La obra de Soboul constituye ya un mito en la historiografía sobre la Revolución francesa. Siguiendo la línea de Jaurès, Sagnac, Mathiez y Georges Lefebvre, Albert Soboul utiliza conceptos y métodos de carácter dialéctico que le sirven para aclarar el fondo socioeconómico del movimiento revolucionario. El papel de los nobles y la aristocracia en general, el movimiento campesino en las zonas rurales, el levantamiento del pueblo en las ciudades y la imposición definitiva de la burguesía como clase social en predominio son fenómenos descritos y analizados a lo largo de estas páginas con una precisión y una claridad que nos parece estar viendo las secuencias casi cinematográficamente. Se ha dicho que la obra de Soboul es una historia socialista de la Revolución francesa; más bien diríamos nosotros que es una historia social en la que se iluminan zonas oscuras de la Revolución, a la luz del examen de las relaciones de producción y de las luchas de clases, del nuevo desarrollo de la agricultura y de las industrias manufactureras, etc. Este enfoque, predominantemente social, permite dar a la Revolución todo su relieve histórico en el progreso de la humanidad, a través del cual vemos el paso de una sociedad de carácter y organización feudal a otra de índole fundamentalmente burguesa. El libro termina con un capítulo importante sobre la Francia contemporánea y el modo como en ellas repercute todavía la influencia de la Revolución en sus estructuras sociales y políticas, con todas sus consecuencias. En suma, se trata de una obra que habrá de gozar del interés no solo de los estudiosos del pasado, sino de aquellos a quienes preocupa el presente y el porvenir, puesto que en el estudio vivo de aquel podemos vislumbrar la dirección del futuro histórico de la humanidad.

Albert Soboul

La Revolución francesa

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bigbang951 08.03.17

Título original: La Révolution française

Albert Soboul, 1984

Traducción: Pilar Martínez

Editor digital: bigbang951

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Introducción

Causas de la Revolución francesa y sus caracteres

La Revolución francesa señala la llegada a la historia de Francia de la sociedad burguesa y capitalista. Su característica esencial es la de haber logrado la unidad nacional del país mediante la destrucción del régimen señorial y de las órdenes feudales privilegiadas: la Revolución, según Tocqueville en L’Ancien Régime et la Revolution[0] (lib. II, cap. I), «cuyo objetivo era abolir en todas partes los restos de las instituciones de la Edad Media». Que haya acabado en el establecimiento de una democracia liberal es algo que concreta aún más su significación histórica. Desde este doble punto de vista, y bajo la perspectiva de la historia mundial, merece ser considerada como el modelo clásico de revolución burguesa.

La historia de la Revolución francesa plantea, pues, dos series de problemas. Problemas de tipo general: los relativos a la ley histórica de la transición del feudalismo al capitalismo moderno. Problemas de tipo concreto: los que se refieren a la estructura específica de la sociedad al final del Antiguo Régimen y que dan cuenta de los caracteres propios de la Revolución francesa en comparación con los distintos tipos de «revolución burguesa».

Se impone hacer una observación de vocabulario. Sabemos las observaciones críticas suscitadas por los términos feudalidad y feudalismo, aquí empleados; Georges Lefebvre, en ocasión de un debate sobre «la transición del feudalismo al capitalismo», adelantó que no eran apropiados. ¿Cómo designar, a partir de ese momento, el tipo de organización económica y social que la Revolución destruyó y que se caracterizaba no solamente por las supervivencias del vasallaje y del desmembramiento del poder público, sino también por la persistencia de la apropiación directa por parte de los señores del producto del sobretrabajo de los campesinos, de lo que daban prueba las prestaciones personales, los derechos y cánones en especie y en dinero a que estaban sujetos estos últimos? Sin duda alguna, esto es dar a la palabra feudalidad un significado más amplio, que engloba los cimientos materiales del propio régimen. Es en este sentido como la entendían los contemporáneos, tal vez menos los juristas al corriente de las instituciones o los filósofos sensibles sobre todo al fraccionamiento del poder público que los campesinos que soportaban su peso y los revolucionarios que la derribaron. Es en este sentido como la entendía también ese observador clarividente por excelencia, Tocqueville, que escribió en El Antiguo Régimen y la Revolución (lib. I, cap. V) que esta última había destruido «todo lo que, en la antigua sociedad, procedía de las instituciones aristocráticas y feudales». Feudalidad, pues, no en el sentido restringido del derecho sino como noción de historia económica y social, definida por un cierto tipo de propiedad, por un modo de producción histórico basado en la propiedad de tierras, anterior al capital moderno y al modo de producción capitalista. No hace falta concretar que la feudalidad en este último sentido presenta diversos matices según la fase de su evolución y también según los países y las regiones. El papel histórico de la Revolución francesa fue el de asegurar, por la destrucción de la feudalidad así definida, la transición hacia la sociedad capitalista[1].

FEUDALISMO Y CAPITALISMO

A finales del siglo XVIII la estructura social de Francia seguía siendo esencialmente aristocrática: conservaba el carácter de su origen, de la época en que la tierra constituía la única forma de riqueza social y, por lo tanto, confería a quienes la poseían el poder sobre quienes la cultivaban. La monarquía de los Capetos había despojado a los señores, al precio de grandes esfuerzos, de sus derechos de regalías: no por eso dejaron de conservar sus privilegios sociales y económicos. Los derechos señoriales seguían subrayando la sujeción de los campesinos.

El renacimiento del comercio y el desarrollo de la producción artesanal habían creado, sin embargo, desde los siglos X y XI, una nueva forma de riqueza, la riqueza mobiliaria, y con ello habían dado nacimiento a una clase nueva, la burguesía, cuya importancia había quedado consagrada con su admisión en los Estados Generales desde el siglo XIV. En el marco de la sociedad feudal, la burguesía había seguido su expansión al mismo ritmo del desarrollo del capitalismo, estimulado por los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI y por la explotación del mundo colonial, así como por las operaciones financieras de una monarquía siempre escasa de dinero. En el siglo XVIII la burguesía estaba a la cabeza de las finanzas, del comercio, de la industria; proporcionaba a la monarquía tanto técnicos administrativos como los recursos necesarios para la marcha del Estado. La aristocracia, cuyo papel no había dejado de disminuir, seguía no obstante en el primer rango de la jerarquía social: pero se estancaba en casta, en tanto que la burguesía crecía en número, en poder económico y también en cultura y en conciencia. El progreso de la Ilustración minaba las bases ideológicas del orden establecido al mismo tiempo que se afirmaba la conciencia de clase de la burguesía. Su buena conciencia: como clase en ascenso, con fe en el progreso, estaba convencida de representar el interés general y de asumir las cargas de la nación; como clase progresiva ejercía una atracción victoriosa tanto sobre las masas populares como sobre los sectores disidentes de la aristocracia. Pero la ambición burguesa, llevada por la realidad social y económica, topaba con la letra aristocrática de las leyes y de las instituciones.

Esos caracteres no diferenciaban a Francia del resto de Europa. En todas partes el ascenso de la burguesía se había producido en detrimento de la aristocracia y en los mismos marcos de la sociedad feudal. Pero, como sea que los diversos países europeos habían tomado parte de forma muy desigual en el desarrollo de la economía capitalista, esos caracteres les afectaban en grados muy diversos, desde los Países Bajos e Inglaterra que desde el siglo XVII habían llevado a cabo su revolución burguesa, hasta las grandes monarquías de Europa central y oriental, con burguesías poco numerosas y con escasa influencia.

En Francia, en la segunda mitad del siglo XVIII, el desarrollo de la economía capitalista, sobre cuya base se había edificado el poder de la burguesía, se veía frenado por los marcos feudales de la sociedad, por la organización tradicional y reglamentaria de la propiedad, de la producción y de los intercambios. «Había que romper esas cadenas —escriben los autores del Manifeste—, y se rompieron». Así se plantea el problema del paso del feudalismo al capitalismo. Problema al que no se sustrayeron los más clarividentes hombres de la época. Lejos de estar inspirada por un idealismo abstracto, como pretende Taine, la burguesía revolucionaria tenía una clara conciencia de la realidad económica que le daba su fuerza y que determinó su victoria.

Barnave fue el primero que formuló, más de medio siglo antes que Marx, la teoría de la revolución burguesa. Barnave, que había vivido en el Delfinado, en medio de esa inmensa actividad industrial que, si creemos lo que el inspector de las manufacturas Roland escribía en 1785, hacía de esta provincia, por la variedad y densidad de sus empresas y la importancia de su producción, una de las primeras del reino, llegó a concebir la idea de que la propiedad industrial acarrea el advenimiento político de la clase que la posee. En su Introduction à la Révolution française, escrita en 1792 y publicada en 1843, después de sentar el principio de que la propiedad influye sobre las instituciones, Barnave observa que las instituciones creadas por la aristocracia terrateniente contrarían y retrasan el advenimiento de la nueva sociedad.

«El reinado de la aristocracia dura tanto como el pueblo agrícola sigue ignorando o descuidando las artes, y como la propiedad de las tierras sigue siendo la única riqueza…».

«Desde el momento en que las artes y el comercio consiguen penetrar en el pueblo y crean un nuevo medio de riqueza en ayuda de la clase trabajadora, se prepara una revolución de las leyes políticas; una nueva distribución de la riqueza prepara una nueva distribución del poder. Así como la posesión de las tierras aupó a la aristocracia, la propiedad industrial eleva el poder del pueblo; este adquiere su libertad…».

El pueblo, según la pluma de Barnave, es la burguesía. Después de afirmar tan claramente la necesaria correspondencia entre las instituciones políticas y el movimiento de la economía, Barnave le añade el movimiento de las mentes:

«A medida que las artes, la industria y el comercio enriquecen a la clase trabajadora del pueblo, empobrecen a los grandes propietarios rurales y acercan a las clases por la fortuna; los progresos de la instrucción los acercan por las costumbres y recuerdan, después de un largo olvido, las ideas primitivas de la igualdad».

Tanto como la igualdad con la aristocracia, era la libertad lo que reclamaba la burguesía: la libertad política, sí, pero más aún la libertad económica, la de la empresa y el beneficio. El capitalismo exigía la libertad porque la necesitaba para asegurar su desarrollo. La libertad en todas sus formas: libertad de la persona, condición del asalariado, libertad de los bienes, condición de su movilidad, libertad de la mente, condición de la investigación y de los descubrimientos técnicos y científicos.

Las revoluciones holandesa a finales del siglo XVI e inglesa en el XVII ya habían demostrado que las causas profundas de la revolución burguesa hay que buscarlas en las supervivencias feudales y las contradicciones de la antigua sociedad, obstáculos para el desarrollo de los nuevos medios de producción y de intercambio. Pero este aspecto no explica todos los caracteres de la Revolución francesa. Las razones para que haya constituido el episodio más clamoroso, por su propia violencia, de las luchas de clase que han llevado a la burguesía al poder, hay que buscarlas en las características específicas de la sociedad francesa del Antiguo Régimen.

ESTRUCTURA Y COYUNTURA

Antagonismos sociales

La aristocracia (es decir, la nobleza y el alto clero, dado que el orden del clero no presentaba ninguna unidad social) planteaba un doble problema, social y político.

Socialmente, más que sobre los matices y los enfrentamientos en las filas de la aristocracia, hay que insistir en su unidad profunda y en sus características específicas: estas se miden en comparación con la aristocracia inglesa, que no disfrutó ni del privilegio fiscal ni del prejuicio de derogación. Sin duda la nobleza francesa no era homogénea, puesto que la evolución histórica había introducido diferenciaciones en el seno del orden: nobleza de espada tradicional y nobleza de toga, adquirida al nacer, nobleza de corte y nobleza provinciana, de sangre una y otra pero con opuestos géneros de vida. Sin duda también en el siglo XVIII el dinero se imponía a la nobleza, como a la burguesía, y tendía a disociar sus filas. El noble, incluso el de espada, no era nada si era pobre. Había que ser rico para adquirir la nobleza, rico también para mantener su rango. En sus capas superiores, la aristocracia se veía reducida en una minoría a la que el dinero, el espíritu de empresa, las costumbres y las ideas, acercaban a la burguesía. No obstante, la masa de la nobleza permanecía al margen de esa renovación, obstinadamente aferrada a sus privilegios y a su mentalidad tradicional.

Si bien es cierto que el exclusivismo nobiliario no data del siglo XVIII, sí se reforzó considerablemente a finales del Antiguo Régimen: el ejército (la medida más célebre en la materia es la ordenanza de 1781), la Iglesia (en 1789 todos los obispos son nobles), la alta administración (acabado el reino de la «vil burguesía»), se cerraron a los plebeyos. «De una forma u otra —escribe Sieyès en su folleto Qu’est-ce que le tiers état?— todas las ramas del poder ejecutivo cayeron también en la casta que suministraba la Iglesia, la Toga y la Espada. Una especie de espíritu de confraternidad hace que los nobles se prefieran entre ellos y para todo, al resto de la nación. La usurpación es total: reinan realmente». Entre la espada, la toga y las finanzas recién llegadas, la solidaridad de los intereses aseguraba una rápida fusión: la diversidad de los orígenes se borraba ante la afirmación del privilegio. El pequeño noble de provincias seguía todavía más aferrado a su condición: le iba en ello su propia existencia. Renunciar a los derechos señoriales o simplemente pagar el impuesto hubiera precipitado su ruina. El prejuicio de derogación condenaba a los segundones a la miseria, dado que el derecho de primogenitura reservaba el patrimonio a los herederos del apellido. En algunas provincias, una auténtica «plebe nobiliaria», según la expresión de Albert Mathiez, seguía fijada en la tradición, negándose a cualquier concesión. En la nación, «¿dónde situar la casta de los nobles?», pregunta Sieyès. El peor ordenado de todos los estados sería aquel en que «toda una clase de ciudadanos se vanagloriara de permanecer inmóvil en medio del movimiento general y consumiera la mejor parte del producto sin haber participado en nada en su producción. Una clase como esa es ciertamente ajena a la nación por su holgazanería». Cuando se puso en entredicho la existencia del privilegio, el rey, «primer gentilhombre del reino», ¿podía resignarse a abandonar a «su fiel nobleza»? La monarquía, como la aristocracia, no tuvo otra salida que la contrarrevolución.

Políticamente, la aristocracia se alzó, en el siglo XVIII, contra el absolutismo real y lo minó obstinadamente. Tanto como por el desarrollo del pensamiento burgués y el resplandor de la filosofía de la Ilustración, la época se caracterizó por una contracorriente de ideología aristocrática ilustrada por Boulainvilliers, Montesquieu, Le Paige. La feudalidad fue justificada por la conquista, y los nobles serían descendientes de los conquistadores germánicos, a los que el derecho de armas habría convertido en señores de los galorromanos reducidos al vasallaje. La aristocracia es anterior a la monarquía, y los reyes al principio eran elegidos. Nutriéndose de este arsenal ideológico, sólidamente instalada en esas fortalezas del exclusivismo aristocrático que eran las Cortes soberanas, los estados provinciales y las asambleas del clero, usando y abusando de los derechos de los parlamentos al registro y a las amonestaciones, la aristocracia, tanto la de espada como la de toga, desplegó a lo largo de todo el siglo XVIII el asalto contra la autoridad real. Las Cortes y los estados, rechazando toda tentativa de reforma fiscal, atribuyéndose papel de defensores del contribuyente, mantenían de hecho los privilegios al abrigo de todo ataque. Maupeou había vencido en 1771 a la oligarquía judicial; Luis XVI, a su llegada, la restableció en sus poderes; contribuyó a la caída de Turgot. Desde este momento el ataque se generalizó en nombre de la libertad —la de la aristocracia—, la Espada y la Toga hicieron causa común contra el poder central y los parlamentos y los estados provinciales se apoyaron mutuamente.

La oposición aristocrática culminó en lo que Albert Mathiez ha llamado «la revuelta nobiliaria» y Georges Lefebvre «la revolución aristocrática» (1787-1788): «Los patricios —escribió Chateaubriand— empezaron la Revolución; los plebeyos la acabaron». De la reunión de la Asamblea de notables del 22 de febrero de 1787, a la decisión del Parlamento de París del 23 de septiembre de 1788 (en que los Estados Generales, convocados para el 1.º de mayo por decisión del Consejo del 8 de agosto, se constituyeron, como en 1614, en tres órdenes con el mismo número de representantes y voto separado), los intentos de reformas propuestas por Calonne y por su sucesor Lomóme de Brienne fueron atajados por la resistencia del Consejo de notables, y después por la revuelta de la Corte de los pares y de los parlamentos provinciales. Después de acabar imponiendo su voluntad al poder real, la aristocracia había triunfado.

¿«Revolución aristocrática»?… La expresión parece ambigua. Si la nobleza (y sus cuadernos de quejas pronto lo ilustraron) admitía un régimen constitucional y el voto del impuesto por parte de los Estados Generales, si exigía el abandono de la administración a unos estados provinciales electivos (Estados Generales y Estados Provinciales que dominaría gracias al mantenimiento de su estructura aristocrática), si se mostraba preocupada por la libertad individual, estaba lejos de admitir la igualdad fiscal, era unánime en cuanto al mantenimiento de los derechos señoriales. No puede quedar ninguna duda: la aristocracia emprendió la lucha contra el absolutismo para restablecer su preponderancia política y salvaguardar unos privilegios sociales superados… lucha que lógicamente llevó hasta la contrarrevolución.

La problemática de esta «etapa intermedia» ha vuelto a ser estudiada recientemente y el acento se ha puesto no ya sobre el contenido social del episodio sino sobre la voluntad de reforma de la monarquía[2]: reforma de las imposiciones propuestas por Calonne, relanzada por Brienne, más el amplio conjunto de reformas emprendidas por Brienne, desde la administración central de las finanzas y el comercio hasta la reforma militar, desde las asambleas provinciales hasta la reforma judicial y el estado civil de los no católicos. Loménie de Brienne y sus colaboradores habían emprendido con valentía la renovación de un régimen condenado: ¿estaba en sus manos cambiar su contenido social? La mayor parte de los privilegiados no estaban dispuestos a hacer sacrificios; aunque limitadas y parciales, las reformas lesionaban sus intereses y ponían en peligro sus prerrogativas. Si las justicias señoriales estaban condenadas, no era cuestión de tocar los derechos feudales. La reforma militar respetaba las prerrogativas de la nobleza cortesana, pero seguía negando a los plebeyos el acceso a los grados de oficiales. Para complacer a la aristocracia, el poder de los intendentes quedaba desmembrado en beneficio de las asambleas provinciales, pero se mantenía la división en órdenes, y la presidencia seguía reservada a los privilegiados. Si es cierto que la nobleza y el clero perdían parte de su privilegio fiscal, también lo es que conservaban su preeminencia social y el clero su autonomía administrativa tradicional. Las reformas no ponían en cuestión la estructura aristocrática del Antiguo Régimen: tratándose del prólogo a una revolución burguesa, ¿puede desde ese momento hablarse de «prerrevolución»? Más que sobre las tentativas de reforma, parece claro que el acento de esta «etapa intermedia» ha de seguir poniéndose en la resistencia victoriosa de la aristocracia. Pero, al minar el poder real, esta no se daba cuenta de que estaba anulando al defensor de sus privilegios. La revuelta de la aristocracia abrió el camino al Estado llano.

El tercer Estado, o Estado llano, incluía confundidos en sus filas a todos los plebeyos, o sea, según Sieyès, al 96% de la nación. Esta entidad legal encubría elementos sociales diversos cuya acción específica diversificó el curso de la Revolución.

Es una verdad evidente que la burguesía guio la Revolución. También hay que observar que no constituía, en la sociedad del siglo XVIII, una clase homogénea. Algunas de esas fracciones estaban integradas en las estructuras del Antiguo Régimen, participando en grados diversos de los privilegios de la clase dominante: bien por la fortuna inmobiliaria y los derechos señoriales, bien por la pertenencia al aparato del Estado, bien por la dirección de las formas tradicionales de las finanzas y la economía. Todas ellas estuvieron afectadas en grados diversos por la Revolución. Convendría medir exactamente el papel de la gran burguesía comerciante e industrial tanto en el Antiguo Régimen como en la Revolución. El capitalismo todavía seguía siendo básicamente comercial. Dominaba un sector importante de la producción, bien en las ciudades, bien en el campo, donde el negociante-fabricante hacía trabajar a trabajadores a domicilio a destajo. El capitalismo comercial, si bien históricamente representa una fase de transición, no llevaba esencialmente a la revolución del antiguo sistema de producción y de intercambio en el que estaba en parte integrado. Los sectores de burguesía vinculados a él no tardaron en mostrarse partidarios de un compromiso. Desde ese punto de vista, ¿no podría señalarse una cierta continuidad lógica desde los monárquicos a los feuillants, y después a los girondinos? Mounier, portavoz de los monárquicos, escribiría más tarde que su destino era «seguir las lecciones de la experiencia, oponerse a las innovaciones temerarias y no proponer en las formas de gobierno entonces existentes más que las modificaciones necesarias para mantener la libertad». En cuanto a los girondinos, cuyas vinculaciones con la burguesía de los puertos y el gran comercio colonial son bien conocidas, el ejemplo de Isnard ilustra su posición social y política: diputado por el Var en la Convención, célebre por su apóstrofe contra París el 25 de mayo de 1793 («Pronto se buscaría en las orillas del Sena…»), Isnard era un negociante especializado en el comercio al por mayor de aceites y en la importación de granos, propietario de una fábrica de jabones y de una fábrica de torcidos de seda. Ejemplo significativo de una actividad industrial subordinada al capital comercial y que no cambiaba las relaciones de producción tradicionales: tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico la industria seguía siendo subalterna.

La existencia de un amplio sector de pequeña y mediana burguesía ya constituía una de las características esenciales de la sociedad francesa. La mayor parte de la producción local seguía alimentada por artesanos, productores independientes y vendedores directos. Pero en el artesanado reinaba una enorme diversidad en cuanto a la condición jurídica y al nivel social. Existían muchos matices, desde la burguesía media hasta la clase humilde, que trabajaba manualmente. Algunos oficios, como los Seis Cuerpos en París, estaban considerados y sus miembros se encontraban entre los notables. A menudo se ha citado la opinión de la esposa del convencional Lebas —hija del «carpintero» Duplay (entendámonos: empresario carpintero)— huésped de Robespierre, que afirmaba que su padre, preocupado por la dignidad burguesa, jamás hubiera admitido en su mesa a uno de sus «servidores», es decir, de sus obreros. Se ve así la distancia que separó a los jacobinos de los sans-culottes, a la pequeña o mediana burguesía de las clases populares propiamente dichas. Donde acababan unas y empezaban otras era algo difícil de precisar. En la sociedad del Antiguo Régimen, de dominante aristocrática, las categorías sociales englobadas bajo el término general de tercer Estado no estaban claramente dilucidadas. La producción artesanal y el sistema de intercambios a través del tendero facilitaban transiciones insensibles del pueblo a la burguesía. El obrero trabajaba y vivía con el pequeño artesano, compartía su mentalidad y sus condiciones materiales. Del artesano al empresario habían múltiples matices y los pasos eran lentamente graduados. En lo alto de la escala unos cambios casi insensibles provocaban una brusca mutación: en la primera fila de la clase media y ya en las fronteras de la auténtica burguesía, un cierto parentesco con las profesiones liberales, así como unos privilegios concretos o una reglamentación especial, aislaban a libreros, impresores, boticarios, maestros de postas, algunos grandes empresarios que, si trataban a tenderos importantes y a obreros, se irritaban de ver a los burgueses propiamente dichos comportarse de igual forma con respecto a ellos.

Sobre esas categorías sociales intermedias pesaban las contradicciones de una situación ambigua. Los artesanos, pertenecientes a las clases populares por sus condiciones de vida y a menudo por la miseria que conocían, poseían, sin embargo, su tenderete y sus herramientas; el tener bajo su disciplina a obreros y aprendices acentuaba su mentalidad burguesa. Pero el apego al sistema de la producción reducida y de la venta directa les enfrentaba a la burguesía comercial y al capital comercial: los artesanos se sentían amenazados por la competencia de la manufactura, y temían sobre todo trabajar para el negociante-fabricante y verse reducidos así a la condición de asalariados. De ahí que, entre los artesanos y tenderos que formaron los dirigentes del movimiento popular, se dieran aspiraciones contradictorias. Se alzaban contra la propiedad concentrada en manos de los grandes fabricantes: pero ellos mismos eran propietarios. Reclamaban la tasación de las subsistencias y de las materias primas: pero pretendían mantener la libertad de sus beneficios. Las reivindicaciones de esas categorías artesanales y de tenderos se sublimaron en quejas apasionadas, en arranques de revuelta, particularmente eficaces en la obra de destrucción de la vieja sociedad: jamás pudieron concretarse en un programa coherente.

A las categorías populares propiamente dichas les faltaba el espíritu de clase. Diseminados en muchos pequeños talleres, no estaban especializados como consecuencia del desarrollo todavía restringido de la técnica, ni estaban concentrados en grandes empresas o en los barrios industriales. A menudo mal diferenciados del campesinado, los asalariados, así como también los artesanos, no eran capaces de concebir soluciones eficaces para su miseria: la debilidad de los gremios lo demostraba. El odio hacia la aristocracia, el enfrentamiento irreductible con los «pudientes» y los ricos, fueron los fermentos de unidad de las masas trabajadoras. Cuando las malas cosechas, y la crisis económica que necesariamente provocaban, las pusieron en movimiento, no se alinearon con una clase distinta, sino como asociadas al artesanado, detrás de la burguesía: así se dieron los golpes más fuertes a la vieja sociedad. Pero esta victoria de las masas populares no podía ser más que «una victoria burguesa»: la burguesía solo aceptó la alianza popular contra la aristocracia porque las masas le permanecieron subordinadas. En caso contrario, probablemente habría renunciado, como hizo en el siglo XIX en Alemania y en menor medida en Italia, al apoyo de aliados considerados como demasiado temibles.

Los campesinos desempeñaron un cometido no menos importante en la Revolución francesa: fue una de sus características más originales. En 1789 la gran mayoría de campesinos eran, desde hacía mucho, hombres libres, dado que la servidumbre solo subsistía en algunas regiones, sobre todo en el Neversado y el Franco Condado. Las relaciones de producción feudales dominaban, sin embargo, los campos, como demostraban los cánones señoriales y los diezmos eclesiásticos. El diezmo, alejado la mayoría de las veces de su objetivo primitivo y que presentaba los inconvenientes habituales de un impuesto en especie, parecía tanto más insoportable cuanto que el alza de los precios había aumentado su beneficio: en tiempos de hambre se obtenía a expensas de la alimentación del campesino. Lo que quedaba de los derechos señoriales era todavía más impopular, aunque ciertamente seguía siendo igual de gravoso. Algunos historiadores tienen tendencia a minimizar el peso de la feudalidad al final del Antiguo Régimen. Tocqueville les ha contestado por adelantado en un capítulo de El Antiguo Régimen y la Revolución: «Porque los derechos feudales se habían vuelto en Francia más odiosos para el pueblo que en cualquier otra parte»: si el campesino no hubiera poseído la tierra hubiera sido menos sensible a las cargas que el sistema fiscal hacía pesar sobre la propiedad rural.

Quizás habría que distinguir, desde un estricto punto de vista jurídico, lo que era propiamente feudal de lo que era señorial. Los derechos feudales resultaban de los contratos de feudo. La jerarquía de los feudos se mantenía, como da fe de ello en cada mutación el permiso y el censo, así como el pago de una tasa; allí donde los plebeyos tendían a ser compradores de feudos, y el caso no era raro en el Midi, estaban sujetos a un canon especial llamado de feudo alodial. Los derechos señoriales hallaban su principio en la soberanía ejercida en la Edad Media por los señores. De la autoridad señorial subsistía: una parte de la justicia, alta o baja, carácter esencial del señorío; unas prerrogativas honoríficas, símbolo de la superioridad social del señor; unos monopolios señoriales, personales unos, prestaciones personales y cánones diversos, y reales otros: caían sobre las tierras y no sobre las personas, y traducían la propiedad eminente del señor (todavía se decía la directa), pues el campesino solo tenía la propiedad útil. De los derechos reales, unos eran anuales (bien en dinero, censo o rentas, bien en especie, tributo de las gavillas o terrazgo en el Norte, agrier en el Midi), otros casuales (laudemio sobre las mutaciones). Tal era, esquematizado (Boncerf evalúa en más de trescientas las distintas clases de cánones en su folleto sobre los Inconvénients des droits féodaux, 1776), el complexum feudale, en expresión de los juristas: la feudalidad, en el vocabulario ordinario de la época. Que las masas campesinas, unánimes en detestarla, dieran a través suyo un golpe mortal a la aristocracia, prueba bastante bien que la feudalidad constituía la característica esencial de la sociedad del Antiguo Régimen. «La feudalidad había permanecido como la mayor de todas nuestras instituciones civiles al dejar de ser una institución política —escribe Tocqueville—. Así reducida, todavía provocaba muchos más odios, y puede decirse en verdad que al derribar una parte de las instituciones de la Edad Media se había hecho cien veces más odioso lo que se dejaba».

