A mi hija Daniela,
por haberme regalado ser su padre

No hay nada más poderoso en el mundo

que una idea a la que le ha llegado su tiempo

VICTOR HUGO

PRÓLOGO

UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO

El dramaturgo Arthur Miller proclamaba: «Se puede decir que una era termina cuando las ilusiones se han agotado». Prefiero darle la réplica al autor afirmando que una época nueva llega cuando un pueblo recupera la esperanza. Y de esa forma siento la llegada de Albert Rivera al mundo de lo público, como un revulsivo para apartar los demonios que hoy reinan en este territorio, el de la desconfianza, la apatía y la escasez de líderes capaces de devolver al electorado la fe para luchar por un mundo mejor. Aterriza con la convicción de que somos los propios ciudadanos quienes podemos y debemos protagonizar el cambio. No somos súbditos que delegamos en otros la marcha de nuestro destino, sino actores que finiquitamos las situaciones que nos provocan hastío. Rivera irrumpe en el mundo de la política tras haber liderado un movimiento de lucha cívica, Ciutadans, y por eso no comprende que se produzca una dicotomía entre dirigentes y ciudadanos; de hecho, solo acepta la división entre los que quieren un cambio y los que permanecen pasivos. Desea dar voz a todos aquellos a los que solo les ha quedado el derecho a protestar aunque nadie les escuche.

Cuando observo cómo Albert se describe, veo en él mucho de mí mismo y de la gente que admiro. Es una persona que se resiste a vivir resignado y trata de luchar por sus sueños. Yo, que defiendo que «soñar es poder», no puedo estar más de acuerdo con la creencia de que la pasión por lograr una meta es el motor que lleva al éxito.

Sin embargo, el panorama con el que se encuentra no resulta nada alentador. Los partidos políticos, lejos de premiar a las voces discordantes o a los que defienden propuestas arriesgadas, aplauden a los militantes sumisos, obedientes ante la disciplina de voto. Hace tiempo que, a la hora de elegir las listas electorales, se dejó de premiar la meritocracia para aplaudir la docilidad. Los electores, por su parte, no pueden ejercer el derecho a votar a los candidatos por sus acciones, sino a unas listas cerradas, confeccionadas para contentar más a los aparatos de los partidos que a los propios ciudadanos. Y no podemos considerar que un sistema político es verdaderamente democrático cuando no podemos elegir directamente a nuestros gobernantes, sino que votamos a listas cerradas. Ese sistema favorece a los cabezas de lista que han alcanzado un estatus dentro de sus organizaciones porque se preocupan por cumplir los deseos de aquellos que, con su dedo omnipotente, les han designado. Así se olvidan del bien de los pobres mortales que, gracias a sus votos, les pagan su sustento.

Albert no viene del sistema de partidos tradicionales y, por tanto, no carga con facturas, intereses y legados que aquellos imponen a sus militantes. Él proviene de un movimiento ciudadano y, desde esa plataforma, ha conseguido que más de doscientas setenta y cinco mil personas le votaran en las elecciones de 2012 en Cataluña, tan solo seis años después de crear Ciudadanos. Sus logros vienen respaldados por dos razones. La primera, que ha logrado entusiasmar a un electorado hastiado y que repudia a los políticos tradicionales. La segunda, que se ha decantado por una postura centrista, se ha quedado con lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha, la igualdad de oportunidades y la libertad. De carácter poco sectario, y adornado con el don de la moderación, confecciona su programa electoral guiándose más por el sentido común que por la connotación ideológica que tengan sus propuestas.

Cuando veo los logros del barcelonés no puedo por menos que establecer un paralelismo con un hombre del que le separan miles de kilómetros de distancia geográfica, pero al que le acercan algunas similitudes. Se trata de Barack Obama. El presidente de la nación más poderosa del planeta llegó a la Casa Blanca en 2008 siendo un perfecto desconocido que carecía del apoyo de los poderes económicos y políticos tradicionales. Años más tarde, en las elecciones del año 2012, los republicanos lograron recaudar dos mil cien millones de dólares para apoyar su campaña electoral, mientras los demócratas no sumaban más de novecientos millones. ¿Qué llevó a Obama a alcanzar su meta a pesar de tener todo en contra? Sencillamente, consiguió la movilización cívica más importante que se ha producido en toda la historia de Estados Unidos. El líder, hecho a sí mismo, logró entusiasmar el electorado; la fuerza de su mensaje llegó a quien realmente ostenta el poder: el pueblo. El hecho de que Rivera llegue a la política a través de una plataforma cívica le otorga un punto de partida similar al de Obama; ambos saben que están obligados a mirar por el bien de los ciudadanos que representan. El catalán reconoce su admiración por la política norteamericana y por aquellos que lucharon por los derechos civiles de su pueblo, como Abraham Lincoln, Martin Luther King o John F. Kennedy, personajes a los que hubiera deseado conocer.

Al presidente Obama le adornan algunas características que Rivera ya ha hecho suyas. En primer lugar, no olvida su procedencia; por muy importante que sea un político siempre debe tener muy presente de dónde viene y lo que está dispuesto a ofrecer a la sociedad. Debe, sin duda, ser honesto, humilde y lograr despertar la confianza de su pueblo. Y, fundamentalmente, es imprescindible que desarrolle el don de la comunicación transmitiendo a cada uno de nosotros lo mucho que nos jugamos cuando decidimos en las manos de quién depositamos el destino de nuestro país.

Ahora en España vivimos inmersos en un sistema electoral y político obsoleto donde priman más los intereses de las siglas que el bienestar de los ciudadanos. Por eso ha llegado el momento de innovar. Se acabó la etapa de hacer las cosas de la misma forma una y otra vez, cuando el resultado es negativo; ahora toca romper la baraja. Llegó la hora de asumir riesgos sin miedo al fracaso, y eso significa dar poder a aquellos jóvenes que luchan por unos objetivos que la sociedad les está demandando. En este sentido, urge apostar por aquellos valientes, como Albert, que defienden las listas electorales abiertas, el pacto de Estado sobre Educación, la división real entre los tres poderes y, finalmente, por aquellos que están convencidos de que la economía está al servicio de las personas y no al contrario.

Albert Rivera tiene un lema en su vida, «IMPOSSIBLE IS NOTHING» (nada es imposible), con el que pretende arrastrar a los ciudadanos desencantados hacia su causa. De la misma forma que Barack Obama lanzó al mundo su «YES, WE CAN», el autor de este libro afirma que «juntos podemos». Como si de un mantra se tratara, todos los grandes hombres y mujeres que han cambiado el mundo han invocado a la fuerza de la ilusión para convertir un horizonte gris en otro soleado y brillante. Por eso afirmo, de manera rotunda, que ha llegado el momento de que este joven logre sus objetivos. Apuesto por las ideas que Albert Rivera desgrana en las siguientes páginas, confío en su proyecto y considero que es la brisa que le falta al páramo político español. Es el rayo de esperanza que todos necesitamos para cambiar una sociedad que agoniza por culpa del desencanto.

JUAN VERDE

Exasesor de Barack Obama,
presidente de Estados Unidos de América

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NO SOMOS SÚBDITOS, SOMOS CIUDADANOS

En el acto de presentación de la plataforma Ciudadanos de Cataluña en 2005, uno de los invitados de honor fue Fernando Savater, una persona admirada y muy implicada en la vida política española. De aquella intervención me quedó grabada la frase con la que el filósofo cerró su discurso. En realidad, era una pregunta retórica que Savater lanzó a los que allí nos congregábamos: «¿Cuál es la diferencia entre un súbdito y un ciudadano?». Mientras yo le daba vueltas a la respuesta, Savater se contestó a sí mismo: «Los súbditos son los que se preguntan qué nos va a pasar mañana y los ciudadanos somos los que nos preguntamos qué vamos a hacer mañana». Esta frase expresa a la perfección las dos formas de actuar en política de las que voy a hablar a continuación. Por un lado, están aquellos que dejan su destino en manos de otros, sin exigirles nada a cambio, y, por otro, los que pensamos que el poder está en nuestras propias manos, que lo entregamos temporalmente, que lo controlamos y que queremos que se nos devuelva periódicamente para poder volver a elegir a nuestros representantes.

Hemos llegado a creer que la dicotomía política/ciudadanía es irremediable, cuando deberían ser dos partes de un mismo concepto: la vida pública. En realidad, creo que la única rivalidad aceptable es la que debe darse entre los que queremos cambiar las cosas y los que quieren que todo siga igual. Cada vez hay más ciudadanos que desean cambios, y eso solo es posible si se produce una colaboración entre los diferentes movimientos sociales en las calles, en las redes sociales y en las instituciones. Los nuevos partidos, las plataformas civiles o las recogidas de firmas para temas puntuales son actividades complementarias y en ningún caso excluyentes. Siempre he creído que tener buenas ideas es relativamente sencillo y que lo difícil es llevarlas a cabo.

La primera vez que subí a la tribuna del Parlamento de Cataluña, en 2006, como portavoz de Ciudadanos, sentí en cada una de mis células cómo todas las miradas estaban puestas en nuestro partido y, particularmente, en mí. Esos días dormí poco. Seguíamos en una nube tras haber conseguido que un nuevo partido, nacido de la sociedad civil, consiguiera entrar en el Parlamento, algo que no había ocurrido en más de veinte años. Comencé a bajar los escalones desde mi escaño y las paredes se me echaban encima. Ya había pensado otras veces, durante la campaña, que ese momento podría producirse, y aunque muchos creían que no lo lograríamos, aquel día se realizó el sueño de los cerca de noventa mil ciudadanos que habían confiado en nosotros. Encaré los últimos escalones y los murmullos comenzaron a extenderse por un hemiciclo lleno, como era de esperar en una sesión de investidura. Sin duda, no era el escenario más cómodo para un chico de veintisiete años recién cumplidos que, además, tenía el honor y la responsabilidad de ser el diputado más joven de aquella legislatura. Alcé la vista por encima de las primeras filas y comencé a hablar. Por supuesto, aquel no fue mi mejor discurso, sino todo lo contrario, pero mucho me temo que cuando uno quiere preparar «a fondo» las cosas, casi nunca se consigue el resultado esperado. Con el tiempo he aprendido que es mucho mejor dejarse llevar por la intuición y las sensaciones. De vez en cuando miraba al fondo de la sala y veía a muchas de las personalidades que nos habían apoyado durante los días de campaña. Se trataba de un momento novedoso y la expectación era enorme: un partido recién aterrizado y un joven desconocido que se atrevía a hablar en catalán y castellano sin complejos, después de que durante décadas en el Parlamento solo se escuchara a los diputados hablar en una única lengua. Ahora, al echar la vista atrás, me doy cuenta de que hemos conseguido que lo que era noticia dejara de serlo.

En realidad, aquella no era la primera vez que entraba en el Parlamento de Cataluña. Cuando era estudiante de Derecho, el profesor José Carlos Remotti, que impartía la asignatura de Derecho Constitucional, nos propuso a sus alumnos organizar una visita al hemiciclo. Recuerdo que, al cruzar la puerta, me sorprendió su aspecto teatral, las cortinas rojas, la moqueta, las paredes de mármol y las numerosas lámparas antiguas que colgaban del techo. Aquel día asistimos a un pleno y recuerdo que entre los compañeros hablábamos de la inmensa responsabilidad que soportan los representantes públicos a la hora de legislar y decidir la vida de los ciudadanos con sus botones verdes y rojos.

Actualmente no se le da el suficiente valor a la decisión de entrar en política para cambiar, mejorar o modificar la vida de las personas. Porque, a fin de cuentas, los representantes públicos tomamos decisiones en nombre de otros en un ejercicio que implica representar a los demás, cuestión esta que tanto los cargos públicos como los propios ciudadanos no podemos olvidar. Quienes hemos sido elegidos para ocupar un cargo público tenemos que ser conscientes de que los que mandan son los ciudadanos, que son ellos quienes nos pagan el sueldo, y mientras dedican su tiempo a sus trabajos, a sus familias y, en definitiva, a sus vidas, deben saber que nosotros les representamos. De ahí la importancia de volver a creer en la política, pues solo así se podrá confiar en que quien gobierna tu ciudad, tu comunidad o tu país lo hace por el interés general y no por el suyo particular.

El panorama actual ha provocado la aparición de nuevos partidos políticos, de movimientos sociales, como el 15-M, o de plataformas civiles que participan activamente recogiendo firmas para cambiar las cosas, como está sucediendo, por ejemplo, con la ley de desahucios o la ley electoral. Todos ellos nos dan una buena pista de la nueva etapa política que se va a abrir en España en los próximos años. Porque la actual está acabada y su transformación dependerá de la movilización social y de la toma de conciencia de que todos tenemos mucho que decir en política. Sin duda, este cambio también depende de las posiciones inmovilistas de los principales partidos, que están acomodados en el sistema y no parecen dispuestos a ceder las riendas de un país que ahora mismo controlan. Pero el objetivo está claro: debemos recuperar el poder mediante unas reglas de juego más democráticas en las que ciudadanos y representantes públicos se hallen en igualdad de condiciones.

Sería un error pensar que la democracia se mide por el número de manifestantes que hay en las calles, del mismo modo que sería una enorme equivocación hacer oídos sordos a las manifestaciones que persiguen mejorar la calidad democrática de los ciudadanos. Sin duda alguna, el 15-M ha sido necesario para aportar valor al debate social y político, pero es fundamental que haya nuevos partidos que recojan esas demandas en las instituciones. Puesto que las principales vías para la canalización de la voluntad popular están siendo obstruidas por aquellos a quienes no les interesa el cambio, elementos como las redes sociales, libres del control de los poderes mediáticos y fácticos, constituyen un buen mecanismo para la organización ciudadana. Ni mucho menos estoy diciendo que las redes sociales sean la solución, pero sí que son parte de la solución, pues reúnen unas características que facilitan la libertad de expresión y la movilización.

No sé hasta qué punto esa primera visita al Parlamento de Cataluña me influyó y marcó mi destino, aunque estoy seguro de que algo tuvo que ver en la decisión de nuestro grupo parlamentario —hace de esto ya más de un año— de abrir las puertas del hemiciclo una vez al mes creando una «Oficina de Ciudadanos». Con esta iniciativa hemos evitado que las visitas sean solo turísticas, invitando a los ciudadanos a participar en debates con sus representantes públicos, a preguntar, a proponer y a analizar documentos de trabajo. Además, combinamos las visitas periódicas al Parlamento con encuentros más distendidos, una vez cada dos meses, con grupos de ciudadanos con quienes tomamos un café y charlamos sobre los temas que más les preocupan. Estoy convencido de que estas dos iniciativas deberían ser compartidas por todos los grupos parlamentarios, como ocurre con los perfiles en las redes sociales y los blogs; son herramientas que permiten a los políticos rendir cuentas de su trabajo y de sus agendas.

Es muy reconfortante ver la cantidad de solicitudes que recibimos para acudir a este tipo de reuniones. Por eso, cuando miro a los ojos de las personas que vienen al Parlamento y escucho sus propuestas, experimento sensaciones distintas: por un lado, me siento orgulloso de pertenecer a un grupo humano que es capaz de abrir las puertas de su lugar de trabajo sin miedo a preguntas o situaciones incómodas, y por otro, siento una gran admiración por todos esos ciudadanos, no súbditos, que deciden dar un paso adelante. Estoy convencido de que si ahora mismo no ocupara un escaño en el Parlamento de Cataluña, sería uno de esos ciudadanos críticos que vienen a pedir explicaciones y a hacer propuestas. Me veo reflejado en todas esas personas que quieren cambiar las cosas sabiendo que en sus manos está la llave de su país y de sus vidas.

En esos encuentros periódicos con los ciudadanos, muchas veces estos me preguntan cómo es posible que hayamos llegado a la situación en la que nos encontramos actualmente. No es una pregunta fácil de responder, pero sí tengo claro que no podemos confiar gratuitamente cuatro años de nuestro destino a unos pocos. Y digo pocos porque en nuestro sistema actual no se ceden las responsabilidades a miles de representantes públicos, sino a una cúpula de tres o cuatro partidos políticos. Creo que para volver a tomar las riendas del país es necesario un cambio de mentalidad en los ciudadanos españoles, que debemos asumir que buena parte de lo que ha ocurrido tiene que ver con el abandono de muchas funciones que nos competen a todos. A veces nos olvidamos de que, junto a nuestros derechos, tenemos una serie de obligaciones fundamentales en democracia. Me refiero a controlar, exigir, cambiar el voto y, en definitiva, participar en la política. Hacer caso omiso a la tarea de exigir más a nuestros representantes ha contribuido a la malnutrición de nuestro sistema.

Es imprescindible deshacer los tapones que la partitocracia ha puesto a todas aquellas vías que sirven para canalizar la voluntad popular. Porque la destrucción de esos canales por parte de los viejos partidos ha traído como consecuencia la indignación de los ciudadanos y, lo que es aún peor, su pasividad. No podemos vivir resignados, pues la resignación es incompatible con la voluntad de cambiar las cosas. Es cierto que el actual sistema de partidos invita a la resignación bajo la apariencia de que únicamente hay dos colores donde elegir, y si no te gusta ninguno de los dos, lo mejor es quedarse en casa y no participar. Sin embargo, creo que hay muchos más matices, más colores que se aprecian en todas esas propuestas que van en una dirección distinta a la actual forma de entender la política y la participación ciudadana. No van del todo desencaminados aquellos que dicen que si no te interesa la política, alguien decidirá por ti y, probablemente, contra ti. Por eso los ciudadanos debemos organizarnos y no tener miedo a optar por una opción política distinta. Aun con las actuales reglas del juego, votando también podemos cambiar las cosas.

