ÍNDICE

PORTADA

DEDICATORIA

INTRODUCCIÓN

1. LA DIFICULTAD DE CONSEGUIR UN ABRELATAS

2. ¿DÓNDE ESTÁ MI POLLO?

3. LA INDIGNACIÓN EXPLICADA EN 59 SEGUNDOS

4. LAS RAZONES PARA NO TIRAR UN ZAPATO

5. DAVID CONTRA GOLIAT

6. NOS JUGAMOS TODO UN RÉGIMEN

EPÍLOGO. REPENSAR LA IZQUIERDA

APÉNDICE. PARA QUÉ SIRVE LA ECONOMÍA

AGRADECIMIENTOS

NOTAS

CRÉDITOS

A Anna, porque estamos cosidos

a la misma estrella en tiempo y espacio

Y a los revolucionarios de toda condición,

que a contracorriente viven para no dejar morir

la llama de los derechos humanos

INTRODUCCIÓN

Hace tres semanas algo parecido a una explosión generó una sustancia del universo que creó el espacio-tiempo. A ese acontecimiento le llamamos el big bang. El lunes pasado la cosa fue a más, pues comenzó a formarse el planeta Tierra. La bajada de temperatura permitió la vida, que apareció el miércoles pasado a eso de las doce de la mañana. El sábado por la tarde nacieron los reptiles, pero desaparecieron apenas llegada la noche. Hace tres minutos apareció el hombre y la mujer. Hace un cuarto de segundo nació Jesucristo, y hace un cuadragésimo de segundo surgió la sociedad industrial con sus nuevas y gigantes máquinas. Y, como dijo David Brower, «ahora es medianoche, sábado por la noche, y estamos rodeados de gente que cree que lo que vienen haciendo desde hace un cuadragésimo de segundo puede continuar indefinidamente».¹

En efecto, un mundo extraño este en el que vivimos. Nuestras conciencias han interiorizado este mundo cotidiano como si fuera el único posible y como si, de hecho, siempre hubiera sido tal y como hoy es. Resulta una conclusión absurda si comparamos nuestro tiempo individual con el tiempo del planeta o incluso con el del ser humano. Pero sin embargo sucede, y solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para comprobarlo. Ocurre que tendemos a creernos el centro del universo, del planeta y del espacio-tiempo. Y todo ello sin que nos demos cuenta, asumiendo como naturales muchas cosas que no lo son en absoluto.

En la película de 2011 The man from the earth el protagonista cuenta a sus amigos que él es en realidad un hombre que no envejece. Asegura haber alcanzado los treinta años durante lo que hoy conocemos como la prehistoria, y que a pesar de enfermedades y guerras ha podido conservar la vida hasta la actualidad. Los amigos, que son todos profesores de universidad y especializados en materias tales como la arqueología, la biología, la medicina o la geografía, tratan de encontrar las preguntas adecuadas para pillarle la mentira. Para descubrir la trampa. En un determinado momento le preguntan por el lugar en el que nació. El protagonista es incapaz de contestar. Quizás eso demostraría que les está engañando, pero la respuesta final es contundente: en la prehistoria no había mapas y lo único que recuerda es la tierra, el agua y a su comunidad moviéndose de un lado a otro. Deberían haber caído antes, ¿cómo pretenden entender lo que sucedió hace miles de años si solo saben mirar con las lentes de la actualidad?

Nos sucede a menudo que ignoramos los contextos históricos. Olvidamos el verdadero lugar que ocupamos en la historia, en ese frágil hilo de acontecimientos y procesos que forman lo que es la vida. Y si esto nos sucede como especie en general, cómo no va a sucedernos como seres pensantes que viven y duermen bajo el capitalismo. Hemos nacido en este sistema, que promueve la competencia y la autorregulación del llamado mercado, y bajo nuestra piel se han instalado creencias y valores que nos parecen naturales, atemporales e inmutables. El capitalismo es un recién nacido, pero para nosotros lo es todo. Como no nacemos en el vacío, sino en un sistema ya configurado que tiene su lenguaje y sus códigos, sus jerarquías y sus estructuras, tendemos a identificar la vida con la vida bajo el capitalismo. Así, a veces escuchamos frases del tipo «la vida es así» para referirse a fenómenos que solo existen bajo el capitalismo y que nunca antes en la historia se habían dado. Por eso, en gran parte, hoy en día no se habla de capitalismo. Porque se ha invisibilizado. No se ve, pero está.

En Un mundo feliz, de Aldous Huxley, los recién nacidos duermen en unas cunas que por debajo disponen de unos altavoces. A través de estos altavoces suenan una y otra vez, en repetición continua, las consignas que el bebé irá interiorizando como propias y de las que difícilmente renegará cuando sea adulto. Tal será su sentido común, sus ideas, sus valores y sus creencias. En nuestra vida, menos literaria, nos encontramos con algo parecido pero a través de mecanismos mucho más sutiles como la publicidad o la moda. Por eso, ¿cómo podemos saber si lo que creemos es realmente nuestro libre pensamiento o si es una fuerza externa la que nos dice en qué y cómo pensar?

Afortunadamente, como sociedad civilizada nos hemos dotado de herramientas para entender esos fenómenos que nos rodean. Fenómenos que pueden ser naturales, es decir, que tienen que ver con las cosas que ya estaban cuando nosotros llegamos hace tres días, como el Sol, la Tierra o las estrellas, y fenómenos que pueden ser sociales, como las revoluciones, las guerras, las elecciones o la desigualdad económica.

El papel de la ciencia, por lo tanto, es clave a la hora de analizar la realidad que nos rodea, para entenderla y para transformarla. Marx insistió mucho en diferenciar lo que era la apariencia de la esencia, a fin de evitar confusiones que desembocaran en graves errores. Es evidente, por ejemplo, que si salimos a la calle y observamos a nuestro alrededor vamos a llegar a la conclusión de que el Sol gira alrededor de la Tierra. De hecho, así lo pensaban los antiguos. Tuvieron que llegar verdaderas revoluciones científicas para demostrar, junto con Copérnico, que en realidad era al revés de lo que parecía y que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. No fue, dicho sea de paso, un descubrimiento fácil ni en lo técnico ni en lo político. La Iglesia, como poder en la tierra, siempre se opuso al conocimiento que pusiera en cuestión su propia concepción del mundo. Y no tenía demasiados reparos en quemar a los que le llevaban la contraria.

En todo caso, esa diferencia entre esencia y apariencia se presenta clave para analizar nuestro mundo. Tanto en el ámbito natural como en el social. Al fin y al cabo, si uno quiere saber por qué suceden las revoluciones políticas o por qué un grupo de gente ha ido muy cabreada a una manifestación conviene no decir que es una cuestión de preferencias personales; eso sería quedarse en la superficie del asunto. Algo habrá, de más calado, que explique tales hechos.

Considero, en definitiva, que conviene entonces situarnos correctamente en términos históricos y políticos para poder entender lo que ha sucedido en estos últimos años en nuestro país. No han sido pocas cosas. Ni en lo colectivo ni, lógicamente, tampoco en lo personal. Hace aproximadamente cuatro años yo me encontraba buscando becas en el extranjero para continuar mi formación profesional. Había terminado mi carrera y mi máster, había sido contratado varias veces como becario y otras como investigador de universidad, pero el mercado laboral parecía haberse estrechado para los más jóvenes. No había oportunidades. Cuatro años después era elegido candidato a la presidencia del Gobierno por Izquierda Unida, tras un complejo tiempo político en el que se sucedieron el 15-M, las movilizaciones sociales de las mareas, la irrupción de Podemos y la gestación y triunfo de muchas candidaturas de unidad popular, entre otras muchas cosas más. ¡Cuánto que analizar! ¡Cuánto que cambiar aún!

Por eso a la hora de escribir este libro me topé con un dilema que considero importante. Se trata de un dilema que tiene mucho que ver con lo apuntado aquí hasta ahora. A saber, cuando el editor me sugirió redactar un nuevo texto yo tenía claro que quería aprovechar para escribir un análisis del momento político actual, que es lo que me parecía más relevante. Esto significaba alejarme del estilo del último libro, La Tercera República, que había consistido en un repaso a la tradición republicana en términos de filosofía política. Pero si bien eso estaba más o menos claro, a la vez tenía intención de incorporar un perfil personal. Es decir, quería analizar lo que está sucediendo en nuestro país a partir también de mis experiencias durante esta legislatura. Sin embargo, encontraba problemas en que tras cuatro años pudiera acordarme de todo lo sucedido con fidelidad a los hechos. Por un lado porque la memoria es muy traicionera. Leonard, el protagonista de la película Memento, lo tenía muy claro. Un accidente le provocó un daño cerebral que le impedía incorporar nuevos recuerdos en la memoria. Por eso decía: «Los recuerdos desvirtúan. Son una interpretación, no un registro. Y no importan si tienes los hechos». Y, por otro lado, porque, como hemos dicho antes, es una mala forma de análisis el estudiar el pasado con las lentes del presente. Y lo cierto es que aunque han pasado solo cuatro años, son tantos los fenómenos acontecidos que es fácil entender que ninguno de nosotros puede ser el mismo tras este tiempo. Lo que supone, en definitiva, que tampoco pensamos exactamente igual.

Así, se me ocurrió la idea de sumergirme en mis propios textos, esto es, aquellos que escribía mientras sucedían los acontecimientos. No ya solo en los libros anteriores sino también en artículos de opinión, entrevistas, tertulias televisivas y en el propio diario de sesiones del Congreso. Añadiendo citas y fragmentos de lo que he ido diciendo durante todo este tiempo tendría, pensaba, una imagen más fiel de lo sucedido. Así es como sería más honesto el análisis. Además, ese ejercicio daría pie a la comparación y a la verificación de mis propias opiniones. Y lo cierto es que, tras hacerlo, he comprobado que en algunos casos me he equivocado, como es normal, pero también he de decir que me he quedado gratamente sorprendido porque algunas predicciones sociales y económicas han sido de una precisión impresionante. El propio lector podrá comprobarlo según vaya avanzando en el libro.

Como resultado de todo lo anterior, la metodología de este libro es ciertamente peculiar. Si bien analizaré y estudiaré lo sucedido en estos cuatro años desde mi propia perspectiva, asumiendo los sesgos que ello conlleva, todo va englobado en un determinado contexto sociohistórico. Y la herramienta científica que usaré, con todas sus virtudes y defectos, será la de la economía política. Solo así tendremos opciones de pasar desde la apariencia a la esencia. Y así es como creo que seremos capaces de entender lo que está sucediendo sin perder de vista que no dejamos de ser un pequeño punto en la Historia.

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LA DIFICULTAD DE CONSEGUIR

UN ABRELATAS

Como he explicado en la introducción, cuando me ofrecieron escribir un nuevo libro tuve que escoger entre varias opciones. Una de ellas, probablemente la más sencilla, era limitarme a describir lo que me ha sucedido en estos últimos años. Han sido muchas las experiencias, así que contarlas una tras otra acumularía suficiente material como para completar un libro razonablemente atractivo. Al fin y al cabo, dar a conocer los entresijos de la política parlamentaria es algo que siempre me ha pedido mucha gente desde fuera de las instituciones. Bien por mera curiosidad, bien por un interés más complejo en conocer cómo son realmente las instituciones democráticas en nuestro país.

Sin embargo, siempre me ha parecido más interesante y estimulante escribir para ayudar a entender. Y esto es algo muy distinto a describir lo que le va sucediendo a uno en el día a día. Por eso finalmente escogí otra opción. Opté por no limitarme a la descripción, aunque de todos modos está incluida. Es decir, en este libro contaré los pormenores de los debates con el presidente del país, con el presidente del Banco Central Europeo, con la llamada «clase política» y tantas otras experiencias que han ido definiendo el transcurrir político de estos últimos años. Pero voy a procurar ir más lejos. Voy a intentar que nos adentremos en las explicaciones últimas de los fenómenos, es decir, en la esencia.

NUESTRA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS

Trataré de explicar mi propósito con un ejemplo. Durante el año 2012 hubo un total de 44.233 manifestaciones en toda España.¹ La mayoría de ellas fueron convocadas por sindicatos y por asociaciones ciudadanas, pero también hubo convocatorias de comités de empresa, partidos políticos, estudiantes y otros colectivos. Entre las motivaciones oficiales también hubo de todo, desde temas laborales hasta protestas contra el terrorismo, pasando por asuntos vecinales y por cuestiones legislativas entre otros temas. En definitiva, detrás de ese número tan alto de manifestaciones había una rica maraña de convocantes y argumentos.

Sin embargo, hay algo que llama la atención cuando hacemos comparaciones con las estadísticas de los años anteriores. Y es que, por ejemplo, en el año 2009 solo hubo unas 25.000 manifestaciones, mientras que en el año 2007 ni siquiera se alcanzó la cifra de 10.000. Estamos hablando de una cantidad claramente inferior a la de 2012. Uno automáticamente tiende a pensar que tiene que existir una razón que explique esa diferencia tan notable. Lo normal es creer, con más o menos acierto, que la explicación está en que la gente en 2012 estaba más cabreada. Y probablemente lo estaba porque 2012 fue un año de crisis económica en el que se extendieron las políticas de recortes y de privaciones sociales y de derechos, mientras que en los años anteriores todo esto parecía más difuso y limitado. Eso explicaría que se hayan multiplicado las manifestaciones contra las políticas del Gobierno y que la política haya asaltado la calle de una forma más clara. Insistimos, lo normal es interpretarlo así, pero es una mera hipótesis. ¿Podría existir otra explicación?

Por ejemplo, la derecha política suele reducir toda manifestación crítica con las políticas del Gobierno a una simple acción que o bien es producto de la ignorancia de los manifestantes o bien tiene objetivos violentos. Según esta visión, es como si la gente se manifestase por placer o incluso motivada por poderosos deseos de destrozarlo todo a su paso. De ahí nace la típica reacción de incrementar la presencia policial, pero también la aprobación de leyes más represivas como las reformas del código penal o las llamadas «leyes mordaza». Todo ello diseñado para generar desincentivos para la manifestación. Es como si te estuvieran diciendo: no salgas a la calle a manifestarte porque te pueden caer golpes, multas o incluso puedes acabar en los calabozos. La criminalización de la protesta social, de la que hablaremos más adelante, tiene un objetivo clarísimo y es la desmovilización. En todo caso, ¿y si la gente no se manifestase por placer? ¿Y si todo ello no fuera sino el síntoma de problemas más profundos en la sociedad?

Al fin y al cabo también existe la posibilidad de que la gente que se manifiesta para acabar con los desahucios lo esté haciendo porque sufre desahucios o porque les parece una injusticia que otras personas los sufran. Incluso podría pasar que quien se manifieste a favor de una democracia más participativa lo que quiera sea eso, una democracia más participativa. Si así fuera, entonces atajar la enfermedad —los problemas— sería más útil que combatir los síntomas —la manifestación—. Qué importante sería entonces conocer bien la esencia del fenómeno, y no solo quedarse en la apariencia del mismo.

Dicho de otra forma, como he explicado antes, yo podría en este libro describir cómo he vivido las movilizaciones de estos últimos años. Y anécdotas hay para parar un tren. Lo que ocurre es que me parece más importante que intentemos entender por qué la gente se manifiesta; por qué nos manifestamos. Tratar de responder a estas preguntas me parece más relevante y fructífero, si bien es cierto que también más difícil. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a las respuestas correctas?

Sugiero que empecemos utilizando las herramientas que nos proporciona la ciencia, aunque tengan limitaciones. Y sin duda una de esas herramientas es la ciencia económica, a la que de forma intuitiva hemos recurrido para explicar la variación en el número de manifestaciones. Hemos vinculado, porque nos parecía de sentido común, lo económico con lo político. Así que tenemos a la ciencia económica como principal herramienta para intentar llegar desde la apariencia a la esencia.

GALILEO Y LA BÚSQUEDA DE LA ESENCIA

Siglo XVII, Roma. En 1633 el tribunal de la Santa Inquisición condena a Galileo Galilei por sus teorías heréticas, es decir, por afirmar, siguiendo a Copérnico, que la Tierra gira alrededor del Sol. Tales tesis chocan con el sistema ptolemaico defendido por la Iglesia católica, que sitúa a la Tierra en el centro del universo. De hecho, las ideas de Galileo contravienen toda la sabiduría medieval sobre el cosmos. La Iglesia no va a dejarlo pasar y, tras años de persecución intelectual contra Galileo y los discípulos de Copérnico, consigue llevarlo a juicio. Para evitar las torturas y la muerte, Galileo decide confesar que miente. No obstante, la leyenda asegura que al término del juicio Galileo pronunció las palabras «eppur si muove» («y, sin embargo, se mueve») como forma de reivindicar sus descubrimientos.

El debate entre Galileo y los sacerdotes de la Inquisición fue muy particular porque quienes aparentaban tener toda la razón eran los representantes de la Iglesia. Era de sentido común pensar como ellos, pues ¿no era evidente para todo el mundo que el Sol giraba alrededor de la Tierra? ¿Qué mente enferma iba a atreverse a decir que las cosas no eran tal y como todo el mundo las veía? Efectivamente, los que pensaban como Galileo eran considerados unos locos. Así que los defensores de la evidencia y de la experiencia eran los sacerdotes.

Por eso decíamos antes que para entender lo que realmente está pasando no es suficiente con quedarnos en la apariencia, sino que tenemos que profundizar para buscar la esencia. Protágoras decía que «el hombre es la medida de todas las cosas», insinuando que solo conocemos el mundo a través de nuestros sentidos. Pero, ¿son fiables nuestros propios sentidos? Si los sentidos son suficientes, nos vale con la observación. En efecto, veremos que el Sol gira alrededor de la Tierra. Si, por el contrario, los sentidos no son confiables, conviene apoyarse en la razón para buscar más allá de la apariencia. Esa es la opción de Sócrates. Y la de Galileo, quien para llegar a la verdad primero construía ideas y conceptos y después, solo después, practicaba la observación. Y así, no exentos de dificultades, es como se puede llegar a entender que es la Tierra la que gira alrededor del Sol.

Eso de buscar la esencia es lo que ahora llamamos hacer ciencia,² y para hacerlo nos servimos de las herramientas científicas que están a nuestra disposición.

ECONOMÍA Y POLÍTICA

En este libro nos referiremos a la ciencia económica con el término de economía política.³ Claro que eso nos lleva, en primer término, a tener que aclarar qué es tal cosa. Comencemos por lo que probablemente más llamará la atención: el concepto economía política es la unión de dos términos que según el sentido común deberían estar separados. Por eso partiremos de la siguiente cuestión: ¿no sería mejor que la economía y la política fueran independientes una de otra?

Esta es una pregunta que se hace a menudo la gente. Hace un par de años una mujer de unos cincuenta años me paró por la calle para felicitarme por mi actividad política. No obstante, ella quiso también, y con toda amabilidad, hacer una consideración crítica. Me explicó que a ella le gustaban mis análisis económicos, pero que notaba que desde que era diputado las conclusiones estaban siempre politizadas. Yo cortésmente le respondí que no lo veía así, pero antes de terminar la conversación ella volvió a insistir en esa idea y me recomendó, siempre cordialmente, que me dedicara a hacer economía sin política.

No fue ese un caso aislado, y tengo la sospecha de que para la mayor parte de la población ser economista y también político está gravemente reñido. Es como si al dedicarse uno a la política se perdiese la neutralidad que debiera mantener todo economista. Es tanto como asumir que lo político implica una serie de valores y creencias, una ideología, que contamina necesariamente el análisis económico. Es obvio que detrás de esta visión subyace la creencia de que la economía es una técnica más, como la ingeniería o la física convencional. Si un ingeniero puede construir un puente sin que importe si es de derechas o de izquierdas, y si un físico es capaz de calcular el destino de un proyectil lanzado a una determinada velocidad a pesar de su ideología, ¿por qué no habría de ser lo mismo para el economista? ¿No necesitamos acaso más técnicos que miren por el bien de todos y de la verdad y no tanto economistas que obedezcan a sus ideologías?

En realidad es normal que la gente piense así. De hecho, en la actualidad la mayoría de los economistas piensan lo mismo. Ellos se ven a sí mismos como técnicos que cuando entran en el laboratorio dejan fuera la ideología y sus creencias. Y ni siquiera es algo nuevo. Durante el siglo XIX una serie de economistas como Stanley Jevons o Léon Walras consideraban que había que elaborar una física económica. Para ellos el mundo era un orden natural, armónico y en equilibrio que podía estudiarse descomponiendo sus elementos para analizarlos por separado a imagen y semejanza del proceder de científicos de la física clásica como Galileo o Newton. Para ellos gracias a la ciencia económica, rebautizada como economics, era posible explicar todo hecho económico.

Según esta interpretación, la economía es una ciencia exacta, similar a la física, y tiene la capacidad de explicar con precisión el pasado, realizar acertados pronósticos para el futuro y recomendar lo que es mejor para todos y todas. Así, el buen economista es como un ingeniero que en su laboratorio, usando probetas, ordenadores y otro instrumental, es capaz de encontrar las mejores fórmulas para el progreso de la humanidad. En consecuencia, nada debe interrumpirle en esa hermosa tarea.

Uno de esos economistas, considerados como modelo a seguir, es Robert Lucas. Lucas desarrolló lo que hoy se conoce como la teoría de las expectativas racionales, una hipótesis sobre el comportamiento de los agentes económicos, es decir, de las personas que participan en el ámbito económico. Lucas ganó el Premio Nobel en 1995, y se ha caracterizado por recomendar sin cesar la paulatina retirada del Estado social en todo el mundo. Ya durante la crisis económica en España insistió en la necesidad de acabar con el excesivo poder de los sindicatos y en reducir las prestaciones sociales.⁴ Como eminencia en el mundo económico, la gente suele escucharle y los gobiernos —y sobre todo los organismos internacionales— tienden a aceptar sus propuestas. Quizás por eso tan pocos economistas supieron predecir la última crisis financiera, y es que Robert Lucas dijo en 2003 que el problema de los ciclos económicos estaba resuelto y que ya nunca más habría una depresión económica.⁵ Casi nada. Pero ¿fue un error casual o es normal que se falle tan estrepitosamente en el análisis?

A finales de la década de los ochenta un investigador llamado Phillip Tetlock publicó una investigación muy particular. Estudió un total de 28.000 predicciones realizadas por un grupo de 284 economistas y analistas políticos, contrastándolas después con la realidad. El resultado fue bastante ilustrativo: el promedio de acierto había sido similar al de las probabilidades que tenía un chimpancé de ganar a los dados.

En definitiva, las predicciones fallan más que aciertan, las recetas recomendadas por los expertos llegan a ser absolutos fracasos sociales, y países enteros han sucumbido por culpa de sabios economistas que decían no ser ni de izquierdas ni de derechas. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva desde 2010 exigiendo a Grecia políticas de ajuste económico a cambio de dinero con el que rescatar sus bancos y mantener al Estado funcionando. Los diferentes gobiernos griegos han ido aplicando todas las exigencias, y sin embargo nada ha mejorado para la economía griega. Todo lo contrario. En el año 2011 el FMI esperaba un nivel del 93,5% sobre el PIB de 2009. Finalmente, en la realidad, fue del 87,2 %. Para 2012 el FMI esperaba un nivel del 94,5 %. Fue del 84,8 %. Para 2013 el FMI esperaba un nivel del 96,5 %. Fue del 77,5 %. Y para 2014 el FMI esperaba un 98,5 %. Fue del 79,4 %. Vamos, que no han dado ni una. Y eso que tenían al país intervenido de cabo a rabo.

En todo caso, conviene preguntarse si todo esto es a causa de que las teorías usadas por los economistas son malas o a causa de que sencillamente la ciencia económica es así de inexacta. Y probablemente sean ambas cosas. En las facultades de economía corre a menudo un chiste que reza así: «¿Cuál es la primera ley de los economistas? Que por cada economista existe uno igual y opuesto. ¿Cuál es la segunda ley de los economistas? Que ambos están equivocados». Estoy convencido de que el lector ha pensado algo parecido al menos alguna vez en su vida, sea viendo los telediarios o manteniendo conversaciones con sus amigos economistas.

En primer lugar, la ciencia económica no puede ser exacta por definición. Por una gran cantidad de razones, de las que destacamos las siguientes.⁶ Por un lado, los fenómenos sociales no son regulares y estables sino todo lo contrario, de tal forma que no pueden estudiarse de acuerdo a leyes generales. Por otro lado, los datos que se recogen son de poca calidad e incluyen muchas deficiencias porque se refieren a fenómenos que no son clasificables o cuantificables. Por ejemplo, todavía hay una gran controversia sobre qué es el capital y cómo se mide.⁷ Y, finalmente, si bien la ideología afecta a cualquier análisis científico, en ciencia social se da además que el sujeto —el científico— forma parte del objeto que investiga —la sociedad—, con lo cual esa circunstancia lo agrava enormemente.

En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, todas las teorías económicas tratan de esquivar de la mejor manera posible las limitaciones de la ciencia económica. Aunque a veces, conviene decirlo, sea ignorándolas. En todo caso, vamos encontrando distintas escuelas de pensamiento económico que difieren entre sí en las formas de analizar lo económico y también en las conclusiones que se obtienen. Resulta siempre útil conocer las diferencias entre esas escuelas de pensamiento porque aunque los economistas no expliciten qué teoría utilizan para analizar la realidad siempre hay una que subyace de fondo. Hay que pensar en esas escuelas de pensamiento como en unas cajas de herramientas que usamos para nuestra actividad; y habiendo tantas cajas de herramientas conviene saber cuál coge cada economista, porque según esa decisión variarán las conclusiones y el grado de acierto. En este sentido, es conocida la acertada cita de Keynes según la cual «hombres prácticos que creen que están bastante exentos de cualquier influencia intelectual son, por lo general, esclavos de algún economista muerto».⁸

Por ejemplo, estoy convencido de que la mayoría de los lectores consideran que el ministro de Economía Luis de Guindos es un pensador liberal, es decir, alguien que cree en la mejor capacidad del mercado para regular lo económico. Esa conclusión es fácil de deducir de sus declaraciones públicas al respecto de muchos de los asuntos económicos de los últimos años. Sin embargo, rara vez se ha hablado de su adscripción teórica a alguna de las escuelas de pensamiento económico. Es como si esa cuestión quedara escondida o no tuviera importancia.

Pues bien, los que conocemos los textos de De Guindos publicados con anterioridad a su nombramiento como ministro⁹ sabemos que comparte muchos de los planteamientos de una de las teorías más radicales, la escuela austríaca.¹⁰ Pero lo cierto es que, como decimos, pocas veces se habla de lo que hay detrás de los análisis que hacen los economistas, de cuál es la caja de herramientas que usan. Pues no es lo mismo coger una caja u otra distinta.¹¹

Hay algo más que debemos apuntar. De entre las escuelas de pensamiento económico siempre hay alguna que destaca y que se tiende a reconocer como la dominante. Tan dominante que llega incluso a convertirse en el sentido común. Por ejemplo, durante los años cincuenta las interpretaciones económicas de Keynes y sus seguidores eran las ortodoxas, es decir, las consideradas más acertadas. Hoy, por el contrario, Keynes está relegado a un segundo lugar. Y Marx, prácticamente relegado a objeto de museo.

En definitiva, la ciencia económica es una ciencia inexacta que está sujeta a la incertidumbre y a enormes dificultades para acertar en los pronósticos. No existe, por lo tanto, la figura del economista neutral que sabe qué hay que hacer en beneficio de la sociedad. Eso es una impostura. Lo que hay son diversas escuelas de pensamiento que funcionan como cajas de herramientas que sirven a los economistas para analizar los fenómenos y obtener conclusiones políticas. Todo ello explica que haya tantas diferencias entre economistas a la hora de valorar lo que está sucediendo, aunque no sea habitual que los economistas reconozcan de dónde sacan sus análisis.

LA CIENCIA ECONÓMICA ES ÚTIL

La ciencia económica, con todas sus limitaciones, es una herramienta útil. Sin embargo, la mayoría de las veces se le presenta a la gente como una ciencia extraña y casi oscura. Los conceptos y los términos usados por los economistas son tan aparentemente complejos que la mayoría de la ciudadanía ni los comprende ni los quiere estudiar. Se habla continuamente de liquidez financiera, prima de riesgo, hedge funds, mercado interbancario... Y al final la gente desconecta y deja de prestar atención. El riesgo que se corre cuando eso sucede es que, entonces, quienes quedan a los mandos de la economía son unos pocos, que sí conocen los conceptos y que pueden utilizar su privilegiada situación para engañar al resto. ¿La forma de evitarlo? Estudiar, claro. Lo expresó la economista Joan Robinson con una frase inmortal: «Hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas».

Cuando durante estos cuatro años he debatido con el ministro de Economía o con el ministro de Hacienda, por ejemplo, yo sabía muy bien que me iban a intentar engañar. A mí y al resto de los españoles, claro. En el caso de Cristóbal Montoro era bastante descarado, pues un mes era capaz de justificar una subida de impuestos y al mes siguiente podía utilizar los mismos argumentos para justificar justo lo contrario. Argumentos todos ellos que estaban dotados de una retórica compleja que hacía casi inaccesible su contenido a la mayoría de la gente.

Pero los que estudiamos economía al menos tenemos las herramientas, como sugería Robinson, para descubrir el pastel. A nosotros nos enseñaron a torturar las estadísticas hasta que confesaran lo que queríamos. Sabemos cómo se hace. Y no en pocas ocasiones los conflictos de interés de los economistas empujan a torturar prácticamente todo argumento hasta que salga una conclusión que convenga. Otro chiste de economistas lo describe bien. En una entrevista laboral se les pregunta a un matemático, a un estadístico y a un economista por el resultado de la suma de dos y dos. El matemático responde sin dudarlo que cuatro. El estadístico dice que es cuatro, pero con un margen de error del dos por ciento. Y el economista, antes de ofrecer su respuesta, se acerca al entrevistador y le susurra al oído: «¿A qué desea usted que sea igual?».

La realidad es a veces mucho más radical que los chistes. En el imprescindible documental Inside Job, que describe algunas causas de la última crisis financiera, aparece la figura de un reputado economista llamado Frederic Mishkin. Mishkin fue durante dos años miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos, y consultor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Un currículum aparentemente intachable. Pero el documental desveló algo muy interesante. En el año 2006 Mishkin escribió un informe titulado «Financial Stability in Iceland» (Estabilidad financiera en Islandia). A pesar del informe, por el que cobró 124.000 dólares, dos años y medio más tarde la economía islandesa sucumbió en una gravísima crisis financiera. Mishkin no solo no se retiró, sino que en su currículum cambió el nombre de su informe por el de «Financial Inestability in Iceland» (Inestabilidad financiera en Islandia). El momento en el que tiene que explicarlo ante las cámaras es memorable.

El conflicto de interés surge porque el papel que juega un economista académico es sustancialmente distinto del que juega un empleado, que es en última instancia lo que es un economista al servicio de cualquier empresa. El académico tiene, en teoría, la obligación de interpretar los fenómenos sociales a partir de unas herramientas determinadas que se suponen científicas. El empleado, sin embargo, tiene una misión explícita: garantizar que la empresa de la que es parte sea más rentable. A cambio, el empleado recibe una remuneración generosa que sin duda deseará mantener en el tiempo. Y nadie, ni siquiera los economistas, pueden establecer una frontera entre un trabajo y otro.

Pero prosigamos. Decíamos que la ciencia económica se presenta complicada para mucha gente, la mayoría, de hecho. Sin duda, gran parte de la dificultad estriba en el incremento en la utilización de las matemáticas para el análisis de la economía. Hay que aclarar que, en principio, ello no tiene nada de malo. Las matemáticas son un instrumento y no tienen la culpa de las conclusiones políticas que los economistas derivan de su uso. El problema real es que los modelos que utilizamos los economistas parten de una serie de premisas que son siempre ideológicas, de tal forma que la utilización aséptica de las matemáticas contribuye a difuminar esa ideología en un marasmo de números y ecuaciones. Así, en las últimas décadas, la utilización de las matemáticas y la informática en el ámbito del análisis económico ha servido para desarrollar modelos económicos y dotar de apariencia de rigurosidad unas conclusiones que luego no se han demostrado en la realidad. Pero, aún así, se insiste en considerar la economía como una ciencia exacta.

Veamos un ejemplo paradigmático. Cuenta el periodista Joaquín Estefanía en un artículo publicado ya en el año 2000 que, durante el transcurso de una charla, un alto cargo de la OCDE «reducía a una ecuación de segundo grado la compleja situación de México, que acababa de suspender el pago de la deuda externa, con sus sufrimientos y sus desafíos políticos. Hay testigos de que, ante la estupefacción de los alumnos, el tecnócrata afirmaba satisfecho viendo en el encerado la fórmula matemática que él mismo había elaborado: “Esto es México”».¹²

Sin duda, este ejercicio de considerar simplificada una economía de más de cien millones de personas en una única ecuación de segundo grado es un caso extremo. No obstante, representa muy bien la forma de operar de la ciencia económica actual. Se construyen modelos, que como dijimos se basan en hipótesis ideológicas, y que operan como simplificaciones del país o sociedad que queremos estudiar. Pero puede llegar el punto de que se construya un modelo tan fantasioso que no solo no ayude a explicar la realidad sino que además la oculte.

Otro chiste puede servir para ilustrar lo inútil de algunos modelos. Tras un naufragio quedan en una isla desierta un físico, un químico y un economista. Después de una intensa búsqueda para encontrar alimentos dan con una lata de conservas que la marea ha arrastrado a la costa. No tienen ningún instrumento con el que abrirla, así que se ponen a pensar en soluciones. El físico propone la primera solución: podrían calcular la altura exacta de la lata gracias a la posición del sol y a la sombra que proyecta una de las palmeras, y con ese dato saber con qué fuerza habría que lanzar la lata contra una roca para que se abra. El químico le sigue con otra propuesta: sabiendo el índice de salinidad de las aguas y la proyección de rayos del sol, él podría calcular el tiempo que tardaría el agua del mar en corroer la tapa de la lata. Finalmente, el economista propone su opción: «Supongamos que tenemos un abrelatas: en ese caso tendremos la posibilidad de abrir la lata y alimentarnos».

Así que, en definitiva, los modelos pueden estar muy mal construidos. Y, de hecho, lo normal es que los estudiantes y los economistas trabajen con modelos ciertamente malos. Modelos que nada tienen que ver con la realidad. No hace falta decir que eso puede implicar desastrosas consecuencias cuando se toman decisiones sobre la vida de la gente a partir de análisis basados en esos modelos.

Como protesta ante todo esto, en el año 2000 estudiantes de la facultad de Economía de la Universidad de la Sorbona de París publicaron un manifiesto exigiendo un estudio más riguroso de la cuestión económica. Dicho movimiento se extendió pronto hacia el Reino Unido y más tarde a otros muchos lugares del mundo, incluyendo España. Lo que se exigía era que los planes de estudio incorporaran una visión más realista de lo económico y que se abandonara el autismo al que habían sometido a la ciencia económica al centrarla en el estudio de modelos y universos que nada tienen que ver con la realidad social.

Siguiendo esas mismas reivindicaciones, durante el año 2004 se fundó en España el colectivo Estudiantes por una Economía Crítica. Eso no quiere decir, de todos modos, que hasta entonces no se hubieran dado protestas de diverso tipo en las facultades españolas. Desde 1987 existía, por ejemplo, una asociación de economía crítica que convocaba jornadas bianuales y en las que se reunía a profesorado y estudiantado de toda España. Todavía se siguen realizando —además esperemos que por mucho tiempo— y sirven para reunir a todos los investigadores de economía que utilizan métodos y enfoques considerados heterodoxos, lo cual incluye a muchas y muy diferentes escuelas de pensamiento económico. Sin embargo, por lo general, en el ámbito de los estudiantes se daba una desconexión muy grande entre las asociaciones locales que defendían estas mismas ideas.

Por eso intentamos poner en marcha una plataforma que nos uniese a todos. La unidad, siempre tan necesaria. Así fue como en el verano de 2004 yo mismo me encargué de construir la primera página web del colectivo de Estudiantes por una Economía Crítica. Casi al mismo tiempo me dispuse a fundar el colectivo a nivel local, en la facultad de Económicas de Málaga. En este caso se trataba de una asociación con un triple objetivo: académico, estudiantil y político.

El objetivo era académico porque las reivindicaciones de unos planes de estudio más realistas se acompañaban de conferencias, debates y sesiones formativas impartidas por especialistas en diversas materias, siempre desde el enfoque heterodoxo. Era una forma de complementar lo que estudiábamos de forma oficial. He de reconocer, por ejemplo, que yo pasaba más tiempo en la biblioteca estudiando a otros autores que en las rutinarias y aburridas clases en las que se enseñaba mundos imposibles. Eso no me impidió presentarme con soltura a los exámenes, pero me ahorró una considerable cantidad de tiempo.

También había un objetivo estudiantil que tenía que ver con las reivindicaciones del colectivo de estudiantes en general. Es decir, sobre los derechos y deberes en el ámbito universitario. Cuestiones como las becas, las tasas, las privatizaciones, la mercantilización del conocimiento, etc., eran también ámbito de la asociación. Por eso nos presentábamos a las elecciones estudiantiles, y además obteniendo muy buenos resultados. En el último año en el que yo estuve en la facultad, que fue 2008, conseguimos el 64 % de los votos. También participamos en las luchas contra el plan Bolonia y contra procesos claros de mercantilización de la facultad, como fue el abrir sucursales bancarias junto a las aulas.

Finalmente el objetivo también era político. Esto era evidente, porque nuestra intención fue siempre incidir sobre la transformación de la sociedad. Por eso participamos en el foro social Otra Málaga y en otros proyectos relacionados con el mundo alterglobalización (como ATTAC, Economistas Sin Fronteras, Comercio Justo, etc.). No solo queríamos aprender economía, y de verdad, sino que queríamos usar nuestros conocimientos para mejorar nuestra sociedad.

Lo cierto es que nuestra actividad era frenética, y además despistaba a todo el mundo. Al fin y al cabo estamos hablando de unos años en los que la actividad política en el estudiantado era absolutamente mínima. La facultad de Económicas de Málaga tenía más de cuatro mil alumnos y nosotros, que éramos los más activos, solo éramos capaces de movilizar a unas cuantas decenas. Bien fuera para unas conferencias o bien para unas protestas, igual daba. El estudiantado estaba como la propia sociedad, narcotizado. El propio decano de la facultad reconoció que nuestra actividad aquellos años fue como «una raya en el agua».¹³ Ahora bien, también sorprendíamos por nuestra radicalidad ideológica. Hay que pensar que la facultad de Económicas destacaba porque tanto profesores como estudiantes tenían por lo general un marcado perfil conservador. Recuerdo perfectamente, a modo de anécdota, que cuando ganamos las elecciones estudiantiles y fuimos a pedir unas fotocopias al personal de la facultad, estos nos preguntaron muy sorprendidos que si éramos «los comunistas». Aquel tono de sorpresa hacía pensar que estábamos en los años sesenta en plena dictadura franquista, como si hubiera ocurrido una imposibilidad.

Tras más de diez años de movilizaciones y protestas estudiantiles no podemos decir que haya mejorado mucho la situación de la ciencia económica y de su estudio en las facultades. Al contrario, sigue siendo deprimente y cada vez de peor calidad. Las reformas en la enseñanza universitaria en estos últimos años no solo han provocado más discriminación en el acceso a la universidad, sino que también han empeorado la calidad del estudio. Ya en 1965 la economista Joan Robinson dijo que «la economía es una rama de la teología» y que «los estudiantes no pueden desperdiciar unos años preciosos aprendiendo solo a recitar conjuros».¹⁴ Me temo que poco ha cambiado desde entonces.

LAS PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS

Hemos comenzado diciendo que es fundamental llegar a la esencia de los fenómenos sociales para entenderlos correctamente, cosa que no sería posible si simplemente nos limitásemos a observar las apariencias. Hemos dicho también que es importante contextualizar históricamente, que somos un punto en la historia y estamos sujetos a los límites y condicionantes que nos impone nuestro momento político. No vivimos, en definitiva, en la misma situación que quienes vivieron hace treinta, cuarenta o doscientos años. Eso quiere decir también que el capitalismo tampoco es el mismo siempre. Aunque sus fundamentos se mantienen invariables, como es por ejemplo su lógica de maximización de beneficios y la búsqueda incesante de espacios nuevos en los que hacer negocios, su cristalización concreta es cambiante. Por ejemplo, Alemania, España o Argentina son países capitalistas cuyas economías difieren en muchas cosas. Pero aún más, la España de los años setenta no es la misma que la España de la actualidad porque, entre otras cosas, el capitalismo ha cambiado también en ese tiempo.

Los cambios en el capitalismo han transformado las formas de vivir y pensar de las gentes que viven bajo él, pero también las instituciones políticas. Efectivamente, las instituciones políticas y jurídicas —como las leyes o la administración pública— han ido adaptándose a los cambios del capitalismo y a sus nuevas necesidades. Casi siempre empujadas por la ideología neoliberal, que en términos generales es pura exaltación de la lógica de mercado, las formas de vida se han ido moldeando para adaptarse a las necesidades del capitalismo. Y cuando decimos las formas de vida, así en general, no exageramos. Hoy tenemos contratos flexibles porque el capitalismo exige a las empresas ser más flexibles para poder sobrevivir en mercados altamente competitivos, de la misma forma que nuestros hábitos de consumo o incluso la forma de convivir en las ciudades son en gran medida resultado de los cambios en el capitalismo.¹⁵

Estas transformaciones recientes del capitalismo, que a menudo son objeto de debate político, han beneficiado fundamentalmente a las clases más adineradas en tanto que han supuesto una ampliación de los espacios de mercantilización a nivel mundial y han desprovisto a los Estados de herramientas con las que poner en marcha eficaces políticas redistributivas.¹⁶ Digamos que la globalización, como concepto que engloba todos estos cambios recientes, ha permitido maximizar beneficios en todas partes del mundo y en tiempo real. Especialmente en el mundo financiero, hoy es posible hacer millones de euros de beneficio en un solo día y con solo un par de clics de ratón. Claro que ello no está al alcance de todo el mundo, sino de solo unos pocos. De ahí que los verdaderos protagonistas de la época actual sean las grandes entidades financieras y sus fondos de inversión, capaces de especular y enriquecerse —o arruinarse e incluso arruinarnos— en cualquier mercado financiero en cuestión de milisegundos, usando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Lo importante es entender que ese proceso de adaptación institucional al servicio de las necesidades del capitalismo —de la necesidad de mercantilizarlo todo— es, al mismo tiempo, un proceso de desdemocratización.¹⁷ Y esto es así porque en las sociedades capitalistas siempre hay una brecha entre la dimensión económica y la dimensión política, es decir, entre lo que está regulado por el mercado y lo que está regulado por la política. Cuando aumentan los espacios vitales regulados por el mercado —por ejemplo, cuando se mercantiliza la sanidad o la educación— se reducen también los espacios regulados por la política. Un ejemplo concreto servirá para entenderlo. Cuando una empresa pública de energía es privatizada, el suministro de energía pasa a estar regulado por criterios de mercado —basados en análisis de coste-beneficio y en la maximización de beneficios— y no por criterios democráticos —decisiones de carácter político que atienden a múltiples dimensiones de la vida, como la ecología o la desigualdad.

Esos procesos de mercantilización producen un incremento de la desigualdad y de la inseguridad laboral y ciudadana. El desmantelamiento del Estado social —sanidad, educación, pensiones— y de las cláusulas de protección de los trabajadores —como el derecho al trabajo— son ejemplos notables. Todo ello provoca frustración e inseguridad en la ciudadanía, creando un fenómeno social que siempre termina canalizándose políticamente, aunque a priori sea imposible saber de qué forma.

Estas adaptaciones institucionales al servicio de las necesidades del capitalismo es lo que nosotros llamamos «proceso constituyente dirigido por las oligarquías», que son las que salen beneficiadas. Y esos procesos, iniciados en nuestras sociedades del capitalismo avanzado con la globalización neoliberal, producen respuestas populares que varían en formas y contenidos. En estos últimos años hemos visto muchas de estas respuestas populares en nuestro país, antes de la crisis y sobre todo durante la misma. Hemos visto huelgas generales, pero también concentraciones, manifestaciones y movilizaciones de nuevo tipo, como las protagonizadas por el movimiento 15-M, Rodea el Congreso o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Además han pasado muchas otras cosas, algunas de relevancia extraordinaria, como el surgimiento de Podemos como fuerza política o la grave crisis política y económica de Grecia. Todo ello es parte del contexto y además objeto de estudio de este libro. Y nos lanzaremos a ello, inmediatamente, armados con nuestras herramientas de análisis. Es decir, utilizaremos nuestros conocimientos de economía para comprender, ante todo, el sistema en el que estamos inmersos. Así, esperemos, tendremos luz suficiente para no solo entender el mundo sino también para transformarlo. Ese es el propósito, explícito, y deseo sinceramente que además sea compartido por el lector.

2

¿DÓNDE ESTÁ MI POLLO?

En términos coloquiales es habitual considerar que la crisis es un cambio brusco a peor en un proceso o estado determinado. Por ejemplo, cuando estamos enfermos y empeoramos de forma brusca. De manera parecida, los economistas solemos considerar que la crisis económica emerge cuando se interrumpe la actividad económica, es decir, cuando se detiene el proceso de acumulación y crecimiento económico que hemos explicado en el capítulo anterior.

Sin embargo, es posible considerar que un estado de crisis también es aquel que existe cuando las condiciones materiales de vida no son suficientes para disfrutar de una vida digna. Hay gente que está en crisis permanente porque vive al límite de forma sistemática. Se trata de personas que viven en crisis. ¿Cómo definiríamos, de lo contrario, a quien sufre la precariedad en todos los aspectos de su vida? ¿Cómo deberíamos definir el estado de quien sufre permanentemente la amenaza de ser desahuciado o de perder el empleo?

A mi juicio esas y otras realidades sociales deben considerarse al mismo tiempo que el análisis meramente economicista, es decir, que el simple análisis de los indicadores económicos. No se trata de percibir la crisis solo a través de la contabilidad. Hay que ir más allá. ¿Acaso un indicador de crecimiento económico en positivo significa que todo va bien para todo el mundo? ¿Iba todo bien en nuestro país antes de la crisis? Para responder a estas preguntas parece relevante examinar brevemente cómo estaba España antes de la crisis económica. El objetivo es que nos adentremos en un tiempo en el que en la sociedad se estaban gestando las condiciones objetivas que posteriormente darían lugar al movimiento 15-M y a otros procesos similares. En el fondo se trata de rastrear el origen de las movilizaciones que han cambiado la política en nuestro país.

LA CARA OCULTA DEL MILAGRO ECONÓMICO

Para la mayoría de los analistas políticos y económicos, la crisis en España comenzó en 2009. Tal argumento se justifica por el hecho de que fue durante el primer trimestre de ese año cuando se volvió negativo el indicador económico por excelencia, el Producto Interior Bruto (PIB). Y el PIB es el indicador que representa, para los economistas, la mejor referencia de cómo está el estado de salud de la economía.

Como hemos visto en el capítulo anterior, el crecimiento económico es el objetivo fundamental del capitalismo, sin el cual este no puede existir. El crecimiento es, técnicamente, la ampliación de la capacidad productiva de la sociedad, es decir, la mejora del bienestar material de una sociedad. Posibilita nuevas tecnologías y también construir las mismas cosas en menos tiempo, permitiéndonos además disfrutar de nuevos productos y servicios que hasta entonces no estaban a nuestro alcance. Y para medir el crecimiento económico, hemos dicho, se utiliza por lo general el PIB.

El PIB mide el valor monetario total de la producción de bienes y servicios para uso final de un país, independientemente de su distribución. Por eso decimos que si el PIB cae significa que la producción de bienes y servicios de un período ha sido inferior a la producción de bienes y servicios del período inmediatamente anterior. Eso supone que las empresas están produciendo menos y que puede que por esa misma razón empiecen a despedir a trabajadores. Si los trabajadores son despedidos, pierden su fuente de ingresos (el salario) y probablemente van a reducir su consumo para ajustar sus finanzas personales. Eso agravará el problema de la economía en su conjunto, porque otras empresas van a ver cómo se reducen sus ventas y pueden tomar la decisión de despedir a otros trabajadores. Y si durante dos trimestres se registra un PIB negativo, es decir, que se reduce el valor monetario de la producción de bienes y servicios en un país, se dice que la economía ha entrado en recesión.

Entonces, sabemos que si el PIB está en valores negativos es probable que estemos ante una crisis que va a empeorar las condiciones de vida de una parte de la ciudadanía. Pero ¿significa eso que si tenemos un PIB positivo nos encontramos ante una buena situación para la gente? Dicho de otro modo, ¿es el PIB un indicador adecuado para medir el bienestar o felicidad de la población?

Para ayudar a responder a esa pregunta conviene analizar el momento político y económico en el que se encontraba nuestro país antes de 2009, es decir, en el tiempo en el que el PIB era claramente positivo. De hecho, España vivía desde finales de la década de 1990 con la considerable sensación de que se había logrado un milagro económico. Al menos eso era lo que decían los gobernantes del Partido Popular, partido que llegó al Gobierno en 1996 con José María Aznar como presidente. Las cifras de crecimiento económico eran, desde luego, espectaculares en comparación con la de otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, durante los ocho primeros años de la década pasada España creció a una media anual del 3,6% mientras que Alemania lo hizo a una media anual del 1,6%. La burbuja inmobiliaria española estaba operando a pleno rendimiento y el crecimiento de la producción y del empleo era sencillamente brutal. Es verdad que se estaban gestando ya importantes desequilibrios económicos que luego harían emerger la crisis económica, pero en general eran negados por las instituciones e ignorados por la mayoría de la población.¹

En todo caso, es evidente que existían muchas necesidades aún por satisfacer. Pensemos, por ejemplo, en términos de empleo. En el año 2006 había en España casi dos millones de desempleados, de los que más de un millón eran menores de treinta y cuatro años. Además, la peor parte se la llevaban las mujeres, ya que había más de un millón de desempleadas. Por otro lado, en el mismo año el 40 % de los hogares españoles reconocía que no podía permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. Asimismo, el 10 % declaraba que no podían mantener la vivienda a una temperatura adecuada mientras que el 33 % reconocía carecer de capacidad para afrontar gastos imprevistos. Y al mismo tiempo el riesgo de pobreza o exclusión social² alcanzaba al 24,7 % de los hogares. Todos esos indicadores dejan claro que, aunque el PIB estuviese creciendo a ritmos muy elevados, en general no podía decirse que la situación fuese buena. Al menos si por «buena situación» entendemos un estado de las cosas donde no existen privaciones importantes para la gente.

Probablemente una conclusión inmediata tras el análisis anterior es negar que el PIB opere correctamente como indicador del bienestar de una sociedad en su conjunto. Es decir, que la respuesta a la pregunta que nos hacíamos antes es claramente negativa. Las debilidades del PIB para representar el bienestar o la felicidad son demasiadas. Destacaremos algunas a continuación.

El PIB es un indicador que no distingue entre el tipo de producción, de tal forma que considera por igual la producción de electricidad que la producción de balas o tanques. Y parece obvio para cualquiera que no es lo mismo un país que genera riqueza porque proporciona electricidad que un país que genera riqueza porque produce material militar cuyo fin es acabar con vidas humanas.

