La obra de Soboul constituye ya un mito en la historiografía sobre la Revolución francesa. Siguiendo la línea de Jaurès, Sagnac, Mathiez y Georges Lefebvre, Albert Soboul utiliza conceptos y métodos de carácter dialéctico que le sirven para aclarar el fondo socioeconómico del movimiento revolucionario. El papel de los nobles y la aristocracia en general, el movimiento campesino en las zonas rurales, el levantamiento del pueblo en las ciudades y la imposición definitiva de la burguesía como clase social en predominio son fenómenos descritos y analizados a lo largo de estas páginas con una precisión y una claridad que nos parece estar viendo las secuencias casi cinematográficamente.

Se ha dicho que la obra de Soboul es una historia socialista de la Revolución francesa; más bien diríamos nosotros que es una historia social en la que se iluminan zonas oscuras de la Revolución, a la luz del examen de las relaciones de producción y de las luchas de clases, del nuevo desarrollo de la agricultura y de las industrias manufactureras, etc. Este enfoque, predominantemente social, permite dar a la Revolución todo su relieve histórico en el progreso de la humanidad, a través del cual vemos el paso de una sociedad de carácter y organización feudal a otra de índole fundamentalmente burguesa.

El libro termina con un capítulo importante sobre la Francia contemporánea y el modo como en ellas repercute todavía la influencia de la Revolución en sus estructuras sociales y políticas, con todas sus consecuencias.

En suma, se trata de una obra que habrá de gozar del interés no sólo de los estudiosos del pasado, sino de aquellos a quienes preocupa el presente y el porvenir, puesto que en el estudio vivo de aquél podemos vislumbrar la dirección del futuro histórico de la humanidad.

Albert Soboul

Compendio de la historia de la Revolución francesa

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Titivillus 11.11.2018

Título original: Précis d’histoire de la Révolution française

Albert Soboul, 1975

Traducción: Enrique Tierno Galván

Editor digital: Titivillus

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PREFACIO

La Revolución francesa constituye, con las revoluciones holandesa e inglesa del siglo XVII, la coronación de una larga evolución económica y social que ha hecho de la burguesía la dueña del mundo.

Esta verdad, que hoy puede parecer común, la proclamaron los doctrinarios más conscientes de la burguesía desde el siglo XIX. Guizot quería justificar el Mapa por la historia, y así demostraba que la originalidad de la sociedad francesa, como de la sociedad inglesa, consistía esencialmente en la existencia, entre el pueblo y la aristocracia, de una clase burguesa fuerte, que lentamente había elaborado su ideología y creado los cuadros de una sociedad nueva, de la que 1789 había sido la consagración. Tocqueville, y después Taine, sostuvieron esta misma opinión. Tocqueville habló «con una especie de terror religioso», «de esta revolución irresistible que camina después de tantos siglos, a través de todos los obstáculos, y que hoy todavía se ve avanzar en medio de las ruinas que ha producido». Taine esbozó la lenta ascensión de la burguesía en la escala social, al final de la cual la desigualdad se le hizo insoportable. Pero por muy seguros que estuviesen de que el nacimiento y el progreso de la burguesía tenían como causa primaria la aparición y el desarrollo de la riqueza mobiliario, de las empresas comerciales y más tarde las industriales, estos historiadores no hicieron un estudio concreto de los orígenes económicos de la Revolución o de las clases sociales que la habían producido.

Sobre todo, a pesar de su clarividencia, estos historiadores de la burguesía no pudieron sacar a luz lo más esencial: que la Revolución se explica, en último término, por una contradicción entre las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas. Marx y Engels fueron los primeros en subrayar enérgicamente, en el Manifiesto del Partido Comunista, que los medios de producción sobre los que se había edificado el poder de la burguesía se crearon y desarrollaron en el interior mismo de «la sociedad feudal». A finales del siglo XVIII, el régimen de la propiedad, la organización de la agricultura y de la manufactura no correspondían ya a las fuerzas productivas en pleno desarrollo y constituían una serie de obstáculos para la producción. «Era necesario romper esas cadenas», escriben los autores del Manifiesto. Se rompieron.

Jaurès, inspirándose en cierto modo en un materialismo histórico (en cierto modo tan sólo, ¿no dice en realidad en su Introducción general que su interpretación de la historia será «a la vez materialista con Marx y mística con Michelet»?), en su Historia socialista, restituye a la Revolución su subestructura económica y social, en una descripción panorámica, considerada todavía como un estudio valioso. «Sabemos —escribe— que las condiciones económicas, la forma de la producción y de la propiedad son el fondo mismo de la historia». Si ha podido hacer progresar la historiografía de la Revolución, Jaurès lo debe, sin duda, también a la fuerza del movimiento obrero, a principios del siglo XX. Esto lo ha sentido Albert Mathiez, aunque no lo haya expresado con nitidez, al hacer el prólogo en 1922 de una nueva edición de la Historia socialista, cuando escribió que Jaurès aportaba al estudio de los documentos del pasado «el mismo sentido agudo, el mismo olfato» que le guiaron a las luchas políticas: «Mezclado en la vida febril de las asambleas y de los partidos, era más apto que un profesor, que un hombre de gabinete, para revivir las emociones, los pensamientos claros u oscuros de los revolucionarios». Puede ser que la obra de Jaurès peque de esquematismo. La Revolución en ella se desarrolla simplemente: su causa reside en la potencie, económica e intelectual de la burguesía que ha alcanzado la madurez; el resultado fue consagrar este poder en la ley.

Sagnac y Mathiez llegaron más lejos y precisaron lo que fue en el siglo XVIII la reacción aristocrática que culminó en 1787-1788, lo que Mathiez designa con la ambigua expresión de «revolución nobiliaria»: esa oposición tenaz de la nobleza a todo intento de reforma, más bien ese acaparamiento de todos los cargos del Estado por una minoría privilegiada, ese obstinado rechazo a compartir la preeminencia con la alta burguesía. Así se explicaba el carácter violento de la Revolución francesa y que el advenimiento de la burguesía se produjera no por una evolución progresiva, sino por un brusco cambio cualitativo.

Pero la Revolución no fue obra únicamente de la burguesía. Mathiez, después de Jaurès, al insistir sobre la rápida separación del Tercer Estado y los antagonismos que no tardaron en manifestarse entre las diversas fracciones de la burguesía y de las clases populares, ha expresado la complejidad de la historia revolucionaria, así como la progresión de sus etapas sucesivas. Apartando los ojos de la escena parisiense y de las grandes ciudades que hasta aquí habían acaparado la atención de los historiadores, Georges Lefebvre (puesto que la Francia de finales de siglo XVIII continuaba siendo esencialmente rural) se dedicó al estudio de los campesinos. Hasta entonces, la actividad de éstos se consideraba como una repercusión de los movimientos ciudadanos, esencialmente dirigida, y de acuerdo con la burguesía, contra el feudalismo y el poder real; de este modo la Revolución conservaba su aspecto homogéneo y la majestad de su desarrollo. Georges Lefebvre, partiendo de análisis sociales precisos, demostró que en el cuadro de la revolución burguesa se desarrolló un movimiento campesino, con una autonomía en cuanto a su origen, sus procedimientos, sus crisis y sus tendencias. Es necesario, sin embargo, subrayar claramente que el objetivo fundamental del movimiento campesino coincidía con los fines de la revolución burguesa: la destrucción de las relaciones feudales de producción. La Revolución acabó en los campos con el antiguo régimen de la propiedad; aceleró la ruina de la organización tradicional de la agricultura.

La obra de Georges Lefebvre sirve como demostración y ejemplo. Si se deja aparte el campo que ha roturado, la historia social de la Revolución está aún por escribir. Esta Historia hará posible que progrese el conocimiento. Sólo partiendo de análisis minuciosos de la riqueza territorial y de la mobiliaria, así como de la potencia económica de las diversas clases sociales y de los grupos que las componen, se comprenderá el juego de los antagonismos y de la lucha de clases, y se precisarán las vicisitudes y los progresos del movimiento revolucionario, consiguiendo, en fin, un balance exacto de la Revolución.

Un hecho significativo es que la burguesía reina, indiscutiblemente, desde hace más de siglo y medio,y que no poseemos ninguna historia de la burguesía francesa durante la Revolución. Hay que exceptuar algunos ensayos que se refieren más al estudio de la mentalidad que al del poder económico, algunas monografías dedicadas bien a una región, bien a una ciudad, a una familia o a una categoría, monografías preciosas en lo que se refiere a la búsqueda de documentos que muestran el camino a seguir, aunque hay que hacer constar el retraso de estudios revolucionarios en este sentido. Evidentemente, no carecemos de descripciones de la sociedad, entendamos la buena sociedad, las clases dominantes; pero apenas expresan, por las memorias y las cartas, otra cosa que la descripción de las costumbres o el esquema general de las ideas, siendo necesario precisar las relaciones de producción, las rentas y los efectivos. Lo mismo que de la burguesía, carecemos de una historia de la nobleza a través de la Revolución; apenas si empieza a tomar forma la de las clases urbanas populares. El fin principal de una investigación histórica es establecer monografías locales o regionales fundadas, según la documentación, sobre ciertas estadísticas dadas que nos proporcionasen los documentos económicos y fiscales. Entonces serían posibles los trabajos de síntesis sobre las diversas clases y categorías sociales, que de por sí permitirían precisar los antagonismos y seguir la lucha de clase dentro de la complejidad de un movimiento dialéctico. Si, por ejemplo, la explotación de las islas del azúcar y el gran comercio marítimo resultante han sido descritos con frecuencia, no disponemos, sin embargo, de un trabajo profundo sobre la burguesía holandesa: todas las consideraciones sobre la Gironda continuarán siendo vanas mientras que no hayan sido valoradas la fortuna y el poder y establecidos los límites del grupo social que representaban.

Sería fácil multiplicar los ejemplos: demostraríamos que un inmenso campo permanece sin roturar y que gran parte de las peripecias de la Revolución quedan en la sombra por falta de un conocimiento exacto de las fuerzas sociales actuantes.

INTRODUCCIÓN

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

En 1789, Francia vivía en el marco de lo que más tarde se llamó el Antiguo Régimen.

La sociedad seguía siendo en esencia aristocrática; tenía como fundamentos el privilegio del nacimiento y la riqueza territorial. Pero esta estructura tradicional estaba minada por la evolución de la economía, que aumentaba la importancia de la riqueza mobiliaria y el poder de la burguesía. Al mismo tiempo, el progreso del conocimiento positivo y el impulso conquistador de la filosofía de la Ilustración minaron los fundamentos ideológicos del orden establecido. Si Francia continuaba siendo todavía, a finales del siglo XVIII, esencialmente rural y artesana, la economía tradicional se transformaba por el impulso del gran comercio y la aparición de la gran industria. Los progresos del capitalismo, la reivindicación de la libertad económica, suscitaban, sin duda alguna, una viva resistencia por parte de aquellas categorías sociales vinculadas al orden económico tradicional; mas para la burguesía eran necesarias, pues los filósofos y economistas habían elaborado una doctrina según sus intereses sociales y políticos. La nobleza podía, desde luego, conservar el principal rango en la jerarquía oficial, y su poder económico, así como su papel social, no estaban en modo alguno disminuidos.

Cargaba sobre las clases populares, campesinas sobre todo, el peso del Antiguo Régimen y todo cuanto quedaba del feudalismo. Estas clases eran todavía incapaces de concebir cuáles eran sus derechos y el poder que éstos tenían; la burguesía se les presentaba de una manera natural, con su fuerte armadura económica y su brillo intelectual, como la única guía. La burguesía francesa del siglo XVIII elaboró una filosofía que correspondía a su pasado, a su papel y a sus intereses, pero con una amplitud de miras y apoyándose de una manera tan sólida en la razón, que esta filosofía que criticaba al Antiguo Régimen y que contribuía a arruinarle, revestida de un valor universal, se refería a todos los franceses y a todos los hombres.

La filosofía de la Ilustración sustituía el ideal tradicional de la vida y de la sociedad por un ideal de bienestar social, fundado en la creencia de un progreso indefinido del espíritu humano y del conocimiento científico. El hombre recobraba su dignidad. La plena libertad en todos los dominios, económicos y políticos, tenía que estimular su actividad; los filósofos le concedían como fin el conocimiento de la naturaleza para dominarla mejor y el aumento de la riqueza en general. Así las sociedades humanas podrían madurar por completo.

Frente a este nuevo ideal, el Antiguo Régimen quedaba reducido a defenderse. La monarquía continuaba siendo siempre de derecho divino; el rey de Francia era considerado como el representante de Dios en la tierra; gozaba, por ello, de un poder absoluto. Pero este régimen absoluto carecía de una voluntad. Luis XVI abdicó finalmente su poder absoluto en manos de la aristocracia. Lo que llamamos la revolución aristocrática (pero que es más bien una reacción nobiliaria o, mejor dicho, una reacción aristocrática que no retrocede ante la violencia y la revolución) precedió, desde 1787, a la revolución burguesa de 1789. A pesar de tener un personal administrativo, con frecuencia excepcional, las tentativas que se hicieron de reformas estructurales, de Machault, de Maupeou, de Turgot, desaparecieron ante la resistencia de opinión de los Parlamentos y de los estados provinciales, bastiones de la aristocracia. Bien es verdad que la organización administrativa no mejoró y el Antiguo Régimen siguió siendo algo inacabado.

Las instituciones monárquicas, poco tiempo antes, habían recibido su estructuración última bajo Luis XIV: Luis XVI gobernaba con los mismos ministerios y los mismos consejos que sus antepasados. Pero si Luis XIV había llevado el sistema monárquico a un grado de autoridad jamás alcanzado, no había hecho, sin embargo, de este sistema una construcción lógica y coherente. La unidad nacional había progresado bastante en el siglo XVIII, progreso que había sido favorecido por el desarrollo de las comunicaciones y de las relaciones económicas, por la difusión de la cultura clásica, gracias a la enseñanza de los colegios y las ideas filosóficas, a la lectura, a los salones y a las sociedades intelectuales. Esta unidad nacional continuaba inacabada. Ciudades y provincias mantenían sus privilegios; el Norte conservaba sus costumbres, mientras que el Mediodía se regía por el Derecho romano. La multiplicidad de pesos y medidas, de peajes y aduanas interiores impedía la unificación económica de la nación y hacía que los franceses fuesen como extranjeros en su propio país. La confusión y el desorden continuaban siendo el rasgo característico de la organización administrativa: las circunscripciones judiciales, financieras, militares, religiosas se superponían y obstruían las unas a las otras.

Mientras las estructuras del Antiguo Régimen se mantenían en la sociedad y en el Estado, una «verdadera revolución de coyuntura» (para emplear la expresión de Ernest Labrousse) multiplicaba las tensiones sociales: crecimiento demográfico y alza de precios fueron las causas que, combinando sus efectos, agravaron la crisis.

El desarrollo demográfico de Francia en el siglo XVIII, especialmente a partir de 1740, es aún más importante, ya que sigue a un período de estancamiento. En realidad, fue pequeño. La población del reino puede calcularse en unos diecinueve millones de habitantes hacia finales del siglo XVII, y en unos veinticinco la víspera de la Revolución. Necker, en su Administración de las finanzas de Francia (1784), da la cifra de 24,7 millones, cifra que parece un poco corta. Tomando como base 25 millones, el aumento hubiera sido de seis millones de habitantes, teniendo en cuenta las variaciones regionales de un 30 a un 40 por 100. Inglaterra en esa época no contaba con más de nueve millones de habitantes (aumento de un 80 por 100 durante el transcurso del siglo). España, 10,5 millones. La natalidad en Francia continuaba siendo elevada; su nivel alcanzaba el 40 por 1000. No obstante, se manifestaba una cierta tendencia a reducir los nacimientos, particularmente en las familias aristocráticas. El censo de mortalidad variaba mucho de un año a otro, y en 1778 disminuyó a un 33 por 1000. La media de vida eran los veintinueve años poco antes de la Revolución. Esta pujanza demográfica marca especialmente la segunda mitad del siglo XVIII; proviene, sobre todo, de la desaparición de las grandes crisis del siglo XVII, que se debían a la falta de alimentación, al hambre y a las epidemias (como las del «gran invierno» de 1709). Después de 1741-1742, esas crisis del tipo de «hambre» tendieron a desaparecer; la natalidad, con sólo mantenerse, sobrepasaba la mortalidad y multiplicaba los hombres, especialmente en las clases populares y en las ciudades. El auge demográfico parece que fue provechoso más bien para las ciudades que para el campo. Había en 1789 unas sesenta ciudades con más de 10 000 habitantes. Si se clasifican en la categoría urbana las aglomeraciones de más de 2000 habitantes, la población de las ciudades puede valorarse aproximadamente en un 16 por 100. Este desarrollo demográfico aumenta la demanda de productos agrícolas y contribuye al alza de precios.

El movimiento de precios y rentas en Francia en el siglo XVIII se caracteriza por un alza secular, que va desde 1733 a 1817: la fase A, para emplear la terminología de Simiand, da lugar a una fase B, de depresión, que a partir del siglo XVII llegó hasta 1730. El movimiento de larga duración empezó hacia 1733 (la libra se estabilizó en 1726, no habiendo mutación monetaria alguna hasta la Revolución). El desarrollo, lento hasta 1758, se hizo violento desde 1758 a 1770 (la «edad de oro» de Luis XV); el alza se estabilizó, para volver a crecer de nuevo la víspera de la Revolución. Los cálculos de Ernest Labrousse sobre 24 mercancías y el índice de 100 tomado en el ciclo básico 1726-1741 dicen que el alza de larga duración media es de un 45 por 100 durante el período 1771-1789 y se eleva a un 65 por 100 para los años 1785-1789. El aumento es muy desigual según los productos; más importante para los alimenticios que para los fabricados, para los cereales más que para la carne: estas características son propias de una economía que ha permanecido esencialmente agrícola; los cereales ocupaban entonces un lugar importante en el presupuesto popular, su producción aumentaba poco, mientras que la población aumentaba rápidamente y la competencia de los granos extranjeros no podía intervenir. Durante el período de 1785-1789, el alza de precios es de 66 por 100 para el trigo, de 71 por 100 para el centeno y de un 67 por 100 para la carne; la leña bate todos los récords: un 91 por 100; el caso del vino es especial: 14 por 100: la baja en el beneficio vinícola es aun más grave, ya que bastantes comerciantes en vinos no producen cereales y han de comprar hasta su pan. Los textiles (29 por 100 para las mercancías de lana) y el hierro (30 por 100) se mantienen por debajo de la media.

Las variaciones cíclicas (ciclos 1726-1741, 1742-1757, 1758-1770,1771-1789) y las variaciones propias de las estaciones se superponen en un movimiento de larga duración acentuando el alza. En 1789, el máximo cíclico lleva el alza del trigo a un 127 por 100; la del centeno a 136 por 100. En lo que se refiere a los cereales, las variaciones propias de las estaciones, imperceptibles o casi, en período de abundancia, aumentan en los años malos; desde una recolección hasta la otra, los precios pueden aumentar de un 50 a un 100 por 100 e incluso más. En 1789, el máximo estacionario coincidió con la primera quincena de julio: llegó incluso a aumentar el trigo en un 150 por 100; el centeno, en un 165 por 100. La coyuntura se manifestó especialmente en el coste de vida: se pueden medir fácilmente las consecuencias sociales.

Las causas de esas fluctuaciones económicas son diversas. En lo que se refiere a las fluctuaciones cíclicas y estacionarias, y, por tanto, las crisis, las causas hay que buscarlas en las condiciones generales de la producción y en el estado de las comunicaciones. Cada región vive de sí misma, y la importancia de la recolección es la que regula el coste de vida. La industria, de estructura especialmente artesana y con exportación pequeña, queda subordinada al consumo interior y depende directamente de las fluctuaciones agrícolas. En cuanto al alza a largo plazo, provendría de la multiplicación de los medios de pago: la producción de metales preciosos aumentó considerablemente en el siglo XVIII, especialmente la del oro del Brasil y la plata mejicana. Se ha podido afirmar, por la tendencia de la inflación monetaria y el alza de precios, que la Revolución, en cierta medida, se había preparado en lo profundo de las minas mejicanas. El desarrollo demográfico contribuyó también por su parte al alza de los precios al multiplicar la demanda.

Así se manifestaba, por múltiples aspectos económicos, sociales y políticos, la crisis del Antiguo Régimen. Estudiarla nos lleva a trazar un cuadro de causas profundas y ocasionales de la Revolución y a establecer en principio lo que le dio su auténtica importancia en la historia de la Francia contemporánea.

CAPÍTULO I

LA CRISIS DE LA SOCIEDAD

En la sociedad aristocrática del Antiguo Régimen, el derecho tradicional distinguía tres órdenes o estados, el Clero y la Nobleza, estamentos privilegiados, y el Tercer Estado, que comprendía la inmensa mayoría de la nación.

El origen de los estamentos se remontaba a la Edad Media, en donde se hacía patente la diferencia entre aquellos que rezaban, los que combatían y los que trabajaban para que vivieran los demás. El estamento del clero era el más antiguo; tuvo desde un principio una condición especial regida por el derecho canónico. Más tarde se hizo necesario entre los laicos el grupo social de la nobleza. Quienes no eran ni clérigos ni nobles constituían la categoría de «artesanos», que dio lugar al nacimiento del Tercer Estado. Pero la formación de este tercer orden fue lenta. En un principio sólo figuraban los burgueses, es decir, los hombres libres de aquellas ciudades que gozaban de un fuero o una carta puebla. Los campesinos penetraron en el Tercer Estado cuando participaron por primera vez en 1484 en la elección de los diputados de este orden. Los órdenes se consolidaron poco a poco y se impusieron a la monarquía, aunque la distinción entre ellos convirtiose en una ley fundamental del reino, consagrada por la costumbre. Voltaire, en su Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1756), califica a los estamentos de legales y los define como «naciones dentro de la nación».

Los estamentos no constituían clases sociales en sí; cada uno de ellos estaba dividido en grupos más o menos antagónicos. Sobre todo la antigua estructura social fundada sobre el sistema feudal, el desprecio de las actividades manuales y las ocupaciones productoras, no estaban en absoluto en armonía con la realidad.

La estructura social francesa del Antiguo Régimen conservaba el carácter de su origen, de la época en que Francia había empezado a tomar forma, hacia los siglos X y XI. La tierra constituía entonces la única fuente de riqueza; quienes la poseían eran también los dueños de aquellos que la trabajaban, los siervos. A partir de entonces habían cambiado este orden primitivo una multitud de transformaciones. El rey había arrebatado a los señores los derechos de regalía, dejándoles, sin embargo, sus privilegios sociales y económicos, lo que les permitió conservar un lugar preeminente en la jerarquía social. El renacimiento del comercio a partir del siglo XI y el desarrollo de la producción artesana habían creado, no obstante, una nueva forma de riqueza, la riqueza mobiliaria, y al mismo tiempo una nueva clase social, la burguesía.

A finales del siglo XVIII esta última iba a la cabeza de la producción; proporcionaba los cuadros de la administración real y también los capitales necesarios para la marcha del Estado. La nobleza sólo tenía un papel parasitario. La estructura legal de la sociedad no coincidía con las realidades sociales y económicas.

I

DECADENCIA DE LA ARISTOCRACIA FEUDAL

La aristocracia constituía la clase privilegiada de la sociedad del Antiguo Régimen; abarcaba la nobleza y el alto clero.

Si la nobleza, como estamento, existía en 1789, había perdido, sin embargo, desde hacía tiempo los atributos del poder público como los había tenido en la Edad Media. Al precio de un gran esfuerzo, la monarquía capeta había vuelto a ejercer sus derechos de regalía: percibir el impuesto, hacer la leva de los soldados, acuñar moneda, hacer justicia. Después de La Fronda, la nobleza, vencida y en parte arruinada, fue domada. Los nobles conservaron el primer lugar en la jerarquía social hasta 1789; la nobleza constituía, después del clero, el segundo estamento del Estado.

La aristocracia no se confundía exactamente con los privilegiados; los curas y los religiosos de origen campesino no descollaban. La aristocracia era esencialmente la nobleza. El clero constituía un orden privilegiado, dividido en dos por la barrera social. Según Sièyes era, por otra parte, más que estamento una profesión. De hecho, el alto clero pertenecía a la aristocracia: obispos, abades, presbíteros, la mayoría de los canónigos; mientras que el bajo clero, es decir, los curas y los vicarios, casi todos plebeyos, pertenecían socialmente al Tercer Estado.

1. La nobleza: decadencia y reacción

Los efectivos de la nobleza pueden ser valorados aproximadamente en unas 350 000 personas, o sea, el 1,5 por 100 de la población del país. Pero hay que tener en cuenta los matices regionales. Después de ciertos registros del impuesto per cápita, o también según el número de electores nobles que habían participado en las operaciones electorales de 1789, la proporción de nobles en las ciudades variaba en más de un 2 por 100 o en menos de un 1 por 100: Evreux, + 2 por 100; Albi, − 1,5 por 100; Grenoble, − 1 por 100; Marsella, − 1 por 100.

La nobleza formaba el segundo estamento de la monarquía, pero era la clase dominante de la sociedad. Este adjetivo, por otra parte, ocultaba a finales del siglo XVIII una serie de elementos dispares, verdaderas castas hostiles entre sí. Todos los nobles poseían privilegios honoríficos, económicos y fiscales; derecho a espada, banco reservado en la Iglesia, decapitación en caso de ser condenado a muerte —en vez de ser ejecutado en la horca— y, sobre todo, exención de impuestos sobre las tierras, de trabajo en carreteras y de alojamiento de soldados, derecho a caza, monopolio de acceso a los grados superiores del ejército, a las dignidades de la Iglesia y a los altos cargos de la magistratura. Además, los nobles propietarios de un feudo percibían sobre los campesinos los derechos feudales (se podía, desde luego, ser noble sin poseer ningún feudo o ser un campesino y poseer un feudo noble, habiendo desaparecido toda conexión entre la nobleza y el sistema feudal). La propiedad territorial noble variaba según las regiones. Era especialmente fuerte en los países del Norte (22 por 100), en Picardía y en Artois (32 por 100),en los del Oeste (60 por 100), en los Mauges, en Borgoña (35 por 100), menos importante en el Centro, el Sur (15 por 100 en la diócesis de Montpellier) y el Sudeste. En conjunto, la nobleza venía a poseer, aproximadamente, la quinta parte de las tierras del reino.

Unidos sólo por los privilegios, los nobles mantenían entre sí diversas categorías, con intereses con frecuencia opuestos.

La nobleza de la Corte estaba compuesta por nobles que habían sido presentados a ella, unas 4000 personas que vivían en Versalles en torno del rey. Llevaban una vida muy lujosa gracias a las pensiones que les asignaba la prodigalidad real, los sueldos militares, las rentas de los impuestos de la Casa Real, las abadías en encomienda, es decir, que un eclesiástico secular o un laico nombrado por el rey percibían la tercera parte de la renta sin ninguna obligación por su parte, y no hablemos de los recursos que percibían de sus extensos dominios. La alta nobleza estaba, sin embargo, arruinada en parte; la mayor renta no llegaba para mantener su rango; la gran cantidad de servidumbre de que se rodeaban, el lujo de sus atavíos, el juego, las recepciones, las fiestas, los espectáculos, la caza, les exigían cada vez más dinero. La alta nobleza se endeudaba. Los matrimonios con ricas herederas de origen campesino no bastaban para sacarles de apuros. La vida mundana, en efecto, acercaba cada vez más a una parte de esta nobleza a las altas finanzas y a las ideas filosóficas: así en el salón de Mme. D’Epinay. Por sus costumbres, por sus ideas liberales, una parte de la alta nobleza empezó a alejarse de su clase social; esto en una época en que la jerarquía social parecía ser de lo más rígido. Este grupo de la nobleza liberal, aunque manteniendo sus privilegios sociales, se veía impulsado hacia la alta burguesía, con la que compartía ciertos intereses económicos.

La nobleza provinciana tenía una suerte menos brillante. Los gentiles hombres rurales vivían con sus campesinos y con frecuencia casi con las mismas dificultades. Su recurso principal, ya que estaba prohibido a los nobles, so pena de perder sus derechos, practicar alguna ocupación manual, incluso cultivar su propia tierra más allá de un cierto número de fanegas, dependía de que percibiesen los derechos feudales que estaban obligados a pagar los campesinos. Estos derechos, si eran percibidos en dinero según una tarifa establecida hacía varios siglos, constituían una débil ayuda teniendo en cuenta la constante disminución del poder adquisitivo del dinero y el aumento continuo del coste de vida. Así, muchos de los nobles de provincias vegetaban en sus casas de campo arruinados y odiados cada vez más por aquellos campesinos a quienes les exigían el pago de los derechos feudales. De este modo se formó, para emplear la expresión de Albert Mathiez, una verdadera plebe nobiliaria, que vivía replegada en su miseria, odiada por los campesinos, despreciada por los grandes señores que a su vez odiaban a los nobles de la Corte por las múltiples rentas que obtenían del tesoro real y a la burguesía de las ciudades por las riquezas que sus actividades productivas les permitían amasar.

La nobleza de toga estaba constituida desde que la monarquía desarrolló su aparato administrativo y judicial. Nació en el siglo XVI de la alta burguesía. Esta nobleza de oficio ocupaba todavía en el siglo XVII una posición intermedia entre la burguesía y la nobleza de espada; en el siglo XVIII tendía a confundirse con la última. A la cabeza estaban las grandes familias parlamentarias, que pretendían controlar el gobierno real y participar en la administración del Estado. Inamovibles (habían comprado sus cargos), se transmitían éstos de padres a hijos; los parlamentarios representaban una gran fuerza, con frecuencia en pugna con la realeza, pero profundamente vinculados a los privilegios de su casta y hostiles a toda reforma que les pudiese alcanzar. Los filósofos los atacaban violentamente.

La aristocracia feudal estaba en decadencia a finales del siglo XVIII. No cesaba de empobrecerse; la nobleza de la Corte se arruinaba en Versalles, la nobleza provinciana vegetaba en sus tierras. Por ello exigía con tanta premura la aplicación de sus derechos tradicionales, pues cada vez estaban más cerca de la ruina. Los últimos años del Antiguo Régimen se caracterizaron por una violenta reacción aristocrática. Políticamente, la aristocracia intentaba monopolizar todos los altos cargos del Estado, la Iglesia y el Ejército; en 1781, un edicto del rey reservó los grados del Ejército para aquellos que hiciesen la prueba de los cuatro cuarteles de nobleza. Económicamente, la aristocracia agravaba el sistema señorial. Por medio de los edictos de selección, los señores se atribuían la tercera parte de los bienes que pertenecían a las comunidades rurales. Con el restablecimiento de los títulos de señorío y sus rentas, los registros conteniendo la enumeración de sus derechos ponían en vigor antiguos derechos caídos en desuso y exigían con toda exactitud lo que les era debido. Por entonces los nobles empezaron a interesarse por las empresas de la burguesía, colocando sus capitales en las nuevas industrias, especialmente en las industrias metalúrgicas. Algunos aplicaban a sus tierras las nuevas técnicas agrícolas. En esta carrera por el dinero una parte de la alta nobleza se aproximaba a la burguesía, con la que compartía en cierta medida las aspiraciones políticas. Pero el conjunto de la nobleza provincial y la de la Corte no veía otra solución que mantener cada vez más estrictamente sus privilegios. Hostil a las ideas nuevas, sólo reclamaba a los Estados generales para que les devolviesen su primacía y sancionasen sus privilegios.

En resumen, la nobleza no constituía una clase social homogénea verdaderamente consciente de sus intereses colectivos. La monarquía era blanco de la oposición frondista de la nobleza parlamentaria, de la crítica de los grandes señores liberales y de los ataques de los hidalgos de provincias excluidos de las funciones políticas o administrativas y que soñaban con volver a la antigua constitución del reino, constitución que les hubiera costado trabajo precisar. La nobleza de provincias, abiertamente reaccionaria, se oponía al absolutismo. La nobleza de la Corte ilustrada se beneficiaba con los abusos del régimen, pidiendo a la vez que se reformase sin tener en cuenta que su abolición le traería el golpe de gracia. La clase dominante del Antiguo Régimen no estaba unida para defender el sistema que garantizaba su primacía. Frente a ella estaba el Tercer Estado en pleno: los campesinos, a quienes exasperaba el régimen feudal; los burgueses, que se irritaban ante los privilegios fiscales y honoríficos; el Tercer Estado, unido por su hostilidad común contra el privilegio aristocrático.

2. El clero, dividido

El clero, compuesto aproximadamente de 120 000 personas, se proclamaba como «la primera corporación del reino». Primero de los estamentos del Estado, poseía importantes privilegios políticos, judiciales y fiscales. Su poder económico estaba en lo que percibía por el diezmo y la propiedad territorial.

La propiedad territorial del clero era urbana y rural. Poseía numerosos inmuebles en las ciudades y por ellos percibía alquileres, cuyo valor se duplicó según transcurría el siglo. Para el clero regular la propiedad urbana era, al parecer, más importante que la propiedad rural; en las ciudades como Rennes, Ruán, los conventos poseían numerosos terrenos e inmuebles. La propiedad rural eclesiástica era más importante todavía. Es difícil hacer una valoración para el conjunto del país. Voltaire valoraba la renta que el clero obtenía de sus tierras en 90 millones de libras, Necker en 130, valoración sin duda más próxima a la realidad; pero lo cierto es que entonces se tenía tendencia a supervalorar las rentas territoriales del clero. La propiedad eclesiástica, generalmente, estaba dividida y se componía de propiedades aisladas, con un rendimiento mediocre como consecuencia, tal vez, de una mala administración y de un control lejano de los arrendatarios. Si se intenta, a base de estudios locales y regionales, valorar de una forma más precisa la propiedad territorial eclesiástica se comprobará que variaba de una a otra región, disminuyendo hacia el oeste (5 por 100 en los Mauges) y en el mediodía (6 por 100 en la diócesis de Montpellier). El porcentaje alcanzó a veces un 20 por 100 (el Norte, Artois, Brie), pero descendía por debajo de 1 por 100; se le puede valorar en un 10 por 100 como tipo medio: proporción importante si se tiene en cuenta la debilidad numérica del orden.

El diezmo constituía aquella parte correspondiente a los frutos de la tierra o de los rebaños que las ordenanzas 779 y 794 habían obligado a los propietarios de la tierra a dar a los beneficiarios. Era universal y pesaba sobre las tierras de la nobleza, sobre las propiedades personales de los clérigos y sobre las tierras de los campesinos. Variaba según las regiones y las recolecciones. El diezmo mayor pesaba sobre los cuatro granos más importantes (el trigo, el centeno, la cebada y la avena), el diezmo menor sobre los demás frutos. El impuesto del diezmo era siempre inferior a un 10 por 100; el tipo medio para los granos y para el conjunto del país parece situarse en una treceava parte. Es difícil valorar en conjunto la renta que el clero obtenía del diezmo. Se puede considerar en una valoración de unos 100-120 millones de libras; a éstas se añadían las rentas de la propiedad territorial, que venía a ser, aproximadamente, la misma suma.

Por el diezmo y las tierras el clero disponía, pues, de una parte considerable de la cosecha, que revendía. Con todo ello se aprovechaba de la subida de los precios y del alza de los arrendamientos; el valor del diezmo parece haber más que duplicado su valor durante el siglo XVIII. La carga de los diezmos, tan insoportable para los campesinos, lo era más, ya que frecuentemente se desviaban de su primitivo objetivo y, a veces, iban a parar a los laicos con el nombre de diezmos enfeudados.

Sólo el clero constituía un verdadero orden, provisto de una administración (agentes generales del clero y cámaras diocesanas) y sus tribunales (la curia). Cada cinco años se reunía la Asamblea, que se ocupaba de asuntos religiosos y de los intereses del estamento. Votaba una contribución voluntaria para subvenir a las cargas del Estado, el don gratuito, que constituía con las décimas, la única imposición del clero, un término medio de 3 500 000 libras por año, cifra mínima con relación a las rentas del estamento. Es cierto que el clero tenía la carga del Estado civil (registros de bautismos, matrimonios y sepulturas), de las asistencias y de la enseñanza. La sociedad laica dependía aún estrechamente del poder eclesiástico.

El clero regular (de 20 a 25 000 religiosos y, por término medio, unas 40 000 religiosas), tan floreciente en el siglo XVII, conoció, a finales del XVIII, una decadencia moral profunda y un gran desorden. En vano la Comisión de regulares, instituida en 1766, había intentado una reforma. En 1789 existían 629 abadías de hombres de encomienda y 115 regulares; 253 abadías de mujeres consideradas regulares; en resumen, casi todas las abadías regulares se debían al nombramiento real. El descrédito del clero regular se debía en parte a la importancia de sus considerables propiedades, cuyas rentas iban a los conventos despoblados y aún más a los abades encomenderos ausentes. Los mismos prelados eran muy severos para con el clero regular; según el arzobispo de Tours, en 1778, «la raza franciscana (de la Orden de San Francisco de Asís) está envilecida en provincias. Los obispos se quejan de la conducta crapulosa y desordenada de estos religiosos».

El relajamiento de la disciplina continuaba, en efecto. Muchos monjes adoptaban las nuevas ideas, leían a los filósofos. Eran los que iban a proporcionar una parte del clero constitucional, una parte incluso de los revolucionarios. La decadencia era menos sensible en las comunidades de mujeres, en especial las que se ocupaban de la enseñanza o asistencia: precisamente las que eran más pobres. Las abadías antiguas gozaban a veces de considerables rentas. Gran parte de las abadías eran por nombramiento del rey. Con frecuencia, el rey no dejaba las rentas de estas abadías a los propios monjes; las daba en encomienda a beneficiarios, eclesiásticos seculares e incluso laicos que no ejercían la función, pero que percibían la tercera parte de la renta.

El clero secular estaba expuesto también a una verdadera crisis. La vocación religiosa no se basaba, como en el pasado, en el fundamento único de la fe; la propaganda filosófica la había debilitado desde hacía tiempo.

En realidad el clero, aunque constituyese un estamento y poseyese una unidad espiritual, no formaba un conjunto socialmente homogéneo. En sus filas, como en el conjunto de la sociedad del Antiguo Régimen, se oponían nobles y campesinos, el bajo y el alto clero, la aristocracia y la burguesía.

El alto clero, obispos, abades y canónigos, se reclutaba cada vez de modo más exclusivo en la nobleza; entendía con esto que defendía sus privilegios, de cuyo beneficio el bajo clero quedaba generalmente excluido. Ni uno solo de los 139 obispos no era noble en 1789. La mayor parte de las rentas del estamento iba a los prelados; el fausto y la magnificencia de los príncipes de la Iglesia igualaba al de los grandes señores laicos: la mayor parte residían en la Corte y no se ocupaban demasiado de su obispado; el de Estrasburgo, cuyo titular era príncipe y landgrave, proporcionaba 400 000 libras de renta.

El bajo clero (50 000 curas y vicarios) conocía con frecuencia lo que eran verdaderas dificultades. Curas y vicarios, casi todos de origen campesino, no percibían más que la parte congrua (750 libras para los curas, 300 para los vicarios, desde 1786), que les dejaban los beneficiarios, eclesiásticos y, a veces, incluso, laicos, que percibían las rentas del curato sin ejercer los cargos. También los curas y los vicarios constituían frecuentemente la verdadera plebe eclesiástica, nacida del pueblo, que vivía con él y compartía su espíritu y sus aspiraciones. El ejemplo del bajo clero delfiniano es bastante significativo en este sentido. Más que en cualquier otra provincia, en el Delfinado apareció muy pronto la insurrección de los curas, que provocó la escisión del estamento clerical en las primeras reuniones de los Estados generales. Este espíritu de venganza se explicó por el número tan elevado de congruistas que habían sido dejados aparte por el alto clero y por el apoyo que hallaron cerca de los parlamentarios. Las dificultades materiales en las que se debatían curas y vicarios les llevaron a formular reivindicaciones temporales, que pronto llegaron al campo teológico. A partir de 1776 el futuro obispo constitucional de Grenoble, Henry Reymond, publicó un libro, inspirado por el richérisme[1] que establecía los derechos de los párrocos en la historia de los primeros siglos de la Iglesia, la tradición de los Concilios y la doctrina de los padres. En 1789, la memoria de cuestiones expuestas al Rey de los del Delfinado, aunque conservando un tono respetuoso para con los obispos, llevó estas ideas hasta sus conclusiones extremas, vinculando la suerte del bajo clero a la del Tercer Estado.

A pesar de esta actitud del bajo clero, no se puede olvidar que la sociedad del Antiguo Régimen, la Iglesia, había vinculado su suerte a la de la aristocracia. Esta última, pues, no había cesado, durante todo el transcurso del siglo XVIII, de cerrarse a medida que se agravaban sus condiciones de existencia. Frente a la burguesía se transformaba en casta: la nobleza de la espada, la nobleza de la toga, la alta Iglesia, se reservaba el monopolio de los cargos militares, judiciales o eclesiásticos, de los cuales se excluía a los rurales u hombres llanos. Y esto en el momento en que esta aristocracia se había convertido en algo puramente parasitario, que no justificaba en absoluto, por los servicios prestados al Estado o a la Iglesia, los honores y los privilegios que habían podido constituir en un momento dado una contrapartida legítima. La aristocracia se aislaba de la nación por su inutilidad, por sus pretensiones, por su obstinada despreocupación frente al bienestar general.

II

AUGE Y DIFICULTADES DEL TERCER ESTADO

El tercer estamento se denominaba, desde finales del siglo XV, con el nombre de Tercer Estado. Representaba a la inmensa mayoría de la nación, o sea, a más de 24 millones de habitantes, a finales del Antiguo Régimen. El clero y la nobleza ya estaban constituidos, antes que éste, desde hacía tiempo; pero la importancia social del Tercer Estado aumentó rápidamente, de aquí el papel de sus miembros en la nación y en el Estado. Desde principios del siglo XVII, Loyseau comprobó que el Tercer Estado tenía

«ahora mucho más poder y autoridad que antes. Son casi todos funcionarios de la justicia y de las finanzas, desde que la nobleza ha despreciado las letras y abrazado el ocio».

Sièyes ha hecho resaltar muy bien la importancia del Tercer Estado a finales del Antiguo Régimen, en su folleto tan famoso de 1789: ¿Qué es el Tercer Estado? A esta pregunta responde: Todo. Demuestra en su primer capítulo que el Tercer Estado es una nación completa:

«¿Quién se atrevería a decir que el Tercer Estado no tiene en sí todo lo que hace falta para constituir una nación completa? Es el hombre fuerte y robusto que todavía tiene un brazo encadenado. Si se quitase el estamento privilegiado, la nación no sería la cosa de menos, sino la cosa de más. Así, pues, ¿qué es el Tercer Estado? Todo, pero un todo obstaculizado y oprimido. ¿Qué sería sin el estamento privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede marchar sin él; todo iría infinitamente mejor sin los otros».

Sièyes termina diciendo:

«El Tercer Estado abarca todo cuanto pertenece a la nación, y todo cuanto no sea el Tercer Estado no puede considerarse como la nación».

El Tercer Estado comprendía a las clases populares de los campos y de las ciudades. Además, no es posible trazar un límite claro entre esas diversas categorías sociales, la pequeña y la mediana burguesía, compuestas esencialmente por artesanos y comerciantes. A estas clases medias se unían los miembros de las profesiones liberales: magistrados no nobles, abogados, notarios, profesores, médicos y cirujanos. De la alta burguesía salían los representantes de las finanzas y del comercio importante; en primer lugar estaban los armadores y financieros; los cobradores de impuestos generales y los banqueros. Arremetían contra la nobleza por la fortuna, aunque tenían la ambición de pertenecer a ella adquiriendo un cargo y un título nobiliario. Lo que más allá de esta diversidad social constituía la unidad del Tercer Estado, era la oposición a los privilegios y la reivindicación de la igualdad civil. Una vez adquirida esta última, la solidaridad de las diversas categorías sociales del Tercer Estado desaparecería: de aquí, el desarrollo de las luchas de clase bajo la Revolución. El Tercer Estado, que agrupaba también a todos los campesinos, constituía, pues, un estamento, pero no una clase; era una especie de entidad, de la que no se podía formar una idea exacta más que descomponiendo sus diversos elementos sociales.

1. Poder y diversidad de la burguesía

La burguesía constituía la clase preponderante del Tercer Estado; dirigió la Revolución y sacó provecho de ella. Ocupaba, por su riqueza y su cultura, el primer puesto en la sociedad, posición que estaba en contradicción con la existencia oficial de los estamentos privilegiados. Teniendo en cuenta su lugar en la sociedad y el lugar que ocupaba en la vida económica, se pueden distinguir diversos grupos: el de los burgueses, propiamente dichos, burguesía pasiva de rentistas que vivían del beneficio capitalizado o de las rentas de la propiedad territorial; el grupo de las profesiones liberales, de los hombres de leyes, de los funcionarios, categoría compleja y muy diversa; el grupo de artesanos y comerciantes, pequeña o mediana burguesía, vinculada al sistema tradicional de la producción y del cambio; el grupo de la gran burguesía de los negocios, categoría activa que vivía directamente del beneficio, el ala comercial de la burguesía. Con relación al conjunto del Tercer Estado, la burguesía constituía naturalmente una minoría, incluso abarcando el conjunto de los artesanos. Francia, a finales del siglo XVIII, continuaba siendo esencialmente agrícola y, para la producción industrial, un país de artesanos; el crédito estaba poco extendido, había un numerario escaso en circulación. Estas características repercutían en la composición social de la burguesía.

La burguesía de rentistas formaba un grupo económicamente pasivo, producto de la burguesía del comercio o de los negocios, viviendo del interés del capital. La burguesía se había enriquecido durante el transcurso del siglo; el número de rentistas no había dejado de aumentar. Por ejemplo, Grenoble, en donde la categoría de los rentistas (y de las viudas) se incrementaba constantemente: en 1773, los rentistas representaban el 21,9 por 100 del efectivo burgués; los hombres de leyes, el 13,8 por 100; los comerciantes, el 17,6 por 100; en 1789, la proporción de los comerciantes había disminuido en un 11 por 100, mientras que la de los rentistas se elevaba a un 28 por 100. En Tolosa esta burguesía de rentistas se componía aproximadamente de un 10 por 100 del conjunto. En Albi, la proporción disminuía en un 2 a 3 por 100. El grupo de los rentistas parecía haber englobado aproximadamente a un 10 por 100 del conjunto de la burguesía. Había, sin embargo, una gran diversidad en cuanto a la calidad del rentista. En El Havre, un historiador habla de «una burguesía envilecida por pequeños y minúsculos rentistas». En Rennes se vuelve a hallar al rentista muy elevado o muy bajo en la escala social. Rentista quería decir como una cierta clase de vida (vivir burguesamente), con múltiples niveles, según la extrema diversidad de las fortunas. También era muy diverso el origen de estas rentas, pues podía provenir de acciones en las empresas comerciales, rentas del Ayuntamiento (servicio de préstamos), alquileres urbanos, arrendamientos rurales. La propiedad territorial de la burguesía (bien entendido que se trata de la burguesía en su conjunto y no sólo de la burguesía de los rentistas) puede valorarse en un 12 a 45 por 100 de las tierras según las regiones: 16 por 100 en el Norte, 9 por 100 en Artois, 20 por 100 en Borgoña, más de un 15 por 100 en los Mauges, 20 por 100 en la diócesis de Montpellier. Concentrada alrededor de las ciudades, la compra de bienes raíces situados en lugares próximos a sus residencias urbanas constituía siempre la inversión favorita de los numerosos burgueses enriquecidos en el comercio.

La burguesía de las profesiones liberales formaba un grupo muy diverso en donde el Tercer Estado halló sus principales intérpretes. Incluso aquí ocurría que la ascendencia era con frecuencia comercial y el capital inicial provenía de estas ganancias. Los títulos de los cargos que no concedían nobleza se incluían en esta categoría; los cargos de justicia o finanzas, cuya dignidad se acompañaba de una función pública. Los funcionarios eran los propietarios de su cargo porque lo habían comprado. En primer lugar, estaban las profesiones liberales, propiamente dichas; las profesiones jurídicas eran muy numerosas: procuradores, oficiales, notarios y abogados de las múltiples jurisdicciones del Antiguo Régimen. Las demás profesiones liberales no constituían una cifra tan notable. Los médicos eran raros y no gozaban de gran consideración, salvo algunos cuantos que habían logrado la celebridad (Tronchin, Guillotin…). En las pequeñas ciudades se conocía, sobre todo, al farmacéutico o al cirujano que, hasta poco tiempo antes, era al mismo tiempo barbero. Los profesores tenían aún menos importancia, salvo algunos de ellos, que enseñaban en el Colegio de Francia o en las Facultades de Derecho o de Medicina. Eran poco numerosos, ya que la Iglesia tenía el monopolio de la enseñanza. La mayoría de los laicos que enseñaban eran maestros de escuela o preceptores. Por último, las gentes de letras y los nouvellistes (periodistas) eran relativamente numerosos en París (Brissot…). En Grenoble, en donde la existencia de un Parlamento daba lugar a la presencia de numerosos legisladores, abogados y procuradores, los juristas constituían un 13.8 por 100 del efectivo burgués. En Tolosa, también ciudad con Parlamento y cabeza de la administración provincial, los funcionarios titulares de los cargos de judicatura y finanzas no pertenecían a la nobleza, y los miembros de las profesiones liberales suponían del 10 al 20 por 100 del grupo. En Pau, con unos 9000 habitantes, 200 ejercían profesiones judiciales o liberales. Para el conjunto del país, se puede considerar el grupo de las profesiones liberales como de un 10 a un 20 por 100 de los efectivos de la burguesía. Las condiciones continuaban siendo muy variadas, como lo eran los honorarios o sueldos. Algunos se aproximaban a la aristocracia, otros permanecían en una situación media. Con un nivel de vida en general muy sencillo, de una cultura intelectual amplia, adepta y entusiasta de las ideas filosóficas, esta fracción de la burguesía, las gentes de leyes, en primer lugar, fueron quienes interpretaron el primer papel en 1789; fue la que proporcionó una gran parte de los revolucionarios.

La pequeña burguesía artesana y comerciante, como, por encima de ella, la burguesía de los negocios, vivía de los beneficios; estos estratos poseían los medios de producción y constituían aproximadamente los dos tercios de los efectivos de la burguesía. De abajo a arriba de esta clasificación, la diferenciación social se hacía por la disminución de la función del trabajo y el aumento de la del capital. Para el artesano y el comerciante, a medida que se iba descendiendo en la escala social, la parte del capital era cada vez menos importante y la renta provenía cada vez más del trabajo personal. De este modo se pasaba insensiblemente a las clases populares propiamente dichas. Esta categoría social estaba vinculada a las formas tradicionales de la economía, al pequeño comercio y al artesanado, caracterizados tanto por la dispersión de los capitales como de la mano de obra, diseminada por los talleres. La técnica era rutinaria; los utensilios, mediocres. Esta producción artesana tenía todavía una gran importancia. Las transformaciones de las técnicas de producción y de intercambio llevaban consigo una crisis de las formas tradicionales de la economía. El régimen corporativo se oponía a las concepciones del liberalismo económico y de la libre competencia. A finales del siglo XVIII, el descontento reinaba en la mayoría de los artesanos. Unos, veían que su condición empeoraba y que iban a quedar reducidos a la categoría de asalariados; otros, temían que les saliesen competidores que les arruinasen. Los artesanos eran generalmente hostiles a la organización capitalista de la producción; eran partidarios, no de la libertad económica, como la burguesía de los negocios, sino de la reglamentación. Para juzgar su estado de espíritu hay que considerar las variaciones de sus rentas; se matizaban según la parte de trabajo y de capital. Para los comerciantes-artesanos el alza de la renta correspondía a la subida de precios: en el siglo XVIII, bastantes hijos de taberneros llegaban a la curia (pasantes de procuradores, secretarios-escribanos) y a las profesiones liberales. Los artesanos-comerciantes, que producían para la clientela, se beneficiaban también de la subida de precios: sus productos aumentaban. En cuanto a los artesanos, trabajadores del artesanado dependiente, vivían esencialmente de un salario (la tarifa) y eran víctimas de la separación, cada vez mayor, entre la curva de los precios y la de los salarios: incluso si su salario nominal aumentaba, su poder de compra disminuía. Estos artesanos dependientes padecían la disminución general de la renta que caracterizó a las clases populares urbanas a finales del Antiguo Régimen. La crisis movilizó a los diversos grupos de artesanos que proporcionaban los cuadros de los sans-culottes (desarrapados) urbanos. Pero la diversidad de intereses les impidió formular un programa social coherente. De aquí, algunas de las peripecias de la historia de la Revolución, particularmente en el año II.

La gran burguesía de los negocios era una burguesía activa, que vivía directamente del beneficio: la clase de los empresarios, en el sentido amplio del término, la clase de los «jefes de empresa», según Adam Smith. También abarcaba, según sus actividades, diversas categorías que variaban con los factores geográficos y el pasado histórico.

La burguesía de las finanzas ocupaba el primer lugar. Cobradores de impuestos que se asociaban para tomar en arrendamiento, cada seis años, la percepción de los impuestos indirectos, los banqueros, los proveedores del ejército y los funcionarios de las finanzas, constituían una verdadera aristocracia burguesa, con frecuencia unida a la aristocracia de nacimiento. Su papel social era inmenso, actuaban de mecenas, protegían a los filósofos. Lograban grandes fortunas gracias a la percepción de impuestos indirectos, a los préstamos al Estado, a la aparición de las primeras sociedades por acciones. La dureza de los impuestos cobrados por designación real los hizo impopulares; en 1793 los cobradores de impuestos por concesión real fueron enviados al patíbulo.

La burguesía del comercio era especialmente floreciente en los puertos marítimos. Burdeos, Nantes, La Rochelle, se enriquecían con el comercio de las islas, las Antillas, Santo Domingo, sobre todo. De estas islas llegaba azúcar, café, añil, algodón; el tráfico de la madera de ébano les proporcionaba esclavos negros, siendo la trata de negros una fuente grande de ingresos. En 1768, el comercio de Burdeos se consideraba capaz de proporcionar a las islas de América, aproximadamente, la cuarta parte de la importación anual de negros de trata francesa. Este mismo puerto de Burdeos, en 1771, importaba por valor de 112 millones de libras de café, 21 millones de añil, 19 millones de azúcar blanca y 9 millones de libras de azúcar en bruto. Marsella se había especializado en el comercio de Levante, en el cual Francia ocupaba el primer lugar. De 1716 a 1789 el comercio se cuadriplicó. De este modo se amasaron en los puertos y en las ciudades comerciales grandes fortunas; aquí se reclutaron los jefes del partido vinculado a la primacía de la burguesía, monárquicos constitucionales, después girondinos. Estas riquezas amasadas servían a la burguesía para adquirir tierras, signo de superioridad social en esta sociedad todavía feudal, y también para financiar la gran industria naciente. El auge comercial precedía al desarrollo industrial.

La burguesía manufacturera apenas si se separaba de la del comercio. Durante largo tiempo, la industria (se decía la fábrica o la manufactura) no había sido más que un anexo del negocio: el negociante proporcionaba a los artesanos que trabajaban en su domicilio la materia prima, recibiendo el producto fabricado. La industria rural, muy desarrollada en el siglo XVIII, tenía esta forma: millares de campesinos trabajaban para los negociantes de las ciudades. La gran producción capitalista se manifestaba en las nuevas industrias exigiendo un utensilio costoso. La concentración industrial empezaba a esbozarse. En el campo de la industria metalúrgica se constituían grandes empresas en Lorena, en el Creusot (1787). La Creusot, sociedad por acciones, poseía un utillaje de perfeccionado: máquinas de fuego, ferrocarriles de caballos, cuatro altos hornos, dos grandes fraguas: la taladradora era la más importante de todas las fundiciones similares de Europa. Dietrich, el rey del hierro de entonces, iba a la cabeza de un grupo industrial, el más poderoso de Francia; sus fábricas, en Niederbronn, reunían más de 800 obreros; poseía empresas en Rothau, Jaegerthal, Reischoffen. Los privilegiados contrabandeaban todavía una parte importante de la producción siderúrgica, los gentileshombres no perdían nada imponiendo su ley a la forja. Por ejemplo, los Wendel, en Charleville, Hamburgo, Hayange. La industria hullera se renovaba también. Se constituían sociedades por acciones, permitiendo de este modo que la explotación fuese más racional y la concentración de numerosos obreros; la Compañía de minas de Anzin, fundada en 1757, daba trabajo a 4000 obreros. A finales del Antiguo Régimen se esbozaban ciertos rasgos de la gran industria capitalista.

El ritmo y el crecimiento industrial, estudiado por Pierre Léon durante el período de 1730-1830, el siglo XVIII industrial, era tan diverso como las regiones y más todavía según los sectores de producción.

Sectores de crecimiento lento: las industrias de base, los textiles tradicionales, algodón, telas de lino y cáñamo. El desarrollo de la producción para el conjunto de Francia, en el transcurso del siglo, había sido relativamente débil: un 61 por 100. Teniendo en cuenta los matices regionales, el Languedoc había visto crecer su producción en un 143 por 100, de 1703 a 1789, y las generalidades de Montauban y de Burdeos, en un 109 por 100 en esas mismas fechas. La Champaña acusaría un crecimiento de un 127 por 100, de 1629 a 1789; el Berry, en un 81 por 100; el Orleanesado, un 45 por 100; Normandía, un 12 por 100 sólo en esos mismos límites cronológicos. Auvernia y Poitou habían quedado estacionados; ciertas provincias habían tendido a disminuir, como el Lemosín (-18 por 100) y la Provenza (-36 por 100).

Sectores de crecimiento rápido: las «nuevas» industrias vivificadas por una técnica de progreso y por importantes inversiones, la industria del carbón, la metalúrgica, los nuevos textiles. En la industria del carbón, y teniendo en cuenta el carácter aproximado de las estadísticas, Pierre Léon valora el aumento de la producción de un 7 a un 800 por 100; en Anzin, en donde se dispone de series continuas, el coeficiente de crecimiento de la producción asciende, de 1744 a 1789, a 681 por 100. En la metalurgia, el crecimiento es poco hasta la Revolución; después se acelera, pero desciende a partir de 1815. Así la producción de las fundiciones acusa un crecimiento de un 72 por 100, de 1738 a 1789, pero de 1100 por 100, de 1738 a 1811. En cuanto al algodón y a las telas estampadas, industrias nuevas, las cifras globales no sirven; la región de Ruán da para las primeras un crecimiento de 107 por 100, de 1732 a 1766, mientras que las cifras para las telas de indianas mulhusianas aumentan a un 738 por 100, de 1758 a 1786. La industria antigua se aprovecha de la prosperidad nacional, y la sedería tiene todo el aspecto de una industria nueva: en Lyon el número de oficios crece en un 185 por 100, de 1720 a 1788; en el Delfinado, la producción de las sedas torzales en un 400 por 100 (en peso), de 1730 a 1767.

Por muy importante que haya sido la expansión de la industria francesa, la influencia del desarrollo industrial sobre el crecimiento económico general del país, parece fue relativamente pequeña. En lo que respecta a la agricultura, pudo provocar, según el desarrollo de la industria, por elevación de la renta territorial, el crecimiento de la renta agrícola, que lleva consigo importantes inversiones en las empresas industriales. En cuanto al comercio, el crecimiento industrial no dejó de influir sobre su estructura. De 1716 a 1787 el aumento de las exportaciones de productos fabricados fue de 221 por 100 (desarrollo global de las exportaciones francesas: 298 por 100). Excepción hecha del comercio colonial, la parte de las materias primas industriales en las importaciones pasaba en esas mismas fechas de 12 a 42 por 100.

El espectáculo de esta actividad económica dio a los hombres de la burguesía conciencia de clase y les hizo que se opusieran irremediablemente a la aristocracia. Sièyes, en su folleto, define al Tercer Estado por los trabajos particulares y las funciones públicas que asume: el Tercer Estado es toda la nación. La nobleza no sabe formar parte de él, no entra en la organización social; permanece inmóvil en medio del movimiento general, devora «la mayor parte del producto, sin haber contribuido en absoluto a su nacimiento…Una clase social semejante es, con toda seguridad, extraña a la nación, por su desidia».

Barnave fue más agudo. Había sido educado, es cierto, en medio de esta actividad industrial, que, si damos fe al inspector de las fábricas Roland, según escribía en 1785, hacía del Delfinado, por la variedad, la densidad de las empresas y la importancia de la producción, la primera provincia del reino. En su Introduction á la Révolution française, escrita después de la separación de la Asamblea constituyente, Barnave, estableciendo el principio de que la propiedad influye sobre las instituciones, afirma que las creadas por la aristocracia territorial obstaculizan y retrasan el advenimiento de la era industrial:

«Desde el momento en que las artes y el comercio penetran en el pueblo y crean un nuevo medio de riqueza en beneficio de la clase trabajadora, se prepara una revolución en las leyes políticas; una nueva distribución de la riqueza produce una nueva distribución del poder. Lo mismo que la posesión de tierras ha elevado a la aristocracia, la propiedad industrial eleva el poder del pueblo».

Barnave habla de pueblo donde nosotros entendemos burguesía Esta se identificaba con la nación. La propiedad industrial, o más bien inmueble, lleva consigo el advenimiento político de la clase que la detenta. Barnave afirmaba con toda claridad el antagonismo de la propiedad territorial y de la propiedad inmobiliaria, y de las clases que se fundaban en ellas. La burguesía comercial e industrial tenía un sentido muy agudo de la evolución social y del poder económico que representaba. Llevó, con una conciencia segura de sus intereses, la Revolución a su término.

2. Las clases populares urbanas: el pan cotidiano

Estrechamente vinculadas a la burguesía revolucionaria por odio a la aristocracia y al Antiguo Régimen, cuyo peso habían soportado, las clases populares urbanas no dejaban de estar menos divididas en diversas categorías, y su comportamiento no fue uniforme durante el transcurso de la revolución. Aunque todas se habían enfrentado hasta el final contra la aristocracia, las actitudes habían variado respecto de aquellas sucesivas fracciones de la burguesía que fueron a la cabeza del movimiento revolucionario.

A la masa que trabajaba con sus brazos y que producía se le denominaba, desdeñosamente, pueblo. Este adjetivo se lo daban sus dueños, aristócratas o grandes burgueses. De hecho, de la burguesía media, para emplear la terminología actual, al proletariado, los matices eran muy numerosos, así como los antagonismos. Se ha citado con frecuencia la frase de la mujer de Lebas, de la Convención, hija del carpintero Duplay (entiéndase «empresario en carpintería»), huésped de Robespierre, según la cual su padre, preocupado por su dignidad burguesa, no había admitido nunca en su mesa a uno de sus servidores, es decir, de sus obreros. Así se medía la distancia que separaba a los jacobinos y los sans-culottes (desarrapados) de la pequeña o mediana burguesía y de las clases populares propiamente dichas.

¿Dónde estaban los límites de unas y otras? Es difícil, si no imposible, precisarlos. En esta sociedad, con preponderancia aristocrática, las categorías sociales englobadas bajo el término general de Tercer Estado no estaban claramente delimitadas; la evolución capitalista se encargó de precisar los antagonismos. La producción artesana que dominaba aún y el sistema de comercio a base de cambios llevaba a cabo traslaciones apenas perceptibles del pueblo a la burguesía.

El artesanado dependiente se situaba en el límite de las clases populares y de la pequeña burguesía: artesano tipo obrero lionés de la seda, remunerado al arbitrio del negociante-capitalista que proporcionaba la materia prima y comercializaba el producto fabricado. El artesano trabajaba en su casa, sin la vigilancia del negociante; los útiles de trabajo generalmente le pertenecían; con frecuencia contrataba a compañeros suyos, y entonces venía a ser como un pequeño patrono. Pero en realidad, económicamente este artesano no era más que un asalariado del comerciante acaudalado. Esta estructura social y la dependencia de estos artesanos con relación a la tarifa fijada por los negociantes dan idea de las complicaciones de Lyon en el siglo XVIII y en especial de los motines de los obreros de la seda en Lyon, en 1744, que obligaron al intendente a meter al ejército en la ciudad.

Hay que distinguir, por otra parte, los obreros del grueso de los oficios (producción artesana), de los de las manufacturas y la gran industria naciente, bastante menos numerosos.

Los oficiales y aprendices agrupados en las corporaciones permanecían bajo la estrecha dependencia económica e ideológica de los dueños. En los oficios de tipo artesano, el taller familiar constituía una célula autónoma de producción: de aquí, un cierto tipo de relaciones sociales. Sin que fuese una regla absoluta, no solamente los aprendices, sino los oficiales (uno o dos habitualmente), vivían bajo el techo del dueño, «con pan, olla, cama y casa». Esta costumbre continuaba todavía en vigor en muchos oficios cuando estalló la Revolución. En la medida en que tendía a desaparecer, traía consigo también la desunión de los dueños y trabajadores y la disociación del mundo tradicional del trabajo, acentuado por el aumento progresivo del número de trabajadores.

Los obreros de las manufacturas podían subir fácilmente los diversos escalones de su situación laboral; no se les exigía ningún aprendizaje regular, pero estaban sometidos a la disciplina más estricta de los reglamentos en los talleres; les era difícil dejar a su patrono; era necesario que presentasen un despido por escrito; en 1781, la obligación de la cartilla de trabajo establecida para todo asalariado. La importancia numérica de este grupo de asalariados urbanos que anunciaba el proletario del siglo XIX no debe exagerarse.

El asalariado de clientela constituía el grupo tal vez más importante de las clases populares urbanas: periodistas, jardineros, comisionistas, aguadores, leñadores, recaderos, que hacían recados o pequeños trabajos. A esto hay que añadir el personal doméstico de la aristocracia o de la burguesía (criados, cocineros, cocheros…), especialmente numeroso en ciertos barrios de París, como el de Saint-Germain. Y durante la estación mala, los campesinos que venían a ofrecer sus servicios en la ciudad; así en París, los limosinos, que eran numerosos desde el otoño a la primavera en los oficios de albañilería.

Las condiciones de existencia de las clases populares urbanas se agravaron en el siglo XVIII. El aumento de la población en las ciudades y la subida de los precios contribuyó al desequilibrio de los salarios con relación al coste de vida. Hubo en la segunda mitad del siglo una tendencia a la depauperación de las clases asalariadas. Para la artesanía, las condiciones de vida de los oficiales no se diferencian demasiado de las de los patronos; eran simplemente inferiores. La jornada de trabajo era, en general, desde el alba a la noche. En Versalles, en multitud de talleres, el trabajo duraba, durante el buen tiempo, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche. En París, en la mayoría de los oficios, se trabajaba dieciséis horas; los encuadernadores e impresores, cuya jornada no pasaba de catorce horas, estaban considerados como privilegiados. El trabajo, es cierto, era menos intenso que ahora, con un ritmo más lento; las fiestas religiosas, en las que no se trabajaba, eran relativamente numerosas.

El problema esencial de la clase popular era el del salario y su poder adquisitivo. Las desigualdades de la subida de precios alcanzaban de muy diversas maneras a las clases de la población, según estuviese constituido su presupuesto. Los cereales aumentaban más que todo lo demás; el pueblo fue quien más padeció, debido al aumento de población, sobre todo en las categorías sociales inferiores, y a la importancia del pan en la alimentación del pueblo. Para fijar un índice del coste de vida del pueblo es necesario determinar, aproximadamente, la proporción entre las diversas categorías de gastos; para el siglo XVIII, E. Labrousse atribuye al pan la mitad de la renta popular (como mínimo); un 16 por 100, a las legumbres, al tocino y al vino; un 15 por 100, al vestido; un 5 por 100, a la calefacción; un 1 por 100, al alumbrado. Aplicando los índices de larga duración al precio de cada uno de estos diferentes artículos, E. Labrousse termina diciendo que, con relación al período de descenso, comprendido de 1726 a 1741, el coste de la vida aumentó en un 45 por 100 durante el ciclo 1771-1789, y un 62 por 100 durante los años 1785-1789. Así, las variaciones, según las estaciones, introducían efectos desastrosos. Las vísperas de 1789, la parte de pan en el presupuesto popular constituía un 58 por 100, como consecuencia de la subida general; en 1789 llegó hasta un 88 por 100; no quedaba más que un 12 por 100 de renta para los demás gastos. El alza de los precios no influía sobre las categorías sociales acomodadas; a los pobres los abrumaba.

Los salarios variaban, naturalmente, según los oficios y las ciudades. Los especializados de las ciudades podían ganar 40 céntimos. El término medio no pasaba de 20 a 25 céntimos, en los textiles especialmente. Hacia finales del reinado de Luis XIV, Vauban estimaba que el salario medio era de 15 céntimos. Los salarios eran estables hasta la mitad del siglo XVIII. Una encuesta de 1777 valoraba el salario medio en 17 céntimos. Puede considerársele en unos 20 céntimos hacia 1789. La libra de pan costaba 2 céntimos en los años prósperos; el poder de compra del obrero medio representaba, pues, hacia finales del Antiguo Régimen, diez libras de pan. El problema está en saber si el movimiento de los salarios niveló la incidencia de la subida de precios sobre el coste de la vida popular, o si la agravó. Partiendo del período de base, 1726-1741, las series estadísticas constituidas por E. Labrousse dan cuenta de un aumento de los salarios de un 17 por 100 para el período 1771-1789; pero casi en la mitad de los casos (si se trata de series locales), el alza de salarios no llega a un 11 por 100. Con relación a los años 1785-1789, el alza de los precios fue de un 22 por 100; sobrepasó el 26 por 100 en tres generalidades. El alza de salarios varió según las profesiones; para la construcción fue de un 18 por 100 (1771-1789), y de 24 por 100 (1785-1789); para el jornalero agrícola, 12 por 100 y 16 por 100; los textiles parecen quedarse a medio camino. La subida de salarios, en larga duración, fue muy débil con relación a la de los precios (48 por 100 y 65 por 100); los salarios siguieron a los precios sin lograr alcanzarlos. Las variaciones cíclicas y estacionarias en los salarios agravaron la separación, teniendo en cuenta que estaban en sentido inverso a las de los precios. En efecto, en el siglo XVIII, la excesiva carestía provocó el paro, la escasez de la recolección redujo las necesidades de los campesinos. La crisis agrícola llevó consigo la crisis industrial. La parte considerable de pan en el presupuesto popular disminuía la de las demás compras, cuando su precio subía.

Comparando la subida del salario nominal con la del coste de vida, se verá que el salario real disminuyó en lugar de aumentar. E. Labrousse estima que, tomando la base de 1726-1741, la diferencia es menos de una cuarta parte para los años 1785-1789; si se tiene en cuenta las subidas cíclicas y estacionarias de los precios, la diferencia se eleva a más de la mitad. Como las condiciones de vida de esa época exigían que la reducción se hiciese esencialmente sobre las mercancías alimenticias, el período de subida del siglo XVIII llevó consigo un aumento de la miseria para las clases populares. Las fluctuaciones económicas tuvieron consecuencias sociales y económicas importantes: el hambre movilizó a los sans-culottes.

La agravación de las condiciones de existencia populares no escapó a los observadores y teóricos de la época. El primero, Turgot (sus Réflexions sur la formation et la distribution des richesses datan de 1766), fue quien formuló la ley del bronce de los salarios: según la naturaleza de las cosas, el salario del obrero no podía sobrepasar lo que consideraba mínimo para su conservación y reproducción.

A pesar de los conflictos sociales entre las masas populares y la burguesía, aquéllas se enfrentan, sobre todo, con la aristocracia. Artesanos, tenderos y obreros a sueldo tenían sus resentimientos contra el Antiguo Régimen, odiaban a la nobleza. Este antagonismo esencial se fortalecía por el hecho de que muchos de los trabajadores de la ciudad tenían un origen campesino y conservaban sus vinculaciones con el campo. Detestaban al noble, por sus privilegios, por su riqueza territorial, por los derechos que percibía. En cuanto al Estado, las clases populares reivindicaban sobre todo el aligeramiento de las cargas fiscales, especialmente la abolición de los impuestos indirectos y de las concesiones, de donde las municipalidades sacaban lo más florido de sus rentas —en esto aventajaban a los ricos—. Respecto de las corporaciones, la opinión de los artesanos y de los obreros a sueldo estaba lejos de ser unánime. Políticamente, por último, tendían, oscuramente, hacia la democracia.

Pero la reivindicación esencial del pueblo estaba en el pan. Lo que en 1788-1789 hizo a las masas populares extraordinariamente sensibles en el plano político fue la gravedad de la crisis económica, que hacía su existencia cada vez más difícil. En la mayoría de las ciudades, los motines de 1789 tenían como origen la miseria. Su primer resultado fue la disminución del precio del pan. Las crisis en la Francia del Antiguo Régimen eran esencialmente agrícolas; se producían, generalmente, por una sucesión de cosechas mediocres o claramente deficientes; los cereales padecían entonces una subida considerable. Muchos campesinos, pequeños productores o no, tenían que comprar sus granos: su poder adquisitivo disminuía; la crisis agrícola repercutía sobre la producción industrial. En 1788, la crisis agrícola fue la más violenta de todo el siglo; en el invierno apareció la penuria; la mendicidad, debida al paro, se multiplicó; estos desocupados hambrientos constituyeron uno de los elementos de las masas revolucionarias.

Ciertas categorías sociales se aprovecharon de la subida del grano: el propietario, a quien se le pagaba en especie; el diezmero, el señor, el comerciante, todos pertenecían precisamente a la aristocracia, al clero, a la burguesía, es decir, a las clases dirigentes. Los antagonismos sociales se encontraban reforzados, como también la oposición popular contra las autoridades y el Gobierno; éste fue el origen de la leyenda del pacto del hambre; la sospecha recaía contra los responsables del abastecimiento de las ciudades, municipalidades y Gobierno; el propio Necker fue acusado de favorecer a los molineros.

De esta miseria y de esta mentalidad nacieron las emociones y las revueltas. El 28 de abril de 1789, en París, estalló un motín, el primero, contra un fabricante de papeles pintados, Réveillon, y un fabricante de salitre, Hanriot, acusados de haberse manifestado en una asamblea electoral con palabras imprudentes respecto de la miseria del pueblo. Réveillon parece haber dicho que un obrero podía muy bien vivir con 15 céntimos. Hubo una manifestación el 27 de abril; el 28, las dos casas fueron saqueadas; el jefe de policía hizo salir al ejército; los amotinados se resistieron. Hubo muertos. Los motivos económicos y sociales de esta primera jornada revolucionaria son evidentes; no era un motín político. Las masas populares no tenían puntos de vista precisos sobre los acontecimientos políticos. Fueron más bien móviles de tipo económico y social los que les pusieron en acción. Pero estos motines populares tuvieron a su vez consecuencias políticas, aunque no fuese más que la de conmover al poder.

Para resolver el problema de la penuria y de la carestía de las subsistencias, el pueblo estimaba que lo más sencillo era recurrir a la reglamentación y aplicarla con rigor, sin retroceder ante la requisa y el impuesto. Sus reivindicaciones en materia económica se oponían a las de la burguesía que, en este sentido como en otros, reclamaba la libertad. Estas reivindicaciones explican, en último examen, la irrupción del pueblo en la escena política de julio de 1789, mientras que las contradicciones en el seno del Tercer Estado dan idea de ciertas peripecias, especialmente del intento democrático del año II.

3. El campesinado: unidad real, antagonismos latentes

Al final del Antiguo Régimen, Francia continuaba siendo un país esencialmente rural; la producción agrícola dominaba la vida económica. De ahí la importancia del problema campesino durante la Revolución.

En primer lugar, la importancia de los campesinos en el conjunto de la población francesa. Si se tiene en cuenta la cifra de 25 millones de habitantes en 1789, y si se valora la población urbana en un 16 por 100 aproximadamente, la población rural constituye una gran masa, seguramente más de 20 millones. En 1846, fecha en que los empadronamientos dieron el estado de la relación población rural-población urbana, representaba todavía la población rural el 75 por 100 del total.

En segundo lugar, la importancia que tuvieron los campesinos en la historia de la Revolución. No hubiera podido tener éxito la Revolución y la burguesía aprovecharlo si las masas de campesinos hubieran permanecido pasivas. El motivo esencial de la intervención de los campesinos en el transcurso de la Revolución fue el problema de los derechos señoriales y de las supervivencias de feudalismo; esta intervención llevó consigo la abolición radical, aunque gradual todavía, del régimen feudal. El Gran Miedo nació, en gran parte, la noche del 4 de agosto. La adquisición de los bienes nacionales vinculó, por otro lado, y de modo irremediable, al nuevo orden, a los campesinos propietarios.

Al terminar el Antiguo Régimen, los campesinos franceses poseían tierras. Con esto se oponían a los siervos sujetos a ciertos servicios corporales de Europa central y oriental y a los jornaleros ingleses, libres, aunque reducidos a vivir de su salario, desde que los campesinos ingleses habían sido expropiados a partir del movimiento de los cercados. Aún está por averiguar qué parte de tierra poseían los campesinos: para Francia, en general, no se pueden formular conjeturas. También está por considerar el problema de la explotación: la propiedad territorial y la explotación rural, que constituyen dos problemas diferentes, pero unidos; el régimen de explotación podía, en cierta medida, corregir para los inconvenientes resultantes del reparto de la propiedad territorial.

La propiedad campesina variaba, según las regiones, de un 22 a un 70 por 100 del conjunto del territorio. En las tierras, ricas en trigo o pastoreo, del Norte, Noroeste y Oeste, era débil; un 30 por 100, en el Norte; un 18 por 100, en los Mauges; un 22 por 100, en las llanuras de la diócesis de Montpellier. Los campesinos eran, por el contrario, importantes en las regiones que primitivamente fueron arboledas o bosques, y en las montañas en donde la roturación de la tierra había quedado abandonada a la iniciativa individual. Era mínima, en cambio, en aquellas regiones en donde la preparación del terreno (el desecamiento, por ejemplo) había exigido importantes trabajos para dejar la tierra en condiciones, o en los alrededores de aquellas ciudades en que los privilegiados y los burgueses habían acabado las tierras. Si la proporción total de la propiedad campesina parece bastante importante (aproximadamente un 35 por 100), la parte correspondiente a cada campesino era mínima, teniendo en cuenta la importancia numérica de la población rural; para muchos campesinos esta parte era nula. El campesinado francés del Antiguo Régimen era, generalmente, un propietario parcelario; los campesinos sin tierras, más numerosos todavía, constituían un proletariado rural.

La clase campesina era muy variable: los dos grandes factores de su diversidad eran, de una parte, la condición jurídica de las personas; de otra, el reparto de la propiedad y la explotación territorial.

Desde el primer punto de vista se distinguía a los siervos y a los campesinos libres. Si la gran mayoría de los campesinos era libre desde hacía tiempo, los siervos eran, no obstante, numerosos, un millón aproximadamente, en el Franco-Condado, en Nivernais. Sobre los siervos pesaba la mano-muerta: los hijos no podían heredar los bienes paternos salvo que pagasen al señor importantes derechos. En 1779, Necker había abolido la mano-muerta en el patrimonio real y, en todo el reino, el derecho de continuidad, que permitía al señor reivindicar sus derechos respecto de los siervos fugitivos.

Entre los campesinos libres, los trabajadores manuales o braceros, jornaleros agrícolas, formaban un proletariado rural cada vez más numeroso. La proletarización de las capas inferiores de la población campesina se acentuó a finales del siglo XVIII, como consecuencia de la reacción señorial y la agravación de los impuestos feudales y reales; en el campo de Dijon, en Bretaña, el número de obreros manuales dobló en un siglo, con detrimento de los pequeños cultivadores propietarios. A pesar de la subida de salarios nominales, las condiciones de existencia de esos propietarios rurales se agravaban por la subida, más importante todavía, de los precios.

Muy cerca de esos proletarios rurales, un gran número de pequeños campesinos no tenían para vivir más que una tierra insuficiente, bien en propiedad, bien en arrendamiento; tenían que encontrar recursos complementarios en el trabajo asalariado en la industria rural. Los propietarios eclesiásticos, nobles o burgueses, explotaban raramente sus tierras, las cedían en arriendo o, caso más frecuente, en régimen de aparcería, es decir, compartiendo los frutos con el cultivador. Las parcelas estaban con frecuencia separadas y se las arrendaba independientemente; de manera que los jornaleros podían procurarse alguna ganancia y los pequeños propietarios redondear su explotación. Los colonos constituían, entre los campesinos parcelarios, el grupo más numeroso: los dos tercios o los tres cuartos de Francia estaban arrendados. Dominaban en el sur del Loira, especialmente en las regiones del Centro (Sologne, Berry, Lemosín, Auvernia…), del Oeste (afectaba aproximadamente a la mitad de las tierras arrendadas en Bretaña) y del Sudoeste. Más raros en el norte del Loira, se centraban particularmente en Lorena. La aparcería era el modo de explotación de las regiones más pobres, aquellas en que los campesinos no tenían ni ganado en aparcería ni créditos o adelantos.

En los países de gran cultivo, en las llanuras de cereales de la cuenca parisina, por ejemplo, los arrendadores de cosechas importantes acaparaban, con mucha frecuencia, en detrimento de los jornaleros y de los pequeños campesinos, todas las tierras en arrendamiento: verdadera «burguesía rural», que desencadenó contra ella el odio y la cólera de la masa campesina que contribuía a proletarizar. Era éste un grupo social homogéneo, poco numeroso, localizado en los países de gran cultivo, económicamente importante, iniciador en las tierras de cereales de la transformación capitalista de la agricultura. El granjero importante tomaba en arrendamiento una gran propiedad, durante nueve años generalmente, que exigía un capital para su explotación. El arrendamiento en firme, bastante menos frecuente que el arrendamiento de aparcería, se practicaba sobre todo en las regiones ricas en agricultura de cereales, en las llanuras trigueras, donde la propiedad campesina era débil: Picardía, Normandía oriental, Brie, Beauce…

Los labradores eran campesinos propietarios acomodados e incluso ricos. Poseían bastante tierra para vivir independientes. En la masa de los campesinos constituían un grupo poco numeroso; pero su influencia social era grande: eran los más importantes en las comunidades campesinas, los gallos del pueblo, una especie de «burguesía rural». Su papel económico era menor; sin duda comercializaban una parte de sus cosechas, pero no constituían más que un débil porcentaje del conjunto de la producción agrícola. En los años buenos, los labradores daban salida a los excedentes de cereales; en muchas regiones vendían esencialmente vino, cuyo precio se caracterizó hasta cerca de 1777-1778 por una fuerte subida (aproximadamente un 70 por 100). El campesinado propietario acomodado se benefició de la subida de los precios agrícolas hasta los primeros años del reinado de Luis XVI.

Así, pues, la sociedad rural llevaba consigo tantos matices y oposiciones como la sociedad urbana: grandes arrendadores y labradores, granjeros, colonos y pequeños campesinos propietarios, y, por último, la masa de jornaleros; después, desde aquellos que poseían casa y huerto y alquilaban algunas parcelas, hasta aquellos que no tenían más que sus brazos.

La explotación tradicional del suelo permitía, en cierta medida, a los campesinos pobres, compensar su falta de tierras. Las comunidades campesinas continuaban estando en activo. Provistas de una organización política y administrativa (asamblea de síndicos), cumplían, todavía con frecuencia, una función económica: pretendían mantener, allí donde dominaban los campesinos pobres, los derechos colectivos. En el Norte y en el Este, el terruño del pueblo estaba dividido en parcelas largas, estrechas y abiertas, agrupadas en tres hazas, sobre las que alternaban los cultivos (trigo en invierno y cereales en primavera). Un haza permanecía siempre en barbecho, con el fin de dejar reposar la tierra. En el Mediodía sólo se distinguían dos hazas. Las tierras en barbecho, es decir, la mitad o el tercio del terreno cultivable, así como los campos despojados ya de sus cosechas, se consideraban comunes, lo mismo que los prados una vez que se había cortado la primera hierba (derecho de segunda hierba). Unos y otros estaban sujetos al derecho de pastos comunales: cada campesino podía hacer pastar en ellos al ganado; los campos y los prados no estaban cercados. Los bienes comunales (pastos y bosques) y los derechos de uso a ellos vinculados ofrecían otros recursos a los campesinos; y, lo mismo, los derechos de espigar y rastrojar. Los campesinos ricos eran hostiles a estos derechos colectivos que restringían su libertad de explotación y su derecho de propiedad; los pobres, por el contrario, estaban muy pegados a ellos, ya que podían subsistir gracias a esos derechos. Todos sus esfuerzos tendían a limitar el derecho de la propiedad individual para defender los derechos colectivos: se oponían así al progreso del individualismo agrario, definido, en particular, por los edictos de cercados, y la transformación de la agricultura en el sentido capitalista. La explotación campesina continuaba siendo, en su conjunto, de tipo precapitalista a finales del siglo XVIII. El pequeño campesino no tenía la misma idea de la propiedad que el propietario territorial noble o burgués, o que el granjero de países de grandes cultivos. Su idea de la propiedad colectiva chocaba, y debía seguir chocando todavía durante una buena parte del siglo XIX, con la idea burguesa del derecho absoluto del propietario y de sus bienes.

Las cargas del campesino eran tanto más duras cuanto la economía rural era más arcaica. La unidad del campesinado se hacía realidad contra estas cargas, impuestas por la monarquía y la aristocracia.

Primero, impuestos reales: el campesino era casi el único en pagar el impuesto real sobre las tierras, también contribuía al impuesto per cápita y al impuesto de la vigésima parte sobre sus rentas de bienes muebles; tan sólo el campesino estaba sujeto a la prestación personal para la conservación de los caminos, los transportes militares y a la milicia; por último, los impuestos indirectos, sobre todo las gabelas, eran especialmente duros. Estos impuestos reales fueron acrecentándose sin cesar en el siglo XVIII: en el Flandes valón, el impuesto directo, sólo durante el reinado de Luis XVI, aumentó en un 28 por 100.

Impuestos eclesiásticos: el diezmo se debía al clero, como un impuesto variable, casi siempre inferior a la décima parte, sobre los cuatro granos importantes, trigo, centeno, avena y cebada (diezmo mayor), y sobre las demás cosechas (diezmo menor), y, por último, sobre la crianza de los animales. El diezmo era tanto más insoportable al campesino, ya que siendo un feudo de los obispos, los cabildos, las abadías, incluso de los señores, no servía apenas para mantener el culto y para socorrer a los pobres de la parroquia.

Los impuestos señoriales eran, con mucho, los más duros y los más impopulares. El régimen feudal pesaba sobre todas las tierras de plebeyos y llevaba consigo la percepción de derechos. El señor poseía sobre sus tierras la justicia, alta o baja, símbolo de su superioridad social; la baja justicia, arma económica para exigir el pago de los derechos, era un instrumento indispensable de la explotación señorial. Los derechos propiamente señoriales abarcaban los derechos exclusivos de caza y pesca, de palomar, los peajes, la percepción de derechos sobre mercados, trabajos personales al servicio del señor, el derecho de proscripción que se expresaba por medio de verdaderos monopolios económicos (el derecho a que muelan en su molino, trabajen en su presencia y en su horno). Los derechos reales se consideraban que pesaban sobre las tierras, no sobre las personas. El señor conservaba, en efecto, la propiedad eminente (la directa) de las tierras (feudos nobles) que cultivaban los campesinos (los que no tenían propiedad útil), por las que pagaban réditos anuales (rentas y censos en dinero, generalmente, y algunas gavillas de mieses de las cosechas) o bien eventuales (derechos de laudemio y de venta), en caso de cambio por venta o herencia. Este régimen variaba de intensidad según las regiones, muy duro en Bretaña, áspero en Lorena, más suave en las demás. Para apreciar su nivel hay que tener en cuenta no sólo los propios impuestos, sino también las vejaciones y los múltiples abusos a los que daba lugar.

La reacción señorial, que caracterizó al siglo XVIII, ha hecho que el régimen feudal fuera aún más pesado. Las jurisdicciones señoriales, en caso de ser negadas, abrumaban a los campesinos. Los señores atacaban los derechos colectivos, los derechos de uso sobre los bienes comunales, de los que reclamaban la propiedad eminente y a la que con frecuencia los edictos de tercería concedían el tercio. En ciertas regiones la reacción señorial fue especialmente dura. Así, en el Maine, en donde durante el siglo XVIII parece que se operó una concentración de la propiedad feudal mediante la reunión de diversos señoríos; el derecho de primogenitura, fortalecido por la costumbre, contribuía a conservar los feudos; los comunales estaban acaparados por los señores. En el Franco-Condado, en donde subsistía con todo su rigor el derecho de continuidad sobre los siervos y las «manos muertas», derecho que en casi todo el resto del país había caído en desuso, el edicto real de 1779, que le abolía, tuvo que ser inscrito militarmente en los registros del Parlamento, pero sólo en 1778, y después de una sesión de treinta y ocho horas.

La reacción señorial aún se agravó más por la subida de precios que caracterizó al siglo y que dio un mayor valor a los derechos y al diezmo que el señor y el diezmero percibían en especie. Cogido entre el aumento de los impuestos, por una parte, y, por otra, la subida de precios y el desarrollo demográfico, el campesino tenía cada vez menos dinero; de aquí también el estancamiento de las técnicas agrícolas. Durante las crisis, la presión del diezmo y de los derechos señoriales se agravaba, como sucedió en 1788-1789. Lo mismo que en el período normal, el campesino medio vivía escasamente de sus bienes; en período de crisis, una vez que el diezmo y los derechos señoriales se habían pagado, se veía con frecuencia obligado a comprar granos a un precio elevado: así en 1788-1789. Esto explica que con relación al poderío señorial, el odio de los campesinos haya sido despiadado.

La situación de la agricultura estaba en relación con estas condiciones sociales. El sistema de la explotación tradicional no favorecía, evidentemente, los progresos técnicos. La explotación agrícola era poco remuneradora; los procedimientos, primitivos; los rendimientos, débiles. La división en hazas bienales o trienales en barbecho hacía el suelo improductivo un año, de cada dos o tres, y acentuaba para los campesinos la penuria de las tierras. El agrónomo inglés Arthur Young, que viajó por Francia la víspera de la Revolución, confirma el aspecto atrasado de los campos y la rutina todopoderosa. Hacia mediados del siglo XVII, la propaganda de los fisiócratas hizo que naciese una corriente de opinión en favor de una transformación de la agricultura, en el sentido capitalista; la agronomía se había extendido, algunos señores importantes habían dado el ejemplo. En resumen, los privilegiados no intentaban sino aumentar sus rentas, sin preocuparse de resolver el problema agrario; las doctrinas de los economistas les proporcionaban con frecuencia argumentos necesarios para ocultar, bajo la falsa apariencia del bienestar público, las empresas de la reacción señorial. El estado tan atrasado de la técnica y de la producción agrícola era, en gran parte, una consecuencia directa de la estructura social de la economía rural. Todo progreso técnico, toda modernización fundamental de la agricultura tradicional, implicaba la destrucción de las supervivencias feudales y también la desaparición de los derechos colectivos, y, como consecuencia, una agravación de la suerte de los campesinos pobres. En esta contradicción tendrían que debatirse los pequeños campesinos hasta la segunda mitad del siglo XIX.

En un país en que la población agraria constituía la mayor parte de la nación y en donde la producción agrícola dominaba a todas las demás, las reivindicaciones campesinas tenían una singular importancia, como es lógico. Presentaban un aspecto doble: el problema de los derechos feudales y el problema de la tierra.

Con relación a los derechos feudales, los campesinos eran unánimes. Las memorias de problemas dirigidas al Rey manifestaban su solidaridad frente a los señores y los privilegiados. De todos los impuestos campesinos, los derechos feudales eran los más odiados, por pesados y vejatorios, porque el campesino no se explicaba su origen y porque le parecían injustos. Según la memoria de un municipio del Norte, los derechos feudales «tuvieron su origen en la sombra de un misterio reprobable»; si algunos de esos derechos eran propiedades legítimas, había que probarlo; en este caso, los derechos se hubieran declarado rescatables. La mayoría de las memorias e incluso las de bailía estaban firmes en esta reivindicación, esencialmente revolucionaria, de la verificación del origen de la propiedad de los derechos feudales. Los campesinos pedían que el diezmo y la «gavilla» fuesen en dinero, no en especie; creían, pensando así, que acabarían por desaparecer, como consecuencia de la baja de poder adquisitivo del dinero. Que los diezmos vuelvan a su lugar de origen. Que los privilegiados paguen impuestos. En un gran número de cuestiones, los burgueses estaban de acuerdo con los campesinos. La unidad del Tercer Estado quedaba reforzada.

Respecto de la tierra, los campesinos, hasta ese momento unánimes, se dividen. A muchos campesinos les faltaban las tierras y otros se daban cuenta que hubieran necesitado ser propietarios. Pero pocas fueron, sin embargo, las memorias que osaron pedir la enajenación de los bienes del clero; se limitaron, generalmente, a proponer que se sacase partido de sus rentas para pagar la deuda y llenar el déficit. La propiedad privada parecía intangible para la mayoría, incluso la de un estamento. A los campesinos les bastaba poder alquilar tierras. Las memorias fueron bastante menos tímidas sobre el problema de la explotación; gran número de ellas reclamaron la parcelación de las grandes propiedades. Así, a partir de 1789, aparece, a propósito del problema de la tierra, la división que se afirmó en el seno de los campesinos una vez que se abolieron los derechos feudales. Ya había incompatibilidad entre los intereses de los grandes explotadores del suelo y la masa de los campesinos parcelarios o proletarios. Mientras los primeros se esforzaban por crear una agricultura técnicamente avanzada y producir para el mercado, los segundos se contentaban con vivir en una economía cerrada o casi cerrada. Sobre el problema de las reformas que el Antiguo Régimen había intentado (el cercado de los campos, la libertad del comercio de granos…), sobre la de los bienes comunales y la de la explotación, los campesinos se dividieron. Desde 1789 el campesino propietario se dio cuenta del peligro que constituía para sus intereses la masa rural. Ciertas memorias en la región del Norte pedían que se estableciese por adelantado un censo, con el fin del excluir de la vida política a aquellos que no pagasen impuestos, y a los desamparados, «único medio de impedir que las asambleas de provincia fuesen demasiado tumultuosas». Aparte de la necesaria abolición del régimen feudal, el campesinado estaba ya preocupado de su autoridad social.

Así se esbozaban, desde los finales del Antiguo Régimen, los futuros antagonismos de los campesinos franceses. Su unidad no se había forjado más que por oposición a los privilegiados y por su odio hacia la aristocracia. Aboliendo los derechos feudales, el diezmo, los privilegios, la Revolución situó a los campesinos propietarios en el partido del orden. En cuanto a la tierra, si ésta multiplicó el número de los pequeños propietarios, con la venta de los bienes nacionales, mantuvo el latifundio, así como la gran explotación, con todas sus consecuencias sociales. La misma estructura de los campesinos, a finales del Antiguo Régimen, daba por adelantado la impresión del carácter moderado de la reforma agraria de la Revolución: según expresión de Georges Lefebvre, fue «como una transacción entre la burguesía y la democracia rural».

III

LA FILOSOFÍA DE LA BURGUESÍA

El fundamento económico de la sociedad se modificaba; las ideologías cambiaban al mismo tiempo. Los orígenes intelectuales de la Revolución hay que buscarlos en la filosofía que la burguesía había elaborado desde el siglo XVII. Herederos del pensamiento de Descartes, que enseñó la posibilidad de dominar la naturaleza por la ciencia, los filósofos del siglo XVIII expusieron con brillantez los principios de un orden nuevo. Opuesto al ideal autoritario y ascético de la Iglesia y del Estado del siglo XVII, el movimiento filosófico ejerció sobre la inteligencia francesa una acción profunda, despertando, primero, y desarrollando después su espíritu crítico, proporcionándole ideas nuevas. La Ilustración sustituyó en todos los dominios con el principio de la razón, al de autoridad y tradición, bien se tratase de ciencia, de creencia, de moral o de organización política y social.

«Filosofar, dice Mme. de Lambert (1647-1733), es devolver a la razón toda su dignidad y hacerla entrar en sus derechos, es restituir cada cosa a sus propios principios y sacudir el yugo de la opinión y de la autoridad».

Según Diderot, en el artículo «Eclectisme», de la Encyclopédie:

«El ecléctico es un filósofo que, pisoteando los prejuicios, la tradición, la ancianidad, el consentimiento universal, la autoridad; en una palabra, todo aquello que subyuga a multitud de espíritus, se atreve a pensar por sí mismo, llega hasta los principios generales más evidentes, no admite nada si no es con el testimonio de los sentidos y la razón».

«El verdadero filósofo, escribe Voltaire en 1765, labra los campos incultos, aumenta el número de carretas y, por consiguiente, de habitantes, da trabajo al pobre y le enriquece, fomenta los matrimonios, da al huérfano instituciones, no murmura contra los impuestos necesarios y pone al campesino en situación de pagarlos con alegría. No espera nada de los hombres y les hace todo el bien de que es capaz».

Después de 1784 se dieron las obras más importantes del siglo, una tras otra; del L’Esprit des lois[3], de Montesquieu (1748), al Emile y al Contrat social de Rousseau (1762), pasando por la Histoire naturelle, de Buffon (el primer volumen apareció en 1749); al Traité des sensations, de Condillac (1754). El Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, de Rousseau, en 1755, y en el mismo año, del abate Morelly, el Code de la nature; en 1756, el Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, de Voltaire; en 1758, De l’esprit, de Helvétius. El año 1751 vio aparecer el primer volumen de la Encyclopédie bajo el impulso de Diderot, el Siècle de Louis XIV, de Voltaire, y el tomo primero del Journal économique, que se convirtió en el periódico de los fisiócratas. Voltaire, Rousseau, Diderot y los enciclopedistas y los economistas concurrieron con diferentes matices al auge de la filosofía.

En la primera mitad del siglo XVIII si desarrollaron dos grandes corrientes de pensamiento: una de inspiración feudal, ilustrada por L’Esprit des lois, de Montesquieu, en la que los Parlamentos y los privilegiados toman sus argumentos contra el despotismo; obra filosófica, hostil al clero, a veces a la propia religión, pero conservadora en política. En la segunda mitad del siglo estas dos corrientes subsistieron, aunque aparecen nuevas ideas más democráticas, más igualitarias. Del problema político del Gobierno, los filósofos pasaron al problema social de la propiedad. Los fisiócratas, aunque con espíritu conservador, contribuyeron a esta nueva orientación del pensamiento del siglo, planteando el problema económico. Si Voltaire, jefe incontrolado del movimiento filosófico de 1750 y hasta su muerte, pretendía hacer reformas en el cuadro de la monarquía absoluta y dar el gobierno a la burguesía acomodada, Rousseau, que había salido del pueblo, expresó el ideal político y social de la pequeña burguesía y del artesanado.

Para los fisiócratas, el Estado se había constituido para garantizar el derecho de propiedad; las leyes son verdades naturales, ajenas al monarca y que se le imponen: «El poder legislativo no puede ser el de crear, sino el de declarar las leyes» (Dupont de Nemours). «Cualquier golpe dado por la ley a la propiedad es la destrucción de la sociedad». Los fisiócratas exigen un Gobierno fuerte cuya fuerza esté subordinada a la defensa de la propiedad; el Estado no ha de tener más que una función represiva. El movimiento fisiocrático acaba así en una política de clase en beneficio de los propietarios territoriales.

Voltaire también reservaba los derechos políticos a los ricos, pero no sólo a los propietarios territoriales pues la tierra no constituía a sus ojos la única fuente de riqueza. Sin embargo, «¿aquellos que no poseen tierras ni casa en esta sociedad han de tener voto?» (Lettre du R. P. Pólycarpe). Y en el artículo «Egalité» de su Dictionnaire philosophique (1764): «El género humano es de tal naturaleza que no puede subsistir a menos que no haya una cantidad enorme de hombres útiles que no posean absolutamente nada». Y también, en ese mismo artículo: «La igualdad es a la vez la cosa más natural y la más quimérica». Voltaire quería humillar a los importantes, pero no sabía en absoluto educar al pueblo.

Alma plebeya, Rousseau fue contra la corriente del siglo. En su primer discurso (Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs, 1750) critica la civilización de su tiempo y se lamenta por los desheredados: «El lujo alimenta a cien pobres en nuestras ciudades y hace que mueran cien mil en nuestros campos». En su segundo discurso (Sur les fondements el l’origine de l’inégalité parmi les hommes, 1755) ataca a la propiedad. En el Contrat social (1762) desarrolla la teoría de la soberanía popular. Mientras Montesquieu reservaba el poder para la aristocracia y Voltaire para la alta burguesía, Rousseau manumitía a los humildes y daba el poder a todo el pueblo. El papel que reservaba al Estado era reprimir los abusos de la propiedad individual, mantener el equilibrio social por medio de la legislación respecto de la herencia y del impuesto progresivo. Esta tesis igualitaria, en el dominio social tanto como en el político, era cosa nueva en el siglo XVIII; puso de forma irremediable a Rousseau frente a Voltaire y los enciclopedistas.

Estas corrientes de pensamiento tan opuestas se desarrollaron al principio casi con toda libertad. Mme. de Pompadour, favorita desde 1745, y que poseía el apoyo de la finanza, chocaba con el círculo devoto de la reina y del Delfín, que mantenían el episcopado y los Parlamentos: protegía a los filósofos enemigos del segundo grupo. De 1745 a 1757, Machault d’Arnouville intentó por medio de la creación del impuesto de la vigésima parte de las rentas de bienes inmuebles abolir los privilegios fiscales y establecer la igualdad ante el impuesto; se apoyó en los filósofos, ya que ésta era una de sus reivindicaciones. De esta forma se anudó la alianza de los ministros cultos y de los filósofos mientras se desarrollaba el ataque contra los privilegiados, contra la propia religión. De 1750 a 1763 el Gobierno dejó de intervenir. Malesherbes estaba al frente de la Biblioteca real del Louvre. Como filósofo, no creía en la utilidad de los servicios de censura que él mismo dirigía; gracias a él la Encyclopédie no fue prohibida desde los primeros volúmenes.

Estimulado por esta neutralidad, el movimiento filosófico se amplió. Más tarde arrastró todas las resistencias cuando cambió respecto de él la actitud de las autoridades. Desde 1770 la propaganda filosófica triunfa. Si los escritores más importantes se callaron y desaparecieron poco a poco (Rousseau y Voltaire en 1778), escritores de segundo orden vulgarizaron las nuevas ideas, que se extendieron por todas las capas de la burguesía y por Francia entera. La Encyclopédie, obra capital de la historia del pensamiento, se terminó en 1772; moderada en el dominio social y político, afirmó su creencia en el progreso indefinido de las ciencias; elevaba a la razón un monumento grandioso. Malby, Raynal, Condorcet, continuaron la obra de los iniciadores. Aunque la producción filosófica fue más lenta durante el reinado de Luis XVI, se fue realizando como una síntesis de diversos sistemas. Así apareció la doctrina revolucionaria. En su Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, en cuya elaboración Diderot tuvo una gran parte y que conoció más de veinte ediciones de 1770 a 1780, el abate Raynal expuso todos los temas de la propaganda filosófica: odio al despotismo, desconfianza ante la Iglesia, que tenía que estar estrechamente sometida al Estado laico, y elogio del liberalismo económico y político.

El libro, el folleto extendieron esas ideas en todos los medios:

«En un siglo en que cada ciudadano puede hablar a la nación entera por medio de la imprenta, declara Malesherbes en su discurso de recepción en la Academia Francesa, en 1755, aquellos que tienen el talento de instruir a los hombres o bien el don de conmoverles, las gentes de letras, en una palabra, son entre el pueblo disperso lo mismo que eran los oradores de Roma y de Atenas en medio del pueblo reunido».

La propaganda oral ampliaba la brillantez de la imprenta. Los salones, los cafés, se multiplicaron; se crearon sociedades cada vez más numerosas, sociedades agrícolas, asociaciones filantrópicas, academias provinciales, gabinetes de lectura: no hay ciudad ni burgo que no haya quedado «exento del contagio de la impiedad», comprueba la Asamblea del clero de 1770.

Las logias masónicas contribuyeron a esta difusión de las ideas filosóficas. Importada de Inglaterra después de 1715, la francomasonería favoreció sin protesta alguna la propaganda filosófica; el ideal correspondía a bastantes de sus puntos, igualdad civil, tolerancia religiosa. Mas no conviene exagerar este aspecto. Punto de contacto entre la burguesía rica y la aristocracia, cuya fusión preparaban, las logias masónicas no constituían más que un aspecto de esas múltiples sociedades por medio de las cuales se difundía el pensamiento filosófico.

Las autoridades tradicionales reaccionaron, sin embargo. La Asamblea del clero, ya en 1770, temía que a la vez que la fe no fueran a «extinguirse para siempre los sentimientos de amor y de fidelidad a la persona del soberano». Los ataques contra la Iglesia contribuyeron a minar los fundamentos de la monarquía de derecho divino, como las críticas contra los privilegios de aquellos que pertenecían a la sociedad del Antiguo Régimen. Desde 1775 a 1789, el Parlamento de París condenó sesenta y cinco escritos. A propósito del libro de Boncerf, sobre Les inconvénients des droits féodaux, aparecido en 1776, declaraba:

«Los escritores parece que estudian deliberadamente combatir cualquier cosa, destruirlo todo, cambiarlo. Si el espíritu sistemático que ha dirigido la pluma de este escritor pudiera desgraciadamente seducir a la multitud, se vería bien pronto la constitución de la monarquía totalmente conmovida; los vasallos no tardarían en levantarse contra los señores y el pueblo contra su soberano».

Entre los temas principales de la propaganda filosófica se afirmaba en primer lugar la primacía de la razón; el siglo XVIII vio el triunfo del racionalismo, que desde ese momento mantuvo su predominio. La creencia en el progreso, en segundo lugar, es decir la razón extendiendo sus luces cada vez más.

«Por fin, todas las sombras han desaparecido, ¡qué luz brilla en todas partes! ¡qué masas de hombres importantes de todos los géneros! ¡qué perfección la de la razón humana!» (Turgot: Tableau philosophique des progrès de l’esprit humain, 1750)

La libertad queda reivindicada en todos sus dominios, desde las libertades individuales hasta la económica, todas las grandes obras del siglo XVIII han sido consagradas a los problemas de la libertad. Uno de los aspectos esenciales de la acción de los filósofos, de Voltaire en especial, fue la lucha por la tolerancia y la libertad de cultos. El problema de la igualdad fue el que tuvo mayor controversia. La mayoría de los filósofos no reclamaban la igualdad civil ante la ley; Voltaire, en el Dictionnaire Philosophique, estima la desigualdad eterna y fatal. Diderot distingue los privilegios justos, fundados en servicios reales, de los privilegios injustos. Pero Rousseau introduce en el pensamiento del siglo las ideas igualitarias. Reclama la igualdad política para todos los ciudadanos, asigna al Estado el papel de mantener un cierto equilibrio social.

¿En qué medida esas ideas, que constituyen el fondo común del pensamiento filosófico, han impregnado las diversas capas de la burguesía? La unión de todos reposaba en la oposición a la aristocracia. En el siglo XVIII los nobles quisieron cada vez más reservarse los privilegios y los impuestos a los que tenía derecho la nobleza. Al ritmo de los progresos de la riqueza y de la cultura, las ambiciones de la burguesía crecían, al mismo tiempo ésta veía cerrársele todas las puertas. No podía participar en las grandes funciones administrativas, para las que se consideraba más apta que los miembros de la nobleza. A veces se sentía herida en su orgullo o en su amor propio. Todas estas pesadumbres de la burguesía han sido muy bien explicadas por un gentilhombre, el Marqués de Bouillé, en sus Mémoires, o también por Mme. Roland, que sentía de una manera evidente su superioridad en cuanto a talento y dignidad burguesa al compararse con las mujeres nobles.

A la burguesía se le planteaban dos problemas esenciales: el problema político y el problema económico.

El problema político era la división del poder. Desde mediados de siglo, sobre todo desde 1770, la opinión estaba cada vez más centrada en los problemas políticos y sociales. Los temas de la propaganda burguesa eran evidentemente los del movimiento filosófico: crítica de la monarquía de derecho divino, odio contra el gobierno despótico, ataques contra la nobleza, contra sus privilegios, reivindicaciones de la igualdad civil y de la igualdad fiscal, acceso a todos los empleos según el talento.

El problema económico no interesa menos a la burguesía. La alta burguesía tenía conciencia de que el desarrollo del capitalismo exigía la transformación del Estado. El diezmo, la servidumbre, los derechos feudales, la mala división de los impuestos perjudicaban a la agricultura y, como consecuencia, a toda la actividad económica. La supresión del derecho de primogenitura y de los bienes de «mano muerta» harían que los bienes entrasen en circulación. La burguesía de los negocios deseaba la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Las costumbres jurídicas múltiples, las aduanas interiores, la diversidad de pesos y medidas perjudicaban al comercio e impedían la creación de un mercado nacional. El Estado debería organizarse según los mismos principios de orden, claridad y unidad que la burguesía aplicaba en la gestión de sus propios asuntos. Por último, el espíritu de empresa del capitalismo exigía la libertad de investigación en el dominio científico; la burguesía pedía que el trabajo científico, así como la especulación filosófica, quedaran fuera de la censura de la Iglesia y del Estado.

No era sólo el interés lo que guiaba a la burguesía. Sin duda su conciencia de clase se había robustecido por el exclusivismo de la nobleza y por el contraste entre su elevación económica e intelectual y su regresión civil. Pero consciente de su poder y de su valor, y habiendo recibido de los filósofos una cierta concepción del mundo y una cultura desinteresada, la burguesía no solamente estimaba como cosa suya transformar el Antiguo Régimen, sino que creía justo hacerlo. Estaba persuadida que existía un cierto acuerdo entre sus intereses y la razón.

Mas debemos matizar estas afirmaciones. La burguesía era muy diversa, no constituía una clase homogénea. Muchos burgueses no se conmovieron ante la propaganda filosófica. Otros eran francamente hostiles al cambio, bien por religiosidad, bien por tradicionalismo (entre las víctimas del Terror hubo una gran mayoría de gentes pertenecientes al Tercer Estado). Si deseaba los cambios y las reformas, la burguesía no tenía ni la menor idea de una revolución. El Tercer Estado, en general, sentía una gran veneración por el rey, un sentimiento casi de carácter religioso. Como testimonio está Marmont en sus Mémoires: el rey representaba la idea nacional y nadie pensaba en acabar con la monarquía. La burguesía pretendía menos destruir a la aristocracia que fundirse con ella, la alta burguesía en especial; su simpatía extrema por La Fayette fue significativa en este aspecto. Por último, la burguesía estaba muy lejos de ser democrática. Pretendía conservar una jerarquía social, distinguirse de las clases que estaban por debajo de ella. «Nada estaba tan determinado, según Cournot en su Souvenirs, como la subordinación de las clases en esta sociedad burguesa. A la mujer del procurador o del notario se la llamaba Mademoiselle; a la del consejero, Madame, sin discusión».

Desprecio de la nobleza por los campesinos, desprecio de la burguesía por las clases populares. Este prejuicio de clase explica la cólera y el miedo de la burguesía cuando recurrió a las clases populares contra la aristocracia y vio que en el año II pretendían el poder.

CAPÍTULO II

LA CRISIS DE LAS INSTITUCIONES

Las instituciones monárquicas que se habían perfeccionado sin cesar desde la Edad Media, recibieron su forma última, por lo menos política, bajo Luis XIV. Este rey mejoró el sistema gubernamental, dándole un grado de autoridad que hasta entonces no había conocido, pero sin que tuviera una construcción lógica y coherente. Se pudo decir que después de él «el despotismo estaba por todas partes y el déspota en ninguna». En resumen, la monarquía había creado siempre sin destruir nunca. Se había ido acentuando la separación entre la sociedad y el estado político, el espíritu público y las instituciones. El desorden y la confusión continuaban siendo el rasgo característico de la organización administrativa. Francia, según Mirabeau, no era más que «un agregado informe de pueblos desunidos».

I

LA MONARQUÍA DE DERECHO DIVINO

1. El absolutismo: pretensiones y límites

La monarquía absoluta y administrativa se afirmó a partir del reinado de Enrique IV y se desvaneció durante el de Luis XIV, para mantenerse durante todo el siglo xviii. Las fuerzas independientes que se habían manifestado durante el curso del período precedente perdieron su poder, manteniéndose, sin embargo, la mayoría. Si en el siglo xviii los Estados Generales, reunidos por última vez en 1614, cayeron en desuso, y las municipalidades bajo tutela, los Estados provinciales, los Parlamentos, las Asambleas del clero se mantuvieron y continuaron funcionando bajo control, es cierto, de la autoridad real. Y al mismo tiempo, la organización administrativa de la monarquía se regularizó y se perfeccionó por medio de la institución de los consejos del rey y de los intendentes de la administración local. Los teóricos dieron a esta monarquía el carácter de derecho divino, que fue acentuándose. Bajo Enrique IV, Loyseau consideraba al rey como funcionario del pueblo, al mismo tiempo que como lugarteniente de Dios. Bajo Luis XIII, Lebret fue más explícito:

«De donde se puede inferir que nuestros reyes sólo tienen su cetro por Dios, y que no están obligados a someterse a una potencia de la tierra y que gozan de todos los derechos que se atribuyen a la soberanía perfecta y absoluta, y que son totalmente soberanos en su reinado».

Bossuet sería el teórico definitivo de la monarquía católica de derecho divino en La politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Sainte[2], obra compuesta para el Delfín y publicada en 1709.

Representante de Dios, el rey se proclama en todos sus despachos «por la gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra». La consagración confiere al rey su carácter divino. Tenía lugar normalmente en la catedral de Reims, en donde el rey, rodeado de sus pares, prestaba primero juramento a la Iglesia y a su pueblo. Inmediatamente después era consagrado, es decir, ungido con aceite de la Santa Ampolla, mientras que el arzobispo pronunciaba esta fórmula: «Sed bendecido y constituido Rey en este reino que Dios te ha dado para regir». Revestido con las insignias de la dignidad real era presentado al pueblo. Al día siguiente de la consagración, el rey procedía a tocar a los escrofulosos y decía a cada enfermo: «El rey te toca, Dios te cure». Con este ceremonial se establece el carácter divino de la monarquía, la consagración contribuye a rodear al rey de una especie de veneración religiosa.

El poder absoluto del rey proviene de su carácter divino:

«Aquel que ha dado un rey a los hombres, ha querido que se le respetase como su lugarteniente». (Memorias de Luis XIV).

No les gusta a los súbditos controlar un poder que tiene origen en Dios mismo. El carácter divino de la monarquía le asegura una autoridad absoluta en todos los sentidos. El rey, aunque absoluto, no es, sin embargo, un déspota. Al ejercer su autoridad como representante de Dios, ha de respetar la ley divina, ha de ser rey según Dios, como le dijo el presidente de Thou a Carlos IX, en 1572. El rey es responsable ante Dios del ejercicio de su autoridad. Ha de respetar las leyes fundamentales del reino (principio de devolución de corona, status jurídico del reino). En efecto, estas leyes fundamentales expresan las condiciones según las cuales la corona y sus prerrogativas han sido confiadas al rey, a su casa. El rey, en fin, por el juramento de su consagración, se ha comprometido a mantener al pueblo unido con la Iglesia, y hacer que reine en todos sus juicios la equidad y la misericordia. El rey no es, pues, un tirano. Representa al interés común, por encima de los desórdenes y de las corporaciones del reino, dispone de medios de acción ilimitados y no está sometido a ningún control. La monarquía se caracteriza por el absolutismo.

La autoridad del rey es una, no puede dividirse ni comunicarse. Ciertamente, está asistida por las corporaciones y por las asambleas: Consejos, Tribunales soberanos, Estados provinciales. Pero éstos no son más que órganos de consejo, que no pueden restringir la prerrogativa real:

«Tenemos un rey, es decir, estamos sometidos a la voluntad de uno solo; esta voluntad no ha de ser arbitraria, ha de ser suprema; el poder que de ella resulte no ha de ser despótico, pero no puede ser compartido; y si es útil moderar su acción para así iluminarla, jamás se permitirá que se la suspenda para obstaculizarla o para acabar con ella». (Guyot, Traité des offices, 1786).

Como monarca absoluto, el rey tiene todos los poderes y sus poderes son ilimitados.

El rey es la fuente de toda justicia. Se ha comprometido, por la consagración, a hacer buena justicia a su pueblo. Según dijo el canciller Michel de L’Hospital (1507-1573), ante los Estados de Orleáns: «Los reyes han sido elegidos en principio para hacer justicia. En el sello de Francia no está la figura del rey armado y a caballo, sino sentada en su trono administrando justicia». Al ser responsable de la justicia, el rey puede retener o bien llevar a cabo cualquier asunto, intervenir en todos los procesos: es la justicia contenida. Con frecuencia, el rey confía el ejercicio de la justicia a sus tribunales; es la justicia delegada (delegación, pero no enajenación).

El rey es fuente de toda legislación. Es la ley viviente, Lex Rex. El rey no está obligado por las leyes de sus predecesores, aunque evite generalmente romper de modo brusco con ellas: «Sólo tenemos nuestra corona por Dios, declara Luis XV en el Parlamento, en diciembre de 1770. El derecho de hacer leyes, por las cuales nuestros súbditos han de ser conducidos y gobernados, nos pertenece a nosotros solos, sin dependencia ni división alguna». El rey legisla por medio de pragmáticas y de edictos, y estas decisiones tienen un carácter de generalidad y de permanencia; los mandamientos, órdenes, cartas o actas conciernen a las medidas individuales. El rey no puede ir contra la ley divina ni contra la moral de la naturaleza; ha de respetar las leyes fundamentales del reino.

El rey es fuente de toda autoridad administrativa. Tiene que gobernar los asuntos del reino. «Vuestra Majestad está obligada a decir todo por sí misma o bien por sus mandatarios. Se esperan vuestras órdenes especiales para contribuir al bien público, para respetar los derechos ajenos; a veces incluso para emplear los propios». (Mémoire de Turgot a Luis XVI). El rey se preocupa de los impuestos y de los cargos. Las necesidades de la administración y del Gobierno le han llevado a delegar una parte de su autoridad a sus agentes; es una simple delegación, ya que estos agentes permanecen bajo el control supremo del rey. Para las necesidades de su Estado, el rey impone los impuestos y subsidios por propia autoridad; la costumbre se ha impuesto en el siglo xvi. Sólo el estamento clerical y las provincias con asambleas propias mantienen algunas restricciones. Dueño de imponer impuestos, el rey también es el único juez de los gastos; es dueño de la distribución de las finanzas.

El rey, por último, es fuente de guerra y de paz. Uno de sus deberes más antiguos es el servicio de defensa, tuitio regni, la protección del reino contra el enemigo exterior, convirtiéndose en el siglo xvm en «la defensa del Estado». El rey lleva, pues, la dirección política extranjera; dirige el ejército.

«Sólo en mi persona reside, declara Luis XV en el Parlamento, el 3 de marzo de 1776, el poder soberano. Sólo a mí me pertenece todo el poder legislativo, sin dependencia ni división. El orden público entero dimana de mí, y los derechos y los intereses de la nación están necesariamente unidos a los míos y no descansan más que en mis manos».

La realidad, sin embargo, estaba lejos de responder a estas pretensiones. En materia legislativa, especialmente, pues si desde el siglo xiv los juristas reconocieron al rey el poder legislativo sin límites, de hecho, las antiguas supervivencias lo limitaban todavía en el siglo xviii.

Los Estados generales se habían impuesto a los reyes desde el siglo xivr en período de crisis financiera. La monarquía absoluta, sin abolirlos, se abstuvo de convocarlos a partir de 1614. Sus atribuciones eran puramente consultivas, el rey les pedía que votasen impuestos, que podía establecer sin ellos, y dar consejos que era libre de seguir o no. Los Estados generales aparecen como un expediente supremo del poder real en período de crisis. Al convocarlos en 1789 fue como la resurrección de una institución desaparecida.

Los derechos políticos de los Parlamentos y de los Tribunales soberanos eran más peligrosos para el poder real. Los llamados guardianes de las leyes fundamentales del reino, los Parlamentos, esencialmente el Parlamento de París, para jugar un papel político emplearon el derecho de registro: las leyes emanadas de la voluntad real no eran ejecutorias más que cuando el Parlamento las había registrado.

En ese momento, la ley había sido verificada, discutida. Cuando se había rehusado el registro, el Parlamento, en virtud de su derecho de representación, daba las razones. Los Parlamentos pretendían que era éste un derecho histórico; la realeza afirmaba que no era más que una concesión del poder real, más graciosa que formal. En realidad, esos derechos se habían formado por la costumbre y por vía de usurpación, con la tolerancia del poder real. Venían a ser una limitación de los poderes del rey, que tenía que imponer el registro de las leyes que habían sido rehusadas, en reuniones solemnes o litigios judiciales… En el siglo xviii los derechos de registro y representación estaban en manos de los Parlamentos; un arma eficaz contra la monarquía absoluta. No servían más que para defender los privilegios de la aristocracia parlamentaria, frente a las tentativas de reforma, especialmente fiscal. Pero ahora que los Parlamentos parecían imponerse, la reforma terminaba la carrera política: contra los principios de la monarquía absoluta de derecho divino, iba muy pronto a afirmarse, no los derechos de un cuerpo privilegiado, sino el principio de la soberanía nacional.

2. La máquina gubernamental

Los siglos XVII y xviii vieron la realización de la centralización monárquica; las autonomías locales se debilitaron o desaparecieron. Todo se llevaba a cabo en Versalles, o por los agentes locales del poder central.

En la forma última de la monarquía absoluta, el Gobierno, bajo la autoridad del rey, estaba formado por un ministerio que comprendía: el canciller, los cuatro secretarios de Estado y el contralor general de finanzas. Este ministerio carecía de jefe; era una reunión de funcionarios superiores. Lo más frecuente era que fuesen independientes entre sí. Cada ministro tenía sus dependencias, dirigidas por los oficiales primeros. La unidad de dirección n el Gobierno estaba asegurada por el rey y los consejos. Todas las semanas, en un día determinado, cada ministro venía a trabajar con el rey, exponiendo sus asuntos; el rey decidía, el ministro hacía que se aplicasen las decisiones por medio de sus despachos. Si el asunto era importante se deliberaba en los consejos del rey, que constituían un verdadero órgano regulador del Gobierno.

Los ministros y secretarios de Estado dirigían los diferentes servicios administrativos. El canciller era el jefe de la magistratura, el inspirador de la legislación real; tenía a su cuidado guardar los sellos. Si caía en desgracia, el rey le sustituía por un guardián de sellos. Los secretarios de Estado, creados en el siglo xvi, bajo Enrique II, fueron los agentes eficaces del poder absoluto; sus departamentos, durante mucho tiempo variables, habían terminado por estabilizarse. Se distinguía al secretario de Estado para la Guerra, que unía a sus atribuciones militares, la administración de las provincias fronterizas; el secretario de Estado para la Marina, que se ocupaba de las provincias marítimas; el secretario de Estado para los asuntos exteriores; el secretario de Estado en la Casa del Rey, que tenía atribuciones diversas (el clero, los asuntos protestantes, la ciudad de París). La administración interior quedaba dividida entre los cuatro secretarios de Estado. Anualmente, el rey atribuía a los secretarios de Estado su respectiva circunscripción, confiándoles un lote de provincias, de las que se responsabilizaban. Cada secretario de Estado era el intermediario entre el rey y las provincias, las ciudades, las corporaciones y los estamentos o brazos, de sus departamentos. Además, y de acuerdo con el espíritu de su institución, los secretarios de Estado continuaban siendo los secretarios personales del rey y servían cerca de él cada cuatrimestre; cada uno de ellos despachaba exclusivamente, durante tres meses, las cartas de dones, recompensas y beneficios concedidos por el rey. Los secretarios de Estado pertenecían a la toga y se reclutaban de ordinario entre los consejeros de Estado; después de 1750, los nobles de espada no desdeñaron este cargo. Por último, el interventor general de Finanzas, verdadero primer ministro por la extensión de sus atribuciones: administración interior, agricultura, industria, comercio, caminos y puentes…

Los Consejos, verdaderos reguladores del Gobierno, le daban unidad de dirección. Se habían formado por desmembramientos consecutivos de los antiguos Tribunales del rey y por especialización en una rama administrativa. La iniciación del sistema gubernamental de los Consejos fue obra de Luis XIV. Con trabajo asiduo, construyendo sistemáticamente los diversos Consejos de Gobierno, Luis XIV dio una unidad al sistema, coordinó la acción general. Después de él, Luis XV, después, Luis XVI, no tuvieron esas cualidades. El buen funcionamiento del sistema se apoyaba en la acción personal del rey; cuando faltó la asiduidad o la autoridad, el sistema cedió. El supremo Consejo de Estado se ocupaba de la gran política, es decir, «de la paz, la guerra, las negociaciones con las potencias». El rey convocaba especialmente para esta reunión a cinco o seis grandes personajes que tenían el título de ministros de Estado. Ningún jefe de departamento ministerial era miembro de derecho, salvo el secretario de Estado en los Negocios extranjeros, que actuaba de informador. Los ministros de Estado seguían ostentando este título, incluso cuando habían cesado de llevar a cabo sus funciones, es decir, de formar parte del Consejo. Este Consejo se reunía, generalmente, tres veces por semana. El Consejo de despachos daba unidad a la administración interior. El Consejo de Finanzas administraba las finanzas y las rentas del Estado, repartiendo los tributos entre las diversas circunscripciones tributarias. El Consejo privado o de partes, presidido por el canciller, era el tribunal de casación del Antiguo Régimen, pero también de lo contencioso administrativo. Esta fuerte estructura, así como los despachos que de ella dependían, ocultaban, de hecho, muchas imperfecciones, y lejos de fortalecer la monarquía, paralizaban con frecuencia su acción.

II

CENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍAS

Lo mismo que en la administración central, la monarquía tampoco había acabado su obra unificadora en el dominio provincial y local. Por todas partes, desorden y confusión. Las circunscripciones administrativas reflejaban la formación histórica del reino, pero no estaban en armonía con las necesidades del siglo. Las propias fronteras estaban sin decidir; dónde terminaba Francia junto al Imperio, o dónde empezaba, no se sabía con certeza. Navarra formaba siempre un reino diferente; en Bretaña, el rey era duque y conde de Provenza. Las antiguas circunscripciones no fueron nunca abolidas cuando se superpusieron las nuevas. Las circunscripciones eclesiásticas (diócesis) se remontaban al imperio romano; las viejas circunscripciones (bailíos, en el Norte; en el Mediodía, senescalías), al siglo xiii; las circunscripciones militares, capitanías, habían sido creadas en el siglo xvi, y en el xvii, las financieras o generalidades, que servían también de límite para la administración de los intendentes. Un conjunto disparatado en el que la administración real no se reconocía a sí misma.

Francia, tradicionalmente, estaba dividida en provincias o países; regiones más o menos vastas que por haber vivido largo tiempo bajo la unidad política de una dinastía feudal se habían acostumbrado a un cierto régimen jurídico. Las costumbres, la lengua, a veces, como la tradición histórica, perpetuaban estas viejas divisiones provinciales; a finales del siglo xvm, la nación bretona y la nación provenzal continuaban siendo todavía realidades vivientes, con sus leyes, sus costumbres, sus dialectos. Normandía y Languedoc, Delfinado, Bretaña… se contaban entre las más importantes de estas provincias; otras eran más pequeñas, Aunis, por ejemplo. Pero la provincia no era una división administrativa: la administración real ignoraba las provincias, aunque el rey, por razones más políticas que constitucionales, tuviera en cuenta los particularismos provinciales. La estructura administrativa de la vieja Francia reposaba sobre las capitanías (gouvernements) y, sobre todo, las intendencias.

1. Los agentes del absolutismo

Bajo la monarquía feudal, los representantes y los agentes del rey habían sido los bailes y los senescales; la circunscripción esencial era el bailío y la senescalía; pero en el siglo xvi se aplicó el criterio de venta a esas funciones, que se convirtieron en cargos; a partir de entonces los bailes no tuvieron más que atribuciones militares (proclamación de bandos y llamamiento de los nobles que tenían feudos para ir a la guerra) y la prerrogativa de convocar a los diputados de los tres órdenes de su jurisdicción.

Bajo la monarquía todavía no absolutista del siglo xvi, el gobernador era el representante del rey y el gobierno la circunscripción esencial. Bajo la monarquía absoluta, en los siglos xvii y xviii, el intendente, en el marco de la generalidad o circunscripción tributaria, dirigía la administración local. A finales del siglo XVIII, estas tres categorías subsistieron, pero sólo el intendente tenía realmente poder.

Los gobernadores, en número de 39, según la ordenanza de 1776, reclutados entre la alta nobleza, no poseían, en el siglo xviii, más que una autoridad nominal. Titulares de un cargo puramente honorífico, residían habitualmente en Versalles, no pudiendo, a partir de una ordenanza de 1750, volver a su Gobierno sin una autorización expresa del rey; los suplían los lugartenientes generales.

Los intendentes de justicia, de policía y de finanzas fueron los agentes más activos de la unidad y de la centralización. En comunicación constante con los secretarios de Estado, el inspector general, el Consejo de despachos (dépêches) vinculaban la administración local al Gobierno central. Su origen se remontaba al siglo xvi, «a las inspecciones de los magistrados» por provincias; pero esta institución no se generalizó hasta la segunda mitad del siglo xvii. Se empleó para ello la circunscripción superior en cuestiones de impuestos, la generalidad, sin que por otra parte hubiese una correspondencia exacta entre intendencias y generalidades (se contaban en 1789, 32 intendencias para 33 generalidades, las de Tolosa y Montpellier, que constituían la intendencia de Languedoc). Bajo las órdenes del intendente, los subdelegados, al frente de las elect iones, no dependían más que de él; el intendente podía, a su arbitrio, suprimir sus subdelegados, modificar sus departamentos.

«Sabed, diría el financiero Law al marqués de Argenson, que este reino de Francia está gobernado por treinta intendentes. No contéis ni Parlamentos, ni Estados, ni gobernadores. Son treinta magistrados, vinculados a las provincias, a su abundancia o su esterilidad».

Un juicio sin duda excesivo. Los intendentes tenían, durante el curso del siglo xviii, que adaptar a la coyuntura política y a la estructura local, su libertad de acción, que estaba progresivamente limitada por el control del poder central.

Agentes directos del rey, elegidos entre los magistrados del Consejo privado, es decir, en los cuadros de la alta burguesía, y por esta razón odiados por la nobleza, los intendentes tenían competencia múltiple. Los intendentes de justicia podían ocupar un puesto en todos los tribunales y cortes (salvo los Parlamentos), y presidirlos; vigilaban a todos los magistrados; en última instancia juzgaban los crímenes contra la seguridad del Estado y las sediciones. Los intendentes de policía dirigían la administración general, controlaban las municipalidades, vigilaban el comercio, la agricultura, la industria, y se ocupaban de los trabajos reales, presidiendo la leva de milicias; en las provincias con asambleas propias estos poderes quedaban un poco limitados. Los intendentes de finanzas tenían entre sus atribuciones el reparto y lo contencioso de los impuestos; su competencia era exclusivamente para los impuestos establecidos en los siglos xvii y xviii (la capitación y el impuesto de la vigésima parte de la renta de bienes inmuebles); para los impuestos antiguos o pecheros (impuestos sobre las tierras) poseían un derecho de control. Este poder, a pesar de los beneficios de su administración, centralizó contra los intendentes la unanimidad de las oposiciones: las memoria de quejas pidieron que se suprimieran.

2. Supervivencia de las autonomías locales

Ante los agentes del absolutismo real, las antiguas instituciones locales I habían sido despojadas de sus poderes.

Los Estados provinciales se habían formado de la reunión de los tres estamentos de una provincia, en una asamblea regularmente constituida, periódicamente convocada y en posesión de ciertas atribuciones políticas y administrativas, cuya principal atribución era el voto del impuesto. Después del siglo XVI, la realeza se esforzó por destruir los Estados provinciales y transformar las provincias con asamblea en provincias de elección. En el siglo xviii sólo subsistían los Estados en provincias alejadas o anexionadas tardíamente: Bretaña, Languedoc, Provenza, Borgoña, Delfinado… En resumen, los Estados provinciales eran instituciones oligárquicas, en donde el Tercer Estado no estaba representado más que por la burguesía urbana, y en las que las deliberaciones tenían lugar por estamentos o brazos y no por personas.

Las municipalidades habían visto, también, que sus libertades habían quedado reducidas por el progreso de la monarquía absoluta. Los funcionarios municipales dejaron de ser elegidos, las ciudades cayeron bajo la tutela de los intendentes. En el campo no existían municipios propiamente dichos, al menos hasta 1787; la asamblea general de la comunidad, en cada ciudad, se ocupaba bajo la autoridad del señor, de la administración de los bienes comunales.

A fines del Antiguo Régimen, la realeza había acabado por suprimir toda vida política local. Como reacción, la Revolución estableció la descentralización.

III

LA JURISDICCIÓN DEL REY

Siendo la realeza la fuente de toda justicia, el rey podía intervenir en todos los procesos. No habiendo cedido su derecho podía apartar a sus delegados habituales en la materia, bien por llamamiento a su Consejo, bien por comisarios extraordinarios. Como justicia mayor del reino, el rey intervenía en este sentido por medio de cédula de perdón (abolición, remisión o conmutación de penas) y por medio de cartas-órdenes del rey, firmadas y selladas por un secretario de Estado (internamiento arbitrario en una cárcel del Estado). Pero generalmente el rey delegaba sus derechos de justicia en los tribunales.

La jurisdicción real, para imponerse, tuvo que luchar contra las jurisdicciones señoriales. La teoría de los casos reales (los procesos que interesan los derechos de la corona sólo atañen a la justicia real) y la teoría de la prevención (el demandante puede elegir la justicia real de preferencia a la señorial), habían permitido ir rebajando progresivamente las jurisdicciones señoriales, que ya no eran a finales del siglo xviii, en manos de los señores, más que un medio de dominación económica.

Los tribunales de prebostes, primera instancia de las causas civiles de los plebeyos, habían desaparecido casi en su totalidad en el siglo xviii. Los tribunales de los bailíos y de las senescalías, establecidos en el siglo xviii, juzgaban sin apelación las causas cuando los valores en litigio no pasaban de 40 libras. Los tribunales presidiales (présidiaux), instituidos en el siglo XVI, por Enrique II, para juzgar sin apelación las causas hasta 250 libras, estaban en decadencia plena en el siglo xviii.

Los parlamentos formaban los tribunales soberanos, establecidos para hacer justicia en nombre del rey, en última apelación. Aunque provenían de una división entre los antiguos tribunales del rey, en secciones especializadas, los Parlamentos pretendieron, en los siglos xvii y xviii, una competencia ilimitada y universal, fundándose en sus derechos de registro y de representación. El Parlamento de París abarcaba en 1789 la gran cámara, donde se litigaba; tres cámaras de encuestas, la cámara de los magistrados, reservada a los privilegiados; la cámara de la Tournelle, que juzgaba los procesos criminales. La extensión del reino y el constante aumento del número de Parlamentos provinciales produjeron doce nuevos Parlamentos (To- losa, Grenoble, Burdeos, Dijon, Ruán, Aix, Rennes, Pau, Metz, Besanzon, Douai, Nancy), cuya organización era idéntica a la del Parlamento de París, y cuatro Consejos soberanos (Rosellón, Alsacia, Artois y Córcega).

La venalidad y herencia de los cargos presidía el reclutamiento de los magistrados. El sistema se estableció en principio por la tendencia a la renuncio, que ya se practicaba para los beneficios eclesiásticos: el cargo de la judicatura fue asimilado a un beneficio eclesiástico y pudo renunciarse in favorem alicujus. La realeza, concediendo al Parlamento, en el siglo xiv, el derecho de presentación a los cargos vacantes, y después, en el siglo xv, el derecho de elección, tomó la costumbre de señalar, en lugar de los consejeros dimisionarios, a aquellos en beneficio de los cuales habían renunciado; en caso de muerte elegía el rey al heredero. Francisco I transformó esta práctica en sistema legal: para satisfacer las necesidades del Tesoro real otorgó cargos financieros y vendió los cargos reales vacantes o creados hacía poco. En 1522 estableció, con este objeto, una administración especial, el Bureau des parties casuelles. La medida se aplicó a los cargos de finanzas, después a los cargos de judicatura. La práctica de las renuncias siempre existía y amenazaba privar al Tesoro de la venta de los cargos a que se había renunciado: Carlos IX legalizó la renuncia mediante el pago de un derecho al Tesoro real. El sistema de venalidad quedó desde entonces completo: los cargos de judicatura eran vendidos, bien por los funcionarios en activo, bien por el poder real.

A la muerte del titular, el rey disponía libremente del cargo. Pero por causa de la venalidad, el cargo tendía a ser hereditario. La práctica de la herencia se estableció en un principio con medidas individuales: la continuidad en el cargo la concedía el rey a un determinado funcionario, en beneficio de una determinada persona. Así continuó durante todo el siglo xvi. A veces, el rey revocaba todas las sucesiones concedidas; el Tesoro percibía en tal caso nuevos derechos. Se estableció la herencia en 1604, como una medida general, propuesta por un secretario del rey, Charles Paulet; de aquí, su nombre Paulette. Un decreto del Consejo estipuló que pagando cada año un derecho equivalente a una sexagésima parte del precio del cargo, el titular obtenía dos ventajas; si renunciaba al cargo mientras vivía, el derecho quedaba disminuido en una mitad; si moría mientras estaba en el cargo, el derecho de renuncia formaba parte de su sucesión, sus herederos podían aplicarlo. De este modo el rey había perdido el derecho a elegir sus magistrados. Se pedían garantías de edad y capacidad: veinticinco años y la licencia o el doctorado en Derecho. En resumen, se concedían las licencias por edad, y los exámenes eran poco serios.

De la venalidad de los cargos de la judicatura provino la inamovilidad de la magistratura; el rey no hubiera podido destituir a un magistrado que hubiese comprado su cargo, sin devolverle su dinero. La inmovilidad era la consecuencia jurídica de la venta: se vinculó bajo el Antiguo Régimen a todos los cargos venales. De la venalidad provino, por otra parte, el sistema de regalos en especies. Los litigantes, que según las antiguas costumbres judiciales venían a solicitar los jueces, les enviaban pequeños regalos, especies (en un principio: almendras dulces, confituras, mercancías de Oriente). A partir del siglo xv los regalos se convirtieron en un impuesto obligatorio, pagadero en dinero. Con la venalidad, los presentes aumentaron; los honorarios de los magistrados no estaban en proporción con el precio de los impuestos, y tendieron a hacer que esos presentes rindieran lo más posible. La magistratura gratuita desapareció.

Las consecuencias sociales y políticas de la venalidad fueron muy importantes. Se formó una nueva clase, una clase intermedia entre la burguesía y la aristocracia. Los magistrados (los señores del Parlamento) vestían de toga; pero sus funciones les conferían la nobleza transmisible. Su reclutamiento escapó al rey, se hizo mediante cooptación. Así la magistratura se hizo totalmente independiente: pudo en el siglo xviii enfrentarse con la monarquía. A final del siglo, la exclusividad parlamentaria aumentó; la magistratura se cerró; los Parlamentos de Rennes, de Aix y de Grenoble no admitieron más candidatos plebeyos. Los informes de 1789 fueron unánimes en cuanto a la abolición de la venalidad y de la herencia de los cargos.

A finales del siglo xviii la justicia real aparecía como un conjunto complicado de instituciones. La multiplicidad de tribunales llevaba consigo conflictos de competencia: la multiplicidad de las apelaciones eternizaba el proceso. Los gastos eran excesivos: salarios de los abogados y procuradores, presentes de los jueces. La venalidad constituía el vicio principal del sistema. ¿Pero cómo tocarlo sin atacar a una clase social que estaba celosa de sus prerrogativas y cuyos cargos y funciones eran una parte importante de su fortuna? Hubiera sido atacar a la propiedad privada.

IV. LA FISCALIZACIÓN REAL

A medida que se afirmaban los poderes del rey, el derecho de ordenar impuestos fue perdido por los señores. Bajo Luis XIV se estableció la práctica de imponer tributos a sus súbditos, según la voluntad real. La organización fiscal se caracterizaba por la desigualdad entre los súbditos y diversidad entre las provincias; ningún impuesto era general para todos los súbditos, ni común a todo el Reino.

La administración financiera central estaba dirigida por el controlador general, que ayudaba al Consejo real de finanzas. La Cámara de cuentas de París, antigua sección financiera de la Corte del rey, y once Cámaras de cuentas en las provincias, controlaban las finanzas reales. Las trece Cortes de ayuda servían a lo contencioso en cuestiones de impuestos. En cada generalidad, una oficina de finanzas, constituida por los tesoreros generales de Francia, administraba el tributo, mientras que la capitación y el vigésimo estaban regidos por el intendente. A finales del Antiguo Régimen, el sistema del impuesto real era de una complicación extrema. En cuanto al tributo, impuesto establecido bajo la monarquía autoritaria pero no absolutista y que caracterizaba las excepciones y exenciones, se superponían impuestos de la monarquía absoluta, teóricamente más racional; en efecto, el impuesto real variaba según las provincias, y continuaba siendo desigual entre los súbditos. La monarquía tenía que perecer, especialmente por los vicios de su sistema fiscal.

1. El impuesto directo. La igualdad imposible

El impuesto sobre las tierras sólo se imponía a los plebeyos. Este impuesto era en el norte del país, y pesaba sobre el conjunto de la renta. Era real, en el Sur, gravando sólo la renta de los bienes inmuebles. Este era un impuesto de reparto, no de cuota; el rey fijaba lo que había que pagar, no cada contribuyente, y según un cierto porcentaje de su renta, sino una determinada colectividad o una parroquia cualquiera, solidariamente responsable de la suma total, encargada de repartirla entre sus habitantes. Cada año, el Gobierno establecía el presupuesto total de impuesto directo, o sea el total a percibir por el conjunto del país. El Consejo de finanzas lo repartía de inmediato entre la generalidad y las provincias de elección; en cada demarcación una Junta local determinaba el tributo de las parroquias. Por último, repartidores elegidos por los contribuyentes cargaban la tributación entre los que estaban sujetos a tributo. La percepción de éste estaba asegurada por los recaudadores de la parroquia, por un tesorero particular en la demarcación y, en fin, por un cobrador general en la generalidad. La percepción del tributo daba lugar a numerosos abusos, que Vauban denunció a partir de 1707, en su Díme royale.

