El 11 de noviembre de 2019 Albert Rivera comunicaba su decisión de abandonar la presidencia de Ciudadanos, su escaño en el Congreso y su carrera política. Los malos resultados obtenidos en las elecciones generales le impulsaron a dar un drástico cambio de rumbo a su vida. Este libro es el resultado de un proceso íntimo de balance político y humano tras una década en la primera fila política. Honestidad y sinceridad son los valores que imperan en estas páginas, una combinación de recuerdos, experiencias vividas y no contadas, emociones y reflexiones sobre España.

A los que quiero,
a los que me quieren.

NOTA DEL AUTOR

Terminé de escribir este libro un mes y medio antes de que se declarara el estado de alarma en España por la pandemia de la COVID-19. La editorial y yo decidimos que, ante los terribles acontecimientos que estaban golpeando al país, lo más sensato era retrasar la publicación hasta el otoño de 2020. Lo sucedido en los últimos meses ha transformado radicalmente nuestras vidas, y las consecuencias —sociales, económicas y políticas— que la pandemia tendrá en todo el mundo aún son difíciles de valorar. Hablo de ello con más detalle en el capítulo 15 («La España y el mundo que vienen»), que es el único que he modificado.

ESTA ES MI HISTORIA

No es el crítico el que importa, ni el que señala cómo el otro tropezó o cómo el que hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito es de quien está realmente en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre; quien se esfuerza valientemente; el que yerra, el que se queda corto una y otra vez porque no hay esfuerzo sin error ni deficiencias, pero que realmente intenta hacer lo que hay que hacer; el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones; el que se empeña en una causa digna; el que, en el mejor caso, conoce al final el triunfo del gran logro, y en el peor de los casos, si fracasa, al menos lo hace habiéndose atrevido, de modo que su lugar nunca estará con las almas frías y tímidas que no conocen ni la derrota ni la victoria.

THEODORE ROOSEVELT (La Sorbona, 23 de abril de 1910)

Decidí escribir este libro pocas semanas después de mi adiós a la política. Y lo he hecho por tres motivos distintos. El primero, porque es una necesidad personal y humana. Para continuar con mi vida y retomar el rumbo después de más de una década en la arena, siento que debo ponerle punto y final a ese intenso capítulo recuperando los momentos más importantes que viví y haciendo balance de lo bueno y de lo malo que aprendí estando en la primera línea de la política española. El segundo, porque siento que tengo una deuda pendiente con los más de cuatro millones de españoles que confiaron en mí. Ellos me dieron la posibilidad de representar al pueblo español y quiero contarles cuáles fueron los valores que guiaron mis actuaciones, las decisiones que tomé en cada momento y por qué decidí abandonar de la noche a la mañana la presidencia de Ciudadanos, el escaño que me confiaron en el Congreso y desaparecer de la escena pública. Y, finalmente, lo escribo porque quiero que mi experiencia, mis aprendizajes y mis reflexiones, ahora que he abandonado la política, puedan ser útiles a aquellos que tengan que servir a España y a cualquier ciudadano que tenga interés por la reciente historia política de nuestro país.

Este no es un libro de memorias, no es una biografía, ni un legado político, tampoco una crónica parlamentaria. Ni mucho menos, un ajuste de cuentas con nadie; ni me apetece hacerlo ni aportaría nada. En realidad, es una compilación de varias cosas a la vez: de información no contada hasta hoy, de sensaciones y percepciones que ahora sí puedo compartir y de reflexiones con un ojo puesto en la experiencia de los años vividos y el otro mirando al futuro de la España y el mundo que vienen.

Como creo que la vida son instantes y no todos tienen la misma influencia y relevancia, no he querido escribir una obra cronológica y plana, sino en forma de capítulos que tratan asuntos muy distintos. Desde cómo y cuándo se empezó a gestar mi despedida, cuáles son mis orígenes familiares y mis valores, cómo viví la amenaza nacionalista y el golpe a la democracia en mi tierra, la relación con los medios, las redes y el establishment económico, hasta las personalidades que he conocido por el camino y mi relación con los demás líderes políticos.

Cuando un expolítico publica un libro, se le suele preguntar por qué lo hace en ese momento. En mi caso la pregunta también es pertinente. Porque mientras estás negociando asuntos de Estado, enfrentándote a otros rivales en elecciones, atendiendo cada día a los medios y a la vez gestionando un proyecto con treinta mil afiliados y más de cuatro millones de votantes, la responsabilidad no te permite tener la libertad ni la perspectiva que tengo ahora que estoy fuera. Hoy me puedo permitir más autocrítica, hacerme más preguntas y admitir muchas más dudas. Solo desde el abandono de esa coraza de protección que se pone uno cuando batalla en la arena, se puede conseguir un libro de contrastes como este.

Por último, puedo decir que he escrito estas páginas habiendo recuperado mi felicidad. Me comprometí conmigo mismo a estar en política para disfrutar representando a los españoles y para aprender del camino recorrido, no solo para sufrir. Sabía que podría llegar un día en el que dejara de ser feliz. Y cuando llegó, paradójicamente, un mal resultado electoral me permitió partir e iniciar un nuevo viaje personal y profesional, más lejos del ruido y más cerca de los míos. No ha sido sencillo, pero lo he logrado y lo he querido contar.

1
EL ADIÓS

Son cerca de las doce del mediodía del 11 de noviembre de 2019. Tan solo han transcurrido unas horas desde que las elecciones generales han dejado un mapa político nacional más fragmentado y polarizado que nunca. Ciudadanos, el partido que en ese momento todavía lidero, ha sufrido un importante descalabro: de cincuenta y siete diputados hemos pasado a diez, perdiendo por el camino de la repetición electoral más de la mitad de los votos.

Hace apenas una hora, en la reunión de la ejecutiva nacional, he comunicado a mis compañeros mi dimisión como presidente del partido. He convocado a los medios y todos quieren acompañarme en uno de los momentos más difíciles de mi vida política y personal hasta la sala de prensa, que está en la planta baja de la sede nacional. Estamos en la planta cuarta, que es donde se encuentran los despachos de los miembros de la ejecutiva. Todos se concentran ante la puerta del mío y, rodeándome, vamos hasta el ascensor. Bajamos en varios turnos y algunos lo hacen por la escalera. El contraste de emociones es brutal: la tristeza de una despedida después de casi trece años de lucha y la certeza de que estoy haciendo lo correcto. Quiero pronunciar un discurso desde el corazón y comprensible para todos. No solo dejo la presidencia de Ciudadanos, sino que también he decidido renunciar a mi escaño en el Congreso de los Diputados y retirarme de la política.

Hay tristeza en los rostros de mis compañeros, algunos lloran, pero intento animarles: les digo que la vida sigue y que a partir de ahora deberán coger las riendas del partido. Llegamos a la planta baja. Queremos pasar todos juntos a la sala de prensa, que está llena a reventar. Avanzo por el pasillo que forman trabajadores, asesores y compañeros. La noticia de mi dimisión se ha filtrado a los medios de comunicación unos minutos antes, quizá a través de algún miembro de la ejecutiva —somos cincuenta personas y se trata de la noticia política del día y de la semana, como se vio después—, pero no me ha sorprendido: no es la primera vez que ocurre y me lo esperaba. Le he dicho a mi equipo de comunicación que prefiero subir solo al atril. Para bien o para mal, se trata de mi historia y, en gran medida, es una historia personal. Quiero contarles a todos los españoles por qué he decidido marcharme. Quiero que mi dimisión no sirva solo para poner fin a una etapa, sino, también, para asumir públicamente la responsabilidad de los malos resultados electorales. Y para ello necesito la máxima repercusión mediática, pero, al mismo tiempo, disponer de la intimidad que proporciona estar solo en un atril.

Entro sonriendo en la sala de prensa, pero, como luego pude comprobar en las imágenes, es una sonrisa triste que refleja un «hasta aquí hemos llegado, os llevaré siempre en el corazón». Cuando subo al atril, oigo los aplausos de los trabajadores, que están apoyados en las barandillas de las cinco plantas de la sede. En ese instante me vienen a la mente flashes de noches de gloria en las que, desde esas mismas barandillas, se han celebrado con brindis, aplausos y cánticos un buen número de éxitos electorales.

Ahora todo es diferente. Y, sin embargo, tengo la sensación de que nada es nuevo para mí, que ya lo había pensado, imaginado e incluso soñado. Desde que empecé en política, una de mis mayores preocupaciones fue saber marcharme a tiempo y, de hecho, así se lo hice saber a algunos compañeros: «Cuando intuya que me puedo convertir en un problema, me iré sin molestar». Esa era mi convicción. He visto a demasiados líderes políticos aferrarse al sillón o al escaño, y me prometí que nunca sería uno de ellos.

Llevo mi discurso en una carpeta. Lo he escrito, como siempre, «a mi manera». Como luego se vio en algunos medios de comunicación, tan solo es un esquema con algunos apuntes, con una letra indescifrable —soy abogado, pero mi caligrafía podría pasar por la de un médico—, que había escrito quince minutos antes en mi despacho, en seis o siete folios reciclados. Plasmé allí mis notas, aunque el contenido estaba meditado y digerido desde mucho tiempo atrás.

Nunca estuve en política atornillado a un escaño. Cada vez que he entrado en el Congreso de los Diputados, he sentido orgullo, honor y responsabilidad ante lo que significa servir al pueblo español, ser un diputado que representa a los españoles.

Sabía que no sería fácil pronunciar aquel discurso. Mis compañeros ignoraban que se trataba del último porque en la reunión de la ejecutiva preferí omitir que abandonaría el escaño y la vida política. Tan solo el secretario general, José Manuel Villegas, y tres o cuatro personas más conocían el alcance de lo que sucedería a continuación. Al fin y al cabo, mi decisión no era solo orgánica y política, sino también personal e irrevocable.

Temía, sobre todo, echarme a llorar, especialmente en el párrafo en el que hablaría de mi vida personal. Me veía capaz de explicar con serenidad la parte política, pero, como ya me había ocurrido en algún otro discurso, sabía que, en cuanto hiciera referencia a mi hija, a mis padres, a mi pareja o a mis amigos, podría derrumbarme. Soy una persona emocional, pero en demasiadas ocasiones tiendo a tapar esa cara con la más racional. Era del todo consciente de que tenía que cumplir y acabar aquella comparecencia sin interrupciones, pero también debía aceptar que quizá en algún momento me vería obligado a parar por la emoción.

Precisamente ese mismo día, en mi casa, antes de ir a la sede del partido, mientras tomábamos un café a las ocho de la mañana, hablé de ese temor con Euprepio Padula, un asesor externo que colaboraba conmigo desde hacía unos meses. Le conté mi decisión y le pregunté qué debía hacer cuando llegara el momento de referirme a mi vida privada. Él me contestó: «Si ves que te vas a poner a llorar, para unos segundos, bebe agua y continúa». Porque en ningún caso estaba dispuesto a eludir esa parte de la historia, por qué había decidido marcharme, por qué decía adiós. Los ciudadanos que habían confiado en mí merecían esa explicación y yo necesitaba contarlo para irme en paz.

Pronuncié las primeras palabras desde el atril y al instante me di cuenta de que me sentía más relajado de lo que imaginaba. Dirigiéndome a los medios, expliqué que iba a comunicarles tres noticas: dos de carácter político y una de carácter personal. Por experiencia sé que para mantener la atención de una audiencia es mucho mejor explicar con claridad al inicio, a modo de índice, lo que vas a contar. Y también que resultaría más atractivo dejar para el final la vertiente humana y más trascendente de mi decisión. De ese modo me aseguraba de que las televisiones y las radios emitirían en directo, de principio a fin, aquella dramática comparecencia. Era la mejor manera de que el mensaje llegase limpio y sin interpretaciones interesadas a todos los ciudadanos. Y así sucedió.

Expuse con serenidad y racionalidad la primera parte del discurso (mi dimisión como presidente de Ciudadanos), pero cuando llegó el momento de hablar de la renuncia a mi acta de diputado comenzaron a aflorar las emociones. Para mí, trabajar en el Congreso ha sido un honor cívico y patriótico. Nunca entendí el escaño como una nómina, sino como una vocación. Por eso, mientras verbalizaba esa idea, me fui dando cuenta de que no volvería a estar en el Hemiciclo, que no volvería a vivir un discurso de investidura, una sesión de control o el debate de una ley. Y fue entonces cuando volvió a dibujarse en mi cara una sonrisa, una sonrisa de aceptación de alguien a quien le apasiona el parlamentarismo y que está a punto de renunciar a su pasión.

También fui consciente del poco tiempo que había pasado desde el momento en que recogí mi acta de diputado por primera vez en el Congreso, en enero de 2016. Ya no se trata de que la vida política española sea líquida, como afirmaba el pensador Zygmunt Bauman sobre la sociedad del siglo XXI , sino que ha empezado a ser directamente gaseosa. No habían pasado ni cuatro años desde que llegué al Congreso de los Diputados liderando un proyecto nacional que ha logrado entrar en los Gobiernos de varias comunidades autónomas, y que con cincuenta y siete diputados llegó a convertirse en la tercera fuerza política del país, prácticamente igual que el Partido Popular, que fue la segunda fuerza tras las elecciones del 28 de abril de 2019. Nadie puede negar que la política española actual se mueve a la velocidad de la luz, aunque cada vez parece más sombría.

No era el momento de hacer reproches ni de buscar culpables. Debía asumir la responsabilidad de lo sucedido sin entrar en valoraciones o análisis estratégicos. Estaba ahí, delante de los medios de comunicación, para decir, simplemente, que me marchaba y que hacía la máxima autocrítica posible: el adiós. Son demasiados los políticos que en momentos parecidos han optado por distribuir culpas entre los adversarios, la ley electoral, los medios de comunicación, el establishment económico, la abstención e incluso los propios votantes. Pero yo no quería subirme a ese carro; no estoy hecho de esa pasta, ni para lo bueno ni para lo malo. Siempre he creído que a la política se llega llorado de casa y que el liderazgo no se ejerce desde el victimismo, sino desde la ejemplaridad y la responsabilidad. Sí quise mencionar a un político que para mí es un líder y un referente, Barack Obama, y recordé una frase que pronunció en 2017 aludiendo, aunque sin decir su nombre, a Donald Trump: «Si para ganar te dedicas a dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable». La recordé porque, más allá del resultado obtenido por Ciudadanos, me preocupa el complejo escenario que ha quedado tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Deseé suerte a los líderes que deberían hacer frente a la situación y felicité al Partido Socialista por su victoria. Antes que liberal y de Ciudadanos, soy demócrata y español.

Fue en el tercer bloque del discurso cuando comuniqué mi decisión de abandonar la política: es importante cerrar bien la última página de un capítulo de la vida para seguir la historia con buen pie y, como dice la canción de Kiko Veneno, es preferible que te echen de menos antes de que te echen de más. Debía marcharme porque en ningún caso podía ser un escollo ni para el partido ni para mí mismo. Me considero una persona libre y honrada, y he querido dejar la política de manera libre y honrada.

El discurso estaba resultando liberador. Hablé de mi hija, de mis padres, de mi pareja y de mis amigos, y lo hice porque era justo. No se trataba tanto de un homenaje como de un reconocimiento a mi entorno familiar, que ha tenido que soportar muchas cosas por culpa de mi carrera política. La verdadera patria la forman, además de tus compatriotas, las personas a las que quieres y que te quieren. Entonces me vinieron a la cabeza amigos con los que no he podido quedar por falta de tiempo, los fines de semana que no he pasado con mi hija, a quien en demasiadas ocasiones no he sabido explicar que no tenía tiempo porque volvía a estar en campaña electoral… También pensé en mis padres, en su preocupación, en las amenazas separatistas que han sufrido o en tantas semanas sin verme el pelo y siendo conscientes de la tensión a la que he estado sometido. Y pensé en Malú, mi pareja, que ha sido un apoyo fundamental y ha demostrado una valentía enorme al poner el amor por encima de la crítica y los prejuicios.

Sin duda, la última parte del discurso estaba siendo la más difícil de abordar emocionalmente. Muchos de mis compañeros, con sus miradas de apoyo, me ayudaron a continuar. Sus aplausos destilaban nostalgia y los usé de válvula de escape para hacer pausas, respirar y mantenerme entero, un recurso que conocemos bien los que llevamos años pronunciando discursos ante todo tipo de auditorios. Algunos días después comprobé que la emoción que se instaló en aquella sala —vi a varios periodistas con lágrimas en los ojos— llegó también a los hogares de muchos ciudadanos, y fue un elemento común en todos los comentarios espontáneos que recibí después: «Lo vimos en casa y nos hiciste llorar». El corazón y la sinceridad son las armas más poderosas, aunque nada fáciles de usar en política, porque los actores principales nos vemos inmersos en la noria mediática, en la pelea simplista de los titulares y la inmediatez, y en el celo extremo que ponemos en las palabras que usamos. Seguramente hace falta menos calculadora y corsé para poder comunicar con más autenticidad y libertad.

«Hay vida más allá de la política», dije al final. Estoy totalmente convencido de ello, pero lo cierto es que en ese momento desconocía cómo sería. Por aquel entonces no sabía lo que me esperaría ni a lo que me iba a dedicar en los próximos años. Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida guiándome por mis convicciones y en contra de la comodidad. Siempre he creído que nuestra existencia son instantes y etapas, que no hay que temerlos, sino vivirlos al cien por cien. Si no hubiera sido así, ni habría entrado en política ni vivido este apasionante camino de más de una década aprendiendo, soñando y compartiendo.

Si bien la política lo ha sido todo para mí durante estos años, la vida es mucho más que la política.

Ya en la noche electoral, y ante la dureza de los resultados, sopesé la posibilidad de poner de inmediato mi cargo a disposición del partido. Incluso lo hablé con José Manuel Villegas y con algún otro miembro de la ejecutiva. Sin embargo, decidí convocar una reunión extraordinaria para el lunes 11 de noviembre. No podía retrasarse. Era la forma correcta de hacer las cosas, por respeto a las cincuenta personas que integran el órgano directivo del partido y por sentido común.

El sábado 9 de noviembre, día anterior al de las elecciones, y ante lo mal que nos situaban las encuestas, mantuve una larga conversación telefónica con Villegas en la que contemplamos distintos escenarios. Los sondeos nos planteaban dos posibilidades: un mal resultado o un resultado peor. O bien conseguíamos entre veinte o treinta escaños y podríamos ser decisivos en ciertas alianzas, o bien nos quedábamos por debajo de los veinte escaños. En este caso, estaba convencido de que debía dimitir de inmediato. Ni mucho menos sería una decisión tomada en caliente, porque desde hacía varios meses contemplaba esa opción.

Cuando los peores pronósticos se hicieron reales, me reuní con algunos de mis compañeros más cercanos (el propio Villegas, Fernando de Páramo y Carlos Cuadrado, entre otros) y con los miembros del equipo de presidencia, y les confesé que había llegado el momento de tomar algunas decisiones importantes. Le pedí a Villegas que improvisara una reunión informal con el comité permanente de la ejecutiva antes de bajar a la sala de prensa, y allí reconocí que aquello era un batacazo sin excusas ni paliativos y que así lo asumiría ante los medios unos minutos después. También esa misma noche propuse convocar un congreso extraordinario del partido. Por sus gestos y sus breves palabras creo que respiraron tranquilos: al menos su presidente no tenía el estómago de salir ante toda España para quitarle hierro a la derrota y esquivar responsabilidades.

Algunos de los miembros de la ejecutiva comenzaron a sospechar que, en efecto, dimitiría al día siguiente. Recuerdo un mensaje de Begoña Villacís —que leí tarde, es decir, tras la comparecencia ante los medios— en el que me decía que la responsabilidad era compartida, que tanto los aciertos como los errores se habían decidido entre todos. También uno de nuestros asesores, Pablo Pombo, me escribió e intentó convencerme con argumentos sólidos de que debía aguantar al frente de Ciudadanos, al menos un tiempo, teniendo en cuenta el difícil momento que atravesaban el proyecto y el país.

Pero la decisión ya estaba tomada. Y desde hacía tiempo lo tenía asumido. Prueba de ello es que muchas de las notas dispersas que sirvieron de base para construir mi discurso ya estaban guardadas en mi móvil semanas antes del inicio de la última campaña. Las había escrito en los ratos libres, durante los viajes de vuelta a casa después de un mitin o mientras me tomaba un café en el despacho. Tenía la sensación de que mi cuerpo y mi mente me empujaban hacia ese punto y final. De hecho, apenas transcurridos unos días de las elecciones generales de abril, a pesar del buen resultado, confesé por separado a Villegas y a mi pareja mis intenciones: «Me queda una oportunidad más: o llego a la Presidencia del Gobierno en las siguientes, o me marcho y dejo paso». Desde mayo de 2019 había empezado a asumir ese «plan b» que me permitiera tomar decisiones sin temor al futuro, pasara lo que pasara en las urnas. En un año habíamos vivido cuatro campañas electorales agotadoras. Y confieso que, después de que se convocaran los últimos comicios, llegué a preguntarme si debía seguir siendo el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno. Me sentía mentalmente exhausto. Había sido un año de crecimiento con numerosos éxitos electorales, pero al mismo tiempo tuve que soportar sobre mis espaldas
una agotadora campaña de presión política y mediática.

En un proyecto político, los éxitos son de todos, pero los malos resultados son del líder.

A las diez y media de la mañana del 11 de noviembre comenzó la reunión de la ejecutiva nacional de Ciudadanos. En el orden del día, un solo asunto: la valoración del resultado electoral. Entré en la sala de la ejecutiva, en la quinta planta, y vi que había un quorum absoluto: ni un solo miembro del órgano había fallado a la cita y todos esperaban a que diera comienzo la reunión. Tras saludarlos uno a uno, tomé asiento junto a Villegas, que, como siempre, inició y dirigió la sesión. Unos minutos antes le había pedido intervenir en primer lugar y, sin más, me cedió la palabra en un ambiente silencioso, triste y expectante. Intenté hablar, pero al instante me desmoroné. Apenas logré pronunciar dos frases cortas: «Me voy. No puedo más». Clavé los codos en la mesa, agaché la cabeza y me puse a llorar. Mis compañeros, muchos claramente emocionados y con lágrimas en los ojos, empezaron a aplaudir. No duró más de un minuto, pero me pareció eterno. Sentía tristeza, vergüenza, pero a la vez mucho agradecimiento y cariño. Les pedí que dejaran de aplaudir: «Parad. Si seguís, me vais a matar», y cuando retomé la palabra, les expliqué lo duro que había sido para mí el último año, que no me habían faltado ganas de abandonar, que había resistido solo por ellos, por todos los que habían confiado en mí.

La mayor parte de quienes estaban en aquella reunión habían venido de la sociedad civil y muchos se incorporaron a la política o a Ciudadanos porque fui personalmente a buscarles. Por eso me preguntaban: «¿Y yo qué hago ahora? Si estoy aquí, es por ti»… Y no había otra respuesta posible: «Si creéis en el proyecto que hemos construido, debéis seguir trabajando y luchando por nuestras ideas y por nuestro país, pero lo haréis sin mí».

Ese era el caso de Edmundo Bal. Había entrado en el Congreso hacía solo unos meses —en las elecciones del 10 de noviembre fue como número 4 por Madrid— y, tras el descalabro electoral, se quedaba sin escaño. Me alegré sinceramente cuando supe que con mi renuncia recuperaba su acta de diputado, porque Edmundo, que procede de la Abogacía del Estado, puede hacer un gran servicio a España. La misma noche electoral, de madrugada, me escribió un mensaje diciéndome que le daba igual no haber salido elegido y que, aun sin escaño, estaría siempre a mi lado. Dos días después, cuando se supo que entraba de nuevo en el Congreso, le escribí para invitarle a mi cumpleaños y le dije en tono jocoso: «Voy a estar muy cerca de mi “heredero” de escaño, te voy a dar la paliza. Ese escaño merece mucha dignidad y solo puede “ocuparlo” alguien como tú. Eres una gran persona y confío en ti».

En coherencia con lo que soy, a nadie le sorprenderá que dimita como presidente de Ciudadanos. Hay gente que puede pensar que es injusto, hay otros que pueden pensar lo contrario, pero si les digo la verdad, sea justo o injusto, es lo responsable.

Reconozco que tampoco fue sencillo contar a mi entorno más cercano la noticia de mi renuncia. Mis padres querían acompañarme como hicieron en noches electorales pasadas, pero en esta ocasión les pedí que no vinieran a Madrid. Nos conocemos tanto que, a pesar de la que estaba cayendo, ni siquiera nos escribimos. Al día siguiente, poco antes de las diez de la mañana, les escribí este mensaje en el grupo que tenemos los tres en WhatsApp.

Buenos días, quiero contaros esto a vosotros antes de que lo haga público a las 12 horas. Voy a dimitir esta mañana, voy a renunciar al acta de diputado y dejo la política. No es fruto de un calentón, es fruto de una reflexión. He sido muy feliz estos años que le he dedicado a España, pero quiero seguir siendo feliz, y estaba siendo muy difícil en estos últimos meses. El mal resultado me abre una nueva etapa en la vida para recuperar la ilusión y soñar con nuevos proyectos. Quiero que sepáis que estoy sereno, satisfecho y orgulloso de lo que hemos logrado y de haber contado siempre con vuestro apoyo incondicional. Sé que, como me habéis parido y me conocéis, entenderéis mi decisión.

Ahora tendré más tiempo para ser vuestro hijo, para ser mejor padre, buena pareja y mejor amigo de mis amigos. Me apetece. La vida sigue y estoy seguro de que todo tiene un porqué. Os quiero mucho. Vuestro hijo.

Mi madre me contestó pocos minutos antes de la rueda de prensa:

¡Eres GRANDE !

Por un lado, estoy triste por todo lo que has luchado y perdido por este duro camino, pero a la vez siento que en esta nueva andadura serás muy feliz, y yo ni te cuento.

Has dado todo de ti.

Quédate con lo vivido: el bagaje, los conocimientos, las oportunidades y las personas que has conocido a lo largo de este camino.

¡Te quiero!

Mi padre, también unos minutos antes de la comparecencia, me escribió:

Tomes la decisión que tomes, nosotros la apoyaremos. Queremos lo mejor para ti. Estoy seguro de que volverás a disfrutar de la vida, y nosotros, contigo.

Te queremos.

Días después, mis padres me contaron que centenares de personas les habían escrito, o se habían acercado a saludarles por la calle para darles la enhorabuena, y no deja de ser paradójico que les felicitaran porque había decidido dimitir y abandonar la política. En más de una ocasión, en privado, mi madre había llegado a confesar: «He ganado un líder político, porque me gusta y le voto, pero de facto he perdido un hijo».

Permitidme que me dedique a aquellos a los que más quiero. A partir de ahora, quiero ser mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo.

A Daniela, mi hija de ocho años, le conté la noticia por la tarde. Siempre que puedo, ella y yo tenemos un FaceTime durante diez o quince minutos alrededor de las nueve de la noche, un poco antes de cenar. A menudo, Daniela se quejaba por mi falta de tiempo, relacionándola con mi trabajo en la política. Cuando le conté que había decidido dejarlo, sonrió y dijo: «¿Ah, sí? Entonces ahora podremos estar más tiempo juntos, ¿no?». Le contesté: «Bueno, ya veremos… Hay muchos trabajos que impiden a muchos padres ver a sus hijos todo lo que quisieran. E incluso los ven menos de lo que yo te veo a ti… Intentaré trabajar en algo que me permita verte más». Me sorprendió cuando, como si fuera una entrevistadora sagaz, me preguntó: «¿Pero ya sabes de qué vas a trabajar? ¿De qué te gustaría?». Me reí por la seriedad de la pregunta y respondí como pude: «Pues aún no lo sé. Seguro que en algo bueno. Te lo contaré cuando lo sepa para que me digas qué te parece». Y ese fue el acuerdo.

Malú era la persona que mejor conocía lo que me venía rondando por la cabeza: el «plan b», los discursos de dimisión que escribía en el móvil cuando volvía de algún viaje, el cansancio por tanta exposición pública… Todo esto lo compartimos durante las semanas anteriores a mi renuncia. Ella, quizá por su trayectoria y su profesión, entendía mejor que nadie la presión que estaba soportando y sabía que mi vida se encontraba en un momento crucial. Durante las campañas electorales de ese año, su apoyo fue fundamental, y sabía tan bien como yo que ese runrún de mi interior terminaría por salir al exterior tarde o temprano. En aquella última y durísima campaña me aconsejó que me entregara a fondo para que, pasara lo que pasara, siempre estuviera tranquilo por haber hecho todo lo que estaba en mis manos.

Siguió mi comparecencia en casa, por televisión. Obviamente, estaba sobre aviso, pero, según me confesó después, fue un momento difícil y doloroso. Sintió pena ante aquel final tan abrupto. Para los dos, a pesar de haber vivido un año bonito e intenso en lo emocional y familiar, también había sido un año duro en lo profesional, por su lesión en el pie, que le obligó a operarse y a cancelar una gira —con lo que esto supone para un artista y su público—, y por mis sucesivas campañas a lo largo de los últimos nueve meses.

Recuerdo que, después de la comparecencia, estando ya en mi despacho, me quedé asombrado de los cientos de mensajes que se acumulaban en mi móvil. También mi secretaria, Tamara Escurín, tenía el teléfono y el ordenador reventados de mensajes, llamadas perdidas y correos. La mayoría eran de felicitación por el discurso del adiós.

La vorágine duró todo el día, también en las redes, donde mi comparecencia fue trending topic de aquel 11 de noviembre. El terremoto emocional culminó cuando, después de varias horas encauzando sentimientos encontrados e intentando animar a compañeros y amigos, al fin entré en mi despacho, cerré la puerta y, de nuevo, me eché a llorar. No fueron más de cinco minutos, pero me sirvieron para soltar la tensión acumulada desde hacía varias horas.

Cuando me repuse, fui a saludar a todos los compañeros que aún seguían en la sede. Recorrí las plantas tercera, cuarta y quinta, animé a quienes me encontré y les pedí que, pese a todo, no olvidaran nunca lo que habíamos logrado juntos. Ahora se sentían tristes y derrotados, pero eran los mismos que unos meses atrás habían conseguido cincuenta y siete diputados, convirtiendo a Ciudadanos en la tercera fuerza política del país.

En la terraza de la sede estaban algunos de los compañeros de partido más cercanos y los más veteranos: Carlos Carrizosa, Carlos Cuadrado, José Manuel Villegas, José María Espejo, Fernando de Páramo, Fran Hervías, Manuel García Bofill, Joan García… El «núcleo duro», buena parte del origen de Ciudadanos y, sobre todo, buenos amigos que me han acompañado —y yo a ellos— desde los inicios de la formación como plataforma cívica en Cataluña. Eran las dos de la tarde y les propuse que nos fuéramos a comer a algún sitio tranquilo. Elegimos un restaurante céntrico al que ya habíamos acudido en alguna otra ocasión. Una vez en el comedor, el ambiente era una mezcla de shock, nostalgia y cansancio emocional. Me confesaron que su mayor temor durante aquella mañana era que renunciara por un «calentón», pero les expliqué que la decisión estaba muy meditada y que se trataba de algo necesario para mí.

La comida transcurrió relajada, amable, en confianza. Cuando salimos del restaurante, nos dimos cuenta de que había varios periodistas en la puerta que al momento se me acercaron, alcachofa en mano. Me preguntaron por el día difícil y por mi vida personal. Siempre he sido educado con los medios, pero también discreto sobre mi intimidad. Me limité a sonreír levemente y entré en el coche para irme a casa.

He disfrutado y he aprendido. He conocido a gente maravillosa por el camino. He aprendido de cada español al que he saludado en cada provincia de este país. Hay que seguir soñando. Hay que seguir disfrutando. Hay que seguir con ganas.

En mi última comparecencia quise hablar explícitamente de la felicidad. La felicidad es mucho más que estar contento o pasártelo bien; es un balance, un equilibrio, una forma de vivir que te permite sentirte bien contigo mismo y con tus valores. Y aquel 11 de noviembre de 2019 aposté por mi felicidad futura. No puedo arrepentirme de lo que hice sencillamente porque necesitaba hacerlo. Y, además, si después de un resultado electoral como el que habíamos tenido hubiera optado por quedarme y luchar para levantar el partido, de inmediato me habrían señalado —de buena y de mala fe— como alguien oportunista, incapaz de ser fiel a sí mismo; alguien que se aferra a su sillón, que tiene miedo, que no hace autocrítica y que, en definitiva, no es libre. La lapidación política a la que me habrían sometido los adversarios y medios de todo signo habría sido insoportable.

Mi felicidad y la de los míos es mi prioridad en este momento, y creo que el proyecto que representa Ciudadanos también necesitaba que yo me apartara después de aquel desastroso resultado. Hoy estoy aún más convencido de que mi decisión fue acertada. Era lo difícil, pero fue lo correcto.

Con la serenidad que me otorgan los meses transcurridos desde aquel epitafio político de catorce minutos, hoy reivindico la expresión que mejor representa lo que siento, lo que pienso, lo que quiero y lo que soy: «¡Viva la libertad!».

2
LOS MÍOS

Agustín Rivera y María Jesús Díaz, mis padres, se conocieron trabajando. Tenía que ser así porque ambos provenían de familias de autónomos. Eran dos personas hechas a sí mismas, currantes desde muy jóvenes. Mi padre nació en 1952 en el barrio de la Barceloneta. Mi abuelo Alberto, que era originario de Málaga, abrió en los años cincuenta uno de los primeros bazares —los llamaban quioscos— de la calle Reina Cristina, una vía emblemática cerca del puerto a la que, en las décadas de los años setenta y ochenta, cientos de personas acudían diariamente a comprar las novedades que llegaban del mundo de la electrónica, la tecnología o la joyería, siempre a precios muy competitivos. Mis abuelos paternos, Alberto e Isidra, tuvieron cinco hijos, y mi padre era el mayor.

Mi madre nació en Málaga en 1959, en un pueblecito de seiscientos habitantes llamado Cútar, en la comarca rural de la Axarquía. La suya era una familia humilde que regentaba el bar del pueblo, negocio que a duras penas les permitía sobrevivir. Mis abuelos maternos, María y Lucas, tenían cinco hijos y, como tantos españoles de la época, él tuvo que emigrar para trabajar en Francia, Suiza y Alemania. Desde allí enviaba «remesas» para que mis tíos, mi madre y mi abuela pudieran salir adelante.

En 1972, mi madre se fue a Barcelona. Tenía trece años y siguió los pasos que ya habían dado su tío y su hermano mayor, la «avanzadilla» que a finales de los años sesenta marchó a la capital catalana para buscarse la vida. Primero se instaló en Badalona, una ciudad en el extrarradio habitada por gente trabajadora procedente, en su mayoría, de Andalucía y otros lugares de España. Más adelante se unió su hermana pequeña y, finalmente, mi abuela María.

María Jesús tenía diecisiete años cuando se casó con Agustín —él tenía veinticuatro— y tuvo que pedir permiso a su padre para hacerlo. Alquilaron un piso en la Barceloneta. Los que somos de allí sabemos que los había de tres clases: el «cuarto de piso», el «medio piso» y el «piso entero». Mis padres se fueron a vivir a un «medio piso» en el centro del barrio que no estaba mal para la época: unos cincuenta o sesenta metros cuadrados y dos habitaciones.

Estuvieron tres largos años «buscándome» y en alguna ocasión mi madre ha confesado que llegó a pensar que no podía tener hijos. Aunque en esa época no se podía saber si el futuro bebé sería niño o niña, ella me contó hace poco, con motivo de mi nueva paternidad, que estaba convencida de que sería un varón; de hecho, pintó la habitación de azul, como se hacía entonces. «Me lo jugué todo a esa carta, tenía una intuición y acerté. Si me llega a salir mal, habría tenido que cambiarlo todo», me dijo.

Nací en 1979 en la clínica del Pilar, en la calle Balmes. Criarse en la Barceloneta en los años ochenta te marca para toda la vida. Era un barrio popular y muy diverso, en el que convivían sobre todo familias de pescadores, patronos de barco, estibadores del puerto y comerciantes. Un mestizaje dentro del mestizaje que ya de por sí era Barcelona. Y sus calles eran únicas, muy estrechas, con la ropa colgada de los balcones y las ventanas… Me gustaba aquel ambiente, era como vivir en un pueblo dentro de una gran ciudad.

Recuerdo a mi bisabuela paterna, Herminia, y su «botica»: una planta baja, a pie de calle, que tenía las compuertas abiertas durante todo el día. Casi siempre estaba sentada en su mecedora, con su delantal puesto, y reñía a todo el mundo. Pero tenía un gran corazón. Ella se convirtió en la matriarca de la familia.

Eran las madres las que iban a buscar a sus hijos al colegio, y a mis primos y a mí nos llevaban directamente a la casa de la bisabuela, donde merendábamos y, después, nos pasábamos la tarde jugando al fútbol en la calle. Tengo muy buen recuerdo de aquellos años. Sé que mis hijas vivirán muchas cosas que yo no he vivido, pero dudo de que puedan disfrutar de la libertad que yo tuve en mi infancia.

Me acuerdo de la humedad, que te calaba hasta los huesos, y del olor a mar en los días en los que el viento soplaba con fuerza. Sin embargo, vivíamos de espaldas al Mediterráneo. No fue hasta la demolición de los famosos «merenderos» y de los antiguos astilleros para la construcción de la Barcelona olímpica cuando comenzó la gran transformación del barrio, cuando la Barceloneta se convirtió en uno de los lugares más cosmopolitas y visitados de la ciudad.

Nacer frente al mar, como dice la canción de Serrat, marca el carácter. De hecho, cuando décadas después volví a vivir en Barcelona —cerca de la Sagrada Familia—, iba a diario a la playa, ya fuera a pasear o, simplemente, a pisar la arena. Para mí el mar es como un pulmón y, si te falta, no se respira igual.

La Barceloneta de mi infancia, la de los ochenta, sufrió el drama de la heroína. Quizá fuera por las calles estrechas, la construcción hacia dentro o la playa abandonada, pero lo cierto es que al barrio acudían yonquis y camellos de toda la ciudad. Por eso mis padres decidieron mudarse. Me explicaron que viviríamos en un piso más grande en un barrio mejor llamado Pueblonuevo, pero años después mi madre me reconoció que en la Barceloneta llegaron a tener miedo y que no querían que yo me criara en ese ambiente.

Al recordar mi primera infancia tengo la sensación de que mi barrio cabe en un bolsillo, con el mar siempre completando el paisaje. Aprendí a nadar a los cuatro años en los cursillos del Club Natación Barceloneta, toda una institución. Si uno nace en este barrio, es probable que alguien de la familia le haga socio del club. En mi caso, fue mi tío abuelo Pepe. Estoy seguro de que empezar a nadar tan pequeño influyó en mi decisión de adolescente de convertirme en nadador.

Por aquel entonces, Pueblonuevo también sufría el abandono de las últimas décadas. Fue un referente de la industria catalana y barcelonesa durante los años finales del siglo XIX , pero la mayor parte de las fábricas cerraron o fueron expropiadas por la Administración para llevar a cabo las obras de remodelación de Barcelona 92, y allí hicieron lo que se llamó la «fachada al mar» de la ciudad. Los barceloneses que vivimos aquel cambio siempre estaremos agradecidos a los Juegos Olímpicos, no solo porque nos pusieron en el mapa, sino, también, por el cambio urbanístico y arquitectónico que sufrió la ciudad. En Pueblonuevo se construyó la Villa Olímpica, donde residieron durante varias semanas los mejores deportistas del mundo, y hoy en día alberga espacios de negocios muy importantes, como el 22@Barcelona, que es el barrio de las empresas tecnológicas y audiovisuales.

El nuevo piso medía más de cien metros cuadrados y tenía una azotea donde mi madre tomaba el sol y yo jugaba al baloncesto o a los dardos. Estábamos a cuatro paradas de metro de la Barceloneta y de la Plaza de Cataluña, lo que significaba vivir muy cerca de todas nuestras referencias. Estuvimos allí tres años. Mi padre seguía al frente de las tiendas del puerto y todas las mañanas iba a trabajar en moto.

Pueblonuevo era un barrio tranquilo y mucho más luminoso que la Barceloneta, y cada día se volvía más moderno. Vivíamos en la calle Ramón Llull y podía ir andando a mi nuevo colegio, el Pío XII, por la calle Mariano Aguiló. A veces, para atajar, atravesaba la zona de las fábricas y no tardaba más de ocho o diez minutos. En el Pío XII hice tercero, cuarto y quinto de EGB. Era una escuela pública, mucho más grande que la Academia Barceloneta en la que había estudiado hasta entonces.

Recuerdo bien el camino de las fábricas y, en concreto, una imprenta en la que aún funcionaba una máquina que hacía unos agujeros en el papel que a mis amigos y a mí nos parecían confeti. Uno de nuestros divertimentos era coger las bolsas de confeti que los trabajadores tiraban a los cubos de basura. En alguna ocasión me encontré con que la nave industrial por la que había pasado la semana anterior había sido derribada, y la calle parecía otra. Fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando: las viejas fábricas daban paso a nuevas edificaciones, ya fueran oficinas, viviendas, nuevos comercios o centros cívicos. El barrio se estaba abriendo y transformando en una de las zonas más modernas y apetecibles de Barcelona.

En Pueblonuevo se podía ir andando a la playa, la Mar Bella, que también había cambiado muchísimo. Como la playa de la Barceloneta, durante los años setenta y ochenta había sido un lugar al que era mejor no acercarse, y no solo por la oscuridad, sino porque solía estar llena de jeringuillas y preservativos. Las profundas reformas de los primeros años noventa hicieron posible que muchos barceloneses disfrutásemos de nuestras playas por primera vez. Hoy en día, junto a la Mar Bella se sitúan algunos de los mejores hoteles y restaurantes de la ciudad.

En la vida siempre hay momentos buenos, algunos menos buenos y otros directamente negros. La muerte de mi tío Alberto, en el verano de 1989, es de las experiencias más tristes que recuerdo de mi infancia. Era un hombre inteligente, sarcástico y muy divertido, que trabajaba con mi padre en las tiendas familiares de la Barceloneta. Yo me llevaba muy bien con él. Mi tío era homosexual y en los años ochenta este era aún un tema difícil de tratar abiertamente y con normalidad. Sabía que había estado varias veces en el Hospital del Mar, que ingresaba y que salía a los pocos días, pero ignoraba qué enfermedad padecía. Yo tenía nueve años y, aunque oía alguna que otra campana, no entendía por qué había adelgazado tanto en tan poco tiempo.

Desde que cumplí los cinco años, solía pasar los veranos en Málaga con mis abuelos paternos, que unos años antes habían decidido volver a su ciudad natal e instalarse allí con mi bisabuela Isabel, la madre de mi abuela Isidra. Ella tenía una casita en un barrio humilde, Miraflores de los Ángeles, que había quedado «incrustada» en medio de varios bloques de edificios construidos en los años sesenta y setenta. Mi abuelo era un hombre emprendedor, bohemio y libre, y cuando vio que mi padre podía hacerse cargo de las tiendas del puerto, optó por vivir de una de sus pasiones: la numismática. Recuerdo que tenía un puesto de compra-venta de monedas de coleccionista en el rastro de Málaga. Su otra pasión era la pintura. Se pasaba las tardes en su habitación, con su caballete y su lienzo, con el ruido de fondo de un viejo transistor y envuelto en el humo de algún cigarro. Él y yo seguíamos a diario la misma rutina: desayunábamos churros recién hechos en un bar cerca de casa, luego comprábamos unos gusanos que nos servían de cebo y nos íbamos a pescar al «Morro» del puerto. No puedo olvidar la emoción que sentía al ver cómo se hundía el corcho cuando picaban los peces. Los manteníamos con vida en un cubo lleno de agua y antes de marcharnos los devolvíamos al mar. Después recogíamos a mi abuela para ir a la playa de la Malagueta. También solíamos pasar por el mercado para comprar boquerones, gambitas o chanquetes, que la bisabuela Isabel enharinaba y freía como nadie.

El verano de 1989 mi tío Alberto vino conmigo a Málaga. En aquellos días, yo no tenía edad suficiente para saber qué era el sida. En realidad, el desconocimiento sobre esta enfermedad era abrumador. Recuerdo que mi abuela incluso lavaba la ropa de mi tío por separado y él estaba cada vez más apagado, fatigado e irritable. Una mañana mi abuela me pidió que hiciera la maleta rápidamente porque teníamos que irnos a Barcelona en el primer avión. Me acuerdo bien de la llegada al aeropuerto de El Prat, de mi abuela nerviosa y preocupada y de mi tío muy débil y demacrado. Fue la última vez que le vi. Debíamos de estar a finales de julio. Se lo llevaron directamente al Hospital del Mar. Y ya no salió. Murió el 28 de agosto. Tenía treinta y un años.

Cuando aquella mañana de agosto mi madre me dijo que Alberto había muerto, me puse a llorar. No entendía qué había sucedido ni por qué. La confusión era enorme, y ahora que soy padre entiendo lo difícil que debió de resultarle darme la noticia. Todavía mantengo en mi interior el dolor de aquella pérdida, la primera de mi vida. Mi tío Alberto era un hombre sensible, un amante de la vida, y muchas veces he pensado que me habría gustado despedirme de él. En aquellos años, la lucha contra el sida estaba perdida y, cuando se contraía la enfermedad, el deterioro era fulminante.

El desconocimiento y el estigma social provocaban una muerte civil previa a la muerte física. Por fortuna, hoy la enfermedad está mucho más controlada y con el tratamiento adecuado quienes la padecen pueden vivir muchos años y con una calidad de vida relativamente aceptable. Siempre que tengo ocasión colaboro en campañas a favor de la lucha contra el sida. Lo he hecho como político y como ciudadano. A menudo pienso en mi tío y en su batalla en dos frentes: por un lado, el de los derechos civiles y la aceptación social de su homosexualidad y, por otro, el de una enfermedad hasta entonces desconocida que se ha llevado a millones de personas en todo el mundo.

La segunda pérdida impactante llegó cinco años después, en 1994. Nos acabábamos de mudar a L’Ametlla del Vallès cuando me enteré de la muerte de mi tío Miguel, otro de los hermanos de mi padre. Era un chico noble, sensible y con don de gentes, pero a la vez con una cabeza muy frágil. Empecé a percibir en él importantes cambios físicos —adelgazaba y engordaba en muy poco tiempo— y de carácter, con arrebatos de brusquedad y mal humor. Yo había oído que tenía problemas, pero ignoraba de qué tipo. Tenía once años y no sabía bien qué eran las drogas. En casa escuchaba frases como «Miguel ha vuelto a recaer», «parece que está mejor», «es un desastre»…, pero ni mucho menos era consciente del alcance de la situación.

Miguel era el talón de Aquiles de mi padre, su hermano varón más pequeño y el más vulnerable, y siempre quiso protegerle. Desde que mis abuelos se fueron a vivir a Málaga, de alguna manera mi padre asumió el papel de padre de sus hermanos, y la muerte de Miguel fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

El 12 de enero de 1994 mi tío se suicidó. Tenía veintiocho años. Era por la tarde cuando llamaron a casa. Mi madre se echó a llorar tras colgar el teléfono y de nuevo fue ella quien me lo contó. Pocos minutos después, entre lágrimas, se lo tuvimos que decir a mi padre, que acababa de llegar del trabajo. Nunca olvidaré aquel momento.

Creo que mi tío se cansó de luchar contra su adicción, de las recaídas constantes, del sentimiento de derrota y de frustración con el que tuvo que convivir durante años. Siempre he pensado que el lugar en el que se encuentra una persona que decide quitarse la vida debe de ser lo más parecido al infierno.

A finales de los años ochenta, los comercios familiares comenzaron a resentirse de la crisis del sector. Mi padre decidió dejar las tiendas de la Barceloneta y buscó un nuevo lugar para instalar su negocio. Así llegamos al Vallès, una de sus zonas preferidas. Desde muy pequeño pasábamos los fines de semana en la masía que mi familia paterna alquilaba en Cardedeu, un pueblo en la falda de la sierra del Montseny, a treinta kilómetros de Barcelona. Allí nos juntábamos toda «la tribu»: en una habitación grande estaban las camas de las mujeres y, en otra similar, las de los hombres; los niños dormíamos todos juntos, y los más pequeños, con sus madres. Hacíamos turnos para ducharnos, y las comidas y las cenas, con quince o veinte personas a la mesa, eran como una celebración. Allí aprendí a montar en bicicleta, a jugar al ping-pong, a llevar una moto y a conducir un kart. A mi padre le gustaban los deportes y practicaba el tiro olímpico en unas instalaciones cercanas. Le encantaba aquel lugar y siempre fantaseó con la idea de irnos a vivir allí.

La oportunidad llegó en forma de negocio en Granollers, una ciudad de setenta mil habitantes que es la capital del Vallès. Mi padre alquiló un local de cien metros cuadrados para dedicarlo a la venta de electrodomésticos y aparatos de electrónica: televisores, equipos de música, consolas de videojuegos, los primeros móviles… Se llamaba Bazar del Puerto y formaba parte de la red de franquicias que unos años antes había creado mi tío Salvador, el hermano mayor de mi madre.

Al principio iba y venía todos los días desde Pueblonuevo a Granollers, pero un año después mis padres decidieron alquilar una casa en L’Ametlla del Vallès, una zona residencial con urbanizaciones cómodas y agradables, que tiempo atrás había sido lugar de veraneo de la burguesía barcelonesa. Después de un año viviendo alquilados, compramos una casa adosada de más de doscientos metros cuadrados. Yo estaba encantado; había una piscina para pocos vecinos, cancha de básquet y rutas para ir en bici y hacer trial con mi moto.

La tienda estaba a quince minutos en coche de nuestra casa, y mi madre, que había dejado de trabajar cuando nací, decidió volver al negocio familiar cuando yo cumplí once años. Mi padre necesitaba ayuda y ella tenía experiencia y buen trato con el público. Además, contrataron a tres o cuatro empleados. Les fue bastante bien desde que abrieron, en 1989, hasta que llegó la crisis a finales de los 2000. Aquel negocio nos permitió vivir cómodamente, sin lujos, durante bastantes años.

Yo iba al colegio en Granollers, que era —y sigue siendo— el centro neurálgico de la comarca. Hubo dudas para elegir, pero finalmente mis padres se decantaron por El Jardí, un colegio concertado de la zona. Allí hice sexto, séptimo y octavo de EGB. El nivel era más alto que en el Pío XII, sobre todo en inglés, lo que me obligó a esforzarme y a ir a una academia para coger el ritmo de los demás.

Todos los días, después de acabar las clases, iba andando hasta la tienda de mis padres. Les daba dos besos y dejaba la mochila en la trastienda. Después cruzaba la calle hasta el supermercado de enfrente para comprar mi merienda habitual: un paquete de Donuts y un zumo de piña o una lata de Coca-Cola… Y de vuelta a la tienda para hacer los deberes. Recuerdo que colocaba los libros y los cuadernos sobre la mesa que por las mañanas usaba el contable, y que las paredes estaban forradas de estanterías llenas de archivadores. Mis padres cerraban la tienda a las ocho y media de la tarde, pero a menudo debían quedarse un rato más para hacer caja y organizar los pedidos del día siguiente. En el mundo de los comerciantes el trabajo se fusiona con lo familiar y no se sabe dónde empieza lo uno y acaba lo otro. Muchas veces comía, estudiaba e incluso quedaba con mis amigos en aquella tienda. Era como mi segundo hogar.

Cuando tenía trece o catorce años, a menudo tenía que echar un cable a mis padres, sobre todo cuando había muchos clientes. De modo que empecé a tomar contacto con el negocio y recuerdo que me gustaba sentir que formaba parte de él. Me fijaba en cómo mi madre hablaba con los proveedores y hacía los pedidos, y ayudaba a mi padre a descargar cajas cuando algún camión llegaba a última hora. Más adelante, a los diecisiete o dieciocho años, comencé a trabajar durante los veranos y en Navidades, que era cuando más movimiento había. A cambio me daban una paga y, además, contrataban a cuatro o cinco trabajadores extra, chicos y chicas jóvenes, que de ese modo se sacaban una ayuda. Aunque era el hijo de los dueños, todos me trataban como a uno más. Nos íbamos a comer juntos y a veces salíamos por ahí cuando terminábamos el trabajo. Solo se cerraba el 25 de diciembre y en Año Nuevo. En mi familia, los preparativos de Nochebuena y de víspera de Reyes consistían en hacer un brindis con cava con todos los trabajadores, casi a medianoche, antes de irnos a casa reventados.

La atención al cliente es un aspecto prioritario de la vida de un comerciante y frases como «quien paga, manda» o «el cliente siempre tiene razón» son absolutamente ciertas. Yo he visto cómo mi madre, aun teniendo fiebre, se mantenía al pie del cañón y ponía su mejor cara delante de los clientes. Mis padres me enseñaron con su ejemplo que nunca, por muy dueño que seas de un negocio, se te pueden caer los anillos. Recuerdo una de las frases que me dijo mi abuelo Alberto: «Hay que saber estar con quien no tiene nada y con el rey de España». A mí me ha sucedido, literalmente. Ser polifacético es clave para superarse y avanzar. «Saber estar» se llama, y consiste en no dar la nota, en saber callar y escuchar cuando es necesario, y en hablar y convencer cuando toca.