Además, el PIB es un indicador del valor monetario de la producción y, automáticamente, allí donde más se gasta, más alto es el PIB. Claro que eso hace que pueda influir incluso el clima, ya que en países donde hace más frío la gente consume más ropa de abrigo y enciende más la calefacción. Hablando de clima, el PIB tampoco tiene en cuenta el impacto sobre la naturaleza, y precisamente el crecimiento económico —y el propio capitalismo— tiene un impacto dramático sobre el entorno natural en el que nos desarrollamos como comunidad política. Incluso la misma conceptualización es errónea, pues se considera producción la mera extracción de petróleo. De hecho, uno de los países más ricos —en términos del PIB— del mundo es Arabia Saudí, que es también el principal exportador de crudo del mundo y para quien esa actividad supone casi la mitad de su producción. Naturalmente, no se puede esperar que esa actividad continúe de forma indefinida cuando sabemos perfectamente que el petróleo es un recurso no renovable y que tarde o temprano se acabará. ¿Qué ocurrirá entonces con la riqueza de los países exportadores de petróleo?

Asimismo, el PIB es también una media cuantitativa que no tiene presente la distribución. Esto significa que puede darse el caso de una sociedad que crezca mucho en términos del PIB pero que tenga millones de personas pobres en su seno debido a la enorme desigualdad. En realidad, en cierta medida eso mismo sucede en todos los países. Incluido España. Un chiste estadístico ayuda a entender esta cuestión concreta: imaginemos que el lector tiene dos pollos para comer, mientras que yo no tengo ninguno y por ello estoy hambriento; pues bien, la estadística, a través de la media, dirá que tenemos uno cada uno. Así, quien se limite a observar la estadística no será consciente de mi hambre.

Esta y otras razones se encuentran detrás de los intentos de ir más allá del PIB, aunque de momento no se haya avanzado mucho. Desgraciadamente el debate político sigue girando en torno a quién tiene el PIB más grande, y los principales partidos y sus dirigentes tienden a resumir el éxito o no de sus políticas a partir de la evolución del PIB. Desde luego nadie niega la importancia de examinar un indicador tan relevante, pero conviene prestar más atención a una panorámica global para comprender realmente el estado de la sociedad. Al fin y al cabo, nuestro objetivo político habría de ser crear las condiciones para que una sociedad se desarrolle libremente y de forma digna y no simplemente para que crezca cuantitativamente un indicador tan sesgado.

UNA SOCIEDAD NARCOTIZADA Y PROFUNDAMENTE BIPARTIDISTA

En el año 1996 el Partido Popular ganó las elecciones, aunque no con mayoría absoluta, que sí conseguiría cuatro años más tarde. En todo caso, gracias a ese resultado José María Aznar se convirtió en el presidente del país. En la conformación de su Gobierno decidió incorporar como ministro de Economía y Hacienda a un experimentado diputado —llevaba catorce años en el escaño— llamado Rodrigo Rato. Con el tiempo Aznar llegó a decir de él que se trataba del mejor ministro de Economía de la democracia. Tengo importantes razones para creer que Aznar estaba, como mínimo, exagerando. Pero, eso sí, estoy seguro de que Rodrigo Rato tiene en su haber algunos méritos propios. Uno de ellos es el de haber evitado durante tanto tiempo la prisión, a pesar de sus constatadas fechorías. Otro, y que ahora mismo nos interesa más, es haber sido el artífice de las reformas económicas que llevaron a España a un crecimiento económico extraordinario. Aunque se tratara, claro está, de un crecimiento basado en frágiles e inestables pilares.

Como es sabido, el crecimiento económico de España en la década pasada ha estado vinculado a la burbuja inmobiliaria y, más concretamente, a la construcción sin freno de viviendas. Entre 2002 y 2007 se construyeron en España más viviendas que en Alemania y Francia juntas, lo que es más grave si tenemos en cuenta que esos dos países tienen el triple de población y el doble de territorio que España. No obstante, el pistoletazo de salida de aquella burbuja lo dio la aprobación de la ley del suelo en 1998, si bien además ayudaron una serie de condiciones financieras.³ Y gracias a este modelo especulativo la economía española creció un 3,63% de media anual entre el año 2000 y el año 2006, una cifra muy superior a la media alcanzada en las décadas anteriores.⁴ Ese importante nivel de crecimiento económico permitió una creación de empleo y una expansión del consumo sin precedentes en la historia de la democracia. La tasa de desempleo, que había estado siempre por encima del 10% en nuestro país, alcanzó un mínimo histórico de un 8,3% en el año 2007. La última década fue sin duda alguna el momento de oro de la economía española, la del aparente «milagro económico» de Rodrigo Rato y José María Aznar.

Durante aquellos años las personas que vivíamos en la Costa del Sol percibimos con meridiana claridad los enormes cambios que estaba sufriendo la economía española. Los paisajes cambiaban a una velocidad espectacular, y los montes desaparecían al mismo ritmo que emergían urbanizaciones enteras con miles de viviendas. Era fácil ver cómo la construcción desaforada mermaba claramente el medio natural. No obstante, no solo el paisaje estaba cambiando: también las rentas familiares, los niveles de endeudamiento y, algo menos evidente, los incentivos económicos.

Con esto último me estoy refiriendo a que la burbuja inmobiliaria había cambiado las rentabilidades relativas de los sectores económicos y de sus empleos. Es decir, la burbuja hacía mucho más rentables sectores vinculados a la construcción y, en consecuencia, también hacía menos atractivos al resto de sectores. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo personal. Durante el año 2007 tuve acceso a mi primera beca de investigación en la universidad: 350 euros al mes, naturalmente sin cotizar. Al mismo tiempo que eso sucedía, la inmensa mayoría de mis amigos estaba trabajando en el sector de la construcción cobrando por encima de los 2.000 euros al mes. En realidad, prácticamente cualquier trabajo ajeno al mundo de la construcción estaba mucho peor pagado.

Es fácil comprender que esas diferencias eran decisivas para la mayoría de la gente. De hecho, mi caso me parece representativo. Fui el único varón de mi curso escolar que llegó a la universidad. Los incentivos del sector de la construcción, que además está fuertemente masculinizado, eran tan potentes que pocos dudaban a la hora de escoger entre seguir estudiando o trabajar con tales sueldos. Así, dicho francamente, la burbuja inmobiliaria también promovía el fracaso escolar. O, al menos, el no seguir estudiando. Y de esa forma quienes pusieron en marcha tal modelo de crecimiento para la economía española también fueron responsables de condenar a una generación entera. Al fin y al cabo, los incentivos no solo se distorsionaban para los trabajos de baja cualificación. También en la universidad se promovieron las carreras vinculadas al sector de la construcción, como arquitectura o ingeniería de caminos. Hoy son, en gran medida, las carreras y espacios laborales que no tienen apenas futuro debido al hundimiento del sector tras la crisis.

Como hemos dicho antes, esa burbuja inmobiliaria fue posible porque se dieron las condiciones económicas, políticas e institucionales. De un lado porque, como hemos dicho, se aprobaron leyes que permitían —y promovían— la especulación del suelo. Por otro lado, porque la inserción en la Unión Europea traía aparejada la llegada de miles de millones de euros en fondos estructurales que tenían como objetivo el sector de la construcción, de tal forma que se crearon fuertes incentivos para invertir allí. Y finalmente, y esto no es menos importante, porque había una financiación que llegaba desde el exterior, desde bancos alemanes y franceses fundamentalmente, que permitía al sistema financiero español prestar a empresas constructoras y similares. Es decir, mucha gasolina con la que conseguir un enorme incendio. Con la peculiaridad, eso sí, de que antes del incendio había enormes réditos. Y aunque unos se llevaran mucho más que otros, la impresión generalizada era que todo iba bien para todos.

Es más, inmersos en ese supuesto milagro económico, poca era la gente que desconfiaba del modelo. Los que lo hacíamos éramos tratados de locos, de rojos aguafiestas. ¿Quién iba a negar que se estaba creando empleo, que todo era mejor que antes y que de ese buen hacer eran responsables los políticos?⁵

Sin embargo, lo cierto es que aquel modelo creaba empleo y bienestar material a partir de la base que proporcionaba el endeudamiento, tanto privado como público. En el año 2007 la acumulación de deudas era tal que el Estado debía el equivalente al 50 % del PIB, los hogares el 100 % y las empresas el 200 %. Esas deudas estimulaban la economía, porque permitían seguir comprando productos —y también viviendas— y que las empresas pudieran contratar trabajadores. Ahora bien, todas esas deudas tenían una contraparte, que eran los bancos y las cajas de ahorro españoles que prestaban el dinero. Y a su vez esos bancos y cajas se endeudaban con bancos internacionales para poder seguir prestando sin freno. Y en aquella espiral de deudas entraba también la corrupción.

La corrupción del sistema se caracterizaba por lo que coloquialmente llamamos el pelotazo urbanístico. Funciona más o menos de la siguiente forma: en primer lugar, políticos de la administración local aprovechan la laxitud de las leyes para recalificar el suelo y permitir así que se pueda especular con él; en segundo lugar, las empresas del territorio compiten para quedarse con el derecho a construir viviendas en ese suelo. Viviendas que además van a vender a precios mucho más elevados, obteniendo por lo tanto ingentes beneficios. A veces, y ahí anida la corrupción, todo este proceso se cierra al mismo tiempo en espacios privados donde hay mordidas y tratos de favor. Si además lo que existe son tramas de corrupción, como la Gürtel o la Púnica, entonces los saqueadores son muchos más y los comportamientos mafiosos proliferan con mayor facilidad. Esto es todo lo que estamos conociendo en los últimos años, es decir, las cloacas del milagro económico.

Algunos denunciábamos el espejismo económico de aquellos tiempos, aunque era ir a contracorriente.⁶ Y es que para casi todo el mundo era de sentido común creer que ese crecimiento económico era firme y estable, y casi nadie preguntaba por lo que estaba sucediendo detrás de las bambalinas. Efectivamente, éramos pocos también los que alzábamos la voz sobre la corrupción inherente al sistema —que operaba soterrada— y sobre sus efectos en la imagen de la política. Piénsese por ejemplo que ya Izquierda Unida en 1996 alertaba que «desde el poder se ha alentado la cultura del pelotazo y el enriquecimiento fácil, presentando a tiburones y aventureros de la especulación inmobiliaria y las finanzas como los nuevos héroes y como modelos a imitar, consiguiendo que determinadas capas de población toleraran y justificaran las corruptelas».⁷ Al mismo tiempo se insistía en que «la lamentable extensión de los fenómenos de corrupción, perversión política, tráfico de influencias y abuso de poder [...] están viciando el quehacer político y generando un grave descrédito de la política, lo público y las propias instituciones».⁸ Con la ley del suelo ya aprobada en 1998, Izquierda Unida propuso su derogación a la vez que llevó en su programa la defensa del suelo para luchar contra la especulación, pues se entendía que la retórica del libre mercado servía «para justificar la entrega a la especulación de terrenos de propiedad pública»⁹ y que «los gobiernos del PP han potenciado un modelo de crecimiento indefinido que ha permitido la especulación y la depredación del territorio y los recursos naturales».¹⁰

Pero estas voces críticas eran, como decíamos, silenciadas e ignoradas de forma sistemática. Uno puede imaginar que no hay nada peor que aguar una fiesta a la que, en principio, todos están invitados. Hoy, sin embargo, sabemos en qué quedó todo eso, y también sabemos lo que había detrás. La crisis económica estalló y dejó un enorme reguero de deudas y desempleo. Además, ello se ha acompañado —y sigue haciéndolo a día de hoy— de un sinfín de escándalos de corrupción que demuestran que debajo de las piedras no había arena sino sobornos, estafas de distinta naturaleza y comportamientos puramente mafiosos. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo pudo la gente tolerar eso o mirar hacia otro lado?

A mi juicio, para responder adecuadamente ese interrogante tenemos que recurrir al carácter cultural de la sociedad de esos tiempos. El neoliberalismo, como proyecto ideológico, llevaba ya décadas consolidándose en nuestro país y graduando las lentes con las que se observaba la política y la economía. Como proyecto ideológico impregnaba todo el entramado de vida social con sus propios valores y principios. Así, el consumismo, el hedonismo y el individualismo han sido actitudes que no solo han ido ganando predominancia en nuestra sociedad, sino que además eran promovidas desde el propio funcionamiento del sistema.

NEOLIBERALISMO Y SOCIEDAD POSMODERNA

Tras la Segunda Guerra Mundial las economías occidentales trataron de reponerse gracias a la utilización intensiva de tecnología —mucha de ella creada durante la contienda— y los enormes espacios de negocio que se habían generado. Al fin y al cabo, la destrucción material absoluta que conllevó la guerra supuso también que surgieran espacios para la acumulación de capital. Los planes de inversión de Estados Unidos, como el plan Marshall, significaron un empuje descomunal al crecimiento económico de los países occidentales. Estábamos en plena época de la modernidad, con sistemas de organización empresarial basados en la producción en cadena y con un consumo de masas que empezaba a despegar en la sociedad occidental. Además, se estaba construyendo poco a poco el Estado social, aunque más como prevención ante posibles revoluciones inspiradas en el comunismo soviético que por convicción ideológica. Ese régimen de acumulación fue denominado «keynesiano» o «fordista», y fue estable hasta la década de 1970, aproximadamente.

La manifestación más evidente de agotamiento del régimen de acumulación fordista fue la estanflación —combinación de inflación y estancamiento de la economía—, así como la reducción tendencial de la tasa de ganancia de las empresas. Todo ello forzó a las empresas y a los Estados a comportarse de forma diferente a como lo habían hecho en las últimas décadas, poniendo en marcha de ese modo una nueva configuración institucional que se ha convenido en llamar «régimen de acumulación flexible» o «posfordista».

Este nuevo régimen de acumulación se caracteriza generalmente por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la necesidad de una fuerza de trabajo flexible, la producción igualmente flexible —con deslocalizaciones de las grandes industrias hacia países de la periferia—, mayor desigualdad salarial relacionada con las diferencias de cualificación y la desburocratización de las formas empresariales en beneficio de estructuras más descentralizadas, entre otras características. El tipo de sociedad que se determina es la posmoderna, donde el estilo de vida y de consumo se convierten en elementos centrales de la identidad y de la estratificación de las economías.

Aunque tanto neoliberalismo como posmodernismo son palabras que se suelen utilizar de forma muy difusa y poco definida, lo cierto es que hay una suerte de acuerdo general que acepta que, más allá del nombre, algo le sucedió a la economía mundial y a la sociedad occidental allá por los años setenta del siglo pasado.

Por neoliberalismo señalamos al movimiento cultural que «representa una revuelta contra el rumbo del capitalismo en el siglo XX y muy especialmente contra el que adopta en su segunda mitad, bajo el modelo de desarrollo fordista»,¹¹ y cuyo ideario básico es la exaltación de la lógica de mercado y la crítica de la intervención pública en la economía.

En términos generales el término «posmodernismo» ha servido para designar «tanto la desarticulación de los fundamentos del absolutismo de la racionalidad y el hundimiento de las grandes ideologías de la historia como la poderosa dinámica de la individualización y pluralización de nuestras sociedades».¹² Su mérito ha sido poner de «relieve un cambio de rumbo, una reorganización profunda del modo de funcionamiento social y cultural de las sociedades democráticas avanzadas»¹³ a partir de ahora caracterizadas por el «auge del consumo y de la comunicación de masas, debilitación de las normas autoritarias y disciplinarias, pujanza de la individualización, consagración del hedonismo y del psicologismo, pérdida de la fe en el porvenir revolucionario, desinterés por las pasiones políticas y las militancias...».¹⁴

Lo cierto es que cuando comenzó la crisis, la mayoría de la población ignoraba una gran parte de los conceptos económicos a los que hoy está acostumbrada. Por aquellos años yo trabajaba con el catedrático de economía Juan Torres López, quien me brindó una ayuda fundamental en mi carrera como investigador. Ambos colaborábamos con la asociación ATTAC —siglas de Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana—, y llevábamos conjuntamente desde 2007 un proyecto de divulgación económica en internet llamado Altereconomía. Apenas emergió lo peor de la crisis, se nos ocurrió la idea de escribir y publicar un libro para explicarla. Fuimos rápidos, porque en enero de 2009 ese proyecto ya estaba en las librerías y en internet de forma gratuita. Se trataba de La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla. Como el propio título indicaba, el objetivo era eminentemente pedagógico, y tuvo una aceptación enorme. Tanto que ambos multiplicamos el número de conferencias —gratuitas, como siempre— con el objetivo de explicar el contenido del libro.

En aquellos días, las preocupaciones de la gente sobre la crisis eran muy distintas a las de ahora. Y donde más se notaba era en las preguntas que nos hacía el público al final, en la parte del coloquio. La mayoría de la gente preguntaba por el final de la crisis, dando a entender que para ellos lo que estaba pasando era un evento pasajero y temporal. Pocos se esperaban una crisis duradera. Con el tiempo seguimos dando conferencias, y las preguntas de la gente fueron cambiando. Cada vez se escuchaban menos preguntas sobre el esperado final de la crisis, y cada vez más las preocupaciones parecían dirigirse hacia el papel de la Unión Europea, del euro, de la macroeconomía... cuestiones estructurales, en definitiva. En cierta medida puede decirse que la gente aceptó la profundidad de la crisis. Pero después, pasados unos años, las preguntas ya eran todas de naturaleza política. Yo tenía la impresión de que se había producido un salto cualitativo. Era como si la gente hubiera dejado de preguntar por cuestiones técnicas y hubiera empezado a hablar de política y de partidos. Algo había sucedido.

En mi opinión, la respuesta la puede dar Gramsci. El pensador italiano entendía que cuando el bloque dominante de una sociedad —en nuestro caso, la élite política y económica, a la que llamaremos «oligarquía»— no sabe o no puede resolver una crisis económica, acaba emergiendo una crisis política e institucional. A esa combinación de crisis económica y crisis institucional él lo llamaba crisis orgánica. No obstante, nosotros en los últimos años hemos hablado de crisis de régimen para referirnos a lo mismo. El nombre es lo de menos. La idea fundamental es que la crisis deja de ser una cuestión que tiene que ver solo con la interrupción de la acumulación de capital o del crecimiento económico y pasa a ser algo que tiene que ver también con los dirigentes del país. La consecuencia política es que se abre una ventana de oportunidad para disputar el poder político a ese bloque dominante incapaz de resolver la crisis económica. En todo caso, ¿cómo se produce ese salto del que hablamos?

Sin duda a través de la crisis ideológica. Con la profundidad de la crisis, los ciudadanos tienden a desconfiar de las ideas que han dominado hasta ese momento. Se ponen en cuestión las políticas que han desembocado en la crisis, pero también el sistema mismo. Igualmente se ponen en cuestión los relatos que habían dado sentido a nuestras vidas. Por ejemplo, y esto lo veremos con más detalle más adelante, el relato de que los jóvenes viviríamos mejor que nuestros padres. Cuando eso ya no puede ser cierto, cuando se destapa la mentira, entonces los relatos pierden fuerza y apoyo. Y desde luego, cuanto mayor es la profundidad de la crisis mayor es también la crítica al sistema.

Naturalmente, la crisis ideológica es una crisis de hegemonía, lo que quiere decir que el bloque dominante pierde su capacidad de lograr consenso y solo le queda su capacidad de ejercer coerción. En la actualidad esto lo vemos claramente en el incremento de la represión física, administrativa e incluso penal contra todo aquel que ose impugnar el régimen de 1978. Ya no convencen, pero siguen imponiéndose. Son ejemplos claros la llamada ley mordaza, la reforma del Código Penal o los centenares de sindicalistas que enfrentan juicios penales por participar en huelgas y movilizaciones. En definitiva, una crisis ideológica significa también que un sector creciente de la población se desvincula de su tradicional ideología o concepción del mundo, es decir, que deja de creer en lo que había creído hasta entonces. Y eso abarca a todos los ámbitos del pensamiento personal y político.

En términos políticos la gente deja de creer en el relato oficial, esto es, en la concepción del mundo que se ha impulsado desde arriba (una determinada visión del Congreso, de la monarquía, de la economía...). La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer, como decía también Gramsci. Así pues, la gente deja de creer en algo, pero temporalmente se encuentra huérfana de una concepción del mundo nueva y clara. En definitiva, la pregunta se ha convertido en la siguiente: ¿en qué creer ahora que sabemos que lo anterior no era cierto?

A mi juicio es evidente que en nuestro país se ha producido ese desplazamiento ideológico, de tal forma que han cambiado las preocupaciones y la forma de acercarse a lo político. Por ejemplo, en diciembre del año 2006 la principal preocupación de la ciudadanía era el paro (42 %), seguido de la inmigración (38 %), la vivienda (30 %), el terrorismo (28 %) y la inseguridad ciudadana (21 %). En claro contraste con la actualidad, los políticos entonces no eran percibidos como un problema salvo para el 8 %, y la corrupción no alcanzaba el 3 % en preocupación. Y decimos en claro contraste porque a día de hoy¹⁵ el paro sigue siendo la principal preocupación (78 %), pero seguido de la corrupción y el fraude (47 %), los problemas de índole económica (25 %) y los políticos en general (20 %).

Es más, si se observa el siguiente gráfico se podrá comprobar cómo los políticos empiezan a ser una preocupación relevante para los ciudadanos a partir de 2009, mientras que la corrupción y el fraude no empiezan a manifestarse como problemas hasta finales de 2012. Sin embargo, antes de la crisis, las preocupaciones más importantes eran el paro y los problemas de índole económica, y ambos crecieron enormemente a partir de diciembre de 2007. Uno puede llegar a la conclusión de que Gramsci tenía razón y que, como dijimos en 2013, «no siempre una crisis económica tiene una prolongación en una crisis ideológica o política, pero sí es habitual que suceda cuando el deterioro de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía es más que evidente».¹⁶

Principales preocupaciones percibidas por la población

En porcentaje de respuestas. Años 1993-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de barómetros del CIS (2015)

Es importante señalar la paradoja de que, durante los peores años de corrupción, esta apenas era sentida como una preocupación para la ciudadanía. Sin embargo, cuando ya el dinero deja de fluir entre las redes y tramas corruptas y cuando empezamos a conocer los casos pasados, es cuando empieza la preocupación por la corrupción.

En todo caso, parece evidente que la crisis económica ha cambiado la concepción del mundo de la gente, su forma de pensar. Ahora bien, es de esperar que si cambia la concepción del mundo de la gente entonces también debería cambiar su comportamiento político y, más concretamente, su comportamiento electoral.

Durante los años de la burbuja inmobiliaria, el bipartidismo había gobernado el país cada vez con más apoyo electoral. De hecho, eran tiempos en los que prácticamente se daba por hecho que formaciones como Izquierda Unida estaban condenadas a desaparecer porque ya no tenían cabida en un sistema que, supuestamente, era el mejor de los posibles y al que le sobraba cualquier formación anticapitalista. Los datos no dejan lugar a dudas, y en las elecciones generales del año 2008 el bipartidismo sumó la friolera cifra de casi un 88 % de apoyo electoral.

Pero la crisis económica y la crisis política, es decir, la crisis de régimen, vino a desbaratarlo todo. Como consecuencia de ello en los últimos años se puso de relieve que «la ciudadanía ha dejado de confiar, en términos generales, en los dos partidos políticos que han gestionado el país durante el tiempo en el que se gestaba el desastre actual». Sin embargo, y esto es algo que veremos también más adelante, a principios de 2014 «este fenómeno no se ha traducido en un ascenso igual de otras formaciones políticas», sino que «la verdadera beneficiada del proceso es la suma de la abstención y el voto en blanco».¹⁷

Intención directa de voto

En porcentaje. 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de barómetros del CIS (2015)

En definitiva, durante los años de la burbuja inmobiliaria la economía española disfrutó de un crecimiento económico sin precedentes. Sin embargo, ese crecimiento ocultaba que existían privaciones importantes para determinados sectores sociales, pero también ocultaba las precarias bases o fundamentos sobre el que se sostenía. La especulación inmobiliaria, el endeudamiento o la dependencia de la construcción estaban definiendo una economía que tarde o temprano se daría de bruces con la realidad. Y mientras eso ocurría, la mayoría de la población parecía narcotizada ideológicamente, ajena a lo que sucedía en las cloacas del sistema. Así es como la sociedad fue haciéndose cada vez más bipartidista, más conformista, más dócil. Algo que duró hasta el estallido de la crisis y hasta que las condiciones materiales de vida de esa misma gente cambiaron a peor o a mucho peor.

No obstante, durante aquellos años de supuesto milagro económico también hubo críticos del sistema, como nosotros, y también protestas y movilización social. De hecho, se trataba de formas de movilización relativamente nuevas y que ya dejaban pistas sobre los contornos que tomarían movimientos posteriores como el del 15-M.

LAS RESPUESTAS POPULARES DE NUEVO TIPO

Antes hemos visto algunos datos sobre las preocupaciones de la ciudadanía en distintos años. Según las respuestas dadas por los encuestados al Centro de Investigaciones Sociológicas, una de las preocupaciones más importantes en la última década ha sido la vivienda. Y es normal que así sea si estamos hablando precisamente de un escenario de burbuja inmobiliaria. Según se puede observar en el siguiente gráfico, esa preocupación comenzó a crecer en torno a 2002-2003 y llegó a su cúspide en 2007. Desde entonces se ha producido un rápido descenso. Hay casi una correlación entre esta evolución y la del precio de la vivienda, como por otra parte era de esperar.

Preocupación ciudadana percibida con la vivienda

En porcentaje de respuestas. Años 1993-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de barómetros del CIS (2015)

En el año 2008 el 82 % de los hogares tenía una vivienda en propiedad y el 36 % tenía además otras propiedades inmobiliarias. Esos números diferían entre clases sociales, pero no de forma sustantiva.¹⁸ Ahora bien, lo más interesante es que el 50 % de los hogares afirmaba tener algún tipo de deuda, siendo para el 60 % de esos hogares una deuda para adquisición de vivienda. Y aquí, por cierto, sí había diferencias notables entre clases sociales, dado que los hogares más pobres eran también los hogares menos endeudados.¹⁹ En todo caso, estaba claro que los elevados precios de las viviendas, sumado a una pésima o incluso nula política de alquiler en España, había sido una fuente de endeudamiento clara para los hogares españoles. Y tanto el precio como las deudas que se generaban eran motivos suficientes para considerar preocupante el ámbito de la vivienda.

Como consecuencia de lo anterior, a principios de la década de los 2000 se creó en España la Plataforma por una Vivienda Digna, y en 2005 se produjo la primera gran manifestación en Madrid. Pero fue a partir de 2006 cuando más importancia cobraron las movilizaciones. Muy especialmente porque fue cuando los medios más se interesaron por la cuestión.

El 14 de mayo de 2006 tuvo lugar la primera manifestación y además fue en varias ciudades al mismo tiempo. Se crearon asambleas llamadas V de Vivienda. Era una alusión a la película V de Vendetta, estrenada en 2005, adaptación de un cómic reivindicativo de Alan Moore y David Lloyd. V era el personaje que, oculto tras una máscara, se rebela ante una tiranía que esclaviza a la sociedad moderna. Los tintes anarquistas del cómic fueron rebajados en la película, pero esta no perdió su esencia reivindicativa. Si bien, eso sí, fue claramente reapropiada por los circuitos consumistas del mundo capitalista. La careta de V se convirtió en un símbolo, especialmente para los sectores más jóvenes de la población. Un matrimonio feliz entre cierto merchandising y las reivindicaciones sociales del mundo real.

Pero V de Vivienda tenía razones, como todavía las tiene. A los jóvenes nos habían dicho que las luchas de nuestros padres y madres habían servido para que viviéramos mejor que ellos, sin privaciones y con muchas más facilidades. Pero lo cierto es que, más allá del avance tecnológico obvio, las cuestiones vitales no quedaban tan claras en la comparación entre generaciones. El desempleo, la precariedad, la falta de certezas en el futuro pero también la falta de acceso a una vivienda hacían difícil aceptar la tesis del relato oficial. A finales de la década de 1990 el colectivo de Juventudes Comunistas ya había adelantado que seríamos la primera generación que viviría peor que sus padres. Tachados de agoreros al principio, pocos años más tarde empezó a consolidarse la idea de que estaban en lo cierto.

Las manifestaciones promovidas por V de Vivienda, sin embargo, fueron un relativo fracaso. A pesar de que en teoría se dirigían a la mayoría de la población joven, a las concentraciones acudían solo unos pocos centenares de personas. Y en algunas ciudades, como en Málaga, éramos no más de una decena. Poco, muy poco como para plantearse que pudiera ser un catalizador de la transformación social. Las charlas sobre los problemas de la vivienda no tenían mejor resultado. En mayo de 2007 los compañeros de Izquierda Unida organizaron, en el marco de la campaña electoral municipal en Málaga, una conferencia sobre vivienda. Hubo más ponentes que público. Eran claros síntomas de lo que hemos comentado en el epígrafe anterior.

No obstante, no podemos infravalorar los intentos de movilizar a la ciudadanía en aquellos tiempos, aunque es verdad que a mi juicio se estaba haciendo bastante más a través de los movimientos sociales que de los partidos políticos. Mientras los segundos, como Izquierda Unida, tenían programas donde se trataba el tema de forma pormenorizada y proponiendo soluciones claras, los primeros, los llamados nuevos movimientos sociales, se centraron especialmente en fórmulas de activismo social en las calles. Yo no veía en ambas actitudes algo contradictorio, y más bien pensaba que ninguna de las dos era suficiente por sí sola. Pero mis ganas de transformar la sociedad a través de la pedagogía me llevó en aquellos años a ser más un activista social que un militante clásico.

Aunque yo era militante de base de Izquierda Unida, no era un asistente habitual a las asambleas de mi organización. Me conocían en mi asamblea, pero poco más. No tenía contacto con la estructura orgánica provincial en Málaga y mucho menos con estructuras superiores. Mi actividad dentro de la organización era ayudar ocasionalmente, pero dentro de los límites de mi municipio. Dedicaba la mayor parte del tiempo al activismo social en los movimientos sociales, en la facultad o en asociaciones ecologistas y altermundistas. En los tiempos de la burbuja, como decíamos antes, la parálisis social era tan importante que me parecía fundamental fomentar la presencia en la calle como herramienta pedagógica.

El debate que entonces se daba era básicamente el mismo de siempre. De un lado, los representantes de los partidos políticos insistían en que la única forma de transformar la sociedad era aumentando la presencia en las instituciones —ayuntamientos y parlamentos—, y consideraban que los movimientos sociales prescindían de esa herramienta. De otro lado, los activistas sociales creían mucho más importante conectar con la calle a través de actividades que incluso podían ser lúdicas, mientras que acusaban a los partidos de estar siempre encerrados en sí mismos y en reuniones burocráticas interminables. No había malas relaciones por lo general, pero eran estrategias diferenciadas. Y a mí, curiosamente, me parecía que ambas tenían razón.

Al fin y al cabo no era este un debate nuevo. La movilización social desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX había sido fundamentalmente canalizada por sindicatos y partidos políticos. El influjo de las ideas socialistas y marxistas era muy fuerte, y estas consideraban que el sujeto histórico que haría la revolución sería el proletariado o la clase obrera. Para que tal propósito llegara a cristalizarse se destacaba que el sujeto histórico debía estar organizado políticamente en torno a ambos espacios, sindicatos y partidos. Estas organizaciones tenían a su vez una vanguardia o clase dirigente que era la encargada de señalar los momentos estratégicos para las movilizaciones. Variaba según el contexto y la tradición política, pero lo habitual era que los partidos y los sindicatos formaran una coalición de lucha social. Y así fue como la clase obrera fue conquistando derechos sociales y económicos al poder económico y a las clases dominantes. Gracias a estas luchas se logró el sufragio universal, la descolonización y el derecho de autodeterminación, las jornadas laborales de menos horas, las prestaciones sociales o el llamado Estado social. En términos generales podríamos decir que la democracia política, tal y como la conocemos hoy, fue esencialmente el resultado de estas luchas organizadas.

Pero tras la Segunda Guerra Mundial el mundo comenzó a cambiar, y también las perspectivas filosóficas. La fe en el progreso y el cambio social se había deshecho como consecuencia de los horrores de la guerra, e incluso estaba en quiebra la fe en la tecnología como portadora de un mundo nuevo y más justo. Así, poco a poco, fue penetrando una concepción del mundo menos optimista en el futuro y más descreída sobre la existencia de sujetos históricos destinados a hacer la revolución. Al mismo tiempo, las transformaciones económicas fueron modificando la estructura social de las sociedades industriales. El advenimiento de la llamada globalización, de las nuevas tecnologías y de las políticas neoliberales que propugnaban la desindustrialización cambiaron el panorama en nuestras sociedades allá por las décadas de 1970 y 1980. El Estado social comenzaba a ser desmantelado y los sindicatos y partidos políticos de izquierdas fueron perdiendo protagonismo en las luchas. Con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética sobrevino la victoria aparente de las tesis que apelaban al fin de la historia y, por tanto, también al fin de las ideologías y los sujetos históricos. Todo ello, en definitiva, fue una derrota clara para los códigos con los que se había interpretado lo político desde el siglo XIX y desde la izquierda.

Con ese nuevo panorama, pronto irrumpieron los llamados nuevos movimientos sociales. Y se les llama «nuevos» porque en realidad siempre han existido movimientos sociales, caracterizados estos por ser un conjunto de personas organizadas que comparten una cierta denuncia social y el propósito de cambiar esa realidad a partir de la acción colectiva. Incluso podría considerarse que el propio movimiento obrero es también un movimiento social.

Lo que caracteriza a los nuevos movimientos sociales es cierto componente interclasista, es decir, la existencia de una relación entre sus miembros que se da a través de valores e ideas más que de clase. Esto quiere decir que se da una adscripción al movimiento que emerge más de lo ideológico y cultural que de una base material. Vamos, que uno se une al movimiento por la vinculación de una idea y no porque tus compañeros sean personas que vivan en las mismas condiciones materiales que uno mismo. En cuanto al método de organización, frente a los partidos y sindicatos clásicos que se organizan con mucha burocracia y jerarquía, los nuevos movimientos sociales buscan estructuras descentralizadas, participativas y abiertas. Y mientras partidos y sindicatos son estructuras institucionalizadas por el poder, es decir, que participan en las reglas del juego institucional, los nuevos movimientos sociales se caracterizan por hacer una presión externa a las propias instituciones.

Es verdad que habitualmente se considera que los movimientos sociales y los partidos políticos son como el agua y el aceite, que no se pueden juntar. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que las formas de organización y método de los partidos suelen ser tan rígidas y cerradas que apenas hay diálogo con la sociedad civil que se organiza al margen. Hay un hecho político incontestable que es transversal a toda la historia de la política: existe un trade-off, o intercambio, entre eficiencia y legitimidad/democracia. Dicho de otra forma, cuanta más democracia interna tiene una organización más tarda en tomar decisiones. Parece obvio, ya que un dictador puede imponer su voluntad en apenas unos segundos mientras que una organización democrática necesita de un largo y a veces tedioso proceso de negociación y debates interminables entre los individuos que la componen. Así, cuanto más democráticos sean los partidos políticos, menos capacidad de pronta reacción tendrán.

Esto es algo sobre lo que teorizó a principios del siglo XX el sociólogo alemán Robert Michels (1876-1936) cuando formuló la llamada «ley de hierro de la oligarquía». Según esta, toda organización social, a medida que crece, degenera necesariamente en una forma burocratizada y controlada por una oligarquía. La obra de Michels pretendía describir precisamente a los partidos políticos, aunque su formulación se hace extensible a cualquier tipo de organización social. Según él, y recogiendo lo anterior, toda organización acaba tendiendo a la creación de liderazgos fuertes que operan en detrimento de la democracia interna. Para hacerse más operativos, los partidos sacrifican parte de su democracia interna. Y si eso es lo que efectivamente ocurre con los partidos políticos en la práctica, como asegura Michels, entonces esa oligarquía interna conformaría el verdadero poder dentro de cada partido. Al mismo tiempo se reproduce internamente mediante las redes clientelares que diseña y alimenta a través de la presencia en las instituciones. Esa oligarquía es lo que en términos coloquiales suele llamarse «el aparato».

Algunos partidos políticos que han nacido con posterioridad a la irrupción de los nuevos movimientos sociales han intentado corregir estas dinámicas, con mayor o menor fortuna. El caso de Izquierda Unida es paradigmático, y volveremos a él en el último capítulo. Pero basta de momento señalar que el intento de Izquierda Unida fue conformarse como movimiento social y político y no como partido político clásico, lo que le dio una aproximación mucho más abierta a la sociedad.

Por eso mismo es importante señalar que no tiene por qué existir una relación antagónica entre los partidos políticos y los nuevos movimientos sociales. En realidad cabría verlo como una realidad dialéctica. Por mi experiencia tengo claro que muchos de los activistas sociales son además militantes de partidos políticos y, al revés. Mi caso es un ejemplo de esa circunstancia. Sin embargo, no solo hay una relación dialéctica en torno a lo que podríamos llamar doble militancia, sino que hay una relación también cultural. Eso quiere decir que en algunos casos, como es el de Izquierda Unida, hay una estructura orgánica que es porosa y absorbe valores, principios, métodos y programas que nacen en el seno de los movimientos sociales. Eso solo es posible cuando los partidos políticos tienen una apertura suficiente que permite relacionarse con la sociedad de forma dialéctica.

Y cuando hablamos de cambios culturales en la sociedad hay que entenderlo también como el resultado de estos diálogos entre la sociedad civil y los partidos políticos. Por ejemplo, algunas de las demandas de regeneración democrática que hoy, en pleno 2015, están a la orden del día, ya estaban presentes en los documentos fundacionales de Izquierda Unida e incluso se han llevado a cabo en las administraciones públicas donde se ha gobernado. Hablamos, por ejemplo, de las experiencias de los presupuestos participativos o de las consultas populares. Llama la atención, por ejemplo, el lenguaje y tono que se marcaba desde el programa electoral de IU ya en 1996 respecto de la necesaria democratización de las instituciones:

Democracia, para extender y generalizar el poder, evitar su oligarquización, posibilitar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en las grandes y pequeñas decisiones, impedir la burocratización de la vida política, hacer que los aparatos e instituciones del Estado se hagan más permeables y controlables por las ciudadanas y ciudadanos, potenciar el desarrollo de los distintos sujetos sociales presentes en la sociedad civil, respetar y extender las libertades y los derechos humanos. En definitiva, transformar la actual democracia delegada en una democracia participativa.

Esa y otras demandas son parte de lo que ahora llamaríamos nueva política, pero que en realidad tienen un arraigo muy fuerte en la tradición republicana y socialista. Al fin y al cabo, una de las experiencias más democrática y participativa de la historia fue la de la Comuna de París de 1871. Es en esa tradición republicana en la que pueden encontrarse las demandas más profundas por democratizar todo espacio político, y desde luego Izquierda Unida ha sido siempre heredera de esa tradición. Pero también lo han sido, desde diferentes ramificaciones, los nuevos movimientos sociales. De ahí que no sea tan extraño encontrar tantas similitudes programáticas y de principios políticos.

En definitiva, durante los años previos a la crisis existió una importante movilización social y política, pero de una naturaleza mucho menos intensa de lo que sería en los años posteriores. Sin duda alguna se trataba de reacciones populares ante el proceso desdemocratizador que se estaba viviendo, pues sus demandas estaban todas relacionadas con derechos sociales sustantivos que se estaban perdiendo. No obstante, estas reacciones populares fueron tanto clásicas, como las movilizaciones sindicales que defendían espacios de protección laboral, como de nuevo tipo, como las movilizaciones sociales vinculadas al acceso a la vivienda. Pero es ahora evidente que estábamos ante el germen de respuestas populares mucho más potentes.

3

LA INDIGNACIÓN EXPLICADA

EN 59 SEGUNDOS

Algunas de las respuestas populares más importantes a los primeros efectos visibles de la crisis la dieron los sindicatos. Sin embargo, muchos de nosotros consideramos que llegaron tarde. De hecho, a principios del año 2010, tal como apunté en mi blog, «había una calma tensa que no lográbamos comprender quienes seguíamos los fenómenos económicos. Nosotros pensábamos que estábamos viviendo una crisis cuya resolución (más o menos social) dependería de la relación de fuerzas. Y confiábamos en que los sindicatos pusieran sus cartas encima de la mesa para plantarle cara al poder económico que estaba pensando ya en agudizar su línea neoliberal. Pero no lo hicieron».¹

Es decir, lo que entonces pensaba es que las respuestas sociales a los procesos de desdemocratización deberían haberse agudizado como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis. Al fin y al cabo esa gestión neoliberal de la crisis conllevaba nuevos procesos de desdemocratización, tanto en su aspecto sustantivo, con congelación de las pensiones y bajada de sueldos a funcionarios en mayo de 2010, como en su aspecto procedimental, con el reconocimiento explícito de que las reformas se imponían desde instituciones internacionales como la troika.

Fue la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PSOE lo que hizo que definitivamente los sindicatos convocaran una huelga general para el 29 de septiembre de 2010. Como describió con acierto Antonio Antón, aquella «movilización sindical supuso un agudo conflicto social y ciudadano con el Gobierno socialista, la derecha política y el poder económico».² Fue un éxito de convocatoria que abarcó a un tercio de la población asalariada, si bien sus objetivos concretos —revocar la reforma laboral— no pudieron lograrse. Entre otras cosas porque el Gobierno del PSOE había aprobado ya la ley y había insistido públicamente en su nula intención de dar marcha atrás. Pero lo que es evidente es que la huelga general había ayudado a visibilizar un fenómeno social de reacción a las políticas neoliberales que, al mismo tiempo, esperaba nuevos movimientos.

Sin embargo, y contra toda lógica, en febrero de 2011 los sindicatos firmaron junto con el Gobierno un acuerdo de reforma de las pensiones que incluía la elevación de la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años. Fue un jarro de agua fría para las expectativas de millones de personas que estábamos pendientes de que los sujetos políticos organizados y contestatarios organizasen nuevas convocatorias de respuesta social.

Afortunadamente el descontento de la ciudadanía por aquella posición de los sindicatos no se tradujo en gente resignándose y volviendo a casa. Al contrario, el descontento se canalizó a través de movimientos sociales y plataformas que buscaban cambiar el estado de las cosas. Algunos participábamos entonces muy activamente en las mesas de convergencia, un proyecto que tenía como objetivo conformar asambleas ciudadanas en las que podía participar todo el mundo sobre la base de un programa en común. Se crearon mesas en casi todas las ciudades del país, pero el movimiento 15-M, con una filosofía muy similar, terminó por absorberlo todo. También Juventud sin Futuro y otras organizaciones sectoriales organizaron manifestaciones y concentraciones en los meses previos a la gran manifestación del 15 de mayo. Todo sumaba, desde luego. Pero fue, finalmente, la plataforma Democracia Real Ya la que se llevó el gato al agua.

UN SUJETO DESCONOCIDO

Tengo en mi bandeja de entrada un correo de mi compañero y amigo Juan Torres López en el que, justamente el 15 de marzo de 2011, me mandaba un manifiesto llamado «Toma la calle». Aquel texto llamaba a una gran manifestación para dos meses después, es decir, para el 15 de mayo de 2011. Asimismo, el manifiesto iba acompañado de una serie de enlaces y documentos para la organización de la convocatoria. Precisamente Juan me lo enviaba al mismo tiempo que me preguntaba si yo sabía de qué iba la cosa.

Sinceramente, todavía no tenía ni idea de qué se estaba gestando. Así que me puse a investigar, y el mismo día y en un tren de vuelta a Sevilla le mandé la respuesta. Le contesté lo siguiente:

Acabo de leer en su web el manifiesto, las propuestas concretas, el quiénes somos y el foro de su web por encima. Yo no le veo nada raro: no sé quién hay detrás en carne y hueso, pero me suena a movilización más o menos espontánea (similar al movimiento por una vivienda digna). Sus textos son inequívocamente de izquierdas (paraísos fiscales, fiscalidad, banca pública, sistema público, etc.) con la novedad de un acentuado desdén hacia la clase política. Creo que beben de las propuestas de ATTAC y del movimiento ciudadano de Islandia (no en vano son sus etiquetas principales en el foro). De todas formas no hay que pensar que sean muchos los que organizan: hoy en día hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que saben montar webs de esa envergadura y con esa calidad en poco tiempo. Me inclino a pensar que es una iniciativa reducida promovida por un pequeño núcleo de gente de izquierdas no metido en política institucional. Eso sí, no sé qué efecto tendrá. Quizás como en los incendios cualquier llama es válida si las condiciones son las oportunas...

Ahora me resulta curioso leer aquella respuesta, claro. Sobre todo porque sabemos que, finalmente, aquel incendio sí llegó a prender. ¡Y de qué forma!

Efectivamente, las propuestas que aparecían en la web eran todas propuestas sacadas del ideario clásico de la izquierda. Cualquier organización progresista hubiera podido firmar todos sus puntos, y además podían leerse como de sentido común, es decir, como propuestas con las que muy difícilmente podía estar uno en desacuerdo. En mi entorno no teníamos, en consecuencia, ningún problema con las razones de la convocatoria. Pero sí que existían susceptibilidades acerca de la organización. ¿Quién estaba detrás? ¿Y si eran grupos de extrema derecha que buscaban aprovechar el descontento popular para extender sus ideas fascistas? Esa era, por extravagante que pareciese, una de las principales preocupaciones que teníamos.

No muchos días más tarde mi hermano me avisó de que se convocaba una reunión en la facultad de Económicas en Málaga en el marco de la asociación de economía crítica que yo había fundado y en la que ahora él era presidente. Decidí pasarme a ver si me enteraba de algo más sobre la dichosa convocatoria. Y allí descubrí que muchos de los estudiantes que integraban la asociación eran también organizadores del 15-M y que, por lo general, era ese perfil el que estaba participando en el incipiente movimiento. Entonces no se conocía popularmente como «movimiento 15-M» sino con el menos atractivo nombre de Plataforma para una Democracia Real Ya. Además, la plataforma se organizaba en lo básico a través de las redes sociales de internet. Estas formas de organización eran sustancialmente distintas de las metodologías clásicas utilizadas, por ejemplo, por el sindicalismo.³

El día 30 de marzo organizamos la presentación de ATTAC-Málaga en la facultad de Económicas, y nos encontramos allí con gran parte del activismo social malagueño. Fue entonces cuando tuve contacto directo con algunas de las personas que estaban más implicadas en las cuestiones logísticas de la convocatoria del 15-M. Y así salimos de toda duda: no se trataba de una convocatoria peligrosa desde la óptica de la izquierda. Al contrario, podía convertirse en una oportunidad.

Finalmente llegó el día, el 15 de mayo, y yo me encontraba en Sevilla. Fui a la manifestación, pero sin muchas expectativas. La duda era: ¿podía un colectivo desconocido convocar una manifestación masiva en apenas unos meses? ¿Y podría hacerlo sin apoyo de sindicatos y de partidos? Ni siquiera los que nos movíamos en el activismo social éramos conscientes de la fuerza y potencial que estaba a punto de emerger. Porque la respuesta fue un rotundo sí; un «desde luego que se puede». Las calles se llenaron de miles de personas. Y no solo en Sevilla y en Málaga, sino en todas partes de España. Gentes muy diversas y con proclamas muy distintas pero todas más que cabreadas con la situación política y económica. El lema era «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros», quedando claros y bien delimitados los objetivos señalados.

Al día siguiente corrió la voz de que en Madrid la policía había golpeado y reprimido a unos jóvenes que quisieron acampar en la Puerta del Sol. Unos días más tarde sucedió lo mismo en Barcelona. Pero no solo corrió la voz, sino también las imágenes por internet y por televisión. Eso despertó un notable sentimiento de solidaridad que se tradujo en nuevas movilizaciones y nuevas acampadas por toda España. Y así, en apenas unos días, las principales plazas del país estaban tomadas por ciudadanos que manifestaban de ese modo el monumental cabreo con la situación política y económica.

En ese contexto y apenas pasados quince días, mi posición sobre las acampadas fue la de levantarlas y llevarlas a los barrios. Pensaba que «sacar a los acampados de las plazas es una medida acertada si eso da paso a un programa de asambleas semanales tanto en las principales plazas como en los barrios». Al fin y al cabo, argumentaba, «lo importante no es tener a cientos de personas acampadas en las principales plazas de las ciudades, sino generar espacios de encuentro político y tejer redes sociales que contribuyan a crear una base social revolucionaria». Así, la apuesta era llevar «la política a los barrios y a otros espacios (como institutos y universidades). Hay que hacer que las personas se conozcan, debatan, se identifiquen en sus intereses y construyan conjuntamente programas de naturaleza política. Eso permitirá que la sociedad esté más preparada para enfrentarse a los malos políticos y al robo de los empresarios y banqueros, e incluso —con una formación adecuada— ser capaz de articular alternativas sistémicas». Yo lo fundamentaba entonces argumentando que «la crisis permanecerá mucho más tiempo y, además y lo que es peor, se agudizará en los próximos años con mayores y más graves recortes sociales que sufriremos todos. Lo que necesitamos es que el movimiento 15-M esté preparado, a nivel de formación y a nivel de reacción, para esa época venidera».⁴

No obstante, mi posición fue minoritaria hasta pasado mucho tiempo; quizás demasiado, pues cuando las acampadas pasaron a los barrios apenas quedaba fuelle en el movimiento. Ya en junio era un clamor que se había enquistado, perdido el frescor e incluso «la dinámica de determinadas acampadas está ahogando al movimiento y expulsando a mucha gente del mismo». Yo escribí entonces que había «varias soluciones posibles, pero todas pasan por desmantelar esos campamentos que en algunos casos se han convertido en parques temáticos sin sentido».⁵ Quizás fui excesivamente duro, pero se vivió casi de todo en aquellas acampadas. Y no siempre fue necesariamente positivo.

Ahora bien, en las plazas se debatía, se establecían nuevas relaciones de compañerismo y se decidía sobre nuevas acciones, manifestaciones o campañas políticas. Y aunque el 15-M irrumpió apenas una semana antes de las elecciones municipales, no era el fenómeno electoral un tema central en las asambleas. Yo mismo mantuve desde el principio que el «ciclo político es más rápido que el económico, y no podemos pensar el movimiento 15-M como una herramienta electoral»,⁶ pues vinculaba el 15-M con el fenómeno social de respuesta a la crisis económica. En todo caso, los mensajes dominantes estaban relacionados con no votar al bipartidismo, pero poco más. De hecho, solo dos días más tarde ya me había dado cuenta de ello cuando escribí que «los objetivos de la mayoría eran el gobierno del PSOE, el Partido Popular y los bancos. Había minorías que hacían extensible el odio al resto de partidos políticos, pero no era un sentimiento dominante. Aquí lo que se estaba juzgando era el complejo político-empresarial que domina este país en vías de subdesarrollo».⁷ Efectivamente, lo que más tiempo llevaba en las asambleas eran los debates sobre la situación económica y política en general, y por eso las comisiones de trabajo más nutridas eran siempre las de economía. Así fue como, en poco tiempo, las plazas se convirtieron en universidades populares y, particularmente, en escuelas de formación económica.

