NUEVA BIBLIOTECA

DE LA LIBERTAD

Colección dirigida por

Jesús Huerta de Soto

Alberto Benegas Lynch (h)

Estados Unidos

Contra

Estados Unidos

Prólogo de Carlos Rodríguez Braun

Prefacio de Álvaro Vargas Llosa

© 2013 Alberto Benegas Lynch (h)

© 2013 UNIÓN EDITORIAL, S.A.

c/ Martín Machío, 15 • 28002 Madrid

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ISBN (página libro): 978-84-7209-604-2

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Para mis nuevos nietos,

Maia y Santiago Benegas Lynch

Índice

Prólogo, por Carlos Rodríguez Braun

Prefacio, por Álvaro Vargas Llosa

Introducción del autor a la segunda edición

Lo primero, primero

el espíritu estadounidense

el comienzo de la declinación

la política exterior

servicios de inteligencia y fuerzas paramilitares

otros ejemplos aberrantes

la economía             

la guerra antiterrorista

la guerra contra la inmigración

la guerra antinarcóticos

despejar telarañas mentales: una mirada al futuro

las reservas morales

Bibliografía

Prólogo

Así como su admirado Hayek explicó «Por qué no soy conservador», Alberto Benegas Lynch (h.) explica en este libro «Por qué no soy neoconservador». El objetivo de la presente obra es apuntar la distorsión que identifica a liberales y neocons y plantear una hipótesis contraria: lejos de representar la libertad, los dirigentes de Estados Unidos han abdicado de importantes principios liberales sentados por los founding fathers a finales del siglo xviii, y han impulsado a ese gran país hacia una senda liberticida.

La tensión entre los federalistas y los celosos de cualquier transferencia hacia el poder central revela que la semilla antiliberal despuntó con la nación. En ese sentido, el autor rechaza la calificación de «civil» en el caso de la Guerra Civil estadounidense, porque el objeto de la lucha no era el poder sino la secesión, un derecho originalmente contemplado y aceptado. La noción liberal de la limitación del poder estaba más clara en el bando sureño, que se deslegitimó sin embargo por la esclavitud, institución detestable pero, nótese, aprobada desde hacía milenios —como la aprobó con anterioridad, igual que la secesión, el propio Lincoln; por cierto, don Abraham es sólo uno de los muchos líderes estadounidenses despellejados en estas páginas, aunque ninguno como George W. Bush—.

De todas maneras, la esclavitud no fue la causa de la contienda. Estaba en decadencia y habría sido suprimida sin conflicto alguno, como de hecho lo fue en el resto del mundo: lo que envenenó la convivencia en el país fue el proteccionismo mercantilista del Norte. Una vez acabadas las hostilidades, el intervencionismo empezó a crecer en todos los ámbitos. Uno de ellos, precisamente, tiene que ver con la guerra. Hoy la asociamos con Estados Unidos, y generalmente, nótese, en el bando mejor: si es mala la guerra, es peor luchar a favor de Hitler. Pero durante mucho tiempo el gobierno de ese país fue reticente a involucrarse en las guerras a las que fue invitado. La situación cambió dramáticamente, en especial después de 1914, y el intervencionismo bélico estadounidense dio un salto, como lo daría el económico con la creación de la Reserva Federal y los ruinosos planes rooseveltianos del New Deal.

Si el liberalismo ha sido tradicionalmente pacifista (bandera después hábilmente birlada por los socialistas) no es sólo por el costo crucial en vidas humanas que acarrean las guerras, sino porque también se cobran otra víctima: la libertad. Se trata, por supuesto, de oponerse a la guerra, no de rechazar la defensa en todas las circunstancias; fue nada menos que Ludwig von Mises el que reconoció: «El pacifismo completo e incondicional equivale a una rendición incondicional ante los tiranos más despiadados». Pero la guerra es, como he escrito en otra ocasión, una llamarada hobbesiana: extiende como nada el poder del Estado y arrasa como nada los derechos y libertades individuales. El autor lo denuncia sin fisuras, y se opone a toda acción militar y de espionaje en el exterior.

Recuerdo que a propósito de la invasión de Iraq tuve que aclarar a mis lectores españoles que el liberalismo, en ese punto como en otros, no es un bloque uniforme, y refleja bien el apotegma orteguiano: «Una cosa son las personas de una escuela, y otra cosa es un grupo de gramófonos». Señalé entonces que había importantes organizaciones liberales, incluso en Estados Unidos, que rechazaban la guerra contra el terrorismo, tal como la habían presentado y la pretendían librar el presidente Bush y sus aliados. Un ejemplo significativo es el Instituto Cato.

Pues bien, Alberto Benegas Lynch (h.) se inscribe en esa corriente y sus argumentos son potentes. Si el lector cree que las diatribas más convincentes contra la intervención en Iraq provienen de la izquierda, este libro le hará cambiar de opinión. Ahora bien, si el lector disfruta con las críticas a los políticos y legisladores estadounidenses, que tenga cuidado, porque igual se le hiela la sonrisa en la boca. Es verdad que el autor no deja en la Casa Blanca títere con cabeza, fustigando abusos y arbitrariedades, pero no estamos ante el clásico antiamericanismo sino, en realidad, ante lo que podríamos calificar como su opuesto, porque el objetivo de Benegas Lynch no es atacar a Estados Unidos sino defender la libertad.

Y es precisamente el alejamiento de la tradición republicana y la consiguiente pérdida de libertad lo que denuncia, desde la vigilancia a los ciudadanos, a los que se trata como a delincuentes, hasta una política exterior de abierta colaboración con los regímenes dictatoriales. Estados Unidos fue fundado por personas que apreciaban la propiedad privada —de hecho, a dicha institución se le agradece en el famoso Thanksgiving Day— pero con el tiempo pasó a ser condicionada y limitada por una regulación cada vez más intrusa, por una fiscalidad onerosa y creciente, por las mentiras autoritarias de los ecologistas y otros grupos de presión, y por una educación en cuyos textos se ensalza el socialismo.

Poca paciencia tiene Benegas Lynch con la idiotez despótica del mundo educativo e intelectual, que rechaza todos los ingredientes de la sociedad libre, económicos y también no económicos, desde la sustitución de las religiones por el «buenismo» multicultural del estilo de la llamada Alianza de Civilizaciones, hasta la trivialización del sexo, separándolo del afecto, la responsabilidad y la familia, y concretando las fantasías más aterradoras de las novelas prefiguradoras del totalitarismo. Los ciudadanos educados en este caos idílico no sabrán distinguir entre libertad y coacción, acabarán cediendo ante las presiones de los terroristas o los sátrapas, y aplaudiendo dos lacras neofascistas del discurso supuestamente progresista contemporáneo: la corrección política y la discriminación positiva.

En ambas aberraciones Estados Unidos es pionero, como lo es también, y prácticamente desde su fundación, en la letal pulsión reformista que aspira a gobernar conforme a la virtud, es decir, a transformar la política en el manejo de la conducta cotidiana de los ciudadanos con el objetivo de imponerles la virtud. El resultado es la esclavitud en los detalles que auguró Tocqueville tras viajar por América del Norte y observar su democracia. Poco después de su periplo, en 1851, el Estado de Maine prohibía el tráfico de bebidas alcohólicas, en un primer antecedente de la desastrosa Ley Seca de comienzos del siglo siguiente, y de la aún más catastrófica prohibición de las drogas, que dura hasta nuestros días.

El puritanismo como herramienta política tuvo una notable fortuna, y ha sido adoptado en ocasiones por quienes odian a Estados Unidos, como los socialistas españoles, entre otros muchos pretendidos adelantados de Europa y América Latina, que actualmente están entusiasmados controlando e incluso persiguiendo a los fumadores, los bebedores, los conductores, y a quienes comen poco o demasiado o con criterios que se desvían de los cánones oficiales. En una de sus varias declaraciones totalitarias, el presidente Rodríguez Zapatero proclamó: «La salud es el principal valor moral». Es un buen resumen de las escalofriantes tendencias antiliberales que denuncia el presente libro en Estados Unidos.

He hablado de España. El lector podrá pensar tanto en este país como en los muchos otros de habla hispana, y protestar porque estas páginas son injustas, puesto que Estados Unidos, con todos sus defectos, es mejor que los demás países. Digamos, un Reagan es mejor que un Kirchner, e incluso mejor que dos. Pero Alberto Benegas Lynch (h.) no lo niega. Al contrario, llama a ese país «el experimento más exitoso de la Tierra». Lo alarmante es, precisamente, que hayan aparecido visibles grietas antiliberales allí. Que la libertad sea masacrada por fascistas, socialistas, comunistas, nacionalistas o fundamentalistas teocráticos, es esperable. Que falte en La Habana, Caracas o La Paz es lógico, dados los siniestros mandatarios que allí anidan. Lo inquietante es que se vea amenazada en el país de la Estatua de la Libertad.

El autor no invita a dejar atrás toda esperanza sino al revés: a conjeturar un futuro distinto. Y plantea un torrente de propuestas liberales en los campos más diversos. Por ejemplo, su ataque a las burocracias internacionales, no solo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino también la ONU y todos sus departamentos, grandes promotores del socialismo. O su defensa de los empresarios; o de la libertad de emigración; o la del consumo, producción y distribución de cualquier droga; o la privatización de todos los servicios mal llamados públicos —puesto que el sector privado también sirve al público—. La argumentación es briosa incluso cuando las tesis son aún más chocantes, como la provisión privada de justicia y seguridad, la privatización de las calles y la no justificación del aborto incluso en caso de violación.

El penúltimo capítulo apunta a desmontar razonamientos técnicos que vedarían la libertad con argumentaciones del estilo de los bienes públicos, los free riders, las externalidades o el dilema de los prisioneros. Y deposita al lector en el final del libro, con una tentación clásica de quienes se enfrentan a la alternativa liberal: descartarla atribuyéndole sólo el carácter de una utopía anarquista. Utopía quizá, pero anarquista no, pues no es hostil a la ley sino al poder —como dijo Burke, muy en contra de la saga fílmica La guerra de las galaxias: «La fuerza es el mal»—.

Por eso la política no es la solución, sino el problema. Y por eso la solución no es la democracia per se, sino la gente que vota libertad porque cree en ella. Cuando los amantes de la libertad saludamos la Constitución estadounidense, no es el texto lo que aplaudimos, sino el espíritu de una comunidad que nació desconfiando del poder. Ausente esa desconfianza, las cartas magnas no sirven para nada: cuando se estableció en Estados Unidos a comienzos del siglo xx el impuesto sobre la renta o ingreso personal, y se comprobó que la Constitución lo impedía, la «solución» era enmendarla, y así se hizo.

Como ha dicho Anthony de Jasay: «Si una Constitución es necesaria, no será aplicada; y si es aplicada, es que no es necesaria». En un sentido similar, que evoca una noción que puede ser rastreada al menos hasta El Príncipe, se expresó en 1944 un gran estadounidense, el juez Learned Hand: «La libertad yace en los corazones de los hombres y las mujeres. Cuando muere allí, no habrá constitución, ni ley, ni tribunal que puedan salvarla. Y mientras allí viva, no necesita ninguna constitución, ni ley, ni tribunal que la salven».

Carlos Rodríguez Braun

Universidad Complutense de Madrid,

enero de 2008

PREFACIO

Desde que defiendo ideas liberales —es decir, desde muy joven— me preguntan, no sin algo de sorna: si el Estado pequeño es la condición de la prosperidad, ¿por qué Estados Unidos, que tiene un Estado gigante, es la primera potencia mundial?

En efecto, para quienes con frecuencia ponemos a Estados Unidos de ejemplo de lo que puede alcanzar un país cuando funda sus instituciones en el principio de la soberanía individual resulta embarazosa la larga lista de interferencias políticas que soporta la sociedad civil estadounidense desde hace muchos años, sin aparente menoscabo de su éxito. ¿Cómo explicar a un joven contemporáneo que el estatismo sofoca la respiración creativa de un país si el Estado estadounidense, que consume en sus distintos niveles cerca del 40% de la riqueza que producen los ciudadanos, no ha podido impedir que el ingreso por habitante bordee los 40 mil dólares anuales? ¿Cómo entender que todas las revoluciones tecnológicas importantes de los últimos años, lo mismo en el campo de la informática que en el de la biología, han tenido lugar en un país donde Microsoft tuvo que hacer frente, durante años, al asedio de las autoridades por el éxito de su sistema operativo y donde miles de personas adquieren sus medicinas a escondidas en Canadá porque las restricciones legales para adquirirlas en casa son severísimas?

Por otra parte, si el liberalismo es un cuerpo de ideas que se basa en la protección del individuo frente a la coacción de terceros, incluido el poder político, ¿cómo entender que en Estados Unidos, el paraíso del liberalismo, el gobierno se inmiscuye en la cama, el cuerpo, las comunicaciones y la conciencia de tanta gente en nombre de la moral o de la seguridad, como hacen los Estados no democráticos a mayor escala? ¿Y cómo entender que, en Estados Unidos, el liberalismo, que es antes que cualquier otra cosa sinónimo de respeto y tolerancia, se apoye a veces en la fuerza militar para propagar su ejemplo por el mundo?

Muchos libros han tratado de abordar estas cuestiones, algunos desde la izquierda y otros desde la derecha, y todos de forma parcial, enfocando tal o cual aspecto. Pero en este nuevo milenio ninguno, que yo sepa, las había abordado todavía de forma integral desde una postura coherentemente liberal, planteando un «careo» entre las actuales instituciones de Estados Unidos y las que los Padres Fundadores, liberales convencidos, crearon en su día. Por ello, el libro de Alberto Benegas Lynch (h.) viene a llenar un vacío importante.

Fiel al espíritu de su autor, Estados Unidos contra Estados Unidos tiene muchas dimensiones: el texto delata al mismo tiempo al profesor, al investigador, al economista, al periodista y, en general, al humanista que es Benegas Lynch. Pero tiene una dimensión adicional, que quizá convendría llamar sentimental. Es la condolencia de un enamorado de Estados Unidos por la decadencia paulatina, aunque no irreversible, del legado liberal de quienes erigieron la república estadounidense en el siglo xviii. Mientras más implacable es el razonamiento intelectual de estas páginas críticas, más evidente es la pasión del autor por aquel país, construido, a diferencia de casi todos los otros, sobre la base de una idea antes que una arbitrariedad colectivista.

Mostrar cómo los límites estrictísimos que los fundadores impusieron al poder gatillaron ese prodigio de sociedad es explicar que, a diferencia de lo que dice la propaganda «progresista» o el nacionalismo europeo, la grandeza de Estados Unidos no se realizó a partir de la explotación de unos a manos de otros, sino gracias a un conjunto de normas y valores que protegieron el espacio del individuo, permitiéndole, mediante la garantía de su vida y su propiedad, volcar su inventiva y su trabajo tesonero sobre lo que era apenas un proyecto de vida en común. No son los espasmos imperialistas o las aberrantes reliquias del pasado que la república preservó durante años —especialmente la esclavitud— lo que explica que Estados Unidos produjera un tejido empresarial poderoso, sino el conjunto de incentivos legales que sirvieron de marco a una cooperación social que combinaba, en fascinante amalgama, el individualismo y la interacción humana, la búsqueda del beneficio propio y la generosidad, el deseo de superación personal y la plena conciencia de que el éxito ajeno, si es bien habido, redunda siempre en beneficio de uno. Esas instituciones, por supuesto, reposaron sobre una cultura que las hizo perdurar durante mucho tiempo.

En algún punto del camino —tal vez la Guerra Civil o incluso antes, y de un modo espectacular a partir del New Deal de Roosevelt en el siglo xx—, el gobierno empezó a inflarse groseramente, al tiempo que ciertos sectores del país cambiaban la mentalidad del progreso por cuenta propia por el reclamo victimista y la tolerancia religiosa por la matonería moral. Tal vez estos últimos impulsos antiliberales estuvieron presentes desde el comienzo de la república —¿acaso Hamilton no fue un estatista y acaso no abundaron en la primera hora los ejemplos de fanatismo puritano?— pero ellos tardaron muchos años en reflejarse de un modo significativo en los hábitos y las leyes.

Implícitas en la argumentación del libro están las respuestas a las preguntas de las que me hacía eco al principio: ¿por qué un país liberal como Estados Unidos tiene un gobierno tan abultado y por qué un gobierno tan abultado no ha logrado destruir la prosperidad de una sociedad en la que tantos ciudadanos, ya sea porque no quieren o porque la burocracia los constriñe, han dejado de ser productivos?

No glosaré aquí esas respuestas para no quemarle la película al lector de las páginas que siguen, pero recalco que era necesario un volumen que ayudara a los ciudadanos de nuestros días a entender qué hizo grande a Estados Unidos y cómo esa república fundada en el liberalismo ha logrado, a pesar del estatismo progresivo, preservar un espacio suficiente para que el nervio vital de la sociedad se renueve con cada generación. Porque de una cosa no hay duda: aun cuando en muchos terrenos el Estado ha ido socavando las salvaguardias que los Padres Fundadores instalaron a fin de contener al Estado, ese Leviatán, la sociedad estadounidense sigue siendo la más inventora y productiva del mundo.

Aunque se trata de un texto crítico que aborda implacablemente la erosión de las instituciones republicanas desde la Guerra Civil hasta nuestros días y que, en el plano contemporáneo, fustiga con dureza la violación de las libertades civiles provocada por la guerra contra el terrorismo, no es un volumen derrotista, ni siquiera pesimista. Detrás de cada frase está la esperanza de que los estadounidenses reaccionen y reviertan la tendencia.

En el fondo, es el libro de un enamorado que reclama el retorno de su amada y confía en que tarde o temprano volverá porque nunca se fue del todo.

Álvaro Vargas Llosa

Washington, d.c., enero de 2008

El americanismo es lo más original y distintivo en la concepción política americana y lo más característico del espíritu americano y del «american way of life» […]. El valor de cada persona no reside en lo que tiene sino en lo que es, y mayormente en lo que puede ser. Y puede ser todo lo que sus capacidades y logros le permiten que sea.

David Jayne Hill,

Americanism: What Is It?, 1918

Lo que no era más que una observación aislada se hace una doctrina general, y se cree, en fin, descubrir que al servir el hombre a sus semejantes se sirve a sí mismo y que su interés particular es el de hacer el bien. He demostrado varias veces en esta obra que los norteamericanos saben, casi siempre, combinar su propio interés con el de sus conciudadanos.

Alexis De Tocqueville,

De la démocratie en Amérique, 1835

Introducción del autor a la segunda edición

Celebro esta nuevo parto de una obra que trata sobre las ocurrencias clave en la historia de Estados Unidos y, sobre todo, acerca del esqueleto conceptual y los pilares sobre los que se asienta el país de mayor envergadura en lo que va de la historia de la civilización y se intensifica esta celebración debido a que esta nueva publicación la llevan a cabo los amigos de la libertad congregados en Unión Editorial de Madrid, después de haberse agotado la primera edición a cargo del Fondo de Cultura Económica.

Mientras las cosas sigan como desafortunadamente vienen sucediendo en Estados Unidos, independientemente de que partido esté representado en el poder ejecutivo, este libro mantendrá plena vigencia puesto que se basa en un hilo argumental sustentado en las ideas, valores y principios que han posibilitado el surgimiento de la nación más libre del planeta y se basa en una pormenorizada explicación de los achaques que vienen carcomiendo sus cimientos. Tal como en parte puede verse en el índice, este trabajo alude a la estructura jurídica, filosófica, económica y ética que establecieron los Padres Fundadores y sus continuadores, el trayecto de su política exterior y su pasmoso declive, especialmente referido a la mal llamada «ayuda externa» y al militarismo y espíritu imperial en contraposición a la República, a los patéticos abusos y atropellos a las libertades individuales, al astronómico engrosamiento del Leviatán a través de la deuda gubernamental (que hoy significa el 105% del producto bruto nacional) y su escalofriante monetización, el alarmante déficit fiscal (que trepó al 14% del antedicho guarismo), del gasto público (que se duplicó en la última década en términos reales), el notable empeoramiento del cuadro financiero a raíz del continuado entrometimiento del aparato estatal en la medicina y en las pensiones y la insistencia en las transferencias coactivas de ingresos desde áreas productivas para alimentar empresas industriales, comerciales y bancarias ineficientes e irresponsables pero con gran poder de lobby.

Esta situación sumamente delicada ha generado movimientos de «indignados» y equivalentes que han ocupado diversos predios públicos en distintas ciudades para quejarse por lo que viene ocurriendo pero, curiosamente, apuntan a blancos equivocados puesto que la emprenden contra el capitalismo cuyos principios, precisamente, han sido manifiestamente violados y abandonados para adoptar una elevada dosis de lo peor de la latinoamericanización, es decir, el avance sistemático y persistente de las fauces de los burócratas gubernamentales en el mercado a través de pesadas, crecientes y contraproducentes regulaciones. En otros términos, debido a una muy deficiente educación —tema también tratado en detalle en este libro— los manifestantes de marras piden más de lo mismo, tal como viene ocurriendo también en Europa integrada por gobiernos que no han hecho más que copiar las recetas estadounidenses de los últimos tiempos y, en última instancia, retomar sus tradiciones de monarquías absolutas aunque bajo el manto de una supuesta democracia con ingredientes actualizados de su propia cosecha en dirección a los vigentes fascismos y el socialismos (siempre primos hermanos) que se presentan con las más variadas etiquetas.

Por otra parte, debe tenerse presente que siempre los totalitarismos socialistas —sean de derecha o de izquierda— realizan una comparación ilegítima entre ese sistema y el liberalismo, a saber: contrastan los imaginarios e irreales logros que supuestamente se obtendría en un mundo socialista con lo que ocurre en la realidad del liberalismo que, como todo lo humano, no es ni puede ser perfecto. Así el marxismo dibuja su sociedad como una de felicidad absoluta donde el hombre a la mañana pesca, a la tarde recoge frutos y a la noche recita poemas. Hasta los ha habido que sostienen que el mar se convertiría en agua dulce bajo el socialismo y en todos los casos se insiste en que desaparecería la escasez y, por tanto, no tendrían sentido los precios y, consecuentemente, no habría necesidad de recurrir a instrumentos monetarios. En esta última línea argumental, Lenin, respecto al metal aurífero, propuso en su difundido artículo en Pravda (noviembre 6 de 1921) que «cuando seamos victoriosos a escala mundial, sostengo que usaremos el oro para construir baños públicos».

El presente libro del que ahora se inaugura esta nueva edición, discute los fundamentos y las políticas laborales, monetarias, fiscales y de comercio exterior en Estados Unidos que hoy, lamentablemente, no distan mucho de lo que tiene lugar en lo que antes se llamaban «países en vías de desarrollo» para no denominarlos países retrasados y retrógrados en sus líneas políticas. Asimismo, este trabajo se detiene a considerar posibles esquemas institucionales que se apartan de la visión tradicional y convencional respecto del tratamiento de los bienes públicos, las externalidades, los free-riders y el dilema del prisionero.

En este último sentido, como un paso en dirección a lo que he bautizado como «autogobierno» (consigno en este libro que al no existir una definición lexicográfica opté por una estipulativa) sobre lo que me detengo en el anteúltimo capítulo, digo ahora que para dar tiempo a que se desarrollen los respetivos debates y se consolide la comprensión de la imperiosa necesidad de dar efectiva protección a las autonomías individuales, se hace necesario reconsiderar los procedimientos actuales de la democracia que está visto que a través de alianzas y coaliciones se termina por exterminar el derecho de las minorías. En este sentido, no como algo definitivo sino, como decimos, para abrir paso a instancias mejores, sugerimos la adopción de lo que propuso Montesquieu en el segundo capítulo de la Segunda Parte de El espíritu de las leyes donde afirma que «El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia». Esto que a primera vista puede resultar extraño, ni bien se piensa con algún detenimiento surge la conveniencia de adoptar el mecanismo ya que en esa circunstancia se abandonarán las bostezantes y reiteradas anécdotas personales de candidatos y de estructuras partidarias para centrar la atención en la limitación al poder. Puesto que cualquiera de los mayores de edad que se postulen en el sorteo pueden administrar el Ejecutivo, los incentivos estarán volcados a defenderse de lo que pueda hacer el gobernante con las haciendas y las vidas de los gobernados. Habrá así un fértil cambio en el eje del debate, lo cual no garantiza resultados óptimos pero contribuiría a frenar la acelerada barranca abajo a la que asistimos en base al descontento generalizado (por muy diversas razones) de lo que viene sucediendo y en base a lo dicho por Einstein en cuanto que no resulta posible pretender resultados distintos insistiendo en las mismas causas.

Esta sugerencia transitoria estará más en línea con las reflexiones popperianas en cuanto a condenar enfáticamente el pretendido «filósofo rey» de Platón (figura a veces referida pomposamente como la del «estadista»… sabemos que entre lo sublime y lo ridículo hay solo un paso), y defenderse de los embates del gobierno con salvaguardas «para que hagan el menor daño posible».

Además de que el monopolio de la fuerza corrompe, en el sentido de que altera, descompone y pervierte el sentido mismo del derecho (recordemos el célebre dictum escrito por Acton en cuanto al que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente»), se suelen agregar otras corrupciones tales como abultados enriquecimientos ilícitos lo cual, entre otras muchas documentaciones, aparece minuciosamente descripto hoy en el libro de Peter Schweizer sugestivamente titulado Throw Them All Out en el que con lujo de detalles y nombres propios (muchos, por cierto) señala los espectaculares y reiterados latrocinios de encumbrados funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo que sacan partida de informaciones sobre medidas que ellos mismos adoptarán y se adelantan a concertar jugosos arbitrajes vendiendo o comprando títulos accionarios de empresas que saben serán beneficiadas o perjudicadas y compra de propiedades inmuebles que saben serán surcadas por una ruta o venta de lotes que serán devaluados por próximas políticas y tantas otras maniobras inmorales en Estados Unidos (imaginemos lo que le quedan a otros países si eso ocurre en el llamado baluarte del mundo libre). Ilustra el grado de completa desfiguración y degradación a que se ha llegado respecto al sentido original del capitalismo parte del irónico epígrafe de Chesterton con que Schweizer abre su libro: «estamos peligrosamente cerca del punto en que ser un político es la vía más rápida para convertirse en un capitalista».

En no pocas oportunidades se han cargado las tintas contra Maquiavelo responsabilizándolo por lo que expresa en El príncipe sin percatarse que, como bien han señalado autores de la talla de Burham, Sabine y Vitroli, ha sido un excelente observador de lo que tiene lugar en los pasillos del poder. Describe estos ámbitos cuando anota en la mencionada obra que «Podría citar mil ejemplos modernos y demostrar que muchos tratados de paz, muchas promesas han sido nulas e inútiles por la infidelidad de los Príncipes, de los cuales, el que más ha salido ganando es el que ha logrado imitar mejor a la zorra. Pero es menester respetar bien ese papel; hace falta gran industria para fingir y disimular, porque los hombres son tan sencillos y tan acostumbrados a obedecer las circunstancias, que el que quiera engañar siempre hallará a quien hacerlo». Incluso hay quienes ingenuamente interpretan el uso maquiavélico de virtú como si se tratara de virtud, cuando en verdad esa expresión alude a la voluntad de poder que solo se obtiene por el uso de la fuerza agresiva.

Quienes defendemos los postulados de la sociedad abierta nos encontramos en desventaja frente a sus detractores debido a que la filosofía liberal no solo exige profundizar en los nexos causales de las diversas situaciones y mirar «lo que se ve y no que no se ve» según el consejo de Bastiat, sino que la ciencia económica «es contraintuitiva» tal como explicó Hayek y, además, como si todo esto fuera poco, a diferencia de las propuestas de los demagogos, no resulta posible «vender» la idea en cápsulas sencillas y superficiales que ocultan inconsistencias y contradicciones. Leonard Read ha enseñado con rigor que las ideas no son susceptibles de venderse. A diferencia de un desodorante o un dentífrico que al consumidor no le resulta relevante investigar acerca del proceso de producción de lo que adquiere y es suficiente que se percate de las ventajas directas de lo que compra, en el terreno de las ideas el receptor no puede consumir sin más el producto final sino que es menester que recorra en regresión todo el proceso productivo de lo que se le está trasmitiendo al efecto de entender lo dicho. Estas desventajas mutan en potentes ventajas cuando se cuenta con la oportunidad de prestar debida atención al significado de una sociedad abierta, tal como lo ponen de relieve una y otra vez los alumnos de quienes tenemos el privilegio de ocupar la cátedra universitaria.

El valor de la libertad excede en mucho lo meramente crematístico. De nada sirve que, por arte de magia, se pudiera garantizar un ingreso multimillonario a cada persona pero que no puede elegir el colegio de sus hijos, ni asociarse al sindicato de su preferencia (o a ninguno), ni abiertamente elegir el periódico que estima colaboran periodistas independientes, ni profesar su religión sin límite de ninguna naturaleza, ni comprar y vender al precio pactado en el mercado, ni concretar arreglos personales con sus bancos, ni importar del exterior lo que se considere conveniente, ni sortear las imposiciones de pseudoempresarios que hacen negocios en los despachos oficiales y que explotan a sus clientes en base a prebendas varias y demás restricciones a las manifestaciones de un ser libre. Alexis de Tocqueville en El antiguo régimen y la Revolución Francesa resume el punto magníficamente al escribir que «De hecho, aquellos que valoran la libertad por los beneficios materiales que ofrece nunca la han mantenido por mucho tiempo […] El hombre que le pide a la libertad más que ella misma, ha nacido para ser esclavo».

He dicho antes en otro de mis libros y ahora lo vuelvo a remarcar que es de interés destacar que el criterio del óptimo pareteano no puede aplicarse, por ejemplo, cuando se intenta pasar de un sistema estatista a uno liberal puesto que, debido a la maraña de intereses creados contrarios al derecho no se satisface el requerimiento de que «mejore una o más personas sin que empeore ninguna», y el llamado «principio de compensación» no resuelve el entuerto en el sentido de que «los gananciosos compensen a los perdidosos y aún mantengan una dosis de utilidad neta» ya que no resulta posible la comparación de utilidades intersubjetivas ni el sumar ni restar utilidades ya que el observador, desde afuera, no puede conocer las valorizaciones subjetivas de otros, y en este contexto tampoco las cotizaciones de mercado revelan información sobre aquellos que no venden porque, precisamente, otorgan valores a sus activos superiores a los que aparecen al momento en el mercado. Por tanto, el objetivo del antedicho tránsito debería apuntar a la única manera de maximizar resultados que consiste en contar con sistemas libres y voluntarios en los que solamente se recurre a la fuerza de carácter defensivo en el que quedan abrogadas todas las normas que pretenden alegar «derechos» contra el derecho debido al sistema estatizante que imperaba.

Por cierto que confunde a algunos incautos el hecho de que personas de gran patrimonio aconsejen políticas desatinadas, pero es que un empresario exitoso se limita a tener buenas intuiciones para concretar arbitrajes al conjeturar costos deprimidos respecto a los precios finales pero no necesariamente conoce de economía (generalmente no es el caso). Es habitual que el banquero no sepa que es el dinero ni el especialista en marketing sepa que es el mercado. En realidad, en las carreras de administración de empresas y en los cursos avanzados sobre la materia debería reforzarse el esqueleto curricular en cuanto al conocimiento de la economía puesto que se trata del ámbito en el que el empresario debe operar, pero, lamentablemente, cuando esto ocurre, es para introducir la economía convencional, la del mainstream, es decir, la neoclásica y keynesiana con lo que se pervierte y desdibuja el análisis correspondiente. Hace poco un grupo de cuarenta millonarios estadounidenses (billonarios tiene más sentido dada la depreciación del dólar) firmaron una declaración pidiendo que el gobierno les incrementen los impuestos, petitorio que se denominó «Patriotic Millonaires for Fiscal Strength», un título patético de un grupo mezcla de ignorantes y prebendarios que sacan partida de privilegios inauditos a los que nadie prohíbe entregar sus fortunas al fisco sin tanta alharaca. El título del libro de Charles Gasparino lo ha dicho todo en su momento: Bought and Paid For. The Unholy Allance Between Barack Obama and Wall Street.

También hay autores que se han considerado el non plus ultra del liberalismo y, sin embargo, en no pocos de sus escritos, se detectan esperpentos de diversa magnitud. Tal es el caso, por ejemplo, de John Stuart Mill de quien cito solo dos de sus desconceptos memorables al efecto de ilustrar el punto, tomados de su Principles of Political Economy que han tenido graves repercusiones (para no repetir lo que ya he escrito sobre ciertos yerros que estimo de peso de su célebre On Liberty). La primera alude a una supuesta escisión entre la producción y la distribución en lugar de comprender que se trata de la cara y la contratara del mismo fenómeno. Escribe que la distribución de la riqueza «depende tan solo de las instituciones humanas. Una vez que existen las cosas, la humanidad, individual o colectivamente, pueden disponer de ellas como le plazca. Puede ponerlas a disposición de quien le plazca y en las condiciones que se le antojen», lo cual dio aliento a la llamada «redistribución de ingresos» por parte de los aparatos estatales, lo cual, naturalmente, contradice la previa asignación de factores productivos que precisamente realiza la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el mercado. Y la segunda concuerda con el retrógrado «proteccionismo» mercantilista y la visión autárquica de List y todos sus continuadores modernos: «Un derecho protector durante un tiempo razonable puede ser muchas veces la forma que presente menos inconvenientes para que la nación contribuya a sostener ese experimento [proteccionista]». No es de extrañar entonces la confusión creada si los que se consideran «grandes empresarios» y los que se estima son «padres del liberalismo» se pronuncian por dislates de esta naturaleza.

La civilización es algo sumamente frágil que se traduce en infinidad de costosos procesos simultáneos para ponerla en marcha. Se ven sus resultados pero queda en la oscuridad todo el delicado e intrincado tejido que paso a paso fue elaborándola a través de múltiples acciones de personas que no estaba en su mente un resultado tan portentoso, siempre ejecutado con informaciones fragmentadas y dispersas, a veces ni siquiera articulable: con conocimiento tácito como diría Michael Polanyi. Naill Ferguson y, antes que el, Wilhelm Röpke destacan que la gente aprecia lo que está a la vista producto de la civilización pero pocos son los que bucean en las profundidades para detectar el inmenso y reiterado trabajo que subyace.

Hoy han cambiado las cosas respecto a la estricta limitación del «ogro filantrópico» para apoderarse de porciones crecientes de lo producido pacíficamente por la gente. Antes he escrito que tal vez el mayor malentendido de nuestra época consista en el concepto de igualdad. En lugar de comprenderlo como igualdad de derechos ante la ley, se pretende la igualdad de resultados lo cual es incompatible y mutuamente excluyente con la primera igualdad mencionada puesto que para utilizar la ley como instrumento igualador de resultados necesariamente debe imponer la desigualdad de derechos. Y la consecuencia inexorable de este travestismo se traduce en la destrucción de marcos institucionales clave que genera mayor empobrecimiento. El delta entre mayores y menores ingresos o el Gini Ratio que mide la dispersión del ingreso no resultan datos relevantes, lo medular es que todos progresen, es decir, el mejoramiento en el promedio ponderado, lo cual se logra maximizando las tasas de capitalización que son fruto de marcos institucionales civilizados, entre lo que sobresale el respeto a los derechos de propiedad. Al fin y al cabo, como queda dicho, las desigualdades de patrimonios e ingresos son el resultado directo de los juicios emitidos por la gente en el supermercado y equivalentes respecto de las distintas eficiencias para atender sus respectivos reclamos.

En este contexto, subrayo lo que estimo es el eje central de la política estatizante, no solo en Estados Unidos sino también, desafortunadamente, en buena parte del llamado mundo libre. Se trata precisamente de la referida manía de la guillotina horizontal propia del igualitarismo, que no solo supone la suma cero en lugar del proceso dinámico de creación de valor, sino que convierte la cruzada en una imposibilidad práctica. Esto es así porque para igualar patrimonios e ingresos en sentido cabal debe tomarse en cuenta que las apreciaciones son subjetivas, situación que convierte el asunto en un galimatías que no puede resolverse (además, aunque los sujetos en cuestión dijeran la verdad tampoco se lograría el objetivo puesto que no hay posibilidad de comparaciones intersubjetivas). Más aun, si esto se dejara de lado y se optara por el igualitarismo en base a indicadores «objetivos» estos no estarían disponibles ya que los igualitaristas deforman los precios con su intervención gubernamental. Por último en esta materia, debe señalarse que aun suponiendo que pudiera llegarse a buen puerto, la fuerza agresiva debe estar permanentemente presente al efecto de mantener la igualdad y evitar que cada cual le de distinto uso a lo recibido por el poder de turno.

Sin entrar ahora en asuntos demasiado técnicos, como subrayo en este libro, uno de los aspectos económicos más delicados se refiere al sistema bancario de reserva fraccional manipulado por la banca central que se traduce en que los bancos están de hecho en estado de insolvencia permanente, lo cual se pone en evidencia cada vez que ocurre un cambio en la demanda de dinero. Esto debe modificarse con urgencia —sea a través del free banking o la reserva total, un arduo y apasionado debate al que me refiero detalladamente en mi libro publicado hace un par de años por la Universidad del Desarrollo en Chile— en lugar de insistir en los muy recientes e inconducentes Acuerdos de Basilea (uno, dos y tres) cuyos gruesos errores se ponen en evidencia en detalle en el ensayo en colaboración aparecido en Policy Analyisis de Cato Institute, por Kevin Down, Martin Hutchinson, Simon Ashby y James Hinchliffe titulado «Capital Inadequacies, the Dismal Failure of the Basel Regime of Bank Regulation».

A esta altura de los acontecimientos y dadas ciertas actitudes con algún tufillo inquisitorial, se hace necesario advertir que el merecido reconocimiento a los notables aportes de la tradición de pensamiento de la Escuela Austriaca que comenzó con los medulosos trabajos decimonónicos de Carl Menger y luego de Eugen Böhm-Bawerk, deben distinguirse y separarse claramente de aquellas manifestaciones antiacadémicas y cavernarias que la usan (y la abusan) como si fuera una secta al margen de otras muchas contribuciones, puesto que el conocimiento siempre se teje, se nutre y se alimenta de donativos cruzados de muy diversos orígenes y procederes que requieren y demandan apertura mental y permanente cuestionamiento.

Cierro esta introducción a vuelapluma consignando que constituye uno de los motivos fundados para ser optimista respecto al futuro de la libertad la existencia de la esclarecedora Unión Editorial que desde hace tiempo publica obras que apuntan a señalar las bases de la sociedad abierta con lo que alimentan bibliografías para el uso en cátedras, al tiempo que hace de efecto multiplicador en la preparación de ensayos, artículos y otros obras de gran calado que navegan en la misma dirección y, asimismo, libros de difusión que han producido resultados sumamente alentadores. Me siento muy honrado que esta casa editora me haya invitado en su momento a escribir el prólogo a las conferencias que pronunció Ludwig von Mises en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y otro prólogo de mi autoría que ha reproducido Unión Editorial para el tratado de economía de Murray N. Rothbard, dos de mis grandes maestros a quienes tuve el enorme placer de tratar personalmente.

Espero que esta nueva edición de Estados Unidos contra Estados Unidos contribuya eficazmente a la tarea de explicar y difundir los principios sobre los que descansa la quintaesencia de la condición humana, cual es el libre albedrío, en el contexto del país en el que, como queda dicho en esta nota introductoria, tuvo lugar el experimento liberal más amplio y exitoso en lo que va de la historia de la humanidad, y aprovecho para agradecer los generosos escritos de Carlos Rodríguez Braun y Álvaro Vargas Llosa que encabezaron la primera edición de este libro y que ahora tengo la satisfacción de verlos reproducidos.

Alberto Benegas Lynch (h)

Buenos Aires, marzo de 2013

Lo primero, primero

La sociedad en todos sus estados es una bendición, pero el gobierno, aun en su mejor estado, constituye un mal necesario y en su peor estado, uno intolerable.

Thomas Paine, 1776

Hay que estar alerta frente a las trampas que tienden los antropomorfismos, pero espero que se acepte como una fórmula simplificadora que no intenta vulnerar el individualismo metodológico, el afirmar que Estados Unidos de Norteamérica se está traicionando a sí mismo.

Los extraordinariamente valiosos principios sobre los cuales fue fundado ese notable país están siendo abandonados y revertidos por muchos de sus gobernantes. Quedan sin duda muy potentes reservas morales en esa nación, las cuales se exteriorizan y se ponen de manifiesto en múltiples campos y oportunidades. Es de esperar que, para bien de la humanidad, la marcada desconfianza de los Padres Fundadores para con el aparato estatal y el consiguiente establecimiento de estrictos límites al poder político no se esfumen en una tenebrosa noche de olvido y miseria. En este caso de eventual infortunio, el resto del mundo entrará en un denso y sumamente peligroso cono de sombra que será difícil de corregir. En torno a estos ejes gira el libro que ahora emprendo.

La idea nació durante mi estadía como profesor visitante en el segundo semestre de 2006 en la Universidad Francisco Marroquín. En ciertas ocasiones, me ha ocurrido que la gesta parturienta de un artículo, un ensayo o un libro finalmente se concreta a raíz de mi empecinamiento en que lo escriba otra persona que he identificado como competente para tal empresa. Pero luego de tanto hurgar y escudriñar en el tema en cuestión, termino escribiéndolo yo. Éste ha sido el caso del presente trabajo.

Más precisamente, durante un almuerzo en la mencionada universidad, en un comedor rodeado por una nutrida biblioteca, mientras estaba consultando una de las obras vinculadas al tema de investigación que venía sugiriendo, Giancarlo Ibárgüen —rector de esa casa de estudios— con evidente intención de inducirme a que personalmente ejecutara el proyecto que, hasta el momento, venía endosando a terceros, comentó en voz alta: «Alberto está pensando en su próximo libro». En ese instante concebí la idea de encarar directamente y sin más rodeos el emprendimiento, que fui madurando y puliendo mentalmente en los días subsiguientes, hasta que finalmente decidí asumir la responsabilidad de la tarea. Dejo aquí expresa constancia de mi agradecimiento a Giancarlo por sus reiteradas muestras de simpatía, aliento y apoyo para que hiciera realidad esta labor que constituye un nuevo y gratificante desafío, que espero enfrentar adecuadamente (al fin y al cabo, tal como ha escrito Octavio Paz, «el escritor, es el olmo que sí da peras»).

Pensé primero en introducir un subtítulo en el que se leyera «Del mal necesario al bien indispensable», al efecto de destacar la alarmante involución que ha tenido lugar en Estados Unidos, desde la difundida noción de Thomas Paine —que aparece en el acápite de esta introducción, en cuanto a que, en aquella instancia del proceso de evolución cultural, el autor y muchos de sus colegas del período revolucionario consideraban que, en el mejor de los casos, el gobierno es un mal necesario— a la generalizada versión moderna de que el aparato de la fuerza debe inmiscuirse en todos los recovecos de la vida privada, como si se tratara de una bendición esencial. Dejé esto de lado puesto que estimo que, tal vez, no en todos los casos se apreciaría el contexto histórico en el que cobraría sentido aquella pretendida aclaración.

Las páginas que siguen están escritas con el mayor cariño y admiración por Estados Unidos. He cursado dos años de mi colegio allí y luego, nuevamente, me acogieron como huésped con motivo de una beca para cursar seminarios de posgrado. Convivir con estadounidenses en los que prima el espíritu cosmopolita ofrece la oportunidad de escarbar y penetrar en el extraordinariamente generoso y fructífero american way of life.

Las generalizaciones tienen sus bemoles. En una ocasión le preguntaron a Chesterton qué opinaba de los franceses, a lo que respondió: «No sé porque no los conozco a todos». Magnífica forma de combatir conclusiones apresuradas que pretenden abarcar lo colectivo; pero no es óbice para que se deje constancia de impresiones personales recibidas, fruto de repetidas experiencias con diversos integrantes de un grupo humano.

Sé perfectamente que no pocos de los antinorteamericanismos que pululan por el planeta son por pura envidia e incomprensión del sentido y el fundamento de los extraordinarios aportes que han exhibido los mercados libres y el liberalismo, en este último caso en el sentido clásico de la expresión y no con el significado que hoy se le suele asignar en Estados Unidos. Lamentablemente, muchos son incapaces de digerir que, como apuntaba mi querido Jean-François Revel, en aquel país es donde tienen lugar, en proporción a sus habitantes, las más portentosas obras filantrópicas, la asistencia más numerosa a orquestas sinfónicas y a museos, la producción más suculenta y lectura más difundida de libros científicos, departamentos de investigación, universidades y centros de estudios, las más devotas y extendidas manifestaciones religiosas junto con la tradicional economía pujante y una justicia basada en los marcos institucionales más civilizados del orbe. Pero nada de esto está garantizado ni es inexorablemente eterno.

El fin de la historia tipo Fukuyama y las consiguientes predicciones de inexorabilidades constituyen marxismos al revés. Nada hay inexorable en lo que respecta a las conductas humanas. Como ha enseñado en múltiples ocasiones Popper, no hay tal cosa como leyes necesarias de la historia (ni leyes históricas de ningún tipo). Todo depende de lo que cada uno de nosotros sea capaz de hacer todos los días. Tocqueville, en su ensayo sobre el Antiguo Régimen y la Revolución Francesa, señalaba que es común que en los países en los que existe gran progreso moral y crematístico los habitantes den eso por sentado. Momento fatal. Es allí donde se produce la reversión del proceso, debido a que se dejan espacios en el debate de ideas que son ocupados por otras corrientes de pensamiento que operan en sentido contrario a las causas que dieron origen a la antedicha prosperidad.

No se me escapa que muchas de las políticas que estimo equivocadas y desviadas a las que aludiré en este libro se aplican con mayor intensidad y constancia en otros países, pero el caso que nos ocupa resulta especialmente importante por tratarse nada menos que del baluarte de la sociedad abierta. Por tanto, están en juego muchos valores trascendentales.

En el último capítulo aludo a las enormes reservas morales que aún están presentes en Estados Unidos y que constituyen una fundada esperanza para revertir el proceso de decadencia que hoy tiene lugar en ese extraordinario país. Esas reservas son el remnant de que nos hablaba Albert Jay Nock en su Isaiha’s Job de 1937. Son las reservas morales que quedan en personas que se mantienen fieles a los principios y valores, independientemente de los vientos que soplen en otras direcciones. Los que tienen el coraje de pararse solos ante avalanchas de indiferentes y descreídos son, en definitiva, aquellos que a contracorriente del espíritu autoritario se mueven en defensa de la sociedad abierta, son aquellos capaces de tomar con vigor la antorcha de la libertad y mantenerla encendida.

Como pongo de manifiesto en el penúltimo capítulo, el análisis allí consignado puede saltearse o leerse por separado, puesto que se trata de una línea de investigación que, si bien está vinculada a la trama principal del libro, es independiente y, por tanto, no afecta la columna vertebral del trabajo. Alude más bien a elucubraciones, cuestionamientos, conjeturas y especulaciones que apuntan al futuro, en el contexto de un andamiaje teórico que espero sea fértil para quienes desean mirar más lejos, correr el eje del debate e ir más allá de quienes consideran prudente circunscribir su atención a los problemas que hoy aquejan a Estados Unidos. Son reflexiones que han surgido al transitar por andariveles deshabitados y al explorar avenidas poco frecuentadas y, por ende, aceptan la invitación de mirar el problema planteado en este libro incorporando un plano que presenta cuestionamientos que pretenden revisar lo que hasta el momento se ha tomado como postulados inmodificables.

Consigno, por último, en el presente introito de brevedad telegráfica, que ésta es la segunda vez que interrumpo otro proyecto de libro que vengo arrastrando desde hace algún tiempo y que en mis borradores he titulado Perfiles en penumbra. Está referido a las medulosas y sorprendentes contribuciones de ocho autores de los siglos xvi, xvii y xviii que merecen mayor atención de la que se les ha dispensado hasta el presente. Abrí un paréntesis en esta pesquisa con motivo de mi último libro sobre el análisis del fenómeno de las drogas publicado recientemente, y ahora vuelvo a suspender el escrito para abocarme a esta labor, como si, en el fondo, se tratara de una rendición subconsciente. Sin embargo, no me doy por vencido, acaricio la ilusión de terminarlo alguna vez, aunque aparentemente el continuar con esa faena me demandaría complicadas gestiones y travesías para echar mano de algunos documentos inéditos. En todo caso, ahora tengo frente a mí esta nueva aventura intelectual que me resulta tan estimulante y a la que considero de especial relevancia. Espero que, en algún sentido, resulte en una contribución al futuro del mundo libre. Entonces, sin más trámite, manos a la obra.

El espíritu estadounidense

Hemos oído de la impía doctrina del Viejo Mundo por la que la gente era hecha para el rey y no el rey para la gente. ¿Se revivirá la misma doctrina en el Nuevo bajo otra forma —que la sólida felicidad de la gente debe sacrificarse a las visones de aquellas instituciones políticas bajo una forma diferente—?

James Madison, 1788

Si tuviera que resumir en cinco palabras el significado del american way of life, lo haría del siguiente modo: respeto, generosidad, realización, religiosidad y libertad. La columna vertebral sobre lo que estuvo asentado todo el esqueleto estadounidense es el sentido del respeto recíproco. Que el fuero personal de cada uno es inviolable y que las personas pueden hacer de sus vidas lo que les plazca, siempre y cuando no lesionen derechos de terceros.

Y el respeto a que aludimos no se circunscribe a las opiniones y actitudes con las que se concuerda, sino, de modo especial, a no interferir con las que son distintas e incluso están en las antípodas de quien respeta (lo cual, de más está decir, no significa suscribir, adherir o incorporar el contenido de la opinión o el acto respectivo).

La generosidad que en general demuestra el espíritu estadounidense hacia el prójimo es notable, desde los ofrecimientos al nuevo vecino, las amistosas y espontáneas asambleas para resolver los problemas más variados, hasta el establecimiento de las obras caritativas y filantrópicas más colosales para fines diversos. Como nos detenemos a indagar con más profundidad el concepto de generosidad en el último capítulo referido a las reservas morales en Estados Unidos, en esta instancia nos limitamos a subrayar una de las características de gran parte de los estadounidenses, lo cual atribuimos a las instituciones liberales que tradicionalmente prevalecieron en aquel país.

El sentido del achivement apunta a un concepto de responsabilidad muy acentuado y a una confianza en que cada individuo, con esfuerzo, puede actualizar sus potencialidades en busca del bien y, consecuentemente, otorgar el aplauso, el estímulo y el premio para quienes desarrollan sus talentos revelando el buen espíritu del good sport y el fair play. Al contrario de lo que ocurre en otros lares, donde el éxito poco menos que debe disculparse.

A su vez, la religatio —la relación con Dios—, sea a través de una denominación religiosa o en el contexto del deísmo, constituye una característica sobresaliente de la gran mayoría de los habitantes de ese país. Tocqueville (1835/1963: 501), quien en su obra sobre Estados Unidos menciona varias veces la religiosidad como típica del pueblo estadounidense, incluso vincula esta condición a la de la libertad cuando observaba que «la religión que, entre los estadounidenses no se mezcla nunca directamente con el gobierno de la sociedad debe, pues, ser considerada como la primera de sus instituciones políticas; porque, si no les da el gusto de la libertad, les facilita singularmente su uso».

En verdad, no es sólo la religión la que está atada a la libertad en cuanto a la facultad de profesar el culto que cada uno estime conveniente —o de no profesar ninguno— sin la intromisión del aparato estatal, sino que las otras tres esferas están también estrechamente ligadas a la libertad. La idea del libre albedrío está indisolublemente atada al respeto, la generosidad y la realización individual. Ninguna de las tres tiene sentido sin la libertad, la cual ha sobresalido no como un recurso retórico y declamatorio, sino como una forma cotidiana de vida, que implica claramente una muy marcada desconfianza en el poder político.

Piénsese lo que se piense de estas cinco condiciones, a nuestro juicio, en líneas generales, y con los debidos recaudos para con las generalizaciones, describen los pilares de la tradición y los ejes de las conductas de los estadounidenses. En los hechos, con estas simples bases construyeron la civilización más portentosa de lo que hasta ahora conocemos sobre la historia de la humanidad. Lamentablemente estas columnas se han venido resquebrajando debido a que los principios que, a su vez, les sirven de sustento se han ido evaporando como consecuencia de ideas que han operado en la dirección contraria y debido a muchos de los aspectos institucionales que eventualmente requieren dar un paso más rumbo a la libertad, al efecto de fortalecer incentivos en esta línea de pensamiento.

Veamos ahora específicamente en qué radican aquellas líneas centrales en las que se concretaron los antedichos valores que definen el american way of life. Son básicamente ocho mecanismos institucionales que se idearon para proteger la vida, la libertad y la propiedad de quienes se establecieron en aquel país del Norte.

Los artífices del andamiaje constitucional a que nos referiremos recibieron alimentos intelectuales de grandes pensadores, principalmente de origen inglés. Por ejemplo, James Madison, considerado «el padre de la Constitución», alumno de John Witherspoon, —quien fue invitado a Nueva Jersey a presidir el centro académico que luego se transformó en la Universidad de Princeton y fue educado en las Universidades de Edimburgo y St. Andrews— llevó a las tierras americanas todo el bagaje de conocimientos de la tradición iniciada en Escocia por George Buchanan en el siglo xvi. Otro ejemplo es Roger Williams, el apóstol de la separación del Estado de las iglesias en Rhode Island —junto con George Mason y Jefferson, en Virginia—, egresado de la Universidad de Cambridge, quien fue secretario de Edward Coke en 1617 y de quien aprendió las bases del common law.

Estas ocho líneas centrales son, en primer lugar, la noción misma de los derechos de las personas y la consiguiente arquitectura de gobierno para preservarlos basada en la división de poderes, en el contralor recíproco y en el modo de elegir a cada uno de los integrantes de los distintos departamentos. En segundo término, la concepción sobre la guerra y las fuerzas armadas. Tercero, la libertad de prensa. Cuarto, la instauración del debido proceso. Quinto, la oficialización de lo ya mencionado en cuanto a la separación entre las iglesias y el Estado y la consecuente libertad de cultos. Sexto, la tenencia y portación de armas. Séptimo, el resguardo de la privacidad, y octavo, el federalismo.

Estos diques fueron ideados para contener las aguas siempre turbulentas y amenazadoras del poder. Sin embargo, el maremoto del Leviatán desbordó murallas y diques y ahogó parte de las libertades individuales e intimida a las restantes, al tiempo que sortea, burla y degrada otras vallas de contención, las más potentes y efectivas que hayan sido concebidas en lo que va de la historia del hombre, ideadas por las mentes más lúcidas y en base a las mejores tradiciones disponibles. Como queda dicho, hacia el final de este libro —ya no como algo descriptivo, sino más bien prescriptivo— se plantean interrogantes para ser debatidos y que intentan abrir rutas que eventualmente pueden servir para consolidar y apuntalar el sueño original sobre el que fue construido Estados Unidos.

En el epígrafe del presente capítulo vemos una de las tantas preocupaciones de James Madison, escritas en el número 45 de Los Papeles Federalistas (1788/1971: 234). Esta preocupación, compartida por muchos de los que contribuyeron a forjar la Constitución estadounidense, se debía a la conocida experiencia en Europa donde las libertades se cercenaban por el abuso de poder de las monarquías reinantes. Querían establecer un gobierno que no cayera en los abusos europeos a través del establecimiento de límites al poder, para lo cual introdujeron una mezcla de participación ciudadana contenida por métodos de representación que frenaran las pasiones de las mayorías descontroladas. Por eso en la Constitución no mencionaron la expresión «democracia» y en su lugar recurrieron al concepto de «república». Pero a pesar de estos recaudos, como queda expresado reiteradamente en este libro, mostraban desconfianza e insistían en adoptar medidas adicionales para que las vallas de contención no se derrumbaran.

Todo el esfuerzo y la esperanza en la arquitectura de gobierno se cifraban en la necesidad de preservar los derechos de las personas y en que el agente encargado de custodiar y hacer respetar aquellos derechos no fuera finalmente el encargado de destruirlos. Tal como queda establecido en los documentos de la época, la tradición estadounidense descansa principalmente en la línea de pensamiento Buchanan-Sidney-Locke-Montesquieu y se aleja del espíritu rousseauniano de las mayorías ilimitadas a través de su idea de la «voluntad general» y la renuncia a la institución de la propiedad privada (esto último, por ejemplo, en Rousseau, 1754/1964: 207-208 y 219) lo cual, desde luego, contraría el espíritu de los Padres Fundadores. Además los estudios incluyeron lecturas como las Cato Letters publicadas en Londres por John Trechard y Thomas Gordon (1719-1723/1994). Uno de los lectores de estos y otros muchos autores fue Madison, quien ha enfatizado que «El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad de todo tipo. […] Éste es el fin del gobierno, sólo un gobierno es justo cuando imparcialmente asegura a todo hombre lo que es suyo» (1792/1999: 515).

George Buchanan (1579/1827: 32-39), egresado de las Universidades de St. Andrews y París, al igual que algunos miembros de la escolástica tardía (la Escuela de Salamanca), reivindicaba el iusnaturalismo y el derecho a la resistencia a la autoridad opresiva, e incluso admitía la posibilidad de matar al tirano. Buchanan puede considerarse el precursor de la célebre tradición de pensadores escoceses que, con características diversas, dieron sus frutos más destacados en el siglo xviii con Francis Hutchenson, Henry H. Kames, Greshom Carmichael (aunque algunos consideran que nació en Londres), John Millar, Thomas Reid, William Robertson, Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson (véase Herman, 2001: cap. 3).

La obra de Sidney fue, en alguna medida, eclipsada por la de Locke debido a que fue publicada 15 años después de su muerte, ocurrida en 1683, cuando fue sentenciado a muerte por conspirar contra Carlos II, conspiración en la que también participó Locke. Fue el primer autor en presentar un contraste con la teoría de Hobbes al fundamentar los derechos inherentes a las personas, explicar las bases para el derecho a la resistencia a la autoridad gubernamental despótica y refutar el derecho divino de los reyes. Escribe Sidney (1698/1990: 511-512) que «como ha dicho hace tiempo una persona ingeniosa, unos han nacido con corona sobre sus cabezas y todos los demás con monturas sobre sus espaldas» y que «Los únicos fines del gobierno y a los únicos efectos que se le debe obediencia es para administrar justicia y protección y cuando no pueden proveer de los dos, la gente tiene el derecho de adoptar caminos que considere pertinentes para su propia seguridad», puesto que «los magistrados no se instituyen para aumentar su majestad sino para la preservación del conjunto y la defensa de la libertad, la vida y la propiedad de todos los hombres privados». Retoma asimismo la tradición escolástica del rechazo a la ley injusta, lo cual se comprueba, por ejemplo, en el título de la undécima sección del tercer capítulo que reza: «Aquello que no es justo no es ley; y aquello que no es ley no debe ser obedecido».

Locke consolida la idea de derecho natural, demuele el andamiaje conceptual de la monarquía absoluta, refuerza el derecho a la sublevación contra la autoridad injusta y, en su obra más conocida (1689/1947), brindó con posterioridad fundamento y justificativo a la Revolución Inglesa, en la que Guillermo de Orange y María Estuardo depusieron a Jacobo II.

A su turno, Montesquieu, muy citado por quienes forjaron la Constitución estadounidense, no sólo elabora cuidadosamente sobre la división de poderes, sino que se detiene a considerar el significado de la ley y su dependencia con parámetros y mojones suprapositivos, es decir, como puntos de referencia extramuros de la norma positiva (1748/1939: libro I, cap. 1). Pero los Padres Fundadores no se limitaron a explorar estos autores, sino que extendieron sus estudios a la mayor parte de los escritos relevantes de autores británicos y franceses conocidos hasta el momento (Flynn, 1955: 33). Por ejemplo, entre tantos otros, en uno de los trabajos de Edmund Burke se lee que

Sería difícil encontrar un error más subversivo de todo el orden y la belleza, de toda la paz y la felicidad de la sociedad humana que la posición que sostiene que cualquier grupo de hombres tiene el derecho a hacer las leyes que le plazcan. [L]a conservación y el beneficio seguro de nuestros derechos naturales es el más grande y último propósito de la sociedad civil; y por tanto cualquiera de todas las formas de gobierno es buena solamente si es consecuente con ese propósito al que está enteramente subordinado (Burke, 1764/ 1986: 43).

La Declaración de la Independencia enfoca el tema de los derechos y el gobierno en su debida secuencia e importancia relativa. Primero se refiere a los «derechos inalienables» y luego alude al gobierno «para preservar esos derechos» y señala que «Cuando cualquier forma de gobierno se torna destructiva para esos fines, es el derecho de la gente alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno estableciendo su fundamento en aquellos principios». En otros términos, el gobierno estadounidense se basa en la noción iusnaturalista de los derechos inherentes a las personas y, por ende, anteriores y superiores a la existencia de todo gobierno. Natural en el sentido de que no es inventado, diseñado ni construido por el hombre, sino reconocido como sus propiedades, características o cualidades, del mismo modo que las poseen todas las criaturas y cosas en el universo.

El derecho natural proviene también de la aplicación de la ley en la Inglaterra medieval:

La ley inglesa también estaba fundamentada en una Ley Superior. Los reyes y los parlamentos no hacían la ley según la tradición medieval; descubrían qué era la ley. […] William Blackstone, en 1765, se refería a esta visión de la ley natural […y] los americanos [estadounidenses] continuaron, desarrollaron y articularon esta tradición a su propio manera (Carson, 1964: 40-41. Énfasis en el original).

Asimismo, en la Declaración de la Independencia queda plasmada la idea de la igualdad ante la ley al reconocer, como queda dicho, que todos los hombres son creados iguales, con ciertos derechos inalienables que deben ser protegidos por el gobierno, lo cual fue desconocido de entrada en el flagrante y patético rechazo de aquellos derechos a los negros y la aceptación de la monstruosidad de la esclavitud.

En Estados Unidos se decidió promulgar una Constitución a diferencia de lo que ocurría en Gran Bretaña, donde no hay una Constitución escrita, a pesar de que el primer antecedente constitucional es la Carta Magna de 1215. Principalmente, las consideraciones de Henry Bracton, William Blackstone, Edward Coke, Walter Bagehot y Albert V. Dicey son tomadas como principios constitucionales del sistema inglés. Luego vinieron las diez primeras enmiendas con la idea de precisar aún más los límites del poder y resguardar los derechos individuales conocidos como el bill of rights, idea originalmente concebida por George Mason (McDonald, 1965/1979: 265). Se suscitó un arduo debate en torno a este tema. Hamilton no aceptaba el agregado de las enmiendas y escribió:

Voy más allá y afirmo que el bill of rights, en el sentido y en la medida para lo que se pretende, no sólo resultan innecesarios en la Constitución sino que pueden resultar peligrosos. […] Puesto que ¿para qué declarar que las cosas no se harán cuando no hay poder de hacerlas? ¿Por qué, por ejemplo, debe decirse que la libertad de prensa no puede ser restringida cuando no se otorga poder para imponer esa limitación? […] la Constitución no debe cargarse con el absurdo de una autoridad que no fue conferida (Hamilton, 1788/ 1971: 439).

Finalmente esas diez enmiendas fueron promulgadas, pero debe destacarse muy especialmente el peso de la novena, en la que se declara el principio de los derechos no enumerados al sentenciar que «La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no debe interpretarse como que se desconocen o menosprecian otros que retiene la gente». En otros términos, no se pretende una declaración taxativa de los derechos de las personas, mientras que sí se establece una enunciación específica de las facultades de los gobernantes. Son enumeradas y muy limitadas las posibilidades de la acción gubernamental y, por el contrario, son muy amplios y no enumerados los derechos de las personas. Como ha dicho Madison (1788/1971: 237), «Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos» y, en su informe de 1800, precisó que «los poderes no dados al gobierno le son negados» (1800/1977: 308, vol. 17).

Samuel Chase, uno de los signatarios de la Declaración de la Independencia, siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia, en 1798, en uno de sus fallos (Calder v. Bull) escribió que

Hay ciertos principios vitales en nuestros gobiernos republicanos libres que determinan y prevalecen sobre un evidente y flagrante abuso del poder legislativo, como lo es autorizar una injusticia manifiesta mediante el derecho positivo, o quitar seguridad a la libertad personal, o a los bienes privados, para cuya protección se estableció el gobierno. Un acto de la legislatura (ya que no puedo llamarla ley), contrario a los grandes primeros principios […] no puede considerarse ejercicio legítimo de autoridad legislativa.

También James Madison escribió que «si se permite que la industria y el trabajo sigan su propio curso, generalmente se dirigirán a aquellos objetivos que resultan más productivos, y ésta es una manera más cierta y directa que lo que pueda hacer el conocimiento de la más iluminada legislatura» (Samples, 2002: 28).

Por su lado, la democracia estaba concebida como inseparable del respeto de los derechos de las minorías por parte de las mayorías, en el contexto de la igualdad ante la ley. Tucídides refiere que Pericles, al honrar a los muertos en las guerras del Peloponeso, afirmaba que «nuestro régimen político es la democracia, y se llama así por los derechos que reconoce a todos los ciudadanos. Todos somos iguales ante la ley». Cicerón recordaba que «El imperio de la multitud no es menos tiránico que el de un hombre solo y esta tiranía es tanto más cruel cuanto que no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y el nombre del pueblo» (c.50 aC/1961: 576-577).

Benjamin Constant remarca que «los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad que viole estos derechos se hace ilegítima […] la voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto» (1817/1968: 9-11). Es que la lucha contra los atropellos de la corona y la aparición de los representantes a través de los Parlamentos no significa que se resolvió el problema. Fue una etapa importante, pero existía el riesgo de pasar de un absolutismo a otro. Esto es lo que consigna Herbert Spencer en las últimas líneas de una de sus obras: «La función del liberalismo en el pasado era poner límites a los reyes. La función del liberalismo en el futuro será la de establecer límites a los poderes del parlamento» (1884/1960: 209).

Respecto a la idea de la democracia, en la misma línea de pensamiento, contemporáneamente, se pronuncian autores como Giovanni Sartori y Friedrich Hayek. El primero nos dice que

por tanto, el argumento es que cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-demos. A la inversa, la democracia concebida como el gobierno mayoritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde con todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría y la minoría (Sartori, 1987: vol. I, 57).

Mientras que el segundo de los autores mencionados señala que «Debo sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata» (Hayek, 1979: vol. III, 39).

En este contexto conceptual, Madison alertó acerca de los graves peligros de las facciones y explicó que «Por facciones entiendo un número de ciudadanos, ya sea una mayoría o una minoría del total, quienes se unen y actúan por algún impulso de pasión común o interés adverso a los derechos de otros ciudadanos» (1787/ 1971: 42). Y Tocqueville, cuando escribía sobre Estados Unidos, dijo que «El despotismo me parece particularmente temible en las edades democráticas. Me figuro que yo habría amado la libertad en todos los tiempos, pero en los que nos hallamos me inclino a adorarla». En la misma obra expresó: «En cuanto a mí, cuando siento que la mano del poder pesa sobre mi frente, poco me importa saber quién me oprime; y por cierto que no me hallo más dispuesto a poner mi frente bajo el yugo porque me lo presenten un millón de brazos» (Tocqueville, 1835/1963: 397 y 636). Madison consideraba que las «democracias puras» acarrean serios riesgos y «han ofrecido siempre espectáculos de turbulencias y disputas; han sido incompatibles con la seguridad personal y con los derechos de propiedad, y han sido en general cortas en sus vidas como violentas han sido sus muertes» (1787/1971: 45), por ello es que sostiene que no debe «confundirse la república con la democracia» (1787/1971: 62).

Esta idea de circunscribir el sufragio al radio del derecho y el consecuente respeto a las minorías, puede resumirse en un fallo posterior de la Corte Suprema de Estados Unidos: «Nuestros derechos a la vida, la libertad y la propiedad, a la libertad de expresión, la prensa libre, la libertad de culto y de reunión y otros derechos fundamentales no pueden subordinarse al voto, no dependen del resultado de ninguna elección» (319 US, 624, 639).

Nos dice Forrest McDonald que, por ejemplo, en el primer tramo de los debates de la Convención de Filadelfia, concretamente en las sesiones que tuvieron lugar desde el 29 de mayo al 27 de junio de 1787, al discutir sobre el tipo de gobierno que establecerían, Edmund Randolph subrayó que el «peligro mayor» radica en «las partes democráticas de nuestra constitución» y que no se han establecido «suficientes controles a la democracia» (McDonald, 1965/ 1979: 276-277) y Elbridge Gerry sostuvo que «Los males que sufrimos provienen del exceso de democracia» (Barnett, 2004: 34). Incluso, en la mente de muchos, tal como relata McDonald «el asunto, durante y después de la convención no era qué clase de gobierno nacional debía crearse, sino si debía crearse un gobierno nacional» (1965/1979: 309).

Finalmente, como asevera el mismo autor (1965/1979: 313) para evitar la tiranía, es decir, para evitar que la vida, la propiedad y la libertad estuvieran en las manos del gobernante y dependieran de su discrecionalidad, se estableció lo que se denominó un gobierno mixto, lo cual significó que el poder se encontrara de tal modo distribuido y limitado que se evitaría la concentración de poder. Tenían presente principalmente la experiencia inglesa en cuanto a la evolución del common law y a la forma de gobierno de la monarquía hereditaria, los títulos nobiliarios también hereditarios en la Cámara de los Lores y el funcionamiento de la Cámara de los Comunes, todo con sus pros y contras y los cierres y eventuales limitaciones al Parlamento. En la Convención había quienes se pronunciaron a favor de un monarca, como fue el caso de Hamilton y Morris, pero la mayoría insistió en las ventajas del antes mencionado gobierno mixto.

Así, en definitiva, ese gobierno mixto se compondría de cuatro grandes partes: la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, la Presidencia y la Corte Suprema de Justicia. La primera sería la parte democrática en la que los miembros se elegirían de modo directo por la gente cada dos años aunque, como destaca McDonald (1965/ 1979: 314), no por la gente en bloque, sino a través de la subdivisión de los Estados miembros, a su vez fraccionados en distritos electorales. Por su parte, el Senado sería elegido por medio de las Legislaturas constituidas por cada Estado miembro, que además elegiría a un gobernador y una Corte según los procedimientos establecidos por la Constitución local. Como se ha dicho, la gente elegiría de modo directo a sus representantes para la Legislatura local y ésta elegiría indirectamente a los integrantes del Senado a nivel nacional.

El límite del poder de legislar resumido por George Mason era compartido por aquellos que finalmente aceptaron firmar la Constitución:

Ahora bien, todos los actos de la legislatura aparentemente contrarios al derecho natural y a la justicia son nulos, según nuestras leyes, y deben serlo según la naturaleza de las cosas […], en conciencia estamos obligados a desobedecer todas las constituciones humanas que contradicen [aquellos preceptos fundamentales] (Corwin, 1948: 64).

Se refería a «la lex aeterna, la ley moral, llamada también ley natural» según la fórmula de Edward Coke (Corwin, 1948: 36).

Se discutió si la Presidencia debía recaer en un triunvirato al efecto de diluir el poder del Ejecutivo (McDonald, 1965/1979: 279) o en una sola persona; finalmente prevaleció este último criterio pero elegido a través del colegio electoral, a su turno seleccionado por las Legislaturas de cada Estado. Por último, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia debían ser propuestos por la Presidencia con acuerdo del Senado y los respectivos mandatos debían ser con carácter vitalicio. Hamilton señala que

La interpretación de las leyes es la función propia y específica de las cortes. Una constitución es, de hecho, y debe ser considerada por los jueces como la ley fundamental. Por tanto pertenece a ellos el establecer su significado, así como también el significado de cualquier ley que surja del cuerpo legislativo. Si hubiera una diferencia irreconciliable entre los dos, aquella que reclama una obligación y validez superior, desde luego, debe ser preferida; o, en otras palabras, la Constitución debe ser preferida a la legislación, la intención de la gente antes que la intención de sus agentes (Hamilton, 1788/1971: 397).

Esta función esencial estriba en interpretar lo que la Constitución dice y no lo que el juez considera conveniente. No hay supremacía de los jueces, esa idea equivocada puede surgir «si uno ignora la proposición de que la negación judicial [al declarar la inconstitucionalidad] no es legislación» (Barnett, 2004: 143). Con esto, los Padres Fundadores intentaron evitar lo que habitualmente se conoce como la tiranía de los jueces, situación en la que, vía el fallo de las Cortes, se modifica de facto la Constitución, tal como lamentablemente ha ocurrido en Estados Unidos.

Los constituyentes se esmeraron en el establecimiento de una marcada división horizontal de poderes porque, como sostuvo Madison (1788/1947: 42), «La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos, ya se trate de uno o de pocos, ya sea hereditario, autoelegido o electivo, con justicia se declara como la definición misma de la tiranía». Por su parte, Jefferson advertía que «La tiranía de los legisladores es actualmente, y esto durante muchos años todavía, el peligro más temible. Lo del poder ejecutivo vendrá a su vez, pero en un período más remoto» (Tocqueville, 1835/1963: 265).

Por otro lado, las elecciones se harían en distintos tiempos y para distintos períodos, en relación con los distintos cuerpos, incluyendo rotaciones parciales de los integrantes de las Cámaras Legislativas al efecto de separar, independizar y fraccionar el poder. Ya había experiencia constitucional con anterioridad a la ratificación de la Constitución Federal en 1788, básicamente a través de las Cartas de las trece colonias antes de 1776, el borrador de la Declaración de Virginia de 1760, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la referida Declaración de la Independencia del mismo año, las Constituciones de todos los Estados miembros —desde 1776 a 1787 todos los Estados habían promulgado por lo menos una—, los Artículos de la Confederación de 1777 y los largos debates entre los federalistas y los llamados antifederalistas.

Todo este andamiaje no eliminaba la desconfianza, aun en las mentes de quienes mayor influencia han tenido en la preparación de la Constitución. Así, James Madison, el más importante de todos en esta labor, sostenía que

Dondequiera que resida el poder del gobierno, existe el peligro de opresión. En nuestro gobierno el verdadero poder reside en la mayoría de la comunidad, y la invasión de los derechos privados emana no de los actos del gobierno contrarios a sus mandantes, sino de aquellos actos en los que el gobierno es un mero instrumento de sus mandantes (Madison, 1788/1867: 425, vol. I).

James Wilson, uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia, redactor del primer borrador de la Constitución y profesor de derecho en la Universidad de Pennsylvania, escribió: «En mi modesta opinión, el gobierno se debe establecer para asegurar y extender el ejercicio de los derechos naturales de los miembros; y todo gobierno que no tiene esto en la mira, como objeto principal, no es un gobierno legítimo» (1790/1896: 307, vol. II). Thomas Jefferson, más allá de su preocupación por la «tiranía electa» (1782/1944: 237) que aparece en el epígrafe del siguiente capítulo y de sus cavilaciones sobre la conveniencia de establecer o no un gobierno, tal como veremos en el penúltimo capítulo, expresó que se necesita «un gobierno frugal que restrinja a los hombres que se lesionen unos a otros y que, por lo demás, los deje libres para regular sus propios objetivos» y que, de todas maneras, «una pequeña rebelión de vez en cuando es algo bueno y necesario en el mundo político, tal como las tormentas lo son en el físico».

A pesar de todas las salvaguardas constitucionales, los Padres Fundadores aconsejaban estar alerta y mantener viva la desconfianza al poder político. En este sentido es muy relevante la pregunta que se formulaba Félix Morley (1949/1972: 8), «¿Está la República [Estados Unidos] acercándose al final de su vida o podemos reanimar y restaurar la filosofía política de cuya vitalidad original deriva?».

En las Obras Completas de Tocqueville se afirma que

Una de las consecuencias más felices de la ausencia de gobierno (cuando un pueblo es tan afortunado como para no tenerlo, lo cual es raro) consiste en el desarrollo de la fuerza individual que inevitablemente se sigue de ello. Cada persona aprende a pensar, a actuar por sí misma sin contar con el apoyo de fuerzas de afuera, que por más vigilante que se le supone, nunca puede responder a todas las necesidades sociales. El hombre, acostumbrado a obtener su bienestar solamente de sus esfuerzos, se eleva en su propia opinión así como en la opinión de otros, su alma, al mismo tiempo, se expande y se hace más fuerte (Johnson, 1997: 390).

Lo que hemos comentado hasta aquí sobre la noción del derecho y la consiguiente arquitectura gubernamental es el primero —y más fundamental— de los ocho puntos que anunciamos como soportes para la preservación de los derechos individuales en Estados Unidos.

Vamos ahora al segundo punto que se refiere a la idea de la guerra y las Fuerzas Armadas que mantenían quienes participaron activamente en el esquema constitucional estadounidense. Este punto es breve pero de una enorme importancia y actualidad. Resulta un buen resumen de este asunto transcribir tres pensamientos de próceres de la época del nacimiento de Estados Unidos. El general George Washington, en 1796, en ejercicio de la Presidencia de la nación afirmó que «Establecimientos militares desmesurados constituyen malos auspicios para la libertad bajo cualquier forma de gobierno y deben ser considerados como particularmente hostiles a la libertad republicana» (Eland, 2004: 114). Sobre el mismo tema, Hamilton advirtió:

La seguridad respecto de peligros provenientes del exterior constituye la dirección más potente para la conducta nacional. Incluso el amor ardiente por la libertad, después de un tiempo, abandonará sus dictados. La violenta destrucción de la vida y la propiedad en la guerra, el esfuerzo continuo y la alarma consustancial al estado de peligro permanente, hará que las naciones más apegadas a la libertad pidan reposo y seguridad a instituciones que tienen una tendencia a destruir sus derechos civiles y políticos. Para obtener seguridad estarán dispuestos a correr el riesgo de ser menos libres (Hamilton, 1787/1947: 32).

Madison anticipó que «El ejército con un Ejecutivo sobredimensionado no será por mucho un compañero seguro para la libertad. […] El peligro extranjero siempre ha sido el instrumento de la tiranía dentro del país» (Farrand, 1911: 465). Y señaló también que «en ninguna parte de la Constitución se encontrará más sabiduría que en la cláusula [artículo 1, secc. 8] que confía la cuestión de la guerra y la paz a la legislatura y no al ejecutivo» (Johnson, 2004: 292).

Por su parte, John Jay apunta que un país no debe colocarse

en una situación tal que invite a la hostilidad o el insulto, puesto que no es necesario observar que hay motivos pretendidos así como causas justas de la guerra […es decir], el embarcarse en guerras no santificadas por la justicia […] que son más comunes en las monarquías absolutas pero merecen nuestra atención [puesto] que afectan naciones tan frecuentemente como a los reyes (Jay, 1787/1971: 13. Énfasis en el original).

Incluso cabe destacar la gran desconfianza de los Padres Fundadores a los ejércitos permanentes como un riesgo para la lesión de las libertades individuales y, en su caso, la preferencia por las milicias, lo cual proviene principalmente de las advertencias de autores tales como los ya mencionados John Trenchard y Thomas Gordon (1719-1723/1994: 215 y ss.). Hamilton aconseja «prohibir la apropiación de dinero para financiar un ejército por más de dos años —una precaución que será una verdadera y real seguridad contra el mantenimiento de tropas sin necesidad evidente— […y] las provisiones más explícitas contra los establecimientos militares en tiempos de paz» (1787/1971: 116-117), lo cual repite en el documento siguiente (1787/1971: 121).

Volveremos sobre este punto en el capítulo que trata sobre la política exterior, pero señalemos aquí que las recomendaciones y cautelas mencionadas se basan en que los estados de guerra hacen que aumenten los impuestos, la deuda estatal y la consiguiente intervención gubernamental en la economía, al tiempo que la libertad de prensa se restringe con el argumento del estado bélico, durante el cual, en general, las libertades se restringen, el Poder Ejecutivo concentra más funciones, los militares expanden sus atribuciones y la trasparencia de los actos de gobierno se torna más opaca alegando «secretos de Estado».

El tercer aspecto destaca la importancia de la libertad de prensa. En una de las tantas manifestaciones de Jefferson al respecto, escribió: «si yo tuviera que decidir si debiéramos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría un momento en elegir esto último» (1787/1944: 411-412) y George Mason, en la Declaración de Derechos de Virginia el 15 de junio de 1776, consignó en el doceavo punto que «La libertad de prensa es uno de las grandes defensas de la libertad y nunca puede ser restringida sino por un gobierno despótico». Asimismo, la Corte Suprema en el voto mayoritario, en un fallo de 1936 (Grosjean v. American Press Co.), señaló que «La libertad de prensa es uno de los grandes intérpretes entre el gobierno y la gente. Permitir que se la encadene significa encadenarnos nosotros». La Enmienda I prohíbe al Congreso «privar de la libertad de expresión, o de prensa, o del derecho a de la gente a congregarse pacíficamente, y de peticionar ante el gobierno para reparar perjuicios».

La libertad de expresión está estrechamente vinculada al ámbito del pensamiento, puesto que esto último requiere para su desarrollo de la confrontación de ideas, de la información y del conocimiento, lo cual sólo puede ocurrir en un clima de plena libertad. A su vez, las manifestaciones de la libertad de expresión son múltiples y abarcan todos los canales posibles. La tecnología moderna expande la indispensable libertad de prensa a la de expresarse por medios electrónicos y la liberad de asociación también incluye el uso de todos los procedimientos y mecanismos modernos que posibilitan que se vinculen personas que se encuentran geográficamente distantes (Emord, 1991).

Lo dicho, desde luego, implica la eliminación de todo vestigio de censura previa, lo cual no quiere decir que las diversas expresiones estén exentas de consecuencias y, eventualmente, de castigos si existieran lesiones al derecho de terceros. Blackstone explicaba que «La libertad es ciertamente esencial a la naturaleza de un Estado libre, pero esto consiste en no establecer ninguna restricción previa a las publicaciones, y no en la libertad de condena en materia criminal una vez aparecida la publicación» (1765/1897: 112, vol. IV). Dicey (1915, cap. IV) se refiere al mismo punto. La condena y prohibición de la censura previa remiten al contenido de la expresión, cosa que no significa la eliminación de normas que anticipadamente establecen, por ejemplo, límites a la emisión de decibeles al efecto de proteger derechos.

Es de interés señalar que a medida que se extiende la asignación de derechos de propiedad van desapareciendo los debates sobre temas tales como la pornografía, diversas actitudes en la vía pública y tópicos colaterales. En la actualidad se han sancionado disposiciones legales que entronizan el «derecho a réplica», lo cual recientemente se ha discutido en Estados Unidos. Esta medida se traduce en que aquellas personas que se sienten vulneradas en sus derechos por algo que se publicó tendrían la posibilidad de usar el medio en cuestión para hacer conocer su punto de vista. De más está decir que éste es un pseudoderecho, puesto que lesiona el derecho de propiedad de los titulares de los medios. La vía para la reparación de una eventual lesión al derecho es la justicia que, eventualmente, podría exigir en el fallo respectivo la reparación a través de una nueva publicación rectificatoria. De lo contrario, cada persona que se sienta afectada por la publicación de un libro o por la presentación de una obra teatral podría forzar a la editorial o a la compañía de teatro para que publique otro libro o que coactivamente se represente otra obra con otro libreto. En 1949 se implantó el derecho a réplica bajo la figura del Fairness Doctrine principalmente para las radioemisoras, pero posteriormente fue dejado sin efecto por la Corte y ahora se pretende reintroducirlo con una aplicación más amplia.

Uno de los aspectos centrales de los puntos citados de la referida Enmienda I consiste en la amplia posibilidad de criticar al gobierno, lo que resulta esencial para la información de la opinión pública. En este sentido, se ha introducido otra figura de raíz totalitaria denominada «desacato», que es una fachada burda para bloquear las críticas al gobierno, también recientemente discutida en el seno del Ejecutivo en Estados Unidos en el contexto de la invasión a Iraq. Precisamente, a la posibilidad de criticar abiertamente al gobierno se refería Hugo L. Black, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, en su fallo de 1941 (Milk Wargon Drivers Union v. Meadowmoor Daries), al sostener que «La libertad de hablar y escribir sobre cuestiones públicas es tan importante para la vida del gobierno como lo es el corazón para la vida humana».

Mucho se ha discutido sobre si debe permitirse en Estados Unidos la organización de partidos políticos totalitarios que pretenden destruir las libertades individuales. Felizmente, por el momento, la opinión predominante es que resulta contraproducente y peligroso, incluso para la preservación de las mismas libertades que se desea proteger, el que se prohíban ese tipo de asociaciones puesto que crearían serias dificultades desde el tratamiento público de las teorías comunistas de Platón y una infinita gama de matices hasta las múltiples manifestaciones en las plataformas y programas políticos. En esta instancia del proceso de evolución cultural, no aparece otra posibilidad como no sea limitarse a la persuasión a través del debate abierto de ideas. No resulta apropiado adoptar otras medidas sin que se corra el grave riesgo de que se vuelvan contra la misma sociedad libre. Volveremos sobre este asunto en el último capítulo al referirnos a la tolerancia de los intolerantes. Por otro lado, en la situación que esbozamos en el penúltimo capítulo, las posibilidades para el resguardo de libertades serían otras sin comprometer derechos de terceros.

Sin embargo, en el actual esquema de gobierno, a pesar de que en la Declaración de la Independencia se acepta que si los ciudadanos vieran sus derechos cercenados por el gobierno pudieran deponerlo, naturalmente quienes hoy declamaran esa idea e intentaran llevar a la práctica semejante acción violenta se encontrarían con seguridad en serios problemas. Si los manifestantes contrarios a esa esclavitud transitoria denominada «servicio militar» han tenido graves dificultades con la Policía y la justicia impuesta en épocas anteriores, imaginemos lo que ocurriría en otros casos.

La libertad de prensa y sus derivaciones y aplicaciones lógicamente incluyen el derecho que cada uno tiene de mantener el secreto profesional de preservar las fuentes de la información recibida, lo que se denomina «base de memoria», para distinguirla de la base de datos. En Estados Unidos, de tanto en tanto, resurge la tentación por parte del gobierno de conocer las fuentes de información y bloquear la publicación de datos comprometedores para el aparato político. Tal vez el caso más sonado haya sido el de los «Papeles del Pentágono», que en 1971 expusieron los errores —y horrores— políticos en la Guerra de Vietnam, lo que finalmente y a pesar de los esfuerzo en contrario por parte del Poder Ejecutivo, salió a luz merced al conocido fallo de la Corte Suprema y, más recientemente, el caso de la patraña de las armas de destrucción masiva en Iraq y su conexión con la compra inexistente de uranio en África, que dio lugar al consecuente escándalo por todos conocido.

Al aludir a la libertad de prensa, debe quedar en claro que ésta resulta amenazada con cada intromisión gubernamental cuando se establecen agencias de publicidad oficiales (más bien de propaganda) que, además, manejan los espacios pagos según la línea editorial, cuando los gobiernos se vinculan directa o indirectamente en el negocio del papel, cuando existen emisoras estatales de radio y televisión, cuando se pretende regular Internet y cuando se establecen sistemas de concesiones para las ondas electromagnéticas en lugar de asignarlas en propiedad. En este caso, la concesión revela que el titular es el gobierno, quien renueva o no la licencia según el comportamiento de los periodistas involucrados. El intento de regular Internet y el sistema de concesiones y las amenazas recurrentes en cuanto al «derecho a réplica», bajo la forma que resucitaría el Fairness Doctrine, constituyen peligros graves que se ciernen en el horizonte estadounidense.

Finalmente, resulta de interés advertir que en no pocas ocasiones se suele afirmar que «los derechos no son absolutos», en el sentido de que es imperioso recortarlos en ciertos casos. El ejemplo que habitualmente se esgrime en esa dirección es la libertad de expresión, la cual, se dice, debe restringirse cuando alguien pretende gritar «¡fuego!» como alarma deliberadamente falsa en un teatro lleno de gente (según el muy citado fallo de Oliver W. Holmes). Este modo de abordar el problema es erróneo puesto que lo relevante es considerarlo a la luz de los derechos de propiedad. Tal como ha expresado el antes referido Hugo L. Black en otro fallo, la adquisición de la entrada a un teatro establece determinados derechos a las partes contratantes, lo cual no autoriza a que el espectador, por ejemplo, «pronuncie un discurso allí. […] Uno no tiene que gritar “¡fuego!” para ser arrestado. Si una persona provoca desorden en un teatro debe ser amonestada, no por lo que grita sino por gritar» (citado en Dillird, 1963: 477). Entonces, de ninguna manera el caso considerado significa que se recorta, se retacea o se limita el derecho de expresión, sino que un derecho, cualquiera sea éste, no puede utilizarse para lesionar iguales derechos de terceros, del mismo modo que el derecho a mover los brazos no autoriza a pegarle al vecino, lo cual no implica que se esté restringiendo el derecho del primero. En una sociedad abierta, la esfera del derecho de cada cual es máxima y ocupa todos los espacios posibles, pero para que esto sea así debe ser cierto para todos. Incluso en el caso considerado, ni siquiera el dueño del teatro puede gritar la referida falsa alarma en plena función, puesto que eso vulneraría el contrato con los espectadores que adquirieron la correspondiente entrada para asistir a la función y no para someterse a las no anunciadas e imprevistas excentricidades y caprichos del dueño.

En cuarto lugar, comentaremos el punto referido al debido proceso. Hay dos enmiendas vinculadas a este tema crucial y una tercera relacionada con el mismo asunto. La Enmienda V, que se interpreta referida al gobierno federal, dice en la parte medular que «Ninguna persona [será] privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso». La Enmienda XIV que se interpreta referida a los Estados miembros expresa en su aspecto central, vinculado al punto que ahora nos concierne, que «tampoco ningún Estado puede privar a una persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso que marca la ley». Por último, la Enmienda VIII manda que «No se requerirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se aplicarán castigos inusuales ni crueles», lo cual se suele incluir en el concepto general del debido proceso.

El concepto del debido proceso deriva del derecho común de Inglaterra, formulado en el siglo xi y más concretamente en la Carta Magna de 1215, que se refiere a la legem terrea (law of the land), usado como sinónimo del debido proceso a partir del siglo xiv. En su punto XXIX dice que «Ningún hombre libre ha de ser arrestado o aprisionado o desposeído o prescripto o exiliado o destituido de modo alguno, y no iremos contra él ni mandaremos contra él sino por juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra [del país]». Los colonos radicados en lo que sería Estados Unidos llevaron el término «due process of law» con ellos aunque en algunos casos, por ejemplo, en la Constitución de Maryland de 1776, se recurre a la expresión the law of the land. El mismo Edward Coke, en 1628, en su Institutes of the Laws of England utiliza de modo recurrente esta última fórmula.

Desde luego, la estructura constitucional también tiene por antecedentes inmediatos la nueva Carta Magna de Enrique III de 1225, la Carta de Confirmación de Eduardo I, la Petición de Derechos de 1628, la Ley de Habeas Corpus de 1679 y la Declaración de Derechos de 1689.

En todo caso, las dos primeras enmiendas de la Constitución estadounidense mencionadas más arriba aluden al mismo asunto. El juez de la Corte Suprema de Justicia Félix Frankfurter lo expresó en un fallo de 1945 (Malinski v. Nueva York): «Suponer que el debido proceso significaba una cosa en la Enmienda V y otra en la XIV es demasiado frívolo como para elaborar una refutación». A su vez, anteriormente, la Corte Suprema había sentenciado en 1934 (Snyder v. Massachussets) que el debido proceso es violado «Si una práctica o norma ofende algún principio de justicia tan enraizado en las tradiciones y en la conciencia de nuestra gente que se cataloga como fundamental».

El debido proceso significa que nadie, bajo ninguna circunstancia, no importa la magnitud del crimen cometido, sea privado de su vida, libertad o propiedad sin contar con todas las garantías procesales, tales como la posibilidad de la adecuada defensa, el camino expedito para el habeas corpus, no declarar bajo coerción, la intervención oportuna de los jueces, la rigurosa aplicación del principio de inocencia hasta que se pruebe culpable por autoridad competente y, desde luego, la no aplicación de leyes ex post facto a menos que, en materia penal, resulte más benigna para el imputado.

Sin duda que lo procesal es de gran importancia, pero hay un aspecto sustantivo en el debido proceso que ha generado y sigue generando importantes debates en el seno de la comunidad estadounidense. Precisamente, se han denominado Substantive and Procedual due Process of Law a dos aspectos del mismo asunto. Pero, a partir de la Corte de la época de Franklin Delano Roosevelt, se tendió a abandonar el aspecto sustantivo para centrar la atención en el procesal. Más aún, podemos decir que el sustantivo se revirtió y, en gran medida, transformó en los principios opuestos a partir del New Deal que estudiaremos en el próximo capítulo como una de las manifestaciones más profundas de la decadencia de Estados Unidos, debido al rechazo de los principios sobre los que fueron fundados.

La aplicación del aspecto sustantivo se la suele denominar con algo de sorna «la era Lochner» que, como decimos, se modificó a partir de 1937. Este aspecto sustantivo se refería a que la Corte rechazaba medidas del Ejecutivo o del Congreso cuando afectaba el derecho contractual, es decir, el derecho de propiedad. Y no era esto «activismo judicial», sino el estricto cumplimiento del mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales lesionados a través del incumplimiento del eje central sobre el que descansa el debido proceso. Puesto que, en realidad, ¿sirve salvaguardar aspectos procesales si la sustancia que se desea preservar está siendo demolida? En última instancia, no se sostiene una estructura procesal adecuada que extermina la razón misma de contar con buenos procedimientos.

Como veremos, lamentablemente, en alguna medida, esto es precisamente lo que viene ocurriendo en Estados Unidos y no sólo en los casos extremos del atropello a las libertades individuales a través de la llamada Patriot Act y lo que ocurre en Guantánamo, sino por medio de un largo, cotidiano y cada vez más intenso atropello a los derechos de las personas por parte de gobiernos cada vez más invasivos, desaprensivos e irrespetuosos.

La denominación antes referida de «la era Lochner» proviene del caso Lochner v. Nueva York de 1905, en el que la Corte votó contra la pretensión del gobierno de Nueva York de imponer una limitación en las horas de trabajo de los panaderos, alegando que dicha imposición vulneraba la libertad de contratar. Los casos más frecuentes se referían a la pretensión de obligar al pago de los consabidos salarios mínimos, lo cual no sólo lesiona derechos de propiedad vía la intromisión de la fuerza en los contratos, sino que generan desempleo debido a la pretensión de imponer que se pague más de lo que posibilitan las tasas de capitalización existentes, lo cual, a su turno, afecta muy especialmente a los relativamente más pobres ya que condena a la desocupación a los que tienen mayor necesidad de trabajar. Éstos y muchos otros intervencionismos estatales, naturalmente, vienen debilitando, comprometiendo y minando el futuro de aquel gran país.

El quinto mecanismo institucional consiste en la separación entre el poder y las iglesias, esto es, entre el Estado y la religión, aspecto que se denominó «la teoría de la muralla» para ilustrar la independencia tajante entre estas dos esferas. Los Padres Fundadores querían evitar a toda costa las alianzas entre el altar y la espada que tantas persecuciones y matanzas provocaban en Europa. Querían evitar las inquisiciones y otros dislates de aquellas épocas, ilustrados en nuestra era por los fundamentalismos instalados en el poder y sus socios que, igual que antaño, en nombre de Dios, la caridad, la misericordia y la bondad hacen tantos estragos.

Después de grandes trifulcas en las que aparecían opiniones que insistían en mantener una «religión oficial» y diversas manifestaciones de intolerancia por parte de algunos de los representantes de ciertas iglesias, finalmente se logró introducir en el primer punto del Estatuto de la Libertad Religiosa de Virginia, promulgada el 16 de enero de 1786, la condena a

la impía presunción de legisladores y gobernantes, tanto civiles como eclesiásticos, quienes siendo falibles e irreflexivos, asumieron el dominio sobre la fe de otros proclamando que sus propias opiniones y modos de pensar eran los únicos verdaderos e infalibles, y como tales trataron de imponerlos a los demás. […E]s pecaminoso y tiránico obligar a un hombre a prestar contribuciones de dinero para la propagación de opiniones que no cree. […N]uestros derechos civiles no deben depender de nuestras opiniones religiosas, como tampoco nuestras opiniones en materia de física o geometría.

Antes que esto, el 12 de junio de 1776, se había promulgado la formidable Declaración de Derechos de Virginia, donde en el punto decimosexto se concluye que «en consecuencia, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo con los dictados de su conciencia». Esta redacción surgió después de un prolongado debate, luego del cual se decidió que no se incluiría la palabra «tolerancia» como se había sugerido en un comienzo, debido a que esta expresión acarreaba la idea de que unos, desde un supuesto pedestal de la verdad, perdonan los errores de otros. La tolerancia es un término que se utiliza frecuentemente en el contexto de la sociedad abierta pero, para ser precisos, en realidad los derechos no se toleran, se respetan, debido, precisamente, a que la primera expresión contiene cierto tufillo inquisitorial. Sin embargo, en materia religiosa, es aplicable el término, ya que quienes están imbuidos de espíritu religioso consideran que su visión es la verdadera y no lo es necesariamente la del vecino que practica otro culto. Pero, a pesar de lo dicho, los autores de la Declaración de 1776 en Virginia, por las razones expuestas, consideraron prudente no incluir esa palabra, si bien estaban familiarizados con los trabajos de Erasmo, las Cartas de tolerancia de Locke —quien dicho sea de paso no toleraba a los ateos ni a los católicos, en este último caso porque estimaba que una vez en el poder éstos eran intolerantes con todas las demás religiones— y, posteriormente, con el Tratado de la tolerancia de Voltaire.

Es oportuno citar brevemente la última obra mencionada puesto que coincide con el espíritu de los arquitectos de la Declaración de Virginia que venimos comentando. Voltaire, igual que Thomas Paine y otros del período revolucionario estadounidense, era deísta. El primero escribió:

que los que encienden cirios en pleno mediodía para celebrarte, soporten a los que se contentan con la luz de tu sol; que los que cubren su traje con tela blanca para decir que hay que amarte, no detesten a los que dicen lo mismo bajo una capa de lana negra. […] Que abominen de la tiranía ejercida sobre las almas, como execran el bandidaje que arrebata por la fuerza el fruto del trabajo y la industria pacífica (Voltaire, 1764/1976: 125-126).

En el contexto de la libertad religiosa y frente a diversas desavenencias, Jefferson señaló que «si se instituyese un mal gobierno para nosotros en el futuro, significaría lo mismo que haber aceptado desde el principio el mal gobierno que se nos ofrecía desde el otro lado del océano, sin los riesgos y gastos de guerra» (Miller, 1989: 21). Por otra parte, ya hemos mencionado el rol descollante de Roger Williams en la tarea de la libertad religiosa. Lo hizo a través de la publicación de varios libros, principalmente en Bloudy Tenent of Persecution for Cause of Conscience de 1644, además de la ya mencionada trasmisión de conocimientos tomados debidos a su estrecha relación con Edward Coke en Inglaterra. Tan caldeados estaban los ánimos por estas discusiones que se llegó a proponer que Williams fuera deportado debido a sus opiniones en materia religiosa.

Paul Johnson escribe de Williams:

La lógica [de su razonamiento] no era meramente que a cada persona correspondía su propia interpretación de la verdad en la religión, pero que para que la sociedad civil exista debe haber una absoluta separación ente la iglesia y el Estado. En religión, decía Williams, cada hombre tiene el derecho a su conciencia individual, guiada por la luz interior de su fe (Johnson, 1997: 47-48).

Y Jim Powell concluye que «Roger Williams fue el precursor de la tolerancia religiosa; mostró que la separación entre las iglesias y el Estado traería paz. Las ideas en su frágil colonia, en definitiva prevalecieron en Estados Unidos e inspiraron a gente en todo el mundo» (2000: 85). También debe mencionarse a Anne Hutchinson, que si bien no dejó nada escrito, realizó formidables y repetidas arengas a favor de la libertad religiosa en las muy concurridas reuniones en su domicilio después de algunos sermones de los domingos, lo cual condujo a que personajes intolerantes y arbitrarios decidieran su excomunión.

La libertad religiosa aparece en la primera línea de la Enmienda I de la Constitución estadounidense: «El Congreso no hará ninguna ley concerniente al establecimiento de la religión, o prohibiendo su libre ejercicio».

Tocqueville observa que «Los estadounidenses confunden tan completamente en su espíritu el cristianismo y la libertad, que es casi imposible hacerles concebir el uno sin la otra […] pero todos atribuyen principalmente la completa separación de la Iglesia del Estado el imperio pacífico que la religión ejerce en su país» (1835/ 1963: 292 y 294).

Este tema crucial de la libertad en materia religiosa sigue preocupando en la actualidad en diversas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, donde una llamada «derecha cristiana» enquistada en el poder pretende revertir tantos esfuerzos y tanto dolor a la que en una notable y encomiable gesta parturienta logró en su momento contrarrestar para establecer principios civilizados.

El sexto mecanismo institucional es la tenencia y portación de armas consagrada en la Enmienda II, donde expresamente se reconoce que «el derecho de la gente a poseer y portar armas no será infringido». Esta enmienda, igual que otros preceptos constitucionales relevantes en la tradición de Estados Unidos, es imposible de entender para la mentalidad autoritaria y cerril. Sólo conciben que los integrantes circunstanciales del aparato estatal estén armados y que los ciudadanos deben mantenerse indefensos, puesto que, de lo contrario, continúan diciendo, los miembros de la comunidad se exterminarían entre ellos y la autoridad —generalmente con mayúscula— no podría poner orden.

Tal vez debido al contraste que existe entre la historia de Estados Unidos y América Latina es que, entre muchos otros, este aspecto generalmente se ve de manera muy distinta y hasta opuesta en una u otra región. En el primer caso, en gran medida se trataba de personas que iban a esas tierras en busca de libertad, corridas por la intolerancia y persecución. En el segundo, el abordaje fue hecho por conquistadores que apuntaban a la rapiña, al saqueo y, en algunos casos, al exterminio. En esta región se utilizaban títulos para los gobernantes de «excelentísimo» y otras bellaquerías serviles y genuflexas impropias de personas civilizadas. En el primero, en cambio, no sólo no se recurría a expresiones improcedentes, sino que se desconfiaba del monopolio de la fuerza. Esto último es lo que hizo que se tratara al gobernante como se trata a un guardia de cualquier propiedad: no por el hecho de permitirle que porte armas, el propietario se desarma, puesto que esto significaría que queda a merced del subalterno. No es cuestión de alardear con la calificación de «primer mandatario» para el gobernante y, sin embargo, se tolera que actúe como mandante.

Es de gran relevancia tener presente a los distinguidos pensadores que adherían a la tenencia y portación de armas por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Algernon Sidney, Montesquieu, Edward Coke, Blackstone, George Washington, George Mason, Patrick Henry, Samuel Adams, Jefferson, Jellinek y Cesare Beccaria. En este último caso, el precursor del derecho penal sostiene que prohibir la portación de armas

sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga. […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza: desarma a quienes no están inclinados a cometer crímenes. […] Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante (Beccaria, 1764/1994: 87-88).

Cuando se observa un poster donde aparece el rostro desfigurado de un malvado y al pie figura la leyenda «¿Usted le entregaría armas a este monstruo?», no parece percibirse que, precisamente, ése es quien portará armas a costa de sus víctimas. Es de interés detenerse a estudiar las estadísticas que muestran cómo se incrementan los crímenes allí donde se decide la prohibición de la tenencia y portación de armas y de qué manera disminuyen cuando se abroga dicha prohibición (Kukla, 1973; Halbrook, 1984; Lott, 2003).

De más está decir que el poseer y portar armas de fuego implica una enorme responsabilidad y los consiguientes castigos severos si se hace uso indebido de esta facultad, junto con las naturales restricciones a menores y equivalentes, del mismo modo que se hace con respecto a las licencias de conducir, el consumo de alcohol, etcétera.

En Inglaterra, Edward Coke popularizó y vinculó dos conceptos que consideraba de gran trascendencia y que fueron adoptados por los Padres Fundadores en Estados Unidos. Se trata de la inviolabilidad de la residencia de una persona y la facultad de defenderla. Domus sua cuique est tutissimum refugium resumía la primera idea y armaque in armatos sumere jura sinut expresaba la segunda, lo cual se extendía a la protección de la persona.

La Policía naturalmente, en la mayor parte de los casos, llega cuando el crimen ya se perpetró (si es que no está aliada a los asaltantes), por ello también es que son importantes las armas en poder de la gente, no sólo como elemento disuasivo, sino para evitar el crimen y poder defenderse a tiempo.

John R. Lott relata que, cuando era Economista Jefe de la United States Sentencing Commission, pudo revisar cientos de testimonios de criminales donde explicaban cómo siempre las víctimas desarmadas constituían un blanco fácil y cómo se les dificultaba la tarea allí donde se sabía que la víctima potencial estaba armada, sea en la vía pública o en los domicilios. Dichos testimonios señalaban cómo habitualmente abandonaban los planes de violación o asalto en los casos en los que se sabía de antemano que la persona contaba con armas (2003: 9 y ss.).

Los acontecimientos trágicos y criminales del 11 de septiembre de 2001 muy probablemente no hubieran ocurrido si con anterioridad no se hubiera promulgado la ley federal que prohibía a la tripulación de los aviones estar armadas. Esto, a pesar de los descubrimientos de las empresas de aeronavegación en cuanto a las armas propuestas para ser usadas en vuelo, incluso minimizando detonaciones. Así fue que los terroristas pudieron realizar sus monstruosas tropelías con cuchillitos de plástico frente a pasajeros indefensos y una tripulación totalmente desarmada.

Los espectáculos de asesinos que se trepan a una torre y disparan a mansalva a colegiales no se deben a que la gente inocente cuenta con medios de defensa, sino a deficientes mecanismos de prevención y castigo en el contexto de sistemas penales permisivos y complacientes y apologías de la violencia en el seno de sistemas llamados «educativos y recreacionales». Por otra parte, como hemos apuntado, aquellos pervertidos siempre encontrarán métodos para hacerse del arma que necesitan para llevar a cabo sus siniestros propósitos.

El anteúltimo de los mecanismos institucionales que comentaremos, también brevemente, se refiere a la privacidad a la que alude la Enmienda IV, dedicada exclusivamente a este tema. Este mandato constitucional garantiza el derecho de la gente a su seguridad personal, a su residencia, a sus papeles personales y otras pertenencias contra requisas y secuestros sin orden de juez y, en ese caso, con todas las garantías que corresponden y especificando concretamente qué se busca, en base a qué acusación y cumpliendo con todos los requisitos procesales.

La privacidad es el deseo de quienes quieren mantener su ámbito de intimidad fuera del escrutinio público. La invasión a la privacidad significa quebrar ese derecho a salvaguardar espacios personales. Se refiere principalmente al entrometimiento de los gobiernos, a través de situaciones tales como las preguntas impertinentes en materia fiscal, las escuchas telefónicas, la violación del secreto bancario y las requisas y allanamientos improcedentes. No se refiere exclusivamente a los gobiernos, también incluye la preservación y el resguardo de lo particular que debe ser resguardado de la intromisión de otros, como cuando se confía a una empresa o a un profesional datos personales, éstos no pueden ser difundidos sin autorización del titular o si existen cámaras que filman o graban, éstas deben ser claramente anunciadas por si la persona prefiere abstenerse de entrar a ese lugar bajo esas circunstancias.

La tecnología moderna hace posible que, por ejemplo, a través de rayos láser y equipos que detectan sonidos —conversaciones— a larga distancia se pueda invadir la privacidad de terceros, lo cual, lógicamente, debe ser sancionado. La tecnología moderna también permite el lanzamiento de un misil contra un blanco inocente, de lo cual no se desprende que semejante acción sea permitida. Sin duda, todo lo que se publica es del dominio público, en cuya esfera no puede justificadamente alegarse ni reclamarse privacidad; estamos aludiendo a las acciones y a las pertenencias para las que se pone de manifiesto la clara voluntad de preservarlas.

Es pertinente recordar que toda la estructura de la utopía negativa o antiutopía de Orwell está construida sobre la base del continuo y asfixiante acecho de espionaje total que el «Gran Hermano» realiza sobre los gobernados. Y también es de interés tener presente que el autor subraya que esto se logra de modo más efectivo y envolvente si se destruye el lenguaje. Así, en 1984 se incluye un apéndice titulado «The Principles of Newspeak» que apunta a ese objetivo (1948/1961: 246 y ss.). Este nuevo idioma tendría tres metas básicas. En primer lugar, a diferencia del resto de las lenguas y dialectos, éste tiene en la mira la disminución de la cantidad de palabras. Año tras año el diccionario en lugar de enriquecerse se empobrece con lo que consecuentemente se contrae el radio del pensamiento. En segundo término, con carácter prioritario se deben borrar del diccionario y del habla corriente expresiones tales como «honor», «justicia», «moral», «democracia» y «religión». Por último, debe tergiversarse el idioma y atribuirle sentidos contrarios al significado de ciertas palabras recurriendo a sus antónimos y, además, abreviados para que no se conecte con connotaciones anteriores. Tal es el caso, por ejemplo, del campo de trabajos forzados que debe identificarse como joycamp o denominar al Ministerio de la Paz, es decir, el Ministerio de Guerra, como Minipax y así sucesivamente al efecto de facilitar la tarea del Gran Hermano de entronizar un régimen totalitario. Para eliminar por completo la privacidad y el sentido de persona individual Orwell alude a la instauración del «doblepensamiento» (doublethink) a través de un mecanismo perverso de adoctrinamiento y de una suficiente repetición, apunta a que la gente no se limite a decir lo que no piensa por temor al poder, sino que finalmente piense lo contrario de lo que son las cosas, como que la esclavitud —la entrega total al gobernante— es en realidad libertad.

Huxley identifica esta expropiación de la privacidad con la masificación, en el sentido de que «la ausencia de mentes a que se dirige el demagogo, la imbecilidad moral en la que descansa cuando encamina a sus víctimas a la acción, no son características del hombre sino de las masas». Y sostiene que «La mayor parte de nosotros desea la paz y la libertad, pero muy pocos son los que tienen entusiasmo por los pensamientos, sentimientos y acciones que se encaminan a la paz y la libertad» y, al final, la gente exclama «Dadme televisión y hamburguesas, pero no me estorben con las responsabilidades que demanda la libertad» (1959/1988: 74, 83 y 187).

Hace más de 55 años, también Taylor Caldwell —y esta vez referido específicamente a Estados Unidos— escribió sobre la pérdida de la privacidad de las personas en la novela en la que ese país se torna socialista. Así aparecen los siguientes diálogos escalofriantes por su punzante realismo:

Siempre había una guerra. Siempre había un enemigo en alguna parte del mundo que había que aplastar. […] Denle guerra a una nación y estará contenta de renunciar al sentimentalismo de la libertad. […] En los días en que América [del Norte] era una nación libre, sus padres deben haberles enseñado la larga tradición de libertad y orgullo en su país. Sus profesores tienen que haberles enseñado, y sus pastores, sus rabinos y sus sacerdotes. La bandera, en un momento, debe haber significado algo para ellos. La Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de la Independencia: seguramente habría entre ellos quienes recordarían. ¿Por qué entonces permitieron que la Constitución se pusiera fuera de la ley? ¿Por qué desviaron sus miradas cuando sus artículos, uno por uno, fueron devorados por las ratas? ¿No hubo una sola hora en la que se sublevaran como hombres en sus corazones y levantaran la voz en protesta? […] Todo empezó tan casualmente, tan fácil y con tantas palabras grandilocuentes. Comenzó con el uso odioso de la palabra «seguridad». […] ¿Por qué han estado tan ansiosos de creer que cualquier gobierno resolvería los problemas por ellos, los cuales habían sido resueltos una y otra vez tan orgullosamente por sus padres? (Caldwell, 1952/1978: 4, 10, 14-15).

Coincidentemente con las razones por las que se producen las decadencias en cuanto a las consabidas distracciones para oponerse a los avances graduales de la impertinencia estatal, Tocqueville sostenía que «Se olvida que en los detalles es donde es más peligroso esclavizar a los hombres. Por mi parte, me inclinaría a creer que la libertad es menos necesaria en las grandes cosas que en las pequeñas, sin pensar que se puede asegurar la una sin poseer la otra» (1835/1963: 635).

Por último, sucintamente nos referiremos al federalismo sobre el que fue construido Estados Unidos. De entrada conviene decir que los Padres Fundadores utilizaban como sinónimos y como términos intercambiables las expresiones «federación» y «confederación» (Diamond,1974: 6 y ss.; Ostrom, 1991: 70), si bien, como veremos en el próximo capítulo, en los hechos, los antifederalistas se referían más bien a una confederación —y así aparecía en los artículos de la Confederación—, mientras que los federalistas dirigían sus opiniones hacia una federación —tal como aparece en la Constitución finalmente promulgada—. Una federación consiste en una división de atribuciones entre los Estados miembros y el gobierno central. En este caso, la autoridad política y las responsabilidades entre ambos niveles de gobierno cubren distintas esferas claramente establecidas y delimitadas. En la Confederación, en cambio, los Estados miembros —más bien asociados— retienen la totalidad del poder y de quienes depende el gobierno central.

El federalismo estadounidense es un sistema de gobierno en el que las facultades y los poderes, se ejercitan de modo concurrente entre el gobierno central y los Estados miembros en unos casos y pero siempre se presentan delimitados en todos y, como queda dicho, con esferas claramente definidas y establecidas constitucionalmente. Sin embargo, en la práctica, hoy el Ejecutivo goza de una creciente autonomía y, a pesar de las provisiones constitucionales en contrario opera con una clara preeminencia sobre el resto de los poderes, avasallando las facultades de los Estados miembros.

Una de las aplicaciones más destacadas del sistema federal consiste en su esquema fiscal. Los Estados miembros competían sin restricciones para atraer inversiones y poblaciones a través del manejo independiente de su política tributaria y, originalmente, asignaban partidas para el cumplimiento de las funciones específicas y limitadas del gobierno central. Entonces, lo que se denominó the power of the purse residía en los Estados asociados, quienes así controlaban al gobierno federal para que no se excediera en sus facultades. En algunos países, el proceso por el que se establecen las atribuciones tributarias de las provincias o Estados miembros respecto del gobierno central en regímenes de este tipo se suelen catalogar como «coparticipación fiscal» que, paradójicamente, en no pocos casos, se lleva a cabo invirtiendo las facultades que son inherentes al sistema federal, esto es, resulta que es el gobierno federal quien básicamente recauda y coparticipa a las provincias o Estados miembros, por lo que se implanta de facto un régimen unitario.

Las ventajas del federalismo en materia tributaria no sólo estriban en la mencionada competencia y limitación de los poderes del gobierno central, sino que además tienden a reducir el tamaño de los gobiernos, es decir, del gasto público, precisamente, para poder atraer inversiones y retener y multiplicar la gente que habita en el Estado miembro correspondiente, lo cual hace posible reducir impuestos y mantener el endeudamiento en niveles mínimos.

En el documento en el que Madison se ocupa de la división de poderes y de la importancia de preservar a las minorías de la usurpación de las mayorías sostiene que el federalismo significa «una doble seguridad para los derechos de la gente. Los diferentes gobiernos [los estatales y el federal] se controlarán entre sí y al mismo tiempo cada uno se controlará a sí mismo» (1788/1971: 266). La preocupación por limitar al gobierno central ha sido una constante en quienes han entendido el mensaje de los Padres Fundadores. Contemporáneamente, Barry Goldwater ha escrito que «La Constitución, repito, establece una línea clara entre la jurisdicción del gobierno federal y la jurisdicción de los estados. El fracaso del gobierno federal de reconocer esa línea ha constituido un golpe devastador para el gobierno limitado» (1960: 23).

La Enmienda X de la Constitución estadounidense establece que los poderes no delegados expresamente al gobierno central por el Congreso están reservados a los Estados miembros. En este sistema federalista está implícito un concepto de gobierno en el que el conocimiento se encuentra disperso, del que surgen diferentes resultados en el contexto de un proceso evolutivo como consecuencia de la interrelación entre muy diversas y fragmentadas unidades de poder, más que del diseño de una autoridad ubicada en el vértice de una estructura piramidal. Vincent Ostrom dice que «En una sociedad que trabaja bajo estas contingencias, es más apropiado presumir que las políticas emergen de la interacción de múltiples centros de autoridad que presumir que son hechas por algún centro de autoridad última» (1991: 17. Énfasis en el original).

Como bien enseña Clarence Carson, en el federalismo no cabe la idea de soberanía en el sentido de dominio o autoridad última, sea por parte de los Estados miembros, el gobierno central o los propios sujetos de derecho, en el sentido de que, si bien todo apunta a que se protegen plenamente las autonomías individuales, las personas no tienen jurisdicción sobre los derechos de terceros: «En los Estados Unidos la tradición es de poderes limitados y dispersos. […] Ni la gente, ni los estados, ni el gobierno federal son soberanos puesto que todos son finalmente limitados por el debido proceso de la ley» (1964: 73). El mismo autor incluso critica la noción de soberanía dual expuesta por algunos partidarios de la Revolución Estadounidense: «Esto es también inexacto, ya que implicaría que entre los estados y el gobierno central hay autoridad suprema. Hay que descartar la concepción de soberanía en la discusión del federalismo» (1964: 73). Esta idea no resulta incompatible con la de interdependencia señalada por Madison, en cuanto a que «cada una de las ramas principales del gobierno federal deberá su existencia más o menos del favor de los gobiernos de los estados y debe, consecuentemente, sentir una dependencia» (Wright, 1961: 327). En otros términos, el sistema estadounidense «estaba diseñado para prevenir la usurpación del poder absoluto por parte de cualquier individuo, de cualquier grupo o por los voceros del pueblo» (Morley, 1949/ 1972: 3).

Por otra parte, el sistema federal no se limita a fraccionar y consecuentemente recortar el poder del gobierno central descentralizando en dirección a los Estados miembros, sino que éstos a su vez se fraccionan en municipalidades y gobiernos locales como método de auditoría para todas las estructuras políticas, colocando las decisiones lo más cerca posible del individuo. Existe en este sistema una trama de interconexiones entre unidades pequeñas y diseminadas de poder, tal como la describe Hamilton, principalmente en Los papeles federalistas 15 y 16 (1787/1971: 66-78). Pero, a su turno, el régimen federal se conecta con el sistema republicano, que contiene cuatro ingredientes fundamentales provenientes de la tradición romana: el gobierno por medio de representantes —contrariamente a la visión de Rousseau, «quien consideraba que la representación era una adulteración de la voluntad general» (Dietze,1968: 262)—; la igualdad ante la ley; la res publica no sólo como cosa pública, en el sentido de la dirección por medio de la opinión pública sino, sobre todo, «pública» en el sentido de abierta y transparente (Dietze, 1962 y Ostrom, 1991: cap. 8) y, por último, el respeto a las minorías, tal como explica Tocqueville cuando alude a «lo que se entiende por república en Estados Unidos», al escribir que «la mayoría no es omnipotente. Por encima de ella, en el mundo moral, se encuentran la humanidad, la justicia y la razón» (1835/1963: 368).