Mis padres nunca tenían vacaciones, como mucho una semana o diez días en verano. A partir de cumplir los dieciocho años, cuando ellos no estaban, me dejaban las lla

ves de la tienda. Al frente del negocio se quedaba una trabajadora de confianza, pero me llamaban todos los días para preguntarme cómo había ido la caja o si había aparecido un proveedor que se retrasaba. Para un chaval de mi edad no era plato de gusto pasar parte del mes de agosto trabajando en lugar de estar divirtiéndome con los amigos, pero para mis padres era importante y, según me decían, solo así se iban tranquilos. Debo a mis padres la idea de que hay que cuidar y valorar cada día lo que se tiene.

Comencé a nadar «en serio» a los once años y lo hice hasta que entré en la universidad. Entrenaba dos veces al día, de seis a ocho de la mañana y a mediodía, incluso los sábados, y pronto empecé a competir (fui campeón de Cataluña en estilo braza en dos ocasiones). Incluso llegué a plantearme estudiar INEF para ser profesor de educación física. El caso es que, en un momento dado, cursando ya tercero de BUP y debido a todas las actividades que realizaba a diario —clases, natación, competiciones los fines de semana, salir con los amigos—, suspendí dos asignaturas en un trimestre. En alguna ocasión me había quedado dormido en clase después de un entrenamiento de dos horas, y la profesora me dio un toque de atención: «Pero ¿qué te está pasando? Estás despistado y tus notas han bajado. Espabila. Tú vales…, espabila». Una de las asignaturas que suspendí fue matemáticas (trigonometría), que, la verdad, no me interesaba demasiado porque ya había decidido que estudiaría letras. Pero cuando llegó el verano, mis padres me dijeron que me matricularían en una academia. Por supuesto, protesté: que no era para tanto, que solo había suspendido un trimestre, que sacaría la asignatura sin problemas… Entonces me contestaron que aquello era parte del castigo. «Estudiarás trigonometría en la academia todo el mes de agosto». Y la amenaza se cumplió. Durante cuatro semanas estuve yendo a una academia en La Garriga —curiosamente, ahí viví años después— y en septiembre saqué sobresaliente en matemáticas. Ser hijo único tiene estas cosas: no hay que repartir premios con nadie (coche, vacaciones, Erasmus, el primer viaje a Londres…), pero, al menos en mi caso, los castigos eran más severos.

Mis padres a menudo me hablaban de lo afortunado que era por poder estudiar y por valer para ello; me recordaban que ellos no habían podido hacerlo y me ponían en la tesitura de tener que elegir entre hacer una carrera o trabajar en la tienda. En mi casa, como en muchas otras, se repartían los roles según los caracteres. Mi madre era la guerrillera del día a día, la de las riñas por las cosas pequeñas, ordenar la habitación, recoger el baño…, mientras que mi padre, que se pronunciaba mucho menos, cuando lo hacía era porque estaba enfadado de verdad.

Acabé COU y aprobé la Selectividad en 1997. Aquel verano me fui a estudiar inglés a Londres. Mis padres me habían buscado unos «abuelos» ingleses que vivían en el extrarradio, en una casa que, me acuerdo bien, olía a naftalina. Hice un curso intensivo de inglés, seis horas al día, que me permitió entrar con un nivel decente en la Facultad de Derecho de ESADE. Y, además, aquel viaje me sirvió para espabilar. Mis primeros días en Londres fueron frustrantes y no paraba de preguntarme qué demonios hacía yo en esa ciudad con ese clima tan triste, en vez de estar pasando las vacaciones en algún lugar de la costa española. Pero enseguida conocí a gente, hice amigos y al final no había quien me sacara de allí.

En cuarto de carrera pedí una beca Erasmus para estudiar el curso siguiente en el extranjero. Opté por Helsinki y alquilé con dos amigos —Carlos Ripollés y Fernando Zanón— un piso en el centro de la ciudad. Fue una experiencia extraordinaria que me abrió la mente y me ayudó a encontrarme a mí mismo. En 2001, cuando aún estaba en Finlandia, decidí que me emanciparía en cuanto volviera a España. Quería hacer el doctorado, pero también presenté una solicitud para trabajar en La Caixa. Recuerdo que, cuando mis padres me recogieron en el aeropuerto, casi no me reconocieron. Había engordado cuatro kilos y me había dejado el pelo más largo. Tenía veintidós años.

Empecé a trabajar en La Caixa en septiembre de 2002, al poco de acabar la carrera. Y la primavera siguiente me fui a vivir a un piso de alquiler en Granollers. Primero lo hablé con mis padres: «Me voy de casa…». Se quedaron boquiabiertos. Mi madre me preguntó: «Pero ¿por qué?, ¿qué pasa? ¿Es que hemos hecho algo mal?». Y respondí: «No habéis hecho nada mal; simplemente me habéis hecho así. Me habéis educado para ser libre. Y ya lo soy».

Mis padres me educaron en la libertad y en la responsabilidad, que son las dos caras de la misma moneda. La libertad ideológica y personal implica responsabilidad, porque, cuando eliges ser libre y pides libertad, debes saber que no hay red de seguridad y que, si te caes, deberás levantarte solo. Nunca me ha gustado que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas o que me limiten a cambio de protección. Siempre he preferido la libertad y he optado por equivocarme y aprender antes que por mantenerme seguro y cometer una y otra vez los mismos errores.

Así es como quiero educar a mis hijas, en libertad, aunque vivamos en un mundo lleno de riesgos. Por muy difícil que nos resulte a los padres, es importante dejar que los hijos se equivoquen para que aprendan a valorar lo que tienen y se conviertan en personas responsables. No es bueno poner la venda antes que la herida. Sé que para los padres no es fácil, e incluso en ocasiones puede parecer antinatural, porque la vena protectora sale de manera instintiva. Los patrones educativos suelen copiarse cuando han sido exitosos y, por el contrario, sueles irte al extremo opuesto si has vivido una infancia complicada o traumática. Yo tuve una infancia estable y el vínculo con mis padres ha sido, y sigue siendo, fuerte. Y ahora es el momento de intentar hacer lo mismo con mis hijas.

Daniela tiene nueve años y vive en Granollers con su madre, con quien acabé mi relación —de once años— en 2013. Casi todos los días hablamos diez o quince minutos por Facetime o WhatsApp a través del teléfono de su madre o por su tablet, y de ese modo sabemos el uno del otro. Lo pasamos bien en nuestras conversaciones, aunque a veces me parece que está más pendiente de la cámara del móvil para mirarse a sí misma que de verme a mí. Aunque soy consciente de que la vida da mil vueltas, asumo que mi hija mayor se educará principalmente con su madre. Conmigo pasa dos fines de semana al mes y la mitad de las vacaciones. Nos vemos y hablamos a diario gracias a las tecnologías, pero confieso que resulta duro no poder compartir con ella su día a día. Echo de menos sus abrazos, su risa, darle las buenas noches y ponerla a dormir o ver su cara por las mañanas al despertar.

Lucía, mi hija recién nacida, se ha convertido en el otro motor de mi vida. Estoy disfrutando muchísimo de la paternidad a los cuarenta años, con más madurez pero con toda la ilusión del mundo. No me quiero perder ni una de sus primeras sonrisas, ni sus primeros pasos, ni sus primeras palabras.

En esta nueva etapa de mi vida quiero disponer de más tiempo para dedicárselo a los míos. Se lo merecen. Quiero ofrecer a mis hijas el legado de amor, libertad y honestidad que me han dejado mis padres y que ellos heredaron de mis abuelos. Sin duda, soy la persona que soy gracias a los valores que ellos me inculcaron y confío en saber transmitirlos ahora que ha llegado el momento.

3
EMPEZAR DE CERO

Primavera de 2006. José María Espejo-Saavedra —entonces compañero de trabajo en La Caixa— y yo empezamos a limpiar, escoba en mano, el local prestado que servirá de sede para la primera reunión de la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya. Es un local pequeño y cerrado desde hace tiempo, de unos treinta metros cuadrados, situado en el barrio de Bellavista, en Les Franqueses del Vallès. Llevamos la boca tapada con un pañuelo a modo de mascarilla para evitar el polvo. «¿Te imaginas que algún día llegamos a gobernar España?», me pregunta José María. Nos miramos de arriba abajo y nos echamos a reír a carcajadas. Somos dos abogados jóvenes —él tiene veintinueve años y yo veintiséis— y nuestra experiencia política se limita a la puesta en marcha de la agrupación de Ciutadans en la comarca del Vallès. Acabamos de comprar en Ikea sillas plegables para que se sienten los afiliados y simpatizantes que acudirán a la reunión prevista para las siete de la tarde. Los oradores principales son José Manuel Villegas y Pepe Domingo, dos pesos pesados de la «dirección» de la plataforma cívica. Hemos hecho la convocatoria por correo electrónico y nuestra misión aquella tarde consiste en acondicionar el local, recibir a los asistentes y presentar a los dos ponentes. El objetivo de la reunión: explicar detalladamente el proyecto de Ciutadans e intentar atraer a cuantas más personas mejor.

José María y yo compartimos la misma visión política liberal y una gran preocupación: estaba a punto de entrar en vigor el nuevo Estatuto catalán, que fue aprobado en junio de 2006, aunque el Tribunal Constitucional lo declaró parcialmente inconstitucional en 2010. La caja de los truenos acababa de abrirse. Los políticos nacionalistas habían iniciado una rápida escalada de confrontación, y en la sociedad catalana se empezaba a gestar una fractura que, por desgracia, y como se ha visto con el paso de los años, tardará en cerrarse.

Ha llegado el momento de innovar. Y no se trata de una opción, sino de una obligación. Es necesario dar un paso al frente, reivindicar nuestros derechos, garantizados por la Constitución, y hacer que la voz de los hasta entonces silenciados —los catalanes constitucionalistas— se oiga en Cataluña y en toda España. La política española necesita un giro de ciento ochenta grados: la dicotomía izquierda-derecha ha dejado de funcionar, la sociedad se ha hartado de la corrupción que llena las filas de los dos partidos hegemónicos y demanda una regeneración urgente. Los desafíos del siglo XXI requieren una nueva manera de actuar: nuevos métodos de financiación y de gestión económica, y una renovación generacional basada principalmente en la atracción del talento. El mundo global exige nuevas respuestas y nuevas soluciones. Innovar o morir. Esa es la consigna.

Después de veintitrés años de nacionalismo conservador, Cataluña ha pasado a ser gobernada por el nacionalismo de izquierdas. Nada sustantivo ha cambiado […]. El nacionalismo confunde el análisis de los hechos con la adhesión a principios abstractos. Todo parece indicar que, al elegir como principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto para Cataluña, lo simbólico ha desplazado una vez más a lo necesario.

El primer manifiesto de la plataforma Ciutadans de Catalunya se presentó el 7 de junio de 2005. Era un texto sencillo, directo y conciso, y fue redactado por un grupo de intelectuales de diferentes ámbitos, escritores, dramaturgos, profesores universitarios, periodistas, que coincidían en que había llegado la hora de defender la igualdad y la libertad de todos los españoles y romper con el statu quo del nacionalismo en Cataluña.

A pesar del silencio del «oasis mediático» catalán, el manifiesto hizo ruido y llegó a oídos de ciudadanos de todo el territorio nacional. En mi caso, fue mi madre quien me condujo hasta él. Ella lo había oído una mañana en la radio y me dijo que se había convocado una reunión para el día siguiente, en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, para explicar con detalle el proyecto. Entre los firmantes del texto se encontraban algunas personas a las que yo admiraba, como Albert Boadella o Francesc de Carreras, que había sido profesor mío en un curso de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Todo era absolutamente novedoso: intelectuales y no políticos, una plataforma cívica en lugar de un partido, que rechazaba las etiquetas de izquierda y derecha y defendía valores y principios fundamentales —como la igualdad y la libertad—, y un proyecto constitucionalista en un ambiente mayoritariamente nacionalista. Toda una afrenta al poder establecido y al nacionalismo que había gobernado Cataluña ininterrumpidamente desde la llegada de la democracia.

Acudí a aquel primer acto con una extraña sensación de clandestinidad. Cuando llegué al Centro Cultural y vi a los centenares de personas que se habían reunido —hubo que habilitar otra sala—, me sentí como los cristianos en las catacumbas: «¡Ah! Tú también piensas como yo, también estás hasta las narices…», nos decíamos unos a otros solo con mirarnos.

El debate que se planteó en aquella reunión no me defraudó: se habló de libertades, de respeto a la ley y al Estado de derecho, y de cómo el nacionalismo había copado los espacios públicos, los medios de comunicación, la educación… Al final del acto me dirigí a Francesc de Carreras y le dije que contaran conmigo para lo que necesitaran. Quería participar e involucrarme en aquel proyecto transgresor. Carreras tomó nota y me dijo que estaban desbordados por el éxito y que después del verano contactarían con la gente que quería colaborar.

En el mes de septiembre me llamaron y, tras preguntarme por mi profesión y por la zona en la que vivía, me encargaron la puesta en marcha de la agrupación de Ciutadans en la comarca del Vallès. Además, junto a Pepe Domingo, colaboré en la formación del grupo sectorial de juristas de la plataforma, de donde salieron muchas personas que tiempo después ocuparon importantes cargos en el partido.

Tras un sinfín de reuniones y actos en bares, hoteles, centros cívicos y locales prestados, llegó el momento de abrir el debate que muchos esperaban: ¿debíamos dar el siguiente paso y convertirnos en un partido político? Pese a que no hubo unanimidad, la respuesta fue SÍ . Nada cambiaría si no dábamos ese paso. Se convocó un congreso fundacional para los días 8 y 9 de julio de 2006, de donde salió la primera directiva de Ciudadanos —ya como partido político—, con quince miembros, de la que yo formaría parte.

Yo ni quería ser el presidente de la formación ni me postulé para ello en aquel congreso fundacional. Era una persona anónima, nadie me conocía, no tenía padrinos ni pedigrí. Es cierto que había demostrado algunas cualidades. Tenía desparpajo a la hora de hablar en público —fui campeón nacional de la liga de debate universitario, y eso ayudaba—, formación en Derecho Constitucional y libertad a la hora de denunciar sin complejos el adoctrinamiento nacionalista en Cataluña. Por todo ello, muchos pensaron que quizá podría ser el portavoz del partido y, en ese cargo, seguir aprendiendo y creciendo.

Sin embargo, nada salió como yo esperaba y el choque de trenes entre las dos corrientes que optaban a la presidencia y a la secretaría general dio como resultado una solución salomónica y surrealista.

Habíamos llegado al domingo, último día del congreso, y no se había logrado ningún acuerdo. La situación era complicada: estaba en juego la credibilidad de Ciudadanos como partido en construcción, pero nadie parecía dispuesto a ceder. A las doce del mediodía el ambiente era más que tenso. La euforia se había convertido en frustración porque parecía que la resolución del congreso tendría que posponerse y, de repente, Ángel de la Fuente, que era el presidente de la mesa, echó mano de los estatutos y dijo: «Tenemos que sacar una lista y punto. Debemos nombrar una ejecutiva que, si queréis, puede cambiarse mañana. Pero ahora tiene que salir». Fue entonces cuando José Manuel Villegas, que había estado presente en todas las negociaciones previas, optó por hacer una lista por orden alfabético por nombre de pila y se la entregó a De la Fuente. «Ya está. El primero es Albert, luego va Antonio Robles —dijo—. El primero es presidente y el segundo, secretario general».

En aquella época, José Manuel Villegas y yo no teníamos ni de lejos la excelente relación que posteriormente forjamos. Él se encontraba cerca de posiciones más socialdemócratas, mientras que yo me sentía, ante todo, liberal. Y, por supuesto, no me dijo lo que pensaba hacer. Entregó la lista a Ángel de la Fuente para que la leyera en público y, tras ganar por abrumadora mayoría a la otra propuesta que se había presentado, el presidente de la mesa dijo: «…Por todo ello, el primer presidente de Ciudadanos es Albert Rivera, y el secretario general, Antonio Robles». Me entró pánico. Había salido de mi casa para ir a un congreso pensando únicamente en que formaría parte de la ejecutiva de un partido y, de pronto, me encontraba asumiendo la presidencia y pronunciando un discurso de clausura que, obviamente, no tenía preparado.

Tiempo después supe que la mayoría de los miembros de aquella primera ejecutiva pensaron que en unos meses me apartaría —o me apartarían— para que fuera otro quien liderara la formación. El discurso de clausura salió bastante bien y, aunque apenas recuerdo qué dije, la sensación que se instaló en la sala fue de alivio y de sorpresa: «El chaval parece que tiene madera», «sabe estar a la altura», «no está tan mal»… Aquel fue mi primer acto como presidente del partido, un acto casual e improvisado que me lleva hoy a una reflexión: seguramente la manera en la que llegué a la presidencia de Ciudadanos tiene mucho que ver con la forma en que me marché. Nunca estuve aferrado al cargo, porque, en realidad, nunca luché por él.

Elorigen de Ciudadanos como reacción al nacionalismo imperante en Cataluña nos permitió salir del eje izquierda-derecha. Si hubiera nacido como un proyecto político en Castilla-La Mancha, Aragón o Madrid, el debate ideológico habría surgido de inmediato y el partido no habría tenido más remedio que posicionarse en una de las dos opciones. Sin embargo, el nacionalismo estaba consiguiendo que gente muy diversa coincidiera en un proyecto en el que primaba la unión y la igualdad de todos los españoles frente a la diferencia y los privilegios de unos pocos. Los constitucionalistas en Cataluña comparten unos principios esenciales que, en definitiva, tienen que ver con la libertad y la tolerancia: ser libre para elegir la lengua que cada cual desee, sin imposiciones ideológicas ni manipulaciones históricas; ser libre para circular por Europa sin restricciones; ser libre para pensar y actuar sin que te señalen y te demonicen… Es decir, el nacionalismo se estaba convirtiendo en el aglutinante de todos los que no somos nacionalistas.

Esta transversalidad es una de las principales innovaciones que Ciudadanos aportó al panorama político español. Surgimos de la sociedad civil y, además, como una plataforma en la que cabe gente moderada, demócratas que defienden un modelo de sociedad libre, justa y tolerante. Salvando las distancias, en el País Vasco sucedió algo parecido cuando el PP y el PSOE llegaron a un acuerdo de gobierno. Cuando el nacionalismo es hegemónico, a la resistencia no le queda más remedio que unirse. Si en los años setenta, ochenta y noventa la batalla se libró entre socialistas y conservadores, la de hoy se dilucida entre los que defendemos una democracia liberal y los nacionalistas y populistas. Es el caso, por ejemplo, de Francia y Emmanuel Macron, cuyo partido, En Marche, tiene más que superado el eje izquierda-derecha, pues se ha formado a partir de miembros del Partido Republicano, de centro-derecha; del Partido Socialista, de centro-izquierda, y con muchos profesionales sin afiliación política provenientes de la sociedad civil.

Las demandas del siglo XXI exigen una nueva forma de actuar en política. La pregunta ya no es si eres partidario de la educación pública o de la educación privada; la pregunta es qué modelo de gestión hay que aplicar para que el derecho a una educación de calidad esté garantizado. En el Parlamento Europeo, dos partidos tan antagónicos como, por ejemplo, Podemos y Vox han llegado a votar juntos. Y, volviendo al caso francés, resulta muy ilustrativo que tanto Jean-Luc Mélenchon, de extrema izquierda, como Marine Le Pen, de extrema derecha, se posicionen en contra del libre comercio, mientras que Macron, los republicanos y los socialistas moderados lo defiendan. En definitiva, el debate de etiquetas entre la izquierda y la derecha ha quedado obsoleto, pero, por desgracia, nos encontramos en un momento de parálisis provocado por una preocupante falta de respuestas por parte de las instituciones democráticas. El auge populista y nacionalista que estamos viviendo tiene mucho que ver con todo ello.

Ciudadanos forma parte de la familia liberal europea (Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), situado entre conservadores y socialistas, es decir, en el centro ideológico del Parlamento Europeo. En los últimos años, nuestra opción ha ganado fuerza, lo que demostraría que el liberalismo está librando con más ímpetu la batalla a los populismos, mientras que socialistas y conservadores, hegemónicos durante décadas, hoy pierden fuelle.

Esta realidad me lleva a otra pregunta: ¿los grandes asuntos que deben resolverse en España necesitan una receta de izquierda o de derecha, o bien reformas profundas y grandes pactos de Estado? Gobierne quien gobierne, la realidad es que nuestros sistemas laboral y educativo siguen ofreciendo los peores resultados de Europa, señal inequívoca de que se necesitan nuevas recetas y nuevos ingredientes, y de que las viejas disputas ideológicas, aunque resurjan de vez en cuando, ya no nos sirven. Sería preciso generar un debate más pragmático y moderno basado en soluciones y no en maniqueísmos.

Las ideologías no tienen por qué ser excluyentes, sino complementarias. Yo me considero liberal en muchos asuntos, pero puedo llegar a entenderme tanto con un conservador como con un socialista. Desde un punto de vista social o moral, me siento más cercano a los postulados de la izquierda, pero en el ámbito económico o en el de la seguridad estoy más próximo a la derecha liberal. Y Ciudadanos, como partido transversal, ofrece ese menú a la carta, lleno de matices, en el que no hay ni etiquetas ni prejuicios ideológicos. Los posicionamientos de izquierda y derecha se siguen usando como trinchera porque siempre resulta más sencillo gobernar contra algo que a favor de algo.

Mientras fui presidente de Ciudadanos, siempre quise que en el partido tuviera cabida todo aquel que fuera moderado, cualquiera que defendiera la igualdad de oportunidades y la libertad individual, el capitalismo y el Estado social
—amparados por nuestra Constitución—, pero reconozco que fue enormemente complicado sobrevivir en la política nacional sin adscribirse a uno de esos bandos artificiales. Las viejas etiquetas siguen ejerciendo su poder de atracción aunque se hayan demostrado ineficaces a la hora de ofrecer soluciones.

La regeneración política y democrática fue otro de los objetivos fundamentales en la creación de Ciudadanos. En 2005, este asunto no estaba en la agenda de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados ni de los medios de comunicación. Solo cuando estalló la crisis eonómica la sociedad española comenzó a tomar conciencia de la gravedad de la corrupción que se había instalado durante la época de bonanza económica de finales de los años noventa y principios de los 2000.

La situación requería soluciones drásticas. Desde sus orígenes, Ciudadanos ha defendido con uñas y dientes la necesidad de una completa regeneración democrática. Y así lo planteamos en los pactos de investidura, en los debates presupuestarios y en todas las negociaciones que hemos llevado a cabo con las demás fuerzas políticas. De hecho, en 2015, cuando acabábamos de entrar en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos, exigimos tanto al PP como al PSOE que firmaran un pacto anticorrupción. No estábamos dispuestos a hablar con ellos si no se comprometían a luchar contra la corrupción existente en sus respectivas formaciones. Aquella exigencia marcó un antes y un después en la política española. Hasta ese momento ningún partido había negociado una investidura con el asunto de la regeneración democrática como moneda de cambio.

Por suerte, la sociedad asumió con naturalidad aquella nueva forma de actuar en política. El PP y el PSOE habían creado un duopolio que se mantuvo durante más de tres décadas, pero nosotros sabíamos que los ciudadanos votaban a nuestro partido precisamente porque exigíamos limpieza democrática. Y no solo me refiero a que no hubiera imputados en las listas, sino, también, a que se produjeran cambios en el sistema electoral, a la supresión de los aforamientos, a la limitación de los mandatos a ocho años o a la despolitización de la justicia. La sociedad pedía esa transformación y nosotros fuimos los primeros que la plasmamos en un acuerdo de investidura.

El sistema político español de antes de la crisis económica, del 15M y del surgimiento de Ciudadanos y de Podemos, estaba anquilosado y paralizado en debates más propios del siglo XX que del XXI . Fue una ruptura emocional y generacional, y aunque algunos parecían no querer enterarse, la sociedad estaba demandando limpieza y transparencia a sus representantes políticos. Al PP y al PSOE nuestras exigencias les resultaban difíciles de aceptar, pero para nosotros era condición sine qua non que cualquier cargo público imputado por un caso de corrupción abandonara su ocupación hasta que hubiera sentencia judicial. Era de sentido común que no pudiera seguir representando a los ciudadanos mientras estaba en entredicho.

Una de las batallas más duras que tuvimos que librar fue la de la Presidencia de la Región de Murcia. Después de casi sesenta días de tensión, incluso con la amenaza de una moción de censura, logramos que el PP respetara el pacto anticorrupción que había firmado con nosotros y que el entonces presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, que estaba acusado por prevaricación y fraude en el caso Auditorio, dimitiera. O presentaban un candidato que estuviera «limpio» o no permitiríamos que el PP siguiera gobernando en Murcia. Finalmente, en abril de 2017, Fernando López Miras fue investido presidente con el apoyo de Ciudadanos.

Con el PSOE mantuvimos un pulso parecido en Andalucía. En marzo de 2015, Ciudadanos entró en el Parlamento andaluz con nueve escaños, lo que nos daba la llave de la siguiente legislatura. Decidimos no formar parte del Ejecutivo porque el caso de los ERE era una bomba de relojería que sabíamos que tarde o temprano estallaría, pero sí apoyamos la investidura de Susana Díaz para evitar una repetición electoral. Juan Marín y José Manuel Villegas, encargados de negociar con las otras fuerzas políticas, presentaron al PSOE un pacto anticorrupción como condición irrenunciable para tratar cualquier otro asunto. Obviamente, era un «trágala» en toda regla: o firmas el pacto o no hay investidura.

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán estaban imputados en el caso de los ERE y uno de los puntos clave del pacto anticorrupción era precisamente que ningún imputado ocupara un escaño. Exigíamos su dimisión, pero sucedió lo que esperábamos: pasaron las semanas y el PSOE no se movía. En dos ocasiones llegamos a votar en contra en sendos intentos de investidura de Susana Díaz, entonces presidenta en funciones de la comunidad, que insistía en la inocencia de sus predecesores. Lo mismo hacía Pedro Sánchez desde Ferraz. Era David contra Goliat, pero sabíamos que la sociedad andaluza, y la española en general, estaba de nuestro lado. Las negociaciones fueron durísimas y el PSOE —peleas internas incluidas— no hacía más que tensar la cuerda. Finalmente claudicaron, y Griñán y Chaves presentaron su dimision. Recuerdo unas declaraciones de este último llamándonos «chantajistas», pero creo que lo que realmente es un chantaje inaceptable es permanecer aferrado a un escaño mientras estás imputado por corrupción y no hacer caso a las demandas de la ciudadanía, e incluso a las de una buena parte de tus propios votantes.

El caso de los ERE es el mayor caso de corrupción política de España y cuando se hizo pública la sentencia, supimos que hicimos lo correcto manteniendo aquel pulso y obligando a dimitir a aquellas dos «vacas sagradas» del PSOE. Decisiones como esta eran necesarias para que la sociedad española volviera a confiar en sus políticos. Porque la corrupción erosiona uno de los pilares básicos de la democracia: la confianza. Si los ciudadanos no confían en los políticos, que son los que gestionan su dinero, toman decisiones y legislan por ellos, el sistema democrático se quiebra.

Aunque no pudimos cambiar todas las leyes que pretendíamos —la ley electoral, la supresión de los aforamientos a nivel nacional o la independencia de la Fiscalía General del Estado—, introducir el asunto de la corrupción en la agenda política fue un logro del que me siento orgulloso. Sé que queda mucho por hacer, pero conseguimos algo muy importante: ningún partido que quiera gobernar en España puede permitirse hoy un ministro, un alcalde o un presidente que esté imputado por corrupción.

Cuando fui nombrado presidente de Ciudadanos, mi desconocimiento sobre cómo dirigir un partido político era absoluto. Esto, que puede parecer una desventaja, me llevó a actuar guiándome únicamente por el sentido común: no puedes gastar más de lo que tienes. El salto a la política nacional y el aumento de afiliados nos permitieron pasar de gestionar un presupuesto de un millón de euros a uno de diecisiete millones, cantidad más que suficiente para que un partido nacional funcione. Lejos de lo que muchos piensan, con el dinero público que los partidos políticos reciben y las cuotas que se recaudan de los afiliados es posible trabajar, crecer y cumplir objetivos. Se trata de administrar adecuadamente los recursos.

El último presupuesto aprobado durante mi presidencia revelaba que éramos un partido con superávit. Devolvimos hasta el último céntimo de los préstamos bancarios y a interés de mercado, circunstancia que, por desgracia, no es tan frecuente. Hay muchos partidos que tienen deudas millonarias a las que no pueden hacer frente, y esto, lógicamente, les condiciona. ¿Cómo puedes ser libre para, por ejemplo, regular el mercado financiero o el sector hipotecario, si no devuelves tus créditos y, además, te los condonan? Y una segunda cuestión: si a los ciudadanos no les perdonan las deudas, ¿por qué a algunos partidos políticos sí se las condonaron durante años? Nadie puede ser libre si tiene deudas pendientes, y muchos casos de corrupción están relacionados precisamente con esta falta de autonomía a la hora de tomar decisiones. Por eso es tan importante la buena gestión. Un partido, a través de sus cargos públicos, decide, legisla y gobierna, y tener las manos libres para hacerlo resulta imprescindible.

Conectada con esa libertad para tomar decisiones están los recursos humanos, fundamentales para avanzar sin hipotecas. Cuando dimos el salto a la política nacional, yo me preguntaba: ¿dónde está el departamento de recursos humanos en el PSOE o en el PP? Sencillamente, no existe. Sin embargo, en Ciudadanos nos propusimos poner en marcha un filtro de selección para evitar enchufismos, amiguismos y corruptelas, y contratamos a una directiva del sector privado para que hiciera procesos de selección y nos informara de quién era apto y quién no para un determinado cargo o función. Captar y aprovechar el talento siempre ha sido una de mis máximas.

España es uno de los países con más «dedazos» de Europa. El Gobierno puede poner a dedo al director del CIS, al presidente de Correos, al director de Paradores Nacionales, al presidente de RTVE o al fiscal general del Estado, y desde mi punto de vista es un error. La meritocracia no debería restringirse al sector privado; muy al contrario, estoy convencido de que es más necesaria en el sector público. Cualquier joven que acaba una carrera y entra en un proceso de selección en una compañía se ve obligado a pasar más filtros que un ministro o un diputado. ¿Por qué para ser empleado mileurista de una empresa grande o mediana hay que superar tantos obstáculos y por qué no para ser diputado o concejal? Es preciso dar un salto cualitativo para que la capacidad y el mérito rijan también en la política.

Por ejemplo, en los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía o Murcia, la mayoría de los consejeros de Ciudadanos no son militantes del partido, sino personas preparadas y formadas en sus respectivas profesiones. Es más, en las últimas elecciones generales, Ciudadanos presentó a tres independientes entre los cuatro primeros puestos de la lista que yo mismo encabecé por Madrid: Marcos de Quinto, Sara Giménez y Edmundo Bal. Soy consciente de que la mayoría de los partidos políticos prefieren tener una especie de funcionariado de partido en el que, en lugar de escoger a los mejores, se opta siempre por los que llevan más tiempo o los palmeros, pero estoy seguro de que la política del siglo XXI va en otra dirección.

En numerosos sentidos, Ciudadanos ha sido una rara avis que ha roto con muchos mitos de la cultura política de este país. El partido nació de una plataforma civil en Barcelona y no en las oficinas de un notario en Madrid, lo que en un primer momento dio lugar a un sinfín de prevenciones y sospechas, sobre todo cuando decidimos dar el salto a la política nacional: ¿acaso nos votarían en Andalucía, en Canarias o en Madrid? A estas preguntas yo siempre respondí con un «sí», precisamente porque defendíamos la igualdad de todos los españoles y en todos los territorios de España.

En definitiva: ¿qué es preferible, tener bagaje político con mochilas pesadas o no tener todavía experiencia de gobierno e ir ligero de equipaje? Yo elijo la segunda opción, porque es mejor ser libre. En los años ochenta o noventa, Ciudadanos no habría podido nacer: Internet no existía y la mayoría de los medios de comunicación de Cataluña nos habrían silenciado. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI pudimos desarrollar un proyecto rompedor que terminó convirtiéndose en uno de los actores principales de la política española. En Francia, En Marche de Emmanuel Macron gobierna y tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y un año antes de las elecciones presidenciales de 2017 ni siquiera existía. Sin estructura previa, sin apenas financiación y con una red de cien mil personas, logró lo que parecía imposible.

La renovación constante es una característica de nuestro tiempo. La economía global nos obliga a reinventarnos, a dejar paso, a regenerarnos con talento e imaginación. ¿Por qué la política ha quedado fuera de esta tendencia? Quizá porque hasta hace unos años no era necesario, porque mientras el bipartidismo funcionó y copó el escenario público, prácticamente nadie se planteó innovar. Había ciertos temas que era mejor no tocar, como la corrupción o la separación de poderes, pero se esquivaban y listo. Sin embargo, esa dinámica se rompió con la globalización y con la influencia creciente de Internet y las redes, y con ello surgieron nuevas demandas y nuevas respuestas sociales.

Actualmente es más fácil crear una formación política empezando desde cero y en cualquier lugar del territorio nacional, crecer hasta donde nadie se habría imaginado y ser un elemento activo y decisivo de la política de un país. Pero también es más fácil desmoronarse o desaparecer. Vivimos en una época en la que los cambios constantes marcan el paso. Y quedarse rezagado puede costar muy caro.

4
DEL PARLAMENT AL CONGRESO

Es 26 de septiembre de 2014. Desde hace dos meses, Cataluña se encuentra en estado de shock . Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat durante veintitrés años, el todopoderoso padre del nacionalismo catalán, ha sido cogido con las manos en la masa. El pasado mes de julio nos hemos enterado de que tenía sin regularizar cuatro millones de euros
—luego supimos que la familia Pujol presuntamente habría defraudado más de tres mil millones—, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal promovida por el Gobierno del PP en 2012. Varios grupos parlamentarios hemos pedido su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, y el expresident declarará esta tarde. Acabamos de saber que, pese a haber confesado unas semanas antes que la acusación es cierta, ha sido tratado con todos los honores por la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y su grupo parlamentario (Unión Democrática de Cataluña, UDC). Incluso lo han invitado a comer. Sigue siendo el capo.

La expectación mediática es enorme. Se trata de un asunto de interés nacional y toda España está pendiente. Yo apenas he tratado a Pujol y solamente le he saludado en alguna ocasión, pero la dureza de Ciudadanos con la corrupción y nuestro rechazo frontal al nacionalismo son bien conocidos por todos. Sin duda, la sesión promete.

Pujol toma asiento y comienza a hablar. Su tono es áspero, cortante, incluso histriónico. Primero intenta convencer a la Cámara de que los fondos ocultos en el extranjero consisten en apenas cuatro duros que heredó de su padre, pero luego, con el dedo acusador alzado, sermonea y amenaza a los allí presentes. Sorprende que la mayor parte de los diputados guarden silencio. Puede entenderse la docilidad de Convergència, pero no la de los demás grupos, incluidos Iniciativa per Catalunya y el PSC. Todos agachan la cabeza. La actitud sumisa de la mayoría de portavoces me produce vergüenza ajena. Efectivamente, el llamado «oasis catalán» existe y aquí está la prueba.

Cuando llega mi turno, lo primero que hago es alabar su inteligencia y su habilidad. No hay duda de que, en parte, ha conseguido su propósito. Nos ha engañado, nos ha utilizado, nos ha intentado silenciar… Pero no a todos. Yo sí estoy dispuesto a acusarle directamente. «Yo no acepto que me riña porque no acepto que me riña ni mi padre —le digo—. Yo no he venido aquí a escuchar misas ni mítines. Esto es un Parlamento». No voy a permitir que una persona que ha confesado delitos tan graves nos abronque en lugar de dar explicaciones y pedir disculpas. «Aunque no responda a las preguntas de los diputados de esta Cámara, usted tendrá que contestar a las del fiscal cuando se celebre el juicio», añado.

No hay duda de que el dinero amasado por el clan Pujol no es una herencia sin declarar, sino el resultado de la red de corrupción que la familia tejió y afianzó durante los veintitrés años que Pujol padre estuvo al frente del Gobierno catalán.

Cuando Ciudadanos entró en el Parlament de Catalunya con tres diputados, tras las elecciones del 1 de noviembre de 2006, el cántico que más se oyó en nuestra sede electoral fue: «¡Toma tres, TV3!». Nuestra llegada fue contra todo pronóstico. Prácticamente ningún medio de comunicación catalán nos había dado cobertura y tuvimos que recurrir a algunos medios nacionales para dar a conocer nuestro proyecto. Nadie se imaginaba que noventa mil catalanes nos votarían, y más teniendo en cuenta que la formación acababa de nacer y que apenas disponíamos de estructura.

A las pocas semanas me convertí en el enfant terrible para el nacionalismo. Mi primer discurso en el Parlament fue el 22 de noviembre de 2006, durante el debate de investidura de José Montilla, entonces líder del PSC, que había llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida para formar un Gobierno tripartito. Una prueba más de lo que precisamente Ciudadanos había denunciado una y otra vez durante la campaña: el Partido Socialista de Cataluña había asumido las tesis nacionalistas en lugar de combatirlas políticamente.

La responsabilidad era enorme. Llevaba apenas cuatro meses como presidente de Ciudadanos y, en términos políticos, era un novato: no tenía bagaje ni experiencia, y ningún peso pesado de la política nacional —y mucho menos de la catalana— me avalaba. Mi primer discurso en el Parlament lo hice en castellano y en catalán, tal y como había prometido durante la campaña: si Cataluña era bilingüe, el Parlamento también debía serlo. El nacionalismo, desgraciadamente, había convertido la lengua catalana en un elemento identitario, en el instrumento fundamental de «construcción nacional», en palabras de Pujol, por lo que el simple hecho de hablar también en castellano en la Cámara autonómica constituía una afrenta al régimen. Recuerdo que durante mi intervención se escucharon murmullos, y en las caras de muchos de los diputados nacionalistas vi gestos de superioridad y escepticismo. Aquel discurso no fue de los mejores de mi vida, pero, por su carga simbólica, fue uno de los más importantes de mi carrera política. Mis palabras, además de a la Cámara, lógicamente iban dirigidas a esa Cataluña valiente que tuvo el coraje de coger la papeleta de un partido con el que nadie contaba e introducirla en la urna. El establishment nacionalista nos intentaba colgar la etiqueta de «fachas», pero,
más que defenderme del insulto, lo que intenté fue romper la espiral de silencio impuesta, esa omertá que lo dominaba todo. Aquel día, en el Parlament de Catalunya se abrió una grieta en el famoso «oasis catalán». Y dio sus frutos: once años después, en las elecciones del 20 de diciembre de 2017, Ciudadanos logró la victoria electoral porque fue la primera fuerza política en votos y en escaños.

Pero enfrentarse al nacionalismo hegemónico tuvo sus costes, sobre todo sociales y personales. Fueron muchos los conocidos que dejaron de hablarme desde que decidí involucrarme en el proyecto de Ciudadanos y, sobre todo, desde que llegamos al Parlament. Los bulos sobre el partido y sobre mí comenzaron a correr en algunos medios de comunicación catalanes y en Internet, colocándome el disfraz de «enemigo» de Cataluña. Ser crítico con el nacionalismo y con la corrupción me convertía en una especie de apestado, un hereje que atentaba contra la Verdad —así, en mayúsculas— establecida.

En cierta ocasión, Albert Boadella me reconoció que su agenda se había reducido a la mitad desde que se declaró públicamente contrario al nacionalismo. Para muchos de nosotros, el simple hecho de alzar la voz implicaba la muerte civil: amistades, vecinos y compañeros de trabajo se alejaron o, directamente, dejaron de tratarnos, tendencia que fue extendiéndose con el paso del tiempo hasta llegar a la fractura social que tuvo lugar con la Cataluña del mal llamado procés .

Durante aquellos primeros años en el Parlament sufrí el rechazo y la hostilidad de la mayor parte de la Cámara; de unos, porque no éramos nacionalistas, y de otros (PSC y PP), porque comenzábamos a ocupar el que hasta entonces había sido su espacio político. Este aislamiento nos obligó a «hacer ruido» en las sesiones de control, en los debates en el Hemiciclo y en las comisiones, especialmente las que investigaban casos de corrupción. Así fue durante los años del tripartito de José Montilla (2006-2010) y durante los Gobiernos de Artur Mas (2010-2015). Solo si protagonizábamos las sesiones parlamentarias con ingenio y buenos discursos nos escucharían. De lo contrario, desapareceríamos, porque ya se encargaban la mayoría de los medios de comunicación catalanes de borrarnos del mapa.

Mi relación con el PSC de José Montilla nunca fue buena. Lo lógico hubiera sido entendernos en algunos asuntos sociales y de Estado, pero, como dije antes, estaba claro que el PSC había asumido las tesis nacionalistas: Montilla reivindicaba la «nación catalana» y el Estatuto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2010, e incluso salió a las calles de la mano de los partidos nacionalistas para protestar contra esta decisión. Y no olvidemos que el vicepresidente de la Generalitat durante aquel nefasto tripartito fue Josep-Lluís Carod-Rovira, un separatista militante desde hacía décadas. Unos años antes, el PSC de Pasqual Maragall llegó a superar en votos a Convergència i Unió, pero la falta de valentía del partido y su acercamiento a los nacionalistas hicieron que en las últimas elecciones autonómicas (diciembre de 2017) tan solo obtuvieran diecisiete diputados. Y Ciudadanos supo aprovechar la coyuntura. Siempre he creído que a Montilla le molestaban más nuestras críticas y reproches que los de los nacionalistas, pero sabíamos que a buena parte del electorado socialista le dolía que sus representantes estuviesen gobernando con Esquerra Republicana.

José Montilla era un hombre de pocas palabras y la oratoria no era precisamente su punto fuerte. Además, el carisma —para bien y para mal— de los anteriores presidentes de la Generalitat, Jordi Pujol y Pasqual Maragall, le convertía en un político gris. Pero el líder socialista era un hombre pragmático y listo, y, consciente de sus carencias, se preparaba a conciencia las sesiones parlamentarias. Yo hacía todo lo contrario: no leía mis discursos y con mis preguntas de control al Gobierno buscaba pillarle con el pie cambiado. Reconozco que a veces le provocaba y, aunque él encajaba bien los golpes e intentaba no salirse nunca del guion, en más de una ocasión le saqué de sus casillas. Para el PSC, la llegada de Ciudadanos supuso un golpe durísimo, ya que muchos de los intelectuales que impulsaron el nacimiento del partido habían apoyado públicamente a los socialistas catalanes en los años noventa, como Albert Boadella, Félix de Azúa, Félix Ovejero o Francesc de Carreras. Todo esto hacía evidente que el espacio político del PSC estaba empequeñeciéndose, sobre todo por la traición que supusieron los dos Gobiernos tripartitos para buena parte de sus votantes constitucionalistas.

En diciembre de 2010, Artur Mas (CiU) asumió la Presidencia de la Generalitat. Venía de ser el eterno líder de la oposición y viví su llegada con cierta expectación. Al fin y al cabo, era un cambio de tercio y de rival. Mas era un político hábil, experimentado y, supuestamente, pragmático, sobre todo en el plano económico, aunque muchos nos temíamos que optaría por abanderar las políticas más identitarias de Convergència para intentar tapar la corrupción que estaba aflorando en su partido. Y así fue. Artur Mas se lanzó de cabeza por el camino equivocado e inició el viaje secesionista a ninguna parte. Abandonó su faceta más pragmática y se decantó por la deriva separatista con un nuevo cambio de ritmo en la escalada nacionalista.

En su discurso de investidura del 20 de diciembre,acuñó un concepto que en aquel momento muchos no entendieron: el «proceso de transición nacional». Según él, el autonomismo se había agotado y solo cabía iniciar el camino a la autodeterminación. De este modo, recurriendo a la semántica, Convergència comenzó su giro separatista. Lo vimos en diferentes momentos de su mandato; por ejemplo, cuando, con motivo de la celebración de la Diada de 2013, volvió a retorcer el lenguaje declarando que «el camino catalán es tener el derecho a decidir», o «contra el derecho a decidir no se pueden oponer ni leyes ni Constituciones» (febrero de 2013). Pero ¿«derecho a decidir» de quién, sobre qué, cuándo, cómo?, nos preguntábamos muchos. Siempre me ha asombrado la falta de pudor que los nacionalistas muestran al intentar hacernos caer en sus trampas semánticas.

Como bien han explicado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en sucesivas sentencias, no existe el mal llamado «derecho a decidir», ni cabe en nuestra Constitución —ni en ninguna Constitución occidental—. Los ciudadanos de una comunidad autónoma no pueden decidir por su cuenta por todos los españoles, porque la soberanía nacional reside en cuarenta y siete millones de ciudadanos, no en los territorios. Tampoco Cataluña puede esgrimir el derecho de autodeterminación, concepto jurídico del Derecho Internacional reservado para los pueblos colonizados y oprimidos. Cataluña, lejos de ser un «pueblo oprimido», es una región próspera de España donde sus ciudadanos gozan de los mismos derechos civiles que el resto de los españoles, y es una de las regiones con más autonomía política de Europa.

La mayor parte de los rifirrafes que mantuve con Artur Mas en el Parlament tuvieron que ver con la corrupción de su partido y con la batalla conceptual entre el marco mental nacionalista y el marco constitucional que nosotros defendíamos. Los nacionalistas hablaban de «nación catalana» y nosotros de «autonomía catalana»; ellos, de lengua propia —el catalán— y nosotros, de bilingüismo catalán-castellano; ellos, de la España que «nos roba» y nosotros, de la España democrática y constitucional. Optamos por batallar también en ese campo, el de la semántica, pues era ahí donde el nacionalismo se había hecho fuerte.

Pese a los desencuentros habituales, Artur Mas y yo nos respetábamos. A Convergència le parecía despreciable lo que Ciudadanos representaba, pero en el plano personal supimos mantener unos mínimos e incluso reconocernos algunas habilidades. A los dos nos gustaba el parlamentarismo y éramos capaces de valorar los méritos del adversario.

Creo que a Artur Mas no le gustó nada irse del modo en que se fue, dando un paso atrás para que Carles Puigdemont fuera el presidente. No sé si algún día volverá a la primera línea de la política. Alguna vez ha «enseñado la patita», pero creo que la situación le sobrepasó y ya es tarde para arreglar el desaguisado que contribuyó a crear. Y de qué modo… Mas pensó que podía manejar los tiempos y conjugarlos con el victimismo, utilizándolos en su beneficio, pero no contó con la marea humana separatista que estaba encabezando ni con el odio que él mismo y su partido habían contribuido a instalar en una parte de la sociedad catalana hacia la mayoría de catalanes que queríamos seguir siendo españoles y hacia todo lo que oliera a España. Eslóganes de la factoría nacionalista como el famoso «España nos roba» tienen consecuencias, y muy graves, así como tildar de «fachas» o de extrema derecha a quienes defienden la Constitución, o culpar al resto de España de todos los males de Cataluña. Puede que sus posiciones no fueran tan radicales como las de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Joaquim Torra, pero el papel destacado que desempeñó en los inicios del procés le convierte en una figura política llena de sombras. Probablemente, Artur Mas sobrevaloró su astucia. A Ciudadanos siempre lo consideró un partido secundario. En un debate parlamentario llegó a afirmar, en tono despectivo, que siempre seríamos una pequeña minoría en Cataluña y que no tendríamos ningún papel en la política nacional. Yo le respondí que tuviera cuidado, porque las minorías del presente podían ser las mayorías del futuro. No me equivoqué tanto.

En las elecciones europeas de 2014 Ciudadanos logró dos eurodiputados y se convirtió de facto en partido nacional. Fue entonces cuando se inició una nueva fase en la política española. Ciudadanos se expandió por toda España y la demanda social para que nos presentásemos a las elecciones generales de 2015 crecía sin parar. El dilema que entonces se planteó internamente no era fácil de resolver: por un lado, en unos meses habría elecciones en Cataluña y todo el mundo daba por sentado que yo sería el candidato; por otro, si nos presentábamos a las generales, lo más lógico sería que el candidato a la Presidencia del Gobierno fuera el presidente del partido. Decidimos esperar a ver en qué fechas tendrían lugar las dos elecciones —incluso existía la posibilidad de que coincidieran—, aunque yo era partidario de que en ningún caso debía presentarme como cabeza de lista en las dos. Era una cuestión de honradez y de compromiso con mis votantes. Si me presentaba a las catalanas, debía quedarme en Cataluña. Si quería presentarme a las nacionales, no podía hacerlo en las autonómicas. Fue entonces cuando comencé a pensar en marcharme a Madrid y dejar que otra persona asumiera el liderazgo del partido en Cataluña.

El Parlament estaba cada vez más impracticable. El nacionalismo seguía avanzando y las sesiones de control eran más de lo mismo: nunca se debatía sobre políticas públicas, sobre reformas, sobre la marcha de la economía… Me sentía estancado políticamente hablando y me daba cuenta de que solo desde las Cortes Generales o desde el Gobierno de España podíamos cambiar las cosas. Además, si quería seguir creciendo como político, tenía que salir de allí. Así que comencé a pensar en el relevo. En Ciudadanos se hacen primarias, por lo que serían los militantes quienes elegirían a su nuevo líder en Cataluña. Pero las elecciones eran inminentes y había que encontrar ya a un sucesor que estuviera a la altura de las circunstancias. Inés Arrimadas había sido secretaria de Juventud del partido y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament. Yo sabía que tenía madera y el olfato me decía que, aunque muchos tenían dudas sobre ella en aquel momento, era la mejor opción.

Unas semanas antes de que se convocaran las primarias del partido, la llamé a mi despacho y le expliqué la situación: «Puesto que nadie entenderá que no sea yo quien encabece la lista de Ciudadanos en las elecciones generales, ha llegado la hora de que otra persona sea la candidata a la Presidencia de la Generalitat. He pensado que deberías ser tú». Creo que Inés no se lo esperaba, pero, tras unos primeros momentos de duda, me dijo que estaba dispuesta a asumir la responsabilidad siempre y cuando los militantes en las primarias y yo la apoyáramos. Le aseguré que estaría a su lado durante la campaña. Los resultados de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 nos dieron la razón: pasamos de nueve diputados a veinticinco. A pesar de las dudas y los riesgos que conllevó aquella decisión, acertamos, y fue clave para el futuro de Ciudadanos y, en parte, para el del panorama político español.

Me convertí en diputado nacional tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y en presidente de un grupo parlamentario que irrumpió en el Congreso de los Diputados con cuarenta escaños, algo sin precedentes en nuestra democracia más reciente. Es cierto que la coalición de Podemos logró sesenta y nueve diputados, pero se trataba de la suma de varios partidos políticos.

Ciudadanos mudó de piel en aquel instante. Pasamos de ser los Astérix y Obélix del Parlament, la resistencia constitucionalista en Cataluña, a desempeñar un papel de centralidad en la política nacional. Pronto demostramos que nuestra vocación era participar en las grandes decisiones del país, defendiendo los acuerdos transversales y de Estado, y entendiendo que el constitucionalismo —PSOE, PP y Ciudadanos— era el eje alrededor del cual debía empezar a girar la política española.

Mi llegada a la Cámara fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he admirado el trabajo parlamentario y respeto profundamente a algunos de los principales actores de la política española que por allí pasaron. Desde joven me apasionó la política y entrar en el Hemiciclo por primera vez fue como un sueño hecho realidad. Tenía treinta y seis años recién cumplidos y los ciudadanos españoles habían querido que formara parte de aquel lugar tan simbólico. La responsabilidad era enorme, pero recuerdo también la ilusión, el orgullo y la satisfacción que sentí.

Mis primeros pasos como diputado nacional fueron difíciles y, en cierto sentido, un aviso de lo que vino después. Mariano Rajoy había ganado las elecciones, pero, por primera vez en la historia de nuestra democracia, renunció a intentar formar Gobierno, a pesar de que el Rey le propuso como candidato a la investidura. Al retirarse Rajoy y decirle que no al jefe del Estado, se creó una especie de bloqueo constitucional del que el país debía salir como fuera, incluso con una investidura fallida que permitiera poner el reloj institucional en marcha para que, al menos, se pudieran convocar elecciones. Mantuve conversaciones al respecto con el Rey y con el PSOE. Una posible solución podría ser apoyar un Gobierno del PSOE y que el Partido Popular se abstuviera. Fue el famoso —y fallido— «pacto del abrazo», un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos que fracasó porque al PP le interesaban más unas nuevas elecciones que poner en marcha la legislatura con su abstención y pasar a la oposición. Aun así, el PSOE y nosotros firmamos un acuerdo que nos sirvió para medir posiciones y ver si existía un espacio explorable en el constitucionalismo, tanto con los socialistas como con los populares.