Frente a la explotación feudal, la comunidad rural permanecía unida: frente al señor, frente al diezmero, frente también al impuesto real. Pero detrás de este antagonismo fundamental ya se percibían oposiciones que llevaban el germen de las luchas del siglo XIX, una vez destruidas la feudalidad y la aristocracia. La desigualdad había penetrado desde hacía mucho en la comunidad rural, y tendía a disociarla.

En las regiones de grandes explotaciones, la aplicación del capital y sus métodos al trabajo agrícola con vistas a un cultivo intensivo y a una producción para el mercado, había producido evidentes repercusiones en la condición campesina. El grupo social de los grandes terratenientes se desarrolló ampliamente al final del Antiguo Régimen, concentrando no la propiedad sino la explotación: los campesinos de las llanuras cerealícolas de la cuenca parisiense denunciaron en sus cuadernos de quejas la «reunión» de las explotaciones agrarias y se obstinaron en vano, hasta el año II, en reclamar su división. Así se afirmaba ya el antagonismo entre un capitalismo agrícola y un campesinado en vías de proletarización. Faltos de tierra, despojados de sus derechos colectivos a medida que se reforzaban la propiedad privada y la gran explotación, los pequeños campesinos engrosaban las filas de un proletariado miserable e inestable, presto a alzarse tanto contra las grandes explotaciones como contra los castillos.

Desde luego, no hay que exagerar esas características: en vísperas de la Revolución, la mayor parte del país seguía siendo dominio de la pequeña explotación tradicional. Pero también aquí la desigualdad se había introducido en el seno de la comunidad rural. La propiedad de los bienes comunales, las presiones colectivas sobre la propiedad privada (prohibición de cercar, rotación de cultivos obligatoria), los derechos de uso sobre los campos (pastos comunales, derechos de espigueo y de rastrojera), sobre los prados (derecho de segunda hierba) o sobre los bosques habían constituido durante mucho tiempo unos sólidos cimientos comunitarios. En la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la ola del individualismo agrario y con el apoyo del poder real (edictos de cercado, clasificación de los comunales), la estructura comunitaria se resquebrajó: fue la aristocracia quien se aprovechó sobre todo de ello. Pero, en el seno de la comunidad, algunos propietarios, «gallitos de pueblo», dominaban a jornaleros y pequeños campesinos que dependían de ellos para sus yuntas o para su pan cotidiano; producían más o menos para el mercado, acaparaban la administración del pueblo y se adaptaban a la renovación de la agricultura. Este campesinado propietario, tanto como a la aristocracia que gravaba su tierra con los derechos señoriales, era hostil a la comunidad rural que lo gravaba con derechos colectivos y limitaba su libertad de explotación y de provecho: aspiraba a liberarse de todas esas restricciones. El campesinado pobre, por el contrario, falto de tierra y obligado para asegurarse el pan a buscar un salario complementario en la tierra de otros o en la industria rural, se aferraba tanto más a los derechos colectivos y a los modos tradicionales de producción cuanto que sentía que se le escapaban: la masa campesina oponía la reglamentación del cultivo a la libertad de explotación.

Concepción de un derecho limitado de la propiedad, acción reivindicativa contra la concentración de las explotaciones o de las empresas: estos rasgos caracterizaban un ideal social popular a la medida de las condiciones económicas de la época. Los campesinos y artesanos para disponer libremente de su persona y de su trabajo debían primero dejar de estar enfeudados a otro, apegados a la tierra o prisioneros en el marco de una corporación. De ahí su odio hacia la aristocracia y el Antiguo Régimen: las clases populares han sido el motor de la revolución burguesa. Pero, productores inmediatos o codiciosos del devenir, campesinos y artesanos basaban la propiedad en el trabajo personal y soñaban en una sociedad de pequeños productores, cada uno dueño de su campo, su taller, su tienda: de un modo confuso, querían prevenir la constitución de un monopolio de la riqueza, así como la de un proletariado dependiente. Estas aspiraciones profundas dan cuenta de las luchas sociales y políticas durante la Revolución, de sus peripecias y de su progresión: de 1789 a 1793 se asiste a una profundización de la lucha de la burguesía contra la aristocracia, marcada por el papel creciente de las capas medias y de las masas populares, y no a un cambio de naturaleza de las luchas sociales. En ese sentido puede hablarse de un «cambio de frente» de la burguesía después de la caída de Robespierre: tanto antes como después del 9 termidor, el enemigo esencial sigue siendo la aristocracia que no depone las armas. La prueba de ello es la ley de 9 frimario del año VI (29 de noviembre de 1797), inspirada por Sieyès, que redujo a los exnobles y ennoblecidos a la condición de extranjeros. La Revolución francesa es «un bloque»: antifeudal y burguesa a través de sus diversas peripecias.

Este arraigo de la Revolución en la realidad social francesa, esta continuidad y esta unidad, así como su necesidad, han sido subrayados por Tocqueville con su acostumbrada lucidez.

«Lo que la Revolución no ha sido en modo alguno es un acontecimiento fortuito. Ha tomado, es cierto, el mundo de improviso, y sin embargo no era más que el complemento del trabajo más largo, el término repentino y violento de una obra en la que habían trabajado diez generaciones de hombres».

Fluctuaciones económicas y demográficas

No obstante, más allá de las estructuras sociales y de los antagonismos fundamentales que dan cuenta de las causas profundas de la Revolución, conviene precisar los diversos factores que explican una fecha. La Revolución era ineluctable, según testimonio del propio Tocqueville: pero ¿por qué —según su expresión— esa explosión repentina, ese brusco «esfuerzo convulsivo y doloroso, sin transición, sin precaución, sin miramientos»?[3].

La Revolución de 1789 nació en una atmósfera de crisis económica. Jaurès, en el amplio fresco que es su Histoire socialiste (1901 -1904), había buscado en «las condiciones económicas, la forma de la producción y de la propiedad», las razones profundas de la Revolución. Pero su obra peca quizá por exceso de simplificación: la Revolución se desarrolla casi en su totalidad lisa y llanamente; su causa reside en el poder económico e intelectual de la burguesía que ha alcanzado su madurez; su resultado fue consagrar ese poder en la ley. «Ahora —escribe Jaurès— la propiedad industrial y mobiliaria, es decir, la propiedad burguesa, está en plena fuerza: el advenimiento de la democracia burguesa es, por lo tanto, inevitable, y la Revolución es una necesidad histórica». Esta explicación no da cuenta ni de la fecha de la Revolución ni de su carácter violento debido a la resistencia de la aristocracia y a la irrupción de las masas populares en la escena política. ¿La Revolución francesa solo habría sido la revolución de la prosperidad burguesa?

El siglo XVIII ha sido ciertamente un siglo de prosperidad; su apogeo económico se sitúa a finales de la década de 1760 y principios de la de 1770: «El esplendor de Luis XV». Después de 1778 comenzó «la decadencia de Luis XVI», período de contracción, después de regresión, que culminó en 1787 con una crisis generadora de miseria y de problemas. Desde luego, Jaurès no ha negado la importancia del hambre en el desencadenamiento de la Revolución, pero únicamente le adjudica un papel episódico: la crisis, al poner a prueba dolorosamente a las masas populares, las movilizó al servicio de la burguesía, pero no habría sido más que un accidente. El mal era más profundo[4].

Las masas populares de las ciudades y del campo no fueron puestas en movimiento en 1789 por los manejos sediciosos de la burguesía: esta es la tesis del complot avanzada por el padre Barruel en sus Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme publicadas en Hamburgo en 1798, tesis retomada en un cierto sentido por Agustin Cochin en su encuesta sobre Les sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne (1925). Tampoco se levantaron bajo el impulso de sus instintos sanguinarios, como pretende Taine en los Origines de la France contemporaine (1875), obra de denigración y de cólera. El hambre los levantó: es una verdad evidente, subrayada vehementemente por Michelet («Os lo ruego, venid a ver a este pueblo tirado por el suelo, pobre Job… El hambre es un hecho de tipo civil: se tiene hambre en nombre del rey»), a la que los trabajos de C. E. Labrousse han dado unos amplios cimientos científicos. El hambre popular aparece como la consecuencia de los caracteres generales de una fase (A) de alza y de expansión (según la terminología de F. Simiand), pero asociados a los movimientos cíclicos y estacionales, matizados por la consideración del salario real, explicados finalmente por las características históricas de la economía y la demografía de la época.

El movimiento de los precios en Francia en el siglo XVIII se caracteriza por un alza secular de 1733 a 1817, fase A que sucedió a la fase B de depresión que se prolongó desde mediados del siglo XVII hasta alrededor de 1730. La ola de alza y de prosperidad, lenta hasta hacia 1758, violenta de 1758 a 1770, se estabilizó de 1778 a 1787, provocando un malestar prerrevolucionario: una nueva ola desencadenó el ciclo revolucionario (1787-91). Si otorgamos el índice 100 al ciclo 1726-41, el alza media de larga duración es del 45% para el ciclo 1771-89; se eleva al 65% para los años 1785-89. El aumento, muy desigual según los productos, es más importante para los productos alimenticios que para los productos fabricados, para los cereales que para la carne: hechos típicos de una economía todavía esencialmente agrícola. Los cereales ocupaban un lugar enorme en el presupuesto popular, su producción aumentaba poco mientras que la población crecía y la competencia de los granos extranjeros no podía intervenir. Para el período 1785-1789, el alza de los precios es del 66% para el trigo candeal, del 71% para el centeno, del 67% para la carne; la leña bate todos los records: el 91%. El caso del vino es especial: 14%; la baja del beneficio vitícola fue tanto más grave cuanto que muchos viñadores no producían cereales y compraban su pan. Las variaciones cíclicas (ciclos 1726-41, 1742-57, 1758-70, 1771-89) se superpusieron al movimiento de larga duración, de modo que el máximo cíclico de 1789 llevó el alza del candeal al 127% y la del centeno al 136%. En cuanto a los cereales, las variaciones estacionales, por último, insensibles o casi en períodos de abundancia, se ampliaban en los años malos; de uno a otro otoño aumentaban entonces del 50 al 100% y más. En 1789 el máximo estacional coincidió con la primera quincena de julio: llevó el aumento del candeal al 150%, el del centeno al 165%. La jornada del 14 de julio coincidió con el punto culminante del alza de los precios en el siglo XVIII.

El coste de la vida para las clases populares resultó gravemente afectado por el alza de los precios; como los cereales aumentaron más que todo lo demás, el pueblo fue quien estuvo más duramente afectado. La víspera del 14 de julio, la parte que ocupaba el pan en el presupuesto popular había alcanzado el 58% debido al alza general; en 1789 alcanzó el 88%: solo quedaba el 12% de los ingresos para los demás gastos. El alza de precios beneficiaba a las categorías sociales acomodadas y abrumaba al pueblo.

El movimiento de los salarios agravaba todavía más la incidencia del alza de los precios sobre el destino de las masas populares. Las series locales elaboradas por C. E. Labrousse llevan al 17% el aumento de salarios entre el período base de 1726-41 y el de 1771-89; pero en la mitad de casos no llega al 11%. En comparación con los años 1785-89 es del 22%; supera el 26% en tres generalidades. El aumento de los salarios fue variable según las profesiones: para la construcción, el 18% (1771-89) y 24% (1785-89), pero solo el 12 y el 16%, respectivamente, para el jornalero agrícola. El aumento de larga duración de los salarios es, pues, muy débil en comparación con el de los precios. Ahora bien, las variaciones cíclicas y estacionales de los salarios aumentaban más la diferencia, puesto que eran en sentido inverso a las de los precios. En el siglo XVIII, en efecto, la carestía provocaba el paro y la escasez de la cosecha reducía las necesidades del campesinado. La crisis agrícola produjo la crisis industrial, y la parte importante que el pan ocupó en el presupuesto popular tuvo como consecuencia la reducción de las otras compras. Comparando el aumento del salario nominal con el del coste de la vida, se comprueba que el salario real ha disminuido: en una cuarta parte entre 1726-41 y 1785-89; en más de la mitad si se tienen en cuenta los puntos máximos cíclicos y estacional de los precios. Las condiciones de vida de la época exigían que la reducción afectara básicamente a las subsistencias de primera necesidad, por lo que el período de alza del siglo XVIII provocó un aumento de la miseria popular. El hambre movilizó al pueblo.

El crecimiento demográfico multiplicó las consecuencias del alza de los precios. Parece tanto más destacable cuanto que sucedió, alrededor de 1740, a un período de estancamiento. Las depresiones demográficas profundas, que caracterizaron al siglo XVII y que provocaron un déficit perceptible durante mucho tiempo en el flanco de la pirámide de las edades, dieron paso a crisis más leves y más rápidas. Las grandes carestías de antes de 1715 se convirtieron después de 1740 en carestías larvadas, las crisis «mortales» en crisis «veniales». Las quintas de efectivos realmente reducidos desaparecieron, los efectivos se regularizaron. La natalidad mantuvo un nivel elevado, el 40 manifestándose, no obstante, una cierta tendencia a la reducción de los nacimientos, sobre todo en medios aristocráticos. La mortalidad siguió oscilando de un año a otro, pero normalmente se mantenía por debajo de la natalidad, descendiendo al 33% en 1778. La esperanza de vida al nacer estaba alrededor de los 29 años en vísperas de la Revolución. La expansión demográfica benefició proporcionalmente más a las ciudades que al campo: el siglo XVIII fue un siglo de expansión urbana. Si situamos en la categoría de «ciudades» a las aglomeraciones de más de 2000 habitantes, la población urbana ascendía aproximadamente al 16% del total. Como en las ciudades la natalidad era menor, la mortalidad mayor y el número de solteros más elevado, la inmigración de los habitantes del campo constituía el factor principal de la expansión urbana, Al final del Antiguo Régimen, la población francesa era de unos 25 millones de habitantes. Desde el punto de partida, 19 millones a finales del siglo XVII, y teniendo en cuenta el crecimiento territorial, el aumento era modesto: 6 millones, apenas más de un tercio. Otros estados se habían beneficiado de una expansión mayor, por ejemplo Inglaterra. Francia no era, sin embargo, el país más poblado de Europa. Sobre todo, por modesto que haya sido su crecimiento demográfico, diverso según las regiones, no ha dejado de tener importantes consecuencias sociales. Al aumentar la demanda de productos agrícolas, contribuyó al alza de precios. El crecimiento urbano estimuló a la industria textil que veía cómo se abrían nuevas salidas y que, a su vez, atraía a la mano de obra de los medios rurales. Sobre esta población que había aumentado, y principalmente en las ciudades y en las masas populares, las crisis de las subsistencias, todavía más nefastas en la primera mitad del siglo, ya no tuvieron graves repercusiones demográficas sino consecuencias sociales y económicas. En esa economía todavía arcaica, la crisis de las subsistencias desencadenó un proceso en el que se encadenaron miseria, subconsumo, contracción del mercado de mano de obra, subempleo, mendicidad y vagabundeo. La expansión demográfica[5] tiende a romper el frágil equilibrio población-subsistencias, multiplicando así las tensiones sociales: aquí se incluye, en una parte no esencial pero no obstante importante, entre las causas próximas de la Revolución.

Las contradicciones irreductibles de la sociedad del Antiguo Régimen hacía mucho tiempo que habían llevado a la revolución a la orden del día. Las fluctuaciones económicas y demográficas, generadoras de tensión y que, en las condiciones de la época, escapaban a toda acción gubernamental, crearon una situación revolucionaria. Contra un régimen cuya clase dirigente era impotente para defenderlo, se alzó la inmensa mayoría de la nación, confusa y conscientemente. Así se llegó al punto de ruptura. En 1788 se urdió la crisis nacional.

El campo ya había sido afectado por la mala venta del vino, cuyos precios cayeron hasta la mitad después de unas cosechas abundantes; si bien la situación mejoró después de 1781, el beneficio vitícola siguió limitado por vendimias poco abundantes. Como en ese momento el cultivo de la vid estaba muy extendido, la suerte de muchos campesinos resultó afectada, pues para ellos el vino constituía el único producto comercializable. En 1785 el ganado fue diezmado por culpa de la sequía. El mercado rural, esencial para la producción industrial, se contrajo a partir de ese momento, y el tratado comercial anglofrancés de 1786 contribuyó en parte (aunque no conviene exagerar) a las dificultades de la industria. La cosecha de 1788 fue desastrosa: desde el mes de agosto fue afianzándose el alza, que siguió sin detenerse hasta julio de 1789. La catástrofe agrícola cerró la salida rural, el paro se multiplicó entre una mano de obra ya pletórica y el nivel del salario bajó. La caída de la producción industrial (y, por lo tanto, el paro urbano) puede estimarse en el 50%, la del nivel del salario en el 15 al 20%, en tanto que el coste de la vida subía en la proporción del 100 al 200%. La penuria y la carestía movilizaron a las masas rurales y ciudadanas que con toda naturalidad imputaron la responsabilidad de sus males a las clases dominantes y a las autoridades gubernamentales. Diezmeros y señores que cobraban el impuesto sobre las gavillas, que disponían de grandes cantidades de granos, así como tratantes en granos, molineros y panaderos sospechosos de favorecer el alza, caían bajo la acusación de acaparamiento. Las compras del gobierno daban crédito a la tenaz leyenda del «pacto de hambre» lanzada contra Luis XV. Si los economistas reclamaban como única solución la libertad del comercio de granos, provechosa sobre todo para los propietarios y los negociantes, el pueblo se atenía a la reglamentación tradicional, reforzada si era preciso por la requisa y la fijación de los precios. La crisis económica, si no la creó, sí contribuyó a agravar la crisis de la monarquía: las dificultades financieras dieron pie a la oposición política.

La crisis financiera se remonta a la guerra de América, sostenida por Necker a base de préstamos; Calonne recurrió al mismo método para consolidar lo atrasado. El Compte rendu presentado al rey en marzo de 1788 evaluaba los gastos en 629 millones de libras, y los ingresos en 503: o sea, un déficit del 20%. El servicio de la deuda exigía 318 millones, o sea más de la mitad de los gastos. La crisis económica repercutía en el ingreso de los impuestos, aumentaba las cargas a razón de las compras de granos al exterior; alcanzó al crédito público. Al haber disminuido el poder adquisitivo de las masas, el impuesto, y sobre todo el impuesto indirecto, no podía rendir mucho. Quedaba la igualdad fiscal. Calonne se arriesgó a proponer una «subvención territorial» que gravaría a todos los propietarios de tierras sin excepción. El consejo de notables, aristócratas por definición, reunido el 22 de febrero de 1787, criticó el proyecto y exigió la comunicación de las cuentas del Tesoro. Luis XVI cesó a Calonne el 8 de abril.

La crisis política se sumó desde ese momento a la crisis financiera: la rebelión de la aristocracia, pese a la voluntad reformadora de Loménie de Brienne, que había sido llamado al ministerio, pese a la tentativa de una reforma judicial —el 8 de mayo de 1788— que habría desmembrado el poder de los parlamentos, redujo a la monarquía a la impotencia. Con el Tesoro vacío y sin ninguna posibilidad de que se suscribiera ningún empréstito en circunstancias tan confusas, Brienne capituló: el 5 de julio de 1788 —en decisión confirmada por la orden del Consejo del 8 de agosto— prometió reunir a los Estados Generales, cuya apertura se fijó para el 1.º de mayo de 1789.

La burguesía, elemento director del tercer Estado, tomó el relevo en ese momento. Sus objetivos eran revolucionarios: destruir el privilegio aristocrático, establecer la igualdad civil en una sociedad sin órdenes ni cuerpos. Pero pretendía ceñirse a un estricto legalismo. Pronto se vio empujada hacia la acción revolucionaria por las masas populares, auténtico motor, cuyas reivindicaciones propias y la crisis económica, al persistir hasta mediados de 1790, contribuyeron todavía mucho tiempo a tener en vilo.

ESPONTANEIDAD Y ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIAS

La esperanza y el miedo

La convocatoria de los Estados Generales suscitó en el pueblo una profunda emoción: desde ese momento, la esperanza y el miedo fueron a la par, al ritmo de la Revolución, dejando traslucir los acontecimientos políticos las motivaciones sociales que constituían su motor fundamental. La mentalidad revolucionaria se concretó en principio, como es lógico, en las conciencias individuales y en las filas de la burguesía. Sin duda la mentalidad del tercer Estado distaba mucho de ser uniforme: campesinos, artesanos y burgueses sufrían de modo distinto en el Antiguo Régimen, la carestía tendía a enfrentar a pobres y ricos, consumidores y productores. Pero las condiciones generales de la economía y de la sociedad, así como las condiciones políticas, alzaban al conjunto del tercer Estado contra la aristocracia y el poder real garante del privilegio. Por el juego de la propaganda, bajo el peso de los acontecimientos, más aún bajo el peso de representaciones arraigadas desde hacía mucho tiempo en la conciencia colectiva y que se imponían al individuo, cristalizó desde la primavera de 1789 en una mentalidad revolucionaria que constituyó un potente factor de acción[6].

La esperanza sublevó a las masas, unió por un momento los elementos heterogéneos del tercer Estado y sostuvo todavía por mucho tiempo la energía revolucionaria de los más puros. La reunión de los Estados Generales fue acogida como la «buena nueva» anunciadora de tiempos nuevos. Se abría un futuro mejor que respondía a la espera milenaria de los hombres. Esta esperanza alimentó el idealismo revolucionario, entusiasmó a los voluntarios, iluminó la muerte trágica de los «mártires de pradial», así como la de los héroes del proceso de Vendóme. De la vieja campesina que encontró Arthur Young subiendo la costa de las Islettes en Argonne, el 12 de julio de 1789, a Robespierre, a Babeuf al pie de la guillotina, el hilo de la esperanza no se rompe. «Se dice que ahora va a hacerse alguna cosa, por parte de grandes personajes, para nosotros, pobres gentes, pero no se sabe quién ni cómo; pero que Dios nos envíe algo mejor, porque los derechos y las cargas nos agobian». La misma esperanza casi religiosa alienta a Robespierre en su «informe sobre los principios de moral política que deben guiar a la Convención» (5 de febrero de 1794):

«Queremos, en una palabra, cumplir los deseos de la naturaleza, realizar los destinos de la humanidad, mantener las promesas de la filosofía, absolver a la providencia del largo reinado del crimen y la tiranía… Y que al sellar nuestra obra con nuestra sangre podamos ver al menos brillar la aurora de la felicidad universal».

El miedo acompañó a la esperanza: ¿consentirían los privilegios en dejarse despojar? En la mentalidad campesina el señor estaba incuestionablemente apegado de modo egoísta a su superioridad social y a su renta (todo era lo mismo). El burgués pensaba lo mismo del privilegiado. El comportamiento de la aristocracia reforzó esta creencia; su oposición al desarrollo del tercer Estado, su resistencia al voto por cabeza, la anquilosó definitivamente. El rey era «bueno», pero su entorno aristocrático era perverso. A partir de ese momento reinó la inquietud. «Los nobles ensillarán sus caballos»; recurrirán a las tropas reales; no vacilarán en buscar ayuda en el extranjero; enrolarán a mendigos y vagabundos, cuyo número por los caminos se multiplicaba debido al hambre y al paro: el miedo a los salteadores duplicó al que inspiraban los aristócratas. La crisis económica aumentaba la inquietud, pues el aristócrata solía ser casi siempre el que cobraba el impuesto sobre las gavillas y el diezmo. Las gentes del pueblo, totalmente incapaces de analizar la coyuntura económica, atribuían la responsabilidad de la carestía, a menudo calificada de «artificial», a la aristocracia y a su voluntad de perjudicar. La sospecha toma cuerpo, se vuelve legítima: la corte y los aristócratas, en los primeros días de julio de 1789, preparan un golpe de fuerza para disolver la Asamblea. La inquietud se convierte en miedo cuando se concreta el «complot aristocrático»; ese miedo duró tanto como la Revolución, alimentado por los complots reales, por las intrigas de los emigrados, por la invasión extranjera, por la contrarrevolución permanente; apaciguado por momentos, aumentado por el anuncio o la aproximación del peligro —después de la huída a Varennes o en el verano de 1792— y culminó en las masacres y el Terror.

El miedo es social, pero su contenido se matiza según las circunstancias. Miedo a la aristocracia y a lo que esta significa socialmente. Taine, que no es sospechoso de benevolencia, ha trazado un cuadro sobrecogedor del miedo y la ira que, ante la aproximación de los invasores, subleva a los campesinos en el verano de 1792.

«Por propia experiencia saben la diferencia entre su condición reciente y su condición actual. Solo tienen que recordarlo para volver a tener en la imaginación la enormidad de los impuestos reales, eclesiásticos y señoriales…».

Pero el hecho de que el miedo a los «salteadores» haya sido asociado, en julio de 1789, al de los aristócratas, señala otra orientación que fue afirmándose hasta el golpe de Estado de brumario: el miedo agrupó a los propietarios ante la amenaza de las clases peligrosas. Sin duda, la crisis económica, al multiplicar a los miserables, generalizó una inseguridad que al final fue atribuida al complot aristocrático. El sentido social de este miedo a los «salteadores» está igualmente claro. El campesino propietario teme que se atente contra sus bienes, como lo teme el burgués de París cuando el 12 de julio, luego de que las tropas reales se retiraran detrás del Sena, a la Escuela Militar y al Campo de Marte, París quedó abandonado a su suerte. La formación de la milicia burguesa tuvo entonces como objetivo la defensa de la capital, no solamente contra los excesos del poder real y de sus tropas decididas, sino también contra el ataque de las categorías sociales consideradas peligrosas. Monárquicos, feuillants y girondinos compartieron esos sentimientos en grados distintos: de ahí su voluntad de detener la Revolución mediante un compromiso. El miedo burgués explica, por una parte, el 9 termidor; alcanza su paroxismo en la primavera de 1795, durante las jornadas de pradial; da cuenta de la impotencia del Directorio en lucha en dos frentes: alimentó la campaña revisionista de 1799: el golpe de Estado de brumario tranquilizó a los notables.

La reacción defensiva procede del miedo. Si este degeneró en ocasiones en pánico, la mayoría de las veces llevó al pueblo a armarse para su propia seguridad. La noticia del cese de Necker, el 12 de julio de 1789, provocó un acceso de cólera y medidas de defensa. El pueblo practicó el pillaje en las tiendas de los armeros; la burguesía asumió la dirección del movimiento y se esforzó por regularizarlo mediante la creación de la milicia burguesa. Fue para armarse que el pueblo se dirigió a los Inválidos primero y a la Bastilla después, en la mañana del 14 de julio. Por más que el rey capitulara y aceptara el día 17 en el ayuntamiento la escarapela tricolor, el miedo, con su cortejo de altercados y violencias, persistió. El Gran Miedo, a finales de julio de 1789, movilizó a los campesinos; aceleró y generalizó el armamento popular; obligó a las milicias a reunirse incluso en los pueblos más pequeños. El ardor guerrero de la Revolución se manifestaba por primera vez. El sentimiento de solidaridad del tercer Estado resultó reforzado: «¿Eres del tercer Estado?» era la contraseña habitual en julio de 1789. Esa movilización general prefigura los enrolamientos de voluntarios después de la huida de Varennes y a lo largo del verano de 1792, La reacción defensiva suscitada por el miedo da cuenta también de la exigencia popular del levantamiento en masa en agosto de 1793.