En ese ámbito yo participé de forma muy activa. Estuve implicado en la comisión de economía de Sol, en Madrid, aunque casi siempre de forma no presencial. Y sobre todo estuve participando en charlas/conferencias en la plaza de la Constitución en Málaga, así como también en el grupo de economía de Málaga. Explicaba qué es la prima de riesgo, la deuda pública, el PIB y otros muchos conceptos económicos que ya estaban de actualidad. Tenía claro que si queríamos un cambio de país necesitábamos una base social, un sujeto histórico, y que no podría conformarse si no estaba preparado intelectualmente. Por eso declaraba también que «un elemento clave es la formación de esa base social. La formación ha sido dejada de lado por los partidos políticos de izquierdas y las organizaciones sindicales. Y sin formación, al final no existen referentes teóricos y sin ellos la gente se deja llevar por la inercia política o se sitúa en una posición estrictamente defensiva. Y nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente pasar al ataque. Tenemos que poner un programa político encima de la mesa que permita pasar al ataque de forma inmediata».⁸ Esta idea de la formación ha sido siempre un elemento crucial de mis objetivos, y a mi juicio aún estamos hoy muy lejos de tener estructuras políticas que promuevan otro tipo de concepción del mundo.

En aquellos primeros días fue cuando más fácil resultó comprobar la heterogeneidad del colectivo. En las manifestaciones podíamos encontrar a personas jubiladas yendo con sus nietos de la mano, pero también a jóvenes y a personas adultas de diversa extracción social. Unos portaban carteles llamando a la nacionalización de las grandes empresas y otros simplemente decían que todo tenía que cambiar. Era todo muy complejo y muy rico. Sin duda, estábamos ante la canalización de la frustración de la gente, aunque las causas de dicha frustración fueran tan variadas. Y eso significaba que estaba creciendo un cortafuegos ante el posible e hipotético avance, que siempre nos asustó, del populismo de derechas. En agosto lo dejé escrito: «Y en este escenario, el 15-M actúa de cortafuegos ante la subida espectacular de posturas populistas [...] cuando la frustración crezca se alimentarán las movilizaciones sociales, y entonces y por suerte el 15-M ya estará allí. Por eso veo al 15-M no solo como una universidad popular de reeducación política sino también como cortafuegos del auge populista».⁹

Pero si algo conseguía explicar la frustración de la gente era, como dijimos en el capítulo anterior, la crisis de régimen que estaba emergiendo. La crisis económica estaba haciendo empeorar las condiciones de vida de la ciudadanía de un modo más que notable, y la gente buscaba fórmulas para revertirlo. Por eso yo mismo advertí en la asamblea estatal de Democracia Real Ya que «sabemos dónde nos van a dar el siguiente golpe, y es ahí donde tenemos que estar. Sin duda eso no significa que nos olvidemos de que en realidad hay gente con una situación económica de urgencia. Hay millones de personas en paro, centenares de miles de personas perdiendo sus casas, miles de familias cayendo en la pobreza y otros tantos millones de personas entrando en regímenes laborales de semiesclavitud. Por eso es necesario un plan de choque de corto plazo, una creación de un escudo social para proteger desde ya a todas esas personas». La creación de ese escudo social solo podía hacerse yendo «a proteger a las personas que pierden sus casas, hay que ayudar a los estafados por la banca y hay que ir a los servicios de empleo a nutrir la base social haciéndoles ver a los parados que nosotros somos ellos y que ellos somos nosotros. Y todo esto debe hacerse de una forma organizada y atendiendo a una estrategia definida y que tenga presente que hay limitaciones de tiempo y energía».¹⁰ Dicho de otra forma, hacía falta organización, estrategia y presencia en el conflicto social.

Esta visión, que fue sin duda dominante en las discusiones y que acabó derivando en un apoyo claro a movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, tenía como fondo la panorámica de la evolución de la crisis económica. Los que habíamos estudiado los ciclos económicos sabíamos que aún quedaba lo peor por llegar, y que las elecciones municipales que estaban a la vuelta de la esquina no iban a cambiar nada. Por eso siempre hicimos un llamamiento a pensar más lejos. Entonces mi posición era clara. Yo decía: «Sí, el PP ganará las próximas elecciones con casi toda seguridad. Y sus objetivos serán los servicios públicos, que privatizarán o deteriorarán sin piedad. Nosotros tenemos la ventaja de que lo sabemos, y hay que hacer los movimientos oportunos. Es urgente que la base social del 15-M, Democracia Real Ya, las mesas y demás proyectos de este tipo se dirijan a los colegios, a los institutos, a los hospitales, etc., y planteen la necesidad de reunir fuerzas. Muchos van a sufrir en sus propias carnes una crisis que hasta ahora parece pasar de largo de sus propias vidas. La gente comenzará a percibir deterioros en los servicios públicos, habrá despidos y la rabia se incrementará. El caldo de cultivo de la insurrección se generalizará y el bosque de hojas secas del que hablábamos antes crecerá exponencialmente. En última instancia no estamos hablando de otra cosa que de sumar fuerzas con las que poder vencer a un enemigo, y eso es tan viejo como la humanidad».¹¹

No podemos caer en el error de ver en las palabras anteriores un ejercicio de resignación. Y mucho menos en aquellos días, en los que todo parecía posible. Ciertamente teníamos mucha autocrítica que hacer a los procesos iniciados el 15-M, por ejemplo en cuanto al método o las acampadas, pero desde luego nadie podía negar que se estaba produciendo una ruptura en las formas de pensar de la gente. No era fácil saber en qué podía derivar, pero sí teníamos claro que era un instrumento más para ayudar a transformar la sociedad. Y quienes lo veíamos además condicionados por nuestro doble papel de militante de base de una organización política y de activista social éramos conscientes de que toda esa fuerza multiplicaba a las ya existentes y que llevaban tanto tiempo luchando.

No había resignación, como decía. Todo lo más, claridad respecto a lo largo que sería el proceso de lucha. Por eso me preguntaba entonces: «¿Es posible mitigar el efecto perjudicial de los procesos venideros? Sí, y creo que debemos hacerlo. Yo votaré en las próximas elecciones, y lo haré a Izquierda Unida. Pero no lo haré porque confíe en que de ese modo se pueda cambiar algo suficientemente importante, ya que en realidad yo impugno al sistema en su totalidad, sino porque utilizo las herramientas a mi disposición aunque sepa que son insuficientes. No pienso dejar pasar una oportunidad de poner una piedra en las ruedas del neoliberalismo, dicho de otro modo. Aunque sea consciente de que la lucha está en otro lado y que limitarse al sistema político es pasar por el aro».¹²

Es verdad, no obstante, que mi posición de voto político no era mayoritaria ni dominante en el movimiento 15-M. Es decir, ese voto a Izquierda Unida que yo iba a depositar en las urnas tampoco era tan claro para la mayoría de los presentes en las asambleas. Existía una sensación de que efectivamente votar a IU sería en todo caso la opción menos mala, pero que en realidad era el sistema en su conjunto el que tenía que cambiar. Al fin y al cabo, las demandas del 15-M eran estructurales y no simples propuestas concretas. La pedagogía que yo intentaba hacer se basaba en el hecho de que aunque votar fuera insuficiente, había que servirse de ese instrumento. Ahora bien, mi posición general era clara respecto al futuro. Así es como llegué a escribir que estaba seguro de que «en pocos años vamos a ver cómo el mismo modelo político y económico va a cambiar radicalmente, y nosotros tenemos que hacer ruido y empujar para que lo haga en un sentido claramente progresista y republicano. Realmente creo que no tardaremos en ver una Tercera República, pero no como acto simbólico de sustitución del rey por un presidente sino como verdadera transformación estructural de la política y la economía». ¹³ Nadie podrá negar, leyendo esas palabras, que eran tiempos de optimismo. Y quizás no haya acertado, al menos de momento, con el carácter republicano de la transformación, pero sí parece evidente que cambios radicales se están produciendo en estos años que han seguido al 15-M.

Ya en un temprano 17 de mayo, únicamente dos días después de la gran manifestación, escribí que «nadie sabe cómo evolucionará esto, y por mucho que veamos predicciones de supuestos sabios lo único que está claro es que hay un clamor popular que exige un cambio político que es estructural. [...] No creo que tardemos en ver una crisis política brutal (pues será en combinación con la crisis económica, la ecológica y la de la Unión Europea), y lo importante es que es estupendo que ya hayamos creado un movimiento progresista que esté al pie del cañón. Un movimiento que además viene de la mano de una generación, la mía, que es la que menos tiene que perder».¹⁴ Había en esas palabras optimismo, no cabe duda, pero también una identificación de los problemas y, en cierta medida, también de los actores políticos necesarios. Y la mención al aspecto generacional no era casual.

LA RUPTURA GENERACIONAL

Como tampoco era casual que fuéramos tantos los que señaláramos en su momento el carácter generacional de la movilización del 15-M. Aunque en las manifestaciones las calles se llenaban de gentes de todas las edades, y aunque en las encuestas era masivo el apoyo a las consignas del 15-M, era evidente también que el rol más activo lo tenían los jóvenes que representaban a su generación.

Ya entonces entendíamos que los jóvenes estábamos en una situación muy diferente a la que tenían nuestros padres. Los relatos, como explicamos en el segundo capítulo, se estaban resquebrajando y cada vez menos gente confiaba en la máxima del «vivirás mejor que tus padres». Las condiciones materiales de vida de las personas jóvenes eran extraordinariamente distintas que las que tenían las generaciones precedentes. Mi padre mismo tenía unas condiciones de vida que no se parecían en nada a las mías. Y eso marcaba una diferencia estructural de primer orden que sería imposible superar sin cambios radicales. Por eso, al analizar el 15-M en los días posteriores, decíamos que «la gente está harta, y era cuestión de tiempo que saliera a la calle. Especialmente una juventud que miramos al futuro y no vemos más que precariedad, flexibilidad y pobreza [...]. Sin embargo en este caso estamos hablando de la vida misma de las personas que se manifiestan y no de sus convicciones morales. Y hasta que no se resuelvan las causas que han dado lugar a tanta rabia e indignación todo el movimiento estará activo. Puede que la llama se mitigue tras las elecciones, pero tengamos por seguro que podrá emerger de una forma aún más intensa más adelante».¹⁵

Antes de entrar en mi hipótesis sobre la cuestión generacional, es decir, sobre por qué se produce una ruptura generacional en nuestro país, conviene mirar hacia atrás en la historia. Es bueno buscar algunas similitudes históricas que puedan arrojar luz sobre cómo y por qué se producen estos movimientos. Entonces ¿es posible buscar paralelismos con el 15-M en algún determinado momento histórico?

Según destaca Fontana,¹⁶ las revueltas estudiantiles de la década de 1960 tuvieron su origen en la «impaciencia y la frustración de jóvenes universitarios» del mundo occidental. Un fenómeno global que iría desde la Universidad de Berkeley, donde comenzaron las movilizaciones —en el marco de las protestas contra la guerra de Vietnam— hasta las barricadas de París, pasando por Alemania, Italia y México entre muchos otros países. Las demandas estudiantiles también fueron diversas, y oscilaron entre la exigencia de nuevos derechos civiles concretos y el deseo de «derrocamiento del sistema burgués», todo ello bajo la fundamental influencia del marxismo, el ecologismo, el feminismo y la llamada contracultura.

Pero si una experiencia ha marcado el imaginario político desde entonces, esa sin duda es la del Mayo francés de 1968. Lo que empezó con una reivindicación concreta contra una reforma universitaria acabó desarrollándose con la ocupación de teatros y varias manifestaciones masivas por las calles de la ciudad. En este sentido, dos aspectos novedosos de aquel fenómeno merecen una considerable atención: el contenido político y sus formas.

Los estudiantes franceses, al igual que ocurría con los de otros países —especialmente Estados Unidos—, no estaban ciertamente preocupados por sus condiciones materiales de vida (empleo o vivienda), sino por elementos políticos relacionados con los derechos civiles, sobre todo vinculados a la sexualidad y al pacifismo. En París la revuelta comenzó con la aprobación de una ley educativa y la prohibición de las residencias universitarias mixtas, y fue solo en el desarrollo de los acontecimientos cuando diversas facciones comenzaron a hablar de aspectos vinculados al empleo y las condiciones de trabajo. En este sentido, el movimiento situacionista, de mayor recorrido intelectual y profundidad teórica, apenas tuvo influencia en las revueltas. Y la izquierda institucional, cristalizada en el Partido Comunista Francés y la Confederación General de Trabajadores, acabó aislando la lucha laboral de la lucha estudiantil.

Con relación a las formas, los jóvenes de los sesenta «se erigían independientes de las estructuras políticas y de los referentes ideológicos del momento».¹⁷ Además, mostraban fuertes reticencias ante los sindicatos, a los que se tachaba de reformistas, burocratizados y conservadores. Estos rasgos reflejaban que la movilización no solo incluía el perfil del militante, sino que se nutría muy especialmente de jóvenes espontáneos. Esto está vinculado con el hecho de que el dispositivo que amplificó las protestas fue, en casi todas las experiencias, la represión policial. La reacción de unos gobiernos que no estaban preparados para aquellas movilizaciones fue lo que desencadenó un claro sentimiento de identificación y solidaridad en otras esferas de la sociedad, elevando así el alcance de la protesta original. Esos hechos provocaron que se uniera a la causa «una masa desorganizada, apolítica o muy poco politizada, pero que encuentra bruscamente en la revuelta en danza un medio de expresar sus temores, sus rechazos y sus sueños».

A tenor de estas breves descripciones puede esgrimirse que las formas de aquellas revueltas estudiantiles guardan una estrecha vinculación con una movilización, la del 15-M, que, además de tener un perfil marcadamente juvenil, encuentra su origen manifiesto en el «desalojo por parte de las fuerzas policiales de un grupo de manifestantes en la Puerta del Sol»¹⁸ y que se visualiza a sí misma como «estallido del pueblo». Por otra parte, el movimiento del 15-M considera que la «actividad política está profesionalizada y privilegiada» y que la «democracia está desconectada de la ciudadanía». Este rehuir de las formas de participación política tradicional es sin duda un rasgo común entre ambos tiempos, lo que se suma a un evidente proceso de politización, aunque más allá de las paredes clásicas, que puede describirse como un «despertar de conciencias».

No obstante, el contenido político de ambas protestas dista mucho de asemejarse. El 15-M se visualiza efectivamente como un sentimiento de frustración y descontento, pero arraigado a la crisis económica y sabedor de que sin esta no hubiera podido ser. Asimismo, el 15-M carece de demandas concretas, pero sí establece una denuncia estructural a un sistema incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos, los cuales se manifiestan especialmente en una tasa de paro juvenil muy elevada y la falta de herramientas de participación real en las instituciones políticas.

Las demandas del 15-M han sido ampliamente compartidas por la ciudadanía, más allá de la participación efectiva en las acciones concretas, y se ha establecido una nueva forma de comprender los fenómenos políticos. La visibilidad del movimiento ha disminuido, pero el sentir original se ha profundizado con el agravamiento de la crisis. Ello ha llevado a la natural mutación y ramificación del movimiento original en formas más perfiladas, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el movimiento Rodea el Congreso. Nada extraño en todo caso, pues el Mayo del 68 no solo fue precedido por el movimiento del 22 de marzo, sino que también emergió en un contexto histórico muy determinado. No es posible, en consecuencia, entender cualquier movimiento de protesta sin analizar los condicionantes históricos que hacen de cada evento de esta naturaleza un fenómeno especial y único.

Lo que diferencia fundamentalmente a ambos movimientos es claramente su vinculación con las condiciones materiales de vida. En el caso del 15-M esta vinculación es más que evidente, por la ausencia de expectativas laborales y de un futuro digno, mientras que en Mayo del 68 las demandas estaban por lo general desvinculadas de las privaciones fundamentales. Hay que entender que aún se vivía, especialmente en Francia, bajo la impronta del capitalismo dorado de posguerra. Sin embargo, lo que sí tuvieron en común fue el carácter juvenil.

Así, podemos decir que en España hay hoy una ruptura generacional, pero no en los términos planteados en Mayo del 68 sino por otros nuevos. Aquí no hay una diferencia entre jóvenes y mayores sino entre modelos de vida. Lo que sucede es que la mayoría de los jóvenes viven bajo un modelo económico de vida muy distinto al de sus padres y madres. De ahí que estemos ante una aparente ruptura generacional.

Efectivamente, si miramos a nuestro alrededor vemos una comunidad social en descomposición. Las condiciones materiales de vida de la mayoría de la gente se están mermando y con ello se están resquebrajando las seguridades del pasado. Sin embargo, esto no sucede para todo el mundo por igual. Podríamos decir, de hecho, que hoy en nuestra sociedad conviven dos sociedades ciertamente antagónicas.

De un lado una sociedad fordista, propia de las comunidades políticas occidentales de posguerra, y en la que los trabajadores disponen de estabilidad laboral, contratos indefinidos, ciertos derechos sociales reconocidos y garantizados, un mínimo espacio de propiedad material que abarca al menos una vivienda o un vehículo, y sobre todo una seguridad de cara al futuro como es el disfrute de una pensión. De otro lado convive una sociedad posfordista, caracterizada por la inseguridad laboral, los contratos basura, la precariedad, menos derechos sociales, la ausencia total de expectativas de futuro y, en definitiva, un horizonte muy negro. A este fenómeno de convivencia simultánea de dos sociedades tan distintas el filósofo alemán Ernst Bloch lo llamaba «atemporalidad» o «espacio temporal de no sincronía». Y le sirvió para describir tiempos tan tormentosos como el de la Alemania de la década de 1930 y el ascenso del nazismo.

Pienso que estamos viviendo un cambio de época similar. La cacareada ruptura generacional se explica precisamente por estas razones, en tanto que la mayoría de los jóvenes vivimos en la sociedad posfordista. La distinta concepción del mundo que existe, por término medio, entre una persona joven y una no tan joven se deriva de las distintas condiciones materiales de existencia. ¿Cómo van a pensar políticamente igual si viven de forma tan distinta?

No entender esto equivale a vivir en una burbuja. Eso es lo que creo que le ha pasado a la política, a sus instituciones y a las organizaciones políticas. Este y no otro es el mensaje más claro que mandamos los jóvenes que ocupamos las plazas en mayo del 2011. Pero, por lo general, no se entendió.

No obstante, somos conscientes de que a los jóvenes siempre nos queda la posibilidad de retomar las riendas de nuestra propia vida. Como decía el maestro Benedetti, a los jóvenes nos queda «hacer futuro / a pesar de los ruines del pasado / y los sabios granujas del presente».

LA ESPECTACULARIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Aunque, por lo general, no se entendió el mensaje de fondo del 15-M, es decir, su carácter estructural y su aparente carácter juvenil, en los meses posteriores hubo una gran expectación mediática sobre qué podía significar el 15-M. Y gracias a ello, al calor de las movilizaciones, en un 13 de julio la televisión pública española organizó un debate sobre la juventud. Fueron invitados dos representantes del bipartidismo, uno por el PP y otro por el PSOE; dos empresarios, uno del sector industrial y otro de las nuevas tecnologías, y dos representantes de la sociedad civil, uno de Democracia Real Ya y otro de ATTAC. El de ATTAC era yo.

Recuerdo perfectamente el momento en el que me llamaron, porque para mí fue del todo inesperado. Conocía el programa de debate, llamado 59 segundos, pero tampoco lo veía a menudo. En realidad lo veía muy poco, y a ello ayudaba que, aunque se grababa por la tarde, la retransmisión no era nunca antes de la medianoche. Lo que sí había notado es que en los últimos meses habían acometido algunos cambios, porque incluso habían llevado al programa a un economista crítico como Juan Torres López. Y ver a un economista heterodoxo en la televisión pública era ciertamente extraño. Pero con todo y con eso no esperaba que otro invitado fuera yo mismo.

Pero me llamaron, y me explicaron que les interesaba mi visión porque además de ser joven —veinticinco años tenía entonces— mantenía una actitud crítica hacia el sistema que interesaba hacer visible en un programa sobre el 15-M. Yo no dudé y dije que sí, aunque me encontraba de vacaciones y ello significaba subir a Madrid únicamente para grabar el programa. Era una oportunidad para que la gente viera que existían alternativas, y desde luego para no dejar todas las voces políticas al bipartidismo. Eso sí, yo no iba como militante de Izquierda Unida porque naturalmente mi activismo social era mucho más conocido que el hecho de que tuviera un carnet político.

A pesar de los horarios, el debate fue muy seguido. Especialmente en internet, que había sido además uno de los canales fundamentales para la organización del 15-M. Al terminar la tertulia me marché a casa de mi amigo Manu Gracia, antiguo compañero de máster, y allí fue donde vimos el programa. Pudimos comprobar que mis cortas intervenciones fueron algunas de las más aplaudidas por quienes seguían el programa y publicaban al mismo tiempo en Twitter. De hecho, mi número de seguidores en Twitter se multiplicó por seis, pasando de mil seguidores a seis mil en apenas unas horas. Cuando me marché a la cama lo hice absolutamente agotado, pero con la sensación de que se habían hecho las cosas bien y pensando que de algo serviría para ayudar a descubrir nuevas formas de ver la política y la economía.

Durante los días siguientes continuaron llegando felicitaciones, así que se nos ocurrió que sería buena idea recoger en un solo vídeo todas mis intervenciones en el programa. Ello lo haría más accesible, pues el programa completo duraba más de hora y media y sin embargo todas mis intervenciones juntas apenas superaban los diez minutos. Cuando se hizo y se publicó en internet se convirtió muy pronto en un vídeo viral. Es decir, en un vídeo que se compartía con mucha facilidad por las redes sociales. Solo en las primeras semanas se alcanzaron las 50.000 visualizaciones, y para fin de año el vídeo habría alcanzado las 100.000. Todavía a día de hoy tiene algo más de 200.000 visitas.

Aquel ejercicio de viralidad sirvió para que mucha gente conociera el trabajo de ATTAC y las reivindicaciones en materia económica del 15-M, pero también para conocerme a mí. Y esto, curiosamente, hizo que muchos de los militantes de Izquierda Unida supieran de mi existencia. Hasta entonces era un absoluto desconocido incluso dentro de mi organización, lo que era normal teniendo en cuenta mi nula participación en el interior del partido. Y este hecho fue determinante para el futuro, porque, unos meses más tarde, en las votaciones de las asambleas de Málaga para elegir candidato al Congreso, mi nombre saldría en muchas de ellas. La gente había escuchado que «aquel chico de la tele» era de Izquierda Unida de Málaga, así que se le podía votar en aquellas consultas para elegir candidatos.

No obstante, antes de entrar en el salto a la política institucional, conviene hacer una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, lo que había sucedido tenía que ser analizado desde la izquierda si quería entender con precisión el nuevo estado de las cosas en política. Estamos diciendo, no en vano, que un candidato de Izquierda Unida fue elegido, en última instancia, porque sus compañeros de militancia le conocieron por televisión. Es decir, la organización era mucho menos poderosa que los medios del sistema para hacer conocer a sus propios cuadros, es decir, militantes con formación política y técnica. Dicho de otra forma: era una demostración más que clara de que la televisión condicionaba las decisiones internas de una organización antisistema.

Unos meses más tarde, en una conversación informal con Pablo Iglesias, entonces un brillante asesor de Izquierda Unida en temas comunicativos, comentó con ironía que a él le conocían más militantes de IU que al secretario de organización de entonces, es decir, que al número dos. Y tenía toda la razón. Pablo era entonces un desconocido en el conjunto del país, y sin embargo entre los militantes de IU y especialmente los más jóvenes era una clara influencia gracias a su programa de televisión y sus charlas y conferencias. Por el contrario, el número dos de Izquierda Unida era un diputado en la Asamblea de Madrid, un hombre gris, oscuro, burocrático, al que uno podía imaginar conspirando pero del que no sabías qué opinaba de política. Era el mismo fenómeno político que estábamos comentando antes, es decir, de cómo los medios no solo condicionan a la sociedad en su conjunto sino también a las organizaciones que dicen luchar contra ese tipo de sociedad.

Se ha dicho mucho que vivimos en una sociedad posmoderna en la que impera tanto la fugacidad como nuevo orden temporal como la espectacularización de la política. En cierta medida es todo parte del mismo fenómeno. No es que vivamos en una época nueva, en un nuevo tipo de capitalismo, sino que las características de la modernidad y del capitalismo de posguerra se han extremado hasta niveles impensables. Y ahora la mercantilización llega a prácticamente todas las esferas de la vida. Así, la lógica de la sociedad-moda ha penetrado en todos los aspectos de la política, condicionando de ese modo los ritmos y el tipo de mensajes y medios. El espíritu moderno de las ideologías, que propugnaban un mundo nuevo en el futuro, ha sido sustituido por el hipermoderno consumo rápido y hedonista de bienes, servicios e imágenes. ¿Cómo no va a afectar eso a la política?

Cualquiera podrá comprobar que en nuestro país los debates políticos de las décadas de 1980 y 1990 eran muy distintos a los de ahora. Han cambiado los ritmos. Se han acelerado. Baste recordar que el programa del que venimos hablando se llamaba 59 segundos porque solo teníamos un minuto de intervención. Cualquiera puede también hacerse una idea de cómo afecta eso al contenido de la intervención misma, y cómo en consecuencia ganan peso relativo aspectos relacionados con el mundo de la imagen.

Pero no creo que sea adecuado ni justo pensar en términos maniqueos, como si todo fuera o bien bueno o bien malo. Los medios de comunicación, y muy en particular la televisión, han ayudado a poner el debate político en los salones de los hogares. Han contribuido a politizar la sociedad. Y más a partir del 15-M que antes, desde luego. Ahora estamos acostumbrados a desayunar, comer y cenar escuchando tertulias políticas en las que periodistas y políticos discuten sobre los asuntos cotidianos. Pero hasta el año 2011 solo en contados programas como el de 59 segundos, y retransmitidos a las tantas de la noche —o casi del día siguiente—, era posible encontrar debate político.

Ahora bien, como dice Sébastien Charles, «los medios de información se han visto obligados a adoptar la lógica de la moda, a inscribirse en el registro de lo espectacular y lo superficial, y a valorar la seducción y la gracia de sus mensajes».¹⁹ Lo espectacular y lo superficial como criterios de lo que es o no admisible en horario de máxima audiencia. No obstante, esto no es solo aplicable a la televisión sino también a muchos otros formatos del mundo hipermoderno como es Twitter. De ahí que poco a poco se haya sustituido, en gran medida, el recurso al libro por el recurso a los 140 caracteres y asimismo se haya sustituido el conocimiento por la sobreinformación. Pero ¿es esto un problema de la demanda —los ciudadanos que con sus hábitos marcan las audiencias de lo más visto— o de la oferta —las televisiones que dedican dinero y espacio a programas basura?

En la película de 2007 Un juego de inteligencia un grupo de desempleados llega a la conclusión de que parte del problema social se encuentra en que el público se está tragando siempre programas basura que adormecen las conciencias. Los protagonistas están convencidos de que es necesario cambiar la sociedad cambiando sobre todo los hábitos de consumo en los medios de comunicación. Por eso, deciden montar un comando dedicado a hackear los audímetros que, situados al azar en miles de hogares, mandan a una empresa las señales de lo que están viendo en televisión. Es esa empresa la que, tras recoger esa información, calcula las audiencias de los programas de televisión. Ellos confían en que sustituyendo los buenos resultados de los programas basura por unos buenos resultados de programas culturales la gente empezará a despertar. ¿Funcionará? ¿Funcionaría en la realidad? En todo caso, estamos obligados a hacernos la siguiente pregunta: ¿sería acaso igual de atractivo un debate sobre política internacional a las cuatro de la tarde que una telenovela o un programa sobre famosos que se insultan a gritos?

Yo no tengo respuesta, sinceramente. Tiendo a pensar en la función pedagógica que ha de tener la televisión y los medios de comunicación. Sin embargo, es evidente que hay enormes limitaciones y condicionantes. A veces son de naturaleza económica y otras por prácticas culturales. Una de las primeras cosas que más me sorprendió cuando ya era portavoz de IU en el Congreso en las comisiones de economía y hacienda fue que algunos tuits que yo escribía tendían a convertirse en noticias para los grandes medios de comunicación. Por diversas razones, entre las que se encuentra de forma muy preferente la precariedad con la que sobrevive el sector del periodismo, los periodistas optaban por crear noticias a partir de mis tuits. De hecho, han sido muchas las ocasiones en las que un tuit escrito en el móvil, y pensando en que sería recibido por unos cuantos miles de personas ha acabado en todos los periódicos de tirada nacional. Y, naturalmente, sin que nadie me hubiese llamado para contrastar o desarrollar la noticia.

En todo caso, a través de estos mecanismos, los medios transforman la política en espectáculo y aunque «tienen la misión de formar el espíritu crítico y el juicio, la lógica del mercado hace que se abandone a menudo la reflexión en beneficio de la emoción y la teoría en beneficio de la utilidad práctica».²⁰ A nadie se le escapa que en un debate televisivo un sábado por la noche es muy complicado —por no decir imposible— explicar las cosas con tranquilidad, poniendo ejemplos. Y mucho menos es fácil ser riguroso con los temas económicos en un formato donde antes de llegar a los veinte segundos de intervención ya te han interrumpido. Debido a ello, como indicábamos antes, cada vez empiezan a influir en el espectador más las formas que los contenidos.

En definitiva, según Sébastien Charles —y yo estoy de acuerdo— «los medios han sucumbido a la lógica hipermoderna y pueden fomentarlo todo al mismo tiempo, los comportamientos responsables y los irresponsables».²¹ Efectivamente, un caso ejemplar es el tratamiento informativo de los desahucios. Durante los años 2012 a 2013 los medios de comunicación y los programas de tertulia política pusieron el foco en los desahucios. Naturalmente lo hicieron desde el enfoque del espectáculo, que era meter cámaras dentro de los hogares que iban a ser desahuciados. Así se podía ver cómo las familias lloraban, cómo se resignaban y también cómo luchaban, junto con su vecindario, ante la policía que había sido mandatada para desahuciar. Todo ello contribuyó a sensibilizar enormemente el drama por el que atravesaban miles de familias en todo el país. Posiblemente sin esa ayuda el problema de los desahucios nunca hubiera tenido tanta repercusión ni mediática ni, en consecuencia, política. Eso no excluye que también se pueda conseguir exactamente lo contrario, es decir, promover comportamientos políticos o sociales irresponsables. La cuestión es que los medios pueden conseguir lo mejor y lo peor, pero a partir de un formato característico que imprime su claudicación ante los códigos de la hipermodernidad.

¿EN EL PARLAMENTO O EN LA CALLE?

Cuando me propusieron ser candidato a diputado en el Congreso me quedé helado. No me lo esperaba en absoluto. Todavía con las plazas tomadas por las acampadas, unos amigos y compañeros de Izquierda Unida —Efraín, Javi, Ana y Eva— me citaron en la plaza de la Constitución de Málaga para charlar sobre actualidad política. O al menos eso me dijeron. Pero pronto me desvelaron que en realidad lo que querían era promover mi candidatura entre las gentes de IU, porque, según ellos, era el momento de saltar con todo al ruedo institucional. Es verdad que al principio me quedé sorprendido, pero no tardé en decirles que podían contar conmigo para esa tarea. Les dije además que estaba a su completa disposición si el plan era renovar IU, pues era nuestro instrumento para cambiar la sociedad y había que adaptarlo a los tiempos políticos.

Durante el proceso de elección interna hubo muchas asambleas que propusieron mi nombre, y también muchas gestiones en las que la dirección de Izquierda Unida en Málaga se mostró enormemente generosa. Al fin y al cabo no me controlaban, por decirlo así. No era un militante conocido, pero además tampoco era del todo disciplinado y, aunque no pertenecía a ninguna corriente interna, mis textos no dejaban lugar a dudas sobre mi aspiración renovadora. Y al final, con todo, fui elegido candidato. Ello demostró, a mi juicio, que IU es el partido político con mayor democracia interna; ningún otro partido se hubiera abierto tanto para permitir la entrada de outsiders por la puerta grande.

Con todo, durante la campaña electoral, que fue ciertamente intensa pero muy enriquecedora, dejé aún más clara mi postura política. Defendí en todo momento que no había conflicto entre la lucha que representaba el 15-M y la que representaba la trayectoria histórica de Izquierda Unida. De hecho mantuve que «las aspiraciones que tiene el 15-M son las que tiene IU. Lo que ocurre es que no se sienten representados por IU porque ven una organización demasiado rígida, vieja, demasiado perteneciente a la clase política criticada. Mi candidatura pretende demostrar que eso no es así».²² Es evidente que constataba esa impresión que existía sobre IU como una estructura fuera de actualidad, pero al mismo tiempo reivindicaba otra IU; la que me hizo afiliarme y que yo identificaba con sus orígenes pero también con las prácticas de la mayoría de militantes.

No obstante, ¿por qué alguien que había dejado tantas veces claro que el instrumento electoral era uno más se presentaba nada menos que como candidato a diputado? Era esta una pregunta legítima y razonable. Y, de hecho, yo mismo me la había hecho.

Al fin y al cabo, durante el 15-M yo fui de los que apostaron por no institucionalizar el movimiento y mucho menos presentándolo a las elecciones. Lo que dije apenas unos días después de la gran manifestación de mayo es que «Democracia Real Ya no es un movimiento electoral y su fuerza representa un clamor contra un sistema político y económico que ya ha alcanzado sus límites. No hace falta que la gente sepa de ciencia política para que sienta que este sistema está viciado y podrido por dentro».²³ Sin embargo, la propia plataforma Democracia Real Ya entró en crisis en el momento en el que un cierto sector quiso institucionalizarla y convertirla en asociación, con aspiraciones, además, de presentarla como partido político. Así, el proceso de DRY moriría no muy tarde y abandonado a sus luchas internas, pero sin embargo había cumplido sobradamente su misión histórica. Una misión que no era otra que ser canal e instrumento para cristalizar, en un determinado momento, un fenómeno social que manifestaba el cambio de época. Y ese fenómeno social siguió persistiendo, y aún dura a día de hoy, aunque en otras formas, porque las causas que le dieron origen siguieron siendo las mismas e incluso más graves.

Mi opinión era que los movimientos sociales deben actuar simplemente como movimientos sociales, más aún si son instrumentos que permiten canalizar fenómenos tan potentes como los que estábamos viviendo. Lo que había que hacer, a mi juicio, era cooperar entre distintas trincheras de lucha. Precisamente, un temprano 2 de octubre publiqué las razones por las que me presentaba como candidato. Recupero de forma amplia el contenido porque me parece relevante de cara a debates que han devenido después:

Tres son los frentes en los que tenemos que luchar los que aspiramos a reconstruir la democracia y salir de la crisis con más bienestar y justicia social. El institucional, que es el espacio en el que se elaboran las leyes y se establecen las reglas de juego que luego permiten a los mercados doblegar a la democracia. El sindical, que permite compensar la dinámica de desigualdad creciente que impera en los últimos veinte años. Y el de la calle, que representa a una ciudadanía movilizada que grita exigiendo cambios profundos en nuestro sistema político y económico.

En mi opinión, no podemos aspirar a vencer en ninguno de esos frentes si no luchamos en todos ellos simultáneamente. Cada uno de nosotros tendrá que elegir a qué frente va a dedicar más tiempo y energía, pero creo que es fundamental que estemos presentes en todos ellos. Nos enfrentamos a un escenario de regresión social que exige que la izquierda en su conjunto esté a la altura de las circunstancias. No podemos tolerar egos ni sectarismos.

Desgraciadamente la izquierda institucional tiene gran apego al espíritu de La vida de Brian, y todavía no todos han entendido que ahora lo que más se requiere es unidad y estrecha colaboración. No obstante hay motivos para la esperanza, y creo que el paso que ha dado Izquierda Unida Málaga merece un extraordinario reconocimiento en ese sentido. Ofrecer el primer puesto a un miembro del consejo científico de ATTAC es, además de un honor personal, un símbolo de los nuevos tiempos políticos.

A nivel personal he de decir que no ha sido fácil tomar la decisión. Por un lado hay posibles ventajas políticas, ya que podré contribuir a construir ese proyecto de unidad que tanto necesitamos. Pero por otro lado hay seguros costes personales que son obvios en el ámbito académico. Pero en la toma de decisión pesó mucho más mi compromiso moral y político: ahora más que nunca necesitamos todos arrimar el hombro allá donde más podamos hacer. 24

Hay dos aspectos que pueden llamar la atención del texto, y que conforman el centro de las cuestiones que entonces y ahora discutimos. En primer lugar, la necesidad de entender que ninguna lucha —institucional, social o sindical— por sí misma será capaz de transformar nuestra realidad y revertir las políticas neoliberales. Y, en segundo lugar, una clara apuesta por la unidad que más tarde, ya en la actualidad, recobraría mucha más fuerza. Sobre este segundo punto volveremos más adelante en el libro.

Lo que me importa recalcar era que no solo no había incompatibilidad entre frentes o trincheras de luchas sino que además era absolutamente necesario ponerlas a cooperar. Impugnaba la idea de que presentarse a las elecciones fuera aceptar el sistema en su conjunto. En una entrevista durante la campaña lo aclaré, diciendo que «el mundo donde vivimos se presenta como una democracia pero no lo es; la gestión de la vida de las personas la toman los mercados financieros, a los que no ha votado nadie; este es el sistema en el que vamos a participar, un sistema que yo considero corrupto, en el sentido global de la palabra. Pero hay que usar esa herramienta porque te proporciona visibilidad, recursos... El objetivo es aprovechar la herramienta institucional pero sin olvidar las vías de los sindicatos y de la calle».²⁵

Entendido eso, el siguiente ejercicio pedagógico era separar el concepto de clase política con el de políticos en general. Es decir, impedir generalizaciones injustas. Al fin y al cabo, la crisis de régimen había azotado tanto a los partidos que habían gobernado como a los partidos de la oposición. Y aunque IU llevaba desde 1986 luchando contra el sistema, la gente reducía todo hasta el punto de que se interiorizaba el «todos son iguales». Para luchar contra ello había que explicar una y otra vez que «todos los cargos de IU responden ante la ciudadanía porque nosotros mismos somos ciudadanos y no nos sentimos representados por ese concepto de clase política. Yo creo que más que clase política lo que existen son políticos de distintas clases. Hay quienes gobiernan para los mercados y quienes somos los que luchamos junto con los de abajo».²⁶ Cabe señalar, no obstante, que mis referencias eran los miles de militantes y simpatizantes de IU que llevaban años batiéndose el cobre para luchar contra la corrupción y contra un sistema de especulación que enriquece a una minoría social y crea miseria para la mayoría social.

Por eso insistía explicando que IU «es una herramienta para cambiar el sistema desde dentro, pero no es la única herramienta. Sigue luchando con los sindicatos, con los trabajadores, en la calle, y se presenta a las elecciones para luchar desde las instituciones. IU siempre ha sido muy crítica con lo que se critica de los políticos: sus privilegios, sus relaciones con las empresas... Lo que pasa es que el simplismo hace que la gente se queje de los políticos, porque claro, son más de treinta años siendo gobernados por gente que responde a ese perfil».²⁷

La campaña electoral fue, como decía antes, muy intensa. Nos recorríamos cada día centenares de kilómetros para abarcar toda la provincia. Entrevistas en medios de comunicación, charlas, reparto de folletos... En definitiva, lo típico de una campaña. Con la salvedad de que mis compañeros eran todos nuevos para mí, igual que yo para ellos. Y, sin embargo, como si lo hubieran sido de toda la vida. Ni un reproche, ni un mal comentario, todo rodado a pesar de las dificultades.

Incluso gentes de otras partes del Estado vinieron solidariamente a ayudar en la campaña electoral. Así, los amigos Julián y José Luis vinieron desde L’Hospitalet para ayudarme en la gestión de las redes sociales y de otros asuntos vinculados a la comunicación. Ellos habían trabajado mucho en esos ámbitos, y yo apenas tenía un nivel de usuario, así que acepté su ayuda.

Y al final lo conseguimos. Puede parecer ahora, visto desde 2015, algo nimio. Pero lo cierto es que veníamos de un dominio absoluto del bipartidismo y, como dijo el coordinador Cayo Lara —al que por cierto solo había visto dos veces cuando obtuve el acta de diputado— había que estar contentos por tener una alegría en la casa del pobre. Y la casa de IU era una casa muy atacada y muy poco reconocida. Así que es normal que tanta gente lo tomara como una victoria. Y en ese contexto algo más de 64.000 votos en la provincia de Málaga (el 9,02 % del total) me hicieron diputado el 20 de noviembre de 2011. Desde ese día, o quizás desde la campaña electoral, mi vida dio un vuelco absoluto.

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LAS RAZONES PARA NO TIRAR

UN ZAPATO

Desgraciadamente he de decir que [...] este atril está devaluado, como devaluada está esta Cámara. Esta Cámara, este atril, que en otro tiempo fueron representación de la soberanía nacional y que fueron, en cierto sentido, la cristalización de los sueños democráticos de este país; y podríamos decir, incluso con más fuerza y más verdad, que lo más importante es que fue el lugar donde se debatía sobre el proyecto de país que se quería como sociedad. Sin embargo, ¿qué nos queda hoy de eso? Desgraciadamente parece que solo nos queda la apariencia de lo que pudo ser. La apariencia de lo que pudo ser porque hoy somos conscientes de que no es una democracia lo que estamos viviendo, de que no estamos aquí en esta Cámara con unos instrumentos que nos permitan poder decidir cómo organizar nuestra sociedad, sino que esas decisiones se toman desde otras instancias a las que no tenemos, como ciudadanos, acceso.

Sabemos que este sentimiento es masivo, lo sabemos porque lo vemos continuamente en las calles, lo vimos en el 15-M, lo vimos en todas las manifestaciones a posteriori del 15-M y lo vamos a seguir viendo, pero también lo vemos en las encuestas, encuestas que reflejan que la ciudadanía ya no confía en un sistema político que no le ofrece soluciones, una ciudadanía cuya frustración crece a la misma velocidad que crece la tasa de desempleo, el hambre, la miseria y la desigualdad en este país. Es así porque este Gobierno no está representando a los ciudadanos, está, en última instancia, abandonando a esos ciudadanos, metiéndoles en un cubilete y arrojándolos a un sin futuro porque eso es desgraciadamente a lo que nos lleva este Gobierno. Por eso podemos decir que este Gobierno y esta Cámara y este atril han perdido una legitimidad, se ha desvanecido, se ha trasladado a la calle, pero por una razón muy sencilla y es tan sencillo como que no es el Gobierno el que está ayudando a los ciudadanos.

Piénselo, señor ministro, ¿quiénes son los que están ayudando hoy en día a los ciudadanos? ¿Quiénes son los que se ponen delante de la policía para evitar que a los ciudadanos les dejen sin casa? ¿Quiénes son los que ayudan a los desempleados? ¿Quiénes son los que ayudan a aquellos ciudadanos jóvenes que tienen que exiliarse de nuestro país porque no encuentran esperanzas de futuro aquí? ¿Quiénes son? Desde luego no es este Gobierno que dedica todos los recursos económicos y de tiempo a rescatar el sistema financiero y no a rescatar a la ciudadanía. Este Gobierno que es precisamente el que no hace nada con esos desahucios, el que permite que la policía tenga que cumplir esas leyes para darle la vivienda de la gente que perdió su empleo, un empleo que se consiguió en el modelo de Estado que habían construido el Partido Popular y el Partido Socialista, un modelo de crecimiento de una burbuja inmobiliaria que se adornaba con discursos de decir «siempre vamos a seguir estando igual de bien»; un empleo que han perdido, y que ahora pierden sus casas y ante lo que el Gobierno no reacciona, pero sí reacciona la calle poniéndose del lado de los desahuciados, de aquellos que son los más desamparados y los más desfavorecidos por esta situación.

El Gobierno, sin embargo, señor ministro, lo que hace es socializar las pérdidas de esta crisis, lo que hace es socializar las pérdidas igual que se privatizaron las ganancias porque durante toda la burbuja inmobiliaria aquellos sujetos económicos como las constructoras, las inmobiliarias, las grandes fortunas y los grandes bancos no compartieron sus ganancias con la sociedad; al contrario, aprovecharon todos aquellos instrumentos, como los paraísos fiscales, para seguir enriqueciéndose a costa del resto de la sociedad. Hoy, cuando esos mismos sujetos, cuando esas mismas grandes fortunas y grandes empresas nos conducen a esta crisis económica, ante lo que nos encontramos es ante un Gobierno que presto acude a salvarles sus negocios y a socializar las pérdidas.¹

Esta intervención tuvo lugar en septiembre del 2012, apenas nueve meses después de recoger mi acta de diputado en el Congreso. Es parte de mi debate con el ministro de Economía Luis de Guindos sobre el rescate al sistema financiero español.²

La intervención fue contundente, y a mi juicio era lo que se necesitaba. Como hemos visto en el capítulo segundo, la crisis económica había devenido en crisis política, lo que afectaba de lleno a las instituciones democráticas como el Parlamento. Y es que, recordemos, siempre hay una tensión democrática entre las dimensiones económica y política de la vida, es decir, entre la dimensión de mercado y la dimensión civil. Digamos que el avance del libre mercado como mecanismo regulador de la vida recorta la capacidad del ámbito democrático, de tal forma que lo hace entrar en una crisis de legitimidad. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en nuestros países occidentales desde hace décadas, esto es, que el avance de las políticas de mercantilización ha vaciado la democracia hasta dejarla hecha un trapo y prácticamente inservible. Con ello, la democracia se ha quedado como mero sistema procedimental —con sus reglas, elecciones y competición de partidos— pero sin contenido sustancial. Puede decirse que cada vez tiene más sentido la máxima anarquista de que si votar sirviera para algo, no nos dejarían votar.

Además, la gestión neoliberal de la crisis —tanto por parte del PSOE, primero, como del PP, después— estaba sirviendo para avanzar en el proceso constituyente dirigido por las oligarquías. No cabe duda de que la oligarquía, tanto española como europea, estaba aprovechando la crisis como una oportunidad para acelerar las reformas que ya venían aplicando durante décadas. De ahí que el vaciado sustancial y formal de las constituciones nacionales se hubiera radicalizado y, con ello, también el proceso de desdemocratización. Cada vez las instituciones públicas contaban menos a la hora de decidir cómo iba a organizarse nuestra comunidad política.

Denunciar este hecho, esto es, que la democracia se está vaciando y que por lo tanto el Parlamento está perdiendo su valor original, me pareció desde el principio una imperiosa necesidad. Y aceptarlo era, además, el primer paso para construir una sociedad más justa y con una democracia real.

EL JUEGO DEMOCRÁTICO

Cuando llegué al Congreso no lo hice con ingenuidad. Conocía perfectamente las limitaciones del sistema parlamentario, de la misma forma que era plenamente consciente del contexto en el que trabajaríamos. El Partido Popular había ganado las elecciones con mayoría absoluta, lo que significaba que el margen real que teníamos los diputados de la oposición se reducía a cero. No obstante, sabía también que teníamos mucho que ofrecer a la sociedad a través del altavoz que era el Parlamento.

Un Parlamento es, o debería ser en principio, la imagen de la sociedad a pequeña escala. Es más, según Norberto Bobbio, el Parlamento «representa al país, tanto en el sentido de que todos sus miembros actúan en nombre y por cuenta de los electores, como en el sentido de que lo reproduce, lo retrata, lo refleja».³ Por eso se dice que el Parlamento debería ser un simple espejo del país, un sitio que refleja lo que hay afuera de él. Pero eso es así solo en la teoría.

Para entender por qué en nuestro mundo real ocurre algo bien distinto, debemos analizar el funcionamiento real del Parlamento. La democracia representativa —que es la nuestra— puede entenderse como un juego democrático que opera, metafóricamente, en una pirámide. En la base de la pirámide se encuentran los representados, es decir, los ciudadanos; en el escalón intermedio están los representantes públicos; y en el vértice está el Gobierno o poder ejecutivo. En principio, la voluntad de los representados, del pueblo, debería ascender por el escalón intermedio para que el poder ejecutivo o Gobierno termine aplicando esa voluntad. En un sistema democrático perfecto, de tipo ideal, esa voluntad ascendería de forma tan pura que el Gobierno siempre actuaría reflejando los intereses de la base de la pirámide. Pero sabemos que en nuestro sistema no sucede así. De hecho, lo que expresa la consigna «no nos representan» del 15-M es que algo falla en el juego democrático; algo sucede para que la voluntad del pueblo no se vea reflejada en la realidad. Vamos a ver qué puede fallar.

En principio los diputados tenemos prohibido el mandato imperativo, es decir, no estamos obligados a obedecer a quienes nos votaron. De esa forma se garantizaría que, en vez de ser rehén de quienes nos votan —por ejemplo los ciudadanos de izquierdas de Málaga, que tienen intereses particulares—, seremos capaces de defender el interés general, es decir, al país en su conjunto. Así es como tenemos, en realidad, un mandato representativo, es decir, un compromiso de representar a los ciudadanos pero a partir de nuestros propios criterios. Naturalmente esto abre la puerta, inmediatamente, a que los representantes del escalón intermedio de la pirámide desconecten de la base, esto es, de los representados. Pero en realidad es aún más grave.

El sistema de partidos ha convertido a nuestro sistema parlamentario en el escenario donde se desarrolla una partidocracia, es decir, una situación en la que «quienes toman las decisiones no son, en última instancia, los representantes en su calidad de libres mandatarios de los electores, sino los partidos, en calidad de mandantes imperativos sobre los llamados representantes, a los que proporcionan instrucciones».⁴ Pero ¿qué quiere decir esto?

Esto quiere decir que los representantes no están obedeciendo a la base de la pirámide sino a sus respectivos partidos políticos. Y estos partidos políticos tienen una organización interna de tipo jerárquico, de tal forma que al final son unos pocos dentro de cada partido los que toman las decisiones. Es lo que llamamos comúnmente «el aparato», la oligarquía interna que siempre se crea como consecuencia de lo que Robert Michels llamó en su momento «la ley de hierro de las oligarquías».⁵ El resultado es que, «como por arte de magia, el sujeto político soberano y mandatario se ha trasladado desde el ciudadano elector hacia el partido político».⁶ Es decir, son los partidos, y más concretamente sus oligarquías internas, los que toman las decisiones.

Al sistema partidocrático hay que añadir que en nuestro país la ley electoral se distancia mucho del principio democrático por excelencia, que es una persona, un voto, y en consecuencia el Parlamento y sus escaños dejan de ser un fiel reflejo de la sociedad española. Además, los grupos de presión, como las grandes empresas, operan como lobbies sobre el escalón intermedio de la pirámide —los representantes— y tratan de influir en la toma de decisiones de los partidos, distorsionando así la voluntad de quienes votaron a los representantes.

En definitiva, tenemos un sistema que se dice democrático y que ni siquiera procedimentalmente cumple las características mínimas para que la voluntad popular pueda expresarse coherente y justamente en un Parlamento. Y en ese sistema, trucado y viciado, es en el que tendría que desenvolverme a partir de noviembre de 2011.

LA CLASE POLÍTICA

En capítulos anteriores vimos cómo para 2012 se habían dado ya algunas importantes respuestas populares a los procesos de desdemocratización, desde las huelgas generales hasta el movimiento 15-M, pasando por otro tipo de movilizaciones contestatarias. Poco a poco esas respuestas populares, al principio focalizadas en lo laboral pero después mucho más globales, fueron centrándose en un colectivo muy particular: el de la llamada clase política. Efectivamente, tal y como vimos en el segundo capítulo, en la actualidad una de las principales preocupaciones de la ciudadanía son los políticos. Además, desde el año 2009 esta preocupación para con los políticos no ha dejado de subir: el porcentaje de ciudadanos que señalan que son un problema ha pasado de un 10 % en 2009 a un 30 % en 2015.

