dentro y decidieron avanzar por el costado.

Las instituciones habían sido dique de contención del malestar. El agua de la inquietud, del dolor, de la rabia, había subido sistemáticamente; pero no había superado las contenciones hechas de historia y de mitos fundacionales. Las instituciones soportaban el malestar. Pero de pronto todo quedó en evidencia. Vimos desfilar grupos económicos por la Teletón otorgando limosnas y en busca de la legitimidad que ellas permitían, vimos que se presentaban como grupos económicos, que mostraban todas las empresas en manos de unos pocos. Y vimos que la Teletón era una máscara de intereses más complejos, que no había en realidad ningún gobierno que no pudiera dar ese dinero, sino que había la convicción de la necesidad del rito para conservar al país unido y sin conflictos. Vimos que la Teletón eran veintisiete horas de amor a las empresas y que el negocio era mostrar como rostro la resiliencia de los débiles, los enfermos, los que han vivido desgracias. La Teletón era una gran obra de rehabilitación cuya función se había terminado por articular con el mundo empresarial y político. Era la legitimación del orden, el carisma del modelo, el mensaje claro que dice que para el pueblo el tema debe ser la caridad y el dolor, mientras el dinero debe quedar en buenas manos para su multiplicación y que ello debía ocurrir en las empresas. La caída (aún solapada) de la Teletón, de Don Francisco, de la Cecilia Bolocco, son todos correlatos de la crisis de las instituciones que fueron el centro de la despolitización. La crisis de estos íconos está recién en formación, pero los valores que los sustentaron están cada vez más lejos. Los intereses en la sociedad habían sido abolidos, solo quedaba la buena voluntad y el esfuerzo privado de cada uno para que le fuera suficientemente bien.

La traición de las instituciones llegó al máximo cuando se pasó de la displicencia (tu destino no es asunto mío) al abuso (tu destino es asunto mío, pues tu perjuicio es mi beneficio). Y cuando el abuso terminó por convertirse en certeza, el dique fue sobrepasado por las aguas y se partió en miles de trozos que cayeron como un alud junto al torrente del río. Y vimos a las instituciones pasar por el río al lado nuestro, vimos su muerte y el destino de ir a parar a ningún sitio. Los abusadores se habían escondido en las instituciones. Eran como el violador que se dedica al transporte escolar: el bus pintado de amarillo le otorga imagen de decencia y su ocupación le permite acceder a niños.

Las cosas fueron vistas de modo muy distinto. Hace años se pensaba que era duro que el dolor no fuera importante para los políticos, que los hospitales fueran escasos, que los políticos dejaran sin consultorios ciertas comunas, que construyeran edificios de mala muerte y que los médicos fueran pocos. Al final el enorme dolor físico era solo parte de algo más profundo: el dolor espiritual de saber que se esperaba mucho para ver al médico y se estaba muy poco con él, que se hablaba mucho afuera de la consulta con los demás y nada con el médico. Ese enorme dolor ya había sido asumido. Ahora el asunto era más complicado. El político no era ciego o miope ante el dolor, era objetivamente cómplice de la falta o protagonista del abuso. Y es que claro, una cosa es que el político no dé importancia a la demanda de un nuevo hospital y otra cosa es que se dedique a redactar leyes que perjudican a las personas. El abuso había llegado y el malestar consecuente debía ser procesado. Pero no se podía procesar en una hermosa y franca conversación con el abusador. La clase política y empresarial debía quedar con medidas precautorias y, específicamente, con orden de no acercarse a más de cien metros de la sociedad. La ejecución de ese procedimiento fue lo que se vivió en 2011.

19. EL MIEDO, EL CASTIGO Y LA CARIDAD: LA POBREZA ESPIRITUAL DEL DESPOLITIZADO

La despolitización no es solo una condición conceptual. Es también una forma de relacionarse emocionalmente. El mundo despolitizado es de emociones rudimentarias, pues en rigor es una etapa primaria de relación con el mundo. El sujeto despolitizado no entiende realmente que hay un mundo afuera, su conducta se basa en un narcisismo y un egocentrismo que le hacen incapaz de transitar más allá de sus apetencias y temores. La complejidad del mundo resulta ajena. Si alguien necesita ayuda, lo mejor es ayudar. Es más fácil dar cien pesos a un niño en la calle, que asumir que a los niños no se les da dinero para evitar su posible explotación por adultos. Es más fácil tener miedo todo el día de un posible robo y así prevenir todo lo que se pueda, que pensar en procedimientos que aumenten la seguridad y que al mismo tiempo permitan no estar atento todo el día al flagelo. Es más fácil resolver los problemas sociales con sanciones, que pensar en la manera de construir una sociedad viable.

La despolitización tiene en la construcción de la delincuencia uno de sus principales cómplices. Transformar a todos los otros en potenciales delincuentes conduce, por definición, a la desciudadanización del otro. Por algo el delincuente, cuando es apresado, pierde derechos ciudadanos. Cuando en la calle tememos a otro, lo vemos como posible delincuente, le quitamos derechos, por de pronto el principio de inocencia. La desconfianza es un corrosivo problema, conduce a la doble moral, obliga a ser inauténtico, supone prevenirse de cualquier cosa.

La desconfianza produce intranquilidad cotidiana. Y ello redunda en una sociedad que prefiere tener las cárceles más llenas de imputados que de condenados. El aumento de la población penal cambió de 60.000 personas en 1998 a más de 100.000 en 2009. Chile tiene un reo por cada 334 habitantes y países con más problemas de delincuencia tienen muchos menos presos. El hacinamiento ha redundado en tragedias como el incendio del 8 de diciembre de 2010, donde 81 reclusos de la cárcel de San Miguel resultaron muertos en medio de las llamas. El año 2012 murieron dos presos por virus hanta en la cárcel El Manzano y hubo más contagiados. Para que ello sea posible, decididamente es imprescindible que haya ratones y que no haya oxigenación.

Naciones Unidas ha emitido declaraciones donde incorpora a Chile entre los países que deben poner atención al trato que están dando a sus presidiarios.

A través de un comunicado, la ONU criticó la muerte de un reo hace algunos días, quien recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba fugarse de la cárcel de Talagante, episodio que terminó provocando un complejo motín.

«Estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región, que es una consecuencia directa de las condiciones precarias de detención, incluyendo el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios básicos, tales como espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica y la falta de estándares básicos de saneamiento e higiene», dijo Américo Incalcaterra, representante de esa oficina.⁹⁸

Además, Naciones Unidas condenó en su comunidad el uso excesivo de medidas de prisión preventiva. El uso de la herramienta «cárcel» es problemático, pues ella ha incrementado en mayor proporción que el aumento de la delincuencia en los últimos años.

Se dice que a fuerza de tener martillos, todos los problemas son clavos. Y en Chile el martillo se llama penalización, sanción, prisión, idealmente privación inmediata de la libertad. Todo lo demás es una mala señal, es ser blando. Meter preso a alguien es el modus operandi que nuestra cultura sugiere como la manera correcta de prevenir, curar y vengar. El castigo es la disciplina, es una forma de aprendizaje, se nos dice. Eso es lo que hay que hacer con el victimario. Y por el lado de la víctima, ella debe ser educada en otro aprendizaje: el miedo, el encierro, la no exposición, la vida tranquila del hogar y la ausencia total de otra vida. No salir del hogar es un mérito, no una locura. Las calles deben convertirse en un espacio entre las casas y los centros comerciales (y sus variantes, como supermercados). Las calles son un conector de vidas privadas, una línea de ferrocarril. Chile está viviendo en el miedo, en la desconfianza, en la concepción amenazante del otro.

El espíritu del despolitizado necesita algo que sustituya la verdadera solidaridad. Y es que esta última supone integración y ello supone aumento en la politización. Por tanto, se resuelve el entuerto con la mirada más pobre que se conoce sobre la justicia: la caridad. Nacida del ánimo de compensar y de la conversión del dolor en un valor de cambio, la caridad es una prótesis de una sociedad injusta. Una prótesis es muy necesaria cuando se asume que se carece del órgano. Si Chile se asume injusto, entonces la caridad es un camino. Sin embargo, es un error. Chile requiere modificaciones estructurales en su provisión de justicia social. No puede ser que sometamos a riesgos a los voluntarios que quieren ayudar, que fomentemos que usen los aviones que no deben usar, que promovamos leyes que hagan proliferar las prótesis moralistas en vez de las soluciones políticas. Por este camino nos llenaremos de fundaciones hechas por ricos con dinero de sus amigos (que al descontarse de impuestos es, finalmente, público), llenaremos el sistema público de servicios para estos heroicos voluntarios, lamentaremos desgracias como Juan Fernández y nos maravillaremos de logros sublimes que favorecerán a quinientas personas. Y no solucionaremos nada. Los países se construyen de un modo muy distinto. Y para ello hay que mirar el Chile real y construir órganos, no prótesis.

El Estado subsidiario, que dice que la acción pública debe focalizarse en los que más necesitan ayuda, entiende la política como caridad, las políticas públicas como mitigación y asume que los fracasados en el proceso de integración deben ser rescatados en su dignidad, comprendiendo que fracasaron por sus errores. De entre los pobres, solo el resiliente es ciudadano. Los demás merecen ayuda, requieren la sensibilidad de las autoridades. Pero nada más. Y es que los pobres no pueden esperar, dirá el Hogar de Cristo, que disputa con otras organizaciones el derecho a mediar entre los fondos públicos y la aplicación de la bondad en todo el país.

El miedo, el castigo y la caridad son emociones y procedimientos que una sociedad despolitizada invoca, desde una lógica derechamente primitiva (en el peor sentido del término). Es el cáliz y la espada, puro colonialismo mental y nada más que eso.

20. LA PUBLICIDAD POLÍTICA EN LOS TIEMPOS DE LA DESPOLITIZACIÓN

Algunos rumores señalaban que más de 100 millones de dólares gastó Sebastián Piñera en la elección presidencial que le permitió acceder a la primera magistratura en 2010. Sabemos que ya diez años antes fue Joaquín Lavín el que desplegó una campaña fuerte en energía que lo tuvo a las puertas de sentarse en La Moneda. Es discutible si está mal gastar mucho dinero en publicidad, pero en todo caso, de ser algo negativo, serían muchos los pecadores. Objetivamente, cuando los pecadores aumentan, la práctica tiende a dejar de ser pecado. Por eso, los trapitos al sol de los gastos en campañas quedarán para otra vez. Pero de momento hay algo que no puede ser postergado. La pregunta clave es qué ha significado la publicidad en el Chile despolitizado. Y, por cierto, qué ha significado la gestión de medios de comunicación. Es sabido que hoy por hoy es normal que las empresas y los distintos intereses tengan a su servicio empresas que intentan introducirse en el proceso de elaboración de agenda de noticias e intervenir a favor de sus clientes, tanto en presencia (el viejo problema de estar donde se desea) como en dirección (el también viejo y erótico problema que se diga lo que uno quiere).

Para responder la pregunta de la publicidad y la comunicación política en un entorno despolitizado debemos comenzar por entender qué acontece con los contenidos en medio de la despolitización. Considerando que la polis es fuerte interacción, debate, conflicto, negociación, luchas de poder, deliberación pública, publicidad de contenidos, la despolitización necesariamente será una atrofia de todos esos caminos. La publicidad de una sociedad despolitizada se concentra en el impacto, en la energía, en aparecer a toda costa. Es el mundo de la farándula: no importa qué digan, solo importa que lo digan. En ese imperio los publicistas habitan bien. Ena Von Baer, diciendo que las mujeres «prestan su cuerpo» a los fetos que llevan en su vientre, comete un error político desde el punto de vista de los contenidos, por último porque la barbaridad que dijo podría decirla con más elegancia (el «préstamo» de cuerpos nos devuelve a tiempos no metafóricos en los que se hablaba del sexo como «comercio sexual»). Sin embargo, esa brutalidad es electoralmente conveniente: miles de personas contestaron, discutieron, casi nadie está de acuerdo. Pero a la hora de la papeleta, a Ena Von Baer la conozco y al señor de más abajo o la señora de más arriba, resulta que no la conozco. En publicidad llaman a este hecho «recordación», en un acto de creatividad. Y cuando la recordación es muy alta, dicen que una marca, personaje, producto, está «top of mind», es decir, listo para emerger al menor estímulo. Es así como podemos suponer que usted se encuentra sentado en un restaurante a la orilla de la playa, observando el horizonte, luego se concentra en un pelícano, cierra levemente los ojos para dejar pasar un leve haz de luz, nota el poderoso azul del cielo. Supongamos que usted está abstraído, disfrutando del bullicio sordo de las olas tras el vidrio, supongamos. Y no dejemos de pensar que su mente se fuga en busca de contenidos inimaginables, quizá recuerda un poema de Alberti donde se equivocó la paloma y, de pronto, el camarero habla a su costado derecho, donde no está el mar. Usted no puede girar, tanto es su placer. Pero sus oídos ya están atentos a la siguiente llamada: «Señor(a), qué bebida va a querer». Y usted gira presuroso, le están conminando a responder; desesperado, se da cuenta que no ha tomado una decisión, que el hombre está con su libreta esperando. Angustiado, su cerebro busca una respuesta y salta en medio de él una palabra simple: «Coca-Cola». La probabilidad de que usted conteste la marca más conocida, más popular, con más publicidad, la marca «top of mind», es muy elevada. Desde aquí en adelante hablaremos de TOM para decir «top of mind», es más familiar.

En un mundo totalmente despolitizado, el TOM es todo lo que importa. Solo importa estar. Si lo que usted dice es idiota, mejor, más va a aparecer. Personajes que habitan bien el TOM existen varios: Pablo Zalaquett, Joaquín Lavín, Guido Girardi, Cristián Labbé, entre otros. Es por eso que en las elecciones son bienvenidos actores, cantantes y toda clase de personas cuyo nombre ya sea suficientemente conocido y permita así que el eslogan y la campaña no tengan que comenzar desde cero. El candidato que ya tiene un nombre parte con un crédito.

El Chile despolitizado ha funcionado con esta lógica. Solo importa figurar, los parlamentarios han estado dispuestos a bailar el koala con chicas de la televisión asumiendo la crisis política en sus hogares, las risas de sus amigos y la destrucción de la imagen del Congreso. Pero si lo hacen es porque hay detrás de todo esto una lógica, brutal y dolorosa, pero lógica al fin: hay que estar en la pantalla. Personalmente les conviene, quienes ya los conocen los recordarán el doble de tiempo que el recuerdo anterior, muchos otros comenzarán a conocerlos. Ese es todo el negocio. No importa si haces como Zalaquett que felicitas la belleza de la mujer rusa en el café de un hotel, sin notar que eran prostitutas. No importa si ejecutas los actos más fascistas de los últimos diez años, como hizo Labbé en Providencia. No importa si te ridiculiza Kramer, como ocurrió con Piñera antes de (y durante) su mandato (a Piñera sí le importa, pero no por ser inconveniente). Al final ser un imbécil, un loco, un desaforado, puede ser un activo, una ventaja evidente, porque la locura es llamativa, porque ser un destemplado logra que tu nombre sea recordado.

En una sociedad politizada, donde las personas imaginan cómo construir un futuro mejor, donde hay deliberación pública previa a las decisiones importantes, donde se asume que hay diferencias de intereses y que no es raro que ellos expresen un conflicto, en esa sociedad existirá la tendencia al predominio de los contenidos. Seguirá siendo llamativo el loco, pero nadie votaría por él; recordarán su nombre, pero será una excentricidad. Una sociedad politizada produce ciudadanos inteligentes, pues el tránsito de las ideas será fluido y la razón operará como un criterio. No en vano las sociedades contemporáneas han perdido su arraigo en la razón. Y es que no solo Chile, sino el mundo en su totalidad han vivido la experiencia del predominio financiero y, con ello, la crisis de la política. Una sociedad donde la gran escena se produce en la economía es una sociedad desgastada en lo político, convertido crecientemente en irrelevante. Y si los asuntos de la polis son irrelevantes, más irrelevante será la existencia de un buen criterio para dirimirlos. La crisis de la razón es una crisis de las conversaciones y esta es una aporía para la razón.

La prueba de fuego de la política es el severo juicio a la estupidez, el respeto por los asuntos comunes y la capacidad de realizar distinciones básicas. Si un político ha sido estúpido, que ello no sea causal de su triunfo electoral; si un político no entiende lo que es el bien común, que ello sea motivo de su derrota; si un político no sabe abordar las líneas gruesas de un problema, que su banalidad sea conocida y comprendida. Es así como en una sociedad politizada, la capacidad de generar resultados electorales de quien ha invertido mucho dinero seguramente será mayor a la de aquel que ha invertido poco, pero no será proporcional al dinero. La racionalidad podrá tener un efecto compensatorio.

Chile, en 2011, se politizó intensamente porque imperó el diálogo. Pero el diálogo no es el acuerdo, como la cultura política chilena pretende, con claros síntomas eclesiales. El diálogo es el fluir del lenguaje. Y las conversaciones se sucedieron intensamente, la empatía, el reconocimiento del otro, el debate, fueron fuentes inagotables de potencia y verdad. Los estudiantes debatieron entre ellos y luego en sus hogares, los padres fueron en busca de otros padres cuando comprendieron la brutal existencia que les deparaba un sistema injusto, se emocionaron con la oportunidad de reconstruir Chile, vieron lo terapéutico, lo sano, que era saber de política; vieron que la información estaba disponible más allá de los expertos y que la especialización de alguien no puede ni podrá jamás reemplazar una mirada política. Los ciudadanos vivieron de argumentos, exploraron los confines de la razón. Ya no bastaba que el último experto lo dijera, era necesario algo más, había que convertirse en ciudadano. Las conversaciones construyeron un espacio público y desde este la política emergió sana y fértil. En este escenario el impacto de la publicidad disminuye, su función es precaria y el peso del dinero se reduce.

21. DIGA 33

El 5 de agosto de 2010, en la mina San José, ubicada cerca de la ciudad de Copiapó, en la zona del desierto de Atacama, se produjo un enorme derrumbe que sepultó en vida a 33 mineros a más de 700 metros de profundidad. El 13 de octubre los mineros fueron rescatados. La efervescencia nacional por el milagro y la adoración a la ciencia y la técnica llegaron a niveles sorprendentes. Una procesión acompañó a las maquinarias heroicas y las figuras que estuvieron cerca de la escena, Laurence Golborne y Sebastián Piñera, vivieron la apoteosis de su popularidad. El presidente llegó a tener un 63 por ciento de aprobación, según Adimark (diez meses después se habría desplomado a 27 por ciento), y Laurence Golborne llegó a un 91 por ciento de popularidad, con solo un 7 por ciento de rechazo, cifra impresionante que lo situó en el pináculo de la santidad. Golborne recibió el papel de los mineros donde se revelaba que estaban vivos. Si en la Edad Media las malas noticias podían terminar en el asesinato del mensajero, en la política chilena ser portador de una buena noticia podía catapultar a la presidencia.

Diversos análisis se han realizado sobre el hito, pero es interesante concentrarse en su mensaje último, en su construcción netamente ideológica. Piñera anunció (y duró un mes) el surgimiento del modo chileno de hacer las cosas. Para decirlo de la manera en que fue señalado entonces, Piñera masculló que se debían hacer las cosas a la chilena («Do it the Chilean way») y transformó esa frase en eslogan dentro y fuera del país. Supuestamente, Chile daba un ejemplo de ejecución impecable de un rescate de alta complejidad, donde se lograba ser eficaces en medio de la dificultad. Un halo de eficiencia también recorrió la escena, construida con limpieza y solemnidad, dos cosas que el gobierno no sería capaz de repetir en escenas de distinto alcance a esta. Por supuesto, el discurso de eficacia tuvo sentido, pero el de eficiencia era discutible: con recursos ilimitados, la compleja misión no fue precisamente un símbolo de eficiencia, sino más bien un triunfo de la voluntad al más puro estilo wagneriano, aunque con infinitamente menos arte.

