Ante la dura recesión, ¿sólo caben recortes y reformas «agresivas»? El autor de este libro, anuncia que nos hallamos inmersos en un cambio de época, en un proceso rupturista que no acabamos de percibir en su totalidad. Los gobiernos, nos alerta, aprovechan la crisis para recortar derechos laborales y empeorar las condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos, en un proceso de «chinarización» que amenaza con instaurar un nuevo régimen de semiesclavitud. Como consecuencia de todo ello, la rebeldía nace en los poros del sistema y se cristaliza en movilizaciones sociales como las del 15-M. Y no es para menos: en los últimos años las grandes empresas, la banca y las grandes fortunas han hecho caer, bajo el disfraz de los llamados «mercados ﬁnancieros», a gobiernos enteros, sustituidos por ejecutivos títeres, y han convertido la democracia en una farsa, en un elemento de marketing, desechable cuando el dinero de los poderosos está en juego. Garzón reta a la izquierda a saber leer la jugada del neoliberalismo y canalizar la indignación hacia un objetivo ambicioso: superar el actual sistema económico y político. Somos mayoría —proclama este economista indignado— los que objetivamente nos beneficiaremos de una transformación sistémica como la descrita en estas páginas. Cada uno de nosotros, concluye, tiene que convertirse en un activista, porque convencer de esta realidad a otra persona, aunque sólo sea una, es ya toda una victoria.

Alberto Garzón Espinosa

La gran estafa

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Titivillus 26.03.15

Título original: La gran estafa

Alberto Garzón Espinosa, 2013

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

A mi madre, cuyo espíritu incesante

de lucha es toda una inspiración

Introducción

INTRODUCCIÓN

Este libro que tiene el lector entre las manos interpreta la actual crisis económica como un extraordinario saqueo de las finanzas públicas y de los bolsillos de los ciudadanos por parte de un sector minoritario de la sociedad. De ahí que tenga un título tan explícito como La gran estafa. Sin embargo, este enfoque no es en absoluto extraño o ajeno para nadie. De hecho, es muy probable que la mayor parte de la población comparta esa descripción de una crisis que tiene ya un recorrido superior a los cuatro años. Así las cosas, ¿qué es lo que caracteriza a este libro?, ¿qué puede hacerlo diferente de otros tantos publicados recientemente?

En primer lugar, se trata de una interpretación de los hechos que pivota sobre una comprensión previa de cómo opera realmente una economía capitalista. Esto puede parecer una trivialidad pero no lo es en absoluto. La mayoría de las explicaciones actuales de la crisis ignoran, a sabiendas o por desconocimiento, que ésta se inscribe en un sistema económico cuya lógica de funcionamiento hay que comprender si se desea arrojar luz sobre los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Es cierto que la palabra «capitalismo» parece haber resucitado desde la irrupción de la crisis, pero también lo es que lo ha hecho de una forma muy vaga y aún está lejos del debate mediático y político. Es interés del que escribe este libro tratar de volver a poner el capitalismo en su sitio, es decir, en el centro del debate. Pero no por capricho, sino porque nuestra economía es capitalista, y ello implica una serie de cosas que no podemos ignorar si lo que de verdad queremos averiguar es cómo podríamos vivir mejor y organizarnos más adecuadamente como sociedad. Dicho de otra forma, no podemos entender por qué aumenta el desempleo, por qué se deterioran nuestras condiciones de vida y por qué algunos países crecen más que otros si ignoramos, consciente o inconscientemente, que nuestra economía está sujeta a reglas inherentes al sistema capitalista.

En segundo lugar, ese reconocimiento no implica mantener una visión economicista de la crisis. Por el contrario, consideramos necesario adentrarnos en cuestiones políticas e ideológicas que trascienden el mundo de los indicadores puramente económicos. Esta crisis es multidimensional, lo que quiere decir que afecta a distintos ámbitos de la vida en sociedad, y que no podemos entenderla ni superarla si nos limitamos a preguntarnos cómo recuperar el crecimiento económico.

Por estas razones, La gran estafa comienza con una explicación de las razones que han llevado a que se produzca la crisis económica en nuestro país. No se trata de una mera descripción de los distintos eventos que se han sucedido en los últimos años, ya muy conocidos, sino, más bien, de una explicación histórica de la crisis económica española. Nos centraremos en los elementos que han llevado a que un proceso de crecimiento económico como el nuestro, vendido oficialmente como «el milagro español», se haya interrumpido de forma tan brusca. Y trataremos de dar respuesta a esos interrogantes atendiendo tanto al desarrollo histórico de España, en términos económicos e institucionales, como al papel que ha desempeñado nuestra economía en el marco de la Unión Europea.

Nos detendremos en la relación que ha existido entre nuestra economía y la de Alemania, sin duda crucial para comprender las políticas económicas del Gobierno. Lo que demostraremos es que el modelo de crecimiento alemán, etiquetado habitualmente como «de éxito», y el modelo de crecimiento español, etiquetado como «de fracaso», se necesitaban el uno al otro. El resultado de esa relación en el tiempo ha sido una de las cuestiones fundamentales de nuestro análisis: el endeudamiento enorme al que nos hemos expuesto como economía. Valoraremos en qué medida este endeudamiento ha sido necesario para mantener el crecimiento de nuestra economía, pero también nos adentraremos en el tipo de deuda generada y en la identidad de los responsables. Concluiremos que son los más ricos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades, por su creciente exposición a la deuda, por motivos de especulación inmobiliaria y financiera. Una deuda que finalmente ha sido socializada por los distintos Gobiernos nacionales. Hemos reconocido como propias, del Estado, las deudas de otros.

En este contexto analizaremos los planes de ajuste, también conocidos como «recortes», para desmitificar la idea de su necesidad. El Gobierno intenta hacer creer a los ciudadanos que, pasado un tiempo de sacrificio, volveremos a tener la calidad de vida de antes y se restituirán todos los servicios públicos perdidos en los malos tiempos. Sin embargo, la teoría económica y los propios hechos demuestran que ésta es una idea falsa y que el objetivo real va mucho más allá de querer consolidar las cuentas del Estado.

En nuestra opinión, el objetivo inmediato del Gobierno, que se limita a asumir las estrategias económicas y sociales de las instituciones supranacionales, es garantizar que los bancos extranjeros se aseguren la devolución del dinero que prestaron durante los años de burbuja inmobiliaria. Los principales interesados son los bancos alemanes y franceses, los cuales a finales de 2012 poseían casi el 45 por ciento de la deuda total mantenida por el sistema financiero español. Por esta razón no nos puede resultar ajeno el proceso de construcción de la Unión Europea, y creemos necesario desmitificarlo y reconocer el papel hegemónico de la principal potencia económica: Alemania.

Todo ese análisis nos recuerda que la deuda privada es el principal problema de nuestra economía. Pero también que las deudas no se pagan siempre —la historia económica está llena de siglos de impagos y reestructuraciones de deuda— ni han de ser asumidas por partes que no las contrajeron —el concepto de deuda odiosa o ilegítima—. Dicho de otra forma, ¿tiene sentido que los bancos alemanes, que se arriesgaron prestando a bancos españoles y ganando tantos beneficios por ello, no tengan pérdidas ahora que se demuestra que fracasaron al elegir a quién prestar?

Esta pregunta nos conduce a una reflexión que consideramos necesaria. En los últimos años hemos tendido a asumir acríticamente que lo legal, lo que se adecúa a las leyes, es necesariamente equivalente a lo justo y deseable. Pero el caso de las deudas socializadas, así como otros tantos que también veremos, nos invita a pensar que se ha generado una distancia enorme entre ambos espacios. Esto supone aceptar que estamos también ante una crisis ideológica, lo que deriva en una crítica de las instituciones actuales y de su legitimidad, que será el pivote del capítulo 2.

Al fin y al cabo, una ideología representa el modelo de sociedad que se pretende instaurar o mantener, es decir, es el conjunto de ideas que nos permite explicar el mundo en el que vivimos y, a su vez, imaginar un mundo distinto. Y esta visión de cómo es el mundo y de cómo debería de ser está cambiando enormemente como consecuencia de la crisis.

No olvidemos que siempre hay un modelo de sociedad ideal dominante, es decir, una determinada ideología que transpira por todas partes y que hace que la mayoría de la población piense más o menos de la misma forma sobre los temas políticos más importantes. Esa ideología funciona como ensamblaje de las ideas necesarias para mantener un determinado modelo de sociedad. Pero cuando los ciudadanos ven peligrar sus condiciones de vida y hasta su propia existencia, acosados por los desahucios, el desempleo o el hambre, dejan de creer en las fórmulas que hasta entonces habían funcionado para mantener dicha paz. Por eso sostenemos que esta crisis económica, por su extensión y profundidad, ha derivado también en una crisis ideológica, es decir, ha puesto en entredicho las ideas dominantes sobre cómo ha de organizarse nuestra sociedad.

Ese proceso de deslegitimación de las instituciones ha llevado a una crítica de lo político e incluso de la democracia misma. Pero el problema no es que la democracia y las instituciones políticas no funcionen. El problema es que no tenemos democracia. Las instituciones políticas actuales son un espejismo de lo que deberían ser. Porque el poder, en esencia, no se encuentra en las instituciones políticas para las que elegimos a nuestros representantes. El poder está más allá, descontrolado, irresponsable y privado. Está en el dinero, en esas grandes empresas y fortunas a las que a veces llamamos «mercado», capaces de doblegar los intereses de los parlamentos nacionales a través del chantaje y la extorsión. El poder real es fundamentalmente poder económico, y este último no está sujeto a elección alguna. Manda quien más tiene y no quien más votos recibe. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad.

Por estas razones criticamos al populismo de derechas que centra sus ataques en la clase política, precisamente porque es obvio que los políticos pueden ser culpables de la crisis por la naturaleza de sus decisiones y no por el hecho de ser políticos. En efecto, muchos políticos han tenido responsabilidad en la gestación de la crisis. Ahora bien, la han tenido en tanto que han actuado como corruptos, caciques y sujetos irresponsables que no advertían los riesgos y consecuencias de un determinado modelo de crecimiento económico, pero no en tanto que políticos. Existe a nuestro juicio una necesidad enorme de reivindicar la política en su concepción noble, es decir, aquella que nos permita disponer de un instrumento para mejorar nuestras condiciones de vida en sociedad. De ahí que también denunciemos, a lo largo de las páginas siguientes, el uso mayoritario que hoy se hace de las instituciones públicas, más semejante al comportamiento de las mafias que al ejercicio de una política noble en la que los recursos públicos son ajenos al interés privado.

No obstante, y porque todo el libro está hilado a partir de la concepción del sistema económico, recordaremos que determinadas actitudes han sido instrumentales a la hora de mantener y promover la burbuja inmobiliaria. Es decir, las redes clientelares y el enchufismo han sido paralelos —e incluso lo han promovido— al modelo de crecimiento económico que finalmente se ha desplomado y nos ha conducido a la crisis.

Esta crítica de la política y de las instituciones hasta ahora dominantes no puede hacernos perder de vista que las políticas impulsadas desde las instituciones supranacionales tienen como objetivo construir un modelo distinto de sociedad. Es decir, se está imponiendo un nuevo modelo de sociedad que permita sobrevivir al teórico modelo de crecimiento europeo propugnado por las instituciones europeas. De ahí que los recortes avancen por todas las esferas del Estado de bienestar. Hasta su destrucción definitiva, que es en última instancia lo que se pretende. Se busca acabar con las esferas públicas, que ocupan un espacio muy deseado por la esfera privada, especialmente en grandes áreas como la educación y la sanidad.

Esto no es algo azaroso. En un contexto de globalización financiera y productiva, estadio al que tiende siempre el capitalismo, Marx recupera su vigencia y sus tesis se reafirman. Ello quiere decir, como se describe con detalle en el libro, que al capitalismo le sobran actualmente los servicios públicos y los derechos laborales. Nuestra respuesta es recordar que no podemos considerar deseable el modelo de sociedad que necesita el capitalismo para sobrevivir, esto es, el que se deriva de las necesidades del sistema económico, cristalizadas en las demandas del proyecto tecnocrático de la troika y del resto de las instituciones europeas. El capitalismo ha sido siempre un sistema depredador e irracional. Pero ahora, con el desarrollo del sector financiero y la expansión de su lógica a todos los ámbitos, lo es aún más. Además, los datos revelan que el opulento modelo de consumo que impone el sistema económico capitalista no puede ser extrapolado a toda la población. En última instancia somos todos, todas y el planeta mismo meros elementos de usar y tirar para un sistema con una lógica de funcionamiento que muy poco tiene que ver con un modo justo y razonable de coordinar una sociedad humana. De ahí que concluyamos la imposibilidad teórica de la socialdemocracia, en el contexto actual, pero también la imposibilidad práctica de mantener el capitalismo.

En el capítulo 3, trataremos de dotarnos de elementos que van a ser necesarios no sólo para resistir el proceso de transformación regresiva descrito, sino también para construir un modelo de sociedad alternativo. Ésta es la batalla: responder qué nuevo orden social queremos nosotros en contraposición con el dramático deseo de la derecha económica.

Cuando uno busca alternativas, tiende a pensar a partir de una estructura mental muy determinada históricamente. Consideramos esa reacción uno de los errores más importantes, pues echa mano de las mismas herramientas utilizadas hasta ahora para procurar responder a problemas que son nuevos. Asistimos a esa reconstrucción del modelo de sociedad, lo que implica que se están dinamitando las instituciones que dominaban hasta ahora. Es decir, se están rompiendo las formas de relación entre capital y trabajo, entre capital y Estado, y entre capitales, así como la propia ideología dominante. En consecuencia, la solución a esta crisis estructural tiene que ser igualmente estructural, es decir, ha de modificar todas esas relaciones.

Lo que no está tan claro es cómo lograr cohesionar a tanta gente que, aunque sufre el impacto y la gravedad de la crisis, se mantiene al margen de las acciones políticas, sean éstas de tipo institucional o externas a las instituciones. Más aún cuando el proceso de criminalización de la protesta social es un rasgo definitorio de un Gobierno que trata de controlar, a veces de forma muy burda y torpe, un movimiento que lo desborda.

A nuestro juicio, para disponer de una base social suficientemente amplia y cohesionada es necesario alcanzar la hegemonía, es decir, tenemos que lograr que cambie la concepción que tiene la ciudadanía del mundo. Por ejemplo, las acciones de desobediencia civil, las huelgas y los procesos electorales son momentos en los que cambia la concepción del mundo de la gente implicada. No puede negarse que los actos de desobediencia civil son un golpe extraordinario a la ideología dominante. Impactan en la forma que tiene la ciudadanía de comprender el mundo.

Todas estas acciones han de servir a algún objetivo ideológico, es decir, a un futuro modelo de sociedad diferente. Esbozaremos también algunos de los elementos indispensables que creemos que habrán de ser los pilares del nuevo modelo.

Partimos de la constatación de que la demanda de mayor democracia y el sentimiento de que las instituciones democráticas formales no son ya útiles han sido la columna vertebral del movimiento 15-M. Esta visión es coincidente con nuestra denuncia de que actualmente no existe democracia, y que por lo tanto tenemos que construirla.

Pero no sólo la democracia. Creemos que un Estado de derecho impediría que la democracia pudiera aprobar injusticias, es decir, sería el instrumento que marcaría las líneas rojas de lo que la razón considera infranqueable. Sin embargo, en realidad el Estado de derecho no puede existir mientras exista el capitalismo y, concretamente, mientras no haya democracia económica. Aunque la ideología dominante pretenda hacer creer que Estado de derecho y capitalismo son la misma cosa, a lo largo de las páginas de este libro iremos descubriendo que no es así en absoluto.

De hecho, el ideal de la Ilustración, simbolizado en el famoso lema «libertad, igualdad y fraternidad», aplicado al ámbito económico —el famoso laissez faire y el papel de la mano invisible—, anula el concepto de ciudadano libre. Por esa razón no podemos ser ciudadanos libres si sigue existiendo el capitalismo y el proyecto liberal se aplica al ámbito de la economía.

Con todas estas piezas hemos tratado de resumir una descripción distinta de la crisis actual, más rigurosa y potente, así como sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad que se enfrente al proyecto que están desarrollando los diferentes Gobiernos de Europa del sur al asumir las estrategias económicas de las instituciones supranacionales, especialmente de la llamada troika.

Complementamos todos esos elementos con una descripción de los mecanismos con los que se ha materializado esta gran estafa. Así, el capítulo 4 tiene como objetivo mostrar cómo la especulación financiera, los rescates financieros y el sistema fiscal han operado para facilitar y materializar la inmensa transferencia de dinero público hacia unas pocas manos privadas. En definitiva, hemos tratado de descifrar y revelar las innumerables trampas económicas que el poder económico ha elaborado para que la ciudadanía sea engañada respecto de las verdaderas intenciones políticas de los distintos Gobiernos. Esperamos que, al comprender la naturaleza del sistema financiero actual y, más generalmente, del sistema económico capitalista, el lector transforme la frustración social imperante en esperanza y motivación para sumar fuerzas con el objetivo de superar el actual y criminal sistema económico y encontrar una forma más justa de organizarnos como sociedad.

Primera parte

PRIMERA PARTE

1. Endeudados y en paro. ¿Qué ha pasado aquí?

1

ENDEUDADOS Y EN PARO.

¿QUÉ HA PASADO AQUÍ?

A finales del año 2012, la economía española tenía una tasa de paro superior al 25 por ciento y un nivel de endeudamiento para el conjunto de la economía (es decir, Administración pública, hogares y empresas) del 366 por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Un desolador panorama que plantea un horizonte cada vez más negro para la mayoría de la población. No obstante, a estas alturas ya prácticamente todos los analistas comparten la idea de que lo que estamos viendo son las dramáticas consecuencias de tantos años de burbuja económica basada en la construcción y en el crédito fácil. En cualquier caso, la pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿cómo podemos salir de este atolladero?

Los Gobiernos europeos han iniciado una serie de políticas denominadas de ajuste o estructurales, con las que se espera que las economías como la nuestra salgan de la crisis. En todo caso, no estamos ante un problema circunscrito a España, sino que otros países, especialmente Portugal y Grecia, están padeciendo crisis de la misma naturaleza con la misma severidad. Y la estrategia económica, impuesta desde las instituciones supranacionales europeas, es la misma para todos.

Hasta ahora no hemos logrado ver la luz al final del túnel, y de hecho cada vez la situación se agrava más. Tras más de cinco años de ajustes, la economía de Grecia está peor que antes y sin visos de que en algún momento pueda levantar cabeza. Todo parece indicar, desgraciadamente, que nuestros Gobiernos nos empujan en la misma dirección. Y el destino es terrorífico, pero el viaje no lo es menos. Los desahucios se multiplican hasta el punto de que la media alcanza actualmente los quinientos diarios, mientras que el hambre y la miseria se expanden a la misma velocidad que una importante parte de la población cae en la pobreza. La generación más joven se encuentra en muchos casos desesperanzada y desesperada; tanto es así que la emigración se presenta como la única forma de lograr encontrar trabajo, en un país con una tasa de desempleo juvenil superior al 50 por ciento.

Pero todos estos fenómenos no son nuevos en la historia de la humanidad, y siempre han existido fórmulas para escapar de estas situaciones tan dramáticas. Sin embargo, toda política económica implica consecuencias no sólo en la economía, sino también en la sociedad, la política y el poder. Y sin duda, es importante comenzar a cuestionarlo todo con objeto de encontrar la solución a tan triste situación. Pero nada de ello tendría sentido si no se hiciera con el rigor adecuado.

Tenemos el deber moral y científico de acercarnos al problema actual, que no es estrictamente económico, desde el rigor. No podemos limitarnos a buscar soluciones basadas en la frustración y las emociones derivadas de ésta —por otra parte, lógicas—, sino que necesitamos comprender cómo funciona nuestro sistema económico para descubrir cómo hemos llegado hasta aquí y también cómo salir. En definitiva, se requiere un compromiso con la verdad. No olvidemos que, al fin y al cabo, la verdad es siempre revolucionaria en un mundo plagado de mentiras.

EL SISTEMA CAPITALISTA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

«El capital es el flujo vital que nutre el cuerpo político de todas las sociedades que llamamos capitalistas, llegando a veces como un goteo y otras como una inundación, hasta el último rincón del mundo habitado. Gracias a ese flujo, quienes vivimos bajo el capitalismo adquirimos nuestro pan cotidiano, así como nuestras viviendas, automóviles, teléfonos móviles, camisas, zapatos y todos los demás artículos necesarios para mantener nuestra vida cotidiana. Mediante ese flujo, se crea la riqueza que proporciona los muchos servicios que nos sustentan, entretienen, educan, reaniman o restablecen, y, gracias a los impuestos sobre él, aumentan su poder los Estados; no sólo su poderío militar, sino también su capacidad para mantener un nivel de vida adecuado para sus ciudadanos. Si se ve frenado o, peor aún, si se interrumpe o bloquea, nos encontraremos con una crisis del capitalismo en la que la vida cotidiana no puede proseguir de la forma acostumbrada».

DAVID HARVEY[1]

Aunque la noción de crisis se ha convertido en un lugar común, pues todo el mundo quiere «salir de la crisis», es dominante aún la confusión general acerca de lo que es realmente una crisis económica. Y por más que se publican libros y libros sobre las diferentes crisis actuales (crisis financiera, crisis económica, crisis de la deuda, crisis ecológica…), la incertidumbre se mantiene. No es extraño, pues las distintas escuelas de pensamiento de la ciencia económica ofrecen diferentes interpretaciones de lo que está pasando y, por consiguiente, también de lo que se debería hacer para acabar con la crisis.

En todo caso, crisis es interrupción. Concretamente, interrupción del ciclo productivo. Esto quiere decir que se han detenido los mecanismos por los cuales nuestras economías producen bienes y servicios. Dichos mecanismos son los que permiten crear puestos de trabajo y producir bienes materiales cada vez mejores desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, lo que se ha detenido ha sido el proceso de avance económico, de crecimiento económico. Y sin crecimiento económico no hay creación de empleo, lo cual constituye la principal preocupación de la mayoría de los españoles.

Entender cómo funciona el ciclo productivo, con el propósito de encontrar la forma de reactivarlo o transformarlo, es la tarea propia de los economistas[2]. Tanto Marx, el más feroz crítico del capitalismo, como Keynes, su ferviente defensor, consideraron de máxima utilidad los esquemas elaborados por el primero para entender el ciclo productivo. Hay que recordar que, de hecho, aunque Marx es más conocido por ser coautor del Manifiesto comunista junto con Engels, su obra cumbre se titula El capital, precisamente porque es un profundo y largo estudio del sistema económico capitalista. Y nosotros, con objeto de dotarnos de una adecuada herramienta para comprender nuestra economía, vamos a seguir esos esquemas, igual que hicieron Keynes y Marx.

El ciclo del capital y sus crisis

En una economía capitalista, el ciclo productivo está descrito por el proceso D-M-D’, llamado ciclo del capital, que representa en abstracto el proceso por el cual una empresa obtiene dinero (D), produce mercancías (M) y luego las vende por una cantidad de dinero superior a la inicial (D’). La diferencia entre D’ y D es el excedente económico. Pensemos, por ejemplo, en una empresa de automóviles que hace una inversión inicial (D), produce coches (M) y luego los vende a cambio de más dinero (D’). Si se quiere que, en el futuro, la sociedad pueda disfrutar de mejores coches o que aumente el número de trabajadores, la clave está en que los beneficios obtenidos se dediquen a la inversión. Así, el dueño de la empresa de automóviles no se queda con el beneficio, sino que lo dedica a ampliar la capacidad productiva. En términos de nuestro esquema, esto significa que, cuando la empresa recibe D’, dedica ese dinero a reiniciar el ciclo productivo de tal forma que ahora será D’-M-D”, siendo D” mayor que D’. Y así sucesivamente.

Por supuesto, el ciclo del capital no puede reproducirse sin que al menos se «espere una ganancia», es decir, las expectativas acerca de D’ serán una condición necesaria para que el ciclo funcione. Si uno cree que D’ va a ser más pequeño que D, por la razón que sea, no va a invertir el dinero y por lo tanto no contratará trabajadores ni comenzará el ciclo productivo. Dicho de otra forma, nadie invierte mil euros si espera recibir de vuelta sólo ochocientos. Por eso, el papel de la rentabilidad es crucial en el sistema capitalista, dado que sólo lo que es rentable proporciona incentivos para que los empresarios inviertan. Si éste es el proceso que mueve la economía capitalista, se trata de un sistema dinámico y siempre en evolución. Así pues, el principal elemento de una economía capitalista, aunque no el único, es la ganancia.

Este ciclo productivo que hemos explicado es el que se ha roto en la economía en su conjunto. No es la primera vez que ocurre en España ni se trata de algo que sólo ocurra en nuestra economía. Por el contrario, la historia del capitalismo es la de sus continuas crisis. No obstante, no todas las crisis son iguales; el ciclo productivo puede romperse por muchos sitios y por muchas razones diferentes. Vamos a ver algunas posibilidades que ayudan a comprender el funcionamiento de una economía capitalista.

En primer lugar, la crisis puede darse al comienzo del ciclo por falta de financiación. En las economías desarrolladas, lo normal es que los empresarios no tengan dinero propio suficiente para acometer proyectos de gran envergadura. En ese caso se recurre a los mercados financieros (desde el préstamo hasta las emisiones de títulos como bonos y obligaciones, pasando por las acciones). Cualquier crac financiero, o ruptura del canal que permite que llegue financiación al ciclo productivo, llevará a una interrupción del ciclo. Estamos entonces ante una crisis financiera, que se traslada a la economía real debido a lo que se suele llamar «cierre del grifo crediticio». Otra cuestión distinta, en la que no vamos a entrar, son los motivos por los cuales se puede producir la crisis financiera.

En segundo lugar, este ciclo puede romperse a la hora de obtener las materias primas o de contratar a los trabajadores necesarios para producir. Imaginemos que, antes de comenzar a reproducir el ciclo, el empresario se da cuenta de que los materiales que necesita no están disponibles o se han encarecido demasiado. Por ejemplo, el trigo o el petróleo. Si faltan, el ciclo no podrá reproducirse de ninguna forma y sobrevendrá una crisis. En el caso de que sean demasiado caros, la expectativa de ganancia será menor y, por lo tanto, es posible que el empresario no quiera arriesgarse a iniciar el ciclo, lo que también producirá una crisis. Entre las soluciones a las que, a lo largo de la historia, se ha recurrido para superar este tipo de crisis, destacan las invasiones militares a áreas geográficas ricas en los recursos necesarios.

Por otra parte, también podría fallar la contratación de los trabajadores, bien porque se trate de una economía de pleno empleo (y todos los que quieran trabajar lo estén haciendo), bien porque sencillamente no hay gente que quiera trabajar en determinados sectores. Desde la perspectiva histórica, esta otra modalidad de crisis se resuelve con una subida de salarios para atraer trabajadores, mediante el fomento de la inmigración o simplemente con el recurso a la represión para forzar a la gente a trabajar.

En tercer lugar, el ciclo productivo puede romperse en el ámbito de la producción, es decir, cuando ya hay dinero invertido en la empresa. Por ejemplo, las huelgas, los boicots o los sabotajes pueden interrumpir el proceso productivo e impedir que se complete. Desde una perspectiva histórica, estas crisis se han resuelto mediante la represión policial o a través de procesos de negociación entre las partes enfrentadas en el conflicto laboral.

Por último, el ciclo productivo puede romperse al final, es decir, en el momento de intentar vender la producción. Cuando no hay nadie a quien venderle los productos, el mercado se ha cerrado o ha dejado de existir. Si, por ejemplo, nuestra economía basa su crecimiento en vender a un país que entra en guerra, o que se ha aislado internacionalmente, nos quedamos sin clientes para nuestra producción. Como no podemos venderla, no podemos transformar M en D’, y entramos en crisis. Lo mismo ocurre si nuestra economía depende del mercado interno, esto es, de los salarios de la gente que vive en el país. Si los salarios caen y, en consecuencia, la gente se empobrece, no se podrán vender las mercancías y se producirá una crisis. Históricamente, estas crisis se han resuelto de dos formas. La primera es la expansión a nuevos mercados —es la estrategia preferida del capitalismo, que se ha extendido por todo el globo, y casi nunca pacíficamente— y la segunda, a través del incremento del poder adquisitivo de los trabajadores.

Pensemos en el conocido fenómeno de la obsolescencia programada, es decir, la estrategia empresarial consistente en elaborar productos que cada vez duran menos tiempo. Ya descrito el ciclo del capital, podemos comprender por qué las empresas hacen eso. La razón es que, si no están vendiendo continuamente lo que producen, no pueden generar beneficios ni conservar a sus empleados. Por eso a ninguna empresa le interesa vender un producto que dure cincuenta años, aunque tecnológicamente sea factible elaborarlo. Lo que le interesa a la empresa es vender sin tregua. Para ello se recurre a dos métodos fundamentales. El primero, de índole psicológica, consiste en mentalizar al consumidor para que se convenza de que el artículo que posee está anticuado y debe sustituirlo por otro nuevo (es el caso evidente de la ropa y de la tecnología). El segundo es la mencionada obsolescencia programada, esto es, la limitación técnica de la vida del producto (como las impresoras, por ejemplo) para que pronto deje de ser útil y haya que sustituirlo. El objetivo siempre es el mismo, es decir, vender nuevos productos para evitar la quiebra de la empresa (que necesita reinvertir beneficios ad nauseam).

Explicado esto, puede ser gráficamente interesante pensar en el capitalismo como en una bicicleta. Cuando uno monta en bicicleta, sabe que no puede dejar de pedalear si quiere seguir encima del vehículo. Si por cualquier razón se deja de darle al pedal, la bicicleta se desestabiliza y se corre el riesgo de caer al suelo y hacerse daño. En cierto sentido ésta es una analogía precisa de cómo funciona nuestra sociedad en el plano económico. Vivimos en un sistema económico que, como hemos descrito, opera de tal forma que el crecimiento económico hace las veces de pedal de bicicleta. Si en algún momento no hay crecimiento económico, el sistema se desequilibra y corre el riesgo de romperse en pedazos. Y como mínimo, y dependiendo de la duración de la crisis, se mostrará incapaz de crear empleo y de mejorar la capacidad productiva de una economía.

Nuestro momento actual es el de haber tocado suelo —además, de bruces—. Efectivamente, como economía nos hemos caído de la bicicleta y, tras comprobar durante algunos años la magnitud de nuestras magulladuras, nos encontramos reflexionando sobre cómo volver a montarnos en el vehículo para continuar el viaje. Todos nos preguntamos cómo reactivar el crecimiento económico, es decir, cómo podemos volver a pedalear. Ése es el tema de debate, no porque tengamos especial interés en montar en bicicleta, sino porque ya sabemos que, dentro del actual sistema económico, el crecimiento es un requisito indispensable para crear empleo y mejorar el bienestar material de la ciudadanía.

¿Por qué no nos caímos antes?

Ahora bien, puesto que el capitalismo es un sistema económico con enormes contradicciones en su dinámica interna, y sujeto a tantas posibles crisis, parece complicado no estar de acuerdo con Shaikh[3] cuando afirma que «la pregunta verdaderamente difícil de contestar respecto a esta sociedad [capitalista] no es por qué llega a desintegrarse, sino por qué continúa operando».

De hecho, hasta ahora ese ciclo del capital, ese flujo de sangre, había funcionado bien en España. Nuestro país crecía económicamente, se creaba empleo y como consecuencia de todo ello se incrementaba el bienestar material de la sociedad (infraestructuras, servicios públicos, etcétera). La sociedad estaba subsumida en una dinámica de estabilidad que prometía durar para siempre. Tanto se pensaba así que, en enero de 2007, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció públicamente que España superaría en pocos años en PIB per cápita a una potencia económica como Alemania. Como ya sabemos, aquellos pronósticos fracasaron, pues el estallido de la burbuja inmobiliaria y la actual crisis echaron esas esperanzas en saco roto. Pero nos falta averiguar cómo pudo funcionar correctamente el sistema hasta ahora. Si los fundamentos eran tan débiles como al final se ha mostrado, ¿cómo es posible que se mantuvieran durante tanto tiempo?

Para responder esta pregunta, debemos comenzar matizando y diciendo que el capitalismo, aunque tiene una lógica y una dinámica específica de funcionamiento, no se cristaliza de una forma perfecta en cada economía nacional. Diversos factores económicos, históricos, culturales y sociales dotan de rasgos propios a las economías nacionales, las cuales, a pesar de ser todas capitalistas, tienen sus propias singularidades. Por esa razón no es lo mismo lo que ocurre en Alemania, Francia, Italia, Grecia o España, a pesar de que todos son países capitalistas. De la misma forma, la dinámica interna de cada economía viene marcada por el modo de participación en el sistema capitalista mundial, es decir, por cómo se relacionan comercialmente unas economías con otras.

Dicho de otra forma, todas las economías capitalistas obedecen al mencionado ciclo del capital y a la lógica de funcionamiento que conlleva —la necesidad de crecer económicamente y, por lo tanto, de encontrar espacios de rentabilidad—, pero las piezas del sistema pueden articularse de forma diferente para conseguirlo. Ésta es la razón por la que en el conjunto de las economías capitalistas percibimos distintas estructuras económicas, cuyos fundamentos debemos estudiar para averiguar qué se encuentra detrás del crecimiento de cada economía en particular.

No entender esto puede provocar importantes malentendidos. Por ejemplo, es frecuente escuchar que la solución está en calcar el modelo de otros países que a priori responden económicamente mejor que el nuestro. Se argumenta a veces que, si a Alemania le va bien y tiene tasas de desempleo mucho más bajas, podría ser una buena idea copiar su modelo. En muchas ocasiones este razonamiento se usa de forma parcial e interesada, para justificar determinadas políticas —como la reforma laboral— a partir del argumento de que «otro país ya lo hizo». Pero se olvida, muy a menudo, que lo importante es analizar el todo, es decir, cómo se articulan todas las piezas entre ellas para garantizar que en cada espacio nacional pueda haber crecimiento económico. Porque cada estructura económica, esa articulación de las piezas, es tan diferente que lo que a una economía le resulta adecuado para crecer económicamente para otras puede ser desastroso.

La historia ofrece muchos ejemplos de que los modelos no son exportables a otros países con la misma facilidad con la que se describen y analizan en el papel. La antigua Unión Soviética, por ejemplo, sufrió las desastrosas consecuencias de intentar imponer su propio modelo de crecimiento en países cuyas estructuras sociales y económicas eran muy distintas. El problema nace cuando se piensa que todos los países han de seguir la misma línea de desarrollo, sin atender a las particulares configuraciones que son producto de la historia de cada país.

EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA

«La mejor política industrial es la que no existe».

CARLOS SOLCHAGA,

ministro de Industria (1982-1985)

y de Economía (1985-1993)

Cada economía crece, como hemos apuntado, a partir de determinadas singularidades históricas, geográficas, sociales, culturales… Esto es fácil de ver. El desarrollo tecnológico o la actitud cultural hacia el trabajo no pueden ser las mismas en países que han sufrido guerras recientes, como Irak; en países de tradición religiosa protestante, como Alemania; en países hasta hace poco absolutamente aislados, como Albania; en países que han sufrido duras y recientes dictaduras militares, como España, Portugal o Grecia; en países con abundancia de recursos naturales tan valiosos como el petróleo o el gas, como Noruega o Rusia, y en países con capacidad militar para imponer sus acuerdos comerciales y políticos, como Estados Unidos. La travesía de cada país por la historia ha sido notablemente diferente. En consecuencia, la explicación de por qué unos crecen más que otros no se puede reducir a un solo factor.

No obstante, al ser los países mencionados economías capitalistas, deben satisfacer al menos los requisitos que hemos apuntado en el epígrafe anterior. Y el más básico es que han de garantizar espacios de rentabilidad, es decir, han de habilitar las condiciones para que a los empresarios les interese invertir su dinero y de esa forma pueda reproducirse el ciclo del capital. Esto significa que, más allá de sus particularidades históricas, todas esas economías deben articular sus propias piezas para permitir que haya crecimiento económico.

En el caso de España, el mayor cambio institucional de las últimas décadas, en términos económicos y de modelo de crecimiento, ha sido su incorporación a la Unión Europea.

El papel secundario de España

España se incorporó a la Unión Europea en 1986, aunque su petición se había formalizado ya en 1977. Con aquella entrada, se dio inicio a la libre circulación del capital, lo que forzó a las empresas españolas a competir con las de los países vecinos. Dado el retraso económico que sufrían países como España, Grecia y Portugal en cuanto a desarrollo tecnológico, fundamentalmente por haber padecido duras dictaduras militares, la batalla competitiva fue en realidad una masacre de los países menos desarrollados perpetrada por los que lo estaban más. Las empresas no competitivas, como las españolas, empezaron a ser desplazadas del tablero de juego.

En compensación, los países menos desarrollados recibieron importantes cantidades de fondos estructurales. El objetivo no era modernizar sus industrias, sino sencillamente mejorar las infraestructuras para abaratar los transportes y las redes de comunicación europeas.

No obstante, con la firma del Tratado de Maastricht, en 1992[4], España aceptó duras condiciones macroeconómicas, inspiradas en el ideario neoliberal, que acentuaron el proceso de desindustrialización. La industria española se mostraba cada vez más incapaz de competir con la de países como Alemania y, en consecuencia, hizo pivotar su crecimiento sobre otros sectores, como el de la construcción. Basten algunos datos para comprobarlo. En 1997 la industria generaba el 21 por ciento del valor añadido de toda la economía, mientras que en 2007 esa parte se redujo al 17 por ciento. En contraposición, la construcción se convirtió en el sector con mayor crecimiento: pasó de representar un 7 por ciento en 1997 a un 12 por ciento en 2007. Por otra parte, el conjunto de la industria española sólo mantuvo un 7,5 por ciento de la cifra de negocios total de la Unión Europea, frente al 26,1 por ciento de Alemania y el 12,9 por ciento de Francia[5].

Esto quiere decir que las características singulares de la economía española quedaron limitadas, en última instancia, por su modelo de inserción en la Unión Europea. Fueron las condiciones económicas y de competencia, que España aceptó, las que determinaron el modelo productivo del país y, concretamente, su progresiva desindustrialización. Al partir de esas premisas, lo único que faltaba determinar era qué sector podría proporcionar rentabilidad suficiente para mantener tasas de crecimiento que permitieran crear empleo. Y ahí es donde entra la construcción y, muy particularmente, la burbuja inmobiliaria.

Para comprenderlo mejor, pensémoslo en términos de rentabilidad y de ciclo del capital. Imaginemos que soy un empresario que hasta ahora invertía en la industria y obtenía un 30 por ciento de beneficios. Ahora que entran otros competidores en la partida (provenientes del resto de Europa), con mejor tecnología y capacidad para vender más barato que yo, mis beneficios pueden convertirse fácilmente en pérdidas. Así, opto por invertir en otros sectores que sean rentables. Si la tasa de beneficio del sector de la construcción es del 50 por ciento, como es lógico y racional, preferiré dedicar mi dinero a invertir allí. Esto es, a grandes rasgos, lo que ha pasado con la economía española: invertir en el sector de la construcción era mucho más atractivo que hacerlo en cualquier otra cosa. Y, concretamente, era más rentable que invertir en un sector industrial que no podía vencer en la lucha competitiva contra el resto de Europa.

La construcción se convirtió así en un sector atractivo para el capital, tanto español como extranjero. Ante la llegada de tantos fondos europeos para financiar carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, así como ante la creación de una burbuja inmobiliaria que parecía no explotar nunca, el sector de la construcción se convirtió en un buen sitio para invertir y obtener muchos beneficios.

Pero si el sector de la construcción era rentable, era precisamente porque el ciclo del capital se lograba completar. Es decir, porque no sólo se daba el fenómeno de que las empresas y administraciones construían viviendas e infraestructuras, sino que también había quien las compraba. Por lo tanto, de algún lado tenía que salir el dinero que permitía comprar esas casas y pagar esas autovías.

El modelo de crecimiento simbiótico

La respuesta a ese interrogante nos la ofrecen otros países de la Unión Europea y sus modelos de crecimiento. Por ejemplo, países como Alemania también tienen economías capitalistas que necesitan completar su propio ciclo del capital. Su forma de hacerlo, dado que en estos casos sí poseen industrias competitivas, es vendiendo los productos al exterior, de modo que necesitan que otros países como España tengan dinero para comprar. Así, los coches alemanes se vendían a familias españolas que los compraban con dinero prestado de la propia Alemania. Parece estrambótico, y hasta cierto punto sin duda lo es, pero es fácil de entender una vez que hemos comprendido el ciclo del capital.

En Europa se han creado modelos de crecimiento simbiótico entre los países del centro y los de la periferia. Mientras los países del centro de Europa han basado su crecimiento en la exportación de bienes y servicios, los periféricos han crecido gracias a la demanda interna y al endeudamiento privado. Esto significa, en esencia, que España exporta menos de lo que importa y que a Alemania le ocurre al revés. Estas dinámicas se han propulsado enormemente tras la llegada del euro, lo que revela que la estructura de la Unión Europea y la moneda común profundizan los desequilibrios internos.