A quien haya vivido durante los últimos años en España estos datos no le sorprenderán. Y es que existe en nuestro país la generalizada sensación de que los políticos son responsables de la crisis actual, bien por las pésimas decisiones que han tomado como gestores de lo público, bien porque directamente han sido partícipes del saqueo de las finanzas públicas. Pero, además, existe la percepción de que los políticos son un colectivo que vive en una especie de burbuja, esto es, desconectados de la mayoría de la gente y comportándose como clase o como colectivo que solo piensa en sus propios intereses. De ahí que se hayan popularizado términos como el de «clase política» o «casta» para referirse a quienes deberían ser los meros portadores de la voluntad del pueblo.

En realidad esta extensión del término tampoco es reciente. Ya en 1996 Izquierda Unida propuso un proceso de regeneración democrática para la vida política que pasaba, entre otras cosas, por frenar «la tendencia a la autonomía de la denominada “clase política”».⁷ El propio entrecomillado permite resaltar la discrepancia con ese concepto, aunque se asuma que es usado de forma popular. Al fin y al cabo, Izquierda Unida es una organización política conformada por gentes que se ocupan de la política y que, por lo tanto, podrían ser definidos también como políticos. Y, claro, no es plan dar por sentado que los políticos que denuncian la corrupción son igual de responsables que los políticos que la practican. Pero esta es una falsedad que los términos «clase política» y «casta» sí crean en la conciencia de la ciudadanía, pues homogenizan artificialmente al colectivo de personas que se dedican a la representación pública. Esa generalización entraña, además, el riesgo de anular y dejar vacío o impregnado de connotaciones negativas el concepto «político».

Sin embargo, hemos dicho que esa generalización está muy extendida entre la ciudadanía. Eso abre importantes debates. Si todos los políticos, esto es, todos nuestros representantes públicos, son responsables de los males de la sociedad, ¿quién debería tomar las decisiones de aquí en adelante? No es este un asunto menor porque abre varias posibilidades muy diferentes entre sí, de entre las cuales podemos destacar tres.

En primer lugar, la opción tecnocrática. Si los políticos sobran, su lugar habrían de ocuparlo los técnicos o expertos que sí saben gestionar la administración en beneficio de toda la ciudadanía. Detrás de esta opción se encuentra una ideología que postula, curiosamente, el fin de las ideologías y la llegada de un tiempo nuevo de gestores neutrales.

En segundo lugar, la opción que podemos llamar adanista. Según esta interpretación efectivamente todos los políticos son iguales —de malos— y eso justifica que tengan que llegar otros nuevos. La paradoja salta a la vista: ¿cuál es el momento temporal a partir del cual un ciudadano que decide presentarse por primera vez a las elecciones pasa a convertirse en clase política?

En tercer lugar, la tendencia demócrata radical. Desde este punto de vista, y partiendo de la idea de soberanía popular, se asume que hay que vigilar y fiscalizar mejor a los políticos y crear nuevos mecanismos de participación popular para avanzar hacia sistemas de democracia participativa.

De las tres opciones que hemos destacado, solo la última impugna la generalización sobre la clase política y asume la heterogeneidad dentro de dicho colectivo. Y es, además, la perspectiva que siempre he defendido en los espacios donde hemos debatido estas cuestiones. Incluyendo, claro está, las asambleas del 15-M.

El lema principal del 15-M decía «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros», y ello sin duda abría el debate que estamos tratando aquí. Hizo falta mucha pedagogía para evitar en la gente la tentación tecnocrática, o en general la tentación populista que se basaba en la generalización ya mencionada. Pienso, honestamente, que logramos nuestro objetivo. Pues la mayoría de la población consideró que los responsables políticos eran el conjunto que conforman PP y PSOE, es decir, el bipartidismo. Desde luego que otras personas abrían el abanico a más partidos, pero la posición según la cual todos los partidos eran culpables fue absolutamente minoritaria. Inmerso en estos debates y durante la campaña electoral decidí centrar una parte importante de mi discurso en señalar a los verdaderos responsables de la crisis, que entendía que se encontraban entre la élite política y económica, y en desligar a mi organización de ese concepto que lo abarcaba prácticamente todo.

Ahora bien, las grandes mentiras que avanzan sobre el imaginario de la sociedad suelen construirse sobre pequeñas verdades. La gente no desconfía de los políticos por casualidad o por mero capricho. Algo tiene que haber, algún poso de verdad, en las acusaciones populares. Y, efectivamente, con solo observar los escándalos de corrupción que se han sucedido en los últimos años, uno se hace una idea al respecto. En todas estas ocasiones se ha puesto de relieve que muchos políticos han robado a las finanzas públicas prácticamente de forma sistemática. De hecho, en el próximo capítulo repasaremos los vínculos que existen entre la corrupción, el crecimiento económico y el sistema político a la luz de los principales escándalos conocidos recientemente.

No obstante, no solo por los escándalos de corrupción y los sobornos y comisiones se ha señalado a los políticos. También se les ha acusado de vivir muy por encima de lo que se espera de un representante público.⁸ Lo cierto es que la mayoría de los representantes públicos, pongamos por ejemplo los alcaldes y concejales de los municipios de tamaño pequeño y mediano, no reciben siquiera remuneración por su trabajo. Pero también es verdad que en otros muchos casos, señaladamente los parlamentos más grandes y algunas administraciones públicas, los excesos parecen evidentes. Sueldos estratosféricos, remuneraciones extraordinarias, prestaciones ciertamente peculiares, instalaciones desproporcionadas e innecesarios servicios adscritos al cargo. Todo ello no es muy significativo desde el punto de vista cuantitativo, lo que quiere decir que su eliminación o reducción no es garantía más que de un buen titular, pero sí lo es desde el punto de vista cualitativo o, digamos, ético.

En noviembre del año 2014 se conoció que el entonces presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, había viajado hasta treinta y dos veces a Canarias con cargo a la tarjeta de viajes del Senado, donde tenía su escaño en el momento de los viajes, entre 2009 y 2010. Saltó la noticia no solo por el hecho de que fuera raro que un senador por Extremadura visitara tanto Canarias sino especialmente porque no se trataba de viajes de contenido político sino de carácter personal. Todo el mundo entonces se hizo la misma pregunta: ¿quién fiscalizaba los viajes a los diputados y senadores para controlar que estuvieran relacionados con el ejercicio de su función pública? La respuesta era obvia: nadie.

Esto de los viajes fue una de las cosas que también denuncié públicamente en los primeros meses como diputado, mientras me adaptaba a los procedimientos parlamentarios. A mí, particularmente, me parece lógico que el Congreso sufrague el coste de los viajes de los diputados, en tanto que somos representantes de todo el Estado y tenemos que viajar muy a menudo para recoger iniciativas y obtener información del estado de los territorios. Pero me parece también evidente que han de estar controlados. Y eso no pasaba entonces.⁹

Un diputado del PP me advirtió una vez al respecto, y me sugirió que preguntara cuánta gente se iba de vacaciones a Canarias con viajes pagados con dinero público. Se ve que era práctica habitual. Lo lógico es que el Congreso exigiera algún tipo de acreditación acerca de la finalidad del viaje. Pero al menos, decía yo, los viajes en avión son nominales, es decir, solo los puede usar el cargo público acreditado. ¡Esto no pasaba con los billetes de tren! Y el único control que tenía el Congreso era comprobar que no hubiera dos billetes sacados para el mismo tramo horario. Pero ¿quién controlaba que un diputado o senador sacara un billete a un tercero a cargo del presupuesto público? De nuevo la respuesta de antes, nadie.

A la ciudadanía no nos gusta que nuestros representantes públicos vivan como si fueran reyes, por decirlo de forma vulgar. Les hemos elegido para representarnos y esperamos de ellos unos buenos resultados. Pero es verdad que tampoco es de recibo que los representantes hagan su trabajo gratis. Una remuneración al ejercicio es garantía de que todo el mundo, pobres y ricos, pueda hacer política en las instituciones, mientras que los intentos de convertir en políticos únicamente a los que tienen tiempo libre se convierte en un claro impedimento antidemocrático contra los ciudadanos pobres. Ahora bien, garantizar un sueldo digno para los representantes no puede ser la excusa perfecta para vivir muy por encima de la mayoría y, además, a costa del erario público.

Cuando tuve que firmar el acta de diputado, es decir, en mi primer día de Parlamento, ya me encontré la primera sorpresa. Entre la documentación que debía firmar se encontraba un seguro que en realidad era un plan de pensiones privado. Y estaba ya marcado de antemano, de tal forma que parecía imposible renunciar a él. Se trataba de un fondo de pensiones privado que llegaría a acumular unos 14.000 euros para toda la legislatura. Obscenamente, el Congreso de los Diputados estaba dando un trato preferencial a estos productos. Así, el Congreso retraía un 10% del sueldo de cada diputado para constituir un fondo de pensión privado¹⁰ gestionado por el BBVA.

Paradójicamente es el Congreso, y sus diputados, quienes debemos velar por defender el sistema público de pensiones. Y por esa razón, en señal de protesta, coherencia e indignación, los diputados de Izquierda Unida renunciamos a constituir ese plan de pensión privado. Los primeros en hacerlo fuimos el compañero Cayo Lara y yo mismo. Lo hicimos porque considerábamos que desde el espacio público no puede darse alas a la especulación financiera, y menos aún a los productos que rivalizan con el sistema público de pensiones que debemos defender y fortalecer.

Este ejemplo me sirve para reivindicar lo que creo que es la solución a estos dilemas, que pasa por propugnar cierto tipo de austeridad, cierto tipo de comportamiento ejemplar, para los cargos públicos. Y lo ideal es que se pueda legislar para que todo ese comportamiento sea obligatorio, pero mientras tanto son bienvenidos los ejemplos personales. Especialmente en la izquierda, cuyos valores y principios son coherentes con el ejercicio austero y dedicado de la política.¹¹

Además, soy de los que piensan que las personas debemos vivir tal y como pensamos antes de que acabemos pensando cómo vivimos. Y nunca abandonar nuestro origen, al que, por cierto, representamos. Y son muchas las ocasiones históricas en las que a los dirigentes de izquierdas se les han pegado las moquetas de los parlamentos o gobiernos a la suela de los zapatos y ya no han sabido vivir sin esas moquetas. Al fin y al cabo, las condiciones materiales de vida de cada uno condicionan, como mínimo, la forma de pensar. Vivir humildemente sería también una forma de evitar que se pierdan las coordenadas de origen. Y tener eso claro es, para mí, fundamental.

LA CORRUPCIÓN INHERENTE AL SISTEMA

Como hemos dicho, las respuestas populares se focalizaron sobre todo contra la clase política casi desde un principio. Pero lo cierto es que la crítica más intensa ha coincidido con la revelación de cuantiosos escándalos de corrupción en nuestro país. Medios de información, tertulias y prácticamente todo el mundo ha hablado de ello durante años, quedando la impresión en el imaginario español de que los representantes públicos, al menos muchos de ellos, utilizaban las instituciones para medrar y enriquecerse. Es no solo posible sino, además, cierto. Ahí están todas las investigaciones judiciales para corroborarlo. Lo que sucede es que para entender mejor un proceso de corrupción hay que ir más allá de la persona que ostenta un cargo en la administración pública.

Cuando un corrupto recoge un sobre que contiene un soborno o una cuantiosa remuneración por un favor hecho, es porque hay un corruptor que ofrece ese sobre y que ha depositado el dinero en su interior con la esperanza de recibir algo a cambio. En un proceso de corrupción, por lo tanto, intervienen dos partes, que por lo general son una privada y una pública. Siempre suele ser así y más aún en el caso de España, donde los contornos de la corrupción los definía el modelo de crecimiento basado en la burbuja inmobiliaria.

Efectivamente, hoy sabemos con certeza que las bases del llamado milagro económico español fueron la burbuja inmobiliaria, el endeudamiento y la corrupción. No en vano, en los últimos treinta años se ha producido una transformación radical de nuestra estructura productiva. En este tiempo, el peso de la industria ha caído desde el 28 % hasta el 15 %, mientras que la actividad inmobiliaria y la construcción ha crecido desde el 17 % hasta el 29 %.

Pero el ladrillo y cemento se propulsaban gracias a la actividad financiera. El papel del sistema financiero —bancos y cajas de ahorro— ha sido fundamental para alimentar la burbuja inmobiliaria y la actividad económica derivada. Y el lugar de España dónde más peso ha tenido y tiene el capital financiero es sin duda Madrid. De hecho la comunidad madrileña es una anomalía dentro de España. Mientras el peso medio del sector financiero en la economía regional española era antes de la crisis del 5 %, en Madrid superaba el 7 %. Madrid ha sido el corazón de las finanzas españolas, muy dependientes a su vez de las relaciones establecidas con las empresas constructoras e inmobiliarias y de las relaciones políticas.

De ahí que las cajas de ahorro hayan sido el instrumento central que casaba los intereses políticos con los empresariales. Eliminada su función social originaria, las cajas han sido el nido de corrupción que engrasaba el crecimiento económico a la española. Y hablar de Madrid es también hablar de su principal caja de ahorros, Caja Madrid-Bankia. Y hablar de Madrid es hablar de las grandes empresas de la construcción como Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Acciona o OHL. Todas ellas muy bien relacionadas políticamente, hasta el punto de absurdos como el que llevó a OHL a anunciar antes que el Ministerio de Fomento una ley de rescate de las autopistas madrileñas quebradas, que obviamente beneficiaba a la propia OHL.¹²

Su crecimiento económico les ha permitido, además, expandir sus negocios fuera de las fronteras españolas y también fuera de sus sectores originales. Hasta el punto que podría decirse que dejaron de ser, en esencia, empresas constructoras. Y ello ha alimentado ampliamente la concentración del poder económico en toda España, quedando así en manos de una élite económica rentista que por lo general es parasitaria del poder político y de sus favores. Una clase empresarial del siglo XIX encubierta por la retórica posmoderna. Un puñado de millonarios que determinan el destino de la población española en reuniones celebradas en palcos vip de fútbol y en oscuras negociaciones en despachos oficiales.

Madrid, la comunidad del tamayazo,¹³ sabe mucho de eso. Es consciente de que la oligarquía madrileña, ese matrimonio clientelar entre el poder económico y el poder político, va a usar todo su inmenso poder para evitar cualquier cambio político. Hasta ahora han conseguido determinar qué rescates económicos son prioritarios, como los de la banca, las autopistas o la empresa Castor. Y ello mientras se recorta en sanidad y educación. Miles de millones públicos que de forma democrática van directos a los bolsillos de la oligarquía. Un saqueo democrático orquestado por ellos. Pero también sabe esa oligarquía madrileña que tiene que cerrar el paso a cualquier alternativa, sea con el clásico transfuguismo o usando a todos los poderes del Estado. Ello incluye, claro está, el uso arbitrario de la —mal llamada— justicia. La oligarquía está más débil que nunca, pero mantiene aún una influencia que penetra con enorme fuerza en parte de las organizaciones políticas dominantes. Solo así se puede entender el fenómeno de las tarjetas black, que es solo la anécdota de una gran estafa que pagamos entre todos. Miguel Blesa, Francisco Granados, Luis Bárcenas, José Antonio Moral Santín y el resto de ladrones y cómplices silenciosos son solo simples piezas de un tablero de ajedrez mucho más amplio al que tenemos que dar una patada.

Porque efectivamente el de las tarjetas black fue un escándalo social sin precedentes, desvelado en octubre de 2014. Se trataba de tarjetas ofrecidas por Caja Madrid a sus consejeros, con la particularidad de que los pagos hechos con ella no eran conocidos ni por Hacienda. Es evidente que era una forma de cooptación, de remuneración para mantenerles en el silencio cómplice. En total, los beneficiarios se gastaron 15,25 millones de euros, y entre ellos había representantes de la patronal empresarial, del PP, del PSOE, e incluso de los sindicatos e IU.¹⁴

Así, el papel de las entidades financieras había sido fundamental para que la burbuja inmobiliaria pudiera continuar, y para que así continuara también el reparto de dinero entre diferentes estructuras. Pero no solo la corrupción vinculada directamente a la construcción ha asolado a España.

En enero de 2013 dos periódicos de tirada nacional, El Mundo y El País, publicaron documentos que acreditaban que el veterano tesorero del PP, Luis Bárcenas, había pagado sobresueldos de hasta 15.000 euros a destacados dirigentes del partido. Ello incluía también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Muchos dirigentes del PP negaron esa información, pero otros tantos aseguraron que era cierta y que habían recibido los sobresueldos. Muy extraño que los documentos fueran, según el PP, mitad falsos, mitad verdaderos. De acuerdo con aquellos mismos papeles, el PP había ingresado hasta 8 millones de euros en donaciones ilegales, «entre los que destacan nombres como Juan Miguel Villar Mir (OHL), que, según la contabilidad de Bárcenas, entregó un total de 530.000 euros entre 2004 y 2008, o Luis del Rivero (Sacyr), que donó supuestamente 480.000. Los principales pagadores, según los papeles de Bárcenas, fueron los constructores andaluces José Luis Sánchez Domínguez (Sando, 1,25 millones) y Manuel Contreras (Azvi, 858.000 euros)».¹⁵

Además, los saldos de las cuentas corrientes del tesorero habían alcanzado hasta los 38 millones de euros, lo que no parecía que fuera fruto de su trabajo. Bárcenas había sido tesorero del PP durante veinte años, En realidad, lo que se estaba destapando era una contabilidad en B —en negro, lejos de los ojos de Hacienda— en la que el partido registraba millonarios ingresos y gastos. Esto quedó acreditado incluso para el juez que investigó posteriormente el caso, pues afirmó que «ha existido en el Partido Popular una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por esta formación política al Tribunal de Cuentas».¹⁶

Como consecuencia de esa información, IU y otras entidades sociales denunciaron al PP ante los tribunales. Pero también a constructores que aparecían en las donaciones ilegales y que, probablemente, esperaban algo a cambio. Se argumentaba en la querella que «aparecen claros indicios de que al frente de esta organización criminal dedicada a recaudar pagos ilegales procedentes de empresas y particulares, se encontraban en los distintos períodos las personas que ostentaban las más altas responsabilidades económicas en el Partido Popular».¹⁷ De hecho, en IU dejamos claro que la «querella se presenta por la probable y posible comisión de los delitos de asociación ilícita, alternación de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento y falsedad y apropiación indebida de fondos electorales, ente otros».¹⁸

El PP respondió diciendo que aquella querella era una «ofensa al pueblo español» y que se estaban utilizando «estrategias populistas» con la intención de generar un «clima de confrontación».¹⁹ Además, el PP anunció una querella contra IU.²⁰ El propio Bárcenas pidió que se nos expulsara de la causa judicial como acusación.²¹ No fue la última querella, porque también IU denunció al PP por destruir los discos duros de los ordenadores de Bárcenas donde podrían haberse encontrado numerosas pruebas.²² Y, como si de una película de mafiosos se tratase, las pruebas para esta última querella también desaparecieron durante la instrucción.²³

Finalmente, durante la investigación judicial, al magistrado instructor no le quedó «ninguna duda de que la financiación ilegal existió y que parte de ella fue blanqueada por Bárcenas mediante su ingreso en la cuenta de donativos que el PP tenía abierta en el Banco de Vitoria».²⁴ También se demostró que las obras de la sede principal del PP, en Madrid, fueron financiadas con dinero negro, pero que otras muchas sedes se pagaron igualmente con dinero procedente de la financiación ilegal del partido. Finalmente, otras tantas pruebas de actos delictivos —como la donación de una constructora para pagar la campaña electoral del PP en Castilla-La Mancha— no fueron suficientes para que el juez demostrara el delito de cohecho.

El PP siempre mantuvo que Bárcenas había operado solo, y que el caso de corrupción destapado —y contra cuyo destape se mostraron muy decididos— era simplemente un caso de manzanas podridas. Yo mantenía que era el cesto y no las manzanas, la estructura y no los individuos, lo que estaba podrido. El caso de Bárcenas había desvelado una enorme red clientelar que abarcaba a la élite política y a la élite económica, es decir, a lo que hemos denominado oligarquía.

Es verdad que Bárcenas podría haber sido perfectamente Jerôme Kerviel, el trader francés que provocó en 2008 una pérdida de 4.900 millones de euros a su empresa Societé Génerale. También podría haber sido Nick Lessons, trader inglés que en 1995 generó un agujero de 827 millones de libras a su entidad Barings Bank. Incluso podría ser Toshihide Iguchi, Chen Jiulin, Kweku Adoboli o tantos otros traders cuya actividad financiera se tradujo en pérdidas millonarias para sus respectivas compañías.

Todos estos traders habían sido durante mucho tiempo empleados ejemplares. Se los había presentado como personas capaces de generar beneficios en cualquier circunstancia, por hostil que fuese esta. Personas con una mente brillante y sobre todo muy trabajadores. Ejemplares hasta decir basta. Pero un día todos ellos se convirtieron oficialmente en traders locos. Descubiertos los agujeros financieros ocasionados por sus actividades, el relato cambiaba y ahora el ejemplar empleado pasaba a ser un vulgar sinvergüenza que había estado aprovechando su posición para tomar arriesgadas decisiones individuales. Al final de cada historia el trader loco acababa siendo juzgado y condenado a prisión en solitario.

En la mutación desde el trader ejemplar hacia el trader loco, este pierde todos sus amigos y apoyos. Comienza a ser un apestado, y su única defensa reside en la información sensible que aún quizás mantiene y que puede comprometer a la institución en su conjunto. La institución negocia y acuerda, y si es posible directamente masacra al otrora trader ejemplar. Comienza así un proceso de desvinculación formal que trata de evitar la identificación del fraude con la propia estructura de la institución. Entonces se repite hasta la saciedad que se trata de una manzana podrida pero que el resto de la cesta prosigue sana.

Por eso Bárcenas es, a ojos del Gobierno, un tesorero loco. Un sujeto que, como Kerviel, habría abusado del margen de maniobra derivado de su responsabilidad para enriquecerse ilícitamente. De ahí que la estrategia de control de daños del PP se haya dirigido necesariamente a concentrar la atención en el individuo y no en la estructura. Es la misma historia de siempre. Tratan de hacernos creer que existen traders locos, tesoreros locos, ministros locos, consejeros locos, concejales locos, diputados locos y presidentes de comunidad locos. Y se ofenden cuando denunciamos que lo que ocurre es que la locura está enquistada en las propias estructuras de un sistema político caduco y malnacido de las entrañas de una decadente dictadura. Es el propio sistema político el que está loco, el que tolera y promueve la existencia de manzanas podridas de la misma forma que es la propia arquitectura institucional financiera la que permite la existencia de traders locos.

No obstante, otros casos se han sumado al de Bárcenas. El 27 de octubre de 2014 la Guardia Civil arrestó a 51 políticos, funcionarios y empresarios implicados en una trama de corrupción desmantelada con la denominada «Operación Púnica». Entre los principales implicados está el que fuera número dos de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que también era mano derecha de Esperanza Aguirre. Pero también están los exalcaldes de seis municipios de Madrid, dos de Murcia y el presidente de la Diputación de León. Una trama de corrupción muy extendida geográficamente y que se servía de los contratos de la administración pública para beneficiar a la élite política y a la élite económica, esto es, a la oligarquía.

El caso de la Púnica es más de lo mismo, en realidad. Hasta tres grandes empresas públicas se han visto salpicadas, además de grandes empresas privadas como Indra, por el pago de dinero negro y comisiones sin saber muy bien todavía a cambio de qué.²⁵ Sí se sabe, por ejemplo, que para ocultar noticias vinculadas a la corrupción el PP de diferentes municipios contrataba a las mismas empresas para limpiar internet de contenidos perjudiciales, si bien también se sospecha que es una tapadera de algo más grande.²⁶ A día de hoy el proceso está abierto.

En todo caso, del sumario de esta última operación se puede destacar que, además de la trama en sí, existía una completa sensación de impunidad por parte de los corruptos. En conversaciones grabadas por la Guardia Civil, el entonces diputado José Miguel Moreno le dijo al empresario socio de Granados, literalmente: «Estoy tocándome los huevos, que para eso me hice diputado».²⁷ Además, en la misma conversación le pidió dinero al empresario para irse de vacaciones. Al margen de que es evidente que ningún empresario da dinero a cambio de nada, otra vez vuelve a constatarse ese matrimonio feliz que son la élite política y la élite económica del país. Insistimos, la oligarquía.

Finalmente, otro de los casos de corrupción más notorios de la época reciente ha sido el de la Operación Gürtel, que también ha afectado de lleno al PP de Madrid y de otras regiones de España. Fue destapado en el año 2009 y, en realidad, es el caso padre del caso Bárcenas, ya que este fue una simple derivación de aquel. Junto al caso Gürtel ha estado, muy de cerca, el caso Nóos, que implicaba a la Casa Real. Pero no solo casos de corrupción del PP han asolado España, pues además de la implicación de representantes públicos del PSOE en casos anteriores, es importante hacer notar que dos multimillonarios fraudes han tenido como protagonistas a miembros destacados del PSOE. En concreto, el caso del fraude de los ERE y el caso del fraude de los cursos de formación, ambos en Andalucía.

Todos estos casos, que son muchos y demasiados para sostener un sistema político, tienen casi siempre en común la vinculación público-privada. Rara vez es otra cosa. Al fin y al cabo, la corrupción es el lubricante de los beneficios que busca el capitalismo, y es que esas empresas de construcción que tanto triunfaron durante la burbuja inmobiliaria —y que tanto empleo crearon— son las mismas en muchas ocasiones que las que participan en casos de corrupción. Por eso es importante señalar que la respuesta popular no debe solo concentrarse en la parte pública —los políticos corruptos—, sino mirar más globalmente al fenómeno y señalar tanto a la parte privada —los empresarios corruptores— como al sistema en su conjunto.

Ahora bien, lo cierto es que algunos de estos casos se han destapado porque algunos corruptos se han mostrado arrepentidos, porque otros han querido encontrar alguna manera de vengarse de sus antiguos socios o porque algunos empleados de grandes empresas muy alejadas del foco de la corrupción decidieron tomarse ciertas libertades...

Este último es el caso de Hervé Falciani, extrabajador del banco HSBC, que decidió salir a la luz y declarar la guerra a los gestores e intermediarios financieros que posibilitan la evasión fiscal. Hace unos años Falciani extrajo cuantiosa información proveniente de su banco para inmediatamente habilitar los mecanismos informáticos necesarios que permitiesen a las autoridades fiscales de diferentes países, entre ellos España, utilizarla. No fue fácil. Durante el proceso Falciani fue detenido y llevado a la cárcel, de la que salió en condiciones de máxima seguridad: con ocho guardaespaldas y chaleco antibalas. Desde entonces se esconde en España bajo un sistema de protección de máxima seguridad auspiciado por la ONU.

La conocida como «lista Falciani» llegó a España en 2010, durante el Gobierno del PSOE. La lista contenía el nombre de 659 españoles que habían evadido sus obligaciones fiscales, y el Gobierno de entonces anunció haber recaudado hasta 260 millones de euros gracias a aquella información. Posteriormente, varios grupos parlamentarios pidieron al Gobierno del PP hacer pública la totalidad de la lista Falciani, petición que fue rechazada.

Posteriores filtraciones han permitido conocer el nombre de algunos de los millonarios que se benefician de la existencia de los paraísos fiscales, pero también se ha ido conociendo el procedimiento que se usaba y usa aún para evadir impuestos. Las investigaciones judiciales siguiendo diferentes casos de corrupción han sacado a la luz algunos nombres de actualidad como Bárcenas, Gao Ping o Francisco Correa. Y la conclusión es demoledora: la corrupción financiera y política es estructural en el sistema, tanto a nivel del Estado español como a nivel europeo. Y no solo no es combatida por las autoridades responsables, sino que además estas mismas autoridades están implicadas hasta el tuétano y han promovido una legislación que ampara y protege este tipo de delincuencia.

Recientemente la investigación de la trama Gürtel permitió conocer el nombre de Arturo Fasana y el de su empresa Rhône Gestion. Desde Suiza, Fasana gestionaba el dinero de grandes fortunas españolas que buscaban ocultar sus patrimonios y riqueza a la Hacienda española, pero también gestionaba cuentas vinculadas a procesos de corrupción política en España. Así, el entramado financiero resultante desveló que, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último de ellos, hay un sinfín de nombres, empresas y ubicaciones geográficas que hacen muy difícil la investigación policial posterior.

Pero la previsible opacidad financiera no ha impedido que veamos la basura. Mientras Fasana gestionaba las cuentas de Gürtel, también recibía en las mismas cuentas, tal y como reveló la prensa,²⁸ dinero proveniente de grandes empresas españolas como Repsol-YPF. Empresa esta en cuya privatización, por cierto, jugó un importe papel el anterior rey, Juan Carlos de Borbón. Además, el propio Fasana gestiona cuentas de más de una treintena de grandes fortunas españolas. Según una exclusiva de la revista Interviú, incluso Corinna zu Sayn-Wittgenstein —amiga personal del anterior rey— habría sido cliente del gestor suizo, quien habría planificado un sistema para ocultar las comisiones que recibía por su intermediación entre las grandes empresas españolas y los Gobiernos de distintos países, entre ellos el de España, como reveló el periódico El Mundo y a pesar del desmentido del Gobierno.²⁹ Yo mismo pregunté al Gobierno por este tema, aunque este rechazó contestar las preguntas.³⁰ Una perversa conexión que no queda ahí.

Según El Confidencial,³¹ y citando fuentes policiales, entre los clientes de Fasana se ocultan varias instituciones del Estado y un gran número de empresarios y grandes fortunas. La propia Casa Real tuvo que salir rauda al paso y reconocer que efectivamente el rey había tenido en el pasado cuentas en paraísos fiscales, como apuntó El Mundo, aunque matizó que se trataba de cuestiones de herencia. En todo caso y según otros testimonios, como los citados anteriormente, los informes policiales con toda esta información acaban traspapelándose misteriosamente.

Cuando en un Estado de derecho se normaliza socialmente que el tesorero del partido que da soporte parlamentario al Gobierno tuvo al menos una treintena de millones de euros en paraísos fiscales, estamos ante un síntoma de la putrefacción del régimen. Sobresueldos y tejidos financieros para evadir impuestos o para pagar favores empresariales, como las presuntas donaciones realizadas por empresas al Partido Popular y reveladas por los papeles de Bárcenas, son todos elementos que forman parte del mismo sistema.

En definitiva, los Urdangarines y Bárcenas no son sino la punta del iceberg de un régimen podrido y carcomido por la corrupción estructural de un sistema económico de casino del que han sido los mejores valedores los gobiernos que han tratado de apuntalar el régimen a través de la ocultación y la denegación de información. A una pregunta de Izquierda Unida, el Gobierno se negó a declarar si Bárcenas estaba en la lista Falciani. Luego descubrimos que sí lo estaba. Y la propia Mesa del Congreso censuró una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, también realizadas por Izquierda Unida, acerca de las relaciones entre Fasana, Rhône Gestion, el Centro Nacional de Inteligencia y la Casa Real. Opacidad permanente para ocultar que el propio régimen está erosionado por la corrupción, permitiendo de esa forma que se materialice el saqueo a los bolsillos de los ciudadanos.

Es tarea de los demócratas ser contundentes contra esta perversión de lo que deberían ser las instituciones democráticas. Es momento de denunciar y señalar con el dedo a tantos estafadores y ladrones que pululan por las grandes empresas, en sus mansiones de lujo o en los escaños de los parlamentos. No olvidemos que los defraudadores son delincuentes, y de los más peligrosos, porque su acción afecta de forma directa a la calidad de vida de los ciudadanos.

No obstante, no podemos terminar este epígrafe sin hablar de otro tipo de corrupción, la legal. La corrupción legal puede parecer una contradicción en los términos, y técnicamente así sucede, pero cuando lo que es injusto —y los robos a los ciudadanos lo son— se convierte en ley, a mi juicio, denunciarlo como corrupción es correcto. Y con un ejemplo se entenderá bien lo que estoy intentando explicar. Vamos a hablar de Endesa.

Endesa fue una empresa de capital público que creó el Estado en 1944. Sufrió varias fases de privatización, y en 1998 el Gobierno del PP concluyó todo el proceso. Más adelante, en el año 2009, fue comprada por la empresa italiana ENEL, tras una sucesión turbulenta de acontecimientos en la que se sucedieron distintas estrategias y distintos compradores potenciales. Se trata de una empresa estratégica clave, puesto que el sector de la energía es, como es natural, uno de los más básicos. De ahí que todos los gobiernos hayan sido más o menos celosos a la hora de regular dicho sector. En el caso español, además, hay que sumar que Endesa ha sido una de las empresas donde más se ha producido el fenómeno conocido como «puertas giratorias», pues tanto altos dirigentes del PP como del PSOE han acabado trabajando allí. De hecho, algunos de ellos han sido el expresidente José María Aznar y la exministra Elena Salgado.

Pero en octubre del 2014 saltaba el escándalo. Endesa repartiría dividendos por valor de 14.000 millones de euros, una cantidad astronómica. Los dividendos son la remuneración a los accionistas, y como en este caso ENEL era la propietaria con más del 90 % del capital, ella era la beneficiaria. Ahora bien, lo normal es que los dividendos sean repartidos como parte de los beneficios obtenidos durante un ejercicio, como una forma de compartir las ganancias con los propietarios. Sin embargo, en este caso los beneficios de Endesa en el ejercicio de 2013 habían sido de casi 3.000 millones de euros, una cifra importante pero muy lejos de los 14.000 que se han repartido finalmente.

En realidad la operación es mucho más que escandalosa. Y es que Endesa había vendido parte del patrimonio de su filial en América Latina a ENEL, con lo que Endesa se hacía más pequeña y ENEL más grande. Pero ahora Endesa repartía dividendos a ENEL, gracias a lo cual la empresa italiana recuperaba sobradamente su inversión. El resultado: Endesa descapitalizada y reducida, y ENEL enriquecida tras saquear Endesa. La operación era buena para la empresa italiana, pero podía ser aún mejor. Y, de hecho, lo ha sido.

Porque ENEL piensa vender parte de sus acciones en Endesa, con lo que obtendrá una cuantiosa suma adicional. Pero aún hay más, ya que Endesa no tenía liquidez suficiente con la que pagar 14.000 millones, así que se endeudó con una empresa financiera que, casualmente, es propiedad también de ENEL. Por cierto, empresa financiera registrada en un paraíso fiscal. Así que, además, ENEL hará negocio financiero porque Endesa tendrá que ir pagándole los intereses con los que ha pagado el dividendo... a ENEL.

Probablemente el lector no haya oído hablar apenas de este caso. Quizás, ni siquiera unas pocas palabras. Es posible que eso tenga que ver con el hecho de que Endesa, y por tanto ENEL, financian gran parte de la publicidad de los grandes medios de comunicación de este país.³² El escándalo ha sido completamente legal, eso sí. Pero verdaderamente sangrante, más aún en un país en el que el precio en el recibo de la luz asciende sin cesar.

Yo he protestado en todos los foros en los que he podido, pero el silencio ha sido atronador. Es más, ni siquiera el Gobierno ha contestado ni una sola vez a mis palabras. Ni lo ha hecho el ministro de Economía³³ ni tampoco el presidente del Gobierno.³⁴

Ambas son demostraciones de que el Gobierno ha mantenido un consciente silencio que es absolutamente irresponsable. Un diputado del PP en la comisión de economía me reconoció, en privado, que el asunto era un escándalo, pero nunca más he oído hablar de ello en el Congreso. A mi juicio, un claro ejemplo de que la oligarquía utiliza todos los mecanismos a su alcance para el saqueo, sean legales o ilegales.

EL FUNCIONAMIENTO PARLAMENTARIO

Una imagen que llama mucho la atención del Parlamento es que durante los debates apenas hay diputados y diputadas presentes. El abstencionismo laboral es verdaderamente alto, salvo en las contadas ocasiones en las que los dos grandes grupos parlamentarios obligan a sus diputados a estar presentes; por ejemplo, cuando hay debates entre los líderes del bipartidismo. Es más, yo he tenido intervenciones desde el atril ante no más de veinte personas en total. Pero nunca me he indignado. En primer lugar, porque ya estaba prevenido. Y, en segundo lugar, y más importante, porque me parece la consecuencia lógica de un perverso funcionamiento parlamentario.

Me explico, pues entiendo que puede sonar extraño que me parezca natural que la gente no vaya a trabajar.³⁵ Dado que nuestro sistema real es una partidocracia, y que existe el mandato imperativo de los representantes para con sus partidos, la votación de los debates está decidida de antemano por la cúpula de estos partidos. Eso transforma la deliberación en mera negociación. Mientras la deliberación es un proceso en el que las partes argumentan desde la razón, buscando el interés general, la negociación es un proceso en el que se enfrentan dos posiciones antagónicas y cuya solución dependerá de la correlación de fuerzas. Así las cosas, por lo general da igual lo que se diga durante el debate pues la resolución del mismo está decidida de antemano por los números parlamentarios, es decir, por esa correlación de fuerzas entre los grupos.

Tuve ocasión de comprobar esto mismo de forma muy temprana. Durante los primeros meses de legislatura se debatieron varios proyectos de ley de reforma del sistema financiero, siendo yo el portavoz de mi grupo en todos ellos. Por entonces el PSOE votaba junto con el PP porque consideraba que era una cuestión de Estado que requería un «gran acuerdo». En realidad esto se venía produciendo desde la legislatura anterior, cuando gobernaba el PSOE y las reformas del sistema financiero contaban con el apoyo favorable del PP. Con ese acuerdo vigente, el grupo más numeroso de la oposición pasábamos a ser nosotros. Eso nos permitía, además, tener más tiempo durante el debate.³⁶ Tras mi intervención, varios diputados del PSOE me felicitaron por los argumentos esgrimidos y me comentaron que estaban de acuerdo con ellos. Según me dijeron, eran partidarios de votar «no», pero la dirección de su grupo parlamentario había optado por votar junto con el PP. Así que el resultado fue que al menos un par de diputados del PSOE votaron entonces contra su conciencia. Y en la medida que siempre se vota con lo que se llama «disciplina de partido», esto ha ocurrido muchas más veces.

Eso sí, no siempre los diputados son disciplinados. En abril de 2005, el grupo parlamentario del PP impuso una multa económica a sus diputados Celia Villalobos y Federico Trillo por romper la disciplina de voto durante la votación de los proyectos de ley sobre reforma de la ley del aborto y reforma de la ley del divorcio, respectivamente. En junio de 2010, el diputado Antonio Gutiérrez fue también multado por su grupo parlamentario (PSOE) por romper la disciplina de voto durante la votación de la reforma laboral. Un año más tarde, en agosto de 2011, Gutiérrez volvería a romperla, esta vez durante la votación de la forma constitucional que modificaba el artículo 135. En mayo de 2013, la diputada Villalobos sería multada una vez más por no votar junto con su grupo una moción sobre la reforma de la ley del aborto. Y en noviembre de 2013, hasta doce diputados del PSOE fueron multados por saltarse la disciplina de voto durante la votación de la consulta sobre el derecho a decidir. Estos son solo algunos ejemplos recientes que ponen de relieve el severo control con que los grupos parlamentarios fiscalizan a sus diputados.

Pero si todo está decidido de antemano, ¿de qué sirve el debate? En realidad, solo para mantener las formas parlamentarias y para, en el mejor de los casos, que la televisión recoja unos segundos de intervención. Si lo ve la gente, al menos no ha sido un esfuerzo en vano. Si, por el contrario, no lo recoge la televisión, si la mayoría de los diputados no están presentes y si los que están no pueden votar en conciencia, muchas veces la frustración por el esfuerzo realizado y no rentabilizado puede ser muy grande. Además, eso convierte el debate en una mera actuación. Si uno sabe que no va a convencer al resto de los oyentes, entonces no tiene por qué esforzarse en encontrar los mejores argumentos o en mostrarse elocuente. En realidad uno pasa a ser una suerte de intérprete de un papel que, en teoría, está pensado para ser el más atractivo a las cámaras y, de ese modo, a los ciudadanos. Y así es como lo que debería ser un debate de ideas se convierte en puro espectáculo.

Pero este no es el único problema del funcionamiento parlamentario, aunque desde luego sí el más grave porque distorsiona el sentido del Parlamento. También es notable la insuficiente capacidad de la institución para fiscalizar al Gobierno, que es otro de los sentidos que tiene el Parlamento. Veremos dos ejemplos.

Durante esta legislatura todos los miércoles se ha celebrado la sesión de control al Gobierno. Se trata de un día en el que los diputados de todos los grupos pueden preguntar o interpelar a los miembros del Gobierno. En el caso de las preguntas se trata de una intervención de dos minutos y medio de duración, a distribuir entre pregunta y réplica. El representante del Gobierno tiene, en este caso, el mismo tiempo. El Gobierno cuenta con la ventaja de conocer las preguntas de antemano, pues para poder realizarlas hay que haberlas registrado casi una semana antes para que el propio Gobierno pueda elegir a la persona que ha de responderlas. Pues bien, bajo este sistema, los grupos tienen un cupo o máximo número de preguntas por semana. Durante esta legislatura se han distribuido de la siguiente forma: diez preguntas para el PSOE, diez preguntas para el PP y una pregunta para cada uno de los grupos restantes. Esto es paradójico, pues al final nos encontrábamos con que nuestro grupo solo podía realizar una pregunta a la semana mientras que el PP podía hacer hasta diez al Gobierno. Y es fácil de comprender que la función de control al Gobierno no reside especialmente en el PP, cuyos diputados más que preguntar a los ministros ensalzaban su labor y aprovechaban para criticar a la oposición.

En las interpelaciones la cuestión es diferente. En este caso un diputado o diputada tiene quince minutos para dirigirse a un miembro del Gobierno, con una réplica disponible de cinco minutos más. Exactamente los mismos tiempos tiene también la contraparte del debate. Son, a mi juicio, los debates más interesantes y los que, en todo caso, más se aproximan al sentido real de lo que ha de ser un debate. Aunque, eso sí, siempre que las dos personas quieran.

No siempre es así. En mi primera interpelación con el ministro de Economía, el ministro me respondió leyendo un texto que tenía preparado. Lógicamente no le había dado tiempo a escribirlo mientras yo hablaba durante mis quince minutos. Pero es que incluso cuando yo tuve oportunidad de responder utilizando los cinco minutos añadidos, el ministro volvió a responderme leyendo. Cualquiera verá que en estas circunstancias no hay debate tampoco.

Fue precisamente durante mi primera interpelación con el ministro de Economía, allá en mayo de 2012, cuando tuve oportunidad de exigir al Gobierno una comisión de investigación sobre el rescate financiero. Las comisiones de investigación deberían ser, si están bien planteadas, otro mecanismo básico de control al Gobierno y también reflejo del buen funcionamiento parlamentario. Con ellas puede obtenerse la transparencia necesaria que una democracia requiere, para que los ciudadanos conozcan la verdad sobre múltiples casos. El problema en España es doble: que ni están bien planteadas ni los Gobiernos las quieren poner en marcha.

Lo que buscábamos con aquella comisión era iniciar una «investigación lo más objetiva posible sobre las causas de la crisis; fundamentalmente porque si no entendemos bien cuáles son las causas, difícilmente vamos a poder hacer medidas económicas que sean suficientemente efectivas para salir de la crisis». Como ejemplo a seguir, al menos en este caso, subí al atril del Congreso «el informe final, largo y extenso del Gobierno estadounidense, que es el resultado de una investigación profunda de diecinueve días con setecientas intervenciones, setecientas comparecencias de todos los actores económicos que tuvieron alguna relación con la crisis estadounidense pasaron por el Congreso». La idea general era evidente, queríamos saber la verdad sobre los innumerables casos de corrupción vinculados al sistema financiero, por eso insistí diciendo que «los Urdangarín, los elefantes de África, los Carlos Dívar, los casos de corrupción de la Gürtel, los ERE en Andalucía, todos esos elementos hacen que la ciudadanía no confíe en esta democracia, y ahora tenemos la oportunidad de demostrar que podemos regenerar y refundar nuestro país abriendo un proceso de profundización democrática y de transparencia, haciendo desfilar aquí a todos esos sujetos económicos que yo he ido describiendo para que respondan a nuestras preguntas y podamos depurar responsabilidades políticas. Las judiciales pueden ir por otro lado. Aquí queremos saber la verdad, porque en eso tiene que estar basada una democracia».³⁷

¿El resultado de nuestra petición? El PP se opuso a poner en marcha la comisión de investigación, y utilizó su mayoría absoluta para bloquear esa posibilidad. También es verdad que las comisiones de investigación en España no son como las de Estados Unidos. Las diferencia un elemento fundamental, a saber: que aquí los comparecientes pueden mentir impunemente mientras que al otro lado del Atlántico las comparecencias tienen estatus judicial.

Con el paso del tiempo lo que hizo el PP fue abrir una subcomisión de trabajo sobre el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), que era la entidad encargada de gestionar el rescate al sistema financiero. La subcomisión se celebró a puerta cerrada, esto es, sin presencia de medios de comunicación. En principio se supone que este procedimiento tan cerrado es para permitir que los comparecientes digan lo que quieran con total libertad (se entiende que libertad de ser pillados por los medios). Pero como en realidad los portavoces de los grupos parlamentarios tienden a contar lo que han escuchado —yo, el primero—, en ninguna de las comparecencias hubo avance alguno. El resultado fue que los dos partidos mayoritarios utilizaron las comparecencias para responsabilizarse mutuamente del derrumbe financiero, pues algunas de las cajas de ahorro habían estado gestionadas por políticos del PSOE y otras por políticos del PP. Pero sin que saliera nada en claro.

Otra serie de comparecencias que llamó la atención mediática fue la destinada a encontrar una solución para el drama de los desahucios. Al menos, así lo vendió el Gobierno del PP. Entre enero y marzo de 2013 comparecieron representantes de la banca, de la judicatura y de los movimientos sociales para explicar cuáles eran, a su juicio, las soluciones necesarias. No fue nada sencillo acordar quiénes podían ir y quiénes no a hablar al Congreso. El proceso fue más o menos así: todos los grupos elaboramos una lista con las personalidades que queríamos que asistieran. Hubo un total de diecisiete peticiones (seis por el PP, cuatro por el PSOE, cuatro por IU y tres por CIU), aunque algunos nombres coincidían. Durante una reunión a principios de febrero de 2013 el PP impuso, utilizando su mayoría absoluta, el número máximo de seis comparecientes. Mientras debatíamos cuáles escoger, el PP propuso que hubiera un reparto proporcional por escaños, de tal forma que quedaría un dos-dos-dos y nosotros nos quedaríamos sin poder elegir. Naturalmente protesté, pues estaba convencido de que el objetivo del portavoz del PP era dejar fuera a los representantes de los movimientos sociales, que solo nosotros incluíamos. Finalmente se llegó a una suerte de consenso con un reparto de dos-dos-uno-uno en el que sí pudimos incorporar un nombre de los cuatro que solicitamos al principio.

Estoy convencido de que el portavoz del PP todavía se arrepiente de habernos dejado pasar ese nombre. Se trataba de Ada Colau, entonces portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En la comparecencia, Colau generó una enorme polémica entre los diputados al decir que «les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor [el compareciente anterior, vicesecretario general de la Asociación Española de Banca] porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo, pero este señor es un criminal y como tal deberían tratarle; no es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema, es esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país y a estos señores ustedes les siguen tratando de expertos».³⁸

El presidente de la comisión, del PP, la llamó al orden y le pidió que se disculpara. Pero Colau aclaró, con toda tranquilidad, que «lo único que le puedo responder es que lo que me ha faltado —creo que le ha faltado a muchísima gente— es que esta llamada de atención se la hubiera hecho usted al compareciente anterior cuando ha ninguneado y despreciado el sufrimiento de miles de personas, ha negado el problema, ha dicho que no se producen lanzamientos y que la ley actualmente funciona muy bien».³⁹

En cuanto a discusiones acaloradas en el Congreso, alguna más ha habido. A veces con un fondo político realmente significativo. A varios diputados de IU nos expulsaron del hemiciclo cuando intentamos leer una moción sobre Bárcenas en la que exigíamos que el presidente del Gobierno compareciese en el Parlamento. Aquella moción no se debatió porque el PP la vetó, algo inédito en el Congreso en tiempos de democracia, y por eso la leímos en otros puntos del orden del día. El presidente del Congreso, también del PP, fue expulsando uno a uno a los diputados que iniciábamos la lectura. En total, cuatro.⁴⁰

A veces incluso el propio Parlamento desvela, paradójicamente, su opacidad. Fue el caso de la visita de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Compareció en el Congreso de los Diputados a petición propia, pero lo hizo con un formato verdaderamente terrible. Se prohibió la presencia de periodistas, de taquígrafos que tomaran acta y también se prohibió que se retransmitiera en abierto por el circuito de televisión del Congreso. Nos pareció tan inadecuado que los diputados de IU anunciamos que de todos modos seríamos nosotros los que retransmitiríamos la sesión. La respuesta del Congreso fue quitar el wifi, para que nadie en un kilómetro a la redonda pudiera usar internet, y poner inhibidores para que no funcionaran los teléfonos móviles. Nos querían incomunicados, pero no ganaron la batalla.

Y no lo hicieron porque contacté con un buen amigo, Stéphane Grueso —más conocido como Fanetin—, quien nos enseñó a grabar adecuadamente con nuestros móviles y iPads la sesión. Yo era el portavoz, y por lo tanto no era posible que yo grabara, pero el resto de los diputados de IU recibió las instrucciones precisas para retransmitirlo todo. Varios de ellos llegaron a grabar partes de la comparecencia, pero los ujieres, a instancias del presidente de la mesa, estaban vigilantes y cuando les pillaban les retiraban la grabación. Sin embargo, el diputado y amigo Joan Coscubiela sí logró grabar toda la intervención de Draghi y subirla prácticamente de forma inmediata (salió de la sala y desde el despacho lo finalizó). Y otra diputada y amiga, Laia Ortiz, pudo grabar parte de mi intervención como portavoz de IU. Intervención que, además, se convirtió en viral en internet e incluso fue integrada en la obra de teatro Marca España de Alberto San Juan.

En definitiva, el Parlamento tiene un funcionamiento verdaderamente ineficaz e ineficiente. Incluso a veces es todo un coladero de prácticas de corrupción. En el mismo momento de escribir este texto hay en el Congreso muchos diputados que tienen encima una sombra de corrupción bastante importante. Uno de ellos recibía pagos de una constructora, otro ocultó que trabajaba para una entidad financiera —que es ilegal—, otra diputada está a punto de ser juzgada por ser beneficiaria de un caso de corrupción, dos diputados han sido condenados por conducir borrachos, otro está pendiente de ser juzgado por un fraude millonario, y la lista podría continuar.⁴¹

En no pocas ocasiones se han iniciado comisiones para estudiar cambios en el reglamento del Congreso, pero nunca se han terminado. ¿Quizás porque quien hace la ley hace la trampa?

5

DAVID CONTRA GOLIAT

Poco a poco las respuestas populares fueron desplazando el foco desde la llamada clase política hacia los elementos estructurales del sistema. El debate se fue abriendo con preguntas tales como quién gobierna realmente, sobre qué se puede votar, o a quién favorecen las leyes. Si ante una crisis tan profunda como la que se estaba viviendo los poderes públicos son incapaces de actuar, y cuando lo hacen es para beneficiar al rico y perjudicar al pobre, ¿qué sentido tiene mantener las instituciones en sus formas realmente existentes?

Efectivamente, en poco tiempo ha ido abriéndose paso una alternativa popular, que no es otra que un proceso constituyente dirigido por las clases populares. Así, el concepto de proceso constituyente, otrora desconocido para la gente, empezó a penetrar en el imaginario popular. Fue calando la idea de que hay que transformar las instituciones, diseñar unas nuevas. Al fin y al cabo, si el proceso constituyente de la oligarquía está desdemocratizando las sociedades occidentales, lo que hay que hacer es poner en marcha un proceso de signo contrario, esto es, un proceso que democratice las instituciones y sirva para que las instituciones estén al servicio del pueblo y de sus necesidades.