Estos basamentos institucionales, en la medida en que se respetaron, constituyeron la clave del notable progreso estadounidense. En este sentido, no resulta relevante quiénes resultan ser los hombres que ejercen los cargos, porque lo definitorio es la calidad institucional. En Inglaterra, James Harrington (1656/1987: 49), a pesar de sus atrabiliarias nociones, como las de la propiedad, esbozadas para su país imaginario, fue pionero en la utilización de la fórmula que recomendaba «el imperio de las leyes y no de los hombres».

Este principio en modo alguno significa que es irrelevante quiénes sean las personas que elaboran sobre el derecho sino que, una vez establecidas las reglas compatibles con la justicia, la teoría enseña que es indistinto quién sea el gobernante puesto que invariablemente debe ajustarse a la norma. En el caso que estudiamos, es de interés anotar que resultó una feliz coincidencia que «familias como los Washingtons, los Randolphs, los Madisons y los Lees» se fugaron de Inglaterra hacia tierras norteamericanas en la época en que comenzaban las confiscaciones de Cromwell (Durant, 1963: 183). Sin duda, la educación y la preparación de ciertas personas permitieron que a su tiempo se establecieran marcos institucionales que abrieron formidables cauces a la libertad y, consecuentemente, el firme trazado de vallas al poder.

La expectativa de un país libre en medio de un mundo dominado por el absolutismo abría justificadas esperanzas, reforzadas por la anticipación de ideas y principios en alguna medida ya proclamados y, en cierto sentido,

a esa altura, bosquejados por sus más destacados personajes es lo que hizo decir, entre otros muchos, a Gilbert du Motier, Marqués de Lafayette, en una carta dirigida a su mujer pocos días antes de que su embarcación arribara a las costas norteamericanas desde Francia (para ayudarlo a George Washington a combatir las fuerzas británicas en la lucha independista), en junio de 1777, que «la felicidad de América [del Norte] es importante para la felicidad de todos los hombres. América [del Norte] será el hogar amado de la libertad» (Maurois, 1960/1965: 28-29).

Finalmente, para cerrar este capítulo sobre el espíritu estadounidense, recordamos que, tal como han explicado una y otra vez los Padres Fundadores, todos los mecanismos institucionales a los que nos hemos referido existen para preservar «la vida, la libertad y la propiedad», una tríada interdependiente, ya que para sostener y desarrollar la vida y para mantener la libertad resulta indispensable que cada uno pueda usar y disponer de lo suyo, empezando por la propia mente y el cuerpo de cada cual y, desde luego, lo adquirido legítimamente.

Gottfried Dietze puntualiza que «Los papeles federalistas enfatizan el valor del federalismo para la protección de los derechos del individuo, especialmente los de propiedad» (1968: 91). Por esto es que los enemigos de la sociedad abierta como Marx y Engels han escrito que «pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada» (1848/1972: 61) y, por el contrario, uno de los más destacados expositores del liberalismo, Ludwig von Mises, ha señalado que «el programa del liberalismo, por tanto, está condensado en una sola palabra: propiedad, esto es, la propiedad privada de los medios de producción. […] Todas las otras demandas del liberalismo resultan de esta demanda fundamental» (1927/1962: 19). Es por ello que, entre otros precursores de la Revolución Estadounidense —en la Convención Constituyente, Morris concluyó que «la propiedad es el objetivo central de la sociedad» (Morley, 1949/1972: 12)—, Madison, el artífice máximo de la Constitución estadounidense, ha sido tan enfático en la defensa de la propiedad en la cita que reproducimos en este mismo capítulo, donde sostiene que sólo puede considerarse un gobierno justo a aquel que protege la propiedad de cada uno.

El comienzo de la declinación

Un despotismo electo no fue el gobierno por el que luchamos.

Thomas Jefferson, 1782

En este capítulo nos concentraremos en lo que estimamos son los cuatro puntos de inflexión que arrastraron a la declinación de Estados Unidos, precedidos por una breve consideración sobre algunos de los movimientos intelectuales más conocidos y sus respectivas derivaciones. Las cuatro etapas son: la Guerra Civil y el poder del gobierno central y, como antesala conceptual, el muy fértil debate federalismo-antifederalismo; la Primera Guerra Mundial —«para que no haya más guerras»—, Franklin D. Roosevelt y el atropello a las libertades individuales junto con el quiebre de facto del orden constitucional; la Segunda Guerra y, por último, la posición neoconservadora con gran influencia en la administración de George W. Bush, de quien aquí nos limitamos a decir que ha sido el abanderado del gasto público, del endeudamiento estatal, del imperialismo y de los primeros pasos para el establecimiento de un Estado policial, puesto que otros capítulos se refieren más detenidamente a este último caso, también lamentable.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, lo que se conoce como política, tanto en una democracia como en una república, está inseparablemente conectado a la opinión pública. Quienes ejercen funciones políticas dependen inexorablemente del soporte electoral. En este sentido, el discurso de dichos funcionarios se encuentra embretado entre un punto de máxima y un punto de mínima. Si un político de izquierda pretende radicalizar sus propuestas en un nivel que queda bajo el punto de mínima libertad de que es capaz de absorber la opinión pública, comienza a perder votos y es arrastrado fuera de la arena electoral. Del mismo modo, si un político liberal se empeña en sobrepasar el punto de máxima libertad que puede digerir la opinión pública en un momento dado, perderá apoyo electoral. En otros términos: el político es un cazador de votos que no puede desconocer las demandas del público, de lo contrario tiene sus días contados como político. En este sentido también, el político se ve obligado a conciliar y a contemporizar al efecto de mantenerse en el cargo.

Es de gran interés observar que aquellos puntos de máxima y mínima, o aquellos plafones que permiten esos puntos para el discurso y la acción política, son configurados por el mundo intelectual. El mundo de las ideas es el que establece dichos puntos y el consiguiente corrimiento en el eje del debate. La influencia del mundo intelectual sobre la opinión pública es lo que marca las posibilidades políticas en una u otra dirección. Por eso, con razón, se ha aludido a «la era de Marx», «la era de Keynes» o lo que fuere. No es debido a que los políticos hayan estudiado a esos autores; pueden incluso no haber oído comentario alguno sobre ellos, pero son empujados por la opinión pública a ese camino debido, precisamente, a la influencia de esas ideas. El rol del profesor es el inverso al del político. Si un profesor pretende dictar su asignatura según lo que pueda recoger del deseo y los conocimientos de su audiencia, está perdido como profesor. Por el contrario, si un político apunta a pronunciar sus discursos sin prestar debida atención a lo que reclama el público, será barrido de la escena política.

En resumen, los políticos, por más que se consideren a sí mismos como los forjadores de la acción y líderes indiscutidos, no son más que instrumentos de la opinión pública. En verdad lideran la corriente que previamente demanda de modo directo o latente la opinión pública. El rol de modificar las tendencias de la época no le cabe al político sino al intelectual. De allí la importancia fundamental de la educación, de allí el célebre dictum de Richard Weaver: ideas have consequences. Incluso un académico que asumiera funciones políticas, independientemente de sus inclinaciones por una u otra idea, debe ajustar su mensaje a lo que puede aceptar la opinión pública y al plafón que le abrió previamente su propio mundo intelectual. Se ha dicho que los intereses o la tecnología también desplazan los ejes del debate, pero, tanto en un caso como en el otro, se trata en definitiva de ideas que, para bien o para mal, influyen en la opinión pública. En resumen, parafaseando un pensamiento de Emil Ludwig, podríamos decir que el político se adapta a su época, mientras que el intelectual se adelanta al clima de ideas que prevalece en su tiempo.

El caso de Estados Unidos no es diferente, ya que las ideas dominantes en un momento histórico u otro han producido resultados distintos. Y no es que las ideas de un instante configuren los hechos de ese mismo momento. Hay siempre una especie de desfasaje entre un período y otro, tal como lo explican Rose y Milton Friedman (1989): las corrientes intelectuales gestadas hoy influirán en el mañana y las que prevalecen en este momento fueron trabajadas y diseminadas ayer. Por otra parte, las ideas incluyen propuestas en las que se toman muy en cuenta los incentivos para proceder en una u otra dirección. Este último aspecto aparece más elaborado en el penúltimo capítulo, en el contexto de una sociedad abierta y lo ocurrido en Estados Unidos.

La declinación en el país del Norte también comenzó en los cenáculos intelectuales. Tal vez los más destacados e influyentes de aquella época hayan sido los que mencionaremos a continuación. En primer lugar, el Nationalist Club, cuyos integrantes venían trabajando en las ideas socialistas desde mediados de siglo, fue fundado finalmente en Boston después de la visita de Sidney Webb por tres meses, en 1888, a Estados Unidos. Como es sabido, Webb influyó decisivamente en el establecimiento de la Sociedad Fabiana en Inglaterra —precedido por nombres tales como Edward Carpenter, Havellok Ellis, Edward Pease, Frank Podmore y Thomas Davidson, entre otros—, al efecto de propagar el socialismo, lo cual luego se extendió a la fundación de la London School of Economics y el Partido Laborista, con la idea de constituir las ramas intelectual y política de ese credo. Si bien el Partido Laborista originalmente se concibió como la rama política del movimiento sindical, la inclusión en 1918 de la conocida «Cláusula Cuatro», que proponía la eliminación de la propiedad privada, fue tarea de los fabianos (como también, mucho más adelante, fue una clara victoria fabiana el triunfo electoral de Clement Attlee). En todo caso, el nombre del Club se decidió porque «por una parte, apelaba a los sentimientos patrióticos y, por otra, sugería la meta final del Club: la nacionalización de la industria privada» (Martin, 1968: 127; Loyd Wright, ex presidente de la American Bar Association, quien prologa la obra, alude a los impuestos confiscatorios como método fabiano y la concentración de poder en el gobierno central, 1968: XVII).

En los estatutos del referido Club, aprobados en 1889, se lee que

aquellos que buscan el bienestar del hombre deben apuntar a la eliminación del sistema basado en los brutales principios de la competencia y poner en su lugar otro basado en los nobles principios de la asociación. […] Nosotros apuntamos a empujar el principio un poco más lejos para que todas las industrias operen en el interés de la nación (Peace, 1916: 55-56).

Recordemos que Webb fue secretario de Estado para las Colonias en Inglaterra, en 1930-1931 y que escribió, junto a su mujer, Beatrice Potter, un libro en dos tomos titulado Soviet Socialism-A New Civilization?, en 1935. Según las declaraciones del coronel I.M. Bogolepov, ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado estadounidense el 7 de abril de 1952, quien trabajó entre 1930 y 1936 en la Oficina de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética,

el texto íntegro del libro de los Webb fue preparado en la Oficina de Asuntos Exteriores Soviético [lo cual incluyó] material para el capítulo sobre los campos de prisioneros, subrayando los métodos humanos empleados en esas fábricas de la muerte y minimizando la gran escala de sus operaciones, fue especialmente compilado por la Policía Secreta y también transmitido a través de la Oficina de Asuntos Exteriores al matrimonio (Martin, 1968: 30).

Después de aproximadamente cincuenta años de ejercicios intelectuales, no sólo se instalaron oficialmente cenáculos intelectuales, sino que, luego de una serie de publicaciones diversas, aparecieron dos libros de resonancia nacional. Para difundir y explicar las ideas socialistas, en 1884, Laurence Gronlund publicó The Cooperative Commonwealth y, en 1888, Edward Bellamy publicó Looking Backward.

Los miembros del Club, presidido por el general Arthur F. Devereux y cuyo Vicepresidente fue el mismo Bellamy, se ocuparon de influir sobre los distintos medios intelectuales. Así se destaca Richard T. Ely de la Johns Hopkins University, H.C. Adams de la de Cornell, E.J. James de la de Pennsylvania, E.W. Bemis de la de Chicago, John R. Cummings de la de Michigan y E.R.A. Seligman de la de Columbia; así como también los periodistas F.G. Giddings, Cyrus Field Willard, Frances E. Willard y Sylvester Baxter; los pastores Lyman Abbott y Washington Gladden, destacadas figuras como Frances E. Willard, entonces presidente del Council of Women de Washington. Asimismo influyó en las Fuerzas Armadas a través del Capitán Charles E. Brown y del propio presidente del club y, en el ámbito de los negocios, ejerció predicamento sobre prominentes empresarios como Joseph Fels, el magnate de la industria del jabón radicado en Filadelfia (Martin, 1968: 29, 118, 122-123 y 125) quien, en 1907, entregó insignes cantidades de dinero a los revolucionarios rusos en el momento en que Lenin mantenía su disputa con la mayoría de los socialdemócratas para imponer su ala bolchevique (recordemos que el mismo Lenin había predicho que «los capitalistas serán tan voraces que competirán por las sogas con que serán ahorcados»).

A partir de 1890, idénticas tareas se llevaron a cabo en la American Fabian League, que se transformó, en 1898, en The Social Reform Club —fundado por William Dean Howells—, el cual se constituyó simultáneamente con el Union Reform Club en el Oeste, organizado por W.D.P. Bliss y Frank Parsons, originalmente de Boston University. De estas mismas raíces intelectuales se derivan obras muy posteriores, pero de enorme influencia, como A Planned Society (Soule, 1932) y A New Deal (Chase, 1932). También cabe destacar el trabajo de algunos egresados de la Universidad de Harvard, que pone de manifiesto la influencia fabiana en esa casa de estudios (Dobbs, Harlow, Robertson y Roosevelt, 1956/1981).

Estos cenáculos intelectuales se ocupaban principalmente de temas económicos y, en 1871, en Boston, se constituyó el Club de los Metafísicos, donde prevalecían temas filosóficos y jurídicos. El nombre del club era más bien peyorativo ya que sus integrantes eran positivistas y, por ende, desdeñaban la metafísica y estaban a su vez influidos por las ideas de Saint-Simon, Comte y Proudhon (en 1881 se transformó en el «The Hegel Club»). Integraron en distintos momentos esta asociación personalidades tales como George Hubert Palmer, Charles Carroll, James Elliot Cabot, Nicholas Green, Benjamin Pierce y Oliver Wendell Holmes Jr. —todos ellos de Harvard—, Henry Adams, John Ropes, Chancey Wright, Henry y William James (Menand, 2003).

Estas influencias intelectuales que se venían gestando en Estados Unidos no deben mirarse como el fruto de lo que habitualmente se denominan «teorías conspirativas», son sencillamente la consecuencia de una corriente de pensamiento que se desarrolló en esas tierras desde mediados del siglo xix, tal como se viene gestando cualquiera de las ideas en las que actualmente trabajamos nosotros (y que esperamos influyan en algo en un futuro no muy lejano). Del mismo modo que en el capítulo anterior nos referíamos a las tradiciones de pensamiento que produjeron consecuencias benéficas sobre los Padres Fundadores, ahora lo hacemos respecto de otras corrientes de opinión que han ejercido influencia hasta nuestros días. En el caso que nos ocupa, resulta ilustrativo identificar la genealogía de algunas de las expresiones intelectuales que, a su debido tiempo, tuvieron efectos —a nuestro juicio, adversos— sobre los acontecimientos políticos de Estados Unidos, como han sido los casos, por ejemplo, de los muy influyentes Charles A. Bread y Frederick J. Turner, lo cual sigue ocurriendo en los medios, en cátedras universitarias y en la instalación de entidades cuya misión consiste en difundir los ideales distintos y contrarios a los que se corresponden con la tradición original de Estados Unidos, tal como ocurre, por ejemplo, con The Brookings Institution en Washington D.C., que adhiere a ideas de izquierda y actualmente preside un ex integrante del Departamento de Estado.

Sin duda que la cuestión no reside en lamentarse por el abandono de aquella tradición, ni en destacar los autores ni las instituciones responsables de ese giro intelectual, sino en producir trabajos mejores que puedan competir exitosamente en el terreno de las ideas para mostrar las ventajas de la aplicación de los principios compatibles con una sociedad abierta. Una buena receta para lograr este propósito consiste en la autocrítica: en lugar de quejarnos porque la gente adopta ciertas ideas, resulta más fértil preguntarse por qué somos tan ineptos para lograr el cometido propuesto. Y cómo tendemos a ser más benévolos con nosotros mismos que con los demás, este ejercicio calma las ansiedades y nos obliga a hacer mejor los deberes.

Sin perjuicio de lo señalado en el penúltimo capítulo respecto de las corruptelas advertidas en Estados Unidos, a poco de andar, el primer quiebre institucional fuerte en la historia de ese país se produjo a raíz de la Guerra Civil. He escrito en otra oportunidad sobre este tema y sus antecedentes en un trabajo, que figura en coautoría pero más bien fue en colaboración pues nos dividimos las tareas, entre las que me tocó en exclusividad investigar y redactar la primera parte del libro. De allí ahora extraigo alguna información (2004: 11-95), conjuntamente con otro material bibliográfico que dejo consignado.

Al año siguiente de la Declaración de la Independencia, el 15 de noviembre de 1777, los Artículos de la Confederación —que son trece— se redactaron y aprobaron, y fueron ratificados por los delegados de los trece Estados en distintos momentos —el último fue en marzo de 1781, por Maryland (Ch. C. Tansill, 1927: 27-37)—. Es de interés destacar que la denominación que se decidió es la de «Estados Unidos de América» —primer artículo— y que cada uno de los Estados miembros retiene su «libertad y su independencia y derechos que no sean expresamente delegados por la Confederación» al gobierno central —segundo artículo—, al efecto de establecer una «liga firme de amistad» entre los Estados «para su común defensa y seguridad de sus libertades» —artículo tercero—.

El artículo cuarto establece que «las personas de cada Estado podrán ingresar o salir de cualquier otro Estado y, por tanto, gozarán de todos los privilegios del intercambio y el comercio. […] Ninguna imposición, ninguna tarifa será establecida por ningún Estado». Los dos artículos siguientes se refieren a la representación de cada Estado ante el Congreso General y la limitación de sus funciones básicamente circunscriptas a la representación del conjunto y las consecuentes relaciones exteriores. Pero lo realmente relevante y definitorio en cuanto a la limitación del gobierno central lo establecía el artículo octavo al sostener que «todos los gastos» en que incurra aquel para el cumplimiento de su misión específica «serán sufragados de una tesorería común que será provista por los estados [miembros] en proporción al valor de la tierra de cada Estado». Esto significaba que, en última instancia, el poder lo retenían los Estados miembros a los que respondía el gobierno central.

Más aún, como ya hemos señalado, hubo debates sobre la conveniencia o no de establecer un gobierno central debido al temor de que en un futuro éste se extralimitara en sus funciones, debate que, como veremos, se encuentra estrechamente ligado a los acontecimientos inmediatamente anteriores y posteriores a la Guerra Civil. La guerra revolucionaria hizo que finalmente prevaleciera la idea de un gobierno central, pero muy limitado en sus funciones y bajo la tutela de los Estados miembros. Desde las instalaciones de las primeras colonias también se suscitaron debates en otras direcciones. Los conservadores no querían cortar amarras con la corona inglesa y buscaban todo tipo de subterfugios para no declarar la independencia y, una vez que esto resultó un hecho consumado, resucitaron la idea de una especie de «sustituto del gobierno inglés» (Jensen, 1962: 163). En este contexto, se repitió la discusión que tuvo lugar en Inglaterra respecto de la «representación virtual» y la «representación real» en el que se sostenía que las colonias estaban representadas «virtualmente» en la Cámara de los Comunes del mismo modo que lo estaban aquellos que en Inglaterra no estaban autorizados a emitir su voto. De este modo se incluía a las colonias cuando se decía que «el Parlamento representaba a toda la población». La posición contraria abogaba por «la representación real», es decir física, de colonos en el Parlamento. El origen de este debate tuvo lugar a raíz de los impuestos que la corona pretendía imponer a las colonias sin representación legislativa (Wood, 2003: 40; Morgan, 1956/1992).

Cuando la Confederación aceptó la idea de contar con un gobierno central, la discusión derivó en los poderes del Congreso General. En ese sentido, Thomas Burke, irlandés de origen (Galway), abogado, representante por Carolina del Norte al Congreso Continental, escribió:

Cuanto mayor es la experiencia que adquiero, más fuerte es mi convicción de que el poder ilimitado no puede ser confiado a ningún hombre o a ningún grupo de hombres. […] El poder de todo tipo tiene una propensión irresistible a incrementarse […] éstas y muchas otras consideraciones me hacen desear vehementemente que el Congreso sea muy bien definido y que existan fuertes controles. […] El poder siempre será abusado a menos que los hombres estén muy bien vigilados y controlados por aquello que no pueden modificar cuando lo deseen (Rothbard, 1975-1979: 246, vol. IV).

También fueron muy tajantes en esa época las expresiones públicas del antes mencionado John Witherspoon como profesor de Madison, el único pastor y doctor en teología firmante de la Declaración de la Independencia, quien elaboró detalladamente la importancia de mantener el poder fiscal en los Estados miembros y que la Confederación no debía transformarse en un «Estado nacional», sino en una «unión federal» (Wood, 2003: 104).

A pesar de todos los recaudos y desconfianza al poder y el antes mencionado control tributario por parte de los Estados miembros, finalmente se autorizó que el gobierno central estableciera un gravamen del 5% a todos los productos que se importaran a Estados Unidos «para pagar el interés y el principal de la deuda federal que se contrajo durante la Revolución» (Rothbard, 1975-1979: 400, vol. IV). Además, con anterioridad, se había permitido al gobierno central la emisión monetaria de los «Continentals»: seis millones en 1775, 19 millones en 1776, 13 millones en 1777 y 135 millones en 1779 (Ferguson, 1961). Precisamente, en 1781, la consiguiente inflación produjo una severa crisis, de donde surgió el conocido dicho not worth a Continental. Al margen, es de interés señalar que durante el período colonial se recurría a la moneda inglesa, francesa y española indistintamente y, hasta que se impuso el curso forzoso al dólar, circulaban monedas emitidas por la banca privada y bajo su responsabilidad. Los primeros dólares de Estados Unidos los emitió el gobierno central en 1794 y equivalían —según la ley monetaria de 1792— a 24,72 gramos de oro y era equivalente a 371,25 gramos de plata. La expresión «dólar» deriva de thaler —en el valle de Joachinmsthal en Bohemia—, una moneda de un gramo de plata que era acuñada privadamente por el Conde Schilik en el siglo xvi (Rothbard, 1964: 6).

En todo caso, aquel espíritu de los Artículos de la Confederación fue en los hechos modificado en la Constitución ratificada en 1788, aunque la Convención fue convocada en Filadelfia en 1787 bajo la idea de limitarse a «revisar los Artículos de la Confederación». Como hemos apuntado, en todos los Estados miembros había experiencia constitucional puesto que habían dictado por lo menos una colonial charter, pero en la Convención Constituyente las discusiones se mantenían encendidas, especialmente respecto a la forma de gobierno —había quienes insistían en la conveniencia de una monarquía constitucional— y sus atribuciones, particularmente en lo concerniente a la relación entre el gobierno central y los Estados miembros (McDonald, 1965/1979: 5-6). La Constitución aprobada finalmente otorgó poderes al gobierno central, que no contaba con la aprobación de aquellos que comulgaban con el espíritu de los Artículos de la Confederación, especialmente, aunque no únicamente, por el texto de la octava sección del primer artículo, que lo faculta para establecer impuestos, al tiempo que le permite incursionar en tareas regulatorias y monetarias y establecer un ejército permanente:

Estados Unidos nació de una revolución contra el soberano ejecutivo, rey de Inglaterra. De modo que no resulta una sorpresa la desconfianza americana [estadounidense] por la autoridad ejecutiva […pero] el reemplazo de los Artículos de la Confederación por la Constitución tuvo lugar para establecer una autoridad central mas fuerte (Webber y Wildavsky, 1986: 358).

Esto constituyó una derrota para los denominados antifederalistas que, si bien no formaban un grupo homogéneo, básicamente se oponían a otorgar poderes autónomos al gobierno central, aunque puede considerarse una victoria de este grupo la inclusión posterior, en 1791, de las diez primeras enmiendas: el antes mencionado Bill of Rights (Storing, 1985: 16). Los más conspicuos representantes del antifederalismo fueron Samuel Bryan, Richard H. Lee, John P. Wintrop, John Lasing, Ellerbrige Gerry, George Clinton, Robert Yates, Melancton Smith y John De Witt, quienes firmaban sus colaboraciones con los pseudónimos de Centinel, Plebian, Agrippa, Sidney, A Georgian, Cato, Brutus, Federal Farmer y An Old Whig aunque, sin duda, los más destacados expositores fueron Patrick Henry, John Taylor y George Mason.

Por su parte, los federalistas más conocidos reunieron en un volumen sus colaboraciones periodísticas. Como queda dicho, estos documentos fueron escritos por Hamilton, Madison y John Jay —el presidente primigenio de la Corte Suprema de Estados Unidos—, todos con el pseudónimo de Polibius (el primero de los mencionados escribió 51, el segundo, 29, y el tercero, cinco). Hubo también otros federalistas menos reputados que hicieron contribuciones de algún peso (Sheehan y McDowell, 1787-1788/1998).

La Constitución fue firmada por 31 de los 42 delegados. Elbridge Gerry, John Randolph y George Mason se negaron a firmarla; John Lansing, Luther Martin, Robert Yates y John F. Mercer se retiraron de la Convención antes de finalizada y Richard Henry Lee y Patrick Henry se abstuvieron de asistir. Por otra parte, recordemos que no participaron en la Convención por hallarse en Europa Thomas Jefferson, John Adams y Thomas Paine. Después de redactada la Constitución, Jefferson (1787/1944: 435) le escribió a John Adams desde Francia en los siguientes términos:

¿Cómo le parece nuestra nueva Constitución? Confieso que hay cosas en ella que me hacen tambalear en mi disposición de suscribir lo que ha propuesto la Asamblea. La Cámara de Representantes no será adecuada para manejar los asuntos, ni extranjeros ni federales. Su Presidente parece una mala edición de un Rey polaco. […] De verdad creo que todo lo bueno de esta Constitución se podría haber puesto en tres o cuatro artículos para ser agregados a la buena, vieja y venerable obra [de los Artículos de la Confederación].

En la votación final por la ratificación de la Constitución se observa el peso antifederalista. Por ejemplo, en Massachussets fue ratificada por 188 votos contra 168, en Virginia 89 contra 79, en New Hampshire 57 contra 47, en Nueva York 30 contra 27, en Carolina del Norte fue rechazada por una abrumadora mayoría antifederalista y en Rhode Island se decidió no convocar para la votación en señal de protesta antifederalista (Ketchman, 1986: 14). El 17 de septiembre de 1787, Franklin sostuvo en esa última sesión de la Convención —en la que introduce la visión pesimista del futuro del gobierno que citamos en nuestro penúltimo capítulo, a la que, por otra parte, ya hemos hecho referencia—, según el resumen de Ralph Ketcham (1986: 176) que «a pesar de sus objeciones a algunas partes de la Constitución [pidió] que se firmara ya que en su conjunto [consideraba] que era lo mejor que podía hacerse en una Convención constituida por hombres falibles».

En su mayoría el antifederalismo —así denominado exclusivamente por oponerse a los federalistas, pero en verdad adherían con mayor énfasis a la descentralización— consideraba que las unidades más reducidas de jurisdicción gubernamental ofrecen mayor garantía para preservar las libertades individuales (Allen y Gordon, 1985: «Interpretative Essay»). En última instancia, las jurisdicciones territoriales son para evitar los enormes peligros de la concentración que acumularía un gobierno universal. Pero, a su vez, como reaseguro, los diversos gobiernos de sociedades libres fraccionan su poder en provincias o Estados y éstos, a su turno, se fraccionan en municipalidades. De todos modos, como decimos, la idea de muchos de los antifederalistas respecto de las dimensiones reducidas —en el extremo está el individuo— se fundamentaba en que abre cauces a la competencia intergubernamental, es más clara la dependencia recíproca, aparece más nítida la necesidad de abrir las fronteras y comerciar entre las diversas unidades políticas, y la cooperación de distintas personas ubicadas en jurisdicciones diferentes se hace más patente, resulta más efectivo el control de los gobernantes por parte de la gente y se evitan mayorías concentradas para la administración de espacios grandes, sustituyéndolas por poblaciones de menor tamaño para las decisiones correspondientes. Esto, claro está, no descarta los contrafácticos en el sentido de encontrar países de reducida extensión con regímenes totalitarios y grandes con sociedades abiertas, el punto antifederalista era que, dadas las ideas que prevalecen, estimaban que las dimensiones hacen de incentivos adicionales en una u otra dirección. Allen y Gordon (1895: xi-xiii) explican que

El antifederalismo es el nombre que comúnmente se usa para designar a aquellas personas que se oponían a la ratificación de la Constitución. Esta nomenclatura negativa no fue conscientemente elegida […], hubieran preferido la imagen positiva de republicanismo. Desde la adopción de los Artículos de la Confederación en 1781 aquellos que decían que protegían la […] Unión eran percibidos como federales, opuestos a quienes se basaban en los estados miembros. Los federalistas lograron que, en febrero de 1787, se llamara a una Convención Constituyente para revisar los Artículos de la Confederación. Propusieron un plan para fortalecer la Unión que se apartó radicalmente de aquellos Artículos. Los antifederalistas señalaban el [error…] de la nueva Constitución, enfatizando los principios federales de los Artículos de la Confederación [que estaban supuestos de actualizar y no de modificar]. Acusaban a los federalistas de abandonar los principios del federalismo y subvertir el sistema. […] Consideraban que la libertad republicana estaría mejor preservada en unidades pequeñas donde la gente tendría un rol activo y continuo en el gobierno. […] Bajo el nuevo plan [la Constitución], los representantes se tornarían independientes más bien que dependientes de la gente.

Los antifederalistas tomaron esta idea de las jurisdicciones reducidas principalmente de Beccaria y de Montesquieu. Entre otros, hizo de expositor central de esta concepción Robert Yates (Brutus), quien cita a Montesquieu (1748/1939: 177, vol. I): «Es natural a una república tener un territorio reducido, de otra manera no puede subsistir. […] En una pequeña, el interés del público es percibido con más facilidad, es entendido mejor, y está al alcance de cada ciudadano».

Los federalistas solían exhibir algunos ejemplos de mala administración por parte de los Estados miembros, a lo que los antifederalistas respondían que eso se debía corregir estableciendo controles más férreos a los gobiernos locales, pero que nunca se enmendaría la situación estableciendo un gobierno central fuerte. Esta parte del debate y el resultado final de un gobierno central sobreexpandido se encuentra bajo la inclusión de un sugestivo título por parte de Vicent Ostrom: «The Central-Government Trap» (1991: cap. v). Por su parte Storing (1981a: 9-11) subraya que

El fortalecimiento de la autoridad federal podía conducir a la destrucción del principio federal. […] Los antifederalistas eran partidarios del federalismo en oposición a lo que consideraban la tendencia de la Constitución a establecer un gobierno nacional que destruiría o debilitaría a los estados. […] La característica principal de aquella «obra venerable» era el federalismo: los Artículos de la Confederación establecieron una liga de estados independientes cuyos representantes se reunían en el Congreso para tratar un número limitado de preocupaciones comunes en un sistema que, básicamente, descansaba en la cooperación voluntaria. El federalismo significa que los estados tienen prelación, que son iguales y que poseen el mayor peso del poder político […] y son capaces de actuar, especialmente en materia de impuestos.

Bruce Frohnen (1999: xvii-xviii) enfatiza el valor de las comunidades descentralizadas en el régimen federal donde

la política era local: surgía en las reuniones de los pueblos, en las asambleas vecinales y en los jurados. […] El hombre medio no recibía ninguna opresión de sus localidades demandando obediencia y trabajo personal. El ciudadano medio no estaba sujeto a visitas del recolector de impuestos con el poder de mandarlo a la quiebra. No era presionado para prestar sus servicios a las fuerzas armadas […] La gente (es decir, todos los hombres con los medios para su supervivencia) se gobernaba a sí misma respecto de prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, sin recurrir a la maquinaria política.

El que estas líneas escribe fue el primero en publicar en el mundo hispano-parlante sobre el antifederalismo (1989). Allí se reproducen traducciones de algunos pensamientos de aquellos autores, al efecto de ilustrar las posiciones que adoptaba esa corriente. A título de ejemplo, en esta oportunidad, extraemos sólo unas poquísimas líneas para brindar la posibilidad de una impresión que proviene directamente de la fuente. Así, de Agrippa:

No puede haber duda de que mientras el comercio en este continente se mantenga libre, la actividad de nuestro prójimo se mantendrá segura. […] Cuando los negocios operan sin obstáculo encuentran el canal más adecuado para nuestros propósitos. Por tanto, debemos ser extremadamente cautos y abstenernos de restringirlo. […] Ningún hombre entra en sociedad pensando en el beneficio de otros sino en su propio bien. Como todos los hombres tienen las mismas expectativas, el resultado es la promoción del bienestar común.

De A Georgian:

Hay algunos artículos que se encuentran en el proyecto constitucional que nos pueden conducir a tener un Sila [Lucio Cornelio Sila] americano [estadounidense] o un Agustus Octavianus que, siguiendo su ambición, pueden destruir nuestra sagrada libertad. […] Se puede decir que los Artículos de la Confederación tienen defectos y, precisamente para corregir algunos de ellos […] debía reunirse una Convención con el poder de solamente discutir las alteraciones propuestas e incluir provisiones adicionales. […] Pero en realidad esa Convención pensó que debía destruirse esta estructura […] y sobre sus ruinas elevaron una nueva estructura.

De Cato:

En mi última presentación me referí a los artículos de la proyectada Constitución referidos al Poder Ejecutivo. Decía que el lenguaje era vago y ambiguo y que los enormes poderes conferidos al Presidente, conectados con la posible duración de su mandato, conducirán a la opresión y a la ruina. […] ¿Ustedes no creen que en América [del Norte] puede haber un tirano? Si éste es el caso, operan sobre una base muy endeble; los americanos [estadounidenses] son iguales a otros hombres en situaciones similares, cuando las costumbres y las opiniones de la comunidad se cambian. […] La imprecisión del sistema político hará que nuestra posteridad se vea amenazada por la concentración de poder.

De An Old Whig:

Sé que hay muchos entre nosotros que, como el hijo de Apolo, piensan que ellos son los elegidos para guiar el carruaje del sol y que la gente común no tiene derecho a juzgar los asuntos de gobierno, puesto que no son aptos para ello y que debieran dejar estas materias para sus superiores. Sin embargo este no es el lenguaje a que recurren los hombres de entendimiento.

De Federal Farmer:

Mi apego por los principios federales y mi interés en la protección de la propiedad y en la adecuada ejecución de las leyes, los convencerán de que, si puede considerárseme parcial, es sin duda a favor de un sistema general que asegure esas ventajas. […] Debemos [encontrar un sistema] que permita a todos los hombres conducir sus propios asuntos. […] El plan de gobierno que se nos presenta cambiará nuestra condición: en lugar de tratarse de trece repúblicas bajo una cabeza federal, está claramente diseñado para convertirnos en un gobierno consolidado.

De Plebian:

Si se está de acuerdo en que el plan es defectuoso y que algunos poderes resultan muy peligrosos y otros no están bien definidos, ¿por qué no enmendarlos? ¿Por qué no simplemente remover las causas del peligro? […] Se nos dice que la adoptemos primero y que la enmendemos después. Yo pregunto ¿por qué no enmendarla primero y adoptarla después? […] Usando todos los poderes de la retórica se nos pinta una situación difícil en este país […pero] ¿acaso cada uno no puede hacer con lo suyo lo que quiera recibiendo el fruto íntegro de su trabajo? […] Nadie [por ahora] teme a la violencia privada ni a la opresión legal.

De John De Witt:

Todos los contratos deben realizarse de acuerdo con el sentido que las partes han querido otorgarles. […] No hay ninguna diferencia con la constitución de un gobierno. […] Se declara que la existencia del gobierno federal se establece solamente para propósitos nacionales y no para interferir en asuntos domésticos de cada Estado. Se les dice a ustedes que los derechos de la gente estarán ampliamente asegurados. En verdad, lo contrario es lo que sucederá. […] En resumen, mis conciudadanos, este proyecto conducirá a establecer un Imperio Universal en Occidente, que será muy estimulante para gente ambiciosa pero fatal para la libertad.

De Brutus:

Podemos señalar muchos casos en donde voluntariamente el pueblo ha incrementado los poderes de su gobierno, pero podemos mostrar muy pocos, si es que existen, en donde los gobernantes han disminuido su poder. Esta es una razón importante para inducirlos a que sean cuidadosos en esta primera instancia para ver claramente de qué manera depositaremos los poderes en el gobierno. […] Como está diseñado, este gobierno posee poderes incontrolables: legislativos, ejecutivos y judiciales en prácticamente todos los temas bajo su jurisdicción […Esta Constitución faculta] para hacer leyes que definitivamente afectan la vida, la libertad y la propiedad de cada uno de los hombres de los Estados Unidos.

De Centinel:

[Esta Constitución permite] el control absoluto sobre el comercio en los Estados Unidos, el control sobre el comercio exterior y la posibilidad de establecer tarifas a la importación. […] Además de que el Congreso puede crear cualquier tipo de impuestos y gravámenes que considere pertinente para el bienestar general.

Y de Sidney:

Un gobierno perfecto (dice Rollin) sería aquel que combine las ventajas de las tres formas de gobierno y excluya los peligros e inconvenientes que le son propios y esto se llama una forma republicana o mixta de gobierno. […] La dificultad entonces consiste en conocer cuáles son las proporciones de los ingredientes que deben tomarse de cada uno o, en palabras de Montesquieu: combinar los diversos poderes para regular, atemperar y permitir que marchen de modo que uno se balancee con el otro.

De todas maneras, con sobrada razón, autores como Jensen (1962), Warren (1805/1988), Mayer (1994) y tantos otros reconocen el valor de una y otra posición en cuanto a las notables contribuciones realizadas desde ambos lados del debate, aun con sus imperfecciones y defectos. Como hemos señalado, tanto los antifederalistas como los federalistas, tomados en su conjunto, no eran grupos homogéneos entre sí. Por ejemplo, ya hemos apuntado tendencias monárquicas en algunos federalistas, así como entre los antifederalistas había quienes concebían la democracia con ingredientes un tanto rousseaunianos. En última instancia, la combinación de estos pensamientos dio lugar a un país que fue ejemplo de respeto a las libertades individuales más que ningún otro en cualquier tiempo. Según lo escrito por Ignacio Sánchez-Cuenca y Pablo Lledó, el debate federalistas-antifederalistas fue «la discusión pública más profunda que haya habido nunca sobre el significado y el funcionamiento de la democracia representativa» (2002: 7).

La mal llamada Guerra Civil —mal llamada porque «no se trataba de dos facciones que apuntaban a obtener el control del gobierno», sino de la independencia de los Estados del Sur a través del derecho de secesión (Kennedy y Kennedy, 1991/2001: 43)— tuvo lugar precisamente debido a que continuaba la disputa sobre los derechos de los Estados miembros en relación al gobierno central. El principio de la secesión estaba presente en muchos documentos de la Unión. Por ejemplo en el Acta de Virginia, escrita por James Madison y aprobada por la Legislatura del Estado el 24 de diciembre de 1798 reza que

Nosotros, los delegados del pueblo de Virginia […] declaramos y hacemos saber que los poderes otorgados bajo la Constitución al derivarse del pueblo de los Estados Unidos pueden ser revocados por ellos cuando aquellos se perviertan y éstos resulten injuriados o sean oprimidos. […] El gobierno federal fue establecido por los estados individuales como socios en un sistema coordinado de gobiernos estatales y el gobierno federal.

Y en la Resolución de Kentucky, escrita por Jefferson siendo vicepresidente y aprobada por la Legislatura del Estado el 16 de noviembre de 1798, se lee que

los distintos estados que componen los Estados Unidos de América no están unidos bajo el principio de sumisión ilimitada al gobierno general, sino por un contrato bajo el estilo y el título de la Constitución de los Estados Unidos y las respectivas enmiendas forman un gobierno general para propósitos especiales delegando a ese gobierno poderes específicos, reservándose cada Estado la otra masa de derechos para su propio gobierno, y cuando el gobierno general asume poderes no delegados, sus actos no revestirán autoridad, serán nulos y no tendrán validez; a este contrato cada Estado accedió como Estado y este gobierno creado por ese contrato no fue revestido de la función de ser juez final respecto de los poderes delegados a él puesto que la medida de sus poderes hubiera resultado de su discreción y no de la Constitución.

Por su parte, en su texto de derecho constitucional, William Rawle (1825: 296) escribe que «depende del Estado [miembro] en sí mismo el retener o abolir el principio de la representación porque depende de él si continuará o no como miembro de la Unión. El denegar este derecho sería inconsistente con el principio sobre el que se basa nuestro sistema político». Y C.C. Burr (1977: 104-105) mantiene que

El nombre de nuestra federación no es Estados Consolidados sino Estados Unidos. Un número de estados mantenidos juntos por la coerción o a punta de bayoneta no sería una Unión. Una Unión es necesariamente voluntaria: un acto de elección, una asociación libre […] ¿Es hoy la relación de fuerza entre Rusia y Polonia una Unión? ¿No es un insulto, un disfraz el denominar a la relación compulsiva entre Inglaterra e Irlanda una Unión?

Y termina diciendo que prohibir la independencia de los Estados miembros «simplemente destroza la Unión» (Burr, 1977: 104-105).

Resulta de gran interés detenerse en algunas de las reflexiones históricas de Acton (1866/1985: 274-276) en torno a lo que se denominó la Guerra Civil estadounidense:

El largo reinado de políticos del Sur en Washington, hasta el año 1860, no provocó ninguna ruptura porque deseaban un gobierno limitado y no un imperio, mientras que la victoria del Norte con la elección del señor Lincoln dio la señal de la disolución de la Unión. […] En general, ciertas medidas de protección a las manufacturas del Este provocaron una oposición unida por parte de los estados agrícolas que debían pagar los beneficios que recibían aquellos. […] Para una de las partes el objeto real de la guerra fue que consideraban que no estaban seguros frente a los asaltos de los políticos del Norte, cualquiera haya sido su declamación en favor del gobierno federal. Por otra parte, deseaban la secesión para establecer una nueva Unión sobre la base de los viejos principios que los norteños habían desconocido. […L]a esclavitud no fue la causa de la secesión pero la razón de su fracaso. […Uno de los abusos consistió] en el establecimiento de impuestos para otorgar ventajas a los intereses que estaban circunscriptos a ciertos estados, a expensas de otros.

En una de las cartas de Lord Acton (1866/1985: 363) dirigidas al general Lee, comandante de las fuerzas sureñas, fechada en Bolonia el 4 de noviembre de 1866, escribe que «La secesión me llenó de esperanza, no como la destrucción sino como la redención de la democracia […cuyos] defectos y abusos la Constitución de los Confederados expresa y sabiamente pensaba remediar. […] Lo que se ha perdido en Richmond me entristece mucho más respecto de mi regocijo por lo que se salvó en Waterloo». Como también ha escrito Acton, en el Norte «optaron por recurrir al curso violento que terminó haciendo la Unión intolerable para aquellos que se oponían» (1866/ 1985: 363), lo cual derivó en la Declaración de la Independencia de los Estados del Sur en 1861. Así, designaron como presidente de los flamantes Estados Confederados de América a Jefferson Davis y proclamaron la Constitución a que aludía Acton en la antes menciona carta a Lee.

En los artículos distribuidos en 23 secciones se observan ocho puntos clave en esa Constitución. En primer lugar, prohibía la imposición de aranceles aduaneros a la importación. En segundo término, se le otorgaba al presidente la posibilidad de one line item veto lo cual hace más difícil el aumento del gasto público (hoy día, en cambio, muchas han sido las quejas por las que el Ejecutivo debe aceptar todo lo que venga propuesto del Legislativo o rechazar todo, pero no puede aceptar o rechazar parcialmente). Tercero, se prohibía la reelección presidencial, limitándola a un solo período de cuatro años. Cuarto, se prohibía terminantemente lo que se denomina extra compensations, que hace posible incurrir en gastos no presupuestados. Quinto, de la Constitución promulgada en 1788 se sustituye la expresión to promote the general wealfare entre las funciones gubernamentales que tantos dolores de cabeza produjo a los defensores de la sociedad abierta, por el carry on the government. Sexto, se fijaron límites muy estrictos a los impuestos y al gasto público. Séptimo, se sustituyó el we the people del Preámbulo de la Constitución por we the people of the Confederate States, its state acting in its soverigeign and independent character. Por último, para marcar diferencias con la Constitución anterior, se prohibía la importación de esclavos de cualquier parte que fuera, sin duda una cláusula muy deficiente puesto que no se eliminaba la monstruosidad de la esclavitud.

Respecto de esta institución aberrante e inadmisible de la esclavitud, inexplicablemente apoyada desde la Antigüedad por personajes tales como Aristóteles, (c.330 aC/1962: 11) quien del modo más contundente e increíble ha escrito que «Hay en la especie humana individuos tan inferiores a los demás [sic…], esos individuos son los destinados por la naturaleza a la esclavitud». En conexión con esto conviene citar algunos pensamientos de Abraham Lincoln, expresados públicamente. Primero, respecto de la secesión ya que posteriormente la combatió cuando fue presidente. Dijo en un discurso en México, llamativamente titulado If You Want to Secede, You May:

Cualquier pueblo que se sienta obligado y cuente con los medios necesarios, tiene el derecho a rebelarse y liberarse del gobierno existente. Éste es el más valioso, el más sagrado derecho, un derecho que esperamos y creemos va a liberar al mundo. No está este derecho confinado a casos en los cuales la totalidad del pueblo de un Estado existente podría elegir ejercitarlo. Cualquier porción de éste puede rebelarse y hacer lo propio con relación a la parte del territorio que lo habita (Emerson, 1967: 450).

Segundo, respecto de los negros esclavos, existen tres declaraciones de Lincoln que es preciso resaltar. Dijo el 21 de agosto de 1858 con motivo del intercambio de ideas mantenido con Stephan Douglas en Ottawa, Illinois: «¿Liberarlos y convertirlos en nuestros iguales política y socialmente? Mis sentimientos no permiten esto» (Di Lorenzo, 2002: 11-12 y 21). En la misma oportunidad, manifestó: «Estoy a favor de que la raza a que pertenezco tenga la posición superior» y en su primer mensaje presidencial, en 1860, expresó: «No tengo el propósito directo o indirecto de interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe. No tengo ningún derecho legal a esto y no tengo ninguna inclinación a hacerlo».

Jeffrey R. Hummel (1996: 349-353 y 358-359) se refiere a las causas de la contienda:

La Guerra Civil representa, simultáneamente, la culminación y el repudio de la Revolución Americana [del Norte]. La Constitución de Estados Unidos constituyó una retirada contrarrevolucionaria de los Artículos de la Confederación. […] La reacción de los antifederalistas fue consistente cuando el nuevo documento fue sometido al público. […] El abolicionismo fue una consecuencia no buscada. […] La esclavitud estaba moribunda de todos modos. Un movimiento fuerte se había establecido en el siglo xviii que eventualmente eliminó ese absurdo sistema. […] El Leviatán Yankee revirtió el arreglo constitucional respecto de hacer dependiente del gobierno central las decisiones de los estados en cuanto a sus ingresos. La autoridad central había adquirido funciones tales como el subsidio a empresarios prebendarios y el manejo de la moneda. […] Los Estados Unidos habían comenzado su lenta pero inexorable marcha hacia el «Estado benefactor» de hoy día.

Tal como queda expresado por Acton, los incrementos arancelarios que constantemente reclamaban los comerciantes del Norte para proteger sus industrias se hacían intolerables para los intereses del Sur en donde debían recaer los mayores costos artificiales y, por ende, se compraban artículos a precios más altos y, consecuentemente, menores cantidades. «Durante los veinte años anteriores a la Guerra Civil la tarifas [aduaneras] declinaron. Después [de la Guerra] aumentaron los aranceles a la importación de bienes de consumo» (Webber y Wildavsky, 1986: 387).

James y Walter Kennedy (1991/2001: 21-22 y 339) apuntan que

En 1860 [los Estados del Sur] tomados independientemente como una nación mostraban que su economía estaba ubicada como la tercera nación más grande respecto del continente americano y europeo. Los equipos para la agricultura adquiridos en el Sur eran veinticinco por ciento mayores que en el Norte. El Sur tenía el treinta por ciento de las vías ferroviarias del país y ríos navegables que no se congelaban y puertos en la mayor parte de los estados. […] De acuerdo al censo de 1860, el Sur tenía un ingreso per capita diez por ciento más alto que todos los estados al Oeste de Nueva York y Pennsylvania. […] Las tres cuartas partes de los gastos de manutención del gobierno de los Estados Unidos era pagado por el Sur.

En la misma obra (Kennedy, 1991/2001: 48-51) se lee que

El senador William Grayson expresó su preocupación de que el Sur se convierta en la vaca lechera de la Unión. Poco después de la Revolución Americana [del Norte], los estados del Norte decidieron transferir sus deudas públicas al gobierno federal. […] El resultado fue que a los estados del Sur se les requirió pagar una parte desproporcionada de la deuda. […] Cuando al Presidente norteño Lincoln se le preguntó por qué el Norte no dejaba que el Sur se retirase, su respuesta fue «¿Dejar que el que el Sur se retire? ¿De dónde sacaremos nuestros ingresos?». Pocas semanas antes que se dispararan los primeros tiros de la guerra The New York Times publicó una serie de artículos editoriales mostrando cómo el comercio del Norte estaría perdido en beneficio de Nueva Orleáns y el resto del Sur debido a las bajas tarifas en esta última región.

El Times de Londres del 13 de septiembre de 1862 también explicó las causas de la Guerra Civil estadounidense con estas palabras:

cuando los republicanos colocaron el imperio sobre la libertad y acudieron a la opresión y la guerra antes que sufrir cualquier mengua en el orgullo nacional, resultó claro que la naturaleza de Washington era precisamente de la misma naturaleza que la de San Petersburgo. […] La democracia se quebró no cuando la Unión dejó de ser agradable a todos los estados miembros, sino cuando fue sostenida, como cualquier otro imperio, por medio del uso de las armas.

El origen de la esclavitud en Estados Unidos provino de las adquisiciones realizadas por los Estados del Norte a cambio de mercancías como el ron, y esos esclavos, en parte, quedaban en el Norte y el resto se vendía al Sur con pingües ganancias. No es, desde luego, que no haya habido racismo esclavista en el Sur, lo hubo en prácticamente todo Estados Unidos. Un racista empedernido era el propio vicepresidente de la Confederación, Alexander Stephens —además de Lincoln en el Norte—. Había también intereses en mantener la esclavitud en muchas de las plantaciones del Sur. Como se ha dicho, de lo que se trata es de marcar que la esclavitud estaba muy debilitada, principalmente merced a la notable repercusión de acciones decididas, valientes y admirables por parte de personas como William Lloyd Garrison y Frederick Douglas. Por otro lado, Thomas Sowell (1987b) explica que, dejando por un momento de lado la iniquidad de la esclavitud, ésta significa mayor costo por unidad producida respecto del trabajo en libertad. Esto es así debido a la inexistencia de incentivos, por ello es que se fueron creando sistemas de pagos crecientes y las máquinas desmotadoras para el caso del algodón pusieron aún más de relieve la ineficiencia. Sowell señala con gran acierto que un modo de verificar la mejora de los trabajos libres respecto de los esclavos consistía en los préstamos realizados a los esclavos en el mercado para comprar sus libertades con la expectativa de recibir jugosos reembolsos. Esto, junto con las constantes fugas y la referida concientización de lo criminal de la esclavitud había soliviantado los ánimos para la época de la Guerra Civil.

John C. Calhoun, quien fue vicepresidente de Andrew Jackson y senador por Carolina del Sur, junto con Robert Y. Hayne, también senador por Carolina del Sur, fueron los más conspicuos expositores de los derechos de los Estados a través de lo que se conoció como la teoría de la nulificación, es decir, el derecho que le asiste a los Estados miembros de declarar la nulidad de actos contarios a sus derechos y el consiguiente derecho de secesión (Calhoun, 1831/1992 y Webster-Hayne, en Belz, 1830/2000). Asimismo, en este contexto, Calhoun elaboró la idea de las mayorías concurrentes con la intención de que se respeten los derechos de las minorías a través de mecanismos de conciliación en los debates parlamentarios. En realidad, la secesión no resulta original; Portugal la llevó a cabo respecto de España en 1139, Texas de México en 1836, Panamá de Colombia en 1903, Noruega de Suecia en 1905 y, recientemente, los países que formaban la Unión Soviética. El hecho es que ni bien comenzó la Guerra Civil en Estados Unidos, que costó la vida a 970 mil personas, se sucedieron políticas tales como la intromisión del gobierno central en la educación, hasta entonces administrada localmente, e impuso una visión que minimizó las autonomías de los Estados miembros. En este sentido, el Congreso, como una medida provocativa, aprobó en 1861 la Ley Morrill, cuyo sentido fue explicado por su autor, el senador Justin Morrill al manifestar que «La función del gobierno nacional consiste en moldear el carácter del pueblo americano [estadounidense]» (Choden, 1989: 20-21), lo cual nos ha recordado con tristeza a los desvaríos de Fichte en sus discursos a la nación alemana. En todo caso, la Enmienda XIV dio por finalizada la tentativa de secesión.

Por último, antes de pasar al otro punto de inflexión en la decadencia de Estados Unidos, señalamos que, a pesar de sus muy acertadas observaciones sobre las instituciones, costumbres y espíritu estadounidenses, advertimos una contradicción en la que incurre Alexis de Tocqueville, específicamente en cuanto a sus consideraciones en relación a estos aspectos de la Unión que ahora venimos comentando. Aunque escrito más de un cuarto de siglo antes de la Guerra Civil, Tocqueville (1835/1963: 348-349) explica bien que

Si la Unión intentara mantener por medio de las armas a los Confederados, su posición se tornaría análoga a la que ocupaba Inglaterra cuando la guerra de la independencia. Por otra parte, un gobierno, aunque fuera fuerte, no sabría escapar sino con dificultades a las consecuencias de un principio, cuando una vez ha admitido ese principio mismo como fundamento del derecho público que debe regirlo. La confederación ha sido formada por la libre voluntad de los Estados; éstos, al unirse, no han perdido su nacionalidad y no se han fundido en un solo y mismo pueblo. Si hoy día uno de esos mismos Estados quisiera retirar su nombre del contrato, sería bastante difícil probarle que no pueda hacerlo. […] Si varios estados rompieran el lazo federal, la suerte de los demás no estaría comprometida. […] Me parece, pues, cierto que si una porción de la Unión quisiera separarse seriamente de la otra, no solamente no podrían impedírselo, sino que no se iba a intentar siquiera. La Unión actual durará mientras todos los estados que la componen continúen queriendo formar parte de ella.

Pero por otro lado, más adelante, en el mismo texto, sus afirmaciones no se condicen con lo que ha venido diciendo, así sostiene que

el objeto de la constitución federal no ha sido establecer una liga, sino crear un gobierno nacional. Los norteamericanos de los Estados Unidos, en todos los casos previstos por su Constitución, no forman sino un solo y mismo pueblo. En todos esos puntos, la voluntad nacional se expresa, como todos los pueblos constitucionales, son ayuda de la mayoría. Una vez que la mayoría ha hablado, el deber de la minoría es someterse. Tal es la doctrina legal, la única que está de acuerdo con el texto de la constitución y con la intención conocida de quienes la establecieron. Los nulificadores del Sur [se refiere principalmente a Calhoun y Hayne] pretenden, al contrario, que los norteamericanos, al unirse, no han intentado fundirse en un solo y mismo pueblo, sino que quisieron solamente formar una liga de pueblos independientes; de donde se sigue que cada Estado, habiendo conservado su soberanía completa, si no en acción, al menos en principio, tienen el derecho de interpretar las leyes del Congreso y de suspender en su seno la ejecución de aquellas que le parezcan opuestas a la Constitución o a la justicia (Tocqueville, 1835/1963: 364-365).

El tercer punto de inflexión en el que se marca un retroceso considerable y un desvío de los principios a que aludíamos en el capítulo precedente fue el modo en que participó Estados Unidos en las dos guerras mundiales. Conviene poner de relieve la importancia de la tradición de los gobiernos estadounidenses de no inmiscuirse en otros países fuera del continente y, básicamente, hacer lo posible por limitar su atención a sus funciones específicas de proteger los derechos de quienes residían en esa nación, según los principios establecidos por los forjadores de la Unión y según las normas que sobre la guerra y los ejércitos fueron mencionadas en el capítulo anterior por sus más preclaros dirigentes.

En 1914 se produjo un profundo desvío de esa norma y comenzaron las aventuras militares en Europa y, por ende, como hemos apuntado más arriba, la concentración en los derechos individuales comenzó a mermar y consecuentemente mermaron también los recursos debido a la necesidad de atender las campañas militares. Hasta ese momento los sucesivos gobiernos de Estados Unidos habían rechazado la idea de intervenir en aventuras bélicas en otros hemisferios. Robert Lefevre (1954/1972: 17) escribe que entre 1804 y 1815 los franceses y los ingleses insistieron infructuosamente para que Estados Unidos se involucrara en las Guerras Napoleónicas; lo mismo ocurrió en 1821, cuando los griegos invitaron al gobierno estadounidense a que envíe fuerzas en las guerras de independencia; en 1828 Estados Unidos se mantuvo fuera de las guerras turcas; lo mismo sucedió a raíz de las trifulcas austriacas de 1848, la Guerra de Crimea en 1866, las escaramuzas de Prusia en 1870, la Guerra Chino-Japonesa de 1894, la Guerra de los Bóeres en 1899, la invasión de Manchuria por parte de los rusos y el conflicto ruso-japonés de 1903, en todos los casos, a pesar de pedidos expresos para tomar cartas en las contiendas.

En realidad, a juzgar por los resultados actuales de la política exterior de Estados Unidos, observamos un creciente aislacionismo (cuasi autismo) de ese país, a pesar de que, paradójicamente, las presiones para que se entrometa en los asuntos de otras naciones se hacía bajo la imputación de que aquél país era «aislacionista» antes de la Primera Guerra.

Lefevre escribe que desde la Primera Guerra Mundial en adelante

la propaganda ha conducido a aceptar que nuestra misión histórica en la vida no consiste en retener nuestra integridad y nuestra independencia y, en su lugar, intervenir en todos los conflictos potenciales, de modo que con nuestros dólares y con nuestros hijos podemos alinear al mundo. […L]a libertad individual sobre la que este país fue fundado y que constituye la parte medular del corazón de cada americano [estadounidense] está en completa oposición con cualquier concepción de un imperio mundial, conquista mundial o incluso intervención mundial. […] En América [del Norte] el individuo es el fundamento y el gobierno un mero instrumento para preservar la libertad individual y las guerras son algo abominable. […] ¿Nuestras relaciones con otras naciones serían mejores o peores si repentinamente decidiéramos ocuparnos de lo que nos concierne? (Lefevre, 1934/1972: 18-19).

El tamaño del aparato estatal estadounidense quedó desfigurado a partir de la Primera Guerra. «El gasto del gobierno central se incrementó el 2.500% en menos de tres años durante la guerra y se mantuvo a niveles cuatro veces superiores respecto de los niveles de preguerra durante los años siguientes» (Eland, 2004: 56), a pesar de que, como señala Paul Light, el gobierno recurrió a la contratación de empleados tercerizados en lugar de reconocer que se trataba de la planta permanente, lo cual «refleja la estrategia deliberada del Congreso y el Presidente de disimular el tamaño del gobierno» (Eland, 2004: 68). Respecto de Inglaterra, en este mismo contexto, escribe A.J.P. Taylor (1965/1992: 1-2):

Hasta agosto de 1914 un inglés razonable y respetuoso de la ley podía pasar su vida sin apenas notar la existencia del Estado, más allá del correo y la policía. Podía vivir donde quisiera y como le placía. No tenía ningún número oficial de cédula de identidad. Podía viajar al extranjero o dejar su país para siempre sin pasaporte y sin ningún tipo de permiso oficial. Podía cambiar su moneda por cualquier otra divisa sin restricción o límite alguno. Podía comprar bienes de cualquier país en el mundo en los mismos términos que compraba bienes en su país. Un extranjero podía pasar el resto de su vida en este país [Inglaterra] sin ningún permiso y sin informar a la policía. A diferencia de otros países del continente europeo, el Estado no requería el servicio militar. […] Podía ignorar, si así lo prefería, las demandas de la defensa nacional. […] El inglés pagaba en impuestos […] menos del 8 por ciento del ingreso nacional. […] Todo fue cambiado por el impacto de la Gran Guerra [la Primera Guerra Mundial].

William Henry Chamberlin (1950/1962: 14) escribe: «Por involucrarnos en guerras europeas, se procedió a un desvío fatal en la política de América [del Norte]. Renunciamos a nuestra misión histórica de limitarnos a proteger este hemisferio contra agresiones del exterior y nos comprometimos en una ambiciosa cruzada de tentadores y ambiguos objetivos tales como “hacer el mundo más seguro para la democracia” o el “convertir al mundo finalmente a la libertad”». Y continúa diciendo (1950/1962: 22) que «Bajo ningún parámetro puede considerarse la Primera Cruzada [Primera Guerra Mundial] un éxito. No fue ni siquiera una advertencia efectiva. Todos los espejismos, juicios equivocados y errores de la Primera Cruzada se repitieron de modo exagerado en la Segunda Cruzada, la que fue un mayor y más resonante e indiscutido fracaso moral, a pesar del éxito militar». Éxito que queda desvirtuado puesto que en Yalta se entregaron las tres cuartas partes de Europa a los soviéticos —el editorial del 12 de enero de 1958 del Chicago Sunday Tribune mantiene que allí «se renunció a todos los principios de justicia y libertad de este país» (Barron, 1965: 82)—. Chamberlin apunta que «Roosevelt fue a Yalta sin una agenda y sin propósitos claros como no sea el entenderse con Stalin a cualquier precio. Fue provisto de un muy completo archivo y recomendaciones de su Departamento de Estado» (1950/1962: 208). Bryton Barron relata que «Se le permitió a Stalin que preparara el primer borrador del acuerdo [de Yalta] y en febrero 10 [1945] Harriman [William Averell, asistente del Secretario de Estado para Asuntos del Lejano Este de Roosevelt] discutió los detalles con Molotov [y luego] Harriman le pidió a Stalin que escriba sobre las revisiones posteriores» (1965: 85).

Chamberlin consigna que, en una encuesta publicada en un libro editado por la Universidad de Chicago bajo la autoría de Walter Johnson, se muestra que «el 71% de la gente que respondió a la encuesta pública en 1937 expresó la opinión que nuestra participación [la de Estados Unidos] en la Primera Guerra fue una equivocación» (1950/1962: 95). También reproduce parte de un artículo de William Allen White quien dice:

Hace quince años vino el armisticio y pensamos que resultaría en un nuevo mundo. Lo fue, pero mucho peor que lo que era antes. Diez millones de hombres fueron muertos y muchos más mutilados, cincuenta billones de dólares de propiedad destrozada y el mundo cargado de deudas. ¿Para qué? ¿Habría sido peor si hubieran ganado los alemanes? Pregúntese honestamente. No sabemos. ¿Es este mundo más seguro que lo que era antes de que todas esas vidas se perdieran?

Después de la Primera Guerra, en el Tratado de Versalles «hubo de reemplazar el estado de guerra por una paz duradera, justa y firme. Pues los arreglos de paz con Alemania no fueron ni duraderos, ni justos ni firmes» (Chamberlin, 1950/1962: 40), «hay poca duda de que una paz negociada y en términos razonables en 1915 o 1916 hubiera producido el final más feliz posible. Esa paz hubiera salvado probablemente la obra de la civilización europea de los terribles efectos del comunismo y el nazismo» (1950/1962: 7), puesto que «los verdaderos ganadores del terrorífico holocausto fueron tres hombres poco conocidos incluso en sus países cuando comenzaron las hostilidades. […] Los nombres de esos tres hombres son Vladimir Ilych Lenin, Benito Mussolini y Adolf Hitler» (1950/1962: 25). Similar conjetura la formula Niall Ferguson en su historia contrafactual (1999) respecto de que si no hubiera sido por el comienzo de la Guerra Mundial esos nombres no hubieran aparecido en la escena pública.

Pero, además de los militares muertos y mutilados y de los inocentes muertos y mutilados por esa figura inadmisible de los «daños colaterales», resultan escalofriantes las razones alegadas para la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Otro historiador, Harry Elmer Barnes, publicó un ensayo con un título muy ilustrativo y conmovedor: «The End of the Old America» (Barnes: 1958/1988), un fenómeno que, como señala el mismo autor, otros han bautizado como «Ex América». Dice Barnes que

los Estados Unidos abandonaron una benigna neutralidad, la modestia internacional y las inclinaciones pacíficas que generalmente guiaron nuestras relaciones con otras naciones por aproximadamente un siglo, para abrazar de corazón y apasionadamente la intromisión globalizadora en el mundo de una perpetua guerra para una perpetua paz. […] El enorme crecimiento del estatismo, inflación, deuda y similares están inseparablemente unidos a la tendencia orwelliana de basar la «prosperidad» económica y la política en la guerra, la industria armamentista gigantesca y los vastos programas de entrega de fondos [de los contribuyentes] (Barnes, 1958/1988: 367- 368).

El propio Winston Churchill finalmente escribió que «La más completa victoria ganada con las armas ha fracasado para resolver los problemas europeos o para evitar los peligros que produce la guerra» (Chamberlin, 1950/1962: 7).

Decimos que resultan escalofriantes los motivos aducidos para que Estados Unidos se haya embarcado en la Segunda Guerra Mundial, porque, entre otros, explica Barnes (1958/1988: 378) que Franklin D. Roosevelt conocía con precisión el ataque a Pearl Harbor pero ordenó que no se trasmitiera la información a las autoridades apostadas en el lugar, además de imposibilitar que éstas contaran con decodificadores —disponibles en otros lugares— para evitar que interceptaran mensajes y estuvieran en conocimiento del ataque, que se presentó a la opinión pública como de «sorpresa». Barnes explica que

la decisión [de no permitir decodificadores] llegó en el momento en que los representantes del ejército y la armada [estadounidenses] estaban llevando a cabo acuerdos secretos con los británicos y los holandeses para ir a la guerra, aun si los japoneses no atacaban la territorio americano [estadounidense] o sus embarcaciones. Este acuerdo hacía aun más deseable el promover el ataque a Pearl Harbor para asegurar el apoyo popular americano [estadounidense] para la guerra (Barnes, 1958/1988: 376).

Así Roosevelt logró encender el entusiasmo patriótico de una gran mayoría de la población estadounidense. No en vano ha dicho Paul Johnson que «El Estado ha probado ser un gastador insaciable y un derrochador sin rival. En verdad, en el siglo xx, también probó ser el mayor homicida de todos los tiempos» (1983: 729).

Poco antes de entrar en la Primera Guerra Mundial afloraron algunas ideas intervencionistas en Estados Unidos, como la implantación del impuesto a las ganancias, que requirió una enmienda constitucional —la XVI— para sortear obstáculos legales, y el establecimiento del sistema de la Reserva Federal, ambos en 1913. Pero la Primera Guerra y posguerra tornaron más patente la incomprensión de temas de importancia decisiva que condujeron a diversos grados de desórdenes fiscales, bancarios y monetarios, las consecuencias de lo cual fueron advertidas por distintos economistas, entre los que sobresale Ludwig von Mises, quien venía elaborando desde tiempo atrás sobre el significado y la importancia de la disciplina monetaria (Von Mises, 1912/1953). El abandono del patrón oro clásico y su sustitución por la política bautizada con la confusa denominación de «patrón oro cambio» que, de facto, implicaba la suspensión de la convertibilidad por parte del público, a través de los acuerdos de Génova y Bruselas derivó en lo que se conoció como el boom de los años veinte, que finalmente condujo a la severa depresión de 1929.

La expansión monetaria (y contracción errática) por parte de las autoridades gubernamentales, juntamente con las decisiones también políticas de modificar los requisitos de reservas bancarias, no sólo alteraron agudamente los precios relativos, sino que la mayor masa de dinero en circulación hizo que se aparentara más ahorro disponible, lo cual modificó la preferencia temporal que, a su turno, hizo que artificialmente bajara la tasa de interés a corto plazo, lo cual naturalmente condujo a que se malinviertiera. Pero como en verdad no existía un ahorro mayor, cuando se tendieron a reestablecer las relaciones que en realidad correspondían a la estructura de capital, se liquidaron las inversiones antieconómicas y sobrevino el crack (Anderson, 1949/1965; Robbins, 1934; Rothbard, 1963). Esta crisis, como veremos, fue agudizada en grado sumo por las políticas estatistas de Roosevelt, que desoyó por completo las opiniones de Madison respecto de «los efectos pestilentes del papel moneda» (1788/ 1971: 227).

Como hemos adelantado, Roosevelt constituyó otro de los puntos que marcan una drástica declinación y un manifiesto deterioro institucional en Estados Unidos. Paul Johnson (1997: 749 y 752) afirma que Roosevelt tenía capacidades bien definidas: «la primera era la capacidad de gastar el dinero del público. […] La segunda era la capacidad para mentir. […] Ninguna serie de eventos en la historia moderna está rodeado de una mayor mitología que el New Deal». Milton Friedman y Anna Schwartz (1963: 493 y 495-496) muestran cómo el New Deal agravó la crisis que comenzó en 1929, más aún

es la única ocasión en nuestros registros que a una recesión profunda le sigue otra sobre sus talones […] Aumentos de salarios, promovidos primero a través del NIRA [National Industry Recovery Act] y luego, cuando estas normas fueron declaradas inconstitucionales en 1935, a través de la National Labor Relations Act, el establecimiento de salarios mínimos. Otros costos laborales fueron incrementados por ley imponiendo una variedad de nuevos impuestos, como los de seguridad social, establecidos en 1935, hechos efectivos en 1936-1937 y las provisiones federales para compensaciones por desempleo. […L]a confianza de las empresas en cuanto a retornos futuros […] fue debilitada aún más por estas medidas: algunas que regulaban los negocios (tal como las Secuirities Act de 1933 y la Secuirities Exchange Act de 1934, el divorcio de los bancos de inversión de los comerciales bajo el Banking Act de 1933 y la restricción a la retención de utilidades de 1935); otras actividades gubernamentales se expandieron en áreas reservadas a la empresa privada (tal como la creación de la Tennessee Valley Authority en 1933, el Resettlement Administration y el Rural Electrification Administration de 1935, el Social Security Board de 1935, el Home Owners Loan Corporation en 1933 y el Federal Farm Mortage Corporation de 1934); aun otras que amenazaban la santidad de los contratos privados y la propiedad (tal como la cancelación de las cláusulas en oro y la «nacionalización» del oro y la plata). Los efectos de estas medidas fueron exacerbadas por mantener deliberadamente el déficit fiscal […y] por la propuesta presidencial de reorganizar la Corte Suprema. La tensión social se agravó por el establecimiento por el Congreso de la Industrial Organizations [y] el uso de las huelgas.

Como consecuencia de haber impuesto salarios mínimos en el momento en que Estados Unidos estaba sumido en un proceso de consumo de capital por efecto de la crisis, naturalmente aumentó sustancialmente el desempleo, que ni siquiera fue disimulado del todo por entrar en la guerra. Powell (2003: vii, ix y x-xiv) explica que

De 1934 a 1940 la media de desempleo anual fue del 17,2 por ciento. En ningún momento durante la década del 30 el desempleo bajó del 14 por ciento. Incluso en 1941, tomando en cuenta el reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial, 9,9 por ciento de los trabajadores americanos [estadounidenses] continuaron desempleados. Los niveles de vida se mantuvieron deprimidos incluso después de la guerra. […] Franklin D. Roosevelt triplicó los impuestos. […] Además, aumentó el costo y el riesgo de emplear trabajadores, por lo tanto, no sorprende que la tasa de desempleo se haya mantenido alta. […] Los negros fueron los más perjudicados durante el New Deal. Grandes cantidades de estas personas no eran trabajadores calificados y cuando las políticas del New Deal forzaron a que los salarios estuvieran sobre los niveles de mercado, cientos de miles de empleos fueron destrozados. […] Las políticas agrícolas del New Deal otorgaban subsidios en base a la extensión y la producción, lo cual significó que se ayudó a quienes poseían más acres y producían más. El New Deal desplazó a los productores pobres y a los granjeros que arrendaban. […] Esto no era un control total por parte del gobierno como el de la Unión Soviética pero se le acercaba de un modo que nadie hubiera predicho. […] Franklin D. Roosevelt más que duplicó el gasto del gobierno central. […] Aunque el Partido Demócrata controlaba el Congreso, Roosevelt estaba impaciente con la democracia americana [estadounidense] y decretó un número extraordinario de órdenes ejecutivas —3.728 en total— lo cual es más que todas la órdenes ejecutivas promulgadas por sus sucesores juntos: Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon, Gerald R. Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush y Bill Clinton. […] El sindicalismo compulsivo negaba a los individuos el derecho a trabajar si no pertenecían a un sindicato. […] El legado principal del New Deal consistió en una expansión masiva del poder gubernamental y la pérdida de la libertad.

En el libro que acabamos de citar, se recoge también un comentario de James M. Buchanan: «El material desplegado en este libro necesita desesperadamente que esté disponible a una audiencia mucho más vasta que la de los economistas profesionales y los historiadores de la economía para evitar confusiones políticas similares a las del New Deal». A lo anterior debe agregarse la designación de F.D. Roosevelt de Marriner Eccles al frente de la Reserva Federal, un entusiasta del gasto público deficitario, sin ningún antecedente en el mundo de las finanzas y sin siquiera contar con un título universitario de grado.

Como la Corte Suprema declaró inconstitucionales buena parte de sus iniciativas intervencionistas, Roosevelt intentó un plan para aumentar el número de jueces, lo cual tampoco fue aprobado: «El Congreso se negó a aceptar este asalto a la Corte por una coalición de Demócratas y Republicanos» (Flynn, 1955: 100). El plan de Roosevelt consistía en que se le diera el poder de designar un juez de la Corte Suprema por cada juez del momento que tuviera más de setenta años, con la limitación de quince jueces en total —había seis jueces de más de esa edad—. Como este plan fracasó, resolvió que podían retirarse con el pago completo de sus honorarios aquellos jueces de la Corte que tuvieran la mencionada edad, a los cuales ya se los había sometido a un enorme desgaste debido a presiones de diversa naturaleza. El resultado fue la renuncia de varios jueces, con lo que Roosevelt logró su objetivo (1955: 100). A partir de ese momento se comenzó a subvertir la Constitución vía fallos judiciales (1955: 101 y ss.).

Es de trascendental importancia destacar la notable cantidad de funcionarios de declaradas convicciones totalitarias que incorporó Roosevelt durante su gestión en áreas claves del gobierno, especialmente, aunque de ningún modo exclusivamente, en el Departamento de Estado y en la Secretaría del Tesoro (Chambers, 1952; Flynn, 1948/1959; Romerstein, 2000). Aún admitiendo que pueda resultar algo tedioso, a continuación se reproducen algunos de los nombres relevantes de funcionarios de los que se pudo probar su estrecha colaboración con los soviéticos —todos extraídos de las fuentes que acabamos de referir—. Esto no significa en modo alguno adherir a una improcedente y contraproducente «caza de brujas», como si cada uno no pudiera endosar las ideas que prefiera, sino que tratamos de señalar, en la órbita estatal, la hipocresía inaudita de pronunciarse por unos principios y prometer su cumplimiento frente al público y, en la práctica, suscribir los contrarios dentro del gobierno de Estados Unidos.

Alger Hiss (Departamento de Estado), Noel Field (Departamento de Estado), Julian Wadleigh (Departamento de Estado), Laurence Duggan (Departamento de Estado), Joseph Greenberg (Departamento de Estado), Robert Miller (Departamento de Estado), David Wleintraub (Departamento de Estado), Lachlin Currie (Departamento de Estado), Donald Hiss (Departamento de Estado), Harry Dexter White (Secretaría del Tesoro), Harold Glasser (Secretaría del Tesoro), George Silverman (Secretaría del Tesoro), Irving Kaplan (Secretaría del Tesoro), William Taylor (Secretaria del Tesoro), Victor Perlo (Secretaría del Tesoro), Elizabeth Bentley (Secretaría del Tesoro), Julius y Ethel Rosenberg (Fuerzas Armadas), Klaus Fuchs (Fuerzas Armadas). Vicent Reno (Fuerzas Armadas), Donald Maclean (Fuerzas Armadas), Theodore Alvin Hall (Fuerzas Armadas), Charles Kramer (Comité de Movilización de Guerra), Víctor Sveshchnikov (Departamento de Guerra), Greg Silvermaster (Consejo de Economía de Guerra), William Remington (Consejo de Producción de Guerra), John Abt (Asistente Especial al Procurador General de Estados Unidos), Ward Pigman (Comité de Trabajo y Bienestar Público), Duncan Lee (Oficina de Servicios Estadísticos), Harry Magdoff (Consejo de Investigación y Estadística), Bernice Levine (Oficina de la Administración de la Producción), Bernard Redmont (Asuntos Interamericanos), Marion Bachrach (Asistente en la Cámara de Representantes), Nathan Witt (Administración de Asuntos Agrícolas), John Hermann (Administración de Asuntos Agrícolas), Nathaniel Weyl (Administración de Asuntos Agrícolas) y Willard Park (Administración para la Ayuda y Rehabilitación de las Naciones Unidas).

Esta situación respecto de la ubicación de socialistas extremos se mantuvo sin solución de continuidad en el Departamento de Estado y continuó con Dean Achenson y los que le siguieron, en las segundas y terceras líneas, estableciendo una espesa trama de burócratas opuestos a los principios y valores suscriptos por los Padres Fundadores, los que ellos se comprometieron a cumplir cuando asumieron los cargos.

Recientemente el secretario de Estado de Reagan, George Shultz, intentó revertir esta tendencia designando especialmente al conocido empresario Jerry van Gorkom para tales propósitos como subsecretario de Administración, pero «Después de aproximadamente un año renunció descorazonado porque percibió que la burocracia de planta permanente era capaz de sortearlo y deshacer sus decisiones. Nadie, concluyó, puede manejar al Departamento de Estado» (Meese, 1992: 96-97).

Ilustra bien este punto una visita de Jeane Kirkpatrick a distintos países de América Latina. Encargada de entrevistarse con gobernantes de la región y portadora de una carta personal del presidente Reagan para cada destinatario, Kirkpatrick descubrió que el funcionario Tom Enders, del Departamento de Estado, había enviado una nota confidencial a todos los embajadores que debía visitar con el sello de Para ser visto solamente por el Embajador de los Estados Unidos:

y de todos los embajadores que visité uno solo se atrevió a decirme de la existencia de la nota y me entregó una copia. […] Leí con detenimiento la nota. En efecto, Enders instruía a cada embajador [de] que había una nueva estrategia en Centroamérica que pronto se llevaría a cabo, pero que no había sido formalmente aprobada aún […] mientras, ignore a Kirkpatrick y la carta que lleva de Reagan (Menges, 1988: 108; véase también Hart, 1986).

En el próximo capítulo nos referiremos a algunos aspectos de la política exterior de Estados Unidos, pero ahora digamos que no resulta gratuita la aparición de representantes de Estados Unidos con opiniones tan disparatadas y de una bajeza tan alarmante y sobrecogedora —ya que se oponen de un modo tan flagrante a los ideales constitucionales del país que representan— como la del ex embajador estadounidense en la Argentina y en Guatemala y ex asistente del Secretario de Estado para Asuntos de América Central, James Cheek, quien aconsejó como «la política correcta para América Central el imponer “un marxismo moderado”» (Goldsmith, 1981).

El último punto de inflexión es la administración de George W. Bush, sobre quien hemos anticipado ya algunas conclusiones respecto a su gestión, aunque hemos aclarado que en este capítulo nos limitaríamos a exponer algunas ideas sobre la posición neoconservadora que tanta influencia ejerció sobre esa administración (no pocos han colaborado allí en posiciones políticas relevantes). Los intelectuales más destacados de la corriente neoconservadora son Irving Kristol, su mujer Gertrude Himmelfarb, Daniel Bell, Peter Berger, Herbert Stein, Bernard Lewis, James Woolsey, Elliot Abrams, John Bulton, Norman Podhoretz, William J. Bennett, Donald Kagan, Paul Wolfowitz, Midge Decter, Aaron Friedberg, Lewis Libby, James Q. Wilson y Daniel P. Moynihan.

La denominación de neoconservador fue utilizada por primera vez por Michael Harrington y lo hizo peyorativamente para referirse a sus antiguos colegas de izquierda, ya que en su mayoría provienen de esa tradición de pensamiento —muchos de los cuales han realizado importantes contribuciones en sus respectivos campos de investigación—. Muchos de ellos siguen líneas de pensamiento iniciadas por autores como Lionel Trilling (1905-1975) y Karl P. Neibughr Reinhold (1892-1971). Como todas las escuelas, sus integrantes no componen una línea homogénea pero, básicamente, comparten los cuatro puntos a que nos referiremos a continuación, seleccionados de los trabajos de Irving Kristol, el «pope» de los neoconservadores. Estas cuatro áreas en que decidimos dividir nuestro análisis —de menor a mayor gravedad— aluden al llamado «Estado benefactor», a cierta arista institucional, a consideraciones en torno a la virtud y a la política exterior de Estados Unidos.

Escribe Kristol (1986: 95) que «Un Estado benefactor conservador —lo que alguna vez recibió el nombre de asistencia social— es perfectamente compatible con la perspectiva neoconservadora. Por lo tanto, es el Estado el que hasta cierto punto toma bajo su responsabilidad la orientación de las preferencias que la gente ejerce en un mercado libre; si se quiere, para elevarlas». Y agrega:

Una sociedad opulenta en la que la gente elige adquirir (a través de impuestos) ciertos bienes colectivamente en lugar de individualmente (seguro contra la adversidad, la investigación científica básica y similares) no es una rebelión contra el orden liberal-capitalista. Al contrario: tiende a hacer que ese orden sea más firmemente establecido. […] Si se está dispuesto a aceptar una limitada intervención gubernamental para fines sociales, se nos denominará neoconservadores. […] La concepción original del estado benefactor tenía como su idea central el principio del seguro. El Estado hace que compulsivamente el ciudadano se asegure —y ayuda a los menos afortunados a que se aseguren— contra las plagas de la dinámica de la sociedad urbanizada: los de edad avanzada, enfermedades serias y desempleo. Como consecuencia de ese seguro, se proveía un piso, bajo el cual nadie puede sufrir los infortunios de hundirse. Y ese tipo de seguro social ha funcionado razonablemente bien —tan bien que no ha hecho a la clase trabajadora un instrumento de la revolución, sino una base sólida de lo que de otra manera sería un orden social turbulento (Kristol, 1978: XII-XIII, 126 y 231).

Las consideraciones que anteceden no se caracterizan por su originalidad, más bien constituyen un lugar común, bastante trillado por cierto. Digamos en primer lugar que es un despropósito aludir al «Estado benefactor» puesto que, por definición, la caridad, la benevolencia o la filantropía se llevan a cabo con recursos propios y de modo voluntario. Es una degradación de la beneficencia asimilarla a hechos de fuerza. Cuando los gobiernos echan mano de recursos ajenos por medio de la violencia, no están haciendo un acto caritativo. Debe tomarse debidamente en cuenta el estrecho correlato entre beneficencia y sociedad abierta y, por el contrario, la intromisión estatal no sólo resta posibilidades de ayuda a los más necesitados, sino que debilita la responsabilidad en esa materia, al tiempo que desdibuja los respectivos incentivos.

En segundo lugar, resulta a todas luces impertinente afirmar que el aparato de la fuerza puede «elevar» las preferencias de la gente a través de la coacción. Tampoco resulta propio sostener que las personas «eligen adquirir a través de impuestos» ya que se trata de una contradicción en los términos.

En tercer lugar, la consabida imposición por parte de los gobiernos para que la gente se «asegure» significa que no se permite que las personas puedan disponer del fruto de su trabajo y se los trata como si fueran animales que hay que domesticar y vigilar para que no derrochen sus ingresos —cosa que también habría que hacer con los magros recursos una vez que los reciben por intermedio de la mal llamada «seguridad social»—. Por otra parte, resulta por lo menos temeraria la conclusión de que el sistema «ha funcionado razonablemente bien» cuando en verdad han constituido estafas monumentales para los más necesitados. No se necesita ser un experto en matemática financiera para darse cuenta de lo que la gente debería haber percibido en comparación con lo que en realidad recibe de estos esquemas compulsivos —la mayoría de los cuales, además, están quebrados—, especialmente para lo que Kristol denomina «clase trabajadora», expresión que proviene de una extrapolación del polilogismo clasista de Marx y que, por lo demás, resulta sumamente chocante.

Por último, es necesario percatarse de que el despilfarro que significan estos sistemas estatistas se traducen en consumo de capital, lo cual deriva en menores salarios e ingresos en términos reales. Podrá resultar más fácil políticamente —demagógicamente— el acudir al expediente de los seguros compulsivos pero resultan dañinos para los destinatarios y para el conjunto de la comunidad, lo cual es aplicable al caso del desempleo puesto que, como se ha apuntado (y que elaboramos con más amplitud en el capítulo referido a la inmigración), éste se produce debido a las intervenciones estatales en el mercado laboral, lo cual no descarta la posibilidad del seguro privado, en cuyo caso las primas serán más elevadas cuanto más sofisticado es el trabajo.

Michael Tanner (1996: cap. 3) muestra que desde 1965, año en que se declaró la «guerra a la pobreza», hasta 1996, en Estados Unidos se gastaron 5,4 billones de dólares para «combatir» esa situación. Dice que la consecuencia de ese «combate» es que hay más gente «bajo la línea de la pobreza» sobre el total de la población respecto de lo que ocurría antes de comenzar «la batalla». El autor ilustra esta cifra astronómica al mostrar que equivale a los activos netos de la quinientas empresas más importantes de la revista Fortune, más el valor de toda la tierra cultivable en Estados Unidos. También muestra que, en 1965, setenta centavos de cada dólar llegaban a los destinatarios y la administración gubernamental retenía treinta, mientras que en el momento de escribir su trabajo, la situación se revirtió: treinta centavos de cada dólar llegan al destinatario y setenta lo consume la burocracia (1996: 136). Piénsese entonces qué queda para otros países si esto ocurre en Estados Unidos.

Antes de considerar el segundo aspecto que estimamos medular en los neoconservadores, apuntamos que Kristol (1978: 247-248) critica el darwinismo social, porque considera que refleja la idea de la economía de mercado:

Pero es ridículo pensar que la masa de hombres aceptará como legítimo un orden social establecido de acuerdo a las leyes de la jungla. Los hombres podrán ser animales, pero son animales políticos, y lo que no es muy diferente, también animales morales. […E]l hecho de que durante varias décadas […] la ética darwiniana […] haya sido tomada seriamente por tantos teóricos sociales, representa uno de los episodios más grotescos y sórdidos de la historia intelectual americana [estadounidense]. No podía durar y no duró.

Esta reflexión constituye otro de los lugares comunes y más repetidos como críticas a la sociedad abierta. Se trata de una extrapolación ilegítima de la biología al campo social. Darwin se refirió a la selección de especies y a la demostración de que las más aptas descalifican a las menos competentes en el campo de su investigación. Sin embargo, la idea de la evolución cultural, desarrollada originalmente por Bertrand de Mandeville en el siglo anterior a Darwin, presenta dos diferencias fundamentales. La primera es que se trata de selección de normas y no de especies y, mucho más importante aún, la segunda diferencia radical respecto del campo de la biología estriba en que, en el caso de la evolución cultural, los más fuertes no sólo no eliminan a los débiles sino que, como una consecuencia no buscada, le trasmiten su fortaleza a los menos competentes debido a las mayores tasas de capitalización que obligan a que sus salarios sean mayores.

Ahora pasemos brevemente a la arista institucional que inquieta a los neoconservadores. Se pregunta Kristol (1978: 246), después de criticar la concepción hayekiana de la retribución en el mercado:

¿Puede el hombre vivir en una sociedad libre si no tiene razón para creer que es también una sociedad justa? Pienso que no. Mi lectura de la historia es que, del mismo modo que el hombre no puede tolerar por mucho tiempo un vacío espiritual en sus vidas individuales, no puede aceptar por mucho una sociedad en la que el poder, el privilegio y la propiedad no sean distribuidas de acuerdo a algún criterio moral que tenga sentido.

El autor interpreta que Hayek «está oponiendo una sociedad libre a una sociedad justa» (1978: 244). Hay aquí un completo malentendido. Lo que sostiene el tronco central del liberalismo clásico es que la retribución (no «distribución», que trasmite la falsa noción de que hay un bulto que aparece milagrosamente y que los funcionarios estatales deben «distribuir», sin tomar en cuenta que es sencillamente la contracara de la producción) es consecuencia de lo que los demás en el mercado estiman vale el bien o servicio en cuestión, y no del mérito que pueda tener la persona o empresa que los ofrece.

No se trata de juzgar la bondad interior de las personas ni el esfuerzo realizado, se circunscribe a una cuestión de performance apreciada y juzgada por el prójimo en el plebiscito diario del mercado. Esto no le resta valor moral a la transacción, por el contrario, entrega «a cada uno lo suyo» según la célebre definición de Ulpiano. Lo que Hayek y otros critican es la atrabiliaria noción de «justicia social» ya que, o se trata de una redundancia —puesto que no es dable referirse a la justicia vegetal o mineral— o es la antítesis de la justicia en el sentido de que se le pretende sacar a unos lo que les pertenece para entregárselo a quienes no les pertenece.

No hay tal oposición entre sociedad libre y sociedad justa; más aún, se trata del mismo concepto expresado de manera diversa. Como bien escribe Thomas Sowell (1999: 21 y 23): «la cuestión no consiste en qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido Dios en el Día del Juicio Final. La cuestión es ¿qué está dentro de los límites de nuestro conocimiento, dado que sólo somos humanos con todas las severas limitaciones que eso implica? […U]na sociedad puede ser más productiva si retribuye de acuerdo a la productividad» y no, como el mismo autor señala, fabricando «melodramas morales» (1999: 17).

El tercer eje de los neoconservadores, que ejemplificamos basándonos en las obras más conocidas de su representante más conspicuo, consiste en el tema crucial de las virtudes en una sociedad abierta. Especialmente en este caso, los neoconservadores revelan una sana, noble y justificada preocupación, pero las medidas que sugieren para resolver el problema resultan inaceptables y a todas luces contraproducentes.

Irving Kristol (1986: 161 y 186) plantea el problema del siguiente modo:

Adam Smith comenzó a simpatizar con la causa de las colonias rebeldes en Norteamérica y que, por su parte, los padres fundadores se convirtieron en seguidores avant la lettre de Adam Smith, suscribiendo sus doctrinas antes incluso de que fueran promulgadas. Aquello, que según Madison constituyó «la nueva ciencia de la política», enunciada por primera vez en The Federalist Papers y encarnada en la Constitución, resulta incomprensible si no tenemos en cuenta que esa nueva ciencia de la sociedad estaba animada por el espíritu del capitalismo moderno y delineada en sus aspectos económicos por La riqueza de las naciones. […] Con todo, difícilmente Smith hubiera recomendado su «sistema de libertad natural» si no creyera que la humanidad mejoraría con él.

Pero, explica Kristol, resulta que aparecen fenómenos como el alcoholismo y la drogadependencia hasta perder todo vestigio de condición humana y, especialmente, la insistente difusión de espectáculos pornográficos de una degradante y alarmante perversión junto con el creciente y generalizado uso de lenguaje soez (1999: 60, 62, 63 y 201). «No nos vemos, precisamente, ante un incidente pasajero —un libro, una obra de teatro o una película. Nos vemos, por el contrario, ante una tendencia general que compromete a nuestra cultura en su conjunto» (1999: 61). Es del todo cierto que en lugar de la visión optimista, en cuanto a que los climas de libertad hacen posible la autorrealización para mejorar como seres humanos, también observamos patéticas degradaciones y terroríficas bestializaciones de la condición humana, muy alejadas de actualizar las potencialidades en busca del bien e, incluso, como dice Kristol (1978: 63), repetidas manifestaciones contrarias a la existencia misma de la libertad. Pero aquí viene la receta neoconservadora para afrontar el problema:

Como se habrá notado, he lanzado al aire esa temible palabra, la «censura». Y no pienso retractarme. Si alguien considera que la pornografía y/o la obscenidad constituyen un serio problema, debe estar a favor de la censura [sic]. Para que no haya ningún malentendido lo diré sin rodeos: si usted está a favor de la calidad de vida de nuestra democracia, entonces debe estar a favor de la censura (Kristol, 1986: 68).

Hago aquí una pequeña digresión para señalar que la mujer de Kristol, la antes mencionada historiadora Gertrude Himmelfarb, alude al punto con estos interrogantes (1994: 96): «¿Por qué es apropiado que el gobierno prohíba comida insalubre pero no el cine sádico, que deba controlar la polución ambiental pero no la cultura, que deba prevenir la discriminación racial pero no la degradación moral? ¿No hay acaso aquí un doble discurso implícito de valores y prioridades?». Sin embargo, esta autora parece volver sobre sus pasos en un libro posterior, en el que aparentemente distingue los actos que lesionan derechos de terceros de los que no lo hacen y, así, rechazaría el «tutelaje moral» (1996: 262), que conduciría a una visión orwelliana (1996: 263).

Entonces, aquel consejo de Irving Kristol no sólo refleja una arrogancia digna de mejor causa, sino que abre las puertas a la más peligrosa de las cruzadas: la de utilizar el aparato de la fuerza para «hacer buenos a los hombres» y castigarlos aunque no hayan lesionado derechos de terceros. Kristol y sus colegas, tan simpatizantes de lo que ha dado en llamarse «la derecha cristiana» y tan afectos a intercalar la religión en materias públicas, parecen desconocer los preceptos más elementales de las grandes religiones tradicionales en cuanto a la importancia del libre albedrío y la capacidad de cada uno de «salvarse o condenarse» según sus propias acciones.

Por tanto, esto no es solamente «jugar a Dios», sino que pretende «ser más que Dios». Arrogarse la inadmisible facultad de dictaminar cuáles han de ser los arreglos libres y voluntarios entre las partes que no afecten derechos de otros es la característica predominante del totalitarismo. Ya bastante olor a carne quemada, torturas y demás procedimientos inquisitoriales ha sufrido la humanidad en nombre de Dios, la bondad, la misericordia y la decencia, para retomar la senda de los iluminados que recurren al sable para imponer sus concepciones personales. Esta petulancia desenfrenada los obnubila y, entre otras cosas, ni siquiera se plantean el interrogante de quis custodiet ipsos custodes. La virtud y la conducta recta son características de los hombres probos, pero el uso de la fuerza para incrustar esos procedimientos en esferas que en nada lesionan derechos es del todo inapropiada y, como hemos dicho, altamente contraproducente.

Hay en lo que se critica un evidente problema axiológico que puede encararse con la persuasión por parte de quienes consideran nocivas las mencionadas manifestaciones y con sus propios recursos, pero nunca recurriendo a la espada, al potro o a la censura con la intención de enmendar la situación. El futuro de la humanidad dependerá de los valores y de los principios que se sustenten en el contexto de un debate abierto (y de las reflexiones que formulamos en el penúltimo capítulo al efecto de eliminar «la tragedia de los comunes», aplicada hoy a las eventuales ofensas morales debidas a espectáculos obscenos y lenguaje soez en espacios estatales). Si la gente decide constiparse hasta la extinción total, el remedio no consiste en que los gobernantes (por alguna rara casualidad del destino, de una naturaleza distinta a la de los gobernados) obliguen a que se ingieran laxantes. Cada uno es responsable por sus actos. Pretender «ser más que Dios» pone de relieve una colosal soberbia e inaceptables procedimientos reñidos con las bases más elementales de la sociedad abierta. Sabemos que el grado de cretinización puede ser tal que la civilización no sucumba por la prognosis asfixiante del Gran Hermano de Orwell, sino por la proyección de Huxley, en el sentido de que algunos se degraden a tal nivel que pidan ser esclavizados.

En el capítulo en el que nos referiremos a la llamada «guerra antinarcóticos» mostraremos que, igual que las catástrofes producidas por la Ley Seca, en este caso como se está contribuyendo a destruir las libertades individuales, a estimular la drogadicción, a incentivar una alarmante corrupción en todos los niveles y a crear una pavorosa organización criminal. Pero aquí sólo destacamos la posición de los neoconservadores en la materia, lo cual, entre otras publicaciones, queda ilustrado en el título de uno de los artículos de Kristol: «War on Drugs? Then Get Serious and Use the Military» (Washington Post, 28 de marzo de 1988).

El último aspecto importante que consideramos de los neoconservadores es el relativo a la política exterior que, como hemos adelantado, analizaremos más en profundidad en el próximo capítulo, referida en general a Estados Unidos y no circuscripta a la visión neoconservadora. Sentencia Kristol (1986: 296) que «no tenemos [en Estados Unidos] una presencia suficientemente activa en el mundo, ni en el nivel político-militar ni en el nivel ideológico. Las dos cosas deben marchar juntas; de lo contrario nuestras expectativas de futuro serán una retórica vacía».

Stefan Halper y Jonathan Clarke (2004: 6-8) responden al explicar que

Al capturar a la nación [Estados Unidos] con su visión de una guerra externa permanente, los neoconservadores y sus compañeros del frente interno han colocado una sombra sobre la totalidad de nuestra política doméstica. […] A pesar de habernos fundado como una reacción a la idea del imperio —una noción descartada hace más de un siglo— la indisciplinada retórica de Washington [D.C.] y la diplomacia retrógrada han trasmitido al mundo que cobija la idea de la dominación global […] sin prestar atención a la historia ni a la cultura y las preferencias políticas locales. […] La premisa fundacional de América [del Norte] es que era verdaderamente un organismo político distinto, capaz de resistir el camino seguido por los poderes imperiales. […L]os neoconservadores le dan muy poco peso a este invalorable activo y en vez le otorgan al poder —al crudo poder militar— como el alfa y omega de la interacción de América [del Norte] con el mundo. Esto nos recuerda la pregunta cínica de Stalin respecto de cuántas divisiones dispone el Papa. […] Lejos de mirarlos como libertadores, las fuerzas [armadas] de los Estados Unidos encuentran hostilidad y están en peligro de rendir las barras y las estrellas. […] Presentada como una autoridad bíblica, la ideología neoconservadora constituye poco más que una aberración. […] Creemos que el propósito neoconservador es un modelo inaceptable para el futuro de nuestra nación.

Los mismos autores señalan (2004: 11-13, 15 y 26) que los neoconservadores creen que

El determinante fundamental de las relaciones entre estados descansa en el poder militar y el deseo de utilizarlo. […] La convicción de que ellos solamente poseen la moral y argumentan que el disentir significa derrotismo. Focalizan en el poder «unipolar» de los Estados Unidos y contemplan el poder militar como el primero y no el último recurso de la política exterior. […] Son hostiles frente a las instituciones multilaterales no militares e instintivamente antagonistas hacia los tratados y acuerdos internacionales. […] Confrontan con quienes advierten sobre los excesos y la discrecionalidad del gasto […y] el adversario es cualquiera que no comparta el mundo neoconservador y debe ser vencido. […] Le asignan poca importancia al rol de los factores no militares como los incentivos económicos, el alivio a la pobreza, los problemas ambientales o el comercio internacional. […] Su repetido credo es que usted «está con nosotros o contra nosotros». […] Los neoconservadores atacan pasionalmente el relativismo moral pero la aplicación de sus políticas muestra justamente eso.

Estas visiones hacen aparecer a la mayor parte de los neoconservadores como dogmáticos-fanáticos que, contrariamente a la tradición de Estados Unidos, pretenden arrasar por la fuerza bruta y cuando tienen la oportunidad de trasmitir ideas y principios sobre la sociedad abierta, lo hacen en base a ideas autoritarias y de un nacionalismo exacerbado y una xenofobia digna de un perturbador primitivismo tribal, como han demostrado, por ejemplo, Richard B. Cheney, Donald Rumsfeld y, en otra dimensión, Patrick Buchanan, incapaces de entender en qué consiste una república según el legado de sus mayores.

Todo lo sucedido en esa gran nación comenzó a desmoronarse cuando «vino un tiempo en el que las únicas personas que realmente han sido libres empezaron a preguntarse ¿qué es la libertad?» (Garrett, 1953/1958: 5). John T. Flynn (1955: 4-6) se lamenta de que

Norteamérica está enferma. Nuestra enfermedad básica es que hemos abandonado nuestro sistema de gobierno. Hemos desmantelado la República Americana [Estados Unidos] y la hemos reconstruido sobre bases extrañas y corruptas […], seguimos discutiendo sobre los síntomas y desconocemos las raíces de la enfermedad. […] Los hombres que forjaron la Constitución Norteamericana […] sabían que, a través de la historia, el gobierno ha sido el gran enemigo de la libertad.

El cuidado, la dedicación y el esmero que los Padres Fundadores pusieron en la meticulosa distribución de poderes y sus respectivos límites en gran medida se han abandonado. En este sentido, Charles R. Kesler (1988: 20) señala que «Se esperaba que, en líneas generales, el Congreso promulgara las leyes, el Presidente las ejecutara y la Suprema Corte las interpretara en los casos individuales […] Sin embargo, de modo creciente, ésta no es la manera en que opera [en Estados Unidos] el gobierno federal» (1988: 20).

Concluye Michael Ignatieff (2003) que «Una confiada y cuidada república libre —la ciudad en la colina, cuya gente siempre creyó que era inmune a los barquinazos de la historia— ahora debe confrontar no sólo un inacabable destino imperial sino también la remota posibilidad que parece perseguir las historias de los imperios: la arrogancia seguida de la derrota». Es de desear que esa gente extraordinaria que, como veremos en el último capítulo, guarda aún notables fuerzas morales, reaccione antes de que sea tarde.

La política exterior

Mi ardiente deseo es, y siempre ha sido, cumplir estrictamente con todos nuestros compromisos en el exterior y en lo doméstico; pero mantener a los Estados Unidos fuera de toda conexión política con otros países.

George Washington, 1795

En el primer capítulo dejamos consignadas algunas opiniones de los Padres Fundadores respecto del rol del gobierno en las relaciones exteriores. En el epígrafe del presente, aparece un segmento de una carta enviada por Washington a Patrick Henry (1795/1954: 16, destacada también en Lefevre, 1954/1972: 16) en la que el remitente reitera conceptos suyos y de sus colegas de modo sumamente cáustico y preciso en vinculación al tema que consideramos. De todas maneras, se debe ser cuidadoso en cuanto a pretender el trazado de una separación tajante entre política doméstica y política exterior, puesto que, en última instancia, están entrelazadas (Carpenter, 2002: 285).

William Graham Sumner (1899/1951: 139-173) escribió en el Yale Law Journal [viii, 168-193] un ensayo sobre el punto crucial que ahora estudiaremos. En la introducción a la colección de ensayos de Sumner, William Polner (1899/1951: 8-9) nos dice que el autor «Nunca pensó que los hombres podrían administrar el Estado honestamente […y que] su optimismo respecto del progreso científico y físico se combinaba con su sospecha respecto del crecimiento del poder y de los grupos de intereses [prebendarios]».

Debido a su alarmante correlato con los sucesos actuales, es conveniente citar con algún detenimiento partes del trabajo de Sumner (1899/1951: 139), en el que dice, por ejemplo, que

España fue el primero […] de los imperialismos modernos. Los Estados Unidos, por su origen histórico, y por sus principios constituye el representante mayor de la rebelión y la reacción contra ese tipo de estado. Intento mostrar que, por la línea de acción que ahora se nos propone, que denominamos de expansión y de imperialismo, estamos tirando por la borda algunos de los elementos más importantes del símbolo de América [del Norte] y estamos adoptando algunos de los elementos más importantes de los símbolos de España. Hemos derrotado a España en el conflicto militar, pero estamos rindiéndonos al conquistado en el terreno de las ideas y políticas. El expansionismo y el imperialismo no son más que la vieja filosofía nacional que ha conducido a España donde ahora se encuentra. Esas filosofías se dirigen a la vanidad nacional y a la codicia nacional. Resultan seductoras, especialmente a primera vista y al juicio más superficial y, por ende, no puede negarse que son muy fuertes en cuanto al efecto popular. Son ilusiones y nos conducirán a la ruina, a menos que tengamos la cabeza fría como para resistirlas.

Y más adelante sigue diciendo (1899/1951: 140-151) que el origen de esta regresión debe verse en el deseo de obtener apoyo político

y ganar el consentimiento de quienes de otro modo nunca hubieran consentido al engaño financiero y político. Estaba fundado en atraer en base a manifestaciones sensacionales imposibles de verificar, en frases de un alegado patriotismo, en afirmaciones sobre Cuba y los cubanos que ahora sabemos que son falsas. […H]ablamos todo el tiempo de libertad en una forma fácil y grandilocuente […], nos comparamos con orgullo con otras naciones más viejas, pero ¿cuál es la diferencia después de todo? […] Cada vez que se levantaba una voz invitando a la deliberación aludiendo a sabias máximas era callada en medio de una tormenta de vituperaciones e hipocresía. […] El patriotismo está siendo prostituido y convertido en una intoxicación que resulta fatal para la comprensión de la verdad. […N]o se trata de banderas, oraciones para el cuatro de julio, ni esfuerzos para acceder a puestos. […] España se ha considerado por siglos como los más celosos y autosacrificados de los cristianos, encargados por el Señor de difundir en el globo terráqueo la verdadera religión y la civilización. Se consideran como los líderes del refinamiento y del honor personal y nos desprecian como heréticos y preocupados por acumular dinero […] produce risa estas manifestaciones de vanidad nacional. Estén seguros que se trata de pretensiones ridículas, [en realidad] odian todas las manifestaciones de los hombres civilizados. […] Odian nuestras formas. Son hostiles a nuestras ideas. Los ofenden nuestras religiones, lenguaje, instituciones y modos. […] Si creemos en la libertad como un principio americano [estadounidense] ¿por qué no lo adoptamos? ¿Por qué lo vamos a abandonar para aceptar la política española de dominación y regulación? […] El error de España se debe, en parte, al hecho de confundir la hacienda pública con la riqueza del país. […] Realmente significa que la gente soporta la carga del sistema imperial y las ganancias van a la tesorería del rey. No es de extrañar pues que a medida que esas cargas fueron más pesadas, la gente fue más pobre. […] Los americanos [estadounidenses], desde la Guerra Civil, han perdido la visión de que este Estado nuestro, los Estados Unidos de América, es un Estado confederado de una manera muy peculiar.

A estas consideraciones debe agregarse que en Filipinas «las fuerzas estadounidenses incendiaron pueblos, destrozaron cosechas y ganado, torturaron y ejecutaron prisioneros y liquidaron a civiles inocentes» (Eland, 2004: 40).

Resulta estremecedor el paralelo con lo que viene ocurriendo en Estados Unidos en la actualidad. El abandono de los principios republicanos sobre los que esa nación fue fundada, paradójicamente la está aproximando al perfil de los mismos países a los que los Padres Fundadores tanto temían y de los que huyeron los primeros colonos debido a la intolerancia y a la falta de libertad.

Abiertamente, Richard Haass, el director de planeamiento del Departamento de Estado de G.W. Bush ha dicho que Estados Unidos debe transitar «desde una tradición del Estado nación al poder imperial» (Eland, 2004: 2). Niall Ferguson ha dicho que «El más grande de los imperios de los tiempos modernos ha aparecido sin que el pueblo americano [estadounidense] siquiera lo haya notado» y Morris Bonn explica que «Los Estados Unidos ha sido el bastión del antiimperialismo y, al mismo tiempo, el fundador de un imperio fuerte» (Eland, 2004: 3).

Antes de la guerra con España, en 1898 (que incluyó a Cuba, Filipinas y la anexión de Hawai, Estados Unidos comenzó su expansionismo en la guerra con México: en 1846 «Estados Unidos provocó un ataque mexicano al enviar tropas a una región en disputa en la frontera de Texas con México. Estados Unidos quería comenzar un conflicto con su vecino más débil para apoderarse de grandes extensiones de tierra mexicana en lo que ahora es el Oeste estadounidense» (2004: 191).

Pero siempre hubo reacciones contrarias en buena parte de la población estadounidense y entre sus dirigentes, al efecto de respetar el significado de los principios republicanos, retomar la senda y tomar distancia de las tentaciones imperiales. En nuestra época, en cambio, el gobierno de Estados Unidos parece haber entrado en una faz diferente en cuanto al abandono de la idea de la república tal como fue originalmente concebida en ese país, lo cual se ha acentuado con el pretexto de la guerra antiterrorista de la cual daremos cuenta detallada en un próximo capítulo.

En el siglo xx comenzaron las intromisiones militares en los casos de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Panamá, República Dominicana, Haití (situación sobre la que volveremos con algún detenimiento antes de finalizar este capítulo como un caso paradigmático), Irán, Corea, Vietnam, Somalía, Bosnia, Serbia-Kosovo, Iraq y Afganistán. Esto generó en todos los casos los efectos exactamente opuestos a los declamados, pero, como queda dicho, durante la administración del segundo Bush, la idea imperial parece haberse exacerbado en grados nunca vistos en ese país, aún tomando en cuenta el establecimiento anterior de bases militares en distintos puntos del planeta, ayuda militar como en los casos de Grecia y Turquía, intromisiones encubiertas a través de la CIA y, en otro plano, intervenciones patéticas de algunos embajadores estadounidenses, como el que señalamos en el capítulo precedente respecto del consejo de que se adopte «un marxismo moderado» y, como el que veremos del embajador Robert E. White, quien afirmó que apoyaba a todos «los que con pasión son de izquierda», y otras expresiones de algunos representantes e integrantes del Departamento de Estado indignos de la tradición estadounidense.

En el capítulo anterior nos hemos referido a las corrientes intelectuales dominantes en el Departamento de Estado desde la época de F.D. Roosevelt. Repasemos ahora brevemente las mencionadas incursiones estadounidenses. Richard V. Allen, Senior Fellow de Hoover Institution y ex asesor de dos presidentes en el Consejo de Seguridad Nacional y miembro del Consejo de la Política de Defensa en Washington, asevera que lo ocurrido en América Central no se debe sólo a los movimientos comunistas en los países que la integran con apoyo del exterior, sino a «los trágicos errores que se sucedieron en las políticas de los Estados Unidos que fueron consecuencia inevitable de falsas premisas y preferencias ideológicas sesgadas sobre los bandos izquierdistas» (Prólogo a Whelan y Bozell, 1984: VIII).

Sin duda, en nuestra época las políticas del Departamento de Estado llegaron a sus extremos durante la administración de Carter. En ese período, Estados Unidos estimuló a través de todos los canales posibles las políticas de expropiación de empresas, las reformas agrarias, los controles de precios, los sindicatos revolucionarios, la política monetaria discrecional y la enseñanza marxista en los centros educativos en todos los países de América Central (Whelan y Bozell, 1984: cap. 1 y 3; para las fuentes, remitimos a las referencias de la obra).

Jean Kirkpatrick ha escrito que Zbigniew Brzezinski, asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Carter, sostenía, respecto de las políticas estatistas en diversos países, que los estadounidenses «deberían contribuir a los cambios en lugar de resistirlos» (Whelan y Bozell, 1984: 30). Lo mismo afirmaba Robert Pastor, asesor de Carter en temas de América Latina en el mencionado Consejo:

Antes de incorporarse a la administración [de Carter], Pastor estaba estrechamente vinculado a la institución de extrema izquierda Institute for Policy Studies. […] De acuerdo a los expertos del IPS los gobiernos comunistas o socialistas de Cuba, Jamaica y Guyana ofrecen una oportunidad única para establecer una nueva línea en la política exterior de los Estados Unidos (Whelan y Bozell, 1984: 31).

Idéntica posición fue adoptada por el secretario de Estado Cyrus Vance, que «en un discurso ante el Foregin Policy Association de Nueva York […] celebró la relación amistosa y cercana con el nuevo gobierno sandinista en Nicaragua. […] En el mismo discurso Vance dijo que los Estados Unidos ha apoyado “cambios constructivos” similares en El Salvador, Guatemala y Honduras» (Whelan y Bozell, 1984: 33-34).

Y antes de asumir Carter, Brady Tyson, especialista en América Latina en la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y fundador del North American Congress on Latin America, se autocalificó como «el más militante pro Castro» y «sostuvo que los derechos humanos deberían ser utilizados para apoyar a las fuerzas revolucionarias en el hemisferio» (Whelan y Bozell, 1984: 32). Tal como señala Fareed Zakaria (1999), muchos de «los que creen que el Estado no hace nada bien en lo doméstico sostienen que no puede hacer nada equivocado en el exterior (total, si las cosas andan mal, se pueden arreglar con más dinero, bombas más potentes y más tropas)».

Los movimientos de raíz totalitaria en toda América Latina fueron alimentados intelectualmente por muchos sacerdotes e instituciones educativas religiosas, especialmente, aunque no únicamente, a través de la llamada Teología de la Liberación. En su propio campo religioso desconocieron dos de los mandamientos que se refieren a la propiedad privada: no robar y no codiciar los bienes ajenos. Asimismo, dejaron de lado encíclicas tales como Rerum Novarum de León XIII, quien escribió: «Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente y como fundamento de todo se ha de tener es esto: que se debe guardar intacta la propiedad privada». En Quadragesimo Anno de Pío XI, se lee que «nuestro predecesor [León XIII], de feliz recordación, defendió con toda firmeza el derecho de propiedad contra los errores de los socialistas de su tiempo, demostrando que la supresión de la propiedad privada, lejos de redundar en beneficio de la clase trabajadora, constituiría su más completa ruina» y concluye que «Socialismo religioso y socialismo cristiano son términos contradictorios; nadie puede al mismo tiempo ser un buen católico y socialista verdadero».

Por su parte, Pío XII, en su mensaje radiofónico Oggi del 1.º de septiembre de 1944, dijo que «La conciencia cristiana no puede admitir como justo un ordenamiento social que, o se niega en absoluto o hace prácticamente imposible o vano el derecho natural de propiedad, tanto sobre los bienes de consumo como sobre los medios de producción». Y más recientemente, Juan Pablo II ha escrito en Centesimus Annus:

¿Se puede decir, quizá, que después del fracaso del comunismo el sistema vencedor sea el capitalismo, y hacia él están dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ¿Es quizás éste el modelo que es necesario proponer a los países del Tercer Mundo, que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil? La respuesta, obviamente, es compleja. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta, ciertamente, es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa o, simplemente, de economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa.

Los mensajes evangélicos aluden a «la pobreza de espíritu» (Mateo, V, 3) en el sentido de anteponer a Dios sobre los bienes materiales, y en otros términos, fustigan a quien «no es rico a los ojos de Dios» (Lucas, XII, 21). En la Enciclopedia de la Biblia (1963: vol. VI, 240-241) se lee respecto a la idea de pobreza que «fuerzan a interpretar la bienaventuranza de los pobres de espíritu, en sentido moral de renuncia y desprendimiento interior de las riquezas». La misma enciclopedia señala que «la propiedad, concepto jurídico derivado del legítimo dominio, aparece en la Biblia como inherente al hombre» y que «los Hechos de los Apóstoles refieren que los fieles vendían sus haciendas para provecho de todos, pero no hacen de tal conducta —que en sus consecuencias fue catastrófica, ya que hizo de la Iglesia Madre una carga para las demás iglesias— una norma, ni menos pretende condenar la propiedad particular» (1963: vol. V, 1294). Por último, en la parábola del joven rico tantas veces tergiversada, en la que dio prelación a los bienes materiales antes que a Dios, se lee que «más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que no entrar un rico semejante en el reino de Dios».

En este contexto, es de interés recordar la Declaración sobre la promoción humana y la salvación cristiana de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede del 30 de junio de 1977:

De por sí, la teología es incapaz de deducir de sus principios específicos normas concretas de acción política; del mismo modo, el teólogo no está habilitado para resolver con sus propias luces los debates fundamentales en materia social. […] Las teorías sociológicas se reducen de hecho a simples conjeturas y no es raro que contengan elementos ideológicos, explícitos o implícitos, fundados sobre presupuestos filosóficos discutibles o sobre una errónea concepción antropológica. Tal es el caso, por ejemplo, de una notable parte de los análisis inspirados por el marxismo y leninismo. […] Si se recurre al análisis de ese género, ellos no adquieren suplemento alguno de certeza por el hecho de que una teología los inserte en la trama de sus enunciados.

No son pocos los religiosos que absorben sermones aparentemente inocentes que insisten de una manera que resulta contraria a las naturales inclinaciones de los seres humanos a la solidaridad y a la compasión para, en su lugar, instar de modo oblicuo, forzado y resentido a compartir los bienes y referido a un sentido de comunidad que diluye y disuelve completamente el concepto mismo de persona, de individualidad y unicidad para fundirse con el resto en una masa amorfa e indistinguible. Y así, de contrabando, se trasmiten directa o subliminalmente ideas nefastas respecto de instituciones clave para el progreso, especialmente para los que más necesitan.

En el gabinete del gobierno sandinista de Nicaragua, trabajaron Miguel D’Escoto como ministro de relaciones exteriores, quien era sacerdote de la orden de Maryknoll; el ministro de Cultura, Ernesto Cardenal, también sacerdote, y su hermano Fernando Cardenal, jesuita, quien era cabeza de la campaña para la alfabetización. También muchos otros sacerdotes ocuparon puestos en los ministerios de planificación económica y en el instituto de seguridad social, y el sacerdote Gaspar García Laviana, párroco de Tola, del departamento de Rivas, fue comandante de las fuerzas sandinistas. Todos seguían los pasos del sacerdote colombiano Camilo Torres y del sacerdote canadiense Harvey Steel, quien manifestó con entusiasmo en un reportaje en 1972: «Estoy convencido de que el futuro de América Latina pertenece a la izquierda» (Whelan y Bozell, 1984: 41-43).

Un editorial del Washington Star (28 de abril de 1980), titulado «Lecciones para América Latina», advertía sobre «El proceso por el que el movimiento revolucionario [en Nicaragua] apoyado por los Estados Unidos, llamado “reforma”, ayuda a los marxistas a obtener el poder total» (Whelan y Bozell, 1984: 37). Los autores del libro que venimos citando, señalan el rol decisivo de Estados Unidos para colocar a los sandinistas en el poder (1984: 47) y apuntan que

los especialistas en Latinoamérica de Carter describían a Nicaragua como un «modelo» para que otros países imitaran. Por ejemplo, William Bowdler, el asistente al Secretario de Estado manifestó que tenía la esperanza [de] que hubiera otras «soluciones» similares a la que proporcionaron los sandinistas para aplicarse en El Salvador, lo cual coincidía con las opiniones de su comisionado, John A. Bushnell, quien decía lo mismo respecto de Guatemala (Whelan y Bozell, 1984: 48).