Durante algunos días no fueron pocos los que sintieron que Chile había cambiado, que las cosas serían diferentes desde entonces y que irían a más. Pero ¿qué había cambiado? Andrés Benítez señaló en una columna del 23 de octubre de 2010 en La Tercera:

Hasta hace poco, hacer las cosas «a la chilena» era casi lo mismo que hacerlo mal, a medias o con pillería. Después del rescate de los mineros, todo parece haber cambiado. Al menos, el presidente Piñera no dudó en hacer del «Do it in the Chilean way» el eslogan de su gira por Europa. Una estrategia que claramente busca aprovechar el enorme impacto que tuvo el rescate en el mundo. Tanto, que ahora, en un impulso creativo, se está pensando cambiar la recién lanzada campaña de imagen país, «Chile hace bien», por el «Hazlo a la chilena».⁹⁹

El comentario de Benítez se concentra en el meollo mismo de los hallazgos, ya comentados, que realizó la investigación del Centro de Investigación en Estructura Social de la Universidad de Chile cuando caracterizó lo que nombraron como «el Chile profundo» y que, entre otros rasgos, cuenta con la íntima convicción de cada chileno respecto a su carácter de precario ciudadano económico: los chilenos nos sentimos improductivos, ineficientes, irresponsables, mediocres, flojos, en fin. En el CIES lo llamaron «pecadores económicos», en referencia a un hecho asociado: los chilenos sentimos que al comportarnos de este modo faltamos a un dios, le incumplimos. Y que en ese incumplimiento hay una mancha implícita, por tanto hay que «sacarse la mugre» cada día (que es trabajar, esforzarse, levantarse temprano, tener la casa limpia, bañarse y en el fondo sacarse el pecado, la mácula, la mancha).

La idea de chileno como pecador fue muy funcional a la derecha histórica en Chile, a eso que llamamos la oligarquía. El trabajador ineficiente, incapaz, a veces borracho, poco laborioso, todo eso junto o al menos considerando fragmentos de ello, resultaba un relato suficientemente poderoso para dar cuenta de la causa última de la pobreza y de la justificación de la existencia de los menesterosos: la culpa recaía en ellos, no sabían trabajar. No era del todo culpa de ellos, pues eso también se enseña, por lo que se podía ser caritativo con ellos, pero a la larga era su culpa.

Pero el arribo de la derecha empresaria, de la burguesía en sentido estricto, supuso un problema. Para que el orden social que ellos promovían llegara a ser aceptable, para que el libre mercado y las desregulaciones fuesen posibles, cada uno debía ver en la ausencia de trabajo una oportunidad, en la precariedad del empleo un símbolo del futuro independiente. Los chilenos tenían que convertirse en «emprendedores», independizarse, soñar con la libertad, vivir de incentivos, admirar los riesgos, no luchar por derechos laborales, buscar la facilidad para elaborar empresas. Cada chileno debía sentirse un potencial millonario. El emprendedor sería el simulacro del empresario. Lo que el segundo tiene en dinero, el primero debía tenerlo en voluntad y esperanza. Y aunque el 20 por ciento de los microempresarios chilenos declaran preferir ser un asalariado por el mismo sueldo, el sueño parecía una fuente inagotable de reivindicación. Porque si los chilenos no sabían ser buenos empleados, ¿qué pasaba si se cambiaba la discusión y nos preguntábamos por el emprendimiento?

La posibilidad de convertir Chile en un país de empresarios necesariamente redimía de todo pecado económico. Nada más alto que ser empresario, nada mejor que ser inversionista. Si el propietario trabaja poco, pero tiene éxito, es porque es genial, porque es hábil. Solo importa saber que lo logró, a eso se reduce la evaluación de un empresario. Los modos fueron dejando de importar.

Todo proyecto de sociedad y propuesta política tiene que tener un elemento reivindicativo, alguna erótica, alguna magia que todo lo fundamente. La burguesía y su libre mercado ofrecieron limpiar un pecado original. Cuando todos nos veíamos como malos trabajadores, de pronto no solo éramos lo contrario, sino que en rigor nos convertíamos en la versión superior de lo que tanto nos costaba. Ya no solo cumpliríamos con el dios de la economía por nuestro esfuerzo, sino además porque seríamos el sacerdote más importante para ese dios: seríamos empresarios.

El emprendimiento fue un puntal de la nueva derecha chilena, burguesa, empresarializada, economicista al máximo. Pero ese paso liberaba a los individuos, no al país. Chile seguía marcado por la mancha de país subdesarrollado, por el carácter nacional, señalado como lleno de picardía y humor, pero también de improvisación y diletantismo. Por eso el arribo del gran hito de los 33 mineros rescatados en perfectas condiciones fue tan importante. Permitía por un momento creer que habíamos llegado al punto de inflexión, que la historia de Chile tenía un antes y un después, que finalmente honraríamos al dios del dinero y podríamos otorgarle los sacrificios que anhelaba. Parecía que habíamos sabido leer los designios de la eficiencia, valor fundamental para este nuevo dios.

El respeto a la nueva divinidad, al mercado y su grandeza, suponía chilenos que salieran a tomar riesgos, que fueran capaces de vivir a la intemperie, resilientes al máximo cuando la dificultades pudieran llegar. La derecha histórica había formado una subciudadanía basada en la aversión al riesgo, siempre deseosa del abrigo, del cobijo, acostumbrados a tolerar las adversidades y no a combatirlas. Fue así como la derecha se pisó la cola. La derecha libremercadista no parecía acorde con la derecha moralista, destructora de condones y amante de los hijos nacidos sin la voluntad de los padres.

Piñera fue osado en intentar ir más lejos. Puso en el gobierno a los empresarios. Muchos habían sospechado que el gobierno de Piñera sería un gobierno de gerentes y tecnócratas. La realidad fue más sorprendente: sería un gobierno de los mismos empresarios. Y quiso apostar al salto hacia un chileno devoto de la eficiencia y la planificación tecnocrática. No dejaba de ser un buen plan. No obstante, la partitura podía tener sentido, pero los intérpretes eran de lo peor.

Los 33 mineros representaron el momento de mayor derechización de la cultura política chilena. Todo fue eficiencia (por sobre la política), todo fue unidad nacional (por sobre las diferencias de intereses), todo fue homenaje a lo extraordinario (dejando de lado lo de todos los días). La historia nos mostraría que fue el canto del cisne, el último estertor de una derecha que parecía entonces bendita y con un futuro garantizado. Sin embargo, en pocos meses su desplome (y el de la Concertación) demostrarían que ese punto de apoteosis fue fiesta vacía, fue pura especulación con un hito que tenía de real solamente que los mineros en Chile se accidentan (y muchas veces mueren) por las escasas medidas de seguridad en los lugares de trabajo y que tenía de irreal todo lo demás: cientos de personas y mucho dinero orientado a sacar del peligro a un puñado de chilenos. Todo el sufrimiento de 33 trabajadores era el centro de Chile: ¿podía eso ser símbolo de un Chile real? La respuesta fue no.

22. LAS TRAGEDIASY LA DESPOLITIZACIÓN

La clase política chilena comenzó a apoderarse de las tragedias como modo de existencia y promoción. Suena horrible, pero así ha sido. Si normalmente en la historia las tragedias marcan intensa y negativamente a los políticos, pues «los dioses le han abandonado», en el Chile de los últimos años las tragedias han sido políticamente un capital, una irónica bendición. La historia de dolor de Bachelet parece haber inaugurado el modelo, pero luego vino la época de las tragedias en vivo. La fama de Andrés Velasco se catapultó por el accidente de su hija, la muerte de Felipe Cubillos hizo de Andrés Allamand el presidenciable que nunca pudo ser, la tragedia de los mineros catapultó a Laurence Golborne a alturas insospechadas (no solo el éxito de la operación fue lo que hizo incrementar su popularidad, ya que esta había subido en las encuestas antes de conocerse el dato de que los mineros estaban vivos, es decir, bastó que tomara en las manos el papel que reflejaba el milagro).

¿Qué hace que la tragedia sea una señal positiva en vez de negativa? ¿Qué hace que realmente importe esta experiencia? Puede ser que la despolitización haya avanzado tanto que todo sentimiento colectivo se refugia en la forma más primaria de comunidad, la comunidad del dolor, a través de la cual todos nos sentimos en solidaridad cuando un dolor conmueve a varios. Pero hay un segundo factor. La tragedia marca la posibilidad de la épica. Y en un país donde el heroísmo está al debe, la épica es una necesidad.

El relato épico se apoderó de Chile durante los días previos al rescate y durante la maratónica jornada en que uno a uno fueron emergiendo de la tierra como Orfeo. Pero en este mito la tragedia no se había consumado, en esta historia Eurídice sí salía y volvía a ver la luz. Igual que en las representaciones de las tragedias griegas, en esta obra había una grúa, una máquina mediante la cual hablaban los dioses y la fortuna.

El relato épico del Chile actual ha utilizado la tragedia como el modo de relacionar a la clase política con aquellas clases con las que no tiene vínculo. La tragedia ha sido la base de la narración que es capaz de revelar el nombre del elegido por los dioses. Bachelet, Golborne, Allamand, Velasco, héroes y heroína de una historia que los ha elegido para vivir la grandeza del dolor. Una sociedad despolitizada, donde el poder de arriba ha crecido mucho y el de abajo se ha reducido, necesita como fuente de legitimidad la sensación de otro superior que sufre tanto como el pueblo. La tragedia cumple ese rol, ya sea que le acontezca directamente o que esté impregnado de ella. Cuando la tragedia se torna milagro, cuando se resuelve adecuadamente, todo es mejor, pues ello implica que de alguna manera el personaje está bendito, que ha sido elegido.

El relato épico normalmente cumple roles en el plano ideológico. No cabe duda de que los grandes poemas heroicos y muchas veces trágicos de Grecia permitían mostrar a los dioses yendo contra la nobleza, perjudicándola, acosando a sus mujeres, poniendo en riesgo los hijos de los reyes, aplastando héroes invencibles por los hombres. Al tiempo, esas historias hacían confundir quién era el privilegiado y quién no. Edipo es el príncipe heredero, pero no lo sabe y se ve a sí mismo pobre y menesteroso. La tragedia griega se representaba de modo tal que unía a las clases sociales a partir del dolor y la sorpresa. Luego con las tragedias de Eurípides, Nietzsche acusará que se llega al máximo de utilización moralista de la tragedia, haciendo a los dioses coherentes seres que castigan a los que se lo merecen por su conducta moral. Esa función era más ideológica, pero era más fome y acabó con el espectáculo. Por eso después de Eurípides no hubo más tragedias a la venta y hubo que esperar siglos para abrir el negocio de nuevo.

Las tragedias en Chile han cumplido el rol de conectar lo que estaba desconectado. Si la clase política se había separado de la sociedad, era imprescindible el montaje que representara el espectáculo de su reunión. Para volver a unir siempre se necesita convocar una energía con un halo religioso (religión significa religare, volver a unir). Como en los poemas épicos, los héroes vinculan su destino con el de su pueblo. No hay mayor integración, mayor solidaridad, mayor liderazgo. Pero en Chile las cosas no estaban para héroes. Los líderes querían compartir el dolor, pero no la victoria.

La clase política en Chile no deseaba realmente volver a unir, simplemente deseaba la mera apariencia de la reunión. La tragedia permite que un solo episodio sea dolor acumulado para vincular a ciertos personajes con toda la ciudadanía. Y es así como en el Chile despolitizado estamos esperando un extra de televisión para saber si ha nacido un nuevo candidato presidencial en medio de la adversidad de su existencia.

23. LA MUERTE DE LA SOCIEDAD DE MERCADO: «NO AL LUCRO»

Y de pronto una sociedad que se jactaba de su liderazgo en competitividad, de sus tratados de libre comercio, de la autonomía del Banco Central, de sus centros comerciales, de su multiplicación de multitiendas, de su inmensa oferta de cajeros automáticos y de la penetración «transversal» de productos financieros; de pronto, decíamos, esa sociedad, dijo «No al lucro». Y parecía tan extraño, era como pedirle al canguro que no tuviera marsupio. O más claro, era como si el canguro se prohibiera a sí mismo el uso del marsupio. Como siempre en la historia, la crítica se expresa en la inversión de los valores, tal y como también se expresa la transformación. Y fue así como el gobierno de empresarios tuvo que perseguir empresarios, las universidades formalmente sin fines de lucro publicitaron que efectivamente no lo tienen (como si el jugo natural de naranja dijera «ahora con naranjas reales») y aparece en la imaginación la posibilidad de pensar un mundo donde el lucro no sea el corazón, sino quizá el brazo, una pierna, un riñón.

Los estudiantes dijeron «No al lucro» en referencia al hecho conocido de que las universidades privadas, formalmente no lucrativas, sí son un negocio. La ciudadanía vio esos enormes carteles sentenciando el fin del lucro. Y vieron que era bueno. La derecha se espantó señalando que cómo era posible cuestionar el lucro, que todos actuábamos por interés, que todos buscaban una ganancia, que nadie tendría un negocio en la esquina si no ganara dinero. Y aunque tenían razón en la mitad del argumento (efectivamente, todo aquel que instala un negocio quiere una utilidad), se equivocaban en la otra mitad, que era la más importante. Nadie negaba el hecho de ganar algo a partir de lo que se hace. Eso fue una caricatura. «No al lucro» significaba decir no a los hechos consumados, decir no a convertirse en una función de una ganancia, significa que cada ciudadano puede desear el objeto, pero no tiene por ello que querer ni menos legitimar la relación inhumana que se le ofrece para llegar a ese objeto (la lavadora, el auto) como único camino. «No al lucro» significaba no aceptar la diferencia de poder en la que habitamos y que transforma ese poder en una ventaja económica para el otro. «No al lucro» es no a la precariedad y no a la injusticia. Suena simple, pero es evidente que borrar el lucro significaba (y todavía significa) una gran transformación.

«No al lucro» habla de la injusticia, de la lucha contra ella. Todos los indicadores sobre justicia social se movieron en 2011 marcando una gran crisis al respecto. Lucro era ganancia y ganancia era concentración, esa era la razón fundamental del desplome de un modelo que perpetuaba la injusticia.

No era cierto, entonces, que el problema estaba en una crítica barata al obvio hecho de que las empresas se orientan por sus utilidades. Nadie estaba pidiendo caridad para siempre, gratuidad en todo, nadie pedía la sociedad absurda de un mundo sin trabajo (como han acusado algunos). El problema es que la torta había sido escondida por algunos y se la estaban llevando toda, estaban especulando con ella para conseguir más torta y además se llevaron el cuchillo para usarlo como arma disuasiva de sus grandes razones para ganar más. Los chilenos vieron que el PIB crecía aceleradamente y sus ingresos no, que el lucro estaba en función de algunos y que ellos mismos eran víctimas de la esperanza que les habían inoculado, pues pagaban caro el costo de vivir unos minutos la ilusión de un vestido nuevo, de una educación universitaria. Vender ilusiones cotizó alto en bolsa.

El fin de la legitimidad y la confianza en las empresas es el fin de la aceptación del orden existente. Para que se llegue a una crítica tan radical, el desplome de la confianza ha de haber sido enorme. Como buena crisis de confianza, ella genera un resentimiento significativo y una gran incomodidad por tener que asumir muchos cambios conductuales. La tendencia siempre es a terminar perdonando el daño y dar una nueva oportunidad. Eso podría ocurrir este 2012. Parecerá entonces que la ciudadanía vuelve al cauce y que todo fue un mal sueño para los defensores del modelo. Pero ya la confianza estará rota y cualquier hecho extraño, cualquier error de las empresas, terminará por devolver al momento de rabia y deseo de transformación. Por tanto, el año 2012 podrá tener ciertas energías contrarreformistas, pero lo cierto es que la reforma está garantizada.

24. LA REPOLITIZACIÓN DEL MUNDO

El fin de los «socialismos realmente existentes», como se interpretó la caída de la Unión Soviética, implicó una serie de interrogantes sobre el mundo que venía. Con el gentil auspicio del mundo libre, dos hipótesis fueron las más estudiadas: que la historia se había acabado y que si bien Hegel tenía razón (es decir, que había un fin en la historia), no era cierto que ese fin era el comunismo (el bueno de Marx se había equivocado) y que, en cambio, era el liberalismo el que había terminado por ser el último reducto de la historia (Marx fue reemplazado por Fukuyama). El libro se había acabado, aunque quizá se podía agregar alguna nota al pie de la página. Complementariamente, si bien la historia terminaba en la dimensión ideológica, hubo quien añadió que eso no implicaba el fin de las hostilidades ni menos de las guerras frías. Y es que había todavía una amenaza para el mundo libre: las religiones fundamentalistas. Huntington, tempranamente, señaló que el conflicto se trasladaba desde la política a la religión, desde las ideologías a la cultura y sus valores en juego. La guerra de los hombres dejaría paso a la guerra de los dioses. La historia se había acabado, no así los ejércitos, que ahora debían defender la inexistencia de la historia.

Bajo este escenario caía la noche sobre la política mundial. Los flujos económicos eran incesantes, lo que se transaba en dos días en bolsa correspondía a todas las exportaciones entre países del mundo en un año, la mayor parte de los países tenían menos relevancia e influencia que una gran corporación. Y así, la liturgia política, las leyes, la diplomacia, eran simplemente fuentes, procedimientos, para garantizar legitimidad y buenas evaluaciones a las decisiones marcadas por los intereses del gran empresariado. La política servía para gestionar los lugares del mundo donde los recursos naturales críticos estaban ubicados, especialmente las fuentes de energía. La máquina necesita combustible y el «orden mundial» no tuvo problemas en demostrar que ni siquiera le interesaban los países con pozos petroleros, sino solo los pozos.

Pero en 1991, un investigador al que le hicieron menos caso que a Fukuyama y Huntington, dijo que el fin de la URSS era en rigor la muerte del liberalismo, pues EE.UU. y la URSS eran dos polos en un mismo sistema mundial, necesarios el uno para el otro. Dijo que un derrumbe pronosticaba el del otro. Se llamaba Immanuelle Wallerstein. Y fue así como hemos visto la crisis del liberalismo económico clásico con la crisis de 1929, la crisis del keynesianismo con la inviable situación europea, la crisis de la síntesis neoclásica con Estados Unidos y sobre todo con Chile. Todas las certezas, todos los modelos, se han derrumbado. El mundo está desnudo frente a sus propios avatares. La única solución es la repolitización. La economía no puede estar sobre la política. Por tanto, la tendencia a la politización en Chile está asociada a igual tendencia en el mundo, siendo entonces parte de un ciclo más intenso y estructural.

25. LA FELICIDAD, LA BELLEZAY LA POLÍTICA

Aristóteles decía que el fin último de la polis es la felicidad. La sentencia parece anodina si asumimos que ello es natural, que la felicidad es un «bien» muy valioso y que el orden político debe buscarla. Sin embargo, esta sentencia guarda profundas consecuencias que exceden con mucho la mera conciencia de la felicidad como un fin de la política. Y es que Aristóteles también está planteando que el modo de conquistar la felicidad se produce, en primer lugar, de manera colectiva y, en segundo lugar, específicamente en el marco de la comunidad política. Es así como la felicidad no se puede privatizar.

El Chile despolitizado es un Chile infeliz. La tasa de suicidios no se cansó por muchos años de ascender hasta las más altas cumbres y el consumo de antidepresivos ha aumentado año tras año, alcanzando metas sorprendentes. Si Chile hubiese crecido en su ingreso per cápita entre el año 1990 y hoy al ritmo que lo ha hecho el consumo de antidepresivos, tendríamos el ingreso por persona de Suecia. Nuestro modelo económico trajo más antidepresivos que dinero.

Si nuestro horizonte emotivo es el miedo, nuestro criterio para tomar decisiones es el tamaño del castigo y nuestra forma de conectarnos con el otro es la caridad; entonces estamos próximos a la muerte. No a la muerte dramática de una ópera, sino a la muerte tibia y carente de voz de quien habita en la mediocridad. Podemos vivir algo de placer, pero seremos, como en la sentencia de Goethe, «hedonistas sin corazón».