Estoy convencido de que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa, pero, sobre todo, ha llegado el momento de que los españoles nos preguntemos qué país queremos, qué debemos reformar, qué funciona y qué no. Por más que dispongamos de un diagnóstico claro sobre lo que está fallando, todavía falta ver qué teclas debemos tocar y qué piezas habrá que cambiar para mejorar las cosas. La primera que me viene a la cabeza es la transformación de nuestras estructuras democráticas y políticas, con el fin de recuperar la confianza en aquellos que toman decisiones en nombre de los ciudadanos sin olvidar los logros que entre todos hemos alcanzado en estos treinta años de paz y libertad. Soy partidario de adoptar una actitud crítica y reformista, pero también de poner en valor aquello que nos une y que hemos hecho bien tras una larguísima dictadura y un siglo XX plagado de dificultades y conflictos. España no necesita una mano de pintura roja o azul, pues de poco sirve cambiar el color de la fachada si se mantienen las mismas estructuras. Pero tampoco debemos demolerla; en todo caso, lo que se necesita es una reforma profunda y, sobre todo, un buen mantenimiento.

En las últimas conferencias en las que he participado como ponente, ya sea en el Fórum Nueva Economía, en el Club Siglo XXI o en el Ágora de elEconomista.es, la pregunta que más veces me han formulado tiene que ver con cómo podemos realizar los cambios y las reformas que proponemos, es decir, cómo llevar a cabo esta nueva forma de hacer política. La respuesta más habitual a esta pregunta es que conseguirlo es una tarea imposible, porque el actual sistema, basado en la partitocracia, supone un muro infranqueable. Sin embargo, mi respuesta es otra: recordemos que somos ciudadanos y no súbditos, y que cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros votos, ostentan el poder del país.

Como muchos otros, hace más de ocho años yo también me pregunté cómo cambiar las cosas. Por suerte, en aquel momento coincidí con una serie de personajes públicos en Cataluña que se hacían la misma pregunta y que decidieron firmar un manifiesto en el que se abogaba por otra forma de entender la política. Para muchos aquello supuso una luz que se encendía en medio de la oscuridad y también una llamada social importante al constituirse como uno de los primeros movimientos civiles. De la mano de referentes políticos, sociales e intelectuales de la sociedad barcelonesa, como Albert Boadella, Xavier Pericay, Arcadi Espada, Félix de Azúa y otros, se dio un paso adelante en lo que hoy podemos calificar como una decisión avanzada en su tiempo: la voluntad de reclamar una alternativa política al nacionalismo que había gobernado en Cataluña durante veinticinco años y de hacer una política distinta al sistema tradicional de partidos. Recuerdo que poco antes de comenzar el verano de 2005 mi madre me dijo que había escuchado por la radio que una serie de personas, entre las que se encontraba Francesc de Carreras, mi profesor de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, habían impulsado una iniciativa que parecía interesante. Entré en la página web, me descargué el manifiesto y, cuando terminé de leerlo, me sentí absolutamente representado. Por fin tenía delante de mí un texto, redactado por profesionales de distintos ámbitos y no por políticos profesionales, en el que en poco espacio se decían muchas cosas. El manifiesto hablaba de valores sociales, de regeneración política y de apoyar a una parte de la sociedad catalana que no estaba representada políticamente y en la que yo me incluía.

El 21 de junio, tras salir del trabajo, acudí al acto de presentación de la plataforma. Me imagino que mucha gente no se enteró de la convocatoria, ya que el oasis mediático catalán se encargó de silenciarla, pero, aun así, el llamamiento a través de internet fue exitoso. Cuando entré en la sala del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona me sentí como si estuviera en una reunión clandestina, pero según avanzaba por la sala vi cómo la gente se agolpaba en el suelo y en la rampa de bajada, hasta el punto de tener que habilitar otra estancia para los que no cabíamos en la principal. Aquello superó las expectativas de todos, pero seguramente el éxito se debió a que lo que ese grupo de intelectuales había plasmado en su primer manifiesto era lo que nadie se atrevía a decir pero una minoría emergente comenzábamos a pensar. Todos coincidíamos en que había que cambiar las cosas, que la actual etapa política estaba llegando a su fin y que, además, en Cataluña era necesaria una alternativa política al nacionalismo y a la partitocracia tradicional.

Recuerdo que mientras me hacía un hueco en la sala, sentado en el suelo y con el casco en la mano, me sentí impresionado al darme cuenta de que personas de semejante talla intelectual decían lo que algunos pensábamos en casa o comentábamos con los amigos, pero sin sentirnos capaces después de decirlo más alto, a veces por miedo a caer en lo políticamente incorrecto o por no querer posicionarnos públicamente. Aquel acto me impactó y me marcó para siempre. Cuando acabó, me acerqué al profesor Francesc de Carreras y le dije que contaran conmigo para colaborar. Me dijeron que en septiembre empezarían a ponerse en contacto con los que queríamos echar un cable. En efecto, después del verano recibí un e-mail en el que se indicaban las primeras convocatorias en función de las categorías profesionales de los voluntarios. Puesto que soy abogado, me ofrecieron participar en el área de justicia, donde coincidí con otros profesionales del Derecho. Poco a poco comenzaron a organizarse reuniones territoriales y actos por toda Cataluña y en el resto de España. Los organizadores presentaban el manifiesto con la intención de levantar un banderín y ver cuánta gente se adhería. En esa fase era fundamental saber si aquello se trataba únicamente de elucubraciones de un grupo de amigos o si, en realidad, detrás estaba el germen de una nueva formación y de una nueva etapa política. Resulta paradójico que en un sistema democrático y de bienestar como el nuestro tuviésemos que movilizarnos para defender las libertades. Pero la verdad es que el tiempo les ha dado la razón.

En aquel momento yo compaginaba mi trabajo en La Caixa con las reuniones y mi participación en la plataforma civil de Ciudadanos. A diferencia de la génesis y del funcionamiento de otros partidos, nosotros éramos una asociación civil y lo que la gente aportaba era pura vocación, que se traducía en mucha dedicación, tiempo, trabajo y dinero. Yo me responsabilicé de organizar la agrupación del Vallés Oriental, que es la zona en la que vivo, coordinando actos y haciendo un llamamiento a la población. La tarea no era fácil, pues apenas disponíamos de medios. Quedábamos los fines de semana y, armados con una madera y un mantel que metíamos en el maletero de mi coche, improvisábamos mesas desde donde repartíamos octavillas. Éramos un grupo de personas sin trayectoria política y con muchas ganas de cambiar las cosas.

El 12 de abril de 2006 se celebró el primer acto de la plataforma Ciudadanos en la zona del Vallés Oriental y fui el encargado de organizarlo. Decidimos hacerlo en Granollers y eso implicaba reservar salas, conseguir medios audiovisuales y convocar a los ciudadanos, es decir, algo sencillo en apariencia, aunque solo desde la voluntariedad y sin los medios necesarios aquello supuso un trabajo realmente duro. Conseguimos que Arcadi Espada y Francesc de Carreras acudieran al acto, y recuerdo con especial cariño la presencia como invitado del que fuera expresidente del Tribunal Constitucional y exministro, don Manuel Jiménez de Parga. El acto fue todo un éxito, pese a que también nos encontramos con intolerantes que no querían que se celebrasen nuestros encuentros. Para mí fue un honor poder presentarlo y compartir mesa con unas personas a las que admiraba y a las que seguía desde hacía tiempo. Pronto nos dimos cuenta de que las salas se quedaban pequeñas, por lo que nos planteamos buscar una sede en la que reunirnos sin tanto aprieto. Una persona que simpatizaba con nosotros nos dejó un pequeño local que tenía a pocos kilómetros del centro de Granollers. Era una sala humilde, de poco más de veinte metros cuadrados, que estaba completamente vacía. Recuerdo que junto al ahora diputado y amigo José María Espejo-Saavedra la limpiamos de arriba a abajo, cubriéndonos nariz y boca con unas mascarillas por la cantidad de polvo que había, y que, pese a no ser la sede con la que soñábamos, lo pasamos muy bien bromeando con la idea de que quizá estábamos dando el primer paso para llegar al Parlamento y defender a todos aquellos que trabajaban con la misma ilusión y que esperaban que nos convirtiésemos en una alternativa real. En aquel momento no solo lo veíamos lejos, sino casi imposible. Pero ahí estábamos, intentando cambiar las cosas con amigos y compañeros, a horas intempestivas y luchando por unas ideas que deseábamos llevar a la práctica.

Con el tiempo comenzamos a conseguir afiliados, y eso nos ayudó a celebrar más actos y a transmitir mejor la información que queríamos hacer llegar a los ciudadanos. En el camino nos tropezamos con la campaña por el Estatuto de Cataluña y decidimos pedir el voto en contra, puesto que se trataba de un Estatuto inconstitucional e inoportuno que una gran parte de la sociedad catalana ni había pedido ni deseaba. Yo mismo trabajé en el argumentario durante la etapa en que fui responsable de Acción Política en la plataforma civil. Puesto que nos organizábamos por temas, abordábamos los asuntos desde diferentes especialidades. Aún no éramos un partido político y no estábamos en el Parlamento, pero, desde nuestra humildad, organizamos diferentes actos para explicar a los ciudadanos lo que implicaba renunciar al Estatuto de 1979 y los motivos por los que no creíamos conveniente entrar en esa deriva. Finalmente se demostró que el Estatut no solo era inconstitucional, sino un nido de incongruencias.

A raíz de mi participación en la agrupación del Vallés Oriental y en la sectorial jurídica que impulsé con José María Espejo-Saavedra y otros abogados, como Carlos Carrizosa y Carmen de Rivera, también hoy diputados, me fui implicando cada vez más en el proyecto hasta terminar formando parte de la ejecutiva de la plataforma civil, junto con otras quince personas. Disfruté mucho de mi labor en Acción Política, puesto que allí se trabajaban los argumentos, las ideas y se profundizaba en los documentos que después empleábamos para explicar a los ciudadanos cuál era nuestra posición en los asuntos que verdaderamente les interesaban. Recuerdo aquella época como un tiempo de ilusión, de mucho trabajo, pero también de dudas, puesto que éramos conscientes de lo difícil que era poner en marcha una nueva formación política.

La gran lección que he aprendido de Ciudadanos y de aquellos primeros años es que cuando uno se organiza todo es posible. De ahí que a la pregunta de si las cosas se pueden cambiar, yo siempre contesto que depende de nosotros y que ese es el gran reto que hoy tenemos los nuevos partidos, las plataformas civiles y los que abrimos nuevos canales de participación. Hay que hacer las cosas con el corazón, pero también con la cabeza, y es en la unión de estos dos elementos clave de nuestro cuerpo donde encontramos el camino para el cambio. Del mismo modo que algunos hemos visto que se puede, los ciudadanos tenemos que entender que si dejamos los asuntos que nos preocupan en manos de unos pocos, perderemos las riendas de nuestra vida colectiva e individual. En mi opinión, la política no es más que un instrumento que permite que los ciudadanos de una comunidad, de una ciudad o de un país vivan mejor, tengan una vida más próspera y más oportunidades de ser felices. Este debe ser el fin único de la política: hacer las cosas más fáciles a los ciudadanos.

Soy la misma persona que hace siete años limpiaba aquel humilde y polvoriento local, que cargaba tablas y octavillas en el maletero de su coche y que intentaba hacer campaña después del trabajo, por más que hoy tenga la responsabilidad de presidir el grupo parlamentario que más ha crecido en las últimas elecciones. Como ya he dicho, los sueños, cuando se persiguen, se pueden alcanzar. El camino a la felicidad, como dicen los estadounidenses en su Constitución, en buena medida consiste en el propio camino. Perseguir sueños y disfrutar haciéndolo es una prueba de que es posible realizarlos. Yo he tenido la suerte de vivirlo en mis propias carnes, actos, gestos y momentos, y he comprobado que cuando trabajamos con pasión y organización, todo es posible. Los españoles tenemos sobre la mesa el reto de transformar nuestro país, mejorarlo y hacer de él un lugar más justo donde los ciudadanos tengan una prosperidad económica y unos derechos sociales garantizados. Nos habían vendido que esto ya estaba hecho y que iba de la mano de la Transición; incluso los que hemos nacido en democracia pensábamos que la prosperidad y los derechos venían «de serie». Se ha hecho evidente que no es así, y que la democracia, el bienestar, al igual que una familia o una empresa, hay que trabajarlos día a día. Por eso los españoles necesitamos comprometernos para que cada cual, desde su puesto, intente cambiar las cosas. Repito: eso solo se consigue siendo ciudadanos y dejando de ser súbditos.

Si ya es difícil que en este país se valore a quienes ponen en marcha un proyecto empresarial para crear riqueza o puestos de trabajo, aún lo es más encontrar un reconocimiento a la participación y al empoderamiento social de quienes se embarcan en un proyecto para mejorar la sociedad en la que viven, y todo ello sin ánimo de lucro y para beneficiar a la ciudadanía en general y no solo a quienes lo ponen en marcha. En un momento como el que está viviendo el país creo que hay que poner en valor todas esas asociaciones, movimientos civiles e incluso partidos que están contribuyendo a que se abra una grieta en el muro y a que los ciudadanos canalicemos nuestras ilusiones y nuestra voluntad de cambio a través de ellos. Aunque las reglas del juego son difíciles de manejar, estos movimientos demuestran que hay que organizarse para cambiar las normas, y esto requiere proyectos de todo tipo, incluidos los políticos.

Muchos ciudadanos piensan hoy que el problema de este país es la política y los políticos; de hecho, según los estudios del CIS, es una de las principales preocupaciones de los españoles. Comparto esa preocupación, pero añado un matiz: el problema no es tanto la política como servicio público, sino la política de los que están al servicio de los partidos y no de los ciudadanos. De hecho, cualquier forma de proceder que se aleje del servicio a los ciudadanos no debería ser considerada política, sino una mala práctica que pervierte su finalidad y provoca la indignación de los ciudadanos.

La historia nos demuestra que los cambios en las sociedades no suceden de golpe, sino que llegan de la mano de grandes minorías que entienden que a una idea le ha llegado su momento y que se organizan para llevarla a la práctica. No podemos confiar en que la mayoría de españoles, de la noche a la mañana, cambie su actitud ante la política, las instituciones o la participación social. Pero no hay duda de que existe una minoría creciente en España, cada vez mayor, que está tomando conciencia, que cree en ese cambio y que lo ve necesario y urgente. Comprendo que muchos ciudadanos hayan perdido la esperanza y tirado la toalla pensando que, gobierne quien gobierne, todo va a seguir igual, porque las reglas del juego son siempre las mismas y que ese «sueño español» es una utopía. Me gustaría decirles que la historia está llena de sueños cumplidos, de sacrificios y de cientos de miles de ciudadanos que se han movilizado no solo por su interés particular, sino por el interés colectivo. La propia historia de España, desde la Constitución de Cádiz hasta la Transición, demuestra que en este país, en situaciones excepcionales, los ciudadanos han hecho cosas excepcionales. Por supuesto, no todo lo realizado por anteriores generaciones nos ha gustado y nos hemos dado cuenta de que muchas medidas no han funcionado. Pero se han logrado objetivos y ha llegado el momento de que nosotros también los logremos. Si miramos a nuestro alrededor y vemos los cambios que se están produciendo en muchos países, nos daremos cuenta de que cuando los ciudadanos se movilizan a favor de una idea a la que le ha llegado el momento, esta se convierte en algo imparable. Solo existe una alternativa a la democracia, y es más democracia. No hay atajos ni populismos que valgan; se trata de perfeccionar y mejorar nuestra democracia dejando la política del cabreo en el sofá —y la de tertulia de salón— para pasar a la acción. Para los que somos demócratas solo existe una vía posible, y es dentro de las leyes y con los instrumentos de presión legítimos y democráticos que tenemos a nuestro alcance.

Si hubiéramos preguntado a muchos berlineses si serían capaces de derrumbar el muro de Berlín, seguramente muchos habrían contestado que era imposible. Sin embargo, los muros, cuando se ejerce presión social, se usa el sentido común y se manifiesta la voluntad de cambio, acaban cayendo. El muro de la partitocracia que conforma el actual sistema puede parecernos un obstáculo infranqueable, pero la realidad es que ya se han abierto grietas, y la prueba la tenemos en algunos movimientos civiles, sociales y políticos que han logrado abrir brechas en las instituciones, en la opinión pública, en los medios de comunicación, en la calle y en las redes sociales. Ahora ha llegado el momento de hacer palanca para que caiga el muro. Por más que cada cual sea libre de trabajar a su manera para derribarlo, al final son las urnas, las libertades y la movilización las que podrán cambiar las cosas.