La capitación, instituida definitivamente en 1791, tenía que pesar, en un principio, sobre todos los franceses. Los contribuyentes estaban divididos en veintidós clases, pagando cada una la misma suma: a la cabeza de la primera, el Delfín con dos mil libras; en la última, los soldados y jornaleros, que no pagaban más que una libra. El clero se liberó, en 1710, pagando 24 millones; los nobles escaparon a ella. La capitación terminó por caer sólo sobre los plebeyos, y convirtiose en un suplemento del tributo.

El vigésimo se estableció, después de diversos ensayos, en 1749. Se refería a la renta de los inmuebles del comercio, las rentas e incluso los derechos feudales. En resumen, la industria escapó a esto; el clero, por el voto periódico del don gratuito, se liberó; la nobleza quedaba con frecuencia exenta; las provincias de Estado o con asambleas estaban abonadas. El vigésimo constituyó un segundo suplemento del impuesto directo.

Por todo ello, el principio de igualdad, teóricamente establecido, fracasó en la práctica. El privilegio volvió a reaparecer en beneficio del clero y de la nobleza.

Aumentó el impuesto directo. No pudiendo hacerla aún mayor, la monarquía intentó establecer de nuevo la igualdad fiscal, único remedio para la crisis financiera. En 1787, Calonne propuso reemplazar el vigésimo por la subvención territorial, que recaería en todos. La resistencia del Parlamento y la revolución misma de los privilegiados dieron paso a la crisis que provocaría la Revolución.

En el siglo XVIII, al ampliarse la red de carreteras, la prestación personal para la construcción de éstas revistió gran importancia. Los propietarios linderos de la carretera tenían que transportar escombros, tierras y piedras, en proporción a la cantidad de brazos, caballos y carretas. El trabajo al servicio de la Corona se estableció, poco a poco, de 1726 a 1736. En 1738 se fue generalizando y regularizando por medio de una instrucción definitiva: el trabajo corporal iba unido al impuesto directo. Dio lugar a numerosos abusos y promovió una viva oposición. Turgot ensayó, en 1776, imponerlo a todos los propietarios, vinculándolo al vigésimo: el trabajo corporal se convertía en anexo del vigésimo, pagadero en dinero. La reforma fracasó, el edicto fue derogado después de la caída de Turgot. En 1787, el trabajo corporal, en cuanto tal, quedó suprimido y reemplazado por una contribución adicional de un sexto del tributo. Los gastos de contribución y mantenimiento de carreteras volvían a recaer sobre los plebeyos.

2. El impuesto indirecto y la «administración general»[4].

Los impuestos de ayuda, establecidos definitivamente en el siglo XV, recaían sobre ciertos objetos de consumo, vino y alcoholes, sobre todo. El clero y la nobleza escapaban a ellos. Estos impuestos se recaudaban en las cajas de los tribunales de París y de Ruán; el resto del reino estaba sometido a impuestos parecidos, pero con nombres diferentes.

La gabela era un impuesto que se percibía por la sal, desde el siglo XIV; era muy desigual y según las regiones. Los países redimidos, como La Guayana, eran aquellos que, a partir de la anexión, habían exigido que la gabela no fuese establecida; los países de exentos, como Bretaña, no estaban sometidos a ella; en los países de pequeña gabela, el consumo era libre; en los países de la gran gabela, cada familia tenía que comprar la sal debida a «la olla y el salero»; sólo los establecimientos de caridad y los funcionarios tenían franquicia de sal. En resumen, la gabela recaía, sobre todo, en los pobres; daba lugar a un contrabando activo, llevado a cabo por los oficiales de la gabela y ratas de alcantarillas (cobradores de este impuesto); era odiada unánimemente.

Las aduanas existían todavía en el interior del país, y expresaban la formación histórica del reino. Se distinguían tres categorías de provincias: los países de las grandes cinco administraciones unificadas por Colbert, alrededor de l’Ile-de-France, en donde los derechos no se imponían más que sobre el comercio con el extranjero y el resto del reino; las provincias reputadas extranjeras (Mediodía de Francia, Bretaña…), cada una de ellas rodeada de una línea aduanera; las tres provincias de extranjero efectivo (Tres Obispados, Lorena y Alsacia), que comerciaban libremente con el extranjero. Era una organización incoherente que perturbaba de modo considerable al auge comercial.

Si los impuestos directos los percibía la administración real, para los indirectos el sistema de la ferme se impuso a la administración real. Lo mismo sucedió con el dominio y los derechos de dominio. El sistema era antiguo. La palabra traites, con la que se designaba a los derechos de aduanas, traduce bien esta organización: el rey cedía a los tratantes el derecho de percibirlos. El sistema se aplicó a las gabelas y a las ayudas. Durante bastante tiempo, el rey no trató más que con arrendadores particulares, para un cierto derecho, y en una circunscripción limitada. En las provincias de elección, los diputados elegidos hacían las adjudicaciones. Se trataba de tierras locales. A principios del siglo XVII, la costumbre impuso que las adjudicaciones se establecieran en el Consejo del rey. Al mismo tiempo, las circunscripciones se extendieron. La concentración llevaba consigo la disminución de los gastos generales, y a la realeza le interesaba. Se continuó bajo Luis XIV y terminó en 1726, con la adjudicación única de todos los derechos, para toda Francia, en beneficio de la «administración general».

El arrendamiento de la «concesión general» se hizo por seis años, a nombre de un solo adjudicatario, hombre de paja, que daba su nombre y de quien se fiaban los arrendadores generales, es decir, los grandes financieros (veinte, después cuarenta, por último sesenta). La administración general creó una administración propia para asegurar la recaudación de los impuestos indirectos y de los derechos estables. Quedaba bajo la vigilancia de los intendentes y el control de los tribunales de ayuda. Estos últimos decidían, en último término, lo contencioso de las ayudas, de la gabela y de los traites, ya que los nuevos impuestos indirectos pertenecían a los intendentes, salvo apelación al Consejo del rey. Los concesionarios generales realizaban inmensos beneficios: el sistema era oneroso para el Estado. El Gobierno de Luis XVI reglamentó algunos de los derechos que hasta entonces habían sido informales; no pudo, sin embargo, pasarse sin los servicios de los concesionarios generales por falta de unas finanzas sólidas y de un crédito suficiente. La administración general, responsable especialmente de la percepción de la gabela, concentró los odios populares; las perturbaciones revolucionarias empezaron con frecuencia con el incendio de sus oficinas.

La estrechez financiera fue una de las causas más importantes de la Revolución; los vicios del sistema fiscal, la mala percepción y la desigualdad del impuesto fueron los máximos responsables de esta penuria. Sin duda, hay que agregar el gasto de la Corte, las guerras, y particularmente la guerra de la Independencia de los Estados Unidos de América. La deuda pública aumentó en proporciones catastróficas bajo el reinado de Luis XVI; el pago de sus intereses absorbía más de 300 millones de libras, es decir, más de la mitad de la recaudación real. En un país próspero, el Estado hubiera llegado al borde de la quiebra. El egoísmo de los privilegiados, su obstinación en cuanto a consentir la igualdad frente al impuesto, obligaron a la realeza a ceder; el 8 de agosto de 1788, para resolver la crisis financiera, Luis XVI convocaba a los Estados generales.

La vieja máquina administrativa del Antiguo Régimen estaba bastante gastada a finales del siglo XVIII. Existía una contradicción evidente entre la teoría de la monarquía todopoderosa y su impotencia real. La estructura administrativa era incoherente a fuerza de complicaciones; las viejas instituciones continuaban aún cuando las nuevas se les superponían. A pesar del absolutismo y de su esfuerzo de centralización, la unidad nacional estaba lejos de realizarse. Sobre todo la realeza era impotente a causa de los vicios de su sistema fiscal; mal repartido y mal percibido, el impuesto no rendía; se le soportaba con una impaciencia mayor en cuanto recaía sobre los más pobres. En estas condiciones, el absolutismo real no correspondía ya a la realidad. La fuerza de inercia de la burocracia, la pereza del personal gubernamental, la complejidad y a veces el caos de la administración no permitieron a la monarquía resistir eficazmente cuando el orden social del Antiguo Régimen se conmovió y le faltó el apoyo de sus defensores tradicionales.

CAPÍTULO III

PRÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN BURGUESA: LA REBELIÓN DE LA ARISTOCRACIA
(1787-1788)

Época de crisis social e institucional, los años que precedieron a 1789 vieron cómo iba desarrollándose una grave crisis política motivada por la impotencia financiera de la monarquía y su incapacidad para reformarla: cada vez que un ministro reformador quería modernizar el Estado, la aristocracia se levantaba para defender sus privilegios. La rebelión de la aristocracia precedió a la Revolución y contribuyó, antes de 1789, a conmover a la monarquía.

I

LA CRISIS FINAL DE LA MONARQUÍA

En mayo de 1781, Necker dimitió de su cargo de director general de Finanzas. Desde ese momento la crisis se precipitó. Al rey Luis XVI, hombre grueso, honrado y con buena intención, pero gris, débil y dubitativo, fatigado por las preocupaciones del poder, le gustaba más la caza o su taller de cerrajería que las sesiones de su Consejo. La reina María Antonieta, hija de María Teresa de Austria, bonita, frívola e imprudente, contribuyó con su actitud despreocupada al descrédito de la realeza.

1. La impotencia financiera

Bajo los sucesores inmediatos de Necker, Joly de Fleury y Lefebvre d’ Ormesson, la realeza vivió económicamente de expedientes. Calonne, nombrado inspector general de Finanzas en noviembre de 1783, continuó la política que Necker había inaugurado en el momento de la guerra de América, apelando en gran parte al empréstito, ante la imposibilidad de cubrir el déficit, aumentando los impuestos.

El déficit, mal crónico de la monarquía y principal de las causas inmediatas de la Revolución, se agravó considerablemente por la guerra de América: el equilibrio económico de las finanzas de la monarquía quedó completamente comprometido. Es difícil hacerse una idea de la extensión del déficit. La realeza del Antiguo Régimen no conocía la institución de un presupuesto regular; los ingresos estaban repartidos en diferentes cajas; la contabilidad continuaba siendo insuficiente. Un documento permite, no obstante, conocer la situación financiera la víspera de la Revolución, el Compte du Trésor de 1788, «primero y último presupuesto» de la monarquía, aunque no fuese un presupuesto en el sentido exacto del término, pues el Tesoro real no contabilizaba todas las finanzas del reino. Según esta contabilización de 1788, los gastos se elevaban a más de 629 millones de libras y a 503 sólo los recibos. El déficit alcanzaba cerca de 126 millones, o sea, un 20 por 100 de los gastos. El presupuesto preveía uno 136 millones de empréstitos. Sobre el conjunto del presupuesto, los gastos civiles ascendían a 145 millones, o sea, un 23 por 100. Pero mientras que la instrucción pública y la ayuda ascendían a 12 millones (ni un 2 por 100 siquiera), la Corte y los privilegios obtenían 36 millones, es decir, cerca de un 6 por 100: y se habían hecho importantes economías sobre el presupuesto de la Casa Real. Los gastos militares (guerra, marina, diplomacia) se elevaban a más de 165 millones, o sea un 26 por 100 del presupuesto, de ellos 46 millones para la paga de 12 000 funcionarios, que costaban más caro que todos los soldados. La deuda constituía el capítulo más importante del presupuesto: su servicio absorbía 318 millones, o sea, más del 50 por 100 en el presupuesto de 1789; lo recaudado por anticipación ascendía a 325 millones de libras; los expedientes representaban un 62 por 100 de lo percibido.

El mal tenía causas múltiples. Los contemporáneos han insistido en el derroche de la Corte y de los ministros. La alta nobleza costaba cara al país. En 1780 el rey había otorgado cerca de 14 millones de libras al conde de Provenza, más aún al conde de Artois, que cuando la Revolución estalló se vio obligado a reconocer más de 16 millones de deudas exigibles. Los Polignac cobraban del Tesoro real en pensiones y en gratificaciones 500 000 libras, y después 700 000, por año. La compra del castillo de Ramboullet para el rey exigía 10 millones y seis el de Saint-Cloud para la reina. Luis XVI, para mejorar a los nobles, había consentido también que se hiciesen intercambios o compras, muy onerosas, de dominios; había comprado al príncipe de Condé el de Clermontois por unas 600 000 libras de rentas y más de siete millones efectivos, lo que no impedía que el príncipe percibiese todavía rentas en Clermontois en 1788.

La deuda aplastaba las finanzas reales. Se han valorado los gastos que llevó consigo la participación de Francia en la guerra de la Independencia americana en dos mil millones y medio, que Necker cubrió con empréstitos. Cuando hubo terminado la guerra, Calonne añadió, en tres años, 635 millones a los empréstitos anteriores. En 1789 la deuda alcanzaba cinco mil millones aproximadamente, mientras que el numerario en circulación eran dos mil millones y medio: la deuda se había triplicado durante los quince años de reinado de Luis XVI.

El déficit no podía superarse con el aumento de los impuestos. Su peso era tanto más aplastante para las masas populares cuanto que, en los últimos años del Antiguo Régimen, los precios habían aumentado con relación al período 1726-1741 en un 65 por 100, pero sólo en un 22 por 100 los salarios. El poder adquisitivo de las clases laboriosas había disminuido otro tanto: los impuestos habían aumentado en menos de diez años en 140 millones. Todo nuevo aumento era imposible. El único remedio era la igualdad general ante el impuesto. La igualdad, en principio, entre las provincias, regiones con asambleas como el Languedoc y Bretaña se administraban con relación a las demarcaciones de elección. La igualdad entre los súbditos sobre todo, ya que el clero y la nobleza gozaban exenciones fiscales. Este privilegio era tanto más injusto cuanto que las rentas de los bienes territoriales habían aumentado en un 98 por 100, cuando los precios ascendían a más de un 65 por 100. Los derechos feudales y los diezmos percibidos en especie habían seguido el alza general. Las clases privilegiadas, constituían, pues, una base imponible aún intacta: no se podía llenar el Tesoro más que a sus expensas. Era necesario incluso el asentimiento de los Parlamentos, poco dispuestos a sacrificar sus intereses privados. ¿Pero qué ministro osaría imponer semejante reforma?

2. La incapacidad política

El recurso del préstamo terminó por acabarse. Acosados por la bancarrota, Calonne y su sucesor, Brienne, intentaron resolver la crisis financiera, estableciendo la igualdad de todos ante el impuesto: el egoísmo de los privilegiados hizo fracasar su intento.

Los proyectos de reforma de Calonne fueron sometidos al rey el 20 de agosto de 1786 en su Plan d’amélioration des finances, de hecho un amplio programa en el triple aspecto fiscal, económico y administrativo.

Las reformas fiscales tendían a suprimir el déficit y a acabar la deuda. Para acabar con el déficit, Calonne proyectaba extender a todo el reino el monopolio del trabajo, los derechos del timbre y del registro, los derechos de consumo sobre las mercancías coloniales. Pero el proyecto principal era suprimir el vigésimo de los bienes territoriales y reemplazarlo por la subvención territorial, impuesto de cuota, es decir, proporcional a la renta, que no llevaría consigo ni exenciones ni distinciones; impuesto sobre la tierra y no impuesto personal, la subvención pesaría sobre todas las propiedades territoriales, eclesiásticas, nobles o plebeyas, de lujo como la herencia, clasificadas en cuatro categorías sometidas a una tarifa regresiva; las tierras mejores tenían el impuesto de un vigésimo (5 por 100) y un cuarentavo (2,5 por 100) las peores. Para la riqueza mobiliaria, Calonne sostenía los vigésimos: un vigésimo de industria para los comerciantes y los industriales, un vigésimo de los cargos para los cargos venales, un vigésimo de los derechos para las demás rentas mobiliarias. Con el fin de terminar con la deuda, Calonne proponía enajenar en veinticinco años el patrimonio real. Un último aspecto del plan fiscal, el impuesto sobre los bienes inmuebles y la gabela se aligeraron; si subsistían las exenciones, la tendencia a la unificación se afirmaba, no obstante, y Calonne expresaba el deseo de unificar de una manera total las gabelas.

Las reformas de orden económico tenían por objeto estimular la producción: la libertad de comercio de los granos, retroceso de las barreras, es decir, supresión de las aduanas interiores y retroceso de la línea aduanera a la frontera política, es decir, unificación del mercado nacional y la supresión, en fin, de un cierto número de derechos molestos para el productor (marcas para el hierro, derechos de corretaje, derechos de anclaje…). Calonne respondía así a los proyectos de la burguesía comercial e industrial.

Ultimo aspecto del plan de Calonne: asociar los súbditos del rey a la administración del reino. Necker había creado ya las asambleas provinciales en Berry y en la Alta Guayana. Pero éstas estaban constituidas por los estamentos: Calonne creó un sistema de elecciones censatarias, teniendo como base la propiedad territorial. Su plan instituía, pues, las asambleas municipales, elegidas por todos los propietarios en posesión de 600 libras de renta; sus delegados formarían las asambleas de distrito, quienes a su vez enviarían uno o más delegados a las asambleas provinciales. Estas asambleas serían puramente consultivas; el poder de decidir quedaba a cargo de los intendentes.

Este programa reforzaba el poder real con un impuesto, cuota permanente, que en cierta medida respondía a las aspiraciones del Tercer Estado, especialmente a la burguesía asociada con la administración, y podía compensar la abolición del privilegio fiscal. Calonne, aunque la trababa con dureza, no pretendía suprimir la jerarquía social tradicional. Juzgaba indispensable para la monarquía que la aristocracia continuara exenta de las cargas personales, como el tributo, el trabajo corporal, alojamiento de soldados; conservaba sus privilegios honoríficos.

Una asamblea de Notables fue convocada para aprobar la reforma: Calonne no podía en realidad contar con los Parlamentos para que la registrasen. Los Notarios se reunieron en febrero de 1787 en número de 144; prelados, grandes señores, parlamentarios, intendentes y consejeros de Estado, miembros de los Estados provinciales y de las municipalidades. Habiéndoles elegido él mismo, Calonne esperaba que fueran dóciles. De hecho, la monarquía capitulaba ya en cuanto a pedir la aprobación de la aristocracia en lugar de imponer su voluntad. Como privilegiados, los Notables defendieron sus privilegios: reclamaron el examen de las cuentas de Tesoro, protestaron contra el abuso de las pensiones, comercializaron el voto de la subvención para obtener concesiones políticas. La opinión no sostuvo a Calonne: la burguesía se mantenía en la reserva, el pueblo continuaba indiferente. Bajo la presión de su medio ambiente, Luis XVI terminó por abandonar a su ministro: el 8 de abril de 1787, Calonne fue depuesto.

En la primera fila de los adversarios de Calonne se había colocado el arzobispo de Tolosa, Loménie de Brienne. El rey, a instancia de María Antonieta, le llamó al ministerio. Diversos expedientes (nuevos impuestos, algunas economías y, sobre todo, un empréstito de 67 millones) consiguieron que no se produjera la bancarrota. Pero el problema financiero continuaba en pie.

Por la mecánica de las cosas, Brienne se vio obligado a llevar a cabo los proyectos de su predecesor. La libertad de comercio de granos quedó establecida; el trabajo corporal, transformado en una contribución en dinero; las asambleas provinciales, creadas allí donde el Tercer Estado tenía una representación igual a la de los otros de dos estamentos reunidos (esto con el fin de romper la coalición de la burguesía con los privilegiados); por último, la nobleza y el clero quedaron sometidos al impuesto de la subvención territorial. Los notables declararon que no tenían poder para consentir el impuesto. No pudiendo obtener nada, Brienne los disolvió (25 de mayo de 1787).

Así se terminaba con ese primer intento: con un fracaso de la realeza. Calonne había intentado convocar a los Notables, con el fin de imponerse al resto de la aristocracia. Ni Calonne ni Brienne obtuvieron la adhesión de los Notables. La urgencia de las reformas se afirmaba cada vez más. Brienne viose obligado a enfrentarse con el Parlamento.

La resistencia de los Parlamentos siguió a la de los Notables. El Parlamento de París, seguido del Tribunal de Ayudas y Cuentas, expuso sus quejas con motivo de un edicto que obligaba a timbrar las peticiones, los periódicos y anuncios. Hizo que el edicto recayese sobre la subvención territorial, reclamando al mismo tiempo la convocatoria de los Estados generales sólo con objeto de consentir nuevos impuestos. El 6 de agosto de 1787, una orden judicial obligó al Parlamento a registrar los edictos. Al día siguiente, el Parlamento anuló como ilegal el registro de la víspera. El exilio en Troyes castigaba esta rebelión. Pero la agitación llegó a las provincias y al conjunto de la aristocracia judicial. Brienne no tardó en capitular: los edictos fiscales fueron retirados. El Parlamento reinstalado registró el 4 de septiembre de 1787 el restablecimiento de los vigésimos; de la subvención territorial no había que preocuparse. Nuevo golpe, más grave todavía que el primero: la reforma fiscal se hacía imposible ante la resistencia del Parlamento, intérprete del conjunto de la aristocracia.

Para subsistir, Brienne, una vez más, tuvo que recurrir al empréstito. Pero no podía hacerlo sin el entendimiento del parlamento, que no concedió el registro más que bajo promesa de una convocatoria de los Estados generales. Todavía poco seguro de su mayoría, el ministro impuso el edicto durante el curso de una sesión real, bruscamente transformada en tribunal de justicia para cortar toda discusión (19 de noviembre de 1787). El duque de Orleáns protestó: «Señor, es ilegal». «Es legal —replicó Luis XVI— porque yo quiero». Respuesta digna de Luis XIV si hubiera sido hecha con calma y con majestad. La discusión se eternizó y el debate se amplió. El 4 de enero de 1788 el Parlamento votó una requisitoria contra las cartas-órdenes y reclamó la libertad individual como un derecho natural. El 3 de mayo de 1788, por último, el Parlamento publicó una declaración de las leyes fundamentales del reino, de las que se decía ser su guardián: era la negación del poder absoluto. Proclamaba especialmente que el voto de los impuestos pertenecía a los Estados generales y, por lo tanto, a la nación; condenaba de nuevo los arrestos arbitrarios y las detenciones secretas y estipulaba, en fin, la necesidad de mantener «las costumbres de las provincias» y la inamovilidad de la magistratura. La declaración se caracterizaba por una mezcla de principios liberales y de ciertas pretensiones aristocráticas. No se pronunció, por principio, sobre la igualdad de los derechos y la abolición de los privilegios, y dicha declaración no presentaba ningún carácter revolucionario.

La reforma judicial de Lamoignon tuvo por objeto romper la resistencia del Parlamento. Sus acuerdos se abolieron, pero el Gobierno no paró aquí. Se decidió, al fin, a imponer su voluntad y dio orden de detener a dos agitadores de la oposición parlamentaria, Duval d’ Epremesnil y Goislard de Montsabert, arresto que sólo tuvo lugar después de una dramática reunión en la noche del 5 al 6 de mayo de 1788, cuando el Parlamento de París declaró a los dos consejeros refugiados en su seno «bajo la protección de la ley». Sobre todo el 8 de mayo de 1788, el rey impuso el registro de seis edictos preparados por el guardasellos Lamoignon, con el fin de romper la resistencia de los magistrados, y reformar la justicia. Una orden de lo criminal suprimía los actos previos[5], es decir, las torturas que precedían a la ejecución de los criminales (la explicación preparatoria que acompañaba a la orden databa de 1780). Se abolieron un gran número de jurisdicciones inferiores o especiales. Los tribunales llamados «presidiales» se convirtieron en tribunales de primera instancia. Los Parlamentos veían sus atribuciones disminuidas en beneficio de 45 grandes bailíos (tribunales de apelación). Pero Lamoignon no se atrevió, por cuestiones financieras, a suprimir la venalidad y los presentes. Para registrar los edictos reales sustituyó al Parlamento una Corte plenaria, compuesta esencialmente de la Gran Cámara del Parlamento de París y de los duques y pares. La aristocracia judicial perdía así el control de la legislación y de las finanzas reales.

Reforma profunda, pero que llegaba demasiado tarde: la aristocracia tuvo éxito en cuanto a llevar todos los descontentos contra el Gobierno, ampliando así el conflicto inicial a escala nacional.

II

LOS PARLAMENTOS CONTRA EL ABSOLUTISMO(1788)

1. La agitación parlamentaria y la Asamblea de Vizille

La verdadera resistencia contra la reforma de Lamoignon que despojaba a la aristocracia parlamentaria de sus privilegios políticos no vino de París, sino de las provincias, especialmente de aquellas en que la aristocracia poseía, fuera del Parlamento, un medio de acción en la institución de los Estados provinciales. La reforma judicial sobrevenía, en efecto, cuando aumentaba la agitación, suscitada por las asambleas provinciales creadas por el edicto de junio de 1787. Para satisfacer a la aristocracia, Brienne les había concedido poderes amplios en detrimento de los intendentes; pero había otorgado al Tercer Estado una representación doble y el voto por cabeza y no por orden, lo que descontentaba a los privilegiados. El Delfinado, el Franco-Condado, la Provenza reclamaron el restablecimiento de sus antiguos Estados provinciales. Los dos motivos de agitación se conjugaron. La aristocracia parlamentaria arrastró consigo a la fracción liberal de la alta nobleza y de la alta burguesía. Impedir la instalación de los nuevos tribunales, hacer la huelga de la justicia, desencadenar el desorden, pedir la reunión de los Estados generales: éstas fueron las consignas. Parlamentos y Estados provinciales organizaron la resistencia con su numerosa clientela de hombres de leyes. Las manifestaciones se sucedieron. La nobleza de espada siguió el mismo camino; después, la nobleza eclesiástica. La asamblea del clero protestó en junio de 1788 contra la institución del Tribunal plenario.

La agitación tornose en insurrección. En Dijon (11 de junio de 1788) y en Tolosa los motines estallaron con ocasión de instalarse los tribunales del gran bailío. En Pau, los montañeses, incitados por los nobles de los Estados provinciales, cercaron al intendente en su palacio, obligándole a reinstalar el Parlamento (19 de junio de 1788). En Rennes, los disturbios enfrentaron a los nobles bretones, defensores del Parlamento, contra las tropas reales (mayo-junio de 1788).

Pero los acontecimientos más importantes y que constituyeron un verdadero prefacio para la Revolución fueron aquellos que se desarrollaron en el Delfinado, en donde la creación de un asamblea provincial suscitó una gran emoción, que la reforma judicial llevó al máximo. No obstante, un hecho característico en esta provincia, cuya actividad industrial y la importancia de su producción la situaba entre las más evolucionadas del reino, fue la presencia de la burguesía que se puso en cabeza de la oposición. El Parlamento de Grenoble protestó cuando se quiso que se registrase los edictos del 8 de mayo; se les dieron vacaciones. Se reunió, sin embargo, el 20 de mayo; el lugarteniente general de la provincia los condenó al exilio. El 7 de junio de 1788, día fijado para la marcha, el pueblo se reveló, a instigación, parece, de los auxiliares de justicia, exasperados por la ruina del Parlamento, que a su vez era causa de la suya. La multitud ocupó las puertas de la ciudad; y subía a los tejados y lapidaba a las patrullas que recorrían las calles. En vano, el lugarteniente general, el viejo duque de Clermont-Tonnerre, se esforzó por apaciguar la emoción popular, haciendo volver la tropa a sus cuarteles. Hacia pasado el mediodía, el motín, dueño de la ciudad, reinstalaba a los magistrados en el palacio de justicia. Aunque esta Jornada de las tejas no tuvo resultado inmediato de importancia (los magistrados salieron por fin de Grenoble en la noche del 12 al 13 de junio de 1788, obedeciendo así las órdenes del rey), hizo que en el Delfinado se produjese un principio de agitación verdaderamente revolucionario.

El 14 de junio de 1788, en efecto, se produjo en el Ayuntamiento de Grenoble una reunión, a la que asistieron nueve eclesiásticos, canónigos y párrocos de la ciudad, 33 gentileshombres y 59 miembros del Tercer Estado, notarios, procuradores y abogados, entre ellos Mounier y Barnave. La burguesía se ponía a la cabeza del movimiento. Se adoptó una moción preparada por Mounier que pedía la vuelta de los magistrados y su reintegración en plenitud de sus funciones: la convocatoria de los «Estados particulares de la provincia convocando a ellos a los miembros del Tercer Estado, en un número igual que el de los miembros del clero y de la nobleza, reunidos y por medio de elecciones libres»; por último, la convocatoria de los estados generales del reino, «con objeto de remediar los males de la nación».

La asamblea de Grenoble, según el espíritu de sus promotores, no era más que una reunión preparatoria de una asamblea general de las municipalidades del Delfinado, que quedó finalmente fijada para el 21 de julio. Una propaganda activa fue desarrollándose en la provincia para asegurar el éxito, que se vio favorecido por la falta de autoridad. Uno de los magnates de la economía delfinesa, Périer, llamado «Milord» a causa de su inmensa fortuna, prestó su castillo de Vizille, a las puertas de Grenoble, que había adquirido para establecer en él una fábrica de algodón. Fue allí la reunión el 21 de julio de 1788. La Asamblea de Vizille es una representación previa a escala de una provincia de lo que serían los estados generales de 1789. Constituida por representantes de los tres órdenes, la Asamblea contaba con 50 eclesiásticos, 165 nobles y 276 representantes del Tercer Estado: asamblea de notables de la que estaban excluidas «las últimas clases del pueblo», según expresión de Mounier, ya que las ciudades no habían enviado más que privilegiados y burgueses y sólo estaban representadas 194 parroquias de las 1212 que contaba el Delfinado. Un decreto, en gran parte inspirado por Mounier, formuló las resoluciones de la Asamblea. Reclamaba el restablecimiento de los Parlamentos, pero despojados de sus prerrogativas políticas: los Estados Generales, cuya convocatoria se pidió, «eran los únicos que tenían la fuerza necesaria para luchar contra el despotismo de los ministros y poner término a las rapiñas de las finanzas».

Los Estados del Delfinado tenían que establecerse de nuevo, pero en los nuevos el Tercer Estado tendría una representación igual a la de los privilegiados. Además, la Asamblea se elevó por encima del particularismo provincial y se despertó el espíritu nacional:

«Los tres estamentos del Delfinado no separarán jamás su causa de la de las demás provincias, y, sosteniendo sus derechos particulares, no abandonarán los de la nación».

Dando ejemplo, la Asamblea renunció, para el Delfinado, al privilegio de acordar el impuesto: «Los tres estamentos de la provincia no concederán el impuesto más que cuando sus representantes hayan deliberado en los Estados generales del reino».

Superando el cuadro provincial en que se había mantenido la agitación en Bretaña y en el Bearn, la Asamblea proclamaba, para crear un nuevo orden, la necesidad de una unidad nacional. En este sentido, la Asamblea de Vizille, como por la participación del Tercer Estado revestía sus deliberaciones de un carácter revolucionario: el Antiguo Régimen social y político vacilaba sobre sus bases.

Sin embargo, esta unión del Tercer Estado y de la aristocracia, esta preponderancia de las perspectivas del Tercer Estado en las deliberaciones de Vizille, aunque tuvo una gran resonancia, no logró el eco debido en las demás provincias. La Declaración de Vizille fue admirada, pero no imitada. En la primavera de 1788 fue esencialmente la unión de la aristocracia de toga y de espada la que tuvo al poder real en jaque. Contra la realeza y para el mantenimiento de sus privilegios, la aristocracia no dudó en emplear sus métodos de violencia. La nobleza de espada y de toga se unieron para no obedecer al rey, llamando a la burguesía en su ayuda, que de este modo hacía su aprendizaje revolucionario. Pero si la burguesía pedía un régimen constitucional y la garantía de las libertades esenciales; si exigía el voto del impuesto en los estados generales y la vuelta a la administración local de los estados provinciales electivos, la aristocracia también pretendía mantener en esos diversos organismos su preponderancia política y social. Las numerosas protestas de la nobleza fueron unánimes en cuanto a reclamar el mantenimiento de los derechos feudales, y especialmente los derechos honoríficos. La aristocracia se comprometió en la lucha contra la monarquía absoluta, arrastrando consigo al Tercer Estado, pero con la intención definida de establecer sobre la ruina del absolutismo su poder político, manteniendo así sus privilegios sociales.

2. La capitulación de la realeza

Ante la alianza amenazadora del Tercer Estado con los privilegiados, Brienne quedó reducido a la impotencia. El poder se le escapó. Las asambleas provinciales que había creado y compuesto a su gusto se mostraron poco dóciles, rechazando el aumento de los impuestos. El Ejército, dirigido por los nobles hostiles al ministro y a sus reformas, no era seguro. Sobre todo el Tesoro estaba vacío y no se tenía la oportunidad de hacer ningún empréstito en unas circunstancias tan dudosas. Brienne capituló ante la revolución de la aristocracia. El 5 de julio de 1788 prometió reunir a los Estados generales; el 8 de agosto se suspendió el Tribunal plenario, fijándose la apertura de los Estados generales el 1 de mayo de 1789. Después de haber agotado todos los expedientes, de haber echado mano a los fondos de los inválidos y las suscripciones para los hospitales, el Tesoro continuaba vacío. Brienne presentó la dimisión (24 de agosto de 1788).

El rey acudió a Necker, que consumó la capitulación de la monarquía. La reforma judicial de Lamoignon, que había provocado el tumulto, quedó abolida; los Parlamentos, restablecidos: los estados generales, convocados en la fecha fijada por Brienne. El Parlamento se apresuró a indicar en qué sentido pensaba explotar su victoria. Después de su suspensión, el 21 de septiembre de 1788, los Estados generales se convocaron en la misma forma que en 1614, en tres estamentos separados, disponiendo cada uno de ellos de una voz. Los estamentos privilegiados triunfarían sobre el Tercer Estado.

A finales de septiembre de 1788, la aristocracia triunfaba. Pero si la revuelta aristocrática había puesto a la monarquía en acción, también la había conmovido suficientemente para abrir la vía a la revolución para la que la evolución económica y social había preparado al Tercer Estado. Tomó la palabra a su vez. Entonces empezó la verdadera revolución.

Es conveniente detenerse un instante en el umbral de esta Revolución de 1789, que va a cambiar las estructuras tradicionales para intentar sacar, de la abundancia de hechos y de la multiplicidad de aspectos sociales y políticos, en cuanto a la estructura o a la coyuntura, lo esencial de la crisis del Antiguo Régimen.

El siglo XVIII ha sido un siglo de prosperidad, pero su apogeo económico se sitúa a finales de los años 60 y en los primeros años 70. Si el auge pudo comprobarse hasta la guerra de América, hubo un declinar a partir de 1788, «la decadencia de Luis XVI». Por otra parte, el alcance de este auge hay que considerarlo con ciertas reservas: benefició más a los privilegiados y a la burguesía que a las clases populares, que, por el contrario, padecieron más con esa decadencia. Después de 1778 comenzó un período de contracción; después, de regresión de la economía, que vino a coronar una crisis cíclica generadora de miseria. Jaurès no ha negado, sin duda, la importancia del hambre en el estallido de la Revolución, pero no le reconocía más que un papel episódico. La mala cosecha de 1788 y la crisis de 1788-1789 fueron una prueba dolorosa para las masas populares, movilizándolas en servicio de la revolución burguesa, pero esto no era, según él, más que un accidente. En resumen, el mal era más profundo: alcanzaba a la economía francesa en todos sus sectores. La miseria colocó a las masas populares en movimiento en el momento mismo en que la burguesía, después de un auge sin precedentes, se veía amenazada en sus rentas y beneficios. La regresión económica y la crisis cíclica que estallaron en 1788 fueron las principales responsables de los acontecimientos de 1789. Conociéndolas se logra una nueva luz respecto del problema de los orígenes inmediatos de la Revolución.

Fuera de esto, los determinantes económicos que definen un período acentuaban los antagonismos sociales fundamentales. Las causas profundas de la Revolución francesa hay que buscarlas en las contradicciones subrayadas por Barnave entre las estructuras y las instituciones del Antiguo Régimen, por una parte, y el movimiento económico y social, por otra. En la víspera de la Revolución los esquemas sociales continuaban siendo aristocráticos; el régimen de la propiedad territorial continuaba siendo todavía una estructura feudal; el peso de los derechos feudales y de los diezmos eclesiásticos era intolerable para los campesinos. Esto sucedía cuando se desarrollaron los nuevos medios de producción y de intercambio sobre los que se edificaba la potencia económica burguesa. La organización social y la política del Antiguo Régimen, que consagraban los privilegios de la aristocracia territorial, obstaculizaban el desarrollo de la burguesía.

La Revolución francesa fue, según expresión de Jaurès, una revolución «ampliamente burguesa y democrática» y no una revolución «estrechamente burguesa y conservadora» como la respetable Revolución inglesa de 1688. Lo fue gracias al sostenimiento de las masas populares, guiadas por el odio del privilegio y mantenidas por el hambre, deseosas de liberarse del peso del feudalismo. Una de las tareas esenciales de la Revolución fue la destrucción del régimen feudal y de la libertad de los campesinos y de la tierra. De estas características dan idea no sólo la crisis general de la economía a finales del Antiguo Régimen, sino, de una manera más profunda todavía, las estructuras y las contradicciones de la antigua sociedad. La Revolución Francesa fue más bien una revolución burguesa, pero con aliento popular y especialmente campesina.

Al final del Antiguo Régimen los progresos de la idea de nación se afirmaron con el auge de la burguesía, aunque continuaban frenados por la persistencia de las estructuras feudales en la economía, la sociedad y el Estado, lo mismo que por la resistencia de la aristocracia. La unidad nacional continuaba sin lograrse. El desarrollo de la economía y de la constitución de un mercado se veían siempre obstaculizados por las aduanas interiores y los portazgos, por la multitud de pesos y medidas, por la diversidad y la incoherencia del sistema fiscal, por la persistencia de los derechos feudales y los diezmos eclesiásticos y por la misma ausencia de unidad en la sociedad. La jerarquía social se fundaba sobre el privilegio no sólo de la nobleza y el clero, sino también los de las múltiples corporaciones y comunidades que fraccionaban la nación y que poseían cada uno de ellos sus franquicias y sus libertades; en una palabra, sus privilegios. La desigualdad era la norma; la mentalidad corporativa acentuaba la división. En su Tableau de París (1781), Sebastián Mercier consagra un capítulo al egoísmo de las corporaciones:

«Las corporaciones, opina, son obstinadas y pretenden aislarse en medio de las relaciones de la máquina política; hoy toda corporación sólo siente la injusticia cometida en algunos de sus individuos, y ve como algo ajeno a sus intereses la opresión del ciudadano que no pertenece a su clase».

Tanto la estructura del Estado como la de la sociedad constituía una negación de la unidad nacional. La misión histórica de los Capetos había sido dar al Estado, que habían constituido, reuniendo en torno a sus dominios las provincias francesas, la unidad administrativa, factor favorable tanto para despertar la conciencia nacional como para el ejercicio de un poder real. En efecto, la nación continuaba separada del Estado, según testimonio del propio monarca. «Hubo un momento —declaró Luis XVI el 4 de octubre de 1789—, cuando invitamos a la nación a venir en socorro del Estado…». La organización del Estado no se mejoró en el curso del siglo XVIII. Luis XVI gobernaba y administraba distintas cosas con las mismas instituciones que su abuelo Luis XIV. Las tentativas de reformas de estructura habían sido nulas ante la resistencia de la aristocracia, sólidamente acampada en sus Parlamentos, sus Estados provinciales, sus asambleas clericales. Como los súbditos, las provincias y las ciudades continuaban gozando de sus privilegios; eran baluartes contra el absolutismo real y fortaleza de un particularismo obstinado.

En resumen, no se puede separar la falta de unidad nacional, que la monarquía absolutista no había conseguido, de la continuada estructura social de tipo aristocrático, negación misma de la unidad nacional. Terminar la obra monárquica de unificación nacional hubiera significado poner en evidencia la estructura de la sociedad y, por tanto, del privilegio. Contradicción insoluble: jamás Luis XVI se decidiría a abandonar a su fiel nobleza. La persistencia e incluso una mayor acentuación de la mentalidad feudal y militar de la aristocracia contribuyeron a desvincular a la mayoría de los nobles de la nación para vincularles a la persona del rey. Incapaces de adaptarse, comidos por sus prejuicios, se aislaron en completo exclusivismo cuando en el marco de las instituciones superadas se afirmaba ya el nuevo orden.

«Si se piensa, por último, escribe Tocqueville, que esta nobleza separada de las clases medias [entendemos la burguesía], que había rechazado de su seno, y del pueblo, del que había dejado escapar el corazón, se hallaba totalmente aislada en medio de la nación, en apariencia al frente de un ejército, en realidad un cuerpo de oficiales sin soldados, se comprenderá cómo después de haber estado mil años en pie había podido derribarse en el espacio de una noche».

La unidad nacional, frenada por la reacción aristocrática, no había dejado de progresar en la segunda mitad del siglo XVIII con el desarrollo de la red de carreteras reales y con las relaciones económicas y la atracción de la capital (Francia, según Tocqueville, era de todos los países de Europa el que tenía la capital que había adquirido mayor preponderancia sobre la provincias y más absorbía todo el imperio por el progreso intelectual). La difusión de la filosofía de la Ilustración y la educación de los colegios fueron quienes instituyeron los verdaderos medios de unificación. Pero subrayar estas características es subrayar el auge de la burguesía. Se convirtió en el factor social esencial de la unidad nacional llegando a identificarse con la nación. «¿Quién se atrevería a decir que el Tercer Estado no posee cuanto se necesita para formar una nación completa?», dice Sièyes. Pero inmediatamente precisa que la aristocracia no sabría formar parte de la nación. «Si se acabara con el estamento privilegiado, la nación no perdería con ello, sino que ganaría».

De este modo se precisa, por las múltiples contradicciones y los antagonismos de clase, la idea de nación en la Francia del Antiguo Régimen moribundo. Toma forma y vida en la categoría social más madura y económicamente más adelantada. El espectáculo de esta Francia, a la vez una y dividida, incitaba a Tocqueville a escribir dos capítulos antitéticos: «Que Francia era el país en que los hombres se parecían más» y «Cómo esos tan parecidos entre sí estaban más separados que nunca». Esos hombres «estaban dispuestos a confundirse en una misma masa», subraya el autor del Antiguo Régimen y la Revolución.

La Revolución debía, en efecto, resolver esas contradicciones. Pero al no conceder derechos en la nación más que a los que los poseían, identificó pronto patria y propiedad, y con ello dio lugar a nuevas contradicciones.

PRIMERA PARTE

«LA NACIÓN, EL REY, LA LEY»
REVOLUCIÓN BURGUESA Y MOVIMIENTO POPULAR
(1789-1792)

La monarquía francesa, en la víspera de la bancarrota, hostigada por la oposición de la aristocracia, pensaba hallar un medio de sobrevivir convocando los Estados generales. Pero atacada en su principio absolutista tanto por la aristocracia, que creía en un retorno a lo que ella consideraba como la antigua constitución del reino, es decir, participar en el Gobierno, como por los partidarios de las nuevas ideas, que querían que la nación participase en la administración del Estado, la corona no poseía ningún programa concreto de acción. A remolque de los acontecimientos, en lugar de dominarlos, fue de concesión en concesión hasta la Revolución.

La Revolución de 1789 fue dirigida por la minoría burguesa del Tercer Estado, sostenida y empujada en los períodos de crisis por la inmensa población de las ciudades y de los campos, lo que a veces se ha llamado el cuarto estamento. Gracias a la alianza popular, la burguesía impuso a la realeza una constitución que le dio lo esencial del poder. Identificándose con la nación, pretendía someter al rey al imperio de la ley: nación, rey, ley; este equilibrio ideal pareció que iba a realizarse en un momento dado. En la Federación del 14 de julio de 1790 la nación comulgó en un verdadero fervor monárquico. El juramento solemne fue pronunciado. Juramento que unía a los franceses entre sí, y a los franceses con su rey para defender la libertad, la Constitución y la ley. Pero en 1790 la nación era esencialmente la burguesía. Sólo ella poseía los derechos políticos, como potencia económica, y la primacía intelectual.

La unión de la nación y del rey bajo la égida de la ley resultó precaria. La aristocracia y la monarquía buscaron el desquite. La burguesía, una vez en el poder, se vio dividida por el miedo a la restauración aristocrática y la presión popular. La huida del rey el 21 de junio de 1791 y los fusilamientos del Champ-de-Mars dividieron a la burguesía en dos facciones. La facción fuldense, monárquica moderada, por odio a la democracia, acentuó el carácter burgués de la Constitución y mantuvo la institución monárquica como un baluarte a las aspiraciones populares. La facción girondina, por odio a la aristocracia y al despotismo, fue contra la realeza y no dudó en recurrir al pueblo, una vez que la guerra había estallado, la cual, según sus cálculos, iba a resolver todas las dificultades.

La burguesía pronto viose desbordada por el pueblo que trataba de actuar en beneficio propio. La revolución del 10 de agosto de 1792 puso fin al régimen instaurado por los constituyentes. En efecto, la unión de la nación nueva y del rey, defensor natural del Antiguo Régimen y de la aristocracia feudal, era imposible.

CAPÍTULO I

LA REVOLUCIÓN BURGUESA Y LA CAÍDA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
(1789)

La crisis financiera y la rebelión de la aristocracia impusieron a la monarquía la convocatoria de los Estados generales. Pero el Tercer Estado ¿aceptaría con sumisión lo que la aristocracia, con su gran mayoría, se limitaba a ofrecerle? ¿Los Estados generales continuarían siendo una institución todavía feudal, de cuyos trabajos saldría un nuevo orden, de acuerdo con la realidad económica y social?… El Tercer Estado reclamó en voz alta la igualdad de derechos y llevó a cabo la renovación social y política del Antiguo Régimen. La realeza intentó romper la rebelión del Tercer Estado con los mismos procedimientos que había empleado contra la aristocracia, hoy su aliada. Pero en vano: la crisis económica empujó al pueblo a la insurrección y la fuerza pública escapó al rey. A la revolución pacífica y jurídica sucedió la revolución popular y violenta. El Antiguo Régimen se derrumbó.

I

LA REVOLUCIÓN JURÍDICA
(finales de 1788-junio de 1789)

El 26 de agosto de 1788, Luis XVI nombró a Necker director general de Finanzas y ministro de Estado. Sin programa preciso, y a remolque de los acontecimientos, en lugar de dirigirlos, Necker no se dio cuenta de la extensión de la crisis política y social; no prestó atención suficiente a la crisis económica que permitió a la burguesía movilizar a las masas. En el campo de la producción agrícola, una crisis vinícola afectó a numerosas regiones. El cultivo de la vid estaba más extendido que ahora; para muchos campesinos el vino constituía el único producto para la venta; por su cantidad y concentración, la población de las regiones de viñedos, obligados a comprar el pan, participaba del carácter urbano. Un período de venta mala y una baja de precios llevó en el período comprendido de 1778 a 1787 a numerosos viticultores a la miseria. En 1789-1791, las vendimias, insuficientes, hicieron subir los precios; pero la subproducción no permitió a los viñadores rehacerse. También cuando los precios del grano se elevaron en 1788-1789, la población vitícola, sobre todo el viñador-colono y el jornalero, desprovisto de toda reserva, quedaron aplastados. La crisis vitícola se encuadró en la crisis general de la economía. Al mismo tiempo, el tratado de libre intercambio con Inglaterra en 1786 frenó la actividad industrial. En una época en que la industria inglesa perseguía la transformación de su maquinaria y aumentaba su capacidad de producción, la industria francesa, que empezaba prácticamente su renovación, padecía la competencia inglesa en el propio mercado nacional. Una crisis de cambio agravaba aún más la situación.

1. La reunión de los Estados generales (finales de 1788-mayo de 1789)

La convocatoria de los Estados generales prometida por el rey desde el 8 de agosto para el 1 de mayo siguiente promovió un gran entusiasmo en el Tercer Estado. Hasta entonces había seguido a la aristocracia en su rebelión contra el absolutismo. Pero cuando el Parlamento de París, el 21 de septiembre de 1788, dio un decreto según el cual los Estados generales quedarían «convocados de manera regular y se compondrían según la norma observada en 1614», se rompió la alianza entre la aristocracia y la burguesía. Esta última puso todas sus esperanzas en un rey que consentía en recurrir a sus súbditos y escuchar sus penas.

«El debate público cambió de aspecto, según Mallet du Pan en enero de 1789; se trata en términos muy vagos del rey, del despotismo y de la Constitución. Es una guerra entre el Tercer Estado y los otros dos órdenes».

El partido patriota se puso a la cabeza de la lucha contra los privilegiados. Formado por hombres nacidos de la burguesía, juristas, escritores, hombres de negocios, banqueros, a los que se sumaron aquellos privilegiados que habían adoptado las nuevas ideas, los grandes señores (el duque de la Rochefoucauld-Liancourt, el marqués de La Fayette) o parlamentarios (como Adrien Du Port, Hérault de Sechelles, Lepeletier de Saint-Fargeau). Igualdad civil, judicial y fiscal, libertades esenciales, gobierno representativo, tales eran sus reivindicaciones principales. La propaganda se organizó, beneficiándose de las relaciones personales o de ciertas sociedades, como la de los Amis des Noirs, que reclamaban la abolición de la esclavitud: los cafés se convirtieron en el centro de agitación, como el célebre café Procope. Un organismo central parece haber dirigido la agitación del patriota, el Comité de los Treinta, inspirándose en folletos y distribuyendo modelos de cuadernos de quejas.

La duplicación del Tercer Estado fue el punto esencial sobre el que se apoyó la propaganda del partido patriota: el Tercer Estado tenía que tener tantos diputados como la nobleza y el clero reunidos, lo que implicaba el voto por cabeza y no por orden. Sin política bien definida, sólo deseaban ganar tiempo y conciliar todo: Necker reunía en noviembre de 1788 una segunda asamblea de Notables, imaginándose que la persuadiría para que se pronunciase en favor de la duplicación. Los Notables, como era de prever, se declararon en pro de los criterios antiguos. El 12 de diciembre los príncipes de sangre elevaron al rey una súplica, un verdadero manifiesto de la aristocracia; se alzaban contra las pretensiones del Tercer Estado y contra sus ataques: «Ya han propuesto la supresión de los derechos feudales… Vuestra Majestad, ¿podría determinarse a sacrificar, a humillar a sus valientes, antigua y respetable nobleza?».

Pero la resistencia de los privilegiados había impreso, sin embargo, en el movimiento patriota un nuevo ímpetu. El Parlamento, volviendo a su primera actitud, aceptaba por su decreto del 5 de diciembre de 1788 la duplicación del Tercer Estado; pero no se pronunciaba respecto del voto por cabeza, cuestión de primordial importancia.

Esta posición fue adoptada por Necker, deseoso de adular a todos los partidos. En su informe al consejo del rey del 27 de diciembre de 1788, tres problemas, según él, había que considerar: el de la proporcionalidad de los diputados y de la población, el de la duplicación del Tercer Estado y el de la elección de diputados en un orden u otro. En 1614 cada bailío o senescalía elegía el mismo número de diputados; no podía ser igual, ahora que se aspiraba a las reglas de la equidad proporcional; Necker se pronunciaba por la proporcionalidad. En cuanto a la duplicación, no se podía proceder de la misma manera que en 1614. Desde esa fecha la importancia del Tercer Estado había aumentado:

«Este intervalo ha traído a grandes cambios en todas las cosas. Las riquezas mobiliarias y los préstamos de Gobierno han asociado el Tercer Estado a la fortuna pública; los conocimientos y la ilustración se han convertido en patrimonio común… Hay una multitud de asuntos públicos de los que el Tercer Estado tiene la dirección, tales como las transacciones del comercio interior y exterior, estado de las manufacturas y los medios más adecuados de fomentarlas, el crédito público, el interés y la circulación de dinero, el abuso de las percepciones, el de los privilegios y de otras tantas cosas de que sólo él posee la experiencia».

El voto del Tercer Estado, cuando es unánime, termina diciendo Necker, cuando va de acuerdo con los principios generales de igualdad, se denominará siempre voto nacional. Para esto es necesario un número de diputados del Tercer Estado, igual al de los diputados de los otros estamentos reunidos. El tercer problema previsto era el saber si cada estamento no tenía que elegir diputados más que en su seno. Necker se pronunció por la libertad más completa.

Las decisiones tomadas fueron publicadas en el Résultat du Conseil du roi tenu à Versailles, le 27 décembre 1788. Las proclamas de la convocatoria y el reglamento electoral aparecieron un mes más tarde, el 24 de enero de 1789. No se había resuelto aún el problema del voto, si por cabeza o por orden.

La campaña electoral se preparó en un gran movimiento de entusiasmo y de lealtad hacia el rey, pero en medio de una grave crisis social. El paro era cada vez mayor; la cosecha de 1788 había sido mediocre; el hambre amenazaba. En los primeros meses de 1789, los movimientos populares se multiplicaron; en diversas regiones, los disturbios eran promovidos por la escasez de alimentos. El pueblo de las ciudades reclamaba, como los obreros de la fábrica de papeles pintados Réveillon, de París. El 28 de abril de 1789 la agitación social coincidía con la agitación política y con frecuencia la explicaba:

«Su Majestad, proclamaba el reglamento electoral leído en público, desea que, tanto en los lugares más alejados de su reino, como en las regiones menos conocidas, todos estén seguros de poder hacer llegar hasta ella sus deseos y sus reclamaciones».

Esta invitación se tomó al pie de la letra. Los hombres del Tercer Estado la aprovecharon para remover la opinión; la literatura política tomó un gran auge; la libertad de prensa se puso de acuerdo tácitamente: folletos, panfletos, tratados, trabajos de hombres de leyes, de sacerdotes, de gentes pertenecientes a la burguesía media, sobre todo, se multiplicaron. Todo el sistema político, económico y social se analizó, se criticó y se rebatió tanto en provincias como en París. En Arrás fue L’ Appel à la nation artésienne, de Robespierre; L’ Avis aux bons Normands, de Thouret, en Ruán; en Aix, L’ Appel a la nation provençale, de Mirabeau.

En París, Sièyes, ya conocido por su Essai sur les privileges, publicó en enero de 1789 su folleto Qu’est-ce que le Tiers Etat?, que tuvo un éxito inmenso:

«¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo».

Escritores, publicistas, autores anónimos lanzan Ensayos, Cartas, Reflexiones, Consejos, Proyectos. Target escribe una Lettre aux Etats généraux; Camilo Desmoulins, Francia Libre, un panfleto vehemente en favor de una Francia en que no hubiera venalidad de los cargos, ni nobleza transmisible, ni privilegios fiscales:

«¡Fíat! ¡Fíat! Sí, todo esto va a realizarse; sí, esta Revolución afortunada, esta regeneración va a consumarse. Ningún poder sobre la tierra puede impedirlo. ¡Sublime efecto de la filosofía, de la libertad, del patriotismo! Nos hemos hecho invencibles».

El conjunto de esta literatura de propaganda, obra de los hombres de la burguesía, reflejaba las aspiraciones de la clase poseedora, que pretendía destruir los privilegios, porque eran contrarios a sus intereses. Le preocupaba menos la suerte de las clases trabajadoras, de los campesinos y de los pequeños artesanos. Algunos, no obstante, denunciaron las miserias del pueblo. Por ejemplo, Dufourny en sus Cahiers du Quatrième Ordre. Eran voces todavía aisladas, pero que hacían presentir la entrada en la escena política del pueblo desarrapado, cuando se hubiera afirmado con la prueba de la contrarrevolución y de la guerra exterior, el fracaso del régimen instaurado por la burguesía liberal.

El Gobierno había elaborado un reglamento electoral liberal. El bailío o la senescalía eran la circunscripción. Los miembros de los estamentos del clero y la nobleza; los obispos y los sacerdotes, todos los capítulos, corporaciones, comunidades eclesiásticas con rentas, regulares y seculares, y, en general, todos los eclesiásticos en posesión de un beneficio o encomienda, por una parte; por otra, todos los nobles que poseían un feudo. Formaban parte de la asamblea electoral del clero todos los párrocos, lo que aseguraría una mayoría importante al bajo clero. Para el Tercer Estado, el mecanismo era más complicado. Tenían derecho de voto todos los habitantes que componían el Tercer Estado, nacidos en Francia o naturalizados, mayores de veinticinco años, domiciliados y que pagasen impuestos. En las ciudades, los electores se reunían en principio por corporaciones o, si no formaban parte de ninguna corporación, por barriadas, nombrando a uno o dos delegados por cada cien votantes; estos delegados constituían la asamblea electoral del Tercer Estado de la ciudad, encargados de elegir a los electores de la asamblea del Tercer Estado del bailío, que a su vez elegía a los diputados para los estados generales. Aquellos que habitaban en el campo se reunieron en asambleas parroquiales, con el fin de nombrar, a razón de dos por cada doscientos votos, delegados para la asamblea del Tercer Estado en el bailío. Todas estas asambleas volvieron a redactar sus cuadernos de quejas.

Este reglamento electoral del 24 de enero de 1789 favorecía a la burguesía. Los representantes del Tercer Estado habían sido elegidos por sufragio indirecto; eran dos votaciones en los campos y tres en las ciudades. Se votaba sobre todo, en la asamblea electoral, nominalmente, una vez que la asamblea había deliberado para redactar el cuaderno de quejas. De este modo los burgueses, los más influyentes, los mejor dotados para hablar, en general los hombres de leyes, estaban seguros de dominar los debates y arrastrar a los campesinos o los artesanos. La representación del Tercer Estado no se componía más que de burgueses. Ningún campesino, ningún representante directo de las clases populares urbanas tenía escaño en los estados generales.

Las operaciones electorales se fueron desarrollando lentamente. Las asambleas se reunieron con calma; las correspondientes al clero se vieron en parte perturbadas por el ardor de los sacerdotes, que en número crecido quisieron imponer su voluntad, no eligiendo más que a diputados patriotas. En las asambleas de la nobleza se presentaron dos facciones: la de los nobles de provincias y la de ciertos grandes señores de tendencia liberal. Las asambleas del Tercer Estado estaban llenas de dignidad, a veces de solemnidad, en especial la de los campesinos, reunidas generalmente en las iglesias.

Cada asamblea redactaba un cuaderno de quejas. El clero y la nobleza no celebraban más que una sola asamblea en cada circunscripción y no redactaron más que un solo cuaderno, que los diputados de estos brazos transmitieron a Versalles. La asamblea de los bailíos del Tercer Estado redactó un cuaderno en que fundió el conjunto de los cuadernos parroquiales y de las villas, que eran la suma de los cuadernos de la corporación y del distrito. Todos esos cuadernos estaban muy lejos de ser originales. Bastantes redactores habían padecido la influencia de los folletos que se habían repartido en su región. Los modelos habían circulado por las circunscripciones. Así, en los cuadernos de la región del Loira se transparenta la influencia de las instructions redactadas por Laclos a petición del duque de Orleáns, uno de los jefes del partido patriota. A veces, el mismo párroco o escribano redactaban los cuadernos de varias parroquias vecinas, o también algún personaje importante; el cuaderno de Vicherey, en los Vosgos, compuesto por François de Neufchâteau, inspiró a otros dieciocho redactores.

Hay, por lo menos, unos 60 000 cuadernos de quejas que ofrecen un extenso panorama de Francia a finales del Antiguo Régimen. Los cuadernos que provenían directamente del pueblo —campesinos y artesanos— son los más espontáneos, los más originales, aunque se inspiraran con frecuencia en un modelo o sólo constituyeran una larga serie de quejas particulares. Los cuadernos generales, de bailíos o de senescalías, ofrecen un gran interés; quedan unos 523 de los 615 que fueron redactados. Los del Tercer Estado revelan la opinión no del conjunto del estamento (los artículos de los cuadernos de parroquia, que no interesaban a la burguesía, fueron frecuentemente rechazados), sino solamente de la burguesía. Los de la nobleza y el clero son más importantes, ya que no había para esos órdenes cuadernos básicos, salvo algunos, poco numerosos, redactados por los párrocos o comunidades eclesiásticas.

Los cuadernos de los tres estamentos iban unánimemente en contra del absolutismo. Sacerdotes, nobles y burgueses reclamaban una constitución que limitase los poderes del rey, estableciese una representación nacional que votara el impuesto e hiciese la leyes, y abandonase la administración local a los estados provinciales electivos. Los tres estamentos están también de acuerdo para pedir la refundición de la política fiscal, la reforma de la justicia y de la legislación criminal, la garantía de la libertad individual y la libertad de prensa. Pero los cuadernos del clero guardan silencio sobre la cuestión de los privilegios y la libertad de conciencia, cuando no la rechazan abiertamente. Los de la nobleza defienden en general con acritud el voto por estamento, considerado como la mejor garantía de los privilegios, y aceptando la igualdad fiscal, pero rechazando para la mayoría la igualdad de los derechos y la admisión de todos a todos los empleos. El Tercer Estado reclama en su conjunto la igualdad civil íntegra, la abolición del diezmo, la supresión de los derechos feudales, de los cuales muchos de los cuadernos se contentan con pedir su amortización.

El conflicto entre los tres estamentos, sobre problemas tan importantes, se duplicaba a causa de los conflictos que existían en el interior de cada estamento. Los párrocos se enfrentaban a los obispos y a las órdenes religiosas, criticaban la multiplicidad de los beneficios, subrayaban la insuficiencia de la parte congrua. La nobleza de provincias se oponía a la nobleza de la Corte, a la que acusaba de acaparar los cargos importantes del Estado, considerándose superior. En los cuadernos del Tercer Estado se veían todos los matices de intereses y de pensamientos de los diferentes grupos. La unanimidad no era completa entre los edictos que suprimían los derechos colectivos a partes comunes y los que querían dividirlos. En lo que se refiere a las corporaciones, la opinión de los pastores fue la que prevaleció. De 943 cuadernos de corporaciones redactados en 31 ciudades (de los cuales 185 eran para profesiones liberales, 138 para orfebres y negociantes y 618 para corporaciones de oficio), solamente 41 se pronunciaron por la supresión de las corporaciones. La oposición a la supresión de las corporaciones fue especialmente fuerte en las ciudades importantes, en donde se afirmaba una competencia que no querían los patronos. Por el contrario, los votos de los comerciantes y de los industriales, sus protestas contra las consecuencias nefastas del tratado de comercio con Inglaterra, la exposición de las necesidades de las diferentes ramas de la producción, ocupan bastante lugar.

El resultado de las elecciones, lo mismo que las reivindicaciones formuladas en los cuadernos de quejas, mostraban la fuerza que había sabido adquirir en todo el país y en todas las clases de la sociedad el partido patriota.

La diputación del clero, compuesta de 291 hombres, contaba con 200 curas defensores de las reformas, sacerdotes liberales. Uno de ellos, diputado del bailío de Nancy, el abate Grégoire, sería en seguida el más conocido. Los grandes prelados llegaban a Versalles con una voluntad decidida de reformas. Así, monseñor Boisgelin, arzobispo de Aix; Champion de Cicé, arzobispo de Burdeos; Talleyrand-Périgord, arzobispo de Autum. Los defensores del Antiguo Régimen se situaron tras el abate de Maury, predicador de gran talento, o el abate de Montesquiou, defensor hábil de los privilegiados de su estamento.

Entre los 270 diputados de la nobleza dominaban los «aristócratas», muy vinculados a la defensa de sus privilegios. Los más reaccionarios no eran siempre los de mejor cuna. El consejero en el Parlamento D’Esprémesnil, portavoz de la nobleza de toga; el oficial de dragones Cazalès, que procedía de la pequeña nobleza meridional. Entre los grandes señores se encontraban los diputados nobles, partidarios de las ideas liberales. Los protectores, o discípulos de los filósofos, los voluntarios de la guerra de la Independencia de los Estados Unidos de América, estaban dispuestos a hacer causa común con el Tercer Estado. Entre 90 diputados patriotas se destacaban en primer lugar el marqués de La Fayette, elegido con gran dificultad en Riom; el vizconde de Noailles, el conde Clermont-Tonnerre, el duque de La Rochefoucauld, el duque D’Aiguillon.

En cuanto al Tercer Estado, cerca de la mitad de su diputación, compuesta de 578 miembros, estaba integrada por esos hombres de leyes que habían tenido un papel muy importante durante el curso de la campaña electoral. Los abogados venían a ser aproximadamente 200. En Grenoble habían sido elegidos Mounier y Barnave; Pétion, en Chartres; en Rennes, Le Chapelier; en Arrás, Robespierre. Eran también numerosos, aproximadamente una centena, los comerciantes, los banqueros y los industriales. La burguesía rural estaba representada por más de cincuenta propietarios ricos. Por el contrario, los campesinos y artesanos no habían podido lograr que se eligiera a ninguno de ellos. La diputación del Tercer Estado contaba incluso con científicos: el astrónomo Bailly; escritores, Volney; economistas, Dupont de Nemours; pastores protestantes, como Rabaut-Saint Etienne, elegido por Nimes. Por último, el Tercer Estado había elegido para que le representase algunos que procedían de órdenes privilegiadas: en Aix y Marsella, Mirabeau; el abate Sieyès, en París.

Los estamentos privilegiados llegaron a Versalles profundamente desunidos. Hostilidad del clero frente a la nobleza, de la nobleza provincial contra los grandes señores liberales. No hubo 561 diputados unánimes para defender los privilegios de los dos primeros órdenes. Frente a ellos la burguesía, consciente de sus derechos y de sus intereses, constituía la vanguardia de todo el Tercer Estado. Sus diputados eran instruidos, competentes y honrados, profundamente vinculados a su clase e intereses, que no distinguían de los de toda la nación. La revolución jurídica fue esencialmente su obra colectiva.

2. El conflicto jurídico (mayo-junio de 1789)

Las elecciones demostraron claramente la voluntad del país. Pero la realeza no podía responder a los votos del Tercer Estado sin abdicar y arruinar el edificio social del Antiguo Régimen: sostén natural de la aristocracia, tomó rápidamente el camino de la resistencia.

El 2 de mayo, los diputados en los Estados generales fueron presentados al rey. A partir de ese momento la Corte mostró su voluntad decidida de mantener las distinciones tradicionales entre los estamentos. Mientras recibía a los diputados del clero a puerta cerrada en su gabinete, a los de la nobleza a puerta abierta, según el ceremonial habitual, el rey se hacía presentar a la diputación del Tercer Estado en su dormitorio en un triste desfile. Los representantes del Tercer Estado se habían revestido para esta circunstancia con un traje oficial negro, de aspecto severo, con un abrigo de seda, corbata de batista, mientras la nobleza llevaba traje negro, chaqueta y adornos de oro, abrigo de seda, corbata de encaje, sombrero de plumas de ala doblada a lo Enrique IV.

La sesión de apertura tuvo lugar el 5 de mayo de 1789. Luis XVI, con un tono lloroso, previno a los diputados contra todo espíritu de innovación. El guardasellos Barentin, hostil a las novedades, le sucedió con un discurso inocuo. Necker se levantó en medio de un silencio sepulcral: pero su informe, que duró tres horas, se limitó a tratar cuestiones financieras. Ningún programa político, nada sobre la cuestión del voto, por estamento o por cabeza. El Tercer Estado, profundamente decepcionado en su deseo de reforma, se retiró en silencio. En la tarde de la primera sesión de los tres brazos, el conflicto entre los estamentos privilegiados y el Tercer Estado parecía inevitable. La realeza había acordado la duplicación; no quería en modo alguno ir más allá en la vía de las concesiones. Pero tampoco se atrevió a tomar una posición abierta en favor de los estamentos privilegiados. Dudó y dejó pasar el momento favorable en el que hubiera podido, dando satisfacción al Tercer Estado, es decir, a la nación, regenerarse y durar convirtiéndose en nacional. Frente a las dudas de la monarquía, el Tercer Estado tuvo conciencia de que no podía contar más que con él mismo. La duplicación no significaba nada si la deliberación y el voto por estamento se mantenían. Votar por estamentos o brazos sería aniquilar al Tercer Estado, el cual, en bastantes cuestiones en que los privilegios estaban en juego, corría el riesgo de que se formase contra él la coalición de los dos primeros estamentos. Si, por el contrario, se adoptaba el principio de la deliberación y del voto común, el Tercer Estado, seguro como estaba de ver que se le unía el bajo clero y la nobleza liberal, tenía segura una gran mayoría. Cuestión capital, objeto de los debates de los Estados generales y de la atención de la nación, durante más de un mes.

A partir del 5 de mayo por la tarde, los diputados del Tercer Estado de una misma provincia tomaron contacto. Los diputados bretones, agrupados en torno a Le Chapelier y Lanjuinais, desarrollaron una gran actividad. Una voluntad unánime se manifestó: por la deliberación del 6 de mayo de 1789, llamada de diputados de las Comunas, los representantes del Tercer Estado rehusaron constituirse en cámara particular; el primer acto político del Tercer Estado revestía un carácter revolucionario; las Comunas no reconocieron ya la división tradicional de los estamentos. No obstante, la nobleza rechazando el voto por cabeza por 141 votos contra 47, comenzaba a comprobar el poder de sus diputados. Entre el clero, 133 votos solamente contra 114 rechazaron cualquier concesión.

El problema era de tal importancia que no podía dar lugar a concesiones recíprocas. O bien la nobleza (porque era sobre todo la nobleza la que llevaba el juego de los dos primeros estamentos) cedía y era el fin de los privilegios y el principio de una nueva era, o el Tercer Estado se confesaba vencido y sería el mantenimiento del Antiguo Régimen: la desilusión después de las esperanzas que había hecho nacer la convocatoria de los Estados. Los diputados de las Comunas lo comprendieron. Pensaron, como Mirabeau, que era bastante «permanecer inmóviles para hacerse temibles ante sus enemigos». La opinión estaba con ellos; el orden del clero dudaba, minado por la actitud de una parte del bajo clero, dirigida por el abate Grégoire.

El 10 de junio de 1789, las Comunas decidieron, a petición de Sièyes, hacer un último intento: invitar a sus colegas a venir a la sala de los Estados y proceder a la verificación común de los poderes. La llamada general a todos los bailíos convocados se haría el mismo día; se procedería a la comprobación «tanto en ausencia como en presencia de los diputados privilegiados». Este plazo fue transmitido al clero el 12 de junio. Prometió examinar las peticiones del Tercer Estado con la mayor atención. En cuanto a la nobleza, se contentó con declarar que deliberaría desde su cámara. La tarde de ese día, el Tercer Estado hizo una llamada general a todos los bailíos convocados, con objeto de hacer la comprobación en común de los poderes. El bloque de privilegiados comenzó a disgregarse: el 13 de junio, tres párrocos de la senescalía de Poitiers respondieron a la llamada; seis, y entre ellos el abate Grégoire, el 14; después diez, el 16. Presintiendo la victoria, el Tercer Estado continuó adelante.

El 15 de junio, Sièyes pidió a los diputados «que se ocuparan sin dilación de la constitución de la asamblea». Abarcando por lo menos la nonagésima parte de la nación, pudo empezar la obra que el país esperaba de ella. Sièyes propuso abandonar el título de Estados generales, ya sin objeto, por el de «Asamblea de representantes reconocidos y comprobados de la nación francesa». Mounier, más legalista, propuso: «Asamblea legítima de representantes de la mayor parte de la nación, actuando en ausencia del partido minoritario». Mirabeau defendió una fórmula más directa: Representantes del pueblo francés. Finalmente, Sièyes volvió a adoptar el título que Legrand, diputado por Berry, había sugerido: Asamblea nacional. Con su Declaración sobre la constitución de la Asamblea, el 17 de junio de 1789, las Comunas adoptaron la moción de Sièyes por 490 votos contra 90. Votaron inmediatamente después un decreto que aseguraba el pago de los impuestos y los intereses de la deuda pública. El Tercer Estado se erigía, pues, en Asamblea nacional y se atribuía el derecho de aprobar el impuesto. Pero es muy significativo que después de haber afirmado que los impuestos deben ser aprobados por la nación, amenazando así implícitamente al Gobierno con una huelga de contribuyentes, la burguesía constituyente hubiese intentado tranquilizar a los acreedores del Estado. La actitud del Tercer Estado acabó con la resistencia del clero. Fue el primero en caer. El 19 de junio, por 149 votos contra 137, decidió que la comprobación definitiva de sus poderes se realizase en una asamblea general. La nobleza dirigió una protesta al rey el misma día:

«Si los derechos que defendemos fueran estrictamente personales; si no se refiriesen más que al estamento de la nobleza, nuestro celo para reclamarlos, nuestra constancia en sostenerlos, sería menos enérgica. No son sólo nuestros intereses los que defendemos, señor; son los vuestros, los del Estado. Son, en fin, los del pueblo francés».

Estimulado por la oposición de la nobleza y bajo la influencia de los príncipes, Luis XVI se decidió por la resistencia. El 19 de junio, el Consejo resolvió anular las decisiones del Tercer Estado. Con este objeto se celebraría una sesión plenaria, en la que el rey dictaría sus voluntades. En esta espera, y con el fin de impedir que el clero actuase con las Comunas, la sala de los estados cerrose por orden real, bajo pretexto de ciertos cambios indispensables.

El 20 de junio por la mañana los diputados del Tercer Estado hallaron cerradas las puertas de su sala de Menus. Se fueron por indicación del diputado Guillotin, a algunos pasos de allí, a la sala del Jeu de Paume. Bajo la presencia de Bailly, Mounier declaró que:

«Heridos en sus derechos y en su dignidad, advertidos de la importancia de la intriga y del encarnizamiento con que intentaban empujar al rey a desastrosas medidas, los representantes de la nación han de unirse al bien público y a los intereses de la patria por medio de un juramento solemne».

En medio de un gran entusiasmo, todos los diputados, menos uno, prestaron el juramento llamado del Juego de Pelota, afirmación categórica de la voluntad reformadora de las Comunas, comprometiéndose a

«no separarse jamás y a reunirse en todo momento que las circunstancias lo exigiesen, hasta que la Constitución quedase establecida y afirmada sobre fundamentos sólidos».

La sesión real, fijada en un principio el 22 de junio, fue aplazada hasta el día siguiente, con el fin de que se quitasen las tribunas destinadas al público, del que se temían manifestaciones. Este plazo benefició a las Comunas. El 22, el clero, poniendo en ejecución su decreto del 19, se reunió con el Tercer Estado en la iglesia de San Luis. Dos diputados de la nobleza del Delfinado se presentaron a su vez y fueron recibidos con los más calurosos aplausos. El estamento de la nobleza, ¿iba a ceder también?

La sesión real (23 de junio de 1789) fue un fracaso para el rey y la nobleza. Luis XVI ordenó a los tres estamentos ocupar cámaras separadas, rompió los decretos del Tercer Estado, consintió la igualdad fiscal, pero mantuvo de forma expresa «los diezmos y deberes feudales y señoriales». Terminó con una amenaza:

«Si me abandonáis en tan buena empresa, aunque sea solo, haré el bien que me pide mi pueblo. Os ordeno que os separéis inmediatamente y que mañana os personéis en las salas que correspondan a vuestro estamento para que volváis a empezar vuestras deliberaciones».

El Tercer Estado permaneció inmóvil: la nobleza y una parte del clero se retiraron. Sin tener en cuenta la orden del rey, que vino a recordar el maestro de ceremonias, el Tercer Estado confirmó sus decisiones anteriores y declaró inviolables a sus miembros. Fue más lejos: el 20 de junio se rebelaba abiertamente contra la realeza. El rey pensó por un momento emplear la fuerza. Se dio orden a los guardias de corps que disolviesen a los diputados. Los representantes de la nobleza unidos al Tercer Estado se opusieron. La Fayette y otros llevaron sus manos a la espada. Luis XVI no insistió más. El Tercer Estado continuaba siendo dueño de la situación.

Desde entonces su triunfo se precipitó. El 24 de junio, la mayoría del clero confundiose con el Tercer Estado en la Asamblea Nacional. A la mañana siguiente, cuarenta y siete diputados de la nobleza, dirigidos por el duque de Orleáns, imitaban este ejemplo. El rey se decidió a sancionar lo que no había podido impedir. El 27 de junio escribía a la minoría del clero y a la mayoría de la nobleza para invitarles a que se reuniesen en la Asamblea Nacional.

La jornada del 23 de junio de 1789 marcó una etapa importante de la Revolución. El propio Luis XVI, en sus declaraciones al Consejo real, admitía la aprobación de los impuestos por los Estados generales y consentía en garantizar las libertades individuales y las de la prensa; era reconocer los principios del Gobierno constitucional. Ordenando la reunión de los tres estamentos, la realeza entra en la vía de nuevas concesiones. A partir de ese momento ya no hay Estados generales; la autoridad del rey pasa bajo el control de los representantes de la nación. Pero la asamblea no pretende construir sobre las ruinas del Antiguo Régimen jurídicamente destruido: el 7 de julio creó un Comité constitucional y el 9 de julio de 1789 se proclamaba Asamblea Nacional Constituyente. La revolución jurídica se llevaba a cabo sin recurrir a la violencia. Pero en el mismo momento en que el rey y la aristocracia parecían aceptar el hecho decidieron recurrir a la fuerza para reducir al Tercer Estado a la obediencia.

II

LA REVOLUCIÓN POPULAR
(julio de 1789)

A principios de 1789 la Revolución se lograba en el plano jurídico. La soberanía nacional había sustituido en el plano jurídico al absolutismo real gracias a la alianza de los diputados del Tercer Estado, los representantes del bajo clero y la fracción liberal de la nobleza. El pueblo no había entrado aún en el juego político. Ante las amenazas de la reacción, su intervención permitió a la revolución burguesa ganar definitivamente. El recurso al ejército, tanto a la realeza como a la nobleza, era la única solución posible. La misma víspera del día en que se ordena a los órdenes privilegiados que se uniesen a la Asamblea Nacional, Luis XVI decidió reunir en torno a París y a Versalles 20 000 soldados. La intención de la Corte era disolver la Asamblea.

La actitud de las masas populares desde el mes de mayo había sido vigilante. El país seguía los acontecimientos de Versalles. Los diputados se ocupaban regularmente de sus electores, teniéndoles al corriente de los hechos políticos. La burguesía continuaba dirigiendo el juego. En París, los 407 electores que habían nombrado los diputados se reunieron el 25 de junio para formar una especie de municipalidad oficiosa en Ruán y en Lyon, las antiguas municipalidades desamparadas asimilaban a electores y notables. El poder local pasaba a manos de la burguesía. Cuando el recurso a la violencia por parte de la Corte fue un hecho, una parte al menos de la alta burguesía contribuyó a organizar la resistencia. Movilizó para sus fines políticos la pequeña burguesía de artesanos y comerciantes, tan numerosa en París que proporcionó durante todo el período revolucionario los dirigentes de los motines; los jornaleros y los obreros les siguieron. La convocatoria de los Estados generales había promovido en esas masas una inmensa esperanza de regeneración, y los aristócratas impedían esta renovación. La oposición de la nobleza a la duplicación del Tercer Estado, después al voto por cabeza, había enraizado la idea de que los nobles defenderían porfiadamente sus privilegios. Así se formó la idea de un complot aristocrático. De la manera más natural, el pueblo pretendía actuar contra los enemigos de la nación antes que los propios aristócratas atacasen.

La crisis económica contribuyó a esta movilización de masas. La cosecha de 1788 fue especialmente mala. A partir del mes de agosto empezó el alza de precio del pan. Necker ordenó compras en el extranjero. En las regiones de viñedos, los cultivadores se veían mucho más afectados por la carestía del pan, y a partir de 1788 se produjo una crisis muy dura. El vino había descendido de precio, llegando a ser ínfimo. La mala cosecha y la depreciación producían los mismos efectos: el poder adquisitivo de las masas disminuía. La crisis agrícola repercutía a su vez en la producción industrial, ya amenazada por las consecuencias del tratado comercial de 1786. El paro se acentuó en el momento en que la vida encarecía. Los obreros no podían obtener aumentos de salario, ya que la producción estaba detenida o en regresión. En 1789, un obrero parisiense ganaba de 30 a 40 céntimos. En julio el pan costaba 4 céntimos la libra. En provincias, hasta 8 céntimos. El pueblo hacía responsable del hambre a los diezmos, a los señores que percibían los réditos en especie y a los negociantes que especulaban con los granos. Reclamaba la requisa y la tasa de los productos. Los problemas producidos por el hambre y la carestía, ya numerosos desde la primavera de 1789, se multiplicaron en julio, cuando la crisis, en las vísperas de la recolección, llegó al máximo.

La conjura aristocrática y la crisis económica se unieron en el espíritu popular; los aristócratas fueron acusados de acaparar los granos para hundir al Tercer Estado. Las pasiones se exaltaron. El pueblo no dudó. El rey quería dispersar por la fuerza a la Asamblea Nacional, centro de la esperanza popular. Los patriotas acusaron al Gobierno de querer provocar a los parisinos, con el fin de que avanzaran las tropas concentradas en torno a París, sobre todo, los regimientos extranjeros. Marat, el 1 de julio de 1789, lanzó un panfleto, Avis au peuple ou les ministres dévouilés:

«¡Ciudadanos! Observad constantemente la conducta de los ministros para regular la vuestra. Su objeto es la disolución de nuestra Asamblea Nacional. Su único medio es la guerra civil. Los ministros alimentan la sedición. ¡Os rodean de la temible presencia de los soldados y de las bayonetas!…».

1. El levantamiento de París: el 14 de julio y la toma de la Bastilla

No podía escapar a la Asamblea Nacional la gravedad de la situación. El 8 de julio, de acuerdo con el informe de Mirabeau, decidía el envío de una apelación al rey para pedir el alejamiento de las tropas: «¡Oh! ¿Por qué un monarca adorado por 25 millones de franceses congrega junto a su trono con grandes gastos a algunos miles de extranjeros?». El 11 de julio, el rey dio la respuesta con su guardasellos: que las tropas no estaban destinadas más que a reprimir nuevos desórdenes. Después, haciendo más difíciles las cosas, Luis XVI, el mismo día, despidió a Necker y llamó al ministerio a un contrarrevolucionario declarado, el barón de Breteuil, con el mariscal De Broglie en el de la Guerra. La intervención del pueblo parisiense salvó a la Asamblea impotente.

El 12 de julio, al mediodía, se conocía la destitución de Necker en París; el efecto fue catastrófico. El pueblo preveía que éste era el primer paso por el camino de la reacción. Para los rentistas y los financieros la salida de Necker era como la amenaza de una bancarrota próxima. Los agentes de cambio se reunieron de inmediato, decidiendo cerrar la Bolsa en señal de protesta. En un día, los billetes de las cajas de descuentos perdieron 100 libras, pasando de 4265 a 4165 libras. Las salas de espectáculos se cerraron; reuniones y manifestaciones se improvisaron en el Palais-Royal, Camilo Desmoulins arengaba a la multitud. Una columna de manifestantes chocó con Royal-Allemand, del príncipe de Lambesc, en los jardines de las Tullerías. Ante esta noticia se tocó a rebato; se saquearon las armerías, comenzó el armamento del pueblo.

El 13 de julio la Asamblea declaró que Necker y los ministros depuestos merecían su estimulación y su condolencia. Decretó la responsabilidad de los ministros en funciones, pero continuaba inerme ante un posible golpe de fuerza.

No obstante, estaba a punto de nacer un nuevo poder. El 10 de julio, los electores del Tercer Estado se reunieron de nuevo en el Ayuntamiento votando y «procurar cuanto antes, en la ciudad de París, el establecimiento de una guardia burguesa». El 12 por la tarde, nueva reunión, adoptándose un decreto, que se publicó el 13 por la mañana. El artículo 3 instituía un comité permanente. El artículo 5 preveía que «se pediría a cada distrito que formase un censo nominativo de 200 ciudadanos conocidos y en situación de llevar armas que se reunir como cuerpo de la milicia parisina para vigilar la seguridad pública». Se trataba, en efecto, de una milicia burguesa, destinada a defender a todos los hacendados no sólo contra el poder real y sus tropas reglamentadas, sino también contra la amenaza de las clases sociales que se consideraban peligrosas. «El establecimiento de la milicia burguesa, declaraba en la Asamblea Nacional la diputación de París, el 14 de julio por la mañana, y las medidas tomadas ayer, han procurado a la ciudad una noche tranquila. Es una realidad que los particulares que se habían armado han sido desarmados y sometidos al orden por la milicia burguesa».

En la jornada del 13 se produjo un nuevo motín. Los grupos recorrían París buscando armas, amenazando con saquear las mansiones de los aristócratas, se abrían trincheras, se levantaban barricadas. Desde el alba, los fundidores, forjaban las picas. Pero lo que hacía falta eran las armas de fuego. La masa las pedía en vano al preboste del comercio. Desde el mediodía, los regimientos de Infantería habían recibido orden de evacuar París y se negaron a obedecer poniéndose a disposición del Ayuntamiento.

El 14 de julio, la multitud exigía un armamento general. Con objeto de procurarse armas, se trasladó a los Inválidos, donde se hizo con 32 000 fusiles; después fue a la Bastilla. Con sus muros de 30 metros de alto, sus fosos llenos de agua y de 25 metros de ancho, la Bastilla, aunque sólo estaba defendida por 80 inválidos, incorporados a 30 suizos, desafiaba el asalto popular. Los artesanos del barrio de Saint Antoine se vieron reforzados por dos destacamentos de infantería y por un cierto número de burgueses de la milicia, que llevaron cinco cañones, de los cuales tres se pusieron en batería ante la puerta de la fortaleza. Esta intervención, tan decisiva, obligó al gobernador Launay a capitular: hizo bajar el puente levadizo y el pueblo se lanzó al asalto.

La Asamblea Nacional desde Versalles había seguido con ansiedad los acontecimientos de París. En la jornada del 14 fueron enviadas dos diputaciones al rey para solicitarle algunas concesiones. Pronto llegó la noticia de la toma de la Bastilla. ¿En qué partido iba a situarse Luis XVI? La sumisión de París exigiría una penosa guerra en las calles. Los grandes señores liberales, entre otros el duque de Liancourt, insistían ante el monarca, en interés de la realeza, que alejase las tropas. Luis XVI se decidió a contemporizar. El 15 de julio fue a la Asamblea para anunciar la retirada de las tropas.

La burguesía parisina se aprovechó de la victoria popular y se apoderó de la administración de la capital. El Comité permanente del Ayuntamiento convirtiose en la Comuna de París, cuyo diputado Bailly fue elegido alcalde, mientras que La Fayette era nombrado comandante de la milicia burguesa, que pronto adoptó el nombre de Guardia Nacional. El rey, consumando la claudicación, consintió no sólo que el 16 de julio se volviese a llamar a Necker, sino que volvió a París el 17. Con su presencia en la capital sancionaba los resultados de la insurrección del 14 de julio. En el Ayuntamiento fue recibido por Bailly, quien le presentó la escarapela tricolor, símbolo de «la alianza augusta y eterna entre el monarca y el pueblo». Luis XVI, muy emocionado, apenas pudo proferir estas palabras: «Mi pueblo puede contar siempre con mi cariño».

La facción aristocrática se sintió profundamente dolida por la debilidad del monarca. Los jefes tomaron la decisión de emigrar antes que hacerse solidarios de una realeza dispuesta a semejantes concesiones. El conde de Artois marchó, al alba del 17 de julio, hacia los Países Bajos, con sus hijos y sus servidores de costumbre. El príncipe De Condé y su familia pronto le siguieron. El duque y la duquesa de Polignac marcharon a Suiza; el mariscal De Broglie, a Luxemburgo. La emigración había comenzado.

La realeza había sido debilitada por las jornadas de julio de 1789; la burguesía parisina era la triunfadora: había triunfado instaurando su poder en la capital, haciendo reconocer su soberanía al propio rey. Victoria verdadera de la burguesía, el 14 de julio fue más todavía: un símbolo de la libertad. Si esta jornada consagraba la llegada al poder de una nueva clase, significaba también la caída del Antiguo Régimen en la medida en que la Bastilla lo encerraba. En este sentido parecía abrir una inmensa esperanza a todos los pueblos oprimidos.

2. El levantamiento de las ciudades (julio de 1789)

Las provincias, por la correspondencia con sus diputados, habían seguido con la misma ansiedad que la capital las luchas del Tercer Estado contra los estamentos privilegiados. La vuelta de Necker promovió la misma emoción que en París. La toma de la Bastilla fue conocida con retraso, del 16 al 19 de julio. Desencadenó el entusiasmo y aceleró un movimiento que se había afirmado en ciertas ciudades desde los primeros días del mes.

La revolución municipal dura, en efecto, un mes, desde principios de julio, como en Ruán, como consecuencia del tumulto por las subsistencias, hasta agosto, como en Auch o en Bovees. En Dijon, estalla cuando se anuncia la vuelta de Necker; en Montauban, con la noticia de la toma de la Bastilla.

La revolución municipal fue más o menos completa según las regiones, ya que sus aspectos eran muy variados. Fue total en algunas ciudades, bien que la antigua municipalidad habría sido eliminada a la fuerza, como en Estrasburgo, bien las antiguas municipalidades se hubieran mantenido en funciones, pero en el seno de un comité en las que estaban en minoría, como en Dijon o Pamiers; ya sea que los poderes municipales quedaban reducidos a las cuestiones administrativas y un comité se reservaba las responsabilidades con carácter revolucionario, como en Burdeos, o bien interviniendo de continuo en los asuntos administrativos, como en Angers o en Rennes. En otras ciudades la revolución municipal fue incompleta: el antiguo poder subsistía al lado del poder revolucionario. Así en algunas ciudades de Normandía donde existía la preocupación por preveer el futuro. Esta dualidad traducía a veces una oposición de elementos diferentes, ya que ninguno de ambos grupos podía obtener sobre el otro una victoria decisiva: oposición social como en Metz, y Nancy; oposición social aumentada por una hostilidad religiosa entre católicos y protestantes, como en Montauban y Nimes; oposición entre personas, como en Limoges. En otras ciudades la revolución municipal fue incompleta, por haber sido provisional, como en Lyon y en Troyes, donde la victoria de los patriotas en julio fue seguida de la contraofensiva de las fuerzas del Antiguo Régimen. Por último, en un cierto número de ciudades no hubo revolución municipal, bien porque la antigua municipalidad tuviese la confianza de los patriotas, como en Tolosa, bien que tuviese el apoyo del ejército y de los tribunales, como en Aix. Esta diversidad de aspectos se corresponde tanto con la variedad de estructuras municipales del Antiguo Régimen como con el juego de los antagonismos sociales. En Flandes, el movimiento tuvo poca extensión, ya que las reivindicaciones burguesas presentaban un carácter político y las reivindicaciones populares un carácter social sin que unas y otras coincidieran cronológicamente. En general, la revolución municipal se afirmó débilmente en el Norte y Mediodía, regiones con ciudades burguesas o consulares, con sólidas tradiciones comunales. En Tarbes, como en Tolosa, la antigua corporación municipal representaba bastante bien las diversas capas de la población; los patriotas no tenían ningún interés en eliminarlas. En Burdeos, como en Montauban, al contrario, la monarquía había destruido toda autonomía comunal: los funcionarios municipales que no representaban nada fueron barridos.

La creación de la guardia nacional burguesa acompañó a la revolución municipal con la misma variedad de aspectos. Con frecuencia los nuevos comités municipales se dedicaron, imitando a los de París, a organizar una guardia burguesa para mantener el orden. A veces la antigua municipalidad creaba la guardia nacional, como en Angers, y ésta última, más patriota, impuso la institución de un comité. En Tolosa se organizó una guardia nacional sin que hubiese revolución municipal alguna; en Albi, la guardia no fue sino la nueva forma de las milicias que ya existían bajo el Antiguo Régimen.

Cualesquiera que hayan sido las formas de esta revolución municipal, los efectos fueron en todas partes los mismos: el poder real desapareció y también la centralización, casi todos los intendentes abandonaron sus puestos, la percepción de impuestos fue suprimida. «No hay —según declaraciones de un contemporáneo— ni rey, ni Parlamento, ni Ejército, ni Policía». Recayó la sucesión de los antiguos poderes en las nuevas municipalidades. Las autonomías locales, largo tiempo manejadas por el absolutismo, se emanciparon; la vida municipal surgía de nuevo. Francia se municipalizó.

El aspecto social de la revolución municipal ha de subrayarse para muchas de las regiones. Afecto a la penuria o a la carestía de las subsistencias, el pueblo de las ciudades esperaba la abolición de los impuestos indirectos y una reglamentación severa del comercio de granos. En Rennes, la nueva municipalidad ocupose de inmediato en buscar los acaparamientos de trigo. En Caen, para calmar el furor popular, los funcionarios municipales ordenaron una disminución del precio del pan, aunque tomaron la precaución de instituir una guardia burguesa. En Pontoise, la insurrección por causa del grano se contuvo por la presencia de un regimiento que volvía de París; en Poissy, el motín popular se cebó en un hombre a quien se le acusaba de acaparamiento, y que fue salvado gracias a una diputación de la Asamblea Nacional; en Saint-Germain-en-Laye, un molinero fue asesinado; en Flandes, las oficinas de aduanas fueron saqueadas; en Verdún, el 26 de julio, el pueblo sublevado incendió los puestos de los arbitrios y amenazó a diversas casas en las que se suponía que había existencias de granos. El gobernador invitó a la burguesía a que se reuniese, formando una milicia urbana para imponer el orden; pero era preciso hacer que descendiese el precio del pan. El mariscal De Broglie, camino de la emigración, cayó en medio de esta efervescencia. Con mucha dificultad, y gracias a las tropas de la guarnición, logró escapar al furor popular.

El miedo al complot aristocrático pesaba en la atmósfera provincial. Todo movimiento parecía sospechoso; los transportes estaban vigilados; las carrozas eran saqueadas; los grandes personajes que se desplazaban o que iban camino de la emigración fueron detenidos. En las fronteras circulaban rumores de una invasión extranjera. ¡Los piamonteses se preparaban para invadir el Delfinado; los ingleses, a tomar Brest! Una ansiosa espera pesaba sobre todo el país. Pronto estalló el Gran Pánico.

3. El levantamiento del campo: el Gran Pánico (finales de julio de 1789)

Durante el conflicto, entre los dos estamentos, los campesinos, que habían conocido un momento de gran entusiasmo cuando las elecciones, esperaban con alguna impaciencia la respuesta a sus quejas. La burguesía, al precio de un motín, había tomado el poder. Y el pueblo campesino, ¿esperaría todavía mucho tiempo? Ninguna de sus reivindicaciones se había satisfecho aún. El sistema feudal continuaba. La idea de complot aristocrático se extendía por el campo lo mismo que por las ciudades.

La crisis económica aumentaba el descontento. El hambre hacía estragos. Muchos campesinos no recolectaban lo suficiente para vivir. La crisis industrial repercutía en aquellas regiones donde la industria rural se había desarrollado. El paro aumentaba. El paro y el hambre multiplicaban los mendigos y vagabundos. Hacia la primavera aparecieron las bandas. El miedo a los salteadores aumentó el temor de un complot aristocrático. La crisis económica, aumentando el número de miserables, aumentaba la inseguridad en los campos, al mismo tiempo que irritaba a los campesinos y los levantaba contra los señores.

La revolución agraria amenazaba. Durante toda la primavera habían estallado desórdenes en diversas regiones: en Provenza, en el Cambrésis, en Picardía y en los mismos alrededores de París y Versalles. La jornada del 14 de julio tuvo una influencia decisiva. Estallaron cuatro insurrecciones: en el Bocage normando, en el norte, hacia la Scarpa, y al sur del Sambre, en el Franco-Condado y en Mâçonnais. Estas revoluciones agrarias se dirigían sobre todo contra la aristocracia. Los campesinos pretendían obtener la abolición de los derechos feudales. El medio más seguro para lograrlo era incendiar los castillos y sus archivos al mismo tiempo.

El Gran Pánico, a finales de julio de 1789, dio a este movimiento revolucionario una fuerza irresistible. Las noticias que llegaban, desde principios de julio, de París y Versalles, deformadas, aumentadas desmesuradamente, tenían un eco completamente nuevo a medida que iban pasando de una a otra ciudad. La revolución agraria, la crisis económica, el complot aristocrático, el miedo a los bandidos, todo ello se conjugaba para crear una atmósfera de pánico. Circulaban rumores, propagados por gentes enloquecidas: bandas de bandoleros avanzaban cortando los trigos, verdes aún, quemando pueblos. Para luchar contra estos peligros imaginarios, los campesinos se armaban de hoces, de horcas, de escopetas de caza, mientras que el toque a rebato iba propagando la alarma cada vez más cerca. El pánico aumentó a media que se extendía.

La Asamblea, París, la prensa se inquietaban a su vez. Mirabeau, en el número 21 del Courrier de Provence, sospechó que los enemigos de la libertad contribuían a propagar falsas alarmas y aconsejaba clama y prudencia:

«Nada llama más la atención a un observador que la inclinación universal a creer, a exagerar las noticias siniestras en tiempos de calamidades. Parece que la lógica no está en calcular los grados de probabilidades, sino en dar verosimilitud a los rumores más vagos en cuanto éstos anuncian atentados y agitan la imaginación con sombríos terrores. Nos parecemos a los niños, que los cuentos que mejor escuchan son los terroríficos».

Seis pánicos que tuvieron su origen en el Franco-Condado, como consecuencia de la rebelión de los campesinos del condado, en Champaña, en Beauvaisis, en el Maine, en la región de Nantes, en la de Ruffec, ocasionaron corrientes que se propagaron rápidamente y que asustaron a la mayor parte de Francia del 20 de julio al 6 de agosto. Bretaña, Lorena y Alsacia, Hainaut, seguían indemnes.

El Gran Pánico reforzó la insurrección campesina. Pronto se vio lo absurdo de esos terrores. Pero los campesinos continuaron en armas. Abandonaron la persecución de bandidos imaginarios, se fueron al castillo del señor, hicieron que se les entregasen, amenazándole, los viejos títulos de los archivos en donde estaban consignados los tan detestados derechos, las escrituras que legitimaban en un pasado lejano la percepción de las rentas, y les prendieron fuego en una gran hoguera en la plaza del pueblo. A veces los señores rehusaban deshacerse de sus pergaminos, y entonces los campesinos incendiaban el castillo y colgaban a sus dueños. A veces también era requerido el notario del lugar para que hiciese constar en la debida forma el abandono de los derechos feudales.

La miseria debida a la explotación secular, la penuria, la carestía de vida, el miedo al hambre, los vagos rumores exagerados, el miedo a los salteadores, el deseo, en fin, de libertarse del peso del feudalismo, todo ello ayudó a crear el clima del Gran Pánico. Durante él, los campos fueron transformados; la revolución agraria y la rebelión campesina hicieron que se desplomase el régimen feudal; se formaron comités de campesinos, milicias del pueblo. Lo mismo que se había armado la burguesía parisina y había tomado bajo su mando la administración de la ciudad, así los campesinos se hicieron por la fuerza con los poderes locales.

Pero pronto se creó un antagonismo entre la clase burguesa y la campesina. Lo mismo que la nobleza, la burguesía urbana era propietaria territorial; poseía también señoríos, y con este título percibía las rentas habituales de los campesinos. Se veía amenazada en sus intereses inmediatos por la rebelión de los campesinos, que siguió al pánico. Ante la falta de poderes públicos y la disolución de toda autoridad, tomó por sí misma su defensa. Los comités permanentes y los guardias nacionales de las nuevas municipalidades se encargaron de defender en los campos los derechos de los propietarios nobles y burgueses. La represión fue con frecuencia sangrienta; se produjeron choques entre las bandas de campesinos y las milicias burguesas, como en el Mâçonnais. Ante la amenaza de una revolución social, se afirmaba la alianza de las clases hacendadas, burguesía y nobleza contra los campesinos en lucha por liberar sus tierras de impuestos. Este aspecto de la lucha de clases fue especialmente claro en el Delfinado, donde la burguesía apoyaba a la nobleza, mientras que las simpatías populares se inclinaban por los campesinos sublevados. Pero esta represión no podía poner en duda los resultados esenciales del Gran Pánico: le régimen feudal no podía sobrevivir a la rebelión campesina de julio de 1789.

La Asamblea Nacional seguía los acontecimientos impotente y desamparada; se componía en su mayoría de burgueses propietarios. ¿Iba a legitimar la nueva situación del campo? ¿O bien rehusaría hacer cualquier concesión arriesgándose a abrir una fosa infranqueable entre la burguesía y los campesinos?

III

LAS CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN POPULAR
(agosto-octubre de 1789)

1. La noche del 4 de agosto y la Declaración de derechos

Ante la insurrección del campo, la Asamblea Nacional pensó por un momento organizar la represión. El 3 de agosto, la discusión se centró sobre un proyecto de decreto del Comité de relaciones:

«La Asamblea Nacional, informada de que el pago de las rentas, diezmos, impuestos, réditos señoriales, ha sido obstinadamente rechazado; que gentes en armas son culpables de actos de violencia, que entran en los castillos, se adueñan de documentos y títulos y los queman en los patios…, declara que ninguna razón puede legitimar las suspensiones de los pagos de los impuestos o de cualquier otro rédito hasta que la Asamblea se haya pronunciado respecto de esos diferentes derechos».

La Asamblea se dio cuenta del peligro de una política de represión. No tenía interés alguno en confiar el mando de las fuerzas represivas al Gobierno real, que podría aprovecharse y llevar a cabo algún atentado contra la representación nacional. La burguesía constituyente dudaba en cuanto a organizar la represión, pues no podía dejar de expropiar a la nobleza sin temer por sus bienes. Por tanto, consintió en hacer concesiones. Se admitía que los derechos feudales constituían una propiedad de tipo especial, con frecuencia usurpada o impuesta por la violencia, y que era legítimo someter a comprobación los títulos que justificaban los cargos sobre el campesino. Su habilidad consistió en confiar el cuidado de llevar a cabo la operación a un noble liberal, el duque de Aiguillon, uno de los propietarios más importantes del reino; su intervención arruinó a los privilegiados y estimuló a la nobleza liberal. Los jefes de la burguesía revolucionaria forzaron de esta manera a la Asamblea a que se desprendiese de los intereses particulares inmediatos.

La sesión del 4 de agosto, por la tarde, así preparada, se abrió con la intervención del conde de Noailles, segundón y sin fortuna, propenso a la abolición de todos los privilegios fiscales, la supresión del trabajo corporal, las «manos-muertas» y cualquier clase de servicio personal, la amortización de los derechos reales; el duque de Aiguillon le apoyó calurosamente. Estas proposiciones se votaron con un entusiasmo tanto mayor cuanto que el sacrificio que se pedía era más aparente que real. El impulso inicial hizo que todos los privilegios de los estamentos, de las provincias, de las ciudades, se sacrificasen en el altar de la Patria. Derecho de caza, cotos, palomares, jurisdicciones señoriales, venalidades de cargos, todo quedó abolido. A propuesta de un noble, el clero renunció al diezmo. Para clausurar esta abjuración tan grandiosa, a las dos de la mañana Luis XVI fue proclamado restaurador de la libertad francesa. La unidad administrativa y política del país, cosa que la monarquía absoluta no había podido llevar a cabo, parecía terminada. El Antiguo Régimen había acabado.

En efecto, los sacrificios de la noche del 4 de agosto constituían más bien una concesión a las exigencias del momento que una satisfacción concedida voluntariamente a las reivindicaciones campesinas. Según Mirabeau, en el número 26 del Courrier de Provence (10 de agosto),

«Todos los trabajos de la Asamblea, desde el 4 de agosto, tienen por objeto restablecer en el reino la autoridad de las leyes y dar al pueblo las armas de su dicha, moderando su inquietud con el goce inmediato de los primeros beneficios de la libertad».

Las decisiones de la noche del 4 de agosto habían sido firmes, aunque a falta de redacción definitiva. Cuando fue preciso darle forma, la Asamblea se esforzó en atenuar en la práctica el alcance de las medidas que se habían tomado ante el impulso de las rebeliones populares. Los oponentes, llevados en cierto momento por el entusiasmo, se volvieron atrás; el clero en particular intentó volverse atrás sobre la supresión del diezmo. «La Asamblea general había abolido por completo el régimen feudal». Pero se introdujeron una serie de restricciones en los decretos definitivos. Los derechos que pesaban sobre las personas quedaron abolidos, pero aquellos que gravaban las tierras se declararon amortizables; era admitir que los derechos feudales se percibían en virtud de un contrato que antaño existía entre los señores propietarios y los campesinos arrendadores de las tierras. El campesino estaba liberado, aunque no su tierra; pronto se dio cuenta de estas singulares restricciones y que tenía que pagar hasta que la abolición fuese completa.

Cuando la Asamblea Nacional definió las modalidades de amortización, las restricciones se agravaron aún más. No se exigía al señor ninguna prueba de su derecho a la tierra o bien los contratos de sus antepasados llevados a cabo con los campesinos. En estas condiciones, tanto al campesino que fuese demasiado pobre para amortizar sus tierras como al que estuviese en mejores condiciones se le imponía algo de tal índole que la amortización era imposible. El sistema feudal, abolido en teoría, continuaba existiendo en lo principal. La desilusión fue grande entre las masas de campesinos. En más de un lugar se organizó la resistencia: en un acuerdo tácito, se rehusó pagar los impuestos, y empezaron los desórdenes. La Asamblea no dejó de mantenerse firme en sus decisiones y sostuvo hasta el fin su legislación clasista. Los campesinos tuvieron que esperar a los votos de la Asamblea legislativa y de la Convención para sacar las verdaderas consecuencias de la noche del 4 de agosto y ver al feudalismo totalmente abolido.

Pero a pesar de estas restricciones los resultados de la noche del 4 de agosto, sancionados por los decretos del 5 al 11 de agosto, no dejaron de tener una importancia extrema. La Asamblea Nacional destruyó al Antiguo Régimen. Las diferencias, los privilegios y los particularismos quedaron abolidos. A partir de ese momento todos los franceses poseían los mismos derechos y los mismos deberes, teniendo acceso a todos los empleos y pagando los mismos impuestos. El territorio estaba unificado: los múltiples sistemas de la antigua Francia, destruidos; las costumbres locales, los privilegios provinciales y ciudadanos desaparecieron. La Asamblea había logrado hacer tabla rasa. Se trataba de reconstruir.

Desde principios del mes de agosto, la Asamblea se dedicó especialmente a esta tarea. En la sesión del 9 de julio, en nombre del Comité de Constitución, Mounier desarrolló los principios que presidirían la nueva Constitución proclamando la necesidad de que fuese precedida de una Declaración de derechos:

«Para que una Constitución sea buena, es preciso que se funde en los derechos del hombre y que los proteja; hay que conocer los derechos de la justicia natural concedida a todos los individuos, y hay que recordar todos los principios que deben formar la base de cualquier clase de sociedad política y que cada artículo de la Constitución pueda ser la consecuencia de un principio… Esta Declaración habrá de ser corta, simple y precisa».

El 1 de agosto la Asamblea reanudó la discusión. La unanimidad estaba lejos de existir en cuanto a la necesidad de redactar una declaración de derechos, y es precisamente en este punto en el que surgen los debates en que muchos oradores tuvieron oportunidad de intervenir. Personas moderadas, como Malouet, asustadas por los desórdenes, lo consideraban inútil o peligroso. Otras, como el abate Grégoire, deseaban completarla con una Declaración de deberes. El 4, por la mañana, la Asamblea decretó que la Constitución iría precedida de una Declaración de derechos. La discusión progresó lentamente. Los artículos del proyecto relativo a la libertad de opiniones y con relación al culto público fueron discutidos largo tiempo; los miembros del clero insistían en que la Asamblea confirmase la existencia de una religión del Estado; Mirabeau protestó vigorosamente en favor de la libertad de conciencia y de culto. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea adoptó la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano.

Estaba implícita la condena de la sociedad aristocrática y de los abusos de la monarquía. La Declaración de derechos constituía a este respecto «el acta de defunción del Antiguo Régimen», pero al mismo tiempo, inspirándose en la doctrina de los filósofos, expresaba el ideal de la burguesía y ponía los fundamentos de un orden social nuevo que parecía poder aplicarse a la humanidad entera, y no sólo a Francia.

2. La crisis de septiembre: el fracaso de la revolución de los notables

Durante algunas semanas, y sancionando los resultados de los levantamientos populares, la Asamblea Nacional había destruido el Antiguo Régimen con las decisiones de la noche del 4 de agosto; con la Declaración de derechos había comenzado la obra de reconstrucción. La crisis de 1789 demostró, sin embargo, que la regeneración de Francia no sería nada fácil.

Las dificultades financieras continuaban. Necker, en posesión nuevamente de su ministerio y en una atmósfera de triunfo, se mostró incapaz. Los impuestos no contaban ya. Se lanzó un empréstito de 30 millones; veinte días después sólo se habían suscrito dos millones y medio. La popularidad de Necker estaba arruinada.

Las dificultades políticas se agravaron. El rey oponía a la Asamblea una resistencia pasiva: si ha capitulado ante la insurrección, no se ha decidido a sancionar los decretos. Los decretos del 5 al 11 de agosto y la Declaración de derechos no fueron sancionados: la refundición de las instituciones continuaba en suspenso. Nada, sino un nuevo movimiento popular, podía obligar al rey a que sancionase.

Las dificultades constitucionales estimularon al rey a la resistencia. La discusión de la Constitución empezó inmediatamente después del voto de la Declaración que constituía el preámbulo. Las divisiones se acentuaron o se convirtieron en irremediables. La insurrección popular y sus consecuencias alarmaron a un sector del partido patriota, el cual trató, desde ese momento, de detener el curso de la Revolución, fortaleciendo los poderes del rey y de la nobleza. Los informadores del Comité de constitución, Mounier y Lally-Tollendal, propusieron crear, imitando a Inglaterra, una Cámara alta que designase a un rey con derecho de sucesión, lo cual constituía la fortaleza de la aristocracia. El rey poseería un derecho de veto absoluto y esto le permitiría anular las decisiones del poder legislativo. Los partidarios de una Cámara alta y del veto absoluto recibieron el nombre de monarquizantes o anglófilos: sus deseos tendían a una revolución de notables.

Algunos diputados patriotas tomaron posiciones enérgicas contra esas proposiciones. Sièyes pronunciose contra toda especie de veto: La voluntad de uno solo no puede actuar sobre la voluntad general; si el rey pudiese impedir que se dicte la ley, su voluntad particular actuaría sobre la voluntad general; la mayoría del poder legislativo ha de actuar independientemente del poder ejecutivo; el veto absoluto o suspensivo no era otra cosa que una carta real de detención lanzada contra la voluntad general.

En París, la opinión estaba en estado de alerta. Los concurrentes al Palais-Royal, después de haber intentado una marcha sobre Versalles, con objeto de pesar sobre las decisiones de la Asamblea, votaron una moción: «el veto no pertenece sólo a un hombre, sino a 25 millones». El 31 de agosto enviaron una diputación al Ayuntamiento para intentar convocar una asamblea general de distritos, «con el fin de lograr que la Asamblea Nacional suspendiese su deliberación sobre el veto, hasta que los distritos, lo mismo que las provincias, se hayan pronunciado».

La mayoría del partido, cuya dirección tomaron entonces Barnave, Du Port, Alexandre y Charles de Lameth, se opuso a que se crease una cámara alta: el 10 de septiembre, el sistema de las dos cámaras se rechazó por 849 votos contra 89, pues la derecha se abstuvo. El partido patriota fue menos intransigente sobre el problema del veto real: Barnave propuso aprobarlo a título suspensivo, durante dos legislaturas. El 11 de septiembre, el veto suspensivo fue votado por 575 votos contra 352. Mediante esta concesión, los jefes del partido patriota esperaban conseguir que Luis XVI sancionase los decretos de agosto. Pero el rey persistió en su actitud: los patriotas, poco a poco, llegaron a considerar como necesario otro nuevo levantamiento popular.

Las dificultades económicas permitían, en efecto, movilizar de nuevo al pueblo de París. La emigración no sólo sacó fuera de Francia grandes cantidades de numerarios, ya que los emigrados llevaban consigo la mayor cantidad de dinero posible, sino que afectó a las industrias de lujo y a los comercios parisinos. El paro crecía precisamente cuando el pan era caro: más de tres céntimos la libra; la trilla aún no estaba terminada; reaparecían las colas en el mes de septiembre, a las puertas de las panaderías; los obreros empezaban a manifestarse para obtener aumento de salario o exigir trabajo. Los zapateros se reunían en los Campos Elíseos para evitar el monopolio de sus salarios, nombrar un comité encargado de vigilar sus intereses y recoger las cotizaciones para subvenir a las necesidades de aquellos que estuvieran sin trabajo. La incapacidad de la Asamblea Nacional para regular el problema de la circulación de granos, la incuria del ayuntamiento de la ciudad de París ante el problema de las subsistencias y el aprovisionamiento de la capital, no hacían más que agravar la situación. Marat, en el número 2 de L’Ami du peuple, planteaba la responsabilidad del comité de abastecimientos del Ayuntamiento de la ciudad.

«Hoy (miércoles, 16 de septiembre), los horrores del hambre han vuelto; las panaderías han sido asaltadas, el pueblo carece de pan; precisamente después de una copiosa cosecha, en plena abundancia, estamos a punto de morir de hambre. ¿Podemos dudar que estamos rodeados de traidores que tratan de llevarnos a la ruina? ¿Se debe esta calamidad a la rabia de los enemigos públicos, a la codicia de los monopolizadores, a la deslealtad o ineptitud de los administradores?».

La agitación política aumentó con los efectos de la crisis económica. En París, las asambleas de los 60 distritos administraban cada uno de ellos y constituían otros tantos clubs populares. El Palais-Royal continuaba siendo el cuartel general de los militantes políticos. La prensa patriota iba creciendo. A partir de julio aparecían regularmente Le Courrier de Paris à Versailles de Gorsas; Les Révolutions de Paris, de Loustalot, y Le Patriote français, de Brissot; en septiembre, Marat lanzó L’Ami du peuple. Los escritores patriotas publicaban folletos y hojas sueltas para informar al pueblo sobre los proyectos liberticidas de los aristócratas, sobre la necesidad de purgar a la Asamblea de prelados y nobles, quienes, como prelados y nobles que habían sido bajo el Antiguo Régimen, no podían pretender representar a la nación. Camilo Desmoulins, concediendo el don de la palabra al farol de la plaza de la Grève, cuyo poste de hierro había servido en julio para algunas ejecuciones sumarias, lanzó el Discours de la Lanterne aux Parisiens. Los panfletos anónimos se multiplicaban, traduciendo el descontento general: uno, muy significativo, se titulaba: Les pourquoi du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-neuf.

A finales de septiembre, la Revolución estuvo de nuevo en peligro. El rey seguía negándose a sancionar los decretos del mes de agosto. Se disponía al ataque, concentrando las tropas de nuevo en Versalles. Por segunda vez, la intervención del pueblo de París salvó a la Asamblea Nacional y a la libertad que nacía. A partir de septiembre, en efecto, viendo que era inevitable un conflicto violento entre la Revolución y el Antiguo Régimen, los patriotas diputados por el ala izquierda, periodistas parisienses, militantes de los distritos, quisieron terminar con la tenaz oposición del rey y de los monárquicos y prepararon una jornada en que el pueblo de París impondría de nuevo su voluntad. Marat, en el número del 2 de octubre de L’Ami du peuple, invitó a los parisienses a actuar antes de que el invierno aumentase sus males. Le Fouet national, hoja patriótica lanzada en septiembre, fue más violenta aún en su número 3:

«Parisienses, abrid por fin los ojos, salid, salid de vuestro letargo; los aristócratas os rodean por todas partes, quieren encadenaros, y vosotros dormís. Si no os dais prisa en acabar con ellos, quedaréis sometidos a la servidumbre, a la miseria, a la desolación. Despertad, una vez más; despertad».

Un plan predominó en la opinión patriota. Si el rey continuaba estando al lado del buen pueblo de París, rodeado de los representantes de la nación, se le sustraería a la influencia de los aristócratas y el bienestar de la Revolución quedaría asegurado. El pueblo, alerta ya, sólo tuvo necesidad de un incidente para que estallase el motín.

3. Las jornadas de octubre de 1789

Las jornadas de octubre, cuyas causas profundas hay que buscarlas en la crisis económica y en la política que conjugaban sus efectos, fueron efectivamente producidas por un incidente: el banquete de los guardias de corps. El 1 de octubre de 1789, los oficiales de las guardias de corps ofrecieron un banquete a los regimientos de Flandes, en el castillo de Versalles. Al aparecer la familia real, la orquesta atacó con un O Richard, ô mon roi, l’univers t’abandonne. Enardecidos con el vino, los invitados tiraron a sus pies la escarapela tricolor para coger la blanca o la negra, que era de la reina.

La noticia llegó a París dos días después. El pueblo se indignó. El domingo, 4 de octubre, se formaron reuniones tumultuosas; en el Palais-Royal, en una gran excitación, votaba moción tras moción, mientras que los periodistas patriotas denunciaban esta nueva forma de conjura aristocrática. Le Fouet national imprimió este aviso: «Desde el lunes, los buenos parisinos tienen las mayores dificultades para proporcionarse pan. Sólo el señor Révèrbere puede procurárselo, y desdeñan recurrir a este buen patriota». El hambre fue, una vez más, el factor determinante de la actuación popular.

El 5 de octubre se reunieron grupos de mujeres procedentes del arrabal de Saint-Antoine y del barrio de Halles, ante el Ayuntamiento, reclamando pan. Después decidieron, en número de 6000 a 7000, ir a Versalles, dirigidas por el ujier Maillard, uno de los jefes de los «Voluntarios de la Bastilla», batallón compuesto de combatientes del 14 de julio, militarmente organizados. Hacia el mediodía tocaron a rebato, los distritos se reunieron, la guardia nacional afluyó a la plaza de la Grève, al grito de A Versalles! La Fayette se vio obligado a tomar el mando. Hacia las cinco, 20 000 hombres aproximadamente tomaron a su vez el camino de Versalles. Hacia esa misma hora, las mujeres de París enviaron una diputación a la Asamblea, después al rey, que les prometieron trigo y pan. La guardia nacional llegó a las diez. El rey, confiando en desarmar a sus adversarios, notificó a la Asamblea la aceptación de los decretos. El movimiento popular aseguró el éxito del partido patriota.

Al alba del día 6 de octubre, una tropa de manifestantes penetró en el castillo hasta la antecámara de las habitaciones de la reina. Estalló una pelea entre la multitud y los guardias de corps. Los guardias nacionales vinieron a toda prisa, con el fin de acabar el combate, haciendo evacuar el castillo. El rey, acompañado de la reina y del Delfín, consintió asomarse al balcón con La Fayette. La multitud, en un principio indecisa, acabó por aclamarles, pero gritando: ¡A Paris! Luis XVI cedió. Consultada la Asamblea, declaró que era inseparable de la persona del rey. A la una, acompañados por el tronar del cañón, los guardias nacionales iniciaron la marcha, seguidos de los carros de trigo y harina, escoltados por las mujeres en un inmenso cortejo. Tras ellos iban las tropas, después el rey con su carroza, con la familia real, y La Fayette caracoleando en la portezuela. Después, un centenar de diputados en coches, y de nuevo, la multitud de los guardias nacionales. A las diez de la noche el rey entraba en las Tullerías. Luis XVI en París, la Asamblea no tardó en seguirle. El 12 ocupó el edificio del arzobispado mientras acababan de preparar la sala Manège que se le había reservado.

Las jornadas populares de octubre de 1789 cambiaron la situación de los partidos. Los monárquicos, partido de la resistencia desde el mes de agosto, fueron los grandes vencidos. Lo comprendieron y se retiraron de la lucha, por ejemplo, Mounier, Malouet y otros que alentaron la ola de la segunda inmigración. Partidarios de una revolución de notables, habían querido detener el movimiento revolucionario en el momento en que lo habían juzgado peligroso para los intereses de las clases pudientes. Tuvieron que esperar la estabilización consular para ver instaurarse el régimen de sus deseos.

Para muchos patriotas, como Camilo Desmoulins en el número 1 de las Révolutions de France et Brabant, «París va a ser la reina de las ciudades, y el esplendor de la capital responderá a la grandeza y a la majestad del imperio francés», no se trataba más que de acabar la obra de regeneración del país, con la comunión de todos los ciudadanos con su rey. Sólo algunos hombres, muy perspicaces, estaban lejos de sentir un gran optimismo. Así Marat en el número 7 de L’Ami du peuple, dice:

«Es una fiesta para los buenos parisienses poseer por fin a su rey: su presencia va a hacer cambiar bien pronto las cosas; el pobre pueblo no morirá de hambre. Pero esta alegría desaparecerá tan pronto como un sueño si no establecemos en medio de nosotros la morada de la familia real hasta que se haya consagrado la Constitución. L’Ami du peuple comparte la alegría de sus queridos ciudadanos, pero no se dormirá».

Los sucesos de julio a octubre de 1789, así como el espíritu con que la Asamblea comenzaba la obra de reconstrucción del país, legitimaban en realidad la vigilancia de los patriotas.

La insurrección popular había asegurado el triunfo de la burguesía. Gracias a las jornadas de julio y de octubre, los intentos de la contrarrevolución se quebraron. La Asamblea Nacional, victoriosa sobre la monarquía, pero gracias a los parisinos, temiendo encontrarse a merced del pueblo, desconfiaba desde ese momento de la democracia y del absolutismo. Para salvaguardar su primacía, la mayoría burguesa se decidió a debilitar lo más posible la institución monárquica. Temiendo que las clases populares tuvieran acceso a la política y a la administración de los asuntos públicos, se guardó muy bien de hacer afirmaciones solemnes sobre la Declaración de los Derechos, y las consecuencias que de ello se produjeran. Una vez la monarquía debilitada y el pueblo bajo tutela, la Asamblea constituyente se dedicó en estos finales de 1789 a regenerar las instituciones de Francia en beneficio de la burguesía.

CAPITULO II

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE:
EL FRACASO DEL COMPROMISO
(1790)

La obra de reconstrucción de Francia por la Asamblea constituyente se desarrolló a lo largo de todo el año 1790, en medio de peligros cada vez mayores. La aristocracia no cedía; las masas populares, por causa de las dificultades económicas, estaban impacientes. Frente a este doble peligro, la burguesía constituyente, protegida por la monarquía constitucional, organizó su supremacía, no sin que le faltase el deseo de vincular a su sistema una parte de la aristocracia: de este modo se instauraba un sistema de compromiso. Aún había que convencer al rey y persuadir a la nobleza. El hombre de esta política de compromiso fue La Fayette: vanidoso e ingenuo, intentó conciliar a los contrarios.

I

LA ASAMBLEA, EL REY Y LA NACIÓN

El compromiso político que, a imagen de la Revolución inglesa de 1688, hubiera instalado por encima de las clases populares sojuzgadas la dominación de la alta burguesía, de la aristocracia y los pudientes habría sido aceptado por las fracciones de dirigentes de la burguesía francesa: la aristocracia se negó a todo compromiso, haciendo inevitable, para romper su resistencia, recurrir a las masas populares. Sólo una minoría, que el nombre de La Fayette simboliza, entendía que este compromiso salvaguardaría su poder político: el ejemplo de Inglaterra lo probaba.

1. La política fayettista de conciliación

La aristocracia francesa del siglo XVIII presentaba, no obstante, caracteres diferentes a los de la inglesa del siglo precedente. En Inglaterra, el privilegio fiscal no existía: los nobles pagaban impuestos. El carácter militar de la nobleza se había atenuado, por otra parte, si es que no había desaparecido. El noble no se desprestigiaba por ocuparse de sus negocios: el auge marítimo y el colonial asociaban a la nobleza y la burguesía capitalista. La aristocracia participaba del impulso de las nuevas fuerzas productoras. Sobre todo las estructuras feudales habían quedado destruidas, la propiedad y la producción, liberadas. Las condiciones especiales de Inglaterra, así como una evolución más avanzada, explican el compromiso de 1688. En Francia, la nobleza conservaba un carácter esencialmente feudal. Dedicada al oficio de las armas, excluida bajo pena de degradación, salvo raras excepciones, de empresas fructuosas comerciales e industriales, permanecía en consecuencia más vinculada a las estructuras tradicionales que aseguraban su existencia y su preponderancia. Su vinculación obstinada a esos privilegios económicos y sociales, su exclusivismo a ultranza, su mentalidad feudal impermeable a los principios burgueses, situaron a la nobleza francesa en una actitud de rechazo total.

¿Era posible el compromiso en la primavera de 1789? Hubiera sido preciso que la monarquía hubiese tomado la iniciativa valerosamente: su actitud demuestra, si fuese necesario demostrarlo, que no era más que el instrumento de dominación de una clase. Apelar al ejército, como hizo Luis XVI en los primeros días de julio, parecía significar el fin de la revolución burguesa que se esbozaba. La fuerza popular la salvó. ¿Era posible el compromiso después del 14 de julio? Algunos lo creían dentro de la burguesía, e incluso de la aristocracia, La Fayette tanto como Mounier. Mounier creyó posible obtener en 1789, como en 1788, en Vizille, durante la revolución de notables delfinistas, el consentimiento de los tres estamentos para una revolución limitada. Su proyecto, según lo escribiría más tarde, era

«seguir las lecciones de la experiencia, no exponerse a la innovación temeraria y no proponer, de acuerdo con las formas de gobierno existentes, más que las modificaciones necesarias para garantizar la libertad».

La nobleza, en su mayoría, y el alto clero aristocrático se negaron a ello, pues no aceptaron ni la reunión voluntaria de los tres estamentos, ni la Declaración de derechos del hombre, ni las decisiones de la noche del 4 de agosto: es decir, la destrucción, aunque fuera parcial, del feudalismo. Mounier salió de Versalles el 10 de octubre; su política de compromiso fracasada, se incorporó al campo de la aristocracia y de la contrarrevolución. El 22 de mayo de 1790 emigraba.

Bien por incomprensión política, bien por ambición, La Fayette persistió durante más tiempo. Gran señor, «héroe de los dos mundos», tenía con qué seducir a la alta burguesía. Su política tendía a conciliar, en el marco de una monarquía constitucional a la inglesa, la aristocracia territorial y la burguesía industrial y de los negocios. Dominó durante un año la vida política. Verdadero ídolo de la burguesía revolucionaria, que admiraba un jefe semejante que la tranquilizaba contra el doble peligro que la amenazaba: las tentativas aristocráticas a su derecha, a su izquierda los embates populares. Joven, célebre, el marqués de La Fayette se creyó predestinado para realizar en la Revolución francesa el papel que su amigo Washington había tenido en la Revolución americana. En los acontecimientos que precedieron y siguieron a la reunión de los Estados generales, jugó un papel importante a la cabeza de la fracción liberal de la nobleza. Comandante de la guardia nacional desde la revolución parisina de julio, tenía a su disposición a la fuerza armada. Luis XVI le apoyaba en todo, aunque le odiaba. Pero para reconciliar al rey, la aristocracia y la Revolución, para llevar a la Asamblea la idea de un ejecutivo fuerte, era preciso convencer al rey y reunir en la Asamblea una mayoría fuerte.

Mirabeau en cierto momento parecía ser el hombre necesario para llevar a cabo esta política. Era necesario —Necker había perdido todo prestigio— agrupar un ministerio con los principales jefes del partido patriota. Mirabeau no cesó de intrigar para llegar al ministerio. Pero si se imponía a la Asamblea por su talento orador, la escandalizaba por su vida privada y su venalidad. Para apartarlo, la Asamblea decretó, el 7 de noviembre de 1789, que un diputado no podría «obtener ningún puesto de ministro durante la legislatura de la Asamblea actual». Mirabeau se vendió entonces a la Corte. Luis XVI le preparó un acuerdo con La Fayette. Ambos, en mayo de 1790, se esforzaron por aumentar los poderes del rey, haciéndole reconocer el derecho de paz y de guerra. Pero Mirabeau había perdido desde hacía tiempo el espíritu de los patriotas:

«Respecto al primogénito Riquetti [Mirabeau], no le falta más que un corazón honrado para ser patriota ilustre, escribía Marat en “L’Ami du peuple” el 10 de agosto de 1790. ¡Qué desgracia que carezca de alma!… ¿Quién no ha observado la política versátil de Riquetti? Le he visto con horror agitarse furioso para formar parte de los Estados, y me decía a mí mismo entonces: reducido a prostituirse para vivir, venderá su voz al mejor y al último postor. Primero, contra el monarca, al que está vendido hoy; y a su venalidad debemos casi todos los decretos funestos que han sido dictados, desde el veto hasta el de la declaración de la guerra. ¿Qué se puede esperar de un hombre sin principios, sin costumbres, sin honor? Hele aquí convertido en el alma de los apestados y de los ministeriales, en alma de los conjurados y de los conspiradores».

Mirabeau odiaba, no obstante, a «Gilles César»; su acuerdo se hizo imposible. La política de La Fayette no podía tener éxito. Esto no sólo por causa de las rivalidades personales, sino a causa de las contradicciones. La aristocracia se obstinaba en resistir. Además, las perturbaciones producidas por la crisis de las subsistencias, y aún más, en muchas regiones, las revoluciones agrarias motivadas por la obligación de amortizar los derechos feudales, confirmados por la ley del 15 de marzo de 1790, endurecieron la resistencia de la aristocracia, cada vez más amenazada. La búsqueda de un compromiso político entre la aristocracia y la alta burguesía tenía algo de quimera, desde el momento en que no habían sido irremediablemente destruidos los últimos vestigios del feudalismo. Mientras hubo alguna esperanza de que sus intereses se mantuvieran con el retorno a una monarquía absoluta, o bien estableciéndose un régimen de tipo aristocrático, como habían soñado Montesquieu o Fenelón, la nobleza ofrecía la más viva resistencia al triunfo de la burguesía, es decir, al triunfo de las circunstancias capitalistas de producción que atentaban contra sus intereses. Con el fin de vencer esta resistencia, la burguesía tuvo que recurrir a la alianza de las masas populares urbanas y a los campesinos; para terminar, aceptó más tarde la dictadura napoleónica. Cuando el feudalismo quedó destruido para siempre y todo intento de restauración aristocrática fue imposible, la aristocracia aceptó, en último término, el compromiso que bajo la monarquía de julio la asoció al poder con la alta burguesía.

Pero en 1790 la aristocracia estaba muy lejos de renunciar a sus propios fines. Contaba también con los emigrados, las intrigas de las cortes extranjeras y los principios de la contrarrevolución, que mantenían sus esperanzas. En estas condiciones, la política de compromiso y de conciliación que La Fayette intentó en 1790 no podía menos que fracasar.

2. La organización de la vida política

La Asamblea seguía organizándose; sus métodos de trabajo se precisaban. Se había instalado con muy poca comodidad en la sala de Manège, en las Tullerías. Las deliberaciones se hacían cada mañana y cada tarde, después de las seis, bajo la dirección de un presidente elegido por quince días. El contacto con el pueblo quedaba asegurado por la posibilidad para los peticionarios de desfilar ante la barandilla de la Asamblea, y en presencia del público de las tribunas. El trabajo era preparado por Comités especializados, en número de 31, exponiendo un informador, ante la Asamblea, las decisiones en proyecto.

Los grupos de la Asamblea se esbozaban simultáneamente aunque no se pudiesen diferenciar los partidos, en el sentido real de la palabra. En principio, no había más que dos grandes grupos: los aristócratas, partidarios del Antiguo Régimen, y los patriotas, defensores de un nuevo orden. Después aparecieron las tendencias con un matiz más acusado.

Los negros o aristócratas se sentaban a la derecha de la Asamblea; poseían oradores brillantes, como Cazalès; violentos, como el abate Maury; o hábiles, como el abate Montesquiou, que sostenía un combate encarnizado por la defensa de los privilegiados. Sus opiniones las defendían numerosos impresos sostenidos con los fondos del erario: L’Ami du roi, del abate Royou; Les Actes des apôtres, en donde Rivarol ridiculizaba el «patrouillotisme» (patrioterismo). Su club, el Salón francés.

Los monárquicos, guiados por Mounier, quien abandonó la Asamblea nacional después de las jornadas de octubre, para dimitir el 15 de noviembre; Malouet y el conde de Clermont-Tonnerre se hicieron defensores de la prerrogativa real y se aproximaron a la derecha para obstaculizar los progresos de la Revolución. Se reunían en el club de los Amigos de la Constitución monárquica.

Los constitucionales representaban el grueso del antiguo partido patriota. Fieles a los principios proclamados en 1789, representaban los intereses de la burguesía y pretendían instaurar su poder cubriéndolo con una monarquía suave. Era el partido de La Fayette. Agrupaba a los representantes de la burguesía y del clero; los arzobispos de Champion de Cicé y de Boisgelin, el abate Sièyes, hombres de leyes como Camus, Target y Thouret, jugaron un papel importante en la elaboración de las nuevas instituciones.

El Triunvirato se sentaba a la izquierda. Compuesto por Barnave, Du Port y Alexandre de Lameth, con tendencias liberales, se inclinó hacia la realeza, convirtiéndose en su consejero cuando disminuyó, hacia finales del año 1790, la influencia de La Fayette. Después de la huida del rey, alarmado por los progresos de la democracia y por la agitación popular, el Triunvirato volvió de nuevo a la política fayettista de conciliación, pretendiendo detener los progresos de la Revolución.

El grupo demócrata, de la extrema izquierda, donde se destacaban Buzot, Pétion y Robespierre, defendía los intereses del pueblo y reclamaba el sufragio universal.

Los patriotas se dedicaron a hacer una organización sólida. Desde mayo de 1789 habían tomado la costumbre de reunirse para discutir los problemas políticos. De este modo se formó el club de los diputados bretones. Después de las jornadas de octubre se reunía en el convento de los Jacobinos, de la calle Saint-Honoré, con el nombre de Société des amis de la Constitution, abierto no sólo a los diputados, sino también a los burgueses acomodados. El club de los Jacobinos mantenía una correspondencia regular con los clubs que se habían fundado en las principales ciudades de las provincias. Tuvo éxito en agrupar y arrastrar a todo el sector militante de la burguesía revolucionaria.

«En la propagación del patriotismo, es decir, de la filantropía, esta nueva religión que conquistará para sí el universo, escribe Camilo Desmoulins en “Les Révolutions de France et de Brabant”, el 14 de febrero de 1791, el club o la iglesia de los Jacobinos, parece que están llamados a obtener la misma primacía que la Iglesia de Roma, en la propagación del cristianismo. Todos los clubs, asambleas o iglesias de patriotas que se forman por doquier, solicitan, en cuanto nacen, su correspondencia, le escriben en signo de comunión. La sociedad de los Jacobinos es el verdadero comité de las investigaciones de la nación, menos peligroso para los buenos ciudadanos que el de la Asamblea Nacional, porque las publicaciones, las deliberaciones son públicas: mucho más terrible para los malos, ya que abarca en su correspondencia con las sociedades afiliadas todos los rincones y recovecos de los 83 departamentos. No sólo es el gran requisador que asusta a los aristócratas. Es también quien corta todos los abusos y viene en socorro de todos los ciudadanos. Parece, en efecto, que el club ejerce el ministerio público cerca de la Asamblea Nacional. A su seno vienen de todas partes a contar sus males los oprimidos antes de ser llevados ante la augusta Asamblea. A la sala de los Jacobinos acuden sin cesar las diputaciones, o para felicitarlos o para pedir su comunión, o despertar su vigilancia o enderezar los entuertos».

El club de los Cistercienses[6], monárquicos moderados, se desvinculó del de los Jacobinos cuando estos últimos, en 1791, después de la huida del rey y de los acontecimientos del Champ-de-Mars, aumentaron su tendencia democrática, especialmente bajo la influencia de Robespierre. Dirigidos por La Fayette y sus amigos, los feuillants alejaron, por medio de una cotización elevada, a las gentes de la burguesía media; agruparon a la gran burguesía moderada y a la nobleza sin prestigio, que también estaban vinculadas al rey y a la Constitución.

El club de los Franciscanos[7] o Société des amis des Droits de l’homme, abriose en abril de 1790, club democrático en donde brillaron Danton y Marat. En las barriadas, numerosas sociedades fraternales permitían a las clases populares participar en la vida política; la primera, cronológicamente, fue la Société fraternelle des patriotes de l’un et de l’autre sexe, fundada en febrero por el maestro Dansard.

La política de La Fayette fue defendida por una gran parte de la prensa importante: Le Moniteur, de Panckouke, el periódico mejor informado de la época: Le Journal de Paris, L’Ami des patriotes. A la izquierda, un gran número de periódicos estaban influidos por el club de los Jacobinos: Le Courrier, de Gorsas; Les Annales patriotiques, de Carra; Le Patriote français, de Brissot, de Prudhomme; Les Révolutions de Paris, donde se hizo célebre Laustalot; por último, Les Révolutions de France et de Brabant, de Camilo Desmoulins. Marat, en L’Ami du peuple, defendía con gran clarividencia los derechos de las masas populares.

II

LOS GRANDES PROBLEMAS POLÍTICOS

La vida política, desde finales del año 1789, estuvo dominada por dos grandes problemas en torno a los cuales se encarnizaron los partidos: el problema financiero y el problema religioso. Las soluciones que dio la Asamblea constituyente tendrían incalculables consecuencias para la Revolución.

1. El problema financiero

La situación financiera no hizo más que empeorar desde que se convocaron los Estados generales. Las perturbaciones en las ciudades y en los campos habían sido desastrosas para el Tesoro público. Los campesinos, ahora armados, rehusaban pagar los impuestos; en medio de la descomposición general, y en ausencia de toda autoridad, era muy difícil obligarles. La Asamblea aprovechó en principio esta situación; vio en las dificultades financieras de la monarquía un medio excelente de presionar a Luis XVI y a sus ministros. Necker tuvo que recurrir a determinados expedientes para hacer frente a las exigencias del Tesoro. La Asamblea, «informada de las necesidades urgentes del Estado», decretó el 9 de agosto un empréstito de 30 millones, a un 4,5 por 100; el 27 de agosto hizo un nuevo empréstito de 80 millones, a un 5 por 100: ni uno ni otro se cubrieron. El rey envió su vajilla a la Casa de la Moneda; el 20 de septiembre, un decreto del Consejo de Estado autorizaba a los directores de la Moneda a recibir vajillas de aquellos particulares que pudiesen enviarlas. Los constituyentes tomaron los tesoros de las iglesias; el decreto del 29 de septiembre dispuso de la plata que no era necesaria «para la decencia del culto». Sobre todo, el 10 de octubre de 1789, el arzobispo de Autun, Talleyrand, propuso poner los bienes del clero a disposición de la nación:

«El clero no es propietario como los demás propietarios. La nación, al gozar de un derecho muy extenso sobre todos los cuerpos, ejerce derechos reales sobre los bienes del clero; puede destruir las congregaciones de este estamento que pudieran parecer inútiles a la sociedad, y necesariamente sus bienes se dividirían equitativamente entre la nación… Por muy santa que pudiese ser la naturaleza de un bien poseído bajo la ley, la ley no puede mantener más que aquello que ha sido concedido por los fundadores. Sabemos todos que la parte de esos bienes, necesaria para la subsistencia de los beneficiarios, es la única que les pertenece. Si la nación asegura esta subsistencia, la propiedad de los beneficiarios no es atacada. La nación puede, en principio, apropiarse de los bienes de las comunidades religiosas que puedan suprimirse, asegurando la subsistencia de los individuos que las componen; segundo, apropiarse de los beneficios que carezcan de función; tercero, reducir en una proporción determinada las rentas actuales de los titulares, encargándose de las obligaciones que gravaran a esos bienes en un principio».

Se originó un fuerte debate, enfrentando a Maury y Cazalès, de un lado; de otro, a Sièyes y Mirabeau. Los primeros sostuvieron que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, como lo afirma la Declaración de derechos, y los segundos respondían que esta Declaración prevé, en el mismo artículo 17, que se puede ser privado de ella «cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige evidentemente bajo la condición de una indemnización justa y prevista»; por otra parte, el clero no es un propietario, sino sólo un administrador de esos bienes, cuyas rentas no están consagradas a fundaciones de caridad o de utilidad pública, hospitales, escuelas, servicio divino; puesto que el Estado toma desde ahora esos diversos servicios a su cargo, es legítimo que se le entreguen esos bienes a cambio. Al final de la discusión, el decreto del 2 de noviembre de 1789 se votó con una mayoría de 568 votos contra 346. La Asamblea decidía que todos los bienes eclesiásticos estarían a disposición de la nación, que se encargaría de sostener de una manera conveniente los gastos del culto, pagar a sus ministros y socorrer a los pobres; los titulares de un curato tendrían que recibir por lo menos 1200 libras por año.

Quedaban por arreglar las modalidades de esta vasta operación financiera. El decreto del 19 de diciembre establecía una caja de lo extraordinario, alimentada especialmente con la venta de los bienes de la Iglesia; estos bienes servían de testimonio para la emisión de billetes, los asignados, verdaderos bonos del Tesoro. Tenían un interés de un 5 por 100, reembolsable no en especie, sino en metálico; a medida que fuesen vendidos los bienes de la Iglesia, puesto que se recogerían los billetes remitidos contra estos bienes nacionales, éstos quedarían destruidos para acabar progresivamente con la deuda pública. El patrimonio de la Corona se pondría en venta, con excepción de los bosques de las casas reales, de los cuales el rey podría gozar, así como una cantidad de dominios eclesiásticos, suficientes para alcanzar en conjunto una suma de 400 millones.

Esta era una medida de alcance incalculable. El billete así emitido se transformó rápidamente en papel moneda; su depreciación supuso dificultades económicas y sociales inmensas para la Revolución. Por otra parte, la venta de los bienes nacionales, que empezó en marzo de 1790, tuvo como resultado una transferencia grande de propiedades que vinculó irremediablemente al nuevo orden a sus beneficiarios, burgueses y campesinos acomodados.

2. El problema religioso

El problema religioso se planteó desde finales de 1789 con no menos agudeza: la confiscación de los bienes del clero llevó consigo la necesidad de una reorganización de la Iglesia en Francia. Problemas religiosos y problemas financieros estaban unidos. Los Constituyentes no actuaron absolutamente en este campo, por hostilidad contra el catolicismo; siempre protestaron de su profundo respeto por la religión tradicional. Pero los representantes de la nación se consideraron tan calificados para regular los problemas de organización y de disciplina eclesiástica, como la realeza. En la sociedad del siglo XVIII, nadie, incluso los teóricos más avanzados, concebía un régimen fundado sobre la separación de la Iglesia y del Estado. Sobre todo, la reforma de la organización eclesiástica aparecía como una consecuencia necesaria del nuevo planteamiento de todas las instituciones, y en particular del hecho de poner los bienes del clero a disposición de la nación.