Chile reemplazó en su cultura la felicidad. Es difícil saber si es más triste que patético o viceversa, pero nos conformamos con valores como la tranquilidad y el orden. No era tan importante ser feliz; de hecho, no lo era en absoluto. No era un valor social, pues la felicidad se conquistaba privadamente. Pero como era imposible nos conformamos con saber que llegaríamos a casa y «tener la tranquilidad» de saber que nada había acontecido. Con una mentalidad que nos convence de que cada cambio es una tragedia, asumimos que toda novedad habría de ser para mal. Por eso no aspiramos a la felicidad ni a la plenitud. Nos bastó la tranquilidad, que se resumía en no ser asaltado, no sentirse asaltado (cosa distinta), no pasar peligros y sentir que los hijos están protegidos. La cultura chilena se orientó a desarrollarse en el estrecho ancho de banda que va entre la lógica policial y la lógica del mamón. No enfrentar los riesgos y asumir que su existencia es un asunto de otros que deben castigar a los agresores, era la simple sentencia que recorrió nuestras almas. Pero además, estaba el orden, ese baluarte de nuestra cultura política desde Portales en adelante. En 2005, en una encuesta realizada junto a un equipo de investigadores,¹⁰⁰ preguntamos cuál valor le parecía a los chilenos más importante. Instalamos cuatro valores: la libertad, la igualdad, el progreso y el orden. La libertad y la igualdad han tenido buena prensa desde 1879 y asumimos que eran competidores fuertes. Eran valores con presencia multinacional y que, de hecho, de alguna manera monopolizaban el espectro político (hay quienes piensan, como Norberto Bobbio, que la derecha se orienta más a la libertad y la izquierda a la igualdad). Por su parte, el progreso tiene también una fortaleza importante basada en las pretensiones y aspiraciones de una sociedad que puede haber cuestionado el progreso desde el punto de vista filosófico (como un gran relato derrumbado), pero que en el día a día habla de progreso o al menos dentro de su lógica. Finalmente, sabíamos que el orden era un valor fuerte, capaz de competirle a todos los anteriores. De competirle, pensamos. Resulta que ganó, acercándose al 30 por ciento de las preferencias. El orden portaliano era más importante que la Revolución francesa, que la riqueza de las naciones, que el positivismo. El orden portaliano era nuestra alma nacional. Ello explicaba el liderazgo de Pinochet, que viviendo años de crisis y amenazando respecto a que no se movería una hoja sin que él lo supiese, logró aun así concitar la adhesión y obtener una votación histórica para la derecha en el plebiscito de 1988. Nunca antes y nunca después un «candidato» de derecha había obtenido en Chile más del 40 por ciento de las preferencias de entre todos los mayores de dieciocho años.

Pinochet no obtuvo tal aprobación a pesar de su tono amenazante. Lo obtuvo precisamente por ello, por su promesa de orden. Años después, en 2002, en una investigación cualitativa donde abordamos el tema de la delincuencia, todos los entrevistados señalaron que de alguna manera el aumento de ella tenía relación con la llegada de la democracia, pues el «pueblo» en democracia se sentiría más libre y cometería delitos. La reflexión la hicieron incluso votantes comunistas, perseguidos políticos. Pinochet era el orden porque era la amenaza. Pinochet sí interpretó el alma nacional. No es difícil imaginar la aprobación que podría haber tenido si el precio del cobre hubiera estado a los niveles del Chile de los años dos mil. Si se ha hecho norma para nosotros operar con un cobre sobre los tres dólares la libra, Pinochet lo hizo con un precio menor a un dólar. Y el pinochetismo popular, del que la UDI es heredera y tiene presencia nacional en los sectores más desposeídos, se explica fundamentalmente por esta compulsión por el orden, por el control de los impulsos que las armas parecerían ser capaces de producir sobre sujetos inmaduros, cuyo control interno estaría desactivado. El orden es así un residuo del miedo y, por tanto, es una consecuencia de la expectativa de una agresión. Esta es la cultura que ha terminado siempre por llamar a los militares, la que dice que el orden público después de un terremoto lo tienen que poner las Fuerzas Armadas y la que piensa que en el estado de sitio hay civilización.

Chile se aferró al consumismo porque en medio de la nada quedan los objetos. Además, en Chile inventamos toda clase de procedimientos de analgesia, desde historias que nos contaríamos nosotros mismos para calmar el espíritu, hasta psicotrópicos y otras drogas. Todo se afirmaba en un pilar, que estaba en el horizonte: la fantasía de un futuro mejor. No había que tocar nada porque nos dirigíamos al éxito. Había que sentarse a ver al Kike Morandé, en quien vimos, vemos y veremos al patrón de fundo buscando diversión en un café boîte del barrio.

Chile se aferró a la felicidad porque se está obligado a ser feliz en una sociedad que consume esa felicidad para conseguir otras cosas, al revés de la lógica natural de la economía del bienestar. Los chilenos han usado la felicidad como combustible, apelan a ella para ser aceptados, pero no se orientan a producirla, sino a consumirla. El ciudadano debe levantarse feliz y desde ahí en más usar esa satisfacción para su beneficio.

Quedar excluido de la felicidad es un momento de mediocridad. Lo mismo acontece con el quedar excluido de la belleza. Pero esa idea, la de privar a otros de algo valioso, es parte del problema. Los países no son museos y es bueno que los distintos habitantes hayan transitado diferentes caminos. No es sano quitarles la ocasión de vivir la belleza, por ejemplo.

Uno de los rasgos más dramáticos del Chile despolitizado es la pérdida de relevancia de la belleza. Es quizá el primer atributo que se daña en una sociedad donde no importa lo que aportemos al otro. Las casas y los departamentos se vuelven cárceles por fuera y comodidades por dentro, objetos puestos unos sobre otros a la busca de un prestigio que nunca aparecerá. Las casas son un compilado de objetos, pero no porque se busque su armonía, sino como resultado de sucesivas experiencias de compra en el centro comercial. Y a su vez, los centros comerciales son unas edificaciones espantosas, construidas inorgánicamente, caja tras caja, trozo tras trozo, con el solo interés de tener pasillos y tiendas que se puedan recorrer en un clima de venta. No hay asientos para que haya movimiento, no hay muchas informaciones para que haya desinformación y recorridos constantes. De seres que en su deambular sean capaces de seducirse con los productos en vitrina. Y las vitrinas son carteles de ofertas en inglés para informar que el mundo se está acabando y que ahora sí es el momento de excitarse en forma de tarjeta de crédito. Y claro, podemos decir que ese mundo es absurdo, pero es algo más: es feo.

Todos sabemos que se van derribando las casas antiguas para construir moles de departamentos y oficinas cuya escala contrasta absurdamente con todo lo que le rodea. Paz Froimovich y otras inmobiliarias deberían indemnizar al país por toda la fealdad producida. Cuánto amor por la destrucción, cuánta falta de respeto acumulada. Pero todos somos culpables. Todos sabemos que gastaremos más dinero en seguridad que en belleza del hogar, pintaremos menos la casa por fuera que por dentro, que cuidaremos más el jardín interior que el exterior. Nos hemos despolitizado, esa es la única razón.

El placer de los sentidos queda postergado cuando no se entiende la existencia del otro. También los artistas se vuelven anodinos en ese mundo, pues su orientación es a competir por el logro de ese atributo etéreo llamado «onda» (y así el problema es quién la tiene en mayores grados) y no es la idea explorar las profundidades del alma humana para conectar con lo universal desde algo particular.

Cuando no hay política los demás son actores de reparto de una película donde yo soy el único protagonista. Una soledad olímpica recorre el alma del despolitizado, sintiéndose tan superior como triste a la vez. No es un talento en el arte despolitizado el encuentro con otra subjetividad, solo importa el impacto y la sensación caricaturesca de habitar una vanguardia. El artista quiere todos los atributos del genio, pero no quiere al romanticismo que lleva la genialidad de contexto; quiere todos los beneficios de ser sensible, pero su sensibilidad política será un discurso y nada más que eso.

La belleza es un asunto político porque la existencia de propuestas más allá de lo funcional restablece el espíritu, porque el erotismo es parte de la vida y la belleza es sublimación de lo erótico. La belleza no tiene razón alguna para estar siguiendo las normas establecidas de una cierta forma de belleza, bien puede incluso ocupar recursos de la fealdad. Pero lo que está detrás de ella es la autenticidad de las relaciones, la expresión de contenidos, la construcción de un repertorio espiritual y emocional que no depende de un dogma y una doctrina impulsada por una fuerza superior.

La orientación a la moda es la mayor sofisticación de una sociedad despolitizada, tal y como el precio es la menor sofisticación para tomar una decisión sin política. En cambio, una sociedad donde la política tiene valor generará el despertar del lenguaje, de la comunicación y del esfuerzo más complejo dentro del proceso de comunicación: hacer universal el mero gusto, que es particular. La belleza es un encuentro con el otro y por eso necesita política. Y mucha. El renacer de la política en Rusia desde el año 1905, cuando hubo un contexto prerrevolucionario, supuso el estallido artístico de las vanguardias que terminaría en la Revolución de octubre. La enorme polítización de las grandes guerras, las que llamamos mundiales, entregó las épocas más fértiles del desarrollo de las artes y el intelecto.

La experiencia estética se empobrece cuando no hay una cultura que la sustente, un conjunto de valores y prácticas que otorguen un marco a la mera percepción. Las experiencias estéticas no acontecen de la nada, el gusto tiene sus condiciones en la sociedad y el relativismo es uno de sus rasgos. Sin embargo, el desarrollo del gusto se da con ciertos puntos de referencia. Una comunidad sin lenguaje (con un lenguaje empobrecido) reduce su experiencia estética. Describa un edificio, haga el ejercicio. Inténtelo con puerta, sala, salón, pasillo, sector, patio, ventanas, ventanal, adorno. Ahora inténtelo con portal, pórtico, friso, vestíbulo, ala y galería. La posibilidad de transmitir al otro su experiencia mejoró radicalmente con cinco palabras que son más precisas que las anteriores. Sin esas palabras, ni usted ve lo que ve, ni el otro puede conocer lo que no está presente. Cuando mejora el lenguaje, su capacidad de transmitir experiencia se hace superior y la posibilidad de construir una experiencia más poderosa se consolida.

A fuerza de perder categorías, la realidad se debilita, se hace gruesa (que es sinónimo de grosera) y esa fragilidad se traslada a la percepción. La ausencia de juicio estético redunda en una incapacidad para relacionarnos con nuestro entorno. Ni siquiera las emociones son completamente naturales; menos, las percepciones. Un bebé nace y puede confundir la alegría con la rabia o la tristeza, por lo que puede reírse mucho y luego llorar precisamente porque se le confundieron sus emociones. Una sociedad inmadura, sin haber vivido experiencias estéticas constantes, no sabe distinguir lo que le gusta de lo que no. Y ante eso una sociedad puede derrumbarse estéticamente mientras se continúa tolerando la fealdad.

En una columna del jueves 15 de marzo de 2012, en El Mercurio, Cristián Warnken¹⁰¹ elabora una poderosísima reflexión en torno a esta problemática en Chile:

La aberración del mall de Castro, la desmesura de la torre del mall Costanera Center, el mall Barón en el borde costero de Valparaíso, la presuntuosa y disruptiva casa central de una universidad privada frente a la tradicional y arquitectónicamente noble Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, son solo la expresión más visible de un deterioro profundo y tal vez menos evidente, pero más medular que una pura «antología nacional de la infamia arquitectónica».

Tiene razón Warnken. El problema es más profundo que malos arquitectos. El asunto está por todos los sitios, en las voluntades de los que construyen, en la tolerancia o indolencia de los que miran, en la resignación de los vecinos, en las autoridades que aprueban mirando criterios básicos y que consideran que todo lo legal está por tanto sacralizado para ellos.

¿Por qué lo que atenta contra el espacio público y el bien común, lo que puede deteriorar la calidad de vida de los otros, logra imponerse con tanta facilidad e impunidad?

La pregunta plantea el problema en el centro. Nadie dice que será fácil establecer criterios, nadie dice que las regulaciones son todas buenas, pero es evidente que las ciudades son algo demasiado importante para dejarlo en la mera complacencia de una norma abstracta. Hay formas de ser legal y ser irrespetuosos, hay formas de cumplir la norma y ser antiético. Una sociedad sana es capaz de resolver aquello, de dar un espacio a la ética mínima que toda comunidad requiere. Dice Warnken:

El empresario que «sueña» una torre o un mall de manera narcisista y egoísta, el arquitecto que proyecta la obra sabiendo en el fondo de su alma que se trata de un horror, los alcaldes que hacen vista gorda de los efectos de estas «intervenciones», el funcionario que firma el permiso de construcción respectivo, el ministro que reacciona tarde, el parlamentario que no fiscaliza a tiempo, cada uno de ellos, en su esfera de acción propia, es responsable de sus actos y omisiones. No es cierto que porque la legislación lo permita, yo pueda desde destruir un entorno patrimonial hasta producir un colapso vial que arruinará la calidad de vida de miles de mis compatriotas, y sentir que lo que hago no es éticamente reprobable porque está legalmente permitido.

La descripción de Warnken es impecable, pues alude a la cadena de sujetos que se comportan como funcionarios o niños, pero que no son capaces de ejercer su ciudadanía responsablemente. La torre Costanera Center es uno de los ejemplos más claros que ha parido la historia chilena, atentando mediante su escala a todo principio de incorporación en la polis. No respeta los edificios que están a su lado, ínfimos. No respeta los flujos vehiculares, que alterará para siempre. Las autoridades hablan de obras de mitigación, es decir, asumen que quedará un desastre y que solo debe ser el menor posible. El edificio tiene una cantidad de oficinas que compite con todo el barrio donde se emplaza. El edificio pretende la concentración de todo: del poder, de las relaciones comerciales, de la visibilidad. Si hay una acusación justificada de falocentrismo y narcisismo infantil, es esta.

Pero en estos temas el deterioro de los espíritus ha llegado muy lejos. La falta de política ha convertido a Chile en un país donde muchos ciudadanos no están en condiciones siquiera de evaluar un lugar, un emplazamiento, su propio hogar sin usar categorías empobrecedoras. El odio a una visión conceptual de la ciudad, la intolerancia a la existencia de formas alternativas de hacer las cosas y el juicio a la belleza por ser presuntamente ofensiva, aparecen a cada instante y, por de pronto, no son menos frecuentes que la sentencia que acusa a toda visión de respeto por el entorno como directamente retardataria, atentado contra el progreso. Es así como algunos días después de la columna de Warnken, responde en una carta al director de El Mercurio un señor llamado Patricio Mackenna. En una misiva que no honra ni el talento ni el sentido estético de quien seguramente fue su pariente (Benjamín Vicuña Mackenna), acusa al columnista de que «en su última publicación se deja llevar por su fuerte tendencia a lo bucólico» ¹⁰² y agrega que «en efecto, no parece justo meter en el mismo saco» los casos de los centros comerciales Costanera Center y de Castro, con el caso de la Universidad San Sebastián, que se (según lo planteado por Warnken) se presenta disruptiva frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y en ese sentido emerge una defensa que es muy interesante de analizar, pues añade: «El edificio de esa universidad, bien logrado, ha dado prestancia al barrio universitario y al comienzo de Pío Nono. Si se hubiese podido remodelar la plaza frente a ella y la Facultad de Derecho, mejor aún hubiese sido. La pirámide de cristal frente al Louvre no empaña para nada el edificio del museo y, sin embargo, es disruptiva». La defensa de la Universidad San Sebastián exuda pobreza ciudadana por todos los poros. El mencionado edificio de la nueva universidad realiza un gesto de violencia muy típico en la historia. Quizá este gesto, de hecho, es el menos enjuiciable en negativo. Normalmente todo poder nuevo (aquí las universidades privadas) intentará erigirse en el mismo emplazamiento que antes ocupaba el poder que dominó largos años un lugar (aquí la Universidad de Chile). Las iglesias se instalaban en la Edad Media en lugares concurridos en homenaje a los dioses paganos. Así se hereda el público, se deja en claro quién tiene el poder y se garantiza la ausencia de todo vestigio de los derrotados. El momento anterior a la destrucción se caracteriza, siempre, por el asedio. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile está llena de sedes de centros privados a sus espaldas y al frente. Y justamente, en su sector frontal, se relaciona ahora con un edificio que se construyó expresamente buscando demostrar un par de metros más de altura y haciendo una cita a la forma general de la antigua facultad, pero con materiales contemporáneos, en un claro esfuerzo por mostrarse como el inevitable futuro. Pero, como decíamos, lo peor está en lo que efectivamente es su carácter disruptivo. Normalmente la disrupción plantea una tensión estética. Siguiendo el ejemplo, la pirámide frente al Louvre, que tiene veinte metros, siempre es más baja que todas las torres centrales o laterales que los edificios de los costados. Más aún, normalmente su cúspide se encuentra visible para el visitante sin alterar la visibilidad de ninguno de los sectores del edificio. Al tiempo, el centro de gravedad de la pirámide coincide con el del patio donde está emplazada y cita una pirámide invertida que está subterráneamente en el mismo palacio. Su carácter disruptivo es simplemente (y generó polémica) por la combinación de elementos clásicos con el modernismo. Sin embargo, por más diferencias de gusto que pueda haber sobre esto último, en ningún caso se puede pretender que la pirámide busque un conflicto estético con el museo. En el caso de la Universidad San Sebastián, en cambio, la violencia sí es un componente de su construcción. Su construcción estuvo llena de violencia simbólica, incluyendo el proyecto citado por Mackenna de instalar frente a frente de la Facultad de Derecho una escultura gigante de Juan Pablo II, el anterior Papa de la Iglesia católica. No cabe duda, en presencia de ello, que el interés no oculto de esa búsqueda arquitectónica y escultórica era rodear la Universidad de Chile y demostrar la potencia de la mirada eclesial y privatizada de la educación chilena. Por demás, el entorno de la Universidad San Sebastián no es respetado: necesariamente un edificio en esa zona debe relacionarse con el cerro San Cristóbal y con el río Mapocho y su puente Pío Nono. Ello no acontece. Su tamaño y geometría no hacen cita alguna al cerro, ni respetan las curvas y sinuosidades mínimas. Y la falta de pliegue del acceso del edificio hacia el puente da la sensación que prescinde de él y otorga la espalda. Por demás, el hito arquitectónico del lugar es la columnata de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con sus columnas estilizadas, sobrias y rectas, en una clara alusión a la búsqueda del lugar donde se formarían abogados y líderes políticos. Al respecto, la Universidad San Sebastián no se pronunció. Solo supo de tamaños y una materialidad nueva.

Pero el señor Mackenna se enoja con el columnista Warnken porque «mete en el saco» de las aberraciones a esta edificación. Y en realidad su razón de fondo es una sola, esa que los chilenos han llamado lucro y que hoy está impugnada. Lo dice del siguiente modo: «Para vivir en el mundo que añora Cristián Warnken, debiéramos arrancarnos a los territorios de Tompkins, cuidándonos de alejarnos de las carreteras que pretenden impedir construir y que, aunque violen el paisaje, son básicas para dar conectividad al país y calidad de vida a los chilenos». Es esta una acusación clásica para quienes se niegan a algún proyecto por razones de bienestar local, de belleza, de respeto a la urbe. Se asume que el progreso ha de significar costos que asumir, que no se puede tener todo. Y uno de esos costos es vivir en un entorno inadecuado, horrible, hasta que se tenga suficiente para poderlo gastar en asuntos superfluos. De hecho, la columna termina diciendo: «Antes manyar, después filosofar». La sentencia última es directamente una ofensa. De no ser por todos los que han reflexionado en la historia, estaríamos manyando igual que hace miles de años. La gracia de nuestros ancestros es que filosofaron sin comida y que gracias a ello nos entregaron un mundo más grato de vivir. Hay más comida porque hay mayor conocimiento, tecnología, ingeniería. Y ello existe gracias al desarrollo de la cultura y la filosofía en todas sus formas. Los verdaderos ciudadanos no comen y después transitan a la filosofía. Los verdaderos ciudadanos saben que su filosofía y su comida son esenciales por igual. El señor Mackenna sirve de buen ejemplo del modo de pensar en el Chile despolitizado. Sobre todo porque el despolitizado, al final tiene convicciones volubles. Pocas semanas antes, en carta a otro medio de comunicación, La Tercera, el mismo señor Mackenna defiende con idénticas razones el mall de Castro, en Chiloé. Y señala que

la política de que por cultura, ecología, etnias u otros romanticismos todo es intocable, impide el desarrollo de toda la comunidad. Los chilenos, incluidos los chilotes, necesitamos acceder a los bienes de consumo sin tener que viajar cuatro horas para lograrlos; se requiere de represas para tener energía y aeropuertos para comunicarnos. Si para satisfacer nuestras necesidades debemos tener menos ciudades Patrimonio de la Humanidad, ríos menos agrestes e impolutos, o trasladar los muertos de algunas etnias de su lugar de descanso a otro, tendremos que hacerlo, porque la cultura es parte de la calidad de vida, pero no lo es todo.¹⁰³

Sin embargo, cuando aparece la columna de Warnken, el señor Mackenna acepta el carácter aberrante de la obra chilota, sobre la que anteriormente señaló que «en mi opinión, se puede discrepar de su tamaño o de su ubicación —que quizá pudo ser alejada algunos metros—, pero no del hecho de levantarlo, porque el desarrollo cultural de Castro, así como el del país, no debe ir en desmedro de la gente y de su calidad de vida». La calidad de vida, así, es vista en función del acceso a bienes, servicios, consumo, pero no al aumento de espesura cultural. Más aún, ambas cosas son vistas como contradictorias. Con ese mismo argumento se señala que no tiene sentido financiar arte más allá de la decencia mínima para no parecer un pueblo ignorante. Alguna vez, conversando con uno de los diseñadores del crédito con aval del Estado, puse el ejemplo sobre qué sentido tenía ver una carrera como inversión cuando se estudia filosofía o arte, que son carreras fuertemente vocacionales y con un mercado laboral discreto en Chile. Su respuesta fue simple: «Supongamos que esas carreras se cierran».