Uno de los límites que en muchas ocasiones nos ponemos los ciudadanos españoles es el de pensar que las elecciones siempre las ganan los mismos y que los resultados electorales no van a posibilitar cambios porque el ganador está predeterminado. Soy totalmente consciente —lo he sufrido en primera persona— de las trampas y los beneficios con los que funcionan los grandes partidos frente a los de nueva creación y a las plataformas civiles. Pero es igualmente cierto que algunos hemos vivido éxitos electorales y pequeños cambios que están influyendo en la vida pública española. Cada ciudadano español tiene un voto, cada uno de nosotros formamos parte de la soberanía nacional y, por tanto, el poder está en nuestras manos. Por eso, cuando los ciudadanos participamos, estamos influyendo en los cambios de nuestra sociedad, y por más que estos nos parezcan insuficientes, debemos recordar que las grandes transformaciones sociales tardan años, décadas, y cuestan mucho esfuerzo. Pero finalmente llegan. Estoy convencido de que nos encontramos ante un final de etapa y que el cambio, tarde lo que tarde, depende de la voluntad, de la movilización y de la ilusión de los ciudadanos españoles. Aunque pensemos que este país está en manos de unos pocos, si queremos puede volver a estar en manos de cuarenta y siete millones de personas.

Por desgracia, la misma dinámica política del país ha hecho que tengamos la sensación de ser súbditos y no ciudadanos. Tanto el sistema político como la falta de cultura democrática nos han llevado a un sistema en el que parece que nuestra única implicación en política consiste en votar cada cuatro años. Desde un punto de vista histórico, el concepto de súbdito tiene su origen en aquellas personas que dependían de otros, es decir, hombres y mujeres que no decidían su propio destino, sino que estaban al servicio de señores feudales o monarcas que, a cambio de obediencia, les proporcionaban cierta protección y unos servicios mínimos. No fue hasta la Revolución Francesa, con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando el concepto de ciudadanía se consolidó, comenzando a reflejar aspectos tales como que «los hombres nacen y permanecen libres o iguales» o que «la sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración». Son principios que gozan de una actualidad sorprendente, pero, paradójicamente, los hemos olvidado y apartado de nuestras obligaciones.

Dar sentido al concepto de ciudadano, que tan asumido está en el actual lenguaje político y social, supuso un enorme sacrificio social. Creo que ahora más que nunca debemos reivindicarlo y ejercerlo cada día, siendo conscientes de nuestros derechos y obligaciones. Me refiero a los derechos consolidados en nuestra Constitución y a la obligación de participar en la vida pública. Hablar de súbditos en pleno siglo XXI y con nuestra Constitución española vigente parece contradictorio. Sin embargo, pese a que contamos con un sistema democrático que garantiza nuestro voto en unas elecciones periódicas, en realidad hemos visto que nos hallamos ante una democracia de baja intensidad en la que solo podemos elegir cada cuatro años y entre muy pocas opciones. No se puede decir que no hay democracia en España, pero sí podemos afirmar que tenemos una democracia debilitada que hay que sanear entre todos.

Aquella reflexión, con la que cerró Savater su intervención y a la que me referí al principio, me quedó grabada, pues refleja el motivo por el que tanta gente —y es este mi caso— decide participar en la vida pública. Desde entonces pienso que ser ciudadano o ser súbdito es una actitud ante la vida y que cada cual sabe en qué lado se encuentra, cuál es su opción. A diferencia del súbdito, entre ciudadanos ha de establecerse una relación de igual a igual, nunca jerárquica ni de sometimiento. El futuro de España depende de estos ciudadanos libres e iguales que son conscientes de que el poder está en sus manos. Ha llegado el momento de pasar de la indignación a la esperanza.

2
LOS QUE HEMOS NACIDO EN DEMOCRACIA

Por fortuna, yo no viví la dictadura ni conocí a Franco como jefe del Estado, porque en 1975, cuando acabó esa etapa negra de nuestra historia, yo no había nacido. Del mismo modo, no tuve la oportunidad de vivir la reforma política de 1977, que permitió convocar las primeras elecciones democráticas desde 1936, ni tuve la suerte de participar en la puesta en marcha y la consiguiente aprobación de nuestra Constitución, en diciembre de 1978, porque aún faltaban once meses para que yo llegase a este mundo. Nací el 15 de noviembre de 1979, solo algún tiempo después de que se hubiera establecido en España el sistema constitucional. Cuando tuvo lugar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, yo tenía poco más de un año y, por supuesto, no recuerdo aquella noche de transistores, inquietud e incertidumbre que vivieron los españoles. Sí conservo un vago recuerdo del momento en que España entró en la Unión Europea, en 1986, ya que por aquel entonces tenía nueve años y cursaba segundo curso de Educación General Básica (EGB). Sin embargo, pese a no haber vivido esos momentos históricos —algunos buenos y otros no tanto—, he tenido la suerte de disfrutar de los logros que se han conseguido en España en las últimas tres décadas.

No hay duda de que la etapa que va desde la Transición hasta el día de hoy es la más próspera y la de mayor paz y libertad en la historia de nuestro país. Sería absurdo dejarse llevar por la mitomanía de aquellos que ven en la Transición una especie de momento idílico, pero también lo sería caer en el fatalismo de quienes pretenden borrar de un plumazo una etapa de tantos logros y mejoras para nuestra sociedad. Como bien expone Javier Cercas en su libro Anatomía de un instante, las mismas personas que protagonizaron la Transición tenían una biografía llena de luces y sombras, pero supieron conducir esa difícil etapa de la mejor manera. Ya fue un verdadero éxito el hecho de poner de acuerdo a todos esos personajes políticos, que mantenían posturas enfrentadas durante la Guerra Civil y en la posterior dictadura, para conseguir un objetivo común. Tener por primera vez en España una Constitución de todos, nacida de la reconciliación, fue sin duda el mayor logro de la Transición española.

Hace poco tuve el honor de participar en la tribuna del prestigioso Club Siglo XXI, un lugar de encuentro que desempeñó un papel fundamental durante la Transición y donde se gestaron acuerdos e intervenciones históricas. Fue allí, en la misma tribuna en la que yo me encontraba treinta y cinco años después, donde Manuel Fraga presentó a Santiago Carrillo el 27 de octubre de 1977. Aquello supuso un verdadero golpe de efecto para la Transición y un varapalo para los nostálgicos del régimen anterior. De hecho, se produjeron cuarenta y dos bajas en el club y las críticas fueron muy numerosas. Pero aquel gesto se convirtió en un verdadero ejemplo de reconciliación.

También mi intervención generaba dudas en algunos invitados, que se mostraban muy escépticos a la hora de aplicar reformas y cambios. Sin embargo, estoy convencido de que la respuesta que di ante tanta inquietud era compartida por muchos de los presentes: «Si este club ha visto cómo Carrillo y Fraga se daban la mano, ¿por qué los ciudadanos españoles no vamos a conseguir reformar la ley electoral, el sistema de partidos o alcanzar una verdadera separación de poderes? Si aquello ocurrió, todo es posible, y si queremos que pase, pasará».

Ver a Carrillo y a Fraga sentados a la misma mesa, cuando el primero venía de un partido ilegalizado hasta hacía poco y el segundo había sido ministro franquista, fue todo un símbolo de la puesta en marcha de nuestra Constitución. Igual que el hecho de que algunos partidos nacionalistas, a pesar de sus reivindicaciones, apoyaran y estuvieran presentes en la redacción de la Carta Magna ejerciendo de padres fundadores (entre ellos, Miguel Roca Junyent) demuestra que en aquel momento se hicieron esfuerzos y concesiones de todo tipo. Obviamente, era difícil contentar a todo el mundo, y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que durante la Transición se cometieron errores, se dejaron capítulos sin escribir y, seguramente, no se supo cerrar el modelo de país con una hoja de ruta definida para el desarrollo de nuestra democracia.

Los padres de la Constitución y los que iniciaron la Transición optaron por implantar un sistema democrático bien atado, con partidos fuertes y cerrados, que permitiera pasar sin sobresaltos de una dictadura a un sistema de partidos. Pero, más de tres décadas después, hay pruebas evidentes de que los españoles hemos madurado, y que aquella voluntad transitoria de blindar un sistema de partidos ante el miedo evidente de que la democracia pudiera quebrarse —como se intentó en el 23-F— debe superarse. Es imprescindible que, desde el punto de vista democrático, abandonemos la adolescencia para convertirnos en adultos, pues lo que en aquel momento tenía un valor transitorio hoy día ha dejado de tener sentido. Los españoles queremos un sistema electoral más moderno, con partidos políticos más abiertos a la sociedad civil, y una democracia real que permita la participación de todos para escoger a nuestros candidatos y representantes. Y queremos unos poderes del Estado verdaderamente separados, que se controlen entre sí y que sirvan a los ciudadanos y no a los partidos.

En aquellos primeros años de democracia, a través de la Constitución se establecía la garantía de un Estado de Derecho democrático y social, que permitió dar al país un importante salto cualitativo. Desde entonces, los ciudadanos, por el mero hecho de ser españoles, teníamos acceso universal a la sanidad y a la educación, y se garantizaba la igualdad de oportunidades. Todos, más allá de su origen y patrimonio familiar, nos encontraríamos con muchos menos obstáculos para desarrollar nuestras vidas. En mi opinión este fue uno de los logros más importantes que trajo consigo la Transición.

Hoy, treinta y cinco años después, cuando parecía que todo estaba consolidado, la grave crisis económica que estamos viviendo pone en duda un modelo político que ha dado muestras de fatiga, de ineficacia y, en algunos casos, de perversión. Ha llegado el momento de que quienes hemos nacido en democracia nos preguntemos qué cambios deseamos para nuestro país, y llevar a cabo una revisión profunda que nos permita mejorar y reforzar la democracia. En nuestras manos está arreglar esta situación, poner en marcha una nueva etapa política en España y escribir una página más en la historia de nuestro país. No tenemos excusas, porque, a pesar de las carencias del sistema, vivimos en un Estado democrático y de bienestar. Debemos trabajar en un proyecto común, atractivo y que ilusione a los españoles, y solo podemos lograrlo a través de las urnas. Como en su día dijo el presidente de Estados Unidos J. F. Kennedy: «No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país».

Pero, ¿cómo es nuestra generación? Es cierto que hemos tenido a nuestro alcance un sinfín de oportunidades y que hemos vivido cómodamente sin tener que soportar o enfrentarnos a la mordaza de una dictadura. Como muchos otros, mis padres no estudiaron una carrera y se vieron obligados a ponerse a trabajar tras acabar sus estudios básicos. Esta situación, tan común en la generación anterior, cambió radicalmente con la Transición, y somos muchos los que hemos realizado estudios superiores o accedido a una formación profesional de calidad. De hecho, contamos con una excelente formación y, puesto que las cosas han funcionado razonablemente bien durante bastantes años, hemos perdido interés por la política y hemos llegado a pensar que no hacía falta implicarse en la vida pública.

Mi generación no ha tenido que pelear por hacerse con unos derechos que todos consideramos básicos, irrenunciables e incuestionables. Fueron las generaciones anteriores las que lucharon por establecerlos, pero es ahora cuando se ponen en entredicho; cuando el Estado de bienestar se encuentra en jaque; cuando las clases medias están desapareciendo, afectadas por los recortes, las subidas de impuestos, los despidos y, en general, la pérdida de poder adquisitivo; cuando nuestros jóvenes no pueden encontrar empleo y se ven obligados a salir de España en busca de oportunidades, y cuando incluso nuestra democracia se encuentra en un estado de enorme debilidad.

Ha llegado el momento de comprometernos activamente para no perder lo conseguido. Muchos hemos optado por participar en política o involucrarnos directamente en plataformas o movimientos civiles, porque no podemos olvidar que todo lo que se ha logrado puede perderse en un abrir y cerrar de ojos. Si no somos capaces de consolidar ese modelo que ha permitido que España sea un país más justo, estaremos dando un paso atrás en la igualdad de oportunidades que tanto costó conseguir. Ha llegado el momento de responder a nuestras obligaciones civiles como ciudadanos. Los derechos que debemos defender ya existen, están recogidos en nuestra Constitución, pero tenemos que luchar para que se puedan ejercer.

Basta con pensar en lo que está ocurriendo con el derecho que todos tenemos en España a una vivienda digna, tal como recoge el artículo 47 de la Constitución:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Muy lejos de cumplir con esta disposición, en este momento hay más de tres millones de viviendas vacías en el país y son miles las personas desahuciadas o las que no pueden independizarse de sus familias porque no tienen acceso a una vivienda.

Somos los jóvenes quienes debemos tomar el relevo en todos los ámbitos, tanto en el privado como en el público y en el político. No es extraño que personas de alrededor de treinta años dirijan empresas, gestionen un departamento, accedan a un puesto de juez, de abogado del Estado o tengan su propia empresa. Sin embargo, en el escenario político, el hecho de ser joven sigue siendo un obstáculo.

Los viejos partidos piensan que los jóvenes somos una simple cuota o figurantes que solo servimos para aplaudir en los mítines, olvidando así el talento, la valentía y las capacidades de miles de personas que ven las cosas de forma distinta. Para ellos somos, o bien jóvenes rebeldes que no se adaptan al organigrama, o bien personas sumisas que entran en las juventudes de las organizaciones políticas para hacer «carrera» —y conseguir un cargo, un puesto o un sueldo—, perdiendo su espíritu crítico y renunciando a sus ilusiones.

El artículo 6 de nuestra Constitución define así el papel de los partidos:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos no hacen elecciones primarias, disponen de mecanismos para expulsar de facto a aquellas personas que puedan disentir de los núcleos de poder, al tiempo que la ley electoral vigente blinda un sistema de listas cerradas y bloqueadas.

Este sistema perverso contribuye en gran medida a la baja participación de los jóvenes en política, y es que en lugar de valorar la excelencia y el mérito, en muchas ocasiones se premia la mediocridad y la cobardía. Es indudable que los jóvenes tenemos menos experiencia política y de gestión, pero, a cambio, carecemos de prejuicios y no llevamos a nuestras espaldas mochilas cargadas con conflictos del pasado. Tampoco tenemos que dar explicaciones del franquismo ni de otros errores de nuestra historia, lo que nos proporciona una mirada y una forma de trabajar más limpia y menos condicionada. La historia nos debe servir para conocer nuestro pasado, pero nunca puede condicionar nuestro futuro.

Los jóvenes españoles que han triunfado y realizado sus sueños y esperanzas en distintos lugares del mundo son para todos nosotros un claro ejemplo de superación y de éxito. Su reconocimiento internacional es muy positivo para el país, porque no podemos olvidar que España son sus ciudadanos, y cuando el resto del mundo reconoce el esfuerzo de nuestros deportistas, investigadores o empresarios, dicho reconocimiento contribuye a la evolución del país. Entonces, si nos atrevemos a posicionarnos sin complejos en el ámbito profesional, si somos capaces de sacar adelante un negocio y de competir con otros países, ¿por qué en el terreno político no se ha producido un cambio semejante? La comodidad y, sobre todo, los obstáculos que plantean los partidos nos alejan de la vida pública, impidiendo que se produzca un cambio generacional en la política española que cada vez resulta más imprescindible.

En mi corta pero intensa participación política no ha sido extraño que me encontrara con ciertos prejuicios sobre mi capacidad por el mero hecho de ser joven. Tengo la sensación de que existe cierto recelo ante los que creemos que las cosas se pueden cambiar. A muchos el sistema les beneficia y no quieren modificarlo, y otros simplemente no lo creen posible. En cualquier caso, está claro que ningún cambio es posible si los jóvenes no nos implicamos activamente en la vida pública. Es más, ni siquiera podremos quejarnos si permitimos que nuestro presente y nuestro futuro sigan en manos de aquellos que han hecho de la política su modus vivendi.

Afortunadamente, poco a poco las cosas están cambiando y ya hay jóvenes políticos que empiezan a situarse al frente de los partidos y a responder al cambio que la sociedad demanda. De hecho, en las últimas encuestas, los más jóvenes estamos entre los líderes más valorados, lo que significa que los ciudadanos tienen ganas de ver a gente nueva y con ideas de cambio al frente de la política nacional. Parece que comienzan a imponerse la transparencia, la honradez y las nuevas ideas frente a la experiencia acumulada de quienes llevan tres décadas en la primera fila de la política del país.

Tras las elecciones autonómicas catalanas de 2012, me invitaron a participar en el Nueva Economía Fórum, en Madrid. Era la segunda vez que asistía como ponente, pues ya lo había hecho años antes, el 13 de diciembre de 2006, cuando Ciudadanos entró por primera vez en el Parlamento de Cataluña. Se trata de una tribuna de enorme prestigio por la que pasan los principales y más influyentes líderes políticos, económicos y del mundo de la empresa de nuestro país. Los días previos a la cita se respiraba ya cierto aire de expectación en el ambiente; por un lado, porque Ciudadanos había triplicado sus resultados respecto a las elecciones anteriores y había conseguido un diputado por Tarragona —nuestro secretario general, Matías Alonso—, y por otro, por la delicada situación que atravesaba Cataluña tras la deriva separatista encabezada por Artur Mas. La organización del acto nos informó de que mi participación había levantado un gran interés y que la demanda de asistentes había aumentado considerablemente.