Desde el primer momento pedimos a ambos partidos un acuerdo transversal PP-Ciudadanos-PSOE, pero Sánchez se negó en redondo. En realidad, como se vio después, a ninguno de los dos partidos les interesaba acabar con la alternancia bipartidista y superar sus diferencias por el bien de España, y ambos deseaban seguir teniendo en el otro a su «enemigo preferente». Firmamos con los socialistas un acuerdo de contenidos moderado en lo económico y muy centrado en lo político, pero, finalmente, la investidura de Sánchez no se materializó porque ni el PP ni Podemos se abstuvieron. Aquellas doscientas medidas habrían podido ser una buena hoja de ruta reformista para España. La mayor parte eran asumibles tanto por el PSOE como por el PP y, de hecho, así ocurrió posteriormente: la mitad del acuerdo que firmamos con los socialistas fue aceptada después por los populares cuando negociamos la investidura de Rajoy en octubre de 2016. Es decir, existía ese espacio de centro y Ciudadanos lo estaba ocupando y liderando.

El 1 de junio de 2018 tuvo lugar uno de los hitos de la historia reciente de nuestro país: la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez contra el presidente Rajoy, que fue aprobada gracias al apoyo de Podemos y de los partidos separatistas. El fallo de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel señalaba al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción, circunstancia que los socialistas aprovecharon para llegar al poder. Rajoy decidió no convocar elecciones y aguantar el chaparrón sin moverse, y esto permitió que la moción prosperara. Ciudadanos tenía un acuerdo de investidura con el PP y algunas de las medidas más importantes que habíamos pactado eran de regeneración y de transparencia. Cuando el fallo de la Audiencia se dio a conocer, convoqué una reunión de la ejecutiva del partido para decidir qué postura debíamos adoptar. Para nosotros, lo lógico hubiera sido que el PP creara un Gobierno técnico para salvar los Presupuestos y garantizar la acción conjunta de los constitucionalistas frente a la situación en Cataluña, y a partir de ahí convocar unas elecciones anticipadas cuanto antes para que los ciudadanos pudieran decidir el futuro de España. Sánchez presentó la moción de censura sin avisarnos —en realidad, no querían nuestro apoyo, ni siquiera nuestra abstención—, puesto que en ningún caso estaban dispuestos a permitir que el PP siguiera gobernando, aunque fuera con un Gobierno transitorio.

El mapa político se puso patas arriba con aquella moción de censura. El silencio de Rajoy era clamoroso y nadie en el PP parecía estar dispuesto a moverse. Le pedí a Villegas que tanteara a los populares e intentara averiguar a qué esperaban para actuar. Para que la moción prosperara, el PSOE necesitaba el apoyo de Bildu, de Esquerra Republicana, de Convergència y de Podemos. Resultaba extraño que en esta ocasión no se encendieran las alarmas entre los socialistas, como había ocurrido meses antes durante la crisis del partido, en octubre de 2016, que dio lugar al cese de Pedro Sánchez como secretario general. Este llegó a recordarle a Rajoy desde la tribuna que, si dimitía, la moción de censura se retiraría. Pero el todavía presidente, contra todo pronóstico, decidió quedarse quieto para ser censurado.

Visto desde la distancia, creo que, en el fondo, a Rajoy y a la cúpula del PP les preocupaba más la supervivencia de su partido que el hecho de que Sánchez llegara al Gobierno en aquel momento. Las encuestas decían que Ciudadanos superaba al PP en intención de voto, por lo que unas elecciones anticipadas les daban pavor. De modo que, probablemente, prefirieron perder el Gobierno y hacer oposición al PSOE. Pero la jugada no les salió tan bien, sobre todo si nos fijamos en los resultados del PP en las elecciones del 28 de abril de 2019: de ciento treinta y siete escaños pasó a sesenta y seis, y Sánchez sigue siendo el presidente del Gobierno con el apoyo de Podemos y de los separatistas.

Ciudadanos votó en contra de la moción de censura, especialmente por los socios que acompañaban al PSOE. Solo habríamos estado dispuestos a abstenernos y a permitir que prosperara si Sánchez se comprometía a convocar elecciones anticipadas de inmediato y dejaba que los españoles hablaran. Sin embargo, los socialistas respondieron que no estaban dispuestos a hacerlo y que querían quedarse en el Gobierno sin fijar una fecha electoral.

Otro de los momentos clave de mi paso por el Congreso de los Diputados que difícilmente olvidaré tiene que ver con los cuatro políticos presos —acusados de rebelión por la Fiscalía por su participación en el procés — que salieron elegidos diputados en las elecciones del 28 de abril de 2019. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez acudieron el 21 de mayo al Hemiciclo para recoger sus actas y jurar la Constitución «por imperativo legal».

Para mí, aquella sesión constitutiva fue una de las más complicadas y contradictorias que he vivido. Nuestra posición en el Congreso de los Diputados se había reforzado mucho —teníamos cincuenta y siete diputados— y nos encontrábamos en un lugar inmejorable para dominar el centro y seguir creciendo. Que llegaran los políticos presos a la sede de la soberanía nacional resultaba chocante.

Salvo a Jordi Sànchez, a los demás les había tratado personalmente y con alguno incluso había llegado a mantener una relación cordial, lo que hacía que la situación fuese aún más tensa. En el escaño que yo solía ocupar se sentó Jordi Sànchez, y a su lado lo hicieron Jordi Turull y Josep Rull. Desde un punto de vista formal, aquello resultaba estrambótico. Eran viejos conocidos para mí, es cierto, pero el daño que le habían causado a Cataluña con su irresponsabilidad era inmenso. Habían dividido a la sociedad, habían cometido delitos muy graves y habían sembrado el odio entre conciudadanos. Algunos incluso nos habíamos visto obligados a ir escoltados y a acudir en varias ocasiones a los tribunales por las constantes amenazas que recibimos, tanto nosotros como nuestras familias.

Y allí estaban algunos de los responsables de todo ello, a mi lado, en el Congreso de los Diputados, en el lugar donde se legisla para todos los españoles y donde habían tenido lugar debates históricos para nuestra nación. La nación que aquellos diputados en prisión preventiva habían pretendido liquidar. Hay algunas fotos que reflejan la tensión que viví en aquellos momentos. Posteriormente, hubo quien me reprochó que no les diera la mano y no les saludara al llegar. Los actos de esas personas han generado muchísimo dolor y sufrimiento a millones de catalanes que queremos seguir siendo españoles y respetamos la ley. Nos han partido por la mitad y han convertido nuestra tierra en un lugar de confrontación permanente. Darles la mano o charlar amistosamente con ellos, como si nada hubiera ocurrido en los últimos años, habría sido pura hipocresía.

Los cincuenta y siete escaños que Ciudadanos logró en las elecciones del 28 de abril de 2019 supusieron un éxito rotundo. Cuatro millones doscientos mil españoles nos dieron sus votos y las expectativas de crecimiento a medio plazo eran enormes. Pudimos hacer muchas cosas, pero la repetición electoral nos cortó las alas.

La polarización de una sociedad hace que el centro político se esfume e incluso desaparezca. El bipartidismo en España, a pesar de su retroceso, sigue vivo, y las viejas etiquetas de izquierda y derecha están incrustadas en el ADN de buena parte de los votantes. Yo sabía que en la siguiente convocatoria electoral muchos de nuestros apoyos se podían ir principalmente al PP, a Vox e incluso al PSOE, pero, sobre todo, que tendríamos que hacer frente a una fuerte abstención en el centro. Lo que no sabía es que el golpe sería tan duro. Pasar de cincuenta y siete a diez escaños y perder más de la mitad de los votos no es solo un retroceso electoral, es un accidente que te lleva a la UCI.

Mi apuesta era liderar una alternativa de gobierno frente al bipartidismo, pero no pudimos lograrlo. Pese a todo lo que se ha dicho —hablaré de este asunto en el capítulo 9—, en ningún momento hubo una voluntad real de formar Gobierno con nosotros tras las elecciones del 28 de abril. El objetivo de Sánchez era pactar con su «socio preferente» (Podemos) y con los partidos separatistas. Tal y como habíamos prometido a nuestros votantes, o bien compartíamos el Ejecutivo en una coalición con el PP —si los números hubieran dado para ello—, como hicimos en Andalucía, o bien nos quedábamos en la oposición construyendo una alternativa. Un partido con más de cuatro millones de votantes debía ser un partido de gobierno, no una muleta de nadie. Se trataba de una apuesta arriesgada, y nos salió mal.

Soy consciente de que las expectativas de millones de españoles se frustraron la noche del 10 de noviembre de 2019, y también las mías. Siempre tendré una espina clavada por ello. Yo quería liderar un nuevo Gobierno para España, esa era mi vocación. Me habría gustado que la legislatura anterior se hubiera puesto en marcha y haber construido una alternativa con los cincuenta y siete diputados que conseguimos, liderando y pactando desde la oposición las grandes reformas de Estado que el país necesita. Pero no pudo ser.

5
EL VALOR DEL LIDERAZGO

Julio de 2016. Estoy en una encrucijada que me impide conciliar el sueño. Como tantas veces ocurre en política, se trata de elegir entre una opción mala y otra peor. Los resultados de las elecciones del 26 de junio han permitido que el Partido Popular refuerce su posición con ciento treinta y siete escaños. El PSOE, aunque ha vuelto a perder apoyos, se mantiene como segunda fuerza política con ochenta y cinco diputados, y nosotros hemos conseguido treinta y dos. Con estos datos, el PP no puede formar Gobierno. La situación es muy compleja y no dejo de preguntarme qué decisión debe adoptar Ciudadanos: firmar con los populares un acuerdo de investidura y permitir que gobierne Mariano Rajoy, o provocar con nuestra negativa unas terceras elecciones en menos de un año.

Durante la campaña electoral, en cada aparición pública, me he reafirmado en la idea de que no apoyaría a este PP de Rajoy que cuenta en sus filas con tantos casos de corrupción. Pero soy consciente de que unos terceros comicios serían desastrosos para el país y también para Ciudadanos. Llevamos demasiados meses de bloqueo. Es preciso dar un paso al frente y poner en marcha la legislatura, aunque para ello algunos diputados del Partido Socialista deberán abstenerse. En un primer momento, Pedro Sánchez parecía dispuesto a ello —así al menos me lo había asegurado personalmente—, pero apenas unos días después de las elecciones cambió de opinión, haciendo famoso aquel «no es no» que tantas consecuencias tuvo.

Antes de actuar debo pensar. No puedo enseñar mis cartas y la confidencialidad que requiere la situación me obliga a mantener contactos discretos —generalmente, en mi propia casa— con mis colaboradores más cercanos, José Manuel Villegas (secretario general) y Fernando de Páramo (secretario de comunicación), que son los únicos que pueden conocer, por el momento, lo que me ronda en la cabeza. En ningún caso entraremos en el Gobierno de Rajoy, pero apoyaremos la investidura a cambio de que se respeten nuestras condiciones de regeneración y transparencia. Haremos un cortafuegos anticorrupción y obligaremos al PP a aceptar nuestras exigencias —cinco puntos— antes de empezar a negociar cualquier otro asunto económico o social.

En política, medir los tiempos es fundamental. Soy consciente de que todos los planes de futuro de Ciudadanos pueden venirse abajo si no logramos explicar bien, y en el momento adecuado, nuestra postura. Y sé que debo ser yo quien lo haga ante los ciudadanos. Están en juego mi credibilidad y mi liderazgo. Acuerdo con Villegas que es necesario convocar una reunión de la ejecutiva para explicar la situación y adoptar una decisión. Necesito el apoyo de mis compañeros de partido y para ello primero tengo que convencerles de que debemos virar y ser más flexibles. De lo contrario, la gobernabilidad del país se volverá imposible. Finalmente, aunque en la reunión se plantean algunas objeciones, el respaldo es unánime. Pocas horas después se lo cuento a todos los españoles en rueda de prensa y, posteriormente, una semana más tarde, el PP acepta las cinco condiciones anticorrupción que abren la puerta a la negociación de un pacto de investidura compuesto por ciento cincuenta reformas. Fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en mi vida política, pero salió bien y el tiempo nos dio la razón.

Pensar, decidir, actuar. Esas son las tres funciones clave que un buen líder político no debería olvidar nunca. Por desgracia, vivimos en una época en la que la serenidad, la confianza y la calma para sopesar y tomar decisiones brillan por su ausencia, y todo parece seguir un ritmo y una dirección que nadie ha elegido pero que todos aceptamos. Precisamente por eso los liderazgos importan cada vez más, aunque no siempre reciban el reconocimiento y el respeto que merecen. Además, por su propia naturaleza, el líder político está siempre en el ojo del huracán y soporta una evaluación pública constante: lo que dice, lo que hace, lo que calla, cómo expresa sus ideas o sus actitudes. La presión que aguanta es incluso mayor que la que pueda soportar un CEO o un directivo de una importante compañía, porque sus accionistas son todos los ciudadanos, que le han elegido y le pagan el sueldo, y porque sus decisiones nos influyen y nos incumben a todos.

Durante los años que presidí Ciudadanos, tuve la oportunidad de observar las capacidades que convierten a ciertas personas en líderes. El mundo ha evolucionado muy rápidamente y el liderazgo político ha de adaptarse a esa velocidad en múltiples aspectos.

En octubre de 2018 participé, junto a varios exlíderes políticos de relevancia, en el foro Círculo de Montevideo, que ese año se celebró en Bogotá. Allí escuché a Felipe González, que puso un ejemplo que me hizo reflexionar. Según nos contó, el que fuera canciller alemán de 1949 a 1963, Konrad Adenauer, trataba uno a uno los asuntos que tenía en una carpeta encima de la mesa de su despacho, y tenía un teléfono colgado en la pared por el que tan solo hacía o recibía un par de llamadas al día. El resto del tiempo lo dedicaba a pensar y a decidir. Los líderes como él, los de finales del siglo XX, alternaban la toma de decisiones con la atención a una decena de llamadas al día. Los líderes actuales, por el contrario, estamos siempre pegados al móvil, apenas nos sentamos a pensar o a leer en nuestro despacho y actuamos a golpe de tuit y de titular en medio de un incesante flujo de información. ¿Cómo se puede pensar, decidir y ejecutar si el modelo de comunicación política imperante obliga a los líderes a estar tan pendientes de lo que sucede en las redes sociales y en los programas de televisión en directo?

Cada vez que un diputado aprieta el botón rojo, amarillo o verde que tiene en su escaño, cambia algo en la vida de los ciudadanos, y esto explica que su labor sea evaluada permanentemente. Es lógico y necesario. Cosa distinta es que sus opiniones se malinterpreten o se tergiversen para crear falsos debates dirigidos a subir audiencias, incrementar el número de seguidores o, lo que es aún peor, condicionar una posición y presionar para que se adopte la contraria. Vivir así a diario provoca un estrés brutal.

Yo lo he experimentado en primera persona. Siempre que he negociado un pacto de investidura, unos presupuestos o una ley, los medios de comunicación —tertulianos, articulistas, columnistas…— han puesto en marcha toda su maquinaria para crear una tormenta tratando de condicionar tus decisiones a favor de sus intereses. Eso puede llegar a confundirte e impedirte valorar la situación con objetividad. Y, paradójicamente, es lo que los ciudadanos que te han votado esperan que hagas: que tus decisiones y tus actuaciones sean justas, meditadas y dirigidas al bien común.

Inevitablemente, el liderazgo político genera soledad. ¿Cómo si no vas a despojarte de presiones externas y de chantajes «emocionales»? ¿Cómo puedes tomar decisiones adecuadas y equilibradas si no paras de leer y de oír lo que los medios, las redes y los adversarios dicen de ti? Son elementos que condicionan, presionan y construyen juicios paralelos. Por eso, en numerosas ocasiones, el líder político necesita recurrir al aislamiento y a la soledad para pensar y decidir correctamente.

Al mismo tiempo, el equipo y la confianza son fundamentales en el proceso de toma de decisiones. No puedo precisar la cantidad de veces que le pregunté a José Manuel Villegas «¿cómo lo ves?», pero aseguro que han sido muchísimas. El líder tiene que rodearse de personas de talento en las que confiar para compartir sus decisiones.

En un mismo día, con una diferencia de pocos minutos, un líder político puede pasar de estar pensando y decidiendo en soledad sobre un asunto a darse un baño de masas de centenares o miles de personas a las que debe convencer, emocionar e inspirar. Vive en una constante montaña rusa emocional. Sus decisiones pueden cambiar el rumbo de un país entero y, al mismo tiempo, debe persuadir a ese país de que el nuevo rumbo es el adecuado. Y cualquier ciudadano puede opinar al respecto.

¿El líder político debe ser permeable a la sociedad? Sí, absolutamente, pero para escuchar y tener información, y para conocer las demandas de los ciudadanos y de los agentes económicos y sociales, no para dejarse influir por una opinión o un interés de parte. Mucho se ha hablado del famoso «síndrome de la Moncloa», como se denomina a la transformación y al aislamiento que experimentan los presidentes del Gobierno desde el momento en el que ocupan la residencia presidencial. Al principio son abiertos y cercanos, pero poco a poco se van volviendo herméticos y distantes. En uno de sus últimos libros, Felipe González lo explica con un claro ejemplo: cuando un director general tiene una duda, llama a un secretario de Estado; cuando es este quien la tiene, llama al ministro; cuando es el ministro, llama al presidente… Pero ¿qué ocurre cuando la duda llega al presidente? No hay nadie más arriba a quien recurrir y el asunto no se puede esquivar. Debe tomar una decisión. En eso consiste el liderazgo.

Recuerdo una anécdota que me contó Dan Restrepo, cargo de confianza de Barack Obama y director de la Oficina para América Latina, con quien he tenido el honor de trabajar en la plataforma España Ciudadana. Cuando el líder de los demócratas asumió su cargo, su equipo se dio cuenta de que el presidente de Estados Unidos estaba tomando muchas decisiones y en todas partes al mismo tiempo: en reuniones con su partido, con su equipo de colaboradores y en decenas de actividades del Gobierno, a la vez que intervenía en actos públicos, atendía a medios de comunicación y viajaba por el país y por el mundo entero. Aquello no podía seguir así. Sus más estrechos colaboradores se sentaron con él y le dijeron que debía dejar de tomar tantas decisiones y centrarse en las más importantes. Está comprobado que el cerebro, cuantas más decisiones tome al día, por superfluas que sean, más se desgasta y más estrés sufre. Por eso, desde aquel día, a Obama le libraron de decidir en un buen número de situaciones cotidianas. Contrataron a un estilista que le diseñó los looks y que prácticamente le hizo vestirse de uniforme. De ese modo no tenía que elegir el traje, ni los zapatos, ni el color de la camisa o de la corbata. También contrataron a un nutricionista para que no tuviese que pensar en las comidas. Dejó de asistir a tantas reuniones y delegó en miembros de su equipo los asuntos secundarios. El número de decisiones que Obama debía tomar se redujo a unas pocas al día, pero eran las más importantes.

El líder político tiene que saber delegar y confiar para crecer. Cuando, desde 2014, Ciudadanos comenzó a crecer y a disponer de una estructura territorial en toda España, me di cuenta de que debía delegar muchas de las funciones que hasta ese momento había desempeñado para centrarme en las decisiones más estratégicas y de carácter nacional; no podía llegar a todo. Pero también comprobé que para delegar necesariamente debe haber confianza. Tener un equipo de cinco o seis personas con quienes trabajar a diario es una verdadera joya. Hay quien no lo entiende, quizá porque nunca le han confiado el liderazgo de un equipo y cree que las decisiones hay que tomarlas con las cincuenta personas que forman un órgano directivo o en un órgano asambleario. La realidad es que eso no es operativo ni eficaz. Una vez que la dirección de un partido ha tomado una decisión estratégica, las decisiones secundarias y la ejecución de dicha estrategia deben asumirlas un número reducido de personas y sus respectivos equipos.

El líder político debe convencer, no imponer. Para ello es imprescindible que él mismo esté convencido al cien por cien de lo que quiere conseguir. Solo así podrá hacerlo con los demás. En mi caso, solo cuando estoy verdaderamente seguro —y tras varios días de reflexión—, soy capaz de transmitir esa seguridad y esa certeza a los demás. Si tengo dudas, prefiero enfriar mi decisión y no tomarla.

En los trece años que estuve al frente de Ciudadanos nunca pronuncié la frase «porque soy el jefe». Esas cuatro palabras seguidas son la muerte de un liderazgo, porque lo que mantiene a un líder es su auctoritas, no la potestas. Si tienes que recurrir a tu cargo para que respeten tus decisiones, más pronto que tarde la mayoría de los miembros de tu organización acabará dándote la espalda. Son la ejemplaridad, la convicción, la ilusión, el esfuerzo y la asunción de tu responsabilidad las que te convierten en un líder, y no solo la votación cada cuatro años de una asamblea de militantes o lo que pone en tu tarjeta de visita.

En los tiempos que corren, y con el modelo comunicativo que sigue la política actual —lo trataremos en el capítulo 10—, una de las principales dificultades que debe afrontar un líder es tomar decisiones pensando en el futuro, porque, por lo general, son difíciles de explicar y de entender. Los liderazgos fuertes requieren bases sólidas para elaborar estrategias a largo plazo, pero, en el reino de la inmediatez en el que vivimos, esa solidez apenas existe. Esto explica en buena medida lo que sucede hoy con nuestros líderes y con el descrédito de la política en su conjunto. Es muy difícil comunicar y hacer entender una decisión trascendente cuando la sociedad y los medios demandan resultados inmediatos. Se trata de una dinámica diabólica muy difícil de revertir. Si un líder toma una decisión adecuada pensando en el largo plazo, pero impopular en el corto, es probable que acabe pagándolo en las urnas.

No es un atributo fácil de definir, pero es habitual que la palabra «carisma» se relacione con el liderazgo. Sabemos que hay personas que lo tienen, que captan la atención en cuanto entran en una habitación o salen a un escenario, y a las que siempre queremos escuchar porque de inmediato generan interés. Alguien carismático tiene la capacidad de atraer e inspirar a los demás, un don que poseen muy pocas personas. En política hay buenos oradores, e incluso excelentes gestores y ejecutores, pero el carisma es mucho más que eso. Se tiene o no se tiene.

En mi opinión, uno de los líderes más carismáticos del mundo es Barack Obama, precisamente porque sirvió de inspiración a millones de personas. En sus discursos, el expresidente de Estados Unidos casi nunca hablaba de gestión o de cuestiones técnicas, sino que transmitía los valores en los que creía. Lo demostró en dos elecciones presidenciales. Centrándose en principios fundamentales y recuperando la idea del sueño americano, logró una movilización de la ciudadanía sin precedentes.

Recuerdo cómo la gente lloraba durante aquel primer discurso histórico que el primer presidente afroamericano de Estados Unidos pronunció desde la fachada oeste del Capitolio. Solo si inspiras puedes emocionar, y solo el que tiene carisma puede inspirar. Obama llegaba al corazón de las personas, no solo a la razón. Contagiaba su entusiasmo y te hacía creer que era posible construir un gran país a partir de unos valores básicos e irrenunciables, como la justicia, la libertad y la igualdad. El Gobierno de Obama tuvo sus luces y sus sombras, y seguramente no pasará a la historia como uno de los mejores de Estados Unidos. Sin embargo, sí lo harán su liderazgo y su carisma, que hicieron que millones de norteamericanos y ciudadanos de otras partes del mundo volviéramos a creer en esos valores comunes.

En España ha habido políticos de distinto signo que han sido verdaderos líderes, capaces de crear mayorías estables que han permitido que el país avance. Porque la fortaleza de un líder también se mide en función de su capacidad de crear acuerdos y entendimientos. Si pensamos en los gobernantes españoles de los últimos cuarenta años —sin entrar a valorar a los actuales, de los que hablaré en otro capítulo—, es innegable que ha habido algunos liderazgos fuertes, aunque con características muy distintas, incluso antagónicas.

Adolfo Suárez destacó por su capacidad de pactar y de generar entendimiento entre contrarios, y sacó adelante lo que parecía imposible: la Ley para la Reforma política, el pacto constitucional y los Pactos de la Moncloa, que dieron sustento y solidez a la incipiente democracia española. Suárez era una persona carismática y poseía el tipo de liderazgo que necesitaba España para realizar la transición democrática de finales de la década de los setenta.

Unos años más tarde, la sociedad española demandó líderes con otras características, capaces de modernizar el país y de meternos en Europa. Felipe González fue un líder con carisma y con personalidad, y, más allá de los errores y aciertos de sus Gobiernos, mostró una gran capacidad de adaptación. La España de los años ochenta precisaba ese tipo de liderazgo; un hombre joven que venía de la izquierda pero que fue capaz de seducir a una gran mayoría de españoles. González, además, fue, y es, un excelente orador, vehemente, imaginativo y con un evidente don de gentes. Muchos le votaron no porque fuera socialista, sino porque era un líder. España necesitaba un cambio, y la palabra «cambio» junto a su foto en el cartel de campaña de las elecciones de 1982 formaban un pack invencible.

Una década después llegó José María Aznar, el líder opuesto a Felipe González. Sus dotes de comunicación no sobresalían y carecía de las cualidades que, por lo general, suele tener un líder carismático: empatía, seducción, simpatía… En mi opinión, la sociedad española se «empachó» del felipismo después de trece años en el poder, y demandaba una figura que estuviera justo en las antípodas. El acierto de Aznar consistió en que no pretendió ser lo que no era. Con sobriedad, convicción y la expectativa de una buena gestión hizo que los españoles volvieran a confiar en su país y en su economía, al tiempo que demostró una gran firmeza en la lucha contra el terrorismo. Eso le bastó para derrotar a González en 1996, e incluso logró una mayoría absoluta en su segundo mandato. Su liderazgo se forjó en el antagonismo con su eterno rival y en una política de hechos más que de palabras.

Otro tipo de liderazgo fue el de Jordi Pujol. Era maquiavélico. Sin duda, tenía carisma y lo usó en su propio beneficio, como luego se ha podido comprobar por los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto y con la irrespirable hegemonía nacionalista que él empezó a crear hace cuarenta años. El de Pujol era una mezcla de liderazgo moral, casi religioso, con tintes mafiosos. Por un lado, actuaba como padre espiritual del nacionalismo catalán y, por otro, como el capo de la mafia nacionalista, protegiendo a los suyos y atemorizando a los pocos que se oponían a él o a los que osaban tirar de la manta de su red clientelar y delictiva. Ni daba explicaciones ni rendía cuentas a nadie, pero, cuando quería, podía ser el hombre más embaucador del mundo. Mientras estuvo al frente de la Generalitat, Pujol visitó prácticamente todos los pueblos de Cataluña, asistía a las fiestas populares y se reunía habitualmente con todas las entidades. Esta forma de actuar generaba vínculos muy fuertes con los ciudadanos y con los diferentes colectivos de la sociedad civil. De hecho, logró que le votara mucha gente que no era de ideología nacionalista. Le votaban a él como líder, y así logró gobernar veintitrés años seguidos y obtener tres mayorías absolutas. De ideología contradictoria, Pujol era un hombre conservador disfrazado de liberal, y pactaba tanto con el PSOE como con el PP para tener carta blanca en Cataluña y, a la vez, usar el victimismo contra Madrid. Sin embargo, cuando lees algunos de sus escritos y opiniones, rezuman racismo, xenofobia y proteccionismo. La realidad es que aprovechó su liderazgo y sus habilidades para robar cientos de millones a los catalanes y sentó las bases de la fractura social que a día de hoy se sigue viviendo en Cataluña entre separatistas y constitucionalistas.

Como presidente que he sido de una formación política durante más de una década, sería poco honesto hablar de liderazgo sin hacer una reflexión sobre mi papel al frente de Ciudadanos. Creo que lo que más marcó mi tipo de liderazgo fue la necesidad de adaptación permanente al cambio. En pocos años, pasé de ser un hombre orquesta que trabajaba con un pie en el grupo mixto del Parlament y el otro en los medios, en las redes y en la calle, a una especie de consejero delegado de un proyecto político nacional innovador que cuatro años después se convirtió en la tercera fuerza política del país. Pero también me tocó ejercer un liderazgo a contracorriente para intentar convencer a la sociedad española de dos ideas fundamentales de nuestro ideario liberal: que había que superar la dicotomía izquierda-derecha y que el nacionalismo no era una ideología progresista, sino reaccionaria. Otro rasgo básico de mi ejercicio político fue la necesidad de innovar. Al tratarse de un partido recién creado, carecía de referentes anteriores y de una estructura previa. Todo ello me llevó a construir un nuevo espacio en la política española. Fui presidente de Ciudadanos, pero a la vez era portavoz, diputado, estratega y candidato, como si llevara varios sombreros en uno. Por último, lideré mi partido asumiendo riesgos y sin apego al cargo. La mejor manera de perder tu silla es preocuparte cada día por mantenerla. Encabecé el proyecto de Ciudadanos ligero de equipaje: ni les pedí a mis compañeros que me nombraran presidente, ni ellos me tuvieron que pedir a mí que me marchara.

Siento un profundo respeto por el trabajo que nuestros líderes políticos han debido afrontar a lo largo de nuestra historia: la presión, la urgencia, la exposición mediática, las demandas de los ciudadanos en la calle… Un líder político tiene que decidir si es preciso pedir un rescate financiero, si debe negociar ante el chantaje y la amenaza de una banda terrorista, si hay que firmar un tratado internacional con otro país, o incluso si hay que entrar en una guerra o tener que declarar a tiempo el estado de alarma para luchar contra una pandemia mundial. Son decisiones que implican una gran responsabilidad, por lo que hacen falta personas preparadas que sepan estar a la altura, pero también es necesario un reconocimiento social a esa difícil labor.

El liderazgo es indispensable para que una sociedad avance. Es difícil encontrar un ejemplo de transformación, de cambio social o de logros democráticos en la historia de la humanidad donde no haya habido líderes al frente. Asumimos con naturalidad, e incluso con admiración, el liderazgo en el deporte, en la cultura, en el mundo de la empresa, en la ciencia y en la innovación… ¿Por qué entonces valoramos con tantos temores y prejuicios el liderazgo político? Seguramente hay razones para ello. Los liderazgos mesiánicos, populistas o nacionalistas han conducido al desastre a muchas naciones a lo largo de la historia, e incluso a dos guerras mundiales en el siglo pasado. Debemos huir de ese tipo de liderazgos nocivos, pero no del valor del liderazgo en sí mismo.

Las democracias fuertes necesitan líderes fuertes, pero líderes del siglo XXI . Busquemos dirigentes que defiendan nuestros valores democráticos frente a aquellos líderes que los quieran destruir. Personas capaces, carismáticas, honradas, que sepan escuchar y hablar a la sociedad, que respeten y hagan respetar las reglas del Estado de derecho, que tengan talento y sepan rodearse de talento, que dominen la razón y la emoción, y que no les tiemble el pulso para asumir su principal labor: tomar decisiones pensando en el bien común.

6
¿ EL HOMBRE DEL IBEX?

A. RIVERA : Francisco González quería conocerme y me pidió un café. Y yo, igual que me reúno con plataformas por las preferentes para defender sus derechos, también me puedo reunir con cualquier persona que me lo pida. Y me reuní con él. Como no criminalizo a la gente en función de lo rica o lo pobre que es, tengo la suerte de poder reunirme con todo el mundo aunque discrepe en algunas cosas.

J. ÉVOLE : Y cuando te elogia alguien tan importante como el presidente del BBVA, ¿no piensas por dentro «no me elogies tanto que igual no me va bien»? Por esa vinculación que os hacen con el Ibex 35…

A. RIVERA : A mí lo que me deja tranquilo es que somos el único partido de España que ha devuelto todos los créditos íntegramente a tipo de interés de mercado. Y duermo tranquilo cada noche. A mí no me condonan los bancos, como al PSOE y al PP, la deuda; a mí no me dice ni el señor González ni nadie lo que tengo que hacer o decidir, y ser libre me permite decir lo que digo.

Debate en Salvados, de JORDI ÉVOLE , entre PABLO
IGLESIAS y ALBERT RIVERA (18 de octubre de 2015)

Aunque se han escuchado y escrito explicaciones distintas, Ciudadanos nació a pesar del establishment político y económico. En Cataluña, durante los últimos treinta años, los poderes económicos siempre respaldaron los pactos entre el nacionalismo y el bipartidismo (PSOE y PP), por lo que no era plato de buen gusto que surgiera un movimiento civil que se mostraba muy crítico con la deriva nacionalista.

Ciudadanos era un bicho raro, una especie de objeto volador no identificado. El poder económico nunca se ha caracterizado por su valentía en los asuntos públicos, sino más bien por su conservadurismo y por su apoyo, implícito o explícito, a los Gobiernos del bipartidismo y a los Gobiernos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco. Esto empezó a cambiar cuando nosotros aterrizamos en la política nacional. Ciudadanos tenía muy claras sus banderas políticas: el constitucionalismo frente al nacionalismo y la regeneración democrática frente a la corrupción. Y a pesar de los malos augurios de muchos, en las elecciones de 2014 los españoles nos votaron y nos permitieron entrar en el Parlamento Europeo. Sin embargo, nos faltaba un pilar fundamental para ser un partido de gobierno: el proyecto económico y social.

Desde que dimos el salto a la política nacional, uno de mis principales empeños fue dotar al partido de un buen equipo económico. A Luis Garicano, economista de referencia en el ámbito liberal, lo conocí en un almuerzo en Barcelona. Luis era profesor de la London School of Economics y, aunque nunca se había involucrado en política, sus libros y sus artículos traspasaban las fronteras del mundo académico. Inmediatamente me di cuenta de que era un hombre con talento y con una visión moderna de la economía global y, particularmente, de la española. Así que le propuse que trabajara con nosotros para que Ciudadanos fuese un partido liberal con un proyecto económico potente.

A principios de 2015, Garicano no solo decidió ayudarnos, sino que se situó en la primera línea de la política del partido. Junto a él desembarcaron otros economistas y técnicos que colaboraron en la concepción y redacción de las principales propuestas económicas de la formación. La participación de todos ellos fue fundamental para lo que sucedió después. En los primeros actos de presentación del proyecto de Ciudadanos como partido nacional —recuerdo en concreto el que se celebró en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid—, las salas estaban llenas a rebosar y cientos de personas hacían cola para escucharnos hablar de empleo, de políticas fiscales o de la necesidad de despolitizar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España. Nos parecía insólito que la sociedad española tuviera tanto interés por los asuntos económicos, que no suelen ser tan mediáticos y, por lo general, resultan tediosos y difíciles de comprender.

Fue entonces cuando Ciudadanos comenzó a recibir elogios en los editoriales de diversos medios nacionales e internacionales especializados en economía: nuestras propuestas para flexibilizar el mercado laboral, para vincular la universidad a la empresa o para reformar la fiscalidad y beneficiar a las clases medias resultaban novedosas y muy atractivas. Decidimos dar a conocer nuestro proyecto en distintas presentaciones, como si fueran fascículos, durante varios meses. Creí que de ese modo el interés se mantendría más vivo que si lo contábamos todo en un único acto. Y así fue. La respuesta de los medios especializados y de muchos sectores económicos fue muy positiva, sobre todo si tenemos en cuenta que éramos un grupo político que aún no había llegado al Congreso.

Pronto nos encontramos con la actitud beligerante de nuestros futuros rivales políticos. En aquel momento —a comienzos de 2015—, Podemos, que, como nosotros, entró en el Parlamento Europeo en las elecciones europeas de 2014, lideraba algunas encuestas sobre intención de voto y nos convirtió en su principal adversario en materia económica. Las posiciones más radicales y populistas de la formación de Pablo Iglesias empezaron a cargar contra nuestras propuestas, mientras el bipartidismo nos miraba con preocupación pero aparentando indiferencia. Pronto, unos y otros comenzaron a mover sus tentáculos en los medios de comunicación para atacarnos y desacreditar nuestras ideas económicas, lo que era una prueba evidente de nuestro éxito.

Era lógico que en los principales sectores económicos del país y en muchas empresas del Ibex las propuestas de Ciudadanos fueran bien recibidas. El proyecto era liberal y europeísta. Apostábamos por el libre comercio, la competencia y la innovación, por un mercado laboral flexible y un modelo educativo moderno, por una fiscalidad moderada que beneficiara a autónomos y emprendedores, y por la supresión de trabas burocráticas para la creación de empresas.

Por eso los rivales políticos empezaron a correr el bulo de que yo era «el hombre del Ibex» (Pablo Iglesias, dixit). Desde entonces me cayó un aluvión de críticas y de reproches, a los que siempre respondí del mismo modo: «Nunca he hecho ningún pacto ni he recibido apoyo económico de ninguna empresa del Ibex, pero me parece muy bien que las principales empresas de mi país vean con buenos ojos un futuro Gobierno de Ciudadanos y que, lógicamente, les preocupe un Gobierno populista de Podemos».

El asunto llegó a generar un debate interno en el partido: ¿cómo actuamos frente a la mentira y los ataques de los rivales? Nuestros portavoces se veían obligados a responder una y otra vez a la misma pregunta: «¿Albert Rivera es el hombre del Ibex?». Yo les dije que no lo desmintieran y que incluso se sintieran orgullosos de que las principales empresas que tributan y generan miles de puestos de trabajo en España vieran con buenos ojos nuestras propuestas. Para un liberal, que te acusen de hacer políticas bien recibidas por el sector económico no es un estigma, sino un elogio.

Pero la realidad es que nunca recibimos ni quisimos un céntimo de ninguna empresa ni de ningún directivo del Ibex. Nunca quise que los poderes económicos nos «apadrinaran», porque eso habría supuesto estar condicionados y perder parte de la libertad que defendíamos.

Nadie que pretenda ser presidente del Gobierno de una nación puede obviar a los poderes económicos, ya sean las patronales, los sindicatos, directivos de empresas o agrupaciones de directivos. Yo he mantenido contactos con todos ellos —nunca lo he ocultado—, como han hecho los demás líderes políticos. Pero con una diferencia: siempre lo hice desde el respeto y la independencia. Desde que empecé en política me interesó conocer los principales problemas a los que se enfrentan nuestros empresarios, especialmente los relativos a la fiscalidad, al mercado laboral y a la educación, o a las exportaciones. Pero una cosa es conocer esas dificultades y otra muy distinta atender a exigencias e intereses particulares. Modificar leyes para beneficiar a una corporación olvidando el interés general sería irresponsable, inmoral e incluso ilegal.

Por eso siempre he reivindicado una buena relación, basada en la cooperación, entre el mundo económico y el político, pero manteniendo la independencia. Uno de los problemas tradicionales de este país ha sido la confusión —prácticamente, simbiosis— entre algunos grupos empresariales y los partidos políticos. Los principales casos de corrupción que hemos conocido están relacionados con los contratos públicos y las concesiones administrativas. A través de un sistema delictivo de «mordidas» se han amañado concursos para otorgar concesiones a determinadas empresas, en detrimento de la competencia y actuando contra la ley. Y durante años los partidos gobernantes han beneficiado a ciertas empresas a cambio de que estas les financiaran ilegalmente. La corrupción en España ha sido posible precisamente por ese pacto entre aquellos políticos y empresarios que aceptaban y participaban de un sistema adulterado que no quisieron denunciar.

Una forma de luchar contra la corrupción es garantizar la independencia de la política respecto de los poderes económicos, respetando las decisiones de los dos ámbitos. Del mismo modo que yo como político nunca he intervenido en las decisiones del consejo de administración de una empresa, ningún directivo podría intervenir en la ejecutiva de Ciudadanos o decirnos con quién debíamos pactar y con quién no. Hay una delgada línea roja que separa la cooperación y el respeto del intento de cambiar la voluntad de los votantes o de los afiliados de un partido. En 2019 se conocieron diversos informes de entidades bancarias, así como declaraciones de la patronal y de algunos sindicatos, que formulaban abiertamente sus preferencias por unos pactos políticos frente a otros. Si una patronal, un sindicato o una multinacional desean influir en la marcha de la política nacional, lo que deben hacer es presentarse a las elecciones.

En las últimas décadas del siglo pasado existieron muchos casos de empresarios o CEO que flirtearon con la posibilidad de quitar y poner Gobiernos, y viceversa: presidentes del Ejecutivo que tuvieron la tentación de «pactar» con ciertos poderes económicos para mantenerse en el poder o llegar a él. A la fuerza, esa dinámica está desapareciendo —aunque a algunos les cueste— y la sociedad española demanda cada vez más transparencia e independencia en el desarrollo de la labor política.

En mi caso particular, he mantenido —y mantengo— una buena relación con algunos de los directivos de las empresas más importantes de este país. Mi trato con los principales banqueros siempre ha sido cordial, pero eso no me ha impedido tomar decisiones legislativas que no siempre les gustaron. He tenido conversaciones con Ana Patricia Botín, Francisco González, Isidre Fainé o José Ignacio Goirigolzarri, así como con presidentes y consejeros delegados de las principales empresas energéticas, tecnológicas y de comunicación de España. Con algunos incluso tengo una buena relación, como con Pablo Isla, presidente de Inditex, o José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. Ambos probablemente representan lo mejor de la nueva hornada de directivos españoles. Pertenecen a una generación que entiende que la economía global es innovadora y moderna, y siempre miran al futuro.

En casi todas las reuniones que he celebrado con directivos de empresas exportadoras españolas, uno de los asuntos que solía salir a colación era la necesidad de reforzar la labor diplomática. Todos hemos sido testigos de cómo, a raíz de conflictos políticos internos en ciertos países —sobre todo de Latinoamérica—, nuestras empresas han pagado las consecuencias. La política exterior es fundamental para la economía nacional, porque actúa como un rompehielos que abre espacios de colaboración y permite que nuestras empresas, de todos los tamaños, aterricen en el extranjero.

Siendo como soy un defensor del libre comercio, considero que la diplomacia económica es una gran inversión, y reforzarla es una tarea que los últimos Gobiernos no han querido abordar. El patriotismo económico no pasa por el proteccionismo, sino por la libertad y la facilidad para comerciar. Hay que seguir abriendo espacios de cooperación con otros países y crear el terreno adecuado para que nuestras empresas se instalen en ellos. El proteccionismo que defienden los populismos de diferente signo consiste en poner trabas, mediante aranceles, a la llegada y libre circulación de productos y servicios. Pan para hoy y hambre para mañana. Esa es la manera de impedir el crecimiento de tus propias empresas, que no pueden vender sus productos en el exterior. En un mundo global como el nuestro, la libre competencia y la innovación son cruciales. Pero también lo es acompañar a nuestras empresas desarrollando una diplomacia económica de altura.

He tenido la fortuna de participar en dos ocasiones en el Club Bilderberg, en las ediciones de 2018 y 2019. Se han dicho muchas cosas sobre este foro y se han publicado infinidad de artículos sobre sus orígenes y su función. Pese a que siempre le ha rodeado un halo de misterio, la realidad es que el Club Bilderberg nació en los años cincuenta para fortalecer las relaciones económicas, políticas y culturales entre Europa y Estados Unidos. Se trata de una reunión anual a la que asisten, mediante invitación, personas influyentes del mundo, que se reúnen en complejos ubicados en Europa, Norteamérica o Asia Occidental. La primera reunión tuvo lugar en 1954 en los Países Bajos, en el hotel Bilderberg de Oosterbeek, y de ahí su nombre. El contenido de las reuniones es secreto, y la prensa tiene prohibido su acceso, lo que ha dado pábulo a todo tipo de especulaciones sobre su finalidad.

En este sentido, tan solo puedo decir que, en efecto, se trata de un foro en el que participan unos pocos que debaten asuntos que nos afectan a todos. Es falso que allí se resuelva poner o quitar Gobiernos, o que se decida cuál debe ser el rumbo del mundo en los próximos años. Son solo reuniones de trabajo, coloquios, cenas, charlas y, sobre todo, un gran networking internacional, una gran red de contactos formada por personas influyentes dispuestas a debatir y a reflexionar sobre el mundo global en el que vivimos.

En junio de 2018, la reunión se celebró en Washington. Asistí junto a Luis de Guindos, que entonces era ministro de Economía. También acudieron Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, y Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA. Al año siguiente la reunión se celebró en Turín, y en esta ocasión asistió la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en lugar de Luis de Guindos.

El compromiso de confidencialidad que los participantes adquirimos nos permite hablar y debatir en libertad. Ese es el gran logro del Club Bilderberg: los invitados son personas relevantes, pero acuden a esas reuniones despojados de su cargo y de su staff. No hay ni asistentes ni equipos de comunicación, y las conversaciones se caracterizan por la espontaneidad y el dinamismo. Se trata de que nadie se sienta condicionado a la hora de opinar o discrepar.

El encuentro, que suele durar tres o cuatro días, consiste en unas diez ponencias en las que se tratan diversos asuntos globales, desde el avance tecnológico hasta la transición energética, pasando por las relaciones comerciales mundiales, el futuro de la Unión Europea, la lucha contra el terrorismo global o el auge de los populismos. En cada ponencia hay uno o varios oradores principales que abren el debate con una breve explicación sobre el tema que se va a tratar, y luego los participantes toman turnos de palabra de un minuto o un minuto y medio y exponen sus reflexiones. Cada sesión dura unas dos horas.

La primera vez que asistí intervine en alguna ocasión, pero siempre con la prudencia del recién llegado. El segundo año me ofrecieron ser ponente en una sesión que trataba de uno de los asuntos más preocupantes de los últimos años: el ascenso de los populismos y cómo los demócratas y los liberales debemos hacerles frente.

Me han preguntado en alguna ocasión por mi participación en el Club Bilderberg, e incluso algunos rivales políticos intentaron criticarme por ello. Yo siempre contesté con normalidad, porque en realidad es un honor y una gran oportunidad estar en una reunión con primeros ministros, empresarios y editores influyentes de todo el mundo. Mejor que te inviten y participar que no quedarte fuera y criticar.

Sobre todo han sido las corrientes antisistema y anticapitalista las que han creado el misterio y la leyenda negra
—incluso conspiranoide— del Club Bilderberg. Por el contrario, creo que deberíamos preguntarnos si no sería conveniente realizar debates de este tipo en nuestro país, debates en los que primen la reflexión y la tranquilidad para valorar y opinar en libertad. Porque, ¿qué clase de mundo estamos construyendo para nuestros hijos? ¿Hacia dónde va la política económica internacional? ¿Cuáles son los principales riesgos y desafíos a los que nos enfrentamos? A mi juicio, estas y otras preguntas deberíamos planteárnoslas también a nivel nacional. Me viene a la mente la redacción de los Pactos de la Moncloa, que reunió a empresarios, sindicatos, políticos de todo signo… y también a medios de comunicación que nos informaron sobre lo que allí se discutía. Es un claro ejemplo de consenso y de acuerdo entre distintas posiciones, muchas de ellas irreconciliables apenas unos años atrás. Sin embargo, los Pactos de la Moncloa se firmaron y el país pudo ponerse en marcha.

Criminalizar las relaciones entre los ámbitos económico y político es un error que puede tener consecuencias graves. Sí es necesario delimitar bien las fronteras y actuar con transparencia y normalidad. La simbiosis entre intereses económicos —y mediáticos— y políticos es muy peligrosa, pero la colaboración es imprescindible.

Los líderes empresariales ya no pueden —y la mayoría ya no quiere— jugar a quitar y poner presidentes del Gobierno; lo que les interesa es que el país funcione, que tengamos un buen sistema educativo y sanitario y que las infraestructuras estén a la altura del país moderno que somos. Los empresarios también son ciudadanos españoles y desarrollan sus servicios y venden sus productos en España, por lo que, si el país va bien, sus negocios también irán bien. La política tiene mucho que ver con todo ello, porque puede aportar estabilidad, que es lo que se requiere para que un país avance.

Economía y política van de la mano, se complementan y se influyen. Pero han de trabajar respetando sus respectivos ámbitos. Yo soy partidario de regular los lobbies —los colectivos que realizan acciones dirigidas a influir ante la Administración pública para promover decisiones que les favorezcan—, como ocurre en cualquier país anglosajón y en el Parlamento Europeo. Y, para evitar tergiversaciones y manipulaciones, en España también deberíamos poner luz y taquígrafos a ese tipo de relaciones y normalizarlas.

La dicotomía público-privado ya no es válida. El sector público necesita un sector privado fuerte que cree empleo y financie mediante impuestos los servicios a los ciudadanos. Y el sector privado necesita un sector público eficiente que garantice la cohesión social y apoye la existencia de una gran clase media trabajadora y la creación de riqueza y empleo. La colaboración es imprescindible si queremos avanzar. Y esa colaboración es compatible con el respeto que el sector económico debe mostrar hacia la voluntad popular de los ciudadanos y las decisiones de los políticos que han sido elegidos. Ahí está el difícil equilibrio entre política y poder económico, en el respeto mutuo y en la colaboración por el interés general. Porque, aunque a veces no lo parezca, todos jugamos en el mismo equipo: España.

Nunca fui «el hombre del Ibex». Ni me financiaron ni me tutelaron. Es cierto que durante un tiempo a buena parte del mundo empresarial le gustaron las propuestas y las políticas liberales de Ciudadanos, y al poder económico incluso le convenía la presencia de un partido «bisagra» que apoyara al PSOE o al PP en acuerdos de investidura para dar estabilidad. Pero tan cierto como lo anterior es que a algunos poderosos se les encendieron las alarmas cuando Ciudadanos tomó la decisión de ser una opción real de gobierno y no una mera bisagra. Prácticamente llegamos a empatar con el PP en las elecciones del 28 de abril de 2019 y apostamos sin complejos por ser una alternativa de gobierno desde la oposición a Sánchez y sus socios populistas y separatistas. Eso ya no gustó tanto… Era una declaración de guerra a casi cuarenta años de bipartidismo. Aun así, me siento orgulloso de poder afirmar que, para bien o para mal, acertada o equivocadamente, actué siempre con libertad.

7
UN LIBERAL ENTRE LAS DOS ESPAÑAS

Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal.

CLARA CAMPOAMOR

El lienzo de Francisco de Goya titulado Duelo a garrotazos refleja a la perfección la idea de «las dos Españas». Dos hombres, enterrados hasta las rodillas, pelean a bastonazos en medio del campo. En España sabemos bien lo que es eso. Es la parte más oscura de nuestra historia y, por desgracia, sigue estando viva ciento cincuenta años después de que Goya pintara su magnífica obra.

El sectarismo y la lucha de bandos nos han acompañado a lo largo del tiempo, hasta el punto de que podría pensarse que forman parte del ADN de la sociedad española. Fue en la Revolución Francesa cuando, tomando como referencia el lugar en el que se sentaban los distintos grupos en la Cámara Constituyente, se acuñaron los términos de izquierda y de derecha para clasificar de una manera sencilla las ideologías políticas. Y, sin embargo, lejos de superarlos, la mayoría de españoles, incluidos los políticos y los medios de comunicación, siguen aferrados a esa dicotomía obsoleta. Lo vemos a diario en la política nacional: el sectarismo y las viejas etiquetas se sitúan por encima de las ideas y de los matices. Y en esas circunstancias, el acuerdo es imposible.

Es cierto que la idea de las dos Españas ha ido perdiendo el peso que tenía a principios del siglo XX , durante la Guerra Civil o la dictadura de Franco, pero existe un sustrato, alimentado artificialmente por la superestructura del bipartidismo, que fomenta el enfrentamiento y el conflicto. Tanto el PSOE como el PP han incitado a los ciudadanos a votar contra el rival, intentando esquivar así la evaluación crítica que estos pudieran hacer de sus políticas. Votar al mal menor para que no gane el rival. En España se ha votado durante décadas con las entrañas y el hígado en lugar de hacerlo con la cabeza y el corazón.

La idea de las dos Españas se retroalimenta desde los dos extremos. La crisis del bipartidismo ha hecho que aparezcan un movimiento populista en la extrema izquierda y otro en la extrema derecha, que están tensando aún más la cuerda, borrando y negando ese lugar para el diálogo que siempre ha caracterizado al liberalismo. Ciudadanos logró abrir un espacio de centro como nunca antes lo había hecho ningún partido. Pero, tras los últimos resultados electorales, y con una dinámica social cada vez más polarizada, la posibilidad que representa la «tercera España» vuelve a estar en jaque.

Todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario.

MANUEL CHAVES NOGALES

El liberalismo europeo tiene su origen en la Constitución de Cádiz de 1812. Después de la Guerra de la Independencia, un grupo de valientes liberales, adelantados a su época, como luego se vio, tomaron la decisión de romper con el absolutismo de Fernando VII y redactaron una Constitución en la que, por primera vez, se hablaba de ciudadanía y de derechos y obligaciones de los ciudadanos, no de súbditos. En esa Carta Magna se encuentra el embrión de muchos de los derechos civiles que hoy disfrutamos, y su esencia se trasladó a Latinoamérica, donde, tras su independencia, muchos países copiaron su ordenamiento jurídico e institucional. Aquel grupo de liberales deseaba modernizar el país, y sabía que solo lo lograría si la sociedad abandonaba el sectarismo y la batalla constante entre los partidarios del absolutismo y los del liberalismo. Durante el siglo XIX español se intentaron llevar a cabo reformas de corte liberal que fueran abriendo una brecha en el régimen absolutista y permitieran la modernización del país. Pero tras la acción llegaba la reacción, con lo que las reformas no se mantenían el tiempo necesario para calar en la sociedad.