Como hemos apuntado, el menor desarrollo de la economía española se ha traducido en una estructura productiva más precaria pero también de menor intensidad tecnológica. De hecho, en las últimas décadas España ha conseguido fortalecer la mayoría de los productos que más contribuían a la cuenta comercial hasta la década de 1990: los agrícolas (vegetales, frutas y aceite). Sin embargo, se produce un cambio de signo en el sector automovilístico y un empeoramiento del saldo negativo de otros productos como los vehículos de cilindrada media, los combustibles, la industria farmacéutica, la maquinaria y la aeronáutica[6]. Esto significa, como recuerda el Consejo Económico y Social de España, que «las exportaciones se orientan en mayor medida hacia productos de contenido tecnológico bajo y medio»[7].

Por el contrario, la situación en Alemania es inversa en términos comerciales. Este país ha mostrado una cuenta corriente en la balanza de pagos con un superávit creciente, lo que se explica por una especialización inicial en segmentos productivos de más alta gama y contenido tecnológico y por el abaratamiento relativo de las importaciones gracias a procesos continuados de deslocalizaciones de industrias de bienes intermedios[8]. A diferencia del caso español, Alemania registra superávit de forma permanente en el conjunto de los productos de alta tecnología. La industria del automóvil, la calderería, la industria farmacéutica, la aeronáutica y las telecomunicaciones son los sectores que más contribuyen a la generación de superávit[9].

Todo ello significa que las empresas alemanas obtienen ingresos que son compartidos con los bancos alemanes. Es decir, los bancos alemanes que han prestado dinero a las empresas alemanas se benefician también de la buena marcha de las exportaciones germanas, en primer lugar, porque reciben intereses por los préstamos y, por otra parte, porque las ganancias se depositan en esos mismos bancos. En definitiva, los bancos alemanes se encuentran finalmente con nuevos ingresos y dinero ocioso.

¿Y qué hacen los bancos alemanes con ese dinero? Pues, por la lógica capitalista, no tienen más remedio que moverlo para conseguir más ganancias, de modo que lo prestan a otros sujetos económicos. En términos generales, lo han prestado a los países del sur de Europa, entre ellos a España. Esta transferencia de dinero es la que explica que la balanza de pagos cuadre: el superávit de la cuenta financiera compensa el déficit de la cuenta corriente. Dicho de otra forma, la economía española importa más de lo que exporta y necesita dinero para pagar esa diferencia, y ese dinero es el que le presta el sistema financiero internacional (y particularmente el de origen alemán).

Ha de tenerse presente que la forma en la que el sistema financiero alemán presta a la economía española es múltiple. Puede prestar a través de inversiones extranjeras directas (llegada de empresas), por medio de inversión en cartera (compra de acciones o títulos como bonos y obligaciones) o mediante préstamos. En España han sido determinantes las dos últimas formas.

En todo caso, el sistema financiero español (bancos y cajas de ahorro) se endeuda porque necesita dinero para prestar a las empresas españolas. Al fin y al cabo, ése es su negocio y su forma de mantener su ciclo del capital. Asimismo, las empresas necesitan mantenerse productivas, porque, de lo contrario, entran en crisis y el sistema no puede mantenerse. Como hemos explicado, las empresas españolas se han centrado en el sector de la construcción y en otros sectores internos. Pero, como la desigualdad en España —medida como participación salarial en la renta— es muy alta[10], las empresas españolas enfrentan además una crisis de demanda interna. Es decir, en el conjunto de la economía hay poca capacidad de consumo. La dificultad para mantener el ritmo de consumo es creciente, lo que hace peligrar la reproducción del ciclo del capital. Por esa razón se recurre a una actividad relativamente ficticia: la burbuja inmobiliaria.

Las empresas españolas encuentran en la burbuja inmobiliaria una vía de escape para seguir generando beneficios (esquivando así el obstáculo de la insuficiencia de demanda interna). Dicha burbuja inmobiliaria es favorecida por la regulación legal y los bajos tipos de interés de la eurozona (que permiten que los préstamos sean más atractivos). De esa forma, las empresas españolas pueden alimentarse de una actividad muy rentable. Pero se trata de una actividad que es también muy inestable y que, en última instancia, depende del endeudamiento.

Mientras existe la burbuja inmobiliaria, el sistema funciona correctamente y el ciclo del capital se mantiene sin interrupción. Evidentemente, las asimetrías comerciales se profundizan año tras año, pero los economistas convencionales y los ministros de Economía como Solbes aseguran que esas cuestiones ya no importan en el marco de la zona euro.

Con la burbuja en funcionamiento, las empresas españolas que se movían alrededor de la construcción generaban miles de empleos nuevos cada mes, que proporcionaban salarios a los trabajadores, que éstos utilizaban para comprar productos importados. Esas importaciones favorecían a Alemania, entre otros socios comerciales, lo cual alimentaba el ciclo de ambos países. El dinero circulaba por el esquema de relaciones internacionales… Hasta que estalló la burbuja inmobiliaria y el esquema se interrumpió. El consumo y la inversión cayeron y las empresas españolas no tuvieron forma de generar nuevos beneficios. Los trabajadores españoles se quedaron sin trabajo y tanto ellos como las empresas y los bancos se encontraron enormemente endeudados con el capital financiero alemán e internacional.

No obstante, para que todo esto fuera posible, no sólo era una condición que la Unión Europea limitara el modelo productivo, haciendo imposible cualquier opción de modernización industrial, sino que había que disponer de las leyes adecuadas en el propio marco institucional español. Efectivamente, aquí la clave la encontramos en cómo se ha ido regulando la vivienda a lo largo de la historia reciente de nuestro país.

Los orígenes institucionales de la burbuja inmobiliaria

Hoy es común pensar en España como un país de propietarios de viviendas, pues es lo que efectivamente predomina. Sin embargo, no siempre fue así. El censo de 1950 refleja, por ejemplo, que el 50 por ciento de las viviendas eran de alquiler. Esa modalidad era hegemónica en las grandes ciudades, pues alcanzaba el 94 por ciento de las viviendas en Madrid y el 95 por ciento en Barcelona[11].

El hacinamiento también era habitual por entonces. Ese mismo censo revela que había en España más familias que viviendas y que aproximadamente unas trescientas mil familias compartían espacios habitacionales. Así las cosas, la dictadura franquista buscó formas de solucionarlo con objeto de evitar altercados sociales en la calle. Una de las medidas consistió en proporcionar subvenciones e incentivos a las empresas que crearan un stock de viviendas de alquiler barato para sus propios trabajadores. Por otra parte, a los ayuntamientos se los habilitó para recalificar y reclasificar terrenos con facilidad, con el fin de ofrecer ventajas a las empresas que desearan construir en sus municipios. Comenzaba de esa forma una estrecha relación entre el poder político municipal, con capacidad de modificar la naturaleza legal de los terrenos, y el poder empresarial. Una relación que habitualmente termina en pelotazos urbanísticos.

Tras la Transición, se instó a las empresas a vender todo su stock de viviendas de alquiler barato, en muchos casos a los propios inquilinos, y se profundizó la vinculación entre el poder local y un poder económico tanto extranjero como nacional (de las viejas oligarquías franquistas que se enriquecieron).

Desde entonces, los poderes políticos locales han estado cada vez más estrechamente vinculados a los empresarios del territorio. Empresarios que, por otra parte, mantienen un comportamiento de tipo rentista desde tiempos inmemoriales. Así, los pelotazos inmobiliarios y los macroproyectos no rentables (como aeropuertos, parques temáticos o extensas autovías) han servido para generar empleo y riqueza (en términos de PIB), a la vez que proporcionaban inmensos beneficios a los propietarios de las empresas y a los concejales corruptos. La banca, participada por las grandes empresas constructoras e inmobiliarias y propietaria a su vez de ellas, ha formado parte del modelo. Aunque han sido las cajas, administradas por personal muy bien remunerado y políticamente adscrito —directa o indirectamente—, las entidades más volcadas en este modelo.

De hecho, las cajas de ahorro se transformaron progresivamente, a golpe de ley, para que dejaran de lado su naturaleza original[12] y fueran calcando el modelo especulativo de los bancos. La diferencia estribaba en que, mientras los bancos tenían una orientación internacional, con participación en los mercados financieros más globalizados, las cajas solían vincularse a la actividad local y territorial. Además, mientras los bancos podían financiarse emitiendo acciones u otros títulos financieros, las cajas sólo podían atraer ahorros de los ciudadanos o inventar nuevas fórmulas, que finalmente pusieron en marcha con muchos engaños (como las participaciones preferentes)[13].

La vinculación entre las cajas de ahorro y las empresas de la construcción que participaban en la burbuja inmobiliaria fue mediada por la élite política municipal, que tenía la capacidad de recalificar terrenos, pero también de facilitar la concesión de los préstamos. Se daban todos los ingredientes para mantener una estructura rentista funcional para el desarrollo de la burbuja inmobiliaria.

En definitiva, con la entrada de la financiación europea y con las nuevas condiciones económicas, los procesos ya vigentes en el franquismo en relación con el urbanismo se profundizaron y multiplicaron. La historia económica ha demostrado que en España se conjugan elementos semifeudales con otros modernos. Rasgos heredados de la estructura política y económica franquista y rasgos modernos propios de un capitalismo desarrollado. Y es en este contexto en el que hay que inscribir el desarrollo económico español y el papel de las entidades financieras, muy concretamente el de las cajas de ahorro.

La transición política no supuso una ruptura con todos los elementos anteriores, pues no se la combinó con una transición económica. Como consecuencia de ello, las viejas oligarquías franquistas, enriquecidas tras la guerra, mantuvieron su poder económico aun en el marco de la democracia. Un poder muy provincial, vinculado al territorio y a una estructura económica muy poco desarrollada industrialmente.

La burbuja inmobiliaria se había convertido así en el pedal de nuestra economía, en el motor que permitía que España pudiera crear empleo y seguir incrementando el bienestar material a través del consumo.

LA BORRACHERA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y LA MONTAÑA DE LA DEUDA A PAGAR

«La compra de un piso programa a largo plazo un incremento del nivel de ahorro, y eso es muy bueno».

CRISTÓBAL MONTORO,

ministro de Hacienda, 2002[14]

«Yo les diría que las familias en España han incrementado su endeudamiento, nos hemos acercado a la media europea, pero se han endeudado para adquirir un activo, que es la vivienda, en un porcentaje superior al 90 por ciento. Por tanto, desde ese punto de vista, estaría tranquilo. No pienso que exista burbuja inmobiliaria».

LUIS DE GUINDOS,

secretario de Estado, 2003[15]

Gracias a estas configuraciones institucionales y a la existencia de una vía de escape como la burbuja inmobiliaria, la economía española creció al 3,63 por ciento de media anual entre los años 2000 y 2006, una cifra muy superior a la media alcanzada en las décadas anteriores[16]. Como hemos apuntado, ese crecimiento económico permitió una creación de empleo y una expansión del consumo sin precedentes en la historia española. La tasa de desempleo, que había estado siempre por encima del 10 por ciento en nuestro país, alcanzó un mínimo histórico de un 8,3 por ciento en el año 2007. La década de 2000 fue, sin duda alguna, el momento de oro de la economía española.

Cuando todo se desplomó, la mayoría de los economistas y políticos se echaron las manos a la cabeza preguntándose por las razones de tamaño desastre. Pocos lo habían advertido antes y muchos lo habían ignorado o directamente negado. En 2003, por ejemplo, el entonces ministro de Hacienda —y actualmente repetidor en el cargo—, Cristóbal Montoro, afirmó que la burbuja inmobiliaria era una invención de la oposición[17]. Otros gobernantes, como Rodríguez Zapatero, lamentaron más tarde no haber pinchado la burbuja cuando hubieran podido hacerlo[18].

Pero ¿por qué iban esos economistas y políticos a ignorar una situación que conllevaba un riesgo tan importante para nuestra economía? ¿Acaso por maldad? ¿Quizá por ignorancia? ¿O simplemente por interés?

En realidad, las burbujas económicas operan como el conocido juego infantil de la patata caliente, en el cual cada jugador tiene que responder una pregunta mientras suena música de fondo. Si un jugador acierta la respuesta, le pasa un objeto, generalmente una patata, a otro. En el momento en que termina la música, aquel que tenga entre sus manos el objeto será el que pierda. Del mismo modo, en el proceso de gestación de una burbuja económica no pierde nadie hasta que se detiene la música o, lo que es lo mismo, estalla la burbuja. Por esa razón, los diferentes gobernantes preferían negar la existencia de la burbuja o incluso mantenerla a pesar de ser conscientes de su peligro. El ciclo político dura cuatro años, y lo que a la mayoría le preocupaba era cómo ganar las siguientes elecciones, para lo cual era imprescindible beneficiarse de la expansión de la burbuja inmobiliaria.

Pero, cuando la burbuja estalla, hay que comenzar a sufrir las consecuencias. Y aún hoy, y probablemente por mucho tiempo más, estamos pagando facturas en forma de desempleo, quiebras empresariales, extensión del hambre, incremento de la desigualdad y empobrecimiento generalizado de la población. Por esto predomina la visión según la cual los españoles habríamos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora tendríamos que aceptarlo acríticamente y hacer nuestra particular penitencia.

Algunos han vivido por encima de sus posibilidades

Efectivamente, desde que comenzó la crisis, es común escuchar en los debates una manida frase que asegura que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. De forma paralela, se insta a que «esto lo arreglemos entre todos», citando el lema de una campaña que las cámaras de comercio lanzaron al comienzo de la debacle económica. Tanto se han repetido ambas ideas que muchos, incluso entre los más críticos, las han asumido e interiorizado como verdaderas. Sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad.

Es cierto, por ejemplo, que la economía española como un todo está profundamente endeudada con el exterior. Esto quiere decir que nuestro país ha podido disfrutar de crecimiento económico y creación de empleo gracias a que teníamos un modelo basado en las deudas, las cuales a su vez sostenían la burbuja inmobiliaria. Así, al sobrevenir la crisis, nos quedamos en el paro y con la cartera llena de deudas con otros países como Alemania. Pero ahí no termina el relato.

A finales de 2012 España debía un 366 por ciento del PIB. ¿Eso es mucho o es poco? Para aclararlo, es bastante común hacer comparaciones. Este método permite ver que España es uno de los países más endeudados del mundo, si bien no es, desde luego, el líder en ese ranking. Por ejemplo, Japón debe un 511 por ciento de su PIB y el Reino Unido, un 494 por ciento. Por otra parte, en una situación parecida a la nuestra se encuentran también Francia e Italia, con una deuda sobre el PIB del 349 por ciento y 310 por ciento, respectivamente. Está claro, visto lo visto, que el problema del endeudamiento no se limita a España.

En todo caso, la distribución de las deudas españolas difiere mucho entre bancos, empresas, hogares y la Administración pública. Los datos señalan, por ejemplo, que el sector público es responsable de un 20,5 por ciento de la deuda total española. A las empresas financieras corresponde otro 20,5 por ciento del endeudamiento; a los hogares, un 22,4 por ciento, y finalmente a las empresas no financieras, un 36,6 por ciento. Parece obvio que la mayor parte del pastel de las deudas es de las empresas no financieras y no del Estado, como a veces se piensa erróneamente.

Sin embargo, si medimos el endeudamiento respecto al PIB, observamos que, en el año 2007, al inicio de la crisis, las deudas de la Administración pública eran del 50 por ciento del PIB, mientras que las de las familias rozaban el 100 por ciento y las de las empresas alcanzaban el 200 por ciento. Es decir, si asumimos que el PIB es una medida aproximada de la capacidad de ingreso —y por lo tanto también de pago— de cada sujeto económico, podemos decir que las que más se han arriesgado han sido las empresas, seguidas por las familias y finalmente por el Estado.

Pero, cuando hablamos de la deuda de estos grupos de agentes económicos (bancos, empresas, hogares y Administración pública), metemos en el mismo saco elementos muy diferentes entre sí, porque no es lo mismo una familia de renta baja que una familia de renta alta, ni tampoco un municipio de 1000 habitantes que otro de 100 000, por ejemplo. Estas grandes agrupaciones son útiles para hacer comparaciones muy generales. Pero si buscamos aproximarnos al problema de una forma más detallada y precisa, tenemos que analizar estos grupos atendiendo a las particularidades de los agentes que los conforman. Esto es importante, porque puede haber familias muy endeudadas y otras que no se hayan endeudado en absoluto, por lo que sería incorrecto decir que el grupo de «familias» es deudor en tal cuantía. En ese caso nuestro análisis no sería preciso, lo que podría conducirnos a extraer conclusiones equivocadas. En definitiva, estaríamos incurriendo en una falacia, es decir, en una argumentación hilada de forma errónea. Concretamente, en la falacia de la generalización apresurada o la muestra sesgada.

De hecho, en 2008 (una vez ha estallado la burbuja) el 50,1 por ciento de los hogares españoles tenía algún tipo de deuda. El resto (el 49,9 por ciento) no estaba endeudado. Por lo tanto, ya tenemos aquí un dato que echa por tierra la manida frase de «todos los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», porque la mitad de las familias españolas había adecuado sus gastos a sus ingresos durante la burbuja inmobiliaria y no había recurrido a tomar prestado dinero de ningún tipo. Decir que «todos los españoles se habían endeudado» es una conclusión errónea derivada del análisis del sector de las familias como un todo homogéneo, y no como un conjunto heterogéneo.

Lo mismo ocurre si tomamos la agrupación de «Administración pública» y miramos las partes que la componen (municipios, diputaciones, Administración central, etcétera). Por ejemplo, la lista de municipios españoles que no han contraído ningún tipo de deuda es interminable. Y aunque algunos hayan contraído deudas, su cuantía (en términos relativos de deuda sobre población) es ridícula si es comparada con algunos grandes municipios españoles (especialmente Madrid, Málaga, Zaragoza y Valencia). Y sin embargo, hay analistas que abogan por la supresión de los municipios pequeños esgrimiendo la necesidad de disminuir gastos. Esto no es más que un error grave que se comete por confundir (interesadamente o no) el todo con las partes.

En cuanto al sector de «empresas», ocurre otro tanto. Hay empresas que no solamente no tienen ningún tipo de deuda, sino que disponen de una gran cantidad de dinero líquido acumulado. Y entre las que sí han contraído deudas, el 95 por ciento del total son grandes empresas —aquéllas con más de 250 empleados—, que suponen menos del 0,153 por ciento de todas las empresas españolas, y que se endeudaron masivamente alrededor de dos conceptos: la vivienda y la diversificación internacional. Meter a este conglomerado de empresas tan heterogéneo en un mismo saco no es más que un ejercicio impreciso e inexacto que da lugar a numerosas confusiones.

Es fácil deducir, por tanto, que esa creencia extendida de que todos nos hemos excedido durante la burbuja inmobiliaria (y que por lo tanto todos tenemos que hacer un sacrificio) no es tan cierta como parece a simple vista. Y esto deberían tenerlo muy en cuenta aquellos gobernantes que se escudan en la manida frase de «todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades» para redistribuir entre toda la población los costes de la crisis.

Pero, si no se han endeudado todos, ¿quiénes, cuánto y por qué sí lo han hecho?

Ya se ha comentado algo al respecto, pero ahora se profundizará en ello y especialmente en la agrupación de las familias (que es la más heterogénea de todas). Analizamos este grupo clasificando a los distintos hogares en función de su renta. Para ello ordenamos a las familias españolas de mayor a menor renta, lo que queda reflejado de forma abstracta en la barra gris de porcentajes del siguiente dibujo. De esta forma, los hogares de mayor renta quedan en la parte superior de la barra y los de menor renta, en la zona inferior.

Porcentaje de hogares con algún tipo de deuda. Distribución por renta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Financiera de las Familias (2008) del Banco de España

Como vemos, si nos centramos en el 20 por ciento más pobre de las familias, sólo el 16,5 por ciento de ellas presentaba algún tipo de deuda a finales de 2008. En la siguiente quinta parte de menos ingresos, esa proporción alcanzaba el 42,3 por ciento. Para el resto de las familias, el porcentaje oscila entre el 61,2 por ciento y el 68,5 por ciento. Existe una gran diferencia entre el 60 por ciento más rico de los hogares y el 40 por ciento más pobre (y a su vez, dentro de ese 40 por ciento, también hay grandes variaciones). Dentro del 40 por ciento más pobre, muchas menos familias han recurrido al endeudamiento que en el caso del 60 por ciento más rico. Esta diferencia se vuelve abismal si comparamos la quinta parte más pobre de las familias con la quinta parte más rica. Estos resultados tampoco van en la línea del manido mensaje que nos responsabiliza a todos por igual del sobreendeudamiento español. Los datos revelan que las familias más pobres han recurrido bastante menos al endeudamiento que las más acaudaladas.

Pero no todas las formas de endeudarse responden a los mismos motivos. No es lo mismo que una familia se endeude para comprar su vivienda habitual en un contexto de disminución salarial y aumento vertiginoso de los precios inmobiliarios, que lo haga para adquirir una propiedad inmobiliaria distinta de la vivienda principal y luego aproveche para venderla cuando los precios suban. En el primer caso, la familia se ha visto obligada a endeudarse para optar a la propiedad de su vivienda (derecho fundamental recogido en la Constitución española); en el segundo, se trata de una operación de especulación inmobiliaria. Parece evidente que la responsabilidad o culpabilidad relacionada con el endeudamiento difiere mucho en ambos casos.

Pues bien, olvidemos ahora todos aquellos hogares que no se han endeudado y centrémonos en los que sí lo han hecho. En el siguiente gráfico, se ordenan los hogares endeudados de mayor a menor renta y se señala qué parte de esa deuda se ha destinado a la compra de una vivienda habitual.

Porcentaje de deuda de los hogares destinada a la compra de vivienda habitual. Distribución por renta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Financiera de las Familias (2008) del Banco de España

En esta ocasión, cada estrato de hogares presenta una proporción diferente. La proporción de deuda destinada a la compra de una vivienda habitual aumenta conforme disminuye la renta. Así, entre el 40 por ciento más pobre de las familias endeudadas, el 73,4 por ciento de la deuda contraída ha sido utilizada para comprar una vivienda habitual. En el otro extremo, en el 10 por ciento más rico de las familias esa proporción disminuye hasta un 42,2 por ciento. El gráfico permite concluir un mayor peso de la deuda para adquirir una vivienda principal entre las familias de menores recursos que entre las más adineradas.

El siguiente gráfico analiza la proporción de deuda destinada a la compra de propiedades inmobiliarias distintas de la vivienda principal, actividad estrechamente vinculada con la especulación inmobiliaria.

Porcentaje de deuda de los hogares destinada a la compra de otras propiedades inmobiliarias. Distribución por renta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Financiera de las Familias (2008) del Banco de España

En esta ocasión, el porcentaje aumenta en función de la renta de los hogares, y con una intensidad más notoria que la anterior en el caso del 20 por ciento de las familias más ricas. Este tipo de deuda representa el 11,1 por ciento de toda la deuda contraída por los hogares situados por debajo del percentil 40. En el caso de los tramos ubicados entre el percentil 40 y el 60, el 14 por ciento, y en los situados entre el 60 y 80, el 18,5 por ciento. Para los dos últimos deciles, la ratio es de 33,3 por ciento y 42,8 por ciento, respectivamente. Estos datos reflejan que endeudarse para adquirir propiedades inmobiliarias distintas a la vivienda principal tiene mucha más importancia en las familias más ricas (concretamente las situadas en el estrato del 20 por ciento más rico).

En definitiva, este análisis detallado saca a relucir varias cuestiones que antes permanecían ocultas. En primer lugar, pone de manifiesto que las familias de menor renta se han endeudado menos que las de renta media y alta. En segundo lugar, revela que las familias de renta media y baja han recurrido al endeudamiento fundamentalmente para comprar una primera vivienda, lo que apunta a la necesidad de adoptar esta decisión a tenor de los elevados precios inmobiliarios y la progresiva pérdida de capacidad adquisitiva. Es decir, muchos de estos hogares no tuvieron más remedio que acudir al endeudamiento para poder disfrutar de una vivienda en propiedad. En tercer lugar, una buena parte del endeudamiento contraído por los hogares más ricos (especialmente los situados en el estrato superior) ha sido utilizado para la compra de propiedades inmobiliarias distintas de la vivienda principal, lo cual revela que estas operaciones respondían a motivaciones caprichosas y no a necesidades de primer grado. Nótese, además, que estas actividades impulsaban el precio de la vivienda al alza, lo que empeoraba la situación de quienes se endeudaban no para especular con las viviendas, sino para residir en ellas.

Así pues, no todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Más bien podemos afirmar que son los más ricos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades, puesto que su creciente endeudamiento —con motivos de especulación inmobiliaria y financiera— ha sido socializado por los distintos Gobiernos nacionales y actualmente lo estamos pagando la mayoría con altas tasas de paro y menores ingresos para hacer frente a unas deudas muy inferiores. Los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas de este país estamos pagando la borrachera de unos pocos, muy adinerados, que además se las están arreglando para salir de la crisis aún más ricos.

¿Cómo afrontar el pago de las deudas?

Todos somos conscientes de que hacer frente a una deuda de un 366 por ciento sobre la capacidad de ingresos es, ante todo, una tarea hercúlea. Sólo el hecho de intentarlo conlleva enormes sacrificios que, sin duda, afectan radicalmente al estilo de vida e incluso a la forma de relacionarse con los demás. Pero, desgraciadamente, no parece que haya alternativa, porque, a fin de cuentas, ¿qué es lo que puede hacer uno cuando debe una cantidad tan elevada de dinero?

La respuesta, en la que en principio todo el mundo estará de acuerdo, es que lo único que se puede hacer es ajustarse el cinturón, como suele decirse coloquialmente. La alternativa a no pagar es resignarse a que venga la fuerza pública y nos embargue todos nuestros bienes y rentas. De modo que, para evitarlo, hay que tratar de recortar los gastos y, en la medida de lo posible, incrementar los ingresos. Si fuéramos nosotros los que debiéramos esa cantidad, está claro que pensaríamos y actuaríamos así.

Pero es obvio que nadie siente placer pagando los intereses de la deuda o la deuda misma —de hecho, la sensación es la opuesta—, sino que se hace precisamente para quitarse el problema de encima lo antes posible. A nadie le gusta vivir con una deuda pendiente como si fuera una espada de Damocles que en un determinado momento puede caer encima de nuestras cabezas. Y ahí está la clave de la cuestión: lo que la gente espera es que, tras pagar la deuda, podamos vivir como antes, es decir, con nuestros gastos e ingresos de siempre. En esencia, el duro proceso de devolver la deuda se nos presenta como un tránsito necesario hacia una situación de regreso a la normalidad.

Este razonamiento al que acudimos cuando se trata de pagar las deudas individuales es el que los Gobiernos utilizan para vender la necesidad de recortar gastos y subir los ingresos con objeto de poder saldar las deudas del Estado. Pero ¿estamos ante la misma situación? En apariencia sí. La similitud es tal que en cierta medida podría decirse que lo que hacemos cuando nos encontramos individualmente en esos casos es lo que en economía se llama reformas estructurales, es decir, cambios importantes que tienen el objetivo de adecuar la vida cotidiana a una nueva situación financiera más precaria y difícil.

No es casualidad entonces que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, insista una y otra vez en que, para salir de la crisis (y volver a la normalidad), hay que asumir la «realidad» y aceptar que el camino de los sacrificios es el único posible para garantizar que cumplimos con las obligaciones y compromisos económicos de nuestro país con los acreedores. Esos sacrificios son la receta que nos presentan para resolver el problema del endeudamiento.

Así, desde las instituciones europeas y los Gobiernos nacionales, se nos dice que es hora de ajustarse el cinturón para poder devolver lo que debemos. Además, nos insisten en que no sólo es una cuestión de responsabilidad legal —hay que cumplir los contratos—, sino que también es un compromiso moral —hay que pagar lo que se debe—. Si no se acometen dichas reformas, nos amenazan, devendrá el caos. Y para evitar tamaño desastre se rebajan los sueldos, se privatizan las empresas públicas, se resta poder a los sindicatos, se suben los impuestos y se deteriora la calidad de servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación.

Los efectos económicos y sociales de estas recetas sobre la actividad productiva y la ciudadanía son conocidos y bastante terribles, pero el Gobierno intenta hacer creer que son medidas temporales y necesarias. Pero precisamente dice eso debido a que sabe que los ciudadanos piensan que esa actitud es la normal, porque es lo que ellos harían en caso de encontrarse en una situación individual análoga a la que vive el país. Si uno se ajusta el cinturón para pagar sus deudas personales, cabe deducir que el país debería hacer lo mismo para pagar las suyas. Así, Rajoy intenta hacer creer a los ciudadanos que, pasado un tiempo de sacrificio, recuperaremos la calidad de vida de antes y se restituirán todos los servicios públicos perdidos en época de vacas flacas. El discurso lógico parece impecable.

Sin embargo, la teoría económica demuestra que pensar que lo que es razonable para un miembro de la sociedad lo es también para la sociedad al completo, eso que parece tan lógico, en realidad es una grave falacia. Tanto es así que hasta tiene nombre propio: la falacia de la composición. Pero es más, la historia económica revela que, en todas las ocasiones en las que se han intentado aplicar medidas de recortes similares a las propugnadas por Rajoy, la situación no ha hecho sino empeorar. De hecho, la prueba más reciente es que, tras cinco años de recortes y austeridad en Grecia, el país tiene previsto seguir decreciendo un 4,5 por ciento en 2013 y cada vez tiene más dificultades para pagar una deuda creciente. ¿Cómo es posible que lo que es sensato para un individuo sea un error garrafal para un país?

Supongamos que tengo una deuda pendiente de 100 000 euros y cobro 24 000 euros al año (2000 euros al mes). Si dedico la totalidad del sueldo a pagar dicha deuda y no guardo nada para comer, vestir y otros gastos básicos, necesitaré algo más de cuatro años (4,17 años) para devolverla íntegramente. Si hago ese considerable sacrificio, debería poder disfrutar de nuevo de ese sueldo transcurridos los cuatro años. Ésa sería mi esperanza, al menos.

Pero, si por alguna razón el Gobierno me baja el sueldo a 1500 euros al mes o me sube los impuestos, y por lo tanto pierdo poder adquisitivo, cada año tendré menos dinero para pagar la deuda. Así, tardaré 5,5 años en pagar lo que antes pensaba pagar en cuatro. Dicho de una forma técnica, antes debía el 417 por ciento sobre mi ingreso anual y ahora debo el 555 por ciento.

Eso es lo que pasa cuando el Gobierno aplica políticas de austeridad como las de ahora: que empobrece a los trabajadores y de paso se empobrece a sí mismo. Los recortes impuestos por el Gobierno afectan negativamente al empleo y a los ingresos de las familias y las empresas. Cuando el Gobierno deja de contratar trabajadores (porque congela las oposiciones) o empresas (porque reduce la inversión pública), se pierden muchos sueldos e ingresos empresariales. En este segundo caso, las expectativas de beneficio caen y a las empresas no les resulta interesante invertir y contratar más trabajadores. De hecho, dado que ya no trabajan para el Gobierno, no necesitan trabajadores y los despiden. Los despidos se convierten en menor consumo agregado, porque quien deja de cobrar o quien ha sufrido una bajada en su salario compra menos en las tiendas. Las menores compras dan lugar a más despidos, y así sucesivamente. Es un círculo vicioso que se conoce como recesión.

Al fin y al cabo, los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos, pero éstos a su vez dependen de la actividad económica. El Estado recaudará más cuantos mayores salarios tengan los trabajadores (impuesto sobre la renta), cuanto mayor sea el nivel de beneficios de las empresas (impuesto sobre sociedades) y cuanto más consumo haya en la economía (impuesto sobre el valor añadido). Así que, en momentos de bonanza económica, los ingresos del Estado serán elevados. Pero, si un Gobierno recorta en lo que le permite obtener impuestos, está tirando piedras a su propio tejado.

El resultado final de toda esta historia es que, tras las políticas de austeridad aplicadas por los Gobiernos, el propio Estado, las familias y las empresas disminuyen progresivamente sus ingresos y no consiguen cumplir sus compromisos. Cuando las familias no logran pagar sus deudas, por carecer de ingresos para hacer frente a las mensualidades que les exige el banco, suelen perder todas sus posesiones y quedarse en la calle o a merced de que alguien pueda acogerlas. Cuando son las empresas las que se encuentran sin posibilidad de seguir pagando, sencillamente quiebran y el banco se queda sus activos (propiedades inmobiliarias, por ejemplo). Sin embargo, cuando son los bancos los que tienen dificultades para pagar sus deudas (fundamentalmente porque ni familias ni empresas les pagan a ellos), siempre son ayudados y rescatados. De esa forma pueden seguir pagando las deudas. ¿Por qué esa discriminación?

La dictadura de los acreedores

Antes explicamos que el modelo de crecimiento simbiótico que operaba en el seno de la Unión Europea se sustentaba en que los países del centro, como Alemania, prestaban dinero a los de la periferia para que pudieran seguir manteniendo sus economías a flote. Al estallar la crisis financiera y pincharse la burbuja inmobiliaria, lo que quedó fue un reguero de deudas.

Al comienzo, el sistema financiero español sorteó la crisis como pudo, pero en última instancia sus beneficios dependen de que exista actividad productiva. En un primer momento, los planes de estímulo del Gobierno (como por ejemplo el famoso Plan E) permitieron volver a obtener beneficios en la actividad productiva gracias a un desembolso de dinero público. El Gobierno pagaba salarios a los trabajadores de las obras públicas y éstos podían usarlos para ir devolviendo sus deudas, con lo que los bancos vivieron días de alivio.

Pero cuando el Gobierno decidió cambiar el rumbo de la política económica, en torno a 2010, el dinero dejó de llegar a la actividad productiva y el sistema financiero vio secarse sus ingresos. Las empresas dejaron de tener beneficios y comenzaron a tener pérdidas, así que despidieron trabajadores y quebraron. El sistema financiero se quedó con los negocios de las empresas de la construcción y con todas las que iban quebrando, pues al fin y al cabo éstas debían mucho dinero a los bancos, pero siguió siendo incapaz de remontar la situación. Sólo algunos bancos internacionalizados (como BBVA y Santander) encontraron una forma de obtener beneficios en el extranjero para ir compensando la terrible situación. Las cajas de ahorro se hundieron irremediablemente en pérdidas, al secarse sus ingresos y deber una cantidad importantísima de dinero.

Entonces apareció el Estado de nuevo, que se prestó a salvar al sistema financiero español a costa de una mayor exposición propia al sistema financiero internacional, especialmente alemán. El propio Estado tuvo que pedir prestado en el mercado de deuda pública para poder pagar los rescates y, cuando esa situación ya se hizo insostenible, tuvo que pedir a la Unión Europea que le prestara el dinero a cambio de reformas radicales. Poco a poco, el Estado fue transformando las deudas privadas en deudas públicas y la exposición del sistema financiero español se convirtió en exposición del Estado español. Lo que en su día fueron beneficios privados se transformó finalmente en pérdidas públicas.

De esa forma, el resultado final se reconfiguró en una nueva relación de dominio del sistema financiero alemán sobre el Estado español y sobre los sujetos económicos españoles. El sistema financiero alemán, aprovechando su control político de las redes institucionales —la llamada troika: Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)— y un contexto ideológico favorable a sus tesis (el neoliberalismo), se prestó a condicionar toda la política económica a un solo objetivo: garantizar que sus bancos recibieran el dinero comprometido. La devolución de las deudas, privadas y públicas, se convirtió en la prioridad absoluta.

Ante la presión del sistema financiero alemán, los partidos políticos dominantes en los países periféricos (pues estos procesos, además de en España, se repiten en Portugal, Grecia e Italia) cedieron y pusieron todos los recursos económicos, e incluso las instituciones, al servicio del pago de la deuda al sistema financiero internacional. En España esa presión se materializó en la reforma de la Constitución de agosto de 2011, llevada a cabo por el Gobierno del PSOE con el apoyo del PP. Dicho de otra forma, devolver el dinero a los bancos internacionales se convirtió por ley en algo más importante que pagar la educación, la sanidad y otros servicios públicos.

Esa subordinación política tenía varios fundamentos. El primero buscaba garantizar que ningún banco quebrara y todos fueran rescatados. Al fin y al cabo, mientras llegara dinero a los bancos españoles podrían devolver lo que debían al sistema financiero internacional. El segundo fundamento era garantizar que la propia deuda pública se pagara, aunque fuera el resultado de rescatar a los bancos. Y el tercero, que veremos más tarde, permitir que estas políticas fuesen una extraordinaria palanca para transformar el modelo de crecimiento y el modelo de sociedad de los países del sur.

Según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), el sistema financiero español tenía, a comienzos de 2012, un total de 571 519 millones de dólares en deudas pendientes de pago con otros bancos internacionales. No obstante, esta cifra es bastante inferior a la que se daba a finales de 2010, cuando la deuda total alcanzaba los 706 065 millones de dólares. En todo ese tiempo, los bancos han pagado deudas gracias a las devoluciones de deuda de otros sujetos (empresas y familias) y también gracias a las ayudas y rescates recibidos.

Estos datos demuestran que la mayor parte de la deuda actual del sistema financiero español tiene su contraparte en los bancos alemanes (139 191 millones) y franceses (115 261), los cuales juntos poseen casi el 45 por ciento de la deuda total. Es decir, los bancos alemanes y franceses son los principales acreedores del sistema financiero español y, en consecuencia, los principales interesados en que las deudas se devuelvan.

Así se explica en gran parte el llamado «rescate al sistema financiero español». Este «rescate» únicamente consiste en proporcionar recursos al sistema financiero español para que haga frente a sus deudas, aplicando como condición duros procesos de reestructuración interna. Así, no se trata realmente de un rescate al sistema financiero español, sino al sistema financiero alemán y al francés. Porque determinados componentes de nuestro sistema financiero son recortados por el camino, tales como los trabajadores, los accionistas e incluso los estafados por las acciones preferentes.

Pero hay una cuestión aún más interesante desde el punto de vista de la economía política, que emerge cuando hacemos dos preguntas que van al corazón del problema: ¿debemos pagar estas deudas?, y ¿son éstas nuestras deudas?

A cualquier economista convencional escandalizaría la propuesta de no pagar e incluso la de no asumir como propias estas deudas. Puede ser que hasta los no economistas valoren muy negativamente la falta de moral de quien reniega de un compromiso asumido previamente. Pero lo cierto es que las deudas no se pagan siempre —la historia económica está llena de siglos de impagos y reestructuraciones de deuda— ni han de ser asumidas por partes que no fueron las mismas que contrajeron el préstamo —el concepto de deuda odiosa o ilegítima.

El liberalismo económico siempre ha sido una ideología justificativa de determinadas políticas económicas, pero es poco consistente en la práctica. De hecho, lo verdaderamente liberal sería asumir que, dado que los bancos españoles están en quiebra —y no pueden pagar por sí mismos sus deudas—, aquellos que les prestaron también habrían de sufrir pérdidas por haber hecho una inversión ruinosa. De otra forma, como ocurre en la actualidad, existe el llamado «riesgo moral»: cualquier banco alemán puede prestar a los bancos españoles, aunque sepa que es para apostar en un casino, porque sabe que siempre serán rescatados.

La cuestión no puede analizarse, en consecuencia, en términos exclusivamente microeconómicos. Ha de estudiarse el contexto macroeconómico e institucional para poder dar una respuesta satisfactoria y eficiente a este problema tan inmenso.

Y tenemos que hacernos las preguntas adecuadas: ¿tiene sentido que los bancos alemanes que se arriesgaron prestando a bancos españoles, y ganaron tantos beneficios por ello, no tengan pérdidas ahora que se demuestra que fracasaron al elegir a quién prestar? ¿Tiene sentido, por otra parte, que las deudas de las entidades financieras tengan que ser pagadas por los trabajadores en forma de recortes sociales y económicos?

Como ya hemos visto, el milagro español es la otra cara de la moneda del milagro alemán, y viceversa. Un modelo simbiótico en el que ambas partes se necesitan y ambas son responsables en un sentido agregado. Y decimos agregado porque, si se escarba en la superficie, se descubre que los únicos beneficiados con este modelo han sido las grandes oligarquías de uno y otro país, mientras que, para la mayor parte de la población de ambos países, este modelo sólo ha supuesto recortes en sus condiciones de vida.

¿Son legítimas las deudas?

En la película Los edukadores de Hans Weingartner, una de las protagonistas, Jule, es desahuciada por no haber atendido a tiempo los compromisos de pago de una deuda de 100 000 euros. La joven había sido responsable de la colisión entre su vehículo, que conducía sin seguro, y el coche de lujo de un multimillonario. Tras el juicio, que acaba confirmando su culpabilidad, Jule comprueba que le resulta imposible liberarse del peso de la deuda y sus intereses si no es buscando un trabajo nuevo y dedicándose en cuerpo y alma, durante los siguientes años, a lograr los ingresos necesarios.

La joven Jule está obligada a pagar la deuda porque, en Alemania, como en la mayoría de los países actuales, el Estado se rige por un sistema de leyes que se ha convenido en llamar —como más adelante veremos, demasiado generosamente— un «Estado de derecho». Y es precisamente en aplicación de dichas leyes que un juez ha dictaminado que la joven ha de asumir una deuda de 100 000 euros con el señor millonario. A partir de ese momento, la relación social entre Jule y el millonario está mediada por una cantidad muy precisa y que además está amparada por el imperio de la ley. Ello quiere decir que, si Jule desobedece en algún momento, obliga al Estado a poner en marcha mecanismos que aseguren que es penalizada. Por ejemplo, en caso de incumplimiento, el Estado podría embargar todos los bienes y rentas de Jule para garantizar, en la medida de lo posible, que el millonario reciba su dinero. No cabe duda, por lo tanto, de que la joven está atrapada y no tiene más remedio que ajustarse el cinturón y cumplir estrictamente lo marcado por la ley.