La voluntad punitiva y la reacción defensiva no son más que una sola cosa: hay que situar a los enemigos del pueblo lejos de la posibilidad de perjudicar, pero también hay que castigarles y vengarse de ellos. De ahí las persecuciones y los arrestos, la devastación o el incendio de los castillos, los asesinatos y las masacres, el Terror, en una palabra. El 22 de julio de 1789, Bertier de Sauvigny, intendente de París y de la Ile-de-France, y su suegro Foulon de Doué, fueron detenidos y conducidos al ayuntamiento; arrebatados por la multitud los colgaron del farol más próximo. La burguesía revolucionaria lo aprobó: «¿Tan pura era esa sangre?», preguntó Barnave en la Asamblea constituyente. A lo largo de toda la Revolución, la voluntad punitiva fue compañera del miedo. El conde de Dampierre fue ejecutado al día siguiente de Varennes. Las ejecuciones de septiembre de 1792 coronaron el miedo provocado por la invasión y coincidieron con los enrolamientos de voluntarios. Cuando el peligro nacional volvió a agravarse en agosto de 1793, se produjeron ejecuciones en los medios de las secciones parisienses: la Convención las previno al poner el Terror al orden del día. La voluntad punitiva respondía a una concepción confusa de la justicia popular. La burguesía revolucionaria, que no rechazaba la violencia, se esforzó a partir de 1789 por canalizar la ira popular y regularizar la represión. El 23 de julio, Barnave pidió «una justicia legal para los crímenes de estado»; el 28, Du Port obtuvo de la Asamblea la creación de un Comité des Recherches, auténtico prototipo del Comité de Seguridad General, en tanto que la Comuna de París, a propuesta de Brissot, creaba otro que prefiguró los comités de vigilancia revolucionaria. En 1792 Danton hizo crear el Tribunal extraordinario del 17 de agosto —en vano, por otra parte—. Las ejecuciones populares solo acabaron cuando el gobierno se reforzó y la Convención legalizó la represión. El miedo, con su cortejo de violencias, únicamente desapareció cuando el complot aristocrático y la contrarrevolución fueron finalmente vencidos.

La práctica política

La espontaneidad revolucionaria de las masas ciudadanas y rurales sublevadas por la miseria y el «complot aristocrático» derrocó al Antiguo Régimen desde finales de julio de 1789, destruyó su armazón administrativo, suspendió la percepción del impuesto, municipalizó el país, liberó a las autonomías locales. Se va perfilando el aspecto de un poder popular y de la democracia directa. En París, mientras la Asamblea de Electores en los Estados Generales, por medio de su comité permanente, se apoderaba del poder municipal, los ciudadanos deliberaban y actuaban en los sesenta distritos constituidos para las elecciones. Pronto pretendieron controlar la municipalidad: ¿no reside la soberanía en el pueblo? Al mismo tiempo que se derrumbaban las viejas estructuras, por un movimiento de balanceo inherente a toda revolución, surgían instituciones y una práctica política cuyo sentido y objetivo no pueden escapársenos: la burguesía se esforzó, desde julio de 1789, por estabilizar la acción revolucionaria, por controlar y derivar en provecho propio el impulso espontáneo de las masas.

Primero los distritos, después las secciones, constituyeron en las ciudades el marco institucional básico en el que se desarrolló la vida política desde la primavera de 1789 hasta el Directorio, y tomaron un contenido social nuevo con los progresos de la Revolución o con los intentos contrarrevolucionarios. En el caso de París, la normativa electoral del 13 de abril de 1789 había dividido la capital en sesenta distritos. Terminadas las elecciones estos siguieron reuniéndose y deliberando en sus asambleas generales permanentes. La Asamblea constituyente, después de haber organizado las municipalidades del reino mediante el decreto de 14 de diciembre de 1789, no podía dejar subsistir para París una organización especial que favorecía las tendencias hacia la autonomía. Su decreto de 21 de mayo —27 de junio de 1790 constituye la carta de la capital, dividida en cuarenta y ocho secciones, a imagen de la organización municipal general. Las secciones, más o menos numerosas según las ciudades, forman teóricamente circunscripciones electorales. La Asamblea es el órgano supremo de la sección: es el soberano en pie. En las asambleas primarias los ciudadanos activos (durante el período censual) se reúnen para votar; a petición de cincuenta de ellos pueden reunirse en asamblea general para deliberar. Las secciones también constituían las subdivisiones administrativas de los municipios urbanos: en calidad de tales fueron dotadas de órganos de ejecución, comités y funcionarios elegidos por los ciudadanos activos. A la cabeza de cada sección, un comité civil, intermediario entre la municipalidad cuyas decisiones debe hacer cumplir y la asamblea de la que procede: posición ambigua que a menudo le reduce a una posición de prudente reserva. En cada sección, por último, hay un juez de paz rodeado de asesores y un comisario de policía, igualmente elegidos. Esta organización aparece como un compromiso entre la tendencia general a la autonomía y las necesidades de una administración municipal coherente. Desde 1790 proporcionó sus cuadros al movimiento revolucionario. Muy rápidamente tendió a transformarse, primero bajo la influencia de las aspiraciones a la democracia directa que caracterizaban incluso a los beneficiarios del régimen censatario, después bajo el empuje de las fuerzas populares que exigían su parte de poder. También conviene aclarar la importancia de los elementos activistas. Desde los inicios de la Revolución, y excepto en período de paroxismo o en ocasión de las grandes jornadas, la participación en la vida política de las secciones solo fue cosa de una minoría de militantes: del 4 al 19% según las secciones, de los ciudadanos activos de París, durante el período censual. Pero en los períodos de crisis esta minoría arrastraba a un amplio sector de las masas populares.

Para la movilización de las masas los clubs constituyen un elemento determinante, sin duda más eficaz que la organización de sección que les proporciona un cuadro. De los grandes clubs parisienses a las múltiples sociedades populares de los barrios de la capital y de las ciudades y villas de los departamentos, el prototipo sigue siendo el Club de los Jacobinos surgido (parece ser) del club de los diputados bretones, y que después de las jornadas de octubre de 1789 tuvo su sede en París, en el convento de los jacobinos de la calle Saint-Honoré, bajo el nombre de Société des Amis de la Constitution. Más que por la doctrina que evolucionó al ritmo de la Revolución, para cristalizar en 1793-94, los jacobinos se caracterizaron por un método y una organización que, canalizando y orientando la energía revolucionaria de las masas, multiplicaron su eficacia. Mediante la afiliación y la correspondencia, la sociedad madre daba impulso a los clubs afiliados, amplia red de sociedades que cubrían todo el país y agrupaban a los patriotas más conscientes. Por ese doble procedimiento los jacobinos cubren o encierran en sus redes al cuerpo político, coordinando la acción del conjunto de clubs que forman como el armazón de un partido. El club central vota mociones, lanza peticiones, imprime octavillas y carteles; las sociedades afiliadas en seguida influyen en las consignas. El club controla las administraciones, hace comparecer ante él a los funcionarios, denuncia a los contrarrevolucionarios, protege a los patriotas. Según Camille Desmoulins en Les Révolutions de France et de Brabant del 14 de febrero de 1791, el Club de los Jacobinos «abarca en su correspondencia con las sociedades afiliadas todos los rincones y recovecos de los 83 departamentos»; es a la vez el gran inquisidor que horroriza a los aristócratas y el gran justiciero que refrena todos los abusos. El club es la fuerza viva del movimiento revolucionario.

La prensa en sus múltiples formas —diarios y octavillas, folletos y carteles— multiplicaba la audiencia de las tendencias que se enfrentaban, pero sobre todo la de los patriotas, en especial por la lectura pública que se hacía bien por la noche en las sociedades populares y las asambleas de sección, bien en las calles y plazas públicas (en 1793, el fanático Varlet hacía su propaganda desde lo alto de una tribuna rodante, pero mucho antes que él un tal Collignon se autotitulaba el lector público de los «sans-culottes»), bien en los talleres, por ejemplo, los del Panteón, en París. La prensa popular —L’Ami du peuple, de Marat desde septiembre de 1789, Le Père Duchesne de Hébert a partir de octubre de 1790— ejerció así una influencia mucho más considerable de lo que podría hacer suponer su tirada. La prensa, como el club, reflejaba las consignas revolucionarlas en los departamentos y hasta en las filas del ejército.

El ejército desempeñó desde la primavera de 1789 un papel revolucionario por distintos conceptos[7]. Primero, en la tropa, por el rechazo de la obediencia: es sabida la importancia de la deserción de las guarniciones acuarteladas en París —desde finales de junio—. El hombre de tropa tiene los reflejos del tercer Estado, comparte sus temores y su esperanza, es sensible (una parte de la tropa se aloja en las casas de los habitantes) a la miseria popular que comparte. La descomposición del ejército real por la penetración de la ideología revolucionaria en la tropa, por la emigración de una parte notable del cuerpo de oficiales ya sospechosos por ser nobles, constituyó un factor esencial de los progresos de la Revolución. Pero no se puede olvidar la acción revolucionaria espontánea de los soldados, que revistió modalidades, desde la presencia activa en los clubs hasta la denuncia, desde la riña hasta la ejecución. El papel revolucionario de la guardia nacional, fuerza nueva de la Revolución, es asimismo notable.

La guardia nacional fue básicamente una institución civil dotada de una organización militar. En aquellos días de julio de 1789 la asamblea general de los electores parisienses vaciló en las palabras: milicia evocaba recuerdos molestos; se prefirió la palabra guardia, concretada por el adjetivo burguesa, vieja expresión tradicional; finalmente, la palabra nacional fue propuesta por La Fayette, y adoptada el 16 de julio. Pero tanto como al poder real y a los mercenarios de la infantería de línea, la milicia burguesa o guardia nacional respondía a la amenaza de las clases consideradas peligrosas, masa inestable de trabajadores sin domicilio fijo y de pobres diablos. Agrupaba a todos los que tenían casa fija, una situación estable, unos bienes que proteger. Como fuerza regular para la salvaguardia de los intereses de los propietarios, imponía el orden burgués a las masas en efervescencia. La milicia parisiense, organizada el 13 de julio, inició sus patrullas esa misma tarde, desarmando a «las gentes sin identificación» y procurando «a la ciudad una noche tranquila en la que ya no confiaba ateniéndonos al número considerable de particulares que se habían armado». La Asamblea constituyente convirtió el derecho a llevar armas en un privilegio burgués: los ciudadanos activos, esto es, los que pagaban una contribución directa igual al valor de tres jornadas de trabajo, los únicos que tenían derechos políticos, fueron también los únicos que formaron parte de la guardia nacional. Robespierre se alzó, en vano, en su discurso del 27 de abril de 1791, contra la exclusión de los ciudadanos pasivos. El decreto de 29 de septiembre de 1791, que organizaba definitivamente a la guardia nacional, le asignó como tarea «restablecer el orden y mantener la obediencia a las leyes»: se trataba de garantizar el reino de la burguesía victoriosa. Sin duda la composición social de la guardia nacional acabó siendo más diversa de lo que los gestos legislativos hacían pensar. No obstante, la institución no se cargó de un sentido nuevo hasta julio y agosto de 1792, cuando sus filas fueron invadidas por la masa de los ciudadanos pasivos.

La federación multiplicó la eficacia de una guardia antes esencialmente municipal: se convirtió en nacional. El juego de las federaciones condujo a la constitución de una nación en armas, mezclados pueblos y ciudades. La escarapela tricolor se convirtió en el emblema nacional después de haber sido el de la guardia parisiense y el de las guardias nacionales del reino. La federación tiene por objeto la fraternización: une a todos los ciudadanos con «los vínculos indisolubles de la fraternidad». Los habitantes de las ciudades y los del campo fraternizaron primero en unas federaciones locales, prometiéndose ayuda mutua. El 29 de noviembre de 1789 las guardias del Delfinado y del Vivarais se federaron en Valence, los bretones y los angevinos en Pontivy en febrero de 1790; federación en Lyon el 30 de mayo, en Estrasburgo, en Lille en junio… El movimiento ilustraba el sentido unitario de los patriotas y manifestaba la adhesión de la nación al nuevo orden; en este sentido constituyó frente a la aristocracia y al Antiguo Régimen un procedimiento revolucionario de gran eficacia. La nueva unidad nacional encontró su expresión solemne en París, en la Federación del 14 de julio de 1790, como afirmó Merlin de Douai a propósito del asunto de los príncipes alemanes dominantes en Alsacia. Pero también hay que delimitar, detrás del innegable entusiasmo popular, la significación real del acontecimiento. Mientras en las palabras tomaba cuerpo la teoría de la nación-asociación voluntaria, una realidad social diferente se afirmaba en los hechos. El papel eminente de La Fayette en el curso de la Federación subrayó su sentido: ídolo de la burguesía, «héroe de los dos mundos», Julio César según Mirabeau, pretendía captar a la aristocracia para la Revolución; fue el hombre del compromiso; la guardia nacional que dirigía era la guardia burguesa de la que habían sido excluidos los pasivos. El pueblo estaba presente, pero era menos actor que espectador. Si, en el acto de la federación, la guardia representaba la fuerza armada nacional, era por oposición a la tropa, que no era más que la fuerza armada real, y en el sentido burgués del nuevo orden.

Guardia nacional y federaciones, clubs y comités, distritos o secciones: tantas formas institucionales que solo tienen sentido por su contenido social. La burguesía revolucionaria no podía dejar en estado bruto las enormes fuerzas que se encerraban en las profundidades del pueblo. Las dirigió, en la medida en que pudo, en el sentido de sus intereses, bajo el falso pretexto de esta unanimidad nacional de la que el 1789 sigue siendo el símbolo fáctico.

1. Año 1789

¿Revolución o compromiso?

(1789-92)

Los Estados Generales se abrieron el 5 de mayo de 1789. Al día siguiente la nobleza y el clero se reunieron en las salas que tenían adjudicadas para proceder a la verificación de los poderes y constituirse por separado. Empezó el conflicto entre los órdenes: el tercer Estado reclamó la verificación en común, lo que implicaba el voto por cabeza y no orden. Su habilidad táctica y la división del clero le dieron la victoria. El 17 de junio, el tercer Estado tomó el nombre de Asamblea Nacional: esto implicaba la afirmación de la unidad y la soberanía nacionales, auténtica revolución jurídica sancionada por 491 votos contra 89. De modo que aproximadamente un representante de cada seis se negaba a tomar una decisión: se esbozaba ya la disociación de la burguesía. El juramento del Jeu de Paume confirmó, el 20 de junio, la voluntad reformadora del tercer Estado. Por el contrario, el programa gubernamental presentado en la sesión real del 23 de junio puso en evidencia lo que estaba en juego en el conflicto y subrayó por adelantado el alcance de la Revolución: si el rey aceptaba convertirse en un monarca constitucional, si proponía la abolición del privilegio fiscal, lo que pretendía era mantener el orden social tradicional, «los diezmos, las rentas y los deberes feudales y señoriales». La firmeza colectiva del tercer Estado se impuso una vez más; el 27 de junio, el rey ordenó a la minoría del clero y a la mayoría de la nobleza que se incorporara a la Asamblea Nacional, la cual se proclamó constituyente el 9 de julio de 1789.

La revolución burguesa pacífica abortó de todas formas. ¿Tenía alguna posibilidad de triunfar? En el seno del tercer Estado había una minoría conservadora que se había manifestado el 17 de junio; con la masa de clero que había sido llevada a la reconciliación y con la fracción liberal de la nobleza, constituía un partido de la resistencia proclive al compromiso. Esta tendencia se reforzó a partir de finales de junio, preocupada por la agitación popular. Pronto la encarnó Mounier. Pero todo compromiso topaba con la feudalidad: la burguesía revolucionaria y las masas populares no podían tolerar su mantenimiento, ni la aristocracia podía pensar en una supresión que significaba su ruina. La llamada al ejército para devolver al tercer Estado a la obediencia subrayó, si es que hacía falta, el carácter aristocrático del Antiguo Régimen. Pero eso significaba no tener en cuenta a las masas populares.

La crisis económica ya había multiplicado los motines. El 28 de abril de 1789, los centros del salitrero Henriot y de Réveillon, fabricante de papeles pintados, en el faubourg Saint-Antoine, habían sido saqueados. Altercados en los mercados, saqueos de los convoyes de granos, ataques a las oficinas de recaudación de impuestos: las «emociones» populares irritan a la tropa y a la policía mantenidas en vilo, y caldean la atmósfera de las ciudades. El «complot aristocrático» consuma la movilización de las masas. En París, artesanos, tenderos y obreros, soldados que abandonan el acuartelamiento se manifiestan y pronto se convierten en tropas de choque de la burguesía revolucionaria. El cese de Necker, que se conoció durante la madrugada del domingo 12 de julio, desencadenó el pánico, pero sobre todo una rápida reacción defensiva. A la revolución parisiense del 14 de julio respondieron las provincias con múltiples modalidades, la revolución municipal: las municipalidades antiguas desaparecieron en pocas semanas, el país fue cubierto por una red de comités ardientes en la vigilancia de los sospechosos, prestos a hacer fracasar los manejos aristocráticos. Los pasos de tropas hacia sus guarniciones, la primera emigración, los rumores de una intervención extranjera incitaban a la vigilancia, al tiempo que generalizaban el miedo. En ese momento entra en juego el campesinado. Desde luego, este ya estaba en pie en varias regiones: Bocage normando, Hainaut, Maconés Franco Condado, Alta Alsacia. En el clima de inseguridad y de miseria generales, unos incidentes locales dieron origen a seis corrientes de pánico en cadena: dejando a un lado Bretaña, Alsacia y Lorena. Bajo Languedoc…, el Gran Miedo sacudió al país desde el 20 de julio hasta el 6 de agosto de 1789. En esos días la feudalidad fue definitivamente quebrantada.

LA «ABOLICIÓN» DE LA FEUDALIDAD

Las bases del nuevo orden se establecieron desde el día siguiente de la insurrección del campo, sobre cuyo alcance la Asamblea constituyente no podía tener ninguna duda: producida en plena cosecha, esa insurrección cuestionaba la toma feudal y la propia existencia de los derechos señoriales y de los diezmos.

En principio la burguesía les era hostil. El sistema feudal obstaculizaba la transformación capitalista de la agricultura y de la economía en conjunto. Esta última exigía la libertad del individuo y de la mano de obra, por lo tanto la abolición del vasallaje; la libertad de la producción, por lo tanto la supresión de las trivialidades y de los monopolios señoriales; la movilidad de la propiedad, por lo tanto la desaparición del derecho de primogenitura, del retracto feudal y del derecho de feudo alodial; la unificación del mercado, por lo tanto la abolición de los peajes. Si bien algunos grandes señores liberales aceptaban la retroventa de los derechos e incluso la abolición sin indemnización de los más opresivos, la masa de los pequeños señores, para los que esos derechos constituían una buena parte de sus ingresos, se oponían obstinadamente, no solamente por interés, sino también por espíritu de casta: vivían «noblemente» y se negaban a una existencia plebeya en la que deberían hacer valer el capital de la redención y que les pondría al mismo nivel que los campesinos. Este rechazo testarudo llevó sin duda a la burguesía, ya enfrentada con la Corte, a hacer concesiones a los campesinos, pero, no obstante, sin llegar al punto de apoyar todas sus reivindicaciones: la mayoría de entre los diputados del tercer Estado que eran legistas, consideraban los derechos señoriales como una propiedad individual legítima que no se podía suprimir sin poner en peligro el propio orden burgués.

El tercer Estado vaciló: el 3 de agosto de 1789 la discusión se centró en un proyecto de decreto del comité de relaciones que decía que «ninguna razón puede legitimar las suspensiones del pago de un impuesto o de cualquier otro censo». El compromiso vino de la nobleza liberal. Al inicio de la sesión memorable de la noche del 4 de agosto, el vizconde de Noailles propone que todos los derechos feudales puedan ser comprados con dinero o intercambiados «al precio de una estimación justa». El duque de Aiguillon concreta después que «esos derechos son una propiedad y toda propiedad es sagrada»; no podía pedirse a los propietarios de un feudo, a los señores de las tierras, «la renuncia pura y simple de sus derechos feudales», sin concederles una «indemnización justa». Una vez salvaguardado lo esencial de sus intereses, los diputados podían dejarse llevar por el entusiasmo. Todos los privilegios de los individuos y de los órdenes, de las provincias y de las ciudades, fueron abolidos; para clausurar esa grandiosa abjuración, a las dos de la madrugada Luis XVI fue proclamado el restaurador de la libertad francesa.

La abolición de la feudalidad por la Asamblea constituyente era, no obstante, más aparente que real: los decretos de 5-11 de agosto de 1789, promulgados en aplicación de las decisiones de principio de la noche del 4, y el decreto de 15 de marzo de 1790, demostraron hasta qué punto la unanimidad de esa noche de entusiasmo calculado era equívoca; los sacrificios consentidos por la aristocracia, aparentes; las ventajas que de ellos obtenían campesinos y burgueses, desiguales. La feudalidad fue destruida en su forma institucional y jurídica, pero se mantuvo en su realidad económica.

«Quedan abolidas todas las distinciones honoríficas, toda superioridad y poder resultante del régimen feudal», y también «la fidelidad, el vasallaje y cualquier otro servicio personal al que los vasallos, censatarios y arrendatarios, han estado sometidos hasta ahora» (art. 1 del decreto de 15 de marzo de 1790). La distinción entre tierra noble y tierra plebeya desaparecía, así como el derecho de primogenitura. La igualdad de las tierras va de la mano de la igualdad de las personas. Pero si bien la igualdad fiscal (art. 9 del decreto de 5-11 de agosto) beneficia a todos, la igualdad civil juega en favor de la burguesía: la abolición de la venalidad y de la herencia de los cargos (art. 7), la admisión de todos a todos los empleos civiles y militares (art. 11) le abrían las puertas de la función pública y de la magistratura a las que el pueblo, falto de «talentos», todavía no podía aspirar.

La feudalidad económica subsistió bajo nuevas modalidades. Aquí interviene la distinción fundamental afirmada desde el 4 de agosto, reanudada no sin reticencias y contradicciones en el decreto de 5-11 de agosto de 1789. «La Asamblea Nacional destruye totalmente el régimen feudal; decreta que de los derechos y deberes tanto feudales como censuales, los que se refieren a la mano muerta real o personal, y a la servidumbre personal, quedan abolidos sin indemnización»: del servilismo solo quedaban escasas supervivencias. «Todos los demás derechos son declarados redimibles»: por lo tanto, se percibirán hasta el pago. Curiosa restricción que conservaba para la aristocracia lo esencial de sus derechos: los campesinos eran liberados, pero debían pagar la liberación de sus tierras. El decreto de 15 de marzo de 1790, propuesto por Merlin de Douai, recuperó esos principios sistematizándolos: introdujo la distinción entre feudalidad dominante y feudalidad contratante. De la primera procedían los derechos supuestamente usurpados en detrimento del poder público o concedidos por ella o incluso establecidos por la violencia: derechos honoríficos y derechos de justicia, derechos de manos muertas y servidumbre, prestaciones personales, trivialidades y peajes, derechos de caza, de palomar y de coto de pesca; todos fueron abolidos. Los derechos de feudalidad contratante, reputados como la contrapartida de una concesión primitiva de la heredad, fueron transformados en una propiedad burguesa y, por lo tanto, con derecho a redención: censo, rentas inmobiliarias y el impuesto sobre las gavillas «de todo tipo y bajo toda denominación» (derechos anuales), laudemios y ventas (derechos casuales). Los diezmos suscitaron un debate encarnizado: finalmente fueron abolidos sin redención, a excepción de los diezmos enfeudados a laicos, que fueron declarados susceptibles de redención.

El índice de redención fue fijado por el decreto de 3 de mayo de 1790: veinte veces la renta anual para los derechos en dinero, veinticinco veces para los derechos en especie, y para los derechos casuales a proporción de su peso. La redención era estrictamente personal; el campesino también debía pagar los atrasos de treinta años. La redención beneficiaba, por otra parte, solo a los propietarios que hicieron recaer su carga en los arrendatarios, colonos o granjeros. En cuanto al diezmo, también aquí los propietarios eran los únicos en beneficiarse de su supresión: el decreto de 11 de marzo de 1791 trasladó el peso del diezmo sobre el granjero o el colono «a razón de la indemnización debida al propietario en compensación por la contribución que sustituye al diezmo y con la que resultan gravados de ahora en adelante granjeros y colonos».

La redención de los derechos feudales constituyó la base económica del compromiso con la aristocracia, buscado desde 1789 por una parte de la burguesía. Sin duda la abolición de los «efectos generales del régimen feudal» (título I del decreto de 15 de marzo de 1790), la supresión de la organización feudal de la propiedad inmobiliaria, la reforma administrativa y judicial, provocaban la destrucción del poder señorial y sentaban las bases del Estado nacional unificado. Pero, como consecuencia de la redención, la abolición de la feudalidad se realizaba bajo la forma de un compromiso eminentemente favorable a la aristocracia. Al recaer, a fin de cuentas, la carga especialmente sobre los granjeros y los colonos, no todos los campesinos liberados del régimen señorial lo eran en las mismas condiciones económicas y sociales: la diferenciación del campesinado, ya avanzada desde el Antiguo Régimen, se vio acelerada y la comunidad rural resultó todavía más trastornada. Para la masa de pequeños campesinos, granjeros y colonos, la abolición de la feudalidad, auténtica operación blanca, fue, según la expresión de Lefebvre, «una amarga decepción».

Para la liberación total de la tierra, la revolución campesina siguió bajo múltiples formas hasta 1793, en una auténtica guerra civil que todavía aguarda a su historiador. Hizo imposible todo compromiso con la aristocracia feudal; empujó hacia adelante la revolución burguesa.

EL LIBERALISMO BURGUÉS

El compromiso histórico y social sobre la feudalidad da la medida exacta de la obra de la Asamblea constituyente: si bien los principios fueron proclamados con solemnidad, no dejaron de ser modificados en el sentido de los Intereses de los propietarios.

Lo que más le importa a la burguesía es la libertad. Primero se preocupa de la libertad económica, aunque no se haga ninguna mención de ello en la Declaración de Derechos de 1789: sin duda porque la libertad económica era obvia a los ojos de la burguesía, pero también porque las masas populares seguían profundamente apegadas al viejo sistema de producción que, mediante la reglamentación y la tasación, garantizaba en una cierta medida sus condiciones de vida. El laissez faire, laissez passer constituyó, sin embargo, a partir de 1789, el fundamento de las nuevas instituciones. La libertad de la propiedad se derivó de la abolición de la feudalidad. La libertad de cultivo consagró el triunfo del individualismo agrario, aunque el Código Rural del 27 de septiembre de 1791 mantuvo, no sin contradicción, el pasto libre y el derecho de tránsito si estaban basados en un capítulo o en la costumbre. La libertad de producción se generalizó con la supresión de los monopolios y de las corporaciones: la ley de Allarde de 2 de marzo de 1791 suprimió las corporaciones, gremios y mandos intermedios, así como también las manufacturas con privilegios. La libertad del comercio interior fue acompañada de la unificación del mercado nacional mediante la abolición de las aduanas interiores y de los peajes, el retroceso de las barreras que incorporó a las provincias del extranjero efectivo, mientras que la abolición del privilegio de las compañías comerciales liberaba el comercio exterior. Por último, la libertad de trabajo, indisolublemente ligada a la libertad de empresa: la ley Le Chapelier del 14 de junio de 1791 prohibió, contrariamente al derecho de asociación y de reunión, la coalición y la huelga. El individuo libre lo es también para crear y producir, para buscar el beneficio y para emplearlo como quiera. En realidad, el liberalismo basado en la abstracción de un individualismo social igualitario, beneficiaba a los más fuertes: la ley Le Chapelier constituyó, hasta 1864 para el derecho de huelga y hasta 1884 para el derecho sindical, una de las piezas maestras del capitalismo de libre competencia.

La libertad comprende naturalmente también las libertades públicas y políticas. Es un derecho natural imprescriptible, según el art. 2 de la Declaración de Derechos, limitado solamente por la libertad del prójimo (art. 4). Es, en primer lugar, la de la persona, la libertad individual garantizada contra las acusaciones y los arrestos arbitrarios (art. 7) y por la presunción de inocencia (art. 9). Los hombres, dueños de sus personas, pueden hablar y escribir, imprimir y publicar libremente, a condición de que la manifestación de las opiniones no altere el orden establecido por la ley y a reserva de responder del abuso de esa libertad (arts. 10 y 11). La libertad religiosa fue objeto, sin embargo, de curiosas restricciones, siendo solamente tolerados los cultos disidentes. En el plano político, el liberalismo burgués se encarnó en la Constitución llamada de 1791, pero cuyas principales disposiciones fueron votadas a partir de finales de 1789: sobre la base de la soberanía nacional y de la separación de los poderes (arts. 3 y 6 de la Declaración), organizó un sistema representativo caracterizado de hecho por el predominio de la Asamblea legislativa. La descentralización administrativa, la reforma judicial, la nueva organización fiscal y hasta la reorganización de la Iglesia por la Constitución civil del clero (12 de julio de 1790) respondían al mismo deseo de liberalismo: en el marco de una organización territorial coherente y racional, todos los administradores eran elegidos, incluso los obispos, por sufragio censatario.