Seguramente a España le ha faltado una revolución liberal burguesa como la que tuvieron Estados Unidos o Francia. Pese al loable intento de la Constitución de Cádiz, en nuestro país nunca llegó a asentarse un liberalismo político, institucional y social, como sí sucedió en otros países, y esa carencia dio lugar a un siglo XX aún más convulso: Primera República, Restauración, Segunda República, Guerra Civil y, finalmente, una dictadura que duró cuarenta años. Creo que ese poso liberal que apela a la responsabilidad y a las libertades individuales frente a las injerencias del Estado apenas es perceptible en nuestro país. O al menos es de menor intensidad que en los países de nuestro entorno. Hasta 1978 no se puede hablar de una Constitución española de todos, ni de izquierdas ni de derechas, sin vencedores ni vencidos. Su redacción estuvo a cargo de representantes de todos los grupos políticos, circunstancia que le da vigencia y fortaleza.

Así pues, el liberalismo ha sido una especie de espejismo en nuestra democracia. Como el Guadiana, aparece y desaparece, e incluso queda aplastado cuando las dos Españas tensan la cuerda y se dan de garrotazos. El ejemplo más claro fue la Guerra Civil. Intelectuales como Manuel Chaves Nogales o políticos como Clara Campoamor representan esa especie de grito en el desierto y manos levantadas pidiendo que dejemos de pegarnos.

¿Necesariamente tiene que ser siempre así? Me temo que no puedo ser muy optimista a la hora de responder a esa pregunta. Ciudadanos, que llegó a la política nacional hace apenas cinco años, logró importantes avances, pero vista la situación actual, no va a ser fácil soportar la tensión de «las dos Españas». La historia suele ser cíclica, lo hemos visto en otros momentos, y el nuestro es un país en el que, cuando los líderes políticos quieren polarización, la sociedad española se polariza y participa de la tensión creada artificialmente «desde arriba». Es cierto que cuando han estado al frente líderes más moderados —más liberales, en el significado amplio del término—, la sociedad ha aparcado los enfrentamientos ideológicos y hemos avanzado como nación. Ocurrió durante la Transición, con la firma de los Pactos de la Moncloa y la redacción de la Constitución de 1978. Adolfo Suárez mantuvo desde el inicio una posición de centro, moderada y liberal. Unos años después, Felipe González tuvo que llevar al PSOE de la izquierda al centro, y José María Aznar tuvo que hacer lo propio con un nuevo Partido Popular que fue de la derecha al centro. Esos tres grandes proyectos políticos que ha tenido España —el de Adolfo Suarez, el de Felipe González y el de José María Aznar— fueron posibles porque se gobernó para la mayoría desde posiciones más moderadas que las mantenidas por sus respectivos partidos.

No estamos comprometidos con ninguna fórmula inflexible. Tampoco buscamos soluciones perfectas. No somos dogmáticos porque somos liberales.

JOHN F. KENNEDY

Hace unos años, cuando Ciudadanos irrumpió en la política nacional, numerosos líderes europeos nos preguntaron cómo habíamos logrado que un partido liberal se hiciera un hueco en España. «¡Es un milagro!», me decían en Bruselas. En plena crisis económica, que surgiera un movimiento civil por el centro y no por los extremos, de carácter liberal y europeísta, y en el sur de Europa se consideraba una rareza. Sin embargo, yo estaba convencido de que el liberalismo debía estar presente en la política de cualquier país avanzado y que España tenía que dejar de ser una excepción.

El liberalismo no solo es una ideología, sino una forma de vivir y de entender el mundo. El liberalismo político es el creador de la separación de poderes en el Estado, el padre de la soberanía nacional y la ciudadanía frente al absolutismo y los súbditos. Tal y como dice en su articulado la Constitución de Cádiz, «la soberanía española no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia».También forma parte de los fundamentos del modelo liberal la defensa de la propiedad privada, así como de los principales derechos y libertades civiles: libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de empresa, libertad de manifestación y reunión, derecho a la intimidad... Y el liberalismo económico apuesta por el libre comercio, por el esfuerzo, por el mercado y la libre competencia, y lucha contra los abusos monopolísticos, ya sean públicos o privados.

La defensa de valores civiles es otro de los pilares fundamentales de la ideología liberal. La libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a la ley y al Estado de derecho son esenciales para los liberales. El respeto al distinto y a las minorías, y la igualdad de trato ante la ley son dos caras de la misma moneda liberal. Pero también lo son la flexibilidad, la evolución y la adaptación a los nuevos tiempos. El alejamiento de los dogmas permite la adopción de nuevas respuestas ante la aparición de nuevas preguntas. Dicho de otra manera: un liberal debe estar siempre abierto al cambio y a la evolución y alejado del sectarismo.

Finalmente, los liberales defendemos y reivindicamos la igualdad de oportunidades. Aunque muchos digan lo contrario, en la esencia del pensamiento liberal está la idea de la competencia en igualdad de condiciones. Pero no se trata de una igualdad obligatoria. La libertad sin igualdad es insostenible, pero la igualdad sin libertad es insoportable. Es fundamental que el Estado implante medidas de equilibrio para que todos los ciudadanos puedan partir desde la misma línea de salida, y desde ese lugar cada individuo pueda alcanzar las metas que se proponga con su esfuerzo.

¿Por qué, entonces, los liberales nos sentimos tantas veces entre la espada y la pared, o como unos incomprendidos? ¿Por qué tenemos que elegir, por ejemplo, entre educación pública y privada? Yo quiero una educación pública de calidad y competitiva, pero no por ello voy a impedir que los padres puedan escoger el colegio al que quieren llevar a sus hijos. Parece que los liberales casi siempre nos salimos del guion. Muchas veces nos reprochan que no nos «mojamos», que no nos definimos, cuando, en realidad, lo hacemos en cada asunto, pero buscando con libertad la mejor solución según el momento y sin seguir un dogma. Por ejemplo, en la maniqueísta controversia entre lo público y lo privado, creemos que la eficiencia y la calidad deben ser compatibles con lo público. Es más, puesto que el dinero que se invierte es de todos, debería ser obligatoria su exigencia. Y el sector privado, pese a que exista la libertad de mercado, no puede estar exento de una mínima regulación por parte del Estado, para que, precisamente, se garantice la igualdad de oportunidades para competir, evitando así los abusos monopolísticos que perjudican a los consumidores y al resto de competidores.

El liberalismo necesita reivindicar su propia identidad, que está en los matices y en el rechazo a los dogmatismos. Ciudadanos consiguió llegar a mucha gente con estas ideas —más de cuatro millones de votantes— gracias a un discurso moderado que apela a la libertad, a la igualdad de oportunidades, a la unión entre españoles y a los grandes acuerdos de Estado. Por desgracia, si observamos los resultados de los comicios celebrados en el último año, no me queda más remedio que reconocer que no lo hemos logrado del todo.

La forma que en política se ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Continuar simplificando la política a la contraposición de izquierda y derecha nos aboca a un escenario liderado por los extremismos y nos deja sin respuestas complejas ante desafíos complejos. Esto no solo está pasando en España, sino que lo vemos en el resto del mundo. El auge de los populismos es una realidad. Por eso, la principal batalla política e intelectual hay que librarla frente a ellos para defender la democracia. El populismo es el sarampión de la globalización. El mundo global en el que vivimos necesita reformas profundas y adaptación permanente en muchos ámbitos —educación, sanidad, sistema laboral, mundo empresarial—, pero las instituciones actúan con demasiada lentitud y cobardía a la hora de llevarlas a cabo en un tiempo en el que todo se mueve a la velocidad de la luz. El malestar de la ciudadanía, provocado por el desempleo de la clase media trabajadora, la falta de transparencia y la corrupción en las instituciones, animado todo ello por un modelo de comunicación que tiende a la simplificación de los mensajes, ha desembocado en una especie de parálisis generalizada de las democracias. Y los populismos se nutren de todo ello. Si no hay reformas ni respuestas ante los problemas de los ciudadanos, estos movimientos avanzan y, a ojos de muchos ciudadanos, se cargan de razones, porque se caracterizan principalmente por los diagnósticos fáciles: la culpa es de la inmigración, la culpa es del Gobierno, la culpa es de la Unión Europea, la culpa es del capitalismo, la culpa es… De ahí al odio e incluso al enfrentamiento, hay solo un paso.

En abril de 2017, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, Emmanuel Macron, que se enfrentaba a la populista Marine Le Pen, visitó una fábrica de la multinacional Whirpool que había amenazado con llevar su producción a Polonia. El mismo día, Marine Le Pen pidió el voto a los trabajadores de la fábrica prometiendo trabajo para todos y afirmando que la culpa de su incertidumbre era de los inmigrantes y del Gobierno. Cuando Macron llegó a la fábrica, fue recibido con gritos y abucheos, pero logró reunirse con los sindicatos y escuchar sus demandas. Macron demostró una gran valentía cuando explicó a los trabajadores que, a escasos kilómetros de allí, una empresa había apostado por la innovación tras llegar a un acuerdo con los trabajadores. La solución no pasa por poner aranceles a los productos que vienen de fuera, o criminalizar a los trabajadores inmigrantes, sino por la implantación de mecanismos laborales flexibles que permitan llegar a acuerdos y evitar despidos, o formar a los trabajadores con el propósito de que encuentren un nuevo empleo.

Por poner otro ejemplo, contaré lo que me ocurrió en un programa de televisión en el que los ciudadanos hacen preguntas a los políticos. Un taxista me habló de la encrucijada en la que se encuentra su sector con la llegada de las plataformas tecnológicas de movilidad, como Cabify o Uber, que compiten directamente con el taxi tradicional. Me preguntó qué medidas pensaba adoptar yo para garantizar su trabajo, a lo que respondí que, si llegaba a la Presidencia del Gobierno, dedicaría más partidas a las políticas de empleo para que él y otros muchos hicieran cursos de formación en otras disciplinas, para que pudieran formarse y reciclarse, y que desarrollaría una legislación que contemplara una mayor flexibilidad que permitiera a los taxistas competir con las plataformas tecnológicas. «Pero no le voy a mentir —añadí—. No le puedo decir que garantizaré su puesto de trabajo, porque, entre otras cosas, dentro de unos años los coches serán autónomos y, por tanto, no habrá conductores de taxi ni de Cabify». La velocidad a la que se mueve el mundo influye directamente en el mercado laboral y, del mismo modo que no se han mantenido los fabricantes de cabinas de teléfono o los mecanógrafos, la profesión de conductor probablemente desaparecerá, aunque surgirán otras. Contar la verdad a los ciudadanos, aunque sea dura a corto plazo, es una de las principales obligaciones de un líder político, que después tendrá que mostrar agilidad y determinación cuando llegue el momento de aplicar las reformas necesarias para dar herramientas y ofrecer soluciones.

Los políticos populistas y nacionalistas utilizan las emociones mejor que nadie. Son los reyes de la comunicación visceral y de ese modo llegan a mucha gente. Los liberales no podemos renunciar a las emociones, pero deben estar al servicio de lo contrario, de los valores democráticos y de la convivencia. Un gesto de solidaridad, un símbolo de libertad o una acción justa también pueden llegar a emocionar. Un error histórico de los políticos liberales ha sido su excesivo distanciamiento de los sentimientos, como si los valores racionales fueran incompatibles con las emociones. El liberalismo ha pecado de exceso de tecnocracia y ha dejado a los populismos y a los nacionalismos el terreno libre para apelar a ellas y usarlas para sus propósitos. En el Brexit tenemos un ejemplo claro. Los partidarios del «sí» apelaron a las emociones negativas, a los contravalores, dejando a un lado la política racional. En ningún momento hablaron de economía, ni del riesgo de perder las pensiones o de los aranceles, sino del miedo a la inmigración y de que la culpa de los males del Reino Unido los tenía la Unión Europea… En definitiva, de nuevo la responsabilidad era del otro y así canalizaron el hartazgo de buena parte de la clase media y trabajadora británicas. Por eso reivindico que los liberales seamos valientes y que no solo apelemos a la razón, sino también al corazón, porque ni mucho menos son incompatibles.

Para frenar a los populistas hay que combatir su origen, las causas que llevan a los ciudadanos a votarles. Los líderes políticos deberían dedicar más tiempo a ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos y no centrarse tanto en la batalla cuerpo a cuerpo contra los partidarios del populismo. Porque, si les das protagonismo, se convierten en héroes para una parte de la población. Lo vimos durante la campaña de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Casi todos los medios de comunicación se posicionaron en su contra, pero la mayoría de los norteamericanos en realidad había dejado de confiar en los medios y los ataques constantes hicieron que su popularidad creciera como la espuma. Los periodistas, los comentaristas de televisión y sus rivales erraron el tiro y no se dieron cuenta de que Trump estaba conectando con los ciudadanos apelando a sus emociones, y estos, que necesitaban desesperadamente una solución rápida a sus problemas, consideraron que era el líder que mejor los representaba. Muchos se sintieron ninguneados y abandonados por el establishment político y económico, y vieron en Donald Trump a uno de los suyos.

El populismo también ha sabido aprovechar la falta de regulación global a la hora de enfrentarse a determinados problemas del mundo de hoy. Uno de los mejores ejemplos es el del cambio climático y la política medioambiental. La dificultad para llegar a acuerdos globales es palpable y siempre hay Estados que se resisten a implementar políticas medioambientales más restrictivas. Hace poco lo vimos en la Cumbre del Clima que se celebró en diciembre de 2019 en Madrid, de la que nadie pareció irse satisfecho, y lo mismo sucedió con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático pocos días después de que Donald Trump llegara a la Presidencia. Los avances son demasiado lentos porque son muchos los países implicados, y esa tardanza la aprovechan los populismos para enviar sus mensajes nacionalistas y tratar así de manipular a los ciudadanos y posicionarlos contra los avances de la globalización y la cooperación internacional.

En España, hace seis años, nadie hubiera creído que el populismo estaría presente en el Gobierno y en la oposición. Sin embargo, el PSOE ha pactado con Podemos y gobiernan en coalición, y Vox es la tercera fuerza en el Congreso. El problema no es tanto que hayan entrado en las instituciones como que estén contagiando, en forma y fondo, al resto de las formaciones, que no paran de hablar de ellos y de mirarles de reojo.

La estrategia que ha seguido Pedro Sánchez para llegar a la Presidencia del Gobierno ha dado alas al populismo de ambos extremos. Por un lado, ha permitido que Podemos entre en el Ejecutivo —con el apoyo de los nacionalistas separatistas—, y por otro, ha fomentado estratégicamente el protagonismo de Vox para movilizar, mediante el miedo, a su electorado de izquierdas más escéptico. Lo vimos con la polémica del mal llamado «pin parental» en la educación o con el show televisado de los huesos de Franco en plena campaña electoral. Me temo que esta dinámica va a contagiar a las demás fuerzas políticas, que entrarán al trapo de las provocaciones victimistas de los populistas, y así seguiremos años instalados en la batalla estéril entre izquierda y derecha en lugar de ir hacia adelante.

En este momento estamos lejos de que los constitucionalistas lleguen a un acuerdo, y creo que a lo largo de esta legislatura presenciaremos un buen número de debates inútiles que solo aportan más odio y sectarismo entre compatriotas. Este nuevo guerracivilismo está creando un ambiente irrespirable e irresponsable. Los desafíos a los que nos enfrentamos se cuentan por decenas, y no podemos perder el tiempo abriendo heridas del pasado. A estas alturas, «las dos Españas» debería ser tan solo un capítulo finiquitado de nuestra historia, y no un ring en el que pelean artificialmente políticos y tertulianos. El hecho de que la mayoría de partidos, medios y ciudadanos siga etiquetándose de izquierdas o de derechas revela que aún nos queda mucho camino por recorrer. Ser liberal entre las dos Españas, aunque estemos en pleno 2020, continúa siendo un deporte de riesgo en un país que sigue batiéndose a garrotazos.

8
ADVERSARIOS, ENEMIGOS Y AMIGOS

El Partido Popular gobierna desde hace unos meses. Estamos en la primavera de 2016 y acudo a primera hora de la mañana a la reunión en La Moncloa con el presidente Mariano Rajoy. Se trata de un desayuno discreto, alejado de los focos, entre el jefe del Ejecutivo y yo. La relación con Rajoy no es mala, pero debería ser más fluida, teniendo en cuenta la cantidad de asuntos que hay sobre la mesa y la inestabilidad del panorama político. Rajoy gana en la distancia corta y, pese a nuestras diferencias más obvias, poco a poco hemos ido cogiendo confianza. Sin embargo, en las cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción y con la regeneración política coincidimos poco o nada. Es por eso que en nuestros encuentros de seguimiento del acuerdo de investidura ambos procuramos tratar aquellos temas en los que estamos de acuerdo y los más espinosos los dejamos para que los resuelvan nuestros respectivos equipos. El primer asunto del que hablamos es Europa, y el presidente del Gobierno me cuenta lo que han acordado los primeros ministros y presidentes en el último Consejo Europeo. También en nuestro orden del día se encuentra la marcha de la economía y la negociación de los Presupuestos entre el Gobierno y Ciudadanos. Y, finalmente, el tema recurrente en todas las reuniones: la amenaza secesionista en Cataluña. Los dos estamos convencidos de que hay que defender la Constitución y bajo ningún concepto se permitirá que los políticos separatistas se salten la ley.

La reunión dura alrededor de una hora. En un momento de la conversación sale a relucir el último caso de corrupción que ha salpicado al PP, que puede poner en riesgo el pacto de investidura. Decidimos que sean José Manuel Villegas y Fernando Martínez-Maíllo quienes hablen a fondo de ello y busquen una solución. Al final de la reunión, Rajoy y yo acordamos vernos una vez al mes en reuniones discretas como esta, más allá del trabajo de nuestros equipos, para darle estabilidad a nuestro acuerdo y lograr que salgan adelante las reformas que hemos pactado. Los dos estamos seguros de que el acuerdo que alcanzamos en agosto de 2016 es bueno para el país y hacemos lo posible por rebajar la tensión.

Unos días después doy una rueda de prensa y contesto algunas preguntas valorando cómo avanza el pacto de investidura. Nada más terminar, un corrillo de periodistas me rodea. «¿No te parece que, siendo el principal socio del Gobierno, deberías ver y hablar más con el presidente?», me preguntan. A lo que respondo: «Probablemente, Rajoy y yo nos vemos y hablamos menos de lo que deberíamos, pero bastante más de lo que pensáis».

En política, lo habitual es tener adversarios —ni amigos ni enemigos— con los que compites en las urnas, a quienes controlas si están en el Gobierno o que te controlan si se encuentran en la oposición. Con ellos suele haber diálogo cuando se tratan asuntos de Estado, pero normalmente se discrepa en las cuestiones de carácter ideológico. Por desgracia, en mis trece años de carrera política, no solo me he encontrado con adversarios, sino también con algunos «enemigos», principalmente por lo sucedido en Cataluña y por el golpe a la democracia que se produjo en el otoño de 2017. Y debo reconocer que ha sido una grata sorpresa —y un placer— mantener una relación de cordialidad, e incluso de amistad, con algunas personas de otras formaciones políticas y, por supuesto, con numerosos miembros de Ciudadanos.

Dentro del grupo de los adversarios políticos destaco al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nuestra relación fue de más a menos y de menos a nada, pero es cierto que en febrero de 2016 firmamos un acuerdo de investidura, cuyo objetivo era sacar al país del atolladero en el que se encontraba. Recordemos que Mariano Rajoy rechazó presentarse a la investidura como presidente del Gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, y España entró en una situación de bloqueo institucional sin precedentes. Aquel acuerdo entre Sánchez y yo, firmado in extremis, que llamaron «el pacto del abrazo», contenía doscientas reformas que habrían podido ser una buena hoja de ruta para el país. Sin embargo, los dos sabíamos que era prácticamente imposible que la investidura saliera adelante porque ni el Partido Popular ni Podemos se abstendrían. Aunque fueron nuestros respectivos equipos quienes más trabajaron en la redacción de aquellos doscientos puntos, Sánchez y yo hablábamos con frecuencia e incluso nos encargamos directamente de cerrar los últimos flecos.

El cambio se produjo a raíz de la moción de censura a Mariano Rajoy del 31 de mayo al 1 de junio de 2018. Previamente, la profunda crisis por la que pasó el PSOE provocó el cese de Sánchez como secretario general del partido, que durante unos meses estuvo dirigido por una gestora. Es cierto que esta circunstancia nos distanció, aunque en ningún momento pensé que su regreso supondría la desaparición de nuestros puntos de encuentro. Sánchez presentó la moción de censura a Rajoy de la mano de Podemos y de los separatistas para quedarse en el poder con su apoyo, decisión que en ningún caso nosotros podíamos aceptar y que, por tanto, puso el punto y final a nuestra relación.

Pedro Sánchez había repetido en infinidad de ocasiones que nunca pactaría con los separatistas, pero sabía que si no lo hacía difícilmente llegaría al poder. Su forma de convertirse en presidente del Gobierno define muy bien qué clase de político es. Ha demostrado una gran habilidad, incluso enfrentándose a los sectores más moderados del PSOE. Después de obtener los peores resultados de su partido en las elecciones del 26 de junio de 2016, Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno dos años más tarde y logró mantenerse en el poder tras las elecciones del 28 de abril de 2019. Tanto él como su equipo más cercano han desarrollado una estrategia ganadora, eso es innegable, pero ¿a qué precio? Han metido en el Gobierno a los populistas de Podemos y han entregado las llaves de la gobernabilidad a los partidos que han intentado liquidar nuestra democracia y que sigan amenazando con volver a hacerlo. Creo que Sánchez es capaz de cualquier cosa para lograr sus fines, pero me parece una grave irresponsabilidad lo que ha hecho para gobernar.

Desde que entré en política siempre he defendido —ya lo he dicho en estas páginas— que la política nacional debería girar en torno a grandes acuerdos entre los partidos constitucionalistas, y que necesitamos abandonar la dicotomía izquierda-derecha y buscar ejes transversales que nos permitan llevar a cabo las grandes reformas que los españoles reivindican. Sin embargo, Pedro Sánchez adoptó una posición inaceptable para los constitucionalistas y, además, cuando se convirtió en presidente del Gobierno, sufrió una especie de «podemización» en materia económica hacia la cual yo me mostré muy crítico. A Sánchez le preocupaban más nuestras críticas que las del PP o Vox, porque, al fin y al cabo, ideológicamente no estábamos tan lejos desde el punto de vista social y, por tanto, el riesgo de transferencia de voto a Ciudadanos era más alto que a los dos partidos conservadores. Sánchez no se sentía cómodo conmigo en la oposición.

Ciudadanos y yo pasamos a ser su principal adversario y, a la vez, la amenaza más seria para el bipartidismo, una amenaza que poco a poco se fue haciendo evidente. Recuerdo aquella famosa sesión de control en la que, después de diversas especulaciones en los medios, pregunté directamente a Sánchez por su tesis doctoral y le invité a hacerla pública. En ese momento le cambió el gesto y, con la mandíbula apretada y el dedo levantado, me dijo: «Te vas a enterar, te vas a enterar…». Aunque en ese momento no había micrófonos encendidos, todo el Hemiciclo pudo verlo y oírlo. Pocas semanas después me llamó el director de un medio de comunicación que había estado con Sánchez en La Moncloa y me aconsejó que tuviera cuidado, que Sánchez estaba muy molesto conmigo y que me había acusado de desleal. A partir de entonces nuestra relación terminó siendo inexistente, sobre todo desde que en la ejecutiva de Ciudadanos —dos meses antes de las elecciones del 28 de abril de 2019— llegamos a la conclusión, por unanimidad, de que España necesitaba un cambio de presidente y que únicamente gobernaríamos en un Gobierno de coalición con el PP. Si no conseguíamos mayoría suficiente, seguiríamos en la oposición. Mientras Sánchez estuviera al frente del PSOE y siguiera vigente su estrategia de pacto con los separatistas, nosotros no nos plantearíamos gobernar con los socialistas.

El 28 de abril conseguimos cincuenta y siete diputados, lo que supuso un éxito rotundo para Ciudadanos. Aun así, Sánchez acabó con la amenaza creciente que le suponía nuestro partido llevándonos a una calculada repetición electoral en un país cada vez más polarizado. Nosotros sufrimos un fuerte batacazo y el PSOE volvió a ganar las elecciones. Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno y se ha consolidado como líder indiscutible del PSOE. Yo he dejado mi cargo, mi escaño y la política, y he vuelto a la sociedad civil. Solo la historia dirá si su trayectoria y su manera de llegar y de mantenerse en el poder han sido positivas para España, o si, por el contrario, su Gobierno con los populistas y su alianza con los separatistas nos costarán caros a todos los españoles.

Con Mariano Rajoy, por el contrario, mi relación fue de menos a más. Cuando Ciudadanos dio el salto a la política nacional, nuestra posición respecto a la corrupción y el inmovilismo del PP era irreductible, y las campañas previas a las elecciones de diciembre de 2015 y de junio de 2016 estuvieron marcadas por la dura crítica a los cuatro años de gobierno con mayoría absoluta de los populares. Incluso llegamos a pedir que el PP cambiara de candidato porque Rajoy era un obstáculo para la regeneración. Sin embargo, la coyuntura política tras la repetición electoral de junio de 2016 nos llevó a elegir entre unas terceras elecciones o un acercamiento de posiciones para que Mariano Rajoy fuera investido presidente y, de ese modo, se pusiera en marcha la legislatura. Nos decantamos por la segunda opción y, como consecuencia, mi relación con Rajoy cambió sustancialmente.

A pesar de los tropezones y encontronazos —que los hubo, y muchos—, el expresidente y yo nos vimos obligados a entendernos en diversos asuntos clave para la marcha del país. La situación de Cataluña se iba complicando diariamente y las amenazas de los separatistas propiciaron un acercamiento entre ambos que se transformó en alianza frente a los que atentaban contra la Constitución, aunque los tira y afloja en el Congreso de los Diputados eran constantes. Creo que Mariano Rajoy supo adaptarse, aunque fuera a regañadientes, a los tiempos que iba marcándole Ciudadanos y a aceptar las demandas reformistas de la sociedad española. A su vez, nosotros tuvimos que moderar nuestras exigencias y aceptar los ritmos en la toma de decisiones de Rajoy, como ocurrió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución o con las negociaciones de los Presupuestos. Tanto Mariano Rajoy como yo tuvimos que ceder en nuestras respectivas formas de entender la política, y del escepticismo y la crítica pasamos al entendimiento en lo fundamental y al respeto mutuo, tanto en el ámbito político como en el personal.

Mariano Rajoy salió censurado de aquella moción encabezada por el PSOE y durante varios meses apenas tuvimos relación. Sin embargo, cuando el 11 de noviembre de 2019 comuniqué mi decisión de abandonar la presidencia de Ciudadanos y la vida pública, el expresidente me envió un mensaje de apoyo en el que me aseguraba que «hay vida más allá de la política». Se lo agradecí. Posteriormente, hemos conversado acerca de algunos asuntos familiares, hemos recuperado el contacto e incluso hemos almorzado juntos algún día, ahora que los dos hemos dejado la política.

Creo que no me equivoco si digo que el expresidente, tras abandonar la vida pública, ha convertido sus debilidades en fortalezas. El mismo Rajoy que en 2015 era un obstáculo para la regeneración y las reformas, y que no tomaba las decisiones ágiles que el país necesitaba, con el paso del tiempo, y tras la convulsión política que se produjo con la última repetición electoral, con la fragmentación parlamentaria y, sobre todo, con un Gobierno «podemizado» y tutelado por los separatistas, paradójicamente se ha convertido en una figura más respetada. Rajoy era un hombre previsible y poco amante del riesgo y del cambio y, visto lo visto, es probable que una parte de los españoles hubiera preferido «lo malo conocido que lo bueno por conocer».

Mi relación con Pablo Iglesias ha estado marcada por los contrastes. Nuestros orígenes ideológicos se sitúan en las antípodas. Él viene de una tradición comunista con vínculos con países populistas latinoamericanos, mientras que yo me formé en el sector privado, en el mundo económico y jurídico, y desde el punto de vista político soy un liberal. Aun así, teníamos algunas cosas en común: los dos pusimos en marcha sendas plataformas civiles que en poco tiempo se convirtieron en partidos políticos de ámbito nacional; los dos entramos al mismo tiempo en el Congreso y los dos nacimos políticamente en la era de la comunicación digital, muy lejos de las viejas formas del PP o del PSOE. Antes de estar en la primera línea de la política, Iglesias y yo habíamos coincidido en algunas tertulias y debates en televisión y radio, y nuestros equipos estaban formados por gente muy joven que dominaba la comunicación y el lenguaje de Internet.

La cercanía generacional y las afinidades en la forma de comunicar deberían habernos permitido mantener una relación, si no estrecha, sí al menos periódica e incluso más cordial, y ser capaces de buscar algunos puntos de encuentro pese a nuestras claras diferencias. Sin embargo, la distancia ideológica en un país cada vez más dividido, cuya actividad política está en permanente exposición en los medios de comunicación y en las redes sociales, ha dificultado la conversación, el diálogo e incluso el acuerdo entre distintos. La imagen que mejor demuestra esto que digo es la foto, y el consiguiente tuit, que publicó el alcalde socialista Óscar Puente, en la que aparecíamos Iglesias y yo tomando un café en la cafetería del Congreso. Puente nos acusaba de estar poco menos que conspirando; es decir, intentaba que se nos penalizara simplemente ¡por hablar! ¿Qué mensaje se está enviando a los ciudadanos si criminalizas el mero hecho de conversar en un bar? Les estás diciendo que no hablen con quien piensa diferente. Esta forma de actuar tan solo conduce al sectarismo y al enfrentamiento, y niega el espacio para el diálogo y el respeto mutuo.

La otra parte de nuestro desencuentro fue fruto de los recelos mutuos y de alguna que otra «entrada sucia». En alguna ocasión, desde la tribuna, mientras nuestros equipos intentaban llegar a algún acuerdo para reformar la ley electoral o suprimir los aforamientos —asuntos en los que, al menos sobre el papel, deberíamos haber estado de acuerdo—, Iglesias me llamó «fascista», sabiendo que se trata de un insulto inaceptable para un demócrata. Yo acepto el juego duro —de hecho, sé jugar duro si hace falta—, pero ni tolero ni practico el insulto ni el juego sucio. Esos «pisotones» gratuitos generaron desconfianza e impidieron un acercamiento leal.

Existen demandas transversales de la sociedad en las que no debería importar qué grupo político las propone. En un Parlamento tan fragmentado como el nuestro resulta del todo imprescindible que dos que piensan diferente se pongan de acuerdo y terminen votando juntos. Y en ningún caso llegar a pactar puede convertirse en un arma arrojadiza. Una cosa es gobernar juntos y otra muy distinta es votar leyes juntos. Para gobernar debe existir una cierta afinidad ideológica; de lo contrario, el Gobierno se diluye en un mar de contradicciones y reproches. Yo nunca gobernaría con Podemos, pero sí me veo capaz de negociar y aprobar una ley con Podemos, con Vox, con el PP o con el PSOE. La falta de cultura democrática y las formaciones que diariamente resucitan la dicotomía izquierda-derecha nos conminan a seguir pensando en rojos y azules y en «conmigo o contra mí», circunstancia que da lugar a la criminalización de la pura negociación política y del pacto. Mi relación con Pablo Iglesias es el paradigma de esta imposibilidad creada: diferencias ideológicas, casi todas, pero creo que el poco espacio de diálogo o de entendimiento que pudiera existir desapareció a causa de la dinámica del enfrentamiento constante que se ha instalado en la política española.

A Pablo Iglesias hay que reconocerle su habilidad para poner en marcha la coalición de Podemos y liderar inicialmente un equipo con voces distintas. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado están al frente de partidos con muchos años de historia y con estructuras inmensas. Ellos pilotan el coche, pero el coche corre desde hace décadas… Iglesias y yo sabemos lo que es empezar de cero, construir el coche, pilotarlo y encontrarte con obstáculos en cada curva. Más allá de nuestra distancia ideológica, también valoro su capacidad de comunicar para los suyos. Pero creo que en ocasiones su visceralidad ha jugado en su contra, como ocurrió cuando en 2016 decidió bloquear el pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos sin siquiera contemplar la posibilidad de abstenerse. Eso le pasó factura, así como su negativa a aceptar, después de las elecciones del 28 de abril de 2019, un Gobierno en coalición con el PSOE… Y todo por una pelea por los sillones ministeriales.

Es cierto que hoy está en el Gobierno como vicepresidente de Sánchez, pero en 2016 llegó a estar por delante del PSOE en estimación de voto en todas las encuestas. Incluso llegó a llamar a Pedro Sánchez la noche electoral del 26 de junio de 2016 para pedirle su eventual apoyo ante el inminente sorpasso que avanzaban las encuestas a pie de urna, pero que nunca se produjo. Ahora tiene cuatro veces menos escaños que los socialistas y la Presidencia del Gobierno es para él una meta casi inalcanzable.

Por último, quiero señalar que Iglesias ha sido víctima de sus propias trampas populistas. El único responsable de la polémica a cuenta de su chalé en Galapagar fue él. Si no hubiera dicho tantas barbaridades sobre todos los políticos que tienen casas en propiedad, si no hubiera aplaudido escraches contra compañeros de otros partidos, si no hubiera criminalizado a todos los españoles que se ganan bien la vida, que piden una hipoteca o que aspiran legítimamente a vivir en casas como la suya, no habría sido el protagonista de un asunto que dañó su imagen y su credibilidad. Nunca le he criticado, ni a él ni a su pareja, por querer ser dueños de una casa y firmar una hipoteca con un banco, pero siempre le reprocharé que intentara criminalizar a todos los que defendemos la propiedad privada, el capitalismo, la libertad de empresa y el esfuerzo.

La historia de mi relación con Santiago Abascal es bastante contradictoria. Le conocí en el verano de 2008, en Santander, cuando era diputado del PP vasco, en unas jornadas organizadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) que él presidía, a las que asistimos diversos cargos de partidos constitucionalistas. Su familia siempre estuvo amenazada por ETA y, como a otras muchas víctimas, siempre le mostré mi apoyo. También coincidimos en alguna concentración en Cataluña en defensa de la Constitución y la unidad de España. En aquella época no era un político que destacara por sus posiciones ultraconservadoras. En 2014, junto a José Antonio Ortega Lara, José Luis González Quirós e Ignacio Camuñas, fundó un partido político, Vox, que se quedó a las puertas del Parlamento Europeo en las elecciones de ese año. Sin embargo, a raíz, sobre todo, del desafío separatista en Cataluña, el partido creció como la espuma, llegando a convertirse, tras las elecciones de noviembre de 2019, en la tercera fuerza política del Hemiciclo con cincuenta y dos escaños.

Me cuesta reconocer al Abascal que yo conocí hace años en el País Vasco en los discursos que pronuncia ahora, especialmente en aquellos que tratan de inmigración, asuntos LGTBI, aborto, gestación subrogada o el uso de armas de fuego. En todos esos asuntos, Abascal y yo estamos en las antípodas. Me pregunto si su radicalización ha sido el resultado de una evolución ideológica o si se trata de una estrategia para ocupar el espacio más conservador a la derecha del PP. En ocasiones, mientras le escucho, no estoy seguro de que él mismo se crea todo lo que dice. Por ejemplo, me ocurrió durante el último debate electoral, donde Abascal hizo un discurso claramente antiautonómico cuando muchos sabemos que durante años él mismo vivió gracias al «dedazo» del Gobierno del PP madrileño, en esos «chiringuitos» regionales que ahora critica a diario.

En cualquier caso, le reconozco la capacidad de haber sabido «leer» la coyuntura política del país y de aprovechar el momento adecuado para salirse del PP y poner en marcha un partido nuevo. Más allá de coincidir con él en la defensa de la unidad de España, creo que su estrategia —compartida con Sánchez— de alimentar la lógica de «progres contra fachas»le está funcionando bien en las urnas. Sin embargo, creo que a medio plazo esa estrategia será perjudicial para España. Quiero creer que la mayoría de los españoles preferimos hablarnos y respetarnos antes que despreciarnos y odiarnos.

Mi relación con Pablo Casado ha sido lineal y coherente respecto a los papeles que los dos hemos desempeñado. Nos conocimos participando en tertulias políticas de diferentes programas de televisión. Él era portavoz de las Nuevas Generaciones del PP y, posteriormente, vicesecretario general de comunicación. Así que le vi defender con aparente convicción lo que a muchos nos parecía indefendible: los múltiples casos de corrupción de su partido. Siempre pensé que menudo papelón le había tocado… Casado es un hombre joven, educado y amable.

Nuestros orígenes políticos son muy diferentes: nacido en Madrid y sin experiencia profesional previa, creció políticamente en el PP y terminó formando parte de la ejecutiva y resultando vencedor en un congreso de compromisarios. Mi caso es el opuesto: yo vengo de la sociedad civil, trabajaba en una empresa privada y en ningún momento me planteé ser el presidente de un partido político hasta que nació Ciudadanos y acabé en ese puesto sin quererlo y contra todo pronóstico. Estas diferencias de origen no impidieron que Casado y yo nos entendiéramos y, si hubiéramos sumado tras las elecciones de abril de 2019, estoy seguro de que habríamos podido formar juntos un Gobierno razonable, tal y como se está demostrando con los acuerdos que las dos formaciones tienen en los Gobiernos de varias comunidades autónomas y numerosos municipios de toda España.

Nuestra buena sintonía personal no nos impedía que en las campañas debatiéramos con firmeza y claridad, porque ambos aspirábamos legítimamente a ser la alternativa de Pedro Sánchez y sus aliados. Pero nunca jugamos sucio entre nosotros. Los dos estuvimos de acuerdo en que las negociaciones para gobernar en coalición en autonomías y municipios las llevaran nuestros respectivos equipos —liderados por Teodoro García Egea y José Manuel Villegas—, porque sabíamos que era la mejor manera de no erosionar nuestra relación y de guardarnos siempre un cartucho por si las conversaciones se estancaban.

Para terminar, me parece justo destacar la defensa pública que Pablo Casado hizo de mí en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura del actual presidente del Gobierno, el 4 de enero de 2020. Pedro Sánchez se refirió a mi dimisión desde la tribuna, a lo que Casado respondió: «Ojalá fuera usted la mitad de patriota que Rivera». También cuando me despedí de la política, el líder de los populares escribió un afectuoso tuit en el que me definió como «un gran político y un patriota que ha defendido la libertad y la concordia donde más difícil era». Cuando al día siguiente me enteré de sus palabras en el Congreso, le escribí para darle las gracias por su generosidad. Me parece un síntoma de salud democrática que, de vez en cuando, los rivales se reconozcan sus méritos y muestren públicamente su respeto mutuo.

Cuando entré en política, no me imaginaba que terminaría catalogando de enemigos a algunos políticos a los que únicamente debería haber considerado rivales. Por desgracia, el delirio separatista ha llegado a tal punto que el simple hecho de defender la Constitución implica que te coloquen en la diana y que seas víctima de ataques inaceptables en cualquier democracia. Por ser constitucionalistas, mi familia y yo hemos recibido amenazas, me han señalado como «enemigo de Cataluña», me han intentado amedrentar y he llegado a sentir miedo por las actuaciones de algunos «incontrolados» no tan incontrolados.

Yo no considero enemigos a los votantes de los demás partidos, aunque sean independentistas. Por muy alejados que estemos en nuestros planteamientos y en nuestra manera de entender el mundo, son mis paisanos, muchos de los cuales han optado por radicalizarse, seguir un dogma y creer las mentiras que otros, a sabiendas, cuentan desde hace años. Los políticos separatistas han demostrado una gran irresponsabilidad y han generado mucho dolor, miedo y odio en millones de ciudadanos. Ellos son los verdaderos enemigos de la democracia y de la convivencia, y por eso se han convertido, sin yo quererlo, en mis enemigos.

Me voy a referir primero a los dos que llevaron la voz cantante en el golpe separatista del otoño de 2017, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El primero es un prófugo de la justicia que tarde o temprano —eso espero— acabará en la cárcel; el segundo está en prisión cumpliendo condena por un delito de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia —aunque en tan solo unos meses ya ha pisado la calle por los beneficios penitenciarios que le ha concedido la Generalitat—. Por último mencionaré al actual presidente inhabilitado de la Generalitat, Quim Torra, que ha demostrado una irresponsabilidad aún mayor, si cabe, que sus predecesores.

A Carles Puigdemont lo conocí cuando él y yo éramos diputados de la oposición, durante el tripartito liderado por el socialista José Montilla. Por aquel entonces, se encargaba de los asuntos de medios de comunicación en el grupo parlamentario de CiU y era una de las voces más radicales de la corriente separatista de su partido. Aunque se trataba de un ala minoritaria en Convergència, poco a poco Puigdemont fue adquiriendo fuerza dentro de la formación y llegó a convertirse en el alcalde de Girona entre 2011 y 2016, gracias al apoyo de la CUP, el partido separatista y antisistema más radical del Parlamento catalán, y, posteriormente, en presidente de la Generalitat en sustitución de Artur Mas. En realidad, su elección como president fue de rebote y en el último instante, y sucedió porque tanto la CUP como Esquerra Republicana se negaron a dar el visto bueno a Mas, obligando a este a buscar un sustituto.

Carles Puigdemont es lo opuesto de lo que debe ser un presidente. Un presidente autonómico debe ser responsable y hacer pedagogía de la convivencia y el respeto; debe representar a todos los ciudadanos y aunar a la sociedad, y debe cumplir y hacer cumplir las leyes. Puigdemont se ha caracterizado precisamente por hacer todo lo contrario: ni cumplía las leyes, ni respetaba a la mayoría constitucionalista catalana, ni unía a la sociedad. Y, por si fuera poco, ha demostrado una cobardía difícil de superar. Después de declarar ilegalmente la secesión de Cataluña y de llevar al conjunto de España a una situación de incertidumbre y preocupación nunca vista en nuestra democracia, se escapa —reconociendo así implícitamente la gravedad de sus acciones delictivas—, huye de la justicia y utiliza de manera grotesca su «cargo» como expresident de la Generalitat. Puigdemont se convirtió en una caricatura de sí mismo y en alguien vergonzante para muchos catalanes. Como decía Josep Tarradellas, en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Él ha hecho daño a Cataluña y, además, ha hecho el ridículo.

En septiembre de 2018, mantuve un rifirrafe con la presentadora del programa Els Matins de TV3, y acusé a la cadena de televisión catalana de manipular y de ser un aparato de propaganda separatista —hablaré de esto en el capítulo 10—. Puigdemont, sin mencionar mi nombre, escribió este tuit:

Es comprensible que quien tiene como modelo de verdad y rigor la prensa española de los grandes grupos de comunicación, que lo enjabonan para desayunar, comer y cenar, piense que TV3 miente.

Asombroso viniendo de un fugado de la justicia que convirtió TV3 en «Tele-Puigdemont»… Pocos minutos después contesté:

Señor Puigdemont, deje de hacer de comentarista y preséntese inmediatamente en los juzgados para responder de su procesamiento por malversación de fondos públicos y rebelión.

Espero sinceramente que se haga justicia y que sean los jueces y no los políticos quienes decidan su futuro. Puigdemont es un caso claro de irresponsabilidad y burla a los ciudadanos. La sociedad catalana y la española en su conjunto no se merecen a políticos como él.

Al contrario de lo que muchos piensan, Oriol Junqueras siempre ha sido el «pata negra» del separatismo, el líder del partido que lleva décadas defendiendo la secesión: Esquerra Republicana. Sus formas amables y su disfraz de «poli bueno» le han permitido ganarse a una parte de la opinión pública, aunque es tanto o más peligroso que Puigdemont. Incluso llegó a sembrar ciertas dudas en el Gobierno central, que pensaba que Junqueras era el mejor interlocutor para negociar las partidas presupuestarias de Cataluña. De hecho, mientras Puigdemont amenazaba con violar las leyes, él disimulaba y se reunía con la vicepresidenta del Gobierno y se mostraba dispuesto a hablar de cualquier cosa. Llegué a comentarle a Rajoy en privado que no se fiaran de él, porque es uno de los políticos más sibilinos y cínicos que ha habido en este país.

Junqueras fue el ideólogo del proceso separatista y, cuando se leen sus escritos, uno se da cuenta de que está ante una persona de ideas racistas y retrógradas. Para justificar sus tesis, ha llegado a defender una genética catalana distinta a la española y siempre ha sido partidario de la fractura de España, cueste lo que cueste.

Oriol Junqueras, que ocupaba el cargo de consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, fue el primero que se enfrentó al Gobierno central cuando, tras la aprobación de la «ley de transitoriedad jurídica» (6-7 de septiembre de 2017), le comunicó al ministro Cristóbal Montoro que Cataluña tenía sus propias finanzas y que él ya no rendía cuentas ni al ministro de Hacienda ni al Gobierno de España. Aquella declaración fue un jarro de agua fría para el Ejecutivo de Rajoy, y cayeron las vendas de los ojos de quienes veían en él a un hombre moderado. Cuando se investigó el referéndum ilegal del 1 de octubre, se descubrió que desde la Consejería de Economía se había organizado la trama delictiva necesaria para su celebración.

El 14 de febrero de 2019, durante el juicio del procés, Junqueras llegó a declarar lo siguiente:

Yo amo a España. Amo a la gente y a la cultura española. Lo he dicho mil veces porque es verdad.

¿Hay algún ejemplo más claro de cinismo? Poco después de conocer estas declaraciones, escribí el siguiente tuit:

«Amo a España», dice el golpista Junqueras. Los que amamos a España no tratamos de liquidar a España ni damos golpes de Estado contra nuestra democracia ni decimos que los catalanes tenemos genes distintos a los del resto de españoles, como hace usted. Cinismo puro.

Por si quedaba alguna duda, el 28 de enero de 2020, durante su comparecencia en la comisión de investigación del artículo 155 que se celebró en el Parlament, y a la que acudió en calidad de testigo, Junqueras terminó su intervención con estas palabras: «Queremos volver a ejercer la autodeterminación. La volveremos a ejercer». Poco más que añadir.

Solo una pocas palabras para referirme al presidente Quim Torra —inhabilitado por la justicia como diputado en el Parlament—, con el que no he tenido relación, si bien me parece reseñable su procedencia ideológica. Torra es un hombre ultraconservador, aficionado a los discursos xenófobos, que llegó a la Presidencia de la Generalitat también de rebote y logró lo que parecía imposible: hacer bueno a Puigdemont o, al menos, igualarle en capacidad de generar despropósitos y de alejarse de la realidad. Que un personaje acepte ser presidente sustituto, o presidente en la sombra, asumiendo así que el «verdadero» está en el mal llamado «exilio», como si España fuera un país en guerra, y que él no es más que un enviado, dice mucho de quién es Torra como político. Además, se caracteriza por su virulencia verbal, que ha superado a la de los presidentes anteriores.

Quim Torra fue llamado por la justicia a declarar por su relación con los comandos separatistas (CDR), que podrían haber llegado a planear actos terroristas. Si esta relación llegara a confirmarse, estaríamos ante un hecho sin precedentes en la democracia española. Ni siquiera en los peores tiempos en el País Vasco un lehendakari llegó a apoyar o a aplaudir públicamente acciones de esta naturaleza. Sea como fuere, Torra pasará a la historia por aquella frase de «apreteu i feu bé d’apretar» («apretáis y hacéis bien en apretar»). Y vaya si apretaron… Destrozaron y quemaron Barcelona, cortaron calles, carreteras, vías de tren, aeropuertos, quemaron cientos de contenedores, hirieron a decenas de policías y mossos… Después de la sentencia del juicio del golpe separatista del 1 de octubre, la capital de Cataluña se sumió en el caos, tal y como había pedido el president de la Generalitat. Nunca habíamos visto a un presidente autonómico cortando autopistas en su coche oficial. Torra y el exlehendakari Juan José Ibarretxe se bajaron del vehículo y comenzaron a caminar por la AP-7, una de las principales vías de comunicación del Estado, con el propósito de que ningún coche circulara por ella. Una escena inaceptable en democracia, pero sin consecuencias políticas ni judiciales para el líder separatista.

Reconozco que me siento afortunado por haber mantenido una buena relación con personas con las que, aun perteneciendo a formaciones competidoras, he encontrado más afinidades que diferencias. En este grupo hay miembros del PSOE de la llamada «vieja guardia», algunos presidentes autonómicos y cargos orgánicos importantes, como Nicolás Redondo, un referente de la lucha constitucionalista en el País Vasco; Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid y una de las mentes más lúcidas frente a la amenaza nacionalista, o Alfonso Guerra, a quien, más allá de nuestras diferencias ideológicas, considero uno de los políticos más brillantes a la hora de doblegar intelectualmente al separatismo. Guerra se ha convertido en la voz constitucionalista más nítida dentro del PSOE, lo que le costó perder la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias tras el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido.

Tengo una relación cordial con algunos presidentes autonómicos socialistas, como Emiliano García-Page, con quien he coincidido en algún almuerzo con amigos comunes. Hablamos por teléfono con cierta frecuencia y, mientras fui presidente de Ciudadanos, nos hemos reunido en alguna ocasión en la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Pepe Bono era el presidente de las Cortes cuando yo aún era diputado autonómico y me invitó a una reunión en la que le expliqué lo que estaba sucediendo en Cataluña. Sus posiciones siempre han sido claras frente al nacionalismo y eso nos unía. Después mantuvimos el contacto y hemos almorzado juntos en varias ocasiones.

De mi etapa en Cataluña destaco mi amistad con Higini Clotas, el que fuera vicepresidente del Parlamento catalán. A pesar de mis discrepancias con la dirección de su partido, el PSC, Higini era la voz de la experiencia, un hombre elegante, moderado, amable y capaz de buscar siempre el entendimiento entre distintos. Mantenemos el contacto desde entonces y siempre le agradeceré que me ayudara cuando yo era un novato recién llegado a la política catalana y tenía que organizar un grupo parlamentario en el Parlament al que prácticamente todos se oponían.

De la nueva generación del PSOE, con la persona con la que he llegado a entablar una buena relación, sobre todo después de que él dejara la política, ha sido con Eduardo Madina. El hecho de que los dos defendiéramos la Constitución y la libertad en los territorios donde más se las ha atacado, País Vasco y Cataluña, y que los dos seamos más o menos de la misma generación, nos permitió un entendimiento inmediato y sincero. De alguna manera, salvando las distancias, yo podía entender lo que Madina había vivido en Euskadi. Él siempre ha estado al lado de las víctimas del terrorismo y, de hecho, es una de ellas, por lo que siempre ha tenido y tendrá mi apoyo y mi respeto. Además, cuando abandonó la vida pública, fichó por la empresa privada y fue uno de los primeros que me escribió un mensaje de apoyo después de mi dimisión.

También hice buenas migas con Maurici Lucena, a quien conocí cuando él era portavoz del PSC en el Parlamento catalán y con quien, a pesar de su salida de la política hace unos años, mantuve y mantengo relación en su nueva etapa profesional en el sector empresarial (estuvo en el Banco Sabadell y actualmente es el presidente de AENA).

En el círculo del PP, quiero mencionar a Cristina Cifuentes, con quien ya tenía una buena relación antes de que ella ocupara un cargo institucional de peso. Nos conocimos en alguna tertulia de televisión a la que ella acudía como diputada autonómica del PP y yo como diputado de Ciudadanos en Cataluña. Años después, cuando ganó las elecciones autonómicas y se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid, seguimos teniendo relación, pero llegamos a una especie de acuerdo tácito que consistía en no hablar de los asuntos que nuestros respectivos equipos negociaban para no interferir y, a la vez, mantener nuestro buen trato aunque se produjera algún desacuerdo. Solo de ese modo es posible mantener una amistad con un rival político. Precisamente por respetar esa distancia pude sumarme a la petición de dimisión cuando fue imputada en el caso de su máster. El principal error de Cifuentes fue mentir en sus explicaciones públicas. Su defensa era del todo imposible y creyó que enrocándose se salvaría. Sin embargo, aquello fue letal para ella y acabó dimitiendo. Aun así, me pareció muy injusto el juego sucio que algunos hicieron con ella, probablemente «fuego amigo» o de algún medio de comunicación. La filtración de aquel vídeo sobre un presunto hurto de unas cremas en un supermercado supuso una humillación pública cuyo único objetivo era forzar su dimisión. Usar una grabación ilegal para lograrlo me pareció inaceptable. Cifuentes ha vuelto al ámbito privado y le deseo mucha suerte en esta nueva etapa más allá de la política.

Otro destacado cargo público del PP, y también amigo, que se ha ido al sector privado es Borja Sémper, quien fuera concejal y diputado popular en el País Vasco. En mi opinión, se ha marchado de la política española uno de los dirigentes de las filas conservadoras con la mente más abierta y con mayor capacidad de comunicación.