UN PARLAMENTO SECUESTRADO

El siete de agosto de 2012, unos doscientos militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entraron en una gran superficie, propiedad de Mercadona, y se llevaron sin pagar varios carros llenos de artículos de primera necesidad con objeto de repartirlos a familias sin recursos. Sin duda, se trataba ante todo de un gesto simbólico para denunciar el hambre que asolaba a cada vez más gente en Andalucía y en España. Fueron duramente criticados, a izquierda y derecha, por utilizar tácticas ilegales para realizar denuncias políticas. Sin embargo, otros pensábamos que estábamos ante la cristalización de un fenómeno social y político que llevaba tiempo en las profundidades de la sociedad. Pensábamos que la crisis económica se estaba trasladando con tal fuerza al sistema político, tal y como vimos en el capítulo segundo, que había incluso desbordado los límites jurídicos que establecía la Constitución de 1978. Si las leyes servían para justificar y legitimar rescates financieros multimillonarios, así como para sostener a un sistema a todas luces injusto y desigual, cada vez más sectores de la población entendíamos que el sistema político había caducado.

La acción del SAT tuvo lugar en dos municipios andaluces, uno de Sevilla y otro de Cádiz. Precisamente aquel día tanto Cayo Lara como yo nos encontrábamos en la entrada a Gibraltar apoyando una huelga de hambre que había iniciado el exdiputado de IU Antonio Romero, como protesta contra los paraísos fiscales.¹ Allí, al calor de la noticia, tuvimos oportunidad de reflexionar sobre lo que estaba por llegar. El debate era profundo, pues afectaba al sistema político en su conjunto y, por lo tanto, a una serie de instituciones en las que se había situado de forma más o menos cómoda incluso la propia izquierda.

Lo importante de la acción del SAT, según la entendimos algunos, es que mandaba el siguiente mensaje: «Olvídese usted de las instituciones que tiene asumidas en la cabeza (propiedad privada, legalidad, etc.) y piense si es justo que la gente pase hambre cuando tenemos exceso de comida; piense si es justo que haya viviendas vacías y gente sin casa; piense en eso y reformule su ideología y, en consecuencia, el apoyo pasivo que está haciendo al sistema económico que no nos permite ser libres».² Estábamos hablando de una «brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo debe organizarse una sociedad». En definitiva, «cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico».³ No todo el mundo en la izquierda lo entendió así y, en cierta medida, detecté en aquel momento un punto de inflexión muy evidente que rompería de facto en dos bloques a la izquierda política de nuestro país. Y en dos bloques, además, muy vinculados al componente generacional.

La conversación que mantuvimos en Gibraltar los compañeros Cayo Lara, Antonio Romero, Efraín Campos —secretario general del Partido Comunista de Málaga— y yo mismo fue muy ilustrativa para mí. Debatíamos sobre la necesidad o no de abrir un proceso constituyente, que era la verdadera polémica detrás de las acciones como las del SAT. Si uno entendía, como nosotros, que las instituciones estaban caducas, abogaría por crear unas nuevas más acordes con la realidad política y social del tiempo histórico. Eso es lo que yo pensaba ya entonces, cuando declaré que «nuestro país necesita una refundación política y económica, lo que debería cristalizarse en una nueva Constitución y unas nuevas normas que permitan poner la economía al servicio de los ciudadanos. Porque solo así se resuelven los problemas de las condiciones materiales de existencia, esto es, las causas de la frustración social que se manifiesta en estos tiempos».⁴ Pero si, por el contrario, uno pensaba que la Constitución de 1978 seguía dando espacio a las alternativas al modo de pensar neoliberal, entonces censuraría cualquier atisbo de ilegalidad por simbólica que fuese. Este debate no nació ese día, pero sin duda emergió con mucha fuerza. Y ya no pararía.

Apenas un mes más tarde volvimos a comprobarlo. El 4 de septiembre las marchas del SAT pasaron por Málaga, y allí estuvimos tanto Antonio Romero como yo acompañando a Diego Cañamero, entonces representante del sindicato. Durante la marcha, un total de once activistas se descolgaron de la manifestación y ocuparon pacíficamente una sucursal bancaria en el centro de la ciudad. La policía nacional detuvo a las once personas. Yo estuve mediando, en calidad de diputado por Málaga, para que el proceso de liberación fuera lo más rápido posible. Tanto Diego Cañamero como yo acompañamos a la comisaría a los detenidos y estuvimos allí esperando hasta su liberación.⁵

Pero el debate sobre legalidad y legitimidad continuaba, ahora mucho más politizado y recubierto de conceptos de teoría política que nos interpelaban sobre procesos constituyentes. Sin embargo, eran las acciones las que marcaban la agenda política y condicionaban sobremanera esos debates. Y el 25 de septiembre llegó la gran traca. Una manifestación se había convocado meses atrás llamando a rodear el Congreso, y exigiendo la dimisión del Gobierno y la apertura de un Proceso Constituyente. Las reacciones a la convocatoria no se hicieron esperar. La entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, calificó la manifestación como «golpe de Estado encubierto» al tiempo que reconoció tener una lista de entre ochocientas y mil personas «que están en todo».⁶ Pero incluso diputados del PSOE reaccionaron de idéntica manera, comparando la manifestación con el golpe de Estado de Tejero en 1981.⁷ Lo cierto es que detrás de la convocatoria se encontraba una plataforma conformada por diferentes organizaciones, no muy numerosas, vinculadas al 15-M y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El día de la manifestación todos los diputados de Izquierda Unida salimos del Congreso, en señal de apoyo, aunque era día de actividad parlamentaria. Tras estar un rato fuera, los diputados fueron volviendo uno a uno para votar. Salvo yo mismo, que me quedé encerrado en las calles colindantes, pues el dispositivo policial de más de mil agentes antidisturbios estaba bloqueando los accesos de vuelta al perímetro del Congreso. Y en torno a las ocho de la tarde empezaron los disturbios. La policía comenzó a disolver la manifestación por la fuerza, empujando y golpeando a todo el que se pusiera por delante con extrema violencia. Los manifestantes corrían sin saber muy bien a dónde ir, pues la policía iba cortando las calles según avanzaba. Me refugié en un bar junto con concejales y diputados autonómicos de IU —estaban, por ejemplo, Jorge García Castaño y Tania Sánchez— y periodistas, como Olga Rodríguez, que pudo grabarlo todo. Pronto nos sacaron violentamente y nos empujaron calle abajo, hasta que alguien gritó que yo era diputado y la policía detuvo su acción.⁸ La manifestación se saldó con treinta y cuatro detenidos y sesenta y cuatro heridos, veintisiete de ellos policías. Además, el procedimiento judicial que se había iniciado, a instancias del Gobierno, contra ocho de los organizadores continuó hasta el 4 de octubre. Fue entonces cuando el juez archivó el caso y criticó duramente al Ministerio del Interior. Levantó la polémica al admitir que la manifestación estaba dentro de los límites de la «libertad de expresión» y máxime «ante la convenida decadencia de la denominada clase política».⁹

En los días posteriores la polémica continuó, pues hubo nuevas manifestaciones convocadas por la misma plataforma. Incluso se llegó a insinuar que los manifestantes contaban con topos en el Congreso, ante lo que lógicamente salí diciendo que «yo también soy un topo del 25-S en el Congreso. De hecho, yo les informé con tiempo suficiente sobre la dinámica parlamentaria del debate de los Presupuestos para que pudieran coordinar las manifestaciones. Esa acusación que se ha lanzado no tiene ni pies ni cabeza. Hay muchos diputados que se reúnen con el 25-S y participan en las asambleas».¹⁰ También los sindicatos policiales intentaron azuzar con nueva polémica. El seis de octubre presentaron una querella contra mí y Cayo Lara, supuestamente por injurias y calumnias tras haber declarado que la policía tenía infiltrados en las manifestaciones y que, en consecuencia, era imposible saber quiénes habían iniciado realmente los disturbios.¹¹ El Tribunal Supremo rechazó la querella unos meses más tarde.¹²

El debate sobre el Proceso Constituyente se había extendido. Durante los meses siguientes algunos diputados me acusaron de tener enormes contradicciones por haber apoyado el 25-S, a lo que respondí que «lo que se hizo fue reivindicar una forma distinta de hacer política y de recuperar las instituciones. De darle un sentido pleno y noble al Congreso. Y claro que se puede ser diputado para denunciar que las instituciones actuales están agotadas y que hay que modernizarlas», a la vez que insistí en que «no pedimos que sea la figura del político la que se retire, sino que pedimos unas nuevas instituciones donde haya nuevos diputados, con nuevos mecanismos y nuevas herramientas» porque «aquí [en el Congreso] se toman decisiones que luego se cortocircuitan desde las instituciones supranacionales. La troika es la que decide lo que pasa con la sanidad, la educación y las pensiones. Esto deja en un lugar secundario a los representantes políticos legítimos, que somos nosotros. Tenemos que recuperar la democracia, y esto requiere una reformulación democrática, un nuevo proceso constituyente».¹³

Apenas unos meses más tarde del 25-S tuvo lugar la comparecencia de Ada Colau en el Congreso, que ya hemos comentado en el epígrafe anterior. Aquel 5 de febrero de 2013, Colau también mandó un mensaje claro a los diputados que la estaban escuchando y, de ese modo, también a toda la ciudadanía. En referencia a las medidas antidesahucios, advirtió que «aquellos diputados y diputadas que no se comprometan desde ya a defender estas medidas de mínimos en este trámite que se está desarrollando en esta comisión o cuando se discuta la admisión a trámite de nuestra ILP el próximo martes, van a tener que ver cómo la población empieza a señalarles públicamente allí donde vayan».¹⁴ Parece evidente que la llamada clase política iba a comenzar a ser señalada ya no en bloque sino individualmente en función de sus decisiones individuales.

El 20 de marzo de ese mismo año, un centenar de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se dirigieron a la casa del diputado del PP Esteban González Pons y le dejaron cartas y pegatinas en las que se le instaba a votar a favor de la iniciativa antidesahucios.¹⁵ Aquel incidente, junto a otros que le siguieron, generaron una polémica enorme. La entonces delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, culpó a la PAH de estar relacionada con la banda terrorista ETA.¹⁶ No fue una afirmación aislada, pues el propio PP salió en su defensa alegando que la PAH coqueteaba con «grupos próximos al terrorismo».¹⁷ El intento de criminalización que estaba haciendo el PP era muy evidente, pues de ese modo conseguiría convertir un problema social —los desahucios y sus víctimas— en un problema de orden público.

Nosotros estuvimos a favor de estas prácticas, llamadas escraches, porque «son los últimos recursos que les quedan a las víctimas» y porque se trata de una «actitud legítima y honorable ante una agresión estructural».¹⁸ Considerábamos que se situaban dentro de la libertad de expresión siempre y cuando fueran acciones de carácter pacífico, como era el caso de las acciones de la PAH.¹⁹

Pero todo este fenómeno, que ocupó tertulias, portadas de periódico y conversaciones en las cafeterías, desvelaba algo que estaba sucediendo. Sin lugar a dudas la crisis institucional y política estaba agudizándose hasta el punto de que ya la llamada clase política empezaba a sentirse aludida. Para ese momento el Congreso parecía más rodeado que protegido por las fuerzas de seguridad, pues centenares de policías se agolpaban en los exteriores cada día parapetados tras un perímetro de vallas que no dejaba pasar a prácticamente nadie.

Sin duda estábamos en el clímax de un fenómeno que había ido creciendo en intensidad en los últimos años. Las acciones de la PAH eran el enésimo síntoma de que las cosas no estaban funcionando bien en el sistema político español y, lógicamente, tampoco en el sistema económico.

UNA ECONOMÍA QUE GOBIERNA A LA POLÍTICA

Efectivamente, los síntomas que estamos viendo en la sociedad durante estos años tienen que ser entendidos desde el carácter profundo de sus causas para poder encontrar una respuesta. Es decir, como explicamos en el primer capítulo, tenemos que pasar de los síntomas a las enfermedades —de las apariencias a las esencias— para poder estar en disposición de construir una sociedad mejor.

Como hemos visto, la situación social, económica y democrática del país ha provocado una serie de respuestas populares que han tomado diferentes formas. Por un lado, las huelgas y manifestaciones de carácter laboral que tenían como objetivo defender conquistas laborales. Por otro lado, movilizaciones de distinto tipo como el 15-M, Rodea el Congreso o la paralización de los desahucios que abarcaban un mayor número de demandas. Todas esas respuestas populares, a veces intuitivas y otras veces con plena conciencia política, han ido acompañadas de un tratamiento teórico de la cuestión que, de forma mayoritaria, ha entendido que la solución es iniciar un proceso constituyente dirigido desde abajo, por la ciudadanía, para constituir nuevas instituciones que sirvan a los intereses populares.

Pero la respuesta que ofrece la oligarquía también es un proceso constituyente, aunque en este caso dirigido desde arriba y promoviendo otro tipo de instituciones. Y acompañado políticamente, por cierto, de un notable incremento de la represión. En este caso hablamos más bien de una huida hacia delante, pues en realidad dicho proceso ya hace muchos años que está en marcha. La diferencia es que la crisis ha sido utilizada como una oportunidad para acelerarlo.

En definitiva, a nadie se le escapa que la crisis políticoinstitucional tendrá una respuesta que, sea desde abajo o desde arriba, implica cambios sustanciales. El cambio está en el horizonte, pero también en el presente.

Al fin y al cabo, todo cambia y nada permanece. Lo tenemos escrito y pensado desde la Antigüedad, pues Heráclito de Éfeso ya nos explicó que no podíamos entrar y salir del mismo río pues ni nosotros ni el río seríamos los mismos. Pero también se ha escrito en la modernidad, y la tesis del materialismo histórico desarrollado por Marx pivota sobre esa constatación. Incluso lo cantó bellamente la gran Mercedes Sosa. Sea como sea, hay acuerdo en que todo cambia. Y los sistemas políticos no son ajenos a ese proceso. La pregunta más pertinente es ¿hacia dónde se cambia?

Comencemos por un punto básico. Las personas no nos relacionamos unas con otras en el vacío. Utilizamos instituciones, normas y reglas que nos evitan tener que empezar siempre desde cero. Por ejemplo, cuando queremos denunciar una injusticia vamos a un juzgado. Ese juzgado, con sus recursos y empleados, ya está ahí porque nuestra comunidad política ha creado y diseñado esa institución previamente. Y es que sería todo un fastidio tener que crear un sistema judicial nuevo por cada injusticia detectada. Ni el castigo a Sísifo superaría tamaña tarea.

Por eso, una comunidad política vive siempre en un ámbito institucional que tiene la apariencia de haber estado siempre ahí. De hecho nos parece natural que exista un cuerpo policial, un sistema educativo o sanitario e incluso un Parlamento, pero lo cierto es que todas esas instituciones se tuvieron que diseñar en algún momento histórico. Esas instituciones rodean y envuelven nuestra vida cotidiana, pero también van cambiando.

Por eso puede afirmarse que será inevitable ver nuevos procesos constituyentes, es decir, procesos que constituyan nuevas instituciones políticas o que produzcan cambios radicales en los diseños vigentes hasta ese momento. Habitualmente estos procesos se refieren a la institución suprema, la Constitución, y por eso en España los hubo en 1812, 1931, o en 1978, por ejemplo. No obstante, no todos los procesos constituyentes son iguales. A veces los procesos constituyentes tienen una perspectiva popular que refleja las demandas y exigencias de las gentes más desfavorecidas, esto es, lo que llamamos comúnmente el pueblo. Así fue claramente en los casos de Francia entre 1789 y 1792, de México en 1917, de Rusia en 1918 y 1924, de España en 1931 o de Italia en 1948. Sin embargo, otras veces los procesos constituyentes son dirigidos desde arriba, desde las mismas élites que gobernaban las instituciones previas. Al margen de las numerosas contrarrevoluciones, el ejemplo más reciente y evidente de este tipo es el de la construcción de la Unión Europea.

Así pues, hay momentos políticos en los que las instituciones vigentes se ponen en cuestión. Es entonces cuando se abre el debate sobre cómo han de cambiar, y en ese momento diferentes proyectos políticos confrontan entre sí en torno al tipo de instituciones nuevas que hay que crear.

Es evidente —y lo hemos estado repasando en todo este libro— que en España hay un enorme desprestigio de las instituciones actuales, creadas fundamentalmente en el proceso constituyente de 1978. No hace falta abundar en muchos datos, pues la percepción de crisis institucional es total. En cierta medida todo el mundo es consciente de que, con independencia de cómo se llame, la crisis político-institucional se ha profundizado hasta tal punto de que ya nadie puede evitar un cambio. «Regeneración democrática» y «cambio» son dos términos que se mencionan de forma habitual en los discursos políticos de los últimos años. Prácticamente todo el mundo habla de ellos.

No obstante, esta crisis político-institucional no es exclusiva de nuestro país. Al menos no en su forma más abstracta, porque es cierto que en sus aspectos concretos la crisis española manifiesta un importante conjunto de singularidades. Pero en términos generales todos los países occidentales están atravesando una crisis de la democracia representativa liberal como resultado de las transformaciones recientes del capitalismo y, más concretamente, de la inversión que se ha producido en la relación que existe entre economía y política. Si antes la política gobernaba a la economía, como mandata el imperativo democrático, ahora sucede al revés. Y ello produce una enorme crisis de legitimidad democrática.

El paradigma constitucional de posguerra ha entrado en crisis en todas las partes del mundo. Hay que recordar que este paradigma se hizo dominante tras la Segunda Guerra Mundial y sirvió para apuntalar un determinado orden social basado en lo que se ha llamado compromiso keynesiano, es decir, un reparto de la renta entre capital y trabajo que permitía sostener el Estado social. Así, la existencia de ese Estado social estaba salvaguardada jurídicamente por los regímenes constitucionales de posguerra, que en mayor o menor medida otorgaban a los trabajadores espacios de protección frente a la dinámica del libre mercado. Servicios públicos como la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o las pensiones eran ejemplos de ello, pero también una serie de normativas laborales que protegían la negociación colectiva y los derechos sociales. Todo ello es lo que ha entrado en crisis con las transformaciones económicas del sistema capitalista, pero también con el predominio del ideario neoliberal que, precisamente, propugna la desaparición de muchos —si no todos— de esos resortes de protección social.

En todo caso, el paradigma constitucional ha entrado en crisis fundamentalmente por dos vías. La primera, por el vaciamiento formal de los textos constitucionales. Los tratados instituyentes de la Unión Europea, por ejemplo, han restado capacidad jurídica a los textos constitucionales hasta el punto de que han sido vaciados de algunas competencias fundamentales, como es el control de la política monetaria. Toda la normativa jurídica europea ha ido desplazando la capacidad efectiva de tomar decisiones, desde las constituciones nacionales al espacio europeo supranacional. La adaptación normativa ha contado con la complacencia de los gobiernos, ciertamente, y en algunos casos como el de Portugal han implicado hasta seis cambios constitucionales. Todo ello ha disociado aún más a los ciudadanos de los espacios de poder, quedando entonces solo una apariencia formal de democracia. Los parlamentos se han convertido en teatros de sombras en los que no se puede votar sobre los aspectos fundamentales que rigen la economía y la sociedad, aunque siguen rodeados del aura de soberanía nacional que en su momento tuvieron. En este sentido es relevante dejar de preguntar por «¿quién vota?» y comenzar a preguntar por «¿sobre qué se puede votar?» a la hora de describir a las democracias actuales.

La segunda vía ha sido el vaciamiento sustancial de sus contenidos políticos como consecuencia del progresivo desmantelamiento del Estado social. La aplicación de políticas de ajuste neoliberales han servido para reducir la capacidad de intervención del Estado en la economía, con lo que el Estado ha perdido su capacidad de satisfacer muchos de los compromisos adquiridos en tiempos anteriores. Piénsese, por ejemplo, en los procesos de privatización de empresas públicas que bien podrían servir ahora de apoyo esencial para la satisfacción de necesidades básicas que hoy permanecen insatisfechas, caso de la electricidad o el agua. Todos estos procesos se enmarcan dentro del más amplio proceso de mercantilización de todo que es inherente al sistema capitalista y que ya comentamos en el primer capítulo. Pero en este caso estamos ante una mercantilización de lo que en su momento fue desmercantilizado, que es lo que David Harvey llama «acumulación por desposesión».

Al mismo tiempo, la globalización y las nuevas tecnologías han ampliado el mercado mundial y han transformado el papel de los propios Estados. Hasta el punto de que el papel del Estado se ha desplazado desde su aspecto garantista social a un Estado-mercado competitivo en permanente búsqueda por atraer capitales internacionales. Eso significa, en última instancia, que los Estados han quedado totalmente atraídos por la gravedad de la lógica competitiva de la economía mundial, de forma que se podría decir que a día de hoy la dinámica económica es la que domina a la dinámica política.

En definitiva, las transformaciones recientes del capitalismo —y el proceso constituyente dirigido por las oligarquías que conlleva— han derivado en un nuevo contexto político internacional que ha sumido al paradigma constitucional y a las propias democracias representativas en una grave crisis. El carácter sustancial de las democracias, es decir, su compromiso con la satisfacción de determinadas necesidades, ha sido vaciado, dejando así a las democracias como meros sistemas procedimentales que mantienen las formas pero resultan inútiles para la gente. De ahí que la reacción más inmediata e intuitiva haya sido bien poner en cuestión los sistemas constitucionales de dudosa procedencia, en el caso de España, bien reclamar la reinstauración del verdadero sentido revolucionario de las constituciones rupturistas, en el caso de Italia o Portugal.

En este contexto, parte de la izquierda institucional española se encuentra sin duda ideológicamente despistada. No en vano lo que se está poniendo en cuestión son las instituciones políticas constituidas durante la Transición española, tiempo aquel en el que tomaron forma gran parte de las izquierdas de hoy en día. Y así como es fácil adoptar el discurso de crítica al sistema económico, en tanto que uno no se siente responsable de su vigencia, no resulta igual de cómodo disparar contra la matriz de la que uno es parte y herencia. En cierto sentido podríamos decir que una parte de la izquierda institucional está hoy luchando contra ella misma en el seno de unas instituciones fuertemente cuestionadas por la ciudadanía.

Una constitución es siempre el resultado de la pugna entre distintos sistemas de ideas en un momento histórico dado. Dicho de otro modo, es la materialización concreta de la correlación de fuerzas entre distintas ideologías o formas de comprender la articulación jurídica que ha de tener un modelo de sociedad. Así, la ruptura con la dictadura realizada por el pueblo portugués dio lugar en 1976 a una constitución cuyo preámbulo llamaba a la construcción de un Estado socialista. Por el contrario, y a pesar de que distaban solo dos años de diferencia, el contexto histórico español, muy distinto al de nuestro país vecino, explica perfectamente que nuestra constitución quedara muy lejos de tales aspiraciones.

Esto significa que debemos comenzar aceptando que la Constitución de 1978 es el resultado de un franquismo que no muere en los brazos de una revolución social, sino que más bien logra readaptar sus formas políticas. La Transición fue un proceso progresivo consistente en instaurar la forma de una democracia liberal, con sus elecciones competitivas y el formalismo de la separación de poderes entre otros rasgos descriptivos. Sin embargo, el poso del franquismo pervivió en las formas culturales de entender la política y también en el mantenimiento de las actitudes caciquiles y corruptas por parte de las oligarquías que no vieron afectado su poder ni su influencia durante todo el proceso.

En definitiva, las transformaciones del capitalismo y, muy particularmente, la extensión de la lógica de mercado a cada vez más aspectos de la vida cotidiana han mermado la capacidad de las instituciones democráticas para tomar decisiones. La tensión democrática que existe siempre entre la dimensión económica y la dimensión política ha estallado en una crisis de legitimidad como resultado de que los espacios institucionales que otrora representaban la soberanía popular hoy son incapaces de gobernar la economía. En esas circunstancias los parlamentos aparecen claramente secuestrados por la lógica del mercado y sus beneficiarios, que son las élites económicas y políticas.

EL ESTADO Y EL GRAN PARTIDO DE ORDEN

Como hemos visto, la extensión de los procesos de mercantilización —en la forma de proceso constituyente dirigido por la oligarquía— ha sido la responsable de generar una crisis de legitimidad en nuestro sistema democrático. Pero, por esa misma razón, la respuesta dada por las instituciones internacionales, consistente en una más intensa aplicación de programas económicos neoliberales, ha agudizado esa tensión democrática y esa crisis de legitimidad.

En cierta medida, el poder ha tratado de responder tanto a la crisis económica, en tanto que falla en el proceso de acumulación, como a la crisis política, en tanto que crisis de legitimidad. No es esta una tarea sencilla, pues la contradicción entre ambas racionalidades es total, y no es posible ampliar los espacios de racionalización económica —de mercantilización— sin afectar gravemente a la racionalidad democrático-social en la que se funda nuestro actual Estado social.

Ahora bien, hay que entender que por poder nos estamos refiriendo a las instituciones y sujetos económicos y políticos que tienen la capacidad efectiva de tomar decisiones, con independencia del método, y de si es, o no, democrático. En ese sentido, el poder va mucho más allá del Estado, si bien este es uno de sus más importantes valedores.

Sin duda, quienes ostentan una verdadera capacidad efectiva para tomar decisiones son las grandes empresas y las grandes fortunas. Su riqueza financiera y económica les permite mover enormes masas de dinero por los mercados financieros y condicionar los movimientos globales de esos mercados. De esa forma logran condicionar también, o incluso determinar, las propias decisiones políticas de los gobiernos democráticos. Lo cierto es que esas sumas de dinero se mueven por los mercados financieros según la lógica del capital, lo que quiere decir que buscan incesantemente espacios de ganancia. Se trata, en definitiva, de una forma prácticamente inmediata, pues es en tiempo real, de disciplinar a los gobiernos democráticos con tan solo un par de clics de ratón. Este poder, prácticamente invisible, es el poder económico al que Luigi Ferrajoli definiría como «poder salvaje». Y, es innecesario abundar en ello, ampliamente antidemocrático. Además, se da la circunstancia de que ese poder salvaje que son los mercados es tanto más grande cuanto mayor sea la autonomía relativa de la economía sobre la política, es decir, cuanto mayor sea el espacio de mercantilización en el sistema.

Ahora bien, en nuestro país el proceso constituyente dirigido por la oligarquía necesita un soporte político que le permita acceder a otros espacios de poder, como es el Estado y los Parlamentos. Por eso, la oligarquía —que es el matrimonio feliz entre la élite política y la élite económica— trata de apuntalar el soporte político que se requiere para llevar a cabo con éxito sus reformas. Y, sin duda, la tríada que conforman PP, PSOE y la monarquía se presenta como el soporte político más adecuado para garantizar la consolidación de las reformas estructurales en España, es decir, de ese proceso constituyente dirigido por la oligarquía.

Cabe recordar que en nuestro país hemos estado acostumbrados a vivir en una permanente batalla política bipartidista en casi todos los espacios de la vida social. La simplificación de la política había llegado a tales puntos que todo parecía reducirse a un simple binomio. En el capítulo segundo comprobamos, de hecho, como durante muchos años parecía que tal cosa como el fin de la historia hubiera llegado a nuestro país, al menos políticamente hablando, y que solo dos partidos, PP y PSOE, iban a quedar en el tablero. Sin embargo, desde el inicio de la crisis se ha puesto de relieve que ambos partidos tenían un espacio político en común mucho más amplio de lo que a priori parecía, todo lo cual les ha hecho perder intención directa de voto a los dos.

Quizás el hecho más representativo haya sido la reforma constitucional que en agosto de 2011 llevó a cabo el Gobierno del PSOE con los votos del PP, y que consistía en poner nuestra Constitución al servicio de los intereses financieros internacionales. Pero no solo, pues también los rescates al sistema financiero y otras reformas estructurales han sido aprobados conjuntamente por ambos partidos.

Sin duda han sido momentos de consternación para una gran parte de la ciudadanía, acostumbrada a ver una sobreactuada rivalidad entre ambos partidos y encontrarse de repente con varios pactos de Estado. Pactos que se justificaban en virtud de unas necesidades de orden que se situarían por encima de esas diferencias. Y he ahí la clave de todo, a mi juicio, pues la historia está llena de ejemplos similares.

Durante la breve Segunda República francesa (1848-1852) dos grandes partidos, los orleanistas y los legitimistas, ambos monárquicos, se unieron en lo que se llamó el Gran Partido de Orden. Hay dos aspectos simbólicos en aquel caso histórico. El primero, que ambos se unieron a pesar de sus diferencias. Los orleanistas y legitimistas representaban intereses económicos distintos, pues unos representaban a la burguesía financiera y otros a los terratenientes. El segundo, que aunque ambos eran monárquicos, cada uno de ellos defendía una dinastía distinta. Y eso no es poco. Sin embargo, el terreno de juego en el que se unieron fue el de... ¡la república! Los monárquicos defendieron la república frente a los socialistas y sus revoluciones, e intentaron lo mismo —fracasando, por cierto— frente al emperador venidero Napoleón III. Paradojas de la historia, monárquicos hablando en nombre de —y defendiendo a— una república que odiaban.

No creo que legitimistas y orleanistas estuvieran cómodos apoyando un sistema político en el que no creían, pero para ellos el orden era más importante. Su orden. El miedo a los socialistas y a las revoluciones populares era mucho más poderoso. Aquellas banderas rojas y aquellos desposeídos organizados eran fuerzas de ruptura. Y la ruptura y el orden se llevan mal; muy mal. Y por el orden se sacrifica todo, incluso los valores.

El orden puede ser entendido de esa forma, como un intento de estabilizar instituciones y forzarlas a permanecer congeladas aunque la sociedad ya demande otras configuraciones distintas. Un orden empeñado en no cambiar sus cimientos, aunque estén carcomidos. Un empeño que a medio plazo es infructuoso, pues la historia de la política revela que, al final, no hay orden permanente. Nada es inamovible.

Pero esa relación con el orden, que siempre cristaliza en un diseño institucional concreto —con su vértice en una constitución—, es lo que proporciona una identidad compartida. Son partidos de orden, aunque sus dinastías, colores, banderas e historias sean diferentes. Sus intereses concretos encajan en la defensa común de ese orden. Y a eso, que no a otra cosa, se le llama hoy en España bipartidismo.

La defensa de ese orden se articula a partir de unos códigos culturales compartidos, como puede ser la denominada cultura de la Transición, pero sobre todo se fundamenta a partir de una ideología compartida —aunque no se reconozca explícitamente— y que es la que sustentará los cambios venideros. Y lo que une a ambos partidos, que se conforman así como el bipartidismo o el Gran Partido del Orden, es precisamente la concepción del papel que ha de jugar la economía española en la economía mundial, en el sistema-mundo. Por eso ambos partidos están, en lo fundamental, de acuerdo con las reformas estructurales neoliberales que las instituciones internacionales promueven para España y para las economías del sur de Europa.

Debemos recordar que las llamadas leyes del mercado no operan en el vacío, sino que se encuentran siempre institucionalizadas, es decir, sujetas a un conjunto de reglas, normas, leyes, valores y costumbres que operan como su límite. Afortunadamente, en nuestras sociedades constitucionales la dinámica del mercado está limitada por las normas jurídicas, siendo la Constitución la norma suprema. De no organizarnos así, estaríamos aún más expuestos a los caprichos irracionales del mercado, que todo lo sacrifica en aras de una ganancia económica cortoplacista. Las constituciones, primero, y las leyes, después, moldean y constituyen el diseño institucional en el que vivimos como sociedad. Dicho de otra forma, constituyen las reglas de juego.

Y es cierto que la lucha social, ejercida por los trabajadores, ha conseguido históricamente modificar esas reglas de juego en su favor y consolidar en ellas garantías constitucionales que en otro tiempo no existieron (tanto derechos negativos, tales como el derecho a la libertad de expresión, como derechos positivos, tales como el derecho a las prestaciones sociales).²⁰ Lo que sucede es que también el desarrollo capitalista requiere la permanente adecuación de estas reglas de juego, las instituciones, a sus propias necesidades. La fuerza salvaje de la lógica capitalista presiona constantemente sobre las instituciones, convirtiéndolas en ineficientes de facto. Este fenómeno de fuerzas encontradas permite estudiar las constituciones, y las leyes, como la cristalización de una determinada correlación de fuerzas, en un momento histórico dado, entre trabajo y capital.

De ahí que la reciente avalancha de reformas legislativas, e incluso constitucionales, tenga que ser interpretada como parte de la ofensiva del capital contra los derechos conquistados previamente, es decir, contra aquellos que había logrado afianzar el movimiento obrero. Algunas de las nuevas leyes tienen que ver directamente con el proceso de circulación del capital, como son la decena de leyes destinadas a rescatar el sistema financiero o las distintas reformas laborales, y mantienen como objetivo servir a la configuración de un nuevo modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en la precariedad laboral y las ganancias de competitividad derivadas de devaluaciones salariales. Otras leyes han sido aprobadas con propósitos indirectos, como la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, con objetivos que tienen que ver con la represión, en un sentido amplio, de los movimientos de crítica y protesta social que emergen en contextos como el actual. Un contexto que refleja, sin duda, la ruptura de la paz social.

En la situación actual, de agotamiento del modelo de crecimiento económico español, las exigencias del capital se han radicalizado. Hasta tal punto que la ofensiva es verdaderamente una agresión democrática en toda regla, no un simple retoque menor de algunas leyes. Nos encontramos ante la primacía de lo económico —la lógica capitalista— sobre lo político —la democracia—, de tal forma que el poder político que ejecuta las reformas no renuncia ni a socavar los cimientos democráticos en aras de satisfacer las implacables necesidades del capital.

LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

Durante estos cuatro últimos años se han aprobado un sinfín de reformas legislativas²¹ que se enmarcan dentro de lo que se ha convenido en llamar reformas estructurales. Estas reformas no son otra cosa que las adaptaciones institucionales que conforman el proceso constituyente dirigido por la oligarquía del que hemos venido hablando a lo largo de todo el libro. Hay que señalar que una reforma, per se, no tiene por qué ser de naturaleza regresiva.²² Sin embargo, en este caso todas las reformas pertenecen a un conjunto que mantiene una fuerte coherencia interna y que tiene unos objetivos muy concretos que son consecuentes con el proceso oligárquico señalado.

Efectivamente, todas las reformas de los últimos años han buscado adaptar las instituciones político-jurídicas a las necesidades actuales del capitalismo. En términos generales hemos visto que esas necesidades son las de ampliar los espacios de rentabilidad para el capital, es decir, ampliar los espacios de mercantilización. Pero bajando a lo concreto es importante reflexionar de qué forma esas reformas pretenden garantizar la acumulación de capital en el espacio español y de la periferia de Europa.

Como observamos al comienzo del libro, los contextos históricos y los condicionantes sociales son muy importantes a la hora de explicar las formas concretas que adquieren las diferentes economías. Y en términos de acumulación de capital eso quiere decir que no todas las economías obedecen a los mismos patrones para lograr el crecimiento económico. Por ejemplo, la economía española, como otras economías del sur de Europa, se insertó en la economía mundial de forma tardía debido al retraso ocasionado por la dictadura franquista y, además, lo hizo con un importante subdesarrollo tecnológico que le ha impedido tradicionalmente competir adecuadamente con otras economías europeas. Por eso España ha ido desarrollando un modelo de crecimiento económico sustancialmente distinto al de, por ejemplo Alemania. Y es que aunque tanto la economía alemana como la española sean economías capitalistas, ambas no son exactamente iguales.

En consecuencia, debemos apuntar que aunque todas las economías capitalistas tienen que crecer económicamente para poder reproducirse, lo que significa que tienen que encontrar espacios de rentabilidad empresarial que hagan atractiva la inversión, no todas lo hacen de la misma forma. Esa rentabilidad puede encontrarse en el mercado interno (las propias familias, las empresas y el Estado son los compradores) o en el mercado externo (las compras vienen desde el exterior).²³ Si el motor es el mercado interno se dice que la economía es demand-led y si el motor es el mercado externo se dice que la economía es export-led.

Para entender esto podemos aproximarnos al tema por la vía del Producto Interior Bruto (PIB), que medido en términos de demanda es la suma del Consumo (C), la Inversión (I), el Gasto Público (G) y las Exportaciones Netas (E). En España, este último componente, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, había sido negativo en las últimas décadas. Eso quiere decir que para crecer la economía había tenido que propulsarse con el resto de componentes. Concretamente lo hizo a partir del crecimiento del consumo y la inversión vinculados al sector de la construcción. Pero cuando la burbuja pinchó, la demanda interna cayó y cayeron el consumo, la inversión y las importaciones de bienes y servicios. Eso condujo a la recesión y al inicio del proceso de ajuste.

En teoría económica los modelos export-led suponen que el crecimiento viene propulsado por las exportaciones, de modo que la capacidad de exportar bienes y servicios es la que empuja la inversión interna y la creación de empleo. Los países que adoptaron este modelo de crecimiento fueron Alemania y Japón en las décadas de 1950 y 1960, pero especialmente importante fue el éxito de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur en la década de 1970. En las décadas de 1980 y 1990 se extendió por Asia y por América Latina, siendo China y México los ejemplos más notables. Y ahora las instituciones internacionales —Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo más concretamente— pretenden aprovechar la crisis para adaptar este modelo también a las economías de la periferia europea, es decir, a Grecia, Portugal y España.

Desde el punto de vista teórico un modelo export-led obliga a los distintos países a buscar sus mercados de especialización o, dicho de forma coloquial, aquellos nichos de mercado en los que son los mejores en lo que hacen. Es lo que llamamos la teoría de las ventajas comparativas. Es la división internacional del trabajo de Adam Smith aplicada al espacio internacional, todo lo cual llevará, supuestamente, a un estado de mayor bienestar para todos los países.

Las críticas a este modelo son innumerables. La que nos interesa señalar aquí es que un modelo export-led conlleva una estrategia de empobrecimiento del vecino consistente habitualmente en disminuir los salarios para ser más competitivos. Ese efecto, generalizado, deteriora la demanda mundial y produce crisis de demanda. Además, existe la conocida como «falacia de composición», que insiste en que a nivel mundial las exportaciones han de ser iguales a las importaciones y, en consecuencia, no todos los países pueden ser exportadores netos. Es decir, no todos los países pueden exportar más de lo que importan, con lo que buscar estrategias para que así sea es un imposible económico.

En realidad, España no ha sido nunca un modelo export-led sino demand-led o alternativamente debt-led, esto es, propulsado por la demanda interna y concretamente por el estímulo de las deudas. Y lo que trata de hacer el conjunto de reformas estructurales es, precisamente, cambiar el tipo de modelo de crecimiento económico hacia uno de tipo export-led.

Para conseguirlo, el Gobierno del PP estableció dos ejes fundamentales. El primero, el de la consolidación fiscal. Debido al desplome de los ingresos públicos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el déficit se incrementó de forma espectacular en la medida que los gastos no solo no disminuyeron sino que se incrementaron para hacer frente al mayor número de prestaciones que había que financiar. Así, el Gobierno del PP puso en marcha un radical programa de recortes de gasto público que hizo que España haya sido el «país de la zona euro que ha registrado una mayor corrección fiscal en los últimos tres años».²⁴ El segundo eje fue la batería de «reformas estructurales orientadas a recuperar la flexibilidad y competitividad de la economía española».²⁵

Según el propio Gobierno también «la recuperación de la confianza era fundamental para que las fuentes de financiación de los servicios públicos se volvieran a situar en niveles adecuados»²⁶ así como «para abrir los mercados financieros y recuperar la posibilidad de recurrir en condiciones sostenibles a la deuda pública».²⁷ En realidad toda la política económica del Gobierno del PP ha estado encaminada a mandar un mensaje inequívoco a los inversores extranjeros, propietarios de la deuda pública, que era el siguiente: pagaremos la deuda y sus intereses por encima de cualquier otro gasto. Tampoco era este un compromiso político al azar, porque desde 2011 el propio artículo 135 de la Constitución establecía que el pago de la deuda y sus intereses eran una prioridad. No obstante, por si fuera poco también se aprobó en abril de 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que tenía como objetivo desarrollar aquel artículo constitucional.

Lo que esta última ley perseguía, para entendernos, es institucionalizar al nivel más alto —ley orgánica y constitución— la política del llamado déficit cero. Ahora bien, el objetivo real es sencillamente el de procurar dar confianza a los inversores a través del control del gasto público y la deuda pública. Así, esta ley, como Maastricht y la configuración económica de toda la UE, lo que hace es encorsetar las finanzas públicas y dejarlas sin margen de maniobra. Y por la propia dinámica económica y el rol del Estado como prestamista de último recurso resulta que el Estado es precisamente quien absorbe la mayoría de los costes de la crisis. Por esa razón la deuda pública se dispara después de la crisis y no antes, porque es el instrumento que se utiliza para socializar las pérdidas y absorber entre todos el impacto de la crisis. Se transfieren rentas y riesgos desde lo público a lo privado.

Si se suman ambos fenómenos nos encontramos con una palanca de destrucción del Estado social. Con un Estado absorbiendo los costes de la crisis y un encorsetamiento de las finanzas públicas la única forma que les queda a los gobiernos es recortar y recortar. Hasta el punto que la propia ley orgánica reconoce en su exposición de motivos que «se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la Constitución».²⁸

Además de estas reformas, la más importante dentro del proceso constituyente dirigido por la oligarquía ha sido la reforma laboral. Según el propio Gobierno, esta ley tenía como «objetivo prioritario favorecer las medidas de flexibilidad interna, a través de instrumentos que permitiesen a las empresas adaptarse mejor a las circunstancias económicas sin destruir masivamente empleo».²⁹ Es decir, un claro ejemplo de adaptación de las instituciones político-jurídicas a las necesidades del capitalismo, siendo en este caso el derecho del trabajo el que, más que reformado, era dinamitado.

Además, las sucesivas reformas financieras también han sido un mecanismo extraordinario de transferencia de rentas en tanto que han sido un claro ejemplo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias. Al mismo tiempo, la reforma de las pensiones también ha sido un claro atentado contra uno de los mecanismos clásicos de protección del Estado social, pues el recorte ha sido brutal. Sumándose, además, a una anterior reforma de las pensiones aprobada por el anterior Gobierno del PSOE. En concreto, además del recorte inmediato en las cuantías recibidas, la ley del PP ha establecido que «la revalorización de las pensiones está limitada por un techo máximo (IPC más 0,5 %) y por un mínimo (0,25 %)»,³⁰ lo que significa que si el nivel de precios sube más de un 0,25 % entonces los pensiones perderán poder adquisitivo.

Por si fuera poco, entre el resto de reformas aprobadas se han encontrado varias reformas fiscales que, en conjunto, han significado una menor progresividad del sistema fiscal y, en consecuencia, una menor capacidad del Estado para redistribuir rentas y luchar contra la desigualdad. En particular la última reforma fiscal, con la que fuimos especialmente críticos.³¹

Finalmente, entre el resto de reformas estructurales hay mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez para las Administraciones Territoriales, un Fondo de Financiación de Pago a Proveedores y Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), las medidas de liberalización del comercio y de determinados servicios, reformas en el sector del transporte, la reforma de la justicia o la reforma energética.

En definitiva, de lo que estamos hablando es de un conjunto de reformas de marcado carácter neoliberal que han tenido como objetivo adaptar las instituciones a las necesidades de un capitalismo cambiante que, para el caso español, requiere cada vez más una mayor precariedad salarial y una peor calidad del Estado social. Esto es, sin embargo, algo que no solo ha pasado en España, sino que ha sido común a todos los países del sur de Europa.

LA TRAGEDIA GRIEGA

Corría el año 2009. La fiesta de la especulación, la corrupción y el clientelismo habían disparado hasta el 127 % la deuda pública griega. Los responsables políticos de organizar aquella fiesta, Nueva Democracia (ND) y PASOK, se repartían entonces la mayoría de escaños y el 77 % de los votos. Una desconocida Syriza apenas llegaba al 5 %. Aquel bipartidismo griego se sentía seguro, puesto que Nueva Democracia era la aliada natural de la CDU de Angela Merkel y del PP de Rajoy, mientras que PASOK era el aliado natural del SPD alemán y del PSOE español. Los gobiernos de Alemania, España y Grecia, unidos por la afiliación ideológica.

En aquel año de 2009, ningún Estado europeo tenía en su posesión deuda pública griega. Toda la deuda griega era de naturaleza privada. En concreto, los bancos franceses y alemanes habían comprado títulos públicos griegos por el valor astronómico de 183.200 millones de euros. Los bancos españoles habían invertido mucho menos, unos 2.000 millones de euros. En ese mar de tranquilidad, la prima de riesgo aún era desconocida.

Sin embargo, todo iba a cambiar en los meses posteriores. En cuanto el primer ministro griego, del PASOK, reconoció que sus precedesores de ND habían hecho trampas contables para disimular el verdadero déficit, se disparó el miedo entre los inversionistas privados.³² Y aquello fue perfecto para convertirse en un escenario de especulación financiera.³³ Los inversores privados comenzaron a deshacerse de los títulos de deuda pública griega por el miedo a no poder recuperar el dinero prestado. Esta dinámica generalizada —con un impasible Banco Central Europeo— tuvo como consecuencia que la prima de riesgo iniciara una intensa senda ascendente que alcanzaría su máximo en marzo de 2012.

El aumento de la prima de riesgo fue de tal cuantía que al Estado griego no le quedó más remedio que pedir ayuda. Así llegó el primer acuerdo propuesto por la Comisión Europea, secundado por el Fondo Monetario Internacional, el presidente del BCE y la canciller alemana. La troika había nacido. Llegaban así los primeros préstamos, siempre condicionados a la ejecución de recortes en gasto público y otras reformas estructurales de carácter neoliberal. Mientras tanto, los bancos europeos se iban desprendiendo sigilosamente de sus títulos griegos. Los bancos alemanes y franceses que habían prestado al bipartidismo griego querían ahora quitarse de en medio. ¡Nadie quería tener deuda pública griega!

Unos meses más tarde el Banco Central Europeo vino al rescate. El BCE realizó una compra masiva de bonos griegos a muchos bancos europeos, que estaban deseando deshacerse de ese enorme riesgo. ¡Les hizo un favor! Si Grecia no pagaba, les hubiera tocado hacerlo a los bancos alemanes y franceses. ¡Mucho mejor que el riesgo pasara al BCE!

Para mayor suerte de cara a los bancos, unos meses más tarde se aprobó la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Se trataba de un mecanismo temporal que se utilizaría para financiar al Estado griego a precios levemente inferiores a los de mercado, utilizando para ello las garantías del resto de los Estados miembros. Eso significaba que los inversores internacionales podían prestar ahora a Grecia sin peligro: si todo iba bien, ellos cobraban; si iba mal y el bipartidismo griego no podía pagar, entonces varios Estados europeos se harían cargo del coste.

Como consecuencia de esos acuerdos, durante este período de tiempo se fue trasladando el riesgo de impago griego desde los bancos hacia los Estados europeos. Ya en 2010 se puso de manifiesto que Grecia no podría pagar su deuda y que tarde o temprano debería reestructurarla, pero la troika decidió ganar tiempo. Tiempo para que los bancos europeos pudiesen ir deshaciéndose de los títulos de deuda pública al mismo tiempo que los Estados europeos y el BCE pasaban a ser propietarios de los mismos. Así las cosas, cuando se hizo finalmente la reestructuración de la deuda pública, en abril de 2012 —¡dos años más tarde!—, buena parte de los bancos europeos no perdieron nada porque ya se habían retirado del negocio.

Desde aquella reestructuración se ha seguido sucediendo el mismo fenómeno: retirada de los acreedores privados —en su inmensa mayoría bancos— e incorporación de los Estados europeos a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, del Banco Central Europeo y de los préstamos bilaterales. Tal es así que, en octubre de 2014, la inmensa mayoría del riesgo de impago corresponde ya a los Estados europeos. A día de hoy, los bancos europeos apenas tienen exposición.

¡Qué paradoja! A pesar de que fueron los bancos privados quienes realizaron malas inversiones al prestar dinero a un agente económico que más tarde se declaró insolvente, como Grecia, hoy día son los contribuyentes del resto de economías europeas los que corremos el riesgo de un impago de la deuda pública griega.

Durante todo este tiempo de estafa la troika ha exigido, a cambio de sus ayudas, un terrible pack de reformas estructurales que conforman otro verdadero proceso constituyente dirigido por la oligarquía. La inmensa mayoría de esas reformas han estado encaminadas a reducir el Estado Social y a flexibilizar las condiciones laborales, a fin de modernizar el capitalismo griego adaptándolo al nuevo contexto económico.

Pero tal y como le ha pasado a España, las recetas que proponía la troika no han llevado a la recuperación económica sino que, por el contrario, han empeorado dramáticamente la situación. Y al mismo tiempo que el crecimiento económico se desplomaba y se recortaba ampliamente el Estado social y los salarios (entre otras cosas) la frustración ciudadana crecía por todas partes. Hasta que, exactamente igual que en España, también se produjo un cambio en el comportamiento electoral. Si bien en Grecia fue mucho más profundo, porque significó que un partido como Syriza, que tradicionalmente se encontraba en el 5 % de los votos, pudiera llegar al Gobierno en enero de 2015.

Muchos vieron en el ascenso de Syriza al Gobierno una oportunidad para cambiar la Unión Europea. Y en cierta medida es innegable que ha sido un paso necesario, si bien claramente insuficiente. Al fin y al cabo, el peso político y económico de Grecia es ciertamente reducido, y en política la correlación de fuerzas lo es prácticamente todo. Sin embargo, hubo quién pensó que Syriza podría derrotar de un asalto a la oligarquía europea.

Yo tuve la oportunidad de visitar Atenas durante la campaña electoral, y de hecho estuve allí el día de las elecciones y la celebración del triunfo de Syriza. Fue una sucesión de anécdotas, muchas de ellas ciertamente representativas del momento político en Grecia y en toda Europa.

En el viaje de ida estuvimos hablando con Antonis, un sindicalista de Syriza que trabaja en la banca griega y que con un perfecto inglés nos explicaba su opinión sobre lo que está sucediendo en su país. Él destacaba que hace apenas unos años nadie hablaba de Syriza, cuando rondaban el 4 % en las encuestas y sufrían varias crisis internas. Aquella noche, sin embargo, estaban formando un nuevo Gobierno en Grecia. Antonis nos decía que en aquel recorrido ha sido muy importante crear organización. Que han sido necesarios varios años para ir ganando espacio electoral pero también el mando de muchas ciudades y regiones. Para él, especialmente como sindicalista, ha sido clave la movilización popular. Eso ha ayudado a concienciar a la gente de que la solución es la izquierda.

También hablé con Vasilios, para quien el día de las elecciones fue uno de los días más importantes de toda su vida. Tenía entonces setenta y cinco años y una larga trayectoria política. Fue arrestado por primera vez cuando tenía dieciséis años, y apenas unos años más tarde fue uno de los exiliados políticos a causa de la dictadura griega. Era del Partido Comunista. Se marchó a Francia y militó en la izquierda francesa. Nos dijo entre lágrimas que muchos de sus familiares murieron en Grecia luchando en la clandestinidad. Él volvió a Atenas en la década de 1980. Nos contó que sentía que con el triunfo de Syriza podría haber justicia con todos sus familiares, porque por primera vez habría un Gobierno de izquierdas en Grecia.