En este tipo de encuentros, el ponente suele proponer a una persona para que ejerza de presentador. En actos anteriores, personalidades del entorno de Ciudadanos a las que me une una buena amistad, como Juan Carlos Girauta, Francesc de Carreras o Javier Nart, habían desempeñado ese papel, pero teniendo en cuenta que en esta ocasión el acto se celebraba en Madrid, preferí buscar a alguien que hubiese ocupado algún cargo importante en la capital.

Poco antes de las elecciones catalanas, Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid y uno de los líderes históricos del PSOE, declaró en una entrevista (El Mundo, 22/11/2012) que si estuviera en Cataluña votaría a Ciudadanos. Más o menos por entonces, Leguina había presentado su libro en Barcelona y habíamos disfrutado de alguna cena con amigos comunes. Pensé que era la persona adecuada para presentarme; me gusta su pensamiento libre —lo ha demostrado con sus actos—, tiene una importante experiencia de gobierno, y actualmente, pese a seguir militando en el PSOE, mantiene una posición crítica muy alejada de la que han adoptado los socialistas respecto al nacionalismo. Le llamé personalmente y aceptó la invitación.

Llegué bastante temprano al hotel Ritz de Madrid y, antes de iniciar el acto, me reuní con los organizadores y algunos de los invitados más relevantes. Saludé a José Bono, a quien me une una buena amistad; a Joaquín Leguina; a Salvador Clotas, catalán histórico del PSOE; a Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, a quien también conocía personalmente, y a Francesc de Carreras, amigo y profesor, que se había desplazado a Madrid expresamente para asistir al acto. También se encontraban allí el exministro José Barrionuevo y otras muchas personalidades.

A las nueve de la mañana nos dirigimos al auditorio, y después de escuchar las amables palabras de Joaquín Leguina, subí a la tribuna. En ese momento tuve la sensación de que aquel sería un día importante para nuestro partido. Tenía la oportunidad de hacer llegar al conjunto de los españoles en qué consistía nuestra forma de hacer política, muy alejada de la oficialidad de Cataluña. Mi intervención duró algo más de media hora y, aunque probablemente el auditorio esperaba que me limitase a hablar de la situación en mi comunidad autónoma, opté por plantear propuestas para toda España, y entre ellas, las que considero necesarias para Cataluña. Porque, en mi opinión, lo que hoy está sucediendo en Cataluña es consecuencia de los problemas que sufre España en su totalidad.

Mi ponencia giró en torno a la idea de que los españoles debemos preguntarnos por aquello que nos une y sobre cómo podemos transformar nuestro país, sin centrarnos en lo que nos divide y nos diferencia. En definitiva, quise explicar que hay catalanes a los que nos preocupa el proyecto común español y que para millones de ciudadanos sentirse español y catalán no solo no es incompatible, sino que, de hecho, es complementario. Concluí mi discurso hablando en catalán —en el corazón de Madrid— y pronunciando una frase que se había convertido de facto en un lema de campaña: «Catalunya es la meva terra, Espanya el meu país y Europa el meu futur».

Cuando terminé, José Bono tomó la palabra para felicitarme y reconocer que, después de oír mis palabras, comprendía que aún había esperanza para la política. Terminó señalando que el largo aplauso que siguió a mi ponencia era quizá el más sentido de los que había escuchado en años. A sus palabras siguieron las de Alberto Recarte, que me hizo una advertencia: «Albert, no te dejes manejar por los viejos políticos como Bono». Mi respuesta resume bien lo que pienso:

Me parece que ser humilde y escuchar a gente que tiene experiencia es mucho mejor que ser prepotente y dar lecciones. Ese no es nuestro estilo. […] Hemos construido un proyecto político con independencia de todos los poderes fácticos y hemos demostrado que cabalgamos de la mano de los ciudadanos que nos votan, que no es poco. […] Me parece bien que personas como Esperanza Aguirre, por ejemplo, diga que haya que hacer listas abiertas; me parece bien que José Bono esté aquí escuchando una ponencia de un diputado catalán y que estemos de acuerdo en que hay que mejorar algunas cosas […]. No se trata de rendir cuentas sobre dónde ha estado quién o lo que ha hecho; se trata de que si hay personas con influencia en una parte de la sociedad, se sumen a este cambio, porque ese será también un logro de Ciudadanos. […] Se trata de escuchar, de tomar nota y valorar aquello que nos une. Y sobre lo que no nos une, discrepar abiertamente y sin complejos.

Aquel intercambio de opiniones me reafirmó en la idea de que todavía hay políticos que, pese a su dilatada experiencia, están convencidos de que las cosas se pueden cambiar, y que, independientemente de su trayectoria, pueden aportar mucho a la regeneración de España.

Es el momento de dejar atrás revanchismos partidistas y segundas intenciones. Lo que de verdad importa es si esas personas están dispuestas a aportar ideas, a colaborar y a colocar los cimientos necesarios para construir una nueva etapa política. Si se suman, serán bienvenidos, y si no, el movimiento de los ciudadanos seguirá avanzando con el apoyo de quienes deseamos esa transición. Es necesario aprender de aquello que nos une y valorarlo. Las voces de la experiencia, de aquellos que han ocupado cargos de enorme responsabilidad en la política española merecen ser escuchadas, porque, más allá de su participación en los grandes partidos, muestran un espíritu libre y crítico del que tenemos mucho que aprender.

Nuestra generación no tiene que rendir cuentas por el pasado ni debemos situarnos en un bando determinado. Los que hemos nacido en democracia no nos alineamos con unas siglas concretas y sí con unas ideas, con unos valores, con una forma de ver y entender el mundo. La idea de las dos Españas ha muerto, por más que algunos quieran mantenerla viva artificialmente desde la política y desde los partidos mayoritarios y nacionalistas. Siento un profundo respeto por nuestros familiares y antepasados que vivieron la dictadura y la Guerra Civil, pero no estoy dispuesto a condicionar mi vida y la de mis hijos al pasado de nuestro país, y creo que la mayoría de integrantes de mi generación comparte esta creencia.

Por desgracia, el interés partidista y la manipulación han hecho que algunos jóvenes hablen más del ayer que del presente y del futuro, lo que demuestra que para algunos ha sido rentable la estrategia de la confrontación para mantenerse en el poder. Sin embargo, buena parte de nosotros no queremos vivir en una España dividida en bandos, en tribus y en territorios enfrentados, sino en un país plural, pero unido, en el que podamos desarrollar nuestras vidas y mejorar nuestra sociedad. Los que hemos nacido en democracia tenemos la obligación de involucrarnos en política para abrir esta etapa de transformación.

3
EDUCAR ES INVERTIR

En el libro La educación del talento, el profesor José Antonio Marina recoge una frase que suscribo: «Para educar a un niño hace falta la tribu entera». Lo que significa que no solo hay que prestar atención a la educación que reciben nuestros hijos en casa o en el colegio, sino también tener en cuenta los valores presentes en nuestra sociedad. Es tan importante la influencia del conjunto que el profesor Marina recomienda, por ejemplo, que los padres no se fijen únicamente en las notas que sacan sus hijos, sino también en las de sus amigos y conocidos.

La educación es la base de una sociedad, y el punto de partida es entenderla de una manera integral, ya que no solo concierne al ámbito público, pero tampoco exclusivamente al privado. Es una combinación de ambos. Cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, ponemos en manos de los profesores lo que más queremos y, como ciudadanos, debemos ser muy exigentes con la educación que recibirán en las aulas. Pero no podemos olvidar que cada cosa que hacemos en casa implica un aprendizaje y la enseñanza de unos valores y unos contravalores.

En las aulas hay que formar a personas con valores, a ciudadanos conocedores de sus derechos y sus obligaciones, y a futuros profesionales. Estos tres pilares constituyen la base de una buena educación, porque de nada sirve formar profesionales si detrás no hay ciudadanos con valores que contribuyan a crear una democracia fuerte y consolidada. Tampoco sirve de nada formar exclusivamente en valores, ya que nuestro mundo laboral y el sistema económico requieren una correcta preparación profesional. Con estos tres objetivos en el punto de mira —formar ciudadanos, personas y profesionales—, debemos preguntarnos: ¿qué educación estamos impartiendo desde la Administración pública y qué valores estamos inculcando desde las familias? El análisis de este binomio nos permitirá determinar qué sociedad tendremos en un futuro.

Uno de los lemas de las manifestaciones contra los recortes, tan habituales en los últimos años, dice: «La educación no es un gasto, es una inversión». No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. Invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de nuestra sociedad, especialmente en nuestros hijos. Por tanto, los Gobiernos que intentan recortar o prescindir de algunos de estos elementos básicos se equivocan profundamente. Y esa equivocación saldrá cara a largo plazo.

La fortaleza de una nación es proporcional a la calidad de su sistema educativo y a los valores que desde la sociedad se transmiten. Los grandes países tienen asumido que, gobierne quien gobierne y sea cual sea la ideología del partido que esté en el poder, hay un tronco común de valores civiles que deben estar presentes en los colegios desde que los niños comienzan su educación. Observo con envidia cómo en algunos países los chavales estudian con normalidad su Constitución, las bases de su sistema democrático y los derechos humanos.

Desde luego, en España no hemos sido capaces de hacerlo, y la idea de defender la existencia de una «educación constitucional» siempre ha contado con una fuerte oposición. Quizá muchos desconozcan que hace más de doscientos años la Constitución de Cádiz de 1812, en los artículos 366 y 367, reconocía la necesidad de enseñar «las obligaciones civiles» y de «explicar la Constitución» en las aulas, como principios fundamentales para que los ciudadanos tuvieran conocimiento de sus obligaciones y derechos, así como del sistema constitucional.

Creo que omitir esta formación es un grave error. Nuestra sociedad necesita que, desde muy pequeños, sepamos lo que cuesta mantener una democracia viva y cómo hay que cuidar nuestros derechos cumpliendo con nuestras obligaciones. Somos un país que carece de cultura democrática porque, entre otros motivos, los propios partidos políticos que nos han gobernado no se han preocupado de formar individuos críticos y libres. Ha llegado el momento de abordar en España esa educación para ciudadanos con valores que analice y profundice en el sistema democrático en el que vivimos.

Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció en 2006 que en las escuelas se impartiría la asignatura de Educación para la Ciudadanía, algunos pensamos que por fin en España se estudiarían y analizarían los valores democráticos y civiles. En aquel momento creímos que los más jóvenes tendrían la oportunidad de conocer nuestra Constitución, de saber qué es un Estado democrático y social, cómo funciona un ordenamiento jurídico, qué es una economía de mercado y, en definitiva, cuáles son los derechos y los deberes fundamentales sobre los que está basado nuestro sistema político. Aunque en la práctica esta asignatura no ha conseguido profundizar en los valores democráticos como habría sido deseable, deberíamos aprovechar su implantación para dotarla de un verdadero contenido cimentado en valores sociales. Durante una conferencia en la Feria del Libro de Uruguay en 2012, Fernando Savater, uno de sus grandes defensores, ya advirtió de los posibles riesgos: «Educación para la Ciudadanía no debería centrarse en fomentar conductas, sino en explicar principios. Vivir en democracia es aprender a pensar en común, incluso para disentir».

En el programa de Ciudadanos propusimos una asignatura denominada Educación Cívica, cuyo objetivo era dotar al sistema educativo de esa base de valores democráticos. Pese a que el intento del PSOE pueda parecer una oportunidad perdida, el concepto de una educación para ciudadanos no debe quedar anulado. Estoy convencido de que a la mayoría de españoles nos gustaría que nuestros hijos estudiasen una asignatura que transmitiera ese conjunto de valores civiles y principios más allá de ideologías y partidos.

Como he dicho anteriormente, parto de la premisa de que la educación no la imparten solo los profesores, sino también los padres, los entrenadores deportivos, los medios de comunicación, los artistas, etc. Pero sí creo que los profesores constituyen el pilar fundamental de la formación que reciben nuestros hijos. Por eso es necesario contar con buenos profesores que tengan la mejor formación posible y un reconocimiento público de autoridad tanto en las aulas como en el ámbito social. Asimismo es clave que la remuneración que perciben garantice su labor, y que realicen un reciclaje continuo que les permita adaptarse a los rápidos cambios de la sociedad.

Debemos cuidar más a los profesores, pero también exigirles en la misma medida. Si analizamos lo que ocurre en España, llegamos a la conclusión de que ni el reconocimiento de su autoridad es suficiente, ni la remuneración es la justa y ni la formación continuada es la más adecuada. Hemos pasado de una educación represiva y antigua durante el franquismo a otra que ha prescindido de valores tales como el esfuerzo, la excelencia o la autoridad del profesor.

Es evidente que en nuestro sistema educativo el esfuerzo debe estar presente y que se debe premiar la excelencia. También lo es que hay que ayudar, facilitar y reforzar a aquellos alumnos que tengan más dificultades, si bien nunca bajando el nivel, sino desde la idea de que todos los implicados den lo mejor de sí mismos. La igualdad de oportunidades, la excelencia y el esfuerzo no solo no son incompatibles, sino que son absolutamente complementarios.

Es un hecho que, en España, los Gobiernos de izquierdas han planteado una educación basada más en el concepto de «igualación», llegando a situaciones ridículas y cargadas de complejos ideológicos, como la de definir con la frase «necesita mejorar» a un suspenso, o la de «progresa adecuadamente» a un aprobado. Y hemos visto cómo los Gobiernos conservadores no han sabido entender que en el ámbito público concertado tienen que existir unos valores civiles comunes y una igualdad de oportunidades más allá de la clase social a la que cada alumno pertenezca.

Una de las cuestiones más polémicas de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), promovida por el ministro José Ignacio Wert y aprobada por el Congreso en octubre de 2013, ha sido el criterio establecido para acceder a las becas que concede anualmente la Administración: alcanzar una nota media de 6,5. En mi opinión, el ministro se equivoca al confundir igualdad de oportunidades con esfuerzo, pues tanto quien puede pagar como quien no puede hacerlo debería tener las mismas oportunidades a la hora de acceder a la Universidad. Las becas deben recibirlas aquellas familias que carecen de recursos económicos para que sus hijos estudien. Un estado democrático y social, como es el español, debería garantizar que los alumnos capaces, aunque no tengan recursos, puedan estudiar. Son muchos los que combinan el trabajo con los estudios, un doble esfuerzo que, sin duda, influye en las notas. Es injusto que el que trabaja para pagarse la Universidad se vea obligado a sortear más obstáculos que quien tiene la posibilidad de estudiar gracias al poder adquisitivo de su familia.

Algunos hemos tenido la suerte de estudiar tanto en escuelas públicas como en concertadas, y en universidades públicas y en privadas. Mi primera conclusión al respecto es que siguen existiendo diferencias importantes entre estos modelos de educación. Desde el punto de vista político, sobre los centros privados hay poco que decir, porque quien quiera y pueda llevar a sus hijos a un colegio privado está en su derecho. Pero es fundamental que la escuela pública y la concertada ofrezcan un servicio educativo de calidad para todos. Hoy en día, en algunas partes de España esto resulta bastante complicado, pues sigue existiendo una «doble red» entre los colegios de titularidad pública y los concertados que ofrecen servicio público. En mi opinión, cualquier centro educativo que reciba fondos públicos, incluidos los concertados, debe someterse a los planes educativos de la Administración, con el objetivo de crear una única red de servicio público que responda a los impuestos que los ciudadanos pagamos para garantizar una educación universal y de calidad.

Mi primera escuela fue la Academia Barceloneta, un centro concertado situado en uno de los barrios más antiguos y populares de Barcelona. Era un colegio humilde, con pocas aulas, pequeño y sin patio. Recuerdo con cariño que, a la hora del recreo, los alumnos íbamos a la plaza San Miguel, donde jugábamos al fútbol bajo la atenta vigilancia de los profesores para que no cruzásemos la calle. Cuando cumplí ocho años, mi familia y yo nos trasladamos a vivir al barrio de Pueblo Nuevo, también en Barcelona, justo cuando la ciudad se encontraba en plena transformación antes de las Olimpiadas de 1992. En aquel momento mis padres me matricularon en la Escuela Pío XII, un centro público, justo al lado de la Rambla del Pueblo Nuevo. A finales de la década de los ochenta mis padres pusieron en marcha un negocio en Granollers, y en 1990 nos fuimos a vivir a L’Ametlla del Vallès, una población residencial en el Vallés Oriental. Allí seguí mis estudios en un centro concertado, la Escola Jardí, donde pude apreciar la diferencia de nivel que había respecto al público del que venía. Mientras que en este mis notas casi siempre habían sido excelentes, en el concertado dejaron de serlo. De hecho, para poder adaptarme al nivel, tuve que matricularme en una academia de inglés, puesto que en la escuela pública no lo había estudiado. Sin embargo, repito, las diferencias no deberían ser tan marcadas, desde el momento en que ambos colegios son sufragados con fondos públicos.