El sujeto despolitizado no vive eventos a su alrededor, por ello no necesita lenguaje. No le interesa la vitalidad, sino el orden y la tranquilidad. No quiere una vida (pues la puede perder), sino el simulacro de ella, ya que los simulacros nunca se pierden.

26. LATESIS DEL PODERTOTAL: PODER ECONÓMICO, PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, ¿Y EL PODER JUDICIAL?

El avance de la concentración de poder ha tenido en Sebastián Piñera su momento más burdo, pero también más intenso. El arribo de los «conflictos de intereses», que no es otra cosa que el encuentro de los intereses económicos con el poder político, ha sido señal de acumulación sostenida de poder en la elite empresarial, que termina el secuestro de la política. Si el poder de los gobiernos logró quitar el poder a la ciudadanía y luego limitó los poderes de los legisladores, solo fue en el horizonte de facilitar la toma de posesión de todo ese poder por el mundo empresarial. Por supuesto, el poder de todo gremio es también el poder de una parte de ese gremio. El triunfo de Piñera no solo significa el triunfo del empresariado, es también la victoria de una parte específica del empresariado, de ciertos grupos económicos que van ganando terreno en el actual orden.

Pero los «conflictos de intereses» no son en realidad la única zona de avance de la concentración de poder en Chile por parte de Sebastián Piñera. El «caso bombas» y el «caso del paquistaní», dos casos donde el gobierno se hizo parte, siempre vinculado al mismo personaje, Alejandro Peña, fiscal regional de la Zona Sur Metropolitana, fueron una señal potente donde el gobierno, tanto en lo explícito como en lo implícito, intentó tener un control relevante del Poder Judicial. En el «caso bombas» trató de condenar a anarquistas supuestamente vinculados con seis explosiones de bombas ocurridas desde 2009 a 2010, al tiempo que se les acusó de asociación ilícita terrorista. Las bombas que dieron inicio al caso eran más de cien artefactos que habían detonado desde 2003 en adelante, pero finalmente la causa se concentró en veinticinco sospechosos y luego en veintiún imputados por haber participado en las detonaciones de seis bombas. Hubo catorce detenidos y estuvieron en la cárcel esperando el fin del proceso durante casi nueve meses.

El 6 de mayo de 2011, el periodista Boris Yaikin realizó una cronología del «caso bombas» en La Tercera.¹⁰⁴ Dicha cronología es muy interesante, pues da cuenta de la escalada que se produce en el caso desde que Piñera asume el poder, al tiempo que se puede apreciar la irrupción del fiscal Peña y la aparición en tiempos cercanos a la realización de la nota de la tesis del montaje. El complemento que otorga conocer los hechos posteriores, que demostraron la ausencia de pruebas en contra de los imputados, permite al menos ilustrarse sobre las posibles trenzas de poder que se articularon en este caso. A continuación se transcriben algunas de las fechas clave de la cronología presentada por La Tercera.

30 de mayo de 2010: El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que esperaba que en menos de un año se aclararan los bombazos que han afectado al país.

31 de mayo de 2010: «Concordamos con el gobierno en que hay que ponerle celeridad a la investigación, pero no se pueden poner plazos, eso no corresponde. El único plazo lo fija el tribunal después de la audiencia de formalización», manifestó el fiscal nacional, Sabas Chahuán.

14 de junio de 2010: El fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió nombrar a un nuevo fiscal para que se haga cargo de la investigación por los más de cien atentados explosivos registrados en Santiago. El entonces fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña, fue designado «para encabezar las indagatorias que buscan determinar a los responsables».

16 de agosto de 2010: Los abogados de los catorce detenidos visitaron en la cárcel a sus defendidos y acusaron presiones para lograr que sean juzgados. Alberto Espinoza, defensor de Rodolfo Retamales, dijo a La Tercera que «hay desproporción de cómo están actuando las instituciones en el caso» y que esto queda demostrado al verse «debilitada la independencia del Ministerio Público por influencia del Ministerio del Interior».

18 de agosto de 2010: Más de diecisiete horas duró la formalización de cargos por asociación ilícita terrorista en contra de los quince imputados por el «caso bombas».

Ocho de los detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros seis quedaron con medidas cautelares como arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse a las casas okupa. El otro sujeto ya cumple condena por otros cargos. Según Peña, la red anarquista comenzó a operar en 2005 y se le atribuyen al menos veintitrés atentados con bombas.

Tras la audiencia quedaron con arresto los exlautaristas Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales —a quienes la fiscalía sindica como líderes de la agrupación—, Andrea Urzúa, Francisco Solar, Mónica Caballero, Felipe Guerra, Mario Hermosilla y Vinicius Aguilera.

18 de agosto de 2010: El ministro Rodrigo Hinzpeter calificó de «grave» la vinculación de una exfuncionaria de gobierno en una escucha telefónica, expuesta como prueba en la audiencia.

«Una investigación de esta naturaleza, compleja, pero muy importante, tiene que cubrir todas las aristas, y si hubo personas que trabajaban en materias de seguridad ciudadana dentro del gobierno anterior, que tuvieron relaciones o ayudaron a quienes hoy son formalizados por asociación ilícita terrorista, eso es un tema muy grave que tiene que ser investigado», dijo el ministro.

28 de abril de 2011: El sacerdote Alfonso Baeza reiteró la acusación de montaje por parte del gobierno. El caso «se presta para pensar con bastante exactitud la idea de un montaje», dijo en radio Cooperativa.

Es cierto que la información con la que los ciudadanos contamos en estos casos es meramente referencial y completamente insuficiente para tener certezas y menos exactitudes. No es menos cierto, sin embargo, que todos contamos con el derecho de generar un relato con lo que se sabe. Si seguimos la ruta de las informaciones aquí seleccionadas, veremos que no bien se había iniciado el caso se produce un primer entredicho entre Chahuán y Hinzpeter. El primero explicita de inmediato la imposibilidad de instalar plazos desde el poder político sobre el judicial, haciendo clara alusión a una presión indebida ejercida públicamente por el ministro del Interior. Luego de esto, no tenemos más noticia de la relación Chahuán/Hinzpeter hasta que el primero nombra un nuevo fiscal para el caso, pasando el control de la acusación desde las manos de Armendáriz (Fiscalía Regional Metropolitana Oriente) a Peña (Fiscalía Regional Metropolitana Sur). Por los hechos posteriores, que terminarán en la cercanía de Peña con Hinzpeter, podemos considerar que este momento está marcado por un éxito del ministro del Interior en su búsqueda de influir en el caso. Pocos meses después, en agosto (el cambio de fiscal se produce en mayo de 2010), los abogados defensores plantean la reducción de autonomía del Ministerio Público respecto a La Moneda. Más tarde vemos que es el mismo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien levanta la posible vinculación de uno de los imputados del «caso bombas» con una exfuncionaria de temas de seguridad del gobierno de Michelle Bachelet. Esta arista no tuvo posterior desarrollo, más allá de un par de días de prensa, pero revela que el esfuerzo por politizar el caso provino claramente del gobierno de Piñera.

El caso objetivamente es, en principio, levantado con éxito por el fiscal Peña. Las denuncias de montaje que tempranamente comenzaron a aparecer no tuvieron gran revuelo público. Ello no obstante, Francisco Solar, imputado en el caso, señaló en su declaración que el fiscal Peña le ofreció quedar en libertad si asumía su participación en las bombas. Esto no llamó en exceso la atención, quizá por el influjo de las películas judiciales norteamericanas donde este tipo de prácticas parecen habituales. Sin embargo, lo concreto es que el «caso bombas» terminó con el sobreseimiento definitivo de los acusados. Antes de ello, el fiscal Peña abandonó sorprendentemente su cargo y llegó a trabajar al... Ministerio del Interior. Las diferencias, los rumores iniciales al abandonar el cargo y los hechos posteriores, cuando Peña asume el cargo de jefe de la División de Estudios de la cartera, muestran una descoordinación que requiere de examen. Y es que las primeras versiones, emitidas por La Tercera, indicaban que la labor del exfiscal sería la de vigilar huelgas y conflictos sociales, pero Hinzpeter aclaró que trabajaría en combatir la delincuencia y el narcotráfico. En segundo lugar, pero de hecho más importante, se debe destacar que objetivamente el cargo antes ocupado (fiscal metropolitano) es, en todo caso, muy superior al cargo posterior (jefe de estudios de Interior). Los dos antecedentes hacen pensar como plausible que la salida de Peña, en un caso que se iba desbaratando y que terminaría en sobreseimiento de los imputados, sea más bien obra del debilitamiento de la influencia del gobierno en los tribunales.

Chahuán realizó una nueva ofensiva luego de la salida de Peña. Pues de hecho, el 13 de abril de 2011 «insistió en que es legítimo que los fiscales regionales busquen otras expectativas de trabajo», pero asimismo dijo: «Es también legítimo que la ciudadanía no quede con dudas de dónde van a trabajar los fiscales».¹⁰⁵ Su reflexión, proviniendo de la máxima autoridad nacional del Ministerio Público, jefe de todos los fiscales del país, es muy grave, pues usurpa el nombre de la ciudadanía para decir que hay dudas sobre dónde van a trabajar los fiscales. En el fondo plantea la necesidad de otorgar formas concretas de independencia funcionaria respecto al Ejecutivo, de un modo tal que no se puedan traficar influencias. Y es que, de hecho, «insistió [Chahuán] en que sería positivo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo exploren la idea de legislar para regular la salida de los fiscales, en cuanto a seguir pagándoles sus sueldos mientras buscan trabajo.¹⁰⁶ La reflexión laboralista debe ser entendida como un planteamiento muy radical sobre la mermada independencia funcionaria.

La escasamente elegante señal de Hinzpeter de llevarse directamente a Peña a palacio es una manifestación clara de querer precisamente marcar su propio acto. Ninguna autoridad toma una decisión de esa naturaleza sin saber las consecuencias. Pero ¿qué decisión ha de ser? Si es cierto que Peña estaba acorralado por las circunstancias, tanto en el «caso bombas» como en el «caso del paquistaní», ambas querellas donde el Ministerio del Interior era parte, no es posible leer la situación sino como un acto de protección. Peña se refugia donde los poderosos. Y si bien el Poder Judicial puede defender su territorio y fue exitoso, no puede pretender irse a meter a la casa de gobierno.

El «caso bombas» ha terminado por desmoronarse. Los tribunales hallaron errores procedimentales y falta de pruebas para todos los cargos imputados, desde terrorismo hasta haber puesto las bombas. El gobierno y la prensa afín han intentado, a comienzos de junio de 2012, desviar el problema político que esto supone desde el palacio de gobierno hacia la fiscalía, evitando tomar la responsabilidad por parte del ministro del Interior, querellante en la causa y quien sostuvo permanentemente la necesidad de sancionar a los detenidos a la brevedad.

De cualquier modo, Chahuán no se ha cansado de explicitar su preocupación por lo acontecido en el «caso bombas». De hecho, en octubre de 2011, «el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió al sobreseimiento definitivo de siete de los acusados del caso bombas y señaló que por esto va a pedir un informe completo al equipo de fiscales de la Fiscalía Sur una vez que termine el proceso. Esto para ver dónde fallaron los equipos a cargo y también para hacer la autocrítica necesaria».¹⁰⁷

No es quizá en vano que a fines de 2011, en una pequeña fiesta en el palacio de La Moneda, junto a periodistas, el ministro Hinzpeter haya dedicado una canción de Juan Gabriel a Sabas Chahuán. La incomprensible escena, o fue un momento de autenticidad expresiva, donde se manifestaron oscuros deseos pasionales del ministro, o fue una ironía contra Chahuán por alguna clase de semejanza con el cantante mexicano (física, actitudinal o ideológica), o fue parte de una pulsada, una medición de fuerzas de Hinzpeter con Chahuán, donde todos los recursos valen. Por supuesto, bien podría ser una mera estupidez, pero todos nos reservamos el derecho a suspender esos juicios sobre autoridades del país. Pues bien, a sabiendas de que ese gesto llegaría a ser conocido por Chahuán, pues estaban periodistas, aunque sin imaginar que estaba siendo filmado por uno de ellos y que saldría en las noticias, Hinzpeter dedicó la canción y con ello quizá puso el punto final al párrafo que escribía su rabia y a una historia donde la apropiación del Poder Judicial no había funcionado. Y es que no se debe olvidar que a fines de agosto de 2011, el Poder Judicial dio una clara señal de autonomía cuando el día 25 de ese mes, por la noche, mientras se realizaba un cacerolazo posterior al último día de paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, el joven estudiante Manuel Gutiérrez fue asesinado de un disparo cuando cruzaba una pasarela peatonal en la comuna de Macul, en Santiago. Las primeras versiones del gobierno, carabineros y sus adherentes fueron taxativas negaciones de la hipótesis de la familia que decía haber visto al autor de los disparos, un carabinero situado en el asiento del acompañante de un vehículo policial. Carabineros incluso rechazó la existencia de una investigación interna y el diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil señaló que entre creerle a los «violentistas» (sic) y creerle a los carabineros, él prefería a estos últimos. Sin embargo, el día 29 de agosto, un par de horas antes de que el fiscal encargado anunciara el giro en el caso, Carabineros de Chile confirmó que efectivamente era miembro de sus filas el autor del disparo que había arrebatado la vida a los dieciséis años a Manuel Gutiérrez. El disparo se había hecho con una subametralladora Uzi y el autor de los disparos, Miguel Millacura, junto a otros tres funcionarios de Carabineros, fueron dados de baja; al tiempo que Sergio Gajardo, general que había descartado la participación policial, fue llamado a retiro. El vuelco produjo una crisis política de proporciones, que terminó con la salida del general Gordon como director general de Carabineros. La historia oficial dirá que justo algunos días después se destapó la denuncia contra él de haber modificado un parte por un accidente de tránsito que involucró años antes a su hijo. La señal era evidente: Gordon había perdido el favor político de las autoridades. Al día siguiente, negando cualquier relación con los hechos (tanto del parte como de la muerte de Gutiérrez), Gordon renunciará a la institución por problemas graves de salud, siempre tan útiles para estos fines.

Cabe señalar que en ese instante, el desplome del gobierno en las encuestas y el de todo lo que había alrededor de sus operaciones políticas de rutina, revelaron una crisis brutal, justo un día antes de la reunión con los estudiantes de la Confech, que había citado el presidente Piñera sin haber anunciado nada al ministro de Educación, Felipe Bulnes. La atención pública se hallaba sobre esta crisis y todo parecía que el gobierno acabaría por desangrarse en su aprobación. Pero tuvo un respiro. Una tragedia enlutó a Chile y la tesis de la comunidad en el dolor se hizo carne con la muerte, en un avión de la FACH, de un equipo de televisión y una fundación. La clave es que en ese avión viajaba uno de los animadores de televisión más queridos y respetados, Felipe Camiroaga. Objetivamente Chile cambió de foco y el gobierno pudo respirar un poco más holgadamente.

Pero no nos desviemos. En enero de 2012 se anunció que el Ministerio Público fue sancionado por un fallo a cancelar el costo del proceso judicial por el «caso bombas». Y aunque la idea tan reiterada que dice que las autoridades políticas no comentan los fallos de los tribunales estaba agonizante, Chadwick no tuvo problemas en finiquitar su crimen: «El secretario de Estado manifestó que si bien al Ejecutivo le hubiese gustado que el juicio continuara, se debe respetar la acción de los tribunales que desestimaron las acusaciones de asociación ilícita terrorista contra un grupo de catorce jóvenes que pasaron ocho meses en prisión».¹⁰⁸ El gobierno manifestó su disidencia con el sistema judicial, insistiendo en la tesis dura de los casos emblemáticos de su intervención (bombas y paquistaní), al tiempo que intentó enviar los problemas asociados al aumento de la delincuencia al Ministerio Público. La estrategia del gobierno es simple: ya que el fiscal nacional no está dispuesto a alinearse con el gobierno y no se hace parte de «la solución», pues bien, se le considera parte del problema. No importa que la propia fiscalía deba pagar las costas judiciales de un proceso que fue motivado desde La Moneda con un fiscal que ha demostrado ser algo más que afín al gobierno (Alejandro Peña). No debemos olvidar que al obligar a la fiscalía a pagar el costo del proceso, le hace expresa mención a que ese caso estaba injustificado y nunca debió ocurrir. Esa señal es suficientemente potente como para comprender la postura que el Poder Judicial adoptó a partir de la convicción que construyeron durante el proceso.

Lo cierto es que ha sido muy evidente que el gobierno ha decidido culpar al Ministerio Público de sus fracasos en la delincuencia. Simplemente copio un fragmento de la noticia publicada por el portal de noticias de El Mercurio en Internet (www.emol.com) que señala el 18 de noviembre de 2011:

Santiago.–En un nuevo capítulo de la polémica de los fiscales con el gobierno, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, expresó que entiende que la función del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el tema de la delincuencia es coordinar a los actores del sistema y hacerlos dialogar, pero advirtió: «No tiene el derecho de pautear a los otros órganos del Estado».

Las declaraciones fueron vertidas por la autoridad del Ministerio Público luego que una serie de prosecutores lo visitaran hoy para respaldar su gestión, esto luego que el jefe de gabinete lo emplazara a tener una política de persecución criminal clara, en alusión a algunos procedimientos en que fiscales dejaron libres a personas que a juicio del gobierno deberían haber sido aprehendidas.¹⁰⁹

Lo más complicado es que el propio medio de comunicación tiene una postura clara sobre el tema. Varios meses después de esta noticia, la página editorial de El Mercurio le dedica un espacio importante a argumentar implícitamente que la puerta giratoria puede tener que ver con la falta de eficacia de los fiscales en la persecución, como también le da espacio a señalar que las denuncias sobre falta de coordinación entre fiscalías y jueces son ciertas.¹¹⁰

A fines de enero de 2012, el «caso Alejandro Peña» y el presunto montaje del «caso bombas» renació luego de una carta en El Mercurio: «Ya lo decía Beccaria en el siglo XVIII: la ciudadanía corre el peligro de que los gobernadores instrumentalicen el derecho penal con fines políticos». Y luego la carta prosigue relatando el fallo que no solo fue adverso a la fiscalía respecto al «caso bombas», sino que implicó el pago de las costas judiciales por parte del ente persecutor. Y al respecto señala: «He ahí el epílogo de un proceso injustificadamente mediático comentado por fiscales, jueces y el ministro del Interior». La carta termina sentenciando que los principales afectados en un caso como este son los miembros de la sociedad en su conjunto y reitera la acusación de instrumentalización con fines políticos. La misiva a la página editorial del periódico fue firmada por Cristóbal Hasbún y fue publicada el 31 de enero de 2012. Al día siguiente, el exfiscal Peña decidió darse por aludido. Y respondió por carta al mismo medio:

Señor director:

Me refiero a la carta publicada ayer, relacionada con el «caso bombas». Sobre el particular, son muchos los que han opinado con ligereza y, podría decirse también, en ciertas ocasiones, de manera ideológica.

A fin de esclarecer imputaciones injustas e infundadas que se han vertido sobre esta causa y el trabajo profesional en torno a ella, señalo lo siguiente:

En el mes de agosto de 2010, y en virtud del resultado de numerosas diligencias y pericias decretadas, se ordenó por parte de un juez de garantía la detención de los imputados de este caso, decisión ratificada por otro juez de garantía y, de forma unánime, por tres ministros de la Corte de Apelaciones.

Se desarrollaron más de treinta y cinco audiencias. Siete jueces de garantía que conocieron de ellas mantuvieron las respectivas prisiones preventivas, lo que fue ratificado en diversas oportunidades, en forma unánime, acumuladamente por doce ministros titulares de la Corte de Apelaciones, expresando en sus resoluciones judiciales que se encontraba justificada la existencia de los delitos de asociación ilícita terrorista y de colocación de artefactos explosivos; que existían fundadas presunciones de participación en dichos ilícitos, y que la prisión preventiva era una medida cautelar pertinente.

Atendido que un juez, en única instancia, resolvió que parte de la prueba era impertinente, la fiscalía estimó solicitar el sobreseimiento definitivo, en cuanto al delito de asociación ilícita, quedando pendiente el juzgamiento respecto de las colocaciones de bombas.