A Soraya Sáenz de Santamaría, más allá de nuestros rifirrafes políticos desde la tribuna, la conocí mejor el día que entregó su cartera a la socialista Carmen Calvo. Aquel día volábamos los dos a Turín, con motivo de la reunión del Club Bilderberg que ese año se celebraba en la ciudad italiana y a la que los dos estábamos invitados. Me contó que acababa de traspasar la cartera a la nueva vicepresidenta y fui consciente de la enorme carga que había soportado durante años. Sáenz de Santamaría es una mujer preparada y con una gran capacidad de trabajo, y estoy seguro de que no habría sido difícil trabajar juntos. Durante años ella fue la mano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno, aunque siempre con agenda y perfil propios. Le tocó lidiar con la situación en Cataluña, donde tuvo tanto aciertos como errores. Soraya era una parlamentaria
hábil, pero no se sentía cómoda cuando yo desde la tribuna pedía explicaciones al Gobierno del PP. En varias ocasiones esquivó mis preguntas y se las endosó a otros ministros. En eso también era hábil.

A nadie debería extrañarle que en Ciudadanos haya dejado a un buen número de amigos. A mí no me ha pasado aquello que contaba Winston Churchill, que llegó a decir que sus principales enemigos no estaban en la bancada de enfrente, sino en su propio partido. Muchos de mis compañeros han sido también amigos y, si bien he tenido discrepancias puntuales con alguno, nunca les he considerado ni adversarios ni, por supuesto, enemigos.

Yo siempre he defendido la meritocracia y la profesionalidad por encima de la amistad. Una de las principales tareas de un líder político es elegir a su equipo entre los mejores, dejando a un lado las afinidades personales. En un almuerzo en el que pude conversar con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, aproveché para preguntarle por el criterio para elegir a las personas que forman parte de un Gobierno. Él se atrevió a nombrar a algunos independientes e incluso a algún ministro de la órbita socialista en un Gobierno de centro-derecha. Me dijo que una de las decisiones más difíciles que hay que tomar en política es precisamente elegir bien a quién nombrar para un Consejo de Ministros, porque debes decantarte por los más capaces y, seguramente, dejar fuera a algunos de los más cercanos y leales. «Pero hay que hacerlo —añadió—. De lo contrario, te puedes arrepentir».

Eso fue lo que yo intenté hacer mientras fui presidente de Ciudadanos: buscar a personas de mérito, profesionales y con talento, entre las cuales hay varias con quienes tengo una buena amistad. Ciudadanos era algo más que un partido político, porque en los momentos difíciles todos hemos trabajado juntos por el bien del proyecto, sin que a nadie se le cayeran los anillos. Desde el principio, hicimos piña y creo que eso se ha notado en nuestra forma de hacer y entender la política.

Espero que me perdonen si no nombro a todos los que son —a algunos ya les he mencionado en otros capítulos—, pero me temo que no hay hueco en estas páginas para mencionarlos. El primero, evidentemente, es José Manuel Villegas, quien, además de ser mi mano derecha, ha sido un gran amigo y lo sigue siendo. Tanto es así que es socio del despacho de abogados que actualmente presido. También Fernando de Páramo, Carlos Cuadrado, Carlos Carrizosa, José María Espejo, Begoña Villacís, Marta Rivera, Juan Carlos Girauta, Miguel Gutiérrez, Fran Hervías, Melisa Rodríguez, Toni Cantó, Fernando Giner... Con todos me une una buena amistad y ha sido un verdadero orgullo trabajar a su lado. Quiero hacer una mención especial a Inés Arrimadas, que estuvo conmigo desde 2010 en Cataluña y a quien he visto crecer políticamente. Inés es una mujer inteligente, tiene una enorme capacidad de trabajo y su nivel de autoexigencia es de los más altos que he visto nunca. Estoy seguro de que le espera un gran futuro al frente de Ciudadanos. A todos les doy las gracias por su apoyo y ojalá sigan trabajando con ilusión y acierto por el bien de España.

Si de algo me arrepiento en estos años que he estado en política es de no haber hablado más con mis adversarios. A pesar de la presión que todos hemos soportado, creo que deberíamos haber sido más valientes y fomentar más puntos de encuentro, dijeran lo que dijeran en las redes sociales, en los medios de comunicación o en nuestros propios partidos. Estoy convencido de que el país necesita grandes acuerdos, pero para ello es preciso sentarse a hablar, aunque solo sea para saber en qué consisten las discrepancias. Las formaciones políticas deberían comunicarse más a menudo —y no a golpe de tuit— para evitar que el sectarismo y la simplicidad se apoderen de la vida pública. ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo con un adversario si ni siquiera te tomas un café con él? ¿Cómo vas a entender lo que un adversario ha dicho de ti si ni siquiera escuchas una explicación en una llamada o en un mensaje? ¿Cómo vas a negociar una medida a largo plazo si el primer paso de la negociación se filtra en un whatsapp, en un mensaje o en un tuit? La política española está demasiado inmersa en esa dinámica del enfrentamiento de la que hablé en el capítulo anterior. Ahora que estoy fuera, me doy cuenta de que no hemos sido todo lo valientes que España necesita. Demasiado temor al qué dirán, a que te sitúen en un bando o en otro… Demasiado miedo, en definitiva. La política necesita espacios mínimos de entendimiento y de colaboración, y los líderes tienen la responsabilidad de crearlos, aunque el precio que se pague por ello sea muy alto. Como país nos va a salir mucho más caro arrepentirnos por no haberlo intentado.

9
PACTAR ES SOLO PARA VALIENTES

Finales de agosto de 2016. En la repetición electoral de los comicios generales celebrados el 26 de junio pasado, el Partido Popular consiguió la victoria con ciento treinta y siete escaños. El PSOE, en segundo lugar, obtuvo ochenta y cinco diputados, y Ciudadanos repitió como cuarta fuerza política, esta vez con treinta y dos. Tras sopesar mucho la situación, y después de que Rajoy haya aceptado firmar el pacto anticorrupción, hemos decidido abrir la mano a un acuerdo de investidura. Tanto los populares como nosotros designamos a los equipos negociadores que se encargarán de hablar de las reformas que el país necesita. Ciudadanos quiere lograr un gran acuerdo con el PP que implique la implantación de políticas de calado de carácter institucional, económico y social.

José Manuel Villegas es el encargado de coordinar la negociación por parte de Ciudadanos, y le acompaña un equipo de seis personas del ámbito económico y programático. El Partido Popular nombra al suyo, con Fernando Martínez-Maíllo a la cabeza. Llevamos casi un mes de negociaciones y hay acuerdo prácticamente en todos los puntos, así como en el calendario de ejecución. Además, nombraremos un comité de seguimiento que se reunirá cada tres meses para valorar el cumplimiento del pacto por parte del Gobierno. Sin embargo, quedan unos cuantos asuntos espinosos por resolver y la situación parece estancada. El Partido Popular no quiere ceder en la reforma del Senado, en la de la ley electoral y en la de la estructura provincial (diputaciones). Villegas me cuenta que los populares están atrincherados y que no hay forma de moverlos de su posición inicial. Yo le pido que lo sigan intentando porque tenemos una responsabilidad con la ciudadanía y no podemos defraudarla. Al final, el secretario general de Ciudadanos me dice que, probablemente, tendremos que ser los «jefes» quienes desatasquemos la situación.

Mariano Rajoy y yo decidimos cerrar un encuentro mano a mano, los dos solos. No podemos echar por tierra lo conseguido después de un mes de negociaciones y, si finalmente no hay acuerdo, nos veremos abocados a unas terceras elecciones que pueden resultar fatales tanto para el país como para Ciudadanos.

La reunión tiene lugar con la más estricta discreción. Ni él ni yo queremos interferencias. Nos encontramos en la sala privada de un hotel y los dos llevamos anotados los puntos de la discordia. Lo primero que acordamos es que tenemos que ser valientes y ceder. Está implícito el hecho de que la parte negociadora más exigente es la de Ciudadanos, pues el PP busca nuestro apoyo y está en nuestra mano que Rajoy siga siendo presidente del Gobierno. Planteamos uno a uno todos los asuntos y escuchamos nuestros respectivos puntos de vista. En lo que atañe al Senado, la posición de Ciudadanos siempre ha sido clara: si se aborda la reforma constitucional, o se lleva a cabo una reforma profunda de la Cámara Alta o la eliminamos. El Partido Popular, que tiene mayoría absoluta allí, acepta finalmente incluir en el pacto una reducción sustancial del número de senadores, así como su transformación en una verdadera cámara territorial, a cambio de que no se elimine el sistema bicameral, Congreso y Senado.

En cuanto a la ley electoral, nosotros proponemos introducir una mayor proporcionalidad en el voto y listas abiertas para el Congreso. Somos conscientes de que previamente es preciso aprobar una ley orgánica, y eso implica disponer de una mayoría absoluta en el Congreso, que no tenemos. Aun así, se trata de un compromiso que Ciudadanos exige al PP para que el bipartidismo salga de su inmovilismo en este asunto crucial, y exigimos que conste por escrito en el pacto de investidura. En el ámbito institucional, planteamos la supresión de la estructura política del actual sistema de diputaciones para convertirlo en un consejo de alcaldes en cada provincia. Asimismo pedimos la eliminación de cargos de confianza, subvenciones y contrataciones opacas, y planteamos una reforma del sistema territorial español para evitar duplicaciones y especialmente prestar atención a la despoblación y a los núcleos rurales de menor tamaño. El PP siempre se ha resistido a llevar a cabo una transformación de las diputaciones, pero finalmente Rajoy acepta una reducción de mil millones de euros anuales en duplicidades y burocracia en los entes territoriales.

La reunión dura casi dos horas, y finalmente logramos acercar posiciones y sacar adelante el pacto. Nos comprometemos a guardar silencio unas horas hasta que los equipos redacten lo acordado. Cuando llega el momento de comunicarlo a los medios, la satisfacción de los dos grupos es palpable. Vamos a dar una buena noticia a la mayoría de los españoles: hay acuerdo de investidura y, si al menos seis diputados del PSOE se abstienen, por fin, después de un año de bloqueo, habrá Gobierno.

La expresión que mejor define aquel pacto es «ceder para ganar». La posición de ambas formaciones era arriesgada, pero la jugada nos salió bien a las dos. La mayoría de las medidas ya estaban recogidas en el acuerdo al que llegamos con el PSOE en febrero de 2016, el «pacto del abrazo», lo que demostraba que se trataba de un pacto transversal, que tuvo éxito porque se hizo con discreción y en diferentes fases.

Nadie duda de la dificultad de negociar para llegar a acuerdos. En muchas ocasiones, las posiciones parecen irreconciliables, pero, si queremos que el país avance, el objetivo final debe estar por encima de la lucha partidista. Los ciudadanos nos exigen —y con razón— que dejemos de lado nuestras diferencias y que les representemos. En eso consiste el trabajo de un líder político. La reunión in extremis que mantuvimos Rajoy y yo aquella tarde de agosto de 2016 es un buen ejemplo de que es posible el entendimiento cuando hay voluntad y se trabaja por el bien común. Llegar a un acuerdo era la prioridad y los dos estuvimos dispuestos a sacrificar algunas de nuestras exigencias para lograrlo. Ciudadanos no pedía cargos, sino cambios y reformas que debían quedar plasmados en la agenda política de la legislatura. Mariano Rajoy y el PP querían mantener el Gobierno y, al menos, comenzar su mandato con la garantía de que los Presupuestos Generales del Estado se negociarían y se aprobarían. Todos salimos ganando. Y, lo más importante, salió ganando España.

Desde las elecciones europeas de 2014, los españoles han votado multipartidismo y, necesariamente, esto implica pactar. Se acabaron los tiempos de las mayorías absolutas en las que el partido que llegaba al Gobierno tenía a su disposición todas las estructuras del Estado para hacer lo que le viniera en gana e incluso para ningunear a la oposición. Ahora se impone la cultura del pacto y los líderes políticos deben estar a la altura. El mapa político actual, con cinco partidos nacionales —en algunas cámaras autonómicas hay seis, siete e incluso ocho formaciones distintas—, se asemeja a lo que en Europa sucede desde hace décadas, y España nunca tendrá estabilidad si no hay acuerdos.

La cultura del pacto debe basarse en el diálogo y la evaluación permanente, y por eso choca con esa construcción artificial del bipartidismo llamada «las dos Españas», en la que todo se soluciona alegando que el rival político es el malo y tú eres el bueno. Pero ha llegado la hora de dejar atrás maniqueísmos trasnochados y soluciones fáciles. La cultura del pacto no es una ideología, sino una solución transversal que debe cubrir toda la política nacional. En 2015 era casi imposible romper la dicotomía bipartidista, pero en muy poco tiempo hemos visto cómo los Gobiernos de coalición en autonomías y municipios se convertían en habituales, especialmente con pactos entre el centro y la derecha y entre los partidos de izquierdas y, en algunos casos, también con los nacionalistas.

El acuerdo de Gobierno en coalición al que Ciudadanos y el PP llegaron en Andalucía en enero de 2019 es uno de los más representativos de esta nueva etapa de pactos entre distintos que ya está presente en la política española. En las elecciones autonómicas de diciembre de aquel año, los populares consiguieron el veinte por ciento de los votos, y Ciudadanos, el dieciocho. Las negociaciones no fueron fáciles, pero al final llegamos a un acuerdo con noventa reformas y un calendario de ejecución que permitió poner fin a cuatro décadas de Gobiernos sucesivos del PSOE, en la única comunidad que no conocía la alternancia política. De alguna manera, el de Andalucía fue el acuerdo «piloto», pues abrió el camino para los que llegaron después en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Región de Murcia, así como en varias capitales de provincia, como Madrid, Zaragoza o Málaga, entre muchas otras.

En Andalucía, la Presidencia de la Junta recayó en el popular Juan Manuel Moreno Bonilla; la Vicepresidencia, en Juan Marín (Ciudadanos), y el reparto de consejerías fue equitativo: la mitad para Ciudadanos —con asuntos como Economía, Turismo, Justicia, Igualdad, Empleo, Políticas Sociales o Familias— y la mitad para el Partido Popular. En un año de legislatura, prácticamente todas las reformas pactadas se habían impulsado y los datos económicos de Andalucía estaban empezando a darse la vuelta. Además, se está demostrando que con una política fiscal moderada, con bajada de impuestos y reducción de cargas a las clases medias y a los autónomos se reactiva la economía e, indirectamente, se genera estabilidad social e institucional.

No todo el mundo vio aquel pacto con buenos ojos. El PSOE llegó a organizar una manifestación, que rodeó el Parlamento andaluz, enviando autocares fletados con militantes socialistas a la investidura de Moreno Bonilla. Pese a los intentos de boicot, el Gobierno de coalición en Andalucía está siendo un éxito y, como digo, su fórmula se ha copiado en los pactos de gobierno en otras comunidades autónomas, como Murcia y Madrid. En los tres casos se añadía una dificultad más: la necesidad del apoyo de Vox desde la oposición para que la investidura saliera adelante. La negativa del PSOE a abstenerse —ni siquiera estuvo dispuesto a sentarse a hablar— ha dado protagonismo al partido de Abascal, que tiene en su mano la aprobación de los Presupuestos en esas comunidades. Aun así, en Andalucía ya han salido adelante dos leyes presupuestarias, lo que demuestra que un Gobierno fuerte y cohesionado obliga a la oposición o bien a involucrarse y apoyar, o bien a negarse y dar explicaciones a la ciudadanía ante un hipotético adelanto electoral. Pese a la complejidad de la situación, y a los continuos intentos de la oposición de ponerlos en jaque, esos Gobiernos autonómicos de coalición están funcionando y respondiendo a las expectativas de los ciudadanos.

Después de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 se ha formado el primer Gobierno central de coalición entre dos partidos nacionales, PSOE y Podemos. El acuerdo al que las dos formaciones han llegado no me gusta, especialmente en materia económica y fiscal, donde se asumen las propuestas populistas de Podemos, y en materia territorial, donde se asumen las tesis de los socios externos, los separatistas. España no está en una situación que permita una subida de impuestos a las clases medias y a las empresas, y estoy en total desacuerdo con la mesa paralela de negociación que se ha formado fuera del marco institucional con los partidos independentistas. Además, la posición de Podemos en materia territorial es más que preocupante, porque todos sabemos que algunos de los miembros del actual Gobierno son partidarios de la autodeterminación. Pero, más allá de mis discrepancias ideológicas, reconozco la legitimidad de este Gobierno y estoy convencido de que en el futuro asumiremos con normalidad la coalición como fórmula de Gobierno nacional, independientemente del signo político de los partidos que lo compongan.

Toda coalición de Gobierno seria necesita vigilancia y un comité de seguimiento y ejecución. Si simplemente se reparten los cargos, la cosa no funcionará. Por eso creo que es imprescindible fijar un calendario de reformas abierto al escrutinio de la oposición, de la ciudadanía y de los propios socios del Gobierno. En estos casos, la confianza no se da por sentada, sino que hay que forjarla día a día respetando lo acordado.

El mayor riesgo al que se enfrenta un Ejecutivo formado por varios partidos es que alguno de ellos tenga la tentación de funcionar como un minigobierno paralelo. Yo lo viví desde la oposición durante el tripartito catalán de José Montilla, cuando el Gobierno de la Generalitat pasó a tener de facto tres minigobiernos, uno por cada partido miembro. El Ejecutivo autonómico se reunía periódicamente, pero casi nunca había coordinación.

Durante el año 2019, en el que Ciudadanos pasó a formar parte de numerosos Gobiernos regionales o municipales, me interesó conocer de primera mano cómo se ponían en marcha. Les pregunté a Juan Marín, Javier Imbroda, Begoña Villacís o Ignacio Aguado, y todos coincidían en destacar la lógica falta de confianza a priori, en mayor o menor medida, y la vigilancia permanente para que se cumplan las reformas acordadas. En algunos casos, el recelo ha sido menor, quizá porque hay buena sintonía entre los miembros de la coalición. Es el caso de Andalucía, donde la afinidad de Juanma Moreno y Juan Marín ha dado lugar a un ambiente más distendido, casi propio de un Gobierno monocolor. Por el contrario, en Madrid, en Murcia o en Castilla y León las discrepancias se han hecho visibles en diversos asuntos, quizá porque no es lo mismo llegar al Gobierno de una comunidad autónoma con un PP que estaba en la oposición, como ocurrió en Andalucía, que hacerlo donde los populares gobiernan desde hace años y arrastran viejas inercias. Si es este el caso, la formación que llega nueva al Gobierno tiene que empujar con más fuerza para conseguir que las medidas acordadas se cumplan.

Como expliqué al comienzo del capítulo, para alcanzar el acuerdo de investidura que firmamos con el Partido Popular en agosto de 2016 fue clave el hecho de que Ciudadanos no pidiera ministerios, así como que dejáramos para el final los puntos más conflictivos. Nuestras exigencias se centraban en las reformas que considerábamos necesarias y en el calendario para llevarlas a cabo, y dejamos a un lado los personalismos y los egos. Mariano Rajoy me ofreció la Vicepresidencia del Gobierno, pero, aunque le agradecí su generosidad, preferí rechazar la propuesta. La corrupción que en aquel momento existía en las filas del PP me impedía, por una cuestión de honestidad, formar parte de un Gobierno que en cualquier momento podría verse salpicado —como así fue—, y opté por mantenerme en la oposición y apoyar al Ejecutivo en las reformas pactadas y en los temas de Estado. Si hubiera aceptado, me habría visto obligado a defender lo indefendible, y no podía imaginarme en una rueda de prensa teniendo que justificar las actuaciones de mi socio de Gobierno en el caso Gürtel o en el caso Bárcenas. Estaba convencido de que la mejor manera de darle estabilidad al país era quedándonos fuera del Ejecutivo y vigilando de cerca sus actuaciones.

Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Seguramente, este fue uno de ellos, pero se trataba de un tren que olía a pólvora. En aquellos días recibí consejos de todo tipo. Recuerdo una conversación con un empresario importante que me recomendó que aceptara la Vicepresidencia del Ejecutivo, que sería una buena oportunidad para mí y que, además, al Gobierno le convenía un tándem formado por dos políticos tan diferentes como Rajoy y yo. Quizá tenía algo de razón, pero, visto lo visto después, no me arrepiento de mi decisión. El Gobierno de Rajoy llegó a su fin después de una moción de censura presentada tras la condena al PP por el caso Gürtel, y a partir de ese momento la política española dio un giro de ciento ochenta grados.

La libertad y la honradez son valores esenciales que no estoy dispuesto a traicionar, ni siquiera ante el ofrecimiento de una Vicepresidencia del Gobierno. Si hubiera formado parte de aquel Ejecutivo, estoy seguro de que me habría sentido coartado, incluso maniatado, a la hora de expresar algunas de mis opiniones. Y tampoco estaba dispuesto a ser un vicepresidente desleal, traicionando a quien me había nombrado. Yo no entiendo la política de ese modo.

Muy diferente fue lo que sucedió después del resultado electoral del 28 de abril de 2019. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018, mi relación con el líder socialista cambió sustancialmente, y aunque podríamos habernos entendido en algunos asuntos sociales y en los temas de Estado, la determinación de Sánchez de gobernar con Podemos y de pactar con los separatistas para mí era inaceptable. A partir de aquel instante, Sánchez dinamitó todos los puentes entre el PSOE y Ciudadanos. El líder socialista quería aliarse con los populistas, que defienden la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco, propuesta que no encaja en nuestra Constitución, y con los separatistas, que dieron un golpe contra nuestra democracia y siguen queriendo liquidar España.

La prueba más evidente fue el intento de mediación extraparlamentaria de la famosa cumbre de Pedralbes de 20 de diciembre de 2018, en la que Quim Torra entregó un documento al presidente del Gobierno donde exigía, entre otras cosas, «negociar sin límites y sin condiciones», aceptar el problema de la «calidad democrática» del Estado y «reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya». El documento vio la luz en febrero de 2019, y el escándalo, incluso entre las filas del PSOE, fue mayúsculo. Unos días después, el Gobierno llegó a plantear la conveniencia de una figura mediadora —el famoso «relator»— en el «conflicto entre Cataluña y España», como si fueran dos países distintos, ninguneando a nuestras instituciones democráticas. Torra estaba haciendo un claro chantaje al Estado y el presidente del Gobierno lo estaba consintiendo con tal de mantenerse en el poder.

Ante semejante coyuntura, una vez convocadas las elecciones para el 28 de abril de ese año, en Ciudadanos optamos por acudir a los comicios como una alternativa clara a Pedro Sánchez y no como una bisagra al servicio de socialistas o populares. Decidimos competir de igual a igual tanto con el PSOE como con el PP, y si no lográbamos gobernar, seguiríamos en la oposición. Así lo decidimos, por unanimidad, en la ejecutiva del partido que se celebró el 18 de febrero de 2019.

Durante la campaña electoral, repetimos una y mil veces cuál era nuestra posición. El problema, en realidad, no era tanto el PSOE como el «sanchismo». Podíamos llegar a acuerdos con los socialistas en algunas comunidades autónomas y en municipios, pero en ningún caso estábamos dispuestos a permitir que el plan de Sánchez saliera adelante. Optamos por ir con fuerza a esas elecciones porque queríamos ser una alternativa real y no una mera comparsa, y para ello había que dejarle claro a los electores que tan solo manejábamos dos posibilidades: o gobernábamos en coalición con el PP o pasábamos a la oposición. Con los populares teníamos algunas discrepancias ideológicas, pero ninguna en lo relativo a la defensa de la Constitución ante el desafío separatista en Cataluña.

Era una estrategia arriesgada, pero, desde un punto de vista electoral, nos salió bien. Ciudadanos se posicionó como un partido de gobierno y como una alternativa al «sanchismo». Muchos analistas coinciden en que, durante aquella campaña, los debates más duros se produjeron entre el presidente del Gobierno y yo, o entre el PSOE y Ciudadanos. Yo busqué ese cuerpo a cuerpo con Sánchez para liderar la opción del cambio. Queríamos que el votante de centro se decantara por nosotros y no por los populares, y aprovechamos la buena valoración que yo tenía entre los propios votantes del PP. Sabíamos que podíamos crecer y fuimos a por todas. A pesar de la entrada en el Congreso de un quinto partido nacional, Vox, pasamos de treinta y dos escaños a cincuenta y siete, y nos quedamos a tan solo ocho décimas del PP. Nunca antes un partido liberal en España había recibido más de cuatro millones de votos. La estrategia electoral resultó exitosa.

Mostrar nítidamente tus cartas tiene sus riesgos, pero eso fue lo que hicimos durante la campaña previa a las elecciones del 28 de abril de 2019. El PSOE, que se mostró más beligerante que nunca, utilizó el famoso «trifachito» para atacar principalmente a Ciudadanos. Tras su victoria en los comicios, toda España escuchó aquel «¡con Rivera no!» dirigido a Pedro Sánchez desde la calle Ferraz. La mayoría de la militancia del PSOE quería un pacto con Podemos y, de hecho, así lo reflejaban las encuestas.

En los días siguientes, Ciudadanos se situó con claridad en la oposición y, a mi juicio, ahí estuvo la clave de lo que vendría después. Nos decantamos por una opción nunca vista en España, sobre todo en un partido de centro y liberal: amenazar la hegemonía del PP en el centro-derecha y situarnos como competidores directos del PSOE. Había quedado claro que podíamos aventajar a los populares, como acababa de suceder en Madrid, Andalucía, Baleares, Aragón o Cataluña, y, por tanto, superar a una de las formaciones que han definido el bipartidismo de este país durante cuarenta años. En mayo de 2019, las encuestas ya nos situaban por delante de los populares en intención de voto nacional.

Estos datos hicieron saltar todas las alarmas, sobre todo en la cúpula del PP y en algunos espacios mediáticos de la derecha. Respecto al PSOE, creo que no me equivoco al afirmar que los socialistas vieron en nosotros a un rival futuro mucho más duro que aquel PP debilitado en las urnas. Ni teníamos casos de corrupción en nuestras filas ni padecíamos el desgaste que los populares venían soportando en los últimos años. Ciudadanos era un partido que aportaba savia nueva y una forma de entender la política que podía convencer al votante menos atrincherado ideológicamente. A medio plazo, esta realidad implicaba un riesgo evidente para los socialistas.

En mayo de 2019, el PSOE puso en marcha su estrategia. Mientras empezaba a negociar con su socio preferente, Podemos, y recababa el apoyo de los separatistas, desde La Moncloa, aunque en privado, con los agentes económicos y los principales grupos de comunicación, se afirmaba que, en realidad, el PSOE quería pactar con Ciudadanos. Es decir, negociaban con Podemos y a la vez pedían nuestro apoyo. De este modo presentaban a la opinión pública un escenario en el que Ciudadanos era un elemento discordante que impedía al PSOE formar Gobierno. Lo cierto es que los socialistas nunca nos ofrecieron la posibilidad de negociar nada, ni siquiera en las dos reuniones que tuve con Sánchez en Moncloa en esas semanas. Incluso le llegué a preguntar a Pablo Casado si Sánchez le había abierto la puerta para considerar un Gobierno entre constitucionalistas. El presidente del PP me confirmó que a ellos tampoco les había propuesto nada. No había duda: o Sánchez gobernaba con Podemos y con los separatistas, o iríamos a segundas elecciones.

Los socialistas jugaron bien sus cartas. Pusieron a Podemos contra la pared y a nosotros nos hicieron parecer culpables de la repetición electoral ante la opinión pública. Aunque fuera perjudicial para el país, para Sánchez y sus asesores el mejor escenario pasaba por la repetición electoral. Ciudadanos, como les suele pasar a los partidos de centro en una doble vuelta, y en un país tan polarizado, probablemente se hundiría. Al PP no le iba mal la repetición, porque difícilmente sacarían un resultado peor que el de abril, y lo lógico era que una buena parte de los votantes que se habían fugado a Ciudadanos volviera al partido conservador.

Cuando el PSOE y Podemos rompieron formalmente sus negociaciones a principios de septiembre, a una semana de la fecha límite para tener investidura o ir a nuevas elecciones, propuse una solución de Estado a los populares y a los socialistas. Ciudadanos y el PP nos abstendríamos desde la oposición a cambio de tres condiciones básicas: que en Cataluña los constitucionalistas nos sentáramos a pactar la actuación del Estado y fuésemos de la mano; que en Navarra Sánchez rompiera su pacto con los nacionalistas y acordáramos un Gobierno constitucionalista entre PSOE y Navarra Suma, y, finalmente, que los Presupuestos Generales del Estado se pactaran entre el Gobierno, Ciudadanos y el PP, y no con Podemos y los separatistas.

Se trataba de una propuesta con un doble cometido: evitarle al país la repetición electoral y el bloqueo institucional, y romper los pactos del PSOE con los populistas y los separatistas y rehacer los puentes entre los constitucionalistas. Les pedí una reunión a Casado y a Sánchez. El líder del PP aceptó el encuentro, pero me contestó que no movería ficha. Aun así, si yo conseguía que los socialistas hicieran algún gesto de acercamiento, estaría dispuesto a hablar. Sánchez ni siquiera quiso reunirse conmigo. Estaba claro que su objetivo era la repetición electoral. Ante su negativa, le envié una carta formal proponiéndole la reunión y nuestras condiciones para desbloquear la situación. Entonces recibí una llamada de Sánchez que duró alrededor de diez minutos. Se limitó a decirme que en Cataluña sería firme y que no pactaría con los separatistas, que en Navarra tenían un acuerdo con los nacionalistas y que yo no podía pedirle a su partido que rompiera pactos territoriales, y que los Presupuestos, aunque ya se vería cuando llegara el momento, los negociaría con su socio preferente, esto es, con Podemos. La conversación no fue amable, ni siquiera cordial. Pedro Sánchez en ningún momento me tendió la mano para hablar. Si hubiera aceptado una reunión conmigo para intentar desbloquear la situación, estoy convencido de que el acuerdo de Estado in extremis habría sido posible. Después de aquella llamada telefónica, hablé con José Manuel Villegas y le dije que nos fuéramos preparando para los nuevos comicios. Sánchez ni siquiera quería negociar nuestra abstención.

Analizando con distancia lo que sucedió, cometimos dos errores evidentes. El primero, no darnos cuenta de que Sánchez y su entorno habían trazado una estrategia desde principios del verano para ir a segundas elecciones. Ante esa estrategia de los socialistas, deberíamos haber dejado en evidencia con anterioridad, ante la opinión pública, que el presidente en funciones no quería ningún acuerdo con nosotros. Y el segundo error fue abrir la mano públicamente a negociar las reformas de Estado no solo con el PP, sino también con el PSOE, a cambio de desbloquear la situación después del 10-N. En un contexto de polarización y sectarismo en aumento y con el populismo de Vox creciendo a la derecha, hablar abiertamente de acuerdos con Sánchez en campaña generó muchas dudas y recelo en buena parte del electorado de Ciudadanos. La mayoría de nuestros votantes de abril nos apoyaron para ganar a Sánchez, no para hacerle presidente. Según los estudios postelectorales ajenos y propios, casi un millón de votantes de Ciudadanos se quedó en casa, pero un millón y medio votó a la derecha: ochocientos mil volvieron al PP y más de seiscientos mil se fueron a Vox. Solo doscientos mil votaron izquierda. Es evidente que levantar la bandera blanca del pacto con PSOE y PP en un país atrincherado me costó la muerte política.

Hay quien me ha reprochado que no me metiera en medio de la negociación entre el PSOE y Podemos, que duró hasta el mes de septiembre. No lo hice porque siempre he creído que es al candidato a la Presidencia del Gobierno a quien le corresponde buscar aliados y, sobre todo, porque Sánchez había manifestado en varias ocasiones que Podemos era su socio preferente y había negociado el apoyo de los separatistas. Y como se vio después, no hubiera servido de nada.

Tan solo cuarenta y ocho horas después de las elecciones del 10 de noviembre, al día siguiente de mi dimisión, se confirmó lo que veníamos advirtiendo hacía meses: el plan de Sánchez se ponía en marcha, ya sin el obstáculo de Ciudadanos, cuya presencia en el Congreso había quedado reducida a diez escaños. El martes 12 de noviembre de 2019, tuvo lugar el segundo «pacto del abrazo», esta vez entre Sánchez e Iglesias, y el líder socialista empezó a trabajar para lograr lo que dijo —al menos en campaña— que nunca haría: meter a los populistas en un Gobierno de coalición y pactar con los independentistas. Delante de toda España había declarado que «no dormiría tranquilo» dejando ministerios en manos de Podemos y que bajo ninguna circunstancia permitiría que la continuidad del Gobierno estuviera en manos de los separatistas. Pero lo hizo.

Sánchez tiene un plan a medio y largo plazo que gira alrededor de una idea que le beneficia a él y que perjudica a España: alentar el guerracivilismo entre izquierda y derecha para movilizar al votante de izquierdas y aglutinar una mayoría que dure al menos una década, y no por la buena gestión de su Gobierno, sino por el miedo a que el populismo de derechas llegue al poder. Ha conseguido hacer de Podemos un partido más minoritario, si lo comparamos con lo que fue hace cuatro años, y ha conseguido que Ciudadanos deje de ser una alternativa de gobierno para convertirlo otra vez, y en el mejor de los casos, en un partido bisagra con pocas opciones de marcar la agenda política del país. Además, el protagonismo de Vox condiciona al PP, que mira de reojo a los ultraconservadores por miedo a que sigan creciendo.

El 22 de julio de 2019 describí esta estrategia del líder socialista desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Dije entonces —y muchos me criticaron por ello— que Sánchez tenía un plan para permanecer en el poder una década, no solo cuatro años. Se ha hecho con la hegemonía de la izquierda y siempre tendrá el respaldo o la abstención de los separatistas. Ojalá me equivoque y mañana podamos decir que Sánchez ha rectificado, pero me temo que no lo hará. Este ambiente de tensión permanente y artificial es su hábitat natural y su escenario idóneo para continuar en el poder.

En los cuatro años que estuve en la política nacional, seguramente he sido el político que más negociaciones ha emprendido y más acuerdos ha alcanzado. La clave para llegar a un acuerdo, más allá de programas, ideologías, ministerios o consejerías, depende, sobre todo, de la actitud y de la estrategia de los líderes encargados de ello. El pacto con Rajoy y el no pacto con Sánchez reflejan precisamente la cara y la cruz de la misma moneda. En la negociación con el PP para la investidura de Rajoy, primaron tanto la generosidad del candidato, que buscaba mi apoyo, como mi voluntad de prestarlo desde la oposición, si él se comprometía con los cambios que le exigíamos. A Rajoy y a su equipo les correspondía ceder si deseaban poner en marcha la legislatura. Pero, después de las elecciones de abril, me encontré con algo insólito en mi carrera: un candidato que quería ser presidente del Gobierno sin negociar el apoyo de los demás partidos, a los que llegó a menospreciar públicamente. En definitiva, un candidato con más ganas de repetir elecciones que de poner a funcionar el país. Creo que, mientras Pedro Sánchez siga al frente del PSOE, el acuerdo entre constitucionalistas nunca se producirá y la escalada frentista paralizará y enterrará cualquiera de las grandes reformas que la sociedad y la economía española necesitan.

Decir «portavozas» en lugar de portavoces o mover los huesos de Franco de un sitio a otro no son actos de valentía. En cambio, sí lo sería que el presidente del Gobierno diera un giro de ciento ochenta grados y liderara un pacto de estabilidad para España con el PP y Ciudadanos. Los líderes de los tres partidos tendrían que sentarse a la misma mesa para negociar, ceder y ganar. Sin embargo, hoy en día llegar a un acuerdo con el rival entraña más riesgo que insultarlo. Pactar es solo para valientes, porque es más difícil poner por delante lo que une a todos los españoles que lo que nos separa.

10
BAJO LOS FOCOS Y EN LAS REDES

Son casi las nueve de la mañana del 14 de octubre de 2019. Después de varios días de especulaciones y rumores, finalmente se ha hecho pública la sentencia del «juicio del procés» . El Tribunal Supremo condena por sedición y malversación a los nueve políticos separatistas procesados en la causa. Solicito un informe exprés a mi equipo para valorar el fallo y, posteriormente, dirigirme a los ciudadanos y atender a los periodistas. Hablo con nuestro jefe de prensa y le propongo que convoque una rueda de prensa para tres horas después, hacia el mediodía, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Es un momento clave para nuestra democracia y la sede de la soberanía nacional me parece el lugar adecuado para dar a conocer nuestro análisis.

A las once de la mañana me reúno con el equipo de estrategia para preparar mi comparecencia. Mientras intercambiamos ideas, la televisión está encendida, pero sin sonido, para no desconcentrarnos. A los pocos minutos, mi jefe de prensa me interrumpe: «Albert, aunque comparezcas a las doce, los medios de comunicación me están bombardeando y nos piden una reacción ya». El responsable de redes sociales de mi gabinete, David Martínez, añade que otros líderes políticos ya se han pronunciado en las redes o en algún directo en los medios. Y concluye: «Deberíamos decir algo en Twitter sobre la sentencia, ¿no crees?». «¿Ha salido ya el presidente del Gobierno?», pregunto, y me dicen que Pedro Sánchez comparecerá a las doce o doce y media. «Bueno, no creo que se acabe el mundo si no salimos hasta las doce. Tenemos una rueda de prensa para comunicar mejor y con más sosiego que con un tuit», digo. La situación es surrealista: la sentencia del Tribunal Supremo marcará un antes y un después en la política española, y la presión de los medios y las redes hace que mi propio equipo me pida que opine de inmediato y sin la información necesaria, aunque sea con un tuit, sobre algo tan complejo. Honestamente, no puedo hacerlo, y no me pronuncio hasta la rueda de prensa prevista.

Aquella mañana no quise sumarme a la urgencia que impera en la política actual. Sin embargo, reconozco que, a lo largo de mi trayectoria, a menudo he sucumbido a la presión y he sido el primero en escoger la respuesta inmediata en las redes antes que esperar a hacer una valoración más sosegada.

La carrera por ser los primeros en reaccionar para satisfacer la demanda de los medios y las redes sociales está condicionando la labor política. Cada vez es más habitual que, mientras se hacen entrevistas a políticos en televisión, aparezca un tuit o un comentario en Facebook de algún rival que aluda al entrevistado, y que este se vea obligado a contestar, lo quiera o no. Ya no es posible separar la política de los medios y las redes, y tampoco lo es separar a los medios «tradicionales» de las redes sociales. En este capítulo hablaré de todo ello. Se trata de uno de los asuntos fundamentales para encarar el futuro, puesto que de esa relación entre políticos, periodistas y ciudadanos depende en buena medida la calidad de nuestra democracia.

En 2015, al poco de llegar a la política nacional, mantuve una reunión con un alto directivo de uno de los principales grupos mediáticos de este país. Recuerdo que, justo antes de despedirnos, me dijo: «Gracias por haber venido. A esta casa puedes venir siempre que quieras para contar tu proyecto y tus ideas. Esta casa está abierta a todos los líderes políticos de todas las ideologías, pero es mi casa». Yo sonreí. Entendí el mensaje: me estaba marcando el terreno para que no intentara ningún tipo de injerencia política en su empresa. No tuve que pensar demasiado mi respuesta: «Me alegro de que sea así. Ha sido un placer estar aquí y volveré siempre que me invitéis. Solo una cosa más: Ciudadanos es un partido abierto que trabaja para el bien de España y de los españoles… Pero del mismo modo que esta es tu casa, Ciudadanos es la mía».

La anécdota resume bien la relación existente entre política y medios: ni contigo ni sin ti. La injerencia de la pri-
mera en los segundos, y viceversa, atenta contra dos principios esenciales: la libertad y la independencia. Por eso creo que es fundamental marcar bien las distancias. Es una mezcla entre idilio y guerra fría: tensión constante, búsqueda del otro, recelo… Como sucede con los poderes económicos
—algunos grupos de comunicación son, además, empresas importantes que cotizan en Bolsa o que tienen accionistas del Ibex—, la política y los medios se necesitan, se complementan y se alimentan entre sí. No hay un solo político en este país que no sea consciente de que la relación con los medios es clave para su labor, y no hay un solo medio de comunicación que prescinda de la política y de los políticos en sus contenidos.

Ciudadanos nació en la escasez mediática. El «oasis catalán» nos mantenía ocultos, como si no existiéramos. Probablemente es la mejor manera de intentar acabar con un proyecto político: ningunearlo. En 2005 y 2006 era verdaderamente difícil llegar a la sociedad catalana si no te entrevistaba o te daba cobertura algún medio local o autonómico. El nacionalismo lo copaba todo e intentaba silenciarnos. Solo nos quedaba aprovechar las escasas ocasiones que nos brindaban algunos medios nacionales para darnos a conocer. Las redes sociales no habían despegado del todo, y las televisiones, las radios y los periódicos seguían siendo los principales «creadores de opinión». Así que, viendo el vacío mediático al que nos enfrentábamos, a partir de 2010 trazamos una estrategia para abrir una grieta: dábamos a conocer nuestro proyecto en platós de televisión y entrevistas en periódicos en Madrid, para que, paradójicamente, conocieran nuestras propuestas los votantes catalanes en Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona.

Una vez a la semana viajaba a Madrid y colaboraba como tertuliano en alguna televisión pequeña, con no más de un uno o un dos por ciento de audiencia, y peleaba por tomar la palabra y explicar lo que estaba pasando en Cataluña, además de opinar sobre los otros temas de actualidad que se ponían sobre la mesa. De ese modo, un tiempo después se nos abrieron las puertas de otros medios nacionales de mayor audiencia que querían tenerme en sus platós.

La estrategia funcionó y, de hecho, los partidos nacionalistas catalanes me acusaban continuamente de participar en tertulias de programas de ámbito nacional y de pasar demasiado tiempo en Madrid siendo diputado autonómico por Barcelona. Era una buena señal. Pronto nos dimos cuenta de que existía una rendija por donde colarnos, especialmente en los medios digitales, y por ahí llegamos a los hogares de millones de ciudadanos.

Supuso un gran esfuerzo combinar mi trabajo parlamentario en Cataluña —con tan solo tres diputados al principio— con mi función como único portavoz nacional del partido, pero era la única manera de llegar a la gente, de explicar nuestro proyecto en Cataluña y de tener alguna opción allí. Paradójicamente también nos permitió sentar las bases para el futuro salto a la política nacional.

Después de nuestra primera campaña nacional, en otoño de 2015, y, sobre todo, a partir de la llegada al Congreso, empezó a producirse la inversión de los términos. Cuando la sociedad en su conjunto te conoce y tu proyecto ha dejado de ser autonómico para ser nacional —y, no lo olvidemos, te has convertido en una amenaza para el bipartidismo—, tienes que empezar a desarrollar una estrategia distinta; es decir, debía protegerme de la sobreexposición mediática y de los ataques permanentes de los rivales y de sus medios aliados.

Aprovechando el crecimiento exponencial del partido y la presencia de nuevas caras «naranjas» en el Congreso y en la política autonómica y municipal en toda España, tejimos una red de portavoces en la que fui delegando cada vez más las funciones de comunicación. Sabíamos que algunas de las entrevistas que nos pedían no solo tenían como objetivo informar, sino que, en ocasiones, pretendían situarme en un lugar que no me interesaba. Llegó un momento en que, cuando un medio solicitaba una entrevista conmigo, yo siempre le preguntaba a mi jefe de prensa: «¿Pero tengo algo nuevo que contar?». Me parecía que si no había algo nuevo que anunciar o comunicar —un proyecto de ley, una propuesta de acuerdo, una idea que queríamos desarrollar—, me convertiría en un mero comentarista de la actualidad. Eso es lo que, seguramente, pretendían algunos medios, para buscar un titular polémico o para enzarzarme con las declaraciones de algún rival político, pero tanto a mí como a Ciudadanos —y creo que tampoco a la política nacional en su conjunto— no le aportaba nada, e incluso podía llegar a ser perjudicial.

Después de nuestro éxito del 28 de abril de 2019, mientras Sánchez negociaba con sus socios y la legislatura y el Congreso seguían bloqueados, prácticamente desaparecí de los medios. No tenía nada nuevo que aportar. Y pronto me di cuenta del alto precio que se paga por ello. Mis rivales necesitaban situarme en una posición de desgaste constante y la campaña de erosión fue realmente dura, tanto en el plano político como en el personal. Incluso el director de algún periódico llegó a contar públicamente bulos sobre mí por el mero hecho —como le reconoció a mi jefe de prensa— de que no les había concedido una entrevista cuando ellos querían.

El líder de un partido del siglo XXI debe dominar la comunicación y conocer todos sus secretos, ya que de la estrategia comunicativa depende en gran medida su triunfo o su fracaso. El trabajo en el Parlamento, en el partido o en la sociedad civil es fundamental, pero saber contar esa labor lo es aún más. Hay que hacer y hay que contar . Esta fue la consigna que intenté inculcar a mis compañeros mientras fui el presidente de Ciudadanos. Nuestra estrategia de comunicación fue pionera en muchos sentidos: aparecíamos —o sea, contábamos — tanto en los medios tradicionales como en los digitales y en las redes sociales, pero nunca abandonamos el trabajo en los ayuntamientos, en los parlamentos regionales o en el Congreso de los Diputados —o sea, hacíamos —. A nosotros nos sentaron bien las instituciones y, según íbamos entrando en ellas, ganábamos en fuerza y credibilidad. De hecho, siempre mejoramos los resultados electorales después de una legislatura de trabajo. Curiosamente, a Podemos, que entró a la vez que nosotros en el Congreso de los Diputados, le ocurrió lo contrario.

Siempre me sentí más cómodo y me parecieron más eficaces las entrevistas en directo que cualquier otro formato. Primero, porque se hacen en la televisión y en la radio y las audiencias de estos dos medios siguen siendo las más altas, y segundo, porque reconozco que a la prensa escrita la miraba con cierto recelo. No era extraño encontrarme con algún titular sacado de contexto e incluso con frases entrecomilladas que no había dicho. Ir a un programa de entrevistas en directo en horario de gran audiencia, a un informativo nocturno o a un magazín como El Hormiguero significaba que te verían entre un millón y tres millones de personas, mientras que una entrevista en la primera página de un periódico nacional significaba llegar a cincuenta mil o cien mil lectores como mucho. Además, el cara a cara con un periodista me permitía conectar de una manera mucho más directa y sin filtros con los ciudadanos.

Reconozco que no he sido el mejor relacionándome con los medios. Se me ha criticado a menudo por ello, probablemente, con razón. Si bien he mantenido contacto con los directores de los periódicos, radios y canales de televisión, no he cultivado esas relaciones a diario, como sí hacen otros líderes, porque siempre he querido preservar la mayor independencia posible tanto para mí como para el partido. A lo largo de todos estos años he aceptado y encajado críticas y escuchado consejos de numerosos periodistas, pero nunca he aceptado la tutela de nadie. Cuando te pones en manos de un periodista o de un medio, por muy afín que te parezca, por muy amigo que sea, o por mucha audiencia que tenga su programa o su diario, a largo plazo arriesgas tu libertad para decidir. A algunos periodistas les gusta más la política que a los propios políticos y terminan entrometiéndose en las cuestiones internas de los partidos y diciéndote la dirección que debes tomar. Las portadas de los periódicos —en papel o digitales— y los programas de debates y entrevistas en directo te acribillan con informaciones, más o menos veraces, para llevarte siempre a su terreno y obligarte a opinar de todo cuando no quieres hacerlo, quizá porque no es el momento. En España se ha creado una especie de burbuja político-mediática que marca los tiempos y los contenidos, pero que cada vez está más lejos de las prioridades de los ciudadanos. Puede parecer extraño decir esto viniendo de un expolítico, pero en numerosas ocasiones yo opté por apartarme de ese ruido para no contaminarme.

En el interior de esa burbuja, a los políticos y a los periodistas nos parece que toda la sociedad está al tanto de lo que decimos y de lo que callamos, así como de las disputas que mantenemos a diario. Esa endogamia nos impide analizar la realidad con perspectiva. Ya lo intuía estando en política, pero ahora, desde fuera, lo corroboro. Se le da demasiado espacio a asuntos que no importan a los ciudadanos y apenas nos paramos a reflexionar sobre lo que verdaderamente es relevante. En la televisión y en los medios de comunicación en general —también, claro, en las redes sociales—, la política está sobredimensionada, y eso obliga a unos y a otros a estar permanentemente alerta a los comentarios, tuits o declaraciones de los adversarios.

Desgraciadamente, se ha querido convertirla política en un nuevo entretenimiento y, aunque puede generar grandes audiencias, morbo o tendencias en las redes, desde ese enfoque no aporta nada a la sociedad y explica el alejamiento de los ciudadanos de sus representantes. La vida pública española se ha inflado de tal manera que ya no logramos separar el grano de la paja y lo único que llega a los ciudadanos, entre los que ahora me incluyo, es el enfrentamiento, el follón y las palabras gruesas. No es de extrañar que la ciudadanía tenga una imagen tan negativa de sus representantes y que estos se hayan convertido en un problema en lugar de ser la solución.

Pero lo más grave sucede cuando la política se inmiscuye en el trabajo de un medio de comunicación e influye en sus contenidos. Cuando un medio pasa a estar al servicio de una ideología o de un Gobierno nacional o autonómico, se produce un atentado contra la democracia, y esto, por desgracia, ocurre con demasiada frecuencia.

Uno de los casos más sangrantes de injerencia política en los medios es el de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. El 7 de septiembre de 2018 —aniversario del inicio del golpe separatista en el Parlament—, llegué a la sede de TV3, en Sant Joan D’Espí, sabiendo que jugaba en terreno contrario y que la entrevista —en el programa Els Matins— no sería un camino de rosas. La presentadora, el director del programa y el director de informativos eran viejos conocidos de mi etapa como líder autonómico. Durante la entrevista contesté a todas las preguntas de actualidad que me hizo la periodista, hasta que al final, en una de las respuestas, dije abiertamente que la televisión pública tenía que ser de todos y para todos los catalanes, no solo para los independentistas, y que TV3 se había convertido en un arma de propaganda del separatismo. La presentadora, visiblemente alarmada por mi respuesta, me preguntó: «¿Me está usted diciendo que cada mañana yo hago propaganda desde aquí?». Hubo un silencio y contesté: «Sí, cada día. Ustedes manipulan cada día. Esta casa, que la pagamos todos, no solo el señor Torra, se ha convertido en un aparato de propaganda separatista. Y yo quiero que TV3 vuelva a ser de todos los catalanes».

El rifirrafe generó un gran revuelo. Al momento, las redes comenzaron a arder y cientos de separatistas colgaron tuits atacándome. Al salir del plató se dirigieron hacia mí el jefe de informativos, el director del programa e incluso el comité de empresa —es insólito que una representación sindical se atreva a criticar a un invitado y a un cargo público por dar su opinión sobre la gestión de un ente público— para reprocharme mis palabras y pedirme que rectificara. «Es lo que pienso —contesté—. Así que no hay nada que retirar. Además, lo sabe la mitad de Cataluña y el resto de España. No estoy diciendo nada nuevo, lo he dicho siempre y, lamentablemente, es así». Unos minutos después, el comité de empresa y el consejo profesional de TV3 sacaron un comunicado criticando mis palabras en la entrevista. Es decir, en TV3, directivos, representantes sindicales, presentadores… o bien defienden las tesis separatistas o bien acatan su modus operandi .

La corporación de medios públicos de la Generalitat cuesta casi trescientos millones de euros anuales a los contribuyentes, cantidad que no sonroja a los sucesivos Gobiernos nacionalistas a pesar de los recortes sociales y de encabezar el ranking de deuda pública de una comunidad autónoma. Es evidente cuál es la prioridad: el dineral dedicado a la televisión pública es sagrado porque se trata de una herramienta necesaria para los planes secesionistas. En TV3 se llegó a calificar de «extrema derecha» a los que nos manifestamos el 8 de octubre de 2017 en las calles de Barcelona para defender la Constitución. Algunos humoristas y presentadores —por llamarlos de alguna manera— han insinuado que Inés Arrimadas era una prostituta y se han mofado de Enric Millo, en su día portavoz del PP, porque donó un riñón a su mujer para que se salvara. En TV3 se ha quemado una Constitución española en directo y, por supuesto, en los programas meteorológicos nunca aparece el mapa de la comunidad autónoma, sino el de los «Països Catalans», esa especie de placa tectónica que no es nada más que una entelequia nacionalista que incluye a Baleares, el sur de Francia y la Comunidad Valenciana como anexos de Cataluña. Esa es la televisión que construyó Pujol en su día y la que después, de la manera más descarada que uno pueda imaginar, intenta dirigir a diario la opinión de los ciudadanos. Ninguna televisión pública —ni TV3, ni Telemadrid, ni por supuesto TVE— debe estar al servicio de ninguna ideología. Es el dinero de los contribuyentes el que las mantiene y solo por eso deberían estar al margen de sectarismos y de propaganda partidista.

Por su parte, el caso de RTVE revela con claridad la necesidad de renovación, independencia y modernización del ente público. Su presupuesto sale en buena medida del bolsillo de todos nosotros y, por desgracia, su funcionamiento deja mucho que desear. En demasiadas ocasiones hemos visto cómo las líneas editoriales responden a las exigencias del Gobierno de turno. A petición de Ciudadanos, se discutió y se aprobó en las Cortes Generales una ley de Radiotelevisión Española que incluía una novedad importante para evitar injerencias y manipulaciones, y es que la elección del consejo de administración y del presidente debería hacerse por concurso público y una comisión de expertos se encargaría de valorar los currículos de las personas que optaran al cargo. La ley entró en vigor, pero cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno en junio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se frenó su desarrollo y el concurso no llegó a ponerse en marcha. De nuevo se optó por el «dedazo» y el Ejecutivo nombró a Rosa María Mateo como administradora única y presidenta de RTVE. No tengo nada en contra de la trayectoria como presentadora de esta periodista, pero me pregunto por qué cualquier ciudadano debe superar tantas pruebas, exámenes y entrevistas para conseguir un puesto de trabajo o una plaza de funcionario público y, sin embargo, para ocupar el cargo de presidente de RTVE basta con ser de la misma cuerda que el Gobierno o amigo del presidente o de algún ministro.