El Departamento de Estado declaró que la victoria sandinista constituye «una oportunidad histórica para la paz y la reconciliación». Una semana después [de esa victoria] los Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas con el nuevo régimen […y] en respuesta a la ansiedad de Borge sobre la posibilidad de una contrarrevolución, se le aseguró que «cualquier intento de desestabilizar la situación o la provocación de violencia» sería contrario a una resolución de la OEA que condena cualquier intervención en Nicaragua. Durante las primeras dos semanas, los Estados Unidos se apresuraron a entregar 3,5 millones de dólares de ayuda a los sandinistas, prometiendo ayuda adicional. […] Además de los miles de «consejeros» cubanos, Cuba había entrenado virtualmente a todos los directores generales de la Seguridad del Estado Sandinista, la nueva organización de la policía estatal (Whelan y Bozell, 1984: 52-53).

Roger Reed, ex director de investigaciones del Council for Inter-American Security, escribe que

En Nicaragua no hay derechos. No hay derecho de huelga, no hay derecho de habeas corpus, no hay derecho de reunión, no hay derecho de los partidos políticos. El requerimiento de orden de juez para irrumpir en los domicilios particulares fue suspendido. […] Los nicaragüenses pueden ser detenidos sin el debido proceso bajo los cargos de estar vinculado a actividades «contrarrevolucionarias». La mera sospecha es suficiente para condenar a una persona de un año a tres de prisión, puesto que «en estos tiempos la crítica sana reemplaza a la prueba» de acuerdo a Henry Ruiz, ministro de planificación (Whelan y Bozell, 1984: 55-56).

Según Richard Araujo, «de hecho, las prisiones de Managua fueron diseñadas de acuerdo a planes cubanos, las cuales, a su vez, se originaron en Moscú. Los interrogadores nicaragüenses fueron entrenados en Cuba quienes tienen por lo menos cinco años de experiencia en la Unión Soviética» (Whelan y Bozell, 1984: 57). En agosto de 1982 el gobierno prohibió que se divulgara una carta de Juan Pablo II dirigida a los obispos nicaragüenses, en la que les advertía sobre la creación de una «iglesia popular» (1984: 58). Según The Washington Times, el 1.º de noviembre de 1983 el gobierno deportó a dos sacerdotes por contrarrevolucionarios (Luis Corral Prieto y José María Pacheco). Los arrestos incluían a periodistas que, como en el sonado caso de Oscar Leonardo Montalbán, eran detenidos también por ser considerados contrarrevolucionarios (1984: 59). Y el miembro de la Junta, Sergio Ramírez, declaró que nadie debía pensar en elecciones presidenciales y también manifestó que «lo que hoy tenemos por un Congreso es la voluntad del pueblo» (1984: 61).

En cuanto a El Salvador, el país más densamente poblado de la tierra, con un producto bruto por kilómetro cuadrado se ubicaba segundo en el continente, después de Estados Unidos. Esta situación era antes de que el Departamento de Estado decidiera incursionar con sus consabidos planes de «reformas» liderados por Carter. En gran medida, salvo honrosas excepciones, igual que el resto de los gobiernos, en El Salvador se ponía de manifiesto la incomprensión de lo que significan marcos institucionales que otorgan seguridad jurídica y procesos de mercado sin las recurrentes intervenciones gubernamentales, junto con activistas de izquierda que alimentaban actos de vandalismo y abiertamente terroristas de muy diversa naturaleza, en este caso a través de los grupos denominados Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, Ejército Revolucionario del Pueblo y el Frente Popular Farabundo Martí.

En otro plano de análisis, tal como ocurre en otras regiones, los desajustes económico sociales se deben a las políticas desacertadas de gobernantes inescrupulosos, a pesar de lo cual muchas áreas y sectores funcionan discretamente bien, debido a los islotes de libertad que se les pasan desapercibidos a los burócratas. Sin embargo, el Departamento de Estado venía insistiendo desde los años setenta que los gobiernos en El Salvador eran capitalistas conservadores y apoyaban a grupos abiertamente socialistas, hasta que la situación llegó al límite de la irracionalidad cuando lo designaron a Robert E. White como embajador de Estados Unidos en El Salvador, quien, como dijimos, declaró que apoyaría a todos «los que con pasión son de izquierda» y, el mismo día de su confirmación en el Senado, afirmó que «es la opinión del gobierno de los Estados Unidos que ningún gobierno salvadoreño puede mantenerse en el poder a menos que se embarque en un amplio programa de reformas, incluyendo reformas agrarias y bancarias». (Whelan y Bozell, 1984: 74-75). Consecuentemente la Junta militar nacionalizó bancos y empresas de seguros, estableció una reforma agraria en base a confiscaciones desembozadas con títulos públicos devaluados por la inflación. «La más amplia reforma agraria del hemisferio Occidental» según declaraciones oficiales del Departamento de Estado, cuyos integrantes mostraban satisfacción, ubicados plácidamente en las diez habitaciones que alquilaban «expertos» en el Sheraton local para asesorar más directamente al gobierno (1984: 76-77).

Como era de prever, los resultados fueron catastróficos. «En suma, los Estados Unidos, el supuesto bastión de la propiedad privada, impuso a un Estado cliente una reforma que confiscó en gran escala la propiedad privada» (1984: 78). En cuanto a la educación, debe destacarse la activa participación de muchos representantes de la Iglesia católica, especialmente de los jesuitas que mostraron gran entusiasmo en la alimentación de ideas radicales de izquierda. Alan Riding escribió en The New York Times sobre el caso de El Salvador en el sentido de que «los intereses de los Estados Unidos están mejor servidos al “robar” la causa cubana y promover el cambio» (1984: 85 y 89).

En líneas generales, el caso de Guatemala no difiere en mucho del de Nicaragua y El Salvador respecto de los puntos señalados. El asistente para asuntos interamericanos del Departamento de Estado, John Bushnell, declaró el 15 de enero de 1980 que un cambio en el gobierno guatemalteco era inevitable y que la administración estadounidense establecería contacto con la oposición al efecto de adoptar «un método similar al que usaron los Estados Unidos en Nicaragua» (1984: 96).

Pero lo que diferencia nítidamente a Guatemala del resto de América Central es el establecimiento, en 1971, de una casa de estudios —la Universidad Francisco Marroquín— con la misión de contrarrestar la influencia disolvente de ideas autoritarias dominantes en diversas instituciones educativas y así ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ser expuestos a los fundamentos de una sociedad abierta en sus aspectos éticos, filosóficos, jurídicos y económicos, juntamente con el debate de otras tradiciones de pensamiento.

Ilustra lo que venimos diciendo respecto de Estados Unidos, la difusión de un documento de julio de 2001 de la embajada estadounidense local que ocupa seis carillas, separado en diecinueve puntos en los que se opta por denostar a la mencionada universidad y a Manuel Ayau, su fundador más prominente y un lúcido expositor de la sociedad abierta. A este documento se refirió The Wall Street Journal en una columna de Mary A. O’Grady, del 3 de agosto de 2001, (bajo el título de «A Guatemalan FreeMarket Reformer Is Under Fire From the US») y también cartas al editor de ese diario del 7, 8 y 15 del mismo mes y año. En ese entonces, era embajadora de Estados Unidos en Guatemala Prudence Bushnell, ex asistente del Secretario de Estado en el Bureau of Affrican Affairs, embajadora en Kenya, decana del Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado y quien recibió, en 2004, el Service of America Award.

Por nuestra parte, analizaremos el documento de referencia desde otros ángulos de los que se han comentado hasta el presente. Como una consecuencia no querida, hay párrafos del documento que aparecen como una propaganda para esa casa de estudios, puesto que señala la influencia que tiene en los diversos ámbitos guatemaltecos. Pero el objetivo del escrito es señalar que «la lucha en Guatemala para establecer instituciones democráticas creíbles bajo el estado de derecho se hacen más difíciles debido a la Marroquín». El documento explica que «hay un círculo vicioso que comienza con la disconformidad de pagar impuestos», de lo que se sigue que «el gobierno tiene pocos incentivos para brindar servicios adecuados». Continúa el escrito afirmando que «En Guatemala el problema se complica debido a la existencia de la ideología antiestatista, cuyo origen puede rastrearse en el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, Manuel Ayau». También se lee que «una filosofía que enfatiza la libertad individual sobre todo, sólo refuerza la tendencia a la atomización que obstaculiza la acción social positiva». Concluye el escrito de marras con que las ideas de Ayau contribuyen «a mantener el statu quo, el cual preserva la posición de la elite […y] se basa en la igualdad de derechos (no de oportunidades) para todos. El rechazo explícito de la igualdad de oportunidades en una de las sociedades más desiguales de la historia del mundo es, desde luego, una receta para continuar con la desigualdad». En la comunicación queda clara la alarma que generan las declaraciones de Manuel Ayau allí reproducidas, en el sentido de que «desafortunadamente, prevalece la noción de que la educación gubernamental es la mejor forma de educar […y que] si dependiera de las opiniones que hoy prevalecen en los Estados Unidos, no creo que el sistema actual [en ese país] hubiera tenido lugar».

Difícilmente puedan reflejarse con un mejor ejemplo las graves confusiones que prevalecen en el Departamento de Estado y la oposición que significan respecto a los postulados sobre los que fue fundado Estados Unidos. En primer término, la idea básica de la referida universidad es consustancial a las instituciones democráticas y republicanas, en el sentido descripto por nosotros en el primer capítulo y en el contexto de las preocupaciones de los Padres Fundadores.

En segundo lugar, el mencionado «círculo vicioso» no es tal. El comienzo de los problemas no debe verse en el derecho a la defensa propia al que intentan recurrir los expoliados contribuyentes a los que se los suele someter a dobles y triples imposiciones, sumidos en una maraña de disposiciones fiscales difíciles de desentrañar, sino que debe verse en la renuncia de los gobiernos a cumplir sus limitadas y específicas funciones en un sistema republicano y su marcada tendencia a abarcar otras tareas que no le competen como las aconsejadas por el Departamento de Estado y es por eso que los gobiernos no prestan «servicios adecuados».

Tercero, efectivamente pueden rastrearse los principios antiestatistas, en el sentido del abuso del poder y la intromisión del aparato estatal en tareas que no le competen, a los esfuerzos que originalmente desarrollaron Manuel Ayau y un grupo reducido de sus amigos, pero a nuestro juicio no es procedente aludir a «la ideología». Esta expresión, en su acepción más generalizada no alude al significado inocente del diccionario como «conjunto de ideas», ni siquiera a la concepción marxista de «falsa conciencia de clase», sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable, lo cual constituye la antítesis del espíritu liberal.

Cuarto, el énfasis de la universidad en declarar la relevancia de la libertad individual no hace más que mostrar que es la única libertad que puede llamarse tal. Los vegetales, los minerales y los animales no tienen libre albedrío ni la consiguiente responsabilidad individual. Solamente los seres humanos tienen ese atributo. Específicamente la libertad no es atribuible a un grupo puesto que sus miembros no actúan en conjunto, sólo la persona lo hace individualmente. Otras especies reaccionan, pero la acción, esto es, el propósito deliberado, es únicamente atribuible al hombre. La libertad es la ausencia de coacción por parte de otros seres humanos. La historia de la humanidad consiste en la lucha por la libertad. La «acción social positiva» sólo puede tener lugar en ámbitos de libertad, y donde ésta se restringe, los arreglos contractuales que de otro modo hubieran sido libres y voluntarios se tornan en imposiciones que desfiguran los deseos y preferencias de la gente, lo cual perjudica a las partes y a terceros que no reciben el influjo de acciones beneficiosas.

Una quinta razón es que nadie que conozca algo del significado del liberalismo puede seriamente achacarle la intención de mantener el statu quo y perpetuar las prebendas de una élite rodeada de privilegios. Desde Adam Smith, en 1776, en adelante, buena parte de la tarea liberal ha consistido en demostrar la explotación que significan los mercados cautivos y demás favores que surgen de los despachos oficiales.

Sexto, la igualdad ante la ley es incompatible con la igualdad de oportunidades, puesto que para lograr este último propósito, precisamente, se hace necesario otorgar derechos desiguales. Son conceptos mutuamente excluyentes. En una sociedad abierta lo que se persigue es que todos tengan mayores oportunidades, pero debido a las diferencias psicológicas, anatómicas y patrimoniales, las oportunidades son distintas. El problema estriba en que si se pretenden otorgar iguales oportunidades, como queda dicho, se deben lesionar derechos de otros, con lo que finalmente se obtienen menores oportunidades. Además, como se ha señalado, la idea es autodestructiva puesto que si se nivelan las oportunidades en un punto y se permite que cada uno desarrolle sus potencialidades, deben volverse a nivelar las oportunidades cuando aparece la siguiente generación y así sucesivamente, con lo que se habrán eliminado los incentivos para esforzarse en la vida. Por otra parte, las desigualdades de rentas y patrimonios o son consecuencia del robo o de acuerdos voluntarios. Lo primero no se circunscribe a los asaltos habituales, sino al defalco que realizan los antes mencionados agentes prebendarios con el apoyo del gobierno. Si es lo segundo, lo relevante no son las diferencias de ingresos, sino el mejoramiento de todos a través del establecimiento de un sistema eficiente basado en la propiedad.

Hay que destacar, como séptimo argumento, que también las declaraciones de Ayau en materia educativa no pueden ser más certeras. En otro capítulo, referido específicamente a Estados Unidos, nos detendremos en este tema que reviste tanta importancia.

Por último, la conclusión correcta intenta satirizar el documento que venimos comentando, en cuanto a que sin duda alguna Estados Unidos nunca hubiera constituido un ejemplo de libertad y prosperidad si, en lugar de adoptar los principios que adoptaron, hubieran seguido los lineamientos que con tanto entusiasmo endosa el Departamento de Estado. En vista de las ideas que prevalecen en el Departamento de Estado, es natural que provoque fastidio la aparición de una institución educativa que está en las antípodas. Las dificultades que ha debido sortear la universidad en cuestión para abrir sus puertas han sido muchas y muy variadas. Incluso la Universidad Rafael Landívar «iluminada por los valores cristianos y en el espíritu de la tradición educativa jesuítica», tal como reza en su folletería, se opuso a que se permitiera el funcionamiento de la Universidad Francisco Marroquín (en carta del entonces Rector, Arturo Dibar, dirigida al presidente del Consejo de Enseñanza Privada Superior, Alejandro Maldonado, fechada el 10 de diciembre de 1970 y recibida al día siguiente por la repartición de referencia). Los motivos eran bifrontes. Por un lado, no querían que les restaran alumnos y, por el otro, las mismas razones dogmáticas que las del Departamento de Estado: embestida contra la sociedad abierta.

En cuanto a Honduras, el país más pobre de la región, en 1982 se instaló un nuevo gobierno electo, como una transición de uno militar a uno civil. Ese gobierno interceptó armas que iban a la guerrilla salvadoreña, por lo que Fidel Castro protestó airadamente ante sus contactos en el Departamento de Estado, lo cual, a su vez, produjo como reacción que el gobierno de Estados Unidos comenzara a tildar al régimen hondureño como «una democracia falsa» (Whelan y Bozell, 1984: 101-102). A partir de entonces, siguieron acosados por el Departamento de Estado en la misma dirección que sus países hermanos, aunque el gobierno de Honduras inocentemente quería recostarse en Estados Unidos para que los protegiera de las guerrillas limítrofes. The Economist de Londres, el 29 de octubre de 1983 sostuvo que «El gobierno de Honduras no oculta su deseo de que los americanos [estadounidenses] instalen una base [militar] en su país». Confianza injustificada, desde luego. El ministro del Interior nicaragüense, Tomás Borge, declaró que «El imperativo moral de la revolución y su carácter histórico hace inevitable que las energías generadas aquí sean universales en toda América Central» y concluyen Whelan y Bozell: «Inevitable, una de las bases filosóficas de Carter [y sus imitadores] en Washington que esclavizarán a los tontos que apoyan la falacia, así como a los inocentes» (1984: 109).

En un próximo capítulo dedicado a los servicios de inteligencia y a las fuerzas paramilitares y, en otro, dedicado a la guerra antiterrorista nos detendremos en estos asuntos, ahora sólo dejamos muy telegráficamente consignado que resulta inaceptable para cualquier liberal que se precie de tal la aplicación de los procedimientos de los encapuchados realizados desde las sombras para combatir el flagelo de los criminales terroristas. Que se hayan adoptado estos procedimientos en buena parte de América Latina finalmente hace que resulten similares a la barbarie y de la misma calaña a la monstruosidad iniciada por las bandas terroristas, cuando, precisamente, se dice que se instaura el monopolio de la fuerza para hacer justicia y esto, por definición, es a cara descubierta y con todos los recaudos que la conducta justa requiere. No es cuestión de ganarla en el terreno militar y perderla en el moral, terreno que —se sostiene— otorga legitimidad al aparato estatal. Se ha dicho que ésta sería «la teoría de los dos demonios», sin percibir que inexorablemente se trata de uno solo puesto que, en este nivel del mal, que se ilustra con el demonio, constituye una contradicción en los términos aludir a múltiples demonios, puesto que implicaría que uno tendría un grado de perversidad que no posee el otro, lo cual anula el sentido del demonio como expresión del máximo mal concebible. Desde luego que es inadmisible la hemiplejía moral de aquellos que pretenden cargar las tintas en un solo lado del problema, como si las respuestas al terrorismo hubieran aparecido en el vacío.

En otro orden de cosas,

En Washington se dijo que se impondría orden en Somalia y se dejó caos; fueron a Haití para instituir la democracia y dejaron tiranía; intervinieron en Bosnia para revertir los efectos de la guerra civil pero no se sostiene la paz; ocupó Kosovo [Serbia] para introducir una democracia multiétnica pero, en su lugar, se observó una generalizada «limpieza» étnica (Dempsey y Fontaine, 2001: 2; lo mismo sostiene enfáticamente Bovard, 2003: 325).

En Irán, Estados Unidos puso y luego dejó caer al Sha abriendo paso para los futuros ayatollah del fanatismo y el fundamentalismo, para luego negarle visa al Sha para ingresar a Estados Unidos. Este gobernante acumulaba los títulos de Rey de Reyes, Sombra del Todopoderoso, Nuncio de Dios y Centro del Universo. El Savak, su policía secreta, que dirigía el Ministerio de Información, torturaba a los opositores metiéndolos con serpientes en bolsas de arpillera, clausuró los diarios independientes y pretendió modernizar al país en base a una férrea planificación estatal que produjo las descoordinaciones y las contradicciones más colosales en el contexto de faltantes y sobrantes que hicieron imposible el progreso en la ex pacífica Persia (Kapuscinski, 1987/2001).

En la República Dominicana, después de la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo, triunfó en las elecciones el izquierdista Juan Bosch, pero no pudo asumir porque hubo un golpe militar liderado por el general Elías Wessin y Wessin, quien entregó el poder a un triunvirato civil contra el que se levantó en armas el coronel Francisco Camaño con la idea de restituir a Juan Bosch. Frente a esa situación, Estados Unidos envió 42 mil soldados a la isla, todo lo cual desembocó en la asunción de Joaquín Balaguer que se entronizó en el poder durante 22 años dejando tras de sí un Estado de postración y miseria.

En Panamá, el conocido narcotraficante y comerciante de armas de guerra Manuel Noriega recibía ayudas multimillonarias por parte de la CIA, que por entonces dirigía Bush padre, a cambio de diversas cooperaciones. Cuando Noriega dejó de obedecer, Bush padre, en ese momento presidente, decidió invadir Panamá con 25 mil soldados y, sin extradición ni formalismo alguno, secuestró a Noriega, quien fue encarcelado en territorio estadounidense con una condena por treinta años. Esta invasión provocó la muerte de tres mil civiles inocentes. Veremos el significado de las participaciones de Estados Unidos como en los casos de Colombia, a raíz de la «guerra contra las drogas», en el capítulo dedicado a este delicado asunto.

En Corea, la participación militar estadounidense (un caso policial, decía Truman, como un burdo artilugio para evitar la solicitud al Congreso de la declaración de guerra), terminó con la limitación impuesta al general Douglas McArthur, lo cual facilitó la consolidación de medio país en manos de los comunistas, a pesar de que antes de 1950 el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente Truman y el secretario de Estado Dean Achenson sostuvieron que «No vale el esfuerzo defender a Corea del Sur» (Eland, 2004: 64). En Vietnam, la intromisión de Estados Unidos para aplastar focos comunistas terminó con la entrega de todo el país a los comunistas (Toai y Chanoff, 1986). Este cuadro de situación se completa con otros fiascos menores y con los resultados ya comentados respecto de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, con la invasión «preventiva» a Iraq y la represalia en Afganistán, a las que nos referiremos en otro capítulo, cuando abordemos el tema del terrorismo internacional.

Los gastos militares de Estados Unidos son ahora el 10% más elevados que durante la llamada Guerra Fría, y eso que

la amenaza soviética ya era magnificada por el aparato estadounidense de política exterior al efecto de contar con mayor apoyo para su licenciosa intervención política y militar en los asuntos de otras naciones a través del orbe, [estrategia que comenzó con] el consejo del senador Arthur Vandenberg de «asustar como el diablo al pueblo americano» [estadounidense… y así establecer] el imperio informal de los Estados Unidos. […] Y si hubiera alguna duda de las ambiciones imperiales del gobierno de los Estados Unidos, éstas se encuentran expuestas en el documento de planificación, de 1992, del Departamento de Defensa. El documento fue confeccionado por [el más arriba mencionado entre los neoconservadores] Paul Wolfowitz. […] El texto escrito en un lenguaje crudo establece la meta de la dominación global de Estados Unidos y la necesidad de un poder militar sin paralelo para intimidar a rivales potenciales (Toai y Chanoff, 1986: 14-16).

No es un problema de sufrimientos ni de tiranía, sino de decisiones estratégicas que incluyen el aprovisionamiento de recursos naturales como el petróleo, tal como atestigua el padecimiento extremo de pueblos como el Congo, Sudán, Ruanda y muchos otros países donde no hay intervenciones militares estadounidenses. […] Tampoco se trata de establecer regímenes democráticos y economías de mercado puesto que los gobiernos estadounidenses apoyaron a buena parte de los dictadores latinoamericanos, a Ferdinand Marcos en las Filipinas, al general Suharto en Indonesia y a gobernantes despóticos en Vietnam y en muchas otras partes. […] En Indonesia, las fuerzas del general Shuarto, a quien Estados Unidos ayudó a instalarse en el poder en 1965, mató a cientos de miles de personas —y la embajada estadounidense proveía la lista de a quiénes ejecutar. […En Haití] en 1980 y temprano en los 90, los instrumentos de terror en el ejército de los miembros superiores de la junta y las fuerzas paramilitares eran financiados por la CIA (Toai y Chanoff, 1986: 19, 133 y 135).

Los Estados Unidos están geográficamente alejados de posibles conflictos y tienen un enorme arsenal nuclear para prevenir cualquier ataque a su territorio. Por tanto, el gobierno estadounidense no tiene necesidad de crear un imperio por motivos de seguridad. […] Incluso los soviéticos no necesitaron fabricar un imperio por razones de seguridad porque ellos también contaban con medios nucleares robustos como para defenderse frente a ataques en su territorio (Toai y Chanoff, 1986: 34).

Los enormes réditos de la expansión militar y el armamentismo lo reciben grupos bien organizados, mientras que los tremendos costos los debe sufragar el público (1986: 37). Esto último fue explicado por Vilfredo Pareto (1901/1987: 128), quien generalizaba el efecto de todos los privilegios sobre la población de esta manera: «El privilegio, incluso si debe costar 100 a la masa y no producir más que 50 a los privilegiados, perdiéndose el resto en falsos costes, será en general bien aceptado, puesto que la masa no comprende que está siendo despojada, mientras que los privilegiados se dan perfecta cuenta de las ventajas de las que gozan».

Incluso en el caso de Inglaterra, espíritus liberales de la talla de Adam Smith, Richard Cobden y John Bright «sostenían que el imperio británico era un derroche de dinero. […] Según sus opiniones, la integración económica voluntaria con el mundo era mejor económica y financieramente para la isla que las transacciones coercitivas» (Whelan y Bozell, 1984: 49). En Estados Unidos

se ignoró lo que fue su política exterior tradicional aplicada durante aproximadamente ciento setenta y cinco años […] de quedarse afuera de las disputas entre naciones y sacar provecho de los beneficios domésticos que se traducían en reducidos gastos militares. […] Estados Unidos es ahora un imperio militarista global con la ostensible misión de convertir al mundo a la democracia y los mercados libres [sic], mientras, al mismo tiempo, destroza su propia república (Eland, 2004: 51-52).

Recordemos lo que hemos puntualizado en cuanto a lo que esto significa respecto del aumento del gasto público, el endeudamiento estatal, las presiones monetarias y el recorte a la libertad de prensa en nombre de los secretos de Estado y la seguridad (cuando no se vulneran también las otras libertades individuales bajo las mismas excusas). Estos fenómenos no son originales de Estados Unidos, son comunes a todos los imperios, sea el romano, bizantino, árabe o español (Cipolla, 1970: introducción). Por otra parte, es oportuno traer a colación un célebre dictum para mostrar que, incluso, si fuera otra la explicación para el imperio, «La idea de imponer universalmente la paz en el mundo por medio de la fuerza constituye una fantasía de la barbarie» (Garrett, 1954/1972: 6). Independientemente de la ubicación intelectual de Gore Vidal (1992: cap 5, 105), viene también muy al caso citar una de sus conclusiones referidas a Estados Unidos, en cuanto a que, además, «no tenemos ni los recursos suficientes ni el cerebro como para monitorear a cada una de las naciones de la tierra». Como hemos apuntado, los neoconservadores han influido decisivamente en el último tramo de la política exterior militarista estadounidense (Kagan y Kristol, 2000).

Sin perjuicio de lo que dejamos consignado en el penúltimo capítulo, cuando John Quincy Adams fue presidente, lejos quedaron los tiempos en que un Secretario de Estado —en este caso de James Monroe— pronunciaba públicamente las palabras que a continuación reproducimos. Así, dijo John Quincy Adams (1821: 4):

América [del Norte] no va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Desea la libertad y la independencia para todos. Es el campeón solamente de las suyas. Recomienda esa causa general por el contenido de su voz y por la simpatía benigna de su ejemplo. Sabe bien que alistándose bajo otras banderas que no son la suya, aún tratándose de la causa de la independencia extranjera, se involucrará más allá de la posibilidad de salir de problemas, en todas las guerras de intrigas e intereses, de la codicia individual, de envidia y de ambición que asume y usurpa los ideales de libertad. Podrá ser la directriz del mundo pero no será más la directriz de su propio espíritu.

También, siendo senador por Kentucky y ex Secretario de Estado, Henry Clay manifestó en la Cámara, en 1852, cuando era presidente Millard Fillmore:

Por seguir la política a la que hemos adherido desde los días de Washington hemos tendido un progreso sin precedentes; hemos hecho más por la causa de la libertad en el mundo que lo que las armas pudieran hacer, hemos mostrado a las otras naciones el camino de la grandeza y la felicidad. Pero si nos hubiéramos visto envueltos […] en guerras […] ¿dónde, entonces, estaría la última esperanza de los amigos de la libertad en el mundo? […] Deberíamos mantener nuestra propia antorcha brillando en las costas occidentales, como una luz para todas las naciones (Eland, 2004: 253).

Actualmente parecería que la diplomacia estadounidense se basa en la fuerza bruta al alegar principios que constituyen una excusa burda, puesto que, como hemos apuntado, sus gobernantes más encumbrados demuestran no comprender ni compartir los fundamentos más elementales del sistema republicano por el que tanto se desvelaron los Padres Fundadores.

Por su parte, Garret manifestaba que

Si convertimos a la nación [Estados Unidos] en una guarnición militar para fabricar la más terrible maquinaria de guerra imaginable sobre la tierra, toda la política en lo doméstico estará indefectiblemente condicionada por la política exterior. […] No somos más capaces de elegir entre la paz y la guerra. Nos encaminamos a la guerra perpetua. […] El gran símbolo de la mente militar en América [del Norte] es el Pentágono en Washington con sus diecisiete millas de corredores en los que los almirantes y generales muchas veces se pierden, sus veintiocho mil funcionarios en los escritorios y los ocho mil automóviles estacionados afuera. […] Fue construido después de la segunda guerra, no como algo transitorio, tal como lo construido después de la primera guerra. […] La información que proviene de adentro se divulga en la medida en que las autoridades lo desean. Todo el resto aparece con el sello de «clasificado» o «restringido» en el nombre de la seguridad nacional, material a que el mismo Congreso no puede acceder (Garrett, 1953/1958: 139, 141-142).

De más está decir que no todos los embajadores ni miembros del cuerpo diplomático estadounidense participan de las tendencias belicistas e imperiales, incluso muchos de ellos se oponen sotto voce, ya que la condición de diplomáticos no los autoriza a pronunciarse por algo distinto de lo que mantienen los gobiernos que representan. Otros muchos se limitan a desempeñar un papel más bien anodino en los salones sociales del país receptor y aparecen en primer plano en los momentos de crisis formulando declaraciones no siempre oportunas.

Es ésta la circunstancia adecuada para cuestionar el sentido mismo del establecimiento de embajadas con todo el lujo y la pompa que las rodea, en momentos en que Internet, las teleconferencias y otros medios modernos de comunicación han reemplazado hace ya tiempo a las carretas y similares para cubrir distancias enormes, en cuyo contexto se estimaba necesario contar con representantes en el terreno. Pero actualmente sigue en pie todo el séquito de empleados muñidos del correspondiente fausto, viáticos, sueldos, gastos de representación, edificios monumentales de residencias y cancillerías, suntuosos automóviles, jubilaciones suculentas y otros privilegios de la corporación, entre los que se destaca la «valija diplomática» y similares, para que estos emisarios puedan transitar libremente por las fronteras con mercaderías que les están vedadas a los ciudadanos que no ostentan esa categoría privilegiada y que tanto facilita la vida a los mencionados dignatarios y la complican a los no diplomáticos.

Ni siquiera tienen sentido la agregadurías comerciales, puesto que los empresarios hacen mejor la tarea de colocar sus productos y no es pertinente que unos cuenten con facilidades para sus negocios financiados a expensas de sus semejantes a través de subsidios cruzados (el caso de Guatemala ilustra el punto: no mantiene relaciones diplomáticas con China y es el país de mayor comercio con ese país en América Latina, en relación a su población). Los consulados deberían mantenerse hasta que se libere a la gente de la imposición del pasaporte, que como han señalado autores tales como Salvador de Madariaga y Milton Friedman, constituye una manifestación de autoritarismo, lo cual consideraremos detenidamente junto con otros documentos de identidad en el capítulo concerniente al terrorismo.

La eliminación de embajadas contribuiría en grado sumo a aliviar las pesadas cargas que deben soportar los ciudadanos de los distintos países. Dado que en otras épocas Estados Unidos ha dado tantos buenos ejemplos al mundo, sería de gran interés que diera el primer paso en esta dirección. Sin duda que esto afectaría los intereses creados de toda la pesada estructura de los diplomáticos de carrera y los designados políticamente, pero esto no puede alegarse seriamente si se desea retornar a una sociedad abierta.

También es la ocasión de, aunque más no sea, plantearse el sentido de la existencia de las Naciones Unidas. Muchos de quienes participaron en la Sociedad de Naciones, la asociación precursora de aquella entidad internacional, tenían las esperanzas cifradas en que contribuiría a establecer un mundo pacífico. Pero en éste como en otros casos no resultan relevantes las intenciones sino los resultados. Y éstos han revelado que, a un costo gigantesco, las Naciones Unidas han sido inoperantes para ese propósito y, en cambio, han servido para fomentar en distintos planos los principios contrarios a las sociedades pacíficas, libres y voluntarias para difundir las ideas totalitarias patrocinadas por las izquierdas más radicales, no sólo en el foro mismo de la institución a través de sus políticas, sino a través de sus organismos colaterales como la CEPAL, FAO, UNCTAD, UNISCO, inclusive de las de apariencia inocente como UNICEF (Pines, 1983).

Existen diversos trabajos medulosos que apuntan a discontinuar las Naciones Unidas y que cubren detalladamente las distintas áreas del organismo (Pines, 1984). El pluralismo en materia de ideas y el consiguiente debate abierto resultan indispensables en el seno de una sociedad libre, pero otra cosa bien distinta es obligar a las personas de distintas procedencias a financiar principios que las afectan directamente. Como hemos señalado, una cosa es la irresponsable, contraproducente e impertinente caza de brujas referida a las ideas que cada uno profesa y otra bien distinta es enmascarar y pasar de contrabando los principios opuestos por los que se fundó una institución y para los cuales fueron contratados los funcionarios.

En este sentido, resulta de interés destacar que todas las personas que, en el plano ejecutivo, planearon la estructura funcional de las Naciones Unidas y que contribuyeron a su concreción fueron procesados y condenados en aquella época por trabajar para los soviéticos (Watts, 1955), la mayoría de los cuales ya fueron mencionados más arriba en este libro y por los mismos motivos, todos con cargos relevantes en las administraciones estadounidenses (se destacan nuevamente los nombres de Alger Hiss y Harry Dexter White, este último también organizador y cofundador del Fondo Monetario Internacional). Para ilustrar con un símil, cualquiera que tenga alguna idea remota del mundo de los negocios sabe la gravedad de lo que significa trabajar simultáneamente y de modo clandestino para la competencia. Lo trascendente en estas situaciones de proceso y condena, ya se trate de la esfera pública o privada, es cumplir escrupulosamente con todos los recaudos del debido proceso. Por otro lado, en cuanto a las resoluciones internas, se ejemplifican los tortuosos mecanismos de las Naciones Unidas (entre otros, Buckley, 1974).

También la preocupación en cuanto a mantener los principios de la carta de las Naciones Unidas se visualizan en los antecedentes de la mayor parte de los secretarios generales, comenzando con el primero, el comunista noruego Trigive Lie, lo cual también se aplica al cargo clave de asistente al secretario general para Asuntos Políticos y del Consejo de Seguridad que, desde 1945 y hasta 1963, fueron todos comunistas (Griffin, 1964).

Puede eventualmente resultar oportuna la reconsideración de su traslado a algún país del llamado Tercer Mundo, tal como lo sugirieron en nuestra época, en la misma tribuna de las Naciones Unidas, espíritus totalitarios como Hugo Chávez de Venezuela, con lo cual las políticas del organismo tal vez resultarían más compatibles con las del país anfitrión y, por otra parte, podría reverse la financiación por parte de países civilizados. En distintos temas se ha llegado a extremos que se oponen abiertamente a los principios más elementales de una sociedad abierta como, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en la actualidad, en plena tiranía castrista, decide retirar a Cuba de países bajo vigilancia en materia de lesión de derechos, medida que es criticada incluso por entidades como Human Rights Watch que considera esa resolución «injustificada e inexplicable» (Ginebra, AFP y EFE-Buenos Aires, Clarín, 19 de junio de 2007, p. 21).

Afortunadamente las quejas por el comportamiento de los funcionarios del Departamento de Estado son múltiples. Sólo para citar unos pocos ejemplos, en 1962, el miembro de la Cámara de Representantes Richard L. Roudebush propuso que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara

conduzca una completa investigación y un estudio de las políticas, los procedimientos y los métodos para establecer las relaciones exteriores y las prácticas del personal del Departamento de Estado […] al efecto de lograr los mejores intereses de los Estados Unidos. […También] el congresista Bruce Alger manifestó en la Cámara que «es tiempo de llamar al Departamento de Estado para que rinda cuentas. Muchos de nuestros problemas en materia internacional pueden ocurrir debido a que paulatinamente nos estamos convirtiendo en las víctimas de un supergobierno conocido como el Departamento de Estado». […] En abril 4 de ese año [1962] el congresista John H. Rousselot […] también presentó una resolución para investigar al Departamento de Estado. Dijo el congresista Rousselot al presentar su resolución que «La investigación que contemplo […] será una cuidadosa y planeada investigación respecto del rol del Departamento [de Estado] en cuanto al desarrollo y la ejecución de la política exterior y como se ha desempeñado el Departamento en esta importante función. […] Los comunistas apuntan a subvertir y destrozar todo vestigio de la libertad política y económica. Sin embargo, nuestro Departamento de Estado los ayuda militar y económicamente [por ejemplo, a los regímenes] de Yugoslavia […] el Congo, Laos y Vietnam del Sur. […] El Departamento de Estado parece suscribir la idea de que el socialismo puede resolver mejor los problemas de las naciones emergentes». […] El congresista Daniel J. Flood dijo en su discurso de junio de 1960 que «La situación claramente requiere una revisión de los funcionarios en el Departamento de Estado y su reemplazo por personas más conscientes de su juramento al asumir los cargos, lo cual significa endosar y defender la Constitución de los Estados Unidos». […] El senador Thomas Dodd escribió que «Considero que es tiempo de realizar una revisión crítica de toda esta situación. Aquellos responsables de que estemos de desastre en desastre deberían ser despedidos o transferidos a cargos que no signifiquen responsabilidades en las decisiones políticas» (Barron, 1965: 4-5, 7-10 y 12. Este autor fue percibiendo los problemas del Departamento de Estado después de trabajar allí en distintos cargos durante largo tiempo, bajo siete sucesivos Secretarios de Estado. La primera edición de este libro obtuvo, en 1963, el Premio al Mérito otorgado por la American Academy of Public Affairs).

Después de la complicidad del Departamento de Estado en el asesinato de Diem, la cabeza anticomunista en Vietnam […] el propio Secretario de Estado [Dean Rusk] estuvo involucrado en cubrir a sus «expertos» quienes ayudaron e instigaron a que Castro asumiera el poder (Barron, 1965: V).

Samuel L. Blumenfeld, editor de US/France Report, escribió en febrero de 1965:

Observamos el espectáculo de nuestro Departamento de Estado haciendo más para ayudar el avance del comunismo que lo que hacen los mismos comunistas, después de todo fue el Departamento de Estado el que hizo posible que Castro tome el poder virtualmente sin oposición; fue un Presidente estadounidense quien le dio la aprobación a Ben Bella [presidente de Argelia, declarado en Moscú «Héroe de la Unión Soviética» en abril 30 de 1964]; fue el Departamento de Estado quien destrozó el gobierno anticomunista en Katanga y es nuestro gobierno que subsidia a Nasser, Tito, Nkrumah, Surkano y otros de la misma estirpe. Nuestro Departamento de Estado traicionó a Polonia, traicionó a China Nacionalista cuando Mao estaba usurpando el poder [y] traicionó a los húngaros que peleaban por la libertad (Barron, 1965: IX).

También deben destacarse las críticas periodísticas de estos sucesos reiterados, tales como los editoriales del Chicago Tribune y tantas otras en muchos medios y celebradas columnas como la de Charles Stevenson en el Reader’s Digest y las de Stewart Asop en Saturday Evening Post (Barron, 1965: 10-13). Por otra parte, ocurrieron casos excepcionales que contrastan con lo anterior, como el del secretario de Estado John Foster Dulles, quien aseveró ante el público estadounidense que «nosotros eliminaremos del Departamento de Estado y de todas las oficinas federales a todos los que comparten las responsabilidades por los riesgos innecesarios en los que nos encontramos» (1965: 3) y «Desgraciadamente, las presiones de las personas en el Departamento de Estado, así como también las presiones desde afuera pronto torcieron su decisión» (1965: 3).

Stan Evans ha señalado el problema que ha significado para Estados Unidos el haber hecho «fantásticas concesiones a Stalin en Yalta y Teherán, […] el haberle entregado a Mao 600 millones [de dólares y] haber descripto a Fidel Castro como el George Washington Latinoamericano» (Barron, 1965: 20). Y aclaró:

Cuando se lleve a cabo una investigación en el Departamento de Estado, no debe perderse tiempo con los oficiales más encumbrados puesto que son los hombres de la línea, los oficiales de área y las personas de carrera las que marcan las políticas […de ahí es que, por ejemplo], el Departamento de Estado haya recomendado a la Rockefeller Foundation las contribuciones […financieras a entidades como] el Institute of Pacific Relations […sobre el cual] una comisión investigadora del senado probó que se trataba de un vehículo usado por los comunistas para orientar las políticas hacia sus objetivos (Barron, 1965: 25).

Barron sostiene, después de su larga experiencia en el Departamento de Estado, que hay un clima interno muy denso que presiona para la conformidad de las políticas que el sistema produce y se profieren amenazas de distinta índole para el que pretendiera apartarse de las líneas establecidas, frases como las de «controle su lengua y mantenga su trabajo», «no saque el pescuezo» y «juegue con el equipo» resultan intimidantes. En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se consignó que

Hay una extendida organización de personas en el Departamento de Estado […] cuya sola misión consiste en espiar e informar sobre colegas y asociados. […] Los escritorios son periódicamente revisados, la correspondencia es abierta y leída, los teléfonos están intervenidos, a los empleados se les requiere que controlen a sus superiores y a las secretarias se les ordena que informen sobre las personas para las que trabajan (Barron, 1965: 34, 36 y 40).

Los ciudadanos ansiosos y preocupados por estas tendencias, intentan consolarse al considerar que el agregado de nuevos empleados al Departamento de Estado significará que nuestros problemas en el campo de las relaciones exteriores se enfrentarán con más vigor y ejecutividad. Pero el agregado de más personal en las organizaciones de este tipo que no está abocada a la producción masiva sino a juicios y percepciones, significa más informes, más conferencias, mayores indecisiones, confusión y demoras interminables. […] El senador [Paul H.] Douglas ha escrito [Economy in the National Government, 1952, University of Chicago Press, p. 97]: «En la vida actual de las administraciones [gubernamentales] los números excesivos demoran el trabajo y lo hacen más difícil, puesto que para ejecutar planes los subordinados deben clarificar el tema unos con otros. Luego deben comenzar a trabajar el proyecto para arriba a través de la jerarquía administrativa. En cada nivel habrá consultas, discusiones y modificaciones. Por este sistema de clarificaciones y discusiones horizontales, verticales y transversales se consume mucho tiempo y esfuerzos. La fábrica del Departamento [de Estado] marcha despacio y largamente pero la molienda es escasa. La mayor parte de las energías se consumen en comunicarse unos con otros. Una dotación menor sería más eficaz y lograría mucho más en mucho menor tiempo y a un costo mucho menor» (Barron, 1965: 65).

Walter Trohan, jefe de noticias del Chicago Tribune, escribió que

Muchos de los funcionarios de carrera del Departamento de Estado piensan que no deben tratar los problemas como americanos [estadounidenses] sino como seres superiores. Se consideran a sí mismos más sabios y con mucha mejor información que sus conciudadanos, del mismo modo que se sienten superiores a los nativos cuando son asignados en cargos en el exterior. […] Los nombres cambian pero la política se mantiene pastosa (Barron, 1965: 77-78).

Barron (1965: 78-79) agrega nuevos nombres de funcionarios del Departamento de Estado que, a su juicio, se apartaron por completo de las normas constitucionales estadounidenses al estimular y facilitar de modo activo las posiciones opuestas en sus respectivos destinos, entre otros, Julius C. Holmes (embajador en Irán), George F. Kennan (embajador en Yugoslavia), Charles E. Bohlen (embajador en Moscú), J. Graham Parsons (embajador en Laos y después en Suecia), Foy D. Kohler (asistente del Secretario de Estado para Asuntos Europeos), Victor Purse (director ejecutivo de Administración), Robert C. Strong (director de la Oficina de Asuntos para los Países del Este) y Walter M. Kotsching (director de la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales).

Existe un abuso manifiesto al tratar como «secretos de Estado» asuntos que deberían ser públicos. En algunas situaciones, en realidad, se oculta información que revela la incompetencia y componendas que van a contramano de las supuestas funciones de los gobernantes y, en otros casos, como ha declarado el senador Ralph O. Brewster:

se mantienen fuera del alcance del público porque no dicen la verdad […] documentos procesados a través del Departamento de Estado editados con directivas e instrucciones para que el público no los conozca porque constituyen una falsedad del principio al fin (Barron, 1965: 121-122).

El pueblo americano [estadounidense] es tratado como si fueran niños y se les ha contado sólo lo que coloca al oficialismo en la mejor situación posible. […] Editorialmente The Washington Post ha manifestado que «hay en los gobiernos un fuerte impulso hacia el secreto, inducidos por las dos guerras, el período de la Guerra Fría, por el tamaño del gobierno y por la insolencia de los funcionarios desde el comienzo de los gobiernos» (Barron, 1965: 126 y 134).

En un artículo firmado por James Reston en The New York Times el 16 de septiembre de 1955, se lee que

Hay una tendencia creciente en Washington desde la guerra por la que el gobierno hace conocer no lo que sabe es cierto sino lo que desea que la gente crea es la verdad. Esto ha ido creciendo aparentemente en el campo de las relaciones exteriores, donde los diplomáticos frecuentemente aparecen asumiendo el rol de propagandistas amateur (Barron, 1965: 137).

Por todo esto es que puede resumirse el tema que venimos considerando con la aseveración que hizo Clarence Manion mientras era Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame: «La política exterior de Estados Unidos a veces linda con el suicidio» (Barron, 1965: 172). Otra de las tantas documentaciones donde se constata la marcada inclinación socialista en Estados Unidos en materia de política exterior, se puede observar en los llamados Liberal Papers (liberal en el sentido desfigurado estadounidense, no en el sentido del liberalismo clásico) en Stanton Evans (1963: cap. 8).

Finalmente, de acuerdo con lo adelantado ut supra, el caso de Haití, que ejemplifica bien y subraya adecuadamente las preocupaciones de la política exterior estadounidense. Haití fue una colonia francesa, (la primera en independizarse en América Latina). Jean-Jacques Dessalinas proclamó la Independencia en 1804 y se autodesignó emperador. En 1957 fue electo presidente François Duvalier, quien gobernó dictatorialmente con el continuado apoyo financiero de Estados Unidos (les pareció mejor que intervenir militarmente, como lo habían hecho en 1915, con fuerzas que en esa oportunidad se quedaron en el país durante 19 años consecutivos) y, en 1964, Douvalier se hizo proclamar presidente vitalicio. Lo sucedió su hijo Jean-Claude en 1971, quien gobernó hasta el golpe militar de 1986, tras el cual hubo una serie de golpes recurrentes. En 1991 Jean-Bertrand Aristide asume la Presidencia y opta por profundizar un sistema socialista-estatista en su gobierno, con todas las lamentables consecuencias que de ello se derivan.

Todo lo que sigue sobre el caso de Haití está basado en la obra de Dempsey y Fontaine (2001: cap. 3, 55-83). En 1994 Washington requirió de las Naciones Unidas permiso para intervenir nuevamente en Haití con tropas. Consecuentemente, en julio de ese año el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución número 940 autorizando el uso de «todas las medidas necesarias para restaurar la democracia en Haití». Así, Estados Unidos envió veinte mil soldados a la isla y gastó un total de tres mil millones de dólares en la tarea. En 1992 el tema de Haití se convirtió en un punto en la campaña electoral en Estados Unidos. Clinton insistía en que la política de Bush padre era cruel con los haitianos que buscaban refugio en suelo estadounidense. Sin embargo, cuando fue presidente, a raíz de que 150 mil personas de Haití pretendieron abandonar el país en busca de libertad, Clinton dijo en un mensaje radial que llegó a los haitianos que «Aquellos que dejen Haití en botes dirigiéndose a los Estados Unidos, serán interceptados por los guardacostas estadounidenses y devueltos a Haití» (citado en Peceny, 1999: 163).

En 1993, a Clinton no se le ocurrió nada mejor que presionar al general Raúl Cédras, entonces jefe de la Junta militar a cargo del gobierno de Haití, para que lo repusieran a Jean-Bertrand Aristide en el gobierno al efecto de poder «aplicar los principios de la democracia» (citado en Hyland, 1999: 60). Dicha sugerencia no sólo no fue aceptada por los mandones de turno en Haití, sino que decidieron asesinar a varios de los colaboradores de Aristide y organizaron una manifestación turbulenta contra el buque estadounidense Harlan Country, que también llevaba cascos azules de las Naciones Unidas. En vista de la situación, Clinton decidió que el buque regresara y un segundo que estaba a punto de partir de las costas de Estados Unidos canceló su expedición pero, como queda dicho, un año después, decidió enviar tropas e invadir la isla con el visto bueno de las Naciones Unidas y el previo aviso del propio presidente al manifestar públicamente a la Junta de gobierno: «El tiempo de ustedes se terminó. Dejen los cargos ahora o los forzaremos a hacerlo» (Hyland, 1999: 63). Tampoco hubo mucho espacio en el preaviso, ya que esta amenaza se profirió el 15 de septiembre y el 19 se produjo la invasión.

Ésta tuvo lugar sin oposición alguna, porque la Junta había capitulado después de una gestión del ex presidente Carter. Se llevó a cabo bajo el argumento de que Haití constituía «una amenaza para la paz internacional», pero como dicen Dempsey y Fontaine: «Nadie seriamente creía que los militares en Haití intentaban o que eran capaces de atacar cualquier otro país o que los sucesos allí, aunque trágicos [como en muchos otros lugares], amenazaban la estabilidad de la región» (2001: 57).

Como en otros casos, para aparentar una fuerza de coalición, Estados Unidos convocó un batallón de Pakistán después de que Washington se comprometiera a pagar todos los gastos que demandaran el traslado, la estadía y los gastos operativos. También como suele suceder con acólitos entusiastas, el senador Claiborne Pell declaró enfáticamente en junio de 1995 que las elecciones en Haití «representaron un paso importante en la construcción de la democracia» y que «el pueblo de Haití fue capaz de ejercitar libremente el derecho a elegir sus legisladores y sus representantes municipales» (Peceny, 1999: 169). Pero como señalan Dempsey y Fontaine (2001: 58-59).

La verdad es que hubo innumerables irregularidades en las elecciones; algunas mesas electorales nunca abrieron, en otras faltaron boletas, las listas de votantes estaban incompletas y algunos candidatos se eliminaron de las boletas. Las elecciones presidenciales del sucesor de Aristide —elegido a dedo— René Préval fueron de características parecidas. De acuerdo al ex embajador en Haití, Ernest Preeg, en la elección «los medios de comunicación fueron amenazados y algunos de sus miembros fueron golpeados y efectivamente silenciados. […] Los candidatos de centro y conservadores boicotearon la elección». […] El Presidente Préval disolvió el Parlamento y comenzó a gobernar por decreto. […] El comandante de las tropas estadounidenses en Latinoamérica, general Charles E. Wilhelm […] declaró que «Mientras nuestra presencia militar [en Haití] entra en su quinto año, vemos poco progreso hacia la creación de un clima estable de seguridad. De hecho, con la reciente expiración del parlamento y la imposición de normas por medio de decretos presidenciales, tenemos algo como una reincidencia». Haití también se hizo hostil a los norteamericanos.

En 1998 el gobierno local decidió que todas las tropas extranjeras abandonaran suelo haitiano y, en 1999, se abrió fuego contra una docena de marines que se preparaban para sus ejercicios matutinos frente a una guarnición militar. Incluso el embajador de Clinton en Haití, Timothy Carney, tuvo que admitir que «Haití no estuvo a la altura de las expectativas de la comunidad internacional desde 1994» (despacho de la agencia Reuters): «Cinco años después de la invasión, los problemas de Haití se mantienen» (Baltimore Sun, septiembre 19 de 1999). Dempsey y Fontaine concluyen que

Hacia el fin del segundo período [presidencial] de Clinton, resultaba claro que Haití no fue la política exterior exitosa que la administración de Clinton declamaba. Los haitianos eran más pobres, tenían más hambre y eran menos alfabetizados que cuando el Presidente despachó los 20 mil soldados para restaurar la democracia. El bandidaje y la corrupción también se incrementaron (2001: 59).

En realidad, decimos nosotros, todo el episodio se parece más a una producción cinematográfica de Woody Allen, por ejemplo Bananas, que a una estrategia política que pueda considerarse con algún viso de seriedad, lo cual no debe resultar gracioso para los contribuyentes estadounidenses que se ven compelidos a financiar tanto dislate. También recordemos que Woody Allen ha escrito en Cuentos sin plumas que «Nuestros políticos son incompetentes o corruptos. Y, a veces, las dos cosas en el mismo día».

Debemos destacar muy especialmente que, además de los antes referidos costos que demandó la aventura militar, Haití es uno de los mayores receptores del mundo de ayuda financiera proveniente del gobierno de Estados Unidos (Dempsey y Fontaine, 2001: 65), lo cual demuestra una vez más que las entregas de fondos compulsivamente detraídos de los bolsillos de otros no resuelven el problema de la inestabilidad y la pobreza, sino que deben abrirse los mercados a la competencia en base a marcos institucionales que garanticen derechos de propiedad, temas que analizaremos detenidamente en el capítulo referido a la economía.

Como es sabido, Haití está ubicado en el Caribe pero culturalmente no forma parte de América Latina ni del mundo anglosajón. Tampoco forma parte de Europa, a pesar de haber sido una colonia francesa, ni se asimila a África, como no sea por su mitología. Revela características peculiares, pero tiene en común con otras naciones la manía por el estatismo exacerbado que la mantiene en la pobreza más extrema: «Haití, en resumen, institucionaliza un muy acendrado Estado predatorio» (Dempsey y Fontaine, 2001: 61). A causa de ello, es que ese país llega a extremos inusitados, se alimentan situaciones de un caos enervante que se sostiene sin solución de continuidad y hace que los haitianos vivan en la era de la prerrevolución industrial. Pero si hemos comprendido las incoherencias y contradicciones del determinismo, concluimos que las culturas se modifican por decisión de las personas. Los autores que venimos consultando exhiben un ejemplo claro de cambios culturales: el caso de Australia, constituida por convictos y, en la segunda generación, debido a la adopción de otros valores, abrió cauces para mostrar al mundo un ejemplo de progreso y estabilidad (2001: 66).

En su momento produjo alarma a los países en donde se imponía la nefasta institución esclavista, la fogosa y persistente rebelión de valientes esclavos en Haití que duró de 1791 a 1804, cuya represión causó cien mil muertos. Pero en lugar de alimentar la llama de ese deseo potente e incipiente de libertad, Haití se hundió en el más crudo régimen del autoritarismo socialista. El grado de analfabetismo llega hasta el 85%, su ingreso per cápita es de 250 dólares por año, pero como esta estadística resulta de un promedio, debe apuntarse que la inmensa mayoría vive en la más espantosa de las miserias concebibles. De 1965 a 1980 la economía creció a razón del 0,9% anual. Sus reservas de bauxita, en algún momento de cierta relevancia están extinguidas; la desforestación es alarmante debido a la «tragedia de los comunes» y la tecnología de su agricultura es similar a la que tenía en 1790. La tierra cultivable por agricultor cayó de 0,38 hectáreas en 1950 a 0,16 en 2000. El 10% de la población se mantiene merced a la caridad recibida de personas y empresas de otros países. Naturalmente, los inversores extranjeros se mantienen escépticos debido a la maraña de regulaciones, permisos y obstáculos al funcionamiento de las empresas. Las industrias del cemento, el aceite y el azúcar son empresas estatales o son fruto de monopolios legales otorgados a los amigos del poder. Aristide fue uno de los gobernantes que con más insistencia descreía del sector privado.

La estructura social de Haití se viene debatiendo entre el racismo y las castas o clases en el sentido marxista de la expresión: privilegios otorgados por los gobernantes, conflictos entre los blancos, mulatos y negros, conflictos entre los gobernantes y sus sicarios por una parte y los gobernados por otra, conflictos entre practicantes de vudú, católicos y otros rituales y religiones. En el primer caso, la práctica proviene de África y consiste en circunscribir el control de los acontecimientos a los espíritus y dioses, a los que les rinden pleitesía a través de sacrificios de animales, cánticos, bebidas y alegorías varias, con lo que se diluye por completo el sentido de responsabilidad individual. Tal vez, la característica más sobresaliente de la sociedad haitiana es la falta de confianza entre las personas. Salvo en muy reducidos grupos familiares, lo cual se debe a todo el sistema imperante que incentiva el incumplimiento de la palabra empeñada, comenzando por lo que ocurre en las esferas del poder y donde, por tanto, la trampa y el engaño son moneda corriente.

En esta materia como en otras, aparecen voces sensatas desde muy diversos flancos advirtiendo los desaciertos en política exterior. Tal es el caso, por ejemplo, del senador Orrin Hatch: «La administración [de Clinton] está jugando un juego de alto riesgo que compromete a Estados Unidos a invadir una nación soberana. […] No hay consenso en el Congreso ni entre el pueblo americano [estadounidense] en el caso de la intervención a Haití» (Dempsey y Fontaine, 2001: 168). Por otra parte, los embargos decididos por el gobierno de Estados Unidos que impusieron a Haití, igual que en otros casos, no sólo agudizó el sentimiento antiestadounidense, sino que sirvió de pretexto a los gobernantes para explicar las dificultades del país, al tiempo que recurrieron a la triangulación para comerciar y enriqueció aún más a la casta gobernante a través de negociaciones clandestinas.

Ya antes, la llamada Alianza para el Progreso, lanzada en 1961, entregó sumas colosales en Haití, provenientes como siempre ocurre, de los contribuyentes estadounidenses. El resultado fue el mismo, con el agravante, también frecuente, de que partes sustanciales se destinaron a las cuentas personales de la burocracia gobernante. En este caso, uno de los objetivos de las ayudas financieras era el entrenamiento y la formación de una elite militar al efecto de garantizar los procesos democráticos. Sin embargo, debido a que los gobiernos corruptos siempre temían (justificadamente) que los depusieran las Fuerzas Armadas, aquellos oficiales que se destacaban por una u otra razón eran inmediatamente dados de baja o asesinados, y los que quedaban no estaban interesados en entrenamiento alguno ya que interfería con sus negociados paralelos. Así, en lugar de la preparación sugerida, el gobierno local creó la espeluznante tonton macoutes, una suerte de grupo paramilitar que respondía incondicionalmente al gobierno, que secuestraba, torturaba y aniquilaba impunemente. En un informe oficial el general estadounidense James P. Riestley escribe que, en esas condiciones, en Haití «el deseo para encarar la carrera militar se hace evidentemente incierta».

Por increíble que parezca, Clinton insistió en la misma línea e involucró a Estados Unidos en la organización estadounidense de la policía haitiana y, una vez realizado el esfuerzo, dijo en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, el 31 de marzo de 1995:

Déjenme decirles a los nuevos miembros de la policía permanente que están con nosotros hoy, que ustedes son los guardianes de la nueva democracia [sic] en Haití; su futuro está sobre vuestras espaldas. Sostengan la Constitución. Respeten la democracia y los derechos humanos. Defiéndanlos. Ésa es su misión sagrada y su obligación solemne.

Como era de esperar, el presidente Aristide, nuevamente en el poder, también adoptó las medidas precautorias para que no lo destituyeran por la fuerza y, por ende, no aceptó organizaciones que lo pudieran amenazar en sus políticas discrecionales y arbitrarias.

Más adelante, en octubre de 1999, el Secretario de Estado para la Seguridad Pública en Haití renunció y desapareció del país, dejando su cargo vacante y el Inspector General que dirigía las investigaciones sobre violaciones a los derechos, narcotráfico y corrupción, inesperadamente renunció a su cargo en abril de 2000 y no fue reemplazado. Como también nos informan Dempsey y Fontaine, después de todo esto,

no debe sorprendernos que las tasas de criminalidad en Haití no hayan descendido desde que la nueva policía se estableció. De hecho aumentó exponencialmente. […] La policía no se remunera bien porque en las cúpulas retienen el dinero. Sin la debida paga, la mayor parte de los policías vuelven a sus prácticas de costumbre: la extorsión, el robo y el tráfico de drogas (Dempsey y Fontaine, 2001: 78).

La Justicia era, y es, patética

El poder judicial en Haití básicamente consiste en jueces analfabetos que trabajan sin los elementos más rudimentarios. […] La justicia opera sobre la base de decisiones ad hoc, cuando existe. Aun si los jueces pudieran leer, no lo habrían podido hacer en francés que es el idioma oficial de las cortes y en el que están redactados los códigos, puesto que el idioma en el que se expresa el 85 por ciento de los haitianos es el creole (Dempsey y Fontaine, 2001: 78).

Este lenguaje (dialecto dicen algunos, aunque Noam Chomsky explica que la diferencia radica en que las lenguas oficiales son impuestas por las armas y que muchas veces un dialecto es más rico que un «lenguaje»), el creole proviene de una mezcla del portugués, el castellano, el francés y algunas lenguas nativas africanas y el término deriva de criollo. William O’Neill explica que a la justicia haitiana

le falta todo: recursos financieros, materiales, personal competente, independencia, estatura profesional y confianza. […H]abitualmente se los elige por sus conexiones [políticas] o por su deseo de acceder a las demandas de sus benefactores [y] tradicionalmente han impartido justicia según los dictados del mejor postor o del que cuente con más poder («No Longer a Pipe Dream? Justice in Haití», en Haití Renewed: 200).

Ilustra la mala disposición y la ignorancia supina del sistema judicial haitiano el hecho de que «el Presidente de la Suprema Corte de Justicia rechazó un ofrecimiento de entrenar jueces en Francia porque dijo que ya sabían todo lo que había que saber» (Dempsey y Fontaine, 2001: 79, el énfasis nos pertenece). Y concluyen estos autores que «Aquellos que están en el control en Haití, parece que no quieren una justicia viable e independiente […y] los programas de ayuda que no están monitoreados muy de cerca, sencillamente desaparecen en los bolsillos de los ministros del gobierno y sus colegas» (2001: 79).

Muchos funcionarios en Washington consideraron que el problema en Haití eran los Douvalier, pero estos dos tiranos, padre e hijo, eran sólo una de las manifestaciones de la cultura predominante en el lugar. Todos los gobernantes han estirado sus mandatos hasta que los han arrancado del cargo otros entusiastas del autoritarismo. Las elecciones invariablemente tenían lugar en climas de violencia extrema, trampas y trapisondas de diverso calibre, pedidos de recuento, amenazas varias, abstención de opositores y otros escándalos. «Por tanto, después de años de esfuerzos y millones de dólares de los contribuyentes de Estados Unidos, las elecciones en Haití no son más honestas, justas y libres que lo que habían sido en el pasado» (2001: 81). El fiasco fue tan notorio que hasta algunos de los funcionarios gubernamentales estadounidenses declararon el fracaso de esta política en los últimos días de la administración Clinton, tal como se refleja en el artículo de Ben Barber («US Officials See Failed Haití Policy», en Washington Times, 29 de noviembre de 2000).

Resumimos nosotros diciendo que en este caso emblemático muchas han sido las personas que, en los programas estatales estadounidenses en Haití, mientras ocurría lo que se ha descripto en estas líneas, han colaborado con la mejor buena voluntad y predisposición construyendo puentes, hospitales, colegios, caminos, redes cloacales y servicios telefónicos. Pero el ojo de la tormenta no se disipa con la realización gubernamental de estas y otras faenas financiadas compulsivamente con recursos provenientes de bolsillos ajenos, sino en la comprensión de los principios fundamentales sobre los que descansa una sociedad abierta. Esto pone en un primer plano el rol de la educación, lo cual no puede ser realizado por gobernantes, no sólo porque no es su función en una atmósfera liberal, sino porque, de un tiempo a esta parte, en buena medida los gobernantes estadounidenses han demostrado no tener la menor noción de en qué consisten aquellos principios básicos. Más aún, como queda dicho, especialmente en el Departamento de Estado, salvo honrosas excepciones, las tareas vienen desarrollándose en la dirección exactamente opuesta a la de los esfuerzos de los Padres Fundadores para que se comprendiera el significado de lo que es una comunidad de hombres libres y las instituciones que le corresponden.

Hasta el 2007 gobernaba Haití Jacques-Edouard Alexis, un veterinario egresado de la Universidad Estatal de Haití. Formaba parte de ese gobierno de coalición Fanmi Lavalas, admirador de la tiranía castrista, a pesar de que en uno de los golpes militares de 2004 despidieron a diez mil de sus secuaces que se desempeñaban como funcionarios de gobierno. Este tipo de gobernantes se aferran al poder y siempre pretenden hacerse «reelegir» indefinidamente (en este contexto, es de interés tener presente una reflexión del actor Robin Williams en The Man of the Year: «Los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos permanentemente y por los mismos motivos»).

Seguramente la edad de oro de la civilización haya sido el período transcurrido entre el Congreso de Viena y la Primera Guerra (guerra civil según Stefan Zweig, para subrayar el desatino de la matanza entre hermanos), en el que los peores instintos de la tríada maléfica del militarismo-nacionalismo-expansionismo estaba adormecida. Aldous Huxley ha puesto de manifiesto que

Todos los caminos que conducen a una mejor condición de la sociedad están bloqueados por la guerra, la amenaza de guerra o la preparación para la guerra […] que no es más que asesinato masivo a sangre fría. […L]a admiración por el heroísmo militar y el martirio tienden a hacer creer a la gente que es más importante una buena muerte que una buena vida (Huxley, 1938: 89 y 91).

La política exterior del baluarte del mundo libre en base a la atrabiliaria noción de que might is right y a una diplomacia que difunde principios antirrepublicanos, no sólo contribuye a deteriorar la situación en Estados Unidos, sino que las «guerras preventivas» y otros desvaríos y agresiones sientan un pésimo ejemplo para la comunidad internacional.

Después de los fiascos mayúsculos del Departamento de Estado de Estados Unidos como los que hemos ejemplificado en el transcurso de este capítulo, la actual secretaria de Estado —Conodoleezza Rice— anunció a los medios que próximamente pedirá al Congreso los fondos necesarios con destino a su repartición «para ampliar la planta permanente en poco más de mil empleados» al efecto de poder continuar con la faena de «la construcción y reconstrucción de naciones» (sic).

Para finalizar este capítulo, es de interés recordar una enmienda constitucional que propuso en 1936 el general Smedley D. Butler que se componía de tres puntos (citado por Hallgren, 1937: 194):

1. La remoción de todos los miembros de las fuerzas armadas de tierra fuera de los límites continentales de los Estados Unidos y la zona del Canal de Panamá, [lo contrario] queda prohibido cualquiera sea la razón que se alegue.

2. Los barcos de la armada de los Estados Unidos o de las otras áreas de los servicios armados, tienen prohibido alejarse, excepto por razones de socorro, a más de quinientas millas de nuestras costas.

3. Los aviones del Ejército, de la Marina y los Corps por este mandato están inhibidos de volar, por cualquier razón que sea, a una distancia mayor de setecientas cincuenta millas más allá de las costas de los Estados Unidos.

Servicios de inteligencia y fuerzas paramilitares

Aquellos que renuncian a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria, no merecen ni la libertad ni la seguridad.

Benjamin Franklin, 1759

En realidad, la expresión «servicios de inteligencia», para ser usada por el monopolio de la fuerza, resulta un despropósito. Es una expresión que le queda muy grande. Se aplica por extensión a la facultad de conocer la información recabada. Para esto es mejor recurrir directamente a esta última idea, es decir, a la oficina de obtención de informaciones. Esto puede aparecer como una cuestión meramente formal, pero las tareas «de inteligencia» le dan un lustre, un aura de trascendencia y una jerarquía intelectual que está fuera del radio y las posibilidades de las estructuras respaldadas en el uso de la fuerza bruta. Por otra parte, estas oficinas deberían circunscribirse a la esfera militar y para fines exclusivamente de defensa bajo estricta jurisdicción y supervisión civil.

Permitir que las tareas de espionaje y las operaciones clandestinas se utilicen en las áreas civiles del gobierno, contradice del modo más palmario el sentido básico del espíritu republicano, puesto que uno de sus postulados centrales consiste en la transparencia en los actos de gobierno. Sin embargo, al funcionar los aparatos de espionaje se abre en este plano una puerta trasera donde, en nombre de los «secretos de Estado», se bloquea la transparencia y el consiguiente conocimiento del público de los actos de sus mandatarios. Tolerar estos procedimientos significa que las limitaciones al poder se convierten en figuras decorativas sin aplicación real, situación en la que los abusos y atropellos más escandalosos son moneda corriente y se facilitan «operaciones» en las sombras que nunca hubieran sido autorizadas a la luz del día por ninguna mente civilizada.

El presidente Truman, 15 años después de haber establecido la CIA (en 1947 con la oposición militar y como una continuación de la Oficina de Servicios Estratégicos creada durante la Segunda Guerra y disuelta en 1945), declaró que nunca pensó que esa repartición serviría para asesinatos, conspiraciones en el exterior, torturas y procedimientos reñidos con la ética más elemental. Actualmente existen veinticuatro oficinas de inteligencia en Estados Unidos, pero la CIA es la más prominente. Stephen Grey (2006) nos informa con infinidad de ejemplos que los agentes de la CIA actúan de modo encubierto, sin control serio de ninguna naturaleza, organizan acciones paramilitares, arrestan y torturan a personas, mantienen lugares secretos de detención, sin contemplar las normas básicas sobre el tratamiento de prisioneros, sin tribunales de ninguna especie ni procesos, recurren a terceros países para ordenar los suplicios más atroces, poseen líneas aéreas disfrazadas de civiles, derriban gobiernos, coordinan manifestaciones en el extranjero, matan y golpean, contratan provocadores para diversos fines, manejan abultados fondos reservados, todo realizado con impunidad y en el anonimato y bajo la efectiva protección del gobierno de Estados Unidos.

Descender a los niveles de la canallada convierte en canallas a los supuestos defensores del derecho y la justicia. Por ese camino, la autoridad moral —la única digna de ese nombre— se pierde por completo junto con la legitimidad. En este sentido, respecto de los tormentos o la tortura, Cesare Beccaria (1764/1994: 52-53) afirma que

Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez. […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que dé potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados. […] Éste es el medio seguro de absolver a los robustos malvados y condenar los flacos inocentes. […E]l riesgo de atormentar un solo inocente debe valuarse tanto más cuanta es mayor la probabilidad en circunstancias iguales de que un hombre las haya más bien respetado que despreciado. […] Este abuso no se debería tolerar en el siglo xviii.

Y continúa criticando severamente a los que alegan las contradicciones en que incurren las personas torturadas

como si las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación del ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro. […] Es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos. […] No vale la confesión dictada durante la tortura (Beccaria, 1764/1994: 54-56).

El procedimiento salvaje de la tortura no se justifica bajo ninguna circunstancia. Como señala Beccaria, además, resulta superflua si ya se cuenta con la información sobre el delito cometido y si no se ha probado la culpabilidad, significa que se lo condena de antemano y, por otro lado, las manifestaciones arrancadas durante la tortura no pueden considerarse válidas porque una persona bajo extremo dolor corporal puede decir cualquier cosa en cualquier sentido con tal de aliviar sus padecimientos.

Por otra parte, si se creyera que una persona posee la información respecto del momento y la ubicación en que un tercero colocará una bomba que hará estallar el planeta, tampoco es justificable abusar de una persona con tormentos —aunque el sujeto en cuestión fuera cómplice— puesto que actuar como si los fines justificaran los medios pone en peligro a la sociedad que se desea preservar. La sociedad libre se basa en parámetros morales fundamentales, si éstos se quiebran y se asimilan a la barbarie no hay posibilidad de supervivencia. No cabe el análisis utilitario de que se sacrifican pocos para salvar a muchos puesto que implicaría que unos se deben a otros en lugar de tener cada uno un valor en sí mismo. Una vez que se acepta poner a los seres humanos en balanzas para proceder a cálculos numéricos de pesos y cantidades se habrá perdido el sentido de humanidad (incluso se abren puertas extremas para, por ejemplo, sacrificar jubilados para que los jóvenes dispongan de mayores recursos y así sucesivamente). No tiene sentido declararse contrario a la tortura «a menos que el balance social resulte muy desequilibrado», porque con eso se abren las compuertas al brutalismo.

La presentación del caso de la bomba también, supone más de lo permisible. Supone que se tiene la certeza de que el torturado posee la información, supone que la bomba realmente existe, que no es una falsa alarma, que se puede remediar la situación, que el torturado trasmitirá la información correcta, que los torturadores son buenos y que la tortura se limitará a ese caso. En realidad no es novedosa la presentación de casos extremos para torcer valores morales o principios correctos en los más diversos campos. Para poner un ejemplo que resulta trivial en comparación con la monstruosidad de la tortura, se dice que por una única vez el gobierno puede imponer precios máximos a los alimentos debido a que en ese momento hay gente que se está muriendo de hambre, sin comprender que la consecuente expansión en la demanda, la retracción de los productores marginales y la alteración en los márgenes operativos hará que haya escasez y que se comprometa la producción futura, con lo cual habrá más hambre. Salvando las inmensas distancias, lo mismo ocurre con la tortura: permitir el abuso extremo del poder que se concreta en lacerar el cuerpo de un ser humano provoca daños irreparables en la sociedad puesto que carcome los signos más elementales de civilización. Y, de más está decir que, en nuestro caso, es inaceptable el doble discurso de espantarse con la tortura de soldados estadounidenses mientras se acepta el tormento a no estadounidenses.

Michael Ignatieff (2004) explica que «La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la más ilimitada, la forma más desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra». Agrega que en situaciones límite es admisible matar en defensa propia, pero la tortura tiene las características referidas, además de que degrada no sólo al torturado sino también al torturador. Ignatieff sugiere que para evitar debates sobre lo que es y lo que no es un interrogatorio que implique tortura, las sesiones deberían filmarse y archivarse en los departamentos gubernamentales de auditoría que correspondan.

Se ha dicho que para evitar que el gobierno de Estados Unidos subcontrate torturadores en terceros países o para evitar el agujero negro de Guantánamo, esto es, para evitar la hipocresía de simular que se mantiene el llamado Estado de derecho y, simultáneamente, dejar abierta una puerta al abismo, para evitar esto se dice que debe «regularse la tortura para mitigarla y mantenerla en carriles adecuados en territorio estadounidense». Pero esto implica la aceptación del suplicio y la degradación humana como método de combatir el suplicio y la degradación terrorista, es decir, es la aceptación del sistema criminal para combatir el crimen. En otras palabras, acentúa el terrorismo, en modo alguno lo previene. Acepta que el fin justifica los medios, sin percatarse de que en el fin subyacen los medios, que los pasos en dirección a la meta no pueden escindirse de la meta misma. En otros términos, el fin queda revestido o contaminado por los medios utilizados para lograrlo y, en este caso, quita toda autoridad moral a los supuestos defensores del derecho. El crimen regulado sigue siendo crimen.

Asimismo, sostener que es posible producir extremo dolor físico y moral a través de la tortura bajo la conjetura o el supuesto de que es posible salvar vidas, no contempla que se abusa de una persona recurriendo a procedimientos terroristas. Como hemos apuntado, el ser humano posee un valor en sí mismo y no es susceptible de sopesarse como si se tratara de kilos de carne en la balanza de una carnicería, además de la tremenda injusticia de condenar antes de la sentencia (y si fuera después del fallo del juez competente, carece de sentido la tortura) y de lo inútil e inconducente de la tortura que no permite descansar en la información obtenida (incluso los entendidos que confían en los detectores de mentiras sostienen que son del todo inútiles en caso de tortura). Y no tiene gollete ocultarse bajo el manto de que «la guerra es siempre terrible» y afirmaciones cobardes de igual calaña para justificar el ensañamiento bestial contra seres humanos en el contexto de los denominados «interrogatorios coercitivos».

No resulta infrecuente que en estos debates se entre por la variante de la tortura a raíz de la pregunta tramposa del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso para liberar a uno de sus hijos al momento secuestrado? Este tipo de escenarios desdibujan lo que debe ser una norma de convivencia civilizada, del mismo modo que ocurre con interrogantes en life boat situations en sentido literal, del orden de ¿usted, en un naufragio en alta mar, respetaría la propiedad del dueño del bote o forzaría la entrada de su familia contra la voluntad del titular que prefiere que embarquen otras personas? No caben este tipo de especulaciones y situaciones apremiantes en las que las personas eventualmente actuarían injustamente si es que se desea elaborar una norma general compatible con la conducta civilizada. Si se tomaran estos escenarios como puntos de referencia y parámetros para la acción, se tornaría imposible la supervivencia en sociedad.

Sin embargo, en estos y otros casos, siempre resulta una prueba fértil el colocarse en la posición de la minoría, en el sentido de suponer que a un hijo lo detienen injustamente porque lo consideran sospechoso y es sometido a tortura. Si se elimina toda posibilidad del debido proceso, no hay forma de probar su inocencia. Estos procedimientos ilegítimos convierten el combate en dos bandos de criminales. Como hemos dicho, aun tratándose de una persona culpable, esto debe juzgarse, probarse y sentenciarse, pero la tortura, como bien ha explicado Beccaria, siempre debe ser rechazada, bajo ninguna circunstancia se justifica. Por último, en estas disquisiciones, debe señalarse que no sólo suele existir hipocresía por parte de muchos de los que dicen combatir al terrorismo sino, como se ha visto en distintos lares, en repetidas ocasiones está presente en grado sumo en quienes dicen defender los «derechos humanos» —por cierto una expresión redundante, puesto que las piedras o las rosas no son sujetos de derecho, son exclusivamente del hombre— al exhibir una grotesca hemiplejia moral condenando un lado del problema y eximiendo de culpa y cargo a los terroristas que inician los actos criminales, lo cual convierte el discurso en una inaceptable pirotecnia verbal carente de toda vinculación con la justicia.

La tortura es un procedimiento bárbaro. Precisamente, como enseña Emil Ludwig (1941/1944: 238-239 y 269) las tribus como la de los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las «invasiones bárbaras» sobre el Imperio Romano, en las que sometían a todo tipo de suplicios y degollaban a los adultos vencidos, a los niños los sacrificaban a sus dioses, construían cercos con los huesos de los derrotados y las mujeres profetizaban con las entrañas de las víctimas.

Luego, en un proceso evolutivo, los conquistadores tomaron a los pueblos conquistados como esclavos («herramientas parlantes», según la horripilante terminología de la época), para, finalmente, en las guerras modernas, establecer principios para el tratamiento de los ejércitos vencidos. Parecería que hoy, en lugar de avanzar hacia la civilización al considerar las responsabilidades penales de quienes producen lo que livianamente se ha dado en denominar «daños colaterales» sobre las vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la figura embrutecedora y castrante de la «obediencia debida», nos retrotraemos a la barbarie instaurando la tortura.

Por su parte, en general, respecto de las acciones de «inteligencia», los mismos problemas que mencionamos respecto de la CIA ocurren con el FBI establecido en 1935 —heredero del Bureau of Intelligence, (BOI), creado en 1908—. La historia del FBI «es la historia de una tragedia estadounidense […] que falló en su deber a la nación que se comprometió a proteger» (Powers, 2004: 1). Y más adelante dice el autor que incluso con respecto a los ataques criminales del 11 de septiembre de 2001, el FBI y la CIA resultaron inoperantes. Han espiado a todos los quisieron y por todos los medios. Recurrieron al chantaje y a la extorsión. Sólo para mencionar uno de los tantos ejemplos grotescos respecto del FBI:

el discurso de Martin Luther King, Jr., I Have a Dream, pronunciado en Washington, en agosto de 1963, fue descripto por el FBI como evidencia de que King se convirtió en «el más peligroso y efectivo líder negro en el país». El domicilio de King y su oficina estaban intervenidos con grabadoras y también, en 16 ocasiones, el FBI instaló grabadoras en cuartos de moteles en busca de información comprometedora. […] El FBI intervino con el cardenal Francis Spellman para bloquear una entrevista entre King y el Papa (Bovard, 2003: 150).

El senador Charles Grassley observó que «Las lecciones del FBI son que si uno complica las cosas y hace cosas indebidas a uno lo promueven y es premiado». […] Como expone un informe del Comité Judical del Senado de febrero de 2003: «Una cultura enraizada en ignorar los problemas y desalentar a los empleados a criticar al FBI contribuyen a la reputación del FBI respecto de sus errores del pasado referentes a la inteligencia en el exterior». […] Una agente de Miniápolis [información publicada en Minneapolis Star Tribune, 1.º de mayo de 2003] que estaba investigando el robo en las ruinas del World Trade Center fue notificada en 2003 que la despedían porque «deterioró la imagen» del FBI después de que denunció que un equipo del FBI había robado un globo de cristal valuado en 5 mil dólares del Trade Center (Bovard, 2003: 332).

Teóricamente la CIA tiene jurisdicción en el exterior y el FBI en el interior, pero básicamente las dos operan a través de encapuchados y recurren a procedimientos, como se ha apuntado, que serían inadmisibles a la luz del día. Dice Stephen Grey que, cuando algo sale mal en la CIA o trasciende públicamente, el gobierno de Estados Unidos sistemáticamente niega su participación (Grey, 2006: 11). Y continúa señalando que

Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989 parecía que se terminaría con las acciones encubiertas. Sin la oposición de un oponente como la Unión Soviética resultaba difícil justificar no sólo los gastos elevados de esas operaciones sino también la hipocresía. […] Para justificar la continuación de su existencia, las agencias de espionaje como la CIA […] comenzaron a ver cómo podían ayudar en la guerra contra los narcóticos y el crimen organizado […] después del 11 de septiembre […] la acción encubierta estaba otra vez en el negocio. […] Después de la invasión a Afganistán y el arresto de cientos de los miembros del Talibán y sus socios extranjeros, el Secretario de Defensa [Donald] Rumsfeld anunció la creación de la prisión de Guantánamo, en Cuba, lo que los oficiales llamaron «lo peor de lo peor» y sin la protección de la Convención de Ginebra. […] A medida que adelantaba en mi investigación me informaron que había algo mucho más grande que estaba funcionando, un sistema de encarcelaciones clandestinas que mantenía a miles de prisioneros, no sólo los pocos cientos en Cuba […] la CIA tenía programas de encarcelamiento completamente fuera de las reglas normales que estaban protegidos prácticamente siempre con el velo del secreto […y] sin esperanzas de contar con acusaciones concretas (Grey, 2006: 14-16 y 22).

Una investigación realizada por el general George R. Fay en 2004 concluyó que «Las prácticas de detención e interrogación de la CIA condujeron a una pérdida del sentido de la responsabilidad, abuso […] y una mística insana que envenena aún más la atmósfera» (Grey, 2006: 158). Grey escribe que

el escándalo revelado en abril y mayo de 2004 [en Abu Ghraib] fue significativo porque definió una marca baja a las respuestas de los forjadores de políticas. […] Por medio del teléfono satelital desde Basra, envié un largo artículo para The New Statesman que describe en detalle lo que la revista tituló como «El Gulag Americano». […] Mientras que los militares que conducían prisioneros han sido criticados duramente, por lo menos aquellos eran hospedados y registrados formalmente y se les daba acceso a la Cruz Roja. Los prisioneros de la CIA eran detenidos en secreto y sin ningún acceso a personas de afuera (Grey, 2006: 158-160).

En un reportaje en The New York Times del 28 de enero de 2005 y en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 28 de abril del mismo año, George W. Bush aseveró que los terceros países a los que Estados Unidos envían prisioneros no se los tortura y que contaba con la seguridad por parte de esos países de que a los entregados en custodia no se los torturaba. «Pero ambas afirmaciones eran mentira» (Grey, 2006: 214-215). Independientemente de la Convención de Ginebra, cuyo espíritu no es circunscribir la atención si el prisionero usa o no uniforme (y por más que se pretenda sustituir la figura de «prisionero» por la de «enemigos combatientes»), sino respecto del trato a todas las personas detenidas. En 1994 el Congreso estadounidense ratificó la Convención Contra la Tortura, en cuyo artículo tercero se lee que «Ningún Estado expulsará, devolverá o extraditará una persona a otro Estado donde hay una sustancial creencia de que estará en peligro de ser torturado» (Grey, 2006: 218).

Cuando se trata de la CIA, cualquiera hayan sido las promesas, las posibilidades de que se torture son del cien por cien. […E]n los programas de la CIA, las promesas nunca son serias, en algunos casos se concretan en una mera afirmación verbal que la cúpula de la oficina de inteligencia le trasmite al jefe de la CIA local. De todos modos, todos los que están involucrados saben que se trata de una patraña. Cuando el programa de la CIA fue iniciado en Egipto, fue supervisado por Edward Walker Jr., embajador estadounidense en El Cairo. Él apoyó el programa y años más tarde aún lo defendía. Pero describió el proceso como muy informal. «No puedo decir que había algo más que una expresión oral. […] Había muy poco esfuerzo para hacer el seguimiento sobre eso.» En las oficinas de la CIA, Michael Scheuer se expidió de modo similar. «Nadie estaba engañando a nadie», dijo Scheuer, «Sabíamos exactamente qué tipo de promesa se hizo». El punto es que todos sabían que en un país como Egipto el uso de la tortura es endémico (Grey, 2006: 222-223).

Burton Gerber, un ex agente de la CIA declaró:

Me parece un tanto falso sostener que enviamos esas personas allí y que no queremos que los torturen. Si se envía a alguien a lugares como Siria o Egipto ¿qué se espera que les suceda allí? Si se los tortura, está mal. Es una corrupción del alma humana del mismo modo que si lo hubiéramos hecho nosotros (Grey, 2006: 223).

Los detenidos más buscados desaparecen en lo que se conoce como «los sitios negros». Estos [prisioneros] son verdaderos fantasmas, sin declararse su existencia ante la Cruz Roja y en algunos casos mantenidos por años sin ninguna comunicación, incluso con sus familiares (Grey, 2006: 224).

A medida que salían a la luz los detalles sobre los sitios negros, la compañía [CIA] hizo enormes esfuerzos para persuadir a los empleados en funciones y los retirados que se mantuvieran en silencio. Peter Goss, entonces director de la CIA, embistió contra aquellos que filtraban los secretos y la oficina de seguridad comenzó a poner presión sobre muchos de los que se habían retirado recientemente. […] Un oficial retirado aseveró que «El Ejecutivo nos ordenó que lleváramos a cabo estas cosas y ahora pretenden que nunca supieron sobre esto. Es un cuento viejo, dejan a los soldados de a pie al descubierto». […] Tanto en lo que se refiere a los lugares a los que derivaban para interrogatorios como en lo que se refiere a sus propios métodos, los oficiales de la CIA sabían que la tortura estaba presente (Grey, 2006: 227).

Grey trasmite la información de que en un memorándum del 25 de septiembre de 2001 del asistente del Procurador General de Estados Unidos, John Yoo, se refirió a «los amplios poderes constitucionales del Presidente» y, en conexión con este mismo tema, en una entrevista con Jane Mayer para The New Yorker del 14 de febrero de 2005, Yoo se pregunta: «¿Por qué es tan difícil para la gente comprender que hay una categoría de comportamiento que no está cubierta por el sistema legal?» (sic). Y sentenció que el Congreso no tiene el poder «de atar las manos del Presidente en relación a torturas y técnicas de interrogación», para concluir que «Está en la esencia de la función del Comandante en Jefe. No pueden impedir que el Presidente ordene torturas» (Grey, 2006: 226).

Como podía preverse (de lo contrario hubiera desaparecido completamente como nación civilizada), la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el 26 de octubre de 2006, declaró, en el caso del prisionero Salim Ahmed Hadam en Guantánamo, que «Aún asumiendo que Hadam es una persona peligrosa que, si tuviera la oportunidad, causaría gran daño o la muerte de civiles inocentes, no obstante el Ejecutivo debe cumplir con la ley existente llevándolo a juicio y someterlo a la norma criminal» y la Corte se expidió en cuanto a que «la Convención de Ginebra se aplica en la guerra contra Al-Qaeda» (Grey, 2006: 267. Énfasis en el original).

La vicepresidenta del American Enterprise Institute, Danielle Pletka, ex asesora del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, refiriéndose a la tortura en una entrevista para la BBC del 21 de enero de 2005, dijo que

desgraciadamente hay momentos en la guerra que resulta necesario hacer cosas de una manera que son absoluta y completamente aborrecidas por gente buena y decente. No digo que Estados Unidos se haya embarcado rutinariamente en esas prácticas, porque no creo que esa sea la rutina bajo ningún concepto, pero habiendo dicho esto, resulta absolutamente imperativo que cuando hay que descubrir algo en un momento dado, el Club Méditerranée no es el lugar para hacerlo (Grey, 2006: 237-238).

En el capítulo que dedicamos a la guerra antiterrorista analizaremos con mayor profundidad diversos aspectos vinculados al tema, pero decimos ahora que con aquellos procedimientos abominables, resulta difícil entender que Estados Unidos proclame que desea establecer en el mundo «la democracia y el respeto a los derechos de las personas», lo cual se diluye más aún cuando ese gobierno apoya con abundante ayuda militar y financiera a países que continúan una larga tradición autoritaria, tales como Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Marruecos, Argelia, Egipto, Yemen y Turquía (Grey, 2006: 255-256). Grey concluye que

La tortura o la política de los interrogatorios duros contribuyen a conformar la manera cómo nos ve el resto del mundo y cómo tratarán en el futuro a nuestros soldados. […] Ignorar los derechos humanos ayuda a reclutar terroristas, justifica el terrorismo, y derrota lo mejor que tenemos —el hecho de que defendemos algo mejor: la libertad, la tolerancia y las leyes que protegen a todos— (Grey, 2006: 244 y 268).

Stefan Halper y Joathan Clarke (2004: 2, 4-5 y 285-286) sostienen que los visitantes que quieren bien a Estados Unidos y a los estadounidenses

apenas si reconocen el país que pensaban que conocían tan bien […] en este relativamente breve período desde el 11 de septiembre hemos cambiado como personas y como sociedad. […D]e hecho la política post 11 de septiembre estaba basada en una ideología que ya existía mucho antes del ataque terrorista pero que dio la oportunidad a sus progenitores, lo cual emergió como la nueva ortodoxia. […] Las mentes ya estaban preparadas. Una ideología de una agenda preexistente se bajó de los estantes, se les sacó la tierra, y se rebautizó como la respuesta al terror. La realidad es que tenía poco o nada que ver con el combate al terrorismo, de hecho hizo que las amenazas del terror fueran mayores. […] Esta ideología —usualmente descripta como neoconservadora […]— abraza una riesgosa aventura política que utiliza el poder militar como instrumento de primera instancia para una gran variedad de desafíos políticos […] que cuestionan el patriotismo de quienes se atreven a formular preguntas. […] Nunca supusimos que cuando nos emocionamos con la demanda de Reagan a Mijail Gorbachev para que «tire abajo esa muralla» veríamos un día en el que nuevas murallas serían levantadas en nuestra propia sociedad. […E]l mayor valor a tener en cuenta no es la naturaleza de los individuos que son los enemigos de América [del Norte], sino quienes somos nosotros […U]n aspecto esencial en el combate al terrorismo consiste en estar legitimados política y moralmente según nuestras normas, no las de ellos. […] Una política exterior que enfatiza un estado crónico de guerra, inexorablemente conduce a la polarización doméstica que sólo puede controlarse a través de medios invasivos que tienen más en común con los valores de nuestros enemigos que con los nuestros (énfasis en el original).

Desde hace mucho tiempo, la acción ilegítima de los servicios de inteligencia civiles ha contribuido grandemente a que los gobiernos de Estados Unidos hayan perdido prestigio y predicamento, lo cual se ha acentuado grandemente en los últimos tiempos.

La consecuencia de esto era enteramente predecible. Los Estados Unidos ahora se encuentran incómodamente aislados en la comunidad internacional; los sentimientos antiamericanos [estadounidenses] han aumentado rápidamente y la nación confronta un creciente, peligroso y complejo ámbito de inseguridad. […] Bajo su influencia, América [del Norte], lamentablemente ha perdido legitimidad. […] El daño de las políticas neoconservadoras no se limita a la arena internacional. La verdadera prioridad que se subestima desde el 11 de septiembre es la salud de nuestra sociedad en casa. Es allí donde el impacto será por largo tiempo. En los tres años que pasaron desde los ataques en Nueva York y Washington, América [del Norte] se ha transformado en un lugar profundamente distinto. […] Por tanto, es muy posible que América [del Norte] termine en el peor de los mundos: con una muy invasiva estructura de vigilancia [a las personas] que contribuye muy poco a la seguridad pública (Halper y Clarke, 2004: 297, 299 y 301).

El espectáculo es tan triste y tan parecido a lo que ocurre en las naciones regidas por bandoleros, que se suceden episodios como los descriptos por James Woolcot en Vanity Fair sobre una llamada conferencia de prensa en la Casa Blanca el 3 de marzo de 2003 («Round Up the Cattle», junio de 2003) que consigna fue

una pieza solemne de teatro del absurdo. A los miembros de la prensa se les indicó que marcharan al salón de dos en dos como los chicos de colegio que van de visita al planetario. Apartándose de los precedentes, el Presidente se negó a recibir preguntas al azar de los presentes, en su lugar eligió reporteros de una lista preparada. […] No sólo [algunos] reporteros disputaban entre sí para que las preguntas livianas fueran aprobadas, sino que fueron tan lejos como para actuar en concordancia con Bush levantando la mano, […pero] haciendo chistes en sus asientos, para proceder de modo que refleje la mejor impresión de una conferencia de prensa espontánea (Halper y Clarke, 2004: 316-317).

Y concluyen los autores que «Los servicios de inteligencia no son las únicas instituciones que fracasaron en el cumplimiento de sus mandatos. A través de una infortunada combinación de factores, el National Security Council resultó ser una de las más débiles de que se tenga memoria» (Halper y Clarke, 2004: 320).

Bruce Hoffman, editor del Studies in Conflict and Terrorism y Senior Fellow del Combating Terrorism de la US Military Academy, comenta en la contratapa de un libro escrito por un ex Oficial Senior de Inteligencia de la CIA con décadas de experiencia en esa institución que se trata de uno de los «libros más importantes sobre terrorismo que están disponibles». El autor escribe bajo el pseudónimo de Anonymous (2004), por temor a represalias por parte de los servicios de inteligencia. Peter Bergen, analista sobre el terrorismo en CNN y miembro de la New America Foundation, escribe sobre el mismo libro que no puede perdérselo «ningún observador serio de la guerra al terrorismo». Este libro nos fue recomendado por un ex agente de jerarquía en la CIA, quien conoció bien al autor y mencionó su nombre y describió sus tareas a quien estas líneas ahora escribe.

Para contar con petróleo barato y accesible, Washington y Occidente han apoyado tiranías musulmanas. […] No puede haber ninguna otra razón para apoyar a Arabia Saudita, un régimen que desde que se fundó ha estimulado una ideología cuyas metas […] apuntan a eliminar a todos los no musulmanes. […] Dado que es fácil arribar a estas conclusiones que pueden sacarse de las bibliotecas públicas y de Internet, los americanos [estadounidenses] deberían preguntarse cómo es posible que sus políticos, [sus servicios] inteligencia, militares y dirigentes en los medios no lo aclaren (Anonymous, 2004: XI).

Es de interés destacar que hay mil trescientos millones de musulmanes en el mundo, entre los cuales hay una proporción enorme de personas que demuestran una preocupación muy grande por lo que ocurre en los países en donde el poder político está atado con la religión (a veces con resultados parecidos a los de la España inquisitorial). Pero la facción realmente intolerante, la que apunta a exterminar a los que no profesan la religión musulmana del modo que ellos la profesan, «purificando» por la fuerza a los demás, es la Wahabi (proviene de Abb-al-Wahhab de principios del siglo xviii, teólogo nacido en Najd, hoy Arabia Saudita). Ésta es la que precisamente mantiene cordiales y muy estrechas relaciones con Bush y también con algunos gobiernos anteriores a partir del descubrimiento del petróleo en esa zona, en 1938. El resto de los musulmanes están enfrentados con los Wahabi, entre los que se encuentra Bin Laden (que posteriormente a la invasión de Iraq pudo entrar allí con su gente, lo cual no podía hacer antes por sus diferencias con Saddam Hussein). Es también oportuno recordar a esta altura que tanto Bin Laden como Saddam Hussein fueron apoyados, entrenados y financiados por la CIA, uno con motivo de la invasión rusa a Afganistán y el otro con motivo de la guerra con Irán.

A veces se recurre a la inapropiada e impertinente expresión «terrorismo islámico» sin diferenciar lo que es un musulmán de lo que es un asesino y sin aludir a los casos de homicidas terroristas provenientes de otros credos, agnósticos y ateos. En Occidente se suele incluso tergiversar el término jihad que, como señala Huston Smith (1976/1995: 268), significa «guerra interior contra el pecado», confundiéndosela con la «guerra santa» al estilo de los conquistadores y sacerdotes desviados que en su momento se desempeñaron en América del Sur. Debe tenerse presente que el Corán sostiene que «Quien mata excepto por asesinato, será tratado como que mató a la humanidad y quien salva a uno es como si salvara a la humanidad» (5; 31). Guy Sorman (1993: 178) dice que el Corán puede ser considerado como «el libro de los hombres de negocios» debido al respeto que revela a la institución de la propiedad, a los contratos celebrados y a la palabra empeñada. Gary Becker (2003) elabora en la misma línea: «el hecho es que el Islam tradicional es más favorable a la empresa privada y a la economía de mercado que el cristianismo. Mahoma era un comerciante y el Corán enseña a respetar la propiedad privada, los contratos de negocios y el comercio. Los países musulmanes fueron líderes en el comercio mundial por cientos de años».

En efecto, entre otras cosas, se lee en el Corán la siguiente reflexión que vincula la economía y los marcos institucionales: «No se inmiscuyan en la propiedad de otros por medios injustos, ni intenten sobornar a los jueces para que puedan dañar y usurpar la propiedad de otros hombres» (2; 188). También debe recordarse la enorme deuda de gratitud que la civilización le debe a los musulmanes en cuanto a sus notables aportes a la filosofía, las matemáticas, la medicina, la arquitectura, los métodos agrícolas, la música y la literatura (Benegas Lynch, 2001: 152-204).

En lugar de encarar la realidad, la petulancia de los dirigentes [políticos] en Estados Unidos, elites y medios de comunicación, encerrados tras un muro impenetrable de lo políticamente correcto y de cobardía moral, actúan como ingenuos y arrogantes cheerleaders […] invadiendo y ocupando tierra musulmana, matando más de un millón de hombres, mujeres y niños y expulsando a más de tres millones [de personas] al exilio. […] Estados Unidos ahora ocupa y dirige los estados musulmanes de Afganistán, Iraq y los estados de la península arábiga, el lugar donde nació Mahoma (Anonymous, 2004: XV-XVI, 10 y 13).

Hay varias ideas que no compartimos en el libro de este ex agente de la CIA, hay otras que resultan controvertidas, pero la tesis que flota en ese trabajo es que los cofrades de Bin Laden consideran que desde hace tiempo están siendo atacados principalmente por parte de Estados Unidos, y por eso no pocos musulmanes lo consideran «grande» (uno de los nombres más comunes en Afganistán hoy es Osama, escribe James Kitfield en National Journal de noviembre de 2002) y aclara el autor del libro que comentamos que «antes que nadie se sorprenda, “grande”, por lo menos desde mi punto de vista, no significa bueno, positivo, de valor, ni ningún otro espaldarazo» (2004: 104) y lo cita a aquel asesino terrorista (2004: 130), quien dice en una carta del 26 de octubre de 2002 al pueblo estadounidense:

Cuál es la evidencia contra el pueblo de Iraq para proceder al bloqueo y matar en una forma que no tiene precedentes en la historia. Qué documentos incriminaron a los musulmanes en Bosnia-Herzegovina que permitieron a los cruzados de Occidente con los Estados Unidos a la cabeza para hacer que sus aliados serbios aniquilen y desplacen a los musulmanes de la región bajo la protección de las Naciones Unidas. Cuál es el crimen de la población kashmiri y qué documentos tienen los adoradores de vacas para castigarlos con su sangre por más de cincuenta años. Qué crímenes han cometido los musulmanes en Chechenia, Afganistán y las repúblicas de Asia Central que autoricen a las fuerzas brutales del régimen militar Soviético para que después de la invasión y después de las matanzas por parte de los comunistas, procedan a la aniquilación y el desplazamiento de millones [de musulmanes]. Qué evidencias tenían los Estados Unidos el día que destrozaron Afganistán y mataron y desplazaron a musulmanes allí. Incluso ellos lanzaron un bloqueo injusto antes de eso bajo la cobertura de las Naciones Unidas. Bajo la misma cobertura Indonesia fue liquidada, los musulmanes fueron forzados a dejar Timor. […] También bajo la misma cobertura, intervinieron en Somalia, matando y destrozando la tierra del Islam allí. Fue el primero [Estados Unidos] incluso a urgir al cruzado en el gobierno de Filipinas a que aniquilaran a nuestros hermanos allí. Hay muchos otros asuntos.

Según el autor,

no hay nada que Bin Laden hubiera deseado más que una invasión y ocupación americana [estadounidense] de Iraq […] la segunda tierra más sagrada del Islam; un lugar en el que el Islam había sido combatido por Saddam durante mucho tiempo; donde la minoría sunita fue largamente dominada y brutalizada por la mayoría chiita […] En este contexto, una invasión profundiza el sentimiento antiamericano [estadounidense] en el mundo musulmán […porque] los musulmanes ven todos los días en televisión que los Estados Unidos ocupan un país musulmán. […E]n la segunda tierra más sagrada del Islam aparece otro Afganistán, una guerra santa autosostenida […] que convalida todo lo que Bin Laden ha dicho […] contra los Estados Unidos (Anonymous, 2004: 212-213).

Para los fundamentalistas fanáticos, nada mejor que presentar la guerra como una cuestión religiosa. En el capítulo sobre el terrorismo veremos de qué modo autores como Richard A. Clarke —asesor de cuatro presidentes en materia de seguridad: Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo— explica que el ataque «preventivo» a Iraq fue una patraña mayúscula inventada por Bush hijo y sus colaboradores más cercanos.

Los servicios de inteligencia civiles han actuado y actúan bajo todos los gobiernos fuera de las normas de control con que deben desenvolverse quienes proceden a cara descubierta. De ese modo, resulta prácticamente imposible conocer las verdaderas historias con sus aciertos y errores, porque siempre están opacados por la historia oficial. El poder constituye un problema serio en situaciones normales, pero se desboca completamente cuando carece de la trasparencia que exige el sistema republicano de gobierno. Robert Woodward (1987/1988: 13 y 459) reproduce lo que declaró en 1971 el senador John C. Stennis en la Cámara:

un ferviente partidario de la CIA: «Espiar es espiar. […] Deben hacerse la idea de que vamos a disponer de un servicio de inteligencia y que lo vamos a proteger como tal y cerrar un poco los ojos y aceptar lo que venga». Después de que los abusos cometidos por los servicios de inteligencia fueron revelados […] es fácil convertirse en un escéptico y asumir que tal clasificación [la de Secret o Top Secret] no tiene sentido, que sólo es un ritual para encubrir cualquier política deshonesta o embarazosa. […] Las cuestiones institucionales sobre la Casa Blanca, la CIA, el Congreso, la tentación política de las acciones encubiertas, la autoridad para hacer la guerra, la terrible impostura del «desmentido plausible» […deben ser] formuladas por los investigadores.

James Bovard (2003) dice que la administración de George W. Bush está empeñada en ocultar la información de todos los errores cometidos durante las etapas previas al ataque criminal del 11 de septiembre. Del informe producido sobre la materia, que consta de 450 páginas, sólo se autorizó la publicación de diez.

El resto fue suprimido por «asuntos de seguridad nacional». […] Pero, como el senador [Robert] Graham, Presidente del Comité de Inteligencia del Senado, reclamó: «Ha habido una tendencia por la que la información se provee como clasificada y resulta que cuando se desclasifica se difunden aquellas secciones del informe que son más ventajosas para la administración». La administración Bush abusa de su poder, invocando falsamente razones de seguridad nacional para proteger su reputación. […] En mayo [de 2003] el senador Graham acusó a la administración Bush de estar «disfrazando» [la información] y dijo que el informe que resultó de la investigación del Congreso «no ha sido difundido porque francamente produce vergüenza» (Bovard, 2003: 60-61).

Antes de pasar a la discusión sobre el espinoso asunto de los documentos de identificación —estrechamente vinculado a los servicios de inteligencia y, más aún, en la época de inseguridad en la que vivimos— vamos a analizar el impresionante y sumamente chocante tema de las fuerzas parapoliciales en Estados Unidos, que está también relacionado con los servicios de inteligencia, para lo cual nos basamos enteramente en la obra de Radley Balko (2006), de modo que todo lo puntualizado en el presente capítulo en materia de los parapoliciales está extraído del referido trabajo.

Por su misma naturaleza, la CIA, el FBI y las fuerzas parapoliciales recurren a procedimientos y métodos que no son dignos de una sociedad libre y son inherentes a regímenes totalitarios. Los parapoliciales no son policías propiamente dichos. Usan equipos militares para actuar contra la población civil. En Estados Unidos se han dado en llamar SWAT (que en un comienzo provenía de Special Weapons Attack Team y luego se suavizó el nombre con Special Weapons and Tactics). Eligen irrumpir violentamente en los domicilios en las primeras horas de la madrugada mientras los moradores están durmiendo para aterrorizarlos con voladuras de puertas, equipamientos de encapuchados, con máscaras y uniformes estilo militar, sólo que de color azul y negro, linternas potentes y sofisticadas armas de guerra. Las redadas son cada vez más frecuentes. Actualmente son 40 mil por año y se dirigen a objetivos tales como combatir el tráfico de drogas, que ya veremos en el capítulo correspondiente que con esto se comete la tropelía de criminalizar lo que no es un crimen, en una cruzada que, como ya dijimos, es similar a la impuesta por la llamada Ley Seca y con los mismos resultados nefastos. Además, ahora los objetivos paramilitares se han extendido incluso a disputas domésticas y a la contención de perros bravos. En todo caso, la irrupción violenta, los daños, lesiones y muertes que estos parapoliciales provocan a inocentes resultan cada vez más alarmantes.

Los SWAT fueron establecidos originalmente en 1966 por el jefe de Policía de Los Ángeles, Daryl F. Gates, y luego se generalizó el establecimiento de miles de estas unidades en todo el país. Fue el resultado de buscar la forma de contrarrestar revueltas de diversa naturaleza, tácticas guerrilleras, secuestros y fugas masivas de prisiones. Acontecimientos como el del ex marino Charles Whitman, que se atrincheró en una torre en la Universidad de Texas y comenzó a disparar a quemarropa, y los escándalos producidos por los Black Panther’s, que convencieron a las autoridades de la necesidad de ejecutar el plan de Gates, a lo cual se agregaron más adelante los actos terroristas. Como queda dicho, entonces, a raíz de estos episodios, se perfiló la idea de contar con un grupo de elite, entrenado militarmente para enfrentar aquellos problemas. Aquel Jefe de Policía contrató para ese fin a un grupo de ex oficiales de marina para entrenar al grupo en cuestión.

El asunto de fondo es comprender que la función militar consiste en destrozar al enemigo. Por su parte, la Policía existe para mantener el orden, para proteger y estar al servicio de la comunidad (de ahí precisamente el eslogan de «para proteger y servir» difundido en todos los ámbitos policiales). Se trata en este último caso de servir de brazo armado a la justicia para proteger los derechos de las personas. El militar, en cambio, apunta a aniquilar al enemigo. Son dos funciones diametralmente distintas. Los SWAT actúan como militares cuya meta consiste en liquidar al enemigo y, por ende, tratan a los pobladores civiles como combatientes y proceden con la propiedad privada como si fuera un campo de batalla, del mismo modo que actúan los militares. Esta confusión de roles se traduce en graves perturbaciones al Estado de derecho, en perjuicio de las personas que las fuerzas del orden están supuestas de servir. Al militarizarse la sociedad, naturalmente deja de existir la sociedad civil, que se convierte en una guarnición con sus propósitos bélicos y con mandos verticales e indiscutibles.

Esta militarización en Estados Unidos comenzó con el establecimiento de excepciones a la Ley Posse Comitatus, por la que quedaba terminantemente prohibido el uso de fuerzas militares para fines policiales en la comunidad civil. En los últimos tiempos, la situación fue empeorando. Bush padre creó una serie de fuerzas especiales en la jurisdicción de la Secretaría de Defensa en las que se establecían frecuentes contactos de diversa naturaleza y extensión entre la Policía y las Fuerzas Armadas. En esa época, el administrador de la DEA, Francis Mullen, reclamó que el Congreso debería darle luz verde para el uso de procedimientos militares con la simpatía de Richard Cheney, entonces secretario de Defensa. En la era de Clinton se aprobó que el Departamento de Defensa transfiera equipos y tecnología militar a las policías estatales y municipales, lo cual se hizo en gran escala desde el Pentágono.

Incluso distintos medios publicaron el descubrimiento de falsificaciones de las estadísticas al efecto de obtener más equipos militares por parte de distintas reparticiones policiales, que comenzaron a usar las unidades especiales para tareas de rutina, tales como el patrullaje de calles e incluso para detener automovilistas o peatones y registrarlos e interrogarlos. «Estamos en guerra», gritó un oficial cuando un ciudadano se quejó por malos tratos.

El 28 de abril de 1987 The Washington Post reprodujo las palabras del general Stephen G. Olmstead, quien advirtió ante el Subcomité del Senado que «Una de las mayores fortalezas [de Estados Unidos] es que los militares responden a las autoridades civiles y que no permitimos que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sean una fuerza policial. La historia está repleta de países que han permitido que eso ocurriera. El desastre es el resultado». Por su parte, el coronel Charles J. Dunlap, de la Escuela Nacional de Guerra, ha escrito que

usar las fuerzas militares para tareas que básicamente son para el cumplimiento de la ley requiere un cambio fundamental de orientación. Para ponerlo claramente, en su aspecto más elemental, el entrenamiento militar apunta a matar personas y romper cosas. […] La fuerza policial, por otra parte, tiene un enfoque completamente distinto. Deben ejercitar una estudiada restricción que el proceso judicial requiere; recogen evidencias y arrestan a sospechosos. Estas son dos visiones radicalmente diferentes del mundo (Dunlap, 2000: 35).

Algunos de los mismos policías rechazaron la idea de las unidades militarizadas, como el jefe de Policía de New Haven, Nicholas Pastore, quien declaró al New York Times (1.º de marzo de 1999) que ya el solo hecho de las vestimentas de soldados «alimenta la idea de que uno no es un oficial de policía al servicio de la comunidad y que uno es un soldado en la guerra [… a algunos] les gusta el SWAT porque es una aventura, si [por ejemplo] se piensa que todos los que recurren a las drogas son enemigos, uno está preparado para declarar la guerra contra el público». En un reportaje a Pastore, publicado en la revista Nation (citado en Parenti, 2002: 16) cuenta que antes de que asumiera el cargo, las calles de New Haven estaban tomadas por equipos SWAT y la población estaba aterrorizada; cuando se hizo cargo, la Policía volvió a sus funciones normales y el índice de criminalidad bajó de 13.950 incidentes en 1997 a 9.455 en 2000, lo cual incluso mostró una mejor situación que en el resto de Conneticut. Lo mismo sucedió anteriormente con el jefe de Policía de Wisconsin, Richard Fullmer, en 1996. Más recientemente, el ex jefe de Policía de Kansas City y de San José le dijo al National Journal (1.º de enero de 2000) que, por las mismas razones apuntadas, objetaba toda la idea de SWAT. En el extremo opuesto de estas posturas se encuentra el mencionado Daryl F. Gates, el inventor de SWAT, quien, por ejemplo, declaró que el uso de drogas significa «traición» y que los involucrados con los narcóticos «deben ser apresados y pegarles un tiro» (Los Angeles Times, 6 de septiembre de 1990).

Un tema vinculado con estos modos de proceder de los parapoliciales estriba en la necesidad de que se anuncien y no irrumpan en domicilios particulares que el common law, de tiempo inmemorial, consideraba como el «castillo sagrado e invulnerable» de las personas. Se dice que deben hacerse excepciones si los agentes corren riesgo o si el morador puede destruir evidencias (en este último caso, cuando se trata de comerciantes o usuarios de drogas las tiran por el inodoro ni bien se anuncia la Policía, lo cual haría que en la absurda y contraproducente «guerra contra las drogas» siempre se puedan derribar las puertas e irrumpir sin previo aviso). En el caso Richards v. Wisconsin de 1997, el juez de la Corte Suprema John Steves escribió que «Si se permitiera una excepción para cada categoría de investigación criminal que incluyera un considerable aunque hipotético riesgo para los oficiales o la destrucción de evidencia, [la obligación de] golpear y anunciarse que demanda la Enmienda IV carecería [siempre] de sentido».

Asimismo, en el caso Ker v. California de 1963, el juez de la Corte Suprema en disidencia, William Brennan, escribió que

el requerimiento y el propósito inglés [de su tradición jurídica] de que la autoridad se anuncie era para proteger a los oficiales que iban a arrestar de que fueran baleados como trasgresores […] puesto que si no hay un aviso previo, ¿cómo será posible que el dueño de casa sepa de antemano cuál es el propósito de quien rompe la puerta? Tiene el derecho de considerar que es una agresión a su propiedad privada, lo cual justifica que se resista con todas sus posibilidades.

Por supuesto que el anunciarse no puede tener lugar unos segundos antes de irrumpir por la fuerza, (que es lo que hacen estas dotaciones cuando se dignan a anunciar su presencia), porque eso es lo mismo que no anunciarse, especialmente si se trata de altas horas de la noche. En realidad, en estas situaciones, los ciudadanos están en una enorme desventaja respecto de quienes son sus supuestos empleados y custodios, ya que si matan a un oficial tienen un grave problema, mientras que si el oficial mata a un inocente no ocurre lo mismo.

Radley Balko detalla en su ensayo aproximadamente ciento cincuenta casos de tremendos y escalofriantes abusos por parte de los parapoliciales. Aquí sólo reproduciremos los dos primeros. Los parapoliciales deberían eliminarse en una sociedad libre, de todas maneras, Balko sugiere enfáticamente que cualquier redada debería filmarse para, en cada caso, constatar el procedimiento, si es que comprendemos que el fin de todo el monopolio de la fuerza es le protección a los derechos de las personas y no su destrucción.

En enero de 2006, en Faifax, Virginia, la Policía recurrió a un equipo SWAT para allanar el domicilio de Salvatore Culosi Jr. de quien sospechaban que era un apostador clandestino. Ése es otro de los mayores desatinos: que se considere que personas mayores de edad no puedan jugar a lo que les venga en gana (en realidad es solamente para que las autoridades puedan cobrar sumas importantes de dinero de los apostadores ilegales). De todas maneras, en este caso, un oficial del equipo SWAT lo interceptó a Culosi al salir de su domicilio, desarmado y sin ofrecer el menor signo de resistencia, le pegó en el pecho y lo mató (Washington Post, 27 de enero de 2006). En 1995 un señor de Alburquerque, Nuevo México, preocupado por su hijo Lawrence Harper, de 33 años, quien sufría de depresiones y amenazó con suicidarse, llamó a la Policía. Llegó al lugar un grupo SWAT con todos los equipos, muñidos con rifles automáticos y granadas, y ante el estupor de los padres, lo corrieron a través de un bosque de un parque local y lo mataron a balazos desde cuarenta y tres pies de distancia (New York Times, 1.º de marzo de 1999).

El problema de los parapoliciales no se reduce al abuso de esas fuerzas, es su misma constitución la que significa necesariamente un exceso, por las razones antes referidas, en cuanto a la naturaleza de la Policía en contraste con la naturaleza bien distinta de las fuerzas militares. Sólo aceptando lo inaceptable en cuanto a la existencia de fuerzas parapoliciales, se facilitaron atropellos como la patraña del caso Waco de 1993 y la acción de ciento cincuenta oficiales del equipo SWAT para secuestrar al chico cubano de seis años, Elián González, en 1999, casos sobre los que volveremos en el capítulo sobre terrorismo.

La tesis central del trabajo de Radley Balko que hemos utilizado aquí la resume el autor en las primeras páginas de su obra y es que las fuerzas paramilitares, «contrariamente a lo que sostienen sus patrocinadores, en cuanto a que minimizan la violencia, en realidad provocan una escalada de violencia innecesaria a lo que de otra manera sería una tarea de rutina de los procedimientos policiales» (Balko, 2006: 19. Énfasis en el original).

Vamos por último al tema de los documentos de identidad. Todos reconocemos a otras personas a través de los más diversos mecanismos de identificación. Incluso a la misma persona se la identifica por distintos rasgos o facetas de su vida, en el trabajo, en el deporte, en las relaciones sociales, por actividades artísticas, libros publicados, etc. En el caso que nos ocupa en este capítulo se trata de poder identificar a una persona que ha cometido un delito, minimizando los riesgos de que se falsee la identidad del malhechor. La situación se hace más patente en nuestra época de inseguridad, agravada por actos terroristas en la que se pagan sumas crecientes para que el monopolio de la fuerza brinde seguridad, lo cual en general no hace y, por ende, simultáneamente, los que pueden hacerse cargo deben contratar servicios de seguridad privada que naturalmente duplican costos.

Como veremos en el capítulo dedicado al terrorismo, el peor de los mundos en materia de seguridad es que los gobiernos, por ejemplo, centralicen la seguridad en los aeropuertos y líneas aéreas. Esto puede vislumbrarse si suponemos por un instante que se centralizara toda la seguridad en manos de la burocracia estatal. Para tomar un solo segmento, supongamos que todos los porteros de todos los edificios deban reportar al gobierno y recibir instrucciones respecto de la seguridad del edificio. Sin duda, la descentralización y los consiguientes incentivos para asumir responsabilidades y la enorme diversificación que, por el momento, adoptan los países libres respecto de métodos y procedimientos permiten una mayor eficiencia que si todos tuvieran que dirigirse obligatoriamente a una oficina estatal. El mismo principio debería aplicarse para los aeropuertos y líneas aéreas, tal como lo están constatando en varios lugares y por las mismas razones que las mencionadas para la custodia de departamentos.

Jim Harper (2006) aplica los antedichos principios a la identidad. Explica los grandes riesgos y los peligros de unificar la identidad en documentación gubernamental y señala las ventajas de múltiples sistemas y documentaciones privadas para identificaciones fehacientes, y con la posibilidad de cruzar informaciones descentralizadas y competitivas para prestar el mejor servicio que permita la tecnología del momento, en lugar de los documentos unificados que provee el gobierno que con sólo falsificarlos todas las vallas identificatorias quedan automáticamente resueltas. De allí que existan tantos puestos de trabajo para expertos en falsificar documentos que habitualmente los fabrican con mejor solvencia técnica que los que emiten los originales. Nadie que piensa cometer un acto criminal de envergadura opera con documentación que no sea falseada, lo cual, como queda dicho, resulta mucho más difícil en el caso de las emisiones privadas, no sólo debido a los incentivos para mantenerse en el negocio, sino por las dificultades de sortear las rigurosas auditorías que no operan en el mundo donde todo es politizado. Recordemos que cuando en el mundillo político se descubre un escándalo, si las manifestaciones son muchas, lo máximo que ocurre es que se sustituye a Pedro por Juan. En cambio, si eso ocurre en el sector privado, se le termina la vida y la razón social de la empresa que brindaba el servicio.