Cuando acabé la Educación General Básica, estudié BUP y COU en el colegio Cervetó de Granollers, un centro concertado y laico con un buen nivel educativo. En aquel momento, en Granollers, las opciones eran, o la Escuela Pía, o el colegio Cervetó, y aunque respeto profundamente las convicciones de cada cual, nunca he sido partidario de mezclar educación y religión. En mi opinión, en el servicio público educativo la religión debería ser una asignatura optativa y plantearse como una historia de las religiones que analice lo que supone el fenómeno religioso en el mundo en que vivimos. Es innegable que no se puede entender la sociedad sin conocer las religiones, desde el arte y la historia, hasta los propios valores humanos que hoy defendemos, que en muchos casos tienen que ver con tradiciones que proceden de la religión. Pero creo que no debemos confundir el conocimiento cultural de nuestra realidad con el dogma.

Después de mi experiencia en primaria y secundaria, y tras analizar los resultados de la Selectividad año tras año, puedo concluir que en Cataluña siguen existiendo diferencias entre escuelas públicas y concertadas, un claro síntoma de que algo no funciona. Los partidos políticos que han gobernado en esta comunidad siempre se han mostrado interesados en mantener esas diferencias, y, en concreto, Convergència i Unió ha sido partidaria de fomentarla.

Creo que sería bueno disponer de mecanismos de evaluación permanentes, públicos y transparentes, tanto en la escuela pública como en la concertada. Antes de matricular a nuestros hijos, los padres debemos tener la oportunidad de conocer el nivel del centro educativo y si cumple los criterios de la Administración. Es un claro ejemplo de falta de igualdad de oportunidades el que las escuelas concertadas, a pesar de sufragarse con fondos públicos, obliguen a los padres a pagar una especie de cuota —teóricamente voluntaria, pero obligatoria en la práctica— para afrontar los gastos reales por alumno. Si en estos centros, todos los costes están sufragados por el Estado, en ningún caso pueden exigir el pago de cantidades adicionales para acceder a ellos.

Alguno de mis profesores podría ofenderse cuando digo que he aprendido más haciendo deporte —en mi caso concreto, natación y waterpolo— que en las aulas. Soy de la opinión de que del deporte emanan valores fundamentales, como la competición, el esfuerzo, el compañerismo y el respeto hacia los demás, que no suelen trabajarse en las escuelas. Tenía once años cuando comencé a practicar la natación y, al poco, me vi compitiendo en niveles cada vez más altos. Cada día me levantaba a las cinco de la mañana para llegar a las seis a los entrenamientos. Siempre les agradeceré a mis padres su sacrificio para llevarme a entrenar desde L’Ametlla del Vallès hasta Granollers. A veces resultaba muy duro, sobre todo en invierno, pero la verdad es que los años de natación aportaron muchísimo a mi formación. Cuando acababa el entrenamiento, a las ocho de la mañana y con el pelo mojado y la goma del gorro de natación aún marcada en la frente, me iba a toda prisa al colegio. A mediodía, cuando mis amigos se iban a comer o a dar una vuelta, yo me quedaba en el gimnasio con mis compañeros del equipo de natación para después, de nuevo, entrenar en la piscina. Debo confesar que mis profesores me llamaron la atención en varias ocasiones por dormirme en clase, y con razón. Era todo un reto mantenerse despierto con aquel ritmo —madrugones y dos entrenamientos diarios, incluidos sábados y domingos—. Dediqué gran parte de mi adolescencia a la natación y, aunque reconozco que fue realmente duro, lo volvería a hacer.

Cuando llegó el momento de escoger una carrera universitaria, a nadie le sorprendió que una de mis primeras opciones fuera matricularme en el INEF. Soñaba con ser entrenador o director deportivo de una entidad; es decir, gestionar colectivos humanos para poder cumplir sus objetivos en el mundo del deporte. Pero, debido a mi interés por la justicia en su sentido amplio, me encontré en la tesitura de tener que escoger entre el deporte y el Derecho. Recuerdo el momento en que les planteé a mis padres las dos opciones. Ellos nunca me dijeron qué debía estudiar; desde que era un niño, me educaron en la libertad y en la responsabilidad, por lo que en aquella ocasión tampoco se decantaron claramente por una de las dos opciones. Mi padre sí me recordó que debía tener en cuenta que mi dedicación al deporte podía no ser la misma en el futuro, y ese consejo, sumado al peso que ya tenían mis inquietudes por las ciencias jurídicas, hizo que me decantara por el Derecho.

A la hora de rellenar el formulario de preferencias universitarias, junto con Derecho e INEF, añadí Historia y Psicología, dos disciplinas que me interesaban pero que finalmente no estudié. En aquel momento, unos amigos de mis padres cuya hija estudiaba en ESADE (Escuela Superior de Administración y Empresas) nos preguntaron si me había planteado la posibilidad de estudiar allí. Pese a que era una Universidad privada que había empezado a impartir la carrera de Derecho desde hacía poco tiempo, ya tenía un gran prestigio y, como escuela de negocios, era muy reconocida. También sabía que un amigo del instituto pensaba hacer las pruebas de acceso y me animó a apuntarme con él.

Hablé varias veces con mis padres sobre la disyuntiva que se me planteaba, porque era consciente del enorme esfuerzo que suponía para una familia de clase media y trabajadora que yo estudiase en una Universidad privada. Además, deseaba que mi etapa universitaria fuera también de crecimiento personal y quería compaginar mis estudios con algún trabajo, para no verme sometido a la presión del coste de la carrera. Pero mis padres insistieron en que, al menos, me presentara a las pruebas de acceso de ESADE y que después decidiera.

Llegado ese momento, además de presentar las notas de la Selectividad, tuve que pasar por un proceso de selección con entrevistas, test psicotécnicos, conocimientos básicos, generales y de idiomas. En definitiva, una criba que apenas el veinte por ciento de los candidatos conseguía pasar. Unas semanas más tarde recibí la carta de aceptación, lo hablé con mis padres y, tras sopesar el asunto detenidamente, accedí a matricularme.

En septiembre de 1997 comencé a estudiar en ESADE un programa conjunto que incluía la licenciatura de Derecho y un máster en Derecho económico, con materias tales como ciencias económicas, financieras y contables, entre otras, que me han sido muy útiles para adquirir una visión más amplia del mundo de la política.

Uno de mis principales temores era encontrarme con un ambiente clasista; me daba miedo que se tuviera más en cuenta la clase social o la economía familiar que la formación, la calidad humana o la capacidad y el talento de los alumnos. Como era de esperar, la mayoría de mis compañeros provenía de una clase social media-alta, pero también era evidente que la criba de acceso implicaba haber recibido una formación de primer nivel en la escuela. Me sorprendió gratamente que las posibilidades económicas no se antepusieran al talento, de manera que si no dabas la talla, te expulsaban. De hecho, presencié la marcha de algunos compañeros procedentes de familias muy adineradas. En ESADE pude contactar con personas de un nivel de vida muy alto, pero mi grupo de amigos, a los que me sigue uniendo hoy una gran amistad, estaba formado por personas de mi mismo nivel socioeconómico que deseaban tener la formación adecuada para convertirse en buenos profesionales.

Mi interés por el ámbito público lo despertaron las clases de Derecho Constitucional que impartían el doctor José Carlos Remotti y la catedrática Teresa Freixes. Pronto me di cuenta de que esta asignatura me motivaba de una manera especial, y, como ya he contado en el primer capítulo, gracias a ella pisé el Parlamento de Cataluña por primera vez. Pero tampoco quería que mis estudios en ESADE me impidiesen realizar otras actividades, de modo que continué practicando deporte y participé en la liga de debate de la Universidad Ramón Llull, de la que ESADE forma parte. Fue Gerard Guiu, compañero de promoción que había participado en la edición anterior, quien me animó a entrar en selección de los miembros del equipo de nuestra Universidad. La idea de competir verbalmente, con argumentaciones, me atraía mucho, así que en el curso 2000-2001 me presenté a las pruebas y resulté elegido como uno de los cinco estudiantes que representarían a la Universidad Ramón Llull frente a las del resto de España. Conservo un grato recuerdo de aquella época: aprendimos a preparar debates, a documentarnos, a perfeccionar la oratoria, pero, sobre todo, a trabajar en equipo.

Tras competir durante un año por distintos puntos de España, logramos clasificarnos para la gran final, que se celebró en el teatro Bretón de Salamanca y en la que nos enfrentamos a la Universidad de Córdoba. Valoraba nuestras intervenciones un jurado presidido por el periodista José María García, y puedo decir que conseguimos ganar por unanimidad. Pasado el tiempo, he comprobado lo útil que fue aquella experiencia. Aquel año de competición y de trabajo contribuyó a dibujar mi faceta política actual, entre otras cosas porque aprendí a hablar mirando a los ojos tanto a los ciudadanos, que son los que me pagan el sueldo, como a los adversarios políticos, con más pasión, orden y respeto.

Soy un gran defensor de que los estudiantes se entrenen en la comunicación verbal y la oratoria, puesto que les ayudará a desarrollar sus actividades profesionales, pero lo que es inadmisible es que algunos representantes públicos sean incapaces de hacer una pregunta parlamentaria de dos minutos sin dejar de leer un texto, y menos aún intervenir en el Parlamento sin levantar la vista del papel. Imagino la escasa confianza que deben sentir aquellos que están escuchando, y creo que el escaso nivel que muestran nuestros políticos en este y otros aspectos no es más que una falta de respeto hacia los ciudadanos. En nuestra dinámica parlamentaria, el dominio de la palabra debería ser una exigencia y no una excepción.

Durante mi último año de carrera tuve la oportunidad de ir a estudiar a otro país con el programa Erasmus. Entre los posibles destinos, había algunos países nórdicos, y teniendo en cuenta que no podía optar al sistema de derecho «Common Law» por las incompatibilidades con el sistema español (el nuestro se basa en un ordenamiento jurídico donde la ley es la base del sistema, mientras que en el anglosajón las bases son la jurisprudencia y la costumbre), finalmente me decanté por Helsinki, capital de Finlandia. He de reconocer que aquel viaje me cambió la vida. El hecho de salir de casa y del entorno habitual, de tener que buscarte la vida y estudiar en otro país y en otro idioma, y de rodearte de gente nueva, es una oportunidad vital increíble, una especie de acelerador de partículas que hace que seis meses se conviertan en una experiencia de diez años.

Me fui con veintiún años y cumplí los veintidós en una cabaña en medio del círculo polar ártico, rodeado de amigos de diferentes países y ante una impresionante aurora boreal. Viajé también a otros países del Norte de Europa y del Báltico, siempre con la agradable sensación de que cada día era diferente al anterior. Sin duda, ese tipo de vivencias te marcan para siempre y solo ocurren una vez en la vida.

El nivel académico de la Universidad de Helsinki no era superior al de mi facultad, y básicamente estudié asignaturas de Derecho Internacional que después pude convalidar. Pero vivir la experiencia de estudiar con una beca de estas características te permite madurar como persona y mejorar como profesional. Me di cuenta entonces de la importancia de aprender y relacionarte en otro idioma, así como del retraso que vivimos en España respecto al aprendizaje de otras lenguas. Finlandia es un país con apenas seis millones de habitantes —es decir, menos que Cataluña—, pero casi todos los finlandeses dominan el inglés, pues su estudio está incorporado al sistema educativo.

También me sorprendió el modo en que los países nórdicos, y concretamente Finlandia, apoyan la emancipación de los jóvenes. Las personas que desean estudiar una carrera y salir de casa reciben una ayuda del Gobierno que les permite pagarse un alquiler y los estudios. Los jóvenes que quieren ser padres o madres reciben también una ayuda del Gobierno, y pude ver cómo compañeros de mi edad acudían con sus hijos a la facultad y los dejaban en la guardería de la Universidad. Realmente me llamó la atención el gran número de padres y madres jóvenes que estudiaban una carrera sin depender de sus padres y que pueden formar una familia mucho antes que nosotros.

Durante las primeras semanas yo admiraba todo lo que en Finlandia era mejor que en España: el sistema educativo, las ayudas sociales, los servicios públicos, el civismo, la red de transportes, etc. Pero según avanzaban los meses me fui dando cuenta de las virtudes que tiene España y de las que los finlandeses carecen: nuestra calidad de vida, la actitud, la modernización de España y la alegría de la gente. Un viaje de Erasmus te permite tomar nota de los aspectos que se pueden mejorar en el propio país, pero también valorar lo bueno que tiene. No puedo estar más de acuerdo con la frase de Pío Baroja: «El nacionalismo se cura viajando». Viajar te hace tomar conciencia de que no somos el mejor país del mundo, pero tampoco el peor. Por eso me gustaría que mi hija viviera una experiencia similar algún día.

Mi estancia en Finlandia también me sirvió para darme cuenta de que quería vivir solo, independizarme, trabajar y pagarme mis estudios de doctorado una vez regresara a España. Durante los últimos meses de carrera hice las pruebas de acceso para entrar en La Caixa y en septiembre de 2002 comencé a trabajar en esta entidad como comercial de oficina. No era mi vocación, pero me sirvió para poder disponer de un sueldo y de mi propio piso. Durante dos años compaginé este trabajo con mis estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Quería especializarme en Derecho Público y en este campo los centros públicos tienen una oferta mayor que los privados.

Durante el doctorado coincidí con algunos profesores que me habían dado clase en ESADE, como José Carlos Remotti y Teresa Freixes, catedrática de la Universidad Autónoma, y tuve el honor de conocer a Frascesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, que, como ya he dicho, más adelante se convirtió en uno de los impulsores del proyecto de Ciudadanos. Recuerdo que asistía a aquellas clases con una actitud diferente, mucho más centrado en la reflexión, la investigación y el debate. Nos reuníamos un máximo de seis o siete alumnos —yo era de los más jóvenes— y la sensación principal era que asistíamos no solo para aprobar un examen, sino porque queríamos aprender y crecer desde un punto de vista profesional y humano. Comencé el doctorado porque me hacía ilusión dar clases en la Universidad y que mi experiencia ayudara a los demás a aprender, y también porque creo que transmitir conocimientos es una de las tareas más satisfactorias de la vida. Sigo sintiendo esa ilusión y me gustaría poder compaginar la enseñanza con la política algún día, pero si no puedo compatibilizarlas, espero realizar mi sueño cuando ponga fin a mi etapa política.

La educación es un elemento básico para transformar la sociedad, pero, utilizada de forma perversa y con fines que van en contra del interés general, puede ser un instrumento muy nocivo y peligroso. Por desgracia, en mi tierra hemos visto cómo la educación se ha puesto al servicio de la ideología, de la identidad y del nacionalismo.

Hace treinta años el Gobierno central comenzó a ceder competencias educativas a las comunidades autónomas, una reivindicación que era esencial para los partidos nacionalistas. Dicha cesión debería haber implicado la creación de ciertos mecanismos de control y coordinación por parte de los Gobiernos centrales, de manera que los Gobiernos autonómicos, especialmente los nacionalistas, no pudieran modificar los contenidos educativos, aunque sí gestionar las cuestiones logísticas y administrativas.

Lamentablemente, hay que decir que, visto lo visto, ha sido un éxito del nacionalismo convencer a los Gobiernos centrales y a los partidos nacionales para que se produjera tanto la cesión absoluta de competencias como la anulación de mecanismos de control y vigilancia. La alta inspección del Estado no ha funcionado: no se han revisado los contenidos de las asignaturas que se imparten en las escuelas y estas no se han adecuado al mapa político real ni a los valores de convivencia, igualdad y libertad.

El proyecto político nacionalista siempre ha estado obsesionado con controlar la educación en aquellos lugares donde han querido generar un conflicto con el resto del país. En Cataluña ha sido necesario crear un «imaginario colectivo» —en palabras de los propios nacionalistas— para distorsionar la realidad en el plazo de una generación. Muchos de nosotros lo hemos vivido en primera persona y sabemos lo peligroso que puede resultar la utilización de la educación de nuestros hijos para fines partidistas.

Cuando en un aula catalana se estudian los «países catalanes» en lugar del mapa autonómico de España, se está intentando modificar la realidad, el Derecho y el marco constitucional. Por voluntad de la Generalitat se imparten contenidos basados en las mentiras del nacionalismo y no en la realidad de lo que somos y del lugar en el que vivimos.

Pero no solo en la escuela encontramos ejemplos de este tipo; también, por ejemplo, en la información meteorológica que ofrece la televisión pública catalana, en la que no se siguen criterios geográficos, sino identitarios. Así, uno puede conocer el tiempo que hará en Alguer (Cerdeña, Italia), y no el de una comunidad autónoma colindante. Es decir, se ofrece la información meteorológica en función de la lengua que se habla en los territorios; es como si Televisión Española diera las temperaturas de los países de habla hispana de Sudamérica, la de Miami o la de Los Ángeles.