La igualdad fue íntimamente asociada a la libertad por la Declaración de Derechos; había sido ávidamente reclamada por la burguesía en contra de la aristocracia, por los campesinos frente a sus señores. Pero únicamente puede tratarse de igualdad civil. La ley es la misma para todos, todos los ciudadanos son iguales a sus ojos; dignidades, cargos y empleos son igualmente accesibles para todos sin distinción de cuna (art. 6 de la Declaración). Las distinciones sociales ya solo están basadas en la utilidad común (art. 1), las virtudes y los talentos (art. 6); el impuesto debe ser repartido igualitariamente entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades (art. 13). La igualdad civil recibió, no obstante, una singular alteración por el mantenimiento de la esclavitud en las colonias: su abolición habría lesionado los intereses de los grandes propietarios de plantaciones, cuyo grupo de presión era especialmente influyente en la Asamblea. De igualdad social no podía ni hablarse: la propiedad es proclamada, en el art. 2 de la Declaración, derecho natural e imprescriptible, sin preocuparse por la inmensa masa de quienes no poseen nada. La propia igualdad política fue contradicha por la organización censataria del voto; los derechos políticos, por la ley de 22 de diciembre de 1789, fueron reservados a una minoría de propietarios, distribuidos en tres categorías jerarquizadas según la contribución: ciudadanos activos agrupados en las asambleas primarias; electores que formaban las asambleas electorales departamentales; por último, elegibles para la Asamblea legislativa. Los ciudadanos pasivos estaban excluidos del derecho al voto, porque no alcanzaban el canon prescrito.

El nuevo orden social debía ser singularmente reforzado por dos reformas íntimamente relacionadas, medidas extremas a las que la burguesía constituyente fue llevada como a pesar suyo por la necesidad de resolver la crisis financiera. El 2 de noviembre de 1789 los bienes del clero fueron puestos «a disposición de la nación»; el 19 de diciembre, 400 millones fueron puestos en venta, representados por una suma igual de asignados, bonos al 5% que constituían un empréstito con garantía del Estado y reembolsables en bienes del clero. La operación fracasó. El 27 de agosto de 1790 el asignado se convirtió en billete de banco. La depreciación de ese papel moneda, la inflación y la carestía de la vida relanzaron la agitación social, al tiempo que golpeaban duramente la riqueza adquirida. Con la venta de los bienes nacionales favorecida por el asignado, la Revolución se encaminó hacia un nuevo reparto de la riqueza en bienes raíces que acentuó su carácter social. La venta de los bienes nacionales, así como la recompra de los derechos señoriales, no fue concebida en función de la masa del campesinado: reforzó la preponderancia de los propietarios.

La Constitución civil del clero, votada el 12 de julio de 1790 y que multiplicaría las dificultades de la Revolución, se inscribe en el marco del liberalismo burgués; se derivaba necesariamente de la reforma del Estado y de la administración. Con el clero regular ya suprimido el 13 de febrero de 1790, la Constitución civil reorganizó el clero secular. Las circunscripciones administrativas pasaban a ser el marco de la nueva organización eclesiástica: un obispo por departamento. Los obispos y párrocos eran elegidos como los demás funcionarios: estos por la asamblea electoral del distrito, aquellos por la del departamento. Los recién elegidos serían nombrados por sus superiores eclesiásticos, los obispos por sus metropolitanos en vez de por el Papa. La Iglesia de Francia se convertía en una Iglesia nacional. Se aflojaban sus vínculos con el papado, los breves pontificios eran sometidos a la censura gubernamental, se suprimían las anatas. Si bien el Papa conservaba la primacía espiritual sobre la Iglesia francesa, se le quitaba toda jurisdicción. Ahora bien, la Constituyente dejó al Papa el cuidado de «bautizar a la Constitución civil», es decir, de darle la consagración canónica. El Papa ya había condenado la Declaración de los Derechos del Hombre tachándola de impía; sus reproches eran numerosos; Aviñón repudiaba la soberanía pontificia y reclamaba su anexión a Francia. Pío VI dio largas al asunto. Cansada de esperar, la Constituyente exigió a todos los sacerdotes, el 27 de noviembre de 1790, el juramento de fidelidad a la Constitución del reino, y por lo tanto a la Constitución civil incluida en ella. Solo siete obispos prestaron juramento. Los párrocos se dividieron en dos grupos, casi iguales, pero muy desigualmente repartidos: juramentados o constitucionales eran mayoría en el sudeste, y refractarios o no juramentados en el oeste. La condena de la Constitución civil por parte del Papa consagró este Estado de hecho. Los breves de 11 de marzo y 13 de abril de 1791 condenaron solemnemente los principios de la Revolución y la Constitución civil: el cisma estaba consumado. A partir de ese momento el país quedó dividido en dos. La oposición refractaria reforzó la agitación contrarrevolucionaria, el conflicto religioso aumentó el conflicto político.

Las contradicciones que marcaron su obra dan cuenta del realismo de los Constituyentes y de que, cuando se trataba de defender sus intereses de clase, no se preocupaban demasiado por los principios. Los principios de 1789 tuvieron, de todas formas, un eco que está lejos de apagarse. La Declaración adoptada el 26 de agosto concreta lo esencial de los derechos del hombre y de los derechos de la nación, con una preocupación por lo universal que supera singularmente el carácter empírico de las libertades inglesas, tal como habían sido proclamadas en el siglo XVII. En cuanto a las Declaraciones norteamericanas de la guerra de Independencia, apelaban al universalismo del derecho natural, pero no sin ciertas restricciones que limitaban mucho su alcance. Los principios sobre los que la burguesía constituyente construyó su obra aspiraban a basarse en la razón universal. La Declaración les dio una expresión clamorosa. Desde ese momento las «reclamaciones de los ciudadanos, basadas en principios sencillos e indiscutibles», únicamente podían dirigirse «hacia el mantenimiento de la Constitución y hacia la felicidad de todos»: una fe optimista en la omnipotencia de la razón, muy de acuerdo con el espíritu del Siglo de las Luces, pero que no pudo resistir a la presión de los intereses de clase.

EL COMPROMISO IMPOSIBLE

Sobre la base del compromiso económico y social que constituía la redención de los derechos señoriales y en el marco del liberalismo censatario que consagraba los derechos de la propiedad y la preponderancia de la riqueza, la burguesía constituyente se dedicó intensamente, y durante mucho tiempo, a buscar un compromiso político con la aristocracia. La resistencia obstinada de la pequeña nobleza que en buena parte vivía de sus cánones y la voluntad tozuda y agresiva de los campesinos de acabar con todos los restos de feudalismo pudieron con la política de compromiso y conciliación: la estabilización fue imposible.

El compromiso político que, a imagen de la Revolución Iiglesa de 1688, había implantado sobre las masas populares sometidas el dominio de la alta burguesía y de la aristocracia, fue buscado primero en septiembre de 1789 por los monárquicos o anglómanos, partidarios de una cámara alta, fortaleza de la aristocracia, y de un veto real absoluto. Mounier creyó posible obtener en 1789, como en 1788 en Vizille, el consentimiento de los tres órdenes para una revolución limitada. Esta revolución de los notables fracasó; el 10 de octubre de 1789 Mounier abandonó Versalles; el 22 de mayo de 1790 emigraba. Ya sea por incomprensión, ya sea por ambición, La Fayette duró más tiempo: su política tendió a conciliar, en el marco de una monarquía constitucional a la inglesa, a la aristocracia terrateniente con la burguesía negociante. En 1790 La Fayette domina la vida política y triunfa en la Federación del 14 de julio. No obstante, se desenmascaró al aprobar la represión dirigida por su primo Bouilló contra la guarnición sublevada de Nancy en agosto de 1790: su popularidad se vino abajo. El Triunvirato pronto tomó el relevo. Barnave fue quien mejor que nadie definió el contenido social y político del compromiso en su discurso vehemente del 15 de julio de 1791: «¿Vamos a acabar la Revolución o vamos a volver a iniciarla?… Un paso de más sería un acto funesto y culpable. Un paso de más en la línea de la libertad sería la destrucción de la monarquía, en la línea de la igualdad sería la destrucción de la propiedad». De acuerdo con La Fayette, los triunviros Barnave, Du Port y Lameth pretendían revisar la Constitución, aumentar el censo, reforzar los poderes del rey: esta política exigía tanto el apoyo de los aristócratas como el asentamiento de Luis XVI. El rechazo de la aristocracia y del rey, el recurso al exterior, la guerra, en fin, acabaron una vez más con esa política.

La aristocracia no lo lamentó, de modo que finalmente se hizo inevitable, para romper su resistencia recurrir a las masas populares. Su apego obstinado al privilegio, su exclusivismo a ultranza, su mentalidad feudal impermeable a los principios burgueses situaron a la mayor parte de la nobleza francesa en un rechazo total. En cuanto a la monarquía, su actitud demostró, si aún hacía falta, que era claramente el instrumento de supremacía de una clase: el llamamiento al ejército al que la Corte se dirigió desde los primeros días de julio de 1789 pareció significar el fin de la Revolución. La aristocracia, en su mayoría, no aceptó ni los decretos de 5 y 11 de agosto de 1789, ni la Declaración de los Derechos: es decir, la destrucción, aunque parcial, de la feudalidad. «No consentiré jamás, declaró Luis XVI, que se despoje a mi clero y a mi nobleza». Las jornadas populares de octubre le impusieron la aceptación de los decretos. En 1790, mientras el rey utilizaba a La Fayette pese a detestarlo, la aristocracia se obstinaba en su resistencia. Las maniobras de los emigrados, las intrigas de las cortes extranjeras y los inicios de la contrarrevolución alimentaban sus esperanzas, mientras que las revueltas agrarias suscitadas en muchas regiones por la obligación de la redención de los derechos feudales endurecían su postura de rechazo. La huida del rey, el 21 de junio de 1791, las formaciones armadas de los emigrados en el Rhin y finalmente la guerra, deseada y buscada desde 1791, demostraron que la aristocracia prefería, por intereses de clase, traicionar a la nación antes que ceder.

La política de conciliación entre la aristocracia y la alta burguesía era quimérica, en tanto no se hubieran destruido irremisiblemente los últimos vestigios de la feudalidad. Mientras duró la esperanza de ver restablecidos sus antiguos derechos con una vuelta a la monarquía absoluta, la aristocracia se negó al triunfo del orden burgués. Cuando la feudalidad apareció como destruida para siempre (pero fue necesario que llegara 1793 y el Terror) y toda tentativa de restauración fue totalmente imposible; pero después de quince años de dictadura napoleónica, el fracaso de los ultras y las Tres Gloriosas de 1830, la aristocracia acabó por aceptar el compromiso político que, bajo la monarquía de julio, la vinculó al poder con la alta burguesía.

En cuanto a los campesinos, estos se opusieron, y no menos encarnizadamente, al compromiso de la redención[8]. La Asamblea constituyente, llena de ilusiones, esperaba de esa ley una pronta y equitativa desaparición del régimen feudal. La ley suscitó entre los contemporáneos un máximo interés, al mismo tiempo que provocaba discusiones y oposición, como testimonian no solamente los documentos del Comité feudal de la Constituyente y del Comité de legislación de la Convención, sino también los archivos de los Directorios de departamento y de distrito, los del Registro y las actas de los notarios. Pese a la proclamación del principio de la redención el 4 de agosto de 1789, los deudores solo pudieron empezar a pensar en su liberación a partir de la publicación del decreto de 3 de mayo de 1790, que organizaba la redención según los principios establecidos por la ley del 15 de marzo anterior: las primeras ofertas regulares de los deudores parecen haberse producido en junio. Esta lentitud exasperó a los mejor dispuestos. La mala redacción de los decretos de 4 de agosto, que empezaban con la solemne afirmación de que «la Asamblea constituyente acaba totalmente con el régimen feudal», aumentó la confusión: los campesinos tomaron la fórmula al pie de la letra, sin querer tener en cuenta las excepciones que los propios decretos establecían, y consideraron nulas las leyes de 1790. Es fácil imaginar la influencia de ese estado de ánimo en la práctica de la redención. Debido sobre todo a una omisión singular, no se previó ninguna medida financiera especial, ninguna institución crediticia que hubiera permitido a los deudores conseguir el dinero indispensable para su liberación. Un gran número de campesinos no disponía de los adelantos necesarios: la redención se mostraba como imposible, salvo para los ricos; la libertad prometida, como ilusoria. El paso de la decepción a la cólera se dio tanto más rápido cuanto que los señores se empeñaron en recibir no solamente los derechos que conservaban sino lo atrasado de los derechos suprimidos: la supervivencia de la feudalidad, después de su abolición de principio la noche del 4 de agosto, no pertenece al campo de la imaginación mítica.

En esas condiciones, desde 1789 hasta 1793 una auténtica guerra civil enfrentó a campesinado y aristocracia, con mayor o menor intensidad según las regiones. En el departamento del Doubs, donde sin embargo solo se señala un incidente violento después de 1789 las trivialidades desaparecieron desde ese mismo año; lo atrasado de prestaciones abolidas sin indemnización dejó de cobrarse; a finales de 1789 la mayoría de las comunidades rechazaron los cánones considerados suprimidos y apoyaron a los campesinos perseguidos; el rechazo del diezmo fue común en 1790; en 1791 una multitud de juicios condenaron a los recalcitrantes; 1792 vio generalizarse una sorda efervescencia. En muchas otras regiones la revuelta agraria no cesó desde 1789 hasta 1793, atenuándose, alcanzando cotas altas en las épocas de la recogida feudal o de carestía de los granos. Graves altercados o auténticos levantamientos a fines de 1789 en el Aisne, el Bocage normando, el Anjou, el Franco Condado, el Delfinado, el Vivarais, el Rosellón. En enero de 1790 hubo levantamientos en el Quercy y el Périgord, así como en la Alta Bretaña, de Ploërmel a Redon, en mayo en el Borbonesado; durante la siega, rechazo de los diezmos y de los impuestos sobre las gavillas en todo el Gâtinais. El Quercy y el Périgord se sublevaron de nuevo en el invierno de 1791-92; en la primavera el Gard, el Ardèche y el Lozère, el Tarn y el Cantal se vieron afectados; el Ariège en otoño, en tanto que una inmensa insurrección por la tasación afectaba, desde la primavera hasta el otoño, a la Beauce y sus alrededores. Los colonos se levantaron, en julio de 1793, en el Gers; en julio y agosto, el departamento de Seine-et-Marne se vio también afectado por altercados por culpa de los impuestos sobre las gavillas.

Es indudable que los derechos señoriales y los diezmos no siempre eran los únicos que estaban en juego; si bien la excelente cosecha de 1790 distendió la situación, los problemas en los mercados y las trabas a la circulación de los granos se multiplicaron al acercarse la primavera de 1792: el odio contra el diezmo exasperó la resistencia contra la deducción feudal y la obligación de la redención. La aristocracia, cada vez más amenazada, endurece su rechazo, encona los incidentes. Tanto como los movimientos populares urbanos, el antagonismo de las clases en el campo empujaba hacia adelante la Revolución.

La huida del rey a Varennes, el 21 de junio de 1791, demostró escandalosamente la inutilidad de la política de compromiso. Por más que la burguesía constituyente desencadenara el Terror tricolor, reforzara el carácter censatorio de la Constitución, la ruptura todavía se agravó, como demostraron los miedos y sus cortejos de violencias e incendios. El conde de Dampierre, que había venido a saludar al rey a la vuelta de Varennes, fue asesinado por sus campesinos cuando su pesada berlina se alejaba de Sainte-Menehould. El rey apareció desde entonces, a los ojos de las masas, como el enemigo más temible: la huida a Varennes había «rasgado el velo».

La guerra exterior constituyó para la aristocracia un último recurso. «En lugar de una guerra civil, esta será una guerra exterior —escribía Luis XVI el 14 de diciembre de 1791 a su agente Breteuil—, y las cosas irán mucho mejor». Y ese mismo 14 de diciembre María Antonieta escribía a su amigo Fersen, a propósito del partido que, en la nueva Asamblea, incitaba a la guerra: «¡Los imbéciles!, no ven que eso es servirnos a nosotros». En la Asamblea legislativa que se reunió el 1.º de octubre de 1791, la guerra fue, en efecto, deseada por la izquierda bajo el impulso de hombres nuevos a los que los contemporáneos, por el nombre de su jefe de filas, denominaron brissotinos y que, desde Lamartine, llamamos girondinos.

Los girondinos, representantes de la alta burguesía negociante, intentan acabar con la contrarrevolución, sobre todo para restablecer el crédito del asignado, necesario para la buena marcha de las empresas. La guerra, que la aristocracia desea para realizar por la derrota la contrarrevolución interior, no es rechazada por la burguesía negociante: ¿no han sido siempre los aprovisionamientos a los ejércitos una fuente de beneficios considerables?; ¿guerra contra Inglaterra? No es muy probable. La base del poder de esta burguesía negociante reside en la prosperidad de los puertos, Marsella, Nantes y sobre todo Burdeos, centros vitales del capitalismo de esa época, esencialmente comercial. Los girondinos, que habían desencadenado la guerra continental desde abril de 1792, no declararon la guerra a Inglaterra hasta febrero de 1793: la guerra marítima comprometía el comercio de las islas y la prosperidad de las ciudades marítimas. La guerra continental respondía mejor a los cálculos políticos de la burguesía girondina. Atacar al Antiguo Régimen europeo significaba llevar al paroxismo la lucha contra la aristocracia, desenmascararla, dirigirla a voluntad. «Señalemos por adelantado un lugar para los traidores y que ese lugar sea el cadalso», gritó Guadet el 14 de enero de 1792.

Pero la burguesía girondina se mostró incapaz de dirigir solo con sus fuerzas esa guerra contra la aristocracia: por egoísmo de clase rechazó la ayuda del pueblo. Así se cumplieron las previsiones de Robespierre, en sus grandes discursos a los jacobinos, cuando decía que antes de combatir a la aristocracia más allá de las fronteras había que destruirla en el interior. Ya la Gironda, so pretexto de que la guerra exigía la unión, había salido fiadora, a principios de 1792, de La Fayette y había apoyado al ministro de Asuntos Exteriores, el conde de Narbonne: esbozo anticipado de ese régimen de los notables del que Madame de Staël, la amante de Narbonne, fue justamente una de sus teóricos y que conciliaba los intereses de la aristocracia terrateniente unida y los de la burguesía negociante. Los reveses de la primavera de 1792, a través de los cuales la Gironda entrevió la necesaria alianza con las masas populares para asegurar la victoria, revelaron sus vacilaciones, cuando no su duplicidad: consentía en recurrir al pueblo, como en la jornada del 20 de junio de 1792, pero en la medida en que este se atuviera a los objetivos que ella le había marcado.

La crisis nacional, conjugándose con la crisis económica, multiplicaba, sin embargo, el empuje de las masas: entusiasmo nacional y movimiento revolucionario son inseparables, un conflicto de clases apoya y exacerba el patriotismo. Los aristócratas oponen el rey a la nación, de la que se mofan; los del interior esperan al invasor; los emigrados combaten en las filas enemigas. Para los patriotas del 1792 se trata de salvaguardar y promover la herencia del 1789. Los ciudadanos pasivos, siguiendo los consejos de los propios girondinos, se arman de picas, se ponen el gorro rojo, multiplican las sociedades fraternales. ¿Romperán los marcos de la nación censataria? «… La patria —escribía Roland a Luis XVI en su célebre carta del 10 de junio 1792— ya no es tan solo una palabra que la imaginación se haya complacido en embellecer; es un ser al que se ofrecen sacrificados…; que se ha creado con grandes esfuerzos, que se educa en medio de las inquietudes, y al que se ama tanto por lo que cuesta como por lo que se espera de él». La patria no se concibe, para los ciudadanos pasivos, más que en la igualdad real de derechos.

Ahora bien, la crisis nacional, al sobreexcitar el sentimiento revolucionario, acentúa los enfrentamientos sociales en el propio seno del antiguo tercer orden. Más aún que en 1789, la burguesía se inquieta. Los ricos son acusados por armar a voluntarios; como la inflación sigue causando estragos, aumentan los problemas en las subsistencias. El asesinato de Simoneau, alcalde de Etampes, el 3 de marzo de 1792, puso de manifiesto la oposición irreductible entre las reivindicaciones populares y las concepciones burguesas respecto al comercio y a la propiedad. Mientras que en París, en mayo, Jacques Roux ya reclama la pena de muerte contra los acaparadores, en Lyon, el 9 de junio de 1792, el funcionario municipal Lauge, presenta sus medios sencillos y fáciles para «fijar la abundancia y el justo precio del pan». Un espectro atormenta desde ese momento a la burguesía: la «ley agraria», esto es, el reparto de la propiedad. En tanto que Pierre Dolivier, párroco de Mauchamp, asume la defensa de los amotinados de Etampes, la Gironda hace decretar una ceremonia fúnebre en honor de Simoneau y que su manto de alcalde sea colgado de las bóvedas del Panteón. Eso representará el punto de ruptura que pronto va a separar a girondinos y montañeses, y se expresan las razones profundas de lo que la historia ha denominado púdicamente «la debilidad nacional» de la Gironda. Los girondinos, representantes de la burguesía, ardientemente apegados a la libertad económica, tuvieron miedo de la huelga popular que habían provocado con su política de guerra; su sentido nacional nunca fue lo bastante fuerte para acallar en ellos la solidaridad de clase.

En el momento de dar el paso, temiendo poner en peligro si no la propiedad sí al menos la preponderancia de la riqueza, la Gironda se asustó de la insurrección popular que en principio había favorecido y que el 10 de agosto de 1792 echó abajo, con el trono y la Constitución de 1791, los marcos estrechos de la nación censataria. El 10 de agosto se hizo si no pese a la Gironda, sí al menos sin ella: esta abstención le fue fatal.

Tanto como nacional, por la presencia de los federados marselleses y bretones, la insurrección del 10 de agosto 1792 fue también social. Las barreras que dividían a la nación cayeron. Los ciudadanos pasivos entraron en masa, a partir de julio, en las asambleas de sección y en los batallones de la guardia nacional. El 30 de julio, la Asamblea legislativa había consagrado un estado de hecho al decretar la admisión de los pasivos en la guardia nacional. «Mientras la patria está en peligro —según la sección parisiense de la Butte-des-Moulins— el soberano (el pueblo, según Rousseau) debe estar en su sitio: a la cabeza de los ejércitos, a la cabeza de los negocios, debe estar en todas partes». Mediante el sufragio universal y el armamento de los ciudadanos pasivos, esta «segunda revolución» integró al pueblo en la nación y marcó la llegada de la democracia. Después de tentativas inútiles, los viejos partidarios del compromiso se anularon ellos mismos. Dietriech trató de sublevar a Estrasburgo, después huyó; La Fayette, abandonado por sus tropas, se pasaba a los austríacos el 19 de agosto de 1792. Pero más aún, la entrada en escena de los sans-culottes levantó a una fracción de la burguesía: ya se afirmaban las resistencias contra la república democrática y popular que anunciaba la «segunda revolución» del 10 de agosto. «Una clase concreta de ciudadanos —había declarado la sección parisina del Teatro Francés, el 30 de julio de 1792— no puede arrogarse el derecho exclusivo de salvar a la patria».

2. Año 1793.

¿República burguesa o democracia popular?

(1792-95)

En el conflicto que desde ese momento es el de la Francia revolucionaria y la aristocracia europea, una parte de la burguesía se dio cuenta de que no podía vencer sin el pueblo: los montañeses se aliaron con los sans-culottes. Pero esta intrusión popular en la escena política pareció una amenaza suprema para los intereses de la gran burguesía, que en boca de Brissot denunció «la hidra de la anarquía». «Vuestras propiedades están amenazadas», proclamó Pétion, haciendo un llamamiento a los propietarios a finales de abril de 1793. «La igualdad no es más que un vano fantasma —replicó el fanático Jacques Roux el 25 de junio de 1793— cuando el rico, a través del monopolio, ejerce el derecho sobre la vida y la muerte de su semejante». Así se inicia, en la primavera de 1793, el drama en que acabó por venirse abajo, ante las exigencias de la revolución burguesa, la República popular que querían confusamente los sans-culottes. Se marca así por adelantado el antagonismo irreductible entre las aspiraciones de un grupo social y el estado objetivo de las necesidades históricas.

EL DESPOTISMO DE LA LIBERTAD

Girondinos y montañeses

(1792-93)

La rivalidad entre la Gironda y la Montaña, pese a su común pertenencia burguesa, reviste, como consecuencia de las opciones políticas, un innegable carácter de clase. La Gironda, portavoz de la burguesía negociante, pretende defender la propiedad y la libertad económica contra las limitaciones que reclamaban los sans-culottes: reglamentación, tasación, requisa, curso forzoso del papel moneda. Los girondinos, imbuidos del sentimiento de las jerarquías sociales, sentían un rechazo instintivo ante el pueblo; reservaban para su clase el monopolio gubernamental. Estigmatizando a jacobinos y montañeses en un Llamamiento a todos los republicanos de Francia, Brissot escribía en octubre de 1792: que «los desorganizadores son aquellos que quieren nivelarlo todo: propiedades, bienestar, precio de los productos, diversos servicios a prestar a la sociedad». Robespierre había contestado por adelantado en el primer número de las Lettres à ses commettants (Cartas a sus comitentes), el 30 de septiembre 1792, denunciando a los falsos patriotas «que solo quieren constituir la República para sí mismos, que solo pretenden gobernar en beneficio de los ricos». Los montañeses, y sobre todo los jacobinos, se esforzaron por dar a la realidad nacional un contenido positivo capaz de atraer a las masas populares. Saint-Just, en su discurso sobre las subsistencias, el 29 de noviembre de 1792, subrayó la necesidad «de sacar al pueblo de un estado de incertidumbre y de miseria que le corrompe»; «podéis dar en un momento una patria al pueblo francés»: deteniendo los estragos de la inflación, garantizándole su subsistencia, uniendo «estrechamente su felicidad y su libertad». Robespierre todavía fue más claro, el 2 de diciembre de 1792, en su discurso sobre los problemas frumentarios en Eure-et-Loir:

«De todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás están subordinadas a esta».

Las necesidades de la guerra y su sentido nacional llevaron a los montañeses a acercarse a los sans-culottes: la situación de la República exigía medidas extraordinarias que solamente se concebían con el apoyo popular; se trataba una vez más de ganarlo a través de una nueva orientación social.

El proceso y la muerte del rey volvieron inexpiable el conflicto entre la Gironda y la Montaña, al precisar los perfiles de la nueva realidad política. Saint-Just fue el primero en plantear el problema del juicio de Luis XVI desde la óptica nacional: «Queremos la república, la independencia, la unidad… Luis XVI debe ser juzgado como un enemigo extranjero» (13 de noviembre de 1792). La ejecución del rey, el 21 de enero de 1793, al asestar un golpe decisivo al sentimiento monárquico, acabó de liberar la idea de nación de su forma real. Hizo imposible todo compromiso entre los regicidas y los «apelantes», partidarios del llamamiento al pueblo para salvar a Luis XVI propuesto por Vergniaud. Empeñándose en salvar al rey, los girondinos esperaban circunscribir el conflicto con Europa. Se inclinaban así, consciente o inconscientemente, hacia el compromiso con la aristocracia: actitud inconsecuente por parte de unos hombres que, en noviembre de 1792, habían preconizado la guerra de propaganda. A la nación, identificada con la república y basada en la solidaridad reforzada entre la burguesía montañesa y el pueblo sans-culottes, la ejecución del rey no le dejó más salida que la victoria.

Las derrotas de marzo de 1793, la insurrección de la Vendée y el peligro que produjo sellaron el destino de la Gironda. Esta se negó hasta el final a cualquier concesión. Vergniaud proclamaba aún el 13 de marzo de 1793 que «la igualdad para el hombre social no es solo la de derechos»; esto era mantener la primacía de la propiedad y de la riqueza. Las jornadas del 31 de mayo al 2 de junio de 1793, en las que las secciones parisienses eliminaron a los girondinos de la Convención, presentan un doble aspecto nacional y social. Jaurès ha negado su carácter de clase: los girondinos habrían perdido «sencillamente [por su] espíritu de partido reducido a espíritu de facción y de camarilla». Eso es cierto si nos limitamos a considerar el aspecto parlamentario de esas jornadas; pero el papel de la sans-culotterie parisiense y la eliminación de la alta burguesía subrayan su contenido social. Esas jornadas, que fueron un sobresalto revolucionario, constituyen también un reflejo nacional, una reacción defensiva y punitiva contra una nueva manifestación del complot aristocrático. El desarrollo del movimiento seccionario de los departamentos había aclarado de antemano este aspecto: bajo la máscara de la oposición girondina, en Burdeos, en Marsella, más aún en Lyon, la contrarrevolución aristocrática volvía a pasar a la ofensiva. El federalismo, extensión de la guerra civil cuya iniciativa había sido tomada desde mayo de 1793 por el movimiento seccionario, presenta el mismo doble aspecto. Su contenido social es todavía más fuerte que su tendencia política. La persistencia de los particularismos regionales lo explica en parte, pero lo explica más todavía la solidaridad de los intereses de clase: la insurrección federalista agrupó a los partidarios del Antiguo Régimen, a los feuillants que seguían apegados al sistema censatario, a la burguesía preocupada por la propiedad y la libertad de beneficios. Por adhesión a los principios del 1789 y por su preocupación por la independencia nacional, los girondinos rechazaron la alianza vendeana y la llamada al extranjero: pero, por su desconfianza en las masas populares, por su repugnancia a integrarlas en una nación ampliada, no dejaron de hacer el juego de la aristocracia y a la coalición.