Tal como explica Harper (2006: 12) hay muchísimas maneras de identificación, y el hecho es que si las personas no fueran identificables, se tendrían que presentar permanentemente como desconocidos y empezar de cero la relación. De este modo las tareas diarias se complicarían en grado sumo. No existiría tal cosa como los conocidos, los amigos, incluso marido y mujer tendrían que introducirse permanentemente si no hay modo de reconocimiento, que es otra manera de referirse a la identidad. Todos seríamos extraños para todos durante todo el tiempo. La colaboración y la cooperación se dificultarían hasta extremos indecibles.

Harper observa que «las identificaciones tradicionalmente se agrupan en cuatro categorías: por algo que la persona es, por el lugar al que la persona está vinculada, por algo que sabe y por algo que tiene» (2006: 13). La primera remite a aquello a lo que uno está sujeto, a lo que es exclusivo de la persona, tal como el ADN, la voz, las impresiones digitales o también a un distintivo que lo distingue, aunque no sea único, como el color del pelo, peso, altura, etc. La segunda se refiere a identificaciones tales como el nombre, los títulos universitarios, los cargos que desempeña, la dirección, la ciudad o el paraje donde vive. En tercer lugar, hace referencia a algo que sabe la persona y que es distintivo y característico, como una clave o una habilidad especial. Por último, la identificación que reside en algo que la persona posee: una llave, un documento, libros, automóvil, chacra, etc. También puede establecerse una identificación relacionada con características transitorias o permanentes. La primera alude, por ejemplo, a cuando se identifica a una persona por estar atándose los cordones de los zapatos, mientras que la segunda puede referirse al color de la piel (aunque esto último lo tenga en común con otros) o al iris de los ojos. Sin duda que la transitoriedad puede ser de mayor o menor duración: no tiene la misma trascendencia atarse los cordones de los zapatos que mudarse a una nueva casa.

Asimismo, Harper (2006: 15-16) distingue entre identificación y autenticación. Lo primero, como queda expresado, se hace permanentemente, incluso de modo inconsciente. Vamos caminando por la calle y como si fuera un proceso automático, usamos nuestro scanner interior para identificar a los transeúntes y los comparamos con otras personas que conocemos y que tomamos como puntos de referencia. A algunos los retenemos en la memoria, a otros —la mayoría— los olvidamos en el acto. La autenticación, en cambio, se da en una segunda instancia. Por ejemplo, en las computadoras, la identificación es el nombre y la autenticación es la clave.

La moderna tecnología del encriptado, en proceso de implementación, resulta de gran interés para proteger la privacidad, lo cual puede consultarse en el home page de David D. Friedman (inédito, «Why Encryption Matters»). Friedman explica que actualmente, a pesar del avance tecnológico, no hay suficiente privacidad; los micrófonos de largo alcance, los ojos satelitales, la posibilidad de interceptar mails, celulares y teleconferencias son riesgos concretos. Señala el mismo autor que los mensajes encriptados resultan imposibles de interceptar ya que cada uno cuenta con dos «llaves», una pública y otra privada. La primera, como su nombre lo indica, puede figurar en guía y es accesible a cualquiera (aunque nadie sabe el nombre del titular, su identificación en el mundo del encriptado consiste precisamente en la combinación de las llaves pública y privada que es como la firma de la persona y, consiguientemente, su identificación y autenticación, ya que sólo ella la puede tener). Friedman sigue diciendo que para enviar un mensaje se encripta con la llave privada de quien desea mandarlo y se lo pone en la llave pública del receptor, de modo tal que sólo él puede descifrarlo con su llave privada.

Friedman atribuye a este procedimiento gran relevancia ya que con esto queda eliminada la posibilidad de las censuras, y los gobiernos y terceros no pueden interferir en comunicaciones privadas. Asimismo, el autor destaca que estos mensajes pueden contener transferencias financieras, por lo que están a buen resguardo de la voracidad fiscal de los aparatos estatales, lo cual abre una nueva perspectiva de enormes dimensiones para coordinaciones de arreglos contractuales sin la participación del monopolio de la fuerza.

En muchos casos reviste gran importancia el anonimato, como señala Harper (2006: 105) quien ejemplifica con los antes aludidos casos célebres como los de John Trechard y Thomas Gordon que, en Inglaterra, a principios del siglo xviii, para evitar sanciones de la autoridad, firmaban sus muy difundidos y sustanciosos artículos con el pseudónimo de Cato (en honor a Cato «el menor», Marcus Porcius, tribuno que se suicidó antes de entregarse a Julio César y de quien solamente se conserva una carta dirigida a Cicerón). El anonimato

es la condición de que una persona goza de no revelar su identidad a otra persona, grupo o institución. […] Con el impuesto personal a las ganancias, el crecimiento del estado benefactor y la vasta expansión tanto del poder de policía estatal y federal de los tiempos modernos, hay pocas posibilidades de reclamar el derecho general de retener información no identificada del gobierno. […] Incluso en el derecho penal, derechos que eran sacrosantos como el derecho a mantenerse en silencio […] está en retirada […después del] caso de 2004, Hiibel v. Sixth District Court of Nevada (Harper, 2006: 107).

Hay espacios privados que resultan esenciales para la persona, «pensemos en diferentes tiempos en nuestras vidas sobre cosas que hemos hecho que pueden resultar incómodas para nosotros que se revelen en el trabajo, a nuestros padres, profesores o amigos» (Harper, 2006: 108). Muchas son las cosas que no queremos que ciertas personas sepan y otras no queremos que nadie las sepa. Éste es el derecho al anonimato. Es el derecho a manejar nuestros propios asuntos del modo que lo consideremos pertinente.

La información voluntaria sobre identidades es habitualmente usada para propósitos que sirven al individuo y también al resto de la sociedad. […Si no hay lesión al derecho] nuestra práctica policial debería favorecer las relaciones voluntarias y la identificación voluntaria y desalentar relaciones e identificaciones no queridas u obligatorias (Harper, 2006: 109).

Ya hemos anotado que la manía de los documentos únicos de identidad gubernamentales, no sólo resultan en una imposición de la forma en que debemos identificarnos, sino que son absolutamente contraproducentes ya que facilitan las falsificaciones centrando la atención en una sola documentación, al tiempo que los incentivos de contralor en el ámbito del aparato de la fuerza son sustancialmente distintos de lo que ocurre en el sector privado donde el esmero se debe a que está en juego la existencia misma de la empresa emisora. Por otra parte, la identificación múltiple que ofrecen entidades privadas descentralizadas resulta más efectiva para evitar el fraude.

Harper (2006: 189) exhibe un magnífico ejemplo de los peligros de la unificación en el sentido que hemos expresado. Invita al lector a que considere cuál sería su reacción si el gobierno obligara a que tuviéramos una única llave para todo. Para el automóvil, la caja fuerte, nuestro domicilio, el escritorio, los roperos, etc. Seguramente nos resistiríamos a semejante propuesta debido, precisamente, a que aumenta enormemente el riego de que falsificando la llave única se tenga acceso a todo (agregamos que si además la llave la fabrica monopólicamente el Estado, los riesgos no pueden resultar mayores).

Existen en la actualidad innumerables propuestas de entidades privadas que ofrecen muy diversos métodos y procedimientos para la identificación (por ejemplo, a través del antes mencionado iris). Nos informa Harper (2006: 237-238) que actualmente se está adoptando un sistema para los aeropuertos que incluso evita las esperas en líneas, lo cual fue ideado por el empresario Steven Bell, que explica en su libro After (Nueva York, Simon and Schuster, 2003) y que reembolsa los gastos en caso de que hubiera fraude.

Desde luego, no es que las identificaciones provistas por empresas privadas no puedan falsificarse. De lo que se trata es de minimizar riesgos, y esto se logra diversificando proveedores y modos de identificación en un contexto en el que los incentivos resultan máximos al efecto de las auditorías y controles, en propio interés de quienes ofrecen el servicio. Tomemos el caso de las tarjetas de crédito. Los emisores adoptan todo tipo de medidas precautorias y de seguridad cuando se emiten y, antes de habilitarse, debe establecerse una comunicación entre el titular y el banco. Cuando se extravían, existen líneas telefónicas especiales, etc. De todos modos,

Los gastos de la industria antifraude de las tarjetas de crédito dan resultado. En 1992 [en Estados Unidos] los fraudes en las transacciones por medio de tarjetas de crédito representó 15,7 centavos por cada 100 dólares de ventas. En 2004, las transacciones fraudulentas cayeron a 4,7 centavos por cada 100 dólares (Harper, 2006: 127).

Éste es un motivo por el que se ha generalizado el uso de las tarjetas de crédito y también, en menor medida, las de débito.

Aun tratándose de un asunto puramente formal, hay incluso denominaciones que no resultan adecuadas, por ejemplo, la «licencia» o el «permiso» para conducir. Harper recuerda que cuando recién apareció el automóvil, se constituyó un lobby muy fuerte por parte de los conductores de carruajes para que no los dejaran circular a los automovilistas, alegando que molestaban a los caballos y resultaban peligrosos; de este modo nació la «licencia», «permiso» gubernamental o «registro» (la necesidad de registrarse en una agencia de gobierno) para circular, y aún se conservan estas denominaciones asimilables a una gracia o un favor que concede el gobernante. En el penúltimo capítulo elaboramos sobre el tema de accesos y calles privadas, en cuyo contexto las certificaciones que el conductor puede conducir serían emitidas por agencias privadas, lo cual también puede llevarse a cabo si el gobierno terceriza esa función, tal como ocurre actualmente en distintos lugares.

Por otra parte, nos hemos referido a los pasaportes, pero conviene recordar (Harper, 2006: 178-179) que su uso fue difundido ampliamente por la Unión Soviética en un decreto del 4 de diciembre de 1932 como un sistema de control interno (tal como existe hoy en China) que requería un sello oficial para trasladarse de un sitio a otro (el propiska), de lo contrario la purga y el Gulag esperaban a los infractores. «Los nazis usaban tarjetas de identidad para controlar a la gente, incluso en los medios de transporte o en la calle» (Harper, 2006: 180). Uno de los pioneros del pasaporte —el pase del portador— fue el tirano Rosas en la Argentina en la primera parte del siglo xix: «El infeliz habitante de la campiña no podía salir de su partido tan siquiera por un día, si no llevaba un pase de su Comandante o Juez de Paz» (Wilde, 1881/1944: 335). Los terroristas que participaron en los actos criminales del 11 de septiembre no necesitaron ni siquiera falsificar pasaportes, porque se seleccionaron personas sin antecedentes criminales registrados (Harper, 2006: 207 y 221).

El tratamiento a todas las personas como si fueran delincuentes desconoce que el individuo entra en sociedad al efecto de la consiguiente cooperación social y no para que sea manipulado como un criminal. El espiar, escudriñar, revisar e interceptar afectan severamente los ámbitos de la autonomía individual y acostumbran a los burócratas encaramados en el poder a dirigirse a sus mandantes como si fueran sus dueños. Por esto es que, como hemos dicho al principio, en esta instancia del proceso de evolución cultural, quienes más insisten en el uso de documentos públicos, los servicios de inteligencia, deberían circunscribirse a la esfera militar bajo estricta supervisión civil (y cambiar su nombre a una denominación menos pretenciosa para el área de la fuerza, como podría ser la oficina de obtención de informaciones), y desmantelar de las esferas civiles de los gobiernos todas estas inmensas, costosas y sumamente peligrosas y contraproducentes secciones de espionaje y ocultamiento de procedimientos tan contrarios y opuestos al sistema republicano. El control de gestión y la transparencia de los actos de gobierno son inseparables de una república.

Como hemos señalado, los mayores actos de barbarie se cometen bajo el paraguas de los encapuchados. Harper subraya que, entre tantas y tantas evidencias de horror,

En 1975 el Comité para el Estudio de Operaciones Respecto a las Actividades de Inteligencia [nunca se quedan cortos con los títulos], también conocida como la Comisión Church, encontró que la CIA y el FBI habían dirigido robos, irrupciones violentas a domicilios y divulgación de informaciones falsas para desprestigiar a personas que, dentro de la ley, ponen de manifiesto opiniones disidentes (Harper, 2006: 181).

Otros ejemplos aberrantes

El poder de establecer impuestos, comporta el poder de destruir.

John Marshall, 1819

En clases de educación sexual para quinto grado en Oregon, Washington y Carolina del Norte, impartidas en el sistema compulsivo de colegios gubernamentales, en el programa que incluye métodos para lo que ha dado en llamarse en la jerga «desensibilización», aparece «material didáctico» tal como un video que «muestra los genitales de un hombre, una pareja desnuda copulando y masturbación, en colores y con efectos sonoros» (Sowell, 1993: 38-39). Abrimos con este comentario al efecto de ilustrar el título del presente capítulo.

En esta oportunidad, nos referiremos muy especialmente al tema de la educación en Estados Unidos, un asunto del que depende el futuro de ese país. Pero antes de abordarlo, vamos a considerar dos puntos que surgen también del sistema educativo, es decir, de las ideas prevalecientes, que contribuyen grandemente a minar los pilares establecidos por los Padres Fundadores. Aquellos dos puntos aluden al political correctness y a la affirmative action. Finalmente, antes de terminar el capítulo, haremos una breve mención a un debate que hoy revela gran peso e importancia en Estados Unidos sobre un peculiar modo de encarar algunos temas ecológicos que también ocupa la atención de muchos educadores y que, encaminado por ciertos andariveles, conduce a la abolición de la institución de la propiedad privada.

Para abordar esos dos puntos anunciados y vinculados entre sí, es necesario mencionar un par de conceptos que le sirven de sustento. En primer término, la noción de discriminación. En una sociedad abierta, desde la posición de quienes son responsables de hacer respetar las normas de convivencia civilizada, deben reconocerse los derechos de todos por igual. En este sentido no pueden existir discriminaciones, es decir, no pueden hacerse diferencias entre las personas, de lo contrario no todos tendrían los mismos derechos. No habría igualdad ante la ley.

Este principio fundamental no desconoce el hecho de que al actuar las personas están siempre diferenciando, esto es, eligiendo, prefiriendo o discriminando entre las diversas opciones que se les presentan a diario. Discriminan entre libros que leerán, entre representaciones teatrales, entre amigos, entre marcas de bebidas, entre universidades, etc. En este sentido, la vida significa discriminar entre unas y otras posibilidades. Pero como veremos enseguida, hoy en día, en nombre de la antidiscriminación, se crea la peor de las discriminaciones: la realizada por los responsables de instaurar la igualdad ante la ley al obligar a unos a elegir lo que no hubieran elegido de no haber mediado la imposición. Hubieran elegido en ciertas direcciones legítimas pero se les obliga a tomar otro camino, lo cual significa vulnerar el principio de la igualdad ante la ley y renunciar a la función primordial de los encargados de velar y custodiar el derecho.

En segundo lugar, ya hemos hecho referencia a la noción de la llamada «igualdad de oportunidades» cuando estudiamos la política exterior estadounidense. Decíamos que también contradice la igualdad ante la ley y que dadas las diferencias de talentos y capacidades entre las personas, es natural que las oportunidades que resultan sean también diferentes. En un partido de tenis entre un profesional y un novato, si se quiere imponer la igualdad de oportunidades, será necesario, por ejemplo, obligar al profesional a que juegue con una sola pierna o con el brazo opuesto al que habitualmente utiliza, con lo que se habrá afectado su derecho, es decir, no se respetará la igualdad ante la ley.

Se suele recurrir al ejemplo de las carreras para ilustrar la igualdad de oportunidades al mantener que lo que se quiere decir es que «todos larguen desde una misma marca en la carrera por la vida y que luego en el trayecto cada uno revelará sus capacidades». En esta metáfora tomada del deporte, se equiparan todos en la largada de la carrera pero, como se ha dicho, habrá que nivelarlos nuevamente a la llegada para otorgarles «igualdad de oportunidades» a los próximos contendientes y así sucesivamente. Esto ocurrirá de esa manera puesto que el padre de familia que llegó primero en la carrera no le podrá trasmitir el fruto de su triunfo a sus hijos ya que, para seguir con el modelo de la igualdad de oportunidades, ninguno de ellos podrá largar la próxima carrera con ventaja, sino que será nivelado con los demás hijos cuyos padres llegaron relegados en la carrera anterior.

En algunos casos, se ha pretendido hacer una diferencia entre la igualdad de oportunidades y la nivelación de resultados pero, en definitiva, por las razones expuestas, resultan en lo mismo. Como hemos apuntado, en realidad, en una sociedad abierta lo que se obtiene son mayores oportunidades para todos pero no iguales. Más aún, a través de la imposición de la igualdad de oportunidades, al negar la igualdad ante la ley, se obtienen menores oportunidades debido a que la asignación de recursos opera en direcciones que se alejan de la eficiencia, lo cual, a su turno, perjudica muy especialmente a los más débiles. Debe tenerse muy presente que la igualdad es ante la ley, no mediante ella.

Habiendo expuesto estos conceptos, veamos ahora nuestros dos puntos: el political correctness y la affirmative action. La primera idea tiene su genealogía en el leninismo, en cuanto a que los seguidores no deben salirse de las líneas establecidas por el partido, lo cual ha sido difundido en Estados Unidos principalmente por Herbert Marcuse y se ha generalizado a partir de la década de los ochenta. Tantos absurdos ha creado esta tendencia para censurar el lenguaje y el comportamiento y para imponer visiones distintas a las de la tradición estadounidense, que la expresión se ha usado en grado creciente en un sentido peyorativo y ha sido objeto de sátiras o ironías, pero, en la práctica, la idea consiste en reemplazar el lenguaje cotidiano por lo «neutral» o «inclusivo».

La preocupación de los partidarios de esta corriente es que no se noten las diferencias entre personas o grupos para que no se pueda discriminar. Por ejemplo, no se considera lícito que una persona se dirija a una mujer manifestando que es «linda» porque eso significaría que se discrimina y se ofende a las consideradas «feas», sin percibir la importancia de que la gente pueda expresar sus preferencias y lo atractivo que significa la belleza. Con este criterio, tampoco se podría aludir a la luz porque se pone en evidencia que hay sombra o a lo bueno, porque se hace notar por contraste que existe lo malo, todo lo cual es parte de la vida. El hecho de encasillar todo como neutro y gris no sólo le resta una parte importante a la apreciación de la vida, sino que al extenderlo a otros aspectos, imposibilita la incorporación de conocimientos y le quita significado a la individualidad.

Al pretender la implantación del lenguaje y las actitudes neutras, se adhiere al relativismo o al nihilismo, disfrazados ambos de «multiculturalismo», sin advertir la contradicción, puesto que esta postura alardea de que debe permitirse decir y hacer cualquier cosa en cualquier dirección y no censurar lo que se desvíe del canon establecido. Se ha sostenido que la asignatura history debería reemplazarse por herstory ya que se discriminó por tanto tiempo a favor del sexo masculino. Del mismo modo y con idénticos argumentos se insiste en que en el discurso se incorpore él/ella, en lugar de hacer referencia al masculino, cuando en verdad en toda la tradición oral y escrita la referencia a «hombre» o el pronombre «él» alude a la especie y no al género. También se sostiene que debe aludirse a los negros como afroamericanos, sin percatarse que todos los humanos provenimos de África (por ejemplo, con este criterio clasificatorio, el que estas líneas escribe es afroargentino). En 1994, James Finn Garner publicó un libro titulado Politically, Corrrect Bedtime Stories. Modern Tales for our Life and Time, que rehace los conocidos cuentos infantiles, ridiculizados a la luz de este nuevo discurso, lo cual provoca intensa hilaridad.

En esta misma dirección, en algunas universidades estadounidenses se priva a profesores y alumnos del necesario debate abierto de ideas porque se estima que ciertos términos son «políticamente incorrectos», lo cual es considerado por muchos autores como un verdadero escándalo y un ataque a la libertad de expresión y a la posibilidad de estudiar con rigor (Kors y Silverglate, 1998). Lo mismo ocurre con el inaudito extremo al que se ha llegado respecto de las posibles demandas por acoso sexual que hacen que algunos profesores dicten sus clases con la vista clavada en el techo para evitar el posible cruce de miradas que puedan derivar en malas interpretaciones. Por este motivo, muchos profesores recurren a compañías de seguros para que cubran eventuales demandas, lo cual naturalmente encarece la educación, del mismo modo que sucede con el negocio de juicios en la práctica médica, surgidos de la incapacidad de distinguir lo que es un error humano del dolo o la negligencia, situación que también encarece innecesariamente los servicios de salud.

Incluso, en renombradas universidades, los activistas han llevado a cabo quemas de revistas —realizadas con el visto bueno de las autoridades— cuyo contenido no coincide con las ideas de los intolerantes piromaníacos. Un asesor que se negó a usar símbolos homosexuales fue expulsado y, en otro caso, como venganza, un profesor fue acusado de acoso sexual por no compartir criterios curriculares con un grupo de feministas (Kors y Silverglate, 1998: cap. 6). En este contexto, al efecto de percibir el peso de la libertad de expresión, es de gran actualidad, entre otras lecturas, repasar el segundo capítulo de On Liberty de John Stuart Mill donde se lee que «Allí donde existe una convención tácita de que los principios no deben discutirse, donde la discusión de las grandes cuestiones que ocupan a la humanidad se consideran cerradas, no podemos esperar esa generalizada actividad mental de alto nivel que ha hecho tan destacados algunos períodos de la historia» (1859/1982: 96). Todo lo cual nada tiene que ver con el insulto y la ofensa, para lo que queda expedito el camino de la justicia; de lo que se trata es de señalar los graves problemas que crean la censura previa y la intolerancia.

Kors y Silverglate ofrecen infinidad de ejemplos horripilantes que se repiten en las más reputadas universidades estadounidenses y explican lo siguiente

En una nación cuyo futuro depende de la educación para la libertad, los colegios y las universidades están enseñando los valores de la censura y el abuso del poder. […] En una nación que depende de los valores de los derechos individuales y responsabilidades y de la justicia igual bajo la ley, nuestros estudiantes están siendo educados en los así llamados derechos de grupo y en un doble discurso referido a definiciones parciales de la historia. Las universidades se han convertido en el enemigo de la sociedad libre y es tiempo que los ciudadanos de esta sociedad reconozcan el escándalo de enormes proporciones y que atribuyan las responsabilidades de estas instituciones […] y lo más triste es la creencia de que las universidades no sólo pueden sino que deben suspender los derechos de algunos al efecto de transformar los estudiantes, la cultura y la nación de acuerdo a sus visiones ideológicas y sus deseos. […] El resultado es una tiranía que emerge y que surge respecto a todos los aspectos de la vida estudiantil […] en resumen, una tiranía sobre la esencia de la libertad […] una traición al sentido de la universidad […donde se] enseñan las peores lecciones imaginables sobre los usos del poder (Kors y Silverglate, 1998: 3-5).

En prácticamente todos los colegios y universidades se les presenta a los estudiantes una lista de una variedad de lugares en los que deberían demandar frente a «acosos» para los que se les promete «apoyo a las víctimas», «confidencialidad» y simpatía cuando concreten esas quejas. […E]l silenciamiento y el castigo a las creencias, a la expresión y a la individualidad debe preocupar más profundamente a quienes prestan atención a lo que pueden ser las universidades. […] La libertad se requiere precisamente para los discursos que no son populares. […] El propósito esencial de este código para la expresión es para reprimir la expresión (Kors y Silverglate, 1998: 99 y 101).

Sin duda que en las casas de estudio privadas se hará lo que las autoridades decidan de acuerdo con los dueños, pero eso no es óbice para señalar los peligros y los problemas, del mismo modo que cuando, por ejemplo, se critica la violencia en el cine o en la televisión. Las casas de estudio estatales, en cambio, a cargo de los contribuyentes, estarán siempre politizadas debido a que dependen de mayorías y primeras minorías circunstanciales que votan en bloque y en paquetes, tema sobre el que volveremos en este capítulo.

El segundo punto, referido al de la affirmative action, alude a una expresión que se usó por vez primera en la orden ejecutiva presidencial número 10.925 de 1961 respecto del trabajo en el área estatal: «adoptar la acción afirmativa para asegurar que quienes aplican al trabajo y los empleados son tratados durante su trabajo sin tomar en cuenta su raza, credo religioso u origen nacional». Con el tiempo y especialmente a partir de las disposiciones del Departamento del Trabajo de 1971, la acción afirmativa (también denominada «discriminación positiva») se convirtió en algo que debía tener en cuenta el origen de la persona contratada tanto en lugares públicos como en los privados, lo que derivó en el establecimiento de cuotas no sólo en los destinos laborales, sino también en los centros educativos.

De este modo se fijan compulsivamente cuotas de admisión, por ejemplo, para hispanos, negros, homosexuales y mujeres, con lo que se perjudica enormemente el mercado laboral y la excelencia en la educación. En el primer caso, al reducirse la productividad, las tasas de capitalización resultan menores, por lo cual los salarios disminuyen, cosa que, a su vez, repercute de modo muy especial sobre los más necesitados. En el segundo caso, deteriora los niveles de enseñanza, perjudica la calidad de las prestaciones profesionales y, por ende, influye negativamente también en el mercado laboral al reducir los niveles de productividad con los mismos efectos antes apuntados.

Las dos construcciones artificiales de esta época, el political correctness y la affirmative action se conectan entre sí como consecuencia de la incomprensión del significado de la discriminación y el derecho, tanto es así que en muchas universidades suelen tener una Office of Affirmative Action donde también aparecen normas de lo que se considera «políticamente correcto», como es el caso de la Universidad de Michigan (Kors y Silverglate, 1998: 103). Estas dos invenciones contemporáneas contribuyen a destruir la noción del respeto recíproco, el sentido de la investigación y el rigor científico, y reducen el nivel de vida de la población, como hemos dicho, por partida doble. Además de esto, crean tensiones y conflictos entre grupos y etnias, al tiempo que destruyen los marcos institucionales al hacer que la justicia deje de operar en consonancia con el modo como se la simboliza, es decir, con los ojos tapados, resolviendo los casos sin mirar a las partes para asegurar la igualdad ante la ley, y tiende a circunscribir toda la rica gama de relaciones interpersonales a lo puramente racial y sexual, oscureciendo las características individuales únicas e irrepetibles, espirituales e intelectuales de cada uno.

Vamos ahora entonces al tema del cual dependen todos los demás: la educación, para finalmente abordar de manera sintética una peculiar visión de la ecología tal como hemos anunciado. En Estados Unidos (y en todos lados) la educación constituye el sine qua non de todo lo demás: en primer término, la informal, es decir, la adquirida en el seno de la familia y en los ámbitos por los que transcurre la vida de una persona, y la formal, esto es, la educación en el colegio, en la universidad y en las instituciones establecidas para fines de enseñanza y capacitación.

Es tal la importancia y la trascendencia de la formación moral e intelectual en Estados Unidos para explicar la tesis de este libro, que debemos centrar nuestra atención en los conceptos fundamentales implícitos en esta materia y en el significado y en las consecuencias de la educación formal en aquel país, (y para el caso aplicable a cualquier parte del mundo).

El punto de partida para nuestro análisis es la constatación del hecho de que cada ser humano es único e irrepetible desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisiológico y, sobre todo, psicológico (Williams, 1953; Gardner, 1993). Por tanto, las potencialidades, talentos, inclinaciones y vocaciones son diferentes en cada caso. De esta premisa surge la necesidad de liberar a cada persona para que encuentre su camino especial, cualquiera sea éste, siempre y cuando no signifique la lesión de derechos de terceros. Constituye una falta de respeto el pretender cambiar o torcer el rumbo que voluntariamente elija una persona para actualizar sus potencialidades.

En este sentido, la competencia en el campo de la educación formal resulta de vital importancia a los efectos de ofrecer un muy amplio abanico de posibilidades según sean los requerimientos que los educadores estimen pertinentes y convenientes para explorar la potencia creadora de las diversas individualidades. La competencia en materia educacional resulta de mayor trascendencia que en otros terrenos debido a la antes mencionada importancia de esta área, de la cual dependen todas las demás.

No sólo es fundamental el proceso competitivo en la educación debido a la natural auditoría en materia de precios y calidad, sino como mecanismo esencial para el descubrimiento de conocimientos. No hay tal cosa como programas educativos cerrados y terminados. Se trata de un proceso dinámico que siempre está ubicado en el contexto de la prueba y el error en una avenida evolutiva que no tiene término. Se necesitan comparaciones, puntos de referencia y diferentes parámetros en ámbitos donde las puertas y ventanas estén abiertas de par en par al efecto de incorporar la mayor dosis posible de oxígeno renovador.

La ignorancia será siempre mucho mayor que los pequeños fragmentos de conocimiento. «Todos somos ignorantes, sólo que en temas distintos», decía Einstein. Y lo que creemos conocer es siempre incompleto y necesita de la contrastación y la confrontación para corroborar verdades que son de carácter provisorio, en el sentido de que deben estar abiertas a posibles refutaciones.

La educación nunca se completa, es un camino en el que no hay destino final. El proceso de aprendizaje es permanente y es una operación interna, la enseñanza estimula, motiva, crea interrogantes, invita a estudiar y ayuda a explorar potencialidades, pero nunca es un sustituto del aprendizaje.

Las diferencias individuales incluyen el concepto de inteligencia. Todos los seres humanos poseen inteligencia en el sentido del inter legum, capacidad para leer adentro, para conocer y descubrir de muy diferentes maneras. Los exámenes de coeficiente intelectual detectan ciertas inteligencias pero no cubren todo el inmenso espectro de posibilidades. No resulta posible establecer una jerarquía de inteligencias puesto que todos son inteligentes, pero para campos muy distintos. Podrá decirse que tal o cual tipo de inteligencia es más o menos útil para ciertos fines, pero no resulta posible establecer prioridades de niveles de inteligencia en abstracto (Jung, 1917/1981; Asimov, 1977; Barzun, 1959; Bono, 1976; Goleman, 1995; Gardner, 1993). Ésta es la razón por la que resulta tan provechoso el método tutorial de enseñanza; la relación un profesor-un estudiante permite concentrarse en la persona única e irrepetible con potencialidades, talentos, inquietudes y vocaciones distintas a las del resto.

Por el momento, este método resulta muy costoso. Es posible que con el progreso de la cibernética los costos sean más bajos y accesibles para la mayoría. En todo caso, en la actualidad debe sacarse partida de la economía de escala, de ahí la enseñanza en grupos, en colegios y universidades. Pero constituye un salto lógico inaceptable que de este hecho se concluya que los gobiernos deben establecer e imponer programas de estudios o pautas obligatorias y bibliografía también obligatoria, lo cual no sólo constituye una falta de respeto y contradice la premisa de la diferenciación para convertir a las personas en una masa amorfa, sino que retira la auditoría de la competencia y la necesaria oferta distinta, lo cual priva al sistema del mecanismo más potente para obtener conocimientos bajo la inaudita pretensión de que el conocimiento se encuentra concentrado en las burocracias.

En buena parte de la historia de Estados Unidos, no existía Secretaría de Educación. Esta repartición recién apareció en la época de Carter, y Reagan intentó sin éxito abolirla. A partir del establecimiento de controles educativos a las instituciones privadas, y en la medida en que esto ocurre, éstas se convierten de facto en estatales. En otros términos, si lo que decidieran los padres de familia en los colegios estuviera limitado a las características del edificio y al diseño de los uniformes, mientras que el producto que allí se expende, es decir, la estructura curricular y su contenido, incluyendo los textos, depende de las órdenes emanadas del gobierno, esa institución educativa es en los hechos estatal, aunque la propiedad esté registrada a nombre de una comisión de padres. Ésta es la característica central del sistema fascista, a diferencia del comunista, en la que el aparato estatal mantiene simultáneamente el registro, el uso y la disposición del bien en cuestión. Afortunadamente en Estados Unidos el control dista de ser total sobre las instituciones educativas consideradas privadas, pero en la medida en que ello ocurre, la entidad deja de ser privada por los motivos señalados. En la actualidad, es creciente el control de la Secretaría de Educación sobre el sector privado de la enseñanza estadounidense, lo cual constituye un motivo de alarma. El primer paso, entonces, consiste en hacer que las entidades privadas sean realmente y en su plenitud privadas, sin pautas, reglamentaciones ni sugerencias estatales de cómo y qué debe enseñarse.

El segundo paso de gran trascendencia en Estados Unidos, donde lamentablemente la tendencia opera en sentido contrario, es la completa eliminación de todas las instituciones estatales de enseñanza (Herbert, 1873/1978; Tooley, 1996), mal llamadas públicas puesto que las entidades privadas son también para el público. Con esta denominación se pretende ocultar la naturaleza de la entidad, ya que las expresiones estatal, oficial o gubernamental resultan tan chocantes como la literatura o la prensa oficial.

La venta (eventualmente a profesores y alumnos del momento) de las entidades educativas estatales dejaría sin efecto no sólo la estructura vertical desde el poder, que anula la competitividad y elimina la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, sino que esas instituciones dejarían de constituir una injusta carga para los relativamente más pobres. Todos pagamos impuestos, especialmente aquellos que nunca vieron una planilla fiscal vía la reducción en sus salarios, debido a la disminución en las tasas de capitalización, a su vez consecuencia de los impuestos recaudados para establecer y mantener las entidades estatales de educación. Imaginemos una familia muy pobre, tan pobre que no puede afrontar el costo de oportunidad de enviar sus hijos al colegio, porque perecerían por inanición. Esa familia se ve forzada a financiar a las instituciones estatales para que asistan niños más pudientes. Esto constituye una flagrante injusticia para los más necesitados. Y si la familia, con gran esfuerzo, puede enviar a sus hijos a estudiar, se ven obligados a hacerlo a una entidad estatal, de lo contrario se deben hacer cargo de una doble matrícula, un pago por el impuesto y otro para la cuota del colegio privado.

Tampoco es pertinente que el monopolio de la fuerza establezca compulsivamente un «mínimo de educación». En primer lugar, ese «mínimo» se convierte en arbitrario debido a las antes referidas diferencias e intereses de los candidatos y, en segundo término, si hay coincidencia en que se enseñe tal o cual disciplina, es eso lo que se ofrecerá, pero si unos le dieran prioridad a ciertas materias, no hay razón alguna para forzarlos a modificar lo que estiman los padres que es importante (o los candidatos cuando son mayores).

Respecto del denominado «derecho a la educación», conviene precisar que el derecho implica como contrapartida una obligación. Existe la obligación universal por parte de terceros de respetarle el derecho al titular; en cambio, no puede alegarse el «derecho» al bolsillo del prójimo, lo cual significaría que la contrapartida es la obligación de entregar aquellos recursos demandados. Si una persona percibe un salario de diez, existe la obligación universal de respetar ese ingreso, pero si alegara un derecho a veinte cuando gana diez y la autoridad hace lugar a ese «derecho», quiere decir que otros estarán obligados a proporcionar la diferencia, con lo que se lesionarían sus derechos. Esta concepción desviada y contradictoria del derecho es en verdad un pseudoderecho, puesto que no puede otorgarse sin lesionar el derecho de otros. En esta categoría cae el llamado «derecho a la educación», que implicaría que otros estarían forzados a proporcionársela, lo cual, como decimos, lesiona el derecho de estos últimos. Lo mismo ocurre con «el derecho» a una vivienda digna, a hidratos de carbono, vitaminas, salario a cierto nivel, etc. Son todas aspiraciones de deseos legítimas, pero es impropio e inconveniente para los mismos pobres que se faculte a arrancar el fruto del trabajo de otros puesto que esto empobrece a todos.

En realidad, para el ser humano es más importante estar alimentado y con vida que ser educado y, sin embargo, a esta altura de los acontecimientos, por el momento, no se discute en Estados Unidos si el gobierno debe ocuparse de producir alimentos, porque se sabe por la experiencia en otros países que se producirán hambrunas generalizadas. Y esto es lo que sucede en las instituciones estatales de educación: hay hambrunas espirituales y cuando esto no ocurre, es debido a la buena voluntad y renunciamientos de algunos maestros, a pesar de los incentivos naturales que se suceden en la administración de toda empresa estatal. Por eso es que los cálculos que se han llevado a cabo respecto del costo por año y por alumno en las instituciones estatales resultan astronómicos (aunque a veces sólo se toman en cuenta gastos corrientes, ignorando el capital inmovilizado del campus).

El extraordinario aumento y expansión del home-schooling en Estados Unidos tiene su explicación en la baja calidad de la enseñanza de las entidades estatales de educación y en su politización (Kilcka, 1995). Tal como se atestigua en The Economist (6 de junio de 1998), este método de enseñanza desde los hogares, con apoyo a través de Internet, impresiona muy favorablemente a los oficiales de admisión de las universidades del Ivy-League, no sólo en cuanto a conocimientos sino en lo referente al uso del lenguaje y a los modales.

Acabamos de comentar el concepto contradictorio y autodestructivo de la «igualdad de oportunidades» como mutuamente excluyente de la igualdad ante la ley y que, en última instancia, hace de barrera para contar con más oportunidades. No vamos a repetir el análisis aquí, por otra parte tan bien desmenuzado por Anthony de Jasay (1991), pero destaquemos que, en algunos casos, se ha pretendido suplir esta idea a través del sistema de vouchers estatales. Consideramos que este procedimiento muestra un non sequitur de mucho peso. Es decir, pone al descubierto que del hecho de que se sostenga que se debe obligar a unos a financiar la educación de otros a través de la maquinaria fiscal, no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que cada candidato elige cuál es su preferencia de todas las ofertas privadas existentes y aplica a través del voucher.

Pero una vez demostrado este punto, debe indagarse acerca de los efectos del voucher. Armen Alchain (1977/1986) ha demostrado fehacientemente los inconvenientes del sistema y señala con rigor que no es justo que los intelectualmente menos hábiles para atender los requerimientos de ciertas ofertas educativas deban financiar compulsivamente los estudios de otros considerados más competentes. Además, este sistema crea incentivos por parte de la demanda para obtener vouchers y poder aplicar sin cargo directo e incentiva a la oferta a reclutar candidatos cubiertos por el sistema, lo cual resulta más fácil que hacerlo con aquellos que deben sufragar los costos de su propio peculio. Estos estímulos producen un efecto bifronte: por un lado tienden a que el aparato estatal aumente su participación en la educación produciendo una mayor dependencia de las instituciones «privadas» (en verdad, en este caso, privadas de decidir) y, por otra, estos incentivos tienden a elevar el gasto público. De más está decir que estas objeciones no se aplican a los vouchers privados realizados voluntariamente con el fruto del trabajo propio que tanto bien han hecho en los más diversos campos.

Se ha argumentado que la educación es un «bien público». En el penúltimo capítulo abordamos detenidamente el tema de las externalidades, los free-riders y los bienes públicos, aquí sólo nos limitamos a señalar que no es correcto que la educación pueda clasificarse en aquella categoría, puesto que no calza en las condiciones de no rivalidad ni de no exclusión que definen al bien público.

Nuestro análisis no sólo se traduce en la completa libertad de enseñanza, sino que incluye la necesidad de abolir todas las reparticiones que se financian con los recursos de los contribuyentes para imponer criterios que las burocracias consideran educativos. En primer término la eliminación del Departamento de Educación y la Secretaría de Educación y todas las reparticiones que en Estados Unidos se ocupan del tema desde las esferas oficiales, con lo que la educación quedaría en manos de la gente según las pautas que estimen convenientes los profesionales que consideren competentes para el debido asesoramiento. En este contexto, los grados y títulos se otorgarían como se hacía originalmente, es decir, a través de academias o instituciones privadas reconocidas, las cuales estaban incentivadas a otorgar los diplomas según la excelencia, al efecto de preservar su propia reputación (Rothbard, 1974).

Muchos son los académicos preocupados por la enseñanza estatal (por ejemplo, Hague, 1991; Mane, 1973; Shenfield, 1972; West, 1970) pero a los efectos de nuestro tema, ilustramos el problema de la educación en Estados Unidos a través de la medulosa y muy documentada investigación realizada por Sowell (1993).

En esta obra sobre lo que ocurre con la educación en Estados Unidos, Thomas Sowell señala que existe en ese país un poder de lobby muy fuerte, tanto a nivel federal como a nivel de cada Estado, por medio de asociaciones sindicales como la National Education Association y la American Federation of Teachers, las que han promovido una legislación que hace prácticamente imposible el despido de maestros de las escuelas gubernamentales «independientemente de los niveles de incompetencia» (1993: 22). Y las remuneraciones no mantienen «virtualmente ninguna relación con la competencia o incompetencia sino que están básicamente determinadas por la longevidad. […] Un maestro que ha arruinado la educación de una generación tras otra de estudiantes es remunerado en forma creciente» (1993: 22). Y el autor exhibe ejemplos de maestros que incluso confunden el significado de las palabras y que continúan en sus puestos. Afirma que esto resulta posible debido al referido lobby que permanentemente consigue más recursos de los bolsillos de la gente con campañas para una «mejor educación», al tiempo que cuentan en la otra punta con una audiencia cautiva, ya que la ley impone la educación obligatoria (1993: 23).

A su vez, Sowell muestra cómo el aparato político educacional también está abierto al lobby de muy diversos sectores que venden cursos y programas que nada tienen que ver con la enseñanza escolar ni con el ámbito académico, que varían desde la intrusión ideológica a intereses puramente comerciales, lo cual conduce a que el resultado sea un desvío de tiempo valioso y los recursos escasos, apartándose «de intereses académicos que sólo pueden catalogarse como lavado de cerebro en clase» (1993: 33).

Una variedad de cursos y programas bajo las más diversas denominaciones han sido establecidos en todo el país para cambiar los valores, el comportamiento y las creencias de la juventud americana [estadounidense] respecto de lo que se les ha enseñado en sus familias, sus iglesias o los grupos sociales en los que han sido criados. Estos objetivos de darle nueva forma a las actitudes y a la conciencia de una generación son tan negativas como poco conocidas, en parte debido a que mantienen un perfil bajo pero frecuentemente porque se trasmiten bajo nombres altisonantes como programas de «clarificación de valores», «decisiones», «educación afectiva», «investigación», «prevención a las drogas», «educación sexual», «talentosos y superdotados» y muchos otros títulos imaginativos (Sowell, 1993: 34).

El mismo autor hace referencia a cursos de «resensibilización» establecidos por el Departamento de Educación para niños de los primeros grados, que «apuntan a eliminar inhibiciones normales» que consisten, por ejemplo, en «escribir una carta de suicidio», en «construir un modelo de cajón fúnebre para ellos en base a una caja de zapatos», en «pedirle al niño que decida cuales miembros de su propia familia debe sacrificarse primero en una situación extrema de muerte» (1993: 37). Por otra parte, en programas que las autoridades dicen son para «ayudar a los estudiantes a que se conozcan sobre una base más personal», se deben distribuir los alumnos de los primeros años en grupos reducidos que denominan «círculos privados» y se les hacen preguntas del tipo de «¿Qué les molesta más de sus padres? ¿Qué opinan de la homosexualidad? ¿Cuál es su postura frente a la masturbación? Revele quién en su familia le produce más tristeza y por qué. Diga algo respecto a las experiencias sexuales que lo asustaron» (1993: 45-46). Y Sowell agrega

el Departamento de Salud, Educación y Bienestar preparó este cuestionario que incluía preguntas a varones de los primeros años como ¿Con qué periodicidad normalmente se masturba? ¿Con qué periodicidad se involucra normalmente en toqueteo liviano (jugando con los pechos de una niña)? ¿Con qué periodicidad se involucra normalmente en toqueteo pesado (jugando con la vagina de una niña y las áreas circundantes)? Estas preguntas eliminan todas las defensas y dejan al estudiante en una posición vulnerable para el lavado de cerebro […que continúan con] ¿Cuántas veces les hubiera gustado pegarles a sus padres […y] ¿Cuántos de ustedes odian a sus padres? (Sowell, 1993: 46 y 49).

Naturalmente «los padres constituyen el obstáculo mayor para el lavado de cerebro de los niños y son precisamente los valores de los padres los que deben ser anulados» (1993: 51). Luego comienzan los adoctrinamientos en los campos más variados, como textos en los que se ensalza las virtudes del socialismo y otros dogmas en los que se introduce la idea del relativismo al encabezar libros con consejos como el siguiente: «Recuerde que no hay tal cosa como respuestas verdaderas o falsas, son sus respuestas» (1993: 53). Escribe Sowell que las relaciones sexuales entre jóvenes y los embarazos se agudizaron notablemente con las clases de «educación sexual» (1993: 63-64), del mismo modo que últimamente se exacerbó en los colegios el racismo «a partir de las clases de multiculturalismo» (1993: 85) y aumentó la drogadicción a partir de los cursos sobre drogas (1993: 65). «Por ejemplo, los programas de “clarificación de valores” deberían denominarse con más precisión confusión de valores puesto que toda la enseñanza de no juzgar se opone a cualquier conjunto de valores que incluye la noción de lo correcto y lo incorrecto, y sin conceptos de lo que está bien y lo que está mal es difícil saber qué significan los valores» (1993: 65. Énfasis en el original). Por otra parte,

Los estudiantes pueden no castigarse por graves violaciones a las normas de la universidad, incluyendo actos de violencia siempre que estas acciones se lleven a cabo para suscribir ciertas posturas ideológicas acordes con los académicos del momento. Pero violaciones menores o acciones inadvertidas pueden ser penadas severamente con la suspensión o la expulsión si esos actos son contarios al clima de opinión que prevalece. […] Homosexuales, minorías étnicas, feministas radicales, marxistas y activistas del medio ambiente son perdonados en sus transgresiones o incluso aclamados por su idealismo, pero esa actitud no puede esperarse para quienes profesan la posición conservadora (Sowell, 1993: 174-175).

Es paradójico que

se desee reducir la influencia de los padres sobre los estudiantes en nombre de la autonomía individual, mientras que ellos mismos violan la autonomía a través del adoctrinamiento amenazando con castigar a quienes se salgan del libreto oficial […] incluso los dormitorios de las universidades se han convertido en lugares de adoctrinamiento organizado (Sowell, 1993: 177 y 197).

En otro orden de cosas, escribe el autor que la marcada decadencia en la educación en Estados Unidos aparece también a través de otros flancos, como que «las reprobaciones en los exámenes deben evitarse para no afectar egos frágiles. […] Otras maneras de reforzar pérdidas de autoestima consiste en diluir los cursos para que no haya reprobados. Una forma más positiva de abordar el tema consiste simplemente en subir las calificaciones de todos» (1993: 98). Y también se refiere a la decadencia en algunas entidades educativas privadas, en las que se ha llegado incluso a establecer descuentos de las cuotas de los alumnos para financiar actividades políticas que no guardan relación alguna con el mundo académico (1993: 195). Pero la degradación axiológica en sectores de la enseñanza privada tiene otras defensas como el hecho de cambiar de institución y, por otro lado, no se lleva a cabo compulsivamente con los recursos de otros, ni depende de una estructura vertical de poder, incluso en el ejemplo del descuento, independientemente de otras consideraciones, forma parte de las condiciones de admisión.

El autor se detiene a considerar la figura del tenure y explica que originalmente era con la intención de proteger al claustro de las opiniones que formulara fuera de la casa de estudios, mientras que ahora se ha convertido en un protección para lo que hace y dice dentro del recinto universitario (1993: 235-236). Sowell detalla todos los inconvenientes y problemas del tenure (1993: 227 y ss.) y propone su abrogación (1993: 299). La imposición del tenure afecta el derecho de propiedad, lo cual no quita que alguna institución educativa privada lo adopte voluntariamente.

La historia de la educación ha sido muy diferente en cuanto a la competencia, la libertad y la posibilidad de usar el fruto del propio trabajo y no compulsivamente, echando mano a lo que pertenece a otros y donde la ayuda voluntaria y las becas eran otorgadas por quienes deseaban ayudar al progreso del prójimo (Rothbard, 1974). Puede revertirse la tendencia que hoy impera en Estados Unidos si se comprende la gravedad de la situación y los caminos para permitir el respeto recíproco que constituye la base de la sociedad abierta.

El antecedente más remoto de educación compulsiva se encuentra en la República y en las Leyes de Platón, pero recién puede hablarse de educación estatal propiamente dicha como sistema educativo a partir de la Reforma, con Martín Lutero, quien en una carta a los gobernantes en 1524 escribía:

sostengo que las autoridades civiles deben obligar a la gente a mandar a sus hijos al colegio […] si el gobierno puede obligar a los ciudadanos al servicio militar […] y otras obligaciones durante la guerra, con más razón tiene el derecho de obligar a los niños a asistir al colegio, ya que estamos frente al demonio que pretende secretamente arrasar con nuestras ciudades (J.W. Perrin, citado en Rothbard, 1074: 19).

Nos cuenta Rothbard que debido a esta prédica luterana en 1528 se estableció el primer sistema de educación estatal en Alemania. Dice el autor que «Lutero propugnaba la educación compulsiva como un medio de inculcar sus puntos de vista religiosos» (1974: 20). Sigue escribiendo Rothbard que en Suiza y Francia, en 1536 y 1571 respectivamente, el sistema de educación estatal se implantó debido a la influencia de Calvino sobre bases parecidas a las de Lutero pero con una dosis mucho mayor de agresividad e intolerancia con los llamados herejes (1974: 23) y hacia fines del siglo xviii todas las naciones europeas estaban bajo el sistema compulsivo de educación, excepto Bélgica que lo adoptó en 1920 (1974: 31).

Antes que eso, la enseñanza en la Grecia clásica, en buena parte la tradición mora y en el comienzo de las grandes universidades, imperaba la libertad en materia educativa y se realizaban pagos directos de los alumnos que elegían a sus profesores (Coulson, 1999: cap. 2). En la época colonial estadounidense la educación se impartía de modo descentralizado sobre la base de lo que estimaban conveniente los integrantes de las distintas parroquias o comunidades, a veces con la participación de impuestos locales (Coulson, 1999: 73), pero sobre todo, y conviene destacar esto muy especialmente, «todas las colonias establecieron loterías para financiar la educación» (Webber y Wildavsky, 1986: 364). Hoy en día, según las últimas informaciones, el promedio del costo por año por alumno en los colegios estatales estadounidenses es más del doble respecto del mismo promedio de los colegios privados (Coulson, 1999: 371).

En la actualidad, concluye abiertamente el profesor Sowell, «La realidad brutal es que el sistema americano [estadounidense] de educación está en bancarrota» (Sowell, 1993: 285). El sistema

consiste en una cantidad astronómica de regulaciones e imposiciones externas que enredan el sistema educativo en burocracias. […] Han sacado nuestro dinero, traicionado nuestra confianza y mentido sobre los fracasos con calificaciones infladas y lindas palabras. Han usado a nuestros hijos como chanchitos de Guinea para experimentos y objetos de propaganda. […] Han proclamado su dedicación a la libertad de ideas y la búsqueda de la verdad, mientras convirtieron las entidades educativas en bastiones del dogma y en las instituciones más intolerantes de la sociedad americana [estadounidense] (Sowell, 1993: 291 y 296-297).

Como hemos dicho en otros contextos, en materia educativa esto es lo que ocurre en lo que ha sido el país más civilizado y próspero del globo, en donde tuvo lugar la revolución más exitosa de la que tenga registro la historia de la humanidad, basada en el respeto recíproco alimentado por sólidas instituciones y una permanente preocupación por limitar el poder político. No se necesita una imaginación muy frondosa para concebir qué ocurre con los aparatos estatales metidos en la enseñanza en países de África Central y otros rincones del planeta.

La educación estatal opera en base a instituciones estatales. Cuando se afirma que tal o cual empresa estatal «funciona bien» es importante preguntarse respecto de qué, ya que se constituye en base a la fuerza y, por tanto, el punto de referencia o el parámetro de comparación requiere tener en cuenta qué hubieran hecho las personas si hubieran podido disponer del fruto de su trabajo, porque si hubieran hecho lo mismo resulta superflua la intervención estatal. Del mismo modo y bajo el mismo andamiaje analítico, no resulta relevante afirmar que en tal o cual período de la historia determinados colegios estatales «eran buenos». No tiene futuro el hecho de basarse en la buena voluntad y el empeño de estos o aquellos maestros, el problema de fondo es la prioridad en el uso de recursos de la gente y los incentivos para la buena administración y la calidad educativa en competencia y no un mero ejercicio de simulación manteniendo estrecho contacto con los resortes del aparato político, sino permitiendo el contraste con todos los rigores que significan los procesos genuinamente libres.

La intromisión estatal creciente en la educación formal estadounidense se debe a que muchas instituciones denominadas «privadas» han dejado de serlo total o parcialmente por la también creciente aceptación de fondos gubernamentales. Es decir, rematan su independencia. Richard Pipes (1999/2002: 350) escribe que «Cada vez más, las instituciones de la enseñanza superior se encuentran bajo vigilancia de la burocracia federal al contratar y promover al cuerpo docente. Han estado cumpliendo con las exigencias del gobierno pues no pueden permitirse el riesgo de perder el dinero federal» y señala ejemplos extremos como que en un ejercicio la Universidad de Columbia recibió de Washington la mitad de su presupuesto, la de Harvard el 38% y la de Princeton (que tiene el tercer volumen presupuestario en Estados Unidos) el 32,4% (1999/2000: 350-351).

Sin duda que influye en la educación formal —tanto privada como estatal— la estructura axiológica de padres, alumnos y profesores. Si los valores se trastocan y subvierten, la enseñanza de esos pseudovalores no sirven para la formación de la persona al efecto de abrir canales para la actualización de potencialidades en busca del bien y el resultado indefectiblemente será la decadencia. Por esto es que resulta de tanta trascendencia el rol de la familia en la educación y el seguimiento permanente de los padres en la enseñanza que se imparte en colegios y universidades, así como la formación moral de éstos.

El tema de la educación es, ante todo, una cuestión de respeto por las diferencias, primero hacia los padres de los educandos y, luego, hacia éstos cuando son mayores. En una sociedad abierta, cada uno debe asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus actos según sean los caminos que elija seguir. Henry David Thoreau (1854/1962: 345) resume bien este punto: «Si una persona no mantiene el mismo paso que sus compañeros, tal vez sea porque oye un tambor diferente. Déjenlo que mantenga el paso de la música que oye, cualquiera sea su medición y la lejanía de sus acordes».

Hans F. Sennholz (1993: 1-6) resume muy bien el problema en Estados Unidos del siguiente modo:

La meta principal de la educación consiste en elevar a hombres y mujeres que son capaces de vivir en paz y productivamente en la sociedad humana. […] A través de la mayor parte de la historia americana [estadounidense] los colegios de iglesias y de vecinos fueron construidos sobre este tipo de educación. […] Las universidades completaban la tarea. En el tiempo de la Guerra Revolucionaria había nueve universidades y ya para la época de la Guerra Civil había doscientas instituciones de altos estudios, muchas de las cuales fueron fundadas por diversas denominaciones religiosas. […] La idea de la educación estatal provino de una variedad de fuentes intelectuales. La fuente más vieja fue indudablemente la del mercantilismo estatista que asignaba buena parte del control de la vida económica al Estado. […] El conflicto fue claramente visible en el caso de Darmouth College en 1819. La legislatura de New Hampshire se apoderó de la institución a través de la modificación de sus estatutos sin el consentimiento de los trustees […quienes] demandaron al gobierno. […] La Corte Suprema, bajo la presidencia de John Marshall, declaró que los estatutos eran inviolables. […Sin embargo], para los reformadores el poder estatal de enseñar y entrenar a maestros es una herramienta potente […e]s la maquinaria de adoctrinamiento más poderosa que cualquier otra actividad gubernamental en los asuntos humanos. […] La educación gubernamental desde el jardín de infantes hasta la universidad abrió el camino para los ejércitos de legisladores, reguladores, recolectores de impuestos, asesores, inspectores, policías, jueces y carceleros. […] En todos los niveles de la educación gubernamental, la libertad de reflexión y análisis serios se abandonaron en pos de la actitud «políticamente correcta». El desvío de esa línea invita a la censura, la condena e incluso la expulsión. Pobre del profesor que se atreva a cuestionar o ignorar los edictos del Departamento de Educación. […] Las instituciones estatales de educación […] son campos de entrenamiento de luchas entre bandas, lenguaje obsceno y modales atroces. […] Los colegios públicos [estatales] son centros de adoctrinamiento. […] Ubica al gobierno en el centro de todos los problemas económicos y sociales y llama a políticos para que los resuelvan. […] Se podrá elegir entre diferentes colegios, academias privadas, colegios parroquiales e incluso homeschooling. […Pero] la libertad de elegir no incluye la libertad de pagar sólo lo que se elige.

Pasemos por último a la ecología, que ocupa una parte muy sustancial del debate en los más diversos foros estadounidenses. El tema es de una extraordinaria importancia puesto que, como decíamos, mal encarado, por esta vía, en la práctica, se logra la eliminación de la institución de la propiedad privada. Esto es así debido a las figuras del «derecho difuso» y a la «subjetividad plural», que se traducen en que el medio ambiente es patrimonio de toda la humanidad y, por tanto, se continúa diciendo, cualquiera podría accionar judicialmente contra lo que hace un propietario con su propiedad si considera o conjetura que afecta el ecosistema, aunque el demandante no resulte dañado.

Con este criterio, nadie podría usar y disponer de lo suyo puesto que terceros podrían inhabilitarlo alegando, en abstracto, un perjuicio a la humanidad. En otros términos, paradójicamente, para proteger la propiedad del planeta, se eliminaría la propiedad. Sin duda que, por ejemplo, la emisión de monóxido de carbono en el aire que respira el vecino lesiona el derecho de propiedad del mismo modo que lo hace el hecho de arrojar ácido sulfúrico en su jardín. Por esto es que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, resulta necesario que sean los gobiernos los encargados de velar por el derecho de propiedad, pero la aplicación de la figura de los «derechos difusos» contraría ese propósito.

Se contraría ese propósito cuando los gobiernos se inmiscuyen en la ecología y no se limitan a garantizar derechos. En otras partes de este libro hemos señalado el significado del mercado, es decir, las consecuencias que producen millones de arreglos contractuales que son preferidos por la gente. Se trata de aprovechar y dar el mejor uso posible a los recursos disponibles según sean los reclamos de la gente. No hay tal cosa como el antropomorfismo de «la humanidad», como un ente separado de los individuos concretos a la que agentes especialmente sabios deben atender.

En este sentido hago una breve digresión para ilustrar los errores antropomórficos con una respuesta de Carlos Escudé a un periodista que le preguntó si le parecía bien que la Argentina se arrodillara ante el FMI. Escudé respondió que no opinaría sobre la deuda porque manifestó no ser economista, pero agregó que de una cosa estaba seguro y es que la Argentina no tiene rodillas.

Como hemos señalado, la información y el conocimiento están fragmentados y dispersos entre los actores. Los resultados de las innumerables transacciones e intercambios se traducen en precios que, a su vez, trasmiten la aludida información que no se encuentra en ningún comité político ya que la misma no está disponible antes que las evaluaciones y acciones específicas tengan lugar.

Cuando se estima que cierto recurso será más escaso o se le atribuye mayor valor para usos alternativos más apreciados, los precios suben, lo cual fuerza a reducir el consumo, al tiempo que incentivan el reciclaje o, si fuera posible, el uso de sustitutos. Este mecanismo y estas salvaguardas no ocurren cuando la propiedad es «de todos» o es administrada por el aparato político, puesto que aparece lo que el biólogo Garret Hardin (1968) ha bautizado como «la tragedia de los comunes» ya que, además de lo dicho, el bien propio se cuida de un modo distinto de lo que lo hacen los políticos respecto de lo que pertenece a terceros (por esto es que el parque estatal no está tan bien cuidado como el jardín de nuestra casa). Tal como reitera Bethell (1998: 273), subyace aquí un tema crucial que es el de incentivos.

Cuando se reiteran los fracasos de las estructuras burocráticas, se pretende remediar la situación cambiando de funcionarios o exigiendo una mayor dosis de recursos, sin embargo, cuando el fracaso es privado los quebrantos o las menores ganancias obligan a que se cambie de rumbo so pena de sucumbir completamente. La ecología está inmersa en un proceso, no se trata de contar con ciertos datos estáticos y «dados», por ello es que los actores en los distintos puntos en los que desarrollan sus actividades proporcionan la información relevante y cambiante en el contexto del mercado. Constituye una presunción del conocimiento y una arrogancia pretender manejar el fluir del ecosistema y sus infinitos trade-offs desde afuera, en las esferas gubernamentales. También constituye una demostración de soberbia el hecho de que los gobiernos pretendan controlar el ritmo de crecimiento «para no consumir tantos recursos» con todos los graves desajustes que esto genera, cuando, por el contrario, los procesos abiertos permiten minimizar la polución y aumentar la productividad recurriendo a un uso menor de recursos tal como lo demuestran, entre otros los muchos trabajos recopilados por Julian Simon y Herman Kahan (1984) y los recopilados por Ronald Bailey (tal como Balling, 1995).

Pongamos por caso el agua, tan necesaria para la vida del hombre. Los humanos estamos constituidos por agua en el 70%, nuestro planeta está compuesto por agua en sus dos terceras partes, si bien es cierto que en su mayoría es salada o está bloqueada por los hielos. Sin embargo, nos relata Fredrik Segerfeldt (2005: 13) que hay una precipitación anual sobre la tierra firme de 113 mil kilómetros cúbicos de la que se evaporan 72 mil, lo cual deja un neto de 41 mil que significa 19 mil litros por día por persona en el planeta, pero, simultáneamente, se mueren debido al agua contaminada y en malas condiciones, millones de personas por año.

El autor explica que esto se debe al manejo del agua por parte del Estado, situación que no ocurre cuando la administran privados, por eso dedica espacio a mostrar las ventajas y las experiencias en las que se asignan derechos de propiedad (2005: cap. 4). También ejemplifica (2005: cap. 3) con los casos de Camboya, Ruanda y Haití donde las precipitaciones son varias veces mayores que en Australia y, sin embargo, debido a «la tragedia de los comunes» en la recolección, purificación y distribución, en los primeros casos persiste la «crisis del agua» mientras que en el segundo no existe tal crisis. Por esto es que en la contratapa del referido libro aparecen opiniones como las del premio Nobel en Economía Vernon L. Smith, quien escribe que «El agua se ha convertido en un bien cuya cantidad y calidad es demasiado importante para dejarla en manos de las autoridades políticas» y Martin Wolf, editor asociado del Financial Times, de modo similar y en el mismo lugar, anota que «el agua es demasiado importante para que no esté sujeta a las fuerzas de mercado».

Del mismo modo que se ha sugerido en Estados Unidos la privatización del mar para evitar «la tragedia de los comunes» y la dilapidación de los valiosos recursos marítimos, debería procederse de igual modo con lagunas y ríos. Al fin y al cabo nada es diferente respecto de los argumentos para asignar derechos de propiedad en tierra firme, la única diferencia es que en un caso se mueve y es líquido y en el otro es sólido (no todo el subsuelo) y no fluye a ojos vista.

El agua subterránea se puede asignar junto con la propiedad del subsuelo, es decir, al primer ocupante o a quien la estaba explotando en carácter de concesionario. Si las napas revelan una cantidad mayor que las necesidades de agua, no habrá conflicto. Si esto no ocurre, es de interés destacar el sistema que se aplicaba en el oeste estadounidense, tomado primero del common law inglés (riparian water doctrine) y luego perfeccionado (arid region doctrine). Se utilizaban los mismos conceptos de apropiación y transferencia que la tierra, a través de los cuales podían coexistir varios dueños con derecho a utilizar cierta cantidad de metros cúbicos por unidad de tiempo (eventualmente variables con la época del año), aplicables a todos los afluentes y en algunos casos con peajes, lo cual, como más adelante explicaremos, fue precisamente el origen del peaje en los canales y ríos navegables en Estados Unidos y en Inglaterra durante el siglo xviii.

La conservación de especies animales es un caso paradigmático. Las ballenas se extinguen, lo cual no ocurre con las vacas. Esto no siempre fue así. En la época de la colonia en Estados Unidos las vacas y los búfalos estaban en extinción debido a que no existía asignación de derechos de propiedad y los animales se cuereaban para usar algo de la piel o se mataban para ingerir algo de carne. Luego apareció la revolución tecnológica del momento: primero la marca y luego el alambrado. Cuando no eran los animales «de todos», los propietarios cuidaban y hacían que sus haciendas se reprodujeran, a diferencia de lo que ocurría antes porque naturalmente nadie se preocupaba de los cuidados para que otros usufructuaran de los beneficios.

En África es de interés destacar la experiencia realizada en Zimbabwe, en donde se asignaron derechos de propiedad sobre la manada, mientras que en Kenya se mantuvo la propiedad común. En este último caso en sólo 11 años la población de elefantes se redujo de 167 mil a 16 mil, mientras que en el mismo período se elevó de 40 mil a 50 mil en Zimbabwe a pesar de contar con un territorio mucho más desventajoso respecto del de Kenya, donde naturalmente se ametrallaban elefantes en busca de marfil y nadie estaba incentivado a conservar y multiplicar la manada (también puede consultarse Sugg y Kreuter, 1994). Desde luego que la aludida asignación de derechos no significa que se conservarán todas las especies. Por ejemplo, la conservación de las bacterias haría que no se consuman antibióticos lo cual eventualmente conduciría a la extinción de la especie humana. La conservación de cucarachas no es en general algo deseable, etc. Por otra parte, hay desaparición de especies antes incluso de que el hombre habitara la tierra, como es el caso de los dinosaurios.

Tampoco tiene sentido apuntar a la polución cero ya que, en ese caso, habría que abstenerse de respirar. Siempre hay trade-offs. En algunos casos, cuando hay serias controversias y dudas, no se puede proceder como si se tuviera toda la información relevante. Tal es el caso del llamado «efecto invernadero» o la perforación de la capa de ozono. Dicha capa es un tipo de oxígeno que envuelve el globo en la estratósfera. Se constituye cuando las moléculas de oxígeno reciben rayos ultravioletas. Cuando se perfora la capa, la tierra recibe los mencionados rayos ultravioletas, lo cual produce cáncer de piel, cataratas y debilitamiento del sistema inmunológico. También esos rayos afectan las células de las plantas oceánicas que, a su vez, hacen que desaparezcan peces, lo cual, en última instancia, trastoca la cadena biológica.

Sin embargo, hay otras opiniones científicas que sostienen que las temperaturas de la tierra en realidad no se elevan y no existe tal cosa como «el efecto invernadero», sino que en muchas extensiones ha habido un engrosamiento de la capa de ozono y allí donde se ha debilitado o perforado, provoca que los rayos ultravioletas al tocar la superficie marina generen mayor evaporación y, consecuentemente, nubes de altura, lo cual dificulta la entrada de rayos solares y provoca un enfriamiento del planeta, que es detectado si se realizan adecuadas mediciones tanto desde la tierra como desde el mar (Hartmann y Doelling, 1991).

También se sostiene en este controvertido debate en Estados Unidos que el fitoplancton consume dióxido de carbono en una proporción diez veces mayor a todo lo liberado por todos los combustibles fósiles y que los problemas en la capa de ozono se deben en grado importante a fenómenos meteorológicos como las erupciones volcánicas. Por otra parte Robert C. Balling (1995: 89) sostiene que las emisiones de dióxido de sulfuro a través de aerosoles compensa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera por el enfriamiento adicional del planeta que genera. Incluso respecto del dióxido de carbono, el Excecutive Committee of the World Meteorological Organization en Ginebra apunta que «el estado del conocimiento actual no permite realizar predicciones confiables acerca de la futura concentración de dióxido de carbono o su impacto sobre el clima» (citado en Landsberg, 1984: 295).

Más aún, según Balling (1995: 84)

la temperatura de la Tierra se ha enfriado en 0,13 grados centígrados desde 1979, de acuerdo a las mejores mediciones satelitales. […] A pesar de que modelos computarizados sobre el [efecto] invernadero predicen que el calentamiento mayor ocurrirá en la región ártica del hemisferio norte, los registros de la temperatura indican que en el Ártico las temperaturas se han reducido en 0,88 grados centígrados durante los pasados cincuenta años.

Es que aquí se vuelve a plantear el tema de los trade-offs. En algunos medios se sostiene que lo que provocaría los problemas en la capa de ozono son los clorofluorcarbonos que destruyen las mencionadas moléculas, debido a los refrigeradores y aparatos de aire acondicionado, los combustibles de los automotores y eventualmente ciertos solventes para limpiar circuitos de computadoras. El trade-off aparece cuando se documentan las intoxicaciones que se producirían debido a la refrigeración y acondicionamiento deficiente de la alimentación y cuando se exhiben las estadísticas de los aumentos de accidentes viales debido a la fabricación de automotores más livianos.

Igual que con la medición de decibles, la emisión de monóxido de carbono y similares pueden hoy detectarse debido a notables avances tecnológicos que facilitan la localización del origen de la lesión a derechos de terceros. Hay ahora instrumentos como el remote sensoring y los tracers que facilitan enormemente la tarea y la identificación del problema. Los dos sistemas se ubican en las esquinas de las calles para detectar con precisión la magnitud de la polución que emite individualmente cada vehículo, chimeneas y conductos similares al efecto de poder delimitar y garantizar derechos.

Por su parte, la lluvia ácida se traduce en precipitaciones que incluyen ácido nítrico y ácido sulfúrico que proviene de algunos tramos de la actividad industrial, especialmente de plantas eléctricas que generan emisiones de dióxido de sulfuro y óxido de nitrógeno. Esto provoca daño a vegetales y crea acidez en los ríos y lagos con todas las consecuencias para las especies que allí se desarrollan. Ahora bien, como se ha señalado, esta relación no es lineal, depende de la presencia de agentes alcalinos y agentes oxidantes y de elementos amortiguadores de los ácidos. También se mantiene que, por ejemplo, hay musgos que contienen ácidos orgánicos que potencian el aluminio que se encuentra en la tierra, lo cual produce material altamente tóxico para las raíces de las plantas (Sandera y Shaw, 1999: cap. 15). Por último, Volker A. Mohnen, en Scientific American (1988), sostiene que no hay correlatos verificados entre emisiones de gases y lluvia ácida.

En cualquier caso, donde se prueba un daño debe rectificarse, lo importante consiste en establecer incentivos para minimizar problemas y maximizar el aprovechamiento y la conservación de los recursos para lo cual debe despolitizarse el proceso manteniendo el monopolio de la fuerza para proteger derechos y no para arrogarse facultades que no sólo exceden sus capacidades sino que se traducen en daños de importancia, a veces irreversibles. Esto mismo fue señalado durante la Revolución Industrial, cuando las burocracias pretendieron dosificar el uso del carbón que a poco andar fue reemplazado por el petróleo. Terry Anderson y Donald Leal (1991: cap. 3) muestran los distintos problemas creados por la natural politización en los parques nacionales y ejemplifican el punto detenidamente con el caso del Yellowstone National Park.

Estos autores se refieren a la arrogancia de los partidarios del denominado «desarrollo sustentable» y escriben (1991: 170) que «Ya es suficientemente difícil intentar la administración del Yellowstone National Park como ecosistema, para no decir nada de la totalidad de la Tierra». El «desarrollo sustentable» no es más que otra denominación para la planificación estatal de la economía con todos los problemas técnicos que hemos señalado en la materia. En verdad prefieren recurrir a la expresión «desarrollo» en lugar de progreso puesto que queda patente que esto último significa lo desconocido y es una inconsistencia el hecho de planificar lo que no se conoce. Sin embargo, como ha escrito Warren Nutter (1965/1983: 42) el desarrollo es más de lo mismo, como el desarrollo de un tumor, por eso los economistas intervencionistas y buena parte de los organismos internacionales del gobierno son afectos a ese término.

El «desarrollo sustentable» pretende controlar desde el monopolio de la fuerza a qué tasa debe crecer la economía, cuáles han de ser los precios de los recursos, cuáles las reservas, cómo ha de evolucionar la población y con qué criterios políticos debe administrarse el ecosistema (incluso proyectan la duración de los recursos renovables y no renovables extrapolando los precios del momento con un criterio estático, sin percibir que cuando el mercado duplica precios está automáticamente duplicando reservas). Anderson y Leal (1991: 169 y 171) nos enseñan que

Los precios de mercado disciplinan a los consumidores para que asignen sus limitados presupuestos entre requerimientos competitivos y disciplinan a los productores para que conserven los recursos más caros y más escasos al encontrar sustitutos que son menos escasos. Esta disciplina opera bien mientras los consumidores y los productores se enfrentan al monto total de los costos de sus actos. Se destruye cuando los efectos sobre terceros o externalidades permiten que los costos se impongan a otros sin su consentimiento. […] El desarrollo sustentable, sin embargo, se ubica en agudo contraste con el medio ambiente de mercado en cuanto al mecanismo adecuado de la disciplina. La política del desarrollo sustentable requiere regulación política para disciplinar a los consumidores y a los productores para limitar el crecimiento económico. […] El tratamiento del medio ambiente a través del mercado libre enfatiza que el crecimiento económico y la calidad del medio ambiente no resultan incompatibles. De hecho, los ingresos altos permiten afrontar una mayor calidad del medio ambiente, además de los bienes materiales. No es ningún accidente que los países menos progresistas tienen más polución y más riesgos ambientales.

En Estados Unidos los denominados «verdes» han logrado por la vía de la ecología deteriorar el derecho de propiedad y, consecuentemente, amenazan con un deterioro en lo que dicen que desean conservar. Éstos son los resultados hasta el momento, a pesar de que no son pocos los estadounidenses que se pliegan a estos movimientos con la mejor buena fe y espíritu de colaboración para contar con un medio ambiente más sano y confiable. Pero como hemos dicho, en ésta y en otras materias lo relevante no son las intenciones sino los resultados. En ese país, desde hace más de 15 años, se ha puesto de manifiesto que el progreso de las ideas socialistas ha resultado más eficaz por el camino de la ecología que por otras vías ensayadas hasta el momento (Stroup, 1990).

Se sostiene que a veces es más contundente para movilizar en dirección a una intromisión mayor del aparato estatal el hecho de mostrar un pato cubierto con alquitrán que un niño con el abdomen deformado por el hambre. El socialismo pretende el debilitamiento de la propiedad, no está especialmente interesado en insistir en la exploración y explotación de un camino u otro para lograr su meta.

Dibujar a la sociedad abierta como un mecanismo diabólico que empobrece, dilapida recursos y prostituye el medio ambiente es, lamentablemente, un lugar común hoy en Estados Unidos aunque, como proviene del campo socialista, se ocultan tragedias como las de Chernobyl, que afectaron a medio mundo (para no decir nada de los desastres ecológicos acaecidos en otros regímenes socialistas tal como lo documenta Bernstam, 1991). Por eso es que debe prestarse especial atención a este debate, que en estos momentos es también parte central de la educación estadounidense, que recientemente ha incorporado un ataque a los transgénicos que tantos beneficios en cantidad y calidad han producido para la humanidad.

En este contexto, dada la soberbia y la presunción de conocimiento que impulsan a los Al Gore de nuestra época por arrogarse la facultad y la posibilidad de manejar el ecosistema, tal vez no esté de más —para introducir un poco de humildad y recato socráticos— recordar un pensamiento de Adam Smith (1759/1969: 386):

La administración del gran sistema del universo y el cuidado de la felicidad universal de todos los seres racionales y sensibles es, sin embargo, la tarea de Dios y no de los hombres. Al hombre le está reservado un departamento mucho más modesto, pero uno mucho más ajustado a las debilidades de sus poderes y a la limitación de sus conocimientos.

En esta parte del capítulo que ahora concluimos, hemos aludido a otro ejemplo que no sólo es aberrante y extraviado respecto del espíritu de la Constitución estadounidense, sino que —igual que en el caso de la educación— resulta sumamente peligroso puesto que, como hemos dicho, a través de las figuras del «derecho difuso» y la «subjetividad plural» se hace tabla rasa con la institución de la propiedad privada que los Padres Fundadores consideraban la esencia de la sociedad libre. Guy Sorman (1994: 413 y 417) escribe que

El ecologismo es la única ideología alternativa al capitalismo con ambición universal nacida en Estados Unidos. […] El primer partido «verde» de Europa se fundó en Alemania y su creadora fue una estadounidense. […A]yer, los puritanos quemaban brujas, hoy, el ecologista quema simbólicamente a los fumadores, mañana les tocará el turno a los automovilistas y, en tercer término, a las madres de las familias numerosas. […Hay una] deriva autoritaria subyacente en la ecología.

La economía

La libertad de comercio y la libertad irrestricta del sujeto para disponer o usar de su propiedad como le plazca, es absolutamente necesaria para la prosperidad de todas las comunidades y para la felicidad de todos los individuos que las integran.

Pelatiah Webster, 1779

En el capítulo referido a los comienzos de la declinación en Estados Unidos, nos hemos detenido a considerar el punto de inflexión que estableció la política económica (e institucional) de Roosevelt en cuanto al marcado intervencionismo estatal y el consecuente aumento del gasto público, junto con todas las medidas estatistas en materia laboral, monetaria, fiscal y del sector externo que condujeron a severas crisis y desajustes.

En este capítulo señalamos que la deuda estatal del gobierno central en Estados Unidos se ha duplicado en los últimos diez años y representa el 70% del producto bruto interno, sin contemplar los compromisos off the budget ni las deudas de los Estados miembros y las municipalidades. Solamente durante el mandato de George W. Bush, el Ejecutivo pidió al Legislativo cuatro modificaciones al tope de la referida deuda. La mitad de la deuda del gobierno estadounidense se encuentra en manos de ciudadanos no estadounidenses, lo cual hace posible que el gobierno no sólo consuma los ahorros de los locales sino que eche mano al ahorro externo, situación que provoca que la tasa de interés sea más baja de la que hubiera sido de otro modo.

En rigor, la deuda pública resulta incompatible con la democracia, puesto que compromete el patrimonio de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda. En esta línea de pensamiento, la financiación del monopolio de la fuerza debería limitarse a la utilización de recursos presentes. En este sentido, Thomas Jefferson (1798/ 1904: 481), en correspondencia dirigida a John Taylor, ha escrito enfáticamente que

Desearía que fuera posible introducir una enmienda a nuestra Constitución. Estaría dispuesto a depender solamente de ella para la reducción de la administración de nuestro gobierno en base a los principios genuinos de la Constitución; quiero decir, un artículo adicional por el que se saque del gobierno federal el poder de endeudarse.

Esto lo sostenía porque consideraba a «la deuda pública como el peligro más grande que debía temerse» (citado en Kimmel, 1959: 8).

Michael Tanner (2007: 142-143) escribe que por cualquier medición que se tome

George W. Bush es uno de los presidentes que más ha gastado en la historia [de Estados Unidos]; el incremento experimentado de la ratio gasto público sobre el producto bruto interno representa la tasa más rápida de una administración desde Franklin Roosevelt […y rubros] como los gastos de defensa representan una tasa de crecimiento anual del 8,8 por ciento durante el ejercicio del presidente [George W.] Bush, lo cual constituye el aumento más rápido en cualquier época durante los últimos cuarenta años.

El alarmante desorden presupuestario y la debilidad del sector público estadounidense puede apreciarse, por ejemplo, con lo que nos informa el mismo autor en cuanto a que «para el 2017 la Seguridad Social estará pagando una suma mayor que todos los impuestos [federales] recaudados» (2007: 129). Desde luego que esto no contempla los abultados intereses de la deuda estatal, el medicaid, el medicare, la defensa, ni ningún otro rubro del presupuesto del gobierno central que, en el mencionado año, no podrían pagarse por falta de fondos.

El deterioro en la economía y en los marcos institucionales de Estados Unidos, acentuados por George W. Bush, serán responsables no sólo de la decadencia de la tradición conservadora en el Partido Republicano, sino que abre cauces para el fortalecimiento de posibles gobernantes del futuro como Hillary Clinton o similares que intensificarán la presencia devastadora del aparato estatal en el escenario político.

La participación del Estado en la renta nacional en Estados Unidos ha crecido en el 1.000% desde su posición con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, es decir, diez veces. Nos dice Chris Edwards (2005: 11) que dos ejercicios fiscales atrás, solamente la burocracia del gobierno central estaba constituida por 34 millones de personas entre civiles y militares y que cada año se editan en promedio 75 mil nuevas páginas de regulaciones.

Ronald Reagan ilustra la tremenda ineficiencia de los tentáculos del aparato estatal —de lo que el mismo fue en gran medida víctima, a pesar de su insistencia en denunciarla hasta el último minuto de su gestión gubernamental— al relatar que «en Inglaterra, en 1803, se creó un nuevo cargo en el gobierno. Requería una persona en la colina de Dover con un catalejo y que debía tocar una campana cuando viera que avanzaba Napoleón. El cargo recién se eliminó en 1945» (1978/2002: 118). Y a continuación expresó que «Cuando yo estaba en el colegio, el gobierno —federal, estatal y municipal— sacaba diez centavos de cada dólar ganado y menos de un tercio era para la estructura federal. Hoy los gobiernos —federal, estatal y municipal— sacan 44 centavos de cada dólar ganado y dos tercios son para financiar a Washington» (1978/2002: 118).

Reducir el tamaño del gobierno de manera significativa parece una tarea condenada al fracaso. En este sentido, resulta de gran interés seguir la peripecias que relata Bruce Bartlett (2007) de lo que en Estados Unidos se denomina la teoría de starve the beast en el sentido de que, dadas las dificultades para cortar gastos, según esta línea de pensamiento lo relevante es cortar impuestos para que, a su debido tiempo, los legisladores se vean obligados a abocarse a la reducción del déficit resultante, lo cual, siempre según esta visión, terminaría en una reducción del gasto público. Esta tesis fue apoyada enfáticamente por muchos economistas de renombre y rechazada por otros intervencionistas bajo el supuesto de que starve the beast reduciría el gasto estatal. Pues las cosas no ocurrieron de esa manera. Tal vez la experiencia más contundente fue durante la administración de Reagan, en la que no sólo aumentaba el gasto después de reducidos los impuestos, sino que el posterior compromiso parlamentario para reducir las erogaciones si se elevaban los impuestos, se cumplió sólo en este último aspecto manteniendo e incrementando el otro lado del binomio. George W. Bush volvió sobre la idea de cortar impuestos para que no se gastara más vía la utilización del superávit que dejó la administración de Bill Clinton, lo cual, como queda expuesto, se tradujo en aumento del gasto no sólo hasta consumir el resultado superhabitario que mencionamos, sino que produjo un enorme déficit y un astronómico incremento en la deuda federal.

Si la encrucijada es apremiante en Estados Unidos, con su notable tradición y sus instituciones todavía básicamente funcionales, no parece tarea nada fácil para aquellos países que no cuentan con esas ventajas. En este contexto, tal vez resulte de interés remitir al lector a nuestro penúltimo capítulo al efecto de vislumbrar una esperanza y abrir un debate para el porvenir, de lo contrario, aparentemente, se vivirá incrustado en el pasado en lugar de abrir las puertas al futuro, reincidiendo en problemas agudos en lugar de despejar telarañas mentales y estudiar nuevas perspectivas que pueden eventualmente traducirse en alimentar posibilidades para salir de la referida encrucijada.

Luego pasaremos a considerar detalladamente uno de los aspectos más resonantes y negativos de la política estadounidense (tanto para Estados Unidos como para los países receptores), cual es la llamada «ayuda externa» junto con las falacias tejidas en torno al sector externo en general y, en este contexto, el rol del empresario y el significado de lo que han dado en llamarse los robber barons. Pero antes que nos aboquemos a ese tema crucial, señalemos que en el referido capítulo sobre los comienzos de la declinación en Estados Unidos, también mencionamos el establecimiento del impuesto a la renta que se implantó con carácter progresivo y la constitución de la banca central, ambas medidas adoptadas inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial. En esta oportunidad es de interés aludir brevemente al significado económico de ambas políticas.

Como es sabido, hay dos grandes tipos de gravámenes. Los proporcionales y los progresivos. Los primeros significan que la alícuota se aplica en proporción al objeto imponible, es decir, todos los contribuyentes pagan igual porcentaje y, naturalmente, en los casos en los que el objeto imponible refleja valores mayores, mayor será la suma a pagar. En cambio, el impuesto progresivo implica que allí donde el objeto imponible es mayor, el impuesto será más que proporcional, en este caso la alícuota será creciente.

Tomemos el impuesto a la renta que es el caso que nos ocupa. Los efectos principales del gravamen progresivo son cuatro. En primer término, constituye un privilegio para los más ricos ya que éstos se ubican en el vértice de la pirámide patrimonial antes de la implantación del impuesto de marras. Pero los que vienen ascendiendo trabajosamente la pirámide son expoliados progresivamente con lo que les resulta imposible cambiar significativamente su situación patrimonial. Del mismo modo, este bloqueo a la movilidad social dificulta el descenso en la pirámide por parte de aquellos que no rinden adecuadamente a juicio de sus congéneres en el mercado.

En segundo lugar, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. Es decir, cada uno, en el plebiscito diario del mercado, con sus compras y abstenciones de comprar, va estableciendo las diversas posiciones patrimoniales relativas según como sus proveedores los atiendan. Después de ocurrido este proceso, el gravamen progresivo trastorna esas indicaciones, con lo que quedan sin efecto las previas indicaciones de los consumidores. Esto último significa que se desperdicia capital ya que los siempre escasos factores de producción no se encuentran en las manos más eficientes. Y el consiguiente consumo de capital hace que los salarios e ingresos en términos reales se reduzcan.

En tercer lugar, el impuesto progresivo es en verdad regresivo. Eso es así debido a que las tasas de capitalización fueron amputadas, lo cual conduce a menores inversiones que, a su vez, no permiten aumentar salarios. Y los salarios congelados o disminuidos de estas personas significan que sobre éstas es que recae en definitiva el impuesto. Se dice que el aparato estatal puede invertir la diferencia, pero hay dos problemas en esta conclusión apresurada. Primero, no es técnicamente aceptable aludir a la «inversión pública». El ahorro es abstención de consumo y el destino es la inversión. Por su parte, esta última siempre implica que el dueño de los recursos estima que obtendrá un provecho mayor en el futuro que en el presente (ese es el sentido de la inversión, sea en dinero o en otros bienes). En este sentido, constituye una contradicción en términos el hecho de aludir a la «inversión forzosa», esta última es siempre gasto (cuando no derroche). Entonces, la llamada «inversión pública» es, en rigor, siempre gasto que podrá consumirse en el acto o podrá mostrar una mayor durabilidad. Segundo, las colocaciones gubernamentales son necesariamente distintas de las que hubiera realizado la gente si hubiera podido disponer de sus recursos.

Por último, resulta paradojal que se insista en la importancia de producir y, simultáneamente, se establece un castigo progresivo a la eficiencia. Éstas son las razones más importantes por las que hubo tantas objeciones en Estados Unidos cuando se reformó la Constitución para introducir este gravamen y ésta es la razón por la que Marx y Engels (1848/1972) insisten en la progresividad del impuesto para debilitar aquello que bautizaron como «el sistema capitalista».

Por otra parte, tal vez ninguna manifestación haya sido tan clara sobre la voracidad fiscal en general como la canción «Taxman» de uno de los Beatles, George Harrison: If you drive a car, I’ll tax the street/ If you try to sit, I’ll tax the seat/ If you get too cold, I’ll tax the heat/ If you take a walk, I’ll tax your feet. La experiencia más eficaz en Estados Unidos en cuanto a la reducción simultánea del aparato estatal —aunque no de modo significativo ni permanente— y de los impuestos fue realizada durante el gobierno de Jefferson. Albert Jay Nock (1956/1983: 149 y 151) escribe que, además de la reducción en el gasto público,

tuvo lugar una considerable reducción en los impuestos a la producción. El impuesto sobre el consumo fue abolido para [ciertos] productos agrícolas. […] Los impuestos directos de distinto tipo, establecidos durante la fiebre de la guerra de 1789, se eliminaron. Al finalizar su primer período, Jefferson pudo proclamar que «es el placer y el orgullo del americano [estadounidense] preguntar qué granjero, qué mecánico, qué trabajador ha visto un recolector de impuestos de Estados Unidos». Esto era literalmente cierto […aunque seguía preocupado] por «la monarquía que ha sido llamada falsamente federalismo».

Respecto a la banca central —en este caso la Reserva Federal— conviene recordar que puede operar sólo en tres direcciones. Decidir a qué tasa va a expandir, a qué tasa contraerá la masa monetaria o si la dejará inalterada. En cualquiera de los tres casos estará alterando los precios relativos, lo cual significa que se transmiten señales (precios) falsas a los operadores económicos que, a su turno, hacen que se malasignen recursos, es decir, se desperdicie capital. Y, como hemos apuntado, el derroche de capital hace que los salarios se reduzcan en términos reales.

En otras palabras, la banca central no puede dejar de equivocarse cualquiera sea la política que decida establecer. Incluso, como hemos dicho, si no modifica la base monetaria puesto que, si la gente hubiera decidido contar con mayor cantidad de dinero el resultado sería un proceso deflacionario y si hubiera deseado menor cantidad se estaría en un proceso inflacionario. Y si la gente hubiera preferido la misma cantidad de dinero que la autoridad monetaria estableció, no hay razón para su intervención si es que hará lo mismo que la gente hubiera hecho, con el agregado de que para saber qué es lo que hubiera hecho hay que dejarla que lo ponga de manifiesto. Éste es el sentido por el que Milton Friedman (1973/1979: 55) escribe: «Llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación» y es por eso que Hayek (1972) insiste en la trascendencia de privatizar el dinero y que la gente pueda elegir los activos financieros que le reportan mayor confianza. Son muchos los autores que comparten estas ideas monetarias, nos limitamos a citar a estos dos porque han recibido premios Nobel en Economía y por ello la difusión y el peso de sus opiniones resultan mayores.

La inflación y la deflación son exclusiva responsabilidad de la banca central debido a los motivos antes señalados. Se ha dicho que la inflación es «el aumento generalizado de precios». Pero si fuera generalizado no habría problema alguno con la inflación. Si los precios de los artículos que adquirimos se elevaran en la misma proporción que nuestros salarios (también un precio), no se produciría el consabido desequilibrio entre precios e ingresos. En ese caso, sería lo mismo si la inflación anual fuera del 10% o esa tasa fuera mensual, semanal o diaria. Habría, eso sí, problemas con las columnas en los libros de contabilidad, los dígitos en las máquinas de calcular y, eventualmente, habría que transportar el dinero en carretillas, pero, como queda dicho, no se produciría el problema central de la inflación.

Es que la inflación produce una distorsión en los precios relativos y su causa debe verse en la emisión exógena de dinero, es decir, en aquella provocada por razones políticas, en otros términos, la que genera la autoridad política. Las emisiones endógenas, las requeridas por el mercado son consecuencia de la valorización de la gente de la mercancía dinero respecto de los otros bienes que no son dinero. Al fin y al cabo, la producción del bien que la gente estima al momento debe operar como dinero no es constante, de la misma manera que no lo es el resto de las mercancías o servicios. Preguntarse cuál es el activo que la gente se sentirá segura para usar como medio común de intercambio y qué cantidad habrá del mismo es idéntico a interrogarse sobre la calidad y cantidad de zanahorias que habrá en el mercado.

Por último, en esta materia, el hecho de argumentar a favor de una «autoridad monetaria independiente», en el mejor de los casos, puede aludir a una cuestión simplemente de grado pero no cambia el fondo del problema. Podrá consistir en una manipulación monetaria de una menor brusquedad que la que hubiera tenido lugar si la autoridad monetaria fuera dependiente del poder político. Podrá ser independiente de la secretaría del tesoro, del Parlamento o del propio presidente, pero si asume las atribuciones de la banca central, indefectiblemente se encontrará en el mismo atolladero que hemos consignado más arriba.

Se creó el sistema de la Reserva Federal después de varias experiencias fallidas en materia de intervención gubernamental en la banca, como el llamado sistema de bancos garantidos de 1863 (que algunos erróneamente confunden con el sistema de free-banking o de encaje libre tal como el que básicamente operaba en Escocia durante el período 1716-1844), con el propósito no declarado de financiar la Guerra Civil con dinero inconvertible que terminó en la espectacular inflación de los greenbacks (modelo en gran medida copiado por otros países como la Argentina en 1887 y con resultados análogos en cuanto a trastornos monetarios). Esta entidad fue concebida como una institución transitoria que debía durar veinte años. Recién en 1927 se constituyó como una entidad permanente. Todas las gestiones condujeron a que el valor del dólar se deteriorara. De acuerdo con el índice oficial de precios al consumidor, desde agosto de 1987 hasta noviembre de 2005, solamente durante la administración de Alan Greenspan, que estuvo 18 años al frente de la Reserva Federal, el aumento fue del 74 por ciento.

Carece de sustento mantener que la emisión monetaria debe ir en paralelo con la producción. Esta afirmación desconoce dos aspectos relevantes de la teoría monetaria. En primer término, los precios se ajustan en relación con los bienes y servicios contra los cuales opera. Manteniendo los demás factores constantes, la mayor producción hace que el poder adquisitivo del dinero aumente y, por ende, los precios bajen. Por otra parte, la afirmación desconoce también que si la producción se acompaña con emisión monetaria, ocurren desajustes en diversos sectores de la economía, por ejemplo, la referida baja en los precios no permitirá la tendencia a incrementar las exportaciones y la contracción en las importaciones debido a que, precisamente, este proceso se anuló con la mencionada expansión en paralelo con la producción.

Una vez hechas estas aclaraciones, en concordancia con lo anunciado, ahora estudiaremos el importante y delicado tema de la ayuda externa en Estados Unidos para finalmente abordar el rol del empresariado en el contexto de lo que se ha dado en llamar robber barons. La tesis de lo que sigue en materia de «ayuda externa» consiste en que los dólares extraídos de modo compulsivo y entregados a tasas menores que las pactadas en el mercado y con períodos de gracia más extensos que los que habitualmente se ofrecen a los deudores perjudican a los integrantes de los países receptores y al que entrega los fondos, en este caso principalmente Estados Unidos, de modo directo o a través de los organismos internacionales que contribuyen a financiar o respaldar la «ayuda».

Lo primero porque, en su gran mayoría, los países receptores son «subdesarrollados» y la antedicha entrega de fondos constituye un incentivo para que los gobiernos receptores continúen dictando las medidas estatistas que, precisamente, hicieron pobres a sus países, tales como los controles de precios, las reformas agrarias, la estatización de empresas o el control de sus flujos de fondos, la estatización de regímenes jubilatorios, educativos y hospitalarios, el aumento del gasto público, el déficit fiscal, la inexistencia de división de poderes y una generalizada corrupción. Frente a esa situación arriban millones de dólares en préstamos de gobierno a gobierno o a través de organismos internacionales (principalmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo).

Lo segundo porque la utilización de recursos de los ciudadanos estadounidenses se reasigna en áreas y países que los titulares no hubieran llevado a cabo si hubieran podido disponer del fruto de sus trabajos. Este desvío de factores productivos perjudica a los estadounidenses en sus niveles de vida, lo cual ocurre debido a que no sólo se entregan fondos sino debido a los costos enormes para mantener la administración de esas entidades.

En esta línea de pensamiento, sugerimos, siguiendo los lineamientos trazados por autores como Melvyn Krauss (1983), Peter Bauer (1981), Harry Johnson (1978), Karl Brunner (1978), Doug Bandow (1994) y James Bovard (1994), que se corten por completo los créditos otorgados por organismos internacionales estatales del tipo de los referidos.

Frente a la decisión eventual de cortar créditos, en esta situación, los gobernantes de países «subdesarrollados» estarían frente a dos posibilidades: o se ven obligados a modificar sus políticas socialistas y populistas al efecto de recibir créditos de la banca privada sobre bases sólidas, repatriar sus capitales fugados debido a las mencionadas políticas y repatriar a las personas que dejaron el país en busca de mejores horizontes o, de lo contrario, continúan con sus políticas empobrecedoras. Si este último fuera el caso y desean continuar recibiendo créditos, lo deberán buscar en lugares como La Habana de Castro pero no en Washington. Además, sugerimos tal como lo propone, por ejemplo, Anna Schwartz (1989) la liquidación de las instituciones internacionales mencionadas, en un ensayo publicado con el categórico título de «Es tiempo de terminar con el FMI y el Departamento de Estabilización del Tesoro», o cuando menos, el retiro de Estados Unidos de las referidas entidades a las que numerosos autores han señalado falencias de diverso tenor, por ejemplo, Deepak Lal (2006: 142).

Melvyn Krauss (1983: 134) sostiene que, básicamente, existen dos premisas falsas sobre las que se apoya la ayuda externa. La primera sería que hay una característica cultural inherente a los llamados países del Tercer Mundo por la que se haría imposible el progreso. En lugar de comprender que, a menos que se acepten las teorías racistas y deterministas, no hay diferencia alguna entre estos países y los considerados del Primer Mundo como no sean los distintos marcos institucionales que garantizan derechos que, en el primer caso, son inexistentes, mientras que en el segundo constituyen la explicación para el progreso. No es entonces el clima, la latitud geográfica, las etnias ni los recursos naturales lo que determinan los grados de progresos. Más aún, en pocos lugares como en África y en la India se encuentran más recursos naturales y probablemente en pocos como en Japón resulten tan escasos y, sin embargo, los progresos en estos casos se encuentran en relación inversa a las riquezas con que la naturaleza proveyó a los mencionados lugares. No se trata de condiciones culturales inmodificables. Se trata de un problema de educación que no sólo se anula, sino que se trasmiten los incentivos y principios opuestos a través de la facilitación de la entrega de dólares, fruto de la exacción a otros. Como enseña Samuel Smiles (1859/2001) el desarrollo de la propia responsabilidad es uno de los pilares para el progreso.

La segunda premisa a la que se refiere Krauss consiste en que habría una distorsión inherente al sistema capitalista de libre empresa que tornaría imposibles las transferencias a través del mercado desde los países del Primer Mundo a los del Tercero y, por ello, se continúa diciendo, se hace imperiosa la ayuda de gobierno a gobierno. La falacia central de este modo de razonar nuevamente se vincula a la insistencia en tratar a estas categorías como si fueran inherentes a los respectivos suelos, sin percibir que son estados cambiantes según cambien las ideas que conducen al respeto de los derechos individuales. Las historias de los distintos países atestiguan el aserto. Ninguna región irrumpe mágicamente con resultados que aseguran el progreso. Esta condición se debe al esfuerzo de sus habitantes y a la comprensión de principios fundamentales para el logro de ese progreso. No está garantizado el progreso, puede desparecer en la medida en que desaparezcan los esfuerzos encaminados a sostenerlo e incrementarlo. No debe olvidarse que la condición natural del hombre es la de pobreza y miseria. La mayor riqueza no es algo que aparece automáticamente, sino que es consecuencia de permitir que fluya la energía creadora en el ámbito de la sociedad abierta. Como hemos señalado, el establecimiento de controles de precios, empresas estatales, reformas agrarias, gasto, deuda y déficit estatal, junto con marcos institucionales degradados y consecuente corrupción generalizada son las causas más sobresalientes del atraso y de la caracterización de ciertas regiones integrantes del Tercer Mundo. Y estas políticas son precisamente las que resultan estimuladas y alentadas por las entregas de fondos, fruto de la llamada ayuda externa, proveniente principalmente de los bolsillos de los estadounidenses.

Krauss (1983: 155) cita pensamientos de diferentes intelectuales que subrayan las críticas a las versiones deterministas que condicionan el progreso a causas completamente alejadas de las verdaderas razones que lo hacen posible, y afirma que las verdaderamente atrasadas son estas teorías deterministas y no los países, como si sus respectivas situaciones fueran inmodificables.

Él mismo autorrefuta la idea de que los mercados libres y competitivos no permiten las transferencias de países ricos a los pobres a través del intercambio internacional. Sostiene que la raíz de este mal entendido se debe principalmente a las teorías de Raúl Prebisch y Hans Singer sobre el «deterioro en los términos de intercambio», referentes a la relación de productos manufacturados respecto de los bienes primarios que resultarían adversos para estos últimos. Según el economista I.M. Little, esta argumentación Prebish-Singer fue primero expresada en un documento de las Naciones Unidas que fue inmediatamente discutido por Gottfried Haberler y luego por Robert E. Lipsey, quienes demuestran a través de largas series estadísticas que no hay tal tendencia inexorable (1983: 156).

Además debe agregarse que, técnicamente, los términos de intercambio o paridades son en definitiva precios, es decir, tipos de cambio, y cuando éstos se modifican en modo alguno implica que se perjudica una de las partes en beneficio de la otra. En todas las transacciones libres y voluntarias ambas partes ganan, de lo contrario no se hubiera llevada a cabo la transacción. Más aún, los así llamado términos de intercambio pueden modificarse aparentemente en detrimento de una de las partes y, sin embargo, pueden resultar en mayor provecho respecto de la posición anterior. Por ejemplo, en la época de los primeros automóviles en Estados Unidos existía determinada paridad con el trigo en ese país. En la actualidad dicha paridad se ha modificado a favor del trigo y en contra de los automotores, debido a que éstos han reducido su precio, lo cual modificó su posición relativa. Sin embargo, en líneas generales, podemos afirmar que los balances de la industria automotriz revelan una mayor rentabilidad que en la época de Henry Ford. En resumen, como queda dicho, los términos de intercambio han sido desfavorables para el automóvil y, al mismo tiempo, mejores para ese negocio.

La ayuda externa se basa en el supuesto de la existencia de una explotación de los países pobres por los ricos. Ludwig von Mises ha bautizado como el «dogma Montaigne» lo que en este sentido constituye la explicación en la que se sustenta la teoría de la ayuda externa. Este dogma sostiene que la riqueza de los países ricos (y en general la riqueza de la personas) se debe a la existencia de los pobres y viceversa.

Así, se mantiene que en toda transacción una parte se enriquece debido a que la otra se empobrece o que la parte que se empobrece se debe a que la otra se enriquece. Este modo de ver las cosas es consecuencia de la visión mercantilista que centra su atención en la parte monetaria de la transacción. Es decir, si alguien vende una camisa, recibe efectivo, por lo que se concluye que se enriqueció a costas de quien entregó la suma dineraria. El error de este análisis estriba en desconocer la parte no monetaria de la transacción. Quien entregó dinero y recibió la camisa es porque para él ésta tiene mayor valor que el efectivo que entregó a cambio, de lo contrario no hubiera realizado el intercambio. Al mirar un balance nadie diría que una empresa es más rica por el hecho de mostrar índices de liquidez elevados. Una empresa puede estar quebrada y, al mismo tiempo, contar con gran cantidad de efectivo. Como es sabido, lo relevante es el patrimonio neto.

Por otra parte, las estadísticas de los términos de intercambio al comparar bienes manufacturados con bienes no manufacturados, habitualmente compara, por ejemplo, tractores con cebada, sin tener en cuenta que las dos columnas de esta comparación no se refieren a productos homogéneos, en el sentido de que año a año los tractores son de distintos modelos y, por ende, también permiten rendimientos más altos en la cebada. Asimismo, deben tenerse en cuenta los años base que se toman para la comparación, puesto que durante largos períodos es frecuente que los países productores de bienes manufacturados también intercambien bienes no manufacturados entre sí, de lo que no se desprende que se estén explotando mutuamente.

Señala Melvyn Krauss (1983: 158) que en el campo de la ayuda externa aparece una especie de círculo vicioso: se entregan fondos porque son pobres y son pobres porque los respectivos gobiernos imponen condiciones absolutamente contraproducentes. Por tanto, resulta que un camino efectivo para seguir recibiendo fondos es continuar con la pobreza y para ello debe continuarse con las políticas desacertadas y corruptas. Esto último incluye las corrupciones derivadas del propio uso de los fondos recibidos en concepto de ayuda externa.

Un ejemplo de esto último es el caso del general Mobutu Sese Seko, que usurpó el poder en Zaire (uno de los mayores receptores de ayuda externa en relación con la población) al derrocar al presidente Kasavubu. Dice La Nación (Buenos Aires, 4 de abril de 1997) que «Mobutu, que desde joven militó en los movimientos por la independencia del Congo y fue también ministro de Defensa del gobierno de Patrice Lulumba (el fundador del nuevo Estado africano), se nombró a sí mismo jefe de Estado y guía de Zaire dos meses después de derrocar a Kasavubu». El poder de Mobutu fue absoluto mostrando la más completa falta de respeto por los derechos de las personas, condenándolas a los suplicios y martirios más horripilantes en un contexto de saqueo permanente por parte de su gobierno. En contacto con las agencias internacionales para la ayuda externa, el mencionado periódico informa que Mobutu posee uno de los patrimonios mayores del mundo que

ronda hoy los 8.000 millones de dólares. A ello hay que sumar sus castillos en Bélgica, la Villa del Mar en Rocquebrune-Cap-Martin sobre la costa azul, un departamento de 800 metros cuadrados sobre la exclusiva avenida Foch, de París, un edificio de 32 habitaciones en Suiza y un yate anclado en un puerto de la costa azul. Aunque Zaire tiene un rédito per cápita de 200 dólares anuales, Mobutu se hizo construir —a expensas del Estado— un extraordinario palacio en Gbadolite, su pueblo natal, dotado de una pista de aterrizaje ultramoderna donde puede posarse un Concorde.

Ésta es solamente una ilustración de las tantas corrupciones originadas en la llamada ayuda externa que se lleva a cabo de manera bifronte: por un lado, como estímulo para mantener en el poder a depredadores que producen las exacciones más tenebrosas en el país receptor, al tiempo que imponen medidas empobrecedoras y, por otro, el uso desaprensivo de los fondos recibidos en concepto de ayuda.

Estos hechos se repiten una y otra vez en lugares como Rusia, Turquía, Indonesia, la Argentina, el Brasil, México, Venezuela, Argelia, Birmania, Burundi, Egipto, Etiopía, Ghana, Iraq, Kenya, Malasia, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, y Zambia. En adición a todo esto, los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aconsejan a los países receptores políticas que conducen a desastres económicos de envergadura, tales como los ocurridos en los años noventa en Tailandia, México, la Argentina, Rusia y Turquía.

«La verdad es que los gobiernos pueden evitar las consecuencias de sus malas políticas debido a que son neutralizadas por la ayuda externa, los gobiernos no tienen incentivos para discontinuar sus políticas» (Krauss, 1983: 158). También Krauss explica que incluso los recursos destinados a fines humanitarios, debidos a pestes y hambrunas, son desviados hacia el subsidio de los amigos del poder y para fortalecer a los funcionarios en sus cargos. «En Bangladesh, por ejemplo, la ayuda para alimentos nunca llega a los hambrientos porque el gobierno usa los recursos para comprar votos» (1983: 159). Ésta es la diferencia de lo que ocurre cuando la ayuda es privada, debido al seguimiento que se hace acerca del destino de los fondos como consecuencia de los incentivos desatados y también la diferencia que se observa en cuanto al manejo de recursos cuando los préstamos son privados, dada la necesaria gestión que efectúan los gerentes y ejecutivos en la administración de la propiedad que pertenece a los accionistas y las penalizaciones subsiguientes si los resultados no están en concordancia con lo estipulado.

En cuanto a los severos problemas de malnutrición, Krauss afirma que se presenta también aquí otro círculo vicioso: «No es que la malnutrición conduce a la ayuda externa con alimentos, la mencionada ayuda causa la malnutrición» (1983: 160). El mismo autor ilustra su tesis en cuanto a los severos daños que provoca la ayuda externa y los incentivos que desata en los casos de Taiwán y Corea del Sur. Mientras recibían ayuda externa estaban en una situación de atraso que iba agravándose con el transcurso del tiempo, pero cuando esa ayuda dejó de entregarse comenzó lo que se conoce como los «milagros» de crecimiento en los dos lugares (1983: 160).

Recuerda Krauss que la tesis determinista se expuso en el conocido «Informe Brandt», titulado «Un programa para la supervivencia». La comisión que produjo el informe estaba compuesta por ex gobernantes socialistas como Willy Brandt de Alemania, Eduardo Frei de Chile, Edward Heath de Inglaterra, Olaf Palme de Suecia y Pierre Méndez-France de Francia. El informe parte de la premisa de que el mundo se encontraba al borde del colapso debido a los problemas que le causaban los países industrializados a los pobres y que, por tanto, los primeros debían generar transferencias masivas en dirección a los primeros países. «El Informe Brandt ponía énfasis en la transferencia de riqueza en lugar de la producción de la misma» (1983: 161). El informe propone el generalizado establecimiento de un impuesto progresivo a la riqueza para aplicarse a los países ricos cuyo destino sería la transferencia a los países pobres, al efecto de permitirlas de forma «automática y predecible, desconectadas de las incertidumbres de los presupuestos nacionales y sus limitaciones» (1983: 162).

Además, el informe de referencia insistía en que no se estableciera ninguna condición para las transferencias, «esto es, no importa cuán contraproducentes sean las políticas del país receptor ni cuán antitéticas resulten a los intereses del país que presta e independientemente del riesgo que signifique el crédito para quien otorga el préstamo» (1983: 163). Este informe es actualmente alabado en distintos foros en los que se vuelve a demandar su implementación. En resumen, las propuestas contenidas en ese documento estimulan la irresponsabilidad y el uso desaprensivo de los fondos, provoca desempleo para los inmigrantes a los países del Primer Mundo al sugerir severas restricciones en el mercado laboral y aumenta innecesariamente los costos de las empresas trasnacionales, al proponer pesadas e intrincadas medidas burocráticas y regulatorias para que puedan operar, lo que naturalmente encarece de modo sustancial los precios de los respectivos productos (1983: 164).

La misma constitución del Banco de Reconstrucción y Fomento, conocido como Banco Mundial, fue hecha sobre bases falsas puesto que la idea central fue que esta entidad supliera la escasez de capitales privados con «dinero público» al efecto de colaborar en la reconstrucción de Europa en la posguerra. Pero esto es un completo desconcepto ya que no puede suplirse la falta de recursos privados con los públicos ya que estos, precisamente, provienen del área privada que es donde se obtienen los llamados «dineros públicos» con lo que se agudiza la falta de capital privado por partida doble, ya que al disminuirse los patrimonios se altera la preferencia temporal a favor del consumo en detrimento de la inversión.

No hace mucho, el Banco Mundial aprobó la entrega de recursos coactivamente detraídos a los contribuyentes en préstamos bajo condiciones inferiores a las del mercado financiero de la siguiente manera: 32 millones de dólares para Filipinas, 6,7 millones para El Salvador, 111 millones para la India, 160 millones para el Brasil, 71 millones para Rumania. Después de exhibir estas cifras, Krauss concluye:

Lo que necesitan los pobres del Tercer Mundo más que ninguna otra cosa es que se los libere de las políticas de los gobiernos domésticos que empobrecen sus economías. Por ayudar a los pobres, el Banco Mundial hace que los gobiernos no paguen los costos de sus políticas desafortunadas. Estimula a que sigan imponiendo sus erradas políticas y, por ende, los pueblos continúan en la pobreza que dicen querer remediar. Si el Banco Mundial discontinúa sus programas para asistir a la pobreza, los mayores beneficiarios serán los mismos pobres (Krauss, 1983: 166-167).

Peor que todo esto es la financiación del Banco Mundial para proyectos que significan graves lesiones a los derechos de las personas desde el punto de vista físico, tal como han sido los casos de Indonesia y Tanzania (1983: 167).

Tal vez el cargo más serio que se le puede hacer al Banco Mundial es que financia el socialismo en el Tercer Mundo vía el reemplazo y desplazamiento de la empresa privada […] Consideremos los siguientes préstamos que facilitan que los gobiernos del Tercer Mundo capturen industrias pertenecientes a la esfera del sector privado.

Argelia, 46 millones de dólares para plantas de cemento; Kenya, 40 millones para la perforación de petróleo y plantas de generación de electricidad: el Brasil, 60 millones para el establecimiento de industrias siderúrgicas; la India, 555 millones para plantas de fertilizantes y para la explotación y distribución de petróleo, con el agregado que debido a estos préstamos en condiciones favorables el gobierno ha acaparado buena parte de la tierra cultivable (1983: 168-170).

Por su parte el Fondo Monetario Internacional, según los acuerdos de Breton Woods, fue establecido con la idea de financiar desequilibrios temporarios en los balances de pagos y para financiar la escasez de divisas extranjeras y mantener tipos de cambio fijos, todo lo cual importaba intervenciones exógenas al mercado. La banca central pretende constituirse en un banquero de banqueros, el FMI pretende imponerse como un banquero de banquero de banqueros, aunque su rol ha ido perdiendo fuerza en esta esfera y se ha volcado más a una política que tiende a asemejarse a las ya mencionadas del Banco Mundial con lo que, en gran medida, se duplican y superponen funciones, con el agregado de que el Banco Mundial ha incursionado en algunas áreas originalmente reservadas al FMI. Por todas estas idas y venidas es que autores como Anna Schwartz (1989) escriben que «el FMI cada tanto se reinventa a sí mismo» y debe liquidarse junto con las otras corporaciones gubernamentales internacionales que han contribuido a crear malestar en los países receptores de sus «ayudas». Curioso resulta en verdad que no son pocos quienes en Estados Unidos recomiendan las mencionadas ayudas para «ganar amigos» en el Tercer Mundo, cuando en verdad debido a las políticas que promueven, contribuyen a fortalecer el resentimiento y el espíritu antiestadounidense que frecuentemente se ilustra con la quema de la bandera estadounidense.

Lo cierto es que muchos de los bancos privados simpatizan con el FMI y el Banco Mundial porque les sirven de paraguas protector para préstamos que realizan y que nunca hubieran realizado si no tuvieran el apoyo de aquellas instituciones internacionales estatales. Con lo que aparecen subsidios cruzados dentro de Estados Unidos: el granjero debe pagar impuestos para mantener las burocracias que hacen de apoyo logístico a muchos de quienes operan en Wall Street. Si estas instituciones dejaran de operar, no sólo tendrían lugar los procesos benéficos que hemos apuntado más arriba, sino que se pondría mayor atención en las ventajas del librecambio, eliminando aranceles y permitiendo que opere el mercado cambiario libre.

Recordemos solamente aquí que todo arancel incrementa la erogación por unidad de producto y, por ende, se traduce en menor cantidad de productos y en un nivel de vida más bajo, es decir, salarios menores en términos reales. Por el contrario, la eliminación de todos los aranceles hace que el binomio exportación-importación se comporte según lo refleje el mercado cambiario y, como veremos en el capítulo referido a la inmigración, en ninguna circunstancia habrá desempleo si el mercado laboral está abierto. Por eso es que consideramos que constituye una mala descripción recurrir a la expresión «proteccionismo» para hacer referencia a las economías cerradas, ya que en verdad desprotegen a la gente y, en todo caso, ofrecen una real protección a empresarios prebendarios y rodeados de privilegios, quienes perjudican a la población, muy especialmente a los más necesitados. En la segunda mitad del siglo xix, Walt Whitman escribió:

Líbrennos de las ataduras caducas del sistema tarifario [en Estados Unidos] y ofreceremos al mundo un espectáculo de sólida grandeza comercial. Bonito juego el exigir tarifas altas «en beneficio del trabajador». Los montones de monedas que han salido de los bolsillos de los pobres para ir a engrosar los dólares de los dueños de grandes fábricas. […] No queremos un gobierno rico. Nos interesa mucho más que la gran masa del pueblo sea rica (citado en Canby, 1946: 78).

Y, por otra parte, las llamadas integraciones regionales no son más que pretextos burdos para mantener estructuras burocráticas y no liberar el comercio a todas las partes interesadas. Los subsidios que mantiene Estados Unidos en diferentes campos de su economía hacen que se estén destinando los siempre escasos recursos ineficientemente ya que se detraen de áreas productivas para subsidiar las improductivas y no competitivas en el mercado internacional, lo cual contribuye a comprometer y debilitar su situación económica.

En Estados Unidos el mal llamado «proteccionismo» comenzó a perfilarse con las ideas expuestas por Alexander Hamilton, principalmente en su «Report on Manufacturers» de 1794, muy similares a las de Frederich List en Alemania en cuanto al establecimiento de aranceles aduaneros para «estimular la industria incipiente», sin percibir que aquellas tarifas precisamente demoran, postergan y eventualmente imposibilitan el establecimiento de actividades económicas debido al antes referido derroche de capital y consiguiente ineficiencia. Esta política fue acentuada notablemente por Lincoln durante la Guerra Civil a través de la implantación de tarifas del 44% para «proteger» a las industrias del Norte. A partir de F.D. Roosevelt el aparato político estimuló el aumento de aranceles aduaneros vía el lobby empresario, que comenzó a aducir dumping como argumento —pretexto, porque ni siquiera resultaba relevante estudiar los libros de contabilidad de los competidores extranjeros—. Esta última modalidad significa ventas bajo el costo, lo cual es naturalmente corregido por competidores nuevos o antiguos al comprar a quienes venden bajo el costo para revender a precios de mercado, y si este arbitraje no resultara posible por tratarse de productos taylor made, quien vende bajo el costo liquida su existencia y los competidores siguen vendiendo al precio que hace oferta y demanda iguales.

Peter Bauer (1981: 86) señala que, en última instancia, la existencia misma del Tercer Mundo es una creación de los aludidos organismos internacionales debido a sus recomendaciones y políticas empobrecedoras y a los referidos incentivos que establecen para que, a su vez, los gobernantes de aquellos países acentúen las medidas estatistas y perjudiciales para los relativamente más pobres. El término Tercer Mundo fue inventado después de la Segunda Guerra como un bloque, aun tratándose de países muy diferentes pero para así justificar el armado de la ayuda externa a través de una monumental aparato burocrático, dar apoyo a una enmarañada filosofía intervencionista y para extraer recursos de Occidente (1981: 87-88).

A partir del establecimiento de la ayuda externa compulsiva, se observa que en muy diversos ámbitos parecería que se da por sentado la necesidad de operar en esa dirección y lo único que se discute es el monto, generalmente alegando que los montos son insuficientes o, cuando mucho, que deben redirigirse las respectivas transferencias hacia rubros distintos.

En los Estados Unidos hay algunas críticas esporádicas a esta política pero que resulta ineficaz y que no afecta el debate central ni las decisiones en la materia […] porque se piensa que las mayores transferencias en este concepto equivale a hacer las cosas mejor. […S]e reserva la expresión de expertos solamente para los administradores de estas transferencias, las pocas personas que se oponen de tiempo en tiempo no se los designa de ese modo, cualquiera sea su experiencia y sus calificaciones (Bauer, 1981: 90).

Un aspecto central en estas políticas es la peculiar idea de «eliminar o reducir las diferencias de ingresos» entre el Primer y el Tercer Mundo (1981: 92) como si fueran el resultado de fenómenos mágicos que irrumpen súbitamente y no la consecuencia directa de la aplicación de políticas opuestas, por otra parte alentadas por los organismos internacionales del gobierno.