La Asamblea se ocupó en principio de las órdenes monásticas, abolidas el 13 de febrero de 1790: los religiosos pudieron salir del claustro o agruparse en un cierto número de establecimientos ya designados. El 20 de abril de 1790, la administración de los bienes dejó de corresponder a la Iglesia: después llegó la discusión del proyecto del Comité eclesiástico. Boisgelin, arzobispo de Aix, aunque reconociendo «la serie de abusos», recordaba a la Asamblea los principios fundamentales de la Iglesia en cuestión de disciplina y de jurisdicción eclesiástica, subrayando que el proyecto atentaba a la propia constitución de la Iglesia católica. La Asamblea pasó por alto esas observaciones y adoptó, el 12 de julio de 1790, la Constitución civil del clero.

III

APOGEO Y RUINA DE LA POLÍTICA DE CONCILIACIÓN

La agitación contrarrevolucionaria se aprovechó de las dificultades producidas por haber puesto en venta bienes nacionales y la Constitución civil del clero. Los aristócratas desprestigiaron el papel moneda emitido contra los bienes nacionales y obstaculizaron cuanto pudieron las ventas de bienes nacionales. Los emigrados empezaron sus intrigas y prepararon un gran levantamiento en el Mediodía. El hecho de que la Asamblea rehusase reconocer el catolicismo como religión del Estado, el 13 de abril de 1790, proporcionó un argumento decisivo. En Montauban, el 10 de mayo, y en Nîmes, el 13 de junio de 1790, los desórdenes estallaron entre los católicos realistas y los protestantes patriotas. En agosto se organizó una vasta concentración de gente armada en el campo de Jalès, al sur de Vivarais (departamento de Ardèche), que hasta febrero de 1791 no sería disuelta por la fuerza.

1. La Federación nacional del 14 de julio de 1790

Las federaciones constituyeron la respuesta de los patriotas y manifestaron la adhesión de la nación a la causa revolucionaria. Los habitantes de los campos y de las ciudades fraternizaron en principio en las federaciones locales, prometiéndose asistencia mutua. El 20 de noviembre de 1789 los guardias nacionales del Delfinado y del Vivarais se confederaron en Valence; en Pontivy, se constituyó la federación bretoña-angevina, en febrero de 1790; la federación de Lyon, el 30 de mayo, y en Estrasburgo y Lila, en junio.

La Federación nacional del 14 de julio de 1790, en la que se afirmó definitivamente la unidad de Francia, constituyó la consumación de este impulso unánime. En el Champ-de-Mar, ante 300 000 espectadores, Talleyrand celebró en el altar de la patria una misa solemne. La Fayette, en nombre de todos los confederados de los departamentos, pronunció el juramento «que une a los franceses entre sí y a los franceses con su rey, para defender la libertad, la Constitución y la ley». El rey prestó a su vez juramento de fidelidad a la nación y a la ley. El pueblo entusiasta saludó con inmensas aclamaciones la nueva concordia. La Fayette parecía ser el triunfador de la jornada.

El movimiento de las federaciones no podía, sin embargo, enmascarar la realidad social profunda. Las federaciones daban buena idea del sentido de unidad de los patriotas y manifestaban la adhesión de la nación al nuevo orden. Merlin de Douai lo ratificaría el 28 de octubre de 1790, cuando intentó, a propósito del problema de los príncipes con posesiones en Alsacia, iniciar los principios de un derecho internacional nuevo, oponiendo la nación como asociación voluntaria al Estado dinástico. A pesar del entusiasmo popular que estalló el 14 de julio de 1790, el importante papel de La Fayette durante el tiempo de la Federación, subrayaba el sentido político y social: ídolo de la burguesía, pero pretendiendo unir la aristocracia con la Revolución, era el hombre del compromiso. La guardia nacional que mandaba era la guardia burguesa, de la que los ciudadanos pasivos quedaban excluidos. El 27 de abril de 1791, Robespierre se levantó contra el privilegio burgués de llevar armas. «Estar armado para su defensa personal es derecho para todo hombre indistintamente; estar armado para la defensa de la patria es derecho de todo ciudadano. Los pobres ¿se convertirán por eso en extranjeros, en esclavos?». En la Federación del 14 de julio de 1790, el pueblo, con toda seguridad lleno de entusiasmo, fue menos actor que espectador. Si, en el acto de federación, la guardia representó la fuerza armada burguesa, lo fue en cuanto opuesta a la fuerza armada real, en el sentido burgués del orden nuevo. Pero la guardia sólo fue verdaderamente nacional el 10 de agosto de 1792: cuando el pueblo, después de derribar el trono y el sistema censatario, se introdujo en ella por la fuerza.

2. La descomposición del ejército y el asunto de Nancy (agosto de 1790)

El asunto de Nancy arruinó rápidamente el inmenso prestigio de La Fayette y dio al traste con su política de conciliación y de compromiso. A pesar de la aparente armonía, la aristocracia rehusaba reconocer al nuevo orden integrándose en él. Mientras que en el interior la conjura aristocrática se desarrollaba preparándose para la guerra civil, en el exterior los emigrados tomaban las armas en espera de la intervención militar que el conde de Artois, instalado en Turín, pedía a las Cortes extranjeras. Los patriotas estaban alerta. La cosecha de 1790 fue excelente, contribuyendo a sostener la situación general, sin que eliminase de modo completo las perturbaciones que se producían en los mercados y los ataques a la libre circulación de granos. Sobre todo, las revueltas agrarias continuaban. Las revueltas de campesinos habían estallado, desde enero de 1790, en el Quercy y en el Périgord, y en mayo, en el Bourbonnais, amenazando los intereses inmediatos de la aristocracia territorial. En julio de 1790, los vagos rumores sobre la invasión de las tropas austríacas estacionadas en Bélgica, desencadenaron los tumultos populares en Thiérache, Champaña y Lorena. Por todas partes las masas populares estaban dispuestas a reaccionar.

El conflicto social había llegado hasta el ejército, por otra parte desorganizado por la emigración. Los oficiales que no habían emigrado, cada vez más impresionados por las reformas de la Asamblea constituyente, tomaban una actitud hostil oponiéndose a los soldados patriotas, cuyo civismo se mantenía gracias a su asiduidad a los clubs. La Asamblea fue incapaz de dar al problema militar una solución nacional; presentía que la defensa nacional y la defensa revolucionaria estaban indisolublemente unidas. ¿Pero cómo substraer al ejército real de la influencia de la aristocracia sin nacionalizar el ejército, en el sentido verdadero de la palabra? Hubiera supuesto introducir la revolución en el ejército; los Constituyentes, prisioneros de sus contradicciones y prejuicios sociales, tomaron algunas decisiones: aumento de salario, reformas administrativas y disciplinarias.

La solución nacional ya se había indicado, sin embargo, a partir del 12 de diciembre de 1789 por Dubois-Crancé, entre los silbidos de la derecha, y el silencio molesto de la izquierda:

«Es necesaria una movilización verdaderamente nacional, que comprenda la segunda cabeza del imperio y el último de los ciudadanos activos y a todos los ciudadanos pasivos»,

es decir, a toda la nación, salvo el rey. Dubois-Crancé proponía, a fines de 1789, el servicio militar obligatorio y universal y la creación de un ejército nacional. Durante el debate, el duque de La Rochefoucauld-Liancourt declaró que valdría más cien veces vivir en Marruecos o en Constantinopla, que en un Estado en el que tales leyes estuvieran en vigor. En la amalgama de 1793 se encontraban los rasgos del sistema nacional propuesto por Dubois-Crancé en 1789. La Asamblea constituyente no estaba preparada para seguir esa vía. No le faltaron advertencias, y aun todavía el 10 de junio de 1791, cuando Robespierre denunciaba el peligro:

«En medio de las ruinas de todas las aristocracias, ¿qué poder es ese que aislado levanta todavía la frente audaz y amenazadora? Habéis destruido a la nobleza, y la nobleza aún vive al frente del ejército».

Noble y oficial por carrera, La Fayette no podía dudar. Los motines se multiplicaban en las ciudades con guarnición y en los puertos de guerra. Tomó, pues, el partido de los jefes contra la tropa. Cuando la guarnición de Nancy se rebeló en agosto de 1790, después que los oficiales se negarán a conceder a los soldados el control de las cajas del regimiento, las Constituyentes decretaron, el 16, que «la violación a mano armada por las tropas, de los decretos de la Asamblea Nacional, sancionados por el rey, era un crimen de lesa nación contra el jefe del Estado».

El marqués de Bouillé, comandante en Metz, reprimió la revuelta a viva fuerza, ejecutando a una veintena de dirigentes y enviando a galeras a unos cuarenta suizos del regimiento de Châteuvieux. La Fayette apoyó a su primo Bouillé, fortaleciendo así a la contrarrevolución. Su popularidad quedó inmediatamente arruinada. «¿Se puede dudar todavía —escribía Marat en L’Ami du peuple, el 12 de octubre de 1790—, que el gran general, el héroe de dos mundos, el inmortal restaurador de la libertad, no sea el jefe de los contrarrevolucionarios, el alma de todas las conspiraciones contra la patria?».

Al mismo tiempo, una parte del clero se levantaba contra la Constitución civil del clero, votada el 12 de julio de 1790. Luis XVI se preparaba para recurrir al extranjero. Este era el fallo de la política fayettista de compromiso y de conciliación en torno al rey; la Revolución, una vez más, precipitaba su curso.

CAPÍTULO III

LA BURGUESÍA CONSTITUYENTE Y LA RECONSTRUCCIÓN DE FRANCIA
(1789-1791)

En medio de todas las dificultades que señalaron el año 1790, la Asamblea constituyente continuó con obstinación la reconstrucción de Francia. Hombres ilustrados, los Constituyentes quisieron racionalizar la sociedad y las instituciones después de haber otorgado a los principios sobre los que se fundaban un valor universal. Pero los representantes de la burguesía, expuestos al empuje de la contrarrevolución y al impulso de las fuerzas populares, no tuvieron miedo de orientar su obra hacia el sentido de los intereses de su clase, con desprecio incluso de los principios solemnemente proclamados. Enfrentados con una realidad fluida supieron maniobrar, apartándose de la abstracción, plegándose ante las circunstancias. Esta contradicción explica, sin duda, todo: la caducidad de la obra política de la Asamblea constituyente, ruinosa desde 1792, y el eco de los principios proclamados, aún no extinguidos.

I

LOS PRINCIPIOS DEL OCHENTA Y NUEVE

Solemnemente proclamados, siempre invocados, por los unos con ironía y por los otros con entusiasmo, aunque por la inmensa mayoría con profundo respeto, se quería que los principios sobre los que la burguesía constituyente levantó su obra estuviesen fundados sobre la razón universal. Han hallado su expresión altisonante en la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuya «ignorancia, olvido o desprecio Constituyen, según el preámbulo, las únicas causas de las desdichas públicas y de la corrupción de los gobiernos». A partir de ese momento, las «reclamaciones de los ciudadanos, fundadas sobre principios simples e indiscutibles», no podrán sino servir «al mantenimiento de la constitución y a la felicidad de todos»: creencia optimista en la todopoderosa razón, de acuerdo con el espíritu del siglo de la Ilustración.

1. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

La Declaración de Derechos del Hombre, a partir del 26 de agosto de 1789, constituye el catecismo del orden nuevo. Todo el pensamiento de los Constituyentes no se encuentra en ella: no es expresamente un problema de libertad económica lo que la burguesía defendía por encima de todo. Pero en su preámbulo, que recuerda la teoría del derecho natural y en los diecisiete artículos redactados sin plan alguno, la Declaración precisa lo más esencial de los derechos del hombre y de la nación. Lo hace con preocupación por lo universal, que supera en mucho el carácter empírico de las libertades inglesas, tal y como habían sido proclamadas en el siglo XVII; en cuanto a las declaraciones americanas de la guerra de la Independencia, aunque querían ser universalistas, con el universalismo del derecho natural, contenían ciertas restricciones que limitaban su alcance.

Los derechos del hombre le son propios antes de formarse cualquier sociedad y cualquier Estado; son derechos naturales e imprescindibles, cuya conservación es el fin de toda asociación política (artículo 2). «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos» (artículo 1.º de la Declaración). Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión (artículo 2). Este derecho a resistir la opresión más legitimaba las revoluciones pasadas que autorizaba las futuras.

La libertad se definía como el derecho a «hacer todo aquello que no perjudica a los demás»; sus límites son la libertad de los demás (artículo 4). La libertad es, en principio, la de la persona, la libertad individual garantizada contra las acusaciones y los arrestos arbitrarios (artículo 7), y la presunción de inocencia (artículo 9). Dueños de sus personas, los hombres pueden hablar y escribir, imprimir y publicar, con tal de que la manifestación de sus opiniones no perturbe el orden establecido por la ley (artículo 10), y se responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por ellas (artículo 11), libres, también, de adquirir y poseer; la propiedad es un derecho natural imprescriptible, según el artículo 2; inviolable y sagrado, según el artículo 17; nadie puede ser privado de ella si no es por necesidad pública legalmente constatada y bajo condición de una justa y previa indemnización (artículo 17); confirmación implícita de la amortización de los derechos señoriales.

La igualdad está estrechamente asociada con la Declaración de libertad: había sido reclamada ásperamente por la burguesía frente a la aristocracia, por los campesinos en contra de sus señores, pero no puede ser más que igualdad civil. La ley es la misma para todos; todos los ciudadanos son iguales ante sus ojos; dignidades, puestos y empleos públicos, son igualmente accesibles a todos, sin distinción de nacimiento (artículo 6). Las diferencias sociales no se fundan más que en la utilidad común (artículo 1.º), la capacidad y el talento (artículo 6). El impuesto, indispensable, ha de ser repartido de un modo igual entre todos los ciudadanos, según sus posibilidades (artículo 13).

Los derechos de la nación son consagrados en un cierto número de artículos. El Estado no constituye un fin en sí; no tiene otro fin más que el de proteger a los ciudadanos en el goce de sus derechos; si no lo hace podrán resistirse a la opresión (artículo 2). La nación, es decir, el conjunto de ciudadanos, es soberana (artículo 3); la ley es la expresión de la voluntad general; todos los ciudadanos, bien personalmente, bien por sus representantes, tienen el derecho de concurrir a su formación (artículo 6). Diferentes principios tienen como fin garantizar la soberanía nacional. Primero, la separación de poderes, sin la cual no hay Constitución (artículo 16). Después, el derecho de control de los ciudadanos, por sí mismos o por sus representantes, sobre las finanzas públicas y sobre la administración (artículos 14 y 15).

Obra de los discípulos de los filósofos y aparentemente dirigida a todos los pueblos, la Declaración llevaba, sin embargo, la marca de la burguesía. Redactada por los constituyentes, liberales y propietarios, abunda en restricciones, precauciones y condiciones, que limitan singularmente su alcance. Mirabeau lo hacía ver en el número 31 de su Courrier de Provence:

«Una Declaración pura y simple de los derechos del hombre, aplicable a todas las edades, a todos los pueblos, a todas las latitudes, morales y geográficas del globo era, sin duda, una idea grande y bella; pero aparece que antes de pensar tan generosamente en el código de las demás naciones, hubiera sido conveniente que las bases de la nuestra se hubiesen establecido del modo convenido… En cada paso de la Asamblea, en la exposición de los derechos del hombre, se la verá asustada ante el abuso que el ciudadano pueda hacer; con frecuencia exagerará la prudencia ante esta posibilidad. De ahí esas restricciones multiplicadas, esas precauciones minuciosas, esas condiciones laboriosamente aplicadas a todos los artículos que van a ser elaborados: restricciones, precauciones, condiciones que sustituyen casi todos los derechos por deberes, obstaculizan la libertad, y que determinan en más de un aspecto en los detalles más molestos de la legislación, mostrarán al hombre atado por el estado civil y no al hombre libre de la naturaleza».

Espíritus utilitarios, los Constituyentes hicieron, con una formulación de alcance universal, una obra de circunstancias; al legitimar las revoluciones realizadas contra la autoridad real, creían precaverse contra toda tentativa popular respecto del orden que estableciesen. De aquí la numerosa serie de contradicciones de la Declaración. El artículo 1.º proclama la igualdad de todos los hombres, pero subordina la igualdad a la utilidad social; no está formalmente reconocida, en el artículo 6, más que la igualdad ante el impuesto y la ley; la desigualdad propia de la riqueza permanece intangible. La propiedad está proclamada, en el artículo 2, como un derecho natural e imprescriptible del hombre; pero la Asamblea no se preocupa de la enorme masa de aquellos que no poseen nada. La libertad religiosa recibe una serie de restricciones singularísimas, en el artículo 10; los cultos disidentes no son tolerados más que en la medida en que sus manifestaciones no perturben el orden establecido por la ley; la religión católica continúa siendo la del Estado, la única subvencionada por él; los protestantes y los judíos tendrán que contentarse con un culto privado. Todo ciudadano puede hablar y escribir, imprimir libremente, afirma el artículo 11; pero hay casos especiales en que la ley podrá reprimir los abusos de esta libertad. Los periodistas patriotas se levantaron con cierto vigor contra este atentado a la libertad de prensa.

«Hemos pasado rápidamente de la esclavitud a la libertad», escribe Loustalot en el número 8 de Révolutions de Paris, vamos mucho más rápidamente ahora de la libertad a la esclavitud. El primer cuidado de quienes aspiran a sojuzgarnos será limitar la libertad de prensa, o incluso sofocarla; y, desgraciadamente, en el seno de la Asamblea nacional, ha nacido ese principio adulterino: que nadie puede ser perturbado por sus opiniones, con tal de que sus manifestaciones no perturben el orden establecido por la ley. Esta condición es un dogal que se alarga y se encoge a voluntad; la ha rechazado la opinión pública en balde; servirá a cualquier intrigante que haya obtenido un cargo para sostenerse en él; no se podrá abrir los ojos a sus conciudadanos acerca de lo que haya hecho, haga o quiera hacer, sin que se diga que se perturba el orden público.

2. La transgresión de los principios

Cuando fue necesario meditar de nuevo la realidad social de Francia, a los juristas y lógicos de la Asamblea constituyente no les preocuparon ni los principios generales ni los de la razón universal. Realistas, obligados a manejar a los unos para contener a los otros, se preocuparon poco de las contradicciones que jalonaban su obra, persuadidos de que sirviendo a los intereses de su clase salvaguardaban la Revolución.

Los derechos civiles se concedieron, con ciertas vacilaciones, a todos los franceses. Los protestantes no vieron reconocidos sus derechos de ciudadanía hasta el 24 de diciembre de 1789; el 28 de enero de 1790, los judíos del Mediodía; los del Este, el 27 de diciembre de 1791. La esclavitud quedó abolida en Francia el 28 de septiembre de 1791, manteniéndose en las colonias; su abolición hubiera lesionado los intereses de los grandes plantadores, representados en la Asamblea especialmente por los Lameth. Incluso los hombres de color libres vieron discutidos sus derechos políticos; finalmente, el 24 de septiembre de 1791, la Asamblea constituyente prohibió la asociación y la huelga: la ley Le Chapelier, votada el 14 de junio de 1791, después de una serie de huelgas en los talleres parisinos, estableció la libertad de trabajo, prohibiendo a los obreros asociarse para la defensa de sus intereses.

Los derechos políticos quedaron reservados a una minoría. La Declaración proclama que todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir al establecimiento de la ley; por la ley del 22 de diciembre de 1789, la Constitución no concedía el derecho de sufragio más que a los propietarios. Los ciudadanos quedaron clasificados en tres categorías.

Los ciudadanos pasivos, que estaban excluidos del derecho electoral, pero no del derecho de propiedad. Según Sièyes, que inventó esta nomenclatura, tienen derecho «a la protección de su persona, de sus propiedades, de su libertad, pero no a tomar parte activa en la formación de los poderes públicos». Aproximadamente tres millones de franceses quedaron, así, privados del derecho del voto.

Los ciudadanos activos eran, según Sièyes, los verdaderos accionistas de la gran empresa social; pagaban como mínimo una contribución directa igual al valor local de tres días de trabajo, es decir, de una libra y media a tres libras. En número de más de cuatro millones, se reunían en asambleas primarias para designar las municipalidades y los electores.

Los electores, a razón de uno por cada cien ciudadanos activos, o sea, aproximadamente unos 50 000 para Francia, pagaban una contribución igual al valor local de diez días de trabajo, o sea, de 5 a 10 libras; se reunían en asambleas electorales, en las capitales de los departamentos, para nombrar a los diputados, los jueces, los miembros de las administraciones departamentales.

Los diputados, por último, que formaban la Asamblea legislativa, tenían que poseer una propiedad territorial cualquiera y pagar una contribución de un marco de plata (aproximadamente 52 libras). La aristocracia de sangre, en este sistema electoral censatario de dos grados era sustituida por la aristocracia del dinero. El pueblo quedaba eliminado de la vida política.

Mientras el expositor del Comité de constitución hacía ver que el establecimiento de un censo electoral llevaba consigo una cierta emulación entre los pasivos que no tenían otro deseo que el de enriquecerse para convertirse en activos, después en electores (es el enriquézcase usted, de Guizot), la oposición democrática de la Asamblea protestó en vano, especialmente el abate Grégoire y Robespierre.

«Todos los ciudadanos, cualesquiera que fuesen, tienen derecho a pretender todos los grados de representación, declaró Robespierre en la asamblea el 22 de octubre de 1789. Nada va más de acuerdo con vuestra Declaración de derechos, ante la cual todo privilegio, toda distinción, toda excepción han de desaparecer. La Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, en todos los individuos del pueblo. Cada individuo tiene derecho a obedecer a la ley mediante la cual está obligado a la administración de las cosas públicas, que son las suyas, pues si no, no sería cierto que todos los hombres son iguales en sus derechos, que todo hombre es un ciudadano».

Los periódicos democráticos fueron más violentos. Loustalot, en el número 17 de las Révolutions de Paris, se levantó contra esta nueva aristocracia del dinero, estigmatizando lo absurdo de un decreto que hubiera excluido a Jean-Jacques Rousseau de la representación nacional. Marat, en L’Ami du peuple del 18 de noviembre de 1789, demostró los efectos funestos de este régimen electoral para las clases populares, a las que invita a la resistencia:

«Así, la representación, convertida en proporcional según la contribución directa, pondrá el imperio en manos de los ricos, y la suerte de los pobres, siempre sumisos, siempre subyugados y siempre oprimidos, no podrá jamás mejorarse por medios pacíficos. Ésta es, sin duda, una prueba grave de la influencia de las riquezas sobre las leyes. En cuanto a lo demás, las leyes sólo tienen poder mientras los pueblos quieran someterse, y si han roto el yugo de la nobleza, romperán también el de la opulencia».

Camilo Desmoulins no fue menos vehemente en el número 3 de Les Révolutions de France et de Brabant:

«No hay más que una voz en la capital, pronto no habrá más que una en las provincias contra el decreto del marco de plata: acaba de constituir a Francia en Gobierno aristocrático, y es la victoria mayor que los malos ciudadanos hayan logrado en la Asamblea Nacional. Para hacer ver todo lo absurdo de este decreto basta decir que Jean-Jacques Rousseau, Corneille, Mably no hubieran podido ser elegidos. ¿Pero qué queréis expresar con la palabra ciudadano activo, tantas veces repetida? Los ciudadanos activos son aquellos que han tomado la Bastilla, son aquellos que han arado los campos, mientras que los ociosos del clero y de la Corte, a pesar de lo inmenso de sus dominios, no son sino plantas vegetales parecidas a ese árbol de vuestro Evangelio, que no da fruto alguno y que hay que arrojar al fuego».

II

EL LIBERALISMO BURGUÉS

La libertad es lo más difundido y predicado por la burguesía constituyente, la libertad en todas sus formas. En la Declaración de derechos la igualdad se asocia sin lugar a dudas a la libertad: afirmación de principio que legitimaba el declinar de la aristocracia y la abolición de los privilegios más de lo que autorizaban las esperanzas populares. Pero sólo se trata de igualdad civil. La libertad se entiende en principio como libertades públicas y políticas, pero con la restricción censataria. También se aplica a la actividad económica, liberada de toda limitación. El individuo libre también lo es para crear y producir, buscando el beneficio y empleándolo a su modo. La Constitución liberal de 1791 se fundó sobre el laisser faire, laisser passer (dejar hacer, dejar pasar).

1. La libertad política: la Constitución de 1791

Las instituciones políticas nuevas no tenían otro fin que asegurar el reino tranquilo de la burguesía victoriosa contra todo retorno ofensivo de la aristocracia y de la monarquía, y contra todo intento de emancipación popular.

La reforma política se empezó desde julio de 1789. Se formó un comité de treinta miembros para preparar la nueva Constitución el 7 de julio. El 26 de agosto quedó votada la Declaración de derechos; en octubre, un cierto número de artículos; el régimen electoral, en diciembre. Durante el verano de 1790 se hizo ya necesaria una serie de reformas. En agosto de 1791 se abordó la discusión del texto definitivo, votado, por último, el 3 de septiembre: es la Constitución de 1791. Como liberal, establece sobre las ruinas del Antiguo Régimen y del absolutismo la soberanía nacional; como burguesa, asegura la dominación de las clases pudientes.

El poder ejecutivo necesariamente tenía que revestir una forma monárquica; nadie concebía entonces de otro modo un gran Estado. El 22 de septiembre de 1789, reanudando un debate iniciado casi cerca de un mes antes, la Asamblea votaba que «el Gobierno francés es monárquico». Pero cuando fue necesario definir los poderes del rey, los limitó lo más posible, teniendo en cuenta en todo momento no desarmarlo por completo frente a las aspiraciones populares. El artículo votado el 22 de septiembre, aunque establecía el carácter monárquico del Gobierno, afirmaba:

«No hay en Francia autoridad superior a la ley; el rey no reina más que por ella, y sólo en virtud de las leyes se le puede exigir la obediencia».

La voluntad del rey carece ya de fuerza legislativa. La víspera del 23 de septiembre la Asamblea volvía a la carga para subordinar aún más la autoridad real a la nación, es decir, a la burguesía: todos los poderes emanan esencialmente de la nación, y no pueden emanar sino de ella; el poder legislativo reside en la Asamblea Nacional. No obstante, el poder monárquico ha de ser lo suficientemente fuerte como para fortalecer a la burguesía contra toda tentativa popular. En este sentido la mayoría de la Asamblea se había pronunciado por el veto suspensivo (11 de septiembre de 1789): permite al rey acabar con toda iniciativa de legislación democrática; pero como suspensivo, deja, en fin de cuentas, a la Asamblea como árbitro de la situación, en el caso en que el rey quisiera llevar a cabo un retorno hacia el absolutismo o, como le aconsejaba Mirabeau, apoyarse en el pueblo para evitar la tutela de la Asamblea burguesa. Si por otra parte la Asamblea ha rechazado, el 10 de septiembre de 1789, el establecimiento de una Cámara alta, con ello creía evitar una nobleza enfeudada en la monarquía. El derecho de disolución se le rehusó al rey con el fin de hacerle impotente frente a la burguesía, dueña del cuerpo legislativo, cuya permanencia había sido proclamada.

Después de las jornadas de octubre, la Asamblea Nacional continuó desmantelando a la institución monárquica tradicional. El 8 de octubre un decreto cambió el título de Rey de Francia y de Navarra por el de Rey de los franceses; el 10 de octubre, no atreviéndose a negar de modo absoluto el carácter divino de la monarquía, los constituyentes establecieron que el rey se denominaría a partir de ese momento Luis, por la gracia de Dios y la ley constitucional del Estado, rey de los franceses. Esta subordinación del rey a la ley que emanaba del cuerpo legislativo, que de suyo representaba a la burguesía, aparecía aún más manifiesta en los artículos votados el 9 de noviembre de 1789, sobre la presentación y la sanción de las leyes y la forma de su promulgación. La Asamblea legislativa debía presentar sus decretos al rey o separadamente, según fuesen aprobados, o juntos al final de cada sesión. El consentimiento real se expresaría en cada decreto con la fórmula: «El rey consiente y hará que se cumpla»; la denegación suspensiva por la de: «El rey examinará». La fórmula de promulgación de las leyes señala netamente la primacía del legislativo sobre el ejecutivo: «La Asamblea Nacional ha decretado y nosotros queremos y ordenamos lo que sigue».

Reducido a la impotencia en el gobierno central, el rey también lo está en la administración local. La ley del 22 de diciembre de 1789, sobre la nueva organización departamental, suprimió todos los agentes del poder ejecutivo en las nuevas circunscripciones administrativas. No existe intermediario entre las administraciones del departamento y el poder ejecutivo. Los intendentes y sus subdelegados cesaron en sus funciones tan pronto como los administradores del departamento entraron en actividad.

Este rey de los franceses hereditario, pero subordinado a la Constitución a la que había prestado juramento, no es más que un funcionario escogido entre los 25 millones del censo civil. Conserva el derecho a elegir sus ministros, pero fuera de la Asamblea. Nada puede hacer sin su firma. Esta obligación le quita todo poder de decisión propia y le coloca bajo la dependencia de su Consejo, que depende de la Asamblea: el rey es irresponsable. Nombra a los altos funcionarios, los embajadores y los generales, dirige la diplomacia. Pero no puede declarar la guerra o firmar tratados sin el consentimiento previo de la Asamblea. La Administración central consta de seis ministros (Interior, Justicia, Guerra, Marina, Relaciones exteriores y Contribuciones públicas); los antiguos Consejos han desaparecido. Los ministros pueden ser acusados por la Asamblea y le rinden cuenta a su salida del cargo. En oposición a la teoría de la separación de poderes, el rey conserva por su derecho de veto una parte de su poder legislativo; este derecho, sin embargo, no puede ser ejercido ni en las leyes constitucionales ni en las leyes financieras.

El poder legislativo pertenece a una asamblea única, elegida por una duración de dos años en un sufragio censatario de dos grados, la Asamblea nacional legislativa, formada por 745 diputados. Permanente, inviolable e indisoluble, la Asamblea dominaba a la realeza. Posee la iniciativa de las leyes. Tiene derecho a inspeccionar la gestión de los ministros, pueden ser perseguidos ante una Cámara alta nacional por delito «contra la seguridad nacional y la Constitución». Contralorea la política extranjera por su Comité diplomático; vota el contingente militar. Es soberana en cuestiones financieras: el rey no puede disponer de los fondos ni siquiera del presupuesto. Reuniéndose con pleno derecho, sin convocatoria real, el primer lunes del mes de mayo, y fijando ella misma el lugar de las sesiones y la duración de éstas, la Asamblea es independiente del rey, que no puede disolverla. Puede desviar incluso el veto real dirigiéndose directamente al pueblo con una proclama.

Bajo una apariencia monárquica, la realidad del poder estaba en manos de la burguesía censataria, de los notables del dinero. Dominaban también la vida económica.

2. La libertad económica: «laisser faire, laisser passer»

No se encuentra ninguna mención a la economía en la Declaración de derechos del 26 de agosto de 1789, sin duda porque la libertad económica era para la burguesía constituyente algo tan natural que ni siquiera había que mencionar; pero también es cierto, porque las clases populares continuaban profundamente vinculadas al sistema antiguo de reglamentación e impuestos, que de cierta manera garantizaban sus condiciones de existencia. La dualidad contradictoria de las estructuras económicas del Antiguo Régimen oponía al comercio y al artesanado tradicional, la empresa industrial de nuevo tipo. Si la burguesía capitalista reivindicaba la libertad económica, las clases populares manifestaban una mentalidad anticapitalista. La crisis económica que se había afirmado con la desastrosa cosecha de 1788 coronaba la fase del declinar que había empezado diez años antes y que constituyó un elemento de disociación del Tercer Estado, desfavorable para la formación de una conciencia nacional unitaria. La libertad de comercio y la exportación de granos, decretada en 1789 por Brienne, fue suprimida por Necker de un plumazo, pues si dicha libertad dirigía el progreso de la producción, parece ser que beneficiaba esencialmente a sus poseedores, es decir, a la burguesía; el pueblo es quien pagaba los vidrios rotos. Había denunciado al señor y al diezmero como acaparadores; bien pronto tendría que emprenderla con los tratantes en granos, los molineros y después con los panaderos. La solidaridad del Tercer Estado se vio amenazada. El problema de las subsistencias, con sus profundas resonancias (¿Libertad o control de la economía? ¿Libertad del beneficio o derecho a la existencia?), no dejó de influir en la idea que las diversas categorías sociales se hicieran de la nación durante la Revolución. En el año II, la sans-culotterie parisina reclamó el derecho a la existencia, cuyo reconocimiento y aplicación les permitiría integrarse a partes iguales en la nación. Hébert, no obstante, escribía en su Père Duchesne, cuando el impulso popular que culminó en las jornadas del 4 y 5 de septiembre de 1793: «Los negociantes no tienen Patria…». Pero el liberalismo económico correspondía a los intereses de la burguesía capitalista.

A partir de la noche del 4 de agosto, la libertad de la propiedad provenía de la abolición del feudalismo; las tierras y las personas estaban libres de toda sujeción. Pero los decretos desde el 5 al 11 de agosto de 1789, que pusieron en vigor las decisiones de principio de la noche del 4, aunque abolieron el diezmo, suprimieron la nobleza de las tierras y la jerarquía de los feudos con su legislación especial, y particularmente el derecho de primogenitura, introduciendo una distinción entre los derechos «relativos a la mano muerta real o personal y a la servidumbre personal», que fueron abolidas sin indemnización, y «todos los demás», que fueron declarados rescatables. La distinción fue aplicada por Merlin de Douai en la ley de aplicación del 15 de marzo de 1790, sobre el rescate de los derechos feudales.

Derechos del feudalismo dominante: aquellos que se presume han sido usurpados en detrimento del poder público o concedidos por él o bien establecidos por la violencia. Todos quedan abolidos sin indemnización: derechos honoríficos y derechos de justicia, derechos de mano muerta y servidumbre, impuestos, prestaciones, y trabajos personales, derechos de molienda, peajes y derechos de mercados, derechos de caza y pesca, de palomar y de coto de conejos. Quedaron incluso abolidas las treintenas que se concedían pasados treinta años, de los bienes comunales, en beneficio de los señores.

Los derechos del feudalismo contractual son aquellos que se supone provienen de un contrato habido entre el señor propietario y los campesinos arrendatarios, constituyendo así la contrapartida de una concesión primitiva de tierras. Se declara que son recuperables derechos anuales, censos, gavillas de mieses y rentas, derechos ocasionales de laudemio y de venta. El impuesto de rescate quedó fijado el 3 de mayo de 1790 en veinte veces el valor anual por los derechos en dinero y en veinticinco veces para los derechos en especie; para los derechos ocasionales se tenía en cuenta el peso. El rescate era estrictamente individual. El campesino tenía que poner al día los atrasos que había descuidado desde hacía treinta años. El señor quedaba dispensado de presentar sus títulos si presentaba la prueba de posesión continua durante veinte años. Pronto se vio que los pequeños campesinos no podrían liberarse si tenían que hacer una amortización demasiado onerosa, ya que no se había previsto ningún sistema de crédito para facilitar la operación. Sólo liberaron sus tierras los campesinos acomodados y los propietarios no explotadores. Pero estos últimos no podían menos de caer en la tentación de descargar el peso del rescate en sus granjeros y arrendatarios. Según decreto del 11 de marzo de 1791 la supresión del diezmo tornose el beneficio del propietario: el arrendatario le debía una suma de dinero que estaba en proporción a su parte de beneficios. Aunque la supresión del sistema feudal así concebido beneficiaba a la burguesía y a los campesinos propietarios, no podía, sin embargo, satisfacer al conjunto de los campesinos. El descontento degeneró en agitación, a veces en motines. La definitiva abolición del feudalismo fue debida a la Convención después de la caída de la Gironda.

Se afirmó una nueva idea de la propiedad con la abolición del feudalismo, inscribiéndose en seguida la propiedad, en el sentido burgués de la palabra, entre los derechos naturales imprescriptibles del hombre. Libre, individual, total, permitiendo el uso y el abuso como lo pedía el Derecho romano, la propiedad no tenía más límite que el ajeno, y en una medida menor el interés público. La concepción burguesa iba en contra no sólo de la concepción feudal de una propiedad gravada por los derechos en beneficio del señor, sino, aún más, de la concepción comunitaria de una propiedad colectiva de bienes comunales y de una propiedad privada gravada de servidumbre en beneficio de la comunidad campesina. La Asamblea constituyente, favorable a una división comunal que hubiera favorecido a los campesinos ya propietarios, se mostró prudente en este sentido; las cosas continuaban más o menos como estaban.

La libertad de cultivo que el derecho de propiedad reconocía en su plenitud consagraba definitivamente, si se perfeccionaba con el triunfo del individualismo agrario, una larga evolución social y jurídica que tendía a dislocar el viejo sistema agrario comunitario: el propietario puede cultivar libremente sus tierras, libres de la limitación de labrantíos, cercarla a su deseo y suprimir los barbechos. Pero cuando el informador de los Comités, Heurtault de Lamerville, reclamaba la libertad de los campos, «que hubiese acabado en la supresión del pastoreo inútil, contrario al derecho natural y constitucional de la propiedad», la Asamblea constituyente rehusó tomar esta medida radical. Pero el Código rural, votado por último el 27 de septiembre de 1791, se abstuvo de sacar toda la serie de consecuencias de los principios adoptados; se permitió la clausura, pero el pastoreo inútil y el derecho de paso se mantuvieron, ya que se fundaban sobre un título o una costumbre. Los pequeños campesinos, desprovistos o con muy pocas tierras, tenían que seguir bastante tiempo defendiendo sus derechos colectivos, de los que ni el mismo Napoleón atreviose a despojarlos por el camino autoritario. Así sobrevivieron durante una buena parte del siglo XX, al lado del nuevo derecho individualizado y de la nueva agricultura, la antigua economía agraria y la comunidad rural tradicional.

La libertad de producción, ya establecida en el orden agrícola por la libertad de cultivo, se generalizó por la supresión de las corporaciones y los monopolios. No sin dudas por parte de la burguesía constituyente, ya que estas instituciones encubrían una serie de realidades diversas y de intereses contradictorios. La abolición teórica de los privilegios corporativos fue decretada a partir de la noche del 4 de agosto: «todos los privilegios particulares de las provincias, principados, ciudades, cuerpos y comunidades quedan abolidos sin que se puedan restablecer y permanecer confundidos en el derecho común de todos los franceses». Las corporaciones parecían acabadas. Así lo comprendió Camilo Desmoulins:

«Esta noche se han suprimido los señoríos y los privilegios exclusivos… Tendrá un comercio quien pueda. Llorará el sastre, el zapatero, el peluquero; pero los aprendices se regocijarán y habrá luz en las buhardillas».

Este regocijo era demasiado prematuro. En el decreto definitivo, de 11 de agosto de 1789, no se trató más que del problema de los «privilegiados particulares de las provincias, principados, ciudades, cantones, villas y comunidades de habitantes»; las corporaciones subsistían. Fue preciso esperar más de un año y medio. Con ocasión de la discusión sobre la patente, el informador del Comité de las contribuciones públicas, el ex noble Allarde, vinculó todos los problemas; la corporación, así como el monopolio, son un factor de vida cara, es un privilegio exclusivo que hay que abolir. La ley de 2 de marzo de 1701, llamada la ley de Allarde, suprimió las corporaciones, las cofradías y los señoríos, pero también las manufacturas privilegiadas. De este modo, las fuerzas capitalistas de producción se liberaron, proclamando la libre ascensión de todos al patronato. La libertad de producción quedó reforzada con la supresión de la cámara de comercio, órganos del gran negocio; por la reglamentación industrial, la marca y los controles; la inspección de las manufacturas, como final. La ley de la concurrencia de la oferta y la demanda era la única que había de regir la producción, los precios y los salarios.

La libertad de trabajo en un sistema semejante está indisolublemente vinculada a la de empresa: el mercado de trabajo ha de ser libre, como el de la producción; las coaliciones, las cuadrillas, no se toleran; tampoco las corporaciones de patronos; el liberalismo económico no conoce más que a individuos. La primavera de 1791 conoció las coaliciones obreras, que alarmaron a la burguesía constituyente, especialmente la de los «obreros oficiales carpinteros», que intentaron obtener de la municipalidad parisina una tarifa impuesta a los patronos. En ese clima de reivindicaciones obreras se votó la ley de Le Chapelier, el 14 de junio de 1791. Impedía a los ciudadanos de una misma profesión, obreros o dueños, nombrar a presidentes, secretarios o síndicos y «tomar acuerdos o deliberaciones sobre sus pretendidos intereses comunes»; en resumen, la coalición y la huelga; prohibición que iba en contra del derecho de asociación y de reunión. La libertad de trabajo ganaba sobre la libertad de asociación. Las cuadrillas de oficiales estaban prohibidas, lo mismo que las sociedades obreras de ayuda mutua. El 20 de julio de 1791 estas estipulaciones se extendieron al campo; tanto a los propietarios y granjeros como a los domésticos u obreros agrícolas, se les prohibía concertar ninguna clase de acción dirigida a actuar sobre los precios y salarios. Esto significaba poner a los obreros y a los oficiales artesanos a discreción de los patronos, teóricamente sus iguales. La prohibición de la coalición y de la huelga, que persistió hasta 1864 para el derecho de huelga y hasta 1884 para el derecho sindical, constituyó una de las piezas claves del capitalismo de libre competencia; el liberalismo, fundado sobre la abstracción de un individualismo social igualitario, beneficiaba a los más fuertes.

Por último, la libertad de comercio. Desde el 29 de agosto de 1789 el comercio del granos había recobrado la libertad que le había concedido Briennne, salvo la libertad de exportación; el 18 de septiembre los precios de los granos quedaron liberados. La libre circulación interior fue poco a poco establecida al suprimirse la gabela (21 de marzo de 1790), las concesiones, las ayudas (2 de marzo de 1791); así desaparecía la casi totalidad de los impuestos de consumo, ya condenados por los fisiócratas y los filósofos; pero este aumento de poder adquisitivo popular se halló bien pronto compensado por el alza de precios. El mercado interior se encontró unificado con la desaparición de las aduanas interiores y de los controles que exigían la gabela, ayudas y los peajes declarados rescatables y el retroceso de las aduanas, incorporando al fin las provincias extranjeras de hecho Alsacia y Lorena, haciendo coincidir la línea aduanera y la política fronteriza. La libertad para las actividades financieras y bancarias completó la libertad comercial: el mercado de valores quedó liberado, así como el de mercancías, favoreciendo el auge del capitalismo financiero.

El comercio exterior quedó libertado con la abolición del privilegio de las compañías comerciales. La Compañía de las Indias Orientales quedó reconstituida en 1785; tenía el monopolio del comercio hasta más allá del cabo de Buena Esperanza. Para satisfacción de los representantes de los puertos y del gran comercio de exportación, que habían sido quienes habían llevado el ataque, la Asamblea constituyente suprimió el monopolio de la Compañía el 3 de abril de 1790: «El comercio de la India, más allá del cabo de Buena Esperanza, queda libre para todos los franceses». El comercio del Senegal quedó liberado el 18 de enero de 1791. Marsella perdió su privilegio para el comercio de las escalas de Levante y de Berbería el 22 de julio de 1791. Pero el liberalismo comercial de la burguesía constituyente se avino a ello ante los peligros de la competencia extranjera: una prueba más del realismo de los hombres del ochenta y nueve. Se concedió la protección aduanera a la producción nacional; protección moderada, pues la Asamblea no admitía en su tarifa del 2 de marzo de 1791 más que un escaso número de prohibiciones, bien a la entrada, para algunos productos textiles, por ejemplo, bien a la salida, para algunas materias primas, y sobre todo para los granos. Además, para el comercio colonial, la Asamblea mantuvo el sistema mercantilista del exclusivismo: las colonias no podían comerciar más que con la metrópoli (tarifa del 18 de marzo de 1791). Tan potente era el grupo de presión de los intereses coloniales que ya había obtenido que se mantuviera la esclavitud y que se retirasen los derechos políticos a los hombres de color libres.

De este modo se había cambiado el orden económico tradicional. Sin duda, la burguesía era desde antes de 1789 la dueña de la producción y de los intercambios. Pero el laisser faire, laisser passer rescataba las actividades comerciales y las industriales, librándolas de los obstáculos del privilegio y del monopolio. La producción capitalista había nacido y empezado a desarrollarse en el cuadro del régimen todavía feudal de la propiedad; éste se había roto ahora. La burguesía constituyente aceleraba la evolución liberando a la economía.

III

LA RACIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

La Asamblea constituyente se esforzó por substituir al caos institucional del Antiguo Régimen por una organización coherente y racional. Fundada sobre determinadas circunscripciones iguales y jerarquizadas, cada circunscripción servía de marco único a todas las administraciones. El principio de soberanía nacional, en su restricción censataria, fue aplicado por doquier: los administradores fueron elegidos. Se llegó de este modo a la descentralización más amplia, descentralización que respondía a los deseos más profundos del país; pero las autonomías locales sólo operaron en beneficio de la burguesía.

1. La descentralización administrativa

La nueva división territorial fue adoptada por la ley del 22 de diciembre de 1789, relativa a las asambleas primarias y a las asambleas administrativas. La complicación de las antiguas circunscripciones quedó substituida por un sistema único: el departamento subdividido en distritos, el distrito en cantones, el cantón en comunas. El 3 de noviembre de 1789 Thouret propuso un plan de división geométrica: Francia se dividiría en departamentos de 320 leguas cuadradas cada uno, cada departamento en nueve comunas de 36 leguas cuadradas… Mirabeau alzose contra esta división y pidió que se tuviesen más en cuenta las tradiciones y la historia:

«Quisiera una división material y de hecho propia de las localidades y de las circunstancias, no una división matemática, casi ideal y cuya ejecución me parece impracticable. Quisiera una división cuyo objetivo no fuese tan sólo establecer una representación proporcional, sino también aproximar la administración de los hombres y de las cosas, admitiendo mayor participación entre los ciudadanos. Por último, pido una división que no parezca, en cierto sentido, una gran novedad; que, si me atrevo a decirlo, admita los prejuicios junto con los errores incluso; que sea esta división igualmente deseada por todas las provincias y que se funde sobre las relaciones ya conocidas».

El decreto del 15 de enero de 1790 fijaba el número de departamentos en 83; los límites quedaron determinados según los principios enunciados por Mirabeau. Lejos de constituir una división abstracta, esta división en departamentos respondía así a los imperativos de la historia y de la geografía. Sin embargo, rompía también los cuadros tradicionales de la vida provincial, dotando al país de unidades administrativas claramente definidas.

La administración municipal quedó organizada por la ley del 14 de diciembre de 1789. Los ciudadanos en activo de cada comuna elegían por dos años al Consejo general de la comuna, formado por notables, y el Cuerpo municipal. Este comprendía a los funcionarios municipales, el alcalde y el procurador de la comuna, que provistos de substitutos en las ciudades importantes tenían a su cargo la tarea de defender los intereses de la comunidad. Los municipios poseían poderes amplios: los asientos y la percepción del impuesto, el mantenimiento del orden, con el derecho de requerir a la guardia nacional y proclamar la ley marcial; por último, la jurisdicción de la policía menor. Elegidos por el sufragio directo, los municipios fueron más democráticos que las administraciones departamentales elegidas por el sufragio de dos grados. La intensidad de la vida municipal fue una de las características de la Francia revolucionaria.

La administración departamental fue objeto de la ley del 22 de diciembre de 1789. Un Consejo de 36 miembros, elegidos por dos años por la Asamblea electoral del departamento, formaba el órgano deliberador. Nombraba en su seno un directorio de ocho miembros, que actuando permanentemente constituía el brazo de ejecución del Consejo. Cerca de cada directorio un procurador general síndico requería la aplicación de las leyes: en comunicación directa con los ministros representaba el interés general; fue en realidad el secretario de los servicios administrativos. El directorio controlaba toda la administración del departamento; heredó los antiguos poderes de los intendentes. El departamento donde la autoridad central no estaba representada por ningún agente directo constituía, pues, una especie de pequeña república en manos de la alta burguesía. Los distritos recibieron una organización calcada sobre la del departamento (un Consejo de 17 miembros, un directorio de cuatro miembros, un procurador síndico del distrito). Estaban especialmente encargados de la venta de los bienes nacionales y del reparto de los impuestos entre las comunas. Los cantones no tuvieron ninguna administración propia.

La descentralización censataria sucedía así a la centralización monárquica. El poder central no tenía control alguno sobre las autoridades locales, en manos de la burguesía; el rey podía muy bien por derecho suspenderla. La Asamblea podía muy bien restablecerlas. Ni el rey ni la Asamblea tenían medios para obligar a los ciudadanos a que pagasen el impuesto y respetasen las leyes. La crisis política, al agravarse, hizo que la descentralización administrativa llevase consigo serios peligros por la unidad de la nación. Los poderes pertenecían en todas partes a corporaciones elegidas; si caían en manos de los adversarios del orden nuevo la Revolución estaba comprometida. Para defender a la Revolución habrá que volver de nuevo, dos años más tarde, a la centralización.

2. La reforma judicial

La reforma de la administración judicial se hizo con el mismo espíritu que la reforma administrativa. Las innumerables jurisdicciones especializadas del Antiguo Régimen quedaron abolidas: en su lugar brotó una jerarquía nueva de tribunales emanados de la soberanía nacional y parecidos para todos. La nueva organización judicial tendía a salvaguardar la libertad individual, de aquí el conjunto de garantías en beneficio del acusado: comparecencia dentro de las veinticuatro horas después del arresto, juicios públicos, asistencia obligatoria de un abogado. La aplicación del principio de la soberanía nacional llevó consigo la elección de jueces y la institución de un jurado. La venalidad desapareció; los jueces fueron elegidos entre los graduados en derecho, ejerciendo sus poderes en nombre de la nación. Los ciudadanos fueron llamados para que tomasen parte en los procesos, en los fundamentos de hecho, dejando a los jueces el cuidado de pronunciar el fundamento de derecho; el jurado no quedó organizado más que en materia de lo criminal.

En cuanto a lo civil, según ley de 16 de agosto de 1790, la Asamblea constituyente, tomando un término inglés, instituyó un juez de paz por cantón. Elegidos por dos años por las asambleas primarias, entre los ciudadanos activos, el juez de paz decidía en los asuntos de lo contencioso en última instancia hasta 50 libras, en primera instancia hasta 100. Tenía un papel de jurisdicción graciosa (presidencia de los consejos de familia). La ley concedía un amplio lugar al arbitraje, obligatorio en especial para todos los asuntos de familia. Si era difícil con frecuencia organizar esas justicias de paz (los asesores no pagados eran poco asiduos) no dejaron de tener un gran éxito y se consideraron como una de las creaciones más sólidas de la Asamblea constituyente. El tribunal de distrito, por encima de los jueces de paz, estaba formado por cinco jueces elegidos por seis años por la Asamblea electoral del distrito y del ministerio público nombrado por el rey. Conocía por apelación las sentencias de los jueces de paz; en último término tenía competencia para los procesos que importasen menos de 100 libras: fuera de esta suma, su juicio podía estar sujeto a apelación. Si embargo, no hubo tribunal de apelación especial. Los tribunales de distrito hicieron el oficio de tribunales de apelación los unos con relación a los otros.

En cuanto a lo criminal, se instituyeron tres grados jurisdiccionales, según las leyes del 20 de enero, 19 de julio y 16 de septiembre de 1791. En cada comuna las infracciones municipales fueron juzgadas por un tribunal de policía inferior, compuesto de funcionarios municipales. En el cantón era un tribunal de policía correccional el que se ocupaba de los delitos, compuesto de un juez de paz y de dos personas respetables. En el distrito del departamento estaba el tribunal de lo criminal. Se componía de un presidente y de tres jueces, elegidos por la Asamblea electoral departamental; comprendía además un acusador público encargado de dirigir las investigaciones y un comisario del rey para requerir la aplicación de la pena. Un jurado acusador (ocho jueces sacados al azar de una lista previa) decidía si había lugar a querella; un jurado de juicio (doce jueces sacados al azar de una lista establecida sólo por el primer jurado) pronunciaba el veredicto sobre el hecho reprochado al acusado; los jurados eran ciudadanos activos, al menos acomodados. El juicio era sin apelación. El 25 de septiembre de 1791 la Asamblea constituyente adoptó un Código penal suprimiendo todos los delitos imaginarios (herejía, lesa majestad…), estableciendo tres clases de infracciones (delitos municipales, delitos correccionales, delitos y crímenes que mereciesen pena de castigo e infamante). Las penas previstas, «estrictas y evidentemente necesarias», eran personales e iguales para todos.

En la cima de la jerarquía judicial había dos tribunales nacionales. El tribunal de casación, organizado por la ley del 7 de noviembre de 1790, elegido a razón de un juez por departamento, pudiendo anular los juicios de diversos tribunales; pero sólo conocían vicios de forma en el procedimiento, y en las contravenciones de la ley los juicios de casación eran devueltos a otro tribunal de la misma instancia. El tribunal nacional supremo, instituido el 10 de mayo de 1791, era competente para los delitos de los ministros y de los altos funcionarios, así como para los crímenes contra la seguridad del Estado.

Esta organización judicial, coherente y racional, era independiente del rey. Aunque la justicia se hacía siempre en su nombre, se había convertido en algo nacional. Pero de hecho el poder judicial, así como el poder político y el administrativo, estaban en manos de la burguesía censataria.

3. La nación y la Iglesia

La reforma del clero emanaba necesariamente de la reforma del Estado y de la administración; hasta tal punto se entrelazaban ambos en el Antiguo Régimen. Provocó un conflicto religioso extraordinariamente favorable a la contrarrevolución. Los constituyentes, creyentes sinceros en su mayoría, no querían ese conflicto; el catolicismo conservaba el privilegio del culto público; era el único subvencionado por la nación. Pero penetrados del espíritu galicano, los constituyentes se consideraron aptos para reformar la Iglesia.

El clero, en principio, viose atacado en sus recursos y en su patrimonio. El diezmo se había suprimido a partir de la noche del 4 de agosto. El 2 de noviembre de 1789, con el fin de resolver la crisis financiera, los bienes eclesiásticos se pusieron a disposición de la nación para que ésta se encargase de proveer de forma honrosa al mantenimiento de los ministros, a los gastos de culto y a la ayuda de los pobres; los párrocos debían recibir 1200 libras al año en lugar de las 750 de parte congrua que percibían bajo el Antiguo Régimen. Los bienes de la Iglesia así confiscados constituyeron los bienes nacionales en su origen. Esta supresión de patrimonio de la Iglesia llevaba necesariamente consigo el problema de la organización tradicional del clero.

El clero regular quedó suprimido el 13 de febrero de 1790. Estaba en decadencia, mal considerado por la opinión, y sus bienes eran considerables. El reclutamiento se agotó a causa de la prohibición oficial de pronunciar los votos.

El clero secular quedó organizado por la Constitución civil del clero, votada el 12 de julio de 1790 y promulgada el 24 de agosto. Las circunscripciones administrativas se convertían en el cuadro de la nueva organización eclesiástica: un obispado por departamento. Los obispos y sacerdotes eran elegidos como los demás funcionarios: los obispos, por la Asamblea electoral del departamento; los sacerdotes, por la del distrito. Los nuevos elegidos serían instituidos por sus superiores eclesiásticos; los obispos, por sus metropolitanos y no por el Papa. Los capítulos, considerados como un cuerpo de privilegiados, quedaron abolidos y reemplazados por consejos episcopales que tomaron parte en la administración de la diócesis. La Iglesia de Francia se convertía así en una Iglesia nacional; el mismo espíritu debía animar a la Iglesia y al Estado; en virtud del decreto del 23 de febrero de 1790, los párrocos leían en el sermón y comentaban los decretos de la Asamblea.

Los vínculos entre la Iglesia de Francia y el Papado se relajaron. Los breves pontificios fueron sometidos a la censura del Gobierno; las rentas papales, que ascendían a un año de los beneficios consistoriales, suprimidas. Si el Papa conservaba la primacía sobre la Iglesia de Francia, toda jurisdicción le era suprimida. Así, pues, los constituyentes abandonaron al Papa el cuidado de «bautizar a la Constitución civil», según expresión del arzobispo de Aix, Boisgelin. Las dificultades comenzaron, de verdad, cuando fue preciso dar a la Constitución civil la consagración canónica. ¿Sería el Papa o un concilio nacional? Temiendo la acción de los obispos contrarrevolucionarios, los constituyentes rechazaron la idea de un concilio; se pusieron así a merced del Papa. El 1 de agosto de 1790 el cardenal de Bernis, embajador en Roma, recibió la orden de obtener la consagración de Pío VI. El cardenal Bernis, hostil a la Constitución civil, mantuvo una conducta algo más que equívoca. Teniendo correspondencia con los obispos aristócratas, transmitió sus misivas ardientes al Papa; finalmente, felicitó al Papa por su resistencia y se alegró de su propio fracaso.

El Papa ya había condenado como impía la declaración de los derechos del hombre; sus agravios eran numerosos. Los llamados anatas habían quedado suprimidos. Aviñón repudiaba la soberanía pontificia y reclamaba su anexión a Francia. Pío VI se preocupaba tanto de su poder temporal como de su autoridad espiritual. No comprendía, al tomar posiciones demasiado rápidamente, que había de sacrificar sus intereses temporales a sus intereses espirituales. Entonces lo fue alargando, llevando a cabo una especie de teje maneje a pesar de la moderación de la Asamblea, que el 24 de agosto de 1790 rehusaba tomar partido en el problema de Aviñón, remitiendo al rey la petición de los aviñonenses. La maniobra del Papa no comprometía sólo a sus intereses: llevaba la inquietud a las conciencias y a Francia al cisma y la guerra civil.

Sin embargo, el conjunto del episcopado, dirigido por el arzobispo de Aix, Boisgelin, intervenía de diversos modos, presionando indirectamente para obtener del rey y del Papa la aplicación regular de la Constitución civil. Si se producía la ruptura sería contra la voluntad y opinión de los obispos. El 30 de octubre de 1790 los obispos diputados en la Asamblea publicaron una Exposition des principes sur la Constitution civile du clergé. No la condenaban, pero pedían que su entrada en vigor quedase subordinada a la aprobación pontificia. La Constitución civil que devolvía a la Iglesia de Francia su autonomía no era por principio cismática con relación al Derecho canónico en vigor. En 1790, la infalibilidad pontifica no estaba todavía reconocida en cuestiones de dogma. Los obispos franceses pretendían obtener del Papa los medios canónicos, sin los cuales no creían en conciencia poder ejecutar la reforma de las circunscripciones eclesiásticas y de los consejos episcopales. El Papa se vio obligado a resistir por motivos múltiples, cuyos determinantes no parecen haber sido todos de orden religioso. Las potencias católicas, España en especial, estimularon su oposición. Hasta el último momento, Boisgelin esperó que el Papa evitaría arrojar a Francia al cisma, creyendo que su deber sería revestir a la Constitución con las formas canónicas.

Cansados de esperar, la Constituyente, el 27 de noviembre de 1790, exigió de todos los sacerdotes el juramento de fidelidad a la Constitución del reino, a la que estaba incorporada la Constitución civil del clero. Sólo siete obispos prestaron juramento. Los curas se dividieron en dos grupos, poco más o menos iguales pero repartidos de forma muy desigual, según las regiones. Los juramentados o constitucionales eran mayoría en el Sudeste; los reaccionarios, en el Oeste.

La condena de la Constitución civil por el Papa consagró este estado de hecho. Por sus breves de 11 de marzo y de 13 de abril de 1791 condenó solemnemente los principios de la Revolución y de la Constitución civil: el cisma se había consumado. El país quedó desde entonces dividido en dos. La oposición «refractaria» reforzó la agitación contrarrevolucionaria; el conflicto religioso duplicó el conflicto político.

Se ha preguntado por qué los constituyentes no pudieron obrar de manera diferente a como lo hicieron. En realidad, la separación de la Iglesia y del Estado era imposible por causas morales tanto como materiales; sólo era posible tal separación si fracasaba la Constitución civil. Nadie reclamaba entonces la separación; incluso no se la concebía. Los filósofos pretendían vincular la Iglesia al Estado y que sus ministros contribuyesen al progreso social. Los constituyentes, si no eran creyentes practicantes, eran, sin embargo, fieles respetuosos. En cuanto al pueblo, radicalmente católico, no habría aceptado la ruptura, ya que consideraba su salvación comprometida; la separación hubiera sido interpretada como una declaración de guerra a la religión: hubiera sido un arma temible en manos de los contrarrevolucionarios. Los obstáculos materiales para la separación no eran menos fuertes. Los bienes del clero habían sido confiscados: era preciso mantener a los sacerdotes, establecer un presupuesto de culto. Estas mismas dificultades financieras suponían la reorganización de la lglesia de Francia. Fue también medida económica que casi la mitad de los antiguos obispados quedasen suprimidos y que se cerrasen la mayoría de los conventos. La reforma religiosa se vinculaba estrechamente a la administración y al problema financiero.

4. La reforma fiscal

Los principios generales de la refundición de las instituciones por la burguesía constituyente presidieron incluso la reforma fiscal, uno de los puntos esenciales de los cuadernos de quejas. La igualdad de todos ante el impuesto convertido en contribución. Racionalización del reparto igual para todo el país, proporcionalmente a los recursos, personal y anual. El sistema fiscal de la Asamblea constituyente suponía un alivio para la masa de contribuyentes. Los impuestos indirectos quedaban suprimidos, salvo los derechos de registro, necesarios para el establecimiento de las contribuciones territoriales y mobiliarias, y las del timbre y aduana.

Al nuevo sistema de contribución correspondían tres grandes impuestos directos. La contribución territorial, instituida el 23 de noviembre de 1790, recaía en la renta de la tierra. Según el principio de los fisiócratas, era el impuesto principal. Pero el reparto de la contribución territorial hubiera exigido el establecimiento de un catastro nacional, que hubiese permitido hacer una perfecta igualdad fiscal, es decir, un reparto equitativo de las cargas entre los departamentos, las comunas y los contribuyentes. La Asamblea se contentó con fijar la cifra exigida en cada departamento, según la suma de los antiguos impuestos, estableciéndose las matrices comunales según las declaraciones de los contribuyentes. La contribución mobiliaria establecida el 13 de enero de 1791, recaía sobre la renta testimoniada por el alquiler, o según el valor rentable de la habitación: la ley preveía los descargos por cargas de familia y una sobretasa para los solteros. La patente, instituida el 2 de marzo de 1791, recaía sobre las rentas de comercio y de industria. El reparto de esas diversas contribuciones, en manos de los municipios, provocó sinsabores. Generalmente no poseían ni los medios ni siquiera el deseo de llevar a cabo esta tarea ingrata. El expediente que consistía en establecer el reparto sobre la base de los antiguos vigésimos con correcciones provocó vivos descontentos. Se vio particularmente que la contribución mobiliaria pesaba sobre los campesinos y era moderada para la burguesía urbana. Ante las recriminaciones y la lentitud del reparto, la Asamblea constituyente nombró en junio de 1791 a los comisarios encargados de secundar a las comunas.

El nuevo sistema de contribución agravó estos inconvenientes. Las municipalidades quedaron encargadas de percibir el impuesto; la ley no establecía administración financiera especializada. Un recaudador que había sido elegido, centralizaba todos los fondos en el distrito, mientras que en el departamento un pagador general satisfacía los gastos por orden de la Tesorería nacional. En la cumbre, la Tesorería nacional, constituida por seis comisarios nombrados por el rey, organizada en marzo de 1791, ordenaba los gastos de los ministerios.

Esta organización fiscal, sencilla y coherente, se mantuvo en líneas generales durante todo el siglo XIX. Pero en un futuro inmediato contribuyó a que se agravase la crisis financiera. La puesta en marcha del nuevo sistema exigía tiempo: los antiguos impuestos desaparecieron el 1 de enero de 1791, cuando la contribución territorial acababa de ser instituida, aunque la contribución mobiliaria y la patente no lo habían sido aún. La contribución patriótica de la cuarta parte de la renta, establecida el 6 de octubre de 1789, no podía tampoco proporcionar las recaudaciones sin que transcurriese tiempo. Los empréstitos lanzados por Necker (30 millones a un 4,5 por 100 el 9 de agosto, y 80 millones a un 5 por 100, el 27 de agosto de 1789), habían fracasado. Las cargas del Estado aumentaban por el reembolso de los préstamos del clero, las cargas venales y las fianzas de los funcionarios, las pensiones eclesiásticas y el mantenimiento del culto. El Tesoro continuaba vacío. El Estado vivía al día de los adelantos de la Caja de descuento.

La crisis financiera impuso a la Asamblea constituyente dos de las medidas esenciales que profundizaron la revolución social: la amortización de los bienes del clero y la creación de un papel moneda llamado asignado.

IV

HACIA UN NUEVO EQUILIBRIO SOCIAL: ASIGNADOS Y BIENES NACIONALES

En este campo se ve bien el peso que las circunstancias habían echado sobre los hombros de la burguesía constituyente y hasta qué punto tuvo que ir más allá de la construcción racional y coherente que satisfacía sus intereses. Sin más posibilidad que endurecer sus decisiones, precipitose finalmente hacia un cambio social que, sin duda, no había ni deseado ni previsto, pero que dio al nuevo régimen sólidas bases burguesas y campesinas.

1. El asignado y la inflación

La reforma monetaria, con sus inmensas consecuencias sociales, produjo la crisis financiera. El 2 de noviembre de 1789, la Asamblea constituyente puso los bienes del clero a disposición de la nación. Era preciso movilizar también esta riqueza inmobiliaria. El 19 de diciembre de 1789, la Asamblea decidió poner en venta 400 millones de bienes de la Iglesia, representados por una suma igual de asignados, billetes cuyo valor estaba avalado por los bienes nacionales. El asignado no era aún más que un bono con un interés de un 5 por 100 reembolsable en bienes del clero. Representaba un crédito del Estado. Sólo se emitían de 1000 libras. Según iban siendo liberados como consecuencia de las ventas de los bienes eclesiásticos, los asignados debían quedar anulados y destruidos para acabar con la deuda del Estado.

Para tener éxito esta operación tenía que ser rápida. Los asignados no se colocaron fácilmente. La situación parecía incierta. El clero conservaba la administración de sus bienes, y la reforma eclesiástica no se había adoptado todavía. La Asamblea constituyente se vio obligada a tomar mediadas radicales. El 20 de abril de 1790 quitó al clero la administración de sus bienes. Un mes más tarde creaba el presupuesto del culto y el 14 de mayo precisaba las modalidades de venta de los bienes nacionales. El Tesoro continuaba vacío; el déficit aumentaba de día en día. Por una serie de medidas, la Asamblea tuvo que transformar el asignado-bono del Tesoro en asignado-papel moneda, sin interés alguno y teniendo un poder liberatorio ilimitado. El 27 de agosto de 1790, el asignado convirtiose en billete de banco y la emisión llegó a los 1200 millones. Los cupones de valor medio (50 libras) se crearon en espera de los pequeños cupones de cinco libras (6 de mayo de 1791). Así, una operación concebida en principio para liquidar la deuda tenía que prescindir de ella y, en cambio, había de llenar el déficit del presupuesto. Las consecuencias fueron incalculables en el plano económico y social.

Desde el punto de vista económico, el asignado-moneda padeció una inflación rápida. Las emisiones se multiplicaron. La Asamblea favoreció la depreciación, autorizando el 17 de mayo de 1790 el tráfico numerario. La moneda metálica desapareció pronto y se conocieron dos precios: uno en especie, el otro en papel moneda. La creación de pequeños cupones acentuó la depreciación. El cambio bajó de 5 a 25 por 100 durante el curso de 1790. En mayo de 1791, 100 libras no valían más que 73 en el mercado de Londres.

Desde el punto de vista social, las consecuencias del asignado-moneda fueron múltiples. Las clases populares, víctimas de la inflación, vieron cómo se agravaban sus condiciones de existencia. Los oficiales y los obreros, pagados en papel, advirtieron que su poder de compra descendía. La vida encareció y el alza de precios de las subsistencias llevó consigo los mismos resultados que el hambre. Volvió a producirse la agitación social: la vida cara levantaba a las masas populares urbanas contra la burguesía, contribuyendo a su caída. La inflación no fue menos nefasta para ciertos sectores de la burguesía. Funcionarios cuyos cargos habían sido suprimidos, rentistas del Antiguo Régimen que habían colocado sus ahorros en títulos de la deuda pública o en préstamos hipotecarios vieron que sus rentas disminuían con el progreso de la depreciación. La inflación alcanzó a la riqueza adquirida. Sin embargo, benefició a los especuladores. Sobre todo, el asignado-moneda permitió a todo el mundo adquirir bienes del clero, cuando el asignado-bono del Tesoro les hubiera dejado en condición de meros acreedores del Estado, proveedores, financieros, titulares de los cargos que habían sido suprimidos. El asignado dejó de ser un expediente financiero para convertirse en un poderoso medio de acción política y social.

2. Los bienes nacionales y el reforzamiento de la propiedad burguesa

Por la venta de bienes nacionales y el mecanismo del asignado, la Revolución se lanzó hacia un nuevo reparto de la riqueza territorial, acentuando su carácter social. Las modalidades de venta no respondieron en realidad a las esperanzas de los pequeños campesinos. La mayoría de éstos no poseían tierras o al menos las suficientes para vivir independientes. El problema agrario pudo haberse resuelto con la multiplicación de los propietarios campesinos gracias a la división de bienes nacionales en pequeños lotes y con facilidades de venta. De este modo se completó la reforma agraria, ya empezada con la abolición de los derechos feudales. Las necesidades financieras la arrastraron; estaban de acuerdo con los intereses de la burguesía. La venta de bienes nacionales, así como el rescate de los derechos feudales, no se concibió en función de la masa de campesinos: reforzó la preponderancia de aquellos que los poseían.

La ley del 14 de mayo de 1790 estipulaba que los bienes del clero serian vendidos para su explotación en bloque, mediante subasta y en las cabezas de partido de los distritos. Todas eran condiciones desventajosas para los campesinos pobres. Por otra parte, los arrendamientos se mantenían. Sin embargo, con objeto de unir al nuevo orden burgués un sector de los campesinos, la Asamblea constituyente autorizó el pago en doce anualidades, con un interés de un 5 por 100, y la desamortización una vez que la adjudicación, mediante lotes separados, pasara a la subasta global. También en determinadas regiones los campesinos se agruparon para comprar las tierras que habían sido puestas en venta en aquellos lugares. Además, alejaron a los especuladores por medio de la violencia. La propiedad campesina afirmose en Cambresis, donde los campesinos compraron diez veces mas de tierra que la burguesía, desde 1791 a 1793, en Picardía y en las regiones de Laon o de Sens. Fueron los labradores propietarios y los agricultores importantes, y más todavía la burguesía, quienes se beneficiaron de la venta de los bienes del clero. Fue raro que los jornaleros o los campesinos pobres pudiesen adquirir algún terreno. El problema agrario continuó, a pesar de que el reparto de las grandes propiedades eclesiásticas hubiese llevado consigo la desamortización de la explotación agrícola y hubiese permitido a un gran número de campesinos que gozasen de la tierra como arrendadores o colonos. Bien pronto, gracias a la depreciación del asignado, la especulación lograría grandes fortunas en manos de las bandas negras de aventureros y negociantes.

La obra de la Asamblea constituyente es, por tanto, inmensa. Abarca todos los campos: político, administrativo, religioso y económico. Francia y la nación se han regenerado y han establecido los fundamentos de la nueva sociedad. Hijos de la razón y de la Ilustración, los constituyentes han edificado una construcción lógica, clara y uniforme. Pero, como hijos de la burguesía, han infringido los principios de la libertad y de la igualdad que habían sido solemnemente proclamados en el sentido de los intereses de su clase. Al hacer esto dejaban descontentas a las clases populares, a los demócratas y a los aristócratas de la antigua clase privilegiada, cuya preponderancia quedaba destruida. Antes incluso que la Asamblea se disolviese y que su obra estuviera terminada, la amenazaron múltiples dificultades. Al edificar la nación nueva sobre la base limitada de la burguesía censataria, la Asamblea constituyente sometía su obra a múltiples contradicciones. Obligada a combatir a la aristocracia irreductible, pero rechazando al pueblo impaciente, condenaba a la nación burguesa a la inestabilidad y bien pronto a la guerra.

Vínculos económicos nuevos cimentaban la nueva unidad, aunque éstos no podían ser más que vínculos burgueses. El mercado nacional se había unificado por la destrucción radical de la fragmentación feudal, por la libertad de la circulación interior. Así se consolidaban las relaciones económicas entre los diferentes sectores del país, afirmándose su solidaridad. La nación se definía frente al extranjero por la retroceso de las aduanas y la protección de la producción nacional contra la competencia extranjera. Pero al mismo tiempo que llevaba a cabo esta unificación, la burguesía constituyente se disociaba del Tercer Estado por la liberación económica. La abolición de las corporaciones y la reglamentación de las manufacturas no podían más que promover la irritación de los señores, despojados de sus monopolios. La libertad de comercio de los granos llevó consigo la hostilidad general de las clases populares en las ciudades, así como en los campos. La hostilidad no fue por ello menos grande entre los campesinos contra la libertad de cultivo. Los derechos colectivos que garantizaban la existencia de los campesinos pobres parecía que quedaban condenados. La disolución de las masas vinculadas a la reglamentación y a la economía tradicionales arriesgaba separarlas de una patria concebida dentro de los límites estrechos de los intereses de clase.

Esas masas quedaban excluidas de la nación por la organización censataria de la vida política. Sin duda por causa de la proclamación teórica de la igualdad y la supresión de las corporaciones, que fraccionaban la sociedad del Antiguo Régimen, mediante la afirmación de una idea individualista de las relaciones sociales, los constituyentes establecieron las bases de una nación a la que todos podían incorporarse. Pero colocando en la misma fila de los derechos imprescriptibles, el de la propiedad, introdujeron en su obra una contracción que no pudieron superar. El mantenimiento de la esclavitud y la organización censataria del sufragio la condujeron a un momento decisivo. Los derechos políticos quedaron dosificados según la riqueza. Tres millones de pasivos excluidos, la nación se componía de cuatro millones o más de activos, que constituían las asambleas primarias. ¿O se concentraba en los 30 000 electores de las asambleas electorales propiamente dichas?

La nación, el rey y la ley, la célebre forma que simboliza, bajo el falso semblante del principio de soberanía nacional, la obra constitucional de la Asamblea, no podía ser una ilusión futura. La nación se restringía a los estrechos límites de la burguesía poseedora. Una nación censataria no podía resistir los golpes de la contrarrevolución y de la guerra.

CAPÍTULO IV

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA HUIDA DEL REY
(1791)

La construcción institucional de la Asamblea constituyente se resquebrajaba ya desde 1791 bajo el peso de las contradicciones. Mientras la aristocracia se encerraba en su obstinada negativa de no dar paso a ninguna concesión, haciendo imposible la solución del compromiso, esbozado nuevamente por el triunvirato Barnave, Du Port, Lameth, el recurso al extranjero se hizo patente y el miedo a la invasión daba nueva fuerza y vida en la mentalidad popular a la idea de la conjura aristocrática. Poco a poco el problema nacional pasaba al primer plano, contribuyendo a que se agravasen las tensiones sociales en el seno mismo del antiguo Tercer Estado y arruinando el frágil equilibrio sobre el cual la burguesía censataria había establecido su poder.

I

LA CONTRARREVOLUCIÓN Y EL IMPULSO POPULAR

A partir del verano de 1790 parecía que la política seguida por La Fayette había fracasado. La reconciliación de la aristocracia y de la sociedad burguesa era imposible. El cisma y la agitación refractaria reforzaban la oposición aristocrática. La depreciación del asignado y la crisis económica volvían a dar impulso nuevamente a los movimientos populares.

1. La contrarrevolución: aristócratas, emigrados y refractarios

La oposición contrarrevolucionaria conjugaba ahora los esfuerzos de los emigrados, de los aristócratas y de los refractarios.

La agitación de los emigrados se precisó en las fronteras del país. Los principales centros de emigración estaban en Renania (Coblenza, Maguncia, Worms), en Italia (Turín) y en Inglaterra. Los emigrados intrigaban para provocar contra la Revolución una intervención extranjera. En mayo de 1791, el conde de Artois tuvo una entrevista en Mantua con el emperador Leopoldo II, quien eludió el problema.

La agitación aristócrata aumentó en el país, no limitándose sólo al terreno constitucional. Los aristócratas, los negros, desacreditaban el asignado, esforzándose por obstaculizar la venta de los bienes nacionales. Las tentativas armadas se multiplicaron. En febrero de 1791, los caballeros del puñal intentaron sacar al rey de las Tullerías. El campamento de Jales, en el sur del Vivarais, que se formó en agosto de 1790 con 20 000 guardias nacionales realistas, no se disolvió, por la violencia, hasta febrero de 1791. En junio de 1791, el barón de Lézardière intentó un levantamiento en Vendée. Por todas partes los aristócratas se agitaban.

La agitación refractaria dio un nuevo impulso a la oposición contrarrevolucionaria. Uniendo su causa a la de los nobles, los refractarios se hicieron los agentes activos de la contrarrevolución. Continuaban celebrando el culto, administraban los sacramentos. El país dividiose. Muchas gentes del pueblo no querían arriesgar su salvación, abandonando a los buenos sacerdotes. Los refractarios lanzaron a una parte de la población a la oposición revolucionaria. Los desórdenes aumentaban. Los constituyentes, el 7 de mayo de 1791, autorizaban el ejercicio del culto refractario, según las condiciones del culto simplemente tolerado. Los constitucionales se encolerizaron, temiendo no poder resistir la competencia de los refractarios. La guerra religiosa se desencadenó.

2. El impulso popular: la crisis social y las reivindicaciones políticas

Al mismo tiempo, la oposición contrarrevolucionaria se iba desarrollando y hacía más difícil la política de ponderación de la Asamblea Nacional.

La agitación anticlerical respondía a la agitación refractaria. La lucha religiosa no tuvo sólo como consecuencia redoblar las fuerzas del partido aristocrático, sino que también produjo la formación de un partido anticlerical. Los jacobinos, para sostener el clero constitucional, atacaron con vehemencia al catolicismo romano, denunciando la superstición y el fanatismo.

«Se nos ha reprochado, escribe La Feuille Villageois que desarrollaba esta propaganda, haber mostrado nosotros mismos una cierta intolerancia contra el papismo. Se nos reprocha no haber respetado a veces el árbol inviolable, veremos cómo el fanatismo está de tal modo entrelazado en todas sus ramas que no se puede sacudir una sin que parezca que se sacude la otra».

Los escritores anticlericales se enardecieron, pidiendo la supresión del presupuesto para cultos y lanzando la idea de un culto patriótico y cívico, cuya prefiguración habría sido la gran fiesta nacional de la Federación.

La agitación democrática también respondía a la agitación refractaria: la inteligencia entre el rey y los juramentos en este sentido favorecía los progresos de los demócratas. A partir de 1789, Robespierre había pedido el sufragio universal. El partido democrático desarrollose gracias a la multiplicación de los clubs populares. En París, el director Dansard fundó el 2 de febrero de 1790 la primera Société fraternelle des deux sexes. Estas sociedades populares, que admitían a los ciudadanos pasivos, constituyeron en mayo de 1791 un comité central. El Club de los Franciscanos, fundado en abril de 1790, una verdadera agrupación de combate, arrastraba al movimiento, vigilando a los aristócratas, controlando las administraciones, actuando por medio de encuestas, suscripciones, peticiones y manifestaciones, necesarias para los motines. Marat, en L’Ami du peuple, y Bonneville, La Bouche de fer, estimulaban el movimiento. Algunos demócratas se proclamaban incluso republicanos. Se agrupaban en torno al periódico de Robert, Le Mercure national.

La agitación social volvió a producirse en la primavera de 1791. Las perturbaciones agrarias se produjeron en el Nivernais y el Bourbonnais, el Quercy y el Périgord. Los obreros parisinos se agitaban. El paro no disminuía; las industrias de lujo periclitaban. La vida encarecía; ciertos tipos de oficios, los tipógrafos, los herradores, los carpinteros, se organizaron para reclamar un salario mínimo. Las sociedades fraternales y los periódicos demócratas mantenían la causa de los obreros, denunciando el nuevo feudalismo de los empresarios y negociantes, que favorecían la libertad económica. La agitación social reforzaba la agitación democrática.

3. La burguesía constituyente y la consolidación social

La Asamblea constituyente, frente a esta doble amenaza, endureció su política. La burguesía se asustaba tanto del progreso del movimiento popular como de los manejos de la contrarrevolución aristocrática. La popularidad de La Fayette y su influencia cerca del rey no resurgían. Mirabeau apareció durante algunos momentos en primer plano.

Mirabeau, que por decreto de 7 de noviembre de 1789 había sido separado del ministerio, había pasado al servicio de la Corte, que lo había comprado. Su primera memoria al rey es del 10 de mayo de 1790. Partidario de un poder real eficaz, se había esforzado por conceder al monarca el derecho de paz y de guerra. Aconsejó a Luis XVI un amplio plan de propaganda y de corrupción. Se trataba de crear un partido. Después el rey se iría de París, disolvería la Asamblea y haría una llamada a la nación. De este plan de conjunto, la Corte no conservó más que la corrupción que Talon, el intendente de la lista civil, desarrolló, multiplicando los agentes y los cómplices. El rey Luis XVI no tenía confianza en La Fayette ni la tuvo en Mirabeau. Su política no tuvo tiempo para fracasar: Mirabeau murió bruscamente el 2 de abril de 1791. Con él desaparecía de la escena revolucionaria uno de sus principales actores.

El triunvirato Barnave, Du Port, Lameth ocupó inmediatamente el lugar de Mirabeau. Alarmándose por el progreso que hacían los demócratas y la agitación popular, más que de los manejos aristocráticos, el triunvirato creía poder detener la Revolución. Con el dinero de la Corte lanzó un nuevo periódico, Le Logographe; acercándose a La Fayette, se inclinó hacia la derecha. Dominando la Asamblea, le impuso también la misma evolución. Los ciudadanos pasivos quedaron excluidos de la guardia nacional y se prohibieron las peticiones colectivas. La ley Le Chapelier fue votada el 14 de junio de 1791, prohibiendo las coaliciones y las huelgas. Este contexto político de reacción explica el comportamiento de la izquierda en esta ocasión. Robespierre se calló. Sin embargo, había defendido en todo momento, con cierta clarividencia y firmeza, los derechos del pueblo, y aun todavía los días 27 y 28 de abril de 1791, a partir del debate sobre la organización de la guardia nacional, escribía:

«¿Quién ha hecho nuestra gloriosa Revolución? ¿Son los ricos, son los hombres poderosos? Sólo el pueblo podía desearla y hacerla. Por esta misma razón sólo el pueblo puede sostenerla».

El alcance social de la ley Le Chapelier escapó en cierta medida a Marat también. Sólo vio en ella una ley de reacción política, restrictiva del derecho de reunión y de petición

«Han quitado a la innumerable clase de trabajadores y obreros el derecho de reunirse para deliberar en regla sobre sus intereses, dice en L’Ami du peuple de 17 de junio de 1791. Sólo querían aislar a los ciudadanos, impidiéndoles que se ocuparan en común de los asuntos públicos».

La política de compromiso con la aristocracia esbozose de nuevo. Por miedo a la democracia, los triunviros y La Fayette pretendían revisar la Constitución, aumentar el censo, reforzar los poderes del rey; pero esta política exigía el concurso de los «negros» y de los aristócratas, así como el acuerdo del rey. La resistencia de la aristocracia lo hizo imposible. La huida del rey demostró con toda brillantez su vacuidad.

II

LA REVOLUCIÓN Y EUROPA

La situación de la Asamblea constituyente fue más difícil durante el curso del año 1791, ya que a las perturbaciones interiores había que añadir las dificultades exteriores. La nueva Francia y Europa del antiguo régimen se oponían como se oponían la aristocracia feudal y la burguesía capitalista, despotismo monárquico y gobierno liberal. Las rivalidades de los Estados parecieron desviar por un momento la atención sobre los asuntos de Francia. Los emigrados y Luis XVI, recurriendo al extranjero para restablecer el poder absoluto y su supremacía social, hicieron inevitable el conflicto.

1. Contagio revolucionario y reacción aristocrática

La propaganda y la fuerza de expansión de las ideas revolucionarias inquietaron a los reyes desde el principio. Los acontecimientos de la Revolución y los principios de 1789 tenían de por sí una potencia de irradiación suficiente para conmover a los pueblos y acabar con el poder absoluto de los reyes. Los acontecimientos de Francia excitaron por doquier una curiosidad insaciable. Los extranjeros afluían a París como verdaderos peregrinos de la libertad: Georges Forster de Maguncia, el poeta inglés Wordsworth, el escritor ruso Karamzine… Se mezclaron en las luchas políticas, frecuentaron los clubs y se hicieron propagandistas activos de las ideas de la Revolución. Entre éstos, los más ardientes fueron los refugiados políticos saboyardos, los brabanzones, los suizos y los renanos. A partir de 1790, los refugiados suizos, genoveses y neufchatelianos, especialmente, formaron el Club Helvético.

Más allá de las fronteras, el progreso de la ilustración entre la burguesía y la nobleza hicieron a Alemania e Inglaterra especialmente sensibles al contagio revolucionario.

En Alemania, profesores y escritores se entusiasmaron; en Maguncia, Forster, bibliotecario de la Universidad; en Hamburgo, el poeta Klopstock; en Prusia, los filósofos Kant y Fichte. En Tubinga los estudiantes plantaron un árbol de la libertad. El movimiento sobrepasó los límites estrechos de los intelectuales, llegando a la burguesía y los campesinos. En las ciudades del Rhin y el Palatinado los campesinos rehusaron al pago de los réditos señoriales. Estallaron desórdenes agrarios en Sajonia y en la región del Meissen. En Hamburgo, el 14 de julio de 1790, celebró la burguesía una fiesta en que los asistentes llevaban cintas tricolores. Un coro de jóvenes cantó el advenimiento de la libertad. Klopstock dio lectura a la oda «Ellos y no nosotros»:

«Aunque tuviera mil voces, oh Libertad de los Galos,

no podría cantarte:

Mis melodías serían demasiado débiles, ¡oh Divina!

Que no has realizado…».

En Inglaterra, Fox, uno de los jefes del partido «whig»; Wilberforce, contrario a la esclavitud; el filósofo Bentham y el químico Priestley se pronunciaron claramente en favor de la Revolución. Si las clases dirigentes lo aprobaron en sus comienzos, fueron poco a poco enfriándose a medida que los acontecimientos se precipitaron. Sólo los radicales, los disidentes, persistieron en su simpatía, reclamando reformas para su propio país. En Manchester fundose una Constitutional Society en 1790, mientras que en 1791 volvía a lanzarse la London Society for Promoting Constitutionnal Information. Los poetas continuaron siendo fieles durante bastante tiempo al entusiasmo de los primeros días: Blake y Burns, Wordsworth y Coleridge, en 1798, en su oda a Francia, recordaban su ardiente felicidad:

«Cuando Francia, en su furia, levantó su brazo de gigante,

con un juramento que conmovía el aire, la tierra y los mares,

pisó el suelo con su pie poderoso y juró ser libre…».

La reacción europea no tardó en manifestarse. La aristocracia se hizo contrarrevolucionaria después de la abolición del régimen feudal; el clero, después de la confiscación de los bienes de la Iglesia. La burguesía asustose de las perturbaciones que sin cesar se producían. Los emigrados hicieron cuanto pudieron para levantar contra la Francia revolucionaria a las clases del Antiguo Régimen. El conde de Artois se instaló desde 1789 en Turín; en 1790 se constituyeron las primeras concentraciones de armas en los dominios del elector de Tréveris. Los emigrados, obstinados y altivos, ponían ante todo sus intereses de clase antes que los de su patria. Pretendían someter con algunas tropas a París, dominado por un puñado de agitadores. En Alemania, desde principios de 1790, los panfletarios atacaron al movimiento democrático francés, como, por ejemplo, en la Gazette Littéraire, de Jena. En Inglaterra, la aristocracia territorial y la Iglesia anglicana desencadenaron la reacción. En las elecciones de 1790, la mayoría tory quedó reforzada; la reforma parlamentaria, concedida. En noviembre de 1790, Burke publicaba sus Réflexions sur la Révolution française, convirtiéndose en el evangelio de la contrarrevolución. La Revolución francesa estaba condenada porque arruinaba a la aristocracia y destruía la jerarquía de clases, que es de institución divina. Thomas Paine, ya célebre por haber tomado el partido de los Insurgentes de América, respondía en1791 con sus Droits de l’homme, que tuvieron una gran resonancia entre el pueblo. Burke lanzó la idea de una cruzada contrarrevolucionaria. Por entonces, en la primavera de 1791, el papa Pío VI condenaba solemnemente los principios de la Revolución francesa. El Gobierno español, en marzo, establecía un cordón de tropas a todo lo largo de los Pirineos, con el fin de detener la peste francesa. La contrarrevolución europea se afirmaba y Luis XVI ponía en ella todas sus esperanzas.

2. Luis XVI, la Constituyente y Europa

La política de Luis XVI tenía el mismo fin que los deseos de la aristocracia europea. Secretamente suplicaba a los reyes que interviniesen. Los emigrados se agitaban en este sentido: el conde de Artois reclamaba en Madrid una intervención militar que mantuviese las insurrecciones que habían sido fomentadas en el Mediodía. Calonne, ministro de la emigración desde noviembre de 1790, contaba con Prusia; el ejército del príncipe de Condé, organizado en Coblenza, abriría el camino a las tropas extranjeras; el Antiguo Régimen quedaría establecido. Luis XVI no había aceptado la Revolución más que en apariencia. A partir de noviembre de 1789 había presentado al rey Carlos IV de España una protesta contra las concesiones que le habían sido impuestas. A finales de 1790 decidió huir y encargó al marqués de Bouillé, el carnicero de Nancy, comandante de Metz, que tomase las medidas pertinentes para asegurar su huida. Su plan consistía en pedir a las potencias europeas que rindiesen la Asamblea, revisasen sus decretos y que apoyasen su intervención por medio de una demostración militar en la frontera.

La actitud de los reyes, a pesar de su hostilidad general a la Revolución, fue muy diversa. Catalina II de Rusia animose en apariencia con la idea de una cruzada contrarrevolucionaria: «Destruir la anarquía francesa era prepararse una gloria inmortal». Gustavo III de Suecia estaba dispuesto a dirigir la coalición; se instaló en la primavera de 1791 en Aix-la-Chapelle; el rey de Prusia, Federico-Guillermo II y Víctor Amadeo III, rey de Cerdeña, estaban también dispuestos. El emperador Leopoldo II se mostraba más prudente, y lo mismo el gobierno inglés. Los reyes estaban sobre todo divididos por sus rivalidades y sus ambiciones territoriales; nada podían hacer sin el emperador, jefe designado por la coalición. Pero Leopoldo no era fundamentalmente hostil a las reformas constitucionales; no estaba molesto porque la autoridad del rey de Francia se hubiese debilitado. Tenía bastantes preocupaciones en sus propios Estados y en sus fronteras orientales.

La política exterior de la Asamblea constituyente quedó dominada por conflictos de orden jurídico y de orden territorial, enfrentando a los reyes y a la Revolución.

El problema de los príncipes con posesiones en Alsacia provenía de la abolición de los derechos feudales: un número de príncipes alemanes que tenían sus dominios en Alsacia se consideraron lesionados y protestaron ante la Dieta germánica contra las decisiones de la Asamblea.

El problema de Aviñón contribuyó a levantar al Papa contra Francia. Aviñón y el Comtat-Venaissin se enfrentaron contra la autoridad pontificia, aboliendo el Antiguo Régimen; el 12 de junio de 1790, Aviñón votó su anexión a Francia. Los constituyentes dudaron y dejaron que continuase el problema. El 24 de agosto, el problema se discutía. Los constituyentes evitaron dar al Papa nuevas quejas contra Francia. Las conclusiones de Tronchet se adoptaron. El rey tenía que tomar la iniciativa en cuestiones diplomáticas. La petición de los aviñonenses le fue remitida. La Asamblea no quería que un voto intempestivo dañase las negociaciones en curso a propósito de la Constitución civil del clero.

Se afirmaba un nuevo derecho público internacional, que provenía de los principios de 1789. El 22 de mayo de 1789, la Asamblea constituyente había repudiado solemnemente el derecho de conquista: la voluntad de los hombres libremente expresada constituye por sí sola a las naciones. En noviembre de 1790 declaraba a los príncipes alemanes que Alsacia era francesa no por derecho de conquista, sino por voluntad de sus habitantes, como lo había manifestado con su participación en la Federación de 14 de julio de 1790. Merlin de Douai, al intentar definir los principios del nuevo Derecho Internacional, opuso, en efecto, el 28 de octubre de 1790 al Estado dinástico la nación como asociación voluntaria:

«No existe entre ustedes y vuestros hermanos de Alsacia otro título legítimo de unión que el pacto social formado el año pasado entre todos los franceses antiguos y modernos en esta misma Asamblea».

Alusión directa a la decisión del Tercer Estado, el 17 de junio de 1789, de proclamarse Asamblea Nacional y a la de la Asamblea, que el 9 de julio siguiente se declaraba constituyente. Se planteó un solo problema «infinitamente sencillo»: el de saber

«si el pueblo alsaciano debe la ventaja de ser francés a los pergaminos y diplomas… ¿Qué le importa al pueblo de Alsacia, qué le importan al pueblo francés las convenciones, que en tiempos del despotismo tenían por objeto unir al primero con el segundo? El pueblo alsaciano se ha unido al pueblo francés porque ha querido. Es, pues, sólo su voluntad y no el Tratado de Munster lo que ha legitimado su unión».

Esta voluntad la habría manifestado Alsacia con su participación en la Federación de 14 de julio de 1790.

En mayo de 1791 la Asamblea decidió, pues el Papa ya había condenado la Constitución civil del clero, que se ocupase Aviñón y el Condado para consultar a la población. La unión fue decidida el 14 de septiembre de 1791. A ojos de los soberanos, el nuevo Derecho Público Internacional volvía a proclamar, en beneficio de la nación revolucionaria, el derecho de anexionarse los pueblos que lo deseasen. La diplomacia del Antiguo Régimen quedó descartada.

La Asamblea, no obstante, rechazaba una guerra que haría el juego a la Corte. Ofreció una indemnización a los príncipes alemanes, que Luis XVI les aconsejó que rechazasen inmediatamente. Retrasó lo más posible la anexión de Aviñón. Esta política de paz se practicó tanto más fácilmente, ya que Prusia, Austria y Rusia estaban preocupadas por la cuestión polaca. Leopoldo se dio cuenta de que Federico Guillermo, así como Catalina, intentaban llevar a cabo una intervención militar en Francia con la esperanza de arreglar en beneficio suyo la cuestión polaca mientras aquélla estuviese ocupada en el Oeste; prefirió abstenerse. La política de paz de la Asamblea quedó interrumpida por la huida del rey, y Leopoldo II no tuvo otro remedio que intervenir en los asuntos franceses.

III

VARENNES: LA DESAPROBACIÓN REAL DE LA REVOLUCIÓN
(junio de 1791)

La huida del rey constituye uno de los hechos esenciales de la Revolución. En el plano interno demostraba una oposición irreconciliable entre la realeza y la nación revolucionaria; en el plano exterior precipitó el conflicto.

1. La huida del rey (21 de junio de 1791)

La huida del rey había sido preparada desde hacía tiempo por el conde Axel de Fersen, un sueco amigo de María Antonieta. So pretexto de proteger un tesoro enviado por la posta al ejército de Bouillé, se habían dispuesto relevos y piquetes a lo largo del camino hasta más allá de Sainte-Menehould, por Châlons-sur-Marne y Argonne, por donde Luis XVI llegaría a Montmédy. El 20 de junio de 1791, hacia medianoche, Luis XVI, disfrazado de mayordomo, abandonaba las Tullerías con su familia. En ese mismo instante, La Fayette inspeccionaba los puestos del castillo, que consideró estaban bien asegurados, aunque desde hacía tiempo dejaba sin guardias una puerta de las Tullerías, con el fin de que Fersen entrase libremente a las habitaciones de la reina.

Una pesada berlina había sido construida expresamente para esto, y en ella la familia real se acomodó; llevaba cinco horas de retraso. No viendo venir nada, los guardias apostados cerca de Châlons se retiraron. Cuando el rey llegó en las noches del 21 al 22 de junio a Varennes no encontró el relevo previsto y se detuvo. En Sainte-Menehould, Luis XVI no se ocultó y entonces fue reconocido por el hijo de un maestro de postas, Drouet. Este último devolvió a Varennes la berlina que había sido detenida e hizo poner barricadas en el puente de l’Aire. Cuando el rey quiso partir, encontró cerrado el puente. Tocaron a rebato. Los campesinos se amotinaron; los húsares fraternizaron con el pueblo. El 22 por la mañana la familia real volvió a tomar el camino de París en medio de una hilera de guardias nacionales llegados de todos los pueblos. Bouillé, advertido, llegó dos horas después de la partida del rey. El 25 de junio por la tarde el rey hacía su entrada en París en medio de un silencio de muerte entre dos filas de soldados con los fusiles boca abajo. Fue el entierro de la monarquía.

La proclama redactada por Luis XVI antes de su huida y dirigida a los franceses no dejaba lugar a dudas respecto de sus intenciones. Pretendía unirse al ejército de Bouillé; de allí al ejército austríaco de los Países Bajos; después volver sobre París, disolver la Asamblea y los clubs y restablecer su poder absoluto. Toda la política secreta de Luis XVI había tendido a provocar una intervención de España y de Austria a su favor. Desde octubre de 1789 había enviado un agente secreto, el abate Fonbrune, junto al rey de España, Carlos V. Por otra parte, hizo cuanto estuvo a su alcance para envenenar el conflicto con los príncipes con posesiones en Alsacia. Luis XVI no fue el hombre sencillo y afable, casi irresponsable, que con frecuencia nos presentan. Dotado de una cierta inteligencia, orientó una gran parte de la opinión hacia un solo fin: restablecer su autoridad absoluta, incluso al precio de traicionar a la nación.

2. Consecuencias internas de Varennes: los fusilamientos del Champ-de-Mars (17 de julio de 1791)

Las consecuencias internas de Varennes fueron contradictorias: la huida del rey trajo consigo el auge del movimiento popular y democrático, pero el miedo del pueblo llevó a la burguesía a reforzar su poder y a mantener la monarquía.

El movimiento democrático se afirmó aún más que nunca al día siguiente de los acontecimientos de Varennes. «Henos al fin libres y sin rey», declaraban los cordeleros, que el 21 de junio pedían a la Asamblea constituyente que proclamase la República o por lo menos que no decidiese sobre la suerte del rey sin haber consultado las Asambleas primarias. Aún más: la huida del rey constituyó un elemento decisivo para reforzar la conciencia nacional entre las masas populares. Les demostró la inteligencia de la monarquía con el extranjero y promovió en los más alejados rincones del país una emoción intensa. Se temía la invasión; los lugares fronterizos se pusieron espontáneamente en estado de defensa. La Asamblea consiguió 100 000 voluntarios para la guardia nacional. El reflejo, tanto social como nacional, se produjo como en 1789. En Varennes, los húsares, que debían proteger la huida del rey, se pasaron al pueblo al grito de «¡Viva la nación!». Se desencadenó la reacción de defensa. El 22 de junio de 1791, por la tarde, hacia Sainte-Menehould, el conde de Dampierre, un señor de la región que llegó para saludar al rey Luis XVI a su paso, fue asesinado por los campesinos. En el miedo de 1791, el fervor nacional constituyó, sin duda alguna, un resorte casi tan poderoso como el odio social. La huida del rey parecía como la prueba de que la invasión era inminente; las masas populares se movilizaron, en el sentido militar de la palabra.

La burguesía constituyente conservó su sangre fría: temía los disturbios rurales tanto como a los movimientos populares urbanos (la ley de Le Chapelier había sido votada el 14 de junio de 1791). La Asamblea suspendió al rey y al veto y organizó a Francia como una república de hecho. Pero cortó deliberadamente el camino a la democracia. Creó la ficción del rapto del rey. Barnave dijo a los jacobinos el 21 de junio por la tarde: «La Constitución, he aquí nuestra guía; la Asamblea Nacional, he aquí nuestra flaqueza». Luis XVI quedó absuelto a pesar de las protestas de Robespierre. No se hizo proceso más que a los autores del rapto, a Bouillé, que, por su carta de 26 de junio de 1791 a la Asamblea, había reclamado toda la responsabilidad para sí, aunque había huido, y a algunos comparsas que fueron acusados el 15 y el 16 de julio. Barnave, en un discurso vehemente, el 15 de julio de 1791, planteó el verdadero problema:

«¿Vamos a terminar la Revolución o vamos a volverla a empezar…? Un paso de más sería un acto funesto y culpable; un paso más en la línea de la libertad sería la destrucción de la realeza; en la línea de la igualdad, la destrucción de la propiedad».

A pesar de la traición real y del peligro aristocrático, la burguesía constituyente creía que la nación continuaba siendo de los propietarios: para ella la Revolución estaba terminada.

Los fusilamientos del Champ-de-Mars (17 de julio de 1791) manifestaron las intenciones ocultas de la burguesía. El pueblo de París, levantado por los cordeleros y las sociedades fraternales, multiplicaba peticiones y manifestaciones. El 17 de julio de 1791, los cordeleros se reunieron en el Champ-de-Mars para firmar sobre el altar de la patria una petición republicana. Pretextando desórdenes, la Asamblea ordenó al alcalde de París que dispersase la concentración. La ley marcial fue proclamada; la guardia nacional, exclusivamente burguesa, invadió el Champ-de-Mars e hizo fuego sin advertencia previa alguna sobre la masa desarmada, dejando en el suelo cincuenta muertos. La represión que tuvo lugar a continuación fue brutal; se hicieron numerosos arrestos; diversos periódicos democráticos dejaron de aparecer; el club de los cordeleros se cerró; el partido demócrata, decapitado durante un momento; fue el terror tricolor.

Las consecuencias políticas fueron irremediables. El partido dividiose en dos grupos enemigos. El sector conservador de los jacobinos se había separado desde el 16 de julio de 1791 y fundado un nuevo club en el convento de los cistercienses. Mientras tanto, los demócratas, guiados por Robespierre, se acercaban de una manera más clara a los jacobinos. En especial, los constitucionales, fayettistas y lamethistas reunidos, reagrupados todos en los cistercienses, estaban dispuestos a entenderse con el rey y los negros para salvaguardar la obra comprometida y mantener la primacía política de la burguesía censataria. Así se esbozó una vez más la política de compromiso. Pero la aristocracia continuó irreductible.

La revisión de la Constitución no fue tan lejos como lo hubiera deseado el triunvirato, ahora dueño de la situación. Su carácter censatario no se agravó menos por ello. Se exigía a los electores que fuesen propietarios o dueños de un capital que se valoraba, según los casos, en 150, 200 o 400 jornadas de trabajo. La guardia nacional quedó definitivamente organizada por la ley del 28 de julio de 1791, confirmada y modificada por la del 19 de septiembre siguiente. Sólo los ciudadanos activos tuvieron el derecho de tomar parte. Frente a la burguesía en armas, el pueblo estaba desarmado. El rey aceptó la Constitución revisada el 13 de septiembre de 1791; el 14 juró una vez más fidelidad a la nación. La burguesía constituyente también, una vez más, consideró terminada la Revolución.

3. Consecuencias exteriores de Varennes: la declaración de Pillnitz (27 de agosto de 1791)

Las consecuencias exteriores de Varennes no fueron menos importantes. La huida del rey y su arresto suscitaron en Europa una gran emoción monárquica. «¡Qué ejemplo más horrible!», declaraba el rey de Prusia. Pero una vez más todo dependía del emperador. Desde Mantua, Leopoldo proponía a las Cortes que se pusieran de acuerdo en salvar a la familia real y a la monarquía francesa. Pero los cálculos y los intereses triunfaron sobre el sentimiento de solidaridad monárquica; fue imposible lograr el concierto europeo contra Francia. La política de los cistercienses tranquilizó a Leopoldo sobre la suerte de Luis XVI. Para ocultar su marcha atrás, el emperador se contentó con firmar, conjuntamente con el rey de Prusia, Federico Guillermo, la declaración de Pillnitz, el 27 de agosto de 1791, que no amenazaba a los revolucionarios con una intervención europea más que condicionalmente. Los dos soberanos se declararon dispuestos a «actuar rápidamente, de mutuo acuerdo, con las fuerzas necesarias», pero a condición de que las demás potencias se decidiesen a unir sus esfuerzos a los suyos. Entonces y en ese caso la intervención tendría lugar. En efecto, la declaración de Pillnitz se tomó, por otra parte, como sus autores deseaban, al pie de la letra por la opinión francesa. Esta extraña injerencia parecía insoportable; la Revolución se sintió amenazada; el sentimiento nacional se sobreexcitó.

La Asamblea constituyente se separó el 30 de septiembre de 1791 al grito de «¡Viva el rey! ¡Viva la nación!». Sus dirigentes pensaban haber sellado el acuerdo entre la realeza y la burguesía censataria al mismo tiempo que contra la reacción aristocrática y contra el impulso popular. Pero el rey no aceptó más que aparentemente la Constitución de 1791; la nación no se confundía precisamente con la burguesía, como lo afirmaban los constituyentes. Cuando la crisis se agravó en el momento de Varennes, la Asamblea ordenó una leva de 100 000 hombres de la guardia nacional. No se fiaban del ejército de línea, del ejército real, pero rehusaban apoyarse en el pueblo. La Asamblea se remitía a la nación, pero tal y como la definía la Constitución censataria. Los acontecimientos desbarataron sus cálculos. Después de Pillnitz, la guerra parecía inevitable.

Frente al peligro, la burguesía tuvo, no sin reticencias, que acudir al pueblo. Pero éste no comprendía que, después de haber destruido el privilegio del nacimiento, tuviera que soportar el del dinero. Reclamó su lugar en la nación. Desde ese momento se plantearon el problema político y el problema social en términos nuevos.

CAPÍTULO V

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA GUERRA Y EL DERROCAMIENTO DEL TRONO
(octubre de 1791-agosto de 1792)

El ensayo de monarquía liberal instituido por la Constitución de 1791 no duró ni siquiera un año. Cogida entre la reacción aristocrática manejada por el rey y el impulso popular, la burguesía, en el poder, para conjurar las dificultades interiores, no dudó en envenenar las dificultades externas: lanzó, con la complicidad del rey, a Francia y la Revolución a la guerra. Pero la guerra desbarató todos los cálculos de sus responsables, reanimó el movimiento revolucionario y acarreó al mismo tiempo el derrocamiento del trono y, algunos meses más tarde, la caída de la burguesía reinante.

El conflicto con la Europa aristocrática, imprudentemente desatado, obligó realmente a la burguesía revolucionaria a recurrir al pueblo y hacerle concesiones. Así se ampliaba el contenido social de la nación. Nace realmente de la guerra, que era a la vez nacional y revolucionaria; a la vez guerra del Tercer Estado contra la aristocracia, y guerra de la nación contra la Europa del Antiguo Régimen coligado. Frente a la amenaza aristocrática francesa y europea, en guerra contra la nación en el interior y en sus fronteras, la frágil armadura censataria se deshizo ante el empuje popular.

I

EL CAMINO DE LA GUERRA
(octubre de 1791-abril de 1792)

1. Cistercienses y girondinos

La burguesía, cuya unidad había constituido su fuerza hasta 1791, se dividió después de Varennes. Pillnitz no había hecho más que acentuar sus divisiones. Ni en la Asamblea ni en el país presentaba a sus adversarios un frente unido.

En la Asamblea, el conjunto de los diputados seguía siendo de origen burgués; los propietarios y los abogados dominaban. Los electores designados en junio por las asambleas primarias habían nombrado los diputados del 29 de agosto y del 5 de septiembre de 1791 después del acontecimiento de Champ-de-Mars y con los tumultos provocados por la declaración de Pillnitz. Los 745 diputados de la Asamblea legislativa, que se reunieron por primera vez el 1 de octubre de 1791, eran hombres nuevos (los constituyentes, a petición de Robespierre, se habían declarado inelegibles por decreto del 16 de mayo de 1791). Jóvenes en su mayor parte (la mayoría la constituían hombres de menos de treinta años), desconocidos aún, muchos de ellos habían hecho su aprendizaje y empezado su actuación política en las asambleas comunales y departamentales.

La derecha estaba constituida por 264 diputados, que se asociaron con los cistercienses. Adversarios del Antiguo Régimen, como de la democracia, eran partidarios de la monarquía limitada y de la primacía de la burguesía, tal y como la había establecido la Constitución de 1791. Pero los cistercienses se dividieron en dos tendencias o más bien en dos grupos. Los lamethistas siguieron las consignas del triunvirato Barnave, Du Port, Lameth, que no estaban en la Asamblea, pero que elegían la mayoría de los nuevos ministros, como Lessart para los asuntos exteriores. Los fayettistas tomaron su inspiración de La Fayette, que sufría, en su inmensa vanidad, haber sido suplantado por los triunviros en el favor de la Corte.

La izquierda estaba formada por 136 diputados, inscritos generalmente en el club de los jacobinos. Estaba dirigida en particular por dos diputados de París: Brissot, periodista, que dio su nombre a la facción (los brissotinos), y el filósofo Condorcet, editor de las obras de Voltaire. Tenía el ascendiente de brillantes oradores elegidos por el departamento de la Gironda, Vergniaud, Gensonné, Grangeneuve, Guadet… De aquí el nombre de girondinos, popularizado cincuenta años más tarde por Lamartine. Novelistas, abogados, profesores, los brissotinos formaban la segunda generación revolucionaria. Nacidos de la burguesía media, estaban relacionados con la alta burguesía de negocios de los puertos marítimos (Burdeos, Nantes, Marsella), armadores, banqueros, negociantes, que defendían sus intereses. Si por su origen y su formación filosófica los brissotinos tendían hacia la democracia política, por sus relaciones y temperamento iban hacia la riqueza, respetándola y sirviéndola.

En la extrema izquierda, algunos demócratas eran partidarios del sufragio universal, como Robert Lindet, Couthon, Carnot. Tres diputados, unidos por una estrecha amistad, Basire, Chabot, Merlin de Thionville, formaban el «trío de los franciscanos». Sin gran influencia sobre la Asamblea, ejercían una acción segura en los clubs y las sociedades populares.

El centro, entre los cistercienses y los brissotinos, comprendía a una masa incierta de unos 345 diputados, los independientes o constitucionales, sinceramente vinculados a la Revolución, pero sin tener una opinión precisa ni hombres notables.

En París, clubs y salones reflejaban las opiniones de la Asamblea y contribuían a acentuar las luchas políticas.

Los salones reunían a los jefes de las diversas facciones, proporcionándoles el medio de concertarse. El salón de Mme. de Staël, hija de Necker y amante del conde de Narbona, se convirtió en el hogar del partido fayettista. Vergniaud agrupaba a sus amigos en la mesa o en el lujoso salón de la viuda de un arrendador general. Mme. Dodun, en la plaza Vendôme. Los brissotinos se reunían también en el salón de Mme. Roland, mujer sentimental, apasionada por la justicia, alma de la Gironda, que ejercía una gran influencia para que sus amigos o los de su marido, el honrado y mediocre Roland, antiguo inspector de manufacturas, se abriesen paso.

Los clubs, cuyo papel era cada vez mayor, agrupaban a los militantes de cada tendencia. Si los cistercienses no hubieran estado asistidos más que por los constitucionales, los burgueses moderados, los jacobinos, cuya cotización era más débil, se hubieran democratizado. Los pequeños burgueses, los comerciantes y los artesanos asistían asiduamente a sus sesiones y presionaban. Sus oradores preferidos eran Robespierre y Brissot, cuyas opiniones no tardaron en oponerse. Por sus filiales, el club de los jacobinos extendió su influencia sobre todo el país, agrupando por doquier los defensores de la Revolución y los que adquirían bienes nacionales. El club de los franciscanos estaba formado por elementos más populares.

Las secciones parisienses, por último, en número de 48, permitían a los ciudadanos en activo seguir los acontecimientos políticos y controlarlos en cierta medida. Se reunían regularmente en asambleas generales. Se convirtieron en el hogar intenso de la vida política popular, contribuyendo al progreso del espíritu democrático e igualitario, cuando los ciudadanos pasivos entraron en masa a formar parte de ellas, a partir de julio de 1792.

2. El primer conflicto entre el rey y la Asamblea (finales de 1791)

Las numerosas dificultades que la Asamblea constituyente aún no había resuelto y que había legado a la Asamblea legislativa llevaron a un conflicto entre el rey y la Asamblea, que no pudo liquidarse más que por vía constitucional. Las dificultades eran de todo orden.

Primero, dificultades económicas y sociales. En el otoño de 1791, las perturbaciones recomenzaron en las ciudades y en el campo. En las ciudades se debían, en primer lugar, a la desvalorización del asignado y al encarecimiento de las subsistencias, especialmente las mercancías coloniales, café y azúcar, consecuencia del levantamiento de los negros en Santo Domingo, mantenidos en esclavitud. Se produjeron desórdenes en París a finales de enero de 1792 en torno a las tiendas de coloniales, obligándoles la multitud a bajar el precio de las mercancías; las secciones parisienses empezaron a denunciar a los acaparadores. En los campos, el alza del precio del trigo, el mantenimiento de los réditos feudales hasta que se rescataban, promovían motines. A partir de noviembre de 1791 se produjeron por todas partes pillajes de convoyes de granos y en los mercados. Las municipalidades de la Beauce, bajo las presiones de los motines populares tasaron los granos y las mercancías de primera necesidad. En Etampes, el alcalde, Simoneau, un rico curtidor, se negó y fue asesinado el 3 de marzo de 1792; los cistercienses le convirtieron en un mártir. En el Centro y en el Mediodía los castillos de los emigrados fueron saqueados, incendiados, en marzo de 1792; las masas de campesinos reclamaban la supresión total del régimen feudal. Ante esta amenaza social, la Asamblea dudó y se dividió.

Además, las dificultades religiosas. El clero refractario continuaba su agitación y arrastraba a una parte de las masas católicas a la contrarrevolución. En agosto de 1791, los refractarios promovieron desórdenes en la Vendée; el 26 de febrero de 1792 contribuyeron a soliviantar a los campesinos de la Lozère contra los patriotas de Mende. En todas partes se afirmaba la unión de refractarios y de aristócratas. El 16 de octubre de 1791, los aristócratas fomentaron un levantamiento en Aviñón y mataron al secretario-escribano de la comuna, Lescuyer, jefe del partido avanzado. Los patriotas contestaron con el asesinato de la Glacière.

Y, en fin, las dificultades exteriores. Los emigrados que el conde de Provenza mantenía unidos multiplicaban las provocaciones: publicación de un manifiesto anunciando la invasión de Francia, ataques violentos contra la Asamblea, concentración de tropas a las órdenes del príncipe De Condé sobre el territorio del elector de Tréveris, en Coblenza. Las amenazas contra la Revolución se concretaban.

La política de la Asamblea, dudosa en el plano social, se afirmó de una manera más segura contra los enemigos de la Revolución.

En el plano social, la burguesía no presentaba la misma unanimidad que en 1789, cuando se armó para reprimir los levantamientos de los campesinos. La burguesía rica, asustada por la agitación social, se confundía cada vez más con la aristocracia; tendía a reconciliarse con la realeza. Pero la burguesía media había perdido desde Varennes toda la confianza del rey. Pensaba ante todo en sus propios intereses y sabía que no podría defenderlos sin el apoyo del pueblo. Sus dirigentes se esforzaron por prevenir toda escisión entre la burguesía y las clases populares. «La burguesía y pueblo reunidos hicieron la Revolución; su sola unión puede conservarla», escribía Pation en una carta a Buzot el 6 de febrero de 1972. Couthon, diputado por Puy-de-Dôme, y que se hizo amigo de Robespierre, declaraba en la misma época que era necesario vincular el pueblo a la Revolución por medio de leyes justas y «asegurarse la fuerza moral del pueblo, más poderosa que la de los ejércitos». Propuso el 29 de febrero de 1792 la abolición sin indemnización de todos los derechos feudales, salvo aquellos que los señores probaron presentando los títulos primitivos. Los cistercienses se opusieron al voto de esta medida. La guerra agravó las dificultades de la burguesía y con ello hacía posible la total liberación de los campesinos.

En el plano político, los brissotinos arrastraron a la Asamblea, gracias al apoyo de los fayettistas, a los que no asustaba la perspectiva de la guerra, ni tampoco enfrentarse con los enemigos de la Revolución. Se votaron cuatro decretos con vistas a los emigrados y refractarios. El decreto del 31 de octubre de 1791 concedía dos meses al conde de Provenza para volver a Francia, bajo pena de pérdida de sus derechos al trono. El decreto del 9 de noviembre hizo la misma notificación a los emigrados, bajo pena de ser considerados como sospechosos de conspiración y entonces las rentas de sus bienes serían requisadas en beneficio de la nación. El decreto del 29 de noviembre exigía a los sacerdotes «refractarios» un nuevo juramento cívico, dando a las administraciones locales la posibilidad de deportarles de sus domicilios en caso de motines. Por último, el decreto del 29 de noviembre invitaba al rey a

«exigir de los electores de Tréveris, de Maguncia y de otros príncipes del imperio que acojan a los franceses fugitivos y poner fin a las concentraciones y alistamientos que toleran en las fronteras».

Con estas iniciativas, la Gironda excitó poco a poco el sentimiento nacional. Con ello pensaba coaccionar al rey y obligarle a que se pronunciase francamente en pro o en contra de la Revolución.

La política de la Corte tendía también hacia las soluciones extremas. En noviembre, la Corte hizo fracasar la candidatura de La Fayette en la alcaldía de París para reemplazar la dimisión de Bailly; el jacobino Pétion fue elegido el 16 de noviembre de 1791. El rey y la reina se felicitaron por el resultado. «Incluso por el exceso de mal —escribía María Antonieta el 25 de noviembre—, podremos sacar partido más pronto de lo que se piensa de todo esto». Era la peor política. Los decretos de noviembre y las iniciativas belicosas de los brissotinos llenaron de gozo a Luis XVI y a María Antonieta. Si bien el rey opuso su veto a las medidas contra los sacerdotes y los emigrados, sancionó el decreto concerniente a su hermano y también el que le invitaba a lanzar un ultimátum a los príncipes alemanes. La Asamblea llevaba su juego; al atacar a los príncipes, éstos entrarían en la guerra. Luis XVI y María Antonieta, excitando con una duplicidad sin igual a los adversarios unos contra otros, hacían la guerra inevitable. Recurrir al extranjero constituía para la monarquía el único medio de salvación.

3. La guerra o la paz (invierno de 1791-1792)

El conflicto de intereses y de ideas de la Revolución y del Antiguo Régimen creó una situación diplomática difícil. Lejos de apaciguar el conflicto, los brissotinos y la Corte, por razones de política interior, empujaron poco a poco a la guerra, mientras que se oponía a ello en vano la minoría, muy débil, guiada por Robespierre.

El partido pro guerra reunió, de una manera que puede parecer paradójica, a los brissotinos y a la Corte.

La guerra la quiso la Corte, porque no esperaba su salvación más que de la intervención extranjera y porque continuaba practicando la misma política doble. El 14 de diciembre de 1791, el rey hizo saber al elector de Tréveris que si antes del 15 de enero de 1792 no había dispersado las concentraciones de emigrados no verían en él más que «a un enemigo de Francia». La Corte esperaba salir del incidente con la intervención extranjera, reclamada en vano. Luis XVI, el mismo día que amenazaba al elector de Tréveris, advertía, en efecto, al emperador que deseaba que su ultimátum fuese rechazado:

«En lugar de una guerra civil, será una guerra política, escribía a su agente Breteuil, y las cosas irán mejor. El estado físico y moral de Francia hace que le sea imposible sostener a medias una campaña».

En ese mismo 14 de diciembre, María Antonieta decía a su amigo Fersen: «¡Los muy imbéciles! ¡No ven que esto es servirnos!». La Corte precipitó a Francia a la guerra con la secreta esperanza de que sería vencida y que la derrota les permitiría restaurar el poder absoluto.

Los brissotinos deseaban la guerra por razones de política interior y de política exterior. En el plano político, los brissotinos creían obligar, por la guerra, a los traidores y a Luis XVI a desenmascararse. «Señalemos en principio un lugar a los traidores —dijo Gaudet en la tribuna de la Asamblea legislativa el 14 de enero de 1792—, y que este lugar sea el cadalso». Los brissotinos consideraban que la guerra estaba de acuerdo con los intereses de la nación:

«Un pueblo que ha conquistado su libertad después de diez siglos de esclavitud, había declarado Brissot a los jacobinos el 6 de diciembre de 1791, necesita la guerra: es preciso la guerra para consolidarla».

Y ese mismo Brissot, en la Asamblea legislativa, el 29 de diciembre: «Ha llegado el momento, por fin, en que Francia ha de desplegar ante los ojos de Europa el temperamento de nación libre, que desea defender y mantener su libertad». Y de forma más exacta en el mismo discurso: «La guerra actualmente es un beneficio nacional: la única calamidad que hay que temer es que no haya guerra. Son los intereses de la nación los que aconsejan la guerra».

¿Pero de qué nación se trataba? El discurso más claro en este sentido fue el de Isnard, el 5 de enero de 1792, en la Asamblea legislativa. No basta con «mantener la libertad», hay que «consumar la Revolución». Isnard daba contenido social a la guerra que se anunciaba: «Se trata de una lucha que va a establecerse entre el patriciado y la igualdad». El patriciado, entendemos la aristocracia; en cuanto a la igualdad, no es más que la igualdad constitucional, definida por la organización censataria del sufragio:

«La clase más peligrosa de todas, según Isnard, se compone de muchas personas que acaban con la Revolución, pero esencialmente una infinidad de propietarios, de negociantes ricos; en fin, una masa de hombres opulentos y orgullosos que no pueden soportar la igualdad, que echan de menos una nobleza a la que aspiran…; en fin, que odian la nueva Constitución, madre de la igualdad».

Se trata, en efecto, de la Constitución de 1791 y de la igualdad deseada, «que no es sino la de los derechos», como bien pronto afirmaría Vergniaud. La guerra que deseaban los girondinos sólo se refería a los intereses de la nación burguesa.

Las preocupaciones económicas no eran menos evidentes. La burguesía de los negocios y los políticos a su servicio deseaban acabar con la contrarrevolución, especialmente para restablecer el crédito del asignado necesario para la buena marcha de las empresas. Con los considerables beneficios que los abastecimientos de los ejércitos proporcionaban, la guerra tampoco desagradaba al mundo de los negocios. La guerra continental contra Austria, mejor que la marítima con Inglaterra, pues esta última comprometía al comercio de las Islas y la prosperidad de los puertos. Habiéndose producido la guerra continental en abril de 1792, los girondinos no declararon la guerra a Inglaterra más que en febrero del año siguiente.

En el plano diplomático, los brissotinos se habían levantado esencialmente contra Austria, símbolo del Antiguo Régimen. Estaban dispuestos, apoyados por los refugiados políticos, a desencadenar la guerra que liberara a los pueblos oprimidos. «Ha llegado el momento para una nueva cruzada —proclamaba Brissot el 31 de diciembre de 1791—. Es una cruzada de libertad universal». Isnard ya había amenazado a Europa con comprometer «a los pueblos en una guerra contra los reyes». La guerra se convirtió en el centro de todas las preocupaciones políticas:

«¡La guerra! ¡La guerra!, escribía un diputado en enero de 1792. Este era el grito que de todas partes del Imperio llegaba a mis oídos».

El partido de la paz retrasó algún tiempo la entrada en la guerra. Los triunviratos y los ministros de su grupo eran opuestos a la política belicosa de la Corte y de la Asamblea. En enero de 1792, Barnave y Du Port dirigieron a Leopoldo un memorándum recomendándole que dispersase a los emigrados.

La política de guerra halló en Robespierre su adversario más claro y obstinado. Sostenido en principio por Danton y algunos periódicos demócratas, Robespierre resistió casi solo la corriente irresistible que arrastraba tras los brissotinos al conjunto de los revolucionarios hacia la guerra. Durante tres meses, con una clarividencia asombrosa, Robespierre, en la tribuna de los jacobinos, se opuso a Brissot, en lucha tan tremenda que hizo que se dividiera para siempre el partido revolucionario. Había comprendido que la Corte no era sincera al proponer la guerra. En su discurso de 2 de enero de 1792 a los jacobinos, comprueba que la guerra agrada a los emigrados, a la Corte, a los fayettistas, que el lugar del mal no está solamente en Coblenza: «¿No se trata de París? ¿No hay, pues, relación alguna entre Coblenza y otro lugar que no está lejos de nosotros?». Es necesario, sin duda, llevar a cabo la Revolución y consolidar la nación, pero Robespierre invierte el orden de urgencia:

«Empezad por tener en cuenta vuestra posición interna: poned el orden dentro de la nación antes de llevar la libertad fuera».

Antes de hacer la guerra y enfrentarse con los aristócratas fuera es preciso dentro dominar a la Corte, depurar al ejército. La suerte puede ser adversa: el ejército está desorganizado por la emigración de los oficiales aristócratas; las tropas están sin armas y sin equipos; las plazas, sin municiones. Tampoco estamos en buenas relaciones con el pueblo desde el momento que se le lanza a la guerra. Es preciso armar a los ciudadanos pasivos, reanimar el espíritu público. Incluso en el caso de lograr la victoria, ésta puede verse en peligro por intentonas de algún general ambicioso… La oposición clara y valiente de Robespierre fue insuficiente para detener el impulso.

4. La declaración de guerra (20 de abril de 1792)

La guerra, retrasada por la actitud de Robespierre, se precipitó en los primeros meses del año 1792. El 9 de diciembre de 1791, los fayettistas tuvieron éxito, gracias al apoyo de los brissotinos, para que aceptara la guerra el conde de Narbona, que fue el instrumento de la política belicosa en el seno del ministerio. El 25 de enero de 1792, una vez que el elector de Tréveris, asustado, cedió y disolvió las concentraciones de emigrados, la Asamblea invitó al rey a pedir al emperador que renunciase a todo tratado y convención dirigidos contra la soberanía, la independencia y la seguridad de la nación: era exigir la renuncia formal a la declaración de Pillnitz. El ministro de Asuntos Exteriores, De Lessart, trató de frenar esta política belicosa; consiguió la expulsión de Narbona.

La formación del ministerio brissotino constituyó la respuesta a la expulsión de Narbona. La Gironda se enardeció inmediatamente; Vergniaud denunció a los consejeros perversos del rey. Brissot pronunció una requisitoria violenta contra el ministro defensor de la paz. De Lessart fue acusado ante el Tribunal Supremo el 10 de marzo de 1792. Los demás ministros, asustados, dimitieron. Luis XVI, siguiendo los consejos de Dumouriez, que tomó a su cargo los asuntos exteriores, llamó al ministerio a los amigos de Brissot y de la Gironda: Clavière, en Contribuciones Públicas; Roland, en el Interior; más tarde, el 9 de mayo, Servan, en la Guerra. Un antiguo agente secreto, un verdadero aventurero, Dumouriez, que se había unido a la Revolución por ambición, tenía el mismo propósito que La Fayette: hacer una guerra corta; después, utilizar al ejército victorioso, con el fin de restaurar el poder monárquico. Para desarmar a los jacobinos les concedió algunos cargos: Lebrun-Tondu y Noël, amigo de Danton, a Asuntos Exteriores; Pache, al Ministerio del Interior. Los ataque a la Corte cesaron de inmediato en la prensa girondina. Robespierre hizo una buena jugada al denunciar los compromisos de los intrigantes: la ruptura fue definitiva entre sus partidarios y la Gironda.

La declaración de guerra a partir de ese momento no se retrasó. Leopoldo murió súbitamente el 1 de marzo. Su sucesor, Francisco II, decidido a acabar con ese estado de cosas, era hostil a toda concesión. No contestó a un ultimátum que se le dirigió el 25 de marzo. El 20 de abril de 1792 el Rey fue a la Asamblea para proponer la declaración de guerra al «Rey de Hungría y de Bohemia», es decir, sólo a Austria y no al Imperio. Unas decenas de diputados votaron tan sólo contra la declaración de guerra.

La guerra no debía responder a los cálculos de quienes la fomentaban, ni a los de la Corte, ni a los de la Gironda. Pero contribuyó a exaltar el sentimiento nacional, aureolando a los girondinos de un prestigio continuado que las catástrofes que siguieron no permitieron fácilmente mantener. Si los girondinos, al cabo, se malograron no fue por haber querido la guerra, que acabó por despertar a la propia nación, sino por no haber sabido dirigirla.

«Fundadores de la República, escribe Michelet, dignos del reconocimiento del mundo por haber querido la cruzada del 92 y la libertad para toda la Tierra, tenían necesidad de lavar su falta del 93, entrar por la expiación en la inmortalidad».

II

EL DERROCAMIENTO DEL TRONO
(abril-agosto de 1792)

La guerra, que duró de una manera continua hasta 1815 y que trastornó a Europa, reanimó en Francia el movimiento revolucionario: la realeza fue la primera víctima.

1. Los fracasos militares (primavera de 1792)

La guerra, para responder a los cálculos hechos por los brissotinos y la Corte, había de ser rápida y decisiva.

La insuficiencia del ejército y de sus jefes llevó consigo desde el principio de la campaña una serie de reveses. El ejército francés estaba en plena descomposición. De 12 000 oficiales, la mitad por lo menos había emigrado. Los efectivos quedaron reducidos aproximadamente a unos 150 000 hombres, tropas de combate y voluntarios alistados en 1791. El conflicto político y social había llegado al ejército oponiéndose a la tropa patriota con la dirección aristócrata: la disciplina se resentía. El alto mando era mediocre: el mariscal De Rochameau, que había tenido un papel muy importante en la guerra de América, había envejecido y no tenía confianza en sus tropas; el mariscal De Luckner, un viejo soldado alemán, era incapaz; La Fayette no era sino un general político.

No tardaron en aparecer las primeras derrotas. Dumouriez había ordenado la ofensiva a tres ejércitos que se habían concentrado en la frontera. Los austríacos no les habían opuesto más que 35 000 hombres. Un ataque brusco les hubiera valido a los franceses la ocupación de toda Bélgica. Pero el 29 de abril, a la vista de los primeros austríacos, los generales Dillon y Biron, no fiándose de sus tropas, ordenaron la retirada; los soldados se consideraron traicionados y huyeron en desbandada; Dillon fue asesinado. La frontera estaba al descubierto. En las Ardenas, La Fayette no se había movido. Los generales hicieron responsables de los reveses a la indisciplina del ejército y al Ministerio que lo toleraba. El 18 de mayo de 1792, reunidos en Valenciennes, los jefes militares, a pesar de las órdenes del Ministerio, declararon imposible la ofensiva y aconsejaron al rey la paz inmediata. Las verdaderas razones de esta actitud del alto mando no eran de orden militar, sino de orden público. Siempre con un sentido muy claro, Robespierre había denunciado el peligro, desde el 1 de mayo, a los jacobinos:

«¡No! No me fío de los generales; con algunas honradas excepciones, digo que casi todos echan de menos el antiguo orden de cosas, los favores de la Corte; no me fío más que del pueblo, sólo del pueblo».

La Fayette se había aproximado definitivamente a los lamethistas para hacer frente a los demócratas; se declaró dispuesto a marchar sobre París con sus tropas para dispersar a los jacobinos.

2. El segundo conflicto entre el rey y la Asamblea (junio de 1792)

Los reveses militares, la actitud de los generales, su inteligencia con la Corte, dieron contra los aristócratas, que escarnecían a la nación, un nuevo impulso al auge nacional, inseparable del auge revolucionario.

El 26 de abril, en Estrasburgo, Rouget de Lisle lanzaba su Chant de guerre pour larmée du Rhin, cuyo ardor, a la vez nacional y revolucionario, no ofrecía duda: en el espíritu de quien lo escribía como de quienes lo cantaron no se distinguían revolución y nación. Los tiranos y los viles déspotas que piensan volver a Francia a la antigua esclavitud son denunciados, pero también la aristocracia, los emigrados, esa horda de esclavos, de traidores, esos parricidas, esos cómplices de Bouillé. La patria, esa patria cuyo sagrado amor es exaltado, y a cuya defensa se llama («Oís en los campos aullar a esos feroces soldados»), es también quien se ha venido enfrentando, desde 1789, contra la aristocracia y el feudalismo.

No se podría separar lo que fue pronto el Himno de los marselleses de su contenido histórico: la crisis de la primavera de 1792. El auge nacional y el impulso revolucionario fueron inseparables; un conflicto de clases sostenía y exacerbaba el patriotismo. Los aristócratas opusieron el rey a la nación que despreciaban; los del interior esperaban al invasor con impaciencia; los emigrados combatían en las filas enemigas. Para los patriotas de 1792 se trataba de defender y fomentar la herencia del 89. La crisis nacional dio un nuevo impulso a las masas populares, siempre cercadas por el complot aristocrático, e hizo más intenso el movimiento democrático. Los ciudadanos pasivos, siguiendo los consejos de los propios girondinos, se armaron con picas, se pusieron el gorro frigio, multiplicaron las sociedades fraternales. ¿Iban a romper los cuadros censatarios de la nación burguesa?

«La patria, según Roland escribía a Luis XVI en su célebre carta del 10 de junio de 1792, no es una palabra que la imaginación se haya dedicado a embellecer; es un ser al que se le hacen sacrificios, a quien cada día se vincula uno más por causa de sus solicitudes; que se ha creado con un gran esfuerzo, en medio de una serie de inquietudes, y a quien se ama, tanto por lo que cuesta como por lo que de él se espera».

La patria no se concebía para los ciudadanos pasivos más que con la igualdad de derechos.

Así, la crisis nacional, al sobreexcitar el sentimiento revolucionario, acentuaba las oposiciones sociales en el seno mismo del antiguo Tercer Estado. Además, la burguesía se inquietaba más que en 1789; muy pronto la Gironda dudó. Se había gravado a los ricos para armar a los voluntarios; la rebelión agraria estaba latente en Quercy, llegaba hasta el Bas-Languedoc, mientras que la inflación continuaba sus estragos y se volvía a las dificultades para la subsistencia. El asesino de Simoneau, alcalde de Etampes, el 3 de marzo de 1792, manifestó la oposición irreductible entre las reivindicaciones populares y las concepciones burguesas del comercio y de la propiedad. Mientras que en París, en mayo, Jacques Roux, reclamaba ya la pena de muerte para los acaparadores, en Lyon, el 9 de junio, Lange, funcionario municipal, presentaba su Moyens simples et faciles de fixer labondance et le juste prix du pain, mediante la tasa y la reglamentación. Un espectro rondó desde entonces a la burguesía: el espectro de la ley agraria. Mientras Pierre Dolivier, párroco de Mauchamp, tomaba la defensa de los amotinados de Etampes, la Gironda daba un decreto el 12 de mayo de 1792, a pesar de Chabot, para que se hiciese una ceremonia fúnebre en honor de Simoneau y su faja de alcalde fuera colgada en las bóvedas del panteón. De este modo se precisaba la escisión que muy pronto separaría a la Montaña y la Gironda, dándose ya a conocer las razones profundas de aquello que la historia púdicamente llamó el desfallecimiento nacional de los girondinos: como representantes de la burguesía, ardientemente vinculados a la libertad económica, los girondinos se amedrentaron ante la oleada popular que habían desencadenado con su política de guerra; el sentimiento nacional no fue en ellos bastante fuerte para acallar la solidaridad de clase.

La política de la Asamblea, bajo el impulso popular, se endureció. Los brissotinos se daban cuenta de que la Corte apoyaba la rebelión de los generales. Brissot y Vergniaud, el 23 de mayo de 1792, denunciaron con violencia al Comité austríaco, que bajo la dirección de la reina preparaba la victoria del enemigo y de la contrarrevolución. Bajo su influencia, la Asamblea volvió a la política de intimidación. Se votaron nuevos decretos, en los que se dictaba la deportación de todo sacerdote refractario que fuese denunciado por veinte ciudadanos de su departamento (27 de mayo); disolución de la guardia del rey, poblada de aristócratas (29 de mayo); formación en París de un campo de 20 000 guardias nacionales que asistirían a la Federación (8 de junio). Esta fuerza revolucionaria no solamente cubriría París, sino que resistiría eventualmente toda tentativa de los generales facciosos.

La política real sacó partido de los desacuerdos entre los generales y los ministros. Luis XVI rehusó sancionar los decretos de los sacerdotes refractarios, a petición de los federados. El 10 de junio, Roland le dirigió un verdadero requerimiento para que retirase su veto, demostrándole que su actitud podría provocar una explosión terrible, haciendo creer a los franceses que el rey estaba de corazón con los emigrados y con el enemigo. Luis XVI resistió bien: el 13 de junio despidió a los ministros brissotinos Roland, Servan y Clavière. Los girondinos hicieron decretar por la Asamblea que los ministros depuestos merecían la condolencia de la nación. Dumouriez temió que se le acusase; presentó su dimisión el 15 de junio y partió para el ejército del Norte. Los cistercienses recobraron el poder. La Fayette, juzgando el momento favorable, declaró el 18 de junio de 1792 que «la Constitución francesa estaba amenazada por los facciosos del interior tanto como por los enemigos del exterior», y requirió a la Asamblea para que se opusiera al movimiento democrático.

La jornada del 20 de junio de 1792 fue organizada para presionar al rey. La negativa de sanción, el reenvío de los ministros girondinos, la formación de un ministerio cisterciense, daba a entender que la Corte y los generales se esforzaban por aplicar el programa de los lamethistas y fayettistas: terminar con los jacobinos, revisar la Constitución reforzando el poder real y terminar la guerra por medio de una transacción con el enemigo. Ante esta amenaza, los girondinos favorecieron la organización de una jornada popular por el aniversario del juramento del juego de Pelota, y de la huida a Varennes. La muchedumbre, dirigida por Santerre, marchó sobre la Asamblea, primero; después se dirigió al palacio para protestar contra la inacción del ejército, contra el hecho de que el rey rehusara sancionar los decretos, contra la dimisión de los ministros. El rey, encuadrado en el marco de una ventana, se puso el gorro frigio, bebió a la salud de la nación, pero rehusó sancionar los decretos ni llamar de nuevo a los ministros girondinos.

La tentativa de presión política había fracasado. Reforzó incluso la oposición y en cierto momento benefició al realismo. Pétion, alcalde de París, fue suspendido. El 28 de junio, La Fayette abandonó el ejército, presentose de nuevo a la Asamblea para requerir que disolviese a los jacobinos y castigara a los responsables de la manifestación del 20 de junio.

3. El peligro exterior y la incapacidad girondina (julio de 1792)

Los girondinos, presos en sus contradicciones, incapaces de resolver las dificultades internas y externas, fueron sobrepasados por los elementos revolucionarios de la capital. Consintieron en recurrir al pueblo, pero en la medida que éste se atuviera a los objetivos que se le asignasen.

La proclamación de la patria en peligro, el 11 de junio de 1792, respondía a la gravedad del peligro externo que los girondinos no sabían cómo conjurar. A principios de julio, el ejército prusiano del duque de Brunswick cruzó la frontera en línea, seguido del ejército de los emigrados, dirigidos por De Condé. La lucha iba a tener lugar en terreno nacional. Ante la inminencia del peligro y olvidando sus divisiones, los jacobinos no pensaron más que en la salvación de la patria y de la Revolución; el 28 de junio, en la tribuna del club, Robespierre y Brissot apelaron a la unión. El 2 de julio, olvidándose del veto, la Asamblea autorizó a los guardias nacionales para que se integrasen en la Federación del 14 de julio. El 3, Vergniaud denunciaba con vehemencia la traición del rey y de sus ministros: En nombre del rey la libertad ha sido atacada. El 10, Brissot volvía a coger el mismo tema y planteó claramente el problema político. Los tiranos declaran la guerra a la Revolución, a la declaración de derechos y a la soberanía nacional. A iniciativa de Brissot, el 11 de julio de 1792, la Asamblea proclamó que la patria estaba en peligro:

«Tropas numerosas avanzan sobre nuestras fronteras: todos los que odian la libertad se arman contra nuestra Constitución. ¡Ciudadanos! La Patria está en peligro».

Todos los cuerpos administrativos se constituyeron en sesión permanente; todos los guardias nacionales fueron llamados a las armas; se organizaron nuevos batallones de voluntarios; en pocos días se enrolaron 15 000 parisienses. Las proclamas fomentaban la unidad del pueblo, amenazado en sus intereses más preciados: le llamaba a participar en la vida política al mismo tiempo que en la defensa del país.

Las intrigas de la Gironda frenaban, sin embargo, el impulso patriótico. Ante las amenazas de la Asamblea, los ministros cistercienses presentaron su dimisión el 10 de julio. Esta dimisión produjo de nuevo la división en el partido patriota. Los girondinos quisieron volver al poder; entraron en negociaciones secretas con la Corte. El 20 de julio, Vergniaud, Gensonné y Guadet escribieron al rey por intermedio del pintor Bozé; Guadet tuvo una entrevista en las Tullerías con la familia real. Luis XVI no cedió; dio largas al asunto. Y así acabó con la Gironda, que había cambiado de actitud ante la Asamblea, desautorizando la agitación popular y amenazando a los facciosos. El 26 de julio, Brissot pronunciose contra el destronamiento del rey, contra el sufragio universal:

«Si existen hombres que pretenden establecer ahora la República sobre los restos de la Constitución, la espada de la ley caerá sobre ellos lo mismo que sobre los amigos activos de ambas cámaras y los contrarrevolucionarios de Coblenza».

El 4 de agosto, Vergniaud anulaba la deliberación del sector parisiense de Mauconseil, que declaraba que no reconocía a Luis XVI como rey de los franceses.

La ruptura se consumó entre el pueblo y la Gironda cuando la política girondina iba a tener una conclusión lógica. Los girondinos retrocedían ante la insurrección; temían ser desbordados por las masas revolucionarias, que, sin embargo, habían contribuido a movilizar; temían poner en peligro, si no la propiedad, al menos la preponderancia de la riqueza. Pero, negociando con Luis XVI, después de haberle denunciado, retrocediendo en el momento en que iban a dar el primer paso, los girondinos se condenaron, y condenaron con ellos al régimen de 1791, que sofocaba la nación dentro de sus cuadros censatarios.