Fue bochornoso lo que sucedió durante la campaña electoral previa al 28 de abril de 2019, cuando se planteó la duda de si organizar o no un debate en TVE. La celebración de debates electorales en televisión es una muestra de salud democrática. De hecho, suelen obtener grandes audiencias y para los ciudadanos son una magnífica oportunidad para ver en acción a los candidatos y conocer sus propuestas antes de votar. Atresmedia demostró buenos reflejos y fue el primero en solicitar un debate entre los primeros candidatos, finalmente fijado para el 23 de abril. Parecía que para Pedro Sánchez era más que suficiente…, y en un primer momento TVE decidió que no organizaría otro. La situación era surrealista: la televisión de todos los españoles rechazaba organizar un debate electoral cuando todos los líderes políticos —salvo Sánchez— lo estábamos pidiendo.

Desde la oposición forzamos la situación hasta tal punto que los trabajadores del ente público se pronunciaron en contra de su presidenta y esta se vio obligada a ceder. Finalmente, el debate se celebró el 22 de abril y mis primeras palabras en el minuto inicial fueron para pedir la dimisión de la administradora única de RTVE: «El señor Sánchez y la señora Rosa María Mateo han intentado que no tenga lugar este debate. Debería dimitir la señora Mateo, y el señor Sánchez debería saber que esta casa no es suya, es de todos los españoles, porque la pagamos con dinero de todos».

Por desgracia, las televisiones públicas de este país siguen funcionando sin la transparencia y la independencia que la sociedad demanda. Estoy seguro de que la ley de Radiotelevisión Española que Ciudadanos propuso en su momento debería ponerse en marcha y, en la medida de lo posible, extender ese mecanismo de concurso a todos los medios de comunicación públicos. Los ciudadanos no queremos medios financiados con nuestro dinero que sirvan a intereses partidistas e incluso contrarios a nuestro marco constitucional.

Es innegable que los medios de comunicación sufren una grave crisis en su modelo de negocio. La llegada de los periódicos digitales y la explosión de las redes sociales han roto el monopolio del que los medios tradicionales han disfrutado hasta hace poco más de tres lustros. Se ha producido un cambio de paradigma. La oferta es mucho mayor y, por tanto, también lo es la libertad a la hora de informar. Pero, de pronto, nos hemos encontrado con problemas con los que no contábamos, como la fabricación y proliferación de fake news y la «dictadura del clic» para conseguir financiación de los anunciantes, aunque el titular no sea veraz y la información no esté contrastada. Estamos presenciando una crisis en la misma profesión del periodismo y en la forma de ejercer la libertad de prensa. ¿Hasta qué punto un profesional de la prensa es libre para sacar a la luz un caso de corrupción que afecta a un Gobierno, si el medio de comunicación para el que trabaja depende del dinero que ese Gobierno le da en subvenciones? ¿Hasta qué punto un periodista puede publicar una noticia que afecta a un anunciante, si este amenaza con retirar su publicidad?

La libertad de prensa, entre otras cosas, es un derecho fundamental que permite controlar y vigilar al poder. Para ello son necesarios el rigor y la veracidad, que no son patrimonio de los medios tradicionales. Luchar contra una fake news no pasa solo por desvelar que una noticia es falsa, sino por negarse a reproducirla. Me temo que todos conocemos casos en los que en periódicos de prestigio han aparecido verdaderas fake news de manual. Y nadie ha dimitido por ello y ni siquiera han pedido disculpas. Como mucho, y si hay suerte, una mención en «El defensor del lector» y listo.

Lo fugaz ha ganado la batalla a lo veraz; la inmediatez, al rigor; la política del like, a la calidad periodística, quizá porque los medios tradicionales no tienen la misma fortaleza que antes y ello condiciona su independencia. Pero el problema nos afecta a todos, porque es la ciudadanía la que recibe informaciones tergiversadas o directamente manipuladas.

Nunca quise que mi vida personal fuera objeto de interés para la prensa y siempre he querido proteger mi intimidad y la de los míos. Pero, por desgracia, la situación en la que me he encontrado durante este último año ha superado lo imaginable.

Mi vocación y mi labor durante trece años ha sido la política. Entiendo perfectamente que como cargo público debes asumir un mayor grado de transparencia que cualquier otro ciudadano: presentar las cuentas públicas, explicar tu patrimonio y tus deudas, dar a conocer al Congreso de los Diputados tu declaración de la renta..., pero creo que mi derecho fundamental a la intimidad es tan legítimo como el de cualquier otro ciudadano español. No es plato de buen gusto tener a cuatro o cinco paparazzi apostados alrededor de tu casa a la espera de que mi pareja o yo salgamos, o programas de televisión emitiendo en directo en la puerta de tu domicilio. La situación ha llegado a ser verdaderamente estresante, más aún si estás en una campaña electoral permanente, como sucedió en 2019. Durante meses no hemos podido salir a dar un paseo, a comprar o a cenar sin que nos «robaran» una foto, y hemos llegado a tener cinco coches de fotógrafos de la prensa rosa persiguiéndonos mientras nos dirigíamos a una mera revisión médica. Es incomprensible, especialmente si tenemos en cuenta que ni mi pareja ni yo hemos vendido jamás nuestra vida privada a ningún medio de comunicación.

¿Por qué en este país un personaje público no tiene el mismo derecho a la intimidad que los demás ciudadanos? Siempre me he hecho cargo del precio que hay que pagar por ser una persona pública. Obviamente, por mi labor como político he asumido con normalidad que me hicieran infinidad de fotos o que me grabaran vídeos en el ejercicio de mis funciones. Pero ¿eso significa que no pueda ir a la playa con mi familia porque me pueden hacer fotos sin mi permiso? ¿Eso significa que no pueda ir a comprar porque de inmediato me rodeará una nube de paparazzi? ¿Eso significa que tenga que leer bulos y mentiras a diario sobre mi vida íntima y que no pueda reaccionar porque si digo algo es aún peor? A algunos medios les sale más rentable pagar la multa que les pone un juez por unas fotos ilegales o una difamación que dejar de publicar «robados» o de decir mentiras sobre ciertos personajes públicos.

Sobre mi relación sentimental han corrido rumores y bulos de todo tipo. Me viene a la cabeza uno de los momentos más surrealistas de mi vida, cuando, mientras comíamos con nuestras familias en casa, mi pareja y yo empezamos a recibir mensajes en el móvil preguntándonos si estábamos bien y diciéndonos que lo sentían mucho, «es una pena», «seguro que lo superáis»... Los mensajes nos llegaban por separado, pero todos con el mismo contenido. Hasta que, de pronto, recibimos uno en el que nos preguntaban directamente si era verdad que habíamos roto. Miramos en Internet y, efectivamente, varios medios estaban publicando nuestra ruptura. Nos miramos atónitos y decidimos comunicar la «noticia» a nuestras respectivas familias con un brindis: «Que sepáis que estamos aquí de celebración familiar, pero hemos roto», dijimos los dos a la vez, irónicamente. En un programa de televisión, una periodista se había inventado, literalmente, la noticia y un buen número de medios se lanzaron a publicarla sin contrastar. Y, claro, si ninguno de los dos desmentíamos, todo el mundo concluiría que era verdad… Así se construye y se difunde actualmente, en cuestión de minutos, una mentira. Es un verdadero laberinto sin salida.

Es preciso que en España se proteja el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos, se llamen como se llamen. Las personas públicas deben asumir que su imagen es accesible a cualquier periodista siempre y cuando estén desempeñando su profesión. Entiendo que un político, si está en un Parlamento, en un mitin, en una reunión, en un plató o en un acto institucional, tiene que aceptar que su imagen es pública y que el derecho a la información prima sobre su derecho a la intimidad. Pero solo en esas circunstancias. Sin embargo, en las esferas estrictamente íntimas, las de su vida familiar o sentimental, debería tener el mismo derecho a la intimidad que los demás ciudadanos. Mi foto hablando desde la tribuna, la de un artista en un escenario o la de un deportista en la cancha es información, pero mi imagen cenando con mi pareja, yendo de compras, en el gimnasio o paseando con mis hijas en la playa, no lo es. El derecho a la información es un derecho fundamental, pero no es absoluto, como tampoco lo es el derecho a la intimidad ni ningún otro de nuestra Constitución. Es necesaria una regulación más moderna que garantice y equilibre el ejercicio de esos dos derechos, si no queremos vivir en un país donde cualquiera con una cámara de fotos o un móvil pueda violar nuestra intimidad sin coste alguno.

*

Barcelona está ardiendo. Los CDR (Comités en Defensa de la República) han cortado calles y carreteras, han incendiado contenedores y no paran de arrancar y arrojar adoquines contra los Mossos d’Esquadra y los agentes de la Policía Nacional. Inmediatamente después de conocerse la sentencia del juicio del procés, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y los comandos separatistas han llamado a la rebelión a los ciudadanos de Barcelona.

Es viernes por la noche y veo las imágenes por televisión. En concreto, por Telemadrid, que está haciendo una magnífica cobertura de lo que sucede en Barcelona. Hace apenas unas horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que en Cataluña no pasa nada y que todo el mundo puede salir a la calle sin temor a ser agredido. Sin embargo, el partido Barça-Madrid, programado para el día siguiente, se ha suspendido y la Sagrada Familia, uno de los monumentos más visitados de España, se ha cerrado. Pese a lo que afirma el ministro, parece que sí está pasando algo en Cataluña.

Los reporteros del informativo de Telemadrid —como el resto de periodistas que intentan hacer su trabajo en las calles de Barcelona— van protegidos con cascos y no hay nadie en las calles, salvo los agentes de seguridad y los miembros de los CDR. Las imágenes son terribles, impropias de una democracia, y siento muchísima tristeza e impotencia. Veo en directo cómo un adoquín impacta contra un policía nacional, que cae al suelo inconsciente. Mi indignación va en aumento. Escribo un mensaje al director de Telemadrid. A pesar del dolor que me causan esas imágenes, le felicito por el buen trabajo que están haciendo y le pido que traslade mi apoyo a los profesionales que ponen en riesgo su integridad física al pie de la noticia.

Los disturbios continúan e incluso van en aumento. Mi jefe de prensa y yo intercambiamos varios mensajes y llegamos a la conclusión de que deberíamos mostrar nuestra condena, decir algo, quizá en las redes sociales… Veo en la televisión que algunos líderes locales y autonómicos están entrando por teléfono para hacer sus valoraciones y decidimos hacerlo también en el directo de Telemadrid. Justo entonces me llega un mensaje del director de informativos: entraré en directo en dos minutos. Sin pelos en la lengua, explico lo que siento y le envío un reproche al Gobierno: ¿por qué no hay más agentes de policía para proteger a los ciudadanos de Barcelona y a los propios agentes, que están en inferioridad numérica respecto a los radicales separatistas? Cuando termino mi intervención, vuelvo a hablar con mi jefe de prensa y nos planteamos sacar un comunicado y enviarlo a los medios. Sin embargo, a los pocos segundos cambio de opinión y pienso que lo más ágil y sincero será grabarme un vídeo con el móvil desde el salón de mi casa. Estoy en pijama. Me quedo en pantalón y camiseta y, sin más contemplaciones, le doy al botón de grabar. Hablo: «Estoy siguiendo lo que sucede en Barcelona y estoy indignado, estoy cabreado, estoy harto de ver estas imágenes de mi ciudad. Me duele el alma, me duele el corazón de ver lo que están haciendo con Barcelona. La están quemando, la están destrozando, están rompiendo Cataluña». Y acuso a Grande-Marlaska por negar la realidad y asegurar que en Cataluña hay normalidad.

El vídeo —de un minuto y medio— comienza a recibir miles de visitas. Me asombra la rapidez con la que mi mensaje ha llegado a tanta gente. Está claro: las redes sociales sirven para comunicar de manera eficaz y cercana, sin burocracia y sin intermediarios.

Inmediatez, agilidad, espontaneidad… Es una evidencia que las redes sociales han revolucionado la manera de relacionarnos. Y para los políticos suponen una herramienta enormemente valiosa para conectar con los ciudadanos. Cualquier noticia es comentada al instante y todo el mundo puede hacerlo. Todos somos iguales en las redes, se acabó el monopolio de los medios tradicionales y ya no hacen falta ni licencias ni concesiones para comunicarte con quien quieras.

Pero, por desgracia, del mismo modo que las redes sociales implican una clara evolución para las relaciones personales y la comunicación en el mundo global, en los últimos años hemos visto cómo han dado lugar a nuevas formas de delinquir. Me estoy refiriendo al bullying, al acoso escolar por el móvil, a los chantajes con vídeos sexuales o a las amenazas de todo tipo. En mi caso concreto, he interpuesto más de una decena de querellas en los tribunales por delitos de odio, injurias o amenazas de muerte. Y no soy el único. Los cargos públicos, del mismo modo que aprovechamos la oportunidad que nos ofrecen las redes sociales, seguramente somos los que más las sufrimos.

Una red social es como un cuchillo, un arma de doble filo. Por un lado, es un magnífico instrumento creado por el hombre que sirve para cortar en la cocina, en la mesa o en la montaña, pero, si cae en manos de un delincuente, puede servir para dañar e incluso para matar a alguien. Creo que ha llegado el momento de abrir un debate serio y sereno sobre la necesaria protección a los usuarios de las redes sociales. La gran mayoría de las personas que las usan cumplen las normas, respetan a los demás y las utilizan para informarse, divertirse, conocer gente o compartir ideas e imágenes. Por eso creo que los pocos que las usan para dañar, amenazar, insultar o chantajear —ocultos casi siempre bajo el anonimato— deberían saber que sus acciones no quedarán impunes. No es justo que dejemos de utilizar una herramienta tan valiosa como esta solo porque unos descerebrados o, directamente, unos delincuentes se muevan por las redes sociales sin ningún tipo de control. Precisamente porque soy un férreo defensor de la libertad de expresión, creo que hay que proteger a los que sí cumplen las reglas y ponérselo más difícil a los que se sirven de ellas para delinquir.

Otro riesgo de las redes sociales es la tendencia, global e imparable, a la excesiva simplificación de los mensajes. Es evidente que en un tuit de ciento cuarenta caracteres —de doscientos ochenta, en el mejor de los casos— o en un vídeo de un minuto no es posible profundizar, argumentar o matizar en asuntos complejos. Y esto afecta especialmente a la política y a los políticos, que hemos esquematizado los mensajes hasta niveles preocupantes. Por un lado, la brevedad puede ser una aparente ventaja, puesto que así se llega a más personas, pero, por otro, el modelo comunicativo de las redes está contribuyendo a desarrollar una política simplista, de trincheras, del «conmigo o contra mí», del «me gusta, no me gusta».

Esa falta de fundamento en el mensaje crea el terreno más propicio para la aparición de extremismos y populismos. Si bien las redes sociales han permitido que muchos partidos irrumpan en el escenario político y crezcan rápidamente
—Ciudadanos, de hecho, se hizo fuerte en Internet—, creo que los populistas son los grandes beneficiados de este modelo de comunicación: inmediatez, simplismo, bandos, notoriedad, exageración… Ellos se sienten como pez en el agua en ese terreno y siempre se moverán mejor en él que los partidos moderados.

Todos fuimos testigos de cómo dos populistas de manual, Donald Trump y Jair Bolsonaro, llegaron a la Presidencia de Estados Unidos y de Brasil, respectivamente. El populismo se alimenta de los «errores» de la democracia y de la obsolescencia de los partidos y las ideologías del siglo pasado. Se hacen fuertes en esas grietas y contradicciones, y se manejan como nadie en el campo del maniqueísmo y de la exaltación.

Por suerte, también hay ejemplos en la dirección contraria. Emmanuel Macron supo utilizar las redes sociales precisamente para combatir el populismo de Jean-Luc Mélenchon y de Marine Le Pen, y Justin Trudeau, gracias a una buena campaña —también en las redes—, logró que el Partido Liberal ganara las elecciones federales en Canadá. En su día también lo vimos con Barack Obama, que hizo un uso muy hábil de las redes durante la campaña que le llevó a la Presidencia de Estados Unidos en 2009. Y, más recientemente, con Iván Duque (Centro Democrático), que venció en las elecciones presidenciales de Colombia de 2018.

En ese cúmulo de éxitos «liberales» hay que recordar que Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña en 2017, frente a su principal adversario, el populismo nacionalista, que hace un uso extremadamente hábil de las redes sociales.

En mayo de 2019, vimos cómo un tuit de Donald Trump generaba incluso una tormenta en las relaciones de Estados Unidos y China, y provocaba una fuerte caída de las Bolsas. Al mundo entero le dio un vuelco el corazón cuando conoció el incremento de los aranceles norteamericanos a los productos chinos, y lo supo por un tuit:

Durante 10 meses, China ha pagado aranceles a EE UU del 25 % sobre 50.000 millones de dólares en alta tecnología y del 10 % sobre 200.000 millones de dólares en otros bienes. Estos pagos son parcialmente responsables de nuestros grandes resultados económicos. El 10 % subirá hasta el 25 % el viernes.

Durante la campaña del Brexit, Internet también jugó un papel clave. Los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea construyeron una especie de cóctel molotov mezclando el Big Data —datos masivos sobre los gustos y preferencias de los ciudadanos—, las redes sociales y los medios de comunicación digitales. El objetivo era influir en el voto de más de tres millones de ciudadanos que, según decían las encuestas, no tenían claro si apoyar o no el Brexit y pensaban en abstenerse. Cambridge Analytics, empresa especializada en la recopilación y el análisis de datos, fue quien hizo el trabajo sucio y, en efecto, los pro-Brexit vencieron a los partidarios del remain por dos puntos en el referéndum, dando lugar a uno de los terremotos políticos más sonados de la historia reciente de Europa.

Asimismo, las redes sociales sirvieron para vender al mundo entero una imagen distorsionada de lo que sucedió en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Aparecieron fotos amañadas y cientos de fake news afirmando que el Estado español prohibía que los ciudadanos catalanes «votaran» y que la Policía Nacional y la Guardia Civil eran cuerpos franquistas y antidemocráticos. Posteriormente, cuando se analizó aquella campaña, se hallaron conexiones internacionales bastante sospechosas. Muchas de las cuentas de las que salían esas noticias llegaban rebotadas desde Rusia y Venezuela, lo que da una idea de la dimensión de lo que estaba en juego.

Las guerras del siglo XXI en realidad son guerras virtuales donde la información y la desinformación se utilizan para desestabilizar a una nación intentando dirigir la voluntad democrática de los ciudadanos. ¿Cómo podemos defendernos? Me temo que no lo tenemos fácil. Buscar información veraz y huir de todo aquello que nos suene a exageración o a exaltación son las únicas armas que tenemos para protegernos de ese bombardeo de fake news cuyo objetivo es dañar e incluso acabar con la convivencia. Creo que las grandes plataformas globales y las empresas digitales deberían dejar de mirar para otro lado y colaborar con los Estados democráticos para frenar estas guerras de manipulación informativa que ponen en jaque los fundamentos de nuestras democracias.

En el mundo de Internet casi todo se decide con algoritmos, y es el resultado de esos algoritmos matemáticos lo que posiciona las entradas en los buscadores. Puesto que no se produce ningún tipo de evaluación o de contraste de las noticias que aparecen en la Red, a menudo nos encontramos con fake news verdaderamente peligrosas. Por ejemplo: ¿nos podemos permitir que corran con libertad argumentarios antivacunas en forma de noticia que pongan en peligro la salud pública de un Estado o del conjunto de la humanidad? ¿Y qué decir de esas falsas noticias que justifican ataques terroristas o brotes xenófobos?

Lo que es innegable es que hay varios debates abiertos en torno al uso de las redes sociales. Y es necesario que la voz de todos se escuche. Usuarios, dueños de plataformas digitales, empresarios, políticos, juristas… Todos debemos colaborar para aprovechar las potencialidades de las redes sociales y, a la vez, luchar contra las principales amenazas a las que se enfrenta el mundo actual. La información es poder. Un uso responsable de ella forma parte de la evolución del mundo y del propio ser humano. Por el contrario, un mal uso puede poner en peligro nuestras más preciadas libertades.

*

Acabaré este capítulo con dos preguntas: ¿la política de hoy marca los tiempos a los medios y a las redes, o son estos quienes lo hacen? ¿Los medios y las redes han logrado introducir a los políticos en su particular vorágine? Por experiencia puedo decir que, efectivamente, hoy los tiempos de la política los marcan los medios de comunicación y las redes sociales. Y hemos llegado al extremo de que los políticos están permanentemente atentos a lo que ha dicho un rival en un medio o una red social, o pensando en cómo ser el primero en reaccionar, en lugar de preguntarse qué se quiere decir e, incluso, si es mejor no decir nada.

Soy un apasionado de la comunicación y la tecnología, pero también de la política con mayúsculas. Me preocupa que se haya perdido sosiego, reflexión, discreción… Creo que los líderes políticos deberían preguntarse si todo ese ruido mediático compensa o si, por el contrario, les impide realizar bien su labor. ¿Se podrían haber llevado a cabo las negociaciones para la redacción de la Constitución de 1978 en un escenario de sobreexposición mediática, tan atropellado y simplista como el actual? ¿Pérez-Llorca, Alfonso Guerra o Abril Martorell habrían podido trabajar en la elaboración de nuestra Carta Magna si hubieran tenido que explicar cada paso y cada conversación en un tuit? ¿Manuel Fraga y Santiago Carrillo habrían podido contar en tan solo ciento cuarenta caracteres por qué zanjaron sus grandes diferencias del pasado y se dieron la mano en aquel histórico encuentro en el Club Siglo XXI durante la Transición? Difícilmente.

Los políticos de aquella generación tuvieron más talento, coraje y poso que los de mi generación, y fueron capaces de llegar a acuerdos que parecían imposibles. Les envidio y les admiro por ello. Pero también es cierto que el hábitat comunicativo en el que vive la política actual impide la reflexión, la discreción y la moderación, que es precisamente lo que más necesitamos en tiempos tan difíciles como estos.

11
LA AMENAZA NACIONALISTA

Rentería, 18 de abril de 2019. Dentro de diez días se celebran elecciones generales y a mediodía Ciudadanos va a celebrar un acto de campaña en la plaza de los Fueros de la población guipuzcoana. Me acompañan el filósofo Fernando Savater, el que fuera director de la Guardia Civil, Joan Mesquida, y la europarlamentaria y víctima del terrorismo Maite Pagazaurtundúa.

Somos conscientes de que la situación entraña riesgo. Hace unos días, nuestros equipos de redes sociales nos han advertido de que varios colectivos abertzales se están organizando para boicotear el acto. No es la primera vez que esto ocurre; ya estamos acostumbrados. Pedimos al equipo de seguridad del partido que ponga en marcha los protocolos necesarios para garantizar nuestra integridad, pero no tenemos ninguna duda de que, pese a las amenazas, no debemos suspenderlo.

A primera hora de la mañana, mientras viajo en coche a Rentería, los compañeros encargados de la campaña me envían unas cuantas fotografías en las que se ven lazos amarillos gigantes colgando de los balcones de la plaza de los Fueros y varias pancartas con mi cara boca abajo. Los grupos abertzales han convertido aquel lugar en un escenario plagado de símbolos del separatismo vasco y catalán. También observo que algunas de esas pancartas llevan el sello de varias organizaciones nacionalistas, señal inequívoca de que el boicot se ha planificado «desde arriba».

Cuando faltan pocos kilómetros para llegar, me dicen que, por motivos de seguridad, me dirija a un hotel que hay en la entrada de la población, donde me esperan los ertzainas y policías que me acompañarán al acto. En el hall del hotel me encuentro con Fernando Savater, Joan Mesquida y Maite Pagaza, y les doy un abrazo. El ambiente que se respira en el pueblo es muy tenso, pero nos tomamos un café para animarnos y aparentar normalidad. Nos informan de que, en las calles aledañas a la plaza, los violentos han comenzado a liarla. Han bloqueado las entradas y los ánimos están muy caldeados. La plaza tiene forma de herradura y está rodeada de balcones, lo que la convierte en una caja de resonancia.

La Policía Nacional, la Ertzaintza y mi equipo de seguridad nos piden que vayamos hasta la plaza de los Fueros en una furgoneta y que la escoltarán por delante y por detrás. Pronto comenzamos a escuchar los gritos, los pitidos y los cánticos de los cientos de personas que se han congregado en la plaza. Algunos se acercan a la furgoneta y nos increpan. Los agentes que nos escoltan me advierten de que es posible que nos arrojen objetos desde los balcones. Durante los escasos cien metros que separan el escenario de la furgoneta, mi principal preocupación es que una piedra, una botella o algún otro objeto contundente nos golpee en la cabeza. Pienso por un instante en mis padres y en mi pareja. Saben que allí estoy haciendo mi trabajo, que estoy defendiendo la libertad y la democracia, pero me fastidia que, por el simple hecho de hacerlo, me hayan colocado en la diana y que también ellos tengan que preocuparse por mí.

Mientras nos dirigimos al escenario, saludamos una a una a las trescientas personas que han logrado llegar a la plaza para vernos. Les agradecemos su valentía. Todos sabemos que el nacionalismo te señala, te marca y te pone en su particular lista negra. El griterío es ensordecedor. Nos abuchean, nos silban, nos insultan y golpean cacerolas para impedir que hablemos. Los cuatro oradores coincidimos en que, por mucho ruido que hagan, no nos callarán. Decidimos acortar el tiempo de nuestras intervenciones, pero saldremos al escenario y hablaremos. Es nuestro derecho y vamos a ejercerlo.

La reputación de los tres valientes que me acompañan les precede: Maite Pagaza tuvo que sufrir la muerte de su hermano Joseba a manos de ETA; Fernando Savater se ha pasado media vida amenazado por la banda terrorista, y Joan Mesquida, exdirector de la Guardia Civil cuando Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro del Interior, ha estado en momentos muy duros de la lucha contra la banda armada. Los cuatro tenemos experiencia en situaciones de riesgo, pero nos cuesta creer que estemos en 2019. ¿Cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI se nos trate con tanto odio solo por participar en un acto democrático en una campaña electoral?

El primero en hablar es Joan Mesquida, que apenas puede hacerse oír entre el griterío y el ruido de las cacerolas. Los que estamos en primera fila distinguimos su mensaje: da igual que griten, da igual que insulten. No nos van a callar. Después le llega el turno a Maite Pagaza, que con su arrojo habitual habla de la emoción que le produce estar en Rentería —tiene familia allí— y de la tristeza que siente al contemplar tanto odio. Dirigiéndose a los abertzales, les critica su cobardía por intentar impedir que nos expresemos libremente y arranca el aplauso de los asistentes al acto. Fernando Savater, uno de mis referentes intelectuales, habla con la rotundidad que le caracteriza del civismo y de la defensa de las libertades. Los abucheos intentan tapar sus palabras, pero no lo logran y pronuncia un discurso magnífico.

A mí me corresponde cerrar el acto. Los gritos suben en intensidad. Es un momento muy difícil, doloroso y vergonzante, pero no puedo defraudar a tantos españoles que confían en nosotros. En realidad, no puedo defraudarme a mí mismo, porque son mis valores los que están en juego. Hay que tirar de orgullo y coraje. «Jamás pediré permiso para ejercer mis libertades en cualquier pueblo de este gran país que es España», digo.

Cuando terminamos el acto, mientras vamos hacia la salida, veo a una chica joven aplaudiéndonos desde un balcón. Me doy cuenta de que estoy presenciando algo excepcional: esa chica simboliza la valentía y la libertad en medio de la jauría, y solo por lo que ella representa, estar allí ha valido la pena. Le hago un gesto con la mano a modo de agradecimiento y complicidad, y le pido a uno de mis compañeros que le entregue una pulsera «naranja». Ella me sonríe y me devuelve el saludo.

Ya en el interior de la furgoneta las cosas vuelven a complicarse. Pese al cordón policial, decenas de personas consiguen llegar hasta el vehículo y comienzan a golpear los cristales de las ventanillas y la carrocería. Uno de los ertzainas que intenta proteger la furgoneta es empujado y atropellado por un coche de policía que iba tras él. Por suerte, el agente solo ha sufrido una lesión en la rodilla, pero sabemos que podría haber sido mucho más grave. El incidente ha hecho que nos quedemos bloqueados entre dos vehículos, como en un sándwich, y entonces me doy cuenta de que aquello puede complicarse de verdad.

Me resulta muy difícil comprender los gestos de odio que observo en las personas que golpean la furgoneta. Se me queda grabada una imagen: una chica con un bebé en brazos viene hacia nosotros y patea las puertas del vehículo. La escena me deja sin palabras. Siento tristeza.

Unas horas después nos enteramos de que se han producido detenciones y que hay varios ertzainas heridos. De vuelta en Madrid convoco una reunión del comité ejecutivo permanente del partido y decidimos presentar un escrito a la Fiscalía: no cabe duda de que lo que acabamos de vivir en Rentería ha sido orquestado y organizado por grupos separatistas radicales. Y todos sabemos quiénes son.

Unas horas después del acto le envío un mensaje a Nicolás Redondo, incansable luchador contra la amenaza terrorista y nacionalista, exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi y amigo. He podido conocer y saludar a su hermana, que estaba entre el público en la plaza de los Fueros de Rentería. Nicolás contesta a mi mensaje diciéndome que a ella le gustó mucho el acto, pero que parecía que, por desgracia, seguíamos en 1976, cuando los padres de esos totalitarios de hoy impedían a Felipe González hablar en libertad en algunos lugares de Euskadi. Efectivamente, España ha avanzado mucho en cuarenta años, pero la democracia y la convivencia siguen estando amenazadas por el nacionalismo.

El de Rentería no fue el único caso de violencia que he vivido. Unos meses antes, en noviembre de 2018, nos encontramos con una situación parecida en Alsasua (Navarra), población en la que, en octubre de 2016, unos abertzales dieron una paliza a dos guardias civiles y a sus parejas. La sentencia condenatoria se hizo pública en el mes de junio de 2018, tras lo cual varios miembros de partidos políticos del Gobierno nacionalista de Navarra salieron a las calles a defender a los agresores. Para Ciudadanos, el problema moral era evidente y no podíamos mirar hacia otro lado: un gobernante no puede manifestarse a favor de unos agresores condenados por los tribunales. Se puede estar de acuerdo o no con la sentencia, pero en ningún caso los cargos públicos deben fomentar la insubordinación contra uno de los poderes del Estado, y mucho menos faltar al respeto a las víctimas de una agresión.

En respuesta a estas manifestaciones, la plataforma España Ciudadana —impulsada por miembros del partido y personas de la sociedad civil, entre ellas también algunas víctimas del terrorismo— organizó un acto de desagravio. Por un lado, queríamos rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y, por otro, a la Guardia Civil y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que tanto han trabajado para defender nuestras libertades. Nos pusimos en contacto con asociaciones de víctimas, con plataformas y asociaciones de la Policía Nacional y de la Benemérita y con uno de nuestros simpatizantes más señalados, Fernando Savater. Todos quisieron participar y apoyar el acto. Además, se sumaron varios cargos políticos de otros partidos.

Antes de celebrar el homenaje se comenzó a calentar el ambiente de forma irresponsable, no solo por parte de las formaciones nacionalistas, sino también por parte del PSOE, que llegó a decir que íbamos a Alsasua para «provocar». Estoy convencido de que ir a cualquier pueblo de España a hacer un homenaje a una víctima del terrorismo nunca es una provocación, sino un derecho e, incluso, una obligación moral.

Desde el punto de vista de la seguridad, la situación comenzó a pintar mal. Tuvimos que recurrir a la Policía Foral para entrar en el pueblo, y la plaza central donde se celebraba el acto se convirtió en una ratonera. Los agentes iban protegidos con escudos, pasamontañas y cascos. La agresividad de los centenares de personas que nos rodeaban me recordó a la kale borroka, como si aún quedaran resquicios de aquel terrorismo callejero. El caso es que nos impedían pasar por la carretera de entrada al pueblo y los antidisturbios tuvieron que actuar para abrirnos paso. Las tres o cuatro calles que daban a la plaza estaban llenas de personas que se abalanzaban contra los agentes y por un momento nos temimos que aquello terminara en una batalla campal. Mientras nos adentrábamos en las calles más estrechas de la localidad escuché el impacto de una piedra en el cristal de la furgoneta. Si hubieran llegado a romper la ventanilla, difícilmente habríamos podido salir indemnes de allí… Por si fuera poco, tres días antes yo me había roto un gemelo jugando al tenis y el médico me había prescrito cinco o seis semanas de reposo. Pero desobedecí: aunque fuera con muletas, quería asistir al homenaje. Era mi obligación, no solo por ser el líder de Ciudadanos, sino porque como ciudadano español quería estar allí. Siempre he defendido que cuanto más intentan callarte, más alto hay que alzar la voz.

Las campanas de la iglesia de la Asunción de Alsasua no pararon de sonar durante los quince minutos que Beatriz Sánchez Seco, víctima del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, estuvo hablando. Apenas podíamos oírla, pero aguantó estoicamente y no se amedrentó. «Me siento muy orgullosa de ser hija de un guardia civil», dijo. Después intervino Fernando Savater, que habló de la Guardia Civil como garante de nuestros derechos, y, por último, hablé yo: «El día que los demócratas seamos indiferentes ante los que violan la democracia se acabará la democracia; por eso es importante que estemos hoy en Alsasua», dije.

Al día siguiente, algunos rivales políticos mostraron su peor cara. El portavoz del grupo socialista en el Senado, Ander Gil, dijo que nos habíamos comportado como dóberman y que habíamos organizado el acto de Alsasua solo para «agitar el odio». Fue el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dijo que habíamos ido a Navarra a «provocar». Es decir, en lugar de condenar la violencia y el boicot nacionalista, en lugar de apoyar a los constitucionalistas que lo habíamos padecido, desde el Gobierno se nos criticaba y menospreciaba. Aunque sé que muchos socialistas no se sintieron representados por aquellas declaraciones, esas frases me dolieron mucho. El PSOE estaba cometiendo un error gravísimo al convertir en enemigos a los que, en realidad, somos aliados: aquellos que defendemos la libertad y la Constitución.

Durante el viaje de vuelta a Madrid, recibí en mi móvil este titular del ABC de Navarra: «El “Carnicero de Mondragón”, presente entre los abertztales que intentan reventar el acto de Alsasua». En efecto, allí estaba. Uno de los asesinos más sanguinarios de ETA aparecía en aquella fotografía contemplando —como si lo supervisara— aquel bochornoso espectáculo.

Tanto el caso de Rentería como el de Alsasua son ejemplos de hasta qué punto el nacionalismo se ha apoderado del espacio público en muchos lugares de España y se ha convertido en el enemigo de la tolerancia y del pluralismo político. Un terrorista que recibe el nombre de «Carnicero de Mondragón» aparece con total normalidad en la plaza de un pueblo para observar cómo actúan sus «cachorros», mientras intentan impedir que unos representantes públicos se expresen en libertad. O bien se celebran homenajes a terroristas en sus pueblos de origen, como ocurrió el 18 de mayo de 2019 con Josu Ternera en Ugao-Miraballes (Vizcaya). Una sociedad democrática no puede permitir que ayuntamientos, asociaciones o partidos políticos organicen actos de homenaje a terroristas. Y, sin embargo, sigue pasando.

En el caso del separatismo catalán, la frase «Els carrers sempre serán nostres» («Las calles siempre serán nuestras») representa precisamente esa visión totalitaria. Porque las calles son de todos, no solo de los nacionalistas. Y no únicamente las calles, también las aulas, las lenguas, los medios de comunicación públicos… Los nacionalistas intentan apropiarse de todo lo que tocan y expulsar a quienes no comparten sus dogmas y su identidad excluyente. La gran batalla democrática que tenemos que librar pasa por la reivindicación de lo que es común, lo que es de todos. No debemos aceptar que haya pueblos que no se pueden pisar porque así lo han decidido los nacionalistas. Para poder afirmar que en España hay libertad, debemos garantizar la libertad de cualquier ciudadano hasta en el último palmo del territorio nacional.

[…] se debe superar nuestra historia […]. Señoras y señores: ¡el nacionalismo es la guerra! La guerra no es solo el pasado, puede ser también nuestro futuro.

FRANÇOIS MITTERRAND (enero de 1995)

Uno de los grandes errores que se ha cometido en España ha sido confundir el nacionalismo, que es una ideología ultraconservadora, retrógrada e incluso en algunos casos totalitaria, con una especie de progresismo hecho a la medida.

En un sistema democrático, los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios. Tampoco existen los mal llamados «derechos históricos», sino derechos constitucionales. La superioridad moral con la que actúan los nacionalistas catalanes y vascos quizá tenga que ver con la limpieza de imagen que el bipartidismo ha permitido —y el PSOE la sigue permitiendo— al pactar con ellos desde el comienzo de la Transición hasta el día de hoy. Es algo que no ha sucedido en países como Francia o Alemania, donde se considera que los movimientos nacionalistas son un peligro para la democracia. El nacionalismo se ha demostrado incompatible con los principales valores cívicos, como la igualdad, la libertad o la solidaridad, porque, más que una ideología, es un dogma. O se cree o no se cree. O estás conmigo o estás contra mí.

Las principales guerras europeas de los siglos XIX y XX tuvieron dos orígenes principales: la religión y el nacionalismo. Por desgracia, como decía Aldous Huxley, «quizá la única lección de la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia», lo que explica que los fundamentalismos religiosos y los nacionalismos resurjan periódicamente.

Afortunadamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa se vacunó contra ellos poniendo los cimientos de la actual Unión Europea y logrando así la unidad cívica, política y económica de quinientos millones de ciudadanos. De hecho, la Unión se ha convertido en el mejor antídoto.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo acertadamente en 2017 que «el nacionalismo ha alumbrado la hoguera donde Europa puede perecer». Por su parte, Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea, afirmó con valentía en ese mismo año que «el nacionalismo es veneno», tras lo cual acusó al separatismo catalán de «ir contra los valores europeos». En España, unos pocos atrevidos hemos hecho afirmaciones semejantes, y la mayoría de los rivales políticos y buena parte de la opinión publicada en los medios se nos ha tirado al cuello e incluso nos han tildado de extremistas. Los complejos del pasado y los pactos y cesiones bipartidistas con los grupos nacionalistas han sido un lastre que ha impedido a la sociedad española librar —como sí han hecho otros países— la batalla intelectual, social y política al nacionalismo.

La Constitución es el otro antídoto eficaz contra él, puesto que garantiza la convivencia y la igualdad de todos los españoles. Jordi Pujolafirmaba que la identidad de la nación catalana se configuraba en torno a la lengua catalana, como si todos los catalanes solo fueran catalanoparlantes. En Cataluña no hay una identidad única; en realidad, hay siete millones y medio de identidades distintas, porque en una democracia cada ciudadano configura su propia identidad a partir de su origen, su cultura, sus valores, sus creencias o su ideología. En una democracia tenemos un patrimonio común —una lengua, una bandera o una Constitución— que es de todos, pero en ningún caso ese patrimonio puede anular las libertades individuales, sino que, muy al contrario, debe representarlas y garantizarlas.

En España padecimos durante el franquismo el nacionalismo español y, aunque aquella etapa acabó hace tiempo, las similitudes con los actuales son muchas, sobre todo en lo que respecta a las imposiciones identitarias. Todos defienden su modelo de nación basado en la identidad frente al modelo de nación de ciudadanos libres e iguales con plenos derechos civiles. Así que, por mucho que les escueza a algunos, la realidad es que, en última instancia, a lo largo de la historia los nacionalismos se han demostrado incompatibles con la democracia.

Este hombre [Jordi Pujol], en cuanto estalle el escándalo de su banco [Banca Catalana], se liará la estelada al cuerpo y se hará víctima del centralismo de Madrid.

JOSEP TARRADELLAS (1980)

¿Qué hemos hecho mal durante estos cuarenta años para que el nacionalismo campe a sus anchas y haya conducido a una sociedad como la catalana a un fracaso colectivo? A esta pregunta muchos responderán que la culpa la han tenido el procés y el desafío separatista que se ejecutó hace un par de años —concretamente, en el fatídico otoño de 2017—, pero me temo que quien piensa eso o no puede o no quiere ver la realidad. El procés nació en el mismo instante en que Jordi Pujol asumió la Presidencia de la Generalitat, en 1980. El expresident lo tenía todo pensado y sabía que para lograr la independencia de Cataluña debía actuar a la velocidad correcta y sin enseñar demasiado sus cartas. La única diferencia entre Convergència, Esquerra Republicana y otros agentes independentistas, como la CUP, es la velocidad a la que desean avanzar. El objetivo siempre ha sido el mismo.

Si leemos artículos, informes y documentos de los años ochenta y noventa, se observa con claridad que Convergència tenía un esquema diseñado para infiltrar el nacionalismo en los medios de comunicación, para copar a nivel funcionarial la mayoría de los puestos de decisión en Cataluña, para controlar y dominar a una futura policía autonómica —los Mossos d’Esquadra—, o para abrir sedes comerciales y extender la propagada nacionalista por todo el mundo. En definitiva, se trataba de tejer una red de clientelismo nacionalista que en dos generaciones —cuarenta años— diera como resultado la independencia de Cataluña.

[…] Cataluña es una «nación europea emergente», una «nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico». [La búsqueda de la soberanía] hace imprescindible la «sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social […], los valores cristianos […], las fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico».

[Se recomienda] «vigilar la composición de los tribunales de oposición» para todo el profesorado y «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza».

[Hay que] «introducir gente nacionalista [...] en todos los puestos clave de los medios de comunicación» [e] «incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana».

PROGRAMA IDEOLÓGICO DE CONVÈRGENCIA
DEMOCRÀTICA ( CDC)
(El País, 28 de octubre de 1990)

El propio Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio entre 1954 y 1977, y después presidente de la Generalidad provisional hasta 1980, ya lo advirtió. Pese a ser un convencido catalanista —militaba en Esquerra Republicana—, Tarradellas llegó a importantes acuerdos con Adolfo Suárez y fue capaz de restablecer la autonomía catalana. Sin embargo, en algunos de los discursos y artículos de su última etapa, avisó de lo que Pujol tramaba. Tanto es así que el nacionalismo catalán reniega de Tarradellas, a quien se ha borrado del mapa «simbólico» catalanista porque fue de los pocos que se enfrentó a Pujol cuando le vio venir.

Tarradellas llegó a Cataluña después de veintitrés años en el exilio y pronunció unas palabras que han pasado a la historia: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». Es decir, Tarradellas no se dirige solo a los «catalanes», sino a todos los ciudadanos que viven o trabajan en Cataluña, una tierra que en tan solo dos décadas pasó de tres millones y medio de habitantes a casi seis millones, con familias llegadas de todo el territorio nacional. Era una Cataluña diversa, y aquella frase pronunciada desde el balcón de la Generalitat no era una reivindicación identitaria, sino todo lo contrario. Era un grito de civismo y reconciliación.

Curiosamente, muchos años después, en Ciudadanos recurrimos a ese concepto para definir al partido, e incluso en alguna Diada (11 de septiembre), en lugar de participar en los actos oficiales de la Generalitat —que se han convertido en un aquelarre separatista—, celebramos actos alternativos frente al monumento a Josep Tarradellas.

Jordi Pujol utilizó lo que estaba a su alcance para lograr sus fines: la radio y la televisión pública catalanas (Catalunya Ràdio y TV3), editoriales de periódicos o las plataformas culturales que luego desempeñaron un papel clave en el procés, como Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Òmnium Cultural es un ejemplo de cómo una asociación que inicialmente se crea, en los años sesenta, para defender y promover el uso de la lengua catalana termina convirtiéndose en una entidad al servicio del separatismo: Òmnium llegó a organizar boicots a las empresas que rotulaban o se anunciaban en castellano y, por supuesto, todo ello con el dinero público que recibían de las subvenciones. Una de las primeras iniciativas que Ciudadanos planteó en el Parlament fue la retirada inmediata de subvenciones a Òmnium Cultural. Perdimos la votación, y el PSC se puso, para variar, del lado de los nacionalistas.

La televisión pública catalana, los medios de comunicación escritos, las subvenciones, incluso el tripartito «de izquierdas» con José Montilla al frente, contribuyeron a crear y a vender la idea de una nación catalana, tanto aquí como en el extranjero. Las famosas «embajadas» de Cataluña debían ser, en realidad, sedes comerciales dirigidas a la promoción y venta de turismo y productos y servicios catalanes, pero Carod-Rovira las convirtió en pseudoembajadas con un claro contenido separatista. Es decir, se han estado usando fondos del Estado para intentar destruir nuestro propio Estado. Y así nos va.

La policía autonómica también fue una de las reivindicaciones históricas de Jordi Pujol. En los años noventa, Convergència i Unió «colaboró» de tal manera con los Gobiernos centrales del PP y del PSOE que casi sin darnos cuenta nos encontramos con unos Mossos d’Esquadra cuya cúpula ya estaba controlada por quien gobernaba en la Generalitat. Lo hemos visto durante algunos de los momentos álgidos del procés, cuando la cúpula de los Mossos no ha actuado conforme a la Constitución, sino que ha seguido las instrucciones del Gobierno rebelde.

Y, por último, la joya de la corona, el gran ejército civil de Jordi Pujol y del nacionalismo: la educación. La mayor obsesión del expresident era implantar un sistema educativo que le permitiera llenar de contenidos nacionalistas los libros de texto y hacer que el catalán fuera la única lengua vehicular en la escuela. Así, lo que empezó siendo un proceso de «normalización» de la lengua catalana pasó a ser un proceso de exclusión del castellano. Una muestra: en los años noventa, en mi época de estudiante, de treinta horas lectivas semanales tenía solo dos de castellano e inglés, y el resto en catalán como única lengua vehicular. Una sociedad bilingüe no puede ni debe tener una escuela monolingüe.

Los sucesivos Gobiernos de la Generalitat convirtieron a la autonomía catalana, que fue una reivindicación transversal de la sociedad catalana en los años setenta y ochenta, en una mera herramienta para construir la «nación catalana», destruyendo progresivamente los pilares civiles de la nación española. Este era el plan de Jordi Pujol sobre el que Tarradellas advirtió. En Cataluña, dijo, «hay una dictadura blanca muy peligrosa». Por desgracia, no se le hizo caso, ni en Cataluña ni en el Parlamento ni en La Moncloa.

Nos hemos empachado de nacionalismo. La mayoría de la sociedad española está saturada de consignas, eslóganes y símbolos destinados a dividir en lugar de sumar y construir. En pleno siglo XXI hemos visto cómo la convivencia de una sociedad próspera se quebraba, y ha sucedido en mi tierra, en Cataluña. Anteriormente ocurrió en el País Vasco.

Aunque muchos no quieran creerlo y prefieran mirar para otro lado, e incluso seguir cediendo, la amenaza nacionalista está tan viva como en el siglo pasado y bajar la guardia es una irresponsabilidad que no nos podemos permitir. Ya lo advertía Martin Luther King: «No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que me preocupa es el silencio de los buenos».

12
GOLPE A LA DEMOCRACIA

En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña.

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. […]

CARME FORCADELL (27 de octubre de 2017)

A las 15:27 horas del 27 de octubre de 2017, Carme Forcadell, presidenta del Parlament, declara la independencia de Cataluña tras el recuento de votos: setenta a favor, diez en contra, dos en blanco y cincuenta y tres ausentes —los diputados de Ciudadanos, PP y PSC—. Estoy en mi despacho en el Congreso de los Diputados y veo la escena por televisión. Los partidos constitucionalistas han decidido abandonar el Hemiciclo, por lo que la mitad de la cámara autonómica está vacía, aunque en algunos escaños se ven banderas catalanas y españolas. Siento una profunda tristeza; se me saltan las lágrimas de pena. Ese Parlamento, que fue mi casa durante ocho años, acaba de atentar contra nuestra democracia y violar los derechos civiles de todos los ciudadanos españoles. La impotencia y la rabia son inmensas. Como catalán, estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en mi tierra, pero, como líder de un partido nacional, debo mantener la cabeza fría y no permitir que las emociones me dominen. Dentro de unos minutos saldré a dar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y tendré que mostrar aplomo y firmeza. Los españoles necesitan saber que Ciudadanos va a estar al lado del Gobierno para defender la Constitución.

El golpe a la democracia que acaba de producirse en Cataluña no tiene precedentes. Ni han salido los tanques a las calles ni un grupo de militares ha irrumpido en el Congreso disparando al techo, como sucedió el 23-F. Lo que hemos visto por televisión ha sido un golpe posmoderno, dividido en tres escenas, en el que unos cuantos políticos irresponsables han atacado al Estado usando todos los resortes del Estado.

Todo comienza dos meses atrás, el 6 y el 7 de septiembre de 2017 —la primera escena—, cuando se produce la violación de la legislación autonómica. A los separatistas ya no les basta con desafiar al Gobierno nacional, por lo que deciden dar un paso más y quebrar directamente el reglamento del Parlamento catalán para aprobar las llamadas «leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica», dos normas inconstitucionales dirigidas a torpedear la línea de flotación de nuestra Carta Magna. Para ello pisotean los derechos de la oposición —así lo reconoció después el Tribunal Constitucional—, ningunean a los portavoces, a los miembros de la Mesa e incluso a los letrados de la Cámara, que advierten de que aquello es un acto ilegal, y hacen caso omiso de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que ha avisado en varias ocasiones de que cualquier paso que se dé en ese sentido será delictivo. Mis compañeros de partido, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo, entre otros, intentan defender la legalidad constitucional, pero su voz es silenciada en el Parlament y no les queda otra que abandonarlo. Así es como la Cataluña nacionalista trata de silenciar a la Cataluña constitucional y democrática.

La segunda escena tiene lugar el 1 de octubre de 2017, día en que se celebra el falso referéndum secesionista, dirigido principalmente a buscar algún apoyo internacional. En realidad, se finge un referéndum, porque, obviamente, aquel montaje también es ilegal y carece de garantías democráticas.

Y, por fin, la última escena, en dos actos: el primero, el 10 de octubre, con el «gatillazo» de Carles Puigdemont declarando la independencia y ocho segundos después anunciando la suspensión de esa misma declaración para pedir un falso diálogo. Y el segundo acto, el 27 de octubre: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lee la resolución de la Cámara por la cual se constituye «la República catalana».

Los españoles nos enfrentamos en aquellos días a una situación que no se había producido nunca: un golpe de Estado al que solo podíamos hacer frente aplicando la Constitución y, en concreto, su artículo 155, que es el que permite suspender una autonomía temporalmente para restituir y garantizar los derechos y las libertades que se han visto quebrantados. Se trataba de un desafío para todos. Los líderes de los partidos constitucionalistas aparcamos nuestras diferencias ideológicas para ponernos de acuerdo en muy poco tiempo, como también tuvieron que hacerlo los poderes públicos del Estado. Fue clave la participación del Rey, figura que representa al Estado y la unidad nacional, quien en la noche del 3 de octubre pronunció un discurso histórico, firme y proporcionado, que resultaba absolutamente necesario. Los españoles vivíamos unos momentos de gran desconcierto y él tomó la decisión de intervenir públicamente para tranquilizar a la ciudadanía.

Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña […] han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.

Con sus decisiones han vulnerado […] las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña. […]

Sé muy bien que en Cataluña hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.

FELIPE VI (3 de octubre de 2017)

La intervención de Felipe VI contribuyó a que los constitucionalistas decidiésemos salir a la calle cinco días después, el 8 de octubre, para defender la libertad, la igualdad y la unidad de España. Aquella fue una manifestación como nunca se había visto en Barcelona: un millón de personas marchando por las principales calles de la segunda capital más poblada de España y ondeando miles de banderas catalanas, españolas y europeas. Fue uno de los días más bonitos de mi vida política porque, a pesar de la tristeza y de la impotencia, me di cuenta de que éramos muchos los que deseábamos acabar con aquel despropósito. No importaban las siglas ni las ideologías. Se trataba de defender la convivencia y nuestra democracia.

Asistieron muchos personajes del mundo de la cultura a los que admiro, entre ellos Mario Vargas Llosa, los principales líderes de Ciudadanos y del Partido Popular, y Josep Borrell, aunque no estuvieron ni Pedro Sánchez ni el líder del PSC, Miquel Iceta.

Aquella manifestación, convocada por Sociedad Civil Catalana, fue como un bálsamo emocional para millones de catalanes que pedían que se respetara la Constitución. Pero también lo fue para los líderes políticos, que debíamos tomar decisiones muy difíciles, en ocasiones con el corazón en un puño. El calor humano que recibí en aquella concentración —y los días siguientes— me hizo sentirme acompañado y reconfortado. Fue como un abrazo colectivo entre todos los catalanes que queremos seguir siendo españoles, pero también con el conjunto de españoles que nos enviaban su apoyo y su cariño desde todos los rincones del país.