No obstante, imaginemos por un momento que la deuda no existe como consecuencia de un accidente y un juicio posterior, como en el caso narrado en la película, sino que sea el resultado de una transacción comercial entre ambas partes. Por ejemplo, supongamos que el millonario le ha vendido el coche a Jule por valor de 100 000 euros y le ha permitido empezar a pagar varios años después. En este caso, si se observa, la deuda y la relación cuantitativa entre ambos es exactamente la misma que antes. Y de nuevo, si cuando llega el momento de pagar los 100 000 euros Jule no tiene el dinero, el Estado tendrá que proceder a intentar obtenerlos por la vía de los embargos. Esto es así porque el contrato entre Jule y el millonario también estaría reconocido y amparado por el llamado Estado de derecho.

La diferencia fundamental entre este segundo caso y el anterior es que ahora la deuda se ha convertido en una relación impersonal entre dos partes. Y, como tal, pasa a ser comercializable. Podría ocurrir, y de hecho así sucede a menudo, que el millonario vendiera su derecho de cobro de 100 000 euros a una tercera parte, por ejemplo a un banco. Jule seguiría debiendo esa misma cantidad, pero no al millonario, sino al banco. Si, retorciendo un poco más el asunto, el banco decide vender ese derecho de cobro a una empresa extranjera o a cualquier otro sujeto económico, también puede hacerlo. Y así sucesivamente.

Lo importante, y lo que queremos destacar, es que Jule sigue debiendo la misma cantidad con independencia de a quién se la deba. La relación es absolutamente impersonal, pero también completamente precisa. Ello conlleva que la deuda se desligue de su origen, esto es, ya no importa en absoluto si la deuda fue producto de la venta de un coche o de una casa o si sencillamente fue un préstamo para pagar otras deudas pendientes. De la misma forma, la deuda también se separa de la ética y de cualquier atisbo de moralidad, es decir, a ninguna de las partes y tampoco al Estado le importa si la deuda es justa o injusta. Lo único que interesa es, en definitiva, qué cantidad precisa se debe, en qué condiciones (tipos de interés, plazos…) y a quién hay que pagar.

En realidad, todo tipo de deuda es susceptible de ser traspasada a otra persona, empresa o país. Una deuda es, en última instancia, un título financiero, y como tal puede ser comercializado en los mercados internacionales. En nuestra economía global, las compras y ventas de títulos financieros están a la orden del día, y se han disparado en volumen en los últimos treinta años gracias al desarrollo tecnológico y a toda la red informática derivada de él. Al fin y al cabo uno puede realizar transacciones con sólo un par de clics de ratón, siempre buscando las mejores formas de obtener beneficios. En este contexto, y volviendo a nuestro ejemplo, el resultado final bien podría ser que el derecho de cobro de la inmensa deuda de la joven Jule, que vive en Alemania, lo tenga un fondo japonés que invierte los ahorros de unos pensionistas. Todo esto, por supuesto, sin que los despreocupados pensionistas japoneses conozcan en absoluto a Jule y menos aún sus particulares condiciones de vida.

La deuda se presenta, por lo tanto, como una fría cifra y una impersonal relación que, sin embargo, encierra una oscura red de relaciones económicas y sociales entre diferentes espacios geográficos y entre diferentes personas que no se conocen. Precisamente, esto explica que hayamos acabado aceptando barbaridades éticas que en otras condiciones rechazaríamos enérgicamente.

¿Quién invertiría conscientemente sus ahorros en prestar dinero a un tipo de interés de un 15 por ciento a niños pobres de África? Ante esa posibilidad prácticamente todo el mundo se plantearía si dicha operación es o no es ética. Por extensión, nos preguntaríamos en cada momento si las deudas son justas y deben pagarse o si, por el contrario, son injustas y debemos reconsiderar su devolución. Pero, cuando vamos a invertir nuestros ahorros en un fondo de inversión, gestionado por el banco de la esquina y a cuyo director conocemos de toda la vida, no somos conscientes de dónde está realmente nuestro dinero. Puede que, efectivamente, esté prestado en condiciones terribles a países pobres o que se haya dedicado a desarrollar nuevas armas que se venderán para las guerras en otras partes del mundo.

Decíamos, en todo caso, que la falta de ética se debe a la impersonalidad de las deudas. Veamos ahora un ejemplo real que refleja este hecho.

En 1979 el Gobierno de Rumanía prestó al de Zambia 15 millones de dólares para financiar la compra de tractores rumanos que servirían para mejorar la eficiencia de la actividad agrícola del país africano. Sin embargo, veinte años después, en 1999, Zambia seguía siendo un país muy pobre, con una esperanza de vida de cuarenta y dos años e ingresos inferiores a dos dólares diarios para más del 40 por ciento de sus ciudadanos. Dadas esas penosas condiciones, el Gobierno de Zambia se declaró incapaz de hacer frente a los compromisos de la deuda, lo que obligó a que ambos países se sentaran en la mesa para renegociar las condiciones financieras. Finalmente llegaron a un feliz acuerdo, por el cual la deuda se redujo a un nivel razonable de sólo tres millones de dólares.

Sin embargo, antes de cerrar el trato, se incorporó un nuevo jugador a la partida. Un grupo de abogados y economistas estadounidenses había creado unos años antes la empresa Donegal International, enmarcada en la figura conocida como «fondos buitres de inversión» y registrada en un paraíso fiscal[19]. La empresa convenció al Gobierno de Rumanía para que aceptara la compra del derecho de cobro de la deuda por cuatro millones de dólares.

Como consecuencia de ese trato, Zambia le debía desde entonces el dinero pendiente, que sumaba ya casi 30 millones de dólares en concepto de nominal e intereses, no a Rumanía, sino a la empresa Donegal International. Y ésta, con mayor capacidad financiera y mejor equipo técnico, llevó a Zambia a los tribunales tras denunciar a su Gobierno por impago. Finalmente, los tribunales internacionales dictaminaron en 2007 que Zambia tenía la obligación de pagar a Donegal un total de 15,5 millones de dólares, para lo cual el país debía acometer tantas reformas económicas —es decir, recortes— como fueran necesarios con objeto de recaudar el dinero.

Este caso ilustra cómo las deudas se compran y venden de tal forma que lo único que importa es su cuantía económica. Pero el de Zambia no es, desde luego, un caso aislado, sino más bien uno más entre muchos. Más recientemente, en julio de 2012, la entidad financiera española Bankia vendió unos 800 millones de euros en deudas impagadas por particulares y pequeñas y medianas empresas a varios fondos buitres. Eso significa que un particular que haya contratado antes de la crisis un préstamo con Bankia —antes Caja Madrid y Bancaja— puede que desde el verano de 2012 deba ese dinero a una empresa extranjera y no al banco con el que suscribió el préstamo.

Precisamente por todo ello, y porque nos hemos acostumbrado a tratar todas las deudas por igual de forma impersonal, como sociedad hemos dejado de pensar en si devolver una deuda es algo justo o injusto. Es decir, hemos olvidado que son relaciones sociales y que todas las deudas tienen un carácter ético que puede y debe ser analizado más allá de la óptica de la legalidad. Como ya hemos dicho, tendemos a asumir acríticamente que lo legal, lo que se adecúa a las leyes, es necesariamente equivalente a lo justo y deseable.

2. La vuelta de las ideologías

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LA VUELTA DE LAS IDEOLOGÍAS

El sociólogo estadounidense Francis Fukuyama escribió en 1992 un famoso libro titulado El fin de la historia, una versión extensa de un artículo que ya había publicado tres años antes. En aquella obra, el autor expresaba una tesis que se convirtió rápidamente en una verdad universal para la mayoría de los ciudadanos. Según Fukuyama, la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991 habían marcado el final no sólo de la Guerra Fría, sino también de la historia, entendida ésta como la lucha permanente entre ideologías. De esta forma, insistía, tras más de un siglo de enfrentamientos, el liberalismo político y económico podía reconocerse como triunfador absoluto, mientras que el resto de las ideologías quedaban condenadas a su progresiva desaparición.

Desde aquellos años, el dominio del neoliberalismo como ideología ha sido aplastante. La primera ministra británica Margaret Thatcher sintetizó sus políticas a favor de las privatizaciones de los servicios públicos, las reformas radicales en el mercado de trabajo, la desregulación de las finanzas y el férreo apoyo al libre comercio en todo el mundo bajo el lema «There Is Not Alternative» («No hay alternativa»). A su vez, las facultades de Economía tuvieron un rol fundamental, al poner en lugar privilegiado las teorías económicas neoclásicas que justificaban las políticas neoliberales y criticaban con ferocidad las políticas intervencionistas del Estado.

La ola neoliberal no sólo inundó la Administración pública, desde las instituciones políticas hasta las académicas, sino que también afectó gravemente a muchas organizaciones de izquierda. Muchos de los grandes partidos comunistas de Europa sufrieron importantes escisiones que llevaron a la constitución de otros partidos de sensibilidad izquierdista pero que no se reconocían ya en las ideas del socialismo. En algunos países, como España, los partidos comunistas se integraron en formaciones más amplias y plurales. Y en todas partes dominaba la sensación de que era ridículo levantar la bandera de una ideología que había sido destruida.

Por si fuera poco, las políticas neoliberales tuvieron enormes consecuencias sobre la forma en la que se configuraban las economías capitalistas. El propio neoliberalismo cambió las reglas del juego. En el nuevo tablero, ya no tenían la misma fuerza las grandes empresas industriales con todos sus obreros sindicados, ya que, de hecho, la terciarización, es decir, el gran crecimiento del sector terciario, y la deslocalización fueron asestando importantes golpes a la base social de los partidos políticos y sindicatos. Todos esos elementos pusieron a la defensiva a una izquierda que en cierto sentido también había interiorizado la tesis del fin de la historia.

Sin embargo, tras más de tres décadas de absoluta hegemonía neoliberal, en 2007 dio comienzo una crisis económica de tal magnitud que todas las argumentaciones de aquel «fin de la historia» han quedado desde entonces tremendamente desprestigiadas. Al fin y al cabo se ha producido esta crisis económica sin igual precisamente en el contexto de globalización económica y financiera construido bajo el paraguas de la ideología neoliberal. Y, aunque hay quien intenta hacerlo desesperadamente, ya no es posible culpar de esta enorme crisis y sus consecuencias a las políticas intervencionistas o a los sindicatos, que, por el contrario, desde los años ochenta están en retroceso. Sin duda, se ha reactivado la lucha entre ideologías.

LA CAMBIANTE CONCEPCIÓN DEL MUNDO

«Una idea es como un virus, resistente, muy contagiosa, e incluso el germen más insignificante de una idea puede desarrollarse para definirte o para destruirte».

Dom Cobb en Origen,

filme de CHRISTOPHER NOLAN, 2010

Desgraciadamente hay mucha confusión acerca de lo que una ideología es en realidad, en buena parte por culpa del propio libro de Fukuyama. Muchos piensan que las ideologías son como productos que se compran y se desechan, es decir, que hay unas cuantas ideologías disponibles (fascismo, comunismo, neoliberalismo, socialdemocracia…) y que cada uno tiene la opción de «quedarse» con una o de no escoger ninguna y así ser «libre». Como consecuencia, tras los acontecimientos descritos, no son pocos los que han renunciado a estar «atados» a una ideología. Sin embargo, lo cierto es que una ideología es simplemente un «conjunto coherente de ideas y orientaciones que definen cómo debe ser la relación entre el Estado y la sociedad»[1]. De forma más general, una ideología representa un modelo de sociedad que pretende instaurarse o mantenerse. Es, por tanto, el conjunto de ideas que nos permite explicar el mundo en el que vivimos y, a su vez, imaginar un mundo distinto. Por esa razón es imposible ser ajeno a las ideologías, de la misma forma que es imposible que una determinada política económica sea neutral. Toda política económica es, en última instancia, una política ideológica, esto es, parte de un programa político que responde a un determinado modelo de sociedad.

Esto significa que cualquier reforma económica, por aséptica que parezca, se alimenta de una ideología. Cuando se realiza una reforma laboral, financiera o fiscal, se modifican los elementos con los que una sociedad se organiza, y finalmente se los articula de un modo nuevo para adoptar otro modelo de sociedad. No existen, por lo tanto, las políticas económicas neutrales o ajenas a la ideología. Sea en un sentido o en otro, el modelo de sociedad cambia con las reformas.

Imaginemos que se le pregunta a alguien si le parece bien una determinada política económica, por ejemplo, la de privatizar determinados centros de enseñanza. El proceso por el cual uno piensa la respuesta consiste en comparar su modelo de sociedad ideal con el que se derivará de dicha política. Es decir, si uno es partidario de una sociedad donde la totalidad de los centros de enseñanza sean privados, es obvio que responderá que aquella política le parece útil. Puede que incluso la considere insuficiente si la privatización no es total, pero está claro que aceptará que dicha política va en la línea de su modelo de sociedad ideal.

Por eso todos tenemos ideología. Incluso aquellos que niegan tenerla, y que a veces se ocultan diciendo que son «apolíticos», tienen alguna visión de cómo debería ser la sociedad. Si muchas personas lo ignoran, es porque una gran parte de la población mantiene ideas comunes sobre las cuestiones políticas fundamentales. Es decir, por lo general estamos rodeados de personas que piensan lo mismo que nosotros acerca de la esclavitud, el derecho al voto, los asesinatos, la violencia contra las mujeres, la propiedad privada, el racismo, etcétera. Cuando se encuentra a alguien que se sale de los esquemas normales en los que se mueve la mayoría, se tiende a calificar su postura de ideológica. Sería el caso, por ejemplo, de alguien que no aceptara la postura «normal» de defender la propiedad privada de las empresas y propusiera expropiarlas y convertirlas en propiedad pública. Dado que no encaja en el sistema de ideas dominantes, se considera que esa propuesta es ideológica, mientras que la contraria, mantener la propiedad privada, no lo es.

La razón de ello es que siempre impera un modelo de sociedad ideal dominante, es decir, una determinada ideología que lo tiñe todo (la educación y los medios de comunicación, por ejemplo) y que hace que la mayoría de la población piense más o menos de la misma forma sobre los temas políticos fundamentales. De ahí que se diga con acierto que el llamado «sentido común» no es sino el reflejo de la ideología dominante. Y es que en cada momento histórico hay una ideología dominante que opera como ensamblaje de las ideas necesarias para mantener un determinado modelo de sociedad. Ésta es la definición de «hegemonía» de Gramsci. La hegemonía se alcanza cuando una determinada ideología se convierte en dominante, de tal forma que crea el consenso social acerca de los temas políticos clave.

Aunque, como es natural, no todos pensamos lo mismo sobre todos los temas, sí compartimos muchas ideas acerca de cómo deberíamos vivir. Precisamente, eso es lo que permite que no estemos todo el día peleándonos unos con otros. Si la mitad de la población considerara que a los pobres hay que exterminarlos y la otra mitad creyera lo contrario, sería muy complicado mantener la paz. Para evitar eso la sociedad se dota de instituciones (leyes, costumbres, valores, etcétera), condensadas todas ellas en una determinada ideología, con la que se puede garantizar la paz al menos temporalmente.

Pero esas instituciones no son permanentes, cambian a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, por ejemplo, era de sentido común mantener sexo con menores de edad. Y tanto en la antigua Grecia como en los Estados Unidos de finales del siglo XIX era de sentido común disponer de otras personas como esclavos. Incluso en nuestro país hace menos de cien años era de sentido común que la mujer no pudiera votar. La sociedad va cambiando según lo hace la forma en que vemos el mundo. Pero se trata de un proceso difícil; de hecho, a veces el cambio sólo se logra con violencia. Mientras el voto a la mujer pudo instaurarse pacíficamente con la llegada de la Segunda República española, el esclavismo no acabó en Estados Unidos hasta que una parte de la sociedad —los unionistas del Norte— venció en una guerra civil a la otra —los secesionistas del Sur—. Como nos recuerda Laski, «la mayoría de los principios que hoy consideramos fundamentales fueron en otros tiempos y lugares inmorales o monstruosos»[2].

Cualquier conjunto de instituciones es, por un lado, cambiante en el tiempo y, por el otro, funcional en un determinado modelo de sociedad. Si la sociedad opera sobre la base del esclavismo, es necesario que la gente piense que el esclavismo es bueno y normal. Y si, como vimos, la sociedad opera sobre la base de los préstamos, es necesario que la gente piense que es normal que haya que devolver las deudas. Es decir, la ideología dominante y sus instituciones permiten que un modelo de sociedad se consolide y no salte por los aires. Pero, con el tiempo, otras formas de ver el mundo, otras ideologías, van ganando terreno y amenazan la estabilidad del orden dominante. La extensión de esas ideologías pueden disputar la hegemonía y provocar un cambio en la sociedad misma. Es decir, al final la ideología dominante, y el modelo de sociedad que representa, aparecerá como anticuada a los ojos de una gran parte de la sociedad.

Piénsese por ejemplo en la forma en que la ideología dominante, a través de los grandes medios de comunicación, sugiere y promueve el consumismo. Como ya vimos en el primer capítulo, se trata de un proceso propio de la reproducción del ciclo del capital. Así, el consumismo es hoy funcional al modelo actual de sociedad, aunque no habría tenido ningún sentido hace dos mil años en otras sociedades no sujetas al ciclo capitalista. Y si surgiera ahora una nueva ideología que se enfrentara a la dominante, proponiendo la austeridad personal y el rechazo del consumo, el sistema se vería amenazado y podría romperse en pedazos. Lo mismo ocurriría si se convirtiesen en dominantes una ideología o unos valores que asumieran que las deudas injustas no hay que pagarlas o que no está bien respetar la propiedad privada de las grandes empresas de alimentación mientras haya gente que se muere de hambre. Dado que en esos casos existiría un conflicto que amenazaría la propia existencia del sistema, éste buscaría protegerse a cualquier precio.

En definitiva, una ideología representa una determinada concepción del mundo, tanto presente (cómo es) como futuro (cómo debería ser). Permite cuestionar o apoyar el mundo actual tal y como es, pero también imaginar el mundo tal y como debería ser. Por eso son tan importantes la batalla de las ideas, la batalla de las ideologías, y el papel de los creadores de opinión.

En este punto debemos destacar que las ideas sobre cómo es y cómo debería ser el mundo cambian permanentemente y por muchas vías, pero sin duda la fuerza más importante es la que se deriva de las condiciones materiales de vida. Es decir, cuando los ciudadanos ven peligrar sus condiciones de vida y hasta su propia existencia, acosados por los desahucios, el desempleo o el hambre, dejan de creer en las fórmulas que hasta entonces habían funcionado para mantener la paz. Por supuesto, eso afecta a la ideología dominante, es decir, a la concepción del mundo en la que se venía creyendo. Las instituciones e ideas que dominaban hasta ese momento comienzan así a perder legitimidad.

La actual crisis económica, por su extensión y profundidad, sin duda ha derivado en una crisis ideológica, es decir, ha puesto en entredicho las ideas dominantes sobre cómo ha de organizarse nuestra sociedad. No siempre una crisis económica tiene una prolongación en una crisis ideológica o política, pero sí es habitual que suceda cuando el deterioro de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía es más que evidente.

Esto es así porque, como apuntó Marx, «el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia»[3]. A partir de esta visión materialista, asumimos que primero está la existencia real de las cosas y luego su reflejo en nuestro pensamiento, de modo que la concepción del mundo que tiene la ciudadanía se deriva fundamentalmente de su lugar en el mundo material y, en concreto, de sus condiciones materiales de vida (salarios, acceso al empleo y la vivienda, etcétera).

La crisis del régimen español

Como ya apuntamos, cuando sobreviene una crisis económica y empeoran las condiciones materiales de vida de la población, es natural que se exija a las instituciones políticas una respuesta que consiga detener ese proceso. Así ha pasado en España en los últimos años. Sin embargo, la sensación generalizada es que en este tiempo estas instituciones no han sido capaces de dar, o no han querido, una solución al problema. Como respuesta, instintivamente la población las declara inútiles e ineficaces. Ello explica la creciente desafección por la política y sus instituciones. La política institucional pasa a ser considerada una herramienta no válida para solucionar problemas tan acuciantes como el desempleo, los desahucios y el hambre. Se cuestionan las instituciones políticas y la democracia.

No obstante, el problema radica en considerar que realmente vivimos en una democracia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos en una democracia aparente, en una ilusión política a la que hemos convenido en llamar democracia. Porque el poder, en esencia, no se encuentra en las instituciones políticas para las cuales elegimos representantes. El poder está más allá, descontrolado, irresponsable y privado. Está en el dinero, en esas grandes empresas y fortunas —a las que a veces llamamos mercados— capaces de doblegar los intereses de los parlamentos nacionales a través del chantaje y la extorsión. El poder real es fundamentalmente poder económico, y éste no está sujeto a elección ninguna. Manda quien más tiene y no quien más votos recibe.

El problema no es que la democracia y sus instituciones políticas no funcionen. El problema es que no tenemos democracia y por lo tanto las instituciones políticas actuales son un espejismo de lo que deberían ser. Tenemos una democracia simulada que, como afirma el filósofo Žižek, hace en política las veces de cuento de los Reyes Magos; todos sabemos que no existe, pero mantenemos la creencia por respeto a otros. Votamos cada cuatro años en un procedimiento litúrgico que ni siquiera garantiza que los programas electorales se cumplan, pero que concede legitimidad a esta ilusión democrática. Una legitimidad que se va deteriorando, porque ninguna farsa puede continuar eternamente.

Todo ello ha llevado a una derivación ideológica y política de la crisis económica. No sólo se cuestionan las políticas económicas que han conducido a la crisis, sino también las instituciones y la ideología dominante. La legitimidad se está trasladando desde las instituciones formales hacia la lucha, organizada o no, de los movimientos sociales, que sí combaten las desigualdades y la regresión social y económica.

Por una parte, las instituciones políticas españolas y europeas (Congreso, Senado, comunidades autónomas, Unión Europea, Constitución de 1978, etcétera) están perdiendo toda legitimidad. Y no sin razón, pues ¿de qué sirve la actual Constitución si es incapaz de prevenir y juzgar adecuadamente los casos de corrupción y estafa generalizados? ¿De qué sirve nuestra Constitución si, después del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, se priorizan los bancos sobre los ciudadanos? ¿De qué sirven la Unión Europea y sus instituciones, si su único papel es el de consolidar la posición del sistema financiero, ignorando la dramática situación de los ciudadanos? En definitiva, ¿de qué sirven si no son útiles para resolver los problemas reales de la gente?

Por otra parte, la ideología dominante en lo referente a la economía sufre merecidamente el mismo desprestigio. ¿Quién puede creer en la desregulación del sistema financiero cuando éste ha conducido a la mayor crisis económica desde la segunda guerra mundial? ¿Cómo justificar la retirada de las prestaciones por desempleo cuando más desempleados hay? ¿Cómo justificar ayudas a los bancos que son los responsables de la situación actual?

A través de sus opiniones y acciones, los trabajadores españoles, junto con todos aquellos que desean serlo y no pueden, revelan que están hartos de un problema estructural, mucho más que de cualquier problema puntual. Éste es un cambio cualitativo en la forma de protesta social que no puede pasar desapercibido.

De hecho, el movimiento 15-M ya puso esta cuestión encima de la mesa con claridad. Entonces no se reclamaban demandas concretas en una determinada coyuntura, sino que sencillamente se elevaba un grito de frustración relacionado con el contexto socioeconómico en su conjunto. El objetivo era refundar el mundo reuniéndose en las plazas, donde se construirían los mapas y las guías para lograrlo. Fue un bello estallido espontáneo, emocional e incontenible que cuestionó todo el orden establecido. Lo que se criticaba, en última instancia, era la configuración institucional y económica que había gestado la enorme crisis económica. Y ello no podía —ni puede— resolverse a través de una mera reforma administrativa, sino que requiere un cambio estructural de enorme envergadura.

Algunos piensan que la fuerza del movimiento 15-M fue fugaz y que sus demandas cayeron en saco roto para ser olvidadas después. Pero nada más alejado de la realidad. Es cierto que, tras aquel estallido inicial, sobrevino el desengaño de tener que aceptar que los impulsos primarios e instintivos, sin estar inscritos en un planteamiento estratégico y organizado, son insuficientes para garantizar avance social alguno. Pero, aunque perdió intensidad la manifestación física de aquel movimiento —su visibilidad en las plazas—, las fuerzas que habían causado su surgimiento continuaron desarrollándose sin pausa. El escenario económico y, concretamente, las condiciones materiales de la existencia continuaron deteriorándose, lo que dio lugar a una extensión cuantitativa y cualitativa de la frustración ciudadana.

El sistema político se ha cuestionado cada vez con más fuerza como consecuencia de ese deterioro progresivo, reflejado en la caída de los sueldos, la pérdida de calidad de la educación y la sanidad públicas, el incremento de la desigualdad y, sobre todo, el creciente desempleo. Los responsables visibles de este deterioro son los políticos, pero también sus instituciones. Se juzga y responsabiliza, con acierto, a instituciones creadas hace más de treinta años y que son incapaces de dar respuesta a las demandas tanto generales como concretas de los trabajadores. Esa misma fuerza de denuncia se ha cristalizado en nuevas protestas como las del movimiento Rodea el Congreso y la huelga general de noviembre de 2012. Sin duda, mientras no cambie la realidad material de la gente, seguirán gestándose fuerzas de protesta en este sentido.

Sin embargo, el Gobierno no sólo no está ejerciendo autocrítica, sino que, por el contrario, ha decidido enrocarse. El ejemplo perfecto es el aislamiento y vacío de poder al que se ha sometido al Congreso. El propio presidente ha manifestado que «hará lo que tenga que hacer», aunque ello esté en contra de la voluntad del pueblo, y lo afirma tajantemente mientras las calles colindantes al parlamento permanecen rodeadas de policías. Un estado de excepción en el que la democracia queda suspendida. Se suceden los casos de represión policial, hasta el punto de que incluso tres diputados de Izquierda Unida (entre los que se encuentra un servidor), que en su momento se pusieron de lado de las protestas sociales, han sido denunciados ante el Tribunal Supremo por parte de un sindicato policial. Pero las sanciones administrativas por participar en manifestaciones, las imputaciones por organizar eventos de protesta y otras fórmulas de represión policial que están hoy a la orden del día no podrán evitar la escalada de la frustración de la gente.

No sabe el Gobierno, o no quiere aceptarlo, que estamos en un momento de emergencia y que los problemas son más de fondo que coyunturales. A estas alturas no sirven los parches, y no hay capacidad efectiva de remendar un sistema político que se desangra, afectado por tantos años de vicios, y que sólo ha estado protegido por espejismos económicos que no volverán.

Al fin y al cabo, la crisis económica no ha hecho sino mostrar la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como democráticos y que ahora se revelan inútiles para representar la voluntad popular. Y ello es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad. Este sistema aparentemente democrático se nos vendió como el diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos derechos sociales. Se vendió y publicitó como el sistema que nos proporcionaría capacidad para decidir.

Pero la democracia, para ser tal, ha de servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de estar sujeta a leyes, elaboradas a partir de la razón y de la justicia, que salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan a cualquier otro poder. En nuestros días, en cambio, la democracia y sus leyes están secuestradas por poderes económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular.

La falta de respeto de nuestros gobernantes por los principios democráticos, unida a su mediocridad y su afán por imponer sus planes, es la causa de que sólo sepan actuar mediante la represión policial y el recurso de cita ininterrumpida del corpus jurídico del statu quo. En este sentido, las leyes actuales quedan muy lejos de ser útiles para una ciudadanía que está cambiando a marchas forzadas su propia concepción del mundo. El sistema jurídico y la Constitución de 1978 protegen a los bancos cuando desahucian a las familias; toleran que la mayoría de los recursos de este país se destinen a rescatar a los grandes bancos y las grandes empresas que ocasionaron la crisis. Esa normativa legal, española y europea, permite que las grandes fortunas eludan impuestos a través de mecanismos financieros, mientras condenan a los que revelan los casos de evasión fiscal o a los que ponen su cuerpo para evitar los desahucios. Al final, habrá que darle la razón a Eduardo Galeano, quien afirma que, como las serpientes, la justicia actual sólo muerde a los descalzos.

Así las cosas, se ha generado una enorme distancia entre lo que formalmente es legal y lo que es legítimo desde el punto de vista ético, como vimos en el capítulo 1 al analizar la naturaleza de las deudas. Una distancia que sólo puede reducirse a través de modificaciones legales e institucionales que trasciendan nuestra Constitución y el actual marco de la Unión Europea.

Es obvio que este país necesita una democracia real. Para ello son necesarios un nuevo sistema político y nuevas instituciones que sí sean capaces de resolver los problemas reales de la gente. El modelo de 1978 está caducado; hay que construir otro nuevo y eficaz. Ello requiere, necesariamente, poner coto al poder no democrático; es decir, subordinar el poder económico a la democracia y sus justas leyes. No podemos permitir que las decisiones sobre nuestro futuro sean tomadas por individuos o empresas que únicamente buscan maximizar sus beneficios, sin importarles las consecuencias sobre nuestras vidas. No podemos permitir, en última instancia, que no exista democracia.

Son muchas las voces que han percibido el engaño y que denuncian que efectivamente esto no es una democracia ni tampoco un Estado de derecho, como veremos más adelante. Son muchas las voces que reclaman una verdadera transición, una que nos lleve desde la actual dictadura del dinero hacia la democracia de los ciudadanos, desde la apariencia de democracia hacia la democracia real. Para ese viaje colectivo necesitamos muchas manos, pero sobre todo hemos de partir de un hecho incontestable: el problema actual no es la democracia, sino su ausencia.

La clase política y la ética de lo colectivo

Pero en este punto hay evidentes riesgos. La creciente frustración de la ciudadanía podría no traducirse en un movimiento que demande más democracia y justicia social, sino, precisamente, todo lo contrario. El riesgo emana del ascenso del populismo de derechas, que responsabiliza de la crisis a determinados sujetos políticos, mientras deja de lado elementos tan importantes para comprenderla como el propio funcionamiento de nuestro sistema económico. En efecto, desde que comenzó la crisis, crece un sentimiento etiquetado como «antipolítico», que se basa en culpabilizar de todos los males a los políticos, a los sindicalistas e incluso a los funcionarios. En otras ocasiones, ese mismo populismo responsabiliza de todo a las comunidades autónomas o a los inmigrantes. Pero ¿cuál es el verdadero significado de esas respuestas sociales?

Como se ha señalado, la crisis económica se ha traducido en una crisis ideológica y política al deteriorar, con velocidad y ferocidad, las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. La ciudadanía, en respuesta, ha sufrido un proceso creciente de frustración. Para explicar ese sentimiento, en muchos casos se han buscado culpables en la arena del populismo, más allá de los datos y el rigor. Como dice Žižek en Primero como tragedia, después como farsa, «el populismo, en última instancia, siempre está sostenido por la frustrada exasperación de la gente común, por el grito de “Yo no sé lo que pasa, ¡pero ya he tenido bastante! ¡No puedo más, esto debe parar!”».

En el último año, por ejemplo, ha circulado por Internet el rumor de que en nuestro país hay casi medio millón de políticos. La fuente era una página web sensacionalista que, sencillamente, se inventó los datos. En realidad, y según los datos aportados por el Estado, hay un total de 73 500 políticos, incluyendo en esta suma a senadores, diputados provinciales, autonómicos y del Congreso, concejales y alcaldes. Se trata de personas que participan en las instituciones políticas y que dedican su tiempo a la gestión del sistema capitalista. Por otra parte, en general los políticos tampoco parecen muy caros, a juzgar por el hecho de que el 90 por ciento de los concejales españoles no cobra remuneración alguna por serlo. Sin embargo, domina la sensación de que la «clase política» supone un despilfarro que incluso, para algunos, deberíamos ahorrarnos como sociedad[4].

Desde luego, estas pocas cifras no agotan el debate. Tampoco se trata de una defensa del statu quo, como es evidente. Pero lo que está claro es que el populismo de derechas que centra sus críticas en la clase política no encuentra una justificación racional, porque es obvio que los políticos pueden ser culpables de la crisis por la naturaleza de sus decisiones, pero no por el hecho de ser políticos.

Resulta entonces interesante reflexionar acerca de por qué los políticos están en el ojo del huracán. De hecho, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la llamada clase política está en las horas más bajas de su historia reciente. Una historia en la que pueden diferenciarse tres etapas. Desde 1991 hasta 1996, la clase política sufrió enormes críticas de los españoles, en coincidencia con una percepción muy negativa de la evolución económica. Por el contrario, desde 1996 hasta 2005, durante la etapa de la burbuja inmobiliaria y del predominio de una percepción positiva de la economía, los políticos estuvieron muy bien valorados. Desde entonces, y paralelamente al desarrollo de la crisis, el apoyo de la clase política ha entrado en una espiral descendente que parece no tener fin.

Ello revela que los españoles no valoramos a los políticos directamente por sus actos, puesto que, de lo contrario, no tendría ningún sentido que, en el período de mayor corrupción en España —con su burbuja inmobiliaria y la afluencia de ingentes cantidades de dinero que ahora toca devolver—, los políticos hayan sido vistos con tan buenos ojos. Al contrario, los españoles valoramos a los políticos de acuerdo con el estado de nuestras propias condiciones de vida. Se opera más o menos así: si vivimos cómodamente, con empleo y bienestar material suficiente, deducimos que los políticos lo están haciendo bien; si vivimos con dificultades, sin trabajo y sin expectativas de futuro, deducimos que la culpa es de los políticos. Y todo ello con independencia de si son corruptos, honrados, privilegiados o humildes.

Culpar a los políticos, funcionarios o sindicalistas, como elementos visibles y más expuestos a la crítica, es una reacción natural o primaria ante la creciente desesperación. Y sin duda es también fuente de un gran número de votos, a pesar de ser a todas luces una argumentación desprovista de un mínimo de rigor. Desgraciadamente, hay partidos y organizaciones que explotan esta situación y mantienen un discurso de esta naturaleza con el objetivo de ganar poder y sin que realmente se pretenda resolver el verdadero problema de nuestra economía. Caer en los brazos de ese populismo es errar el disparo y obviar las soluciones que necesitamos, pero es ante todo tomar partido por una peligrosa senda de soluciones impulsivas e irracionales.

Como apuntábamos antes, por supuesto que muchos políticos son responsables de la gestación de la crisis. Ahora bien, lo son en tanto que han actuado como corruptos o caciques que no advertían los riesgos y consecuencias de un determinado modelo de crecimiento económico, pero no en tanto que políticos. Ahí reside la diferencia crucial que nos lleva a una necesaria defensa de la política en su sentido clásico.

Muchas personas consideran que la mayoría de los políticos actúan sin ética colectiva alguna, únicamente pensando en sus propios beneficios. Desgraciadamente, es cierto. No obstante, conviene hacer algunas precisiones. La ética no es universal y atemporal. Es decir, no existe un comportamiento moralmente aceptable válido para cualquier tiempo histórico, sino que, por el contrario, depende de una serie de condiciones que varían en el tiempo.

Gramsci nos ayuda a establecer una diferenciación analítica entre la ética privada y la ética pública, es decir, entre la ética individual y la ética de lo colectivo. El autor italiano recalca que la política pública, como forma de organizarnos en tanto que sociedad humana, está separada de la ética individual. Es decir, no nos debe interesar el comportamiento ético del político en su vida privada, sino en su vida pública.

Durante el año 2012, una concejal de un pequeño pueblo español sufrió la filtración por Internet de un vídeo privado de índole sexual, lo cual levantó un enorme escándalo político y mediático. Incluso algunas personalidades de la alta política, como la exministra de Vivienda del Partido Socialista, pidieron su dimisión por «no saber gestionar su vida privada»[5]. Sin embargo, es obvio que todas aquellas críticas no iban dirigidas a la persona en tanto que política —y en consecuencia a su visión de la ética de lo colectivo—, sino a su vida personal y privada y su visión de la ética privada. Desde el punto de vista de Gramsci, que compartimos, aquel incidente no nos debe importar en absoluto, ya que «el hombre político no puede ser juzgado prioritariamente por lo que éste haga o deje de hacer en su vida privada, sino teniendo en cuenta si mantiene o no, y hasta qué punto lo hace, sus compromisos públicos»[6].

Lo que sí debemos asegurar es que los políticos tengan una ética de lo colectivo, es decir, que utilicen la política institucional para hacer política, esto es, como medio para alcanzar determinados fines ideológicos. Así, es necesario denunciar al político profesional «que vive en y de las políticas con mala fe, sin convicciones éticas, haciendo de las actuaciones y decisiones públicas un asunto de interés privado»[7].

Para Gramsci, hay que lograr que la política se separe de la ética individual, con objeto de evitar que el comportamiento propio de las sectas y las mafias —en las que la asociación es un fin en sí mismo y la ética y la política se confunden al elevar a universal el interés privado— sea asociado a la política en su sentido puro.

De hecho, en el marco de la crisis política en la que estamos inmersos en los últimos años, diversas noticias de actualidad han puesto aún más en entredicho la ética de lo colectivo de gran parte de los dirigentes políticos de este país, lo que ha alimentado la crítica a la denominada clase política. Esto se ha reflejado con claridad en la denuncia de los privilegios de los políticos y de la forma en que han aprovechado su rol en las instituciones para beneficio privado.

En lo referente a la gestión del dinero público y el tejido de relaciones clientelares, la Casa Real se ha visto involucrada recientemente en un escándalo de corrupción que implica de forma directa a la infanta Cristina de Borbón y a su marido, el exdeportista Iñaki Urdangarin. En dicho escándalo, relacionado con la trama de corrupción de la Gürtel y la financiación irregular del Partido Popular en Valencia, el único que hasta el momento ha sido condenado por los tribunales es el juez que investigaba el asunto, Baltasar Garzón. Poco más tarde, en 2012, otro caso concerniente al sistema judicial saltó a primera plana: el presidente del Consejo General del Poder Judicial fue pillado de vacaciones de lujo pagadas con dinero público. Todos estos casos revelan que los implicados confunden la ética individual con la de lo colectivo, es decir, que confunden la respuesta al «¿cómo debería vivir yo?», con la respuesta al «¿cómo deberíamos vivir nosotros?». El uso que se hace de las instituciones públicas es más semejante al comportamiento de las mafias que al de una visión política noble, que separa los recursos públicos y el interés privado.

El fenómeno de las «puertas giratorias» nos invita a pensar de nuevo en estos términos, pues muchas de las personas que fueron en su día ministros son actualmente importantes y muy bien remunerados empleados de las grandes empresas. Es el caso de Felipe González y José María Aznar, dos expresidentes, quienes forman parte de Iberdrola y Endesa, respectivamente. En situación parecida se encuentran, entre otros, los exministros Elena Salgado, Eduardo Zaplana, Josep Piqué o Pedro Solbes. En algunos casos, como el de Aznar y Salgado, acaban recalando en empresas que fueron privatizadas por los partidos políticos de los que ellos forman parte. Cabe remarcar que estas actividades no son ilegales, como han recordado los sucesivos Gobiernos, pero obviamente representan un conflicto de intereses no resuelto.

Ahora bien, no cabe duda de que determinadas actitudes han sido funcionales para mantener y promover la burbuja inmobiliaria, es decir, que la corrupción, las redes clientelares y el enchufismo han ido paralelos e incluso han promovido el modelo de crecimiento económico que finalmente se desplomó y nos condujo a la crisis. Por eso es importante recordar que, al margen de la actitud en relación con la ética de lo colectivo de los diferentes políticos, todos sus movimientos se inscriben en el sistema económico capitalista y, por tanto, están condicionados por su propia dinámica de funcionamiento.

Dicho de otra forma, puesto que estamos en un marco económico que ignora cualquier tipo de ética, la crisis se habría producido igualmente si en vez de políticos corruptos hubiéramos tenido políticos transparentes y con una ética de lo colectivo. Y es que el sistema económico capitalista no entiende de moral, sino única y exclusivamente de rentabilidad. El hecho de que la persecución de la rentabilidad lleve a un modelo económico más o menos moral no depende, en última instancia, del capitalismo.

LOS POLÍTICOS Y LOS ECONOMISTAS RESPONSABLES DE LA ESTAFA

«El enemigo de la sabiduría convencional no son las ideas, sino el transcurso de los acontecimientos».

J. K. GALBRAITH

En el primer capítulo explicamos el funcionamiento del ciclo del capital. Dijimos que las economías capitalistas tienen que disponer de espacios de rentabilidad que les permitan crecer económicamente y crear empleo. Vimos igualmente que en la Unión Europea han subsistido dos modelos generales de crecimiento que han constituido un modelo simbiótico de crecimiento, es decir, que a ambos modelos les interesaba mantener su dinámica. Sin embargo, de aquella descripción podría deducirse que no existen responsabilidades políticas ni personales, por tratarse de la dinámica de un sistema que va más allá de las voluntades de las personas. Nada más alejado de la verdad.

Toda economía capitalista se inscribe en determinadas instituciones formales, como ocurre en el caso de la Unión Europea, que permiten la existencia de otras instituciones, como las leyes y la ideología. Todo ello abriga el modelo de crecimiento y permite que pueda sobrevivir, al menos hasta la emergencia de las crisis. Dichas instituciones son promovidas y expandidas por determinados países, por ciertas empresas y por la acción de personas con nombres y apellidos. Examinemos, pues, con detalle la responsabilidad concreta y el papel de los políticos y economistas que han dirigido, directa o indirectamente, nuestro país y el destino de nuestras sociedades.