4. La insurrección del 10 de agosto de 1792

No sólo París, sino todo el país, se levantó contra la monarquía, culpable de pactar con el enemigo. La insurrección del 10 de agosto no fue obra únicamente del pueblo parisino, sino del pueblo francés, representado por los federados. Se puede decir que la revolución del 10 de agosto de 1792 fue nacional.

El movimiento patriota estaba en marcha; nada pudo detenerle. Los sectores parisinos que habían formado un comité central estaban en sesión permanente. Los ciudadanos pasivos se infiltraron: entraron en la guardia nacional, siendo al fin admitidos a formar parte de ella por decreto del 30 de julio. Ese mismo día la sección del Théâtre-Français instituía el sufragio universal en las asambleas generales. Cuarenta y siete secciones de cuarenta y ocho se pronunciaron por el destronamiento del rey.

Robespierre tomó la dirección del movimiento jacobino. Ya el 11 de julio había arengado a los federados: «Ciudadanos, ¿habéis venido a una vana ceremonia, la renovación de la Federación del 14 de julio?».

Bajo su inspiración fueron redactadas varias peticiones, cada vez más amenazadoras, que los federados presentaron a la Asamblea, reclamando el 17 (después el 23 de julio) el destronamiento del rey. Al ver que los girondinos negociaban de nuevo con la Corte, Robespierre renovó sus ataques contra ellos, denunciando el 29 de julio el juego concertado entre la Corte y los intrigantes del Legislativo, reclamando la disolución inmediata de la Asamblea y su sustitución por una Convención que reformaría la Constitución. El 25 de julio llegaron los federados bretones; los marselleses, el 30. Desfilaron por el arrabal San Antonio cantando el himno, que bien pronto tomaría su nombre. Por iniciativa de Robespierre, los federados formaron un directorio secreto.

El manifiesto de Brunswick, redactado en Coblenza, y que se conoció en París el 1 de agosto, inflamó a los patriotas. Desde los últimos días de julio la atmósfera de la capital se había exaltado. Se proclamaba en las calles que la patria estaba en peligro; los alistamientos para el ejército se llevaban a cabo en las plazas públicas con una ceremonia de una grandeza austera. Con la esperanza de asustar a los revolucionarios, María Antonieta había pedido a los soberanos una declaración amenazadora. Un emigrado la redactó, el duque de Brunswick la firmó. El manifiesto amenazaba de muerte a los guardias nacionales y a los vacilantes que se atreviesen a defenderse contra el invasor. Amenazaba al pueblo parisino, si hacía el menor ultraje a la familia real, con una venganza ejemplar y de recuerdo perenne, entrando a saco sin condiciones en París. El manifiesto de Brunswick tuvo un efecto contrario al que había creído la corte: exasperó al pueblo.

La insurrección, que no había estallado aún a fines de julio, se detuvo hasta que la petición de las secciones parisinas, que pedían el destronamiento del rey, hubiese sido presentada a la Asamblea legislativa. La sección de los Quince-Veinte, en el arrabal San Antonio, dio a la Asamblea hasta el 9 de agosto el último plazo. El Legislativo disolviose ese día sin haberse pronunciado. Durante la noche se tocó a rebato. El arrabal de San Antonio invitó a las secciones parisinas a que enviasen al Ayuntamiento comisarios para que se instalasen al lado de la Comuna legal; después, la instituyeran. Así nació la Comuna rebelde Los arrabales se levantaron, y con los federados marcharon hacia las Tullerías, en donde la guardia nacional se había sublevado. A las ocho aparecieron primero los marselleses. Se los dejó penetrar en los patios del castillo. Los suizos abrieron entonces fuego y los rechazaron. Cuando llegaron a los arrabales, los federados, con su ayuda, volvieron a la ofensiva y entraron al asalto. Hacia las diez, y por orden del rey, los asediados cesaron el fuego.

Desde el comienzo de la insurrección, y a instancia de Roederer, procurador general síndico del departamento, adicto a los girondinos, el rey con su familia había abandonado el castillo para ponerse a salvo en la Asamblea que estaba al lado, en la sala de Manège. Mientras el resultado del combate era dudoso, la Asamblea trató a Luis XVI como rey. Cuando la victoria estaba de parte de los insurrectos pronunció no el destronamiento, sino la supresión del monarca y votó que se convocase una Convenció elegida por sufragio universal, como había propuesto Robespierre.

El Trono había sido derrocado. Pero con él también el partido cisterciense, es decir la nobleza liberal y la alta burguesía, que había contribuido a que estallase la Revolución, y que después intentó, bajo la dirección de La Fayette, primero, después del triunvirato, dirigirla y moderarla. En cuanto al partido girondino, que se había comprometido con la Corte y que se había esforzado por detener la insurrección, no había salido engrandecido con una victoria que no era la suya. Los ciudadanos pasivos, al contrario, artesanos y comerciantes, arrastrados por Robespierre y los futuros montañeses, habían entrado con brillo en la escena política.

La insurrección del 10 de agosto de 1792 fue nacional en el sentido pleno del término. Los federados de los departamentos meridionales y bretones tuvieron un papel preponderante en la preparación y desarrollo de la jornada. Aún más: las barreras sociales y políticas que fragmentaban a la nación caían.

«Una clase particular de ciudadanos, declara la sección parisina del Theâtre-Français el 30 de julio de 1792, no tiene facultad para arrogarse el derecho exclusivo de salvar a la patria».

Llamaba, por tanto, a los ciudadanos, aristocráticamente conocidos bajo el nombre de ciudadanos pasivos, para que sirvieran en la guardia nacional, para que deliberasen en las asambleas generales. En resumen, para que compartiesen el ejercicio de la parte de soberanía que pertenecía a su sección. El 30 de julio, la Asamblea legislativa consagró un estado de hecho cuando decretó la admisión de los pasivos en la guardia nacional.

«Mientras el peligro de la patria está en puertas, declara la sección de la Butte-Moulins, el soberano ha de estar en su puesto: a la cabeza de los ejércitos, a la cabeza de los negocios; ha de estar en todas partes».

Con el sufragio universal y el armamento de los ciudadanos pasivos, esta segunda revolución integró al pueblo en la nación y marcó el advenimiento de la política democrática. Al mismo tiempo se acentuaba el carácter social de la nueva realidad nacional. Después de vanas tentativas, los antiguos partidarios del compromiso con la aristocracia se eliminaron de por sí: Dietrich intentó levantar a Estrasburgo; después huyó el 19 de agosto de 1792. La Fayette, abandonado por sus tropas, se pasó a los austríacos. Pero aún más: la entrada en escena de los desarrapados (sans-culotterie) arrancaba a la nueva realidad nacional una fracción de la burguesía. Las resistencias se afirmaban ya contra esta república democrática y popular que anunciaba la segunda revolución del 10 de agosto.

SEGUNDA PARTE

«EL DESPOTISMO DE LA LIBERTAD».
GOBIERNO REVOLUCIONARIO Y MOVIMIENTO POPULAR
(1792-1795)

¿Había llegado la hora del cuarto estamento? En el conflicto entre la Francia revolucionaria y la aristocracia europea, una parte de la burguesía se dio cuenta de que no podría vencer sin el pueblo: los montañeses se aliaron con los desarrapados. Pero esta intrusión de los desarrapados en la escena política, y por su propia cuenta, pareció una amenaza suprema para los intereses de la alta burguesía, que por boca de Brissot denunció a la hidra de la anarquía. Con el fin de defender su supremacía social y política, la burguesía girondina no dudó en jugar las cartas de la contrarrevolución y de los partidarios del Antiguo Régimen. «Nuestras propiedades están amenazadas», proclamaba Pétion a finales de abril de 1793, insistiendo en la llamada a los propietarios. El 2 de junio la Gironda caía bajo los golpes de los desarrapados de París.

El movimiento popular se extendió. El pueblo llevó a cabo todas las grandes empresas revolucionarias; se levantó para la defensa de las fronteras. Como premio a sus sacrificios, a partir de ahora se propone asegurar su existencia.

«La libertad no es sino un vano fantasma cuando una clase de hombres puede dominar por el hambre a la otra impunemente, decía ‘el frenético’ Jacques Roux, el 25 de junio de 1793, en la tribuna de la Convención. La igualdad no es más que un vano fantasma cuando el rico, por el monopolio, ejerce el derecho de vida y muerte sobre su semejante».

Para que viviesen los desarrapados y asegurar la salvación de la República, los montañeses estructuraron una organización económica, que, por sus medidas —requisas, tasa y nacionalizaciones—, atentaba a los derechos de los poseedores: una verdadera política de clase, impuesta por las circunstancias, pero que correspondía a las necesidades tanto como a las aspiraciones profundas de los desarrapados.

«Decidid, había gritado Jacques Roux a los montañeses. Los desarrapados, con sus picas, harán que se ejecuten vuestros decretos».

La eliminación de los extremistas primero, y después, en la primavera de 1794, la de Hébert y del grupo de franciscanos que habían sabido traducir los deseos confusos de las masas populares, hicieron cada vez más difícil la alianza fraternal de los desarrapados con la burguesía media jacobina que caracterizaba a la República del año II. Los esfuerzos de Robespierre y de Saint-Just («Los desgraciados son los poderes de la tierra») con vistas a una renovación social que vinculase irremediablemente el pueblo a la Revolución fueron inútiles. Tropezaron con la indiferencia de las masas desorientadas, con la hostilidad declarada de la burguesía y con las contradicciones que no estaba en su poder superar. El 9 de termidor, año II (27 de julio de 1794), a la hora del peligro, las agrupaciones populares respondieron mal a la llamada de la Comuna rebelde y robespierrista. «La revolución está congelada», había declarado Saint-Just un poco antes. Al imponer el despotismo de la libertad a los enemigos del nuevo orden, el pueblo había asegurado el triunfo sobre la contrarrevolución aristocrática y la coalición europea. Pero la victoria se le escapó, y los «notables» respiraron.

Todavía muchos meses necesitó la burguesía termidoriana para destruir la República del año II, desmantelar el Gobierno revolucionario, arruinar la economía dirigida y, sobre el fundamento de la libertad económica y del beneficio libre, restaurar el privilegio de la riqueza y de la propiedad. Estupefactos ante la caída de los robespierristas, los desarrapados parisienses, llevaron a cabo con encarnizamiento un combate de retaguardia palmo a palmo durante varios meses aún, y defendieron su derecho a la existencia y su puesto en la nación. Las dramáticas jornadas del prairial, año III (mayo de 1795), marcaron la derrota de los desarrapados, su eliminación de la escena política, el fin de la revolución democrática, que había comenzado, el 10 de agosto de 1792, con el derrocamiento del trono. Con este motivo, los días del prairial, año III, más aún que los del 9 de termidor, año II, fijan el término de la Revolución: el resorte quedó definitivamente roto.

CAPÍTULO I

EL FIN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EL IMPULSO REVOLUCIONARIO Y LA DEFENSA NACIONAL
(agosto-septiembre de 1792)

La Asamblea legislativa había sancionado inmediatamente la victoria popular, votando la suspensión del rey y la convocatoria de una Convención elegida por sufragio universal, encargada de elaborar una nueva Constitución. La comuna rebelde del 10 de agosto llevó a Luis XVI y a su familia al Temple, bajo custodia. La Asamblea nombró un Consejo ejecutivo provisional junto con los antiguos ministros girondinos. Roland, en Ministerio del Interior; Clavière, en el de Contribuciones Públicas; Servan, en el de la Guerra. Figuraban Monge en Marina, Lebrun en Relaciones Exteriores y, en Justicia, Danton.

I

EL PRIMER TERROR

1. La Comuna del 10 de agosto y la Asamblea legislativa

El conflicto de la Comuna y de la Asamblea duró las seis semanas finales del período legislativo del 10 de agosto al 20 de septiembre de 1792. Tuvo, en el transcurso de la Revolución, una importancia capital. Frente al poder legal, representado por la Asamblea, se alzaba un poder revolucionario: la Comuna rebelde del 10 de agosto. El periodista Girey-Dupré, redactor del Patriote français, el periódico de Brissot, se había quejado el 30 de agosto, en una carta a la Asamblea, de haber sido citado ante la Comuna acusándole de usurpación y de dictadura. La Gironda se alzó contra la comuna. A los ataques de Gensonné, de Guadet y de Grangeneuve la Comuna respondió y se justificó por el órgano de Tallien, el 31 de agosto de 1792:

«Todo lo que hemos hecho lo ha sancionado el pueblo… Si nos atacáis, atacad también a ese pueblo que ha hecho la Revolución del 14 de julio, que la ha consolidado el 10 de agosto y que la mantendrá».

La lucha de estos dos poderes duró hasta que se reunió la Convención y la lucha prosiguió después en la oposición de ambos partidos, el girondino y el montañés. Los vencedores del 10 de agosto estaban resueltos a imponer su voluntad. La Asamblea legislativa tuvo que reconocer a la Comuna rebelde, que había conseguido en las elecciones 288 miembros, todos de extracción burguesa pequeña y media. Pero la Asamblea, en donde dominaba la Gironda, partido de la alta burguesía y de la legalidad, rechazaba tradicionalmente las medidas revolucionarias, de las que la Comuna dio el ejemplo y cuya herencia recogía la Montaña.

Danton, en el Consejo ejecutivo, formaba como una especie de vínculo entre los dos poderes: su pasado revolucionario era una garantía para la Comuna, mientras que su actitud desasosegaba en muchos casos a la Asamblea. Nacido en 1759, hijo de un procurador del bailío D’Arcis-sur-Aube, antiguo abogado del Consejo del rey, Danton se había manifestado desde 1789 como demócrata. Su actuación en la sección del Théâtre-Français y en el Club de los franciscanos, le valieron ser elegido en 1791 como miembro del Directorio del departamento; después sustituyó al procurador de la Comuna de París. Comprado, sin duda alguna, por la corte, parece que le hiciera concesiones muy importantes. Aunque su actuación en el 10 de agosto permanece oscurecida, pasó rápidamente a primer plano. Elocuente, con una fantasía popular, sin afectación, realista, sabiendo maniobrar y decidirse con audacia, generoso y con un profundo sentido del goce, fácil a la emoción e incapaz de venganza. Danton encarnó por un momento a la Francia revolucionaria por su patriotismo y su fe en el pueblo. Dominó al Consejo ejecutivo.

El poder se dividió entre tres autoridades bien definidas y que trataban de usurparse el poder unas a otras: la Comuna, la Asamblea y el Consejo ejecutivo. Las medidas revolucionarias que legitimaban las circunstancias de la lucha contra el doble peligro del interior y del exterior fueron aplicándose por turno por las autoridades rivales y según se iban produciendo los acontecimientos: dictadura confusa que no adoptó ninguna forma definida y que no se encarnó ni en una institución, ni en un hombre, ni en un partido, ni en una clase.

En el nuevo estado de cosas era preciso en principio apoderarse de los departamentos y de los ejércitos. La Asamblea, el día mismo del 10 de agosto, delegó doce de sus miembros, tres ante cada uno de los cuatro ejércitos, «con poder para suspender provisionalmente tanto a los generales como a todos los demás oficiales y funcionarios públicos, civiles y militares». El Consejo ejecutivo envió a los departamentos los comisarios elegidos por Danton entre el personal rebelde parisiense. La Comuna creó otros. Esos comisarios actuaron revolucionariamente: arresto de los sospechosos, creación de los comités de vigilancia, depuración de las autoridades. Los departamentos tuvieron que seguir a la capital.

La Comuna reclamaba la creación de un tribunal criminal extraordinario, formado por jueces elegidos por la secciones parisinas, para juzgar los crímenes de contrarrevolución. A pesar de su repugnancia, la Asamblea cedió el 17 de agosto. Ya el 11 de agosto había sido confiada a las municipalidades la misión de investigar los crímenes contra la seguridad del Estado y proceder, en caso necesario, al arresto provisional de los sospechosos. La Asamblea impuso a todos los funcionarios, comprendidos los sacerdotes, el juramento de mantener la libertad y la igualdad. El 26 de agosto decretó que los eclesiásticos conminados al juramento que no lo hubiesen prestado, tendrían que salir, en un plazo de quince días, del reino, bajo la pena de deportación a La Guayana. El 28 de agosto los registros domiciliarios fueron autorizados por la Asamblea, por presión de la Comuna, para buscar las armas que pudiesen tener los ciudadanos sospechosos. Poco a poco se instauraba un régimen de excepción.

2. Las matanzas de septiembre

Las matanzas de septiembre constituían el punto culminante de este primer Terror. El peligro exterior estaba lejos de haberse conjurado. El 26 de agosto supieron en París la toma de Longwy. La invasión progresaba, avivando la fiebre revolucionaria y patriótica. Al mismo tiempo llegaba la noticia de una tentativa de insurrección en Vendée. El enemigo estaba por todas partes.

Mientras la Comuna daba un nuevo énfasis a la defensa nacional, avanzando los trabajos de atrincheramiento más allá de la ciudad, haciendo que se forjasen 30 000 picas, procediendo a nuevos reclutamientos, desarmando a los sospechosos para armar a los voluntarios, los jefes de la Gironda juzgaban la situación militar desesperada y soñaban en abandonar París con el Gobierno. Roland se preparaba a la evacuación del sur del Loira. Danton se opuso: «Roland, guárdate bien de hablar de huida; teme que el pueblo pueda escucharte». Los registros domiciliarios autorizados por la Asamblea comenzaron el 30 de agosto; duraron dos días sin descanso. Tres mil sospechosos fueron detenidos y conducidos a prisión; es cierto que varias de estas detenciones no se mantuvieron. El 2 de septiembre había en nueve casas destinadas a prisión aproximadamente 2800 prisioneros, de los cuales menos de un millar habían entrado después del 10 de agosto.

El 2 de septiembre por la mañana llegó a París la noticia de que Verdún estaba sitiado: Verdún, la última fortaleza entre París y la frontera. Seguidamente, la Comuna lanzó una proclama a los parisinos: «A las armas, ciudadanos, a las armas. El enemigo está a nuestras puertas». Por orden suya sonó el cañón de alarma, se tocó a generala, a rebato, se cerraron las barreras y se convocó a los hombres útiles en el Champ-de-Mars, para formar los batallones de combate. Los miembros de la Comuna se personaron en sus puestos respectivos. «Explicarán con energía a sus conciudadanos los peligros inminentes de la patria, las traiciones de las que nos vemos rodeados o amenazados, el territorio francés invadido…».

La Comuna, una vez más, daba ejemplo de impulso patriótico. En esta atmósfera sobreexcitada por el cañón y el rebato, el temor a la traición aumentó. Los voluntarios se preparaban a partir en masa; se extendía detrás de ellos el rumor de que los sospechosos que estaban en prisión iban a levantarse y tender la mano al enemigo. Marat aconsejó a los voluntarios no abandonar la capital sin haber hecho justicia a los enemigos del pueblo.

En la tarde del 2 de septiembre, los sacerdotes «refractarios» que eran conducidos a la prisión de La Abadía fueron ejecutados por sus guardianes, federados marselleses y bretones. Una banda formada por comerciantes, artesanos federados y guardias nacionales llegó a la prisión de Carmes, donde estaban encerrados gran número de «refractarios»; fueron asesinados. Después les llegó el turno a los prisioneros de La Abadía. El comité de vigilancia de la Comuna intervino entonces; se establecieron tribunales populares. En la mente popular el ejercicio de la justicia era un atributo de la soberanía; el pueblo lo recobraba si era necesario. Un comisario de la Comuna declaraba en la noche del 2 al 3 de septiembre: «El pueblo, al ejercer su venganza, ejerce también la justicia». Durante los días siguientes continuaron las ejecuciones en las otras prisiones: en la Force, en la Conciergerie; después, en el Châtelet, en la Salpêtrière; por último, el 6 de septiembre, en Bicêtre. En resumen, más de 1110 prisioneros fueron ejecutados, de los cuales tres cuartas partes eran presos de derecho común.

Las autoridades dejaron hacer. La Asamblea era impotente. Los girondinos, aterrorizados, se sentían amenazados. Danton, ministro de Justicia, no hizo nada para proteger las prisiones: «Yo me c… en los prisioneros —declaraba a Mme. Roland—. ¡Que se las arreglen como puedan!». En una circular enviada a los departamentos, el comité de seguridad de la Comuna justificaba su actitud e invitaba a la nación entera a que adoptase «esa actitud tan necesaria para la salvación pública», indispensable para retener por el terror «a las legiones de los traidores ocultos en nuestros muros en el momento en que el pueblo va hacia el enemigo».

«Aunque temblando de horror, se la miraba como una acción justa», se decía de las matanzas de septiembre en los Souvenirs d’une femme de peuple. En efecto, para poder apreciar justamente los acontecimientos de septiembre, es preciso situarlos en función de la época y del ambiente en que se desarrollaron. La crisis revolucionaria, al profundizarse, había definido y endurecido al mismo tiempo las nuevas características de la nación. Las matanzas de septiembre y el primer Terror presentaban un aspecto nacional y social muy difícil de diferenciar. La invasión (los prusianos habían penetrado en Francia el 19 de agosto) constituía un poderoso factor de sobreexcitación. Este período, finales de agosto, primeros de septiembre de 1792, que fue sin duda el mayor peligro de la Revolución, fue también el período en que la nación popular se resentía con más fuerza ante el peligro exterior. Pero el miedo nacional se unió al miedo social: miedo por la Revolución, miedo de la contrarrevolución. La causa aristocrática rondaba nuevamente al espíritu de los patriotas. «Era necesario impedir que los enemigos llegasen a la capital —escribe en su Carnet el dragón Marquant— el 12 de septiembre de 1792, después de haber perdido el puesto de la Croix-aux-Bois, en la Argonne; que degollasen a nuestros legisladores; que devolvieran a Luis Capeto su cetro de hierro y a nosotros nuestra cadenas». A medida que crecía el miedo y el odio al invasor crecían al mismo tiempo el miedo y el odio al enemigo interno, los aristócratas y sus partidarios. Odio social, y no sólo entre los desarrapados parisinos.

Taine, que no es sospechoso, precisamente, de benevolencia, hizo un esquema en que plasmaba la cólera tan formidable que desencadenó entre las masas populares, la perspectiva de un restablecimiento del Antiguo Régimen y del feudalismo.

«No se trata de elegir entre el orden y el desorden, sino entre el nuevo régimen y el antiguo, pues detrás de los extranjeros se ve a los emigrados en la frontera. La conmoción es terrible, sobre todo en la capa profunda, que es la que llevaba casi todo el peso del viejo edificio, entre los millones de hombres que vivían penosamente del trabajo de sus brazos…, que, bajo los impuestos, despojados y maltratados desde siglos, subsistían de padres a hijos en la miseria, la opresión y el desprecio. Saben por propia experiencia la diferencia de su condición reciente y de su condición actual. No tienen más que recordar para ver en su imaginación la enormidad de los impuestos reales, eclesiásticos y señoriales… Una cólera formidable que va desde el taller a la cabaña con las canciones nacionales que denuncian la conspiración de los tiranos y llaman al pueblo a las armas».

En ningún otro momento de la Revolución se manifestó con tanta claridad la íntima vinculación del problema nacional y de las realidades sociales. «Deteniendo los progresos de nuestros enemigos, detenemos los de las venganzas populares, que han ido cesando una tras las otras», escribía Azéma en su Rapport del 16 de junio de 1793. Valmy marcó el final del primer Terror. Ya no era la guardia nacional burguesa de la Federación la que pronunciaba la palabra de «¡Viva la nación!», sino un ejército de «sastres y zapateros»: los mismos hombres que habían llevado a cabo las matanzas.

Las consecuencias de este primer Terror y de las jornadas de septiembre acentuaron aún más los efectos del 10 de agosto y del derrocamiento del trono.

En el campo religioso, la Asamblea, desde el 10 de agosto, había votado la aplicación de los decretos vetados por el rey, como el del 27 de mayo de 1792 sobre el internamiento y la deportación de los sacerdotes «refractarios». El 16 de agosto la Comuna prohibía las procesiones y ceremonias exteriores del culto. El 18 de agosto la Asamblea ordenó la disolución de todas las congregaciones que todavía existían; renovó la prohibición que ya había hecho, el 6 de abril de 1792, a los ministros del culto de llevar los hábitos eclesiásticos fuera del ejercicio de sus funciones. El 26 de agosto, la Asamblea dio a los sacerdotes «refractarios» quince días para salir de Francia, bajo la pena de deportación. Estas medidas contra los «refractarios», que privaban a numerosos municipios de sus sacerdotes, llevaron a un estado civil laico, que se confió a las municipalidades el 20 de septiembre de 1792. Esta importante reforma, primera etapa en la vía de separación de la Iglesia y del Estado, no fue inspirada por un pensamiento de neutralidad laica, sino impuesta por el peso de la necesidad y el espíritu de lucha. Recayó tanto en los «refractarios» como en el clero constitucional, a quien pronto se le quitaron las campanas y la plata de las iglesias; después se pusieron a la venta los edificios. El divorcio quedó instituido el 20 de septiembre de 1792. La ruptura de los republicanos con el clero constitucional estaba próxima.

En el dominio social, los impuestos feudales sometidos a amortización quedaron abolidos y sin indemnización el 25 de agosto, a menos que subsistiese el título primitivo que legitimase su percepción. El 14 de agosto se había decidido que los bienes de los emigrados en venta por decreto de 27 de julio se dividirían en pequeños lotes; la participación de los bienes comunales quedó autorizada. Para resolver el problema de las subsistencias, las autoridades locales ponían un impuesto sobre las mercancías de primera necesidad. La Asamblea terminó por autorizar el 9 y el 16 de septiembre a los directorios de distrito que comprobasen el trigo y los cereales, requisándolos para proveer a los mercados. Rehusó, sin embargo, la tasación. La obra social de la Constituyente también sufría los contragolpes de la victoria popular. Poco a poco se llegó a la reglamentación que pedía el pueblo, sostenido por la Comuna, y a la que los girondinos, que representaban los intereses de la burguesía, eran cerradamente hostiles. Así se precisaba el conflicto entre la Gironda y la Montaña.

En el terreno político, el restablecimiento de la monarquía parecía cada vez más difícil, por no decir imposible. El 4 de septiembre, los diputados expresaron el deseo de que la Convención le aboliese; la Asamblea electoral de París dio un mandato imperativo a sus elegidos. En estas condiciones se desarrollaron las elecciones para la Convención. Las asambleas electorales se reunieron a partir del 2 de septiembre. A pesar de la concesión del derecho de voto a los ciudadanos pasivos, las abstenciones fueron numerosas, sin que, por otra parte, se pueda decidir acerca de la hostilidad del conjunto de los abstencionistas. Únicamente los aristócratas y los cistercienses se abstuvieron por prudencia. Los diputados a la Convención fueron nombrados por una minoría decidida a defender las conquistas de la Revolución.

II

LA INVASIÓN DETENIDA: VALMY
(20 de septiembre de 1792)

El primer Terror no fue sólo un motín popular y una medida de Gobierno contra los enemigos del interior; fue también una reacción contra el peligro exterior, y contribuyó a asegurar la victoria. Bajo la influencia de la Comuna y de la Asamblea, la defensa nacional recibió un impulso vigoroso. A partir del 12 de julio de 1792, por medio de una ley, se había decidido que se llamase a 50 000 hombres para completar el ejército en campaña y a 42 nuevos batallones de voluntarios (33 600 hombres). En París la proclama de la patria en peligro se dio el 22 de julio; 15 000 voluntarios parisinos se enrolaron en una semana. En algunos departamentos el entusiasmo fue muy notable. En los departamentos del Este fueron movilizados, desde finales de julio, 40 000 guardias nacionales. Para fomentar los alistamientos, el Consejo general de Puy-de-Dôme enviaba el 7 de septiembre comisarios a cada cantón con la misión de describir a los guardias nacionales reunidos «la triste perspectiva si después de los esfuerzos que ya se habían hecho nos viésemos obligados a caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud». Los comisarios tenían que recordarles «todas las ventajas que esta Revolución nos ha procurado: la supresión de los diezmos, de los derechos feudales…». No se podía subrayar de modo mejor el contenido social de esta guerra revolucionaria. Con diferencia a la de 1791, la leva de voluntarios de 1792 estaba compuesta por pocos burgueses, pues esencialmente eran gentes de oficio, artesanos y cuadrilleros.

Al mismo tiempo se esbozaba el sistema económico, que se repitió en el año II, para armar y equipar los ejércitos. La Comuna de París requisó las armas y los caballos de lujo, las campanas y la plata de las iglesias; creó talleres para los uniformes de las tropas. El Consejo ejecutivo ordenó el 4 de septiembre la requisa y tasa de granos y piensos en beneficio del ejército. Pero el régimen de requisamientos asustaba a la burguesía, vinculada a la libertad económica; se afirmaban las repercusiones sociales de los problemas de la defensa nacional y se dibujaba la línea de escisión entre girondinos y montañeses.

El avance prusiano se definía. El 2 de septiembre Verdún, minado por la contrarrevolución y la traición, capituló después del asesinato por los realistas del comandante patriota de la plaza Beaurepaire, teniente coronel del batallón de voluntarios de Maine-et-Loire. El 8 de septiembre, el ejército enemigo llega a Argonne, pero chocó por todas partes con el ejército francés dirigido por Dumouriez. Un cuerpo de ejército austríaco, el 12 de septiembre, llegó a forzar el desfiladero de la Croix-aux-Bois. Dumouriez se retiró hacia el sur, hacia Sainte-Menehould. El camino de París estaba abierto. Pero el 19 de septiembre, Kellermann, que dirigía el ejército de Metz, tomó contacto con Dumouriez: los franceses tuvieron a partir de entonces la superioridad numérica (50 000 hombres contra 34 000).

Valmy fue menos una batalla que un simple cañoneo. Pero sus consecuencias fueron inmensas. Brunswick pensaba envolver a los franceses con una hábil maniobra; el rey de Prusia, impaciente, le dio orden de atacar inmediatamente. El 20 de septiembre de 1792, después de un violento cañoneo, el ejército prusiano se desplegó hacia mediodía, lo mismo que en una maniobra, delante de las alturas de Valmy ocupadas por Kellermann. El rey de Prusia esperaba una huida desordenada; los desarrapados resistieron y redoblaron el fuego, Kellermann, agitando su sombrero en la punta de su espada, gritó: «¡Viva la nación!». Las tropas, de batallón en batallón, repitieron la consigna revolucionaria: bajo el fuego de las tropas más ordenadas y reputadas de Europa ni un solo hombre retrocedió. La infantería prusiana se detuvo. Brunswick no se atrevió a ordenar el asalto. El cañoneo continuó durante algún tiempo. Hacia la seis de la tarde empezó a diluviar. Los ejércitos durmieron en sus posiciones

El ejército prusiano permanecía intacto. Valmy no constituye una victoria estratégica, sino una victoria moral. El ejército de los desarrapados resistió ante el primer ejército de Europa. La Revolución revelaba su fuerza. A un ejército profesional adiestrado en la disciplina pasiva se oponía victoriosamente el nuevo ejército nacional y popular. Los aliados pensaron que no sería fácil vencer a la Francia revolucionaria. Goethe estaba presente; se ha grabado sobre el monumento en Valmy su frase referida por Eckermann: «Desde hoy y desde este lugar empieza una nueva era en la historia del mundo».

Después de transacciones con Dumouriez y del alto el fuego, el ejército prusiano se batió en retirada, destrozado por una marcha penosa, bajo un suelo empapado por las continuas lluvias, diezmado por una disentería epidémica, hostigado por los campesinos de la Lorena y Champaña, que se levantaban contra los invasores y emigrados. Dumouriez siguió lentamente al ejército prusiano sin querer aprovecharse de sus dificultades para aplastarlo. Esta penosa retirada significaba también una victoria para la República recién proclamada. Verdún fue liberado el 8 de octubre; Longwy, el 22.

El 20 de septiembre de 1792, el mismo día de Valmy, la Asamblea legislativa cedía su puesto a la Convención nacional.

CAPÍTULO II

LA CONVENCIÓN GIRONDINA.
EL FRACASO DE LA BURGUESÍA LIBERAL
(septiembre de 1792-junio de 1793)

La Convención nacional, que tenía por misión dar una nueva constitución a Francia, se reunió por primera vez el 20 de septiembre de 1792 por la tarde, en el momento en que terminaba la batalla de Valmy. Una vez que se hubo constituido y formado su directiva, reemplazó el 21 a la Asamblea legislativa en la sala de Manège. Heredaba una situación llena de peligros interiores y exteriores. La coalición había sido rechazada, pero no vencida; la contrarrevolución detenida, pero no destruida.

La burguesía liberal, que desde el 10 de agosto se había dejado desbordar por el pueblo en la política de defensa nacional y revolucionaria, pero a quien la Gironda arrastraba a nueva asamblea, ¿estaría a la altura de la tarea? La derrota fue fatal para la Gironda. Mientras los ejércitos de la República alcanzaban victorias se mantuvo en el poder. Lo perdió el día en que empezaron los reveses. Así, después de la guerra, ante el desvío de la opinión popular, intentó dominarla de nuevo generalizando el conflicto: maniobra política o realismo revolucionario, la Gironda quiso hacer de Francia la nación liberadora de los pueblos oprimidos. Congregó, de este modo, contra la nación revolucionaria, a todos los intereses de la Europa aristocrática, pero no supo conducir la guerra a la victoria. Las derrotas de marzo de 1793 y los peligros que se derivaron de ella sellaron el destino de la Gironda.

I

LA LUCHA DE PARTIDOS Y EL PROCESO DEL REY
(septiembre de 1792-enero de 1793)

La Convención, en cuanto nueva Asamblea constituyente elegida por sufragio universal, sólo ella representaba a la nación, detentando todos los poderes. La Comuna de París, municipalidad insurrecta, tenía que borrarse ante la representación nacional. Lo comprendió y se reprimió, llegando incluso hasta desautorizar a su comité de vigilancia. La conclusión de la lucha de partidos sólo dependía de la Gironda, que dominaba en la Convención. Los montañeses, en realidad, no se sentían con fuerzas y multiplicaron las proposiciones en los primeros días. Marat anunció en su periódico el 22 de septiembre que seguiría una nueva marcha. Danton intentó un acuerdo con Brissot.

La tregua de partidos tuvo poca duración. Se manifestó en la unanimidad con que se tomaban las decisiones importantes. En el transcurso de la primera reunión, la Convención se mostró unánime en cuanto a desautorizar al mismo tiempo la dictadura y la ley agraria, tranquilizando así a los propietarios y a demócratas.

«No puede haber más Constitución que la aceptada por el pueblo; las personas y las propiedades están bajo la protección de la nación».

La Convención aceptó, asimismo por unanimidad, la abolición de la realeza el 21 de septiembre de 1792; Collot d’Herbois hizo la proposición. Grégoire la apoyó: «Los reyes son en el orden moral lo que los monstruos son en el orden físico; las cortes reales son el taller del crimen, el hogar de la corrupción y el cubil de los tiranos; la historia de los reyes es el martirologio de las naciones». Esa misma tarde se proclamó el decreto en París a la luz de las antorchas. Roland, en una circular a los cuerpos administrativos, escribió: «Señores, si queréis proclamar la República, proclamad la fraternidad; una y otra son lo mismo». Al día siguiente, 22 de septiembre, Billaud-Varenne obtuvo que se fechasen desde ese momento los actos públicos como año I de la República.

En fin, el 25 de septiembre, después de un largo debate, la Convención adoptó también unánimemente la célebre fórmula propuesta por Couthon, diputado de Puy-de-Dôme: «La República francesa es una e indivisible». De este modo rechazaba los proyectos de federalismo que se atribuían a los girondinos. El 16 de diciembre de 1792, completando este decreto, la Convención estableció la pena de muerte contra cualquiera que intentase «romper la unidad de la República francesa o bien desvincular sus partes integrantes para unirlas a un territorio extranjero».

1. Girondinos y montañeses

La ruptura de la tregua no tardó. Fue obra de la Gironda, que, frente a una Montaña todavía poco influyente, conservaba la mayoría con el apoyo del centro. La lucha entre los artesanos del 10 de agosto y los que no habían podido impedirla habría de durar hasta el 2 de junio de 1793, es decir, hasta la exclusión de los girondinos de la Convención y su proscripción. Siguió a este hecho una extrema violencia. Tomando la ofensiva desde el 25 de septiembre de 1792, primero, por medio de Lasource, representante de Tarn («Es preciso que la influencia de París quede reducida, como la de cada uno de los demás departamentos, a una 83a parte»); después, Rebecqui, que representaba a Bouches-du-Rhône («El partido…, cuya intención es establecer la dictadura, es el partido de Robespierre»), la Gironda se esforzó por destruir a los jefes montañeses que más odiaba, los triunviros, Marat, Danton, Robespierre. En vano Danton desautorizó a Marat («No acusemos por causa de algunos individuos exagerados a una diputación en pleno») y apeló a la unión: «Los austríacos contemplaban temblando esta santa armonía». La Gironda, llena de odio obstinose.

Contra Marat, la Gironda mantuvo ese 25 de septiembre de 1792 la acusación de dictadura. L’Ami du peuple contestó aceptando la acusación:

«Creo que soy el primer escritor político, y puede ser que el único en Francia desde la Revolución, que ha propuesto a un tribuno militar, a un dictador, un triunvirato, como único medio de aplastar a los traidores y a los conspiradores».

Marat evocó sus

«tres años de calabozo y los tormentos pasados para salvar a la patria. ¡He aquí el fruto de mis vigilias, de mis trabajos, de mi miseria, de mis sufrimientos, de los peligros que he corrido! ¡Pues bien! Me quedaré entre vosotros haciendo frente a vuestra cólera».

El debate fue corto. La Gironda tuvo que aceptar el decreto propuesto por Couthon sobre la unidad y la indivisibilidad de la República.

Contra Danton, a pesar de estar dispuesto a la conciliación, la Gironda fue más pérfida. El 9 de octubre de 1792 fue reemplazado en el Ministerio de Justicia por el girondino Garat. El 10, como todo ministro saliente de un cargo, Danton tuvo que rendir cuentas: si lo hizo para los gastos extraordinarios, no pudo, sin embargo, justificar el empleo de 200 000 libras pertenecientes a su ministerio para gastos secretos. El 18 de octubre Rebecqui volvió a la carga. Danton se embarulló en sus explicaciones y terminó por reconocer: «Para la mayoría de estos gastos confieso que no tenemos comprobantes muy legales». Nuevo debate el 7 de noviembre. La Gironda actuó encarnizadamente. Por último, la Convención rehusó dar un voto de confianza a Danton, cuya honradez era dudosa. Desde ese momento, y en toda ocasión, la Gironda hostigaba a Danton con el problema de sus cuentas. Salió irritado, políticamente disminuido; su política de conciliación se hizo imposible.

En cuanto a Robespierre, el 25 de octubre de 1792, Louvet, representante del Loiret, le acusó con una violencia inaudita de ambicioso y dictador:

«Robespierre, yo te acuso de haberte presentado siempre como un objeto de idolatría; te acuso de haber tiranizado por todos los medios de intriga y miedo a la asamblea electoral del departamento de París; te acuso, por último, de haber pretendido el supremo poder…».

Adelantándose a la acusación, el 25 de septiembre Robespierre había declarado:

«No me considero un acusado, sino el defensor de la causa del patriotismo… Lejos de ser ambicioso, siempre he combatido a los ambiciosos».

Contestando a Louvet el 5 de noviembre, Robespierre llevó el debate a su verdadero terreno; hizo la apología del 10 de agosto y de la acción revolucionaria:

«Todas estas cosas eran ilegales, tan ilegales como la Revolución, la caída del trono y la Bastilla; tan ilegales como la propia libertad. No se puede querer una revolución sin revolución».

Fue un nuevo golpe para la Gironda. Robespierre salió engrandecido del debate. Apareció como el jefe de la Montaña.

La consecuencia esencial de esos ataques fue enfrentar definitivamente a la Montaña con la Gironda. Produjeron al mismo tiempo la formación de un «tercer partido» entre la Gironda y la Montaña, el «partido de los flemáticos», como lo denominó Camilo Desmoulins en La Tribune des patriotes: «Verdaderos oportunistas que se han colocado entre Brissot y Robespierre, como el abate D’Espagnac, entre la clase alta y la baja». Los diputados independientes llegados de sus departamentos, ya repletos de prevenciones contra la Comuna y la Montaña, se inquietaron por las continuas denuncias de la Gironda, por sus recriminaciones sobre los acontecimientos pasados. Anacharsis Cloots, que había seguido a los girondinos desde hacía tiempo, se separó de ellos con escándalo, publicando un folleto titulado Ni Marat ni Roland, exclusivamente dirigido contra sus antiguos amigos. La formación del «tercer partido» fue cosa hecha a principios de noviembre de 1792. La Gironda no podía por sí sola dominar la Convención, perdiendo el 16 de noviembre la presidencia: ese mismo día fue elegido presidente de la Asamblea un independiente, el obispo constitucional Grégoire.

Habiendo sido nombrada la Convención por una minoría decidida a salvar la Revolución y el país, no se encuentra en ella, y en consecuencia, ningún realista partidario del Antiguo Régimen o de la monarquía constitucional. Los desarrapados, artesanos de las jornadas revolucionarias, partidarios de medidas económicas y sociales que facilitasen la existencia popular, no estuvieron tampoco representados; pero dominaban en todos los sectores parisienses, gracias a lo cual arrastraron en 1793 a la propia Asamblea. No hubo en la Convención partidos organizados, sino más bien tendencias hacia aquellas fronteras imprecisas que seguían dos estados mayores, los girondinos y los montañeses que se oponían entre sí esencialmente por intereses de clase.

La Gironda a la derecha, partido de la legalidad, repugnaba las medidas revolucionarias tomadas por la Comuna de París, llena de montañeses y militantes de sección. Representaba a la burguesía pudiente, comerciante e industrial, que intentaba defender la propiedad y la libertad económica contra las limitaciones que reclamaban los desarrapados. En el terreno político, la Gironda continuaba hostil a todas las medidas de excepción que necesitaba el bienestar público: había desencadenado la guerra, pero rehusaba emplear los medios necesarios para ganarla. Contra la concentración de poder y la subordinación limitada de las administraciones, la Gironda invocaba el apoyo de las autoridades locales, entre las que dominaba la burguesía moderada. En el terreno económico, la Gironda, unida a la burguesía de los negocios, desconfiaba del pueblo, vinculándose apasionadamente a la libertad económica, a la libre empresa y al beneficio libre, hostil a la reglamentación, al impuesto, a la requisición, al curso obligado del asignado, medidas de las que los desarrapados eran, por el contrario, partidarios. Saturados del sentimiento de las jerarquías sociales, que creían salvaguardar y fortalecer, consideraban el derecho de propiedad como un derecho natural intangible, y al estar plenamente de acuerdo con los intereses de la burguesía propietaria los girondinos sentían hacia el pueblo una prevención instintiva, pues le consideraban incapaz de gobernar. Reservaban el monopolio del gobierno para su clase.

La Montaña, a la izquierda, representaba a la burguesía media y a las clases populares, artesanos, comerciantes, consumidores, que padecían la guerra y sus consecuencias, la carestía de vida, el paro y la escasez de salarios. Nacidos de la burguesía, los montañeses comprendieron que la crítica situación de Francia exigía soluciones extraordinarias que no podían ser eficaces más que con el apoyo popular. Así, pues, se aliaron con los desarrapados, que habían derrocado el trono y que se habían educado en la vida política con la insurrección. Su mayor contacto con el pueblo les hacía realistas; preferían, pues, los hechos a las teorías, y sabían anteponer el interés público al interés privado. En beneficio del pueblo, único sostén leal de la Revolución, estaban dispuestos a recurrir a las limitaciones de la propiedad privada y de la libertad individual. La mayoría de los jefes de la Montaña, diputados por París, conocían el importante papel que, tanto en la primera revolución de 1789 como en la segunda del 10 de agosto, desempeñaron las masas populares de la capital. Se rebelaban contra las pretensiones de los girondinos que pretendían, por causa de su miedo a las masas revolucionarias, reducir «tanto París como los demás departamentos a una 83a parte de su influencia». Así lo había solicitado Lasource el 23 de septiembre de 1792.

Brissot escribía en octubre de 1972 su Appel à tous les Républicains de France, sur la société des jacobins de Paris, tachando a jacobinos y montañeses de «anarquistas que dirigen y deshonran a la sociedad de París»:

«Los desorganizadores son aquellos que quieren nivelar todo, las propiedades, el bienestar, los precios de las mercancías, los diversos servicios que pueden prestarse a la sociedad».

Robespierre respondió por adelantado en el primer número de Lettres à ses Commettants el 30 de septiembre de 1792:

«La realeza ha sido aniquilada, la nobleza y el clero han desaparecido, el reino de la igualdad ha comenzado».

Atacaba a los falsos patriotas:

«que no quieren constituir la República más que para sí mismos, que no saben gobernar nada más que en beneficio de los ricos y de los funcionarios públicos…».

Les oponía a los verdaderos patriotas «que intentaran fundar la República sobre los principios de la igualdad y el interés general».

Los jefes montañeses, los jacobinos sobre todo, se esforzaron en dar a la realidad nacional un contenido positivo capaz de reunir a las masas populares. La evolución de Saint-Just fue en este sentido significativa. En L’Esprit de le Révolution et de la Constitution de la France, publicado en 1791, todavía sin haberse desprendido de la influencia de Montesquieu, Saint-Just escribía:

«Donde no existe la ley no existe la patria. Por ello los pueblos que viven bajo el despotismo carecen de ella y posiblemente también desprecien y odien a las demás naciones».

Superando este tema, lugar común del siglo XVIII, de la identidad patria-libertad, Saint-Just, en su discurso sobre las subsistencias, el 29 de noviembre de 1792, identificaba, tampoco con gran originalidad, patria y felicidad: «Un pueblo que no es feliz no tiene patria». Pero va más lejos cuando subraya la necesidad de fundar la República, «sacar al pueblo de un estado de incertidumbre y miseria que le corrompe». Denunciando «la emisión desordenada del signo», es decir, del asignado, «podéis en un instante —dijo a los convencionales— dar (al pueblo francés) una patria», deteniendo las consecuencias ruinosas de la inflación, asegurando al pueblo su subsistencia y vinculando «estrechamente su felicidad y su libertad». Robespierre fue aún más claro el 2 de diciembre de 1792, en su discurso sobre las perturbaciones frumentarias en Eure-et-Loir: subordinando el derecho de propiedad al derecho de existencia, estableció el fundamento teórico de una nación libre respecto de las masas populares.

«Los autores de la teoría no han considerado las cosas más necesarias de la vida sino como una mercancía más; no han hecho diferencia alguna entre el comercio del trigo y el del añil; han hablado más del comercio de granos que de la subsistencia del pueblo… Para muchos han sido más importantes los beneficios de los negociantes o de los propietarios que la vida de los hombres, que apenas significaba nada… El primer derecho es el de existir. La primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todos los demás están subordinados a ella».

Mientras que las necesidades de la guerra y su sentido nacional empujaban a los montañeses hacia los desarrapados, su espíritu de clase les alejaba de los girondinos, más que nunca parapetados en sus contradicciones. La Gironda había declarado la guerra, pero temía que recurrir al pueblo, cosa indispensable para combatir a la aristocracia y a la coalición, terminase comprometiendo la preponderancia de los poseedores. Rehusó hacer ninguna concesión. El 8 de diciembre de 1792, Roland restableció la libertad de comercio de granos, después que Barbaroux denunció a aquellos «que quieren leyes que atentan a la propiedad». El 13 de marzo de 1793, Vergniaud subrayaba aún más claramente los fundamentos de clase de la política girondina denunciando las ideas populares, en cuestiones de libertad y de igualdad. «La igualdad, para el hombre social, no es más que la de sus derechos». Vergniaud continuaba diciendo: «No es la de las fortunas, la de los tributos, la de la fuerza, el espíritu o la actividad de la industria y el trabajo». Era mantener la primacía de la propiedad y de la riqueza. ¿Nostalgia girondina por la organización censataria de la nación?… Al menos desconfianza ante el pueblo.

La rivalidad entre la Gironda y la Montaña revestía el aspecto de un conflicto de clase. Sin duda, la mayoría de los montañeses eran, como los girondinos, de origen burgués. Pero las necesidades de la defensa nacional y revolucionaria les impusieron una política en favor de las masas: política de acuerdo con los principios para algunos; para otros, política de circunstancias. El Terror que la Montaña aceptó y legalizó no fue, según Marx, «más que una forma plebeya de terminar con los enemigos de la burguesía, el absolutismo y el feudalismo». De aquí tenía que venir la salvación de la revolución burguesa. Un problema muy complejo. Primero se trata de precisar la condición social de la burguesía montañesa, alta burguesía con frecuencia, que un hombre como Cambon, el financiero de la Convención, unido a la Montaña, representaba bastante bien. ¿Es una política que hace de la necesidad una virtud? Burgueses intransigentes más bien, rehuyendo todo compromiso y sin dejar a la nación y a su clase otra esperanza que el beneficio de la victoria y que aceptaron las necesidades de esta política. Burgueses intransigentes, puesto que beneficiándose con la Revolución, especialmente con la venta de bienes, y sabiendo que perderían todo si volvía al desquite la aristocracia, pronto, sin embargo, se cansaron de las medidas de limitación y de terror. Así, Danton y los indulgentes. La política de defensa nacional y revolucionaria se impuso desde fuera a la Convención: por los jacobinos y desarrapados. En esta coalición, sobre la que se apoyó el Gobierno revolucionario, fue sin discusión el elemento dirigente la burguesía jacobina media, que Robespierre encarnaba. Constituyó un vínculo necesario entre las fuerzas vivas del pueblo de desarrapados y aquel sector de la burguesía que pretendía llevar la revolución a su fin. Esta posición no dejó de tener sus contradicciones. En una gran parte da idea del proceso final de la política robespierrista. Provenía de la situación social de esta burguesía jacobina media, que simbolizaba bastante bien el carpintero Duplay, huésped de Robespierre, buen jacobino si los había. Si pertenecía por sus orígenes al mundo del trabajo, por los alquileres de sus casas no percibía menos de diez a doce mil libras de renta. Duplay era en realidad un empresario de carpintería con una situación bien saneada; encarnaba la ambigüedad jacobina.

El centro de la Convención, por último, estaba formado por una masa flotante de republicanos sinceros, resueltos a defender la Revolución, la llanura o los pantanos. Representantes de la burguesía, partidarios de la libertad económica, esos hombres, en el fondo de sí mismos, despreciaban a las clases populares. Pero republicanos sinceros, les parecía imposible, mientras la Revolución estuviese en peligro, romper con el pueblo protagonista del 14 de julio y del 10 de agosto. Aceptaron, finalmente, las medidas que reclamaban, pero a título temporal y hasta la victoria. Se inclinaron en principio por la Gironda: su actitud de odio y su incapacidad para evitar los peligros les separaron. Algunos se unieron a la Montaña y a su política de beneficio público: como Barère, Cambon, Carnot y Lindet. La masa formó ese tercer partido, cuyos contornos se precisaron en noviembre de 1792 y que, por último, aceptó la dirección de la Montaña, la única eficaz para asegurar la salvación de la Revolución.

2. El proceso de Luis XVI (noviembre de 1792-enero de 1793)

Las divisiones de la Convención fueron aún mayores a causa del proceso de Luis XVI, que hizo que la lucha fuese implacable entre la Gironda y la Montaña.

El proceso de acusación del rey tardó mucho tiempo. La Gironda no demostraba prisa alguna. Su deseo secreto era dar largas al proceso. «Si le juzgan está muerto», decía Danton. La Convención estaba obligada a declararlo culpable, so pena de condenar la jornada del 10 de agosto. Detenido el 16 de octubre de 1792, el Comité legislativo estudió detenidamente el procedimiento a seguir para el juicio. El 7 de noviembre, Mailhe presentaba un informe completo que terminaba diciendo que Luis XVI podía ser juzgado por la Convención. Se abrió el debate sobre este informe. Mientras que los jefes de la Gironda evitaban comprometerse, Saint-Just situó el debate en el terreno político, en su discurso del 13 de noviembre:

«Los mismos hombres que van a juzgar a Luis XVI tienen una república que fundar: quienes den alguna importancia al castigo justo de un rey no fundarán jamás una república… Para mi no hay término medio: este hombre debe reinar o morir… No se puede reinar inocentemente; la locura es demasiado evidente. Todo rey es un rebelde y un usurpador».

Luis XVI no es un ciudadano ordinario, sino un enemigo, un extranjero. La Convención ha de juzgarle mejor que combatirle.

«Es el asesino de la Bastilla, de Nancy, del Champ-de-Mars, de Tournay, de las Tullerías. ¿Qué enemigo, qué extranjero os ha hecho más daño?».

Descubierto el 20 de noviembre de 1792 el armario de hierro, cajón secreto oculto en un muro del castillo por orden de Luis XVI, los documentos que contenía atestiguaban las relaciones secretas del rey con el enemigo. Fue imposible el aplazamiento del proceso. El 3 de diciembre Robespierre volvió sobre la tesis de Saint-Just.

«El rey no es acusado; no sois jueces. No tenéis que dar ninguna sentencia en pro o en contra de un hombre, sino tomar una medida de salud pública, ejercer un acto para el bien nacional».

La condena del rey no podía sino afirmar a la República que nacía.

«Proponer llevar a cabo el proceso de Luis XVI de cualquier manera que sea es retroceder hacia el despotismo real y constitucional; es una idea contrarrevolucionaria, pues es colocar a la propia Revolución en litigio».

A pesar de las maniobras de la Gironda, la Convención nombró el 6 de diciembre de 1792 a una comisión encargada de preparar «el acta que denunciase los crímenes de Luis Capeto».

El proceso del rey empezó el 11 de diciembre de 1792 con la lectura del acta de acusación preparada por Lindet, una especie de historia en la que se sacaba a luz la duplicidad del Luis XVI en cualquiera de los momentos críticos de la Revolución. El 6 de diciembre, De Sèze, abogado del rey, dio lectura a una defensa elegante y concienzuda, sosteniendo la tesis de la inviolabilidad real, proclamada por la Constitución de 1791. Los girondinos, que no habían podido impedir el proceso, intentaron un nuevo procedimiento para salvar al rey: pidieron que se recurriese al pueblo. Vergniaud alegó que se había concedido al rey la inviolabilidad por la Constitución de 1791. Sólo el pueblo podía retirar a Luis XVI esa inviolabilidad, era olvidar el carácter censatario de la Constitución. Robespierre replicó el 28 de diciembre de 1792: denunció el peligro que sería para el país que se recurriese al pueblo y que se convocasen asambleas primarias. Sería «conmover inútilmente a la República». Robespierre continuó su argumentación a principios de enero de 1793, en la Lettre à ses Commettants, «sobre la soberanía del pueblo y el sistema de apelación en el juicio de Luis Capeto».

«El pueblo ya se ha pronunciado dos veces respecto a Luis: 1.º, cuando tomó las armas para destronarlo, para echarlo; 2.º, cuando os impuso el sagrado deber de condenarlo de una manera espectacular para la salvación de la patria y ejemplo del mundo… Exponer al Estado a esos peligros, en el momento crítico en que ha de nacer un Gobierno estando tan próximos los enemigos aliados contra nosotros, ¿qué es sino querer llevarnos de nuevo a la realeza por medio de la anarquía y la discordia?».

El juicio del rey fue sometido a deliberación el 14 de enero de 1793. Ese día la Convención estableció las tres preguntas a las cuales habían de responder los diputados.

«Luis Capeto, ¿es culpable de conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad nacional? ¿Se recurrirá a la nación sobre la sentencia dictada? ¿Cuál será la pena impuesta a Luis?».

La culpabilidad fue pronunciada por voto unánime, salvo algunas abstenciones. El que se recurriese al pueblo fue rechazado por 426 votos contra 278. La Gironda quedó derrotada. La pena de muerte fue pronunciada por 387 diputados contra 334 en el curso de un escrutinio interminable por apelación nominal, que empezó el 16 de enero por la tarde y no se terminó hasta pasadas veinticuatro horas: 26 diputados votaron por la muerte con indulto. El 18 de enero se votó sobre el indulto; fue rechazado por 380 votos contra 310. Contra los girondinos, Barère alegó que el sobreseimiento prolongaría las disensiones interiores y debilitaría a la Revolución ante el enemigo exterior.

La ejecución del rey, el 21 de enero de 1793, causó una profunda impresión en el país y llenó a Europa de estupor. Tuvo lugar ese 21 de enero, a las once, en la plaza de la Revolución, en medio de un gran despliegue de fuerzas y de una gran concurrencia de gente. La víspera, el antiguo guardia de corps Pâris, había asesinado a un representante del pueblo, Lepeletier de Saint-Faugeau: un acto de desesperación aislado e impotente que no hizo sino confirmar a la mayoría de la Convención en su política, dando a la Revolución su primer «mártir de la libertad».

La muerte del rey hería a la realeza en su prestigio tradicional y casi religioso: Luis XVI había sido ejecutado como un hombre ordinario. La monarquía estaba constituida por derecho divino. La Convención había quemado las naves detrás de ella. Europa desencadenó una guerra implacable contra los regicidas. El conflicto entre la Francia revolucionaria y la Europa del Antiguo Régimen, entre los girondinos que habían intentado todo para salvar al rey, y los montañeses llegó al paroxismo.

La ejecución de Luis XVI hacía imposible la política de espera que había llevado hasta entonces la Gironda. Mientras se desarrollaba el proceso no había cesado de aducir como argumento la política extranjera. «En nuestros debates —había declarado Brissot— no tenemos bastante en cuenta a Europa». A lo que Robespierre replicó el 28 de diciembre de 1792: «La victoria decidirá si sois rebeldes o benefactores de la Humanidad». Los girondinos intentaron encarnizadamente salvar al rey, creyendo que así disminuían el conflicto con Europa. De este modo, conscientes o no, se inclinaban hacia un compromiso con la aristocracia: actitud inconsecuente por parte de hombres que en noviembre habían predicado la guerra de propaganda. Con la muerte del rey, la Montaña no dejaba a la nación otra salida que la victoria.

«Ya nos hemos lanzado, escribía Lebas, diputado del Pas-de-Calais, el 20 de enero de 1793, los caminos se han cerrado tras de nosotros; hay que continuar, guste o no guste, y es precisamente ahora cuando podemos decir: vivir libres o morir».

II

LA GUERRA Y LA PRIMERA COALICIÓN
(septiembre de 1792-marzo de 1793)

Algunas semanas después de Valmy, la victoria llevó los ejércitos de la República a los Alpes y al Rhin. Entonces fue cuando se planteó la suerte de los países ocupados. ¿Habían sido liberados? ¿Eran países conquistados? La lógica de la guerra y las necesidades de la política transformaron en seguida la liberación en conquista.

1. De la propaganda a la anexión (septiembre de 1792-enero de 1793)

La conquista de la orilla izquierda del Rhin, de Saboya y de Niza impuso a la Convención problemas que hicieron que dudase algún tiempo en resolver.

El 29 de septiembre de 1792, el ejército del Var, bajo las órdenes de Anselme, había entrado en Niza. Montesquieu también había liberado a Saboya en medio de un gran entusiasmo popular. «El pueblo de las aldeas —escribía a la Convención el 25 de septiembre—, el de las ciudades, corren a nuestro encuentro. La escarapela tricolor se enarbolaba por doquier».

En el Rhin, Custine se apoderaba de Spire el 25 de septiembre; de Worms, el 5 de octubre; de Maguncia, el 21; de Francfort, dos días mas tarde.

Bélgica había sido conquistada al mismo tiempo. Después de Valmy, los austríacos tuvieron que levantar el asedio de Lille el 5 de octubre. El 27, Dumouriez entraba en Bélgica; De Valenciennes estaba sobre Mons con 40 000 hombres, el mejor ejército francés, formado principalmente por tropas de combate. El 6 de noviembre de 1792 atacaba ante Mons, en torno al pueblo de Jemappes, que se tomó al asalto. Los austríacos, derrotados, se retiraron. El 14 de noviembre evacuaron Bruselas; Amberes, el 30. En un mes fueron echados de Bélgica hasta el Roër; Jemappes causó una profunda impresión en Europa. Valmy no fue más que un simple empeño. Jemappes era la primera gran batalla que se había dado y que habían ganado los ejércitos de la República.

La guerra de propaganda que desafió a Europa monárquica fue proclamada en noviembre. Nicenses, saboyanos y renanos pedían, en efecto, su anexión a Francia. La Convención dudó. El 28 de septiembre de 1792 oyó la lectura de una carta de Montesquieu; los saboyanos pedían que les dejasen formar el departamento número 34. «Tememos parecernos a los reyes al encadenar la Saboya a la República», dijo Camilo Desmoulins. Delacroix interrumpió: «¿Quién pagará los gastos de la guerra?». Los propios girondinos estaban divididos. Anselme había municipalizado el condado de Niza. Lasource le vituperó en su informe del 24 de octubre: «¡Dictar leyes es conquistar!». Pero un partido poderoso empujaba a la acción, formado por numerosos refugiados extranjeros, particularmente activos en los franciscanos: renanos, belgas, liegenses y holandeses, suizos y ginebrinos del club helvético, saboyanos del club y de la legión de los Allobroges. Era un grupo muy mezclado, en que se señalaron Anacharsis Cloots, súbdito prusiano, y diputado por l’Oise en la Convención, «el orador del género humano»; el banquero ginebrino Clavière, el banquero holandés De Kock, el banquero belga Proli, a quien se suponía bastardo del canciller austríaco Kaunitz.

El 19 de noviembre de 1792 la Convención adoptó con entusiasmo el famoso decreto:

«La Convención nacional declara en nombre de la nación francesa que concederá fraternidad y socorro a todos aquellos pueblos que quieran su libertad y encarga al poder ejecutivo que dé a los generales las órdenes necesarias para socorrer a esos pueblos y defender a los ciudadanos que hubieran sido vejados o que pudieran serlo por causa de la libertad».

La asamblea tendía a que se creasen repúblicas hermanas independientes. Brissot, entonces presidente del Comité diplomático, proyectó el 21 de noviembre un cinturón de repúblicas. El 26 escribía una carta al ministro Servan: «Nuestra libertad no estará nunca tranquila mientras quede un Borbón sobre el trono. Ninguna paz con los Borbones». Y más adelante: «No podremos estar tranquilos más que cuando Europa, toda Europa, esté en llamas». Grégoire anunciaba una Europa sin fortalezas ni fronteras. La nación emancipada se instruía protectora de los pueblos oprimidos.

La guerra de anexión salió, naturalmente, de la guerra de propaganda. Llamando a los pueblos a la Revolución, la Convención se comprometía a protegerlos. ¿Qué protección mejor que la anexión? Aquí se mezclaban consideraciones múltiples. Primero, de gran política: la guerra y la propaganda despertaban las ambiciones nacionales, los ejércitos franceses campaban por los Alpes y el Rhin, la conquista de las fronteras naturales parecía el fin que les había sido asignado. «La República francesa —según Brissot— no ha de tener por límites más que el Rhin». Y el 26 de noviembre agregaba:

«Si hacemos retroceder nuestras barreras hasta el Rhin, si los Pirineos no separan más que a pueblos libres, nuestra libertad ha sido lograda».

Propaganda y anexión estaban vinculadas indisolublemente. Intervenían consideraciones más concretas. La guerra costaba cara. ¿Cómo hacer para que las tropas viviesen en país ocupado? Anselme en Niza, Montesquiou en Saboya y Dumouriez en Bélgica, se esforzaban por pedir lo menos posible a las poblaciones, mientras que Custine, en Renania, vivía con su ejército sobre el país. Hasta noviembre de 1792 la Convención evitó intervenir. El 10 de diciembre, Cambon, representante de L’Hérault, miembro del Comité de Finanzas, expuso el problema con toda brusquedad:

«Cuanto más avanzamos en el país enemigo, tanto más ruinosa es la guerra, sobre todo con nuestros principios de filosofía y generosidad. Se repite sin cesar que llevamos la libertad a nuestros vecinos, ¡También les llevamos nuestro numerario, nuestros víveres, y no quieren nada con nuestros asignados!».

Las dificultades de la política de propaganda, las necesidades de la guerra precipitaron la evolución. Saboya abolía el Antiguo Régimen y pedía la anexión, pero en Bélgica, en Renania, la mayoría de la población mostraría un menor entusiasmo. Finalmente, las consideraciones de carácter financiero fueron las que prevalecieron.

El decreto de 15 de diciembre de 1792, a petición de Cambon, instituyó la administración revolucionaria en los países conquistados. Los bienes del clero y de los enemigos del Nuevo Régimen eran secuestrados para servir como prenda del asignado; los diezmos y los derechos feudales serían abolidos; los antiguos impuestos, reemplazados por los impuestos revolucionarios sobre los ricos; las nuevas administraciones serían elegidas por sólo aquellos que hubiesen prestado juramento a la libertad. «¡Guerra a los castillos! ¡Paz a las cabañas!». Según Cambon en su informe: «Todo lo que es privilegio, todo lo que es tiranía, ha de considerarse como enemigo en el país en donde entremos».

Los pueblos conquistados tenían que aceptar la dictadura revolucionaria de Francia. La aplicación del decreto de 15 de diciembre suponía el empleo de la fuerza. Esta política trajo consigo una desafección rápida, salvo una minoría revolucionaria decidida. Así, en Bélgica, confiscando los bienes de la Iglesia sin miramiento, la Convención se enajenó un sector de la población.

La anexión fue la única política posible para evitar la contrarrevolución en los países ocupados. Ya el 27 de noviembre de 1792, según el informe de Grégoire, la Convención decretó la anexión de la Saboya por un voto unánime, menos uno; el informador había invocado la soberanía popular (el 22 de octubre la Asamblea nacional de Allobroges reunida en Chambéry, después de haber abolido el Antiguo Régimen, había expresado el deseo de unirse a Francia), la geografía, el interés común de Saboya y de Francia. Niza uniose por decreto de 31 de enero de 1793. Ese día Danton reclamó la anexión de Bélgica y formuló con toda claridad la política de las fronteras naturales:

«Yo digo que es vano que se tema conceder demasiada extensión a la República. Sus límites están determinados por la Naturaleza. Los alcanzaremos en los cuatro rincones del horizonte: por el lado del Rhin, de los Alpes, del océano. Ahí es donde han de terminar los límites de nuestra República».

En Bélgica la unión con Francia se votó ciudad por ciudad, provincia por provincia, durante todo el mes de marzo de 1793. En Renania se reunió una asamblea en Maguncia el 17 de marzo aprobando la anexión, que la Convención ratificó inmediatamente. El 23 de marzo, por último, el antiguo obispado de Bâle, transformado en departamento del Mont-Terrible, fue anexionado a su vez.

En esta fecha la alianza se constituyó, la guerra se generalizaba y las dificultades empiezan a surgir. Según el curso que seguían los acontecimientos, la suerte de la Gironda y de su política se vinculó indisolublemente a la de los ejércitos de la República.

2. La formación de la primera coalición (febrero-marzo de 1793)

La propaganda revolucionaria y la conquista francesa amenazaban los países de los Estados monárquicos. Estos respondieron organizando contra la acción revolucionaria una coalición general.

La ruptura con Inglaterra fue la primera que surgió. Después de la conquista de Bélgica, el gobierno inglés, dirigido por Pitt, empezó poco a poco a desviarse de la política de neutralidad. El 16 de noviembre de 1792, el Consejo ejecutivo francés proclamó la libertad de las bocas del Escalda sin preocuparse del Tratado de Munster, que las había cerrado; nuevo apoyo para los partidarios de la guerra en Inglaterra. El decreto prometía ayuda y socorro a los pueblos rebeldes y esto terminó por levantar a los dirigentes ingleses. Pitt multiplicó las medidas hostiles. Con la noticia de la ejecución de Luis XVI la corte de Londres se puso de luto; el embajador Chauvelin recibió la orden de abandonar el país el 24 de enero de 1793. El 1ro de febrero, según el informe de Brissot, la Convención declaró la guerra a la vez a Inglaterra y a Holanda. El conflicto se debía en buena parte al perjuicio de los intereses económicos. La ciudad de Londres, de la que Pitt era el intérprete, no podía soportar que Amberes estuviese en manos de los franceses. La Convención, por otra parte, vio en la guerra con Holanda un medio de lograr una operación financiera fructuosa, poniendo sus manos en la Banca de Amsterdam. Sobre todo la rivalidad comercial, marítima y colonial de Francia e Inglaterra se había exacerbado a finales del Antiguo Régimen. Tanto los dirigentes de la economía como de la política temían la competencia inglesa para Francia. Por el transporte de las mercancías al otro lado del mar Francia tenía que tributar a la marina inglesa; el Comité de comercio de la Convención lo hacía constar en su informe de 2 de julio de 1793. La lucha que se preparaba entre Francia e Inglaterra no era una guerra de monarca a monarca, sino, en muchos aspectos, de nación a nación, por lograr la supremacía, a la vez, política y económica.

La guerra general no tardó en producirse. La ejecución del rey no había sido más que un pretexto para Inglaterra; constituía una razón más seria en la guerra con España, donde el sentimiento monárquico estaba vivo. Después del 21 de enero, el primer ministro, Godoy, rehusó recibir a Bourgoing, encargado de Asuntos Franceses, que abandonó Madrid el 22 de febrero. El 7 de marzo la Convención votó por aclamación la guerra contra España. «Un enemigo más para Francia —decía Barère— es un triunfo más para la libertad». La ruptura con los soberanos italianos surgió inmediatamente; con el Papa, cuando un agente diplomático francés, Bassville, fue asesinado el 13 de enero en una revuelta promovida por el clero; después, con Nápoles, con la Toscana y, por último, con Venecia. Con excepción de Suiza y de los Estados escandinavos, Francia se encontraba en guerra con Europa entera. «Son todos los tiranos de Europa —proclamaba Brissot— a los que tenéis que combatir tanto por tierra como por mar».

La mayoría de los Estados europeos en guerra con Francia no estaban unidos: fue Inglaterra quien formó la coalición uniéndose sucesivamente a todos los beligerantes por medio de una serie de tratados, de marzo a septiembre de 1793. Así se constituyó, poco a poco, la primera coalición, de la cual Inglaterra fue el alma.

La Revolución no podía contar más que con ella misma. Así, pues, la Gironda no había preparado la guerra. Los éxitos de los coligados determinaron su destino.

III

LA CRISIS DE LA REVOLUCIÓN
(marzo de 1793)

Apenas la Francia revolucionaria había declarado la guerra a la Europa monárquica, cuando se encontró con un peligro mortal: la coalición extranjera y la derrota militar, la contrarrevolución aristocrática y la guerra civil, la crisis económica y el impulso popular. Todo ello conjugó sus esfuerzos, llevando la crisis a su paroxismo y haciendo inexorable la lucha entre girondinos y montañeses.

1. Carestía de vida e impulso popular

La crisis económica y social constituye el primer aspecto de esta crisis general de la Revolución, donde casi zozobró la República en la primavera de 1793. Persistía desde el comienzo de la Convención, agravada por la política puramente negativa de la Gironda, que no había hecho sino defender los privilegios de las clases pudientes. La Gironda había contado con la explotación de los países conquistados para resolver la crisis económica. Su cálculo fue equivocado.

La crisis financiera empeoraba con la continua emisión de nuevos asignados, llevando consigo un aumento rápido del coste de la vida. Saint-Just, en su discurso de 29 de noviembre de 1792, había aconsejado que se detuviesen las emisiones y que se saneasen las finanzas, único remedio para la carestía: «El vicio de nuestra economía es el exceso de signo (entendamos del asignado). Hemos de comprometernos a no aumentarlo para que la depreciación no aumente. Hay que imponer la menor cantidad posible de moneda. Pero para lograrlo hay que disminuir las cargas del Tesoro público, bien dando tierras a nuestros acreedores, bien por la deuda pública, pero sin crear signo alguno».

Saint-Just no fue escuchado. Cambon, que dirigía el Comité de Finanzas, prosiguió la política de inflación. A principios de octubre de 1792, la masa de asignados en circulación ascendía a cerca de dos mil millones: Cambon decretó el 17 de octubre una nueva emisión de 2400 millones. La baja del asignado continuó, agravada por la muerte del rey y la guerra general. A principios de enero valía todavía del 60 al 65 por 100 su valor nominal; bajó en febrero a un 50 por 100.

La crisis de subsistencias se agravaba, como es lógico. Los asalariados ganaban por término medio 20 céntimos por día en el campo y 40 céntimos en París.

El pan costaba en ciertos lugares ocho céntimos la libra; las demás mercancías, especialmente los productos coloniales, tenían aumentos parecidos. El pan no sólo era caro, sino que estaba escaso. La cosecha de 1792 había sido buena, pero el trigo no circulaba. Saint-Just, en su discurso del 29 de noviembre, había desmontado el mecanismo de este hambre ficticia: «El labrador, que no quiere meter papel en su capital, vende de mala gana sus granos. En cualquier otro comercio hay que vender para vivir de estos beneficios. El labrador, al contrario, no compra nada; sus necesidades no están en el comercio. Esta clase estaba acostumbrada a guardar todos los años en especies una parte del producto de la tierra. Hoy prefiere conservar sus granos en lugar de amasar papel». Las grandes ciudades carecen de pan. Los propietarios y los granjeros no tenían ninguna prisa para llevar sus granos al mercado y cambiarlos por papel-moneda desvalorizado.

La reglamentación que se había establecido durante el verano en favor del primer Terror hubiera permitido, sin duda alguna, vencer la mala voluntad de los productores, imponiendo el recuento de granos y autorizando su requisamiento. El ministro del Interior, y responsable de la economía Roland, partidario de la ortodoxia liberal más estricta, nada había hecho para aplicar esta legislación de circunstancias, sino todo lo contrario. El 8 de diciembre de 1792, la Convención anulaba la reglamentación del mes de septiembre y proclamaba de nuevo «la libertad más completa» del comercio de granos y harinas. La exportación, sin embargo, quedaba prohibida. Estaba prevista la pena de muerte para todos aquellos que se opusieran a que circulasen las subsistencias o que dirigiesen los tumultos. En resumen, los granos no circulaban ya, el precio variaba de una región a otra. En octubre de 1792, las 8 pintas valían 25 libras en L’Aube, 34 en Haute-Marne, 47 en Loir-et-Cher. El pan no costaba más que tres céntimos la libra en París; la Comuna lo había tasado como gastos a expensas del contribuyente. Roland no cesaba de denunciar esta prodigalidad. La Gironda decía que la competencia libre constituye un remedio universal y permanecía insensible a los padecimientos de las clases populares.

La crisis social se agudizó. A partir del otoño de 1792 desórdenes graves se fueron produciendo en los campos y en las ciudades. En Lyon, los trabajadores de la seda («canuts») estaban en paro por causa de la mala venta de las sedas; los comisarios de la Convención reforzaron la gendarmería y procedieron a hacer arrestos. En Orleáns las casas fueron saqueadas. Se produjeron desórdenes en octubre en Versalles, Rambouillet y Etampes. Los motines trigueros se generalizaron en noviembre en todo Beauce y en los departamentos limítrofes. Iban a los mercados grupos de tasadores. El 28 de noviembre había 3000 en Vendôme; el 29, 6000, armados, en el gran mercado de Courville, en Eure-et-Loir. Llevaban en el sombrero una rama de encina y se reunían al grito de «¡Viva la nación! ¡El trigo va a bajar!». La Gironda afirmó su política de clases; el orden quedó enérgicamente restablecido en Beauce.

En París, la Comuna y las secciones habían reclamado en vano la tasa el 29 de noviembre de 1792. Esta reivindicación había sido impulsada por los agitadores populares y los militantes de las secciones. El abate Jacques Roux, de la sección de Gravillers, pronunció un violento discurso el 1 de diciembre «sobre el juicio del último Luis, la persecución de los estraperlistas, los acaparadores y los traidores». En la sección de los Derechos del Hombre, un empleado de Correos de alguna importancia, Varlet, reclamó desde el 6 de agosto de 1792 el curso forzoso del asignado y las medidas apropiadas contra el acaparamiento. Llevaba a cabo su propaganda en las plazas públicas desde lo alto de una tribuna móvil. En Lyon, Chalier y Leclerc; en Orleáns, Taboureau, propagaban las mismas consignas: tasa de las subsistencias, requisición de los granos, reglamentación de la panadería, socorro para los indigentes y las familias de los voluntarios. La propaganda de esos militantes, los radicales, hizo muchos progresos entre las secciones parisinas. El aumento de la crisis económica trabajaba a su favor. El 12 de febrero de 1793 se presentó ante la Convención una diputación compuesta por cuarenta y ocho secciones de París:

«No es suficiente haber declarado que somos republicanos franceses; es preciso, además, que el pueblo sea dichoso, que tenga pan, pues donde no hay pan no hay leyes, ni libertad, ni República».

Los peticionarios denunciaban «la libertad absoluta del comercio de granos» y reclamaban la tasa. El propio Marat estimó esta petición como una baja intriga… El 25 de febrero estallaron los desórdenes en el barrio de los Lombardos, centro del comercio de las mercancías coloniales. Se generalizaron y se continuaron los días siguientes. Los amotinados, las mujeres primero, después los hombres, hacían que se les entregase a la fuerza, a un precio por ellos marcado, azúcar, jabón y velas.

«Los tenderos, dirá Jacques Roux, no han hecho más que restituir al pueblo lo que le habían hecho pagar demasiado caro desde hacía tiempo».

Pero tanto Robespierre como Marat denunciaron en esto «una trama urdida contra los propios patriotas». El pueblo tenía algo mejor que hacer que rebelarse por unas miserables mercancías. «El pueblo ha de rebelarse no para obtener azúcar, sino para derribar a los ladrones».

Si los radicales habían fracasado en su intento de imponer la tasa, sin embargo, habían planteado el problema. Los montañeses reaccionaron como los girondinos. Pero la crisis política, al agravarse, obligó a la Montaña para luchar contra la Gironda y salvar al país, a hacer concesiones al programa popular. El 26 de marzo de 1793, Jeanbon Saint-André escribía a Barère:

«Es imperioso hacer vivir al pobre si queréis que os ayude a llevar a cabo la Revolución. En casos excepcionales, sólo hay que tener en cuenta la gran ley de la salvación pública».

La carestía de vida aceleró el fracaso de la Gironda.

2. La derrota y la traición de Dumouriez

En marzo de 1793, cuando el peligro se cernía sobre las fronteras, se agravó la crisis política y el duelo Gironda-Montaña se recrudeció.

Los ejércitos republicanos habían perdido sobre el enemigo la ventaja del número a principios del año de 1793. Mal vestidos, mal alimentados, por causa de los robos de los proveedores, a quienes protegía Dumouriez, muchos de los voluntarios, haciendo uso del derecho que les daba la ley, volvieron a sus hogares después de una de las campañas. En febrero de 1793 los ejércitos franceses no contaban más que con 228 000 hombres de los 400 000 que tenían en diciembre de 1792. Una de las grandes debilidades del ejército consistía en la yuxtaposición de regimientos regulares y de batallones de voluntarios, con organización y estatuto distintos. Los voluntarios, vestidos con trajes azules, los azulitos, elegían a sus oficiales y recibían un sueldo más elevado. Estaban sometidos a una disciplina menos estricta y su compromiso era sólo para una campaña. Los soldados regulares vestidos de blanco, los blancos («les culs blancs»), que habían suscrito un compromiso a largo plazo, estaban constreñidos por una disciplina pesada. Los jefes les eran impuestos. Los alborotos eran frecuentes, así como la envidia y el desprecio hacia los voluntarios.

La ley de la amalgama de 21 de febrero de 1793 hizo que cesase la dualidad del ejército, uniéndolo en un solo sistema nacional. La operación fue propuesta por Dubois-Crancé en su informe a la Convención de 7 de febrero: se reunirían dos batallones con un batallón de línea para formar media brigada. Los voluntarios comunicarían a los regulares su impulso y su civismo. En compensación estos les enseñarían la experiencia, el oficio, la disciplina. Los soldados elegirían sus oficiales, reservando sólo por antigüedad un tercio de los existentes. El 12 de febrero Saint-Just sostuvo con energía el proyecto de Dubois-Crancé:

«No es sólo del número y de la disciplina de los soldados de donde habéis de esperar la victoria: no la obtendréis más que en virtud de los progresos que el espíritu republicano haya hecho en el ejército».

Y más adelante:

«La unidad de la República exige la unidad en el ejército; la patria no tiene más que un corazón».

La «amalgama» se votó a pesar de la oposición de los girondinos. Las necesidades militares aplazaron, no obstante, su aplicación hasta el invierno de 1793-1794; pero a partir de la primavera de 1793, los uniformes, la soldada, los reglamentos quedaron uniformados. Los regulares quedaron asimilados a los voluntarios.

La leva de 300 000 hombres decretada el 24 de febrero de 1793 dio una solución a la crisis de los efectivos. La Convención intentó en balde retener a los voluntarios exaltando su patriotismo: «Ciudadanos, soldados: la ley os permite retiraros; el grito de la patria os lo prohíbe». En nombre del Comité de Defensa General, Dubois-Crancé presentó el 25 de enero de 1793 un extenso informe en que la discusión finalizaba el 21 de febrero en proyecto completado y pormenorizado por el decreto del 24. La Convención ordenaba una leva de 300 000 hombres a repartir entre los departamentos. En principio se mantenían los compromisos voluntarios en el caso de que estos fuesen insuficientes.

«Los ciudadanos se verán obligados a completarlos y para ello adoptarán la fórmula que consideren más conveniente, por mayoría de votos» (art. 11).

Si las levas de 1791 a 1792 se hicieron con todo entusiasmo, la de 1793 halló serias dificultades. La responsabilidad incumbe en parte a la Convención, que había rehusado decir la forma de determinar el número que correspondía a cada departamento; sometiéndolo a las autoridades locales, sometió el reclutamiento al manejo de las rivalidades personales. Para evitar los inconvenientes de sacar a suertes o del escrutinio mayoritario, el departamento de l’Hérault decidió el 19 de abril de 1793 la requisición directa y personal. Un comité nombrado por los comisarios de la Convención a propuesta de las autoridades designaría a «los ciudadanos reconocidos como los más patriotas y más adecuados por su valentía, su carácter y sus medios físicos para servir útilmente a la República». Un empréstito forzoso de cinco millones había sido impuesto a los ricos para pagar a la soldada, cubrir los gastos de equipamiento y socorrer a «la clase pobre». Esta forma de reclutamiento tenía la gran ventaja de colocar la leva en manos de las autoridades revolucionarias; fue adoptada en general. La leva decretada el 24 de febrero de 1793 no dio ni la mitad de los hombres previstos. Sólo la leva en masa y el requisamiento general permitieron resolver el problema de los efectivos. Pero para llegar a eso hubo que sufrir nuevos reveses.

La ofensiva fracasada de Holanda señala los comienzos de la campaña de 1793. A pesar de las condiciones manifiestas de inferioridad de los ejércitos franceses se adoptó el plan de ofensiva preconizado por Dumouriez. El 16 de febrero de 1793 salía de Amberes, entrando en Holanda, con 20 000 hombres, apoderándose de Bréda el 25 de febrero. Pero el 1 de marzo el ejército de Cobourg, generalísimo austríaco, lanzose sobre el ejército de Bélgica, disperso en sus cuarteles de la Roër. Fue un desastre. Aix-la-Chapelle, el 2 de marzo, y después, Lieja, fueron evacuados con un desorden extraordinario. En París estas derrotas promovieron una verdadera fiebre patriótica y provocaron los primeros decretos de salud pública. El 9 de marzo, las imprentas de los periódicos girondinos La Chronique de Paris y Le Patriote Français fueron saqueadas. Al día siguiente fracasó una tentativa de insurrección popular por falta de apoyo de la Comuna y de los jacobinos. Pero ese 10 de marzo quedó instituido el tribunal revolucionario para juzgar a los agentes del enemigo. «No conozco más que al enemigo; acabemos con el enemigo», declaraba Danton.

La pérdida de Bélgica vino a continuación. Dumouriez había tenido que replegarse hacia el Sur de mala gana, ya que consideraba que el mejor medio de defender Bélgica era continuar su marcha sobre Rotterdam. Reagrupó las tropas de sus lugartenientes vencidos, Miranda y Valence; tuvo por un momento ventaja sobre Tirlemont el 16 de marzo, pero fue aplastado en Neerwinden el 18 de marzo de 1793 y vencido nuevamente en Lovaina el 21. Dumouriez entró entonces en relación con Cobourg, su vencedor; su plan era disolver la Convención y restablecer con la Constitución de 1791 la monarquía, en beneficio de Luis XVII. Dumouriez se comprometió a evacuar Bélgica. La Convención le envió a cuatro comisarios y Beurnonville, ministro de la Guerra, con el fin de destituirlo, pero Dumouriez les hizo prisioneros y les entregó a los austríacos el 1 de abril. Finalmente, Dumouriez trató de llevar su ejército sobre París. Sus soldados no quisieron seguirle. El 5 de abril de 1793 Dumouriez, acompañado de algunos hombres, entre ellos el duque de Chartres, hijo de Felipe-Igualdad, el futuro Luis Felipe, huía a toda marcha a las líneas austríacas bajo el fuego de los voluntarios del tercer batallón de l’Yonne, dirigido por Davout.

La pérdida de la orilla izquierda del Rhin fue la consecuencia de la pérdida de Bélgica. Después de las noticias de Neerwinden, Brunswick cruzó el Rhin el 25 de marzo de 1793, arrojando al ejército de Custine hacia el Sur. Worms y Spire fueron tomados. Custine se retiró hacia Landau, mientras los prusianos sitiaban Maguncia.

La coalición llevaba nuevamente la guerra a territorio nacional en el mismo momento en que la leva de 300 000 hombres desencadenaba la Vendée. Los aliados reunidos en Amberes, a principios de abril, no ocultaban sus fines de guerra: lograr la contrarrevolución y obtener compensaciones territoriales. La derrota exasperó las luchas políticas. La Gironda acusó a Danton de complicidad con Dumouriez. Enviado a una misión a principios de marzo y testigo de los primeros desastres, Danton sostuvo bastante tiempo a Dumouriez, esforzándose todavía el 10 de marzo en tranquilizar a la Convención. El 26 de marzo, la víspera de su traición, Dumouriez todavía tenía en Tournai una entrevista con tres jacobinos más que sospechosos, Dubuisson, Pereira y Proli, unidos a Danton. Con gran audacia, Danton devolvió la acusación contra la Gironda el 1 de abril de 1793, con aplausos de la Montaña. La traición de Dumouriez precipitó la caída de la Gironda.

3. La Vendée

La leva de 300 000 hombres planteó muchas cuestiones. El 9 de marzo de 1793, la Convención tuvo que enviar a 82 representantes en misión a los departamentos para vigilar las operaciones. Las mayores perturbaciones se produjeron en los departamentos del Oeste. En l’Ille-et-Vilaine se amotinaron al grito de «¡Viva el rey Luis XVII, los nobles y los sacerdotes!». En Morbihan, dos cabezas de partido de distrito, La Roche-Bernard y Rochefort, cayeron en manos de los insurrectos. Vannes fue cercada. El 23 de marzo, en Rennes, los representantes en misión, entre ellos Billaud-Varenne, escribían a la Convención: «La bandera blanca mancilla todavía la tierra de la libertad; se enarbola la escarapela blanca… Los principales agentes de la conspiración son los sacerdotes y los emigrados». Esta insurrección bretona quedó sofocada en su nacimiento.

En la Vendée, en Maine-et-Loire, en los confines de Anjou y de Poitou, en el país de los Mauges, desde hacía tiempo minado por la influencia de sacerdotes y nobles, si la leva de 300 000 hombres no fue la causa profunda del levantamiento, fue por lo menos la ocasión. El 2 de marzo de 1793, día de mercado en Cholet, los campesinos se manifestaron contra la leva, y esta operación fue aplazada al día siguiente; el 3 los jóvenes se amotinaron. Las escenas de Cholet se repitieron por todas partes. El 10 de marzo, domingo, el día que se había fijado para el sorteo, se tocó a rebato en Saint-Florent-le-Vieil, y los campesinos se armaron con horcas, guadañas y trillos y dispersaron a los guardias nacionales. Había nacido la Vendée.

La insurrección de la Vendée constituyó la manifestación más peligrosa de todas las resistencias con que se había enfrentado la Revolución y atestigua también el descontento de las masas campesinas. La escasez, con frecuencia la miseria, en que vivían predisponían para que acogiesen el llamamiento de la reacción, enfrentándose a los burgueses de las ciudades, a menudo arrendadores, negociantes en granos y compradores de bienes nacionales. La crisis religiosa agitaba los departamentos del Oeste, de fe muy viva. Una congregación de misioneros, los mulotins, cuya sede estaba en Saint-Laurent-Sur-Sèvre, en el corazón de Bocage, los catequizaban desde fines del siglo XVIII. Los sacerdotes refractarios, muy numerosos, explotaban el sentimiento religioso de los campesinos, haciendo que se enfrentasen con la Revolución. El partido realista, una vez que la guerra se había generalizado, levantaba cabeza. Los campesinos de la Vendée, no obstante, no habían sostenido la revolución nobiliaria de agosto de 1791; no se movieron en 1792 para salvar a los buenos sacerdotes de la deportación.

La leva de 300.00 hombres tenía que ser muy mal acogida por los campesinos, pues les recordaba demasiado la milicia y la obligación de proporcionar, por sorteo, los soldados complementarios del ejército regular, la institución del Antiguo Régimen más odiada por los campesinos. La ley daba una aplicación arbitraria, dejando a los propios reclutas el cuidado de decidir quiénes debían partir. Dejaban el reclutamiento al manejo de las pasiones locales. Al grito de «¡La paz! ¡La paz! ¡Nada de levas!» los campesinos se levantaron el 10 de marzo de 1793 y los días siguientes, desde la costa hasta Bressuire y Cholet. El carácter simultáneo del levantamiento autoriza a pensar que fue concertado. Los campesinos, aunque excitados por los sacerdotes refractarios, no eran ni realistas ni partidarios del Antiguo Régimen. Se negaban a combatir lejos de sus pueblos. Los nobles, en principio sorprendidos, no tardaron en aprovechar el levantamiento para sus fines.

Desde el principio, muchas de las cabezas de partido del distrito, especialmente Cholet, cayeron en manos de los insurrectos. En Machecoul, antigua capital del país de Retz, los burgueses republicanos fueron torturados y asesinados. La guerra de Vendée tuvo en seguida un carácter despiadado y una extensión considerable. La insurrección fue favorecida por el estado del país y la propia geografía: caminos profundos bordeados de setos, que cortaban la perspectiva y se prestaban a la emboscada, con casas muy dispersas y granjas aisladas, con carreteras y poblados muy aislados y escasos, más la ausencia de tropas, ya que la Convención no envió en un principio más que a los guardias nacionales. Los jefes principales salieron del pueblo: el cochero Cathelineau y el guardabosques Stofflet, en los Mauges; en el Marais bretón, el antiguo recaudador de gabelas Souchu y el peluquero Gaston. Los nobles no aparecieron más que a principios de abril: Charette, en el Marais; Bonchamp y D’Elbée, en los Mauges; Sapinaud en el Bocage; en Poitou, La Rochejaquelein, todos ellos antiguos oficiales. Un sacerdote refractario, el abate Bernier, estuvo en el consejo del ejército católico real. Pero a los campesinos les repugnaba alejarse de sus parroquias, dejar sus tierras abandonadas. Los jefes tampoco pudieron combinar operaciones y sólo se limitaron a llevar cabo simples golpes de mano. Los campesinos se levantaban cuando los azules estaban cerca y se dispersaban en seguida que había terminado la batalla.

Los campesinos de la Vendée tampoco lograron éxitos importantes. Dueños de Bressuire, Cholet y Parthenay se apoderaron de Thouars el 5 de mayo de 1793; de Saumur, el 9 de junio. Pero fracasaron ante Nantes el 29 de junio. La costa se conservó gracias a la resistencia victoriosa de la burguesía de los puertos: los de Sables-d’Olonne rechazaron dos asaltos, el 23 y el 29 de marzo. La Vendée no pudo comunicarse con Inglaterra. La Convención había decretado el 19 de marzo, por voto unánime, la pena de muerte contra aquellos rebeldes que fueran cogidos con las armas en las manos, confiscando sus bienes. Solamente en mayo, el Consejo ejecutivo se decidió a enviar contra la Vendée tropas regulares retiradas de la fronteras. Se organizaron dos ejércitos: el de las Côtes-de-Brest, bajo el mando de Canclaux, y el de las Côtes-de-la-Rochelle, bajo Biron. Los generales republicanos también fueron vencidos. Westermann, el 5 de julio; Santerre, el 13. Hasta octubre de 1793 la Vendée permaneció invencible.

Las consecuencias fueron irremediables. La guerra civil exasperó a los republicanos, lanzándolos hacia los montañeses, que, siendo los únicos partidarios de una política de bienestar público, aparecieron como el partido de la defensa revolucionaria. Pero para vencer a la contrarrevolución, así como para vencer a la coalición, la Montaña tenía necesidad del apoyo del pueblo. Tuvo que tolerar a las masas populares ciertas concesiones: el 10 de marzo fue instituido el tribunal revolucionario; el 20, los comités de vigilancia; el curso forzoso del asignado se decretó el 11 de abril; el máximo almacenamiento de granos, el 4 de mayo. Todas las medidas de excepción fue preciso arrancárselas a la Gironda. La Vendée llevó al paroxismo la crisis de la Revolución, precipitando también la caída de la Gironda.

En su carta de 26 de marzo de 1793, Jeanbon Saint-André, representante de Lot, escribía a Barère:

«El bien público está al borde de su destrucción y casi tenemos la certeza de que sólo los remedios más rápidos y violentos pueden llegar a salvarle… La experiencia demuestra ahora que no se ha hecho la Revolución y que hay que decir abiertamente a la Convención nacional: Sois una asamblea revolucionaria. Estamos ligados del modo más directo a la suerte de la Revolución… y hemos de llevar a puerto el barco del Estado o bien perecer con él».

IV

EL FIN DE LA GIRONDA
(marzo-junio de 1793)

Frente al doble peligro interior y exterior el movimiento popular impuso las primeras leyes de salud pública. Mientras se demostraba la incapacidad de la Gironda para conjurar los peligros, los montañeses, decididos a salvar la Revolución, adoptaron poco a poco el programa propuesto por los militantes populares. De este modo se esbozaba desde la primavera de 1793, y a pesar de la Gironda, el Gobierno revolucionario, afirmándose el despotismo de la libertad.

1. Las primeras medidas de salud pública

Las peripecias de la crisis concertaron el impulso de las masas con las medidas revolucionarias.

El tribunal revolucionario había sido creado el 10 de marzo de 1793. Las derrotas de Bélgica habían promovido en París la misma fiebre patriótica, el mismo clamor popular que el avance prusiano produjera en el mes de agosto anterior.

Muchas secciones pidieron la creación de un tribunal de excepción para juzgar a los agentes del enemigo en el interior. Danton volvió a estudiar la proposición el 9 de marzo, preocupado por el recuerdo de septiembre:

«Beneficiémonos de las faltas de nuestros predecesores; hagamos lo que no ha hecho la Asamblea legislativa; seamos terribles para evitar que lo sea el pueblo».

La Convención decretó el 10 de marzo, a pesar de la Gironda, que pedía la dictadura, la institución de un tribunal de excepción sin apelación ni casación «que sepa de toda acción contrarrevolucionaria, de todo atentado contra la libertad, la igualdad, la unidad, la indivisibilidad de la República, la seguridad interior y exterior del Estado y de todas las conjuras que tiendan a restablecer la realeza». La Convención se reservaba el nombramiento de los jueces, de los jurados y, sobre todo, la acusación.

Los comités de vigilancia revolucionaria se crearon el 21 de marzo de 1793, después de la derrota de Neerwinden. La Convención generalizó una institución popular que se multiplicaba en las secciones parisinas. En cada comuna o en cada sección, en las grandes ciudades, estos comités tenían encomendada la vigilancia de los extranjeros. Muy pronto ampliaron su competencia, ocupándose de que se entregasen cartas cívicas, del examen de documentos militares, procediendo al arresto de aquellas personas que no tuviesen escarapela tricolor. Fueron encargados de redactar la lista de sospechosos y decretar contra ellos las órdenes de prisión. Constituidos por patriotas seguros y esforzados, generalmente procedentes de los desarrapados, los comités revolucionarios constituyeron una organización de combate frente a los girondinos, los moderados y los aristócratas. Fueron una de las piezas maestras del régimen de salud pública.

Las leyes respecto de los emigrados fueron dosificadas y endurecidas el 28 de marzo de 1793. Se consideraban como emigrados aquellos franceses que, habiendo abandonado el territorio nacional desde el 1 de julio de 1789, no hubiesen entrado antes de la fecha de 9 de mayo de 1792 y pudiesen justificar una residencia continuada en Francia desde esta última fecha. Los emigrados quedaban excluidos a perpetuidad del territorio francés, «muertos civilmente», y sus bienes, adquiridos por la República. La infracción de la susodicha exclusión estaba castigada con pena de muerte.

El Comité de Salvación fue creado los días 5 y 6 de abril de 1793 para reemplazar al Comité de Defensa General, fundado el 1 de enero, y cuya acción había resultado ineficaz. Compuesto por nueve miembros elegidos en la Convención, y renovable todos los meses, deliberando en secreto, fue encargado de vigilar y de acelerar la acción de la administración, confiada al Consejo ejecutivo provisional. Estaba autorizado a tomar, en circunstancias urgentes, medidas de defensa general, sus resoluciones se cumplían sin demora por el Consejo ejecutivo. Los girondinos, una vez más, pidieron la dictadura. Marat replicó:

«Se ha de establecer la libertad por la violencia, y ha llegado el momento de organizar momentáneamente el despotismo de la libertad para aplastar el despotismo de los reyes».

Danton entró nuevamente en el Comité al lado de hombres como Barère y Cambon, unidos a la Montaña.

Los representantes del pueblo con misión en los ejércitos quedaron instituidos el 9 de abril de 1793. Ya el 9 de marzo la Convención había delegado a 82 diputados en los departamentos para organizar la leva de 300 000 hombres. El decreto de 9 de abril enviaba a tres representantes del pueblo cerca de cada uno de los once ejércitos de la República. Investidos con poderes ilimitados ejercían

«la vigilancia más cuidadosa sobre las operaciones de los agentes del Consejo ejecutivo, de todos los proveedores y empresarios y de los ejércitos, y sobre la conducta de los generales, oficiales y soldados».

Descontenta de esta organización, la Convención la revocó el 30 de abril, adoptando un nuevo texto, reforzando incluso los poderes de los representantes en misión en los ejércitos, pero obligándoles a ponerse de acuerdo en cuanto a la marcha de las operaciones. Podían detener a los generales por derecho. Tenían que dirigirse cotidianamente al Comité de Salud Pública, presentándoles el diario de sus actividades y presentar cada semana un informe a la Convención. La Asamblea conservaba la dirección y el control de todos los ejércitos.

A las medidas económicas y sociales en favor de las masas populares siguieron las medidas políticas cuando en abril y mayo acentuose la lucha entre la Gironda y la Montaña. El curso forzoso del asignado se decretó el 11 de abril de 1793. La práctica del doble precio y el tráfico numerario quedaban prohibidos y se castigaba si se rechazaba al asignado. Un límite o tasa se seguía reclamando con obstinación: el 18 de abril, por las diversas autoridades del departamento de París; el 30, por las secciones del arrabal Saint-Antoine. La Convención cedía el 4 de mayo de 1793, instituyendo un máximo depósito departamental de granos y harinas. Los distritos procederían a su recuento y requisición con el fin de aprovisionar los mercados, fuera de los cuales su comercio estaba prohibido. El 20 de mayo de 1793, por último, la Convención decidió hacer un empréstito forzoso de mil millones sobre los ricos. Para sostener al pueblo unido, la Convención aceptaba medidas circunstanciales que revestían un cierto aspecto de clase. El 8 de mayo de 1793 Robespierre había recurrido a los jacobinos contra los dorados («culottes dorées»), al «pueblo inmenso de los desarrapados».

«Tenéis que salvar la libertad; proclamad los derechos de la libertad y desplegad toda vuestra energía. Tenéis un pueblo de desarrapados inmenso, muy puro, muy vigoroso. No pueden abandonar sus trabajos; haced que los paguen los ricos».

2. Las jornadas del 31 de mayo-2 de junio de 1793

El duelo sostenido por la Gironda y la Montaña había entrado, en efecto, en su fase final: la Montaña tenía necesidad del sostén de las masas populares. La posición parlamentaria de la Gironda seguirá siendo fuerte. Sin embargo, no conservaba el Gobierno. Roland presentó su dimisión el 22 de enero de 1793, siendo reemplazado en el Interior por el prudente Garat; en Justicia, Gohier evitaba comprometerse, pero en Guerra el coronel Bouchotte, verdadero ministro desarrapado, reemplazó a Beurnoville el 4 de abril; el 10, Dalbarade, un amigo de Danton, fue nombrado ministro de Marina, reemplazando a De Monge. Lebrun, en Asuntos Exteriores, y Clavière, en Contribuciones Públicas, eran los únicos ministros girondinos. En la Convención, la «llanura» votó todas las medidas de salud pública propuestas por la Montaña; pero no fiándose de la Comuna de París, rehusó seguir a la Montaña en su lucha contra la Gironda, pretendiendo situarse por encima de los partidos.

Robespierre atacó el 3 de abril de 1793:

«Declaro que la primera medida de salud pública que hay que tomar es decretar la acusación de todos aquellos que han sido sospechosos de complicidad con Dumouriez, y especialmente Brissot».

El 10 de abril denunciaba de nuevo la política contrarrevolucionaria de los jefes de la Gironda y de su culpable complaciencia en favor de Dumouriez. Vergniaud respondióle sin temor a presentar su partido como el de los moderados:

«Sí, somos moderados… Desde la abolición de la realeza he oído hablar mucho de Revolución. Me he dicho a mí mismo: no hay más que dos posibilidades: la de propiedad o ley agraria y la que nos lleve al despotismo. He tomado la firme resolución de combatir a la una y a la otra… Se ha intentado llevar a cabo la Revolución por el terror. Hubiera querido hacerlo por el amor. Nuestra moderación ha salvado a la República de ese azote terrible, la guerra civil…».

El 5 de abril de 1793 los jacobinos, bajo la presidencia de Marat, se dirigieron a la sociedades afiliadas por medio de una circular invitándoles a pedir el decreto de destitución de los apelantes, los convencionales, que habían votado la apelación al pueblo para salvar al rey. El 13 de abril, a propuesta de Gaudet y después de violentos ataques, 226 votos contra 93 y 47 abstenciones, la Convención votó acusar a Marat por haber firmado la circular del 5 en calidad de presidente del club. Denunciado al tribunal revolucionario, Marat se presentó como «el apóstol y el mártir de la libertad». Fue triunfalmente recibido el 24 de abril. El 15 de abril 35 secciones parisinas sobre 48 presentaron a la Convención una petición amenazadora contra los 22 diputados girondinos más significados.

Con el fin de volver a tener influencia sobre la opinión, la Gironda hizo un gran esfuerzo, llevando el debate al terreno social. A finales de abril de 1793, Pétion dio a conocer su Lettree aux Parisiens, exhortando a todos los propietarios al combate:

«Vuestras propiedades están amenazadas y cerráis vuestros ojos ante ese peligro. Se excita la guerra ente aquellos que poseen y los que no poseen y no hacéis nada vosotros para evitarla. Parisienses: salid al fin del letargo y haced entrar en sus guaridas a esos insectos venenosos».

Al mismo tiempo, Robespierre leía en la Convención, el 24 de abril de 1793, un proyecto de declaración de derechos que subordinaba la propiedad a la utilidad social:

«Habéis multiplicado los artículos para asegurar la libertad al ejercicio de la propiedad y no habéis hablado de cuanto se refiera a determinar el carácter de su legitimidad, de forma que vuestra declaración parece hecha no para los hombres, sino para los ricos, los acaparadores, los estraperlistas y los tiranos».

Robespierre proponía, por tanto, definir la propiedad, «el derecho que cada ciudadano tiene para gozar y disponer de la parte de bienes que le garantiza la ley». Derecho natural según la declaración de 1789, la propiedad se convertía en una institución social. Pero no se puede ocultar el carácter táctico de la toma de posiciones de Robespierre: para vencer a la Gironda era necesario interesar a los desarrapados en la victoria con la esperanza de una democracia social.

En los departamentos, sin embargo, la Gironda hacía el juego de la aristocracia y de la contrarrevolución, dando la mano a un movimiento seccionista, del cual, y con frecuencia, los realistas tomaron su dirección. Si en Burdeos, el 9 de mayo de 1793, las secciones dominadas por la burguesía del comercio se contentaban con un aviso amenazador contra los anarquistas de la Montaña es que La Vendée estaba cerca. Y lo mismo sucedía en Nantes. En Marsella los jefes de sección, los girondinos, aliados con los aristócratas, habían expulsado a los representantes en misión, el 29 de abril; se formó un comité general de las secciones, que se dedicó a perseguir a los desarrapados y a los jacobinos. En Lyon se afirmó la contrarrevolución abiertamente. Se apoderaron de la mayoría de la secciones el 29 de mayo; moderados y realistas derrocaron a la municipalidad montañesa; el alcalde, Chalier, fue detenido. Se le ejecutaría el 17 de julio de 1793. Era la tercera víctima de la libertad. Por todas partes la resistencia girondina obstaculizaba la actuación de los representantes en misión en los departamentos. Los particularismos locales se enfrentaban con el poder central. Las tendencias federalistas se afirmaban. Con la complicidad, con frecuencia activa, de la Gironda, los intereses de clase dominaban sobre las necesidades de la defensa nacional; la burguesía continuaba siendo monárquica y los partidarios del Antiguo Régimen paralizaban la defensa revolucionaria.

Para triunfar definitivamente, la Gironda emprendió la lucha contra la ciudadela montañesa, la Comuna de París. Contestando a L’Histoire des Brissotins, ou Fragment de l’Histoire secrète de la Révolution, de Camilo Desmoulins, presentada el 17 de mayo a los jacobinos, Guadet denunció al día siguiente ante la Convención a las autoridades de París, «autoridades anarquistas, ávidas tanto de dinero como de poder». Propuso su inmediata anulación. Inmediatamente se instituyó una comisión de encuesta compuesta por doce miembros, formada tan sólo de girondinos. La Comisión de los Doce ordenó el arresto de Hébert el 24 de mayo, por el número 239 del Père Duchesne. La gran denuncia del Père Duchesne a los desarrapados en los departamentos, a propósito de los complots organizados por los brissotinos, los girondinos, los rolandinos, los buzotinos, los petronistas y toda la secuela de cómplices de Capeto y Dumouriez por asesinar a los bravos montañeses y jacobinos y a la Comuna de París, para dar el golpe de gracia a la libertad y restablecer la realeza. Fueron detenidos otros militantes populares, Varlet y Dobsen, presidente de la sección de la Cité. Estas medidas de represión desencadenaron la crisis final.

El 25 de mayo la Comuna reclamaba la liberación de Hébert. Su substituto, Isnard, que presidía la Convención, se lanzó con una diatriba contra París que recordaba descaradamente el manifiesto de Brunswick:

«Si por causa de esas insurrecciones, siempre florecientes, sucediese que se atentaba a la representación nacional, declaro en nombre de Francia entera que París quedaría barrido; pronto se buscaría por las orillas del Sena si París había existido».

Al día siguiente, en el Club de los Jacobinos, Robespierre indujo al pueblo a la insurrección:

«Cuando el pueblo está oprimido, cuando ya no le queda más que a sí mismo, sería un cobarde quien no le dijese que se levantase. Cuando todas las leyes han sido violadas, cuando el despotismo ha llegado al límite, cuando se pisotea la buena fe y el pudor, entonces el pueblo ha de rebelarse. Ha llegado el momento».

Los jacobinos se declararon en rebeldía.

El 28 de mayo la sección de la Cité convocó a las demás secciones para el día siguiente en el Obispado, con el fin de organizar la insurrección. El 29 de mayo los delegados de 33 secciones formaron un Comité rebelde, compuesto por nueve miembros; entre ellos estaba Varlet, que fue, sin duda, su animador, y Dobsen, liberados la víspera por orden de la Convención. La Montaña y la «llanura» quedaron solas en la sesión. El 30 de mayo el Departamento se adhería al movimiento.

El 31 de mayo de 1793 la insurrección se desarrolló bajo la dirección del Comité del Obispado, según los métodos aplicados el 10 de agosto. Se tocó a rebato, tocose a generala y el cañón de alarma tronó. Los portavoces de las secciones y de la Comuna se presentaron ante la baranda de la Convención hacia las cinco de la tarde, mientras la multitud de los manifestantes cercaba las salidas. Fue presentado todo un programa de defensa revolucionaria y de medidas sociales; exclusión de los jefes de la Gironda, casación de la Comisión de los Doce, arresto de los sospechosos, depuración de las administraciones, creación de un ejército revolucionario, atribución del derecho de voto sólo a los desarrapados, fijación del precio del pan a tres céntimos la libra por medio de un impuesto a los ricos, distribución de socorros públicos a los ancianos, a los enfermos y a los parientes de los defensores de la patria. A pesar de la vehemente intervención de Robespierre, dirigida hacia Vergniaud («Sí, voy a terminar, y contra ustedes»), la Convención votó tan sólo la casación para los Doce. La insurrección había fracasado.

«La patria no está salvada, declaró Billaud-Varenne, por la tarde, a los jacobinos. Habría que tomar grandes medidas de salud pública. Es hoy cuando habría que asestar los últimos golpes a la facción».

El 2 de junio, domingo, el movimiento volvió a producirse. El Comité rebelde rodeó a la Convención con los 80 000 hombres de la guardia nacional, dirigida por Hanriot, «de manera que los jefes de la facción puedan ser detenidos en el día, caso de que la Convención rehusase convertir en ley la petición de los ciudadanos». Después de una discusión confusa, la Convención en pleno, detrás de su presidente, Hérault, Séchelles, salió para intentar forzar el asedio. Hanriot ordenó: «¡Artilleros, a vuestras baterías!». Impotente, la Convención volvió a la sala de reuniones y se sometió; decretó el arresto de 29 diputados y de los ministros Clevière y Lebrun. El duelo de la Gironda y de la Montaña, que duraba desde la creación de la Legislativa, había terminado.

De este modo sucumbió la Gironda. Había declarado la guerra, pero no había sabido dirigirla; denunció al rey, pero retrocedió cuando se le condenaba; había reclamado el apoyo del pueblo contra la monarquía, pero rehusó gobernar con él; contribuyendo a agravar la crisis económica, rechazaba todas las reivindicaciones populares. Con la Montaña, para quien el bienestar público era la ley suprema, los desarrapados subían al poder. En este sentido, las jornadas del 31 de mayo al 2 de junio no tuvieron solamente un simple aspecto político: constituyeron una reacción nacional tanto como un tumulto revolucionario, una reacción defensiva y punitiva contra una nueva manifestación de la conjura aristocrática. El desarrollo del movimiento seccionista en los departamentos dio por adelantado la importancia que tenían estas jornadas. Bajo la máscara de la oposición girondina, la contrarrevolución aristocrática volvía a la ofensiva.

Jaurès, en su Histoire socialiste, ha negado el carácter de clase de las jornadas del 31 de mayo al 2 de junio: cierto que, ateniéndose a su aspecto político y parlamentario, girondinos y montañeses procedían unos y otros de la burguesía (no obstante sería necesario precisar los matices). Pero la eliminación de la alta burguesía, la entrada en escena de los desarrapados, dieron a esas jornadas toda su importancia social. Georges Lefebvre pudo hablar de «la revolución del 31 de mayo al 2 de junio de 1793».

CAPÍTULO III

LA CONVENCIÓN MONTAÑESA, MOVIMIENTO POPULAR Y DICTADURA DE SALUD PÚBLICA
(Junio-diciembre de 1793)

Apenas eliminada la Gironda, la Convención, dirigida por los montañeses, se encontró entre dos fuegos. Mientras que la contrarrevolución recibía un nuevo impulso con la rebeldía federalista, el movimiento popular, exasperado por la carestía, aumentaba su presión. La organización gubernamental se revelaba sin aptitudes para dominar la situación; Danton, en el Comité de Salud Pública, negociaba en lugar de combatir. En julio de 1793 la nación parecía estar a punto de disgregarse.

Pero mientras la Montaña dudaba, prisionera de sus contradicciones, las masas populares, empujadas por sus necesidades y odios, imponían las grandes medidas de salud pública, la primera de las cuales fue la del 25 de agosto de 1793, la leva en masa. Se creyó indispensable formar un Gobierno revolucionario para disciplinar el empuje popular y mantener la alianza con la burguesía, pues sólo ella era la que podía proporcionar los cuadros necesarios. Sobre esta doble base social, los desarrapados y la burguesía montañesa o jacobina, el Gobierno revolucionario fue organizándose poco a poco de julio a diciembre de 1793. Sus dirigentes, los más inteligentes, creyeron necesario sobre todo salvaguardar la unidad revolucionaria del antiguo Tercer Estado, es decir, la unidad nacional. ¿Pero estaba en su poder superar las contradicciones inherentes a esta coalición? El peligro nacional les acalló un instante. Era de prever que, afirmándose la victoria, reapareciesen de nuevo a la luz.

I

MONTAÑESES, MODERADOS Y DESARRAPADOS
(junio-julio de 1793)

La Montaña triunfó sobre la Gironda gracias a los desarrapados de París. No quería, sin embargo, ceder a su presión. El problema se planteó para ella en las semanas que siguieron a la jornada del 2 de junio, cuando hubo que frenar el movimiento popular, sin estimular, sin embargo, una reacción favorable a la Gironda. Deseosos de comprometer a la burguesía, que en el conflicto con los girondinos había conservado su neutralidad, los montañeses pretendían manejar a los propietarios y a los moderados. No estaba en su idea, en absoluto, realizar el conjunto del programa político y social que los militantes populares del Comité insurrecto del 31 de mayo habían presentado: arresto de los girondinos, expulsión de la convención de todos los apelantes, formación de un ejército revolucionario a soldada, encargado de detener a los sospechosos y asegurar el abastecimiento de París, aplicación del máximo almacenaje a los granos y la extensión del impuesto sobre todas las mercancías de primera necesidad, depuración de los ejércitos y de las administraciones, especialmente por la destitución de los nobles… La Montaña se esforzó por tranquilizar a la burguesía deteniendo el terror, protegiendo la propiedad y manteniendo el movimiento popular en unos límites definidos, equilibrio difícil de conseguir, que terminó por producir en julio el empeoramiento de la crisis.

1. Las medidas montañesas de la conciliación

Durante todo el mes de junio la Montaña contemporizó. Si el 8 de junio de 1793 Robespierre hizo que se rechazase por la Convención la supresión de los Comités de vigilancia que Barère y Danton habían propuesto dos días antes («Es preciso saber si con el pretexto de la libertad se puede matar a la propia libertad», declaró Jeanbon Saint-André en la discusión), pero no se adoptó ninguna medida positiva; el ejército revolucionario no se organizó, la discusión sobre el empréstito forzoso se interrumpió, el informe de Saint-Just sobre los diputados girondinos detenidos o fugitivos el 8 de junio fue de lo más moderado. «La libertad no será en absoluto terrible respecto de aquellos a quienes ha desarmado y que se han sometido a las leyes». Se trataba de reunir a los departamentos y tranquilizarles, disipando el miedo a una dictadura de los desarrapados parisinos.

En el terreno social tres leyes intentaron satisfacer las reivindicaciones campesinas. La ley del 3 de junio de 1793 sobre la forma de vender los bienes de los emigrados estipuló que se dividirían en pequeñas parcelas, que podrían ser adquiridas por los campesinos pobres, en un plazo de diez años para pagarlas. La ley del 10 de junio sobre la división de los bienes comunales lo autorizaba a título facultativo. Se haría a partes iguales por cabeza de habitante domiciliado. La parte de cada uno se sacaría al azar. La ley del 17 de julio respecto del régimen feudal terminó arruinando por completo a la nobleza, al suprimir sin indemnización todos los derechos feudales, incluso los que estaban fundados sobre títulos originales. Estos títulos, depositados en las escribanías de la municipalidad, debían quemarse. La caída de la Gironda significaba para los campesinos la liberación definitiva de la tierra.

En el terreno político, por la votación apresurada de la Constitución, la Convención creía lavarse del reproche de dictadura y tranquilizar a los departamentos. La citada Constitución de 1793, votada el 24 de junio sobre el informe de D’Hérault de Séchelles, y después de una discusión rápida, establecía los rasgos esenciales de un régimen de democracia política.

La declaración de derechos que la precede va más lejos que la de 1789, pues en su artículo primero declara que «el fin de la sociedad es el bienestar común». Afirma los derechos al trabajo, a la asistencia y a la instrucción.

«El socorro público es la deuda sagrada. La sociedad debe asistencia a los ciudadanos desgraciados, bien procurándoles trabajo, bien asegurando los medios de existencia para aquellos que no están en situación de trabajar» (art. 21). «La instrucción es necesidad común. La sociedad ha de favorecer con todo su poder los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos» (art. 22).

Por último, la declaración de 1793 reconoce no sólo el derecho a resistir a la opresión (art. 33) como la de 1789, sino el derecho a la insurrección:

«Cuando el Gobierno viola los derechos, la insurrección es para el pueblo y para cada sector del pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes» (art. 35).

Pero no se planteó el problema de modificar la definición de la propiedad, como lo había propuesto Robespierre el 24 de abril anterior:

«El derecho de propiedad es aquel que pertenece a todo ciudadano para gozar y disponer a su antojo de sus bienes y de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria» (art. 16).

La libertad económica, de la que la declaración de 1789 nada decía al respecto, se afirmaba explícitamente por el artículo 17: «Ninguna clase de trabajo, de cultivo, de comercio, puede impedirse a la industria de los ciudadanos». Los montañeses no quisieron comprometerse en la vía de la democracia social.

La Constitución tuvo la participación de asegurar la preponderancia de la representación nacional, base esencial de la democracia política. El escrutinio a dos grados, previsto en el proyecto girondino de Condorcet, fue rechazado. La elección inmediata del pueblo asegura la supremacía del legislativo sobre el ejecutivo y de los representantes sobre los administradores. La Asamblea legislativa es elegida por sufragio universal directo, en escrutinio uninominal, con mayoría absoluta por un año. El Consejo ejecutivo de 24 miembros es elegido por la Asamblea legislativa entre los 73 candidatos designados por los departamentos por sufragio universal. De este modo los ministros quedaban subordinados a la representación nacional. El ejercicio de la soberanía nacional quedó ampliado por la institución del referéndum, que figura ya en el proyecto Condorcet. La Constitución sería ratificada por el pueblo, lo mismo que las leyes en ciertas condiciones muy precisas.

Sometida a la ratificación popular, la Constitución de 1793, que sería para los republicanos de la primera mitad del siglo XIX el símbolo de la democracia política, fue aprobada por más de 1 800 000 votos contra aproximadamente 17 000. Más de 100 000 votantes no aceptaron la Constitución más que con enmiendas de tendencia moderada. Los resultados del plebiscito fueron proclamados el 10 de agosto de 1793, día del aniversario de la caída de la monarquía, en la fiesta de la Unidad e Indivisibilidad de la República. Pero la aplicación de la Constitución, cuyo texto, encerrado en el arca santa, fue depositado en la sala de las reuniones de la Convención, se aplazó hasta que se lograra la paz.

2. El asalto de la contrarrevolución

La política moderada y conciliatoria de la Convención montañesa no había podido impedir la extensión de la guerra civil. En los departamentos en donde tenían fuerza, los girondinos se levantaron contra la Convención: la revolución federalista se extendía, mientras que la Vendée redoblaba sus esfuerzos y por todas las fronteras se cedía ante el empuje de la coalición.

El levantamiento federalista ocupó el puesto del movimiento seccionario del mes de mayo. La nueva insurrección parisina y la eliminación de los girondinos, cuyo arresto estaba decretado y que lograron escapar, y los 75 diputados de derechas firmantes de una protesta contra el 2 de junio que se les unieron levantaron a los departamentos. En Bretaña y en Normandía, en el Sudoeste y en el Mediodía, en el Franco-Condado, las autoridades departamentales siguieron el movimiento. Los dirigentes del movimiento seccionario, trocados en federalistas, constituyeron los comités y los tribunales de excepción para juzgar a los patriotas, cerrando sus clubs e intentando levantar a las tropas. Caen convirtiose en la capital del Oeste girondino; Burdeos, Nîmes, Marsella y Tolón cayeron en manos de los insurrectos, que tenían ya Lyon, donde Chalier fue ejecutado el 17 de julio. Hacia finales de junio aproximadamente 60 departamentos estaban en franca rebeldía contra la Convención. Pero la Vendée realista se interpuso entre Normandía y Bretaña, por una parte, y el Sudoeste, por la otra. Tolón rehusó, finalmente, a seguir a Burdeos, impidiendo así la unión entre Aquitania y el Bajo-Languedoc. Entre el mediodía provenzal y Lyon, La Drôme, animada por el jacobino Joseph Payan, constituyó un bastión patriota. Los departamentos de la frontera permanecieron fieles a la Convención.

El federalismo tuvo un contenido social más marcado que su aspecto político. Sin duda, la supervivencia de los particularismos regionales lo explica en parte, pero aun más todavía la solidaridad de los intereses de clase. Desde el 15 de mayo de 1793 Chasset, diputado por Rhône-et-Loire, escribía: «Se trata de la vida y después de los bienes». Después del 2 de junio llegó a Lyon rebelde y se puso a la cabeza del movimiento. Al quedar fuera de la ley emigró y no volvió hasta el año LV. El levantamiento fue esencialmente obra de la burguesía, dueña de las administraciones departamentales, inquieta por la propiedad. Recibió el apoyo de todos los partidarios del Antiguo Régimen. Las municipalidades de reclutamiento más popular le fueron hostiles. A los obreros, a los artesanos, les repugnaba combatir para los ricos; las levas de hombres ordenadas por los departamentos rebeldes se enfrentaron con la indiferencia o la hostilidad popular. Por otra parte, los dirigentes de la insurrección se dividieron pronto. Los republicanos sinceros se resignaban de mala gana a seguir a los realistas. Inquietos por la invasión extranjera y la insurrección vendeana, dudaban hacer el juego de la reacción. Por el contrario, los realistas tomaron bien pronto la dirección del movimiento en el Sudeste, en particular en Lyon, en donde Précy obtuvo del rey de Sardeña un ataque de hostigamiento en los Alpes.

La represión fue organizada con vigor por la Convención, que se dedicó sobre todo a atacar a los jefes, perdonando a las comparsas. La amenaza más grande procedía de Normandía. Ninguna tropa protegía a París. Pero el 13 de julio de 1793, en Pacy-sur-Eure, ante algunos millares de hombres reclutados en las secciones parisinas, las columnas girondinas se desbandaron. Los jefes Buzot, Pétion y Barbaroux abandonaron Caen; después, Bretaña por Burdeos. Robert Lindet, enviado a Normandía, pacificó rápidamente al país, reduciendo la represión al mínimo. Si los departamentos del Franco-Condado se sometieron sin combatir, Burdeos se resistió más tiempo; no se tomó la ciudad hasta el 18 de septiembre. En el Sudeste se temía por momentos la unión de los rebeldes marselleses y de Nîmes con Lyon. Pero la Drôme continuó siendo fiel a la Montaña. El Pont-Saint-Espirit cayó en manos de los de Nîmes y fue reconquistado; los marselleses, que habían pasado el Durance, apoderándose de Aviñón, fueron rechazados. El 27 de julio las tropas del general Carteaux entraron en Aviñón; en Marsella, el 25 de agosto. Pero el 29 los realistas abrían Tolón a los ingleses y les entregaban la escuadra del Mediterráneo. Lyon se obstinó en la rebelión. Para volver a tomar esas ciudades fue necesario que se resolviese sitiarlas en regla. Cayó el 9 de octubre Lyon. Tolón se mantuvo hasta el 19 de diciembre de 1793. La represión fue terrible. Sin duda, a finales de agosto el peligro parecía haberse conjurado. La República casi había estado a punto de desarticularse en julio.

Las consecuencias de la revolución federalista fueron idénticas a las de la insurrección de la Vendée; acentuó la evolución hacia la supremacía del poder e hizo más fuerte el control de las organizaciones populares sobre los ciudadanos sospechosos de hostilidad o de tibieza respecto de la Revolución. Algunos girondinos no habían dudado en unirse a los realistas, aliados también al enemigo exterior. Como se habían apoyado en las clases pudientes, éstas, a su vez, se hicieron sospechosas. Más que nunca la Montaña y el pueblo de desarrapados se identificaron con la República.

La insurrección de la Vendée hacía mayores progresos. Los rebeldes, dueños de Saumur desde el 9 de junio de 1793, aplastaron a las tropas republicanas de Vihiers (Maine-et-Loire) el 18 de julio, apoderándose de Ponts-de-Cé el 27 y amenazando a Angers.

La invasión extranjera aumentaba también la amenaza. Desde su entrada en el Comité de Salud Pública, Danton negociaba en lugar de combatir. Pero con Bélgica y a la orilla izquierda del Rhin, de nuevo en poder de los coligados, hacía que Francia no dispusiese ya de baza que jugar. Puede ser que Danton, como se sospechaba, pensase utilizar a la reina y a los niños. La Constitución de 1793 estipulaba en su artículo 121: «El pueblo francés no hace la paz con un enemigo que ocupa su territorio».

En la frontera del Norte los ingleses entraban en campaña. Un cuerpo de ejército de 20 000 hanovrinos, bajo las órdenes de York, reforzado por 15 000 holandeses, se disponía a sitiar Dunkerque. Los austríacos, bajo las órdenes de Cobourg, emprendieron metódicamente el sitio de las plazas fuertes que protegían la frontera del Norte. Condé cayó el 10 de julio; Valenciennes el 28. El Quesnoy y Maubeuge fueron cercados a continuación. No obstante, Custine, nombrado para dirigir el ejército del Norte, continuaba impasible; no tardó en convertirse en sospechoso para los patriotas.

En el Rhin los prusianos, bajo las órdenes del duque de Brunswick, se apoderaron de Maguncia. Cercada desde abril, defendida por 20 000 franceses, bajo las órdenes de Kléber y de Merlin de Thionville, representante en misión, la ciudad no capituló hasta el 28 de julio. Los ejércitos del Rhin y del Mosela tuvieron que retroceder en el Lauter y en Sarre; Landau fue sitiado.

En los Alpes, los piamonteses presionaban a las tropas de Kellermann, debilitadas por los cuerpos del ejército que habían sido llevados contra los federalistas del Mediodía provenzal y del valle Rhône para cercar a Lyon y a Tolón. Los pasos de la Maurienne y de Terentaise se mantuvieron con gran dificultad; Saboya quedó bien pronto invadida. Niza estaba amenazada.

En los Pirineos, los españoles forzaron la frontera y avanzaron sobre Perpiñán y Bayona.

En todas las fronteras los ejércitos de la República se batían en retirada. Las tropas, mal dirigidas, pasaban por una verdadera crisis moral. El mando, poco seguro, pasaba de mano en mano. El aristócrata Custine despreciaba profundamente al ministro, perteneciente a los desarrapados de la guerra, Bouchotte, un simple teniente-coronel. En Vendée se produjo el desorden. Los representantes en misión encargados de vigilar a los generales se entendían mal. En desacuerdo con Biron, un «ex» que mandaba en Niort, los unos sostenían a los generales desarrapados Rosin y Rossignol; los otros los denunciaban. Todos eludían la responsabilidad de los reveses. La situación parecía desesperada.

El asesinato de Marat, el 13 de julio de 1793, definió el peligro, tan enorme: en pleno París revolucionario, Charlotte Corday, una joven realista de Normandía, había podido matar al amigo del pueblo, queriendo atacar en él a una de las cabezas de la Revolución. Pero este acto dio nuevas fuerzas a la Montaña, impulsando el movimiento revolucionario. Marat era muy popular entre los desarrapados, pues siempre había ido en su ayuda con una bondad y una humildad profundas. Su asesinato promovió una gran emoción. Al deseo de venganza se agregó la exigencia de las medidas de salud pública. París le hizo grandiosos funerales, a los cuales la Convención asistió en masa, el 15 de julio. Su corazón quedó expuesto en las bóvedas de los franciscanos. Mártir de la libertad, Marat se convirtió con Lepeletier, asesinado el 20 de enero, y con Chalier, decapitado el 17 de julio de 1793, en una de las divinidades del panteón revolucionario.

3. La réplica revolucionaria

La crisis económica y social agravaba aún más las tareas de la Convención montañesa, pero al mismo tiempo empujaba a las masas a la acción revolucionaria.

La crisis de las subsistencias y de las mercancías de primera necesidad continuaba siendo la causa principal del descontento popular. El máximo almacenaje de granos, adoptado el 4 de mayo de 1793, no se había aplicado. La Convención, reconociendo su fallo, permitió en julio a los departamentos y a los representantes de la misión que se suspendiese. Sin duda, los desarrapados parisinos no sufrían por la carestía del pan, mantenido a tres céntimos la libra por la Comuna gracias a las subvenciones gubernamentales. Pero la irregularidad de los suministros reducían poco a poco las reservas, reapareciendo las colas a la puerta de las panaderías, apoderándose la inquietud del pueblo. La carestía también alcanzaba a las demás mercancías, mientras que las revoluciones departamentales que siguieron al 2 de junio contribuían a agravar la crisis de la carne, haciendo cada vez más difícil su llegada. En julio de 1793 la libra de ternera tuvo un aumento con relación a junio de 1790 de un 90 por 100; la de buey, de un 136 por 100. Estallaron los desórdenes por todas partes debido a la carestía de la vida. El 21 de junio detuvieron en el arrabal Saint-Antoine a un hombre que gritaba: «Antaño el jabón no valía más de doce sueldos; hoy vale 40. ¡Viva la República! El azúcar, doce sueldos; hoy, cuatro libras. ¡Viva la República!».

La crisis del asignado aumentó las consecuencias de la crisis de los alimentos. La inflación seguía su curso, acentuando el alza de los precios. Desde la muerte del rey y la coalición general, el papel-moneda no cesaba de bajar llegando en julio a menos del 30 por 100 de su valor nominal. Su descrédito produjo la huida de capitales al extranjero, el desarrollo de la especulación, el acaparamiento de mercancías, la aceleración del alza de los precios.

Los fanáticos se aprovecharon para reavivar el descontento general, reprochando a la Convención su inmovilismo en el dominio económico y social. El 8 de junio de 1793, en el Consejo general de la Comuna, Varlet dio lectura de su Declaration solennelle des Droits de I’ homme dans I’ Etat social, para que acabase «por medios justos con la desproporción de fortunas», que

«los bienes amasados a expensas de la fortuna pública por medio del robo, el estraperlo, el monopolio, el acaparamiento, se conviertan en propiedades nacionales».

El 15 de junio, la Comisión de los Derechos del Hombre pidió un impuesto general y una ley contra los acaparadores. El 25, en la tribuna de la Convención, Jacques Roux presentó una petición amenazadora:

«Va a presentarse la ley constitucional a la sanción del pueblo soberano. ¿Pero habéis proscrito la especulación? No. ¿Habéis pronunciado la pena de muerte contra los acaparadores? No. ¿Habéis determinado en qué consiste la libertad comercial? No. ¿Habéis defendido la venta del dinero acuñado? No. Pues bien, nosotros os decimos que no habéis hecho todo cuanto debéis para el bienestar del pueblo. La libertad no es sino un vano fantasma cuando una clase de hombres puede acusar a la otra impunemente; la igualdad no es sino un vano fantasma cuando el rico, por el monopolio, ejerce el derecho de la vida y de la muerte sobre un semejante. La República no es más que un vano fantasma cuando la contrarrevolución actúa de día en día gracias al precio de las mercancías, a las que tres cuartas partes de los ciudadanos no pueden llegar sin verter lágrimas. Legislad una vez más. Los desarrapados con sus picas harán que se ejecuten vuestros decretos».

Al día siguiente las perturbaciones producidas por la carestía del jabón estallaron a las puertas de París y duraron tres días, del 26 al 28 de junio; las lavanderas eran quienes descargaban los barcos de jabón y quienes se dividían la mercancía después de haberla tasado. El pueblo desarrapado iba a la cabeza, y terminó por arrasar a la Montaña.

La renovación del Comité de Salud Pública, el 10 de julio de 1793, respondía a la gravedad de la crisis. Los militantes populares, en su ardor, proponían medidas de defensa nacional y revolucionaria en proporción al peligro. Todavía había que evitar que las medidas extremas no separasen de la República a la burguesía revolucionaria, que hasta ahora la había sostenido. La necesidad de un gobierno revolucionario que disciplinase al movimiento popular, se hacía cada vez más urgente. No había sabido ni rechazar la invasión extranjera ni prevenir la insurrección federalista, ni tampoco resolver el problema del asignado y la crisis de subsistencias. A remolque de los acontecimientos, más bien que dominándolos, dejó que la situación empeorase. El 10 de julio la Convención renovó su Comité de Salud Pública: Danton quedó eliminado.

El nuevo Comité, elegido por votación nominal, comprendía nueve miembros. Tres de entre ellos quedaron rápidamente anulados: Gasparin, partidario hasta el final del general Custine; Hérault de Séchelles, partidario de un «ex» muy pronto sospechoso, Thuriot, amigo de Danton. El núcleo montañés del Comité estaba formado por Couthon, Saint-Just, Jeanbon, Saint-André, y Priour del Marne. Barère y Lindet, llegados de la «llanura» se unieron a ellos. Estaban convencidos de que la Revolución no podía vencer más que por la fuerza del pueblo de los desarrapados. Había, por lo tanto, que satisfacer sus reivindicaciones, abastecer nuevamente a la población de los ciudadanos con vistas al hambre y a la carestía y dirigir todas las energías populares contra la aristocracia y la coalición.

El asesinato de Marat, el 13 de julio de 1793, endurecía aún más la política montañesa ante el empeoramiento de la crisis política. Hébert y los fanáticos se disputaron la sucesión del amigo del pueblo. A partir del 16 de julio, Jacques Roux se apresuró a publicar una continuación de su periódico: Le Publiciste de la République Française por l’ombre de Marat, L’ Ami du peuple. El 20 aparecía a su vez L’ Ami du peuple par Leclerc. El 21 de julio, sin embargo, en los jacobinos, Hébert gritó: «Si es preciso dar un sucesor a Marat, si es necesario una segunda víctima para la aristocracia, está dispuesta: soy yo». Se estableció una especie de subasta demagógica entre las hojas populares. Un sector del partido montañés, donde sobresalían Hébert y Chaumette, para no desvincularse de los desarrapados parisinos, armó por su cuenta el programa de los fanáticos. Unos y otros denunciaron con un vigor cada vez mayor a la aristocracia del comercio, a la aristocracia burguesa y mercantil. El hambre se sentía cada vez más, y un gran número de panaderos cerraban sus tiendas por falta de harina. El sector de la Maison-Commune instituyó el 21 de julio un sistema de cartilla de racionamiento: las peticiones se multiplicaban; las colas a las puertas de las tiendas eran tumultuosas.

«Hace tiempo que los pobres desarrapados padecen y protestan, escribía Hébert en el número 263 de su “Père Duchesne”: han hecho la revolución para ser felices».

Apenas constituido el nuevo Comité de Salud Pública, corría el riesgo de ser desbordado.

La ley sobre acaparamiento fue votada en esas condiciones el 26 de julio de 1793. Constituye por parte de la Convención una concesión táctica. Billaud-Varenne había propuesto, en efecto, una escapatoria: el remedio al hambre no era el impuesto, sino el castigo a los acaparadores, es decir, aquellos comerciantes que no hiciesen la declaración de las mercancías de primera necesidad, que las tuviesen almacenadas y que no pusiesen la lista en su puerta. La ley podía aparecer como una concesión importante al programa de los fanáticos, pues el comercio pasaba al control de los comisarios de sección en cuanto a los acaparamientos. Pero la ley fue aplicada con lentitud: pronto se consideró como una satisfacción simbólica concedida a los desarrapados.

El Comité de Salud Pública quedó completo el 27 de julio de 1793 con el nombramiento de Robespierre, que se había convertido en su defensor. La autoridad del Comité cerca de la Convención estaba lejos de afirmarse: la ley sobre acaparamiento había sido votada sin consultarle. Se notaba en la Asamblea una oposición sorda contra sus primeras decisiones, especialmente el arresto de Custine en la noche del 21 al 22 de julio. Robespierre sostuvo al Comité contra sus adversarios; entró el 27 de julio. El 14 de agosto quedaron elegidos a su vez Carnot y Prior de la Côte-d’Or; el 6 de septiembre, Billaud-Varenne y Collot d’Herbois. Todos ellos de tendencia y temperamentos opuestos (Carnot y Lindet se consideraban socialmente conservadores; Billaud y Collot, con inclinación a los desarrapados), pero todos ellos, hombres honrados, trabajadores y autoritarios, unidos por la voluntad de vencer, supieron mantenerse unidos durante un año, hasta la victoria. Fue el gran Comité del año II.

Robespierre por su reputación revolucionaria, impuso la política del Comité a la Convención y a los jacobinos. Previsor y valiente (lo demostró en su lucha solitaria contra el movimiento general que llevó a la declaración de la guerra), elocuente, desinteresado. El incorruptible (el único hombre de nuestra historia que mereció ese calificativo) tenía la confianza de los desarrapados. Vinculado a los principios, supo, sin embargo, plegarse a las circunstancias y actuar como hombre de Estado. Colocaba toda su autoridad revolucionaria en la Convención, expresión de la soberanía nacional. Pero para ser fuerte y eficaz el Gobierno ha de apoyarse en el pueblo y permanecer unido estrechamente a él. Durante la insurrección del 31 de mayo al 2 de junio Robespierre había anotado en su agenda:

«Se precisa una voluntad, una… Para que sea republicana, es necesario que haya ministros republicanos, un Gobierno republicano. Los peligros interiores provienen de los burgueses. Para vencer a los burgueses es preciso unir al pueblo…; que el pueblo se alíe con la Convención y que la Convención se sirva del pueblo».

Del 13 al 21 de julio Robespierre dio lectura en la Convención al plan de Lepeletier de Saint-Fargeau sobre la educación nacional:

«Las revoluciones que se han venido sucediendo durante tres años han trabajado para las otras clases de ciudadanos, casi nada todavía para la más necesitada, para los ciudadanos proletarios cuya única propiedad es el trabajo. El feudalismo está destruido, pero eso no sirve para ellos, pues nada poseen en los campos liberados. Las contribuciones están repartidas de modo más equitativo, pero por su misma pobreza esta clase es casi inaccesible al impuesto… La igualdad civil está establecida, pero la instrucción y la educación les faltan… Aquí está la revolución del pobre…».

Si Robespierre y los hombres del Comité veían claramente la situación, estaban menos seguros, sin embargo, de los medios a emplear. Las grandes medidas de defensa nacional y revolucionaria, la leva en masa, el terror, la dirección de la economía fueron impuestos desde fuera, a favor de la crisis del mes de agosto de 1793, bajo la presión del movimiento popular.

II

EL COMITÉ DE SALUD PÚBLICA Y EL IMPUESTO
(agosto-octubre de 1793)

El nuevo Comité estaba decidido a dar un impulso vigoroso a la defensa nacional sin separarla de la defensa revolucionaria. Pero trataba de no dejarse desbordar por el movimiento popular, y especialmente por la propaganda de los fanáticos. La economía dirigida y la leva en masa constituían para los dirigentes populares los únicos medios adecuados de asegurar la defensa. La leva en masa pareció en cierto momento una quimera al Comité. Continuaba hostil a la tasa y a la intervención en la economía; el terror le repugnaba. La democracia directa, por último, le parecía incomprensible con una dirección gubernamental eficaz, ahora las secciones parisinas la practicaban confusamente. El Comité maniobró durante todo el mes de agosto de concesión en concesión, para finalmente ceder ante las jornadas del 4 y 5 de septiembre de 1793.

Contra los rebeldes, Robespierre empezó la lucha desde principios de agosto para librar al Gobierno y a la Convención de su oposición. El 6 de agosto de 1793 denunciaba a los jacobinos, hombres nuevos, patriotas de un día, porque trataban de perder en el pueblo a sus amigos más antiguos. «Dos hombres pagados por los enemigos del pueblo —declaraba Robespierre no sin mala fe—, dos hombres que Marat denunció han sido los que han sucedido o han creído suceder a este escritor patriótico». Reprochaba sobre todo a Jacques Roux sus ataques contra los comerciantes. Con el fin de quitar a los fanáticos lo esencial de sus argumentos, el Comité se ocupó activamente de las subsistencias, enviando a los departamentos vecinos de París a los representantes más enérgicos para que requisaran la mano de obra y recogiesen el trigo. El 9 de agosto de 1793 la proposición de Barère hizo que la Convención decretase la institución en cada distrito de un granero de abundancia. Era una concesión sólo simbólica a las reivindicaciones populares. La compra de granos para los distritos no podía remediar la carestía. París, no obstante, quedó abastecido; los fanáticos perdieron por el momento su argumento principal para los desarrapados.

Contra los moderados, quienes reclamaban la aplicación de la Constitución que el pueblo había adoptado y las nuevas elecciones con la esperanza de que cayese la Montaña, Robespierre enfrentose con toda la fuerza. La reivindicación era tanto más peligrosa, ya que había sido mantenida de una manera inesperada por Hébert en el número 219 de su Père Duchesne poco antes del 10 de agosto. El Comité de Salud Pública quería que el Gobierno continuara siendo revolucionario hasta la paz y no que la Constitución fuese puesta en vigor. El 11 de agosto de 1793 Delacroix, diputado por Eure-et-Loir, uno de los indulgentes futuros, hizo decretar el empadronamiento de la población electoral, en previsión de las elecciones generales, de acuerdo con la Constitución. Robespierre afirmó que esta proposición insidiosa no pretendía más que sustituir a los miembros depurados de la Convención por enviados de Pitt y Cobourg. Aplicar la Constitución antes de haber acabado con las rebeliones internas y la victoria en las fronteras era poner nuevamente a prueba toda la Revolución. Ese mismo día los delegados de las asambleas primarias habían llevado a la Convención el acta sagrada, que fue depositada en un arca de cedro. No hubo necesidad de sacarla, aunque la suspensión de la Constitución hasta la paz no fue explícitamente pronunciada más que el 10 de octubre de 1793.