En un Estado de derecho, las prisiones preventivas las decretan los tribunales de justicia. El Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y otros querellantes, como el Consejo de Defensa del Estado, han obrado con pleno apego al derecho, con profundo sentido de responsabilidad en lo tocante a delitos graves y al cuidado y la protección que se debe a los ciudadanos de nuestro país. Corresponderá a los tribunales la responsabilidad de sancionar o absolver, en definitiva.

Finalmente, me parece prudente consignar que tratándose de investigaciones y juzgamiento de delitos, las opiniones o juicios que al respecto se efectúen deben ser especialmente responsables y fundados, debido a que de otro modo corremos el riesgo de politizar causas judiciales y pudiendo afectarse el buen desempeño del trabajo de nuestras instituciones.

ALEJANDRO PEÑA CEBALLOS
Jefe de la División de Estudios
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

La carta es en realidad poco interesante. Solo vale la pena reproducirla completa por el necesario acto de mostrar íntegro un documento que se podría pensar carece de suficiente contexto y podría estar manipulado por un autor que es claro detractor del exfiscal Peña. Pero quizá el fragmento realmente atractivo dice relación con el hecho de que Peña firma, para efectos de un tema asociado a su anterior trabajo, con su nuevo cargo. La falta de elegancia en el gesto puede ser visto también políticamente. Peña enfatiza que la tesis que culpa al Ministerio Público de la delincuencia en Chile tiene en él un personaje fundamental. Pero hay un segundo factor para declarar de interés este documento: pocos días después surgieron nuevos antecedentes que revelarían no solo la falta de mérito del caso, sino además la falsificación de firmas como actividad asociada a generar una clara culpabilidad de los acusados. Es así como el 15 de febrero de 2012 la noticia señala: «Nuevo traspié en el caso bombas: Ordenan investigar falsificación de firmas de un perito», en referencia a la posible falsificación de instrumento público porque los carabineros no habían firmado los informes planimétricos presentados como pruebas incriminatorias. Cabe preguntarse en todo caso por el título de la noticia: «Nuevo traspié en el caso bombas». Es curioso que un medio de comunicación adopte una perspectiva donde considera que el fracaso de una parte es necesariamente un «traspié» (en general). En todo caso, El Mercurio no habría de ser el único medio que habría suscrito la tesis del gobierno y de Peña y que, en ese marco, habrían cometido una imprudencia, cuando no una injusticia. Fue así como el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó a Mega por la entrega de información sobre el «caso bombas» con una clara falta de equilibrio, usando un tono incriminatorio respecto de los imputados y por no considerar la versión de estos. La emisión de las noticias se produjo en la semana del 14 de agosto de 2010, momento en el que fueron detenidos los imputados bajo requerimiento de Alejandro Peña.

En definitiva, todo el esfuerzo de Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior, por volcar su poder desde el Ejecutivo hacia el espacio judicial es una señal potente del proceso de despolitización en Chile. No serán pocos los que lo leerán al revés, pero en rigor lo acontecido es la más evidente de las extracciones de poder a los ciudadanos. La división de poderes es la base de equilibrar la fortaleza de los órganos del Estado. Ante el riesgo de que el aparato de Estado se convierta en una estructura monstruosa que oprima a los ciudadanos por todos los sitios y respecto al hecho de que la soberanía radica realmente en los ciudadanos y solo en comodato a las autoridades, la división de poderes permite construir una relación de distancia entre los mismos, otorgando a los ciudadanos cierto margen de maniobra.

El gobierno ha buscado penetrar el Poder Judicial con sus tentáculos, no solo el Ministerio Público, sino también el mundo de los jueces y los fallos. Será indispensable para la defensa de la poca democracia que Chile posee que el Poder Judicial dé señales claras de su autonomía y fortaleza.

Hinzpeter quería el poder total. Y fue hacia él. Salió dañado de la aventura y, trasquilado como estaba, ofreció asilo a su hombre en territorio enemigo y luego solo le quedó reservada la triste venganza de cantarle una canción a Sabas Chahuán. Nadie sabe todavía qué significado vengativo podía tener ese canto, que finalmente se asemejó mucho a la venganza de un hombre despechado por un amor no correspondido.

27. LA POLITIZACIÓN Y EL CAMBIO DE ORDEN POLÍTICO

Asumir que Chile vivió un proceso de despolitización desde 1974 hasta 2011 significa aceptar que dicho proceso implicó una articulación en prácticas sociales, políticas, culturales y económicas. En ese marco se desarrollaron en el país formas de proceder que lograron estatus institucional, entendiendo este estatus en su doble acepción: como consagración jurídica y como prácticas recurrentes que se hacen normales. Fue así como presenciamos la elaboración de una Constitución Política capaz de traducir la despolitización en un marco jurídico, como padecimos al Tribunal Constitucional, utilizado para defender intereses de ciertos grupos conservadores y garantizar el sostén del orden construido. Esos ejemplos, asociados a la existencia de instituciones con base jurídica, ilustran quizá tímidamente lo que en rigor fue una tendencia brutal de sometimiento de los flujos de poder en la sociedad al control de ciertos grupos. Por otro lado, presenciamos la institucionalización de prácticas como la transformación de las instancias locales de agrupación social en grupos sin alcance cívico. Los clubes deportivos de los barrios, las juntas de vecinos, los sindicatos, los grupos estudiantiles inclusive, fueron demostrando un alcance limitado, interesados en plantear sus problemas gremiales y locales sin alcance con la sociedad. Chile se acostumbró a vivir sin política y de hecho lo transformó en virtud. Todavía ahora hay muchos que sostienen, frente a los conflictos que ha vivido Piñera, que es relevante señalar que hay grupos organizados que han promovido esos conflictos. Y lo dicen señalando aquello como ilegítimo e imprudente. No cabe duda que todo conflicto que ha logrado alcance nacional tiene que haberse configurado a través de redes organizadas, poderes locales o nacionales que han participado en la multiplicación del conflicto, pues ello es siempre y necesariamente así. A nadie se le puede pedir que vaya contra sus convicciones políticas ni tampoco que se omita. Los políticos en Chile consideran justo y bueno que ellos intervengan en apoyar una determinada reivindicación, pero consideran como manipulación la concurrencia de cualquier actor social que no está directamente involucrado (que no es víctima) en un conflicto social. Pero ¿a qué razón puede apelarse para señalar que no es legítimo que un anciano de setenta y cinco años esté de acuerdo con un movimiento estudiantil aunque no sea estudiante ni apoderado? ¿Por qué habría de restarse cada ciudadano de tener opinión sobre algo que atañe a la comunidad? ¿Por qué no puede usted convertirse mañana en activista político de una causa a quinientos kilómetros de su hogar, por el simple anhelo de justicia y la convicción de estar en lo correcto? Nos han convencido de que todos los problemas son gremiales, locales, específicos, que no tenemos derecho a meternos en los asuntos de otros, porque en el fondo se niega con ese argumento la existencia misma de la sociedad.

El movimiento estudiantil destruyó esta lógica sin posibilidad de recuperación. El retorno de la politización significa el redescubrimiento de la sociedad. Convertirse en ciudadano es convertirse en pertinente, es saber que los acontecimientos que ocurren en Chile y el mundo nos resultan relevantes en nuestro diario vivir, que el futuro de nuestros hijos depende mucho más de lo que acontezca en ciertos foros internacionales que del colegio que logremos pagar para nuestra tranquilidad de espíritu y para el drama de nuestros bolsillos. El movimiento estudiantil miró hacia fuera del mundo universitario, miró la sociedad, rebasó los límites antes establecidos y demostró que su alcance era ciudadano, esto es, político. Sus reivindicaciones fueron de lo particular a lo general, de lo gremial a lo social, de la biografía a la historia. Con este ejercicio, el movimiento estudiantil logró dar energía a un proceso de reconquista del vínculo entre lo social y lo político, vínculo siempre existente, pero no reconocido por el orden despolitizador. El movimiento estudiantil pudo interpretar a los ciudadanos, no solo plantear un problema. En ese sentido, el liderazgo de Camila Vallejo y Giorgio Jackson es indesmentible. Fueron ellos los que tuvieron capacidad de abrir las puertas universitarias y transitar mucho más lejos.

Pero ¿cómo tomar suficientemente en serio las implicaciones de un cambio de orden político? He aquí el último desafío que se plantea este libro. No basta con decir «Chile cambió» y ahora entonces hay más política. Si el orden anterior fue una nueva «ciudad», si fue una edificación tras otra del silencio social organizado, si fue la construcción de la voz de las empresas, si fue la fundación de un lugar tutelado por el cáliz y la espada, si fue la articulación de un modo de relacionar las comunas, las provincias, las regiones, entonces su derrumbe es necesariamente una transformación radical, un derrumbe tras otro de las obras de cuarenta años de secuestro de la política. El «secuestro permanente», figura legal que los abogados de derechos humanos crearon para poder generar juicios contra los autores del desaparecimiento de personas, es también un símbolo de una tendencia más profunda. La ciudadanía estuvo en un secuestro permanente, recluidos en sus casas, con domicilio conocido como consumidores (y, de hecho, con alto tráfico entre empresas de dicho domicilio), pero sin residencia conocida como ciudadanos. Pues bien, ese secuestro se ha acabado. Y con él se cuestionará todo lo que representa dicho orden.

Inevitable parece el derrumbe de todo el orden político existente en Chile desde 1974, pues su energía fundacional es la despolitización. La mera aparición de los ciudadanos termina por descuartizar ese orden. Se acabó ya la inscripción electoral, pero luego caerá el binominal y después de él (o durante, quién sabe) se transformará la estructura política, pues habrá que hacer un nuevo Congreso, con más o menos parlamentarios, quizá con una cámara menos (sin Senado, por ejemplo), y en ese debate se abrirá la puerta para analizar qué sentido tiene el Congreso con las atribuciones actuales y así el presidencialismo se verá impugnado, pues pensaremos si acaso no es más conveniente darle más fuerza a la representación parlamentaria. Y de ser así, el trabajo de comisiones en el Congreso será, como debe ser, menos relevante que la discusión en sala, que hoy es simplemente un saludo a la galería, pero a una galería vacía. Se acabarán los congresistas espectros, seres cuya presencia o ausencia es irrelevante, no solo porque el amigo vota por ellos, sino además porque su aporte, de estar, tendería a cero, pues está todo negociado desde antes. Ya discutido esto, o quizá mientras se produce el debate, se abrirá la puerta (que en rigor ya se abrió) del rol y posición de las regiones en la estructura productiva y económica del país. Y es que claro, Chile vive de la explotación de materias primas, lo que ocurre fundamentalmente fuera de Santiago, pero todo el orden financiero y político se concentra en la capital y desde ahí se dirigen los destinos y los fondos de esas regiones. Hasta ahora hemos visto cómo las regiones se levantan en la lógica de la demanda. Llegará el momento donde dejen de demandar, donde comiencen a construir un poder por el costado, una forma de operar diferente. Lo que aconteció durante el verano en Aysén, incomprendido radicalmente por el gobierno de Piñera, no es menos que el primer movimiento de una larga sinfonía de desmantelamiento de la lógica de relación regiones/Santiago. Y el gobierno, pensando en sus gastos focalizados y en la lógica subsidiaria, lanzará gritos de horror porque las zonas con mejores ingresos del país se levantan con malestar, no entendiendo que la dignidad, la autonomía, la energía de llevar la propia existencia, son fuerzas infinitamente superiores e igual de respetables que el «no haber sido beneficiado con recursos económicos».

El gobierno ha dicho, respecto al conflicto en Aysén, que es esta la región que más subsidios ha recibido de los fondos regionales. Y señala entonces que cómo es posible que sea justamente esa la región que se levanta con movilizaciones contra el centralismo. El esfuerzo por hacer ilegítima la demanda aysenina es evidente. Dice una noticia en El Mercurio:

Durante 2011, Aysén percibió una inversión proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de $ 278 mil por habitante, mientras que La Araucanía, que es la zona más pobre de Chile, captó solo $ 55 mil y la Región Metropolitana $ 13 mil».¹¹¹

La cita es brutal en su esfuerzo por mostrar lo ilegítimo de las demandas ayseninas. Incluso maliciosamente involucra un análisis comparado con Santiago, en circunstancia que ese fondo existe precisamente para reducir la importancia de la capital de Chile, por lo que naturalmente será más bajo que el aporte a regiones. Además, recurre al clásico argumento: hay comunas más pobres y, sin embargo, se le otorgan recursos muy elevados a la Región de Aysén. Pues bien, en primer lugar las regiones no solo miden sus aportes en el dinero por persona. Una región como Aysén tiene poquísima población y gran territorio. Bajo la lógica señalada habría que dejar de invertir en esas personas. Seguramente la inversión en la Antártica chilena (que en rigor no es chilena) es improcedente en términos de gasto por persona y comparando con los beneficios que cualquier chileno recibe. Y es que el asunto es que hay algo más que personas: el desarrollo de las regiones es el desarrollo de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Y es eso lo que está fallando en Chile. Aysén es un reflejo de ello. Por lo demás, si los gobiernos, que desde hace años han venido pensando en focalizar los gastos donde más se necesita, han decidido que la comuna que requiere más apoyo es Aysén, ¿por qué ahora se critica esto? Si es esta región la que se ha considerado que es la que más requiere apoyo del fondo regional, ¿tiene sentido hoy decir que no se entiende que haya sido la región que se ha levantado primero?

La solución al problema de Aysén mostró los rasgos transicionales aún no desaparecidos en el Chile actual. «Cambio tres fotos de Camila por una de Iván Fuentes», tituló el columnista Carlos Correa (citando al periodista Polo Ramírez) en el medio electrónico El Mostrador el 26 de marzo de 2012. El título hace referencia a la capacidad demostrada por Fuentes, el líder y negociador de Aysén, de llegar a un acuerdo con el gobierno sin radicalizar su movimiento. La comparación sería obvia: Camila Vallejo sería ejemplo de antivalores (o algo así), pues su indiscutible liderazgo habría estado acompañado por una tendencia a radicalizar la postura y no buscar soluciones. En este sentido, Vallejo aparece representando al movimiento estudiantil y sus dinámicas de 2011. Un análisis somero del argumento demostrará que en realidad esos dichos hablan más de una clase y una cultura política de quienes emiten el juicio, que del objeto hacia el que van dirigidos los análisis (el movimiento).

Y es que el movimiento estudiantil tuvo que elegir entre lograr la reducción de deuda y aranceles o modificar el modelo educacional. Y el movimiento fue claro en optar por lo segundo.

No bajó un peso los aranceles universitarios, pero cambió el país. El año 2011 culminó con la clase política y la ciudadanía hablando de lo mismo, para empezar. Y además hablando de cosas importantes: de inscripción automática, voto voluntario, fin del binominal, la aberrante discriminación a las empleadas de casa particular, reforma tributaria, Sernac Financiero, regulación del lucro, cambios en los sistemas de directorios de las empresas y cambios institucionales varios. Y comenzamos 2012 hablando de todo lo anterior más la regionalización, de discriminación contra los homosexuales por el caso de Daniel Zamudio y su horrible crimen en el parque San Borja.

Acusar al movimiento estudiantil de no haber ejecutado un proceso equivalente al de Aysén es la reaparición del fantasma que señala que el líder bueno es el que acepta las propuestas del poder central, es la democracia de los acuerdos, es en definitiva el fantasma de la transición, que no es otro que el de Pinochet y la Concertación.

De cualquier modo, el ciclo de politización parece garantizado. Un ministro se sintió con suficiente poder para renunciar por el trato recibido durante la crisis. Rodrigo Álvarez apeló a la dignidad y se alejó de su cargo por haber sido utilizado por poderes superiores. La dignidad suele reaparecer cuando entendemos el principio de ciudadanía. Este proceso tiene una clara dirección: el mismo Aysén volverá a estar en el centro de la polémica cuando aparezca nuevamente el proyecto HidroAysén sobre nuestras cabezas. Y en ese instante Iván Fuentes tendrá mayor legitimidad para levantarse e inspirar a millones de chilenos a apoyar la defensa de la región. El gobierno cree haber tapado un agujero por donde estaba entrando el agua. Pero esta estaba entrando por arriba, debido a las olas. La filtración siempre había sido controlable. La tormenta no.

El centralismo fue impugnado porque es otra forma de acumulación de poder y otro rasgo del país que hemos construido en estos cuarenta años de despolitización. Y es que toda concentración de poder es despolitización de la sociedad, pues implica la usurpación a ella de su fortaleza y hasta de sus derechos básicos. Las concentraciones de poder en Chile se han producido fundamentalmente en la esfera económica, pero en la política hay una decisiva: la fuerza del presidencialismo es parte de la concentración de poder. Y de ello redunda el carácter clave del Poder Ejecutivo, capaz de controlar el debate legislativo, orientado directamente a la redacción de proyectos de ley y a la manipulación de los procesos de decisiones. La toma del Ejecutivo respecto de gran parte del Poder Legislativo es un correlato, menos ordinario, de la forma de legislar de la dictadura, donde la Junta de Gobierno (los comandantes en jefe y generales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden) quedó como álter ego legislativo del Poder Ejecutivo, ficción absurda considerando que Pinochet, además, estaba en ambos lados.

Un factor decisivo de la acumulación de poder en unos pocos contra la ciudadanía es la privación a todo sujeto con capital político que haga algo que pueda ser interpretado contra las autoridades. En cualquier caso, el proceso de ciudadanización evidentemente transforma su entorno inmediato.

Tras el Mundial de Sudáfrica en 2010, el presidente Sebastián Piñera invitó a la selección chilena a una ceremonia en el palacio de gobierno. En la recepción, el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, no saludó al subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, y esquivó al presidente Piñera, para finalmente darle un apretón de manos que tuvo claros síntomas de desaire. El gesto de Bielsa fue un vuelco en el modo de relación del fútbol con la política en Chile. En el Chile despolitizado los poderosos utilizan el fútbol para sus intereses. Piñera fue símbolo de aquello: su diseño de candidatura incluía comprar Chilevisión y comprar Colo-Colo como parte de la estrategia. Aunque su club fuese Universidad Católica, decidió invertir en Colo-Colo, no tanto por el dinero, sino por el capital político. En el Chile despolitizado solo importaba el éxito y no fueron muchos los hinchas de Colo-Colo que se quejaron, pues pensaron que el presidenciable llenaría de glorias al equipo para hacerse de sus logros y usarlos como capital político. Fue tal cual. Y apenas fue elegido presidente, volvió al estadio de la UC y se desentendió de Colo-Colo. Pues bien, han sido muchos los que han utilizado el fútbol para su posicionamiento en política, pero son ellos mismos los que detestarían que las figuras futbolísticas se pronunciaran políticamente, sobre todo en contra de ellos. El fútbol puede ser utilizado por los políticos, pero no puede politizarse. La Universidad de Chile no podría salir a la cancha con un lienzo por la educación pública, aunque represente a la universidad pública. Las figuras del deporte no tienen carta de ciudadanía y su fama y la idolatría consiguiente no debe usarse, dirán los políticos, para interferir en la vida política. ¿Por qué los escritores pueden hacerlo y los futbolistas no? Por supuesto, habría que conseguir algún futbolista chileno que hablara para poder declarar algo como una visión política, pero no son solo las deficiencias cognitivas el factor que impide el despliegue de los futbolistas como sujetos políticos. Lo que más interviene es la mirada del fútbol como un espacio ajeno a la sociedad, un espacio de ideología, de fantasía, de evasión de la realidad. La fuerza del fútbol para la clase política es que saca a los ciudadanos de lo real. Pues bien, Bielsa subvirtió dicha mirada, decidió hacer uso de su derecho como ciudadano. Ni siquiera necesitó ser chileno, le bastó con ser un residente, un trabajador extranjero en Chile. Y decidió hacer el gesto político de expresar su insatisfacción, quizá su desprecio. Piñera enloqueció. Su locura terminó con Bielsa fuera de la selección y con diez puntos menos en las encuestas. Pero estuvo dispuesto a pagar el costo. Lo que no podía imaginar Piñera (y quizá aún hoy no lo haya notado) sería que el asunto Bielsa fuera el que diera vuelta su curva ascendente luego del rescate a los mineros, popularidad que luego no cesó de caer hasta llegar a niveles que no llegan a la mitad de lo que tuvo en su mejor momento. Menos podía imaginar Piñera que su intervención en el asunto Bielsa politizara por vez primera el deporte más importante del país (el único prácticamente) y que a partir de ese instante el fútbol pudiera ser canal de tematización de asuntos públicos y no la forma de eliminarlos de la agenda. La Copa América no pudo detener el movimiento estudiantil, como muchos esperaban (con o sin ilusión, con o sin tristeza). El fútbol se conectó con la sociedad porque los chilenos se politizaron gracias al asunto Bielsa: tuvieron que tomar partido entre Bielsa (ídolo máximo) y Piñera (el presidente). Tenían que elegir entre el santo y el rey, entre el milagroso y el poderoso. Y al tener que elegir, tuvieron que ser ciudadanos, ponderar el caso, tomar partido. Bielsa se ciudadanizó y con ello dio fortaleza a la emergencia de los habitantes de Chile, declaró que teníamos derecho a la disidencia, que alguien podía usar su poder para hacer un gesto público, aun cuando perdiera popularidad. Mientras Piñera no podía salir de su posición constante, la de manipulador, Bielsa devino en ciudadano. Sabía que su gesto era descortés, sabía que sería complicado, sabía que no le convenía, que el señor Piñera estaba recién iniciando su gobierno. Además, un loco sabe reconocer a otro, más aún si es peligroso. Pero Bielsa sabía también que más allá de la conveniencia está la convicción y quiso marcar su distancia con un hombre que hizo del fútbol un instrumento, mientras él había hecho de ese deporte una pasión.