Emocionado, nos contó también la historia de Manolis Glezos, en ese momento todavía eurodiputado de Syriza con noventa y tres años. Glezos es un símbolo de la resistencia antifascista, pues en 1941 subió a la Acrópolis y, junto con Apostolos Santos, derribó la bandera nazi colocada allí desde hacía un mes. Hoy su vida es el relato de Syriza y de la dignidad del pueblo griego.

También fue muy importante comprobar cómo el destrozo social y económico de Grecia iba acompañado de un destrozo cultural sin parangón. El caso del teatro era ejemplar. El teatro griego tuvo su apogeo en Atenas en el siglo V a.n.e., cuando las medidas de Pericles facilitaron el acceso de los ciudadanos más pobres a la cultura. Se subvencionaba la entrada a los teatros y a otros servicios públicos. Eran los tiempos de la llamada democracia radical griega, y era común que los aristócratas acusaran de demagogos a los líderes demócratas que tomaban esas decisiones. El teatro era entonces una de las principales herramientas para la educación cívica y moral en Grecia, de modo que el acceso al mismo era objeto de una importante disputa política.

En Atenas hoy, en pleno siglo XXI, hay más de 200 teatros. Sin embargo, la crisis y la gestión neoliberal que se ha hecho de ella han hundido la cultura. El empobrecimiento de la población, la retirada de las subvenciones y la espectacular subida de los impuestos han terminado por dar la estocada definitiva a un sector histórico, el más simbólico de Atenas. Hablamos con Costas, que es tenor y habla cinco idiomas. Llevaba cuatro años desempleado y confesaba que hay muy pocas esperanzas para los artistas. No esperaba nada de los actuales gobernantes y tenía muchas esperanzas en un posible nuevo gobierno de Syriza, aunque reconocía las dificultades económicas del país.

Otras personas nos contaron también que la crisis no solo afecta al teatro. Simbólico fue también el destino del llamado olivo de Platón, en las proximidades de la antigua Academia. Siempre había existido allí un olivo, y la gente del barrio difunde la leyenda de que es el mismo bajo el que pensaba Platón. Hace un par de inviernos, el olivo fue talado indiscriminadamente para que la población pudiera tener leña para calentarse tras la tremenda subida del precio del combustible. Terrible símbolo del destrozo cultural, y no solo económico, al que someten al pueblo griego al quemar sus raíces.

Todas las personas con las que hablamos nos relataban una situación verdaderamente dramática. Un país en el que cada vez más gente pasaba hambre. Donde las privaciones se disparaban mientras los sucesivos gobiernos recortaban y recortaban para pagar la deuda externa que no habían creado los ciudadanos de a pie. Y por fin llegó Syriza, subiendo desde porcentajes ínfimos, a abanderar la esperanza de la gente sencilla y abandonada. Pero no iba a ser fácil, y nosotros lo sabíamos ya allí en Atenas.

Uno de los mitos bíblicos más extendidos en la cultura popular es el de la batalla de David contra Goliat. Como es sabido, el mito describe la valentía de un hombre que fue capaz de enfrentarse con éxito a un gigante, siendo una de sus moralejas que hay batallas que aunque parezcan imposibles pueden resolverse de forma favorable para el más débil. Un mito para alimentar la ilusión de los pueblos que enfrentan importantes amenazas.

Sin embargo, la historia ha demostrado que lo normal es que ocurra lo contrario. Es decir, que el gigante aplaste al débil. Aunque haya eventos históricos y heroicos en los que los débiles y los justos salen vencedores, lo habitual es que la correlación de fuerzas, sea militar o política, determine por encima de criterios tales como la bondad, la justicia o la verdad. En el libro Los hundidos y los salvados, el escritor italiano Primo Levi describe con horror cómo durante su experiencia como superviviente de un campo de concentración nazi aprendió que los salvados no fueron los mejores sino los egoístas, los violentos, los colaboradores. Los mejores, los de las heroicidades, los comunistas y los solidarios acabaron todos muertos. Una dura forma de acabar con el optimismo modernista y su fe en el progreso de la historia, pero también de entender que las estructuras del sistema, sea económico o político, pueden ser impenetrables la mayor parte del tiempo.

En cierta medida la suerte de la batalla política entre el nuevo gobierno de Grecia y el Eurogrupo estaba decidida de antemano. No por la menor habilidad de los dirigentes griegos, sino por la situación estructural de sus economías y, por lo tanto, de sus Estados. La explicación última del resultado se encuentra en las razones estructurales que conforman y determinan los límites del tablero político. Y esas razones estructurales son, desde luego, económicas.

La economía griega representa un porcentaje muy reducido del PIB de la eurozona, y con esas cartas es difícil echar una buena partida. Efectivamente, Grecia supone el 1,78 % del PIB, mientras que Alemania es casi el 29 %. Para hacernos una idea, la economía española representa algo más del 10 %. Estos datos son importantes para hacernos una idea de la diferencia cuantitativa que existe entre las tres economías, de lo que puede derivarse algo así como un cierto poder de negociación. Pero las razones estructurales a las que hacíamos referencia antes van más allá del peso cuantitativo en el PIB.

Cuando analizamos la capacidad de una maquinaria estatal y de su Gobierno para imponer sus condiciones a otros sujetos, o gobiernos, conviene atender al papel que sus economías juegan en el sistema-mundo capitalista, es decir, a la forma en la que se insertan en la economía mundial.

Baste comprobar algunos datos relevantes. Por ejemplo, el número medio de horas trabajadas al año. En Grecia se trabaja un 46 % más que en Alemania, mientras que en España se trabaja casi un 20 % más que en Alemania. Los trabajadores mediterráneos no solo no somos más vagos sino que además trabajamos más horas. Ahora bien, lógicamente uno puede —y debe— preguntarse por qué entonces la crisis es tan fuerte aquí y no tanto en Alemania.

La explicación está en la productividad, que es mucho más alta en Alemania que en los países mediterráneos. Eso significa que un trabajador alemán genera más valor añadido de media que sus homólogos españoles o griegos. En España la productividad es solo del 75 % respecto a la productividad alemana, y en Grecia del 47 %. Aquí caben varias explicaciones. La primera, que los trabajadores mediterráneos en realidad sí somos más vagos y que no ponemos todo el esfuerzo por hora que sí ponen los alemanes. La segunda, más rigurosa, es que la estructura productiva de las economías mediterráneas está especializada en sectores de menor valor añadido. Al fin y al cabo, la composición de las estructuras productivas determina el nivel de productividad. No es lo mismo producir productos agrícolas que productos de biotecnología. Y así es como entra en juego como variable relevante el peso industrial.

Efectivamente, el peso de la industria es mucho mayor en Alemania que en España o Grecia. Pero además, su especialización es mucho más alta en líneas de producción de alta tecnología que en los países mediterráneos. Eso significa que la producción de la economía alemana es de alto valor añadido, lo que supone una productividad mucho más alta y la posibilidad de proporcionar prestaciones mucho mayores a sus trabajadores, empezando por los salarios.

Con esta visión panorámica se puede comprobar cómo las economías griega y española son economías periféricas con relación a la alemana. Sus estructuras productivas son mucho menos sólidas y, además, también mucho más volátiles. Asimismo, el carácter periférico hace a estas economías muy dependientes de las economías del centro.

Hay que recordar que con tales estructuras productivas sería imposible disfrutar del consumo material que vemos a nuestro alrededor si no fuera por la importante financiación exterior que llega desde los países del centro. Tanto España como Grecia son economías que tienden a tener un notable y crónico déficit por cuenta comercial (es decir, más importaciones que exportaciones) que solo es compensado porque los bancos internacionales —sobre todo alemanes y franceses— financian los gastos, haciendo negocio y elevando el endeudamiento privado y público. Aquí, y solo aquí, cuando la unidad de análisis es el país en su conjunto, sí tiene sentido la expresión popular según la cual España ha vivido por encima de sus posibilidades.

En definitiva, en las economías española y griega hay, por decirlo así, un menor grado de desarrollo. Pero sería un error concluir que ello es consecuencia de un menor esfuerzo por parte de sus ciudadanos o de que nuestros dirigentes no hayan logrado modernizar la economía. En realidad, el subdesarrollo relativo de la economía española o griega es estructural, es decir, es parte del reparto de cartas en la economía mundial. Es, por decirlo de otra forma, nuestro papel en la distribución internacional del trabajo. Y el diseño institucional de la Unión Europea y la eurozona no solo no corrige esa circunstancia sino que la agrava.

Es más, las reformas estructurales impuestas por la troika en los países del sur de Europa tienen como objetivo profundizar en el carácter periférico y dependiente de estas economías. No hay ningún propósito de modificar las estructuras productivas y hacerlas converger con las del centro. Al contrario, están tratando de adaptar el peso de los servicios públicos y los derechos laborales a las necesidades de una economía subdesarrollada. Hablando en plata, se trata de recortar y acabar con todo aquello que sea obstáculo para que la rentabilidad del capital vuelva a ser suficiente para reiniciar el crecimiento económico en el sur. Un crecimiento que se caracteriza, y ya vemos rasgos en la actualidad, por un modelo económico de precariedad laboral y social.

De ahí que el Gobierno griego de Syriza estuviera condenado, desde el comienzo, a perder esa batalla. Porque no había condiciones objetivas suficientes para vencer frente al gigante del capital financiero del centro. Ahora bien, eso no quiere decir que esté todo perdido. Lo que hay que entender es que ni Syriza ni Grecia pueden cambiar este rumbo suicida en solitario. Grecia necesita aliados internacionales. Hablaremos de ello justo al final, cuando planteemos la necesidad de repensar la izquierda. No solo en España, sino en toda Europa.

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NOS JUGAMOS TODO UN RÉGIMEN

Durante las páginas anteriores hemos ido describiendo y analizando lo que ha sucedido en los últimos años. La tesis que hemos mantenido es que estamos viviendo un proceso constituyente dirigido por la oligarquía que es, a la vez, un proceso desdemocratizador y mercantilizador. Es decir, estamos ante un proceso que crea nuevas instituciones políticas y jurídicas para adaptarlas a las necesidades del capitalismo, el cual, además, en España toma unas formas muy concretas para la acumulación del capital. Así, se está constituyendo un modelo de crecimiento económico basado en la precariedad permanente y la flexibilidad salarial, con un Estado social menguante y con el desmantelamiento progresivo de las conquistas sociales arrancadas al poder a lo largo de la historia.

Es como reacción a este proceso que se producen respuestas populares, a veces intuitivas y a veces políticamente conscientes, que tienen un fuerte contenido democratizador. Estamos, entonces, ante fuerzas políticas que se oponen sobre la base de entender de forma muy diferente cómo ha de organizarse, política y económicamente, una determinada comunidad política.

En este tiempo la izquierda ha ido mutando al calor de las movilizaciones sociales y también de las propias transformaciones del sistema capitalista. Es una izquierda que, en parte, está todavía desconcertada por la profundidad de los cambios en el sistema político y económico y, muy especialmente, por el agotamiento de las instituciones democráticas españolas. Han sido, desde luego, tiempos convulsos para gran parte de la izquierda. Desnortada, es decir, sin una brújula que apunte hacia un objetivo claramente definido, la izquierda en gran medida se ha dejado llevar. Esa es una de las razones por la cual, quizás, ha estado incapacitada para ser un motor suficientemente poderoso para articular una política de transformación con la que se sintiera identificada gran parte de la población. O quizás es que las condiciones objetivas no estaban lo suficientemente maduras y era, directamente, imposible aunar esfuerzos para llevar a buen puerto objetivos de emancipación social. Reflexionaremos sobre ello en el epílogo, a modo de anticipo de un próximo trabajo más desarrollado al respecto. Pero ahora nos interesa saber qué ha pasado con este espectro ideológico, etiquetado como izquierdas, durante estos últimos años. Queremos analizar cómo se ha transformado y si las preocupaciones que muchos de nosotros teníamos estaban fundadas.

Queremos hacer este ejercicio porque estamos convencidos de que, sin importar la etiqueta que se le ponga al movimiento político que se convierta en bandera de este proyecto, es necesario poner en marcha un proceso constituyente dirigido por el pueblo, esto es, por las clases populares. Un proceso que diseñe nuevas instituciones políticas y económicas y que sea, al mismo tiempo, un proceso democratizador. A mi juicio, no cabe duda de que ese espíritu democratizador está esbozado y recogido en la tradición política del republicanismo, la cual aboga por una democracia procedimental de tipo participativo y por una democracia sustantiva basada en la obligación por parte del Estado y los poderes públicos de satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la ciudadanía. Al mismo tiempo, este proceso, que es la solución política a nuestros problemas económicos y políticos, no puede arrancar si los sujetos políticos interpelados no suman sus fuerzas en torno al mismo.

Al fin y al cabo, entendemos que en el presente ciclo electoral —aún está abierto al momento de escribir estas líneas—, así como en los próximos años no nos estamos disputando simplemente unas cuantas actas de diputados y senadores sino un completo modelo de sociedad, un nuevo orden social. La lucha es en torno a quién dirigirá ese proceso constituyente, si la oligarquía o nosotros.

MI AFILIACIÓN A IZQUIERDA UNIDA

En los inicios del año 2003 aún estaba terminando mis estudios de segundo de bachillerato, en la rama tecnológica. Era por entonces un estudiante normal, con muy buenas notas en asignaturas tales como Historia e Informática y con unas notas decentes en el resto. Pero tenía ya un destacado compromiso social, si bien es verdad que todavía más intuitivo que sólido.

Mis padres me habían enseñado a pensar críticamente la realidad social, y habían logrado que interiorizara principios y valores basados en la fraternidad y en la justicia social. Lo curioso es que ninguno de mis padres fueron nunca activistas sociales o militantes de partidos políticos de izquierdas. Tampoco de partidos de derechas, claro está. Mi madre era licenciada en farmacia, y trabajadora en paro desde que decidió trasladarse a Málaga con nosotros y dejar atrás la farmacia familiar que tenía en Cenicero (La Rioja). Mi padre es aún hoy profesor de Geografía e Historia de instituto, con plaza definitiva en Málaga.

Mi pensamiento crítico se había ido formando con muchas influencias de una y otra parte. En la carpeta que siempre llevaba al instituto durante el último año de estudios de bachillerato, y que aún conservo, quedan registros de aquella época. Las pegatinas del interior no dejan atisbo de duda. Ahí es posible encontrar símbolos antifascistas, una bandera republicana, alegorías del ejército zapatista, la famosa imagen del Che, un llamamiento al «No a la guerra» y una viñeta de apoyo al pueblo palestino.

Eran tiempos en los que yo leía las columnas de opinión de Javier Ortiz, periodista que entonces escribía para el diario El Mundo. No me perdía ni una. También leía a analistas internacionales como Robert Fisk, crítico con la actitud de Estados Unidos y de sus aliados occidentales. Y seguía la guerra, después, a través de la Cadena Ser y con la voz de la periodista Olga Rodríguez.

Tras la gran manifestación del 15 de febrero de 2003, hubo también una huelga general en institutos y universidades el 3 de abril y otra del conjunto de trabajadores el 10 de abril. Yo participé activamente en todas, especialmente en la de estudiantes. Empezaba, por lo tanto, a visibilizarme como activista.

Pero solo después de todo aquello, que como se sabe desgraciadamente terminó con una invasión y una dramática guerra civil, pensé en afiliarme a una organización política. Hasta entonces había sido un verso suelto que se sumaba a las olas de movilizaciones desde el apartidismo. Mi única colaboración política hasta ese momento había sido, de hecho, con organizaciones anarquistas. Tenía —y tengo— enormes reservas hacia las plataformas políticas que se presentan a las elecciones. Pero sabía, o quizás solo intuía entonces, que había que aprovechar también la herramienta institucional para transformar la sociedad. Sea como fuere, decidí aprovechar una tarde libre para informarme sobre la asamblea de Izquierda Unida en mi pueblo, Rincón de la Victoria. Simplemente buscaba información y estábamos a punto de entrar en el verano de 2003.

No negaré que el proceso fue cuando menos curioso. En una calle céntrica quedé con la que sería desde ese momento la compañera Nines. Ella me llevó a la casa de otra militante de IU, Concha, y allí entre ambas me explicaron cómo funcionaba la asamblea de Izquierda Unida. Me contaron que IU se estaba constituyendo prácticamente desde cero debido a que unos años atrás una grave crisis había asolado la organización. Especialmente en Rincón de la Victoria, pero en general en todo el país.

En 1996 Izquierda Unida había alcanzado en las elecciones generales, con Julio Anguita como coordinador, más de dos millones y medio de votos, un 10,54 %. Eso significó un total de 21 escaños, el máximo histórico de la formación.¹ En el año 2000, sin embargo, IU cayó al 5,45 % de los votos y obtuvo únicamente 8 escaños. Y esa tendencia descendente fue palpable también a nivel local. En el año 1995 Izquierda Unida de Rincón de la Victoria obtuvo 2 concejales con un 11,45 % de los votos. En 1999 se quedaría ya con un 4,59 % y con cero concejales. Ya por fin en 2003 se subió al 7,24 % y se logró recuperar un concejal. Ahí es donde cronológicamente entraba yo en escena.

| Rincón de la Victoria | Málaga (provincia) | Andalucía (comunidad) | España (estatal)
Generales 1986 | 7,52% | 8,99% | 8,10% | 4,63%
Municipales 1987 | 9,97% | 13,23% | 14,32% | 7,18%
Generales 1989 | 13,12% | 13,63% | 11,97% | 9,07%
Municipales 1991 | 8,47% | 13,52% | 13,47% | 8,38%
Generales 1993 | 13,10% | 14,01% | 12,08% | 9,55%
Municipales 1995 | 11,45% | 22,19% | 18,08% | 11,68%
Generales 1996 | 14,14% | 15,16% | 13,48% | 10,54%
Municipales 1999 | 4,59% | 11,64% | 12,79% | 6,52%

| Rincón de la Victoria | Málaga (provincia) | Andalucía (comunidad) | España (estatal)
Generales 2000 | 6,91% | 8,12% | 7,82% | 5,45%
Municipales 2003 | 7,24% | 10,88% | 12,83% | 6,07%
Generales 2004 | 5,45% | 6,38% | 6,39% | 4,96%
Municipales 2007 | 7,88% | 10,91% | 12,36% | 5,48%
Generales 2008 | 4,18% | 5,07% | 5,11% | 3,77%
Municipales 2011 | 10,22% | 12,34% | 11,98% | 6,36%
Generales 2011 | 8,69% | 9,02% | 8,27% | 6,92%
Municipales 2015* | 11,18% | 10,60% | 10,99% | 4,46%

Estábamos entonces en un contexto de dominio absoluto del bipartidismo, como hemos visto en el segundo capítulo. También en Rincón era así, pues PP y PSOE habían llegado a un acuerdo de legislatura por el cual durante dos años la alcaldía sería del PP y la concejalía de urbanismo del PSOE, mientras que durante los dos años siguientes se intercambiarían los roles. Un pacto que sintetizaba, a mi juicio, las claves del momento político que vivíamos: bipartidismo y burbuja inmobiliaria.

Gracias a la recuperación del escaño de concejal, y a que estos siempre donan gran parte de su sueldo a la organización, se pudo alquilar un local para tener una sede. Pero los recursos escaseaban, a pesar de la mejora de los resultados, y cuando me invitaron a participar en la constitución de la sede me encontré con algo que nunca me hubiera imaginado. Y con algo que, en realidad, me gustó.

Fue llegar a la nueva sede y encontrarme con apenas una mesa de madera, una silla de plástico y todo ello rodeado de la nada. Ni una sola estantería. Solo pared, techo y la puerta de entrada. Así que los jóvenes que habían reconstruido IU en los anteriores años organizaron equipos para hacer de aquel vacío lugar un sitio entrañable para las reuniones. Un equipo se encargó de ir al vertedero y recuperar de allí todo lo que fuese reutilizable. Sí, el vertedero. Otros consiguieron pedir a empresas, familiares y amigos otro tipo de mobiliario. Así fueron apareciendo poco a poco una nevera, una bañera que sería reconvertida en depósito de agua, maderas para hacer estanterías, etc. Me pareció una forma excelente de practicar la austeridad política y, además, conseguir buenos resultados. Quedó, tras muchas horas de trabajo, bastante decente.

Estábamos además ante una asamblea muy diversa. La mayoría de los afiliados eran jóvenes de entre veinticinco y cuarenta años, y solo unos pocos eran personas que procedían de las antiguas asambleas de IU. Con el tiempo me fui encontrando además con una enorme diversidad ideológica. Gentes que habían sido militantes del PSOE, otros de la extinta Nueva Izquierda, otros de Los Verdes, otros que procedían de los movimientos libertarios... Lo cierto es que los debates eran muy intensos. Yo, por aquel entonces, tenía dieciocho años y mucho que aprender. Demasiado como para ponerme una etiqueta. Eso sí, algunos compañeros comenzaron, con el tiempo, a llamarme «el republicano». No porque el resto no lo fuera, claro está, sino porque era la única etiqueta que yo estaba dispuesto a aceptar. Cómo iba yo a defender al rey o a una monarquía si eran instituciones antidemocráticas, pensaba yo.

En definitiva, Izquierda Unida de Rincón de la Victoria me pareció una organización atípica. No era lo que uno se podía esperar de un partido clásico o volcado en la actividad institucional. A la mayoría de los compañeros de la asamblea no les importaba en demasía lo que hiciera el concejal, sino que buscaban formas de hacer actos, convocatorias, manifestaciones con las que convencer a los vecinos de que otro mundo era posible... Y necesario. Me sentí tan cómodo que quise ayudar en todo aquello que pudiera. Y pronto me convertí en el secretario de Comunicación, creando una página web para que los vecinos pudieran conocer de primera mano el mensaje de IU.

Cuando entré de lleno en la facultad y me fui a vivir a Málaga, me desconecté de la asamblea. Pero, en vez de comenzar a militar en la capital preferí seguir haciendo activismo social. Ya hemos visto durante los capítulos primero y segundo algunas de las actividades en las que entonces nos embarcábamos. Eran los tiempos de la burbuja inmobiliaria, y la resistencia era bastante reducida. El apoliticismo y el conformismo dominaban todas las esferas.

Eso sí, en el año 2006 tome una decisión de trascendencia ideológica. Mis estudios en la facultad de Económicas —y sobre todo lo que leía y aprendía durante las horas que pasaba en la biblioteca— me estaban sirviendo para comprender cómo funcionaba el capitalismo, de tal forma que poco a poco me fui haciendo enemigo total de este sistema económico. Al revés que muchos de los activistas de izquierdas, que han ido desde el anticapitalismo hacia la moderación reformista, a mí me estaba ocurriendo al revés. Es decir, entré en la facultad considerándome un simple republicano de izquierdas, pero con el estudio y la formación —por lo general, autodidacta— me fui declarando cada vez más socialista. Y así hasta que, durante el año 2006 y justo tras terminar de leer el libro El tiempo y la memoria, de Julio Anguita, decidí afiliarme al Partido Comunista de España. Bueno, en realidad a sus juventudes, la Unión de Juventudes Comunistas de España.

En los siguientes años combiné mi formación académica con las becas de investigación y, por supuesto, con el activismo social y político. Estaba completamente involucrado en los movimientos estudiantiles de toda la provincia, pero también acostumbraba a salir de Málaga para participar en coloquios y debates del movimiento estudiantil. Asimismo, fui uno de los artífices de la constitución de la Asociación Estudiantes de Izquierdas, en la que establecíamos que «ser de izquierdas no es militar en un partido o ser simpatizante de alguna organización política. Ser de izquierdas es, para nosotros, tener unos valores (principios, ideales...) de libertad, igualdad y solidaridad». Luego vino la constitución de Estudiantes Críticos, una plataforma que logró unir a las asociaciones progresistas de toda la universidad y que efectivamente debía el nombre a nuestra asociación en Económicas. Con Estudiantes Críticos nos presentamos a las elecciones universitarias y pudimos derrotar a las asociaciones de derechas, todas ellas vinculadas al PP. Quizás fue aquel el primer ejemplo que yo vivía de cómo la unión de izquierdas era capaz de derrotar a la derecha.

Durante todos esos años mi activismo se mantuvo en los espacios estudiantiles y académicos, y después de haber tenido importantes responsabilidades en las Juventudes Comunistas a nivel provincial opté por dejarlas. Eso sí, me mantuve siempre como militante de base y acudía a todas las invitaciones que me hacían para conferencias y charlas, muy especialmente tras la crisis económica.

Pero en general fueron años de crisis para Izquierda Unida. Los malos resultados de las elecciones de 2004 y, especialmente, de 2008, hicieron estragos en la organización. Eran los tiempos en los que la prensa decía que éramos «Izquierda Hundida», y prácticamente todo el mundo daba por hecho que estábamos destinados a desaparecer. Pocos confiaban en que se pudiera remontar la situación, pues el carisma del nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parecía arrasarlo todo. Pero Izquierda Unida era un proyecto con una enorme base activista, a pesar de sus malos resultados electorales. Y, sobre todo, era un proyecto histórico en tanto que, además, incluía al Partido Comunista de España.

EL ORIGEN DE IZQUIERDA UNIDA

La diversidad tan enorme que encontré en Izquierda Unida no era debido solo a la naturaleza propia de toda organización social. Está claro que allí donde hay más de una persona hay siempre diversidad, pero esto era algo que iba más allá. La diversidad y la pluralidad de opiniones, pero también esa orientación hacia la calle, tenían más que ver con la naturaleza original de la organización, con sus objetivos. Porque al fin y al cabo desde el principio Izquierda Unida se había fundado buscando huir de la estructura tradicional de un partido político clásico.

Corría el año 1984 y la crisis de la izquierda anticapitalista parecía hacerse notar en todo el mundo. Lo que existía en la Unión Soviética eran los estertores de un sistema que se convino en llamar socialismo real, mientras que en todas partes la izquierda comunista trataba de encontrar un espacio político que asumiera tanto el rechazo a las formas de la URSS como a cualquier forma capitalista. En España, los resultados del PCE en las elecciones habían sido decepcionantes. A pesar de haber sido la única fuerza política que había combatido el franquismo desde dentro y desde fuera, los réditos electorales se los llevó en 1982 el PSOE. Un PSOE que, además, había renunciado al marxismo en 1979 cuando Felipe González ya era diputado y secretario general.

Fue entonces, después de la debacle de 1982, cuando el Partido Comunista de Andalucía publicó el que fue conocido como «manifiesto de las Amapolas» y puso en marcha el proceso de Convocatoria por Andalucía. Dos años más tarde, en 1986, se hacía lo mismo en el conjunto del Estado con la creación de Izquierda Unida. Se trataba de una coalición electoral de partidos formada por el Partido Comunista de España, mayoritario, y por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), el Partido de Acción Socialista (PASOC), Izquierda Republicana (IR), Federación Progresista (FP), PCPE, el Partido Humanista y el Partido Carlista, pero también por personas a título individual.

Ya entonces el acta fundacional dejó entrever que se habían leído bien las transformaciones económicas y sociales que habían cambiado tanto al país. Así, aquel acta indicaba que:

La formación de la plataforma electoral se corresponde asimismo con el sentimiento de que somos muchos los que coincidimos en las tradiciones renovadas del movimiento obrero, los planteamientos emergentes de carácter ecologista, el progresismo económico y para la participación política, y la necesidad de rescatar lo que es una visión moderna de un socialismo democrático. Todo ello para el impulso del progreso de una sociedad compleja muy diversificada desde el punto de vista filosófico, sociológico, tecnológico y en el modo de formación de las decisiones políticas, económicas y sociales.²

Obsérvese que ya entonces se habla de las luchas ecologistas, de la participación política y de una sociedad compleja que está muy diversificada. Todo ello expresa una ruptura clara con cierta interpretación heredera del marxismo más ortodoxo que parecía ignorar los cambios en la estructura económica y política en España. Incluso el sujeto político se desplaza, y aunque se reconoce el papel del movimiento obrero se habla por lo general del concepto de ciudadanía.

En 1989 tuvo lugar la I Asamblea de Izquierda Unida y en ella se dio un salto cualitativo de enorme envergadura. Fue entonces cuando se constituyó en movimiento político y social para tratar de huir de los problemas tradicionales de un partido político clásico. Algunos de esos problemas los hemos esbozado en capítulos anteriores. Es precisamente en aquella asamblea donde se dijo: «Entendemos el movimiento político y social como una conjunción y convergencia fluida de fuerzas de distinta índole y de miles de ciudadanos que coincidan en aportar sus elaboraciones y sus esfuerzos en la consecución de un objetivo común».³

También se apuntaba que gobernar era algo que iba más allá de estar en las instituciones, pues «gobernar no es solo ejercer la acción de gestión o de aplicación de líneas políticas desde las instituciones, sino también el uso de mecanismos indirectos desde parte de las instituciones y desde la hegemonía en el tejido social, a través de la movilización y la lucha política de masas. Gobernar significa para IU que los ciudadanos y ciudadanas tengan una participación activa, permanente, en la solución de todos los problemas de la sociedad».⁴

El compromiso con otra forma de hacer política era indiscutible, y ahí son visibles ya los rasgos característicos de la tradición política republicana. Eso quería decir que frente a una Constitución rígida como la de 1978, que era fundamentalmente delegativa y limitaba la participación política al ejercicio a través de partidos y sindicatos, IU se posicionaba a favor de crear mecanismos que fueran más allá de los tradicionales. De hecho aseguraba que «la izquierda debe demostrar con su práctica que no comparte ningún rasgo básico con los que hacen política para conservar privilegios, para continuar manteniendo una sociedad jerarquizada, antidemocrática. Hacer lo que se dice y decir lo que se piensa, exige participación a todos los niveles y debate abierto».⁵

Es curioso leer estas palabras, estas intenciones, tan temprano, en 1989. Eso era lo que mejor reflejaba a una fuerza política que había surgido para mejorar las vidas de la gente. Una fuerza que surgió para participar dentro del sistema pero con el objetivo de combatirlo. Pero Izquierda Unida surgía también, como le gusta repetir a Julio Anguita, porque el Partido Socialista había traicionado los principios y valores de izquierdas. Se pretendía, por lo tanto, recoger también ese descontento con las políticas reales de un partido que se decía de izquierdas pero que cada vez más hacía políticas en beneficio de la oligarquía. Y sin duda fue gracias a pensar en un proyecto autónomo, libre de las ataduras ideológicas y compromisos con el PSOE, que IU consiguió sus mejores resultados históricos.

Incluso hubo un momento en esta historia en la que se pensaba que se podía lograr lo que se llamó el sorpasso, es decir, superar electoralmente al Partido Socialista. Pero para entonces el PSOE ya era el verdadero representante del régimen, y los ataques contra la IU de Julio Anguita fueron furibundos. No quiere decir esto que la gestión dentro de IU fuera sencillamente espléndida, pues no pocos errores se cometieron, pero desde luego es evidente que todo el régimen se situó contra el proyecto de IU liderado por Anguita. Incluso las cúpulas sindicales, enteramente institucionalizadas, declararon la guerra al líder cordobés. Y al final, la suma de unas y otras cosas resultó en que los mejores resultados históricos de IU, con 21 diputados en el Congreso se tradujeron en una crisis interna de la que, quizás, todavía no nos hemos recuperado del todo.

UNA REFUNDACIÓN NUNCA HECHA

Los años de la burbuja inmobiliaria fueron terribles para la izquierda alternativa, como hemos visto en el segundo capítulo. Pero aún más para IU, que todavía estaba gestionando la decepción de 1996 y la reorganización interna tras las sucesivas crisis de liderazgo. Pero mal que bien, aguantó. Probablemente gracias al enorme poder municipal acumulado por una base militante muy activa en los territorios que era, además, herencia del movimiento comunista.

Sin embargo, tras los malos resultados de 2008, en los que IU quedó temblando en las instituciones y con solo un representante en el Parlamento, llegaron las reflexiones más profundas sobre el proyecto político. ¿Merecía la pena? Si la respuesta a esa pregunta era afirmativa, desde luego tocaba preguntar además en qué forma podía mantenerse un proyecto así.

La reflexión colectiva se saldó, entre otros documentos autocríticos también, con un documento llamado «Manifiesto de los cien», en el que se llegaba a la conclusión de que Izquierda Unida tenía que refundarse de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Se aseguraba que esa refundación debía integrar «las aportaciones que la izquierda en todo el mundo ha sido capaz de generar en los últimos veinte años». La autocrítica llegaba al reconocimiento de que IU se había «convertido en una mala copia de un partido político clásico» a la vez que se había «alejado de la construcción de un movimiento político y social».⁶

Sin duda todo eso era cierto. IU había ido abandonando la presencia en la calle, en los barrios y en los espacios de conflicto social y había priorizado la batalla institucional. Como hemos visto antes, muchos de nosotros ya criticábamos esa institucionalización y dejábamos constancia de que los nuevos movimientos sociales estaban mejor sincronizados con el tiempo histórico por el que atravesaba el país. De hecho, el propio «Manifiesto de los cien» lo reconocía explícitamente al decir que IU «se había convertido en la práctica en un partido más, totalmente volcado en lo institucional, con importantes déficits en el funcionamiento democrático».

Finalmente, el documento planteaba la necesidad de que IU fuera «el embrión de la recuperación política de la izquierda transformadora y anticapitalista española, sin descartar que al final de ese camino de la actual IU nazca una fuerza política diferente, más rica y plural, un verdadero movimiento político y social con verdadera influencia política y capacidad de realizar los profundos cambios que nuestra sociedad demanda». Toda una declaración de intenciones al respecto de lo que ya se consideraba, de facto, un proyecto agotado. Y estamos hablando del año 2008.

Justo dos años más tarde, ya en plena crisis económica, se publicó el «Llamamiento a la Izquierda» en el que se reconocía que el proceso de refundación de IU buscaba la «fundación mucho más ambiciosa de un nuevo espacio para la izquierda y en el contexto de exacerbación de los efectos del neoliberalismo» y que eso era el resultado de que en IU existía «la ilusión de converger con otras personas en un espacio común de deliberación y aprendizaje colectivo en un proyecto emergente, cooperativo». Concretamente se afirmaba que «el camino de la refundación de la izquierda en nuestro país en un proceso constituyente, es ya irreversible». Y, en definitiva, el llamamiento era explícito hasta el punto de que se reconocía que «no hay un final predestinado, más allá de esa voluntad de culminar con una formación política de nuevo tipo».⁷

En la misma línea, y tras las elecciones de 2011 —cabe recordar que tuvieron lugar unos días después de la irrupción del 15-M—, algunos señalamos algunos de los graves errores de IU. Así, sobre el proceso de institucionalización yo mismo afirmé que «la política institucional puede ser necesaria pero siempre tiene que quedar relegada a un papel subordinado de la tarea verdaderamente prioritaria: la concienciación y la movilización social. Esto es básico. La política de IU no puede reducirse al ámbito institucional, sino que debe incluir la totalidad de los sujetos políticos en activo: movimientos sociales, ONG, colectivos de toda naturaleza, etc. No se puede valorar todo en clave electoral porque estaríamos tirando por la borda nuestros principios. Las personas que participan en otros movimientos políticos pero que no tienen intención de entrar en el juego electoral son también, y ante todo, compañeros».

Lo que entonces decía un joven militante de base como yo era precisamente que «la importancia de Izquierda Unida reside en la inmensa capacidad de las personas que forman parte del proyecto, y sobre todo en su enorme potencial como herramienta de transformación. No hay ninguna organización de izquierdas en España que tenga una estructura similar y presencia en prácticamente todos los municipios del país. Pero hay que evitar que todo ese potencial sea desperdiciado. Y para eso tiene que estar dirigido hacia otros fines distintos a los que impone el ciclo electoral».⁸

Sin embargo, a pesar de estas reflexiones y de los propios documentos de IU, no se hizo nada para evitarlo. Los aparatos de Izquierda Unida no se involucraron por lo general en los procesos de refundación, cuya metodología consistía en convocar asambleas constituyentes para esa nueva fuerza política. Yo participé, desde Madrid y mientras estudiaba el posgrado, en algún intento. Pero todos fueron infructuosos. En muy pocos sitios el proceso, cuando echó a andar, fue creíble. Y en otros sitios, donde sí fue creíble, muy poca gente se acercó a participar. Al fin y al cabo, en muchos lugares de España no había activistas de izquierdas al margen de IU. Desde luego no durante los años de burbuja inmobiliaria, pero ni siquiera durante los primeros años de crisis. Muchas asambleas de IU que quisieron poner en marcha la refundación se encontraron bien con frenos puestos desde arriba bien con la nula participación de la gente que no era de IU. En todo caso, al final el resultado fue que el proceso se abortó. Sin embargo, era evidente que el diagnóstico se había formulado. No escucharlo y no atenderlo iba a transformarse en el mayor error de IU en toda su historia.

LA IRRUPCIÓN DE PODEMOS

No obstante, la convergencia sí llegó a cristalizarse en algunos sitios, aunque con formas distintas a la establecida por el proceso de refundación. Uno de los ejemplos fue, precisamente, el mío propio. Ya hemos hablado de ello parcialmente en este libro, y un poco más adelante volveremos para conocer mejor el proceso concreto, pero interesa manifestar una vez más que en algunos sitios IU sí mostró suficiente apertura como para facilitar una regeneración desde dentro.

El problema era que los problemas de la sociedad eran acuciantes. Verdaderamente acuciantes. La crisis económica se había profundizado y la crisis de legitimidad del sistema político había producido lo que hemos llamado una crisis de régimen. Las condiciones materiales de vida de la ciudadanía se habían deteriorado hasta tal punto que, como vimos en el capítulo segundo, las gentes cambiaban su concepción del mundo. Y, para más inri, incluso cambiaban su comportamiento electoral. El bipartidismo estaba tocado, con una pérdida importantísima en apoyo electoral declarado, pero no parecía emerger ninguna alternativa concreta. Es verdad que tanto IU como Unión Progreso y Democracia (UPyD) aumentaban en intención y en estimación de voto, pero si se analizaban los datos no parecía que fuera por el hecho de absorber el descontento.

Al contrario, lo que en su día dijimos algunos es que si bien la ciudadanía había dejado de confiar, en términos generales, en los dos partidos políticos que habían gestionado el país durante el tiempo en el que se gestaba el desastre actual, «ese fenómeno no se ha traducido en un ascenso igual de otras formaciones políticas. En realidad, la verdadera beneficiada del proceso es la suma de la abstención y el voto en blanco».⁹ Algo estaba fallando en IU si el objetivo era pasar del 10 % que pronosticaban entonces las encuestas y si queríamos, realmente, ser instrumento de cambio.

Precisamente por eso en noviembre de 2012, cuando tuvo lugar la IX Asamblea Federal —en la que entré por primera vez en los órganos de IU—, escribí un artículo muy crítico con la posición de nuestra organización. En primer lugar, recuperaba la esencia del proceso de refundación al decir que si bien «Izquierda Unida no es un partido político convencional, aunque peque de muchos de los vicios de estos, sino un movimiento político y social» lo cierto es que «la propia organización está estructurada internamente con una rigidez y dinámica propia de un partido tradicional». Consideré que uno de los efectos más inmediatos de ese hecho era la «incapacidad manifiesta de atraer a personas altamente capacitadas que navegan actualmente fuera de la organización». Con ello me estaba refiriendo, entre otras cosas, a los activistas sociales, que eran incapaces de ganar batallas en los órganos internos a aquellos que llevaban toda la vida dentro. Apuntaba, además, que «el resultado final es que la organización se transforma en un elemento mucho más conservador de lo que la calle y la ciudadanía exige». Lo que denunciaba era que, como consecuencia de todo ese proceso, «se produce una desconexión con la realidad, así como una tendencia a depender políticamente de las instituciones, que lleva a que se formen otros instrumentos al margen de la organización». Es decir, la propia institucionalización de la que habíamos hablado antes era la responsable de que se organizarán respuestas sociales al margen de IU.

Lo cierto es que allí también apunté algo con lo que casi todo el mundo estaba de acuerdo, y era que «la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la organización Democracia Real Ya —promotora del 15-M— e incluso las organizaciones de consumidores están repletas de militantes de IU que han visto más efectivo estos instrumentos que el que ofrece la propia organización a la que formalmente pertenecen».¹⁰ Eso era sobre lo que teníamos que reflexionar, a mi juicio.

En ese sentido, en enero de 2013 seguía insistiendo en que «es evidente que hay que cambiar muchas cosas para que IU se convierta en el instrumento que está exigiendo la gente. Si la gente considera que IU no es un instrumento válido, habremos fracasado. Es más, si la gente considera que es mejor irse a una plataforma de afectados por la hipoteca para luchar, porque realmente es más efectivo, entonces significa que hemos fracasado».¹¹ Por si no hubiera sido suficiente claro, volví a repetirlo unos meses más tarde con una declaración final que, leída hoy, parece aún más evidente: «Ahora mismo la organización es lenta en comparación a cómo reacciona la sociedad más espontánea en término sociales, como la PAH, el 15-M y otros movimientos que van dos pasos por delante de la posición oficial de IU. La propia sociedad está empujando más y esto puede facilitar el cambio en IU. Pero no sabemos si será tarde o si antes la frustración de la ciudadanía se canalizará de otra forma antes de entender que IU es un instrumento útil».¹²

La cuestión es que si la crisis económica estaba derivando en una verdadera crisis de régimen, como hemos visto a lo largo de todo este libro, lo importante era tener un instrumento eficaz con el que aspirar a transformar la sociedad. Y lo que parecía claro es que, desde al menos 2008, IU no lo era. Por eso los llamamientos a renovar IU no pararon, al menos por mi parte. En febrero de 2013 volví a advertir que «lo que a mi juicio corresponde hacer es tratar de convertir instrumentos políticos como Izquierda Unida en elementos que catalicen la creación de esa base social que requerimos», pues «ignorar el análisis anterior puede convertir a IU en un partido que se limite a ver pasar de largo el proceso de transformación, no necesariamente positivo, llevado a cabo entonces por otros actores políticos».¹³

La advertencia que lancé era evidente, y además no era solo una preocupación mía. De hecho, en mayo de 2013 un informe del secretario de Acción Política de IU, Ramón Luque, advirtió que aunque «es el momento de Izquierda Unida y el de su proyecto estratégico» y que «tan solo de nosotros depende aprovechar seriamente esa oportunidad histórica», lo cierto es que «de no hacerlo nosotros, no cabe duda que las condiciones objetivas crearan las subjetivas para que otras iniciativas pudieran abrirse camino».

No estamos hablando de premoniciones fantasiosas, sino de conclusiones políticas realizadas a partir de la comprensión de los fenómenos sociales que desbordan el ámbito de lo institucional. Como algo que no está sujeto necesariamente a los mismos y permanentes códigos de la representación política. Lo político como algo que incluye, muy especialmente, la emergencia de nuevas subjetividades que se construyen sobre bases económicas también nuevas.

No hace falta insistir en que mis palabras fueron, como la de otros compañeros y como la de los textos de la refundación, ignoradas. Y en la Navidad de 2013 surgió un nuevo actor político en la escena, llamado Podemos, liderado por un amigo y antiguo compañero de trinchera, Pablo Iglesias Turrión. Se trataba de una organización conformada por gente que provenía, fundamentalmente, de los movimientos sociales y del mundo académico. Además, la mayoría de ellos, aunque no todos, obviamente, había pasado, al menos un mínimo de tiempo en Izquierda Unida e incluso en el PCE. La pregunta que todos teníamos era: ¿nos están refundando desde fuera?

En los días previos a la presentación ya éramos todos conocedores de que Podemos iba a irrumpir en el escenario político. Algunos compañeros me pedían que intercediera para tratar de quitarle a Pablo «esa historia de la cabeza», pero yo me negué. Me pareció un proyecto que podía ayudar a refundar IU y que, aún más, podía ayudar a refundar la izquierda en el país. De hecho, ese parecía ser el objetivo de sus dirigentes. Desde luego, he de reconocer que nunca imaginé que tuvieran tan buenos resultados. Los infravaloré.

De cara a las elecciones europeas de 2014, algunos compañeros de IU, como Ramón Luque, me sugirieron que me presentara como candidato. Se trataría de pasar desde el Congreso hacia el Parlamento Europeo. A mí no me pareció buena idea, y además me parecía irrespetuoso con la institución por la que me habían elegido para cuatro años. Pero entendía las razones por las que se me invitaba a dar el salto. Al fin y al cabo, escribí, «la elección de la candidatura de Izquierda Unida para estas elecciones —y la naturaleza del proceso correspondiente— no puede ser entendida como un mero accidente en el terreno» porque «se trata de una oportunidad para comenzar un proceso de adaptación organizativa a un contexto socioeconómico como el descrito más arriba» y «de definir, también a través de las formas, si aspiramos al 15 % o a la mayoría social». Por esa razón también pedí que IU «permita en su seno la total participación democrática, que es además la cuna de la legitimidad»¹⁴ en alusión a la hipotética celebración de unas elecciones primarias internas.¹⁵ Durante el proceso traté de que se lograra al menos una candidatura ilusionante, con líderes sociales y referentes políticos de alto nivel encabezando. Pero tampoco logré imponer esas tesis, y la candidatura de IU fue cerrada sin ese proceso y con los mismos métodos que se habían usado diez años antes.

En todo caso, el resultado electoral de Podemos me sorprendió sobremanera. Nunca hubiera pensado que fuera posible. Y, a decir verdad, ninguno de los sociólogos con los que hablé —y no fueron pocos— se acercó a predecir los cinco diputados que sacaría Podemos en mayo. Al contrario, la mayoría consideraba impensable pasar de uno o dos diputados. Yo, a ojo de buen cubero, pensaba que como mucho sacarían dos, y gracias a los votos de Madrid. Me parecía impensable que una organización sin presencia territorial obtuviese votos en otros sitios distintos a la capital. Pero claro, estaba equivocado, porque Podemos más que una organización era la cristalización de un fenómeno social. Y resultó ser sencillamente espectacular. Ahora bien, ni ellos se lo esperaban. Ninguno de los amigos de Podemos con los que hablaba parecía albergar tan altas expectativas. Salvo uno, a decir verdad. En una charla en el madrileño barrio de Lavapiés, mi compañera Anna y yo nos cruzamos con Juan Carlos Monedero y le preguntamos por su opinión. Nos dijo, muy claramente, que pensaba que Podemos superaría a IU en diputados y que el siguiente paso sería evitar que IU desapareciese. Nos pareció, sobre todo a mí, una exageración fuera de lugar. Pero solo se equivocó en dos cosas, en el tiempo —Podemos no superó a IU en las europeas, pero sí en las siguientes elecciones— y en que IU no ha desaparecido. Ahora bien, Monedero fue el único dirigente de Podemos con el que hablé que se acercó en su predicción al resultado final.

En cuanto Podemos irrumpió en el escenario político, IU inició un proceso de reflexión que continuó con un muy rápido proceso de renovación. Un proceso que era natural y que no encontró muchos inconvenientes porque, precisamente, las reflexiones se habían producido ya muchos años antes. Así, en el plazo de unos pocos meses, IU convocó unas elecciones primarias para elegir al candidato o candidata a la presidencia del Gobierno, al mismo tiempo que Cayo Lara anunciaba su deseo de no presentarse a esas mismas primarias.¹⁶ Desgraciadamente el proceso de primarias no pudo terminar, pero por una razón que yo interpreto como una muestra de la gran confianza que se había depositado en mi candidatura, y es que ningún candidato alternativo llegó a recoger los aproximadamente ochocientos avales que hacían falta. A mí, personalmente, me hubiera gustado y además creo que hubiera ayudado a IU. Pero, sencillamente, no fue posible.

Algunas personas, y también algunos medios, no esperaban que yo me presentase como candidato a esas primarias. Y eso era así porque, en realidad, esperaban que yo abandonara la formación y me marchase a Podemos. Incluso dentro de IU había sectores marginales que me acusaron de ser un traidor, solo por la propia irrupción de Podemos. Más adelante, en la reflexión sobre la izquierda que necesitamos, el lector podrá entender las muchas razones por las que considero que Podemos podía ser una oportunidad pero no era el instrumento de cambio. Y cómo mis valores y principios de izquierdas me hacen pertenecer al proyecto en el que creo, que es el del Partido Comunista.

En este libro he contado cómo comencé mi actividad política en torno a las movilizaciones de Iraq, cómo continué ocupando las plazas en el 15-M y finalmente cómo y por qué acepté ser diputado para ayudar a transformar el mundo también desde el Parlamento. Esa trayectoria, descrita pormenorizadamente en este trabajo que el lector tiene entre manos, solo tiene un motor: mi compromiso político, construido sobre valores y principios de izquierdas. Y fue ese mismo compromiso político, por transformar el mundo además de entenderlo, el que me empujó a decidir presentarme como candidato a las elecciones generales.

Al mismo tiempo, el proceso de renovación permitió a IU enfrentar cambios que no eran solo cosméticos sino sobre todo de actitud, y en cierta medida parecía evidente que los resultados electorales de mayo habían dejado claro que a la izquierda del PSOE había un espacio electoral enorme. Había que construir ese espacio, así que pusimos todas nuestras energías en constituir espacios de convergencia que lo llenaran.

CONVERGENCIA Y LA UNIDAD POPULAR

La convergencia es una palabra que se ha puesto muy de moda, y que sintetiza los deseos de mucha gente acerca de que los partidos de izquierdas y las organizaciones que apuestan por una transformación profunda del modo de vivir puedan trabajar juntos. Es verdad que en los últimos años la convergencia ha sido un mantra para muchas otras cosas, pero aquí reivindicamos ese espíritu unitario que, precisamente, sigue siendo perfectamente válido para identificar los deseos de la mayoría de activistas sociales. Incluso, me atrevo a señalar, más que deseo es sobre todo la necesidad que tienen las clases populares para evitar que la oligarquía diseñe el orden social en el que vivirán las próximas generaciones.

La unidad se ha exigido en muchas ocasiones, tantas que incluso hay magníficas parodias al respecto como aquella de los Monty Python en La vida de Brian. Pero no cabe duda de que en momentos de crisis económica y crisis política es cuando más es necesario.

Una de las primeras experiencias de convergencia que se pueden rastrear ya durante esta crisis fue la de las Mesas de Convergencia. Fue un llamamiento a la convocatoria de asambleas, entonces llamadas mesas, para organizar la respuesta social a la crisis. Según José Manuel Naredo, que era uno de los firmantes,¹⁷ el llamamiento tenía como objetivo «romper los moldes habituales de hacer política desde arriba, para abrir nuevos cauces desde abajo». Asimismo, Naredo consideraba que «la constitución de esta red, como instrumento y parte de una ciudadanía activa, trata de paliar la actual falta de cauces de mediación política que le permitan expresarse e intervenir más allá de las campañas electorales orquestadas cada cuatro años».¹⁸

El llamamiento era «para promover la convergencia de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones políticas, sindicales, sociales, no gubernamentales o culturales para poner en marcha una respuesta unitaria que permita enfrentarse con eficacia a la manipulación informativa, a los recortes en los derechos sociales y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí débil Estado de derecho en el que vivimos» y para que «converjan en un espacio unitario de lucha y de denuncia alrededor de un programa inicial de mínimos».¹⁹

La pregunta que uno puede hacerse es, ¿por qué un llamamiento así si ya existía Izquierda Unida? Tres de los principales propulsores contestaban asegurando que «no hay que olvidar que el proyecto de refundación de la izquierda lanzado por Izquierda Unida unos meses antes estaba de hecho estancado, que había incluso pasos encaminados a dividir aún más a la izquierda como la creación de Equo, y que las relaciones entre varios sectores dentro de IU no terminaban de mejorar realmente».²⁰

En definitiva, aquel proyecto no buscaba crear un partido político nuevo sino fundar un espacio de encuentro donde la gente, más allá de su vinculación partidista, pudiera debatir sobre los asuntos políticos. Estábamos a comienzos del año 2011, y aquello era ciertamente un revulsivo. En gran medida era lo que no había logrado hacer IU con su refundación, y el hecho de que los protagonistas fueran en algunos casos los mismos así lo reflejaba.