Las condiciones políticas de la Unión Europea

España se integró en las instituciones de la actual Unión Europea en 1986, apenas ocho años después de aprobar la Constitución de 1978 que puso punto final a la dictadura franquista. Así las cosas, gran parte de la población española ve el proyecto de la Unión Europea como un proceso de modernización hacia instituciones más avanzadas en derechos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, el proyecto de la Unión Europea ha cambiado a lo largo de su historia en muchas ocasiones. La pregunta es: ¿qué es realmente la Unión Europea?

Según la visión dominante en la calle, la Unión Europea es un proyecto supranacional y federalista que aglutina a los pueblos de Europa en instituciones comunes que van desarrollándose progresivamente imitando el modelo original de Estados Unidos. De conseguirse tal propósito final, se publicita, la Unión Europea podría disputarle la hegemonía a Estados Unidos tanto en población como en PIB. Además, esta concepción casaría perfectamente con una visión internacionalista que permitiría dejar a un lado las diferencias entre las distintas culturas que conviven en toda Europa. Pero ¿fue éste el propósito inicial de los constructores de la Unión Europea?

Para gran parte de los historiadores políticos, entre los que destacan Milward o Anderson, la respuesta es «no». En realidad, las primeras instituciones de la Comunidad Europea surgieron de la confluencia de los intereses de las potencias económicas de posguerra. Estas economías buscaban fórmulas para fortalecer sus posiciones políticas y económicas a través de acuerdos de convergencia. En consecuencia, era más una posición de alianzas intergubernamentales (con el mantenimiento de la soberanía nacional) que de federalismo (con su presidente, parlamento y otras instituciones). Pero, además, no se trataba de un intergubernamentalismo cualquiera, sino de uno muy particular nacido de la relación mantenida por las dos grandes potencias europeas, es decir, Francia y Alemania.

Tras la segunda guerra mundial, el territorio de la ex Alemania nazi se dividió en cuatro partes, las cuales pasaron a ser controladas por las potencias aliadas (URSS, Reino Unido y Estados Unidos) y por Francia. Sin embargo, en 1949 los territorios occidentales se unificaron con el objetivo de fortalecerlos frente a los territorios orientales controlados por los soviéticos. Un año más tarde, en 1950, el ministro francés Schuman propuso la creación de una autoridad común que gestionara las producciones de carbón y acero, dos recursos fundamentales en la industria armamentística. El propósito no era otro que dificultar las posibles tensiones bélicas entre los países europeos. Finalmente, en 1951 aquella propuesta vio la luz con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), germen de la actual Unión Europea.

Siguiendo la filosofía de su ministro de Exteriores, para Francia fue una prioridad, desde el primer momento, neutralizar militarmente a Alemania. La base industrial de Alemania y su acceso a los recursos eran mucho mayores que los de Francia, y el temor, tras dos guerras mundiales y más de un siglo de prolongados conflictos, marcaba la agenda. Pero la única forma que tenía Francia de lograr ese objetivo era tejer una alianza que amarrara ambas economías mutuamente. Para Alemania, por el contrario, Francia era necesaria como mercado al que exportar y para fortalecer su posición continental y sentar las bases de una futura reunificación alemana. Además, estos intereses eran funcionales para la gran potencia victoriosa de la segunda guerra mundial, Estados Unidos, que buscaba fortalecer un polo europeo que hiciera frente al poder de la Unión Soviética.

Por lo tanto, la construcción de la actual Unión Europea no siguió nunca las pautas federalistas, que en todo caso existieron como deseos y propuestas, sino que, como dice Anderson[8], «el proceso de integración europea siempre ha girado en torno a un pacto binacional entre dos de los Estados más destacados del continente, Francia y Alemania».

Un punto de inflexión crucial se produjo a partir de los años ochenta, cuando la ideología neoliberal[9] se fue abriendo paso por todo el mundo, como resultado de lo cual las instituciones europeas dirigidas por Francia y Alemania cambian de propósito. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, y algunas instituciones como el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se dotaron de poderes políticos descomunales, a pesar de que sus representantes no eran elegidos directamente por la ciudadanía. Desde ese momento, triunfó con claridad la visión de una Unión Europea dirigida por la tecnocracia.

Esta visión parte del establecimiento de una distinción entre los técnicos, quienes se supone que saben lo que les conviene a todos, y los ciudadanos, quienes son presa de emociones y comportamientos irracionales que hay que tratar de neutralizar. En realidad, todo esto lo dijo Hayek ya antes de la segunda guerra mundial. Según su visión, había que evitar que las masas, deseosas de redistribuir riqueza y guiadas por líderes de tendencia socialista —y, según él, aproximadamente todos cumplían con ese perfil—, influyeran en decisiones que afectaran a los sacrosantos derechos de propiedad. Por eso urgía elevar instituciones que los mortales no pudieran tocar.

El problema fue que Hayek no tenía mucho gusto por los detalles, así que fueron los neoliberales europeos de finales del siglo pasado los que diseñaron la arquitectura final. Y con el Tratado de Maastricht en 1992, aprobado con los votos a favor de la generosamente autodefinida socialdemocracia, se puso en marcha una dictadura de los tecnócratas envuelta en la caricatura de una Europa democrática.

Desde entonces el Parlamento Europeo es, como diría Anderson, una asamblea merovingia o un teatro de sombras. El verdadero castillo está en la Comisión Europea y en el Banco Central Europeo, cuyo propósito es bloquear los debates nacionales para imponer lo que les parece adecuado. Y lo que imponen, a pesar de sus notables esfuerzos por ser neutrales, está calcado de las propuestas neoliberales nacidas de la fantasiosa visión del mundo de los economistas neoclásicos.

A esta Unión Europea de los tecnócratas se insertó España en 1986, dejando condicionar absolutamente su estructura productiva y su modelo de crecimiento. Y una vez hubo estallado la crisis, fue también esta particular configuración de la Unión Europea la que tomó las riendas de la política económica de nuestra economía… conduciéndola hacia el desastre.

El proyecto económico tecnocrático

Dado que el ciclo del capital se ha interrumpido, las instituciones tecnocráticas están imponiendo cambios económicos con el objetivo de reactivarlo. Sin embargo, esos cambios conllevarán otros en el modelo de sociedad. Esto es así porque cualquier modelo de crecimiento requiere un modelo de sociedad que le sea funcional, es decir, necesita que se modifiquen las relaciones entre los ciudadanos, las relaciones laborales y las relaciones entre los ciudadanos y los Estados.

Hoy podemos considerar que el Gobierno de Rajoy, así como también el de Portugal y Grecia, es un vasallo que se limita a obedecer el dictado de la llamada troika —Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI—, lo que significa que en la práctica está asumiendo la estrategia económica de estas instituciones supranacionales. Como decíamos, se trata de una estrategia que es ante todo ideológica, es decir, que persigue un determinado modelo de sociedad. Concretamente, un modelo en el que el orden social se recompone a partir de un empobrecimiento de la mayoría de la población y en beneficio de determinadas minorías (grandes fortunas) vinculadas a la propiedad del capital financiero (bancos) y del gran capital productivo (grandes empresas). Asistimos, pues, a una recomposición de las clases sociales en nuestro país.

La estrategia tiene un objetivo y dos principios fundamentales. El objetivo es recuperar el crecimiento económico para volver a generar empleo a cualquier precio. Los principios son la austeridad y las reformas estructurales. A su vez, todas las medidas económicas se pueden estructurar en tres ejes: la consolidación presupuestaria, la confianza en los mercados internacionales de deuda y la reestructuración de los fundamentos económicos. Este planteamiento sistemático adolece de errores tan graves que podemos asegurar que se trata de una estrategia suicida que no responde a los problemas reales de la economía y que, de hecho, los agrava. Las consecuencias económicas y sociales serán brutales.

Hay que hacer notar que el objetivo es consecuente con las preocupaciones de la población española, ya que actualmente, en 2012, sufrimos una tasa de paro superior al 25 por ciento. Ahora bien, detrás de la estrategia para lograr dicho objetivo hay una teoría económica (la teoría neoclásica) basada en el pensamiento neoliberal. Según sus postulados, los problemas de desempleo se derivan de un mal funcionamiento del mercado de trabajo, los problemas de competitividad —y crecimiento económico— se deben a salarios relativamente altos y los problemas de confianza de los mercados y de financiación de la economía real se deben a un exceso de gasto y deuda públicos. Éstos son los dogmas económicos a partir de los cuales diseñan sus estrategias y medidas económicas.

Esta estrategia de la troika es compartida obviamente por el Partido Popular, pero también por el Partido Socialista. Fue el PSOE quien reformó la Constitución, junto con el PP, para institucionalizar la consolidación presupuestaria y otorgar un rol prioritario a la confianza de los mercados. También fue el PSOE quien aprobó una reforma laboral en contra de los sindicatos y la izquierda y quien comenzó a obedecer a la troika recortando en componentes clave de la economía.

Desgraciadamente, ya podemos observar los efectos de esta estrategia en las economías griega y portuguesa. En primer lugar, la austeridad y los intentos de consolidación fiscal deterioran el crecimiento económico y destruyen empleo. Hasta 2011, la locomotora de débil crecimiento era la inversión pública, y desde los recortes la economía va en picado hacia la Gran Depresión. La estrategia adecuada tiene que venir de la mano de estímulos económicos financiados por las instituciones europeas y de reformas fiscales altamente progresivas, pero la troika no quiere hablar de ello por los efectos redistributivos que supondría (desde los ricos hacia los pobres).

La fe de la troika, y del Gobierno de Rajoy, está puesta en el hipotético éxito de las reformas estructurales. Se basan en la citada concepción neoclásica según la cual el problema de las empresas y de la competitividad española es el alto coste salarial y, por lo tanto, lo que buscan es aprobar reformas del mercado de trabajo que reduzcan los salarios. El FMI lo reconoció abiertamente en su informe de 2012 sobre España. Consideran que, al bajar los salarios, las empresas podrán bajar a su vez el precio de sus productos, lo que hará más competitiva a España. Teóricamente todo ello llevaría a restaurar el crecimiento económico (en un escenario laboral, eso sí, de mayor precariedad y flexibilidad). Lo cierto es que esta táctica hace aguas por todas partes. Ni los costes son determinantes de la competitividad (en España se da la llamada «paradoja de Kaldor»)[10] ni el desempleo es un problema salarial. Además, como vimos en el capítulo 1, en la medida en que cae la demanda también se deterioran las cuentas de las empresas de la economía nacional; sólo se salvan las grandes empresas exportadoras —al menos mientras la demanda internacional se mantenga.

Por todo ello, los intentos de dar confianza a los mercados son absolutamente vanos. A los mercados (los acreedores de la deuda privada y pública) no les interesa otra cosa que la rentabilidad, pues ellos también obedecen al ciclo del capital en tanto que sujetos económicos capitalistas, y ésta sólo es posible mientras la actividad económica se mantenga. Dado que la austeridad y las reformas estructurales fracasan y empeoran la capacidad del Estado y de los sujetos económicos privados de devolver sus deudas, los mercados acentúan su presión. Algo que además se agrava por el hecho de que no se controlan las actividades especulativas en los mercados de deuda pública. Por eso la prima de riesgo crece a pesar de los recortes.

Los planes de ajuste que están aplicando Grecia, Portugal y España recuerdan los que el FMI impuso a los países latinoamericanos en la década de los ochenta. Aquellas reformas fueron entonces un absoluto fracaso en lo que se refiere a sus propósitos oficiales, y las consecuencias fueron especialmente dramáticas en términos tanto económicos como sociales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consideró a posteriori aquellos años como una década perdida, y el premio Nobel de Economía J. Stiglitz dijo que «la reforma no sólo no ha generado crecimiento, sino que, además, por lo menos en algunos lugares, ha contribuido a aumentar la desigualdad y la pobreza»[11].

El detonante de la crisis de los países latinoamericanos fue lo que algunos economistas han llamado el golpe de 1979, que consistió en una subida espectacular de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal —el banco central de Estados Unidos—. La subida tenía como objetivo último recuperar los márgenes de ganancia de las finanzas internacionales, y como objetivo primario la lucha contra la inflación que carcomía esas mismas ganancias. Pero aquella medida tuvo una consecuencia inmediata: el crecimiento exponencial de las deudas contraídas en dólares por los países en desarrollo. Sólo en 1979 la deuda externa de los países en desarrollo se multiplicó por dos, del 8 por ciento al 15 por ciento, y en 1987 estaba ya en el 39 por ciento de la producción[12].

En un contexto de crisis estructural internacional, que redujo la demanda mundial de alimentos y por lo tanto también los precios de las materias primas, los países en desarrollo se vieron en una trampa de difícil salida. El FMI salió en su ayuda condicionando la asistencia financiera —préstamos— a la aplicación de duros programas de ajuste inspirados en la ideología neoliberal. Los Planes de Ajuste Estructural giraban en torno a cinco ejes claramente delimitados: el ajuste fiscal, haciendo más regresivos los sistemas impositivos mediante aumentos de la base imponible o reducción de tipos; la liberalización comercial, reduciendo las barreras comerciales; las reformas del sector financiero, liberalizando y desreglamentando; las privatizaciones, transfiriendo empresas y servicios de naturaleza pública a manos privadas, y la desregulación laboral, flexibilizando las normas de contratación y posibilitando nuevas formas de relaciones entre empresarios y trabajadores[13]. De forma directa o indirecta, todas esas medidas tenían como objetivo recuperar la rentabilidad privada del capital, para lo cual era requisito indispensable reducir los costes y, de ellos, el más importante de todos: el salario.

Las reformas neoliberales se tradujeron en un pobre crecimiento económico, la expansión de la pobreza y la marginalidad, el incremento de la desigualdad, una mayor volatilidad, más crisis financieras y la desaparición de la mayoría de los mecanismos para luchar contra esos fenómenos adversos —debido a la pérdida de poder de los Estados—. Las consecuencias fueron tales que, al final, la mayoría de los países latinoamericanos tuvieron que cambiar radicalmente su concepción de las políticas económicas, abandonando en mayor o menor medida el neoliberalismo.

En Europa, en los inicios de la crisis financiera internacional, los países respondieron con medidas de estímulo económico y de índole keynesiana. El objetivo anunciado era reactivar la economía a través del gasto público, pero se hizo desde las instancias nacionales (el presupuesto de la Unión Europea es de un muy reducido dos por ciento) y con la camisa de fuerza del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que prohíbe a los países miembros superar la frontera del tres por ciento bajo riesgo de penalizaciones económicas. Las medidas no se mantuvieron suficiente tiempo, y el entramado económico-político de la Unión Europea pasó a la primera fase de sus planes de ajuste. Las medidas de estímulo económico y la caída de los ingresos como consecuencia de la crisis bancaria habían provocado el crecimiento de los déficits y del endeudamiento público, y acabar con esos dos fenómenos económicos se convirtió en la tarea de la Unión Europea. La Unión Europea asumió así el papel que el FMI había tenido en América Latina en la década de los ochenta[14].

En efecto, la Unión Europea y el FMI —que participa también en los fondos de rescate europeos— condicionan la asistencia financiera a unos duros planes de ajuste que son también de inspiración neoliberal y resultan ser prácticamente calcados de los aplicados en América Latina. Privatizaciones, rebajas salariales, retroceso del poder del Estado y un interés concreto en «ganar competitividad». Y aunque los economistas convencionales parecen encantados con estos planes de ajuste que están aplicando Gobiernos tanto de derechas como de izquierdas, los economistas críticos hemos dado la señal de alerta. Incluso Stiglitz, que además de premio Nobel fue economista jefe del Banco Mundial, ha reconocido que este camino lleva al desastre social.

Lo que se está imponiendo es un nuevo modelo de sociedad que permita sobrevivir al esperado modelo de crecimiento europeo —y a su ciclo del capital—. Por eso decimos que el modelo de sociedad que se quiere imponer es funcional para el modelo de crecimiento. Con el fin de lograr esa transformación radical, se utilizan mecanismos financieros y leyes que actúan como palancas de desmantelamiento de los servicios públicos.

En España, el cambio constitucional que realizaron PP y PSOE tenía como objetivo, igual que el Tratado de Maastricht y toda la configuración económica de la Unión Europea, encorsetar las finanzas públicas y dejarlas sin margen de maniobra. Por la propia dinámica económica y el rol del Estado como prestamista de último recurso, éste es precisamente quien va absorbiendo la mayoría de los costes de la crisis. Por esa razón, la deuda pública se dispara después de la crisis y no antes, porque es el instrumento que se utiliza para socializar las pérdidas y absorber entre todos el impacto de la crisis. La deuda pública del Estado se incrementa como consecuencia de intentar salir de la crisis y de los rescates a entidades financieras y otras ayudas a empresas privadas. En definitiva, se transfieren rentas y riesgos desde lo privado a lo público.

La suma de ambos fenómenos se convierte en una palanca de destrucción del Estado de bienestar. Si el Estado absorbe los costes de la crisis y se encorsetan las finanzas públicas, la única salida que le queda al Gobierno es recortar y recortar. Hasta tal punto que la ley orgánica que desarrolla la reforma constitucional de 2011 reconoce en su exposición de motivos que «se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la Constitución»[15].

Pero como esos recortes no resuelven los problemas reales y promueven un deterioro mayor de la economía, el ajuste se vuelve permanente. Los recortes avanzan en todas las esferas del Estado de bienestar. Hasta su destrucción definitiva. Y en última instancia es eso precisamente lo que se pretende: acabar con las esferas públicas que ocupan un espacio muy deseado por la esfera privada, especialmente en grandes áreas como la educación y la sanidad. Así las cosas, no cabe ninguna duda de que los planes de ajuste conducirán a un nuevo escenario de regresión social en el que se incrementará la pobreza, la desigualdad, la inseguridad laboral y también la ciudadana —como ocurrió en América Latina.

Reivindicar la economía política

La naturaleza de la crisis económica por la que atraviesa el mundo desarrollado no es en modo alguno azarosa. No ha sido impredecible y no ha sorprendido a todos los economistas. De hecho, la actual crisis es producto no sólo de la dinámica del sistema económico capitalista, sino también de decisiones económicas concretas fácilmente identificables y que responden a ideologías muy bien definidas.

Sin embargo, pocos economistas fueron capaces de alertar acerca de los peligros que se gestaban en las economías desarrolladas, mientras que sí fueron unos cuantos los que se pasaron años repitiendo que en realidad todo iba viento en popa. Para comprender por qué algunos prefirieron mirar hacia otro lado a sabiendas de lo que podía ocurrir, hay que atender a los desiguales efectos que en las distintas capas sociales han provocado las políticas de los últimos años. Más aún, el análisis de la composición de los planes de estudio de las facultades de Economía explica la absoluta incapacidad de la mayoría de los economistas a la hora de analizar la realidad económica y de prever una crisis de la magnitud de la que estamos empezando a sufrir.

En efecto, la inmensa mayoría de los recién licenciados en Economía son incapaces de comprender la crisis actual y los mecanismos que la originaron porque jamás tuvieron oportunidad de aprender cómo funciona realmente una economía capitalista como la nuestra. Las sucesivas reformas en los planes de estudio han ido deteriorando la calidad de la enseñanza hasta el punto de que algunas facultades carecen hoy en día de asignaturas que en otro tiempo se consideraban esenciales.

Actualmente, los estudiantes se encuentran en clase frente a modelos matemáticos, levantados sobre supuestos absolutamente irreales, que en nada ayudan a comprender la realidad en la que se ancla la economía. Y precisamente para facilitar el estudio de dichos modelos los estudiantes reciben una gran cantidad de clases de matemáticas, estadística y econometría. En este marco, las asignaturas que analizan las estructuras económicas, las historias económicas y las historias del pensamiento económico han pasado a segundo plano, si es que no han desaparecido.

Los nuevos economistas saben desarrollar modelos analíticos, así como llevar la contabilidad y calcular costes y beneficios de actividades económicas concretas, pero por lo general son incapaces de comprender la dinámica del sistema económico capitalista y sus mecanismos fundamentales. Y sin las herramientas adecuadas, los nuevos economistas tienen muchas dificultades para contrastar las distintas opciones en materia de política económica, de la misma forma que carecen de los conocimientos históricos suficientes para recurrir a fenómenos similares del pasado que ayudarían a entender muy bien lo que pasa en la actualidad.

En estas condiciones, es muy probable llegar a la conclusión de que las crisis son accidentes temporales debidos a una mala regulación o gestión y no, como demuestra la historia, fenómenos cíclicos que se producen en el marco de un sistema económico sujeto a una determinada lógica con sus propias contradicciones y limitaciones.

La actual crisis también está poniendo de relieve la incompetencia de muchos profesores, que durante años han explicado ficticios modelos de competencia perfecta, con mercados que en condiciones de libre competencia se ajustan automáticamente. Ahora tienen que vérselas con la difícil realidad, ante las preguntas de los alumnos: ¿por qué el dinero no fluye hacia la economía real? ¿Por qué con bajos tipos de interés no mejora el consumo y la inversión? ¿Por qué nadie nos ha hablado de modelos productivos y nos ha avisado de los riesgos de la especialización en la construcción y el turismo? ¿Por qué, para salvar la economía, las autoridades tienen que recurrir al Estado, institución que, según se dice en las aulas, no debería tener apenas capacidad de intervención? ¿Por qué, si la razón de ser de la rentabilidad de las inversiones es el riesgo asumido en ellas, cuando ese riesgo se materializa el Estado salva con el dinero de todos a quienes lo corrieron? Los profesores no saben responder preguntas como éstas y muchas otras, porque muchos de ellos también se formaron con planes de estudio similares a los vigentes.

Visto lo visto, muchos de estos profesionales deberían ser acusados de negligencia grave, porque su actividad está impidiendo que los nuevos economistas sean capaces de afrontar los duros retos que impone la realidad. Y eso tiene costes sociales altísimos en muchas formas: desempleo, desigualdad, pobreza, marginación, conflictos sociales… En suma, una gran destrucción económica y social.

Es necesario, por lo tanto, cambiar esta situación de raíz. Hay que poner fin a la deriva seudocientífica de la ciencia económica y volverla a enfrentar a la realidad de la economía capitalista. Para ello es urgente reformar los planes de estudio, para pluralizar las posiciones ideológicas implícitas en los modelos económicos, para rescatar la preferencia por las asignaturas estructurales e históricas y establecer nuevos nexos con otras ramas de la ciencia social. Ésta es la única manera de lograr que los economistas de las generaciones venideras sepan comprender, explicar y denunciar los riesgos de determinadas políticas y sistemas económicos, sin que esto sea únicamente un ejercicio ideológico carente de fundamento. Que es, como se ve a la luz de los hechos, lo que sucede hoy en día.

En realidad, todo esto no supone inventar una nueva ciencia económica. Al contrario, se trata de recuperar su sentido original, de volver a reivindicar la economía política.

La expresión «economía política» se usó por primera vez en 1615, de la mano de Montchrestien. Con ella se quiso expresar que las relaciones económicas tienen lugar en una comunidad organizada políticamente, y que la dimensión económica interactúa inevitablemente con la política. Por lo tanto, se daba por hecho que el estudio económico debía tener en cuenta los flujos de poder existentes. Posteriormente, los fisiócratas —una serie de pensadores que vivieron en el siglo XVIII en Francia— definieron la economía como una máquina alimentada por materiales del seno de la naturaleza que se limita a elaborarlos sin aportarles ningún tipo de valor[16]. Para los fisiócratas era muy importante la relación entre la economía y la naturaleza, pero tampoco se olvidaban del componente social y político.

Algo más tarde surgió la llamada escuela clásica, la cual se desarrolló cuando el capitalismo ya se había instalado sólidamente en la mayoría de los países europeos. Si bien es cierto que dentro de este grupo se enmarcan autores de muy diverso pensamiento (como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill o Karl Marx), no se puede negar que todos ellos mantenían una preocupación común, a saber, la interpretación de las leyes de conducta y evolución de la economía que ellos vivieron. Se centraron en el plano productivo, pues en él se asientan las relaciones sociales entre las personas. Los clásicos entendían que la sociedad está estrechamente vinculada a la economía, y viceversa. Para ellos son dos dimensiones inseparables que interactúan constantemente, y es imposible analizar una sin atender a la otra. En consecuencia, los clásicos centraron toda su atención en el ciclo productivo (producción, distribución y consumo), y destacaron el importante papel de la distribución entre los propietarios de los medios de producción —los capitalistas— y los trabajadores, aunque dejaron en un plano muy superficial el análisis de los materiales y de la energía distintos del trabajo.

Con el tiempo, algunos economistas quisieron romper la vinculación entre economía y política, y aseguraron que podía existir un estudio de la ciencia económica neutral a las ideologías. Se inauguraba así la escuela neoclásica, hegemónica en la actualidad, cuyo interés principal es intentar hacer creer que la ciencia económica se asemeja metodológicamente a ciencias exactas como la física o las matemáticas. Así fue como surgió una interpretación «tecnocrática» de la economía.

La metodología utilizada por los autores neoclásicos es la propia de una ciencia lógica que parte de determinadas premisas para desarrollar un proceso brillante y coherente que termina dando resultados concretos. Pero, al igual que ocurre con todas las construcciones lógicas (es decir, que siguen una secuencia), el resultado a obtener dependerá del punto de partida. Y es en este punto de partida donde se dan las principales irregularidades. Los enfoques neoclásicos parten de premisas totalmente desconectadas del mundo social, cultura, político y natural. La ciencia económica actual opera en el vacío, al transmitir la sensación de que los problemas económicos no tienen nada que ver con la realidad que vivimos las personas. Como consecuencia, es una ciencia que no puede explicar correctamente los fenómenos del mundo real. Por mucho que quiera parecerse a sus hermanas mayores, la ciencia económica es una ciencia social y —lo acabamos de ver— como tal posee unas limitaciones inherentes que nunca podrá superar. El problema más grave es que, en su afán de asemejarse a una ciencia exacta, el enfoque económico actual no sólo es incapaz de alcanzar su meta, sino que además se aleja de sus raíces y del contexto más amplio de la sociedad y la naturaleza. El resultado es que pierde atributos como ciencia social y se queda a años luz de la validez de una ciencia exacta. Pero, además, aunque se presenta como una teoría neutra, la teoría neoclásica lleva implícita una determinada concepción ética en sus supuestos[17].

Desgraciadamente, la mayoría de los economistas se han educado y se educan en esta escuela económica tan precaria y tan falaz. Como consecuencia, los economistas que asesoran a los diferentes Gobiernos e instituciones revelan un trabajo tan decepcionante que han perdido toda legitimidad tras la crisis económica. Muchos esperaban que la teoría económica neoclásica pasara a un lugar secundario en los planes de estudio de Economía, como pago por haber justificado las medidas responsables en última instancia de la crisis financiera. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

La explicación está en que el dominio de la teoría neoclásica no se deriva de su mejor fundamentación teórica o de su realismo y buenos resultados prácticos —pues, de hecho, en ese caso quedaría relegada a espacios marginales—. Como recuerda Andrew Mold, «para explicar el dominio de una idea económica concreta, debemos saber más sobre cómo se forman y se diseminan las ideas entre los profesionales de la economía y cómo estas ideas están vinculadas con las estructuras políticas de poder»[18]. En definitiva, los programas políticos justificados por la teoría económica dominante tienen que perder antes el poder práctico para que esa teoría económica sea despojada de su dominio en el ámbito teórico. No se trata, además, de un proceso inmediato, pues no en vano, bajo el cobijo de una determinada teoría económica, se crían y educan centenares de miles de economistas, que difícilmente renunciarán con facilidad a sus propias creencias —las cuales, además, les habrán permitido alcanzar sus puestos de trabajo.

No obstante, es muy probable que la teoría económica neoclásica pierda su hegemonía más temprano que tarde. El mundo ideal que intenta representar en la teoría no existe, y el que realmente existe está en crisis precisamente por la aplicación de las medidas propuestas por esa misma teoría. Los Gobiernos e instituciones internacionales continúan aplicando medidas basadas en una teoría que no está dando respuesta en absoluto a los problemas reales de la economía mundial. Y eso tiene que pasar factura.

No es ésta una historia nueva. El crac de 1929 que dio lugar a la Gran Depresión de los años treinta fue también el punto final de decenas de años de sistemática aplicación de teorías económicas liberales. Las consecuencias de tamaña catástrofe económica sólo fueron superadas parcialmente cuando se aplicaron las medidas intervencionistas del Gobierno estadounidense del demócrata Roosevelt. El New Deal, que era el conjunto de esas medidas, se aprobó en 1933, y J. M. Keynes escribió su Teoría general, que se convertiría en la obra de referencia desde entonces, en 1936. En la actualidad suele considerarse que la recuperación económica estadounidense de la década de 1930 provino de la puesta en marcha de medidas basadas en la obra de Keynes, pero en realidad fue al revés. Keynes trataba de entender la Gran Depresión y, a partir de sus intuiciones y escritos anteriores, así como de otros tantos autores, elaboró una obra que sistematizaba su pensamiento económico. Tras la segunda guerra mundial, que fue realmente lo que permitió al capitalismo salir de su crisis, todos los Gobiernos del mundo capitalista pusieron en marcha, en mayor o menor medida, programas inspirados en la teoría keynesiana.

A las aulas de las facultades de Economía el keynesianismo llegó y arrasó, aunque incluso el marxismo tenía un hueco importante en los planes de estudio. Sin embargo, en un sentido estricto, la teoría económica dominante era una mezcla entre las aportaciones keynesianas y el cuerpo de la teoría económica neoclásica, lo que dio lugar a la llamada síntesis neoclásica. Aun así, fue un tiempo en el que economistas ultraliberales como F. Hayek se consideraron a sí mismos heterodoxos que combatían el pensamiento único imperante —según él, el keynesianismo— en las facultades[19].

En la actualidad, las aulas siguen repletas de profesores que consideran que el pensamiento económico neoclásico es válido y que, en mayor o menor medida, interpretan la crisis como un evento pasajero que puede resolverse con la aplicación de las mismas medidas de siempre. Porque ésa ha sido la respuesta típica liberal durante toda la historia. Cuando el crac de 1929 asoló la economía estadounidense, los liberales promovían reformas con más de lo mismo. Cuando esas mismas políticas, actualizadas, asolaron las economías latinoamericanas en las décadas de los ochenta y noventa, la respuesta de los economistas convencionales fue también la misma. Según ellos, el problema era que hacía falta imponer su programa con un vigor y un profundidad mayores que los aplicados hasta entonces. Durante la transición de Rusia, lo mismo. Y hoy… también.

La cuestión roza el absurdo, pero al poder no le importa la lógica. En la época que más liberalismo y desregulación ha habido en la economía mundial después de la década de 1920 —aunque con menos globalización entonces—, se ha producido una crisis de extraordinaria envergadura. Y los economistas liberales sugieren que el problema ha sido la falta de una aplicación más profunda aún.

Todo ello llevará al desastre, otra vez. Y si no estamos aún instalados en ese escenario —lo que no resta gravedad a la dramática situación social que viven millones de personas a día de hoy—, es precisamente porque el Estado mantiene poderosos mecanismos de protección social heredados de la época de posguerra. Pero esa situación no es indefinida, y la aplicación continuada de políticas liberales conducirá inevitablemente a una extensión y agudización de las consecuencias económicas y sociales de la crisis actual. De seguir así, permaneceremos inmersos en la crisis aún mucho más tiempo, y será así hasta que los Gobiernos por fin vean al lobo y decidan cambiar el rumbo de sus políticas. Pero que eso ocurra o no entra de lleno en el ámbito de la política y las relaciones de fuerza entre las élites económicas y los movimientos sociales y partidos altersistema.

La economista Joan Robinson insistía en que el principal motivo para estudiar economía era precisamente evitar ser engañados por los economistas. Pero hay que estudiarla con toda su potencialidad, es decir, hay que estudiar la economía honrada, sincera y útil, esto es, la economía política.

RESUCITAR A MARX

«Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo».

KARL MARX,

Tesis sobre Feuerbach

Karl Marx fue uno de esos economistas encuadrados en la llamada escuela clásica o escuela de la economía política. De hecho, «el objetivo cardinal del análisis marxiano es el mismo que formularon Smith o Ricardo, es decir, el descubrimiento de las leyes que rigen el movimiento de la economía capitalista»[20]. Pero, en realidad, Marx fue un economista atípico, pues mucho antes de escribir su gran obra, El capital, en la que desentrañó el funcionamiento del sistema económico capitalista, ya había dedicado su tiempo y sus energías a la crítica filosófica. Su formación multidisciplinar influyó de forma determinante en su crítica a los economistas del momento, a los que definió como «economistas vulgares», entre otras cosas, porque no tenían presente el carácter histórico del capitalismo. Marx criticó que aquellos economistas dieran por sentado que características del capitalismo como la propiedad privada fueran inmutables y ahistóricas, pues él defendía la necesidad de integrar todas las categorías con las que trabajaba la economía política en un marco histórico determinado. Si se hacía del modo que planteaba Marx, era obvio concluir que el capitalismo era un sistema económico joven, en el contexto de la historia de la humanidad, y que no tenía garantizada su vigencia en el tiempo.

Marx fue, como todos nosotros, heredero de su tiempo, y se vio fuertemente influenciado por los desarrollos en las ciencias naturales. Tanto es así que su formulación del «materialismo histórico» está estrechamente vinculada a las tesis de Darwin sobre el origen de las especies. Concretamente, Marx —junto con Engels, quien le acompañó gran parte de su vida como estrecho colaborador— entendía que la historia es un proceso evolutivo de sucesión de etapas en las que el desarrollo de las fuerzas productivas, propulsado a su vez por la lucha de clases, permitía pasar de una a otra. El capitalismo sería, en ese esquema, un sistema temporal que más temprano que tarde crearía las condiciones de su propia superación por otro sistema superior. Este último sería necesariamente el socialismo, que por otra parte no podría alcanzarse sin la existencia previa del capitalismo. Por esa razón, Marx consideraba al capitalismo un sistema injusto y empobrecedor de las masas, pero progresivo en tanto que su papel en la historia era abrir las posibilidades de emergencia de un sistema superior[21].

Todo ello le llevaría posteriormente a destacar «como pensador global, hasta convertirse él mismo en un dirigente revolucionario»[22]. Su undécima tesis sobre Feuerbach es la mejor explicación de por qué un pensador tan prolífico como Marx acabó tomando tan activa parte en la vida política del siglo XIX. Por esa razón, Marx y Engels redactaron el Manifiesto comunista y participaron muy activamente en los movimientos obreros de la época, hasta convertirse en referencias no sólo intelectuales, sino también políticas.

La figura de Marx ha sido recuperada en los últimos años como consecuencia de la crisis económica, ya que, tras la quiebra ideológica del neoliberalismo y su tesis del fin de la historia, ha vuelto a estar claro que sí podían darse graves crisis en el capitalismo. En el análisis pormenorizado que llevó a cabo en El capital —del que sólo se publicó el primer tomo en vida de Marx, a pesar de haber dedicado más de cuarenta años a su redacción—, el economista alemán esbozó una teoría del derrumbe del sistema económico. Su más notable argumentación en este sentido fue la denominada «ley de la tendencia decreciente de la tasas de ganancia», según la cual el capitalismo, en su desarrollo, recorta las posibilidades de encontrar espacios de rentabilidad y, en consecuencia, mina el futuro del propio sistema. Esto quiere decir —siguiendo la terminología apuntada en el capítulo 1— que el ciclo del capital no puede reproducirse, porque al empresario no le interesa invertir debido a la poca o nula ganancia que obtendría. Al desarrollar su ley, Marx estaba anunciando la existencia de crisis económicas inherentes al propio sistema y, en consecuencias, inevitables.

No obstante, el propio Marx enumeró una serie de causas que contrarrestan la dinámica propia del capitalismo. Dichas causas tienen la capacidad de compensar y retrasar la crisis del capitalismo en tanto que permiten que el ciclo del capital siga reproduciéndose. El aumento de la productividad, la existencia de mercados externos y de intensificación de la explotación de los trabajadores (con mayores jornadas laborales, por ejemplo) permiten al capitalismo evitar la crisis al menos de forma temporal.

El Estado, por otra parte, puede añadir fuerzas que aumenten la tasa de ganancia —y facilitar de esa forma la reproducción del ciclo del capital— o que la disminuyan —conduciendo a más crisis—, ya que, como institución, interfiere en el normal comportamiento del mercado. Si un Estado es capaz de regular la economía, puede aprovechar su margen de maniobra para facilitar la reproducción del capitalismo y evitar de ese modo las crisis económicas.

Aprovechando estas capacidades, y en momentos históricos concretos, el Estado ha logrado en diversas ocasiones aliviar los efectos de las crisis sobre los más desfavorecidos y también eludirlas mediante la creación de nuevos espacios de rentabilidad. Sobre la base de estos hechos, se ha ido constituyendo un capitalismo menos salvaje, definido en ocasiones como «capitalismo de rostro humano» o «capitalismo regulado». La acción del Estado ha permitido, en definitiva, moderar las tendencias desfavorables e inherentes del capitalismo sobre la población y, al mismo tiempo, ha sido un actor importante para promover su desarrollo nacional e internacional. Todo ello se cristalizó en el llamado Estado de bienestar, construido sobre la base de estos márgenes de capacidad del Estado y a partir de la ideología de la socialdemocracia. En efecto, algunos pensadores que inauguraron la línea de pensamiento de la socialdemocracia, como Eduard Bernstein, llegaron a pensar que «el capitalismo había encontrado ya sus mecanismos de control anticrisis y que el sistema capitalista estaba en condiciones de mantener un crecimiento constante e ilimitado de las fuerzas productivas»[23].

El imposible de la socialdemocracia

A diferencia de los autores socialdemócratas, Marx, como otros autores clásicos, consideraba que las reglas del juego del capitalismo, y en particular el motor de la competencia, obligarían a las empresas a luchar entre sí incrementando la explotación de sus trabajadores. Al fin y al cabo, el objetivo de las empresas es mantener o ampliar espacios de rentabilidad, para lo cual es necesario sobrevivir en la selva de la guerra competitiva. Si una determinada empresa se despista y se muestra menos belicosa en esa tarea, por ejemplo subiendo salarios, las empresas rivales pueden tomar la delantera y aprovechar para rebajar sus costes en relación con la empresa en cuestión. Esos menores costes se traducirán en mayores ventas y en consecuencia en mayores beneficios, si se asume que los compradores prefieren el producto más barato al más caro. Así, la empresa tendrá que reaccionar y tratar de reducir sus costes al nivel de sus rivales. Es decir, volverá a bajar los salarios. La amenaza es desaparecer como empresa.

Por estas razones, Marx y los clásicos consideraban que la tendencia del salario era a alcanzar un nivel de mera subsistencia. La coerción de la competencia llevaría a todas las empresas a alcanzar equilibrios de mercado con salarios totalmente deprimidos y, con ello, se mantendrían condiciones de precariedad absoluta para los trabajadores. Dado que la competencia también obligaba a reinvertir los beneficios empresariales, Marx sumaba a la predicción de los salarios de subsistencia la famosa advertencia de que el capitalismo estaba cavando su propia tumba, al aplicarse la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Pero el desarrollo del sistema capitalista, bajo la tendencia de la concentración y la centralización (empresas cada vez más grandes que forman monopolios u oligopolios), junto con el ascenso al poder de partidos socialdemócratas y la aplicación de reformas que tenían como objetivo paliar las consecuencias de dicho desarrollo, mostró una realidad histórica muy diferente a la que Marx había predicho. Las tesis de los revisionistas como Bernstein parecían triunfar y se creyó demostrado que el capitalismo podía domesticarse para evitar el negro oscuro que predecía el marxismo original.

La emergencia de los monopolios formados por grandes empresas consiguió neutralizar la dinámica competitiva que, según Marx, debería haber conducido a salarios de subsistencia para los trabajadores. En un entorno de monopolio, no es necesario luchar por reducir los costes laborales y, en consecuencia, se pueden compartir ciertos espacios de ganancia con los trabajadores si las instituciones, como el Estado, presionan para que así sea. Este contexto histórico y esta configuración institucional permitieron que, en efecto, los partidos socialdemócratas que llegaban al poder pudieran aprobar reformas que protegieran a los trabajadores de las dinámicas inherentes del sistema. Se trataba de políticas que contrarrestaban la tendencia predicha por Marx.

Como apuntaron los autores neomarxistas (Paul Sweezy, Bellamy Foster o Fred Magdoff)[24], el problema que puede emerger tiene que ver con la acumulación de ganancias por parte del capital que no pueda encontrar espacios de inversión, es decir, la tesis del subconsumo. En cualquier caso, en ese marco de falta de competencia, los salarios no tienden hacia niveles de subsistencia. La socialdemocracia y el Estado de bienestar pueden sobrevivir, si bien a costa de la sobreexplotación de los recursos naturales y de los países en desarrollo.