A lo largo del siglo XX, en Europa hemos visto cómo los nacionalismos se sirven de la mitología y de la manipulación histórica para justificar posiciones políticas del presente y explicar réditos futuros. En Cataluña se ha intentado crear la mentira de una sociedad catalana oprimida y ocupada por los españoles desde hace trescientos años. Esa mentira se basa en una premisa falsa situada históricamente en la guerra de 1714, un conflicto que desde el nacionalismo se explica como un enfrentamiento de «Cataluña contra España», como si en aquel momento fueran dos entes distintos. La realidad, en cambio, es bien distinta: aquella fue una guerra civil desde el punto de vista interno, y una guerra internacional por la sucesión dinástica de la España de aquel momento. Fue un conflicto entre españoles, entre dos dinastías, los Austrias y los Borbones, entre un modelo feudal y otro más moderno. La prueba de ello es que en Cataluña hubo quienes apoyaron a una u otra dinastía. Los sucesivos Gobiernos de Cataluña la han convertido en una disputa «mitológica», cargada de falsedades, que han utilizado para construir el relato nacionalista del presente. De hecho, desde hace años en mi comunidad autónoma se dedica tiempo y dinero a la celebración del tricentenario de 1714, y no por motivos históricos, sino desde una óptica política, ideológica e identitaria.

Esta visión mitológica se refleja también en los libros de texto de los colegios, donde los cambios en la nomenclatura de los procesos históricos resultan cuanto menos llamativos. Por ejemplo, a la Corona de Aragón se la denomina Corona catalano-aragonesa. Afortunadamente, cuando uno sale de la escuela, si le interesa la historia y lee, se da cuenta de que en la Corona de Aragón se incluía parte de lo que hoy es Cataluña, así como también territorios de Valencia, Murcia y de otras regiones.

Por desgracia, en Cataluña la obsesión identitaria ha convertido a una de nuestras lenguas, el catalán, en el instrumento principal de la construcción nacional, necesario para aglutinar una diferencia que no existe. El propio Artur Mas, el 6 de septiembre de 2011, en Tortosa, llegó a afirmar que «el nervio de la nación catalana es el catalán». La realidad es que en Cataluña se hablan las dos lenguas, el castellano y el catalán, y que la primera es la lengua mayoritaria —según los propios estudios de la Generalitat—, con casi un cincuenta y cinco por ciento de castellano-parlantes.

La trampa de identificar una lengua con un pueblo sometido por el resto de los españoles ha llegado también a la escuela. Hemos visto carteles colgados en las puertas de las aulas —como en el colegio Betánia de Cornellá— con el mensaje, dirigido a los niños, de que debían hablar en catalán durante el recreo. Y hemos conocido otros casos lamentables, como el ocurrido en un colegio público de Sitges, al que un padre denunció porque cuando evaluaban a los niños incluían, junto a las calificaciones, una pegatina roja que penalizaba al alumno que no hablaba en catalán durante el recreo. Semejante actuación demuestra la obsesión por construir una identidad. Ciudadanos lo denunció en el Parlamento, porque no queremos vivir en una sociedad en la que a los niños se les marque con una pegatina en función de la lengua que hablan. Otro caso bochornoso se produjo en el colegio público Gayarre, en el barrio de Sants de Barcelona (se publicó en El Mundo el 9 de septiembre de 2008), al que una monitora denunció porque había recibido órdenes de «ignorar a los niños si pedían pan, agua o pis en castellano».

La ley que aprobaron el tripartito y Convèrgencia i Unió en 2009 ha hecho posible que esto ocurra en los colegios catalanes. En ella se defiende que la única lengua vehicular que debe utilizarse en las escuelas es el catalán, y esta obligación se extiende a todas las instalaciones del colegio: el patio de recreo, las salas para las reuniones de padres, etc. Es una obsesión enfermiza que pisotea las libertades individuales y la igualdad de trato a la hora de expresarse, porque juzga a las personas en función del idioma que hablen.

El nacionalismo ha trasladado su lucha política a las aulas a través de la Historia, la identidad y la lengua, y esto viene sucediendo desde hace treinta y tres años, que son los que llevan gobernando los partidos nacionalistas, ya sean de izquierdas o de derechas. El 3 de julio de 2013, en una pregunta dirigida al Gobierno, mi compañero y diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, responsable de Educación y Universidades en esta X legislatura, aprovechó la sesión de control para pedir explicaciones a la consejera de Educación, Irene Rigau, y al presidente Mas sobre lo que estaba sucediendo en las escuelas catalanas con los símbolos separatistas. En aquel pleno explicamos públicamente lo que Ciudadanos ya había denunciado días antes mediante una propuesta de resolución, que incluía tres fotografías de centros educativos «adornados» con banderas separatistas en Vic y otras poblaciones, y denunciamos que se estaba ocupando el espacio público para vender una ideología. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando supimos, a través del diario digital Nació Digital, y sin haber formulado todavía nuestra pregunta, que unas horas antes de la sesión de control del Parlamento, la Consejería había pedido a los centros que retiraran las banderas.

Cuando enseñamos las fotografías que apoyaban nuestra petición, la consejera pudo responder que en ese momento no había ninguna bandera separatista en las escuelas. Así fue como el Gobierno catalán evitaba rechazar el adoctrinamiento en público. Porque el independentismo trabaja para impregnar el espacio público de ideología y enfrentar a una parte de la sociedad con otra que no piensa igual. Yo mismo me dirigí al presidente Mas con estas palabras: «Ustedes permiten que se pongan banderas esteladas en las puertas de los colegios porque les interesa. Pero en una sociedad democrática no se puede señalizar a aquel que discrepa, porque la democracia consiste precisamente en debatir, en dialogar y entender que usted puede preferir que Cataluña esté fuera de España y de la Unión Europea, pero hay otros que queremos lo mejor para Cataluña desde España y desde Europa».

Cuando un espacio público —es decir, de todos— se convierte en el espacio de unos cuantos, la democracia se debilita, por mucho que aquellos tengan el apoyo de un Gobierno. Porque vivir en democracia es convivir y respetar. Desde luego, a muchos se nos pone la piel de gallina cuando vemos imágenes de escuelas públicas con banderas separatistas. A partir de ahí, ¿sería impensable que en el resto de España el Partido Popular, por ejemplo, pusiera banderas de su partido en las puertas de los colegios? La Historia está cargada de ejemplos de este tipo y en todos ellos la sociedad ha terminado fracturada, que es lo que está sucediendo en Cataluña.

Como padre, una de mis mayores preocupaciones es decidir a qué colegio debo llevar a mi hija. En Cataluña, si optas por un centro en el que se explique la Historia sin manipulaciones, que se guíe por la calidad y no por la identidad, y si deseas que tus hijos estudien en catalán, castellano e inglés, tienes un problema —que va desde los seiscientos hasta los mil euros mensuales por hijo— porque, por desgracia, ni en la escuela pública ni en la concertada encuentras esa opción. Solo en algunos colegios privados se imparten clases en las tres lenguas, se intenta dejar a un lado la ideología y se piensa en la excelencia. La paradoja del asunto es que Ciudadanos es el único partido que propone una educación trilingüe en Cataluña en la que se imparta un tanto por ciento equilibrado de clases en catalán y en castellano, junto a una incorporación del inglés, como sucede en los mejores centros educativos de Cataluña.

Quienes apoyamos estas medidas nos encontramos con el insulto, la crítica y la criminalización por parte de los dirigentes de otros partidos, tanto si son de Convergència i Unió como del Partido Socialista, de Iniciativa o de Esquerra Republicana. Los dirigentes políticos, como buenos padres que son, quieren lo mejor para sus hijos, y la prueba es que los dos últimos presidentes de la Generalitat, José Montilla y Artur Mas, han llevado a los suyos a colegios trilingües privados, como la Escuela Alemana y la Escuela Aula, dos de los mejores centros de Barcelona. No hay prueba más determinante que esta para mostrar el cinismo de los políticos nacionalistas, que rechazan una educación trilingüe y libre para los hijos de los demás.

Cuando llegue el momento de que Ciudadanos gobierne en Cataluña, nos daremos cuenta de que es posible una escuela pública y de calidad en la que los hijos de todos los catalanes, independientemente de la ideología que tengan y de a qué partido voten, puedan disfrutar de una educación en la que el pensamiento único no esté presente, y formarse, además de en las dos lenguas oficiales, también en inglés, un idioma fundamental para nuestros futuros profesionales. Mientras tanto, no nos queda más opción que, o bien pagar esas cantidades, o bien resignarnos a la escuela pública y aceptar que la consejera de turno ponga mapas de países catalanes en los libros de texto, carteles que digan en qué lengua deben hablar nuestros hijos durante el recreo o banderas separatistas en las puertas de los colegios.

Del mismo modo que, políticamente, a algunos les ha interesado mantener de forma artificial la idea de las dos Españas, a otros también les ha beneficiado el actual sistema educativo. Lo hemos podido comprobar con los términos, implantados por el PSOE, para designar los aprobados y los suspensos, o con el debate que ha vuelto a abrir el PP sobre el asunto de que la religión cuente como una asignatura para el currículum escolar. Por eso, en un futuro pacto por la educación se debería evitar hacer de esta una batalla entre bandos ideológicos. Estamos hablando de la base fundamental de nuestra sociedad y del futuro de nuestros hijos.

Sé que no es una tarea fácil en un país en el que los distintos Gobiernos se han dedicado a hacer leyes y contra leyes, reformas y contra reformas, en función de sus propios intereses ideológicos o partidistas. Es muy difícil trabajar para una generación cuando algunos trabajan para una legislatura, pero más complicado aún es pensar en una reforma profunda del sistema educativo sin contar con un gran pacto nacional por la educación en el que los diferentes partidos políticos, la sociedad civil y los agentes sociales se sienten para, entre todos, acordar las bases fundamentales.

El objetivo principal de este pacto debe ser formar buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales, más allá de ideologías y partidos. Hablamos de educar a personas para que tengan valores civiles, a ciudadanos que conozcan su Constitución, su sistema democrático y sus derechos y obligaciones, y a buenos profesionales con una formación adecuada a las exigencias de un mercado laboral globalizado. Este pacto es la base de todos los demás cambios que queremos emprender en nuestro país. Porque, para transformar España, es imprescindible que seamos los ciudadanos españoles los primeros en transformarnos.

4
NUESTRA HISTORIA Y NUESTROS COMPLEJOS

Durante una comida en Madrid, el periodista y escritor Antonio Pérez Henares, antiguo miembro del Partido Comunista y participante activo en la lucha antifranquista, me comentaba que los españoles habíamos adolecido de muchos complejos durante el proceso de la Transición. Por medio de una metáfora bastante gráfica, Chani (así lo llamamos los amigos) me explicó que los ciudadanos consiguieron vencer al dragón, en referencia a la dictadura, pero no liberaron a la «chica», es decir, España.

Me pareció una verdad incontestable. Una gran parte del antifranquismo, procedente en buena medida de la izquierda política, fue incapaz de entender que había que separar España de la dictadura y de su dictador. Quizá fue debido a la propia confusión que existía entre la España franquista y los símbolos nacionales. Soy consciente de que, tras cuarenta años soportando la falta de libertades del régimen franquista, realizar esa distinción no era una tarea sencilla, y asumo que la derecha política ha intentado, de una manera poco patriótica, apoderarse de los símbolos. Aun así, creo que hemos tenido tiempo suficiente para rectificar y aceptar que tanto la bandera como el himno nacional nos pertenecen a todos los españoles.

En mi opinión, ha llegado el momento de limpiar nuestros símbolos de todas las manchas que dejaron la Guerra Civil y la dictadura. Es hora de liberar a la «chica», y debemos hacerlo entre todos, especialmente los que hemos nacido en democracia. En países como Francia, Estados Unidos o Alemania, los símbolos nacionales representan todo aquello que une a los ciudadanos: sus democracias consolidadas. En España, son el mejor antídoto contra los nostálgicos del franquismo y contra quienes quieren romper nuestra convivencia. De hecho, las más beneficiadas de los complejos de la Transición han resultado ser las ideologías nacionalistas, que han aprovechado los temores de una gran parte de los partidos y de los representantes públicos para debilitar lo que nos pertenece a todos. Que en algunas partes de España te digan «español» como insulto es síntoma de que algo no se ha hecho bien. Ser español en España en ningún caso debería ser noticia, como no lo es ser francés en Francia.

Durante la participación de España en el Mundial de Sudáfrica de 2010, seguí muy de cerca la evolución de la Selección Española. En aquellos días participé en el programa de Punto Radio La ciutat de tots, y en antena comenté que pensaba comprarme la camiseta de la Selección para ir a ver el partido de cuartos de final. Uno de los tertulianos del programa me dijo que ese era un «acto de nacionalistas y de fachas». Yo le respondí que, entonces, Barcelona debía de estar llena de nacionalistas y de fachas porque la camiseta de España estaba agotada en los puntos de venta oficiales.

Por desgracia, los catalanes, a diferencia del resto de los españoles, no pudimos ver los partidos de la Selección en la calle, porque el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, del Partido Socialista de Cataluña, se negó a poner pantallas en el espacio público. Pese a que el número de aficionados en Cataluña —sobre todo en Barcelona— era elevadísimo y a que las audiencias de televisión eran inmejorables, pudieron más los complejos del PSC que el sentido común.

Solo pudimos disfrutar de la final del Mundial en pantalla gigante gracias a la presión de miles de aficionados en las redes sociales y a las peticiones que hicimos desde Ciudadanos. Sin ninguna publicidad, casi cien mil personas nos congregamos en la Avenida de María Cristina de Barcelona ante una pantalla en malas condiciones que apenas permitía ver el desarrollo del partido.

Aun así, la segunda ciudad de España en número de habitantes también fue aquel día la segunda ciudad en número de aficionados de «La Roja». Después del encuentro, miles de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo de la Selección: la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad, y la Plaza España se colapsaron. Recuerdo que, mientras paseaba entre los aficionados, me llamó la atención la juventud de la inmensa mayoría de ellos; creo que yo mismo, que tenía entonces treinta y un años, era de los más veteranos. Aquel 11 de julio de 2010 cientos de jóvenes catalanes se movilizaron para celebrar el éxito de sus ídolos y consiguieron trasladar a las calles lo que ya era normal en las casas y en los bares de Cataluña.

Lo mismo sucedió durante la Eurocopa de 2012, campeonato que volvió a ganar la Selección Española. En esta ocasión, de los complejos se pasó a la mala fe, ya que Xavier Trias, alcalde de Convergència i Unió, se negó a recibir las ofertas de los patrocinadores y de los canales de televisión que habrían permitido el ahorro de los costes de instalación al Ayuntamiento. Era evidente que los políticos nacionalistas tenían miedo de que se visualizara públicamente el enorme apoyo que la Selección Española recibe en Cataluña. Se pretendía «borrar» una realidad molesta.

Sin duda, la celebración general de las victorias de los deportistas españoles debería hacernos reflexionar sobre un hecho indiscutible: parece que el único motivo que lleva a la mayoría de españoles a mostrar con normalidad los símbolos o los colores de su país es el deporte. ¿Por qué los jóvenes españoles, y la sociedad en su conjunto, apoyan sin complejos y de forma efusiva a la Selección Española, a Rafa Nadal, a Pau Gasol, a Fernando Alonso, a Jorge Lorenzo o, a Jaime Alguersuari o a Marc Márquez? En mi opinión, estos deportistas representan la modernidad y la vanguardia de España, una realidad que nada tiene que ver con aquella España cañí o franquista que algunos se empeñan en seguir asociando a nuestro país. Quien pretenda relacionar a estos jóvenes ídolos, nacidos todos en democracia, con la peor etapa de nuestra historia caerá en el ridículo más espantoso.

Igual de ridículo es seguir relacionando la bandera de España con el franquismo. Por desgracia, algunos partidos políticos y una parte de la sociedad se han quedado estancados en la mitología y en la simbología de esa etapa de nuestra Historia. Hay quienes no han sabido pasar página, pero también quienes no han querido hacerlo. Asociar la bandera española a la dictadura franquista es tan absurdo como asociar la bandera alemana al nazismo. Estoy convencido de que a ningún alemán se le ocurriría quitar su bandera de un Ayuntamiento o sentirse acomplejado por llevar la camiseta de su Selección porque en su país hubo una terrible dictadura fascista. En España, en cambio, a algunos partidos políticos, especialmente a los nacionalistas, les ha interesado mantener la falsa idea de que los símbolos nacionales o la Constitución representan nuestro pasado más oscuro.

Durante el turno de preguntas que siguió a una conferencia que impartí en el Club Siglo XXI pocos meses después de que Artur Mas anunciara la convocatoria de elecciones anticipadas para el 25 de noviembre de 2012, el periodista Luis del Val tomó la palabra y, tras reconocer el difícil trabajo que los constitucionalistas catalanes teníamos por delante, me preguntó qué podían hacer desde Madrid para apoyar a los que defendemos la convivencia, la unión y la Constitución en Cataluña. Le respondí que era fundamental que desde la capital de España se entendiera que el último pueblo de Gerona en la frontera con Francia es tan español como el Paseo de la Castellana de Madrid.

Mi mensaje era claro: España no la integran solamente Madrid y las instituciones ubicadas en la capital, sino todos y cada uno de sus rincones, y que, por tanto, los catalanes que queremos seguir siendo españoles y que damos la cara públicamente para seguir juntos necesitamos que desde la capital y desde otras partes se entienda la necesidad de vertebrar España. No debería existir un solo palmo del territorio nacional en el que no pueda defenderse la Constitución, utilizar un símbolo del Estado, hablar una lengua oficial o mostrar con normalidad tu condición de español.