1. La leva en masa (23 de agosto de 1793)

El peligro exterior y la contrarrevolución interna continuaban, no obstante, impulsando al movimiento popular: tuvo éxito en cuanto a imponer la leva en masa al Comité de Salud Pública y a la Convención.

La leva en masa correspondía a la mentalidad revolucionaria de los desarrapados; era popular en las secciones y en los clubs parisinos. Poniendo la ventaja del número de parte de la Revolución, daba la idea, frente a los ejércitos enemigos y el ejército nacional, tan reducido, de una victoria rápida. Jemappes lo probaba. La idea cuajó durante la crisis de julio de 1793, y cuando la República ya atacada en las fronteras se vio en peligro por la revolución federalista. El 6 de julio, la sección de Luxemburgo propuso hacer marchar en masa a las secciones de París contra los departamentos rebeldes: «Que todos los ciudadanos, sin distinción, desde los dieciséis años hasta los cincuenta, estén permanentemente dispuestos para formar parte de las fuerzas armadas».

El 28 de julio la proposición fue de nuevo aceptada por un militante de la sección la Unidad, Sebastián Lacroix, en un discurso en donde se encuentra de nuevo el espíritu épico del decreto de 23 de agosto:

«… ¡que acaben de inmediato los trabajos particulares de todos los que tienen por costumbre construir carros, carpinteros y trabajadores de la madera, para ocuparles solamente en hacer las culatas de los fusiles, las cureñas, los arcones, los carruajes; que acaben los trabajos de cerrajería los herreros y todos los obreros del hierro para ocuparlos tan sólo en hacer cañones; que los amigos de la patria se armen, que formen numerosos batallones; que quienes no tengan armas lleven las municiones; que las mujeres lleven los víveres o amasen el pan; que la señal de combate se dé por el himno de la patria!».

Los reveses de los finales de julio dieron un impulso irresistible a la idea de la leva en masa, orquestada ahora por la prensa popular: «Al mismo tiempo todos los hombres que pueden andar y llevar armas se movilicen —escribe Hébert en el número 265 de su Père Duchesne — y que se dirijan a todos los lugares que se encuentren en peligro».

Presentada a los jacobinos el 29 de julio de 1793 la reivindicación popular de la leva en masa, fue adoptada de nuevo, el 4 de agosto, por la Comuna; el 7, por los delegados de las asambleas primarias venidos a París para aceptar la Constitución. Su orador Royer pedía, el 12, a la Convención que el pueblo se levantara en masa. El Comité de Salud Pública se mostró reticente. ¿Qué hacer con la batalla que produciría la leva en masa? ¿Cómo armar y abastecer? El 14 de agosto, en los jacobinos, Robespierre declaró que «esta idea magnánima, aunque entusiasta, de una leva en masa es inútil». Agregaba: «No son hombres lo que nos falta, sino más bien las virtudes del patriotismo en nuestros generales». Bajo la presión de los militantes parisienses y de los abogados de las asambleas primarias, la Convención adoptó el 16 de agosto el principio de la leva. El 23, por fin, el Comité de Salud Pública decidiose a proponer, según el informe de Barère, los medios de ejecución.

«Desde ese momento hasta que los enemigos hayan sido expulsados del territorio de la República todos los franceses están en situación de requisa permanente para el servicio de los ejércitos. Los jóvenes irán a combatir, los hombres casados fabricarán armas y transportarán las subsistencias, las mujeres harán tiendas de campaña, trajes y servirán en los hospitales, los niños harán vendas de las ropas viejas y los ancianos irán a las plazas públicas para arengar a los guerreros, predicar el odio a los reyes y la unidad de Francia».

Se había suprimido el reemplazo. La leva era un principio general, pero los jóvenes de dieciocho a veinticinco años no casados o viudos sin hijos formarían la primera clase de los llamados a filas e irían los primeros. Se formarían en batallones con una pancarta al frente que dijese: «El pueblo francés, en pie contra los tiranos».

¿El decreto sobre la leva en masa respondía exactamente al deseo de los desarrapados? Tal y como la concebían, una marcha hacia las fronteras, con un impulso de entusiasmo, era irrealizable. Así se explica las reticencias de Robespierre, las dudas del Comité y los límites al decreto. Aunque todos los recursos de la nación fueran movilizados, aunque se organizase la fabricación extraordinaria de armas, sólo se recurriría a los hombres de dieciocho a veinticinco años sin familia a su cargo. En resumen, los problemas de armamento y de aprovisionamiento permanecían sin tocar. El Père Duchesne estableció su plan de campaña a principios de septiembre preguntándose: «¿Cómo hacer que funcionen a la vez millones de hombres? ¿Cómo armarlos, abastecerlos?… Es preciso ante todo asegurarnos de todas las subsistencias de la República. Es preciso requisar a todos los obreros que trabajan en los metales, desde el herrero hasta el orfebre; establecer herrerías en todas las plazas públicas y fabricar, día y noche, cañones, fusiles, sables y bayonetas».

Hébert expresaba con toda claridad el problema de la dirección económica de una guerra nacional: para armar y aprovisionar a las masas de hombres que saldrían de la leva de las siete clases, la economía dirigida se imponía. El problema político y el problema económico se vinculaba de una manera indisoluble al de la defensa nacional.

2. Las jornadas del 4 y 5 de septiembre de 1793

Hacia finales del mes de agosto de 1793 ninguno de los grandes problemas del momento habían sido resueltos. El problema político continuaba igual, aunque el Comité de Salud Pública había eludido los ataques de sus adversarios. El Gobierno revolucionario estaba lejos aún de haberse establecido y organizado. El problema económico y social no tuvo ninguna resolución eficaz. La ley contra el acaparamiento, la de los graneros abundantes sólo había traído remedios ilusorios. La Convención, así como el Comité de Salud Pública, había hasta ese momento evitado e impuesto y la reglamentación, de lo que dependía, no obstante, la suerte del asignado, único recurso financiero de la Revolución. En los últimos días de agosto la crisis de las subsistencias se agravó; el impulso popular se fortaleció. Al mismo tiempo se definía en el espíritu de los militantes parisienses la necesidad de una nueva jornada, que impusiera a las autoridades gubernamentales la voluntad popular.

La crisis de las subsistencias, por un momento atenuada, volvió a producirse por causa de la sequía; la actividad de los molinos se redujo; el pueblo volvió a agruparse nuevamente a las puertas de las panaderías; los suministros de sacos de harina eran aproximadamente de unos 400 y el consumo parisiense exigía por lo menos 1500 al día. El hambre constituía para Hébert un medio de agitación poderosa. Así, pues, centró su campaña en torno a las subsistencias, desarrollando contra los ricos y los comerciantes aquellos temas que sabía agradarían a los desarrapados.

«La patria…, escribía en el número 279 de su Père Duchesne, los negociantes no tienen patria. Mientras han creído que la República les sería útil la han mantenido. Han dado la mano a los desarrapados para destruir a la nobleza y a los parlamentos, pero era para colocarse en el lugar de los aristócratas. Así, desde el momento en que no existen ciudadanos activos, desde que los desarrapados, más desgraciados, gozan de los mismos derechos que el recaudador más rico, todos esos se han vuelto la casaca y emplean todo cuanto está a su alcance para destruir la República; han acaparado todas las mercancías, todas las subsistencias, para revendérnoslas a peso de oro y traernos el hambre…».

El movimiento popular en esos comienzos de septiembre de 1793 se afirmó con toda fuerza y carácter. Era un impulso hebertista, como lo calificó Albert Mathiez. Sin duda, las hojas populares, la de Jaques Roux tanto como la de Hébert, ayudaron a los desarrapados a tomar conciencia de sus fines políticos, a precisar sus reivindicaciones sociales, pero no son el origen. Impulso popular y no hebertista. Bajo la presión de los desarrapados, Hébert, eco sonoro, escribió y actuó e inmediatamente se derrumbaron los jacobinos y la Comuna se puso en movimiento, cediendo al fin la Convención y el Comité de Salud Pública.

El movimiento popular se manifestó desde la primavera de 1789. Sería preciso buscar los orígenes en el empeoramiento de las condiciones materiales de existencia de los comerciantes, artesanos, y trabajadores parisienses bastante antes de 1789. Ese movimiento, que en épocas de crisis permitió ser incorporado a la revolución burguesa, pero que se diferencia de ella (como en las jornadas de septiembre de 1793), se caracteriza por la mentalidad precapitalista que anima a los desarrapados y que en esencia es idéntica a la de los campesinos encarnizados en defender ante los progresos de la agricultura capitalista sus prácticas comunitarias. Los desarrapados son profundamente hostiles al estado de espíritu de la burguesía comerciante e industrial, que sin cesar negaba en nombre de la libertad, indispensable para el futuro de las empresas, la reglamentación y el impuesto tan queridos para el comerciante y el artesano.

La concepción que tienen de la propiedad aclara la oposición fundamental del burgués y del desarrapado. La propiedad, según la declaración de derechos de 1793 como la de 1789, es un derecho natural absoluto, que nada podría limitar. Pero para el desarrapado la propiedad no se concibe más que fundándola en el trabajo personal y limitada por las necesidades de todos. El 2 de septiembre de 1793, en el paroxismo del impulso popular, la sección parisiense de los desarrapados, antes pertenecientes al Jardín-des-Plantes, presentó una solicitud a la Convención nacional. Pedía a la Asamblea

«que fijase invariablemente el precio de las mercancías de primera necesidad, los salarios de trabajo, los beneficios de la industria y los beneficios del comercio… ¡Y qué!, os dirán los aristócratas, los realistas, los moderados, los intrigantes. Eso no es sino atentar contra la propiedad, que ha de ser sagrada e inviolable…, sin duda. ¿Pero ignoran esos verdugos, ignoran que la propiedad no tiene más base que la extensión de las necesidades físicas?».

Y los desarrapados reclamaban el máximo para alimentos y salarios:

«… 2.º Que el precio de todas las mercancías de primera necesidad se fije invariablemente sobre el de los años, digamos, antiguos, desde 1789 hasta el año 90 inclusive, proporcionalmente a sus cualidades diferentes. 3.º Que las materias primas queden fijadas también de manera que los beneficios de la industria, los salarios de trabajo, y los beneficios del comercio moderados por la ley puedan hacer que quede al alcance del industrial, del labrador y del comerciante aquellas cosas necesarias e indispensables para su existencia y también aquello que puede contribuir a su fruición».

Sobre todo los desarrapados del Jardín-des-Plantes piden una limitación muy estricta del derecho de propiedad:

«… 8.º Que el máximum de las fortunas quede estipulado. 9.º Que el mismo individuo no pueda poseer más que un máximum. 10.º Que nadie pueda poseer para alquilar más tierra que la necesaria para una cantidad determinada de arados. 11.º Que el mismo ciudadano no pueda tener más que un taller o una tienda».

Este programa social lleno de contradicciones por su voluntad de mantener la propiedad privada, limitándola en sus efectos, se oponía territorialmente al de la burguesía que dirigía la Revolución. De esta oposición sobrevendría en termidor la muerte del Gobierno revolucionario. Pero por el momento el odio al enemigo común, del Antiguo Régimen, del privilegio, de la aristocracia feudal y la grandeza del peligro contrarrevolucionario cimentaban la alianza de los desarrapados y de la burguesía montañesa. La Montaña no podía vencer por sí sola; tuvo que unirse al programa popular, aunque fuera preciso ceder aún más.

La crisis se complicó en los primeros días de septiembre. Mientras Hébert denunciaba a los adormecedores de la Convención, la efervescencia aumentaba en las secciones, que multiplicaban los actos públicos y las peticiones. En medio de esta fiebre llegó el 2 de septiembre la noticia de una traición inaudita: Tolón había sido entregado a los ingleses por los realistas. A las inquietudes sobre las existencias se añadían las angustias patrióticas, el miedo a una conjura aristocrática; nada más fácil que se desencadenase una ola de terrorismo. El 2 de septiembre por la tarde, para evitar lo peor, los jacobinos se decidieron a actuar.

El 4 de septiembre de 1793 la inquietud popular, largo tiempo contenida, estalló. Desde la mañana grupos de obreros, especialmente de la construcción y de las fábricas de guerra, se reunieron en la plaza de la Grève para reclamar pan para la Comuna. El origen obrero del movimiento era indiscutible: salían de las capas más proletarizadas de los desarrapados; de las filas de esos trabajadores que no eran ni comerciantes ni artesanos, que apenas podían vivir con un salario pagado en asignados cada vez más desvalorizados. En vano, los dirigentes de la Comuna intentaron calmar a los manifestantes: «No son promesas lo que nos hace falta; es pan, y en seguida». Chaumette subió a una mesa:

«Yo también he sido pobre y por lo tanto, sé lo que son los pobres. Esta es una guerra abierta entre ricos y pobres: quieren aplastarnos. ¡Pues bien! Hay que prevenirles: les vamos a aplastar nosotros; tenemos la fuerza en las manos…».

Se decidió una manifestación en masa para el día siguiente, con el fin de dictar a la Convención la voluntad popular.

El 5 de septiembre de 1793 las secciones se reunieron en un largo cortejo y fueron a la Convención al grito de «¡Guerra a los tiranos! ¡Guerra a los aristócratas! ¡Guerra a los acaparadores!». La Convención fue ocupada pacíficamente. Los representantes deliberaron bajo las miradas del pueblo. Después que Pache, en nombre de la Comuna y de sus secciones, hubo denunciado las maniobras de los acaparadores y el egoísmo de los poseedores, Chaumette dio lectura a una petición que pedía se crease un ejército revolucionario para asegurar en los campos las requisas de granos y su transporte a París. Billaud-Varenne, muy pagado de su crédito, propuso que se arrestase a los sospechosos del Comité de Salud Pública. La Convención cedió y decretó no solamente el arresto de los sospechosos, sino también la depuración de los comités revolucionarios encargados de investigar. Era poner el terror al orden del día. Según informe de Barère, se creó un ejército revolucionario de 6000 hombres y 1200 artilleros. La Convención votó, por último, una proposición de Danton: una indemnización de cuarenta centésimos por sesión para cada ciudadano que asistiese a la Asamblea de sección, que se había reducido a dos por semana.

Las jornadas de los días 4 y 5 de septiembre de 1793 constituían una victoria popular: los desarrapados obligaron a las autoridades gubernamentales a que tomasen medidas que habían sido reclamadas desde hacía tiempo. Victoria incompleta a pesar de todo. Las decisiones del día 5 fueron sobre todo políticas. El 4, la Convención se contentó con prometer la institución del «máximum general», que constituía una reivindicación popular esencial. Los desarrapados parisienses tuvieron que mantener su presión para arrancar de la Convención el máximum nacional de los granos y forrajes el 11 de septiembre y el máximum general el 29. Hasta tal punto a la propia burguesía montañesa le repugnaba atentar contra la libertad económica.

Victoria popular, pero también un éxito gubernamental. La legalidad había sido protegida; el terror legal la lleva a la acción directa. El Comité de Salud Pública resistió. Supo ceder a tiempo y en un terreno elegido por él mismo. Su autoridad aumentaba, se había dado un paso más hacia el reforzamiento del Gobierno revolucionario.

3. Éxitos populares y fortalecimiento del Gobierno (septiembre-octubre de 1793)

Después de las jornadas de los días 4 y 5 de septiembre de 1793 la presión popular se mantuvo. La Convención y el Comité de Salvación Pública no se comprometían más que de mala gana en la vía del terror y de la economía dirigida. El impulso popular se ejerció en una dirección doble, retrasando la consolidación del Gobierno revolucionario por causa de una oposición muy fuerte en la propia Convención. Los militantes de las secciones y de los clubs exigían que se reforzase el terror por medio de una depuración estricta de las administraciones y la eliminación de los sospechosos de la vida pública; una represión recrudecida. La crisis continuada de las subsistencias motivaba, por otra parte, su obstinación en cuanto a reclamar una dirección total de la economía y el impuesto general prometido, pero siempre diferido.

El Comité de Salud Pública maniobró durante todo el mes de septiembre aprovechándose del impulso popular para tener a la Convención, y de la Convención para frenar el impulso popular, accediendo a las concesiones necesarias, pero reforzándose poco a poco al mismo tiempo. El 6 de septiembre, Billaud-Varenne y Collot d’Herbois, que habían apoyado las reivindicaciones populares, fueron nombrados miembros del Comité. El 13, el Comité de Seguridad General fue renovado. A partir de entonces el Comité de Salud Pública presentaría a la Convención la lista de miembros. La misma decisión se tomó en relación con los demás comités. De este modo progresaba la concentración gubernamental. Investido de preeminencia y encargado del control de todos los otros comités hasta ahora iguales a éste, el Comité de Salud Pública se convirtió en el centro de la acción gubernamental.

El Terror fue, desde el 5 de septiembre, poco a poco impuesto por la acción popular. Se desarrolló un intenso movimiento de depuración bajo el control de las acciones en la Administración, especialmente en las oficinas de Guerra, bajo el impulso del secretario general del ministerio, Vincent. Los comités revolucionarios fueron renovados por el Consejo General de la Comuna, escapando así a las autoridades de sección. La Asamblea y los propios comités de sección expulsaron de sus filas a todos los moderados, los indiferentes y los tibios. La Convención y los comités de Gobierno, más bien que dirigirla, llevaron a cabo la operación. Pero aun más que la depuración, la represión era lo que excitaba las pasiones populares. La reivindicación terrorista afirmose, tanto más cuando las autoridades gubernamentales no se decidían a generalizar la represión. Mientras que los comités revolucionarios, a impulsos de la Comuna parisiense procedían al arresto de los sospechosos, los rumores de las matanzas se extendieron hacia mediados de septiembre; el 8, los prisioneros que fueron conducidos a La Abadía declaraban que temían que se renovasen las jornadas del año anterior. La Convención previó el peligro, considerando que podía ser desbordada. El 17 de septiembre de 1793, con el fin de evitar toda interpretación abusiva de las medidas de principio votadas el 5, adoptó la ley de sospechosos a instancias de Merlin de Douai. La ley daba una definición muy amplia de los sospechosos, que permitía llegar a todos los enemigos de la Revolución. Sospechosos, los parientes de los emigrados, a menos que no hubiesen manifestado su adhesión a la Revolución; todos aquellos a quienes se les había negado el certificado de civismo, los funcionarios cesantes o destituidos; sospechosos, en general, lo eran aquellos por su conducta o relaciones, por sus proyectos o escritos que se hubiesen mostrado «como partidarios de la tiranía o del federalismo y enemigos de la libertad»; aquellos incluso que no pudiesen justificar sus medios de subsistencia (aquí estaban incluidos los estraperlistas). Los comités revolucionarios estaban encargados de hacer la lista de sospechosos.

La economía dirigida, adoptada en principio el 4 de septiembre, no quedó instaurada hasta que presionaron las masas parisienses. El establecimiento de un máximum nacional de granos y harinas, el 11 de septiembre, se juzgó insuficiente. Hacia mediados de septiembre comenzaron de nuevo las concentraciones a las puertas de las panaderías, multiplicándose las peticiones; el 22, las secciones, apoyadas por la Comuna, presentaron una solicitud a la Convención: «Habéis decretado en principio que todas las mercancías de primera necesidad eran sometidas al impuesto… El pueblo espera vuestra decisión con la impaciencia de la necesidad». En vista de las disensiones, con una violenta oposición, que se producía en el seno mismo de la Convención, y con el fin de tener asida a la Asamblea por el miedo al poder popular, al cual se le daba una satisfacción de este modo, el Comité de Salud Pública se decidió a fortalecer la dirección de la economía. La ley del máximum general fue votada el 29 de septiembre de 1793. La ley tasaba las mercancías y los salarios. Las mercancías de primera necesidad quedaban sometidas al impuesto de los distritos al precio medio de 1790, aumentado en una tercera parte. Aquellos que contraviniesen esta orden quedarían incluidos en las listas de los sospechosos. Hubiera sido ilógico tasar las mercancías sin tasar al mismo tiempo la jornada de trabajo. La ley fija el máximum de salarios en las Comunas según el impuesto de 1790, mejorado en una mitad. Las dificultades de aplicación de esta ley fueron inmensas. Poner en vigor el máximum general exigía un máximo rigor, una centralización más estricta. Llevó consigo un progreso decisivo del terror y la dictadura.

El fortalecimiento del Comité de Salud Pública marchó a la par. Se manifestó a la vez por la liquidación de los rebeldes y por el silencio impuesto a la oposición en la Convención.

La liquidación de los rebeldes no fue posible más que por las divisiones populares. Jacques Roux, Leclerc y Varlet se habían aventurado en vanguardia; una diana fácil para los tiros de las autoridades gubernamentales, preocupados por no dejarse desbordar. El 19 de septiembre de 1793, el oficioso Journal de la Montagne decía:

«Los movimientos populares no son justos más que cuando la tiranía los hace necesarios. Los desalmados que han aconsejado los movimientos feroces e irregulares para servir a nuestros enemigos o satisfacer sus intereses particulares siempre se han cubierto de vergüenza y desprecio».

El Comité de Salud Pública, para la eficacia de su política, creía que no debía tolerar esos movimientos irregulares, es decir, el impulso a veces desordenado de las masas. Jacques Roux fue detenido por segunda vez el 5 de septiembre de 1793 por denuncia; esta vez no se le soltó. Varlet corrió la misma suerte. Fue detenido el 18 de septiembre de 1793 por orden del Comité de Seguridad General, por haber dirigido la oposición de la sección de los Derechos del Hombre contra el decreto que limitaba las asambleas de sección a dos por semana:

«¿Queréis cerrar los ojos del pueblo, debilitar su vigilancia? ¿Y en qué momento? Cuando los peligros de la patria le obligan a colocar en vuestras manos un inmenso poder que exige una vigilancia activa».

Leclerc proseguía, no obstante, su campaña antigubernamental en el Ami du peuple. Denunciando a los jacobinos, con amenaza de arresto, suspendió la aparición de su hoja el 21 de septiembre. Quedaba la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias, dirigida por la actriz Claire Lacombe; quedó disuelta el 20 de octubre de 1793, y los clubs femeninos, prohibidos. Así, la lógica de los acontecimientos arrastraba al Comité de Salud Pública a dominar las organizaciones populares, lo que no podía sino producir una larga hostilidad respecto del Gobierno, que se preocupaba poco de la soberanía popular, al menos según y como lo entendían los desarrapados.

Se le impuso silencio a la oposición durante cierto tiempo en el seno de la Convención después de uno de los debates más encarnizados de la Asamblea. Bouchotte anunciaba el 24 de septiembre de 1793 la destitución de D’Houchard, que dirigía el ejército del Norte, vencido en Menin, después de su victoria de Hondschoote. Esta fue la señal de ataque. Thuriot, que había presentado la dimisión al Comité de Salud Pública, se enfrentó a fondo el 25 de septiembre contra la política gubernamental, preocupándose de la economía dirigida y de la depuración, concluyendo: «Es preciso detener este torrente impetuoso que nos lleva a la barbarie». Esta requisitoria correspondía a los designios secretos de la Convención. Aplaudió y uniose al Comité el representante Briez, que estaba en misión en Valenciennes después que hubo capitulado la plaza. Robespierre puso en el debate todo el peso de su prestigio y elocuencia:

«Yo os digo que aquel que estaba en Valenciennes cuando entró el enemigo no ha sido hecho para ser miembro del Comité de Salud Pública. Esto puede parecer duro, pero lo que aún es más duro para un patriota es que desde hace dos años 100 000 hombres han sido degollados por traición y por debilidad; es la debilidad para los traidores lo que nos pierde».

La Convención, subyugada, mantuvo la confianza en el Comité de Salud Pública.

El fortalecimiento del Comité procede de esos debates. El 10 de octubre de 1793, según el informe de Saint-Just, la Convención declaraba revolucionario hasta la paz al Gobierno de Francia. Las bases del Gobierno revolucionario, es decir, la coordinación de las medidas de excepción bajo la dirección única del Comité de Salud Pública, habían quedado establecidas en septiembre. Las necesidades económicas y la admisión del máximum general exigían ahora su establecimiento definitivo. El decreto del 10 de octubre marcaba el primer paso en este sentido:

«Las leyes son revolucionarias, había declarado Saint-Just; quienes las ejecutan no lo son… La República no se fundará más que cuando la voluntad del pueblo soberano aplaste a la minoría monárquica y reine sobre ella por el derecho de conquista. Hay que gobernar con el hierro a aquellos que no pueden serlo por justicia. Es imposible que las leyes revolucionarias se apliquen si el Gobierno mismo no ha sido constituido revolucionariamente…».

En resumen, los ministros, los generales, los cuerpos constituidos han sido colocados bajo la vigilancia del Comité de Salud Pública, que corresponde directamente a los distritos, eje clave de la nueva organización. El principio autoritario arrastraba al principio electivo.

El impulso popular tuvo como consecuencia situar al Terror a la orden del día, organizándolo en el plano político con la ley de sospechosos, por la ley de máximo general en el plano económico. De la crisis de septiembre, que dio un impulso vigoroso al Gobierno revolucionario, el Comité de Salud Pública salió finalmente fortalecido. La primacía del Comité se afirmaba. Pero no se estableció definitivamente sin una serie de nuevas sacudidas.

III

LA ORGANIZACIÓN DE LA DICTADURA JACOBINA DE SALUD PÚBLICA
(octubre-diciembre de 1793)

Proclamado revolucionario hasta que la paz llegase, el Gobierno se organizó poco a poco. Todos sus esfuerzos tendían hacia la victoria en las fronteras y el aplastamiento de la contrarrevolución interior. En el plano político, la voluntad del Comité de Salud Pública tendía a regularizar la represión y mantener el Terror en el cuadro legal, a controlar el movimiento popular. El impulso reivindicatorio se mantuvo, no obstante, especialmente en cuestiones de represión política y económica; las medidas adoptadas en septiembre proporcionaron algunas satisfacciones a los desarrapados, pero no los desarmaron; su influencia tuvo su apogeo en octubre y noviembre de 1793. Entonces se empezó a afirmar la voluntad gubernamental de contener al movimiento popular por medio de limitaciones estrechas, manteniéndolo dentro de ellas. Bruscamente la descristianización se desencadenó e impulsó un nuevo movimiento popular. El Comité de Salud Pública se esforzó por imitarlo. De esta manera acentuó la ruptura con los desarrapados. El decreto de 14 de frimario, año II (4 de diciembre de 1793) estabilizó su autoridad y organizó su Gobierno, sancionando la evolución que se insinuaba ya desde el 2 de junio.

1. El Terror

El Terror organizado en septiembre de 1793 no se puso verdaderamente en marcha hasta octubre por presión del movimiento popular. Hasta septiembre, de las 260 personas que habían sido llevadas hasta el tribunal revolucionario, 66 habían sido condenadas a muerte, o sea una cuarta parte. El triunfo de los desarrapados abrió un nuevo período en la historia del tribunal revolucionario: el 5 de septiembre fue dividido en cuatro secciones, dos de las cuales funcionan simultáneamente. El Comité de Salud Pública, reunido con el de Seguridad General, propuso la lista de jueces y jurados. Fouquier-Tinville continuó de acusador público. Herman fue nombrado presidente.

Los grandes procesos políticos empezaron en octubre. El 3, según el informe de Amar, los girondinos fueron llevados de nuevo ante el tribunal revolucionario, y María Antonieta, al de Billaud-Varenne. La reina fue guillotinada el 16 de octubre. Su ejecución fue «la mayor de todas las alegrías del Perè Duchesne». El proceso de los girondinos empezó el 24; el debate amenazaba eternizarse. La Convención decretó que tres días después los jurados podrían pronunciarse; los girondinos perecieron el 31 de octubre. La Campaña terrorista de Hébert se mantuvo durante todo el otoño y contribuyó a exaltar la voluntad del castigo entre los desarrapados. Después de la ejecución del duque de Orleáns, Philippe-Egalité, el 6 de noviembre, Père Duchesne dio sus buenos consejos al tribunal para «que continuase batiendo el hierro mientras estaba caliente y que con toda rapidez hiciese pasar por la navaja nacional al traidor Bailly, al infame Barnave…». En su número 312 alababa las virtudes de la Santa Guillotina y protestaba por adelantado contra la clemencia. Madame Roland fue ejecutada el 8 de noviembre; Bailly el 10; Barnave, el 28. En los últimos tres meses de 1793, de 395 acusados, 177 fueron condenados a muerte, o sea un 45 por 100. El número de los detenidos en las prisiones parisinas elevose de 1500 aproximadamente hasta finales de agosto, a 2398 el 2 de octubre y a 4525 el 21 de diciembre de 1793.

En los departamentos, el Terror estuvo en función de la gravedad de la Revolución y del carácter de los representantes en la misión. Las regiones que no habían sufrido la guerra civil ignoraban generalmente, al menos hasta finales de 1793, lo que sucedía. En Normandía, por causa del fracaso de la insurrección federalista, no hubo ninguna condena capital, y Lindet recurrió a la reconciliación general. En los departamentos del Oeste, asolados por la rebelión de la Vendée, las comisiones militares, compuestas por cinco miembros, funcionaron en las principales ciudades. Rennes, Tours, Angers, Nantes, para condenar a muerte a los rebeldes que cogiesen con las armas en la mano con sólo comprobar su identidad. En Nantes, el representante en misión, Carrier, dejó que se llevasen a cabo las ejecuciones sin juicio alguno, ahogándolos en masa en el Loira. De esta forma perecieron de diciembre a enero de 2000 a 3000 personas, sacerdotes refractarios, sospechosos, rebeldes y los condenados por delitos comunes. En Burdeos la represión fue dirigida por Tallien; en Provenza, por Barras y Fréron, que hicieron ejecuciones en masa en Tolón. En Lyon, el terror correspondía al peligro en que la rebelión de la ciudad había puesto a la República. Fue preciso para reducirla un asedio de dos meses, del 9 de agosto al 9 de octubre de 1793. El 12 de octubre, según informe de Barère, la Convención decretó la destrucción de la ciudad:

«Todo aquello que fue habitado por el rico será destruido; no quedarán más que las casas de los pobres, las viviendas de los patriotas, ahorcados o proscritos… El conjunto de las casas conservadas llevará el nombre, a partir de ahora, de Ville Affranchie».

Si Couthon se contentó con ordenar la demolición de las casas de la plaza de Bellecour, Collot d’Herbois y Fouché, llegados el 7 de noviembre, organizaron la represión en escala. Una comisión revolucionaria, que pronunció 1667 penas capitales, reemplazó a la Comisión de justicia popular por juzgarla demasiado inocente; el fusilamiento y la metralla suplieron a la guillotina, demasiado lenta.

Esencialmente político, el Terror revestía con frecuencia por la fuerza de los hechos un aspecto social: los representantes en misión no podían apoyarse más que sobre la masa de los desarrapados y los cuadros jacobinos. Encargados esencialmente de dirigir la leva en masa, muchos de los representantes se atuvieron a las medidas necesarias para la defensa nacional y la seguridad interior. Otros dieron a su actuación revolucionaria un sentido social marcado, poniendo un impuesto a los ricos y organizando ejércitos revolucionarios, creando talleres y hospicios, aplicando estrictamente el máximo. Así, Isoré y Chasles en el Norte, Saint-Just y Lebas en Alsacia, Fouché en la Nièvre… El 10 de brumario, año II (31 de octubre de 1793), Saint-Just y Lebas dieron un decreto por el que ponían un impuesto de nueve millones a los ricos de Estrasburgo, dos de los cuales se emplearían en las necesidades de los patriotas indigentes. Dando cuenta a los jacobinos de la misión de Saint-Just, Robespierre declaró el 1 de frimario (21 de noviembre): «Habéis visto que se ha desmantelado a los ricos para alimentar y vestir a los pobres. Esto lo ha despertado la fuerza revolucionaria y la energía patriótica. Los aristócratas han sido guillotinados».

Los aspectos económicos del Terror no son menos evidentes. En París la Comuna controlaba el reparto de las mercancías, en especial por medio de las cartillas de racionamiento para el pan. Autorizó a los comisarios de la sección de acaparamiento para que girasen visitas domiciliarias; se esforzó porque se respetase la tasa, aplicando las medidas de represión. Destacamentos del ejército revolucionario, creado el 9 de septiembre de 1793 y organizado a principios de octubre, circulaban por las regiones productoras en torno de París; los cultivadores entregaron sus granos. Las autoridades gubernamentales se atuvieron a la legislación existente contra el acaparamiento, rehusando ceder a las presiones de las secciones parisienses; el 23 de octubre de 1793 pidieron en vano a la Convención que instituyese contra los acaparadores un jurado especial elegido entre los ciudadanos pobres. En los departamentos, la aplicación del máximo exigía un rigor mayor: la simple amenaza del Terror era eficaz. No hubo pena capital por motivos puramente económicos. La mayoría de las ciudades imitaron a París, racionando el pan e incluso hasta municipalizar la panadería. Pero el reparto suponía un aprovisionamiento normal. Para coordinar la circulación de las mercancías y estimular la producción, el Comité de Salud Pública instituyó el 22 de octubre de 1793 una comisión de subsistencias con poderes amplios y que tenía vara alta sobre la producción, el comercio y los transportes. Toda la vida económica de la Nación pasaba bajo el control del comité. La fuerza coactiva de que disponían sus agentes y los representantes en misión le permitieron imponer la economía dirigida a los productores y los comerciantes que no querían.

Cuando el Terror tendía a regularizarse bajo el control, cada vez más estricto, del Comité de Salud Pública, tuvo que enfrentarse con una nueva forma del impulso popular, que casi hizo fracasar su posición de dominio y poner en duda la estabilización del Gobierno revolucionario.

2. La descristianización y el culto de los de la libertad

Los orígenes de la descristianización hay que buscarlos, respectivamente, en algunos aspectos de la política religiosa desde 1790 y en algunos rasgos de la mentalidad popular.

Desde 1790, los sacerdotes refractarios se habían situado al lado de la aristocracia. En 1792, el clero constitucional a su vez se hizo sospechoso para muchos revolucionarios. Salvo algunos curas que tomaron partido por el movimiento popular, como Jacques Roux, la gran mayoría de los sacerdotes constitucionales permaneció monárquica, lamentando el 10 de agosto, y más todavía, la ejecución del rey. Esta evolución se acentuó en 1793. El clero constitucional tendía, naturalmente, hacia la Gironda y el federalismo, lo que aumentó la hostilidad popular a este respecto. Muchos políticos juzgaron desde el momento inútil continuar la experiencia de la Constitución civil, desde noviembre de 1792. Cambon propuso que ya no se le pasase ningún salario al clero. Pero esos mismos hombres pensaron mal, al creer que el Estado podía pasarse sin una Iglesia y el pueblo sin ceremonias religiosas. Desde 1790 se fue bosquejando poco a poco un culto revolucionario, siendo la Federación del 14 de julio la primera grandiosa manifestación. Durante las fiestas cívicas, las ceremonias conmemorativas como las del 14 de julio, las pompas fúnebres en honor de Mirabeau, las prácticas de esta nueva religión fueron poco a poco concretándose. Pero mientras el clero habíase hasta aquí asociado a sus manifestantes, la fiesta de la Unidad y la Indivisibilidad, el 10 de agosto de 1793, fue puramente laica. Al mismo tiempo, se asentaba una verdadera devoción popular en torno a los mártires de la libertad. Lepeletier, Chalier y, sobre todo, Marat.

Muchos meses antes de desencadenarse la descristianización, los incidentes marcaron en París la voluntad descristianizadora de ciertos militantes: así, desde la fiesta de Corpus, en junio de 1793, con motivo de la búsqueda de metales preciosos se quitaban las campanas necesarias para las industrias de armamentos. El 12 de septiembre de 1793, la sección del Panthéon-Français reclamaba que se abriesen escuelas de la libertad donde se predicaría cada domingo «el horror del fanatismo». La descristianización responde, pues, a una corriente cuyas manifestaciones pueden seguirse especialmente desde la entrada de los desarrapados a la vida política. Al sentimiento antirreligioso se mezclaron para acelerar el proceso las necesidades de la defensa nacional: los metales preciosos permitían sostener el asignado: el bronce de las campanas, fundir cañones. La descristianización revestía un aspecto económico: la caza del oro fue, con frecuencia, una de las causas y una de las consecuencias.

La adopción del calendario revolucionario, la medida más anticristiana de la revolución, según Aulard, demostró que en este aspecto el sentido de la Convención y de la burguesía revolucionaria era idéntico al de la vanguardia popular. El 5 de octubre de 1793, la Convención adoptó el informe de Romme, instituyendo la era republicana a partir del 22 de septiembre de 1792, primer día de la República; el año se dividía en doce meses de treinta días, cada mes en tres décadas, completado por cinco o seis días complementarios, en un principio se determinaron sans-culottides. Así, el décadi destronaba al domingo, las fiestas decadarias harían la competencia a las ceremonias religiosas. El 24 de octubre de 1793, nuevo informe sobre el calendario, de Fabre d’Englantine, esta vez autor de Il pleut, it pleut, bergère, imaginaba los nombres poéticos que a partir de entonces llevarían los meses (vendimiario, brumario, frimario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairial, mesidor, termidor, fructidor). Esta tentativa de descristianizar la vida cotidiana fue completada por el decreto del 15 de brumario (5 de noviembre), que instituía un conjunto de fiestas cívicas:

«Libres de prejuicios y dignos de representar a la nación francesa, había declarado el informador Marie-Joseph Chénier, sabréis fundar sobre los restos de las suposiciones destronadas, la única religión universal que no tiene ni secretos ni misterios, cuyo único dogma es la igualdad, siendo los oradores nuestras leyes, los magistrados los pontífices, y que sólo enciende el incienso de la gran familia ante el altar de la patria, madre de la divinidad común».

Hasta aquí el culto católico continuaba indemne, al menos legalmente.

La descristianización propiamente dicha se afirmó en principio en los departamentos bajo el impulso de algunos de los representantes de la misión. El 21 de septiembre de 1793, Fouché presidió en la catedral de Nevers la inauguración de un busto de Brutus; el 26 declaraba a la sociedad popular de Moulins, que quería sustituir «los cultos supersticiosos e hipócritas» por el de la República y la moral natural; el 10 de octubre, por fin, Fouché prohibía toda ceremonia religiosa fuera de las iglesias, dando carácter laico a los coches fúnebres y los cementerios, a cuya entrada ordenó colocar la siguiente inscripción: «La muerte es un sueño eterno». En Rochefort, Lequinio transformó la iglesia en un templo de la Verdad; en Somme, Dummont prohibió los oficios del domingo, transfiriéndolos a los décadis; Drouet recogió en Maubéuge los objetos preciosos que servían para el culto, «ornamentos del fanatismo y de la ignorancia»; algunos representantes estimulaban el matrimonio de los sacerdotes.

La descristianización fue impuesta desde fuera a la Convención. Chaumette, que a finales de septiembre había hecho un viaje a Nièvre, su país natal, y que había asistido a la ceremonia del 21 al lado de Fouché, recomendó en la Comuna de París que se tomasen medidas semejantes. El 14 de octubre prohibía las ceremonias religiosas fuera de las iglesias. La Comuna, sin embargo, actuaba con prudencia. Hébert esperó a finales de octubre para atacar al solideo en el número 301 del Père Duchesne. El impulso provino de otra parte. El 9 de brumario, año II (30 de octubre de 1793), la Comuna de Ris, cerca de Corbeil, anunciaba en la Convención que adoptaba a Brutus como patrón en lugar de San Blas; el 16 (6 de noviembre), una delegación de Mennecy en ese mismo distrito declaraba que renunciaba al culto católico, pidiendo que se suprimiese la parroquia, inaugurando en el salón de la Convención las mascaradas antirreligiosas. ¿Bajo qué impulso actuaban los desarrapados de Ris y Mennecy? ¿Intrigas contrarrevolucionarias dirigidas por los curas constitucionales? ¿Presión por parte de los comisarios del departamento o del Consejo ejecutivo, encargados de la requisa de granos en el distrito de Corbeil, con el apoyo de los destacamentos del ejército revolucionario? El 16 de brumario la Convención decretó que cualquier municipio tenía el derecho a renunciar al culto católico.

La descristianización se precipitó desde ese momento. El 16 de brumario por la tarde, en los jacobinos, el diputado Leónard Bourdon pronunciaba un violento discurso contra los sacerdotes; después, el Comité central de las sociedades populares, en donde se agitaban los extremistas como Desfieux, Pereira y Proli, dio lectura de un proyecto de petición para la supresión del presupuesto al culto. En la noche del 16 al 17 fueron los promotores de la petición, acompañados por los diputados Anacharsis Cloorts y Leónard Bourdon, a ver a Gobel, obispo de París, obligándole a abandonar la sede episcopal. Compareció el 17 de brumario (7 de noviembre) con sus vicarios en el salón de la Convención, dimitiendo solemnemente. Chaumette dio cuenta inmediata a la Comuna de esta escena memorable, en donde el fanatismo y la truhanería de los sacerdotes habían entregado su último aliento; hizo que la celebración de la fiesta de la libertad se hiciese en la antes iglesia metropolitana de Nôtre-Dame. Tuvo lugar el 20 de brumario (10 de noviembre de 1793). Una montaña simbólica se había edificado en el coro; una actriz personificaba a la Libertad. La Convención, que había asistido a la celebración de la fiesta, decretó de inmediato bajo la magistratura de Chaumette, que Nôtre-Dame, antes iglesia metropolitana, se consagraría a la Razón. En unos días, la ola de descristianización arrasó a las secciones parisienses. A partir del 17 por la tarde, a petición del representante Thuriot, la sección de las Tullerías renunció al culto; el 19, la de Gravilliers, a impulsos de Leónard Bourdon. Los comités revolucionarios y las sociedades populares entraron entonces en acción; el 5 de frimario todas las iglesias de la capital estaban consagradas a la Razón. El 3 de frimario (23 de noviembre de 1793), la Comuna sancionaba este estado de hecho y decidía que se cerrasen las iglesias.

El culto a los mártires de la libertad se desarrolló paralelamente al movimiento descristianizador. Pero aun cuando éste fue impulsado por hombres ajenos a los desarrapados, el culto de los mártires nació de la devoción popular por Marat. Los desarrapados, en la crisis del verano de 1793, vieron como se fortalecían sus principios republicanos, una forma de comunión popular, una exaltación de la fe revolucionaria. La ostentación del nuevo culto sustituía de cierta manera a la del culto tradicional, siempre practicado, pero cada vez más vigilado, y pronto confinado a las iglesias y más tarde prohibido. En el transcurso de agosto de 1793 muchas de las secciones parisienses y sociedades populares celebraron actos fúnebres en honor de Marat o bien procedían a la inauguración de su busto y del de Lepeletier. De esta forma empezaron a bosquejarse los caracteres del nuevo culto. En septiembre los desarrapados los arrastraron definitivamente y se generalizó. Pronto aparecieron los coros y los cortejos, dando a esas ceremonias republicanas un verdadero carácter religioso. Las procesiones cívicas se multiplicaron en octubre. Al unir a Marat y a Lepeletier, de Chalier, guillotinado por la contrarrevolución lionesa, se constituyó la tríada revolucionaria. La descristianización dio nuevo impulso al culto de los mártires; se implantó en todas las secciones parisienses. Las iglesias, una vez más cerradas, fueron uno de los elementos de culto republicano que los militantes populares creían instaurar sobre las ruinas del catolicismo. La devoción a los mártires de la libertad se integró en el culto de la Razón, divinidad demasiado abstracta, aunque adoptase los rasgos de una corista de la Ópera; sus efigies reemplazaron en las iglesias, convertidas en templos de la Razón, a las de los santos del catolicismo. Pero a partir del otoño de 1793 el culto de los mártires se hizo sospechoso a las autoridades gubernamentales, y más todavía a algunas de las fracciones de la burguesía montañesa: exaltaba en la persona de Marat el sentimiento revolucionario en sus manifestaciones extremas. Fue envuelto en la contraofensiva del Comité de Salud Pública contra la descristianización.

El primer intento para detener esta descristianización empezó a principios de diciembre. Cuando el 21 de brumario, año II (11 de noviembre de 1793), una diputación del Comité central de las sociedades populares pidió que el Estado no contribuyese a sostener ningún culto, la Convención no quiso pronunciarse. El 27, en su informe sobre la situación exterior de la República, Robespierre señalaba el peligro de la descristianización, que podía alejar de la causa revolucionaria a los neutrales políticamente. El 1 de frimario (21 de noviembre), en los Jacobinos, se pronunció con fuerza por la libertad de los cultos. Aunque no favorecía al catolicismo, creía, en realidad, que la abolición del culto era una falta política: la República tenía ya bastantes enemigos, sin necesidad de que también se alzase contra ella una gran parte de las masas populares vinculadas a la religión tradicional. Mencionando a los agentes extranjeros, Desfieux, Pereira y Proli, esos hombres inmorales, Robespierre insinuaba que aquellos que derribaban los altares podían muy bien ser los contrarrevolucionarios disfrazados de demagogos:

«Aquel que quiere impedirla es tan fanático como el que dice la misa… La Convención no permitirá que se persiga a los ministros pacíficos del culto, pero los castigará con severidad cada vez que intenten valerse de sus funciones para engañar a los ciudadanos y emplear los prejuicios o el monarquismo contra la República».

El retorno de Danton a París, que descansaba en Arcis desde octubre y a quien alarmaba el descubrimiento de la conspiración del extranjero, reforzó en este sentido la posición gubernamental. El 6 de frimario, Danton se opuso violentamente a las mascaradas religiosas, exigiendo que «se pusieran límites»; el 8, Robespierre volvió una vez más sobre los peligros de la descristianización. Al día siguiente viendo que cambiaba el viento, Chaumette hizo que la Comuna confirmase la libertad de los cultos; no pasando dinero alguno a los sacerdotes, separaba a la Iglesia del Estado. El 16 de frimario, año II (6 de diciembre de 1793), la Convención recordó a su vez, por medio de un decreto solemne, el principio de la libertad de cultos. Pero la Asamblea limitó las consecuencias del decreto cuando el 18 precisó, a instancia de Barère, que no pretendía alentar contra las medidas que ya se habían tomado, especialmente los decretos de los representantes: las iglesias que estaban cerradas continuaron así, según las regiones y los representantes en misión. En la primavera de 1794, las iglesias que aún estaban abiertas eran cada vez más escasas.

Pero a pesar del carácter limitado de su éxito, el Comité de Salud Pública seguía teniéndolo. Había frenado el movimiento popular y evitado que se le desbordasen los descristianizadores. Por entonces la situación militar mejoraba y contribuía a fortalecer su posición.

3. Las primeras victorias (septiembre-diciembre de 1793)

El Gobierno revolucionario no tenía otra razón ni otro fin que la victoria. El Comité de Salud Pública no hubiera tenido éxito en cuanto a imponer su autoridad ni tampoco para mantenerse si no hubiera obtenido rápidas victorias sobre el enemigo.

La dirección de la guerra fue coordinada por el Comité, quien le dio un vigoroso impulso, activamente secundado por Bouchotte, el ministro desarrapado. Carnot y el prior de la Côte-d’Or, funcionarios de carrera, entrados en el Comité el 14 de agosto de 1793, se ocupaban especialmente de las fábricas de la guerra. Pero los planes de campaña y los nombramientos de los generales eran discutidos por el Comité en pleno. Robespierre (las notas de su agenda lo demuestran) y Saint-Just tuvieron una gran participación en la dirección de la guerra. Jeanbon Saint-André, en el curso de sus largas misiones, controló y desarrolló fundiciones, fabricación de fusiles, talleres de salitre, construcciones navales. Lindet, en la Comisión de subsistencia, se ocupó incansablemente del aprovisionamiento de los ejércitos y de las fábricas. Carnot, el organizador de la victoria, sí, pero con todo el Comité. Que Robespierre, Saint-Just y Couthon no hayan tomado parte en la organización metódica de la victoria es leyenda termidoriana forjada por los supervivientes del Comité, deseosos de hacer recaer sobre los proscritos la responsabilidad del Terror y reivindicar para ellos la gloria de haber asegurado la salvación de la República.

La movilización material fue organizada en la primavera de 1793. Faltaba todo; almacenes y arsenales estaban vacíos, y hacia julio los efectivos ascendían a 650 000 hombres. Era preciso sacar del país todo cuanto compraba hasta ese momento en el extranjero. El Comité de Salud Pública asoció su esfuerzo a los sabios más eminentes de la época. Por vez primera la investigación científica fue sistemáticamente puesta al servicio de la defensa nacional. A la cabeza, Monge, de talento múltiple, redactó en brumario, año II, una Description de I’art de fabriquer les canons, organizando con Hassenfratz la fábrica especial de armas de París, tomando parte muy principal en la recolección revolucionaria del salitre y el desarrollo de la fabricación de pólvora. El químico Berthollet se ocupó también de la fabricación de pólvora. Vandermonde redactó el folleto sobre los Procédés de la fabrication de armes blanches. El ingeniero de minas Hassenfratz fue comisario para la fabricación de armas… En París, para organizar una fábrica nacional de armas, fueron requeridos los obreros que trabajaban en el hierro, y se instalaron las forjas en los jardines y en las plazas públicas. La producción alcanzaba a finales del año II cerca de 700 fusiles por día. En diciembre de 1793 fue iniciada la explotación revolucionaria del salitre; los ciudadanos eran invitados a que recogiesen las tierras de sus cuevas que contuviesen salitre, y las municipalidades, a que creasen talleres para lavarlas y extraer por evaporación el polvo tiranicida. La recolección del salitre expresó desde ese momento el fervor patriótico de los desarrapados. Sin duda, ese inmenso esfuerzo no dio verdaderamente sus frutos hasta la primavera de 1794. Mientras tanto, el Comité había sabido detener a quienes tenían prisa y parar la invasión.

Por su parte, el Terror también actuó en los ejércitos. Si el Comité de Salvación Pública pudo levar, equipar, armar y alimentar a catorce ejércitos llevándolos a la victoria tuvo éxito gracias a la leva en masa y la requisición al máximo, a la nacionalización de las fábricas de guerra, así como a la depuración del mando y a la coordinación de los generales: todas esas órdenes pudieron ser puestas en marcha y dar sus frutos porque el Gobierno revolucionario disponía de una autoridad sancionada por el Terror. Los estados mayores y el alto mando fueron depurados, seleccionándose una nueva generación de mandos militares, entre los diversos elementos del antiguo Tercer Estado y también de la nobleza pobre, pues el Comité siempre había rehusado excluir a los nobles del ejército y de las actividades públicas como medida general. Jourdan, nacido en 1762, fue designado para el alto mando del ejército del Norte; Pichegru, nacido en 1761, al del ejército del Rhin; Hoche, nacido en 1768, al del ejército del Mosela. Los generales quedaron estrechamente sometidos al control del poder civil y tuvieron que obedecer. La Constitución de 1793, en su artículo 110, estipulaba: «No hay generalísimo». La disciplina revolucionaria se aplicó a todos, generales y soldados, con el mismo rigor. El general Houchar, vencedor en Hondschoote, los días 6-8 de septiembre de 1793, se apoderó de Menin; pero bruscamente, a pesar de los dirigentes del Comité, ordenó la retirada que se transformó en derrota. Destituido fue llevado ante el tribunal revolucionario, condenado a muerte y guillotinado el 15 de noviembre de 1793, por haber comprometido los planes de la campaña. No hay que imaginar, sin embargo, que pesaba sobre los generales un poder ciego: cuando Hoche y el ejército del Mosela fracasó en su vigoroso ataque sobre Kaiserlautern, el Comité de Salud Pública supo consolarle y estimularle. Las tropas volvieron a cobrar confianza, los representantes en misión se comprometieron a desarrollar en sus filas los sentimientos patrióticos. La victoria o la muerte fue la divisa de los ejércitos republicanos.

La victoria se afirmó en otoño de 1793.

El fin de la insurrección federalista lo señaló la toma de Lyon. Fue preciso sitiarla largo tiempo; la resistencia de la ciudad, animada por el conde de Precy y los realistas, exigía un gran esfuerzo militar que comprometió a los ejércitos de los Alpes. El 29 de septiembre de 1793, los republicanos se apoderaron de Fourvière; pero hasta el 9 de octubre no entraron en la ciudad convertida en Comuna independiente. El Comité de Salud Pública pudo entonces lograr sitiar Tolón, bajo las órdenes de Dugommier, ayudado por el capitán de artillería Bonaparte. El 15 de diciembre de 1793 se dio el asalto; la ciudad cayó el 19; se convirtió en Port-la-Montagne.

El aplastamiento de la revolución de la Vendée fue el resultado de los medios enérgicos que había tomado el Comité de Salud Pública. La guarnición de Maguncia salió de la guerra con todos los honores, dando un golpe decisivo al ejército católico y real. Todas las fuerzas republicanas se reunieron en un solo ejército del Oeste, bajo las órdenes de Léchelle, secundado por Kléber. Salieron de Niort y de Nantes dos columnas republicanas numerosas, haciendo retroceder ante ellas las bandas de rebeldes, uniéndose en Cholet donde los de la Vendée habían sido derrotados el 17 de octubre de 1793. Pero Rochejaquelein y Stofflet habían logrado cruzar el Loira con 20 000 o 30 000 hombres. Avanzaron hasta Granville, para apoderarse de un puerto y tender la mano a los ingleses. Fracasaron ante Granville, defendido por el convencional Le Carpentier, los días 13 y 14 de noviembre, dirigiéndose hacia el Sur, donde volvieron a fracasar de nuevo ante Angers, los días 3 y 4 de diciembre, tomando, por último, la ruta hacia Mans. Marceau y Kléber les derrotaron en una terrible batalla en las calles, en Mans, los días 13 y 14 de diciembre de 1793. Los restos del ejército de la Vendée fueron dispersados o destruidos en Savenay, en el estuario del Loira, el 23 de diciembre. Fue el final de la guerra de la Vendée. La Rochejaquelin y Stofflet volvieron a cruzar el Loira; Charette continuaba en Le Marais. La Vendée había dejado de ser un peligro inmediato.

El retroceso de la invasión correspondió también al esfuerzo bélico del Comité de Salud Pública. Todas las fronteras estaban rotas. En el Mar del Norte, los anglo-holandeses del duque de York, a finales de agosto bloquearon Dunkerque, del que el gobierno de Londres quería apoderarse a cualquier precio. En el Sambre, los imperialistas del príncipe de Cobourg, después de apoderarse de la plaza de Quesnoy, sitiaron Maubeuge, a finales de septiembre. En el Sarre, el ejército prusiano del duque de Brunswick se mostraba poco activo. Pero hacia el Rhin, los austríacos de Wurmser tomaron la ofensiva, apoderándose de las líneas de Wissembourg el 13 de octubre, bloquearon Landau e invadieron Alsacia. El Comité dio orden de atacar en todas partes.

La liberación de Dunkerque, valerosamente defendida por Souham y Hoche, fue seguida de la victoria del ejército de Houchard en Hondschoote, sobre el cuerpo de ejército de Freytag que cubría las operaciones del sitio: batalla larga —duró del 6 al 8 de septiembre de 1793— confusa, incompleta. Houchard dejó escapar a Freytag y no pudo cortar la retirada del ejército inglés que sitiaba Dunkerque. Poco después, Houchard fue derrotado en Menin por los holandeses; destituido, fue guillotinado. Hondschoote era, sin embargo, la primera victoria de los ejércitos republicanos desde hacía tiempo.

La liberación de Maubeuge fue la consecuencia de la victoria del ejército del Norte, dirigido por Jourdan, a quien secundaba Carnot, en Watignies, el 16 de octubre de 1793. El representante en misión capitaneó, al lado de los generales, las columnas de asalto. El general que mandaba en la plaza no se había movido durante la batalla; destituido, fue enviado a la guillotina. Los austríacos se replegaron hacia Mons. La victoria aquí aún no era decisiva. Pero Wattignies, que venía detrás de Hondschoote, justificó la política del Comité y dio nueva confianza a las tropas.

La liberación de Landau duró más tiempo. Mientras el general austríaco Wurmser invadía Alsacia, Brunswick y el ejército prusiano en el Sarre continuaron inactivos. Saint-Just y Lebas fueron enviados en misión a Alsacia; Boudot y Lacoste, a Lorena. El Comité de Salud Pública reagrupó las fuerzas hacia el Este y reforzó el ejército del Rhin, dirigido por Picheri. Nombrado para el mando del ejército del Mosela, Hoche atacó Brunswick, del 28 al 30 de noviembre, en Kaiserslautern; fracasó. Promovido para el mando de los dos ejércitos, volvió a tomar ofensiva, levantó las líneas de Wissembourg, liberó Landau el 29 de diciembre de 1793 y entró en Spire. Los prusianos retrocedieron a Maguncia, mientras que los austríacos volvían a pasar el Rhin.

A finales de 1793, la invasión había retrocedido en todos los frentes. Los españoles habían sido rechazados hacia Bidasoa, al oeste de los Pirineos. Al este, detrás de Tech, Saboya había sido liberada ya desde octubre, por Kellermann. Por entonces empezaron a notarse los primeros resultados de la movilización material: la leva en masa reunida, las industrias de guerra en marcha. A principios de noviembre salieron los primeros fusiles fabricados en los nuevos talleres y fueron presentados en la Convención. La política de defensa nacional del Comité de Salud Pública se mostraba eficaz.

4. El decreto de 14 de frimario, año II (4 de diciembre de 1793)

A principios de diciembre de 1793, el movimiento popular parecía en vías de estabilización. La ofensiva gubernamental contra la descristianización desconcertó a los militantes de las secciones y de los clubs, rompiendo el impulso popular que el Comité de Salud Pública se esforzaba por aplacar y dirigir desde el 2 de junio. Al mismo tiempo se sentía más la necesidad de regularizar la acción gubernamental en los departamentos. El Terror representaba una gran diversidad. Lo más corriente era que los representantes en misión se apoyasen en los jacobinos y las sociedades populares, uniéndose a los sans-culottes del lugar. De aquí que se produjesen multitud de luchas de influencia, según las tendencias de unos y de otros, y una gran variedad en cuanto a la aplicación de las órdenes terroristas. Si los representantes y los jacobinos tuvieron éxito en cuanto a mantener la unidad nacional, su actuación, no obstante, carecía de disciplina y de coordinación. La dualidad de las autoridades administrativas, unas elegidas y otras de origen revolucionario, aumentaba con frecuencia el desorden. Fue necesario delimitar los poderes respectivos, subordinándolos al poder central, orientando definitivamente la espontaneidad revolucionaria de las masas hacia los fines asignados por el Gobierno revolucionario.

Hay que añadir que la situación económica exigía todo esto imperiosamente. El establecimiento del máximum general por distrito arrastraba múltiples desigualdades, mientras que era necesario que se fijasen determinados puntos sobre los cuales el decreto de 29 de septiembre de 1793 no decía nada. Por ejemplo, los precios de los transportes, los márgenes de beneficio de los detallistas y comerciantes al por mayor. Algunas regiones sufrían hambre, como el Mediodía, mientras que otras estaban ahítas; de aquí los desórdenes y perturbaciones. El Comité de Salud Pública juzgó necesario reforzar la centralización administrativa con el fin de reorganizar el gobierno económico, unificar el máximum, nacionalizar el comercio exterior y establecer así un reparto equitativo entre los departamentos. Las necesidades económicas, lo mismo que los imperativos políticos, incitaban al Comité para que estableciese definitivamente la autoridad absoluta sobre la vida de la nación.

El decreto constitutivo del Gobierno revolucionario del 14 de frimario, año II (4 de diciembre de 1793), respondió a este fin. La Constitución provisional de la República mientras durase la guerra, había sido fijada y la centralización restablecida.

«La Convención nacional es el centro único de impulso del Gobierno» (art. 1), pero «todos los cuerpos constituidos y los funcionarios públicos quedarán bajo la inmediata inspección del Comité de Salud Pública, según el decreto de 10 de octubre de 1793; para todo aquello relativo a las personas y a la política general e interior, esta inspección particular pertenece al Comité de Seguridad general, de acuerdo con el decreto de 17 de septiembre de 1793» (art. 2).

El procurador de la Comuna se convirtió en un agente nacional, un simple delegado del Estado revolucionario, sometido al control de los Comités de gobierno; el distrito, dirigido por un agente nacional nombrado y no elegido, constituye la circunscripción administrativa por excelencia, ya que el departamento no tiene más que un papel secundario. La facultad de enviar a los comisarios está reservada al gobierno: queda prohibido a las autoridades constituidas que comuniquen por medio de los comisarios y que constituyan Asambleas centrales; lo mismo en lo que se refiere a las sociedades populares. Si el ejército revolucionario central se mantiene, por el contrario los ejércitos departamentales quedan suprimidos, las tasas revolucionarias prohibidas.

La lógica de los acontecimientos termina por reconstituir la centralización, restablecer la estabilidad administrativa, reforzar la autoridad gubernamental, condiciones necesarias de la victoria perseguida obstinadamente por el Comité de Salud Pública. Pero se había terminado la libertad de acción del movimiento popular.

Las circunstancias ponían el problema de esa centralización dictatorial en tela de juicio. La Revolución ha vencido; Tolón fue tomada el 19 de diciembre; los de la Vendée aplastados en Savenay, el 23; Landau, liberado el 29. El terrorismo ¿podría desde ese momento quedar anulado y la dictadura atenuada? Todos aquellos que aspiraban a una vida pacífica, todos cuantos deseaban el retorno a la libertad económica, anhelaban que el Comité de Salud Pública aflojase su presión y distendiese los resortes de su autoridad. Pero la guerra continuaba, y con la llegada de la primavera comenzaban las campañas militares con las mismas exigencias. ¿El Comité de Salud Pública, si cedía a la ofensiva indulgente que se presentaba (y parece que lo había hecho con el parón que se había dado a la descristianización), podría continuar poseyendo la confianza de los desarrapados, condición esencial de la victoria? Apenas estabilizado, el Gobierno revolucionario se vio ante una doble oposición.

CAPÍTULO IV

VICTORIA Y CAÍDA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
(diciembre de 1793 —julio de 1794)

Subordinando todo a las exigencias de la defensa nacional, el Comité de Salud Pública no cedía ni ante las reivindicaciones populares en detrimento de la unidad revolucionaria, ni ante las reclamaciones moderadas por los gastos de la economía dirigida, necesaria para sostener la guerra, como por lo que costaba el terror que le aseguraba la obediencia general. Pero, entre esa serie de exigencias contradictorias, ¿dónde encontrar el punto de equilibrio? El Gobierno revolucionario se esforzó por mantener una posición media entre la moderación y la exageración. Pero a finales del invierno, la crisis de las subsistencias se agravó bruscamente. La conjunción de la oposición avanzada y del descontento popular obligó, en el mes ventoso, al Gobierno revolucionario a salir de su inmovilismo. Se desligó de la facción extremista. Al condenar en la persona de los dirigentes franciscanos, al movimiento popular en cuanto tenía de específico, el gobierno revolucionario se vio a merced de los moderados a los que pretendía combatir. Tocando todos los resortes, resistió algún tiempo a sus embates. Finalmente, pereció por no haber encontrado de nuevo el apoyo confiado del pueblo, víctima de la contradicción que desde su origen pesó en su destino.

I

LA LUCHA DE LAS FACCIONES Y EL TRIUNFO DEL COMITÉ DE SALUD PÚBLICA
(diciembre de 1793-abril de 1794)

La liquidación de los rebeldes, el parón de la descristianización, los ataques sordos contra las organizaciones populares (las sociedades de las secciones en particular) pusieron de manifiesto, en el otoño de 1793, la voluntad del Comité de Salud Pública de guardar las distancias respecto al movimiento popular que hasta ese momento más había seguido que dirigido. Pero por esto mismo quedaba a merced de la Convención, favoreciendo la ofensiva de sus adversarios en la Asamblea y en la opinión.

Danton había sostenido a Robespierre contra los descristianizadores, no sin que tuviese algún que otro pensamiento oculto personal y político: creía salvar a sus amigos, que habían sido detenidos en el asunto de la Conspiración del extranjero, o que, como Fabre d’Eglantine, estaban en peligro de ser inculpados en el asunto de la liquidación de la Compañía de Indias. Danton iba más lejos: aflojar los resortes del Gobierno revolucionario, disociando el Comité de Salud Pública en que Billaud-Varenne y Collot d’Herbois pasaban por ser favorables a los sans-culottes. La política dantonista se oponía a todos los puntos del programa popular mantenido por Hébert y sus amigos los franciscanos: terror extremo, tipo máximo de ganancia, guerra a ultranza. El ataque gubernamental contra la descristianización atrajo la reacción y favoreció la ofensiva dantonista. La lucha de las facciones se desencadenó. Tubo las más graves consecuencias para el Gobierno revolucionario, pero también para el movimiento popular. Finalmente la tuvo para la propia Revolución.

1. La «Conspiración del extranjero» y el pleito de la Compañía de Indias (octubre-diciembre de 1793)

Estos dos problemas, vinculados uno y otro en sus protagonistas, tanto como en sus consecuencias, arruinaron la unidad de la Montaña y agravaron las disensiones en la Convención.

La Conspiración del extranjero fue denunciada hacia el 12 de octubre de 1793, por Fabre d’Eglantine: rompiendo con los extremistas y designando en especial a Proli, Desfieux, Pereira y Dubuisson, el amigo de Danton, les acusaba de complicidad en una conjura fomentada por los extranjeros para perder la república por medios extremos. Los refugiados eran numerosos en los círculos revolucionarios. La Revolución, en sus principios, se decía hospitalaria de las víctimas del despotismo; había acogido a numerosos extranjeros. Algunos estaban en la propia Convención, como Anacharsis Cloots y Thomas Paine; otros, en los franciscanos, en los clubs y en las organizaciones populares, como Pereira. Estos extranjeros refugiados pronto tuvieron un papel político importante, que inquietó tanto más al Comité de Salud Pública, ya que estaban vinculados a hombres de negocios extranjeros, cuyo papel era más equívoco. Así, Walter Boyd, banquero del ministerio de Asuntos Exteriores, protegido por Chabot; el banquero Perregaux de Neuchâtel y súbdito prusiano; Proli, banquero también, brabanzón y, por tanto, súbdito austríaco, amigo de Desfieux, agitador jacobino, y numerosos diputados montañeses; hombres de negocios como los dos hermanos Frey, súbditos austríacos; más hombres de negocios, como Guzmán, grande de España, un renegado de su clase social… Estos extranjeros tenían numerosas vinculaciones con algunos de los montañeses; empujaban las más extremas, a las anexiones, a la descristianización (Cloots y Pereira figuraban entre aquellos que provocaron la abdicación del obispo constitucional de París, Gobel); traficaban con los equipos de los ejércitos, especulaban con la baja del asignado.

El asunto de la Compañía de Indias estalló mientras tanto y acabó de dividir a la Montaña. Un decreto de 24 de agosto de 1793 suprimió todas las compañías y sociedades por acciones que se habían autorizado, a causa de los ataques lanzados por los diputados especuladores Delaunay d’Angers, Julien de Tolosa, Cabot, Basire, Fabre d’Eglantine que, al mismo tiempo que denunciaban a las sociedades, jugaban a la baja con sus acciones. Se sellaron las cajas y los documentos de la Compañía de Indias. El 8 de octubre de 1793, Delaunay presentó el decreto que regulaba su liquidación con mucho tiento. Fabre d’Eglantine hizo que se votase una enmienda que estipulaba que la liquidación se haría por el Estado y no por la propia Compañía. Pero cuando apareció el texto definitivo en el Bulletin des Lois, la redacción primitiva había sido restablecida: la liquidación corría a cargo de la Compañía. La minuta del decreto, firmada por Fabre d’Eglantine, había sido falsificada con su complicidad: Fabre, Delaunay y sus amigos habían obtenido de la Compañía un regalo de 500 000 libras. Fueron denunciados el 24 de brumario, año II (14 de noviembre de 1793), al Comité de seguridad general, por Chabot, violentamente atacado en los Jacobinos por sus relaciones con los Frey y el casamiento con su hermana, sospechoso de especulador comprometido en el movimiento de descristianización; Chabot, sin embargo, se creyó seguro entregando a sus cómplices. Basire confirmó sus acusaciones.

El Comité de Salud Pública creyó en la realidad del complot extranjero, tanto más cuanto que en los manejos de los diputados especuladores y los extranjeros refugiados, se mezclaba una intriga realista del barón de Batz. La denuncia de Chabot parecía confirmar la de Fabre. Más que ante la venalidad, el Comité fue sensible al problema político y su aspecto nacional. Se vio en el mismo momento atacado en la Convención por los mismos hombres que habían sido denunciados. El 20 de brumario (10 de noviembre), Basire, después Chabot, se levantaron una vez contra el sistema del Terror, denunciando la tiranía que los Comités de Gobierno empleaban contra la Asamblea: la Convención decretó ese mismo día que ningún diputado podría ser enviado al Tribunal revolucionario sin haber sido oído primero por ella. El debate demostró la connivencia de los diputados de negocios con la facción indulgente que empezaba a consolidarse, por ejemplo Chabot y Thuriot: uno sospechoso de especulador, el otro de moderación, y uno y otro descristianizadores. El decreto se dio a conocer dos días después. Pero los Comités, ya avisados por Fabre d’Eglantine, que no había denunciado para cubrirse mejor, vieron la mano extranjera y el oro de Pitt en todas las intrigas con objeto de dividir a los patriotas. A la denuncia de Chabot reaccionaron haciendo detener, el 17 de noviembre, a denunciantes y a denunciados: Chabot, Basire, Delaunay y Julien de Tolosa. En su informe sobre la situación política de la República, el 27 de brumario, año II (17 de noviembre de 1793), Robespierre atacó a la vez al cruel moderantismo y a la exageración sistemática de los «falsos patriotas», «emisarios pagados por las intrigas extranjeras que precipitan con violencia el carro de la Revolución por los caminos más peligrosos y tratan de estrellarlo al final». El 1 de frimario (21 de noviembre), en los jacobinos, Robespierre denunció de nuevo a los agentes del extranjero, «los cobardes emisarios de los tiranos», responsables de la descristianización, haciendo excluir del club a Proli, Desfieux, Dubuisson y Pereira.

La conspiración del extranjero y el escándalo de la Compañía de Indias, por la importancia de las personas comprometidas en él, por la corrupción que se había descubierto, por las vinculaciones descubiertas también entre diputados especuladores y agentes de potencias enemigas, levantaron una emoción inmensa y revistieron una importancia política considerable. «La confianza no tiene valor —había escrito Saint-Just a Robespierre el 15 de brumario— cuando se comparte con hombres corrompidos». La sospecha, desde ese momento, siempre y en todas partes presente, envenenó las querellas de los partidos, exasperando los odios, dividiendo para siempre a la Montaña. La conspiración del extranjero y el escándalo de la Compañía de Indias precipitaron la lucha de facciones.

2. La ofensiva de los Indulgentes (diciembre de 1793-enero de 1794)

Danton abandonó París en octubre de 1793, se había vuelto a casar en el verano anterior y reposaba en Arcis-sur-Aube. Advertido por Courtois, y presintiendo que el escándalo de la Compañía de Indias, en donde sus amigos Basire y Fabre estaban comprometidos, podía alcanzarle, regresó precipitadamente el 30 de brumario (20 de noviembre de 1793). La oposición moderada que se presentía cristalizó inmediatamente en Danton. La maniobra, en sus comienzos, se vio facilitada por la voluntad del Comité de Salud Pública, de Robespierre en particular, para poner freno a la descristianización; contra los exagerados, el Gobierno revolucionario se apoyó en Danton, sin preocuparse más que de la facción extremista, la ofensiva indulgente pretendía destruir la organización revolucionaria del Gobierno poniendo fin al Terror.

La ofensiva indulgente, dirigida por Danton, rompió contra todos los frentes en que los revolucionarios avanzados estaban a tiro. El 2 de frimario, año II (22 de noviembre de 1793), Danton se levantó contra la «persecución antirreligiosa» y reclamó «la economía en la sangre de los hombres». El 6 de frimario protestó contra las mascaradas antirreligiosas, «exigiendo» que se pusiese un límite y pidió un informe de los Comités «sobre qué se entendía por Conspiración del extranjero». El 11 de frimario (1 de diciembre), Danton fue más lejos todavía. Habiendo propuesto Cambón el cambio forzoso de los asignados por dinero, medida que reclamaban los desarrapados y que los franciscanos pedían el mismo día, Danton se opuso y dio a entender a las picas que su papel había terminado:

«Recordemos que si con la pica podemos destruir, con el compás de la razón y del genio podemos erigir y consolidar el edificio de la sociedad».

Contraatacado el 13 de frimario (3 de diciembre), en los Jacobinos, Danton concedió que no tenía la intención en absoluto de «romper el nervio revolucionario» y tuvo que hacer su defensa. Fue detenido por Robespierre, preocupado por la unidad de la Montaña. «La causa de los patriotas es una, igual que ocurre con la tiranía: todos son solidarios».

La campaña del Vieux Cordelier dio mucha difusión a la ofensiva dantoniana y puso en juego toda la política gubernamental. Camilo Desmoulins, gran periodista y viejo político, lanzó su nueva hoja el 15 de frimario, año II (5 de diciembre de 1793). «¡Oh Pitt! ¡rindo homenaje a tu genio!». Según Desmoulins, todos los revolucionarios avanzados eran agentes de Pitt. En su segundo número, 20 de frimario (10 de diciembre), Desmoulins libró una violenta batalla contra Cloots, responsable de la descristianización, vinculándole a Chaumette, procurador de la Comuna de París. «Anacharsis y Anaxagoras creyeron empujar la rueda de la razón, mientras que era la de la contrarrevolución». El 25 de frimario (15 de diciembre) aparecía el tercer número de Vieux Cordelier, que acusaba a todo el sistema del Terror y al propio Gobierno revolucionario. Plagiando a Tácito, Desmoulins afrentaba, a través de los crímenes de los primeros Césares, la práctica terrorista de la represión.

«El Comité de Salud Pública… ha creído que para establecer la República tenía necesidad, por un momento, de la jurisprudencia de los déspotas».

Este número tuvo un éxito enorme. Levantó las esperanzas de la contrarrevolución, arrastrando tras la facción a todos aquellos a quienes el Terror inquietaba. Los indulgentes se enardecieron por la actitud benevolente que Robespierre había observado hasta entonces respecto de ellos. El 27 de frimario, año II (17 de diciembre de 1793), Fabre d’Eglantine, que había engañado perfectamente al Comité, denunciaba en la Convención a dos de los más conocidos jefes revolucionarios avanzados: Vincent, secretario general del ministerio de la Guerra (a través del secretario, el ministro, Bouchotte, era alcanzado), y Ronsin, general del ejército revolucionario; se decretó su arresto. El Terror, ¿se va a volver contra sus artífices? Los comités de gobierno no habían sido consultados. La maniobra tendía a minar su autoridad. El 30 de frimario (20 de diciembre), como respuesta a una delegación de Lyon («que al reino del terror suceda el del amor») y en una importante reunión de mujeres, la Convención decretó la organización de un comité de justicia para examinar las detenciones y liberar a los prisioneros encarcelados sin razón.

La corriente cambió, no obstante, a finales de frimario. El 29 de frimario (19 de diciembre), el descubrimiento entre los papeles de Delaunay, del falso decreto de la liquidación de las compañías de Indias (la minuta con la firma de Fabre al pie de un texto que era lo contrario de su enmienda), puso a los dantonistas en una situación muy comprometedora. Además los patriotas avanzados contraatacaron. Collot d’Herbois, avisado, volvió bruscamente de Commune-Affranchie. El 1 de nivoso (21 de diciembre), en medio de un gran gentío que le escoltó desde la Bastilla a las Tullerías y de una delegación de sans-culottes de Lyon, llevando la cabeza y las cenizas de Chalier, Collot se presentó en la Convención. Justificó la represión de Lyon por el peligro que había corrido la República. La Asamblea lo aprobó. Por la tarde Collot d’Herbois arengó a los jacobinos, reprochándoles su pereza, alabando la energía de Ronsin y criticando la falsa sensibilidad en favor de las víctimas de la represión.

«¿Quiénes son aquellos que todavía tienen lágrimas para verter sobre los cadáveres de los enemigos de la libertad, cuando el corazón de los patriotas está desgarrado?».

El Comité de Salud Pública abandonó su actitud de neutralidad benévola respecto de la ofensiva indulgente: el 3 de nivoso (23 de diciembre) en los jacobinos, Robespierre tomó posiciones por encima de los partidos.

La lucha de facciones en los departamentos amenazaba el equilibrio gubernamental. La ruptura del Gobierno revolucionario con el movimiento popular, más clara después de haber detenido la descristianización, llevó en muchos lugares a un cambio de orientación política. Numerosos representantes en misión rompieron con los sans-culottes y llevaron la represión contra los ultras, liberando a los sospechosos. Así, en Sedan, en Lille, en Orleáns o en Taboureau. Un fanático fue detenido en Blois, en el mismo mes de frimario; en Lyon, Fouché atacaba ahora a los antiguos amigos de Chalier; en Burdeos, Tallien, para ocultar sus cohechos, denunciaba a los ultras, en el Gard, donde Boisset deponía al alcalde patriota de Nîmes, Courbis. Por todas partes, había conflictos entre moderados y exagerados, ante los cuales los representantes en misión tomaban partido en lugar de arbitrar. Consciente del peligro, intervino el Comité de Salud Pública para afirmar su posición como árbitro.

Al número 4 del Vieux Cordelier, distribuido el 4 de nivoso (24 de diciembre), respondió el 5 el informe de Robespierre sobre los principios del Gobierno revolucionario. En su número 4, y en nombre de la libertad (), Camilo Desmoulins pedía la rehabilitación de, y declaraba. Robespierre, el 5 de nivoso (25 de diciembre) justificó el Terror por el estado de guerra. Expuso a la Convención la teoría del Gobierno revolucionario, cuyo fin es fundar la República y la del Gobierno constitucional, cuya finalidad es la de conservarla.

«La Revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos; la Constitución es el régimen de la libertad victoriosa y pacífica».

Precisamente porque está en guerra, el Gobierno revolucionario tiene necesidad de

«Debe a todos los buenos ciudadanos toda la protección nacional; a los enemigos del pueblo no debe más que la muerte».

Tomando una posición de árbitro, Robespierre condenaba a las dos facciones extremas:

«El Gobierno revolucionario ha de bogar entre dos escollos: la debilidad y la temeridad, el moderantismo y el exceso. El moderantismo, que es para la moderación lo que la impotencia para la castidad, y el exceso que se parece a la energía como la hidropesía a la salud».

El fracaso de la ofensiva indulgente empezó a conformarse el 6 de nivoso (26 de diciembre), cuando Billaud-Varenne hizo que se suprimiese instituido el 30 de frimario. Durante algún tiempo todavía el Comité se esforzó por mantener la balanza en el fiel entre dos facciones que se combatían en vano. El 16 de nivoso, año II (5 de enero de 1794), Camilo Desmoulins publicó el número 5 del Vieux Cordelier; atacaba a fondo a Hébert, acusado de recibir por su Père Duchesne dinero del ministerio de la Guerra, dirigido por Bouchotte. Pero el 18 de nivoso (7 de enero), el Vieux Cordelier fue denunciado en los Jacobinos; Robespierre amonestó a Desmoulins y terminó quemando las hojas. «Quemar no es responder», replicó Desmoulins. El 19 (8 de enero), Robespierre denunció de nuevo a las dos facciones que amenazaban al Gobierno revolucionario, pero que se entendían como «dos bandoleros en un bosque». Ese mismo día, definitivamente comprometido por el descubrimiento del proyecto de decreto sobre la liquidación de la Compañía de Indias, corregido a lápiz y de su mano, Fabre d’Eglantine fue denunciado por Robespierre en los Jacobinos. Fue detenido en la noche del 23 al 24 de nivoso (12-13 de enero). Cuando Danton intervino a la mañana siguiente en favor de su amigo, «Desgraciado aquel que se sentó junto de Fabre d’Eglantine —le gritó Billaud-Varenne— y que continúa engañado». Era el fracaso de la ofensiva de los Indulgentes. Además, estando ya comprometidos, se vieron pronto amenazados por la respuesta de sus adversarios.

3. La contraofensiva de los Exagerados (febrero de 1794)

La facción ultra de los Exagerados, en un principio desorientada por la desaprobación gubernamental de la descristianización, herida por sus compromisos con ciertos extranjeros extremistas, víctima de las intrigas de Fabre d’Eglantine, una vez libre de los ataques de los Indulgentes, volvió a tener influencia. La facción arrastró al Club de los franciscanos, que reclamaba incansablemente la liberación de Vincent y de Ronsin. Uno de sus bastiones estaba constituido por las oficinas de Guerra que Vincent había llenado de patriotas sin tacha. Gracias a Hébert era influyente en la Comuna, por Momoro, en el Departamento. El esfuerzo de los Exagerados tendía a que se liberasen los patriotas encarcelados, a acelerar el Terror y reforzar la economía dirigida.

La campaña en favor de Vincent y de Ronsin era librada encarnizadamente por los franciscanos. Constituyó un tema de agitación en las sociedades populares y en las secciones parisinas. El 12 de Pluvioso, año II (31 de enero de 1794), los franciscanos declararon que había opresión y envolvieron con tela la tablilla de la Declaración de derechos. Esta amenaza implícita, la ausencia de toda evidencia de cargo, la necesidad de los comités de gobierno de hacer algunas concesiones a los patriotas avanzados para equilibrar la influencia moderada explican la liberación de Vincent y Ronsin el 14 de pluvioso (2 de febrero).

La campaña de aceleración del Terror fue en aumento. Estimulados por este primer éxito, excitados por Vincent, salido de la prisión con un deseo desenfrenado de venganza, los franciscanos denunciaron con un vigor aún mayor a los nuevos moderados. Reclamaban el castigo de los (el 18 de pluvioso): entiéndase la depuración de la Convención. La campaña terrorista se centraba especialmente en los 75 diputados que habían protestado contra el 2 de junio, que fueron detenidos, pero que Robespierre había evitado que los enviasen al tribunal revolucionario. Eran también denunciados los firmantes de las peticiones moderadas de la primavera de 1792, llamadas de los ocho mil y de los veinte mil. El 24 de pluvioso (12 de febrero), Hébert decía a los franciscanos: El 2 de ventoso (20 de febrero de 1794) los franciscanos decidieron volver a publicar el periódico de Marat. Desenmascaraban en sus páginas a «los traidores que engañaban al pueblo, a los facciosos y dominadores que quieren corromperle o seducirle».

La campaña para reforzar la economía dirigida encontró en los medios populares una aceptación cada vez más favorable. Durante el invierno la situación económica no había cesado de agravarse. La tasa de precios no había, a pesar de todo, eliminado las dificultades. El pan no faltaba; pero era detestable. La escasez y la carestía alcanzaban a los comestibles, cuyo precio máximo se violaba impunemente. A partir de pluvioso, el descontento popular llegó a su paroxismo a causa de una grave crisis de abastecimiento de carne. El movimiento de reivindicación se adormecía en el terreno político, aunque continuase vivo en el terreno de las subsistencias. La hostilidad contra los comerciantes, tan propia de la mentalidad popular, no cesaba de afirmarse, a pesar del funcionamiento de los órganos de control de la vida económica. Dos categorías sociales eran las que particularmente sufrían esta crisis: los artesanos, cuyo oficio no estaba en relación con las necesidades de la guerra y que apenas tenían trabajo, y los jornaleros. Los unos y los otros estimaban que la violencia y una represión dura constituían un medio de volver a traer la abundancia. Hébert contribuyó con sus hojas a reanimar el espíritu terrorista, durante un cierto tiempo adormilado. El número 345 del Père Duchesne presentaba

«su gran moción para que aquellos carniceros que tratan a los sans-culottes como a perros, dándoles sólo los huesos a roer, y que hacen el doble juego, sean guillotinados; como todos los enemigos de los sans-culottes, así como los comerciantes de vino que vendimian bajo el Pont-Neuf».

La idea de una jornada popular tomó forma. La crisis de la subsistencia tenía el peligro de poner en movimiento otra vez a los desarrapados.

El Comité de Salud Pública, arrastrado de momento por la ofensiva indulgente, había, no obstante, tomado una posición media entre el moderantismo y la exageración. Pero entre esas tendencias contradictorias, ¿dónde encontrar el punto de equilibrio? Robespierre no veía más que la virtud o el terror. En su informe del 17 de pluvioso, año II (5 de febrero de 1794), habla sobre los principios de moral política que deben guiar a la Convención.

«Si la fuerza del Gobierno popular en la paz es la virtud, la fuerza del Gobierno popular en la Revolución es a la vez la virtud y el terror; la virtud sin la cual el terror es funesto; el terror sin el cual la virtud es impotente. El terror no es otra cosa que la justicia rápida, severa, inflexible. Es, pues, un resultado de la virtud; es menos un principio especial que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades más apremiantes de la patria».

La virtud, es decir, el desinterés personal, la entrega al bien del interés general y, si es preciso, el espíritu de sacrificio. Robespierre quería apuntalar esta virtud cívica por medio de instituciones y garantías legales y judiciales. En cuanto al Terror, el Comité de Salud Pública quería sostenerlo en los límites de la legalidad revolucionaria, manteniéndolo como una forma de gobierno.

La crisis de las subsistencias a finales del invierno se agravó bruscamente. La situación de París empeoró: podía preverse una explosión popular que pusiera en peligro al Gobierno revolucionario.

4. La crisis de ventoso y la caída de las facciones (marzo-abril de 1794)

La crisis se había ido precisando poco a poco durante el invierno del año II. Las características de la revolución social y política que se esbozaban desde que se había establecido el Gobierno revolucionario se endurecieron y dieron sentido a la crisis de ventoso, que planteó con toda agudeza el problema de las relaciones del movimiento popular y del Gobierno revolucionario.

En principio, crisis social. El impuesto, la reglamentación y la dirección autoritaria de la economía resultaron incapaces de asegurar un abastecimiento satisfactorio de la población parisina. Los desarrapados se veían constreñidos en su existencia material. El hambre y la carestía conjuraban sus efectos. Los aumentos de salarios, que permitían con frecuencia una aplicación débil del máximo, no compensaban el alza de precios. Las colas habían vuelto a producirse a las puertas de los carniceros, como antes se produjeron en las panaderías: se formaban en las horas de la madrugada, se empujaban, se pegaban. Hubo alborotos en las Halles, donde faltaban los productos hortícolas. Los asalariados, viéndose tan duramente tratados, reclamaban; los obreros de la construcción reclamaban aumentos de salario; las perturbaciones en los talleres donde se fabricaban las armas no cesaron en todo el mes de ventoso. La crisis de la subsistencia sobreexcitó la mentalidad terrorista. «¿Para qué necesitamos a esos aristócratas? —decía una mujer el 8 de ventoso (26 de febrero) en la Sociedad Popular de los Derechos del Hombre—. ¿No tendrían que estar ya en la guillotina todos esos traidores que oprimen al pueblo?».

Además, la crisis política. Las exigencias de la defensa nacional y su concepción jacobina del poder arrastraban cada vez más al Gobierno revolucionario a asegurarse la obediencia pasiva de las organizaciones populares, reduciendo poco a poco las prácticas populares de la democracia a escala burguesa. Los desarrapados estaban debilitados en su comportamiento revolucionario. La actividad de las secciones parisinas y las sociedades populares se desvió hacia el esfuerzo de la guerra (armamento de caballeros jacobinos, recogida del salitre, mantenimiento de los niños y padres de los soldados). Y se alejó de los problemas de política general. Las organizaciones básicas fueron progresivamente pasando a manos de los comités revolucionarios de sección, ahora a las órdenes del Gobierno, lo que provocó múltiples incidentes y numerosos conflictos. Los moderados se aprovecharon para reemprender su propaganda, aumentando con ello la confusión. Los militantes de la Revolución se daban cuenta: «Si perdéis por un momento el movimiento revolucionario —declaraba un orador a la Sociedad Popular del Hombre en Armas, el 4 de nivoso (22 de febrero)—, adiós los patriotas; su fin está próximo».

La crisis de ventoso, año II, cristalizó el antagonismo entre patriotas del 89 y patriotas del 93. Este antagonismo era el reflejo de la oposición irreductible entre desarrapados, jacobinos o montañeses; entre las concepciones populares de la vida política y de la organización social y las de la burguesía, incluso jacobina. Con este subsuelo de crisis, la oposición entre nuevos moderados y patriotas sin tacha, envenenada por los resentimientos personales, se exasperó. Los partidarios de Vincent y de Ronsin no cedían. En vano Collot d’Herbois, que desde su vuelta a Lyon se había dedicado a llevar la concordia entre patriotas divididos, se esforzó por reconciliar, el 8 de ventoso (26 de febrero), a franciscanos y jacobinos. El 9 de ventoso aquellos reclamaron una vez más el arresto de los «traidores indignos de estar en la Convención», de Camilo Desmoulins particularmente. La unión de la oposición avanzada y del descontento popular constituía una amenaza grave para el Gobierno revolucionario; quiso prevenirla con medidas sociales atrevidas.

Los decretos de ventoso, año II, respondieron a esas preocupaciones. Ya el 13 de pluvioso (1 de febrero) la Convención votó diez millones para socorros; el 3 de ventoso (21 de febrero), Barère presentó el nuevo maximun general. Los decretos de ventoso iban aún más lejos. El 8 de ventoso (26 de febrero de 1794), como consecuencia de su informe sobre las personas que habían sido encarceladas, Saint-Just decretó la requisición de los bienes de los sospechosos. El 13 (3 de marzo), un segundo decreto encargó al Comité de Salud Pública presentar un informe.

«La fuerza de las cosas, había declarado Saint-Just, nos conduce, tal vez, a resultados que no habíamos pensado siquiera. La opulencia está en las manos de un gran número de enemigos de la Revolución. Las necesidades ponen al pueblo trabajador bajo el poder de sus enemigos. ¿Concebís que un Estado pueda existir si las relaciones civiles van a parar a quienes son contrarios a la forma de gobierno?».

Y más aún:

«Los desgraciados son los poderosos de la tierra; tienen derecho a hablar como amos a los Gobiernos que los descuidan».

Saint-Just terminaba su segundo informe con un desafío a los monarcas del Antiguo Régimen: «La felicidad es una idea nueva en Europa».

El alcance de los decretos de ventoso no debe exagerarse. Albert Mathiez se extraña de que Saint-Just no haya sido «ni comprendido ni seguido por los mismos a quienes quiso contentar». Saint-Just y el Gobierno revolucionario fueron indudablemente comprendidos. Que los enemigos de la Revolución no tienen ningún derecho en la República, que sus bienes han de servir para indemnizar a los patriotas que la defienden con peligro de su vida, eran ideas extendidas desde hacía tiempo entre los desarrapados y que venían formulándose desde la primavera de 1793; y era precisamente esto lo que quitaba todo carácter de excepción a los decretos de ventoso. Tampoco se puede seguir a Mathiez cuando escribe que las conclusiones de Saint-Just constituían «una tentativa formidable para extraer de las aspiraciones confusas del hebertismo un programa social».

Los sans-culottes y los patriotas avanzados habían logrado en este sentido un programa más radical. Por otra parte, si el requisamiento de los bienes de los sospechosos y la indemnización en favor de los patriotas indigentes respondía a las exigencias del momento, no aportaban ningún remedio a la crisis de las subsistencias. Sin que pueda ponerse en duda la sinceridad de los Saint-Just y robespierristas, los decretos de ventoso deben considerarse como una maniobra táctica, para contrarrestar la propaganda avanzada. La maniobra fracasó. Hacia la mitad de ventoso, el Gobierno revolucionario no intentaba nada en el terreno económico para asegurar las subsistencias de los desarrapados, ni tampoco en el terreno político para alejar la amenaza de los moderados, alcanzando la crisis su paroxismo.

El paroxismo de ventoso se caracterizó en los centros populares por los propósitos terroristas contra los comerciantes y los ricos mediante carteles sediciosos con rumores de insurrección, que pusieron en estado de alerta a los Comités gubernamentales e ilusionaron a los franciscanos, incitándoles para desembarazarse de sus adversarios a una acción que creían decisiva. Creyeron poder conseguirlo definitivamente acentuando su presión. Hébert, en su Père Duchesne, denunciaba la nueva facción de los adormecedores, es decir, de los robespierristas. En su número 350 considera a «la santa guillotina como la piedra filosofal», denunciando la política gubernamental de equilibrio entre las facciones.

«Es en vano, escribe, que se quiera hacer amigos a la cabra y el repollo y que se intente salvar a los desalmados que han conspirado contra la libertad. La justicia se hará a pesar de los adormecedores…».

Hébert termina formulando un programa social preciso:

«Asegurad trabajo a todos los ciudadanos, concededles socorros para los viejos y enfermos, y para coronar vuestra obra organizad rápidamente la instrucción pública».

Pero olvidando la experiencia de las jornadas revolucionarias, los dirigentes franciscanos no se preocuparon de organizar el movimiento que habían soñado ni tampoco de asegurar su vinculación con las masas populares más sensibles a la escasez de las subsistencias que al peligro de los moderados.

La liquidación de los exagerados fue un drama rápido que desorientó a los militantes populares y los desvinculó un poco más del Gobierno revolucionario. El 12 de ventoso, en el club de la facción franciscana, Ronsin, general del Ejército revolucionario, proclamó la necesidad de un levantamiento. El 14 (4 de marzo de 1794), las tablas de los Derechos del Hombre fueron veladas; Vincent, secretario general del Ministerio de la Guerra, denunció a aquellos «que parecía que se habían puesto de acuerdo para restablecer un sistema destructor; el de los moderados»; Carrier, dada la opresión contra los patriotas, deducía la necesidad de la insurrección, una santa insurrección. Hébert replicó: «Sí, la insurrección; los franciscanos no serán los últimos en dar la señal que ha de matar a los opresores».

Los franciscanos verosímilmente no se proponían más que una manifestación en masa que, más allá de los moderados, apuntaba al Gobierno revolucionario y a su política. En vano Collot d’Herbois intentó reconciliar a jacobinos y a franciscanos. El 17 de ventoso (7 de marzo), Ronsin respondió con un violento discurso, haciendo a Robespierre responsable de la palabra ultra-revolucionario, «palabra que había servido de pretexto a los nuevos facciosos para oprimir a los patriotas más ardientes, exigiendo que se hiciera volver rápidamente a la nada a moderados, bribones, ambiciosos y traidores».

Más allá de la oposición de franciscanos y jacobinos, del movimiento popular y del Gobierno revolucionario se enfrentaban dos políticas: la resistencia y la revolución. Los patriotas sin tacha optaban por el movimiento revolucionario, único capaz a sus ojos de asegurar la salvación de la revolución vinculándole definitivamente a la sans-culotterie. «Un sólo paso atrás perdería a la República», escribía Hébert en su último número. Tenía razón, tratándose de la República popular que los desarrapados habían contribuido a construir. Para los moderados, cuya idea era una república burguesa y conservadora, un paso hacia adelante era también la perdición.

La ofensiva del grupo franciscano se confirmó a mediados de ventoso poniendo en peligro el equilibrio social sobre el que se fundaba la acción gubernamental. El Comité de Salud Pública perdió la paciencia: en la noche del 23 al 24 de ventoso (13-14 de marzo), los principales dirigentes franciscanos fueron detenidos y llevados ante el Tribunal revolucionario. El proceso unió al grupo de los franciscanos (Hébert, Ronsin, Vincent, Momoro), a los patriotas avanzados (Mazuel, jefe del escuadrón de la caballería revolucionaria, integrada por Descombes, de la Administración de Subsistencias), a los militantes populares (Ancard, del Club de los franciscanos; al humilde Ducroquet, comisario contra los acaparamientos de la sección Marat) y a los agentes del extranjero (Cloots, el banquero Kock, Proli, Desfieux, Pereira, Dubuisson). Todos ellos fueron guillotinados el 4 de germinal, año II (24 de marzo de 1794).

La liquidación de los Indulgentes sucedió a la de los Cordeleros. Los dantonistas creyeron por un momento que había llegado su hora. Desde finales de ventoso acentuaron su presión. El número 7 del Vieux Cordelier fue recogido, dirigía una violenta requisitoria contra la política del Comité de Salud Pública. Pero el Comité que no atacó a los exagerados hasta después de muchas vacilaciones, no creía que le pudieran rebasar. La Convención ya había decretado el 28 de ventoso (18 de marzo) la acusación de los diputados comprometidos en el escándalo de la Compañía de Indias: Fabre d’Eglantine, Basire, Chabot y Delaunay, Billaud-Varenne y Collot d’Herbois, inquietos ante la desgracia de Hébert y de sus amigos, sostenidos por el Comité de Seguridad General, terminaron por convencer a Robespierre, dudoso. En la noche del 9 al 10 de germinal (29-30 de marzo), Danton, Camilo Desmoulins, Delacroix y Philippeaux fueron detenidos. La Convención ratificó después de un discurso patético de Robespierre (11 de germinal):

«Yo también he sido amigo de Pétion; cuando se ha desenmascarado lo he dejado; he tenido vinculaciones con Roland, ha traicionado y lo he denunciado. Danton quiere ocupar su lugar; a mis ojos no es más que un enemigo de la patria».

En cuando a los jefes dantonistas, el proceso unió a los diputados prevaricadores, a los agentes del extranjero (Guzmán y los hermanos Frey), a un especulador, el abate de Espagnac; al general Westermann, amigo de Danton y Hérault de Séchelles.

Danton pecó de audaz y denunció a sus acusadores; un decreto hizo que quedasen al margen de las discusiones aquellos que insultasen a la justicia nacional. Todos fueron guillotinados el 6 de germinal, año II (5 de abril de 1794).

Un tercer proceso tuvo como pretexto un proyecto de conspiración de prisiones, cuyo fin era liberar a los detenidos. Sirvió para liquidar los restos de la oposición: Chaumette, agente nacional de la Comuna de París, las viudas de Desmoulins y Hébert, el general Dillon…; hornada heteróclita que pereció el 24 de germinal, año II (13 de abril de 1794).

El drama de germinal fue decisivo. La tentativa azarosa del grupo franciscano dio ocasión al Gobierno para precipitar la evolución que se preveía desde su formación. Si había consentido ante la urgencia del peligro en una alianza con la sans-culotterie y si para mantenerla había hecho algunas concesiones, jamás aceptó los fines sociales ni los métodos políticos de la democracia de los desarrapados. Para los Comités del Gobierno la lucha contra la coalición y la contrarrevolución, lo mismo que sus concepciones políticas, se legitimaban por el control de las organizaciones populares y su integración en los cuadros jacobinos de la revolución burguesa. La oposición de los franciscanos amenazaba su equilibrio y el Gobierno revolucionario tuvo que recurrir a la represión; pero al ver que condenaban al Père Duchesne y a los franciscanos que contaban con su asentimiento y expresaban sus aspiraciones, los sans-culottes dudaron del Gobierno revolucionario. En vano Danton fue también condenado. La represión que siguió a estos grandes procesos, a pesar de su carácter limitado, desarrolló entre los militantes un complejo d e miedo que paralizó la vida política de las secciones. El contacto directo y fraternal quedó roto entre las autoridades revolucionarias y los sans-culottes de las secciones. «La Revolución está congelada», escribió bien pronto Saint-Just. El drama de germinal constituye el prólogo de termidor.

II

LA DICTADURA JACOBINA DE SALUD PÚBLICA

La dictadura del Gobierno revolucionario de la liquidación de las facciones a la caída de los robespierristas, de germinal a termidor, fue ilimitada. A pesar de algunas alteraciones bajo la influencia de las circunstancias, gozó de una cierta estabilidad. La centralización se esforzó, el Terror se aceleró, las autoridades depuradas obedecieron, la Convención votó sin discusión. Pero la base social del Gobierno revolucionario se había reducido peligrosamente. Aparte de la crisis del verano de 1793, los militantes de las secciones parisinas impusieron instituciones que correspondían a sus aspiraciones sociales y políticas; así, en julio, los comisarios para los acaparamientos; en setiembre, el Ejército revolucionario. Al lograrlo, gracias a los sans-culottes, los Comités de Gobierno llevaron a cabo un gran esfuerzo, regularizaron las instituciones y unieron las fuerzas revolucionarias. La crisis de ventoso y el proceso de germinal les permitieron terminar con la autonomía del movimiento popular, liquidando las instituciones que habían impuesto o creado: el Ejército revolucionario fue licenciado el 7 de germinal, año II (27 de marzo de 1794); los comisarios de los acaparamientos, suprimidos el 12 (1 de abril). La Comuna de París, depurada; las sociedades populares de sección, disueltas. El movimiento popular quedó integrado en los cuadros de la dictadura jacobina; pero aquello que los Comités lograron por la fuerza lo perdieron en confianza. De germinal a termidor, las relaciones del Gobierno revolucionario con el movimiento popular fueron poco a poco enfriándose.

1. El Gobierno revolucionario

La organización y los caracteres del Gobierno revolucionario, que no habían cesado de evolucionar desde el verano anterior, quedaron fijos, en sus líneas generales, en abril de 1794. Su programa lo constituyen el decreto del 19 de vendimiario (10 de octubre) y aún más el de 14 de frimario, año II (4 de diciembre de 1793). La teoría del Gobierno revolucionario ha sido especialmente desarrollada por Saint-Just en su informe de 10 de octubre de 1793, por Robespierre en su informe sobre los principios del Gobierno revolucionario (4 de nivoso, año II - 25 de diciembre de 1793) y en el de los principios de moral política que han de guiar a la Convención (17 de pluvioso, año II - 5 de febrero de 1794).

El Gobierno revolucionario es un gobierno de guerra. «La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos», según Robespierre; tanto los de dentro como los de fuera. Su fin es fundar la República. Cuando el enemigo haya sido vencido, se volverá al gobierno constitucional, «régimen de la libertad victoriosa y tranquila», pero solamente entonces. Porque está en guerra, «el Gobierno revolucionario tiene necesidad de una actividad extraordinaria», ha de «actuar como la pólvora», romper todas las resistencias; no se puede «someter al mismo régimen la paz y la guerra, la salud y la enfermedad». El Gobierno revolucionario tiene, pues, en sus manos la fuerza coactiva, es decir, el terror. «¿La fuerza —interroga Robespierre— sólo se ha hecho para proteger al crimen?»… El Gobierno revolucionario «no debe a los enemigos del pueblo más que la muerte». Pero el terror no se emplea más que en beneficio de la República; la virtud, «principio fundamental del gobierno democrático o popular», constituye la garantía de que el Gobierno revolucionario no vuelva al despotismo. La virtud, «es decir, el amor a la patria y a sus leyes», «el sacrificio magnánimo que conduce todos los intereses privados al interés general».

«En el sistema de la Revolución francesa, termina diciendo Robespierre, lo que es inmoral es impolítico, lo que es corruptor es contrarrevolucionario».

De este modo se precisa el fin de la Revolución:

«Queremos satisfacer la voz de la Naturaleza, llevar a cabo los fines de la humanidad, mantener las promesas de la filosofía, acabar de una vez con el reinado interminable del crimen y de la tiranía. Que la Francia del pasado sirva de ejemplo a los países esclavos, eclipsando la gloria de todos los pueblos libres que han existido y que se convierta en el modelo de las naciones, el terror de los opresores, el consuelo de los oprimidos, el adorno del universo, y que sellando nuestra obra con nuestra sangre podamos al menos ver brillar la aurora de la felicidad universal». (17 de pluvioso, año II).

La Convención continúa siendo «el centro único que impulsa al Gobierno». Reside en ella la soberanía, detenta la máxima autoridad, los Comités del Gobierno están bajo su control y aplican sus decretos. Pero después de germinal el poder ejecutivo se convierte en la pieza maestra del sistema gubernamental, la Asamblea está prácticamente subordinada a él.

Los Comités de la Convención, 21 en el año II, dirigían o contraloreaban los diversos sectores de la administración y de la política. Pero dos sólo ejercen efectivamente el poder político: el Comité de Salud Pública y el de Seguridad General, llamados Comités de Gobierno.

El Comité de Salud Pública, reelegido cada mes, ha quedado ahora reducido a once miembros (Robespierre, Saint-Just y Couthon, Billaud-Varenne y Collot d’Herbois, Barère, Carnot, el Prior de Côte-d’Or y el Prior de Marne, Jeanbon Saint-André y Lindet). «Desde el centro de la ejecución» tiene «bajo su inspección inmediata» a todos los cuerpos constituidos y a todos los funcionarios públicos. Dirige la diplomacia, la guerra mediante su oficina topográfica, la fabricación de armamentos por medio de su comisión de armas y pólvora. La economía del país por la Comisión de Subsistencias. Ordena los arrestos y usurpa las atribuciones del Comité de Seguridad General mediante su Oficina de Policía, creada a finales de floreal, año II. Aunque ciertos miembros del Comité se especializan, como Lindet, en subsistencias, el Prior de Côte-d’Or en los armamentos; en resumen, todos ellos eran solidarios en la dirección de la política y en la dirección de la guerra.

Del Comité de Salud Pública dependen los seis ministros del Consejo Ejecutivo provisional; después, las doce comisiones ejecutivas, que les reemplazarán el 1 de abril de 1794 (12 de germinal, año II), según informe de Carnot a la Convención. Nombrados por la Asamblea y presentados por el Comité, las comisiones ejecutivas quedan estrechamente subordinadas a este último, que conserva su papel preponderante, «reservándose el pensamiento del Gobierno, proponiendo a la Convención nacional las medidas principales».

El Comité de Seguridad General, reelegido también cada mes, se estabilizó más tarde (Amar, Moyse, Bayle, el pintor David, Lebas, Louis du Bas-Rhin, Vadier, Voulland). Tiene bajo su «inspección especial», de acuerdo con la ley de 17 de septiembre de 1793, «todo aquello relativo a las personas y a la política general e interior». Encargado de aplicar la ley a los sospechosos, el Comité de Seguridad General dirige la política y la justicia revolucionaria; es el ministerio del Terror.

En los departamentos, la organización administrativa ha quedado simplificada por el decreto de 14 de frimario, año II. La centralización aumentó. Las administraciones departamentales, sospechosas de federalismo, perdieron la mayor parte de los poderes, no ocupándose más que de las contribuciones, de las obras públicas, de las propiedades nacionales. Las dos circunstancias esenciales son los distritos y las comunas, encargados los primeros de «vigilar la ejecución de las leyes revolucionarias y de las medidas de seguridad general y salud pública», las segundas, de que se apliquen. Cada diez días, las municipalidades dan cuenta de su actividad a los distritos, los distritos a los Comités del Gobierno.

Los agentes nacionales estaban al lado de cada administración de distrito y de cada municipalidad, pues los procuradores-síndicos quedaron suprimidos. Están encargados de «requerir y continuar la ejecución de las leyes y de denunciar las negligencias que se produzcan en la ejecución y las infracciones que pudieran cometerse». Los agentes nacionales de distrito han de «dar cuenta cada dos años» a los dos Comités del Gobierno.

Los comités revolucionarios, antiguos comités de vigilancia instituidos el 21 de marzo de 1793, reorganizados por ley de 17 de septiembre siguiente, constituyen los órganos de ejecución de la Ley de sospechosos. Compuestos de doce miembros, a razón de un comité por comuna (muchos pueblos, sin embargo, no los poseyeron jamás) o por sección de comuna en las grandes ciudades, los comités revolucionarios tienen especialmente poderes de Policía, haciendo las listas de sospechosos, procediendo a los registros domiciliarios y a los arrestos. Los comités revolucionarios han de dar cuenta de su actividad cada diez días al Comité de Seguridad General.

Clubs y sociedades populares refuerzan la acción gubernamental por medio de su vigilancia revolucionaria.

El club de los jacobinos extiende su red de filiales a todos los departamentos. Los recluta en las capas medias de la burguesía, con frecuencia compradores de bienes nacionales. Los jacobinos son los hombres de la resistencia; frente a todos los peligros que se conjugan mantienen las conquistas políticas y sociales del 89. Con este fin se han aliado con el pueblo de los desarrapados. Partidarios del liberalismo económico, han aceptado la reglamentación y el impuesto como una medida guerrera y como una concesión a las reivindicaciones populares. Su reclutamiento, como consecuencia del movimiento de la Revolución y de las depuraciones sucesivas, se democratizó algo; la proporción de jacobinos procedentes de las clases medias pasa de un 62 por 100 para los años 1789-1792 a un 57 por 100 para el período 1793-1794. El porcentaje de los artesanos y militantes se eleva en la mismas fechas de un 28 a un 32 por 100 y de un 10 a un 11 por 100 de los campesinos.

Las sociedades fraternales de reclutamiento más populares agrupaban a los desarrapados. Se habían desarrollado en París como resultado de la fundación por el maestro de escuela Dansard, el 2 de febrero de 1790, de la Societé fraternelle des patriotes de l’un et l’autre sexe, que también tenía su base en el convento de los jacobinos de Saint-Honoré. Estas sociedades de barrio abiertas a las gentes humildes, se multiplicaron en París después del 10 de agosto de 1792. Cuando la Convención hubo suprimido, el 9 de septiembre de 1793, la permanencia de las asambleas de sección, los militantes populares transformaron esas sociedades populares de fundación antigua en sociedades de sección o bien crearon otras nuevas. Estas sociedades seccionarias, de tipo moderno, constituyeron la organización de base del movimiento popular parisino; por medio de ellas, los militantes dirigían la política seccionaria, contraloreaban las administraciones, presionaban sobre las autoridades municipales e incluso gubernamentales. Del otoño a la primavera del año II, la República quedó cubierta de una red de sociedades densa y eficaz. Su número es difícil de valorar para el conjunto del país. En el Sudeste, amenazado por un momento por la contrarrevolución, parece que fue especialmente elevado: 139 sociedades populares para 154 comunas en el departamento de Vaucluse; 132 para 382 en el Gard; en Drôme, 258 sociedades para 355 comunas; 117 para 260 en Basses-Alpes. El papel de esas organizaciones patrióticas fue importante para derrotar el enemigo interior.

Sin embargo, no tardó en surgir un antagonismo entre los jacobinos y sus filiales, baluartes estrictos de la política gubernamental, las sociedades seccionarias, expresión de la autonomía del movimiento popular en la corriente general de la Revolución. Después de germinal, los Comités del Gobierno, apoyados en los jacobinos, emprendieron con un gran esfuerzo la unificación de las fuerzas revolucionarias: la sociedad-madre de los jacobinos debía constituir el centro único de la opinión. Bajo la presión gubernamental, las sociedades seccionarias parisinas tuvieron que disolverse: desaparecieron en floreal y prairial, año II, 39 sociedades. Los Comités del Gobierno rompieron la estructura del movimiento popular. Pero al integrar a la fuerza en los cuadros jacobinos un movimiento hasta entonces autónomo, con aspiraciones propias y su propia práctica de la democracia, los comités se alejaron de los desarrapados. De este modo se produjo el antagonismo inevitable entre los sans-culottes y la burguesía jacobina.

La centralización gubernativa viose por fin fortalecida en la primavera del año II, cuando fueron llamados los representantes en misión en los departamentos. Investidos al principio de grandes poderes, los representantes en misión vieron su competencia limitada por decreto del 14 frimario, año II. Intervino una gran misión, la última, en diciembre de 1793, para aplicar el decreto, y estos representantes quedaron subordinados al Comité de Salud Pública, a quien tenían que rendir cuentas cada diez días; no podían ya delegar sus poderes ni tampoco llevar ejércitos y obtener impuestos revolucionarios. El 30 de germinal (19 de abril de 1794) fueron retirados 21 representantes en misión. El Comité de Salud Pública prefería utilizar a sus propios agentes: así, Julien, de París, hijo del representante de la Drôme, quien denunció los excesos de Carrier en Nantes, de Tallien en Burdeos, y consiguió su vuelta a París. A veces, el Comité delegaba en uno de sus miembros: Saint-Just por ejemplo, a la frontera del Norte, en mesidor.

La centralización no pudo llevarse hasta el fin. El Comité de Salud Pública tuvo siempre que contar con la Convención y los Comités. Las finanzas, regenteadas por Cambon, se le escapaban. El Comité de Seguridad General, muy celoso de sus prerrogativas, soportaba mal la actividad de la Oficina de Policía del Comité de Salud Pública; el conflicto de ambos comités precipitó la caída del Gobierno revolucionario. En los departamentos, a pesar de los esfuerzos del Comité de Salud Pública, hubo bastantes matices en cuanto a la aplicación de las medidas gubernamentales.

2. La «fuerza coactiva» y el Terror

La voluntad punitiva constituía desde 1789 uno de los rasgos esenciales de la mentalidad revolucionaria; frente a la conjura aristocrática se asentaban, como lo demuestra Georges Lefebvre, la reacción defensiva y la voluntad punitiva de las masas populares como dirigentes preclaros de la Revolución. De ahí las revueltas populares y las matanzas. De ahí, también, desde 1789, esos comités permanentes, comités de Investigación y, después, de Seguridad General. El decreto de 11 de octubre de 1789 atribuía al Châtelet de París el juicio en último término de los crímenes de lesa-nación. El 17 de agosto de 1792 se instituía un tribunal extraordinario, dotado dos días más tarde de un procedimiento expeditivo, sin posibilidad de recurso alguno de casación. Las matanzas de septiembre señalaron el punto culminante del terror popular. Los girondinos odiaban emplear la represión aunque fuese legal y el tribunal de 17 de agosto quedó suprimido a partir del 29 de noviembre de 1792.

Al establecerse el Terror se produjo un empeoramiento de la crisis. No obstante, el Gobierno revolucionario, al establecerse y reforzarse, hizo que se organizase y legalizase el Terror. El 10 de marzo de 1793, para evitar nuevas matanzas populares, el tribunal revolucionario quedó instituido para que vigilase «cualquier empresa contrarrevolucionaria»; quedó reorganizado el 5 de septiembre; nombrado por la Convención, juzgaba según un procedimiento simplificado (el jurado de acusación había sido suprimido), sin apelación ni recurso de casación. Los comités de vigilancia, creados el 21 de marzo de 1793, quedaron sometidos a la ley de sospechosos el 17 de septiembre siguiente, bajo el control del Comité de Seguridad General. Además, la Convención instituía comisiones militares dotadas de un procedimiento especial. El 19 de marzo de 1793 intervinieron contra los rebeldes de la Vendée y el 28 contra los emigrados. Para los rebeldes, los emigrados y los refractarios deportados que habían vuelto, todos ellos considerados fuera de la ley, el proceso quedaba reducido a una simple comprobación de identidad y a la sentencia de muerte.

Durante este segundo período, la intensidad del terror varió según los departamentos, según los representantes en misión y la influencia de los terroristas locales. El campo de la represión se ampliaba o disminuía según las circunstancias y la importancia de los peligros y también según el temperamento de los responsables y la interpretación que daban a los textos legislativos. Algunos la emprendieron con los antiguos realistas moderados, con los protestantes del 10 de agosto o del 31 de mayo al 2 de junio. El empeoramiento de la crisis económica, la aplicación de la economía dirigida, multiplicaron el número de sospechosos; los ricos que atesoraban, los productores y comerciantes que contravenían el máximo. Por último, la descristianización, que dio una nueva extensión al Terror: la represión la emprendió con los sacerdotes constitucionales, que fueron demasiado lentos en cuanto a abandonar su sacerdocio y con los fieles que se obstinaban en practicar su culto.

La centralización del Terror se fortaleció con la caída de las facciones y de los procesos de germinal. Hasta entonces estaba frente a los enemigos de la Revolución, y desde ese momento contra los adversarios de los comités del Gobierno, que hicieron más apremiante su control. Los terroristas más notables fueron poco a poco reducidos: Fouché, Barras y Fréron, Tallier, Carrier. El decreto de 27 de germinal, año II (16 de abril de 1794), votado después del informe de Saint-Just sobre la policía en general y los crímenes de las facciones, establecía «que las acusaciones de conspiración serían enviadas desde todos los puntos de la República al Tribunal revolucionario, en París». El 19 de floreal (8 de mayo), los tribunales y las comisiones revolucionarias establecidas en los departamentos por los representantes en misión se suprimieron. El Tribunal revolucionario de Arrás, creado por Lebon, se mantuvo, no obstante, hasta el 22 de mesidor (10 de julio): el 21 de floreal (10 de mayo) se creó la Comisión Popular de Orange. Son excepciones impuestas por las circunstancias.

El Gran Terror procedió de la ley de 22 de prairial, año II (10 de junio de 1794). Tiene como explicación las circunstancias del momento. El 1 de prairial (20 de mayo). Collot d’Herbois había sufrido los disparos hechos por un tal Admirat. El 4 (23 de mayo), se detenía a Cécile Renault, que parecía querer atentar contra Robespierre: esta mujer sostuvo sus convicciones contrarrevolucionarias. Así no acababa la conjura aristocrática, manteniendo la continuación de la contrarrevolución hasta la víspera de iniciarse la campaña. Una ola terrorista sacudió a las secciones parisienses, desencadenándose la pasión del castigo. Pero la época estaba demasiado llena de reacciones espontáneas. El Terror se simplificó y se reforzó: «No se trata de dar algunos ejemplos —declaró Couthon— informador de la ley de 22 de prairial, sino de exterminar a los satélites implacables de la tiranía».

La defensa y el interrogatorio previos de los acusados quedaron suprimidos, los jurados podían limitarse a las pruebas morales; el tribunal sólo tenía elección entre cumplir con su deber o la muerte. La definición de los enemigos de la Revolución fue considerablemente ampliada: «Se trata menos de castigarlos que de acabar con ellos». El artículo 6.º enumera las diversas categorías de las personas reputadas como enemigos del pueblo:

«Quienes hayan secundado los propósitos de los enemigos de Francia, persiguiendo o calumniando el patriotismo, quienes hubieran intentado acabar con la moral, depravar las costumbres, alterar la pureza y la energía de los principios revolucionarios, todos aquellos que por cualquier medio a su alcance, de una u otra forma, hayan atentado contra la libertad, la unidad y la seguridad de la República o bien que hayan intentado impedir que se consolide».

Durante este último período, la práctica de la «amalgama» se generalizó: una idea más amplia de la conjura aristocrática permitió meter en el mismo proceso a acusados sin que hubiera vínculo alguno entre ellos, pero juzgados como solidarios en sus actuaciones contra la nación. El abarrotamiento de sospechosos en las prisiones parisienses, más de 8000, hizo que se temiese una revolución de los detenidos. Las conspiraciones en las prisiones, atestiguadas por algunos indicios, pero bastante exagerados justificaron las tres hornadas de junio y las del 7 de julio, sacadas de las tres principales prisiones: Bicêtre, Luxemburgo, Carmes y Saint-Lazare. De marzo de 1793 al 22 de prairial, año II, se dio muerte en París a 1251 personas; 1376 fueron guillotinadas por la ley del gran Terror del 9 del termidor. «Las cabezas caían como pedrisco», fue expresión de Fouquier-Tinville, acusador público del Tribunal revolucionario.

El balance del Terror ha de matizarse. El número de sospechosos detenidos ha sido calculado, según unos, en 100 000 aproximadamente; la cifra de 300 000 no parece inverosímil a otros. El número de muertos calculados por Donald Greer es de 35 000 a 40 000, teniendo en cuanta las ejecuciones habidas sin juicio, como en Nantes y Tolón. El número de sentencias capitales pronunciadas por el tribunal revolucionario y las diversas jurisdicciones excepcionales se elevó según las estadísticas hechas por este historiador, a 16 594: de marzo a septiembre de 1793, 518 condenadas; de octubre de 1793 a mayo de 1794, 10 812; de junio a julio, 2554; en agosto de 1794, 86. Examinando la repartición regional, si el 16 por 100 de las condenas capitales se pronunciaron en París, el 71 por 100 procede de las principales regiones de la guerra civil: el 19 por 100, en el Sudeste; el 52 por 100, en el Oeste. Los motivos de la condena coinciden con este reparto regional: en el 78 por 100 de los casos, las condenas han sido pronunciadas por rebelión o por traición. Las opiniones (agitación refractaria, federalismo, conspiraciones) motivaron un 19 por 100 de las condenas. Los delitos de orden económico (fabricación de asignados falsos, exacciones), el 1 por 100 tan sólo. En cuanto a la composición social, el 84 por 100 de los condenados procedían del antiguo Tercer Estado (burgueses, un 25 por 100; campesinos, un 28 por 100; «desarrapados», un 31 por 100; un 8,5 por 100 tan sólo de la nobleza y un 6,5 por 100 del clero). «Pero en una lucha tal —hacía observar Georges Lefebvre— los tránsfugas eran tratados con menos miramientos que los adversarios originales».

El Terror fue, esencialmente, un instrumento de defensa nacional y revolucionaria contra los rebeldes y traidores. Lo mismo que la guerra civil, de la cual no es más que un aspecto, el Terror desvinculó de la nación aquellos elementos socialmente inadmisibles, ya que, aristocratizantes, habían unido su suerte a la de la aristocracia. El Terror confirió a los comités gubernamentales la fuerza coactiva que le permitió restaurar la autoridad del Estado, imponiendo a todos las normas de salud pública, contribuyendo a desarrollar el sentimiento de solidaridad nacional, acallando por un momento los egoísmos de clase. Permitió especialmente que se impusiese la economía dirigida necesaria para el esfuerzo de la guerra y la salvación de la nación. En este sentido fue un factor de la victoria.

3. La economía dirigida

La instauración de la economía dirigida se debe a las exigencias de la defensa nacional: se trataba de alimentar, de vestir, de equipar, de armar a los hombres que habían sido llevados en masa, de abastecer a las poblaciones de las ciudades, cuando el comercio exterior estaba moribundo a causa del bloqueo y Francia vivía como una plaza asediada. Por esto el Gobierno revolucionario, a partir del verano de 1793, tuvo que ir poco a poco asegurando la dirección de la economía.

La requisición recaía sobre todos los recursos materiales del país. La ley de 26 de julio de 1793 imponía la pena de muerte a todos los acaparadores y obligaba a los productores y comerciantes a que declarasen sus existencias, e instituía para comprobarlo los comisarios de los acaparamientos. El campesino entregaba sus granos, sus forrajes, su lana, su lino; el artesano, los productos de su trabajo. En algunos casos excepcionales, los ciudadanos civiles daban armas, calzado, mantas o sábanas; Saint-Just requisó en Estrasburgo, el 10 de brumario, año II (31 de octubre de 1793), 5000 pares de zapatos y 1500 camisas, y el 24 (14 de noviembre), 2000 camas entre los ciudadanos ricos de la ciudad para curar a los heridos. Las materias primas estaban muy buscadas, almacenadas: metales, cuerdas, pergaminos para los cartuchos, tierras salitrosas…; las campanas de las iglesias se quitaban y se fundían para obtener bronce. Todas las empresas trabajaban para la nación, bajo el control del Estado, con el fin de lograr una producción máxima y aplicar las técnicas más modernas de los sabios que habían sido movilizados por el Comité de Salud Pública. El requisamiento limitaba la libertad de empresa.

El impuesto constituía el complemento necesario de la requisa. El decreto de 4 de mayo de 1793 instituía el máximo de granos y harinas; en realidad, no se aplicó. El de 11 de septiembre lo restablecía. El decreto de 29 de septiembre impuso el máximo general a las mercancías de primera necesidad (los precios de 1790 aumentados en una tercera parte), que habrían de fijar los distritos. Los salarios (según el impuesto de 1790 aumentados en una mitad) quedaban al cuidado de las municipalidades. Para poner en marcha la nueva legislación y vigilar su aplicación, la Convención creó el 6 de brumario, año II (27 de octubre de 1793), una Comisión de Subsistencias, bajo la autoridad del Comité de Salud Pública. La Comisión emprendió un trabajo extenso de regularización y publicó el 2 de ventoso (20 de febrero de 1794) la tarifa del máximo nacional en el lugar de producción; cada distrito tenía que pagar los gastos de transporte (veintiseis céntimos por cada legua de posta para los granos y la harina); el beneficio del almacenista al por mayor era de un 5 por 100, y el del detallista, un 10 por 100. Así, el máximo imponía márgenes beneficiarios, frenaba la especulación y limitaba la libertad de beneficios.

La nacionalización de la economía afectó en grados distintos a la producción y al comercio exterior, pero en función sobre todo de los ejércitos; el Comité de Salud Pública se abstuvo, en efecto, de nacionalizar el abastecimiento civil. Este sistema de producción y de intercambios, que limitaba la libertad económica, tenía evidentemente un valor social a ojos de los desarrapados. Pero el Comité de Salud Pública no estaba comprometido en la vía de la economía dirigida más que por causa de la necesidad imperiosa: para él no había más que un expediente de defensa nacional y revolucionaria, ya que la burguesía continuaba firmemente hostil a la nacionalización, lo que limitaba la libertad económica.

La producción fue en parte nacionalizada, bien directamente por medio de la creación de manufacturas del estado, bien indirectamente por la provisión de las materias primas a los fabricantes, por la reglamentación y el control y por el requisamiento y la tasa. La industria de armamentos tuvo un impulso enérgico al poner en marcha las manufacturas nacionales de armas y municiones; así la gran manufactura de fusiles y armas blancas de París, las creadas por Lakanal en Bergerac, por Noël Pointe en Moulins, e incluso el polvorín de Grenelle en París. El Comité de Salud Pública evitó, no obstante, multiplicar las manufacturas del Estado (Carnot era hostil), rehusando nacionalizar las minas.

El comercio exterior estuvo nacionalizado durante algunos meses. La Comisión de Subsistencias lo tomó a su cargo desde noviembre de 1793, enviando agentes al extranjero, requisando los navíos comerciales, estableciendo almacenes nacionales en los puertos. Para financiar este comercio con los neutrales y asegurar el pago de las compras en Hamburgo, Suiza y Estados Unidos, la Comisión requisó para su exportación vino y aguardientes, sederías y algodones; el 6 de nivoso, año II (26 de diciembre de 1793), Cambon requisó las divisas extranjeras que estaban a la par. Después de la ejecución de Hébert, el control de comercio exterior se hizo más débil. A partir del 23 de ventoso (13 de marzo de 1794) se concedieron facilidades a los negociantes: para asegurar el abastecimiento y la producción, el Gobierno buscó desde ese momento la colaboración del comercio importante. Los negociantes de los puertos fueron agrupados en agencias comerciales, los agentes de la Comisión fueron llamados a Francia. Es una evolución de acuerdo con los intereses de la burguesía comerciante e industrial, y no podía sino provocar la oposición de los desarrapados.

El abastecimiento civil no fue nunca directamente nacionalizado. La Comisión de las Subsistencias convertida el 12 de germinal, año II (1 de abril de 1794), en la Comisión del Comercio y de los Abastecimientos, empleó su derecho de requisa, especialmente en beneficio de los ejercicios, preocupándose poco de los consumidores civiles; el débil desarrollo de la concentración capitalista, la ausencia de estadísticas generales, no permitía fijar exactamente las necesidades de la población estableciendo una cartilla nacional de abastecimiento. Recayó sobre los distritos la tarea de hacer las requisas para abastecer los mercados, sobre las municipalidades vigilando a los molineros, reglamentando la panadería, estableciendo el racionamiento. En bastantes ciudades la panadería quedó totalmente municipalizada, como en Troyes; bastante menos, en Clermont-Ferrand, por ejemplo, la carnicería. En cuanto a los demás productos, salvo el azúcar y el jabón, la Comisión de Subsistencias se desinteresó en absoluto, contentándose con publicar el máximo, llegando incluso el Comité de Salud Pública a prohibir toda requisición a las autoridades locales. En vano los desarrapados trataron de que se respetase la tasa por los comerciantes por medio de su vigilancia revolucionaria: el mercado clandestino, principalmente los productos agrícolas, fue desarrollándose considerablemente. Los comisarios de acaparamiento quedaron suprimidos el 12 de germinal, año II (1 de abril de 1794). Dirigiendo a la vez a los productores, labradores y artesanos, y también a los comerciantes, el Comité de Salud Pública no podía sino aflojar poco a poco el control del abastecimiento civil, a pesar de las recriminaciones de los desarrapados. Finalmente, el Comité toleró la violación del máximo de las subsistencias, salvo para el pan.

Se esbozaba una política económica nueva hacia la primavera de 1794, mientras se confirmaba el divorcio del Gobierno revolucionario y el movimiento popular. El Comité de Salud Pública, sensible a las aspiraciones de la clase media, daba marcha atrás, tranquilizando a los comerciantes, suavizando los controles y la legislación intervencionista. La dirección de la economía afirmose esencialmente en beneficio de los ejércitos y en beneficio del Estado. No podía escapar al Comité de Salud Pública que la aplicación del máximo constituía un factor de disociación del antiguo Tercer Estado: mientras que la burguesía y los campesinos acomodados soportaban con repugnancia la economía dirigida, los artesanos y comerciantes exigían la aplicación del máximo a las subsistencias, aunque les indignaba sufrirlo.

El máximo de salarios irritaba a los obreros. La leva en masa y el esfuerzo de la guerra hacían que escasease la mano de obra, aprovechándolo para obtener aumentos. Muchos municipios, como el de París en especial, no habían publicado el cuadro oficial de salarios. El Estado, sin embargo, lo aplicaba estrictamente en sus fábricas, rehusando toda concesión a los trabajadores. Después del drama de germinal, la nueva Comuna de París reprimió las tentativas de coalición, y el Comité de Salud Pública adoptó una actitud de resistencia respecto de los salarios. Estimaba que todo el edificio económico y financiero reposaba sobre el máximo doble y que su abandono llevaría al derrumbamiento del sistema y la ruina del asignado. Las huelgas se sofocaron al aproximarse la cosecha, los obreros agrícolas fuero movilizados y sus salarios tasados. El 5 de termidor (23 de julio), la Comuna de París publicó por fin el máximo de los salarios; para muchos oficios correspondía en realidad a una baja autoritaria del precio del trabajo. Así aumentó el descontento de los obreros, agregándose el de los campesinos, abrumados por las requisas; el de los comerciantes, irritados por los impuestos; el de los rentistas, arruinados por la desvalorización del asignado.

El balance de la economía dirigida no podía considerarse negativo, ya que ésta permitía alimentar y equipar a los ejércitos de la República: sin ella la victoria no se concebía. Gracias a ella, las clases populares urbanas tuvieron su pan cotidiano asegurado; el retorno a la libertad económica los hundió en la miseria más atroz el año III.

4. La democracia social

El ideal de una democracia social fue compartido, aunque con ciertos matices, por las masas populares y por la burguesía revolucionaria media. Que la desigualdad de las riquezas reduce los derechos políticos a no ser más que una vana apariencia, que en el origen de la desigualdad entre los hombres no sólo está la naturaleza, sino también la propiedad privada, era tema trivial de la filosofía social del siglo XVIII. Eran pocos quienes opinaban que había que cambiar el orden social aboliendo la propiedad privada. «La igualdad de bienes es una quimera», declaraba Robespierre en la Convención el 24 de abril de 1793. Como todos los revolucionarios, condenaba la ley agraria, es decir, el reparto de las propiedades. El 18 de marzo anterior, la Convención, por unanimidad, había decretado la pena de muerte contra los partidarios de la ley agraria. Pero Robespierre no dejaba de afirmar en ese mismo discurso que «la desproporción extrema de las fortunas era la fuente de muchos de los males y de muchos crímenes»; los desarrapados y los montañeses afirmaron su hostilidad a «la opulencia», a los gordos, a la riqueza excesiva. El ideal común era una sociedad de pequeños productores independientes, campesinos y artesanos, cada uno de ellos poseedores de su campo, de su tienda o de su puestecillo, capaces de alimentar a su familia sin recurrir al trabajo asalariado. Ideal a la medida de la Francia popular de finales del siglo XVIII, de acuerdo con las aspiraciones del pequeño campesino y del jornalero agrícola, del artesano y del cuadrillero, así como del tendero. Ideal y en armonía con las condiciones económicas de la mayoría de los productores de la época, pero que se afirmaba en contra de la libertad de producción reclamada por otros, que llevaba a la concentración capitalista.

La formulación más exacta de este ideal social fue dado a la vez por militantes de las secciones parisienses y por los robespierristas.

El 2 de septiembre de 1793, reclamando el máximo de subsistencias y aumento de salarios, la sección de las Sans-culottes, antes del Jardin-des-Plantes, declara que «la propiedad no tiene más base que el ámbito de las necesidades físicas»; pedía a la Convención que decretase «que el máximum de las fortunas quedaría determinado; que el mismo individuo no podría poseer más que un máximum, que nadie tuviese en arrendamiento más tierras que las necesarias para un número determinado de arados; que el mismo ciudadano no pudiese tener más que un taller, una tienda».

Robespierre, sin embargo, a partir del 2 de diciembre de 1792, subordinó el derecho de propiedad al derecho de existencia. «El primer derecho es el de existir; la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios de existir; todos los demás quedan subordinados a éste». El 24 de abril de 1793, en un discurso sobre una nueva declaración de derechos, Robespierre da un paso más y hace de la propiedad no ya un derecho natural, sino un derecho definido por la ley:

«La propiedad es el derecho que tiene cada ciudadano de gozar y de disponer de la parte de los bienes que le garantiza la ley».

Saint-Just precisó con éxito esta orientación social: «No son necesarios ni ricos ni pobres: la opulencia es una infamia». En sus Fragments d’Institutions républicaines mantiene a la propiedad dentro de límites estrechos, aboliendo la libertad de testar y la división por igual de las sucesiones en línea directa, prohibiendo la herencia en línea directa y defendiendo el retorno al Estado de los bienes de los ciudadanos sin parentesco directo. El fin de esta legislación es el de

«dar a todos los franceses los medios de sufragar las primeras necesidades de la vida sin depender más que de las leyes y sin dependencia mutua en el estado civil».

Y aún más: «Es preciso que el hombre viva independiente». De esta forma quedaba restablecida en el pensamiento republicano la noción de derecho social: la comunidad nacional, investida del derecho de control según la organización de la propiedad, intervino para mantener una igualdad relativa por la reconstitución de la pequeña propiedad a medida que la evolución económica tiende a destruirla, con el fin de evitar el restablecimiento del monopolio de la riqueza y la formación de un proletariado dependiente.

La legislación montañesa procedía de esos principios. Las leyes del 5 de brumario, año II (26 de octubre de 1793) y del 17 de nivoso (6 de enero de 1794), aseguraron la división de los patrimonios con la igualdad absoluta para los herederos, incluso para los hijos naturales, con efecto retroactivo a contar del 14 de julio de 1789. No bastaba con asegurar la división igual de las herencias; era preciso que tuviesen acceso a la propiedad aquellos que no la tenían. De aquí su división en pequeños lotes prescrita el 3 de junio de 1793 para la venta de los bienes de los emigrados, quedando los pagos escalonados hasta diez años; estas estipulaciones se extendieron hasta el 2 de frimario, año II (22 de noviembre de 1793), a todos los bienes nacionales. La ley de 10 de junio de 1793 autorizaba el reparto gratuito de los bienes comunales por cabeza. La división permitió a un cierto número de campesinos redondear sus dominios o convertirse en propietarios, aunque la mayor parte no obtuvo ningún beneficio de esta legislación. La pura y simple abolición de los derechos feudales, el 17 de julio de 1793, llevó consigo la desaparición de la solidaridad campesina: la disociación del mundo rural se aceleró; los campesinos propietarios y la explotación en gran escala, bajo la presión de las necesidades de la mano de obra, tenían que ser hostiles al acceso de los obreros agrícolas a la propiedad y a la transformación de los proletarios rurales en productores independientes. Los decretos del 8 y 13 de ventoso, año II (26 de febrero y 3 de marzo de 1794), definieron la voluntad de los robespierristas de ir más lejos y dar alguna satisfacción a los desarrapados más pobres; los patriotas indigentes serían indemnizados con la confiscación y la distribución de los bienes de los sospechosos. Pero desde que Saint-Just había hablado en su informe de la cesión gratuita de esos bienes, ya no se mencionó la cuestión en el decreto; las modalidades de su ejecución no se precisaron nunca. En realidad, los decretos de ventoso no podían resolver el problema agrario. Adictos en el fondo a la libertad económica, a los robespierristas y a los montañeses, no les gustaba intervenir en los problemas agrarios; sordos los unos y los otros a las reinvindicaciones de los campesinos pobres, no proyectaron la reforma de los arriendos o la división de las grandes fincas en pequeñas explotaciones, y fueron incapaces de concebir un programa agrario de acuerdo con las aspiraciones de los desarrapados campesinos.

La legislación social propiamente dicha entra en la línea de las tentativas de la Asamblea constituyente, superándolas al mismo tiempo. Los decretos del 19 de marzo y del 28 de junio de 1793 instituyeron los socorros para los indigentes, para los niños y para los viejos. La Declaración de derechos del 24 de junio de 1793 reconoce en su artículo 21 que «los socorros públicos son una deuda sagrada». El derecho de asistencia quedó sancionado por la ley de 22 de floreal, año II (11 de marzo de 1794), que instituyó el principio de la seguridad social y abrió en cada departamento un libro de beneficiencia nacional ; serían inscritos en él los campesinos enfermos, las madres y las viudas cargadas de hijos; unos y otros recibirían una pensión anual y socorros, beneficiándose de la asistencia médica gratuita y a domicilio.

«Que aprenda Europa que no queréis ni oprimidos ni opresores en el territorio francés, había dicho Saint-Just el 13 de ventoso, año II (3 de marzo de 1794); que este ejemplo fructifique sobre la tierra; que propague el amor a las virtudes y a la felicidad. La felicidad es una idea nueva en Europa».

5. La moral republicana

La virtud, según Robespierre, el 17 de pluvioso, año II (5 de febrero de 1794) constituye el principio y el resorte del Gobierno popular:

«Hablo de esa virtud mágica que tantos prodigios operó en Grecia y en Roma…; de esa virtud que no es más que el amor a la patria y a sus leyes».

La virtud es el correctivo del Terror. El Comité de Salud Pública trató duramente a los revolucionarios prevaricadores, buscando a los terroristas como presa. Si no volvió a la descristianización, fue porque creía hacer más puro y perfecto el culto cívico que se había instaurado un poco por todas partes, y también darle unidad: era preciso fortalecer por medio de la instrucción pública y el culto republicano el sentimiento cívico de las masas.

La instrucción pública fue reconocida como uno de los derechos del hombre por el artículo 22 de la Declaración de 24 de junio de 1793. Se concibió esencialmente como una educación nacional, una institución cívica, que enseña a los ciudadanos, según la sección parisiense de los Derechos del Hombre, el 14 de julio de 1793, «la regla de sus deberes y la práctica de las virtudes»: antes que nada hay que desarrollar el espíritu público y fortalecer la unidad nacional. El 21 de octubre de 1793, la Convención votó un decreto instituyendo las escuelas primarias del Estado, cuyo programa combinaba la cultura del espíritu y del cuerpo, la moral y la gimnasia, la enseñanza y la experiencia. Este decreto fue reemplazado por el de 29 de frimario, año II (19 de diciembre de 1793), que ordenaba que se creasen escuelas primarias obligatorias, gratuitas y laicas, según un sistema controlado por el Estado, pero descentralizado, que iba bastante bien con la mentalidad popular. Pero preocupado constantemente con la guerra, el Gobierno revolucionario descuidó aplicar esta ley. A pesar de las reclamaciones del pueblo, le faltó tiempo y dinero. La organización de un culto cívico ya no fue necesaria.

Los cultos revolucionarios se desarrollaron desde el principio de la Revolución. La Federación de 14 de julio de 1790 constituía una de las primeras y más grandiosas manifestaciones. Las fiestas cívicas se multiplicaron, arte nuevo al que David tuvo que entregar todos los recursos de su genio. El 10 de agosto de 1793 se celebró en París la fiesta de la Unidad e Indivisibilidad, organizada por David. Aparte del movimiento de descristianización, el culto de la Razón reemplazó en las iglesias, en otoño de 1793, al culto católico, y bien pronto se mudó al culto decadario, a base de civismo y de moral republicana.

El culto del Ser supremo, cuyo promotor fue Robespierre, pretendía asentar la doctrina republicana sobre fundamentos metafísicos. La educación de Robespierre en el colegio fue de formación espiritualista; discípulo de Rousseau, sentía horror por el sensualismo de Condillac y aún más por el materialismo ateo de filósofos como Helvétius, cuyo busto mandó romper en los Jacobinos. El Incorruptible creía en la existencia de Dios, en la del alma y en la vida futura; su declaración en los Jacobinos, el 26 de marzo de 1792, no deja lugar a dudas sobre este punto. Encargado de presentar un informe el 18 de floreal, año II (7 de mayo de 1794), diole como fin el desarrollo del civismo y de la moral republicana:

«El fundamento único de la sociedad civil es la moral. La inmoralidad es la base del despotismo, como la virtud es la esencia de la República. Reavivad la moral pública. Imperad sobre la victoria, pero sobre todo hundid el vicio en la nada».

Pero actuando tanto por convicción personal como por política, y cuidadoso de dar al pueblo un culto que dirigiese sus costumbres y consolidase la moral, continuaba:

«A los ojos del legislador, todo cuanto es útil al mundo es bueno en la práctica y en la verdad. La idea del Ser supremo es una continua preocupación por la justicia: es, por tanto, social y republicana».

El primer artículo del decreto de 18 de floreal proclama que «el pueblo francés reconoce la existencia del Ser supremo y la inmortalidad del alma». Se instituyeron cuatro grandes fiestas republicanas, dedicadas a la gloria de las grandes jornadas de la Revolución (14 de julio de 1789, 10 de agosto de 1792, 21 de enero y 31 de mayo de 1793); cada década sería consagrada a una virtud cívica o social.

La fiesta del Ser supremo y de la Naturaleza inaugura el nuevo culto el 20 de prairial, año II (8 de junio de 1794). Elegido presidente de la Convención algunos días antes, Robespierre la presidió con un ramo de flores y de espigas en sus manos. En medio de un gentío inmenso, la fiesta cívica fue exhibiendo un magnífico cortejo, organizado por David, desde el jardín nacional de las Tullerías al Champ-de-Mars, a los acordes de la majestuosa música de Gossec y de Méhul. La fiesta del 20 de prairial produjo una profunda impresión sobre los asistentes y en el extranjero. El empleado Girbal, de la sección Guillaume-Tell, escribe, con esta fecha, en su diario:

«No creo que la Historia ofrezca un ejemplo parecido a esta jornada. Era sublime, tanto en lo físico como en lo moral. Las almas sensibles conservarán un recuerdo eterno».