La configuración de un principio de ciudadanía parecía un ejercicio imposible para un Chile cuyas reflexiones se habían convertido en banales y cuya conciencia de historia se encontraba reducida al mínimo. Para colmo, la historia de Chile no cuenta, pero sí muestra que en Chile nunca ha habido realmente principio de ciudadanía. Entre la tutela del cáliz y la de la espada, más la persistente presencia de clases políticas representativas del mundo hacendal, el escenario dejaba desnudo al individuo, incapaz de constituirse como ciudadano. La política transicional mostró una clase política incapaz de hacerse cargo de problema alguno: a la menor provocación, la clase política corría a refugiarse en las cómodas y cálidas sotanas de la Iglesia. Y con la legitimidad de Dios padre, de Juan Pablo II y de Alberto Hurtado fue posible mediar en importantes conflictos, reduciendo la expresión de los problemas sociales mientras ellos aumentaban en un mundo sordo y mudo. Pero con la caída de la legitimidad de las instituciones, los ciudadanos quedaron indispensablemente a cargo de su destino. Es ese el desafío de 2011 en adelante.

Todos los silencios son nuestro silencio. Chile se quedó callado muchos años. Y en el silencio no solo hay indiferencia y abulia, hay también infinita perversión. Llegó la hora de las voces, la hora de la política. Y por ese solo hecho, los edificios del silencio truenan en su desplome.

28. DESPUÉS DEL LUCRO

Cuando Napoleón realizó, a comienzos del siglo XIX, las reformas del centro de París, pensó que la mejor manera de afrontar a los manifestantes que con frecuencia hostilizaban sus calles era contenerlos en corredores anchos y largos, otorgándoles espacio y capacidad de reunión. De ese modo, las protestas se concentraban en puntos definidos de la ciudad y no se multiplicaban en diferentes zonas. Gracias a este diseño, cuando la policía intervenía los manifestantes se disolvían hacia las pequeñas callejuelas y abandonaban las avenidas principales, acabándose la protesta y concentrándose la acción represiva en grupos de choque, escasos, que están dispuestos al enfrentamiento con la fuerza pública. Esta referencia nos permitirá comprender la infinita equivocación del gobierno de Sebastián Piñera cuando el 4 de agosto de 2011 decidió que la protesta que se efectuaría en la tarde no debía tener permiso alguno para transitar por la Alameda. Se comenta que fue el presidente de la República quien se obsesionó por impedir que Camila Vallejo encabezara una nueva marcha por la principal avenida de la ciudad de Santiago. Los estudiantes habían hasta entonces propinado sucesivas derrotas tácticas al gobierno, mermando su popularidad e instalando nuevas discusiones de alta inconveniencia para el Ejecutivo. Sin embargo, la estrategia del gobierno aceleraría el triunfo estudiantil. Ni Piñera ni su ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, conocían la lógica de Napoleón y, tanto entonces como posteriormente, intentaron hostigar las manifestaciones públicas. Las fuerzas de Carabineros de Chile impidieron la constitución de una columna vertebral por la Alameda. Y entonces todo comenzó.

Los estudiantes se dispersaron por las callejuelas: las avenidas Portugal, Vicuña Mackenna, Santa Rosa, San Diego, fueron recorridas por grupos que resistían las bombas lacrimógenas y que se expresaron con batucadas y barricadas. Estas últimas se instalaban en una y otra esquina hasta que llegara la policía, generando un enorme caos vial. Al llegar la fuerza pública, los grupos se repartían hacia nuevas callejuelas y la escena volvía a comenzar. La situación era incontrolable para la policía. Cada punto del centro de la ciudad podía ser el siguiente, no había posibilidad alguna de predecir qué ocurriría a continuación. La fuerza policial le debía ese descontrol al presidente de la República y su idea de impedir los pasos estudiantiles por la Alameda. Pero nadie esperaba que esa jornada se tornase histórica.

Era 4 de agosto y el movimiento estudiantil había crecido sistemáticamente durante cuatro largos meses. Había superado el invierno, la Copa América y sus distracciones, había superado una prensa hostil¹¹² al comienzo y había instalado a sus líderes como referentes mundiales de la movilización social. Ese mismo día se había realizado una marcha en la mañana y por la tarde comenzaría una nueva. El movimiento estaba vivo, pero era también cierto que parecía que en cualquier momento podía comenzar el proceso de su extinción. No era normal la duración, la masividad y el respaldo ciudadano que había concitado. Los chilenos, reticentes a la protesta, habían aceptado un ciclo de movilizaciones, pero nada garantizaba que eso fuese constante. Los estudiantes no conseguían nada y esa razón siempre es una causa suficiente para demoler las esperanzas. Sin embargo, el 4 de agosto un grupo de manifestantes se acercó a la avenida San Diego e intempestivamente quemaron una tienda de La Polar. Hacía ya dos meses que el Servicio Nacional del Consumidor había realizado la denuncia que señalaba que la multitienda había incurrido en malas prácticas al repactar unilateralmente a más de un millón de deudores. La cifra es espeluznante. Toda la sensación de abuso que recorría la vida social chilena desde hace muchos años se plasmó en un arquetipo: La Polar. Mientras el cliente concurría a una repactación sintiéndose pecador y pidiendo por favor que lo sacaran de su situación sin importar el precio, resulta que la empresa diseñaba un modelo de negocio donde lo que se vendía no eran refrigeradores o tostadoras, sino repactaciones. Era ese el negocio de La Polar. La colusión de las farmacias había sido grave, pero el «caso La Polar» era humillante. Por eso, cuando los estudiantes queman La Polar, se hace carne la rebelión contra el lucro. Hasta ese instante la politización que había conseguido el movimiento estudiantil se situaba en el espacio público. Desde ahí en adelante, la politización se consagra en el conflicto de los intereses de la sociedad con el interés de las grandes compañías. El mundo del consumo, liviana zona de placer, quedaba consagrado como zona de sangramiento. El lucro, esa entelequia que había sido nominada para referir al abuso de poder y la posibilidad de obtener rendimientos económicos de ese abuso, había sido literalmente quemado en la pira. Y si era posible hacerlo simbólicamente, ¿sería viable realizarlo de otro modo? Esta pregunta es la que late desde entonces en Chile. ¿Se puede volver a quemar La Polar? Esta vez la quema no es metafórica, es decir, la pregunta es si acaso se puede acabar eso que hemos llamado lucro y que es simplemente el hecho de haber construido una relación entre lo económico y lo social basada en la diferencia de poder, la ausencia de derechos por un lado y el aumento por el otro.

Desde el 4 de agosto todas las formas de abuso que estructuraron las relaciones sociales en Chile han ido apareciendo. Los poderosos están impugnados. Se rebelaron las empleadas domésticas, los habitantes de los pueblos acosados por el mal olor y la insalubridad, se rebelaron los homosexuales, los ayseninos, los calameños, los pasajeros del Transantiago y un largo listado de movilizaciones han acosado al gobierno. Las preguntas que plantean son imposibles de responder sin arrojar un líquido corrosivo a gran parte de la lógica operacional del Chile actual. Calama pregunta: ¿por qué si Chile concentra su riqueza en la producción minera, las comunas mineras donde se produce más riqueza no tienen beneficios económicos resultantes de esa producción? Y en implícito: ¿por qué Santiago, que no produce materias primas, es la ciudad con mejores ingresos si nuestro modelo es de explotación de materias primas? Ese tipo de preguntas no tienen respuesta porque en realidad es la arbitrariedad la que permite que ello sea posible.

«No al lucro» no solo abrió la puerta de la esperanza que motivó a pensar como algo posible el arribo de la educación gratuita, de los derechos sociales y la ciudadanización. Fue también, y en realidad sobre todo, el momento donde se terminó un ciclo político en el que la concentración de poder era aproblemática y donde esa concentración residía en aquellas zonas donde se concentraba el lucro. Los chilenos no impugnaron el ganar dinero, sino algo más profundo: el horror de pensar que lo importante de la educación es que construya el mercado educacional, que lo importante de las AFP es que construyan el mercado de capitales, que lo importante de transportar chilenos era que se formara un mercado del transporte. El lucro era que toda la razón, toda la verdad, estuviera siempre situada en el mismo sitio: los poderosos. Y que, sin embargo, fuera evidente que allí no había razón ni verdad.

El modelo económico, el pacto transicional, la contención de la presión social en los medios de comunicación, el paradigma de la paz social que instalaron los empresarios; todos estos rasgos fueron heridos mortalmente con la crisis de legitimidad que la sentencia «No al lucro» significó. La concentración de poder no solo ha dejado de estar de moda, sino que ha dejado de ser viable en las magnitudes hasta ahora existentes en Chile. Y un cambio de esa matriz es un cambio estructural. Es cierto que las expresiones institucionales de esas estructuras de poder no se han caído, al menos no la mayoría. Pero no es menos cierto que esas formas institucionales en Chile son hoy incapaces de incorporar la participación de la ciudadanía, los problemas regionales y la visión desde abajo, sin al mismo tiempo padecer una hemorragia interna.

El ciclo de transformación que abrió el movimiento estudiantil tuvo el corazón de su impacto en el espacio público. Por ello, su energía es democratizadora antes que revolucionaria. Chile tiene una tradición de espacio público como zona de domesticación de las masas, con medios de comunicación sin independencia, sin amplitud de miras y con escasa perspectiva crítica.¹¹³ Los apoyos a la «estabilidad», que la clase política y sobre todo el empresariado solicitan, priman por sobre la verdad. Chile sacrifica la verdad por el orden. La premisa de esta tradición dice que los ciudadanos de Chile son incapaces de entender los asuntos de Estado y, por tanto, es imprescindible conducir su mirada desde lo más alto de la institucionalidad. Esta visión fue una especie de despotismo ilustrado en el siglo XIX, con una elite destacada intelectualmente. Hoy, retirada la noción de personas «ilustradas», solo queda despotismo. Cuando mucho, se puede asumir que se trata de un despotismo publicitario, por el afán de conectar superficialmente con la ciudadanía.

El movimiento estudiantil construyó espacio público. Los debates surgieron en los medios, pero también en los hogares, su energía fue intensa y su profundidad inmensa. Camila Vallejo y Giorgio Jackson miraron al país, no solo al movimiento. No dijeron que los estudiantes necesitaban algo, señalaron lo que el país merecía. El 16 de agosto de 2011 los estudiantes concurrieron al Congreso Nacional, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para exponer en el marco del proyecto de ley que prohíbe la entrega de fondos estatales a entidades educativas con fines de lucro. La intervención de Giorgio Jackson se transformó en un fenómeno nacional. Un joven estudiante les explicaba lo que era la educación a los congresistas, qué tipo de bien económico era, qué significa que fuese un derecho. Les explicaba por qué el consumidor educacional no puede saber lo que recibe y por tanto no elegirá racionalmente. Su exposición supuso que el Canal de Senado, de contumaz irrelevancia día a día, tuviera rating. No solo el tema movilizaba al país, sino además despertó la estupefacción. Y es que los estudiantes iban al Congreso Nacional y les mostraban a los miembros de dicho poder qué era ser congresista, cuál era la altura de miras que la discusión sobre educación requería. Ena Von Baer, senadora no electa, no soportaba la escena y solía hacer morisquetas a las cámaras. ¿Quiénes se comportaban de modo inmaduro? Los congresistas. ¿Quiénes se comportaban con la altura que un debate del país requería? Los estudiantes. La tradición que en Chile señalaba que el espacio público no se le puede entregar a cualquiera se hacía añicos. Objetivamente los miembros del Congreso, de lado y lado, nunca entendieron lo que decían los estudiantes. Siempre intentaron traducir el problema de otro modo, siempre pensaron que eran presiones en favor de ciertos grupos de poder, siempre creyeron que los estudiantes se bajarían por cualquier oferta medianamente interesante (la Concertación) o que se rendirían ante la firmeza de la autoridad (la Coalición por el Cambio). Durante meses insistieron en intentar ver qué había detrás del movimiento estudiantil, quiénes eran los que articulaban una movilización nacional tan grande, qué adultos oscuros movilizaban a los estudiantes. Pero no hallaron más que estudiantes y gente comprometida con una causa.

Las demandas estudiantiles no eran procesables por la clase política sin impostura, no eran posibles sin hacer explícita la injusticia del orden social chileno. Solo la hipocresía podía vencer a los estudiantes. Había que elogiarlos en el mundo, pero criticarlos en Chile. Durante años se había logrado mantener en secreto la injusticia del sistema educacional chileno. Era un secreto a voces, pero era un secreto. Sin embargo, la hipocresía no venció. Las autoridades perdían poder, los empresarios veían impugnado el orden que les había convenido, toda forma de concentración de poder era impugnada.

Chile se había quedado a vivir en la transición a la democracia, que es lo mismo que decir que la transición no era tránsito o, al menos, que era de tránsito lento. Para que la política se mantuviese más o menos donde mismo, era imprescindible que no hubiese política, que es una energía dinámica. Por eso, las estructuras de la transición no estaban preparadas para la política. Y ello determinaba que desde el orden político instaurado entonces no había posibilidad alguna de ir hacia la democracia. La gran ironía es que el movimiento estudiantil termina con la transición porque introduce una variable intolerable: la participación. Hasta ahora el principio de representación había sido una delegación forzada del poder ciudadano en manos de la elite política. Los representantes no eran representativos, no solo por sistema electoral, sino además por desconexión con los mandatos recibidos. El ciclo de movilizaciones corroe la legitimidad de esas estructuras y es por ello que la transición se tensiona. Por cierto, la transición se había muerto como proyecto de construcción democrática con toda la clase política defendiendo a Pinochet detenido en Londres e intentando que volviera a Chile para (no) ser juzgado. Desde ese instante, el tránsito hacia la democracia era una fantasmagoría, una figura evanescente más bien de orden ritual. Sin embargo, cuando los estudiantes participaron quedaron en evidencia los muros construidos para evitar el paso de los ciudadanos al poder efectivo. Hubo quienes apelaron a la superioridad moral de derrotar al dictador y de recibir violaciones de derechos humanos (el muro concertacionista) y hubo quienes señalaron sin arrugarse que las cosas se pueden cambiar sin necesidad de movilizarse, mientras luchaban por conservar el statu quo (la derecha). Lo cierto es que a los estudiantes y las movilizaciones sociales se les prohibió el paso. Sin embargo, los estudiantes continuaron el proceso de politización. Y fue por esto que finalmente la transición no pudo más.

El repertorio institucional de la transición quedó devastado. No se puede llamar a la Iglesia católica, no se puede proteger la imagen de los militares, no es el fútbol un lugar neutro. Todo se había contaminado de política. La sociedad se había vuelto para las autoridades algo excesivamente social, esto es, insufrible. ¿Cuál es el último día en que se menciona sistemática y ritualmente a alguien? El día de su funeral. La transición tuvo su canto del cisne el 10 de junio de 2012, con el documental que expusieron los pinochetistas en el teatro Caupolicán. Ese día Andrés Chadwick, Joaquín Lavín y Alberto Cardemil se expresan arrepentidos de haber avalado una dictadura con violaciones a los derechos humanos tan intensas como las conocidas. El clivaje del plebiscito de 1988 se había roto definitivamente: la derecha daba la espalda a los pinochetistas, el documental que verían sería un sepelio. La estructura de relaciones políticas de la transición se acabó ese día.

Se acabó la transición, pero no hemos llegado a la democracia. Si antes nos habíamos quedado a vivir en el intersticio entre dictadura y democracia, hoy sencillamente no sabemos dónde estamos. Pero eso es infinitamente mejor. Si había algo necesario para Chile era la opción de construir su propio escenario. La crisis de legitimidad de las instituciones ha supuesto la imposibilidad de continuar operando con las lógicas delegativas que hacían del principio de representación una renuncia del poder de los ciudadanos. Sin embargo, aunque en gran medida el proceso que se vive en el Chile actual corresponde a una sanación, no es menos cierto que hay rasgos heredados de la transición que son de difícil solución. Uno de ellos es la enorme distancia que se ha consumado entre lo social y lo político. Si la política es siempre un vínculo entre determinados intereses y sus respectivas posturas, si se asume que los intereses agregados de ciertas posiciones sociales deben politizarse para su concurso, es claro que no ha sido esto lo que ha acontecido en Chile durante los años de la transición. Lo social se fue alejando de lo político. Se asume que la participación es protesta y que la autoridad es respuesta. De ese modo, se entiende que los movimientos sociales deben estar en el orden de la demanda y los políticos en el orden de las soluciones específicas. Los primeros son vistos, cuando mucho, como grupos de interés, aunque normalmente son llevados a la clasificación de grupos de presión, para referir a una lógica de chantaje que los inspiraría. Por su parte, la dimensión política se entiende como una instancia sistémica donde se reciben demandas y son procesadas. Gracias a esta arquitectura conceptual, los políticos sostienen su poder todavía un tiempo más. El ciclo de impugnación que vivimos guarda como ironía el ejercicio impúdico de la clase política para adaptarse. Esta sabe, sin embargo, que lo que acontece es imposible de conciliar con sus prácticas, sabe que no son ellos los llamados a politizar lo social o a socializar lo político. Las querellas de palacio fueron la fórmula de la clase política durante todo el proceso transicional, entendiendo los problemas del país como asuntos a resolver en el marco de los acuerdos cupulares, el análisis tecnocrático y la provisión de la sensiblería caritativa de una lógica de focalización del gasto cuya ineficiencia se tapaba con el discurso caritativo de destinar los fondos a los más pobres.

El movimiento estudiantil, con un discurso que se liberó de las ataduras de sus demandas gremiales; las críticas y movilizaciones contra HidroAysén, realizadas fuera del ámbito de los afectados; la conducta de Marcelo Bielsa frente a Sebastián Piñera, marcando la politización de una zona de la realidad nacional (el fútbol) que se usaba para despolitizar, son eventos imposibles de comprender y manejar desde el orden transicional propio de la despolitización. Son tres casos donde el gesto político rebasa el ámbito de influencia que se le había prefigurado, tres casos donde cambian las reglas, el escenario y los actores; tres casos donde quedó obsoleta la ritualidad política que cuidaba que nadie pasara los límites de las demandas despolitizadas.

El movimiento estudiantil abrió las puertas para una transformación de gran alcance. Por supuesto, se podía defender este modelo de sociedad. Pero para hacerlo era necesario que sus defensores arguyeran convincentemente que los casos escandalosos, como La Polar, las colusiones¹¹⁴ o Freirina,¹¹⁵ eran excepciones. Era indispensable limpiar la escena del crimen, no modificar el lucro con más lucro. Pero la búsqueda de utilidades parece ser una droga irrenunciable. Corrieron los empresarios a sumergirse en La Polar apenas vieron que el gobierno abandonaba a los afectados con un acuerdo indecente. En plena época de impugnación de las relaciones entre empresarios y políticos, el director del Servicio de Impuestos Internos informó que a la multitienda Johnson’s se le condonaron intereses y moras por 125 millones de dólares. Mientras el gobierno y los empresarios hacían gran escándalo por aumentar la recaudación tributaria de todo el país en 700 millones de dólares, el Servicio de Impuestos Internos perdonaba parte de la deuda de un solo contribuyente en una cifra que es un sexto de toda la reforma tributaria. Además, dicha multitienda acababa de ser comprada por Cencosud. El mismo director del SII señaló que probablemente dicho grupo económico sabía de esta condonación antes de hacer la compra. Y si consideramos que las negociaciones entre Cencosud y el gobierno han sido muy intensas en los últimos meses, a partir del lío del edificio Costanera Center, podemos entender que esta condonación seguramente puso paños fríos a los problemas. No sería extraño que ahora Cencosud pueda invertir más en favor de mejorar la precaria relación entre su edificio y la ciudad de Santiago.