En su discurso, el Rey había pronunciado una frase que me llegó de una manera especial: «[…] les digo que no están solos, ni lo estarán». Precisamente, en la noche del 1 de octubre, después de la celebración del referéndum ilegal, yo había hablado desde la sede de Ciudadanos en Barcelona —quise estar en mi ciudad natal con mis compañeros en aquel día nefasto— y utilicé una frase parecida a la que una semana después pronunció don Felipe. Dirigiéndome a los catalanes dije: «No esteu sols, no estáis solos», tres palabras que desde entonces no han dejado de escucharse en las manifestaciones constitucionalistas que se han celebrado en Cataluña y en el resto de España. Paradójicamente, los separatistas, con Carles Puigdemont a la cabeza, habían conseguido algo excepcional: que todos los españoles nos uniéramos para defender nuestra democracia.

Señoras y señores: con los resultados del referéndum del 1 de octubre pasado, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente. […]

Hay un antes y un después del 1 de octubre y hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer al principio de la legislatura. Llegados a este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes, y ante nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. […]

Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.

CARLES PUIGDEMONT (10 de octubre de 2017)

De este modo, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaraba y suspendía la independencia de Cataluña. Ocho segundos entre la declaración y la «desdeclaración», ocho segundos que representan a la perfección lo que los políticos separatistas han hecho en los últimos años: burlar la ley y burlarse de los ciudadanos. Crearon unas falsas expectativas sobre la secesión de Cataluña, que es irrealizable en un territorio de la Unión Europea y en pleno siglo XXI . Y todo para vivir del procés cuanto más tiempo mejor y tapar así los sangrantes casos de corrupción del nacionalismo catalán que iban saliendo a la luz.

Me entristece que tanta gente en Cataluña haya optado por asumir las tesis del independentismo y por creer las mentiras que los líderes separatistas contaban, especialmente que la culpa de los males de Cataluña la tiene el resto de los españoles. Esto ha dado lugar a odios y a enfrentamientos entre conciudadanos y ha creado un ambiente irrespirable en una tierra que debería ser plural, diversa y tolerante. Se puede ser independentista del mismo modo que se puede ser constitucionalista, pero lo que es inadmisible es romper la convivencia y saltarse la ley. Siempre les reprocharé a los políticos separatistas que hayan hecho creer a miles de personas que se podía conseguir algo que era imposible. Y lo sabían. Basta con ver las caras de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras mientras la presidenta del Parlament anunciaba la «aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República» el 27 de octubre de 2017. El lenguaje no verbal les delataba. Sabían que en ese mismo instante estaban cometiendo delitos muy graves y que la aplicación de la Constitución invalidaría inmediatamente lo que estaban aprobando. La imagen de Junqueras y de Puigdemont preocupados y evitando mirarse muestra a la perfección que aquello era una grave irresponsabilidad y un engaño a la ciudadanía.

Pero nos quedaba por presenciar una escena aún más grotesca. Tuvo lugar unos minutos después, en la escalinata del Parlament. Allí se reunieron decenas de alcaldes secesionistas, vara en mano, a jalear la proclamación de la «República catalana». Era la imagen de la ruptura definitiva del nacionalismo catalán con los valores democráticos. Celebraban eufóricos una declaración de independencia, pero la realidad era bien distinta. La mayoría social de Cataluña ni siquiera había votado mayoritariamente a partidos separatistas, sino a formaciones que respetaban el marco constitucional, y aquella declaración era ilegal y nula.

La fuga de Carles Puigdemont y de cinco consejeros de su Gobierno dos días después, el 29 de octubre, no fue más que la prueba palpable de que conocían la gravedad de lo que habían hecho. Recuerdo una imagen que el propio Puigdemont colgó orgulloso en las redes, «coleccionando» resoluciones del Tribunal Constitucional como si fueran trofeos y afirmando que no cumpliría ninguna. Puigdemont era capaz de cualquier cosa: por un lado, engañaba a los ciudadanos al tiempo que se saltaba la ley y, por otro, aseguraba que no pasaba nada y que esos delitos en realidad no eran tales. Los políticos separatistas han jugado con el victimismo, llegando a criminalizar a la justicia y a la democracia española, mientras que las instituciones les trataron con todas las garantías que exige un Estado de derecho. Desde el primer momento fueron conscientes tanto del carácter de sus delitos como de las penas a las que se enfrentarían si seguían adelante con su viaje a ninguna parte.

La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. […]

Por eso les informo de que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.

MARIANO RAJOY (27 de octubre de 2017)

Tras la aprobación en el Parlament de la declaración de independencia tan solo quedaba un camino por transitar: la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que yo le venía pidiendo a Mariano Rajoy desde que se produjo la quiebra de la legislación autonómica y nacional los días 6 y 7 de septiembre. Pero el entonces presidente del Gobierno no fue partidario de hacerlo en aquel momento. De hecho, después del referéndum ilegal del 1 de octubre, le pedí una reunión urgente y me recibió el día 6 en La Moncloa, justo antes de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros que iba a abordar el asunto. Le transmití mi preocupación, que —y no creo equivocarme al afirmar esto— también era la preocupación de la mayoría de los españoles. Temía que los separatistas declararan la independencia en breve y, para evitarlo, era preciso impulsar desde el Gobierno la aplicación de dicho artículo. Pero él prefirió esperar. A mi juicio, esperamos demasiado.

La medida más importante que recogía el 155 era la destitución del Ejecutivo autonómico y su sustitución temporal por un Gobierno provisional, aunque había muchas dudas. Era la primera vez que se aplicaba ese artículo y el cese de un Gobierno entero no era cosa menor. Por eso, desde el principio del golpe, fui partidario de la vía menos mala. La entrada en vigor del 155 debía implicar una posterior ratificación en las urnas. Se trataba de combinar la firmeza jurídica con la firmeza democrática. Finalmente, pacté con Rajoy la aplicación del 155, la sustitución del Gobierno de Puigdemont por otro propuesto por el Gobierno de España y la convocatoria de elecciones con garantías, para que los ciudadanos catalanes —independentistas o no— pudieran hablar en las urnas y darle normalidad democrática a la situación.

El presidente del Gobierno me llamó inmediatamente después de la celebración del Consejo de Ministros extraordinario del 27 de octubre. El Senado ya había dado el visto bueno a la puesta en marcha del 155, pero la duda estaba en si hacerlo sine die o poner una fecha para celebrar las elecciones autonómicas. Quienes defendían la primera opción argumentaban que los ánimos de los independentistas no se calmarían con la mera sustitución del Gobierno —se ha visto con los constantes desafíos al Estado de Quim Torra—, si bien, a mi juicio, el problema nunca fueron las urnas. El partido que ganó las elecciones autonómicas de aquel 21 de diciembre de 2017 fue Ciudadanos, demostrando al mundo entero que los separatistas no tenían la mayoría social. El cincuenta y tres por ciento votó a opciones que respetaban la Constitución, y el cuarenta y siete por ciento, a partidos separatistas. El resultado ayudó a rectificar, en parte, la imagen que sobre lo que sucedía en Cataluña estaban trasladando los separatistas. Desgraciadamente, la ley electoral nos perjudicó —para variar— y no pudimos negociar un Gobierno alternativo porque la mayoría en el Parlament, por tan solo dos escaños de diferencia, seguía estando en manos de los partidos secesionistas.

Sigo creyendo que hubiera sido adecuado aplicar el 155 antes de la declaración de independencia porque se habrían evitado muchas situaciones complicadas, especialmente de carácter judicial. Dicho de otro modo: si se hubiera aplicado después del 6 y 7 de septiembre, cuando se inició el golpe, se habría evitado la comisión de delitos y habríamos eludido la campaña de descrédito que Puigdemont y compañía orquestaron contra la democracia española. Se habría destituido al Gobierno autonómico tras la quiebra de la legislación y no se habría celebrado el referéndum ilegal del 1 de octubre ni se habría llegado a declarar la independencia. Por el contrario, al no aplicarlo entonces, los delitos se cometieron y, de facto, les pasamos la patata caliente a los jueces, que tuvieron que dictar una sentencia que, por justa y necesaria que fuera, sería aprovechada por el separatismo para generar nuevos disturbios en las calles a manos de los comandos radicales secesionistas, con el consiguiente perjuicio a la imagen internacional de España.

Más allá de la propaganda y el victimismo separatistas, la realidad es que el periodo de mayor tranquilidad y menos convulsión social que se ha vivido en Cataluña en los últimos tres años fue precisamente la etapa de vigencia del artículo 155, con la sustitución del Gobierno rebelde de Puigdemont por otro técnico propuesto por el Ejecutivo central para la gestión ordinaria de la Generalitat.

En muchas ocasiones me han preguntado sobre este artículo: primero, si fue necesario aplicarlo; segundo, si se aplicó con eficacia; tercero, si debería haberse prolongado en el tiempo, y cuarto, si debería aplicarse de nuevo y si estamos en condiciones de hacerlo.

A la primera pregunta contesto con un sí rotundo. En cualquier país democrático se habría recurrido a la legalidad para evitar una situación de rebeldía como la que se produjo en Cataluña en el otoño de 2017. Nadie imagina al Gobierno federal de Estados Unidos, por ejemplo, permitiendo la declaración secesionista de Texas sin aplicar su cláusula federal. Tampoco al Gobierno federal alemán ni a ningún otro Ejecutivo europeo.

A la segunda pregunta, si fue eficaz, respondo reconociendo que hubo algunas lagunas, entendibles porque era la primera vez que se aplicaba y porque se necesitaba un amplio consenso, y el Gobierno trató de buscar el mínimo común denominador. De hecho, el PSOE de Sánchez se resistía; tanto es así que el líder socialista llegó a decir que nadie quería el 155 «salvo Rivera y Ciudadanos». Sin embargo, yo creo que la mayoría de los españoles sí lo quería, porque, más allá de ideologías, solo así se podían recuperar la seguridad y la tranquilidad perdidas.

También se planteó la cuestión de si el 155 debería haber afectado a la televisión pública catalana, y me consta que ni el PP ni el PSOE estaban por la labor de destituir a la dirección de TV3, porque, desde el punto de vista de la imagen exterior, habría sido difícil de explicar. Salvar a la televisión autonómica de la injerencia del Gobierno central era una exigencia del PSOE, pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo seguramente era consciente de que sería una decisión mal recibida por los medios internacionales y los embajadores extranjeros lo habrían tenido muy difícil para explicárselo a sus respectivos Gobiernos. Sea como fuere, el director de TV3 acabó imputado por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre y, por tanto, la cúpula del canal autonómico, como la de los Mossos, presuntamente participó en el golpe a la democracia. Con todas sus imperfecciones, la aplicación del 155 en Cataluña devolvió la normalidad y la tranquilidad a la sociedad, a las instituciones, a la economía y a la Administración catalanas. Se mantuvo la legalidad democrática y se recuperó la estabilidad de la comunidad autónoma y de su hacienda pública.

Vayamos a la tercera pregunta: ¿debería haberse prolongado en el tiempo el 155? Visto lo visto, sí. A lo largo de los dos últimos años hemos comprobado en multitud de ocasiones cómo el presidente Quim Torra desafiaba al Estado; tanto es así que acabó condenado e inhabilitado por delito electoral. No hay duda de que Torra es un alumno aventajado de Puigdemont y, a estas alturas, no sé quién de los dos es peor para las democracias catalana y española.

El 17 de mayo de 2018 me reuní con Rajoy y le propuse que, mientras Torra no acatase la Constitución, los partidos constitucionalistas (PP, PSOE y Ciudadanos) debíamos extender la aplicación del 155 y volver a llevarlo al Senado para mantenerla. En aquellos días, el presidente de la Generalitat describía a España como una dictadura, colgaba lazos amarillos separatistas en todos los edificios públicos, hablaba de «presos políticos»… Era un desafío permanente a la legalidad democrática y al Estado de derecho. Rajoy me dijo que acababa de hablar con Pedro Sánchez, que habían pactado levantar el 155 y que no había negociación posible al respecto.

Finalmente, la última pregunta: ¿estamos en condiciones de volver a aplicarlo? Que haya un Gobierno o un presidente de la Generalitat de ideología independentista no es argumento suficiente para que entre en vigor el artículo 155; solo lo es si atenta contra el Estatuto y la Constitución, y pienso que precisamente es esto lo que ha hecho Torra en varias ocasiones. Más allá de cómo termine el recorrido judicial del ahora inhabilitado president, creo que deberíamos aceptar con normalidad que el 155 es un artículo más de nuestra Constitución, una garantía de derechos constitucionales para los ciudadanos de una región frente a la eventual actuación arbitraria e ilegal de un Gobierno autonómico, y que es una réplica de los artículos que recogen otras Constituciones democráticas del mundo. Soy partidario de aprender de los errores que se hayan cometido, pero reivindicando siempre su validez. La aplicación de cualquier artículo de la Constitución es legítima y democrática.

Todo esto me lleva a una reflexión sobre el contexto político actual. La aplicación del artículo 155 de la Constitución fue posible porque el Gobierno central contó con los apoyos necesarios para ello —aprobación en el Consejo de Ministros y mayoría absoluta en el Senado—. A día de hoy, uno de los partidos que conforman el Ejecutivo —Podemos— defiende la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y, además, la mayoría parlamentaria catalana está en manos delos partidos separatistas, es decir, de quienes podrían volver a quebrar el orden constitucional. Por tanto, la pregunta es la siguiente: en semejante coyuntura, ¿es factible que este Gobierno volviera a activar, si fuera necesario, la aplicación del 155 en Cataluña? En otras palabras: ¿rompería Sánchez con sus socios separatistas y con Podemos para rectificar y llegar a un nuevo consenso entre constitucionalistas si hiciera falta? Yo creo que no. Parece difícil —por no decir imposible— que con un Gobierno de coalición PSOE-Podemos, y con los separatistas manejando a su antojo la mayoría parlamentaria, se pueda alcanzar un acuerdo de Estado para salvaguardar la democracia, las leyes y la unidad de España.

Una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio.

JEAN- CLAUDE JUNCKER, expresidente
de la Comisión Europea (14 de julio de 2017)

Puede gustar o no, pero la Constitución no se trocea, la soberanía no se divide […]. Soy sensible a todas las expresiones culturales, pero también al marco constitucional en el que se expresan.

EMMANUEL MACRON (17 de abril de 2018)

El papel que han desempeñado la Unión Europea y, sobre todo, algunos de sus principales líderes fue clave en el desarrollo del procés . Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, Emmanuel Macron o Angela Merkel, entre otros, cerraron filas en torno a la unidad nacional y a la actuación de nuestros poderes públicos. A mi juicio, si se hubiera tratado de un partido de Champions, la mitad de la eliminatoria se ganó en casa —con la aplicación del 155—, pero la otra mitad se consiguió fuera. Si los separatistas hubieran recibido un mínimo respaldo por parte de cualquier país de la Unión, lo habrían aprovechado y nos habríamos encontrado ante una situación internacional muy complicada. Por tanto, debemos agradecerle a Europa su firmeza a la hora de defender a la democracia española y nuestra unidad territorial. Sin embargo, me parece justo añadir que en lo que respecta a la aplicación de la euroorden —resolución judicial emitida por un Estado de la Unión con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona buscada por la ley— contra Carles Puigdemont y los otros líderes separatistas fugados, la cooperación europea ha hecho aguas. Soy partidario de reformar urgentemente la euroorden para evitar el campo resbaladizo de las interpretaciones particulares de cada Estado miembro.

Tal y como recoge el Derecho Internacional, las naciones —y su soberanía— se constituyen con el reconocimiento de la comunidad internacional. De ahí las pseudoembajadas catalanas y el afán por contar al exterior su proyecto de ruptura contra la democracia española. Hay que decir que respecto a la comunicación los separatistas fueron más hábiles. A los constitucionalistas, en general, y al Gobierno central, en particular, nos costó mucho hacernos oír y, de hecho, a menudo yo mismo tuve que vérmelas con periodistas extranjeros para explicarles que lo que estaba sucediendo en España era, sencillamente, anticonstitucional y antidemocrático, y que en ninguno de sus respectivos países se permitiría.

Reconozco que, en ocasiones, el relato victimista de los separatistas caló en la opinión internacional. El cuento de una España autoritaria que no respeta la diversidad y maltrata a los que tan solo quieren decidir su futuro... Sí, esa mentira llegó más allá de nuestras fronteras. Por eso, desde el momento en que se declaró la independencia de Cataluña, le pedí a nuestro equipo de prensa que me consiguiera todas las entrevistas que pudiera en medios extranjeros. Hice más de una decena y escribí personalmente una carta a todos los colegas liberales que ocupaban el cargo de primer ministro en sus respectivos países para explicarles la verdad de lo que estaba ocurriendo. El 5 de diciembre de 2017 publiqué un artículo en The New York Times:

[…] El lugar de origen y el nivel socioeconómico son las variables que mejor explican el secesionismo en mi región: aquellos con ingresos más elevados y raíces catalanas más profundas apoyan de manera más decidida a los separatistas; quienes perciben ingresos menores, en particular si tienen vínculos fuertes con el resto de España, prefieren una España unida. Este fenómeno transforma el nacionalismo catalán, que por tradición ha sido conservador y oligárquico, en un movimiento que aprovechan los que tienen más para emanciparse del resto. […]

De cualquier forma, los separatistas catalanes han actuado con astucia. El movimiento ha tomado el antiguo nacionalismo excluyente —fundamentado en la tesis de las diferencias culturales, económicas y lingüísticas— y lo ha transformado para presentarse como democrático y pacífico. […]

Los líderes separatistas están dispuestos a reemplazar la Constitución de manera arbitraria, los jueces están bajo presión por hacer su trabajo y el clima social se ha deteriorado a tal punto que existe división entre familiares y amigos. La inestabilidad política también ha provocado el éxodo de miles de negocios y una caída en el flujo de turistas en Barcelona, una de las ciudades más visitadas del mundo.

Frente a quienes promueven la ruptura, exijo diálogo. Frente a la exclusión, pido coexistencia. Pido federalismo y unión en vez de provincianismo y división; Estado de derecho en vez de arbitrariedad, y el fomento del pluralismo y la libertad para acabar con el dogma y la imposición.

Europa nos ayudó a ganar la batalla, pero la realidad es que lo hizo motu proprio yen legítima defensa. Si se permitía la secesión ilegal de un territorio de un Estado miembro, se abriría la caja de Pandora de todos los nacionalismos y en todas las naciones europeas. La integridad territorial de la Unión también estaba en juego y, más allá de las buenas relaciones que existieran en aquel momento entre España y las instituciones europeas, permitir la separación de un territorio que forma parte de un Estado de la Unión Europea habría hecho saltar todas las alarmas. En mi opinión, el trabajo de comunicación exterior por parte del Gobierno dejó mucho que desear. Esa batalla la perdimos en primera instancia y seguimos pagando las consecuencias. Todas las instituciones del Estado, expresidentes del Gobierno, líderes políticos, intelectuales, empresarios…, todos deberíamos haber estado dirigidos por un comité de crisis y seguir una estrategia conjunta. Pero eso nunca se hizo. Nos enfrentábamos a un golpe de Estado posmoderno que, como ya expliqué en el capítulo 10, se apoyaba en un bombardeo de fake news tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación que se hicieron eco de ellas. Y un golpe de estas características solo se puede revertir si se actúa con claridad y se comunica mejor que quienes lo dan. La verdad estaba de nuestro lado, pero los separatistas propagaban mejor y más rápido las mentiras.

Cataluña necesita grandes dosis de respeto. Respeto entre catalanes y respeto a la ley. Después de lo sucedido en los últimos años, en la sociedad catalana hacen falta serenidad y sentido común para volver al Estatut y a la Constitución. No hay otra salida. Se puede hablar de reformas, de competencias, de fiscalidad, de infraestructuras, pero nunca de romper nuestro país. No existe ese mal llamado «derecho a decidir» que Artur Mas reivindicó como la «única vía para Cataluña». Los ciudadanos que viven en cuatro provincias españolas no pueden decidir por los que viven en cincuenta. Nadie tiene derecho a convertir en extranjeros a los que hasta ayer eran tus compatriotas.

Ninguna Constitución democrática del mundo —salvo la de Etiopía— reconoce el derecho a la autodeterminación. El procés ha sido una gran mentira a la que solo podemos enfrentarnos con la verdad. Tenemos que decirles a los catalanes separatistas que en el siglo XXI nadie va a romper España ni la Unión Europea. Porque dejar de ser español no es un proyecto político, es solo la obsesión de unos pocos. Y el procés también ha sido una máquina de frustrar a ciudadanos independentistas y de cabrear a los que no lo son. Por eso creo que el trabajo que tenemos por delante no solo es político; es también social e intelectual. Debemos rebatir los argumentos del separatismo explicando la verdad y reivindicando un proyecto común. En una lista de espera en la sanidad catalana sufren tanto independentistas como constitucionalistas, y lo mismo puede decirse de las trabas para recibir una ayuda de la ley de dependencia, del cobro de una pensión o de los efectos mortales de una pandemia, más allá de ideologías o de identidades.

Respetar a los que no piensan como tú es la base sobre la cual se construye una democracia. Es responsabilidad de los líderes políticos lograr una Cataluña plural en una España diversa y unida, pero mucho me temo que tardaremos en llegar hasta ahí. Un despropósito construido y alimentado durante cuarenta años no se soluciona en un cuarto de hora. Además de mucho respeto y mucha verdad, hace falta un plan estratégico para recuperar la presencia del Estado en Cataluña y la normalidad y la lealtad entre las instituciones democráticas. Nunca habrá reconciliación si el Estado sigue desaparecido en mi tierra.

13
LES RESPETO, LES ADMIRO

Son alrededor de las tres de la tarde del 10 de julio de 2016. Estoy nervioso e ilusionado porque dentro de un rato voy a conocer a unos de mis referentes políticos, a un líder al que respeto y admiro: Barack Obama. El presidente de Estados Unidos lleva un par de días de visita oficial en España, pero ha tenido que cancelar parte de su agenda para volver a su país tras el atentado ocurrido el día anterior en Dallas, en el que han muerto cinco policías y otros siete han resultado heridos.

El encuentro tendrá lugar en la base de Torrejón de Ardoz, de donde saldrá su avión inmediatamente después de entrevistarse con los líderes de la oposición española. Por la mañana, Obama ha mantenido un encuentro con el presidente en funciones, Mariano Rajoy, pero ante la situación de bloqueo en la que se encuentra el país, el norteamericano también ha querido reunirse con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias y conmigo.

Cuando llego a la base de Torrejón, lo primero que observo con asombro es el dispositivo de seguridad que se ha desplegado. Mientras entro en la base militar, veo al fondo, en la pista, el Air Force One.Aquello parece una película. A los tres políticos españoles nos conducen a una sobria sala de espera y allí comentamos brevemente la situación política y, de paso, la escena algo surrealista que estamos viviendo. Se abre la puerta y entra una persona del equipo del presidente y acompaña a Pedro Sánchez hasta la sala contigua, que es donde se encuentra Obama. Cinco minutos después, sucede lo propio con Pablo Iglesias y, por último, entro yo.

Me llama la atención su imagen: es más delgado y alto de lo que me imaginaba. Nada más saludarle, percibo su serenidad, su cordialidad y la seguridad en sí mismo. Intercambiamos unas palabras sobre las relaciones entre Estados Unidos y España. Me dice que le han contado que soy el candidato más joven a la Presidencia del Gobierno. Me explica que entre sus planes para cuando finalice su mandato está la puesta en marcha de una fundación internacional dirigida a promover el liderazgo social en Estados Unidos y en el resto del mundo, y que seguramente coincidiremos dentro de unos años en algún acto de ese tipo. Y, señalándose la cabeza y su pelo canoso, me dice: «Eres el más joven, pero no te confíes. Mira cómo se me ha puesto a mí…». Los dos nos reímos. Finalmente posamos para la foto con las banderas de nuestros países detrás. Aquella instantánea me acompañará en mi despacho del Congreso hasta que lo abandone en 2019. Pese a la forzosa brevedad del encuentro y a la frialdad del lugar, la amabilidad y el sentido del humor de Obama han hecho que aquellos cinco minutos se me queden grabados para siempre en el recuerdo. A eso se le llama tener carisma.

Como cualquier actividad que lleve consigo una alta exposición pública, la política está llena de renuncias, sacrificios y decepciones, pero lo cierto es que me ha dado la oportunidad de conocer a personas que destacan por su inteligencia, su carisma o su habilidad política. A muchas de ellas las respeto y las admiro y, en algunos casos, incluso puedo decir que con el paso del tiempo se ha forjado una buena amistad. Quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece este libro para mostrarles mi respeto y mi reconocimiento, y también para contar diversos instantes, impresiones y anécdotas que me han dejado huella.

Desde que decidí dar el salto a la política nacional, una de mis prioridades siempre fue Latinoamérica. Las relaciones de España con esa región fueron muy fluidas en los años ochenta y noventa del siglo pasado, pero, desde la década de los 2000, nuestra influencia ha disminuido considerablemente. De hecho, en los últimos años nuestra diplomacia la han llevado a cabo, sobre todo, nuestras empresas instaladas allí. Sin embargo, creo que España debe fomentar los vínculos que nos conectan con América y, desde luego, alguien que aspira a ser presidente de Gobierno —como era mi caso— tiene la obligación de conocer de cerca el continente americano y a sus principales líderes.

En mayo de 2018 viajé a Argentina y a Chile. Al presidente argentino, Mauricio Macri, lo había conocido unos meses atrás, en febrero de 2017, en la visita oficial que realizó a España. Me causó muy buena impresión, en gran parte porque Macri no era un político profesional, sino que provenía de la sociedad civil. Antes de terminar nuestra entrevista, me dijo que, si me interesaba viajar a Argentina, concertara un encuentro con su equipo y que estaría encantado de recibirme en Buenos Aires.

Unos meses después contactamos con Marcos Peña, el jefe del Gabinete de Ministros argentino, cuyas funciones son en realidad las de un vicepresidente del Gobierno. Es un hombre joven, preparado e inteligente. Se puede decir que fue la mano derecha de Macri y quien le ayudó a edificar una mayoría parlamentaria y un Gobierno fuerte. Concertamos un almuerzo en el que hablamos de la política argentina y de la española, pero, sobre todo, de los vínculos existentes entre la coalición de Macri y de Peña (PRO, Propuesta Republicana) y Ciudadanos. Coincidíamos en los planteamientos liberales de la sociedad y de la economía, y nos emplazamos para celebrar futuras reuniones de trabajo para fortalecer nuestros puntos en común.

Al acabar aquel almuerzo me reuní con Mauricio Macri en su residencia oficial en Buenos Aires. En cuanto entré en la sala, a pesar de su cordialidad, me di cuenta de que el ánimo del presidente era distinto del que mostró en su visita oficial a España. Entonces me pareció un hombre tranquilo y con sentido del humor. Sin embargo, ahora la tensión y la preocupación eran palpables. Al día siguiente supe el motivo. Macri estaba sopesando tomar la decisión más difícil de su mandato: pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional para salvar la delicada economía argentina. Rescate e intervención eran dos palabras malditas para el Gobierno y las más usadas por la oposición populista argentina. Que no cancelara su reunión y me recibiera a pesar de aquel dramático momento dice mucho de la personalidad de Mauricio Macri.

Durante mi viaje a Argentina, también quise conocer a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires de 2015 a 2019. Probablemente es una de las figuras más destacadas de la política actual argentina. Pertenece a la coalición liberal de Macri, aunque tiene un marcado perfil propio. Es muy popular y cercana. Salí deslumbrado de aquella reunión: vi a un animal político con mucho olfato. Desde el primer instante me di cuenta de que estaba ante una mujer con un gran futuro político en Argentina. Ganarle las elecciones en la provincia de Buenos Aires al populismo argentino y gobernar, con ellos haciendo una dura oposición, está al alcance de muy pocos. Ella había encontrado la clave y me la contó: estar tanto o más cerca del pueblo que los populistas; pisar la calle, los barrios y, como gobernadora, visitar periódicamente los servicios públicos para escuchar a los ciudadanos y a los funcionarios, y apoyarles. También era importante gestionar la economía mejor que ellos y llevar a cabo políticas sociales más eficaces para ayudar a las clases trabajadoras. Su carisma hacía el resto. Ella fue la primera mujer gobernadora de la provincia de Buenos Aires y la primera líder no peronista en alcanzar ese cargo de responsabilidad. Aunque ahora se encuentra en la oposición en Buenos Aires, ojalá a Vidal le vaya bien en su nueva etapa y algún día la veamos en un Gobierno liberal en Argentina.

Un día después, el 3 de mayo, viajé a Santiago de Chile. Tenía una recepción oficial con el presidente de la República, Sebastián Piñera. El «fenómeno Ciudadanos» estaba teniendo eco en Latinoamérica; nuestro proyecto y nuestro ideario habían sido recibidos con mucho interés y todo el mundo parecía estar al tanto de lo que sucedía en España: la crisis del bipartidismo, nuestro crecimiento en el centro y el auge de los populismos y los nacionalismos.

A Sebastián Piñera lo había conocido en el ínterin de sus dos mandatos (2010-2014 y 2018 hasta la fecha), en la cena que organizó Mario Vargas Llosa por su ochenta cumpleaños en el hotel Villamagna, en Madrid. Me llamaron la atención su cordialidad, su don de gentes y su inteligencia. Me invitó a viajar a Chile cuando quisiera y yo acepté la propuesta un tiempo después, cuando volvió a ser presidente en su segundo mandato. Piñera me recibió en el Palacio de la Moneda, uno de los lugares más emblemáticos de América Latina. Antes de reunirnos, el presidente me enseñó algunos de los rincones más curiosos del palacio. Me impactó especialmente el despacho donde fue hallado el cuerpo del presidente Salvador Allende tras dispararse con un fusil mientras se producía el asalto militar al palacio presidencial el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de Estado de Pinochet. Estuvimos charlando alrededor de una hora y me sorprendió gratamente que el presidente chileno conociera con tanta profundidad la realidad política española.

Por la noche acudí a un cóctel organizado por un colectivo de empresarios y miembros de la sociedad civil en una galería de arte. Entre los asistentes se encontraban Mario Vargas Llosa, el expresidente Ricardo Lagos, algunos ministros del Gobierno chileno, empresarios e intelectuales de diversos ámbitos. El ambiente era tan distendido que Vargas Llosa, Lagos y yo improvisamos una especie de coloquio a tres para exponer nuestras reflexiones sobre la democracia en Latinoamérica, sus vínculos con España, el futuro de Europa y el auge de los populismos y los nacionalismos a nivel global. Fue un honor conversar allí con dos hombres de la talla del premio Nobel y del expresidente chileno. Nuestros puntos de vista eran similares y, si bien es cierto que Lagos es un hombre de ideas socialdemócratas, de inmediato nos dimos cuenta de que compartíamos una visión política basada en la moderación y en el pragmatismo económico. Hubo feeling desde el primer momento. Tanto fue así que al día siguiente fui a tomar café a la casa donde tiene el despacho de su fundación. Recuerdo la emoción con la que me enseñó un cuadro precioso que colgaba en la pared de la habitación donde nos reunimos. Era una obra que había tenido en su despacho presidencial y hacía alusión al referéndum que Pinochet organizó en 1988 para ratificarse en el poder. La consulta le salió al revés al dictador y el pueblo chileno decidió volver a la democracia. Ricardo Lagos habla con una serenidad y un aplomo impresionantes. Es magnifico aprender de un hombre de ochenta años que solo mira al futuro, a quien el pasado le interesa únicamente para aprender y a quien ningún tema parece superarle: globalización, relaciones de América Latina y Europa, libre comercio, populismos, democracia… Esa mirada constante hacia el futuro es una de las características que comparten los grandes líderes. Identifico a Lagos como uno de ellos.

Cinco meses después, en octubre de 2018, viajé a Colombia para reencontrarme con Iván Duque, el actual presidente de la República. Tras cincuenta años de lucha contra el terrorismo y la guerrilla, el país tiene por delante un futuro esperanzador. La democracia colombiana sufrió durante décadas las consecuencias de la inestabilidad y de la violencia, pero ahora se presentan nuevas oportunidades que ojalá puedan y sepan aprovechar. Muchas heridas siguen abiertas, pero la necesidad más imperiosa en este momento es tomar un nuevo rumbo. Iván Duque, del partido Centro Democrático, llegó al poder en las elecciones de junio de 2018, y a sus cuarenta y dos años se ha convertido en el presidente más joven de la historia de su país.

Duque y yo nos conocimos en España, en 2017, un año antes de ganar las elecciones presidenciales de Colombia. Pidió verme expresamente y le recibí, junto a su equipo más cercano, en el Congreso de los Diputados. Me di cuenta al instante de que teníamos muchísimas cosas en común. Recuerdo que llevaba mi primer libro, Juntos podemos, bajo el brazo y que lo tenía subrayado de principio a fin.Me hizo muchas preguntas y se notaba que conocía y seguía el proyecto de Ciudadanos desde hacía tiempo. Él me regaló su libro, La economía naranja, cuyo planteamiento coincidía en gran medida con el mío y con el de Ciudadanos. Me contó que tenía la intención de presentarse a las primarias para liderar el centro-derecha colombiano. Su objetivo era atraer desde el centro a la mayor cantidad posible de votantes moderados y su prioridad era detener a los populismos, que amenazaban con llegar al poder aprovechando el vacío dejado por Juan Manuel Santos y su polémico acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC en 2016.

Iván Duque ganó las primarias y, gracias a su mesura y a sus firmes valores, venció también en las elecciones presidenciales de 2018. Desde nuestro encuentro en Madrid habíamos mantenido el contacto, hablábamos de vez en cuando y me invitó a su toma de posesión como presidente de la República, aunque por desgracia no pude asistir. La oportunidad de viajar a Colombia surgió un par de meses después, en octubre, cuando el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, me propuso que participara en las reuniones que anualmente organiza el Círculo de Montevideo, que ese año tuvieron lugar en Bogotá. Aproveché para hacer ambas cosas: participar en el foro internacional y reunirme con el presidente de Colombia.

Además de los expresidentes Ricardo Lagos, Belisario Betancur y Julio María Sanguinetti, también acudirían, entre otros, Felipe González y Alberto Ruiz-Gallardón, líderes todos ellos que defienden la moderación y los valores democráticos frente a la exaltación populista. Aquella invitación fue todo un honor para mí. Era el más joven de los ponentes y recuerdo cuánto disfruté escuchándoles y aprendiendo de todos ellos. Julio María Sanguinetti pronunció un discurso inicial espectacular, siempre con referencias al futuro, a la globalización y al peligro de los extremismos. Después compartimos un almuerzo y puedo afirmar que el expresidente uruguayo es un hombre muy amable y un sabio de la política.

Para recibirme y darme la bienvenida a Colombia, Iván Duque organizó un almuerzo en Casa Nariño, la residencia oficial del presidente de la República y la sede del Gobierno. Charlamos de multitud de asuntos, sobre todo de carácter internacional, aprovechando las buenas relaciones que Duque tiene con Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, España. A mí me interesaba también conocer sus impresiones sobre lo que supone ser presidente del Gobierno de un país como Colombia, que ha sufrido tantos años de violencia. Me explicó que la batalla más importante seguía siendo la del narcotráfico, puesto que en los últimos años el número de plantaciones había aumentado. Ese asunto era una prioridad y sabía que para vencer se precisaría una gran determinación y valentía. Los presidentes y ministros colombianos que se han enfrentado al narcotráfico han sufrido las consecuencias, en ocasiones durísimas. Hay que estar hecho de una pasta especial para aguantar esa presión.

Duque y yo también hablamos de Venezuela y del drama humanitario causado por el éxodo masivo de venezolanos a su país. Hace dos décadas, el Producto Interior Bruto de Venezuela era el doble que el de Colombia. Por el contrario, ahora es un país laminado políticamente donde la pobreza causa estragos. Duque me contó que acogían a diario a miles de familias procedentes de ese país y que incluso los parques de Bogotá se habían llenado de venezolanos que vivían y dormían a la intemperie. El problema es monumental: Colombia quiere acogerlos a todos y darles un trato preferente, pero la cruda realidad es que casi dos millones de personas que han huido ya del régimen de Maduro a Colombia están creando grandes bolsas de pobreza en las principales ciudades. Por último, quiero destacar que Iván Duque me parece un buen hombre, es un líder del siglo XXI que encarna la libertad, la visión global y los valores democráticos que tanto necesita la región.

Y al expresidente Álvaro Uribe lo conocí en uno de sus viajes oficiales a España, en junio de 2019. Mantuvimos una reunión breve en mi despacho del Congreso de los Diputados, pero fue suficiente para percibir una clara sintonía en algunos de nuestros planteamientos políticos. Es un hombre de ideas claras que demostró firmeza e incitativa en su lucha contra el terrorismo y contra los que chantajean al Estado de derecho. Guardo un buen recuerdo de aquel encuentro. Uribe se mostró muy cercano y cariñoso conmigo. Siempre que Ciudadanos lograba un buen resultado electoral, el expresidente colombiano me hacía llegar un mensaje de felicitación. Creo que los países que han padecido la lacra del terrorismo se entienden mejor y, probablemente, sus líderes políticos, más allá de ideologías, también lo hacemos.

Otra parte de mi actividad política tuvo lugar en Bruselas. Desde que Ciudadanos se presentó a las elecciones europeas de 2014, siempre supe que nuestro sitio estaba en el partido liberal (Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE Party, por sus siglas en inglés), aunque era consciente de que ninguna formación política española de ámbito nacional lo había conseguido nunca. Tan solo la Convergència de Jordi Pujol y el PNV formaron parte de la familia liberal europea. En 2018, los convergentes, como era de esperar, tuvieron que salir por la puerta de atrás a causa de sus innumerables casos de corrupción.

Unos meses antes de las elecciones europeas de 2014, Guy Verhofstadt, vicepresidente del grupo parlamentario liberal y ex primer ministro de Bélgica, vino a España para averiguar en qué consistía el «fenómeno Ciudadanos». Usando sus propias palabras, él es un hombre de «centro radical» y estaba muy interesado en conocer al embrión de partido liberal que acababa de aparecer en España. Verhofstadt es un político experimentado, un excelente comunicador y posee un gran sentido de la oportunidad. Nos conocimos en Madrid y conectamos desde el primer momento. En cierto modo, fue él quien nos «apadrinó» en la entrada de Ciudadanos en el grupo liberal europeo. Un partido de centro en un país del sur de Europa no era habitual, y esta extrañeza despertó mucho interés en los partidos de centro europeos, que vieron en nosotros un aliado para crecer y coger fuerza en la Eurocámara. En población y escaños en el Parlamento Europeo, España pesa bastante, y si conseguíamos un buen resultado en las elecciones, la voz de los liberales se escucharía mucho más en Bruselas. Actualmente, Ciudadanos, con ocho eurodiputados, se ha convertido en la tercera fuerza más importante de la familia liberal, junto a los holandeses y a la coalición En Marche de Emmanuel Macron.

Entre las figuras más destacadas del partido liberal europeo se encuentra la danesa Margrethe Vestager, una de las políticas más interesantes de la Unión. Actualmente es comisaria de Competencia y fue la candidata de los liberales a la presidencia de la Comisión. Posee mucha experiencia, desborda carisma y no le tiene ningún miedo a la autocrítica. Fue ministra en diferentes Gobiernos de Dinamarca, donde ningún partido obtiene nunca la mayoría absoluta y donde han llegado a gobernar juntos hasta seis partidos políticos.

Quiero mencionar también al «tridente» del Benelux
—germen de la Unión Europea—, donde los liberales gobiernan desde hace muchos años. Mark Rutte (Holanda), Xavier Bettel (Luxemburgo) y Charles Michel (Bélgica) encarnan ese empuje de los nuevos liberales europeos y a día de hoy constituyen el núcleo duro en la toma de decisiones de la familia liberal. Tres primeros ministros jóvenes pero con mucha experiencia, que hoy en día son la llave del entendimiento entre liberales, socialistas y conservadores en el Consejo Europeo. No puedo pasar por alto a Michel Barnier, uno de los principales negociadores del Brexit, que ha sabido defender a capa y espada los intereses de Europa y se ha convertido en una figura de referencia de la Unión Europea. Es un político moderado y dialogante. Fue siempre muy amable conmigo y, en la reunión que mantuvimos hace poco más de un año en Bruselas, me explicó todos los entresijos del avance de las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit. Tampoco quiero olvidarme de Antonio Tajani, el que fuera presidente del Parlamento Europeo. Tuve el honor de tratar con él en varias ocasiones y puedo decir que es un político moderado que habla claro, un gran europeísta y un amigo de España. El día que recogió junto a Jean-Claude Juncker y Donald Tusk el premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2017, con su discurso emocionante y contundente se metió en el bolsillo el corazón de millones de españoles:

Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción: es una obligación.

En enero de 2018 viajé a Roma para conocer a Matteo Renzi, el ex primer ministro italiano (2014-2016), a quien planteé la necesidad de que España e Italia se sumaran al eje franco-alemán para profundizar en el proyecto europeo y frenar a los populismos desde las posiciones liberales y progresistas que los dos representábamos. En esta misma lucha se encuentra también la excomisaria europea Emma Bonino, referente femenino de la política italiana y miembro del inclasificable Partido Radical. La conocí en el otoño de 2018 en el congreso que los liberales europeos organizamos en Madrid. Tiene una personalidad arrolladora y muestra un gran arrojo a la hora de exponer sus ideas sobre el futuro de Europa. Su principal preocupación es el auge de los populismos, como el de la Liga Norte de Matteo Salvini o el del Movimiento 5 Estrellas, que han sabido sacar tajada de las profundas crisis de las formaciones italianas tradicionales. Además de coincidir con ella en la mayoría de sus planteamientos, Bonino me pareció una mujer muy valiente y, sobre todo, una amante de la libertad.

Después del rescate financiero por el que tuvo que pasar Portugal, el Gobierno liderado por el socialista António Costa, y el presidente de la República, el moderado Marcelo Rebelo de Sousa, alcanzaron un equilibrio político que permitió al país salir de la grave crisis que padeció de 2010 a 2014. Conocí al presidente Rebelo de Sousa en abril de 2018, durante su visita oficial a España. Pronunció un discurso magnífico en el Congreso de los Diputados y, tras el almuerzo que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real, pude intercambiar algunas palabras con él. Me sorprendió gratamente que conociera la trayectoria de Ciudadanos y me animó a seguir trabajando para conseguir un espacio de gobierno en el centro político español.

Dos referentes del europeísmo con los que he coincidido en varias ocasiones y con los que tengo una buena relación son José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea y ex primer ministro de Portugal, y quien fuera su ministro adjunto, José Luís Arnaut. Les conocí en Washington, en 2018, durante la reunión anual del Club Bilderberg de la que hablé en el capítulo 6. Después nos hemos visto en varias ocasiones entre Madrid y Portugal, puesto que visito el país vecino con bastante frecuencia. Durante una de esas escapadas conocí a Rui Moreira, el actual alcalde de Oporto. Moreira es un hombre muy interesante que proviene de la sociedad civil y, gracias a un proyecto innovador y solvente, ha logrado situar a Oporto entre las ciudades más atractivas de Europa. Además, es un firme defensor de la estrecha colaboración y la unión política de España y Portugal, una idea de la que me declaro absolutamente partidario.

En el capítulo 5 ya hablé de los expresidentes Felipe González y José María Aznar, pero me parece oportuno nombrarles también aquí, ya que con los dos he tenido una buena relación. Una de las preguntas más habituales que hicieron numerosos periodistas era sobre la fórmula que me ha permitido llevarme bien con los dos eternos rivales, los referentes históricos del centro-izquierda y el centro-derecha español, respectivamente. La respuesta es simple: más allá de etiquetas e ideologías, les profeso un gran respeto porque pusieron en marcha sendos proyectos nacionales que dieron como resultado importantes avances sociales y económicos para España. Siempre les escuché con atención e incluso les pedí consejo en algún asunto internacional. Utilizando la expresión que hace años acuñó Felipe González, los expresidentes de Gobierno no deberían limitarse a ser «jarrones chinos» que nadie sabe dónde colocar. Si hubiera llegado a ser presidente del Gobierno, me habría gustado contar con ellos y con los otros expresidentes para pedirles consejo y ayuda en asuntos internacionales. De esa manera, la experiencia y los conocimientos de los expresidentes serían aprovechados por todos los españoles, no solo por algunas empresas privadas que, legítimamente, les contratan por ello.

Tanta o más importancia que las personalidades políticas que he tratado a lo largo de estos años la tienen algunas personas significativas de otros ámbitos.

Tengo la suerte de haber conocido a tres gigantes del pensamiento y de la palabra, con quienes, además, me une una buena amistad. Me refiero a Albert Boadella, Mario Vargas Llosa y Fernando Savater. Por desgracia, en un país tan guerracivilista como el nuestro, los intelectuales verdaderamente libres no lo tienen fácil, porque, en cuanto dan su opinión sobre cualquier tema, son etiquetados en un bando o en otro. Albert Boadella, uno de los fundadores de Ciudadanos, es, sin duda, uno de los mejores dramaturgos de España. Durante años estuvo perseguido por la dictadura franquista y llegó a estar encarcelado por su famosa La Torna, la pieza teatral que el grupo Els Joglars estrenó en 1977. Posteriormente, fue mostrándose cada vez más crítico con el nacionalismo catalán, hasta el extremo de desenmascarar a Pujol en su obra maestra, Ubú, President. La pieza levantó tantas ampollas en Convergència que el entonces president le calificó como uno de los principales «enemigos de Cataluña». En 2004, el Gobierno de Pasqual Maragall le concedió la Cruz de Sant Jordi, la mayor condecoración de Cataluña, pero él la rechazó alegando que el «pujolismo» había devaluado el galardón al otorgarlo durante años de manera partidista. Boadella militó en el PSC y en un primer momento incluso apoyó abiertamente a Maragall. La decepción le llegó durante el Gobierno tripartito (2003), por las concesiones al nacionalismo que ya empezaban a hacer los socialistas, y unos años después se convirtió en uno de los fundadores de Ciudadanos. Boadella es un hombre esencialmente libre, muy inteligente y con un gran sentido del humor. Le admiraba antes de conocerle y le admiro más aún después de haber compartido batallas todos estos años junto a él.

De Fernando Savater destaco su bondad, su valentía, su capacidad de explicar la idea más compleja de la manera más sencilla y, por supuesto, su inteligencia y su humor. Nos conocimos en San Sebastián en 2007, cuando Ciudadanos inició los primeros contactos —sin éxito— para sumar con el UPyD de Rosa Díez. Organizamos una comida con los fundadores del partido durante la cual Fernando contó su experiencia bajo la amenaza de ETA. Sus palabras me marcaron para siempre. Explicó que, pese a llevar escolta desde hacía años, había decidido ser libre y pasear cada día por la playa de la Concha y por el centro de San Sebastián. Aseguró que ninguna amenaza le impediría hacerlo. En la presentación de la plataforma civil Ciudadanos, celebrada en el teatro Tívoli de Barcelona en 2006, Fernando fue el invitado estrella y pronunció un excelente discurso en el que, entre otras cosas, defendió la ciudadanía, el civismo y la libertad, que es lo que siempre ha hecho con su ejemplo y su pensamiento. Y dijo una frase que se me quedó grabada: la diferencia entre un súbdito y un ciudadano es que el primero se pregunta qué nos va a pasar mañana, mientras que el segundo se pregunta qué vamos a hacer mañana. Savater nunca ha sido rehén ni del miedo ni de los dogmas. Fue un honor que cerrara la lista electoral de Madrid en la que yo me presenté como cabeza de lista por última vez, un gesto simbólico que le honra y que me llenó de orgullo. Siempre lo recordaré.

No voy a contar aquí el currículum de Mario Vargas Llosa, pues es de sobra conocido y necesitaríamos un libro solo para ello. Sí destacaré que, pese a haber conseguido el mayor reconocimiento al que un escritor puede aspirar (el Premio Nobel de Literatura), nunca ha dejado de preocuparse por la actualidad y por el futuro de España y del mundo. Para Mario, ser liberal es, ante todo, no tener dogmas, poder pensar, dudar e incluso cambiar de opinión. Es decir, ser liberal no es solo una ideología, sino una forma de ser y de vivir. En 2018, Mario me pidió que presentara su libro La llamada de la tribu, un resumen de los pensamientos e ideas de siete autores fundamentales del liberalismo. Y, por supuesto, acepté. La presentación consistió en una conversación a dos, con la periodista Pepa Bueno como moderadora. Fue un lujo compartir reflexiones y aprender de él aquella tarde en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino. Desde que le conocí, me han fascinado la vitalidad y las ganas de aprender de este gran intelectual hispano. Pocos días después de mi dimisión recibí una carta de Mario en la que me mostraba su apoyo y su amistad. Siempre le agradeceré sus palabras.

Por último, quiero referirme a la persona más valorada por los españoles según las encuestas: el rey Felipe VI. En los últimos años, la monarquía española ha pasado por momentos convulsos, pero don Felipe, como jefe del Estado, ha conseguido conectar con los españoles y transmitirnos tranquilidad y cordura cuando más lo necesitábamos. En muy poco tiempo, el Rey ha tenido que hacer frente a situaciones verdaderamente complicadas: dos repeticiones electorales (2016 y 2019), con las consiguientes rondas de consultas y el bloqueo institucional que se produce en estos casos, el golpe separatista en Cataluña, la pandemia de la COVID-19 y la polémica generada por las informaciones aparecidas en los medios sobre algunas actividades del rey Juan Carlos.

Felipe VI está siendo un buen jefe del Estado para la España del siglo XXI . Es un hombre muy preparado, serio, riguroso y con una gran proyección internacional. Su papel como moderador genera confianza y estabilidad en medio del ajetreo político que vive el país. No me considero monárquico y creo que el debate sobre la forma de Estado —monarquía o república— es legítimo. Sin embargo, estoy convencido de que la solución a los problemas de la España de hoy no pasa por ese tipo de controversias y que la actitud del Rey en los últimos años nos ha ayudado a superar el desconcierto que de manera irresponsable algunos políticos han creado. Del mismo modo que muchos españoles durante la Transición se hicieron «juancarlistas» antes que monárquicos, el buen servicio a España que está haciendo don Felipe ha logrado que numerosos ciudadanos de mi generación seamos más «felipistas» que monárquicos.

He conocido a don Juan Carlos y he podido conversar con él en alguna ocasión. No creo que tenga ningún sentido comparar al padre con el hijo porque ambos han desempeñado un papel distinto en cada momento de nuestra historia. Juan Carlos I fue un monarca hábil y con gran olfato, un hombre de la Transición que supo marcar el camino correcto que llevó a la democracia y a la modernización de España. En cambio, Felipe VI, pese a encontrarse con un país mucho más maduro y estructurado, está teniendo que hacer frente a una situación política y social que nadie habría imaginado hace unos años. En mi opinión, don Felipe está demostrando estar a la altura de las circunstancias.

Debido a la situación convulsa del país, mantuve bastantes reuniones con don Felipe en el Palacio de la Zarzuela. Conozco bien el camino que conduce a su despacho, las personas que te reciben y sus gestos, encabezadas por el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y el protocolo exquisito de la Casa Real para los encuentros oficiales del Monarca con los líderes de los partidos políticos. Pero también estuve en la Zarzuela en situaciones más informales, en audiencias privadas que el Rey mantiene con personalidades de la vida política o de la sociedad civil. En estos últimos cinco años, y por motivos diferentes, habré visitado la residencia real más de una decena de veces y, sobre todo, destaco el respeto y la cordialidad en el trato con don Felipe, un respeto que poco a poco ha ido transformándose en confianza mutua. Además, la cercanía generacional ha permitido una buena sintonía en nuestras charlas. Don Felipe es un buen conversador, pregunta mucho y siempre se interesa por la opinión de su interlocutor. Le da un gran valor a los matices y le gusta profundizar en todos los asuntos que trata. El sentido del humor también es uno de sus rasgos más notables y quizá menos conocidos. A pesar de las circunstancias, el Rey sabe encontrar el momento para hacer una broma y distender el ambiente.

Muchas de las cualidades de don Felipe tienen que ver con la «escuela» de su madre, la reina Sofia. Seria, profesional y discreta, la Reina siempre ha demostrado un saber estar y una cercanía que la han convertido en una de las personalidades más valoradas por los españoles. Recuerdo la entrega de los Premios Príncipe de Asturias de 2014, justo unos meses después de que se produjera la abdicación del rey Juan Carlos. La reina Sofía entró por un lateral del teatro Campoamor de Oviedo y, cuando se sentó en su palco, todos los asistentes nos pusimos en pie para dedicarle una ovación de varios minutos. Doña Sofía, emocionada, nos pedía con gestos que nos sentáramos, pero el público siguió aplaudiendo. El afecto y el agradecimiento de los españoles hacia la Reina siempre fueron evidentes, pero aquella tarde se hicieron más visibles que nunca.