Y el contrarrevolucionario Mallet du Pan: «Se creyó realmente que Robespierre iba a cerrar el abismo de la Revolución».

El fin político que perseguía Robespierre por medio de la instauración del culto del Ser supremo falló. En la situación de la primavera del año II, y después de los dramas ocurridos en germinal, el decreto de 18 de floreal pretendía resolver, con una misma fe y una misma moral, la unidad de las diversas categorías sociales que hasta entonces habían sostenido al Gobierno revolucionario y que los antagonismos de clases dividían enfrentando unas con otras. Incapaz de analizar las condiciones económicas y sociales, Robespierre creía en las ideas todopoderosas y en la virtud. En resumen, el culto al Ser supremo engendró, en el seno mismo del Gobierno revolucionario, un nuevo conflicto: partidarios de la descristianización violenta y partidarios de un laicismo total del Estado, no perdonaron a Robespierre el decreto del 18 de floreal, año II.

6. El ejército nacional

El gobierno revolucionario se organizó en función de la guerra y su autoridad fue sancionada por el Terror; para alimentar y equipar a los ejércitos de la República se instituyó la economía dirigida. Para que el pueblo se entregase por entero al combate, la democracia social se dedicó a mejorar su estado, y la moral republicana, a fortalecer su civismo. «La Revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos», declaraba Robespierre. El Gobierno revolucionario consagró todas sus energías al ejército del año II.

Los efectivos pasaban, en la primavera de 1794, de un millón de hombres, organizados en doce ejércitos. Su origen era diverso: regimientos regulares, batallones de voluntarios y de alistados por la leva de 300 000 hombres y por la leva en masa que la amalgama y los encuadramientos decretados el 21 de febrero de 1793 y aplicados durante el invierno de 1793-1794 reagruparon en medias brigadas. El ejército quedó de esta manera «nacionalizado».

Los cuadros fueron depurados y renovados. La Convención estableció el principio de elección de los jefes, ya en vigor, en la guardia nacional, pero templado por el papel que representaba la antigüedad en el servicio. Según la ley de 21 de febrero de 1793, los soldados elegían a los sargentos. Para los tercios de los grados superiores, designaban a tres candidatos entre los graduados de categoría inferior al puesto a ocupar. Los oficiales de una misma clase elegían a quien iba a ser propuesto; una tercera parte de los grados se atribuían a la antigüedad; los generales eran nombrados por el poder ejecutivo; una tercera parte, por antigüedad; dos tercios, por elección. «La elección de los jefes particulares de los regimientos es derecho cívico del soldado», había declarado Saint-Just el 12 de febrero de 1793; «la elección de los generales es derecho de la nación entera». En resumen, el Comité de Salud Pública se atribuyó en este sentido derechos muy amplios, delegando a veces sus poderes en los representantes en misión que intervinieron en la formación de los cuadros. De todas maneras, el principio de elección para los grandes subalternos fue siempre respetado. Cuando se hizo una criba en esta selección, fue apareciendo, poco a poco, un estado mayor sin igual: Marceau, Hoche, Kléber, Masséna, Jourdan y tantos otros, rodeados de cuadros sólidos tanto por sus cualidades militares como por su civismo. Para formar nuevos cuadros, el decreto de 13 de prairial, año II (1 de junio de 1794), organizó l’Ecole de Mars. Seis jóvenes por distrito fueron enviados a ella «para recibir una educación revolucionaria, así como las costumbres y la sabiduría de un soldado republicano».

La disciplina quedó restablecida. «Amad la disciplina que hace vencer» decía Saint-Just al ejército del Rhin, en brumario, año II. El 27 de julio de 1793, la Convención decretó la pena de muerte contra los ladrones y desertores; en resumen los tribunales militares, sin piedad para los emigrados y los rebeldes, supieron mostrarse clementes para con los soldados. Sobre todo, el Gobierno revolucionario supo conservar en el ejército el carácter democrático. «Ya no se trata sólo del número y de la disciplina de los soldados de lo que debéis esperar la victoria; no la obtendréis más que cuando el progreso del espíritu logre triunfar en el ejército», había declarado Saint-Just el 12 de febrero de 1793. La educación política del soldado marcha a la par con su entrenamiento militar. Los soldados del año II frecuentaban los clubs, leían la prensa patriótica. Un cálculo que se hizo el 26 de ventoso, año II (16 de marzo de 1794), dio una lista de los periódicos enviados a los diferentes ejércitos de la República. Lo hizo Bouchotte, el ministro desarrapado de la Guerra; en cabeza iba Le Pére Duchesne; después, Le journal des Hommes Libres, de Charles Duval; Le journal de la Montagne, órgano del club de los Jacobinos; L’Antifedéraliste, de Jullien de la Drôme. El ejército del año II era un ejército revolucionario que combatía para acabar con el privilegio, abolir el feudalismo y hacer desaparecer el despotismo. El enemigo era tanto el contrarrevolucionario como el sacerdote refractario, el emigrado o el inglés, el prusiano o el austríaco. Identificando la República con la libertad y la igualdad, el Comité de Salud Pública llegó a convencer a los soldados ciudadanos que en tanto fueran combatientes tenían que obedecer.

El mando militar quedó directamente subordinado al poder civil. El Ejército, al no ser más que el instrumento de una política para el Gobierno revolucionario, hacía de la dirección de la guerra una prerrogativa esencial del poder civil. El artículo 110 de la Constitución del 24 de junio de 1793, estipulaba: «No hay ningún generalísimo». La Fayette y Dumouriez, al traicionarle, hizo que el Comité de Salud Pública se asegurase de la obediencia de los generales por medio del Terror: Custine, Houchard y otros fueron igualmente enviados a la guillotina. La negligencia o la incapacidad eran pruebas de falta de civismo. Los discursos de Saint-Just, que seguía desde muy cerca los problemas militares, abundan en máximas de este tipo: «No se hará el elogio de los militares hasta el fin de la guerra». «El generalato continúa perteneciendo a la naturaleza de la monarquía». En una célebre circular, el Comité de Salud Pública comentaba, respecto de los generales, el decreto del 14 frimario, año II, constitutivo del Gobierno revolucionario:

«En un Estado libre, el poder militar ha de ser el más limitado; es una palanca pasiva que mueve la voluntad general. ¡Generales, el tiempo de la desobediencia ha pasado!».

En el teatro mismo de las operaciones, el control del poder civil se ejercía por los representantes en misión, cuyos poderes, ilimitados de hecho, quedaron definitivamente establecidos el 30 de marzo de 1793. La víspera de la campaña de 1794, el 1 de floreal, año II (20 de abril de 1794), Billaud-Varenne lanzaba esta advertencia a la Convención:

«Cuando se tienen doce ejércitos en pie de guerra, no son solamente las sublevaciones lo que se ha de temer y prevenir; hay que lamentar también la influencia militar y la ambición de un jefe emprendedor que sale de repente de las líneas. La historia nos enseña que por esto, precisamente, han perecido las repúblicas. El gobierno militar es el peor, después de la teocracia».

La táctica y la estrategia quedaron transformadas en función de las nuevas necesidades políticas y sociales. Alimentadas y equipadas gracias a la movilización material que daba, por último, sus frutos, las tropas de la República, brigadas y divisiones, poseían ahora la ventaja del número. Sin duda, el armamento continuaba siendo el de los ejércitos del Antiguo Régimen; el fusil modelo 1777, con tiro preciso a los cien metros; la artillería de Gribeauval, principalmente los cañones, con un tiro de bala de 4 libras, a 400 metros aproximadamente. Pero «el arte militar de la monarquía no nos interesa ya; el sistema de guerra de los ejércitos franceses ha de ser atacar», declaraba Saint-Just el 10 de octubre de 1793.

La nueva táctica fue impuesta por falta de instrucción de la tropa: los soldados del año II combatían, generalmente, como tiradores, utilizando el terreno y después cargando en masa a la bayoneta. La columna convirtiose por último en la formación táctica por excelencia de los ejércitos republicanos, más fácil de mantener en orden y de manejar, que la formación lineal tradicional. La unidad táctica moderna se precisó en 1794. La división, formada por dos brigadas de infantería, dos regimientos de caballería, una batería de artillería, o sea, de 8000 a 9000 hombres.

La estrategia también fue renovada por la necesidad de utilizar las masas de hombres disponibles; pero la antigua práctica de la guerra de sitio persistía y las plazas fuertes constituían los puntos de apoyo y la base de las operaciones. Carnot preconizó el ataque sin cesar, renovado por las masas concentradas sobre puntos decisivos; método donde la energía y el encarnizamiento ocupaban un puesto más importante que la ciencia militar. El 14 de pluvioso, año II (2 de febrero de 1794), el comité de Salud Pública precisó su doctrina:

«Las reglas generales son actuar siempre en masa y en ofensiva, mantener una severa disciplina, aunque no minuciosa en los ejércitos; tener siempre las tropas en estado de alerta sin que se excedan; no dejar los puestos más que con lo absolutamente preciso para su custodia; obligar en todo momento a combatir con la bayoneta y perseguir constantemente al enemigo hasta lograr su completa destrucción».

El 8 de prairial (27 de mayo de 1794): «Atacad, atacad sin cesar». El 4 de fructidor (21 de agosto de 1794), por último: «Espantad como el rayo y herid como la pólvora». Rapidez de movimientos, energía en el ataque, encarnizamiento en el campo de batalla, fue lo que hizo posible, más que la habilidad en maniobrar, el éxito.

Por último, en 1794, el fruto de los gigantescos esfuerzos del Gobierno revolucionario hizo que se afirmase la victoria. Pero al mismo tiempo, la crisis política comenzó de nuevo y el Gobierno se dividió.

III

EL 9 DE TERMIDOR, AÑO II
(27 de julio de 1794)

Hacia finales de la primavera de 1794, las dificultades que el Comité de Salud Pública encontraba en la Convención y en París se acentuaron; la separación entre el movimiento popular y el Gobierno revolucionario afirmose, mientras que la oposición se reformaba en la Asamblea. Y esto, mientras las dificultades económicas se agravaban y hacían que el terror fuese necesario para el régimen, y la victoria, una vez obtenida, fuera más difícil de legitimar y soportar.

1. La victoria de la Revolución (mayo-julio de 1794)

La política exterior del Comité de Salud Pública fue esencialmente una política de guerra. La política de negociaciones de Danton se abandonó. Hubiera favorecido en el interior a los Indulgentes y hubiera contribuido a debilitar las energías nacionales. El Comité no hizo nada para explotar las divisiones de los aliados o para sostener a los polacos sublevados ante la llamada de Kosciuszko. Pero el Comité de Salud Pública trató de halagar a los neutrales. Después del informe de Robespierre, sobre la situación política de la república (27 de brumario, año II - 8 de noviembre de 1793), la Convención proclamó su voluntad de respetar los intereses de las potencias neutrales y manifestó sus «sentimientos de equidad, de buena voluntad y de estimación» a los cantones suizos y a los Estados Unidos de América. Se había terminado la guerra de propaganda.

En las fronteras Norte, el dispositivo militar de la República, en víspera de entrar en campaña, consistía en tres ejércitos, frente a las tropas de Cobourg, escalonadas desde el mar hasta Namur. El ejército del Norte, 150 000 hombres a las órdenes de Pichegru, que debía atacar Flandes en dirección de Ypres; el ejército de la Ardenas, con 25 000 hombres en la dirección de Charleroi; el ejército del Mosela, con 40 000 hombres bajo la dirección de Jourdan, hacia Lieja. Pichegru maniobró mal y no pudo impedir que Cobourg tomase Landrecies; pero le venció en Tourcoing, el 29 de floreal, año II (8 de mayo de 1794), llevando la frontera del Escalda hasta el mar. Reagrupando los ejércitos de las Ardenas y del Mosela y reforzándolos con 90 000 hombres bajo la dirección de Jourdan, secundado por Saint-Just (que pronto fue el ejército de Sambre-et-Meuse), el Comité de Salud Pública los lanzó contra Charleroi, que capituló el 7 de mesidor (25 de junio de l794). Al mismo tiempo, Cobourg, vencido en Ypres, por Pichegru, retrocedía. Para proteger su retaguardia atacó a Jourdan ante Charleroi, en Felurus, el 8 de mesidor (26 de junio de l794), después de una jornada muy dura y fue vencido. Saint-Just había tomado parte preponderante en la victoria, llevando sin cesar las columnas al asalto, pero rehusó informar a la Convención:

«Me gusta mucho que se anuncien victorias, pero no quiero que sean un pretexto para la vanidad. Se anunció la jornada de Fleurus, y de otras nada se ha dicho y eran importantes; se ha hablado de algunos de los sitios y de otras acciones de que nada se ha dicho y eran superiores».

La liberación de Bélgica se realizó por Fleurus. Jourdan y Pichegru se unieron en Bruselas. Después, Pichegru rechazó a los anglo-holandeses hacia el Norte. Jourdan, a los austríacos, hacia el Este; entraron, el primero en Amberes, y el segundo en Lieja, el 9 de termidor (27 de julio de 1794).

En los Pirineos, Dugommier tomó el campo de Boulú (l2 de floreal, 1 de mayo de 1794), invadiendo Cataluña, mientras que en el Oeste Moncey franqueaba la frontera y ocupaba San Sebastián (7 de termidor, 25 de julio de 1794). En los Alpes, la invasión de Italia parecía inminente.

En el mar, mientras las flotas inglesas dominaban el Mediterráneo apoderándose de Córcega, con la complicidad de Paoli, las escuadras republicanas del Atlántico todavía dominaban. Los días 9, 10 y 13 de prairial (28 y 29 de mayo y 1 de junio), la flota de Villaret-Joyeuse salía de Brest, librando un combate a lo largo de Quessant para proteger un convoy de trigo procedente de América, con la flota inglesa de Howe. Las pérdidas francesas fueron grandes (el «Vengeur» fue hundido), pero los ingleses tuvieron que retirarse y el convoy pasó.

El Gobierno revolucionario, con un esfuerzo supremo, parecía que iba a conjurar la crisis interior, lograr la victoria, forzar a los aliados a la paz:

«Vamos no para conquistar, sino para vencer, declaraba Billaud-Varenne en la Convención, en nombre del Comité de Salud Pública, el 1 de floreal (20 de abril de 1794); no para dejarnos arrastrar por la borrachera de los triunfos, sino para dejar de luchar, en el momento en que la muerte de un soldado enemigo no sea útil a la libertad».

En el mismo momento en que iba a lograr el fin, el Gobierno revolucionario se dislocó.

2. La crisis política: la imposible conciliación (julio de 1794)

La crisis política, en julio de 1794, presentó aspectos múltiples. Mientras la dictadura jacobina se concentraba y se reforzaba en las manos del Gobierno revolucionario, su base social se estrechaba sin cesar en París, y su base política en la Convención. La división de los dos Comités de gobierno y la desunión en el Comité de Salud Pública acabaron de provocar la crisis.

En París, y en el conjunto del país, la opinión se cansaba del Terror, mientras que el movimiento popular se alejaba del Gobierno revolucionario.

El cansancio del Terror era aún mayor, en cuanto que la victoria parecía no exigir represión alguna. La burguesía de los negocios soportaba de mal grado el control del Gobierno en la economía; quería que se llegase cuanto antes a la libertad total de producción y de intercambio que le había otorgado la Revolución de 1789. Lamentaba también que no se hubiese prestado bastante atención a su derecho de propiedad. La aplicación de los decretos de ventoso, largo tiempo frenados, parecía que debía impulsarse; las Comisiones populares fueron creadas para espigar a los sospechosos. El Comité de Salud Pública se había esforzado en regular el Terror, haciendo volver a los grandes terroristas a su misión y restableciendo la centralización judicial y represiva por la ley de 22 de prairial. Pero la aplicación de la ley se le escapó: El Comité de Seguridad General falseó la aplicación, amalgamó las causas más diversas para condenar a los acusados por hornadas, tomando por pretexto las conspiraciones de las prisiones, para acelerar la represión. La náusea del cadalso se agregaba a las dificultades económicas enfrentando al Gobierno revolucionario con una gran parte de la opinión pública.

El movimiento popular, a partir del drama germinal, fue, poco a poco, desvinculándose del Gobierno revolucionario. Durante la primavera de 1794, bajo la falsa apariencia de las manifestaciones de lealtad hacia la Convención y los Comités del gobierno, se comprobó que había una degeneración irremediable de la vida política de las secciones, una falta de amor de la sans-culotterie parisina con relación al régimen. «La Revolución está congelada», dice Saint-Just. Las razones fueron de orden, a la vez político y social.

En el plano político, las Asambleas generales de sección fueron cercenadas. Las elecciones de los magistrados municipales y seccionarios quedaron suprimidas. Los desarrapados las consideraban una manifestación esencial de sus derechos políticos. Se siguió una represión larvada contra los militantes acusados de hebertismo: palabra fácil que permitía alcanzar los cuadros de las reuniones hostiles a la centralización jacobina que continuaban vinculados al sistema de la democracia popular. Algunas tentativas de agitación en las secciones, que bien pronto fueron reprimidas, manifestaron la persistencia de la oposición popular. En floreal, la sección de Marat volvió a lanzar el culto del Amigo del pueblo; pero el 3 de prairial (22 de mayo de 1794), los Comités de gobierno prohibieron las fiestas «parciales». A finales de mesidor, en la mayoría de las secciones campesinas se celebraron banquetes fraternales que pronto fueron denunciados y condenados.

En el terreno social, la nueva orientación de la política económica no agradaba a los consumidores populares. La Comuna, depurada y dirigida ahora por el robespierrista Payan, rehabilitaba el comercio: «¿Qué han producido los griteríos, sin cesar renovados, contra las sanguijuelas del pueblo…, contra los comerciantes?», pregunta el 9 de mesidor (27 de junio de 1794). Las mercancías de primera necesidad estaban tasadas, pero el Gobierno no las requisaba; se contentaba con proporcionar pan, cuya distribución incumbía a las autoridades municipales. Precisando que nada se interponía ahora a que los particulares hiciesen venir las mercancías de fuera, ordenando que se arrestase a aquellos que pusiesen trabas al comercio, la Comuna de París favorecía el mercado clandestino y arruinó los impuestos. Halagaba de esta forma a los productores y artesanos, pero en detrimento de las capas más pobres de los desarrapados, trabajadores y asalariados, a los que por otra parte impedía todo acto de reivindicación. A partir de floreal, la subida de los precios de las subsistencias, inmediata a la publicación del nuevo máximum y al relajamiento del control, suscitó la agitación obrera para un aumento de salarios que atañía a los diversos gremios. Fue brutalmente reprimida por la Comuna, al aplicar la ley de Le Chapelier. La publicación del máximum parisino de los salarios, el 5 de termidor (23 de julio de 1794), fue el coronamiento de esta política restrictiva. Este máximum, aplicando estrictamente la ley de 29 de septiembre de 1793, imponía a los trabajadores una baja de salarios a veces considerable; un picapedrero de las canteras de Panthéon, que ganaba 5 libras en ventoso, no recibía más de 3 libras, 32 céntimos. El descontento obrero estalló en el preciso momento en que las autoridades robespierristas de la Comuna de París habrían tenido necesidad del apoyo confiado de las masas populares.

En la Convención, la oposición se había reagrupado en torno a los representantes llamados de sus misiones, a los terroristas inexorables, que en particular, se consideraban amenazados: Carrier, Fouché y, sobre todo, los prevaricadores Barras, Fréron, Tallien. La facción de los corrompidos se había reformado. Se apoyó en los nuevos Indulgentes que sacaban partido de la victoria para pedir el fin del Terror, y sobre el estado llano que no había aceptado al Gobierno revolucionario más que como un expediente temporal. No teniendo que temer una nueva jornada revolucionaria ahora que el movimiento popular había sido domesticado, ¿qué razón podía haber para que la Convención soportase por más tiempo la tutela de los Comités? Entre la Convención, impaciente por el yugo, y la sans-culotterie parisiense, irreductiblemente hostil, el Gobierno revolucionario estaba suspendido en el vacío.

Los Comités del Gobierno, dividiéndose, terminaron por perderse.

El Comité de Seguridad general, que tenía la dirección de la represión, soportaba de mal grado las usurpaciones del Comité de Salud Pública, especialmente la actividad de su Oficina de Policía. Constituido por hombres inexorables como Amar, Vadier, Voulland, cuyo estado de espíritu se aproximaba al extremismo, querían prolongar el Terror, del cual dependía su autoridad. Eran ateos, y el decreto de descristianización, el culto al Ser supremo, eran para ellos preocupaciones de tipo secundario. Salvo David y Lebas, eran especialmente hostiles a Robespierre, tanto por razones personales como de principio.

El Comité de Salud Pública hubiera neutralizado fácilmente esta oposición si hubiese permanecido unido. Pero la división se insinuó en el gran Comité. Robespierre, por sus brillantes servicios, se había convertido en el verdadero jefe del Gobierno, a ojos de la Francia revolucionaria. Por tanto, no tenía contemplaciones con las susceptibilidades de sus colegas. Severo para los demás como para sí mismo, se vinculaba poco a los demás, manteniendo con la mayoría una reserva distante que podría parecer cálculo o ambición. Esta acusación lanzada ya contra el Incorruptible por los girondinos, después por los franciscanos, fue nuevamente hecha en el Comité mismo por Carnot y por Billaud-Varenne, que declaró en la Convención el 1 de floreal, año II (20 de abril de 1794):

«Todo pueblo celoso de su libertad debe tener cuidado incluso de las virtudes de los hombres que ocupan puestos importantes».

Además de las oposiciones temperamentales, de los conflictos de competencia (Carnot tuvo violentos altercados con Saint-Just, irritándose por las críticas de Robespierre y de Saint-Just, respecto de sus planes militares), se añadía la divergencia de las orientaciones sociales. Carnot, como Lindet, hombres de la Llanura, vinculados a la Montaña, eran burgueses conservadores; soportaban mal la dirección de la economía y no gustaban de la democracia social. Billaud-Varenne y Collot d’Herbois tendían hacia el extremo opuesto. Irritado, agriado por las maniobras torcidas del Comité de Seguridad General, donde Vadier empezó a ridiculizar el culto del Ser supremo, a propósito de Catherine Théot, una anciana señora que pretendía ser «la madre de Dios», Robespierre dejó de acudir al Comité hacia mediados de mesidor. Su retirada favoreció a sus adversarios.

La tentativa de reconciliación de ambos Comités de gobierno reunidos en sesión plenaria los días 4 y 5 de termidor, año II (22 y 23 de julio de 1794), fracasó. Los miembros de los Comités se habían dado cuenta de que si el acuerdo no se restablecía, el Gobierno revolucionario no podría mantenerse y resistir la ofensiva de los corrompidos y de los nuevos Indulgentes. Pero si Saint-Just y Couthon se prestaron a la conciliación, Robespierre rehusó, queriendo romper definitivamente la alianza entre sus adversarios de la Montaña y de la Llanura, que hasta entonces le había sostenido.

3. El desenlace: la imposible insurrección

Robespierre resolvió llevar el conflicto ante la Convención. Era hacerla juez del mantenimiento del Gobierno revolucionario, asumiendo públicamente un gran riesgo, ya que el movimiento popular estaba en ese momento paralizado, y la sans-culotterie parisiense, indiferente u hostil.

El 8 de termidor (26 de julio de 1794), Robespierre atacó a sus adversarios ante la Convención, acusándoles de terroristas de presa disfrazados de indulgentes, y achacándoles los excesos del Terror. Pero rehusando nombrar a los diputados que acusaba, se perdió: todos aquellos que tenían algo que reprocharse se sintieron amenazados. A la tarde, cuando Robespierre se hacía aplaudir en los Jacobinos y cuando los Comités navegaban sin rumbo, sus adversarios actuaban. El complot se urdió durante la noche, entre los diputados que desde hacía largo tiempo meditaban la pérdida de Robespierre y la Llanura, a quienes habían prometido el fin del Terror; una coalición de circunstancias, cuyo único fundamento fue el miedo.

El 9 de termidor (27 de julio de 1794), la sesión de la Convención se abría a las once. A mediodía, Saint-Just pidió la palabra. Desde ese momento, todo se desarrolló rápidamente. La táctica de obstrucción mantenida por los conjurados, cerró implacablemente la boca a Saint-Just, después de Robespierre. El arresto de Hanriot, comandante de la guardia nacional parisiense, y de Dumas, presidente del Tribunal revolucionario, quedó decretado. En medio de un tumulto increíble, un diputado oscuro, Louchet, propuso contra Robespierre el decreto de acusación, que fue votado por unanimidad; su hermano pidió compartir su suerte. Couthon y Saint-Just se le unieron. Lebas reclamó. «La República está perdida; los malvados triunfan», dijo Robespierre. Los espectadores de las tribunas abandonaron la Convención y llevaron a las secciones esta noticia tan espantosa. No eran siquiera las dos de la tarde.

La tentativa de insurrección de la Comuna de París fue mal organizada y dirigida. Antes de las tres, y habiendo sido advertidos, el alcalde Fleuriot-Lescot y el agente nacional Payan invitaron a los miembros del consejo general a que se dispersaran en sus secciones, para tocar a generala y a rebato. Hacia las seis, todos los militantes estaban alerta; las secciones, en pie. Pero de las cuarenta y ocho secciones, sólo dieciséis enviaron destacamentos de guardias nacionales a la Comuna, plaza de la Grève. De este modo se pusieron de manifiesto las consecuencias de la represión, desde el germinal a los cuadros de secciones. Las compañías de artilleros, guardia avanzada de la sans-culotterie, hicieron gala de una mayor iniciativa revolucionaria que la de los batallones. Hacia las diez, las autoridades insurrecionales disponían de diecisiete compañías de artillería de la treintena que permanecían en la capital, y de treinta y dos piezas, cuando la Convención no tenía más que la compañía de guardia. Durante varias horas la Comuna dispuso de una superioridad aplastante en artillería: hubiera sido un triunfo decisivo si se hubiera encontrado un jefe para dirigir esta fuerza. Liberados los diputados que tenían orden de arresto fueron a la Convención y allí deliberaron. La Convención cobró nueva fuerza y proclamó a los diputados rebeldes fuera de la ley; a Barras se le encargó que reuniese un ejército armado; las secciones moderadas se agruparon. La guardia nacional y la artillería, reunidos ante la Casa Consistorial, estaban sin instrucciones ni abastecimiento: bien pronto circuló el rumor de que estaban fuera de la ley; poco a poco la plaza de la Grève quedó desierta. Hacia las dos de la mañana, Barras toma por sorpresa el ayuntamiento. La Comuna hacía sido vencida sin haber combatido.

El 10 de termidor (28 de julio de 1794) por la tarde, Robespierre, Saint-Just, Couthon y diecinueve de sus partidarios fueron guillotinados, sin juicio previo. Al día siguiente tuvo lugar una hornada de 71, la más numerosa de la Revolución.

La responsabilidad de la derrota, teniendo en cuenta la propia tentativa de insurrección, recae sobre los jefes de la Comuna de París y los robespierristas, que no supieron reaccionar. A pesar de haberse aumentado el aparato gubernamental y de la pasividad de numerosas autoridades de sección, los Comités revolucionarios, en particular, que desde hacía tiempo estaban frenados, los sans-culottes acudieron por millares a la Casa Consistorial. Si esto fue en vano, la responsabilidad incumbe a los robespierristas que esperaron el golpe de gracia en lugar de bajar a la plaza de la Grève y ponerse a la cabeza de los combatientes populares. Pero remontándose más, es en las contradicciones del movimiento revolucionario donde estaba la necesidad histórica del 9 de termidor, tanto como en la propia sans-culotterie.

Robespierre, discípulo de Rousseau, pero con una cultura científica y económica casi nula, sentía horror por el materialismo de filósofos como Helvétius. Su idea espiritualista de la sociedad y del mundo lo desarmó ante las contradicciones que se expresaron en la primavera de 1794. Aunque supo dar una justificación teórica del Gobierno revolucionario y del Terror, Robespierre fue incapaz de un análisis preciso de las realidades económicas y sociales de su tiempo. Sin duda, no podía subestimar el equilibrio de las fuerzas sociales y descuidar el papel preponderante de la burguesía en la lucha contra la aristocracia y el Antiguo Régimen. Pero tanto Robespierre como Saint-Just quedaron prisioneros de sus contradicciones; ambos eran demasiado conscientes de los intereses de la burguesía para vincularse totalmente con la sans-culotterie, y también demasiado preocupados por las necesidades de los desarrapados para caer bien ante los ojos de la burguesía.

El Gobierno revolucionario se fundaba sobre una base social constituida por diversos elementos contradictorios, y, por tanto, desprovisto de una conciencia de clase. Los jacobinos, en quienes se apoyaban los robespierristas, no podían darle la necesaria base: ellos tampoco constituían una clase, y todavía menos un partido de clase, estrictamente disciplinado, que hubiera sido un instrumento eficaz de acción política. El régimen del año II reposaba sobre una concepción espiritualista de las relaciones sociales y democráticas; las consecuencias fueron fatales.

En el terreno político, más que una oposición de circunstancias, existían contradicciones fundamentales entre la burguesía montañesa y la sans-culotterie parisiense, entre los militares de las secciones y el Gobierno revolucionario. La guerra exigía un gobierno autoritario, y los desarrapados tuvieron conciencia de ello, puesto que contribuyeron a su creación. Pero la guerra y sus exigencias estaban entonces en contradicción con la democracia que montañeses y desarrapados invocaban igualmente, pero sin tener la misma concepción. La democracia, tal y como los sans-culottes la practicaban, tendía espontáneamente al gobierno directo. El Gobierno revolucionario estimaba esta práctica incompatible con la conducta de guerra. Control de los elegidos, derecho para el pueblo a revocar su mandato, voto en alta voz o por aclamación, características que indicaban que los militantes de las secciones no se contentaban con una democracia de tipo formal. Pero este comportamiento político se oponía irremediablemente a la democracia liberal, tal y como la concebía la burguesía. Los sans-culottes reclamaban un gobierno fuerte para aplastar a la aristocracia: no perdonaban al Gobierno revolucionario haberles frenado y obligado a obedecer.

El problema de las relaciones del movimiento popular y del Gobierno revolucionario se planteaba todavía en otro sentido. Por el propio efecto del éxito popular en la primavera y durante el verano de 1793, la sans-culotterie, había visto cómo se deshacían sus cuadros. Muchos de los militantes de las secciones parisienses, sin haberse movido, sólo por la ambición, consideraban que obtener un puesto era la recompensa legítima de su sacrificio. La eficacia del Gobierno revolucionario sería, por otra parte, ese precio. En el otoño de 1793, las administraciones fueron depuradas y pobladas con desarrapados bondadosos. Entonces se produjo un nuevo conformismo, del que da idea el ejemplo de los comisarios revolucionarios de las secciones parisienses. Nacidos de los elementos más populares y más ardientes de la sans-culotterie, formaron, en principio, el sector más combativo de los revolucionarios. Su condición y el propio éxito de su tarea exigían que fuesen asalariados: durante el año II, esos militantes se transformaron en funcionarios tanto más dóciles en manos del Gobierno revolucionario, cuanto temían perder los beneficios adquiridos. Esta evolución se producía necesariamente por el agudizamiento de la lucha de clases en el interior y en las fronteras; los elementos más conscientes del movimiento popular entraban en el aparato del Estado y reforzaban el poder revolucionario. Pero de ello nació un debilitamiento del movimiento popular y una alteración de las relaciones con el Gobierno. La actividad política de las organizaciones de sección se encontró frenada, teniendo en cuenta también las exigencias cada vez mayores de la defensa nacional. Al mismo tiempo se debilitaba la democracia en el seno de las secciones, y la burocratización produjo gradualmente la parálisis del espíritu crítico y de la combatividad política de las masas. Por último se debilitó el control popular sobre los órganos gubernamentales, cuyas tendencias autoritarias se reforzaron. Así, entre el Gobierno revolucionario y el movimiento popular, que le había llevado al poder, se introdujo una contradicción nueva. Los robespierristas asistieron impotentes a esta evolución. «La Revolución está congelada», decía Saint-Just, pero no puede exponer las razones.

En el terreno económico y social, las contradicciones no fueron menos insuperables. Los adeptos de la economía liberal, los pertenecientes al Comité de Salud Pública, y Robespierre, en un principio, sólo aceptaron la economía dirigida porque no podían pasarse sin el impuesto y la requisa para sostener una guerra nacional, mientras que los desarrapados, al imponer el máximum, soñaban antes que nada con su propia subsistencia. La revolución, por democrática que se hubiese hecho, no era por eso menos burguesa, pues el Gobierno revolucionario no podía tasar las subsistencias sin tasar los salarios, con el fin de mantener el equilibrio entre los jefes de empresa y los asalariados. Esta política suponía la alianza de montañeses y desarrapados. Por tanto, perjudicaba a la propia burguesía jacobina, puesto que suprimía la libertad económica y limitaba el beneficio. Salvo para las industrias de guerra pagadas por el Estado y las requisas de granos y forrajes impuestas a los campesinos, el máximum fue violado por los productores y los comerciantes. Los desarrapados, al vincularse esencialmente a la relación de precios y salarios, buscaban beneficiarse de las circunstancias y elevar los aumentos de salarios. Se entiende, que en una sociedad de estructura burguesa, el Comité de Salud Pública al intervenir para intentar resolver la crisis, debía con su arbitraje beneficiar a los poseedores y a los productores más que a los asalariados. De aquí, el máximum parisiense de salarios del 5 de termidor, en especial. No fundándose en una base clasista, la economía dirigida del año II a nada conducía.

El Gobierno revolucionario, minado por esas contradicciones fue mortalmente herido en Robespierre y sus partidarios, y al mismo tiempo en la República democrática igualitaria que habían querido fundar. Pero contra la burguesía termidoriana, cada vez más dominada por la reacción que había desencadenado, el movimiento popular va a sostener durante diez meses aún, un combate de retaguardia, encarnizado y desesperado: una lucha dramática al término de la cual el auge de la República quedaría definitivamente malogrado.

CAPÍTULO V

LA CONVENCIÓN TERMIDORIANA, LA REACCIÓN BURGUESA Y EL FIN DEL MOVIMIENTO POPULAR
(julio de 1794-mayo de 1795)

Caído Robespierre, el Gobierno revolucionario no le sobrevivió, la reacción se aceleró rápidamente. Detrás del encarnizamiento y el caos de las luchas políticas, el carácter social de la reacción confiere a este período termidoriano su principal interés. El régimen del año II tenía un contenido social popular que había subrayado las decisiones que se tomaron, como los decretos de ventoso y la ley de beneficencia nacional. En el plano político había permitido que el pueblo participase en la dirección de los negocios. Así, el privilegio de la riqueza y el monopolio político instaurados por la Constituyente en beneficio de la burguesía, habían sido atacados en toda línea.

Sin duda, el movimiento popular de los desarrapados parisienses, que habían impuesto el Gobierno revolucionario, había cedido terreno desde el germinal, año II. La orientación de la política económica y social del Comité de Salud Pública se había hecho entonces menos popular. Desde este punto de vista, el 9 de termidor señala no un corte, sino una aceleración. Desde termidor, año II, hasta la primavera siguiente, la reacción progresa, pero nada se ha conseguido aún. La revolución burguesa y el movimiento popular se enfrentan, gentes honradas y sans-culottes; año decisivo, señalado por la esperanza de los unos y el miedo de los otros, para una gran jornada popular que sellase, en último término, el destino de la Revolución. Desde 1789, el pueblo de París continuaba sin ser vencido.

La derrota de prairial, año III, marcó el fin de los desarrapados parisienses y la eliminación definitiva del movimiento popular. La Revolución continuó su curso burgués.

I

LOS PROGRESOS DE LA REACCIÓN TERMIDORIANA

El período termidoriano se caracteriza por las luchas políticas confusas, pero, sin embargo, este confusionismo no puede ocultar la verdadera causa: las gentes honradas, a quienes pronto se calificará de notables, deseaban eliminar de la vida política a esos pequeños burgueses, esos artesanos y esos comerciantes, también a los cuadrilleros, en una palabra, a los desarrapados, que por un momento les habían impuesto sus leyes. Además, aparte del auge del movimiento popular en 1793, las luchas parlamentarias que pusieron en peligro a una minoría montañesa y a una mayoría reaccionaria cada vez mayor, se duplicaron con motivo de un conflicto más amplio: por todas partes, reaccionarios y hombres del año II estaban en peligro. Pero desorientado, desorganizado, privado de sus cuadros, el movimiento popular, factor de aceleración de la Revolución en 1793, y ahora una sencilla fuerza de resistencia, no era ya capaz más que de combatir en retirada.

1. La dislocación del Gobierno revolucionario y el fin del Terror (verano de 1794)

El Comité de Salud Pública, una vez que se hubo desembarazado de los robespierristas, creyó mantener de este modo el sistema gubernamental. Hablando en su nombre, el 10 de termidor (28 de julio de 1794), Barère declaró a la Convención que la jornada del 9 no era sino «una conmoción parcial que dejaba al Gobierno toda su integridad». «La fuerza del Gobierno revolucionario va a centuplicarse desde que el poder, volviendo a sus orígenes, ha dado un alma más enérgica y unos Comités más puros». Barère se levantaba al mismo tiempo contra «algunos aristócratas disfrazados que hablaban de indulgencia»: «¡De indulgencia! Sólo para el error involuntario; pero las maniobras de los aristócratas son maldades y sus errores no son sino crímenes».

En realidad, el sistema gubernamental del año II se dislocó en algunas semanas, perdiendo sus rasgos esenciales; la estabilidad, la concentración y, al abandonar el Terror, la fuerza coactiva.

La estabilidad gubernamental quedó destruida desde el 11 de termidor, año II (29 de julio de 1794). La Convención decretó ese día, a propuesta de Tallien, que los Comités gubernamentales fuesen, a partir de ese momento, renovados por cuartas partes cada mes, no pudiendo ser reelegidos los miembros salientes más que con intervalos de un mes. Fueron excluidos y reemplazados de inmediato, en el Comité de Salud Pública, el Prior de Côte d’Or y Jeanbon Saint-André, elecciones muy significativas, por Tallien y por el dantonista Thuriot. Sólo Carnot permaneció de los del gran Comité del año II. En el Comité de Seguridad Nacional, David, Jagot y Lavicomterie, diputados robespierristas, fueron sustituidos por hombres como Legendre o Merlin de Thionville. Si ciertos convencionales adquirieron influencia en el Gobierno fue por la estabilidad del personal dirigente.

La concentración gubernamental no sobrevivió al decreto del 7 de fructidor, año II (24 de agosto 1794). La preeminencia del Comité de salud Pública había conservado hasta ese momento la unidad del Gobierno. Fue atacada a partir del 11 de termidor, por Cambon, que reinaba en el Comité de Finanzas y de quien dependía la tesorería: único servicio que había escapado a la autoridad del Gran Comité. Barère respondió denunciando, el 13, el feudalismo moral, que se quería de este modo instituir. La Convención dudó, adoptando finalmente el decreto de 7 de fructidor, de acuerdo con las proposiciones de Cambon. Hubo a partir de entonces dieciséis Comités de los cuales, los doce principales dirigían cada uno de ellos a una de las Comisiones ejecutivas. El Comité de Salud Pública veía sus atribuciones reducidas a la guerra y a la diplomacia. El Comité de Seguridad General conservaba las atribuciones de policía y vigilancia. El Comité de Legislación adquiría una importancia nueva: la administración interior y los tribunales pasaban a sus atribuciones. Se había terminado la concentración gubernamental; el poder se dividía, sobre todo, entre los tres Comités del Gobierno.

El abandono del Terror iba a la par, la fuerza coactiva desapareció al mismo tiempo que los otros resortes del Gobierno revolucionario. La ley de 22 de prairial fue actualizada el 14 de termidor (1 de agosto de 1794). Fouquier-Tinville detenido, el Tribunal revolucionario cesó de funcionar. Quedó reorganizado el 23 (10 de agosto de 1794) según informe de Merlin de Douai. La cuestión internacional permitió absolver a cualquier acusado, incluso convicto, bajo pretexto de que no le había inspirado ninguna intención contrarrevolucionaria. Los comités revolucionarios, contra los que se había desencadenado una violenta campaña después del 9 de termidor, fueron suprimidos y reemplazados el 7 de fructidor (24 de agosto de 1794) por comités de vigilancia de distritos para las grandes ciudades y para los departamentos. En París, las 48 secciones quedaron reagrupadas en doce distritos: los nuevos comités de vigilancia, así como los comités civiles, fueron organismos gubernamentales independientes de las asambleas generales de sección, reducidas a una por década, desde el 4 de fructidor (21 de agosto de 1794). Las prisiones se abrían y los sospechosos quedaban libres: cerca de 500, sólo en París, del 18 al 23 de termidor (5-10 de agosto de 1794). Esto fue el fin del Terror.

2. Moderados, jacobinos y desarrapados (agosto-octubre de 1794)

La reacción política afirmose rápidamente, a pesar de los esfuerzos de los antiguos terroristas denunciados el 9 de fructidor (26 de agosto de 1794) por Méhée de la Touche, en un violento panfleto: La Queue de Robespierre. Atacados el 12 de fructidor (29 de agosto) por Lecointre, por haber participado en la tiranía, Barère, Billaud-Varenne y Collt d’Herbois presentaron su dimisión al Comité de Salud Pública. En un mes, el equipo gubernamental del año II había sido eliminado.

En la Convención, la Montaña perdió toda su influencia; ya sólo es Creta, y las filas de los cretenses iban reduciéndose, poco a poco, por una serie de deserciones. La Llanura fue quien se llevó la mayoría centro, aumentada con los terroristas arrepentidos, así como los montañeses disidentes; Cambacérès y Merlin de Douai ocupaban un puesto importante. En cuanto a su orientación social, los hombres de la Llanura no dejaron lugar a dudas. Adversarios de la economía dirigida, también lo eran de la democracia social. Pertenecientes a la burguesía, querían devolverle su preeminencia, restablecer la jerarquía social, situar al pueblo de nuevo en la subordinación. Cuando Fayau, uno de los cretenses, propuso el 27 de fructidor (13 de septiembre de 1794) nuevas modalidades para la venta de los bienes nacionales, que hubieran favorecido a «los republicanos no propietarios o a los pequeños propietarios», Lozeau, diputado por la Charente-Inférieure, le replicó:

«Que en una República compuesta de veinticuatro millones de hombres, es imposible que todos sean agricultores; que es imposible que la mayoría de la nación sea propietaria, ya que en esta hipótesis, teniendo cada uno obligatoriamente que cultivar su campo o su vida para vivir, el comercio, las artes y la industria quedarían muy pronto abandonados».

Los termidorianos rechazaron el ideal popular de una nación de pequeños productores independientes. No obstante, estando firmemente vinculados a la Revolución, los hombres de la Llanura creían defender la República: el 25 de brumario, año III (15 de noviembre de 1794), mantuvieron, codificándolas, las penas impuestas contra los emigrados. Pero lo mismo que en 1793, la decisión escapó a la Convención: esta decisión fue impuesta desde fuera.

En París, desde termidor, año II, a brumario, año III (agosto-octubre de 1794), durante una serie de luchas políticas confusas, se enfrentaron tres tendencias políticas en un conflicto triangular. Los moderados querían restablecer la preponderancia de las gentes honradas, es decir, de la burguesía acomodada, como en 1791. Los «neo-hebertistas», agrupados en el Club electoral y que dominaban la sección del Muséum, representaban las tendencias populares hostiles al Gobierno revolucionario; pedían que se devolviese a París el derecho de elegir el municipio, la aplicación de la Constitución democrática de 1793. Los jacobinos continuaban siendo partidarios del mantenimiento, mientras durase la guerra, de la concentración gubernamental y de los medios represivos del año II.

La campaña del Club electoral, al dividir las fuerzas populares aislando a los jacobinos, favorecía los progresos de la reacción. Unidos a los moderados por su pasión antiterrorista y antirrobespierrista, los «neo-hebertistas» contribuyeron a que se empezase una evolución, de la cual pronto tuvieron que lamentar los resultados. Organizado después del 9 de termidor, el Club electoral, animado por hombres como el antiguo «hebertista» Legray o el avanzado Varlet, emprendió una campaña contra el sistema del año II, sostenido por Le Journal de la liberté de la presse, de Babeuf: «El 10 de termidor marca el nuevo período desde el cual trabajamos para que renazca la libertad», escribe el 19 de fructidor (5 de septiembre de 1794), sin ver el conflicto social que sostenía las luchas políticas. En su número del 1 de vendimiario, año III (22 de septiembre de 1794), Babeuf no distinguía más que dos partidos en Francia:

«Uno, en favor del mantenimiento del Gobierno de Robespierre; otro, para restablecer un Gobierno apuntalado exclusivamente sobre los derechos eternos del hombre».

Si no hubo acuerdo entre Babeuf, el Club electoral y los reaccionarios moderados, como dice Georges Lefebvre, es seguro que aquél contribuyó al éxito de estos últimos: Babeuf reconocía esto en su Tribune du peuple, de 28 de frimario (18 de diciembre de 1794).

La resistencia jacobina afirmose en la nueva sociedad abierta por Legendre, desde el 11 de termidor (29 de julio de 1794), y de la que fueron excluidos los terroristas tránsfugas, Fréron, Lecointre, Tallien, a petición de Carrier, el 17 de fructidor (3 de septiembre). Mantenidos por Le Journal Universel, de Audouin, y por L’Ami du peuple, de Chasles y Lebois, los jacobinos reclamaron el retorno al sistema del Terror: «reducir a la nada a los aristócratas que osasen descollar». El 19 de fructidor (5 de septiembre), el Club elaboró un programa adoptando la petición de los jacobinos de Dijon: para aplicar la ley de sospechosos, para una nueva deliberación sobre el decreto relativo a la cuestión intencional, para excluir a los nobles y a los sacerdotes de todas las funciones públicas, para restringir, por último, la libertad de prensa. Se adhirieron a la petición de los jacobinos de Dijon ocho secciones parisienses. El mes de fructidor se señaló por un verdadero empuje jacobino, que culminó el quinto día sans-culottide, año II (21 de septiembre), con el traslado de los restos de Marat al Panthéon. Lindet había hecho adoptar a la Convención, el cuarto sans-culottide (20 de septiembre), un programa de compromiso, prometiendo protección a los antiguos terroristas, pero negándose a continuar la represión revolucionaria, condenando a aquellos que soñaban con el «igualamiento de las fortunas», y prometiendo devolver al comercio su libertad de acción. Este informe fue muy criticado por la mayoría jacobina de una decena de secciones parisienses, el 10 de vendimiario, año III (1 de octubre de 1794). Esta agitación seccionaria de inspiración jacobina inquietó a la mayoría convencional que se dejó arrastrar por la reacción. Los dos movimientos que buscaban el apoyo popular se anularon al oponerse mutuamente: la victoria continúa estando de parte de los moderados.

La ofensiva de los moderados arrastró a una coalición heteróclita de todos los adversarios de derechas del sistema del año II, y de los jacobinos en especial: burgueses, conservadores, monárquicos, constitucionales, partidarios, más o menos declarados del Antiguo Régimen. Su programa era puramente negativo: vengarse de los terroristas, reducir a los sans-culottes a la obediencia, impedir el retorno a la democracia política y social. Disponían de dos medios de acción: la prensa y, aun más todavía, los grupos de la dorada juventud.

La prensa reaccionaria era quien los arrastraba ahora, ya que disponía de abundantes recursos, una vez que los periódicos jacobinos habían sido privados de los subsidios gubernamentales. Según uno de ellos, Lecretelle el joven, del Républicain français, los periodistas de derechas formaron un comité con el fin de elaborar en común su táctica contrarrevolucionaria; se trataba de «hacer retroceder en el camino a la Convención, después de dos años mortales de una carrera de anarquía». Se contaba entre ellos Dussault, de La Correspondance politique; los hermanos Bertin, de los Débats, y Langlois, del Messager du soir. Fréron volvió el 23 de fructidor (11 de septiembre de 1794), a su Orateur du peuple, mientras que Tallien lanzaba L’Ami du citoyen, el 1 de brumario, año III (22 de octubre). Una multitud de panfletos atacaban a los jacobinos: Les Jacobins démasqués, por fin en fructidor, y Les Jacobins hors la loi, en vendimiario. El arma general era la injuria y la denuncia, la calumnia y el chantaje, contra los bebedores de sangre, los anarquistas, los exclusivos. El aspecto social de esas campañas de prensa estaba subrayado por los ataques contra Cambon, el «verdugo de los rentistas», el «Robespierre de las propiedades», o contra Lindet, nombrado en el año II para la dirección de la Economía. Las gentes honradas, es decir, los sobresalientes por la riqueza, no podían perdonarles.

Las bandas de los jóvenes constituyeron, desde finales de fructidor, el medio de acción esencial de la reacción. Fueron organizadas por los terroristas tránsfugas, Fréron —se les llamaba la juventud dorada de Fréron —, Tallien, Merlin de Thionville. Se reclutaban entre la juventud burguesa, la curia, encargados de Banco y mancebos de botica, reforzados con los emboscados, los insurrectos y los desertores.

«Eramos todos, o casi todos, quintos insurrectos, escribe uno de ellos, Duval, en sus “Souvenirs thermidoriens”: se decía que serviríamos de modo más útil a la causa pública en las calles de París, que en el ejército de Sambre-et-Meuse».

Los jóvenes eran reconocibles por sus coletas y el cuello cuadrado de sus trajes; armados de estacas, se reunían al grito de ¡Abajo los jacobinos! ¡Viva la Convención!, o bien con la canción de Réveil du peuple, cuyo estribillo era «No se nos escaparán». Los jóvenes, a quienes sus adversarios llamaban currutacos, provocaron los primeros altercados a finales del fructidor, en el Palais-Egalité o en el café de Chartres, que constituían su cuartel general, para atacar a los jacobinos o a gentes reputadas como tales. Con la complicidad del Comité de Seguridad General y de los comités de vigilancia depurados, la juventud dorada se echó pronto a la calle. La presión de la reacción burguesa sobre la Convención fue tanto más insidiosa cuanto que se erigía en defensora de la representación nacional. Pronto ganó la mano a la mayoría dudosa de la Asamblea, arrastrándola más lejos de lo que hubiera querido.

3. La proscripción de los jacobinos y los desarrapados (octubre de 1794-marzo de 1795)

Al mediar de brumario, año III, la evolución política del período termidoriano tuvo una importancia capital: la sociedad de los jacobinos quedó disuelta, el Club electoral cesó en sus sesiones y las secciones parisinas cayeron en poder de la reacción.

El fin de los jacobinos se explica en gran parte por la falta de apoyo popular en las últimas semanas de su existencia. Desde que el pueblo «había presentado su dimisión» —escribe Levasseur en sus Mémoires—, el Club no era mas que «una palanca impotente». El 25 de vendimiario, año III (16 de octubre de 1794), la Convención paralizó a la organización jacobina, prohibiendo la fusión de los clubs entre ellos y las peticiones colectivas. En brumario las deserciones se multiplicaron, mientras que los ataques de los jóvenes eran cada vez más vivos; el 19 (9 de noviembre), organizaron una primera expedición contra el club. El asunto Carrier les ofrecía, dos días después, una ocasión decisiva. Los 132 ciudadanos de Nantes enviados a París por Carrier, el invierno anterior, fueron absueltos por el Tribunal revolucionario, y Carrier encausado. El 21 de brumario (11 de noviembre de 1794), en la Convención, Romme canceló la acusación, pero con reticencias. Para presionar sobre la Asamblea, la misma tarde, Fréron llevó sus grupos a la calle Honoré, al club: «sorprendamos a la bestia feroz en su antro». Llegaron a las manos, y la fuerza armada restableció el orden. Los Comités gubernamentales decretaron el cierre del club, que la Convención confirmó al día siguiente.

El fin del Club electoral no tardó. Después que se había cerrado el de los jacobinos, había reunido, por un momento, a toda la oposición popular: los progresos de la reacción burguesa acallaron la pasión antijacobina de los oponentes de izquierdas. Pero despojado de su sala de sesiones, sección del Muséum, el Club electoral desapareció en los primeros días de frimario, año III (finales de noviembre de 1794).

La conquista de las secciones parisienses por los moderados se facilitó al desaparecer estos dos centros de resistencia popular: la Sociedad de los jacobinos y el Club electoral. Desde finales de vendimiario, la juventud dorada intervenía en las asambleas de la sección. Uno de sus jefes, Jullian, se convirtió en uno de los dirigentes de la sección de las Tullerías. Las secciones de jacobinos fueron conquistadas poco a poco; la de Piques, que era la antigua sección de Robespierre, parece que resistió hasta el 10 de frimario (30 de noviembre de 1794). Una vez que habían sido eliminados los militantes de las secciones, no se halló ninguna fuerza popular capaz de resistir a la burguesía moderada y que se alzase contra la reacción. Después de las instituciones, la reacción se ensañó con los hombres; el Terror blanco estaba a la vista.

Durante el invierno de 1794-1795, de frimario a ventoso, año III, se desarrollaron el antiterrorismo y la dé-sans-culottisation, una forma larvada de Terror blanco. No se trataba de una depuración propiamente dicha, como la víspera del 9 de termidor, puesto que los cuadros terroristas ya estaban destruidos: el elemento venganza predominaba. Después de atacar a los grandes terroristas, la represión se amplió, englobó el conjunto del antiguo personal de las secciones y tomó aspecto social: al atacar a los antiguos militantes, se atacaba también a todo un sistema de valores republicanos. Después de la proscripción de los jacobinos, Babeuf denunció en Le Tribun du peuple, el 28 de frimario, año III (18 de diciembre de 1794), la proscripción del sans-culottisme y de todos sus atributos.

Afirmose el antiterrorismo con el proceso de Carrier, llevado al Tribunal revolucionario el 3 de frimario (23 de noviembre de 1794) y guillotinado el 26 (16 de diciembre). Había declinado toda responsabilidad en los ahogamientos en masa de Nantes, asumiendo, sin embargo, la de los fusilamientos, fundándose en el decreto contra los rebeldes con armas en las manos. Según el informe de Merlin de Douai, los 75 girondinos que protestaron de las jornadas comprendidas desde el 31 de mayo al 2 de junio de 1793, a quienes Robespierre había salvado del cadalso, fueron reclamados por la Convención el 18 frimario (8 de diciembre de 1794) con algunos cuantos dimisionarios o excluidos; 78 convencionales moderados, como Daunou; reaccionarios como Lanjuinais, e, incluso, con tendencia realista, como Saladin, que reforzaron la derecha. Los ataques contra los antiguos miembros de los Comités se multiplicaron; la Convención cedió el 7 de nivoso (27 de diciembre) y creó una comisión para examinar el caso de Barère, Billaud-Varenne, Collot d’Herbois y Vadier. En vano, Cambácères propuso una amnistía. Este asunto, largo tiempo sin resolver, para romper la resistencia de los convencionales moderados, favoreció a la presión de los grupos de la dorada juventud, que se hizo más fuerte.

La dé-sans-culottisation iba a la par en las secciones parisienses. Fueron creadas comisiones por lo menos en 37 de las 48 secciones para examinar la conducta del antiguo personal; fueron encausados 200 antiguos militantes en 11 secciones, en las cuales había 152 comisarios revolucionarios que fueron privados de sus derechos políticos y entregados «al desprecio público», una verdadera categoría social de parias. El Gobierno callaba, cuando no estimulaba, el movimiento, como por ejemplo, la ley de 13 de frimario (3 de diciembre de 1794), que exigía una aclaración de cuentas del año II (préstamos forzados, suscripciones voluntarias). El aspecto social de la dé-sans-culottisation quedaba subrayado por los defectos esenciales que los reaccionarios de las secciones hacían resaltar; el régimen económico y social del año II había ulcerado la burguesía. Los antiguos comisarios para los acaparamientos fueron especialmente fiscalizados; requisiciones, préstamos forzosos, confiscación de mercancías acaparadas; una serie de crímenes contra la propiedad. A los sanguinarios se los calificaba de niveladores, que defendían «la división de los bienes». La dé-sans-culottisation fue la reacción de una burguesía perjudicada en el año II en su seguridad política, en los intereses económicos, en sus prerrogativas sociales.

La pasión antiterrorista fue creciente durante el invierno. El 11 de pluvioso (30 de enero de 1795), la sección del Temple denunció a su antiguo comité revolucionario a la Convención: «Atacad a esos tigres». Y el 11 de ventoso (1 de marzo), la de Montreuil.

«¿Qué esperáis para purgar la tierra de esos antropófagos? ¿Su tinte lívido y sus ojos huecos no anuncian cuáles fueron los padres que los alimentaron? Detenerlos… El peso de la ley les privará del aire que han infectado demasiado tiempo».

Los lechuguinos eran quienes daban ahora caza a sus adversarios por medio de lo que Le Messager du soir llamaba «paseos cívicos». Saqueaban los cafés considerados jacobinos. Desencadenaron la guerra en los teatros en el mes de pluvioso, obligando a los actores jacobinos a que hiciesen una retractación por su honor, renegando de «La Marsellesa» y retomando Le Réveil du peuple contre les terroristes. Después fue la caza de los restos de Marat. Los desarrapados, protestaron; los alborotos, se multiplicaron, y los comités, cedieron. El 21 de pluvioso (9 de febrero), los bustos de los mártires de la libertad, Lepeletier y Marat y los cuatro representando su muerte fueron quitados de la sala de sesiones de la Convención entre los aplausos de la dorada juventud en las tribunas. Los Bustos de Marat y de los jóvenes Bara y Viala, muertos por la patria, fueron sacados del Panteón. Los gritos de asesinato se multiplicaban: «Si no castigáis a esos hombres —declaraba Rovère hablando de los antiguos terroristas el 4 de ventoso (22 de febrero)— no habrá ni un solo francés que no tenga derecho a ahogarlos». El día siguiente (23 de febrero) Merlin de Douai logró que se decretase que todos los funcionarios destituidos después del 10 de termidor tenían que volver a las comunas donde habían estado domiciliados antes de esa fecha para quedar bajo la vigilancia de las municipalidades. En algunas regiones era enviarles a la muerte. El 12 de ventoso (2 de marzo) cedió al fin la Convención, decretando el arresto inmediato de Barère, Billaud-Varenne, Collot d’Herbois y Vadier. La Asamblea era desde ese momento prisionera de las facciones de la dorada juventud reforzada por los insurrectos y los desertores, cuyo número se multiplicaba con los emigrados que habían vuelto decididos a reclamar la restitución de sus bienes requisados.

En los departamentos el Terror blanco había empezado. En Lyon, el 14 de pluvioso, año III (2 de febrero de 1795), fue señalado con la primera matanza de los antiguos terroristas detenidos. Los asesinatos individuales habían empezado en todo el Sudeste desde nivoso. Después, las bandas se habían organizado: Compañía de Jesús, de Jéhu o del Sol, daban caza a los terroristas, a los jacobinos y, por último, a todos los patriotas del 89, y especialmente a aquellos que habían adquirido bienes nacionales. Los representantes en misión dejaban hacer, cuando no estimulaban la formación de esas facciones. Así, Chambon en Marsella o el girondino Isnard en el Var. Las matanzas se multiplicaron. En Lyon, los jacobinos, que aquí se llamaban mathevons, eran asesinados diariamente; en Nîmes, los prisioneros fueron asesinados el 5 de ventoso (23 de febrero de 1795). Combatidos por el Gobierno, denunciados por los representantes, los jacobinos no podían oponer resistencia alguna.

La Convención no intervino, era incapaz, desde luego, de reaccionar. La inflación, el hambre y el frío multiplicaban los sufrimientos, desarrollando en el pueblo un espíritu de rebelión y la Convención, temiendo que se produjese un retorno peligroso de la sans-culotterie parisina, toleraba los excesos de la reacción ultra y los asesinatos del Terror blanco.

4. Antiguos y nuevos ricos. Las preciosas y los pisaverdes

La reacción moral acompañó a la reacción política y social. En el año II el pueblo, considerado como el detentador natural de las virtudes republicanas, había sido ensalzado; ahora se le despreciaba. Según Jullian, uno de los jefes de la dorada juventud, en sus Souvenirs, las gentes del pueblo son «muy estimables sin duda cuando honran su estado por medio de virtudes privadas»; pero no han de ocuparse de los asuntos públicos. Su «simplicidad» se convierte en grosería. Ser desarrapado se consideraba en prairial motivo suficiente de arresto. El lujo, estigmatizado en el año II, quedó rehabilitado. A la austeridad republicana sucedió, en las clases acomodadas, que durante un cierto tiempo habían estado constreñidas, un frenesí de placeres:

«Las gracias y las risas que el Terror había hecho huir volvían a París, escribe el 2 de frimario (22 de noviembre de 1794), ‘Le Mesasger du soir’, órgano de la burguesía que se divierte; nuestras bellas mujeres con peluca rubia son adorables; los conciertos, tanto públicos como sociales, deliciosos… Los sanguinarios, los Billaud, los Collot y la banda de fanáticos califican a este giro de opinión la contrarrevolución».

La moda desterraba ahora el traje de los desarrapados: el pantalón, la blusa y, sobre todo, los cabellos lisos y el gorro rojo. Los jóvenes burgueses se caracterizaban por sus extravagantes vestimentas, que Cambon definía, el 8 de nivoso (28 de diciembre de 1794), diciendo: «Hombres antaño cubiertos de harapos, para parecerse a los sans-culottes, afectan ahora un aire y un lenguaje tan ridículo como el de antes».

El baile hacía furor; se abrían por todas partes, incluso en Carmes, que había conocido los asesinatos de septiembre, o en el antiguo cementerio de Saint-Sulpice. A los bailes de las víctimas sólo se admitían a aquellos que habían perdido a alguien en el cadalso; se exhibían peinados a la Titus, la nuca afeitada como para el verdugo, un hilo de seda roja en torno al cuello. Quedó prohibido el tuteo; el monsierur y madame reaparecieron, reemplazando a ciudadano y ciudadana.

La vida mundana crecía nuevamente en los salones. La Cabarrús, Mme. Tallien, desde el 6 de nivoso (26 de dicembre de 1794), «Notre-Dame-de-Thermidor» para sus admiradores, instalada en su Chaumière de Cours-la-Reine, daba el tono a las preciosas, lanzando la moda de la túnica griega corta y medio transparente. Mme. Hamellin y Mme. Récamier, pronto se hicieron célebres. Financieros, banqueros, proveedores, estraperlistas, asustados por el terror, volvían a ocupar el primer lugar mientras que los nobles, los grandes burgueses y bien pronto los emigrados que habían vuelto renovaban la tradición mundana del Antiguo Régimen. De este modo empezó a formarse la nueva burguesía, por la fusión de las antiguas clases dirigentes y de los hombres enriquecidos en la especulación con el asignado, los bienes nacionales y las industrias de guerra. Un mundo muy mezclado en donde las actrices de moda como la Contat gozaban de predicamento. Cansados de la virtud, muchos de los convencionalistas se dejaron ganar o comprar.

«Fue así como el partido republicano conoció gran número de deserciones, escribe Thibaudeau en sus ‘Mémoires’, pues unos hicieron concesiones y otros se vendieron totalmente al realismo».

El lujo y el impudor, las extravagancias de las preciosas y de los pisaverdes, es decir, una minoría rica y ociosa, chocaban con el conjunto de la población, vinculada a las costumbres tradicionales, escandalizando a una minoría política que había permanecido fiel al ideal republicano. El contraste entre la horrible miseria de las masas y la riqueza escandalosa de una minoría subrayaba aún más el aspecto social de la reacción. Se acentuó la hostilidad que cada vez era mayor según aumentaba el hambre y el invierno avanzaba.

5. La reacción religiosa y la amnistía de los vendeanos

La reacción religiosa contribuyó en parte al progreso de la contrarrevolución.

La separación de la Iglesia y del Estado había quedado instaurada de hecho por Decreto el 2do sans-culottide, año II (18 de septiembre de 1794). Por cuestiones de economía, Cambon hizo que se suprimiese ese día del presupuesto de la Iglesia juramentada; la Constitución civil del clero quedaba así constituida implícitamente y el Estado totalmente laico. Las medidas contra los sacerdotes refractarios continuaron en vigor y las iglesias cerradas. Pero a medida que la reacción se estabilizó muchos franceses echaron de menos las antiguas ceremonias religiosas y los fieles reclamaron que se abriesen las iglesias. El culto cívico, demasiado intelectual y despojado en ese momento de todo carácter patriótico y democrático, no podía ensalzar ya a los desarrapados.

Los sacerdotes constitucionales restablecieron poco a poco su Iglesia: así, en Loir-et-Cher, cuyo obispo Grégoire reclamó la plena libertad de culto, el 1 de nivoso (21 de diciembre de 1794). No obstante, los sacerdotes refractarios, llamados curas de maleta en el Norte, celebraban clandestinamente la misa ciega.

La libertad de culto no podía encontrar obstáculos, desde el momento en que había sido concedida a los rebeldes de la Vendée con la pacificación de La Jaunaye, el 29 de pluvioso, año III (17 de febrero de 1794). El 3 de ventoso (21 de febrero), según informe de Boissy d’Anglas, la Convención autorizó el culto en los edificios que los sacerdotes y fieles pudieran procurarse. La separación quedaba confirmada y las iglesias abiertas al culto decadario. El culto católico continuaba siendo privado; todos los sacerdotes podían celebrarlo a condición de haber prestado el juramento del 14 de agosto de 1792, a la libertad y a la igualdad, llamado el pequeño juramento; quedaba prohibido estrictamente tocar las campanas, llevar los hábitos y las colectas públicas. El culto constitucional se reorganizó rápidamente bajo la dirección de Grégoire, que publicó Les Annales de la religion. Los sacerdotes romanos que habían prestado el pequeño juramento publicaron Les Annales religieuses, politiques et littéraires. Los refractarios desarrollaron como nunca el culto clandestino, oponiéndose a los constitucionales en múltiples conflictos:

«Volviendo a crear católicos, escribía Mallet du Pan el 17 de marzo de 1795, la Convención crea realistas… No hay un solo sacerdote que no haga un caso de conciencia que sus fieles queden vinculados a este régimen».

El descontento de los católicos continuó. Para acallarlo, la Convención estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias: al mismo tiempo estaba en una situación difícil dada la oposición popular que multiplicaba la crisis económica.

Las concesiones a los insurrectos del Oeste estaban en la misma línea política. El 9 de termidor, Charette continuaba manteniéndose en el Marais, Sapinaud en Bocage y Stofflet en Mauges; pero sus facciones, hostigadas por columnas móviles, quedaban poco a poco diezmadas. La Vendée, sin embargo, se duplicaba en Bretaña y en las márgenes de sus bosques crecían las guerrillas, los chouanes. Una vez que hubieron abandonado el Terror y la acción represiva, los termidorianos creían poder pacificar el Oeste con una política de conciliación. Imponiendo su autoridad, Hoche recordaba, el 29 de fructidor (15 de setiembre de 1794), que el Terror había terminado. Los prisioneros quedaron libres, los insurrectos gozaron de la amnistía. El 12 de frimario, año III (2 de diciembre de 1794), la amnistía extendiose a los rebeldes que se sometían al cabo de un mes. En enero de 1795 empezaron las conversaciones con los jefes realistas, quienes, estimulados, continuaban con los asesinatos y el bandolerismo («hacemos la guerra de los corderos contra los tigres», escribía el 4 de pluvioso (23 de enero de 1795) el representante Boursault); los rebeldes impusieron sus condiciones.

La pacificación de La Jaunaye, cerca de Nantes, negociada en especial con Charette, firmada el 29 de pluvioso (17 de febrero de 1795), concedió la amnistía a los rebeldes, restituyéndoles sus bienes o indemnizándoles en caso de venta, incluso aunque fuesen emigrados; dispensó a los de Vendée del servicio militar, dejándoles sus armas; la libertad de culto había sido concedida al fin, incluso a los refractarios. La pacificación de la Prévalaye, cerca de Rennes, estipulaba el 1 de floreal (20 de abril de 1795) las mismas condiciones en favor de los chouanes.

La capitulación termidoriana quedó sin efecto y la pacificación fue algo ilusorio. Los de la Vendée y los chouanes contaron con todo sosiego para prepararse a reemprender la lucha. La Chouannerie pronto ganó nuevos departamentos. Los termidorianos, impotentes, no pudieron reaccionar; la continuación del movimiento popular, exasperado por la crisis económica, exigía la alianza de todos los reaccionarios.

II

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA CATÁSTROFE MONETARIA

El abandono de la economía dirigida estaba en la línea de la política de la reacción termidoriana. La Convención no había aceptado al máximun más que obligada por la presión popular; la burguesía en todos sus sectores la consideraba opuesta a sus intereses. La dislocación del Gobierno revolucionario y el fin del terror llevaban necesariamente al relajamiento en la dirección de la economía; después de su abolición, la fuerza coactiva no podía ya imponerse a los productores y a los comerciantes partidarios del beneficio libre y de la economía liberal. Pero el abandono de las limitaciones económicas no podía llevar sino al hundimiento del asignado y al auge de la inflación, factor de miseria popular. Una vez más queda subrayado así el carácter social de la reacción termidoriana.

1. El retorno a la libertad económica (agosto-diciembre de 1794)

El máximum general de las mercancías de primera necesidad, proclamado el 29 de septiembre de 1793, no había funcionado con rigor, en lo que respecta al abastecimiento civil, más que para los granos. Con respecto a los otros artículos alimenticios, y aunque sin tolerar que fuera públicamente violado, el Comité de Salud Pública renunció a él. El comercio clandestino se había desarrollado; pero, en tanto duró el Terror, los precios sólo aumentaron levemente. Sobrevino el 9 de termidor. El 21 de fructidor, año II (7 de septiembre de 1794), la Convención prorrogó por todo el año III el máximum de los granos y de la harina, y el máximum general del 29 de septiembre de 1793. Pero al haberse abandonado la represión, se agudizó el alza, el mercado clandestino se amplió y poco a poco las transacciones se hicieron libres. «En los mercados ya no se sigue el máximum : todo se vende por las buenas», observa un informe de policía, el 20 de vendimiario, año III (11 de octubre de 1794).

El sistema de las requisiciones por distritos, previsto por el decreto del 11 de septiembre de 1793 para el avituallamiento en grano de los mercados, se deshizo. Los cultivadores, sin la amenaza ya de ser tratados como sospechosos, entregaban sus granos de mala gana y comenzaban a vender clandestinamente. Al encontrar defensores en la Convención, por el decreto de 19 brumario (9 de noviembre de 1794), los campesinos obtuvieron algunas concesiones: en particular, las requisas de partidas no entregadas no tenían ya otra consecuencia que la confiscación del contingente requisado. En consecuencia, la resistencia de los campesinos se agudizó y el aprovisionamiento de las ciudades se hizo cada vez más difícil. Con el gobierno revolucionario dislocado y abandonado el Terror, era imposible exigir la ejecución de las requisas y la observación de las tasas.

La nacionalización de un importante sector de la economía (fabricaciones de guerra, transportes interiores, comercio exterior) ocasionó también muchas dificultades: sólo era eficaz en el marco del máximum general. El sistema continuó funcionando después de termidor, siempre bajo la dirección de Lindet, que, aunque desde el 15 de vendimiario (6 de octubre de 1794) había dejado de formar parte del Comité de Salud Pública, fue nombrado presidente del Comité del Comercio, de la Agricultura y de las Artes.

La nacionalización de las industrias de guerra provocó numerosas y también poderosas oposiciones. Los artesanos y los industriales soportaban mal el control del Estado, la tarifa del máximum y aún más ver que las fábricas nacionales les quitaban trabajo. Haciendo una primera concesión, el Comité de Salud Pública hizo entrega a la empresa privada de un determinado número de fábricas a partir de fructidor, la fundición de Toulouse, la de Maubeuge en frimario. Sobre todo, desmanteló poco a poco la gran fábrica de armas de París, reduciéndola a taller de reparaciones y dispersando en los talleres de los departamentos a aquellos obreros de quienes se temía la oposición política; en pluvioso no quedaba más que un millar de obreros pagados a destajo.

La nacionalización del comercio exterior perjudicaba los intereses de los armadores, de los negociantes y financieros, para quienes el gran comercio marítimo y las especulaciones sobre el cambio constituían una fuente esencial de beneficio. En su informe sobre la situación de la República, el 4to día sans-culottide, año II (20 de septiembre de 1794), Lindet concedía que era necesario reanimar el comercio exterior. La cosecha era mala, se anunciaba hambre para la primavera. El Comité de Salud Pública se preocupaba de procurar los granos, autorizando a los negociantes y a los neutrales a que importasen libremente. La Convención inclinose por la vía de las concesiones: el 26 de vendimiario (17 de octubre) un decreto autorizaba a los fabricantes a importar libremente los productos necesarios para sus talleres. El 6 de frimario (26 de noviembre) la importación de las mercancías no prohibidas era libre. Pero la libertad de las importaciones no podía conciliarse con la aplicación del máximum tanto más cuanto que el decreto de 25 de brumario (15 de noviembre) autorizaba en los puertos franceses el comercio libre con los neutrales.

La ofensiva contra la economía dirigida y el máximum se generalizó hacia finales de otoño. El 14 de brumario, año III (4 de noviembre de 1794), la Convención pidió un informe sobre «los inconvenientes del máximum». El ataque se centró particularmente sobre el desarrollo y los errores de gestión de la burocracia de la economía nacional, que no poseyendo organización estadística alguna, no podía tener una idea exacta de los recursos y de las necesidades. Ataque muy fuerte, ya que esos departamentos estaban repletos de partidarios del régimen del año II. Por medio de estos departamentos, el propio principio de la economía dirigida estaba supervisado y especialmente el control de provisiones a los ejércitos. Los financieros querían que retornaran las antiguas prácticas, para imponer nuevamente al Estado los servicios de los abastecedores y de las compañías financieras, fuente de un tráfico fructuoso y de enormes fortunas. La campaña de los partidarios de la libertad económica terminó por hundirse: el 19 de frimario (9 de diciembre) un informe al Comité de Comercio, del cual fue muy pronto expulsado Lindet, terminaba pidiendo la abolición del máximum.

El decreto de 4 de nivoso, año III (24 de diciembre de 1794), suprimía el máximum y la reglamentación; la circulación de los granos quedaba completamente libre en el interior de la República. La Comisión de Comercio y de Aprovisionamientos conservaba, aunque al precio corriente, el derecho de prelación respecto de las mercancías necesarias para el Ejército. La supresión del máximum promovió una crisis tremenda.

2. El hundimiento del asignado y sus consecuencias

El hundimiento del asignado fue la consecuencia inmediata del abandono del máximum. El alza de precios fue vertiginosa, la especulación sobre las mercancías de primera necesidad se desarrolló de modo monstruoso; el papel-moneda perdió todo valor, el cambio se hundió. El asignado, que había subido a un 50 por 100 de su valor nominal en diciembre de 1793, había descendido a un 31 por 100 en termidor, año II (julio de 1794). La ampliación del máximum le hizo bajar un 20 por 100 en frimario, año III (diciembre de 1794); en germinal (abril de 1795), estaba en un 8 por 100; en termidor (julio), en un 3 por 100. El alza de precios condenó al Estado a una inflación masiva, tanto más cuanto que los impuestos se percibían mal o en asignados desvalorizados. La masa de asignados crecía a causa de las continuas emisiones; llegó a los diez mil millones en diciembre de 1794, de éstos ocho estaban en circulación; de pluvioso a prairial (enero-mayo de 1795), se emitieron siete mil millones, llegando la circulación a más de once mil millones. Los campesinos y los comerciantes rehusaban los asignados, no aceptando más que el numerario. Que no se aceptase el asignado multiplicó la depreciación; así, de noviembre de 1794 a mayo de 1795 la circulación no aumentó más que a 42,5 por 100; el asignado perdió el 68 por 100 de su valor. Las 100 libras-papel pasaron de 24 a 7,5 libras valor numerario.

El alza de los precios de las mercancías de primera necesidad variaba de un departamento a otro. De manera general fue más importante de lo que se hubiera podido sospechar la depreciación del papel-moneda con relación al valor numerario. En marzo-abril de 1795 el indice del asignado era de 581, cuando el índice general de precios alcanzaba 758 con relación a 1790 y sólo los productos alimenticios 819.

La penuria multiplicó aún más las consecuencias desastrosas del alza de precios. A pesar de la prórroga de las requisas hasta el 1 de mesidor (19 de junio de 1795), los campesinos no abastecían ya los mercados, por miedo de que se les pagase en asignados, tanto más cuanto que estaban autorizados a vender directamente a los agentes de la Comisión de Aprovisionamiento para los ejércitos o a los negociantes que abastecían a los tenderos. Se volvió a las medidas coactivas; los distritos instalaron guardias nacionales en los pueblos hasta que se hubiesen entregado las cantidades de granos necesarias. Pero al llegar la primavera, la cosecha insuficiente hizo estos procedimientos inútiles. En vano el Gobierno quiso comprar en el extranjero. La penuria del Tesoro le obligó a recurrir, salvo para París y los ejércitos, a los capitales privados, lo que acentuó más aún la preponderancia de la alta burguesía comerciante. Las importaciones del extranjero no se lograron hasta mayo de 1795. En el Mediodía, siempre deficitario, la situación era desastrosa desde el principio del invierno. En Orleáns ocurría lo mismo, en todo el desfiladero de Beauce, desde principios de primavera. Mientras la ración disminuía, el precio aumentaba. En Verdún, la ración de una libra para los obreros desde el verano de 1794, de tres cuartos para el resto de la población, quedó reducida a la mitad a principios de la primavera de 1795, mientras que el precio se elevaba en 20 céntimos la libra. Aunque las municipalidades volvieron a la reglamentación, reuniendo los granos y racionando su distribución y poniendo la tasa del pan por debajo del precio de coste, no lograron aliviar los sufrimientos de las clases populares, tanto más insoportables al compararlos con el lujo que exhibían los nuevos ricos.

Las consecuencias sociales del hundimiento del asignado fueron muy diversas según diferentes categorías. Las clases populares caían en la desesperación (el invierno del año III fue extremadamente riguroso, añadiendo mayores desgracias a los pobres), mientras que la burguesía del Antiguo Régimen vivía de sus rentas. Los acreedores pagados en asignados quedaban arruinados, deudores y especuladores se enriquecían con rapidez. Verdaderos aventureros, que la inflación y el tráfico con los bienes nacionales, así como con las provisiones de guerra, elevaban a los primeros puestos de la sociedad e inyectaban sangre a la antigua burguesía. Se reclutaron en sus filas muchos hombres de negocios que fueron los iniciadores de la producción capitalista en la época del directorio o napoleónica. La inflación completaba la revolución social.

En París, bajo la doble acción de la penuria de las mercancías y la desconfianza respecto del asignado, los precios de las subsistencias y de los combustibles sufrieron una vertiginosa subida. La libra de buey, tasada en las Halles 34 céntimos el 16 de nivoso (26 de diciembre de 1794), alcanzaba las 7 libras, 10 sueldos, el 12 germinal (1 de abril de 1795); de 580, en enero de 1795, sobre la base de 100 para 1790. El índice parisiense de precios sobre la vida ascendía de 720 en marzo a 900 en abril. El movimiento de salarios y de rentas multiplicaban las consecuencias sociales del alza de precios. No perjudicaban en absoluto a la alta burguesía de los negocios y de la industria, los nuevos ricos de la inflación, que se abastecían en el mercado libre. Pero la masa de población parisiense veía que su poder de adquisición disminuía según aumentaba el encarecimiento: asalariados y empleados, artesanos y comerciantes, pequeños rentistas. El paro alcanzó una extensión considerable como consecuencia de la penuria de las materias primas y del cierre de las fábricas de armas, y de 5400 obreros bajó a 1146. La desesperación se adueñaba de los medios populares, a los que diezmaba la muerte. El frío multiplicó las desastrosas consecuencias de la subalimentación. El invierno del año III conoció temperaturas que podían contarse entre las más bajas del siglo XVIII: −10.º a principios de 1795, −15.º el 23 de enero. La mortalidad aumentó. A finales del invierno, las raciones de pan y de carne que proporcionaba la Agencia de Subsistencias y que constituían la base de la alimentación popular fueron brutalmente reducidas. Como consecuencia de la insuficiencia de las cantidades adquiridas y también de la penuria de los transportes, las reservas de granos para el abastecimiento de París habían disminuido poco a poco. El 25 de ventoso (15 de marzo), la ración de pan, «único alimento de los pobres», quedó reducida a una libra, salvo para los trabajadores manuales, que recibían una libra y media. Incluso en bastantes secciones como en la del Jardin-des-Plantes, los panaderos no pudieron dar pan a todas las cartillas de abastecimiento. En la sección de Gravilliers, el 7 de germinal (27 de marzo), la ración fue de media libra, y de un cuarterón en la de la Fidelidad, el 10 (30 de marzo).

En los primeros días de germinal, año III, la desesperación popular se transformó en cólera, después en revolución. El 20 de ventoso (10 de marzo), el Comité de Salud Pública decía: «Si nos falta el pan un día no podremos resistir las consecuencias». En vano se multiplicaron las medidas de ocasión. El 7 de germinal (27 de marzo) se prescribió que se distribuyesen ocho onzas de arroz por cada media libra de pan, pero muchas amas de casa no pudieron cocerlo por falta de combustible. Atenazados por el hambre, los sans-culottes se pusieron en movimiento. El 8 de nivoso (28 de diciembre) un informe de Policía daba cuenta del incremento de la cólera popular: «la clase indigente proporciona inquietudes a las gentes honradas, que temen las consecuencias por esta carestía excesiva». Desde finales de ventoso, el conflicto parecía inevitable. Los mismos comités se prepararon; multiplicaron los arrestos de jacobinos y de sans-culottes, armando a los buenos ciudadanos y concediendo toda clase de licencias a la dorada juventud, Frente al movimiento popular, nuevamente impulsado por el hambre, la reacción burguesa se unía.

III

LOS ÚLTIMOS LEVANTAMIENTOS POPULARES (GERMINAL Y PRAIRIAL, AÑO III)

Durante el curso del invierno del año III, mientras el asignado se hundía y la crisis económica empujaba a las masas populares a la desesperación, se enfrentaron dos tendencias: el progreso de la reacción y la afirmación del régimen de las gentes honradas por una parte, y por la otra las primeras tentativas para dar a la rebelión del hambre que se anunciaba dirección y fines políticos.

1. El auge de la oposición popular parisiense (invierno de 1794-1795)

La oposición popular se apoyó en las organizaciones fundamentales, que habían podido escapar a la represión termidoriana. La sociedad de los Defensores de los Derechos del Hombre, reforzada por los jacobinos, que se hicieron admitir después de haber cerrado su club, constituyó el centro de una vigorosa oposición sans-culotte en el distrito Saint-Antoine, especialmente en las secciones de Montreuil y Quinze-Vingts. En la sección de Gravilliers, la sociedad de Amigos de la Libertad y de la Humanidad, formada «casi en su totalidad de obreros y de gentes poco instruidas», según un adversario, aseguraba al partido patriota la mayoría en la asamblea general. Los sans-culottes conservaban todavía el poder en las secciones de Bondy, de los Lombards y del Muséum.

La unión de todos los adversarios de la reacción termidoriana fue afirmándose poco a poco. Babeuf emprendía, el 29 de frimario (18 de diciembre), una segunda campaña. Lamentando uno de los primeros haber despotricado contra el «sistema de Robespierre», demostraba que no había más que dos partidos en realidad, el pueblo dorado y el pueblo desarrapado, a quien se pedía que se rebelase, en el número 9 de pluvioso (28 de enero de 1795), desde su Tribun du peuple, lo que dio como resultado su detención. Lebois en L’Ami du peuple, predicaba también la guerra social contra el millón dorado. En cuanto a los antiguos jacobinos, reconciliados con Babeuf desde que había renunciado a su antiterrorismo, estaban ahora de acuerdo con él para reclamar la aplicación de la constitución democrática de 1793, amenazada por los proyectos de revisión.

La actividad clandestina constituyó el recurso de los militantes populares cuando en pluvioso los Comités de Gobierno, inquietos, recurrieron a la represión. La sociedad de los Defensores de los Derechos del Hombre quedó disuelta el 20 (8 de febrero de 1795). Hubo cierto número de detenidos, entre ellos Babeuf; mientras que las gentes honradas se apoderaban en las secciones hasta entonces tenidas por populares, las del Muséum en especial. Los antiguos militantes de las secciones se reagruparon clandestinamente. Las denuncias de los conciliábulos secretos se multiplicaron en ventoso. A finales de ese mes, un sistema de cotizaciones clandestinas permitió a los patriotas lanzar una campaña de avisos anónimos de carácter revolucionario; el 22 de ventoso (12 de marzo), la llamada Pueblo, levántate; es el momento, puesta en pasquines en las paredes de los barrios; el 3 de germinal (23 de marzo), la llamada al Arrebato nacional; el 5 (25 de marzo), la Proclama a la Convención y al Pueblo. El problema, al agravarse, hizo que la agitación popular llegase al colmo, tanto más cuanto que coincidía con una crisis política en el seno de la Convención.

2. Las jornadas de germinal, año III (abril 1795)

La crisis política de principios de germinal puso en actividad a la mayoría termidoriana de la Convención y la Creta, minoría montañesa que en cierto momento viose rebasada por los progresos de la reacción. La oposición irreductible se cristalizó en dos puntos. La Constitución de 1793 presentada por Fréron «como creación de algunos desalmados» y que la mayoría termidoriana creía que iba de acuerdo con las leyes orgánicas, era considerada por el contrario, por la Creta como el «palladium» del pueblo francés. El 2 de germinal (22 de marzo), por otra parte, empezó el debate sobre la acusación de los Cuatro: Barère, Billaud-Varenne, Collot d’Herbois y Vadier. Debate tumultoso que inflamó la opinión popular mientras que la opinión burguesa se impacientaba. La Convención cortó por medio de dos decretos: el 9 de germinal (29 de marzo) rechazó toda idea de amnistía decidiendo reemprender el proceso de los Cuatro; el 12 (1 de abril), nombró a una comisión encargada de preparar las leyes orgánicas.

La movilización de las masas populares ya estaba hecha en ese momento. Las aglomeraciones en las puertas de las panaderías se habían convertido en tumultos a finales de ventoso (mediados de marzo). El 27 de ventoso (17 de marzo) se agruparon las barriadas de Saint-Marceau y de Saint-Jacques y fueron a la Convención; «Nos falta el pan, estamos a punto de lamentar todos los sacrificios que hemos hecho por la Revolución». El 1 de germinal (21 de marzo), las tres secciones del barrio de Saint-Antoine fueron a su vez a la Convención, reclamando que se pusiese en vigor la Constitución de 1793, que se tomasen medidas contra el hambre y que se denunciase a los enemigos del pueblo, «esclavos de las riquezas». Se multiplicaron los alborotos entre los desarrapados, llenos de desesperación, y los grupos de la dorada juventud. El Gobierno, no obstante, continuaba sus preparativos para resistir a la insurrección que se esperaba. El 1 de germinal (21 de marzo), Sièyes logró que se votase una ley de máxima represión; dictaba la pena de muerte contra aquellos que, por medio de un movimiento concertado y con palabras de carácter sedicioso, se presentasen ante la Convención. El 2 (22 de marzo) los comités hicieron que se distribuyesen a los ciudadanos de confianza 100 fusiles por cada sección. Las perturbaciones se agravaron el 7 de germinal (27 de marzo) en la sección de Gravilliers y duraron dos días. El 10 (30 de marzo), las reuniones de cada sección fueron tempestuosas; en diez secciones ganaron los desarrapados. Al día siguiente, la sección de Quinze-Vingts apareció de nuevo ante la Convención con un verdadero programa popular, criticando con dureza lo ocurrido a continuación del 9 de termidor y aboliendo el máximun y reclamando una municipalidad parisiense electiva, la reapertura de las sociedades populares y la puesta en vigor de la Constitución. «Estamos en pie para sostener la República y la libertad». Esa fue la señal del levantamiento popular.

La jornada del 12 de germinal, año III (1 de abril de 1795), marcó el grado de desorganización a que había llegado el movimiento popular, privado de sus cuadros, víctimas de la represión. Manifestación más bien que insurrección fue la reunión desordenada de una multitud desarmada que se contentó con invadir la Convención y expresar sus deseos: la Constitución de 1793 y las medidas contra el hambre. La guardia nacional de los barrios adinerados dispersó sin dificultades a los manifestantes. La jornada había fracasado por falta de un plan preciso de acción y también de jefes; las horas en las que los sans-culottes fueron dueños de la Convención se perdieron en el tumulto y en los discursos vanos. La agitación continuó al día siguiente, el 13 de germinal (2 de abril), especialmente en el barrio de Saint-Antoine, en la sección de Quinze-Vingts. La Convención decretó el estado de sitio y el orden quedó rápidamente establecido.

Las consecuencias políticas del golpe popular no se hicieron esperar. Ganó la derecha. «Es preciso —declaró André Dumont a uno de sus dirigentes— aprovechar bien esta ocasión». En la noche del 12 al 13 de germinal la Convención decretó la deportación de los cuatro a La Guayana sin juicio alguno. La izquierda quedó una vez más diezmada con el arresto de los ocho montañeses, de los cuales Amar y Duhem fueron encerrados rápidamente en el fuerte de Ham. Algunos días más tarde otros ocho diputados fueron desterrados, entre ellos Cambon. El 17 de floreal (6 de mayo), Fouquier-Tinville fue condenado a muerte con catorce miembros del antiguo Tribunal revolucionario. El problema constitucional pasaba, por tanto, al orden del día. La Constitución de 1793 no se había puesto hasta ese momento en tela de juicio. El debate había sido sobre su aplicación por medio de leyes orgánicas. Fue denunciada el 25 de floreal (14 de mayo); lo que fue por la sección de la República, como una «constitución decenviral, dictada por el miedo y aceptada bajo su imperio». Los progresos de la reacción, conjugándose con la transformación de la dieta en hambre impulsaron al movimiento popular nuevamente.

3. Prairial, año III (mayo de 1795)

La represión del levantamiento de germinal y la persecución contra los militantes de las secciones no pudieron en realidad deshacer el movimiento parisiense; contribuyeron por el contrario, a excitar el espíritu de revolución. El 21 de germinal (10 de abril de 1795) la Convención decretó el desarme de aquellos «hombres conocidos en sus secciones por haber participado en los horrores cometidos bajo la tiranía». Verdadera ley de sospechosos contra todos los que habían participado en el sistema del año II. En el Mediodía el desastre de los antiguos terroristas estimuló a los asesinos del Terror blanco, que alcanzó su apogeo en floreal y prairial. En París, aunque el número de los desarmados parecía corto (1600 aproximadamente para el conjunto de las secciones), el desarme alcanzó a los militantes mejores del año II. Constituyó, según expresión de uno de ellos, «una deshonra política, una especie de mal físico»; llevar armas era uno de los valores esenciales en la ideología popular de la igualdad, el desarme implicaba la exclusión de la comunidad de los hombres libres y la pérdida de los derechos cívicos. Exasperó el espíritu de revolución entre los militantes populares.

El hambre de floreal llevó a las masas a la desesperación. A medida que la primavera avanzaba, el abastecimiento disminuía. La ración cotidiana, un cuarterón, el nivel más bajo antes de germinal, fue lo normal; el reparto estaba mal organizado; las amas de casa esperaban, a veces en vano a las puertas de las panaderías. En toda Francia las algaradas se generalizaron; en Normandía, a lo largo del Sena, los amotinados envalentonados atacaban a los convoyes con destino a la capital. El alza de precios continuaba mientras que la disminución de mercancías, especialmente de combustible, aumentaba el paro. En una población alimentada por bajo de lo normal desde hacía varios meses y que había agotado todos sus recursos, el hambre de floreal-prairial, año III, tuvo efectos catastróficos: hambre social que recaía principalmente en las clases populares. El Gobierno rehusaba establecer un racionamiento general y el dinero permitía subsistir a los ricos gracias al mercado libre. Hombres y mujeres caían de inanición en las calles, la mortalidad aumentó y los suicidios se multiplicaron.

«No se encuentra en las calles, dice el reaccionario ‘Messager du Soir’ el 8 de floreal (27 de abril), más que caras pálidas y descarnadas en las que están pintados el dolor, la fatiga, el hambre y la miseria».

Al sentimiento de la compasión se unía en la mentalidad de quienes sentían algo el miedo a un hambre que indujese al pillaje, amenaza para la propiedad.

La cólera popular se mezclaba poco a poco con la desesperación. El hambre revalorizó el régimen del año II:

«Bajo el reinado de Robespierre corría la sangre, pero no carecíamos de pan, ahora que no corre la sangre carecemos de él; es preciso que corra para tenerlo».

palabras terroristas con frecuencia citadas por la Policía. La Constitución de 1793 constituía más que nunca la tierra prometida.

«A esta promesa de democracia, escribe Levasseur de la Sarthe en sus Mémoires, se vinculaban todas las esperanzas del pueblo».

La agitación de las secciones volvió a producirse en floreal. El 10 (29 de abril), la sección de Montreuil se declaró en estado de alerta e invitó a los demás que la imitasen, para deliberar sobre las subsistencias. El 11 (30 de abril) estalló un motín en la sección de Bonnet-de-la-Liberté. Los panfletos y los anuncios incendiarios pronto aparecieron. Inquieto el Gobierno, concentró en torno de París importantes fuerzas, guadándose mucho de hacerlas penetrar en la capital con el fin de evitar que se contagiasen del pueblo. En las asambleas de las secciones del 30 de floreal (19 de mayo), la agitación llegó a su punto culminante. Ese día el panfleto Insurrection du peuple pour obtenir du pain reconquérir ses droits dio la señal del levantamiento popular, dándole la consigna: Pan y Constitución de 1793.

El 1 de prairial, año III (20 de mayo de 1795) tocaron a rebato desde las cinco de la mañana en los distritos de Saint-Antoine y Saint-Marceau. Bien pronto se tocó a generala en todos los distritos del Este; las mujeres recorrían las calles, los talleres; los hombres cogen las armas. Hacia las diez de la mañana, los primeros grupos de mujeres marchan a toque de tambor hacia la Convención. La movilización de la guardia nacional fue más lenta. A principio del mediodía los batallones del distrito de Saint-Antoine se unieron a su vez, reforzando su número en el camino con batallones de diferentes secciones. También en ese momento, un grupo de mujeres acompañadas de algunos hombres intentaban invadir la sala de la Convención. Cuando hacia las tres los batallones aparecieron en el Carrousel, el impulso fue irresistible. La Convención quedó sumergida; el diputado Féraud asesinado y su cabeza izada en una pica. Se produjo un gran tumulto; en medio del cual un artillero, Duval, empezó a leer L’Insurrection du peuple, un programa de levantamiento. Pero los insurrectos no hicieron nada en absoluto para apoderarse de los comités de Gobierno, que tuvieron todo el tiempo a su disposición para preparar el contraataque, esperando que los diputados montañeses estuvieran comprometidos. Hacia las siete de la tarde volvieron de nuevo las deliberaciones; Duroy y Romme hicieron que se votase la permanencia de las secciones y la liberación de los patriotas encarcelados; Soubrany, la destitución del Comité de Seguridad Social y su reemplazo por medio de una comisión provisional. Eran las once y media de la noche. La guardia nacional de los distritos del Oeste fue lanzada contra la sala de la Convención; rechazó a los rebeldes, que bien pronto huyeron. Los catorce diputados comprometidos fueron arrestados.

El 2 de prairial, año III (21 de mayo de 1795), reapareció la insurrección en el arrabal de Saint-Antoine, mientras que reuniones ilegales se celebraban en las secciones populares. Un grupo se apoderó de la Maison Commune, mientras que los batallones del distrito, aproximadamente hacia las tres de la tarde, marcharon una vez más hacia la Convención. La gendarmería sublevose. Lo mismo que el 2 de junio de 1793, los artilleros populares, hacia las 7 de la tarde, apuntaban sus piezas de artillería hacia la Asamblea, con la mecha encendida. Los artilleros de las secciones moderadas se sublevaron a su vez. Legendre invitó a los diputados a que esperasen la muerte en sus bancos. Pero en lugar de aterrorizar a la guardia termidoriana, los rebeldes dudaron, mientras que los diez convencionales enviados por los comités del gobierno vinieron a parlamentar; los rebeldes se dejaron burlar con una falsa «fraternización». Se admitió una diputación en la barra; su orador reiteró su proclama amenazadora, las exigencias de los sans-culottes, del pan y la Constitución de 1793; el presidente le dio un abrazo. Los batallones rebeldes volvieron a tomar el camino de sus secciones, dejando escapar su última oportunidad. «Nos ha fallado el golpe —dijo un rebelde—; se ha engañado al pueblo con los discursos».

La ocupación militar del distrito de Saint-Antoine estaba preparada desde el 3 de prairial (22 de mayo). Tres mil hombres a caballo entraron en París, reforzados al día siguiente por numerosos destacamentos. Con «los buenos ciudadanos» movilizados por medio de avisos personales, el Gobierno dispuso aproximadamente de 20 000 hombres, de los cuales Menou fue nombrado general en jefe. «París parece un campamento», escribe Le Journal des Hommes Libres. Agotado, el distrito dormía, mientras las tropas gubernamentales lo rodeaban en la noche. El 4 de prairial, a la mañana, las bandas de la dorada juventud invadieron el distrito, pero tuvieron que hacer una retirada gloriosa. Los batallones de las tres secciones estaban en pie; los cañones, enfocados hacia la ciudad, sostenidos por las mujeres «que se habían agrupado en todos los rincones», según el informe de un confidente de la Policía: «El pan es la base de su insurrección físicamente hablando, pero la Constitución de 1793 es el alma; en general, tienen un aspecto triste». Sin jefes, casi sin cuadros, los rebeldes no estaban sostenidos más que por la desesperación. Hacia las cuatro de la tarde, las tropas recibieron la orden de avanzar. Invitado a entregar las armas, el distrito capituló sin combatir. A las ocho todo había terminado.

La represión se organizó rápidamente, desarrollándose en dos sentidos: el judicial y el de sección. A partir del 4 de prairial, el Comité de Seguridad General anunciaba que las prisiones estaban repletas.

La represión judicial se llevó a cabo por la comisión militar creada por la Convención el 4 de prairial. Juzgó a 149 hombres, absolviendo a 73, pero condenando a muerte a 36, 18 a prisión, 12 deportados y 7 a cadenas. Fueron condenados a muerte especialmente 18 de los 23 gendarmes que se habían pasado a la insurrección, cinco jefes de los insurrectos, entre los cuales se contaban Duval y Delorme, capitán de artilleros de la sección de Propincourt, hombres de valor y decisión, y seis diputados montañeses comprometidos con el pueblo el 1 de prairial. Estos últimos se apuñalaron a la salida del tribunal; Duquesnoy, Goujon y Romme cayeron muertos; Bourbotte, Doroy y Soubrany fueron rematados en la guillotina. Fueron los mártires de prairial.

La represión por secciones, a causa de sus consecuencias a largo plazo, fue aún más importante. El 4 de prairial, la Convención prescribía a las secciones parisinas que desarmasen y detuviesen en caso de necesidad a sus malos ciudadanos. Esta gran depuración de las secciones se desarrolló del 5 al 13 de prairial, haciendo aproximadamente unos 1200 arrestos y 1700 desarmes, especialmente insurrectos de prairial y sans-culottes militantes del año II, aunque fuesen ajenos a las insurrecciones del año III; también cayeron antiguos terroristas y jacobinos. El efecto psicológico y social fue considerable; el prolongado encarcelamiento de los hombres significaba para muchas familias un sacrificio total. De esta forma se destruyeron las dos fuerzas que amenazaron en cierto momento el régimen termidoriano.

Jornadas decisivas. Agotado, desorganizado, privado de sus jefes y de sus cuadros por causa de la represión, el movimiento popular vio alzarse frente a él a los republicanos, a los partidarios del Antiguo Régimen, al bloque de la burguesía apoyándose en el ejército. Su resorte, la acción popular, había sido destruido; la Revolución había terminado.

El fracaso de las insurrecciones populares de germinal y de prairial, año II, constituye, en último término, el episodio más dramático del conflicto de clases en el seno del antiguo Tercer Estado. La burguesía francesa tenía vara alta; quedaba excluido que el movimiento popular pudiese lograr sus propios fines. Lo mismo que los antagonismos entre el Gobierno revolucionario y el movimiento popular habían arruinado el régimen del año II, la oposición fundamental entre la Revolución burguesa y el movimiento popular llevaba a éste a su ruina, tanto más cuanto que sus contradicciones internas le hacía degenerar.

La sans-culotterie no constituía una clase, ni el movimiento popular un partido de clase. Artesanos y comerciantes, cuadrilleros y jornaleros, formaron una minoría burguesa, una coalición que desplegó contra la aristocracia una fuerza irresistible. Pero en lo profundo de esta misma coalición, la oposición se afirmó entre aquellos que, artesanos y comerciantes, vivían del beneficio que sacaban de la propiedad de los medios de producción y aquellos que, cuadrilleros o jornaleros, no disponían más que de un salario. Las necesidades de la lucha revolucionaria habían soldado la unidad de la sans-culotterie y situado en un segundo plano los conflictos de intereses que ponían en peligro los diversos elementos; desde luego, no suprimió los conflictos. Agreguemos a esto los esquemas de una mentalidad social que complicaba aún más el juego de las oposiciones. Las contradicciones de la sans-culotterie no se identificaban exactamente con las que se conciben entre propietarios y productores de una parte y asalariados de otra. Entre estos últimos, los empleados, maestros y artistas se consideraban, según su forma de vida, como burgueses y no se confundían con el bajo pueblo, aunque estuviesen de acuerdo con la causa.

A los sans-culottes les faltaba la conciencia de clase, ya que su reclutamiento social era heterogéneo. Si se mostraban generalmente hostiles al capitalismo naciente, no era por los mismos motivos. El artesano lamentaba convertirse en un asalariado; el cuadrillero detestaba al acaparador que le encarecía la vida. Los asalariados no poseían ninguna conciencia social propia; su mentalidad estaba estructurada por el artesanado. La concentración capitalista no se había despertado todavía en el sentido de la solidaridad de clase. No se puede negar, sin embargo, que entre los sans-culottes asalariados había un cierto sentido de unidad, que subrayaban no sólo sus ocupaciones manuales y su categoría en la producción sino también su forma de vestir y su género de vida. La falta de instrucción, también engendraba en el elemento popular un sentido de inferioridad y a veces de impotencia; cuando los hombres de talento de la burguesía media jacobina faltaron, la sans-culotterie parisina estuvo perdida.

Un partido disciplinado, que se fundase en un reclutamiento de clase y en una depuración severa, fue un instrumento de la lucha política que faltó siempre a los desarrapados parisinos a pesar de algunas tímidas tentativas de coordinación. Si hubo numerosos militantes que hicieron algunos esfuerzos para disciplinar el movimiento popular, numerosos fueron también los que no tuvieron sentido alguno de la disciplina social y de la política. En cuanto a la masa propiamente dicha, aparte del odio hacia la aristocracia, no podía poseer un sentido político excesivo. Las condiciones económicas y sociales de la época dan idea de ello. Esperaban confusamente las ventajas de la Revolución. Reclamaron el máximum para mantener su nivel de vida. Prescindieron y se alejaron del Gobierno revolucionario cuando volvió a la economía dirigida con fines de defensa nacional, sin ver que la caída del Gobierno revolucionario llevaría a la ruina a la sans-culotterie. El proceso histórico llevaba en su propia dialéctica la generación del movimiento popular. Cinco años de luchas revolucionarias constantes le hicieron perder a la larga su garra y su vigor, mientras la gran esperanza, siempre diferida, desmovilizaba poco a poco a las masas. «El pueblo se cansa», había observado Robespierre. Y los desarrapados de los arrabales de Saint-Marceau y de Saint-Jacques, el 27 de ventoso, año III (17 de marzo de 1795), decían: «Estamos en vísperas de lamentar todos los sacrificios que hemos hecho por la Revolución». Mes a mes el esfuerzo de la guerra había debilitado a los desarrapados, agotados por la leva de hombres, precisamente los más jóvenes, los más combativos, los más conscientes y también los más entusiastas, para quienes la defensa de la nueva patria constituía el primer deber revolucionario. A partir del año II, los batallones de las secciones parisinas estaban compuestos en una buena parte de hombres de más de cincuenta e incluso sesenta años. Este envejecimiento del movimiento popular trajo consigo consecuencias irremediables para el ardor combativo de las masas.

No se puede, sin embargo, establecer un cálculo puramente negativo del movimiento popular que zozobró en la represión de prairial, año III. A partir de julio de 1789, incluso después del 10 agosto de 1792, contribuyó a que avanzase la historia por la ayuda decisiva aportada a la revolución burguesa. Desde 1789 al año III los desarrapados parisienses constituyeron el elemento eficaz de la lucha revolucionaria y de la defensa nacional. El movimiento popular permitió en 1793 que se instaurase el Gobierno revolucionario y, por tanto, la derrota de la contrarrevolución en el interior y de la coalición en el exterior. Su triunfo, durante el verano de 1793, llevó consigo la actualización del Terror que había abandonado el terreno, instaurándose nuevas relaciones sociales.

La derrota de prairial, año III, al eliminar por bastante tiempo al pueblo de la escena política y arruinando la esperanza popular de una democracia social igualitaria, permitía ligar con el Ochenta y nueve y la obra de los constituyentes, tomando como base la libertad económica y el régimen censatario nuevamente actualizados. El reino burgués de los notables empezaba.

TERCERA PARTE

«UN PAÍS GOBERNADO POR LOS PROPIETARIOS»
REPÚBLICA BURGUESA Y CONSOLIDACIÓN SOCIAL
(1795-1799)

El año Noventa y cinco, el año III de la República, año I de la Libertad, es equiparable al año Ochenta y nueve.

Los desarrapados y el movimiento popular, factores decisivos de las luchas políticas y sociales desde 1789, y más todavía desde el 10 de agosto de 1792, quedan, sin embargo, ahora eliminados de la escena, Las necesidades de la guerra contra la aristocracia, la contrarrevolución interior y la coalición extranjera tuvieron un momento en que impusieron la alianza de los sans-culottes con los montañeses, que como contrapartida hubieron de tolerar el ensayo de una democracia popular. Los poseedores conservaron durante bastante tiempo el recuerdo aterrado de esta tentativa: ¡su libertad limitada, el beneficio limitado, las gentes más insignificantes imponiéndoles la ley! Endurecida y fortalecida su conciencia de clase, la burguesía estaba decidida a impedir a cualquier precio que se repitiese la experiencia del año II. Organizó con todo celo su poder. La primacía de los notables restaurada, la nación se incluía de nuevo en el marco limitado de la burguesía censataria.

Los principios fueron establecidos con claridad por Boissy d’Anglas en su discurso preliminar en cuanto al proyecto de la Constitución, el 5 de mesidor, año III (23 de junio de 1795):

«Por último, habéis de garantizar la propiedad del rico… La igualdad civil, he aquí todo lo que el hombre razonable puede exigir… La igualdad absoluta es una quimera; para que pudiera existir, sería necesario que existiese una igualdad total en espíritu, virtud, fuerza física, educación y fortuna de todos los hombres».

Vergniaud había ya razonado del mismo modo el 13 de marzo de 1793:

«La igualdad para el hombre social no es sino la de los derechos. No es tanto la de las fortunas como la de los impuestos, las fuerzas, el espíritu, la actividad de la industria y del trabajo».

¡Singular continuidad entre la Gironda y los termidorianos! Boissy d’Anglas continúa diciendo:

«Hemos de ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos y los más interesados en mantener la leyes. Con muy pocas excepciones, hallaréis hombres de esta clase entre aquellos que poseen una propiedad, están vinculados al país que la posee, a las leyes que la protegen, al orden que la conserva y que deben a esta propiedad y al bienestar que proporciona la educación que les ha dado aptitud para discutir con sagacidad y justicia las ventajas y los inconvenientes de las leyes que determinan la suerte de su patria… Un país gobernado por los propietarios está en el orden social. Si los no propietarios gobiernan, estamos en el estado de naturaleza».

La libertad de la economía está necesariamente vinculada al derecho de propiedad:

«Si dais a esos hombres sin propiedad los derechos políticos plenos y jamás se sientan en los bancos de los legisladores provocarán o permitirán las agitaciones sin temer las consecuencias; establecerán o dejarán que se establezcan límites perturbadores para el comercio y la agricultura, puesto que no habrían sufrido, ni rechazado, ni previsto las malas consecuencias, precipitándonos, por último, en violentas convulsiones como las que apenas acabamos de padecer».

Es condenar sin reservas la experiencia del año II y cerrar toda esperanza a las clases populares. Así, en la tradición del Ochenta y nueve podía esbozarse a través de las relaciones de republicanos termidorianos y monárquicos constitucionales el panorama de una nación de notables, es decir, de propietarios por lo menos acomodados.

«El hombre sin propiedad, había precisado Boissy d’Anglas, tiene necesidad de hacer un esfuerzo constante de virtud para interesarse por un orden que nada le conserva».

La burguesía trataba de reservarse celosamente ese derecho de propiedad. El acceso a la propiedad, en cierto momento facilitado por la legislación montañesa, se negó a los que nada poseían, a los campesinos pequeños especialmente, en nombre de las necesidades de la economía liberal. A partir del 22 de fructidor, año II (8 de septiembre de 1794), Lozeau, diputado por la Charente-Inférieure, había subrayado esas necesidades, presentando a la Convención su informe «sobre la imposibilidad material de transformar a todos los franceses en propietarios territoriales y también sobre las molestas consecuencias que llevaría consigo esta transformación». Es una quimera desear, por medio de la distribución de la tierra, suprimir la indigencia; admitiendo incluso que se pueda transformar a todos los campesinos en cultivadores independientes, la República no podría alegrarse de ello: «¿dónde encontrarían los labradores en grande, los comerciantes, los industriales, a partir de ese momento, la mano de obra indispensable para sus empresas?». La existencia de un proletariado es la condición necesaria del orden económico y social burgués.

La aristocracia, sin embargo, no se resignó; la guerra retornó después de una efímera tentativa de paz. El frágil equilibrio de la nación burguesa y de la «República de los propietarios», cuya estructura la colocaba en situación de menor resistencia, constituyó un problema. En 1799, como en el año II, el peligro que corría la patria hizo que se recurriese al método autoritario. Pero quedaba excluido que la preponderancia social y política de la burguesía pudiera contrapesarse por las masas populares. La dictadura revolucionaria rechazada quedaba como solución a una dictadura militar. Este fue el sentido del 18 de brumario: en el año VIII la nación permaneció en los estrechos límites censatarios que los notables de la República de los propietarios le habían dado desde el año III.

CAPÍTULO I

EL FIN DE LA CONVENCIÓN TERMIDORIANA, LOS TRATADOS DE 1795 Y LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO III

Después del aplastamiento de los desarrapados parisienses en las jornadas de prairial, año III, la reacción se aceleró. Pero los excesos del terror blanco, y aún más el intento del desembarco en Quiberon, que subrayó la traición de los emigrados, fueron finalmente ventajas para la Revolución. Por entonces los termidorianos recogían los frutos del esfuerzo del Gobierno revolucionario: los aliados se disolvieron.

Los termidorianos mantuvieron su política de compromiso y de término medio. En el exterior volvieron a la diplomacia tradicional, perpetuando así la guerra, preparándose para una paz de anexiones y de conquistas. En el interior se entendieron con la derecha para llevar a cabo su obra: republicanos moderados y monárquicos constitucionales pusieron, con la Constitución del año III, los fundamentos del régimen de los notables. Pero incluso antes de haberse iniciado, la nueva experiencia constitucional estaba ya comprometida por la oposición realista y la continuación de la guerra.

I

LAS SECUELAS DE PRAIRIAL, TERROR BLANCO Y QUIBERON (mayo-julio de 1795)

Las jornadas de prairial, año III, eliminando toda oposición popular, imprimieron a la reacción un movimiento acelerado, que afectó a todos los dominios de la vida pública.

El restablecimiento del culto fue la consecuencia primera. Desde el 11 de prairial (30 de mayo de 1795), a propuesta de Lanjuinais, las iglesias fueron devueltas a los fieles. Las manifestaciones exteriores del culto continuaron, sin embargo, prohibidas. En virtud del principio simultaneum —el culto decadario, el catolicismo constitucional y el catolicismo romano— se dividieron las iglesias: de aquí los conflictos continuos. Se exigió una declaración de sumisión a las leyes de la República a todos los sacerdotes. Los constitucionales se aprovecharon para reconstruir su iglesia bajo la dirección de Grégoire. Los romanos, antiguos refractarios, se dividieron según el petit serment de 1792. Los sumisos siguieron el ejemplo del abate Emery, antiguo director del seminario de Saint-Sulpice. Los no-sumisos continuaron con el culto clandestino. Las agitaciones religiosas prosiguieron

La baja del asignado provenía del aplastamiento de los desarrapados: la burguesía termidoriana lo abandonó a su suerte. La Convención consagró finalmente el fracaso del papel-moneda, estableciendo el 3 de mesidor, año III (21 de junio de 1795) una escala de depreciación con relación a las emisiones sucesivas. El 2 de termidor (20 de julio) ordenó el pago en granos de la mitad de la contribución territorial. Acordó, por último, a los funcionarios una escala móvil de pagos. El Tesoro continuaba vacío; las emisiones continuaban, no obstante, a ritmo de casi cuatro millones por mes. De 8 por 100 de su valor nominal en germinal (abril), el asignado bajó a un 5 por 100 en mesidor y a un 3 por 100 en termidor (julio de 1795).

El Terror blanco recibió un impulso decisivo con la derrota popular de prairial.

En la Convención, los miembros de los antiguos comités del año II, salvo Carnot y el Prieur de Côte-d’Or, fueron detenidos con una docena de diputados montañeses. Rhul y Maure, amenazados, se suicidaron. La Convención suprimió el Tribunal revolucionario el 12 de prairial (31 de mayo de 1795) y anuló las condenas por federalismo.

En los departamentos se juzgaba a los antiguos terroristas. Los miembros de la Comisión de Orange y Lebon en Somme fueron condenados a muerte. El 20 de floreal (9 de mayo), la Convención autorizó a los cuerpos administrativos, ahora en manos de antiguos federalistas o de realistas declarados, para que denunciasen ellos mismos a los terroristas a los funcionarios de la Policía judicial. Los procesos se multiplicaron. Por todas partes los hombres del año II fueron perseguidos. Si no se les condenaba, se les perseguía de mil maneras, haciéndoles la existencia imposible. La mayoría de las ciudades poseían ahora su dorada juventud, dueña de la calle con la complicidad de las autoridades. Bandas de asesinos, compañías de Jesús, de Jéhu o de Soleil, aterrorizaban al Sudeste. Los prisioneros fueron asesinados en Lons-le-Saulnier, en Bourg; en Lyon, las prisiones fueron asaltadas los días 5 y 15 de floreal (24 de abril y 4 de mayo); los detenidos, condenados a muerte. Asesinatos en Montbrison y Saint-Etienne. La compañía marsellesa de Soleil asesinó a los prisioneros de Aix el 22 de floreal (11 de mayo). El 27 de termidor hubo otra redada (14 de agosto). Los desarrapados que se habían rebelado en Tolón, la última fortaleza jacobina, fueron aplastados el 4 de prairial (23 de mayo), y el Terror blanco aumentó. La Banda del Sol asesinó a los detenidos políticos del fuerte Saint-Jean, en Marsella, el 17 de prairial (5 de junio). En Tarascón, los jacobinos fueron precipitados desde lo alto del castillo del rey René, en el Ródano, ante la vista y los aplausos de la aristocracia local. Más asesinatos todavía en Salon, en Nîmes y en Pont-Saint-Esprit. «Se mata por todas partes», decía un convencional el 13 de prairial (1 de junio de 1795).

El despertar del partido realista acompañó al Terror blanco. Los termidorianos continuaban siendo republicanos y terminaron por alarmarse cuando vieron que todos los partidarios de la Revolución estaban amenazados sin distinción por el auge del realismo. La prensa parisina había sido favorable en general: «Las esperanzas más locas se manifiestan por todas partes —escribe Le Moniteur el 17 de prairial (5 de junio de 1795)—. Parece que la Convención no tiene más que pronunciarse por la realeza».

En París, los refractarios y los emigrados que habían retornado intrigaban libremente, distribuyendo dinero inglés. En los departamentos, los árboles de la libertad habían sido cortados; la escarapela tricolor, arrastrada por los suelos. Pero los realistas estaban divididos. Los constitucionales pensaban gobernar bajo la realeza de Luis XVII, que continuaba prisionero en el Temple; el niño murió el 20 de prairial (8 de junio de 1795). Los absolutistas partidarios de la vuelta al Antiguo Régimen comenzaron. En Verona, el conde de Provenza, tomando el nombre de Luis XVIII, lanzó un manifiesto el 24 de junio de 1795. Prometía el restablecimiento de los estamentos, de los parlamentos, de la preeminencia de la iglesia y el castigo de los regicidas. A juicio de quienes le rodeaban no había más que colgar a los constituyentes y fusilar a los adquirentes de bienes nacionales. En Francia, los realistas con las mismas tendencias se preparaban para encender la insurrección de nuevo; reconstruían sus cuadros en el Franche-Comté, en Ardèche, Haute-Loire y Lozère, desarrollando al mismo tiempo la corrupción por medio de la agencia real de París. En mayo y junio de 1795, Pichegru, general de los ejércitos del Rhin, fue solicitado. Desde principios de prairial, los chouanes habían vuelto a empuñar las armas. Ante el peligro realista, los termidorianos se unieron, haciéndoles frente.

La expedición de Quiberon demostraría, si es que era necesario, el acuerdo de los realistas con Inglaterra y acabó de reanimar el ardor republicano. Mallet du Pan, clarividente, había subrayado el 21 de junio de 1795 el peligro de este acuerdo para la causa realista:

«La guerra civil es una quimera, escribe. El recurso de la guerra extranjera no está menos usado. Nada iguala el desprecio que se tiene en Francia por las armas y la política de los aliados, salvo el odio general que han inspirado».

Las concesiones de la Convención a los rebeldes del Oeste, la represión que siguió en prairial y la debilidad del Gobierno estimularon a los realistas a empuñar las armas. Se preparó un desembarco por Puisaye. El Gobierno inglés proporcionó el dinero, una escuadra y los uniformes que cubrían a los emigrados, formados en dos divisiones bajo las órdenes de D’Hervilly y de Sombreuil. El desembarco tuvo lugar el 9 de mesidor (27 de junio de 1795) en la península de Quiberon, en la costa meridional de Bretaña. Algunas bandas tomaron las armas bajo Cadoudal, pero la masa de la población no se movió. La discordia paralizó las órdenes realistas, oponiéndose D’Hervilly a Puisaye. Avisado desde principios de prairial, el Gobierno había tenido tiempo de concentrar tropas bajo el mando de Hoche. Rechazó a los emigrados a la península y la rodeó de sólidas trincheras. Los realistas intentaron salir el 19 de mesidor (7 de julio). Fue un golpe que costó gran cantidad de sangre. Nuevo intento el 28 de mesidor. Las tropas republicanas dieron un asalto en la noche del 2 al 3 de termidor (20-21 de julio de 1795). Los emigrados fueron rechazados al límite extremo de la península. Puisaye pudo llegar a la escuadra inglesa. Sombreuil se rindió. En virtud de los decretos en vigor, 748 emigrados cercados con las armas en la mano y con el uniforme británico fueron fusilados como auxiliares de la coalición y traidores a su patria.

El desembarco fracasado de los emigrados en Quiberon hizo que aumentase aún más el odio a Inglaterra en todo el país. Consolidó a la República en el momento en que los aliados se disolvían definitivamente.

II

LA PAZ CONQUISTADORA

Los termidorianos destruyeron la obra del Gobierno revolucionario. Tampoco recogieron los frutos de la política de defensa nacional del año II. Se aprovecharon del aumento de la descomposición de la coalición por la presión de diferentes intereses.

La victoria de los ejércitos republicanos se afirmó en Fleurus a partir del 8 de mesidor, año II (26 de junio de 1794). El 9 de termidor, Bélgica había sido reconquistada. Durante el verano las operaciones se paralizaron. Los ejércitos reemprendieron su marcha, avanzando en septiembre. El ejército de Sambre-et-Meuse, a las órdenes de Jourdan, forzó el paso de Roer el 11 de vendimiario, año III (2 de octubre de 1794), y rechazó a los austríacos de Clerfayt más allá del Rhin, mientras que los ejércitos del Mosela y del Rhin ocupaban el Palatinado. El ejército del Norte, a las órdenes de Pichegru, ocupaba las posiciones holandeses, la de Maestricht en particular. A finales de diciembre pasaron el Mosa y los brazos del Rhin helados. Holanda fue ocupada. La flota bloqueada en Texel fue tomada al asalto por los húsares. En enero de 1795 se proclamaba la República Bátava[8]. Mientras tanto en los Alpes los ejércitos se mantenían a la defensiva. En los Pirineos, Cataluña fue invadida en otoño; al Oeste, San Sebastián estaba ocupado desde agosto de 1794 por las tropas de Moncey.

El territorio nacional había sido liberado. Aún más, la conquista de los Países Bajos procuraba a la República inmensas ventajas económicas. Los termidorianos se encontraban con nuevas posibilidades en el mismo instante en que los aliados se dividían.

1. La diplomacia termidoriana y la coalición

En el plano diplomático, tanto como en los demás, los termidorianos quedaron presos de la reacción. El Comité de Salud Pública del año III, desprovisto de toda autoridad, tuvo que contar con una Asamblea suspicaz y, aún más, con una oposición contrarrevolucionaria que trabajaba por la paz inmediata y la restitución de las conquistas. Tallien propuso el 14 de brumario (4 de noviembre de 1794) una paz que haría entrar a Francia «en sus antiguos límites». Diez días después, Barère denunciaba a los partidarios de una «paz de escayola». Los antiguos montañeses se indignaron. «Quieren hacer inútil el éxito de nuestros ejércitos» —escribía Bourdon el 8 de nivoso (28 de diciembre de 1794) y el 11 de pluvioso (30 de enero de 1795)—. «Nos encerraremos en los límites que la naturaleza ha establecido». Las fronteras naturales fueron la base de la política de los partidos y la piedra de toque del republicanismo.

También intervinieron consideraciones de otro tipo. Los sentimientos del ejército no daban lugar a dudas, convirtiéndose, en la crisis del año III, en una fuerza política que no cabía olvidar. Su papel económico no era menor: la guerra comenzaba no sólo alimentando la guerra, sino también nutriendo a la nación. Las agencias de evacuación creadas en floreal, año II, y que despojaban a los países ocupados quedaron suprimidas por el Gobierno termidoriano, pero las oficinas francesas instaladas en Bruselas para Bélgica y en Aix-la-Chapelle para Renania impusieron el asignado para sus requisas. Durante el curso de las negociaciones con la República Bátava, el Gobierno francés insistía sobre la indemnización de guerra que le permitiera financiar la futura campaña.

La política de anexión dividía, no obstante, a los termidorianos. Niza y Saboya nunca constituyeron un problema, pero sí Bélgica y aún más la orilla izquierda del Rhin. Carnot volvió a la política del Comité del año II. Se hubiera contentado con una rectificación estratégica de los antiguos límites. Era también la opinión de los moderados y de los realistas constitucionales. Por último, los republicanos llegaron a un acuerdo sobre la anexión de Bélgica, pero dudaron sobre Renania. Merlin de Douai y Merlin de Thionville se oponían, mientras que Reubell y Sièyes, que habían entrado en el Comité de Salud Pública el 15 de ventoso (5 de marzo de 1795), se declaraban anexionistas fervientes: uno, para ocupar Alsacia, su provincia natal; el otro, para disponer de algo cuando llegara el arreglo final de cuentas. Se estaba muy lejos de la política del Comité del año II. Los termidorianos habían retornado a las prácticas de la diplomacia tradicional.

Los aliados se dividían atraídos por intereses diversos. Prusia, comprometida, un poco a disgusto en el Oeste y vencida en Valmy, había buscado compensaciones en el Este. Con Rusia había llevado a cabo la segunda división de Polonia el 23 de enero de 1793. Kosciuszko había sublevado Polonia en marzo de 1794. Los prusianos sitiaron Varsovia, pero no pudieron apoderarse de ella (6 de septiembre de 1794). La ciudad capituló el 6 de noviembre ante el ejército ruso de Souvorov, mientras que el Gobierno austríaco, reconciliado con Catalina II, se apresuraba a ocupar Cracovia. De este modo se preparaba la tercera división. Para evitar la maniobra, Prusia resolvía llevar sus tropas al Este, con el fin de obligar a Austria y a Rusia a que la admitiesen en sus negociaciones. Las tropas prusianas volvieron a pasar el Rhin. En noviembre de 1794, Federico Guillermo II se decidió a enviar diplomáticos para que negociasen en Suiza con Barthélemy, que representaba a la República. La tercera división de Polonia fue sancionada el 3 de enero de 1795. Prusia, que no había sido consultada, quedó reducida a la parte congrua. La crisis polaca contribuyó a dislocar la alianza continental.

2. Los Tratados de 1795

Las negociaciones con Prusia, iniciadas en noviembre de 1794, se hicieron más activas cuando Federico Guillermo envió a Basilea al conde de Goltz, de sentimientos profranceses. Barthélemy recibió como instrucciones obtener la adhesión de Prusia para la anexión eventual de la orilla izquierda del Rhin mediante compensación. Goltz moría en febrero de 1795, y su sucesor Herdenberg dio pruebas de peor voluntad, exigiendo la neutralización de la Alemania del Norte bajo la garantía de Prusia. Por último, necesitando transportar a Polonia el ejército de Westfalia, y cediendo en la cuestión del Rhin, el rey ordenó a su ministro que negociase. Barthélemy aceptó la neutralidad de Alemania del Norte, firmando el convenio bajo su responsabilidad la noche del 15 al 16 de germinal, año III (4-5 de abril de 1795).

El tratado de Basilea con Prusia estipulaba «paz, amistad y una buena inteligencia entre la República francesa y el rey de Prusia». Las tropas francesas evacuarían las posesiones prusianas de la orilla derecha del Rhin, pero continuarían en la orilla izquierda hasta la pacificación general. Por medio de artículos secretos las dos potencias se comprometían a observar una neutralidad estricta. Sobre todo, según el artículo 2.

«si en la pacificación general entre el imperio germánico y Francia la orilla izquierda del Rhin queda para Francia, S. M. el rey de Prusia convendrá con la República francesa la forma en que se ha de hacer la cesión de los Estados prusianos situados en la orilla izquierda de ese río, a cambio de la indemnización territorial que se convenga».

El tratado de La Haya con Holanda fue firmado el 27 de floreal, año III (16 de mayo de 1795), por Reubell y Sièyes. Prusia había negociado y los dirigentes bátavos amigos de Francia no podían sino capitular ante las exigencias termidorianas. Francia recibía el Flandes holandés, Maestricht y Venloo, que sólo podía conservar anexionándose Bélgica. Había sido abolido el estatuderato. Entre las dos Repúblicas y hasta final de la guerra se había convenido una alianza defensiva y ofensiva. La República Bátava aceptaba mantener un cuerpo de ocupación de 25 000 hombres. Se comprometía a pagar una indemnización de 100 millones de florines, «dinero contante de Holanda, bien en numerario o bien en letras de cambio sobre el extranjero» (art. 20).

El tratado de Basilea con España fue firmado el 4 de termidor, año III (22 de julio de 1795), por Barthélemy e Iriarte, el enviado español. Las victorias de Moncey, con la ocupación de Bilbao y de Vitoria, llegando hasta Miranda de Ebro, habían apresurado las negociaciones. Francia devolvía sus conquistas, pero recibía la parte española de Santo Domingo en las Antillas. Este tratado tenía que completarse, un año más tarde, por medio de un tratado de alianza defensiva y ofensiva, firmado en San Ildefonso el 2 de fructidor, año IV (18 de agosto de 1796).

Las negociaciones con Austria no llegaron a nada. Con la nueva paz de Basilea, la posición de Austria se fortaleció con el estrechamiento de su alianza con Inglaterra, después con Rusia y por los subsidios ingleses para el mantenimiento de 200 000 hombres (20 de mayo de 1795). El Comité de Salud Pública, en donde los anexionistas estaban en mayoría a partir de termidor, deseaba proteger a Bélgica y ofrecer Baviera en compensación a Austria. Tropezó con que los austríacos rehusaron reconocer al Rhin como frontera oriental de Francia. El 9 de vendimiario, año IV, (1 de octubre de 1795), Bélgica quedó anexionada. En esa fecha, la ruptura se había consumado y había recomenzado la guerra, pero en condiciones lamentables.

3. El ejército y la guerra del año III

La desorganización de la defensa nacional se había producido por el dislocamiento del Gobierno revolucionario, el abandono de la economía dirigida y la caída de la moneda. Las consecuencias fueron desastrosas, en principio, para las industrias de guerra y los abastecimientos de los ejércitos. La actividad de las fábricas nacionales quedó poco a poco reducida en beneficio de las empresas privadas, a quienes un decreto del 21 de frimario, año III (11 de diciembre de 1794), proporcionaba la mano de obra necesaria, «incluso por la vía de la requisición». La explotación revolucionaria del salitre se concedió al sector privado el 17 de germinal (6 de abril de 1795). Por último, el 25 de prairial (13 de junio), los talleres de las secciones parisienses para vestir a las tropas se liquidaron en beneficio de los empresarios particulares.

El abastecimiento de los ejércitos resintióse de la crisis monetaria y de la incapacidad financiera del Gobierno. Los soldados carecían de pan, las requisiciones tampoco se llevaban con cuidado, se recibía el sueldo en asignados y de forma irregular y apenas podían vivir. «Con 170 libras que la República me da por mes —escribe un lugarteniente, el 26 de mesidor, año III (14 de julio de 1795)—, no tengo con qué herrar mi caballo ni con qué lavar mi ropa… No puedo, sin embargo, ir sin pantalones, botas, ni camisas y estoy a punto de carecer de todo». Abandonados a la empresa privada, las industrias y abastecimientos de guerra y los transportes militares constituían una importante fuente de beneficios para las compañías financieras. Así, la compañía Lanchère o la compañía Michel y Roux, que tomó a su cargo los transportes para los ejércitos de los Alpes y de Italia.

Los efectivos se resentían con la mala provisión de la tropa. Las medidas contra los insurrectos y desertores no se aplicaban como en el año II. Los soldados desertaban. Desde marzo de 1795, para un efectivo teórico de 1,100,000 hombres, no se contaban más que 454 000 presentes. El déficit aumentó durante la primavera, y en el Rhin los ejércitos de la República perdieron ventaja en número. La incapacidad gubernamental aumentó el mal. Se había dejado pasar el plazo de la leva en masa, sin llamar a los solteros que habían cumplido los dieciocho años. Sólo las quintas de 1793 servían indefinidamente. El espíritu cívico y la disciplina se mantuvieron a pesar de todo y, por esta misma razón, la hostilidad hacia los «ex» del Antiguo Régimen y los sacerdotes, así como el odio a la realeza, estaban siempre vivos; el espíritu jacobino persistía en la tropa mucho más fuerte que entre la población, mezclado con un desprecio indudable hacia el Gobierno termidoriano, incapaz de dominar la reacción.

La campaña de 1795, en esas condiciones, no podía ser decisiva. Se empezó tarde. Durante el invierno, desprovisto de todo, el ejército de Sambre-et-Meuse, a las órdenes de Jourdan, y el del Rhin, a las de Pichegru, se mantuvieron en sus posiciones. Hasta el 20 de fructidor, año III (6 de septiembre de 1795), Jourdan no atravesó el Rhin, rechazando a las tropas austríacas de Clerfay. Pichegru, maleado por los agentes del príncipe de Condé y el dinero inglés, resistió mal. A principios de octubre, Clerfayt contraatacó. Jourdan tuvo que volver a atravesar el Rhin. En noviembre, los austríacos invadieron el Palatinado. La guerra se terminó en diciembre de 1795, por un armisticio.

La esperanza de una guerra general se alejaba. Los termidorianos no habían podido imponerse por las armas. Su política de anexiones había reafirmado la coalición anglo-austríaca, a la que se había adherido Rusia el 28 de septiembre. Cuando se firmó el armisticio, en diciembre de 1795, la Convención se había disuelto y los termidorianos transmitieron su pesada herencia de la guerra al régimen que acababan de organizar, según la Constitución del año III.

III

LA ORGANIZACIÓN DEL PODER DE LA BURGUESÍA

La alianza del centro y de las derecha, de los republicanos conservadores y de los monárquicos constitucionales, presidió la discusión y el voto de la nueva Constitución por la Convención. Se hubiera podido temer en determinado momento una división. Los excesos del Terror blanco y la expedición de Quiberon demostraron la enormidad del peligro realista y despertaron el espíritu revolucionario durante el verano de 1795. El 26 de mesidor, año III, aniversario de la toma de la Bastilla, se celebró con gran pompa. La «Marsellesa» resonaba de nuevo. «No se puede describir —escribe Le Moniteur— el efecto que han producido esos sonidos inesperados y que hacía tiempo que se habían olvidado». Los desarrapados reaparecieron y con los militares dieron caza a la dorada juventud: «Fue la guerra de los cuellos negros».

El Gobierno, sin embargo, mostraba cierto vigor contra los rebeldes y desertores, y reconstituían, subvencionándola, la prensa republicana: el 6 de mesidor (24 de junio de 1795), Louvet, antiguo girondino y republicano firme, lanzaba La Sentinelle. Pero la Llanura creía que no debía ir más lejos en la vía de las concesiones a la izquierda: tenía necesidad de la derecha para votar la Constitución. De aquí, los compromisos significativos: aparte de las fiestas conmemorativas del 9 de termidor y del 10 de agosto, el Réveil du Peuple fue interpretado con la Marsellesa. Los 21 y 22 de termidor (8-9 de agosto de 1795) seis antiguos montañeses, entre ellos Fouché, fueron arrestádos por decreto. En esta atmósfera política se continuó-la discusión de la Constitución del año III.

1. La Constitución del año III

La discusión del proyecto de Constitución presentado a la Convención por Boissy d’Anglas, duró dos meses, del 5 de mesidor al 5 de fructidor (23 de julio al 22 de agosto de 1795). El proyecto había sido llevado a cabo por una Comisión compuesta por once miembros, nombrada el 29 de germinal (18 de abril de 1795), y tenía entre sus componentes, republicanos como Daunóu, La Rebelliére, Louvet, Thibaudeau, y también realistas como Boissy d’Anglas y Lanjuinais. Los republicanos moderados y los monárquicos constitucionales estuvieron de acuerdo para obstaculizar el camino, tanto a la democracia como a la dictadura, y volver a los principios de 1789, pero interpretados y dirigidos en el sentido de los intereses burgueses. La dirección política y económica del país había de volver a los notables, es decir, a los propietarios menos importantes; Boissy d’Anglas lo explicó claramente en su informe del 5 de mesidor (23 de junio de 1795): «La igualdad absoluta es una quimera».

La Declaración de Derechos del año III señala un retroceso evidente con relación a la de 1789. En la discusión del 25 de termidor (13 de agosto), Mailhe subrayó el peligro de poner «en esta declaración principios contrarios a los que encierra la Constitución»: «Hemos pasado por una prueba demasiado cruel a causa del abuso de las palabras, para que no dejemos de emplear más palabras inútiles». El artículo l.º de la Declaración de 1789, «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos», se abandonó:

«Si decís que todos los hombres permanecen con iguales derechos, declaraba Lanjuinais el 26 de termidor, provocáis a la rebelión contra la Constitución, a los mismos a quienes habéis rehusado o suspendido el ejercicio de sus derechos de ciudadanía para la seguridad de todos».

Tanto los termidorianos como los constituyentes, aunque más prudentes éstos, no buscaban más que la igualdad civil: «La igualdad consiste en que la ley sea la misma para todos», según el artículo 3.º De aquellos derechos sociales reconocidos por la Declaración de 1793 no se volvió a hablar. Ni tampoco del derecho a la insurrección. Por el contrario, el derecho de propiedad, del cual la Declaración de 1789 no había dado definición alguna concreta, quedaba aquí definido como en la Declaración de 1793:

«La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes, de las rentas, del fruto del trabajo y de la industria» (art. 5.º).

Era consagrar la libertad económica en toda su amplitud. La Declaración de Deberes, que los termidorianos creyeron que debían agregar a la de los Derechos, seguía precisando en su artículo 8.º:

«En el sostenimiento de la propiedad radica el cultivo de la tierra, todas las producciones, toda forma de trabajo y todo orden social».

El derecho de sufragio quedó limitado:

«Un país gobernado por los propietarios está en el orden social, declaraba Boissy d’Anglas; un país donde los no propietarios gobiernan está en el estado de naturaleza».

Pero las condiciones del censo fueron más amplias que en 1791: todo francés en edad de veintiún años, domiciliado durante un año y que pague una contribución cualquiera es ciudadano activo. Reunidos en asambleas primarias en el lugar principal del cantón, los ciudadanos activos nombran a los electores entre los franceses con edad de veinticinco años, propietarios de bienes que proporcionen una renta de 200 jornadas de trabajo en las comunas de 6000 habitantes o de más. Había que añadir a los inquilinos de una habitación con un alquiler de 150 jornadas o de unos bienes territoriales con un arriendo de 200. Los electores, aproximadamente 30 000 para el conjunto del país, reunidos en asambleas electorales en el lugar principal del departamento, eligen, sin condición de censo, el Cuerpo legislativo.

La organización de los poderes públicos se rigió estrictamente por el principio de la separación de poderes. Según el artículo 22 de la Declaración de Derechos, «la garantía social no puede existir si la división de poderes no está establecida». De este modo se evitaría toda amenaza de dictadura.

El poder legislativo se confió a dos Consejos: el Consejo de los Ancianos, formado por 250 miembros con edad de cuarenta años como mínimo, casados o viudos; el Consejo de los Quinientos, con edad de treinta años por lo menos, uno y otro renovables por tercios cada año. Los Quinientos tienen la iniciativa de las leyes y adoptan resoluciones que los Ancianos examinan y pueden transformar en leyes.

El poder ejecutivo fue confiado a un Directorio de cinco miembros, nombrados por los Ancianos según una lista doble presentada por los Quinientos, renovables por quintas partes cada año. El Directorio se preocupa de la seguridad interior y exterior de la República; dispone de la fuerza armada, que, sin embargo, no puede dirigir; vigila y asegura la ejecución de las leyes en las administraciones y tribunales por medio de comisarios que nombra. Los comisarios ejecutivos quedan abolidos y son reemplazados por seis ministros nombrados por el Directorio y responsables ante él; los ministros no constituyen un consejo. El Directorio no tiene poder alguno sobre la Tesorería, confiada a seis comisarios elegidos; no tiene la iniciativa de las leyes; no puede comunicar con los consejos más que en forma de mensajes.

La organización administrativa quedó nuevamente descentralizada y simplificada. El departamento recibió una administración central de cinco miembros nombrados por la Asamblea electoral. El distrito desapareció; constituyó en el año II la circunscripción revolucionaria por excelencia. Las comunidades rurales pequeñas quedaron agrupadas bajo la dirección de administraciones municipales de cantón, mientras que las grandes ciudades, París en particular, al perder con su Comuna y su alcalde su autonomía, quedaban divididas en varias municipalidades. Esta organización administrativa estaba más centralizada que había estado antes. Las administraciones estaban jerarquizadas las unas con relación a las otras; las municipales quedaban subordinadas a las departamentales, y éstas, a los ministros. El Gobierno en particular estaba representado ante cada administración departamental o municipal por un comisario nombrado. Los comisarios del Directorio vigilan y hacen que se ejecuten las leyes, asisten a las deliberaciones de las asambleas municipales y departamentales, vigilan a los funcionarios. El comisario del departamento se relaciona directamente con el ministro del Interior. Frente a administraciones renovables por fracciones anualmente, los comisarios aseguran una cierta estabilidad. La centralización se robustece también por el Derecho que tiene el Directorio a intervenir directamente en la administración. En virtud del artículo 196, puede anular las actas de las administraciones, puede suspender o destituir a los administradores y proveer su sustitución hasta la siguiente elección. Ya no era, sin duda, la centralización jacobina del año II, aunque se estaba lejos de la total descentralización de la Constitución de 1791.

La aplicación de la Constitución no podía menos que entrañar peligros. La Revolución no estaba todavía estabilizada (las leyes de excepción contra los emigrados y refractarios subsistían), la bancarrota estaba próxima, la guerra continuaba. Pero los termidorianos temían sobre todo el retorno de los desarrapados al poder, la dictadura de una asamblea o de un hombre. De aquí sus múltiples precauciones y garantías, que dejaban finalmente el poder desarmado, inestable (cada año, la mitad de las municipalidades, el tercio de los consejos, un quinto de las administraciones departamentales y del Directorio eran renovables), sin que nada hubiese sido previsto para resolver los conflictos siempre posibles entre el ejecutivo y el legislativo. De inmediato, la persistencia de la crisis y el miedo a que el nuevo régimen cayera en poder de sus adversarios hicieron que los termidorianos cambiasen desde el principio el sistema liberal que querían instaurar.

2. La puesta en marcha del nuevo régimen

La crisis se agravó peligrosamente durante el verano del año III. La inflación continuaba sus estragos, los precios subían de día en día, la especulación adquiría un ritmo desenfrenado, el lujo de una minoría escandalosamente enriquecida insultaba más que nunca a la miseria popular. De 8000 millones en circulación en el momento de la abolición del máximo, el asignado alcanzaba los 20 000 millones en 1 de brumario, año IV (23 de octubre de 1795). La vida económica quedó suspendida; las relaciones sociales, alteradas; los deudores, labradores y arrendatarios, pagaban en papel moneda devaluado. Los salarios no podían seguir la carrera de los precios (durante el verano, la libra de carne pasó de ocho a veinte francos), y la cosecha, mediocre en bastantes regiones, hizo que se retornase, salvo en los impuestos, a las medidas coactivas del año II: requisiciones, obligación de vender en los mercados restablecidos el 4 de termidor (22 de julio de 1795), disposiciones reglamentarias codificadas por la ley sobre el comercio de granos de 7 de vendimiario, año IV (29 de septiembre de 1795), que quedó en vigor hasta 1797. En París el pan continuaba con la tasa de tres céntimos la libra, cuando en el mercado libre costaba a 16 francos a principios del verano; pero la ración disminuyó a una cuarta parte de libra en el momento de la recolección, para subir a unos tres cuartos después de la cosecha. El índice del coste de vida no había subido menos en París: tomando como base 100 en 1790, 2180 en julio, 3100 en septiembre, 5340 en noviembre de 1795. No es extraño, en esa situación, que la fiesta del 10 de agosto, aniversario de la caída de la monarquía, según declaró la Policía, pasara «con indiferencia».