Este mensaje alude claramente a uno de los grandes conflictos que venimos soportando en España desde hace décadas. Por un lado están los nacionalismos periféricos, especialmente el vasco y el catalán, junto con los regionalismos, que replican los errores y exigencias de los nacionalistas; y por otro, una capital de España, con su poder económico y político, que no es capaz de comprender esa vertebración que permitiría que cualquier parte del territorio, esté donde esté, sea y se sienta parte de España.

Durante años, mis compañeros de partido y yo hemos advertido en distintos foros y en nuestras manifestaciones públicas de los riesgos del avance del separatismo en Cataluña —que tiene el visto bueno de los viejos partidos políticos—, pues afecta a la convivencia, a la vigencia del marco constitucional y a las libertades. Quizá la única consecuencia positiva de que Convergència i Unió se haya quitado la careta y haya apostado definitivamente por la separación es que su deriva ha servido para que el resto de España comprenda que lo que ocurre en Cataluña es un problema de todos los españoles. Es una responsabilidad de todos defender la unión ante la amenaza de la separación.

Lamentablemente, durante tres décadas, el nacionalismo catalán se ha apoderado de los símbolos más importantes de todos los catalanes: el catalán, que es una de nuestras lenguas, y la senyera, nuestra bandera autonómica. Este fue uno de los motivos decisivos para que en Ciudadanos, mientras preparábamos la campaña de 2012, decidiéramos utilizar por primera vez las tres banderas que nos identifican a todos. Pensamos que incorporar en un corazón la bandera autonómica, la española y la europea representa, por un lado, un triple sentimiento de pertenencia y, por otro, nuestro marco de convivencia simbolizado en un único icono. Las banderas de Cataluña, de España y de Europa juntas reflejan la autonomía catalana dentro de España, que es nuestro país, y también nuestro futuro, que es la Unión Europea.

Por su parte, al utilizar solo la estelada, el independentismo renuncia a una bandera de todos para enfrentar a una parte contra otra. Estoy convencido de que desde el momento en que Convergència i Unió apostó definitivamente por la separación, muchos catalanes no separatistas nos sentimos aún más cómodos con la senyera catalana, que nos representa mejor que nunca.

La segunda cuestión que evidencia nuestros complejos hacia los símbolos nacionales es la utilización de los himnos. La pitada al himno de España en la final de la Copa del Rey de 2009 en el estadio de Mestalla, en Valencia, lo puso claramente de manifiesto. Puedo entender que haya gente que lo rechace por lo que representa, pero no hay duda de que abuchearlo es una falta de respeto. En mi opinión, nos gusten más o menos, los himnos siempre deben respetarse.

Cuando alguien quema una bandera de un país democrático como España no solo está quemando un trozo de tela, sino lo que significa, entre otras muchas cosas, libertades y Constitución. Evidentemente, el valor material de la tela es muy pequeño, pero sí tiene un gran valor simbólico. No es casualidad que los mismos que queman banderas o silban himnos sean quienes pretenden destruir una nación y a su sociedad.

Y nada de esto ocurre por casualidad. Un ejemplo de ello es que, tras aquella pitada al himno nacional, los medios de comunicación desvelaron que quien financió y compró los silbatos fue Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de Jordi Pujol, que está siendo investigado por la Justicia por posibles casos de corrupción. Que el hijo del que fuera presidente de Cataluña durante veintitrés años se dedique a financiar pitadas al himno español revela la falta de respeto a los valores democráticos y éticos. No quiero imaginar qué habría pasado si, por ejemplo, el hijo de Esperanza Aguirre o de Manuel Chaves hubieran organizado y financiado una pitada a Els Segadors, el himno de Cataluña.

En la primera sesión de investidura en la que participó Ciudadanos, en el año 2006, este himno sonó en la cámara y fue noticia el hecho de que los diputados de Ciudadanos no cantáramos sus estrofas. Yo respeto muchísimo los himnos, a quienes los cantan y también a quienes no lo hacen, pero no justificaré nunca a quienes los silban o abuchean. Aquel día no consideré oportuno entonar la letra, quizá porque el nacionalismo también ha conseguido apropiarse del himno de Cataluña. Seguramente, los partidos nacionalistas que escogieron Els Segadors como himno sabían lo que hacían, pues de ese modo se aseguraban el victimismo y el conflicto. No es difícil llegar a esta conclusión si uno lee y escucha la letra, en la que hay frases como estas: «Es la hora de estar alerta», «Afilemos bien las armas» o «Que tiemble el enemigo». Resulta bastante fácil responder a la pregunta de por qué a los catalanes que somos y queremos seguir siendo españoles no nos resulta fácil entonar un himno cuya letra habla de los habitantes del resto de España como enemigos.

Mientras preparábamos las elecciones autonómicas de 2012, en las que yo era candidato a la presidencia de la Generalitat, nuestro jefe de campaña y ahora diputado José Manuel Villegas nos preguntó si conocíamos la letra que Joaquín Sabina había compuesto para el himno de España. La verdad es que yo no la había leído, y cuando lo hice, me sorprendió que se repitiera tantas veces la palabra «ciudadanos», que, además de ser el nombre de nuestro partido, refleja esa idea de ciudadanía que reclamamos para toda España.

Después supimos que, a propuesta del Comité Olímpico Español, Sabina había presentado la letra para el himno nacional en 2007, pero aunque algunos líderes políticos se comprometieron a llevar el debate a las Cortes, nunca más se supo del asunto. A día de hoy el himno de España sigue sin letra, a pesar de que, en mi opinión, incorporar la composición de Sabina sería un acierto: es contemporánea, moderna, realista, ciudadana, ni mitológica ni identitaria, y está firmada por uno de los mejores cantautores de nuestro país. La letra dice así:

Ciudadanos, ni héroes ni villanos,

hijos del ayer, hay tanto por hacer.

Ciudadanos, tan fieramente humanos,

tan paisanos del hermano de Babel.

Alta montaña con puerto de mar,

clave de sol España. Atrévete a soñar.

Ciudadanos, en guerra por la paz

y la diosa razón mano en el corazón.

Ciudadanos, ni súbditos ni amos,

ni resignación ni carne de cañón.

Pan amasado con fe y dignidad

no hay nada más sagrado que la libertad.

Poco antes de «descubrir» esta composición, el equipo de campaña había grabado un vídeo en el que, sobre un fondo blanco, personalidades como Javier Nart, Juan Carlos Girauta o Félix Ovejero, entre otros, explicaban por qué apoyaban la candidatura de Ciudadanos. Aprovechando el formato, se nos ocurrió hacer otro vídeo en el que aparecieran diferentes personajes públicos recitando los versos de Sabina. Me pareció una buena idea, pero la principal duda era si él aceptaría a cedernos los derechos. Hablamos con Arcadi Espada, uno de los fundadores de nuestro partido, que tenía acceso a Sabina, y le pidió permiso por e-mail para hacer uso de su obra explicándole nuestro proyecto. Arcadi nos comunicó que para Joaquín Sabina había sido «un honor» cedernos la letra y la respuesta nos llenó de alegría a todos, no solo porque somos admiradores de Sabina, sino también por la carga simbólica que tenía el hecho de que un grupo de catalanes, en el marco de una campaña autonómica cuyo asunto clave era la separación de Cataluña del resto de España, recitara las palabras de un poeta andaluz pero madrileño de adopción.

También acordamos que, además de Albert Boadella, Arcadi, Javier Nart, Félix Ovejero y Juan Carlos Girauta, yo mismo leyera esas estrofas y que, de fondo, sonaran al piano las notas del himno de España. Presentamos el vídeo en un acto en Madrid y tuvo un éxito tremendo, tanto que fue uno de los vídeos más vistos esa semana en YouTube se convirtió en un puntal para el marketing de la campaña.

El vídeo abría con una imagen del «corazón tribandera» de Ciudadanos latiendo y terminaba con el lema de campaña: «Mejor unidos». Nada más apropiado, desde nuestro punto de vista, para representar la comunión entre catalanes y el resto de españoles, y un símbolo de esa España a la que hay que ponerle letra para modernizarla, reformarla y actualizarla, pero no romperla.

Otro símbolo de unión y democracia para cualquier país es su Constitución. La nuestra, la española, también fue objeto de entierro y quema por parte de las juventudes de Esquerra Republicana el 6 de diciembre de 2012, precisamente el día en que se celebraba el aniversario de su aprobación por todos los ciudadanos de España. Conviene recordar que Esquerra es un partido que tiene representación en las Cortes gracias a la Constitución, y que ha formado parte del Gobierno de una de las comunidades autónomas con más competencias y mayor población de España.

Es sorprendente comprobar cómo tal día, que en cualquier país de nuestro entorno merece una celebración especial en la que se comparten con la ciudadanía actos civiles y festivos que ensalzan los valores de la democracia, en España se aprovecha fundamentalmente para hacer vacaciones y solo tiene eco a nivel institucional. Convocar un acto para cargos públicos e instituciones no basta si se desean trasladar a los ciudadanos los valores que la Constitución representa. Esta actitud de los dirigentes políticos refleja su incapacidad a la hora de cuidar y fomentar esos principios tan necesarios para la salud de una democracia. Si desde la educación se potenciaran y se acompañaran de celebraciones en el espacio público, estaríamos contribuyendo al mantenimiento de un sistema democrático más sano y moderno.

En una España democrática y de ciudadanos no deberíamos tener complejos a la hora de utilizar con normalidad nuestros símbolos, que representan derechos, libertades, democracia y progreso. Estoy seguro de que nadie puede imaginar que un francés sea criticado o insultado en su país por mostrar su bandera, o que un norteamericano silbe o abuchee su himno, o que un partido alemán con representación en el Parlamento queme su Constitución.

Por desgracia, en nuestro país, la sombra del franquismo y la apropiación de símbolos por parte de determinadas fuerzas políticas siguen marcando el presente. Cada día somos más los que estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa sombra no condicione el futuro.

5
 ¡ABAJO LA PARTITOCRACIA!

Parecería razonable y exigible que las organizaciones políticas, canales de la voluntad popular, fueran verdaderamente democráticas. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y tanto los partidos que nacieron después de la Transición como los que se refundaron entonces pactaron un sistema político en el que todo quedaba bien atado. Tras el fin de la dictadura establecimos un sistema de partidos y listas cerradas —ya que la situación del país hacía pensar que tal fórmula era la más adecuada—, si bien se concibió como algo «transitorio». De hecho, así lo recogía el artículo 6 de la Constitución:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Sin embargo, pasados más de treinta años, la mayor parte de las organizaciones políticas mantienen un funcionamiento interno escasamente democrático, a lo que se añade un sistema electoral basado en listas cerradas y bloqueadas. Todo esto hace que, literalmente, sean cuatro personas las que administren todos los poderes de la nación.

En mayo del 2011, por medio de Inma Lucas, jefa de Prensa de Ciudadanos, el periodista Fernando Jáuregui se puso en contacto con nuestro grupo para pedir un encuentro conmigo. Durante la charla, me dijo que Antoni Asunción, exministro de Interior del PSOE (1994), deseaba conocerme. En mi opinión, Asunción había dado una buena muestra de su honestidad y de su talla moral y política al presentar su dimisión tras la fuga del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. El hecho de que, además de su larga trayectoria, fuera alguien dedicado profesionalmente a su actividad empresarial, lo convertía en un personaje muy atractivo del que, estaba convencido, tenía mucho que aprender. Me encontré con Asunción en Madrid. Me pareció una persona serena, inteligente y muy preparada, y de aquel encuentro nació una buena amistad que ha ido creciendo a lo largo del tiempo.

De este modo pude conocer de primera mano la polémica que se suscitó en el seno del PSOE en 2010 después de que la dirección del partido le expedientase por querer presentarse como candidato a la Comunidad Valenciana en unas elecciones primarias. La excusa formal del entonces secretario de Organización del PSOE, José Blanco, fue que al exministro le faltaban avales para ser candidato. Pero la realidad es que no pudo acceder al censo de la militancia ni dispuso del tiempo suficiente para conseguir apoyos. De hecho, la dirección del partido impidió que se convocaran las elecciones primarias ante el temor de que Asunción las ganase, con todo tipo de trabas. Tal y como demostraba una encuesta publicada en el diario El Mundo de 5 de septiembre de 2010, Antoni Asunción se perfilaba como el candidato idóneo del PSPV, con un 80% de votos frente al 20% que obtenía Jorge Alarte, el candidato oficial que proponía la dirección del PSOE y que finalmente fue puesto por el partido.

El hecho de que un partido político pusiera tantas trabas para que no se celebrasen unas primarias en las que podría haber salido vencedor el candidato que tenía el mayor apoyo de la ciudadanía demuestra hasta qué punto en los viejos partidos se castiga el mérito y se aplauden la mediocridad y el amiguismo. El aparato del PSOE prefirió a un candidato que, previsiblemente, obtendría peores resultados. Esta posición resulta paradójica, pues, al menos en teoría, el objetivo de todo partido político siempre debe ser el de presentar a los mejores para gobernar.

Y esto solo en lo referente al PSOE, porque aún peor es el caso del Partido Popular, que ni siquiera contempla la posibilidad de convocar primarias y que fue la fuerza más votada en España en las últimas elecciones generales. El actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue escogido personalmente, a «dedo», por José María Aznar como «heredero político» de una terna de candidatos en la que también estaban Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato.

La segunda parte del artículo 6 de la Constitución hace referencia al funcionamiento democrático de los partidos, una idea clave que debería haber tenido un desarrollo exhaustivo en la posterior Ley de Partidos de 1978 y ampliada en 2002. Por el contrario, en dicha ley apenas se menciona este asunto y se echan en falta mecanismos que permitan a los militantes o simpatizantes escoger a los candidatos que formarán las listas electorales.

Mientras que en países como Estados Unidos son incluso los simpatizantes los que deciden quiénes van a representar a una determinada formación política en las urnas, en España, salvo contadas excepciones, ni siquiera los militantes del partido pueden hacerlo, y es el presidente, el secretario general o, en el mejor de los casos, la ejecutiva del partido quien decide la lista electoral que se presentará a los ciudadanos. De ese modo se elimina la capacidad de decisión de los verdaderos accionistas de un partido, los militantes, a los que se relega a desempeñar el papel de meros espectadores. El filtro de las primarias es más importante de lo que muchos creen, pues permite a los militantes premiar o castigar el comportamiento de sus cargos electos.

Por decisión propia, algunos partidos políticos, como Ciudadanos, nos hemos dotado de mecanismos democráticos que han sido aprobados en nuestros estatutos. De este modo pretendemos recuperar la confianza de los ciudadanos, al tiempo que damos un papel relevante a la voz, al voto y a la voluntad de los militantes. Yo he sido candidato en tres ocasiones mediante elecciones primarias, y he de decir que no hay nada que tranquilice más que sentirte respaldado por el voto de tus compañeros cuando todos sabemos que cualquiera que desee presentarse y competir con tu candidatura puede hacerlo. Como digo, los verdaderos protagonistas de los partidos políticos son los militantes, por lo que parece lógico que sean ellos quienes elijan.

En ningún caso las elecciones primarias deberían ser un capricho, o un gesto voluntario, en una organización que se considere plenamente democrática. Cada vez somos más los que pensamos que ha llegado el momento de incorporar a la Ley de Partidos la obligatoriedad de celebrar primarias, para que, a la hora de proponer las listas electorales a los ciudadanos, sean los militantes, o incluso los simpatizantes, quienes escojan a las personas que figurarán en ellas.

Desde el entorno de los viejos partidos aún hay quien afirma que este mecanismo democrático no debería ser obligatorio y que cada partido ha de poder organizarse como quiera. No estoy diciendo que siempre deba haber tres o cuatro candidatos, sino que, sencillamente, quien quiera presentarse pueda hacerlo con libertad. De ese modo se evitaría que la potestad de elegir al candidato recaiga en una sola persona.

Por desgracia, el mecanismo de las primarias en un país con tan poca cultura democrática como el nuestro a veces se presenta como una lucha interna en el seno de una determinada formación política. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de cambiar esa mentalidad y de considerar que, por el contrario, es un síntoma de higiene democrática. Que dos candidatos se enfrenten en unas elecciones primarias, lejos de dañar la imagen de un partido, debería reforzarla. Un ejemplo de esto lo pudimos ver en el enfrentamiento entre Barack Obama y Hillary Clinton en las primarias del Partido Demócrata estadounidense en 2008. Se produjeron intensos debates entre los dos candidatos, pues uno y otra defendían formas diferentes de entender la política dentro de un mismo ideario. Cuando Obama ganó las elecciones presidenciales de ese mismo año, en un gesto conciliador y generoso propuso a Clinton como secretaria de Estado. Lo cierto es que nadie duda hoy de que Hillary Clinton es un activo para el Gobierno de Estados Unidos y que el Partido Demócrata salió reforzado de aquellas elecciones primarias. Si se aplicase la obligatoriedad de esta fórmula, los ciudadanos nos acostumbraríamos a ver ese tipo de discrepancias con naturalidad y como un claro ejercicio de democracia interna.