Como se ha señalado, esta llamada ayuda externa incentiva la adopción de políticas estatistas que arruinan las condiciones de vida de los países receptores debido al desconocimiento de los derechos de propiedad, pero no sólo eso, la financiación continúa aun cuando los gobiernos receptores lleven a cabo brutales persecuciones a sus pobladores, muchos de los cuales deben dejar el país, tal como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Vietnam, Etiopía, Zaire, Tanzania y en Camboya —rebautizada Kampuchea— a través del genocida Pol Pot. En todos los casos buena parte de esos fondos se destinan a comprar armas para ser usadas contra su propia gente (1981: 93-94).

Es una norma del Banco Mundial y de sus afiliadas, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que la entrega de fondos —unas veces créditos blandos y otras sin el requisito de devolverlos— no debe realizarse teniendo en cuenta la política que se lleva a cabo en el país receptor, sin embargo «constituye una gran anomalía el hecho de que se entreguen recursos de los contribuyentes a gobiernos extranjeros sin examinar y ni siquiera cuestionar sus políticas» (1981: 95).

En coincidencia con otros autores, Peter Bauer insiste categóricamente que ese tipo de ayuda externa contribuye decisivamente al empobrecimiento y maltrato de las personas que viven en los países receptores (1981: 96). Uno de los argumentos para la implantación de las transferencias compulsivas se basa en el llamado «círculo vicioso de la pobreza», por el que se afirma que los ingresos en los países pobres son muy reducidos y que no pueden salir de esa situación sin la propiciada ayuda externa, como si no se comprendiera que los países hoy ricos empezaron siendo pobres y como si el planeta, como un sistema cerrado, no hubiera podido progresar sin ayuda «externa» (1981: 98-99). Los marcos institucionales civilizados permitieron que muchos países que hoy sufren problemas graves como es el caso de la Argentina fueran uno de los más prósperos y admirados de la tierra, antes de sucumbir a las políticas populistas, fascistas y socializantes.

Todo el progreso en Occidente tuvo lugar sin ayuda externa, se subestima mucho a la gente que hoy es pobre cuando se les dice que es imposible que progresen sin aquellas donaciones obligatorias (1981: 100). Los honorarios y los cargos de los administradores de los fondos de los referidos organismos internacionales no dependen de su uso productivo, sino de los montos que gastan (1981: 101). Toda la parafernalia de viajes en primera clase, suites en hoteles cinco estrellas, viáticos, automóviles de lujo, secretarias y asistentes, pasaportes diplomáticos y demás canonjías son financiadas principalmente por los contribuyentes estadounidenses para que apliquen y promuevan políticas abiertamente contrarias a los postulados establecidos y proclamados reiteradamente por los Padres Fundadores.

Como se ha apuntado, la diferencia de esta política con los préstamos privados es que en este último caso se exige que los fondos se apliquen productivamente y se deben devolver a tasas y en períodos que condicen con las condiciones económicas reales. Por el contrario, los recursos de las aludidas ayudas simplemente se extraen de los bolsillos de quienes pagan impuestos y el destinatario no necesita preocuparse en la productividad de la asignación de esos fondos y puede emplearlos para fortalecer la posición política de la casta gobernante (1981: 102). En este sentido, debe subrayarse la politización de la vida que estimulan estas ayudas en el Tercer Mundo, y cuando lo social y lo económico quedan extensivamente politizados, quien tiene el poder se transforma en algo de gran importancia, a veces, es una cuestión de vida o muerte como en los casos de Burundi, Kampuchea, Indonesia, Iraq, Pakistán, Etiopía, Nigeria, Tanzania, Uganda, Vietnam y Zaire, entre otros países que han recibido abundante ayuda externa (1981: 104).

Esta llamada ayuda desvía la atención de la población de las áreas productivas hacia los campos en los que el gobierno decide retribuir y premiar, es decir, los emprendimientos políticos, con lo que se agrava la situación, especialmente la de los más pobres (1981: 104). En realidad, todo esto no se hace para los pobres, sino para fortalecer el poder de los gobiernos en los países receptores puesto que los monopolios estatales expulsan a las empresas que pretenden competir, se subsidian actividades antieconómicas del gobierno, se deciden confiscaciones, se destinan enormes sumas a show projects para que el burócrata de turno corte las cintas en la inauguración, aunque se trate de un elefante blanco y, también, para colmo de males, se restringe la entrada de capitales al tiempo que se prohíbe la participación de capitales privados extranjeros en muchos emprendimientos (todo ello a pesar de que se alega la falta de capital como argumento para la ayuda externa). Y en el país que entrega los fondos se fortalecen los puestos de trabajo y las retribuciones de los funcionarios de las agencias internacionales y, por su parte, la literatura académica que hace de apoyo logístico, también tiene intereses creados como potenciales asesores, además de inclinaciones socialistas (1981: 105-106).

Estas decisiones políticas desafortunadas, entre otras cosas, distorsionan los precios relativos, lo cual trasmite señales falsas respecto de las urgencias y necesidades de los distintos sectores, que, a su vez, intensifican el derroche de capital que conduce a una mayor disminución de salarios en términos reales. Esa concepción de la ayuda externa «promueve la ilusión de que el éxito puede lograrse sin esfuerzo. […M]ás aún, se parte de la premisa de que la ayuda es una restitución por la explotación» (1981: 107) y, por ende, se demanda y se exigen fondos, lo cual degrada la ética del trabajo y transforma radicalmente todas las inclinaciones al ahorro y la noción de responsabilidad personal.

La política que se viene comentando también produce la aniquilación de culturas, tradiciones y valores establecidos en los países receptores que resultan un obstáculo para las aventuras de gobiernos que imponen a fuerza de bayoneta otras costumbres que, en definitiva, se traduce en que la gente termina creyendo que la prosperidad proviene de los aparatos políticos (1981: 108). Se suele citar el Plan Marshall como un ejemplo exitoso de ayuda externa, sin tener en cuenta que nada tuvo que ver con el progreso económico de los países receptores, por otra parte, ésa no era la intención del Plan, sino la reconstrucción de zonas devastadas por la guerra, pero aun así debe subrayarse que, por ejemplo, Alemania logró un progreso notable en la posguerra debido a la concepción liberalizadora del equipo Adenauer-Erhard y no por lo que recibió del referido Plan, que fue el monto menor de todos los otorgados en ese concepto y, sin embargo, los otros países que recibieron sumas colosales se estancaron y no progresaron (1981: 110).

No pocos de los que patrocinan estas ayudas compulsivas las asimilan a la caridad, cosa que no resulta aceptable debido a que en este último caso, por un lado, se trata de transferencias voluntarias realizadas con recursos propios y, por otro, el interés por conocer el destino de los fondos y su respectivo uso son de una naturaleza diametralmente distinta del respaldo al fortalecimiento de aparatos estatales e improductivos en los países receptores, en los que se establecen obras faraónicas como la fabricación de ciudades capitales (Brasillia, Islambad, Dodoma, y Malawi) y la construcción de imponentes universidades cuyos egresados no tienen dónde ir y, en la otra punta, la utilización desaprensiva de los impuestos de la gente en el país en el que se origina la transferencia, al efecto de hacer que los organismos internacionales resulten más adiposos (1981: 110-111).

Las estadísticas que emiten los países del Tercer Mundo no suelen ser confiables; a veces incluyen anomalías groseras, como cuando las pestes y epidemias que producen muertes por doquier se presentan como incrementos en el ingreso per cápita debido a que el promedio se eleva, lo cual en otras oportunidades resulta ser un motivo perverso para la reducción de la ayuda (1981: 113). En un informe publicado hace tiempo en The Washington Post (27 de julio de 1978) se apunta que, en general, las entregas de fondos como los de la naturaleza considerada hace que se abandonen los pocos trabajos existentes para recibir subsidios gubernamentales (1981: 114).

Otra de las consecuencias de esta concepción se sustenta en la peregrina idea de que se debe reconstruir el ser humano (1981: 118) y moldearlo a imagen de las concepciones de las burocracias gubernamentales basadas en lenguaje incomprensible y alegando fines altruistas pero, en verdad, son al efecto de que calcen en los esquemas establecidos en los vericuetos estatales y, en definitiva, para que sean más dóciles y manuables a sus caprichos y designios circunstanciales.

También se ha insistido en que estas políticas serían para restituir los daños que infringió el colonialismo en su momento. Sin perjuicio del debate acerca de los efectos del régimen colonial, no pueden endilgarse responsabilidades del período poscolonial a personas que nada tuvieron que ver, como sería el caso de penalizar a los inmigrantes llegados posteriormente por el trato que otros dispensaron a los indios en Estados Unidos. Por otra parte, la peor manera de «restituir» sería la de las transferencias coactivas que, como queda dicho, empeoran el nivel de vida de la gente (1981: 121-122).

Resulta tragicómico otro de los argumentos para la implantación de la política que venimos comentando (que se esgrime seriamente en algunas cátedras universitarias) y consiste en sostener que las transferencias de marras resultan en definitiva beneficiosas para el país que entrega recursos, ya que permite la expansión de sus exportaciones y, por ende, aumenta el empleo en el país exportador. Debería resultar claro la merma que se produce en los ingresos de las personas que viven en el país que transfiere recursos debido a que se las priva de parte del fruto de sus trabajos debido a los impuestos que se establecen para enviar recursos al exterior en calidad de ayuda, lo cual disminuye sus niveles de vida. Esto constituye una pérdida neta, independientemente que los receptores de la ayuda importen productos del país donatario (además no son las mismas personas las que fueron despojadas de las que venden al exterior, ni es igual el monto ya que, por lo menos, deben descontarse gastos y comisiones). «Argumentar que la referida transferencia ayuda la economía doméstica del país que entrega recursos es lo mismo que sostener que es bueno para un comerciante que le roben la caja con efectivo siempre que el ladrón destine parte del botín para comprar en esa tienda» (1981: 122). En esta ilustración que nos propone Bauer queda también claro que se produce una pérdida neta para el comerciante puesto que pierde su caja con el efectivo, independientemente de las ventas que por otro lado realice.

Es frecuente que se propongan políticas de esterilización masivas y forzosas en países del Tercer Mundo, en vías de desarrollo o subdesarrollados para controlar las tasas de natalidad, lo cual significa no sólo subestimar a la gente por el hecho de ser pobres —como si todos no proviniéramos de condiciones miserables—, sino que implica la aceptación de la prepotencia y la falta de respeto extendida a fueros íntimos de decisión exclusivamente personal (1981: 124-125).

Además de las antes mencionadas recomendaciones saludables en cuanto a la apertura al comercio internacional libre, Bauer enfatiza la necesidad de que países del Primer Mundo no restrinjan sus mercados, no sólo en beneficio propio sino en beneficio de los países pobres que se dice se desea proteger (1981: 130). En todo caso, si nos limitamos a atender los fines que se declaman en favor de países pobres, la tendencia a suscribir las políticas de transferencias coactivas que tanto daño hacen (incompatibles con las mencionadas restricciones), comenzaron a esbozarse en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y más enfáticamente a partir del punto cuarto del mensaje del presidente Truman al Congreso el 20 de enero de 1949 sobre la necesidad de financiar por medio de impuestos a los países relativamente más pobres. A esto siguieron informes muy difundidos como el Report on the Economic Development de las Naciones Unidas en 1951, la primera conferencia de la UNCTAD de 1964, el Report of the Comisión on International Development (Pearson Report) de 1969, el antes mencionado Brandt Report de 1980 y la Declaration on the Establishment of a New International Economic Order de las Naciones Unidas de 1974, a lo que se ha enancado el lobby de numerosos académicos (antes de la Segunda Guerra Mundial no existía tal cosa como una asignatura titulada «desarrollo económico») y profesionales que han producido voluminosas carpetas en apoyo a la moción para imponer transferencias forzosas (1981: 139-140, 143 y 145).

Respecto de este así llamado «Nuevo Orden Económico Internacional», patrocinado con gran estruendo por las Naciones Unidas, es de gran interés destacar que Harry Johnson aclara que «no es nuevo, no es económico, ni es orden, ni es internacional» (1978: 81), puesto que reitera la política mercantilista del siglo xvi, no es económico porque estimula el derroche, produce consecuentemente un gran desorden y no es internacional porque apunta a la autarquía. Por su parte, Karl Brunner escribe que «El NIEO [Nuevo Orden Económico Internacional] emerge como un nuevo manifiesto marxista-leninista que expresa la embestida política del Tercer Mundo gradualmente institucionalizada por las Naciones Unidas» (1978: 6).

En un extenso informe sobre el Fondo Monetario Internacional, Bandow (1994: 15) recuerda que la institución siempre pide más fondos para aumentar su capital y que la última vez que lo hizo fue para duplicarlo de 120 mil millones a 240 mil millones de dólares bajo la amenaza de que, de lo contrario, recurrirían al endeudamiento y «el resultado de esta inundación de donaciones y préstamos es empobrecimiento, endeudamiento y dependencia en todo el globo. Los recursos de los contribuyentes de Occidente han sido para engordar las cuentas bancarias de gobernantes extranjeros».

Por otro lado, para los ingenuos que creen que esta política sirve para conquistar simpatías, el FMI ha sido el blanco preferido para ruidosas manifestaciones, especialmente en contra de Estados Unidos, a pesar de lo cual la entidad pide más dinero para poder afrontar los atrasos e incumplimientos de las deudas. «En esas circunstancias, la mayoría de las personas sugeriría más prudencia en el otorgamiento de nuevos créditos, pero la entidad burocrática que es capaz de recoger las billeteras de los contribuyentes ve una solución completamente distinta: aumentar los préstamos» (1994: 16).

«Todo lo que el FMI ha hecho es crear más subsidios para gobernantes corruptos que implantan regímenes estatistas, independientemente de lo destructivo de esas políticas» (1994: 18). Incluso profesionales de las Naciones Unidas como Sydney Dell afirman que «hay algo equivocado en el sistema» (1994: 18). A pesar de ello, seis países recibieron este tipo de ayuda durante más de treinta años consecutivos, 24 países fueron deudores entre 20 y 29 años, y 47 —prácticamente un tercio de todos los países existentes en el mundo— han estado usando crédito del FMI entre diez y diecinueve años. «Los préstamos del FMI a Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Perú y Uruguay han ayudado a que esas naciones se conviertan en deudores permanentes sin hacer nada para resolver sus problemas económicos» (1994: 19).

No es nada fácil obtener datos de las operaciones del FMI debido a los secretos que rodean a la entidad. Entre otros, Jeffrey Sachs se queja de esta situación y escribe que «se hace extremadamente difícil para observadores externos el preparar apreciaciones cuantitativas serias sobre las políticas del FMI», a lo que se agrega que la entidad no informa sobre los convenios de stand by y se niega a que haya auditorías para sus préstamos (Bandow, 1994: 20).

En otro orden de cosas, es relevante destacar que uno de los consejos característicos del FMI es insistir en elevar los impuestos para eliminar el déficit presupuestario, en lugar de reducir el gasto estatal (1994). Raymond Mikesell critica las políticas autodestructivas que siguen países deudores del FMI. Por otro lado, si un país incumple los acuerdos con la entidad, ésta simplemente otorga un waiver o suspende el préstamo sólo para negociar un nuevo acuerdo y otorgar más préstamos. Y cuando se incumple nuevamente, el proceso comienza otra vez, lo que explica que, por ejemplo, hubiera diecisiete acuerdos diferentes con el Perú en sólo seis años y ocho programas stand by con el Brasil en siete años. El resultado es que los más grandes deudores —la India, el Brasil, la Argentina, México y Yugoslavia— han mantenido durante el curso de los préstamos economías estatistas, por eso «el inyectar más dinero en Estados esencialmente insolventes carece de todo sentido» (1994: 21-22).

«Se hace difícil tomar seriamente a una organización que alega ser “pro desarrollo” cuando regularmente entrega sumas enormes de dinero a los peores sistemas económicos de la tierra […incluso] prestando a regímenes comunistas tal como ha señalado Valerie Assetto» respecto de los casos de Rumania y Yugoslavia (1994: 23). David Lipton sostiene que muchos de los problemas se deben a las condiciones que exige el FMI para otorgar los préstamos, especialmente referidos a la política del tipo de cambio, lo cual, por ejemplo, condujo a Yugoslavia a que pasara «de un proceso de alta inflación a uno de hiperinflación» (1994: 24). «A veces aparece que cuanto más perversa es la política, más generoso es el FMI» (1994: 24). Cuando el gobierno mexicano y el de la India estaban destrozando sus economías, recibían préstamos del FMI, y, en el primer caso, cuando el gobierno amenazó con un default, la entidad salió entusiastamente a socorrer a México.

El FMI cuenta con 32 programas en África y, sin embargo, «en ninguna parte las políticas económicas nacionales han sido peores y los préstamos más desaprensivamente usados» (1994: 25). Reginald Herbold Green, un integrante del Fondo, ha dicho respecto de Tanzania que «el impacto [de los préstamos] ha sido negativo desde 1976. Los efectos indirectos son difíciles de estimar» (1994: 25). Kenya, que debe 380 millones al FMI, gastó 200 millones en un edificio de sesenta pisos para el gobierno, con una estatua más grande que el tamaño natural del presidente Daniel Arap Moi en Nairobi y, en Etiopía, después de la revolución marxista, el país comenzó a recibir ayuda del FMI, lo cual se destinaba en gran medida para comprar armas utilizadas contra su propia población «el Fondo apoya a cualquier gobierno por más venal y brutal que sea» (1994: 25-26). «Sólo unos meses después de que la sangre se secó en la Plaza Tianamen de Beijing, el FMI organizó un seminario en esa ciudad sobre temas monetarios» (1994: 26).

Ronald Vaubel, en un trabajo titulado «The Moral Hazard of FMI Lending», explica los incentivos sumamente destructivos que desatan las políticas de esa organización internacional (1994: 27-28). Por su parte, Alvin Rabushka señala que como los bancos privados toman al FMI de garantía se involucran en préstamos de muy mala calidad a la espera de que en su momento la entidad los rescate (1994: 30). Y concluye Bandow que «Lo que los países pobres del mundo realmente necesitan son gobiernos que dejen de explotar a sus economías. Mientras el FMI ayude a los gobiernos responsables de empobrecer a su gente, no habrá solución» (1994: 32).

Yuri Yarim Agaev informó en Buenos Aires, en marzo de 2003, enviado por Vladimir Bukovsky —el más destacado de los disidentes de la ex URSS junto con Alexander Solzhenitsin— que, después de la caída del régimen soviético, un grupo de distinguidos liberales estuvieron a punto de acceder al gobierno si no fuera por la apresurada irrupción del FMI que dotó de millones de dólares a miembros de la ex nomenklatura de donde surgió el gobierno de las mafias.

En un meduloso trabajo sobre el Banco Mundial, James Bovard (1994: 59) afirma que «El Banco Mundial está ayudando a los gobiernos del Tercer Mundo a arruinar sus economías y perjudicar su medio ambiente». Ya cuando renunció McNamara como presidente de la institución, la dotación de fondos del Banco se había multiplicado trece veces —de 883 millones a 12 mil millones— y los créditos siguen aumentando, entre otras cosas, para en definitiva promover la estatización de las economías del Tercer Mundo y para acentuar el control burocrático sobre la vida de los más pobres.

Los funcionarios del Banco están ahora embarcados en una cruzada puramente retórica a favor del sector privado. Pero en cada oportunidad que se pronuncia a favor del mercado, silenciosamente lo obstaculiza. El Banco, más que ninguna otra institución internacional, es responsable por la rapidez con que el Tercer Mundo se interna en el socialismo y por su colapso económico. […A]yudan mucho más a los políticos y burócratas del Tercer Mundo que a sus ciudadanos. Y más que nada el Banco se ayuda a sí mismo al asignarse una gran cantidad de dinero (Bovard, 1994: 59-60).

En Tanzania (junto con Zaire) el Banco Mundial entregó más cantidad de dinero por habitante que ningún otro país, brindando apoyo incondicional a la dictadura de Nyerere en medio de su ujaama, es decir, el traslado forzado de campesinos de sus tierras a lugares elegidos por el gobierno y quemando sus chozas (1994: 60). Después de que Vietnam del Norte invadiera y ocupara Vietnam del Sur, el Banco Mundial le entregó 60 millones de dólares al gobierno invasor en medio de las fugas de vietnamitas, muchos de ellos ahogados en el mar al sur de China. En Indonesia, el Banco le otorgó un crédito por 600 millones de dólares al gobierno para trasladar a millones de personas de la isla de Java a otros lugares en vista del hambre que reinaba, a pesar de los informes sobre la violencia con que esas personas eran tratadas, situación que Kenneth Davidson juzgó como «la versión javanesa de la Lebensraun nazi» y, según el grupo de asistencia médica francesa conocido con el nombre de «doctores sin fronteras», el experimento de los traslados probablemente costó la vida a un número mayor de personas que la hambruna misma (1994: 60-62).

En la India el Banco financió un proyecto en Singrauli para insistir en el traslado de habitantes que ya habían sido movidos desde otros lugares hasta cinco veces en 25 años haciendo uso de procedimientos inaceptables y, desde luego, sin compensación alguna, todo lo cual se asimila «al infierno de Dante», según Bruce Rich en su declaración ante el Congreso en Estados Unidos (1994: 63). En un informe del propio Banco se reconoce, por ejemplo, que el 75% de los proyectos agrícolas del Banco en África fueron un fracaso, que en América Latina los gobiernos no mantienen la infraestructura construida con recursos del Banco, que la mayoría de los pequeños emprendimientos que recibieron préstamos del Banco arrastran atrasos en los pagos y que los proyectos del Banco para dar vida al mercado financiero son saboteados por los mismos gobiernos al adoptar políticas regulatorias como el mantenimiento artificial de la tasa de interés a niveles inferiores a la inflación (1994: 64). «Recientemente el Banco Mundial ha declarado que estimula a sus acreedores a que sean tolerantes y que brinden apoyo al sector privado. Pero las acciones concretas del Banco hablan más fuerte que sus declaraciones. El Banco ha financiado y aprobado sistemáticamente la masiva expansión del poder gubernamental en el Tercer Mundo» (1994: 64).

Un análisis del Banco sobre África concluye que «mucha de la inversión en agricultura […] se ha destinado a grandes proyectos de irrigación. […] En gran medida, se han convertido en un derroche de dinero» (1994: 65). Un proyecto en el oeste africano promovió la producción de café y cacao pero fracasó en parte debido a que el suelo no era apto. «Esto es, el Banco estimula a los agricultores que se dediquen a cultivar lo que la tierra no permite. Con amigos de esta especie los africanos no necesitan enemigos» (1994: 65). Muchas empresas que habían sido privadas en la India, Pakistán, Singapur, Sri Lanka y Nigeria se convirtieron en empresas estatales a raíz de la intervención del Banco (1994: 65-66). En otros informes reservados de la propia institución, se admiten errores graves en países como Kenya y, en general, en los emprendimientos gubernamentales en las áreas de telecomunicaciones, acero, minería y transportes (1994: 66). «En muchas oportunidades, últimamente el Banco Mundial ha estado insistiendo en que los gobiernos comprendan la importancia “de los incentivos correctos” pero mientras continúe poniendo dinero en los mismos gobiernos tercermundistas intervencionistas e incompetentes ¿qué incentivos tienen los propios gobiernos para dejar de estropear sus economías?» (1994: 66-67).

El Banco ha otorgado créditos millonarios a la República de África Central para repagar a treinta y cuarenta años sin interés para la producción de alimentos, canalizado a través de las agencias gubernamentales locales como el Ministerio de Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Investigación Agrícola y la Agencia Nacional de Desarrollo Agrícola y el resultado ha sido el de hambrunas espeluznantes (1994: 69). El Banco Mundial otorgó créditos a Sudán para paliar el hambre mientras su gobierno intencionalmente condenaba a mucha de su población a la muerte por inanición. El informe del Freedom House apunta que muchas personas en Sudán fueron castigadas y deportadas al desierto a raíz de ofensivas militares. «El Banco está entregando fondos a la República Islámica de Irán, considerada por muchos como el principal promotor del terrorismo» (1994). Los apoyos del Banco son para plantas eléctricas, pero como «el hecho es que el dinero es fungible, cuanto más financia las necesidades de infraestructura, con más facilidad el gobierno iraní puede financiar coches bomba a través del globo» (1994).

El gobierno de Mozambique recibió 215 millones de dólares mientras, como informa Freedom House, persisten las torturas y las violaciones ordenadas por el gobierno que recibe los fondos del Banco (1994: 70). En Rumania el Banco financió espectaculares elefantes blancos en la industria con la entrega de 600 millones de dólares «para los perversos programas del gobierno» (1994). Blaine Harden, funcionario del Banco Mundial, escribió que la ayuda a Zambia en definitiva «ayudó a mantener el nivel de vida de los gobernantes que están completamente fuera de la realidad respecto de lo que vive el resto de la economía» y que consumen el 20% del producto bruto interno de ese país en sueldos de los burócratas (1994: 71-72).

La existencia de este organismo internacional desplaza y ahuyenta a las inversiones privadas, que naturalmente no quieren arriesgar los capitales que administran (1994: 73) porque como escribe Nicholas Eberstadt, refiriéndose a algunos países y zonas: «Los derechos de propiedad privada, la libertad personal, el debido proceso e incluso el derecho a la vida son sistemáticamente ignorados» (1994: 73). Bandow concluye que «cuanto menos dinero disponga el Banco, mayores serán las probabilidades de lograr efectos positivos en cuanto al progreso» (1994: 74).

La hipocresía de los voceros y funcionarios del Banco Mundial es mayúscula: cuando las corrientes de opinión se mueven en dirección a las privatizaciones, otorga créditos para tal fin, aunque se trate del ejemplo de lo que no hay que hacer en esta materia al traspasar monopolios estatales a manos de monopolistas privados bloqueando el proceso competitivo y rodeado de corrupciones alarmantes, pero, sin embargo, el Banco obstinadamente se abstiene de abrir el camino en lo que dice creer privatizándose a sí mismo para ser consecuente.

Como hemos anticipado, por último nos referiremos al significado del empresario en el contexto de los robber barons en la historia de Estados Unidos. En primer término debemos clarificar que cuando nos referimos al empresario en la sociedad abierta, estamos aludiendo a aquellos que deben servir a sus congéneres para mejorar sus respectivas situaciones patrimoniales sin privilegio alguno.

Como queda dicho en este libro, el empresario que da en la tecla respecto de los gustos y preferencias de sus semejantes obtiene ganancias, y quienes se equivocan incurren en quebrantos o disminuyen sus beneficios. Pero hay otro tipo de empresarios, más bien barones feudales o cazadores de privilegios, que amasan sus fortunas en base al privilegio y a la dádiva. Son los que básicamente efectúan sus negocios en los despachos oficiales. Son los amigos del poder. En verdad no tienen nada de empresarios, son lobbistas, conquistadores de privilegios gubernamentales, son por ello pseudoempresarios que explotan a los miembros de la comunidad vendiendo a precios más altos, peor calidad o ambas cosas a la vez, respecto de lo que hubiera ocurrido si hubieran operado en competencia sin el favor estatal.

En realidad, la expresión lobby proviene de un grupo de pioneros pseudoempresarios que presionaban al presidente número 16 de Estados Unidos, el general Ulises S. Grant quien, como es sabido, derrotó a los Confederados que, como ya hemos apuntado en nuestro segundo capítulo, querían la libertad y la limitación del gobierno central. En todo caso, aquellos lobbistas lo esperaban a Grant en el lobby del Hotel Willard de Washington D.C. para arrancar prebendas, a lo que se prestaba aquel presidente, puesto que, como también hemos consignado en dicho capítulo, con la denominada Guerra Civil comenzó a concentrarse poder en el gobierno central. Fue en ese período donde comenzó a gestarse el vínculo entre el aparato político y el mundo de los pseudoempresarios —y como hemos apuntado, el aspecto medular de la contienda— en este sentido subraya este vínculo Roy A. Childs, Jr. (1969/1994: 30): «durante la Guerra Civil, con su inmensa alianza entre el Estado y los negocios».

En la historia de Estados Unidos, paradójicamente, el período denominado «progresista», después de la mencionada Guerra Civil, a finales del siglo xix y comienzos del xx, se caracterizó por una estructura legislativa mal llamada de «antitrust» que confirió inauditos privilegios a los referidos pseudoempresarios, en base a legislaciones como la Sherman Act, Clayton Act, Federal Trade Comisión Act y la Robinson-Patman Act (Armentano, 1982: 5-7). Incluso había empresarios que abiertamente sostenían las ventajas del monopolio pronunciándose en contra de los «efectos destructivos de la competencia» y permitir economías de escala (también reducción de costos de transacción se diría hoy) con el decidido apoyo de académicos como H.C. Adams —uno de los fundadores de la American Economic Association— y los economistas E.B. Andrews, A.T. Haldey, E.R. Seligman y S.N. Patten (Kolko, 1963/1977: 15).

Paradójicamente también, al período inicial en Estados Unidos en el que se desarrollaron notables emprendimientos sin respaldo estatal, en general, se lo suele bautizar como de los robber barons (figura popularizada por el panfleto de Mathew Josephson, The Robber Barons). Escribe Louis M. Hacker (1940/1942: 13) que

el colono norteamericano había abandonado países dominados por la teoría y la política del mercantilismo, o sea, por una concepción de poder estatal no muy diferente de la teoría actual del totalitarismo […], fue, por consiguiente, natural que los norteamericanos, surgidos de la lucha con la madre patria, miraran al Estado con recelo y trataran de doblegar su fuerza y su poder.

Thomas J. Di Lorenzo (2004: cap 7) describe casos de genuinos empresarios como los de James J. Hill, John D. Rockefeller y Cornelius Vanderbilt para ejemplificar el empuje, el coraje y la capacidad empresarial, el espíritu emprendedor y el desafío que significaba para ellos operar en el mercado competitivo. No sólo eso, el primero de los nombrados que se desempeñaba en la industria del ferrocarril públicamente expresaba los graves problemas que crea el entrometimiento estatal con subsidios y otras intervenciones. El segundo se lanzó con la firma Rockefeller, Andrews y Flager que luego se trasformó en la Standard Oil. El popular y muy difundido libro de Ida Traball The History of the Standard Oil desfiguró completamente los hechos, en gran medida para proteger a su hermano que trabajaba en la competencia (Pure Oil Co.). El tercero fue también un empresario ejemplar que incluso compitió exitosamente en la industria naviera contra empresas estatales rodeadas de privilegios y mercados cautivos.

John Chamberlain (1963) también contribuye a explicar detenida y muy documentadamente las diferencias entre los empresarios prebendarios que tanto mal hacen a las economías (y que hoy han adquirido tanta fuerza en Estados Unidos), en contraste con los enormes beneficios que producen los genuinos empresarios con su admirable creatividad, empuje y perseverancia.

En este contexto y en relación con las aludidas leyes que se presentaban como «antitrust», debe recordarse que hay una diferencia de naturaleza entre el monopolio que surge debido al apoyo de los consumidores con el que irrumpe merced al sustento de la legislación que promulga el aparato de la fuerza. En el primer caso, a los efectos del presente análisis, es indistinto que se trate de un grupo de empresas que operan al unísono o si se trata de una. En todo caso, el precio será el más alto que la demanda absorba, del mismo modo que ocurre cuando hay varias empresas compitiendo en el mercado. Nadie en el mercado puede cobrar el precio que desee debido a que la elasticidad de la demanda no lo permite. El monopolio que surge naturalmente en el mercado debido al antedicho respaldo del público consumidor constituye un prerrequisito para el progreso. Si se prohibiera el monopolio de este tipo, no hubiéramos pasado del garrote, puesto que el que primero recurrió al arco y la flecha hubiera sido descalificado por monopolista.

El segundo tipo de monopolio, en cambio, resulta siempre pernicioso, se trate de un monopolista estatal o privado. Siempre está explotando y perjudicando a la gente ya que, del mismo modo a lo señalado anteriormente para los pseudoempresarios en general, vende a precios más elevados, ofrece peor calidad o ambas cosas a la vez. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, este tipo de monopolista se ha extendido grandemente en la economía estadounidense.

Cuando se alude a la competencia en el contexto de la sociedad abierta se quiere significar que el mercado está abierto, lo cual no quiere decir que la autoridad deba pronunciarse acerca de cuántos proveedores deban existir o si no debe existir ninguno. Respecto de los pseudoempresarios, Richard B. McKenzie (1983: 9) escribe:

Cuando no hay límites en la acción gubernamental los empresarios se ven forzados a competir por el uso del poder gubernamental. Ellos saben que aquellos que recurren al poder político prosperarán y los que no se vean favorecidos por el gobierno perecerán. Cuando el gobierno se abre a esta posibilidad los empresarios se encuentran en un dilema social: serán criticados si no recurren al apoyo gubernamental. También serán llamados hipócritas por hablar en favor de la libre empresa y, al mismo tiempo, buscar el apoyo oficial. Los empresarios entienden el hecho de que los pedidos de intervención gubernamental contribuirán a debilitar el sistema de la libre empresa. Por otra parte, están condenados si no logran privilegios. Saben que su posición en el mercado puede ser conquistada por otros que están siendo subsidiados y protegidos por el gobierno. El empresario sabe que los accionistas quieren las mayores ganancias posibles, no importa si esto se realiza a través del gobierno u otros procedimientos legales. Si los recursos se logran o las pérdidas se evitan debido al apoyo gubernamental, los ejecutivos realizarán los pedidos correspondientes.

McKenzie concluye que «Los empresarios necesitan de la libre empresa porque los protege de ellos mismos» (1983: 10). Por su parte, Rose y Milton Friedman (1984) aluden al «triángulo de hierro» constituido por los burócratas gubernamentales, los políticos y los beneficiarios de las prebendas en el mundo empresarial y puntualizan los compromisos y favores recíprocos que se intercambian. Nuevamente invitamos al lector a consultar nuestro penúltimo capítulo si se desean analizar en contexto los incentivos que se suceden entre el aparato político y el mundo de los pseudoempresarios. Es cierto que se han realizado muchos esfuerzos institucionales para cortar el cordón umbilical de esta relación incestuosa pero, en definitiva, cuando reiteradamente hay una perra en celo y un can cerca parece difícil torcer el curso de los acontecimientos.

Desde Adam Smith (1776/1936) en adelante existe esta preocupación entre los liberales. Contemporáneamente George Stigler (1983), refiriéndose al caso de Estados Unidos, ha advertido que

Han sido ellos [los empresarios] quienes han convencido a la administración federal y a la administración de los estados que iniciaran los controles sobre las instituciones financieras, los sistemas de transporte y de comunicaciones, las industrias extractivas, etc. […] Muchos de esos empresarios han solicitado aquellos favores gubernamentales pensando que sólo ellos serían los beneficiarios y no otras empresas y sectores, pero en realidad […] el Estado no es una concubina, sino una ramera (Stigler, 1983: 12 y 15).

Robert Nozick llega a la misma conclusión: «Gran parte de la regulación gubernamental de la industria está originada por la protección contra la competencia que promueven las empresas establecidas» (1974: 274). Paul

H. Weaver (1988), dice lo mismo en un libro que lleva el sugestivo título de The Suicidal Corporation. Incluso recientemente en Estados Unidos ha surgido de flancos empresariales la adhesión al redistribucionismo en vista de las últimas expresiones estadísticas de la Gini Ratio, que mide la dispersión del ingreso. Después de tanto favoritismo y mercado cautivo, estos empresariales probablemente sienten complejo de culpa. Pero con este tipo de manifestaciones no sólo «están escupiendo al cielo» sino que, como bien ha señalado Robert T. Barro, «El determinante de mayor importancia en la reducción de la pobreza es la elevación del promedio del ingreso de un país y no disminuir el grado de desigualdad» (Barro, 2000: 14). También ha introducido no poca confusión en el ámbito de los negocios las interpretaciones retorcidas y fuera de contexto sobre el Commerce Clause (Barnett, 2004: cap. 11; Macedo, 1987: 50 y ss.).

William E. Simon, en base a su larga experiencia en el mundo de los negocios y de su paso fugaz en el gobierno estadounidense como secretario del Tesoro, denuncia la irresponsabilidad de muchos de los empresarios puesto que financian ideas que terminan destruyendo la existencia misma del comercio:

La mayor parte de los fondos privados —inevitablemente de las empresas— fluye sin cesar a instituciones que están comprometidas filosóficamente con la destrucción del capitalismo. Las grandes corporaciones americanas [estadounidenses] sostienen las universidades más importantes, sin preocuparse por el contenido de sus enseñanzas. Sostienen las fundaciones que alimentan las tendencias igualitarias más destructivas. Y con sus publicidades sostienen los medios masivos, que hoy sistemáticamente sirven como un megáfono nacional para todas las cruzadas de igualitarismo. En último análisis, las empresas americanas [estadounidenses] están financiando la destrucción tanto de la libre empresa como de la libertad política (Simon, 1978: 228).

Afortunadamente estas actitudes no abarcan todos los casos, pero el fenómeno es, sin duda, preocupante. En estos momentos, la crisis que tiene lugar en el mercado inmobiliario es el resultado de problemas mucho más profundos en la economía estadounidense, a los que nos hemos referido más arriba. Pero las políticas adoptadas —con la manifiesta complicidad de pseudoempresarios— para que se subsidie con dinero gubernamental a entidades insolventes y la persistente rebaja en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, agudizan los males ya que amenazan con una escalada inflacionaria, distorsiones en la asignación de recursos y alteran artificialmente la relación consumo presente-consumo futuro, lo cual prepara el camino para una posible recesión de características severas.

Después de haber pasado somera revista a la situación económica de Estados Unidos, después de haber mostrado la hemorragia de recursos que significa la mal llamada ayuda externa y también los perjuicios para los países receptores y después de ilustrar acerca del significado de los mercados cautivos que detentan los pseudoempresarios, tal vez resulte oportuno dar por terminado este capítulo con la reflexión de uno de los más destacados y prominentes empresarios en Estados Unidos, que marca un agudo contraste con los prebendarios, tal como ocurría en el caso de Pelatiah Webster, que en Estados Unidos contrastaba con colegas europeos en el siglo xviii. Se trata ahora de Charles G. Koch (1979), quien escribe de este modo:

¿Qué está pasando aquí? ¿Los dirigentes empresarios de Estados Unidos se han vuelto locos? ¿Por qué están autoaniquilándose debido a la voluntaria y sistemática entrega de ellos mismos y sus empresas a manos de reglamentaciones gubernamentales? [L]a contestación, desde luego, es simple. No, los empresarios y ejecutivos no comparten el deseo del suicidio colectivo. Ellos piensan que obtienen ventajas especiales para sus empresas al aprobar y estimular la intervención gubernamental en la economía. Pero se están engañando. En realidad están vendiendo su futuro a cambio de beneficios a corto plazo. En el largo plazo, como consecuencia de haber hecho que el gobierno sea tan poderoso como para destruirlos, sufrirán las consecuencias de su ceguera. Y ciertamente se merecen lo que reciban. Afortunadamente no todos los empresarios son tan miopes (énfasis en el original).

La guerra antiterrorista

De la misma manera que a los políticos raramente se los hace responsables por sus mentiras, a los gobiernos raramente se los hace responsables por sus matanzas.

James Bovard, 2003

Se ha sostenido que resulta necesario suspender el derecho y comprometer ciertas libertades individuales en caso de conmoción interior o ataque exterior fruto del terrorismo o de cualquier otra causa que exteriorice grave peligro. Se arguye que, precisamente, estas medidas deben llevarse a cabo para preservar la continuidad del orden jurídico, objeto de asalto y embestida por agresores de envergadura. Paradójicamente, se sugieren medidas contrarias al derecho y al ordenamiento jurídico al efecto de preservarlo. Se dice que es un estado transitorio y excepcional.

Los gobiernos totalitarios también dejan de lado el derecho, sólo que lo hacen definitivamente, no suspenden el derecho sino que apuntan a eliminarlo, pero, dejando de lado las intenciones finales, en el momento de la suspensión del derecho, en el momento en que las personas están privadas de sus libertades —de todas o algunas— en ese segmento no hay diferencias entre un régimen y otro (por más que las responsabilidades sean distintas en uno y otro caso).

Desde la perspectiva de un observador imparcial, podría decirse que uno es un sistema de emergencia permanente y el otro es provisorio. Ni siquiera se trata de lo que se considera son las normas aplicables en tiempos de guerra, se trata de la suspensión total o parcial del mismísimo orden jurídico. Pretender otorgarle visos de juricidad a lo que por su naturaleza es extrajurídico, no es más que una ficción o una acrobacia verbal indescifrable en términos del derecho puesto que opera extramuros de sus preceptos, opera en una zona que tiene en común con el bandidaje que se pretende combatir.

Estas suspensiones no son originales ni nuevas de Estados Unidos, vienen de antaño. En Roma, esta interrupción del derecho se la denominaba institium. A veces se ha establecido un paralelo con el derecho a la resistencia puesto que significa la sublevación contra la ley. En los dos casos se opera fuera de la ley. Pero encontramos una diferencia radical entre uno y otro caso. El derecho a la resistencia contra la opresión apunta a retornar al derecho que ha sido suspendido por leyes injustas, mientras que en el caso que nos ocupa, el monopolio de la fuerza, el agente encargado de velar y preservar el derecho, decide suspender aquello que teóricamente estaba supuesto de mantener y proteger con el argumento de que de esa manera se preservará más eficazmente el derecho.

También son viejas las objeciones a los estados de excepción, entre otros, Dante Alighieri, nos dice que «todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho […], es imposible buscar el fin del derecho sin el derecho […], aparece evidentísima la afirmación de que quien procura el fin del derecho debe procurarlo con el derecho. […F]ormalmente lo verdadero nunca sigue a lo falso» (c.1310/1992: 58-59). No es nuestra intención discutir aquí las figuras del estado de sitio, la ley marcial o medidas como el toque de queda (por otra parte, la excluimos del debate cuando se refieren a la propiedad pública), circunscribimos nuestra atención a la experiencia estadounidense.

En este sentido, Ira Glasser (2003) pasa revista a lo ocurrido en esta materia en Estados Unidos con los estados de excepción y muestra cómo la legislación sobre sedición y sobre extranjeros de 1789, de espionaje en 1917, otra vez de sedición en 1918 y la orden ejecutiva firmada por F.D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y a severas restricciones a las libertades individuales sin que ofrecieran seguridad. Recuerda Glasser que Ronald Reagan llamó esta última disposición «una histeria de guerra racista» debido a que condenó a 112 mil personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y «[n]i uno de los 112 mil fue imputado de un crimen, ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias» (2003: 26). El primer caso, al año siguiente de las advertencias de Hamilton y Madison que mencionamos en el primer capítulo y apenas seis años después de promulgada la Enmienda I, «derivó en que la Ley de Sedición y sobre extranjeros no identificó traidores y no hizo que los americanos [estadounidenses] estuvieran más seguros. Al contrario, los ciudadanos americanos [estadounidenses] y sus derechos fueron los que sufrieron. La guerra con Francia nunca se concretó, pero el miedo a los franceses subsistió» (Glasser, 2003: 26). Debido a estos episodios y para evitar reincidencias en el futuro, George Washington, siete años después, formuló las severas reflexiones que también dejamos consignadas en nuestro primer capítulo.

Por su parte, debido a la legislación sobre espionaje de 1917, «Un hombre fue enviado a la cárcel por leer la Declaración de la Independencia en público. Un ministro [pastor] fue sentenciado a quince años por decir que la guerra era anticristiana. Un editor de un periódico fue convicto por cuestionar la constitucionalidad del servicio militar obligatorio» (Glasser, 2003: 24). En el tercer caso de 1918, «se convirtió en un delito el imprimir, hablar, escribir o publicar nada que estuviera contra el gobierno. […] Las penalidades por violar estas normas no eran triviales: veinte años en prisión y 10 mil dólares de multa por cada violación» (2003: 25). Y ahora hemos visto los gravísimos problemas creados por las restricciones a las libertades a partir del criminal ataque del 11 de septiembre de 2001. Glasser concluye que «cuando los derechos son violados en nombre de la seguridad, habitualmente perdemos tanto la libertad como la seguridad» (2003: 33). Es que en situaciones normales hay siempre el riesgo y casi siempre el hecho del abuso de poder, si las vallas institucionales se levantan las tropelías están garantizadas y los derechos de las personas quedan a merced del capricho gubernamental.

De más está decir que las búsquedas de material, las lecturas realizadas y toda la documentación que hemos recogido para la investigación de este capítulo puede ponerse en nuestras palabras citando la fuente correspondiente. Pero nos hemos encontrado con trabajos que contienen afirmaciones y testimonios de una gravedad tal que, en prácticamente todos los casos, hemos optado por el encomillado y la trascripción textual de las citas, que reflejan hechos de tal magnitud y tan increíbles que deben ser dichos directamente por las fuentes y no sujetas a glosas, interpretaciones y reflexiones adicionales.

Al momento, seguramente, la obra más completa escrita en Estados Unidos sobre el terrorismo es la de James Bovard (2003). El autor señala que después del 11 de septiembre, George W. Bush hizo que el gobierno central aumentara notablemente su poder vía el procurador general John Achcroft, quien recurrió insistentemente ante el Congreso para que se lo dotara de poderes extraordinarios principalmente, aunque no exclusivamente, a través de la ley conocida como PATRIOT, sigla de Providing Appropiate Tools Requiered To Intercept and Obstruct Terrorism.

Esta ley trata a todo ciudadano como sospechoso de actos terroristas y todo agente federal como si fuera un ángel indiscutido. La administración Bush encaró la más grande demolición de la Constitución de la historia de Estados Unidos. […] La administración Bush convirtió el asalto terrorista en una carta de triunfo contra la privacidad (Bovard, 2003: 2).

Bovard muestra cómo el FBI interfiere en los correos electrónicos de los ciudadanos, se inmiscuye en las bibliotecas públicas y las librerías para saber que está leyendo la gente, intimida a personas para que trasmitan información confidencial y privada, mientras que el Pentágono prepara una base de datos con los datos médicos de ciudadanos, sus cuentas telefónicas, actividades financieras y todo lo que compran (2003: 2-3). La referida ley faculta a los funcionarios de aduana a revisar y confiscar sumas de dinero en efectivo y el Departamento de Justicia puede confiscar cuentas bancarias alegando crímenes sin relación alguna con el terrorismo, y la mencionada ley también creó la figura del «terrorismo doméstico» para encuadrar a todos los que

intentan influenciar la política gubernamental […] por tanto grupos de protesta podrían transformarse en entidades terroristas […] incluso protestas antiaborto. […M]ás aún Ashcroft canceló el habeas corpus con un decreto en el que el gobierno puede encarcelar a extranjeros por un «período razonable». […] El profesor de derecho de la Univerisad de Georgetown, David Cole, observó que «Nunca en nuestra historia el gobierno ha tenido la facultad de encarcelar secretamente». […] Ahora las personas que viajan pueden ser arrestadas si le levantan la voz a un agente federal en protesta por las revisaciones que hurgan desaprensivamente las medias y la ropa interior en las valijas. […] La Freedom Information Act hace muy difícil a los americanos [estadounidenses] descubrir las acciones del gobierno central. […] Mientras Bush invoca permanentemente la libertad para santificar su política antiterrorista, la libertad de disentir puede incorporarse a la lista peligrosa. […] El Departamento de Homeland Security exige a los departamentos de policía que tomen a los críticos de la guerra contra el terrorismo como terroristas potenciales y que mantengan los ojos abiertos «frente a cualquiera que exprese su disgusto respecto de actitudes y decisiones del gobierno de Estados Unidos». […] El Departamento de Justicia está patrocinando la nulidad de prácticamente todas las resoluciones judiciales en los niveles federal, estatal y municipal que restrinjan el poder de la policía municipal y estatal para espiar a los ciudadanos (Bovard, 2003: 3-5).

Y finalmente en esta sección de su libro, el autor cuestiona si la lucha contra el terrorismo no está creando más víctimas que el propio terrorismo (2003: 8). El mismo autor se pregunta sobre el eventual éxito del terrorismo en cuanto a la liquidación de las libertades individuales. Tres días después de la agresión criminal, el Senado aprobó sin debate una ley denominada «Combating Terrorism Act», donde se autoriza al FBI a escuchas telefónicas e intervenciones en los correos electrónicos sin orden judicial, y el 17 de septiembre se promulgó la «Mobilization Against Terrorism Act» por la que se permite el encarcelamiento de extranjeros por tiempo indeterminado, la confiscación de efectivo a ciudadanos estadounidenses basados en una mera sospecha y la intervención en prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas (2003: 63-64), y «el alma de la Ley Patriota consiste en una fe ciega en el poder arbitrario de los agentes y funcionarios federales» (2003: 80).

En octubre 17 de 2001 la Cámara de Representantes aprobó la ley de Bush denominada «International Money Laundering Abatment and Antiterrorist Financing Act» por 412 votos contra 1. Ron Paul (republicano por Texas) fue el único que se opuso, quien declaró que la ley «tiene más que ver con la guerra contra la privacidad financiera que con la guerra contra el terrorismo» y la ridiculizó como «una peligrosa lista de lavado para manotazos a los poderes constitucionales». […] Estas medidas en la práctica distraerán de la lucha contra el terrorismo al estimular que se emplee la ley para perder tiempo espiando datos financieros de americanos [estadounidenses] inocentes que simplemente revelan movimientos «inusuales» en sus transacciones financieras (Bovard, 2003: 82-83).

Bovard cita numerosos casos en los que agentes gubernamentales han confiscado sumas muy elevadas y encarcelado a personas que entraban o salían de Estados Unidos y subraya que en la ley respectiva, conocida como «Operation Green», «El Congreso no explicó porqué una persona se convierte en contrabandista por el mero hecho de transportar su propio dinero» (2003: 94). Incluso «El Departamento de Justicia está explotando los poderes obtenidos merced a la Ley Patriota para confiscar millones de dólares de bancos extranjeros que operan en Estados Unidos en casos en los que no hay conexión alguna con el terrorismo ni en los que se alega tal cosa» (2003: 101).

En esta situación, las dificultades de los detenidos para designar un abogado y para comunicarse con él se multiplican cuando no «son golpeados y se les prohíbe tomar contacto con un abogado» (2003: 111). Poco tiempo después de promulgada la Ley Patriota el Departamento de Justicia (sic) anunció que en el caso de la detención de un sospechoso de terrorismo, cuando se autoriza la designación de un abogado, representantes del Departamento pueden interferir y escuchar todas las conversaciones mantenidas con los profesionales, lo cual equivale a destruir la defensa (2003: 114). Las detenciones que al principio se informaban al público, luego se decidió que se mantuvieran en reserva en base a lo cual

Ashcroft declaró más tarde que los nombres de los detenidos no se harían públicos porque la información es «demasiado sensible para conocimiento público». […] La jueza federal Gladys Kessler declaró que «Los arrestos secretos constituyen un concepto odioso para una sociedad democrática y profundamente antitética a los valores fundamentales que caracterizan a una sociedad libre y abierta como la nuestra… El interés público en conocer la identidad de quienes son arrestados y detenidos resulta esencial para verificar si el gobierno opera dentro de los límites que establece la ley». Kessler declaró: «La prioridad del poder judicial consiste en asegurar que nuestros gobernantes siempre operen conforme a la constitución, lo cual distingue la democracia de la dictadura». Kessler ordenó que el Departamento de Justicia publicara en 15 días la lista con los nombres de los detenidos, pero luego extendió el plazo para permitir que el Departamento de Justicia pueda apelar. […Sin embargo] los procuradores confirman que los detenidos son testigos materiales y se niegan a dar sus nombres […] El detener a personas en calidad de testigos materiales quiere decir que «pueden ser interrogados sin la presencia de sus abogados porque no se les imputa ningún crimen», explica Brill [Steven] (Bovard, 2003: 119, 123 y 125).

En un fallo de 2002, la Intelligence Surviellance Court señaló que una vez que se otorga la vigilancia requerida «el FBI está autorizado a conducir simultáneamente vigilancias en los teléfonos, los micrófonos, los celulares, los correos electrónicos y las computadoras, los domicilios, los lugares de trabajo y los vehículos de quienes se ponen bajo la mira». […] El Departamento de Justicia notificó al Foregin Intelligence Survillance Court que el FBI había llevado a cabo por lo menos 75 casos [en un año] donde se falsearon los resultados ante la Corte respecto de escuchas (Bovard, 2003: 138).

Ya se ha hecho notar que «La Ley Patriota facultó a los agentes del FBI para ir a cualquier biblioteca o librería y demandar la lista de lo que la gente pidió prestado o compró e incluso por las obras sobre las que ha preguntado. […] La Ley Patriota anuló las leyes federales, estatales y municipales que protegían la privacidad de los usuarios en las bibliotecas y en las librerías de la intromisión de agentes federales» (Bovard, 2003: 141). Ahora agregamos lo que también apunta Bovard al citar a

Emily Sheketoff de la American Library Association quien observa que los agentes del FBI «obtienen un permiso para registrar o una orden de la corte y entran a una biblioteca, el bibliotecario no puede apelar a un juez, no pueden decirle a nadie del episodio. No pueden decirle a la persona cuyos datos están siendo investigados, no pueden decirle al director de la biblioteca, no pueden decirle a su representante en el Congreso, no pueden decirle a su Senador». […] Antes del 11 de septiembre resultaba difícil que un agente gubernamental persuada a un juez para obtener un permiso para llevar a cabo un registro secreto en el domicilio de alguien. Después de promulgada la Ley Patriota estos registros se convirtieron en una rutina (Bovard, 2003: 141 y 143).

Explica el autor que no resulta posible que la persona sujeta a registros secretos en su domicilio por agentes gubernamentales, pueda defenderse y alegar la violación de la Enmienda IV, precisamente por no saber que está siendo registrada y revisada clandestinamente (2003: 144). El ya citado

Profesor de derecho David Cole, de la Universidad de Georgetown, advierte que «Si usted está involucrado en cualquier tipo de actividad política, tiene que temer la vigilancia del FBI». […] La Ley Patriota hace mucho más fácil que los agentes del FBI intercepten informaciones privadas por la National Security Letters. Las citaciones correspondientes obligan a las personas, a las empresas y a otras instituciones a entregar información confidencial sin orden de juez, incluyendo datos sobre cuentas bancarias, el uso de Internet, llamadas telefónicas, direcciones electrónicas, lista de adquisiciones y demás (Bovard, 2003: 145).

En 1976, debido a las denuncias de reiterados escándalos y abusos ocurridos en el FBI, se restringieron sus facultades, restricciones que fueron abolidas por parte de Ashcroft en cuanto

a las facultades del FBI para espiar a los americanos [estadounidenses] en referencia a lo que hacen diariamente con sus vidas. […] Ashcroft anunció el 30 de mayo [de 2002] que después del 11 de septiembre «nosotros en el liderazgo del FBI y en el Departamento de Justicia empezamos un esfuerzo conjunto para liberar a los agentes —los hombres y mujeres valientes de las primeras líneas— de los controles y restricciones burocráticas, organizacionales, operativos y estructurales que los imposibilitaban de hacer su trabajo eficientemente». […] El FBI no dejó escapar ningún rincón de la vida de los americanos [estadounidenses] sin estar sujeto a su vigilancia (Bovard, 2003: 147-148).

Un editorial del New York Times titulado «An Erosion of Civil Liberties» del 31 de mayo de 2002 advirtió que estas leyes nuevas «pueden significar que agentes del FBI se presenten en los domicilios de personas que ordenan libros impopulares a Amazon.com o que efectúan llamados telefónicos a organizaciones críticas al gobierno» (Bovard, 2003: 154). Por su parte, el columnista de ese mismo periódico William Safire, escribió en ese medio el 22 de noviembre de 2002 que

Todas las adquisiciones realizadas con una tarjeta de crédito, toda suscripción a una revista que se contrate, toda receta médica, todo sitio que se visite en la web, todo mail que se envíe o reciba, todo grado académico que se obtenga, cada depósito bancario que se efectúe, cada viaje que se lleve a cabo y todo evento en el que se participe va al banco de datos del Departamento de Justicia (Bovard, 2003: 157).

Con razón Charles Levendosky ha escrito que «El Departamento de Justicia ha construido un inmenso espejo con una sola visión entre el gobierno y el ciudadano —los agentes oficiales pueden mirar afuera pero los americanos [estadounidenses] no pueden mirar hacia adentro» (Bovard, 2003: 157).

Hay poder en la información: cuanto más información obtenga el gobierno sobre las personas, mayor es el poder que tiene sobre ellas. […] Desafortunadamente el espíritu revolucionario que ahora anima a Washington [a diferencia del que animaba a la Revolución Estadounidense] es pelear para reemplazar el derecho a la privacidad por el derecho al entrometimiento (Bovard, 2003: 167-168).

A pesar de todo, en diferentes ámbitos «las nuevas políticas de seguridad han creado más reyertas que seguridad» (Bovard, 2003: 2).

Respecto de las medidas en los aeropuertos, el consultor Michael Boyd, ex ejecutivo de Braniff, sostiene que la legislación es «una cobertura para la negligencia masiva de la FAA [Federal Aviation Administration], es como instalarlos a Bonnie & Clyde a cargo de la seguridad de los bancos» (Bovard, 2003: 174). Incluso

The Association of Flight Attendants presentó una queja formal a Norman Mineta [Secretario de Transportes] sobre abusos sexuales por parte de los agentes de seguridad encargados de revisaciones […y] por lo menos 35 mujeres contactaron al procurador general de Arizona Janet Napolitano denunciando haber sido tocadas de modo impropio en revisaciones en Phoenix y Tucson (Bovard, 2003: 176).

Ocurren episodios ridículos en los aeropuertos que, como hemos apuntado en otro capítulo, podrían minimizarse si se descentraliza el control y se confía a manos privadas en las que las auditorías operan con incentivos bajo la amenaza de ser reemplazados como proveedores del servicio, en lugar de politizar la seguridad y centralizarla. Los episodios de referencia se ilustran con el caso de

Guo Yongqiiang que, en viaje a Nueva York, estaba usando zapatos fabricados por él mismo para pies fríos, al efecto de convencer a una empresa que los produzca masivamente. Aún después de que el personal de seguridad concluyó que los zapatos no significaban riesgo alguno, el escuadrón de expertos en bombas decidió hacerlos explotar para asegurarse de que no «crearán más confusión», según declaró el vocero de seguridad (Bovard, 2003: 177).

James Bovard cuenta también que «A Della Maricich se le prohibió volar de Portland a Seattle el primero de mayo de 2002 debido a que pidió al agente que la revisaba que tuviera su cartera a la vista mientras la registraba» (2003: 198). «El lema que aparece en la casa central de la TSA [Transportation Security Administration] es Dominate, Intimidate, Control» (2003: 2). Y dedica el noveno capítulo de su libro, titulado «Licence for Tyranny», a explicar cómo el gobierno de Estados Unidos se alía en su guerra antiterrorista con gobiernos como el de Rusia, China, Pakistán, Nigeria y otros, cuyos gobernantes han producido masacres contra su propia población, integrada por disidentes políticos, bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y terminan, como en el caso cubano, identificando a los opositores con el terrorismo. Concluye que

La guerra internacional contra el terrorismo ha terminado por convertir al mundo en un lugar menos libre. Más de mil millones de personas han visto sus libertades mermar en el altar del antiterrorismo y han debido soportar los riesgos de arrestos y detenciones injustificadas. […] La mayor parte de la gente en el mundo no temía el terrorismo internacional antes del 11 de septiembre, pero ahora muchos de ellos tienen más razones para temer a sus propios gobiernos (Bovard, 2003: 223).

Este problema de la inseguridad que crean los gobiernos no aparece con la guerra antiterrorista, se ha acentuado con ella. Solamente

el número de personas muertas en el asalto del FBI en Waco en abril 19 de 1993 fue 80, lo cual excedió el número total de civiles americanos [estadounidenses] durante todos los ataques terroristas durante los años noventa. […] Según las estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos entre 1980 y 2000, 7.745 personas fueron muertas en incidentes terroristas. Durante el mismo período los gobiernos del mundo mataron a 10 millones de personas (Bovard, 2003: 233).

Algunos ejemplos ocurrieron en Indonesia, Afganistán, Etiopía, Mozambique, Rwanda, Corea del Norte, Sudan y el Congo (2003: 234).

Cada año los gobiernos matan por lo menos cien veces más que los terroristas internacionales. Los ataques del 11 de septiembre fueron probablemente el único momento en que las personas muertas por el terrorismo internacional se acercó al uno por ciento del número de personas que mataron los gobiernos [en ese año…]. El hecho de que los gobiernos maten más gente que los terroristas no hace que éstos sean menos peligrosos. La cuestión es si el daño que producen los terroristas debe eclipsar el peligro mucho mayor que la carnicería gubernamental (Bovard, 2003: 235).

Y, por otra parte, el gobierno es la única institución que tiene el privilegio de investigar y juzgar sus propias matanzas» (2003: 237). «Cada acción realizada por ciudadanos privados calificados como terroristas debe ser considerada también terrorista si la llevan a cabo agentes gubernamentales» (2003: 238). «Las sanciones que impuso [el gobierno de Estados Unidos] a Iraq pueden haber matado 50 veces más civiles que las muertes provocadas por el terrorismo durante el período en el que supuestamente el terrorismo era una de las mayores amenazas para la humanidad» (2003: 297).

En este contexto es que Randolph Bourne ha escrito que «La guerra es la salud del Estado. Automáticamente pone en movimiento a través de la sociedad aquellas fuerzas irresistibles hacia la uniformidad, hacia la cooperación apasionada con el gobierno para coaccionar a la obediencia de grupos minoritarios de individuos que no forman parte del rebaño» (Bourne, 1911-1918/1977: 360). Y, en la misma dirección, Rummel muestra que durante el siglo xx los gobiernos asesinaron a 169.198.000 personas sin contar con las guerras, por eso, parafraseando a Lord Acton, abre ese capítulo inicial con la afirmación de que «El poder mata y el poder absoluto mata absolutamente» (1949/2007: cap. 1). Aquí es muy oportuno ampliar una cita de Paul Johnson, que hemos mencionado parcialmente en un capítulo anterior:

El Estado se ha probado como un gastador insaciable y un derrochador sin rival. En verdad, en el siglo xx también se probó como el gran homicida de todos los tiempos. Hasta 1980 la acción estatal fue responsable por la muerte violenta o no natural de más de 100 millones de personas, más tal vez que las vidas que destrozó en toda la historia de la humanidad hasta 1900 (Johnson, 1983: 729).

Y, por su parte, Isabel Paterson sostiene que «La guerra es una demostración en escala ampliada de la naturaleza del gobierno» (Paterson, 1943/1993: 262).

Bovard señala en el libro que venimos comentando la distorsión total de la idea de la libertad por parte del gobierno estadounidense al asimilarla a una completa sumisión a las resoluciones gubernamentales. Y aclara que se trata

eventualmente [de] un concepto estalinista […] porque Bush es ahora la libertad personificada, cualquiera que se oponga a Bush es, por definición, un enemigo de la libertad. […] Pero el deseo de difundir la libertad no confiere automáticamente una licencia para matar. Ir a la guerra es para Bush probablemente la prueba mayor de la devoción a la libertad. […E]n West Point el primero de junio de 2002 Bush anunció que «todos los americanos [estadounidenses] deben estar preparados para acciones preventivas cuando sea necesario para defender la libertad». Para Bush el poder militar es prácticamente la libertad encarnada. […] En su discurso de abril de 2003 dirigido a los trabajadores de la planta de tanques de la armada en Ohio, Bush declaró que «Ustedes construyen las armas que aquí se fabrican porque en este país amamos la libertad». […] Oyendo los discursos de Bush uno podría pensar que sólo recientemente aparecieron gobiernos y grupos que son hostiles a la libertad. Sin embargo, a través de la historia de América [del Norte] desde 1776 en adelante el mundo ha estado repleto de enemigos de la libertad (Bovard, 2003: 262).

El mismo autor se detiene a explicar (Bovard, 2003: 235 y ss.) que la libertad no se logra arrojando bombas, al tiempo que muestra la estrecha conexión entre la guerra y la pérdida de libertades en el país que la alienta, sobre lo cual ya habían advertido los Padres Fundadores, tal como lo pusimos de manifiesto en nuestro primer capítulo. En esta misma línea argumental, es por eso que tantos autores insisten en la importancia de la educación (que, paradójicamente, cuando interviene la burocracia del Departamento de Estado en esos temas, lo hace a favor del intervencionismo estatal y, además ataca a las instituciones que pretenden defender instituciones libres, tal como ejemplificamos con el caso de Guatemala en nuestro capítulo referido a la política exterior).

En el capítulo referido a los servicios de inteligencia y a las fuerzas paramilitares, hemos puesto de manifiesto la improcedente y a todas luces inaudita tendencia a sugerir una asimilación entre musulmanes y terroristas. Con razón, Bovard enfatiza que «la amenaza inmediata para los americanos [estadounidenses] no proviene de la lectura del Corán sino de una lectura perversa de [nuestra] Constitución» (2003: 348).

Por otra parte, retomando el punto anterior, a pesar de toda la parafernalia montada por el FBI y la CIA, el mencionado autor, detalla también los errores garrafales de esas agencias para detectar aspectos burdos e indicaciones de fácil percepción que se les pasó por alto en la anticipación de los sucesos del 11 de septiembre (2003: 331 y ss.). Y más adelante transcribe lo que relata Bob Woodward, en la página 351 de su libro Bush at War, en el sentido de que en la reunión en Afganistán celebrada el 5 de febrero de 2002, a la que asistieron 25 personas de la Fuerza Especial de la CIA, después de rezar e invocar el 11 de septiembre, uno de ellos, en nombre del grupo, manifestó: «Exportaremos muerte y violencia a los cuatro rincones de la tierra en defensa de nuestra gran nación» (2003: 339). Bovard comenta que

Si hubiera otro Boston Tea Party, posiblemente Bush sería el primero en acusar de terroristas a quienes protestaban. […C]uanto más simpatía reciban los políticos, mayor es el daño que pueden infligir. […] Estados Unidos probablemente ha hecho más para reducir la libertad en el mundo por su mal ejemplo y la financiación de regímenes opresivos (2003: 347 y 349-350).

Richard A. Clarke —asesor en temas de seguridad para cuatro presidentes: Reagan, G.H.W. Bush, Clinton y G.W. Bush— escribió un libro porque

A medida que se iban desarrollando los sucesos de Iraq y en otros lados, durante el transcurso de 2003, estaba cada vez más preocupado por el hecho de que demasiados de mis conciudadanos habían sido engañados. La gran mayoría de los americanos [estadounidenses] creían, porque así lo presentaba la administración de [G. W.] Bush, que Saddam Hussein tuvo algo que ver con el ataque de Al-Qaeda […] cuando en realidad la administración dejó pasar la oportunidad de eliminar Al-Qaeda y, en vez, insistió en fortalecer a nuestros enemigos e irse por una tangente completamente innecesaria invadiendo Iraq (Clarke, 2004: IX).

Y agrega:

George W. Bush, falló en el hecho de que no actuó antes del 11 de septiembre a raíz de las amenazas de Al-Qaeda y a pesar de las repetidas advertencias y luego del ataque por haber adoptado pasos insuficientes y obvios y haber lanzado una innecesaria y costosa guerra contra Iraq […] produciendo un fiasco innecesario en Iraq, politizando el contraterrorismo como un medio para que la administración Bush se asegure victorias electorales. […] Los dirigentes de la Casa Blanca de [la administración] Bush tienen una reputación de sentirse ofendidos con críticos que han sido previamente sus asociados, lo cual consideran una deslealtad […] en mi caso la lealtad para los ciudadanos Estados Unidos tiene prelación sobre la lealtad a la maquinaria política. Debemos defender la Constitución contra aquellos que usan la amenaza terrorista para asaltar las libertades que asegura la Constitución. Esas libertades están siendo asaltadas y si llega a producirse otro ataque de envergadura en este país habrá nuevos asaltos a nuestros derechos y libertades civiles. Por tanto, resulta esencial prevenir futuros ataques y proteger la Constitución contra todo enemigo (Clarke, 2004: X-XIII).

Esa tarde del 12, dejé el Centro de Videoconferencias y lo encontré al Presidente [Bush] caminando solo cerca de la Sala de Situación. […] Nos reunió a algunos de nosotros en la Sala de Conferencias, cerró la puerta y nos dijo «Miren, sé que tienen mucho que hacer pero quiero que vuelvan a revisar todo. Vean si Saddam hizo esto. Vean si está vinculado de alguna manera». Yo estaba estupefacto y se notaba, «pero Señor Presidente Al-Qaeda hizo esto». «Ya lo sé, ya lo sé, pero vean si Saddam estuvo involucrado. Sólo vean. Quiero saber y desmenuzar.» «Absolutamente, miraremos… otra vez.» Estaba tratando de ser amable, «pero Usted sabe que hemos estudiado el tema varias veces sobre Al-Qaeda y no hemos encontrado ninguna vinculación real con Iraq. Irán juega un pequeño rol, como Pakistán, Arabia Saudita y Yemen». «Miren a Iraq, Saddam» dijo el Presidente y nos abandonó (Clarke, 2004: 32).

Cuando Randy Beers fue a trabajar en el área de terrorismo en el NSC [National Security Council] en 2002, comenzó a prestar servicio para el cuarto Presidente en la Casa Blanca (previamente trabajó para Reagan, Bush y Clinton). Brees tenía enorme experiencia trabajando en políticas de inteligencia y operaciones, terrorismo, militares extranjeros. […] Cuando Breers se sentó al lado mío, sus primeras palabras fueron «Creo que debo renunciar». Creía saber por qué, pero pregunté. Su respuesta fluyó como un río desbordado: «No lo comprenden aún. En lugar de ir tras Al-Qaeda y eliminar nuestra vulnerabilidad aquí, quieren invadir Iraq otra vez. […] ¿Usted sabe lo mucho que se fortalecerá Al-Qaeda y los grupos similares si ocupamos Iraq? No hay amenaza para nosotros por parte de Iraq pero el 70% del pueblo americano [estadounidense] cree que Iraq atacó el Pentágono y el World Trade Center. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que la administración quiere que crean». […] Randy continuó: «peor aún, están usando la guerra contra el terrorismo políticamente. […] No puedo trabajar para esta gente, perdón pero no puedo». Brees renunció (Clarke, 2004: 241-242).

Es tiempo de hacer lo que tantos observadores veteranos de la comunidad de inteligencia han recomendado: saquen la función del análisis de inteligencia de la CIA y formen un consejo reducido e independiente de profesionales y expertos de afuera. […] Sospecho que muchos de los miembros heroicos de las tropas de Estados Unidos que arriesgaron sus vidas peleando en Iraq pensaban que estaban vengando a los 3.000 muertos del 11 de septiembre. Qué cosa horrible fue el trasmitir esa falsa impresión a nuestra gente y a nuestras tropas. Recién en septiembre de 2003, después de ocupar Iraq […] el Presidente manifestó claramente que no había «evidencia de que Iraq estuviera involucrado en los ataques del 11 de septiembre». […] Ahora los americanos [estadounidenses] saben que Saddam Hussein no tuvo nada que ver con el 11 de septiembre, que no había amenazas inminentes de Iraq y de las armas de destrucción masiva. […E]s esencial que centremos nuestra atención en las amenazas reales que existen y las vulnerabilidades aquí en nuestro país. Si no enfrentamos los problemas reales, sufriremos nuevamente (Clarke, 2004: 253, 268 y 273).

Y concluye el autor afirmando que estos graves desaciertos y engaños mayúsculos conspiran contra la reputación y la confianza que otros puedan tener en el futuro respecto del gobierno de Estados Unidos. Bovard también explica que el ataque «preventivo» a Iraq no tuvo relación alguna con el 11 de septiembre y no representaba ninguna amenaza y recuerda que durante la guerra de Iraq e Irán, fueron gobiernos de Estados Unidos los que proveyeron de inteligencia militar y material para convertir en armas biológicas y químicas (como recordamos antes, lo hizo con Bin Laden en épocas de la invasión rusa a Afganistán) (2003: 288-289). Asimismo, señala que uno de los blancos de los ataques estadounidenses fue el sistema eléctrico, lo cual condujo a 100 mil muertes de civiles y a que se dupliquen los índices de mortalidad de bebés debido a las consecuentes pestes, epidemias de cólera y tifus, lo cual se agravó por el bloqueo que impuso el gobierno de Estados Unidos para importar bienes tales como ambulancias, jabón, equipos de diálisis, leche, tanques de agua y equipos dentales (2003: 195 y 292-293). Cuenta también que

El 5 de noviembre de 2002 en una campaña del Partido Republicano en New Hampshire, Bush lo denunció a Saddam: «Sabemos que tiene vínculos con Al-Qaeda». […D]espués de constantes acusaciones e insinuaciones de la administración Bush […] una encuesta mostró [CNN, 11 de marzo de 2003] que el 72 por ciento creía que Hussein estaba personalmente involucrado en los ataques del 11 de septiembre. Una encuesta de enero [12] de 2003 [Philadelphia Inquirer] señala que prácticamente la mitad de los americanos [estadounidenses] creía que uno o más de los que secuestraron los aviones eran de origen iraquí, a pesar de que ninguno de los secuestradores provenía de ese origen. Setenta y tres por ciento [encuesta de Time, 3 de noviembre de 2002] pensaba que Saddam ayudaba a Al-Qaeda. […] Aún hoy persiste la creencia entre muchos americanos [estadounidenses] de que el dictador iraquí desempeñó un rol directo en los ataques (Bovard, 2003: 303-305).

También el gobierno estadounidense insistió hasta que las pruebas en contrario resultaron demoledoras que Iraq contaba con «armas de destrucción masiva», por ejemplo, en el discurso sobre el estado de la Unión del 28 de enero de 2003, en el ultimátum a Saddam el 17 de marzo del mismo año, el día anterior en el reportaje a Cheney en NBC y la denuncia de la célebre —y también intencionalmente falsa y fraudulenta— denuncia del jefe de la CIA, George Tenet, ante el Congreso sobre la supuesta compra de Iraq de 500 toneladas de uranio en Nigeria para usarlas en la preparación de armas nucleares (Bovard, 2003: 305-309). Debe tenerse presente que, como afirmó el vocero de la Casa Blanca Ari Fleischer el 10 de abril de 2003, las armas de destrucción masiva «han sido el motivo de esta guerra y son el motivo» (Bovard, 2003: 310). Y toda esta patraña costó la vida de miles de civiles inocentes en Iraq, acompañadas de declaraciones patéticas como la aparecida en el New York Times (29 de marzo de 2003) de un soldado estadounidense que declaró: «Hoy hemos tenido un gran día. Hemos matado a mucha gente» y la carta del agente del FBI Coleen Rowley dirigida al director de esa repartición Robert Muller, donde advertía que «el plan para invadir Iraq traerá como consecuencia, con toda probabilidad, un aumento exponencial en la amenaza terrorista a los Estados Unidos, tanto en el país como en el exterior» (Bovard, 2003: 312 y 315).

El ex juez de la Corte Suprema de Nueva Jersey, Andrew Napolitano, afirma que muchos estadounidenses dan por sentado que se les respetarán sus derechos y libertades, pero el hecho es que el gobierno no sólo no cumple sus funciones de protegerlos sino que asume un rol depredador:

procesa gente que sabe es inocente, confisca propiedades. […D]esde el 11 de septiembre de 2001[…] ha torturado a personas que arresta. Ha usurpado la facultad de encarcelar a americanos [estadounidenses] de por vida sin siquiera imputarles cargos. Ha procesado a extranjeros en secreto, arrestado a abogados que pretenden defenderlos y, por primera vez en la historia de América [del Norte], sin obtener una orden judicial lee los correos electrónicos y usa lo que encuentra contra ellos. Este no es el gobierno americano [estadounidense] que establecieron los Padres Fundadores (Napolitano, 2004: X-XII. Énfasis en el original).

[U]na legislatura no puede por voto mayoritario arrancar la propiedad de la persona A y entregársela a la persona B. ¿Por qué? Porque bajo la ley natural esa legislatura se ha excedido en los poderes de cualquier gobierno al violar el derecho de la persona a usar y disponer de su propiedad. De hecho, en 1798, la Suprema Corte de Estados Unidos aclaró precisamente este asunto. […] Bajo la óptica del positivismo la ley es todo aquello que el gobierno de turno dice que es. El positivismo […] mantiene que no existen restricciones a los gobiernos electos popularmente para promulgar cualquier ley que se desee. Carte blanche en todo sentido (Napolitano, 2004: XIII-XV).

Apenas un ejemplo de las arbitrariedades cometidas:

Como resultado de la corrupción moral de la aplicación de la ley en Boston en toda la línea desde la policía y los procuradores hasta el Director del FBI, un hombre totalmente inocente [Joseph Salvati] estuvo treinta años tras las rejas. Sorprendentemente, la policía y el FBI arrestaron a este hombre y los procuradores lo imputaron y procesaron a pesar de saber que era inocente (Napolitano, 2004: 22. Énfasis en el original).

Por eso,

El derecho básico de poseer armas sirve para la fundamental función en nuestra sociedad: la defensa propia. El derecho tiene dos propósitos: permite que las personas se protejan de los criminales cuando el gobierno no las protege. Pero más importante aún, el derecho existe para que los individuos puedan protegerse del gobierno cuando los ataca injustamente. […] El juez Alex Kozinski, un gran jurista y miembro de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en el Noveno Circuito, expresó su preocupación en un voto firme en disidencia en el caso Silveira v. Lockyer de 2003. Explicó que «la tiranía opera mejor cuando el gobierno no teme a gobernados armados». El juez Kozinski documentó [en esa oportunidad] las atrocidades mayores en el mundo, todas «perpetradas por tropas armadas contra poblaciones desarmadas». Mientras que una población desarmada no conduce necesariamente a un gobierno genocida, no ha habido un solo caso de genocidio en el siglo xx que tuviera lugar allí donde se le permitía a la población tener armas (Napolitano, 2004: 50-51. Énfasis en el original).

Napolitano también ejemplifica las arbitrariedades gubernamentales a través de las decisiones de la procuradora general de Estados Unidos Janet Reno en el caso que hemos mencionado antes de la escandalosa masacre en Waco, aunque

La misma Reno en su momento determinó que las alegaciones eran falsas y, sin embargo, siguió adelante con el plan [de asalto]. Procediendo de esta manera permitió que veinticuatro niños y bebés inocentes murieran envenenados y con fracturas de cráneo por la acción de tanques militares […]; no es una sorpresa que Reno quiso esconder evidencias que la implican en el asesinato de ochenta y seis civiles inocentes (Napolitano, 2004: 112).

Asimismo, el autor se refiere a otra tropelía de Janet Reno

brindando apoyo al secuestro ilegal de un chico de seis años a punta de pistola. En noviembre de 1999, Elizabet Gonzales decidió fugarse del régimen tiránico y opresivo de Fidel Castro en Cuba y empezar una nueva vida en América [del Norte…]. Elian vio cómo su madre se ahogaba en el mar junto con otras diez personas. Elian fue rescatado en la costa de Fort Lauradale en el día de Acción de Gracias por un pescador. Los parientes de Elian, su tío Lázaro Gonzales y varios primos, que habían escapado del régimen castrista previamente, lo recibieron en Miami. En Cuba, Juan Miguel Gonzales, el padre biológico de Elian y miembro activo del Partido Comunista de Castro, no aceptó que su hijo fuera criado en un país libre. Castro movilizó los sentimientos antinorteamericanos convocando a marchas en La Habana […] y puso presión al gobierno de Clinton para que devuelva a Elian a la tiranía de Castro. Mostrando simpatía por el sistema dictatorial de Castro, Bill Clinton y Janet Reno eligieron el peor final para el milagroso salvataje de Elian. En enero de 2000, el Departamento de Justicia de Reno ordenó al Servicio de Inmigración y Naturalización que enviaran a Elian a las manos de Castro (Napolitano, 2004: 113-114).

Napolitano cuenta que la historia terminó cuando el 22 de abril la INS, por instrucciones de Reno, violó la orden del juez del Onceavo Circuito dictada el 19 de abril en el sentido de hacer lugar a la aplicación de Lázaro Gonzales para el asilo de Elian, a pesar de lo cual

un equipo SWAT de veinticinco agentes del INS derribó la puerta e invadió el domicilio. En un placard lo encontraron al pescador que había salvado a Elian quien lloraba en sus brazos. Un agente federal apuntó su arma de asalto a Elian y ordenó al pescador bajo amenaza de dispararle que le entregara el niño. Los agentes se llevaron a Elian, que continuaba gritando, en un automóvil sin identificación. […] En lugar de condenar la acción ilegal de su corrupta Procuradora General, Bill Clinton la ponderó. […] Janet Reno y el gobierno federal no tenían absolutamente ninguna autoridad judicial para irrumpir en un domicilio privado y apoderarse del niño (Napolitano, 2004: 115-116).

El autor agrega:

En respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos detuvo a miles de inmigrantes legales y los mantuvo incomunicados por muchos meses. Muchos fueron procesados en secreto por incumplimientos técnicos con el INS. Ninguno fue acusado de actividades terroristas. […] El último abuso inconstitucional del gobierno federal fue interferir con los abogados de terroristas. El Congreso y el Departamento de Justicia implementaron herramientas que permiten a funcionarios federales que interfieran con los abogados que desean proveer a sus clientes de asesoramiento competente. […] Además de interferir con los abogados, en el período post 11 de septiembre, el gobierno federal ha implementado un ataque completo al derecho del público y de los medios para observar los juicios. El derecho constitucional de la libertad de prensa incluye el derecho a escuchar. Consecuentemente, la Constitución garantiza acceso al público a cualquier procedimiento en la cortes, excepto (de acuerdo a algunas cortes) en los casos en los que resulte daño físico a niños. […] Diez días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Procurador General Ashcroft envió un memorando a todos los jueces de inmigración […] por el que los jueces deben, entre otras cosas, «cerrar las audiencias al público». […] Esencialmente, una vez que el Procurador General Ashcroft apunta a alguien, esa persona desaparece. Ni siquiera la familia del inmigrante en cuestión es capaz de saber qué sucedió con esa persona, incluso después de que esa persona ha sido deportada (Napolitano, 2004: 133 y 139-141).

Afirma el autor que la llamada Ley Patriota hizo posible la invasión a los derechos de las personas por parte del gobierno (2004: 146). Utilizar la figura del «testigo material» en la guerra antiterrorista, como la usada en el reputado caso Padilla, «constituye una táctica que el gobierno federal implementa como un medio de encerrar a personas que les preocupan pero que no han cometido ningún delito comprobado» (2004: 154). De igual manera, la figura del «enemigo combatiente» es un subterfugio para despojar a las personas de sus derechos constitucionales por medios ilegales (2004: 156).

Explica además que el término «enemigo combatiente» fue inventado después del 11 de septiembre, antes de eso no se aplicaba ni existía en ninguna parte en la ley penal en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte del derecho internacional ni en las leyes de guerra. Únicamente fue utilizado en un sentido completamente distinto en el caso de 1942 Ex parte Quirin por la Corte, en cuyo juicio hubo acusaciones formales, se proveyó de abogados para la defensa y los acusados fueron procesados y convictos en un tribunal militar. Nos informa también el autor que la Convención de Ginebra se aplica tanto para los prisioneros de guerra como a combatientes que no pertenecen a una nación y que la categorización de «enemigo combatiente» es para eludir las disposiciones de la Convención de Ginebra, «es simplemente un medio ilegal de arrancar a un ciudadano americano [estadounidense] de sus derechos» (Napolitano, 2004: 159). Y agrega:

Incluso en tiempos de guerra las cortes deben asegurarse que el Presidente no abuse de su autoridad constitucional. La Suprema Corte estableció esto de modo concluyente en 1866 durante la Guerra Civil en el caso Ex parte Merryman, en la que estableció que el Presidente Abraham Lincoln violó la cláusula del debido proceso de la Constitución cuando suspendió el habeas corpus para que los oficiales de la Unión pudieran arrestar y detener indefinidamente a sospechosos de ser secesionistas. En otro caso, en la Guerra Civil, Ex parte Milligan, la Suprema Corte denegó enfáticamente la autoridad del Presidente de ignorar la Constitución y enjuiciar a civiles en tribunales militares durante la guerra. El juez Davis escribió que «la Constitución de Estados Unidos es una ley para los gobernantes y para el pueblo, de la misma manera aplicable en tiempos de guerra y de paz y cubre con un escudo de protección a todos los tipos de personas, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias». Incluso durante la era de la Guerra Civil, las cortes federales no tuvieron dificultad en implementar la Constitución y restringir al Presidente (Napolitano, 2004: 162).

Napolitano recuerda que después de la Guerra de Afganistán el Departamento de Defensa, en abierta violación a los derechos constitucionales de unas seiscientas personas, las condujo a la base naval de Camp Delta en Guantánamo, Cuba.

Ninguna de esas personas ha sido acusada de un crimen. […] Sin embargo todos esos individuos están encerrados indefinidamente, quienes no pueden consultar abogados sin haber aparecido nunca ante una corte […] En Camp Delta los detenidos están confinados en pequeñas jaulas de alambre, con pisos de concreto. Estas «celdas» están abiertas a las ratas, víboras y escorpiones que andan sueltos por la base. […] Las condiciones son tan devastadoras en la Bahía de Guantánamo que ha habido por lo menos veintiocho intentos de suicidio por parte de dieciocho individuos. […] El gobierno metió a todos los 650 prisioneros [en Guantánamo] bajo la categoría de enemigos combatientes (Napolitano, 2004: 170-172).

Y, según el gobierno de Estados Unidos, la fundamentación de estos abusos se encuentran en «la clara intención del Congreso reflejada en la Ley Patriota» (Napolitano, 2004: 181).

Bernard-Henri Lévy (el socialista desilusionado con esa postura y que dice haberla abandonado, pero que revela marcas profundas que le ha dejado el socialismo puesto que mantiene que el aparato estatal puede mitigar la pobreza), en su libro sobre Estados Unidos, entre otras observaciones relevantes, destaca que en Guantánamo «se encuentran detenidos, sin juicio, sin protección judicial ni estatuto, algo más de 500 “enemigos combatientes” […] un auténtico gallinero humano cuyas jaulas metálicas, recalentadas por el sol, ahora son pasto de malas hierbas y las ratas» (2006/2007: 265).

Una propuesta de gran interés y de gran trascendencia es la que formula Napolitano respecto de que se requiere la abrogación de la «inmunidad soberana» de entidades gubernamentales, extensiva a las personas que trabajan en el gobierno:

El gobierno federal y muchos estados se han declarado inmunes (la denominada «inmunidad soberana») de juicios si éste ataca la discrecionalidad de los empleados del gobierno. Esto es absurdo. Uno puede hacerle un juicio al vecino por negligencia si su automóvil pisa el jardín o atropella al perro. Uno puede hacerle un juicio a una empresa si contamina el aire que se respira. Uno puede hacerle un juicio al médico si deja el bisturí en el abdomen del paciente. Uno debería poder hacerle un juicio a la policía local, a la policía estatal y al FBI bajo las mismas teorías legales si no permiten que uno hable libremente, si sobornan a testigos, si roban propiedad o si incumplen la ley para condenar. Junto con la eliminación de la inmunidad soberana, yo abrogaría también la inmunidad personal para los individuos que trabajan para el gobierno cuando cometen crímenes (Napolitano, 2004: 186-187).

Andrew Napolitano resume su pensamiento de este modo: «Si los crímenes del gobierno no se controlan, nuestra Consitución no significará nada y nuestros intentos de entenderla y hacerla cumplir y confiar en ella se convertirán en una situación caótica» (Napolitano, 2004: 190).

Lo que señalábamos en nuestro primer capítulo respecto del debido proceso, no sólo resulta medular para esta discusión desde el punto de vista procesal sino también sustantivo. En el combate contra el terrorismo y en cualquier otra circunstancia, el debido proceso se torna absolutamente imperioso. En última instancia, el establecimiento de juicios sumarios con las debidas garantías de defensa resulta indispensable para no caer en los mismos procedimientos criminales del terrorismo. Como hemos escrito, la técnica de los encapuchados es a todas luces inaceptable. Debe asumirse la responsabilidad por lo que se hace y firmar las actas correspondientes a la luz del día.

Esto no sólo va dirigido a Estados Unidos sino que alude a la mayor parte de la lucha antiterrorista en América Latina, la que se ganó circunstancialmente en el campo militar y se perdió en el terreno moral. Sin duda que las dificultades son muchas y los obstáculos que deben sortearse en estas trifulcas son graves y de muy variado tenor, pero, ante todo, no debe perderse la brújula ética sobre la que descansan los pilares de la sociedad abierta. Manifestaciones como las de Perón «al enemigo, ni justicia», son sólo dignas del más tenebroso y sórdido espíritu troglodita.

Ivan Eland escribe que

Estados Unidos continuó vilipendiando a Saddam Hussein (había otros dictadores igualmente brutales) para mantener fuerzas estacionadas permanentemente en la región rica en petróleo para dominar ese recurso. Con motivo de los ataques del 11 de septiembre, en nombre de la guerra antiterrorista, las fuerzas militares de Estados Unidos invadieron y ocuparon Iraq, sacaron provecho de la guerra en Afganistán para establecer bases «temporarias»en Asia Central […] construyeron bases en Bulgaria y Rumania y enviaron fuerzas para evitar insurrecciones en Georgia, Yemen y Filipinas. Pelear contra esas insurgencias tiene poco que ver con la «guerra antiterrorista» y más con la obtención por parte de Estados Unidos de influencias «estratégicas» en ciertas áreas (Eland, 2004: 13).

«George W. Bush utiliza las expresiones de “pelear por la libertad” en el sentido orwelliano en su lucha contra el terrorismo, pero ha restringido esas misma libertades más que ningún otro presidente [estadounidense] de que se tenga memoria» (Eland, 2004: 170). También Eland coincide con otros autores mencionados que la figura del «enemigo combatiente» para eludir la justicia resulta inadmisible, de la que se ha quejado reiteradamente la American Bar Association y sobre la que ha alertado la Corte Suprema (2004: 171). El tema de la «seguridad nacional» adquirió ribetes tragicómicos, por ejemplo cuando Bush declaró que la agricultura y la producción ganadera se consideran de seguridad nacional porque «después de todo la gente tiene que comer» (2004: 182) Sigue diciendo el autor que el Ejecutivo nunca se dirigió al Congreso para pedir autorización para embarcarse en la contienda bélica (2004: 193). También sostiene que «debido a que las dos terceras partes de las reservas conocidas de petróleo se encuentran en Arabia Saudita, Estados Unidos apoya ese régimen autoritario y es su aliado y le vende billones de dólares en armas y les garantizan la seguridad a su petróleo» (2004: 201).

Esta estrategia está más bien dirigida a expandir y mantener un imperio que a reducir el número de muertes de americanos [estadounidenses] por el terrorismo. De hecho, atacar grupos y países —especialmente islámicos— que no tienen conexión con los ataques del 11 de septiembre, es un camino seguro para aumentar los riesgos sobre los americanos [estadounidenses] tanto en su país como en el extranjero. […] Al distraer la atención y los recursos en Iraq, Estados Unidos le dio tiempo a Al-Qaeda para recuperarse durante un período crítico. También, al invadir otro país musulmán sin provocación, Estados Unidos le permitió a Bin Laden que se presentara como salvador frente a otros agresores y para que lograra más donaciones (Eland, 2004: 207).

Esto último es lo mismo que dice Christopher Preble cuando escribe que «La ocupación de Estados Unidos en Iraq reduce recursos para la pelea contra Al-Qaeda y ayuda a Bin Laden y sus aliados ideológicos al facilitarles excusas adicionales para atacar a norteamericanos» (Preble, 2004: 45).

Stefan Halper y Jonathan Clarke (2004: 192) también insisten en la inexistencia de vínculo alguno entre la invasión «preventiva» a Iraq y los actos criminales del 11 de septiembre. Todo lo ocurrido en esta materia puede subsumirse en la expresión acuñada por el historiador Norman Daniel como knowledgeable ignorance, es decir, aquello que se cree conocer de personas, ideas, civilizaciones, religiones e historias pero que no es de ese modo ni puede serlo y se mantiene en el error a pesar de que existen los medios disponibles para conocer de otro manera (Halper y Clarke, 2004: 268).

Entre otros temas, estos autores vuelven sobre la autoritaria Ley Patriota y señalan que los puntos más sobresalientes de sus 342 páginas (que se aprobaron en una noche sin debate) son las secciones 206, 213, 215, 216 y 501, que se refieren respectivamente a la facultad de escuchas telefónicas sin orden judicial, la facultad de revisar y confiscar propiedades sin el conocimiento del dueño, la facultad de intervenir archivos computarizados de ciudadanos y extranjeros en nombre de investigaciones sobre terrorismo, la facultad de obtener aprobación del juez sin necesidad de demostrar que existe una ofensa probable y la facultad de retirar la ciudadanía estadounidense bajo el peligro de vinculación a un grupo que los agentes gubernamentales definan como terroristas. Concluyen los autores que la profecía de Orwell en 1984 «es más una realidad hoy de lo que muchos americanos [estadounidenses] suponen» (Halper y Clarke, 2004: 286-291).

Debemos estar muy alertas, que no vaya a ser que a través de las amenazas terroristas se logren cercenar las libertades individuales de un modo más contundente que todos los experimentos socialistas juntos que hasta el momento se han llevado a cabo en la historia de la humanidad. No vaya a ser que en una grotesca y monumental capitulación, Estados Unidos abandone todo lo que le permitió ser un país extraordinario. No vaya a ser que sin una invasión militar el baluarte del mundo libre se entregue esposado al espíritu totalitario en el contrabando de ideas más truculento y contundente de que se tenga memoria. No vaya a ser que después de derribado el muro de la vergüenza se establezca el muro más potente e impenetrable, que es el muro interior del hombre que abandona a la intemperie su dignidad en una inaudita y gigantesca claudicación como integrante de la especie humana, como si estimulara la aparición de una infernal máquina que procede con ferocidad, arrastrando una filosa e implacable cuchilla de una guillotina horizontal que deja al hombre descerebrado.

En este sentido, la vil explotación de los nacionalismos patrioteros, militantes y guerreros resulta tal vez el camino más efectivo para enterrar la libertad. Al contrario de su tradición orgullosa del espíritu abierto, aquella tendencia macabra de la cerrazón lamentablemente se nota hoy en Estados Unidos en una peculiar gimnasia que opera con influjo creciente, otorgándoles a sus símbolos una significación opuesta a la que se les atribuía en los orígenes de ese país de inmigrantes. Escribe Aldous Huxley que «Los cánticos militares o las marchas son correlativas a la guerra y los himnos patriotas, usados presumiblemente para promover la solidaridad del grupo que enfatiza la distinción entre “nosotros” y “ellos” tal como bandas extraviadas de cazadores y rastreadores de alimentos propias del paleolítico» (Huxley, 1959/1988: 87).

De más está decir que no se trata de no defenderse contra el flagelo del terrorismo ni de abstenerse de adoptar todas las medidas precautorias necesarias para prevenirlo. Como hemos dicho, de lo que se trata es de no sucumbir frente al terror al exterminar anticipadamente las libertades. De lo que se trata es de no valerse del terrorismo como pretexto para la guerra permanente bajo la figura de la «invasión preventiva». En este contexto de pretextos grotescos y teniendo en cuenta las advertencias y preocupaciones de los Padres Fundadores en relación a los peligros de la guerra para la continuidad del espíritu republicano, recordemos que muchas de las sociedades consideradas «primitivas» resolvían sus conflictos de un modo más prudente y civilizado. En este sentido, Martin van Creveld señala que, en lugar de la guerra convencional, los aborígenes australianos hacían que sus jefes fueran los que pelearan y que entre «los esquimales las dos partes intercambiaban cantos burlescos frente a la asamblea comunitaria, hasta que una u otra cedía en cuyo momento se le concedía la victoria al bando rival» (Creveld, 1999: 6-7).

La agresión a los derechos del prójimo, la intransigencia para aceptar la mediación de terceras partes en los conflictos y el incumplimiento de los convenios firmados surgen debido a una falta elemental de valores y para su fortalecimiento debe darse el ejemplo, y esa ejemplaridad se espera de las sociedades civilizadas, en este caso, en primer término, de Estados Unidos, cuyo gobierno debe, antes que nada, respetar la autonomía de sus propios ciudadanos y mostrar un camino de cordura y prudencia en el establecimiento de adecuados precedentes en el derecho internacional al efecto de contribuir a una armoniosa convivencia civilizada. A esta preocupación dedicamos diez de los once capítulos de este libro.

A esta situación debemos agregar los potentes incentivos a los comerciantes de armamentos de guerra que reiteradamente proveen los gobiernos —el de Estados Unidos en el caso que estudiamos en el presente libro— y tengamos presente que, tal como se consigna en la producción cinematográfica Lord of War, «nada hay más costoso para un traficante de armas que la paz».

Incluso, en los últimos tiempos, el gobierno de Estados Unidos no respeta el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT) firmado en 1968 por representantes de ese país y por la mayor parte de los miembros de la comunidad internacional. Este Tratado «obliga a las naciones que no poseen armas nucleares a renunciar al desarrollo de las mismas y a las naciones que poseen armas nucleares a seguir los pasos para desmantelarlas. La administración Bush venera la primera condición pero pretende desconocer la segunda» (Wittner, 2005a). Esa administración «se revela con un doble discurso» (Wittner, 2004) al insistir en el pedido de fondos para la implementación de una nueva generación de armas nucleares «con una potencia explosiva que va de cientos de kilotones a un megatón (mil kilotones). Para poner esto en perspectiva, debe notarse que las armas que destrozaron a Hiroshima y Nagasaki tenían una capacidad de explosión entre 14 y 21 kilotones» (Wittner, 2005b). Y tengamos en cuenta que a nosotros los terráqueos nos da exactamente lo mismo ser exterminados, arrasados y barridos de la faz del planeta por una explosión nuclear que haga estallar el gobierno de Corea del Norte o si es consecuencia de una bomba nuclear detonada por el gobierno de Estados Unidos. Si no se presta la debida atención a las numerosas advertencias que muchos han presentado, la humanidad seguirá el funesto derrotero que traza Arthur Koestler:

El ruido que con más persistencia se repite a través de la historia del hombre es el retumbar de los tambores de guerra. Las guerras tribales, las guerras religiosas, las guerras civiles, las guerras dinásticas, las guerras nacionales, las guerras revolucionarias, las guerras coloniales, las guerras de conquistas y liberación, las guerras para evitar guerras, se suceden unas a otras en una cadena de repetición compulsiva hasta donde llega la memoria del hombre y hay numerosas razones para creer que la cadena se prolongará hacia el futuro. […] No se puede jugar indefinidamente a la ruleta rusa (Koestler, 1983: 257).

La guerra contra la inmigración

Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearing to breath free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homless, the tempest-toss’d to me.

I lift my lamp beside the golden door.

Estatua de la Libertad, Nueva York

Emma lazarus, 1883-1886

Al efecto de facilitar la comprensión de la tesis que presentamos en el presente capítulo, resulta indispensable situarnos en el contexto del mercado laboral. Una de las tantas objeciones que se esgrimen para no permitir la entrada con carácter permanente de personas a un país, en nuestro caso Estados Unidos, es que esta política provocará desempleo, que también afectará a los nativos.

Como es sabido, surge el problema económico debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Si hubiera de todo para todos, no habría tal cosa como un precio ni habría que aprovechar factores productivos allí donde los bienes resultan sobreabundantes, del mismo modo que ocurre actualmente con el aire que respiramos en este planeta. El hecho de la escasez hace que exista el derecho de propiedad al efecto de que se encuentre en las manos de quienes al momento resultan más eficientes en su administración a criterio de los consumidores que, en el plesbicito diario del mercado, establecen quienes acertaron con sus preferencias premiándolos con ganancias y quienes se equivocaron castigándolos con quebrantos. Así se establecen los respectivos cuadros de resultados en una sociedad abierta, a diferencia de lo que ocurre en una prebendaria, en la que las ganancias y pérdidas se establecen según sea la amistad o la lejanía con el poder político de turno.

El trabajo es el factor de producción por excelencia, en este caso no debido a la dignidad del ser humano que presta la tarea, sino debido a que no resulta posible concebir la prestación de ningún servicio ni la producción de ningún bien sin el concurso del trabajo. Es decir, el trabajo es el sine qua non de todo el proceso productivo. Ahora bien, si el capital humano es el recurso por excelencia y los factores de producción son necesariamente escasos en relación a las necesidades que hay por ellos (y ésa es precisamente la definición de un bien económico, por oposición a los que son sobreabundantes que carecen de valor en el mercado), parece imposible el fenómeno de la desocupación puesto que no resulta congruente afirmar que algo es escaso y, al mismo tiempo, sostener que sobra. Desempleo o desocupación quiere decir que existe más trabajo ofrecido del que se necesita. Por el principio de no contradicción una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo las mismas circunstancias. Una cosa o la otra.

Para clarificar este aparente contrasentido, en primer término es necesario distinguir la desocupación voluntaria de la involuntaria. La primera significa que la persona se abstiene de ofrecer sus servicios en el mercado laboral o los ofrece siempre y cuando se acepten ciertas condiciones que al momento no resultan posibles para los demandantes. Por ejemplo, supongamos que alguien que ha estudiado para ser doctor en física nuclear ofrece sus servicios a una comunidad muy primitiva. Probablemente los habitantes de ese lugar ni siquiera sepan que quiere decir doctor, física o nuclear. Si esa persona persiste en su ofrecimiento estará desempleada ya que lo que se requiere es que se recoja la basura. Lo relevante no es lo que una persona considera que los demás deben necesitar sino lo que en verdad necesitan.

El segundo tipo de desempleo se refiere a las personas que ofrecen sus servicios en las condiciones del mercado pero no encuentran donde hacerlo. Éste es el drama, no sólo para la autoestima del desocupado y la repercusión que esto tiene para su vida y la de su familia, sino para el conjunto que se ve privado de una fuerza laboral mayor y, por ende, también perjudica su nivel de vida. Esta tragedia es consecuencia del establecimiento compulsivo de salarios monetarios y/o no monetarios que se encuentran a un nivel superior respecto de lo que permite el mercado. Los salarios en términos reales dependen de las tasas de capitalización, es decir, de las maquinarias, equipos, combinaciones de factores productivos que, junto con el conocimiento, hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Si los gobiernos establecen directamente o permiten que indirectamente se establezcan por la fuerza salarios mínimos o cualquiera de las mal llamadas «conquistas sociales» a niveles superiores a los que las tasas de capitalización permiten, habrá sobrante de trabajo. Los que más necesitan trabajar no encontrarán donde hacerlo. Los gerentes de finanzas, de personal o de comercialización no se verán afectados a menos que las conquistas sociales se les aplique también a ellos elevando sus remuneraciones y honorarios a niveles más altos que los que establece el mercado. En ese caso, estarán desempleados también ellos.

Entonces, la inmigración por más masiva que resulte nunca producirá desempleo ya que mejores ofertas liberan trabajo para ser utilizado en otros campos. Ilustremos esto con la tecnología. Pensemos en la robotización de ciertas tareas. Este proceso hace posible que las personas puedan dedicarse a la atención de otras necesidades imposibles de satisfacer puesto que los recursos humanos estaban esterilizados en las áreas anteriores que requerían sus esfuerzos. Éste es el progreso. El hombre de la barra de hielo fue liberado para otras tareas, del mismo modo que el fogonero antes de las modernas locomotoras.

Desde luego que en muchos casos se requiere capacitación que es precisamente lo que ofrecen las empresas en su propio interés. En este sentido, es atendible que se sostenga que algunos prefieren mantenerse en las labores que han desempeñado desde siempre y que les disgusta el cambio. Pero es que el progreso es cambio. No puede pretenderse progresar y al mismo tiempo no cambiar. Mantener la situación estática significaría abstenerse de pensar ya que el pensamiento en las oficinas de todos los días apunta al cambio.

Por otra parte, no resulta conducente proponer subsidios para los períodos de transición por cuatro motivos cruciales. En primer lugar, esta política significaría reducir salarios e ingresos de terceros puesto que para subsidiar es necesario gravar. En segundo término, no hay tal cosa como el momento uno, la transición y el momento dos. La vida es una constante transición. Si mañana se ofrecieran economistas sintéticos, los del gremio tendríamos dos caminos: o nos ofrecemos para otras tareas o pedimos un subsidio al gobierno. En este último caso constituiríamos una carga para el resto de la comunidad al transferir recursos de áreas productivas a áreas que no lo son, con lo que la transición se dificultaría, y si esta política se extiende a todas las ramas de la producción, los subsidios deberían ser finalmente para todos todo el tiempo, puesto que el cambio involucra a aquellos, con lo que se producirá un retroceso y modificaciones inútiles ya que el lastre de los infinitos subsidios cruzados presentaría el peligroso espejismo de que es posible que aquellos vivan a expensas de todos los demás. En tercer lugar, en el instante en que se liberan recursos materiales debido a las ofertas de procedimientos más atractivos, se hace posible encarar nuevos proyectos o acelerar los existentes. Por último, si es correcto que las necesidades son ilimitadas en relación con las necesidades, siempre habrá necesidades que atender por más que esto signifique descender escalones hasta limpiarle los zapatos al vecino.

En otros términos, si los arreglos contractuales son libres y voluntarios nunca y bajo ninguna circunstancia habrá sobrante de trabajo. El foco del problema no estriba en el desempleo sino en el nivel de salarios, lo cual, como queda dicho, es consecuencia de las tasas de capitalización que, a su turno, dependen de la solvencia de los marcos institucionales al efecto de garantizar y respetar los derechos de propiedad.

Se suele caricaturizar la antedicha relación contractual mostrando las figuras de una persona bien vestida, con galera y zapatos de charol, con una gruesa cadena de oro que le cruza el voluminoso abdomen, frente a una persona con ropas maltrechas, descalzo y con ojos desencajados de hambre, y se pregunta cómo es posible que se permita este contrato entre dos personas tan desiguales y si no resulta evidente el abuso de una debido a la incapacidad del pobre para negociar su salario. Esta caricatura y los interrogantes de marras desdibujan la naturaleza de la cuestión puesto que es del todo irrelevante cuáles son las características de la cuenta corriente de ambas partes. Si al más millonario de una comunidad le informan que la cotización para pintar su casa es de 100 en el mercado local, no gana nada con afirmar que pagará 80 debido a que tiene una cuenta corriente muy abultada en el banco. A estos efectos a nadie le interesa su estado patrimonial, puede ser muy solvente o estar quebrado, lo único relevante es que si desea pintar su casa debe pagar 100, de lo contrario quedará despintada. En este sentido, el salario viene predeterminado por las aludidas tasas de capitalización y no de la buena o mala voluntad de las partes contratantes. Es cierto que se trata de un problema de información. Las cotizaciones cambiantes hay que averiguarlas para cada tarea, lo cual no constituye un obstáculo serio. Para probar este aserto, puede el lector intentar la contratación de una secretaria a un salario inferior al del mercado y comprobará cuán rápido se informa y cuán rápido renuncia si no se pone a tono con su remuneración.

En resumen, mientras haya necesidades insatisfechas —que es otra manera de decir mientras el hombre sea hombre— no habrá sobrante de aquel factor que pueda satisfacer aquellos requerimientos, desde los más primitivos a los más sofisticados. La idea de las denominadas fuentes de trabajo a veces perturba el análisis. Si un grupo de personas arriba sin nada más que lo puesto a una isla deshabitada, seguramente nadie diría que como no hay fuentes de trabajo el grupo puede descansar. No les alcanzarán las horas del día y de la noche para hacer todo lo que hay que hacer y las retribuciones recíprocas probablemente se hagan en especie ya que nuestro análisis del desempleo no implica que la remuneración sea exclusivamente en términos monetarios. Si no hubiera necesidades que satisfacer estaríamos en Jauja, en cuyo caso tampoco tendría sentido el trabajo.

Entonces, si las consideraciones precedentes han resultado convincentes, podemos dejar atrás la objeción que apunta a bloquear la entrada de inmigrantes basada en que generará desempleo y podemos pasar a otra serie de objeciones.

Se sostiene que debe limitarse o prohibirse la inmigración debido a que crea un grave problema fiscal como consecuencia de que habrá más personas que adhieren al sistema del mal llamado «Estado benefactor» (puesto que no es beneficencia lo que se hace a través de la fuerza y con recursos de otros). En este caso debemos tener en cuenta que el problema no son los inmigrantes sino la referida política estatal. Eliminada esta política que, como hemos señalado en otro capítulo, tantos problemas crea especialmente para los relativamente más pobres, desaparece el problema de la inmigración para los que se oponen a ellas en base a esta argumentación.

Debe evitarse por todos los medios caer en la trampa por la que se sostiene que para adoptar una medida liberalizadora debería liberarse el resto de los sectores. En otros términos, según este criterio, nada se podría hacer si previamente el resto no se ha hecho a la perfección. Pero este discurso aplicado a cada sector significa que no se hace nada en ningún sentido, puesto que cada parte alegará idéntico principio y así el círculo resulta imposible de romper y la trampa conduce a que nunca se haga nada. Entonces, dadas las circunstancias y las limitaciones reales del momento, debería permitirse que los que ingresen al país que provienen de otros lares y sus descendientes no hagan ningún aporte para alimentar el «Estado benefactor» y, como contrapartida, no recibirían lo que se les ofrece a los nativos. En realidad, esta situación es la que nos gustaría a muchos de los que estamos atrapados en la financiación de «servicios» que no hemos demandado y que, además, cuando los requerimos, nos vemos obligados a contratarlos de otros oferentes debido a la deficiente calidad de las prestaciones. Este tipo de procedimientos perjudica muy especialmente a los más necesitados, quienes no pueden hacerse cargo de la duplicación de costos y deben absorber las situaciones ingratas de las «atenciones» compulsivas que algunos ingenuamente estiman gratuitas, pero que todos pagan a niveles que naturalmente no son competitivos a través del recorte de sus ingresos.

En Estados Unidos, a diferencia de lo que parece ser la tendencia dominante en la actualidad, se tomaba como ejemplo de respeto, consideración y sociedad civil avanzada, la libre circulación de personas que tenía lugar en Inglaterra durante largos períodos de su historia. Walter Block comienza su ensayo con la transcripción del artículo número 40 de la Carta Magna que en sus primeras líneas dice que «Todos los comerciantes estarán a salvo y seguros para salir de Inglaterra y para entrar a Inglaterra» (Block, 1998: 167) y dice el mismo autor que en una sociedad libre no es legítimo recurrir al uso de la fuerza si no ha habido lesión de derechos de terceros, en este contexto escribe que «No puede haber justificación para una restricción parcial a la inmigración, del mismo modo que no puede haberla para una restricción parcial al asesinato» (Block, 1998: 169). Block objeta la argumentación de que no se acepten inmigrantes debido a que resultan «invasivos» puesto que, si éste fuera el caso, dice el autor, en Estados Unidos, todos serían «invasores» excepto los indios y sus descendientes (Block, 1998: 175).

Si toda la propiedad fuera privada, cada uno aceptaría a las personas que considere pertinente asumiendo las responsabilidades por los daños que eventualmente produzcan los aceptados o por los agentes trasmisores provenientes de animales o plantas que se introduzcan, pero no habría discusión en cuanto a que en las fronteras se permita o no se permita tal o cual política migratoria como si el país tuviera dueño. Pero en esta instancia del proceso de evolución cultural, sin duda, cuando existe información fidedigna respecto de peligros de lesiones a los derechos que ciertos inmigrantes puedan infringir, sea a través de actos terroristas o lo que fuere, es deber del monopolio de la fuerza evitarlos. Pero esto no se debe a una política migratoria propiamente dicha, sino a la función gubernamental de garantizar y proteger derechos, lo cual, de más está decir, es específicamente contra los delincuentes y no contra nacionalidades, etnias o religiones.

Cuando en el segundo capítulo comentábamos la corriente de pensamiento antifederalista, decíamos que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, desde la perspectiva liberal, la división del mundo en distintas jurisdicciones que llamamos países o naciones se debe exclusivamente a la necesidad de fragmentar el poder, ya que un gobierno universal implicaría severos riesgos de concentración de poder. Por eso, dentro de un mismo país, las sociedades abiertas suelen fraccionar aún más el poder en provincias o Estados y estos, a su vez, se vuelven a subdividir en municipalidades. Pero del hecho de que por esta razón existan fronteras, no significa que deban constituirse en zonas sitiadas y bloquear el movimiento de personas, el tráfico de mercaderías e imponer culturas alambradas.

A pesar de que muchas veces se considera que las fronteras son fruto de un proceso natural que se debe a distintas lenguas, distintas culturas, razas, religiones y una historia común, siempre han sido el resultado de acciones bélicas o de accidentes de la geografía, tales como la separación de continentes o la conversión de zonas marítimas en tierras fértiles y viceversa.

Se suele argüir que la inmigración «contamina» la cultura local pero, independientemente de la soberbia implícita en la aseveración, como bien señala Thomas Sowell, «Una cultura no es algo que queda estampado en ciertas personas para siempre» (Sowell, 1996: 378). La cultura no es estática. Se trata de un proceso vital de cambio permanente. Los inmigrantes absorben costumbres, hábitos, comidas, atuendos, músicas, literatura y habilidades del país receptor y, a su vez, trasmiten esos elementos a sus anfitriones circunstanciales. Por su parte, cada uno de los factores que integran la cultura también va mutando en muy diferentes direcciones, creando nuevos modos de cultivarse (que es de donde procede el vocablo cultura). Y estos modos se enriquecen cuando culturas distintas toman contacto entre sí (Popper, 1992: 164), tal como revela el caso paradigmático de la cosmopolita Viena decimonónica y de principios del siglo siguiente con la literatura, la música, la economía, el derecho y el psicoanálisis antes de la irrupción de los sicarios nazis (Zweig, 1942: 22-23).

Los aspectos lingüísticos que se señalan como uno de los elementos naturales en la aparición de fronteras tampoco se corresponden con la realidad puesto que, por ejemplo, en América Latina, se habla la misma lengua y, sin embargo, se compone de muchos países. Por otra parte, Suiza constituye una sola nación y, sin embargo, se hablan distintas lenguas del mismo modo que ocurre en Canadá. Además, el lenguaje es el resultado de un proceso de cambio y cada modificación procede de la combinación de infinidad de lenguas y dialectos. Intentar la lectura del castellano antiguo o del inglés antiguo nos hace ver lo diferentes que eran esas lenguas que nos son familiares. Al fin y al cabo, los diccionarios son libros de historia que en sus diversas ediciones van registrando las modificaciones operadas a través del tiempo.

Existen también errores que proceden de atribuir al lenguaje características raciales. Éste es el caso de referirse a «los arios» como el paradigma de «la pureza de la raza», cuando en verdad el lingüista Max Müller fue quien originalmente sugirió la expresión ario para designar lo que primitivamente era el sánscrito en la India. Müller advirtió mucho antes de las aventuras criminales del nazismo que «En mi opinión un etnólogo que hable de raza aria, sangre aria, ojos arios, se hace culpable de un pecado tan grande como el que cometería un lingüista que hablara de un diccionario dolicocéfalo o de una gramática braquicéfala» (Müller, 1888: 120).

En cuanto a la raza o «comunidades de sangre», no son más que estereotipos mezclados con falsedades. Dobzhansky, el padre de la genética moderna, ha señalado junto con Darwin que hay tantas razas como clasificadores. Al fin y al cabo, los grupos sanguíneos son cuatro para todos los humanos y las características físicas responden a largos procesos evolutivos, según sea la ubicación geográfica de cada uno, lo cual establece distintas tonalidades en la piel y otras formas exteriores, en relación con las condiciones climáticas, altitudes, rayos solares y otras circunstancias del medio ambiente.

La sangre está formada por glóbulos que se encuentran en un líquido denominado plasma, que es un suero compuesto de agua salada y sustancias albuminosas disueltas. Por su parte, los glóbulos son blancos (leucocitos) y rojos (hematíes) y la combinación de una sustancia que contiene los glóbulos rojos (aglutinógeno) con otra que contiene el suero (aglutinina) da como resultado cuatro grupos sanguíneos que se encuentran distribuidos entre grupos humanos con las características físicas más diversas. La llamada «raza» entonces, nada tiene que ver con la sangre, y «comunidades de sangre» es una expresión carente por completo de sentido. Esta sandez recuerda que, en Roma, Calígula estableció el incesto en su familia «para no turbar la celeste pureza de su sangre» (Ferrero, 1925/1945: 171).

Se sostiene que la raza puede definirse por el color de piel, pero, como hemos señalado, esto es el resultado de procesos evolutivos, por lo tanto, descendientes de una persona de piel blanca que se instalan en el lugar propicio durante un tiempo suficientemente prolongado tendrán una dosis distinta de melanina en la epidermis y, por ende, se convertirán en negros. Blanco, amarillo, negro son consecuencia de la pigmentación de la piel, pero en infinidad de casos resulta imposible determinar el color debido a las sucesivas mezclas, las cuales, por otra parte, en mayor o menor medida, están presentes en todas las personas.

Los nazis, después de tanto galimatías clasificatorio y tanta confusión entre aspectos físicos y religiosos, tuvieron que abandonar los intentos de basarse en rasgos exteriores (en los campos de concentración tatuaban y rapaban a las víctimas como único medio de distinguirlas de sus victimarios) y terminaron por suscribir la tesis marxista del polilogismo pero, en lugar de referirse a burgueses y proletarios, lo aplicaron a lo que denominaban semitas y arios, en cuanto a que finalmente no se trataría de un tema de apariencias sino de una cuestión mental aunque nunca hayan podido explicar en qué se diferencian las hilaciones lógicas en uno y en otro caso.

Por su parte, las religiones tampoco explican las fronteras, a menos que se trate de regímenes autoritarios donde se imponen religiones oficiales o se excluye toda manifestación de religiosidad por la fuerza, lo cual dista mucho de ser un proceso natural. En cambio, en la medida en que primó la libertad de cultos, las denominaciones religiosas han sido múltiples y nada ha tenido que ver con la configuración de fronteras políticas.

Por último, el argumento de la historia común constituye una especie de petición de principios. Si las naciones se establecen por medio de la fuerza y se interponen barreras migratorias, es lógico que aparezca una tendencia a la historia común. Pero en la medida en que los países resultan compatibles con una sociedad abierta, es decir, donde no se introducen trabas gubernamentales al movimiento libre de personas, en esa medida, no sólo se enriquecen las culturas, sino que las historias de sus integrantes resultan diferentes, basadas en el único presupuesto común del respeto recíproco, liberando las energías para que cada uno siga su camino en un contexto pluralista y tolerante, recurriendo a la fuerza solamente en caso de lesión de derechos.