El decreto de los dos tercios tuvo como fin evitar el triunfo de la oposición realista en las elecciones. Conscientes de su inmensa impopularidad y de la maniobra de los realistas constitucionales, que esperaban lograr sus fines por la vía legal de los sufragios, los termidorianos se perpetuaron en el poder. «¿En qué manos se dejará el depósito sagrado de la Constitución?», preguntaba uno de los miembros de la Comisión constitucional. El decreto del 5 de fructidor, año III (22 de agosto de 1795), decidió que las asambleas electorales tendrían que elegir a los dos tercios de los nuevos diputados (500 sobre 750) entre los convencionales en ejercicio; el decreto del 13 (30 de agosto) precisaba que esta proporción no se había logrado; los convencionales reelegidos se completaron por cooptación. Era tanto como eliminar, en beneficio de los termidorianos, al mismo tiempo a los antiguos montañeses y a la oposición monárquica constitucional.

Un plebiscito ratificó la Constitución y los decretos anejos. Aunque se había establecido un régimen censatario, se aplicó el sufragio universal; el ejército participó. Las asambleas primarias se reunieron a partir del 20 de fructidor (6 de septiembre de 1795). La Convención había puesto nuevamente en vigor cierto número de órdenes contra los emigrados y refractarios, privando de sus derechos cívicos a aquellos que no habían obtenido su cancelación definitiva de la lista de los emigrados, excluyendo a sus parientes de las funciones públicas, fijando quince días para que los antiguos sacerdotes deportados se exiliasen de nuevo. Al contrario, el derecho de voto fue devuelto a los antiguos terroristas desarmados, pero las sociedades populares habían quedado definitivamente suprimidas el 6 de fructidor (23 de agosto de 1795). El 1 de vendimiario, año IV (23 de septiembre de 1795), la Convención declaró aceptada la Constitución. Según las cifras publicadas el 6, por más de un millón de votos contra menos de 50 000 (es decir, la masa de abstenciones). Pero el decreto de los dos tercios, al que el plebiscito no se aplicaba expresamente, no fue aceptado más que por 205,000 votos aproximadamente contra 108 000. En efecto, con relación a la Constitución, más de 250 asambleas primarias habían presentado observaciones; 19 departamentos, y en París todas las secciones, salvo una, habían rechazado el decreto de dos tercios.

La insurrección realista del 13 de vendimiado, año III (5 de octubre de 1795), adelantó las elecciones fijadas para el 20, coronando así una agitación que se había robustecido en París desde el mes anterior. El 20 de fructidor (6 de septiembre de 1795), la sección parisina Lepeletier, que era la de la Bolsa y la de la especulación, pidió un acta de garantía, y la sección de la Fontaine-de-Grenelle se constituyó en sesión permanente. Las asambleas primarias, denominadas por los realistas, excluyeron a los desarrapados y a los antiguos terroristas. La fermentación aumentó después de publicar los resultados del plebiscito; dieciocho secciones parisinas comprobaron el resultado. El 3 de vendimiario (1 de octubre), se supo al mismo tiempo la revolución realista de Château-neuf-en-Thimerais y de Dreux, el 27 de fructidor precedente (17 de septiembre), y su represión. La sección Lepeletier recurrió a la insurrección. El 11 de vendimiario (3 de octubre), siete secciones por lo menos se rebelaron. La Convención se constituyó en sesión permanente, nombró una comisión extraordinaria de cinco miembros, entre ellos Barras, y recurrió a los desarrapados. El 12 de vendimiario (4 de octubre) dio un decreto y derogó el desarme de los antiguos terroristas; tres batallones de patriotas del 89 fueron reclutados. La insurrección desarrollóse en la noche del 12 al 13 de vendimiario con la complicidad del general Menou, comandante de las fuerzas armadas. Se constituyó una comisión central. La mayor parte de la capital cayó en manos de los insurrectos. La Convención fue asediada. Encargado de organizar al resistencia, el 13, de madrugada, Barras se unió a cierto número de generales, entre ellos Bonaparte; Murat logró apoderarse de los cañones del campo de Sablons. Los insurrectos, en número de unos veinte mil, pero desprovistos de artillería, fueron finalmente rechazados y dispersados. La represión fue suave. La insurrección fracasada del 13 de vendimiario había consumado la ruptura entre los termidorianos y los realistas. Una vez más, el peligro que se había superado reanimó en cierto modo el sentido republicano; se envió a Fréron al Mediodía para reprimir el Terror blanco; tres diputados de la derecha fueron arrestados por decreto. Finalmente, el 4 de bumario, año IV (26 de octubre de 1795), antes de disolverse, la Convención votó una amnistía general para «los hechos tan sólo relativos a la Revolución».

Las elecciones que habían empezado el 20 de vendimiario (12 de octubre de 1795) frustraron los cálculos de los termidorianos; sólo fueron reelegidos 379 convencionales, de los cuales 124 eran suplentes; una vez más la mayoría era de moderados o realistas enmascarados, como Boissy d’Anglas y Lanjuinais. El nuevo tercio se componía esencialmente de realistas y católicos. Los montañeses tránsfugas, responsables de la reacción termidoriana, quedaron vencidos; así Fréron y Tallien. Este último denunció el peligro: «Si no se deshacían de los realistas en la administración y la justicia, la contrarrevolución se haría constitucionalmente antes de tres meses». Los republicanos moderados se negaron, sin embargo, a estropear las elecciones. Bajo estos auspicios se abría la nueva experiencia constitucional que comienza con el Directorio.

El 4 de brumario, año IV (26 de octubre de 1795), la Convención se disuelve a los gritos de Viva la República. Durante tres años y algo más siguió una línea política que podría parecer algo sinuosa. En realidad, de septiembre de 1792 a octubre de 1795, la animó un mismo pensamiento: terminar con la aristocracia, impedir para siempre el retomo del Antiguo Régimen. Por encima del episodio dramático del año II, la Convención termidoriana retomó a la política de la Asamblea constitucional: asegurar el reino de la burguesía, que legitimaba a sus ojos su predominio social y su capacidad intelectual. Ni la democracia como en el Noventa y tres ni la aristocracia como antes del Ochenta y nueve: a los notables es a quienes pertenece, como categoría social abierta gracias a la igualdad ante la ley, gobernar y administrar.

Preeminencia social, autoridad política; los termidorianos creyeron asegurarlas para la burguesía, pero en el marco de un régimen liberal y en un país en donde se recrudecía todavía la guerra civil y la guerra extranjera. La Vendée no se había extinguido, ni tampoco se había reducido la coalición. Imponiendo un nuevo régimen por la Constitución del año III, la garantía y el mantenimiento de los «límites constitucionales», englobando a los nueve departamentos de Bélgica anexionada, orientando la diplomacia según la concepción de las «fronteras naturales», los termidorianos determinaron en gran medida la política del Directorio. La guerra se reemprendía en la primavera de 1796. Para dirigir la guerra, el nuevo régimen heredaba un asignado desvalorizado y un ejército desorganizado. La aplicación de la Constitución del año III, caracterizada especialmente por las elecciones anuales, la pacificación y la paz general, tenía que resentirse de esas dificultades. Recurrir al pueblo como en el año II quedaba excluido. Los termidorianos, cambiados en directoriales, quedaron reducidos, para mantenerse contra los asaltos renovados de la aristocracia, a falsear el juego constitucional y recurrir de inmediato al ejército.

CAPÍTULO II

EL PRIMER DIRECTORIO:
LOS EFECTOS DE LA ESTABILIZACIÓN LIBERAL
(1795-1797)

Restringida en los márgenes limitados de una República censatario, excluyendo tanto a las clases populares como a la aristocracia, la nación burguesa continuó sufriendo la inestabilidad, tanto más cuanto que la práctica liberal se manifestó ineficaz. Temiendo tanto al realismo como a la democracia, los notables termidorianos multiplicaron las precauciones contra el todopoderoso Estado; el sabio equilibrio constitucional del año III no dejaba otra alternativa que la impotencia gubernamental o el pronunciamiento. La política de estabilización directorial, bastante comprometida ya por la doble exclusiva gubernamental y por la doble oposición interior, hubiera exigido un retorno inmediato a la paz: la guerra se perpetuó, la conquista afirmóse. Entonces fue cuando comenzó a tener certidumbre la predicción de Robespierre en su discurso contra la guerra del 2 de enero de 1792 sobre los generales convertidos «en esperanza e ídolos de la nación»; «Si uno de esos generales lograse algún éxito, ¿qué fuerza no daría a su partido?».

I

LA IMPOSIBLE ESTABILIZACIÓN INTERIOR (1795-1797)

La base social sobre la que los directoriales, después de los termidorianos, pretendieron estabilizar el régimen, parece especialmente pequeña.

Por parte de las clases poseedoras, la aristocracia quedaba excluida, pero también parte de la burguesía. La ley de 3 de brumario, año IV (23 de octubre de 1795), prohibía las funciones públicas a los parientes de emigrados; criticada por la mayoría realista del año V, quedó restablecida el 18 de fructidor. Poco después, Sièyes propuso que se desterrase a aquellos nobles que habían ejercido funciones o gozado de dignidades bajo el Antiguo Régimen y reducir los demás a la condición de extranjeros; la ley de 9 de frimario, año VI (29 de noviembre de 1797), se atuvo a este segundo criterio; aunque no se aplicó nunca esta ley, la intención no podía ser más clara. La exclusión iba más lejos: la burguesía directora, de clase media, desconfiaba de la burguesía del Antiguo Régimen, de un nivel social más elevado y más próximo a la aristocracia. Los monárquicos constitucionales eran rechazados como los absolutistas. Los directoriales creían en la República, fuese burguesa o conservadora, y rehusaron el apoyo de una parte de la burguesía, temiendo que les empujase por la vía de la restauración.

En cuanto a las clases populares, el recuerdo del año II y el miedo social continuaron siendo durante todo el período directorial un motivo importante de reacción, para acabar legitimando el 18 de brumario. Los más conscientes entre las clases populares no aceptaron sin resistencia verse expulsados fuera de la nación y de esa república por la que habían combatido; la Conjuración de los Iguales lo demostró. Pero mientras que el movimiento revolucionario se orientaba, a tientas, hacia vías nuevas, el miedo burgués constituía en manos del Gobierno una poderosa palanca contra los exclusivos, los terroristas, los anarquistas, los ladrones públicos, los bebedores de sangre. Los notables, las gentes honradas, temían sobre todo el retomo al sistema del año II, en que el rico era sospechoso, el pobre dictaba la ley, la subversión de los valores sociales tradicionales, la democracia política que arrastraban al nivelamiento social. El espectro de la ley agraria, de la división de las propiedades, mantuvo toda su eficacia. El oscuro Dauchy, pronunciándose contra el establecimiento del impuesto progresivo, el 10 de frimario, año IV (1 de diciembre de 1795), declaraba en los quinientos:

«El Estado no prospera si no vincula lo más posible a los ciudadanos a la prosperidad. El impuesto progresivo es una ley de excepción contra los ciudadanos acomodados. Sus consecuencias serían inevitablemente dividid las propiedades al máximo; este sistema ya se ha seguido en la enajenación de los bienes nacionales… El impuesto progresivo es, para decirlo con una palabra, el verdadero germen de una ley agraria, que hay que sofocar desde su nacimiento… El Cuerpo Legislativo es quien debe pronunciarse decididamente contra todo principio que tiende evidentemente a destruir la propiedad. Sólo será posible vincular a todos los franceses a la libertad y a la República con un respeto religioso por ella».

Pero esto era excluir de esta República a aquellos que la habían fundado y que no eran propietarios.

La estabilización del régimen directorial sobre la base limitada de la propiedad de la burguesía censataria, de los republicanos notables, se consideró, por último, imposible.

1. Directoriales, jacobinos y realistas

La puesta en marcha de las instituciones previstas por la Constitución del año II ocupó los primeros meses del nuevo régimen. De hecho, en el paso de la Constitución termidoriana al Directorio continuaron en sus puestos los mismos hombres.

Los consejos directoriales, en virtud del decreto de los dos tercios, fueron ocupados por 511 convencionales. Desde el 6 de brumario, año IV (28 de octubre de 1795), fueron designados 379 convencionales, a los cuales se agregaron otros 15 elegidos por las asambleas electorales departamentales y 19 representantes de Córcega y de las colonias, a los cuales se les prorrogó su mandato, o sea 413 convencionales, todos moderados o reaccionarios. Lanjuinais fue nombrado por 39 departamentos; Boissy d’Anglas, por 36. Constituidos en «asamblea electoral de Francia», esos convencióles reelegidos completaron los dos tercios prescritos e incluso los superaron. El nuevo tercio reforzó los elementos de derechas, monárquicos constitucionales, como Barbé-Marbois, Dupont de Nemours, Portalis, o contrarrevolucionarios declarados, como Boissy d’Anglas, Henry Larivière o Isnard. La mayoría directorial se componía de antiguos girondinos, como La Revellière o Louvet, llegando hasta las gentes de la Llanura, como Letoumeur, Sièyes, y a antiguos montañeses, como Barras y Tallien. Se descalificaron 158 regicidas, de los cuales, algunos habían evolucionado. En la medida que se pueden precisar sus opiniones, los Consejos contaban con 158 realistas, liberales la mayoría; 305 republicanos, con frecuencia termidorianos, y 226 partidarios de la Constitución del año III. Estos últimos impusieron la elección de los Directorios.

El Directorio fue elegido según una lista presentada por los quinientos. Los ancianos retuvieron a Barras, La Revellière, Letoumeur, Reubell, Sièyes, todos regicidas. Sièyes rehusó y fue reemplazado por Carnot, diputado de la Asamblea constituyente y en la Convención, antiguo girondino. La Revellière era un antijacobino violento, pero decididamente republicano y anticlerical; continuó siendo un hombre de segunda fila. Generalmente seguía el ejemplo de Reubell, alsaciano, que también había estado en las Constituyentes y en la Convención, entre los montañeses. Hombre de autoridad, siempre se afirmó como partidario de las fronteras naturales. Carnot, que arrastraba a Letoumeur, antiguo funcionario de talento, conservaba su reputación de antiguo miembro del Comité de Salud Pública, que su evolución, decididamente conservadora, haría pronto olvidar. Entre estos dos grupos, honrados, trabajadores, que daban una fiel imagen de la burguesía republicana, figuraba Barras, el hombre de acción del 9 de termidor y del 13 de vendimiarlo, ultra del Antiguo Régimen, vizconde y oficial, antiguo terrorista, sin duda vinculado a la Revolución, pero dispuesto a venderse al mejor postor.

El Directorio se instaló en el palacio de Luxemburgo, prisión bajo el Terror, constituyendo un secretariado que se convirtió en la Secretaría de Estado de Bonaparte. Para los seis ministerios fueron nombrados: Bénézech, para el Interior; el regicida Ramel-Nogaret, para Finanzas, puesto que conservó hasta el año VII; Merlin de Douai, redactor de la ley de sospechosos, para Justicia; para Relaciones Exteriores, Delacroix, otro regicida; a Guerra y Marina, dos militares de segunda categoría. Un séptimo ministerio fue creado, el de Policía general, que pronto se le confió a Cochon.

El 14 de brumario, año IV (5 de noviembre de 1795), «para que se conociera su establecimiento», el Directorio lanzó una proclama, un verdadero programa de gobierno. En el plano político propone:

«reñir una guerra activa contra el realismo, reavivar el patriotismo, reprimir con mano vigorosa todas las facciones, acallar todo espíritu de partido, acabar con todo deseo de venganza, hacer que reine la concordia y traer la paz».

En el plano económico se trata de

«abrir las fuentes de la producción de nuevo, reanimar a la industria y el comercio, acabar con el estraperlo, dar nueva vida a las artes y a las ciencias, restablecer la abundancia y el crédito público».

En resumen, «establecer el orden social en el lugar del caos, inseparable de las revoluciones». Un programa de estabilización, de equilibrio y de justo medio, con tendencia, sin embargo, hacia la derecha. Si no se hace alusión alguna a los jacobinos, la proclama, no obstante, pone al pueblo sobre aviso contra «las sugestiones pérfidas de los realistas que vuelven a reanudar sus maquinaciones y de los fanáticos que no dan paz a la imaginación».

Era el día siguiente a vendimiario. El Directorio hizo una llamada a todos los republicanos.

En el terreno político, la Constitución del año III establecía un equilibrio inteligente. Era necesario que no surgiese ningún litigio grave entre los poderes. Los Directorios empezaron gobernando de acuerdo con la mayoría que les había elegido y que tenía interés en sostenerlos. Las autoridades locales y los tribunales fueron sustituidos. El Directorio dispuso los nombramientos, y las asambleas electorales tuvieron que disolverse sin acabar su tarea, atribuyéndose la elección de los que les sustituían. Desde un principio, los poderes del Directorio aumentaron. Pero no fue obedecido con rigor, en especial porque los sueldos no fueron jamás pagados con exactitud. La mayoría de los Consejos y el Directorio tropezaron pronto con las mismas oposiciones que la Convención termidoriana.

Los realistas, vencidos en París en vendimiario, continuaron atizando las perturbaciones en el Oeste, en Languedoc, en Provenza. Inglaterra suministraba armas y falsos asignados. En enero de 1796, Stofflet reemprendía la lucha. Hoche no aplicó estrictamente las leyes contra los sacerdotes refractarios, desplegó sus tropas, multiplicó los puestos y terminó por desarmar a los campesinos. Stofflet, apresado, fue fusilado en Angers el 25 de febrero de 1796; Charette, en Nantes, el 29 de marzo. Al norte del Loire, Cadoudal capituló pronto en Morbihan; Frotté, en el Bocage normando; Scépeaux, en el Maine. Fue el final: en junio el ejército del Oeste quedó disuelto. El latrocinio persistió en estado esporádico. Los realistas se dividieron en cuanto a la táctica a seguir. Los emigrados perdieron el valor; los partidarios del pronunciamiento cedieron ante los que preferían los métodos constitucionales. Se trataba de obtener la mayoría en las próximas elecciones y acabar legalmente con el Gobierno republicano. El general Pichegru, que no se había atrevido a actuar y que había dimitido de su cargo, se unió a esta táctica.

Los jacobinos aprovecharon un momento de buena voluntad del Gobierno. El Directorio, que ocupó parte de las administraciones, toleró su prensa, llegando hasta subvencionar Le Journal des Hommes Libres, de Duval. Reaparecieron los clubs: el del Panthéon fue abierto el 25 de brumario, año IV (16 de noviembre de 1795). Pronto agrupó en su tomo a un millar de miembros, entre ellos antiguos convencionales como Drouet. Gracchus Babeuf volvió a publicar el 15 de brumario (6 de noviembre) su Tribun du peuple:

«¿Qué significa una revolución política en general? ¿Qué es en particular la Revolución Francesa? Una guerra declarada entre los patricios y los plebeyos, entre los ricos y los pobres».

Babeuf denunciaba el carácter antidemocrático de la Constitución del año III:

«En todas las Declaraciones de derechos, exceptuando la de 1795, se ha empezado por consagrar esta primera, y más importante, máxima de justicia eterna: El fin de la sociedad es la felicidad común. Se ha ido a pasos agigantados y rápidos progresos hacia ese fin hasta ahora. Después se ha retrocedido. Se ha ido contra los fines de la sociedad, contra el fin de la Revolución en favor de la desgracia general y el bienestar de sólo un pequeño número. Nos atrevemos a decir que la Revolución, a pesar de todos los obstáculos, ha avanzado hasta el 9 de termidor y después ha retrocedido».

La ofensiva de la izquierda se desarrolló con el apoyo de algunos antiguos convencionales, como Amar y Robert Lindet.

El Directorio acabó preocupándose. Hubo orden de arresto contra Babeuf por decreto de 14 de frimario (5 de diciembre), viviendo a partir de entonces en la clandestinidad. El 1 de pluvioso (21 de enero de 1976), en la ceremonia conmemorativa de la ejecución de Luis XVI, Reubell señala un hito. Fulminaba al realismo, pero también denunciaba «esa época en que la anarquía y el terror dictaban las leyes hasta en el Senado… Que los buenos ciudadanos se tranquilicen».

De hecho, la estabilización del régimen dependía de la solución que se diera a los problemas fundamentales heredados de la época termidoriana, esencialmente el problema económico y financiero. La moneda estaba por los suelos; la economía, destruida. La crisis fiscal duplicaba la crisis monetaria; los impuestos no se cobraban; el Tesoro estaba vacío. En vano Reubell invitaba «a los indiferentes incluso a que se vinculasen a la República y a reunirse a esa gran masa de republicanos ante la cual iba a desaparecer toda facción».

La catástrofe monetaria multiplicaba la miseria popular, hacía imposible la política de unión en cualquier coyuntura. Temiendo que la oposición de izquierdas aprovechara la ocasión para intentar la rebelión, el Directorio dio un viraje hacia la derecha.

2. El fin del papel moneda revolucionario (1796)

La inflación, mientras se asentaba el Directorio, alcanzó su límite extremo. El asignado de 100 libras no valía más que 15 céntimos. El Tesoro estaba vacío, la emisión de asignados continuaba multiplicando una moneda cuyo valor fue bien pronto inferior al precio del papel. En menos de cuatro meses la masa de papel-moneda se dobló, alcanzando los 39 000 millones el 30 de pluvioso, año IV (19 de febrero de 1796). En vano se instituyó un préstamo forzoso, con impuesto progresivo, verdadero impuesto sobre el capital, el 19 de frimario (9 de diciembre de 1795), pagadero en metálico, en granos o en asignados al 1 por 100 de su valor nominal; el valor real era de tres a cuatro veces inferior. El préstamo no produjo más que 27 000 millones en papel y 12 millones en numerario; suscitó un vivo descontento entre la burguesía, la cuarta parte de los contribuyentes que pagaban más impuestos. El 30 de pluvioso (19 de febrero de 1796), fue preciso suspender las emisiones y abandonar el asignado.

Un nuevo papel-moneda, el mandato territorial, sustituyó al asignado. Parecía imposible que se volviera a la moneda en metálico; no circulaban más que aproximadamente unos 300 millones en lugar de los dos mil millones y medio de finales del Antiguo Régimen. Se desechó la idea de un banco nacional de emisión. La ley de 28 ventoso, año IV (18 de marzo de 1796), creó el mandato territorial, emitiéndose 2400 millones. Los mandatos territoriales, como prenda sobre los bienes nacionales que aún no habían sido vendidos (se volvía al mismo principio que había presidido la creación del asignado) y sustituían a los asignados en proporción de un 30 por 1, aunque el asignado había sido aceptado para el pago del empréstito forzoso a 100 por 1. Los mandatos tenían un curso forzoso, validez para adquirir con ellos bienes nacionales al precio oficial sin aumentos. En seis meses, el mandato territorial había seguido el curso del asignado. Este último había tardado cinco años en recorrerlo.

La catástrofe monetaria fue, en efecto, inmediata. El mandato había sido declarado igual al oro, pero también en treinta veces el asignado, y este último no valía más que 0,25: la propia ley daba a los 100 francos-mandato un valor metálico de 7,50 francos. Desde las primeras emisiones el mandato perdió hasta el 65 y el 70 por 100; la depreciación era de 80, el 15 de germinal (4 de abril de 1796); de 90, el 1 de floreal (20 abril). Desde ese instante, las mercancías tuvieron tres precios, lo que no contribuía a disminuir las dificultades del comercio y abastecimientos. El 27 de germinal (16 de abril de 1796), la oficina central de París tasó la libra de pan en 35 libras-asignados, una libra, tres céntimos y cuatro doceavos en mandatos, cuando se vendía a tres céntimos en metálico. La dilapidación de los bienes nacionales, al disminuir el activo, contribuyó aún más a la baja del mandato. La ley de 6 de floreal, año IV (25 de abril de 1796), decidió repetir las ventas sin subastas, aceptándose el mandato por su valor nominal: fue una trampa, un verdadero robo, en beneficio de los atesoradores de los mandatos, especialmente de los proveedores del Estado. Un castillo vendido por 20,000 libras producía 8000 sólo de la venta de las herrerías y de las balaustradas. En prairial, el pan valía, en asignados, 150 francos la libra. Los mismos mendigos rehusaban el billete que se les daba.

La desaparición del papel-moneda revolucionario nació de esta desgraciada experiencia. El ciclo fue el mismo que para el asignado, pero en dos meses. El 29 de mesidor (17 de julio), el curso forzado quedó abolido. El 13 de termidor (31 de julio) se decidió que el pago de los bienes nacionales se haría en mandatos corrientes, decisión demasiado tardía para impedir la dilapidación de los bienes nacionalizados. El mismo criterio fue, poco a poco, extendiéndose a las transmisiones, a las rentas, a las contribuciones, a los arriendos. A finales del año IV (mediados de septiembre de 1796) se había acabado la ficción del papel-moneda. Su desvalorización sólo se cumplió algunos meses más tarde. La moneda metálica reaparecía, pero el Estado no recibía más que papel y no se obtenía provecho. La ley de 16 de pluvioso, año V (4 de febrero de 1797), desvalorizó el mandato, señalando el 1 por 100 de su valor nominal. Esta ley pasó casi inadvertida. No constituía más que la consagración oficial de la bancarrota. De este modo se terminaba la historia del papel-moneda revolucionario. Pero el Directorio pudo volver al numerario, porque las victorias del año IV fueron beneficiosas. El 5 de germinal, año V (25 de marzo de 1797), había percibido en numerario 10 millones del ejército de Sambre-et-Meuse y más de 51 del ejército de Italia. La guerra alimentaba el Régimen.

Las consecuencias sociales fueron, como de costumbre, catastróficas para los funcionarios, los rentistas, el conjunto de las clases populares. El 22 de mesidor, año IV (10 de julio de 1796), la administración de l’Isère escribía que valía más, a causa de la insuficiencia de fondos, ser presidiario que jefe de oficina:

«No hay presidiario detenido o condenado que no cueste al Gobierno más del cuádruple que el sueldo de un jefe de nuestras oficinas. Su salario queda reducido a seis libras y dos céntimos y ocho doceavos por día; sufren la necesidad imperiosa de vender los muebles y efectos más necesitados para la vida del hombre; recurren al pan que se distribuye sólo a los indigentes».

El invierno del año IV fue terrible para los asalariados, abrumados por la subida vertiginosa de los precios. Los mercados permanecían vacíos, la recolección de 1795 no había sido buena, los campesinos no aceptaban el numerario, las requisas no se habían aplicado más. El Directorio tuvo que importar y reglamentar severamente el consumo.

En París, la ración de una libra de pan diario llegó a ser de 75 gramos; se completaba con arroz, pero las amas de casa no podían cocer por falta de leña. Durante todo el invierno, los informes de la policía señalaban, con fatigosa monotonía, la miseria y el descontento popular, subrayados por el lujo y el impudor de los estraperlistas.

«París está aparentemente en calma, pero la gente anda muy inquieta, señala el informe de la Oficina central del 28 de pluvioso (17 de febrero de 1796). La carestía extrema de todas las cosas se considera, por todos, la consecuencia necesaria del comercio ilícito de esos seres despreciables, conocidos con el nombre de estraperlistas. Este cruel azote, que desde hace tiempo acaba con las fortunas públicas y privadas, pesa especialmente sobre la clase indigente, cuyas quejas, murmuraciones y los discursos sin contención se oyen por todos los sitios».

El descontento popular se volvía, naturalmente, contra el Directorio, y beneficiaba a la oposición jacobina, quien, en el club del Panthéon, discutía el restablecimiento del máximum. En los primeros días de ventoso, los informes de policía subrayaron los progresos de la agitación de los centros populares y la reivindicación del impuesto: «Los obreros proyectan que se les aumente el sueldo —según el informe del 5 de ventoso (24 de febrero)—, pero dicen que el próximo impuesto lo hará inútil. Por la palabra impuesto, el pueblo entiende disminución».

Temiendo que el descontento popular cristalizase en torno a la oposición jacobina, el Directorio ordenó que se cerrase el club de Panthéon el 7 de ventoso (26 de febrero de 1796); persiguió a los periodistas de izquierdas y destituyó a funcionarios tenidos por jacobinos.

La oposición de izquierda tomó una nueva forma cuando Babeuf organizó la Conjura de los Iguales.

3. Babeuf y la Conjura de los Iguales (1795-1796)

Babeuf fue el primero en la Revolución francesa que superó la contradicción con que habían tropezado todos los políticos, comprometidos con la causa popular, entre la afirmación del derecho a la existencia y el mantenimiento de la propiedad privada y de la libertad económica. Lo mismo que los desarrapados y los jacobinos, Babeuf proclama que el fin de la sociedad es la felicidad común, y que la Revolución debe asegurar la igualdad de goce, pero la propiedad privada introduce necesariamente la desigualdad y la ley agraria; es decir, la igualdad en la división de las propiedades, no podía «durar más que un día» («al día siguiente de haber sido establecida, la desigualdad se presentará»), el único medio de llegar a la igualdad de hecho, es «establecer la administración común; suprimir la propiedad particular; vincular cada hombre al talento, a la industria que conoce, y obligarle a depositar el trabajo en especie en el almacén común; establecer una administración sencilla de suministro, que registre a todos los individuos y a todas las cosas, haciendo que se repartan estas últimas con la igualdad más escrupulosa».

Este programa expuesto en el «Manifiesto de los plebeyos», publicado por Le Tribun du peuple, de 9 de frimario, año IV (30 de noviembre de 1795), constituía la reacción ante las ideologías jacobina y de los desarrapados, una y otra caracterizadas por la vinculación a la pequeña propiedad fundada en el trabajo personal, una renovación o, más exactamente, una mutación brusca: la comunidad de bienes y trabajos fue la primera forma de la ideología revolucionaria de la nueva sociedad nacida de la propia Revolución. Gracias al babeufismo, el comunismo, hasta ese momento considerado como una utopía, se había instituido en sistema ideológico; por la Conjuración de los Iguales entraba en la historia política.

El babeufismo lleva necesariamente la señal de su tiempo. Sin duda, en Babeuf, autodidacta, el ideal comunista nace de la lectura de Rousseau, de Mably, del Código de la naturaleza, de Morelly, entonces atribuido a Diderot. Pero superando el sueño utópico, Babeuf fue durante todo el transcurso de la Revolución un hombre de acción. Al contacto de las realidades sociales de su Picardía natal, durante sus luchas revolucionarias el sistema ideológico de Babeuf fue precisándose poco a poco.

La experiencia campesina y picarda de Babeuf determinó ciertos aspectos de su comunismo agrario. Nacido en 1760 en San Quintín, de un recaudador de impuestos y de una criada analfabeta, se estableció en Roye, en el Santerre, país de mucho cultivo. Las comunidades rurales, con sus derechos colectivos y sus costumbres comunitarias, continuaban estando vivas y sostenían una lucha áspera contra la concentración de los bienes en manos de arrendadores importantes capitalistas. Comisario del registro y especialista del derecho feudal, durante algún tiempo secretario de la comunidad, Babeuf adquirió una experiencia directa de los campesinos picardos, de sus problemas y de sus luchas. Debe, sin duda, a esta ilustración, que desde antes de la Revolución se orientase hacia la igualdad de hecho y el comunismo. En su Cadastre perpétuel, de 1789, se inclinaba hacia la ley agraria, es decir, el socialismo de los partidores, partageux, según la expresión de 1848. Pero en una memoria de 1785 sobre los latifundios, y en una carta de junio de 1786, a Dubois de Fosseux, secretario de la Academia de Arrás, preveía la organización de «las granjas colectivas», verdaderas «comunidades fraternales».

«Cincuenta, 40, 30, 20 individuos viven asociados en esta granja; antes vivían dispersos alrededor de ella, casi aislados y vegetando en la miseria. Ahora pasarán rápidamente a un estado de bienestar».

Ya era una comunidad en el trabajo. Diez años antes de la Conspiración por la Igualdad, Babeuf planteaba así el problem, no sólo la igualdad real de los derechos y, por tanto, del reparto, sino también el problema de la producción, que implicaba la necesidad de la explotación colectiva:

«Desmenuzar la tierra en parcelas iguales, entre todos los individuos, sería acabar con la inmensa cantidad de recursos que podría proporcionar el trabajo combinado».

La experiencia revolucionaria de Babeuf fue decisiva en el desarrollo de su sistema. La Declaración de 1789 proclamaba la igualdad de derechos. Muy pronto se comprendió que no era más que una quimera, cuando en el corazón de la Revolución se planteó el problema de la subsistencia y del pan cotidiano. «¿Quién puede resignarse a una igualdad nominal?», dice Babeuf, el 20 de agosto de 1791, en su carta a Coupé de l’Oise. En su carta del 10 de septiembre de 1791, el mismo Coupé, elegido diputado en la Asamblea legislativa, dice:

«… De aquí la obligación y la necesidad de dar medios de subsistencia a esta inmensa mayoría del pueblo, que con toda la buena voluntad de trabajar, carece de trabajo: Ley agraria, igualdad real».

Sin duda, Babeuf fue, después del 9 de termidor, antirrobespierrista; pero los desastres de la inflación y la horrible miseria popular le demostraron después el valor del máximum, de la economía dirigida y de la nacionalización, incluso parcial, de la producción, y la importancia de la experiencia del año II, aplicada especialmente a los ejércitos de la República.

«Este Gobierno (la administración común), dice Babeuf en el “Manifiesto de los plebeyos”, es practicable, según ha demostrado la experiencia, pues es el que se ha aplicado a un millón doscientos mil hombres de nuestros doce ejércitos (lo que es posible hacer en pequeño, también lo es en grande)».

Babeuf rechazaba ahora la ley agraria, que no podía durar más que un día, y se pronunciaba expresamente por la abolición de la propiedad privada de los bienes. En su carta a Germain, del 10 de termidor, año III (28 de, julio de 1795), precisaba el mecanismo de su sistema. Cada hombre se vinculará «al talento, a la industria que conoce».

«Todos los agentes de producción y de fabricación trabajarán para el almacén común; cada uno de ellos enviará el producto natural de su tarea individual, y agentes de distribución que se habrán establecido, no tanto por cuenta propia, sino por cuenta de la gran familia, harán que revierta hacia cada ciudadano su parte igual y varia de la masa total de los productos de toda la asociación».

Es un comunismo del reparto, especialmente, como lo ha subrayado Georges Lefebvre. Babeuf presintió, no obstante, en el ámbito de la agricultura, y según su Picardía natal se lo fue mostrando, la necesidad de un comunismo de la producción, así como una organización colectiva del trabajo de la tierra. Pero el hecho importante de la concentración capitalista, así como del auge de la producción industrial, no los captó. Su predilección por las formas económicas antiguas, especialmente las artesanas, la ausencia en su obra de toda descripción de una sociedad comunista fundada en la abundancia de los productos de consumo, explican que se haya podido hablar de ella como de un pesimismo económico. Las circunstancias de la época, la concentración capitalista en un grado tan débil y la ausencia de toda producción en masa, el mismo temperamento de Babeuf y su experiencia social, dan una idea de por qué tuvo necesidad de enfocar la penuria y el estancamiento de las fuerzas productoras, mejor que el auge y la abundancia. De este modo se precisa bien el lugar del babeufismo, entre la utopía comunista moralizante del siglo XVIII y el socialismo industrial de un Saint-Simon.

La Conjura de los Iguales constituyó el primer intento de hacer que el comunismo entrase en la realidad. Durante el invierno del año IV (1795-1796), ante el espectáculo de la incapacidad gubernamental y la horrible miseria que abrumaba al pueblo, Babeuf, reducido a la clandestinidad por el Directorio, tuvo la idea de acabar por la violencia con el edificio social. La Conjura se agrupó en torno de una minoría lograda para el comunismo, los panteonistas, antiguos jacobinos, como Amar, Drouet, Lindet, cuyos fines continuaban siendo esencialmente políticos. Buonarroti, por el contrario, antiguo comisario del Comité de Salud Pública en Córcega, donde las comunidades rurales continuaban vivas, y en Oneglia, Italia, siempre robespierrista ferviente, tuvo una parte importante en la elaboración del programa comunista de la Conjura y en su organización política. El 10 de germinal, año IV (30 de marzo de 1796), quedó instituida una Junta de insurrección, donde entraron, con Babeuf, Antonelle, Buonarroti, Darthé, Félix Lepeletier y Sylvain Maréchal. La propaganda estaba dirigida por un agente en cada uno de los doce distritos parisienses. Las circunstancias eran favorables, la inflación continuaba sus devastaciones.

La organización política de la Conjura señaló la ruptura con los métodos que hasta ese momento se habían empleado por el movimiento popular. En el centro aparecía el grupo dirigente, apoyándose en un pequeño número de militantes experimentados. Seguía la serie de simpatizantes, patriotas y demócratas del año II, fuera del secreto, y que no parece que compartieran el nuevo ideal revolucionario. Por último, las propias masas populares a las que había que entrenar. Una conspiración organizada por excelencia, pero en que el problema de las vinculaciones necesarias con las masas parece haber quedado resuelto de una manera insegura. Así, más allá de la tradición de la insurrección popular, se precisaba la idea de dictadura revolucionaria que Marat había presentido sin poderla definir. Después de la toma del poder, por medio de la rebelión, sería pueril recurrir a una asamblea elegida según los principios de la democracia política, incluso el sufragio universal. Es indispensable mantener la dictadura de una minoría revolucionaria todo el tiempo necesario para rehacer la sociedad y poner en su debido lugar a las nuevas instituciones. De Bounarroti, esta idea debía pasar a Blanqui, y en realidad es al blanquismo a quien hay que vincular la doctrina y la práctica leninista de la dictadura del proletariado.

El Directorio se dividió frente a la propaganda babeufista. Barras intrigaba manejando a los oponentes. Reubell dudó en cuanto a hacer el juego al realismo, aplicando una represión antijacobina. Carnot pasó decididamente a la reacción por medio del conservadurismo autoritario, sin dudarlo. Por su iniciativa, el Ministerio de Policía general se dio a Cochon, quitándoselo a Merlin de Douai; el 27 de germinal (16 de abril de 1796) los Consejos decretaron la pena de muerte contra todos aquellos que provocasen «el restablecimiento de la realeza o de la Constitución de 1793, o el pillaje y división de las propiedades particulares, bajo el nombre de ley agraria».

Babeuf, sin embargo, continuaba preparándose. Entraba en contacto con el Comité de los Convencionales, que se había formado paralelamente, poniéndose de acuerdo con ellos el 18 de floreal (11 de mayo). Entrarían en la nueva Asamblea, elegida a propuesta del Comité insurgente. Pero desde el 11 de floreal (30 de abril), la Legión de policía, de acuerdo con la insurrección, había quedado disuelta. Uno de los agentes militantes de Babeuf, Grisel, había denunciado a los conjurados a Carnot; Babeuf y Buonarroti fueron detenidos el 21 de floreal, año IV (10 de mayo de 1796), y todos sus documentos secuestrados. Los arrestos se multiplicaron; el miedo hizo presa una vez más en los dirigentes y en la burguesía.

La intentona del campo de Grenelle para levantar al ejército fracasó en la noche del 23 al 24 de fructidor, año IV (9-10 de septiembre de 1796). Fue una acción llevada a cabo por los hombres del año II, jacobinos o desarrapados, víctimas, sin duda, de una provocación policíaca maquinada por Carnot y Cochon, ministro de Policía, y no obra de los babeufistas propiamente dichos. De 131 personas detenidas por esta conjura, no había más que seis abonadas al Tribun du peuple, de Babeuf. Una comisión militar, que estaba en el Temple, hizo fusilar a treinta acusados, procedimiento que el Tribunal de Casación debía, posteriormente, declarar ilegal.

El proceso de Vendôme no tuvo lugar hasta el año V. Barras hubiera querido reducir las persecuciones, e incluso hombres como Sièyes, que temían hacer el juego al realismo. Carnot se mostró implacable, arrastrando al Directorio. En la noche del 9 al 10 de fructidor (26-27 de agosto de 1796) los conjurados fueron trasladados a Vendôme en carros, con grilletes, y sus mujeres, entre ellas la de Babeuf y su hijo mayor, seguían a pie al convoy. El proceso, que no se vería ante el Tribunal Supremo hasta finales de febrero de 1797, duró tres meses. Después de haber pronunciado el juicio y haberles condenado a muerte, el 7 de prairial, año V (26 de mayo de 1797), Babeuf y Darthé intentaron darse muerte: fueron al cadalso sangrando, al día siguiente.

La importancia de la Conjura de los Iguales no puede medirse más que a escala del siglo XIX: en la historia del Directorio no fue más que un simple episodio que modificó, sin duda alguna, el equilibrio político. Pero por primera vez la idea comunista se había convertido en una fuerza política. De aquí la importancia de Babeuf y de su intentona en la historia del socialismo. En su carta del 26 de mesidor, año IV (14 de julio de 1796), Babeuf recomendaba a Félix Lepeletier reunir todos sus «proyectos, notas y borradores de escritos democráticos y revolucionarios» y presentarlos a «todos los discípulos de la Igualdad, lo que los corrompidos actuales llaman mis sueños». Respondiendo a este deseo, Buonarroti publicó en Bruselas, en 1828, la historia de la Conspiration pour l’Egalité dite de Babeuf. Esta obra ejerció una profunda influencia en la opinión revolucionaria, y gracias a ella el babeufismo se consideró un eslabón en el desarrollo del pensamiento comunista.

4. El auge realista

La represión antijacobina que siguió a la Conjura de Babeuf, empujó al Directorio hacia la derecha y contribuyó a acentuar el peligro realista.

La acción realista se desarrolló, según diferentes planes, desde el verano de 1796. Mientras Benjamín Constant, aconsejado por Mme. de Staël, estimulaba a los realistas constitucionales para que se reuniesen en torno a un Directorio, firme sostén de la estabilidad social, el Terror blanco volvía a darse en el Mediodía, donde el realista Willot había sido nombrado comandante de la división militar de Marsella. Bajo el impulso de la derecha, los Consejos mantuvieron la amnistía del 4 de brumario, año IV (26 de octubre de 1795), en favor de los antiguos terroristas, y votaron la exclusión de los amnistiados de las funciones públicas (14 frimario, año V-4 de diciembre de 1796). Esta misma ley derogaba el artículo de la ley de 3 de brumario, año IV (25 de octubre de 1795), que había mantenido la legislación terrorista contra los eclesiásticos. Las órdenes cayeron en desuso, el culto volvió a celebrarse en la mayoría de las parroquias: la influencia de los sacerdotes no podía orientarse más que a favor de la reacción, que favorecía, por otra parte, la exclusión de los jacobinos de las funciones públicas. Mientras, Carnot evolucionaba cada vez más hacia la derecha. La Revellière, por anticlericalismo, se aproximaba cada vez más a Reubell y a Barras: los triunviros empezaron a alarmarse de los progresos del realismo.

La conjura anglorrealista probaba, efectivamente, que en ese momento la derecha no se unía a la República y trabajaba constantemente para apoderarse del poder. El pretendiente Luis XVIII estaba refugiado en Blankenbourg, al lado del duque de Brunswick, y rechazaba todo tipo de concesiones. La acción realista se desarrolló en dos líneas: la constitucional y la absolutista. En el propio París, su representante, el abate Brottier, dirigía una agencia que llegaba con sus maniobras hasta la guardia del Directorio. Durante el verano de 1796, la agencia creó una asociación de Amigos del Orden, que se consideraba como una oposición constitucional al régimen, pero animada en secreto por el grupo de los Hijos legítimos, partidarios de la restauración absolutista por medio de la insurrección. El antiguo constituyente Dandré, defensor de la acción legal, transformó la asociación en Instituto filantrópico, con vistas a las próximas elecciones. El Instituto tuvo sus ramificaciones en cierto número de departamentos. En el seno de la organización se manifestó la misma dualidad entre constitucionales, partidarios de la acción legal, y absolutistas, partidarios de la acción violenta, como en Sarthe, donde fue organizado el Instituto por un chouan, y también en Bordeaux. El dinero provenía de Londres, por intermedio de Wickham, agente inglés establecido en Suiza; de este modo se pudo subvencionar y financiar la propaganda electoral. A pesar del arresto de Brottier, el 11 de pluvioso, año V (30 de enero de 1797), y las confesiones de uno de sus cómplices, la propaganda realista continuó.

El clima político y social le era favorable. Emigrados y sacerdotes deportados volvían en masa. El problema religioso ofrecía un terreno propicio a la reacción. Muchos republicanos y también los refractarios, afirmaban la incompatibilidad entre el catolicismo romano y la República. La Iglesia constitucional vería bajar su influencia. La théophilanthropie, una nueva forma de culto decadario fundada a principios de 1797, con el apoyo de la Revellière, tan sólo alcanzaba a una minoría burguesa ilustrada. Sobre todo el movimiento de reacción se beneficiaba de la crisis financiera y de las dificultades que producía.

La situación financiera, después que el mandato territorial se había hundido y vuelto a la moneda metálica, resultaba lamentable. A la inflación sucedió la deflación: el numerario era raro, los precios bajaron tanto más, cuanto que la recolección de 1796 fue abundante. Por lo menos se produjo un cierto alivio en la miseria popular. Pero la guerra continuaba. En vano el Directorio se esforzó por equilibrar el presupuesto. Los Consejos, a causa del predominio del pensamiento político, rehusaban todo esfuerzo financiero eficaz. Las contribuciones se habían votado demasiado tarde; se votó la contribución territorial el 18 de prairial, año V (6 de junio de 1797), para el año en curso; la mobiliaria, el 14 de termidor (2 de agosto). El Directorio propuso, sin éxito, la creación en cada departamento de una agencia de contribuciones directas, compuesta de funcionarios. Propuso que se restableciesen algunos impuestos indirectos sobre las pólvoras, el salitre y la sal. Si el Consejo de los Quinientos se resignó, el de los Ancianos rehusó. Para sacar un mayor partido de la venta de los bienes nacionales, se restablecieron los arriendos el 16 de brumario, año V (6 de noviembre de 1796): el beneficio fue mínimo.

Los métodos financieros triunfaron. Las requisas se mantuvieron para suministrar a los ejércitos granos, forrajes y caballos; se pagaba en bonos recibidos en pago de las contribuciones y de los bienes nacionales. Lo mismo que los termidorianos, después de abandonar la economía dirigida, el Directorio hubo de recurrir a los financieros, banqueros, abastecedores y proveedores, cayendo en sus garras. Después de haber empleado mil subterfugios, haber puesto bajo fianza los diamantes de la Corona, o haber cedido las prescripciones bátavas, es decir, las obligaciones sobre las indemnizaciones de guerra adeudadas por Holanda, de acuerdo con el Tratado de La Haya, el Directorio quedó autorizado por la ley de 16 de brumario, año V (6 de noviembre de 1796), para utilizar los bienes nacionales como medio de pago. De este modo hubo abastecedor que adquirió 600 hectáreas en el departamento del Norte. Pronto se llegó a dejar a los acreedores bienes propios del Estado. Bajo el nombre de delegaciones, se volvía a la práctica de los anticipos del Antiguo Régimen. Así, las talas en los bosques nacionales o el producto de las contribuciones en un departamento determinado, o la venta de mercancías inglesas obtenidas en Livourne, quedaron a beneficio de la compañía Flachat, que abastecía al ejército de Italia.

La corrupción multiplicóse, estimulada por esas prácticas, por la debilidad del Gobierno, por la venalidad de una minoría de políticos, que simbolizaba los nombres de Barras, de acuerdo con el financiero Ouvrard, Fouché y Talleyrand. Por ejemplo, el enriquecimiento especulando con la sal, o bien sobre los bienes nacionales. El desorden en las costumbres iba a la par, lo que chocaba a los observadores en cuanto era contrario al criterio espartano de la República del año II. No obstante, no afectaba más que a una minoría afortunada y desocupada, que se había trazado el camino de perseguir desenfrenadamente el placer y que se ha denominado, con una generalización abusiva, la «sociedad del Directorio». Con más cinismo y con una decoración menos pomposa, prefiguraba las costumbres de la alta sociedad imperial. En el Gobierno, dos personajes pertenecían a esta sociedad disoluta: Barras, un vizconde, ultra del Antiguo Régimen, y Talleyrand, un obispo, ultra también. En tomo a ellos estaban los hombres de negocios, los «gestores de negocios», los banqueros, los abastecedores, los estraperlistas y especuladores, que se beneficiaban del sistema, dispuestos a abandonarlo por otro que garantizase su fortuna.

El descrédito del régimen se generalizó en todas las capas de la sociedad. A los funcionarios se les pagaba irregularmente. Los servicios públicos, escasos de medios financieros, no funcionaban más que a duras penas. Para aliviar el presupuesto nacional, el Directorio había puesto los tribunales, las escuelas centrales y la asistencia pública a cargo de las administraciones locales. Pero sus finanzas estaban tan quebrantadas como las del Gobierno. Las rentas se pagaban por una cuarta parte del numerario, cuando el Gobierno tenía disponibilidades; las tres cuartas partes restantes, en bonos que admitía sólo en pago de las contribuciones o bien para comprar bienes nacionales, que los especuladores rescataban a un precio sumamente bajo. Se multiplicaba el descontento, y la incapacidad financiera del Directorio hacía el juego a la oposición realista mientras se aproximaban las elecciones del año V.

II

LA GUERRA DE CONQUISTA (1796-1797)

Las nuevas características de la guerra, que tendían a establecerse desde la caída del Gobierno revolucionario y la caída de su política de defensa nacional, aumentaron bajo el primer Directorio. El esfuerzo de la guerra ya no estaba sostenido por la economía dirigida, entregada a la empresa y beneficio libres. La situación material de los ejércitos agravóse, lo que no dejó de repercutir, a la larga, en su estado de ánimo. Y esto, precisamente cuando los generales, sobre quienes no pesaba ya el nivel igualitario del Gobierno revolucionario y del Terror, sacudíanse de la tutela del poder ejecutivo y daban libre curso a sus ambiciones. Desde este punto de vista, la política italiana de Bonaparte constituyó un verdadero punto de flexión.

A las exigencias nacionales sustituyeron las perspectivas aventureras de una ambición personal. Desviación tanto más peligrosa, puesto que se aureolaba con todos los prestigios de la victoria.

1. El ejército en el primer Directorio

La degradación del ejército continuó bajo el Directorio, quien, en este terreno como en los demás, continuó sencillamente la política termidoriana. El hundimiento del papel-moneda, la incapacidad financiera del Gobierno y las malversaciones de los proveedores tuvieron eco en los soldados, que estaban mal alimentados, mal vestidos y mal pagados. La miseria de las tropas tenía su repercusión, a su vez, en el número. El mal de la rebeldía y de la deserción fue minando, desde ese momento, a los ejércitos de la República. Los Quinientos nombraron una comisión para que preparase un proyecto de ley represiva, y el consejero Dupuis denunciaba, el 19 de brumario, año IV (10 de noviembre de 1795), las causas profundas del mal. «Vuestros enemigos se han aprovechado de la locura de los amigos de la reacción, para que todos los medios coactivos que hubieran podido detener el mal en su principio, se considerasen actos de terrorismo. Pero sólo este nombre ha servido a Europa mejor que las más poderosas armas. He visto, recorriendo diversos departamentos de la República, a tropas desertoras viajando casi tan tranquilamente como yo por las carreteras, sin que nadie se tomase la preocupación de detenerles o de poner en práctica las leyes contra la deserción. ¡Qué digo! He sabido que, con frecuencia, los padres de los desertores eran alcaldes o funcionarios municipales… Por otra parte, no es seguro para nadie ser riguroso en la ejecución de la ley, pues se puede ser víctima de la horrible reacción que ha cubierto a Francia de tantos cadáveres». Era sacar a la luz la raíz de tanto mal. Animado por un odio tenaz para todos los recuerdos del año II, y con sospechas en cuanto a poder manejar la reacción con la brida al movimiento popular, el Directorio, así como la Convención termidoriana, fue impotente para conjurar el daño.

El estado de ánimo del ejército se transformaba al mismo tiempo. Sin duda, la impronta del año II continuaba arraigada en sus filas, y viva la hostilidad contra los ultras del Antiguo Régimen, contra los sacerdotes y el odio de la realeza. Al no mantenerse la llama, el entusiasmo revolucionario quedó, poco a poco, adormecido; el ejército, sensible a la idea-fuerza que los hombres del año II habían hecho sobresalir, no podía seguir los meandros de la política directorial del justo medio, ni adherirse al entusiasmo de las concepciones medias de los notables. Mientras, poco a poco, se acentuaba el divorcio entre el régimen y el ejército; el desprecio por lo civil se afirmaba: entonces fue cuando apareció el término de Pequín o Pekín, que se empleó de una manera general a principios del Imperio. Por la misma naturaleza de la institución militar, el sentimiento democrático se mantuvo. No obstante, pues, si las prácticas democráticas, como la elección de los funcionarios y el jurado en la justicia militar habían sido suprimidas, para subir de grado, el saber contaba bastante poco; la inteligencia y, más aún, el valor lo suplían. El simple soldado, con tal de que fuese valiente, conservaba la esperanza de llegar rápidamente a la más alta graduación. Pero esto no dejaba de favorecer la ambición y el espíritu de aventura.

El entusiasmo nacional, que hasta ese momento había sostenido a los ejércitos, tuvo una resonancia nueva. El número no se había renovado desde la leva en masa, y las conquistas hacían que se alejasen los ejércitos de Francia; de ese modo los soldados se distinguían, poco a poco, del resto de la nación. Acampada en un país extranjero, la tropa, necesariamente, era algo así como un oficio que obedecía ahora a sus generales. El sacrificio de la nación fue cediendo lentamente el puesto a la fidelidad de un jefe, al espíritu de aventura y bien pronto al pillaje. Se había hecho todo lo posible el año II para mantener y reforzar los vínculos entre el ejército y el pueblo, y ahora se esforzaban por hacer que el soldado olvidase que también era un ciudadano. Saint-Just, en su discurso del 12 de febrero de 1793, declaraba que no estaba la victoria más «que en relación con los progresos que el espíritu republicano hubiera hecho en el ejército». En la víspera de la campaña de Italia:

«Soldados: estáis desnudos, mal alimentados, declara Bonaparte en su proclama del 26 de marzo de 1796. Quero conduciros a las llanuras más fértiles del mundo. Ricas provincias, grandes ciudades, estarán a merced de vuestro poder, hallaréis honor, gloria y riqueza…».

El patriotismo se vació de su contenido republicano y humano; el nacionalismo apuntaba. A los sentimientos cívicos y al entusiasmo revolucionario siguieron muy pronto el desprecio por lo extranjero y el placer de la gloria militar, la vanidad nacional. Marie-Joseph Chénier había exaltado pronto «la Gran Nación acostumbrada a vencer»; la expresión, inspiradora del orgullo, era general desde finales del Directorio; la consagró el Imperio.

El instrumento de guerra que había forjado el Comité de Salud Pública en el año II no tenía aún equivalente si se compara con los ejércitos del antiguo sistema de la coalición, la víspera de la entrada en combate en 1796. Para robustecer su autoridad cerca de los generales y de los proveedores, el Directorio creó, a imitación de los representantes en misión, comisarios en los ejércitos. Precaución vana, pues ni los comisarios ni el Directorio disponían, frente a los generales, de la fuerza coactiva. La función de los generales se hacía cada vez más importante: su genio militar situó a Bonaparte en primer lugar. Pero si en la elaboración de los principios estratégicos, en la constitución y empleo de las unidades tácticas ese genio se afirmó pronto en toda su amplitud, Bonaparte continuó siendo fiel a la herencia revolucionaria. Renovó el arte de la guerra, pero utilizando el ejército nacional creado por la Revolución.

2. Bonaparte en Italia (1796-1797)

La coalición, desde los Tratados de 1795, se reducía en lo esencial a Inglaterra y Austria. Sin duda, Austria, cuya situación militar y financiera; no era en absoluto brillante, hubiese abandonado la orilla izquierda del Rhin si hubiese estado segura de obtener ciertas compensaciones, como la promesa que se le había hecho a Prusia con el Tratado de Basilea. En cuanto a Inglaterra, amenazada por una crisis económica y financiera, cuyas repercusiones sociales y políticas podían ser graves, era incapaz de un esfuerzo militar continental, a pesar de su repugnancia tradicional a ver a Francia situada en los Países Bajos.

La política exterior del Directorio había quedado determinada con antelación por la idea de los límites constitucionales considerados como intangibles: el artículo 332 de la Constitución del año III prohibía toda «enajenación» del territorio de la República, y la anexión de Bélgica se consideraba ratificada por el plebiscito sobre la Constitución. Con más razón, las de Aviñón y Saboya. Quedaba la orilla izquierda del Rhin. Carnot, ahora que estaba a remolque de la derecha, se afirmaba en los antiguos límites, mejorados; Reubell, que dirigía la diplomacia, se inclinó por los límites naturales y, por tanto, por la anexión. Quería tener rehenes más allá de las fronteras naturales, para negociar desde una situación fuerte; fue seguido por el Directorio. Era preciso para imponer ese criterio a Austria e Inglaterra, no dejarse apresar por la lógica de la conquista.

El plan de campaña para 1796, elaborado por Carnot, asignaba un papel decisivo a las operaciones en Alemania del Sur: los ejércitos de Sambre-et-Meuse, a las órdenes de Jourdan; de Rhin-de-Moselle, bajo las de Moreau, marcharían sobre Viena, mientras que los menos importantes de los Alpes estarían a las órdenes de Kellermann, y los de Italia, bajo las de Schérer, se apoderarían del Piamonte y Lombardia y las mantendrían en prenda. Un ejército de Irlanda, concentrado en Brest bajo las órdenes de Hoche, amenazaría a Inglaterra. En el último momento, el 12 de ventoso, año IV (2 de marzo de 1796), el Directorio reemplazó a Schérer por Bonaparte: sus planes militares y políticos quedaron alterados.

Napoleón Bonaparte había nacido en Ajaccio el 15 de agosto de 1769, de una familia de la pequeña nobleza vinculada a Francia. Becario en el colegio real de Autun en 1779, después en el de Brienne, anexo a la Escuela Militar de París hasta 1784, cadete-gentilhombre en la Escuela Militar en 1784-1785, Bonaparte fue nombrado, por concurso, segundo subteniente con el número 42, sobre 58, de artillería, en septiembre de 1785, a los dieciséis años. De Valence a Auxonne, después nuevamente a Valence, llevó la existencia propia de un pequeño oficial de guarnición, pobre y con poco futuro. Patriota en 1789, pero patriota corso, participó activamente en la vida política local bajo la dirección de Paoli, además de sus numerosas estancias en la isla, de 1789 a 1793. Pero sospechoso a ojos de Paoli, hubo de abandonar Córcega en junio de 1793, cuando este último rompió con la Convención y recurrió a los ingleses. Capitán en el ejército de Italia en julio de 1793, enviado a Aviñón para organizar los convoyes de pólvora, Bonaparte afirmóse sinceramente como montañés y jacobino. Escribió en forma de diálogo Le Souper de Beaucaire, impreso en Aviñón en agosto de 1793, a cargo del Tesoro público; un militar, él mismo, conversa con un burgués de Nîmes, un fabricante de Montpellier y un negociante de Marsella. Se trata de persuadir a los marselleses de tendencia girondina, que «la causa de la Montaña es nacional», que la Convención es «el centro de la unidad», que es preciso salvar a «la República naciente, rodeada de las más monstruosas coaliciones que amenazan con ahogarla en su cuna». Se acabó la Córcega natal y las quimeras de independencia insular; Bonaparte se integra a la nación revolucionaria. Su compatriota Salicetti, representante en misión, le confía la dirección de la artillería en el asedio de Tolón, el 17 de septiembre de 1793; su actividad fue, en cierto sentido, decisiva; el 19 de diciembre se tomó nuevamente la ciudad; el 22, Bonaparte era general de brigada. Augustin Robespierre, representante en misión en el ejército de Italia, le protegía; hizo resaltar el «mérito sobresaliente del ciudadano Bonaparte», en una carta a su hermano Maximiliano, el 16 de germinal, año II (5 de abril de 1794).

Termidor volvió a poner todo en tela de juicio. El acontecimiento se conoció en Niza el 18 de fructidor (5 de agosto de 1794). Al día siguiente, Bonaparte fue destituido de su puesto por los representantes en misión y detenido como robespierrista en el Fort-Carré, de Antibes. Liberado, a partir del 3 de fructidor (20 de agosto), fue repuesto nuevamente en sus funciones. Pero su carrera tropezó con la oposición de Aubry, acendrado girondino, quien informaba sobre los problemas militares a la Convención, y criticó vivamente «su avance prematuro y su ambición sin frenos». En marzo de 1795, Bonaparte vio, sin embargo, cómo le ofrecían el mando de la artillería del ejército del Oeste, rehusándolo. Nuevamente rehusó cuando en junio fue nombrado general de infantería en ese mismo ejército.

El ciudadano cedió entonces el paso al aventurero que buscaba su camino; la desgracia de termidor vino a romper la continuidad de su línea política; muy pronto, Bonaparte no tuvo más norma que su ambición. Arrastró algunos meses de miseria. Vendimiario volvió a ponerle en la corriente. Si su papel en la jornada del 13 (5 de octubre de 1795) le valió que se le nombrase el «general Vendimiario», su subida se debió a Barras y quedó nombrado general de división el 16 de octubre. El 26, general en jefe del ejército del Interior. De esta época datan los amores de Bonaparte y Josefina Tascher de la Pagerie, seis años más vieja, viuda del vizconde de Beauhamais, guillotinado en 1794, una joven ya cansada, según Barras dice en sus Mémoires, pero todavía seductora y siempre experta. La primera carta a la «dulce e incomparable Josefina» es del 28 de octubre de 1795. Amor violento y sobre cuya naturaleza no dejan lugar a dudas las cartas escritas durante la campaña de Italia; no es fácil citarlas. «Es difícil creer —escribe Georges Lefebvre—, que Bonaparte ignorase los vínculos de Josefina con Barras, y que la influencia que ella conservaba no le sirviese».

El 2 de marzo de 1796, Bonaparte fue nombrado comandante en jefe del ejército de Italia, reemplazando a Schérer; el 9 se casaba civilmente con Josefina de Beauhamais; dos días después abandonaba París para reintegrarse a su cuartel general de Savona, sobre la Riviera de Génova.

La campaña de Italia decidió la suerte de la guerra contra Austria. Los planes habían sido trazados, desde el año II, por el Comité de Salud Pública. Se trataba, una vez que hubiera quedado fuera de juego el Piamonte, asegurarse Lombardia, y después marchar directamente sobre Viena a través de los Alpes. Bonaparte empezó las operaciones con 38 000 hombres, 48 000 francos-oro y 100 000 francos negociables, que no todos fueron aceptados. Las operaciones se llevaron con extrema rapidez.

En el Piamonte, en unos diez días, con los combates de Montenotte (12 de abril de 1796), de Millesino, de Mondovi (21 de abril), Bonaparte separó a los 35 000 austríacos de Beaulieu, de los 12 000 piamonteses de Colli, obligando a este último a replegarse para cubrir Turin. El rey de Sardañal firmó el armisticio de Cherasco el 28 de abril. Por el Tratado de París, 15 de mayo de 1796, cedía a Francia Saboya y los condados de Niza, de Tendel y de Beuil.

En Lombardia, Bonaparte, persiguiendo a Beaulieu que se había retirado hacia el Norte del Po, detrás de Tessin, esbozó un movimiento dirección Sur, franqueando el Po en Placencia, arrolló al enemigo en el puente de Lodi sobre el Adda (10 de mayo) y entró en Milán el 15 de mayo de 1796. «El mundo aprendía, escribiría Stendhal en La cartuja de Parma, que después de tantos siglos, César y Alejandro tenían un sucesor». Franqueando el Mincio, el 30 de mayo, Bonaparte llegó a Mantua. Los duques de Parma y Módena habían firmado un armisticio, Bolonia se abrió a los franceses y el Papado aceptó una convención, el 23 de junio. Los países conquistados quedaron sometidos a importantes indemnizaciones de guerra, que hizo que se alzase una parte de la población contra la ocupación. Sólo los jacobinos italianos eran partidarios de una república unitaria, pronunciándose por Francia. En cuanto al Directorio, sólo pretendía obtener prendas para negociar con ventaja. Mientras tanto se trataba de explotar al país ocupado: Bonaparte había obtenido de Italia unos cincuenta millones, de los cuales diez fueron a parar al Directorio. Los austríacos mantenían Mantua, clave de la ruta hacia los Alpes. Por cuatro veces consecutivas los ejércitos austríacos procedentes de los Alpes intentaron librar la plaza. Pero el ejército de Wurmser quedó derrotado en Castiglione el 5 de agosto; en Bassano, el 8 de septiembre de 1796. El ejército de Alvinczy a su vez fue rechazado después de duros combates en tomo a Arcole, del 14 al 17 de noviembre, y después derrotado en Rívoli el 14 de enero de 1797. Mantua capituló el 2 de febrero. El camino de Viena quedaba libre.

La campaña de Alemania no había proporcionado los éxitos decisivos que esperaba el Directorio. Los ejércitos de Jourdan y de Moreau, a quienes les había sido asignado el papel principal, tenían por objeto llegar a Viena por el valle del Danubio. El 31 de mayo de 1796 Jourdan franqueaba el Rhin; el archiduque Carlos lo rechazó. Pero Wurmser, que se oponía a Moreau, fue enviado a Italia a consecuencia de las victorias de Bonaparte, y los franceses volvieron a la ofensiva contra el archiduque. Moreau pasó el Rhin el 24 de junio y llegaba a Munich, mientras que Jourdan se apoderaba de Colonia, después de Francfort, llegando en agosto hasta los confines de Bohemia. Sin embargo, los ejércitos franceses no se unieron. El archiduque Carlos se aprovechó para atacarlos por separado, obligando primero a Jourdan, por dos veces vencido en el valle del Main, a volver a cruzar el Rhin a finales de septiembre de 1796. Moreau quedó al descubierto y tuvo que retroceder. El archiduque se esforzó en cortarle la retirada. Se vio en situación difícil en los desfiladeros de la Selva Negra. El 26 de octubre de 1796 volvía a cruzar el Rhin en Huninga. Durante el invierno, las cabezas de puente de Kehl y de Huninga se perdieron.

La expedición de Irlanda, a las órdenes de Hoche, fracasaba. Habiéndose hecho a la mar en diciembre de 1796, la flota francesa quedó dispersada por la tormenta. En enero de 1797, el Directorio ordenó que se recogiesen las mercancías inglesas en todo el territorio francés. La situación económica de Inglaterra se agravaba, inclinándola a la negociación. Habían tenido lugar ciertas conversaciones en Lila, entre octubre y diciembre de 1796, llevadas por la parte inglesa por Malmesbury. El problema de Bélgica provocó el fracaso.

El ejército de Italia continuaba siendo, la víspera de la campaña de 1797, la esperanza mayor del Directorio. Bonaparte terminaba la pacificación de los países conquistados. No teniendo en cuenta las directivas gubernamentales, organizó, el 15 de octubre de 1796, la República Cispadana con los territorios de Módena y las legaciones que se habían quitado al Papa. El 19 de febrero de 1797 firmaba, con Pío IV, el Tratado de Tolentino. Aunque el Directorio le había ordenado destruir el poder temporal del Papa, Bonaparte se contentaba, además de algunos millones, con la cesión a Francia de Aviñón y del Comtat-Benaissin, y el abandono de las legaciones. Su política se hizo cada vez más personal.

La ofensiva contra los austríacos, dirigidos ahora por el archiduque Carlos y fortalecida en número, volvió a la carga el 20 de marzo de 1797. Bonaparte forzó el paso de Tagliamento, después la garganta del Tarvis, Masséna, a la vanguardia, alcanzó el Semmering.

En Alemania del Sur, al mismo tiempo, el ejército de Sambre-et-Meuse franqueaba el Rhin, a las órdenes de Hoche, el 16 de abril de 1797, y conseguía la victoria el 18 sobre Neuwied, cerca de Colonia. Moreau se replegaba a su vez. Pero ese mismo 18 de abril de 1797, Bonaparte firmaba en Leoben, en Styria, con Austria, el armisticio y los preliminares de paz a la vez. Tanto quería el vencedor de Italia, vinculado a su conquista, quedar en primer plano como pacificador.

Los preliminares de Leoben consagraban el triunfo de la política italiana de Bonaparte, sin que la frontera natural del Rhin se hubiese logrado. La evolución de la política interior obligó, no obstante, al Directorio a inclinarse ante el hecho.

III

FRUCTIDOR Y CAMPOFORMIO (1797)

La situación interior como consecuencia de la victoria realista en las lecciones de germinal, año V, y la pereza para opinar, pusieron al Directorio a merced de los generales. Quedaba excluido por su propia naturaleza y recurría al pueblo para salvar la República. En cuanto a la orientación de la política exterior dependía necesariamente de la solución que se diese a la crisis interior. Los aliados se dieron cuenta e hicieron que se prolongasen las negociaciones entabladas en Udine, después del armisticio de Leoben, y recomenzaron las de Lila por el enviado inglés Malmesbury. Si la derecha realista vencía, Inglaterra y Austria esperaban obtener muy buenas condiciones. Pero de ese modo se robusteció la solidaridad del Directorio y de Bonaparte. Este no podía esperar que su política italiana fuese aceptada por los Consejos realistas. El 5 de mesidor (23 de junio de 1797) fue violentamente atacada por el asunto de Venecia. En cuanto al Directorio, ¿cómo podía resistirse a las exigencias de su salvador, por medio de influencias y concesiones recíprocas? El pronunciamiento de fructidor y el Tratado de Campoformio se vinculan estrechamente. El beneficio mayor de esta política tendría que recaer, no obstante, en Bonaparte.

1. Las elecciones del año V y la reacción

Las elecciones de germinal, año V, para la renovación del primer tercio de los Consejos, de los cuales la mitad eran miembros perpetuos, se hicieron bajo la influencia de los realistas, a pesar de los brillantes éxitos italianos de Bonaparte, de los cuales el Directorio esperó durante un cierto tiempo beneficiarse. Los trabajos se desarrollaron normalmente. Los directoriales quedaron pulverizados, salvo en unos diez departamentos. Once convencionales fueron reelegidos únicamente, e incluso muchos de ellos eran realistas. El nuevo tercio fortalecía considerablemente la derecha monárquica.

La reacción se notó de inmediato, aunque el Directorio se dividía. Reubell, seguido por La Revellière, consciente del peligro, creía tener la situación en sus manos, en caso de necesidad, interrumpiendo las elecciones. Barras se reservaba, según su costumbre. Los Consejos se reunieron el 1 de prairial (20 de mayo de 1797) y designaron a Barbé-Marbois como presidente de los Ancianos. Pichegru fue elegido en el Jura presidente de los Quinientos. La suerte había designado a Letourneur director saliente, reemplazándolo ese mismo día Berthélemy, que había negociado los Tratados de Basilea, monárquico notorio. La derecha dudaba, sin embargo. Se reunía en el club de Clichy, sin llegar a definir una política. Los jacobinos blancos, partidarios de una restauración inmediata, no eran más que una minoría; los monárquicos constitucionales eran numerosos y les repugnaba la violencia. El grupo apodado Le Ventre, de tendencia realista también, creía que era mejor hacer reformas en los detalles y esperar. Pichegru, con quien contaban los jacobinos blancos para pronunciarse, se mostró incapaz de ninguna decisión.

La actitud reaccionaria favoreció a los padres de los emigrados, para quienes quedaron abiertas las funciones públicas por derogación de las disposiciones del 3 de brumario, año IV. Lo mismo ocurrió con los sacerdotes. La ley de 7 de fructidor (24 de agosto de 1797) suprimió las medidas represivas de 1792 y 1793. Sin embargo, se exigía a los miembros del clero juramento de sumisión a las leyes, permaneciendo en vigor lo esencial de las disposiciones contra emigrados, aunque se permitió el ejercicio de las funciones públicas a los terroristas que habían obtenido la amnistía. En los departamentos, la reacción fue con frecuencia excesiva. Las filiales del Instituto filantrópico se multiplicaban, los emigrados volvían, los sacerdotes proscritos circulaban libremente, mientras que los adquirentes de bienes nacionales eran atacados. Desencadenóse la violencia en Provenza, una vez más, y el Directorio tuvo que enviar tropas. Los republicanos intentaron resistir agrupándose en los clubs constitucionales. El Directorio, temiendo que creciera la influencia jacobina, permitió que se suprimiesen por los Consejos del 5 de termidor (23 de julio de 1797). Enardeciéndose la derecha ante esta pasividad, empezó a reducir el Directorio a la impotencia, suprimiéndole todos los poderes financieros. Los Quinientos los cedieron el 30 de prairial (18 de junio de 1797) a la Tesorería, reputada desde hacía tiempo, contrarrevolucionaria; los Ancianos rehusaron, no obstante, seguirles.

El conflicto del Directorio y de los Consejos entró en su fase decisiva cuando Barras salió de la expectativa para sostener a Reubell y La Revellière contra Carnot y Barthélemy. Su actitud se confirmó el día solemne en que se hizo el cambio de ministros, reclamado por Carnot, para complacer a la derecha. El 26 de mesidor (14 de julio de 1797), Merlin y Ramel, odiados por los realistas, continuaron en su puesto; Talleyrand, presentado a Barras por Mme. de Staël, fue nombrado para Relaciones Exteriores, y Hoche fue a Guerra; elección significativa, pues las tropas del ejército de Sambre-et-Meuse, que dirigía Hoche, hacía más de diez días que marchaban sobre París.

2. El golpe de estado del 18 de fructidor, año V (4 de septiembre de 1797)

La crisis entre el Directorio y los Consejos, producida por las elecciones de germinal, año V, sin ningún tipo de procedimiento constitucional, no podía resolverse más que de dos maneras: o bien recurriendo al pueblo como en el año II, o bien recurriendo al ejército como el 13 de vendimiario. La propia naturaleza del régimen de los notables excluía la primera solución, a la cual La Revellière se opuso decididamente, por adelantado. Quedaba el ejército; Bonaparte y Hoche, por un cierto presentimiento, aceptaron. Bonaparte proporcionaba en mesidor la prueba de la traición de Pichegru: un documento hallado entre los papeles de un agente realista de Antraigues. Hoche, el 13 de mesidor (1 de julio de 1797), llevó las tropas hacia París. El Directorio estaba de este modo a merced de los generales, de Bonaparte en especial, pues no concedió su apoyo al Gobierno contra los Consejos más que para imponer sus preliminares de Leoben y su política italiana.

Los Consejos se dieron cuenta del peligro que les amenazaba, cuando se enteraron en 28 de mesidor (16 de julio de 1797) de la composición ministerial y de la presencia de las tropas en el «área constitucional», prohibida al ejército. La acusación de los triunviros, Barras, La Revellière y Reubell, se preveía. Pero Carnot, avisado de la traición de Pichegru, rehusó prestarse a una restauración. Mientras que los Consejos autorizaban, el 25 de termidor (12 de agosto de 1797), la formación de compañías elegidas de la guardia nacional para armar a la burguesía de los distritos adinerados, el Directorio, por su parte, urgía sus preparativos. Bonaparte envió a Augereau, a quien se concedió el mando. Con diversos pretextos, los destacamentos entraban en París. «El Directorio no pactará con los enemigos de la República», declaraba La Revellière a los enviados de la Cisalpina, el 10 de fructidor (27 de agosto). La derecha parecía que estaba decidida a recurrir a la fuerza; los triunviros tomaron la delantera.

El 18 de fructidor, año V (4 de septiembre de 1797), París fue ocupado militarmente por la mañana. Pichegru y una docena de diputados fueron detenidos y encarcelados en el Temple, lo mismo que Barthélemy; Carnot pudo huir. No hubo más que una resistencia: un decreto en el que se hacía constar que aquellos que provocasen el restablecimiento de la realeza o de los constituyentes de 1793, serían fusilados de inmediato. Reunidos por la noche, los Consejos votaron el 19 de fructidor (5 de septiembre), las medidas de excepción propuestas por los triunviros. Las elecciones se habían interrumpido en 49 departamentos; 177 diputados fueron eliminados sin haber sido sustituidos; 65 personas deportadas a La Guayana, «la guillotina seca», entre ellos Carnot, Pichegru y Barthélemy. Algunos diputados presentaron la dimisión. Así lo hizo Dupont de Nemours. La mayoría había quedado derrotada en los Consejos.

Entraron en vigor órdenes de represión contra los emigrados y los sacerdotes. Los emigrados tuvieron quince días para abandonar Francia, bajo pena de muerte; sus parientes quedaron otra vez excluidos de las funciones públicas e incluso privados del derecho de voto. Los sacerdotes deportados que habían vuelto tuvieron que exiliarse, bajo pena de deportación, a La Guayana. El juramento de odio a la realeza y fidelidad a la Constitución de 1793 se impuso a todos los ministros de culto. A la prensa de oposición se la trató con dureza: 42 periódicos fueron suprimidos. Por el contrario, los clubs se autorizaron nuevamente. Los poderes del Directorio se acrecentaron: tenía derecho a depurar las administraciones y los tribunales y proclamar el estado de sitio a su antojo.

El golpe de Estado del 18 de fructidor asestaba un rudo golpe al sistema de la República liberal, instaurada por la Constitución del año III. La oposición de la derecha había sido diezmada. El legislativo, que había quedado rebajado, estaba iracundo y esperando el desquite. La jornada sólo se había logrado con el apoyo de los generales y de sus tropas, pero el Directorio tendía a supervalorar su poder, pues en ese momento se instauraba la paz continental. No era, sin embargo, la paz de las fronteras naturales, sino la del vencedor de Italia, cuyo prestigio, que ya era mucho, aumentó otro tanto.

3. El tratado de Campoformio (18 de octubre de 1797)

Los preliminares de Leoben, firmados por Bonaparte el 18 de abril de 1797, se caracterizaban como una especie de vuelta a las prácticas diplomáticas del Antiguo Régimen. Ahora que el Directorio creía valerse de Lombardia como de una prenda para negociar la adquisición de la orilla izquierda del Rhin, Bonaparte intercambió Lombardia por el territorio de la República de Venecia. Austria obtuvo así el acceso al Adriático. Si cedía Bélgica, la suerte de la orilla izquierda del Rhin estaba por ver. Se discutiría durante un congreso convocado para hacer la paz con el Imperio. Era arruinar la política del Directorio sobre el Rhin. Ratificó, sin embargo, los preliminares de Leoben. La situación interior le obligaba a ello. Sólo Reubell votó contra la ratificación. La política nacional de la orilla izquierda del Rhin quedó sacrificada.

La política italiana de Bonaparte desarrollóse de inmediato. Dominaba Italia con Lombardia, aumentada por la Valtelina, y una parte de los territorios venecianos de Tierra firme y de la República Cispadana, constituyendo una República Cisalpina, a la que dio una Constitución. En Génova, la antigua república, quedó transformada en República Ciguriana por los jacobinos italianos. El 2 de mayo de 1797 Bonaparte declaró la guerra a la República de Venecia, en donde los franceses entraron el 12. Se empezaron negociaciones con los representantes del Gobierno austríaco, con vistas a la paz definitiva, en Udine.

Inglaterra decidióse al mismo tiempo a reemprender las negociaciones. Acababa de pasar por una grave crisis financiera y bancaria; Irlanda se revelaba; los motines se multiplicaron en la flota, en la primavera de 1797. En julio, Pitt envió a Malmesbury para empezar de nuevo las conferencias de Lila.

Las negociaciones no dieron resultado, ni en Lila ni en Udine. Todo continuaba en suspenso, mientras no acabase con la crisis interna, pues los aliados esperaban una victoria de la derecha realista, en condiciones más ventajosas. El éxito del levantamiento de 18 de fructidor endureció, por el contrario, la política exterior del Directorio, de la cual Reubell tomó de nuevo la dirección. Las conferencias de Lila (julio-septiembre de 1797) fracasaron. El Directorio exigió la restitución de las colonias de Francia y de sus aliados, sin siquiera restituir sus conquistas continentales. Inglaterra rehusó abandonar El Cabo y Ceilán, tomados a Holanda; fue la ruptura. En Udine, las negociaciones volvieron a entablarse entre Bonaparte y Cobenzl, enviado del canciller austríaco Thugut.

El Tratado de Campoformio se firmó el 18 de octubre de 1797. De hecho, en Passariano, donde residía Bonaparte. A pesar de las instrucciones del Directorio, que llevaba consigo la cesión de la ribera derecha del Rhin y el restablecimiento de la república de Venecia, Bonaparte cedió a Austria, Istria, Dalmacia y las bocas de Cattaro, Venecia y la Tierra firme hasta Adige. Del antiguo dominio veneciano, Francia conservaba las islas Jónicas (Corfú, Zante y Cefalonia). Austria reconocía la República Cisalpina «como una potencia independiente», y renunciaba a Bélgica. En cuanto a la orilla izquierda del Rhin, por medio de artículos secretos, Austria consentía su anexión hasta el afluente del Nette (Palatinado, antiguos electorados de Tréveris y de Maguncia), es decir, con excepción de la región de Colonia, se comprometía, aparte del congreso previsto en Rasttat, entre Francia y el Imperio, «a emplear sus buenos oficios para que la República francesa obtenga esa frontera». Pese a su desagrado, el Directorio ratificó el tratado. ¿Cómo hubiera podido resistir? En un país fatigado, el gozo estalló con el anuncio de la paz. El Directorio hubo de inclinarse.

La nación revolucionaria, negando sus principios, se había convertido en una especie de «tratante de pueblos». Francia abandonó la alianza parisina por un acuerdo precario con Austria que, aunque vencida, nada perdía en Alemania ni en Italia, ya que intercambiaba la Lombardia por las posesiones venecianas. El «sistema italiano» de Bonaparte, aunque extraño a las tradiciones y voluntades de la nación, prevalecía sobre «el sistema renano» del Directorio. Bonaparte estaba ya metido en nuevos proyectos. Durante las negociaciones de Campoformio, declaraba en Coblenza al plenipotenciario austríaco: «La República francesa ve el Mediterráneo como su mar y quiere dominar en él». Al mismo tiempo empujaba al Directorio para que se apoderase de Malta: «Esta islita no tiene precio para nosotros».

La guerra estaba en germen en la política italiana, y los proyectos mediterráneos de Bonaparte, también. Así, pues, el hecho de recurrir al ejército el 18 de fructidor, había hecho aumentar su papel en la República. Cada vez más, la política directorial estaba a merced de las empresas de los generales.

CAPÍTULO III

EL SEGUNDO DIRECTORIO:
EL FIN DE LA REPÚBLICA BURGUESA
(1797-1799)

Después de fructidor y Campoformio, el Directorio generalizó, en el plano interno, el recurrir a los métodos autoritarios. Consiguió más eficacia, pues pudo hacer de este modo una labor administrativa de importancia que preparó la del Consulado. Pero la estabilización política parecía imposible. La base social del régimen continuaba siendo termidoriana. Mientras duró la paz continental, el sistema continuó manteniéndose, al precio de nuevas mermas, en la práctica liberal de la Constitución del año III. La formación de la segunda coalición y la continuación de la guerra produjeron la crisis final. El 18 de brumario conciliaba la restauración de la autoridad del Estado y el mantenimiento de la preponderancia social de la burguesía de los notables. Pero la operación exigió que se recurriese al ejército, y el Directorio perdió el poder político.

I

REPRESIÓN Y REFORMAS (1797-1798)

La organización gubernamental, aunque distinta después de fructidor, continuó caracterizándose por la misma inestabilidad que tenían los hombres y las instituciones. El personal gubernamental fue renovado en parte. En el Directorio, Carnot y Barthélemy fueron sustituidos por François de Neufchâteau, que fue solamente un buen administrador, y por Merlin de Douai, que poseía alguna inteligencia política. De los antiguos ministros sólo continuó Ramel. Los demás fueron mediocres, salvo el belga Lambrecht, que reemplazó a Merlin en Justicia. En realidad, la acción del Ejecutivo siempre se veía contrarrestada por las disposiciones liberales de la Constitución del año III. Continuaba sin tener un poder legal sobre los Consejos y la Tesorería. La dificultad se quiso obviar fortaleciendo el Ejecutivo, pero el procedimiento de revisión constitucional, demasiado complicado, exigía, según el artículo 338, nueve años. El problema continuaba existiendo; todo dependía de las elecciones anuales.

1. La política de excepción

El régimen de excepción, instituido después de fructidor, no es si no un pálido reflejo del régimen del año II, aunque se le hubiese calificado de Terror directorial. No existía el problema para la burguesía termidoriana de la dictadura económica que había establecido el Comité de Salud Pública, y la fuerza coactiva que caracterizaba al Gobierno revolucionario le faltó siempre al Directorio. El peligro, es cierto, era menor, la paz continental era un hecho y la contrarrevolución interior había degenerado en una especie de bandolerismo. Se crearon comisiones militares, como consecuencia de ciertos movimientos que siguieron al 18 de fructidor, como ocurrió en el Pont-Saint-Esprit, en Carpentras o en Montauban. La ley de 30 de nivoso, año VI (18 de enero de 1798) imponía la pena de muerte para los atentados cometidos por más de dos personas. La represión revestía un aspecto más policíaco que terrorista: registros domiciliarios, confinamientos y violación del secreto de la correspondencia, restricciones de la libertad de prensa, no por censura, sino mediante la supresión de un gran número de periódicos (16 al 27 de frimario, año VI, 17 de diciembre de 1797), vigilancia de teatros y depuración del personal administrativo. Los emigrados y los sacerdotes fueron objeto de una vigilancia especial, no mediante una legislación nueva, pero sí por la estricta aplicación de la existente.

Contra los emigrados bastaba utilizar el arsenal legislativo puesto de nuevo en vigor mediante la ley de 19 de fructidor. En el año VI las comisiones militares hicieron fusilar a 160 emigrados que habían retornado e incluso algunos, es cierto, habían tomado de nuevo las armas, como Surville, en Ardèche. A juicio de ciertos sectores se debía ir más lejos, así Sièyes, que a este respecto simboliza bien la burguesía revolucionaria encarnizada en arruinar tanto a la aristocracia como a la democracia, propuso la desaparición de todos los nobles. No fue seguida la idea, pero inspiró, no obstante, la ley de 9 de frimario, año VI (29 de noviembre de 1797), que reducía a los nobles a la condición de extranjeros:

«Los “ex” nobles y ennoblecidos del Antiguo Régimen no podrán usar los derechos de los ciudadanos franceses en las asambleas primarias municipales y electorales, ni ser nombrados para ninguna otra función pública sin antes haber cumplido las condiciones y plazos prescritos para los extranjeros, según el artículo 10 de la Constitución» [sobre la naturalización].

Aunque los reglamentos de aplicación de esta ley nunca se redactaron la intención no dejaba lugar a dudas.

La legislación de 1792 y 1793 continuó manteniéndose contra los sacerdotes, y la deportación a La Guayana, la «guillotina seca», fue tácitamente sustituida por la pena de muerte para los sacerdotes deportados que habían vuelto. Algunos, inscritos en las listas de emigrados, fueron fusilados por este solo hecho. El Directorio podía, por otra parte, deportar por decreto individual a todo sacerdote, aunque estuviese dentro de la ley, si rehusaba prestar el juramento de odio a la realeza, instituido el 19 de fructidor (5 de septiembre de 1797). Parece que murieron de 1700 a 1800 sacerdotes por causa de estas medidas; 263 fueron deportados a La Guayana; un millar de ellos permanecieron internados en la isla de Ré o en la de Oléron.

La política religiosa del Directorio, después del 18 de fructidor, fue violentamente anticlerical. El artículo 25 de la ley de 19 de fructidor estipulaba la estricta aplicación de la ley de 7 de vendimiario del año IV (29 de septiembre de 1795), sobre el ejercicio y libertad de cultos. Toda ceremonia pública, todo signo exterior de culto quedaban prohibidos. La observación de las «décadas» fue obligatoria, por ley de 17 de termidor, año VI (4 de agosto de 1798); la de 23 de fructidor (9 de septiembre de 1798) impuso el uso del calendario republicano, «grande y bella concepción del espíritu humano», conocido en este momento como Anuario de la República, tanto para los particulares como para los funcionarios. El decreto de 17 de pluvioso, año VI (5 de febrero de 1798), sometió a las escuelas privadas, esencialmente católicas, a la inspección de las administraciones municipales, «con objeto de comprobar si se observan las “décadas”, si celebran las fiestas republicanas y si se honra el nombre de ciudadano»; los derechos del hombre y de la Constitución debían ser «la base de la primera instrucción». Las fiestas decadarias y las fiestas nacionales instituidas por la Convención se celebraban de modo regular. Algunos hubieran querido ir más lejos aún y dotar a la República de una verdadera religión civil frente al Catolicismo. La mayoría directorial rehusó probar de nuevo la experiencia del culto del Ser supremo. La Revelliére protegió la Théophilanthrophié, que el librero Chemin había creado en enero de 1797, culto de Adoradores de Dios y de amigos de los hombres. La secta profesaba «los dogmas y la moral de todas las naciones de la tierra»; creía vincular, por medio de la religión, a todos los hombres a sus deberes domésticos y sociales. Aunque tuvo cierto éxito entre la burguesía republicana, no llegó jamás al pueblo, La Revillière fue acusada por la mayoría directorial de despertar el fanatismo.

El Directorio irritó finalmente a la masa de creyentes. Pero contuvo la oposición religiosa, la de los refractarios y, sobre todo, la de quienes rehusaron prestar el juramento de odio a la realeza. Las normas de excepción le permitieron reducir durante algún tiempo la contrarrevolución. Los jacobinos se aprovecharon de la coyuntura; el Directorio se preparó para volverse contra ellos.

2. El 22 de floreal, año VI (11 de mayo de 1798), y la represión antijacobina

La preparación de las elecciones del año VI pronto fue una de las preocupaciones esenciales_del Directorio, después del 18 de fructidor. Las exclusiones se agregaron al tercio que salía de los Consejos; 473 diputados serían renovados, entre ellos, la segunda mitad, perpetuos; la empresa era arriesgada. El régimen se apoyó en la ley de 12 de pluvioso, año VI (31 de enero de 1798), que confiaba a los Consejos en funciones la verificación de los poderes de los nuevos elegidos; es decir, su depuración. Pronto se vio, sin embargo, que el peligro para el régimen venía menos de la oposición realista, intimidada y desorganizada por la represión fructidoriana que de la oposición de izquierdas.

La propaganda neojacobina había aumentado después del 18 de fructidor, especialmente por medio de los círculos constitucionales a los que fueron favorables los numerosos comisarios y administradores que se habían nombrado para reemplazar a los depurados. Presintiendo el peligro, el Directorio explotó el sentimiento del miedo social contra los neojacobinos, bautizados como terroristas por una serie de circunstancias. Se trataba de aplastar por adelantado toda tentativa democrática. El 9 de ventoso (27 de febrero de 1798), en el círculo constitucional del Palais-Egalité, conocido con el nombre de Club de Salm, Benjamín Constant pronunció un discurso gubernamental desarrollando cuatro puntos: «El miedo al terrorismo, los peligros de lo arbitrario, el desprecio que merece el realismo, y, por último, la necesidad de preparar unas elecciones que puedan asegurar la República» entendiendo como tal la del año III, basada sobre la propiedad que «todas las medidas de los legisladores debían tender a mantener, consolidar y rodear de una sagrada barrera».

En sus manifiestos a los franceses, con ocasión de las elecciones (28 pluvioso-16 de febrero de 1798), en las asambleas primarias (9 ventoso al 27 de febrero), a los electores (4 de germinal al 24 de marzo), el Directorio desarrolló los mismos argumentos denunciando el doble peligro, «las dos ramas» de la oposición, y dando como consigna: «¡Ni temor ni reacción; ni realeza ni dictadura!». Bajo el pretexto de jacobinismo y de exageración, el Directorio, a pesar de las advertencias de Barras contra las funestas consecuencias de una división entre los republicanos, creía desembarazarse de la oposición robusteciendo su autoridad.

Las elecciones del año VI, cuidadosamente preparadas por el Gobierno que multiplicó las presiones administrativas, estuvieron jalonadas por numerosas escisiones en las asambleas electorales, suscitadas por Merlin, que permitieron al Directorio hacer valer aquello que le placía. En París, mientras que la asamblea electoral, en su mayoría de izquierdas, estaba en el Oratorio, una asamblea de inspiración gubernamental formada por 212 electores separados de los 609 de que se componía, se instalaba en el Instituto. Los nuevos elegidos de nada tenían que asustarse ante la burguesía, pero el Directorio deseaba tener una mayoría dócil. Los partidarios del Directorio, en los Consejos, apoyaron a los elegidos de las asambleas escisionarias y pidieron su validez. Régnier, en los Ancianos, el 8 de floreal (27 de abril de 1798) decía: «Es preciso, para tranquilizar a Francia contra el miedo que la domina, de que vuelvan todos los horrores revolucionarios, que declaréis que los realistas con gorro rojo no son menos peligrosos que los realistas con escarapela blanca, y que no entrarán aquí más que después de haber pasado por encima de vuestros cadáveres». En los Quinientos, el 18 de floreal (7 de mayo), Chénier denunciaba a «la facción realista y a la facción anarquista». De acuerdo con el Directorio, la mayoría de los Quinientos adoptó la lista de los nuevos elegidos que había que excluir, a pesar de la protesta del general Jourdan. Los Ancianos se sometieron.

La ley de 22 de floreal, año VI (11 de mayo de 1798), que denunciaba una «conspiración dividida en dos ramas», revisó las elecciones en ocho departamentos en los que no había habido escisión; hizo valer a los elegidos de las asambleas separadas en diecinueve departamentos, y desechó a sesenta elegidos, jueces o administradores; en conjunto, 106 diputados fueron florealizados. Por el contrario, entraron 191 candidatos gubernamentales en los Consejos; 85 comisarios y funcionarios fueron nombrados por el Directorio; 106 jueces y administradores resultaban teóricamente elegidos, pero bastantes de ellos habían sido nombrados por el Gobierno. El partido directorial disponía así de la mayoría en los Consejos, pero el Régimen se había desacreditado un poco más por sus procedimientos de violencia hipócrita. El prestigio gubernamental no aumentó con el nombramiento de Treilhard, sustituyendo a François de Neufchâteau, cuando la renovación directorial del 27 de floreal (16 de mayo de 1798). Abogado, antiguo constituyente, convencional regicida, el nuevo director era un hombre de segunda línea y, para colmo, un político desgraciado. El Ejecutivo se fortaleció durante algún tiempo. Pudo continuar la obra de reforma que habían comenzado al día siguiente de fructidor.

3. Las reformas del segundo Directorio

Durante un año aproximadamente, de floreal, año VI, a las elecciones de germinal, año VII, de la primavera de 1798 a la de 1799, el Directorio volvió a conseguir un cierto equilibrio y fuerza. Los Consejos depurados no ofrecían oposición. En esta atmósfera política comenzó la reorganización económica y financiera de Francia, dedicándose a ella dos ministros, en especial Ramel, de Finanzas, y François de Naufchâteau, del Interior. Esta obra, duradera especialmente en materia administrativa, preparó las reformas de Bonaparte: las leyes de los años VI y VII pusieron los fundamentos de las instituciones consulares.

El reajuste financiero y la reforma fiscal se empezaron después de fructidor.

La bancarrota de los dos tercios o liquidación Ramel, quedó consagrada por la ley de Finanzas de 9 de vendimiario, año VI (30 de septiembre de 1797), para la deuda inscrita en el Gran Libro de Cuentas por la ley de 24 de frimario (14 de diciembre de 1797) para los créditos atrasados del Estado. Una tercera parte quedó consolidada por inscripción en el Gran Libro; los atrasos no fueron pagados en numerario, sino por medio de bonos al portador, llamados bonos del tercio consolidado, que no podía servir más que como pago de las contribuciones o de la parte exigible en el numerario del precio de los bienes nacionales. El tercio consolidado estaba libre de toda contribución. Los dos tercios movilizados se reembolsaban en bonos al portador expedidos por la Tesorería nacional, que se admitían para pagar el sobreprecio de los bienes nacionales. El presupuesto quedó así aligerado en más de 160 millones que representaban el interés de los dos tercios reembolsados. La bancarrota saneaba la situación; de ello aprovechóse el Consulado que liquidó el pasado con una reforma suplementaria. En marzo de 1801, en efecto, los bonos de los dos tercios se cambiaron contra las inscripciones de renta a un 5 por 100 a razón del 0,25 por 100 del capital, aunque con un 95 por 100 de pérdida sobre el valor nominal del año VI.

La reorganización fiscal tendía a equilibrar el presupuesto con ingresos más regulares y de más monta.

La administración de las contribuciones directas quedó reformada y abandonados los principios aceptados en la materia desde 1789. Los constituyentes confiaron únicamente a las autoridades elegidas el cuidado de reajustar las bases de las contribuciones directas y de percibir la suma. La ley de 22 de brumario, año VI (12 de noviembre de 1797) estableció en cada departamento, bajo la autoridad del ministro de Finanzas, una agencia de contribuciones directas compuesta por comisarios del Directorio, funcionarios encargados del tributo y de su percepción. Esta ley prefiguraba la organización establecida por Bonaparte en el año VIII.

El sistema de contribuciones quedó refundido. La ley de 4 de frimario, año VII (24 de noviembre de 1798) instituyó un nuevo impuesto directo sobre las puertas y ventanas, una especie de impuesto general sobre la renta valorada según la importancia aparente de los locales habitados. Durante el otoño de 1798 fueron reorganizados los diversos impuestos existentes: patente, en octubre; contribución territorial, en noviembre; contribución mobiliaria, en diciembre. Se volvió tímidamente a los impuestos indirectos. Si el impuesto sobre la sal, aceptado por los Quinientos, fue rechazado por los Ancianos, la tasa sobre el tabaco importado aumentó ligeramente. Una tasa sobre las carreteras, llamada de derecho de paso, y un impuesto de un 10 por 100 sobre el precio de los asientos de los vehículos públicos. El derecho de timbre fue aumentado y se extendió también a los periódicos y anuncios. El arbitrio se restableció en París por la ley de 27 de vendimiario, año VII (18 de octubre de 1798), con el fin de asegurar el sostenimiento de la asistencia pública. La ley de 22 de frimario, año VII (12 de diciembre de 1798), reorganizó el registro. Esta obra resultó eficaz, y lo esencial de las leyes fiscales permanecería en vigor hasta nuestros días.

Sin embargo, el déficit subsistía. En el año VI se valoró en 250 millones. Ramel lo valoró en 66 millones para el año VII. Fue necesario recurrir a los expedientes habituales: venta de bienes nacionales, préstamos, expoliación de los países ocupados (la expedición de Egipto fue, en parte, financiada por el Fisco de Berna). El Directorio continuaba estando a merced de los financieros, los proveedores y de quienes negociaban el dinero, más exigentes que nunca. La corrupción aumentó, especialmente en los asuntos de guerra, en tomo al ministro Schérer. El mal era profundo; ni siquiera el régimen autoritario de Bonaparte consiguió remediarlo.

Las dificultades económicas anulaban en parte los esfuerzos meritorios del Gobierno. La deflación llevaba consigo la carestía del crédito y la baja de precios que frenaba a su vez el auge económico. El numerario en circulación continuaba siendo raro, la poca liquidez lo enrarecía más todavía. En el año IX, bajo el Consulado, no circulaban aproximadamente más que unos mil millones en lugar de dos y medio como en 1789.

El crédito era caro, la tasa habitual del interés era por lo menos de un 10 por 100 a corto plazo y de un 7 por 100 por mes. La estructura bancaria era insuficiente, a pesar de la creación, en 1796, de la Caja de Cuentas Corrientes, por Perregaux y Récamier y, en 1797, de la Caja de Descuento Comercial, e incluso de algunos Bancos en los departamentos, como en Ruán, instituciones que practicaban sobre todo el descuento en beneficio de sus accionistas.

La baja de precios se producía por la deflación, agravada por las cosechas abundantes, de 1796 a 1798. Los precios agrícolas eran generalmente inferiores aproximadamente en una cuarta parte o una tercera parte de los de 1790, año también de abundancia. El problema de las subsistencias perdió su carácter agudo, el pan bajaba a dos céntimos la libra y la paz social se benefició de ello. Pero el descontento crecía entre los productores agrícolas, grandes propietarios, los granjeros importantes, generalmente electores. La popularidad del Régimen estuvo otra vez amenazada.

La industria, como de ordinario, se resentía de la crisis agrícola. Se rehacía con dificultad de los resultados de la guerra, se adaptaba con esfuerzo a la ampliación de las fronteras. En el año VI, los hilanderos de la lana, de Lila, no empleaban más que 60 obreros en lugar de 360 como en 1788, y se quejaban de la competencia de los paños de Limburgo, de Veviers, d’Aix-la-Chapelle, países ocupados o anexionados recientemente. Los bajos precios agrícolas reducían el poder de compra de las masas rurales, restringían el mercado. La falta de créditos frustraba el espíritu de empresa; el mal estado de las carreteras, la inseguridad, perturbaban el comercio interior.

El comercio exterior estaba paralizado. En 1797, la flota mercante de gran recorrido había quedado reducida a la décima parte de sus unidades comparándola con 1789; el comercio de las Islas había muerto. Levante se cerró con la expedición de Egipto. Las exportaciones bajaron en el año VIII, a pesar de las anexiones, a la mitad aproximadamente respecto de su nivel en 1789. Mientras que las mercancías inglesas invadían Alemania, los industriales, los algodoneros, sobre todo, eran enemigos de crear un mercado que abarcase a los países satélites. Continuaban fieles al proteccionismo y hubieran mantenido con gusto, respecto de las repúblicas hermanas, el sistema colonial exclusivo. La tarifa aduanera de 9 de floreal, año VII (28 de abril de 1799), volvió, agravándolos, a los criterios de 1791: derechos de entrada sobre los objetos fabricados, las mercancías de lujo o las que se producían en Francia; derechos, a la salida, sobre las materias primas. Esta tarifa debía servir de base a la política aduanera del Consulado.

La obra económica del Directorio, cuyo promotor principal fue François de Neufchâteau, no podía en esas condiciones hacer otra cosa que trabajar dentro de límites muy estrechos. La actividad del ministro del Interior se multiplicó, pero tenía que aconsejar antes que mandar. Partidario de una agricultura nueva y, por tanto, de la abolición del pasto común de las dehesas libres y de la división de los bienes comunales, tuvo que limitarse a multiplicar las circulares y a fomentar la producción. Para estimular la industria organizó, en el otoño de 1798, en el Champ-de-Mars, la primera exposición nacional, que obtuvo un gran éxito. Hizo que se comenzase un censo metódico de la población, una encuesta agrícola, multiplicó las escuelas centrales, reorganizó la asistencia pública, creando en cada municipio una oficina de beneficencia. Los resultados fueron cortos. La producción industrial continuó siendo inferior a la de 1789, y muy lentos los progresos técnicos que se manifestaron, sobre todo, en la industria algodonera. La industria de la lana y la metalúrgica se estancaron. La concentración capitalista continuaba siendo esencialmente comercial. Los grandes empresarios, como Boyer-Fonfrède, Richard y Lenoir, Ternaux, o como Chantal, Oberkampf, más antiguos, eran siempre capitalistas del tipo antiguo, que hacían trabajar a domicilio más que en la fábrica, añadiendo a la fabricación numerosas actividades comerciales y bancarias. Francia continuaba siendo rural, y la masa de la producción, agrícola. A pesar de la proclama de la libertad de cercar y cultivar, la agricultura antigua se mantenía; los nuevos cultivos, patatas, plantas forrajeras… no progresaban sino lentamente.

La debilidad de la economía bajo el Directorio da idea, en gran parte, de sus dificultades políticas. La economía dirigida y la limitación del beneficio, como en el año II, quedaban excluidas; sólo se podían sostener bien el régimen y los ejércitos en los países conquistados. Cuando la derrota les llevó en el año VI al suelo nacional, el Directorio tuvo que aumentar la carga que pesaba sobre los contribuyentes. Su impopularidad se hizo aún mayor. El problema político pasó de nuevo al primer plano.

II

EL SEGUNDO DIRECTORIO Y EUROPA (1797-1798)

Después de Campoformio, sólo Inglaterra se mantenía en batalla frente a Francia. Parecía necesario sostener la paz continental difícilmente restaurada con el fin de aguantar la lucha contra Inglaterra. El Directorio se comprometió, no obstante, en una política de expansión continental que arruinó rápidamente todas las esperanzas de estabilización exterior. Es más, se dejó arrastrar en la expedición a Egipto que extendió el conflicto al Mediterráneo. Esta política aventurera comprometió definitivamente el esfuerzo interior de reforma.

1. La lucha contra Inglaterra

El Directorio decidió el 5 de brumario, año VI (26 de octubre de 1797), la creación de un ejército de Inglaterra, bajo las órdenes de Bonaparte. Relató las penalidades de Francia, en su proclama de 1 de frimario (21 de noviembre), estigmatizó el gabinete de Saint-James, «el más corruptor y corrompido de los Gobiernos de Europa». Subrayaba que los intereses económicos en juego, marítimos y coloniales, especialmente le hacían a dicho gabinete desear la guerra, pues la guerra le enriquecía. Recordaba la conquista de las colonias francesas y aliadas. Guadalupe había sido reconquistada desde 1794 por Víctor Hugues; pero La Martinica, Santa Lucía y Tobago se habían perdido. En Santo Domingo, aunque Toussaint-Louverture había expulsado a los ingleses, la autoridad del Directorio era puramente nominal. La Trinidad española y La Guayana holandesa habían sido ocupadas por los ingleses, que se habían instalado en Ceylan y en El Cabo. El comercio colonial francés estaba arruinado, la navegación comercial había quedado reducida a nada por el bloqueo británico; la Marina de guerra, impotente. El manifiesto estigmatizaba a la pérfida Albión, «que acumula en sus tesoros las lágrimas y la sangre de los pueblos, engordando con sus despojos». Los insultos políticos no eran menores; el Directorio recordaba el oro inglés que financiaba la coalición, Tolón, Quiberon y la Vendée… «Que el ejército de Inglaterra dicte la paz a Londres». Aproximadamente unos 50 000 hombres fueron concentrados en Brest.

La lucha franco-inglesa presentó un carácter esencialmente económico. El bloqueo hasta ese momento había sido concebido de una manera mercantilista, en un sentido favorable a los intereses de los industriales y se hizo más estricto. La necesidad de exportar y de procurar materias primas a las industrias francesas, el algodón especialmente, había producido alguna debilidad en cuanto a la aplicación de la legislación, a pesar del mantenimiento teórico de la prohibición de las mercancías inglesas decretado el 1 de marzo de 1793 por la Convención. Ahora se afirmaba una concepción más belicosa del bloqueo, concibiéndolo como un medio para llevar a Inglaterra a la bancarrota y la capitulación, impidiéndole exportar. El 10 de brumario, año V (31 de octubre de 1796), una ley ordenaba que se apoderasen de todo navio que llevase mercancías inglesas que habían sido últimamente prohibidas, especialmente productos textiles y quincallería. Una vez más fue preciso tener en cuenta los intereses, tanto de los fabricantes como de los neutrales. Pero después del 18 de fructidor, todo oportunismo parecía haber desaparecido; la ley de 29 de nivoso, año VI (18 de enero de 1798), declaraba buena presa aquellos navíos neutrales que hubiesen pasado el control inglés o que transportasen mercancías inglesas. El corso con fines económicos multiplicóse, pero los neutrales desertaron de los puertos franceses; las relaciones con los Estados Unidos se hicieron más suaves, mientras que los industriales, partidarios de la prohibición de los productos fabriles, protestaban por la falta de materias primas, y los consumidores que estaban en buena posición se quejaban de la desaparición de las mercancías coloniales.

La resistencia inglesa, frente a la amenaza francesa, se endureció. El miedo a la invasión excitó el sentimiento nacional. El Gobierno de Pitt procuróse recursos para reforzar la hacienda, especialmente el establecimiento del impuesto sobre la renta para 1799, a razón de un 10 por 100 de la renta que pasase de 200 libras. El esfuerzo militar continuó y los compromisos suscitados por las primas aumentaron; pero toda expedición continental importante continuaba prohibida por falta de efectivos suficientes; el servicio no era obligatorio. La flota continuaba siendo el fundamento de la potencia británica, asegurando el dominio de los mares y el monopolio del comercio colonial. Permitía tener en jaque cualquier tentativa francesa de desembarco. La flota holandesa quedó derrotada, una escuadra española deshecha en el cabo San Vicente el 14 de febrero de 1797 y el puerto de Cádiz bloqueado. La escuadra de Nelson penetró en el Mediterráneo, mientras que la escuadra francesa de Brueys era incapaz de salir para reunirse en Brest.

El proyecto de desembarco en Inglaterra fue abandonado, según informe de Bonaparte, en ventoso (finales de febrero de 1798). Siempre con su obsesión oriental, se preparaba para la expedición a Egipto, mientras que el Directorio ponía, poco a poco, la mano sobre Europa occidental: empresas que anudaron contra Francia la segunda coalición.

2. La gran nación y las repúblicas hermanas

La política de expansión del Directorio, al día siguiente de Campoformio, no tardó en inquietar a las potencias, a Austria en primer lugar. La expansión se caracterizó por una serie de factores múltiples de tipo ideológico, político y económico. El ardor revolucionario que se despertó después del 18 de fructidor dio un nuevo impulso a la propaganda: una vez más se trataba de llevar la libertad a los pueblos sometidos al yugo de la aristocracia y del despotismo. La gran nación se rodeó de repúblicas hermanas. Estados satélites políticamente sometidos, económicamente explotados. La lucha contra Inglaterra favorecía también la política de expansión. Era preciso quitarle el mercado continental, acabar con el contrabando, controlando los puertos y los pasos principales. En 1798, la libre ciudad del Mulhouse quedó anexionada; Ginebra se convirtió en el lugar principal del departamento de Lemán.

La República Bátava fue reorganizada después del 18 de fructidor, por levantamiento del mismo tipo fraguado el 22 de enero de 1798, por Delacroix, representante de Francia en La Haya, Daendels, general en jefe del ejército bátavo, y Joubert, comandante de las tropas de ocupación. Un régimen unitario fue el que se instauró. Se impuso un juramento a los funcionarios de «odio al estatuderato, al federalismo y a la anarquía». Pero después del 22 de floreal, los demócratas unitarios fueron denunciados como anarquistas, el Gobierno fue depurado y los notables volvieron a imperar.

La República helvética reemplazó a la antigua Confederación de cantones independientes dominados por los patricios burgueses. Los patriotas suizos, como Bâlois Ochs o Vaudois Laharpe, deseaban a la vez poner fin al sistema oligárquico y crear una república unitaria. Como consecuencia de intrigas en las que Bonaparte intervino (anexionó Valteline a Lombardia y deseaba asegurar las comunicaciones entre Cisalpina y Francia, por el Valais), el país Vaud fue ocupado. En la noche del 13 al 14 de febrero de 1798 las tropas de Brune marcharon sobre Berna, cuyo tesoro fue robado. Una Constitución directorial fue aceptada por una asamblea que se reunió en Aarau. Pero fue necesario reducir los cantones montañeros rebeldes, Schwytz, Uri y Unterwald. Para poner fin a las resistencias, el comisario del Directorio en el ejército de Helvecia, Rapinat, dio un golpe de Estado por propia autoridad el 16 de junio de 1798. Ochs y Laharpe fueron elegidos en el Directorio helvético, lo que llevó consigo el robustecimiento del partido democrático.

La República Cisalpina viose imponer, el 21 de febrero de 1798, un Tratado de alianza y un Acuerdo comercial: continuaba ocupada, a sus expensas, por un cuerpo de 25 000 hombres. El Directorio, para obtener la ratificación, tuvo que intervenir y depurar los Consejos cisalpinos. Sus instrucciones a Trouvé, ministro plenipotenciario enviado a Milán en junio de 1798, aclaran la política de sometimiento en la que el Directorio creía tener a las repúblicas hermanas; la Cisalpina debía limitarse a «servir los intereses exclusivos de la República francesa y ayudar para llegar a ser en la península entera el árbitro de todas las discusiones políticas: es preciso que llegue a ser lo suficientemente poderosa para que nos sea útil y que no llegue a serlo tanto que nos perjudique». Se debía mantener a las autoridades cisalpinas en «el sentimiento de su debilidad y de su inferioridad». El Directorio era especialmente hostil a los jacobinos, y partidarios de la unidad italiana, que dirigían la Cisalpina; una Italia republicana segura, pero dividida, convenía más a su política.

La República romana fue creada como consecuencia de un motín que se había promovido el 28 de diciembre de 1797 por los patriotas italianos, pero que sirvió para beneficiar a sus adversarios. La emprendieron con los franceses responsables, asesinando al general Duphot. Berthier, comandante del ejército de Italia, marchó sobre Roma, donde los revolucionarios habían proclamado la república. El Papa se fue a Siena. Una comisión civil, en la que figuraban Daunou y Monge, impuso una constitución directorial. Masséna reemplazó a Berthier, y la República romana cayó en el pillaje de los proveedores y de los generales.

El Piamonte salvó su independencia, a pesar de un intento revolucionario duramente reprimido en 1797 y a pesar de los movimientos de los patriotas cisalpinos. Después del 18 de fructidor, el rey de Sardaña ratificó un tratado de alianza. El 27 de junio de 1798, y en favor de las perturbaciones producidas por los revolucionarios, el representante del Directorio le impuso un convenio, lo que permitió a las tropas francesas que ocupasen Turín.

El Congreso de Rastatt, previsto en Campoformio para regular el futuro de la orilla izquierda del Rhin, se abría el 16 de noviembre de 1797. La dominación francesa se había asentado sólidamente en la Bélgica anteriormente austríaca, en el antiguo obispado de Lieja y en los territorios holandeses anexionados, divididos en nueve departamentos, en donde la legislación revolucionaria francesa estaba vigente. En Renania los territorios ocupados habían sido organizados en cuatro departamentos. Tolerando la expansión francesa, el canciller austríaco Thugut esperaba la contrapartida. Treilhard, el enviado francés, reclamó la totalidad de la orilla izquierda del Rhin, comprendida la región de Colonia, aceptándolo en principio la Dieta germánica en 9 de marzo de 1798. El plenipotenciario austríaco, Cobenzl, reclamó inmediatamente una compensación; Treilhard rehusó. En abril, en Viena, unos amotinados atacaron la embajada francesa, en donde se había izado la bandera tricolor. Se temía la ruptura. El 22 de floreal confirma esta idea: El Directorio perseguía a la izquierda y en las repúblicas hermanas rompía con los jacobinos. En Italia particularmente se buscó enemigos comprometiendo cada vez más los intereses de Francia. No obstante la reacción antijacobina no podía por sí sola reconciliarle con Austria; negándose a las compensaciones en Italia, terreno vedado, el Directorio lo empujaba poco a poco hacia Inglaterra, precisamente cuando la expedición a Egipto levantaba contra la república nuevos enemigos.

3. La aventura egipcia (1798)

Hay que buscar los orígenes de la expedición de Egipto, hasta cierto punto, en el «sueño oriental» de Bonaparte, preocupado, desde Campoformio, en asegurar a Francia la posesión de las islas Jónicas. El Directorio aún no se había asustado bastante, la víspera de las elecciones del año VI, para desembarazarse de un general enigmático en sus proyectos, cuya ambición fuese temible. Egipto, dependencia nominal del sultán, no era para Francia un país desconocido. Los negociantes marselleses mantenían relaciones comerciales muy antiguas. Desde 1796, el cónsul francés en El Cairo, Magallon, había aconsejado ya la ocupación, considerándolo una empresa fácil. Se abrió paso la idea de sustituir con Egipto la pérdida de las Antillas. Este tema lo desarrolló Talleyrand en su discurso en el Instituto, el 15 de mesidor, año V (3 de julio de 1797): «Un ensayo sobre las ventajas de obtener nuevas colonias en las presentes circunstancias». El papel de Talleyrand, en esta cuestión, no deja de ser menos impenetrable. Partidario de un acuerdo con Inglaterra, no podía escapársele que la conquista de Egipto inquietaría a esta potencia para la seguridad de la ruta hacia la India, y levantaría a Turquía contra Francia. ¿Era un deseo de ofrecer a la gloria de su amigo Bonaparte un nuevo alimento? ¿O bien la voluntad de «favorecer a sus amigos ingleses», según una carta de su amante, madame Grant, desviando hacia un objetivo más lejano la amenaza del ejército contra Inglaterra? El 9 de termidor, año V (16 de agosto de 1797), Bonaparte hablaba ya de la utilidad de ocupar Egipto: «No está tan lejano el momento en que se vea que para destruir verdaderamente a Inglaterra es preciso apoderarse de Egipto». El 5 de ventoso, año VI (23 de febrero de 1798), Bonaparte enviaba a Barras un proyecto que el Directorio aprobaba el 15 (5 de marzo).

Los preparativos de la expedición se llevaron con extrema rapidez y con el mayor secreto. En dos meses, una escuadra de 55 navíos y una flota de 284 transportes se concentró en Tolón; el cuerpo expedicionario contaba con 54 000 hombres, de ellos 38 000 de tropa. Bonaparte llevaba un estado mayor numeroso y una comisión de 187 sabios, escritores y artistas.

La expedición de Egipto se hizo a la vela el 30 de floreal, año VI (19 de mayo de 1798). El 6 de junio la flota estaba ante Malta, que cayó sin lucha alguna. Escapando de Nelson llegó a Alejandría, tomada al asalto el 2 de julio. El ejército marchó directamente hacia El Cairo. Egipto estaba bajo el gobierno teórico de los gobernadores, dominados por la milicia de los Mamelucos que explotaban el país. El 21 de julio, al pie de las pirámides, su caballería se deshizo contra la infantería francesa formada en cuadro, pero por carecer de tropas de montaña, Bonaparte no pudo perseguirles. El 23 de julio entraba en El Cairo. Pero el 1 de agosto de 1798 la flota inglesa de Nelson sorprendió a la flota francesa de Brueys en el fondeadero cerca de Abukir, destrozándola; dos barcos sólo fueron los que escaparon. De un solo golpe Inglaterra era dueña del Mediterráneo, y Bonaparte prisionero de su conquista.

La aventura egipcia señaló, al igual que las empresas italianas de Bonaparte, un cambio en la historia de Francia revolucionaria. Esta expedición que llevaba tan lejos a las mejores tropas de la República, mientras la lucha contra Inglaterra continuaba y la paz continental era incierta, no iba de acuerdo con los intereses de la nación. Hasta ese momento Francia revolucionaria se había desinteresado de los asuntos de Oriente. Inglaterra, que se creía dueña de la ruta de Indias desde la ocupación de El Cabo en 1796, descubrió la importancia de la ruta de Suez. Turquía, después Rusia, se inquietaron a su vez. Así se anudó la alianza de esas tres potencias, primer jalón en la formación de la segunda coalición.

4. La segunda coalición (1798-1799)

La formación de la segunda coalición (abril-diciembre de 1798) constituyó la respuesta de Europa a la política invasora del Directorio. Durante varios meses Inglaterra trabajó para lograr que Francia tuviese un nuevo enemigo continental, sin el cual no podía dar los golpes decisivos. Los asuntos de Oriente y de Italia le dieron el motivo.

El asunto de Egipto aproximó a Rusia y Turquía a Inglaterra. Turquía había declarado la guerra a Francia el 9 de septiembre de 1798. En Rusia, Pablo I, un medio loco, sucedía a Catalina II. Lleno de odio hacia la Revolución, acogió al pretendiente Luis XVIII y lo instaló en Mitau. Sobre todo volvió a la política de expansión hacia el Mediterráneo. La lucha contra Francia le permitió entenderse con Turquía. Esta última, por medio del Tratado de 23 de diciembre de 1798, le abrió sus puertos y los estrechos. Penetró en el Mediterráneo una flota rusa apoderándose de las islas Jónicas. El 29 de diciembre de 1798 se llevaba a cabo una alianza entre Inglaterra, Nápoles y Rusia, comprometiéndose a intervenir en Italia.

El asunto de Roma había iniciado de nuevo la guerra en la península. Estimulados por Nelson, los soberanos de Nápoles, Fernando III, y aún más María Carolina, completamente bajo la influencia inglesa, se enfrentaron a la República romana. El 26 de noviembre de 1798, dirigidas por el general austríaco Mack, las tropas napolitanas se apoderaron de Roma. El Directorio contestó en principio, ocupando Piamonte, cuyo rey fue tratado como cómplice. Después Championnet, tomando la ofensiva, liberó a Roma, apoderándose de Nápoles el 23 de enero de 1799. El rey y la reina pasaron a Sicilia en barcos ingleses. El país fue saqueado. A pesar de las instrucciones del Directorio, que pretendía tener una prenda para futuras negociaciones, Championnet creó una República partenopea. Mientras Prusia se mantenía neutral, Austria, después de haber vacilado, decidióse viendo a los rusos dispuestos a intervenir en Italia. Concedió que pasaran a través de su territorio y con este motivo el Directorio declaró la guerra a Austria el 22 de ventoso, año VII (12 de marzo de 1799). Hizo que se ocupase inmediatamente Toscana y que el Papa Pío VI se trasladase a Valence.

La segunda coalición fue aumentada por la adhesión, en octubre de 1799, de Gustavo IV de Suecia. Entre Austria e Inglaterra no hubo, sin embargo, tratado alguno. Las potencias estaban de acuerdo para rechazar a Francia a sus antiguos límites, pero su acuerdo no iba más lejos; los intereses de Inglaterra y de Rusia se oponían en el Mediterráneo, así como los de Austria y Rusia, en Italia. Una vez más, Inglaterra financió la coalición con un gran esfuerzo, y al tiempo que la agitación obrera iba creciendo (la Combination act, que prohibía las huelgas, tiene fecha 12 de julio de 1799). Los rusos pusieron en pie de combate a 80 000 hombres, de modo que la superioridad numérica pasó a la coalición. Extendiéndose progresivamente, la guerra se hizo general en la primavera de 1799.

El atentado de Rasttat, el 28 de abril de 1799, subrayó el carácter implacable de la guerra que volvía a empezar: la de la Europa aristocrática contra la nación revolucionaria. Durante la noche, cuando abandonaban el Congreso, los plenipotenciarios franceses sufrieron los golpes de los sables de los húsares austríacos; dos, de los tres, perecieron. Según Sièyes, «el rebato a la exterminación francesa» sonaba en las capitales monárquicas. El Directorio no tuvo mucho trabajo para levantar la cólera.

«No es tan sólo la causa de la libertad lo que hay que defender, proclamaba el 17 de floreal, año VII (6 de mayo de 1799), sino la causa de la Humanidad misma».

La guerra volvió a tener otra vez un carácter revolucionario.

III

LA ULTIMA CRISIS REVOLUCIONARIA (1799)

La paz continental después de Campoformio dio al Directorio fortalecido una cierta estabilidad. La vuelta a la guerra y las consecuencias de la campaña de 1799 pusieron el equilibrio del Régimen en peligro. Del impulso jacobino, con su reacción moderada, se pasó al pronunciamiento militar de brumario, año VIII.

1. El ejército en el año VII y la campaña la primavera de 1799

El Ejército en el año VII conoció dificultades tan grandes como en 1793, antes del esfuerzo bélico del Comité de Salud Pública. Pero volvió a tener parte del carácter popular que iba perdiendo. Para resolver el problema de los efectivos, el Directorio había vuelto, en efecto, al principio de la leva en masa. El servicio militar obligatorio de veinte a veinticinco años se constituyó permanente por la ley Jourdan del 19 de fructidor, año VI (5 de septiembre de 1798), que instituía las quintas. La obligación, sin embargo, no incluía necesariamente el servicio. El cuerpo legislativo, juez de las circunstancias, tenía el derecho de no llamar más que el número necesario para completar o aumentar los efectivos. La ley regulaba democráticamente el ascenso:

«Ningún ciudadano francés podrá ser propuesto para el grado de oficial si no ha servido tres años en calidad de soldado o de suboficial, excepto en el caso de haber servido en el batallón de ingenieros o en artillería y también por acciones brillantes en el campo de batalla».

El 3 de vendimiario, año VII (24 de septiembre de 1798), se llamó a filas a 200 000 quintos. Después he hicieron llamadas sucesivas hasta la ley de 10 de mesidor (28 de junio de 1799), que puso en actividad las cinco quintas íntegramente.

El sistema de substitución de reclutas previsto por la ley de 28 de germinal, año VII (17 de abril de 1799), quedó suprimido el 14 de mesidor siguiente (2 de julio).

El control de las quintas no dejó de tener dificultades, especialmente por carecer de un censo civil adecuado y por las deserciones. Hubo una disminución grande. De los 200 000 hombres llamados a filas el 3 de vendimiario, sólo fueron reconocidos aptos 143 000; 97 000 se presentaron en los cuarteles, y 74 000 se reunieron, por último, con sus unidades. El Ejército del año VII no tuvo, como el año II, la superioridad numérica sobre el enemigo. Fue incluso imposible equiparle convenientemente, a pesar de que se pusieron en venta 125 millones de bienes nacionales. Esfuerzo tardío e insuficiente. Los soldados del año VII, acampados en los Estados satélites, desde hacía bastante tiempo explotados, conocieron el mismo final que los del año III. Pero las quintas amalgamaban los veteranos y los bisoños, es decir, los quintos que estaban en servicio desde 1793 y que pretendían transformarse en soldados de oficio; así el Ejército del año VII volvió a hallar en parte el impulso popular que había caracterizado al del año II.

La guerra de 1799 fue esencialmente continental. Los ingleses eran dueños del mar desde Abukir; la expedición de Irlanda, dirigida por el general Humbert, no había constituido, en agosto de 1798, más que un intento sin futuro. En tierra las operaciones se proyectaban lentamente. El plan de campaña para la primavera de 1799 preveía tres ejércitos con efectivos reducidos para lograr Holanda, el Rhin y Nápoles. El ejército del Danubio, 45 000 hombres a las órdenes de Jourdan, marcharía sobre Viena por Alemania del sur; el de Italia, 45 000 hombres a las órdenes de Schérer, vía Venecia y Carintia. En el centro, el ejército de Helvecia, mandado por Masséna, aseguraría las comunicaciones, amenazaría el Tyrol y constituiría una masa de maniobra. Los austríacos adoptaron un dispositivo parecido: 75 000 hombres bajo el archiduque Carlos de Baviera, 60 000 hombres bajo Kray en Venecia, 20 000 en Tyrol. En cuanto al ejército de Oriente, bajo Bonaparte, el Directorio esperaba de él una maniobra de diversión.

En Alemania, la campaña empezó mal… Vencido por el archiduque Stokach, el 25 de marzo de 1799, Jourdan retrocedió, arrastrando en su acción el ejército del Rhin de Bernadotte, que cubría su flanco izquierdo.

En Italia, Schérer intentó forzar el paso de Adigio, fracasó ante Verana, retrocedió hacia el Adda. Cedió la dirección a Moreau. Los rusos de Souvorov entraron entonces en campaña. Forzaron los pasos del Adda, especialmente en Cassano, el 27 de abril de 1799, obligando a Moreau a evacuar Milán y Lombardia. Decepcionados por la política del Directorio, los patriotas italianos, los jacobinos unitarios, tomaron partido por los aliados y se rebelaron contra los franceses. Las tropas de Moreau, reagrupadas en Alejandría, retrocedieron sobre Génova. El ejército de Nápoles, sin embargo, en donde Mac Donald había sucedido a Championnet, subía penosamente hacia el Norte. Souvorov se volvió contra él, cortándole el paso. Mac Donald fue derrotado en una batalla encarnizada que duró tres días (17-19 de junio de 1799) sobre las orillas del Trebia. Retrocedió, dirigiéndose a Génova.

En Suiza, Masséna ocupó en principio los Grisones, invadiendo Voralberg. Pero al descubierto sus flancos por la pérdida de Alemania e Italia, retrocedió a su vez. Atacado por el archiduque Carlos, ganó la primera batalla de Zurich el 4 de junio de 1799, pero abandonó la ciudad para fortificarse detrás de Limmat, mientras que el general Lecourbe evacuaba la carretera de San Gotardo y el valle de Reuss.

La República había retrocedido en todos los frentes, pero los límites naturales continuaban intactos. Las divisiones de la coalición dieron, sin embargo, algún respiro al Directorio. El canciller Thugut pensaba enviar a Souvorov a Suiza para tener el campo libre en la península, pero el peligro despertó la energía nacional y suscitó un último impulso revolucionario.

2. La jornada de 30 de prairial, año VII (18 de junio de 1799)

Las elecciones del año VII, incluso antes de las derrotas anteriores, tuvieron lugar en un ambiente favorable para el Directorio. Se produjo un descontento general debido al marasmo económico y al aumento de los impuestos y también a la instauración del servicio militar obligatorio. Los departamentos belgas se rebelaron en noviembre de 1798, la chuanería no vio bien que los departamentos del Oeste hubiesen quedado exceptuados de la nueva leva. El Directorio denunció una vez más el doble peligro del realismo y de la anarquía en su circular del 23 de pluvioso (11 de febrero de 1799). «Vencedores de la Europa conjurada, franceses, no os queda por vencer más que a los enemigos del interior…». François de Neufchâteau insistió a los propietarios: «¿Queréis que surja la ley del máximo?», y, sin dudar, en 14 de ventoso (4 de marzo) denunció en una circular el peligro realista: «Ciudadano, nada de odio, nada de venganza, nada de reacción sobre todo». Pero se esfuerza especialmente por reanimar en las filas de la burguesía el miedo a la vuelta del odiado régimen de 1793: «Ciudadanos de todas clases, el mismo interés os une para gritar al mismo tiempo: ¡No más anarquía en Francia!».

El Directorio recurrió a los medios de coacción habituales: destitución, envío de comisarios, organización de asambleas separadas, como en Sarthe. La oposición, en general, fue tal que de 187 candidatos oficiales, 121 quedaron derrotados. La mayoría de los Consejeros permaneció. Aunque la minoría jacobina había sido fortalecidas, la burguesía termidoriana no dejó de conservar la primacía. En la crisis producida por las derrotas de la primavera de 1799, tuvo finalmente la última palabra.

La caída del segundo Directorio se produjo en un verdadero ambiente de descomposición. Los ejércitos retrocedían en todos los frentes con miras a una mejor salida; Italia estaba perdida. Los realistas volvían a las armas. Las cargas fiscales exasperaban a los propietarios. Mientras el descrédito gubernamental se ampliaba, la suerte ayudaba a la oposición: el 20 de floreal (9 de mayo de 1799), el sorteo designaba a Reubell, el más enérgico, como Director saliente. El 27 (16 de mayo), los Ancianos designaron para reemplazarlo a Sièyes, cuya oposición a la Constitución del año III no era misterio para nadie. Entró en funciones el 21 de prairial (9 de junio). Sièyes, mantenido por Barras, que había olfateado el peligro, inspiró la ofensiva de los Consejos contra sus colegas. Los Consejos se declararon en permanencia el 28 de prairial (16 de junio). Esa misma tarde hicieron que fracasase la elección de Treilhard, contrario al artículo 136 de la Constitución, que exigía un plazo de un año entre la salida del cuerpo legislativo y la elección para el Directorio. Al día siguiente fue sustituido por Gohier, ministro de Justicia en el año II, buen republicano pero un personaje de segundo orden.

El 30 de prairial, año VII (18 de junio de 1799), los Consejos volvieron a la ofensiva contra el Directorio. El ataque lo llevó Berthand du Calvados, antiguo convencional regicida: «Habéis acabado con el espíritu público, habéis amordazado la libertad». Los Consejos buscaban el desquite de la humillación de floreal: «El pueblo francés, en el año VI, había nombrado para las funciones públicas a hombres dignos de su confianza; os habéis atrevido a decir que las elecciones eran fruto de una conspiración anárquica; habéis mutilado la representación nacional». Boulay de la Meurthe contestó; «Desde el 18 de fructidor, la época en que la dictadura nació, el cuerpo legislativo ha permanecido en servidumbre perpetua». Denuncia a Merlin, «hombre con miras limitadas, con pequeñas pasiones, con pequeñas venganzas, de pequeñas decisiones», y a La Revellière, llevado de su fanatismo «a creer en no sé qué religión, que para establecerla sacrifica todas las ideas sensatas, pisotea todas las reglas del sentido común».

Obligados a dimitir, abandonados de todos sus colegas, Merlin y La Revellíère cedieron finalmente. Los días 1 y 2 de mesidor (19 y 20 de junio), Roger Ducos, antiguo convencional regicida, y el oscuro general Moulin, de paso por París, fueron elegidos como directores.

Jornada parlamentaria más que golpe de Estado, el 30 de prairial, año VII, constituye el desquite de los Consejos florealizados el año anterior por el ejecutivo. «El cuerpo-legislativo —declara Lucien Bonaparte a los Quinientos— ha vuelto a ocupar el lugar preeminente que ha de tener en el Estado».

Los funcionarios se renovaron según voluntad de los Consejos, no sólo de los directores, sino también de los ministros. En Guerra el general Bernadotte, Cambacérès en Justicia, Fouché en Policía; Finanzas, Robert Lindet, antiguo miembro del Comité de Salud Pública, nombramiento significativo. Los republicanos sin tacha volvían al poder. Al mismo tiempo las victorias de los aliados ponían a la República en peligro.

3. Impulso neojacobino y reacción moderada

Una vez más se conjuraron el impulso neojacobino y la reacción moderada. Unidos contra los fructidorianos, los vencedores de prairial se dividieron. Durante dos meses, los neojacobinos impusieron su política de Salud Pública a los burgueses termidorianos. Antiguos convencionales derrotados en las elecciones del año V por los realistas, excluidos en floreal, año VI, por los fructidorianos, retornaron naturalmente a los métodos del año II, legitimados por el peligro de la patria. La libertad de Prensa quedó establecida el 14 de termidor (1 de agosto de 1799). Los periódicos jacobinos reaparecieron. Los clubs se abrieron de nuevo, multiplicándose. El más importante fue la Sociedad de Amigos de la Igualdad y de la Libertad, llamada de Manège, nombre de la sala en donde se reunían en las Tullerías. Abrió las sesiones el 18 de mesidor (6 de julio); su primer moderador fue Drouet, el hombre de Varennes, compañero de Babeuf; concurrieron numerosos diputados. La minoría jacobina arrastró a la mayoría inquieta de los Consejos. Para enfrentarse con la situación exterior aceptó la movilización de hombres y de bienes.

Se aplicó íntegramente el sistema de quintas: la ley de 10 de mesidor, año VII (28 de junio de 1799), informada por Jourdan, establecía el servicio para las cinco clases. El 14 de mesidor (2 de julio) quedó suprimida la sustitución. «Quienes se han hecho sustituir tendrán que ir ellos mismos en el caso en que aquellos que los sustituyan deserten, sean licenciados o llamados a quintas».

Se adoptó en principio, el 10 de mesidor, un préstamo forzoso de 100 millones sobre los ciudadanos acomodados para cubrir los gastos de reclutamiento. Las modalidades quedaron reguladas el 19 de termidor (6 de agosto de 1799). Se estableció, según una tarifa progresiva, sobre la renta de todos los ciudadanos que pagasen más de 100 francos de contribución mobiliaria o más de 300 francos de contribución territorial. La renta y el capital a los que no alcanzasen la contribución (el artículo 7.º designa especialmente la fortuna adquirida por «Empresas, abastecimientos y especulaciones») tendrían que ser valorados por un jurado de ciudadanos no sometidos al préstamo.

La ley de rehenes se votó el 24 de mesidor (12 de julio). Se trataba, según un diputado de los Quinientos, «de detener el curso que seguían los latrocinios y los síntomas de chouanería que se manifestaban en los departamentos del Mediodía y del Oeste». En un departamento reconocido por el Cuerpo Legislativo, «especialmente en estado de perturbaciones civiles», la administración central quedaba autorizada a tomar los rehenes entre los familiares de los emigrados, de los ultras del Antiguo Régimen, nobles, y los familiares de los individuos «notoriamente conocidos por tomar parte en reuniones o bandas de asesinos», unos y otros considerados «personal y cívicamente responsables de los asesinatos y latrocinios cometidos en el interior por odio a la República». «En caso de asesinato de un funcionario, de un militar o de un adquirente de bienes nacionales, el Directorio tendría que ordenar la deportación de cuatro rehenes». Por cada asesinato, los rehenes eran civil y solidariamente responsables de una multa de 5000 francos y de una indemnización de 6000 francos para la viuda y de 3000 francos para cada uno de los hijos. La ley de rehenes provocó la oposición de todos aquellos que tenían quejas de la Revolución; en cuanto a aquellos a quienes podía proteger, el empréstito obligatorio les colocaba en ese momento en la oposición.

La reacción anti-jacobina no tardó en manifestarse. Desde el 26 de mesidor, día aniversario del 14 de julio, Siéyes recordaba para estigmatizarlos «aquellos tiempos calamitosos en que todas las ideas se confundieron hasta el punto de que aquellos que no estaban encargados oficialmente de nada querían obstinadamente encargarse de todo».

Nueva condena el 23 de termidor con ocasión del aniversario del 10 de agosto, de «este terror tan justamente aborrecido por los franceses». «No, no son republicanos… aquellos que por el delirio de sus provocaciones agotan las fuentes de la riqueza pública, atacan a muerte el crédito, acaban con el comercio y paralizan todos los trabajos».

Si el sistema de quintas fue en general mal acogido, el de empréstitos forzosos descontentaba especialmente a la alta burguesía, que organizó la resistencia pasiva. Desde el 13 de termidor (31 de julio), antes precisamente de votar la ley que precisaba las modalidades del préstamo. «Se pone hoy —observaba Le Publiciste— tanto cuidado en ocultar la fortuna como antaño en exhibirla y exagerarla». De aquí la desaparición del lujo. Es una necesidad entre un gran número de personas, entre los propietarios territoriales sobre todo. Otros buscan, así, escapar a los enermes impuestos, a los que odian. Existen también personas que se declaran en quiebra para probar de manera más evidente su miseria.

Empezó una campaña de prensa intimidando al Directorio para que rompiese con los bebedores de sangre. El miedo social de los propietarios reapareció. Avivado por las proposiciones del club de Manège, el día del aniversario del 14 de julio, el general Jourdan hizo un brindis «por la resurrección de las picas». «Se dice que muchas personas —escribe Le Moniteur— desde el 25 de mesidor (13 de julio), asustadas por los discursos que se pronunciaban en esta asamblea, empezaron a gritar: ¡Abajo los jacobinos!, y arrojaron piedras en la sala».

Se multiplicaban los alborotos. Pero los jacobinos, aunque tuvieron el apoyo de los antiguos cuadros de los sans-culottes, empleados, artesanos y comerciantes, no pudieron poner en movimiento a las masas populares desorganizadas desde la supresión de las secciones y aniquiladas por una larga represión. Aislados, sin programa social preciso, los jacobinos estaban impotentes frente a un gobierno sólidamente apoyado en la administración, la Policía y, desde fructidor, en una guarnición de veinte mil hombres.

La clausura del club señaló la ruptura de los jacobinos con el Directorio. Denunciado al Consejo de los Ancianos el 8 de termidor (26 de julio) por intentar «la resurrección del terror y la exhumación de todas las listas de proscripción», el club hubo de abandonar la sala de Manège por la calle Bac. Nombrado para el ministerio de Policía el 11 de termidor (29 de julio), Fouché presentó inmediatamente a los consejos un informe «sobre la necesidad de proteger las discusiones internas de las reuniones políticas, manteniéndolas aisladas con todo el poder de la República». Los Quinientos rechazaron el informe. El 26 de termidor (13 de agosto), Fouché cerró el club. No hubo reacción alguna. El peligro realista y las derrotas militares permitieron a los jacobinos sostenerse todavía.

La insurrección realista estalló el 18 de termidor (5 de agosto) en el Alto Garona. Tolosa, durante algún tiempo amenazada, se mantuvo. La ciudad estaba en manos de administradores jacobinos. La noticia conocióse en París el 26 de termidor (13 de agosto). Inmediatamente, los Consejos autorizaron los registros domiciliarios durante un mes «para detener a los emigrados, los embaucadores, los asesinos y los ladrones». Los insurrectos quedaron derrotados en Montréjeau el 1 de fructidor (18 de agosto). En el Oeste, las perturbaciones continuaron durante todo el verano.

Hubo una última ofensiva jacobina con ocasión de los fracasos militares. En Italia, Joubert fue derrotado y muerto el 28 de termidor (15 de agosto de 1799). En Holanda, los ingleses desembarcaron en Helder un batallón de 25 000 rusos el 10 de fructidor (27 de agosto). La República, como en 1793, parece que se vio amenazada en sus fronteras. En los Quinientos, el general Jourdan propuso el 27 de fructidor (13 de septiembre) que se declarase que la patria estaba en peligro. Describiendo un cuadro en que se veían los peligros que amenazaban al país, señaló:

«Italia bajo el yugo, los bárbaros del Norte a las puertas de Francia, Holanda invadida, las flotas entregadas por traición, Helvecia saqueada, las bandas de realistas cometiendo todos los excesos en un gran número de departamentos, los republicanos proscritos con los adjetivos de terroristas y jacobinos. Un golpe más y el rebato de la realeza sonará en toda la superficie del suelo francés».

La proposición de Jourdan dio lugar a un furioso debate. Fue combatida por Lucien Bonaparte, estimando que valía «más extender los poderes constitucionales del Directorio que exponerse a dejarse arrastrar por una fuerza revolucionaria».

Era establecer el verdadero problema. O enfrentarse con el peligro, o apoyarse en el pueblo como en el año II, o robustecer el Ejecutivo. Daunou fue claro: temía «el retorno al régimen de 1793». La proposición fue rechazada al día siguiente por 245 votos contra 171. El 2 de vendimiario, año VIII (24 de septiembre de 1799), en los Quinientos, Garrau (de la Gironda) logró que se decretase la pena de muerte contra todo aquel que «propusiese o aceptase condiciones de paz que alterasen la integridad del territorio actual de la República». Fue el último de los éxitos jacobinos. En esta fecha la situación exterior quedaba restablecida por victorias decisivas.