Montañeses, jacobinos y «sans-culottes»

(1793-94)

Apenas eliminada la Gironda, la Convención, dirigida ahora por los montañeses, se vio entre dos fuegos. Mientras la contrarrevolución recibía un nuevo impulso de la revuelta federalista, el movimiento popular, exasperado por la carestía y la escasez, aumentaba su presión. La organización gubernamental se mostró inepta para dominar la situación: Danton, en el Comité de Salvación Pública, negociaba en vez de luchar. Mientras la Montaña, prisionera ya de sus contradicciones, vacilaba, las masas populares, impulsadas por sus necesidades y sus odios, imponían las grandes medidas de salvación pública, la primera de las cuales fue, el 23 de agosto de 1793, el levantamiento en masa. Un gobierno revolucionario pareció indispensable para disciplinar la presión popular y mantener la alianza con la burguesía, que era la única que podía proporcionar los cuadros necesarios. Sobre esta doble base social, sans-culotterie y burguesía montañesa y jacobina, el gobierno revolucionario fue organizándose pieza por pieza de julio a diciembre de 1793: sus dirigentes más clarividentes intentaron salvaguardar a cualquier precio la unidad revolucionaria del antiguo tercer Estado, es decir, la unidad nacional.

A partir de ese momento se plantearon dos serios problemas a lo largo del año II. Un problema político: ¿cómo conciliar el comportamiento propio de los sans-culottes con las exigencias de la dictadura revolucionaria y las necesidades de la defensa nacional? Dicho de otra forma: ¿cómo resolver el problema de las relaciones entre la democracia popular y el gobierno revolucionario? Un problema de tipo social: ¿cómo conciliar las aspiraciones y las reivindicaciones económicas de los sans-culottes con las exigencias de la burguesía que sigue siendo el elemento dirigente de la Revolución? Dicho de otra forma: ¿cómo resolver el problema de las relaciones entre las masas populares y las clases dominantes? Pero ¿estaba en manos de los hombres del gobierno la posibilidad de superar las contradicciones inherentes a esta coalición? El peligro nacional las acalló un momento. Era de prever que, al afirmarse la victoria, volverían al primer plano.

La presión popular se mantuvo con fuerza hasta el otoño de 1793. Arrancó a la Convención, a quien no le agradaban, y a sus reticentes Comités, las grandes medidas revolucionarias: el 5 de septiembre, el Terror se pone al orden del día; el 11 se adopta el máximo nacional de los granos; el 17 se vota la ley de los sospechosos; el 29 de septiembre, por último, se instituye el máximo general, es decir, la economía dirigida. Victoria popular, pero también éxito gubernamental: la legalidad ha quedado salvaguardada, el terror legal se impone sobre la acción directa. El Comité de Salvación Pública resistió, supo ceder a tiempo y en un terreno elegido por él: su autoridad salió robustecida. La oposición popular extremista fue aniquilada en la persona de los fanáticos, se impuso el silencio a la oposición en la Convención en el gran debate del 25 de septiembre, se detuvo la descristianización el 6 de diciembre con la evocación solemne de la libertad de cultos, en tanto se afirmaba la victoria republicana en Wattignies sobre los austríacos (16 de octubre), y en Mans sobre los vendeanos (13-14 de diciembre). El 10 de octubre de 1793, en el informe de Saint-Just, la Convención había declarado al gobierno de Francia, revolucionario hasta la paz; el 14 frimario del año II (4 de diciembre de 1793), adoptó el decreto de constitución del gobierno revolucionario. La lógica de los acontecimientos llevaba a reconstituir la centralización, a restablecer la estabilidad administrativa, a reforzar la autoridad gubernamental, todas ellas condiciones necesarias para esa victoria tan perseguida por el Comité de Salvación Pública. Pero se había acabado la libertad de acción del movimiento popular.

Al subordinarlo todo a las exigencias de la defensa nacional, el Comité de Salvación Pública pretendía no ceder ni a las reivindicaciones de las masas a expensas de la unidad revolucionaria, ni a las reclamaciones de la burguesía moderada a expensas de la economía dirigida necesaria para sostener la guerra o a expensas del Terror que le garantizaba la obediencia de todos. Pero ¿dónde hallar exactamente un punto de equilibrio entre esas exigencias contradictorias?

La liquidación de los fanáticos, el frenazo a la descristianización, los ataques sordos contra las organizaciones populares, sobre todo contra las sociedades seccionarías, señalaron, en el otoño de 1793, la voluntad del Comité de Salvación Pública de tomar distancias respecto al movimiento popular al que hasta ese momento había seguido más que dirigido. Pero precisamente con todo ello se ponía a merced de la Convención y favorecía la ofensiva de sus adversarios en la Asamblea y en la opinión pública. Danton había apoyado a Robespierre contra los descristianizadores, no sin segundas intenciones: se trataba de aflojar los resortes del gobierno revolucionario. La política «indulgente» de Danton se oponía en todos los puntos al programa popular apoyado por Hébert y sus amigos cordeleros: terror extremo, máximo aumentado, guerra a ultranza. Ataque gubernamental contra la descristianización, atenuación del Terror en los departamentos a partir de enero de 1794: indicios de que el Comité de Salvación Pública, sin proscribir a los extremistas, pretendía al menos reducirlos cada vez más. Su labor de zapa contra la democracia seccionaria está dentro de esa línea; así habría moderado el Terror conservándolo como medio de gobierno. La actitud gubernamental favoreció la ofensiva dantonista contra el sistema terrorista.

La lucha entre las facciones se desencadenó en el mismo momento en que la crisis de las subsistencias, al final del invierno de 1793-94, se agravó bruscamente; la situación en París empeoró; pareció probable una explosión popular. Al sumarse la crisis política y el malestar social estallaron las contradicciones del sistema: las consecuencias serían irremediables para el movimiento popular, para el gobierno revolucionario, y en última instancia para la propia Revolución.

GRANDEZA Y CONTRADICCIONES DE LA REPÚBLICA DEL AÑO II

Tendencias sociales y práctica política del movimiento popular[9]

De junio al invierno del año 1793, el movimiento de la sans-culotterie había permitido la consolidación del gobierno revolucionario y la estabilización de la dictadura jacobina de salvación pública, al mismo tiempo que imponía a una Convención reacia unas medidas destinadas a mejorar la suerte de las masas.

Si nos remitimos a la composición del personal político de las secciones parisienses en el año II, así como al papel del faubourg Saint-Antoine en el movimiento de la Revolución, comprobamos que la vanguardia revolucionaria no estaba formada por un proletariado de fábrica, sino por una coalición de pequeños patronos y de obreros que trabajaban y vivían con ellos. De ahí se derivan ciertos rasgos del movimiento popular, un cierto comportamiento, así como algunas contradicciones resultantes de una situación ambigua. El mundo del trabajo está caracterizado en su conjunto por la mentalidad de la pequeña burguesía artesanal, y cómo esta participa de la mentalidad de la burguesía. Los trabajadores, ni por el pensamiento ni por la acción, no constituían un elemento independiente. No establecían una relación directa entre el valor del trabajo y el nivel del salario; el salario se fijaba en relación a los precios de las subsistencias: la función social del trabajo no estaba clara. Los sans-culottes del año II no pusieron en el centro de sus preocupaciones sociales los problemas de la producción y del trabajo; fueron mucho más sensibles a sus intereses de consumidores. Si bien exigieron la tarifa de los productos, la reivindicación de la lista de precios quedó en algo excepcional. La fijación de precios fue reclamada con mayor empeño por los militantes parisienses, por cuanto en sus secciones respectivas tenían que soportar no solamente la presión de los trabajadores sino también la de una masa considerable de indigentes atenazados por el hambre: a principios de la primavera de 1794 había alrededor de un indigente socorrido por cada nueve habitantes de París, pero en el faubourg Saint-Antoine la relación era de uno por cada tres. ¿Y cuántos pobres vergonzantes? El hambre constituye la argamasa de categorías tan diversas como el artesano, el tendero, el obrero, el buscavidas, coaligados por un interés común contra el gran comerciante, el empresario, el acaparador noble o burgués. El término sans-culotterie puede parecer impreciso frente al vocabulario sociológico actual: en relación a las condiciones sociales de la época, responde a una realidad concreta. Sin duda no hay que excluir otros móviles del comportamiento popular: el odio hacia la nobleza, la creencia en el complot aristocrático, la voluntad de acabar con el privilegio y establecer la igualdad real de derechos. En última instancia se reducen a la exigencia del pan cotidiano, a la que se unió confusamente, en muchos casos, la reivindicación política. «Bajo el reino de Robespierre —según el ebanista parisino Richer, el 1.º pradial del año III (20 de mayo de 1795)— la sangre corría y no faltaba el pan». El comportamiento terrorista estaba indisolublemente ligado a la reivindicación social.

Las aspiraciones sociales populares se concretaron a través de las luchas reivindicativas. En 1793, el máximo de los granos se reclamó para armonizar el precio del pan con los salarios, es decir, para permitir vivir a los sans-culottes: el derecho a la existencia fue invocado como un argumento a favor. La reivindicación social precedió y suscitó la justificación teórica que, a su vez, reforzó la lucha. Aquí no podemos buscar un sistema coherente. El igualitarismo constituye la característica esencial: las condiciones de existencia deben ser las mismas para todos. Al derecho total de propiedad, generador de desigualdad, los sans-culottes oponen el principio de la igualdad de posesiones. De ahí llegan con toda facilidad a la crítica del libre ejercicio del derecho de propiedad. El propio derecho jamás es cuestionado: pero los sans-culottes, que son pequeños productores independientes, lo fundamentan en el trabajo personal. A quienes atacan es a los ricos y a los altos personajes. El 2 de septiembre de 1793, en el paroxismo del empuje popular, la sección de los sans-culottes, delante del Jardín des Plantes, pide a la Convención no solamente que fije «los beneficios de la industria y los del comercio» mediante la tasación general, sino también que imponga un máximo a las fortunas y «que el mismo individuo solamente pueda poseer un máximo». ¿Cuál sería este? Correspondería a la pequeña propiedad artesanal y tendera: «Que nadie pueda tener más de un taller, una tienda». Estas medidas radicales «harían desaparecer poco a poco la desigualdad demasiado grande de las fortunas y crecer el número de propietarios». En ningún otro momento de la Revolución encontramos una formulación tan clara del ideal social popular: ideal a la medida de los artesanos y tenderos que componían los cuadros de la sans-culotterie. Ideal también a la medida de la masa de consumidores y de pequeños productores urbanos, hostiles tanto a todos los vendedores directos o indirectos de subsistencias como a todos los empresarios cuyas iniciativas capitalistas corrían el riesgo de reducirles a la categoría de trabajadores asalariados dependientes. Ideal, en fin, que en su voluntad por limitar las consecuencias de la propiedad privada manteniéndola, se oponía profundamente al de la burguesía que dirigía la Revolución.

Las tendencias políticas de la sans-culotterie se oponían igualmente a las concepciones burguesas. La soberanía reside en el pueblo: de ese principio se deriva todo el comportamiento político de los militantes populares, para quienes se trata no de una abstracción sino de la realidad concreta del pueblo reunido en sus asambleas de sección y en ejercicio de todos sus derechos; los más conscientes tendían al gobierno directo. En materia legislativa reivindicaban y practicaban, llegado el caso, la sanción de las leyes por el pueblo. Por desconfiar del sistema representativo, reclamaban el control y la revocabilidad de los elegidos. El pueblo, legislador soberano, es también juez soberano: cuando las masacres de septiembre de 1792, se organizaron tribunales populares. El poder de las armas constituía, por último, un atributo esencial de la soberanía: el pueblo debe estar armado; en el año III el desarme de los militantes seccionarios simbolizó su caída política. El pueblo en armas y recuperando el ejercicio de sus derechos mediante la insurrección: aplicación extrema del principio de la soberanía popular. El pueblo manifestó con la insurrección su omnipotencia soberana y delegó de nuevo el ejercicio de la soberanía a sus mandatarios revestidos de su confianza: así ocurrió el 2 de junio de 1793.

La organización seccionaria daba una singular eficacia a esas tendencias. Aprovechando las instituciones municipales creadas por la Asamblea constituyente, pero insuflándoles un contenido nuevo, utilizando los comités revolucionarios impuestos a la Convención, forjando con las sociedades seccionarias del otoño de 1793 un instrumento específicamente popular, los militantes sans-culottes dieron al movimiento de las masas parisienses una organización a la vez flexible y eficaz. De la primavera al otoño de 1793 dio prueba de sus aptitudes en la lucha contra los moderados y facilitó en gran medida la instauración del gobierno revolucionario. De julio de 1792 a septiembre de 1793 la permanencia de las secciones (la Asamblea general se reunía cada día a las cinco) constituyó una de las bases de ese sistema político. Suprimida por el decreto de 9 de septiembre, que reducía las sesiones a dos por semana, después por década, reapareció por medio de las sociedades seccionarias. Estas, garantizando la permanencia y la continuidad, tendieron a sustituir a lo largo del invierno del año II a las Asambleas generales, reduciéndolas a un papel de registro. De todas las instituciones seccionarias, los comités revolucionarios son los que mejor simbolizan el poder popular. Aparecieron espontáneamente en algunas secciones parisienses después del 10 de agosto de 1792 y se generalizaron en la crisis de marzo de 1793. La Convención los legalizó el 21 de marzo. Sus competencias, en un principio reducidas, se ampliaron rápidamente. La ley de los sospechosos de 17 de septiembre de 1793 consagró los poderes que de hecho se habían arrogado: en cada comuna o sección de comuna elaboraron la lista de sospechosos y extendieron las órdenes de arresto. La definición muy amplia que de la sospecha dio la Comuna de París contribuyó a acrecentar sus poderes: los comités, liberándose de la tutela de las asambleas generales, escapando poco a poco a la de la Comuna, llegaron a controlar toda la vida de la sección.

Las secciones parisienses, que disponían de la fuerza armada y nombraban a sus oficiales, se autoadministraban, elegían a sus magistrados y a sus comités, constituían así, en el interior de la capital, otros tantos organismos autónomos. Como carecían de una institución central, la suplieron por la correspondencia en tiempo normal, por la fraternización en período de crisis: así aventajaban a la municipalidad parisiense. Ante esta organización existía el peligro de que desbordara a los comités de gobierno, y que tendía a destruir, en provecho de la sans-culotterie, el equilibrio social sobre el que se basaba el gobierno revolucionario.

Gobierno revolucionario y dictadura jacobina

De todos modos, el gobierno revolucionario primero se reforzó lentamente a lo largo del verano de 1793, después se constituyó definitivamente por el decreto de 14 frimario año II (4 de diciembre de 1793), sobre la base de principios muy distintos de los de la democracia popular.

La teoría del gobierno revolucionario la hizo Saint-Just en su informe del 10 de octubre de 1793, y Robespierre en sus informes sobre los principios del gobierno revolucionario (25 de diciembre de 1793) y sobre los principios de moral política que deben guiar a la Convención (5 de febrero de 1794). Es una característica significativa el hecho de que en ninguno de esos informes se haga mención del principio de soberanía popular: esta se concentró en la Convención, «único centro impulsor del gobierno». Los comités gobiernan bajo su control. De hecho, solo dos ejercen efectivamente el poder: el Comité de Salvación Pública, «en el centro de la ejecución», «se reserva el pensamiento del gobierno, propone a la Convención nacional las medidas principales»; y el Comité de Seguridad general que tiene «bajo su inspección concreta todo lo relativo a las personas y a la policía general». El gobierno revolucionario es un gobierno de guerra: «La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos». Su objetivo es el de cimentar la república: después de la victoria se volverá al gobierno constitucional, «régimen de la libertad victoriosa y pacífica». Porque hace la guerra, «el gobierno revolucionario necesita una actividad extraordinaria», debe «actuar como un rayo»: no se puede «someter al mismo régimen a la paz y a la guerra, a la salud y a la enfermedad». El gobierno, por lo tanto, tiene en sus manos la fuerza coactiva, es decir, el Terror. «¿La fuerza solo está hecha para proteger el crimen?». El gobierno revolucionario solo debe «a los enemigos del pueblo la muerte». Pero el Terror está únicamente al servicio de la república: la virtud, «principio fundamental del gobierno democrático o popular», constituye la garantía de que el gobierno revolucionario no se orientará hacia el despotismo. La virtud, «es decir —según Robespierre—, el amor a la patria y por sus leyes», «la entrega magnánima que funde todos los intereses particulares en el interés general».

El Terror constituye un medio de defensa nacional y revolucionaria. Manifiesta, frente al complot aristocrático siempre renaciente (no se puede entender la ley del Gran Terror de 22 pradial del año II si se hace abstracción de los intentos de asesinato de Collot d’Herbois y de Robespierre), la reacción defensiva y la voluntad punitiva del tercer Estado, pero que a partir de ese momento estarán disciplinadas por la ley y controladas por el gobierno. Los estudios estadísticos del historiador norteamericano Donald Greer confirman esta característica. El Terror obró con severidad sobre todo allí donde la contrarrevolución pasó a las armas y a la traición abierta: mientras el 15% de las condenas a la pena capital se pronunciaron en París, el 71% proceden de las dos principales zonas de guerra civil (el 19% en el sudeste y el 52% en el oeste). Los motivos de condena concuerdan con este reparto regional: en el 72% de los casos se trata de rebelión. Podrá objetarse, sin duda, la composición social y que el 85% de los condenados pertenecen al tercer Estado, solo el 8,5% a la nobleza y el 6,5% al clero. «Pero en una lucha como esa —señala Georges Lefebvre— los tránsfugas suscitan menos miramientos que los adversarios originales». Como la guerra civil, de la que no es más que un aspecto, el Terror suprimió de la nación unos elementos juzgados como socialmente inadmisibles, por ser aristócratas o por haber unido su destino a la aristocracia. En otro sentido, contribuyó a desarrollar el sentimiento de la solidaridad nacional: acalló por un momento los egoísmos de clase e impuso a todos los sacrificios necesarios para la salvación pública.

La maquinaria revolucionaria se perfeccionó, pero al servicio solamente del gobierno. El Club de los Jacobinos, sociedad madre, que redujo poco a poco el papel autónomo de las organizaciones populares, constituye su pieza maestra. Los jacobinos, reclutados en las capas de la burguesía media, frecuentemente compradores de bienes nacionales, son los hombres de la resistencia: frente a todos los peligros conjugados, intentan conservar las conquistas políticas del 1789; con ese fin se aliaron con el pueblo sans-culotte. Como partidarios que eran del liberalismo económico, aceptaron la reglamentación y la tasación como una medida de guerra y como una concesión a las reivindicaciones populares. Su reclutamiento, a resultas del movimiento de la Revolución y de sucesivas depuraciones, se democratizó un tanto, pero la primacía la siguió manteniendo la mediana burguesía. En 1793-94 la república quedó cubierta por una red de filiales densa y eficaz, cuyo número es difícil de precisar en lo que se refiere al conjunto del país. En el sudeste, en un momento amenazado por la contrarrevolución, parece que fue particularmente alto: 139 sociedades populares para 154 comunas en el Vaucluse, 258 para 355 en la Drôme, 117 para 260 en los Bajos Alpes. El cometido de esas organizaciones fue preponderante en la derrota del enemigo interior y en la implantación de las instituciones revolucionarias.

El jacobinismo, que caracterizó la teoría y la práctica del gobierno revolucionario, tanto como por una ideología derivada del rusonismo, se definió por un temperamento y una técnica políticos. Religión o mística, se ha dicho: más sencillo, los jacobinos consideraban que la libertad y la igualdad constituyen las características de una sociedad concebida racionalmente. ¿Fanatismo?… De la rigidez de su actitud y de su dogmatismo dan cuenta la grandeza del peligro y la necesaria disciplina contra un enemigo irreconciliable. Los jacobinos tuvieron el sentimiento, nunca claramente explicitado, de que la democracia debía ser dirigida, que no es posible confiar en la espontaneidad revolucionaria de las masas. El pueblo quiere el bien, dijo Robespierre, pero no siempre lo ve. Los jacobinos consideraron necesario iluminarlo, en realidad, conducirlo. De ahí una técnica cuyo mecanismo ha sido desmontado desde hace mucho tiempo, y no sin una hostilidad preconcebida. Los jacobinos pusieron a punto la práctica de los comités restringidos, que fijaban la doctrina, concretaban la línea política, que traducían en consignas. La elección se corrige por la depuración y su corolario, la infiltración: una vez limitada la competencia por el escrutinio depurador que permite a los afiliados juzgar sobre la aptitud de los candidatos a desempeñar su mandato, se deja a los electores en libertad de elegir. Los ciudadanos quedan encerrados en la red de las organizaciones afiliadas que reciben el impulso de la sociedad-madre, «único centro de la opinión pública», como el Comité de Salvación Pública lo es de la acción gubernamental. Los jacobinos, de todos modos, no llevaron estos principios hasta sus últimas consecuencias: crearon clubs, no formaron un partido; sobre todo permanecieron subordinados a una asamblea parlamentaria que había sido elegida como al azar. Babeuf dio el paso y fue probablemente de él, a través de Blanqui, de quien Lenin extrajo la lección.

La economía dirigida implantada en el otoño de 1793 bajo la presión de las masas respondía, en el espíritu de los gobernantes, menos a una concepción teórica de la organización social que a las exigencias de la defensa nacional: se trataba de alimentar, de equipar, de armar a los hombres del levantamiento en masa, de avituallar a las poblaciones de las ciudades, cuando el comercio exterior estaba interrumpido por el bloqueo y Francia parecía una plaza sitiada. La requisa afectó a todos los recursos materiales del país, limitando la libertad de empresa. La tasación, complemento necesario de la requisa, y generalizada por el decreto de 29 de septiembre de 1793 impuso unos márgenes de beneficios (5% para el mayorista, 10% para el detallista), frenó el espíritu de especulación, restringió la libertad de ganancias. La nacionalización afectó en diversos grados a la producción, sobre todo a la de armamento y fabricaciones de guerra y al comercio exterior, pero básicamente en función de las necesidades militares, pues el Comité de Salvación Pública se negó a nacionalizar el avituallamiento civil.

Sin embargo, se estaban esbozando los rasgos de una democracia social. Montañeses y jacobinos solamente proyectaban integrar a las masas populares en la nación burguesa mediante el acceso a la propiedad definida en el sentido de 1789. Ya no se trata de subordinar el derecho de propiedad al derecho a la existencia, ni de definirlo como «una institución social garantizada por la ley», como había sugerido Robespierre en su proyecto de una Declaración de Derechos, el 24 de abril de 1793. Sino que la Montaña dio por fin satisfacción a los campesinos, el 17 de julio de 1793, con la abolición definitiva, sin indemnización, de todos los derechos señoriales. El decreto de 22 de octubre de 1793 prohibió a los propietarios exigir de arrendatarios y aparceros cualquier prestación de subrogación (pero ¿en qué medida se aplicó?). Mientras se realizaba esa transferencia de ingresos, la transferencia de propiedad se aceleraba: los bienes de los emigrados, secuestrados desde el 9 de febrero de 1792, puestos en venta el 27 de julio siguiente, se ofrecían en pequeños lotes de 2 a 4 arpents[10] (según el decreto de 3 de junio de 1793), pagaderos en diez años (plazo ampliado a 20 años por el decreto de 13 de septiembre). El 10 de junio un decreto autorizó la partición de los bienes comunales si era solicitada por un tercio de la asamblea de vecinos. El punto culminante de esta política tendente a crear una nación de pequeños propietarios lo constituyeron los decretos de 8 y 13 ventoso del año II (26 de febrero y 3 de marzo de 1794), que despojaban de sus bienes a los sospechosos («Aquel que se muestra como enemigo de su país no puede ser propietario en él», según Saint-Just), para trasferirlos a los patriotas indigentes. No se trata del «programa de una revolución nueva», como pretende Albert Mathiez, sino de una medida política y social que se inscribe en la línea de la revolución burguesa: la confiscación no ha sido jamás otra cosa que un medio de lucha contra la aristocracia, y el acceso a la propiedad un factor de consolidación social. A los robespieristas, partidarios en el fondo de ellos mismos de la libertad económica, les repelía, como a los montañeses, intervenir en los problemas agrarios: sordos a las reivindicaciones de los sans-culottes del campo, jamás proyectaron la reforma de la aparcería ni la división de las grandes explotaciones agrarias en otras más pequeñas. La misma audacia y la misma timidez caracterizan el intento de una legislación social nueva. El derecho a la asistencia quedó sancionado por el decreto de 22 floreal del año II (11 de mayo 1794), que abrió en cada departamento un libro de la beneficencia nacional, pero solo para los «habitantes del campo»: pensiones de jubilación para los ancianos e impedidos, subsidios para las madres y las viudas con hijos, asistencia médica gratuita a domicilio —medidas todas ellas que prefiguran una seguridad social—.

«Que Europa sepa que no queréis ni un solo desdichado, ni un solo opresor más sobre el territorio francés —había declarado Saint-Just el 13 ventoso— […]. La felicidad es una idea nueva en Europa».

LA IMPOSIBLE REPÚBLICA IGUALITARIA

Cese y declive del movimiento popular

(Primavera de 1794)

Al final del invierno del año II las características de la evolución que venían esbozándose desde el establecimiento del gobierno revolucionario se endurecieron. Mientras la reglamentación, la tasación y la dirección de la economía, reclamadas por los sans-culottes, atacadas por los propietarios, aseguraban a duras penas —salvo en el caso del pan— el abastecimiento de la población parisiense, las necesidades de la defensa nacional como una concepción burguesa del poder político llevaban cada vez más el gobierno revolucionario a asegurarse la obediencia pasiva de las organizaciones populares y a reducir la democracia sans-culotte a la medida jacobina. Así se asienta, a principios de ventoso, un doble malestar social y político que afecta a la sans-culotterie tanto en su existencia material como en su comportamiento revolucionarlo. Sobre este trasfondo de crisis, la oposición entre indulgentes y patriotas decididos se exaspera. La conjunción de la oposición avanzada y el descontento popular constituía una seria amenaza para el gobierno: este intentó, con los decretos de ventoso, conciliarse con la opinión sans-culotte. La maniobra fracasó: los decretos de ventoso no provocaron ese esperado choque psicológico capaz de resolver la crisis política, aliando a la sans-culotterie con el gobierno revolucionario.

El momento pareció propicio a los patriotas decididos, cordeleros a la cabeza, para una acción que les desembarazaría de los moderados e impondría su triunfo en los comités de gobierno y en la Convención. Pero, olvidando las enseñanzas de todas las jornadas revolucionarias, los dirigentes cordeleros no se preocuparon de organizar su movimiento, ni de asegurarse su unión con las masas más sensibles a la escasez de las subsistencias que al peligro del moderacionismo. El 14 ventoso del año II (4 de marzo de 1794) los cordeleros proclamaron la necesidad de una santa insurrección: en su espíritu, probablemente una simple manifestación de masas. No les siguieron. Pero su intento dio ocasión al gobierno revolucionario para salir del inmovilismo: se desembarazó de la doble oposición, primero liquidando a los cordeleros (24 de marzo de 1795); después, volviéndose hacia los indulgentes, guillotinados el 5 de abril.

El drama de germinal fue decisivo. La evolución se precipitó. Al ver condenar al Père Duchesne y a los cordeleros que tenían su audiencia y expresaban sus aspiraciones, los sans-culottes dudaron del gobierno revolucionario. En vano Danton fue también ejecutado. La represión que siguió a los grandes procesos de germinal del año II, pese a su carácter limitado, desarrolló entre los militantes un complejo de miedo que paralizó la vida política seccionaria. El contacto directo y fraternal entre las autoridades revolucionarias y los sans-culottes de las secciones se rompió.