Sin embargo, entre las décadas de 1980 y 1990 la caída del llamado socialismo real y la crisis de las organizaciones de izquierdas condujeron a la hegemonía neoliberal y a la puesta en marcha de políticas económicas que promovían la libre circulación de capitales por todo el mundo. No fue un proceso fácil, sino realmente conflictivo. En aquellas economías con mayores avances en materia pública, como Suecia, la lucha económica y política fue encarnizada. Por un lado, a finales de la década de 1970 la izquierda reformista trató de alcanzar el socialismo de forma progresiva, y llegó incluso a plantear la socialización gradual de las empresas a través del Plan Meidner[25]. La izquierda sueca buscaba llevar la democracia al plano económico, una vez alcanzada la democracia política y comprobadas sus limitaciones en el ámbito de la lucha contra las desigualdades. Pero la derecha política y los empresarios reaccionaron de forma contundente con huelgas patronales —que afectaron a 4 116 198 jornadas laborales y 687 550 trabajadores— y una gran dedicación de fondos a la publicidad ideológica en los medios de comunicación[26]. Finalmente, la derecha política venció en esa pugna, logró acceder al poder y comenzar un período de reformas regresivas. El contexto había cambiado y el partido socialdemócrata sueco comenzó un viraje hacia posiciones mucho más liberales. También en Suecia estaba avanzando poco a poco un nuevo estadio de globalización financiera y productiva, y la competencia volvía a tener un lugar central en la actividad económica.

Las empresas de todos los países desarrollados, incluso aquellas que habían mantenido por mucho tiempo sus monopolios, tuvieron que entrar de nuevo en el tablero de la lucha competitiva. Ese nuevo marco condujo otra vez a la dinámica propia del capitalismo y, en consecuencia, a la validez de la predicción original de Marx. Es decir, el capital se soltó de sus amarras. En todas partes las empresas luchaban por reducir sus costes laborales para vencer en una competición que ahora las enfrentaba con empresas de todo el mundo. Éste sigue siendo nuestro contexto actual. El llamado capitalismo salvaje o capitalismo sin máscara.

Este marco de libre competencia mundial trasciende a los Estados y, en consecuencia, anula de facto la capacidad de la socialdemocracia de enfrentar esa dinámica a través de la actividad parlamentaria. Es decir, incapacita a las instituciones estatales para domesticar el capitalismo. Cualquier intento de alcanzar a nivel estatal políticas reformistas conduce necesariamente a una pérdida de competitividad de las empresas nacionales, lo que se traduce en mayores tasas de desempleo. He ahí el actual drama teórico y la confusión ideológica de los partidos políticos socialdemócratas en toda Europa, más allá de sus resultados electorales, al tener que enfrentar el dilema de precariedad o paro. Es decir, salarios de subsistencia o desempleo.

La socialdemocracia tiene que elegir entre aspirar a vencer en la lucha competitiva, aceptando un modelo de sociedad basado en salarios de subsistencia, o mantener nichos reformistas construyendo de nuevo monopolios, bien porque temporalmente domina tecnológicamente a partir de una determinada estructura productiva (modelo alemán), bien porque introduce medidas proteccionistas que aíslan de la lucha competitiva (modelo de capitalismo occidental de posguerra).

En un contexto de globalización financiera y productiva, estadio al que tiende siempre el capitalismo, Marx recupera su vigencia y sus tesis se reafirman. En este contexto, al capitalismo le sobran todos aquellos elementos que obstaculizan la posible victoria en una lucha competitiva. Dicho de otra forma, al capitalismo le sobran actualmente los servicios públicos y los derechos laborales. Por esa razón aquí coinciden la visión tecnocrática explicada con anterioridad y la dinámica del sistema económico que se inscribe en el contexto institucional actual. Ante esa situación, reaparece el viejo dilema de escoger entre un modelo de sociedad bárbaro o un modelo de sociedad alternativo. Este último sólo puede constituirse fuera del espacio capitalista, fuera del capitalismo.

El imposible del capitalismo

Hemos explicado las razones por las cuales la socialdemocracia enfrenta límites dentro del contexto actual de globalización económica y financiera. Pero también afirmamos que es necesario salirse del sistema económico capitalista para aspirar a construir un modelo de sociedad basado en criterios de justicia social. La razón es que no consideramos deseable el modelo de sociedad que necesita el capitalismo para sobrevivir, esto es, el que se deriva de las necesidades del sistema económico, cristalizadas en las demandas del proyecto tecnocrático de la troika y del resto de las instituciones europeas.

Si retomamos la cuestión económica en el punto en el que la dejaron los economistas clásicos de la economía política, hay que preguntarse por el modelo de organización social que es más apropiado para producir, distribuir y consumir. Y de momento se puede afirmar que el capitalismo escoge esa opción de forma automática y de acuerdo a las reglas del mercado.

Este punto es fundamental. Así como en otras sociedades la decisión acerca de qué producir y cómo distribuir lo producido correspondían a algún poder, por ejemplo a la nobleza y a los reyes en el feudalismo, en el capitalismo esa decisión corresponde a las leyes del mercado. Es decir, al criterio de la rentabilidad. Se produce lo que es rentable, porque permite que el ciclo del capital pueda reproducirse y, en consecuencia, permite sobrevivir al capitalismo. Por la misma razón, no se produce lo que no es rentable, incluso aunque sea socialmente deseable. Sin espacios de rentabilidad, el capitalismo entra en crisis, de modo que en muchas ocasiones el capitalismo construye esos espacios a partir de reformas radicales o de la violencia. No en vano el origen del capitalismo tiene ese carácter violento.

No hay una fecha exacta que identifique el momento concreto de la transición desde el sistema económico previo, el feudalismo, hacia el sistema económico actual, el capitalismo. Fue un proceso lento, progresivo y con altibajos. Al disolverse la estructura económica feudal, emergieron los elementos que formarían parte del incipiente sistema económico capitalista, pero no fue un proceso inmediato ni claramente identificable. Sin embargo, está claro que fue extraordinariamente violento.

Al explicar el ciclo del capital, comentamos que los empresarios destinan una parte de su riqueza privada al proceso económico, arriesgándola, y siempre con la esperanza de obtener una ganancia. Acumulan para obtener ganancias y para volver a acumular. Todo esto comenzó históricamente con lo que Marx llamó «la acumulación originaria», que no es otra cosa que el proceso por el cual grandes cantidades de recursos que eran de propiedad comunal o pertenecían a sectores como la Iglesia o la nobleza, en cualquiera de sus formas, se pusieron violentamente a disposición de unos pocos individuos convertidos así en los primeros capitalistas. Ese proceso conllevó la transformación de antiguos siervos o campesinos libres en obreros o trabajadores asalariados, porque la disolución de la estructura social feudal obligó a todos ellos, para sobrevivir, a vender su fuerza de trabajo a algún capitalista que los quisiera emplear.

La colonización y las invasiones militares también ejercieron un papel clave, al proporcionar a los colonizadores fuentes casi inagotables de recursos (naturales y humanos) que se utilizarían para iniciar procesos de acumulación en el interior de sus fronteras. En todo caso, una vez que el sistema capitalista comenzó a operar, las fuerzas del mercado fueron absorbiendo todos los elementos que componían la sociedad, hasta subordinarla por completo. Hasta ese momento, el mercado había sido un simple accesorio de la vida económica, relegado a un papel secundario e instrumental. Desde el surgimiento del capitalismo, sin embargo, todo se convirtió en potenciales mercancías, factibles de integrarse en el proceso productivo y de comprarse y venderse con la expectativa puesta en la ganancia. Además, la propia dinámica del capitalismo empujó a que así fuera: la sociedad humana quedó subordinada a los requerimientos del mercado. En efecto, las personas fueron reducidas a la simple consideración de factores productivos, y sus condiciones de vida tanto materiales como psicológicas dependerían desde entonces de las necesidades del sistema económico para emplearlas de forma efectiva en los diferentes procesos productivos. No por casualidad en la jerga económica se habla de «recursos humanos» y de «mercado de trabajo».

Esta expansión del mercado no es una entre muchas opciones posibles para el capitalismo, sino que más bien es una necesidad irrenunciable. Karl Polanyi pone un ejemplo útil para entenderlo[27]. En la época de las colonizaciones, los capitalistas tuvieron que enfrentarse a nuevas sociedades con culturas del trabajo y del dinero tan diferentes que incluirlas en la maquinaria capitalista por las buenas no parecía tarea fácil. Así, los colonizadores occidentales en África promovieron la escasez artificial de alimentos (mediante el talado de árboles del pan) o impusieron impuestos especiales sobre las chozas para obligar a los nativos a trabajar a cambio de un salario. Los capitalistas trataban de crear las condiciones para la construcción de un nuevo mercado de mano de obra en el que toda persona estuviera obligada a participar en el juego capitalista, y para ello la destrucción de las instituciones tradicionales no compatibles era un requisito indispensable. Todo ello se logró, no lo olvidemos, mediante el uso del poder y de la violencia.

Fenómenos parecidos tuvieron lugar en todas las sociedades que se incorporaban en el juego capitalista, y en ellas surgieron movimientos de protesta que intentaban frenar o revertir los procesos de avance del mercado y la mercantilización de la vida. Como resultado de muchas de esas luchas, el Estado se vio obligado a implantar sistemas de protección social que regulaban la interferencia del mercado en la vida humana, frenándola y obstruyéndola. Pero, ante el avance implacable del capitalismo y del mercado en todos los ámbitos de la vida humana, este movimiento de defensa no cesó en ningún momento. Precisamente a esto nos referíamos anteriormente, es decir, a que la dinámica del sistema económico capitalista puede frenarse o moderarse en determinados contextos históricos, aunque siga siendo una fuerza permanente que subyace y que no puede erradicarse.

En la medida en que el Estado de bienestar pudo desarrollarse, fue posible producir bienes y servicios no rentables, pero que responden a criterios sociales. Es el claro ejemplo de la sanidad y la educación públicas, financiadas a partir de impuestos recaudados de forma progresiva, esto es, pagando más quien más tiene. Con las limitaciones de la socialdemocracia, apuntadas anteriormente, el Estado de bienestar se encuentra en retroceso y, por lo tanto, el capitalismo y el mercado se liberan de su camisa de fuerza. Vuelve entonces a ser dominante la presión de la mercantilización sobre todo posible mercado.

La crisis actual revela que el capitalismo enfrenta una crisis de rentabilidad; esto significa que las empresas no quieren invertir porque no ven oportunidades de negocio (lo que se expresa en una tasa de ganancia insuficiente). La solución, dentro del sistema, es sencilla. Se trata de encontrar nuevos espacios de rentabilidad. Y es la propia competencia la que consigue modificar los elementos del sistema.

La tasa de ganancia siempre tiene que ser positiva para que los empresarios inviertan, pero además tiene que ser suficientemente alta para incentivarlos. Una actividad en concreto puede proporcionar beneficios al cabo de un tiempo, pero quizá éstos no sean suficientes para que los empresarios se molesten en dedicar su dinero a esas tareas y no a otras más rentables.

Pero ¿cuánto es «suficientemente alto»? Ello depende del mercado, es decir, de las ganancias que se obtienen en otras actividades o ámbitos de la economía. Una ganancia es suficientemente alta cuando ese dinero no puede dedicarse a ninguna otra inversión que proporcione rentabilidades mayores.

Si nosotros somos empresarios y estamos pensando en invertir en la creación de una empresa de salud y calculamos que recibiremos una tasa de ganancia del 15 por ciento, pero invirtiendo ese dinero en la creación de una agencia de viajes obtendríamos una tasa de ganancia del 20 por ciento, tendríamos que rechazar la primera opción. Porque los empresarios son «racionales», en el sentido de que su criterio no es social, sino económico.

El caso de los accionistas funciona con la misma lógica, sólo que, al ser un mercado líquido —compra y venta casi inmediata de títulos—, el proceso es mucho más rápido. Los capitalistas pasivos, los accionistas, no invierten pensando en dónde lo hacen, sino en cuánto dinero traen de vuelta. Los accionistas, a menudo denominados más generalmente «inversores» —cuestión a la que volveremos más adelante—, buscan invertir su dinero en las empresas que proporcionen mayores dividendos.

En este punto hay que introducir el concepto fundamental del capitalismo: la competencia. Lo que hacen todas las empresas es competir entre ellas en busca del mayor beneficio posible y, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa, buscando proporcionar los mayores dividendos posibles. La razón es obvia: si no lo hacen, son expulsadas del mercado y desaparecen.

Si los accionistas sólo buscan los dividendos —más aún, los mayores dividendos posibles—, la financiación depende también de ello. La lucha por ser la empresa que más dividendos proporciona a sus accionistas es crucial. Si yo soy el directivo de una empresa farmacéutica y mi empresa proporciona menores dividendos que las otras del sector, sé perfectamente que los inversores pueden vender sus acciones de mi empresa y comprar las de las empresas de mis competidores. Eso llevará a un descenso en el valor de las acciones de mi empresa y, en general, a menores posibilidades de sobrevivir en el mercado (mayores dificultades de financiación, en definitiva). Por lo tanto, como directivo —con una remuneración que está en juego— tengo que evitar que eso suceda.

Por eso Marx hablaba de la tendencia a la nivelación de las tasas de ganancia. Como el capital puede fluir desde las esferas con menores tasas de ganancia hacia las esferas con una tasa mayor, la competencia fuerza a todas a igualarse. Cuanto más móvil y rápido sea el capital, con mayor facilidad se nivelarán las tasas de ganancia. En el caso de los mercados líquidos, donde pasar de invertir en una empresa a otra es inmediato, la nivelación es más rápida que, por ejemplo, en el caso de las pequeñas empresas de producción (como las de salud y las agencias de viajes que hemos puesto antes como ejemplo), en las que la inversión tiene la forma de capital fijo (instalaciones, máquinas, etcétera).

Pero no hace falta citar a Marx para entender lo que aquí se está diciendo. Basta con observar el comportamiento de las finanzas hoy en día. Obsérvese, por ejemplo, el indicador EVA (Economic Value Added) que mide nada más y nada menos que la diferencia entre la rentabilidad de un capital determinado y una rentabilidad de referencia. En el mundo financiero las empresas tienen que maximizar todo lo posible este indicador para evitar ser expulsadas del mercado. La consecuencia es que «sólo se seleccionarán aquellas inversiones que sean capaces de generar lo más rápidamente posible la elevada rentabilidad exigida por el accionista»[28].

Este comportamiento, que penaliza las inversiones a largo plazo y, en general, las que no proporcionen rentabilidades en muy corto plazo, es el caso extremo y cada vez más habitual del capitalismo moderno. Es un caso, en palabras de Husson[29], de «hipercompetencia».

La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿quiénes son los accionistas? Si tanto poder tienen, ¿dónde están? Sería un grave error considerar que son unos cuantos individuos con muy mala leche. En realidad, los accionistas son generalmente entes financieros abstractos que también compiten entre ellos. Son los llamados inversores institucionales o fondos de inversión colectiva (fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión) y fondos alternativos (hedge funds, fondos soberanos, etcétera), todos los cuales operan con la lógica descrita.

Pero, por supuesto, esos entes financieros están gestionados por algún agente económico, y hoy en día son fundamentalmente los bancos quienes controlan la gran parte de todos ellos. En la época de desregulación financiera, los bancos perdieron cuota de mercado en su negocio de préstamos, pues las grandes empresas comenzaron a preferir financiarse a través de los mercados de acciones y de deuda privada (emisión de bonos) y no tanto de crédito. Los bancos se vieron obligados a reaccionar. Su intento por recuperar cifra de negocio tuvo éxito, porque comenzaron a gestionar ellos mismos los fondos de inversión y otros agentes financieros similares.

Así, los bancos están gestionando hoy en día los fondos de inversión colectiva. Reúnen dinero de inversores individuales (del ahorro de las familias y empresas) y lo destinan a los mercados financieros. Uno de esos mercados es el mercado de acciones. Pero diversifican, lo que quiere decir que nunca compran grandes paquetes de acciones de una sola empresa, sino que prefieren comprar pequeños paquetes de acciones (uno o dos por ciento) de muchas empresas diferentes. Se mueven con la lógica de la maximización de beneficio, porque a la vuelta de las operaciones deben tener una rentabilidad determinada (digamos del 15 por ciento), de la cual una parte se queda el gestor en forma de importante comisión (digamos las dos terceras partes de ese 15 por ciento) y otra parte vuelve al dueño original del dinero (el cinco por ciento restante).

En definitiva, el capitalismo ha sido siempre un sistema depredador e irracional, pero ahora, con el desarrollo del sector financiero y la expansión de su lógica a todos los ámbitos, lo es aún más. Lo único que las empresas buscan es maximizar beneficios a toda cosa, y todas las medidas son válidas para ello. Las reestructuraciones de personal, la bajada de salarios, el incremento de la intensidad del trabajo, etcétera, son todas medidas que tienen como fin minimizar costes para maximizar beneficios e incrementar la rentabilidad del capital invertido.

Al final somos todos, al margen de nuestra cualificación (la cual únicamente determina nuestra exposición a los caprichos del sistema), meros elementos de usar y tirar para un sistema con una lógica de funcionamiento que muy poco tiene que ver con un modo justo y razonable de coordinar una sociedad humana.

Por eso, ahora que el sistema capitalista está en crisis y se ha liberado de la camisa de fuerza que supone el poder estatal y su control parlamentario, la dinámica capitalista busca insertar en su maquinaria todos aquellos espacios que todavía están fuera de control, a la vez que eleva la presión sobre los que ya están bajo su dominio (como los trabajadores). Al fin y al cabo, los capitalistas son como ratones en una rueda, que «corren más deprisa a fin de correr aún más deprisa»[30]. El capitalismo necesita y busca nuevos espacios de rentabilidad para sobrevivir, y en el contexto actual se divisan dos opciones generales.

La primera es incrementar la capacidad de demanda de los trabajadores, de modo que sean suficientemente ricos para que a las empresas les interese invertir (la tasa de ganancia sea suficiente). Pero ya vimos que, en el actual marco regulatorio, con una globalización económica y financiera neoliberal que conlleva un incremento de la competencia frente a países de bajos salarios, esto es económicamente imposible. Se requeriría una modificación institucional radical que conllevara la nueva instauración de protecciones frente a la competencia, opción que parece políticamente inviable dada la correlación de fuerzas actual. Además, supondría otros problemas insalvables que luego apuntaremos, como la cuestión de la insostenibilidad del modelo de producción y consumo en términos ecológicos.

La segunda es, dentro del marco regulatorio actual, encontrar nuevos espacios de rentabilidad a partir de la destrucción de la esfera de lo público: la acumulación por desposesión o privatización, formas distintas de llamar a lo mismo. Ello supone que los colegios, institutos y hospitales públicos pasen a la esfera privada y se conviertan en negocios. El capital privado, detenido por la crisis, encuentra una vía de recuperación a partir del troceo y reparto del Estado de bienestar. Pero es otra vía muerta, puesto que, además del drama social, habría que enfrentar un proceso de estancamiento permanente como consecuencia de la insuficiente demanda (¿a quién vender?).

Para Karl Polanyi, por ejemplo, cualquier avance en el llamado «mercado libre» genera distorsiones sociales y empuja a la gente a protegerse sea como sea. Según su visión, el trabajo y la naturaleza son en realidad mercancías ficticias, esto es, no existen para ser compradas y vendidas. En consecuencia, es natural que los trabajadores busquen protegerse de la dinámica depredadora del sistema económico capitalista, si bien no está claro de qué forma articularán esa defensa. Polanyi considera que esta explicación permite entender el ascenso del fascismo, en tanto que promete la protección que los trabajadores exigen ante los abusos del libre mercado.

La segunda opción señalada es la vía que ha tomado el proyecto tecnocrático, mientras que la vieja socialdemocracia, por el contrario, se mantiene a la ingenua espera de que cambie el marco regulatorio y se permita aspirar a una salida humana dentro del sistema capitalista.

Si se descartan ambas opciones, existe una alternativa, esta vez fuera del sistema. El reconocimiento de los límites ecológicos y de la naturaleza depredadora del capitalismo, que visualizamos actualmente con mayor intensidad, permite albergar la esperanza de una gestión económica diferente. Una gestión en la que sería imprescindible el control público y democrático de las grandes empresas y del conjunto del sistema financiero, anulando de esa forma el criterio de la rentabilidad, con un modelo de producción y consumo en que el empleo de recursos sea coherente con lo que podemos obtener de la naturaleza. En términos ecológicos, no se trata de una opción, sino de una imposición externa. También lo es en términos sociales, si queremos evitar la degradación social de la ciudadanía. Por eso es lógico y sensato declararse anticapitalista. Precisamente porque se ha comprendido el capitalismo, y desde luego no se niega su existencia.

No se trata de volver a poner en marcha la bicicleta capitalista o la rueda que empujan los ratones capitalistas, sino más bien de todo lo contrario, tal y como señaló hace ya mucho tiempo el filósofo marxista Walter Benjamin: «Lo que está fuera de control es, precisamente, el capitalismo, y el socialismo no es otra cosa que el freno de emergencia»[31]. Lo que deberíamos hacer es frenar la dinámica criminal y antihumana del capitalismo.

3. La sociedad que queremos construir

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LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS CONSTRUIR

Hasta ahora hemos desentrañado los fundamentos económicos de la crisis y analizado las responsabilidades de los políticos y los economistas. Hemos apuntado que la crisis económica derivó en una crisis ideológica —que está cambiando la concepción del mundo de la mayor parte de la ciudadanía, tras la modificación radical de sus condiciones materiales de vida— y también en una crisis política —con un espectacular desprestigio de las instituciones y sujetos políticos.

El descrédito de las instituciones políticas e incluso de los propios mecanismos democráticos debe entenderse como una consecuencia directa de la profundidad de la crisis económica. Pero no podemos culpar de ello a dichas instituciones como tales, sino al sistema económico en el que se insertan. Ya lo hemos visto al hablar del papel de los políticos y más detalladamente al analizar la forma en que el desarrollo del sistema económico torna inviables las políticas socialdemócratas en el marco de los Estados nacionales. Hemos visto como el papel de los parlamentos nacionales se redujo a un mero espejismo de lo que debería ser, pues fueron desprovistos de sustancia y vaciados de poder real.

El problema en este momento sería equivocarse y confundir el síntoma con la causa, y considerar que lo que nos sobra son la democracia, las leyes y una organización social basada en el Estado de derecho. Porque, en nuestra opinión, necesitaremos de todo ello en la sociedad que queremos construir.

NO ES LA DEMOCRACIA, SINO EL CAPITALISMO

«Vivimos en una burbuja democrática, fuera de la cual no hay democracia. Nos preocupamos por defender la democracia dentro de la burbuja, sin darnos cuenta de que quienes la controlan desde fuera y de forma beligerante son el FMI, el Banco Mundial o las multinacionales, que sólo atienden al máximo beneficio, sirviéndose de la democracia como un instrumento más».

JOSÉ SARAMAGO

«Hay leyes injustas: ¿Nos contentaremos con obedecerlas? ¿Intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo? ¿O las transgrediremos desde ahora mismo?»

HENRY D. THOREAU[1]

«La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos».

KARL MARX

La irrupción del movimiento 15-M en 2011 fue un revulsivo que marcó la agenda política y mediática del país entero durante varios meses. Incluso forzó a los partidos políticos a posicionarse ante las demandas de un movimiento heterogéneo, pero que manifestaba con claridad la frustración creciente de una población duramente afectada por la crisis económica y, especialmente los jóvenes, por una situación laboral de alta precariedad. No obstante, este fenómeno estaba en la línea de otras muchas movilizaciones previas que habían perseguido, a grandes rasgos, los mismos objetivos. De hecho, estamos de acuerdo con la afirmación según la cual el movimiento 15-M es, en última instancia, la continuación de «la rebelión estudiantil mundial contra la mercantilización de la educación, la sucesión de huelgas generales nacionales en los países de la Unión Europea en los años 2010 y 2011 contra los planes de ajuste estructural, la organización y movilización de una experiencia como la de Juventud sin Futuro, el surgimiento de Democracia Real Ya o la extensión estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Estado español y, sobre todo, las revueltas y procesos destituyentes árabes»[2].

El manifiesto original de convocatoria del 15-M fue relativamente concreto en sus demandas políticas. A saber, se exigía la eliminación de los privilegios de la clase política, la lucha contra el desempleo, el derecho a la vivienda y a servicios públicos de calidad, el control de las entidades bancarias, una fiscalidad más justa, la reducción del gasto militar y una mayor participación ciudadana en las instituciones[3]. Sin embargo, la movilización se nutrió de miles de personas que no habían leído el manifiesto, pero que sí compartían el sentimiento de frustración general. Eso motivó que, durante los primeros días, la única forma de alcanzar el consenso entre los participantes de las asambleas en las plazas fuera reduciendo el manifiesto a sólo dos puntos muy abstractos. El movimiento 15-M mostraba así una heterogeneidad ideológica muy amplia que obstaculizaba alcanzar acuerdos rápidos y concretos.

En todo caso, es posible asegurar que se trata de un movimiento democratizador, pacífico y sociopolítico[4]. Entre sus rasgos democratizadores, pueden desglosarse dos elementos clave. Por un lado, la exigencia «al sistema político de una mayor vinculación a los deseos y opiniones de la sociedad, la no subordinación de la política a los mercados financieros y el fortalecimiento de la democracia». Por otro lado, el reclamo de una «regeneración democrática con mayor adecuación representativa, honestidad de los políticos, transparencia de las instituciones y promoción de la participación activa de la ciudadanía»[5].

Así las cosas, es evidente que la demanda de mayor democracia y el sentimiento de que las instituciones democráticas formales no son ya útiles fueron la columna vertebral del movimiento 15-M. Y en su desarrollo en nuevas formas de protesta, como la de Rodea el Congreso del 25-S, este punto ha ido mucho más allá, al convertirse en una denuncia directa contra el Congreso de los Diputados, considerado una institución secuestrada por los poderes económicos.

En capítulos anteriores mostramos nuestro acuerdo con la tesis según la cual «aunque las instituciones y los procesos democráticos siguen más o menos funcionando, tienen cada vez menor significado para el verdadero desenvolvimiento social», de forma que «si la política de los Gobiernos nacionales es determinada directa y decisivamente por las presiones de la acumulación y circulación del capital internacional, entonces deja de tener importancia quién posea la mayoría de los votos en el parlamento o quién sea elegido como presidente»[6]. Ahora nos toca saber qué queremos construir para suplir estas deficiencias y qué modelo de democracia real y efectiva podemos defender.

Estado de derecho

En nuestras sociedades modernas y formalmente democráticas los ciudadanos estamos sometidos al imperio de la ley, es decir, a un conjunto de normas, de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, que limitan nuestro marco de acción individual y colectiva. La ley es, por lo tanto, una institución más, que permite, debido a su capacidad coercitiva, el mantenimiento de cierta cohesión social. Immanuel Kant definió al derecho como el «conjunto de condiciones por las que el libre arbitrio de uno puede concordarse con el de los demás según una ley general de libertad». El Estado que se sustenta en el imperio de la ley puede considerarse formalmente un Estado de derecho. Y ésta no es una mala idea, desde luego.

Un Estado de derecho impediría que la democracia aprobase injusticias, es decir, sería el instrumento que marcaría las líneas rojas de lo que la razón considera infranqueable. Veamos, por ejemplo, el caso de los linchamientos o de la pena de muerte. Por más que la mayoría de la población aprobara el linchamiento a un supuesto criminal, o la aplicación de la pena de muerte a un delincuente probado, la ley y el Estado de derecho marcarían los límites de lo que puede hacerse, con independencia del porcentaje de apoyo de tales iniciativas. Bajo un Estado de derecho, nadie podría mandar a miles de personas a la cámara de gas aunque la mayoría votara a favor. De esa forma, el Estado de derecho sería el marco que impediría que se cometiesen injusticias, definidas éstas a partir del uso de la razón. Por todo esto parece necesario e importante reivindicar al Estado de derecho como herramienta política para organizar nuestras sociedades. Porque la democracia entendida como el Gobierno de las mayorías puede ser injusta e irracional.

Tras el triunfo de la revolución soviética que derrocó al régimen zarista, siguieron muchos años de penurias en el marco de una guerra civil y un cambio radical en la forma de organización económica. Pero, mientras se alcanzaba esa victoria y se lograban enormes avances sociales, se implantaron tribunales populares que juzgaron, a partir de criterios insostenibles, a unos y otros. Como resultado de ello, una minoría muy influyente pudo liberarse de sus críticos por la vía de los juicios, acusándolos sin razón y a partir de criterios más políticos y personales que reales. Así, el Gobierno de Stalin juzgó y asesinó incluso a la mayoría de los líderes de la revolución soviética y a intelectuales y pensadores de la izquierda comunista como Bujarin. La mayoría de los delegados del Comité Central de la Unión Soviética fueron juzgados y condenados en juicios claramente regidos por la sinrazón.

Hoy en día, en nuestras sociedades modernas, la mayoría de la población también puede decidir todo tipo de barbaridades y permitir así que algunos partidos lleguen a legalizarlas justificándose en el apoyo social. Y eso sin tener en cuenta las propias deficiencias de la llamada democracia representativa, por la cual una votación condiciona las políticas de los cuatro años siguientes. Por otra parte, es evidente que las opiniones hoy no se enfrentan en igualdad de oportunidades, pues algunas tienen posiciones privilegiadas a la hora de difundirse. Los medios de comunicación, grandes empresas controladas por unos pocos, forman la opinión de la mayor parte de la población.

Por eso un Estado de derecho, para liberarse del abuso de la democracia o de procedimientos arbitrarios, tendría que garantizar la división de poderes, es decir, que quien dicte las leyes, quien las ejecute y quien las juzgue no pueda ser el mismo sujeto. Si no se cumplen estos requisitos, el Estado de derecho no existe.

Ahora bien, está claro que en el marco de lo que actualmente es considerado un Estado de derecho existen leyes que son injustas. Hasta el punto de que «eso a lo que llamamos “derecho” funciona en nuestras sociedades capitalistas como un instrumento de los poderosos para ser aún más poderosos, un instrumento de los ricos para ser aún más ricos y, también, un instrumento de los ricos y los poderosos para extirpar cualquier brote de rebeldía o de resistencia por parte de la ciudadanía»[7]. Pero esto no tiene que ver tanto con la concepción teórica del Estado de derecho como por la ausencia del mismo. Es decir, «si bajo el capitalismo el derecho es una mentira, lo que hay que concluir no es que el derecho es mentira, sino que el capitalismo es muy mentiroso»[8]. Lo que nosotros defendemos es que el Estado de derecho no puede existir mientras exista capitalismo y, concretamente, mientras no exista democracia económica.

Antes de las revoluciones de la Ilustración y la concepción del Estado de derecho, esto es, del Gobierno de las leyes, algunos pensadores como Tomás de Aquino justificaban toda desobediencia a la ley bajo el amparo del derecho natural, la ley de Dios. En el contexto institucional de las monarquías absolutas, la desobediencia quedaba justificada por concepciones morales derivadas de la religión.

Sin embargo, el advenimiento de la Ilustración trajo consigo el concepto de libertad civil, que se resume en las palabras de Kant: «Nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (tal como él se figura el bienestar de los otros hombres), sino que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad por el camino que le parezca bueno, con tal de que, al aspirar a semejante fin, no perjudique la libertad de los demás». Sobre este principio, iban a nacer dos conceptos distintos: el de Estado de derecho y el de capitalismo. Por un lado, el ideal de vivir al margen de las creencias de los demás, pero de acuerdo con las leyes y la razón. Por otro, el ideal de permitir que los derechos de propiedad de los medios de producción acrecienten la riqueza individual sin ningún tipo de intervención externa.

Ésta es precisamente la tesis de filósofos como Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero[9], quienes denuncian que la ideología dominante pretende hacer creer que el Estado de derecho y el capitalismo son la misma cosa. Además, critican las experiencias políticas del llamado socialismo real precisamente por olvidar que el fin más alto del ser humano es convertirse en un ciudadano en el marco de un verdadero Estado de derecho: un Estado de derecho socialista.

Liria y Alegre nos recuerdan que el ideal del ciudadano de la Ilustración y del liberalismo —la defensa de los derechos expresados por Kant, que se refleja en el lema «libertad, igualdad y fraternidad» de la Revolución francesa de 1789, es decir, la utopía liberal— es incompatible con el capitalismo. Bajo el capitalismo, el Estado de derecho se convierte en una mentira, una apariencia, una simulación. El ideal de la Ilustración aplicado al ámbito económico —el famoso laissez faire y el papel de la mano invisible— anula el concepto de ciudadano libre.

Como asegura Naredo, «la principal contribución de esa utopía liberal al mantenimiento y expansión del capitalismo fue la de permitir la máxima libertad de acción a aquellos que detentaban el poder económico, lavándoles la conciencia de todo escrúpulo para que guiaran su actuación exclusivamente con arreglo a sus intereses más inmediatos de lograr un enriquecimiento rápido»[10]. Bajo el capitalismo, los ciudadanos no existen como se espera de ellos en el ideal liberal, sino que únicamente existen trabajadores forzados a ser alquilados por algún poseedor de medios de producción; trabajadores esclavos de su situación de desposeídos. Es decir, en el capitalismo no existen ciudadanos, sino trabajadores, por un lado, y empresarios, por el otro. El ideal liberal aplicado al entorno económico es la ley de la selva, según la cual el más poderoso, el más rico, puede condicionar la vida del resto.

De hecho, en el capitalismo, las muy esenciales decisiones acerca de qué producir y cómo distribuir se toman en el seno del mercado, lo que significa que la democracia que existe es la del dinero. Por todo ello, es lógico «cuestionar cuán compatibles son los valores de nuestra democracia donde un adulto equivale a un voto con la lógica del libre mercado, en un país con abrumadora pobreza donde los ricos tienen muchos más votos con su elevado poder adquisitivo que los pobres»[11].

La traición de ese ideal liberal, de ese proyecto de la Ilustración, llevó por ejemplo a los anarquistas a buscar un nuevo neologismo que se ajustara a sus pretensiones reales. Por ello acuñaron el término «libertario» para expresar la necesidad de seguir buscando el ideal del hombre y la mujer libres[12]. Noam Chomsky también reclama el concepto original del pensador liberal[13], de la misma forma que nosotros podríamos alzar nuestra voz y decir: los liberales no son los verdaderos liberales; son unos farsantes que, aprovechando su poder económico, han usurpado nuestro lenguaje en su beneficio. Por estas razones, Liria y Alegre consideran que el proyecto de la Ilustración murió con la ejecución de Robespierre en 1794 y que sólo puede completarse con el socialismo, es decir, con la democracia económica y la supresión del ideal liberal aplicado a la economía.

No obstante, la ideología dominante, y también las prácticas del llamado socialismo real, han generalizado la idea de que las pretensiones comunistas son opuestas al ideal de la Ilustración. Nada más alejado de la realidad. Como recuerda Eric Hobsbawm, «la medalla conmemorativa del Partido Socialdemócrata alemán exhibía en una cara la efigie de Karl Marx y en la otra la estatua de la libertad. Lo que rechazaban era el sistema económico, no el Gobierno constitucional y los principios de convivencia». Por entonces «el movimiento obrero socialista defendía, tanto en la teoría como en la práctica, los valores de la razón, la ciencia, el progreso, la educación y la libertad individual»[14]. Pero las contradicciones propias del sistema económico llevaron a tal crisis económica —la Gran Depresión— y a tal conmoción en las masas, por lo general poco o nada instruidas, que el crecimiento de movimientos fascistas permitió derribar las instituciones liberales y sumir a la humanidad en la fatídica segunda guerra mundial.

En definitiva, el Estado de derecho y la democracia que tenemos actualmente sólo son apariencias de lo que deberían ser. De la misma forma que no existe una democracia real —porque la ciudadanía no tiene capacidad de decidir sobre el poder económico—, tampoco existe un Estado de derecho real. Esta argumentación permite entender la conexión entre toda la tradición del marxismo y del socialismo clásico (Marx, Engels, Bakunin, etcétera) y los movimientos sociales actuales (Decrecimiento, Democracia Real Ya, etcétera). No se trata de superar el Estado de derecho para lograr algo «mejor», sino precisamente de alcanzar el Estado de derecho, para lo cual es necesario superar el capitalismo. Cuando existan la democracia económica y el Estado de derecho, todas las personas seremos realmente ciudadanos.

Ahora bien, si no vivimos en una democracia real y si no estamos en un Estado de derecho real, ¿cómo los podemos alcanzar?

La creación de una base social

Cualquier proceso de transformación de la sociedad debe estar respaldado por una base social suficientemente sólida y amplia que apoye y promueva los cambios que se realicen. Suele haber acuerdo en que esa base social debe compartir unas condiciones objetivas y contar con una amplia cohesión y un grado de intervención suficiente[15]. Lo que no está tan claro es cómo lograr cohesionar a tanta gente que, a pesar de sufrir el impacto y la gravedad de la crisis, se mantiene al margen de las acciones políticas, sean éstas institucionales o externas a las instituciones.

La frustración de la población puede ser canalizada hacia posturas políticas muy divergentes, pero también es posible neutralizarla. De hecho, lo que el Gobierno y la troika tratan de hacer es congelar la frustración a fin de que se transforme en resignación lo antes posible. En definitiva, el proyecto tecnocrático espera que se cumplan las palabras de Tolstói: «No hay condiciones de vida a las que un hombre no pueda acostumbrarse, especialmente si ve que a su alrededor todos las aceptan». Y para fomentar la resignación y el desánimo, no hay nada mejor que infundir miedo a la movilización y a la respuesta social. Miedo que se alcanza elevando la violencia objetiva a través de la represión policial. El proceso de criminalización de la protesta social es un rasgo definitorio de un Gobierno que trata de controlar, a veces de forma muy burda y torpe, un movimiento que lo desborda.

Por suerte, «es precisamente la victoria sobre el miedo la más importante de las conquistas del movimiento 15-M»[16]. No olvidemos que el 15-M surge como un claro movimiento de desobediencia civil que ignora, asumiendo las consecuencias legales, las agresiones legales del Gobierno. La ocupación permanente de las plazas fue una rebelión cívica que podía perfectamente encuadrarse en el concepto de desobediencia civil. Esta acción fue determinante para ir condicionando la subjetividad de los ciudadanos y lograr de esa forma sumar fuerzas a una causa que, aunque difuminada, esbozaba ya rasgos de un nueva concepción del mundo.

Como nos recuerda Fernández Buey, «la desobediencia civil puede considerarse hoy en día no como un síntoma de deslealtad frente a la democracia, sino como una forma excepcional de participación política en la construcción de la democracia»[17]. Así, tanto el movimiento 15-M como cualquier acción encuadrada en lo que conocemos como desobediencia civil[18] (y aquí hay que incluir las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, que han ocupado bancos y supermercados de forma simbólica, y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que han logrado paralizar centenares de desahucios, impidiendo que la policía ejerciera su obligación legal) han sido extraordinarios elementos catalizadores de la construcción de hegemonía ideológica.

Para disponer de una base social suficientemente amplia y cohesionada, es necesario alcanzar la hegemonía a la que hacíamos referencia en el capítulo anterior. Es decir, tenemos que lograr que cambie la concepción del mundo de la ciudadanía. Y eso sólo se logrará ganando en el terreno ideológico y en la batalla de las ideas.

Pero esas ideas no sólo cambian cuando se modifican las condiciones materiales de vida, sino que igualmente han de forjarse al abrigo de otras ideas vivas que existen en el ambiente. De la misma forma, esas ideas se comparten no sólo a través de los medios de comunicación, sino también a través de la acción. Las acciones de desobediencia civil, las huelgas y los procesos electorales son momentos en los que cambia la concepción del mundo de la gente implicada. Es decir, «toda lucha para modificar las circunstancias es un proceso de autotransformación; modifica a las personas que participan en ellas, y ellas entran en todas sus otras relaciones como seres humanos modificados»[19].

Dicho todo lo cual, no puede negarse que los actos de desobediencia civil son un golpe extraordinario a esa misma ideología dominante. Impactan en la forma que tiene la ciudadanía de comprender el mundo. Son actos que, explicados de forma pedagógica, son fácilmente comprensibles y sirven para desactivar la hegemonía de la ideología dominante y plantarle cara. Actos coherentes con el proyecto de la Ilustración y, desde luego, con la estrategia socialista.

Por ejemplo, el mensaje que las acciones del SAT consiguieron transmitir cuando se llevaron comida por valor de cuatrocientos euros de un supermercado fue sencillamente el siguiente: olvídese usted de las instituciones que tiene en la cabeza (propiedad privada, legalidad, etcétera) y piense si es justo que la gente pase hambre cuando tenemos exceso de comida; piense si es justo que haya viviendas vacías y gente sin casa; piense en eso y reformule su ideología y, en consecuencia, retire su apoyo pasivo al sistema económico que no nos permite ser libres. Nadie, y los compañeros del SAT menos, pretendía convertir aquella acción en un elemento clave del programa electoral. Lo del SAT fue una brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo dominante acerca de cómo debe organizarse la sociedad. Esta acción sirvió para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no convenció a muchos, quizá sólo a unos pocos, pero golpeó por primera vez y con contundencia su sistema de ideas, que hasta entonces había estado muy asentado y consolidado. Mermó sus defensas.

Decía Guy Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba, citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo «se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser». No hay duda de ello: en la sociedad del espectáculo, la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y empresariales. Así, la acción del SAT no es una medida contra la crisis —porque su generalización no resuelve los problemas de raíz—, sino una acción simbólica con un claro contenido político. Se trata de algo sustancialmente distinto.

No olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en un cambio en la forma en que la gente interpreta su realidad más cercana. La concepción del mundo hasta ahora dominante se resquebraja y todo se pone en duda. Se cuestiona que los políticos y economistas sepan qué hacer; que las instituciones políticas sean útiles para resolver los problemas; que las entidades financieras sean fundamentales; que haya democracia; que las empresas privadas sean superiores a las públicas; que la policía defienda al pueblo, y también que la propiedad privada sea sagrada y que esté por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.

Hay quien señala que la acción del SAT fue ilegal. Efectivamente, lo fue. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si, por el contrario, no lo es. Cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente y que el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y como garantía de las grandes empresas y fortunas, acciones como las del SAT revelan toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto, la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico.

Así las cosas, los actos de desobediencia civil, pacíficos y dirigidos por un principio ético, son la mejor forma de luchar en el campo ideológico y de alcanzar la hegemonía gramsciana. Por eso han de extenderse. Además, esta tarea ha de hacerse tanto en la práctica como en el discurso. Efectivamente, como no se cansa en recordar el compañero y profesor Pablo Iglesias[20], la izquierda tiene que hablar con los conceptos que entiende la gente, aquellos que están en su estructura mental y que no son otros que los que ha inculcado la ideología dominante. La ideología, no lo olvidemos, se encarna en las costumbres, los modos de vida, la percepción de lo que está bien y mal. Como decía Gramsci, «son la crítica y la batalla de ideas las que deciden acerca de la mejor forma del comportamiento moral de las personas implicadas»[21].

Por otra parte, la participación en las instituciones formales también proporciona instrumentos de los que debería dotarse la izquierda para difundir sus ideas. Ésta ha sido una idea dominante en la izquierda desde hace mucho tiempo. El propio Engels consideró que una herramienta así era fundamental: «El trabajo lento de propaganda y la actuación parlamentaria se han reconocido también aquí como la tarea inmediata del Partido»[22]. Y agregó: «Con la agitación electoral, se nos suministró un medio único para entrar en contacto con las masas del pueblo allí donde todavía están lejos de nosotros, para obligar a todos los partidos a defender ante el pueblo, frente a nuestros ataques, sus ideas y sus actos; y, además, abrió a nuestros representantes en el Parlamento una tribuna desde lo alto de la cual pueden hablar a sus adversarios en la Cámara y a las masas fuera de ella con una autoridad y una libertad muy distintas de las que se tienen en la prensa y los mítines».

Esto no quiere decir que se nieguen los obstáculos existentes en el marco de la institución misma, sino que no estamos ante un dilema maniqueo. No se trata de elegir entre la validez de las instituciones formales actuales o su renuncia, sino de decidir si es útil participar en ellas o no, de acuerdo a un fin establecido.

Otra cuestión que no puede pasar desapercibida es que muchas de estas acciones de desobediencia civil suponen una crítica estructural al sistema. Es decir, si bien las acciones contra los desahucios pueden ser respondidas por el Gobierno en forma de proyectos de ley que, más mal que bien, tienen como objetivo aliviar las causas de la frustración, otras acciones no pueden ser desactivadas por los Gobiernos. Fue el caso de las manifestaciones del 15-M o del 25-S, que denunciaban estructuralmente al sistema en su conjunto.

Una crisis estructural

La actual crisis es de naturaleza estructural, porque es universal (no circunscrita a una sola esfera, por ejemplo, productiva, financiera, ecológica…), global (afecta a todas las economías del mundo) y continua en el tiempo (no es cíclica en el sentido de requerir un breve lapso de tiempo para su recuperación). La crisis más parecida tuvo lugar en los años treinta del siglo pasado, si bien ahora hay nuevos elementos en juego de una importancia crucial (como el fenómeno ecológico).

Ahora bien, cuando uno busca alternativas, tiende a pensar a partir de una estructura mental muy determinada históricamente. De forma automática, ofrecemos respuestas que se inscriben dentro del marco habitual en el que hemos operado hasta este momento. Y éste es uno de los errores más graves, pues echamos mano de las mismas herramientas que hemos utilizado hasta ahora, pero para procurar responder a problemas que son nuevos.

Lo que se está viniendo abajo es precisamente ese mundo al que estábamos acostumbrados, esas instituciones que habían regido el funcionamiento de nuestras economías en los últimos treinta años. En palabras de los economistas radicales estadounidenses, se está derrumbando la estructura institucional que configuró el mundo en el que vivimos hasta ahora. Más concretamente, se están rompiendo las formas de relación entre capital y trabajo, entre capital y Estado y entre capitales, así como la propia ideología dominante.

En este escenario, no cabe respuesta en el marco institucional previo, es decir, no es posible pensar en términos de algo que ya no existirá por más tiempo. Y esto la derecha económica lo sabe perfectamente. La derecha está dinamitando las relaciones antes mencionadas con objeto de avanzar hacia un nuevo orden social de una naturaleza profundamente regresiva. Cabe decir, a modo de ejemplo, que la derecha no reforma el mercado de trabajo, sino las relaciones laborales, esto es, la relación entre capital y trabajo. Obviamente lo hace a favor del capital, porque el modelo social al que aspira requiere superar las actuales instituciones a favor de una nueva configuración social diseñada a partir de sus tesis ideológicas.

La izquierda tradicional o socialdemócrata, sin embargo, espera amargamente un cambio milagroso que le permita volver a ofrecer soluciones en un marco que le resulte conocido. Por esa razón los partidos socioliberales, como el PSOE, limitan su acción política a esperar que la Unión Europea dé un giro de 180 grados y vuelva a admitir políticas de inspiración keynesiana. Pero no entienden, o no quieren aceptar, que la propia Unión Europea es una institución rota que se mantiene viva porque la derecha la está utilizando en su huida hacia delante, hacia ese nuevo orden social altamente regresivo.

El propio sistema económico capitalista es una estructura criminal que lo absorbe prácticamente todo. En muchos casos, somos cómplices de sus crímenes sin que, evidentemente, queramos ser partícipes. Lo explicaba con un buen ejemplo el filósofo Liria:

No es fácil saber hasta qué punto tenemos las manos manchadas de sangre cada vez que llamamos por el móvil o que nuestro hijo juega a la videoconsola. Sin duda que estamos metidos hasta las cejas en el entramado estructural que genera esas guerras. Sin embargo, llamar por el móvil es llamar por el móvil, no matar a nadie. Y por supuesto, dejar de llamar por el móvil tampoco va a salvar la vida a nadie. El móvil, bien mirado, es un invento magnífico, ¿quién puede negarlo? Si cuando llamo por el móvil estoy teniendo una oscura e imprevisible relación intangible con no sé qué conflicto sangriento de África, la culpa, desde luego, no la tiene el móvil, ni yo por utilizarlo. No podemos evitar ser piezas de un engranaje muy complejo, en el que todo está ligado entre sí por caminos imprevisibles que nadie ha decidido[23].

En este sentido, todos somos conscientes de que es «mucho más difícil para nosotros torturar a un individuo que permitir desde lejos el lanzamiento de una bomba que puede causar una muerte mucho más dolorosa a miles de personas»[24]. Un acto criminal como bombardear e invadir un país con objeto de apropiarse de su petróleo es funcional a la supervivencia del sistema capitalista, pero es disfrazado y mediatizado para que no lo suframos como responsabilidad nuestra.

Por todas estas razones, la solución a esta crisis estructural tiene que ser necesariamente estructural, es decir, ha de modificar todas esas relaciones a las que hemos hecho referencia. Pero no al modo en que lo hace la derecha, sino a partir de otra lógica radicalmente distinta. Las medidas de política económica necesarias implican romper y superar el marco actual.

Baste un ejemplo. El problema de la vivienda en nuestro país es muy grave. Se produce una media de 500 desahucios al día, a la vez que existen casi seis millones de viviendas vacías, todo lo cual se acompaña de una realidad social que impide que las generaciones más jóvenes puedan incluso aspirar a emanciparse. Esa situación puede resolverse interviniendo en los stocks de viviendas de propiedad de los bancos, tanto de los privados como de los que están intervenidos, pero ello conllevaría romper con la lógica imperante hasta ahora. Es decir, es una solución radical —la única posible— que implica romper con los contratos y la llamada seguridad jurídica, e incluso con la propiedad privada. Lo mismo ocurre con otras soluciones necesarias, como la auditoría de la deuda pública o la reestructuración de deudas privadas, medida esta última que recomienda ya hasta el FMI.

No olvidemos el contexto histórico: un mundo altamente globalizado donde las economías capitalistas compiten entre sí con mayor ferocidad que nunca y los trabajadores de todas partes están sometidos a la existencia del «ejército industrial de reserva mundial». El mundo está cambiando y esta crisis está demostrando que la fractura institucional afecta a todos los niveles, incluido el ideológico. La gente modifica también su estructura mental, tras desmitificar el capitalismo y la ideología dominante, que prometían llevarnos a la gloria personal y nacional de la mano del individualismo social y económico. Todo se cuestiona, y este proceso se acentuará en los próximos meses y años, creando oportunidades y riesgos nuevos para la configuración de una nueva sociedad.

La derecha ya ha tomando su decisión, porque está huyendo hacia delante. Sabe que de esta crisis ha de nacer un nuevo orden social y, dejándose arrastrar por la dinámica del sistema capitalista que conlleva la competencia feroz en todos los ámbitos, se está deshaciendo de lo que considera lastres (el Estado de bienestar y los derechos laborales, fundamentalmente). La izquierda está despertando, afortunadamente, y ya reclama la refundación de los países y las economías, llamando a nuevos procesos constitucionales y otras nuevas formas de cambiar la configuración social actual. Ahí está la batalla, en responder qué nuevo orden social queremos nosotros en contraposición con el dramático deseo de la derecha.

Nuevo proceso constituyente[25]

A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas sociales, a día de hoy nuestra Constitución es papel mojado. El «consenso del 78» ha sido roto al haberse lanzado un contraproceso constituyente, puesto en marcha por el neoliberalismo y las oligarquías financieras, que tiene como objetivo acabar con el Estado de bienestar que se comenzó a construir en Europa tras la segunda guerra mundial.

Las élites capitalistas no pretenden devolver los derechos sociales y económicos que hoy niegan a los trabajadores, sino que por el contrario aprovechan la crisis para arrebatar los recursos económicos y financieros a la gran mayoría, mientras los concentran en pocas manos. Sin duda, esta crisis está siendo utilizada para vaciar los ordenamientos constitucionales de los países de la Unión Europea, así como para cerrar y consolidar un nuevo modelo de sociedad basada en la explotación sin contrapartidas y en la rivalidad entre los pobres, los pueblos y los subalternos. Con ello el capitalismo condena a toda una generación a la constante incertidumbre laboral y vital, y abre el campo de juego de las opciones totalitarias.

Las soluciones a esta situación han de ser extraordinarias y ambiciosas, por lo que creemos que es necesario impulsar un nuevo proceso constituyente con la vista puesta en un nuevo proyecto de país, que supere este régimen cuya representación es una monarquía heredada del franquismo, opaca en la gestión económica y patrimonial, con casos de corrupción en su seno. El nuevo Estado ha de construirse sobre bases federales y solidarias, dotándonos de esta forma de mecanismos para estar en una Europa federal que solucione la creciente incompatibilidad entre democracia y Estados-nación, en un mundo de trabajadores multinacionales, de emigrantes y redes de cooperación y comunicación transnacionales. La esfera de los asuntos comunes y sus leyes fundamentales tienen que adaptarse a esa nueva condición, so pena de ceder el protagonismo y la dirección de la «crisis de la Unión Europea» a las nuevas formas de la «revolución conservadora».

Cabe recordar que siete de cada diez personas que hoy tienen derecho a voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978 y mucho menos participar en su elaboración. Sin embargo, las demandas sociales exigen una nueva relación entre representantes y representados, con una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. No es una cuestión técnica, sino política, pues las nuevas tecnologías permiten imaginar mecanismos de participación social y de control ciudadano de la actividad política que impliquen una profundización democrática.

Identificamos algunos elementos fundamentales de lo que debería ser el nuevo orden constitucional.

1. La preservación, el cuidado y la promoción de los bienes comunes naturales tienen que tener un papel protagonista en el nuevo marco constitucional.

2. El sistema político ha de ser democratizado. El Poder Ejecutivo ha sufrido un proceso de cierre autoritario por dentro; el Poder Legislativo ha sido vaciado de sus funciones democráticas y de representación a través de un bipartidismo marcado por la injusta ley electoral, y el Poder Judicial se ha mostrado absolutamente dependiente de los intereses de los dos principales partidos. Del mismo modo, resulta indispensable una ampliación y dinamización de los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, introduciendo reformas en el marco de las iniciativas legislativas populares (ILP), referéndums, consultas populares vinculantes sobre decisiones fundamentales, potenciación de los espacios ciudadanos deliberativos y avances hacia sistemas de voto delegado y participación directa según los modelos de las llamadas «democracias en red».

3. Las relaciones laborales deben ser repensadas en el marco de la superación del nefasto modelo productivo español. La nueva carta constitucional debe tener presente ante todo la necesidad de proteger la reproducción de la vida de nuestras sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta básica de ciudadanía, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda y a una Internet libre y neutral como derechos. Es absolutamente prioritaria la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo capaz de activar las capacidades productivas de nuestra sociedad y de generar empleo en condiciones de dignidad. Sin embargo, no puede subordinarse el derecho a una vida digna a la posesión de una relación laboral formal, como ocurre cuando las élites financieras y los Gobiernos afines convierten el paro y las relaciones laborales precarias e informales en una tumba de la dignidad humana.

4. Es necesario pensar en una reorganización y democratización de las instituciones del Estado y de la Administración. El Estado social se ha legitimado históricamente por su organización de sistemas públicos de bienestar, por su papel económico, financiero, fiscal, territorial y de seguridad. No se trata de acabar con el Estado o de multiplicarlo sin descanso, sino de diseñar un Estado adecuado a las capacidades democráticas y de cooperación de los ciudadanos, capaz de autolimitarse y de ser lo más poroso posible a la posibilidad de cogestionar sus competencias con instituciones ciudadanas democráticas no estatales, buscando fórmulas que impliquen una mayor eficiencia y el establecimiento de mecanismos que quiebren la íntima conexión existente entre el poder público y el poder económico de las oligarquías españolas y europeas.

5. Es necesario poner coto al poder no democrático; es decir, el poder económico debe subordinarse a la democracia y sus leyes. Los recursos de una sociedad han de ser gestionados por ésta, a través de mecanismos democráticos, y no por las oligarquías económicas. Mientras las decisiones que afectan a nuestras vidas las tomen entidades no sujetas a control comunitario, tales como las grandes empresas financieras, no podremos hablar de democracia.

Se deberá proponer a los ciudadanos una nueva Constitución, de cuya redacción éstos serán responsables, inspirándose en las recientes experiencias latinoamericanas, pero también en la formidable iniciativa de los ciudadanos islandeses.

Consideramos indispensable la creación de instancias de colaboración y cooperación entre los espacios organizativos (políticos, sindicales y sociales) que están señalando de forma clara la necesidad y el deseo de llevar a cabo un nuevo proceso constituyente y un nuevo proyecto de país, para diseñar conjuntamente una nueva y real democracia. Hacemos un llamamiento a los millones de personas que en nuestro país luchan por una vida digna para todos, para que avancemos juntos en la construcción de una Constitución común a través de asambleas constituyentes en las que la ciudadanía decida su futuro de forma radicalmente democrática. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de superar, con alegría y organización, este régimen corrupto y antidemocrático y abrir un tiempo nuevo de justicia e igualdad.

LOS LÍMITES DEL PLANETA[26]

«El modelo de sociedad que ofrecen las metrópolis industriales no es generalizable a escala planetaria, porque los niveles de producción alcanzados en esas metrópolis están construidos sobre un déficit creciente de energía y materias primas no renovables y sobre una degradación ambiental que sólo pueden sostenerse mediante la apropiación de la energía y las materias primas de los países del mundo no industrial y mediante el colonialismo ecológico que sobre ellos se ejerce».

J. M. NAREDO[27]

Hasta ahora sólo hemos hablado de ecología de forma secundaria, aunque siempre recordando que nuestro planeta impone limitaciones al futuro del capitalismo. Sin embargo, debemos profundizar en algunos aspectos cruciales que han de sumarse a todas las explicaciones previas acerca de por qué nuestra sociedad necesita activar cuanto antes un freno de emergencia que rompa con la dinámica suicida del capitalismo.

La teoría económica convencional, que ya tuvimos oportunidad de criticar, ignora la dimensión ecológica en su análisis de los fenómenos económicos. La mayoría de los economistas, gobernantes, analistas e investigadores no tienen en cuenta el impacto de la actividad económica sobre el medioambiente. Esta actitud contrasta fuertemente con la situación actual de nuestro planeta, la salud de cuya biosfera ha sufrido graves daños como consecuencia de las actividades humanas. Por un lado, la intensificación de las actividades económicas ha incrementado de forma exponencial la explotación de los recursos naturales, que en buena parte ya no estarán disponibles para las generaciones venideras. Por otro lado, la ingente cantidad de desechos contaminantes que generan dichas actividades han puesto en peligro el equilibrio natural de los ecosistemas de nuestro planeta.

Como vimos en el primer capítulo, el sistema económico capitalista se caracteriza por su necesidad de crecer continuamente y a toda costa. Pero, además, su correcto funcionamiento requiere que la producción material supere siempre la alcanzada en el período anterior. De no ser así, el sistema entra en crisis. Para iniciar un proceso cualquiera de producción, se necesita una cantidad de recursos naturales que se transformarán para conformar el producto final. El sistema requiere, por tanto, transformar cada vez más recursos de la naturaleza para poder seguir en marcha. En estas transformaciones, los recursos pasan, en una primera etapa, a formar parte del producto y, en una segunda etapa —después de su consumo o utilización—, se convierten en desechos.

Este ciclo incesante y creciente provoca, por un lado, el agotamiento progresivo de los recursos, que son limitados, y, por otro lado, el conjunto de agresiones medioambientales a menudo irreversibles producidas por las alteraciones en la biosfera. Ahora profundizaremos en los efectos nocivos que los fenómenos económicos han tenido y tienen sobre la salud del medioambiente.

Una de las más poderosas críticas que recibe el sistema económico capitalista es que su necesidad de consumir progresivamente recursos naturales es inviable en un planeta de recursos limitados como la Tierra. La lógica del argumento resulta aplastante: si en su dinámica el capitalismo necesita cada vez más recursos y, al mismo tiempo, se ve obligado a operar en un mundo con recursos finitos, llegará un momento en el que su existencia no será posible.

Hay que frenar el capitalismo

En el año 2000 se estimaba que las reservas de petróleo durarían cuarenta y un años y las de gas, setenta[28]. Hay estimaciones que consideran que el pico de Hubbert, también conocido como el pico del petróleo, que se refiere al punto a partir del cual la producción de petróleo empezará a decrecer, se ha producido ya. La Agencia Internacional de la Energía declaró que el petróleo crudo llegó a su pico máximo en 2006[29]. Otros analistas creen que lo alcanzará en torno a 2030[30].

Sea como fuere, nadie discute que muy pronto todo el sistema económico mundial sufrirá las consecuencias del colapso de estas fuentes de energía tan baratas. El impacto será colosal, porque los combustibles fósiles suponen hoy día el 79,5 por ciento de toda la energía que se consume[31]. El agotamiento de estos recursos energéticos también perjudicará el abastecimiento de energía eléctrica, ya que ésta depende en un 64,4 por ciento de los combustibles fósiles[32]. Al mismo tiempo, el 95 por ciento de todo el combustible que mueve el transporte en el planeta es petróleo, además de ser primordial en la agricultura moderna (a través de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, maquinaria…) y la materia prima fundamental de plásticos y medicamentos de uso cotidiano.

Para empeorar las cosas, la demanda de energía en el mundo no para de aumentar: creció en un 48 por ciento entre 1970 y 2000, y según la Agencia Internacional de la Energía el incremento será de un 52 por ciento entre 2000 y 2030[33]. Así las cosas, es seguro que el modelo energético de nuestras sociedades opulentas (sólo Estados Unidos consume el 25 por ciento de la energía mundial)[34] tendrá que sufrir cambios importantes.

Si este problema mundial tan crucial no se ha tratado apropiadamente, se debe a la fe generalizada en el desarrollo tecnológico, pues se suele pensar ingenuamente que éste permitirá obtener un sustituto de los combustibles fósiles. Decimos ingenuamente porque hoy por hoy no existe ningún sustituto que pueda ni siquiera parecerse a estas fuentes de energía. Los combustibles fósiles presentan condiciones insuperables: son fáciles de transportar, su extracción es relativamente barata, la energía calorífica que contienen en proporción a su volumen es extraordinaria y se presentan concentrados en muy pocos puntos del planeta. Las alternativas que hasta el momento se han barajado no presentan los suficientes beneficios como para sustituirlos.

La energía nuclear fue la primera que apareció como alternativa. Incluso se la presentó en sociedad como una energía limpia —ya que no emitía gases de efecto invernadero—, barata y segura. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que estas cualidades no son precisamente las más apropiadas para describirla. En primer lugar, las centrales nucleares sólo producen energía eléctrica, que sólo es una parte de la energía utilizada, por lo cual no resuelve la totalidad del problema. En segundo lugar, si bien es cierto que no emite gases de efecto invernadero, a cambio genera residuos altamente tóxicos, un problema al cual la tecnología aún no ha sabido dar solución —salvo la cruel e inmoral solución de enviarlos a los países subdesarrollados—. En tercer lugar, para su funcionamiento, las centrales nucleares necesitan el desarrollo de actividades (construcción de reactores, tratamiento de residuos, etcétera) que emplean elevadas cantidades de energía que sí emite gases de efecto invernadero. En cuarto lugar, la construcción de centrales nucleares es un proyecto muy costoso que normalmente requiere subvenciones públicas. En quinto lugar, también se trata de un recurso limitado (según un informe que plantea diversos escenarios futuros, entre 2050 y 2080 se agotarán las reservas de uranio)[35]. Por último, la nuclear es, sin duda, la energía más peligrosa y perjudicial de todas. Para hacerse una idea: la cantidad de material radiactivo liberado en Chernóbil fue unas doscientas veces mayor que la liberada por las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki juntas[36]. Por todo ello, es evidente que la energía nuclear no puede ni debe considerarse como sustituta de los combustibles fósiles.

Los agrocombustibles se proponen en ocasiones como futura solución a los problemas energéticos. Sin embargo, esta fuente de energía presenta dos problemas nada despreciables: por un lado, se ha demostrado que sus balances energéticos son nulos o escasamente positivos, por lo que no se acercan ni de lejos a la rentabilidad energética de los combustibles fósiles; por otro lado, estos cultivos requieren grandes extensiones de tierra, que, por fuerza, han de ser sustraídas de las dedicadas al cultivo de alimentos (lo que empuja sus precios al alza, provocando miles de muertes en las familias pobres que dependen estrechamente de estos precios) o a zonas forestales, lo que ocasiona enormes pérdidas de biodiversidad, falta de agua y degradación del suelo.

El uso del hidrógeno líquido como combustible surge entre las posibles alternativas. No obstante, este camino presenta muchas incertidumbres. La propia Agencia Internacional de la Energía recuerda en su informe sobre las perspectivas para el hidrógeno y las células de combustible que las tecnologías del hidrógeno resultan, hoy por hoy, mucho más caras que las de los combustibles fósiles y que el cambio requeriría una serie de inversiones en infraestructuras por valor de miles de millones de dólares. Además, el uso del hidrógeno líquido resolvería algunos problemas a costa de crear otros. El hidrógeno puede considerarse un recurso infinito, pues es muy abundante en nuestro planeta. Pero su combustión conlleva aparejada la emisión de gases contaminantes. Según estudios realizados por Yuk Yung y sus colaboradores en el Instituto de Tecnología de Pasadena en California[37], la economía basada preferentemente en el hidrógeno podría crear un agujero de ozono mayor y más duradero en los polos. Por último, el tratamiento del hidrógeno requiere elevadas cantidades de energía, por lo que la rentabilidad de la transformación en términos energéticos es muy reducida.

Las energías renovables aparecen, por lo tanto, como la única vía posible, si pensamos en un modelo energético para el futuro. No obstante, no están exentas de desventajas importantes: no sólo son caras, sino que, habida cuenta del poco desarrollo y despliegue del que gozan en la actualidad, para que esta energía pudiese sustituir a los combustibles fósiles sería necesario construir una enorme red de infraestructuras que conllevaría un coste económico y energético colosal. Además, la construcción de las infraestructuras de las energías renovables contamina el medioambiente (como las presas hidroeléctricas, que rompen el equilibrio de todo un ecosistema ligado a un río, o la concentración de placas solares, que aumenta extraordinariamente la temperatura de su alrededor). A su vez, la eficiencia de este tipo de energías en ocasiones deja mucho que desear. Por ejemplo: las instalaciones eólicas sólo proporcionan energía alrededor del 25 por ciento del tiempo, debido a su dependencia del viento; algo similar ocurre con las placas solares, que necesitan días soleados para funcionar. Sea como fuere, la solución a la crisis ecológica no puede venir exclusivamente del desarrollo de las energías renovables. En definitiva, no es posible superar la crisis ecológica sin reducir los niveles actuales de producción y consumo. Por muy limpias e ilimitadas que sean las energías renovables, no podrán solucionar los problemas tan graves que provoca el modelo de vida despilfarrador de los países ricos.

Recursos y presión sobre el planeta

De toda el agua que existe en nuestro planeta, sólo un 3 por ciento es agua dulce, y sólo el 0,03 por ciento de ésta se presenta a la vista en ríos y lagos. El resto está escondida en capas freáticas profundas o formando los hielos antárticos. Estas cifras revelan que el agua, el elemento de la naturaleza que permite la vida, no es tan abundante como se suele pensar. Al menos, no lo es para una población de 7000 millones de habitantes, una quinta parte de la cual derrocha ingentes cantidades para mantener su modo de vida. Porque, antiguamente, cuando la población mundial no era tan abundante y no había una parte de ella que ejerciera tanta presión sobre este recurso, el agua era un bien cuantioso (desigualmente repartido, pero cuantioso).

En la actualidad, en numerosas zonas del planeta el agua comienza a faltar. La desertificación crece con fuerza debido a la sobrepoblación y al consumo excesivo. La mayor parte del agua no se consume en el ámbito doméstico, que sólo se reserva el seis por ciento de total, sino que se destina a los regadíos, con un 60 por ciento. La industria se lleva en torno al 20 por ciento. El resto se pierde durante la redistribución[38]. Los regadíos constituyen una técnica relativamente novedosa en la agricultura moderna. Gracias al uso de fertilizantes, herbicidas, nueva maquinaria y otras técnicas, se ha convertido en un método altamente eficiente y productivo. De hecho, según la Food Agriculture Organization (FAO), la producción de la agricultura de regadío supone el 40 por ciento de los alimentos en el mundo, a pesar de que la superficie de regadío sólo abarca el 17 por ciento de todos los cultivos[39]. Una técnica ideal para alimentar a millones de animales de granja y, al mismo tiempo, a millones de personas en unas sociedades absurdamente opulentas.

Al aumentar las superficies de regadíos, se han sobreexplotado las capas freáticas, al mismo tiempo que se ha reducido la vegetación natural indispensable para la conservación del agua. La sustitución de suelo forestal por suelo agrícola provoca que los vegetales no puedan retener las lluvias. Se produce así una profunda erosión del suelo y una mayor escorrentía que impide a la lluvia filtrarse hasta los acuíferos. Este problema se ha agravado debido a la proliferación de empresas monopolistas y de monocultivo, que necesitan inmensas cantidades de agua y de tierra para su agricultura intensiva y a la vez extensiva. Un buen ejemplo de ello es el de la selva mexicana, que, en los últimos treinta años, ha perdido una tercera parte de su extensión únicamente por culpa de la multinacional McDonald’s, que ha convertido los suelos forestales en tierras de pastura para sus vacas[40].

Muy ligado al problema de los recursos hídricos se encuentra el grave agotamiento de los recursos forestales. Las causas de este fenómeno son la ya comentada expansión agrícola en detrimento del suelo forestal, el uso de leña como fuente de energía, el crecimiento urbano, la expansión industrial (en especial de las compañías madereras) y el incremento de la actividad minera. La FAO afirma en su informe de evaluación de los recursos forestales mundiales[41] que cerca de 13 millones de hectáreas de bosque fueron convertidas en tierras destinadas a otros usos durante cada año del decenio 2000-2010.

Este nivel tan exacerbado de deforestación conlleva dramáticas pérdidas de biodiversidad, así como fuertes desequilibrios en los ecosistemas forestales. Además, repercute intensamente sobre la capacidad de nuestro planeta de absorción de dióxido de carbono, agravando aún más el problema del cambio climático.

Otros recursos muy perjudicados por el actual sistema económico depredador son los pesqueros. Las excesivas capturas, la extendida utilización de redes de arrastre, los efectos nocivos de las alteraciones ecológicas —con la construcción de presas y su efecto en la desembocadura de los ríos—, los residuos tóxicos vertidos por las industrias en los mares interiores, la presión turística en determinadas zonas, los derrames de petróleo crudo, los trasvases de ríos, etcétera, están agotando estos recursos. En un estudio realizado por Worm[42] y un grupo de investigadores se denuncia la desaparición del 30 por ciento de las especies marinas que antes se pescaban y se prevé que, de seguir este ritmo descontrolado, las especies sufrirán un colapso total antes del año 2050.

Por otra parte, en 1998 el biólogo y ecólogo Ramón Folch señalaba que «pronto habrá tanta gente viva como muertos a lo largo de toda la historia; la mitad de todos los seres humanos que habrán llegado a existir estarán vivos»[43]. En 2012 ese límite ya ha sido rebasado. De esta forma tan gráfica Folch recordaba la colosal cantidad de personas que habitamos el planeta. Hoy día somos más de 7000 millones. Y las estimaciones indican que la población mundial seguirá creciendo hasta aproximadamente los 11 000 millones de habitantes en algún año de la segunda mitad del milenio, momento a partir del cual el crecimiento demográfico se detendrá[44]. Si quisiéramos garantizar la alimentación propia de un habitante perteneciente a un país rico a esos 11 000 millones de personas, serían necesarias 22 000 millones de hectáreas en un planeta que sólo cuenta con 13 000 millones[45]. Esto dice mucho de la estricta restricción que impone nuestro planeta a una población tan desmesurada.

De todas formas, ya es mucho suponer que se diera el caso de que todos los habitantes del planeta tuvieran niveles de vida similares. Hoy en día al 20 por ciento más rico de la población mundial le corresponde el 86 por ciento del consumo, mientras que el 20 por ciento más pobre corre a cargo de un exiguo 1,3 por ciento[46]. Es más, no es necesario esperar más años para darnos cuenta de que el modelo occidental de producción y consumo no puede ser extrapolado a toda la población. Si todas las personas del planeta viviésemos como un habitante medio de Estados Unidos, quedarían recursos en todo el mundo para sólo 7,5 años[47]. Dicho de otra forma: para que ese cometido pudiera lograrse se necesitarían 5,3 planetas[48].

Los datos demuestran que el opulento modelo de consumo que impone el sistema económico capitalista no puede ser extrapolado a toda la población. Entendemos también, como otros autores, que «el nivel de consumo que ha caracterizado a los países del centro es imposible de exportar al resto del mundo, aunque sólo sea porque el planeta no da para tanto. Hace tiempo que se han quebrado los límites de la sostenibilidad del planeta. Y cualquier proyecto político que trate de ignorar esto es, sencillamente, una estafa»[49].

Por eso la solución no puede pasar por una nueva vuelta de tuerca a través de algún avance tecnológico (como el desarrollo de las energías renovables), mientras se mantenga el actual nivel de sobreexplotación de los recursos. Nuestro planeta tiene recursos finitos, y es imposible que soporte eternamente un expolio de estas características. No hay duda; este sistema de producción y consumo inevitablemente llegará a su fin. La cuestión relevante es si lo hará de forma ordenada y pacífica o de forma brusca y caótica, con conflictos gravemente perjudiciales para el ser humano. Se trata otra vez del conocido dilema entre socialismo o barbarie, pero ahora también desde el prisma ecológico.

Segunda parte

SEGUNDA PARTE

4. Los mecanismos de la gran estafa

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LOS MECANISMOS DE LA GRAN ESTAFA

Como hemos visto a lo largo de este libro, el creciente sentimiento de frustración desencadenado en los últimos años se ha cristalizado en importantes movilizaciones sociales. Gran parte de la ciudadanía está insatisfecha con las medidas económicas tomadas por los diferentes Gobiernos para gestionar la crisis, tanto en España como en otros países. Muchas de las protestas de los últimos años en nuestro país ponen de relieve la generalización de la sensación de que está produciéndose una transferencia de dinero desde los sectores menos pudientes hacia los más acomodados. El movimiento 15-M describió esa relación como un enfrentamiento entre los de «arriba» y los de «abajo». En el otro lado del charco, en Estados Unidos, el movimiento Occupy señaló la contradicción entre los intereses del uno por ciento más rico de la población y el 99 por ciento restante. Incluso en los movimientos populistas se ha extendido la idea de que la «clase política» le está robando a los ciudadanos. Y, desde una visión más clásica, también el movimiento obrero ha recordado que estamos ante una nueva batalla que enfrenta a capitalistas y trabajadores en el marco de la lucha de clases.

Pero, más allá de estas sensaciones, que a menudo se simplifican en acertados términos como «robo» o «estafa», es necesario conocer cómo se produce esa transferencia de dinero y riqueza para saber quiénes son los que realmente están involucrados. Este análisis permite eludir hipótesis falsas que nos conducirían a conclusiones igualmente erróneas.

LA DEUDA PÚBLICA Y EL SISTEMA FISCAL

En el capítulo 1 hemos hablado de la enorme deuda exterior de los sujetos económicos de la economía española. También señalamos que la deuda de la Administración pública es, incluso hoy, una de las menores. No obstante, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB no ha dejado de aumentar desde que comenzó la crisis, pues el Estado ha tenido que pedir prestado a los mercados financieros con el fin de obtener los recursos necesarios para poner en marcha sus políticas de inversión pública y gasto social.

Ese crecimiento de la deuda pública se debe fundamentalmente a la fuerte caída de los ingresos provocada por la crisis, ya que el endeudamiento público está estrechamente vinculado a la estructura fiscal, es decir, a cómo obtiene el Estado sus ingresos. Si en algún momento los ingresos no cubren los gastos, no hay más remedio que recurrir a un tercero que preste dinero. Por ello no se debe pensar sólo en la necesidad de recortar el gasto para adecuarlo a los ingresos (cuestión que, como ya vimos, es contraproducente), sino también en cómo modificar los ingresos para adecuarlos a los gastos. Por lo tanto, es importante conocer cómo funciona el sistema fiscal y qué usos se puede dar a sus recursos para alcanzar diferentes propósitos, como el estímulo de la economía o la reducción de la desigualdad.

Impuestos directos o indirectos

El principal mecanismo de un Estado para obtener ingresos es el sistema fiscal. Además, si está bien diseñado, permite llevar a cabo una redistribución de la renta desde las unidades económicas más ricas hacia las unidades económicas más pobres, a través de canales como los servicios públicos o las transferencias monetarias.

De los ingresos que el Estado obtiene, los más importantes son los impuestos y las cotizaciones sociales. En 2011 ambos conceptos sumaron el 88,3 por ciento de los ingresos totales del Estado, pero en 2012, como consecuencia de la caída en los impuestos, el total sumado es del 77,8 por ciento. La caída en los impuestos prevista en los Presupuestos Generales de 2012 es del 17 por ciento, aunque seguramente será mucho mayor. Las causas hay que buscarlas en la crisis económica y el efecto que genera en los distintos impuestos.

Ahora bien, los impuestos pueden diseñarse de diferentes formas, que determinan efectos fiscales y redistributivos muy distintos. En general, pueden clasificarse en dos tipos: impuestos directos e indirectos. Según su efecto sobre la justicia fiscal, se clasifican en tres tipos: progresivos, proporcionales y regresivos. Los impuestos directos son aquellos que se aplican sobre la manifestación directa de la riqueza, es decir, sobre el ingreso del individuo o de la empresa y sobre el patrimonio de cada uno (como los bienes inmuebles). Los indirectos, en cambio, se aplican sobre la manifestación indirecta de la riqueza, como el consumo. Ejemplos de impuestos directos son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades (IS). En cambio, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es indirecto.

En términos de justicia fiscal, es más justo subir los impuestos directos, porque tienen en cuenta directamente la riqueza original y no su manifestación indirecta. Es decir, los impuestos indirectos se aplican a todas las personas por igual sin atender a que ganen más o menos (por ejemplo, paga el mismo IVA por las compresas la mujer rica que la mujer pobre).

Pero, en la configuración y el diseño de cada impuesto, también hay que tener en cuenta el método para determinar cuánto se paga. Si todos pagan el mismo porcentaje de impuestos, el modelo es proporcional. Si todos pagáramos el 20 por ciento de nuestro salario, los ricos pagarían más que los pobres, porque se les aplicaría el mismo porcentaje sobre una cantidad mayor. Sin embargo, no es un modelo justo, porque al fin y al cabo todos pagamos la misma parte sobre nuestros ingresos. Por esta razón de justicia social, no es el modelo vigente en España. No obstante, el tipo proporcional es el preferido por los economistas liberales, y en los últimos años ha sido defendido por sectores importantes del PSOE (baste ver el artículo que escribió en 2006 el entonces ministro Miguel Sebastián)[1].

Afortunadamente, la Constitución española exige que los impuestos sean progresivos, es decir, que pague más quien más tiene, pero no sólo en cantidades absolutas (como ocurre con el tipo proporcional), sino también en el porcentaje de gravamen aplicado. Para ello se estructuran tramos de renta, de modo que, por ejemplo, de 0 a 20 000 euros en ingresos no se pagan impuestos, de 20 000 a 30 000 euros se paga un 15 por ciento, de 30 000 a 40 000 un 20 por ciento, etcétera. Eso hace que, en teoría, los más ricos paguen un porcentaje de impuesto mayor (llamado tipo efectivo).

Si el sistema está bien diseñado, si la cantidad de impuestos directos es mayor a la de indirectos y además son lo más progresivos posibles, los mecanismos de redistribución de la renta del Estado pueden funcionar con éxito. Esto es así porque el Estado obtiene la mayor parte de sus ingresos por medio de impuestos a los más ricos, pero los utiliza para pagar servicios públicos de los que se benefician sobre todo los más pobres. Es una forma de hacer justicia a través de un sistema fiscal solidario.

Desgraciadamente, en la práctica esto no funciona así. En las últimas décadas tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han bajado los impuestos directos, reduciendo la fuerza solidaria del sistema e introduciendo debilidades graves que han hecho que el Estado esté subfinanciado. A los más ricos les interesa acabar con el sistema fiscal actual, porque, si lo consiguen, no se verán obligados a pagar los servicios públicos a los más pobres, de modo que los partidos que han representado a los ricos han facilitado las llamadas rebajas fiscales (bajadas de impuestos a los más ricos, tanto individuos como empresas). El PSOE llegó a retirar el Impuesto de Patrimonio, un impuesto directo, a asegurar que bajar impuestos era de izquierdas e incluso a pedir, como hemos señalado, que se instaurara un tipo proporcional en vez de mantener tipos progresivos.

Todo ello debilitó la eficacia del sistema fiscal, lo que se sumó a las enormes fallas que existían debido a los paraísos fiscales y el fraude fiscal. España es, de hecho, la décima potencia mundial en fraude fiscal, con una estimación de un 22,5 por ciento de economía sumergida[2]. Se pierden, por la vía de la evasión fiscal, esto es, de no pagar impuestos, más de 75 000 millones de euros en ingresos potenciales. Una cantidad muy superior a la que se exige como recortes en sanidad y educación. Además, según los técnicos de Hacienda, las grandes empresas y fortunas son responsables de más del 70 por ciento del fraude fiscal, que cuantifican en 40 000 millones de euros[3]. A todo ello hay que sumar las prácticas de elusión fiscal, es decir, las estrategias legales de planificación fiscal que se aprovechan de las diferencias en las legislaciones de diferentes países para no pagar apenas impuestos[4]. Todo ello significa que, en la práctica, nuestro sistema fiscal es profundamente regresivo.

El sistema fiscal español, tal y como está diseñado hoy en día, no es eficaz en la lucha contra la desigualdad y tampoco a la hora de recaudar recursos de forma equitativa. Al contrario, posibilita que las grandes fortunas y empresas paguen muchos menos impuestos que el resto. Eso provoca dos efectos inmediatos. En primer lugar, genera un incremento de desigualdad entre las rentas del capital (que pagan menos impuestos) y las rentas del trabajo. En segundo lugar, en momentos de crisis los esfuerzos extras se piden a los más desfavorecidos, aunque la crisis no sea responsabilidad suya.

Es importante saber que, cuando, tras la crisis, el Estado ha pedido prestado, en muchos casos lo ha hecho a sujetos económicos (grandes fortunas y empresas) que antes pagaban esas cantidades a través de los impuestos. Es decir, lo que antes el Estado obtenía legalmente por la vía del sistema fiscal, ahora, tras años de ayudar a los ricos, hay que pedirlo prestado, con todas sus consecuencias.

Los paraísos fiscales

El sistema fiscal no funciona correctamente por la existencia de agujeros negros por los que se escapa un dinero que debería servir para financiar los servicios públicos y, en general, la inversión pública. Entre esos agujeros figuran los conocidos como paraísos fiscales.