4. La campaña del verano de 1799

La campaña empezó mal. Pero rápidamente se dio un cambio que facilitó las divisiones de las potencias aliadas.

En Italia, sin esperar la llegada de las tropas de Championnet a través del Piamonte, Joubert tomó la ofensiva. Murió al principio de la batalla en Novi, el 15 de agosto de 1799, y sus tropas fueron derrotadas por los rusos de Souvorov. Italia estaba perdida. Thugut, el canciller austríaco, pretendía conservarla y maniobró para deshacerse de los rusos.

En Suiza, Masséna combatía contra los austríacos del archiduque Carlos y el batallón ruso de Korsakov, que había ocupado Zurich y toda la línea de Limmat. Inquieto por el desembarco anglo-ruso en Holanda, el gobierno austríaco dio orden al archiduque Carlos de abandonar Suiza con el fin de marchar a Maguncia. El 11 de septiembre, Souvorov se puso en camino para relevarle. Antes de que hubiesen podido actuar los dos ejércitos rusos para su concentración, los franceses los derrotaron por separado. El general Lecourbe se apoderó de San Gotardo y del valle de Reuss. Mientras contenía a Souvorov, Maséna atacaba a Korsakov, aislado y cercado en Zurich, obligándole a cruzar de nuevo el Rhin. Fue la segunda victoria de Zurich (25-27 de septiembre de 1799). Souvorov, sin embargo, franqueaba San Gotardo, rechazando las tropas de Lecourbe. Pero muy pronto tropezó con el batallón de Mortier, sostenido por Masséna. Volvió nuevamente contra el general Molitor, que tenía el valle del Linth. No pudiendo forzar el paso, volvió sobre Voralberg. Suiza estaba de nuevo en poder de los franceses. Pablo I, iracundo, llamó a sus tropas a Rusia el 23 de octubre.

En Holanda, los anglo-rusos, desembarcados el 27 de agosto, fracasaron. El duque de York tomó la ofensiva; fue derrotado por el ejército de Brune en Bergen el 19 de septiembre de 1799; en Castricum, el 6 de octubre. El 18, firmaba la convención para la evacuación de Alkmaar.

A principios del otoño de 1799, la ofensiva aliada quedaba rota y las fronteras intactas. Bonaparte y su ejército de Egipto no había intervenido en nada en esos acontecimientos. Por el contrario, la maniobra de diversión de Oriente había fracasado.

Las consecuencias de la expedición de Egipto derivan de la derrota de Abukir. Las tropas francesas estaban en un momento difícil. Adelantándose al ataque turco, Bonaparte marchaba sobre Siria en febrero de 1799. Vencedor en Mont-Thabor, fracasó ante San Juan de Acre, que los ingleses sostenían por mar. Tuvo que ordenar, el 20 de mayo, la retirada de Egipto, que fue dura. Sin embargo, los ingleses desembarcaron en Abukir un ejército turco concentrado en Rhodas. Bonaparte lo aplastó en Abukir mismo el 25 de julio de 1799. Vencedor, no dejaba, sin embargo, de ser prisionero de su conquista, con un ejército debilitado por el clima y la guerra. Juzgando la partida perdida, Bonaparte dejó la dirección a Kléber y abandonó secretamente Egipto en agosto con dos fragatas. Escapando a los cruceros ingleses, desembarcó en Fréjus el 17 de vendimiario, año VIII (9 de octubre de 1799).

La reacción moderada estaba en triunfo. El peligro exterior, conjurado. El 2 de brumario (24 de octubre), los Ancianos rechazaron la proposición de Garrau, previendo la pena de muerte contra aquellos que aceptasen las proposiciones que atentasen contra la integridad del territorio francés. Un hecho de más significación todavía: el principio del empréstito forzoso volvió a discutirse: el 17 de brumario, en los Quinientos, un oscuro diputado pidió el informe de este empréstito «progresivo y arbitrario». El golpe de estado de 18 de brumario acabaría tranquilizando definitivamente a los poseedores.

IV

EL 18 DE BRUMARIO, AÑO VIII (9 de noviembre de 1799)

Bonaparte desembarcó en Fréjus el 17 de vendimiario (9 de octubre) y llegó a París el 22 (14 de octubre). La noticia causó sensación. Le Messager des relations extérieures escribía el 24 de vendimiario: «El desembarco de Bonaparte en Francia es uno de los acontecimientos que se oyen comentar varias veces y no se cree». Y Le Moniteur, el mismo día dice: «… Todo el mundo estaba delirante. La victoria que siempre acompaña a Bonaparte se le había, anticipado esta vez. Llega para asestar los últimos golpes a la coalición moribunda».

La opinión veía en Bonaparte al pacificador de Campoformio, el que impondría nuevamente la paz en Europa. De hecho, el peligro de invasión se había descartado gracias a las victorias de Suiza y de Holanda. La campaña había terminado. Bonaparte no podía recibir una dirección importante antes de la primavera siguiente. No queriendo que el Directorio obtuviese el mérito de restablecer la paz sin su intervención, se aproximó a los partidarios de un golpe de estado, del cual Siéyes era el inspirador.

1. Miedo social y revisionismo

El problema político, con sus resonancias sociales, había pasado, en efecto, al primer plano. Rechazado el peligro, todo quedaba en suspenso. La guerra civil volvía a empezar. El 22 de vendimiario (14 de octubre) los chouanes se apoderaron de Mans; después, de Nantes, de donde fueron rápidamente expulsados; pero el aviso era claro. En la primavera del año VIII se celebrarían las elecciones nuevamente: éxito realista o éxito jacobino. La estabilidad gubernamental podía una vez más constituir un problema. La Constitución del año III era el centro del debate. No su fundamento censatario, sino su liberalismo, su balanza de poderes, especialmente la renovación anual de los Consejos por tercios. Después de fructidor, el Directorio resolvió ef problema instaurando una dictadura larvada. Las elecciones anuales hacían de todo un problema; se trataba, pues, de que fuesen menos frecuentes; fue lo que pidió Daunou después del 22 de floreal, uno de los autores de la Constitución del año III, pero cansado de las incertidumbres del Régimen y asqueado de la restauración o la democracia. En torno de Daunou estaban los ideólogos, con su órgano La Décade Philosophique, que sostenían el mismo criterio. Benjamin Constant publicó desde la primavera del año V (1797) una obra, Des réactions politiques, en que reclamaba una fuerza y estabilidad de Gobierno que de por sí «garantizase a los ciudadanos la seguridad de sus personas y la inviolabilidad de sus propiedades». Mme. de Staël participaba, naturalmente, de esas ideas. Siéyes, por último, cerebro constitucional por excelencia, se declaraba revisionista. El principio de la soberanía nacional permanecía intangible. La burguesía termidoriana no podía renunciar sin negarse a sí misma y hacer el juego a los partidarios del derecho divino. Se trataba, pues, de conciliar el principio de la soberanía nacional con las exigencias de un ejecutivo estable y fuerte. Siéyes imaginó reemplazar la elección por la cooptación que caracterizó la Constitución del año VIII. Los térmidorianos y los directoriales habían empleado ya hipócritamente este procedimiento por medio del decreto de los dos tercios y por las depuraciones de fructidor y de floreal. La Constitución del año VIII aparecía en bastantes de sus puntos como el resumen de la práctica constitucional del Directorio.

Los aspectos sociales de los acontecimientos de brumario dan cuenta de la facilidad del éxito; no lo hubiese logrado si no hubiese respondido a las exigencias de los elementos dominantes de la nueva sociedad. Los térmidorianos consagraron la preponderancia social y el poder político de la burguesía conservadora. El Directorio les había salvaguardado. Pero en el año VII, el impulso jacobino reaparecía: constituye el cimiento del revisionismo. Dos categorías de la nueva sociedad, nacidas de la Revolución, aspiraban especialmente a la calma y a la estabilidad social. Los campesinos, propietarios en un principio, y que querían trabajar en paz, sin que el orden fuese trabado por actos de bandolerismo que nunca acababan, se mostraron hostiles a los intentos de restauración que parecían amenazar el gozo pacífico de su propiedad con el restablecimiento del diezmo y de los derechos feudales y el problema de la venta de los bienes nacionales. Pero temían también el impulso popular, que no podía sino arrastrar a la anarquía y ser el preludio de la ley agraria para la división de sus bienes. Estaban dispuestos a adherirse al régimen que les tranquilizase respecto de esos peligros.

La burguesía de los negocios, por otra parte, veía el auge de las empresas, que comprometía la inestabilidad del régimen, y la prolongación de la guerra. La igualdad fiscal que el empréstito forzoso tendía a instaurar le parecía una monstruosidad, una verdadera ley agraria. Aspiraba a un sistema político que protegiera sus intereses, que garantizase definitivamente sus derechos y que le permitiese intensificar su esfuerzo de renovación de la economía. La burguesía de los negocios y de los campesinos propietarios formaron la base social del régimen consular, después imperial. En sus filas se reclutó lo más sustancial de los notables.

La revisión de la Constitución del año III estaba prevista en el título XIII, por un procedimiento de una extremada complicación que exigía tres votos sucesivos de los Consejos, la reunión de una «Asamblea de revisión» y un proceso que se prolongaba nueve años. No era solución; quedaba el golpe de estado. Siéyes estaba resuelto. Falta tan sólo, como en 18 de fructidor, que se recurriese al ejército para obligar a la obediencia en la mayoría de los Consejos; con la diferencia de que el año V la mayoría era realista, pero en el año VIII era republicana. Propuesto para dirigir la operación, el general Joubert aceptó; cayó en Nobi, el 15 de agosto de 1799. Siéyes volvióse hacia Moreau, que dudó. Bonaparte desembarcaba mientras tanto. «He ahí vuestro hombre», diría Moreau a Siéyes. Todo contribuía a designarlo. Su pasado jacobino, que podía ofrecer alguna ilusión, su prestigio, también su ambición, su falta de escrúpulos, la situación dudosa en que se hallaba al abandonar la dirección de Egipto, por propia iniciativa.

Los preparativos del golpe de estado fueron de prisa. Talleyrand se introdujo entre Bonaparte y Siéyes. De los demás directores, Barras quedó neutralizado en actitud consentidora; Roger Ducos seguía a Siéyes como la sombra al cuerpo. El presidente de los Ancianos estaba ganado. En los Quinientos, Lucien Bonaparte había conseguido la presidencia el 1 de brumario (23 de octubre de 1799). Los fondos fueron adelantados, en especial por los proveedores de los ejércitos, que estaban irritados con la ley del 7 de brumario (29 de octubre), que les quitó el derecho de que se les pagase con prioridad de las cajas del Tesoro. Los conjurados enlazaron hábilmente la idea de la paz general con la de un cambio constitucional. Aún más, jugaron con el miedo social para arrastrar a los Consejos e imponerse a la burguesía. El fantasma del terrorismo igualitario se alzó una vez más ante ellos, a juicio de la propia Mme. de Staël:

«Llegábamos en un momento, escribe el oficioso “Moniteur” de 19 de brumario (10 de noviembre), en el que no hubiera sido posible recuperar nada, ni la libertad, ni la propiedad, ni la Constitución, garantía de la una y de la otra».

Y recordaba «que la ley expoliadora del empréstito forzoso ha arruinado nuestras finanzas, que la ley de los rehenes nos ha llevado a la guerra civil, que una parte de la renta del año VIII ha sido devorada por las requisiciones y que el crédito no existe».

El espectro del año II rondaba a la burguesía, que pretendía alejarlo para siempre.

2. El golpe de estado

El 18 de brumario (9 de noviembre de 1799) el Consejo de los Ancianos fue convocado a las siete de la mañana. Con el pretexto de una revisión de tropas se reunieron los batallones en las Tullerías. En nombre de la comisión de los inspectores de Sala, cuyo papel fue decisivo, un diputado desconocido denunció un vago complot: «Los conjurados no esperan sino una señal para levantar sus puñales contra los miembros de la representación nacional». Le Moniteur, al día siguiente, más concreto y con más inventiva, hizo alusión a los proyectos de los jacobinos «de convertir los dos Consejos en una Convención nacional, apartar a los hombres que les desagraden y confiar el Gobierno a un Comité de Salud Pública».

Los Ancianos votaron el cambio de los Consejos a Saint-Cloud, como lo autorizaba el artículo 102 de la Constitución del año III. El general Bonaparte estaba «encargado de la ejecución del presente decreto» y las tropas de París bajo sus órdenes. Orden ilegal, pues debía ser el Directorio y no los Ancianos quien la diera. El Directorio, privado así de todo poder (incluso de su guardia que se había pasado a las órdenes de Bonaparte), no podía más que inclinarse. Barras dimitió y se retiró a su tierra de Grosbois. Moulin, poseído por una vana cólera, estaba vigilado por Moreau, lo mismo que Gohier, hasta que dimitieron. El sentido de estos actos lo explicó Le Moniteur de 19 de brumario: «Se habla de las leyes del empréstito forzoso, de los rehenes, de cerrar la lista de los emigrados».

El 19 de brumario (10 de noviembre de 1799), la sesión de los Consejos abrióse en Saint-Cloud hacia la una del mediodía. Bonaparte concentró de cuatro a cinco mil hombres de tropa en torno al castillo. En los Ancianos, los diputados ausentes de la ciudad pidieron explicaciones y pusieron en duda la realidad del complot. En los Quinientos, presididos por Lucien Bonaparte, la izquierda impuso desde el principio de la sesión la renovación por voto personal público, y el juramento de fidelidad a la Constitución. El negocio parecía que iba a durar demasiado y Bonaparte intervino.

En los Ancianos protestó de su sacrificio a la República, defendióse de querer «establecer un gobierno militar», denunció al Consejo de los Quinientos, «en donde se encuentran hombres que querrían sumirnos en la Convención, los Comités revolucionarios y los cadalsos». Amenazó a los oponentes eventuales con la intervención de sus bravos compañeros de armas («de los cuales veo las bayonetas»). En cuanto a la Constitución, «tres veces violada», no existe ya; «ya no hay Directorio». Por último, esta promesa: «En cuanto los peligros que hacen que se me concedan poderes extraordinarios hayan pasado, abdicaré estos poderes».

Bonaparte se presentó ante los Quinientos rodeado de granaderos y generales. La Asamblea entera se apresuró a protestar: no tenía derecho a entrar sin ser requerido. Hubo diputados que, cogiéndole por las solapas, le zarandearon. Hubo gritos de: «¡Fuera de la ley! ¡Abajo el dictador!». Bonaparte fue arrastrado fuera por sus granaderos. La discusión y la confusión continuaron. Lucien, inútilmente, intentaba defender a su hermano, que mandó un pelotón de granaderos con la orden de llevárselo. La tropas vacilaban, sobre todo la guardia de los Consejos. Lucien, a caballo, les arengó, denunciando a una minoría de «representantes del puñal» que habían intentado asesinar a su general y que aterrorizaban a la mayoría. Logró convencerlos. Los soldados se amotinaron, y una columna mandada por Murat y Leclerc entró, a golpe de tambor, en l’Orangerie y dispersó a los representantes, que salieron gritando ¡Viva la República!

El Consulado provisional se formó aquella misma tarde con la mayoría de los Ancianos y una minoría de los Quinientos. Decretaron el fin del Directorio y excluyeron de la representación nacional a 62 diputados: «por los excesos y atentados que realizan constantemente». Se creó una comisión consular ejecutiva, compuesta por Siéyes, Roger Ducos y Bonaparte, cónsules de la República francesa, investidos del poder dictatorial. Los Consejos fueron sustituidos por dos Comisiones de veinticinco miembros cada una, encargadas de votar las leyes que presentaran los cónsules y de preparar la revisión de la Constitución. Esta, según el artículo 12, tendría como fin:

«consagrar inviolablemente la soberanía del pueblo francés, la República una e indivisible, el sistema representativo, la división de poderes, la libertad, la legalidad, la seguridad y la propiedad».

Al final de la sesión los Ancianos anularon la orden que inquietaba a los proveedores, sobre la prioridad de sus pagos por el Tesoro. Los tres cónsules provisionales prestaron juramento y volvieron a París.

Un anuncio colocado en París y comentado por Le Moniteur, del 24 de brumario (14 de noviembre de 1799), traduce bien las aspiraciones de la burguesía al día siguiente del golpe de estado:

«Francia quiere algo grande, permanente. La inestabilidad la ha perdido, es la seguridad lo que quiere. No quiere la realeza, está proscrita; quiere la unidad en la acción del poder que ejecutará las leyes. Quiere un cuerpo legislativo independiente y libre… Quiere que sus representantes sean conservadores pacíficos, y no innovadores turbulentos. Quiere, por último, recoger el fruto de diez años de sacrificio».

Se trataba de terminar definitivamente la era revolucionaria. La consolidación había de suceder a los cambios, la primacía social de los propietarios se asentaba definitivamente. En esto, brumario se sitúa plenamente en la línea de termidor y del 89. Pero aunque creía que iba a reforzar el ejecutivo y restablecer la unidad en la acción gubernamental, la burguesía no renunciaba al ejercicio de la libertad, con tal que fuese para su beneficio. Los acontecimientos destruyeron sus cálculos. El régimen autoritario que los brumarianos habían querido instaurar se cambió rápidamente en beneficio del poder personal de Bonaparte. La República de los notables se transformó en una dictadura militar.

CONCLUSIÓN

LA REVOLUCIÓN Y LA FRANCIA CONTEMPORÁNEA

Con brumario sonó la hora de la estabilización definitiva, hasta ese momento perseguida en vano. La realidad nueva, tal y como la burguesía del 89 la había deseado, estaba lejos aún, en muchos aspectos, de responder a sus deseos. La sociedad se hallaba todavía en fuión. La nueva jerarquía social, mal apuntalada; las instituciones, a pesar del esfuerzo reformador del Directorio, continuaban siendo ineficaces, y la reorganización administrativa incompleta. La guerra, que continuaba, podía poner todo en peligro. Lo más importante, sin embargo, se había logrado. La supremacía social de los notables fundada sobre la propiedad no era ya un problema, a pesar de la crisis por la que había pasado en el verano de 1799. Socialmente, la Revolución había terminado desde la primavera de 1795 y el aplastamiento de la sans-culotterie parisina. Desde este doble punto de vista, continuidad social y perfeccionamiento institucional, el período consular constituye el epílogo necesario del drama revolucionario. Aunque inacabada, la obra de la Revolución no es por eso menos inmensa y de un alcance incalculable respecto de los destinos de Francia y del mundo contemporáneo. Sin duda, si la sociedad burguesa se impuso en Europa y en el mundo, lo debió esencialmente al triunfo de la economía capitalista. Las modalidades de esta conquista variaron según las particularidades nacionales. Desde antes de 1789, las revoluciones de Inglaterra y de los Estados Unidos habían llevado a la burguesía anglosajona al poder, precedente del cual no hay que subestimar la influencia. La extensión de la lucha de clases, el estallido de la tentativa igualitaria del año II dan a la Revolución francesa un alcance totalmente diferente.

Con la destrucción de las estructuras feudales y la defensa de la libertad económica allanó el terreno al capitalismo, del cual ha acelerado la evolución. La resistencia de la aristocracia, la guerra civil y la guerra extranjera obligaron, por otra parte, a la burguesía revolucionaria a llevar hasta el fin la obra destructora de la sociedad antigua. Para reunir a las clases populares tuvo que poner en primer plano el principio de igualdad de derechos, cosa que no había invocado en los comienzos más que frente a la aristocracia, aunque bien es verdad que la obra de la Revolución francesa no deja de presentar, en su sucesión cronológica, aspectos contradictorios que aumentan aún más su brillo y su alcance. La Revolución está en el origen de la sociedad y del Estado burgués. Ha esbozado en el año II un Estado democrático y una sociedad igualitaria. Continúa siendo la revolución de la igualdad burguesa y de la unidad nacional. No obstante, el régimen del año II intentó superar esta igualdad formal y dar a la unidad un contenido social que integrase verdaderamente las clases populares a la nación. Intento grandioso, pero destinado al fracaso por sus contradicciones, aunque bien es verdad que hizo temblar al mundo y su eco aún no se ha extinguido.

I

LA NUEVA SOCIEDAD

Si teniendo en cuenta la unidad profunda de los conflictos sociales durante el período de 1789-1799, y también la complejidad de la sociedad antigua, así como la importancia de las corrientes revolucionarias se intenta hacer un balance de la Revolución francesa, se comprueba hasta qué punto todo esquematismo es contrario a la realidad. Dirigida por la burguesía, la Revolución ha destruido el antiguo sistema de producción y las relaciones sociales que pudieran de él derivarse. Ha arruinado a la antigua clase dominante, a la aristocracia territorial (aún es preciso determinar en qué medida), y ha arruinado, al mismo tiempo, particularmente por la inflación, aquellos sectores de la burguesía, con diferentes títulos, que estaban integrados en la sociedad del Antiguo Régimen. Teniendo, por otra parte, gracias a la libertad económica, asegurado el triunfo de la economía capitalista, aceleró con diferentes matices la decadencia de las categorías sociales vinculadas al sistema tradicional de producción, sin que el capitalismo pudiera imponerse de una manera incontrovertible, especialmente en el dominio de la producción agrícola.

1. La ruina de la aristocracia feudal

El derrumbamiento de la aristocracia territorial y sus privilegios era el fin que perseguía la burguesía revolucionaria, ayudada por los campesinos y la sans-culotterie, con un encarnizamiento que las resistencias multiplicaban.

La base territorial de la aristocracia quedó destruida al suprimirse los derechos feudales y los diezmos y por la venta de los bienes nacionales.

Los derechos feudales constituían unas rentas muy variables, pero no despreciables, ya que muchas familias nobles obtenían de ellas una parte considerable de sus ingresos. Los derechos personales, de donde provenía la dependencia de los campesinos, quedaron abolidos la noche del 4 de agosto, lo mismo que los diezmos. Los derechos que pesaban sobre las tierras se declararon en principio rescatables el 15 de marzo de 1790. La Asamblea legislativa suprimió el rescate, salvo la presentación del título primitivo, para los derechos hereditarios el 18 de junio de 1792, y para todos los derechos el 25 de agosto siguiente. La Convención, por último, los abolió el 17 de junio de 1793, ordenando que se quemasen los títulos feudales.

La venta de bienes nacionales dio también un golpe duro a la aristocracia. Los bienes del clero, bienes nacionales en su origen, fueron puestos a disposición de la nación, desde el 2 de noviembre de 1789. Las excepciones desaparecieron a partir del 10 de agosto; fueron confiscados sucesivamente los bienes de las fábricas (19 de agosto de 1792), los de la Orden de Malta (19 de septiembre de 1792), los de los colegios (8 de marzo de 1793) y los de establecimientos de asistencia (24 de mesidor, año 11-12 de julio de 1794). Los bienes de los emigrados, bienes nacionales de origen secundario, quedaron a disposición de la nación el 9 de febrero de 1792, decreto confirmado el 30 de marzo siguiente. Su venta decidióse el 17 de julio de 1792.

El patrimonio territorial de la nobleza quedó aún más reducido por la restitución de los bienes comunales, acaparados por los señores y por la nueva legislación hereditaria. El 15 de marzo de 1790, la Asamblea constituyente anulaba las triages que se percibían cada treinta años en los bienes comunales. El 28 de agosto de 1792 la Asamblea legislativa reconocía a las comunas la propiedad de las tierras baldías. En cuestiones de sucesión, el nuevo derecho entrañaba el desmenuzamiento de los patrimonios. El decreto de 15 de marzo de 1790 abolía «los derechos de primogenitura y masculinidad y las divisiones desiguales en orden a la calidad de las personas». La del 8 de abril de 1791 estipulaba la división por igual de las sucesiones ab intestato. Las leyes montañesas de 5 de brumario y 17 de nivoso, año II (26 de octubre de 1793 y 6 de enero de 1794) confirmaban la división por igual. El testador no podía disponer más que de la décima parte de sus bienes si había herederos en línea directa, de una sexta parte si no había más que herederos en línea colateral, y en beneficio, solamente, de no herederos. El 4 de junio de 1793, la Convención admitía a los hijos naturales en la división de bienes de sus padres; la de 12 de brumario, año II (2 de noviembre de 1793) les concedía una parte igual a la de los legítimos. Esas leyes tuvieron efecto retroactivo a partir del 14 de julio de 1789. La Convención termidoriana anuló, sin embargo, la retroactividad.

Las personas sufrieron tanto como los bienes. Sin hablar de los asesinatos populares y de las ejecuciones legales. El clero y la nobleza desaparecieron como estamentos. La división de los franceses en tres estamentos quedó abolida desde el 4 de agosto, abolición confirmada por decreto de 7 de noviembre de 1789. Al desaparecer toda diferencia entre nobles y plebeyos, la aristocracia quedó reducida a la condición de simples ciudadanos. El 19 de junio de 1790 la Asamblea constituyente abolía la nobleza hereditaria, los títulos y los escudos heráldicos. La abolición del feudalismo, la reforma administrativa, después la reforma judicial, privaban al señor de toda prerrogativa sobre los campesinos; quedaba reducido, respecto del derecho, a la ley común. El artículo 6 de la Declaración de Derechos, de 1789, proclamaba la admisión de todos los ciudadanos a todas las dignidades, cargos y empleos públicos. La ley de 28 de febrero de 1790 lo confirmó para los grados militares: el nacimiento no suponía, desde ese momento, privilegio alguno. Al agravarse la crisis los nobles fueron, poco a poco, excluidos de^, las funciones públicas; a menos de los servicios importantes para la Revolución; el Comité de Salud Pública no consintió jamás, a pesar de las exigencias populares, que se les privase de sus derechos cívicos por medio de una medida general. La legislación antiaristocrática se mantuvo por parte de los termidorianos, después por los directoriales, lo que todavía subraya bastante bien, incluso después de termidor, hasta qué punto el sentido de la lucha de clases permaneció inalterable. La ley del 3 de brumario, año IV (25 de octubre de 1795) prohibía el acceso a las funciones públicas a los padres de los emigrados. Abolida por la mayoría realista del año V, fue puesta nuevamente en vigor después del 18 de fructidor. Se llegó, incluso, por inspiración de Siéyes, hasta pretender que se desterrase a los nobles que habían desempeñado determinadas funciones en el Antiguo Régimen, y que todos los demás quedasen en condición de extranjeros. Aunque no fue jamás aplicada, la intención no dejaba de ser evidente.

La nobleza de toga quedó destruida no sólo por los ataques perpetrados contra la propiedad aristocrática, sino también por la supresión de la venta de cargos, y su paso, según precio oficial, en asignados desvalorizados. La reforma administrativa, la de la justicia, fundadas sobre el principio de elección, eliminaron con frecuencia a estos funcionarios, que quedaron sin empleo.

Sin embargo, no hay que desfigurar los hechos. La aristocracia no quedó total ni irremediablemente despojada de sus bienes. Es decir, todos los señores perdieron al suprimirse el feudalismo y los derechos señoriales, pero sólo a los emigrados se les confiscaron sus tierras. Bastantes nobles pasaron la Revolución sin grandes daños, conservando sus propiedades territoriales. Ahora bien, la propiedad de tipo burgués quedó realmente liberada del feudalismo. Por otra parte, los divorcios ficticios, los rescates con nombres prestados, permitieron a los emigrados salvaguardar sus tierras o recuperarlas. Fue así como se mantuvo un cierto sector de la antigua aristocracia, que conserva, a pesar de haber perdido sus títulos, una parte de su prestigio tradicional, y que en el siglo XIX habría de fusionarse con la alta burguesía.

2. La libertad económica y la situación de las clases populares

Al mismo tiempo que se producía el derrumbamiento de la aristocracia, la burguesía revolucionaria perseguía con obstinación la destrucción del antiguo sistema de producción y de intercambio, incompatible con el auge de las empresas capitalistas. Sin duda alguna, tuvo en el año II que aceptar, con los desarrapados, los impuestos y la intervención. Simple intermedio que legitimaba la lucha contra la aristocracia. Después del 9 de termidor, sobre las ruinas del movimiento popular, la libertad económica se instaló triunfante. Las consecuencias fueron especialmente duras para las clases populares.

Las clases populares urbanas se beneficiaron, sin duda alguna, hasta que se restableció el sistema de portazgos y de abolición de los impuestos indirectos que les encarecían la vida. Pero la inflación y el alza de los precios disminuyeron bastante esta ventaja, al menos hasta los últimos años del Directorio, en los cuales hubo cosechas abundantes que hicieron bajar los precios. Los artesanos consideraron la supresión de las corporaciones por la ley Allarde, el 2 de febrero de 1791, en cierto modo democrática, sobre todo para los asalariados que pudieron abrir una tienda, pero perjudicó, sin embargo, los intereses de los dueños. La masa asalariada, a pesar de una cierta alza de los sueldos, vio empeorar sus condiciones de vida por causa del paro, la desorganización de las instituciones de asistencia, el mantenimiento de una situación legal de inferioridad, sancionada especialmente por el sistema censatario, y por la ley Le Chapelier.

La libertad económica, por causa del incremento que permitía al capitalismo, mantuvo la aceleración en la concentración de empresas. De este modo, al mismo tiempo que se transformaban las condiciones materiales de la vida social, se alteraba la estructura de las clases populares tradicionales. Sin duda, no hay que exagerar los progresos de la producción capitalista durante el período revolucionario. Estuvieron en gran parte frenados por los acontecimientos, la guerra especialmente, no llegando más que a ciertos sectores, como hilaturas de algodón, etc. Pero las condiciones se prestaban, a causa del gran desenvolvimiento de la economía capitalista, a que se transformase necesariamente la masa de las sans-culotterie en proletariado. La revolución burguesa entregaba sin defensa a las clases populares urbanas a los dirigentes de las nuevas formas de la economía. La ley Le Chapelier, de 14 de junio de 1791, prohibía la «coalición» y la huelga, constituyendo para el capitalismo industrial un instrumento eficaz de desarrollo.

La diferenciación social de la sans-culotterie procedía de la evolución económica que la Revolución aceleró. Entre los pequeños y los medianos productores y comerciantes que formaron los cuadros del movimiento popular en 1793-1794, algunos triunfaron, convirtiéndose en capitalistas industriales, otros permanecieron vinculados al artesanado y al comercio y la mayoría quedaron poco a poco eliminados y fueron a engrosar las filas del proletariado. Respecto de la suerte que les esperaba (pues por un artesano que se elevase a la industria, ¡cuántos habían fracasado!), artesanos y cuadrilleros tenían un presentimiento, pues unos sabían que la máquina aumentaba el paro, y otros, que la concentración capitalista llevaba consigo el cierre de sus talleres, reduciéndoles a la condición de asalariados. Durante el siglo XIX, artesanos y comerciantes se aferraron a su condición. Sería interesante, en este sentido, subrayar la parte que en las jornadas de junio de 1848 y la Comuna de 1871 correspondió al proletariado, propiamente dicho, y a las clases populares de tipo tradicional. Con ello se mediría la degeneración de éstas a medida que triunfaba el capitalismo industrial, subrayando a la vez uno de los motivos y una de las debilidades de los intentos revolucionarios del siglo XIX.

3. La disociación del campesinado

Las reformas agrarias de la Revolución beneficiaron desigualmente a las diferentes categorías sociales del campo. Una vez que había sido abolido el feudalismo, que constituía el factor esencial de unidad, los intereses eran divergentes. La Revolución robusteció bastante a los campesinos propietarios. Sin embargo, a causa de su resistencia encarnizada, los pequeños campesinos parcelarios o proletarios no salieron de la Revolución tan desarmados como las clases populares urbanas. Si la Revolución aceleró la disolución de la comunidad rural, no pudo, sin embargo, destruirla por completo.

Los campesinos propietarios se beneficiaron sólo de la abolición del diezmo y de los derechos feudales reales, y de la igualdad fiscal. Los granjeros y los colonos, y los campesinos sin tierras no sacaron más beneficio que la abolición de la servidumbre y de los derechos personales. Con las modalidades de la venta de los bienes nacionales, la propiedad campesina aumentó en beneficio de quienes ya eran propietarios, los grandes terratenientes y los arrendadores de tierras de mucho cultivo. Incluso en la época más favorable a los campesinos, la de las leyes montañesas, la venta en las subastas mejoró a los campesinos propietarios. La división de los bienes comunales, prevista por la ley de 10 de junio de 1793, hubiera permitido al campesino pobre entrar en el circuito de la propiedad privada y, por tanto, de la concentración agraria. En resumen, la división por cabeza de habitante, domiciliado, de cualquier edad y sexo, llevaba consigo el desmenuzamiento de la propiedad, aunque la mayoría de las comunidades rehusasen, pues los lotes les parecían suficientes y los pastos en común más ventajosos. Para satisfacer la necesidad de tierras del pequeño campesino había, como dice Georges Lefebvre, otras cartas que jugar: la división de las grandes explotaciones, por ejemplo, «no se había jugado». No podía jugarla la revolución burguesa. Las clases propietarias se atribuyeron lo más esencial de los bienes nacionales. En el departamento del Norte, la propiedad territorial del clero desapareció (ascendía a un 20 por 100 aproximadamente del conjunto en 1789), la parte de la nobleza bajó del 22 por 100 al 12 por 100 en 1802. Así se puede medir la ruina de la aristocracia. La propiedad de la burguesía pasaba, no obstante, a esa región, en esas mismas fechas, del 16 por 100 a más del 28 por 100, y la de los campesinos, de un 30 por 100 a más del 42 por 100. Estos resultados se aclaran de una manera singular cuando se piensa en el auge demográfico irresistible que entonces caracterizaba al campo en el Norte.

La idea de la propiedad que se impuso fue la de los campesinos propietarios: la misma que la de la burguesía. La masa rural no era por principio hostil al criterio de la propiedad individual, pero la limitaba estrechamente por sus concepciones tradicionales: los derechos colectivos, públicos y la segunda hierba, el espigueo, los derechos de uso sobre los bosques y los comunales. Todo esto equivalía, a los ojos de los pequeños campesinos, a una copropiedad de fondos. La Asamblea constituyente proclama la libertad de cultivar y de cercar, suprimiendo toda reglamentación, pues de ella provenía teóricamente la desaparición de los turnos comunes de cultivo y la división obligatoria; los prados forrajeros, incluso los no cercados, fueron sustraídos al pastoreo público. De este modo, la Revolución fortaleció la propiedad y la explotación en gran escala y favoreció también (dejando aparte el episodio del máximum) la libertad de comercio. Sin duda alguna, los campesinos lo aprobaron siempre que la Revolución hubiese extirpado de sus pueblos el dominio de la aristocracia. La revolución agraria no deja de ser, a pesar de las apariencias, comedida en sus efectos y, según Georges Lefebvre, «conservadora». A partir de ese momento, una minoría de campesinos propietarios poderosa, vinculada al nuevo orden, reunía a la burguesía respecto de sus posibilidades conservadoras.

El campesinado pobre, si no mejoró su situación, tampoco mantuvo lo substancial de sus condiciones tradicionales. No pudo, en su masa, acceder a la propiedad. Pero las Asambleas revolucionarias no osaron destruir irremediablemente la comunidad rural, aboliendo las propiedades comunes y los usos colectivos. El cercado fue autorizado, pero no impuesto. Esta reglamentación se mantuvo durante todo el siglo XIX y aún no ha desaparecido, ya que la ley de 1892, que continúa en vigor, subordina el pasto público a la voluntad de la comunidad campesina. La Revolución no fue, en ese sentido, más que un compromiso cuya importancia se mide si se compara la evolución de la agricultura inglesa y la agricultura francesa. Mantener los usos colectivos a voluntad de los campesinos, la división de la propiedad y la explotación, ha frenado considerablemente la transformación capitalista de la agricultura. La autonomía de los pequeños productores rurales se mantuvo durante bastante tiempo, dando así a la historia política de Francia algunas de sus características peculiares. Si el cercado y la división hubieran sido impuestos de una manera autoritaria, como en Inglaterra, el capitalismo hubiera triunfado en el dominio de la agricultura de una manera tan radical como en el de la industria. La lucha obstinada de la aristocracia feudal contra la Revolución, impidiendo durante largo tiempo todo compromiso político con la burguesía, la obligaba a tratar con los campesinos, incluso a los campesinos pobres, quienes con su resistencia lo hacían más difícil.

Es necesario, sin embargo, introducir ciertos matices que son perceptibles en la estructura social de los campesinos del Antiguo Régimen. En los países de gran cultivo, en que los grandes arrendadores de cosechas se convertían en agentes activos de la transformación capitalista de la agricultura, la comunidad desintegróse rápidamente al vaciarse de contenido. Los campesinos pobres se proletarizaron pronto, proporcionando la mano de obra necesaria a la agricultura moderna y a la gran industria. En los países de pequeño cultivo, de evolución más lenta, la comunidad rural se vio minada desde el interior por el antagonismo de los campesinos propietarios y por los campesinos pobres encarnizados en defender sus derechos de uso de campos y bosques. De este modo se enfrentaron dos formas de economía: una arcaica y otra nueva, en que se afirmaba el individualismo de los productores capitalistas. Lucha oscura, ardiente, jalonada durante el siglo XIX por las perturbaciones agrarias de tipo tradicional, siendo las últimas las de 1848-1851, que no fueron las menos violentas, ni las menos características.

4. Burguesía nueva y antigua

La burguesía, que preparó y dirigió la Revolución, se benefició esencialmente, pero en diferentes grados y según sus categorías. Aparecía radicalmente transformada, una vez que su equilibrio interno se hubo modificado. A la tradicional preponderancia, en cada estrato, según la fortuna adquirida, había sustituido la de los hombres de negocios y los jefes de empresa, los dirigentes de producción y de intercambios.

La burguesía del Antiguo Régimen, queremos decir la burguesía integrada en el antiguo sistema económico y social, compartió en cierta medida la suerte de la aristocracia. Los burgueses propietarios de señoríos y que vivían noblemente de sus diferentes rentas territoriales, vieron cómo se desvanecieron los tributos y los derechos feudales, mientras que los alquileres y arriendos se pagaban en asignados desvalorizados hasta la ley de 2 de termidor, año III (20 de julio de 1795), que prescribía que se pagasen en granos la mitad de los arriendos. La burguesía de los oficiales quedó como la nobleza de toga, arruinada con la supresión de las ventas de cargos, y la burguesía de las profesiones liberales, por la abolición del orden de los abogados, de academias y universidades, el 8 de agosto de 1793. A la gran burguesía de los negocios alcanzó la supresión en los arriendos de impuestos directos. La Convención llegó, el 24 de agosto de 1793, hasta abolir las sociedades por acciones. La alta finanza resintióse duramente por haberse cerrado la Bolsa, por la desaparición de la Caja de descuento, en el año II, el impuesto y la intervención, es decir, de la limitación del beneficio. Los impuestos revolucionarios y los préstamos forzosos alcanzaron a los financieros. Que se piense, por último, cuando se trate de medir los golpes que la Revolución dio a ciertos sectores de la burguesía, en las repercusiones catastróficas de la inflación. Más que en las empresas comerciales e industriales, la burguesía tradicional colocaba sus ahorros en préstamos hipotecarios o en títulos de la deuda pública. En el año III, el hundimiento del asignado incitó a los deudores a que liberaran sus deudas hipotecarias restituyendo el capital en papel-moneda desvalorizado. La ley de 23 de mesidor, año III (10 de julio de 1795), tuvo que prohibir el reembolso de las deudas contraídas antes del 1 de julio de 1792, y otros reembolsos por anticipación. La liquidación de las deudas, perpetua y vitalicia, de Cambon, bajo la Convención, y la quiebra de los dos tercios o liquidación de Ramel, bajo el Directorio, constituyeron nuevos golpes. Todos estos hechos explican la unión de una fracción importante de la burguesía del Antiguo Régimen con la contrarrevolución y que en este sentido haya compartido la suerte de la aristocracia. En la medida en que su fortuna estaba compuesta por bienes territoriales, la riqueza mobiliaria no ocupaba todavía más que un lugar mediocre en los patrimonios, esta burguesía, si no había emigrado, salvó lo principal; una vez que la tormenta había pasado, renovó sus rentas. Pero su primacía, a pesar de la consagración social que daba la tierra, ofrece bastantes dudas.

Apareció en primera fila una nueva burguesía: la de los dirigentes de la finanza y de la economía. La especulación, la venta de los bienes nacionales, el equipamiento, el armamento y el abastecimiento de los ejércitos, la explotación de los países conquistados, dieron a los hombres de negocios nuevas oportunidades para multiplicar sus empresas, mientras se desarrollaba la concentración capitalista. Sin duda, los progresos del capitalismo fueron lentos, las dimensiones de las empresas continuaban siendo modestas y el capitalismo comercial no preponderaba. Se afirmaron algunos grandes negocios, en lo textil especialmente. Los de Richard-Lenoir, en París; Bauwens, en Passy; Lachauvetière, en Burdeos; Jeannettes, en Amiens; Périer, llamado Milord, en el Delfinado, y Boyer-Fonfrède, en Tolosa, aparecían como grandes industriales. Pero en su origen esas inmensas y nuevas fortunas, más que de la producción industrial, procedían de la especulación y los aprovisionamientos a los ejércitos. Una multitud de compañías se aprovechó de la debilidad del Gobierno directorial para saquear al Estado: compañías Lanchère y Bodin, especializadas en los aprovisionamientos; compañía Felice, en la vestimenta, y compañía Monneron, en transportes. De esta forma renovóse la burguesía, incorporándose esos «nuevos ricos», de los cuales Ouvrard es el prototipo, y que con frecuencia dieron todo a la «sociedad» del Directorio. Verdaderos aventureros de la nueva sociedad, esos hombres, por su espíritu de empresa y su placer por el riesgo, reanimaron a la clase dirigente; fueron la cepa burguesa. De sus filas salieron los iniciadores del capitalismo industrial, en la medida en que, abandonando la especulación, invirtieron sus capitales en la producción.

En un grado menor de la escala burguesa, las circunstancias permitieron a numerosos comerciantes, artesanos en menor medida, multiplicar sus negocios, acrecentar sus empresas, redondear sus fortunas, y de este modo salir de las filas del pueblo y entrar en las de la burguesía. Aún más: la especulación aparece con frecuencia como el factor esencial de la movilidad social. En este nivel medio, la nueva clase dirigente bien pronto reclutó a los funcionarios de las administraciones públicas y a los miembros de profesiones liberales.

Después de diez años de cambios, los diversos rasgos de la nueva sociedad no habían quedado todavía determinados de una manera definitiva, aunque ya se iban bosquejando con una cierta nitidez. El deseo de orden que anima a los poseedores que quieren, bien sea conservar aquello que han salvado de su antigua riqueza, o bien gozar en paz de su nueva fortuna, debía facilitar la estabilización consular. Los cuadros de la nueva sociedad se consolidaron durante el período napoleónico. Así, al mismo tiempo que se estructuraban las instituciones que consagraban su supremacía, comenzó a operarse la fusión de los diferentes elementos de la nueva clase dominante: burguesía rejuvenecida y aristocracia unida, de acuerdo con los campesinos que igualaban nación y propiedad. Así, finalmente, se alcanzó uno de los fines que los hombres del 89 habían dado a la Revolución.

5. El conflicto ideológico: progreso y tradición, razón y sentimiento

El movimiento ideológico reflejó durante el período revolucionario el conflicto social y político: la dislocación de los cuadros sociales tradicionales y la incapacidad, para muchos, de adaptarse al nuevo orden. La agitación de los hombres, según ocurrían los acontecimientos, y la irritación de los ánimos, volvieron a dar fuerza y crédito a lo irracional. La Revolución aparecía como el coronamiento del siglo de la Ilustración. La contrarrevolución opuso la autoridad y la tradición al racionalismo lanzando sobre él las fuerzas oscuras del sentimiento y del instinto. La primacía de la inteligencia se discutía recurriendo a la intuición. La reacción antirracionalista se extendió al campo de las letras y de las artes. Si, gracias a David, la estética clásica y la inspiración antigua continuaron dominando con vigor las artes plásticas, los géneros literarios tradicionales se vaciaron de toda sustancia. Las disciplinas clásicas resistieron mal el choque de los acontecimientos, la emancipación de los individuos y el enardecimiento de las pasiones. La vida social y la vida intelectual estaban en pleno auge.

La investigación científica continuó siendo el campo preferido del racionalismo. En 1789 apareció el Traité de chimie, de Lavoisier; en 1796, Laplace publicó Exposition du système du monde. Monge, su Traité de géométrie descriptive, en 1799; tres grandes fechas en la historia del desarrollo y progreso del espíritu humano. Lavoisier, que había analizado el aire y el agua y establecido los principios generales como el de la conservación de la materia, ponía el ápice de los resultados adquiridos por la química. Laplace, para explicar el origen de los mundos, expresaba la hipótesis de la nebulosa, cuya condensación hubiera dado estrellas y planetas. En cuanto a Monge creaba una nueva rama de las matemáticas, la geometría descriptiva. En el Muséum enseñaban los naturalistas más famosos: Cuvier, Geoffroy, Saint-Hilaire, Lamarck. Cuvier publicó a finales de la Revolución, en el año VII, sus Leçons d’anatomie comparée, síntesis científica que hizo época, mientras que Lamarck, hasta ese momento partidario de la mecánica, concebía, de 1794 a 1800, la gran hipótesis de la evolución de las especies (su Philosophie zoologique no apareció hasta 1809).

Las ciencias del hombre constituían el campo preferido de los ideólogos, que mantenían la primacía de la razón y de la experiencia. Agrupados después de 1795 en la segunda sección del Instituto, la de las Ciencias Morales y Políticas, y en las grandes instituciones de enseñanza superior, creadas por la Convención, que utilizaban La Décade Philosophique, y cuyos discípulos provenían de las escuelas centrales, los ideólogos continuaron hostiles a la tradición y a la restauración religiosa.

«La teología, escribe Destutt de Tracy, dando cuenta de la obra de Dupuis, “L’origine de tous les cultes”, que apareció en el año III, es la filosofía de la infancia del mundo; ya es tiempo que haga un sitio a la edad de la razón; es una obra de la imaginación…, mientras que la otra filosofía se funda en la observación y la experiencia».

L’ideólogie se coloca, pues, entre la filosofía del siglo XVIII y el positivismo. En 1795 y 1796 el médico Cabanis dio lectura, en el Instituto, de seis primeras memorias de las doce que constituyen los Rapports du physique et du moral (1802), apareciendo como el fundador de la psicofisiología. Por otra parte, se esfuerza en constituir unas ciencias morales que, igualando en certeza a las ciencias físicas, pudiesen proporcionar una base sólida a una moral independiente del dogma. Médico en la Salpêtrière, Pinel creaba al mismo tiempo la psicopatología. Publicó en 1798 su Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie. El espíritu del siglo XVIII animaba una multitud de obras consagradas a la ciencia de las costumbres o a la historia de las ideas. Después que Voltaire hubo escrito su Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1756), Volney, que se había dado a conocer por su Voyage en Egipte et en Syrie (1787), publicó en 1791, cuando se sentaba en la Asamblea constituyente, su gran obra: Les ruines ou méditations sur les révolutions des empires, volviendo a emplear toda la argumentación de su siglo contra las religiones. Mme. de Staël contribuyó a que se ampliase la crítica literaria con su libro sobre La littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800): «Me he propuesto examinar cuál es la influencia de la religion, de las costumbres y de las leyes sobre la literatura». Era introducir la crítica histórica en el estudio de las obras literarias.

El testamento filosófico del siglo había sido redactado por Condorcet. Decretado su arresto y proscrito con los girondinos, escribía en 1794 su Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, que expresa una creencia irreductible en el progreso indefinido y en el perfeccionamiento de la Humanidad, progreso indefinido en el dominio científico:

«Según se van conociendo entre un mayor número de objetos, mayor número de relaciones, se llega a encerrarlas bajo expresiones más simples, presentándolas de forma que permiten abarcar un número mayor».

Hasta el progreso indefinido en las técnicas que dependen de las ciencias, hasta en las ciencias morales, el mundo moral y el mundo material quedan todos sometidos a leyes cognoscibles. Haciendo a Descartes, renovador del pensamiento y del método, el supremo homenaje, la Convención, según decreto del 2 de octubre de 1793, le admitió en el Panteón: «René Descartes merece los honores que se atribuyan a los mayores hombres».

La reacción antirracionalista se manifestó unida con la contrarrevolución. Aquellos que con un título cualquiera habían tenido que padecer la Revolución y el desmembramiento de la antigua sociedad, pronto hicieron responsable a la ideología del siglo de sus desgracias. Esta desaprobación de la Ilustración afirmóse entre los emigrados de 1794 en la obra que tanto indica del oscuro abate Sabatier de Castres. Pensées et observations morales et politiques pour servir à la connaissance des vrais principes du gouvernement: «Cuanto más se ilustran los pueblos tanto más desgraciados son». La autoridad, la tradición, la religión revelada, baluartes o refugios, se pusieron de moda; los errores imputados a la Ilustración y a la Revolución provienen de la falsa creencia de que los príncipes son de institución humana, cuando en verdad escapan al análisis y trascienden el vil poder de la razón.

Si el movimiento continuaba siendo todavía débil en la propia Francia, se aumentó en los centros de la emigración. Algunos se contentaron con una explicación irracional de los acontecimientos. Así, el abate Barruel, que en sus Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, publicado en Hamburgo, de 1797 al 1799, vinculaba la Revolución a una sombría conjura masónica:

«En esta Revolución francesa todo, hasta las maldades más horrorosas, ha sido previsto, meditado, combinado, resuelto, establecido. Todo ha sido resultado de la más profunda infamia, ya que todo ha sido preparado. Guiado por hombres que conocían únicamente ellos los hilos de las conspiraciones urdidas en las sociedades secretas y que han sabido elegir y apresurar los movimientos propicios para la conspiración».

Para otros, en el sino o en la fuerza de las cosas, recaía la responsabilidad la catástrofe. En su Essai historique, politique et moral sur les révolutions, que apareció en Londres en 1797, Chateaubriand hizo intervenir sin cesar «el sino de los acontecimientos», el «sino que regula los imperios», «este sino que se llama la fuerza de las cosas», para, finalmente, admitir su incapacidad de comprender y de explicar:

«A pesar de los mil esfuerzos hechos para penetrar en las causas de las perturbaciones de los Estados, siempre hay algo que se escapa; es un algo oculto no sé en dónde, y ese algo parece que es la razón eficiente de todas las revoluciones».

El mismo irracionalismo hay en Mallet du Pan, ginebrino naturalizado inglés, que da cuenta de los hechos achacándolos «al curso fatal de los acontecimientos», «la naturaleza imperativa de las cosas, es decir, una fuerza independiente de los hombres y de los gobiernos». De la «fuerza de las cosas» al «de la Providencia», el paso fue rápido.

El primer fundamento doctrinal de la contrarrevolución quedó establecido, con diferentes matices, en dos obras que aparecieron simultáneamente en 1796: la Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civite, del vizconde de Bonald, y las Considérations sur la France, de Joseph de Maistre.

En sus Considérations, Joseph de Maistre recurre deliberadamente a la explicación providencial de los acontecimientos:

«Todos estamos unidos al trono del Ser supremo por medio de una ligera cadena que nos retiene sin esclavizarnos. En los tiempos de la Revolución, la cadena que sostiene al hombre se encoge bruscamente, su acción disminuye y sus medios le engañan… La Revolución francesa es la que lleva a los hombres, no los hombres a ella. Quienes han establecido la República, lo han hecho sin quererlo y sin saber lo que hacían: han sido impulsados por los acontecimientos…, instrumentos de una fuerza que sabía más que ellos».

La Providencia «castiga para regenerar». Francia, al contradecir su vocación cristiana, necesitaba una regeneración que ha padecido en su sangre; la contrarrevolución se hará en el momento previsto por Dios. Estos puntos de vista sistemáticos prefiguran la teoría de las Soirées de Saint-Pétersbourg, especialmente en lo que se refiere a la guerra, «divina en sí misma puesto que es una ley del mundo». La legitimidad había hallado un teórico. El pretendiente hizo que se entregase a Joseph de Maistre una gratificación de cincuenta luises.

En la Théorie du pouvoir politique et religieux, de Bonald, esboza una teoría del cuerpo social por encima del acontecer y fuera de las contingencias:

«El hombre no puede dar una constitución a la sociedad religiosa o política, lo mismo que no puede dar el peso a los cuerpos o la extensión a la materia».

La realeza, el prototipo de la «sociedad constituida», tiene como característica la unidad de poder, las diferencias sociales, las jerarquías necesarias y la vinculación a la religión cristiana. El éxito, como los fracasos de la monarquía francesa, siempre han dependido de la fidelidad a sus leyes constitutivas inmanentes. Caracterizada en especial por un verdadero esfuerzo de abstracción, la Théorie du pouvoir constituye la primera tentativa importante de estructuración doctrinal en las filas de la emigración.

Publicadas en el extranjero, esas obras pasaron en principio inadvertidas en Francia, en donde la contrarrevolución sacaba provecho, sobre todo, de la persistencia de las corrientes irracionales. Las fuerzas oscuras del sentimiento y de la intuición, exaltadas por Rousseau, constituían un recurso contra las desgracias de la época; igual que las doctrinas esotéricas que derivan del ocultismo y del iluminismo; aún más, el peso de la religión tradicional a pesar de sus divisiones. Si el Gobierno y la burguesía republicana, socialmente conservadores, continuaban hostiles al Catolicismo, si la práctica religiosa aparecía en neta regresión en las masas del pueblo, la religión tradicional constituía con mucho un refugio y una consolación; para otros, un baluarte y una seguridad. Estas actitudes facilitaron la obra de la restauración religiosa de Bonaparte.

El movimiento literario muestra las mismas características. El choque revolucionario inspiró nuevos géneros, pero la pasión política fue incapaz de renovar los viejos géneros clásicos. El lenguaje, sin embargo, sufrió una transformación profunda; las palabras se cargaban de un poder nuevo de emoción y de sentimiento; palabras queridas eran nación, patria, ley, Constitución…; palabras malditas, tiranía, aristocracia… Las palabras estaban transfiguradas por una fuerza interna.

Los géneros tradicionales, teatro y poesía, aparte algunas obras que inspiraba el momento, acabaron por caer en el respeto cristalizado de las formas y de las reglas, y en la imitación inactual de los modelos antiguos.

La poesía no cuenta sino con nombres de tipo secundario, como el abate Delille (1758-1813) y Ecouchard-Lebrun, llamado Lebrun-Pindare (1729-1807), del cual puede recordarse la Ode au vaisseau «Le Vengeur» (1794). La exaltación patriótica o la pasión política inspiraron algunas obras más fuertes y vibrantes. La patria, nueva divinidad, a quien se ofrendaron los versos del Chant de guerre de l’armée du Rhin (nuestra «Marseillaise»), de Rouget de Lisle (25 de abril de 1792) o el Chant du départ, de Marie Joseph Chénier (14 de julio de 1794). La libertad y el patriotismo estimularon la inspiración de André Chénier (1762-1794), que escribió Le Serment du feu de Paume, en 1791. Pronto fue superado por la corriente revolucionaria, sospechoso y, como tal, detenido el 17 de ventoso, año II (17 de marzo de 1794). André Chénier compuso La jeune captive y, sobre todo, sus Iambes, poemas de inspiración antigua por la forma, pero que por el ardor del sentimiento personal hacían presentir el lirismo romántico.

El teatro también recibió, en cierto sentido, el impacto de la época. Siempre clásico de forma, se nacionalizó, después se republicanizó. El 13 de enero de 1791 la Asamblea constituyente abolía la censura real y todo tipo de privilegio en materia teatral: «todo ciudadano podrá abrir un teatro público y representar piezas de cualquier clase». Aproximadamente se abrieron unos cincuenta teatros en París. Parias bajo el Antiguo Régimen, los artistas eran ahora ciudadanos-comediantes que representaron un papel importante en el movimiento revolucionario. En 1793 el teatro convirtióse en una escuela de civismo. El 2 de agosto la Convención ordenó que se diesen tres representaciones por semana en aquellos teatros designados por la municipalidad.

«Las tragedias Brutus, Guillermo Tell y demás obras de teatro que dieran a conocer los gloriosos acontecimientos de la Revolución y las virtudes de los defensores de la libertad; una de esas representaciones se dará cada semana, corriendo la República con los gastos. Todo teatro en el cual se representen obras que pretendan depravar el espíritu y despertar la vergonzosa superstición de la realeza serán cerrados».

El 20 de ventoso, año II (10 de marzo de 1794), el Théâtre francés fue transformado en Théâtre du peuple; algunas de las obras se inspiraron en la actualidad, en el sentido exacto de la palabra. Por ejemplo, el Jugement dernier des rois, de Sylvain Maréchal, en 1793, profecía en prosa, en un acto, en donde se veía a todos los reyes deportados a una isla. El autor más fecundo fue Marie-Joseph Chénier (1764-1811). Tomando sus argumentos de la antigüedad, Caius, Gracchus (1792), Timoleon (1794), o de la historia nacional, Charles IX (1789), Jean Calas (1791), animaba sus tragedias con un espíritu revolucionario y con alusiones contemporáneas. Nada queda, sin embargo, de esta abundante producción de circunstancias, pues su forma anticuada se correspondía con un pasado acabado.

Aparecieron nuevos géneros, directamente vinculados al movimiento político. El arte literario se puso al servicio de la acción. Hay que buscarlo en los periódicos o en la tribuna de las asambleas o de los clubs. Hoy esos nuevos géneros interesan más a la Historia que a la Literatura.

La alocuencia política, según palabras de Chateaubriand, es el «fruto de las revoluciones; crece espontáneamente y sin cultivo alguno». En resumen, la elocuencia constituyó uno de los géneros literarios de la Revolución; elocuencia alimentada por la filosofía de la Ilustración, a veces abstracta y llena de reminiscencias de la antigüedad, no exenta de ampulosidad declamatoria y a veces de una pasión ardiente y abrasadora. Mirabeau dominó la Asamblea constituyente hasta su muerte, el 2 de abril de 1791, por su poder, siempre dueño de sí mismo, sacando partido de su contextura atlética y de su vigorosa fealdad; su discurso Sur la contribution du quart y contra la quiebra (24 de septiembre de 1789), su respuesta a sus acusadores (22 de mayo de 1790), continúan siendo merecidamente famosos. La elocuencia de Vergniaud era más elegante y más fácil; el creador girondino se complacía en panoramas abundosos en lugares comunes, recurriendo voluntariamente a los procedimientos ordinarios de la retórica, las repeticiones y las alegorías y a las reminiscencias greco-latinas. Danton fue, sobre todo, un improvisador sin gran preocupación por el arte ni la composición; su estilo no dejaba de recordar el de Mirabeau (se le calificó de Mirabeau del populacho). En cuanto a la elocuencia de Robespierre, si carecía con frecuencia de espontaneidad (preparaba cuidadosamente sus discursos), llevaba a la convicción por la lógica, por la seguridad de sus principios, por la llama ardiente y contenida a la vez que animaba al orador. El arte de Saint-Just era más nervioso, su estilo, a veces duro, abundaba en fórmulas de ataque ejemplares («Bronzez la liberté»). La elocuencia política se hizo más académica y más deslucida bajo la República burguesa, para agotarse en el despotismo consular.

El periodismo político tuvo bastante importancia, desde 1789, gracias a la libertad de prensa, y a pesar de las restricciones de hecho que se establecieron a partir de 1792. A los periódicos de carácter preferentemente literario del Antiguo Régimen (La Gazette de France, hebdomadario, y Le Mercure, mensual), seguía una prensa política que constituyó, sin duda, el verdadero género literario del período revolucionario. Los periódicos realistas pronto desaparecieron: Le Journal politique national, en el que colaboró Rivarol, desde 1790; Les Actes des Apôtres, en octubre de 1791, y L’Ami du Roi, del abate Royou, en mayo de 1792. Desde 1789, la prensa patriota dominó en el terreno político y literario, con Les Révolutions de Paris, de Elysée Loustalot; Le Publiciste Parisien, de Marat, que se convirtió en L’Ami du Peuple a partir del número seis; Les Révolutions de France et de Brabant, de Camilo Desmoulins. Podemos citar además Le Courrier de Provence (1789-1791), de Mirabeau; La Chronique de Paris (1789-1793), en que escribió Condorcet; Le Patriote français, de Brisset (1789-1793); Le Défenseur de la Constitution, que Robespierre publicó de mayo a agosto de 1792. En frimario, año II (diciembre 1793), Camilo Desmoulins lanzó Le Vieux Cordelier, que logró siete números. Se encuentran en esta prensa política bastantes rasgos de elocuencia revolucionaria: la pasión por las ideas, el ardor polémico, un cierto gusto por la retórica, las frecuentes referencias a la historia de la Antigüedad, por ejemplo, el númetro tres de Le Vieux Cordelier, que aparecía como una paráfrasis de Tácito. La prensa popular estaba representada por el periódico de Marat, y aún más por Le Père Duchesne, cuya publicación fue iniciada por Hébert en noviembre de 1790, buen periodista, lleno de verbo y de imaginación, que representaba en un estilo muy vivo las aspiraciones del pueblo de quien supo constituirse en altavoz. Después de termidor, la prensa se convirtió en su conjunto en antijacobina y a veces en realista. De esta profusión de hojas políticas bien pocas sobrevivieron. Hay que señalar tres, no obstante: La Décade philosophique, littéraire et politique, fundada en floréal, año II; La Gazette nationale ou le Moniteur universel, de Panckoucke, que apareció a partir del 24 de noviembre de 1789, y que en 1803 convirtióse en el periódico oficial, y Le Journal des Débats et des Décrets, cuyo primer número está fechado en 29 de agosto de 1789 y que parecía había de tener un futuro prolongado.

Aunque la Revolución tuvo un bajón innegable en la producción literaria, supo, en el campo de las artes, hallar formas de expresión que respondiesen a la grandeza de los tiempos y a las exigencias de un público mucho más numeroso. Por medio de la pintura, la música y la dirección y esplendor de sus fiestas nacionales, alcanzó la Revolución las más altas cimas del arte. Aquellas que exaltan el entusiasmo, no de una minoría de gustadores, sino de un pueblo unánime.

La acusación de vandalismo ha sido atribuida con frecuencia a la Revolución. Si es cierto que hubo numerosas destrucciones, los esfuerzos de las Asambleas revolucionarias no fueron menos constantes para conservar el patrimonio artístico de la nación. Con los constituyentes, la Comisión de Monumentos envió delegados a toda Francia para buscar y clasificar todo aquello que mereciese ser conservado; con la Convención, el Comité de Instrucción Pública y la Comisión Temporal de Arte cumplieron la misma función. El 26 de mayo de 1791, los constituyentes incluyeron al Louvre en el conjunto de todos los monumentos y confiaron la conservación de este Museo al conservatorio, dividido en cuatro secciones (pintura, escultura, arquitectura, antigüedades). Alejandro Lenoir reunió en el convento de los Petits-Augustins numerosas obras de arte, especialmente las estatuas del abate de Saint-Denis, destinadas a ser destruidas por odio a la realeza: ese fue el origen del Museo de monumentos franceses instituido por la Convención el 15 de fructidor, año II (1 de septiembre de 1794).

La emancipación de los artistas fue a la par. Por el impulso de David lucharon claramente, desde 1790, contra el monopolio de la academia sobre la Escuela de Roma y el Salón, que en 1791 hubo de abrirse a todos los artistas. El 8 de agosto de 1793, la Academia de Pintura y Escultura fue suprimida al mismo tiempo que todas las academias y universidades. En este sentido, el choque revolucionario también renovaba la inspiración de los creadores:

«Parecerá, tal vez, raro para los republicanos austeros, podemos leer en el “Livret” del Salón de 1793, que nos ocupemos de las artes, cuando Europa coligada asedia el territorio de la libertad… No aceptamos en absoluto ese adagio conocido: In armis silent artes. Recordamos con más gusto a Protogenio trazando una obra maestra durante el sitio de Rhodas».

Estas líneas, en los más duros días de la crisis, dan idea del espíritu que animaba a la mayoría de los artistas durante el período revolucionario. El arte no podía sustraerse al combate general por la libertad. Rindiendo pleitesía a la Convención el 19 de marzo de 1793, por su cuadro que representaba a Michel Lepeletier, asesinado por haber votado la muerte del rey, David declaraba:

«Cada uno de nosotros ha de rendir cuentas a la patria de los dones que ha recibido de la Naturaleza. Aunque la forma sea diferente, el fin ha de ser el mismo para todos. El verdadero patriota ha de aprovechar con avidez todos los medios para ilustrar a sus conciudadanos, y presentar continuamente ante sus ojos los rasgos sublimes del heroísmo y de la virtud. ¡Ciudadanos: el cielo, que repartió sus dones entre todos sus hijos, quiso que expresase mi alma y mi pensamiento por medio de la pintura!».

David (1748-1825) domina el arte revolucionario, como pintor y como director de las fiestas republicanas. Según las enseñanzas de Winckelmann, cuya Histoire de l’art chez les Anciens apareció en 1764, fue traducida tres veces al francés, de 1766 a 1793, David retorna al modelo antiguo, afirma la superioridad del dibujo y la forma inteligible sobre el color, que no se dirige más que a la sensibilidad. David rompía con la tradición del arte francés del siglo XVIII. Su celebridad se debe en principio a su serie antigua: Le serment des Horaces (1784), expuesto de nuevo en el Salón de 1791, con La mort de Socrate (1787) y el Brutus (1789); las Sabines, de 1799, y el Leónidas, en el que trabajó desde 1800 a 1804.

Pero abandonando por un momento los modelos antiguos, David puso su arte al servicio de la Revolución: elaboró el proyecto de Serment du Jeu de paume, expuesto en el salón de 1791; concibió el espectáculo de las fiestas nacionales, y pintó Lepeletier martyr de la liberté y Marat assassiné. Reclinado hacia atrás en su bañera, a la que recubre una sábana, Marat expira, con el pecho atravesado. Se ve el busto desnudo y la herida sangrante; la cabeza cubierta con una especie de pañuelo blanco, cae sobre el hombro, y la boca expresa algo como una sonrisa triste. La mano que toca la tierra, del brazo que cae fuera de la bañera colgando, sostiene todavía la pluma con la que escribía. En el suelo se encuentra el cuchillo del asesino… Es un cuadro patético que adornaba la sala de da Convención, y que excitando la virtud cívica, recuerda a los representantes la necesidad, peligrosa, de la Salud Pública. Cuadros antiguos se unen a los cuadros revolucionarios de David; la unidad proviene del espíritu de virtud y de la tensión heroica.

El arte del siglo XVIII continuaba. El pintor «sensible» por excelencia, Greuze (1725-1805) vivía todavía, y también Fragonard (1732-1806), más ligero, pero pintor notabilísimo; Hubert Robert (1733-1808), romántico ya, por su gusto por las ruinas, tiene, sin embargo, cuadros que señalan un sentido concreto de la vida moderna, y Prud’hon (1758-1823), aficionado a los modelos antiguos, tanto como David, pero en quien se nota también una tonalidad pre-romántica. En el terreno de la escultura, por último, Hou-don (1741-1828), que fue famoso por sus estatuas que imitaban la antigüedad, y más aún por sus retratos.

La música presentaba la misma dualidad. Con Grétry (1741-1813) y Da-layrac (1753-1809) se sostenía la continuidad con el siglo xvm. Pero al mismo tiempo el impulso revolucionario renovaba la inspiración y los métodos. Gossec (1733-1829) y Méhul (1763-1817), Grétry también, compusieron los himnos que se cantaron en las fiestas nacionales por las masas corales, imponentes, que exaltaban el sentimiento patriótico y el civismo republicano. El «Chant du 14 juillet», cuya música es de Gossec para el Hymne pour la fête de la Fédération, de Marie-Joseph Chénier, continúa siendo uno de los más bellos. El «Chant du Départ», de Méhul, con letra de Marie-Joseph Chénier, fue, con «La Marseillaisa», el himno de los republicanos que se enfrentó bajo la reacción termidoriana y el Directorio al «Réveil du peuple», realista. Grossec tuvo el primero la idea del Instituto Nacional de Música, creado por la Convención el 18 de brumario, año II (8 de noviembre de 1793) y reorganizado el 16 de termidor, año III (3 de agosto de 1795), bajo el título de «Conservatorio», para «tañer y enseñar música». La dirección estuvo a cargo de cinco inspectores: Gossec, Grétry, Méhul, Lessueur y Cherubini. Es suficiente decir que en este aspecto como en todos los demás coexistían, dividiéndose, dos géneros: el arte del siglo xvm y las nuevas formas de expresión.

Ruptura y continuidad caracterizaban, pues, la vida intelectual y artística, así como la propia sociedad. Racionalismo y tradición se enfrentaban con inteligencia y sentimiento. Las formas del arte clásico dominaban siempre, pero ya se notaba el romanticismo. Marie-Joseph Chénier traducía Ossian; Mme. de Staël afirmaba en 1800 su preferencia por la literatura del Norte: «Los pueblos del Norte son menos dados a los placeres que al dolor, y su imaginación no es por eso menos fecunda». Aparte de esto, las desgracias de la época, el mito del viejo buen tiempo, aparecía con su cortejo de caballeros y trovadores, ayudado en seguida por la evocación de un catolicismo sentimental que Chateaubriand supo explotar. Por medio de esta renovación de la sensibilidad y del pensamiento, la aristocracia y la emigración buscaban confusamente los medios para la adhesión práctica al nuevo orden. El mismo deseo de estabilización acechaba a la nueva burguesía. Poco preocupada por las ideas, indiferente a los principios, sólo pensaba en gozar o medrar, preocupándose tan sólo en sostener sus nuevos privilegios; es decir, lo esencial de la obra de la Revolución. La preocupación de la conservación social le ponía por cima del antagonismo de las ideas. Una burguesía domesticada y una aristocracia apaciguada estaba dispuesta a reunirse con el poder fuerte que garantiza su primacía reencontrada o adquirida por primera vez.

II

EL ESTADO BURGUÉS

La Revolución sustituyó al estado absolutista del Antiguo Régimen, fundado sobre la teoría del derecho divino y que garantizaba los privilegios de la aristocracia, por un Estado liberal y laico, fundado sobre los principios de la soberanía nacional y de la igualdad ciudadana. La ampliación censatario de esos principios puso a las nuevas instituciones en armonía con la estructura social nacida de la Revolución. El nuevo Estado no podía ser más que un Estado burgués, que garantizaba las prerrogativas de la nueva clase dominante.

1. Soberanía nacional y organización censataria

La destrucción del Estado del Antiguo Régimen se inició en el plano jurídico a contar de la noche del 4 de agosto. Si todos los ciudadanos, sin distinción de nacimiento, fueron declarados iguales, también fueron abolidos sin más «los privilegios particulares de las provincias, principalías, países, cantones, ciudades y municipios». La venta de cargos quedó suprimida. El decreto de 3 de noviembre de 1789 dejó en suspensión indefinida a los parlamentos y a los consejos superiores. Todo lo que limitaba el poder del Estado desapareció: los privilegios, las corporaciones intermedias, los particularismos, los vestigios de las antiguas autonomías. El aparato del Estado antiguo se había hundido y el nuevo Estado estaba transformado en su propia entraña.

De la transformación del Estado y del debilitamiento de sus poderes resultó el principio de la soberanía nacional. El Estado dejó de ser la propiedad personal del príncipe. Aparece ahora como una emanación del pueblo soberano. Si la sociedad, de acuerdo con la teoría del derecho natural, se funda sobre el libre contrato de sus miembros, el propio Estado se fundará en un contrato entre el Gobierno y los gobernados. El Estado se concibe para el servicio de los ciudadanos, a los que, según lo afirma el artículo 2 de la Declaración de 1789, ha de garantizar «la conservación de los derechos naturales» del hombre. La Constitución de 1791 subordinaba la monarquía a la nación, el ejecutivo al legislativo. Separó estrictamente los poderes. Por medio de la elección colocó el aparato del Estado en las manos de los ciudadanos. De este modo el poder central quedó debilitado por la nueva organización de los poderes públicos, mientras que en el plano local la centralización cedía el paso a la autonomía. La ley de 14 de diciembre de 1789 sobre la formación de las municipalidades, la de 22 de diciembre sobre la constitución de las asambleas primarias y de las asambleas administrativas, instituyen una descentralización mayor. El Estado quedó inerme. La percepción del impuesto, el mantenimiento del orden confiado a las municipalidades no le pertenecen. Estado liberal, por consiguiente, pero Estado burgués. La soberanía nacional se limitaba a los censatarios y los ciudadanos activos subordinados a los notables. El Estado convirtióse en propiedad de la burguesía. La resistencia de la aristocracia, la guerra civil y la guerra extranjera pusieron a prueba esta nueva estructura. No sobrevivió al 10 de agosto de 1792.

El fortalecimiento del poder del Estado coincidió con la instauración y la estabilización del Gobierno revolucionario. El aniquilamiento de la realeza después del 10 de agosto de 1792 permitía la organización del ejecutivo con nuevos criterios. La aplicación sin restricciones del principio de soberanía nacional y la aplicación del sufragio universal, extendieron la acción del Estado sobre la nación, mientras que el terror eliminaba a los elementos hostiles. Sobre esta nueva base social, el Estado jacobino del año II, aunque democrático, se hizo autoritario por necesidad: la Salud Pública lo exigía. Su autoritarismo quedó robustecido por dos características producto de la obra de los hombres del 89, pero que no cumplieron todas sus consecuencias lógicas más que en el 93: el racionalismo y el individualismo. En nombre del racionalismo, las instituciones se plegaron a un pensamiento rigurosamente lógico. El Estado es el instrumento de la razón, ante cuyas exigencias los hombres y los acontecimientos han de ceder; su autoridad quedó fortalecida. En nombre del individualismo, los organismos intermediarios, los grupos y las comunidades se suprimieron. El nuevo Estado sólo conoce a los individuos y tiene sobre ellos una acción directa. Frente al Estado, al cual ningún freno limitaba el poder, el ciudadano quedó inerme el día que le faltó la garantía de sus derechos y se implantó «el despotismo de la libertad». Robespierre explicó en su informe sobre los principios del Gobierno no revolucionario, el 5 de nivoso, año II (25 de diciembre de 1793):

«El Gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil, y el Gobierno revolucionario, de la libertad pública. Bajo el régimen constitucional basta casi proteger a los individuos contra el abuso del poder público; bajo el régimen revolucionario el poder público mismo está obligado a defenderse contra todas las facciones que le atacan».

Las circunstancias legitimaron, a ojos de los jacobinos, la restauración de la autoridad del Estado y de la centralización. La ley del máximo, de 29 de septiembre de 1793, confería al Estado la dirección de la economía, y el decreto de 14 de frimario, año II (4 de diciembre de 1793), colocaba a todos los cuerpos constituidos y a la funcionarios públicos bajo la inspección inmediata del Comité de Salud Pública y a la policía general bajo el Comité de Seguridad General. Minaba, sin embargo, una doble contradicción al Estado autoritario jacobino del año II. La dirección de la economía opuso a propietarios y productores, por una parte; asalariados y consumidores, por la otra. La centralización jacobina tropezaba, por otra parte, con la tendencia natural de la sans-culotterie en la democracia directa. La dictadura de Salud Pública plegó a los militantes populares a su estricta disciplina, destruyendo a aquellos que rehusaban. No reposando sobre una base social de clase como el Estado liberal burgués de 1791, el Estado jacobino del año II era una edificación falsa. Después del 9 de termidor el edificio derrumbóse.

El Estado liberal burgués se restableció. La economía se libró de la dirección estatal. La Constitución del año III volvió al sistema liberal de la Asamblea constituyente. El sufragio censatario apartó las masas del poder. Pero la conciencia de clase de los «notables» salió endurecida de la experiencia democrática del año II. Si la constitución del año III restablecía la separación de poderes y privaba al ejecutivo de todo medio de acción en cuestión financiera, fortalecía, sin embargo, los poderes del Estado, manteniendo una cierta centralización. El Directorio se preocupa por la seguridad exterior e interior de la República y dispone del ejército (artículo 144); puede decretar arrestos y comparecencia ante el juez (artículo 145); vigila y asegura la ejecución de las leyes en las administraciones y los tribunales por medio de comisarios por él nombrados (artículo 147). La administración no quedó totalmente descentralizada. Las administraciones municipales quedaron subordinadas a las administraciones departamentales y éstas a los ministros. Los comisarios del Directorio, con poderes amplios, en relación directa con el ministro del Interior, aseguran en todas las escalas la presencia de la autoridad gubernamental. En la práctica, el mantenimiento del poder del Estado se determinó aún más por el nombramiento directo de un gran número de administraciones y de tribunales que teóricamente se decían elegidos por la extensión del poder reglamentario y por el desarrollo del aparato y de la arbitrariedad policíaca. El pueblo, excluido por la organización censataria del sufragio; la aristocracia, todavía sin reunir, y una parte de la burguesía hostil hacía que se considerase demasiado estrecha la base social del Estado directorial. De aquí las violaciones de la Constitución, las elecciones abortadas en fructidor, año V, y en floreal, año VI, y hasta cierto punto la subordinación del legislativo al ejecutivo. En las Repúblicas hermanas el poder ejecutivo se forzó; en Holanda, en Suiza, en Roma. El turno anual de las elecciones, aunque manteniendo el carácter liberal del sistema, llevaba consigo, sin embargo, la parálisis del Ejecutivo, siempre a merced de un cambio en la mayoría. En 1799, la guerra extranjera y el impulso jacobino legitimaron a ojos de la burguesía el robustecimiento definitivo del ejecutivo. Fue el golpe de Estado de brumario.

La Constitución del año VIII reemplazó la elección por la cooptación, humillando definitivamente al legislativo y colocando al ejecutivo en manos del primer cónsul. El Estado liberal soñado por los hombres del 89 había desaparecido. Pero si la Constitución les había frustrado el poder político, la dictadura militar salvaguardó la preponderancia social de los «notables». El nuevo Estado autoritario amplió muy pronto su base social con vinculación a la aristocracia, aunque permaneciendo burgués.

2. Secularización y separación de la Iglesia y el Estado

Por la lógica de la circunstancia, la Revolución fue poco a poco sustituyendo el Estado de derecho divino y la unión del trono y el altar por un Estado laico separado de la Iglesia.

El régimen de culto público privilegiado fue muy pronto sustituido por el de la religión del Estado. La Asamblea constituyente contentóse al comienzo con la simple tolerancia, proclamada por el artículo 10 de la Declaración de derechos. Pero el 13 de abril de 1790, considerando que «no tiene ni puede tener ningún poder para ejercerlo sobr las conciencias y las opiniones religiosas», rehusó mantener el catolicismo como religión del Estado. La Constitución civil del clero, adoptada el 12 de julio de 1790, no reconoció el monopolio del culto público al catolicismo. El Estado civil, la enseñanza y la asistencia continuaron en manos de la Iglesia. Pero el cisma que se derivaba de la Constitución civil constituyó un factor importante de evolución. La lucha contra los sacerdotes refractarios, las hostilidades progresivas contra los sacerdotes constitucionales, llegaron poco a poco a constituir un ataque a la Iglesia y después a la propia religión.

El laicismo del Estado progresó abiertamente desde el 10 de agosto de 1792. El 18 de agosto, considerando que un «Estado verdaderamente libre no puede sostener ninguna corporación», la Asamblea legislativa suprimió las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza y caridad. Los bienes de los hospitales y de los hospicios, de los colegios y de las universidades se pusieron en venta. La enseñanza y la asistencia fueron laicas. Ese mismo decreto de 18 de agosto prohibía que se llevase el hábito religioso, salvo a los ministros del culto, durante el ejercicio de sus funciones. El 26 de agosto los refractarios hubieron de salir del reino dentro de los quince días, bajo pena de deportación a La Guayana. Sobre todo, el 20 de septiembre de 1792, la Asamblea legislativa declaraba laico al Estado civil, que a partir de ese momento quedaría en manos de las municipalidades. Ese mismo día, considerando que «el matrimonio no es más que un contrato civil» y que «la facultad de divorcio proviene de la libertad individual que con un compromiso indisoluble desaparecería», el Legislativo instituía el divorcio.

La separación de la Iglesia y el Estado produjo las peripecias de la guerra civil y de la descristianización. En sus comienzos, la Convención mostróse conciliadora con la Iglesia constitucional, desmintiendo en su arenga de 30 de noviembre de 1792 la intención de privar a los ciudadanos «de aquellos ministros que la Constitución civil les ha dado». El 27 de junio de 1793 declaraba que los honorarios de los eclesiásticos formaban parte de la deuda pública. Pero se mostró más rigurosa aún que el Legislativo contra los refractarios, ordenando el 23 de abril de 1793 su deportación, sin demora, a La Guayana. Muy pronto el descrédito llegó a los sacerdotes constitucionales, sospechosos de realismo o moderantismo. Poco a poco las medidas hostiles fueron aumentando. El problema del matrimonio de los sacerdotes planteóse a partir de julio de 1793. El 12 de agosto la Convención anulaba «cualquier destitución de los ministros del culto católico que tuviera por causa el matrimonio de aquellas personas que lo deseasen». Los sacerdotes casados podrían reemprender o continuar sus funciones. La adopción del calendario revolucionario y la institución del décadi, el 5 de octubre de 1793, y, después, la descristianización, constituyeron la etapa decisiva. A pesar de la solemne afirmación de la libertad de cultos por decreto del 16 de frimario, año II (6 de diciembre de 1793), las iglesias continuaron cerradas. Esta situación de hecho quedó sancionada después del 9 de termidor. A propuesta de Cambon, el segundo sans-culottide, año II (18 de septiembre de 1794), la Convención decretó que la República ya no pagaría «los gastos ni los salarios de ningún culto». Equivalía a suprimir implícitamente la constitución civil y separar la Iglesia del Estado.

El régimen de separación de la Iglesia y del Estado quedó estrictamente reglamentado por decreto de 3 de ventoso, año III (21 de febrero de 1795), la República no paga ningún culto. La ley no reconoce ningún ministro. Toda manifestación pública, todo signo externo quedan prohibidos. El 11 de prairial siguiente (30 de mayo de 1795) la Convención autoriza, no obstante, el libre empleo de los edificios religiosos no enajenados para que puedan celebrarse los diferentes cultos. El decreto de 7 de vendimiario, año IV (29 de septiembre de 1795) codificó todas esas medidas e impuso a los ministros del culto el juramento de «sumisión y obediencia a las leyes de la República». Contra los sacerdotes refractarios, la Convención mantuvo por medio del decreto de 3 de brumario, año IV (25 de octubre de 1795) las leyes de 1792 y 1793, que el Directorio confirmó incluso en los artículos 24 y siguientes de la ley de 19 de fructidor, año V (5 de septiembre de 1797). El Directorio practicaba al mismo tiempo un laicismo combativo, imponiendo el calendario republicano a todos los actos de la vida pública por medio del decreto de 14 de germinal, año VI (3 de abril de 1798), instituyendo el descanso del décadi el 17 de termidor (4 de agosto de 1798) y reglamentando su celebración el 13 de fructidor (30 de agosto de 1798). Al final del período el descenso de la influencia y del prestigio de la Iglesia católica era innegable. Se notaba por la miseria y la desorganización de un clero dividido, por la disminución de las prácticas religiosas y el proceso de la incredulidad en las clases populares. La Iglesia y la Revolución eran inconciliables en el plano doctrinal y continuaban siendo enemigas.

La necesidad de una estabilidad social, la vinculación de la mayor parte de la nación a la religión tradicional explican la rapidez de la restauración religiosa bajo el Consulado. Pero concibiendo a la religión como un medio de sumisión social y a la Iglesia como un instrumento de Gobierno, Bonaparte, si reconoció el Catolicismo como la religión de la mayoría de los franceses, rehusó darle la categoría de religión del Estado. Por medio de los artículos orgánicos subordinó estrechamente la Iglesia al Estado. La separación de la Iglesia y del Estado desapareció durante un siglo, pero el Estado continuó siendo laico.

3. Los servicios estatales

La Revolución refundió totalmente el aparato del Estado, poniendo las nuevas instituciones administrativas, judiciales y financieras en armonía con los principios generales de la sociedad burguesa y del Estado liberal.

Se volvieron a crear las instituciones administrativas locales de la Asamblea constituyente según un plan racional aplicando el principio de la soberanía nacional. Los administradores se elegían. De aquí provenía la descentralización. El poder central no podía actuar dictatorialmente sobre las autoridades locales nacidas de la soberanía popular. De aquí también un debilitamiento del aparato administrativo, pues las autoridades locales estaban colegiadas y nacían de la elección. La frecuencia de las elecciones llevaba consigo, por otra parte, la inestabilidad. Según la Constitución de 1791, las administraciones se renovaban en una mitad cada dos años en los departamentos y distritos, y cada año para los municipios. Según la del año III, la renovación era anual para una quinta parte de las administraciones del departamento, y una mitad para los municipios. En estas condiciones la formación de un personal administrativo competente era difícil, sobre todo en el nivel de municipios y del campo en general. Las administraciones del departamento y del distrito se reclutaron en la burguesía; las del municipio, entre las capas medias del artesanado, del comercio y de las profesiones liberales. En 1793 se evidenció una tendencia neta a la democratización en el nivel de los distritos y aun más todavía en el de los municipios en que han triunfado los desarrapados. En los campos, la formación de los municipios fue con frecuencia difícil por la falta de personal competente. De aquí las municipalidades cantonales de la Constitución del año III, formadas a razón de un agente municipal y de un adjunto por comuna, pero que tuvieron poco éxito.

La tendencia a la descentralización estaba, sin embargo, en germen en la racionalización de las instituciones. La crisis de la Revolución en 1793 aceleró la evolución. El Gobierno revolucionario instituyó la permanencia de las instituciones, y por medio de la depuración sustituyó de hecho la elección por nombramiento. El decreto de 14 de frimario, año II (4 de diciembre de 1793) creaba para las municipalidades y las administraciones de distrito agentes nacionales, quienes tenían que dar cuenta cada diez días a los dos comités del Gobierno. El aparato burocrático quedó robustecido y democratizado.

La Constitución del año III dio a la burguesía de «notables» el monopolio administrativo, recurriendo al sufragio censatario. Pero se inclinaba, no obstante, a fortalecer la estructura administrativa del Estado nombrando comisarios del poder ejecutivo cerca de las administraciones municipales y departamentales. El Directorio, por otra parte, buscaba la reorganización administrativa en todos los campos. Así lo testimonia, por ejemplo, la obra, con frecuencia inmejorable, de François Neufchâteau, en el ministerio del Interior. Sobre el fundamento de este esquma de orden institucional se edificó en parte la dictadura militar de Bonaparte. Pero aunque subsistiera la elección, la inestabilidad continuaba y a veces también la competencia. Por la ley de 28 de pluvioso, año VIII (7 de febrero de 1800), Bonaparte suprimió la elección y creó una plantilla de funcionarios nombrados por él. De este modo estabilizó el aparato administrativo y fortaleció su competencia al servicio del Estado autoritario.

Las instituciones judiciales fueron reorganizadas por la Asamblea constituyente, según los mismos principios que las instituciones administrativas. Pero la elección no produjo en este caso las mismas dificultades. Después del decreto del 16 de agosto de 1790 los jueces eran elegidos durante seis años y reelegibles, sin que nadie pudiera ser elegido si no había sido durante cinco años juez o abogado que hubiese ejercido públicamente en un tribunal.

La Constitución del año III hizo que la duración del mandato fuese de cinco años. Este criterio buscaba salvaguardar la estabilidad y la competencia de la magistratura. En cuestiones de procedimiento criminal la Asamblea constituyente dio muestras de gran liberalismo. Ningún organismo estaba encargado de investigar los crímenes una vez que se había suprimido el Tribunal del Rey. El procedimiento era público, salvo para los primeros actos de la instrucción. La institución del doble del jurado de acusación y de juicio constituía una garantía para el inculpado.

La organización judicial sufrió, como no podía ser menos, la influencia de las circunstancias y evolucionó en el mismo sentido que la estructura del Estado. La Convención suprimió para los elegidos las condiciones de capacidad. Bastaba con tener veinticinco años. El procedimiento en esas condiciones tendía a la simplificación. El Ejecutivo se subordinaba al mismo tiempo al poder judicial. La separación no existía, en realidad, con el Gobierno revolucionario, que mantuvo la concentración y la unidad de poderes. El sistema judicial terrorista se caracterizó a la vez por la creación de tribunales de excepción, en el procedimiento expeditivo, y también por suprimir las garantías del derecho común. En el Directorio, la organización judicial padeció por causas de este procedimiento. El Directorio tenía por la Constitución el derecho de dictar órdenes de comparecencia y autos de prisión. Subsistieron las jurisdicciones de excepción, en forma de comisiones militares, para juzgar a los oponentes políticos, chouanes o jacobinos.

Por último, en cuestiones de codificación, la obra de la Revolución quedó incompleta: destruido el derecho feudal y el derecho canónico, se enfrentó contra el derecho romano, intentando crear un derecho nacional uniforme. En agosto de 1790 la Asamblea constituyente decretó que se haría «un código general de leyes sencillas, claras y apropiadas a la Constitución». Adoptó un código penal el 25 de septiembre de 1791; el 28, un Código rural. En agosto de 1793, en el momento más difícil de la crisis, la Convención discutió un proyecto del Código civil presentado por Cambacérès, en nombre del Comité de Legislación. Si las asambleas revolucionarias no lo hicieron todo, sí hicieron un trabajo de importancia y pusieron los fundamentos para las leyes orgánicas sobre problemas esenciales: matrimonio y divorcio, sucesiones y derechos de testar, propiedad rural o hipotecas. En este sentido el período termidoriano y directorial se caracterizaron por un indiscutible retraso respecto de la legislación montañesa, que suprimió la retroactividad en cuestiones de sucesión.

Fue el anuncio de la estabilización del derecho en la época consular, que expresaba a su vez la estabilización de la sociedad, mientras que la vuelta a los jueces, nombramiento y la restauración progresiva del sistema sin jurado robustecía el poder del Estado.

Las instituciones financieras creadas por la Asamblea constituyente se caracterizaban especialmente por la igualdad fiscal y el establecimiento de tres grandes contribuciones directas (territorial, mobiliaria y de patentes). Los poderes del Estado en este sentido estaban debilitados por la supresión del impuesto directo, que le privaba de ingresos importantes y regulares, al desaparecer toda administración financiera. Los municipios se encargaban de los gastos e ingresos. La evolución en este caso fortaleció también la autoridad del Estado en un momento de debilidad.

La Convención retocó el sistema fiscal de la Asamblea constituyente, pues el 12 de marzo de 1793 suprimió la patente y decidió que las rentas de la industria y del comercio se tendrían en cuenta con la contribución mobiliaria. Los ingresos obtenidos por el impuesto se mermaron en 1793 por causa de la guerra civil. La Convención montañesa recurrió a los impuestos revolucionarios, y el empréstito forzoso legislado en principio el 20 de mayo de 1793 se organizó el 3 de septiembre. Se fijó en mil millones, y generalmente llevaba una tarifa progresiva sobre aquellos ciudadanos cuya renta fuese superior a 1500 francos y 1000 francos para los solteros. Los termidorianos volvieron al sistema de los constituyentes y restablecieron la patente el 6 de fructidor, año IV (23 de agosto de 1796). Para luchar contra la depreciación, la ley de 2 de termidor, año III (20 de julio de 1795), instituyó el pago de la contribución territorial mitad en asignados, valor nominal, mitad en granos según valor de 1790. En el año VII el conjunto del sistema fiscal quedó refundido por los Consejos directoriales. La contribución territorial por la ley del 3 de frimario (23 de noviembre de 1798), que establece la aportación obligatoria en dinero, la contribución mobiliaria por la del 3 de nivoso (23 de diciembre de 1798) aumentó la tarifa bastante; el decreto del 1 de brumario (22 de octubre de 1798), que modificó las bases del presupuesto municipal. Se creó una cuarta contribución directa por medio de la ley de 4 de frimario (24 de noviembre de 1798): la de las puertas y ventanas. Al mismo tiempo se reorganizaban los derechos de registro (ley de 22 de frimario, 12 de diciembre de 1798) y del timbre (ley del 13 de brumario, 3 de noviembre de 1798), legislación fundamental que, en sus partes principales, continuó en vigor durante más de un siglo. Los ingresos del Estado bajaron no poco, según querían los poseedores. Pero los consejeros rechazaron que se restableciesen impuestos indirectos, contentándose con un impuesto sobre el tabaco, un impuesto sobre carreteras con derecho de paso y un impuesto sobre el precio de los asientos en los vehículos públicos.

El sistema de percepción establecido por los constituyentes era en gran parte responsable de la mala percepción del impuesto, ya que era imposible recurrir a la coacción ejecutiva por las autoridades municipales encargadas de ello. La ley de 22 de brumario, año VI (12 de noviembre de 1797) creó una agencia de contribuciones directas en cada departamento, formada por comisarios, que ayudarían a las administraciones municipales en todos «los trabajos relativos a la percepción de los ingresos y a las cuestiones contenciosas de las contribuciones directas». No se trataba de una administración especializada, sino de un simple control.

El fortalecimiento de los poderes financieros del Estado había hecho grandes progresos bajo el Directorio. Bonaparte se contentó en muchos aspectos con utilizar los instrumentos creados por sus predecesores. Pero al sustituir al Estado liberal por un Estado autoritario completó el trabajo directorial, creando una administración financiera eficaz, que dependía de un poder central único y logró pronto la formación de un catastro, única base racional del impuesto territorial. Tranquilizando definitivamente a los poseedores, pudo restaurar el crédito de Estado. El restablecimiento de los impuestos indirectos, comprendido el de la sal, señaló bajo el imperio el fin de la evolución, subrayando la potencia del Estado autoritario.

III

UNIDAD NACIONAL E IGUALDAD DE DERECHOS

La Revolución francesa volcó toda su impronta en determinadas palabras. Nación es una de ellas. Cuando en Valmy el cañoneo enemigo amenazaba acabar con las líneas francesas, Kellermann gritó ante los prusianos asombrados: «¡Viva la nación!».

La consigna repercutió y se amplió de fila en fila entre los voluntarios. El enemigo dudó. «Hoy y en este lugar —dijo Goethe— comienza una era nueva en la historia del mundo».

A partir de 1789 la palabra nación se cargó con un valor nuevo, metido en los impulsos apasionados del corazón, en los movimientos colectivos espontáneos que animaban los sentimientos de fe y de esperanza. La nación era la corporación entera, la masa de ciudadanos unidos en un solo bloque. Ya no había estamentos ni clases. Todo cuanto era francés componía la nación. La palabra clave resonaba en lo profundo del alma colectiva y liberaba las fuerzas latentes y elevaba a los hombres por encima de sí mismos. Pero rápidamente, bajo la máscara de la palabra, la realidad del nuevo orden afirmóse. Nación: una de esas «palabras-ilusiones» de que habla Ferdinand Brunot en su Histoire de la langue française. El contenido social de la realidad nacional evolucionó al ritmo de la Revolución. Si la unidad nacional hizo durante ese período progresos indiscutibles, la desigualdad de los derechos introducía, sin embargo, una contradicción fundamental en la nueva nación. Concebida sobre la base de la propiedad y en los cuadros limitados del sistema censatario, excluía de hecho las masas populares.

1. Los progresos de la unificación

La nación francesa dio un paso decisivo en la vía de la unidad durante la Revolución. Las nuevas instituciones formaron el cuadro de un Estado administrativo y económicamente unificado. La conciencia nacional se fortalecía al mismo tiempo por las luchas revolucionarias contra la aristocracia y la coalición.

La racionalidad de las instituciones por medio de la Asamblea constituyente, la vuelta a la centralización por el Gobierno revolucionario, el esfuerzo administrativo del Directorio, acabaron la obra de la monarquía del Antiguo Régimen con la destrucción de las autonomías y de los particularismos, poniendo en su debido lugar la estructura institucional de un Estado unificado. Al mismo tiempo, por medio de la igualdad civil y el movimiento de las federaciones en 1790, y también por el desarrollo de la red de sociedades afiliadas a los jacobinos, el antifederalismo y los congresos o reuniones centrales de las sociedades populares en 1793, se despertó y forjó la conciencia de la nación una e indivisible.

Los nuevos vínculos económicos robustecieron la unidad nacional. La división feudal, destruida; los pasajes y las aduanas interiores, abolidos; y el «retroceso» de las aduanas hasta la frontera política tendían a unir el mercado nacional, que estaba, por añadidura, protegido de la competencia extranjera por medio de una tarifa proteccionista. La libre circulación interior despertó y fortaleció la solidaridad económica de las diversas regiones, en la cuantía que permitía el desarrollo de los medios de comunicación. La unidad económica exigía un sistema uniforme de pesos y medidas. En mayo de 1790 la Asamblea constituyente creó la Comisión de Pesas y Medidas. El 26 de marzo de 1791 adoptaba las bases del nuevo sistema: se fundaría «sobre la medida del meridiano terrestre y la división decimal». Delambre y Méchain midieron en 1792 la distancia del meridiano entre Dunkerque y Barcelona; Haüy y Lavoisier determinaron el peso de un volumen de agua destilada a 0º y pesado en el vacío. El 11 de julio de 1792 la Comisión fijaba la nomenclatura de los pesos y medidas a partir de las dos unidades fundamentales: el metro y el gramo. Los decretos decisivos fueron los de 1 de agosto de 1793 y 18 de germinal, año III (7 de abril de 1795). El artículo 5 de este último decreto definía el metro:

«la medida de longitud, igual a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por el polo boreal y el ecuador»;

y el gramo:

«el peso absoluto de un volumen de agua pura, igual al cubo de la centésima parte del metro y a la temperatura del hielo en fusión».

Faltaba lograr que el sistema métrico se emplease. De demora en demora, la Revolución no lo logró. El Gobierno consular prescribía la aplicación desde 1 de vendimiario, año X (23 de septiembre de 1801). Pero las nuevas unidades de medida no sustituyeron sino lentamente, en la práctica, a las medidas del Antiguo Régimen.

El ejército nacional constituyó un medio de unificación potente, en la cuantía que aumentó la conciencia nacional. La Asamblea constituyente se mostró tímida en este aspecto: se contentó con abolir la milicia, y el 28 de febrero de 1790, la venta de los cargos desde entonces accesibles a todos. El decreto de 9 de marzo de 1791, organizando un ejército de primera línea, mantuvo el reclutamiento por medio de enganches voluntarios. Los constituyentes legalizaron al mismo tiempo una idea revolucionaria, la guardia nacional, reservándola, bien es verdad, sólo a los ciudadanos activos. La ley de 6 de diciembre de 1790 establecía los principios generales, que adoptó y precisó la del 19 de septiembre de 1791. La descomposición del ejército en guerra, la amenaza de ésta, además de la huida del rey, determinaron que la Asamblea constituyente levantase en la guardia nacional a 100 000 voluntarios organizados en batallones (21 de junio de 1791). A esos voluntarios de 1791 se agregaron las leyes ordenadas por la Asamblea legislativa. La caída del trono, el peligro nacional y la entrada de la sans-culotterie en la escena política dieron un impulso sin trabas a la formación de un ejército unitario. Desde julio de 1792 los ciudadanos pasivos entraban en los batallones de la guardia, que se hicieron entonces verdaderamente nacionales. El 24 de febrero de 1793 la Convención ordenó una leva de 300 000 hombres, pero desde el 21 decretó la amalgama de los regimientos del antiguo ejército regular y de los batallones de voluntarios.

En resumen: la unificación progresó lentamente. Sólo se reglamentó el reclutamiento por medio del decreto de 19 de nivoso, año II (8 de enero de 1794). Por otra parte, a pesar de la leva en masa ordenada el 23 de agosto de 1793, todos los franceses no fueron llamados para servir con las armas. A pesar del carácter general del reclutamiento, sólo fueron llamados los solteros o viudos sin hijos de dieciocho a veinticinco años. Y, lo que es aún más, al año siguiente la Convención termidoriana no hizo ningún reclutamiento. El servicio obligatorio fue algo excepcional. La ley Jourdan, que establecía las quintas votadas el 19 de fructidor, año VI (5 de septiembre de 1798), lo hacía obligatorio:

«Todo francés es soldado» (art. 1). «Las quintas comprenden a todos los franceses desde la edad de veinte años cumplidos hasta los veinticinco pasados» (art. 15).

Pero el cuerpo legislativo fijaba mediante una ley especial el contingente de tropas; a todos los llamados no se les consideraba útiles. En especial la ley de 28 de germinal, año VII (17 de abril de 1799), introducía el principio de sustitución; suprimida el 14 de mesidor siguiente (2 de julio de 1799), la restableció Bonaparte, a satisfacción de los notables. Pero a pesar de esas restricciones la amalgama, la leva anual en masa, lo que venía a ser semejante a las quintas, si se llamaba a todas las clases, como en el año VII, y bajo el imperio, hicieron que el ejército quedase verdaderamente unificado y nacionalizado. Sin duda alguna, después de termidor, la reacción transformó lentamente el espíritu cívico del ejército. Pero el principio continuó siendo el mismo, el de la nación en armas. El ascenso rápido en recompensa del valor continuó siendo el símbolo popular de la igualdad. Con este doble título el incomparable instrumento de guerra que heredó Bonaparte continuó siendo uno de los factores esenciales de la unidad nacional.

Los progresos de la lengua francesa caminaron en el mismo sentido. La mayoría de los franceses no hablaban en 1789 sino dialectos o patois, lo que les dejaba al margen en gran parte de las corrientes de la vida intelectual y política. Preocupada por la autonomía local, la Asamblea constituyente salvaguardó el particularismo lingüístico. El 14 de enero de 1790 ordenó la traducción de sus decretos a todos los dialectos que se empleasen en el país. La Convención, al nacionalizar la guerra, se vinculó, por el contrario, a la tarea de hacer del francés una lengua nacional. La uniformidad de lenguaje debía contribuir a soldar la unidad de la nación. En los clubs y en las sociedades populares se llevó a cabo un esfuerzo grande en este sentido. Era un testimonio de patriotismo expresarse en francés. Los dialectos fueron bajo el terror los cómplices de la contrarrevolución y de la coalición. Por el contrario, en Alsacia, por ejemplo, se pudo hablar del terror lingüístico, del cual Saint-Just, especialmente, fue el artesano en el curso de su célebre misión. El 8 de pluvioso, año II (27 de enero de 1794), en nombre del Comité de Salud Pública, Barère denunció «los idiomas antiguos».

«El federalismo y la superstición hablan el bajo bretón; la emigración y el odio de la República hablan alemán… La monarquía tuvo sus razones para parecerse a la torre de Babel. En la democracia, dejar a los ciudadanos ignorantes de la lengua nacional, incapaces de controlar el poder, es traicionar a la patria… El francés que ha tenido el honor de servir en la declaración de derechos del hombre ha de convertirse en la lengua de todos los franceses. Debemos a los ciudadanos el instrumento del pensamiento público, el agente más seguro de la Revolución, un lenguaje igual».

Por tanto, la Convención hizo que el francés fuese obligatorio en todos los actos públicos y notariales y decretó el nombramiento dentro de los diez días siguientes de un instructor en los departamentos cuyos habitantes hablasen bretón, vasco, italiano y alemán. Después de termidor se volvió a la tolerancia y bien pronto a la traducción de los actos públicos a los dialectos locales. La misma reacción se dio en la enseñanza del idioma. La ley de 27 de brumario, año III (17 de noviembre de 1794), respecto de las escuelas primarias preveía la enseñanza de los «elementos de la lengua francesa», y en la de 3 de brumario, año IV (24 de octubre de 1795), ni siquiera la enseñanza en francés estaba prevista. La lengua nacional, destronando al latín, no triunfó de una manera definitiva más que en las escuelas centrales y en la enseñanza superior. La unidad nacional se matizaba en este sentido también con cierta discriminación social.

La formación cívica tendía, en último término, a apresurar los progresos de la toma de conciencia nacional. De aquí la atención que los revolucionarios pusieron en cuanto se refería a la educación; se trataba de hacer ciudadanos. Durante las constituyentes, los sacerdotes leían en las pláticas los decretos y las proclamas de la Asamblea. En los proyectos de instrucción pública, la lectura y el comentario de la Declaración de Derechos y de la Constitución se incluyen como obligatorias. La ley de 29 de frimario, año II (19 de noviembre de 1793), dice que los primeros libros elementales son «los Derechos del Hombre, la Constitución y la descripción de los actos heroicos o virtuosos». Las leyes termidorianas respecto de las escuelas primarias prevén la misma enseñanza (tratándose, naturalmente, de la Declaración y de la Constitución del año III) y de los «elementos de la moral republicana».

Las grandes fiestas nacionales buscaban este fin. Si la primera fecha fue la de la Federación de 14 de julio de 1790, la del 11 de julio de 1791, en honor del traslado de las cenizas de Voltaire al Panteón, constituyó verdaderamente la primera fiesta filosófica, concebida por David al estilo de unas pompas fúnebres antiguas. Desde entonces, y para cada acontecimiento, se celebraban estos fastos a los que el pintor David, el poeta Marie-Joseph Chénier y los músicos Gossec o Méhul tanto prestigio dieron con su arte; la fiesta de la Libertad, el 15 de abril de 1792; la fiesta de la Unidad y de la Indivisibilidad de la República, el 10 de agosto de 1793; la fiesta del Ser Supremo, el 20 de prairial, año II (8 de junio de 1794). El decreto de 18 de floreal, año II (7 de mayo de 1794), que instituía el culto del Ser Supremo, establecía fiestas decadarias y grandes fiestas nacionales para celebrar tanto los acontecimientos gloriosos de la Revolución como «las virtudes más queridas y más útiles al hombre». El decreto de 3 de brumario, año III (24 de octubre de 1795), respecto de la organización de la instrucción pública preveía siete grandes fiestas nacionales. La Constitución del año III establecía que el fin de las fiestas nacionales era «mantener la fraternidad entre los ciudadanos y vincularlos a la Constitución, a la patria y a las leyes». Bajo el Directorio las fiestas en honor de la paz de Campoformio, de Hoche, de Jean-Jacques Rousseau, fueron especialmente esplendorosas; el 27 de julio de 1798, la libertad y las artes fueron ensalzadas por un cortejo grandioso.

La evolución de las grandes fiestas cívicas subraya hasta qué punto el progreso de la mentalidad nacional estuvo socialmente restringido.

Su apogeo se sitúa en el año II: tienen en esta fecha todo su sentido nacional. El pueblo no asiste, participa; es un elemento esencial de la fiesta que exalta su papel en la nación. David, creador de este arte nuevo, recurre a las fuentes de las artes plásticas, pinturas y escultura; la música juega un papel principal, con la presencia de masas corales imponentes y bien instrumentadas. El arte del traje y la decoración intervienen también. La ordenación del cortejo pone en acción todos esos recursos. La fiesta nacional lleva hasta el grado máximo el entusiasmo de todo un pueblo que comulga en la misma fe patriótica y en los mismos sentimientos de sacrificio por la República.

Con la reacción, las grandes fiestas se vaciaron de su contenido político y social. El pueblo, antaño actor, poco a poco se redujo al papel de comparsa, después de espectador. Estos espectáculos perdieron su carácter verdaderamente nacional. Muy pronto las revistas militares y entretenimientos oficiales sustituyeron a las fiestas nacionales. El pueblo quedó excluido de la vida política, y la unidad no fue más que un simulacro que enmascaraba la desigualdad de derechos.

2. Igualdad de derechos y realidades sociales

La igualdad de derechos, proclamada por el artículo 1.º de la Declaración de 1789, constituía teóricamente un factor importante de la unidad nacional y también el principio de la soberanía nacional sostenido por el artículo 3. La declaración teórica de la igualdad, la supresión de los privilegios de los individuos y de las corporaciones, sobre los que se fundaba la jerarquía social del Antiguo Régimen, la concepción individualista de las relaciones sociales que animaba la obra de la Asamblea constituyente pudieron establecer los fundamentos de una sociedad igualitaria y de una nación unificada. Pero poniendo entre los derechos naturales el de la propiedad, y haciendo de la libertad económica el principio mismo de la nueva organización social, la burguesía constituyente metía en el alma de la nueva organización una contradicción que no podía superar. También era contradictorio en su obra política el principio de soberanía nacional y la organización censataria del sufragio. Sin duda alguna, el principio de la igualdad de derechos no fue estimulado por la burguesía en 1789 más que para combatir en la brecha el privilegio aristocrático. Con relación al pueblo, no se trataba más que de la igualdad teórica con relación a la ley. No constituía problema alguno la democracia social. La propia democracia política fue rechazada. La nación legal quedó limitadísima dentro del círculo de la burguesía censataria.

Las masas populares tenían, sin embargo, de la igualdad de derechos una idea más concreta y tomaron al pie de la letra lo que para la burguesía no era más que una afirmación teórica. Se trataba de dar un contenido real a la gran esperanza de 1789. De la igualdad de derechos, los militantes populares dedujeron el derecho a la existencia. Su reconocimiento y su organización permitía a los estratos populares integrarse con un criterio de igualdad en la nación. El problema de las subsistencias constituyó un factor poderoso de toma de conciencia. La libertad de la economía y del beneficio, consecuencia del derecho total de propiedad, aparecía como una contradicción del principio de igualdad de derechos y del establecimiento de una nación unificada. Las circunstancias empujaron ese problema a un primer plano, y obligaron a la burguesía a hacer concesiones.

La revolución del 10 de agosto de 1792, con el sufragio universal y el armamento de los ciudadanos pasivos, integró al pueblo en la nación y señaló el advenimiento de la democracia política. Al mismo tiempo, las necesidades de la lucha contra la coalición y la contrarrevolución acentuaron el carácter social de la nueva realidad nacional. La Declaración de Derechos de 24 de junio de 1793, aunque acepta nuevamente la definición burguesa del derecho de propiedad (art. 16), afirma, no obstante, en su artículo 1.º:

«El fin de la sociedad es el bienestar común. El Gobierno está instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles».

Los derechos a la asistencia y a la instrucción quedaron reconocidos (artículos 21 y 22). Durante las luchas políticas y sociales del verano de 1793 los dirigentes del movimiento popular fueron más lejos, subordinando el derecho de propiedad al derecho de existencia. Colocaban el fundamento teórico de una nación unitaria que acogía a las clases populares. Fruto del derecho de existencia, llegaron de modo natural a la igualdad de los goces.

«No basta con que la República francesa se funde sobre la igualdad, declara en la Convención, el 20 de agosto de 1793, Félix Lepeletier, en nombre de los comisarios de las asambleas primarias; es necesario que las leyes y las costumbres tiendan, por medio de un acuerdo feliz, a que desaparezca la desigualdad de los goces».

De aquí las reivindicaciones del pueblo tan tenaces en el año II respecto de la limitación del derecho de propiedad para la organización de los derechos al trabajo y la ayuda a la instrucción.

El intento de una democracia social que caracterizó la República igualitaria del año II no era viable. Sobre el fundamento de la propiedad privada, cuyo principio jamás fue puesto en duda, el sistema de la economía dirigida, caracterizada especialmente por la limitación del beneficio, intentaba conciliar los intereses de los propietarios y de los no poseedores, de los productores y de los consumidores, de los empresarios y de los asalariados. La oposición no se sostenía sólo entre los partidarios de la libertad económica y los partidarios de la reglamentación. En el propio seno de la sans-culotterie, el principio de la propiedad privada, a la que se atenían los artesanos y los comerciantes, y a la que aspiraban los cuadrilleros, entraba en contradicción no sólo con la reglamentación y el impuesto que ellos reivindicaban, sino también con su idea de una propiedad limitada, fundada sobre el trabajo personal. Esta serie de contradicciones múltiples provocaron la ruina ineludible del sistema social del año II y del Gobierno revolucionario. Una vez perdida la democracia política y social, la nación, que había estado por un momento integrada con las masas populares, se limitó nuevamente a los propietarios en el estrecho marco de una República burguesa censataria.

La contradicción entre la igualdad de derechos y la libertad económica, que hacía fantástica toda tentativa de democracia social y la igualdad de goces, en vano reclamada por los desarrapados, fue borrada por los teóricos de la conspiración de los Iguales, Babeuf y Buonarroti. Arrastrados por su crítica de la apropiación privada de los medios de producción, atravesaron el Rubicon en el Manifeste des plébéiens, del 9 de frimario, año IV (30 de noviembre de 1795). Repudia la ley agraria, que no puede durar más que un cierto tiempo; suprime la herencia y estipula expresamente la abolición de la propiedad de la tierra. La comunidad de bienes y de trabajos permite alcanzar la igualdad de goces, constituye la condición misma de la igualdad real de derechos y de una unidad nacional que no sea formal. Dirección de pensamiento fecunda que debía orientar la reflexión de los teóricos socialistas.

La burguesía termidoriana había rechazado con espanto no sólo toda idea de democracia social, sino también toda traza de igualdad política. La Constitución del año III volvió al sistema censatario. La Declaración de Derechos tuvo buen cuidado de precisar que «la igualdad consiste en que la ley sea la misma para todos, o sea, que proteja y que castigue» (art. 3). No se trata más que de la igualdad civil. De este modo se renovaba la tradición del 89, esbozándose el cuadro de una nación de notables, es decir, de propietarios al menos desahogados. El peligro nacional fue un problema en junio-julio de 1799 a causa del frágil equilibrio de la nación burguesa. Ya no se trataba de que la preponderancia social y política de la burguesía fuese puesta en peligro por las masas populares. La reacción afirmóse pronto, y éste fue el sentido del 18 de brumario. La nación conservaba los límites que los notables le habían asignado en el año III. La igualdad continuó siendo formal y la unidad se entendía esencialmente en el cuadro institucional, no en el contenido social de la nación.

3. Los derechos sociales: beneficencia y enseñanza

La igualdad de derechos, tal y como la concebían los desarrapados, tendía a borrar la desigualdad en las condiciones de vida. El derecho al bienestar no constituía más que un aspecto de esta reivindicación general: se trataba de asegurar a cada ciudadano su subsistencia. Sin embargo, reivindicando el derecho a la instrucción, los sans-culottes tenían la ambición, al igualarse a los hombres de talento, de ser dueños de su destino social. Esta noble esperanza quedó truncada por la revolución burguesa.

De la ayuda social se hizo una obligación laica y se reconoció como un servicio público por la Asamblea constituyente, como consecuencia de la confiscación de los bienes del clero, que prestaba la ayuda bajo el Antiguo Régimen. En 1790 instituyó un Comité de Mendicidad, que concretó la doctrina. La sociedad tiene un deber de asistencia hacia sus miembros en la miseria; el Estado tiene la responsabilidad y la carga. El primer título de la Constitución de 1791 (disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución) preveía la creación de «un establecimiento general de socorros públicos para educar a los niños abandonados, aliviar a los enfermos pobres y proponer trabajo a los pobres inválidos que no hubieran podido procurárselo».

En resumen: la Asamblea constituyente fue incapaz en este sentido de una reforma de conjunto. Dejó el problema en manos del Estado y exceptuó de la venta de los bienes nacionales, los bienes de las fundaciones de caridad. Los recursos menguaron a causa de la supresión de los diezmos y de los derechos feudales. La Asamblea se esforzó por compensarlos con subvenciones gubernamentales. Las dos únicas medidas orgánicas que tomó fueron los decretos de 30 de mayo y 31 de agosto de 1790, relativos al establecimiento de talleres de caridad. La Asamblea legislativa, su Comité de Socorros Públicos, al reemplazar al Comité de Mendicidad, agravó considerablemente la situación, suprimiendo el 19 de agosto de 1792 las congregaciones religiosas dedicadas a la asistencia. En la práctica, el antiguo sistema hospitalario había quedado destruido, pero no se construyó nada nuevo para sustituirlo.

La Convención dio un nuevo impulso a la legislación sobre la asistencia, sin conseguir llegar a los hechos. El 19 de marzo de 1793, el decreto sobre las bases de la organización general de socorros afirmaba:

«1.º Que toda persona tiene derecho a su sostenimiento por medio del trabajo si está capacitada para ello, y si no lo está tiene derecho a socorros gratuitos.

2.º Que el cuidado de vigilar por la subsistencia del pobre es una obligación nacional».

La Declaración de Derechos de 24 de junio de 1793 establecía los mismos principios en su artículo 21: «Los socorros públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe sostener a los ciudadanos desvalidos bien procurándoles trabajo, bien asegurando los medios de subsistencia a aquellos que no están en condiciones de trabajar». Se concedieron socorros por medio de la ley de 28 de junio-8 de julio de 1793 a los niños pobres o abandonados, a los ancianos y a los indigentes. La ley de 15 de octubre de 1793, «para acabar con la mendicidad», preveía «trabajo de socorro» y galeras para los vagabundos. Esto era volver a los procedimientos caritativos del Antiguo Régimen, «encerrar a los pobres» y talleres de caridad. Las dificultades financieras frenaron, no obstante, en una gran parte, los esfuerzos del Gobierno y de los municipios. De aquí que durante todo el invierno del año II hubiera incesantes protestas de las organizaciones populares. El decreto de 22 de floreal, año II (11 de mayo de 1794), abriendo un Livre de la bienfaisance nationale, esbozó, por último, ese sistema de seguridad social, que reinvindicaba de modo confuso a los desarrapados, pero limitándose al campo. Se darían socorros a cada departamento para un número limitado de campesinos y de artesanos enfermos o con edad superior a sesenta años, a madres y viudas cargadas de hijos. Cuando se suprimieron los ministerios se organizó una Comisión de Socorros Públicos, verdadero ministerio de asistencia, encargado de asegurar tanto la distribución de los socorros militares como los socorros de beneficencia. La ley de 23 de mesidor, año II (10 de julio de 1794), declaró nacionales «el activo y el pasivo de los hospitales y demás establecimientos de beneficencia». En resumen, nacionalizar la asistencia. Llegó termidor. De esta legislación montañesa no quedó más que una gran esperanza popular decepcionada.

La burguesía termidoriana y directorial, más realista o más egoísta, se prevalió contra las declaraciones teóricas de la Asamblea constituyente y de los amplios planes de la Convención. Se limitó a las medidas de orden práctico. Los termidorianos restituyeron los bienes que aún no habían sido vendidos a los hospitales y a los hospicios. El Directorio, considerando imposible la nacionalización de la asistencia, la municipalizó. La ley de 16 de vendimiario, año V (7 de octubre de 1796), confió a los municipios la vigilancia inmediata de los hospitales y de los hospicios. La gestión financiera se aseguró por una comisión administrativa nombrada y controlada por el municipio, con facultades para recuperar el patrimonio de caridad confiscado. A pesar del mucho trabajo de esas comisiones administrativas, la situación financiera de los establecimientos de beneficencia siguió siendo con frecuencia desastrosa. La ley de 7 de frimario, año V (27 noviembre 1796), creó las oficinas de beneficencia y confiaba otra vez a las municipalidades la organización de socorros a los indigentes, cuya financiación corría a cargo del llamado droit des pauvres (dos céntimos por franco) que gravaba los espectáculos; los mendigos debían ser recogidos. Por último, según las leyes de 27 de frimario y de 30 de ventoso, año V (17 de diciembre de 1796 y 20 de marzo de 1797), los hijos abandonados entrarían en hospitales y hospicios a cargo del Estado, para después confiarlos a nodrizas en el campo, bajo la vigilancia de las comisiones administrativas.

La asistencia pública procedía, pues, de la Revolución ya laica. Con relación a las ambiciones de la Asamblea constituyente y a las grandes leyes de la Convención montañesa, la obra del Directorio constituye en el terreno de los principios una regresión clara. Sin duda alguna, testimonia una auténtica inquietud por el orden y la adaptación práctica a las posibilidades financieras. En estos límites fue eficaz y duradera. Procedente de una concepción tradicional de la caridad intraducible en la reorganización directorial de las instituciones, esta legislación burguesa no satisfizo los deseos de las masas populares. Si hubiera puesto remedio a la desigualdad de los goces les hubiera permitido integrarse socialmente en la nación.

La enseñanza fue objeto de preocupación constante por parte de las asambleas revolucionarias. Su reorganización también decepcionó a las masas populares.

Los constituyentes anunciaron pronto su intención de dotar al país de un nuevo sistema de enseñanza, y, entre otras cosas, se refería a las disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución y al principio de «una instrucción pública común a todos los ciudadanos y gratuita respecto de aquellas partes de la enseñanza que se juzgan indispensables para todos los hombres». De hecho contentóse con asegurar la continuidad de las instituciones de enseñanza que existían, señalando para el 28 de octubre de 1790 la venta de los bienes que le pertenecían y subvencionando a los colegios. Hasta el 10 de septiembre de 1791 no aceptó, sin discutir, el informe de Talleyrand. Preocupada por ponerlo en práctica, la Asamblea creó un Comité de Instrucción Pública. Su obra esencial fue redactar el proyecto sobre la organización general de instrucción pública, leído por Condorcet en la tribuna de la Asamblea los días 20 y 21 de abril de 1792. Este plan, el más importante de los que se sometieron a las Asambleas revolucionarias, lleva la señal de su siglo por su punto de vista y su optimismo territorial. Se trata de desarrollar por medio de las enseñanzas todas las facultades e inteligencias «y con ellos establecer entre los ciudadanos una igualdad real», que proporcionaría el remedio a la desigualdad censataria. De este modo la Revolución contribuiría

«al perfeccionamiento general y gradual de la especie humana, fin último hacia el cual toda institución social ha de dirigirse».

La Asamblea legislativa no tuvo tiempo de discutir el proyecto de Condorcet.

La Convención montañesa incluía la instrucción entre los derechos del hombre:

«La instrucción es necesaria para todos, según el artículo 22 de la Declaración de 24 de junio de 1793. La sociedad debe favorecer en todo lo posible los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos».

El 13 de julio de 1793, Robespierre leyó en la Convención el Plan d’éducation nationale, de Lepeletier de Saint-Fargeau, inspirado en gran parte en Rousseau y que instituía el monopolio del Estado. Los militantes populares reclamaban, no obstante, especialmente en los pareceres para la aceptación de la Constitución en julio de 1793, un sistema de enseñanza que daría a los niños, a la vez, una educación cívica y una instrucción técnica. Fue preciso que esperasen el decreto de 29 de frimario, año II (19 de diciembre de 1793), sobre las escuelas primarias. Establecía un sistema de enseñanza gratuito y obligatorio, libre, pero controlado por el Estado, descentralizado y de acuerdo, en gran parte, con la mentalidad popular. Faltaba, sin embargo, lo más difícil de ese sistema. Siempre preocupado por la guerra, el Gobierno revolucionario descuidó esta tarea. La decepción de los sansculottes fue aún mayor, ya que habían concebido una mayor esperanza en la instrucción y también veían un medio de consolidar el régimen y realizar así la igualdad de derechos.

La burguesía termidoriana mantuvo en principio la obra montañesa, pero poco a poco fue inclinando su política en el sentido de sus intereses de clase, abandonando la gratuidad y obligatoriedad. El 10 de vendimiario, año III (1 de octubre de 1794), la Convención decretó la apertura de la escuela normal para formar en cuatro meses 1300 jóvenes nombrados por su civismo por los distritos y que a su vez formarían a los instructores. El decreto de 27 de brumario, año III (17 de noviembre de 1794), instituyó las escuelas primarias, pero sin mantener la obligatoriedad escolar, a razón de una escuela por cada 1000 habitantes. La enseñanza se fundaba sobre la moral republicana, independiente de toda religión revelada. Los instructores, elegidos por un jurado nombrado por la administración del distrito, cobraban sueldo del Estado. Sin embargo, se reconocía el derecho a todos los ciudadanos para «abrir escuelas particulares y libres bajo la vigilancia de las autoridades constituidas».

La segunda enseñanza preocupaba mucho más a la burguesía termidoriana. Se trataba de constituir los grupos dirigentes de la sociedad y del nuevo Estado. Según el informe de Lakanal, el decreto del 7 de ventoso, año III (25 de febrero de 1795), instituía «para la enseñanza de las ciencias, de las letras y de las artes» una escuela central por departamento. Los alumnos seguían tres ciclos de estudios: de doce a catorce años, lenguas antiguas y vivas, historia natural y dibujo; de catorce a dieciséis años, gramática general, humanidades, historia y legislación. Debido a la prioridad concedida a las ciencias y a la lengua y literatura francesa, la enseñanza modernizóse. Se vincularon de un modo original la investigación y vulgarización con la enseñanza. Los profesores elegidos por un jurado de instrucción se nombraban por los administradores del departamento. Si los programas y los métodos de las escuelas centrales correspondían al movimiento ideológico del «siglo de las luces», la reacción conservadora se manifestó por ausencia de gratuidad, suavizada, no obstante, por la concesión de becas a los «alumnos de la patria».

La enseñanza superior también ocupó la atención de los termidorianos. Las antiguas universidades quedaron suprimidas, lo mismo que las academias. Ya el 14 de junio de 1793, los montañeses transformaron el Jardín del Rey y organizaron el Muséum. Su fin era «la enseñanza pública de la historia natural en toda su extensión, aplicada especialmente al adelanto en la agricultura, el comercio y las artes». El 7 de vendimiario, año III (28 de septiembre de 1794), la Convenció creó la Escuela Central de Obras Públicas, que se convirtió en la Escuela Politécnica un año más tarde. El 19 de vendimiario (10 de octubre de 1794), según el informe de Grégoire, el Conservatorio de Artes y Oficios se consagró a la ciencia aplicada. Tenía un almacén de máquinas y de modelos, aunque también era una institución de enseñanza para «el empleo de máquinas y utensilios útiles a las artes y a los oficios». El decreto de 14 de frimario del año III (4 de diciembre de 1794) creó tres escuelas de sanidad: en París, Montpellier y Estrasburgo. Agreguemos la Escuela de Lenguas Orientales y la Oficina de Longitudes, fundadas, respectivamente, los días 10 de germinal (30 de marzo) y 7 de mesidor, año III (25 de junio de 1795). Para dar cima a la obra, la Convención organizó el 3 de brumario, año IV (25 de octubre de 1795), el Instituto Nacional de las Ciencias y de las Artes. Dividido en tres clases (ciencias físicas y matemáticas, ciencias morales y políticas, literatura y bellas artes), estaba fundado para «perfeccionar las ciencias y las artes por las investigaciones continuas, para la publicación de los descubrimientos y para la correspondencia con sociedades científicas extranjeras». El instituto tenía que demostrar e ilustrar la unidad y la solidaridad de las ciencias. «No se pueden calcular, declaraba el informador de la ley, Daunou, los felices resultados de un sistema que ha de mantener las ciencias y las artes en un constante acercamiento y someterlas a la habitual y recíproca aproximación entre progreso y utilidad».

La importante ley de 3 de brumario, año IV (25 de octubre de 1795), sobre la organización de la instrucción pública integró esas diversas creaciones en un gran conjunto: escuelas primarias, escuelas centrales, escuelas especiales, instituto nacional. Pero la reacción aumentó; después de la obligatoriedad desapareció la gratuidad. El Estado se contentó con proporcionar local al instructor, que recibe una retribución de sus alumnos. El Directorio heredó esta legislación. Hizo un esfuerzo por desarrollar las escuelas primarias y educar a los maestros que se necesitasen, y aunque la enseñanza privada confesional se desarrolló bajo la inspección de los municipios, sin embargo, según informe del Directorio de 17 de pluvioso, año VI (5 de febrero de 1798), «esta vigilancia se hace cada vez más necesaria para detener los progresos de los principios funestos que una serie de instructores privados se esfuerzan por inspirar a sus alumnos».

Al término del período, aunque la obra de la Revolución en cuestiones de enseñanza parecía importante, continuó siendo incompleta. El monopolio de la Iglesia se suprimió. La enseñanza es laica y moderna, pero socialmente queda el privilegio de una minoría. En ventoso, año II, la sección parisiense de los sans-culottes reclamó la urgente organización de la enseñanza primaria, «de manera que cada individuo adquiera la formación y virtudes necesarias para gozar de los derechos naturales». Era unirse a la gran idea de Condorcet: realizar por medio de la enseñanza una igualdad de hecho y de ese modo «hacer real la igualdad política reconocida por la ley». Después de diez años de Revolución esto seguía siendo un sueño.

4. La integración de la aristocracia en las clases propietarias

El núcleo social de la nación estaba en vías de estabilizarse la víspera de brumario, con la integración de los cuadros censatarios de todos los propietarios, burgueses y ex aristócratas del Antiguo Régimen. La guerra civil y el terror durante cierto período se inclinaron a excluir de la unidad nacional una importante minoría de emigrados y refractarios. Desde finales del período directorial se anunciaba su reintegración.

La transformación de la sensibilidad en las filas de la emigración facilitó la vinculación de la aristocracia a la nueva nación. Los emigrados, al abandonar Francia, por vinculación con los valores tradicionales, por honor o por egoísmo de clase, habiendo pronunciado durante tanto tiempo con desprecio las palabras nación y patria, volvieron nuevamente a vincularse a Francia, a una nueva patria que no era «mi religión y mi rey», sino «la tierra y los muertos». A medida que se prolongaba el exilio los recuerdos y los sentimientos se cristalizaron en torno a la tierra natal. Desposeídos de sus propiedades territoriales por la confiscación, los emigrados descubrían ahora el valor sentimental. Su pundonor y su devoción a la persona del rey cedieron a la nostalgia, a los recuerdos queridos y melancólicos que se remontaban hasta la infancia. Salidos del cosmopolitismo, los emigrados descubrían la realidad sensible de la patria ausente. Este tema nuevo se manifestó en las tristezas y lamentos que se multiplicaron durante la emigración y que preludiaban la «dulce recordación» de Chateaubriand: «Para pintar esta languidez de alma que se experimenta fuera de la patria —escribía el autor del Genio del cristianismo en 1802—, dice el pueblo: este hombre padece nostalgia. Es ciertamente un padecimiento que no puede curarse más que con el regreso».

La unión política se preparaba al mismo tiempo fundándose en la propiedad territorial. Para el antiguo constituyente Mounier, la propiedad debía ser la base del nuevo orden. Desde 1795 observaba que «la mayoría de los franceses suspiran ahora por el orden, el reposo, la seguridad personal y el respeto de las propiedades». En una carta de 4 de marzo de 1798, «no veo más —escribe— que un solo medio de salvación: buscar el apoyo en la propiedad». Habiendo cambiado el criterio sobre la propiedad, Mounier se da cuenta que lleva consigo una nueva estabilidad a la que hay que unirse. Mallet du Pan, en Le Mercure britannique, de 25 de enero de 1799, puso como condición esencial de la unión «adoptar las formas protectoras de la libertad individual y de sus propiedades».

Emigración aristocrática y burguesía propietaria se unieron después de diez años de revolución. A pesar de todo cuanto les hubiera podido separar, se ponían de acuerdo ahora por los caminos secretos del suelo natal y de la propiedad territorial para unir la tierra de Francia y la patria francesa, sin preocuparse ya de quienes no eran propietarios y no podían configurar su patriotismo desde un punto de vista territorial. Con la transformación de la propiedad territorial, la Revolución se vinculó más estrictamente a los propietarios del terreno. La abolición de los derechos feudales y de los diezmos eclesiásticos y la adquisición de bienes nacionales quitaron a los campesinos propietarios todo espíritu revolucionario, cavaron la fosa entre ellos y la masa rural no propietaria y reforzaron su solidaridad conservadora con la burguesía urbana. La patria, idea abstracta en 1789, más rica en esperanzas que en realidades, se convirtió para la burguesía y los campesinos ya establecidos, gracias a la nueva propiedad o al aseguramiento del terreno, en una idea concreta, una forma tangible. Es la tierra poseída en todo su poder. El patriotismo, vacío del contenido político y social del 89, se materializó en la propiedad territorial. Por una vía completamente diferente, por un retorno a los valores del instinto y del sentimiento, más fuerte que sus prejuicios tradicionales, la emigración configuraba también la idea de patria, igualándola con la tierra y preparando su vinculación a las clases propietarias.

La obra de Bonaparte respondió en este sentido a las aspiraciones de unos y otros. Estabilizando la sociedad sobre la base territorial, integró a los emigrados que habían retornado a la nueva jerarquía social y les adaptó, reforzando el principio de autoridad, a un nuevo orden que en principio se había construido contra ellos. Abriendo ampliamente las fronteras a los emigrados por medio del senado-consulto de 6 de floreal, año X (26 de abril de 1802), Bonaparte declaró «que quería cimentar la paz interior en todo aquello que pudiera reunir a los franceses y tranquilizar a las familias». Nada como la propiedad era capaz de tranquilizar a las familias y reunir tanto a la Francia burguesa como a la Francia aristocrática.

De este modo, con la integración en la nación burguesa de la aristocracia unida, comenzó a operarse la fusión de los elementos de la nueva clase dominante y logróse uno de los fines que los hombres del 89 habían asignado a la Revolución.

LA HERENCIA REVOLUCIONARIA

En efecto, ésta es la significación social del 18 de brumario y lo que da a este hecho real importancia. El reino de los «notables» empieza. Durante mucho tiempo no será discutido. Nación, patria: ideas tanto más revolucionarias al alba del 89 y que parecían contener todas las posibilidades, se empequeñecen y pierden su sentido, para más tarde quedar reducidas a los límites de la propiedad. La estructura del Estado se transformó al mismo tiempo que la de la sociedad. Bonaparte, continuando la obra del Directorio, perfeccionó las instituciones y reforzó la autoridad del Estado. No cambió su naturaleza. Los «notables» consideran al Estado instituido para que se respete su ley y mantener su orden como una especie de baluarte de sus prerrogativas. En este sentido, el 18 de brumario les tranquilizó definitivamente, aunque la evolución estaba en curso desde el 9 de termidor y las jornadas de prairial.

Perjudicando, sin duda, los cálculos de los de brumario, Bonaparte eliminó libertades, incluso las burguesas, e instauró su poder personal. Pero no hay que exagerar este rasgo. En este sentido también, la continuidad, a pesar del poderío de la personalidad de Bonaparte, no quedó rota más que en apariencia. La evolución estaba en germen desde que la Revolución se había metido en la guerra. Robespierre lo previo desde enero de 1792. La guerra extranjera y la guerra civil se perpetuaron y la burguesía rechazó el apoyo popular por miedo a la democracia social, que hizo que, por necesidad ineludible, la República de los propietarios aumentase poco a poco, tras su fachada liberal, los poderes del ejecutivo. EL Directorio se vinculó a este criterio con obstinación. No dudó en violar la Constitución, empleando procedimientos de una violencia hipócrita, recurriendo a una elección mal disfrazada para corregir los resultados de la elección e intentando al mismo tiempo un verdadero esfuerzo de reforma y de orden. Temperamento dominador, Bonaparte concentró el poder para darle la eficacia deseada: aceleró una evolución que no estaba en sus manos detener. El legendario brillo del Consulado no pudo enmascarar, de modo completo, la importancia de la obra directorial y hasta qué punto los dos períodos son solidarios.

«La Revolución está acabada», afirmó muy pronto Bonaparte para atribuirse los méritos de la estabilización. Estaba acabada desde la primavera de 1795 y las dramáticas jornadas de prairial. La burguesía, bajo sus máscaras sucesivas, pero siempre idénticas, buscaba desde entonces su estabilidad.

Termidoriana, directorial o brumariana, trataba de consagrar definitivamente sus conquistas sociales y políticas. Tranquizándoles al mismo tiempo respecto de la restauración del Antiguo Régimen y del retorno al sistema democrático del año II, Bonaparte llenaba los deseos de los notables. Reconciliaba la aristocracia y el orden burgués, la Iglesia y el nuevo Estado y mantenía las promesas del 89.

Diez años de peripecias revolucionarias transformaron, sin embargo, de modo fundamental la realidad francesa, respondiendo en lo esencial a los deseos de la burguesía y de los propietarios. La aristocracia del Antiguo Régimen quedó deshecha en sus privilegios y en su preponderancia, últimos vestigios del abolido feudalismo. Haciendo tabla rasa de todas las supervivencias feudales y eximiendo a los campesinos de los derechos señoriales y de los diezmos eclesiásticos, en cierta medida también de las limitaciones comunitarias, destruyendo los monopolios corporativos y unificando el mercado nacional, la Revolución francesa aceleró la evolución y marcó una etapa decisiva de la transición del «feudalismo» al capitalismo. Destruyendo, por otra parte, los particularismos provinciales y los privilegios locales, rompiendo la estructura estática del Antiguo Régimen, hizo posible la instauración del imperio, un Estado moderno, que respondía a los intereses económicos y sociales de la burguesía.

La revolución burguesa fue realmente la más eficaz, que eclipsó por el carácter dramático de sus luchas de clase las revoluciones que le habían precedido. La Revolución francesa tiene, sin embargo, adoptando la expresión de Jaurès en su Histoire socialiste, un carácter «muy burgués y muy democrático» con relación a la de los Estados Unidos y la de Inglaterra, que habían sido «parcamente burguesas y conservadoras». Lo debió a la obstinación de la aristocracia, que hizo imposible todo compromiso político a la manera anglosajona, que obligó a la burguesía a continuar, con no menor obstinación, la destrucción total del orden antiguo, y sólo pudo hacerlo con el apoyo popular. Marx hablaba de los «terribles golpes de martillo» del terror y del «barrido gigantesco» de la Revolución francesa. El instrumento social y político fue la dictadura jacobina de la pequeña y media burguesía, apoyada en las masas populares urbanas y rurales que formaban categorías sociales cuyo ideal era una democracia de pequeños productores autónomos, campesinos y artesanos independientes que trabajarían y harían sus intercambios libremente.

La tentativa del año II, a pesar del fracaso final, sirvió como ejemplo. Los hombres del 93, los robespierristas en especial, intentaron superar la contradicción fundamental entre las exigencias de la igualdad de derechos, proclamada en principio, y las consecuencias de la libertad económica, con el fin de realizar dentro del marco de una república democrática y social la igualdad de los goces. Tentativa grandiosa, dramática en su misma impotencia, y que permite medir el antagonismo irreductible que puede haber entre las aspiraciones de un grupo social y el estado objetivo de las necesidades históricas. ¿Cómo afirmar el carácter imprescriptible del derecho de propiedad y reconocer las exigencias de los intereses privados y de la libre búsqueda del beneficio, y al mismo tiempo pretender anular para algunos las consecuencias de esos derechos con el fin de estructurar una sociedad igualitaria?

¿«Tiempo de anticipaciones», como Ernest Labrousse calificó a esta «revolución convencional»? Sin duda. La tentativa del año II alimentó el pensamiento social del siglo XIX, y su recuerdo ha pesado con fuerza en sus luchas políticas. Los esbozos montañeses se han ido configurando lentamente, y desde el principio, la instrucción pública, accesible a todos, vanamente reclamada por los desarrapados como una de las condiciones necesarias de la democracia social. Pero en esa misma época la libertad económica y la concentración capitalista acrecentaban las separaciones sociales y reforzaban los antagonismos, la igualdad de goces, alejándose cada vez más de su alcance. Vinculados a su condición, artesanos o comerciantes, descendientes de los desarrapados del 93, siempre atados a la pequeña burguesía fundada en el trabajo personal, oscilaban entre la utopía y la rebelión. La misma contradicción y la misma impotencia pesaban siempre sobre las tentativas de democracia social. La tragedia de junio de 1848 lo testimonió. El año II («No son necesarios ni ricos ni pobres», según Saint-Just en el fragmento cuarto de las Institutions républicaines; Saint-Just, que anota en su agenda: «No admitir la división de las propiedades»), el quimérico año II, ¿no marcaría el tiempo de las utopías?… La República igualitaria continuó estando en el dominio de las anticipaciones. Meta jamás alcanzada, pero siempre perseguida.

Desde los tiempos de la Revolución, Babeuf desató la contradicción, presentando la comunidad de bienes y trabajos como la única capaz de instaurar la igualdad de goces y conseguir la felicidad común. La abolición de la propiedad privada y la colectivización de los medios de producción aparecieron al tribuno del pueblo, todavía confusamente, como las condiciones necesarias de una democracia social real. La ideología de Babeuf constituyó una mutación con relación a la del año II. Fue el primer esbozo de la ideología revolucionaria de la nueva sociedad, nacida de la propia Revolución. Buonarroti la transmite a la generación de 1830. Se sitúa en el origen del pensamiento y de la acción socialistas. De este modo nacen de la Revolución francesa ideas que van, según expresión de Marx, «más allá de las ideas del antiguo orden de cosas». Las de un orden social nuevo que no sería el orden burgués.

La Revolución francesa se sitúa desde entonces en el propio corazón de la historia del mundo contemporáneo, en la encrucijada de las diversas corrientes sociales y políticas que han dividido a las naciones y las continúan dividiendo. Hija del entusiasmo, inflama a los hombres con el recuerdo de las luchas por la libertad y la independencia y por su sueño de igualdad fraternal, o suscita el odio. Hija de la ilustración, concentra los ataques del privilegio y de la tradición o seduce la inteligencia por su esfuerzo inmenso para organizar la sociedad sobre fundamentos racionales. Siempre admirada o siempre despreciada, la Revolución continúa estando viva en la conciencia de los hombres.

ALBERT SOBOUL (Suresnes, 1911 - Nimes, 1982). Historiador francés. Fue secretario general de los Annales Historiques de la Révolution Française.

Dedicado al estudio de la sociedad del siglo XVIII y de la Revolución Francesa, Albert Soboul desarrolló la línea de pensamiento de raíz jacobina de Jean Jaurès, Albert Mathiez, Georges Lefebvre y Ernst Labrousse. Es autor de Historia de la Revolución Francesa (1964), Problemas campesinos de la Revolución Francesa (1976) y Entender la Revolución (1981), entre otros estudios históricos.

Notas

[1] Doctrina del predominio de la riqueza. (N. del T.) <<

[2] Política sacada de las Sagradas Escrituras. Editorial Tecnos. 1974, Madrid. (Nota del Editor.) <<

[3] Del espíritu de las leyes. Editorial Tecnos. Madrid. (Nota del Editor.) <<

[4] Ferme générale: Administración de todos los que disfrutaban el privilegio real de cobro de impuestos. (N. del T.) <<

[5] Question Préalable. <<

[6] Feuillants: Llamados así en francés por reunirse en el convento de la Orden del Císter, cerca de las Tullerías. (N. del T.) <<

[7] Cordeliers: Se reunían en el convento de los franciscanos, de donde tomaron su nombre (N. del T.) <<

[8] Nombre de Holanda, desde 1795 a 1806. (Nota del Editor.) <<