El gobierno revolucionario, que salió ganando, emprendió un amplio esfuerzo de regularización de las instituciones y de unificación de las fuerzas políticas. Si bien ante la inminencia del peligro había permitido la alianza con la sans-culotterie, jamás había aceptado sus objetivos sociales ni sus métodos políticos. El ejército revolucionario fue licenciado (27 de marzo de 1794)[11], los comisarios para los acaparamientos suprimidos (1.º de abril), la Comuna de París depurada. Y algo todavía más grave para el movimiento popular, la reanudación de la ofensiva gubernamental contra las sociedades seccionarias. En su discurso de 15 de mayo de 1794, Couthon reclamó la unidad de opinión: que todos los patriotas se concentren en los jacobinos; Collot d’Herbois subrayó una vez más la incompatibilidad de la democracia sans-culotte con las necesidades del gobierno revolucionario: las sociedades seccionarias querían «hacer de cada sección una pequeña república». De germinal a pradial se disolvieron 39 sociedades bajo la presión jacobina y gubernamental: en la mayoría de los casos (29 de 39), sociedades de fundación reciente, formadas esencialmente por patriotas del 1793, llamados de nueva hornada por oposición a los patriotas del 1789. Al forzarles a disolverse, los comités de gobierno rompían el armazón del movimiento popular.

De germinal a mesidor se acentuó la centralización: con la supresión de seis ministros del consejo ejecutivo provisional y su sustitución, el 1.º de abril de 1794, por doce comisiones ejecutivas subordinadas al Comité de Salvación Pública; con la nueva llamada a los representantes en misión, el 19 de abril, pues el comité prefirió utilizar a sus propios agentes. El Terror se aceleró por la ley de 22 pradial del año II (10 de junio de 1794): «Se trata menos de castigar a los enemigos de la Revolución —declaró Couthon— que de aniquilarlos». Las autoridades administrativas depuradas obedecieron, la Convención votó sin discusión. Pero lo que el gobierno ganaba en fuerza coactiva lo perdía en apoyo confiado, y su base social se reducía peligrosamente. Los documentos de la primavera de 1794 dan fe de la atonía de las organizaciones populares. Si las asambleas de sección todavía abordan los problemas de política general ya no es para discutir, sino para aprobar mediante el envío de felicitaciones y de testimonios de fidelidad: por ejemplo, cuando la proclamación del culto al Ser supremo por el decreto de 18 floreal del año II (7 de mayo da 1794). Si los intentos de asesinato de Robespierre y de Collot d’Herbois reavivan en pradial la llama terrorista, las asambleas vuelven a caer en seguida en la monotonía de su curso cotidiano. La victoria de Fleurus (26 de junio de 1794) o el aniversario de la toma de la Bastilla (26 mesidor) no logran reavivar el entusiasmo. Bajo una unidad ficticia, la indiferencia o la hostilidad gangrenan las secciones estrechamente dirigidas por unos comités revolucionarios burocratizados. Saint-Just escribe que «la Revolución está helada».

Los comités de gobierno, domesticando el movimiento popular, se habían liberado del odio de una jornada: pero al mismo tiempo liberaban a la Convención y se privaban de un medio de presión. Puesto que la victoria se afirmaba, ¿qué razón podía tener para soportar por más tiempo su tutela? Entre la Convención impaciente por el yugo y la sans-culotterie irreductiblemente hostil, el gobierno revolucionario estaba como suspendido en el vacío.

Caída del gobierno revolucionario y fin del movimiento popular

(Termidor año II - pradial año III)

En los primeros días de termidor la descomposición del grupo montañés se agravó en la Convención. Los representantes que habían sido llamados en misión, los antiguos partidarios de Danton, no perdonaron al Comité de Salvación Pública. Sus esfuerzos hubieran sido inútiles si los comités de gobierno hubieran permanecido unidos. Pero la división ya vieja entre los dos comités empeoró. Los miembros del Comité de Seguridad General, salvo Lebas y David, eran hostiles al Comité de Salvación Pública y sobre todo a Robespierre, por razones a la vez personales y de principio. La delimitación de poderes entre ambos comités nunca había sido claramente establecida: la política general era objeto de un conflicto de atribuciones desde la creación, en floreal, de un Buró de política dependiente del Comité de Salvación Pública. La hostilidad del Comité de Seguridad General hubiera sido fácilmente neutralizada si el de Salvación Pública no se hubiera dividido: intervienen aquí no solo la política social y la aplicación de los decretos de ventoso, como sostiene Albert Mathiez, sino igualmente los conflictos de atribuciones, los rencores políticos y los enfrentamientos de temperamentos, como sugiere Georges Lefebvre. A pesar del intento de reconciliación de los dos comités, en sesión plenaria de 4 y 5 termidor (22 y 23 de julio 1794) Robespierre decidió llevar el conflicto ante la Convención: ello significaba convertirla en juez del apoyo del gobierno revolucionario, en el mismo momento en que la victoria se afirmaba y en que el peligro de una presión popular parecía eliminado.

Robespierre corrió ese riesgo a descubierto. No se hizo nada para preparar la acción de la Comuna y de las secciones en caso de que la Convención se negara a seguir al grupo robespierista. Más aún, mientras que la atmósfera se enrarecía, la Comuna de París, ciega al malestar social y sorda a las reivindicaciones populares, publicaba el máximo de los salarios (5 termidor): baja autoritaria a veces considerable (así, en el caso de un carpintero de obra, de 8 libras a 3 libras 15 sueldos), que acentuó el divorcio entre el gobierno revolucionario y los militantes seccionarios, entre la Comuna y las masas populares.

La prueba de fuerza del 9 termidor del año II (27 de julio 1794) demostró la eficacia de la centralización gubernamental. Solo diez comités revolucionarios de sección se pronunciaron a favor de la Comuna insurreccional y persistieron bastante tiempo en su actividad hasta comprometerse definitivamente; doce vacilaron; dieciocho se aliaron de entrada a la Convención. En las asambleas generales, únicamente una minoría de militantes siguió las consignas insurreccionales. La práctica revolucionaria, en la que basaba sus esperanzas la Comuna, fracasaba por culpa del aparato dictatorial que al final se volvía contra aquellos mismos que tanto habían contribuido a forjarlo: al grupo robespierista apoyado en los jacobinos. Las autoridades seccionarías, en vez de formar como en las jornadas precedentes los cuadros de la insurrección, se constituyeron en la mayoría de los casos en los órganos de transmisión de las voluntades gubernamentales.

Caído Robespierre, el gobierno revolucionario no le sobrevivió. Empezó a desmantelarse en el verano de 1794, en particular por el decreto de 7 fructidor del año II (24 de agosto de 1794) que puso fin a la concentración gubernamental. El abandono del Terror fue a la par, y así la fuerza coactiva desapareció con los demás resortes revolucionarios; se abrieron las cárceles. El Club de los Jacobinos fue disuelto en brumario del año III (13 de noviembre de 1794). Pronto se dio rienda suelta al Terror blanco. El abandono de la economía dirigida estaba inscrito en la línea termidoriana: el decreto de 4 nivoso del año III (24 de diciembre de 1794) suprimió el máximo general y la economía dirigida. El papel moneda se hundió, el alza de los precios fue vertiginosa: en abril de 1795 el índice general de los precios alcanzaba el 758 en relación a 1790, solo el de los productos alimenticios 819. En este sentido, el 9 termidor fue ciertamente para los sans-culottes una jornada de engaños. Descontentos del gobierno revolucionario, no habían sentido la amenaza que la caída de este haría pesar sobre ellos. Diez meses más tarde, extenuados por la carestía, la escasez y los rigores de un invierno excepcional, los sans-culottes parisienses reclamaron el retorno a la economía dirigida y se levantaron por última vez. La jornada del 12 germinal del año III (1.º de abril de 1794) constituyó el preludio de aquellas, más dramáticas, del 1 y 2 pradial (20 y 21 de mayo de 1795). El 4 pradial por la noche, sin jefes, casi sin cuadros, minado por el hambre, el faubourg Saint-Antoine, columna de la Revolución desde el 1789, capitulaba sin combate[12].

La gente decente respiró tranquila, se desencadenó la represión. Unas jornadas decisivas que vieron alzarse contra el movimiento popular, agotado y desorganizado, desde los republicanos hasta los partidarios del Antiguo Régimen, el bloque de la burguesía apoyado en el ejército. Roto por fin su resorte, la Revolución se había acabado.

Las jornadas de pradial del año III, como el 9 termidor, constituyen en un último análisis episodios trágicos del conflicto de clases en el seno del antiguo tercer Estado. Para situarlos en su justo lugar, no puede olvidarse que la Revolución francesa fue básicamente una lucha del conjunto del tercer Estado contra la aristocracia europea. En esta lucha la burguesía llevaba la voz cantante. En lo esencial, odio a la aristocracia y voluntad de victoria, los sans-culottes estaban de acuerdo con la burguesía revolucionaria: siempre se quedaron en eso, de modo que el 13 vendimiario (5 de octubre de 1795) y el 18 fructidor (4 de septiembre de 1797), ahogando su legítimo rencor, los más conscientes todavía ayudaron a la burguesía termidoriana a aplastar la contrarrevolución. No obstante, rápidamente se manifestó el enfrentamiento entre el movimiento popular y la dictadura jacobina de salvación pública, lo que minó el sistema del año II. Si bien es cierto que se agravó a consecuencia de la guerra, no lo es menos que traducía las tendencias irreductibles de las dos categorías sociales diferentes.

En el plano político la guerra exigía un gobierno autoritario y los sans-culottes tuvieron conciencia de ello, ya que contribuyeron a su formación. Pero la guerra y sus necesidades entraron rápidamente en contradicción con la democracia que montañeses y sans-culottes invocaban por igual pero en sentidos distintos. Los sans-culottes habían reclamado un gobierno fuerte que aplastara a la aristocracia: no se habían dado cuenta de que, en su voluntad de vencer, ese gobierno les obligaría a obedecer. Sobre todo la democracia, tal como ellos la practicaban, tendía espontáneamente hacia el gobierno directo. Control de los elegidos, derecho para el pueblo de revocar su mandato, voto en voz alta o por aclamación: este comportamiento político se oponía irremediablemente a la idea de una democracia liberal y representativa defendida por la burguesía montañesa. Más que enfrentamiento circunstancial, había en este terreno una contradicción fundamental.

En el plano económico y social la contradicción no era menos insuperable. Partidarios de la economía liberal, los hombres del gobierno revolucionario, Robespierre el primero, solo aceptaron la economía dirigida porque no podían prescindir de la tasación y la requisa para mantener una gran guerra nacional: los sans-culottes, al imponer el máximo general, pensaban mucho más también en su propia subsistencia. La Revolución, por democrática que se hubiera vuelto, no dejaba de ser burguesa: el gobierno revolucionario tasó tanto los salarios como los productos, para mantener el equilibrio entre los jefes de empresa y asalariados. Esta política exigía la alianza de la Montaña y de la sans-culotterie. Ahora bien, se oponía a la burguesía, incluso jacobina, porque suprimía la libertad económica y restringía el beneficio. Salvo en el caso de materiales de guerra pagados por el Estado y en la de los granos y forrajes requisados al campesino, el máximo se eludió: el conflicto con los asalariados era inevitable. Estos, que padecían la inflación y las insuficiencias del abastecimiento, estaban naturalmente predispuestos a sacar partido de la escasez relativa de la mano de obra para arrancar aumentos de salario: del otoño a la primavera del año II, la Comuna dejó hacer, descuidando la tasación de los salarios en contra de la ley. Después de germinal el gobierno enderezó la situación de las empresas, cuyos beneficios tendían a disminuir, atrapadas como estaban entre la tasa y el aumento ilegal de los salarios; política esta que desembocó en el máximo salarial parisiense del 5 termidor. No obstante, actuando de ese modo el gobierno revolucionario acaba con unas ventajas adquiridas por los asalariados y parecía abandonar su posición de mediador. La economía dirigida del año II, al no reposar sobre una base de clase, estaba en falso: después del 9 termidor el edificio se hundió.

Los antagonismos entre dictadura jacobina y movimiento popular no eran los únicos: las contradicciones propias de la sans-culotterie llevaban en germen la ruina del sistema del año II. Los sans-culotte no constituían una clase, ni su movimiento un partido de clase. Artesanos y tenderos, obreros y jornaleros, formaron con una minoría burguesa, una coalición que desplegó una fuerza irresistible contra la aristocracia. Pero en el seno de esta coalición se afirmó la oposición entre artesanos y tenderos, que vivían del beneficio que obtenían de la propiedad privada de los medios de producción, y obreros y jornaleros, que no disponían más que de un salario. Las necesidades de la Revolución habían soldado por un momento la unidad de la sans-culotterie y dejado en un segundo plano los conflictos de intereses que enfrentaban a sus distintos elementos: no podían eliminarlos. Los sans-culottes, cuyo reclutamiento era heterogéneo, no tenían ninguna conciencia de clase. Si generalmente afirmaban su hostilidad hacia el capitalismo, no era por los mismos motivos. El artesano temía verse reducido a asalariado; el obrero abominaba del acaparador que le encarecía la vida. Los obreros, que eran asalariados, no poseían sin embargo ninguna conciencia social propia: su mentalidad estaba más bien formada por el artesanado, pues la concentración capitalista todavía no había despertado el sentido de la solidaridad de clase. Apenas tenían una cierta noción de su unidad, que subrayaban sus ocupaciones manuales así como su vestido y su género de vida. También la falta de instrucción engendraba en las filas populares un sentimiento de inferioridad y a veces de impotencia: cuando a la sans-culotterie parisiense le faltaron los hombres de talento de la burguesía media jacobina, estuvo perdida.

La marcha de la historia, en su misma dialéctica, da cuenta también del fracaso del intento del año II. Cinco años de luchas revolucionarias constantes gastaron a los mejores y, a la larga, quitaron al movimiento popular su fuerza y su acometividad, en tanto que la gran esperanza siempre pospuesta desmovilizaba poco a poco a las masas. «El pueblo se cansa», había señalado Robespierre: el pueblo aspiraba a disfrutar del fruto de sus esfuerzos. «Estamos en vísperas de lamentar todos los sacrificios que hemos hecho por la Revolución», declaraban en la Convención, el 27 ventoso del año III (17 de marzo de 1795), los sans-culottes de los faubourgs Saint Antoine y Saint-Marcel. De mes a mes, los reclutamientos de hombres habían debilitado las secciones parisienses, privándolas de los más jóvenes, también de los más conscientes y de los más entusiastas, para quienes la defensa de la nueva patria constituía el primer deber revolucionario. Pueden imaginarse las irremediables consecuencias de ese envejecimiento sobre el ardor revolucionario de las masas.

Al mismo tiempo las sans-culotterie había visto desvanecerse sus cuadros, por el propio efecto del éxito popular en la primavera y durante el verano de 1793. Muchos militantes, sin estar movidos solo por la ambición, consideraban la obtención de un cargo como la recompensa legítima a su actividad. Este era el precio, por otra parte, de la eficacia del gobierno revolucionario. En el otoño de 1793 se depuraron las administraciones y se poblaron de buenos sans-culottes. Entonces apareció un nuevo conformismo que ilustra el ejemplo de los comisarios revolucionarios de las secciones parisienses, en un principio el elemento más popular y combativo del nuevo personal político. Su condición y el propio éxito de su tarea exigían que fuesen asalariados: en el curso del año II esos militantes seccionarios se transformaron en funcionarios tanto más obedientes a las órdenes del gobierno por cuanto podían temer perder las ventajas adquiridas. El poder revolucionario se vio así reforzado. Por ello produjo un debilitamiento del movimiento popular y una alteración de las relaciones con el gobierno. La actividad política de las organizaciones seccionarias se vio frenada, la democracia debilitada. El proceso de burocratización provocó gradualmente la parálisis del espíritu crítico y de la combatividad política de las masas. Por último se afirmó una disminución del control popular sobre el aparato gubernamental, cuyas tendencias se reforzaron. Los partidarios de Robespierre asistieron impotentes a esta evolución.

Termidor y su epílogo de pradial del año III, al arruinar la esperanza popular en una democracia igualitaria, permitieron restablecer el 1789. Pero en esas fechas, el Terror, con sus terribles golpes, había concluido la destrucción de la antigua sociedad y despejado el terreno para la instauración de nuevas relaciones sociales: el reino burgués de los notables podía comenzar.

3. Año 1795.

¿Liberalismo o dictadura?

(1795-99)

De los dos movimientos populares que desde 1789, uno sustituyendo al otro, habían impulsado hacia adelante la revolución burguesa, en 1795, uno había cesado y el otro estaba en calma. Las masas urbanas, pese a los esfuerzos de los conjurados del año IV, estaban desde ese momento en retirada: solo se levantarían en 1830. Las masas campesinas estaban irremisiblemente divididas: aboliendo definitivamente los derechos feudales por la ley del 17 de julio de 1793, la Convención montañesa colocó por mucho tiempo al campesinado propietario en el partido del orden. Apagado al ardor revolucionario, con la aristocracia tocada en sus fuerzas vivas, se abría la era de la estabilización burguesa.

De todas formas, la Convención termidoriana legaba al régimen que instauraba y que ha pasado a la historia bajo el nombre de Directorio, la guerra, una situación económica catastrófica y un sistema político sabiamente equilibrado, cuyo espíritu y cuya práctica importan aquí más que la letra. La burguesía, que había conservado de la experiencia del año II un recuerdo horrorizado (restringida su libertad, limitados sus beneficios, con las gentes humildes imponiendo su ley), con su conciencia de clase endurecida y fortalecida, organizó celosamente su poder; una vez restaurada la primacía de los notables, la nación se definía de nuevo en el estrecho marco de un sistema censatorio. Pero una nueva oposición revolucionaria relanzada por el hundimiento del papel moneda, el rechazo tenaz de la contrarrevolución, tanto en el interior como en el exterior, hicieron imposible el juego normal de la experiencia: entonces se instauró una práctica política y administrativa de excepción de la que se aprovechó el Consulado y que este institucionalizó ampliamente.

De Termidor al Imperio se afirma una continuidad que Brumario solo rompió en apariencia.

LA HERENCIA TERMIDORIANA: PROPIEDAD Y LIBERTAD

Los principios de la preponderancia social y política de la burguesía fueron planteados con claridad por el convencional Boissy d’Anglas en su discurso preliminar al proyecto de constitución, el 5 mesidor del año III (23 de junio de 1795). Se trata de «garantizar por fin la propiedad del rico, la existencia del pobre, la propiedad del hombre industrioso, la libertad y seguridad de todos».

La propiedad constituye la base del orden social. La Convención debe evitar «con coraje los principios ilusorios de una democracia absoluta y de una igualdad sin límites que son indiscutiblemente los escollos más temibles para la verdadera libertad. La igualdad civil, en efecto, he aquí todo lo que puede exigir el hombre razonable. La igualdad absoluta es una quimera: para que pueda existir haría falta que existiera una igualdad total en el espíritu, la fuerza física, la educación, la fortuna de todos los hombres». Vergniaud ya había sostenido el mismo razonamiento, el 13 de marzo de 1793:

«La única igualdad para el hombre social es la de derechos. No es la de las fortunas como tampoco es la de las estaturas, la de las fuerzas, la del espíritu, la de la actividad, la de la industria y la del trabajo».

¡Curiosa continuidad de la Gironda en los termidorianos! Prosigue Boissy d’Anglas:

«Debemos ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos, los más interesados en el mantenimiento de las leyes; ahora bien, con muy pocas excepciones, no encontraréis hombres de ese tipo más que entre aquellos que, teniendo una propiedad, están apegados al país en que se encuentra, a las leyes que la protegen, a la tranquilidad que la conserva, y que deben a esa propiedad y al bienestar que proporciona la educación que les ha hecho aptos para discutir con sagacidad y justicia las ventajas y los inconvenientes de las leyes que determinan el destino de su patria. El hombre sin propiedades, por el contrario, necesita un constante esfuerzo de virtud para interesarse por un orden que no le conserva nada y para oponerse a los movimientos que le ofrecen algunas esperanzas».

La libertad económica está necesariamente vinculada a los derechos de la propiedad.

«Si dais a unos hombres sin propiedades los derechos políticos sin reserva alguna, excitarán o dejarán excitar agitaciones sin temer sus efectos: establecerán o dejarán establecer tasas funestas para el comercio y la agricultura, porque no habrán sentido, ni temido, ni previsto sus deplorables resultados, y acabarán por precipitarnos en esas convulsiones violentas de las que apenas acabamos de salir… Un país gobernado por los propietarios está dentro del orden social; un país en el que gobiernan los no propietarios está en estado salvaje».

Desde ese momento la burguesía se reserva celosamente el ejercicio del derecho de propiedad, lo que significa negar toda esperanza a las clases populares. El acceso a la propiedad de las tierras, en un momento facilitado por la legislación montañesa, fue negado a los no propietarios, al pequeño campesinado en particular, en nombre de las exigencias de la economía liberal. Desde el 22 fructidor del año II (8 de septiembre de 1794), Lozeau, diputado de la Charente Inferior, había subrayado esas necesidades, presentando a la Convención su informe «sobre la imposibilidad material de convertir a todos los franceses en propietarios de tierras y sobre las consecuencias desagradables que provocaría además esa conversión»: incluso admitiendo que se pudiera convertir a todos los campesinos en agricultores independientes, la república no hubiera podido felicitarse por ello, «puesto que, admitiendo esa hipótesis en la que cada uno estaría obligado a cultivar sus campos o sus viñas para vivir, el comercio, las artes y la industria pronto desaparecerían».

La existencia de un proletariado dependiente es la condición necesaria de la economía capitalista y de la sociedad burguesa. Todo ataque al privilegio de la riqueza corre el peligro de cuestionar el orden social: la sombra de la ley agraria mantuvo toda su eficacia, el miedo social dio cuenta de la evolución del régimen hacia la dictadura militar. Al pronunciarse contra el establecimiento del impuesto progresivo, el oscuro Dauchy declaraba a los Quinientos, el 10 frimario del año IV (1.º de diciembre de 1795):

«Los estados solo prosperan si vinculan el máximo posible los ciudadanos a la propiedad […]. El impuesto progresivo es una ley de excepción contra los ciudadanos acomodados […]. Su efecto sería inevitablemente la división hasta el extremo de las propiedades; este sistema se ha seguido demasiado en la enajenación de los bienes nacionales […]. El impuesto progresivo es, para decirlo en pocas palabras, el verdadero germen de una ley agraria con la que hay que acabar desde un principio… Solo teniendo un respeto religioso hacia la [propiedad] se podrá vincular fuertemente a todos los franceses con la libertad y la república».

La Declaración de Derechos que precede a la Constitución del año III marca un claro retroceso en relación a la de 1789. En la discusión, el 26 termidor (13 de agosto), Mailhe había subrayado el peligro que había en incluir «en esta declaración unos principios contrarios a los que contiene la Constitución»: «Hemos tenido una prueba lo bastante cruel del abuso de las palabras como para no emplear ni una sola que sea inútil». El art. 1.º de la Declaración de 1789 («Los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales en sus derechos») se suprimió. «Si decís que todos los hombres son iguales en sus derechos —había declarado Lanjuinais el 26 termidor—, incitáis a la rebelión contra la Constitución a aquellos a quienes habéis rechazado o suspendido el ejercicio de los derechos de ciudadanía en pro de la seguridad de todos» (art. 3). De los derechos sociales reconocidos por la Declaración de 1793 ni se hablaba, y menos todavía del derecho a la insurrección. En cambio, el derecho a la propiedad, del que la Declaración de 1789 no había dado ninguna definición, se precisa aquí como en la Declaración de 1793: «La propiedad es el derecho a disfrutar y disponer de los bienes propios, de los ingresos propios, del fruto del propio trabajo y de la industria propia» (art. 5). Esto significaba consagrar la libertad económica en toda su amplitud. La Declaración de deberes que los termidorianos consideraron oportuno unir a la de derechos precisaba también en su art. 8: «Es sobre la conservación de las propiedades sobre lo que reposan el cultivo de las tierras, todas las producciones, todo medio de trabajo y todo el orden social». El derecho al voto fue restringido; las condiciones del censo eran, sin embargo, más amplias que en 1791: todo francés de 21 años, domiciliado durante un año y que pagara cualquier contribución era ciudadano activo.

En esas condiciones, la base social sobre la que los directoriales, después de los termidorianos, pretendían estabilizar la Revolución, se revela singularmente reducida.

Del lado de las masas populares, el recuerdo del año II y el miedo social siguen siendo un poderoso motivo de reacción, para acabar legitimando el 18 brumario. Los más conscientes entre el pueblo no aceptaron sin resistencia el verse echados fuera de la nación y de esa república por la que habían luchado: la Conjura de los Iguales lo demostró. Pero mientras que el movimiento revolucionario se orientaba, no sin titubeos, hacia nuevas vías, el miedo burgués constituía en manos de los gobernantes un potente incentivo contra los exclusivos, los terroristas, los anarquistas, los bandoleros, los chupadores de sangre. Los notables, la gente decente temían por encima de todo la vuelta al sistema del año II: el rico considerado como sospechoso, la inversión de los valores sociales tradicionales, la democracia política abriendo paso al nivelamiento social.

Del lado de las clases poseedoras, la aristocracia seguía excluida, pero también una parte de la burguesía. La ley de 3 brumario del año IV (25 de octubre de 1795) prohibía las funciones públicas a los padres de emigrados; revocada por los realistas del año V, fue restablecida el 18 fructidor. Poco después, Sieyès propuso el destierro de los nobles que habían ejercido cargos o disfrutado de dignidades en el Antiguo Régimen, y la reducción de los demás a la condición de extranjeros: la ley de 9 frimario del año VI (29 de noviembre de 1797) se limitó a esta segunda medida; si bien jamás fue aplicada, la intención no por ello era menos clara. La exclusión todavía iba más lejos: la burguesía directorial, de condición mediana, desconfiaba igualmente de la burguesía del Antiguo Régimen, de un nivel social más alto y más próximo a la aristocracia. Los monárquicos constitucionales eran tan rechazados como los absolutistas. Los termidorianos, convertidos en directoriales, pretendían que la república fuera burguesa y conservadora; pero rechazaron el apoyo de una parte de la burguesía realista, temerosos de que no les llevara por la vía de la restauración.

LA CATÁSTROFE MONETARIA Y LA CONSPIRACIÓN POR LA IGUALDAD

(1795-97)

La estabilización de la Revolución sobre la estrecha base de la propiedad, de la burguesía censataria, de solo los notables republicanos, acabó por revelarse imposible. Dependía de la solución que se aportara a los problemas fundamentales heredados de la época termidoriana: la guerra, dentro del problema económico y financiero. Una vez firmada la paz por los termidorianos en 1795 —en Basilea con Prusia y España, en La Haya con los Países Bajos—, la guerra siguió con Austria hasta el Tratado de Campoformio (18 de octubre de 1797). La moneda estaba arruinada, la economía deteriorada. Una crisis fiscal multiplicaba la crisis monetaria, no se recaudaban impuestos, el Tesoro estaba vacío. Reubell invitaba en vano «incluso a los indiferentes […] a unirse a la república y sumarse a esa gran masa de republicanos ante la cual toda facción desaparecerá».

La inflación alcanzó su nivel máximo poco después de la instalación del Directorio [4 brumario del año IV (26 de octubre de 1795)]. El papel moneda de 100 libras no valía más que 15 céntimos. La plancha del papel moneda siguió reproduciendo una moneda cuyo valor fue pronto inferior al precio del papel: en menos de cuatro meses la masa se dobló, alcanzando 39 000 millones en febrero de 1796. En vano se creó un empréstito forzado a interés progresivo, pagadero en moneda metálica, en grano o en papel moneda al 1% de su valor nominal: el curso era tres o cuatro veces inferior. El 30 pluvioso del año IV (19 de febrero de 1796), hubo que suspender las emisiones y abandonar el papel moneda.