Los nacionalismos se basan en las concepciones de fronteras naturales, comunidades de sangre y «culturas nacionales» las que, junto con las otras manifestaciones que acabamos de comentar, los inducen a ser aislacionistas y xenófobos. Las raíces intelectuales de esta tradición pueden ubicarse en autores como Herder, De Maistre, Hegel, Fichte, Schelling, Maurras y List. El nacionalismo está imbuido de los relativismos a que nos referiremos en el último capítulo, lo cual les permite aseverar cosas tales como «la verdad alemana». En este sentido dice Julien Benda que «Resulta obvio que la verdad constituye un gran obstáculo para los [nacionalistas] que pretenden mostrarse como algo distinto; desde el momento que aceptan la verdad están condenados a tomar conciencia de lo universal» (1969: 98). Alain Finkielkraut resume bien el espíritu nacionalista al escribir que «Replican a Descartes: yo pienso, luego soy de algún lugar» (1987: 28).

La desconfianza por el diferente, la atrabiliaria idea de la superioridad de lo local y la consecuente noción de que lo autóctono es un valor y lo foráneo un desvalor que caracteriza al nacionalismo, contribuye grandemente a bloquear la entrada de inmigrantes (sin perjuicio de que lo considerado autóctono es siempre el resultado de influencias culturales muy diversas). Hay como un complejo de inferioridad que hace temer por la «pérdida de identidad» de las personas sin percibir que cada uno elige sus modos de comportamiento con mayores posibilidades al observar culturas competitivas, lo cual ocurre cuanto más abierta sea la sociedad e, inversamente, la pobreza en la identidad se hace mayor en la medida en que la cultura esté cercada. Sin duda que el problema se agudiza en grado sumo cuando se recurre a los antropomorfismos del «ser nacional» o la «identidad nacional» para agudizar la xenofobia.

Es que la propiedad se refiere al uso y a la disposición de lo propio pero no de lo ajeno. No podemos decidir quiénes han de habitar ciertas regiones, a menos que la propiedad correspondiente nos pertenezca. Cada uno decide acerca de sus hábitos, indumentarias o la religión que profesará (o no religión). El color de la piel y otras características físicas e intelectuales deben ser respetados en una sociedad que se precie de ser civilizada. Por otra parte, resulta paradójico observar a veces que quienes alardean permanentemente acerca de la generosidad y el amor al prójimo son aquellos que con más vehemencia se oponen al ingreso al país en que viven de personas de otras procedencias y aquellos más sobrios y recatados, en cuanto a la declamación sobre la generosidad y el amor al prójimo, resultan más tolerantes y comprensivos respecto de las decisiones de otras personas respecto a dónde se instalarán con sus familias.

El patrioterismo, siempre más o menos vociferante y activista, la emprende contra lo extranjero y coloca lo local de un modo que lo opone a lo que ocurre más allá de las fronteras en actitud militante y desafiante, lo cual presenta una actitud confrontacional con el inmigrante y el que es foráneo en general. Esto ocurre en lugar de simplemente reflejar un natural cariño por el terruño donde nacieron y murieron los padres y antepasados y expresar afecto por personas, lugares, arboledas, edificios, aromas y hasta efectos sonoros que se percibían desde la infancia, sin por ello demostrar animadversión con quienes nacieron en otros lares.

Sin duda que estos afectos al terruño tampoco deben absolutizarse ya que, de lo contrario, esto significaría ofender a nuestros ancestros y, en el caso que estudiamos, los de quienes habitan actualmente en Estados Unidos, el país de inmigrantes por antonomasia, descienden de personas que debieron dejar sus terruños para encontrar otros refugios, en este caso, para trasladarse a una nación que en sus orígenes los recibió con los brazos abiertos y con una enorme generosidad y llamativa hospitalidad, lo cual queda ilustrado en los emotivos versos estampados en el epígrafe con que abrimos este capítulo.

En estrecha conexión con esto, hay un asunto que debe ser atendido. Esto es comprender que, en infinidad de casos, el antes mencionado terruño (original o por adopción) deja de producir el encanto de la familiaridad cuando súbitamente o en el transcurso de cortos períodos sufre cambios de envergadura hasta quedar irreconocible. Cuando este fenómeno de transfiguración sucede en períodos largos (que siempre ocurren en la vida de los pueblos) los resultados terminan siendo imperceptibles y fácilmente digeribles, pero cuando las transformaciones son rápidas, el efecto es distinto. Y esto tiene que ver con los inmigrantes (sin duda, no sólo con ellos sino también con estrepitosos cambios endógenos) en el sentido de que las diversas costumbres, gustos, necesidades y hábitos naturalmente conducen a modificaciones en los lugares, en los edificios, en las decoraciones, en los jardines, los comercios y tantas otras cosas.

Pero no podemos tener la arrogancia y la actitud prepotente de decidir cómo deben vivir los demás, sea del lugar que sea su procedencia. No tiene mucho sentido práctico, por ejemplo, porfiar en que nos gustaría que en los barrios en que vivimos se mantengan los edificios de antaño. En realidad, si nosotros y otros vecinos queremos demostrar nuestra preferencia a través de caminos civilizados y respetuosos tenemos expeditos los caminos para reunir los fondos necesarios para adquirir y mantener lo que declamamos hay que mantener, pero no es considerado ni respetuoso el proponer que el aparato de la fuerza eche mano compulsivamente a los bolsillos de los demás para bloquear posibilidades de otros para que puedan vivir en torres de departamentos a los efectos de que nosotros podamos gozar del deleite estético de exquisitos estilos arquitectónicos. Esto también va para rostros o atuendos en las calles que no nos resultan familiares.

En una sociedad abierta, los barrios cerrados permiten la posibilidad de que los estilos sean uniformes en tal o cual sentido según las preferencias de los moradores, del mismo modo que el establecimiento de normas para aceptar personas que tienen estas o aquellas costumbres o inclinaciones. Afirmar en abstracto ciertas añoranzas no puede pasar de constituir una observación casual y fantasiosa, —en este sentido y con efectos similares sería como decir que nos gustaría observar en el cielo dragones voladores—, pero nunca recurrir a la fuerza para imponer gustos. Lo dicho no contradice que en el momento de la evolución cultural que nos toca vivir, el monopolio de la fuerza deba establecer normas de convivencia en los llamados lugares públicos, sea para inmigrantes o nativos por igual.

Julian Simon escribe que «no hay razón lógica para tratar diferente a una persona que está a un lado u otro de la frontera, esto es, una persona que tiene una ciudadanía u otra» (1998: 137). El tratamiento diferente vulnera el elemental principio civilizado de la igualdad de derechos que se basa en normas suprapositivas de respeto recíproco que naturalmente no dependen de la ubicación territorial de nuestro prójimo.

En otro trabajo, Simon (1989), muy documentada y detalladamente agrega que los inmigrantes suelen dejar más recursos en el país vía impuestos que lo que consumen (incluyendo el tema antes referido del llamado Estado benefactor), que tienden a mostrar mayor capacidad de ahorro que los nativos, que habitualmente forman sus propias empresas, que generalmente son más trabajadores que los locales, incluyendo la contratación para un segundo trabajo que complementa al primero, que se emplean en trabajos considerados «sucios» por los nativos, que es frecuente observar que no se quejan de bajas remuneraciones y condiciones laborales, que suelen mostrar mejores desempeños y vigor intelectual que los nativos en colegios y universidades, que demuestran mayor flexibilidad también en cuanto a la movilidad y localización laboral, que se reproducen menos que sus pares locales, que revelan un bajo índice de criminalidad (aunque en este caso las estadísticas son antiguas) y la ya mencionada capacidad de trasmitir conocimientos y habilidades a los nativos. Finalmente, el mismo autor estima incorrecto el alegato contra los inmigrantes sustentado en que contribuyen a empeorar el medio ambiente y a consumir recursos naturales, lo cual debe complementarse con las observaciones de una tercera obra, también de su autoría (1981).

No vamos a reproducir aquí los innumerables gráficos y series estadísticas que exhibe Simon en su obra, sólo resumiremos las conclusiones. La obra no se circunscribe a Estados Unidos, pero nosotros tomamos las partes aplicables o referidas a ese país. En primer lugar, alude Simon (1989: caps. 5 y 15) al reproche de que los inmigrantes ilegales significan un peso fiscal grande debido a que usan los antes referidos servicios estatales del llamado Estado benefactor. Sin perjuicio de lo que comentamos más arriba sobre este tema, Simon señala que esto no sucede con los ilegales, precisamente porque se estarían autoinculpando y correrían el riesgo de ser deportados. A pesar de ello, Simon reproduce una encuesta de CBS/New York Times donde se muestra que el 47% de los estadounidenses siente que la mayor parte de los inmigrantes terminan viviendo del welfare.

Señala el autor que además de las apuntadas razones de protección personal del inmigrante ilegal para no usar los servicios estatales de medicina, jubilaciones, compensación por el desempleo que crea la legislación laboral y subsidios para alimentación, existen motivos adicionales que se refieren, por un lado, a que los inmigrantes en el momento de ingresar al país de adopción generalmente se encuentran en las edades más productivas desde el punto de vista laboral y, por otro, debido también a esa productividad, las contribuciones a la comunidad por los servicios que prestan y los bienes que venden y los impuestos que pagan son muy importantes y mayores que la media de los nativos, descontando lo que consumen los inmigrantes y los familiares que tienen a su cargo.

Apunta Simon que, a pesar de lo dicho, no pocos de la comunidad estadounidense se quejan de que los inmigrantes «invaden» (se suelen utilizar términos militares) Estados Unidos. Por esto es que el gobierno estadounidense ha construido otro muro vergonzoso de mil quinientos kilómetros a un costo astronómico que cubre parte de la frontera con México (como si no se supiera que muchos inmigrantes llegan por los aeropuertos de territorio estadounidense o cruzan la frontera canadiense). Desde luego, no es la misma infamia el construir un muro (visible o invisible) para que la gente no salga (lo cual es la definición de esclavitud) que uno para que la gente no entre. Por eso es que, cada tanto, se promulgan nuevas legislaciones sobre la inmigración ilegal que, por otro lado, como hemos mencionado en su momento, cuando no existían pasaportes y las personas libres se podían ubicar donde lo consideraban más conveniente sin tener que dar explicaciones a ningún burócrata ni rendir exámenes de ninguna naturaleza ante ninguna oficina gubernamental, la expresión «migraciones ilegales» carecía por completo de significado a los oídos de los hombres libres y sólo cobraba significación en regímenes totalitarios.

En uno de los tantos cuadros estadísticos (Simon, 1989: 1, 20-21) muestra en una serie de 24 años las notables contribuciones monetarias para el Tesoro estadounidense que dejan los inmigrantes por persona, descontados los usos de los servicios públicos y las diferencias positivas importantes que resultan respecto de las contribuciones de la media per cápita de los nativos. Sin duda que la inmigración libre no debe basarse en las estadísticas de las contribuciones monetarias al gobierno ni si resultan mayores o menores a las de los nativos, sino en argumentos de los derechos de las personas a usar y disponer de lo propio como les plazca, incluyendo sus propios cuerpos y sus mentes.

Sin duda no resultará atractivo para un inmigrante si nadie acepta contratarlo, si no tiene propiedad, si no le es permitido vivir compulsivamente a expensas de otros, si no se le permite habitar en espacios públicos destinados al tránsito y si no encontrara suficiente apoyo en la caridad. Pero ése no es el caso. Los inmigrantes conjeturan que pueden ofrecer servicios que los nativos demandan y que pueden progresar en el país que eligieron para residir y que es lo que generalmente ocurre. Otras situaciones tienen lugar debido a la perversión de legislaciones que estimulan la vagancia, la violencia, las integraciones compulsivas y la eliminación de la responsabilidad de cada uno al anunciar en la arena política que es posible ser mantenido a costa del vecino, quien deberá hacerse cargo por la fuerza.

De todos modos, esto último es lo que diferencia las migraciones actuales respecto de las de antaño y lo que contribuye a crear tanta aprensión en torno a este tema: establecer un sistema corrupto y corruptor en el que se anuncia que es posible vivir «gratis» a expensas de los demás, que no sólo pervierte a los nativos, sino que hace de foco de atracción para que saquen partida de la situación los vagos e indolentes del mundo. Pero, el problema no radica en el fenómeno de la inmigración sino en el sistema absurdo que se impone, el cual degrada y pervierte las instituciones libres.

También Simon se detiene a estudiar los reclamos que se hacen en el sentido de que los inmigrantes ilegales extienden el sentido de ilegalidad a otros aspectos de la sociedad estadounidense. Dice Simon que esta argumentación es una cortina de humo que oculta aspectos como los de la competencia laboral que algunos quieren evitar. Sostiene que la generalización del incumplimiento de la ley es consecuencia de leyes injustas como la del impuesto progresivo a las ganancias, las que convierten en «juegos clandestinos» a entretenimientos pacíficos entre adultos o la guerra contra las drogas, que tanto daño ha hecho y sigue haciendo y a la que dedicamos nuestro próximo capítulo.

Probablemente, como consecuencia de la sensación de inseguridad y de los riesgos enormes que los inmigrantes generalmente deben afrontar, no sólo en la travesía desde sus países de origen y en relación a lo mal que la han pasado en sus terruños (por eso emigran), sino debido a la incertidumbre de su futuro y a que no tienen cubierta su vejez ni la de los suyos (ni pueden muchas veces aportar a los sistemas privados de inversión para no autodelatarse), posiblemente como resultado de todo esto, Simon (1989: cap. 4) muestra que los inmigrantes revelan una enorme capacidad de ahorro y generalmente mayor que los habitantes locales.

Es cierto que en no pocos casos, los ahorros o buena parte de ellos son transferidos a los países de origen donde se encuentran sus familiares, lo cual no modifica la conclusión ni tampoco modifica el hecho de que los inmigrantes contribuyen con el país receptor con sus servicios, con los bienes que venden o ambas cosas, independientemente de lo que hagan con sus ganancias, de la misma manera que proceden las empresas trasnacionales cuando transfieren utilidades a sus casas matrices. Por otra parte, si no hubiera trabas migratorias de uno y otro lado, en muchos casos los trabajadores irían con sus familiares al país donde han decidido trabajar evitando el gran sacrificio de la separación, la lejanía y la consecuente soledad.

Julian Simon, refiriéndose a las iniciativas de crear nuevos emprendimientos escribe que

Una enorme proporción del trabajo en los Estados Unidos procede de las empresas chicas. Numerosos estudios indican que las empresas que cuentan con menos de veinte empleados son las que emplean al 33 por ciento de toda la fuerza laboral y crean entre el 51 y el 80 por ciento de los nuevos trabajos. […] Los inmigrantes aparentemente revelan una alta propensión a comenzar sus propias empresas, esto aparece obvio al observador casual. Por ejemplo, la proporción de taximetreros (generalmente autoempleados) (Simon, 1989: 71-72).

Lo mismo ocurre con los comercios (a veces ambulantes), restaurantes, vendedores de géneros y piezas de diversa naturaleza y prestadores de servicios de plomería y otros, en la medida en que puedan obviar la legislación laboral restrictiva.

También es frecuente que acepten trabajos que los nativos rechazan por considerarlos indignos o inapropiados. En este sentido, dice que los sindicatos suelen quejarse ya que «los nativos no pueden competir porque los inmigrantes están dispuestos a trabajar más duramente que los nativos y en trabajos sucios que los nativos no están dispuestos a encarar […] incluso están dispuestos a ser contratados fuera de los libros y no se quejan de salarios bajos ni de condiciones laborales inseguras» (Simon, 1989: 99). A esto se agrega en algunas oportunidades la contratación por parte de los inmigrantes de segundos trabajos como complemento de los concertados originalmente, lo cual también desestabiliza a los sindicatos organizados sobre bases compulsivas con el apoyo de la legislación gubernamental en la materia.

Es conveniente a esta altura una aclaración respecto del trabajo «fuera de los libros» o en negro y las condiciones de seguridad en el puesto de trabajo. En el primer caso, debe señalarse que en Estados Unidos existe una proporción relevante de trabajadores en negro y no sólo referida a los inmigrantes ilegales que no pueden trabajar en otras condiciones para evitar la deportación. Otros trabajadores aceptan estas condiciones debido a que los impuestos al trabajo reducen el salario de bolsillo en proporciones tales que compensan el riesgo de, por ejemplo, no poder denunciar si se incumple en cuanto a las condiciones laborales estipuladas. Tengamos en cuenta que en ese mercado negro no hay tal cosa como la desocupación debido a que todos trabajan al salario de mercado. Sin embargo, en el mercado en blanco hay desempleo que varía según los Estados y de acuerdo a la legislación laboral vigente, por las razones que hemos apuntado anteriormente.

Respecto de las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, esto también depende de las tasas de capitalización, ya que se trata de uno de los aspectos no monetarios del salario. Seguramente en el futuro, si se revierte la situación en Estados Unidos (para no decir nada de otros países) y las tasas de capitalización aumentan, las próximas generaciones se sorprenderán al conocer muchas de las condiciones laborales en las que hoy se desempeña la gente, por ejemplo, los riesgos que corre en los andamios un obrero de la construcción (si es que eso no estuviera robotizado y mecanizado en su totalidad).

En la misma obra, Simon afirma que en muchos casos los inmigrantes, incluyendo los refugiados, muestran mayor vigor intelectual que los nativos —esfuerzos mayores probablemente como resultado de los mismos ingredientes a los que se aludieron cuando nos referimos a la mayor capacidad de trabajo de los inmigrantes—. Sólo para citar un ejemplo de los muchos ofrecidos, este autor escribe que

Se investigaron los logros académicos de aproximadamente 350 niños de colegios tomando la muestra de familias de refugiados, […] la mayoría no hablaba inglés cuando arribaron. Sin embargo, después de un promedio de tres años en este país [Estados Unidos], estos niños exhibían un performance extremadamente buena en el colegio. En una encuesta nacional [tomada de Nathan Caplan «Working Toward Self-Sufficency», IRS Newsletter, primavera-verano, 1985] respecto de actividades académicas, el 27 por ciento de los niños refugiados obtuvieron una calificación de 90 puntos en matemáticas, prácticamente tres veces superior al promedio de los nacionales. Y aunque obtuvieron un puntaje algo inferior a los nacionales en inglés, obtuvieron mejores calificaciones que sus pares locales en cuanto al puntaje general del grado, logrando A o A menos (Simon, 1989: 99-100).

Otra de las ventajas laborales de los inmigrantes, especialmente en los primeros tramos de su estadía en el nuevo país, que señala Simon (1989: 92 y ss.) es la movilidad y la consiguiente flexibilidad para trasladarse de un lugar a otro para conseguir empleo. Esto naturalmente se debe a que el inmigrante no tiene raíces en el nuevo lugar y le es indiferente la ubicación de su trabajo, lo cual facilita enormemente la respectiva contratación. Esto también ha suscitado airadas protestas en Estados Unidos por parte de grupos sindicales que, en lugar de prestar servicios libre y voluntariamente a quienes deciden adherir a esa asociación, recurren a procedimientos intimidatorios y violentos con la intención de barrer con la competencia y, más aún, si los trabajadores que tienen más éxito no están afiliados a su asociación. Esta flexibilidad y otras ventajas las denominan «competencia desleal», expresión que sólo es aplicable a casos como los de los empresarios prebendarios que no se atreven a competir con mejores ofertas.

Otra de las observaciones de Simon (1989: 79 y ss.) se refieren a que, en ciertos períodos, no en todos, las series estadísticas reflejan que las mujeres inmigrantes en edades de reproducción procrean menos que las nativas. Tal vez la razón de este comportamiento también se deba a la inseguridad y a un horizonte incierto, a la vez, especialmente los ilegales, esto se acentúa debido a que las actividades financieras que contemplan el futuro de sus familias deben ser realizadas en la clandestinidad, lo cual aumenta el riesgo.

Respecto de los índices de criminalidad de los inmigrantes (Simon, 1989: 102 y ss.), dice que ha tenido dificultades en encontrar estadísticas e información fehaciente pero cita trabajos que se refieren a períodos muy anteriores, es decir, los que van de 1820 a 1880 y los que van de 1890 a 1924. En esos períodos los estudios consultados reflejan que en el plano delincuencial, algunos inmigrantes cometen ofensas menores como vagancia, ebriedad y conducta desordenada, pero que los delitos contra la propiedad y los crímenes violentos contra las personas eran realizados por nativos.

El mismo autor se detiene (1989: cap. 10) al mostrar los beneficios que generan los inmigrantes en el nivel de vida del país receptor debido al aumento en la productividad por la aplicación de trabajo adicional y el consecuente incremento en las tasas de capitalización. Esto no excluye que en el corto plazo algunos trabajadores locales verán reducido sus salarios debido a la competencia laboral, del mismo modo que en el librecambio ciertos empresarios verán que sus ventas merman, que deben trasladar sus operaciones a otra parte o que deben cambiar de actividad para ser productivos. Pero para el conjunto de la sociedad, los consumidores se ven todos beneficiados por precios más reducidos y calidades superiores, y los que en el corto plazo deben ajustarse a la nueva realidad también se beneficiarán como consumidores y recibirán los efectos de vivir en una sociedad más próspera.

En este sentido, David Friedman expone que

Una manera de mirar las restricciones a la inmigración es como barreras al comercio; imposibilitan que el consumidor americano [estadounidense] pueda comprar trabajo del mexicano al no permitir que el trabajador vaya donde el trabajo es requerido. […] Desde que hay una ventaja neta en el comercio, la abolición de las restricciones a la inmigración producirán un beneficio neto a los americanos [estadounidenses], a pesar de que algunos estarán en peores condiciones en el mismo sentido que la abolición de tarifas aduaneras produce una ventaja neta aunque [algunos] trabajadores en la industria automotriz (y accionistas de la General Motors) pueden eventualmente perjudicarse. Estos beneficios netos, desde luego, se agregan a los (muy extendidos) beneficios para los nuevos inmigrantes que los motiva a venir (Friedman, 1986: 337).

Es curioso que en Estados Unidos (y en muchos otros lugares) se muestra gran orgullo que tal o cual pianista, pintor, científico o deportista extranjero elija vivir en ese país y, al mismo tiempo, se rechaza con tanta petulancia y sentido de superioridad el elemento humano del que surgirán futuros emprendedores en los más diversos campos. Recordemos, por ejemplo, que toda la concentración del fenomenal y asombroso progreso tecnológico del Silicon Valley referido a la computación está constituido en su gran mayoría por asiáticos y que el tragicómico nacionalismo de los «secretos de Estado» vinculados a la «seguridad nacional» que, según este criterio, deben guardarse bajo siete llaves y no deben estar al alcance de extranjeros —a pesar de que como hemos apuntado en otros capítulos, fueron nativos los que manipularon hechos tales como facilitar la expansión estalinista, los que en buena medida contribuyeron y contribuyen a establecer regímenes socialistas en diversas partes del mundo y fueron políticos nativos quienes socavaron y socavan las instituciones estadounidenses, todo lo cual produce climas más inseguros y riesgos para los estadounidenses— no tiene presente que, precisamente, con contribuciones técnicas directas in situ «los extranjeros hicieron de los Estados Unidos la primera potencia nuclear» (Sowell, 1996: 373).

En uno de los apéndices de la obra comentada de Simon (1989: 349 y ss.) aparecen resultados de encuestas al público estadounidense, en las que se observa que hay una tendencia a oponerse a la inmigración cuando las preguntas se formulan de modo general, las que se revierten cuando las preguntas aluden a los inmigrantes que el encuestado conoce en su comunidad. Simon atribuye las respuestas obtenidas, en gran medida, a la influencia de la mayor parte de los medios de comunicación. En otro de los apéndices, de Simon en coautoría con Stephen Moore, se lee que

Hay un acuerdo entre economistas en cuanto a que la inmigración ha tenido y tiene ahora un efecto positivo sobre la condición económica de Estados Unidos. Hemos entrevistado aquellas personas que han sido presidentes del American Economic Association, así como también a aquellos que han sido miembros del President’s Council of Economic Advisors. En respuesta a la pregunta «En el balance ¿qué efecto ha tenido sobre el crecimiento nacional [estadounidense] la inmigración en el siglo xx?» el 81 por ciento contestó «Muy favorable» y el 19 por ciento contestó «Levemente favorable». […] Ninguno de estos economistas top dijo que la inmigración era «levemente desfavorable» o «muy desfavorable» o que sintió que él o ella no estaban en condiciones de responder (Simon y Moore, 1989: 357).

En el mismo apéndice los autores relatan que los resultados fueron distintos cuando se les preguntó a profesionales de las ciencias sociales no economistas sobre los efectos de la inmigración sobre la economía (sociólogos, psicólogos, cientistas políticos, antropólogos e historiadores). Sólo el 31% consideró que la inmigración era favorable y el resto la considera desfavorable (el 4% no contestó). Sin embargo, cuando preguntaron

a los profesionales no-economistas sobre los efectos no-económicos, las respuestas fueron distintas. En respuesta a «¿Qué efecto ha tenido la inmigración en Estados Unidos en el siglo xx sobre la fábrica social de la nación?», el 47 por ciento respondió «muy favorable», el 24 por ciento dijo «muy desfavorable», el 24 por ciento dijo «levemente favorable», el 13 por ciento dijo «levemente desfavorable», el 9 por ciento dijo «muy desfavorable» y el 7 por ciento dijo no saber. Y a la pregunta de «¿Qué efecto ha tenido la inmigración en el siglo xx sobre la cultura en Estados Unidos?», el 59 por ciento respondió «muy favorable», el 27 por ciento dijo «levemente favorable», el 7 por ciento dijo «levemente desfavorable», el 2 por ciento dijo «muy desfavorable» y el 5 por ciento dijo «no sé» (Simon y Moore, 1989: 357).

También en el mismo apéndice, los autores dicen:

Le preguntamos a aquellos economistas sobre los efectos económicos de la inmigración ilegal. La pregunta era: «¿Qué impacto tiene la inmigración ilegal en el volumen actual en la economía de Estados Unidos?». Un sorprendente 74 por ciento de aquellos economistas top manifestó que «Los ilegales tienen un impacto positivo». Once por ciento dijo «impacto neutro», 11 por ciento dijo «impacto negativo» y el 4 por ciento dijo «no sé». Esto es en verdad un impresionante grado de consenso (Simon y Moore, 1989: 358).

Tal como anunciamos, por último, en lo que se refiere a Julian Simon, resumiremos sus reflexiones en cuanto a que los inmigrantes deterioran los recursos naturales del país receptor y perjudican el medio ambiente. En el capítulo 9 de la obra que venimos comentando, el autor muestra que no hay diferencia en Estados Unidos entre el tratamiento del medio ambiente y los recursos naturales del inmigrante respecto de lo que hace el nativo. Además señala que

las tendencias básicas en la calidad del medio ambiente en Estados Unidos son positivas, acompañadas (aunque no necesariamente a causa de) de aumentos poblacionales. El agua y la provisión de alimentos consumidos en Estados Unidos han ido mejorando en las décadas pasadas, si nos guiamos por todas las mediciones razonables en cuanto a cantidad y pureza. El aire también se ha ido purificando, más bien que estropeando de acuerdo al indicador oficial de la Pollutant Standard Index y otras mediciones provistas por la US Environmental Agency (Simon y Moore, 1989: 190-191).

Como hemos dicho, en este punto esta obra debe ser complementada con una anterior del mismo autor. Así Simon explica de modo muy didáctico y con profusión de datos (1981: caps.1, 2, 3, 7, 15, 17 y 22) que al incrementarse la demanda de cualquier recurso, su precio se eleva, lo cual restringe el consumo, extiende las reservas, torna económica la exploración y explotación de mayores cantidades del bien en cuestión (lo cual incluye las inmensas posibilidades que ofrece la riqueza marítima), en su caso incentiva el reciclaje y constituye una indicación potente para la búsqueda de sustitutos.

Ésta ha sido invariablemente la historia de los recursos naturales en Estados Unidos y en el planeta, a lo que debe agregarse la debida protección a los derechos de propiedad cuando son afectados vía las diversas formas de polución. En cambio, cuando, por ejemplo, en nombre de una «crisis energética», en Estados Unidos, en los años setenta, se establecieron precios máximos al petróleo y sus derivados, el resultado naturalmente fue la aparición de interminables filas y congestiones en las estaciones de servicio, el uso indiscriminado de energía artificialmente barata para refrigerar o calefaccionar lugares que hasta el momento no se refrigeraban o calefaccionaban porque el precio no lo permitía, al tiempo que se bloquearon las señales en el mercado para la investigación y eventual puesta en marcha de sustitutos como la energía nuclear, hidráulica, solar o eólica y, asimismo, se obstaculizó la trasmisión de señales para incrementar la exploración y la explotación de nuevos yacimientos. Es decir, el peor de los mundos, por lo que el gobierno estadounidense se vio obligado a abandonar precipitadamente la política del control de precios.

Como suele ocurrir con todos los autores, no comparto otras de las consideraciones de Simon (por ejemplo, cuando discute las cuotas de inmigración) pero quiero destacar un punto que desarrolla en uno de los trabajos que hemos citado (1998). Se trata del otorgamiento de la ciudadanía a los inmigrantes y el consecuente derecho al voto. En este sentido escribe:

¿Qué sucede si el número de inmigrantes es suficientemente grande como para convertirse rápidamente en una mayoría en algún lugar, o suficientemente grande para combinarse con otras al efecto de alterar la fábrica de la nación y, por tanto, amenazan la existencia de esa organización? Por ejemplo, considérese el caso de una nación grande como China que amenace con inundar un país mucho más chico, digamos, Singapur con tantos inmigrantes para que cambie la totalidad del complejo político a través de procesos democráticos y constitucionales. ¿Y qué si esto se hace por razones del Estado chino, ideológicas o estratégicas? ¿Debería la nación simplemente aceptar la irrupción o destrucción de su vida económica, incluso dejando de lado el orden social y la continuidad histórica? […] Tal vez una maniobra de una nación grande con una pequeña como la discutida más arriba pueda constituir una amenaza, pero el mundo no ha visto nunca un episodio de esa naturaleza y, por tanto, no parece razonable que se adopten pasos firmes para prevenir tal ocurrencia. Adicionalmente, el tiempo requerido antes de que se otorgue la ciudadanía […] puede evitar el peligro de un takeover por medios democráticos, permitiendo que todos los que deseen entrar, trabajar y vivir, lo hagan (Simon, 1998: 146-147).

Por nuestra parte dijimos ut supra que todos los peligros que se refieren a la lesión de derechos deben ser mitigados y si fuera posible eliminados. Como también señalamos (y Simon coincide) estas medidas no son contra la inmigración sino contra el delito puesto que se operaría de la misma manera con nativos, es decir, frenar toda acción criminal. La propuesta concreta de Simon en cuanto al período de prueba para la ciudadanía sin que se afecten los derechos del inmigrante a primera vista parece plausible pero tiene sus bemoles, puesto que el problema referido a las ideas que aparentemente prevalecen hoy en Estados Unidos y la declinación de los principios originales que expusimos en el primer capítulo, no son consecuencia de los inmigrantes sino de los estadounidenses (descendientes claro está de inmigrantes de varias generaciones).

Entonces ¿debería plantearse un sistema de calificación del voto dentro del país? Si esto se aceptara, ¿en base a qué criterio se haría? ¿Tendría sentido descalificar a quienes piensan distinto? ¿No atenta esto contra el pluralismo y la tolerancia? ¿Recortar ideas en última instancia no genera un efecto búmeran? ¿No se necesita contraparte en el debate de ideas para crecer? ¿No constituye esta línea de pensamiento un atentado contra el pensamiento? ¿En definitiva no presenta este modo de razonar un intríngulis aún más escabroso que el referido a los inmigrantes? ¿Tiene base lógica aplicar un período de prueba para unos y no para otros? Por otro lado, ¿es necesario dramatizar con hordas de chinos que copan un país? ¿No resulta más probable que si pudieran emigrar multitudes de chinos en la actualidad sea para buscar libertad, incluso si son del Partido ya que éstos, como explica Sorman (2005/2007), se escapan hoy a Occidente con millones de dólares mal habidos para buscar refugio y seguridad? ¿No prestamos atención a los debates televisivos actuales en Estados Unidos? ¿No leemos los periódicos con las declaraciones de gobernantes y políticos de aquel país? ¿No estamos enterados de lo que ocurre en numerosos colegios y universidades estadounidenses ni prestamos atención a los libros publicados? ¿No es suficiente lo que documentamos en este libro sobre los sucesos del momento en distintas áreas de Estados Unidos?

Estos interrogantes y otros más nos conducen al problema que planteamos en el penúltimo capítulo para la consideración del lector, cuya respuesta, pensamos, refuerza las salvaguardas de las autonomías individuales y permitiría dejar de lado el intríngulis relacionado con la inmigración que nos plantea Julian Simon y los que acabamos de formular. Es para pensar desprejuiciada y detenidamente.

Es también muy frecuente sostener —tal vez el argumento más repetido— que la inmigración crea un problema de sobrepoblación. En este sentido, Thomas Sowell (1983: 209-210) para refutar el punto muestra, por un lado, que toda la población del planeta Tierra cabe en el Estado de Texas con lo que cada familia tipo de cuatro personas tendría a su disposición 6.800 pies cuadrados que es, precisamente, lo que posee actualmente un familia media en Estados Unidos. Por otro lado, señala que Calcuta tiene la misma densidad poblacional de Manhattan y que los habitantes por kilómetro cuadrado son los mismos en Somalia que en Estados Unidos. El autor se pregunta por qué es que en un lugar se habla de «hacinamiento» y en otro de «prosperidad» y responde que la diferencia de situaciones se debe a la ausencia de marcos institucionales civilizados en el primer caso y al respeto a los derechos de propiedad como eje central de aquellos marcos en el segundo. A esto deben agregarse los experimentos que se están llevando a cabo para contar con ciudades en el espacio —al fin y al cabo la Tierra está suspendida en el espacio, además de girar sobre su eje a una velocidad descomunal—.

Las modificaciones que tienen lugar especialmente en las ciudades, atribuibles a la entrada de inmigrantes y al crecimiento de la población local, hace que aparezcan los quejosos del denominado «costo del progreso». Parecería que, inconscientemente, algunos de los pobladores originales se molestaran con el progreso de los demás, es como si quisieran el mejoramiento para ellos pero no para terceros, sin tener en cuenta que como todos provenimos de situaciones miserables —cuando no del mono— si las personas que precedieron a nuestros ancestros hubieran obstaculizado la instalación de éstos, nosotros no estaríamos donde estamos. Como hemos dicho más arriba, las quejas de marras no tienen en cuenta el principio elemental del debido respeto por mejoramiento en las condiciones de vida de los demás. Tampoco se tienen en cuenta las consecuencias de los propios actos, en el sentido de que, como también decíamos antes, queremos preservar las características edilicias de nuestro barrio pero estimulamos con nuestras compras la instalación de odontólogos y tantos otros servicios que pretendemos que estén a mano y una vez que se construyen edificios para las consultas correspondientes, nos quejamos del cambio operado. Por otra parte, se atribuyen a costos «del progreso» cosas que nada tienen que ver con el progreso, como la polución, la suciedad y los altos decibeles que exceden lo aceptable y que son el resultado de no respetar derechos de propiedad y no del progreso, lo cual no desconoce que toda acción humana implica un costo, puesto que en cada acto debe renunciarse a un valor para obtener otro que se estima de mayor jerarquía. Si miramos un poco para atrás, veremos que los humos renegridos de las chimeneas, los olores nauseabundos, el acecho de las pestes y las condiciones higiénicas y de salud reflejaban un medio ambiente que dejaba mucho que desear.

Por otro lado, el traslado de cuerpos que denominamos movimientos migratorios disminuiría notablemente si se aprovecharan las ventajas que brinda el comercio libre y se generalizara la demolición de las trabas que lo impiden o dificultan: en lugar de que las personas se vean obligadas a desplazarse, cuando los salarios son bajos en una zona y altos en otra, habría un movimiento de capitales desde ésta última a la primera, y con la libre importación se estaría comprando trabajo de extranjeros. La libertad en los desplazamientos de los factores de producción susceptibles de trasladarse, en un mundo abierto a la competencia, haría que la productividad del valor marginal se iguale, maximizando así el producto neto global (Johnson, 1968). De más está decir que siempre persistirían los movimientos migratorios, simplemente por el placer de estar en otros lugares, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que la gente busca refugio en países civilizados para escapar de la prepotencia gubernamental, ya sea para evitar estados de pobreza extremos, las persecuciones políticas o ambos factores.

En otra obra Sowell escribe que

Nada resulta más común que los inmigrantes pobres se vuelvan prósperos en el nuevo país y que contribuyan a hacer más próspero a ese país. […] Cambios dramáticos de la pobreza a la riqueza, ya sea entre naciones o entre grupos de inmigrantes en distintos países, socava la noción de «los que tienen» y «los que no tienen» como categorías pétreas instaladas por fuerzas sociales y económicas […] una dicotomía más fértil es entre los que hacen y los que no hacen. […] La historia de inmigrantes que comenzaron en la pobreza y lograron la prosperidad, al mismo tiempo que mejoran las condiciones económicas de la sociedad que los rodea, trae a la atención la importancia de la creación de riqueza, especialmente cuando hay tantos preocupados con su distribución [Sowell sugiere que se abandone el término distribución ya que sostiene que la riqueza no se distribuye sino que se gana]. Entonces, esos inmigrantes dejan un legado no sólo de ejemplos económicos sino también de inspiración humana (Sowell, 1996: 3, 383 y 391. Énfasis en el original).

Una conclusión coincidente con las declaraciones que reiteradamente viene realizando la National Academy of Sciences.

Como hemos mencionado, en Estados Unidos —salvo una legislación sobre la inmigración china de corta duración— hasta 1920 la entrada de personas era libre. A partir de entonces, comenzaron las disposiciones que sin solución de continuidad han alcanzado hasta el presente, en las que se mezclan marchas y contramarchas sobre cuotas y limitaciones de distinta naturaleza, amnistías directas o encubiertas, artículos e incisos sobre refugiados y pedidos de asilo y trámites burocráticos más o menos tediosos según sea el grado de xenofobia que prevalece en los diversos grupos de presión.

Básicamente, se trata de disposiciones legislativas que pretenden batallar contra inmigrantes de distintos orígenes y circunstancias que desean entrar a Estados Unidos. Se trata siempre de nuevos intentos de conciliar los deseos de algunos votantes que son inmigrantes legales recientes con los votantes que provienen de generaciones anteriores de inmigrantes, pero que pretenden bloquear la entrada de nuevos inmigrantes. Actualmente se estima que viven en Estados Unidos 12 millones de trabajadores ilegales y que entran al país a razón de quinientos mil por año, lo cual significa cinco inmigrantes por cada mil residentes que, por otra parte, es la mitad de lo que ocurría en la década anterior.

Hoy en día visitan el país 30 millones de personas anualmente, de los que un millón son inmigrantes. En estos momentos, y a partir de los sucesos trágicos del 11 de septiembre de 2001, se usa el argumento del terrorismo como pantalla para frenar la entrada de inmigrantes, aunque ninguno de los atacantes entró al país como inmigrante sino con visas de estudio y de turismo.

Para concluir, señalamos que todo lo dicho hasta aquí sobre los inmigrantes debe interpretarse como un intento de contrarrestar tanta campaña para cerrar las fronteras, pero no debe tomarse como una absolutización respecto de la persona del inmigrante. Ya hemos dicho que las generalizaciones son peligrosas porque oscurecen el caso particular. Éste era el sentido por el que Borges solía saludar a su audiencia después de una conferencia con una reiterada manifestación: «Me despido de cada uno de ustedes, y no digo todos porque cada uno es una realidad, mientras que todos es una abstracción». Hay inmigrantes igual que hay nativos de todas las condiciones y con muy variadas inclinaciones. Hay gente mala, regular y buena. El inmigrante es una abstracción, lo real es determinado inmigrante. Entonces, podemos encontrar ciertos inmigrantes en Estados Unidos (y para el caso en cualquier parte del mundo) que en sus conductas contradicen buena parte de los puntos aquí señalados, aunque deben destacarse los incentivos naturales que habitualmente tienen los inmigrantes para proceder de un modo u otro.

Por otra parte, cualquiera sea el resultado estadístico respecto del comportamiento de los inmigrantes, se trata de historia, lo cual no justifica que en el futuro se vuelva a repetir tal como nos enseña la trampa de la inducción. Las extrapolaciones sin recaudos pueden deparar sorpresas y conducir a irrealidades. Como han señalado otros autores, extrapolar la temperatura del mediodía a principios de mes y trasportarla a fin de mes puede hacer creer que todos los habitantes moriremos calcinados o la extrapolación de la eventual sensación agradable de quien se arroja desde el piso cincuenta de un edificio no toma en cuenta que la tendencia se modificará abruptamente cuando el personaje en cuestión tome contacto con la tierra.

Nuevamente, subrayamos que lo expuesto en este capítulo apunta fundamentalmente a contradecir las manifestaciones apresuradas y también fruto de generalizaciones que pretenden un trato indiscriminado y en bloque contra la figura del inmigrante, además de las falacias económicas que hemos procurado refutar en este capítulo.

La guerra antinarcóticos

Como nación hemos sido responsables por el asesinato de literalmente cientos de miles de personas en nuestro país y en el extranjero por pelear una guerra que nunca debió haber comenzado y que sólo puede ganarse, si eso fuera posible, convirtiendo a los Estados Unidos en un estado policial.

Milton Friedman, 2000

No es posible escribir sobre Estados Unidos sin analizar el gravísimo problema de lo que se conoce como la guerra contra las drogas. Sin embargo, a diferencia del resto de los capítulos, en este caso, no lo hacemos con igual entusiasmo debido a que acabamos de publicar un libro sobre el tema (2006), lo cual nos hace resumir conceptos ya expresados, situación que, por esa razón, no resulta especialmente desafiante y estimulante, aunque también hemos actualizado información. Debido a la persistencia en Estados Unidos, que con renovada energía incurre en este error mayúsculo de la prohibición a las drogas para usos no medicinales y a las devastadoras consecuencias de esa política, consideramos que indefectiblemente debemos volver, en parte, sobre este análisis. De lo contrario el libro quedaría inconcluso.

Sin duda que no podemos abarcar en un capítulo todo lo estudiado en el libro de referencia. En esta ocasión expondremos los aspectos cruciales de este problema y, en su caso, remitimos a ese trabajo para las muchas referencias bibliográficas que tanto han contribuido a esclarecernos sobre esta situación que, lamentablemente, compromete en uno u otro sentido porciones crecientes de la población estadounidense y sienta un pésimo ejemplo para el resto del mundo.

Antes de comenzar queremos rendir tributo al premio Nobel, autor del epígrafe con que abrimos el presente capítulo (Friedman, 2000: vii) puesto que ha sido Friedman la figura pública más expuesta en la reiterada explicación de los tremendos inconvenientes y dificultades generadas por los gobiernos que se involucran en funciones que no sólo no les compete y son impropias de una sociedad libre, sino que se embarcan en una lucha condenada al más estrepitoso de los fracasos.

La tesis de este capítulo, igual que lo que hemos escrito antes en la materia, es que nadie debe ser molestado ni mucho menos forzado para que se le haga hacer lo que no considera pertinente, siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Éste es el significado del respeto al prójimo. Como hemos dicho antes, respetar a otros no se limita a dejarlos hacer y decir cuando coinciden con lo que uno hace y dice. La prueba del respeto a los derechos de otros estriba en dejarlos hacer y decir cuando no coinciden con las propias posturas.

Cada uno debe asumir las consecuencias y las consiguientes responsabilidades por lo que hace y dice, pero la fuerza, tal como hemos reiterado en el transcurso de este libro, debe limitarse al carácter defensivo. Constituye una inadmisible prepotencia, arrogancia y presunción del conocimiento entrometerse en las vidas de otras personas a través del uso de la violencia.

Entonces, si consideramos que otra persona se está autoinfringiendo daño a su cuerpo o a su mente, podemos recurrir a la persuasión y a todas las campañas que nos parezcan conducentes, sufragadas con recursos propios al efecto de intentar que cambien la dirección de sus actividades, pero no es permisible utilizar la fuerza para tal fin. Los daños pueden provenir del boxeo, el aladeltismo, las dietas perversas, el automovilismo, el tabaco, el alcohol, las drogas alucinógenas para usos no medicinales, el uso de tranquilizantes, las conductas sexuales consideradas desviadas, las lecturas o las obras teatrales que algunos estiman perniciosas o lo que fuere, pero las prohibiciones estatales, los Index, las imposiciones para lo que pueden hacer adultos y demás tropelías no caben en una sociedad libre.

Es cierto que la drogadicción constituye una tragedia. Los daños cerebrales suelen ser irreversibles y producir masacre psíquica, distorsión de los sentidos y de la capacidad perceptual. La abstinencia habitualmente está acompañada de dolores musculares intensos, calambres extendidos por todo el cuerpo, expulsión de abundantes fluidos, escalofríos, debilitamiento extremo, notoria disminución de la capacidad intelectual, aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas y un estado de zozobra permanente.

La imagen viva de la tragedia y nada estimulante por cierto se constata cuando se observan seres a los que les decimos humanos por algunos de sus rasgos exteriores pero están muchas veces apiñados en las calles, desaliñados al extremo de la roña, con piernas y brazos que se asemejan a palos de escoba, llenos de venas saltonas y agujereadas por todas partes, rostros desencajados, ojos inyectados en sangre, carentes de expresión, bocas babeantes con labios púrpura y rajados, pieles de un amarillo mortecino, tabiques nasales perforados y generalmente vestidos con atuendos fúnebres adornados con calaveras.

Habiendo dicho esto, debemos puntualizar también que el uso de las drogas, aun con todos los perjuicios que produce, no significa necesariamente abuso. El poeta que se cree más inspirado o el operador de Wall Street que se considera más eficiente consumiendo drogas, no necesariamente están incluidos en el cuadro que acabamos de dibujar. Recordemos los casos de consumidores de drogas como Shelly, Keats, Walter Benjamin, Eugene O’Neill, Aldous Huxley, Samuel Coleridge, Karl Hess y Goethe quien, además, en el Fausto se refiere al «encantador juego de narcóticos». Según la legislación estadounidense en vigencia todos ellos estarían en la cárcel.

También es de interés recordar que un trabajo de 1914 sobre narcóticos señala que «una proporción muy grande de usuarios […] eran personas respetables y muy trabajadoras» y que el célebre médico y cirujano, cofundador en 1886 del Johns Hopkins Hospital, William Stewart Halsted, consumió cocaína y morfina durante toda su vida, «hoy enviaríamos a prisión a hombres así. En lugar de eso, se convirtió en el padre de la cirugía moderna» (National Review, vol. 58, n.º 16, 11 de septiembre de 2006, p. 19). Este matiz que introducimos es para destacar que igual que con el alcohol no es lo mismo tomar un vaso de vino que estar en estado de delirium tremens, no resulta lo mismo usar que abusar de las drogas alucinógenas para usos no medicinales aunque, en este caso, cualquier dosis pueda generar efectos nocivos para la salud.

El eje central de lo que proponemos estriba en que en una sociedad abierta, desde ningún punto de vista y circunstancia, puede legítimamente criminalizarse lo que no es un crimen —además de todos los efectos sumamente perniciosos y contraproducentes que la política contraria produce, tal como veremos a continuación—. Lysander Spooner resumía bien el punto al escribir que

Los vicios son aquellos actos por los que el hombre se daña a sí mismo o a su propiedad. Los crímenes son aquellos actos por los que un hombre daña la persona o la propiedad de otro. […] Si un gobierno asimila un vicio con un crimen y lo castiga como tal, esto constituye un intento de falsificación de la naturaleza de las cosas (Spooner, 1875/1992: 23).

Como hemos referido en nuestro libro anterior sobre las drogas, la llamada «guerra contra las drogas» comenzó en gran medida por iniciativa de la mafia del alcohol una vez que perdieron la posibilidad de seguir operando con jugosos márgenes operativos debido a la abrogación de la Ley Seca. Ellos fueron los que realizaron viajes a diversos destinos para completar estudios de mercado al efecto de encontrar un sustituto para prohibir.

Como es sabido, la Ley Volsted, en homenaje al senador que la patrocinó en primer lugar, conocida también como Ley Seca, produjo una enorme organización criminal, elevó astronómicamente el precio de las bebidas alcohólicas, elevó los índices de alcoholismo, generó una enorme corrupción entre gobernantes, policías y autoridades encargados de controlar el mercado del alcohol y gran cantidad de matanzas de inocentes. Hubo que introducir una enmienda a la Constitución de Estados Unidos —la decimoctava— para prohibir el alcohol. El texto que acompañó la ley correspondiente decía que «todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerrarán para siempre las puertas del infierno». Resulta difícil concebir una ingenuidad mayor en un país progresista que venía de una tradición tan clara respecto a las funciones del gobierno. En todo caso, ilustra la hipocresía que crea este tipo de legislación el hecho de que un personaje como Elliot Ness festejara el fin de la «guerra contra el alcohol» con un trago y que haya muerto de cirrosis. El mensaje que acompañó a la ley que dio por terminada la escaramuza sentenciaba que la lucha contra el alcohol produjo «injusticia, hipocresía, criminalización de grandes sectores sociales y corrupción abrumadora».

James Ostrowski informa que

La tasa de asesinatos creció con la prohibición [del alcohol], se mantuvo alta durante ese período y luego declinó durante once años consecutivos a partir del fin de dicha prohibición. La tasa de asaltos con armas de fuego se incrementó con la prohibición y declinó durante diez años consecutivos después de la prohibición. Durante el último año de la prohibición —1933— hubo 12.124 homicidios y 7.863 asaltos a mano armada, para 1941 esos números ya habían declinado a 8.048 y 4.525 respectivamente (Ostrowski, 1990: 46 y 48).

Como veremos, la prohibición a las drogas agudizó los efectos de la prohibición al alcohol debido a su mayor duración y ferocidad. Las transacciones en el mercado negro hacen que se eleve el precio debido a la prima, por el riesgo de operar en dicho mercado. Esto, a su vez, ha convertido en económicas a las drogas sintéticas para su distribución masiva, de efectos mucho más potentes y devastadores que las naturales, como angel powder, coco snow, crack, ice, china white, cristal caine, etcétera.

Estos márgenes operativos dan cabida a los pushers, es decir, los vendedores ambulantes que obtienen comisiones sumamente abultadas por colocar la mercancía, especialmente entre gente joven más propensa a ensayar «el fruto prohibido» y, especialmente, en los colegios. Por su parte, los enormes patrimonios que aparecen en manos de los barones de la droga y sus distribuidores concentran en su entorno criminales especializados en sortear la prohibición y las persecuciones, lo cual crea un clima especialmente violento en torno al negocio en cuestión. Esto conduce a una extendida y creciente corrupción de gobernantes, políticos encumbrados, autoridades, jueces, policías y oficiales de la DEA, lo cual se repite en los países en los que Estados Unidos logra imponer su política de prohibición, como son los casos notorios de Colombia, Bolivia y Perú.

Steven Duke comenta que

La Suprema Corte [de Estados Unidos] sentenció en 1927 que constituía una violación del debido proceso el llevar a juicio a una persona, incluso si se trataba de una infracción de tránsito, ante un juez que tuviera interés financiero en el resultado del veredicto. […Hoy] no sólo los informantes se benefician directamente de las confiscaciones. La policía y los acusadores también lo hacen. La mayoría de los activos que se obtienen de las confiscaciones se transforman en propiedad de la policía y los acusadores responsables de los arrestos y penas. […] La policía y los acusadores son vistos frecuentemente manejando llamativos automóviles deportivos, volando aviones y piloteando barcos fruto de las confiscaciones (Duke, 2000: 58-59).

También nos informa el mismo autor que «Ningún formalismo legal se requiere para secuestrar una propiedad. Si la policía dice que hay “causa probable” en relación a un automóvil, un barco o un avión, simplemente se apoderan de él» (2000: 52). David Klinger se lamenta que en la larga tradición estadounidense se haya dejado de lado la figura de beyond reasonable doubt («mas allá de toda duda razonable») para sustituirla por la actual probable cause («causa probable») en conexión a la producción, distribución y consumo de narcóticos con todos los inmensos abusos que de allí se desprenden (2000: 133). De allí las escuchas telefónicas, la invasión al secreto bancario, la detención sin juicio previo, las revisaciones en la vía pública, el tratamiento como delincuentes a quienes llevan consigo más de diez mil dólares en efectivo, etc. Joseph D. McNamara confiesa: «Fui policía durante 35 años. Como oficial con destino en Harlem y como jefe de Policía en Kansas City y en San José hice que muchos drogadictos fueran encarcelados. Pero he llegado a la conclusión que encarcelar a personas porque introdujeron ciertos químicos en su sangre, constituye un inaceptable mal uso de la policía y de la ley» (2000: 124).

Entre los innumerables casos de inocentes ultrajados, invadidos en su intimidad, heridos y que pierden la vida, Kopel nos ilustra en cuanto a que

Ezequiel Hernández no tenía nada en común con Donald Scott. Hernández era un muchacho hispánico de 18 años que vivía en el sur de Texas. Scott era un millonario de mediana edad que vivía con su mujer en una extensa propiedad en el sur de California. Ni Hernández ni Scott tenían vinculación con las drogas. Hoy, tanto Hernández como Scott están muertos, fueron asesinados cuando la guerra contra las drogas se convirtió en más que una metáfora. Una de las tendencias más significativas de las leyes de los últimos quince o veinte años ha sido la militarización. La militarización es la consecuencia directa de las muertes de Ezequiel Hernández y David Scott y otros inocentes, y también de asaltos a personas y propiedades de muchos más inocentes. Los Fundadores de la república americana [estadounidense] estaban familiarizados acerca de los peligros de militarizar para cumplir la ley. […] En el Papel Federalista número 29, Hamilton prometió que nunca se recurriría la fuerza militar en apoyo de un magistrado civil (McNamara, 2000: 61-62).

Y sigue diciéndonos el mismo autor:

Cuando el Procurador del Distrito convocó a un jurado para entender en el caso de Hernández, el Secretario de Defensa, William Cohen, urgió que se les otorgara a los militares inmunidad cuando hubiera violaciones a las leyes criminales. El pedido de Cohen hubiera asombrado incluso a Jorge III. El 5 de marzo de 1770 un incidente a raíz de unos muchachos que le tiraron unas bolas de nieve a unos soldados británicos fue subiendo de tono hasta que se produjo una confrontación entre los ejércitos de ambos bandos, lo que culminó con la masacre de Boston. […] Después de la masacre ni el rey Jorge ni ninguno de sus ministros pretendieron que los soldados británicos fueran inmunes a las leyes de la Colonia de Massachussets. Al contrario, los soldados fueron sometidos a juicio (McNamara, 2000: 73-74).

Kurt L. Schmoke, primero asistente del Procurador General de Estados Unidos y luego procurador de Baltimore también confiesa que

Del mismo modo que la prohibición [del alcohol] elimina algo que millones de personas desean, nuestras leyes actuales convierten en ilegal la posesión de una mercancía cuya demanda es muy alta. Como resultado, el precio de esa mercancía se ha elevado mucho más allá de su verdadero costo. Esto ha conducido a ganancias enormes, producto de las drogas ilegales y ha convertido el tráfico de drogas en una actividad criminal, tanto para pushers y productores. Conozco esto porque por más de siete años hice mi fuente de trabajo metiendo personas en la cárcel […] busqué y logré condenas contra miles de crímenes vinculados a las drogas. Esos crímenes incluyeron el asesinato de oficiales de policía y civiles, las víctimas incluyeron a peatones inocentes y niños que fueron sorprendidos con actividades criminales que no podían anticipar (Schmoke, 1990: 10).

Y sigue escribiendo Schmoke que

la descriminalización sacaría las ganancias de las drogas y reduciría, si es que no eliminaría, la violencia relacionada con las drogas que actualmente es una plaga en nuestras calles. […] Es muy fácil para la gente que vive en comunidades donde la droga no constituye un problema (lugares cada vez menores), argumentar que la violencia relacionada a las drogas no puede justificar la descriminalización. Pero si usted tiene que vivir con esa violencia día tras día, tal como millones de personas tienen que vivir presa del terror de ser aniquilado, robado o asaltado, o ver como le ocurre lo mismo a las personas amadas, pronto exigirá resultados (Schmoke,1990: 11).

El referido ex Jefe de Policía confirma que «las notables ganancias debidas a la prohibición, que ascienden al 17.000% han conducido a una corrupción generalizada de funcionarios públicos y una generalizada violencia entre comerciantes de la droga que abarca naciones enteras» (McNamara, 2000: 123). Nos ilustra también el mismo autor sobre las patrañas y mentiras urdidas por las autoridades para lograr arrestos, por ello es que «en la jerga del medio policial se sustituye la expresión testifying por testilying» y concluye que

Todas las drogas, incluyendo la aspirina presentan elementos de peligro para los usuarios y requieren cautela. Pero en una sociedad libre los adultos deben ser consideradas capaces de tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas y salud, sin temer encarcelaciones por parte de sus gobiernos si eligen caminos impopulares o inadecuados. […] Así evitaríamos 700.000 arrestos al año, lo cual ahorraría recursos y se arruinarían menos vidas. […] El tratamiento voluntario debería sustituir el arresto (McNamara, 2000: 125-126).

La prohibición a su vez conduce a lo que se ha dado a conocer como el «lavado» de dinero al efecto de convertir dinero procedente de la actividad clandestina de las drogas y pasarlo a contabilidades regulares para poder utilizarlo abiertamente. Si no existiera la prohibición, no se enturbiarían las contabilidades de negocios legales y los de las drogas operarían a la luz del día sin problema alguno y en volúmenes muy menores debido a la desaparición del negocio al liberar la droga. Todas las maniobras, por ejemplo, para construir hoteles y similares para luego hacer aparecer como que la facturación es grande para «blanquear», enturbia y falsea contabilidades que de otro modo reflejarían la realidad, con todas las derivaciones y complicaciones del caso (Ayau, 2006).

Por otro lado, las operaciones en negro no permiten que los drogadictos tengan contención con médicos y en los tribunales si hubiera fraudes debido al temor a que se los arreste. Por las mismas razones, el control de calidad se imposibilita y los envenenamientos son frecuentes —del mismo modo que los eran durante la Ley Seca—. En este sentido explica Ethan Nadelmann:

Imaginemos que los americanos [estadounidenses] no pudieran decir si la botella de vino que compran contiene 6 por ciento, 30 por ciento o 90 por ciento de alcohol, o si la tableta de aspirina contiene 5 o 500 gramos de aspirina. […] El escenario descripto es el de la situación actual del mercado ilícito de las drogas. Muchos de los fumadores de marihuana están en riesgo por consumir productos que fueron cultivados con fertilizantes peligrosos y fumigados con herbicidas venenosos. Los consumidores de heroína y los varios productos sintéticos que se venden en las calles enfrentan riesgos aun peores, incluyendo sobredosis fatales y envenenamientos por drogas inesperadamente potentes o impuras. Las operaciones para controlar las drogas que tienen éxito en desmantelar temporariamente ciertas organizaciones que ofrecen la mercancía, constituyen una espada de doble filo […] ya que obligan a otros a buscar nuevos oferentes menos confiables, el resultado es que hay más y no menos emergencias vinculadas a las drogas y más muertes. […] Hoy más del 50 por ciento de las personas con sida en Nueva York, Nueva Jersey y muchas otras partes de este país [Estados Unidos] han contraído directa o indirectamente la enfermedad a través del uso ilegal intravenoso (Nadelmann, 1990: 32).

Lo expresado respecto de las adulteraciones, imposibles de constatar a través del control de la correspondiente calidad en el contexto de las operaciones violentas en el mercado de drogas alucinógenas para usos no medicinales, derivan en otra consecuencia gravísima: las repercusiones en el mercado de drogas para usos terapéuticos que muchas veces se ven involucrados en los consiguientes riesgos que lamentablemente se trasladan al padecimiento de enfermos debido a la inadecuada atención también en ese mercado. Y «existe el riesgo de que las restricciones legales y sociales impidan el reconocimiento de algunos potenciales terapéuticos» (Grinspoon y Bakalar, 1991: 123). Estos autores nos informan en su obra que la coca es un alcaloide que se usa para combatir el frío, los dolores estomacales, los cólicos, las complicaciones gastrointestinales como la diarrea, los calambres, las náuseas, el dolor de muelas, las úlceras, el reumatismo, el asma, la malaria, los mareos, jaquecas por altura, como anestésico local, para la irritación de los ojos, para el dolor de garganta y contiene minerales, vitamina C y algunas vitaminas B (1991: 218). Grinspoon y Bakalar continúan escribiendo que «La cocaína fue separada de la hoja en 1860. En las postrimerías del siglo xix, tanto la propia coca (es decir, el extracto de la hoja, con todos sus alcaloides) fueron populares como medicamentos en Europa y en América del Norte. […] Karl Koller introdujo la cocaína en las operaciones de los ojos y pronto la sustancia fue utilizada en muchas otras formas de cirugía. […] William Halsted [mencionado más arriba] inventó la anestesia de conducción al inyectar cocaína intra o paraneuronalmente en las raíces del los nervios»(1991: 221, 223 y 220).

Alicia Castilla relata que

El legendario emperador chino Sheng Nung, prescribía, en un libro de fármacos escrito en 2737 a.C., la resina del cáñamo contra la debilidad femenina, gota, gripe y desmayos. […] Las flores eran utilizadas para curar heridas abiertas, las cáscaras de sus semillas y sus resinas para estimular el sistema nervioso; las semillas para combatir inflamaciones de la piel, además de ser consideradas tónicas, reconstituyentes, laxantes, diuréticas y apropiadas para el tratamiento de verminosis en los recién nacidos. […] Su aceite era recomendado como tónico capilar y como antídoto ante el envenenamiento por azufre. El jugo fresco de las hojas era recomendado para picaduras de escorpión (Castilla, 2004: 8).

Y la planta de cannabis —de donde también se extrae la marihuana— se usaba para el tratamiento de una variedad de enfermedades. Grinspoon y Bakalar nos dicen que la planta de la que deriva la marihuana, cuyo

elemento químico psicoactivo más importante, el delta-9-tetrahidroanabinol (delta-1-tetrahidroanabinol en otra nomenclatura), está contenido en una resina que cubre los racimos de flores y las hojas superiores de la planta; hay en la resina muchas otras sustancias químicamente relacionadas. […] Las preparaciones de cannabis varían enormemente de calidad y potencia, según la clase de planta, el clima, el suelo y los métodos de cultivo y fabricación. […] A semejanza de la cocaína y otras drogas estimulantes, la marihuana ha sido utilizada durante milenios como medicina y como intoxicante, […] cerca del 20 por 100 de los epilépticos que no obtienen suficiente alivio con los medicamentos anticonvulcionantes convencionales […] el cannabis ha sido estudiado como alternativa. […] Otro uso prometedor del cannabis se relaciona con el tratamiento del glaucoma, la segunda causa principal de la ceguera en Estados Unidos. En esta enfermedad, la presión dentro del globo del ojo aumenta hasta dañar el nervio óptico. Casi un millón de norteamericanos sufre de glaucoma (granangular), tratable con cannabis (Grinspoon y Bakalar, 1991: 244 y 247-248).

Y respecto de las anfetaminas los autores nos explican que

constituyen un grupo numeroso de drogas estimulantes centrales químicamente relacionadas, entre las más conocidas están la dextroanfetamina (dexedrina), la metamfetamina (metedrina) y el metilfenidato (ritalina). El sulfato de anfetamina (benzedrina) fue sinetizado por primera vez en 1887, pero sólo presentado como medicamento en 1932, cuando el inhalador comenzó a venderse en las droguerías como tratamiento para la congestión nasal y el asma. A fines de 1937 se introdujo este estimulante en forma de tabletas para atender la narcolepsia y el parkinsonismo postencefálico. […] En 1946 W.R. Bert aseguró que la anfetamina tenía 39 aplicaciones clínicas, entre ellas el tratamiento de la epilepsia […], la esquizofrenia, el alcoholismo […], la jaqueca, la rigidez y los espasmos musculares, las lesiones de cráneo, la dismorrea y la hipertensión, […y] la depresión que es, quizás, uno de los padecimientos más comunes en los adultos (Grinspoon y Bakalar, 1991: 224 y 227).

En estilo coloquial, Milton Silverman (1942/1943) explica los meritorios esfuerzos y reiterados experimentos para encontrar drogas que aliviaron el dolor y curaron enfermedades por parte de personas que, en los primeros tramos, han debido navegar a contracorriente y sortear los obstáculos y las burlas de la medicina establecida, especialmente referidos al opio y la morfina —por Morfos, de sueño—, los alcaloides y barbitúricos en general, la cocaína y la hoja denominada dedalera (digitalitis), que curaba la hidropesía que, en una época, junto con la tuberculosis, producía la mayor mortandad.

En otro orden de cosas, Nadelmann explica detenidamente que el alcohol y el tabaco producen muchísimas más muertes que las drogas, pero en un caso se permiten por ser socialmente aceptados y en otro se prohíbe debido a que no lo son. Así nos dice:

Actualmente, el alcohol es consumido por 140 millones de estadounidenses y por 50 millones en el caso del tabaco. Todos los costos asociados con el abuso de las drogas ilícitas resultan pálidos en comparación con aquellos que resultan del abuso del tabaco y el alcohol. […] El alcohol se identificó como el factor desencadenante del 10 por ciento de los accidentes de trabajo, el 40 por ciento de los aproximadamente 46.000 accidentes mortales de tráfico. […] Se estima que 18 millones de estadounidenses son alcohólicos o abusadores de alcohol. El costo del abuso del alcohol en la sociedad estadounidense se estima es más de 100 mil millones de dólares anuales. El alcohol ha sido identificado como la causa directa de 80 a 100 mil muertes anuales y como un elemento causante de 100 mil muertes adicionales [por año]. Los costos referidos al tabaco son de una magnitud similar. En los Estados Unidos un estimado de 320 mil personas muere prematuramente cada año como consecuencia del consumo del tabaco. En comparación, el National Council on Alcoholism informó que solamente 3.562 personas murieron [en un año] debido al uso de todas las drogas ilícitas combinadas. Aun si asumimos que miles de muertes adicionales estuvieran relacionadas de un modo u otro con el abuso de drogas sin informar como tales, aún nos quedamos con la conclusión de que todos los costos de salud de la marihuana, cocaína y heroína combinados son sólo una pequeña fracción de aquellos causados por el tabaco y el alcohol. […] La distinción entre uso y abuso de sustancias psicoactivas que la mayor parte de las personas reconocen con respecto al alcohol no se admite respecto de las sustancias ilícitas (Nadelmann, 1990: 36).

La prohibición de las drogas alucinógenas para usos no medicinales obliga a que todos los consumidores deban ingresar al circuito criminal para conseguir la droga, con lo que se exponen a todo tipo de acciones violentas, al tiempo que se crea un hábito malsano de tratar con delincuentes que muchas veces tiende a trasmitir costumbres y procedimientos reñidos con las conductas civilizadas. Las áreas de influencia de la droga cada vez resultan más extendidas y, consiguientemente, también lo son los intereses creados en mantener la prohibición para hacer que el negocio continúe próspero. Así, se extienden las empresas y profesionales considerados horizontal y verticalmente, como ser los laboratorios y los químicos, todas las tareas agrícolas, las fábricas de plaguicidas, los transportistas, la actividad financiera y bancaria, los expertos en contabilidad y manejo de carteras, los ya mencionados jueces, policías, militares, agentes y organismos de control, los «traqueteros» (encargados de realizar estudios de mercado y abrir nuevas operaciones), las «mulas o camellos» (encargados de transportar la droga personalmente y en los lugares más increíbles del cuerpo) y los «topos» (agentes encubiertos) y tantas empresas y emprendimientos relacionados al formidable negocio de la droga debido a su prohibición.

Incluso Michael Levine (2000: 23) cuenta un chiste que se ha difundido mucho dentro de la DEA: cuando escuchan en los medios televisivos (aquellos que aunque los entendidos saben que no es cierto, han sido inducidos por algún político que desea renovar su cargo) que «la guerra contra las drogas se está ganando», los oficiales de la mencionada repartición suelen exclamar que esperan que semejante cosa no ocurra porque «aún deben cuotas de la hipoteca». Esta chanza morbosa ilustra los intereses creados para mantener jugosas remuneraciones y puestos de trabajo en las reparticiones encargadas de mantener la guerra contra las drogas aunque, como decimos, saben que por el camino emprendido la batalla nunca llegará a su fin.

Debe tenerse en cuenta el costo sideral de esta «guerra contra las drogas» en Estados Unidos, que deben sufragar todos los contribuyentes, incluyendo de modo especial los que deciden no intoxicarse, por eso es que William F. Buckley ha escrito que «La nuestra es una sociedad libre en la que mucha gente se mata con tabaco y con alcohol. Pero debemos tener en cuenta las vidas que se salvan, si dejamos que la mortal mercancía [la droga] esté disponible al mismo precio que el veneno para las ratas» (2000: 102).

Desde que comenzó oficialmente la guerra, el costo en Estados Unidos se multiplicó por 500 (50.000%) y asciende a 50 mil millones anuales sin tomar en cuenta las partidas off the budget ni la seguridad privada, ni la atención médica ni psicológica para contrarrestar los tiroteos y lesiones múltiples, ni los prejuicios y confiscaciones que padece el ciudadano medio en su propiedad, ni los daños morales debidos al cercenamiento de sus libertades. Y todo esto para lograr los efectos opuestos a los que se proponen. En este sentido el sacerdote John Clifton Marquis ha escrito que

Cincuenta años de legislación sobre drogas han producido el efecto exactamente opuesto a lo que esas leyes intentaron. […] Los líderes morales no tienen más alternativa que elegir entre una moral auténtica, la cual produce el bien, y una moral de cosmética que meramente aparece como buena. Las leyes sobre drogas aparentan ser benéficas, pero el defecto trágico de la moral de cosmética, igual que toda otra forma de cosmética, es que no produce cambios en la sustancia (Marquis, 1990: 14).

El caso de las drogas constituye sólo un ejemplo entre tantos desaguisados que produce la altanería del poder político y sus pretensiones de infalibilidad para manejar vidas ajenas. Ernest Hemingway en su artículo titulado «La enfermedad del poder» nos dice como un amigo suyo describía algunos de los rasgos de ese metafórico y peculiar padecimiento:

uno de los primeros síntomas de la enfermedad del poder es la sospecha de cada hombre que lo rodeaba; luego venía una gran quisquillosidad en todos los asuntos, incapacidad para recibir críticas, convicción de que era indispensable y de que nada se había hecho bien hasta que él llegó al poder y de que nada se haría bien otra vez a no ser que él permaneciera en el poder (Hemingway, 1936).

Por momentos parecería que quienes están instalados en la poltrona del poder en Estados Unidos son autistas y hacen oídos sordos a las consecuencias de sus políticas, en este caso referidas a las drogas, especialmente quien se autotitula el «zar» de la lucha contra los narcóticos (no es casual la expresión «zar»). Como bien apuntan Benson y Ramussen (1996), cuanto mayor sea la persecución aparecen siete efectos adicionales a los ya apuntados. En primer lugar, toda la estructura organizativa de las mafias se reconvierte para hacer frente a las persecuciones más rigurosas y combativas y toman recaudos estableciendo una red más densa y extendida de personas en donde, por ejemplo, cada una toma contacto con otras cinco sin que entre ellas haya conocimiento al efecto de evitar delaciones. De este modo, el negocio de la droga se hace más trabajo intensivo contratando más personal en proporción a los planes lanzados por el gobierno para dar caza a los productores y distribuidores de drogas.

En segundo término, en la medida en que las correrías se hacen más intensas, los operadores tienden a instalarse en otras zonas, con lo que se hace más amplia el área de influencia de las drogas.

En tercer lugar, si se produce una encerrona y se dificulta el traslado a otras ciudades, el negocio de las drogas se convierte en más capital intensivo instalando laboratorios clandestinos. Las agudizaciones de los controles fronterizos constituyen estímulos para la producción y para el desarrollo de nuevos procedimientos tecnológicos.

En cuarto lugar, según sea la violencia de las persecuciones, se tiende a responder con la contratación de personal más violento y acostumbrado a lidiar en los ámbitos criminales.

En quinto lugar, en relación directa con la intensificación de campañas dirigidas a combatir las drogas, se contratan menores en las organizaciones mafiosas para llevar a cabo algunas tareas debido a su inimputabilidad.

En sexto lugar, la acentuación de las persecuciones obliga a acarrear más efectivo a los consumidores, lo cual aumenta notablemente la frecuencia de los asaltos.

Por último, para justificar detenciones, las órdenes de intensificar redadas hacen que la Policía tienda a centrar su atención en traficantes de poca monta en las calles y a plena luz del día, que son más fáciles de arrestar, lo cual deja de lado a criminales de envergadura que demandan investigaciones y seguimiento de pistas y trabajo complicado y peligroso. Por otra parte, dado que los recursos son escasos, el combate a las drogas y los consecuentes encarcelamientos restan posibilidades de combatir a los verdaderos criminales y quitan espacios en las prisiones que en Estados Unidos están atestadas de personas vinculadas a la producción, distribución y consumo de estupefacientes. Además, y como consecuencia de lo dicho, «la participación activa en la guerra contra las drogas significa el aumento en las tasas de crímenes violentos y contra la propiedad» (Benson y Ramussen, 1996: 2). Los autores ofrecen una nutrida documentación empírica donde se exhibe el aumento de la criminalidad a través de cuadros y gráficos referidos a los casos de Florida, Kansas, Illinois y California, todos debido al motivo mencionado.

Reviste gran importancia detenerse a considerar el alegado nexo entre las drogas y el crimen. En el trabajo citado de Benson y Ramussen se explica que es un error tomar el universo de criminales y constatar que hay una proporción alta de personas que se drogan, cuando lo relevante consiste en tomar el universo de personas que se drogan y constatar que hay una proporción mínima que comete crímenes (1996: 3 y ss.). En otros términos, para nuestro propósito no es conducente concluir que hay muchos criminales que se drogan, sino mostrar que de todos los que consumen drogas hay una parte muy reducida que está compuesta por criminales. Lo contrario implica una anomalía estadística, un error de inclusión.

Este problema lo podemos ilustrar con el siguiente ejemplo. Supongamos que se verifica que todos los que cometen homicidios usan anillo, de allí no se sigue que todos los que usan anillos sean criminales. Del hecho de constatar que hay correlato entre una y otra variable no se desprende que exista relación causal y más si en el caso aludido se observa que muchos de los que usan anillo no cometen crímenes. Es sabido que se han encontrado correlaciones perfectas entre, por ejemplo, la cantidad de ojos azules en una población y el producto bruto, de lo cual no se desprende que ese color de ojos produzca alteraciones en el producto bruto. El nexo causal implica correlato, pero no viceversa. En nuestro caso, induciría a malas interpretaciones tomar el universo de homicidas y ver que hay una proporción muy alta de personas que usan anillo, en lugar de tomar el universo de quienes usan anillo y ver que hay una proporción muy reducida de asesinos.

Más aún, en innumerables casos, el nexo causal se invierte, es decir, no es drogas-crímenes sino crímenes-drogas. Esto es así debido a que en muchas legislaciones cometer un crimen bajo el efecto de las drogas constituye un atenuante en lugar de un agravante, y, por ende, el criminal se droga al sólo efecto de recibir una condena más liviana en caso de ser apresado.

En el mismo ensayo, los autores transcriben parte de un estudio de la Boreau of Justice Statistics que muestra la serie estadística que abarca tres años consecutivos de los crímenes cometidos en Estados Unidos, en donde se pone en evidencia que del 84%, el 16,2% fueron perpetrados por consumidores de drogas y en distintos períodos hubo en ese país tres veces más criminales que consumidores de drogas. También se incluye una investigación de campo realizada por los propios autores en la que muestran que una abrumadora mayoría de la población de consumidores de drogas no cometieron ningún crimen y que, en el Estado de Florida, durante el mismo período analizado, el 84% de los detenidos por consumo de drogas no tenía ningún antecedente delictivo de ninguna naturaleza fuera del hecho de haber usado estupefacientes.

Por lo dicho, reiteramos que resulta especialmente delicado analizar las vinculaciones entre las drogas y el crimen puesto que puede confundir el hecho de que entre los criminales existe una alta proporción de consumidores de drogas, lo cual puede ocultar el hecho decisivo de que de todos los consumidores de drogas hay una proporción reducida que ha cometido crímenes. Son dos planos de naturaleza muy distinta que pueden equivocar las conclusiones arrastrando consecuencias graves.

Va de suyo que este comentario no desconoce el peligro respecto de los criminales que se drogan (sea para atenuar su castigo, por placer, para disminuir la capacidad perceptual o como estímulo para acentuar la ferocidad del crimen). Así, los referidos autores también dejan constancia del aserto al reproducir estadísticas publicadas por el National Institute of Justice que señala que, durante un año en el que se trabajó con una muestra, el 72% de los arrestos por delitos diversos cometidos por personas de sexo masculino en veinte ciudades estadounidenses eran consumidores de drogas. Asimismo, según el Boreau of Justice, de un universo de 12 mil personas, el 75% de criminales presos declararon que usaban drogas, el 56% las consumieron durante el mes previo a su arresto y el 33% admitió que llevó a cabo el crimen bajo el efecto de las drogas.

Por otro lado, cuando se señalan los casos de robos para obtener fondos al efecto de conseguir la droga, debe tenerse presente que no todos los consumidores son adictos. En este sentido, Benson y Ramussen remiten a un estudio publicado por la Universidad de Chicago, a uno de John Kaplan y a otro de Mark H. Moore referidos a las drogas más adictivas. También citan en la misma dirección un trabajo del National Institute on Drug Abuse que muestra que, en el caso de la cocaína, la mayor parte de los usuarios no son adictos y que de los dieciocho a los veinticinco años lo son uno de cada cuatro, y en mayores de veinticinco, uno de cada once.

Respecto de lo comentado anteriormente en relación a la inversión del nexo causal, los investigadores a que venimos aludiendo incluyen en su ensayo una enorme variedad de estudios que muestran que los crímenes conducen a las drogas y no al revés, es decir, que «el crimen precede a las drogas» (1996: 14). Estos estudios pertenecen a Peter Reuter, R. MacGoun y P. Murphy, Richard Gandossny, J.R. Williams y J. Cohen, Christopher A. Innes y, por último, Caroline W. Harlow. Y en el mismo sentido también el Boreau of Justice Statistics pone de manifiesto que, en Estados Unidos, la mitad de los reclusos en las cárceles más pobladas que consumen drogas fuertes y las tres quintas partes de los que usan drogas más livianas de forma regular, las emplearon después de haber cometido los crímenes por los que fueron condenados.

Por ello es que Benson y Ramussen concluyen que «el crimen es independiente de las drogas» (1996: 14. Énfasis en el original). Y después de considerar detenidamente lo contraproducente de la llamada guerra contra las drogas, estos autores sostienen que «La tolerancia cero en esta materia podrá ser atractiva políticamente pero es una meta inalcanzable bajo cualquier situación concebible» (1996: 47). Es la misma conclusión de autores como Milton Friedman que escriben desde otra perspectiva del mismo problema que «Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para los que las usan como para los que no las usan» (1989/1990: 115). Por esto es que Barnett (1991: 105) dice que declarar las drogas ilegales produce las más de las veces un mayor daño a los consumidores que las drogas mismas.

Para finalizar este análisis de los nexos crímenes-drogas, es de interés señalar que Benson y Ramussen incorporan a su estudio una serie de meritorias instituciones de rehabilitación privadas y, por ende, financiadas con recursos propios, de una eficacia notable y que quedan consignadas en los muy difundidos trabajos publicados por Gould, DuPont y Green, el de Levine, Stoloff y Spurill, en el de White y en el de Solberman. Decimos esto porque consideramos que —independientemente de los graves problemas del llamado «Estado benefactor» al que hemos aludido en el capítulo anterior— dada la situación actual, los drogadictos bajo ninguna circunstancia deberían recurrir compulsivamente al uso de los recursos de los demás. Esto es así debido a que voluntariamente han decidido estar en la situación en que están. Muchas veces se dice que el drogadicto no es libre pero, sin embargo, ha decidido libremente destruir su estructura intelecto-volitiva. Aquella manifestación por la que se pretende señalar que el drogadicto no procede según su voluntad recuerda a la persona que asesinó a sus progenitores y, luego, en el juicio, clamaba por misericordia porque era huérfano.

Es en verdad curioso que muchas veces se sostiene que el drogadicto es un enfermo asimilándolo al que tiene viruela o tuberculosis y, sin embargo, se lo castiga con la cárcel, o que debe protegérselo contra sus propias necedades y, sin embargo, se procede de igual manera enviándolo a prisión. En el último capítulo volveremos sobre el tema, pero ahora señalamos que hoy en día se califica de enfermo a cualquiera que adopta una conducta que se estima desviada, equivocada o delictiva. Esto constituye un completo error. La patología define la enfermedad como un proceso interno degenerativo, que se desarrolla de modo tal que produce lesiones orgánicas —lo cual naturalmente no puede ocurrir con las ideas, la mente o la psique— que afectan células, tejidos y órganos, consecuencia de ese mal funcionamiento de la estructura corpórea.

Thomas Sowell escribe que «Las políticas se juzgan por sus resultados, pero las cruzadas se juzgan por lo bien que los hace sentir a los cruzados» (1987: 74). Debe temerse a los «puros» instalados en el poder. Albert Camus nos recuerda el caso de Marat, cuando exclamaba «¡Oh, qué injusticia! ¿Quién no ve que quiero cortar un pequeño número de cabezas para salvar a muchas más?» (1951/1981: 119). De esta fuente beben todos los fundamentalistas, dogmáticos y fanáticos que quieren rehacer la condición humana. De esta fuente beben los espíritus inquisitoriales que tantas matanzas y torturas produjeron en nombre de la bondad y la misericordia.

Barnett sostiene que en nuestro caso se trata de adictos al control de las vidas ajenas a través de las leyes antinarcóticos y agrega:

Podría incluso decirse —y no del todo metafóricamente— que algunas personas se convierten en adictos psicológicos o económicos a la legislación antinarcóticos. Es decir, que algunos siguen apoyando este tipo de leyes a pesar de sus efectos nocivos inevitables y de amplio alcance. Los psicológicamente adictos hacen caso omiso de los efectos negativos para poder alcanzar así el «bienestar-la euforia» que les produce la legislación. Otros adictos ignoran los costos de la prohibición, debido a su «dependencia económica» respecto de las leyes en cuestión: estas personas se benefician económicamente de la legislación antinarcóticos y no están dispuestas a pasar por la «abstinencia» financiera que sobrevendría con su revocación. Los dos tipos de adictos a las leyes antidrogas pueden «negar» su adicción diciendo que los efectos secundarios no son en realidad tan terribles o que pueden mantenerse «bajo control» (Barnett, 2004: 91-93).

El 30 de junio de 1998 pronuncié la conferencia inaugural en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Tegucigalpa, invitado por monseñor Cristián Precht Bañados y la Fundación Adenauer de Argentina; en uno de los almuerzos del cónclave salió a relucir el tema de las drogas, oportunidad en la que se encontraba presente el ex ministro de Justicia de Colombia, Fernando Carrillo-Flores. El mencionado ex funcionario opinó frente a otros comensales que mi posición respecto a la necesidad de liberar el mercado de drogas debido a todos los efectos nocivos que producía la prohibición no era viable en Colombia debido a las leyes vigentes en ese país. Argumentó que la política propuesta dejaría sin efecto la prisión decretada a muchas personas que habían cometido delitos conexos, tales como el secuestro, el asesinato y la mutilación, al efecto de abrirse paso en el negocio de las drogas. Le respondí que a pesar de que lo que manifestaba era exacto en cuanto a la legislación vigente en Colombia (y en otros países), resultaba indispensable abrogar esas leyes, puesto que el sentido común indica que si se cometen delitos en conexión con el tráfico o consumo de drogas y esto último se despenaliza, no por ello se borran los delitos realizados aún efectuados para producir, distribuir o consumir drogas. Ilustré el punto manifestando que si, por ejemplo, en un momento dado fuera delito jugar al billar y en otro se percibe el dislate de esa ley que tipificaba aquel juego como un delito y, consecuentemente, se decide dejarla sin efecto, es natural que debido a que la retroactividad de la norma penal se aplica cuando resulta más benigna para el imputado, los jugadores de billar de nuestro ejemplo quedarían en libertad, pero no cabe esgrimir la figura del delito conexo para exculpar a quienes hayan matado y violado para operar en el negocio del pasatiempo aludido (o para cualquier otro fin). En resumen, una mala aplicación de la figura de los delitos conexos no puede resultar en una valla infranqueable para abrogar una legislación que está causando estragos.

Uno de los estragos es el efecto que la guerra contra las drogas produce sobre la libertad de prensa. No sólo ha habido y hay presiones de diversa índole sobre los medios de expresión en Estados Unidos, con toda la terminología de la guerra en cuanto a «la traición» y demás parafernalia, sino que, como escribe Carpenter:

La propuesta más ominosa proviene de las Naciones Unidas. La International Narcotics Control Board [INCB] de las Naciones Unidas, en un informe de 1997 reclama que los estados miembros criminalicen la oposición a la guerra contra las drogas […y] la INCB afirma, más aún, que los gobiernos miembros están obligados a censurar los discursos que «muestren el uso de drogas ilícitas de un modo favorable» o una sugerencia «de un cambio en las leyes sobre drogas» (Carpenter, 2000: 157).

Imaginemos lo que nos sucedería a los que escribimos y nos manifestamos en oposición a esta nefasta guerra contra las drogas si esta recomendación de mordaza inundada de un pesado y hediondo tufillo inquisitorial se llevara a cabo al pie de la letra en todos los países. Afortunadamente no todos en las Naciones Unidas comparten ese criterio cavernario, tan es así que, como consigna también Carpenter, su ex secretario general, Javier Pérez de Cuellar, firmó una carta pública en 1998 junto con otras quinientas personalidades «que incluían al premio Nobel Milton Friedman y al ex Secretario de Estado [de Estados Unidos] George Shultz» donde «argumentaban que la guerra global a las drogas está causando más mal que bien» (2000: 158).

Antes de pasar a otros temas sobre las drogas, ilustremos con cuatro ejemplos las consecuencias bochornosas que ha generado la política estadounidense en otros países. Tomemos apenas algunos aspectos de lo ocurrido en Colombia, México, Perú y Bolivia. Jonathan Marshall (1991: 170) informa que en Colombia el ingreso de divisas por la droga es similar al que genera el café y que los jefes de la droga compran equipos de fútbol, parques zoológicos y financian muy diversos programas y «gastan 115 millones de dólares anuales comprando funcionarios públicos de acuerdo a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras». A lo que agrega que debido a la insistencia de Washington, los distintos gobiernos colombianos han otorgado poderes especiales a la Policía y al Ejército para la guerra contra las drogas, lo cual no sólo abre las puertas para la destrucción de las libertades individuales, sino que esos poderes extraordinarios hacen posible que los burócratas hagan manejos non sanctos para el propio enriquecimiento. Así, Marshall dice en la misma página que «La policía colombiana es extraordinariamente corrupta. El Departamento Administrativo de Seguridad, una especie de FBI militarizado, fue particularmente notorio bajo la dirección del general Jorge Ordóñez Valderrama. Sus rudos subordinados robaban la cocaína de traficantes independientes para luego vender sus decomisos».

El mismo autor nos dice que «México es la fuente de dos quintas partes de toda la heroína consumida en los Estados Unidos» y que, por ejemplo,

uno de los primeros actos oficiales del presidente Miguel de la Madrid fue destituir al jefe de policía de la ciudad de México, Arturo Durazno Moreno, quien había amasado una fortuna estimada en varios centenares de millones de dólares y sobre quien pesaban archivos de inteligencia que lo señalaban como el protector del tráfico de heroína, así como brutal asesino de traficantes rivales. Luego de admitir enlaces criminales entre los narcotraficantes y agentes de policía, el gobierno de De la Madrid despidió a cientos de agentes de la Policía Judicial Federal y del Distrito Federal de Seguridad. Algunos miembros de ambas organizaciones, junto con unidades de la policía de varios estados, prácticamente habían actuado como guardaespaldas de algunos capos de la droga más importantes de México. Sin embargo, a pesar de esas purgas, los más notorios traficantes y sus agentes continúan recibiendo tratamiento especial (Marshall, 1991: 171).

También el mismo autor relata que en Perú la Policía urbana —PIP— siempre ha estado involucrada en el negocio de las drogas y, en una ocasión, «el jefe de la División de Narcóticos fue señalado como cabeza del círculo más importante de la droga [y en otra] se acusó a todo el escuadrón de la PIP de robar cocaína a los traficantes y utilizarla en su propio beneficio» (1991: 174), siempre en el contexto de las presiones estadounidenses para que se combata la droga.

Por último, Marshall explica que la situación económica de Bolivia es lamentable desde hace mucho tiempo y está vinculada a la política estadounidense en relación a las drogas. Nos dice que la producción de coca es de 55 mil toneladas métricas anuales, lo cual representa el 22% del producto bruto interno de ese país, y que

La complicidad oficial con el tráfico fue cimentada durante el régimen del general Hugo Banzer. […] Banzer tomó el poder ayudado por un compatriota suyo que había sido arrestado diez años antes en Florida por contrabando de 530 kilos de cocaína. Entre los parientes de Banzer implicados en el narcotráfico se encontraban un hermano, un medio hermano, un yerno y un sobrino. Una de sus fincas albergaba una planta para el procesamiento de la pasta de coca en cocaína. Irónicamente el Secretario de Estado [de Estados Unidos] ofreció a Banzer millones de dólares para entrenar la policía antinarcóticos de Bolivia y para financiar programas de erradicación de la coca (Marshall, 1991: 169-170).

Es muy probable que, de haber sido otra la política del gobierno de Estados Unidos con respecto a la guerra contra las drogas, el movimiento indigenista de izquierda en estos pueblos no hubiera tenido lugar. Marshall hace referencia a la complicidad de los militares nativos, a los que denomina «narcotraficantes uniformados», y señala que en un trabajo presentado ante el Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 22 de febrero de 1985 se lee que «No se ha erradicado una sola hectárea de hoja de coca desde que Estados Unidos estableció el programa de asistencia antinarcóticos en 1971».

Además, muchos de los líderes del llamado «Tercer Mundo» se jactaban que sólo en los países capitalistas como en Estados Unidos podía consumirse droga y que ellos únicamente se la proveían, aunque en esos países, también como consecuencia de la guerra contra las drogas, el consumo es muy considerable. En este sentido, Arnold Trebach escribe que

Por alguna razón no se creía que el consumo de heroína se presentaría en una proporción considerable en aquellos países involucrados en su producción, fabricación y tráfico. En realidad, existía una presunción casi orgullosa entre algunos expertos de Europa y del Tercer Mundo en torno a las debilidades de la sociedad norteamericana (capitalismo, racismo, falta de cohesión cultural y así sucesivamente) que producirían inevitablemente patologías sociales como la adicción masiva de sus ciudadanos a la heroína (Trebach, 1991: 127).

El terrorismo, que hemos analizado en detalle en otro capítulo, también aparece estrechamente vinculado a las drogas. Es natural que así sea ya que, como queda dicho, la prohibición empuja a que quienes se vinculan al negocio de los narcóticos sean en una proporción muy alta violentos y delincuentes, por tanto, los criminales-terroristas encuentran propicio basar parte de su financiación no sólo en el robo, el secuestro y la extorsión, sino también hacen migas con el terrorismo. Por ejemplo, Elías Neuman informa que

Los servicios de inteligencia colombianos han llegado a la conclusión de que las dos organizaciones guerrilleras más importantes que operan en Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —el M19 se ha institucionalizado como un partido político más— perciben anualmente entre ambos 710 millones de dólares, el equivalente de lo que recibe Colombia por la venta de café y que de ese total les queda a los guerrilleros 220 millones limpios. El resto se imputa a gastos operativos. El dinero va a dar a manos de expertos economistas —resultaría risible que quedara en la selva— europeos y aun estadounidenses que lo hacen fructificar en acciones de empresas de economía de punta, según un informe del Ministerio de Defensa. […] Tal cual ocurre en Perú, hay militares de las tres armas que se involucran directamente en el negocio de la cocaína. […] Ya se sabe que la prohibición alienta a los tentáculos de la corrupción y el soborno en todos los estratos y con funcionarios de cualquier clase (Neuman, 1991/1997: 129).

Ethan Nadelmann transcribe los avisos pagos en diversos medios en Estados Unidos en los que se lee «Distribuidor [pusher] de drogas se necesita. Cinco mil dólares semanales para comenzar. Trabajo excitante» (1990: 49) y agrega el autor que

Resulta muy instructivo notar el paralelo entre el debate actual sobre drogas y el debate sobre el alcohol en los años 20 y 30. En el debate anterior, un lado pretendía el aumento de las penas mientras que el otro sugería el levantamiento de tal prohibición. Los prohibicionistas ganaron todas las batallas: los esfuerzos por combatir el alcohol aumentaron sin cesar mientras duró la prohibición. Los convictos se incrementaron de 18.000 en 1921 a 61.000 en 1932. Los tiempos en prisión aumentaron. El presupuesto para esta lucha se elevó de 7 millones de dólares en 1921 a 15 millones en 1930 (108 millones de hoy). En 1926 el Comité Judicial del Senado [de Estados Unidos] produjo un informe de 1.650 páginas evaluando los esfuerzos de la prohibición y proponiendo algunas reformas. En 1927 se creó el Bureau of Prohibition para reforzar las medidas. […] En 1929 las penalidades por violar la Ley Nacional de Prohibición fueron incrementadas y también el presidente Hoover designó otra comisión para evaluar los resultados de la política y recomendar nuevas medidas (Nadelmann, 1990: 49-51).

Como hemos recordado, esta política terminó en un estrepitoso fracaso y concluye Nadelmann con una reflexión de gran significación:

El tema no consiste en cuán peligrosas son las drogas o cuánto es el daño que los drogadictos se autoinfringen. Si esos factores fueran decisivos, entonces seguramente el alcohol y el tabaco estarían prohibidos. El análisis apropiado consiste en comparar la efectividad de las leyes que prohíben las drogas para evitar el daño que éstas producen, con el daño que las mismas leyes causan (Nadelmann, 1990: 52).

Arnold Trebach (1991: 133 y ss.) se refiere a la inutilidad de las penas draconianas —incluyendo la pena capital— para combatir la drogadicción. Así muestra cómo en lugares como Borneo, Singapur, Tailandia, Nueva Guinea, Indonesia, Irán y Malasia la drogadicción crece a pesar de haberse aumentado notablemente las penas, incluyendo «abstinencias bruscas», a los detenidos para hacer que el padecimiento resulte más cruel. También se recurre a los castigos corporales más feroces, el más común de los cuales consiste en azotes con «rottan», una caña fina que al golpear con fuerza raja la piel, produce sangre en abundancia y deja cicatrices de por vida. Por su parte Sorman (1993: 528) nos dice que en China continental se fusilan a los drogadictos, lo cual no ha probado que constituya un disuasivo.

Mientras, como se ha dicho, los barones de la droga obtienen jugosos réditos. Por ejemplo, Hamowy (1991: 20) informa que Gonzalo Rodríguez —uno de los principales narcotraficantes de Colombia— recibe 20 millones de dólares mensuales por sus actividades relacionadas con la droga y Roberto Suárez Gómez —narcotraficante de Bolivia— percibe 33 millones de dólares mensuales. Por esto es que James Bovard concluye que «La prohibición de las drogas constituye un subsidio para los criminales» (2003: 254).

En realidad todas las prohibiciones de arreglos contractuales entre adultos que no afectan derechos de terceros incentivan el establecimiento de organizaciones criminales o mafias. Annelise Anderson subraya que

En Estados Unidos la prohibición fue un gran ímpetu para el crecimiento de las organizaciones mafiosas. La prohibición creó la posibilidad de un gran mercado ilegal para el alcohol y es debido al alcohol que los americanos [estadounidenses] pueden establecer el crecimiento y el poder de sus mafias. Los emprendimientos en los mercados ilegales generan una cantidad considerable de efectivo […] que puede ser usado para el cohecho y la inversión en otras industrias. […] Los mercados ilegales de drogas han constituido un factor importante para la virulencia de las mafias sicilianas en las últimas décadas. En la Unión Soviética la economía comunista dirigida criminalizó una amplia gama de transacciones en el mercado. Una parte sustancial de actividades en el mercado ilegal que significan sobornos en los distintos niveles jerárquicos es probablemente el origen del fenómeno de la mafia rusa hoy (Anderson, 1997: 37-38).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa en este capítulo, las ganancias astronómicas, los sobornos y escandalosas corrupciones en todos los niveles, el aumento de la drogadicción a través de los fenomenales incentivos de los pushers, la invasión a las libertades y el costo sideral de la guerra son abusos inherentes a la prohibición. No sería posible concebir esta lucha sin abusos, puesto que como se trata de arreglos contractuales libres y voluntarios entre adultos y, por tanto, no hay víctima ni victimario, necesariamente aparece la figura del soplón para escudriñar, revisar y entrometerse en la privacidad de las personas.

Las más de las veces las causas de la drogadicción se encuentran en una cuestión relativa al carácter. En este sentido, el contacto con las drogas suele comenzar con la necesidad de estímulos para hablar en público, para cantar en el escenario, para desenvolverse social o laboralmente y también por afán de imitar lo que hacen los demás. Ninguno de estos asuntos se resuelve con la alucinación, sino que los empeora grandemente, ya que se termina perdiendo el control sobre uno mismo, además de los daños corporales y mentales que resultan de inyectarse, inhalar o ingerir narcóticos. Sin duda que todo esto se agrava si además los estupefacientes están adulterados debido a la demanda por acceder a precios bajos ya que otras ofertas resultan muy elevadas en sus precios debido a la prohibición. Como sucede con todas las políticas erradas, los relativamente más pobres son los que sufren en mayor medida las consecuencias. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que sucede con el «paco», que se vende a precios muy bajos. Se trata de una droga que se presenta como pasta base de cocaína para fumar, pero que contiene un 10% de ese producto y el resto son químicos y elementos adulterantes que agudizan enormemente las lesiones cerebrales y pulmonares, al tiempo que destruyen los centros nerviosos (en algunos casos contiene vidrio molido), para no decir nada del devastador brown-brown que es mezcla de cocaína con pólvora.

En última instancia, se trata de un tema de responsabilidad que es necesario cultivar como parte medular de la formación del carácter, lo cual nada tiene que ver con la mayor o menor pobreza. Lo contrario significaría una ofensa para nuestros ancestros ya que, como se ha apuntado, todos provenimos de la situación miserable de la caverna. Nathaniel Branden lo explica muy bien en su libro sobre la responsabilidad (1996) y Jaime Barylko lo refiere en un lenguaje coloquial:

No elegir es dejarse llevar por la marea de la mayoría y ser nadie. […] ¿Lo que haces es realmente una elección tuya, hijo mío, o es que te dejas llevar por lo que hacen los demás y crees que dormir de día y bailar de noche es verdaderamente una necesidad de todos los adolescentes y no una imposición de los dueños de los boliches y otros vendedores de toda suerte de mercancía estimulante? En última instancia, hijo mío, todo esto que se llama libertad —yo hago lo que quiero y lo que me gusta— es adhesión a un mundo que trafica con los jóvenes y hace de ellos su mayor objetivo de ganancia monetaria. Es que bajo el manto piadoso de respetar a los adolescentes y de comprenderlos se oculta el miedo a enfrentarlos, y a enfrentarse cada cual consigo mismo en este dilema hamletiano. […] Veo un daño atroz en las mentes vacías y en todo lo que ahí se asienta, […] sometimiento, servilismo fácil, comodidad, conformismo, a veces de padres e hijos, sociedad y jóvenes, confabulados para sonreír y palmotear, bajo el miedo pánico de ser considerados autoritarios (Barylko, 1996: 28).

Desde luego que no es infrecuente que se confundan procesos educativos que establecen debidos límites a conductas reprobables con el autoritarismo, una confusión deliberadamente fabricada con la intención de inhibir a quienes se oponen al permisivismo licencioso, lo cual contrasta abiertamente con la imposición autoritaria de procederes sin fundamento alguno y basados en la prepotencia de maestros y padres.

Sin duda que el doble discurso en las familias hace mucho mal. Elías Neuman reproduce el relato de un adolescente de 17 años de este modo:

Mi padre cuando llega del trabajo, a veces sin siquiera sacarse el saco, se sirve el primer whisky, después, como un calco del día anterior sigue […] con otro y otro. […] Mi mamá cuando tiene jaqueca o está cansada o muy nerviosa y sabe de antemano que no va a dormir esa noche, toma un barbitúrico y queda planchada. Pero, si sale a una fiesta, toma una «anfeta» y se acelera para estar ligera, bien. Yo, al menos, trato de viajar con un porro de «mandinga» encima, que es mucho menos malo para la salud (Neuman, 1991/1997: 7).

Hay un tema especialmente delicado, truculento y pavoroso que es el de los crack babies. Se trata de la malformación y a veces la aniquilación de los bebés que la madre lleva en su vientre. Las madres son dueñas de su cuerpo pero no del de otros. En una sociedad civilizada, cualquiera podría actuar como subrogante para defender la integridad física de ese niño. Constituye un juicio prudencial y de decencia elemental señalar la gravedad de las malformaciones deliberadas que produce la madre a su hijo al consumir drogas de cierto calibre, lo cual, por el mismo juicio prudencial, no significa que la madre eventualmente no pueda incurrir en una serie de otros desarreglos que no deformen o mutilen al ser humano por nacer que lleva en su seno.

En una sociedad abierta, la liberación de las drogas significa asimilar el tratamiento respecto de los menores en esta materia con un tratamiento igual que el que se refiere al otorgamiento de licencias para conducir, la venta de armas, alcohol y tabaco. En esta misma dirección, igual que lo que ocurre con la restricción de publicidad de material pornográfico, se aplicaría también para la publicidad de drogas alucinógenas para usos no medicinales. Entonces, si con la despenalización de las drogas desaparece el «fruto prohibido» por razones obvias y desaparecen los pushers debido a la reducción sustancial en los márgenes operativos y la publicidad no tiene cabida, tendrá lugar una contracción en la demanda. En términos de la economía convencional, se modificará la «función de la demanda» corriéndose la curva respectiva hacia la izquierda. También debe subrayarse que no criminalizar lo que no constituye un crimen no autoriza a que pueda circularse en la vía pública (y, para el caso, en la privada) en estado de intoxicación, por el que la persona pierde el control sobre sí misma, ya sea como consecuencia de ingerir tranquilizantes, en estado de ebriedad o alucinado por las drogas.

Desde luego que la mencionada despenalización provocará una tendencia a trasladar las operaciones de las drogas a los países que mantienen la prohibición, lo cual constituirá un incentivo adicional para imitar la política de liberalización también en aquellos otros países. En este contexto, es importante precisar que cuando sugerimos liberar el mercado de las drogas no estamos en modo alguno apuntando a que se libere el consumo mientras se mantiene la producción y la distribución prohibida. Tal política —adoptada recientemente en algunos lares— conduce al peor de los mundos posibles: es una legislación que parece elaborada por los barones de la droga, ya que al mantener la prohibición en la distribución y la producción se garantizan jugosos márgenes de ganancias, al tiempo que se deja expedito el camino del consumo.

A pesar de los éxitos declamados, las experiencias en Holanda y en algunos Estados en Estados Unidos no resultan relevantes puesto que son liberalizaciones parciales, habitualmente con la imposición de cuotas y rodeadas de medidas contraproducentes como la de reservar ciertos espacios públicos para drogadictos, la entrega «sin cargo» de jeringas a los adultos que las demanden, etc. De todos modos, podemos concluir que un país que decida no criminalizar aquello que no es un crimen no se abarrotará de drogados de todas partes del mundo si cuenta con instituciones compatibles con una sociedad abierta y, consecuentemente, se abstiene de establecer políticas que hacen posible vivir a expensas de los vecinos del lugar, quienes compulsivamente deben financiar tales experimentos (o, dadas ciertas situaciones imperantes, como decíamos en el capítulo precedente, eliminar esa posibilidad a los inmigrantes). En ese caso, resultará mucho más fácil importar la droga que hacerse cargo del pasaje para habitar en un lugar donde no hay cabida para personas que no son productivas.

Actualmente está tan difundido el consumo de drogas alucinógenas para usos no medicinales que se ha extendido su influencia también sobre la lengua. Por ejemplo, cuando se estima que tal o cual cosa es atractiva o buena se la tilda de «alucinante» o cuando se presenta una mala noticia, se la considera una «pálida». También algunas músicas, por un lado, están acompañadas de letras que hacen referencia a las drogas en un sentido laudatorio, en donde se insinúa la conveniencia de recurrir a sustancias psicoactivas. Por otro lado, los altísimos decibeles y rotaciones abruptas de un sistema de luces enceguecedoras producen alteraciones en las estructuras neuronales, lesiones auditivas y oculares de diversa envergadura y estados de excitación rayanos en la paranoia que, las más de las veces, sólo pueden digerirse en estados de alucinación.

Como lo indica su título (Bad Neighbor Policy), una de las obras de Carpenter está dedicada a documentar cómo Estados Unidos, a partir de la guerra a las drogas, ha sido un pésimo vecino ya que ha perjudicado grandemente a países latinoamericanos y a Canadá debido a los esquemas antinarcóticos que machaconamente imponen sus gobiernos. En ese mismo libro, destina un capítulo con el sugestivo título de «Polluting the Republic: The Drug War at Home» a la política interna de Estados Unidos, referente a las susodichas escaramuzas. En este último sentido Carpenter se alarma del resultado de una encuesta realizada por el Washington Post/ABC News, la cual pone de manifiesto que

el 62 por ciento de las personas están dispuestas a renunciar a parte de sus libertades para disminuir el uso de drogas; 67 por ciento acepta que la policía detenga automóviles al azar para revisarlos en busca de drogas; 52 por ciento está dispuesta a permitir que la policía registre domicilios particulares sin orden judicial en busca de drogas aunque algunos registros se lleven a cabo por error; 71 por ciento convertiría en ilegal que se exhiba el uso de drogas ilícitas en producciones cinematográficas (Carpenter, 2003: 197).

La referida alarma está ampliamente justificada puesto que, como hemos apuntado, esta situación revelaría que la antiutopía orwelliana de la imposición del poder totalitario se sustituye por la antiutopía huxleiana de la idiotización de mucha gente que reclama el totalitarismo, lo cual resulta mucho más tenebroso y preocupante puesto que indefectiblemente arrastra a personas que conservan el respeto por sí mismas.

Ya hemos señalado anteriormente las atrocidades cometidas por gobernantes estadounidenses durante las guerras (y para el caso, de todos los gobiernos que siempre se ofuscan al calor de las contiendas bélicas), pero Carpenter nos recuerda el tema y elabora sobre cuestiones conexas, algunas de las cuales ya hemos mencionado antes

Durante la guerra entre estados, el presidente Abraham Lincoln suspendió ilegalmente el hábeas corpus y, entre otros abusos, los civiles fueron juzgados en tribunales militares. La entrada de América [del Norte] en la Primera Guerra Mundial condujo a que el presidente Wodrow Wilson impusiera la censura, mandara a la cárcel a pacifistas y a otros opositores a la guerra y estimulara un clima de terror contra germanos-norteamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial el presidente Franklin Roosevelt ordenó la detención de japoneses-norteamericanos en «centros de relocalización», un eufemismo para campos de concentración. La guerra de Vietnam vio a los militares, la CIA y el FBI conducir espionajes ilegales de grupos antiguerra e intentos de desacreditarlos a través de campañas de desinformación [a lo que puede agregarse el espectáculo de Guantánamo a raíz de la invasión a Iraq]. Las informaciones históricas debieran constituir una señal suficiente para que los americanos [estadounidenses] abandonen una guerra dirigida a quienes deciden recurrir a ciertas sustancias psicoactivas. Sólo optimistas incurables podrían argumentar que la guerra de América [Norteamérica] de treinta años contra la droga ha sido un éxito. […] El 60 por ciento de los prisioneros en cárceles federales y el 25 por ciento en las estatales están allí por ofensas vinculadas a las drogas. […] Libros y estudios de antiprohibicionistas muestran que la guerra contra las drogas a conducido a violentas peleas entre bandas para controlar los mercados negros en las ciudades americanas [estadounidenses] aumentando los índices de crímenes. […] Esos conflictos no sólo desestabilizan barrios enteros sino que producen una larga lista de víctimas que son apresados en el fuego cruzado. […] Otros análisis proveen de evidencia concluyente que la guerra contra las drogas conduce a la erosión inexorable de las protecciones contra las invasiones a la privacidad. […] Especialmente preocupante es la tendencia —inevitable— a la militarización en la guerra contra las drogas […] Cualquiera que haga averiguaciones sobre el uso de drogas en Internet en los sitios más conocidos encontrará un intento de censura de la Office of National Drug Control Policy. […] El estímulo a que los hijos denuncien a miembros de sus familias a la policía por violar la legislación sobre drogas tiene una fea reminiscencia totalitaria. Recuerda a campañas similares en nombre de la conformidad ideológica en la Alemania nazi, en la Unión Soviética y en la China maoísta que los americanos [estadounidenses] consideraban un práctica odiosa propia de los estados policiales (Carpenter, 2003: 199-206 y 212-213).

Para finalizar este capítulo nos referiremos a algunos antecedentes de la historia de las drogas, para lo cual, en todo lo que sigue, nos basaremos en la obra de Antonio Escohotado (1997) que, a su vez, es el resultado de un resumen de su tratado editado en tres volúmenes, en 1989, lo cual también aparece reproducido en mi antes mencionado libro sobre la materia. Aunque no coincidimos con muchas de las reflexiones y consideraciones del autor, según los elementos de juicio de que disponemos, se trata de la obra más sólidamente documentada y completa sobre la historia de los narcóticos publicada hasta el momento.

Teofrasto —uno de los discípulos de Aristóteles— autor del primer tratado de botánica, explica que «la cantidad distingue el remedio del veneno». En la Grecia antigua la expresión phármakon significaba droga que, a su vez, remitía a remedio o veneno y, cambiando la acentuación —pharmakón— significaba «chivo expiatorio» para eludir las propias responsabilidades y, en este contexto, en cierto sentido, adquiría una dimensión religiosa, algo así como exculpación de pecados en un plano distinto del arrepentimiento.

Hipócrates y Galeno fueron pioneros en señalar la diferencia entre un alimento que posee propiedades nutritivas y una droga que genera efectos anímicos. Sostenían que la nutrición es «vencida» por el cuerpo asimilándola como alimento, mientras que la droga «vence» al cuerpo provocando cambios anímicos.

Las drogas van desde una aspirina al alcohol, los tranquilizantes, la nicotina, los jarabes para la tos y la heroína. Las primeras religiones estaban estrechamente vinculadas a las sustancias psicoactivas. En un principio no había separación entre los ceremoniales religiosos, la medicina y la magia. Con frecuencia la misma persona era el sacerdote y el médico de la tribu. Las tres dimensiones se encontraban vinculadas a las drogas: religiosas, terapéuticas y de futurología.

El peyote en México, el ayahuasca en el Amazonas, la íboga en África y la kawa en Oceanía se utilizaban en el ágape sacramental. Todos estos procedimientos eran incruentos si se los compara con los sacrificios de animales. Hay registros en las tablillas sumerias de 3.000 a.C. de la droga adormidera, a cuyo efecto se le denominaba «gozar». Había también plantaciones de adormidera en el territorio de lo que hoy es España, en el noreste de África y en Grecia. Los jeroglíficos egipcios mencionan el opio como analgésico y calmante. Homero alude al opio en la Odisea como aquello que hace olvidar las penas. Con la prohibición comenzaron las escaramuzas y los graves problemas, desde tres mil años antes de Cristo se venían utilizando las drogas sin los tremendos barquinazos de muy diversa índole que hoy ocurren.

En China, 400 a.C., se menciona el cáñamo, que aparece en algunos documentos sobre medicina como cura para algunos malestares como el insomnio, como febrífugo, para aliviar la tos. En otros documentos se dice que, tomado con moderación, puede «conectar con los espíritus». En la India también aparece el cáñamo utilizado en braseros «para la meditación», y para ceremonias religiosas se recurría al hachís arrojado sobre brasas o piedras calientes a modo de incienso, lo cual también se solía hacer con la kiphy (resina de cáñamo).

En Oriente Medio, existían variadas plantas como las daturas, el belaño y la mandrágora que se usaban para propósitos terapéuticos o religiosos y para lograr modificaciones en los estados de conciencia y en los ánimos. En América los registros incluso llegan a los 7.000 años a.C., en los que consta la utilización de ciertas plantas y hongos que generaban sustancias psicoactivas. En lo que hoy es México se preparaban mezclas que se consumían y que contenían los mismos principios activos que el LSD 25. Como es sabido, el arbusto de la coca es originario de la zona de los Andes, donde se difundió la cafeína, que es arábiga de origen, aunque la planta de café tiene millones de años, pero allí es donde, en el siglo x, por primera vez fueron tostados los frutos de la planta, que al pasarlos por agua hirviendo liberan cafeína.

La guaraná y el mate también son oriundos de América y contienen cafeína. En la India y en Indonesia se cultivaba el betel, en China la teína y la efedra y en África el kat. Algunas de estas drogas hacían posible trabajar más y comer menos. El alcohol, ya sea fermentado o destilado, estaba también muy difundido. En Japón se producía vino con arroz y se utilizaba el opio para combatir las plagas de cólera. El primer testimonio escrito sobre embriaguez se encuentra en la Biblia, en el Génesis (IX, 19, 20 y 21), donde se relata que después del diluvio, Noé y sus tres hijos salieron del arca y el primero se emborrachó y se desnudó.

El vino fue criticado y alabado en distintas épocas. Tito Livio sostenía que el vino produce «inflación en las mentes y la promiscuidad […] se borra todo sentimiento de modestia y comienza a percatarse toda suerte de corrupciones», mientras que Hipócrates aconsejaba «ceder a la ebriedad una

o dos veces, de cuando en cuando», porque produce relajación, lo que consideraba adecuado para una buena terapia. El pretendido silogismo de Alí, cuñado de Mahoma, es de idéntica naturaleza del que muchos hacen hoy respecto del supuesto nexo drogas-crimen, ya aludido en este capítulo. Alí expresaba respecto del consumo de alcohol que «El que bebe se emborracha, el que se emborracha hace disparates, el que hace disparates forja mentiras y al que forja mentiras debe aplicársele pena».

En 1620, en Roma, el cardenal Borromeo prohibió el consumo de mate en las misiones jesuíticas del Paraguay. En 1642, el Papa Urbano VIII decretó la excomunión para los que fumaban nicotina. El último emperador de la dinastía Ming, en 1640, estableció la pena de muerte para los consumidores y traficantes de tabaco. En la Meca fue prohibido el café durante una época. Ya el inca Garcilaso de la Vega explicaba que sustancias como la coca se utilizaban en diversos ritos, también se utilizaban para el mismo fin las frutas, las lanas y el ganado, y no por ello había que combatir esos productos.

Heródoto relata que la triaca se empleaba para neutralizar envenenamientos y que en dosis homeopáticas actuaba como inmunizador. El opio se consumía en Grecia, China y en la Roma imperial, hasta que, en este último caso, un decreto de Diocleciano estableciendo precios máximos al opio produjo los efectos de todo control de precios, contrarios a los propios objetivos del gobernante.

Con la expansión del Islam, también se difundió el uso del opio para fines terapéuticos, ya sea en pastillas o para fumar, lo cual tuvo lugar especialmente desde la época de Avicinia, el padre de la medicina árabe, cuya influencia fue notablemente bienhechora desde Gibraltar hasta Malasia. Los musulmanes consideraban que el opio era mejor que el alcohol, ya que decían que éste no permitía la compostura y que generalmente se traducía en reyertas familiares de diversa envergadura. Como en todos lados, también hubo aquí extremistas y fanáticos, como Ibn Ganin, quien afirmaba que «el que bebe vino es un pecador y el que come hachís, un infiel».

En las conquistas de México y Perú, los españoles quedaron vivamente impresionados no sólo por la enorme cantidad y variedad de plantas con sustancias psicoactivas que se cultivaban, sino por el conocimiento y la notable pericia con que los indígenas manejaban esas sustancias. Francisco Hernández, en 1580, publicó una obra voluminosa, en diecisiete volúmenes, titulada Historia natural de las Indias, en la que escribe que las variedades detectadas resultaron más de tres mil. Entre esas variedades se encontraba el tabaco, la guaraná, la cohoba, la brugmanisía, el teonácatl y el ololiquí. En el siglo xvii, la Inquisición persiguió a las personas que consumían aquellas sustancias y, asimismo, quemó muchas de las plantaciones, hasta que percibieron la inutilidad de la persecución especialmente en territorios incas, mayas y aztecas. Esta situación cambió por el hecho de que muchos representantes de la Iglesia católica optaron por cobrar diezmos sobre el comercio de las aludidas drogas, lo cual constituyó, por ejemplo, el ingreso más importante en algunos obispados como el de Lima.

J.B. van Helmont, el médico holandés fundador de la farmacología científica, mantenía que el opio era insustituible como terapia. Thomas Sydeham, uno de los más conocidos y prestigiosos médicos en Inglaterra, aconsejaba diluir opio en vino de Málaga, lo cual fue adoptado por personajes de la época como Oliver Cromwell y Carlos II, y sostenía que la medicina nunca hubiera podido progresar sin el concurso del opio. Lo mismo decía H. de Boerhaave, conocido médico francés de la corte de Luis XIV. En épocas pasadas, en todos los botiquines —de botica y botánico— en los más diferentes hogares había drogas psicoactivas disponibles para atender muy diversas terapias. Por otra parte, era bien sabido que recurrían con asiduidad a las drogas María Teresa de Austria, Pedro el Grande, Guillermo III de Inglaterra, Federico II de Prusia, Luis XV, Luis XVI y Catalina de Rusia.

En el siglo xix comenzó a generalizarse en las boticas de Europa y América una importantísima cantidad de remedios «maravillosos», realizados con fórmulas más o menos secretas que se concretaban en tónicos, aguas milagrosas, ungüentos y jarabes, basados en su mayoría en drogas psicoactivas como la codeína, atropina, mescalina, cocaína y óxido nitroso. En el mismo siglo, apareció un fármaco de inmenso valor, la morfina, que es uno de los alcaloides del opio que se utilizó en gran escala en la Guerra Civil estadounidense como calmante y para evitar dolores espantosos que, hasta entonces, resultaban imposibles de contener. Después hizo su aparición la heroína en su forma pura: la diacetilmorfina. Debido a esta droga y a la aspirina es que, por ejemplo, los laboratorios Bayer se convirtieron en un gigante que en 1898 difundía sus productos a través de profusas publicidades.