No existe una definición precisa de lo que se entiende por paraíso fiscal. El fenómeno es de una complejidad tal que las instituciones internacionales que lo han estudiado (FMI, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etcétera) no han llegado a ningún consenso acerca de lo que son realmente los paraísos fiscales. Muestra de ello es la inmensa cantidad de formas que existen para hacer referencia a ellos: jurisdicción o enclave offshore, jurisdicción o enclave de baja tributación, enclave extraterritorial, oasis fiscal, tax havens (refugios de impuestos), centros extraterritoriales, etcétera.

No obstante, para el propósito de este análisis, consideramos paraísos fiscales «todos los centros financieros que desarrollan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las regulaciones comunes a los demás países con los que se relacionan, por estar destinados de modo especial a las empresas o a los particulares no residentes, actividad incentivada por la escasa o nula tributación»[5].

Se trata, pues, de territorios cuyas regulaciones, fundamentalmente fiscales y financieras, son establecidas con el fin de atraer dinero procedente del exterior que no tendrá como destino la actividad productiva del país receptor. Son paraísos fiscales sólo para extranjeros, ya que para los residentes las regulaciones suelen ser mucho más estrictas. Es la razón por la que se habla también de sistemas duales: un sistema de juego muy flexible y laxo para los extranjeros que convive con otro fuertemente regulado y supervisado para los residentes.

Los paraísos fiscales se usan para dos tipos de actividades generales vinculadas a los impuestos: la elusión fiscal y la evasión fiscal. La primera es la práctica según la cual las empresas diversifican los territorios donde pagan impuestos, buscando que para el conjunto de la empresa la carga fiscal sea menor que si pagara en un único territorio. Se trata de una práctica legal. Por el contrario, la evasión fiscal es una práctica ilegal que consiste en no registrar ganancias que deberían ser gravadas con algún tipo de impuesto.

Una segunda característica es la laxa normativa financiera. Es posible hacer prácticamente todo en el ámbito financiero de un paraíso fiscal: desde crear nuevas instituciones financieras (bancos o entidades para los bancos) en unos instantes y sin apenas requerimientos hasta constituir empresas enteras o holdings (conglomerados de empresas), pasando por el secreto bancario (la discreción y reserva profesional de los bancos y sus empleados, que no revelan la identidad del titular de las cuentas o activos materiales).

Una tercera característica es la naturaleza de enclave, esto es, de territorio con un sistema regulatorio dual: diferente para residentes y para extranjeros. A las entidades que se establecen en los paraísos fiscales, especialmente si son financieras, no se les aplica prácticamente ninguna regulación (cosa que sí ocurriría en caso de estar establecidas en el país de origen). Por esta misma razón, se suele dar una relación desproporcionada entre el nivel de actividad financiera y la economía real del territorio en cuestión. Un ejemplo significativo es el de la isla de Sark, que en el año 2005 tenía 575 habitantes y 15 000 empresas. Un único residente era director de 2400 empresas[6].

Otro rasgo propio de estos paraísos es su condición de territorios con autogobierno suficiente para determinar su propia regulación en materia fiscal y económica, sin que ello signifique que deban tener la condición de Estados, lo que a veces permite que algunos territorios dentro de Estados puedan ser paraísos fiscales.

Por otra parte, en un entorno de globalización financiera y libre circulación de capitales, los paraísos fiscales empujan a la baja la presión fiscal de todos los países desarrollados. Debido a que los capitales se mueven por el sistema financiero intentando maximizar rentabilidades, los Estados temen gravar las rentas provenientes del capital por el riesgo de provocar la fuga inmediata de esos capitales hacia terceros países donde tales rentas no están gravadas. Como consecuencia, los sistemas impositivos de los países se distorsionan y acaban haciendo recaer la presión fiscal sobre los agentes que no pueden eludir el pago de impuestos, normalmente las rentas salariales de las clases medias y bajas. El Estado de bienestar y las políticas de redistribución, cuya fuente de financiación es fundamentalmente el sistema impositivo estatal, acaban financiados por las clases sociales que deberían ser, en el diseño original, las que menos contribuyeran a su sostenibilidad. Lógicamente, esa situación no es sostenible, y los diferentes elementos del Estado de bienestar comienzan a deteriorarse.

En los países en desarrollo también opera esta lógica, pero allí dominan otros fenómenos. En su intento de atraer capitales extranjeros, los países en desarrollo compiten actualmente entre sí rebajando la presión fiscal que se ejerce sobre determinados sectores o actividades económicas, o incluso sobre entidades concretas. No siempre se trata de reducir el tipo impositivo al que gravan las actividades o empresas, sino que a veces se aplica algún sistema de incentivos que combina diferentes formas de atracción de capitales. En general se acometen medidas que incluyen la liberalización, las privatizaciones, la desregulación laboral y la ya mencionada reestructuración de impuestos. El resultado es que el Estado ingresa mucho menos en concepto de impuestos y de esa forma no puede disponer de herramientas para consolidar servicios públicos eficientes, lo que agudiza la desigualdad.

Esta competencia fiscal producida por el nuevo contexto financiero, y muy especialmente por la existencia de los paraísos fiscales, se suma al hecho objetivo de que quienes más se benefician de la actividad financiera, y por tanto más ganancias obtienen, son precisamente las capas sociales más adineradas, que cuentan con los recursos suficientes para participar en el juego financiero. Todo ello contribuye a que la desigualdad de ingresos se esté disparando y los mecanismos de redistribución del Estado pierdan eficacia.

Nuestro país participa de esa competencia fiscal para intentar atraer a algunas empresas extranjeras. En efecto, uno de esos mecanismos legales que existen en España es el de las denominadas «entidades de tenencia de valores extranjeros» (ETVE), cuya figura jurídica permite a empresas no residentes en nuestro país no tributar por los dividendos o participaciones en beneficios generados por empresas filiales. Esto permite que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país —con apenas una mínima inversión en concepto de recursos materiales y humanos—, que mueven grandes sumas de dinero y eluden los impuestos que de otra forma irían asociados. Una situación que implica aceptar que nuestro país colabore activamente en la creación de agujeros fiscales en las economías de otros países.

Finalmente, los paraísos fiscales también son usados como instrumentos para ocultar y hacer más rentable la corrupción política. Todo ello no hace sino deteriorar lenta pero muy profundamente el sistema democrático de los países desarrollados y en desarrollo.

Pero ¿qué es lo peor de todo? Que la Unión Europea y las instituciones supranacionales no hacen absolutamente nada para combatir estos mecanismos. Al contrario, son conscientes de que son herramientas funcionales a la expansión del ciclo del capital y que permiten ajustar de forma automática los Estados de bienestar al nivel que el sistema económico exige. Es decir, tendiendo a su desaparición.

Las privatizaciones

Pero lo más preocupante es que los Estados se han deshecho de los instrumentos económicos que permiten a una sociedad decidir cómo quiere organizarse colectivamente. En primer lugar, como vimos en el capítulo 2, los Estados han regalado la gestión de la política monetaria a un grupo de tecnócratas con una ideología muy determinada, la neoliberal. En efecto, el Banco Central Europeo es una entidad pública, pero independiente del poder político, que no tiene que rendir cuentas ni siquiera ante el Parlamento Europeo. En segundo lugar, los Estados han vendido y malvendido prácticamente todas sus empresas públicas justificándose con principios teóricos que luego no se han demostrado válidos.

Un Estado sin banca pública y sin empresas públicas está a merced de los poderes económicos, ya que carece del margen de maniobra suficiente para tomar las decisiones correctas y necesarias. De hecho, eso es lo que estamos viendo en esta crisis: los Gobiernos tienen que pedir por favor a los bancos comerciales privados que proporcionen financiación a la economía real. Pero estos bancos conocen su poder y se permiten chantajear sistemáticamente a los Gobiernos, sin que éstos reaccionen. Lo mismo ocurre con las grandes empresas, ya libres de los obstáculos de las regulaciones públicas y las empresas competidoras públicas, las cuales podrían ser referentes en materia salarial, ambiental o de inversiones productivas.

En efecto, desde 1985 hasta el año 2000, en España se han privatizado un total de 117 empresas públicas. El proceso lo comenzó el Partido Socialista, pero lo continuó de forma más agresiva el Partido Popular. Se vendieron empresas altamente rentables, como Repsol, Gas Natural, Telefónica o Argentaria, y se mantuvieron las menos rentables, que no encontraban compradores. Además, en muchos casos se malvendieron a través de procesos discrecionales que incluían una valoración de los activos públicos muy inferior de su valor real, lo que suponía una transferencia automática de dinero desde el sistema público hacia la empresa privada. Todos esos procesos se justificaron aludiendo a la eficiencia, a la mejora de las ventas y del funcionamiento general. Más de veinte años después del inicio de aquel proceso, los estudios económicos revelan que todo aquello era falso[7]. La inmensa mayoría de las empresas no mejora ni en eficiencia, ni en productividad ni en el funcionamiento general. Y sólo lo hacen aquellas que han llevado a cabo procesos de reestructuración, lo que significa que el funcionamiento no está ligado a la naturaleza de la propiedad, sino al tipo de gestión. Es decir que, si en vez de vender a empresas privadas se hubieran acometido reestructuraciones en el tipo de gestión, la organización productiva hubiera sido la misma que la de ahora, pero el Estado tendría más de cien empresas públicas (y sus ingresos).

La mayoría de las privatizaciones se hicieron para reducir el déficit y para satisfacer de esa forma los criterios de entrada a la Unión Europea. Los Gobiernos sacrificaron ingresos futuros a cambio de ingresos actuales por debajo de los precios de mercado. Pero además se sacrificaron herramientas de control de la economía, que ahora permitirían capear mucho mejor el temporal de la crisis.

Basta imaginar si el inmenso poder que tienen los mercados y los bancos sería el mismo en caso de que el Estado dispusiese de una gran banca pública y de un entramado rentable de empresas públicas. Es obvio que su fortaleza lo haría mucho más inaccesible a los ataques de los mercados, que ven en la debilidad del Estado la oportunidad perfecta para explotar nuevas posibilidades de negocio. De hecho, si especulan contra Grecia, Portugal y España, no es porque haya fuertes fundamentos económicos, sino porque son sujetos económicos débiles.

Lo que habría que hacer es muy sencillo, pero requiere voluntad política. En primer lugar, es urgente establecer una auditoría de la deuda pública. Liberar la carga financiera que llevan asociados los contratos ilegítimos con la gran banca y los fondos especulativos permitiría desactivar el chantaje de los mercados, puesto que disminuiría la exposición a sus demandas. En segundo lugar, hay que construir una verdadera banca pública que permita no sólo dirigir el cambio del modelo productivo, sino también ejercer de contrapeso al enorme y excesivo poder de la banca comercial. Luego se tendrían que ir recuperando todas las empresas privatizadas, para retomar el control del timón de la economía y poder democratizar el sistema político.

La deuda pública

Con menos ingresos, el Estado tiene que endeudarse, como cualquier sujeto económico. Cuando alguien se endeuda, queda a merced del prestamista, que le impone una serie de condiciones. La clave entonces es entender por qué hemos llegado a endeudarnos tanto como para que nuestros acreedores nos exijan la aplicación de tantas reformas en estos últimos años de crisis.

Para explicarlo, hay que considerar dos aspectos. El primero, ya señalado, que la deuda pública ha crecido a consecuencia de la crisis y aun así se mantiene en niveles muy inferiores a los de otros países como Alemania y Francia, y sobre todo Italia y Grecia. Por lo tanto, la responsabilidad de que la deuda se haya disparado es de la crisis y de sus causantes, esto es, la gran banca comercial privada que es también la que se está beneficiando de los rescates bancarios. El segundo, que el endeudamiento es necesario cuando la relación entre ingresos y gastos se vuelve deficitaria, y eso puede ocurrir porque los gastos son demasiado altos o porque los ingresos son demasiado bajos. Como hemos apuntado, España ha sufrido varias legislaturas del Partido Socialista y del Partido Popular en las que se apostó sistemáticamente por rebajar la carga impositiva, es decir, por reducir los ingresos del Estado y favorecer a las clases más adineradas. Si tuviéramos más ingresos, no recurriríamos tanto a los préstamos, que, como señalamos, nos ofrecen las mismas entidades y grandes fortunas que han dejado de pagar esos impuestos.

En nuestra economía, la deuda pública se disparó después del estallido de la crisis, y no antes. Es decir, la relación es exactamente la inversa a la que sugiere el imaginario colectivo promovido por algunos partidos, que acusan al gasto público de ser el culpable de la crisis. Los datos demuestran que la deuda pública no es la causa de la crisis, sino su consecuencia. Por otra parte, en 2013 los intereses a pagar por la deuda pública serán de 38 590 millones de euros. Pero gran parte de ese endeudamiento responde a la necesidad del Estado de pagar la deuda contraída antes. En la medida que suba la prima de riesgo, esa refinanciación será más cara y la presión sobre el Estado será mayor.

La deuda pública se ha convertido en el mecanismo más efectivo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias, es decir, de transferencia de dinero público a manos privadas. Es el elemento de la política económica al que más se recurre para cristalizar la inmensa estafa que es esta crisis económica.

Esto puede explicarse mejor si seguimos la cronología de los fenómenos más importantes vinculados a la deuda pública. Cuando la crisis se desencadena, los ingresos del Estado caen porque baja la recaudación vía impuestos, y son los mercados financieros los que prestan el dinero necesario para que el Estado pueda seguir operando. Pero, a su vez, esos mercados exigen condiciones de ajuste que hacen cada vez más difícil devolver esos préstamos. Es decir, los planes de ajuste recortan servicios públicos, pero, además, deterioran el crecimiento económico que posibilita que haya ingresos suficientes. Como vimos en el capítulo 1, se ingresa así en una espiral propia de las llamadas «crisis de demanda».

De este modo, el mecanismo de la deuda pública se convierte en una herramienta que ejerce una punción constante en el Estado y que permite transferir dinero público a los bolsillos de los llamados mercados financieros (los grandes bancos y fortunas, fundamentalmente). Se trata de un mecanismo de transferencia que los mercados tratan de consolidar a través de las instituciones políticas que dominan, a saber, la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Y mediante los parlamentos nacionales se implementan las políticas para consolidar ese mecanismo y garantizar que siga operando correctamente, es decir, que continúe absorbiendo toda la sangre posible del Estado. Así, en las actuales condiciones políticas y económicas, asistimos a un descomunal saqueo que amenaza no sólo con descomponer los débiles cimientos de la estructura económica europea, sino también con destruir la cohesión social y desencadenar estallidos sociales de gran envergadura.

Es importante destacar que los parlamentos nacionales y, por lo tanto, los partidos políticos están siendo meros títeres de poderes no electos que tienen claros intereses económicos. La estrecha vinculación entre los grandes partidos y las grandes empresas y fortunas no hace sino confirmar la existencia de una élite social y política con intereses de clase que domina e influye en todos los espacios políticos, la mayor parte de las veces sin legitimidad y en otras ocasiones con un decadente apoyo.

LA ESPECULACIÓN FINANCIERA

De los conceptos antes reservados a las discusiones técnicas entre economistas y hoy presentes en todos los debates políticos, hay uno de especial interés: el de los mercados financieros. En efecto, hoy los mercados financieros están en todas partes (en la televisión, en la prensa e incluso en los bares), pero todavía es amplio el desconocimiento acerca de lo que son realmente y cómo funcionan.

¿Qué es un mercado y qué es la especulación financiera?

Recordemos, en primer lugar, que el término «mercado» hace referencia al espacio, físico o virtual, en el que se encuentran compradores y vendedores de algún bien o servicio. Es decir, existe mercado allí donde se intercambien productos entre dos partes, la que compra y la que vende, y por ende cualquier producto tiene su mercado.

Eso significa que, si queremos vender nuestro viejo libro de economía neoclásica, porque ya no nos sirve, tenemos que ir a un mercado donde podamos encontrar compradores. Lógicamente, no iremos a venderlo al banco. Buscaremos un mercado de libros de segunda mano. Cuando acudimos directamente a la librería de segunda mano, lo que hacemos es ir a un mercado, el de los libros de segunda mano, porque sabemos que esa librería actuará de intermediario. La librería se encarga de reunir a compradores y vendedores y realiza transacciones a cambio de una comisión. Te compra el libro a cinco euros y lo vende a siete. Actúa como intermediaria y como creadora de mercado, puesto que, en sí misma, la librería es el mercado. Puede haber muchas más librerías de ese tipo en la misma ciudad, e incluso librerías online, y al negocio completo lo llamamos en abstracto el «mercado de libros de segunda mano».

Cuanta más participación haya en un mercado, mayor capacidad tendremos nosotros para comprar y vender nuestros bienes y servicios. Si hay pocos vendedores y pocos compradores de libros, el mercado será lento e ineficiente. Si queremos vender nuestro manual de economía neoclásica pero entre los pocos compradores potenciales de libros no hay ninguno al que le interese la economía, no podremos realizar la venta. Seguiremos esperando un comprador con nuestro libro en la mano. Se dice entonces que el mercado es poco líquido, es decir, que la capacidad de convertir los bienes en dinero constante y sonante es muy reducida. Si, por el contrario, hay muchos vendedores y muchos compradores, será mucho más sencillo encontrar otra persona que quiera nuestro libro, por lo que quizá en muy poco tiempo obtendremos el dinero.

Los precios surgen de la relación entre el número de compradores y de vendedores. La regla es la siguiente: a mayor demanda, mayor precio (y a mayor oferta, menor precio). Si, por ejemplo, vamos con nuestro libro de economía a una librería especializada en física, es probable que no encontremos compradores y que el intermediario —sabedor de ello— no quiera comprarnos el libro o nos ofrezca por él un precio muy bajo, digamos de un euro. Si, en cambio, nos dirigimos a una librería especializada en economía, entonces allí sí habrá muchos compradores y, por lo tanto, demanda. Si quisiéramos vender nuestro libro directamente a los compradores, éstos competirían entre sí por ofrecer el mejor precio. Exactamente como en una subasta. Así que el intermediario —sabedor de ello también— nos ofrecerá por nuestro libro un precio mucho más alto, digamos de cinco euros.

En el mercado de libros de segunda mano suelen participar únicamente individuos particulares que desean comprar y vender libros, pero no participan bancos, empresas o agentes económicos más grandes. Eso es porque cada mercado suele tener sus propios tipos de participantes.

El mercado inmobiliario, por ejemplo, es el espacio donde se encuentran compradores y vendedores de viviendas. Ahí ya no sólo hay particulares, sino que también encontramos en ambas partes (la del comprador y la del vendedor) bancos, grandes empresas o incluso el Estado. Todos esos agentes negocian los precios con los que comprarán y venderán las viviendas.

Esto es muy importante, porque todos esos agentes que no son individuos, debido a su poderío económico, pueden modificar el mercado con facilidad. Precisamente porque tienen la capacidad económica, ya que manejan grandes sumas de dinero, pueden comprar y vender de forma estratégica para resultar favorecidos en las transacciones.

Por ejemplo, los bancos actualmente tienen en España un gran stock de viviendas, pero no consiguen venderlas, pese que en España sigue habiendo gente que quiere comprar viviendas. La clave está en que los precios de oferta y los precios de demanda no coinciden, es decir, que el precio que los compradores están dispuestos a pagar es mucho menor que el precio por el que los vendedores están dispuestos a vender. Si los bancos bajaran los precios de las viviendas, entonces los compradores podrían estar de acuerdo. Los bancos, además, reducen artificialmente la oferta de viviendas al no poner en venta muchas de las que tienen. Así crean una escasez aparente para mantener los precios altos.

Se trata de algo crucial, porque, si los participantes en el mercado (en una de las partes) son pocos o uno de ellos es muy poderoso económicamente, pueden influir mucho en cómo evolucionan las transacciones. Pueden influir en la oferta y en la demanda, y por lo tanto en los precios. Los tres o cuatro bancos más grandes pueden ponerse de acuerdo para no bajar los precios de las viviendas y mantenerse a la espera de que los compradores se atrevan a ofrecer más, o bien pueden comprar casas de forma masiva para elevar artificialmente el precio (ya que sube la demanda).

Todos los mercados a los que antes hemos hecho referencia son mercados de bienes físicos. Ahora vamos a adentrarnos en los mercados financieros, es decir, en aquéllos en los que se negocian títulos que conllevan compromisos futuros de pago. El más conocido por su radiante actualidad es el mercado de deuda pública.

En el mercado de deuda pública se encuentran, por una parte, los países que necesitan financiación y, por otra, los inversores dispuestos a proporcionársela. Ya sabemos que cuando un Estado tiene déficit (menores ingresos que gastos) necesita pedir prestado, y una de las formas para hacerlo es emitiendo títulos de deuda pública, que son comprados por inversores. Lo que éstos están haciendo en realidad es prestar ese dinero al Estado a cambio de que, en un plazo determinado, éste se lo devuelva junto con un porcentaje de intereses, llamado «rentabilidad».

Como todos los Estados tienen necesidad de endeudarse, el mercado de deuda pública está siempre muy activo, especialmente en tiempos de crisis. Hay mucha oferta (títulos de deuda pública de diferentes países) y mucha demanda (inversores que buscan rentabilidad segura, puesto que se supone que los títulos de deuda pública son los más seguros; si no paga el Estado, es que la cosa está verdaderamente mal). En este mercado, los participantes son fundamentalmente los grandes inversores financieros (banca y fondos de inversión gestionados por ella), y no tanto los particulares (aunque pueden participar).

Si yo soy el gestor de un fondo de inversión de un banco, es decir, una persona que tiene a su cargo una gran cantidad de dinero que quiere revalorizar, esto es, convertir en más dinero, tendré que valorar si me conviene invertir en el mercado de deuda pública. Si decido hacerlo, deberé elegir qué títulos concretos de deuda pública comprar. Para ello voy al mercado de deuda pública y veo qué ofrecen los diferentes países.

El sistema de venta de títulos es por subastas, aunque hay varios tipos de subastas, así como también hay varios tipos de títulos y vencimientos (plazos de devolución). Cada país ofrece un precio por sus títulos de deuda. Los inversores buscan siempre los títulos más baratos, porque ofrecen más rentabilidad. Se sigue este razonamiento: menor precio refleja más inseguridad y mayor rentabilidad. Si el precio es bajo, significa que hay pocos compradores porque la gente no se fía bastante de que se le devuelva el dinero, por lo que esos compradores exigen una rentabilidad más alta. Si un país, por ejemplo España, ofrece títulos y pocos compradores van a la subasta, entonces tendrá que bajar el precio de sus títulos y, por ende, subirá su rentabilidad, es decir, pagará más en concepto de intereses por cada título que venda a los inversores.

Cada país hace sus subastas y así atrae a los inversores. Los resultados de las subastas son distintos según los países, diferencias de las cuales nacen conceptos como el de «prima de riesgo» (que cuantifica las variaciones de la rentabilidad ofrecida por los países respecto de Alemania, que es el país con una economía más sólida). Se supone entonces que los precios de los títulos reflejan los fundamentos de la economía o, más concretamente, la capacidad que cada país tiene para devolver el dinero. Pero en realidad no sólo depende de eso.

Sabemos que, por un lado, está la oferta (países) y, por otro, la demanda (los inversores), que se reúnen en el mercado de deuda pública para negociar. Unos buscan financiación y otros la ofrecen a cambio de un porcentaje en intereses y el compromiso de devolución del dinero prestado. En este mercado, como en cualquier otro, los participantes pueden influir para crear condiciones que los favorezcan.

Supongamos ahora que soy un inversor. Concretamente soy George Soros, gestor de un fondo de inversión multimillonario. Me levanto por la mañana y miro en las pantallas de mi oficina cómo están los indicadores fundamentales de la economía (crecimiento, inflación, etcétera), las noticias de última hora (las declaraciones de los Gobiernos, por ejemplo), las subastas de deuda pública programadas para hoy y también los mercados secundarios de deuda pública (los lugares donde se compran y venden los títulos de deuda pública por segunda y más veces; como los libros de segunda mano, pero en títulos). Entonces planeo mi estrategia.

Como gestiono un fondo multimillonario, tengo capacidad para mover el mercado, es decir, mi oferta de compra o venta es tan cuantiosa que prácticamente equivale a la totalidad del mercado. Con ese punto de partida tan ventajoso pienso en una primera opción posible: una compra normal y corriente de títulos de deuda pública. Si compro masivamente títulos de deuda pública de España el resultado es que se incrementará la demanda de estos títulos y se enviará al resto de los inversores la señal de que «los mercados» están comprando títulos de España, lo que querrá decir que se fían de ellos y por lo tanto son seguros. En consecuencia, el precio subirá y la rentabilidad caerá. España podría conseguir dinero más barato (pagaría menos en concepto de intereses) y yo tendría grandes cantidades de títulos que me rendirían un interés moderado y en un plazo largo pero en principio bastante seguro.

Pero, claro, ¿por qué querría yo, George Soros, comprar títulos que me den poca rentabilidad? Seguramente tengo otras opciones más atractivas. Por ejemplo, puedo recurrir a lo que se llama «estrategia de venta en corto» (en inglés, short-selling) con el objetivo de conseguir mayores beneficios. A diferencia del proceso especulativo convencional, donde el beneficio se obtiene vendiendo a un precio superior al que compramos, una operación de venta a corto es una estrategia que permite obtener beneficios del descenso de precios de un determinado activo financiero. Es decir, que lo que nos interesa si estamos llevando a cabo esa estrategia es que los precios bajen. Por eso en economía se denomina a este tipo de estrategia operación corta o bajista (pues espera bajadas de precio) y no larga o alcista (que espera subidas de precios).

Vamos a ver cómo sería esa operación, suponiendo que seguimos siendo George Soros y optamos por la opción bajista. Digamos que ayer se llevó a cabo una subasta de deuda pública donde el Estado vendió 1000 títulos a los inversores por valor total de 10 000 euros (cada título tiene un precio de 10 euros). La primera fase de nuestra estrategia es pedir prestados parte de esos títulos, por ejemplo, 500 títulos valorados en 5000 euros. Lo que hemos hecho es ir a los inversores y pedirles que nos prestaran 500 títulos de deuda pública, cosa que harán a cambio de un interés o comisión que deberemos pagar a la hora de devolver los títulos. La segunda fase de nuestra estrategia es vender esos títulos de deuda pública. Sí, los tenemos prestados (lo que significa que no son nuestros) pero legalmente podemos venderlos. La venta tendrá que ser lo suficientemente importante como para que desestabilicemos el mercado, es decir, para que el mercado vea que hay muchos títulos vendiéndose a la vez (lo que enviará la señal de que algo va mal y que esos títulos no son de fiar). Podemos complementar nuestra operación con la difusión de rumores, todo con el objetivo de que los participantes en el mercado comiencen a desconfiar y vendan también ellos sus títulos de deuda pública.

La tercera fase de nuestra estrategia será comprar esos mismos títulos. Puede parecer extraño pero es la parte más interesante de la operación. Si todo ha salido bien, la venta de nuestros títulos prestados, los rumores y la venta de los títulos de otros inversores asustados habrá producido el efecto deseado: habrá bajado el precio de los bonos (hay que recordar que si hay decisiones de venta significa que baja la demanda). Y si antes 500 títulos valían 5000 euros ahora pueden valer perfectamente 2500 euros. Eso nos permite comprar por 2500 euros… ¡Los mismos 500 títulos que vendimos por 5000 euros!

Finalmente devolvemos los 500 títulos a los inversores que nos lo prestaron y les pagamos una comisión, pongamos que de 500 euros. En total, restando esa comisión a los 2500 euros conseguidos, habremos obtenido 2000 euros de ganancias. Hemos especulado, pero apostando no a que los precios subieran (como sucede cuando se especula por ejemplo con una vivienda), sino apostando a que los precios caerían. Claro que hemos hecho todo lo posible para que efectivamente fuera así…

Una variante de este tipo de operaciones son las ventas al descubierto, así que tendré una tercera opción. En este caso el procedimiento es el mismo, con la salvedad de que ahora podremos vender los títulos pero sin tenerlos que pedir prestados. Esta operativa se llama ventas al descubierto o, en inglés, naked short selling. La diferencia con el caso anterior es que ahora nos saltamos la fase de pedir prestados los títulos y por lo tanto nos ahorramos pagar comisión. Lo que hacemos es vender títulos de deuda pública directamente (sin tenerlos ni en propiedad ni prestados), y esperamos que nuestra operación provoque que los precios bajen. Siempre acompañado todo de los rumores apropiados. Si nuestra tercera opción sale bien tendríamos un beneficio de 2500 euros. Es decir, es una operación aún más rentable.

La consecuencia de tanto la segunda como la tercera opción es que España estará bajo ataque permanente y en la próxima subasta los inversores le exigirán una mayor rentabilidad, porque en teoría el mercado (secundario de títulos) estaría reflejando que no garantiza bien la devolución de los títulos y de ello se deduciría que su política económica debe cambiar para dar más confianza. Es entonces cuando llegan los planes de ajuste «impuestos» por los mercados financieros y el ya conocido «chantaje de los mercados».

El sistema financiero está repleto de sujetos como nuestro George Soros del ejemplo. No es para menos, puesto que la única lógica del capital financiero (ese dinero que busca transformarse en más dinero) es encontrar las oportunidades de mayor rentabilidad y, si es posible, crearlas. Los especuladores son en realidad los propios inversores, no son una figura distinta, y su lógica es lo único que cuenta. Operan como los tiburones: huelen sangre (por ejemplo, cualquier noticia real de una economía, como las trampas contables de Grecia) y atacan sin piedad extorsionando hasta el límite.

No hay inversores buenos ni malos: todos operan con las mismas reglas inmorales y antisociales, pues sólo responden a la rentabilidad. Es un capitalismo de hipercompetencia, y sólo los más «listos» ganan. Los mercados financieros no son entes abstractos como nos hacen creer, y tampoco son entidades divinas que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Son simples jugadores de casino que aprovechan su inmenso poder para hacer y deshacer la economía mundial, sin atender a las consecuencias.

Durante los más de treinta años de hegemonía del neoliberalismo, estos agentes (bancos, fondos de inversión, grandes empresas, etcétera) han creado las condiciones para explotar mucho más este negocio. Han desregulado los mercados, permitiendo su expansión a todos los niveles y eliminando casi todas las normas que limitaban diferentes prácticas, y han creado productos financieros complejos para seguir jugando más y más con el mismo objetivo. El ejemplo de George Soros es uno más entre tantos otros modos de manipular un mercado cualquiera. Las conspiraciones no hacen falta cuando todos los inversores se aprovechan de esas situaciones en las que quien paga al final es el Estado.

Por todo esto, y por mucho más, es completamente legítimo decir que en este mundo, nuestro mundo de hoy y no el del siglo XIX, la clase dominante que se parapeta tras los bancos y los fondos de inversión está explotando y desplumando a las clases populares. Como dijo el multimillonario Warren Buffet: «La lucha de clases sigue existiendo, pero es la mía la que va ganando».

Ahora bien, uno de los aspectos más sorprendentes del capitalismo moderno, resultado de los procesos de desregulación de las décadas de 1980 y 1990, es su capacidad para especular prácticamente con cualquier cosa. Y toda especulación tiene consecuencias sobre la economía real y la vida de las personas, aunque se manifieste con cierto retraso. A veces se especula con el oro, lo que apenas afecta a la gente corriente. En otras ocasiones se especula con las empresas productivas, por ejemplo con las tecnológicas. En ese caso el empleo es lo más afectado y, además, se corre el riesgo de entrar en crisis (como en los años 2000). Muchas veces la especulación se realiza en el sector inmobiliario e impide que generaciones completas puedan acceder a una vivienda digna a un precio asequible. Finalmente, el caso extremo es la especulación con materias primas de primera necesidad, tales como el trigo, que provoca la muerte de decenas de miles de personas.

En el mundo hay millones de productores de materias primas, pero pocas multinacionales comercializan esos productos. Es decir, el agricultor que cultiva trigo en cualquier parte del mundo vende su producto a una multinacional para que ésta lo coloque en el mercado mundial. El mercado de estas multinacionales es un oligopolio, es decir, con pocas empresas en condiciones muy buenas para imponer precios. Lo normal es que presionen a los agricultores a la baja, obligándolos a vender sus materias primas a precios irrisorios, y después las mismas multinacionales los venden a un precio muy superior.

Los precios finales, en cualquier caso, no sólo dependen del criterio arbitrario de las grandes multinacionales, sino también, y en gran medida, de las leyes de oferta y demanda. Si la oferta cae (el trigo cultivado, por ejemplo), entonces los precios suben, pues hay menos productos para satisfacer las mismas necesidades. Por otro lado, si aumentara la demanda de trigo, por ejemplo por el crecimiento de la población mundial, los precios también subirían. Al incrementarse la cantidad de gente que se alimenta y mantenerse constante la producción, los precios suben. Las multinacionales lo saben y aplican esas leyes a los precios de los productos que comercializan.

La complejidad del proceso es mayor, pues los precios no se determinan de forma inmediata, sino en lo que se llama mercado de futuros. Los mercados de futuros surgieron en el siglo XVI, pero fue en 1865 cuando se creó el primer gran mercado organizado en Chicago. Su alcance era bastante limitado, porque las comunicaciones y los transportes no permitían mucho más. Desde la Segunda Guerra Mundial, se establecieron importantes regulaciones en dichos mercados. Pero, a partir de las décadas de 1980 y 1990, se comenzaron a levantar tales restricciones. Y en tiempos de la globalización tecnológica y comercial, los mercados de futuros han experimentado un importante auge.

Pero ¿qué es exactamente un contrato de futuros?

Imaginemos que somos agricultores y sembramos trigo en verano esperando vender la producción resultante en invierno. Sabemos qué precio tiene el trigo ahora mismo, en verano, pero ignoramos qué precio tendrá llegado el invierno. Eso nos preocupa, porque, si en el invierno el precio baja, tendremos muchos menos beneficios, o incluso pérdidas. Quizá para entonces haya abundancia de trigo (exceso de oferta) y el precio caiga. Al que comercializa (obviando su poder de mercado) le ocurre lo mismo, pero en el sentido contrario. Él nos comprará el trigo en invierno, pero teme que entonces el precio haya subido demasiado (imaginemos una situación de malas temperaturas en que se reduzca la producción de trigo). Así, nosotros como agricultores queremos protegernos de posibles bajadas en el precio y el que comercializa quiere protegerse de posibles subidas.

Entonces firmamos un contrato de futuros. Nos comprometemos a entregar el trigo en invierno pero al precio que tiene hoy, de modo que nos aseguramos ante el riesgo. Llegado el momento, se materializa el intercambio y listo. Así funcionaban en origen y ésta es la justificación de la existencia de tales mercados, que existen no sólo para el trigo, sino para todas las materias primas y para todos los productos financieros (tipos de interés, acciones, etcétera).

El lugar donde se encuentran los vendedores y los compradores de futuros se llama mercado de futuros. El más famoso es el Chicago Mercantile Exchange (Estados Unidos), pero desde la desregulación generalizada han surgido muchos otros en el mundo. Cada mercado se especializa en algún producto determinado (trigo, petróleo, soja, etcétera) y tiene sus propias normas y regulación, para asegurar un intercambio rápido y eficaz. Pero también existen los mercados no estandarizados, es decir, sin supervisión, que únicamente dependen de las dos partes contratantes. Son los llamados mercados Over The Counter (OTC), y los futuros negociados allí se llaman forwards.

El problema radica en que el mercado de futuros no sólo tiene como participantes a agricultores y multinacionales que comercializan productos, sino que hoy en día está plagado de agentes financieros especializados en hacer ganancias en esos mercados y sin ningún interés por lo que ocurre realmente con los productos. ¿Cómo es posible?

Pues porque, aparte del criterio de cobertura por el cual se firma un contrato de futuros, también existe el criterio de especulación. Imaginemos que somos un agente financiero y creemos que el petróleo va a subir en los próximos meses. Entonces podemos comprar petróleo hoy y vender contratos de futuros sobre esas cantidades de petróleo. Es lo que hizo, por ejemplo, Citigroup en 2009: compró petróleo al precio de ese momento, alquiló un superpetrolero para guardarlo, y vendió contratos de futuros sobre ese petróleo a un precio mucho más alto. De esa forma se obtienen beneficios extraordinarios.

Puede ocurrir la situación contraria. Imaginemos que creemos que el precio del trigo va a caer en los próximos meses. Entonces vendemos contratos de futuros al precio de hoy para dentro de equis meses. No hace falta ni que tengamos el trigo de forma efectiva, pues sólo nos hemos comprometido a intercambiarlo pasados los meses acordados. Si nuestra apuesta funciona y el precio del trigo en el futuro es menor que el de ahora, entonces compraremos el trigo barato y lo habremos vendido antes mucho más caro. Una ganancia.

Es un casino. Además, los mercados de futuros permiten no materializar los contratos. Estos contratos pueden revenderse antes de finalizar su plazo (asumiendo pérdidas o ganancias) y seguir contratando otros. De hecho, según la FAO sólo el dos por ciento de los contratos de futuros se materializan finalmente. Por todo esto éste es un negocio muy lucrativo. Según un reportaje de El País, algunos agentes financieros hacen su agosto, como «Goldman Sachs, que en 2009 ganó más de 5000 millones especulando en materias primas, lo que supuso más de un tercio de sus beneficios netos»[8].

Si uno quiere jugar en este casino, necesita mucho dinero y un comisionista autorizado a participar en los diferentes mercados de futuros. Esos comisionistas están especializados en las operaciones especulativas y tienen sus propios medios técnicos y su equipo humano para hacer todo tipo de ganancias de la mejor forma posible. Como no es de extrañar, en casi todos los casos sus servicios son brindados por los bancos. Por esa razón muchos productos financieros ofrecidos por los bancos españoles e internacionales (depósitos, fondos de inversión, etcétera) están vinculados a las operaciones especulativas en estos mercados.

A los agentes financieros no les importa dónde especulan. No tienen moralidad. Sólo buscan la rentabilidad, porque así funciona el negocio. Por eso, cuando los bancos vieron caer el negocio de las subprime, los fondos de inversión se desplazaron hacia los mercados de las materias primas y provocaron la mayor escalada de precios en mucho tiempo. Esto obligó a casi todos los países del Tercer Mundo a tomar medidas para evitar rebeliones civiles. El destino y la alimentación de millones de personas dependen de unos cuantos agentes financieros que sólo buscan rentabilidad.

La razón por la cual todo esto afecta a los precios reales de las materias primas es porque los precios determinados en los mercados de futuros se toman como guía razonable de lo que pasará, e influyen en los precios que las multinacionales imponen en los mercados reales. Se acepta la creencia de que los mercados nos proporcionan una información precisa del presente y del futuro, de modo que, si un mercado de futuros indica que el petróleo estará alto, será porque de verdad, pasados equis meses, el petróleo subirá. Y así con todos los productos. Es obvio que, si la especulación se recrudece y aumentan los contratos de futuros que creen que los precios subirán, se producirá un incremento en los precios. La demanda se incrementa artificialmente.

A veces hay fundamentos detrás que fortalecen los procesos especulativos. Por ejemplo, si aceptamos que el petróleo es finito y que por lo tanto la oferta caerá y la demanda subirá. O que la población mundial crece muy rápidamente, mientras la sequía destroza cultivos en cualquier parte del mundo. O incluso cuando se sustituyen campos de cultivo de trigo por los destinados al biodiésel. Todo ello refuerza los rumores que llevan a la especulación. La falta de regulación hace el resto.

Un aumento de las materias primas en los países occidentales apenas tiene efectos sobre la población, ya que la parte de la renta que se dedica a alimentos es muy pequeña. Pero en los países en desarrollo, la mayor parte de la renta se dedica precisamente a la alimentación, y una subida en los precios puede llevar a millones de personas a la muerte. Es lo que el relator de las Naciones Unidas J. Ziegler declaró «un crimen contra la humanidad».

El problema último de todo esto es la naturaleza de las finanzas y, más aún, del propio sistema económico. No se puede culpar a los agentes financieros de ser malvados, pues en realidad son sujetos que hacen lo que tienen que hacer. Ellos operan dentro de las fronteras de la ley, y es esta legalidad la que permite que los agentes financieros acaben decidiendo el destino de la gente corriente. Pero también el destino mismo de la economía real. Los derivados financieros (y los futuros son un tipo de derivados) en parte son los responsables de la actual crisis, por su carácter altamente especulativo, y no es la primera vez. Es recomendable ver Rogue Trader, una película de 1999 que narra los hechos reales que llevaron a la quiebra de un gran banco inglés… como consecuencia de la operación especulativa con derivados.

Las agencias de calificación

Las agencias de calificación están muy estrechamente vinculadas a los procesos de especulación. De hecho, desde que comenzó la crisis se han iniciado varias querellas, en España y Portugal, en las que se denuncia a estas agencias por su responsabilidad en la crisis financiera y, en particular, por su papel en la llamada crisis de deuda pública. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuál es la responsabilidad real de las agencias de calificación?

Las agencias de calificación son empresas privadas encargadas de valorar la calidad de los títulos financieros, algo que realizan asignándole a cada título un valor que se sitúa dentro de una escala que puede tener hasta 16 grados diferentes. Tres agencias de calificación dominan el sistema financiero internacional, y las tres son estadounidenses: Standar & Poor’s, Moody’s y Fitch. Cada escala es diferente, aunque todas se parecen. En el caso de Standar & Poor’s, el valor más alto es AAA, seguido de AA+, AA, AA-, A+, A-, BBB+, BBB, y así sucesivamente.