El retorno a la moneda metálica parecía imposible: solamente circulaban unos 300 millones de los 2500 millones a finales del Antiguo Régimen. La idea de una banca nacional de emisión fue descartada. La ley de 28 ventoso del año IV (18 de marzo de 1796) creó la orden de pago territorial cuyos 2400 millones fueron emitidos inmediatamente. Garantizadas por los bienes nacionales todavía no vendidos, las órdenes de pago sustituían a los asignados intercambiados a razón de 30 por uno, mientras que en ese mismo momento el asignado era aceptado para el pago del empréstito obligado a razón de 100 por uno. En seis meses la orden de pago territorial recorrió el camino que el asignado había recorrido en cinco años. Desde las primeras emisiones la orden perdió hasta el 65-70%: la depreciación llegó al 90% el 1.º floreal (20 de abril de 1796). Desde ese momento los productores tuvieron tres precios, lo que no contribuía a disminuir las dificultades del comercio y del abastecimiento. La dilapidación de los bienes nacionales, al disminuir la garantía, contribuyó también a arruinar la orden de pago. La ley de 6 floreal del año IV (26 de abril de 1796) decidió la vuelta a las ventas y determinó su forma, sin subasta, siendo aceptada la orden por su valor nominal: se produjo un alud, un auténtico bandolerismo, en beneficio sobre todo de los proveedores del Estado, pagados en órdenes. En pradial el pan valía en asignados 150 francos la libra. Los mismos mendigos rechazaban el papel que se les tendía.

A partir de entonces el ciclo se aceleró. El 29 mesidor (17 de julio de 1796) el curso obligado fue abolido; el 13 termidor (31 de julio) se decidió que el pago de los bienes nacionales se haría en órdenes al curso: medida demasiado tardía para impedir el despilfarro de las propiedades nacionalizadas. A finales del año IV (mediados de septiembre 1796) se había acabado la ficción del papel moneda. Reaparecía la moneda metálica; pero el Estado, al no recibir más que papel, no salía beneficiado. La ley de 16 pluvioso del año V (4 de febrero de 1797) desmonetizó la orden de pago, cerrándola al 1% de su valor nominal: consagración oficial de una bancarrota ya producida. Así se acabó la historia del papel moneda revolucionario. La guerra ya alimentaba al régimen: la explotación de los países ocupados da cuenta de la vuelta al metálico. El 5 germinal del año V (25 de marzo de 1797) el Directorio había ingresado 10 millones en metálico del ejército de Sambre-et-Meuse, más 51 millones del ejército de Italia. Las consecuencias sociales fueron, como de costumbre, catastróficas para el conjunto de las clases populares. El invierno del año IV fue terrible para los asalariados, abrumados por el alza vertiginosa de los precios. Los mercados permanecían vacíos: la cosecha de 1795 no había sido buena, los campesinos solo aceptaban metálico, ya no se exigían las requisas. El Directorio tuvo que proceder a efectuar compras en el exterior y a reglamentar severamente el consumo. En París la ración de una libra de pan por día descendió a 75 gramos; se completó con arroz que las amas de casa no podían cocer por falta de leña. Durante todo el invierno los informes políticos señalan con una pesada monotonía la miseria y el descontento populares, todavía acentuados por el lujo y la falta de pudor de agiotistas. La oposición contra el Directorio resultó reforzada: en el club del Panteón los jacobinos reagrupados discutían sobre el restablecimiento del máximo. No obstante, la oposición revolucionaria tomó una nueva forma bajo el impulso de Babeuf.

La presión de los acontecimientos, la reflexión sobre su tiempo, la acción revolucionaria en la que tan ardorosamente había participado, habían enriquecido y vivificado en Babeuf el conocimiento literario del comunismo milenario: fue el primero en la Revolución francesa que superó la contradicción con la que habían chocado todos los políticos entregados a la causa popular, entre la afirmación del derecho a la existencia y el mantenimiento de la propiedad privada y de la libertad económica. Sin duda el intento de la Conjura de los Iguales no se inscribe exactamente en la línea de la revolución burguesa. Pero, considerando la evolución histórica desde una perspectiva más elevada, marca la mutación necesaria entre el movimiento popular de tipo antiguo, como culmina en el año II, y el movimiento revolucionario nacido de las contradicciones de la sociedad nueva.

Como los sans-culottes, como los jacobinos, Babeuf proclama que el fin de la sociedad es la dicha común y que la Revolución debe garantizar la igualdad de los disfrutes. Pero como la propiedad privada introduce necesariamente la desigualdad, y la ley agraria, es decir, la partición igualitaria de las propiedades, no puede «durar más de un día» («desde el día siguiente de su implantación volvería a mostrarse la desigualdad»), el único medio para llegar a la igualdad de hecho es el de «establecer la administración en común; suprimir la propiedad particular; vincular cada hombre de talento a la industria que conozca; obligarlo a depositar el fruto en especie en el almacén común; y establecer una sencilla administración de las subsistencias que, registrando a todos los individuos y todas las cosas, hará repartir estas últimas con la igualdad más escrupulosa». Este programa, expuesto en el «Manifiesto de los plebeyos» publicado por Le Tribun du peuple de 9 frimario del año IV (30 de noviembre de 1795), constituía en comparación con las ideologías jacobina y sans-culotte, caracterizadas una y otra por el apego a la pequeña propiedad basada en el trabajo personal, una renovación o más exactamente una brusca mutación: la comunidad de bienes y de trabajos fue la primera forma de la ideología revolucionaria de la nueva sociedad surgida de la propia Revolución. Con el babuvismo, el comunismo, hasta entonces un sueño utópico, se erigía en sistema ideológico; con la Conjura de los Iguales entraba en la historia política.

El sistema babuvista ha sido calificado por Georges Lefebvre de «comunismo del reparto». Sin duda el problema del reparto de las subsistencias, que pesaba con un peso tan grande sobre las masas populares de la época, está en el centro de la reflexión social de Babeuf. Pero Babeuf, comisario del catastro y feudista, y en un momento secretario del escribano forense de la comunidad, tenía experiencia directa del campesinado de la Picardía, de sus problemas y de sus luchas; el espectáculo de comunidades campesinas vivas y combativas, con sus derechos colectivos y sus costumbres comunitarias, le llevó sin duda desde antes de la Revolución hacia la igualdad de hecho y el comunismo. Si en su Cadastre perpétuel de 1789 se inclinaba por la ley agraria, es decir, por el socialismo de los partidarios de la comunidad de bienes, según la expresión de 1848, en una memoria de 1785, sobre las grandes explotaciones agrarias y en una carta de junio de 1786 preconizaba la organización de «granjas colectivas», auténticas «comunidades fraternales»: «desmenuzar la tierra en parcelas iguales para todos los individuos significa aniquilar la mayor suma de recursos que daría al trabajo combinado». Desde antes de la Revolución, Babeuf planteaba así no solo el problema de la igualdad real de derechos, y por lo tanto del reparto, sino también el de la producción, exponiendo la necesidad de una organización colectiva del trabajo de la tierra. El gran hecho de la concentración capitalista y del desarrollo de la producción industrial, ¿se le ha escapado? Su predilección por las formas económicas antiguas, especialmente las artesanales, la ausencia en su obra de toda alusión a una sociedad comunista basada en la abundancia de los productos de consumo, explican que se haya podido hablar de su pesimismo económico. Las características específicas de la economía de la época, el escaso grado de concentración capitalista y la ausencia de una auténtica producción en masa explican —el mismo temperamento de Babeuf y su experiencia social dan cuenta de ello— que se haya inclinado a contemplar la penuria y la estancación de las fuerzas productivas más que su desarrollo y la abundancia. Así se concreta el lugar del babuvismo entre la utopía comunista moralizante del siglo XVIII y el socialismo industrial de un Saint-Simón.

La Conjura de los Iguales constituyó, durante el invierno de 1795-96, el primer intento de hacer entrar el comunismo en la realidad. Su organización política señala una ruptura con los métodos empleados hasta entonces por el movimiento popular. En el centro aparece el grupo dirigente, que se apoya en un número reducido de militantes experimentados; después está la franja de los simpatizantes patriotas y demócratas en el sentido del año II, mantenidos al margen del secreto y que no aparece que hayan compartido exactamente el nuevo ideal revolucionario; por último, las propias masas populares a las que se trata de atraer aprovechando la crisis. Conspiración organizativa por excelencia: pero el problema de las necesarias vinculaciones con las masas parece haberse resuelto de forma insegura. Así, más allá de la experiencia de la insurrección popular, se iba concretando la noción de dictadura revolucionaria que Marat había presentido sin poder definirla exactamente: después de la toma del poder mediante la insurrección, sería pueril remitirse a una asamblea elegida según los principios de la democracia política, incluso aunque fuera por sufragio universal; la dictadura de una minoría revolucionaria es indispensable durante el tiempo preciso para la reestructuración de la sociedad y la puesta en marcha de las nuevas instituciones. A través de Buonarroti esta idea pasó a Blanqui, y ciertamente es el blanquismo al que hay que atribuir la doctrina y la práctica leninistas de la dictadura del proletariado.

La importancia de la Conjura de los Iguales y del babuvismo solamente puede medirse a la escala de nuestro siglo: en la historia del Directorio solo fue un simple episodio. Pero por primera vez la idea comunista se había convertido en una fuerza política. Respondiendo a un anhelo de su amigo, Buonarroti publicó en 1828, en su exilio de Bruselas, la historia de la Conspiration pour l’Egalité dite de Babeuf: este libro ejerció una profunda influencia; gracias a él, el babuvismo se inscribió como un eslabón en el desarrollo del pensamiento comunista y de la práctica revolucionaria[13].

LA PRÁCTICA POLÍTICA: DEL LIBERALISMO DIRECTORIAL AL AUTORITARISMO CONSULAR

La depresión económica persistió después de la catástrofe monetaria, y pesó duramente sobre toda la historia del Directorio. Contra toda previsión, la supresión del papel moneda no relanzó la actividad económica. Los mercados siguieron desiertos: si bien los campesinos querían vender, si bien la oferta ahora era abundante, los compradores no aparecían, el dinero se ocultaba. La situación se había invertido desde el fin de la inflación, el consumidor urbano era favorecido en detrimento del campesino que ya no obtenía su beneficio. Según los administradores del departamento del Sena, en septiembre de 1798 los habitantes de París veían cumplirse el anhelo que esperaban inútilmente en el Antiguo Régimen: «el pan a 40 céntimos, el vino a 40 céntimos y la carne a 40 céntimos». En cambio, los habitantes de los medios rurales se lamentaban de que los granos estaban a bajo precio; como de costumbre, el malestar campesino contribuía el marasmo de los negocios. La abundancia de las cosechas desde 1796, la escasez del dinero en efectivo que siguió a la plétora del papel moneda explican sin duda esta depresión. La concentración urbana, todavía modesta, no era suficiente para frenar, por el volumen de la demanda, la depreciación de los productos agrícolas. En ese contexto, los factores políticos desempeñaron solamente un papel muy reducido. Pero las consecuencias políticas de esta depresión económica de tres a cuatro años (año V al año VII y sin duda año VIII) fueron funestas para el Directorio. La masa de la población guardó de ella un recuerdo amargo. Los habitantes de los medios rurales y los de las capitales esperaron que un cambio político produjera la recuperación de los negocios, y los obreros de fábrica que acabara con el paro. En cuanto a los funcionarios, ¿qué apoyo podían dar a un régimen que les pagaba de forma irregular? El gobierno de Bonaparte se aprovecharía del cambio de la coyuntura.

En las condiciones de inestabilidad general que, de 1795 a 1799, fueron las del Directorio, el juego de la Constitución del año III no podía dejar de ser peligroso.

La división de los poderes había sido sabiamente calculada, el ejecutivo fue privado de la iniciativa para legislar y del poder sobre la Tesorería, la administración local fue de nuevo descentralizada, se produjo la inestabilidad institucional con la renovación anual de la mitad de los municipios, del tercio de los Consejos, de la quinta parte de las administraciones departamentales y del Directorio ejecutivo: esto, mientras la Revolución aún no estaba consolidada (las leyes de excepción contra los refractarios y los emigrados subsistían), mientras la bancarrota amenazaba y la guerra seguía. No obstante, por una parte el propio texto de la Constitución del año III no dejaba al Directorio tan desarmado como se ha dicho, y sobre todo se instauró de hecho una práctica política por la que se concretaron poco a poco los rasgos esenciales del sistema consular: de los termidorianos a los directoriales y a los brumarianos, el régimen de los notables se afirmó, y Brumario constituyó no una ruptura, como pretende la leyenda consular, sino una etapa decisiva.

El principio liberal de la elección fue violado desde el principio, pues se utilizó hipócritamente la cooptación: a base de leyes de excepción y de golpes de Estado, falseó el juego constitucional y acabó sustituyendo a la elección bajo el Consulado. El decreto de los dos tercios (5 fructidor del año III-22 de agosto de 1795) perpetuó a los termidorianos en el poder. «¿A qué manos se entregará el depósito sagrado de la Constitución?». Las asambleas electorales tenían que elegir a los dos tercios de los nuevos diputados (500 de 700) entre los convencionales en activo; el decreto de 13 fructidor (30 de agosto) concretó que, si no se alcanzaba tal proporción, los convencionales reelegidos se complementarían por cooptación. Esto suponía eliminar, en beneficio de los termidorianos, tanto a los antiguos montañeses como a la oposición monárquica constitucional. Finalmente, los consejos directoriales se llenaron de 511 convencionales: los dos tercios prescritos se habían sobrepasado.

Los «golpes de Estado», que tanto hicieron por la enojosa reputación del Directorio, se inscriben en esta línea política: para poner remedio a las sacudidas de la elección, el ejecutivo corrige sus resultados mediante la anulación o la exclusión y la cooptación.

En las elecciones de germinal del año V (1797), para la renovación del primer tercio saliente de los Consejos, entre ellos la mitad de los perpetuos, los directoriales fueron arrasados salvo en una decena de departamentos: solo 11 convencionales fueron reelegidos, el nuevo tercio reforzaba considerablemente a la derecha monárquica. Con el golpe de Estado de 18 fructidor del año V (4 de septiembre de 1797), el Directorio impuso en los consejos unas medidas de excepción: 49 departamentos vieron anuladas totalmente sus elecciones, otros mutilada su representación, en total 177 diputados fueron eliminados sin ser sustituidos; de entre aquellos respetados por la administración, algunos dimitieron y otros callaron.

Para las elecciones del año VI (1798) esta práctica se perfeccionó y revistió algunos caracteres que persistieron hasta muy avanzado el siglo XIX. El envite era importante: las exclusiones habían acabado dejando en 437 el número de escaños a cubrir, entre ellos los de la segunda mitad de los perpetuos. Por precaución, desde el 12 pluvioso del año VI (31 de enero de 1798) los consejos se atribuyeron la posterior comprobación de los poderes: los 236 convencionales salientes procedieron, junto a los 297 diputados restantes, a la depuración de los nuevos elegidos. Las elecciones, cuidadosamente preparadas por el gobierno que multiplicó las presiones administrativas, estuvieron marcadas por numerosas escisiones en las asambleas electorales, que permitieron al Directorio hace validar a quien quería: en los consejos, los directoriales apoyaron a los elegidos de las asambleas escisionarias y pidieron su validación. La mayoría de los Quinientos adoptó la lista de los nuevos elegidos que había que excluir, los Antiguos se doblegaron. Finalmente, la ley de 22 floreal del año VI (11 de mayo de 1798) anuló las elecciones en 8 departamentos, dio validez a los elegidos en las asambleas escisionarias en 19 departamentos, descartó a 60 elegidos porque eran jueces o administradores: en total, 106 diputados fueron florealizados. En cambio, 191 candidatos gubernamentales entraron en los consejos: 85 comisarios y funcionarios por nombramiento del Directorio, 106 jueces o administradores teóricamente elegidos, pero muchos de los cuales habían sido colocados por el gobierno. Cuando no era negado por la exclusión y la cooptación, el régimen representativo era viciado por la candidatura oficial de los agentes del poder: práctica llamada a tener un gran porvenir en la historia política de Francia.

El 30 pradial del año VII (18 de junio de 1799) constituye menos un golpe de Estado que una jornada parlamentaria: los Consejos se tomaron la revancha al obligar legalmente a dos directores a dimitir.

Brumario, en cambio, se inscribe en la línea de fructidor y de floreal: la misma noche del golpe de Estado de Bonaparte, el 19 brumario del año VIII (10 de noviembre 1799), la mayoría de los Antiguos y la minoría de los Quinientos excluyeron de la representación nacional, «por los excesos y los atentados que han protagonizado constantemente», a 62 diputados, y cooptaron dos comisiones de 25 miembros cada una, encargadas de preparar «los cambios a efectuar en las disposiciones orgánicas cuyos vicios e inconvenientes ha hecho notar la experiencia». La hipócrita práctica constitucional del Directorio hallaba aquí su fin.

Ya desde la primavera del año V (1797), Benjamín Constant había publicado la obra Des réactions politiques, en la que reclamaba «la fuerza y la estabilidad del gobierno». Desde después del 22 floreal, Daunou, que sin embargo era uno de los autores de la Constitución del año III se había pronunciado contra la frecuencia de elecciones que cada año volvía a cuestionarlo todo. El principio de soberanía seguía intangible: la burguesía termidoriana no podía renunciar a él sin renegar de sí misma y hacer el juego a los partidarios del derecho divino. Se trataba, pues, de conciliario con las exigencias de un ejecutivo estable y fuerte. Sieyès proyectó corregir la elección mediante la cooptación: los cuerpos constituidos se reclutarían por cooptación entre las notabilidades, cuyas listas serían confeccionadas por el pueblo soberano al que se restituía hipócritamente el sufragio universal. Bonaparte no podía hacer otra cosa que aprobarlo: la cooptación caracterizó a la Constitución del año VIII (24 de diciembre de 1799). El Senado se completó por cooptación; nombró al principio a los miembros del Tribunado y del Cuerpo legislativo: más adelante esas elecciones se harían sobre las listas de las notabilidades elegidas por sufragio universal a distintos niveles. De hecho, estas listas, elaboradas en el año IX, no sirvieron jamás; fueron suprimidas por la Constitución del año X (16 de agosto de 1802) y sustituidas por colegios electorales. «Los principios de nuestro nuevo derecho electoral —declaró Luciano Bonaparte el 24 de marzo de 1803— ya no se basan en ideas quiméricas, sino en la propia base de la asociación civil, en la propiedad que inspira un sentimiento conservador del orden público». Bonaparte ya había proclamado más llanamente: «Solo yo soy el representante del pueblo».

El restablecimiento de la centralización fue a la par. Aunque generalmente se le atribuya a Bonaparte, también había sido preparada por la práctica directorial. La organización administrativa del año III estaba más centralizada de lo que se ha dicho. Los pequeños pueblos rurales fueron agrupados bajo la dirección de administraciones municipales de cantón, en tanto que las grandes ciudades, sobre todo París, perdían su autonomía, con su comuna y su alcalde, y eran divididas en varias municipalidades. El distrito desapareció. A nivel del departamento, el Consejo fue suprimido en pro de una administración central de cinco miembros. Con la autoridad así concentrada, las administraciones fueron jerarquizadas unas con respecto a otras, las municipales subordinadas a las departamentales y estas a los ministros. El Directorio tenía la facultad de anular sin apelación posible las decisiones de las administraciones locales, de revocar sus miembros, de sustituirlos en caso de destitución total, siendo normal la cooptación para las sustituciones parciales. Sobre todo, el ejecutivo estaba representado en cada administración departamental o municipal por un comisario nombrado y revocable. Los comisarios del Directorio requieren la ejecución de las leyes, asisten a las deliberaciones de las asambleas, vigilan a los funcionarios. Frente a unas administraciones renovables por partes cada año, garantizan una cierta estabilidad. Más aún, el comisario departamental, que se relaciona directamente con el ministro del Interior, dirige las oficinas, da órdenes a los comisarios municipales, prefigura al prefecto consular. La Constitución del año III todavía concedía al Directorio unas prerrogativas considerables: detenta el poder reglamentario, es decir, el derecho a tomar decisiones; dirige la diplomacia y cierra los tratados, incluso secretos; dispone de la fuerza armada y nombra a los generales en jefe; es responsable de la seguridad interna de la república; puede discernir entre las órdenes de comparecencia y las órdenes de arresto. Estos poderes pueden parecer escasos en comparación con la «fuerza coactiva» de que disponía el régimen del año II, y todavía se estaba lejos de la centralización consular: pero ya no era la descentralización de la Constitución de 1791.

En la práctica, la continuidad autoritaria y centralizadora se afirmó a sacudidas sin duda y violando la Constitución, pero con claridad. Después de fructidor, las jurisdicciones de excepción reaparecieron bajo la forma de comisiones militares; la centralización se reforzó con la anulación de las elecciones y las destituciones que, en muchos departamentos, permitieron la renovación del personal administrativo a gusto del poder central, que recibió además el derecho a depurar a los tribunales. El golpe de Estado del 22 floreal del año VI (11 de mayo de 1798) permitió un nuevo reforzamiento del ejecutivo que, no contento con haber poblado los consejos de funcionarios nombrados por él, todavía usurpó el derecho a cubrir, hasta el año VIII, las vacantes en los juzgados de paz y en los tribunales criminales. El Directorio, que disfrutó durante los veinte meses que siguieron al 18 fructidor (4 de septiembre de 1797) de una estabilidad creciente y de una mayor autoridad, por las leyes del año VII, sentó las bases de una reorganización financiera que desembocó en el Consulado, sugiriendo desde el principio las soluciones: creación de una administración autónoma de las contribuciones directas por la ley de 22 brumario del año VI (12 de noviembre de 1797), vuelta a las contribuciones indirectas, subordinación de la Tesorería al ejecutivo. Si bien la «jornada» del 30 pradial del año VII (18 de junio de 1799) pareció conceder el predominio del cuerpo legislativo sobre el Directorio, si bien permitió la renovación del personal gubernamental a gusto del poder legislativo, el poder ejecutivo no fue ni subordinado ni debilitado.

No obstante, todo seguía en suspenso. Después de Campoformio, Inglaterra era la única que seguía enfrentada a Francia. El mantenimiento de la paz continental, difícilmente restaurada, hubiera exigido una diplomacia prudente: el Directorio emprendió una política de expansión continental que acabó con todas las posibilidades de estabilización exterior y comprometió el esfuerzo de reforma interior. La segunda coalición se formó a finales del año 1798, la guerra se reanudó en la primavera de 1799, mientras que la contrarrevolución interior intentaba un nuevo asalto. Si la jornada del 30 pradial del año VII (18 de junio de 1799) y la campaña del verano de 1799 permitieron una recuperación, en la primavera del año VIII (1800) se produjeron unas nuevas elecciones: tanto si el éxito era realista como si era jacobino, una vez más podría ponerse en cuestión la estabilidad gubernamental. El golpe de Estado del 18 brumario eliminó el problema.

Según el cartel pegado en París y que cita Le Moniteur del 24 brumario (14 de noviembre de 1799), «Francia quiere algo grande y duradero. La inestabilidad la ha perdido, lo que invoca es la firmeza […]. Quiere la unidad en la acción del poder que ejecutará las leyes». La Constitución del año VIII, que confiaba la totalidad del poder ejecutivo al Primer Cónsul, puso fin al equívoco directorial de una dictadura larvada. También desde este punto de vista se manifiesta como el desenlace de una evolución necesaria. La autoridad innegable que la Constitución del año III había adjudicado al Directorio se había consolidado y ampliado por la fuerza de las circunstancias, bien por el propio ejecutivo, bien por el legislativo, siempre a título provisional, pero con una frecuencia tal que en la práctica se hizo normal. Extensión del poder reglamentario, nombramiento de los administradores y de los jueces, recurso a las medidas policiales: el régimen consular no tuvo que introducir innovaciones. Las constituciones directoriales impuestas a las repúblicas hermanas, en los Países Bajos, Suiza o Roma, ya habían reforzado al ejecutivo. La Constitución del año VIII consagró la subordinación definitiva del legislativo, vanamente perseguida por el Directorio. Al concentrar el poder en manos del Primer Cónsul, voluntad única y estable, permitió la realización de la reorganización administrativa mediante las grandes leyes del año VIII y la estabilización social que el Directorio se había fijado como objetivo desde su proclamación el 14 brumario del año IV (5 de noviembre de 1795): «Reinstaurar el orden social en el lugar del caos inseparable de las revoluciones».

Del Directorio al Consulado, y pese a las experiencias embellecidas por la leyenda, la continuidad se afirma. Como la guerra seguía y la contrarrevolución proseguía obstinadamente, una necesidad interna llevó a la concentración de poderes, a fin de garantizar la consolidación social burguesa: sustituyendo a la república de los notables, la dictadura consular debería proveerla. Pero si bien pretendía reforzar el ejecutivo y restablecer la unidad en la acción gubernamental, la burguesía brumariana no renunció al ejercicio de las libertades políticas siempre que fueran en beneficio propio. El resultado desbarató sus cálculos.

Conclusión

La Revolución francesa en la historia del mundo contemporáneo

EL RESULTADO DE LA REVOLUCIÓN

Después de diez años de peripecias revolucionarias, la realidad francesa aparecía transformada de forma fundamental.

La aristocracia del Antiguo Régimen fue destruida en sus privilegios y en su preponderancia; la feudalidad fue abolida. Al hacer tabla rasa de todos los restos de feudalismo, al liberar a los campesinos de los derechos señoriales y de los diezmos eclesiásticos, y en cierta medida también de las obligaciones comunitarias, al acabar con los monopolios corporativos y al unificar el mercado nacional, la Revolución francesa marcó una etapa decisiva en la transición del feudalismo al capitalismo. Su ala activa no fue tanto la burguesía comerciante (en la medida en que seguía siendo únicamente comerciante e intermediaria se avenía con la vieja sociedad: de 1789 a 1793 generalmente tendió al pacto) como la masa de pequeños productores directos, cuyos sobretrabajo y sobreproducto eran acaparados por la aristocracia feudal apoyándose en el aparato jurídico y los medios de presión del Estado del Antiguo Régimen. La revuelta de los pequeños productores, campesinos y artesanos, asestó los golpes más eficaces a la vieja sociedad.

No es que esa victoria sobre la feudalidad haya significado la aparición simultánea de nuevas relaciones sociales. El paso al capitalismo no es un proceso sencillo por el cual los elementos capitalistas se desarrollan en el seno de la vieja sociedad hasta el momento en que son lo bastante fuertes como para romper sus marcos. Todavía hará falta mucho tiempo para que el capitalismo se afirme definitivamente en Francia: sus progresos fueron lentos durante el período revolucionario, las dimensiones de las empresas siempre fueron reducidas y el capital comercial preponderante. Pero la ruina de la propiedad terrateniente feudal y del sistema corporativo y reglamentario liberó a los pequeños y medianos productores directos; aceleró el proceso de diferenciación de clases tanto en la comunidad rural como en el artesanado urbano, y la polarización social entre capital y trabajo asalariado. Así acabó garantizándose la autonomía del modo de producción capitalista tanto en el campo de la agricultura como en el de la industria, y se abrió sin compromiso la vía a las relaciones burguesas de producción y de circulación: transformación revolucionaria por excelencia[14].

Mientras se operaba la diferenciación de la economía de los pequeños y medianos productores y la disociación del campesinado y el artesanado se modificaba el equilibrio interno de la burguesía. La preponderancia tradicional en sus filas de la fortuna adquirida era sustituida por la de los hombres de negocios y por los jefes de empresa. La especulación, el equipamiento, el armamento y el avituallamiento de los ejércitos, la explotación de los países conquistados les proporcionaban nuevas oportunidades para multiplicar sus beneficios: la libertad económica abría el paso a la concentración de las empresas. Abandonando pronto la especulación, esos hombres de negocios, que sentían el gusto del riesgo y el espíritu de iniciativa, invirtieron sus capitales en la producción, contribuyendo ellos también por su parte al desarrollo del capitalismo industrial.

Cambiando completamente las estructuras económicas y sociales, la Revolución francesa rompía al mismo tiempo el armazón estatal del Antiguo Régimen, barriendo los vestigios de las antiguas autonomías, acabando con los privilegios locales y los particularismos provinciales. Así hizo posible, del Directorio al Imperio, la implantación de un Estado moderno que respondía a los intereses y a las exigencias de la burguesía.

Desde este doble punto de vista, la Revolución francesa estuvo lejos de constituir un mito como se ha pretendido[15]. Sin duda, la feudalidad, en el sentido medieval de la palabra, ya no respondía a nada en 1789: pero para los contemporáneos, tanto campesinos como burgueses, ese término abstracto encerraba una realidad que conocían muy bien (derechos feudales, autoridad señorial) y que finalmente había sido barrida. Porque aunque las Asambleas revolucionarias hayan estado pobladas en su mayor parte por hombres de profesión liberal y funcionarios públicos y no por jefes de empresa, financieros o manufactureros, no se puede argumentar en contra de la importancia de la Revolución francesa en la implantación del orden capitalista: al margen de que estos últimos estuvieran representados por una pequeña minoría muy activa, al margen de la importancia de los grupos de presión (diputados del comercio, el club Massiac defensor de los intereses coloniales), el hecho esencial es que el viejo sistema económico y social fue destruido y que la Revolución francesa proclamó sin ninguna restricción la libertad de empresa y de beneficios, despejando así el camino hacia el capitalismo. La historia del siglo XIX demuestra que esto no fue un mito.