Con anterioridad, Parke Davis y Merck aislaron la cocaína y la comercializaron en gran escala como «alimento para los nervios», «una forma inofensiva de curar la tristeza» y que «permite prescindir de los asilos para alcohólicos». A su vez, en su comienzo Coca-Cola fue lanzada por un boticario oriundo de Georgia en 1885, como una bebida alcohólica espumosa a base de cocaína. Anticipándose a la Ley Seca, posteriormente se eliminó el alcohol de la fórmula y se le introdujo nuez de cola, esto es, cafeína, y el boticario en cuestión vendió el producto a otros comerciantes.

También en las expediciones portuguesas a China y a la India, los adelantados quedaron vivamente sorprendidos por la riqueza botánica y el conocimiento que existía en esos lugares sobre ella. En ambos lugares, en su momento se prohibió la producción y el consumo de tabaco, como consecuencia de lo cual se empezó a fumar opio como sucedáneo. En China, debido a la referida prohibición se constituyeron sociedades secretas para poder comerciar el opio en vinculación con lo cual hubo innumerables luchas muy cruentas y hasta una guerra civil que dejó un saldo de 50 millones de muertos. En 1729 el emperador Yun-Cheng adoptó medidas mucho más severas, aun respecto de la prohibición para comerciar opio.

Como en Europa el opio resultaba más barato, comenzó a introducirse la mercancía de contrabando en territorio chino y se llevaban a cabo grandes operaciones de trueque de opio por sedas y té. El emperador declaró la guerra al opio extranjero ya que sostenía que esas operaciones contribuían a reducir las reservas de metálico, puesto que aquellos trueques se realizaban también por oro y plata. En 1793 el gobierno ordenó estrangular a todos los contrabandistas y se tiraron al mar mil cuatrocientas toneladas de opio provenientes principalmente de Cantón. Esta situación provocó la declaración de guerra de los ingleses, quienes eran los mayores beneficiarios del comercio de opio. Esta confrontación bélica, que se conoce como «la Guerra del Opio», llegó a su fin con la victoria inglesa, a través del Tratado de Nanking en 1843, donde los chinos indemnizaron a las fuerzas victoriosas, entre otras cosas, con la entrega de Hong Kong a Inglaterra, que la ocupó durante un período prolongado de tiempo.

En 1873, en Estados Unidos, Anthony Comstock fundó la Sociedad para la Supresión del Vicio intensificando algunas manifestaciones inquisitoriales bajo la consigna de que «ni el arte ni la ciencia pueden ignorar el Evangelio». En 1895 también en ese país se estableció al Anti-Saloon League, cuya meta era la de crear «una sociedad limpia de ebriedad, juego y fornicación» e incluso llegó a declarar el alcohol como una manifestación de «traición a la patria». Estas exhibiciones de lo ridículo —pero peligroso— se complementaron con las acciones de lobistas de la Asociación de Farmacéutica para que no se pudieran vender drogas más que en farmacias autorizadas, con lo que quedó expedito el camino para todo tipo de maniobras.

Manifestaciones de este tipo constituyeron los antecedentes de la promulgación de la Ley Seca precedida de la antes mencionada reforma constitucional para que el gobierno pudiera cometer esa arbitrariedad que fue reclamada por millones de firmas en peticiones dirigidas al Congreso estadounidense. Como hemos señalado, después de la abrogación de esa ley, los mafiosos se quedaron sin negocio y fueron ellos los que llevaron a cabo sofisticados estudios de mercado en base a los cuales sugirieron a través de muy diversos canales que se prohibieran las drogas al efecto de poder continuar por otra vía con sus suculentos negocios.

Salvatore (Lucky) Luciano y Meyer Lansky, los jefes más destacados de los gángsteres de la época, realizaron viajes a China, México y otros países para abrir mercados para las drogas y llegaron a la conclusión de que la morfina y la cocaína serían buenos productos para comercializar en los mercados negros si se lograba la prohibición. La idea de la cocaína la tuvieron que abandonar porque fue de venta libre y, poco tiempo después, apareció la anfetamina, también de venta libre. En consecuencia, cuando se decretó la prohibición de la heroína y más tarde la susodicha guerra generalizada a las drogas, se les abrió una enorme posibilidad. Es relevante destacar aquí que M. Polakof, el abogado de Luciano, era un alto funcionario de la Policía y de la Fiscalía General en Estados Unidos y, cuando murió Luciano, Lansky lo sustituyó por el joven abogado Richard Nixon quien, más adelante, siendo presidente de aquel país, declaró y comenzó oficialmente la «guerra contra las drogas» en los años setenta.

En los años treinta ya apareció la dextoanfetamina y la metanfetamina, que eran de venta libre, y se recomendaban para depresiones, congestiones nasales, obesidad y mareos crónicos. Después de la prohibición irrumpieron también los sintéticos meprobamata, metadona, cetobenidona, normetadona y el ácido lisérgico (LSD 25, extraído de un hongo denominado «ergot»), todos ellos encierran una gran peligrosidad y adicción. Para otros fines aparecieron ansiolíticos que producen deletéreos efectos de abstinencia como Valium, Diazepan, Aneurol, Orfidal, Rohipnol y barbitúricos, hipnóticos y sedantes potentes como el softenón que, entre otras cosas, produce deformaciones severas en el feto durante los períodos de gestación.

La llamada «guerra contra las drogas» fue en aumento en cuanto a las invasiones a la intimidad de las personas, hasta que la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas (psico, de mente, y tropos, de modificación) recomendó que los gobiernos deben cuidar «el juicio, la percepción y el estado de ánimo» de los gobernados, lo cual convertiría a los distintos países en inmensas barracas orwellianas. Estas recomendaciones normativas fueron incluso más lejos que las establecidas en 1912/1914 en la Convención de la Haya, donde se estipulaba la necesidad de evitar el uso de drogas.

Como hemos dicho, las intromisiones estadounidenses se extienden a otros países, como fue el sonado caso de la revuelta de los generales turcos para terminar con su democracia a cambio de 30 millones de dólares anuales por parte del gobierno de Estados Unidos, con el compromiso de suprimir la adormidera en ese país. A pesar de que ese cultivo permitía la entrada de 300 millones de dólares anuales, la oferta estadounidense permitía repartir los 30 millones entre los referidos generales.

Las trifulcas no se limitan a las bandas y a dañar a inocentes, sino que se producen también entre los propios organismos encargados de llevar a cabo la guerra, como los ocurridos entre la DEA y la CIA en Bolivia, Ecuador, el Perú, el Paraguay, Panamá, Haití, Colombia, República Dominicana y Nicaragua, con lo que se entrelazan todo tipo de delaciones, asesinatos, financiaciones cruzadas, denuncias falsas, espionajes y contraespionajes, además de las innumerables corrupciones de estas instituciones que, como informa detalladamente Escohotado, junto con el FBI, perciben cuantiosas sumas del negocio de las drogas, tal como también ocurre con gobernantes de cuarenta naciones e integrantes del propio Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Hay mucho dinero en juego, la DEA informa que las drogas generan en el mundo cinco millones de dólares por hora. Apenas a los pocos años de iniciada oficialmente la guerra a las drogas, en 1977, se demandó judicialmente a la DEA en México por una denuncia de la CIA, donde se la acusaba de entregar 40 millones de dólares al gobierno de ese país para rociar las cosechas de cáñamo con Paraquat, un veneno muy tóxico para las vías respiratorias.

Como se ha consignado, las drogas sintéticas son más dañinas, más potentes y más baratas que las naturales, como el crack, que se coloca especialmente entre gente pobre, reservando las naturales para los relativamente más ricos, igual que lo que sucede con las descriptas con las siglas DOM, DOET, TMA, 2C.B o afro (por afrodisíaca) y la más conocida, el MDMA o éxtasis. En Estados Unidos las drogas sintéticas (o de diseño como se las suele conocer) están aumentando en gran escala su producción, basadas en grandes avances tecnológicos en lugares tan reducidos como el garaje de una casa. La facturación anual de las drogas supera a toda la cosecha cerealera en Estados Unidos y es más rentable que el de los combustibles fósiles y nucleares juntos.

Una nueva Convención de Viena en 1988 recomendó una amnistía a todos los delincuentes delatores, el derecho de indemnidad para los que violen domicilios en busca de drogas, lo mismo con la correspondencia, las conversaciones telefónicas y el secreto bancario, a lo que agrega la obligación de someterse a análisis de sangre y orina por parte de sospechosos y la facultad por parte de las autoridades de revender porcentajes de los bienes incautados a los traficantes.

Hasta aquí todo lo que nos enseña Antonio Escohotado. Por otro lado, resulta sumamente gratificante comprobar la cantidad de personas e instituciones que en Estados Unidos se oponen a esta guerra nefasta, como es el caso de la Drug Policy Foundation, originalmente establecida por Milton Friedman y por R. Sweet (magistrado del Tribunal Supremo Federal). También por los excelentes trabajos de Cato Institute, del Independent Institute y tantas otras asociaciones e iniciativas que con su labor cotidiana contribuyen grandemente a clarificar esta espinosa cuestión.

Ponemos punto final a este capítulo con un pensamiento de Thomas Jefferson que ilustra el rol del monopolio de la fuerza en esta instancia del proceso de evolución cultural y, consiguientemente, aplicado a nuestro caso, muestra que es del todo improcedente el entrometimiento gubernamental en el tema de las drogas: «No podemos renunciar y nunca renunciaremos al derecho a nuestra conciencia. Sólo respondemos por ella ante Dios. Los poderes legítimos del gobierno se aplican sólo si hay lesión de derechos a otros» (Jefferson, 1781/1944: 27).

Despejar telarañas mentales: una mirada al futuro

Son, pues, los propios pueblos los que se dejan, o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con sólo dejar de servir, romperían sus cadenas.

Etienne de La Boétie, 1576

Tal como se consigna en la introducción, no resulta necesario leer este capítulo para adherir a la tesis central de este libro, puesto que lo que aquí desarrollo, si bien está conectado con el tronco central, constituye una línea de investigación completamente independiente que no afecta lo expuesto hasta el presente, ni afecta el contenido del próximo y último capítulo. Es perfectamente comprensible que haya lectores que prefieran mantenerse en esa tesis central y no preguntarse sobre otras posibilidades futuras que escapan a sus preocupaciones del momento.

Esta sección indaga acerca de probables razones del abuso del poder que van más allá del simple expediente de la crítica al monopolio de la fuerza en ejercicio y, eventualmente, se busca su reemplazo por otro monopolista, en la esperanza de contar con mejores perspectivas.

Siempre tenemos que tener en cuenta que la sociedad abierta o el liberalismo es un proceso en movimiento, es un proceso continuo y en ebullición permanente, en el contexto de la evolución cultural en que estamos inmersos. Por eso es que me resulta tan atractivo el lema de la Royal Society de Londres: Nullius in verba, parte de un verso de Horacio que significa que no hay palabras finales.

Pensar que en cualquier materia humana se ha llegado a un punto final, constituye una arrogancia superlativa y una inadmisible presunción de conocimiento. Nada está terminado, todo está sujeto a revisión. La aventura de la vida es un andar de puntas abiertas. Los conocimientos que incorporamos como terreno fértil en el mar de ignorancia que nos rodea son siempre provisorios y sujetos a refutación, lo cual, como hemos apuntado, no significa caer en los errores del relativismo epistemológico.

Viene muy a cuento recordar que Ernst Cassirer ha enfatizado lo siguiente: «Yo no dudo de que las generaciones posteriores, mirando atrás hacia muchos de nuestros sistemas políticos, tendrán la misma impresión que un astrónomo moderno cuando estudia un libro de astrología, o un químico moderno cuando estudia un tratado de alquimia» (1946/1992: 349).

Lo primero que me parece debe tenerse presente para el análisis que a continuación encaro es que, cuando se dice que tal o cual función debe desempeñarla el gobierno, hay que percatarse de que este aparato político nada puede hacer sin el concurso de las personas. Son éstas las que llevan a cabo todo debido a los recursos que aportan a través de los impuestos. De lo que se trata es de estudiar si aquellas funciones se realizan mejor voluntariamente en lugar de hacerlo de modo compulsivo. De lo que se trata es de analizar si las pueden realizar mejor los interesados o si el monopolio de la fuerza lo hace de manera más eficiente. De lo que se trata es de saber si resulta posible extender a los arreglos contractuales las funciones que en la primera etapa del liberalismo clásico se atribuían al aparato de la fuerza. Al fin y al cabo R. Barnett, en el comentario que aparece encabezando el libro de Bruce Benson, afirma que «Los Estados Unidos hoy ofrecen ley y orden de la misma manera socialista en que la Unión Soviética ofrecía alimentos y calzado —y con los mismos resultados—» (Benson, 1998).

Sin duda que lo que podríamos bautizar como el primer gran capítulo del liberalismo clásico significó un adelanto colosal para la civilización, al liberarnos de las monarquías absolutas y los regímenes despóticos y arbitrarios. Las teorías constitucionales y las elucubraciones sobre la democracia para limitar el poder resultaron aportes de gran valor para el progreso humano, pero ningún liberal que se precie de tal consideró ni considera esas teorías como paradigmas definitivos, cerrados y concluidos puesto que esto contradice el eje central del liberalismo, que es su apertura a nuevas contribuciones para proteger más efectivamente las autonomías individuales.

Para encaminarse hacia algo novedoso es necesario sacudirse las telarañas mentales. Es necesario imaginarse un futuro mejor debido a aportes más fecundos y fértiles. Es necesaria la honestidad y el coraje intelectual, porque el riesgo de la soledad y el ostracismo siempre acecha a los que inician un nuevo camino. Por eso es que en esta ocasión, rindo tributo a los precursores de lo que voy a exponer en este capítulo. Es que, tal como nos recuerda Robert Nozick, John Stuart Mill ya había anticipado que «Todo gran movimiento debe experimentar tres etapas: ridiculización, discusión y adopción» (Nozick, 1997: 305), lo que va para todos los que como George Bernard Shaw se cuestionan aspectos del statu quo y proclaman en voz alta que «Algunas personas piensan las cosas como son y se preguntan ¿por qué? Yo sueño cosas que no son y me pregunto ¿por qué no?».

En la escena v del acto IV de Hamlet se dice: «Señor, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podremos ser», y el mismo Jefferson escribía: «Me gustan más los sueños del futuro que la historia de lo que ocurrió» (Jefferson, 1816/1944: 677). Claro que, como bien apunta Leonard Read, «Contrariamente a las nociones populares, los castillos en el aire constituyen el nacimiento de la evolución humana; todo progreso (y retroceso) ya sea material, intelectual, moral o espiritual implica una ruptura con lo establecido […] pero resulta esencial construirles fundamentos sólidos» (1975: 2-3).

Trataremos de proceder en consecuencia e intentar la demostración de que lo que exponemos resulta más compatible con la naturaleza humana y bien alejado de una construcción artificial, ya que nada hay más peligroso que las utopías basadas en diseños inventados por las letales ingenierías sociales de todos los tiempos. Además, en ningún caso se sugieren contraproducentes y siempre peligrosos cortes drásticos o abruptos en la historia, sino debates abiertos al efecto de adoptar o rechazar los caminos propuestos, en el primer caso con la comprensión y aceptación de los interesados y en el contexto del necesario proceso evolutivo al efecto de tamizar, escudriñar y sopesar adecuadamente lo dicho.

Hay dos raíces básicas sobre las que está anclada la noción del monopolio de la fuerza que equivocadamente llamamos gobierno. La primera es la que podríamos denominar «el síndrome Hobbes». Este autor señala que

Resulta manifiesto que durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común que los mantenga a todos temerosos, estarán en la condición que se llama de guerra y dicha guerra es de todos contra todos. […] En esta situación no hay lugar para la industria debido a que sus frutos resultan inciertos y, consecuentemente, no habrá cultivo de la tierra, no habrá navegación, no habrá uso para los bienes importados vía marítima, no habrá edificación espaciosa, no habrá instrumentos para mover y remover, lo cual requiere de mucha energía, no habrá conocimiento sobre la tierra, no habrá cálculo del tiempo, no habrá arte, no se mantendrá correspondencia, no habrá sociedad y, lo que es peor de todo, existirá miedo permanente y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre será solitaria, pobre, desagradable, embrutecedora y corta (Hobbes, 1651/ 1962: 100).

De este cuadro de situación, Hobbes salta a la necesidad del poder absoluto dotado de muy escasos conocimientos del common law anglosajón como proceso de descubrimiento de normas suprapositivas. Carl J. Friedrich explica que «Hobbes tenía un conocimiento muy limitado del derecho inglés […] la filosofía jurídica de Hobbes es marcadamente positivista. No reconoce más fuente de derecho que la voluntad del soberano» (1955/1969: 128).

La segunda raíz o fundamento para el establecimiento del aparato monopólico de violencia se resume en el análisis de los free riders, lo cual constituye la forma moderna de expresar el síndrome hobbesiano (aún estableciendo limitaciones al poder político). Esta fundamentación contemporánea puede expresarse del siguiente modo. Se sostiene que hay bienes y servicios que no pueden utilizarse sin que terceras partes lo aprovechen aunque no hayan pagado por los mismos, es decir, se producen externalidades. En esta situación, no se puede internalizar en su totalidad la contrapartida del pago. Por tanto, resulta que quienes no se hacen cargo de los pagos reciben, sin embargo, los beneficios del bien o servicio en cuestión. Esto, se dice, es la característica de lo que se denomina un «bien público». Entonces, en estos casos, aquellos que se hacen cargo de los costos no pueden capturar para sí el resultado completo de sus erogaciones ya que terceros, los free riders, reciben también los beneficios a pesar de no haberse hecho cargo de los montos correspondientes. Se continúa diciendo que si esto es así, todos pueden conjeturar que otros pagarán, por lo tanto, el bien o el servicio no se producirá, o en el mejor de los casos, se producirá en «cantidades subóptimas».

En la literatura convencional, se explica que estos así llamados bienes públicos se producen para todo el mundo o no se producen ya que, por las razones antes señaladas, aparece el principio de no exclusión (no resulta posible excluir a los que no han participado en la transacción). Por ejemplo, el alumbrado en las calles públicas. También los bienes públicos tienen la característica de que su provisión no disminuye por el hecho de que terceras partes la consuman, lo cual se denomina el principio de la no rivalidad (mismo ejemplo de la luz que provee el alumbrado público).

Puede también ocurrir que los free riders sean los emisores o productores del bien o el servicio, en cuyo caso las externalidades serían negativas (o costos externos) para los receptores, que puede ejemplificarse con las emisiones de monóxido de carbono.

Esta línea argumental conduce a que ciertos bienes o servicios considerados por su naturaleza públicos deben ser provistos por el monopolio de la fuerza y en base a impuestos, es decir, cargas compulsivas, a los efectos de eliminar el problema de los free riders y las consiguientes «fallas de mercado», de lo contrario, se continua diciendo, no habría tal cosa como seguridad policial, defensa nacional, normas, justicia y similares, con lo que la sociedad no tendría posibilidades de sobrevivir, en consonancia con la antes mencionada descripción de Hobbes. En este sentido es que Marcum Olson sostiene que «Un Estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos» (1965: 15).

Vamos a ver este tema por partes y detenidamente, a partir de argumentaciones que recopilé y discutí en otra ocasión (1998). En realidad, observamos que muchos de los considerados bienes públicos, es decir, los que generan externalidades no internalizables, curiosamente son provistos por privados, como es el caso del uso de buenos perfumes o la construcción de edificios elegantes. Por otro lado, bienes considerados privados como la telefonía, el servicio de correo y la aeronavegación son frecuentemente provistos por los gobiernos.

También es importante percatarse de que la mayor parte de los bienes y servicios producen free riders, por ejemplo, el lenguaje y las instituciones civilizadas, fruto de múltiples contribuciones de terceros en un largo proceso evolutivo (Nozick, 1974: 95), los salarios y honorarios que percibimos que son fruto de las tasas de capitalización que generan otros, la simpatía y la amabilidad, las mujeres atractivas, los fuegos artificiales, la invención de la rueda, las inversiones que otros realizan en educación, nada de lo cual justifica que se obligue a pagar a los beneficiarios.

Rothbard apunta que resulta en verdad paradójico que se insista en que la sociedad abierta es egoísta y, al mismo tiempo, es motivo de alarma en lugar de regocijo que haya terceros que se beneficien:

Vamos ahora al problema de los beneficios externos [externalidades], la justificación que exponen los economistas para la intervención gubernamental. Muchos escritores conceden que el mercado libre puede dejarse funcionar en aquellos casos en donde los individuos se benefician a sí mismos por sus acciones. Pero los actos humanos pueden frecuentemente, aun inadvertidamente, beneficiar a terceros. Uno pensaría que éste es un motivo de regocijo, sin embargo los críticos sostienen que esto produce males en abundancia (Rothbard, 1970: 886).

Anthony de Jasay (2000) se pregunta cómo es posible que se insista en el establecimiento del monopolio de la fuerza para evitar los free riders y, al mismo tiempo, este esquema institucionaliza los free riders no queridos ya que los que obtienen transferencias de ingresos por la fuerza del gobierno pueden mantenerse en esa situación sin que los que proveen los recursos tengan modo de retirar su apoyo.

También debe tenerse en cuenta que las internalizaciones de externalidades deben ubicarse en el contexto del proceso evolutivo, en este caso, del progreso tecnológico tal como tuvo lugar, por ejemplo, con la televisión satelital a través de la codificación a los efectos de producir las internalizaciones correspondientes, o con los censores en las ballenas para sortear «la tragedia de los comunes» que genera la colectivización del mar. Arbitrariamente imponer por los gobiernos una internalización hace que la situación se torne subóptima respecto de la no internalización del mercado abierto. Como ha expuesto James M. Buchanan:

Si no hay criterio objetivo para el uso de los recursos que pueda asignarse para la producción como un medio de verificar indirectamente la eficiencia del proceso, entonces, mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como eficiente (Buchanan, 1985: 95).

Es que, dado que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, la asignación de derechos de propiedad permite establecer quiénes han de usar aquellos factores productivos y para qué fines. Como hemos dicho, los respectivos cuadros de resultados mostrarán si se dio en la tecla, en cuyo caso habrá ganancias, o si se equivocó el camino, en cuyo caso se incurrirá en quebrantos. La reasignación coactiva de recursos para internalizar lo que en el mercado constituía una externalidad implica pasar de una situación óptima de eficiencia a una subóptima. En resumen, la posición de externalidades no internalizables en el mercado es superior en cuanto a la eficiencia respecto de la internalización forzosa de las respectivas externalidades (sin perjuicio de que hay externalidades que el productor no desea internalizar como las que exhibe una mujer atractiva).

En buena parte de los actos cotidianos debe balancearse, por un lado, el fastidio que otros aprovechen lo que algunos hacen (desde la forestación hasta el uso de plaguicidas), y por otro, el beneficio que la inversión traerá aparejada para quienes la lleven a cabo. Esto es aplicable desde los libros que se escriben y que influyen en el ámbito de las ideas (tal como dice David Friedman, 1973: 201), hasta las reflexiones que se hacen cotidianamente en cualquier reunión social. Por otro lado, David Schmidtz sugiere para la coordinación de emprendimientos conjuntos (por ejemplo la construcción de un dique), que puede diseñarse en un contrato en el que se garantiza que cada cuota-parte se concretará, ad referéndum de que se llegue a la suma total requerida para la ejecución del proyecto. Así dice que

El propósito del contrato es garantizar a cada parte contratante que su contribución no será desperdiciada en un proyecto de bienes públicos que no cuenta con los recursos suficientes para llevarse a cabo […] para lograr esa garantía, el contrato puede incorporar una cláusula que prevea que se devolverán los fondos: el contrato se hará cumplir sólo si el resto del grupo acuerda financiarlo con los montos suficientes para hacer el proyecto posible (Schmidtz, 1991: 66).

Debe subrayarse que lo que comentábamos anteriormente de los principios de no exclusión y no rivalidad que definen al bien público, quedan eliminados según sea la cantidad demandada. Recordemos que decíamos que el principio de no exclusión establece que en el bien público o se produce para todos o no se produce para nadie. Pues bien, Kenneth Goldin (1977) afirma con razón que debemos centrar nuestra atención en la expresión todos ya que «muy pocos bienes públicos están disponibles para todos los miembros del planeta. Más bien, los bienes públicos están disponibles para todos dentro de un grupo específico[…]». En otros términos, el principio de no exclusión tiene límites, queda acotado por el volumen de la demanda ya que si ésta se incrementa más allá de cierto punto no resulta posible ofrecer el bien o el servicio en cuestión o se produce un congestionamiento colosal y esto también afecta el principio de no rivalidad ya que, por los mismos motivos, no tiene sentido mantener que el bien no se consume más por el hecho de que aparezcan más demandantes ya que el bien o el servicio de que se trate simplemente no estará disponible.

Pero aún hay otra cuestión más de fondo relacionada con el tema de los bienes públicos y los free riders que venimos analizando como eje central para la constitución del monopolio de la fuerza. Y es que no hay criterio para determinar siquiera cuáles son bienes privados y cuáles bienes públicos, puesto que muchos de los que se definen como bienes públicos pueden ser considerados «males» por algunas personas ya que las valorizaciones son siempre subjetivas (un perfume que a algunos les puede parecer muy agradable, puede disgustarle a otros o resultar indiferente para los que no tienen olfato). Más aún, pueden experimentarse cambios de clasificaciones de bienes públicos a privados y viceversa según sean las circunstancias cambiantes de cada una de las personas (Hoppe, 1993). Es en este sentido que De Jasay concluye que «el dilema de los bienes públicos es falso» (1989: 8).

En la práctica, si se considera necesario eliminar coactivamente todas las externalidades no internalizables y, por tanto, los free riders, habría que adoptar el sistema socialista tal cual afirma Oskar Lange ya que es cierto que las externalidades «pueden ser removidas a través de una legislación adecuada, impuestos y subsidios […] pero una economía socialista lo puede hacer con mucha mayor solvencia» (1936/1972).

Lo mismo puede decirse si se concluye que hay que minimizar coactivamente costos de transacción. Ronald Coase ha dicho que si los costos de transacción fueran nulos, es decir si no existieran las erogaciones para realizar contratos, costos de información, etc., naturalmente no habrían externalidades ya que el costo de internalizarlas sería cero. Esto es lo que George Stigler bautizó como el «Teorema Coase». Dejando de lado la utilidad de esta herramienta de análisis —incluso para definir la naturaleza de la empresa ya que ésta no existiría si no existieran costos de transacción (se contrataría en cada caso para cada operación) como lo ha explicado Coase (1937/ 1988)— en el proceso de mercado el consumidor evalúa, por un lado, los costos de transacción y, por otro, la satisfacción que le produce el bien o servicio apetecidos. Por ejemplo, sabemos que se reducirían los costos de transacción si hubiera una sola empresa automotriz en lugar de muchas (además de abaratar el costo del automóvil vía la economía de escala), pero el consumidor prefiere la diversidad de marcas y modelos. De lo contrario habría que concluir que hoy en día Cuba constituye un buen ejemplo de reducción de costos de transacción ya que hay camisas floreadas y de un mismo talle para todos o helados de mango sin distinción de gustos y preferencias de la gente.

Por último, en este punto el esquema ideado por Merril Flood y Melvin Dresher a mediados de la década de 1950, conocido como «el dilema del prisionero», se suele esgrimir como un argumento a favor de la instalación del monopolio de la fuerza, sin percibir que, a diferencia de las relaciones sociales que tienen lugar en la realidad, el esquema en cuestión se basa en la incomunicación y en que los vínculos se establecen por una única vez, tal como lo han señalado autores como Axelrod (1984), Sudgen (1986) y McFarlane (1994). Por su parte, Narvenson nos dice que

Es curioso que la racionalidad consista en «maximizar», esto es, hacer lo mejor que se pueda para uno mismo y, sin embargo, [en el supuesto del dilema del prisionero] personas racionales no pueden cooperar a pesar de que eso sería mejor para los dos. […] ¿En qué sentido estamos «maximizando» si aceptamos anticipadamente una estrategia que sabemos que produciría resultados peores que la otra? […] La visión común [del dilema del prisionero] parece estar empecinada en mantener que se sabe que es peor respecto de una alternativa conocida. Una paradoja en verdad (Narvenson, 1988: 140 y 142. Énfasis en el original).

Una vez despejada la columna vertebral de los bienes públicos y los free riders, debemos mirar cuidadosamente otros aspectos también importantes de este asunto tan delicado y trascendente. Es común que se considere un gobierno de fuerza a aquel que asume a través del uso de las armas, por eso se lo denomina un gobierno de facto. Pero es necesario percatarse de que todos los monopolios de la violencia son también gobiernos de fuerza en el sentido de que todos se financian recurriendo a procedimientos violentos, es decir, se financian a través de impuestos que, como su nombre lo indica, se imponen coactivamente. No resulta relevante si la mayoría de las personas —si hubiera unanimidad se despejaría el problema y resultaría superflua la fuerza para recaudar fondos— acepta conceptualmente la idea del monopolio de la fuerza y la existencia de impuestos, el hecho es que esa idea no se condice con los gravámenes como contribuciones forzosas ya que se recaudan bajo amenaza de la fuerza. Sin duda que este sistema existe debido a que la gran mayoría de las personas pretenden resolver o mitigar sus problemas simplemente cambiando de monopolista.

Lo que intentamos mostrar en este capítulo es que hay algo de fondo en el monopolio que, a diferencia de procedimientos abiertos y competitivos, presenta problemas insolubles debido a los incentivos y procesos naturales que se desarrollan según la lógica misma del monopolio. Los problemas en cuanto a la calidad y precio de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado resultan claros cuando se impone un monopolio, pero, en esta instancia del proceso de evolución cultural, se viene haciendo una excepción con la seguridad, la justicia y la ley. En este capítulo intentaremos demostrar que no hay tal excepción, que los problemas son los mismos sólo que se trata de servicios vitales y constituyen el sine qua non para que lo demás pueda funcionar adecuadamente.

El liberalismo ha sugerido y propuesto un gigantesco paso adelante respecto de las teorías aceptadas en cuanto a la entronización de las monarquías absolutas y demás regímenes despóticos. Pero, como queda dicho, el eje central del espíritu liberal consiste en el reconocimiento de que no hay un punto final en nuestro recorrido, que estamos inmersos en un proceso evolutivo y que ciertos conocimientos y nuevas contribuciones permiten correr el debate hacia posiciones mejores en cuanto a la preservación de las autonomías individuales. La ignorancia humana siempre será mayor respecto de los escasos conocimientos que incorporamos, y para ensancharlos, como hemos apuntado, debemos estar siempre abiertos a posibles refutaciones que modificarán nuestras corroboraciones, que indefectiblemente tienen el carácter de la provisionalidad.

El liberalismo ha concebido distintos mecanismos de división horizontal de poderes, de contralores y balances dentro del mismo poder político a los efectos de minimizar desbordes y abusos. Estos controles, frenos y contrapesos a través de lo que se conoce como el «régimen mixto», junto con el sistema de partidos políticos de oposición y elecciones en momentos distintos para las diversas ramas del gobierno con la idea de fraccionar y descentralizar el poder, no escapan a la naturaleza monopólica. Estos esquemas no sortean las dificultades ni sortean el hecho de que en definitiva se trata de un monopolio. Si al panadero de nuestro barrio se le otorga un monopolio, se habrá dejado de lado la auditoría más importante para la calidad y el precio del pan por más que dentro de la misma panadería se introduzcan divisiones respecto de atribuciones con controles cruzados e incentivos que operen en distintas direcciones.

También aquí, en última instancia, los consumidores estarán a merced del panadero aunque se establezcan estatutos, reglamentos y «Constituciones» donde se demanda que el panadero proceda en tal o cual dirección. Tarde o temprano se verá que el esfuerzo y las ilusiones resultan vanos puesto que se han perdido los incentivos más fuertes y las auditorías y contralores que inexorablemente marca la competencia. Nada se gana con cambiar de monopolista-panadero en la esperanza de que se produzca una modificación de fondo puesto que el problema radica en el establecimiento coactivo del monopolista y en la consiguiente ausencia de competencia. El problema radica en la lógica implacable del monopolio impuesto artificialmente.

Veamos ahora el argumento que sostiene que, precisamente, debe haber un monopolio de la fuerza para que pueda existir una ultima ratio en las decisiones judiciales, de lo contrario, se sigue argumentando, nadie sabrá en definitiva a qué atenerse. En primer lugar, resulta necesario comprender que la ley es consecuencia de un proceso de descubrimiento del derecho inherente a las personas y no el resultado del diseño o del invento del legislador. Del mismo modo que los animales, los vegetales y los minerales poseen ciertos atributos y características que los hacen ser lo que son, el ser humano también tiene determinados atributos, propiedades y características cuyo aspecto medular estriba en su libre albedrío. Dejar que cada uno siga su camino sin coartar iguales posibilidades de otros, conforma el derecho de cada cual. La ley que se promulga en dirección a la lesión del derecho de las personas es mera legislación ya que no es conforme al antes mencionado criterio extramuros de la norma positiva. Es decir, es una ley, o más bien legislación injusta, en cuanto a que se aparta de la definición de justicia clásica de Ulpiano de «dar a cada uno lo suyo».

Bruno Leoni afirma que

De hecho la importancia creciente de la legislación en la mayor parte de los sistemas legales en el mundo contemporáneo es, posiblemente, el acontecimiento más chocante de nuestra era. […] La legislación aparece hoy como un expediente rápido para remediar todo mal y todo inconveniente, en contraste con las resoluciones judiciales, la resolución de disputas a través de árbitros privados, convenciones y modos similares de acuerdos espontáneos por parte de los individuos. Incluso cuando se percibe el mal resultado de la legislación […] la crítica se dirige a determinados códigos en lugar de apuntar a la legislación como tal. […] Por otra parte, cada vez menos gente parece darse cuenta que, como el lenguaje y la moda que son el producto de la convergencia de actos y decisiones espontáneas por parte de un gran número de individuos, en teoría la ley también puede resultar de convergencias similares. […] Si uno valora la libertad individual para decidir y actuar, uno no puede eludir la conclusión de que debe haber algo malo en todo el sistema (Leoni, 1961: 4-5, 7 y 9).

El análisis precedente pone de relieve que la promulgación de las leyes se deriva del esfuerzo por descubrir lo mejor que sea compatible con las antes referidas características del hombre que hacen posible la cooperación social pacífica y que, consiguientemente, el derecho preexiste a la voluntad del legislador quien no inventa el derecho sino que lo encuentra en las propiedades inherentes a la persona.

En cualquier caso, las distintas instancias judiciales requieren de un fallo final e inapelable, es decir, de una ultima ratio, lo cual queda estipulado contractualmente. El problema de imponerlo monopólicamente es que la aludida degradación de la ley y su conversión en mera legislación se traslada a la tiranía de los jueces vía interpretación judicial. Leoni explica que

En nuestro tiempo el mecanismo judicial en ciertos países donde se establecen «cortes supremas» resulta en la imposición de las visiones personales de los miembros de esas cortes […] el derecho definido a través del proceso judicial puede desviarse, lo cual puede implicar la reintroducción de la legislación bajo un disfraz judicial. Antes que nada, esto tiende a suceder cuando cortes supremas están autorizadas a pronunciar la última palabra en la resolución de casos que ya han sido examinados por tribunales inferiores y, más aún, cuando decisiones de cortes supremas se convierten en precedentes obligatorios para la resolución de casos similares de parte de todos los jueces en el futuro (Leoni, 1961: 23 y 184).

Al fin y al cabo, actualmente operan negocios y negociaciones voluminosas entre personas y empresas de distintas naciones, en las que la vía contractual estipula las resoluciones de diferencias y conflictos entre distintos sistemas legales sin que medie una ultima ratio coactiva sino voluntaria. El significado y la naturaleza de la ley se ha degradado tanto merced a las concepciones positivistas prevalentes, que no sólo se ha equiparado la ley con la legislación sino que se considera que las abultadas codificaciones brindan certeza, contrariamente a lo que ocurría en los períodos de mayor esplendor del derecho romano y del common law anglosajón donde todas las normas las establecían las partes y los jueces se limitaban a hacerlas cumplir (siempre y cuando no fueran contratos incompatibles con el derecho tal como ocurre en un convenio para cometer un homicidio).

Al contrario de la opinión generalizada en la materia, hay un correlato entre el número de leyes escritas y la incertidumbre, puesto que mayor es la convicción de que el derecho puede inventarse y, por tanto, cambiarse según las preferencias del legislador y las mayorías circunstanciales, lo cual no permite prever el resultado de los actos ni un marco institucional estable y seguro, tal como lo explica detenidamente Fritz Schultz (1946).

En este mismo sentido Leoni nos dice que

Estamos tan acostumbrados a pensar en el sistema del derecho romano en términos de Corpus Juris de Justiniano, esto es, en términos de una ley escrita en un libro, que hemos perdido de vista cómo operaba el derecho romano. […] El derecho romano privado, que los romanos llamaban jus civile, en la práctica, no estuvo al alcance del legislador durante la mayor parte de la larga historia de la república romana y durante buena parte del imperio […] por tanto, los romanos disponían de una certidumbre respecto de la ley que permitía a los ciudadanos hacer planes para el futuro de modo libre y confiado y esto sin que exista para nada el derecho escrito en el sentido de leyes y códigos (Leoni, 1961: 82-84).

Y más adelante el mismo autor, en la misma obra, nos ilustra sobre la forma que operaba el common law en el mundo anglosajón:

las cortes no podían establecer reglas arbitrarias en Inglaterra […] había tantas cortes de justicia y cada una era muy celosa de las otras. […] Por otra parte, nunca podían decidir nada que no le fuera sometido previamente por particulares. […] Como resultado, lo jueces estaban más bien en la posición de espectadores que la de actores en el proceso de explicitar el derecho, y, más aún, como espectadores que no se les permitía ver todo lo que sucedía en el escenario. Los ciudadanos privados estaban en el escenario, el common law era básicamente lo que la gente pensaba era el derecho. El ciudadano común era el verdadero actor a este respecto, del mismo modo que los individuos son los verdaderos actores en la formación del lenguaje, y por lo menos parcialmente, en las transacciones comerciales en los países de Occidente (Leoni, 1961: 82-84).

Según la célebre fórmula de Henry Bracton —el más grande de los juristas medievales, anticipándose en cinco siglos a William Blackstone—, sostenía que incluso el rey debía someterse a la ley, precisamente como el proceso que surge de fallos judiciales o arbitrales como consecuencia de los casos sometidos ante ellos en un camino evolutivo de descubrimiento, y no como algo que surge de un soberano, independiente de ese proceso.

En Estados Unidos se caricaturizaba la inflación de la legislación en el número 62 de Los papeles federalistas —aún sin determinar si esta parte del documento fue escrita por Madison o por Hamilton— de este modo:

Será de poco provecho para la gente que las leyes sean hechas por los hombres por sus propias elecciones, si la ley es tan voluminosa que no puede ser leída, o tan incoherente que no puede ser entendida; si es rechazada o revisada antes de su promulgación, o si pasa por cambios incesantes que ningún hombre que conoce las leyes hoy puede adivinar qué serán mañana (1788/1947: 319).

Por su parte, en referencia al proceso para el establecimiento de las normas, Fullner concluye con razón que

El juez que tiene claramente en su mente que el principio del contrato puede, sin su ayuda, servir como ordenamiento social, abordará su materia con un espíritu diferente de aquel juez que tiende a suponer que la influencia del contrato en los asuntos humanos deriva enteramente de la ley hecha por el Estado de la que él constituye su custodio y expositor (Fullner, 1981: 174-175).

Y nuevamente Leoni afirma que

En realidad no tiene mucho sentido establecer anticipadamente quién designa a los jueces puesto que cualquiera lo puede hacer como sucede en cierto sentido cuando la gente recurre a los árbitros privados para arreglar sus diferencias. […] La designación de jueces no constituye problema especial, como sería la «designación» de médicos o profesiones similares. […] En realidad se basa en el consenso de los clientes, colegas y del público en general (Leoni, 1961: 183).

Según enseña Harold J. Berman (1983), el derecho mercantil y las normas penales surgieron de idéntica manera a través de los casos sometidos al juez y estableciéndose así los criterios correspondientes en un proceso competitivo y abierto y, en el caso penal, las ofensas no se consideraban contra el aparato estatal o «la sociedad», sino contra la víctima que debía resarcirse, trabajando el victimario para ella, o frecuentemente en casas de detención privadas, también financiadas por el victimario a través de su labor y los aportes de quienes deseaban que se procediera en este sentido.

En realidad el Poder Legislativo aparece desde muy antiguo vinculado al monopolio impuesto de la fuerza como una manera de separar o dividir jurisdicciones de poder dentro de su órbita. Esto es así debido a la necesidad de votar el presupuesto gubernamental, la reglamentación de lo que luego se denominó el derecho administrativo y las normas constitucionales. De no imponerse el monopolio de la fuerza, los jueces o árbitros pudieron haber seguido conformando el derecho positivo en consonancia con la naturaleza de las cosas según los casos presentados ante los referidos magistrados en el contexto de un proceso evolutivo, sin necesidad de un cuerpo Legislativo paralelo.

La versión moderna del Poder Legislativo proviene principalmente, aunque no exclusivamente, de Montesquieu, quien sostenía en las primeras líneas de su obra más conocida que «Las leyes, en su significación más extensa, no son más que las relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas. […] Decir que no hay nada justo o injusto fuera de lo que ordenan o prohíben las leyes positivas, es tanto como decir que los radios de un círculo no eran iguales antes de trazarse la circunferencia» (1748/1939: vol. 1, 1-3). Su insistencia en una renovada visión de la división horizontal de poderes era una manera de limitar el poder del monopolista de la fuerza, aunque a su modo de ver no la única, por ejemplo, escribía que «El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia; el sufragio por elección es el de la aristocracia» (1748/1939: vol. 1, 15), tal vez con la idea de producir un desfasaje en el debate desde las estructuras partidarias a la necesidad de limitar el poder del monopolista, puesto que cualquiera podría eventualmente asumir con el método del sorteo.

En el presente análisis, en cambio, la forma más efectiva y eficiente de descubrir el derecho en un largo y azaroso proceso de prueba y error en el contexto evolutivo y, asimismo, de contar con resoluciones lo más justas posibles descansa —igual que para otros bienes y servicios y por las mismas razones— en la abrogación de los monopolios impuestos y en abrir las puertas a la competencia. De este modo las partes contratantes estipulan quiénes han de ser los árbitros y cuáles han de ser las respectivas instancias. El prestigio y la seriedad de los candidatos para arbitrar es lo que atraerá a la clientela y la alejará de aquellos que se considera que no prestan los servicios de acuerdo con los precios y la calidad requeridos. Así, las normas surgen y eventualmente se corrigen si existen argumentos suficientes como para apartarse de los precedentes establecidos hasta el momento por los fallos judiciales que pronuncian los árbitros.

Esto puede también llevarse a cabo de modo más institucionalizado a través de compañías de seguros (Tannehill, 1984) y/o vía agencias de justicia y protección (Molinari, 1849/1977; Friedman, 1973/ 1979; Rothbard, 1973). Cada uno contrata los servicios de las agencias que considera prestan los mejores servicios en competencia. Las respectivas contrataciones no son irrevocables, cada uno las confirma o revoca según sea la calidad del servicio prestado. De este modo, los incentivos resultan mucho más fuertes respecto de la situación en la que se tiene el monopolio garantizado. Estos tipos de servicios eran los que a grandes rasgos y con variantes se obtuvieron en los casos en los que no se impuso el monopolio de la fuerza, tal como ocurrió en Islandia desde el año 900 hasta el 1200 de nuestra era (Friedman, 1973/1979; Miller, 1990), en Irlanda desde principios del siglo vi hasta mediados del xvii (Penden, 1971) y en Israel, tal como se relata en la Biblia después del período de los jueces (Samuel, II, 8) referido sucintamente por Acton (1887/1962: 56).

Hay dos escenarios que se presentan en cuanto a posibles conflictos. En el primero, los desacuerdos se resuelven en concordancia con lo establecido en el contrato respectivo en cuanto a árbitros, instancias y demás procedimientos. Estos casos no presentan dificultades. El segundo escenario consiste en que una de las partes no acata lo previamente convenido o no tiene nada establecido y se rehúsa a proponer árbitros o procedimientos para dirimir los diferendos.

Esta segunda situación, a su vez, la podemos descomponer en dos posibles variantes: por un lado, el caso de quienes no cuentan con agencias de protección y justicia en cuya situación no hay posibilidad de que las existentes adopten los mecanismos anunciados por ellas como el sorteo de árbitros entre distintas compañías que prestan aquellos servicios y demás mecanismos establecidos por dichos proveedores. En este caso supongamos también que una de las partes se niega a todo, incluso su defensa en juicio, pero el sujeto o los sujetos en cuestión disponen de una fuerza que resulta minoritaria en relación con las fuerzas de que disponen las agencias existentes. En este caso se juzgará a los candidatos in absentia y, si resultaran condenados y continúan negándose a todo, serán reducidos por las agencias correspondientes para que cumplan la restitución que el árbitro decidió en su fallo, además de condenar a quienes usaron la fuerza para agredir a las víctimas (además de que, naturalmente, pierden el crédito todas las personas y asociaciones que hayan procedido de modo agresivo y ofensivo).

Por otro lado, podemos suponer la misma situación pero con la variante de que los agresores disponen de un potencial de fuerza que respalda sus desmanes que resulta mayoritaria respecto de todas las agencias establecidas y que no es posible anticipar la agresión, ya que se trata de un operativo sorpresa de magnitud devastadora. En este último caso, de todos modos, la resistencia siempre será más efectiva si se cuentan con incentivos fuertes que brinda la competencia en relación directa con quienes los contratan que si se trata de monopolistas que incluso consideran a los gobernados como súbditos que deben financiarlos independientemente de la calidad de los servicios prestados. En cualquier caso, si la defensa no resulta posible debido a la magnitud del ataque, no hay nada que pueda hacerse. De lo que se trata es de minimizar riesgos y maximizar las posibilidades de justicia. Debe tenerse en cuenta que en los ámbitos humanos no resulta posible la perfección, sino que debe apuntarse a la obtención de lograr lo mejor posible dadas las circunstancias imperantes. Como señala Rothbard (1973: 222) en un ejemplo cotidiano y un tanto pedestre, con el procedimiento competitivo, como cualquiera sabe bien, es más eficaz recurrir a una agencia de detectives privada que recurrir a la Policía estatal para que se devuelva la propiedad robada.

Bruce Benson (1998: 171 y ss.) plantea y refuta en extensas exposiciones y evidencias empíricas algunas objeciones a la competencia en materia de justicia y seguridad. Dice que se suele alegar que los servicios privados tienden a fabricar casos y así se condenarán a inocentes al efecto de obtener más dinero, que tienden a abusar de su poder una vez que están armados, que tenderán a esmerarse en la atención a los ricos y abandonar a los pobres y que recortarán gastos, por lo que el servicio será de menor calidad.

En un proceso abierto y competitivo, la imputación y condena de inocentes no sólo será resistido, sino que quienes procedan de ese modo tendrán sus días contados como proveedores de los servicios de justicia y seguridad. Quienes abusen del poder serán castigados y naturalmente se les retirará la confianza. Por otro lado, no hay más que recorrer superficialmente, entre otras, la obra de Rummel (1994/2007) —citada en un capítulo anterior— para comprobar los escalofriantes abusos del poder de los monopolios de la fuerza. En otro orden de cosas, es de interés observar que en los casos del monopolio de la fuerza los relativamente más pobres financian coactivamente la seguridad policial para los barrios de los relativamente más ricos, mientras aquellos quedan desprotegidos, lo cual ocurre también en lo que respecta a impartir justicia. Por último, recortar costos innecesariamente y así brindar un servicio de más baja calidad es lo que precisamente ocurre cuando se entroniza el monopolio. Si tiene lugar en el ámbito privado y competitivo, se sustituye el proveedor. La performance en el comercio en general sirve de guía a los usuarios de los distintos bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y los medios de comunicación hacen de apoyo logístico para difundir la información y hacer más chico el planeta que habitamos (De Jasay, 2000). Supongamos, por último, que a pesar de los incentivos a los que nos hemos referido y los argumentos que hemos esgrimido y que la resistencia resultara insuficiente frente al hecho de que todas las agencias de protección y justicia se unieran para imponer un monopolio de la fuerza y se bloqueara completamente la competencia, en ese caso, tal como manifiesta Rothbard (1973: 247), retornaríamos a la situación actual.

Es importante destacar también que constituyen un invalorable apoyo logístico las informaciones que proveen agencias especializadas que hacen el seguimiento de las reputaciones de las personas y empresas con quienes se establecen relaciones de diversa naturaleza al efecto de confiar, adoptar medidas precautorias o negarse a mantener contacto. Daniel Klein (1972/2000: 97 y ss.) muestra esos mecanismos y los incentivos de dichas agencias para obtener las informaciones que se requieren y George Stigler resume el punto al escribir que «La reputación es una palabra que denota la persistencia de la calidad y la reputación implica un precio (o significa una pena) porque economiza la búsqueda» (1961: 224).

Por otra parte, en el contexto de una sociedad abierta como la anteriormente descripta, la expresión «seguridad nacional» carecería de significación ya que no habría fronteras nacionales, y las normas, mecanismos tecnológicos y medidas precautorias referidas a la seguridad y a la prevención de ataques se aplicarían sin distinción de jurisdicciones territoriales artificialmente establecidas, para circunscribirse a los que pagan directamente asegurando sus activos y a los que pagan indirectamente al comprar en centros comerciales asegurados en el mismo sentido (Block, 2003). En el contexto descripto, al minimizar lesiones a los derechos y maximizar las defensas, se elimina la suma cero, producto de transferencias coactivas a las estructuras políticas (Oppenheimer, 1914/1975).

En cambio, como también hemos expresado antes, en esta instancia del proceso de evolución cultural, las fronteras o jurisdicciones territoriales impuestas se justifican debido a la necesidad de protegerse de los riesgos que implicaría la concentración de poder de un gobierno universal. Este fraccionamiento en jurisdicciones territoriales y las consecuentes fronteras, a su vez, se fraccionan en provincias o Estados locales y éstos, a su turno, en municipios. Estos recaudos carecerían de sentido en la medida en que no se acepten monopolios de la fuerza. De todos modos, el proceso es gradual y podrán coexistir zonas sin el monopolio de la fuerza con lo que hoy denominamos países. En este sentido, es de interés citar el pensamiento de Huxley:

Ahora nos corresponde considerar brevemente esta pregunta ¿cómo se define un país? Se ha intentado hacerlo muchas veces, y es muy curioso que ninguno de los métodos más obvios cubre todos los casos. No podemos decir que un país es una población que ocupa un área geográfica determinada, porque se dan casos de países que ocupan áreas vastamente separadas. […] No podemos decir que un país esté necesariamente relacionado con una sola lengua, porque hay muchos países en los que la gente habla muchas lenguas. […] Tenemos la definición de un país como algo compuesto de una sola estirpe racial, pero es harto evidente que esto resulta inadecuado; aun si pasamos por alto el hecho de que nadie conoce exactamente qué es una raza. […] Por último, la única definición que la antigua Liga de Naciones pudo encontrar para una nación (supongo que la misma ha sido ahora adoptada por las Naciones Unidas) era que una nación es una sociedad que posee los medios para hacer la guerra (Huxley, 1959/1977: 94-95).

Esto subraya el artificio de las naciones. Todas son fruto de la acción bélica cuando no del accidente geológico. Cuanto más se acerque y asemeje un país a una sociedad abierta, mayores diferencias se encontrarán en las comidas, atuendos, costumbres, religiones, músicas, tradiciones literarias, contribuciones científicas y, en general, en los hábitos culturales. En cualquier lugar civilizado, lo que une a las personas es el respeto recíproco. Con o sin el monopolio de la fuerza, esto no excluye el amor al terruño, específicamente donde nacieron y murieron los ancestros, el cariño a personas, recuerdos sonoros, lugares, aromas, sabores, animales, arboledas y tantas otras cosas. Pero como hemos apuntado, no deben absolutizarse estas querencias, puesto que muchas son las personas —ancestros nuestros o no— que abandonaron sus terruños en busca de mejores horizontes y no por ello merecen menos respeto y consideración.

Bertrand de Jouvenel muestra que la idea de nación —y junto con ella el nacionalismo— constituye un invento que surge a fines del siglo xviii en Francia y, curiosamente, se trata antropomórficamente, esto es, se personaliza y se alude a esa abstracción como una extrapolación lisa y llana del rey: «En un pueblo tan acostumbrado desde hacía tanto tiempo a ver personificado en un solo individuo el principio de unidad, la Nación-persona llegará a tener las dimensiones necesarias para llenar el vacío, y aun más» (1977: 156). Como ha escrito Gertrude Himmelfarb, «No hay ni nunca hubo tal cosa como “la identidad nacional”, porque las naciones, contrariamente a la impresión común, no son entidades distintivas» (1994: 108).

En otro orden de cosas, aparece una inconsistencia básica en la constitución del monopolio de la fuerza, cual es la lesión al derecho de la gente estableciendo impuestos bajo amenaza de recurrir a la violencia con el argumento de defender los derechos de la gente. Por otro lado, se sostiene que no resulta posible que la gente provea libremente de su seguridad y, al mismo tiempo, estarían en condiciones de organizar el aparato estatal (De Jasay, 2000).

La idea misma del «gobierno limitado» se encuentra ante una encrucijada (De Jasay, 1997: 39 y ss.). En general, los incentivos de las mayorías tienden a expropiar a las minorías y, consecuentemente, con el apoyo de gobernantes deseosos de contemporizar con sus votantes, sortean todas las vallas que pretenden limitar el poder. En un sistema competitivo también se establecen resoluciones y se adoptan decisiones por mayorías pero éstas están dispersas y referidas a intereses específicos y no se concentran en un solo cuerpo sobre el que recaen todas las políticas. Se trata de mayorías de muchas minorías dispersas, lo cual descentraliza y fracciona al máximo posible las decisiones.

Tengamos muy en cuenta que en lo que ha sido el país más civilizado del planeta, Estados Unidos, comenzaron los problemas ya en la Presidencia de John Quincy Adams, el sexto presidente —de 1825 a 1829— antes incluso del desbarajuste institucional que produjo la Guerra Civil. Paul Johnson escribe respecto de este período que

ya estaba marcado por un sentimiento creciente […] que algo andaba fundamentalmente mal en la manera en que operaba el sistema y que fuerzas oscuras y siniestras estaban en marcha, especialmente en Washington. […] Claro que la corrupción en los Estados Unidos en los ochenta no quería decir sólo cohecho y corrupción del erario público. También quería decir el debilitamiento del sistema constitucional por medio de pactos secretos y la utilización de los cargos públicos para adquirir poder o cargos adicionales y darle prioridad a intereses sectoriales antes que al bienestar general (Johnson, 1991: 906).

Podríamos especular sobre qué queda para el resto de los países y sus instituciones.

El artificio del establecimiento del monopolio de la fuerza, rodeado de una serie de construcciones y diseños institucionales, constituye una utopía que se ha revelado como sumamente peligrosa, basada en una ilusión y un espejismo que también debe incluirse en la «arrogancia fatal» hayekiana puesto que se fabrica sobre una presunción del conocimiento que navega a contramano de la naturaleza de las cosas. Por esto es que Anthony de Jasay escribe que

La teoría más reciente sugiere que incluso los contratos pueden proveerse voluntariamente por parte de aquellos que esperan beneficiarse del respeto a sus contratos, y no existe evidencia que el organizar un Estado para el cumplimiento resulta más eficiente, menos costoso en términos de costos de transacción, que la provisión privada y descentralizada (De Jasay, 1998: 124. Énfasis en el original).

Tal vez por eso es que, en última instancia, Frédéric Bastiat apuntaba que «El Estado es aquella entidad ficticia por medio de la que todos intentan vivir a expensas de todos los demás» (1850/1964: 144), porque, como también subraya De Jasay, «Sacar la propiedad es inadmisible para los individuos, admisible para el Estado» (2002: 7).

En una carta a Adam Smith, David Hume dice que «En verdad, nada puede contener una presunción más fuerte de falsedad que la aprobación de la multitud» (citada en E.G. West, 1969: 108), por eso debe meditarse sobre la sentencia de Henrik Ibsen en cuanto a que «La minoría siempre está en lo correcto» y que «El peor enemigo de la verdad y la libertad es la mayoría compacta» (Ibsen, 1882/ 1988: 76). Ésta es la razón por la que aludíamos a la necesidad de descentralizar mayorías y convertirlas en minorías dispersas al efecto de tratar asuntos más circunscriptos y delimitados respecto de la usual unificación de mayorías para debatir todos los temas. En realidad, en cualquier campo que se considere, sea la medicina, la física, la literatura, la pintura o la economía, es siempre una minoría la que concentra la excelencia. A nadie se le ocurriría someter a votación mayoritaria las técnicas para llevar a cabo una intervención quirúrgica, ni una composición musical, sin embargo, es el procedimiento para decidir lo que en definitiva tendrá consecuencias sobre todo lo demás.

En la literatura convencional, se sostiene que el aparato estatal aparece merced a un «contrato original», idea ésta demolida, entre otros, por Hume:

Es evidente que ningún contrato o acuerdo fue expresamente establecido […este supuesto] no está justificado por la historia ni por la experiencia de ningún país del mundo. […] La obediencia por sumisión se hace tan familiar que la mayoría ni siquiera investiga acerca del origen o la causa. […] Cuando se establece un nuevo gobierno, por cualquier modo que sea, la gente está generalmente insatisfecha con él y obedece más por miedo y necesidad que por una idea de lealtad u obligación moral. […] Se dice que al vivir bajo el dominio de un príncipe, todos los individuos han dado un consentimiento tácito a su autoridad, por el que prometen obediencia ya que, de lo contrario, podrían irse; a esto debo responder que tal consentimiento implícito sólo puede tener lugar cuando el hombre imagina que el asunto depende de su elección» (Hume, 1741/1985: 468, 470, 471 y 474-475. Énfasis en el original).

En otra obra, David Hume nos explica que

Si se le preguntara a la mayor parte de la gente de una nación si han consentido a la autoridad de sus gobernantes o si han prometido obedecerles, estarán inclinados a pensar de un modo extraño de quien formula la pregunta y ciertamente respondería que el asunto no depende de su consentimiento sino del hecho de haber nacido en donde se les reclama obediencia. […] Es acertado decir que si nos remontamos al primer origen de cada nación, encontraremos que prácticamente no existe rey o forma alguna de asociación política que no esté primariamente fundada en la usurpación y la rebelión y cuyos títulos sean originalmente más que dudosos e inciertos (Hume, 1739-1740/1898: 312 y 319).

Sin embargo, el mismo autor suscribe la imposición del monopolio de la fuerza en base a una interpretación de la preferencia temporal:

los requerimientos de nuestras pasiones que siempre se inclinan a favor de lo que está más cerca y próximo. Esta es la razón por la cual los hombres fácilmente actúan en contradicción con lo que saben es su interés; y en particular porque prefieren cualquier ventaja trivial en el presente que el mantenimiento del orden en la sociedad, el cual depende del cumplimiento de la justicia. La consecuencia de cada incumplimiento de la equidad aparece como remoto y no resulta posible contrabalancear la ventaja inmediata que puede obtenerse de ello. Sin embargo [las ventajas] no son menos reales por ser remotas y como todos los hombres están sujetos en algún grado a la misma debilidad, necesariamente ocurrirán violaciones a la equidad de modo muy frecuente en la sociedad y, debido a eso, la convivencia entre los hombres se torna muy peligrosa e incierta. […] Por tanto, esta cualidad de la naturaleza humana no sólo es muy peligrosa para la sociedad, sino que, curiosamente, parece no tener remedio. El remedio sólo puede aparecer a través del consentimiento de los hombres, pero si los hombres son incapaces de preferir lo remoto a lo cercano, nunca consentirán a nada. En consecuencia, la única dificultad es encontrar el procedimiento por el que los hombres subsanen esta debilidad natural y se encuentren en la necesidad de observar las leyes de la justicia y la equidad a pesar de su propensión violenta a preferir lo cercano a lo remoto […] pero como esto resulta impracticable respecto de toda la humanidad, sólo puede tener lugar respecto de unos pocos, a quienes interesamos de modo inmediato en la ejecución de la justicia. Éstas son las personas que denominamos magistrados, reyes y sus ministros, nuestros gobernantes, quienes siendo indiferentes a la gran parte del Estado, no tienen ningún interés, o lo tienen alejado, respecto de los actos injustos y debido a su rol en la sociedad tienen un interés inmediato en la ejecución de la justicia que resulta tan necesaria para la sociedad. He aquí el origen del gobierno civil y de la sociedad. A los hombres no les resulta posible curar en ellos mismos o en otros esa estrechez del alma que los hace preferir el presente a lo remoto (Hume, 1739-1740/1898: 300-301 y 302).

Nos parece difícil concebir tantos saltos lógicos, tanto non sequitur y la reiteración de una desconcertante interpretación de la preferencia temporal como la que aparece registrada en estos últimos párrafos que dejamos consignados, escritos por uno de los autores más destacados y prolíficos del liberalismo clásico. Es cierto que Hume admite que

la imperfección es inherente a la naturaleza humana, sabemos que pertenece al hombre en todos los estados y condiciones y, aquellos que elegimos como gobernantes no se convierten inmediatamente en una naturaleza superior y autoridad superior. Lo que esperamos de ellos no es un cambio en la naturaleza sino en su situación cuando adquieren un interés más inmediato en la preservación del orden y la ejecución de la justicia […pero debido] a la irregularidad de la naturaleza humana podemos esperar que [los gobernantes] incluso rechacen su interés inmediato y sean arrastrados por sus pasiones a todos los excesos de crueldad y ambición, […en ese caso] pueden resistirse los efectos del poder supremo sin haber cometido un acto criminal ni de injusticia. (Hume, 1739-1740/1898: 315).

Y, finalmente, escribe que

A pesar de que el gobierno es una invención muy ventajosa e incluso, en algunas circunstancias, absolutamente necesaria para la humanidad, no resulta necesaria en todas las circunstancias, ni es imposible que los hombres preserven la sociedad por algún tiempo sin tener que recurrir a esa invención. […] Un indio estará poco tentado a disponer de la choza de otro o robarle su arco ya que posee las mismas ventajas, así como otras fortunas superiores que se obtengan a través de la caza y la pesca. Lo contrario será sólo casual y temporario y tendrá poca tendencia a alterar la sociedad (Hume, 1739-1740/1898: 304-305).

En estas reflexiones hay cuatro aspectos centrales que deben destacarse. En primer lugar, del hecho incuestionable de que el hombre muchas veces se deje dominar por sus pasiones no se sigue que no vea las ventajas que le reporta a largo plazo adoptar ciertas conductas en el presente, tal como ocurre en los múltiples y reiterados emprendimientos que demandan décadas en concretar el retorno sobre la inversión. En segundo término, vinculado al primero, la aseveración de que el gobernante tiene en cuenta el largo plazo mientras que los gobernados sólo se ocupan del corto, es exactamente lo contrario a lo que ocurre. El gobernante saca la mejor partida del presente y deja la carga pesada de sus actos para el próximo gobierno. Su horizonte temporal opera en una dirección bien distinta al de los gobernados. Por eso es que resulta tan frecuente oír a políticos en campaña quejarse «por la pesada herencia» que recibirán y enfatizan en que en sus gobiernos «se terminará con la corrupción y habrá justicia y seguridad para todos». Ahora que los medios masivos de comunicación están al alcance de casi todo el mundo, se constata que estas fórmulas se repiten machaconamente sin solución de continuidad.

El tercer punto de Hume, también estrechamente vinculado a lo anterior, se refiere a su aseveración en cuanto a que el gobernante cambia «su situación cuando adquiere un interés más inmediato en la preservación del orden y la ejecución de la justicia». Una manifestación sorprendente en verdad y contraria a la razón y a la experiencia cotidiana. El ser humano no «adquiere un interés más inmediato» por el hecho de asumir el poder político y convertir así sus acciones en buenas. Al contrario, «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente» según el reiterado dictum de Lord Acton.

Otros autores han argumentado que se necesita imponer el monopolio de la fuerza porque los hombres están imbuidos de malicia y el gobernante los mantiene a raya. Los hombres no nacen buenos ni malos, nacen con libre albedrío y la contracara es la responsabilidad. Pero si fuera cierta la conjetura de la malicia generalizada, esto constituiría una razón adicional para no establecer el monopolio de la fuerza, puesto que, como el hombre no se hace bueno por el mero hecho de tener poder a su disposición, otorgarle un monopolio a la maldad acentuaría los peligros que venimos comentando.

Por último Hume alude a la posibilidad de no contar con un monopolio impuesto para el caso de sociedades primitivas o aquellas en las que no aparecen diferencias en las condiciones de vida entre unos y otros. Sin embargo, eventualmente, el mayor adelanto cultural y el progreso tenderían a hacer más claras las ventajas de sistemas más eficientes en la provisión de servicios esenciales. Esta consideración puede aparecer como una petición de principios, pero se basa en una conjetura y un andamiaje conceptual que, por los argumentos esgrimidos, apunta a modificar la situación en nuestras sociedades consideradas avanzadas, aunque por ciertos rasgos de las consideradas «primitivas» no parecen ser tales. Por ejemplo, y para no remontarnos a otras comunidades que presentan determinadas costumbres que nos llaman la atención y circunscribir nuestra atención a algunos indígenas que habitaban lo que luego fue territorio estadounidense, véase el rechazo a la esclavitud, el respeto y la reverencia a las tradiciones y a la gente mayor, el concepto sofisticado de educación, además de la argumentación para no aceptar la idea del impuesto en Eastman (1902/1991: 282 y ss.). Precisamente, Jefferson, cuando aludía a los indios, lo hacía en conexión a las instituciones de su época: «Las sociedades existían bajo tres formas distintas. 1, Sin gobierno, como ocurre entre nuestros indios. […] Es un problema que no está claro en mi mente si la primera condición no es la mejor» (1787/1944: 413). Y aún después de establecido el monopolio de la fuerza y con todos los recaudos adoptados y las aprensiones expuestas —de modo similar a la contundente manifestación pública de Franklin en la Convención de Filadelfia que mencionamos antes al pasar y que reproducimos más abajo en este capítulo— Jefferson revelaba pesimismo respecto del futuro de la evolución de la cuidadosa arquitectura gubernamental tan detenidamente pensada, en el sentido de que «El progreso natural de las cosas es que la libertad ceda y que el gobierno gane terreno» (1787/ 1944: 447).

De todos modos, muchos son los autores que ocupan un lugar destacado en la tradición liberal que, a pesar de adherir a la idea del contrato original, suscribían el derecho a la resistencia frente a la opresión, como han sido los casos en la también consignada tradición George Buchanan-Algernon Sydney-John Locke. Este último desarrolla la idea de este modo:

el poder que cada individuo le entregó a la sociedad cuando entró en ella no puede nunca revertirse a los individuos nuevamente mientras dure la sociedad. Siempre se mantendrá en la comunidad, puesto que sin esto no hay comunidad, no hay sociedad política lo cual es contrario al acuerdo original […] pero si se lleva a cabo una mala administración de la autoridad o finaliza su mandato, aquel se revierte a la sociedad y la gente tiene el derecho de actuar con supremacía y continuar ellos mismos con el legislativo o establecer una nueva forma o mantener la vieja forma pero en manos distintas. […] Cuando los legisladores se encaminan a sacar y destruir la propiedad de la gente o los pretenden reducir a la esclavitud bajo un poder arbitrario, se colocan en estado de guerra con la gente quien, por eso, queda absuelta de toda obediencia futura y se la deja que acuda al refugio común que Dios ha provisto para todos los hombres contra la fuerza y la violencia (Locke, 1689/1947: 165 y 233).

Es pertinente insistir en las ventajas de convertir las mayorías unificadas en minorías descentralizadas y competitivas que, a su vez, podrán decidir por mayorías más reducidas y fraccionadas sobre materias que de modo directo conciernen a los grupos involucrados en las referidas decisiones, lo cual también tendería a bloquear arreglos de empresarios prebendarios que intercambian favores con el monopolio de la fuerza para obtener mercados cautivos. Roger Pilon, refiriéndose a los procesos democráticos, explica que

Sin duda los números no implican ningún valor moral intrínseco si es que los derechos individuales significan algo. Tampoco significa nada decir que los derechos de la minoría son los de irse del territorio —de su territorio […] la obligación de la minoría de conformarse a la voluntad mayoritaria sólo puede justificarse si ha habido unanimidad. […] Pero éste es precisamente el problema. Los hechos históricos revelan que nunca existió consenso (Pilon, 1987: 194. Énfasis en el original).

Nuevamente aparece el «contrato original», sobre el que Burckhardt también coincide en que «La hipótesis contractual para explicar la fundación del Estado es absurda» (1971: 71) y, en el mismo sentido, ya había reiterado Mill que «la sociedad no está fundada en un contrato» (1859/1982: 141).

También resulta absurda la extrapolación de las mayorías en nuestros regímenes políticos con las dispersas y fragmentadas que operan en lugares privados como los clubs, puesto que en estos últimos casos los votantes son los dueños. Schumpeter escribe al respecto que «La teoría que asimila los impuestos a cuotas de club o a la adquisición de servicios, por ejemplo, de un médico, solamente prueba lo alejada que está esta parte de las ciencias sociales de la aplicación de métodos científicos» (1942/1968: 260).

Bruno Leoni sostiene que en el proceso político convencional

uno obtiene algo que no quiere pero que debe pagar como si lo hubiera querido. […] El proceso de votación no es una reproducción de lo que sucede en el mercado, sino más bien simboliza lo que sucede en un campo de batalla. […] Se acumulan votos como se acumulan piedras o proyectiles. […] El lenguaje político refleja naturalmente este aspecto del voto: los políticos hablan de comenzar campañas, de batallas que deben ganarse, de enemigos con los que hay que pelear, etc. Este lenguaje no se emplea en el mercado. Existe una razón obvia para eso: mientras que en el mercado oferta y demanda no son sólo compatibles sino también complementarias, en el campo político, al que pertenece la legislación, la elección de los ganadores por un lado y la de los perdedores por otro no son ni complementarias ni compatibles. […] Lo que ahora nos debemos preguntar y tratar de contestar es: ¿Podemos hacer una comparación exitosa entre el mercado y una forma no-legislativa de producir leyes? (Leoni, 1961/1991: 235-236 y 248. Énfasis en el original)

En esta pregunta radica el nudo del problema que intentamos abordar en el presente capítulo.

La organización abierta, competitiva y espontánea para la producción, ejecución y evolución de normas y la provisión de justicia y seguridad, de la misma forma en la que se lleva a cabo la provisión del resto de los bienes y servicios en los procesos de mercado, la hemos denominado autogobierno. Para este término con que bautizamos el orden social de la libertad en el que, como decimos, incorporamos aquellas funciones vitales, hacemos una definición estipulativa porque no existe una lexicográfica. Ya nos hemos referido extensamente a este concepto en un libro (1993), que incluye un análisis sobre Nozick (1974: parte I, cap. 2) y en un ensayo (1997 b) en los que puede consultarse una más amplia bibliografía que la que presentamos aquí. En este capítulo resumimos la idea general.

El autogobierno consiste en el orden social que se establece a través de arreglos voluntarios entre personas y que, por tanto, excluye el uso de la fuerza de carácter ofensivo. Esta exclusión, desde luego, significa un sistema competitivo donde no tiene cabida el monopolio impuesto de la fuerza y donde, como se ha explicado, sólo es aceptable la violencia para propósitos defensivos.

Como decimos, la expresión no existe en el diccionario castellano ni en el inglés. Sin embargo, es de hacer notar que el autogobierno debe diferenciarse claramente de un término que se usa en el mundo anglosajón que es self-government, traducido al castellano como «gobierno propio». El traductor de una de las obras de Francis Lieber advierte en una nota:

Traduzco de esta manera las palabras self-government [gobierno propio] aunque éstas han sido adaptadas en todas las lenguas porque no encuentro voces españolas que den una idea más aproximada de lo que significa la expresión inglesa que es perfectamente explicada en el caso de la obra. En lo sucesivo me serviré de dicha expresión inglesa siguiendo el ejemplo de muchos escritores españoles que la usan en sus escritos (Lieber, 1871/1889: 5).

En el Webster’s International New Dictionary de 1965, encontramos dos acepciones de la expresión self-government, una moral y otra política: control de los propios asuntos y gobierno constituido por la acción del pueblo en una democracia. Lieber explica que

La historia de esta atrevida palabra [self-government] es ésta: ella se ha formado indudablemente, a imitación de la voz griega autonomía y parece que originalmente sólo se usó en sentido moral. Se encuentra con frecuencia en las obras de los teólogos que florecieron en los siglos xvi y xvii. Después de aquella época parece que dejó de usarse por algún tiempo. No la encontramos en ninguno de los diccionarios ingleses [hasta mediados del siglo xix], aunque dan una larga lista de palabras compuestas con self y, entre ellas, son ahora desusadas, por ejemplo, self-sovereingty de Shakespeare. […] No he podido averiguar si fue en Inglaterra o en América [del Norte] que se usó primero la palabra para expresar self-government. El doctor en teología R. Price la usó en un sentido político en sus Observaciones sobre la naturaleza de la libertad civil, 3.ª edición, Londres, 1776, aunque no aparece claramente si se quiere dar a entender lo que nosotros designamos por independencia o self-government doméstico (Lieber, 1871/1889: 293-294).

A fines del siglo xviii se comienza a extender la expresión sefl-government en su acepción política, para hacer referencia al manejo de cada uno sobre sus propios asuntos, restringiendo la participación de los gobernantes a la protección de los derechos de la gente y, en Estados Unidos, referida también a la autonomía de los Estados miembros con la menor participación del gobierno central, cuya existencia se justificaba para velar por la unión de los Estados miembros, dirimir cuestiones judiciales en última instancia, para declarar la guerra y firmar tratados de paz. Posteriormente, hemos encontrado alguna referencia aislada al self-government traducido al castellano como «autogobierno» pero, aunque la palabra no existe en los diccionarios, en esos casos es para significar el gobierno propio en el sentido antes explicado.

Lieber sostiene que

El self-government está fundado sobre la voluntad que el pueblo tenga de cuidar sobre sus propios negocios y de la ausencia de esa disposición a aguardarlo todo del gobierno general. […] Pero la cuestión principal es para el hombre […] que produce los mejores y más duraderos resultados en el todo y a la larga los efectos que tiene sobre la mayor estabilidad y continuidad del desarrollo (Lieber, 1871/ 1889: 294-295 y 298-299).

y, asimismo opone (1871/1889, caps. XX y XXV) la «libertad anglicana» a la «libertad galicana» y señala que la tradición anglosajona se ha apoyado más en el respeto a los derechos individuales y a la limitación de los poderes gubernamentales que lo que se encuentra en gran medida en la tradición latina, en la cual se ha tendido a la extralimitación del poder político y a la usurpación de los derechos de las personas a favor de César del momento.

En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su edición de 1956, una de las acepciones de la palabra gobierno es «acción y efecto de gobernar o gobernarse» y otra es «guiar o dirigir». En este sentido, el gobierno resulta indispensable, de lo que se trata es de definir quién ha de gobernar, si será el monopolio de la fuerza o cada persona —de allí el autogobierno— a través de acuerdos y arreglos contractuales en el contexto en el que sólo se recurre a la fuerza con carácter defensivo, lo cual abre las posibilidades a un mejor gobierno. Como queda dicho, la idea de self-government o gobierno propio implica la imposición del monopolio de la fuerza, mientras que el autogobierno excluye la violencia ofensiva.

Leonard Read sostiene que

Hay sin embargo razones para lamentar que nosotros en América [del Norte] hayamos adoptado la palabra «gobierno». Hemos recurrido a una palabra antigua con todas las connotaciones que tiene el «gobernar», el «mandar» en un sentido amplio. El gobierno con la intención de dirigir, controlar y guiar no es lo que realmente pretendimos. No pretendimos que nuestra agencia de defensa común nos debiera «gobernar» del mismo modo que no se pretende que el guardián de una fábrica actúe como el gerente general de la empresa (Read, 1954: 13).

El autogobierno debe diferenciarse de la anarquía, expresión que tiene dos acepciones estrechamente vinculadas entre sí. La primera y más generalizada es la ausencia de gobierno, lo cual constituye un serio problema porque como ya hemos dicho no se trata de eliminar el gobierno sino de trasladarlo a la gente en lugar de concentrarlo en el monopolio de la fuerza. Pero más importante aún es la acepción de ausencia de normas, lo cual hace imposible la convivencia civilizada. Ya hemos visto que no se trata de desechar la idea de normas o leyes, sino de reemplazar la idea de que sean promulgadas por el monopolio de la fuerza y sustituirlo por la producción y ejecución de normas en un proceso abierto y evolutivo a través de fallos judiciales que se producen como consecuencia de que las partes someten el caso al arbitraje correspondiente. En su Diccionario de filosofía, Ferrater Mora une las dos acepciones al definir que «Para algunos autores, la anarquía era la ausencia de todo mando y de toda ley; para otros era la ausencia de un jefe» (Ferrater Mora, 1979/1988: vol. 1, 153). William Godwin (1793/1985: 258 y 355), el primer autor en sistematizar la idea de la anarquía, sostenía que significa la ausencia de fallos judiciales y de toda ley.

También debe destacarse en este contexto que la tradición original del anarquismo y sus discípulos tales como el mencionado Godwin, Bakunin, Kropotkin, Sorel, Proudhon, Stirner, Marx y, contemporáneamente, Herbert Read y Chomsky declaman la abolición del Estado pero lo vuelven a entronizar a través de otras figuras y mecanismos al efecto de imponer por la fuerza la abolición de la propiedad privada. En este sentido, debe distinguirse de esta corriente de pensamiento las propuestas de un comunismo voluntario como el de Owen y similares, que, independientemente de los resultados nefastos que produjeron debido a la «tragedia de los comunes», no pretendieron imponer su proyecto por la fuerza.

Una manera un tanto alambicada de referirse al llamado «contrato social» al que ya hemos aludido es la aseveración de que los habitantes de un país «han consentido» el establecimiento de la estructura política que prevalece. Tal como dice R.E. Barnett «Aquellos que justifican el deber de obedecer la ley en base al “consentimiento de los gobernados” deben explicar exactamente cómo y dónde we the people —usted y yo y todos los demás— consentimos a obedecer las leyes [de la jurisdicción en la que vivimos]» (2004: 14 y ss.). El mismo autor se detiene a considerar tres aristas relacionadas con este tema. En primer lugar, menciona que no puede seriamente sostenerse que uno está representado cuando es derrotado el candidato que votamos. No podemos decir que estamos representados por los actos de gobierno del oponente, justamente el candidato al que votamos en contra. Incluso si ganara el candidato que uno votó, no quiere decir que adherimos al sistema puesto que eventualmente podemos intentar minimizar el mal, para no decir nada de quienes no votan o votan en blanco, precisamente como señal de protesta o porque la legislación obliga a votar. En segundo término, cuando se hace referencia a un sistema al que se consiente esto quiere decir que puede no consentirse, de lo contrario pierde sentido la expresión «consentir o acordar». Sigue diciendo Barnett que en nuestros sistemas políticos resulta curioso que se insista en que está consentido por los ciudadanos cuando no hay manera de expresar el no consentimiento: «Cara usted consiente, seca también consiente, no se tira la moneda ¿adivine qué? usted también consiente. Esto simplemente no es consentir». Por último, señala que se esgrime el argumento de que uno «consiente» por el hecho de haber nacido en tal o cual país, lo cual presupone que el gobierno es el dueño del país y del lugar donde uno vive. Barnett muestra que este razonamiento establece un correlato del todo improcedente con el cumplimiento de las normas que uno debe acatar si está viviendo en la casa de otro (para una crítica en torno al public choice, véase Stringham et al., 2005).

Roger Pilon se refiere al mismo punto basándose en argumentos similares y agrega que se dice que se protegen nuestros derechos pero esto «se hace en violación de quienes prefieren ocuparse ellos y no pagar al Estado» (1987: 194 y ss.). Éste es el nudo del asunto: la imposición coactiva del monopolio del servicio, situación en la que no es posible elegir otras variantes en competencia.

El tránsito desde el monopolio coercitivo de la fuerza hacia el autogobierno, igual que todo recorrido para aplicar nuevos conocimientos, no se produce en un solo movimiento, sino que significa un largo proceso de debate y eventualmente aceptación y ejecución sumamente gradual y lenta y generalmente no es lineal y, por ende, con retrocesos de diversa naturaleza. Como ya se ha apuntado, la idea del gobierno con poderes limitados constituyó un progreso notable respecto de la noción de que las monarquías absolutas derivaban su poder de Dios y a nadie tenían que rendirle cuentas. Del mismo modo, el autogobierno al que ahora nos referimos dentro de la tradición liberal, seguramente será corregido en el futuro por concepciones más ajustadas a la preservación de las autonomías individuales puesto que, como también queda dicho, esta evolución consiste en un camino que no tiene punto final para los humanos. Resultaría una inadmisible soberbia el suponer que podemos liberarnos de problemas o de llegar a un «fin de la historia», de lo que se trata es de minimizar costos y dolores que pueden ser evitados y que son artificialmente producidos.

No resulta posible adelantarnos a los tiempos ni explicar la importancia del techo del edificio antes de haber comprendido la necesidad de construir los cimientos. Una vez que se haya aceptado que los aranceles y tarifas aduaneras empobrecen, que la banca central necesariamente distorsiona precios relativos, que la educación tiene que ser abierta y libre de reglamentaciones, que las llamadas «conquistas sociales» perjudican muy especialmente a los más débiles, que los conflictos ecológicos se resuelven asignando derechos de propiedad, que hay un estrecho correlato entre obras filantrópicas y libertad, que los servicios de arbitraje privados y seguridad estén aún más generalizados de lo que están hoy en día, y que, en definitiva, se comprenda que la fuerza de carácter ofensivo resulta contraproducente, recién entonces se podrá considerar detenidamente el autogobierno. En esa situación, frente a un monopolista debilitado y escuálido, es posible que la gente decida abstenerse de pagar los pocos impuestos que queden en pie, lo cual forma parte de la tradición liberal cuando se estima que hay gravámenes innecesarios, desde el célebre caso del impuesto al té en la época revolucionaria estadounidense.

Siempre deben tenerse presente los riesgos y enormes peligros de la soberbia que pretende introducir tajos abruptos en la historia. Por el contrario, las rutas del cambio están enmarcadas en una secuencia evolutiva abierta a frecuentes correcciones y enmiendas que cubren amplios espacios e inmersos en procesos superpuestos de órdenes espontáneos a los que nos referiremos con algún detalle en el capítulo siguiente. En todo caso, es necesario tener muy en cuenta el severo y justificado llamado de atención y alerta de Edmund Burke cuando escribe, preocupado por las atrocidades perpetradas por la contrarrevolución francesa y sus tremendas derivaciones: «Deseo advertir a la gente contra el más grande de los males: el ciego y furioso espíritu de innovación bajo el nombre de reforma» (1795/ 1967: 166).

Eventualmente podría ser que el tránsito, si tiene lugar alguna vez, no se apartara mucho del diálogo que Borges deja consignado en una de sus ficciones:

—¿Qué sucedió con los gobiernos?— Según la tradición fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos; algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad sin duda habrá sido más compleja que este resumen (Borges, 1975/1998: 103-104).

Cuando se haya comprendido que la prestación de todos los servicios resulta más eficiente cuando los proveen los privados en competencia tal como, por ejemplo, lo explica, entre muchos otros, la medulosa recopilación de Beito, Gordon y Tabarrok (2002) o la obra de Foldvary (1994), recién entonces podrán entenderse las ventajas del autogobierno. Dentro de estos últimos renglones, seguramente uno de los más relevantes debido a su conexión directa o indirecta con los demás estriba en la necesidad de que todas las calles, avenidas y autopistas estén en manos privadas. Es, por tanto, conveniente detenernos unos instantes en este tema del modo en que ya lo he hecho en otra ocasión (1999: 229 y ss.), con el agregado de subrayar que los procesos abiertos y evolutivos en estos y en otros campos comentados, naturalmente pueden presentar en el futuro otros modos más efectivos aún de encarar los diferentes servicios.

En realidad, la historia muestra que antiguamente tanto los canales de navegación como los caminos primitivos se financiaban por medio del peaje en Inglaterra, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos (Pratt, 1912/1970 y Klein y Fiedling, 1991). Los primeros canales de comunicación de importancia fueron los canales fluviales privados por peaje, de allí el gran progreso tecnológico en cuanto a los sistemas de dragados, túneles, esclusas y puentes. Respecto de los caminos, en un comienzo eran símbolo de esclavitud y de trabajos forzados, caminos que fueron pasando paulatinamente a los pobladores y lugareños y también a las parroquias (de ahí que, por ejemplo, en la época de las Cruzadas, muchos obispos otorgaban indulgencias para los constructores y para quienes mantenían caminos en la esperanza de acelerar el proceso). En la actualidad, los canales de Suez y de Panamá fueron financiados por medio de la venta de acciones y la colocación de títulos en los mercados mundiales de capital. El Eurotúnel que une el continente con Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha es un emprendimiento que cuenta con 560 mil accionistas.

Con el comienzo de la utilización del hierro, la invención de John McAdam y la pavimentación posibilitaron que se colocaran los caminos terrestres en el primer nivel de atención. Se aplicaron los turnpikes (pago por peaje) como sistema de financiación. Luego los gobiernos comenzaron a intervenir por razones políticas, primero regulando precios y después fijando shadow prices que simulaban peaje, pero pagados al propietario del camino con fondos del gobierno, haciendo aparecer que el servicio era gratuito. Esta politización creciente y el consecuente estrangulamiento de las empresas privadas, junto con la aparición del ferrocarril, enviaron a muchas a la quiebra. Después de un largo interregno volvió a aparecer modernamente el sector privado, pero esta vez a través de la figura de la concesión, principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón (en este último país con el agregado interesante de la eliminación del «dominio eminente», es decir el trazado de rutas y caminos sin afectar derechos de propiedad a través de expropiaciones). La nueva irrupción del peaje se hizo primero con tolltags y barreras y luego el cobro electrónico sin barreras.

La concesión no sólo resta autonomía financiera a la operadora, ya que no puede recurrir a la tierra como colateral para garantizar créditos hasta el tiempo de maduración, sino que mantiene la propiedad en la órbita política, lo cual abre las puertas a intromisiones y crea desajustes y problemas en el mantenimiento según se acerca el momento de vencimiento de la concesión. También dificulta la flexibilidad para el manejo del negocio como el cobro de distintos precios a distintas horas según sea el tráfico para evitar embotellamientos o congestiones innecesarias o las negociaciones respecto de distintos «pisos» en las autopistas.

Debe tenerse en cuenta que el debate de fondo no es peaje versus no peaje, sino privado versus estatal ya que los procedimientos para el cobro podrían ser otros en el futuro. En el primer caso, además de resolverse los problemas descriptos, se resolverían los de la seguridad, la limpieza, la iluminación, la optimización de las normas de tránsito, se evitarían cortes violentos de rutas, las manifestaciones «en la vía pública», la pornografía, la prostitución y el uso de drogas, al tiempo que se facilitarían canales para la queja de usuarios desconformes, en lugar de la habitual resignación que se observa frente al consabido monopolista debido a las condiciones de veredas y calles que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

En este contexto entonces, habría básicamente tres grandes zonas: barrios residenciales cerrados (sólo para los inquilinos, propietarios y sus visitas), zonas comerciales (tiendas de todo tipo, sanatorios, consultorios, profesionales, lugares bailables, etc.), en cuyos lugares los caminos serán gratuitos del mismo modo que ocurre hoy en los centros comerciales y aledaños porque a los comerciantes les interesa la mayor afluencia de público posible. Debe aclararse también que muchos de los accesos a los centros comerciales mencionados pueden ser eventualmente sin cargo allí donde el verdadero negocio es inmobiliario, restaurantes o lo que fuera a los costados del acceso en cuestión. Por último, las zonas fabriles que operan de modo parecido a las residenciales, en cuanto a permisos de entrada y salida. De todas maneras, si hubiera calles interiores que requirieran financiación, se podría utilizar el sistema Oxford, es decir, el cobro por medio de cámaras que registran patentes. Y las interconexiones de autopistas, caminos y rutas serían motivo de acuerdos entre partes, del mismo modo que ocurre con el sistema de trochas en el ferrocarril, el eléctrico o el telefónico.

Se ha insinuado que los caminos privados amenazarán la libertad de desplazamiento, lo cual es tan desafortunado como decir que la telefonía paga amenaza la libertad de comunicación. En este último caso, al contrario, se amplía enormemente la comunicación (antes de la telefonía la gente estaba prácticamente incomunicada o tenía que gritar para lograr el objetivo, tal como sucede generalmente donde estos servicios son provistos por el aparato estatal). En el caso del tránsito, la situación primitiva antes de la construcción y los respectivos pagos por el servicio, el desplazamiento resultaba difícil, peligroso, y las más de las veces imposible en medio del acecho de fieras salvajes y amenazas de todo tipo y especie, obstruidos por malezas impenetrables o llanuras que no conducían a ninguna parte. En cuanto a los lugares desiertos o con poblaciones que no justifican la inversión en caminos, éstos no se construirán, pero si se decidiera lo contrario recurriendo a la fuerza, significaría consumo de capital, lo cual comprometería salarios de todos, situación que tendería a expandir las zonas inviables para construir carreteras y para muchas otras cosas, ya que las zonas rentables tenderán a contraerse.

Es cierto que quienes no cuentan con los medios necesarios para usar los servicios que brinda el esfuerzo de otros no los podrán utilizar, del mismo modo que sucede en áreas fundamentales y mucho más importantes tales como la alimentación, el vestido y también el resto de los bienes y servicios que se requieran, de lo cual no se desprende que, ni siquiera dentro del sistema del monopolio de la fuerza, se acepte que éste deba ocuparse de prestar aquellos servicios porque es sabido que la calidad se deteriorará. Como hemos consignado, la ayuda al necesitado se logra del modo más generalizado posible en regímenes de libertad, lo cual hemos puesto de manifiesto detalladamente en estudios de casos, en un libro escrito en coautoría (1998).

Si bien es correcto que, como señalábamos, desde el punto de vista de la secuencia didáctica y el orden cronológico, no tiene sentido distraerse discutiendo las características de los techos si todavía no se acepta que el edificio debe contar con cimientos, me ha parecido oportuno elaborar sobre el autogobierno en este capítulo para aquellos que, coincidiendo con la tesis central del libro en cuanto a que en el experimento más exitoso de la Tierra han aparecido grietas a poco andar y que actualmente se han ensanchado en forma alarmante, quieran, simultáneamente, espiar conjeturas para el futuro, no insistir en recetas anteriores, y esmerar la atención y el esfuerzo para contemplar y meditar cuidadosamente sobre la conveniencia y eventual posibilidad de dar un paso más en la larga, fructífera e interminable travesía liberal, abriendo de par en par las puertas a la libertad con un apoyo logístico más vigoroso para el respeto recíproco.

En su discurso inaugural del 20 de enero de 1981, Ronald Reagan dijo que en aquellas circunstancias «el gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema» (citado en Meese, 1992: 71). Sin embargo, aun en este caso de buenas intenciones, propósitos sanos y sólidos principios, el resultado negativo en cuanto al tamaño del aparto estatal se atribuye a lo que David Stockman, uno de los principales asesores de Reagan —el presidente estadounidense de ideas más liberales de los tiempos modernos—, desilusionado y apenado, caracterizó la gestión como «el triunfo de la política» (Stockman, 1987). Pero dado que aludimos al país que es relativamente el más avanzado del planeta, es pertinente citar otros pensamientos de su cuadragésimo gobernante, que van en la misma dirección de la antedicha aseveración en el discurso inagural. Así, dijo:

Mis amigos, hace unos años el gobierno federal declaró la guerra a la pobreza —y la pobreza ganó—. […] La política está supuesta de ser la segunda profesión más vieja. He venido a darme cuenta que se parece mucho a la primera. […] Aparentemente hay más conciencia de algo que nosotros los Americanos [estadounidenses] hemos sabido por algún tiempo y es que las diez palabras más peligrosas en el idioma inglés son: hola, soy del gobierno y he venido aquí para ayudar [Hi, I’m from the government, and I’m here to help]. […] El gobierno es como un bebé —un canal alimentario con mucho apetito en una punta y ningún sentido de la responsabilidad en la otra—. […] Como ustedes saben se ha dicho que el impuesto es el arte de arrancar plumas sin matar al pájaro. Es hora de que nos demos cuenta de que el pájaro ya no tiene plumas. […] A medida que el gobierno se expande, la libertad se contrae (Reagan, 2004: 88, 111-113, 154, 158 y 193).

Por otro lado, Edmund S. Morgan (1988: 13-14) ha escrito que «El gobierno requiere simulación. Que se pretenda que el rey tiene origen divino […] o pretender que la voz del pueblo es la voz de Dios. Que se pretenda que el pueblo tiene voz [en las decisiones] o pretender que los representantes son el pueblo» (énfasis en el original). Y recordemos que nada menos que James Madison advierte que

Dondequiera que resida el poder de un gobierno existe el peligro de opresión. En nuestros gobiernos el poder real radica en la mayoría de la comunidad, y la invasión a los derechos privados se logra principalmente no por los actos de gobierno, que son contrarios a sus mandantes, sino por actos en los que el gobierno es un mero instrumento del mayor número de sus mandantes (Madison, 1788/1867: vol. 1, 425).

A esto es a lo que precisamente se refería Stockman cuando escribía que «Consecuentemente, la política del gasto en Washington refleja las demandas heterogéneas y paranoicas del electorado disperso a través del país» (1987: 409).

Aquella preocupación madisoniana se conecta con sus reflexiones sobre las facciones mencionadas en el primer capítulo, pero la truculenta metamorfosis que ocurre en las muchedumbres la extiende a todos los casos. Así, escribe en el número 50 de Los papeles federalistas (Madison, 1788/1971: 283) que «En todas las asambleas numerosas, cualquiera sea el carácter de ellas, la pasión nunca falla en pelearle el cetro a la razón. Si todos los atenienses hubiera sido un Sócrates, todas las asambleas atenienses hubieran sido también una muchedumbre». En los ya referidos debates entre los federalistas y los antifederalistas, uno de los desacuerdos estribaba en que los primeros desconfiaban de la democracia, mientras que los segundos recelaban de las minorías aristocráticas. Un dilema insoluble por cierto, el cual, como está visto, no se resuelve con el llamado «gobierno mixto» que sólo en apariencia empaña los problemas a los que hemos apuntado.

Lo mismo ocurre con el constitucionalismo, puesto que, por las razones indicadas, el problema radica en la imposición del monopolio, por más que autores como Richard Epstein (1987: 41) sostengan que «La teoría constitucional, como yo la entiendo, trata de encontrar una manera de minimizar la suma de abusos que surgen de la voracidad del Legislativo por un lado, y la incompetencia judicial por otro». Robert H. Bork plantea que

Durante las pasadas décadas las instituciones americanas [estadounidenses] se han debatido con la tentación de la política. […Bajo] la creencia de que nada importa más allá de los resultados políticos deseados, cualquiera sea el modo de lograrlos […] los americanos [estadounidenses] cada vez más ven a las cortes, y particularmente la Corte Suprema, como política más que a una institución legal (Bork, 1990: 1, 2).

En verdad, ¿de qué otro modo pueden verse dados los incentivos del sistema? No sin una buena dosis de escepticismo, Emil Ludwig ha escrito que

Las ventajas del sistema monárquico han sido siempre mejor apreciadas en las democracias y sus desventajas en las monarquías. Uno siempre se siente inclinado a condenar la forma de gobierno del país en que vive y a considerar excesivamente favorable el sistema del vecino, cuyas faltas se esfuman con la distancia (Ludwig, 1941/1944: 248).

Los Padres Fundadores fueron tan perspicaces y tan desconfiados del poder, que, como hemos adelantado, incluso en la Asamblea Constituyente, en la sesión del 17 de septiembre de 1787, según consta en los registros de James Madison sobre los debates, Benjamin Franklin anticipó un final del esquema de gobierno propuesto en la Constitución estadounidense al advertir que «será probablemente bien administrado en el curso de años y puede sólo terminar en despotismo, tal como ha ocurrido con otras formas antes que él, cuando la gente sea tan corrupta como para necesitar un gobierno despótico, siendo incapaz de ningún otro» (Morley 1949/1972: 9). Ya dijimos también que Jefferson afirmó algo similar un año más tarde: «La evolución natural de las cosas es que la libertad ceda y el gobierno gane terreno» (1788/1944: 447).

Si lo que venimos diciendo en este capítulo fuera correcto, la política no sería la solución sino el problema. No la política como la búsqueda de un medio para la consecución de determinado fin, ni referido a la existencia de la polis en el sentido griego de la expresión, sino en cuanto a lo que se hace desde el monopolio impuesto de la fuerza o la actividad tendiente a acceder al uso de esa situación monopólica. Esto, como se ha expresado, de más está decir, no termina ni mucho menos con los problemas humanos lo cual nunca sucederá, de lo que se trata es de minimizar costos.

Es pertinente reiterar que en materias humanas la imperfección es inexorable, por tanto, cuando se compara el monopolio de la fuerza con el autogobierno debe tenerse siempre en la mira que la perfección está completamente fuera de la cuestión. De lo que se trata es de minimizar desperfectos y prestar debida atención a las características de la alternativa posible. Recordemos la célebre afirmación kantiana (que, entre otras cosas, inspiró el titulo de una de las colecciones de Isaiah Berlin, The Crooked Timber of Humanitiy): «con un leño torcido como aquel del que ha sido hecho el ser humano, nada puede forjarse que sea del todo recto», lo cual es otra manera de decir que la perfección no está al alcance de los mortales.

Como queda dicho, la sugerencia que hacemos aquí para que se medite con cuidado, se encuentra en las antípodas de las utopías que por definición significan la arrogante y grotesca pretensión de cambiar la naturaleza de las cosas, lo cual siempre condujo a padecimientos indecibles y, finalmente, al cadalso. Por el contrario, esta sugerencia abre caminos para que se ponga de manifiesto la naturaleza de las cosas, dejando sin efecto artificios y construcciones que en última instancia terminan asimilándose a verdaderas utopías que no sólo pretenden imposibles, sino que resultan a todas luces contraproducentes y que únicamente se explican como intentos de variado tenor por contener desbordes del poder en un interminable camino de prueba y error en el contexto del procesos de evolución cultural. Como también queda dicho, de más está decir que el estado de imperfección, las severas limitaciones y los graves problemas que caracterizan la condición humana no serán modificados por la sugerencia que insinuamos en este capítulo, pero, por lo menos, se habrán reducido algunas de las trabas que hoy cercan y encorsetan al ser humano. Ocurrirá del mismo modo que lo acontecido en cada instancia histórica donde hubo progreso, en la que se ciñó más el poder respecto de lo sucedido en etapas previas, en las que disminuyó la dosis de esquemas utópicos y se ensancharon espacios de libertad.

Reiteradamente nos hemos referido a las utopías como construcciones peligrosas y altamente perjudiciales. Sin embargo, John Hospers distingue entre utopías coercitivas y voluntarias. Las primeras son a las que aludimos nosotros, es decir, las que se basan en el manejo compulsivo de vidas y haciendas ajenas, mientras que este autor nos dice que las segundas se refieren a circunscribir el uso de la fuerza para cuando existe agresión a los derechos de otros, así escribe que «de este modo la única utopía digna de ese nombre es la utopía de la libertad individual, en donde no hay ningún plan general por lo que cada uno es libre de planificar su vida, mientras no interfiera por medio de la fuerza con los planes de otros para manejar sus propias vidas» (1983: vol. 33, n.º 9. Énfasis en el original).

Es a este último sentido al que se refiere Friedrich A. Hayek cuando explica que

Carecemos de una utopía liberal, un programa que no sea una mera defensa de las cosas como están ni un tipo de socialismo diluido, sino un verdadero liberalismo radical que no haga concesiones a los poderosos (incluyendo los sindicatos), que no sea severamente práctico y que no se amolde a lo que hoy aparece como políticamente posible (Hayek, 1949/1967: 194).

Por nuestra parte, subrayamos que constituye una utopía del primer tipo —el coercitivo— la imposición del monopolio de la fuerza, puesto que se basa en la presunción del conocimiento y en la arrogancia del diseño y la construcción que obstruye la posibilidad del descubrimiento y la aplicación de normas de convivencia civilizada. Entonces, en el contexto de este capítulo y de la clasificación de Hospers y el uso que Hayek atribuye a la expresión (entre otros autores), podría considerarse una utopía la esbozada en la presente exposición, no como algo física y biológicamente imposible de llevarse a la práctica, ni como un artificio impuesto a terceros, sino simplemente como una meta realizable y deseable en cuanto a no entronizar coactivamente el referido monopolio En todo caso, aunque, en última instancia, se trate de una cuestión de gustos, nos inclinamos a pensar que es preferible aludir a las posibilidades de adelanto y no a una utopía tal como nos dice Paul Johnson en este mismo contexto y en relación a la misma idea que sugerimos en este capítulo: «¿Puede lograrse? ¿Puede hacerse que opere? Tengo confianza y envidio a aquellos que vivirán para ver el cambio. […] Ese mundo no será Utopía, sino que será, para utilizar un término favorito de los victorianos, un adelanto» (Beito, Gordon y Tabarrok, 2002: «Prólogo»).

De cualquier manera, siempre debe tenerse muy presente la sentencia de Acton en el sentido de que «La pasión por el poder sobre otros nunca cesará de amenazar a la humanidad, y siempre encontrará nuevos caminos y nuevos aliados insospechados para continuar martirizando» (1895/1961: 43). Por otro lado, Tolstoi ha escrito que

Cuando de cien personas, una regentea sobre noventa y nueve, es injusto, se trata del despotismo; cuando diez regentean sobre noventa, es igualmente injusto, es la oligarquía; pero cuando cincuenta y uno regentean a cuarenta y nueve (y esto es sólo teórico ya que, en realidad, siempre son diez o doce de esos cincuenta y uno), se dice que es enteramente justo, ¡es la libertad! ¿Puede haber algo más gracioso por lo absurdo del razonamiento? Y, sin embargo, es el razonamiento que sirve de base a todos los reformadores de la estructura política (Tolstoi, 1902/1987: 165).

Como hemos apuntado más arriba, el problema no se suscita cuando los grupos voluntariamente adoptan decisiones por mayoría para asuntos que específicamente les conciernen en un ámbito de incentivos e intereses naturalmente fraccionados y dispersos, sino cuando ésta es impuesta de manera centralizada para dictaminar sobre todos los temas en bloque, en el contexto del monopolio de la fuerza. Las vallas de contención se derriban cuando la mayoría percibe que puede expoliar a la minoría, sólo es cuestión de levantar la mano en el recinto de la Legislatura.

En la oportunidad en que los nazis dejaron cesante a Karl Jaspers en la Universidad de Heidelberg, éste cuenta que, en 1938, un alumno le preguntó: ¿Por qué continúa escribiendo si no puede publicar y algún día todos sus manuscritos serán quemados? A lo que respondió: Uno nunca sabe, disfruto escribiendo, mi pensamiento se torna más claro en el proceso y, finalmente, si el régimen es destituido, no quiero encontrarme con las manos vacías.

Salvando las distancias y las circunstancias, ése es el motivo por el cual he escrito nuevamente sobre este tema en el presente capítulo: no encontrarme con las manos vacías, si, después de haberse entendido el valor de los cimientos y las paredes del edificio social, llegara el turno de discutir sobre el techo… aunque, claro está, siempre habrá más edificios por delante.

Las reservas morales

Es moral aquel cuya meta o motivo puede convertirse en norma universal.

Ralph Waldo Emerson, 1844

Lo que hemos escrito hasta aquí pretende mostrar el genio de quienes concibieron las bases institucionales de Estados Unidos y, de acuerdo con sus propias sospechas y desconfianzas respecto del daño inmenso de que es capaz el poder político, mostrar cómo se viene debilitando a pasos agigantados aquel sistema, a pesar de todos los cuidadosos resguardos y prevenciones, en última instancia, debido a un tema de incentivos que hemos procurado exponer en el capítulo precedente. Con todos los formidables embates recibidos, parece imposible que esa nación aún subsista, sin embargo, es menester subrayar que los espacios de libertad que se mantienen siguen trasmitiendo una energía de tal magnitud que las fuerzas destructivas que operan, por el momento, no parecen lo suficientemente potentes para contrarrestar los islotes de oxígeno que genera el espíritu libre. Está en nuestras manos intentar el apuntalamiento del sueño estadounidense fortaleciendo y ensanchando aquellos espacios de libertad, que es, en última instancia, el sueño de todos los hombres libres.

En esta tarea, dentro de Estados Unidos, existen múltiples esfuerzos de notable fertilidad que operan bajo diversas premisas, en distintas direcciones y que cubren áreas muy diferentes, pero todas ellas con el noble propósito de retomar las metas, las bases y la ruta trazada por los Padres Fundadores. Afortunadamente, no tendríamos espacio para nombrar a todas las estadounidenses y los estadounidenses que se conocen públicamente (para no decir nada de las innumerables personas que no salen a la luz pública) que realizan esfuerzos cotidianos desde los más diferentes planos y actividades en pos de los principios de una sociedad abierta.

Muchos son las profesoras y profesores que realizan tareas ejemplares en sus cátedras y en centros de investigación. No mencionamos las instituciones correspondientes porque no pueden considerarse en bloque como inclinadas al estudio y la defensa de la filosofía liberal. En cambio, sí podemos mencionar algunas de las entidades más destacadas que han contribuido y contribuyen en esa dirección en Estados Unidos —que allí muchos identifican como libertarians—.

En este sentido, menciono en primer término a la excelente institución pionera en la materia: la Foundation for Economic Education. Luego, deben señalarse de modo muy especial Cato Institute, The Independent Institute, Liberty Fund y The Ludwig von Mises Institute. Sin pretender una enumeración taxativa, siguen a estos formidables ejemplos de obras extraordinarias entidades como The Locke Institute, Future of Freedom Foundation, The Association of Private Enterprise Education, Institute for Justice, Acton Institute, Political Economy Research Center, Institute for Humane Studies, The Objectivist Society, Pacific Research Institute for Public Policy, The Federalist Society, Adam Ferguson Institute, The American Cause, Competitive Enterprise Institute y The Alexis de Tocqueville Institution. También operan con éxito centros conservadores como The Heritage Foundation, que sobresale en primer término en esta tradición de pensamiento y que también lleva a cabo diversos programas y edita trabajos, los cuales incluyen puntos en común con la perspectiva liberal.

Al efecto de ilustrar las enormes reservas morales en Estados Unidos, además de las múltiples manifestaciones de pensadores estadounidenses contemporáneos que hemos citado en el transcurso de este libro, citaremos más abajo algunos otros pensamientos sustanciosos que, desde diversos ángulos, ponen de manifiesto las preocupaciones a que venimos aludiendo. Están tomados sin la más mínima pretensión de establecer prioridades ni marcar jerarquías intelectuales. Elegidos al azar dentro de los múltiples ensayos que abordan la materia, pero con la intención de seleccionar autores que representan el amplio abanico de procedencias, como decimos, pensamos que sirven para graficar la existencia de reservas morales, además de las ya consignadas en los diez capítulos precedentes.

De la misma manera que ocurre con todos los autores, hay puntos de coincidencia y de disidencia con sus escritos. Esto sucede incluso con los libros que nosotros mismos publicamos: después de transcurrido un tiempo consideramos que podríamos haber incluido determinados conceptos o suprimido ciertas ideas por estimarlas erróneas o superfluas —para no decir nada de la redacción, puesto que, al decir de Borges, citándolo a Alfonso Reyes, «como no hay texto perfecto, si uno no publica se pasa la vida corrigiendo borradores»—. En el caso de otros autores, la situación es más complicada en el sentido de que el adherir a un aspecto de los escritos en modo alguno significa suscribir el resto de lo que se ha expuesto. Más aún, podemos no compartir el eje central de lo que piensa un autor y, sin embargo, concordar con algunos pasajes de lo que escribe. Esto debe tenerse muy en cuenta para las citas que hemos seleccionado.

Pero antes de proceder a la reproducción de las citas en cuestión y las respectivas consideraciones que sobre ellas formularemos, nos parece que, en este contexto de las reservas morales, es de gran importancia detenernos a comentar el significado de lo que ha dado en denominarse «el orden espontáneo» sobre el que está en gran medida construido, no solamente la coordinación social de la libertad, sino que subraya el progreso como un proceso imposible de planificar. Órdenes espontáneos, no en la versión desfigurada de la idea, en cuanto a que «todo se dará automáticamente» sin que los seres humanos hagan nada, sino en el sentido de que las innumerables propuestas humanas no construyen el orden sino que, en el mejor de los casos, contribuyen a abrir sus puertas.

El origen de la noción de orden espontáneo propiamente dicho se sitúa en Michael Polanyi:

Cuando vemos un arreglo ordenado de las cosas, instintivamente asumimos que alguien lo ha colocado intencionalmente de ese modo. Un jardín bien cuidado debe de haber sido arreglado; una máquina que trabaja bien debe haber sido fabricada y ubicada bajo control: ésta es la forma obvia en el que el orden emerge. […] Pero existe otro tipo de orden menos obvio basado en el principio opuesto. El agua en una jarra se ubica llenando perfectamente el recipiente con una densidad igual hasta el nivel de un plano horizontal que conforma la superficie libre: un arreglo perfecto que ningún artificio humano puede reproducir según el proceso gravitacional y de cohesión. […] Cuando el orden se logra entre seres humanos a través de permitirles que interactúen entre cada uno sobre las bases de sus propias iniciativas tenemos un orden espontáneo en la sociedad. Podemos entonces decir que los esfuerzos de estos individuos se coordinan a través del ejercicio de las iniciativas individuales y esta auto-coordinación justifica sus libertades en el terreno público. […] El ejemplo más extendido del orden espontáneo en la sociedad —el prototipo del orden establecido por una «mano invisible»— estriba en la vida económica basada en el conjunto de individuos en competencia (Polanyi, 1951: 154-156).

Toda la idea de la libertad y su fundamento moral del respeto recíproco está basada en esta noción, es decir, en la coordinación y cooperación social que surge en la sociedad como un fenómeno espontáneo, abierto y libre y no el resultado del diseño de ingenieros sociales que planifican las acciones de las personas. Más aún, esta última acción quiebra el orden y produce descoordinaciones en la sociedad. Como dice Polanyi, acostumbrados a ver el orden de lo obvio, frecuentemente no se percibe el otro tipo de orden subyacente, más complejo y mucho más importante para las relaciones sociales. En el capítulo anterior queda expresado un ejemplo central del orden espontáneo que muchas veces no se percibe porque está presente el síndrome del ingeniero social.

En última instancia, la extrapolación ilegítima de los ejemplos sencillos que ofrece Polanyi a las más complejas relaciones sociales, revela arrogancia y presunción del conocimiento. Es decir, el síndrome referido opaca la posibilidad de ver la coordinación en libertad que, como hemos manifestado en el capítulo precedente, para nada significa que las relaciones sociales puedan desenvolverse sin normas de convivencia, el asunto consiste en percatarse de los procesos por los cuales se logran las normas de mejor calidad y eficiencia.

La idea que desarrolló Polanyi proviene de contribuciones anteriores de una gran fertilidad, especialmente las de Bertrand Mandeville, Adam Ferguson, Adam Smith y David Hume. El primero (Mandeville, 1729/1982: 52 y ss.) de una manera irónica y a través de largas disquisiciones, muestra cómo el interés personal, que a veces se considera vicioso, produce resultados benéficos para la sociedad aunque los actores no hayan previsto ni buscado esos resultados puesto que están concentrados en sus beneficios personales, en contraste con muchas que son el resultado de la imposición deliberada y que pretenden lograr buenos resultados planeados para el conjunto pero terminan perjudicando a todos.

El segundo afirma que

La humanidad, siguiendo lo que indica la mente de cada uno, busca remover inconvenientes, busca obtener ventajas aparentes y llega a fines que sus imaginaciones no podían anticipar. […] Como los vientos que no sabemos de dónde proceden y que soplan por los más diversos lugares, del mismo modo las formas de la sociedad derivan de un origen distante y lejano. […] y las naciones tropiezan con lo establecido que es el resultado de la acción humana mas no el resultado del diseño humano. […] Por tanto, debemos recibir con cautela las historias tradicionales sobre legisladores de la antigüedad y los fundadores de estados. Sus nombres han sido largamente celebrados, sus supuestos planes han sido admirados y lo que fue probablemente la consecuencia de una situación es, en cada instancia, considerado como el efecto del diseño (Ferguson, 1767/ 1966: 122-123).

Esta reflexión de Ferguson pone el dedo en la acostumbrada petulancia de pretender que las cosas ocurren según el diseño del planificador con el supuesto control de todas las consecuencias queridas y no queridas, sin percibir que, como hemos comentado antes, el conocimiento está muy fragmentado y disperso y los sucesos son consecuencia de la interacción y aprovechamiento de ese conocimiento, lo cual queda bloqueado cuando se pretenden imponer arreglos y coordinaciones forzosas en base a la indefectible ignorancia concentrada en el ingeniero social puesto que, por definición, no da lugar a la utilización del antes mencionado conocimiento disperso.

Adam Smith ilustra muy bien el punto:

El hombre del sistema […] está generalmente tan enamorado de la belleza de su propio plan de gobierno que considera que no puede sufrir ni la más mínima desviación de él. Apunta a lograr sus objetivos en todas sus partes sin prestar la menor atención a los intereses generales o a las oposiciones que puedan surgir: se imagina que puede arreglar las diferentes partes de la gran sociedad del mismo modo que se arreglan las diversas piezas en un tablero de ajedrez. No considera para nada que las piezas de ajedrez puedan tener otro principio motor que la mano que la mueve, pero en el gran tablero de ajedrez de la sociedad humana cada pieza tiene su propio principio motor totalmente diferente de lo que el legislador ha elegido imponer (Smith, 1759/1969: 168-169).

También Smith apunta que «El productor o comerciante […] solamente busca su propio beneficio, y esto como en muchos otros casos, está dirigido por una mano invisible que promueve un fin que no era parte de su intención atender» (1776/1937: 426), porque «No debemos esperar nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino que se debe a sus propios intereses. No nos dirigimos a su humanidad sino a su interés personal, y nunca conversamos con ellos de nuestras necesidades sino de sus ventajas» (1776/1937: 14). Así describe el padre de la economía el orden natural de la libertad.

Por su parte, y en la misma dirección y con el agregado de la benevolencia que también es tratado del mismo modo por Ferguson y Smith, Hume explica que

Por un giro de la imaginación, por un refinamiento de la reflexión, por un entusiasmo de la pasión, parecemos tomar parte de los intereses de los demás y nos consideramos despojados de toda consideración egoísta. Pero, en el fondo, el patriota más generoso y el mezquino más miserable, el héroe más valiente y el cobarde más abyecto tienen, en toda acción, una igual consideración por su propia felicidad y bienestar. Quienquiera que, de la aparente tendencia de esta opinión, concluye que aquellos que la profesan no pueden de ningún modo sentir un verdadero sentimiento de benevolencia o tener alguna consideración por la genuina virtud, se encontrarán a menudo, en la práctica, muy equivocados. […] Yo estimo al hombre cuyo amor a sí mismo se ha guiado en modo tal —por cualquier medio que sea— que le hace interesarse por los demás y ser servicial a la sociedad, así como odio o desprecio a aquél que no se interesa por nada, que no está más allá de sus propios goces y satisfacciones (Hume, 1751/1945: 166-167).

A través de sus escritos, David Hume, precisamente, revela un acabado ejemplo de dedicación por el bienestar de los demás y, sin duda, ha hecho más que muchos de los que alardean y vociferan sobre los enormes sacrificios que llevan a cabo en pos de la humanidad. Estas últimas son descripciones muy acabadas de la naturaleza humana realizadas en el siglo xviii, y que se encuentran en la antípodas de las antes mencionadas utopías que pretenden fabricar al «hombre nuevo», experimentos que han producido y producen hambrunas, muertes, dolor y enormes padecimientos a vidas que ya no se recuperan. Aquí está presente en toda su fuerza la arrogancia de gobernantes megalómanos que no se conforman con la naturaleza de las cosas y se proponen rediseñarla a punta de bayoneta.

Esta incomprensión de la naturaleza de las cosas y el consiguiente desconocimiento del significado del orden espontáneo conduce a que ingenuamente se sostenga que si el gobernante no planifica, por ejemplo, habrá mucha leche y poco pan o muchos ingenieros y falta de médicos. Se continúa diciendo que dejar las cosas a la deriva no conduce a buen puerto, sin detenerse a considerar que no es estar a la deriva el hecho de que la gente diariamente conduzca sus propios asuntos. Por el contrario, están a la deriva cuando los asuntos de cada uno son interferidos por la fuerza desde los gobiernos. Esto es así debido a que, por una parte, los agentes del monopolio de la violencia no conocen ni pueden conocer los gustos, preferencias y deseos de millones de personas por la sencilla razón de que la información no se encuentra disponible antes de que las respectivas elecciones tengan lugar. Por otra parte, al entrometerse los gobiernos, necesariamente se alteran los precios con lo cual estos indicadores trasmiten señales equivocadas a los operadores que, a su turno, provocan consumo de capital que se traduce en disminución de salarios en términos reales. Esta alteración, a su vez, no permite llevar a cabo evaluaciones de proyectos, contabilidad y, en general, cálculo económico sobre bases confiables.

La coordinación y el orden espontáneo a que nos venimos refiriendo puede ilustrarse con un ejemplo cotidiano al que ha recurrido John Stossel en una presentación televisiva. Imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola de un supermercado. Imaginemos todos los cientos de miles de operaciones que han tenido lugar para que este alimento se encuentre a disposición del consumidor final. Imaginemos la empresa inmobiliaria que vende un campo. El agrimensor que mide las parcelas. El peón que recorre el campo. La adquisición de caballos. La fabricación de monturas. Las siembras y cosechas. La producción de sembradoras y cosechadoras. Las cartas de crédito. Los bancos involucrados. Las transportadoras. La empresa de semillas. Los fertilizantes. Los plaguicidas. Las múltiples transacciones y decisiones diarias en cada una de estas empresas. La adquisición de hacienda. Los procesos de engorde. Los cuidados en la reproducción. Los veterinarios. La construcción de mangas. Las productoras de vacunas. En fin, ésta es una muy sucinta mención de algunos de los elementos que intervienen para que aquel trozo de carne se encuentre exhibido en la góndola, lo cual desde luego requiere la administración del propio supermercado y la estimación de quiénes y cuándo comprarán. Ninguna mente planificadora coordinó estos cientos de miles de contratos y decisiones diarias; cada uno pensando en su interés personal y sin tener la menor preocupación por lo que ocurrirá en la etapa siguiente, crea, sin proponérselo, un orden que escapa a las posibilidades de los miembros de estas complejas relaciones, individualmente considerados. Éste es sólo un ejemplo de los millones de arreglos que se suceden permanentemente. Sin embargo, cuando aparecen los planificadores estatales, debido a las razones apuntadas, se vacían las góndolas y se producen todo tipo de enfrentamientos y descoordinaciones.