Las agencias de calificación son, en principio, necesarias, porque realizan una tarea que de lo contrario tendría que llevar a cabo cada inversor particular de una forma mucho más costosa y lenta. El sistema funciona como sigue a continuación.

Cuando una empresa o Estado tiene la necesidad de financiarse para llevar a cabo su actividad, puede emitir unos títulos financieros llamados bonos que comprarán otros agentes llamados inversores. El inversor compra los bonos y el Estado, que gracias a esa operación ya tiene el capital que buscaba, se compromete a devolver el nominal (el total del valor del bono) más unos intereses que son la remuneración del bono[9]. Y esa remuneración es lo importante, ya que será más alta cuanto más arriesgada sea la operación. Es decir, si yo soy un inversor exigiré que me paguen más cuanto más me esté arriesgando o, lo que es lo mismo, cuantas más posibilidades existan de que no se me devuelvan mi dinero o los intereses. ¿Y cómo sé yo, como inversor, cuán arriesgada es la operación? Hay dos formas de saberlo.

La primera opción es hacer un análisis exhaustivo de la situación económico-financiera de la empresa o Estado que ha emitido los bonos, estimando yo mismo las posibilidades que tengo de volver a ver mi dinero y exigiendo la remuneración en consecuencia. Como segunda opción, puedo consultar qué dicen los expertos sobre esa empresa o Estado y fiarme de su opinión. Dado que las agencias son precisamente las que más información tienen (ya que se permiten hacer entrevistas personales a directivos, ver cuentas económicas internas y además disponen de recursos más que suficientes), ellas son precisamente las que hacen ese trabajo. Y acaban sintetizando esa opinión en una simple nota dentro de su escala.

Puesto que el mundo financiero opera bajo la lógica del corto plazo, todos los inversores acaban otorgando a estas clasificaciones una importancia crucial. Un simple anuncio de una agencia de calificación puede hacer que los inversores huyan de un mercado provocando graves efectos sobre los emisores. Por ejemplo, muchos fondos de pensiones privados, y otros fondos de inversión, tienen prohibido invertir en títulos financieros que no tengan máxima calificación. Incluso las normas de regulación de capital dependen de estas clasificaciones privadas, y los bancos centrales no prestan si no es con garantías con la máxima calificación.

Hay varios graves problemas asociados a este sistema.

El primero es que estas agencias de calificación son empresas privadas que funcionan bajo la lógica del beneficio, y sus beneficios provienen precisamente de las operaciones que realizan. Así, surge un conflicto de interés: las entidades emisoras contratan a la agencia que califica sus productos, lo que es el equivalente a poner al zorro a cuidar del corral. En efecto, puede suceder que las agencias exageren la calificación otorgada y consigan así satisfacer al cliente e incrementar los beneficios por comisiones.

El segundo es todavía más grave. En realidad, las ciencias sociales son incapaces de estimar con certeza las posibilidades de incumplimiento de una entidad o individuo. En algunos casos por falta de información (como ocurrió con las hipotecas subprime, en las que las agencias tuvieron que calificar hipotecas de prestatarios a los que desconocían y por lo tanto prácticamente tuvieron que inventarse los métodos de estimación de incumplimiento)[10], y en otros casos porque la economía es así de puñetera y no atiende a reglas exactas.

El trabajo de A. Vilariño, N. Alonso y D. Trillo[11] reafirma esta idea al reconocer que «el futuro económico está sometido a una incertidumbre radical sobre la cual no cabe establecer distribuciones de probabilidad y mucho menos juicios determinísticos como los que elaboran las agencias». Dicho de otro modo, por más información y recursos que tengan las agencias, nunca podrán establecer mecanismos objetivos para calificar los títulos de los emisores. Se utilicen tantas matemáticas o estadística como se quiera.

Y para demostrarlo estos autores recurren en su trabajo a la propia información ofrecida por las agencias. Se supone que la calificación de estas agencias es ordinal, lo que quiere decir que las probabilidades de incumplimiento de una empresa AAA son menores que las de una empresa calificada como AA o como BB, y sobre todo como CC. Para comprobar si los métodos son adecuados, basta revisar a posteriori si eso ha sido históricamente así, es decir, estudiar la frecuencia de incumplimiento asociada a cada escala y ver si hay consistencia.

Según los autores, los resultados son «decepcionantes». A partir de los datos de Moody’s para el período 1983-2008, obtuvieron que la media de frecuencia de incumplimiento de las entidades Aa3 fue del 0,11 por ciento. Si bajamos un escalón en la escala, a la A1, deberíamos encontrar una frecuencia mayor de incumplimiento, pero… ¡resulta ser del 0,04 por ciento! Seguimos bajando una escala más, a la A2, y la frecuencia disminuye hasta la 0,02 por ciento. Luego, eso sí, el resto de los escalones resultan consistentes.

Ello revela que los sistemas de calificación son, cuando menos, inexactos. Porque lo que debería esperarse es que las entidades calificadas con menores notas tuvieran mayores frecuencias de incumplimiento que las superiores. Cosa que no ocurre siempre. De hecho, ni siquiera ocurre de media. Hay años que incluso entidades con calificación A3 quiebran y las ubicadas tres o cuatro escalones por debajo no lo hacen.

Las implicaciones de estos problemas deberían hacer actuar a las autoridades para mitigar las consecuencias asociadas. En primer lugar, podrían romper los conflictos de intereses a través de una extensa regulación y de la creación de agencias públicas de calificación (que no actuarían movidas por el criterio de la rentabilidad). En segundo lugar, podrían actuar para relajar la importancia de estas agencias de calificación y sus dictámenes.

Porque, a pesar de que estas agencias se justifican argumentando que sólo ofrecen opiniones, lo cual en realidad es cierto, su papel en la actualidad es vital en el sistema financiero. Un simple informe negativo sobre una empresa o país puede encarecer el coste del endeudamiento (en el caso del Estado, eso significa mayor deuda pública), lo que representa un poder excesivo. Más aún cuando sabemos que no hay fundamentos científicos detrás de esas opiniones y lo único comprobado es que sí existen problemáticos conflictos de interés.

Los fondos de pensiones

Antes hemos hablado de los sujetos económicos que realizan la especulación. Nos hemos referido genéricamente a los fondos de inversión para explicar cómo el dinero se mueve continuamente por los mercados financieros buscando los mayores espacios de rentabilidad. Ahora vamos a ver un tipo de fondos muy particular, directamente asociado a nuestro bienestar futuro: los fondos de pensiones.

Técnicamente los sistemas de pensiones públicos de los países desarrollados son, por lo general, de tipo PAYGO (Pay as you go), es decir, sistemas de reparto en los que las contribuciones sociales de los trabajadores de hoy financian las pensiones de los trabajadores de ayer, y las pensiones de los trabajadores de hoy serán financiadas con las contribuciones sociales de los trabajadores de mañana. Sin embargo, desde hace unas décadas estos sistemas están siendo amenazados por alternativas basadas en mecanismos muy distintos.

El sistema alternativo es el de capitalización, y suele vincularse con un sistema de pensiones privado, aunque también puede estar gestionado por una entidad pública. La característica fundamental del sistema de capitalización reside en que la pensión se calcula a partir del ahorro privado que cada individuo va realizando a lo largo de su vida más la rentabilidad que dicho ahorro ofrece con el tiempo.

Bajo este sistema, a los trabajadores se les detrae cada mes una parte del salario, que se deposita en un fondo de pensión. Toda esa cantidad de dinero no esperará a que el trabajador se jubile, sino que será gestionada durante ese tiempo por alguna entidad, la cual tendrá como objetivo acrecentar ese dinero mediante operaciones de compraventa. El gestor, normalmente una entidad financiera, se llevará una parte de lo obtenido, mientras que el resto se sumará al ahorro acumulado. La suma del ahorro mensual y los beneficios derivados de las operaciones financieras llevadas a cabo por el gestor formarán la pensión final.

Las transformaciones financieras de las últimas décadas, tanto políticas como técnicas, han convertido a los mercados financieros en mucho más rentables que el sector productivo, mientras que a la vez han permitido hacer muchas más operaciones en ellos de forma continuada. Así, el sector financiero ha atraído grandes cantidades de dinero y, dada la escasísima regulación existente, se han abierto nuevas actividades y negocios muy lucrativos en los cuales el dinero se ha reproducido a sí mismo mediante procesos especulativos.

Una de las novedades más importantes ha sido la aparición de los llamados inversores institucionales, un conjunto de entidades formado por los fondos de inversión, los fondos de pensiones y las compañías de seguros. Se trata de un tipo de negocio basado en la recogida de dinero proveniente de diversas fuentes (en este caso, de una parte de los frutos del trabajo), con el objetivo de revalorizarlo en el mercado financiero, es decir, aumentar su valor a través de operaciones financieras.

El sistema financiero domina la economía moderna desde las décadas de 1970 y 1980, cambiando incluso la lógica de las propias empresas. En este contexto, los fondos de pensiones privados se han convertido en un negocio en sí mismo. Dado que las cantidades gestionadas pueden ser asombrosas… los beneficios también.

El crecimiento de los fondos de pensiones ha sido especialmente importante en los últimos años, ya que sólo desde 2001 el valor de sus activos ha crecido casi un 80 por ciento. A finales de 2007 gestionaban un total de 30,38 billones de dólares.

Su crecimiento ha sido espoleado por las entidades financieras, quienes gestionan de forma directa o indirecta la mayoría de dichos fondos. Pero, además, detrás se encuentra un sinfín de empresas que basan su actividad en este negocio relativamente nuevo. No obstante, es necesaria la voluntad política para proceder a las desregulaciones que posibilitan la existencia de estos negocios. Y parte de esa estrategia consiste en proceder a desmantelar el sistema previo.

Las primeras privatizaciones de los sistemas de pensiones se llevaron a cabo en América Latina, concretamente bajo la dictadura chilena y según las recomendaciones de los economistas neoliberales de la escuela de Chicago. Como en tantos otros aspectos, Chile fue el laboratorio para los experimentos que el mundo desarrollado sufriría en sus propias carnes más tarde.

Las reformas pueden hacerse mediante diversos métodos, pero las más radicales no pueden tener éxito en países donde la Seguridad Social está fuertemente arraigada. Las formas más usadas son las privatizaciones parciales. Algunos países tienen sistemas mixtos (capitalización y reparto), otros cuentan con sistemas privados complementarios y voluntarios (como el caso de España) y otros tienen sistemas privados complementarios y obligatorios (Islandia, por ejemplo). Son privatizaciones parciales porque operan en un contexto de deterioro del Estado de bienestar (por dejadez política).

Por esa razón, el avance de los fondos de pensiones es distinto según los países. Por ejemplo, los activos controlados por los fondos de pensiones en Estados Unidos en 2008 fueron equivalentes a un 169 por ciento del ingreso nacional, mientras que en España ese valor alcanzó sólo el 10 por ciento.

De hecho, Estados Unidos tiene casi el 65 por ciento de los activos totales controlados por los fondos de pensiones, seguido por el Reino Unido con un 10 por ciento y Canadá con un cinco por ciento. Es lógico, por lo tanto, que los países con mayor desarrollo de los fondos de pensiones suelan ser los que tienen una Seguridad Social más débil, y viceversa. Otros factores que explican el crecimiento de los fondos de pensiones son la caída de los salarios (y la consecuente disminución de las cotizaciones) y el miedo a un futuro incierto.

La tendencia de España es similar a la de otros países: han crecido considerablemente los inversores institucionales, que han pasado de controlar activos por un valor equivalente al 10 por ciento del PIB en 1989 a superar el 62 por ciento en 2006. Sin embargo, en lo que se refiere a los fondos de pensiones, se encuentran con un gran obstáculo: el sistema público y su arraigo en la población.

Los fondos de pensiones privados son, por lo tanto, un elemento más del capitalismo contemporáneo, esto es, del capitalismo financiarizado (aquel que basa sus ganancias en la especulación y no en la producción eficiente) y neoliberal. Funcionan con la misma lógica de revalorización financiera: cualquier actividad que suponga rentabilidad es válida para un fondo de este tipo, desde las materias primas hasta la deuda pública de un país. De hecho, es posible especular incluso con otros fondos de pensiones o cualquier otro inversor institucional. Se trata de burbujas financieras que pueden alcanzar niveles espectaculares.

Es un elemento que, por lo tanto, entraña riesgos. Tanto para el sistema —al aumentar la inestabilidad— como para el mismo fondo. El valor de la pensión puede depender incluso íntegramente (según el plan de pensiones contratado) de las actividades que ellos lleven a cabo. Dado que operan de forma especulativa para revalorizarse, también pueden tener pérdidas. Con la crisis internacional, el valor de sus activos ha caído más de un 18 por ciento de promedio entre finales de 2007 y principios de 2008[12].

Por último, los fondos de pensiones privados no son realmente, en sentido estricto, fondos de pensiones. Es simple ahorro privado, idéntico al que podemos hacer al contratar un fondo de inversión en cualquier banco. La diferencia más notable es, sin embargo, que vienen a sustituir un sistema eficiente y solidario que inmoviliza (de cara a la rentabilidad privada) grandes sumas de dinero.

Las trampas bancarias

Todas las entidades financieras sujetas a la presión de la competencia desarrollan estrategias muy agresivas para atraer a los clientes y poder utilizar su dinero para la especulación financiera. Por esa razón ofrecen, en una batalla competitiva sin igual, depósitos y otros productos financieros de alta rentabilidad. Su reclamo, además de las ventajas económicas, en muchas ocasiones es el de ofrecer «seguridad», como en el caso de las pensiones. Es decir, utilizan estrategias de miedo para atraer al dinero privado de las familias y empresas.

Pero, en otros casos, no pocos, la forma de obtener dinero es a través de la estafa o lo que en inglés se llama predatory lending, que son mecanismos de atracción mediante el engaño. En numerosas ocasiones se trata de engaños legales, ya que las entidades financieras únicamente aprovechan la falta de cultura financiera de sus víctimas, o incluso abusan de su confianza para colocarles productos financieros que permitan a la entidad obtener el dinero necesario para continuar especulando.

Éste ha sido el caso de la conocida como «estafa de las preferentes». Para hacerse una idea de su magnitud, basta saber que en mayo de 2011 había en España un total de 22 000 millones de euros «invertidos» en estos productos financieros.

La trampa puede explicarse de forma sencilla. Todo banco o caja de ahorro necesita cumplir unos requisitos legales de capital, es decir, necesita tener dinero suficiente para evitar problemas de solvencia y la quiebra de la entidad. Para ello puede emitir acciones o, si lo prefiere, unos títulos jurídicamente parecidos que no comportan derechos políticos, es decir, capacidad de decisión sobre la entidad. Dentro del conjunto de esas otras posibilidades se encuentran las acciones o participaciones preferentes (en función de si es un banco o una caja quien emite), que son productos perpetuos, esto es, contratados de por vida. Quien compra una participación preferente recibe cada año un interés alto en comparación con otras fórmulas de ahorro —tales como depósitos o fondos de inversión—, pero no puede sacar el dinero del banco, salvo que éste voluntariamente lo permita. El contrato beneficia teóricamente a ambas partes, pues la entidad recibe dinero con el que contentar a los reguladores y el cliente que compra el producto recibe un alto interés cada año.

Pero eso es la teoría. Los directivos de las entidades financieras pidieron a sus empleados que realizaran todos los contratos posibles con esos productos. Ahí entró a desempeñar su papel la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados bancarios, quienes en muchos casos actuaban presionados desde arriba o con pleno desconocimiento de las implicaciones reales de tales contratos. Estos productos de vida ilimitada eran presentados como extraordinarias fórmulas para hacer más dinero del habitual, y se vendían mayoritariamente a personas de avanzada edad que buscaban mantener en sitio seguro los ahorros de toda la vida. La mayor parte de estos clientes afirman que los bancos o cajas les aseguraron que podrían sacar el dinero cuando lo desearan. Pero, cuando quisieron hacerlo, asustados por la crisis o por necesidad, las entidades financieras les negaron esa posibilidad.

Incluso hay casos en que tales contratos se realizaron con personas analfabetas, quienes firmaron usando su huella dactilar y desde luego empujados por su confianza en el empleado de la entidad financiera. Eran el último eslabón de una cadena que permitía a bancos y cajas cumplir con la regulación y mantener en niveles altos su actividad especulativa en la burbuja inmobiliaria.

Presionadas por las movilizaciones sociales, las entidades han ido convirtiendo las participaciones preferentes en depósitos a largo plazo. No obstante, a veces en depósitos a diez años ofrecidos a personas de más de ochenta. Pero aún quedan más de 5000 millones de euros atrapados en fórmulas perpetuas.

En cualquier caso, como desgraciadamente es costumbre en este país, nadie se ha responsabilizado de esta estafa. Los reguladores se lavan las manos diciendo que hicieron lo que las leyes dictaban —lo que revela la insuficiencia legislativa— y los directivos de las entidades financieras aseguran que no son culpables. Usaron y engañaron a los pequeños ahorradores para satisfacer su ambición especulativa y su infinita avaricia, pero las leyes los siguen protegiendo.

La verdad de lo que ha sucedido, sin embargo, está aún lejos de conocerse con precisión. Antes del verano de 2012, el Gobierno bloqueó la propuesta de Izquierda Unida de investigar la crisis y estas estafas con ánimo de buscar responsabilidades. Éste es nuestro país, un lugar donde abundan las estafas y los grandes hurtos y donde todos ellos quedan impunes.

Epílogo

EPÍLOGO

Cuando en el verano de 2007 comencé a dar charlas sobre la actual crisis económica, introduciendo ya bastantes de las ideas contenidas en este libro, muchos de los asistentes aprovechaban el turno de preguntas para tratar de averiguar mi opinión —en tanto que economista— acerca de cuándo acabaría la crisis. De esa forma reflejaban su propia concepción del mundo, es decir, su visión de la crisis como un proceso temporal que encontraría su final más temprano que tarde. Sin embargo, hace ya varios años que nadie me hace esa pregunta. Esto me invita a pensar que, como sociedad, ya hemos interiorizado que la crisis es estructural y que está aquí para quedarse por bastante tiempo.

Lo que no podemos predecir es cómo se seguirá desarrollando la crisis a lo largo del tiempo. Debido a la incertidumbre propia de una ciencia social como es la economía —aunque, como hemos denunciado en este libro, haya quienes pretendan hacerse pasar por tecnócratas de extraordinaria precisión—, los economistas somos más parecidos a los geólogos que a los físicos. Un geólogo es incapaz de predecir la fecha exacta en que un volcán entrará en erupción, pero sí puede saber cuándo se dan las condiciones para que ello suceda. Del mismo modo, los economistas podemos describir los condicionantes que hacen que cualquier evento económico pueda tener lugar. Por eso hubo muchos economistas que supieron ver los riesgos que conllevaba un modelo de crecimiento económico tan irracional como fue el español.

De esa misma forma, hoy podemos asegurar que la política económica seguida por la troika y por los Gobiernos de los países del sur enfrentará imposibles económicos y sociales. Económicamente, es una estrategia insostenible y que conduce al suicidio. Pero también desde una perspectiva social resulta intolerable, y la propia sociedad se protegerá de tal intento de reformulación social. Quizá cuando este libro llegue a las librerías se hayan producido nuevos eventos económicos y sociales de importancia que vayan en esta línea apuntada. Quién sabe.

En todo caso, a buen seguro que para entonces estaremos aún luchando por construir un nuevo modelo de sociedad. El debate se centrará en cuál va a ser el modelo triunfante. ¿Vencerá la troika y accederemos a un nuevo tiempo histórico de semiesclavitud? ¿Lograremos doblegar a los mercados y a las grandes empresas y fortunas para construir un modelo sostenible y de justicia social? Las respuestas a estas preguntas no pueden obtenerse por métodos propios de una ciencia exacta. Dependerán de la voluntad de la sociedad, esto es, de nuestra voluntad y de nuestro compromiso social. Son respuestas que necesariamente han de ser políticas, en el sentido amplio de la palabra.

Si dejamos que los Gobiernos conviertan la frustración en resignación, sin duda habremos perdido la batalla y tendremos que aceptar el proceso de regresión social en el que nos han insertado. Si, por el contrario, luchamos con todas nuestras fuerzas y herramientas es muy probable que podamos revertir esa tendencia ahora dominante. Es algo que se ha logrado muchas veces a lo largo de la historia, y sin duda es el momento más apropiado para repetirlo. No hay nada inevitable ni determinado previamente.

En el desarrollo de esta historia, todos estamos implicados, pero algunos más que otros. No por casualidad el movimiento 15-M tuvo un perfil marcadamente juvenil. Los jóvenes somos los principales afectados por el desarrollo de esta crisis económica, de esta estafa. Nos están despojando de las conquistas sociales que arrancaron a los poderosos nuestros propios padres y abuelos, pero también nos están arrojando a un futuro incierto. Somos las generaciones que ya vivimos peor que nuestros padres y, por lo tanto, tenemos mucho más por lo que luchar.

Por fortuna estamos hablando también de las generaciones más formadas de la historia, cuyos estudios han financiado nuestros padres con el pago de los impuestos. Y aunque el capitalismo nos expulse de nuestras casas y nos empuje al exilio, nosotros los jóvenes somos los que más podemos contribuir a construir otro mundo posible y necesario. En mayo de 1968, los franceses hicieron suyo el lema «pidamos lo imposible». Hoy los que piden lo imposible son nuestros gobernantes y nuestros secuestradores, al creer que una sociedad puede resistir por mucho tiempo los ataques tan brutales que estamos sufriendo. Nosotros, por el contrario, y tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, tenemos el objetivo de construir lo posible.

Económicamente no hay dudas de lo que podríamos hacer. Organicemos nuestra economía de tal modo que responda a las necesidades de las personas y respete los límites del planeta. Para ello democraticemos la economía, recuperando instrumentos como el banco central y las grandes empresas, y superemos las instituciones actuales heredadas de 1978 y de esta Unión Europea que promueve el crimen económico.

Ese futuro que algunos queremos construir no puede tejerse en un mundo capitalista, porque ni el planeta lo permite ni una sociedad desarrollada y formada puede tolerarlo. Hemos de romper el criterio de la rentabilidad y sustituirlo por un criterio social que nuestras nuevas instituciones democráticas nos permitan discutir en sociedad. En este sentido, no está todo por descubrir. Se trata, más bien, de recuperar lo mejor del pasado y del presente para establecer los cimientos del futuro. Y en este libro hemos intentado humildemente recoger las que son, a nuestro juicio, las grandes enseñanzas del pasado, que sin duda van a contribuir a consolidar ese modelo de sociedad que reivindicamos.

Si tenemos esto presente, seremos conscientes de que a los jóvenes, como a los demás, siempre nos queda la posibilidad de retomar las riendas de nuestra propia vida. Como decía el poeta Benedetti, a los jóvenes nos toca «hacer futuro / a pesar de los ruines del pasado / y los sabios granujas del presente».

Agradecimientos

AGRADECIMIENTOS

Para la realización de este libro me he beneficiado de la amistad de muchas personas con cuyas ideas he enfrentado las mías, lo cual ha contribuido a fortalecer mi visión de la economía y de la política. Mi propia formación, que sin duda continúa, es el resultado de leer y escuchar con atención a otras personas mucho más preparadas que yo. Además, son numerosas las influencias teóricas y prácticas que he recibido durante mis estudios y como persona comprometida con el cambio político en nuestra sociedad. En muchos casos, estas referencias aparecen citadas a lo largo del libro en la parte bibliográfica, si no directamente en el cuerpo del documento.

Es evidente que sería imposible mencionar a todas las personas que han contribuido de una u otra forma a que este libro haya llegado a buen puerto, pero sería igualmente injusto no citar a algunas de las que más huella han dejado en mi forma de pensar y actuar. Por eso no quiero dejar de reconocer en primer lugar mi deuda permanente con el catedrático de Economía y amigo Juan Torres López, quien me permitió adentrarme en el mundo de la investigación universitaria y también en la redacción de textos divulgativos sobre economía. De la misma forma he de agradecer el apoyo y ayuda que siempre me han prestado el grupo de economistas críticos de mi generación, con los que comparto muchas de las aspiraciones de cambio social, aunque militemos políticamente en diferentes espacios. Además de a Ricardo Molero, Antonio Sanabria, Nacho Álvarez, Bibiana Medialdea, Desiderio Cansino, Manu Gracia, Eddy Sánchez, Juan Pablo Mateo, Mariu Ruiz-Gálvez, Juan Barredo, Jon Bernat Zubiri y Luis Buendía, he de agradecer el trabajo de Adrián Ruano, cuyo desgraciado y prematuro fallecimiento nos privó a todos de una lúcida mente y de una atenta amistad.

El trabajo compartido con Esther L. Barceló, Nico Sguiglia, Antonio Romero, Vicenç Navarro y Andrés Villena también ha nutrido las páginas de este libro, así como las discusiones políticas con José Luis Centella, Cayo Lara, Julio Anguita, Ricardo Sixto, Efraín y Javier Campos, Ana y Eva García Sempere, David Aurusa y Soledad Maldonado.

En el plano personal debo reconocer la paciencia de mis amigos más cercanos, especialmente de Eduardo Garzón y de Marina Heras, y de mis padres, Alberto Garzón e Isabel Espinosa. El agradecimiento a mis padres es infinito, por los valores que me enseñaron y por la coherencia con la que los han llevado a la práctica al construir sus propias vidas.

Y finalmente gracias a todos los que luchan cada día por superar este sistema económico y por la construcción de otro mundo posible. Gracias a los compañeros del 15-M, Democracia Real Ya, Juventud sin Futuro, ATTAC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Izquierda Unida, Partido Comunista y tantas otras organizaciones en las que uno puede sumar su energía con orgullo.

Notas

[1] David Harvey, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Akal, Madrid, 2012. <<

[2] No obstante, y como más adelante tendremos oportunidad de analizar, no es una tarea en la que los economistas nos hayamos puesto de acuerdo. <<

[3] A. Shaikh, Valor, acumulación y crisis. Ensayos de economía política, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991. <<

[4] En el Congreso de los Diputados la votación tuvo lugar el 29 de octubre de 1992. Se aprobó de forma mayoritaria. Sólo votó en contra Herri Batasuna y la mayor parte de los diputados de Izquierda Unida se abstuvieron. <<

[5] D. Plihon y N. Rey, «España, doce años de ceguera», 2011. Disponible en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/68/84/72/PDF/ArticluloEspaA_a_2012.pdf <<

[6] M. Gracia, «Crisis y asimetrías estructurales en la Unión Europea: el caso de Alemania y España», ponencia presentada en la XIV Reunión de Economía Mundial organizada por la Universidad de Jaén en junio de 2012. <<

[7] Consejo Económico y Social de España, «Informe 02/2012, sobre la Internacionalización de la empresa española como factor de competitividad», 2012. Disponible en: http://www.ces.es/documents/10180/18510/Inf0212 <<

[8] A. Vlachou, «The greek economy in turmoil», Rethinking Marxism, vol. 24, 2 (2012), pp. 171-200. En el caso alemán, es notable que las importaciones fundamentales son productos como las partes de aviones y helicópteros, pistones de vehículos y productos farmacéuticos al por mayor, que luego se empaquetan para su exportación (M. Gracia, ob. cit.). <<

[9] M. Gracia, ob. cit. <<

[10] La participación salarial en la renta —el salario relativo— ha caído desde 1992 de forma ininterrumpida. Y eso, por cierto, no incluye la crisis, salvo muy ligeramente en la primera fase. En 1992 los asalariados recibían el 69 por ciento de la renta, mientras que en 2010 sólo reciben el 61 por ciento. A principios de los ochenta era del 73 por ciento. <<

[11] J. M. Naredo, El modelo inmobiliario español, Icaria, Barcelona, 2011. <<

[12] Su origen se encuentra en los montes de piedad del siglo XVIII, entidades que tenían como objetivo financiar a los campesinos más pobres, que no podían obtener préstamos por ninguna otra vía. <<

[13] En el capítulo 4 se explica con detalle cómo este tipo de productos financieros fue realmente una estafa. <<

[14] «Montoro replica a Caruana que es bueno que las familias se endeuden en vivienda». Disponible en: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-10-2002/abc/Economia/montoro-replica-a-caruana-quees-bueno-que-las-familias-se-endeuden-en-vivienda_135001.html. <<

[15] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2003. Disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/CO/CO_844.PDF. <<

[16] 2,72 por ciento entre 1980 y 1990 y 2,79 por ciento entre 1990 y 2000. <<

[17] «Montoro niega la existencia de una burbuja inmobiliaria». Disponible en: http://www.elmundo.es/mundodinero/2003/10/01/Noti20031001124756.html. <<

[18] «Me arrepiento de no haber pinchado antes la burbuja inmobiliaria». Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/28/suvivienda/1309274989.html. <<

[19] En el capítulo 4 se analiza con más detenimiento este tipo de mecanismos para evadir impuestos. <<

[1] Michael J. Sodaro, Política y ciencia política, McGraw-Hill, Madrid, 2010. <<

[2] H. Laski, Los peligros de la obediencia, Sequitur, Madrid, 2012. <<

[3] K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política, Minerva Ediciones, Madrid, 2010. <<

[4] La presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Cospedal, ha dejado sin sueldo a los diputados de su comunidad. Disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2012/10/01/actualidad/1349087 714_737791.html. <<

[5] Disponible en: http://www.europapress.es/portaltic/socialme dia/noticia-exministra-trujillo-valenciano-enzarzan-nuevo-twitter-desahucios20121119100358.html. <<

[6] F. Fernández Buey, Leyendo a Gramsci, El Viejo Topo, Madrid, 2001, p. 120. <<

[7] Ibídem. <<

[8] P. Anderson, El nuevo viejo mundo, Akal, Madrid, 2012. <<

[9] El neoliberalismo es evidentemente una ideología con un proyecto más o menos definido de cómo tiene que ser la sociedad. Un análisis de sus bases puede encontrarse en la obra de F. Hayek o de M. Friedman. Pero el neoliberalismo es también la configuración resultante de aplicar un determinado tipo de políticas, las que fueron inspiradas por aquella ideología. <<

[10] Se trata de un fenómeno según el cual las disminuciones de costes laborales y de otros costes no se traducen en un incremento de la cuota de mercado debido a que influyen otros muchos factores, al margen de los precios. <<

[11] J. Stiglitz, «El rumbo de las reformas. Hacia una nueva Agenda para América Latina», Revista de la CEPAL, 80 (2003), pp. 7-40. <<

[12] G. Duménil y D. Lévy, Crisis y salida de la crisis, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2004. <<

[13] Álvarez y otros, Ajuste y salario. Las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2009. <<

[14] R. Molero, «¿Se va a convertir la Unión Europea en el nuevo FMI?», Economía crítica y crítica de la economía, 2010. Disponible en: http://www.economiacritica.net/?p=134 <<

[15] Enlace a la ley: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf. <<

[16] A. Martínez González-Tablas, Economía política mundial. I. Las fuerzas estructurantes, Ariel, Barcelona, 2007. <<

[17] F. García-Quero y J. Ollero, «¿Podemos considerar la ética como una institución económica? Una crítica interdisciplinar a la ética neoliberal», pendiente de publicación. <<

[18] H. J. Chang, Retirar la escalera, Editorial Catarata, Madrid, 2004. <<

[19] Hayek llegó a dirigirse a los estudiantes en estos términos: «Lo que ustedes consideran opiniones especialmente avanzadas son sólo las opiniones dominantes en su propia generación. Se requiere una fortaleza y una independencia mental enormes para adoptar una postura crítica acerca de lo que se nos ha enseñado y no aceptarlo simplemente, a fin de ser progresistas». Fue un discurso pronunciado en la Unión de Estudiantes de la London School of Economics, el 23 de febrero de 1944. <<

[20] E. Palazuelos, Contenido y método de la economía, Akal, Madrid, 2000. <<

[21] Marx pensaba que, si se trataba de dar un salto desde una sociedad con un modo de producción precapitalista hacia otra socialista, lo único que se generalizaría sería la escasez. Este tipo de planteamiento levantó debates enormes tanto en la Rusia de los zares como en América Latina, en donde no existía un capitalismo puro. <<

[22] J. Attali, Karl Marx o el espíritu del mundo, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 2007. <<

[23] J. Monereo, La crisis de la socialdemocracia europea. Eduard Bernstein y las premisas del socialismo reformista, El Viejo Topo, Madrid, 2012. <<

[24] J. P. Mateo y A. Garzón, «La crisis económica actual y la heterodoxia: poskeynesianos, radicales y (neo)marxistas», 2012. Disponible en: http://www.ucm.es/info/ec/jec13/Ponencias/economia %20mundial/La%20crisis%20economica%20actual%20y%20la% 20heterodoxia.pdf. <<

[25] El Plan Meidner proponía crear fondos de asalariados con los que los trabajadores irían aumentando su participación, de forma progresiva, en el capital de la empresa. Al cabo de unas décadas, las empresas serían mayoritariamente participadas por sus propios trabajadores. <<

[26] L. Buendía, Dinámica de crecimiento, distribución de la renta y movimiento obrero: el Estado de bienestar sueco en una perspectiva de largo plazo, 2011.Tesis doctoral. Disponible en: http://eprints.ucm.es/14579/1/T33555.pdf. <<

[27] K. Polanyi, La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 2003. <<

[28] C. Serfarti, «La dominación del capital financiero. ¿Qué consecuencias?», en F. Chesnais y D. Plihon, Las trampas de las finanzas mundiales, Akal, Madrid, 2003. <<

[29] M. Husson, «Finanzas, hipercompetencia y reproducción del capital», en S. Brunhoff y otros, Las finanzas capitalistas, Herramienta, Buenos Aires, 2009. <<

[30] C. Fernández Liria y L. Alegre, Educación para la ciudadanía, Akal, Madrid, 2008, p. 122. <<

[31] C. Fernández Liria y L. Alegre, Educación para la ciudadanía, Akal, Madrid, 2008, p. 124. <<

[1] H. Thoreau, Desobediencia civil y otros escritos, Alianza Editorial, Madrid, 2010. <<

[2] C. Sevilla y J. Fernández «El topo quería tomar (el) Sol», en J. Fernández, C. Sevilla y M. Urbán, ¡Ocupemos el mundo!, Icaria, Barcelona, 2012. <<

[3] Manifiesto de ocho puntos de Democracia Real Ya con el que se llamó a la movilización del 15 de mayo: http://www.democraciarealya.es/documento-transversal/. <<

[4] A. Antón, Resistencias frente a la crisis, Germania, Valencia, 2011. <<

[5] Ibídem. <<

[6] J. Hirchs, Globalización, capital y Estado, 1996. Disponible en: http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=227 <<

[7] C. Fernández Liria y L. Alegre, Educación para la ciudadanía, Akal, Madrid, 2008, p. 80. <<

[8] Ídem, p. 147. <<

[9] C. Fernández Liria y L. Alegre, El orden de «El capital», Akal, Madrid, 2011. <<

[10] J. M. Naredo, La economía en evolución, Siglo XXI, Madrid, 2003. <<

[11] A. Bhaudri, Repensar la economía política, Manantial, Buenos Aires, 2011. <<

[12] Escribía Déjacque en 1851: «El libertario no tiene más patria que la patria universal. Es enemigo de los límites: límites-fronteras de las naciones, propiedad del Estado; límites-fronteras de los campos, de las casas, de las fábricas, propiedad particular; límites-fronteras de la familia, propiedad marital y paternal. Para él, la humanidad es un solo y mismo cuerpo en el cual todos los miembros tienen un mismo e igual derecho a su libre y completo desarrollo, sean los hijos de este o del otro continente, pertenezcan a uno o a otro sexo, a tal o cual raza». <<

[13] N. Chomsky, El gobierno en el futuro, Anagrama, Barcelona, 2005. <<

[14] E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica, Madrid, 2007. <<

[15] A. Martínez González-Tablas, ob. cit. <<

[16] C. Sevilla y J. Fernández, ob. cit. <<

[17] F. Fernández Buey, Desobediencia civil, Cultura Bajo Cero, Madrid, 2005. <<

[18] «Acto que, motivado por convicciones de conciencia o principios de justicia, implica: a) el incumplimiento de un mandato del soberano por parte del agente (carácter desobediente) y b) la aceptación responsable de las consecuencias de dicho acto (carácter civil)». F. Fernández Buey, op. cit. <<

[19] M. Lebowitz, Más allá de «El capital», Akal, Madrid, 2005, p. 239 <<

[20] P. Iglesias, La izquierda ha de dirigirse a la gente común, 2012. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153781 <<

[21] F. Fernández Buey, Leyendo a Gramsci, El Viejo Topo, Madrid, 2001. <<

[22] F. Engels, Prefacio a las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, 1895. Disponible en: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm. <<

[23] F. Fernández Liria, «Los diez mandamientos y el siglo XXI», 2009. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79287 <<

[24] S. Žižek, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, Paidós, Barcelona, 2009. <<

[25] Este epígrafe es un artículo publicado conjuntamente con Antonio Romero y Nico Sguiglia. <<

[26] Este epígrafe es una colaboración de Eduardo Garzón Espinosa, economista crítico y hermano, al que le agradezco en estas líneas su ayuda en la realización de este libro. Su página web es: http://www.eduardogarzon.net. <<

[27] J. M. Naredo, La economía en evolución, Siglo XXI, Madrid, 2003. <<

[28] C. Taibo, En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie, Catarata, Madrid, 2009. <<

[29] «Is “Peak Oil” Behind Us?», The New York Times, 14 de noviembre de 2010. <<

[30] C. Taibo, ob. cit. <<

[31] R. Fernández Durán, El crepúsculo de la era trágica del petróleo, Virus y Ecologistas en Acción, Barcelona, 2008. <<

[32] Joaquim Sempere y Enric Tello (coor.), El final de la era del petróleo barato, Icaria, Barcelona, 2007. <<

[33] C. Taibo, ob. cit. <<

[34] 84. Rebecca Smith, «La escasez de agua modifica proyectos energéticos», The Wall Street Journal, 29 de marzo de 2009. <<

[35] ¿Cuándo se agotarán las actuales reservas de uranio? Disponible en: http://www.crisisenergetica.org/ficheros/reservas_uranio_ amadeus.pdf. <<

[36] J. García, El crecimiento mata y genera crisis terminal, Catarata, Madrid, 2009. <<

[37] T. K. NaTrompme y otros, «Potential environmental impact of a hydrogen economy on the stratosphere», Science, 300 (2003), pp. 1740-1742. <<

[38] J. García, El crecimiento mata y genera crisis terminal, Madrid, Catarata, 2009. <<

[39] Ibídem. <<

[40] J. García, El crecimiento mata y genera crisis terminal, Madrid, Catarata, 2009. <<

[41] Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe principal. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/013/i1757s/i1757s.pdf. <<

[42] B. Worm y otros, «Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services», Science, 314 (2006), pp. 787-790. <<

[43] J. García, El decrecimiento feliz y el desarrollo humano, Madrid, Catarata, 2010. <<

[44] C. Taibo, ob. cit. <<

[45] Ibídem. <<

[46] Ibídem. <<

[47] A. Lucena, La economía al alcance de los economistas, Cinca, Madrid, 2006. <<

[48] J. García, El decrecimiento feliz y el desarrollo humano, Catarata, Madrid, 2010. <<

[49] C. Fernández Liria y L. Alegre, El orden de «El capital», Akal, Madrid, 2011, p. 620. <<

[1] M. Sebastián, «El tipo único es más justo y eficiente», El País, 3 de noviembre de 2007. Disponible en: http://elpais.com/diario/2007/11/03/opinion/1194044411_850215.html. <<

[2] Tax Justice Network, «The cost of tax abuse», 2011. Disponible en: http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf. <<

[3] «Técnicos de Hacienda calculan que las grandes empresas defraudan más de 42 700 millones al año», La Vanguardia, 2011. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/20110809/54198249 312/tecnicos-de-hacienda-calculan-que-las-grandes-empresas-defraudanmas-de-42-700-millones-al-ano.html. <<

[4] A. Garzón, «Paraísos fiscales en la globalización financiera», 9 de agosto de 2011. Disponible en: http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/622/516 <<

[5] J. Hernández Vigueras, Los paraísos fiscales, Akal, Madrid, 2005. <<

[6] J. Hernández Vigueras, Los paraísos fiscales, Akal, Madrid, 2005. <<

[7] L. Cabeza y S. Gómez, «Los procesos de privatización en España: determinantes e implicaciones de la eficiencia empresarial», 2000. Disponible en: http://www.ugr.es/~xxjei/JEI(54).pdf. <<

[8] «El hambre cotiza en Bolsa». Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/09/04/domingo/1315108356_850215.html. <<

[9] En realidad, estamos simplificando. Ni todos los títulos se llaman bonos ni todos los bonos se remuneran de la misma forma. Por ejemplo, si los intereses se van pagando periódicamente, se dice que son bonos con cupones, y si los intereses se pagan al final junto con la devolución del nominal, se los llama cupón cero. Además, esos títulos pueden comprarse y venderse en los mercados secundarios. <<

[10] Ahora sabemos que muchos de esos productos estructurados que contenían hipotecas subprime y que al final resultaron no valer nada habían sido valorado con las máximas calificaciones. <<

[11] A. Vilariño, N. Alonso y D. Trillo, «Los errores de las agencias de calificación y la propuesta de regulación bancaria del Comité de Basilea», 2010. <<

[12] Fuente: International Financial Services of London. <<