Los defensores de un modelo acusado de moldear toda la realidad del país a partir de sus intereses han sido partícipes, en plena época de impugnación, de casos como la condonación de casi el 50 por ciento de la deuda que La Polar tenía con las Administradoras de Fondos de Pensiones, de la defensa de la planta de cerdos de Freirina que tenía al pueblo sumido en la insalubridad, de la condonación de impuestos a una multitienda. Era irónico que Pablo Longueira, ministro de Economía, hubiese llegado a ese ministerio a salvar el modelo intentando darle fuerza al consumidor y los microempresarios, y que el golpe mortal a su candidatura se produjera porque intentó regular el negocio de los estacionamientos de los centros comerciales. Intentó modificar el corazón simbólico del modelo, volver liviana la escena del centro comercial, aparato fundamental de la instauración del libremercadismo en Chile. Tenía razón, pero no se lo permitieron. Pensó Longueira que las correcciones que desconcentraran poder eran fundamentales para conservar la mínima legitimidad que el modelo requería. Tenía razón en principio. Pero no había contemplado que justamente modificar las correlaciones de poder era precisamente la modificación del modelo, que esta lógica de cooperación de la sociedad en Chile no se puede corregir sin botar el agua con el bebé en su interior. Por eso, en la supuestamente ficticia discusión del senador Jovino Novoa y el ministro de Economía, Pablo Longueira, donde el segundo sostenía que era imprescindible no cobrar en los estacionamientos de los centros comerciales y donde el otro decía que no se metiera a regularlo todo, la verdad es que ambos tenían razón. Longueira la tenía porque la crisis de legitimidad del lucro es terminal y deben modificarse las relaciones abusivas a la brevedad. Novoa, sin embargo, también tiene razón cuando afirma que avanzar en la impugnación a las iniciativas privadas terminará necesariamente demoliendo el orden actual. ¿Por qué si ambos tienen razón están en desacuerdo? Porque en Chile se habita en esa contradicción: la única solución para retomar la legitimidad del modelo es ejecutar acciones que terminan con el modelo. Por eso cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señala que evitará la coordinación entre médicos y laboratorios promoviendo una legislación sobre genéricos, evidentemente favorece el proceso de ciudadanización de los mercados, pero a la vez impugna el principio operacional no solo de dicha industria, sino de todas.

Hoy la clase política se mueve en un conjunto de caminos sin salida. Hay quienes piensan que es el momento de la política de los acuerdos entre los partidos. Y allí contamos con Camilo Escalona aproximándose a la derecha. Otros piensan que hay que transitar a buscar fuera de los partidos posiciones nuevas de legitimidad. Y he ahí Jaime Quintana, recientemente electo presidente del Partido por la Democracia, intentando transitar por un camino distinto, que presuntamente busca no dar la espalda a la ciudadanía. Y nuevamente vemos la fuerza de las contradicciones. Nuevamente ambos tienen la razón. Escalona sabe que la única solución es que la clase política se una y se proteja de la ciudadanía, pues la verdadera dimensión de conflicto está hoy entre el gobierno y la ciudadanía, es esa la relación de oposición. Y frente a ello, la Concertación no tiene nada que hacer. Escalona intenta volver a jugar el partido, se percata que está quedando fuera de la escena fundamental. Para ello es imprescindible que la clase política se aferre a los procesos de desarrollo de las demandas ciudadanas de una manera tal que se logren producir soluciones evitando la participación, retomando la lógica de delegación de poder de la transición. Pero Quintana asume que ese camino no va a resultar, que no es posible amurallar el reducto donde vive la clase política para protegerse de toda expresión política de los ciudadanos. Y claro, Quintana tiene razón, pero no entiende que los diseños realizados por él y quienes lo sostienen para colonizar desde la clase política a los movimientos sociales serán estériles. Creen que podrán subirse a la lógica de los movimientos sociales y de alguna manera navegar en cierta proximidad. Escalona desesperadamente intenta decirle que se están suicidando. Y tiene razón. Quintana, muy convencido, le responde que ya verá cómo logra domesticar a los revoltosos, haciéndolos suyos. Y ya verá que se equivoca, porque el ciclo actual es estructural. Puede conquistar a uno de los revoltosos y mañana será otro el que nuevamente dirija sus tropas a sitiar la ciudad amurallada de la clase política.

La democracia de los acuerdos intentó retornar para hacer renacer el sistema político, sin afán más que de reconstruir las estructuras de poder. Si los primeros acuerdos fueron para controlar el poder fáctico de los militares (los noventa), los nuevos acuerdos de 2012 fueron elaborados en el entendido de restituir el poder fáctico de la clase política. El oligopolio político es uno más entre tantos, no tiene más significado que el de farmacias o militares. Es simplemente el esfuerzo de conservar su poder. Sin embargo, el proceso sociopolítico que vive hoy Chile se caracteriza por la disolución constante de aquellas relaciones estructuradas por la concentración de poder. Por eso es incluso posible, hoy en día, que se despierten las conciencias, que un rector de una universidad abandone el cargo, para él conveniente, porque siente el imperativo ético de denunciar que el lucro y sus horrores sí son reales, que los estudiantes y trabajadores de su universidad (Universidad del Mar) están siendo estafados. La respuesta del gobierno es siempre la misma: son casos excepcionales, no se puede generalizar. Pero los casos siguen acumulándose, día tras día. En este mismo libro se puede hacer un catastro de casos de concentración injustificada de poder donde se ha sacado un beneficio económico de ese poder concentrado, eso que en el Chile de la transformación se ha llamado lucro. La ciudadanía convive diariamente con las aberraciones del modelo de sociedad y con la necesidad de transformar la realidad. La tesis que señala que ya se acostumbrarán es insostenible. Lo cierto es que ha sido tolerado, pero eso tiene un límite. Cuando se aprecia el funcionamiento del Transantiago y se descubre que, en rigor, no ha fracasado, sino que fue diseñado para llevar a seis o siete personas por metro cuadrado en el metro y para generar numerosos momentos de conexión donde la espera es la norma. La clase política se convenció que eso era ser eficiente, la tecnocracia insistió en ello. Pero la verdad es simple: basta con mirar esto para entender la enfermedad que habitamos y la urgencia del cambio.

Hoy el proceso de transformación está en curso. HidroAysén cree que hace un trabajo táctico inteligente intentando presionar al gobierno cuando lo acusa de no tener una política energética y suspende sus estudios y procesos asociados a la línea de transmisión del proyecto. Es decir, asume el absurdo de tener aprobada la producción de energía y de retirarse de su traslado. HidroAysén, como la clase política, sigue pensando en que se juega como hace dos o cinco años atrás, que bastaba una buena jugada frente al gobierno para ganar el partido. Lo que no saben en HidroAysén es que, al sacar al gobierno a la pizarra, ponen nuevamente en línea de fuego a Sebastián Piñera y al modelo económico. Menos entienden que su jugada es magistral para subir al gobierno, pero también para motivar a quienes han protestado. Uno de los principios de la motivación de los movimientos sociales es la posibilidad de ver aproximarse el horizonte utópico. Si HidroAysén aparece como algo que se ejecutará sí o sí, el horizonte utópico se reduce y las movilizaciones se quedan en lo testimonial. Pero al ponerse obstáculos a sí mismo, el grupo Matte (principal inversionista del proyecto) ha abierto la esperanza de los manifestantes.

HidroAysén es un caso emblemático, pues el ciclo de movilizaciones comenzó con la oposición a dicho proyecto. La primera marcha importante de 2011 fue en protesta por HidroAysén. Si las sociedades se parecen a las conversaciones, este hecho puede tener un significado enorme. En las conversaciones se comienza por un tema y, normalmente, al finalizar el diálogo se retorna a dicho tema. Ese acto parece otorgarnos la sensación de cierre del evento, la satisfacción de haber llegado a una superación del tema original. Si la sociedad se parece a este tipo de ciclos, el proceso de impugnaciones que hemos vivido en Chile se terminará con HidroAysén, es decir, son el fracaso de dicho proyecto. Será en el momento en que sea evidente que la central hidroeléctrica no se construirá, cuando habrá triunfado la ciudadanía y habrá abierto las puertas a un nuevo ciclo. El momento actual, el momento de la impugnación del lucro, es el intersticio entre una era política que se desplomó, la transición, y una nueva era por construir. Esa nueva era comenzará con rasgos de mayor democratización que lo habitual en nuestra historia, justamente porque la crisis generalizada de las instituciones impide refugiarse en ellas. Sin embargo, nada garantiza que el siguiente ciclo político sea más democrático. Hoy nos hemos quedado sin transición, pero tampoco hemos llegado a la democracia. Hoy estamos desmontando las anquilosadas estructuras que domesticaron lo social desde la política y que hicieron de esta una actividad palaciega. Y ese ejercicio ha resultado cada vez más difícil, pues la clase política entiende (y no se equivoca) que el proceso que se vive involucra el fin de su presencia en el sistema político. Por tanto, su supervivencia está en juego y solo pueden ofrecer sabotear el proceso democratizador. Sin embargo, por más que intenten detenerlo, este proceso está en curso.

El año 2011 los estudiantes pidieron educación pública, gratuita y de calidad. Eso equivale a pedir más democracia, más igualdad y más desarrollo. ¿Por qué fueron vilipendiados por las autoridades? Porque un país diseñado en la despolitización y orientado a producir materias primas, que es el diseño que se hizo de Chile durante la dictadura, no necesita educación. Para explotar minas, para talar árboles, no se necesita educación. Y más aún, para poder afirmar que la política es venenosa y que no se puede tocar sin resultar contaminado, es imprescindible la ausencia de espíritu crítico. Nuestro modelo de sociedad no solo no necesita educación, tampoco la resiste. Por eso la demanda estudiantil terminó con un triunfo de los estudiantes y el fin de un ciclo político. Hoy se abre una era de politización, cuyo horizonte desconocemos. En esta nueva era la probabilidad de participar en la construcción del país por cada ciudadano es mayor, pero eso no garantiza que hayamos llegado a la democracia. Hoy habitamos en una singularidad, en un intersticio que lleva ese extraño nombre (no al lucro) y que ha sido la impugnación de una sociedad injusta y enferma que requería una transformación. No es mucho, pero no es poco. El desafío, sin embargo, es consumar la labor. En caso contrario, las impugnaciones solo servirán para modificar el orden de los poderosos. Es evidente que hoy el grupo Matte ha reducido su poder radicalmente, no solo por HidroAysén, sino además por los problemas en La Araucanía, por las denuncias durante 2011 sobre sus colegios. Pero hay otros empresarios que aprovechan la crisis de los grandes nombres para crecer: Álvaro Saieh es un ejemplo clarísimo, cuya influencia se ha multiplicado junto a su dinero y quizá más rápido. Por eso, un país con más democracia, con una distribución más equitativa del poder, solo es posible con una politización radical de la sociedad. Los temores a la política y al conflicto deben acabarse a la brevedad, la impúdica acción de la clase política llamando a los consensos para su conveniencia debe terminarse. Es la hora de ser responsables: la transición ha terminado, toda una generación que la simboliza y piensa con esa lógica ha quedado incapacitada para operar en el nuevo escenario. Mientras antes sea asumido, será mejor para Chile.

La política ha retornado. Y el fantasma de la democracia transita las calles de Chile. Los ciudadanos y la clase política recorren dos caminos diferentes para salir del laberinto del Chile transicional. Pronto sabremos si ha triunfado Teseo o el Minotauro.

1 En la encuesta Adimark de mayo de 2012, la «oposición» llega al 38 por ciento, mientras la Concertación suma apenas la mitad, 19 por ciento.

2 El presidente lo hizo el 21 de mayo, la empresa Agrosuper lo hizo el 3 de junio en referencia a la crisis sanitaria donde el mal olor tuvo en crisis el poblado de Freirina en el desierto de Chile.

3 Para que un pacto exista se requieren dos. Pero hasta esa modificación del sentido común era posible en Chile.

4 No en vano la relación entre mercado y política se basó en los sistemas de «concesiones».

5 Esto fue informado en la cuenta pública del Servicio de Impuestos Internos el 23 de marzo de 2012.

6 Si bien esta ley fue promulgada en 1958, fue en dictadura cuando numerosas reformas permitieron ampliar el ámbito de acción de la legislación. Tiene un fuerte énfasis en una noción de orden social basada en la ausencia de disidencia y en la represión de las protestas públicas. En el mandato de Carlos Ibáñez del Campo (militar que años después de ser golpista fue presidente de la República prometiendo barrer con la política) se parió esta ley y en el de Augusto Pinochet se multiplicaron sus aplicaciones.

7 Véanse declaraciones del abogado Daniel Stingo en radio Bío-Bío el 19 de octubre de 2011. Disponible en http://www.biobiochile.cl/2011/10/19/abogadoexplica-la-ley-de-seguridad-del-estado-las-penas-son-grotescamente-mayores.shtml, visitado en marzo de 2012.

8 Es 25 de febrero de 2012 y reviso este capítulo. Un conflicto social tiene al gobierno en problemas nuevamente, como las movilizaciones ecológicas y luego estudiantiles de 2011. Ahora se trata de Aysén, región de cien mil habitantes y de más de cien mil kilómetros cuadrados, que durante el verano de 2012 ha solicitado la atención de las autoridades con un petitorio cuya satisfacción podría producir mayor integración de la región con el país. El periódico La Tercera relata que el gobierno ha diseñado una nueva estrategia para enfrentar la crisis que ha de ser una especie de plan piloto respecto a qué hacer con las protestas ciudadanas en general. La idea es utilizar los aprendizajes para controlar escenarios futuros. El debate interno en el gobierno resulta delicado, pues el imperativo del diálogo habría sido cuestionado por los ministros Rodrigo Hinzpeter y Cristián Larroulet, quienes «tenían aprensiones por aparecer cediendo a presiones» (cuerpo Reportajes, La Tercera, página 12). Pues bien, es esta cultura autoritaria la que ha definido el modo de vida ideal del Chile transicional. En este Chile el diálogo es debilidad y la forma ideal de ciudadano que añoran las autoridades es el que se resta y se omite del debate público, pero que participa en las elecciones entregando su voto a alguno de los candidatos designados por el sistema de partidos, que a su vez está subsumido por las leyes, las que por su parte han sido filtradas por la Constitución de la República (no me atrevo a decir Constitución Política), la que finalmente fue obra de la dictadura.

9 Estos nombres son en muchos sentidos contradictorios entre sí o directamente con el espíritu democrático. Pero todos pertenecen, junto a muchos otros, a la consumación evanescente del imaginario de las instituciones fuertes que harían a Chile un país organizado, no bananero, respetuoso del Estado de derecho.

10 Las Fuerzas Armadas en Chile tienen todas las prebendas propias de no ser civiles y ninguna de las prohibiciones que ello supone. Si reciben los sueldos que reciben, no pagan impuestos, tienen jubilaciones de lujo, por ejemplo; es en el entendido que ellos ingresan al mundo militar y conservan de por vida ese rasgo, alejados de la civilidad, obligados a no deliberar. Pero en Chile los militares se retiran y trabajan en el mundo civil, recibiendo los beneficios de ambos espacios. Nunca deben renunciar a uno para habitar en el otro. Las Fuerzas Armadas debieran ser no deliberantes en ejercicio y en retiro, pero se organizan luego de jubilar en fundaciones para influir en la sociedad, trabajan en cargos públicos, en universidades civiles, homenajean a dictadores y juegan con ambidiestro talento el partido de los derechos civiles y las prebendas militares.

11 Fuente: Elaboración propia en base a datos de los censos de 1992 y 2002.

12 El Partido Revolucionario Institucional ostentó por setenta años ininterrumpidos el gobierno de México y todavía hoy tiene una presencia relevante en los comicios locales, federales y nacionales (está a punto de volver al poder). La Concertación se refiere a este hecho en su identificación, pues la coalición chilena no tiene (ni pretendía tener) ninguna vinculación con los contenidos ideológicos del histórico partido mexicano.

13 Los primeros críticos de la Concertación dentro de ella se demoraron diez años en aparecer y coincidió con la crisis económica. No parece explicar su aparición la traición a los valores de igualdad que la Concertación ofrecía, sino la ausencia de la promesa del modelo: el crecimiento.

14 Beyer, Harald (2011), «¿Que veinte años no es nada...? Una mirada a la desigualdad de ingresos a partir de la Encuesta Casen», en Revista del Centro de Estudios Públicos, número 121, verano 2011.

15 Sergio Bitar, emplazando a Francisco Figueroa, CNN Chile, 22 de agosto de 2011. Entrevista con Ramón Ulloa.

16 Fuente: Diario Estrategia, 16 de agosto de 2011, basado en OCDE, FMI, gobiernos centrales.

17 Securities and Exchange Commission, Washington, D.C. 20549, FORM 10-K: «El precio de compra en efectivo de 37 millones de dólares incluye pagos en efectivo al vendedor de 34 millones de dólares. La adquisición permite a la compañía proporcionar ofertas de productos adicionales y un mayor acceso a los estudios superiores a otros segmentos del mercado en Chile. Además, esta adquisición amplía la población de estudiantes de la compañía, permitiendo una mejor utilización de la infraestructura de gestión existente en Chile». Fuente: Reportaje de investigación periodística. «Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar». Ciperchile, 19 de agosto de 2011, disponible en: http://ciperchile.cl/2011/08/19/ como-lucran-las-universidades-que-por-ley-no-deben-lucrar/ (traducido por CIPER de la p. 49 del informe a la comisión de intercambio de EE.UU.).

18 La Tercera, «Harald Beyer: el ministerio tiene pocas atribuciones de fiscalización», domingo 3 de junio de 2012, http://diario.latercera.com/2012/06/03/01/ contenido/pais/31-110349-9-harald-beyer-el-mineduc-tiene-pocas-atribuciones-de-fiscalizacion.shtml

19 Ídem.

20 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación.

21 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las propias universidades y del Ministerio de Educación.

22 Fuente: Elaboración propia usando la base de datos de Asignación Histórica. Comisión Ingresa.

23 Fuente: Elaboración propia usando la base de datos de Asignación Histórica. Comisión Ingresa.

24Fuente: Elaboración propia usando la base de datos del SIES. Disponible en línea en: http://www.mifuturo.cl/images/Base_de_datos/Ficha_academica/ficha__academica.xls

25 Fuente: Elaboración propia usando la base de datos Conicyt. Ítem de productividad científica e ítem de proyectos adjudicados. Disponible en: http://www. conicyt.cl/573/article-39133.html, visitado en marzo de 2012

26 Ibídem.

27 Fuente: Elaboración en base a catastro realizado a partir de prensa asociada a El Mercurio (El Mercurio, Emol y diarios locales agrupados en soychile.cl). Sistematización de Carla Azócar en el Centro de Investigación en Estructura Social.

28 Pedernik, José Santiago (s/f). «Sarmiento y su reforma ortográfica». Disponible en: http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v06/perednik.html, visitado en marzo de 2012.

29 Es significativo que esta reforma tenga relación con Sarmiento si pensamos en su persistente reflexión sobre la dualidad civilización/barbarie. Esta es fundamental en su obra Facundo, de 1845, donde a partir del personaje Facundo Quiroga, un caudillo de La Rioja, logra dar cuenta de la problemática relación entre civilización y barbarie, la que se articula con base en la mirada de la urbe europea y norteamericana como ejemplo de civilización, mientras la vida rural es el símbolo de lo bárbaro.

30 Tornero, Santos (1889). Reminiscencias de un viejo editor. Valparaíso: Imprenta El Mercurio, p. 55.

31 Ibídem, p. 56.

32 Reconozco haber sido uno de los que lo pensaba. De hecho, fue una periodista la que me dejó con la duda en una entrevista y luego de analizarlo se me hizo evidente que ella tenía la razón.

33 Fuentes: 1989-2009: Nota de prensa «Sus inicios y su histórica frase en latín», disponible en: http://especiales.latercera.cl/especiales/2009/enade/inicios.html, visitado en marzo de 2012; 1986: Nota de prensa «Rearticulación de grupos económicos y renovación ideológica del empresariado en Chile 1990-2000», disponible en: http://www.icso.cl/wp-content/uploads/2011/03/Working-paperelites-Tomas-Undurraga1.pdf. p. 19, visitado en marzo de 2012; 2010: Nota de prensa «“Viva Chile, mierda” será el lema del Encuentro Nacional de la Empresa en Chile», disponible en: http://www.biobiochile.cl/2010/11/13/viva-chilemierda-sera-el-lema-de-un-encuentro-empresarial-en-santiago.shtml, visitado en marzo de 2012.