El rey Felipe VI siempre ha mostrado una gran empatía y sensibilidad respecto a la situación en Cataluña. A fin de cuentas, ha sido príncipe de Girona y ha viajado allí cuando ni el Gobierno lo hacía. Los catalanes agradecemos muchos de sus gestos, como que use el catalán en sus discursos —también lo hizo la infanta Leonor, y de manera magnífica, durante la entrega de los Premios Princesa de Girona de 2019— o que, pese a haberse convertido en la diana de los secesionistas, siempre esté dispuesto a visitar Cataluña.

Fue especialmente bochornoso el espectáculo que dieron las entidades separatistas cuando el Rey quiso estar en la manifestación que se celebró en Barcelona con motivo de los atentados que tuvieron lugar el 17 de agosto de 2017 en la Rambla barcelonesa y en Cambrils, donde murieron dieciséis personas y hubo ciento cuarenta heridos. El 27 de agosto de 2017 don Felipe deseó participar en aquel acto de repulsa y me causó vergüenza ajena el boicot que las plataformas separatistas pusieron en marcha justo cuando más unión se necesitaba. Yo le reconocí personalmente el gesto y, posteriormente, que entregara los Premios Princesa de Girona pese a los intentos de los separatistas para que no lo hiciera. Don Felipe ha demostrado valentía en sus apariciones públicas de los últimos años, y es que en ningún caso la prudencia está reñida con el valor. Los catalanes constitucionalistas aplaudimos y le agradecemos su presencia en nuestra comunidad y confío en que, pese al ruido de los secesionistas, nunca deje de hacerlo. Como jefe del Estado, es muy importante que esté precisamente donde se cuestiona la unidad de España.

El discurso que don Felipe pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, fue clave para lo que vino después. Era absolutamente necesario que el Rey apareciera y se dirigiera a todos los españoles para transmitir sosiego y determinación. Yo lo vi en casa por televisión, y recuerdo que, cuando empezó a hablar, me vinieron a la mente las imágenes del discurso del rey Juan Carlos la noche del 23-F. Dos jefes del Estado pronunciando un discurso para detener dos golpes de Estado. Me parecía mentira que en pleno siglo XXI estuviéramos viviendo algo así. Obviamente, yo no puedo recordar la noche del 23-F, pero he visto decenas de veces las imágenes de la toma del Congreso, de Tejero disparando al techo, del discurso de madrugada del rey Juan Carlos parando el golpe… Y entonces volví a ser consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo. El discurso del 3 de octubre de 2017 afianzó a Felipe VI como jefe del Estado.

Como era de esperar, los separatistas criticaron su actuación porque el Rey no habló de «diálogo» con quienes acababan de saltarse las leyes y pretendían declarar ilegalmente la independencia, como de hecho hicieron unos días después. Solo puede haber diálogo dentro de la ley, nunca contra ella. Por eso creo que el discurso fue contundente, sólido y necesario, y, como ya he mencionado, sirvió para que un millón de personas saliéramos a la calle el 8 de octubre de 2017 y la crisis comenzara a encauzarse con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Escribiendo estas páginas me he dado cuenta de lo afortunado que soy por haber conocido a tantas personalidades que me han dejado huella. A todas las respeto y a muchas las admiro. He disfrutado de numerosas conversaciones sosegadas y distendidas, del intercambio de ideas con personas sabias capaces de analizar la realidad sin quedarse en la superficie de las cosas. Puedo decir que el tiempo que me he dedicado a la política me ha dado la oportunidad de crecer como persona porque he tratado a grandes personas.

14
VENEZUELA Y LA LIBERTAD

Es una mañana cálida en Caracas. Viajamos en un coche Antonieta Mendoza, Lilian Tintori —madre y esposa, respectivamente, de Leopoldo López— y yo. Vamos camino de Ramo Verde, la prisión militar en la que López está encarcelado. En el interior del vehículo se palpa la tensión. Llevo cuarenta y ocho horas en Venezuela y espero poder llevar a cabo uno de los propósitos de mi viaje: conocer al principal líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la situación no pinta bien. Lilian me ha explicado que otros líderes políticos han podido visitarle, pero nunca se sabe… La arbitrariedad del régimen chavista es tal que los criterios se cambian sin previo aviso.

Es 25 de mayo de 2016. Estoy agotado por la intensa agenda que he mantenido en la capital venezolana y por el jet lag. Miro por la ventanilla del coche y veo a cientos de personas haciendo cola en los arcenes de la carretera. Le pregunto a Lilian y me explica que toda esa gente espera para poder acceder a un economato de la zona. Los productos escasean y, cuando llegan nuevas remesas, las familias se reúnen para hacer acopio de alimentos. Mientras ella me lo cuenta, yo me quedo sin palabras.

Ramo Verde, el centro de reclusión preferido de Maduro para encarcelar a los presos políticos más incómodos, se encuentra en la zona sur del Área Metropolitana de Caracas, a unos treinta y cinco kilómetros de la capital. El coche se detiene en un descampado y a unos doscientos metros veo un enorme edificio de cemento gris. Imagino que es el módulo principal de la prisión. Lilian, Antonieta y yo vamos hacia allí. Estamos cerca de la entrada al complejo cuando dos militares jóvenes detienen nuestra marcha y nos dicen que no podemos seguir avanzando. Explicamos que vamos a visitar a Leopoldo López, y Lilian y Antonieta enseñan los documentos que las identifican como familiares. Uno de los dos soldados me dice que yo no puedo entrar y que la familia de Leopoldo tiene las visitas restringidas. Le explico que vengo de España, que soy un diputado nacional y que solo quiero ver a Leopoldo unos minutos. Me dice que él únicamente acata órdenes y me repite que no puedo pasar.

Siento impotencia y frustración, pero a la vez una paradójica empatía hacia esos jóvenes funcionarios. Es cierto, ellos no son los responsables, hacen lo que les manda el Gobierno. Intento comprenderles. Les estrecho la mano, y Lilian, Antonieta y yo nos damos media vuelta.

No es fácil definir el régimen venezolano. Algunos lo han catalogado como una democracia en descomposición, otros directamente como una dictadura. Seguramente, el régimen chavista tiene algo de ambas cosas, pero, para ser precisos, yo lo definiría como una tiranía arbitraria. Tanto Hugo Chávez, fundador del régimen bolivariano, como su heredero, Nicolás Maduro, actúan como auténticos tiranos, pisoteando los derechos humanos, boicoteando las elecciones y manipulando los resultados, dictando y anulando sentencias judiciales, encarcelando y soltando a los opositores cuando al régimen le conviene…, un régimen cuya principal seña de identidad es la arbitrariedad. La Constitución venezolana no es más que papel mojado y nadie sabe a qué atenerse, porque las normas se interpretan según los casos y el momento a conveniencia del Gobierno. Hace tiempo que el Estado de derecho voló por los aires y el futuro de todos los venezolanos está en manos del tirano y de su régimen.

El viaje que realicé a Venezuela en mayo de 2016 fue uno de los más emocionantes de mi vida. Fueron apenas tres días, pero, con el paso del tiempo, me parece que estuve allí varias semanas. Un par de años atrás, la familia de Leopoldo López, con Lilian Tintori a la cabeza, lanzó una campaña de denuncia del régimen venezolano de Nicolás Maduro. López, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, fue condenado arbitrariamente a trece años de prisión por haber liderado las protestas del mes de febrero de 2014. El enorme descontento social ante la vulneración de los derechos civiles, la escasez crónica de productos básicos y los altos niveles de violencia llevaron a cientos de miles de personas a tomar las calles de Caracas y de las principales ciudades venezolanas. Cuando Leopoldo fue arrestado el 18 de febrero de 2014, Lilian llevó a cabo una campaña de denuncia del régimen por todo el mundo que dura ya seis años. A lo largo de este tiempo, ha visitado parlamentos, instituciones y a numerosos líderes políticos de los países democráticos más importantes del mundo en busca de apoyo. En marzo de 2016, Tintori visitó España y mantuvo una reunión con los principales líderes políticos nacionales —salvo Podemos— en el Congreso de los Diputados. Fue entonces cuando la conocí. Me impresionaron la entereza y el aplomo con los que nos contó lo que les estaba sucediendo tanto a ella y a su familia como a la oposición venezolana y al país entero. Lilian buscaba el apoyo de la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro y hacer una transición hacia la democracia. De inmediato, quise implicarme y le ofrecí mi ayuda. Ella me dijo que lo primero era dar a conocer en España la situación de Venezuela, pero también me habló de la posibilidad de realizar un viaje al país latinoamericano para reunirme con la oposición y, si era posible, conocer a Leopoldo.

Unos meses después recibí la invitación del presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional venezolana. No lo dudé. Para mí, era un honor intervenir en ese parlamento, donde por primera vez en mucho tiempo la mayoría —la llamada «Mesa de la Unidad Democrática»— estaba en manos de los partidos democráticos. Maduro, pese a sus intentos de manipular las elecciones legislativas de 2015, no pudo evitar que la oposición consiguiera la victoria.

Le pedí a mi jefa de gabinete, María Castiella, que tenía conocimiento en asuntos internacionales, y a Javier Pereira, politólogo venezolano y responsable de redes sociales de Ciudadanos, que me organizaran el viaje y la agenda en Caracas. Pocos días antes de emprender el viaje, recibí una llamada del entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, con quien siempre he tenido una buena relación, para invitarme a un desayuno en su casa. Me dijo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también asistiría porque quería hablar conmigo sobre la situación en Venezuela. Por supuesto, acepté la invitación del ministro. En cuanto llegué y comenzamos a intercambiar puntos de vista, me di cuenta de que el expresidente no estaba de acuerdo con mi viaje a Venezuela. En realidad, me lo dijo sin rodeos. Me explicó que el trabajo que, según él, estaba haciendo allí podía ponerse en riesgo si yo viajaba a ese país, y me pidió que cancelara la visita. El ministro Margallo me aconsejó que tuviera en cuenta las palabras del expresidente, puesto que conocía bien la situación venezolana. Me quedé en shock. La oposición venezolana me había pedido que interviniera en la Asamblea Nacional y no podía defraudarles. Era una oportunidad de mostrarles nuestro apoyo y, a pesar de la resistencia de Rodríguez Zapatero y de la equidistancia del Gobierno, no podía dar marcha atrás. El desayuno duró alrededor de una hora y, antes de irme, le dije al expresidente Zapatero que agradecía que hubiera querido trasladarme su punto de vista, pero que no compartía su opinión.

Unas semanas antes, Felipe González también había estado en Venezuela. Su viaje en favor de una salida democrática para el país tuvo repercusión internacional y el régimen de Maduro le puso numerosas dificultades para reunirse con los líderes de la oposición. Después de la reunión con Margallo y Zapatero, hablé por teléfono con el expresidente González para conocer su opinión sobre mi futura visita a Caracas. Me mostró su aprobación y me dijo que cuantos más líderes españoles y europeos visitáramos Venezuela para apoyar a la oposición, mejor para la causa de la democracia.

Le comuniqué al ministro García-Margallo que definitivamente mantenía mi agenda en Caracas y me citó en el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofrecerme su ayuda tanto en los asuntos diplomáticos como en los relativos a la seguridad. El entonces embajador español en Venezuela, Antonio Pérez-Hernández, se puso en contacto con mi equipo e incluso nos ofreció que nos quedásemos en la embajada española en Caracas los tres días que duraría nuestra visita. Añadió que era lo más seguro y que estaría encantado de recibirnos. Siempre se lo agradeceré.

Volamos a Venezuela el 23 de mayo 2016. Fueron nueve horas de incertidumbre y tensión dentro de aquel avión del que ni siquiera sabíamos si nos dejarían bajar. Apenas dos días antes, el Gobierno de Maduro, por medio de su número dos, Diosdado Cabello, que apareció en la televisión pública, nos había dedicado una buena retahíla de injurias y calumnias, y nos avisó de que no nos permitirían entrar en el país. Les dije a María y a Javier que llevaran en el equipaje de mano las cosas imprescindibles por si nos retenían horas en el aeropuerto de Caracas o nos enviaban de regreso a España.

Una vez en suelo venezolano, y tras pasar los controles de seguridad, respiramos aliviados. En la terminal de llegadas del aeropuerto nos encontramos con un comité de bienvenida encabezado por Lilian Tintori y compuesto por decenas de opositores al régimen de Nicolás Maduro. No solo nos habían dejado pasar, sino que ¡nos daban la bienvenida!... La expectación mediática era enorme e hice algunas declaraciones allí mismo, en la salida del aeropuerto. Fuimos directamente a la casa de los padres de Leopoldo López, que nos invitaron a cenar. Estuvimos conversando durante un par de horas y nos contaron cuál era el clima social y económico del país y cómo lo estaban viviendo ellos y, en particular, su hijo Leopoldo. En esa cena conocí al actual presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y a otros líderes del partido de Leopoldo López, como Fredy Guevara, que llegó a ser vicepresidente de la Asamblea Nacional. Eran jóvenes —tanto o más que yo—, muy preparados y con mucho coraje. Intentaban cambiar las cosas. En cierto sentido, y salvando las distancias, me recordaban a mí mismo y a la gente de Ciudadanos.

A la mañana siguiente, el 24 de mayo, intervine en la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se trataba de un momento muy importante para mí y, lógicamente, la emoción estaba a flor de piel. El recibimiento fue amable y cariñoso, y en la sala de la comisión no cabía un alfiler. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, me dio la bienvenida y me agradeció la visita. Mi intervención fue retransmitida en directo por algunos medios digitales y había decenas de periodistas cubriendo el acto. Después se celebró una comida con algunos de los líderes de la oposición, de diferentes ideologías, y me llamó la atención la unión de todos a pesar de ser miembros de partidos competidores. Les unía la causa de la libertad. Cuando la democracia está en peligro, las ideologías pasan a un segundo plano. En Venezuela hay solo dos opciones: la de la mayoría social, que quiere recuperar la democracia y abandonar la pobreza, y el régimen chavista, una élite política corrupta que ostenta el poder y lo mantiene, por un lado, infligiendo miedo y dolor a los opositores, y, por otro, utilizando el clientelismo desde hace dos décadas para sostener a una minoría menguante que aún les apoya. Cuando terminamos aquella comida, en la puerta de la Asamblea nos encontramos con un grupo de chavistas que intentaron amedrentarnos. Nuestros anfitriones nos explicaron que, desgraciadamente, esas turbas eran habituales desde que los opositores al régimen tenían la mayoría de la Cámara. Nos demoramos casi una hora en salir de allí y retomar la agenda.

Esa misma tarde me reuní con Henrique Capriles, otro de los líderes de la oposición al régimen y dirigente del partido Primero Justicia, que estuvo a punto de ganar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2013. Hablamos durante media hora en la sede de su partido y me llamó la atención un comentario de Capriles cuando yo empleé el término «liberal» en una de mis frases. No recuerdo sus palabras exactas, pero me aconsejó que no lo usara en mis intervenciones públicas en Venezuela porque los chavistas se habían encargado de criminalizarlo. Aquel consejo de Capriles era una prueba más de cómo los populismos suelen ganar casi siempre las batallas semánticas. El populismo en Venezuela —y no solo allí— ha logrado estigmatizar todo aquello que suene a libertad, a capitalismo, a empresa, a riqueza, a Estados Unidos o a Europa, e incluso a ONU o a FMI. Se ha creado una corriente de opinión mayoritaria de buenos y malos, y los malos son los liberales, los que defienden la economía de mercado y los que se sitúan al lado de la comunidad internacional.

Al día siguiente fuimos a Chacao, donde el alcalde, Ramón Muchacho, nos guió por algunas calles para que comprobáramos la realidad que vivían los ciudadanos. Nos detuvimos en una larga cola que, casualmente, se encontraba delante del consulado español. Pregunté a algunas personas por qué estaban allí y una mujer me explicó que en Venezuela vivían miles de españoles, pero que no aguantaban más la situación. Ella era médico y, con lágrimas en los ojos, me contó que las condiciones de trabajo se habían vuelto insoportables. La falta de medicamentos y de materiales sanitarios estaba obligando a muchos profesionales a renunciar a su vocación y regresar a sus países de origen.

También hablé con una periodista de la televisión venezolana que, después de hacerme una entrevista, fuera de micrófono me contó, casi llorando, que pasaba hambre, que tenía la nevera vacía y que comer tres veces al día se había convertido en una utopía. Debido a la desastrosa gestión económica del populismo, la pobreza en Venezuela se ha extendido a las clases medias trabajadoras, haciendo que la miseria campe a sus anchas en un país con importantes recursos naturales que hasta hace poco más de una década era uno de los más ricos de la región.

Por desgracia, no pude conocer a Leopoldo López, pero, gracias a la generosidad de Lilian, hablé con él un par de minutos antes de regresar a Madrid. A ella apenas le permitían hablar con su marido una vez a la semana, pero me dejó que usara su móvil en una de esas llamadas para que Leopoldo y yo intercambiáramos unas pocas palabras. Él me dio las gracias por haber intentado visitarle en la cárcel y me aseguró que tarde o temprano nos conoceríamos. «Hermano, tenemos que seguir luchando», me dijo al despedirse. Han pasado cuatro años desde mi visita a Venezuela y él sigue sin poder disfrutar de la libertad. Desde hace un año vive en la embajada española ante la amenaza del régimen de volver a encarcelarle. Cuando estuvo en arresto domiciliario hablamos alguna vez por teléfono y de vez en cuando intercambiamos mensajes. Leopoldo es un gran líder y deseo que pronto haya elecciones libres para que, junto a Juan Guaidó y esa gran hornada de líderes jóvenes y valientes a los que pude conocer, cojan las riendas del país y devuelvan la convivencia y la esperanza a los venezolanos.

También intenté visitar a Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, que, como Leopoldo López, estuvo en arresto domiciliario de 2015 a 2017. Es una de las figuras más importantes de la oposición venezolana y, desde su exilio en España, hoy sigue liderando los movimientos de denuncia del régimen de Maduro en el extranjero. Hice lo posible por entrevistarme con él en su casa, pero aquello era un verdadero fortín militar y no me permitieron pasar. Conocí a su mujer, Mitzy Capriles, cuando estaba a punto de coger el avión de vuelta a Madrid. Ella llegaba de Europa y me buscó en el aeropuerto. Me dio las gracias por visitar Venezuela y por haber tratado de ver a su marido. Nos dimos un fuerte abrazo y nos emplazamos para encontrarnos cuando Antonio recuperara la libertad. Años después he coincidido con los dos en diversos actos de repulsa al régimen de Maduro celebrados en España. Ellos tuvieron que huir de su país y pedir asilo político en nuestro país. Ahora, como tantos caraqueños, viven en Madrid.

A partir de aquellos tres días en Venezuela, no paré de recibir numerosas muestras de cariño y de apoyo por parte de cientos de venezolanos residentes en España, hasta el punto de que la presencia de banderas de este país en los actos de Ciudadanos se convirtió en habitual. En uno de ellos una niña venezolana me hizo llegar una carta que me conmovió. En ella dibujó y coloreó una bandera de su país y me escribió las siguientes palabras:

Albert Rivera:

Gracias por ir a Venezuela en nombre de todos los niños de Venezuela… No nos dejes en ningún momento. S. O. S.

El 18 de diciembre de 2015, durante el acto de cierre de campaña de las elecciones del 20 de diciembre, el padre de Leopoldo López, acompañado por un colectivo de opositores, me entregó una bandera de Venezuela en la que aparecen las firmas de cientos de personas y que se ha convertido en un símbolo de la resistencia tras viajar por prácticamente todos los países democráticos del mundo. Fue muy emocionante ondearla en aquel acto en la madrileña plaza de Santa Ana, cuarenta y ocho horas antes de que Ciudadanos entrara por primera vez en el Congreso de los Diputados con cuarenta escaños.

Cada vez es más urgente la actuación de la comunidad internacional ante la situación política de Venezuela. La oposición sola no puede enfrentarse al régimen de Maduro y a sus trampas para controlar el poder, como el cierre de medios de comunicación, la anulación de la Asamblea cuando los chavistas pierden la mayoría, las torturas, los encarcelamientos y arrestos domiciliarios a los opositores… Es necesaria una transición democrática con diálogo, sí, pero con tres condiciones fundamentales: primera, el reconocimiento de la crisis humanitaria que atraviesa el país —escasez de alimentos, de medicamentos y de productos de primera necesidad— y la asunción por parte del Gobierno de que Venezuela está en quiebra y que precisa de ayuda internacional urgente mediante la apertura de un canal humanitario. Segunda, la liberación de todos los presos políticos. No es posible recuperar la democracia si la mitad de los opositores están en la cárcel, arrestados en sus domicilios o en el exilio. Y tercera, el respeto a la Constitución y la celebración de elecciones libres y con garantías, convocadas por una institución que no forme parte del régimen de Nicolás Maduro y que cuente con el apoyo de la comunidad internacional.

Mis discrepancias con Rodríguez Zapatero sobre este asunto van en esta dirección: no es aceptable un diálogo con el tirano Maduro si no se dan esas tres condiciones. Y por eso mi posición está al lado de las sostenidas por Felipe González y José María Aznar. Nicolás Maduro nunca ha estado dispuesto a aceptar ninguno de esos tres requisitos básicos para iniciar una transición democrática. La oposición ha tenido que encontrar un resquicio jurídico, a través de la Asamblea Nacional, para poder nombrar a un presidente transitorio, Juan Guaidó, que actualmente es la única persona legitimada para convocar unas elecciones libres con la participación de observadores internacionales. El líder venezolano está demostrado mucha valentía y habilidad para sortear las provocaciones de Nicolás Maduro. En su última gira por el extranjero, Guaidó encontró el apoyo de los principales países occidentales, sobre todo latinoamericanos, pero también de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e incluso del Parlamento Europeo. Me parece incomprensible que el presidente Pedro Sánchez no quisiera recibirle, aunque sí lo hicieran los principales presidentes europeos, entre ellos Angela Merkel y Emmanuel Macron. Fue un error histórico, como lo fue la reunión, en el aeropuerto de Barajas, de un ministro de España con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, perseguida por la justicia europea por violación de los derechos humanos.

La acción valiente y arriesgada que llevó a cabo la oposición venezolana nombrando a Juan Guaidó presidente encargado resultó exitosa. España debería liderar el camino hacia la solución en Venezuela, no estar en el vagón de cola. Los venezolanos se lo merecen y nosotros se lo debemos.

En nuestro país, el debate sobre Venezuela ha adquirido muchísima relevancia, porque, en realidad, también se debate un modelo político, social y económico. A muchos españoles nos resulta difícil comprender la posición del expresidente Rodríguez Zapatero, tan próxima al régimen de Maduro, y tampoco se entiende la de Podemos, que ha sido muy criticada, y creo que con razón, porque la formación de Pablo Iglesias, lejos de reprochar a Maduro sus actuaciones, ha legitimado las tesis del régimen chavista. Aunque lo intenten camuflar, la realidad es que los principales líderes de Podemos se han formado en el populismo bolivariano y han colaborado con los Gobiernos de Hugo Chávez. Según diversas informaciones periodísticas —y así lo ha reconocido la propia Asamblea Nacional Venezolana—, la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), encabezada por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, recibió siete millones de euros del régimen de Maduro. Nada de extrañar si recordamos los actos de presentación en los inicios de Podemos, en 2014, cuando legitimaban e incluso reivindicaban las principales tesis bolivarianas. Si la formación de Iglesias quiere borrar su pecado original y que no se la asocie con el régimen venezolano, debe rectificar y ponerse del lado de los demócratas y luchar codo con codo para poner fin a la tiranía chavista. Ahora que Podemos forma parte del Gobierno español, ese cambio de postura es, si cabe, más necesario.

Por otro lado, la posición de España debería ser más firme: tendríamos que sumarnos a la denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional por el delito de violación de derechos humanos que se está produciendo en Venezuela. Varios Gobiernos latinoamericanos, entre ellos el del colombiano Iván Duque, se unieron a esa iniciativa, y también lo hicieron el de Estados Unidos y Canadá. Debido a la influencia que tiene en Latinoamérica, nuestro país no puede mantenerse al margen y debería adscribirse cuanto antes.

Amor con amor se paga. Venezuela fue solidaria otrora con España cuando recibió a miles de catalanes, vascos, gallegos y canarios tras la Guerra Civil. Hoy nos toca a nosotros .

ANTONIO LEDEZMA

Como demócratas y miembros de la Unión Europea, nos corresponde adoptar una posición de liderazgo en este asunto, pero también porque, como bien recordó el alcalde Ledezma, España tiene una deuda histórica con Venezuela. Su país fue muy generoso con nosotros durante la Guerra Civil y en la posguerra. La guerra hizo que cientos de familias se exiliaran en Venezuela, donde construyeron sus nuevas vidas. Sería justo que el abrazo que el país latinoamericano nos dio durante los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado encontrara una respuesta por nuestra parte, y esta no solo consiste en acoger en nuestro territorio a los venezolanos exiliados, sino que, además, debemos hacer lo posible para que recuperen la democracia y la prosperidad de su país y, si lo desean, regresen cuanto antes.

Venezuela es un claro ejemplo de cómo los populismos han ido ganando terreno en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Nos enfrentamos a un gigante y, si deseamos vencerlo, debemos utilizar todas la armas intelectuales, sociales y políticas que estén a nuestro alcance. Para ello, la pedagogía en valores democráticos es fundamental, así como la defensa de la economía de mercado, la seguridad jurídica y la cooperación internacional. Hace unos años, parecía que los populismos retrocedían frente a la libertad en la región latinoamericana, pero en los últimos tiempos hemos visto que volvían a crecer con fuerza. La desigualdad, el narcotráfico, la inseguridad, la corrupción y la falta de una educación universal y de calidad constituyen el caldo de cultivo idóneo para que los discursos que ofrecen soluciones simples a problemas complejos calen en la sociedad. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que a mayor populismo más desigualdad y menos libertad.

La democracia siempre está en riesgo y es labor de los ciudadanos fortalecerla.

JUAN GUAIDÓ (Madrid, 25 de enero de 2020)

Durante mis años en política dediqué parte de mi tiempo, entre otras muchas cosas, a defender la recuperación de la democracia en Venezuela. En noviembre de 2019 decidí dejar mi cargo público, pero no pienso renunciar a mi condición de ciudadano y haré caso al consejo de Juan Guaidó. Seguiré cuidando la democracia en España y lucharé al lado de los venezolanos para que recuperen la suya. La causa de Venezuela es la causa de la libertad.

15
LA ESPAÑA Y EL MUNDO QUE VIENEN

Estamos en el ecuador de la XV Legislatura de nuestra democracia. La situación del país es excepcional debido a la pandemia de la COVID-19, que aún nos asola y cuyas consecuencias van a ser inconmensurables. El presidente del Gobierno, Josep Borrell, ha dado una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa y ha comunicado que todos los grupos parlamentarios, liderados por los partidos constitucionalistas que conforman el Gobierno de coalición, han llegado a un acuerdo histórico. Desde los Pactos de la Moncloa (1977), en España no se había consensuado un compromiso semejante. Borrell se despide de su mandato —ha estado dos años al frente del Ejecutivo— anunciando que, afortunadamente, la crisis sanitaria parece haberse estabilizado y el sistema sanitario nacional es capaz de hacer frente a los rebrotes de contagios. Tal y como se pactó entre el PSOE, el PP y Ciudadanos, el testigo como presidente del Gobierno lo cogerá Josep Piqué, y la hoja de ruta en la segunda parte de la legislatura estará marcada por las reformas urgentes que deben realizarse para salir de la profunda crisis económica que la pandemia ha causado. Será necesario crear un nuevo marco laboral para luchar contra el paro y la precariedad, para apoyar a las familias más vulnerables, para garantizar pensiones dignas en el futuro y para hacer frente a los desafíos que nos plantea el futuro inmediato, sobre todo en lo referente a la digitalización y a la innovación tecnológica.

La XIV Legislatura, en plena pandemia, resultó un caos. El Gobierno de coalición PSOE-Podemos hizo aguas debido a las continuas discrepancias y contradicciones entre Sánchez e Iglesias. La mala gestión de la crisis sanitaria y económica puso en evidencia numerosos desajustes, falta de transparencia y el afán, tanto del presidente como del vicepresidente, de sacar rédito político a los terribles sucesos que España vivió durante su mandato. Y, por si fuera poco, los separatistas catalanes y vascos se encargaron de dar la puntilla con su permanente chantaje al Gobierno y al Estado. La situación política y económica se volvió insostenible, y el enfrentamiento constante y la crispación que se instalaron en las broncas sesiones parlamentarias terminaron trasladándose al conjunto de la sociedad. El ambiente se volvió irrespirable y no hubo más remedio que convocar elecciones anticipadas. Los españoles hablaron en las urnas y enviaron un mensaje claro que, al fin, los partidos políticos constitucionalistas supieron leer. Entre el PSOE, el PP y Ciudadanos suman una mayoría de doscientos treinta escaños en el Congreso de los Diputados y se ha formado un Gobierno de gran coalición con un turno de dos años para dos presidentes moderados, Josep Borrell y Josep Piqué, a quienes acompaña un Consejo de Ministros formado por personas de talento que provienen del sector privado y de la alta función pública. Después de una década de discrepancias constantes, y ante la gravedad de la situación provocada por la pandemia, los españoles han apostado por darse la mano y los políticos han levantado la bandera blanca y han puesto al país por delante de sus siglas.

Desde el primer momento, este Gobierno de gran coalición ha mostrado una clara intención de ir contracorriente. Apenas una semana después de que Borrell fuera investido presidente, él, los ministros y los principales líderes de los partidos constitucionalistas se encerraron en un parador, durante quince días, rodeados de fuertes medidas de seguridad —tanto sanitarias como de orden público— y comenzaron a sentar las bases para el Pacto de Estado por la reconstrucción nacional tras la pandemia por la COVID-19. Resultó insólito que durante esas dos semanas no apareciera un solo tuit de ninguno de los participantes, y los medios de comunicación tuvieron que aceptar las reglas del juego. La gravedad de la situación lo requería y, de hecho, no se filtró una sola negociación de las reuniones y no se hizo ninguna declaración pública hasta alcanzar el acuerdo. El Gobierno pidió paciencia tanto a los medios como a los ciudadanos, y durante dos semanas los políticos pudieron trabajar con sosiego, sin presiones y sin interferencias.

La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la obsolescencia de la manera de hacer política de los últimos cuarenta años (sobre todo, de las últimas décadas). La política española se ha encontrado acorralada por sus propias grietas y contrasentidos, y los políticos se han topado con la cruda realidad; su habitual forma de actuar ha quedado desfasada y, más que nunca, los ciudadanos les han pedido un giro de ciento ochenta grados. Esta vez no han podido hacer oídos sordos y han escuchado el mensaje.

Nunca antes como ahora los excesos del Estado autonómico se han hecho tan evidentes. En Cataluña, lejos de alejarse la tormenta tras la pandemia, y con el fin de sacar provecho al malestar y a la preocupación general, los separatistas han vuelto a la carga con sus reivindicaciones y hablan de volver a celebrar un referéndum ilegal de autodeterminación. Bajo el lema «Lo volveremos a hacer», los independentistas de Esquerra Republicana y Junts per Cat están llamando a la movilización y ya se están produciendo manifestaciones y acciones de carácter violento. El presidente Borrell ha declarado hace unos días que ese referéndum no se celebrará y ha enviado un requerimiento formal al presidente de la Generalitat advirtiéndole de que, si no acata y cumple la Constitución, el Gobierno y el Senado se verán obligados a aplicar de nuevo el artículo 155.

Las grandes instituciones supranacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han mostrado vulnerables, ambiguas y superadas por la COVID-19. Sin embargo, su papel sigue siendo clave —más ahora que nunca, si cabe—, por lo que han optado por «reinventarse», recuperando sus funciones esenciales.

Desde el otro lado del Atlántico, y pese al caos generado por la pandemia en toda América Latina, llegan algunas buenas noticias. Nicolás Maduro ha tenido que huir del Palacio de Miraflores y ha cogido un vuelo privado con dirección a Cuba. Las movilizaciones populares en las calles y las sanciones internacionales han hecho que el régimen chavista caiga después de dos décadas de pobreza, tiranía y sufrimiento. Juan Guaidó ha convocado elecciones legislativas con el apoyo y la supervisión de los Gobiernos americanos y las instituciones de la Unión Europea, con España a la cabeza. Muchos de los exiliados venezolanos que han vivido en España en los últimos años están regresando a su patria, otros han decidido quedarse a vivir en nuestro país y votarán desde aquí, y los políticos que estaban encarcelados por el chavismo, exiliados o en arresto domiciliario han recuperado por fin la libertad.

¿Ficción? Claramente, sí. ¿Imposible? ¿Por qué? En España nos hemos acostumbrado tanto a la lucha partidista que la simple idea de un gran acuerdo de Estado para formar un Gobierno capaz de abordar una crisis global nos parece un cuento de hadas. Sin embargo, los desafíos a los que nos enfrentamos requieren de altura de miras para llevar a cabo grandes reformas estructurales.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado un vuelco en la realidad española. Las cifras de fallecidos no son del todo fiables, pero se calcula que han perdido la vida cerca de 50.000 personas. Tras la aparición de los primeros casos en territorio nacional, y tras diversos titubeos, el 14 de marzo el Gobierno de Sánchez decretó el primer estado de alarma, lo que trajo consigo la paralización casi total de la economía y el confinamiento de la población en sus domicilios. Y así estuvimos durante dos meses. Una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente. En un primer momento sucedió lo que hace unos cuantos meses habría parecido imposible: tanto el PP como Ciudadanos dieron su apoyo al Gobierno nacional para sacar adelante en el Congreso el estado de alarma, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública. Por desgracia, aquello no fue más que un espejismo. De nuevo el frentismo se convirtió en el protagonista de la situación, y tras las interminables prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno, tuvieron lugar broncos debates en el Parlamento e incluso vimos algunos enfrentamientos verbales entre ciudadanos en las calles de varias ciudades.

La cruda realidad que ha dejado la pandemia de la COVID-19 exige un trabajo conjunto que, por desgracia, no estamos viendo en un Congreso de los Diputados convertido en campo de batalla de la lucha partidista. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para España una caída del PIB del 12,8 por ciento, la mayor de toda Europa, y el déficit se disparará hasta el 14,9 por ciento, superando lo que se alcanzó en la gran recesión de 2008. Son los peores datos macroeconómicos de los últimos ochenta años. Ante este panorama desalentador —y no olvidemos que, a día de hoy, España es el país con más rebrotes de coronavirus de Europa—, resulta urgente un plan de acción basado en la unidad y la colaboración de todas las fuerzas políticas. Hasta que no se disponga de una vacuna que llegue a todos los rincones del planeta, el virus de la COVID-19 va a suponer una clara amenaza, tanto sanitaria como económica, y es imprescindible prepararse para lo que pueda venir. ¿Hemos aprendido alguna lección de lo que nos ha sucedido? ¿Nuestro sistema sanitario está preparado para una nueva ola de contagios? ¿Seremos capaces de leer bien esta coyuntura tan excepcional y aprovecharla como una oportunidad para avanzar —en todos los ámbitos— y superar de una vez por todas la polarización que ha caracterizado la política española en las últimas décadas? Conociendo la dinámica de los partidos políticos de este país, no puedo evitar mantener cierto escepticismo a la hora de responder a estas preguntas, pero no quiero caer en el catastrofismo: España necesita dar un paso adelante y la pandemia de la COVID-19 nos demuestra que no podemos esperar más.

Los desafíos son numerosos, pero se ha puesto de manifiesto que España no puede seguir avanzando si no transforma de manera radical la manera de entender y de hacer política. Se ha producido un cambio de paradigma que nos ha llevado a replantearnos nuestra idea de quiénes somos como sociedad y como país, y nuestros representantes públicos deberían aprender de sus errores y cambiar su actitud.

Una vez superada la crisis sanitaria —teniendo siempre en cuenta que puede prolongarse más de lo que todos desearíamos—, el país debe hacer frente a una crisis económica de la que solo saldremos si desechamos viejas consignas y recurrimos a la imaginación, la coordinación y la participación de todos. Frente al inmovilismo clásico de la política española, unidad y reformismo, y frente a las viejas consignas, innovación, valentía y aprender de los errores. Del mismo modo que la sociedad innova y se adapta a nuevas realidades —todos lo hemos hecho, y lo hemos visto durante la pandemia—, la política también debería hacerlo. Transversalidad, talento, innovación y reformas valientes y profundas. Solo así se podrá acabar con el encorsetamiento y el descrédito en los que han caído la política española, y solo así el país podrá salir de la encrucijada en la que se encuentra. Necesitamos un plan estratégico que nos permita a los ciudadanos recobrar la esperanza y soñar con un futuro mejor.

En esa línea, la Unión Europea, en un acuerdo histórico, ha puesto la primera piedra de lo que debería ser en un futuro un verdadero pacto nacional. Si las principales corrientes ideológicas de Europa —conservadores, socialistas y liberales— han aunado fuerzas y recursos para crear un fondo de reconstrucción, ya sea mediante donación o préstamo, ¿no es el momento de construir un acuerdo nacional que permita un uso adecuado de esos fondos con las condiciones que, lógicamente, la Unión Europea nos va a poner? Es de sentido común que, si la UE pretende mantenerse y actuar como una institución supranacional, debe ser solidaria y prestar dinero a fondo perdido a quien más lo necesite, pero también lo es que, si desea funcionar como una unidad política sostenible, como un verdadero mercado común, ponga condiciones a esos préstamos y exija que se realicen las reformas —en educación, en el sistema laboral, en las Administraciones públicas, en innovación, en energías renovables…— que hagan que nuestro país se «europeíce» de una vez por todas. Es lógico que España pida un rescate a la UE, pues hay que ayudar a las familias y a las empresas a sobrevivir a la crisis. Pero también es lógico que los países socios, que nos donan y prestan su dinero, exijan reformas para que dejemos de liderar el paro europeo y controlemos mejor el déficit público.

El planeta entero ha sufrido el cruel azote del coronavirus y los muertos se contarán por centenares de miles. A organismos supranacionales como la ONU y, en concreto, la OMS, el virus les ha pillado con el «pie cambiado», quizá porque estaban demasiado acomodados en su papel de meros supervisores. Estas organizaciones se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacionales, lograr la cooperación necesaria para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Es evidente que la pandemia de la COVID-19 las ha desbordado y el papel de la OMS ha quedado en entredicho por su falta de eficacia a la hora de coordinar a los Estados para tomar decisiones ejecutivas. Sin duda, la OMS debería desempeñar un papel fundamental en el futuro de la humanidad.

En un mundo global, el movimiento de ciudadanos entre países y territorios es lo normal, por lo que es más que probable que en el corto y medio plazo las pandemias sean, si no habituales, sí frecuentes, y a una organización como la OMS habría que dotarla de mecanismos ejecutivos que permitan abordarlas. Un mundo global necesita una toma de decisiones globales y los principales países occidentales deberían ser los primeros en comprometerse para proteger a la humanidad de los riesgos que entraña la aparición de una pandemia o de los efectos del cambio climático. Por desgracia, en los últimos meses hemos visto lo contrario. Una potencia como Estados Unidos ha notificado su intención de abandonar la OMS por su «mala gestión» de la pandemia y por «estar bajo el control de China». En mi opinión, los problemas y los riesgos de la globalización no se resuelven con menos globalización, sino con decisiones y medidas globales dirigidas a protegernos a todos, y Estados Unidos debería ser el primero en liderar ese compromiso de transformación y colaboración y no abandonar el barco cuando se han visto las primeras grietas. Comparto la idea de Bill Gates —la expuso en una conferencia hace cuatro años— de que, ante una pandemia, el mundo debería disponer de un contingente sanitario capaz de luchar contra ella. Tradicionalmente, en una guerra se comparten ejércitos; ante una pandemia lo que hay que compartir son médicos, enfermeros y científicos que, bajo el mando de la OMS, actúen conjuntamente y con rapidez.

Si la participación de la sociedad civil ya era antes una de las claves de las sociedades del siglo XXI , ahora se ha vuelto imprescindible. El compromiso, la involucración ciudadana y la digitalización de la sociedad —con una nueva forma de entender las relaciones personales— van a resultar básicas en este nuevo mundo que empieza después de la pandemia. En los últimos meses hemos visto cómo personas que nunca habían comprado por Internet lo han hecho por primera vez durante la pandemia, y lo seguirán haciendo. El consumo de la cultura y el entretenimiento se ha transformado y las plataformas digitales han adquirido un protagonismo que hace unos meses no tenían. El teletrabajo se ha convertido en una opción real y numerosas empresas se están acogiendo a ella para modernizarse y ser más competitivas.

El mundo post-COVID lleva la marca de la digitalización y, pese a los terribles estragos causados por la pandemia, esta ha producido un «acelerador digital» que va a transformar nuestra economía y nuestra forma de relacionarnos y de entender el mundo. Las oportunidades que se derivan de esta transformación son inmensas. Gracias al uso generalizado de la digitalización, personas con pocos recursos van a poder crear empresas competitivas, y del mismo modo que muchos negocios han desaparecido o van a desaparecer, otros nuevos surgirán. Reinventarse e innovar han dejado de ser meros conceptos teóricos y se han convertido en la prioridad para millones de familias y empresas españolas. El mundo que viene será más incierto, pero estará lleno de nuevas oportunidades, y la actitud a la hora de afrontar retos o dificultades será más importante que la aptitud, la trayectoria profesional o el currículum de una persona.

España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido.

OTTO VON BISMARCK

He de reconocer que me sorprende que con todos los desafíos que tenemos por delante y con todas las oportunidades que la globalización nos permite —y nos demanda—, nos perdamos en nuestros propios fantasmas y sigamos alimentando el enfrentamiento entre españoles. A lo largo de 2019, el Gobierno y la política nacional le dedicaron más tiempo a Franco y a su familia que a la educación o a la economía del resto de las familias españolas. Hay que mirar al pasado para aprender o para rectificar, no para regocijarse. Nuestro país debería estar en la vanguardia en muchos asuntos —económicos, sociales y de innovación científica y tecnológica— y, sin embargo, nos dedicamos a mantener vivas batallas ideológicas que a estas alturas deberían estar superadas.

La mayoría de los españoles, más allá de nuestra ideología, de la comunidad autónoma en la que vivamos o de la clase social a la que pertenezcamos, deseamos salir de esta terrible crisis mejores de lo que éramos. Y tenemos que ponernos en marcha cuanto antes. Necesitamos un plan, pero también un horizonte para recuperar la esperanza. Por desgracia, vamos en la dirección contraria y la división y la crispación amenazan con volverse crónicas, incluso en un momento tan delicado como el actual.

No hay ni un solo problema serio en el mundo que se resuelva con bandos, etiquetas y mensajes simplistas. Hace unos cuantos meses, poco antes de que la pandemia comenzara a extenderse en nuestro país, Albert Boadella escribió el siguiente tuit:

La España de hoy te presiona para escoger entre derecha o izquierda. Entre progresista o reaccionario. Entre animalista o asesino. Entre feminista o machista. Entre moderno o carroza. Mantenerse fuera de la clasificación es tarea muy ardua porque significa conservar la libertad.

Suscribí sus palabras entonces. Y lo sigo haciendo ahora.

Sin duda, la responsabilidad de este panorama tan sombrío recae principalmente en los representantes públicos, pero no podemos olvidar que somos los ciudadanos los que votamos y elegimos. Todos somos responsables, pero en ningún caso podemos caer en la resignación. Nuestro país debe recuperar cuanto antes tanto la «normalidad», aunque sea con mascarillas, geles hidroalcohólicos y distancia de seguridad, como la salud democrática.

El mundo entero necesita nuevas recetas para encarar los desafíos que ya teníamos y que ahora, después del devastador ataque de la COVID-19, debemos resolver con urgencia. En cualquier país democrático, los cambios se consiguen comprometiéndonos, colaborando y, por supuesto, votando. Ahora soy un ciudadano más, pero no me despreocuparé de lo que suceda ni en mi país ni en el mundo. La participación civil es la mejor manera que tenemos los ciudadanos de asegurarnos de que otros no decidan por nosotros.

16
A PARTIR DE AHORA

Os tengo que dar una noticia: este no es un mal momento. Es un buen momento. Me siento libre y honrado. Voy con la cabeza bien alta. Cumplo hoy cuarenta años, tengo una familia maravillosa y amigos que me habéis demostrado que me queréis. Tengo toda la vida por delante.

Estas fueron mis palabras antes de soplar las velas por mi cuarenta cumpleaños. Solo habían pasado cuatro días desde mi dimisión y, aunque algunos lo dudaban, tenía claro que celebraría mi aniversario de la mejor manera posible: en mi casa y rodeado de mi gente. Apenas había tenido tiempo de «aterrizar» después de la mañana de vértigo en la que comuniqué mi dimisión a los medios y al país entero. Inmediatamente después, mi pareja y yo nos fuimos dos días a Portugal a descansar, pero, ya de vuelta en Madrid, seguía sintiéndome como en una nube.

Pude apreciar la mezcla de emociones en las caras de casi todos. Mi familia y los amigos que más me conocen me observaban y se sentían a medio camino entre la alegría de verme feliz y el miedo a que me derrumbara en cualquier momento. Pero no había nada que temer: me sentía tranquilo y afortunado. Estaban allí, a mi lado, en uno de los momentos más importantes de mi vida, justo cuando más los necesitaba.

Si algo ha caracterizado mi trayectoria política y, en general, mi vida, ha sido la precocidad y la intensidad. Junto a mis compañeros, empezamos de cero un proyecto político novedoso y arriesgado, y en 2006 me convertí en el diputado más joven del Parlamento de Cataluña. En 2015, con treinta y cinco años, di el salto a la política nacional y entré en el Congreso de los Diputados. Fui el candidato a la Presidencia del Gobierno y el presidente de grupo parlamentario más joven de la Cámara. Negocié leyes, acuerdos, pactos de investidura, presupuestos; he podido formar parte de un Gobierno de España —oferta que rechacé—; mantuve audiencias públicas y privadas con el jefe del Estado y reuniones con los principales agentes sociales y con destacados miembros de la sociedad civil; viajé por toda España y por buena parte del mundo; traté con líderes políticos nacionales e internacionales y con importantes personalidades del mundo de la cultura, de las ciencias, del deporte, de la empresa… Estuve a punto de tocar el cielo, cuando las encuestas nos situaban en primer lugar, y, finalmente, tras el descalabro de las últimas elecciones generales, decidí dimitir de mi cargo, renunciar a mi escaño, a mi sueldo público, y poner punto y final a mi vida política. Me llevo el aprendizaje de todos estos años, los sueños que pude hacer realidad, la amistad de un buen número de compañeros de viaje y de aventura, y la certeza de haber actuado siempre desde la honradez y la libertad.

Si la intensidad ha marcado toda mi carrera, los cuatro años en la política nacional fueron meteóricos. El crecimiento de Ciudadanos desde que llegamos al Congreso de los Diputados fue asombroso, y eso nos dio la oportunidad de protagonizar algunos de los momentos clave de nuestra historia reciente. Siempre lo recordaré.

Salí de la vida pública a punto de cumplir cuarenta años y ahora tengo por delante una nueva etapa cargada de sueños y desafíos. Soy un hombre todavía joven y tengo la ilusión renovada para seguir peleando por alcanzar nuevas metas, ahora en la sociedad civil y en el sector privado, de donde provengo. La política fue lo más importante para mí durante más de una década, pero, como dije en mi discurso de dimisión, hay vida más allá de la política: mi familia y mis amigos, mi profesión y las ganas de seguir aprendiendo, soñando y disfrutando. Todo ello ha sido, y es, el motor de mi vida.

Ha pasado ya cerca de un año desde mi marcha y mi vida ha dado un giro de ciento ochenta grados. Mi principal labor al frente Ciudadanos fue tomar decisiones. El 11 de noviembre de 2019 me propuse no tomar ninguna en varios meses, y lo logré. Necesitaba un descanso físico y mental después de un año cargado de emociones y de contrastes. Desde aquel momento hasta el mes de marzo, que empecé mi nueva etapa profesional, aproveché para recargar energías, para pensar con mayor claridad y comenzar a construir mi futuro. En ese corto pero intenso tiempo de descanso me dediqué a disfrutar de mi familia, a dar paseos, a hacer deporte, a dormir ocho horas al día, a leer y a ver películas y series, y a levantarme temprano para escribir este libro.

Mi punto final a la política es definitivo. Siempre he creído que la vida son etapas y que hay que saber cerrarlas para abrir otras y mirar al futuro. Ahora entiendo mejor lo que muchos ciudadanos me decían hace apenas unos meses sobre la parálisis en la que está instalada la política actual. Parecería que el tiempo no pasa, que una y otra vez se repiten las mismas polémicas y se libran las mismas batallas, que los debates son artificiales, que no hay ninguna ilusión nueva y, lo peor de todo, que ya ni siquiera esperamos que la situación cambie. Como ciudadano comprometido que soy, estaré involucrado en la sociedad civil. Me apasiona la política con mayúsculas y soy un enamorado de España. Siempre haré lo que esté en mi mano por nuestro país. Pero, siendo sincero, el actual panorama político no me gusta. Quiero tomar distancia y altura para salir de este ambiente de trincheras que tanto me entristece.

De hecho, como conté en las primeras páginas de este libro, hacía varios meses que había perdido la ilusión, seguramente por el desgaste que supone navegar a contracorriente durante tanto tiempo y estar siempre en el centro del huracán. Me gusta apasionarme con todo lo que hago. La pasión es la gasolina que me permite seguir en el camino. Cuando dejas de disfrutar, cuando ya no aprendes ni sueñas con nuevos retos, lo mejor es ser honesto con uno mismo y con los demás, dejar paso y cambiar de rumbo.

Y eso es lo que he decidido. Retomo mi carrera profesional después del largo paréntesis político. He vuelto a la abogacía al frente de Martínez-Echevarría Abogados, un despacho nacional con casi cuarenta años de experiencia. Quiero hacer las dos cosas que más me gustan: ser jurista y ser emprendedor. Desde la presidencia de la firma lideraré un nuevo proyecto: me han encargado la estrategia de expansión nacional e internacional, y la modernización de la empresa con nuevas incorporaciones y con la creación de nuevas áreas de negocio. Pero compaginaré esta labor con la docencia, las conferencias y la participación en foros nacionales e internacionales. Me ha hecho mucha ilusión volver al sector privado, tomar decisiones y llevar a la práctica nuevas ideas, pero ahora lejos de los focos y de la batalla partidista. No hay mejor máster para desarrollar mi nueva etapa profesional que los años que estuve en política. Estoy seguro de que lo aprendido en este tiempo me ha aportado madurez y mucha experiencia.

En el terreno personal, comienza una etapa marcada por mi nueva paternidad. A toda la familia nos ha hecho muchísima ilusión la llegada al mundo de nuestra hija Lucía.

Cuando una persona cierra una fase importante de su vida lo habitual es que diga que se queda con lo bueno. Yo prefiero quedarme con todo, con lo bueno y con lo menos bueno. He aprendido por igual de los éxitos y de los fracasos, de los aciertos y de los errores, de las risas y de los llantos, de los compañeros y de los adversarios. Inicio mi viaje hacia el futuro ligero de equipaje, sin patrimonios ni deudas, pero con un gran bagaje de experiencias, emociones y conocimientos. Soy afortunado y le doy las gracias a los millones de ciudadanos que confiaron en mí y me permitieron servir a mi país y a mis compatriotas.

Después de sorpresas y decepciones, ilusiones cumplidas y frustraciones, beneficios y sacrificios, la pregunta que más me hice durante los meses después de mi dimisión fue ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Para mí, la vida en política no puede medirse en números. No cuentas días buenos o malos, no pesas en una balanza kilos de sacrificio y kilos de beneficios. No comparas lo que cobras con lo que ganarías en la empresa privada… Si lo hubiera hecho, nunca habría valido la pena. Yo prefiero medir la política, y la vida en general, con instantes, con aprendizajes, con personas maravillosas a las que he conocido, con momentos felices de los que disfruté, con conversaciones de las que aprendí y con el sinfín de experiencias auténticas que viví.

No me metí en política porque fuera un «trabajo» cómodo. Ahí están las amenazas de muerte que he sufrido, la exposición mediática, la crítica personal e incluso la injuria y la difamación. Tampoco lo hice porque fuera a hacerme rico —solo hay que ver mi declaración de bienes—, porque, si eres honrado, la política en este país no da para enriquecerse. Y tampoco porque quisiera ser famoso; de hecho, me gustaría dejar de serlo y disfrutar de mi intimidad como cualquier otro ciudadano.

Entré en política porque creo que España es un país maravilloso, pero siempre he pensado que podría ser aún mejor. Las cosas se pueden cambiar bajando «a la arena», mojándose, dando la cara, a riesgo de no lograrlo y «morir» en el intento. Parafraseando a Roosevelt, prefiero haberme atrevido, porque así mi lugar nunca «estará con las almas frías y tímidas que no conocen ni la derrota ni la victoria». Fui un político libre y ahora soy un ciudadano libre.

Un ciudadano libre

Albert Rivera

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© Albert Rivera, 2020

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