Yo participé muy activamente en este proceso, siempre junto con mi compañero Juan Torres López. Juan era, de hecho, uno de sus más activos defensores y propulsores. Siempre tenía en la cabeza nuevas ideas y una gran predisposición a cambiar este mundo de la mano de la gente sencilla. Durante meses ambos estuvimos registrando todas las mesas que se iban creando por todo el Estado, además de participando en conferencias y charlas. De hecho, la primera asamblea de las Mesas de Convergencia en Málaga tuvo lugar el 13 de enero y yo fui uno de los participantes.²¹ En general teníamos la impresión de que el éxito iba a ser descomunal, porque mucha gente estaba cansada de viejas fórmulas y sobre todo quería poner en marcha una organizada respuesta social. Desgraciadamente, este proceso casi no nació porque en mayo de ese mismo año quedó fagocitado por el 15-M. Quizás pudiéramos decir que bellamente fagocitado, por lo que significó el 15-M, pero desde luego poco más se supo de ese proyecto.

Lo que sí quedó de las Mesas de Convergencia fue precisamente su papel a la hora de organizar la candidatura de IU en Málaga, puesto que tanto Juan Torres López como Carlos Martínez insistieron mucho en que yo fuera el candidato. De ahí que, desde el principio, se me asociara —correctamente— con la convergencia.

De hecho, durante la campaña electoral de noviembre de 2011 manifesté: «Lo cierto es que IU es autocrítica y sabe que como organización solitaria no puede lograr los objetivos que tiene. Por eso hace más de un año comenzó un proceso de convergencia y de apertura hacia los movimientos sociales y otros actores políticos. De ese proceso nació esta candidatura, en la que yo voy primero, que entendemos que hay que luchar en las instituciones, en la calle y las empresas. Y en todas partes a la vez. Creo que ese es el camino de la izquierda y queda mucho por hacer, pero la autocrítica ya está hecha».²² Al mismo tiempo también señalé que «lo ideal es que haya una convergencia entre el 15-M, las herramientas institucionales, como puede ser mi candidatura y los sindicatos».²³

También durante la campaña me preguntaron en una ocasión por Equo, una organización ecologista que apenas había sido fundada un año antes. Mi respuesta fue que Equo «es una organización con una base social de izquierdas con la que tenemos la obligación de confluir más temprano que tarde». Lo explicaba diciendo que «la gente de izquierda necesita reunirse en un proyecto común que haga fuerza y permita sentar las bases de un sistema político y económico diferente». Lamentaba mucho que no hubieran querido confluir con nosotros, probablemente porque querían estrenarse electoralmente, pero reconocía que «espero que nos encontremos en el camino junto con otras organizaciones como Izquierda Anticapitalista».

En aquella misma entrevista insistí en una idea que me parece fundamental para la izquierda y que con el tiempo se ha vuelto aún más importante. Advertí que para mí «la razón invita a pensar que esa persona de izquierdas tiene que ser fiel a sus ideas y creencias, y no a las siglas»,²⁴ aunque lógicamente pedía el voto para IU, que era pedirlo para la candidatura que yo encabezaba.

Durante los años que siguieron a las elecciones muchos seguimos pidiendo la unidad de la izquierda, incluso aunque lo hiciéramos desde la plataforma que más apoyo electoral tenía dentro de ese ámbito. Y es que siempre es más fácil pedir la unidad cuando se es una organización reducida o con poco apoyo electoral. Sin embargo, yo continué en 2013, en la época de nuestras mejores estimaciones electorales, insistiendo en que el caso de Galicia —donde IU se había unido electoralmente a Anova y conformado Alternativa Galega de Esquerda, con grandes resultados— era un motivo de reflexión. Efectivamente, para mí «Galicia es un ejemplo: se ha demostrado que hay un proyecto nuevo que no es solo un aglutinamiento de siglas sino que debajo hay una base social que se siente partícipe» e insistía que «cuando sumamos, por ejemplo, Esquerda Unida con Anova el resultado se multiplica porque se trata de un proceso de integración y no solo de una alianza táctica. Esto la ciudadanía lo percibe».²⁵

Es verdad que no era fácil, y siempre reconocí que «cuando se dice “vamos a unir a la izquierda” esto es extraordinariamente complicado por el modo en que están configurados los partidos», por lo que sugería que «es mucho más factible reagrupar las bases sociales de esos partidos, con inquietudes similares».²⁶

Lo que estaba claro es que había que hacerlo, y como hemos visto en páginas anteriores no lo pensaba únicamente yo. Pero en 2013 yo seguía insistiendo en que la gente necesitaba un instrumento y que «o Izquierda Unida se convierte en ese instrumento, o si no, la gente buscará otro». Por eso recomendaba que la unión de la izquierda se hiciera desde IU demostrando «que puede aglutinar a la gente a través de un proceso de refundación como el que se planteó en el pasado, en el que se dijo: si organizamos una asamblea y viene mucha gente y queremos constituir y disolver IU en una sigla distinta, lo importante es aglutinar a la gente en torno a un proyecto y no la bandera que llevamos».²⁷

Ya entonces, como se puede ver, éramos conscientes de que se necesitaba «un proyecto político y económico que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, que construya una democracia y que intente centrarse en las ideas y en el programa y no en las cuestiones identitarias de cada partido, porque ahí sí que va a haber obstáculos».²⁸ Y esto, afortunadamente, se convirtió en sentido común en muchos sitios de cara a las elecciones locales y autonómicas de 2014. Y gracias a eso, hay que decir, muchas ciudades de este país tienen ahora gobiernos que actúan para la transformación social desde claras coordenadas ideológicas de izquierdas. Sin embargo, el proceso para llegar hasta allí no fue fácil.

Nada más terminar las elecciones europeas comenzaron los debates. De un lado, algunos teníamos claro —y como se habrá comprobado, siendo consecuentes con nuestra trayectoria— que lo importante eran las ideas y no el nombre de la papeleta electoral. Por eso insistí desde muy temprano en que «la política la determinan las ideas, y las siglas y las banderas son algo secundario, prescindibles frente a las ideas: la ideología y el programa no se pueden negociar, pero las formas en las que se envuelven esas ideas es distinto». Yo lo tenía claro y afirmaba, una y otra vez, que «lo importante no es mantener la pureza de las banderas, sino transformar la sociedad», de modo que «si una de las formas para constituir un frente popular supone ir a unas elecciones con otro nombre, pero representando las mismas ideas, no tengo ningún problema y creo que podría ser positivo».²⁹

En realidad yo no me tenía entonces por un bicho raro. Y menos ahora. Siempre he pensado que estas declaraciones son consecuentes con la tradición republicano-socialista de la que me siento heredero. De hecho, creo que hay suficientes ejemplos históricos como para demostrar que la priorización de las liturgias y los símbolos sobre las ideas y programas es un grave error. Por el contrario, la capacidad de entender los contextos sociales y políticos y navegar en ellos, a fin de poner en marcha verdaderos procesos de transformación, es propio de la izquierda más sensata. Quizás el mejor ejemplo sea el de José Díaz.

Díaz fue sin duda el líder comunista que mejor supo entender el momento histórico por el que atravesaba el país en los años treinta del siglo pasado. Y fue quien supo, en consecuencia, cómo dejar atrás el sectarismo dominante hasta entonces en el PCE. Cuando Díaz fue elegido secretario general, en 1932, el PCE todavía estaba atrapado por la sectaria política de alianzas que mandataba por entonces la Internacional Comunista. La llamada tesis sobre el tercer período imponía que el único instrumento válido era el Frente Único por la Base, una estrategia que impedía la negociación con otros partidos de izquierdas, a los que se acusaba de colaboracionistas con el fascismo y de sostenedores de una república antitrabajadores. De acuerdo con esas tesis, la convergencia solo podía realizarse directamente con los obreros. Es decir, nada de negociaciones con dirigentes.

Sin embargo, el ascenso de Hitler al poder obligó a la izquierda internacional a replantearse esas posiciones intransigentes. La existencia de un enemigo común, el fascismo, amplió las miras de comunistas y socialistas. Así, la Internacional Comunista comenzó a variar sus tesis. No obstante, fue un gesto electoral, en 1933, el que determinó el cambio de rumbo del comunismo y las izquierdas españolas.

Eran años de elecciones y el PCE se adhirió en Málaga a una candidatura conjunta denominada Frente Único Antifascista. Las negociaciones del acuerdo de convergencia las llevó directamente el propio José Díaz, quien además tuvo que negociar no solo con los socialistas y socialistas radicales sino también con los propios militantes y dirigentes del PCE contrarios a la unidad popular. La leyenda cuenta que al llegar a Málaga, José Díaz mandó quemar las papeletas con las que el PCE pretendía presentarse en solitario. El objetivo era claro: la unidad popular. Finalmente, se consiguieron cerrar los acuerdos y la coalición se presentó con un programa de mínimos en defensa de la clase trabajadora. Entre los tres representantes elegidos por el Frente Único Antifascista estaba el médico comunista Cayetano Bolívar, que se convirtió así en el primer diputado electo en la historia del PCE. Y el único en esas elecciones.

A partir de 1934 se aceleraron los cambios. José Díaz propuso la unificación sindical entre su sindicato, la CNT y la UGT. También propuso la creación de un comité de enlace entre el PCE y el PSOE, e incluso llegó a proponer la creación de un único partido de la clase obrera. Además, la nueva estrategia del PCE era de tipo interclasista, y aspiraba a unificar en la acción y electoralmente no solo a comunistas, anarquistas y socialistas sino a todos los partidos que quisieran frenar a la oligarquía española.

José Díaz parecía convencido de que la necesidad histórica de la unidad popular era también un deseo de las gentes trabajadoras, y en uno de sus discursos así lo dejó claro: «Si no comprendéis el momento que vivimos, si no os ponéis a la altura de las grandes masas, que piden a gritos el Frente Único y la Concentración Popular para vencer al fascismo, cometeréis el crimen más grande que pueda cometerse contra las masas obreras y antifascistas que decís defender».

En realidad, para José Díaz y para el PCE, el bloque popular no tenía únicamente propósitos electorales. Y esto era muy importante. En la tradición marxista las instituciones parlamentarias son solo un medio para transformar la sociedad, y por lo tanto el bloque popular tenía que operar también en las calles y en los sindicatos. De ahí que nacieran en aquellos años las Juventudes Socialistas Unificadas (unión de las juventudes comunistas y socialistas), partidos como el PSUC (que unía a partidos socialistas y comunistas) e incluso que tuviera lugar la integración de la central sindical CGTU en la UGT.

No obstante, las elecciones de 1936 tenían para el PCE de José Díaz una importancia esencial. Él llegó a afirmar que no eran unas elecciones de carácter normal, en la que simplemente se ventilaran actas de diputados, sino que declaró que «nos jugamos toda una situación, nos jugamos todo un régimen». Gracias a esa concepción, y tras duras negociaciones, el PCE logró colocar en las listas del Frente Popular a muchos de sus dirigentes clave. José Díaz se presentó finalmente por Madrid, si bien imponiéndose a los dirigentes madrileños. Estos se negaban a una intervención en su circunscripción y querían que José Díaz se presentara por Sevilla. Madrid ya era así.

Tras las elecciones, el PCE obtuvo un total de diecisiete diputados y las izquierdas pasaron a controlar el Parlamento. Un notable crecimiento, dado que hasta entonces solo había un diputado. No obstante, José Díaz afirmó que ello no reflejaba ni la fuerza ni la influencia del partido en el país, y explicó que socialistas y comunistas habían hecho grandes sacrificios para sacar adelante el Frente Popular. El resto de la historia es bien conocido.

Este hecho histórico debería ser suficiente para que cierta izquierda comprenda que las siglas en las papeletas no son parte de la identidad. Como hemos explicado en este libro, todos los fenómenos sociales tienen una apariencia y una esencia. En el caso de la identidad, los símbolos son la parte de la apariencia mientras que las ideas y los programas son la esencia. Y cuando nos jugamos toda una vida, además de una memoria, conviene saber distinguir.

De ahí que la Unidad Popular, se llame así o tome la forma de convergencia o confluencia, sea en realidad el instrumento que queremos crear para poner en marcha lo que en este libro hemos llamado «proceso constituyente dirigido por el pueblo». Si somos inteligentes, si somos hábiles, ganaremos. Y si ganamos, estaremos más cerca de hacer realidad nuestra utopía.

Epílogo

REPENSAR LA IZQUIERDA

En estos años no nos jugamos las próximas elecciones sino las próximas generaciones. La razón está en que en este momento histórico se está definiendo un nuevo orden social para los países occidentales, y particularmente para aquellos situados geográfica y políticamente en el sur de Europa. Dicho de otra forma, está en marcha un proceso constituyente que se caracteriza por la adaptación de las instituciones jurídico-políticas a las cambiantes necesidades del capitalismo. Es en este contexto, y no en ningún otro, en el que se tendrá que mover la izquierda en los próximos años. Y, a mi juicio, convendría no perder de vista esta panorámica general para no errar en las necesarias reflexiones que devendrán en el futuro próximo.

Repensar la izquierda implica asumir que en sus actuales formas no es útil para el antiguo —pero actual y necesario— objetivo político de emancipación del ser humano. Estamos obligados, entonces, a explicar por qué esta izquierda no nos sirve y cuál sí nos sirve. No obstante, antes cabe señalar una precisión sobre el uso del término «izquierda».

Durante la campaña electoral de noviembre de 2011 mi discurso estuvo más basado en la confrontación entre el arriba y el abajo que entre la izquierda y la derecha. Eso es algo que sorprendió mucho en Izquierda Unida. Pero yo mismo había defendido que «el acierto del 15-M es hablar de propuestas concretas sin pasar por el filtro de si son de izquierdas o derechas» y que el movimiento había dado en la clave al «no hablar ni de izquierdas ni de derechas» si bien eso «no significa que en términos convencionales no sea de izquierdas». En consecuencia, para mí era evidente que «el debate tiene que ser entre los de arriba y los de abajo, [porque] eso la gente sí lo entiende».¹ Lo que estaba diciendo es que no importaba tanto el significante como el significado,² y que además el significante «izquierda» estaba muy connotado negativamente. La gente relacionaba los conceptos de izquierda y derecha con las dos caras del bipartidismo, de tal modo que referenciarse en una de ellas limitaba las posibilidades de atraer a potenciales votantes.

En cierta medida ello tiene que ver más con las características singulares del bipartidismo y de la evolución política en nuestro país que con comportamientos generales. La mayoría de quienes renuncian al concepto de izquierda en nuestro país no lo hacen porque hayan hecho una reflexión de filosofía política sobre la trayectoria del movimiento socialista y comunista. Más bien es un rechazo intuitivo a la parte externa, la imagen simbólica, del sistema político que se está deteriorando. Es la renuncia a usar las palabras que han dado sentido simbólico al sistema político que, ahora, aparece como responsable de la crisis y sus consecuencias.

La cuestión es que para mí no hay ningún problema en abandonar el significante «izquierda» si con ello atraemos a más gente al mismo mensaje político, es decir, al mismo significado. En definitiva, un desplazamiento de significantes, desde «izquierda» hacia «abajo» o hacia «el 99 %», otro de los lemas propios del movimiento Occupy Wall Street con resonancia también en España. No obstante, esta idea choca con las resistencias de quienes otorgan al significante «izquierda» también un componente emocional del que, naturalmente, no quieren desprenderse. De hecho, no pocas personas me vieron durante las elecciones generales como un cuerpo extraño que enturbiaba su cómoda coherencia simbólica como parte de la izquierda tradicional.

Puede comprenderse la reacción, pero esta carece de fundamento. Los conceptos políticos de izquierda y derecha emergieron durante la Revolución francesa de 1789 por la situación en la sala de cada grupo en la Asamblea Nacional, y desde luego no son términos precisos o con fronteras bien definidas.³ Es cierto que en determinados momentos históricos son significantes que nos pueden aclarar mejor la realidad y las disputas políticas, en la medida en que operan como resumen y simplificación de la complejidad política, pero aún así los significados son lo realmente importante. Es decir, lo que nos interesa es el contenido político —entendido como programa político, institucional y extrainstitucional— que da coherencia a una ideología o sistema de ideas, y no las formas simbólicas en las que se envuelve en un contexto histórico determinado.

Si, como pensamos algunos, los fenómenos sociales y políticos recientes encuentran una de sus explicaciones principales en la propia lógica del capitalismo, conviene entonces no quedar atrapados por el juego de significantes de «izquierda» y «derecha». Más bien interesa concentrarse en la división social que se produce en la estructura económica como consecuencia de esa dinámica capitalista, lo que quiere decir que el juego de significantes ha de ser otro. Y es obvio que tampoco la pareja de significantes «arriba» y «abajo» son un instrumento riguroso para analizar esos cambios en la estructura social, pero al menos ya plantea —aunque sea intuitivamente— la existencia de una división social o, incluso, entre clases.⁴ Es decir, paradójicamente el juego «arriba» y «abajo» se aproxima más y mejor a la tradición de la economía política que el juego de «izquierda» y «derecha», en tanto que el primero obedece actualmente a una determinada posición en la estructura social y el segundo a un aspecto cultural y de valores.

Así, cuando aquí hablamos de «izquierda» lo hacemos para referirnos a su significado, es decir, el movimiento social y político que aspira a la emancipación del ser humano con respecto a todos los tipos de dominación que existen en nuestras sociedades actuales. Es lo que nos importa, lo que nos preocupa.

Y esta izquierda ha sido responsable de históricas victorias para el conjunto de la humanidad. Entre ellas podemos incluir los avances democráticos —como el sufragio universal— y la propia construcción del Estado social en las sociedades occidentales. Ninguna de ellas hubiera sido posible sin el empuje del movimiento obrero. Pero también es importante considerar como victorias de la izquierda los procesos de descolonización, y de respeto al derecho de autodeterminación, así como los avances en derechos civiles, tales como el fin de la segregación por sexos o etnias o la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo.

Sin embargo, al mismo tiempo la izquierda viene de una profunda derrota. La caída del muro de Berlín, en 1989, y la disolución de la Unión Soviética, en 1991, fueron hitos que marcaron un punto de inflexión para la izquierda de todo el mundo. Y no solo para la izquierda comunista, sino también para la socialdemocracia que sabía que gran parte de las conquistas sociales, incluido el Estado social, habían sido posibles en parte gracias al contrapeso que ejercía la Unión Soviética y el llamado socialismo real. Al fin y al cabo, aquellas conquistas fueron arrancadas a un poder económico y a unas élites que temían a la revolución obrera por encima de cualquier otra cosa.

Sin duda estos acontecimientos supusieron un cambio radical para la izquierda, y desde entonces puede decirse que la izquierda ha estado despistada, es decir, carente de pistas e indicaciones sobre el camino a seguir. Hay que entender que la izquierda es hija directa de la modernidad, y que ella misma asumió la fe en el progreso prácticamente como una ley universal. La propia teoría marxista se anclaba en el materialismo histórico, es decir, en una interpretación de los procesos políticos que era, en esencia, de carácter lineal y progresiva. El mundo avanzaría implacablemente hacia etapas de mayor desarrollo y libertad, aunque fuera con fuertes convulsiones. El socialismo, tarde o temprano, devendría como etapa superadora del capitalismo.

Esa fe en el progreso se resquebrajó con la propia modernidad, con las dos guerras mundiales y con la caída del llamado socialismo real. No parecía, entonces, ni que la tecnología fuera nuestra liberadora como especie —puesto que tecnología también era la bomba nuclear y los mecanismos de control social del totalitarismo— ni que el comunismo fuese un paso necesario en la historia de la humanidad. Era la ruptura de los grandes relatos y lo que, en definitiva, se convino en llamar la época de la posmodernidad.

Sin embargo, considero que la izquierda necesita repensarse para encontrar su propio relato, su propia narración que explique por qué algo llamado izquierda es necesario hoy en día, en un mundo muy diferente al de finales del siglo XVIII o de principios del siglo XX; un mundo, el nuestro, en el que la globalización y las nuevas tecnologías han modificado el marco en el que se realiza la política.

Hemos visto durante todo el libro que bajo el sistema capitalista siempre hay una disociación entre la racionalidad del mercado y la racionalidad política, es decir, entre la economía y la política, o entre el poder y el Gobierno. Las políticas neoliberales de las últimas décadas han ampliado esa brecha, de tal forma que la política ha quedado ampliamente subordinada a la lógica de mercado. La consecuencia es que el mercado enmarca lo posible en política, define los límites del llamado pragmatismo. Pero eso no es una inevitabilidad histórica, sino una consecuencia lógica del desarrollo del capitalismo.

Además, la globalización ha permitido, con la ayuda de las nuevas tecnologías, crear un tablero de juego en el que el capital puede, en tiempo real, valorizarse en cualquier parte del mundo a través de la especulación financiera. Impera el ciclo corto del capital (D-D’) y a él, y a su lógica, queda subordinado todo lo demás, incluida la política. Naturalmente ello conlleva el riesgo —y su materialización en el tiempo— de enormes crisis financieras, además de otros efectos.

Estos dos elementos, el dominio de la valorización corta del capital y la disociación entre Gobierno y poder, son el contexto concreto de nuestra época actual. Aquí es donde nos encontramos. Y desde donde ha de pensarse y repensarse la izquierda.

Eso significa que el capitalismo, en su desarrollo como sistema-mundo, encuentra obstáculos en todas aquellas esferas en las que existan impedimentos a la valorización del capital. Por ejemplo, el Estado social. Esto quiere decir que el Estado social —y en realidad todas las conquistas del movimiento obrero, como la propia democracia y muy especialmente el derecho del trabajo— son obstáculos a superar por parte de la racionalidad de mercado. De ahí que las políticas neoliberales estén centradas no en disminuir el peso del Estado —esa tesis es falsa—, sino en desmantelar las conquistas obreras y las instituciones políticas que pudieran obstaculizar la valorización. Siempre en aras, como comprobamos en los discursos oficiales, de mantras como la competitividad, que no es otra cosa que la participación eficiente en la lucha por valorizar el capital en el mercado.

Lógicamente esto es una grave crisis de la democracia, porque queda ampliamente deslegitimada. Al fin y al cabo, la gente empieza a ver al rey desnudo; empieza a ver, y a entenderlo intuitivamente, que los mercados —la lógica de la valorización— dominan a la política —la lógica democrática— y que eso convierte a los parlamentos y sus instituciones en teatros de sombras. No desprovistos de funciones —de nuevo, tesis falsa— sino en meros gestores de un marco definido por arriba.

Se tiende a decir, en el marco europeo, que Bruselas —donde se encuentran físicamente las principales instituciones europeas— es la que exige a los países. Pero en realidad no es Bruselas la que ejerce la presión. Bruselas es el espacio geográfico donde se reúnen los representantes y miembros de la oligarquía, y donde se decide el cambio institucional necesario en los países para que la lógica de mercado no encuentre obstáculos. Allí se deciden los ajustes y allí se decide la forma concreta del proceso constituyente en cada país, es decir, la adaptación de las instituciones a las necesidades del capitalismo. Pero la presión es de la propia lógica del sistema, de su dinámica.

Y la única forma de enfrentarlo es con una correlación de fuerzas favorable. Pero no con una correlación de fuerzas política, o no solo, sino con una correlación de fuerzas económica. Si uno tiene el control de un país con fortaleza productiva y con cierta autonomía, entonces tiene un amplio margen de maniobra. Una de las claves fundamentales de la Venezuela de Chávez —probablemente la mayor— fue el petróleo; y de Cuba, la compra de azúcar por parte de la URSS, a precios muy por encima del precio de mercado. Es decir, si una opción política es capaz de imponer la racionalidad política por encima de la racionalidad de mercado, entonces tendrá margen para actuar. Pero eso no se consigue con una declaración, por muy radical y ortodoxa que sea, sino con una estructura económica que sostenga esa posibilidad. Dicho de otra forma, para estos análisis hay que centrarse en la estructura económica y no tanto en los aspectos de la supraestructura.

Y nuestro país, como Grecia o Portugal, ha tenido una inserción en la Unión Europea que ha definido un creciente proceso de dependencia económica con respecto a centros económicos en el extranjero. Ninguno de los países del sur —con excepción parcial del norte de Italia— tiene una estructura económica capaz de servir como motor de un crecimiento autocentrado. De hecho, todas las economías tienen tendencias hacia el déficit por cuenta corriente, lo que implica una dependencia brutal de las importaciones y de la financiación exterior. Dicho de otra forma, para mantener nuestro nivel de vida, nuestra economía depende directamente del consumo de bienes extranjeros y de la financiación exterior. Los procesos neoliberales de desindustrialización acometidos en las últimas décadas solo han empeorado esa situación, convirtiéndonos en una economía muy dependiente. Tenemos, con un análisis más concreto, algunas ventajas comparativas en determinados ámbitos. Pero la desgracia es que la mayoría de ellos no es de alto valor añadido.

Así que lo que técnicamente necesitamos es un proceso de reindustrialización y de fortalecimiento de nuestra economía en términos de mayor inserción tecnológica. Políticamente eso no puede realizarse, de ningún modo, en la actual Unión Europea con sus tratados instituyentes neoliberales. No hay posibilidad.

Las opciones son tres. En primer lugar, la salida del euro. Frente a lo que algunas tesis defienden, no supone la recuperación de la soberanía. ¿Acaso España era soberana con la peseta? Esa medida, de implicaciones inmediatas, sí supone la recuperación de la política monetaria y de sus instrumentos. Pero no modifica la estructura económica, con lo que habría que financiar las importaciones con una nueva moneda, más devaluada. Lo probable es el ajuste brutal —bajadas espectaculares de salarios y pérdida muy considerable del nivel de vida material— y, en todo caso, la esperanza de recuperarse en una década a partir de una concepción casi estajanovista del trabajo. Personalmente considero que la frustración que acompañaría sería difícilmente gestionable por la izquierda, pero mucho más fácil por la derecha y sus tesis populistas.

En segundo lugar, una alianza europea sur-sur. Se trataría de avanzar en la configuración de un nuevo sistema de integración regional, a partir de otras bases; no neoliberales, sino de solidaridad interregional. Algo así como un ALBA europeo. De momento solo el Gobierno de Grecia podría estar en una disposición ideológica para iniciar ese camino. España, Portugal e Italia están lejos de ese momento. A mi juicio, es la salida adecuada.

En tercer lugar, utilizar la presión política para doblegar las instituciones europeas desde dentro. Aquí la presión política depende de la capacidad económica de cada país. España representa el 11 %-12 % del PIB de la zona euro, mientras que Grecia no llega al 2%. La capacidad —que siempre es de chantaje— es mayor en nuestro país.

Pero, además, la cuestión es: ¿quién será el sujeto político que empuje hacia esos cambios? Evidentemente es importante definir los sujetos. El marxismo siempre habló del proletariado como el sujeto histórico destinado a hacer la revolución y a traer la sociedad sin clases. Sin embargo, en nuestras sociedades actuales la estructura social se ha complejizado de tal forma que, en realidad, es difícil establecer simplificaciones dicotómicas. Además, los procesos de desindustrialización han golpeado con dureza al proletariado, y se ha reducido tanto su fuerza cuantitativa como su fuerza cualitativa. Entonces, ¿quiénes somos el nosotros? ¿Somos la gente, los ciudadanos, los trabajadores, los comunistas? Y ahí es donde quiero dejar clara una cuestión.

El marxismo es una herramienta de análisis que nos permite entender cómo funciona nuestro sistema económico, y ha de servirnos muy especialmente para que en cada momento concreto entendamos cómo es la estructura social y de clase de un país. Ahora bien, muchas críticas a aquellos que buscan dicotomías distintas a la de capitalistas y trabajadores provienen de un marxismo fosilizado y melancólico —en el sentido freudiano—, incapaz de entender qué han perdido en los últimos años. Es ese marxismo del que Marx renunció —cuando dijo «Yo no soy marxista»—, porque es dogma, es catecismo. A esa interpretación yo no le presto ni un segundo de atención.

Es como cuando se critica el uso del concepto «ciudadano» y se defiende el uso alternativo de, por ejemplo, «clase obrera». O cuando se critica el concepto «abajo» por no usar «izquierda». ¿Se critica porque hay un debate teórico de fondo o porque hay un problema de identidad? ¿Le importa a un desempleado de larga duración este debate o por el contrario prefiere morir de hambre a ser llamado «ciudadano de abajo»? Eso es lo que le pasa al marxismo fosilizado, que tiene un problema de identidad y se convierte en parodia de sí mismo. En realidad, no solo es que el marxismo y el socialismo sean herederos de la Ilustración, que creía en la creación de ciudadanos. O que el significante «abajo» defina una fractura social, una división económica en el seno de la sociedad, que el significante «izquierda» no. Es peor, es que convertir los debates teóricos —sobre la clase social— en un problema semántico es pura pobreza intelectual.

Respondamos, pues, ¿quiénes somos nosotros? Lo que necesitamos es definir cuáles son las clases sociales que están en el conflicto y cómo se establecen las alianzas en torno a un proyecto político de emancipación. El mundo real no está separado entre capitalistas y trabajadores; esa dicotomía nos sirve para entender la lógica de la producción bajo el capitalismo, pero es una abstracción. A nivel concreto, como aparece descrito en el 18 Brumario, las fracciones de clase y las posiciones de clase complejizan la realidad. Yo no le veo utilidad a un marxismo esquemático y reduccionista en cuya defensa la gente se siente cómoda pero que no sirve para describir la realidad; yo quiero un marxismo crítico, como el de Marx, que sea útil para entender nuestro mundo, y para poder transformarlo.

Así pues, entendamos que la categoría «pueblo» puede englobar a diferentes fracciones y posiciones de clase que se alían en función de sus intereses en un determinado momento histórico. Y si tenemos claro que la dinámica del capitalismo aspira a arrasar las conquistas sociales del movimiento obrero, es decir, la sanidad, la educación y las pensiones públicas, entonces hay que ver cómo nos organizamos tácticamente para defender esas conquistas y empezar a construir la alternativa. No es, insisto, un debate sobre la superestructura (partidos e instituciones) sino sobre la estructura (condiciones materiales de vida). Un ejemplo sirve. Cuando paramos desahucios, no preguntamos a quienes nos acompañan si se sienten ciudadanos, de izquierdas, de abajo, socialistas o anarquistas; sabemos que en el conflicto hay heterogeneidad desde lo subjetivo, pero nos concentramos en las condiciones objetivas. Esa es, a mi juicio, la filosofía. Y es, por cierto, lo que hizo que el PCE de mediados de la década de 1930 decidiera —a instancia de la Internacional— la conformación de los frentes antifascistas (en ese caso incluso interclasistas).

A lo largo de todo el libro hemos visto muchos de estos debates, acompañados de los fenómenos sociales y políticos de los últimos años. Sin duda estas reflexiones deben continuar. Más allá de diciembre habrá que repensar la izquierda y sus instituciones en nuestro país. En el caso de Izquierda Unida este debate no es nuevo, pues ya en 2009 se estableció la necesidad de refundarse. Aunque no se hiciera. Necesitamos instrumentos políticos al servicio de las clases populares, y ahora mismo la propia gente es la que está diciéndonos que las formas actuales de IU son claramente insuficientes. Pues el objetivo del PCE y de IU es transformar la sociedad, cambiar el mundo, no aspirar a porcentajes electorales minoritarios.

¿Y con qué bases teóricas? Dice Fredric Jameson que hoy es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Probablemente refleja con acierto el imaginario social actual. Yo creo que nuestro reto principal es conseguir elaborar una nueva visión en la izquierda; una nueva cosmovisión que entienda la necesidad de superar un sistema económico criminal y en un contexto caracterizado por un sistema que ha llevado hasta el límite la lógica mercantilizadora; un sistema que más que posmoderno es hipermoderno.

Es verdad que ese repensar de la izquierda requiere abandonar la fe en el progreso lineal, así como hacerse consciente de que muchas de las tecnologías que venían a ayudarnos se han convertido en nuestras amenazas a escala planetaria, y que nos han llevado a una sociedad de riesgos, en expresión de Ulrich Beck. Pero también creo en la necesidad de recuperar los valores iluministas de la modernidad, para huir de la ignorancia, de la falsedad y de la demagogia. Pues es verdad que la modernidad tiene su cara oscura, pero también es la madre de la democracia, el Estado social, los derechos humanos y los avances sanitarios. Así, la respuesta de la izquierda no es el populismo y la desconfianza en las masas; la respuesta es el marxismo crítico sin dogmas ni catecismos, y un horizonte socialista-republicano.

Apéndice

PARA QUÉ SIRVE LA ECONOMÍA

La XI tesis de Marx sobre Feuerbach dice que «los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo». Desde luego se trata de toda una declaración de intenciones. Pero ¿y si no solo habláramos de filósofos? Es decir, ¿por qué no habrían de dedicarse también los informáticos o los arquitectos al propósito de transformar el mundo?

Esas dudas me asaltaban cuando reflexionaba, a comienzos de la década pasada, sobre qué carrera universitaria quería hacer. Yo había terminado el bachiller de ciencias puras, con asignaturas como matemáticas y física, y ante mí se abría un dilema esencial. Qué estudiar, en qué trabajar en el futuro. Por un lado me apasionaba la informática, y ya en la adolescencia me había convencido de que era el mundo al que estaba predestinado. Desde muy joven aprendí a programar y a manejarme en los múltiples idiomas de la informática; fui uno de los primeros de mi generación en tener acceso a internet y en navegar por esos picados mares. Pero por otro lado quería cambiar el mundo, para lo cual había primero que entenderlo. Quería entender por qué sucedían las cosas, por qué las injusticias quedaban impunes y por qué problemas tan graves como la pobreza no eran resueltos a pesar del avance tecnológico. Si podíamos hacer tantas maravillas con las nuevas tecnologías, si ya se hablaba incluso de la inteligencia artificial, ¿cómo era posible que existieran tantas privaciones para tanta gente? Por esas razones la otra opción que barajaba era estudiar historia o filosofía. Ambas eran carreras que me atraían porque enseñaban no solo parte de la pregunta sobre el quiénes somos sino que también enseñaban a pensar. Y eso me parecía muy estimulante.

Sin embargo, una dosis de realismo me azotó en medio de las reflexiones. Estudiar historia o filosofía proporciona unos conocimientos fundamentales sobre el mundo, pero al mismo tiempo esos mismos conocimientos no son garantía para conquistar un futuro laboral. En terminología mercantilista, no eran opciones rentables. Y es que quien estudiaba esas carreras acababa trabajando de otra cosa o directamente en el paro. Odiaba pensar así, pero el pragmatismo habría de imponerse de alguna forma, pues tarde o temprano tendría que trabajar para vivir y convenía tomar buenas decisiones. Una cosa estaba clara, en mi familia de clase trabajadora no podía concebir el estudiar eternamente.

Así que intenté encontrar el equilibrio, una síntesis. Y entonces dos nuevas opciones cobraron fuerza. En primer lugar, ciencias del trabajo. Quien estudia esa carrera se forma para defender a los trabajadores y trabajadoras en los conflictos laborales, y eso era algo que me atraía ideológicamente. En segundo lugar, ciencias económicas. Era aquí donde se podría estudiar, pensaba yo entonces, cómo funciona el mundo para poder transformarlo al mismo tiempo que te permitía obtener un título con el que sí se accedía a diversos puestos de trabajo. Parecía una opción ideal, dadas las circunstancias. Así fue.

Cuando entré en la facultad de Económicas tenía la ambición de quien quiere aprender cómo funciona el mundo. Estaba convencido, ingenuo de mí, de que a lo largo de los años en los que estudiaría las asignaturas de la carrera iría aprendiendo las claves de por qué el mundo es como es. Pensaba, en el fondo, que eso era lo que se hacía en la universidad. Y más aún, suponía, en un mundo como el de la economía. Pero pronto aquellas ideas con las que entré en la facultad se empezaron a desvanecer. Las asignaturas de matemáticas, contabilidad y estadística no me preocupaban; eran cuestiones esencialmente técnicas que no arrojaban luz sobre cómo funcionaba el mundo pero no eran demasiado complicadas. El problema llegaba más bien por las ausencias. No había asignaturas que nos ofrecieran respuestas, y las asignaturas llamadas microeconomía y macroeconomía consistían en investigar mundos fantásticos que poca o ninguna relación guardaban con el mundo real.

En una de las sesiones introductorias de la carrera escuché por primera vez la definición ortodoxa de qué era eso que llamábamos economía. Según esta interpretación, que se debe al economista Lionel Robbins, la ciencia económica estudia «el comportamiento humano en cuanto a relación entre los fines y los medios escasos susceptibles de usos alternativos». Pero esa definición es tan abstracta que podría servir también para definir la tarea cotidiana de preparar una maleta. ¿Y acaso podríamos decir que preparar una maleta es hacer economía?

Es evidente que si tenemos unos determinados medios y queremos alcanzar unos fines, tenemos por delante un ejercicio de racionalidad. Aunque sin duda eso también lo podría resolver un ordenador si está bien programado. Pero ¿quién nos responde sobre por qué existen determinados medios y por qué se establecen determinados fines? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se conforman las preferencias de las personas? Son todas estas preguntas que, parece, quedan al margen de la actividad del economista convencional.

Pero había aún algo más llamativo. La visión de los jóvenes estudiantes era idéntica a la del sentido común de la sociedad en su pensamiento sobre el papel de los economistas. Es decir, ellos pensaban que como economistas trabajarían para resolver problemas en los que cuando hay pocos recursos hay que saber destinarlos adecuadamente. Eso nos lleva a una interpretación de la economía que ya hemos criticado, la de los economistas-técnicos. Pero ¿es la economía una suerte de programación matemática para asignar recursos escasos o es algo más?

EL ORIGEN DE LA ECONOMÍA

Lo que hoy llamamos vulgarmente economía hace referencia a un campo de pensamiento bastante reciente. La economía tal y como la conocemos en la actualidad no ha existido siempre. De hecho, la palabra «economía» se refirió hasta el siglo XVI únicamente al conjunto de normas para el buen orden de la casa (del griego oïkos nomia, que significa ‘regla de gestión de la casa’). Para Aristóteles, que marcó en gran medida esa visión, la economía era simplemente la producción material vinculada a las necesidades de las familias, mientras que los intercambios monetarios eran parte de lo que él llamaba la crematística.

Hasta bien entrado el siglo XVIII las actividades de producción, distribución y consumo estaban estrechamente imbricadas en el orden social y natural en el que se insertaban. La concepción que existía en las mentes de las gentes, y en todas las civilizaciones, era que existía un orden cósmico y también orgánico. Es decir, el mundo era como una gran entidad biológica. Todo estaba interrelacionado y se podía explicar en términos de un gran creador o del papel de los dioses. Sin embargo, llega un momento en el que la impronta organicista es sustituida por lo que podríamos llamar impronta mecanicista. Los avances científicos habían ido desplazando a dios y en su lugar colocaban la fe en la ciencia. La ciencia sería capaz de garantizarnos un progreso continuado, en la línea de una evolución permanente, así como iluminar todas nuestras dudas sin recurrir a ningún dios. Gracias a esa concepción, nacería la ciencia económica. Si el movimiento de los planetas, la ley de la gravedad o incluso la evolución de las especies podían explicarse de acuerdo a unas leyes y normas propias de cada ámbito, la ciencia económica debía poder existir para explicar todo lo relacionado con la producción, la distribución y el consumo.

Un ejemplo puede ser relevante para responder a esta pregunta. Cuando miramos hacia atrás, retrocediendo en la historia unos miles de años, vemos sociedades que no disfrutan del avance tecnológico que nosotros tenemos actualmente. Son sociedades a las que por mucho tiempo las hemos llamado sociedades primitivas, revelando de esa forma la concepción que nosotros teníamos de ellas. Eran sociedades atrasadas.

Sin embargo, los estudios antropológicos han demostrado que esas sociedades eran en realidad sociedades de abundancia. Suena extraño y contraintuitivo, desde luego. Pero lo cierto es que lo escaso o lo abundante no es un concepto absoluto, sino que depende de los fines que una sociedad haya establecido previamente. Y lo que ocurre es que muchas de esas sociedades primitivas ponían lo económico al servicio de fines distintos a los de ahora. Por ejemplo, «cuando su vida se hacía más fácil, la gente no iba tras la adquisición abstracta: simplemente trabajaba menos. Y cuando la naturaleza les favorecía, con frecuencia permanecían en el estado idílico de los polinesios o de los griegos homéricos, entregando al arte, al rito y al sexo lo mejor de sus energías».¹

Eso no quiere decir que aquellas sociedades no tuvieran privaciones, pues en aquellos tiempos, por ejemplo, era normal morir víctima de enfermedades que hoy tienen fácil curación. Lo que sí ilustra es que aquellas sociedades otorgaban a la tecnología un papel distinto al que hoy le solemos conceder.² Y cuando, por azar o por ingenio, una persona inventaba algún procedimiento o máquina con la que producir más cantidad en el mismo tiempo —lo que hoy llamamos incrementar la productividad—, ellos optaban por aprovechar esa circunstancia y trabajar menos. Y esto es una cuestión económica central. Probablemente la más importante.

Y es que estamos ante un dilema económico que afecta directamente al modo de vida de las personas que conforman una sociedad. Vamos a verlo con más claridad con un ejemplo. Imaginemos que una determina sociedad se alimenta de trigo y que en un determinado momento histórico se tienen todas las demandas alimentarias satisfechas, es decir, que todos pueden comer sin problemas. Ahora bien, un buen día un campesino cualquiera inventa una máquina que permite recoger más trigo en menos tiempo. Entonces ese campesino, y por extensión toda la sociedad, tiene que elegir entre o bien trabajar el mismo tiempo y producir más trigo o bien producir la misma cantidad trabajando menos tiempo. Si esa sociedad tomara las decisiones en asamblea, y el lector fuera un participante más, ¿qué posición sería la más correcta? ¿Qué haría el lector de este libro?

Hay otra forma posible de preguntarlo. En nuestra sociedad moderna hay millones de personas pobres, con privaciones y carencias fundamentales. Esa pobreza, sin embargo, convive con una riqueza descomunal y con un potencial tecnológico que haría las delicias de quienes imaginaban mundos futurísticos hace un par de siglos. Dicho de otra forma, hoy tenemos las capacidades técnicas suficientes para que nadie sufra esas privaciones. Y esa era una de las preguntas que me motivó a estudiar ciencias económicas: ¿Por qué el ser humano tiene capacidad técnica para llegar a la Luna y no para saciar las necesidades básicas en la Tierra? ¿Se imagina el lector que el enorme potencial tecnológico de la actualidad se usase para trabajar menos y producir lo necesario para que nadie tuviera privaciones?

Keynes escribió en 1930 un artículo titulado «Economic Possibilities for our Grandchildren» en el que se felicitaba por el hecho de que la tecnología fuera a hacer mucho más fácil la vida de las siguientes generaciones. Él consideraba que como la tecnología lograba que se produjera más cantidad de productos en el mismo tiempo, ello iba a permitir a la gente trabajar menos para satisfacer sus necesidades. De hecho, Keynes estimó que en torno al 2030 solo se trabajaría unas tres horas al día mientras que el resto del tiempo se dedicaría a cultivar el espíritu. ¡Y eso que Keynes no vivió los increíbles avances tecnológicos producidos por la informática o la medicina!

Durante mucho tiempo ese tipo de predicciones tuvieron gran seguimiento. Era el tiempo de las utopías, de la fe en el progreso tanto científico como social. Ya a finales del siglo XIX el escritor William Morris había escrito su novela News from Nowhere en la que describía el mundo tal y como sería en 2102. El protagonista de la novela se duerme un día del siglo XIX y se despierta en pleno futuro del siglo XXII. Es entonces cuando empieza a conocer cómo es la sociedad, para comprobar que hay cierta vuelta a la naturaleza. La gente trabaja poco y de forma artesanal, los ríos están limpios y la sociedad se organiza comunalmente, como si hubieran triunfado las ideas del comunismo libertario. El mensaje es claro, como en tantas otras utopías propias de aquella época: ¡el futuro será liberador de la pesada carga del trabajo! ³

Hoy sabemos que todo eso no ha sido exactamente así. Pero es verdad que por un tiempo pareció que podía llegar a serlo. Las luchas obreras empujaron durante siglos a una progresiva, pero durísima, evolución en las condiciones laborales. Algunos hitos destacados sirven para comprobarlo. En 1802 en Gran Bretaña se logró que los niños trabajaran un máximo de doce horas al día. En 1819 se prohibió el trabajo para los niños menores de nueve años. En 1830 los trabajadores franceses reclamaron la reducción de la jornada a diez horas, y en 1847 se logró implantar ese derecho por primera vez. En 1886 en Chicago las manifestaciones por las ocho horas se saldaron con una durísima represión que causó muertos. El día 1 de mayo está reconocido internacionalmente como el día de la persona trabajadora porque se enmarca en las movilizaciones y huelgas que, como la de Chicago, a finales del siglo XIX exigían una jornada laboral de ocho horas. La reivindicación se basaba en una distribución equitativa del tiempo: ocho horas para dormir, ocho horas para la casa y ocho horas para trabajar. Muchas luchas, y muertes, costó conseguir que se aprobaran esas leyes, primero, y que se aplicasen después. En España las ocho horas llegaron en 1919. Mucho más tarde, en 1998, en Francia se aprobaron las treinta y cinco horas semanales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte todo parece retroceder. Y con ello la fe en el progreso social.

Recientemente el representante de las grandes empresas españolas hasta 2010 y ahora presidiario, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró que la fórmula para salir de la crisis era «trabajar más y cobrar menos». Incluso en Francia, en 2008, el gobierno publicitó el lema «trabajar más para ganar más». En esa línea, en septiembre de 2012 la troika propuso a Grecia ampliar la semana de trabajo a seis días y aumentar la jornada laboral.⁴ Y en todas partes los economistas convencionales y sus instituciones nacionales e internacionales recomiendan flexibilizar los horarios de trabajo. El fin parece ser que nos convirtamos en meros recursos al servicio de los caprichos del mercado.

Es evidente que, con todo, la predicción de Keynes fue errónea. Pero esta vez no por el fracaso propio de los métodos económicos. Al fin y al cabo lo que Keynes estaba haciendo era presuponer un comportamiento político, lo que él creía más razonable. Parece evidente que él, en aquella asamblea sobre la producción de trigo, hubiera optado por más tiempo de ocio y menos de trabajo. Porque ¿quién iba a querer más trigo si no hacía falta?

Esta cuestión, y nunca insistiremos lo suficiente, debería ser la pregunta central de la ciencia económica. Y decimos que debería ser porque, como ya hemos apuntado, a día de hoy no es motivo de estudio en las facultades de Economía y ni siquiera es percibida como algo importante por los economistas. Economistas, la mayoría, formados con unas teorías incapaces de entender el mundo real y, por lo tanto, incapaces de responder a preguntas clave sobre nuestra forma de vivir.

Pero al calor de aquella predicción de Keynes, Robert Skidelsky y Edward Skidelsky se hacen la siguiente pregunta, también muy expresiva, en su libro:⁵ ¿cuánto dinero necesitamos para una buena vida? Al fin y al cabo, explican, hacer dinero no puede ser un fin en sí mismo salvo que suframos un desorden mental agudo. Lo que ocurre es que quizás lo que sucede es que es nuestro sistema el que sufre un desorden mental agudo.

SL SISTEMA CAPITALISTA

Pero ¿y si la elección del campesino no fuese posible? ¿Y si la sociedad estuviera obligada a tomar una decisión, es decir, «la decisión»? ¿Y si la decisión, obligatoria ya, fuera seguir acumulando más y más trigo? En cierta medida, eso es lo que ocurre en la actualidad. El sistema económico en el que vivimos desde hace unos pocos siglos, llamado capitalismo, neutraliza la elección que hemos estado valorando y nos obliga a tomar la decisión. Es decir, nos deja sin elección.

Fue Adam Smith quien en sus análisis sobre el funcionamiento de la economía capitalista silenció la posibilidad de aprovechar la tecnología para trabajar menos. La preocupación principal del autor escocés era encontrar la mejor fórmula para acrecentar las riquezas de una economía. Y todo debía subordinarse a ese objetivo. Así que los desarrollos tecnológicos, fueran máquinas o nuevos procedimientos de organización de la producción, debían servir para acumular más y más cantidad de producto. Si se producía un invento nuevo, debía utilizarse sí o sí para producir más y más. Simple. La principal cuestión económica, tal y como la hemos descrito, quedaba así neutralizada y respondida de antemano.

No fue solo Adam Smith, desde luego. Y tampoco llegó a esa conclusión porque fuera un avaricioso. En realidad aquella era la preocupación de todos los economistas clásicos, es decir, de todos los economistas que desde finales del siglo XVIII tomaron la acumulación de capital como centro de sus investigaciones. Ellos detectaron que el incipiente sistema capitalista avanzaba y se desarrollaba gracias a que parte de lo acumulado se destinaba a la inversión. Y esa inversión era, a su vez, la puerta de acceso a nuevas formas de producir más eficientemente. En nuestro ejemplo anterior sería como si el trigo acumulado se utilizara para venderlo y con los beneficios se compraran nuevas máquinas para producir más trigo aún. Y así giraba la rueda, acumulando e invirtiendo una y otra vez. Mientras, por el camino iban surgiendo avances técnicos que permitían incrementar el bienestar material de la sociedad. Gracias a esa rueda surgieron, por ejemplo, la máquina de vapor, el ferrocarril, los coches, las lavadoras y los electrodomésticos en general, pero también los avances en medicina y otras ciencias a las que empujaba la investigación.

Ese es uno de los principios básicos del sistema en el que vivimos, el capitalismo. De ahí que la preocupación de los economistas clásicos fuese la acumulación de capital, que hoy solemos llamar crecimiento económico. Si una sociedad produce más de lo que necesita y utiliza ese excedente para venderlo, se encuentra con un dinero que puede invertir en mejorar su capacidad de producir. Ahora bien, en términos históricos no siempre existieron mercados en los que vender lo acumulado. Efectivamente, el capitalismo no existe desde siempre, sino que fue desarrollándose de forma lenta, abriendo mercados poco a poco. Algunos autores, como Immanuel Wallerstein, sitúan esos comienzos a mediados del siglo XV.

Al fin y al cabo el capitalismo es un sistema histórico social, es decir, un sistema que existe desde hace poco tiempo, que tiene su propia lógica y que condiciona el comportamiento de las personas que viven bajo su paraguas. El capitalismo responde a la primera cuestión económica tal y como hemos visto, esto es, promoviendo la acumulación. Todo está al servicio de la acumulación. Marx lo resumió irónicamente al grito de «¡Acumulad, acumulad! Esto es Moisés y sus profetas». Eso sí, emerge una pregunta inmediata, a saber, ¿qué es lo que empuja a los capitalistas a acumular más y más? Dos son las respuestas básicas: los beneficios y la competencia.