REVOLUCIÓN FRANCESA Y REVOLUCIONES BURGUESAS

Etapa necesaria de la transición general del feudalismo al capitalismo, la Revolución francesa no deja de tener, en comparación con las diversas revoluciones similares, sus caracteres propios que se derivan de la estructura específica de la sociedad francesa al final del Antiguo Régimen.

Estos caracteres han sido negados. La Revolución francesa no sería más que «un aspecto de una revolución occidental, o más exactamente atlántica, que empezó en las colonias inglesas de América poco después de 1763, siguió con las revoluciones de Suiza, los Países Bajos, Irlanda, antes de alcanzar a Francia entre 1787 y 1789. De Francia pasó nuevamente a los Países Bajos, alcanzó a la Alemania renana, Suiza, Italia…»[16]. Sin duda no se puede subestimar la importancia del Océano en la renovación de la economía y en la explotación de los países coloniales por parte de Occidente. Pero no es ese el propósito de nuestros autores, ni tampoco el demostrar que la Revolución francesa no es más que un episodio del movimiento general de la historia que, después de las revoluciones holandesa, inglesa y norteamericana, llevó a la burguesía al poder. La Revolución francesa no señala, por otra parte, el término geográfico de esta transformación, como los ambiguos calificativos de «atlántico» u «occidental» dan a entender: en el siglo XIX, en todas partes donde se instaló la economía capitalista, el ascenso de la burguesía fue a la par; la revolución burguesa tuvo un alcance universal. Por otro lado, poniendo al mismo nivel la Revolución francesa y «las revoluciones de Suiza, los Países Bajos e Irlanda…», se minimiza de un modo extraño la profundidad, las dimensiones de la primera y la brusca mutación que representó. Esta concepción, al vaciar a la Revolución francesa de todo contenido específico, económico, social y nacional, daría por nulo medio siglo de historiografía revolucionaria, desde Jean Jaurès hasta Georges Lefebvre.

Sin embargo, Tocqueville había abierto el camino para la reflexión cuando preguntaba «por qué unos principios análogos y unas teorías políticas parecidas llevaron a los Estados Unidos solo a un cambio de gobierno y a Francia a una subversión total de la sociedad». Plantear el problema en esos términos es ir más allá del aspecto superficial de una historia política y constitucional, para esforzarse en llegar hasta las realidades económicas y sociales en su especificidad nacional. La comparación que puede establecerse a partir de ese momento entre las condiciones y los aspectos de la mutación en los Países Bajos, en Inglaterra, en Estados Unidos, permite subrayar que la Revolución francesa ha cambiado sus perspectivas, y devolverle así su carácter irreductible.

Si la «respetable» Revolución inglesa de 1688 desembocó en un compromiso social y político que vinculó al poder, a la burguesía y a la aristocracia terrateniente (y en este sentido sería comparable a las jornadas francesas de julio de 1830), es porque antes la primera Revolución inglesa del siglo XVII no solamente había sustituido una monarquía absoluta en potencia por un gobierno representativo (no democrático) y puesto fin al dominio exclusivo de una Iglesia de estado perseguidora, sino que también en gran medida había despejado el camino para el desarrollo del capitalismo: según uno de sus más recientes historiadores, «puso el punto final a la Edad Media»[17]. Los últimos vestigios de feudalidad fueron barridos, las tenencias feudales abolidas, garantizando a la clase de los terratenientes la absoluta posesión de sus bienes; las confiscaciones y las ventas de los terrenos de la Iglesia, de la corona y de los realistas rompieron las relaciones feudales tradicionales en el campo y aceleraron la acumulación del capital; las corporaciones perdieron toda importancia económica; los monopolios comerciales, financieros e industriales fueron abolidos.

«Había que derribar al Antiguo Régimen —escribe Ch. Hill— para que Inglaterra pudiera conocer ese desarrollo económico más libre, necesario para elevar al máximo la riqueza nacional y conseguirle una posición dirigente en el mundo para que la política, incluida la política exterior, pasara al control de aquellos que tenían importancia en la nación».

La Revolución inglesa fue, sin embargo, mucho menos radical que la francesa: tomando la expresión de Jaurès en su Histoire socialiste, se mantuvo «estrechamente burguesa y conservadora», al contrario de la francesa, «ampliamente burguesa y democrática». Si bien la Revolución inglesa tuvo sus niveladores, no aseguró a los campesinos ninguna adquisición de tierras: mucho más, el campesinado inglés desapareció al siglo siguiente. La razón de ese conservadurismo habría que buscarla en el carácter rural del capitalismo inglés, que hizo de la gentry una clase dividida, estando muchos gentilhombres antes de 1640 dedicados a la cría del cordero, la industria textil o la explotación minera. Si, por otra parte, la Revolución inglesa vio con los niveladores la aparición de teorías políticas basadas en los derechos del hombre, las cuales, a través de Locke, llegaron a los revolucionarios de Norteamérica y de Francia, se guardó sin embargo de proclamar la universalidad y la igualdad de esos derechos, como lo haría, y con qué estrépito, la Revolución francesa.

Como su predecesora, pero en menor grado, la Revolución norteamericana estuvo marcada por el empirismo. Pese a la invocación del derecho natural y de solemnes declaraciones, ni la libertad ni la igualdad fueron totalmente reconocidas: los negros siguieron siendo esclavos, y si bien la igualdad de derechos fue admitida entre blancos, la jerarquía social basada en la riqueza no sufrió alteración alguna. La «democracia» en Norteamérica fue, es cierto, el gobierno de la nación, pero sus modalidades no por ello dejaban de favorecer a los importantes por su dinero.

Las revoluciones de Inglaterra y de Norteamérica no dejaron de ejercer una profunda influencia y su prestigio se mantuvo mucho tiempo; su compromiso político no podía menos que tranquilizar a las clases propietarias más preocupadas por la libertad que por la igualdad.

Muy distinta fue la Revolución francesa. Si fue la más ruidosa de las revoluciones burguesas, eclipsando por el carácter dramático de sus luchas de clases a las revoluciones que la habían precedido, ello se debió sin duda a la obstinación de la aristocracia aferrada a sus privilegios feudales, negándose a toda concesión, y al encarnizamiento contrario de las masas populares. La contrarrevolución aristocrática obligó a la burguesía revolucionaria a perseguir con no menos obstinación la destrucción total del viejo orden. Pero únicamente lo logró aliándose con las masas rurales y urbanas a las que hubo de dar satisfacción: se destruyó la feudalidad, se instauró la democracia. El instrumento político del cambio fue la dictadura jacobina de la pequeña y mediana burguesía, apoyada en las masas populares: categorías sociales cuyo ideal era una democracia de pequeños productores autónomos, campesinos y artesanos independientes, que trabajaran e intercambiaran libremente. La Revolución francesa se asignó así un lugar singular en la historia moderna y contemporánea: la revolución campesina y popular estaba en el centro de la revolución burguesa y la empujaba hacia adelante.

Estos caracteres dan cuenta de la repercusión de la Revolución francesa y de su valor como ejemplo en la evolución del mundo contemporáneo. Sin duda en los países de Europa que ocuparon, fueron los ejércitos de la República, y después los de Napoleón, los que más que la fuerza de las ideas derrotaron al Antiguo Régimen: aboliendo la esclavitud, liberando a los campesinos de los impuestos señoriales y de los diezmos eclesiásticos, volviendo a poner en circulación los bienes inalienables, la conquista francesa dejó el terreno libre para el desarrollo del capitalismo. Más aún, es por la propia expansión del capitalismo, conquistador por naturaleza, como los nuevos principios y el orden burgués se apoderaron del mundo, imponiendo por todas partes las mismas transformaciones.

La diversidad de las estructuras nacionales, la desigualdad en el ritmo de desarrollo, dieron lugar, de un país a otro, a muchos matices de los que dan cuenta las múltiples modalidades en la formación de la sociedad moderna capitalista. En particular, cuando la evolución hacia los métodos capitalistas de producción fue impuesta, por así decirlo, desde arriba, el proceso de transición se detuvo a mitad de camino y el viejo modo de producción se vio en parte salvaguardado más que destruido: una vía de compromiso de la que la historia del siglo XIX ofrece ejemplos notorios. El carácter irreductible de la Revolución francesa parece, en comparación, todavía más claro.

Los movimientos de unificación nacional que conoció Europa en el siglo XIX deben, por más de un motivo, ser considerados como revoluciones burguesas. Sea cual sea en realidad la importancia del factor nacional en el Renacimiento o en la unidad alemana, las fuerzas nacionales no hubieran podido llegar a la creación de una sociedad moderna y de un Estado unitario si la evolución económica interna no hubiera tendido hacia el mismo objetivo. Todas las dificultades halladas en el análisis histórico, y que han provocado muchas de las confusiones, se deben a que esos movimientos constituyen, a diferencia de la Revolución francesa, revoluciones de tipo mixto a la vez nacional y social.

En uno de sus planes de trabajo, en prisión, Gramsci señalaba este tema de reflexión: «La ausencia de jacobinismo en el Renacimiento»[18]. Gramsci, que define al jacobinismo en concreto por la alianza de la burguesía revolucionaria y las masas campesinas, subrayaba así que el Renacimiento, revolución burguesa, no había sido una revolución tan radical como lo fue, gracias a los jacobinos, la Revolución francesa; esto significaba también plantear el problema del contenido económico y social de una y otra. En la medida en que el Renacimiento había «carecido», según la expresión de Gramsci, de revolución popular y concretamente campesina, en esa medida se aleja de la revolución burguesa de tipo clásico cuyo modelo ofrece la Revolución francesa. Esta negación de la burguesía italiana a aliarse con el campesinado en la época de la unificación, alianza revolucionaria por excelencia, el compromiso que después venció en la realización de la unidad nacional entre aristocracia feudal y burguesía capitalista, tiene sus orígenes medio siglo antes en las soluciones que entonces se aportaron al problema agrario. Con las reformas que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo bajo la ocupación francesa, pero de distinta naturaleza según las regiones, precedieron a la unidad italiana, se abolió el régimen feudal, pero no obstante subsistió en la sociedad italiana moderna una gran propiedad terrateniente aristocrática. Mientras, como consecuencia de la Revolución, el campesinado francés se desunía irremediablemente, la masa campesina italiana seguía en la condición de trabajador agrícola apegado a la tierra o de colono tradicional: los antiguos vínculos de dependencia persistieron. En Francia la burguesía revolucionaria había apoyado finalmente la lucha del campesinado contra la feudalidad y había mantenido esta alianza hasta su liquidación: en Italia, ante las masas campesinas se unió el bloque de la aristocracia terrateniente y de la burguesía capitalista. La unidad italiana mantuvo la subordinación de la masa campesina al sistema oligárquico de los grandes propietarios y de la alta burguesía, sobre la base de una propiedad sobre la tierra de tipo aristocrático. Los liberales moderados que fueron artífices de esa unidad, y Cavour el primero, cuyo nombre simboliza esa comunidad de intereses, no podían pensar en seguir la vía revolucionaria francesa: el levantamiento de las masas campesinas hubiera puesto en peligro su dominio político.

Las consecuencias tuvieron su importancia en la formación del capitalismo italiano. A diferencia de Francia, en Italia no se formó una amplia capa de propietarios libres e independientes que produjeran para el mercado; los ingresos en especie siguieron prevaleciendo y persistió la dependencia de la producción respecto al mercado y al beneficio comercial. Así se tipificó la vía italiana de transición al capitalismo: vía de transacción que mantuvo la subordinación del capital industrial al capital comercial, vía de compromiso que desembocó en un capitalismo oligárquico con tendencias monopolistas.

Un proceso parecido caracterizó, bajo distintas modalidades, a la unidad alemana. Para tomar un ejemplo fuera de Europa, la Revolución Meiji constituye también para Japón el punto de partida de la formación de la sociedad capitalista, situándose, en ese sentido, en la línea central de la Revolución francesa. Iniciada en 1867, desembocó tras diez años de disturbios en la disolución del antiguo régimen feudal y señorial y en la modernización del Estado[19]. Las fuerzas exteriores no habrían podido modernizar la sociedad japonesa si la evolución económica interna no hubiera tendido hacia el mismo resultado: en otras palabras, el sistema de producción capitalista ya estaba gestándose en la economía feudal de Japón. La especificidad de la revolución Meiji se debe sobre todo a esta coincidencia de una evolución interna y presiones externas. Sin duda alguna, para analizar este proceso histórico haría falta caracterizar primero la feudalidad de Tokugawa y la crisis estructural que padecía desde el siglo XVIII. En vísperas de la Revolución se afirmaba cada vez con más fuerza la oposición del campesinado, sobre todo de los campesinos medianos, y de los pequeños y medianos comerciantes contra el sistema monopolista de los grandes negociantes y financieros aliados con los poderes señoriales y con los grandes propietarios rurales (jinushi) no explotadores que recibían la renta en especie. La «apertura» del país por la presión de Estados Unidos y Europa precipitó la evolución, pero sin que hubieran tenido tiempo de madurar de manera autónoma y suficiente las condiciones internas, económicas y sociales, necesarias para la revolución burguesa.

La abolición del régimen señorial se realizó en forma de pacto: los derechos feudales, contrariamente al caso de la Revolución francesa, fueron suprimidos con indemnización; la carga acabó cayendo sobre los campesinos sujetos a los nuevos impuestos sobre las tierras en dinero (chiso). Los campesinos propietarios (hon-byakusho) se vieron liberados de los vínculos feudales de dependencia; pero siguieron siendo contribuyentes de esos nuevos impuestos, carga más o menos idéntica a la de los viejos cánones señoriales en especie. Por otra parte, no tuvieron ocasión alguna de adquirir tierras, como los campesinos franceses a través de la venta de los bienes nacionales. Los campos japoneses no conocieron ni los labradores «con cabriolé» ni los campesinos acomodados del tipo kulak. En cuanto a la masa de campesinos, jornaleros agrícolas (mizunomi), pero también pequeños propietarios (kosaku), su liberación fue una operación blanca: una vez que los grandes terratenientes (jinushi) se convirtieron, gracias a la reforma agraria, en auténticos propietarios de sus tierras y contribuyentes del impuesto sobre las tierras en dinero, los labradores inmediatos (kosaku), lejos de ser liberados, siguieron pagando a los jinushi la renta anual en especie. Así se mantuvieron las tradicionales relaciones de dependencia y la explotación del sobretrabajo de los kosaku, con la garantía del Estado y de sus medios de presión.

Los campesinos propietarios y explotadores «liberados» por la revolución Meiji no pueden, pues, compararse a los campesinos propietarios libres e independientes, nacidos en la Europa occidental de la descomposición de la propiedad de las tierras feudal: en Japón no hubo ni yeomanry como en Inglaterra, ni campesinado medio como en Francia, ni junker como en Prusia. El campesinado japonés estuvo subordinado al sistema oligárquico de la gran burguesía privilegiada y de los propietarios jinushianos de tipo semifeudal: la nueva sociedad capitalista salvaguardó lo esencial de las relaciones feudales de producción. Así se explica, sin olvidar la importancia de las circunstancias de la apertura del país bajo la presión exterior, que la revolución Meiji haya desembocado en la formación de una monarquía absolutista y oligárquica: a diferencia de la Revolución francesa que destruyó el Estado absolutista y permitió la instauración de una sociedad democrática burguesa. Pese al desarrollo del capitalismo moderno, esos vestigios persistieron hasta la reforma agraria de 1945 (nochi kaikaku) que asumió precisamente como misión la liberación «de los campesinos japoneses oprimidos varios siglos por las cargas feudales»: lo que demuestra —escribe K. Takahashi— que «la revolución Meiji y sus reformas agrarias no habían realizado la misión histórica de la revolución burguesa consistente en suprimir las relaciones económicas y sociales feudales».

La Revolución francesa se asigna así un lugar excepcional en la historia del mundo contemporáneo. En tanto que revolución burguesa clásica, constituye por la abolición del régimen señorial y de la feudalidad el punto de partida de la sociedad capitalista y de la democracia liberal en la historia de Francia. En tanto que revolución campesina y popular, por ser antifeudal sin compromiso, tendió en dos ocasiones a superar sus límites burgueses: en el año II, intento que, pese al necesario fracaso, conservó durante mucho tiempo su valor profético de ejemplo, y cuando la Conjura por la Igualdad, episodio que se sitúa en el origen fecundo del pensamiento y de la acción revolucionarios contemporáneos. Así se explican, sin duda, esos inútiles esfuerzos por negar a la Revolución francesa, peligroso antecedente, su realidad histórica o su especificidad social y nacional. Pero así se explican también el estremecimiento que el mundo sintió y la repercusión de la Revolución francesa en la conciencia de los hombres de nuestro siglo. Este recuerdo, por sí solo, es revolucionario: todavía nos exalta.

Bibliografía comentada

De entre una bibliografía superabundante, solo citaremos las obras generales que dejaron una huella en la historiografía de la Revolución francesa o que reflejan el Estado actual de nuestros conocimientos.

Del conjunto de historias de la Revolución francesa publicadas en el siglo XIX, sobresale por sus cualidades literarias la de Michelet (1847-53). En primer plano para la comprensión profunda del período, pero que no ofrece un relato seguido, De Tocqueville, A., L’Ancien Régime et la Révolution (1856, nueva edición con una introducción de G. Lefebvre, 1952) [trad. castellana El Antiguo Régimen y la revolución, Guadarrama, Madrid, 1969.] Les origines de la France contemporaine (1876-93) de Taine se caracterizan por un violento prejuicio antirrevolucionario.

Los estudios de historia revolucionaria recibieron un nuevo impulso a finales del siglo XIX y principios del XX: Aulard, A., Histoire politique de la Révolution française (1901); sobre todo Jaurès, J., Historie socialiste, vols. I-IV (1901-1904; nueva edición por Mathiez, A., 1922-24; reimpresión en 1939); Sagnac, Ph., La Révolution, 1789-92, y Pariset, G., La Révolution, 1792-99 (Paris, 1920, vols. I y II de la Histoire de la France contemporaine bajo la dirección de Lavisse, E.); Mathiez, A., La Révolution française (1922-27, 3 vols., col. «A. Colin»), proseguida por Lefebvre, G., Les Thermidoriens, (1937, 4.ª ed. revisada, 1960), y Le Directoire (1946, 3.ª ed. revisada, 1958).

Sobre todo Lefebvre, G., La Révolution française (1951, vol. XIII de la col. «Peuples et civilisations», 6.ª ed. revisada y puesta al día por Saboul, A., 1968), y el conjunto de la obra del mismo historiador, desde Paysans du Nord pendant la Révolution française (1954, reed. en 1959) hasta los Etudes sur la Révolution française (1954, reed. en 1963). Brillante resumen el de Labrousse, E., en Le VIIIe siècle, Révolution intellectuelle, technique et politique (1715-1815), por Mousnier, R. y Labrousse, E., con la colaboración de Bouloiseau, M. (5.ª ed., 1967, vol. V de la Histoire générale des civilisations, bajo la dirección de Crouzet, M.). Puesta a punto por Soboul, A., Précis d’histoire de la Révolution française (1962) [trad. castellana Compendio de historia de la Revolución francesa. Tecnos, Madrid, 1975.]

Desde un punto de vista bibliográfico, Caron, P., Manuel pratique pour l’étude de la Révolution française (1912, ed. puesta a punto. 1947); Villat L., La Révolution et l’Empire, 1789-1815. I: Les Assemblées révolutionaires, 1789-99 (1936, vol. VIII de la col. «Clio»); Godechot, J., Les Révolutions (1770-99) (3.ª ed., 1970, tomo 36 de la col. «Nouvelle Clio») [trad. castellana Las revoluciones, Labor, Barcelona, 1977].

ALBERT MARIUS SOBOUL (Ammi Moussa, Argelia, 1914 —Nimes, Francia, 1982). Fue un historiador de la Revolución francesa y período napoleónico. Profesor en la Sorbona, fue catedrático de historia de la Revolución francesa y autor de numerosos e influyentes trabajos de historia e interpretación histórica. En vida fue reconocido internacionalmente como la mayor autoridad francesa en la época revolucionaria.

Notas

[0] Trad. castellana El Antiguo Régimen y la Revolución, Guadarrama, Madrid, 1969. <<

[1] Sobre la feudalidad, en sentido limitado, cf. Bloch, M., La société féodale, vol. I: La formation des liens de dépendance (Paris, 1939); Boutruche, R., IXe Congrès International des Sciences Historiques, I: Rapports (Paris, 1950); Boutruche, R., Seigneurie et féodalité, I. Le premier ège des liens d’homme à homme (París, 1959). Sobre el problema de la transición del feudalismo al capitalismo, cf. The Transition from Feudalism to Capitalism, A Symposium, de Sweezy, P. M.; Dobb, M.; Takahashi, H. K.; Hilton, R. y Hill, C. (Londres, 1954); Hilton, R. H., «Y eut-il une crise générale de la féodalité?» (Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, núm. 1, 1951); Procacci, G.; Lefebvre, G. y Soboul, A., «Une discusión historique: du féodalisme au capitalisme» (La Pensée, núm. 65, 1956); Soboul, A., «La Révolution française et la féodalité. Notes sur le prélèvement féodal» (Revue historique, núm. 487, pág. 33, 1968). <<

[2] Egret, J., La Pré-Révolution française, 1787-88, París, 1962. <<

[3] Sobre el problema en general, ver Labrousse, C. E., «Comment naissent les révolutions» Actes du Congrès historique du Centenaire de la Révolution de 1848, Paris. 1948. <<

[4] Sobre este aspecto esencial, ver la obra de Labrousse, C. E., Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe, 2 vols., París. 1933; La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution, París, 1944. <<

[5] Sobre los problemas demográficos de la Revolución francesa, ver principalmente los trabajos de Reinhard. M., «Etude de la population pendant la Révolution et l’Empire», en Bulletin d’Histoire économique et sociale de la Révolution française, 1959-60, Gap, 1961; Primer suplemento, ibid., 1962, París, 1963; Contributions à l'histoire démographique de fa Révolution française, París, 1962, 1.ª serie; 1965, 2. ª serie; 1970, 3.ª serie, bajo la dirección de M. Reinhard. <<

[6] Sobre estos aspectos, ver Lefebvre, G., La grande peur de 1789, París, 1932; 2.ª ed. aumentada, s. f. (1956); «Foules révolutionnaires», en Annales historiques de la Révolution française, 1934, reproducido en Etudes sur la Révolution française, Paris, 1954; 2.ª ed., 1963. Georges Lefebvre ha dado un buen ejemplo de análisis de un hecho de voluntad punitiva en su artículo «Le meurtre du comte de Dampierre (22 de juin 1791)», en Revue historique, 1941, reproducido en Etudes sur la Révolution française. <<

[7] Reinhard, M., «Observations sur le role révolutionnaire de l’armée dans la Révolution française». Annales historiques de la Révolution française, pág. 169, 1962. <<

[8] El importante problema de la recompra de los derechos feudales y de su abolición definitiva fue abordado por Sagnac, Ph., La législation civile de la Révolution française, 1898; en un resumen que sigue siendo válido, por Aulard, A., La Révolution française et le régime féodal, 1919; por Garaud, M., La Révolution et la propriété foncière, 1959. Pero unas monografías locales o regionales permitirían elaborar un auténtico cuadro de conjunto de la supervivencia parcial, de las vicisitudes y la desaparición final del régimen feudal durante la Revolución; solo disponemos de dos obras de ese tipo: Ferradou, A., Le rachat des droits féodaux dans la Gironde (1790-93), 1928; Millot, J., L’abolition des droits seigneuriaux dans le département du Doubs et la région comtoise, 1941. También sobre las revueltas agrarias y los levantamientos que, desde al Gran Miedo de 1789 hasta la abolición definitiva de los derechos feudales (17 de julio de 1793), marcaron la historia revolucionaria del campesinado, solo disponemos de estudios locales fragmentarios. Esta historia está por escribir. <<

[9] Soboul, A., Les sans-culottes parisiens en I an II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire, 2 juin 1793-9 thermidor an II, París, 1958. <<

[10] Arpent: Medida agraria francesa (oscila entre 42 y 51 áreas). (N. del T.) <<

[11] Cobb, R., Les armées révolutionnaires, instrument de le Terreur dans les départements, avril 1793-floréal an II, 1963. <<

[12] Tonnesson, K. D., La défaite des Sans-Culottes. Mouvement populaire et réaction bourgeoise en I’an III, Oslo-París, 1959. <<

[13] El balance de los estudios babuvistas es el siguiente: Babeuf (1760-1797). Buonarroti (1761-1837). Pour le deuxième centenaire de leur naissance, publicación de la Sociedad de Estudios robespieristas, Nancy, 1961; Mazauric. C., Babeuf et la Conspiration pour l’Egalité, Paris, 1962; Babeuf et les problèmes du babouvisme, Paris, 1963; Daline, V. M., Gracchus Babeuf (1785-1794), Moscú, 1963, en ruso. <<

[14] Sobre estos problemas, ver Dobb, M., Studies to the Development of Capitalism, Londres, 1946 [trad. castellana Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Siglo XXI, Madrid, 1976]; Takahashi, H. K., Shimin Kakumei no Kozo (Estructura de la revolución burguesa), Tokio, 1951 (informe de Haguenauer, Ch., Revue historique, núm. 434, pág. 345, abril-junio de 1955). <<

[15] Cobban, A., The Myth of the French Revolution, Londres, 1955. Del mismo autor, y con el mismo punto de vista, The social interpretation of the French Revolution, Cambridge, 1964. Ver Lefebvre. G., «Le mythe de la Révolution française», Annales historiques de la Révolution française, pág 337, 1956. <<

[16] Godechot, J., La Grande Nation. L’expansion révolutionnaire de la France dans le monde 1789-99, 2 vols, tomo I, pág. 11, París, 1956. Original de Palmer, R. R., «The World Revolution of the West», Political Science Quarterly, 1954, la idea de una revolución «occidental» o «atlántica» fue adoptada por Godechot, J. y Palmer, R. R., «Le problème de l’Atlantique du XVIIIe au XXe siècle», X Congresso Internazionale di Scienze storiche. Relazioni, tomo V, págs. 175-239, Florencia, 1955; Palmer, R. R., The Age of the Democratic Revolution. A political History of Europe and America. 1760-1800, tomo I: The Challenge, Princeton, 1959; Godechot, J., Les Révolutions (1770-99), 2.ªº ed., col. «Nouvelle Clio», PUF, París, 1965 [trad. castellana Las revoluciones, Labor, Barcelona, 1977]. <<

[17] Hill, Ch., «La Révolution anglaise du XVIIIe siècle (Essai d’interprétation)», Revue historique, núm. 449, págs. 5-32, 1959. Ver sobre todo los trabajos del mismo autor, auténtica figura de primera fila: con James, M. y Rickword, E., The English Revolution, 1640, Londres, 1940, reed. parcial en 1949; con Dell, E., The Good Old Cause, Londres, 1949; The Century of Revolution, 1603-1714, Londres, 1961; por último, Society and Puritanism in pre-revolutionary England, Londres, 1964. <<

[18] Ver las páginas relativas al Renacimiento en Gramsci, A., OEuvres choisies, París, 1959; Zangheri, R., «La mancata rivoluzione agraria nel Risorgimiento e i problemi economici dell’unità», en Studi Gramsciani, Roma, 1958; Soboul, A., «Risorgimento e rivoluzione borghese: schema di una direttiva di ricerca», en Problemi dell’Unità d'Italia. Atti del II Convegno di studi gramsciani, Roma, 1962. A título comparativo, Kula, W., «L’origine de l'alliance entre la bourgeoisie et les propriétaires fonciers dans la première moitié du XIXe siècle» en La Pologne au Xe Congrès International des Sciences Historiques à Rome, Varsovia, 1955; del mismo autor, «Secteurs et régions arriérés dans l’économie du capitalisme naissant», en Problemi dell'Unità d'Italia, obra citada antes. <<

[19] Seguimos aquí fundamentalmente las interpretaciones de Takahashi, H. K., «La place de la Révolution Meiji dans l’histoire agraire du Japon», Revue historique, págs. 229-70, octubre-diciembre de 1953. Ver también Toyama, S., Meiji Ishin (Restauración Meiji), Tokio, 1951. <<