En los procesos de mercado (que es otra manera de referirse a los millones de arreglos contractuales libres y voluntarios) las personas al comprar o abstenerse de hacerlo van reflejando sus valoraciones subjetivas a través de los precios. Son éstas señales las que sirven para trasmitir conocimientos dispersos y mostrar en cada instante (descontado todos los factores relevantes), dónde conviene invertir los siempre escasos recursos y dónde no hacerlo. A su vez, como se ha hecho notar ut supra, quienes aciertan en los reclamos de la gente obtienen ganancias y quienes no lo hacen incurren en pérdidas, con lo que la asignación de factores productivos se ubica en las manos de quienes la gente considera son más aptos para satisfacer sus demandas.

Por esta razón es que comentábamos que, en la medida en que el aparato estatal se entromete en el proceso de mercado, afecta los precios con lo que va desapareciendo la posibilidad de cálculo económico. A su turno, el precio es consecuencia de la existencia de la propiedad privada: las cotizaciones surgen de las transacciones de lo suyo de cada cual. Si no hay propiedad, no hay precios y si estas señales no existen (o son consecuencia del dictado de la autoridad y, por ende, no reflejan las estructuras valorativas), carece de sentido la contabilidad. En el mejor de los casos, se anotan simples números dictados por las autoridades gubernamentales que nada significan desde la perspectiva económica. En este caso, sólo se consume tiempo, tinta y papel pero los valores del activo, del pasivo y del patrimonio neto no reflejan la realidad.

En los tiempos más recientes, Salvador de Madariaga se ha referido al concepto al escribir que «El liberalismo, por el contrario, parte de un desorden aparente —la libertad de cada cual— para ir a dar a un orden vital, el que termina por establecer como consecuencia de la organización gradual de la sociedad humana como la forma más elaborada de vida» (1966: 123). Pero sin duda, contemporáneamente, ha sido Hayek quien más ha trabajado y desarrollado esta idea, quien afirma que

Nuestra aseveración principal será que los órdenes complejos comprenden más datos particulares de lo que ningún cerebro puede registrar o manipular y que sólo pueden surgir a través de fuerzas que inducen a la formación de órdenes espontáneos […en los que] se utiliza el conocimiento separado de todos sus miembros sin que ese conocimiento sea susceptible de estar concentrado en ninguna mente singular ni puede estar sujeto a los procedimientos de coordinación deliberada (Hayek, 1973: vol. I, 38 y 42).

También Hayek explica que

Emergieron con éxito todos los problemas sociales y particularmente los de la teoría económica a raíz de preguntarnos cómo se hubieran desarrollado las cosas si nunca hubieran habido actos deliberados de legislación que interfirieran. […E]l concepto de la ley natural, contra el que reaccionó la moderna jurisprudencia que es la pervertida concepción racionalista que interpretó la ley natural como una construcción deductiva de la «razón natural» más bien que el producto de un proceso no diseñado. […] La ley no sólo es más antigua que la legislación e incluso que el Estado organizado: toda la autoridad del legislador y del Estado deriva de un concepto preexistente de justicia (Hayek, 1967: cap. VI, 98, 101-102).

Y en otro ensayo destaca que

uno de los mayores problemas de la política económica o del establecimiento de un sistema económico eficiente consiste en preguntarse cuál es el mejor modo de utilizar el conocimiento disperso entre la gente. […] Ésta no es una disputa sobre si debe haber o no planificación. Es una disputa sobre si la planificación se hará centralmente, por una autoridad para la totalidad del sistema económico, o si estará dividida entre los muchos individuos. […] Necesitamos la descentralización porque sólo así podemos asegurarnos de que el conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar será usado oportunamente. […] La tesis de que sin el sistema de precios no podemos preservar una sociedad basada en una extensiva división del trabajo como la nuestra, fue recibida con aullidos y mofas cuando fue presentada por primera vez por [Ludwig] von Mises hace veinticinco años (Hayek, 1945/1948: 78-79, 84 y 89).

En este contexto de la presunción del conocimiento es que Hayek formuló sus consideraciones en su discurso con motivo de la aceptación del premio Nobel en Economía, cuando afirmó que los economistas «tenemos en verdad poco de que enorgullecernos: como profesión hemos embarullado las cosas» (1974/1978: 23).

La mayor parte de los problemas sociales son consecuencia de la presunción del conocimiento y la consecuente «arrogancia fatal», tal como titula Hayek su último libro (1988). Hay dos razones fundamentales para ser liberal, Una es de orden ontológico: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros; y la otra es de carácter epistemológico, es decir, el hecho de tener el no sé socrático a flor de labios. Apenas podemos con nuestra propia psique como para tener la arrogancia de manejar millones de vidas ajenas. Si nos piden que digamos qué vamos a hacer el mes que viene, la semana que viene o mañana, podemos formular una conjetura, pero llegado el momento, como se modifican las circunstancias, también modificamos nuestras prioridades. En otros términos, no sabemos qué haremos mañana con nuestras propias vidas, no podemos cometer la impertinencia y la temeridad de pretender manejar las de los demás.

La comprensión del orden espontáneo y las consiguientes ventajas inmensas que reporta para el ser humano el respeto al complejo ordenamiento natural que subyace a sus acciones significa que el hombre tiene la gran oportunidad de sacar partida de tal estado de cosas, lo cual no descarta la posibilidad de que utilice su libre albedrío para anularse y degradarse como persona, por ejemplo, manteniéndose drogado hasta perder el conocimiento, embruteciéndose hasta retrotraerse al nivel del animal no racional o demandando la feroz e implacable intromisión del aparato estatal hasta deglutir todo vestigio humano, siempre en el contexto de una cretinización mayúscula que a su paso condena y aplasta a quienes tienen sentido de autorrespeto, dignidad y consideración por los derechos de su prójimo. Esta decadencia es la que precisamente se insinúa con cierta vehemencia en Estados Unidos y debido a la cual escribimos este libro con la intención de reforzar las alarmas, en la esperanza de que las reservas morales a las que aludimos brevemente en este capítulo puedan finalmente prevalecer. De todos modos, nunca la opción es la fuerza que arranca de cuajo la posibilidad de elección moral con la pretensión de enderezar actividades, siempre y cuando no se comprometan derechos de terceros. Como hemos expresado, la contracara de la libertad es la responsabilidad y se cosecharán los frutos de lo que se siembre, y cada uno deberá absorber las consecuencias de lo que ha tenido éxito en realizar en una u otra dirección.

Vamos ahora a las citas prometidas para ilustrar de algún modo las reservas morales del momento en Estados Unidos, a las que se agregan las conductas y los procedimientos diarios de tantas miles de personas desconocidas para el gran público, pero que contribuyen permanentemente a crear una sólido entramado de principios y valores que dan sustento y mantienen moralmente a ese país, a pesar de sus desventuras.

De los textos elegidos para este fin, de una gama de procedencias muy dispar, los tres primeros temas —el relativismo en sus cuatro facetas, la necesidad del pluralismo y el determinismo físico, que, en última instancia, se traduce en materialismo filosófico— son los más trascendentes ya que es en esos campos donde se centra el aspecto capital de la sociedad abierta y desde donde derivan los demás aspectos cruciales. El determinismo físico niega la libertad, el relativismo la hace inoperante y la negación del pluralismo no permite el progreso a través del estancamiento en el conocimiento.

Nicholas Rescher (1997) argumenta que las cosas son y poseen ciertos atributos y características independientemente de nuestras opiniones. Demuestra las falsedades del relativismo epistemológico, cultural, ético y hermenéutico propio del posmodernismo. Explica que una proposición verdadera, por el principio de no contradicción, no puede simultáneamente ser falsa. Que la afirmación de que todo es relativo convierte en relativa esa misma afirmación. «La objetividad facilita la comunicación porque al proceder objetivamente, al hacer lo que otros hubieran hecho, nos hacemos inteligibles» (1997: 86). «Si no se presupone la objetividad ontológica, la misma idea de investigar nuestro mundo sería imposible» (1997: 91).

La objetividad de la que habla Rescher nada tiene que ver con el hecho de los gustos subjetivos. Las preferencias subjetivas y la consiguiente teoría marginalista del valor en economía para nada contradicen el hecho de que las cosas son como son con total independencia de las opiniones que puedan tenerse sobre esas cosas distintas personas en momentos diferentes: «La circunstancia de que diferentes personas ven de manera diferente no destruye ni degrada la cosa en sí» (1997: 71).

Tampoco la objetividad del mundo significa que necesariamente se posea la verdad sobre ese mundo. Los esfuerzos intelectuales apuntan a descubrir la verdad, de lo que no se desprende que se tenga certeza. Como hemos mencionado, todas las afirmaciones son corroboraciones provisorias sujetas a refutación. En esto consiste la senda del conocimiento: el avance de hoy será superado mañana con un nuevo paso en busca de la verdad, es decir, la concordancia entre el juicio y el objeto juzgado.

El relativismo cultural pretende que las diversas culturas y grupos humanos tienen distintas verdades sobre el mismo asunto. Esto pasa por alto el hecho de que de las diversas manifestaciones culturales y creencias no se sigue que no existan criterios objetivos para juzgar la validez o la falsedad de tal o cual proposición.

Respecto del relativismo ético, sostiene el autor que «Si no hubiera valores morales absolutos y universales, no habría moral» (1997: 163). «La clave de lo apropiado moralmente no es lo que deseamos o lo que queremos, sino lo que está en nuestro mejor interés […] actuar moralmente es lo inteligente para aquellos que se preocupan por su interés personal» (1997: 163).

El valor moral básico estriba en el respeto a otras personas (incluso los relativistas éticos se molestan cuando se les falta el respeto). El otro aspecto de la moral, en el que nada tiene que hacer el aparato de la fuerza, campo sobre el que declaman los cruzados de la moral autoritaria, es el autorrespeto, esfera que, como decimos le concierne exclusivamente al interesado (por otra parte, «moral autoritaria» es en última instancia una contradicción en los términos, son conceptos mutuamente excluyentes ya que para que una conducta pueda juzgarse a la luz de la ética se hace imperiosa la voluntariedad del acto, puesto que nadie es moral si su acción fue realizada a punta de pistola).

Respecto del relativismo hermenéutico, cabe señalar que del hecho de que el lenguaje esté conformado por símbolos que son el resultado de una convención (no hay conexión necesaria entre el enunciado y la realidad), de allí no se desprende que se puedan interpretar los signos lingüísticos de cualquier manera, puesto que eso imposibilitaría la comunicación.

Dice Rescher que

El proceso de desconstrucción —el disolver interpretativamente cada uno de los textos en un supuesto equivalente igualmente meritorio— […no permite ver que] la interpretación de textos no es una cuestión de imaginación que flota libremente, es una cuestión de rigor académico. […] Es necesario para encarar una investigación razonable en cuanto a las interpretación de textos que se deje de lado la idea equivocada de que podemos olvidarnos de la existencia del mundo extratextual con el que nosotros los humanos nos interrelacionamos sobre la base de textos (Rescher, 1997: 201 y 204).

En otra de las obras de Rescher, se pone énfasis en subrayar la importancia del pluralismo y los graves inconvenientes del consenso ya que los debates abiertos entre teorías rivales es lo que permite, a través de refutaciones y críticas, mejorar el nivel de conocimientos.

[L]os límites a la libertad de formar, mantener y patrocinar creencias son contraproductivos. […] El hecho es que la ciencia no es un asunto consensual, la controversia es lo común en ese ámbito. […] El acceso a nuevas verdades —nueva información científica— inevitablemente engendra nuevos interrogantes […] el disenso y la controversia son la corriente sanguínea del trabajo científico (Rescher, 1995: 23 y 39-40).

Estas reflexiones no implican escepticismo (Rescher, 1995: cap. 5); muy por el contrario, los debates plurales están vinculados al primer tema que mencionamos de este autor, esto es, la objetividad del mundo, en cuanto a que el pluralismo es el método para descubrir la verdad y, en modo alguno significa poner en tela de juicio la capacidad del ser humano para mejorar sus conocimientos. También el autor señala los inconvenientes del sincretismo, es decir, asimilar forzadamente posiciones distintas. Precisamente, resulta necesario que existan posturas intelectuales distintas y opuestas al efecto de poner a prueba los propios conocimientos y facilitar las modificaciones necesarias.

Respecto al tercer tema que consideramos crucial —el determinismo físico— debemos subrayar que, si esta postura fuera correcta no habría tal cosa como proposiciones verdaderas y proposiciones falsas, ni ideas autogeneradas ni, consiguientemente, la posibilidad de revisar nuestros propios juicios. Si le preguntáramos a un partidario del determinismo físico si él sería capaz de sostener algo distinto de lo que está sosteniendo y responde por la positiva, quedará refutado ese determinismo y probada la validez de la posición opuesta, el libre albedrío. Si, en cambio, nuestro interlocutor responde negativamente, no tendría sentido seguir conversando con él puesto que procede como el loro o la máquina que son consecuencia de los respectivos programas con que fueron alimentados.

Los seres humanos actúan, esto es: prefieren, eligen, seleccionan y deciden. Tienen propósito deliberado. El resto de las especies conocidas reaccionan, esto es, responden a determinado estímulo que los condiciona. El ser humano, en cambio, tiene libre albedrío, lo cual, a su vez, significa pensar, razonar y concluir cuál es el camino que se seguirá. Por esto es que carece de sentido el debate con un determinista físico, por la misma razón de que no hay debate propiamente dicho con un loro. De más está decir que el libre albedrío implica responsabilidad individual, permite aludir a la moralidad de sus actos y a la libertad. No es responsable el canguro, ni tiene sentido hacer referencia a su moral, ni a su libertad en el sentido de la ausencia de coacción de otros, puesto que está determinado por sus instintos y los nexos causales inherentes a su condición de canguro.

Nathaniel Branden explica las falacias del determinismo físico. Sostiene que el libre albedrío significa que el hombre es capaz de actuar y que no está determinado por causas ajenas a su control, que no hay condicionamientos como antecedentes que resulten suficientes para explicar su acción (1969/1974: 434). Sostiene que

El determinismo declara que aquello que el hombre hace, lo tenía que hacer, aquello en lo que cree, tenía que creerlo, si centra su atención en algo, lo tenía que hacer, si evita la concentración, lo tenía que hacer […] no puede evitarlo. Pero si esto fuera cierto, ningún conocimiento —ningún conocimiento conceptual— resultaría posible para el hombre. Ninguna teoría podría reclamar mayor validez que otra, incluyendo la teoría del determinismo […] no pueden sostener que saben que su teoría es verdadera; sólo pueden declarar que se sienten imposibilitados a creer de otra manera […] son incapaces de juzgar sus propios juicios. […] Una mente que no es libre de verificar y validar sus conclusiones, una mente cuyo juicio no es libre, no tiene modo de distinguir lo lógico de lo ilógico […] ni derecho a reclamar para sí conocimiento de ninguna especie. […] Una máquina no razona, hace lo que el programa le indica. […] Si se le introducen autocorrectores […a una máquina], hará lo que indiquen esos autocorrectores […] nada de lo que allí surja puede asimilarse a la objetividad o a la verdad, incluso la idea de que el hombre es una máquina (Branden, 1969/1974: 435-437. Énfasis en el original).

Chesterton, con su pluma rebosante en ironía y sarcasmo, nos dice sobre el determinismo que, incluso, no tendría ningún sentido agradecerle a nuestro compañero de mesa cuando, a nuestro requerimiento, nos alcanza la mostaza puesto que el sujeto en cuestión estaría inexorablemente compelido por sus genes y circunstancias a proceder de ese modo y, por ende, no tendría mérito alguno al actuar como actúa (1936/2003: 206). A menos —agregamos nosotros— que quien agradece también estuviera determinado a decir lo que dice, en cuyo caso la expresión gracias carecería por completo de significación y, por ende, no aludiría a un reconocimiento por el gesto a que nos venimos refiriendo.

Por otro lado, agregamos también, siguiendo a Popper-Eccles (1977/1982), que la falsedad del determinismo físico estriba en que el ser humano no está compuesto solamente de kilos de protoplasma. Si esto fuera así, los nexos causales inherentes a la materia determinarían su proceder. La razón por la cual esto no es de esa manera, se debe a que su mente o psique (alma en griego), se diferencia del cerebro material y comanda las acciones, ejecutadas a través de su estructura neuronal y corporal. El primero de los autores nombrados sostiene que la psique emerge en el contexto de un proceso evolutivo y el segundo es creacionista, pero el hecho es que lo relevante en este caso consiste en la necesaria diferenciación de lo material respecto de la fuerza impulsora inmaterial, y que si los humanos fueran sólo carne y hueso, no habría manera de independizarse de las relaciones causales impresas en la materia, lo que, a su vez, como queda expresado, no permitiría el pensamiento, la argumentación, el razonamiento ni el conocimiento propiamente dicho. En otros términos, no sería posible atribuir libertad (libre albedrío) al hombre, con todas las consecuencias que de ello se deriva.

Lo dicho es independiente de que el universo sea abierto y que, al contrario de lo que sostenía Laplace, se suceden cambios no previstos e imprevisibles en el cosmos que, a su vez, dan lugar a la evolución. El punto que destacamos es la libertad como característica exclusiva de la especie humana (o más bien, la especie que tiene propósito deliberado, lo cual, en rigor, no se limita a la que habita en el humus, esto es, en el planeta Tierra).

Insistimos en la importancia de los tres primeros temas que hemos mencionado en este contexto de las reservas morales, no sólo por lo referido más arriba sino porque el embate a la sociedad abierta en Estados Unidos, y por tanto, el debilitamiento de esos valores y principios, viene principalmente a través de las antedichas corrientes filosóficas: relativismo, tentativas de negación del pluralismo y determinismo físico.

Otro punto que consideramos importante en conexión a las reservas morales es la trascendencia de la generosidad, que hemos mencionado como una de las características del pueblo estadounidense en el primer capítulo y en éste en el contexto del orden espontáneo. Virtud ésta que fortalece las relaciones sociales y le otorga mayor cohesión, al tiempo que hace la vida más agradable y armoniosa.

La generosidad significa entregar al prójimo. Qué es lo que se entrega concretamente dependerá de las circunstancias muy específicas y particulares de cada uno. Se pueden entregar conocimientos, es decir, alimentos para el alma, lo que constituye la manifestación más excelsa de amor. Si uno en verdad quiere a otra persona, lo que más desea es que progrese como ser humano y, como es sabido, lo característico del hombre es su racionalidad, por ende, su alimento es el objeto primordial de la condición humana. Por otra parte, puede tratarse también de la entrega de una córnea, de un riñón, de consejos, de bienes materiales en especie o en dinero para muy diversos fines (alimentación, vestimenta, recreación, salud, educación, etc.). Son muy variadas y cambiantes las necesidades y requerimientos que tienen las diferentes personas, por eso es que señalamos que es imposible establecer a priori en qué consiste concretamente la entrega generosa, ya que depende de las circunstancias y situaciones especiales, tanto por parte del donante como por parte del receptor de la ayuda. Desde los ascetas que rezan todo el día aislados del resto de la humanidad, hasta los que viven enclaustrados en asociaciones de beneficencia, la gama de posibles generosidades es sumamente amplia y variada.

Por otro lado, es conveniente tener en cuenta, por una parte, que en algunas ocasiones resulta contraproducente entregar sumas de dinero a personas que están en condiciones de trabajar, puesto que, esa situación afecta la ética del trabajo y se incentiva la apatía y el propio abandono. Por otra parte, como dice Michael Novak «es necesario insistir nuevamente en que una sociedad no puede funcionar bien si todos siempre actúan sobre la base de intenciones benevolentes» (1982: 93), ya que lo que recibe uno se lo entrega a otro y así sucesivamente, sin que nadie tenga nada y sin incentivos potentes y generalizados para producir. Por esto es que quienes trabajan en pos de los principios que dan sustento a una sociedad libre están entregando ese trabajo a los demás para la comprensión de temas que permitirán que la personas vivan mejor, resolviendo los problemas de fondo que tanto angustian a los más necesitados. Debido a esto es que Novak concluye que «La gente quiere pan. También quiere libertad. No sólo es posible tener ambas cosas, sino que la segunda es la llave para la primera» (1982: 314).

La aseveración de amar al prójimo como a uno mismo significa que el objeto final, el punto de referencia y el parámetro es el amor propio. Nadie que se odie a sí mismo es capaz de amar a otro. Al amante le proporciona satisfacción el bienestar del sujeto amado. Santo Tomás de Aquino afirma que «el amor del hombre para consigo mismo es como un modelo de amor que se tiene a otro. Pero el modelo es mejor que lo modelado. Luego el hombre por caridad debe amarse más a sí mismo que al prójimo» (1267-1273 /1988: vol. X, 86). Por otra parte, la primera obligación es con uno mismo y luego con los demás. En este sentido, Erich Fromm ha escrito que

La falla de la cultura moderna no reside en el principio del individualismo, no en la idea de que la virtud moral es lo mismo que la búsqueda del interés personal, sino en el deterioro del significado del interés personal; no en el hecho de que están demasiado interesados en el interés personal, sino que no están lo suficientemente interesados en su persona; no en el hecho de que sean demasiado egoístas, sino que no se quieren lo suficiente (Fromm, 1947/1990: 139. Énfasis en el original).

Es decir, que no cuidan lo suficiente sus almas.

Conceptualmente, la tradición de la benevolencia proviene, entre otros, de dos autores escoceses ya referidos con algún detenimiento: Adam Smith y Adam Ferguson. El primero escribe en las primeras líneas con que abre su primer libro, a los 36 años de edad, afirmando que «Por mucho que sea el egoísmo que se suponga de un hombre, hay evidentemente ciertos principios en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de otro y hacen que a su felicidad no le reporte nada como no sea el placer de observarla» (1759/1969: 47). Y el segundo de los nombrados ha consignado que «El término benevolencia, por su parte, no es empleado para caracterizar a las personas que no tienen deseos propios; apunta a aquellos cuyos propios deseos las mueven a procurar el bienestar de otros» (1767/1966: 14).

Pero en este cuarto punto relativo a la generosidad, después de haber comentado acerca del relativismo, el pluralismo y el determinismo, además de mencionarlo en Estados Unidos a Novak, quiero referirme a Tibor Machan y a su libro sobre la materia:

La generosidad es una virtud moral que no puede tener lugar en el contexto del Estado benefactor ni en ninguna otra economía dirigida, porque ser generoso significa que voluntariamente se ayuda a otros de ciertas maneras. Florece en una sociedad libre. […Sin embargo,] muchos de los que profetizan a favor de la generosidad, la compasión, la amabilidad y la caridad resisten el establecimiento de la propiedad privada como un principio firme de la ley (Machan, 1998: XI. Énfasis en el original).

La generosidad implica la institución de la propiedad privada, puesto que lo que se puede entregar a los demás es lo que pertenece a cada cual. También Machan explica que «La generosidad, como sostenían los griegos, no es equivalente al altruismo, que significa el poner a los demás primero. Ser generoso significa extender la buena voluntad hacia otros porque así se amplía la propia felicidad» (Machan, 1998: X). El altruismo significa esmero por el bien ajeno a costa del propio, lo cual es un imposible ya que, como queda dicho, el bien a otros se lleva a cabo precisamente debido a que produce satisfacción en el que lo lleva a cabo. En realidad, el interés propio como móvil de toda acción humana constituye una perogrullada, puesto que si no está en interés del sujeto actuante al actuar del modo en que lo hace, naturalmente no tendría lugar la acción. En este sentido, el altruismo se traduce en una contradicción en los términos.

«Es importante que una persona generosa no esté haciendo el bien a otros debido a un sentido del deber o como una obligación. De este modo, puede cuestionarse si, en ese caso, la generosidad tiene significación moral» (Machan, 1998: 6). Por otro lado,

Aquellos que demandan que la «generosidad», la «caridad», la «compasión» o la «amabilidad» deben ser provistas por la coacción gubernamental —los partidarios del estatismo benefactor, socialistas, y en alguna medida, los comunitaristas— de hecho destrozan los fundamentos de aquellas virtudes morales, al trocar virtudes en obligaciones impuestas. Hacen que la conducta no sea fruto de la elección libre sino de la coacción. A pesar de toda la retórica sobre compasión, amabilidad y caridad, los patrocinadores del Estado benefactor hacen que resulte imposible que los ciudadanos sean compasivos y caritativos. Patrocinan la desmoralización de la sociedad (Machan, 1998: 53).

Como enseña Dante Alighieri, «si un ladrón socorre a un pobre con el fruto de un robo, no hay que llamar a eso limosna; sólo sería tal si se realizara con bienes propios» (c.1310/1992: 59-60). Por otra parte, en Estados Unidos, puede encontrarse una relación inversa entre la generosidad de la que hablábamos en el primer capítulo con la aparición del mal llamado Estado benefactor. En la historia estadounidense, cuanto más Estado benefactor, menores demostraciones filantrópicas y viceversa.

En relación a la protección contra las lesiones al orden jurídico, Patrick Burke dedica uno de sus libros (1994) a explicar que, en la esfera de las relaciones sociales, nunca debería aplicarse la fuerza si no hay daño a los derechos de otros. Es «el principio simple» que John Stuart Mill consideraba la base de la sociedad (1859/1982: 68). Fuera de este aspecto, el campo de acción de los seres humanos abarca todas las posibilidades que consideren pertinentes y cada uno asume las consecuencias de lo que hace. Nunca, bajo ninguna circunstancia puede legítimamente recurrirse a la violencia para torcer una conducta. Puede intentarse, a través de la persuasión y haciendo uso de recursos propios, que otros modifiquen su rumbo pero no a través de la fuerza.

En Estados Unidos, debe recordarse que el primer asentamiento de una compañía inglesa se basó en un fallido experimento comunista, el de la colonia Plymouth, establecida por los peregrinos en 1620, ni bien bajaron las 102 personas del Mayflower, lo cual, a poco andar, debido a «la tragedia de los comunes», tuvo que abandonarse por el rotundo fracaso del sistema que empobrecía y no permitía que sus miembros sobrevivieran (Langdon, 1966). Ya avanzado el siglo siguiente, cuando se comenzaron a elaborar los documentos que serían las bases de la Independencia estadounidense, sus artífices tuvieron muy en cuenta el significado de la incipiente Revolución Industrial en Inglaterra en cuanto a que los marcos institucionales que asignan derechos de propiedad incentivan la aparición de instrumentos, equipos y maquinaria que permite mejorar las condiciones de vida.

Desde luego que en los comienzos las condiciones laborales eran muy precarias pero los mencionados inventos y esfuerzos traducidos en nuevo capital hicieron que la situación fuera mejorando. Patrick Burke sale al cruce de las falacias tejidas en torno a ese episodio crucial en la historia económica:

Frecuentemente se asume, incluso por muchos partidarios de la libertad de mercados, que aunque la mejor solución actualmente es el mercado libre, hubo un tiempo durante la Revolución Industrial donde las condiciones de trabajo eran tan malas que se necesitaban regulaciones gubernamentales especiales. Uno piensa en el trabajo de los niños, por ejemplo, y en sus largas jornadas laborales y se asume que las mejoras que experimentamos en los últimos cien años no se hubieran logrado sin intervenciones gubernamentales. No hay duda de que juzgado por nuestros parámetros actuales, muchos niños estaban sujetos a condiciones extremadamente duras, especialmente en la industria textil. […] Sin embargo, estos hechos deben ser juzgados a la luz de las condiciones y situaciones que prevalecían con anterioridad en la sociedad (Burke, 1994: 103).

Debe tenerse presente que, en cualquier lugar del planeta, cuando se liberan las energías creativas se reproducen los fenómenos de la Revolución Industrial en el sentido de que aparecen nuevos mecanismos y procedimientos productivos que elevan las condiciones de vida de la población. Los niveles iniciales pueden considerarse más o menos difíciles según de donde parte el proceso. Las condiciones de vida en Inglaterra eran muy duras, no sólo para los niños, sino también para las mujeres y los hombres que debían trabajar largo tiempo, por ejemplo, en las profundidades de la tierra en minas de carbón. Pero el punto de arranque no era que las mujeres y los niños canturreaban en torno a hoyas calientes con alimentos deliciosos mientras sus maridos y padres trabajaban en lugares gratos y estimulantes.

Las condiciones que prevalecían eran las hambrunas más horribles, las pestes más generalizadas y las muertes precoces. La Revolución Industrial ofreció una esperanza de trabajo y mejoramiento. Las intromisiones gubernamentales hubieran retardado la mejoría que desesperadamente necesitaba la gente de entonces. Incluso, la preocupación por lo social y la literatura correspondiente comenzó en esa época, puesto que con anterioridad se daba como un hecho consumado la desaparición prematura de las personas. La reducción en la jornada laboral, los mejores salarios, la seguridad en el puesto de trabajo, la educación de los hijos y los descansos son producto de las revoluciones industriales y las consiguientes inversiones de capital. Como hemos visto en el capítulo sobre la inmigración, la legislación laboral del salario mínimo y otras similares provocan desempleo y retrasan las tan necesarias mejorías, especialmente para los más necesitados.

Las reservas morales, entre otros muchos temas, se ponen de manifiesto con las advertencias y reflexiones como las formuladas por Patrick Burke respecto de situaciones que lamentablemente se están repitiendo en Estados Unidos, lo que conduce a una contrarrevolución industrial, con el consiguiente proceso involutivo.

Los próximos tres autores que mencionaremos no ejercen actualmente la cátedra, pero también son contemporáneos estadounidenses. Nos referimos a Henry B. Veatch, a John Hospers y a Israel M. Kirzner, (quien, aunque nacido en Inglaterra, ha realizado su doctorado y toda su labor académica en Estados Unidos. En el primer caso (Veatch, 1985), el autor ha sido uno de los puntales en retomar y actualizar con gran solvencia una tradición que hemos mencionado en distintas oportunidades en este libro pero que en muchos ambientes universitarios y profesionales estadounidenses se ha dejado de lado, con las consecuencias inevitables que se suceden en el campo legislativo que repercuten fuertemente en las áreas económico sociales. Se trata de la noción que alude a que las normas de convivencia civilizada que resultan de un proceso de descubrimiento y de prueba y error, se establecen en base a parámetros extramuros de la ley positiva y no fruto de un acto de construcción inventada y fabricada por el legislador. Esta tradición conocida como iusnaturalista constituyó uno de los pilares más importantes para el progreso de Estados Unidos.

Seguramente —es de desear— cada americano [estadounidense] sabe que a nadie puede negársele los derechos a la vida, la libertad y la propiedad sin el debido proceso. ¿Pero por qué no? ¿Qué es lo que está mal en privar a la gente de la vida, la libertad y la propiedad? Por supuesto que la contestación obvia es que esa conducta está mal porque está prohibida por la Quinta y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución y, como tal, sería contraria a la ley fundamental, por lo menos en la jurisdicción de los Estados Unidos. […] De todos modos, pensamos que la contestación a la pregunta de por qué cierta acción o comportamiento está mal debido a que es contraria a la ley es insatisfactoria (Veatch, 1985: 1).

A continuación Veatch insiste en que para que una ley se considere justa debe ser compatible con los criterios éticos de un acto de justicia, el cual es anterior y superior a la mera formalización de la ley positiva (1985: 23). Incluso recuerda que no se está obligado a cumplir una ley injusta porque «las cuestiones éticas trascienden los asuntos de la mera legislación» y luego se detiene a explicar que el derecho natural se basa en las características y propiedades del ser humano (1985: caps. 2 y 4), en contraste con el utilitarismo, cuya crítica fue realizada con solvencia y rigor, entre otros, por Nozick (1974: 30 y ss.) y también por Barnett (2004: 1-5 y cap. 3), lo cual no significa que no sea útil y conveniente el respeto a esos mojones suprapositivos, pero no autorizan a realizar pretendidos «balances sociales» al efecto de sopesar las consecuencias queridas y no queridas de los distintos actos y diversas legislaciones.

Tal vez no haya un punto de mayor significación que la comprensión del parámetro suprapositivo como guía para las leyes que, en última instancia, influyen y repercuten en todos los aspectos de la vida del ser humano. Por eso resulta tan fértil el estudio de lo que se ha dado en llamar la tradición de Law and Economics que, aunque encierra distintas maneras de ver el derecho (incluso algunas opuestas a la que acabamos de mencionar como la basada en la noción del cheapest cost avoider), ofrece la posibilidad de integrar dos áreas básicas de la vida social. Tradicionalmente el economista mantenía que los marcos institucionales eran ajenos e indiferentes a su especialidad, y el abogado sostenía que los procesos de mercado nada tenían que ver con su profesión, sin percibir la estrecha conexión entre estos dos campos inseparables en las relaciones sociales.

Por otra parte, uno de los muchos estudios que lleva a cabo John Hospers (siempre al estilo socrático de preguntas y repreguntas, de argumentos y contraargumentos), es el de la realización personal, preocupación tan común en la cultura estadounidense. Por ejemplo, en su obra sobre la conducta humana (1961/1979). Siguiendo la tradición aristotélica, el autor subraya la importancia de buscar la excelencia (el areté griego), es decir, de todas las facultades y potencialidades, dar lo mejor de cada uno y, de ese modo, al realizar las propias potencialidades se estará más completo, y por ende, más feliz (1961/1979: 122). Y continúa diciendo que, dentro de las facultades del ser humano, la que lo distingue del resto de las especies es su racionalidad, de modo que el desarrollo de estas facultades superiores es propia a su condición y que guía su conducta: «El hombre es, de todas las criaturas que conocemos, la única con un sentido del bien y el mal […] Una de las condiciones para la felicidad del hombre es el ejercicio de las cualidades morales o virtudes» (1961/1979: 123 y 125). Esta reflexión se basa en la idea de que hacer el bien le hace bien a quien lo realiza, tal como señalaba Sócrates.

En otro plano de análisis, Kirzner (1973: cap. 1) es probablemente el autor que con más claridad y énfasis ha destacado los problemas en la enseñanza universitaria del área de la economía referida a lo que se denomina «la competencia perfecta». Un modelo neoclásico que presupone conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, lo cual conduce a que no pueda existir arbitraje y, por tanto, empresarios, lo que, a su vez, significa la desaparición de la propia competencia e, incluso, ese conocimiento «perfecto» hace que resulte innecesario contar con efectivo, con lo que desaparece el dinero junto con los precios expresados en unidades homogéneas y el consiguiente cálculo económico.

En otros términos, la insistencia en exponer a los estudiantes ese modelo irreal que tanto daño hace a la comprensión del significado de la economía como proceso, no sólo convierte a la competencia en una contradicción, sino que extingue toda actividad económica, lo cual —a pesar de que se sigue enseñando en muchas aulas— fue reconocido por destacados intelectuales, quienes eran en un principio acérrimos defensores de este modelo estático de equilibrio (Blaug, 1991: 508).

En esta misma línea, en momentos en que en distintos sectores en Estados Unidos se pone en entredicho la legitimidad de las ganancias, también Kirzner (1995) desarrolla extensamente los fundamentos morales de las ganancias basado en el hecho del descubrimiento de una oportunidad de arbitraje por parte del empresario, es decir, el acierto de su conjetura en cuanto a que los costos estaban subestimados en relación con los precios finales.

En otro orden de cosas, surge un tema de gran relevancia vinculado a las reservas morales. Se trata del aborto que Paul Johnson, en su historia de Estados Unidos, denomina «la destrucción al por mayor» (1997: 964). En la actualidad no hay excusa para no estar informado de que la microbiología enseña que desde el instante en que uno de los espermatozoides fecunda el óvulo hay un embrión humano con toda la carga genética completa. Es un ser humano en acto con las potencialidades de desarrollar sus facultades, en el mismo sentido de que todos los adultos están en potencia de actualizar sus posibilidades. En el momento de la fusión de los gametos masculino y femenino (que aportan 23 cromosomas cada uno), se forma una nueva célula compuesta de 46 cromosomas que contiene la totalidad de las características propias del ser humano. De Mendel a la fecha la genética ha avanzado mucho, la comprensión de que la vida humana comienza desde la fecundación del óvulo —tal como ha explicado reiteradamente Louis F. Lejeune en La Sorbonne— no es una manifestación metafísica sino un hecho de la ciencia que se verifica experimentalmente. Más bien resulta una expresión de la magia más primitiva el suponer que hay un ser humano después del alumbramiento pero no un tiempo antes.

La secuencia embrión-mórula-blastoncito-feto-bebé-niño-adolescente-adulto-anciano no cambia la naturaleza del ser humano. La implantación en la pared uterina (anidación) no implica una modificación en la especie. El embrión no ha desarrollado aún la corteza cerebral, el sistema nervioso, su ácido ribonucleico (ADN), ni uñas, ni canas, ni muchas otras cosas, de lo cual no se desprende que se trate de un mineral o un vegetal.

En algunas oportunidades se ha sostenido con razón que la mujer es dueña de su cuerpo, de lo cual no se desprende que sea dueña del cuerpo de otro ser y como los niños no crecen en los árboles, debe respetarse la vida de ese otro ser en el seno materno. En el futuro nos podemos imaginar procesos tales como la transferencia a úteros artificiales, pero por el momento no existe ese recurso.

Se ha dicho que en caso de violación estaría justificado el aborto, sin embargo aquella acción repulsiva y cobarde no justifica la aniquilación de un inocente. Por esto es que Julián Marías denomina al aborto «el síndrome Polonio» para recordar esa otra cobardía por la que, en el drama hamletiano, se mata traspasando la espada por la cortina sin mirar la cara del agredido.

Se ha pretendido justificar el aborto manteniendo que el feto «no es viable» por sus propios medios, pero esto también es cierto del bebé, del anciano, o del inválido, de lo cual no se sigue que se los pueda exterminar. Un razonamiento similar se puede aplicar a los casos de supuestas malformaciones, pero este modo de ver las cosas conduciría a que se puedan matar ciegos, sordos y deficientes mentales. Incluso se ha dicho que la despenalización del aborto permitiría que, en algunos casos, éstos se lleven a cabo de modo higiénico, sin caer en manos de curanderas que operan en las sombras, como si el problema radicara en la metodología del atropello.

El caso extremo se plantea cuando el obstetra llega a la conclusión de que la situación requiere una intervención quirúrgica de tal magnitud que debe elegirse entre la vida de la madre o la del hijo, de lo contrario ambos morirán. Pero frente a esta situación gravísima, el cirujano actúa para salvar a uno de los dos. Como una consecuencia no querida muere el otro. Muchos son los autores que señalan el significado del aborto en estos mismos carriles de pensamiento, en este sentido destacamos aquí el trabajo de Robert H. Bork quien dice que, desde el caso Roe v. Wade en 1973 hasta la publicación de su libro cuatro años después, ha habido «más de treinta millones de abortos en los Estados Unidos» (1997: 173). Este juez, al que hemos citado en otro contexto en un capítulo anterior, después de explicar que no resulta posible concebir que el mismo cuerpo pase súbitamente de ser un organismo no humano a un organismo humano, concluye respecto del aborto que «Es imposible sostener que matar el organismo en cualquier momento después de que se originó no es matar a un ser humano» (1997: 175).

Para mencionar ahora un tema vinculado a la tolerancia religiosa —que, como hemos apuntado en el primer capítulo, es tan caro a Estados Unidos— debe mencionarse el caso de Huston Smith, especialmente en el contexto de aquella tradición estadounidense, puesto que ha sido uno de los pioneros del ecumenismo y continuador de la tolerancia religiosa. Más aún, destaca las contribuciones fenomenales de todas las religiones. Pasa revista (1976/1991) a las religiones primitivas, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. De lo cual no se desprende que adhiera al sincretismo o al escepticismo, porque «la manera de comprender la auténtica unidad [de las religiones] y evitar los errores del sincretismo consiste en ubicar la unidad en un plano trascendente. […P]uede establecerse un paralelo entre las religiones universales como una “gramática” que las grandes religiones ilustran a través de diferentes lenguajes» (1992 b: 105-106). «Me llevó dos décadas ver las coincidencias. […] Uno encuentra una gran unidad bajo las diferencias de superficie» (1992 a: V). De más está decir que, en el contexto de la sociedad libre, las personas religiosas están a la par con los agnósticos y ateos. La religión es un asunto privado en el que los aparatos de la fuerza no tienen función alguna, como no sea el respeto por todas las convicciones religiosas o no religiosas y la estricta aplicación de la igualdad ante la ley.

En cuanto a lo corrosiva que resulta la envidia y cómo afecta severamente el progreso, es muy ilustrativa la obra de Robert Sheaffer: «Incluso si los niveles de vida están creciendo en todos los grupos en la sociedad, el hecho de que crezca más rápido para unos que para otros, es suficiente para desatar resentimientos profundos» (1988: 24). Sheaffer comenta: «Hay dos formas muy diferentes por las que tradicionalmente se ha fundamentado la moral de la sociedad. Una es el orgullo del logro y la otra es el resentimiento contra aquellos que sobresalen por parte de quienes no lo hacen» (1988: 11-12). Las tendencias colectivistas fomentan el resentimiento y la envidia y las implantan en la política, «el resentimiento debe usar máscaras cuando aparece en público. A veces se oculta bajo el ropaje de la “justicia social”, la “lucha de clases” o “la moral divina”, todas expresiones que esconden la fea realidad de quienes se sienten ultrajados por la riqueza que ganan otros» (1988: 12).

Allan Bloom se detiene a considerar la importancia de las mentes abiertas y su diferencia con la aceptación de cualquier cosa a la par, lo cual se parece más bien a un basural abierto:

La apertura mental significaba la virtud que nos permitía buscar lo bueno a través de la razón. Ahora significa aceptar todo y, por ende, negar el valor de la razón. […E]l hecho de que ha habido diferentes opiniones sobre lo bueno y lo malo en diferentes tiempos y lugares, en modo alguno prueba que ninguna es verdadera o superior a otras. Decir lo contrario sería tan absurdo como decir que la diversidad de puntos de vista en un debate colegial prueba que no existe la verdad. […] La verdadera apertura está acompañada del deseo de conocimiento y, por tanto, de la conciencia de la propia ignorancia. Negar la posibilidad de conocer lo bueno y lo malo elimina la posibilidad de la verdadera apertura. […] Por ende, hay dos tipos de apertura, la apertura a la indiferencia […] y la apertura que nos invita a la búsqueda de conocimientos (Bloom, 1987: 38-40).

Después de señalar que actualmente en Estados Unidos se confunde indiferencia y conformismo con apertura mental, Bloom sostiene que, en definitiva, «lo que se anuncia como gran apertura es una gran cerrazón» (Bloom, 1987: 34).

Por último, son atingentes a nuestro propósito todos los terrenos en los que se destaca la excelencia en la comunidad estadounidense, especialmente los referidos a los departamentos y centros de investigación de los más diversos campos de la ciencia en los que sobresale el gran esmero y extraordinaria calidad de los trabajos que contribuyen decisivamente a la configuración del clima de progreso que también tienen gran repercusión fuera de Estados Unidos. También debemos dejar consignadas las manifestaciones y disposiciones del ánimo que hacen a la excelencia en otras disciplinas. Tal es el caso de la gran proporción de personas que cultivan la música (Draper, 2001; Andrews, 1966), las artes costeadas por particulares (Cowen, 1998), la ficción que incluye en la trama los principios que hicieron posible la civilización estadounidense (Rand, 1943; Roberts, 2001), la introducción de aspectos medulares de la filosofía clásica en las empresas para mejorar la cohesión y la armonía de los empleados, proveedores y clientes y aumentar así el rendimiento (Morris, 1997) y, con otras características bien distintas a las que hemos tratado en todos los capítulos de nuestro trabajo, lo que es tan popular en Estados Unidos: los consejos para la vida diaria, en este caso, consubstanciados con la idea de libertad (Marienoff, 2000).

Dos ejes centrales son los que recorren las páginas de este último libro. Por un lado, la importancia de asumir las propias responsabilidades que se suelen evadir a través del abuso de medicación, que «no hará más que posponer lo inevitable y, al sentirse mejor debido a la pastilla, correrá el riesgo de no llevar a cabo el trabajo necesario para hacer frente a los que le están aguardando y superarlos» (Marienoff, 2000: 56). En conexión con esto, el autor sigue a Thomas Szasz al considerar lo inapropiado de aludir a «enfermedades mentales» de la psique o de las ideas, tal como hemos puesto en evidencia en el capítulo referido a los narcóticos en cuanto al significado médico de lo que constituye una enfermedad. En este contexto, sólo el cerebro (y no la mente) puede tener problemas químicos. Nosotros ya nos hemos referido a la relación mente-cuerpo en la tradición Popper-Eccles ut supra, en este mismo capítulo: «El reconocimiento de la dicotomía entre mente y cuerpo y sus complejas relaciones mutuas hace posible el asesoramiento filosófico. La mente concebida como algo diferenciado del cerebro, puede contener dudas, información falsa, interpretaciones poco firmes pero no puede estar enferma» (Marienoff, 2000: 90). Por esta razón es que Szasz (1974) reitera que, en este campo, es del todo inapropiado aludir a la expresión «pacientes», cuando en verdad son «clientes» que, libre y voluntariamente, desean recibir asesoramiento respecto a la forma en que conducen sus vidas.

Las mencionadas aquí son solamente algunas de las innumerables manifestaciones de reservas morales que hoy se encuentran en Estados Unidos y que hemos seleccionado muy sucintamente en este capítulo para ilustrar esfuerzos tendientes a revalorizar algunos de los principios y valores subyacentes en los escritos de los Padres Fundadores, esfuerzos en los que ciframos justificadas esperanzas. Como hemos dicho, los ejemplos de autores que hemos traído a colación en este capítulo no tienen la pretensión, ni mucho menos, de reflejar todas las innumerables labores en esa dirección. Es de desear que no hayamos sido demasiado injustos con otros en esta brevísima enumeración.

También es pertinente destacar en las reservas morales —esta vez en la arena política y dadas las características de esta etapa del proceso de evolución cultural— la presentación de candidaturas para competir por la Presidencia, como ha sido la de Ron Paul dentro del Partido Republicano, que abren una luz de esperanza y permiten reunir fuerzas en torno a las mejores tradiciones estadounidenses al proponer la liquidación del impuesto sobre la renta, el retorno al patrón oro, la liberación del sector externo, la abrogación de la pesada e irresponsable estructura del llamado «Estado benefactor», la vuelta a las instituciones republicanas y el consiguiente abandono de las ansias imperiales y la militarización, la reducción sustancial del gasto público y la deuda federal y el rotundo rechazo al aborto.

Las muchísimas personas que mantienen su dignidad en Estados Unidos deben verificar cuidadosamente a quiénes obedecen y dónde reside la autoridad moral. En definitiva, con razón, Aldous Huxley ha escrito:

La paciencia del común de la humanidad es el hecho más importante y sorprendente de la historia. La mayor parte de los hombres y mujeres están preparados para tolerar lo intolerable. […] En su Estudios sobre la Historia de la Jurisprudencia [James] Bryce sugiere que la principal razón para la obediencia a las leyes es simplemente la indolencia. […] Los gobernados obedecen a sus gobernantes porque, además de otras razones, aceptan como verdaderos algunos sistemas metafísicos y teológicos que les enseñan que el Estado debe ser obedecido y que es intrínsicamente merecedor de obediencia. […] La mayor parte de las teorías del Estado son meros inventos intelectuales con el propósito de probar que las personas que actualmente están en el poder son precisamente las que deben estar. […] Entonces, en mayor o menor grado, todas las comunidades civilizadas del mundo moderno están constituidas por una pequeña clase de gobernantes corruptos por exceso de poder, y una extendida clase de gobernados corruptos por exceso de obediencia pasiva e irresponsable (Huxley, 1938: 56-58).

Si se continúa por la senda en que va encaminado hoy Estados Unidos, al decir de Orwell, se terminará aceptando, tal como sostenía aquel Ministerio de la Verdad en su ficción, que «la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fortaleza» (1948/ 1961: 7).

Muchas veces la ficción se adelanta a la realidad, sobre todo cuando gran parte de las conjeturas están basadas en ilaciones lógicas impecables y en verdades incontrovertibles. En este sentido, para que el individuo no quede sepultado, diluido, triturado y deglutido en el marasmo de lo colectivo, es preciso atender los aspectos centrales de las reflexiones contenidas en las antiutopías de Orwell-Huxley-Caldwell a las que nos hemos referido en este libro, y otras como The Lonely Crowd de David Reisman escrita en 1949, todas herederas de The New Utopia (1891) de Jerome K. Jerome y We de Yevzeny Zamyatin, publicada en 1921.

Y el problema en modo alguno estriba en el progreso que, por el contrario, permite elevar la puntería de lo humano en un clima de excelencia y vivir una vida más civilizada y armoniosa. Sin duda que desde tiempo inmemorial —desde el garrote en adelante— ha podido hacerse mal uso de las tecnologías que brinda el progreso, pero eso no atañe al instrumento sino a la estructura axiológica del ser humano (en el extremo está lo que escribió C.S. Lewis, 1944/ 1996). Hay quienes añoran tiempos remotos donde «el hombre estaba más cerca de la naturaleza», que como explica Nathaniel Branden: «el siervo medieval que dormía en el suelo —para no decir nada del cavernícola— estaba mucho más cerca de la naturaleza en el sentido más incómodo y antihigiénico de la expresión» (1971/1979: 222. Énfasis en el original). A lo que deben agregarse las pestes, hambrunas y el permanente acecho de las fieras salvajes.

Es imperioso que se retome el valor del individualismo como respeto a las autonomías de cada cual y alejarse del coro y la machacona repetición de la masa, desarrollando la propia personalidad e independencia de criterio. George Madison se lamenta y advierte que

la fuerza de la opinión de cada individuo y la influencia práctica sobre su propia conducta, depende mucho del número de personas que compartan la misma opinión. La racionalidad del hombre, como el hombre mismo, es tímida y cautelosa cuando se lo deja solo y adquiere firmeza y confianza en proporción al número al que está asociado (Madison, 1788/1971: 257-258).

Es lo que Mill denominaba «el despotismo de la costumbre» (Mill, 1859/1982: 136).

Confiemos en que el tradicional baluarte del mundo libre reaccione a tiempo, es de desear que lo que viene ocurriendo sólo sea un receso circunstancial, de lo contrario ocurrirá lo que expresa la alegoría bíblica: «Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos». (Mateo, 24, 38-39). La argumentación más rigurosa y sólida es la que en definitiva prevalecerá. Como ha escrito Emil Ludwig, «Las obras de la mente y del arte sobreviven a sus creadores; pero las acciones de los reyes y estadistas, papas, presidentes y generales cuyos nombres llenan algunos períodos de la historia, perecen con sus autores o poco después que ellos» (1941/1944: 55). Al fin y al cabo, salvo honrosas excepciones, son «vagos y piratas los que se hacían llamar reyes» (1941/1944: 121) y es oportuno en nuestro estudio prestar debida atención a lo que nos dice, en cuanto a que «La historia de Atenas demostró que una nación puede entender y cultivar al mismo tiempo la riqueza y el intelecto, el comercio y la belleza. La voluntad pura de poder es lo que, a la larga, convierte en bárbaro a un pueblo» (1941/1944: 133).

Robert Nozick resume el tema crucial de la ética como respeto recíproco en las relaciones interindividuales del siguiente modo: «Todo lo que una sociedad debería demandar (de modo coercitivo) es la adhesión a la ética del respeto. Los demás niveles deberían ser materia de elección y desarrollo de cada persona individual» (2001: 282). Y ésta es la mejor definición que, a través del tiempo, he podido formular del liberalismo: el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. No importa si compartimos o no estos proyectos, incluso es irrelevante si los comprendemos o no. Nunca se justifica el uso de la fuerza agresiva, sólo es admisible como recurso defensivo si existe lesión al derecho de otros.

Antes de clausurar este trabajo, es pertinente agregar un tema adicional de carácter más general y es el dilema que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, presenta la tolerancia con los intolerantes. Hay tres autores que se destacan nítidamente en este asunto: Karl R. Popper, Salvador de Madariaga y Sidney Hook. El primero escribe en el contexto de lo que denomina la paradoja de la tolerancia que

La tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante contra la embestida del intolerante, entonces los tolerantes serán destruidos y, junto con ellos, será destruida la tolerancia. […] Deberíamos demandar que cualquier movimiento que predique la intolerancia se coloca fuera de la ley, y deberíamos considerar la incitación a la intolerancia y la persecución como criminal, del mismo modo que debiéramos considerar la incitación al asesinato, el secuestro o la reaparición del comercio de esclavos (Popper, 1946/ 1950: 546).

De Madariaga sostiene que

sería absurdo ver en el liberalismo una doctrina dispuesta a aceptarlo todo, aun aquello que es contrario a su razón de ser y su esencia propia. En nuestro días hemos visto como los enemigos más encarnizados del liberalismo, los comunistas y los fascistas, alegaban las doctrinas liberales para matarlo mejor; y hasta a liberales defender el derecho de los comunistas a matar la libertad (De Madariaga, 1966: 16).

Tal vez Hook expresa el punto con más contundencia:

Mi interés en este problema particular despertó hace muchos años, como resultado de la experiencia con las actitudes de liberales ritualistas en el régimen alemán de Weimar. Argüían que, mientras los nazis no violaran abiertamente la ley, sería actuar tan intolerantemente como ellos dedicarse a limpiar los nidos de nazis infiltrados en las escuelas, el gobierno y las fuerzas militares. […] Las causas de la caída del régimen de Weimar fueron muchas: una de ellas, indudablemente, fue la existencia del liberalismo ritualista que creía que la democracia genuina exigía la tolerancia con el intolerante (Hook, 1959/1968: XV).

A nuestro juicio, sin embargo, la intolerancia con los intolerantes encierra un grave peligro (aunque ésta no sea la intención de los tres autores mencionados) y es que, en definitiva, se coarte y ampute el debate abierto de ideas tan necesario para el respeto a las posturas intelectuales de otros y tan necesario para el progreso del conocimiento. Por ejemplo, como hemos expresado ut supra, en dos de sus obras más conocidas Platón propone el comunismo. ¿Dónde se establecerá el limite de la tolerancia? ¿En las lecturas de sus obras? ¿En el debate de sus ideas? ¿En la difusión pública de sus consejos? ¿En la constitución de un partido para llevarlos a cabo? ¿En los arreglos para que asuma un gobierno que incorpora algunas de sus recetas? Es relativamente fácil elucubrar sobre un partido comunista o nazi pero ¿qué ocurriría con los que introducen esas concepciones (u otras similares) en sus plataformas en grados diversos? Sin duda, el problema existe ya que, en lo que se denomina un Estado de derecho, las leyes proscriben el crimen pero, paradójicamente, según el criterio de «liberales ritualistas», al crimen institucionalizado por la vía señalada no se lo proscribe.

Éste es el dilema con el que nos enfrentamos quienes pensamos que, en esta instancia, la única protección es la comprensión de las ideas de la sociedad libre. En otra instancia —como la esbozada en el capítulo precedente— además de la referida comprensión y a anticuerpos institucionales de mayor envergadura, se introducen fuertes incentivos para la defensa del sistema debido a que los temas en discusión y las mayorías que los votan están dispersas, fraccionadas y descentralizadas, con lo que cada debate que se somete a votación está directamente vinculado con un interés inmediato y concreto, y no mayorías unificadas a través de las que se votan temas abstractos y alejados del interés específico del votante.

Seguramente el tema que ahora consideramos resultará más claro si transcribimos y comentamos otra cita de Hook: «una cosa es mostrarse tolerante con las distintas ideas, tolerante con las diversas maneras de jugar el juego, no importa cuán extremas sean, siempre que se respeten las reglas del juego» (1959/1968: XIV. Énfasis en el original). He aquí el nudo del asunto puesto que, precisamente, las ideas distintas apuntan a modificaciones en las reglas de juego. Las diferentes concepciones en cuanto al derecho de propiedad, necesariamente se traducen en propugnar la modificación de marcos institucionales para hacer operativa la idea. Entonces, lo dicho por Sidney Hook, en la práctica, significaría que todos deben adherir al ideario liberal, cosa que dista mucho de ser su visión.

La historia ha sido siempre una escaramuza en pos de la libertad, por momentos eclipsada, por momentos precaria y anémica, pero casi nunca plena. En Estados Unidos se logró introducir el período más largo e intenso de respeto a las autonomías individuales, por eso es que resulta de tanta importancia apuntalar este bastión y expandir al mundo el ideario de libertad. De un tiempo a esta parte, en lugar de profundizar el buen camino, los espacios se han encogido merced a que el monopolio de la fuerza ha usurpado y ocupado esferas cada vez más amplias de lo que corresponde a la responsabilidad de las personas. Está íntimamente ligado a las tareas cotidianas de cada uno de nosotros el hecho de que podamos respirar el oxígeno vital o, de lo contrario, optar por la anestesia y no incursionar en las batallas intelectuales decisivas y sucumbir asfixiados por el peso del Leviatán. Y esto tiende a ocurrir, en gran medida, debido a que, como escribe Hannah Arendt, en el contexto de las estructuras políticas vigentes, se «enseña que la mitad de la política es “construcción de imagen” y, la otra mitad el arte de hacer que la gente crea en lo imaginado» (1972: 8). La misma autora subraya que «Nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado a la veracidad entre las virtudes políticas» (Arendt, 1961/1977: 227).

Es que, como bien resume Alfred Whitehead: «El intercambio entre individuos y entre grupos sociales es de una de dos formas, la fuerza o la persuasión. El comercio es el gran ejemplo del intercambio a la manera de la persuasión. La guerra, la esclavitud y la compulsión gubernamental es el reino de la fuerza» (1933/1961: 83).

Tal vez resulte apropiado, al dar por terminado este libro, decir junto con Ronald Reagan (1964), no como ex presidente ni como político que, en la acción cotidiana, estaba forzado a contemporizar con el pensamiento que prevalecía en la época, sino como quien se dirige al futuro, casi como un pedido de auxilio y sin doblegarse, en la articulación de sus discursos tendientes a rescatar y reclamar permanentemente la necesidad de incorporar el espíritu de la libertad:

Usted y yo tenemos un rendez-vous con el destino. Preservar esto para nuestros hijos, la última esperanza del hombre en la tierra, o sentenciarlos al primer paso hacia mil años de oscuridad. Si fracasamos, por lo menos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan decir que hemos justificado nuestro breve paso por aquí. Que hicimos todo lo que podía hacerse.

Colonia del Sacramento, noviembre de 2007.

Bibliografía

Abraham, Henry J. (1982): Freedom and the Court. Civil Rights and Liberties in the United States, Oxford, Oxford University Press.

Acton, John E.E.D. (1887/1962): «The History of Freedom in Antiquity», en Essays on Freedom and Power, Nueva York, The World Publishing Company.

—              (1887/1962): «Acton-Creighton Correspondence», en Essays on Freedom and Power, Nueva York, The World Publishing Company.

—              (1895/1961): «Beginning of the Modern State», en Lectures On Modern History, Nueva York, The World Publishing Company.

—              (1866/1985): «The Civil War in America: Its Place in History», en Essays in the History of Liberty, Indianápolis, Liberty Fund, J. Rufus Fears (ed.)

—              (1866/1985): «The Acton-Lee Correspondence», en Essays in the History of Liberty, Indianápolis, Liberty Fund, J. Rufus Fears (ed.).

Adams, John Q. (1821): «An Address Delivered On the Fourth of July», Washington D.C., Davis and Force.

Agamben, Giorgio (2003): Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Agge, Philip (1975): Inside the Company: CIA Diary, Nueva York, Penguin Books.

Alchain, Armen A. (1977/1986): «The Economic and Social Impact of Free Tuition», en Economic Forces at Work, Indianápolis, Liberty Fund.

Alderman, Ellen y Kennedy, Caroline (1995): The Right to Privacy, Nueva York, Alfred D. Knopf.

Alighieri, Dante (c. 1310/1992): Monarquía, Madrid, Tecnos.

Allen, W.B. y Lloyd, Gordon (1985): The Essential Anti-Federalist, University Press of America.

Anderson, Annelise (1997): «Organised Crime, Mafia and Governments», en The Economics of Organised Crime, Cambridge University Press, G. Fiorentini y S. Peltzman (eds.).

Anderson, Benjamin M. (1949/1965): Economics and the Public Welfare, Princeton, Van Nostrand Co. Inc.

Anderson, Martin (1978): Welfare. The Political Economy of Welfare Reform in the United States, Stanford, Hoover Institution.

Anderson, Terry L. y Leal, Donald R. (1991): Free Market Environmentalism, San Francisco, Pacific Research Institute for Public Policy.

Anderson, William (1955): The Nation and the States: Rivals or Partners, Minnesota, University of Minnesota Press.

Andrews, Donald H. (1966): The Symphony of Life, Boca Raton, Unity Books.

Anonymous (2004): Imperial Hubris. Why the West is Losing the War on Terror, Washington D.C., Brassey’s Inc.

Aquino, Tomás de (1267-73/1988): Suma Teológica, Buenos Aires, Club de Lectores.

Arendt, Hannah (1961/1967): «Truth and Politics», en Between Past and Future, Nueva York, Penguin Books.

—              (1972): «Lying in Politics. Reflections on the Pentagon Papers», en The Crisis of the Republic, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich Publishers.

Aristóteles (c.330 aC/1962): La Política, Barcelona, Iberia.

Armentano, Dominick T. (1982): Antitrust and Monopoly. Anatomy of a Policy Failure, Nueva York, John Wiley & Sons.

Asimov, Isaac (1977): «Thinking about Thinking», Nueva York, Avon.

Axelrod, Robert (1984): The Evolution of Cooperation, Nueva York, Basic Books.

Ayau, Manuel F. (2006): «Delito de lavado», en Prensa Libre, Guatemala, 17 de diciembre.

Bagehot, Walter (1865-1867/1964): The English Constitution, Londres, Watts, R.H. Crossman (ed.).

Balko, Radley (2006): Overkill. The Rise of Paramilitary Police Raids In America, Washington D.C., Cato Institute.

Balling, Robert C. (1995): «Global Warming: Messy Models, Decent Data and Pointless Policy», en The True State of the Planet, Nueva York, The Free Press, R. Bailey (ed.).

Bandow, Doug (1990): The Politics of Plunder. Misgovernment in Washington, Londres, Transaction Publishers.

—              (1994): «The IMF: A Record of Addiction and Failure», en Perpetuating Poverty, Washington D.C., Cato Institute, D. Bandow e I. Vásquez (eds.).

Barnes, Harry E. (1958/1988): «The End of the Old America», en Modern Age. The First Twenty-Five Years. A Selection, Indianápolis, Liberty Press, G.A. Panichas (ed.).

Barnett, Randy E. (ed.) (1989): The Rights Retained by the People, Fairfax, George Mason University Press.

—              (1991): «Una cura para la adicción a la legislación antinarcóticos», en Tráfico y consumo de drogas, Madrid, Unión Editorial, R. Hamowy (ed.).

—              (1998): The Structure of Liberty. Justice an the Rule of Law, Oxford, Clarendon Press.

—              (2004): Restoring the Lost Constitution. The Presumption of Liberty, Princeton, Princeton University Press.

Barro, Robert T. (2000): «Compassionate Conservatism: Look Beyond the Label», en Business Week, 4 de septiembre.

Barron, Bryton (1965): The State Department: Blounders or Treason?, Springfield, Virginia, Cestwood Books.

Bartlett, Bruce (2006): Impostor: How George W. Bush Bankrupted America and Betrayed the Reagan Legacy, Nueva York, Doubleday.

—              (2007): «Starve the Beast. Development of a Budgetary Metaphor», en The Independent Review, vol. XII, n.º 1, verano.

Barylko, Jaime (1996): En busca de los valores perdidos, Buenos Aires, Santillana.

Barzun, Jacques (1989): The Culture We Deserve, Middletown, Connecticut Wesleyan University Press.

—              (1959): The House of Intellect, Nueva York, Harper & Brothers.

Bastiat, Frédéric (1850/1964): Selected Essays in Political Economy, Princeton, Van Nostrand.

Bauer, Peter (1981): Equality, the Third World and Economic Delusion, Cambridge, Harvard University Press.

Beccaria, Cesare (1764/1994): De los delitos y de las penas, Barcelona, Altaya.

Becker, Gary S. (2003): «Lo que Irak necesita son reformas de libre mercado», en Infobae, Buenos Aires, 21 de julio.

Beito, David, Gordon, Peter y Tabarrok, Alexander (2002): The Voluntary City. Choice Community and Civil Society, Ann Arbor, The University of Michigan Press, prólogo de P. Johnson.

Belz, Hermann (ed.) (1830/2000): The WebsterHayne Debate on the Nature of the Union, Indianápolis, Liberty Fund.

Benda, Julien (1969): The Treason of the Intellectuals, Nueva York, Norton Library.

Benegas Lynch, Alberto (h.) (1989): «Los Papeles Anti-Federalistas», en Libertas, Buenos Aires, Eseade, n.º 10, año VI, mayo.

—              (1992): Contra la corriente, Buenos Aires, El Ateneo.

—              (1993): Hacia el autogobierno. Una crítica al poder político, Buenos Aires, Emecé.

—              (1997a): Socialismo de mercado. Ensayo sobre un paradigma posmoderno, Rosario, Ameghino.

—              (1997b): «Toward a Theory of Autogovenment», en Values and the Social Order, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, G. Radnitzky (ed.), vol. 3.

—              (1997c): «Nacionalismo: cultura de la incultura», en Estudios Públicos, n.º 67, Santiago de Chile, invierno.

—              (1998): «Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado», en Estudios Públicos, n.º 71, Santiago de Chile, invierno.

—              (1999): Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso, Buenos Aires, Atlántida.

—              (2001): Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento, Mendoza, Fundación Alberdi.

—              (2003): Tras el ucase, Mendoza, Fundación Alberdi.

— (2004): «Ronald Reagan: in memoriam», en Infobae, año VII, n.º 1.765, Buenos Aires, 11 de junio.

—              (2006a): La tragedia de la drogadicción. Una propuesta, Buenos Aires, Lumiere.

—              (2006b): «Para que sirven los servicios de inteligencia», en La Nación, Buenos Aires, 4 de agosto.

—              (2007a): «La inmigración en la palestra», en La Nación, Buenos Aires, 20 de junio.

—              (2007b): «Ninguna causa justifica la tortura», en La Nación, Buenos Aires, 23 de julio.

Benegas Lynch, Alberto (h.) y Jackisch, Carlota (2004): Límites al poder. Los papeles antifederalistas, Buenos Aires, Lumiere.

Benegas Lynch, Alberto (h.) y Krause, Martín (1998): En defensa de los más necesitados, Buenos Aires, Atlántida.

Benson, Bruce (1990): The Enterprise of Law, San Francisco, Pacific Research Institute for Public Policy.

— (1998): To Serve and Protect, Nueva York, New York University Press.

Benson, Bruce y Ramussen, David W. (1996): Illicit Drugs and Crime, Okland, The Independent Institute.

Bergen, Peter L. (2001): Holy War Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden, Nueva York, The Free Press.

Berman, Harold J. (1983): Law and Revolution, Cambridge, Harvard University Press.

Bernstam, Michail S. (1991): The Wealth of Nations and the Environment, Londres, The Institute of Economic Affairs.

Bernstein, David (2003): You Can’t Say That. The Growing Threat to Civil Liberties from Antidiscrimination Laws, Washington D.C., Cato Institute.

Bethell, Tom (1998): «Property and the Environment», en The Noblest Triumph. Property and Prosperity Trough the Ages, Nueva York, St. Martin’s Press.

Blackstone, William (1765/1897): Commentaries on the Law of England, Londres, Longmans, Green and Co.

Blaug, Mark (1991): «Afterword», en Appraising Economic Theories, Aldershot, Inglaterra, Edward Elgar Publishing, N. de Marchi y M. Blaug (eds.).

Block, Walter (1998): «A Libertarian Case for Free Immigration», en The Journal of Libertarian Studies, vol. 13, n.º 2, invierno.

—              (2003): «National Defence and the Theory of Externalities, Public Goods, and Clubs», en The Myth of National Defence: Essays on the Theory and History of Security Production, Auburn, Alabama, Ludwig von Mises Institute, H.H. Hoppe (ed.).

Bloom, Allan (1987): The Closing of the American Mind, Nueva York, Simon & Schuster Inc.

Bono, Edward de (1976): Teaching Thinking, Hamondsworth, Middlesex.

Borges, Jorge Luis (1975/1998): «Utopía de un hombre que estaba cansado», en El libro de arena, Madrid, Alianza.

Bork, Robert H. (1990): The Tempting America, Nueva York, The Free Press.

—              (1997): Slouching Towards Gomorrah, Nueva York, Harper-Collins Publishers.

Bourne, Randolph (191118/1977): The Radical Will, Berkeley, University of California Press, O. Hansen y Ch. Lash (eds.).

Bovard, James (1994): «The World Bank and the Impoverishment of Nations», en Perpetuating Poverty, Washington D.C., Cato Institute, D. Bandow y I. Vásquez (eds.).

—              (1999): Freedom in Chains. The Rise of the State and the Demise of the Citizen, Nueva York, St. Martin’s Press

—              (2003): Terrorism and Tyranny. Trampling Freedom, Justice, and Peace to Rid the World of Evil, Nueva York, Palgrave.

Branden, Nathaniel (1969/1974): «Free Will, Moral Responsibility and the Law», en The Libertarian Alternative, Chicago, Nelson Hall, T. Machan (ed.).

—              (1971/1979): The Disowned Self, Nueva York, Bantam Books.

—              (1996): Taking Responsibility, Nueva York, Simon & Schuster.

Brooks, David L. (ed.) (1993): From Magna Carta to the Constitution. Documents in the Struggle for Liberty, San Francisco, Fox & Wilkes.

Brunner, Karl (1978): «The First World, The Third World and the Survival of Free Societies», en The First World & The Third World, Rochester, NuevaYork, University of Rochester Policy Center Publications, K. Brunner (ed.).

Buchanan, George (1579/1827): The Law of Government Among the Scots, Londres, Longmans, Green and Co.

Buchanan, James M. (1977): Freedom in Constitutional Contract, Austin, Texas A&M University Press.

—              (1985): «Rights, Efficiency and Exchange: The Irrelevance of Transaction Costs», en Liberty, Markets and State, Nueva York, New York University Press.

Buckley, William F. (1974): United Nations Journal: A Delegate’s Odyssey, Nueva York, G.P. Putnam’s.

—              (2000): «Legalize Dope», en The Crisis in Drug Prohibition, Washington D.C., Cato Institute.

Burckhardt, James (1971): Reflexiones sobre la historia universal, México, Fondo de Cultura Económica.

Burke, Edmund (1764/1986): «Tract on the Popery Laws», en Edmund Burke and the Natural Law, Lafayette, Huntington House, P.J. Stanlis (ed.).

—              (1795/1967): «Carta dirigida a William Elliot», en The Philosophy of Edmund Burke, The University of Michigan Press, L.I. Bredvold y R.G. Ross (eds.).

Burke, Patrick T. (1994): No Harm. Ethical Principles for a Free Market, Nueva York, Paragon House.

Burr, C.C. (ed.), (1977): The Federal Government: Its True Nature And Character, Abel P. Upshur [1840], Huston, St. Thomas Press.

Bury, J.M. (1913/1941): Historia de la libertad de pensamiento, México, Fondo de Cultura Económica.

Caldwell, Taylor (1952/1978): The Devil’s Advocate, Nueva York, Aenonian Press.

Calhoun, John C. (1831/1992): «A Disquisition on Government», en Union and Liberty, Indianápolis, Liberty Fund, R.M. Lence (ed.).

Camus, Albert (1951/1981): El hombre rebelde, Buenos Aires, Losada.

Canby, Henry Seidel (1946): Walt Whitman. Un americano, Buenos Aires, Poseidón.

Carpenter, Ted G. (2000): «Collateral Damage: The Wide-Ranging Consequences of America’s Drug War», en After Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, T. Lynch (ed.).

—              (2002): Peace and Freedom. Foreign Policy for a Constitutional Republic, Washington D.C., Cato Institute.

—              (2003): Bad Neighbor Policy, Nueva York, Palgrave-Cato Institute.

Carson, Clarence B. (1963): The Fateful Turn, Irvington-on-Hudson, Nueva York, The Foundation for Economic Education.

— (1964): The American Tradition, Irvington-on-Hudson, Nueva York, The Foundation for Economic Education.

— (1969): The Flight from Reality, Irvington-on-Hudson, Nueva York, The Foundation for Economic Education.

Cassirer, Ernst (1946/1992): El mito del Estado, México, Fondo de Cultura Económica.

Castilla, Alicia (2004): Cultura cannabis, Buenos Aires, edición de la autora.

Chamberlain, John (1963): The Enterprising Americans. A Business History of the United States, Nueva York, Harper & Row Publishers.

Chamberlin, William Henry (1950/1962): America’s Second Crusade, Chicago, Henry Regnery Co.

Chambers, Whittaker (1952): Witness, Nueva York, Random House.

Chandler, Lester V. (1971): American Monetary Policy, 1928-1941, Nueva York, Harper & Row.

Chase, Stuart (1932): A New Deal, Nueva York, Macmillan.

Chesterton, Gilbert, K. (1936/2003): Autobiografía, Barcelona, Acantilado.

Childs, Roy A. Jr. (1969/1994): «Big Business and the Rise of American Statism», en Liberty Against Power, San Francisco, Fox & Wilkes, J.K. Taylor (ed.).

Choden, John (1989): «Education in a Conquered Nation», en Chronicles, Nueva York, marzo.

Cicerón, Marco Tulio (c.50 aC/1961): Tratado de la República, Buenos Aires, El Ateneo.

Cipolla, Carlo M. (1970): «Introduction», en The Economic Decline of Empires, Londres, Metheuen and Co. Ltd., C.M. Cipolla (ed.).

Clarke, Richard (2004): Against all Enemies. Inside America’s War on Terror, Nueva York, The Free Press.

Coase, Ronald (1937/1988): «The Nature of the Firm», en The Firm, The Market and The Law, Chicago, The University of Chicago Press.

Colbourn, Trevor (1965): The Lamp of Experience. Whig History and the Intellectual Origins of the American Revolution, University of North Carolina Press.

Coulson, Andrew J. (1999): Market Education, Londres, Transaction Pub.

Constant, Benjamin (1817/1968): Curso de Política Constitucional, Madrid, Taurus.

Corwin, Edward S. (1948): Liberty Against Government, Baton Rouge, Lousiana State University Press.

Cowen, Tyler (1998): In Praise of Commercial Culture, Cambridge, Harvard University Press.

Cox, Jack (1981): Nicaragua Betrayed, Boston, Western Islands.

Creveld, Martin van (1999): The Rise and Decline of the State, Cambridge, Cambridge University Press.

Danford, John W. (2000): Roots of Freedom. A Primer on Modern Liberty, Wilmington, ISI Books.

De Madariaga, Salvador (1966): De la angustia a la libertad, Buenos Aires, Sudamericana.

Dempsey, Gary y Fontaine, Roger (2001): Fool’s Errands. America’s Recent Encounters with Nation Building, Washington D.C., Cato Institute.

Diamond, Martin (1974): «What the Framers Meant by Federalism», en A Nation of States, Chicago, Rand McNally, R.A. Godwin (ed.).

Dicey, Albert V. (1915): Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Londres, Macmillan.

Dietze, Gottfried (1962): The Federalist. A Classic on Federalism and Free Government, Baltimore, The John Hopkins University Press.

—              (1968): America’s Political Dilemma: From Limited to Unlimited Democracy, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

Di Lorenzo, Thomas J. (2002): The Real Lincoln, Roseville, Forum.

—              (2004): How Capitalism Saved America. The Untold History of Our Country, from the Pilgrims to the Present, Nueva York, Crown Forum.

Dillird, Irving, ed. (1963): One Man’s Stand for Freedom, Nueva York, Alfred A. Knopf.

Dobbs, Sygmund, Harlow, Arthur B., Robertson, William A. y Roosevelt, Archibald D. (1956/1981): Keynes en Harvard, Buenos Aires, Centro de Estudios Sobre la Libertad.

Draper, Maureen M. (2001): The Nature of Music, Nueva York, Riverhead Books.

Duke, Steven (2000): «The Drug War and the Constitution», en After Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, T. Lynch (ed.).

Dunlap, Charles J. (2000): «The Thick Green Line: The Growing Involment of Military Forces in Domestic Law Enforcement», en Peter Braska (ed.), The American Criminal Justice System, Boston, Northeastern University Press.

Durant, Will y Ariel (1963): The Story of Civilization, Nueva York, Simon and Schuster, vol. VIII.

Eastman, Charles (1902/1991): Indian Boyhood, Nebraska, The University of Nebraska Press.

Edwards, Chris (2005): Downsizing The Federal Government, Washington D.C., Cato Institute.

Eland, Ivan (2004): The Empire has no Clothes. US Foreign Policy Exposed, Okland, The Independent Institute.

Emerson, Ralph W. (1837/1981): «The American Scholar», en The Portable Emerson, Nueva York, Penguin Books, C. Bode (ed.).

Emerson, Rupert (1967): From Empire to Nation, Cambridge, Harvard University Press.

Emord, Jonathan W. (1991): Freedom, Technology and the First Amendment, San Francisco, Pacific Research Institute for Public Policy.

Enciclopedia de la Biblia (1963): R.P. Sebastián Bartina y R.P. Alejandro Díaz Macho (eds.), Barcelona, Editorial Garriaga, Imprimatur Arzobispo de Barcelona.

Epstein, David F. (1984/1987): La teoría política de «El Federalista», Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.

Epstein, Richard (1987): «Judicial Review: Reckoning on Two Kinds of Error», en Economic Liberties and the Judiciary, Fairfax, Virginia, George Mason University Press, J.A. Dorn y H.G. Manne (eds.).

—              (1995): Simple Rules for a Complex World, Cambridge, Harvard University Press.

Escohotado, Antonio (1997): Historia elemental de las drogas, Barcelona, Anagrama.

Evangelios (ed.) (1928): Buenos Aires, Imprimatur Monseñor Antonio Rocca, Vicario General.

Evans, Stanton M. (1963): The Fringe on Top, Nueva York, American Feature Book.

Farrand, Max (ed.) (1911): The Records of the Federal Convention of 1787, New Haven, Yale University Press.

Ferguson, Adam (1767/1966): An Essay on the History of Civil Society, Edimburgo, Edinburgh University Press.

Ferguson, James (1961): The Power of the Purse: A History of Public Finance, University of North Carolina Press.

Ferguson, Niall (1999): The Pitty of War, Nueva York, Basic Books.

Ferrater Mora, José (1979/1988): Diccionario de filosofía, Madrid, Alianza.

Ferrrero, Guglielmo (1925/1945): Las mujeres de los césares, Buenos Aires, Emecé.

Finer, S.E. (1997): The History of Government, Oxford, Oxford University Press, vol 3.

Finkielkraut, Alain (1987): La derrota del pensamiento, Barcelona, Anagrama.

Fitzgerald, Randall (2003): The Mugged State. Outrageous Government Assaults on Ordinary People and their Property, Washington D.C., Cato Institute.

Flynn, John T. (1948/1959): El mito de Roosevelt, Barcelona, Mateu.

—              (1951): ¿Qué porvenir nos espera?, Buenos Aires, Guillermo Kraft.

—              (1955): The Decline of the American Republic, Nueva York, The Devin-Adair Company.

—              (1965): While You Slept, Nueva York, The Americanist Library.

Foldvary, Fred (1994): Public Goods and Private Communities, Londres, Edward Elgar.

Folson, Burton, Jr. (ed.) (1994): The Spirit of Freedom. Essays in American History, Irvington-on-Hudson, Nueva York, The Foundation for Economic Education.

Franklin, Benjamin (1759/1956): «An Historical Review of Pennsylvania», Nueva York, The Devin-Adair Company.

Friedman, David D. (1973/1989): The Machinary of Freedom, Nueva York, Harper & Row.

—              (1979): «Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case», en The Journal of Legal Studies, n.º 8, marzo.

— (1986): Price Theory, Cincinati, Ohio, SouthWestern Publishing.

Friedman, Milton (1973/1979): Moneda y desarrollo económico, Buenos Aires, El Ateneo.

—              (1989/1990): «An Open Letter to Bill Bennett», en The Crisis in Drug Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, D. Boaz (ed.).

—              (2000): «Foreword», en After Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, T. Lynch (ed.).

Friedman, Milton y Friedman, Rose D. (1984): The Tyranny of the Status Quo, Nueva York, Hartcourt Brace Jovanovich Pub.

—              (1989): «La corriente en los asuntos de los hombres», en ESEADE, Buenos Aires, n.º 11, año VI, octubre.

Friedman, Milton y Schwartz, Anna (1963): A Monetary History of the United States, Princeton, Princeton University Press.

Friedrich, Carl J. (1955/1969): La filosofía del derecho, México, Fondo de Cultura Económica.

Frohnen, Bruce (1999): The Anti-Federalists: Selected Writings and Speeches, Washington D.C., Regnery Pub.

—              (ed.) (2002): The American Republic. Primary Sources, Indianápolis, Liberty Classics.

Fromm, Erich (1947/1990): Man for Himself, Nueva York, Henry Holton Company.

Fullner, Lon L. (1981): The Principles of Social Order, Duke University Press.

Gardner, Howard (1993): Multiple Intelligence, Nueva York, Basic Books.

Garrett, Garet (1953/1958): People’s Pottage, Caldwell, Idaho, The Caxton Press.

—              (1954/1972): «The Suicidal Impulse», en Faith and Freedom, vol. v, n.º 8, abril.

—              (1955): The American Story, Chicago, Henry Regnery Co.

Gerry, Ellebridge (1788/1961): Observations on the New Constitution, Nueva York, Everyman’s Library.

Gerson, Mark (1996): The Neo-Conservative Vision: From the Cold War to Culture Wars, Londres, Madison.

Glasser, Ira (2003): «More Safe, Less Free. A Short History of Wartime Civil Liberties», en It’s a Free Country. Personal Freedom in America After September 11, Nueva York, Thunder’s Mouth Press, D. & V. Goldberg (eds.).

Godwin, William (1793/1985): Investigación acerca de la justicia política, Madrid, Jucar.

Goldin, Kenneth (1977): «Equal Access vs. Selective Access: A Critique of Public Goods Theory», en Public Choice, n.º 29, primavera.

Goldsmith, James (1981): «Carta dirigida a Virginia Prewett», Londres, 6 de febrero.

Goldwater, Barry (1960): The Conscience of a Conservative, Sheperddsville, Victor Publishing.

Goleman, Daniel (1995): Emotional Intelligence, Nuevo York, Bantam Books.

Green, Leslie (1988): The Authority of the State, Oxford, Clarendon Press.

Grey, Stephen (2006): Ghost Plane. The True Story of the CIA Torture Program, Nueva York, St. Martin’s Press.

Griffin, Edward (1964): The Fearful Master. A Second Look at the United Nations, Boston, Western Islands.

Grinspoon, Lester y Bakalar, James (1991): «Propiedades terapéuticas de las drogas ilícitas», en Tráfico y consumo de drogas, Madrid, Unión Editorial, R. Hamowy (ed.).

Hacker, Louis M. (1940/1942): Proceso y triunfo del capitalismo norteamericano, Buenos Aires, Sudamericana.

Hague, David (1991): Beyong Universities, Londres, Institute of Economic Affairs.

Halbrook, Stephen (1984): That Every Man be Armed: The Evolution of The Constitutional Right, Oakland, The Independent Institute.

Hallgren, Mauritz A. (1937): The Tragic Fallacy, Nueva York, Alfred Knopf.

Halper, Stefan y Jonathan Clarke (2004): America Alone, Cambridge University Press.

—              (2007): The Silence of the Rational Center. Why American Foreign Policy is Failing, Nueva York, Basic Books.

Hamilton, Alexander, Madison, James y Jay, John (1787-1788/1971): The Federalist, or the New Constitution, Nueva York, Everyman’s Library.

Hamowy, Ronald (1991): «Drogas ilíctas y control gubernamental», en Tráfico y consumo de drogas, Madrid, Unión Editorial, R. Hamowy (ed.).

Hardin, Garret (1968): «The Tragedy of the Commons», en Science, n.º 162.

Hardin, Garret y Baden, John (eds.) (1977): Managing the Commons, San Francisco, W.W. Freeman & Co.

Harper, Jim (2006): Identity Crisis, Washington D.C., Cato Institute.

Harrington, James (1656/1987): La república de Océana, México, Fondo de Cultura Económica.

Hart, Benjamin (1986): «Rhetoric vs. Reality: How the State Department Betrays the Reagan Vision», n.º 484, Washington D.C., The Heritage Foundation, 31 de enero.

Hartmann, D.L. y Doelling, D. (1991): «On the Radiative Effectivness of Clouds», en Journal of Geophisical Research, n.º 96.

Hayek, Friedrich A. (1945/1948): «The Use of Knowledge in Society», en Individualism and Economic Order, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1949/1967): «Intellectuals and Socialism», en Studies in Philosophy, Politics and Economics, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1967): «The Results of Human Action but not of Human Design», en Studies in Philosophy, Politics and Economics, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1972): The Denationalization of Money, Londres, The Institute of Economic Affairs.

—              (1973): Law, Legislation and Liberty, Chicago, The University of Chicago Press, vol. I.

—              (1974/1978): «The Pretence of Knowledge», en New Studies in Philosophy, Politics and Economics, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1979): Law, Legislation and Liberty, Chicago, The University of Chicago Press, vol. III.

—              (1988): The Fatal Conceit. The Errors of Socialism, Londres, Routledge,

              W. Bartley (ed.).

Hemingway, Ernest (1936): «La enfermedad del poder», en La Nación, Buenos Aires, 5 de enero.

Herbert, Auberon (1873/1978): «State Education: Help or Hindrance?», en The Right and Wrong of Compulsion by the State, Indianápolis, Liberty Classics.

Herman, Arthur (2001): How the Scots Invented the Modern World, Nueva York, Random House.

Higgs, Robert (1987): Crisis and Leviathan. Critical Episodes in the Growth of American Government, Oxford, Oxford University Press.

Hill, David Jayne (1918): Americanism: What Is It?, Nueva York, D. Appleton.

Himmelfarb, Gertrude (1994): On Looking into the Abyss, Nueva York, Alfred A. Knopf.

—              (1996): The De-Moralization of Society, Nueva York, Random House.

—              (2005): The Roads to Modernity, Nueva York, Alfred Knopf.

Hobbes, Thomas (1651/1962): The Leviathan, Londres, Macmillan.

Hook, Sidney (1959/1968): Poder político y libertad personal, México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana.

Hoppe, Hans-Hermann (1993): «Fallacy of the Public Goods Theory and The Production of Security», en The Economics and Ethics of Private Property, Boston, Kruger Academic Publishers.

Hospers, John (1961/1979): La conducta humana, Madrid, Tecnos.

—              (1983): «Freedom and Utopias», en The Freeman, Irvington-on-Hudson, Nueva York, The Foundation for Economic Education, vol. 33, n.º 9, septiembre.

Hume, David (1739-1740/1898): A Treatise on Human Nature, Londres, Longmans, Green and Co.

—              (1741/1985): «On the Original Contract», en Essays Moral, Political and Literary, Indianápolis, Liberty Classics.

— (1751/1945): Investigación sobre la moral, Buenos Aires, Losada.

Hummel, Jeffrey R. (1996): Emancipating Slaves and Enslaving Free Men, Chicago, Open Court.

Hutt, W.H. (1970): «Immigration under Economic Freedom», en Economic Issues in Immigration, Londres, The Institute of Economic Affairs.

Huxley, Aldous (1959/1988): Brave New World Revisited, London, Grafton Books.

— (1959/1977): La situación humana, Buenos Aires, Sudamericana.

— (1938): Ends and Means, Londres, Chatto & Windus.

Hyland, William G. (1999): Clinton’s World: Remaking American Foreign Policy, Nueva York, Praeger.

Ibsen, Henrik (1882/1988): An Enemy of the People, Oxford, Oxford University Press.

Ignatieff, Michael (2003): «The American Empire (Get Used to It)», en New York Times Magazine, 5 de febrero.

—              (2004): «Evil under Interrogation: Is Torture ever Permissible?», en Financial Times, Londres, 15 de mayo.

Jasay, Anthony de (1989): Social Contract, Free Ride: A Study of the Public Goods Problem, Oxford, Clarendon Press.

—              (1991): Market Socialism: A Scrunity, Londres, The Institute of Economic Affairs.

— (1997): Against Politics, Londres, Routledge.

— (2000): «A Conversation with Anthony de Jasay», en The Intellectual Portrait Series, Indianápolis, Liberty Fund, Harmurt Kliemt, entrevistador.

— (2002): Justice and its Surroundings, Indianápolis, Liberty Fund.

Jefferson, Thomas (1774-1826/1944): The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson, Nueva York, Modern Library, A. Koch & W. Penden (eds.).

— (1798/1904): Works, vol. 8, Nueva York, G.P. Putnam’s Sons, P.L. Ford (ed.).

Jensen, Merril (1962): The Articles of the Confederation: An Interpretation of the Social-Constitutional History of the American Revolution, Winsconsin, The University of Wisconsin Press.

—              (1969): Essays on the Making of the Constitution, Oxford, Oxford University Press.

Johnson, Chalmers (2004): The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy and the End of the Republic, Nueva York, Metropolitan Books.

Johnson, Harry (1968): «An International Model», en The Brain Drain, Nueva York, Macmillian, W. Adams (ed.).

—              (1978): «The New International Economic Order», en The First Word & The Third World, Rochester, University of Rochester Center Publications, K. Brunner (ed.).

Johnson, Paul (1983): A History of the Modern World, Londres, Weidenfeld and Nicholson.

—              (1991): The Birth of the Modern, Nueva York, Harper-Collins.

—              (1997): A Story of the American People, Nueva York, Harper-Collins Publishers.

Jouvenel, Bertrand de (1977): Los orígenes del estado moderno, Madrid, Magisterio Español.

Jung, Carl G. (1917/1981): The Development of Personality, Londres, Routledge & Kegan, H. Read, M. Fordham y G. Adler (eds.).

Kagan, Robert y Kristol, William (eds.) (2000): Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and Defence Policy, San Francisco, Encounter.

Kapuscinski, Ryszard (1987/2001): El Sha o la desmesura del poder, Barcelona, Anagrama.

Kaufman, Burton I. (1969): Washington’s Fairweel Adress: The View From The Twentieth Century, Chicago, Quadrangale Books [1796].

Kennedy, James y Kennedy, Walter (1991/2001): The South was Right, Nueva York, Gretna, Lousiana, Pelican Pub. Co.

Kesler, Charles R. (1988): «Separation of Powers and the Administrative State», en The Imperial Congress. Crisis in the Separation of Powers, Washington D.C., The Heritage Foundation, G.J. Jones y J.A. Marini (eds.).

Ketchman, Ralph (1986): The Anti-Federalist Papers and the Constitutional Debates, Nueva York, New American Library.

Kilcka, Christopher J. (1995): The Right Choice. Home Schooling, Greshan, OR, Noble Publishing Associates.

Kirkpatrick, James J. (1957): The Sovereign States, Chicago, Regnery.

Kimmel, Lewis H. (1959): Federal Budget and Fiscal Policy 1789-1958, Washington D.C., Brookings Institute.

Kirzner, Israel M. (1973): Competition and Entrepreneurship, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1995): «The Nature of Profits: Some Economic Insights and Their Ethical Implications», en Profits and Morality, Chicago, The University of Chicago Press.

Klein, Daniel (1972/2000): «Trust for Hire: Voluntary Remedies for Quality and Safety», en Reputation. Studies in the Voluntary Elicitation of Good Conduct, Ann Arbor, The University of Michigan Press, D. Klein (ed.).

Klein, Daniel y Gordon Fielding (1991): Private Toll Roads: Learning From the Nineteenth Century, Irvine, Department of Economics, University of California.

Klinger, David (2000): «Call Off the Hounds», en After Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, T. Lynch (ed.).

Knollenberg, Bernhard (1961): Origin of the American Revolution: 1759-1766, Nueva York, The Free Press.

Koch, Charles G. (1979): «A Letter from the Council for a Competitive Economy», Nueva York, Council for a Competitive Economy.

Koestler, Arthur (1983): En busca de lo absoluto, Barcelona, Kairós.

Kolko, Gabriel (1963/1977): The Triumph of Conservatism. A Reinterpretation of American History, Nueva York, The Free Press.

Kopel, David B. (2000): «Militarized Law Enforcement: The Drug War’s Deadly Fruit», Washington D.C., Cato Institute, T. Lynch (ed.).

Kors, Alan Ch. y Silvergate, Harvey (1998): The Shadow University. The Betrayal of Liberty on America’s Campuses, Nueva York, The Free Press.

Krauss, Melvyn B. (1983): Development Without Aid, Nueva York, McGraw-Hill Book Company.

Kristol, Irving (1978): Two Cheers for Capitalism, Nueva York, New American Library.

—              (1983/1986): Reflexiones de un neoconservador, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.

Kukla, Robert J. (1973): Gun Control, Harrisburg, Stackpole Books.

La Boëtie, Etienne de (1576/1980): El discurso de la servidumbre voluntaria, Barcelona, Tusquets.

Lal, Deepak, (2006): Reviving the Invisible Hand, Princeton, Princeton University Press.

Landsberg, H.E. (1984): «Global Climatic Trends», en The Resourceful Earth, Londres, Basil Blackwell, J.L. Simon y H. Herman (eds.).

Langdon, George D. Jr. (1966): Pilgrim Colony, New Haven, Yale University Press.

Lefevre, Robert (1954/1972): «From That Day to This», en Faith and Freedom, vol. V, n.º 8, abril.

Leoni, Bruno (1961): Freedom and the Law, Los Angeles, Nash Publishing.

—              (1961/1991): «Voting versus the Market», en Freedom and the Law, Indianápolis, Liberty Fund.

Levine, Michael (2000): «Fight Back: A Solution Between Prohibition And Legalization», en After Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, D. Boaz (ed.).

Lévy, Bernard-Henri (2006/2007): American Vertigo, Barcelona, Ariel.

Lewis, Clive Staples (1944/1996): The Abolition of Man, Nueva York, Simon & Schuster.

Lieber, Francis (1871/1889): La libertad civil y el gobierno propio, París, Librería de Ch. Bouret.

Liggio, Leonard P. (1972): «American Foreign Policy and National-Security Management», en A New History of Leviathan, Nueva York, E.P. Dutton & Co, Inc. R. Radosh y M.N. Rothbard (eds.).

Lipford, Jody y Slice, Jerry (2007): «Is the Welfare State Crowding Out Government’s Basic Functions?», en The Independent Review, vol. XI, primavera.

Locke, John (1689/1947): The Second Treatise of Civil Government, Londres, Macmillan Pub.

Lott, John R. (2003): The Bias Against Guns, Washington D.C., Regnery Publishers.

Ludwig, Emil (1941/1944): El Mediterráneo, Buenos Aires, Editora Inter-Americana.

Lynch, Joseph (1999): Negotiating the Constitution. The Earliest Debates over Original Intent, Ithaca, Cornell University Press.

Macedo, Stephen (1987): The New Right v. The Constitution, Washington D.C., Cato Institute.

Mac Farlane, Kevin (1994): «The Rational Self-Interest of Reciprocity», en Sociological Notes, n.º 20.

Machan, Tibor R. (1998): Generosity. Virtue in Civil Society, Washington D.C., Cato Institute.

Madison, James (1788/1971): Letters and Other Writtings of James Madison, Filadelfia, J.B. Lippicott.

—              (1789/1997): James Madison’s Advice to my Country, Charlottesville, University Press of Virginia, D.B. Mattern (ed.).

—              (1792/1999): «Property», en James Madison: Writtings, Nueva York, Library of America, J. Rakove (ed.).

—              (1800/1977): The Papers of James Madison, Charlottesville, University Press of Virginia, D.B. Mattern (ed.).

Mandeville, Bernard (1729/1982): La fábula de las abejas, México, Fondo de Cultura Económica.

Mane, Henry G. (1973): «The Political Economy of Modern Universities», en Education in a Free Society, Indianápolis, Liberty Fund.

Marienoff, Lou (2000): Más Platón y menos Prozac, Barcelona, Ediciones B.

Marquis, John Clifton (1990): «Drug Laws are Inmoral», en U.S. Catholic, mayo.

Marshall, John (1819/1953): «McCulloch vs. Maryland», Nueva York, John Day Company.

Marshall, Jonathan (1991): «Las drogas y la política exterior norteamericana», en Tráfico y consumo de drogas, Madrid, Unión Editorial, R. Hamowy (ed.).

Martin, Rose L. (1968): Fabian Freeway. High Road to Socialism in the USA, Santa Mónica, Fidelis Pub.

Marx, Karl y Engels, Friedrich (1848/1972): «El manifiesto comunista», en Los fundamentos del marxismo, México, Editora Nacional.

Maurois, André (1960/1965): Lafayette in America, Nueva York, The New American Library.

Mayer, David (1994): The Constitutional Thought of Thomas Jefferson, Virginia, University Press of Virginia.

McDonald, Forrest (1965/1979): E Pluribus Unum. The Formation of the American Republic 1776-1790, Indianápolis, Liberty Press.

—              (1991): «Was the Fourteenth Amandment Constitutionally Adopted?», en The Georgia Journal of Southern Legal History, vol. I, n.º 1, primaveraverano.

McKenzie, Richard B. (1982): Bound To Be Free, Stanford, Hoover Institution Press.

—              (1983): Using Government Power: Business against Free Enterprise, Washington D.C., Competitive Economy Foundation.

—              (1985): Competing Visions. The Political Conflict Over America’s Economic Future, Washington D.C., Cato Institute.

McNamara, Joseph D. (2000): «The War the Police Didn’t Declare and Can’t Win», en After Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, T. Lynch (ed.).

Meese, Edwin (1992): With Reagan. The Inside Story, Washington D.C., Regnery Publishing Inc.

Menand, Louis (2003): El club de los metafísicos. Historia de las ideas en los Estados Unidos, Barcelona, Destino.

Menges, Constantine (1988): Inside the National Security Council, Nueva York, Simon & Schuster.

Mill, John Stuart (1859/1982): On Liberty, Nueva York, Penguin Books.

Miller, William Ian (1990): Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law And Society in Saga Iceland, Chicago, The University of Chicago Press.

Miller, William Lee (1989): La libertad religiosa, Buenos Aires, Tres Tiempos.

Mises, Ludwig von (1912/1953): The Theory of Money and Credit, New Haven, Yale University Press.

—              (1927/1962): The Free and Prosperous Commonwealth. An Exposition of the Ideas of Classical Liberalism, Princeton, Van Nostrand.

—              (1949/1963): Human Action. A Treatise on Economics, New Haven, Yale University Press.

Molinari, Gustave de (1849/1977): The Production of Security, Nueva York, The Center for Libertarian Studies.

Mohnen, Volker A. (1988): «The Challenge of Acid Rain», en Scientific American, n.º 259, agosto.

Montesquieu (1748/1939): Del espíritu de las leyes, París, Casa Editorial Garnier Hermanos.

Morgan, Edmund S. (1956/1992): The Birth of the Republic, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1988): Inventing the People: The Rise of Popular Soveregnity in England and America, Nueva York, Norton.

Morley, Felix (1949/1972): The Power in the People, Los Angeles, Nash Publishing.

Morris, Christopher M. (2000): «The Very Idea of Popular Soveregnity: “We the People” Reconsidered», en Social Philosophy and Policy, n.º 17, invierno.

Morris, Tom (1997): If Aristoteles Ran General Motors, Nueva York, Henry Holt and Company.

Müller, Max (1888): Biography of Words and the Home of the Arians, Londres, Longmans and Co.

Nadelmann, Ethan (1990): «The Case for Legalization», en The Crisis In Drug Prohibition, Washington D.C., Cato institute, D. Boaz (ed.).

Napolitano, Andrew (2004): Constitutional Chaos, Nashville, TEN, Nelson Current.

Narvenson, Jan (1988): The Libertarian Idea, Philadelphia, Temple University Press.

Neuman, Elías (1991/1997): La legalización de las drogas, Buenos Aires, Ediciones Depalma.

Nock, Albert Jay (1956/1983): Mr. Jefferson, Delavan, Winsconsin, Hallberg Publishing Corporation.

Novak, Michael (1982): The Spirit of Democratic Capitalism, Nueva York, Simon and Schuster Publication.

Nozick, Robert (1974): Anarchy, State and Utopia, Nueva York, Basic Books.

—              (1997): «War, Terrorism, Reprisals-Drawing some Moral Lines», en Socratic Puzzles, Cambridge Harvard University Press.

—              (2001): Invariances. The Structure of the Objective World, Cambridge, Harvard University Press.

Nutter, Warren (1965/1983): «Economic Welfare and Welfare Economics», en Political Economy and Freedom, Indianápolis, Liberty Press.

Oslon, Marcum (1965): The Logic of Collective Action, Cambridge, Harvard University Press.

Oppenheimer, Franz (1914/1975): The State, Nueva York, Free Life Editions.

Orwell, George (1948/1961): 1984, Nueva York, New American Library.

Ostrom, Vicent (1991): The Meaning of American Federalism, San Francisco, Institute for Contemporary Studies.

Ostrowski, James (1990): «Thinking About Legalization», en The Crisis in Drug Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, D. Boaz (ed.).

Paine, Thomas (1776/1969): Common Sense, The Rights of Man and Other Essential Writings of Thomas Paine, Nueva York, New American Library.

Parenti, Christian (2002): Lockdown America, Nueva York, Verso.

Pareto, Vifredo (1901/1987): «Los sistemas socialistas», en Escritos sociológicos, Madrid, Alianza.

Paterson, Isabel (1943/1993): The God and the Machine, New Brunswick, Transaction Publishers.

Paul, J. (1982): «The Withering of Nozick’s Minimal State», en Reading Nozick, Oxford, Blackwell, J. Paul (ed.).

Peace, Edward R. (1916): The History of the Fabians, Londres, Fifeld.

Peceny, Mark (1999): Democracy at the Point of Bayonets, Pennsylvania State University Press.

Penden, Joseph R. (1971): «Statless Societies: Ancient Irland», en The Libertarian Forum, abril.

Pilon, Roger (1987): «Legislative Activism, Individual Activism and The Decline of Private Security», en Economic Liberties and the Judiciary, Fairfax, Virginia, George Mason University Press.

Pines, Burton Y. (1983): «The US and the UN: Time for Reappraisal», n.º 293, Washington D.C., The Heritage Foundation.

— (ed.) (1984): A World Without a UN, Washington D.C., The Heritage Foundation.

Pipes, Richard (1999/2002): Propiedad y libertad, México, Fondo de Cultura Económica.

Polanyi, Michael (1951): The Logic of Liberty, Chicago, The University of Chicago Press.

Popper, Karl R. (1946/1950): The Open Society and its Enemies, Princeton, Princeton University Press.

—              (1992): «Sobre el choque cultural», en En busca de un mundo mejor, Buenos Aires, Paidós.

Popper, Karl R. y Eccles, John C. (1977/1982): El yo y su cerebro, Barcelona, Labor Universitaria.

Pound, Roscoe (1957): The Developement of Constitutional Guarantees of Liberty, New Haven, Yale University Press.

Powell, Jim (2000): The Triumph of Liberty, Nueva York, The Free Press.

— (2003): FDR’S Folly. How Roosevelt and His New Deal Prolonged the Great Depression, Nueva York, Crown Forum.

Powers, Richard G. (2004): Broken. The Troubled Past and Uncertain Future of the FBI, Nueva York, Free Press.

Pratt, Edwin A. (1912/1970): A History of Inland Transport and Communication, Nueva York, August M. Kelley.

Preble, Christopher (2004): Exiting Irak: Why the US Must end the Military Occupation and Renew the War Against al-Qaeda, Washington D.C., Cato Institute.

Rabushka, Avin y Ryan, Pauline (1982): Tax Revolt, Stanford, Hoover Institution Press.

Ramsay, David (1810/1990): The History of the American Revolution, Indianápolis, Liberty Fund, L.H. Cohen (ed.).

Rand, Ayn (1943): The Fountainhead, Nueva York, The Bobbs-Merrill Company Inc.

Rawle, William (1825): A View of the Constitution, Filadelfia, H.C. Carey & Lea Edition.

Read, Leonard (1954): Government: an Ideal Concept, Nueva York, Irvigton-on-Hudson, The Foundation for Economic Education.

—              (1975): Castles in the Air, Irvington-on-Hudson, Nueva York, The Foundation for Economic Education.

Reagan, Michael (2004): In the Words of Ronald Reagan, Nashville, Nelson Books.

Reagan, Ronald (1964): «A Time for Choosing», en NBC, 27 de octubre.

—              (1978/2002): «Whatever Happened to Free Enterprise?», Hillsdale, Michigan, Hillsdale College Press, D.A. Jeffrey (ed.).

Reid, John P. (1972): The Concept of Liberty in the Age of the American Revolution, Chicago, The University of Chicago Press.

Rescher, Nicholas (1995): Pluralism. Againt the Demand for Consensus, Oxford, Clarendon Press.

—              (1997): Obectivity. The Obligations of Impersonal Reason, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

Robbins, Lionel (1934): The Great Depression, Londres, Macmillan and Co.

Roberts, Russell (2001): The Invisible Heart. An Economic Romance, Cambridge, Mass, The MIT Press.

Romerstein, Robert (2000): The Verona Secrets, Chicago, Henry Regnery.

Rosen, Jeffrey (2004): The Naked Crowd. Reclaiming Security and Freedom in an Anxious Age, Nueva York, Random House.

Rothbard, Murray N. (1962/1970): Man, Economy and State. A Treatise on Economic Principles, Los Angeles, Nash Publishing.

—              (1963): America’s Great Depression, Princeton, Van Nostrand Company Inc.

—              (1964): What has Government done to our Money?, Nueva York, P. Tree Press.

—              (1973): For a New Liberty, Nueva York, Macmillan Pub.

—              (1974): Education, Free and Compulsory, Nueva York, Center for Independent Education.

—              (1975/1979): Conceived in Liberty, Nueva York, Arlington House, con la asistencia de L. Liggio.

Rousseau, Jean-Jacques (1754/1964): Discourse on the Origin and Foundation of Inequality of Mankind, Nueva York, Everyman’s Library.

Rowland, K.M. (1892/1954): The Life of George Mason, Nueva York, Putnam’s.

Rummel, R.J. (1994/2007): Death by Government, London, Transaction Publishers.

Samples, John (2002): James Madison and the Future of Limited Government, Washington D.C., Cato Institute.

—              (2005): Welfare for Politicians? Taxpayer Financing of Campaigns, Washington D.C., Cato Institute.

Sánchez Cuenca, Ignacio y Lledó, Pablo (2002): Artículos federalistas y antifederalistas, Madrid, Alianza.

Sandera, Michael y Shaw, Jane S. (1999): Facts not Fear, Vancouver, The Fraser Institute.

Sartori, Giovanni (1987): Teoría de la democracia, Madrid, Alianza.

Schmidtz, Davis (1991): The Limits of Government: An Essay on the Public Good Argument, Oxford, Westview Press.

Schmoke, Kurt L. (1990): «Drugs: a Problem of Health and Economics», en The Crisis in Drug Prohibition, Washington D.C., Cato Institute, D. Boaz (ed.).

Schoenbrod, David (2005): Saving our Environment from Washington, New Haven, Yale University Press.

Schultz, Fritz (1946): History of Roman Legal System, Oxford, Clarendon Press.

Schumpeter, Joseph A. (1942/1968): Capitalismo, socialismo y democracia, Madrid, Aguilar.

Schwartz, Anna J. (1989): «Es tiempo de terminar con el FMI y con el Departamento de Estabilización del Tesoro», en Libertas, año XV, n.º 29, octubre.

Schweitzer, Albert (1923/1959): The Philosophy of Civilization, Nueva York, The Macmillan Company.

Segerfeldt, Fredrik (2005): Water for Sale, Washington D.C., Cato Institute.

Sennholz, Hans F. (1993): «Introduction», en Public Education and Indoctrination, Irvington-on-Hudson, Nueva York, The Foundation for Economic Education.

Sheaffer, Robert (1988): Resentment Against Achivement. Understanding the Assault Upon Ability, Nueva York, Prometheus.

Sheehan, Coleen y McDowel, Gary  (eds.) (1797-1798/1998): Friends of the Constitution, Indianápolis, Liberty Fund.

—              (1998): The Writtings of the «Other» Federalists, Indianápolis, Liberty Fund.

Shenfield, Arthur (1972): From Campus to Capitol: The Cost of Intellectual Bankrupcy, Rockford, Rockford College Institution.

Sidney, Algernon (1698/1990): Discourses Concerning Government, Indianápolis, Liberty Classics.

Silverman, Milton (1942/1943): Drogas mágicas, Buenos Aires, Sudamericana.

Simon, Julian L. (1981): The Ultimate Resource, Princeton University Press.

—              (1989): The Economic Consequences of Immigration, Cambridge, Basil Blackwell.

—              (1998): «Are There Grounds for Limiting Immigration?», en The Journal of Libertarian Studies, vol. 13, n.º 2, invierno.

Simon, William E. (1978): A Time for Truth, Nueva York, McGraw-Hill Book Company.

Slivinski, Stephen (2006): Buck Wild: How Republicans Broke the ank and Became the Party of Big Government, Nashville, Nelson Currant.

Smiles, Samuel (1859/2001): Self-Help, Nueva Delhi, Liberty Institute, S. Chakraverti (ed.).

Smith, Adam (1759/1969): A Theory of Moral Sentiments, Indianápolis, Liberty Classics.

—              (1776/1937): Inquiry into the Causes of the Wealth of Nations, Londres, Modern Library.

Smith, Edward (1865): «Calico, Black and Gray: Women and Blacks in the Confederacy», en Civil War Magazine, vol. VIII, n.º 3.

Smith, Huston (1976/1995): The World’s Religions, San Francisco, Harper-San Francisco.

—              (1992a): Forgotten Truth. The Common Vision of World’s Religions, San Francisco, Harper-San Francisco.

—              (1992b): Essays on World Religion, Nueva York, Paragon House, M.D. Bryant (ed.).

Snyder, Jack (1991): Myths of Empire: Domestic Politics of International Ambition, Ithaca, Cornell University Press.

Sola Pool, Ithiel de (1983): On Free Speach in an Electronic Age. Technologies of Freedom, Cambridge, Harvard University Press.

Sorman, Guy (1993): The Immigrant and the Drug Addict, Nueva Delhi, Divikas Publishing House.

—              (1994): El capitalismo y sus enemigos, Buenos Aires, Emecé.

—              (2005/2007): China, el imperio de las mentiras, Buenos Aires, Sudamericana.

Soule, George (1932): A Planned Society, Nueva York, Macmillan.

Sowell, Thomas (1983): The Economics of Politics and Race, Nueva York, Quill.

—              (1984): Civil Rights, Retoric or Reality?, Nueva York, William Morrow.

—              (1987a): Compassion vs. Guilt and other Essays, Nueva York, William Morrow.

—              (1987b): «La economía de la esclavitud», en Libertas, Buenos Aires, Eseade, año IV, n.º 7, octubre.

—              (1993): Inside American Education. The Decline,The Deception, The Dogmas, Nueva York, The Free Press.

—              (1996): Migrations and Cultures, Nueva York, Basic Books.

—              (1999): The Quest for Cosmic Justice, Nueva York, The Free Press.

Spencer, Herbert (1884/1960): The Man Versus the State, Nueva York, The Caxton Press.

Spooner, Lysander (1875/1992): «Vices and Crimes», en The Lysander Spooner Reader, San Francisco, Fox & Wilkes, G.H. Smith (ed.).

Steel, Ronald (1967): Pax Americana, Nueva York, Viking.

Stigler, George J. (1961): «The Economics of Information», en Journal of Political Economy, n.º 69.

—              (1983): Placeres y dolores del capitalismo moderno, Madrid, Unión Editorial.

Stockman, David A. (1987): The Triumph of Politics. The Inside Story of the Reagan Revolution, Nueva York, Avon Books.

Storing, Herbert J. (1981a): The Complete Anti-Federalist, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1981b): What the Anti-Federalist Were For, Chicago, The University of Chicago Press.

—              (1985): «The Constitution and the Bill of Rights», en How Does the Constitution Secure Rights?, Washington D.C., American Enterprise Institute, R.A. Goldwin y W.A. Schambra (eds.).

Story, Joseph (1851/1858): Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, Buenos Aires, Imprenta La Universidad.

Stringham, Edward (ed.) (2005): Anarchy, State & Public Choice, Northampton, Edward Elgar.

Stroup, Richard L. (1990): «Chemophobia and Activist Environmental Antidotes: Is the Cure More Deadly than the Disease?», en Economics and the Environment: A Reconciliation, Vancouver, The Frazer Institute, W.E. Block (ed.).

Sugden, Robert (1986): The Economics of Rights, Cooperation & Welfare, Londres, Basil Blackwell.

Sugg, Ike y Kreuter, Urs (1994): Elephants and Ivory: Lessons from the Trade Ban, Londres, The Institute of Economic Affairs.

Sumner, William Graham (1899/1951): The Conquest of the United States by Spain and other Essays, Chicago, Henry Regnery, M. Polner (ed.).

Sutherland, Arthur E. (1965/1972): De la Carta Magna a la Constitución

Norteamericana, Buenos Aires, Tipográfica Argentina.

Szasz, Thomas (1974): The Myth of Mental Illness, Nueva York, Harper and Row.

Tannehill, Morris y Linda (1984): The Market for Liberty, Nueva York, The Libertarian Review Foundation.

Tanner, Michael D. (1996): The End of Welfare: Fighting Poverty in Civil Society, Washington D.C., Cato Institute.

—              (2007): Leviathan on the Right, Washington D.C., Cato Institute.

Tansill, Charles C. ed. (1776-1791/1927): Documents Illustrative of the Formation of the Union of the American States, Washington D.C., Government Printing Office.

Taylor, A.J.P. (1965/1992): English History. 1914-1945, Oxford, Oxford University Press.

Tempelton, Kenneth (ed.) (1979): The Politicization of Society, Indianápolis, Liberty Press.

Thoreau, David (1849/1962): «Civil Disobidience», en Walden and Other Writtings, Nueva York, Bantam Books.

—              (1854/1962): «Walden», en Walden and Other Writtings, Nueva York, Bantam Books.

Toai, Doan van y Chandoff, David (1986): The Vietnamese Gulag, Nueva York, Simon and Schuster.

Tocqueville, Alexis (1835/1963): La democracia en América, México, Fondo de Cultura Económica.

—              (1856/1964): The Old Regime and the Revolution, Nueva York, Bantam Books.

Tolstoi, Leon (1902/1987): «The Law of Love and the Law of Violence», en A Confession and other Religious Writings, Nueva York, Penguin Books, J. Kentish (ed.).

Tooley, James (1996): Education Without the State, Londres, The Institute of Economic Affairs.

Trebach, Arnold S. (1991): «La necesidad de una reforma de las leyes internacionales sobre antinarcóticos», en Tráfico y consumo de drogas, Madrid, Unión Editorial, R. Hamowy (ed.).

Trenchard, John y Gordon, Thomas (1719-1723/1994): The English Libertarian Heritage, San Francisco, Fox & Wilkes, D.L. Jacobson y R. Hamoway (eds.).

Twight, Charlotte (1975): America’s Emerging Fascist Economy, New Rochelle, Nueva York, Arlington House Publishers.

—              (2002): Dependent on D.C. The Rise of Federal Control Over the Lives of Ordinary Americans, Nueva York, Palgrave.

Upshur, Abel P. (1840/1977): The Federal Government: Its True Nature and Character, Huston, St. Thomas Press, C.C. Burr (ed.).

Veatch, Henry B. (1985): Human Rights. Fact or Fancy?, Baton Rouge, Luisiana State University Press.

Vidal, Gore (1992): The Decline and Fall of the American Empire, Nueva York, Odonian Press.

Vile, John S. (1961): The Structure of American Federalism, Oxford, Oxford University Press.

Voltaire (1764/1976): Tratado de la tolerancia, Barcelona, Grijalbo.

Warren, Mary Otis (1805/1988): History of the Rise, Progress and Termination of the American Revolution, Indianápolis, Liberty Classics.

Watts, Orval V. (1955): The United Nations: Planned Tyranny, Nueva York, The Devin-Adair Company.

Washington, George (1795/1954): «A Letter to Patrick Henry and other Writtings», [octubre 9], Nueva York, John Day Co, R.J. Rowding (ed.).

Weaver, Paul H. (1988): The Suicidal Corporation, Nueva York, Simon & Schuster Inc.

Webber, Carolyn y Wildavsky, Aaron (1986): A History of Taxation and Expenditure in the Western World, Nueva York, Simon & Schuster.

Webster, Pelatiah (1779): «An Essay on Free Trade and Finance», en New Haven Gazette, 4 de diciembre.

West, E.G. (1969): Adam Smith. The Man and his Work, Nueva York, Arlington House.

—              (1970): Education and the State, Londres, Institute of Economic Affairs.

Whelan, James R. (1980): Red Star Over Central America, East Lansing, Michigan, Panax Corporation.

Whelan, James R. y Bozell, Patricia (1984): Catastrophe in the Caribbean, Ottawa, Jameson Books.

Whitehead, Alfred N. (1933/1961): Adventures of Ideas, Nueva York, The Free Press.

Wilde, José Antonio (1881/1944): Buenos Aires desde setenta años atrás, Buenos Aires, W.M. Jackson Inc.

Williams, Roger (1953): Free and Unequal: The Biological Basis of Individual Liberty, Austin, Texas, The University of Texas Press.

Wilson, James (1790/1896): «Of the Natural Rights of Individuals», en The Works of James Wilson, Chicago, Callaghan and Company, J.D. Andrews (ed.).

Wittner, Lawrence S. (1974): Cold War America, Nueva York, Praeger Pub.

—              (2004): «The Revolt Against the Bush Administration’s Nuclear Double Standard», en History News Network, 14 de diciembre.

—              (2005a): «Nuclear Folly», en History News Network, 8 de febrero.

—              (2005b): «Bush’s Nuclear Addiction», en History News Network, 12 de abril.

Wood, Gordon S. (2003): The American Revolution, Nueva York, The Modern Library.

Woodward, Robert (1987/1988): Las guerras secretas de la CIA, México, Grijalbo.

Wright, Benjamin F. (1961): The Federalist, Cambridge, Harvard University Press.

Zakaria, Fareed (1999): «Conservative Confusion on Kosovo», en The Wall Street Journal, 14 de abril.

—              (2004): The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, Nueva York, W.W. Norton & Co.

Zweig, Stefan (1942): El mundo de ayer: autobiografía, Buenos Aires, Claridad.