34 Fuente: Base de datos de la CEPAL, División de Desarrollo Económico. Disponible en línea en: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplic acion=1&idTema=8&idioma=e, visitado en marzo de 2012. El índice se construye considerando el año 2000 como el equivalente a 100 puntos de índice. Chile muestra un crecimiento de 21 puntos en diez años y aunque tiene el mayor PIB per cápita de la región, normalmente tiene salarios promedios que no son los más ventajosos de la región. Para 2010, el salario promedio, de acuerdo al INE, fue de 392.700 pesos mensuales.

35 Esta reflexión fue publicada a modo de columna luego del accidente en el sitio web de radio Universidad de Chile.

36 Elaboración propia a partir de datos Encuesta Metropolitana del Centro de Investigación en Estructura Social, 2009.

37 Elaboración propia a partir de datos Encuesta Metropolitana del Centro de Investigación en Estructura Social, 2009.

38 Fuente: International Centre for Prison Studies.

39 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Metropolitana del Centro de Investigación en Estructura Social (CIES), 2009.

40 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Casen 2009.

41 Mayol, Alberto; Azócar, Carla; Azócar, Carlos (2009). «El Chile profundo, cultura de la desigualdad en el Chile contemporáneo».

42 Nota de prensa en TVN el 8 de febrero de 2012.

43 Fuente: Mac-Lean, Andrés (2011). «Impactos y tendencias del mercado del cobre». Presentación Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Disponible en línea en: http://www.cochilco.cl/archivos/presentaciones/20110913164148_IMPACTOS%20Y%20TENDENCIAS%20DEL%20MERCADO%20DEL%20 COBRE.pdf, visitado en marzo de 2012.

44 Fuente: Elaboración propia usando el Compendio Estadístico 2011 del INE. Disponible en línea en: http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/compendio_estadistico/pdf/2011/1.4estadisticas_trabajo_prevision.pdf, visitado en marzo de 2012.

45 Fuente: Cochilco. «Impactos y tendencias del mercado del cobre». http:// www.cochilco.cl/archivos/presentaciones/20110913164148_IMPACTOS%20 Y%20TENDENCIAS%20DEL%20MERCADO%20DEL%20COBRE.pdf, visitado en marzo de 2012.

46 Nota de prensa: «Los ajustes que requieren los acuerdos comerciales», en Revista del Campo, El Mercurio, 6 de febrero de 2012.

47 Ibídem.

48 Constitución de la República de 1980, art. 19, N° 25, D.O. 24/10/1980.

49 Código de Minería.

50 Ver página 35 de: Organización Internacional del Trabajo (2010). La situación de la micro y pequeña empresa en Chile. Oficina Internacional del Trabajo, Santiago de Chile. Disponible en: http://www.oitchile.cl/pdf/peq001.pdf, visitado en marzo de 2012.

51 Meller, Patricio (2003). «El cobre chileno y la política minera». Serie Estudios Socio/Económicos, Nº 14. Cieplan, Santiago de Chile.

52 Reportaje de investigación «El dossier del caso farmacias: así se subieron los precios según FASA», publicado el 9 de abril de 2009. Disponible en: http:// ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/, visitado en marzo de 2012.

53 Paredes, Ricardo (1997) «Integración vertical: teoría e implicancias de política pública», en Revista Centro de Estudios Públicos, Nº 66, otoño, p. 190.

54 Véase portal de Transbank en el sitio web de Confedech: http://www.confedech.cl/portal/transbank_sa, visitado en marzo de 2012.

55 Nota de prensa: «Hacienda: No es fácil crear redes competitivas a Transbank», en Negocios, La Tercera, 17 de febrero 2012, p. 31.

56 Solimano, Andrés (2007). «Sobre la reproducción de la desigualdad en Chile: concentración de activos, estructura productiva y matriz institucional». Documento de trabajo 1. Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. http:// www.ciglob.org/documents/WP01%20-%20Solimano%20-%20Reproduccion%20desigualdad%20en%20Chile.pdf

57 Fuente: Elaboración propia usando la base de datos del Servicio de Impuestos Internos de Chile. Ingresos Tributarios Anuales.

58 Nota: «Qué es el FUT», en sitio web de CidMartí, servicio contable para pymes. Disponible en: http://www.cidmarti.cl/fut.htm, visitado en marzo de 2012.

59 Nota: «Fondo de Utilidades Tributables», en sitio web de Derecho Tributario, disponible en: http://www.derechotributario.cl/FUT.htm, visitado en marzo de 2012.

60 Reportaje de investigación: «Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera: cada uno de ellos gana lo mismo que un millón de chilenos», 23 de enero de 2012. Disponible en: http://ciperchile.cl/2012/01/23/%E2%80%9Cluksic-angelinimatte-paullman-y-pinera-cada-uno-de-ellos-gana-lo-mismo-que-un-millon-dechilenos%E2%80%9D/, visitado en marzo de 2012. La investigación concentra su atención en los testimonios de los economistas Ramón López y Eugenio Figueroa, redactores del informe OCDE.

61 Ibídem.

62 Meller, Patricio (2002). «Pobreza y distribución del ingreso en Chile (década de los noventa)», en: Drake, P. y Jaksic, I. El modelo chileno. Santiago: Lom Ediciones.

63 Reportaje de investigación: «Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera: cada uno de ellos gana lo mismo que un millón de chilenos», 23 de enero de 2012, op. cit.

64 Ibídem.

65 Entrevista al candidato a senador Joaquín Brahm en «Candidatos senatoriales frente al sector agrícola», sin fecha, en sitio web de Aqua, disponible en: http:// www.aqua.cl/entrevistas/entrevista.php?doc=67, visitado en marzo de 2012.

66 Regulador del sistema de AFP durante el gobierno de Ricardo Lagos.

67 Nota de prensa: «La madurez del sistema de pensiones: treinta años bajo la mirada de los superintendentes», 2 de noviembre de 2010, en Diario Financiero. Disponible también en sitio web de la Asociación de AFP: http://www.afp-ag.cl/ blog/?p=2427, visitado en marzo de 2012.

68 Arrau, Patricio (2001). «El mercado de capitales chileno: un necesario bigbang para el crecimiento, en: Beyer, Harald; Vergara, Rodrigo. ¿Qué hacer ahora? Propuestas para el desarrollo. CEP, Santiago de Chile, disponible en: http://www. cepchile.cl/dms/lang_1/cat_770_pag_1.html, visitado en marzo de 2012.

69 Molina, Sergio (2005). Es el tiempo de la equidad. Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Instituto de Chile y Banco del Desarrollo. Santiago, Chile.

70 Nota de prensa: «EE.UU. Grandes banqueros admiten errores durante la crisis financiera», en www.financiero.com, miércoles 13 de enero de 2010, disponible en: http://www.financiero.com/economia_en_crisis/eeuu-grandes-banquerosadmiten-errores-durante-crisis-financiera.asp, visitado en marzo de 2012.

71 La información fue publicada en La Tercera el 17 de febrero de 2012. Los nombres de las categorías son recogidos de la nota periodística.

72 Entrevista radial en Cooperativa, miércoles 16 de noviembre de 2011.

73 Informado por la Dirección de Presupuesto. Los porcentajes que faltan no se imputan porque no cumplen el requisito de tener montos en cada uno de los años del período, pero se puede comprender la magnitud del crecimiento al ver que hay cifras que comienzan en cero y terminan en miles.

74 Fuentes: 1990-1999: http://www.dipres.gob.cl/572/articles-22754_doc_pdf. pdf; 2000: http://www.dipres.gob.cl/572/articles-63318_doc_pdf.pdf; 20012010: http://www.dipres.gob.cl/572/articles-76620_doc_pdf.pdf, visitados en marzo de 2012.

75 Fuente: base de datos del SIES para instituciones vigentes, enero 2012, disponible en: http://www.sies.cl/images/Instituciones/instituciones_vigentes_enero_2012_23.xls, visitado en marzo de 2012.

76 Fuente: Aldo Luis Passacqua (2006). «¿Cuántos somos? ¿Cómo lo hacemos?». Presentación Primer Congreso Educación Católica, disponible en: http://www. opech.cl/bibliografico/Doc_Financiamiento/cuantos_somos_como_lo_hacemos.pdf, visitado en marzo de 2012.

77 Fuente: Base de datos CNDE. Estadísticas de retención, disponible en: http:// www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadisticas/indices_estadisticas_ retencion.aspx, visitado en marzo de 2012

78 Reportaje de investigación: «Montepíos: el pozo sin fondo de los uniformados», 1 de noviembre de 2007, en Ciper Chile, disponible en: http://ciperchile.cl/2007/11/01/montepios/, visitado en marzo de 2012.

79 Nota de prensa: «Ministra de Salud llama a consumir comida rápida sin temores», 3 de octubre de 2001, disponible en: http://www.emol.com/noticias/ nacional/2001/10/03/67594/ministra-de-salud-llama-a-consumir-comida-rapida-sin-temores.html, visitado en marzo de 2012.

80 Entrevista de Catalina Plaza Squella a Marco Enríquez-Ominami, «Marco Enríquez-Ominami: el rey de los díscolos». El sitio web de la revista no permite acceder a la fecha exacta en que apareció la publicación, aunque en el texto de la entrevista se puede entrever que es en el segundo semestre de 2007. Disponible en: http://www.cosas.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 1772&catid=191&Itemid=28, visitado en marzo de 2012.

81 Este relato, realizado en 2005 en el diario Siete, le costó el cargo a Cuadra. En su historia, él y otros habrían salvado la vida de Lagos, Hales y Germán Correa. Su vicerrector y otrora brazo derecho en la UDP, Carlos Peña (actual rector), rasgó vestiduras pues «descubrió» en ese instante que Cuadra había trabajado en una dictadura que violaba los derechos humanos. 74 académicos firmaron una carta en la UDP señalando que el rector Cuadra estaba inhabilitado para cumplir el cargo. Peña no la firmó; sin embargo, las facultades que habían estado bajo su influencia política y personas muy cercanas a él fueron promotores y principales firmantes de la carta. Además, dijo más o menos lo mismo el primer domingo de noviembre en El Mercurio, acaramelando un poco sus dichos porque no podía negar la capacidad de Cuadra ni el hecho de que había trabajado con él (aunque no con una relación de dependencia, señala en una entrevista posterior, en una afirmación extraña en circunstancia que era vicerrector y Cuadra rector). El 13 de noviembre de 2005, Peña declaró en La Nación Domingo que renunciaba «desde ya» a cualquier aspiración para ser rector, promesa que la historia ha juzgado como incumplida.

82 Columna de Julio Dittborn. «Delincuencia y chorreo», en La Tercera, 27 de abril 2011, disponible en: http://blog.latercera.com/blog/jdittborn/entry/ delincuencia_y_chorreo, visitado en marzo de 2012.

83 Beyer, Harald; Vergara, Rodrigo (2006). Delincuencia en Chile. Determinantes y rol de las políticas públicas, Informe final financiado por el Concurso de Políticas Públicas de la Dirección de Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

84 Moyano, Emilio; Barría, Rodolfo (2006). «Suicidio y Producto Interno Bruto: hacia un modelo predictivo», en Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 38, Nº 2, Bogotá, agosto 2006. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo. php?pid=S0120-05342006000200008&script=sci_arttext&tlng=pt, visitado en marzo de 2012.

85 Harvey, David (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid, Akal. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/45695296/Breve-Historia-Del-Neoliberalismo-de-David-Harvey, visitado en marzo de 2012.

86 Ibidem, p. 49.

87 Held, Günter; Jiménez, Luis (1999). «Liberalización financiera, reforma y crisis del sistema bancario chileno, 1974-1999». Unidad de Financiamiento para el Desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile. Disponible en: http://www.eclac.cl/ publicaciones/xml/5/4515/lcl1271e.pdf, visitado en marzo de 2012.

88 Ibídem, p. 67.

89 Nota de prensa: «Lavín inaugura centro de esquí en pleno centro de Santiago», Emol, 13 de julio de 2003, disponible en http://www.emol.com/noticias/ nacional/2003/07/13/117322/lavin-inaugura-centro-de-esqui-en-pleno-centrode-santiago.html, visitado en marzo de 2012.

90 Nota de prensa: «Lavín inauguró playa en Parque Los Reyes», Emol, 1 de diciembre de 2002, disponible en: http://www.emol.com/noticias/nacional/ 2002/12/01/99628/lavin-inauguro-playa-en-parque-los-reyes.html, visitado en marzo de 2012.

91 Historia de la UDI, 1967-2000, en sitio web Unión Demócrata Independiente (UDI), disponible en: http://www.udi.cl/sitio/wp-content/uploads/2009/03/ historia_udi_1967_2000.pdf, visitado en marzo de 2012.

92 Nota de prensa: «Los últimos días de la víctima», El Periodista, domingo 8 de junio de 2003.

93 «Registro de casos de corrupción». Documento del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Véase en www. transparenciacdh.uchile.cl/corrupcion/pdf/Casos_Chile.pdf

94 La mayor parte de las descripciones y resúmenes de los casos ha sido extraída desde un excelente documento sobre casos de corrupción realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, disponible en http://www. transparenciacdh.uchile.cl/corrupcion/pdf/Casos_Chile.pdf, visitado en marzo de 2012.

95 En ese equipo trabajaron Lorena Armijo, Daniel M. Giménez y Alberto Mayol.

96 Baño, Rodrigo (2004). «Cuidado, que en política están todos lanzando la primera piedra», en revista Análisis del Año 2003, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, p. 12.

97 Y donde la enorme falta cometida ha terminado escondida bajo la alfombra gracias a que los muertos están entre los más pobres de Chile. El entonces comandante en jefe del Ejército, institución que ocultó información en las primeras horas del incidente, se vanagloria públicamente del manejo de esa crisis, entendiendo que dicha conducción solo deriva que no haya existido una crisis política y que no haya perdido su cargo entonces. Juan Emilio Cheyre, como muchas autoridades superiores en medio de situaciones donde se les habría de imputar una responsabilidad política, habita hoy en las aguas calmas de la academia, dando cátedra sobre cómo llevar adecuadamente situaciones tan conflictivas como ser responsable superior de decisiones que llevaron a la muerte a jóvenes conscriptos.

98 Nota de prensa: «ONU: exceso de prisión preventiva influiría en grave hacinamiento en cárceles en Chile», en diario electrónico radio Universidad de Chile, martes 7 de febrero 2012, disponible en: http://radio.uchile.cl/noticias/140276/, visitado en marzo de 2012

99 Columna de Andrés Benítez: «¿The Chilean Way?», en La Tercera, 23 de octubre de 2010, disponible en: http://latercera.com/noticia/opinion/ideas-ydebates/2010/10/895-301780-9-the-chilean-way.shtml, visitado en marzo de 2012.

100 Estaban en dicho equipo Daniel M. Jiménez, Lorena Armijo y Gabriel Davidovics.

101 Columna de Cristián Warnkern: «Los gigantes egoístas», El Mercurio, p. A3, jueves 15 de marzo de 2012, disponible en: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/03/15/los-gigantes-egoistas.asp, visitado en marzo de 2012.

102 Carta al director de El Mercurio, domingo 17 de marzo de 2012, p. A3.

103 Carta al director: «Mall Paseo Chiloé», 8 de marzo de 2012, disponible en: http://diario.latercera.com/2012/03/08/01/contenido/opinion/11-103036-9mall-paseo-chiloe.shtml, visitado en marzo de 2012.

104 Reportaje «Cronología del caso bombas», La Tercera, 6 de mayo de 2011, disponible en: http://latercera.com/noticia/nacional/2011/05/680-363827-9cronologia-del-caso-bombas.shtml, visitado en marzo de 2012.

105 Nota de prensa: «Fiscal nacional pide regular la salida de fiscales tras polémica por renuncia de Alejandro Peña», sitio web radio Bío-Bío, miércoles 13 de abril de 2011, disponible en: http://www.biobiochile.cl/2011/04/13/fiscal-nacionalpide-regular-la-salida-de-fiscales-tras-polemica-por-renuncia-de-alejandro-pena. shtml, visitado en marzo de 2012.

106 Ibídem.

107 Nota de prensa: «Chahuán pedirá informe a fiscales tras sobreseimiento definitivo de siete acusados de caso bombas», sitio web radio Bío-Bío, martes 4 de octubre de 2011, disponible en: http://www.biobiochile.cl/2011/10/04/chahuan-pedira-informe-completo-tras-sobreseimiento-definitivo-de-7-acusadosde-caso-bombas.shtml, visitado en marzo de 2012.

108 Nota de prensa «Chadwick y caso bombas»: «Como gobierno nos hubiese gustado que el juicio siguiera», El Mostrador, 27 de enero de 2012, disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/01/27/chadwick-y-casobombas-%E2%80%9Ccomo-gobierno-nos-hubiese-gustado-que-el-juiciosiguiera%E2%80%9D/, visitado en marzo de 2012.

109 Fiscal nacional a Hinzpeter: «No tiene derecho a pautear a otros órganos del Estado», viernes 18 de noviembre de 2011, en http://www.emol.com/noticias/ nacional/2011/11/18/513385/fiscal-nacional-a-ministro-hinzpeter-no-tiene-derecho-a-pautear-a-otros-organos-del-estado.html

110 «Reproche a un fiscal», viernes 9 de marzo de 2012, p. A3.

111 Nota de prensa: «Los contrastes de Aysén: alto crecimiento y pobre infraestructura, pleno empleo con bajos salarios», El Mercurio, B6, domingo 26 de febrero de 2012.

112 Este punto es delicado. Fue objetivo que la prensa satanizó al movimiento estudiantil. Tan claro es que durante el mes de julio, la prensa televisiva tuvo que girar porque se estaba transformando en un problema reportear con los micrófonos de sus canales en las calles. No solo los estudiantes, sino muchas personas protestaban por el trato que daban a la temática educacional.

113 Esto se puede observar un día cualquiera. Corrijo estas páginas el 12 de junio de 2012 y no puedo sino recordar el día de ayer (11 de junio de 2012). La edición impresa de El Mercurio es una obra de arte en defensa de la iniciativa privada y las prestaciones sociales por entes privados. En medio de un escenario de impugnación general, la página A1 titula «La mitad de los cotizantes de las Isapres tiene excedentes para cobrar», luego agrega otro titular con «Sistema de pensiones chileno figura como el más rentable entre los que funcionan en los países de la OCDE». La noticia del homenaje a Pinochet, evento más importante del fin de semana, solo obtuvo el espacio de una caluga a la derecha del periódico.

114 Se denunciaron diversas colusiones a fines de 2011 y comienzos de 2012. Las que produjeron mayor impacto fueron las denuncias sobre los productores de pollos, aunque hubo otras tantas denuncias.

115 Durante mayo de 2012, el pueblo de Freirina, ubicado en la Región de Atacama, se levantó a protestar porque su condición de salubridad era invivible por responsabilidad de una planta procesadora de cerdos que contaba a la fecha con quinientos mil animales y condiciones de ventilación completamente insuficientes, estimándose que la planta llegaría a recibir dos millones de animales.

Edición en formato digital: julio de 2012

© 2011, Alberto Mayol

© 2012, Random House Mondadori S.A.
Merced 280, piso 6, Santiago de Chile.

Diseño de la cubierta: Random House Mondadori, S.A.

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-2

Conversión a formato digital: Newcomlab, S.L.

Consulte nuestro catálogo en: www.megustaleer.com

Random House Mondadori, S.A., uno de los principales líderes en edición y distribución en lengua española, es resultado de una joint venture entre Random House, división editorial de Bertelsmann AG, la mayor empresa internacional de comunicación, comercio electrónico y contenidos interactivos, y Mondadori, editorial líder en libros y revistas en Italia.

Desde 2001 forman parte de Random House Mondadori los sellos Beascoa, Debate, Debolsillo, Collins, Caballo de Troya, Electa, Grijalbo, Grijalbo Ilustrados, Lumen, Mondadori, Montena, Plaza & Janés, Rosa dels Vents y Sudamericana.

Sede principal:
Travessera de Gràcia, 47–49
08021 BARCELONA
España
Tel.: +34 93 366 03 00
Fax: +34 93 200 22 19

Sede Chile:
Merced 280, piso 6, SANTIAGO DE CHILE
Teléfono: 782 8200 / Fax: 782 8210
E-mail: editorial@rhm.cl
www.rhm.cl