Imagine el lector que tiene una gran idea y que saca unos ahorrillos del bolsillo para ponerlo en marcha. De esa forma se convierte en un capitalista, pues ha creado una empresa con una inversión determinada de dinero. El contexto es el actual, con un capitalismo ya desarrollado y con mercados para comprar trabajadores, maquinaria, productos de consumo y también tiene mercados para vender lo que quiera producir. Está todo disponible. Así que el lector, que es ahora empresario, invierte cien mil euros en producir algo que cree que la gente está demandando y que por lo tanto va a comprar. Pongamos que se trata de un nuevo producto tecnológico, el iLector. Al cabo de un año, por ejemplo, se ha comprobado que el iLector está siendo un fenómeno de masas: todo el mundo quiere uno. Venta tras venta, finalmente ha ganado un millón de euros a partir de aquella inversión de cien mil euros. Parece sensato seguir produciendo, e incluso sería interesante producir más iLector. Así que el lector dedica una parte de los beneficios a poner en marcha otra vez la producción y con el resto de los beneficios se compra una casa en la Costa del Sol para darse una buena vida.

Ahora bien, muchos otros empresarios están atentos a los movimientos del lector. Si él ha triunfado, ¿por qué no imitarle? Así es como otras personas se convierten en empresarios y se montan su propia empresa para vender iLector. Ahora hay competencia y hay que disputarse el mercado. Y tendremos que demostrar que nuestro iLector es mejor que el de la competencia. Con la presión de la competencia estamos obligados a dedicar más parte de los beneficios a la reinversión, para que nos permita hacer el producto más atractivo para los compradores. Ahora en vez de darnos el lujito de otra casa en la Costa del Sol tendremos que invertir ese dinero en investigar alguna nueva funcionalidad que haga que los compradores quieran nuestro iLector y no el de la competencia. Así es como, sin darnos cuenta, la acumulación se ha convertido en la única forma de sobrevivir en el sector. Porque si no lo hacemos nosotros la gente va a querer el iLector de la competencia y nuestra empresa va a quebrar.

El ejemplo sirve para ilustrar el efecto de la competencia pero también que los beneficios atraen al capital, a las inversiones, como la miel a las moscas. Allí donde hay posibilidades de negocio hay empresarios que quieren explotar esa posibilidad. Y, de forma inversa, si no hay posibilidades de hacer beneficios nadie va a invertir.

Quizás el lector se pregunta que qué tiene que ver todo esto con nuestro mundo. En realidad, todo. Insistimos, allí donde hay oportunidades de beneficio, de ganancia, hay atracción del capital. Si uno encuentra un barrio muy poblado que carece de una peluquería, de un bar o de un supermercado es probable que el capital se sienta atraído y que alguien quiera montar allí esos negocios. La clave es que no se monta la peluquería o el bar porque sea necesario socialmente, sino porque da beneficios. Esto es más fácil verlo en el sector de la salud. En nuestro mundo, por ejemplo, las personas demandan productos de cosmética. Las arrugas, la calvicie o el exceso de grasa suelen ser fenómenos que la gente quiere evitar y para ello demanda soluciones médicas. Así que las farmacéuticas ven el negocio potencial e invierten en buscar esas soluciones. De hecho, invierten miles de millones de euros. Y son negocios muy rentables. Sin embargo, otras veces no resulta rentable, por ejemplo cuando los enfermos de malaria en África no tienen dinero para comprar productos aunque los necesiten con mucha más urgencia. En ese caso ninguna empresa farmacéutica está dispuesta a invertir para perder el dinero. Es fácil ver, con este ejemplo, que el capital se ve atraído por los beneficios esperados y no por los lugares donde es socialmente necesario invertir.

Así, lo que tenemos es un sistema que se basa en la búsqueda incesante de beneficios, y que empujado también por la competencia promueve una continua acumulación de capital y crecimiento económico. Y todo cae dentro del sistema, absorbido para subordinarse a esos objetivos. Y cuando decimos todo nos estamos refiriendo a todo, a recursos naturales, personas, valores, principios, e incluso la imagen misma.

Estamos diciendo que el sistema, en su búsqueda de beneficios en todas partes, tiende a mercantilizarlo todo, es decir, que todo tiende a tener un precio y a ser comprado y vendido. A crear mercados. Y esta conclusión va a ser fundamental no solo para entender el mundo en que vivimos, sino para entender muchas de las transformaciones recientes del ámbito político. ¿Acaso no se comporta la política ya como si todo, incluyendo candidatos y votos, tuvieran un precio y unos compradores potenciales?

El caso es que bajo nuestro sistema capitalista todo es susceptible de ser utilizado para que la rueda siga girando. También nosotros, los seres humanos, que acabamos siendo como hámsters que corren en una rueda para correr más deprisa. Nadie sabe bien hacia dónde vamos, si es que vamos a algún sitio, pero todos corremos porque es nuestra función dentro del sistema.

Antes hemos dicho que dos son los motores que hacen que este sistema funcione correctamente. En primer lugar, la búsqueda incesante de beneficio. Y, en segundo lugar, la competencia. Efectivamente, ambos fenómenos actúan como palancas de la transformación permanente del capitalismo. Y como el capitalismo avanza mercantilizándolo todo, pues cada vez más espacios de la vida social se rigen por estos dos fenómenos.

Los seres humanos no nacimos para ser comprados y vendidos en un mercado, de ahí que podamos ser considerados como mercancías ficticias. Pero en la actualidad tenemos un mercado para vendernos, y le llamamos mercado de trabajo. Y ahí competimos entre nosotros para acceder al mejor puesto de trabajo y al mejor remunerado, todo lo cual nos obliga a tomar decisiones para mejorar nuestra cualificación, nuestra presencia, nuestras aptitudes, nuestras actitudes, etc.

Otro ejemplo claro es el conocimiento, que cada vez está más mercantilizado. Ya vimos más arriba que yo mismo escogí la carrera teniendo presente el horizonte de competición y rentabilidad, pero ¿quién decide qué carreras se pueden estudiar o no? Cada vez esas decisiones corresponden en gran medida al llamado mercado, es decir, al criterio de la rentabilidad. Si una empresa financia un máster, y lógicamente solo lo hará si espera algo a cambio, entonces se dice que el mercado considera rentable estudiar ese máster. Pero ¿quién va a financiar los estudios sobre de dónde procede el ser humano u otras investigaciones que no tienen visos de ser rentabilizadas por el mercado a pesar de ser útiles socialmente?

Quizás convenga incluso hacer una pregunta más general, como ¿qué consecuencias puede tener todo ello para la vida política, para la vida en sociedad? Para el filósofo Michael Sandel, «poner un precio a las cosas buenas de la vida puede corromperlas».⁶ Y no se trata solamente de un enfoque meramente moralista.

Estamos hablando de que las necesidades del capital para encontrar espacios de ganancia no tienen límites, y que pueden surgir incluso empresas dedicadas a la compra-venta de órganos humanos. Al fin y al cabo, «si alguien está dispuesto a pagar por sexo o un riñón, y un adulto consiente en vendérselo, la única pregunta que el economista hace es ¿cuánto? Los mercados no reprueban nada».⁷ Pero ¿es aceptable una sociedad que mercantilice el agua? ¿Y el aire? ¿Y un riñón? ¿Y el voto? ¿Y la condición de ciudadano?

Al fin y al cabo, y como indica la filósofa Debra Satz, «ciertamente algunos de los mercados que nos parecen nocivos lo hacen a causa de sus orígenes en la miseria y desesperación».⁸ Determinados bienes potenciales (como el cuerpo propio) son comercializados solo en la medida en que el propietario se ve obligado a ello por causa de su pobreza. Y entonces emerge la necesidad de resolver el problema de raíz, es decir, acabando con la pobreza que causa ese tipo de comportamientos.

Pero cuando el pensamiento liberal viene a lubricar el lado teórico del capitalismo, entonces estamos dispuestos a aceptar tremendas barbaridades. El economista Gary Becker propuso en su día establecer un precio de admisión a los inmigrantes, cuantificado concretamente en 50.000 dólares. Según él, «los inmigrantes dispuestos a pagar una gran suma por entrar tendrían automáticamente unas características deseables. Serían probablemente jóvenes, capacitados, ambiciosos y trabajadores, y probablemente no harían uso de las ayudas sociales o los subsidios de desempleo».⁹ Becker incluso llegó a proponer cobrar a refugiados que sufrían persecuciones.

Puede sonar que son argumentos exagerados, pero lo cierto es que en julio de 2013 el Gobierno de España aprobó una ley que concedía el permiso de residencia a aquellos extranjeros que hubiesen comprado una vivienda con un precio superior a los 500.000 euros. Paradójicamente unos meses más tarde el mismo Gobierno instaló unas cuchillas altamente cortantes en las vallas de acceso a la ciudad de Melilla, con objeto de impedir que entrasen inmigrantes pobres. Naturalmente lo único que se logró fue que los inmigrantes se cortasen por todas partes mientras trataban de saltar. Poco más tarde también murieron quince inmigrantes al intentar pasar por otra zona y ser recibidos por la Guardia Civil con disparos de pelotas de goma. Una muestra clara de la hipocresía de la política relacionada con la inmigración, que es claramente una política clasista.

Esta mercantilización del mundo que nos rodea es una consecuencia de la propia dinámica del sistema, de su lógica. Y como hemos dicho, todos nosotros estamos dentro. Pero este sistema, de vez en cuando, entra en crisis. En una como la que atraviesa ahora mismo tanto nuestra economía como el resto de las economías europeas, y que encienden el debate político sobre qué hacer. Conviene entonces, antes que nada, saber que no son crisis cualquiera sino crisis del sistema económico. Y es que a menudo olvidamos que vivimos bajo el capitalismo.

AGRADECIMIENTOS

Cuando mi editor me ofreció escribir otro libro de carácter divulgativo, la primera respuesta fue de rechazo. Sinceramente, no estaba convencido de hacerlo. Pero mi compañera, Anna Dassy, me convenció y me hizo rectificar. Anna consideraba que un libro divulgativo sobre mis últimos cuatro años en el Congreso sería muy interesante para mucha gente, y entendía además que me haría bien escribir algo más ameno y no tan teórico como La Tercera República. Así pues, este libro no hubiera sido posible si Anna no hubiera terciado en su favor. Y como al final he quedado muy contento, tanto con el resultado como con el proceso, le estoy muy agradecido por haberme sacado de mi error. Al mismo tiempo, los comentarios de Ramón Luque, Miguel Roig, Eduardo Garzón, Daniel Ayllón y la propia Anna me han servido para que el libro tuviera un mejor enfoque y pudiera corregir errores que yo había incorporado. En todo caso, cualquier error restante es únicamente responsabilidad mía.

Lógicamente, un libro de estas características le debe mucho a las personas que me han acompañado, de una forma u otra, en mis reflexiones y vivencias durante los últimos años. Sería una tarea imposible, y nunca definitiva, tratar de citarlos a todos y a todas. Sin embargo, no puedo dejar de ser injusto en este punto y hacer algunos comentarios especiales.

Estoy particularmente agradecido a mi equipo de campaña por el esfuerzo descomunal que hacen día a día para mejorar esta sociedad. Me refiero a Héctor Juanatey, Daniel Ayllón, Clara Alonso, François Ralle, Miguel Roig, Carlos Martínez, Yolanda Díaz, Ramón Luque, Lara Hernández, Eduardo Garzón, Israel Mongrovejo, Juan Iglesia, Javier Couso, Jaime Aja, José Antonio Pepo Rubio, Alfredo Almendro y Alejo Sanz. También a los compañeros de Izquierda Unida que en los últimos meses se han desgañitado por sacar adelante un bello proceso de renovación, tanto a los dirigentes —Lola Sánchez, Fernando Sánchez, Adolfo Barrena, José Luis Centella, entre otros— como a los militantes que desde cada asamblea han dedicado todas sus fuerzas en nuestro proyecto. No hay mayor reconocimiento que el de la gente que comparte tu proyecto y te anima en todo momento a continuar.

Gracias también a quienes me han influido intelectualmente, particularmente a quienes a pesar de la edad siempre me han tenido como un compañero más. ¡A veces incluso a pesar de las diferencias ideológicas! Julio Anguita, Manolo Monereo o Xosé Manuel Beiras son tres brillantes ejemplos de una revitalizada juventud intelectual. Igualmente, estoy en deuda con amigos y compañeros con los que no dejo de compartir reflexiones políticas. A mi padre Alberto Garzón, Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Gonzalo Boyé, Sebastián Martín, Rafa Escudero, Isabel Elbal, Andrés Gil, Kike España, Esther López Barceló, Ezequiel Rodríguez, Raúl García, Desiderio Cansino, Antonio Maillo, Toni Valero, Javier Moreno, Amanda Meyer...

Finalmente, quisiera dedicar este libro a toda la gente que lucha por un mundo más justo, pero muy especialmente a una persona que nos dejó el año pasado y que es mi mayor inspiración de lucha: mi madre Isabel. Ella no se ha ido del todo, pues en sus hijos queda y quedará su incesante espíritu de lucha. Otros luchadores imprescindibles también nos han dejado en el último año, entre ellos el compañero e incasable militante François Delapierre. Su bandera, que es la nuestra, la llevaremos también con orgullo.

Gracias a todos. Un saludo fraternal.

Salud, Amor y Rebeldía.

Notas

1. Citado en R. Passet Las grandes representaciones del mundo y la economía a lo largo de la historia, Clave Intelectual, Madrid, 2012.

1. Según el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior. Es más o menos la misma cifra que un año más tarde, y bastante más que en 2014 y lo que llevamos de 2015.

2. El concepto de ciencia es demasiado ambiguo y amplio, con lo que es fácil que no haya acuerdo sobre el conjunto de disciplinas y métodos que abarca. Por ejemplo, las tesis empiristas, iniciadas con Francis Bacon, establecen que la base del conocimiento solo puede ser la experiencia percibida a través de los sentidos. Por el contrario, las tesis cartesianas, iniciadas por René Descartes, consideran que la razón es la única y suficiente fuente de conocimiento.

3. La ciencia económica no tiene una definición común para todo el mundo, y depende del enfoque utilizado se puede llegar a una u otra. Y hay enormes diferencias. Esto mismo ya nos da una pista sobre las importantes limitaciones existentes con esta herramienta de análisis científico.

4. «España debe dar un paso atrás en el Estado de bienestar», entrevista a Robert Lucas publicada en El País el 31 de octubre de 2010 (http://elpais.com/diario/2010/10/31/negocio/1288530867_850215.html).

5. Citado en Paul Krugman, El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, Crítica, Barcelona, 2009.

6. Enrique Palazuelos, Contenido y método de la economía, Akal, Madrid, 2000.

7. Se trata de la llamada controversia de Cambridge.

8. John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, FCE, México, 2014.

9. Luis de Guindos, «Una perspectiva “austríaca” de la crisis», artículo publicado en el suplemento Mercados de El Mundo el 10 de enero de 2010.

10. Se trata de una escuela de pensamiento económico que, al margen de sus especificidades técnicas y metodológicas, acaba postulando siempre la necesidad de reducir el Estado a su mínima expresión. Hay, de fondo, una fe inquebrantable en la capacidad del mercado para regular adecuadamente todos los aspectos de nuestra vida.

11. No obstante, en mis debates con el ministro de Economía, Luis de Guindos, por ejemplo, se ha hecho alusión alguna vez a estas cuestiones: «Con el señor Garzón he tenido bastantes debates y siempre he apreciado personalmente su capacidad intelectual. Aunque no esté de acuerdo con usted en muchas de sus conclusiones, le quiero reconocer una cuestión. Usted es un crítico del sistema que conoce los fundamentos del mismo y llega, desde mi punto de vista, a una conclusión errónea, pero por lo menos sabe lo que son los clásicos, los neoclásicos, la teoría austríaca, la síntesis neoclásica, los keynesianos, etcétera, lo cual es muy importante en esta vida. Le puedo decir que yo no conozco la teoría marxista igual que usted conoce la teoría liberal neoclásica, pero se puede decir que, como usted sabe perfectamente, la teoría marxista es una derivada, en última instancia, de Adam Smith y de David Ricardo, con lo cual tiene también sus componentes en la teoría clásica de la historia económica». (Recogido en el Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 23 de julio de 2015, puede consultarse en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10CO-872.PDF.)

12. Joaquín Estefanía, «La economía de nuestros hijos», artículo publicado en El País el 4 de diciembre de 2000 (http://elpais.com/diario/2000/12/04/opinion/975884409_850215.html).

13. «Echo en falta ese compromiso social de antaño en el alumnado», entrevista a Eugenio Luque en el diario Sur publicada el 4 de noviembre de 2014 (http://www.diariosur.es/cronica-universitaria/201411/04/eugenio-luque-echo-falta-20141104001302-v.html).

14. Joan Robinson, «La economía, hoy», en Miren Extezarreta (coord.), Crítica a la economía ortodoxa, Servei de Publicacions de la UAB, Barcelona, 2000.

15. David Harvey, Espacios de esperanza, Akal, Madrid, 2012.

16. No cabe duda de que, en un contexto de globalización económica y financiera, los Estados nacionales están resituando sus marcos de actuación. Y es que la presión de la competencia internacional opera como una poderosa fuerza que reduce los márgenes de actuación política, al mismo tiempo que empuja a la competencia fiscal y, muy concretamente, a la reducción de los impuestos al capital. La lucha competitiva por atraer capital con el que garantizar el proceso de acumulación está asociada, en condiciones de globalización neoliberal, al incremento de la desigualdad.

17. Cabe definir la democracia en una doble acepción, tanto procedimental como sustantiva. Un sistema es democrático desde el punto de vista procedimental cuando se cumplen una serie de requisitos como la convocatoria regular de elecciones competitivas y la presencia de múltiples partidos políticos. Y un sistema es democrático desde el punto de vista sustantivo cuando la población tiene satisfechas una serie de necesidades básicas. Para profundizar en estas cuestiones, Alberto Garzón Espinosa, La Tercera República, Península, Barcelona, 2014.

1. «Endeudados y en paro. ¿Qué ha pasado aquí?», primer capítulo de Alberto Garzón Espinosa, La gran estafa, Destino, Barcelona, 2013.

2. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones:

– En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo).

– En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).

– En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia).

3. La primera de las burbujas inmobiliarias en la España democrática fue la de 1986-1992, desatada al calor de la entrada de capitales extranjeros. Tras los macroeventos de Barcelona y Sevilla de 1992, aquella burbuja estallaría llevando al país a una grave crisis. Ya con el euro y con unas condiciones excepcionales de liquidez internacional, y con los dispositivos institucionales aprobados para especular aún más con el suelo, comenzaría la más reciente burbuja inmobiliaria. Para un estudio breve pero completo de esta evolución puede leerse a J. M. Naredo, El modelo inmobiliario español, Icaria, Barcelona, 2011.

4. 2,72% entre 1980 y 1990, y 2,79% entre 1990 y 2000.

5. Incluso se premió a Rodrigo Rato en 2004 con la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional, para que dedicase su experiencia probada en España a mejorar la economía mundial.

6. Cuando todo se desplomó, la mayoría de los economistas y los políticos se echaron las manos a la cabeza preguntándose por las razones de tamaño desastre. Pocos lo habían advertido antes y muchos lo habían ignorado o directamente negado. En el año 2003, por ejemplo, el entonces ministro de Hacienda —y actualmente repetidor en el cargo— Cristóbal Montoro, afirmó que la burbuja inmobiliaria era una invención de la oposición (noticia de EFE del 2 de octubre de 2003, puede consultarse en http://www.elmundo.es/mundodinero/2003/10/01/Noti20031001124756.html). Otros gobernantes, como Rodríguez Zapatero, lamentaron más tarde el no haber pinchado la burbuja cuando pudieron hacerlo (como refleja la noticia de El Mundo del 28 de junio de 2011 que puede consultarse en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/28/suvivienda/1309274989.html).

7. Programa electoral de Izquierda Unida para las elecciones generales de 1996 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/PROGRAMA%20ELECCIONES%20GENERALES%201996.PDF).

8. Ibídem.

9. Programa electoral de Izquierda Unida para las elecciones generales de 2000 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/PROGRAMA%20ELECTORAL%20GENERALES%202000.PDF).

10. Programa electoral de Izquierda Unida para las elecciones generales de 2004 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/1193830877519.pdf).

11. A. Martínez González-Tablas, Economía política mundial, Ariel, Barcelona, 2007.

12. G. Lipovetsky, Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona, 2014.

13. Ibídem.

14. Ibídem

15. Mientras se escribe este libro, en junio de 2015.

16. Alberto Garzón Espinosa, La gran estafa, p. 82.

17. Alberto Garzón Espinosa, La Tercera República, p. 207.

18. Entre los hogares más ricos el 91% declaraba tener vivienda en propiedad y el 62% otras propiedades inmobiliarias Entre los hogares más pobres esos porcentajes eran del 78% y 20% respectivamente. Fuente: Encuesta Financiera de las Familias, 2008.

19. Entre los hogares más pobres el endeudamiento en 2008 solo alcanzaba al 16,5%, mientras que entre los hogares más ricos era del 64,7%.

1. «La estrategia política del 15-M», entrada publicada el 3 de agosto de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/la-estrategia-pol%C3%ADtica-del-15m).

2. A. Antón, Resistencias frente a la crisis, Germania, Valencia, 2011.

3. No obstante, existía un precedente cercano, y fue la movilización espontánea que se organizó en las sedes del PP en marzo de 2004 y que utilizó fundamentalmente las nuevas telecomunicaciones, en aquel caso, los mensajes de teléfono móvil.

4. «De asambleas y acampadas del movimiento 15-M a la creación de la base social», entrada publicada el 30 de mayo de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/de-asambleas-y-acampadas-del-movimiento-15-m-a-la-creación-de-base-social).

5. «Las acampadas amenazan al movimiento 15-M», entrada publicada el 7 junio de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/lasacampadas-amenazan-al-movimiento-15-m).

6. «De asambleas y acampadas del movimiento 15-M a la creación de la base social», entrada publicada el 30 de mayo de 2011.

7. «Sobre el15-M y @spanish revolution», entrada publicada el 17 de mayo de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/sobreel-15m-y-spanishrevolution).

8. «La estrategia política del 15-M», entrada publicada el 3 de agosto de 2011.

9. «El movimiento 15-M como cortafuegos», entrada publicada el 30 de noviembre de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/elmovimiento-15m-como-cortafuegos).

10. «La estrategia política del 15-M», entrada publicada el 3 de agosto de 2011.

11. «La estrategia política del 15-M», entrada publicada el 3 de agosto de 2011.

12. «La estrategia política del 15-M», entrada publicada el 3 de agosto de 2011

13. «#Spanishrevolution continuará tras las elecciones», entrada publicada el 20 mayo de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/spanishrevolution-continuará-tras-las-elecciones).

14. «Sobre el15-M y @spanish revolution», entrada publicada el 17 de mayo de 2011.

15. «#Spanishrevolution continuará tras las elecciones», entrada publicada el 20 mayo de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/spanishrevolution-continuará-tras-las-elecciones).

16. J. Fontana, Por el bien del imperio, Pasado y Presente, Barcelona, 2012.

17. P. Ibarra y N. Bergantiños, «Movimientos estudiantiles: de Mayo del 68 a la actualidad. Sobre las experiencias “utópicas” de un movimiento peculiar», en X. Albizu Landa (coord.), Movimientos estudiantiles: resistir, imaginar, crear en la universidad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2008.

18. «Representaciones políticas y movimiento 15-M», estudio cualitativo del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2012.

19. G. Lipovetsky y S. Charles, Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona, 2008.

20. G. Lipovetsky y S. Charles, op. cit.

21. Ibídem.

22. «He sobrevivido gracias a una “beca” de mis padres y aún me siguen ayudando», entrevista publicada en Málaga hoy el 4 de octubre de 2011 (puede consultarse en http://www.malagahoy.es/article/malaga/1080261/he/sobrevivido/gracias/una/beca/mis/padres/y/aun/me/siguen/ayudando.html).

23. «#Spanishrevolution continuará tras las elecciones», entrada publicada el 20 de mayo de 2011.

24. «Elecciones generales 20 noviembre», entrada publicada el 2 de octubre de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/elecciones-generales-del-20-noviembre).

25. «He sobrevivido gracias a una “beca” de mis padres y aún me siguen ayudando», entrevista publicada en Málaga hoy el 4 de octubre de 2011.

26. Entrevista digital de La Opinión de Málaga realizada el 17 de noviembre de 2011 (puede consultarse en http://comunidad.laopiniondemalaga.es/entrevista-chat/3392/elecciones-20-n/alberto-garzon-iu/entrevista.html).

27. «Garzón: “IU es un troyano dentro del sistema”», entrevista publicada en La Taberna Global el 12 de octubre de 2011 (puede consultarse en http://latabernaglobal.com/2011/10/izquierda-unida-es-un-troyanodentro-del-sistema).

1. Intervención en el pleno del Parlamento el 12 de septiembre de 2012 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/node/11145).

2. Mis palabras motivaron, entre otras cosas, que el portavoz adjunto del PP pidiera la palabra y me llamara «payaso, tenor y jabalí». Pueden no parecer un insulto, al menos no necesariamente, pero ese y no otro era el objetivo de quien luego sería ascendido a portavoz principal del PP.

3. N. Bobbio, Teoría general de la política, Trotta, Madrid, 2002.

4. N. Bobbio, op. cit.

5. Según esta ley, toda organización social, a medida que crece, degenera necesariamente en una forma burocratizada y controlada por una oligarquía. Así, toda organización acaba tendiendo a la creación de liderazgos fuertes que operan en detrimento de la democracia interna.

6. Alberto Garzón Espinosa, La Tercera República, p. 78.

7. Programa electoral de Izquierda Unida para las elecciones generales de 1996.

8. Aunque hay que hacer notar que este tipo de comportamientos solo han generado importante indignación cuando la crisis ha devenido, como explicamos en el segundo capítulo.

9. Desde el escándalo de Monago se ha endurecido algo más el sistema, aunque aún deja que desear en varios aspectos.

10. Los fondos de pensiones son un tipo concreto de fondo de inversión. El funcionamiento de estos fondos de inversión es el siguiente: gestionados por alguna entidad financiera, recogen dinero de diversas fuentes —ahorro particular, de empresas, de otros fondos, etc.— y lo acumulan en un enorme paquete o fondo; una vez constituido se dirige a especular en los mercados financieros, buscando los mayores beneficios posibles de acuerdo al riesgo asumido. El nivel de riesgo depende de las características del fondo. Cuando los fondos especulan con éxito vuelven con una ganancia que distribuyen a los propietarios originales del dinero acumulado, una vez detraída la comisión que impone la entidad gestora. En caso contrario, cuando no hay éxito en la operación especulativa, se asumen las pérdidas y el dinero depositado en el fondo se ve así reducido.

11. Ya durante la Comuna de París en 1871 una de las medidas más notables que tomaron los revolucionarios fue la de reducir drásticamente el salario de los funcionarios de la administración pública hasta igualar el de los obreros, pues los principios republicanos que nutrían al movimiento recomendaban cierto tipo de austeridad.

12. «Fomento privatizará las autopistas en problemas tras “una etapa pública”», noticia de Europa Press del 14 de mayo de 2014 (puede consultarse en http://www.europapress.es/economia/noticia-fomentoprivatizara-autopistas-problemas-etapa-publica-20130514133241.html).

13. Proceso vivido en el año 2003 por el que dos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, no se presentaron el día de la investidura y de este modo, a la postre, hicieron presidenta de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre, del PP. Las elecciones habían dado mayoría a la suma de los diputados de PSOE e IU.

14. El miembro de IU era José Antonio Moral Santín, elegido por Izquierda Unidad Comunidad de Madrid (IUCM). Exigí su dimisión desde un principio, antes de conocer el escándalo de las tarjetas. Al final, tras un largo proceso interno que no ha lugar a desarrollar aquí, IU terminó desfederalizando —expulsando— a IUCM. Con la expulsión de IUCM, IU comenzó a reconstruir el partido en la Comunidad de Madrid con todos los militantes que se habían manifestado en contra de la dirección que permitió esa gestión en Caja Madrid.

15. «Ruz acredita 18 años de caja b del PP», publicado en El País el 23 marzo de 2015: (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2015/03/23/actualidad/1427123957_555826.html).

16. «El ‘”caso Bárcenas”, paso a paso: las pruebas del delito», publicado en El País el 17 de marzo de 2015 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2015/03/17/actualidad/1426591729_737277.html).

17. «Izquierda Unida se querella en la Audiencia por los papeles de Bárcenas», publicado en El País el 28 de febrero de 2013 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2013/02/28/actualidad/1362056657_574769.html).

18. El texto completo de la querella puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/QuerellaBarcenasPP

19. «El PP cree que la querella de IU por Bárcenas ofende “al pueblo español”», publicado en El País el 6 de junio de 2013 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2013/06/06/actualidad/1370525683_213350.html).

20. «El PP se querella contra IU por el “caso Bárcenas”», publicado en infoLibre el 28 de febrero de 2013 (puede consultarse en http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/28/el_querella_contra_por_caso_barcenas_669_1012.html).

21. «Bárcenas pide expulsar a Izquierda Unida del caso de la caja B del PP», publicado en El País el 30 de junio de 2015 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2015/06/30/actualidad/1435664386_751349.html).

22. «IU se querella contra el PP por destruir los discos duros de Bárcenas», publicado en El País el 17 de octubre de 2013 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2013/10/17/actualidad/1382002956_158255.html).

23. «El sumario de los ordenadores de Bárcenas se pierde en la Audiencia», publicado en El País el 18 de febrero de 2015 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2015/02/18/actualidad/1424271309_150553.html).

24. «El “caso Bárcenas”, paso a paso: las pruebas del delito», publicado en El País el 17 de marzo de 2015 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2015/03/17/actualidad/1426591729_737277.html).

25. «La Púnica salpica a tres grandes empresas de la Comunidad de Madrid», publicado en El País el 29 de julio de 2015 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2015/07/28/actualidad/1438106909_759628.html).

26. «6.000 euros por trending topic, así lavaba la imagen la red Púnica», publicado en El País el 10 de junio de 2015 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433866186_934913.html).

27. «Un político del PP a Marjaliza: “Estoy tocándome los huevos que para eso me hice diputado”», publicado en Público el 24 de julio de 2015 (puede consultarse en http://www.publico.es/politica/politicodel-pp-marjaliza-tocandome.html).

28. «YPF pagó 566.000 dólares en una cuenta de la “Gürtel” en Suiza», publicado en infoLibre el 5 abril 2013: (puede consultarse en http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/04/04/la_argentina_ypf_pago_566_000_euros_una_cuenta_gurtel_2023_1012.html).

29. «Así cobraba la princesa Corinna las comisiones millonarias por sus trabajos», publicado en El Mundo el 19 de marzo de 2013 (puede consultarse en http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/espana/1363713321.html).

30. «IU pregunta al Congreso acerca de las supuestas intermediaciones comerciales de Corinna», publicado en eldiario.es el 20 de marzo de 2013 (puede consultarse en http://www.eldiario.es/politica/iu-corinna-cni_0_112689251.html).

31. «Fasana, el contable suizo de Gürtel, a la Policía: “¡Si le enseño esa carpeta hunden España!”», publicado en El Confidencial el 13 de junio de 2013 (puede consultarse en http://www.elconfidencial.com/espana/2013-06-13/fasana-el-contable-suizo-de-gurtel-a-la-policia-sile-enseno-esa-carpeta-hunden-espana_197790).

32. Y con el hecho de que las empresas energéticas en España cuentan con un poder inmenso, una relación directa con el Gobierno y una red de contactos que trata de alcanzar todos los espacios públicos y privados. Sin ir más lejos, durante el año 2012, el presidente de Repsol llamó a mi despacho para invitarme a realizar una visita a la sede de la multinacional, cita que finalmente no tuvo lugar y que fue consecuencia de unos comentarios que realicé a favor de la nacionalización de la empresa. Todo esto pone de manifiesto la importancia que tiene para los grupos de presión conectar con los representantes y lograr que estos escuchen sus propias creencias e intereses, cuando no que los asuman directamente.

33. «Mañana se consolida un reparto de dividendos de 14.000 millones de euros de una empresa que era de todas y todos los españoles y que realmente se está desmantelando [...], aquí tenemos la fragmentación en función de intereses puramente económicos y además utilizando ingeniería financiera y fiscal para tomar el pelo a los españoles [...]. Seguramente es una cuestión legal, pero es una estafa del copón, clarísima [...]. Quiero escuchar también su opinión desde su perspectiva política sobre qué está pasando con las grandes empresas que se supone que eran españolas y que ahora son el motivo de un mercadillo para capitales financieros de una minoría social que está fuera de las fronteras. Quiero conocer su opinión y hoy es un día espectacularmente bueno para hacerlo». Intervención en el pleno del Parlamento el 28 de octubre de 2014 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/node/14687).

34. «Señor presidente, ¿qué opina usted de Endesa? ¿Qué opina usted de Endesa? Esa es una pregunta crucial para nosotros porque, con el escándalo que ha supuesto el saqueo de Endesa, ustedes, usted concretamente no ha dicho absolutamente nada, absolutamente nada del saqueo sobre Endesa, y se supone que es usted presidente del Gobierno. Quizá su silencio tenga que ver con que quien le puso ahí a usted de jefe del Partido Popular ha sido durante mucho tiempo también jefe de Endesa [...]. Ahora mismo se han repartido dividendos por 14.000 millones de euros. Insisto, 14.000 millones de euros sin que este Gobierno haya dicho absolutamente nada [...]. Sepa usted, señor Rajoy, que en el nuevo país que queremos construir esto estará prohibido, estará prohibida la privatización y el saqueo de las empresas que son de todas y de todos los españoles». Intervención en el pleno del Parlamento el 24 de febrero de 2015 (puede consultarse en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-262.PDF).

35. El trabajo parlamentario es muy diverso y además está muy mal repartido. Durante esta legislatura, por ejemplo, los once diputados de La Izquierda Plural hemos tenido que cubrir las mismas comisiones de trabajo, comparecencias, intervenciones, etc., que los ciento ochenta y seis diputados del Partido Popular. Eso significa que cada diputado de los grupos más reducidos trabaja, de media, mucho más. Y ese trabajo no es ni mucho menos visible en la asistencia al pleno sino en iniciativas presentadas, preguntas planteadas, el control al Gobierno en general y, sobre todo, en la calidad de las intervenciones. A nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, que un profesor de secundaria no está trabajando cuando se encuentra en su despacho o en su casa preparando exámenes o las clases. Pero el reparto es tan perverso, en el caso del Congreso, que hay diputados a los que no he escuchado nunca y que, muy probablemente, solo van dos días a la semana para votar.

36. Es lo que se llama «turno en contra», que permite a los grupos que quieran votar «no» un total de quince minutos en la primera intervención, frente a los cinco habituales. Además, el Gobierno puede responder y eso abre un nuevo turno de intervención de cinco minutos más. Sin duda alguna es una oportunidad para tener más visibilidad. De ahí que varias veces el PSOE haya pedido el turno en contra aunque luego votara abstención o incluso «sí», pero actuando de ese modo —no muy ético— nos impedía a nosotros tener una presencia que sí tendrían ellos.

37. Todas las citas provienen de la intervención pronunciada el 12 de junio de 2012 (puede consultarse en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/PL_038.PDF).

38. «Ada Colau: “Este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarlo”», publicado en El País el 5 de febrero de 2013 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2013/02/05/actualidad/1360099627_064949.html).

39. Puede consultarse la comparecencia completa de Ada Colau en el diario de sesiones de ese día: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-251.PDF

40. «Cuatro diputados de IU expulsados del Pleno del Congreso al intentar leer su moción vetada», noticia de Europa Press del 24 de septiembre de 2013 (puede consultarse en http://www.europapress.es/nacional/noticia-cuarto-diputado-iu-expulsado-pleno-congreso-intentar-leer-mocion-vetada-20130924210838.html).

41. Fernando Garea, «Parlamento sin enmienda», publicado en El País el 12 de agosto de 2015 (puede consultarse en http://elpais.com/elpais/2015/08/11/opinion/1439293625_298171.html).

1. «Cayo Lara critica la existencia de paraísos fiscales como Gibraltar», publicado en Europa Sur el 8 de agosto de 2012 (puede consultarse en http://www.europasur.es/article/gibraltar/1325844/cayo/lara/critica/la/existencia/paraisos/fiscales/como/gibraltar.html)

2. «Desobediencia civil, Estado de derecho y la izquierda», entrada publicada el 30 de agosto de 2012 (puede consultarse en http://agarzon.net/desobediencia-civil-estado-de-derecho-y-la-izquierda).

3. «Un símbolo de dignidad», entrada publicada el 9 de agosto de 2012 (puede consultarse en http://agarzon.net/un-s%C3%ADmbolode-dignidad).

4. «La crisis del régimen», entrada publicada el 4 de agosto de 2012 (puede consultarse en http://agarzon.net/la-crisis-del-régimen).

5. «Once miembros del SAT, detenidos en Málaga tras ocupar un banco y herir a un policía», publicado en La Voz de Galicia el 4 septiembre de 2012 (puede consultarse en http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/09/04/once-miembros-sat-detenidos-malaga-trasocupar-banco-herir-policia/00031346766760562267296.htm).

6. «Cifuentes cree que Ocupa el Congreso supone un “golpe de Estado encubierto”», publicado en Público el 30 de agosto de 2012 (puede consultarse en http://www.publico.es/espana/cifuentes-cree-ocupacongreso-supone.html).

7. «Un diputado del PSOE compara la acampada del 25-S en el Congreso con un golpe de Estado», publicado en El Mundo el 16 de agosto de 2012 (puede consultarse en http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/16/espana/1345125321.html).

8. «La policía acosa a un grupo en el que estaba Alberto Garzón», publicado en eldiario.es el 26 de septiembre de 2012 (puede consultarse en http://www.eldiario.es/politica/policia-acosa-grupo-Alberto-Garzon_0_51794824.html).

9. «El juez Pedraz archiva el 25-S y critica a Interior por la gravedad de su denuncia», publicado en El País el 4 de octubre de 2012 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2012/10/04/actualidad/1349340437_119434.html).

10. «Alberto Garzón: “Yo también soy topo del 25-S”», publicado en Cuartopoder el 27 octubre de 2012 (puede consultarse en http://www.cuartopoder.es/invitados/2012/10/27/alberto-garzon-yo-tambien-soytopo-del-25s/1217).

11. «La Policía denuncia a tres dirigentes de Izquierda Unida por injurias y calumnias», publicado en Periodista Digital el 6 de octubre de 2012 (puede consultarse en http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2012/10/06/cep-cayo-lara-centella-alberto-garzon-policiadenuncia-dirigentes-izquierda-unida-injurias-calumnias.shtml).

12. «Archivada una querella de un sindicato policial contra Lara y Garzón», publicado en Las Provincias el 6 de marzo de 2013 (puede consultarse en http://www.lasprovincias.es/rc/20130306/mas-actualidad/sociedad/archivada-querella-policial-lara-201303061244.html).

13. «El Congreso ahora mismo está secuestrado», publicado en Estrella Digital el 7 de enero de 2013 (http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/congreso-ahora-mismo-secuestrado/20130107195231109474.html).

14. Puede consultarse la comparecencia completa de Ada Colau en el diario de sesiones de ese día: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-251.PDF

15. «La PAH lleva su protesta a la casa de González Pons en Valencia», publicado en El País el 20 de marzo de 2013 (puede consultarse en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/20/valencia/1363797881_950762.html).

16. «Cifuentes afirma que la PAH ha manifestado su apoyo al entorno de ETA», publicado en El País el 26 de marzo de 2013 (puede consultarse en http://politica.elpais.com/politica/2013/03/25/actualidad/1364203963_208246.html).

17. «PP respalda a Cifuentes y dice que la PAH alienta a la izquierda radical que coquetea con grupos próximos al terrorismo», noticia de Europa Press del 26 de marzo de 2013 (puede consultarse en http://www.europapress.es/madrid/noticia-pp-respalda-cifuentes-dice-pah-alienta-izquierda-radical-coquetea-grupos-proximos-terrorismo-20130326094155.html).

18. «Alberto Garzón: “Los escraches son los últimos recursos que les quedan a las víctimas”», entrevista en La Sexta Noche (puede verse en http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/albertogarzon-escraches-son-ultimos-recursos-que-les-quedan-victimas_2013042100002.html).

19. «IU respalda “todos” los escraches si no son violentos y el PP le llama “miserable”», publicado en El Mundo el 9 de abril de 2013 (puede consultarse en http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/09/espana/1365507751.html).

20. La consideración de derechos negativos y positivos se corresponde con la diferenciación, en filosofía política, entre libertad negativa y libertad positiva. Así, los derechos negativos son los que prohíben algo al Estado (censurar al ciudadano, por ejemplo) y los derechos positivos los que obligan al Estado a algo (a mantener a los pensionistas, por ejemplo).

21. En muchas de las cuales he sido ponente en el Parlamento, esto es, uno de los portavoces que enmendaba las leyes (sin mucha fortuna, hay que decir, pues la mayoría absoluta del PP arrasaba con toda sugerencia). Especialmente he intervenido en las que tienen que ver con materia económica. En total, he participado como ponente en un total de treinta y dos proyectos de ley. El listado completo puede consultarse en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/ Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado&idDiputado=70

22. Es evidente, por ejemplo, que un proceso constituyente dirigido por el pueblo consistirá en otra serie de reformas estructurales. La diferencia estribará en su contenido y en el objetivo político al que apuntarán todas ellas.

23. Obviamente cualquier economía abierta opera en ambos mercados, pero siempre alguno de ellos es el motor fundamental.

24. «Presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016» (puede consultarse en http://www.congreso.es/docu/pge2016/LIBROAMARILLO2016.pdf).

25. Ibídem.

26. Ibídem.

27. Ibídem.

28. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (puede consultarse en http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf).

29. «Presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016».

30. Ibídem.

31. «Creo que usted es plenamente consciente de que esta reforma fiscal es absolutamente regresiva porque afecta desigualmente, muy desigualmente, según la clase social. Le pongo un ejemplo. Un trabajador que cobre 11.000 euros al año no va a notar ningún efecto en esta reforma fiscal. Un trabajador que cobre 20.000 euros al año ahorrará 200 euros en esa declaración de la renta, claro que 200 euros son claramente insuficientes para hacer frente a las tasas universitarias que se han disparado hasta 600 euros o a los másters universitarios que se han disparado hasta 4.000 euros. Y, por el contrario, aquellas personas que ganen unos 300.000 euros al año verán un ahorro de 10.000 euros, ¡qué casualidad, con 10.000 euros sí se podrá hacer frente a las tasas universitarias y a los másters públicos! Usted dificulta siempre la vida a los pobres y se la facilita a los ricos, y eso es en consecuencia incrementar la desigualdad social.» (Recogido en el Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 25 de junio de 2014, puede consultarse en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-206.PDF).

32. Resulta llamativo que la empresa financiera que ayudara al Gobierno griego a hacer las trampas contables fuera Goldman Sachs, cuyo vicepresidente entonces era Mario Draghi. Lejos de condenar su participación en la estafa, se le terminó recompensando con la presidencia del Banco Central Europeo.

33. De hecho, opinaba entonces con respecto a ello en una entrada publicada en mi blog el 6 de mayo de 2010 que «en el caso de España y Grecia, sumidas en crisis económicas importantes y con especificidades importantes, los especuladores han hecho lo mismo que los buitres y que el propio instinto animal: ir a por los más débiles. Saben que es mucho más creíble y fácil especular contra esos países, y que por lo tanto las posibilidades de éxito son mucho mayores. Por eso a nadie le sorprende [sic] que cuando acaben con Grecia, caerá España y comenzará el dominó» (puede consultarse en http://agarzon.net/la-especulación-financiera-¿por-qué-contra-españa-y-grecia).

1. Eso sí, en las elecciones de 1979 el Partido Comunista había obtenido un 10,77% y un total de 23 escaños.

* Solo se tienen en cuenta las candidaturas en las que IU se presentaba en solitario o en coalición, no las candidaturas de unidad popular donde había también representantes de IU.

2. Documento del acuerdo político que fundó Izquierda Unida, con fecha del 27 de abril de 1986 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/1169749294628.pdf).

3. Acta de la I Asamblea Federal de Izquierda Unida, 11 y 12 de febrero de 1989 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/I_%20Asamblea_Federal_IU_DocumentosAprobados_11-12_02_2013.PDF).

4. Ibídem.

5. Ibídem.

6. El documento puede consultarse en http://www.pce.es/descarga/20080614_iu_prop_doc_cpfed.pdf

7. «Llamamiento a la Izquierda» del 26 de junio de 2010 (puede consultarse en http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/LLAMAMIENTO%20A%20LA%20IZQUIERDA%20.pdf).

8. «El papel de Izquierda Unida en el ciclo electoral», entrada publicada el 16 de abril de 2011 (puede consultarse en http://agarzon.net/el-papel-de-izquierda-unida-en-el-ciclo-electoral).

9. «La oportunidad de Izquierda Unida en el ciclo electoral», entrada publicada el 27 de enero de 2014 (puede consultarse en http://agarzon.net/la-oportunidad-de-izquierda-unida-en-el-ciclo-electoral).

10. «Una asamblea para construir un instrumento político», entrada publicada el 14 de diciembre de 2012 (puede consultarse en http://agarzon.net/una-asamblea-para-construir-un-instrumento-pol%C3%ADtico).

11. «El Congreso ahora mismo está secuestrado», publicado en Estrella Digital el 7 de enero de 2013 (puede consultarse en http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/congreso-ahora-mismo-secuestrado/20130107195231109474.html).

12. «La democracia real solo es posible si no estamos en el capitalismo», publicado en eldiario.es el 25 de mayo de 2013 (puede consultarse en http://www.eldiario.es/politica/democracia-real-solo-posible-capitalismo_0_134036856.html).

13. «Construir base social a partir de las ruinas del régimen», entrada publicada el 21 de febrero de 2013 (puede consultarse en http://agarzon.net/construir-base-social-a-partir-de-las-ruinas-del-régimen).

14. «La oportunidad de Izquierda Unida en el ciclo electoral», entrada publicada el 27 de enero de 2014 (http://agarzon.net/la-oportunidad-de-izquierda-unida-en-el-ciclo-electoral).

15. Fundamentalmente porque soy contrario a las primarias abiertas por definición, aunque se hayan convertido en un instrumento dominante y no se pueda negar ciertas ventajas de diversa naturaleza.

16. En un sobresaliente ejercicio de generosidad que se alejaba por mucho de las prácticas habituales en política, pero que era al mismo tiempo muy consecuente con la visión honesta de Cayo Lara.

17. El llamamiento lo firmaban personas como el sociólogo Armando Fernández Steinko; los catedráticos de economía Carlos Berzosa, Juan Torres López, José Luis Sampedro, Xosé Manuel Beiras y Vicenç Navarro; los activistas de ATTAC Carlos Martínez y Ricardo Zaldivar; los filósofos Francisco Fernández Buey y Juan Ramón Capella; dirigentes de IU como Enrique Santiago y Manolo Monereo; periodistas como Pascual Serrano; profesores universitarios como Marcos Roitman y Pablo Iglesias, entre otros.

18. José Manuel Naredo, «Mesas de convergencia ciudadana», publicado en Público el 24 de febrero de 2011 (puede consultarse en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123007).

19. «Llamamiento a la convergencia y a la acción» de enero de 2011 (puede consultarse en https://mesasdeconvergencia.wordpress.com/llamamiento-2).

20. «Espacios de proximidad en donde los ciudadanos opuestos a una salida regresiva a la crisis participen, deliberen, se informen sobre lo que no dicen los periódicos», entrevista a Juan Torres López, Armando Fernández Steinko y Carlos Martínez publicada en Rebelión el 24 de marzo de 2011(puede consultarse en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=124929).

21. Los participantes de aquella mesa fueron Alberto Montero Soler, entonces candidato de IU y ahora miembro de Podemos; José Coy, activista social y después dirigente y exdirigente de IU; Nadim Hammoudi, coordinador de ATTAC-Granada; Andoni Basterra, sociólogo y militante de IU; y Adoración Guamán, profesora universitaria y activista de CEPS, ahora directora de una fundación vinculada a IU.

22. Entrevista digital de La Opinión de Málaga realizada el 17 de noviembre de 2011 (puede consultarse en http://comunidad.laopiniondemalaga.es/entrevista-chat/3392/elecciones-20-n/alberto-garzon-iu/entrevista.html).

23. «Llevaré al Congreso las propuestas de la calle», entrevista publicada en Público el 16 de octubre de 2011 (puede consultarse en http://www.publico.es/espana/llevare-al-congreso-propuestas-calle.html).

24. Entrevista digital de La Opinión de Málaga realizada el 17 de noviembre de 2011.

25. «La democracia real solo es posible si no estamos en el capitalismo», publicado en eldiario.es el 25 de mayo de 2013.

26. «La democracia real solo es posible si no estamos en el capitalismo», publicado en eldiario.es el 25 de mayo de 2013.

27. Ibídem.

28. Ibídem.

29. «Alberto Garzón: “Las siglas son prescindibles frente a las ideas”», entrevista publicada en Público el 26 de junio de 2014 (puede consultarse en http://www.eldiario.es/politica/Alberto-Garzon-siglasprescindibles-frente_0_274023228.html).

1. «Llevaré al Congreso las propuestas de la calle», entrevista publicada en Público el 16 de octubre de 2011: (http://www.publico.es/espana/llevare-al-congreso-propuestas-calle.html).

2. En lingüista suizo Ferdinand de Saussure desarrolló a comienzos del siglo XX la teoría de la lingüística estructural, y una de sus contribuciones más relevantes para el debate político fue la de separar los términos de «significante» y «significado». El significante es la imagen o palabra que identifica un concepto y el significado es el concepto en sí mismo. Este punto de inicio sirvió, en gran medida, para que la izquierda lacaniana desarrollara sus propias tesis al respecto.

3. ¿Acaso no fueron los girondinos fuerzas colocadas a la izquierda al igual que los mismos jacobinos que después les mandarían a la guillotina?

4. Es cierto que para muchas de las personas que nos consideramos de izquierdas esa división social es obvia y queda reflejada en el propio uso del significante «izquierda». Así, la «izquierda» defendería a los de abajo y la «derecha» a los de arriba. Esto, que es válido para quienes tienen una determinada formación política clásica, es falso para una gran parte de la población que ha accedido al juego de significantes «izquierda» y «derecha» a partir de la falsa dicotomía que crea el bipartidismo.

1. «Si en ellas no se acumulaban productos no era por su incapacidad técnica de hacerlo, sino porque no estaban interesadas en ello, como indican por otra parte los numerosos ejemplos de destrucción periódica de excedentes practicada en este tipo de sociedades». José Manuel Naredo, La economía en evolución, Siglo XXI, Madrid, 1996

2. Lewis Mumford, El mito de la máquina: técnica y evolución humana, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2013

3. Quizás nada mejor que el título del libro de Paul Lafarge, yerno además del propio Karl Marx, para describir esa sensación: El derecho a la pereza.

4. «La troika propone a Grecia alargar la semana laboral a seis días», publicado en El País el 3 de septiembre de 2012 (puede consultarse en http://economia.elpais.com/economia/2012/09/03/actualidad/1346690849_452231.html).

5. R. Skidelsky y W. Skidelsky, How much is enough, Other Press, Nueva York, 2013.

6. M. J., Sandel, Lo que el dinero no puede comprar, Debate, Barcelona, 2013.

7. Ibídem.

8. D. Satz, Why some things should not be for sale, Oxford University Press, Nueva York, 2012.

9. M. J. Sandel, op. cit.

A pie de escaño

Alberto Garzón Espinosa

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