También podemos fijarnos en el caso de las primarias del Partido Socialista francés, en las que los ciudadanos, tras firmar un manifiesto y pagar un euro, adquieren un compromiso con el partido y pasan a ser simpatizantes, lo que les da la oportunidad de votar y escoger al candidato. Puede que este modelo solo tenga sentido en aquellos partidos con una gran base de votantes y militantes, puesto que en un partido pequeño el resultado de la votación podría ser manipulado con facilidad por un grupo organizado que responda a intereses de adversarios políticos o a fines distintos.

En cualquier caso, creo que se trata de una fórmula válida para los grandes partidos, perfectamente extrapolable a España. Pese a que no creo que deba tener un carácter obligatorio (la decisión se extiende a personas que no tienen un compromiso político u orgánico con el partido), sí puede servir para que en determinadas ocasiones los candidatos se sientan más legitimados y disfruten de una mayor autoridad moral.

Otro de los debates internos que se están produciendo en muchos partidos y que debemos abordar sin prejuicios es si a los secretarios generales, presidentes o personas que están al frente de una organización política los deben escoger únicamente los delegados de un congreso, o si esa responsabilidad debe recaer en el conjunto de los militantes. No es lo mismo que te elijan mil personas con poderes delegados que cien mil afiliados. No tengo duda de que sería mucho más democrático un modelo en el que los militantes elijan directa y libremente a su presidente o a su secretario general.

La opacidad y el hermetismo del actual sistema de partidos son un cáncer que se ha extendido al resto del entramado democrático español, donde los tentáculos del poder de las formaciones políticas han penetrado en esferas que van más allá de sus funciones como órganos de representación y de canalización de la voluntad popular. En España se ha acuñado la palabra «partitocracia» para definir esa red de poder que han tejido los partidos en torno a nuestro sistema democrático.

Para que una democracia funcione, los poderes del Estado y los órganos de control deberían estar separados. En teoría, los partidos se presentan a las elecciones para formar parte de los poderes legislativo y ejecutivo, pero en España su poder va mucho más allá e incluso alcanza al poder judicial. Claros ejemplos de esta prolongación son nuestros sistemas de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía o del Tribunal Constitucional, así como en los órganos supervisores y reguladores del mercado financiero, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, instituciones en principio independientes que, por el contrario, están dirigidas por políticos profesionales que en ocasiones sirven más al interés de su partido que al general. Otro caso lo encontramos en el nombramiento de los dirigentes de las cajas de ahorros, a cuyo frente están o han estado exministros de un partido u otro.

Y no solo eso: la politización se ha extendido también a los medios de comunicación públicos, donde o bien los cargos directivos son nombrados directamente por los partidos políticos, o bien se opta por subvencionar a medios de comunicación privados. Los mismos órganos supervisores y controladores del funcionamiento de los partidos, como el Tribunal de Cuentas, también los nombran los partidos, y muchas veces son militantes de esas formaciones los que tienen la responsabilidad de dirigirlos. Es decir, que si se analiza quién escoge a las personas que forman parte de estos organismos, no es difícil concluir que las decisiones se toman en las calles Génova o Ferraz.

Un sistema electoral con circunscripciones provinciales permite que un partido separatista que trabaja por dividir a los españoles pueda tener la llave del gobierno con poco más del 2 % de los votos y con ocho escaños, como fue el caso de Esquerra Republicana en el año 2004. Un sistema así no ayuda, pues permite que partidos separatistas y nacionalistas, que no trabajan por el interés común, sino por la ruptura de la convivencia y de la propia nación, puedan decidir gracias a los pactos y alianzas que crean con los partidos que están en el Gobierno. De modo que se produce una tremenda paradoja: los políticos que tienen como objetivo desmontar la democracia española son los que tienen la llave de los nombramientos y una mayor capacidad de decisión. Este sistema de partidos, creado y alimentado por las dos principales fuerzas políticas, permite que los nacionalistas parasiten en el sistema democrático gracias a unas reglas del juego que parecen estar hechas a su medida. De este modo entran en todos los ámbitos públicos, e incluso en algunos privados, olvidando que deberían servir a los ciudadanos y no a sus propios partidos.

En España hacen falta grandes reformas estructurales, pero la primera, la más urgente, es abandonar la partitocracia, que contamina todo el sistema político y nuestras instituciones.

6
DEVOLVER EL PODER A LOS CIUDADANOS

En el Parlamento de Cataluña hay ahora mismo sentados cuatro diputados imputados en cuatro casos de corrupción política (caso ADICSA, caso Mercurio, caso ITV y caso Clotilde). Además de estos, hay otros casos, como el de Método 3, en el que, por lo que hemos sabido a través de la prensa, algunos diputados, como José Zaragoza o Alicia Sánchez-Camacho, podrían estar envueltos, presuntamente, en una trama de espionaje político. La pregunta que nos hacemos quienes defendemos un cambio en el sistema electoral es si estos diputados estarían presentes en las siguientes listas electorales de sus partidos en el hipotético caso de que estas fuesen abiertas. En la mayoría de las elecciones que se celebran en nuestro país partimos de unas listas cerradas y bloqueadas, en las que únicamente los partidos políticos pueden proponer a sus candidatos. Estoy convencido de que si hubiera transparencia real y se rindieran cuentas a los ciudadanos, muchos de los que están implicados en procesos de corrupción política no se sentarían en sus escaños.

Como veremos más adelante, la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los españoles y, en mi opinión, una reforma de la ley electoral podría ser parte de la solución. Por supuesto, permitir a los ciudadanos que escojan a sus candidatos no garantiza que no haya casos de corrupción política, pero si los ciudadanos tuvieran la posibilidad de elegir entre un candidato que no esté implicado en un proceso y otro, de su mismo partido, que sí lo esté, estoy seguro de que la mayoría elegiría al primero. Por desgracia, hoy en día la potestad de escoger a los candidatos recae en la dirección de un partido o, en el mejor de los casos, en los militantes, si es que hay primarias. Algunos proponemos que si la celebración de primarias y la existencia de listas abiertas fueran obligatorias por ley, se desmontaría de un plumazo el sistema actual, donde el poder a la hora de confeccionar las listas electorales lo tienen en exclusiva la cúpula de los partidos.

La combinación de información y poder para que los ciudadanos puedan elegir castigaría la forma de actuar de algunos representantes públicos en el ejercicio de sus funciones. Además, se generaría una dinámica positiva, pues el comportamiento ejemplar sería premiado por los militantes y votantes. No es extraño que en los casos de corrupción política el partido obligue a los implicados a renunciar a los cargos que ocupan en el partido, pero, ante nuestra indignación, casi nunca renuncian a los cargos públicos que ocupan y, por supuesto, mantienen sus sueldos.

Uno de los pilares fundamentales de una democracia es su sistema de representación, es decir, la relación entre el representado —el ciudadano— y su representante —el político—. Los viejos partidos llevan años prometiendo un cambio en el sistema electoral que nunca llega, y saben que cada vez son más los ciudadanos que exigen una nueva relación entre representados y representantes. Es más, lejos de cambiar el sistema y mejorarlo, han hecho exactamente lo contrario, esto es, blindarlo y hacerlo cada vez más inaccesible al control democrático de los ciudadanos. Curiosamente, los únicos cambios que se han introducido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) propician el fortalecimiento de la partitocracia. El ejemplo más reciente ha sido la modificación, aprobada conjuntamente por el PP y el PSOE, que evita la presentación de candidaturas por parte de aquellos partidos que no consigan un umbral mínimo de recogida de firmas del censo electoral en cada circunscripción electoral. De esta manera, lejos de incentivar la participación política, pretenden bloquearla para que cada vez resulte más difícil el nacimiento de nuevas formaciones que puedan suponer una alternativa real al bipartidismo dominante. No es más que una muestra de cómo el sistema actual intenta encerrarse en sí mismo frente a las demandas de transparencia, democracia y ciudadanía.

La Ley Electoral es la legislación básica de nuestro sistema democrático, aunque existen otras complementarias, como la Ley de Partidos, que regula la democracia interna de estas organizaciones, o la Ley de Financiación, que, en última instancia, propicia la falta de trasparencia de nuestro sistema. Muchos españoles queremos una ley electoral que sitúe como principales protagonistas a los ciudadanos, y en el sistema que ahora tenemos, donde los ciudadanos no pueden escoger a sus representantes y donde existen partidos políticos de dudosa democracia interna, no se sienten representados por sus dirigentes públicos.

En España no solo hay una crisis económica, sino también —y esto es aún más grave— una crisis de confianza. En los últimos años, por más que los Gobiernos hayan tomado medidas para gestionar la crisis, muchos ciudadanos se sienten defraudados porque los partidos, al llegar al poder, no cumplen sus programas electorales, porque han quebrantado esa confianza a raíz de los numerosos casos de corrupción o a causa de mala gestión que todos conocemos. Tenemos que conseguir que en el momento de votar —y también cada día, durante una legislatura—, los lazos de confianza entre representantes y representados sigan intactos, y que el sistema incorpore mecanismos de control y de rendición de cuentas de forma periódica ante aquellos que pagan el sueldo a los cargos públicos.

En la actualidad, existen mecanismos de comunicación con los conciudadanos que permiten rendir cuentas sin esperar a «vernos» cada cuatro años en las urnas. Uno de los más libres y útiles es internet —ya sea a través del perfil de una red social, de un blog o de una página web—, que facilita el contacto diario con los electores. De este modo la relación entre representantes y representados es directa y de igual a igual. Estas nuevas herramientas han empezado a cambiar la vida pública, convirtiéndose en un instrumento magnífico para recobrar la confianza entre ciudadanos y cargos públicos. Si un diputado o un concejal tiene un perfil en Twitter, Facebook o Instagram, está ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de plantearle preguntas, propuestas, críticas o elogios, al tiempo que puede recabar ideas y utilizarlas para el interés general.

El error que cometen algunos políticos es que abren un perfil en una red social pero delegan su gestión a una empresa especializada en estos asuntos y no lo hacen directamente. Cuando un ciudadano se dirige a un cargo público en una red social, espera una respuesta concreta sobre un tema concreto. Sin embargo, si la gestión no es personal, la relación no es de igual a igual, sino una ficción.

Los cargos públicos tenemos la obligación de estar a disposición de los ciudadanos en todo momento, y los perfiles en las redes sociales, un correo electrónico, un blog y una página web son instrumentos muy eficaces para explicar nuestro trabajo, nuestra agenda e informar de las actividades públicas. Hoy en día no hay excusas, y el que no lo hace es porque no quiere. La política comunicativa del siglo XX era muy distinta. Todo se hacía a través de los medios de comunicación, que tenían el monopolio de la información, y los ciudadanos no disponían de ninguna fórmula para acceder a sus representantes. Por suerte, la situación ha cambiado, del mismo modo que ha cambiado la forma de hacer política. Y me refiero a la forma de relacionarse con los españoles. En mi opinión, los cargos públicos no pueden pasar por alto unos instrumentos tan válidos —a la vez que libres y económicos— para comunicarse con los ciudadanos.

Una de las principales ventajas de la red es que es un espacio libre y sin intermediarios. Este es el gran cambio que se está produciendo en la política del siglo XXI: los cargos públicos ya no dependemos de las estructuras de partido y de los medios de comunicación tradicionales para comunicarnos con los ciudadanos. De hecho, cuando se intenta analizar por qué los partidos nuevos estamos creciendo tanto, mientras las viejas formaciones pierden apoyo, además de muchos otros factores, como la gestión, los casos de corrupción o las propuestas electorales, uno de nuestros principales activos es la forma directa en que nos comunicamos con los ciudadanos.

Gestionar los perfiles en las redes sociales, el blog, la página web, o las cuentas de correo electrónico se lleva una parte importante de tu tiempo, pero considero que es una labor fundamental e innegociable. Hoy en día todo es posible con un teléfono móvil o una tableta, e incluso puedes colgar vídeos en YouTube o en otras plataformas. Quien quiera trabajar en un cargo público, además de otras disciplinas, deberá dominar estas herramientas, porque no tengo la menor duda de que comunicarse directamente con los ciudadanos supone un valor añadido a nuestra labor. No se trata solo de trabajar en un Parlamento o en un ayuntamiento, sino de estar a disposición de los ciudadanos e informar periódicamente de nuestras actividades diarias a aquellos que nos han confiado su voto o a los que, aunque no lo hayan hecho, deseen plantear una consulta o realizar una crítica.

Algunos políticos no están dispuestos a tener presencia en las redes, quizá porque verse sometidos al control diario de los ciudadanos obliga a soportar preguntas incómodas sobre ciertos asuntos y a explicar por qué se toman determinadas decisiones. Es obvio que a un cargo público de un viejo partido que decide proponer y aprobar una ley que va en contra de su propio programa electoral no debe de resultarle nada grato que le recuerden que está decepcionando a una parte de su electorado. De ahí la importancia del control democrático que las redes ejercen, pues permiten presionar a los cargos electos para que actúen conforme a la legitimidad obtenida en las urnas. Cuando no existían estos mecanismos no había ningún tipo de control y muchos representantes públicos se pasaban cuatro años sin dar la cara. Aunque hay quien sigue haciéndolo, esconderse hoy resulta mucho más complicado. En nuestra formación hemos decidido que los diputados y los responsables de comunicación de todas las agrupaciones de Ciudadanos deben tener, como mínimo, un perfil activo en las principales redes sociales, que junto a la «blogosfera» o los medios de comunicación digitales se han convertido de facto en una especie de «lobby ciudadano» que controla, presiona y pide explicaciones a quienes estamos en las instituciones.

Por supuesto, no todo lo que aparece en las redes es verdad ni tiene por qué resultar agradable. Todos conocemos casos en los que se han utilizado con mala fe para acosar, insultar y amenazar. Algunos políticos se han servido de esas circunstancias injustificables para evitar el control democrático del ciudadano y negarse a dar la cara. Pero del mismo modo que diferenciamos a los violentos de los demócratas, también debemos separar en las redes a quienes hacen un uso positivo y constructivo de esta herramienta de quienes la utilizan de forma antidemocrática.

Una de las actividades que nuestro equipo de comunicación y redes sociales ha llevado a cabo es la utilización de los perfiles de las dos principales redes sociales, Facebook y Twitter, para canalizar preguntas al Gobierno de Cataluña en la sesión de control en el Parlamento. Las preguntas que yo mismo, como presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, le planteo al presidente Artur Mas no surgen de la reunión del grupo, sino que se escogen entre las más solicitadas por los ciudadanos. Hemos usado este mecanismo durante toda la legislatura porque consideramos que es una vía adecuada para que, por un lado, los ciudadanos puedan hacernos llegar sus inquietudes y, por otro, que el grupo parlamentario le ofrezca a cualquiera la oportunidad de intervenir en la sesión de control. Del listado de decenas de preguntas que llegaron escogimos la que había sido más solicitada por parte de los ciudadanos esa semana

Además, las redes sociales nos han permitido contactar con personas que comparten nuestra forma de entender la política y que un movimiento civil como el de Ciudadanos haya crecido del modo en que lo ha hecho, tejiendo una red de simpatizantes que finalmente han participado en nuestros actos y colaborado con nosotros. Por citar algunos casos, me referiré al empresario y presidente del equipo de fútbol de Hospitalet, Miguel García, a los periodistas César Cabo y Beatriz Pino, o al asesor político Fran Carrillo.

Estoy convencido de que Ciudadanos no habría nacido como movimiento civil si no hubiese existido internet. La escasez de recursos económicos, si los comparamos con los de otros partidos, y el vacío que nos hicieron durante mucho tiempo los medios de comunicación tradicionales se han visto compensados por el poder de las redes. No debemos olvidar que nacimos a partir de un manifiesto publicado en una página web, al que se fueron adhiriendo diferentes personas a través de la red. De hecho, todas las dificultades que hemos padecido nos han llevado a desarrollar con especial dedicación nuestra vertiente digital, y ello nos ha convertido en el partido que lidera el ranking de visitas en nuestro canal de YouTube. Asimismo la presencia en Facebook y Twitter ha hecho que los portavoces de Ciudadanos estemos situados en estos momentos entre los principales actores políticos, aunque pertenezcamos a una formación de dimensiones mucho más pequeñas que los viejos partidos.

Hace no demasiados años lo importante en política era aparecer en los informativos de las televisiones públicas o en las primeras páginas de los principales periódicos impresos. Hoy en día tanta o más relevancia tiene conseguir un gran impacto con un vídeo en YouTube, ser «Trending Topic» en Twitter o poder comunicarte con miles de ciudadanos través de Facebook. Ni mucho menos estoy diciendo que los medios tradicionales hayan dejado de tener importancia, sino que los instrumentos digitales la tienen cada vez más.

Las redes sociales no solo constituyen un nuevo espacio mediático, sino también un espacio libre de los tentáculos del poder. Para obtener una licencia de radio, por ejemplo, se necesita una concesión y un alto presupuesto que permita ponerla en marcha, mientras que para abrir un periódico digital, un blog influyente o un perfil activo en una red social no es necesario el permiso de nadie. En el caso de la acción política, si no tienes que pasar por los intermediarios de la información, puedes tejer una gran red de ciudadanos que se organicen y participen activamente para cambiar las cosas. Los viejos partidos todavía no quieren ver, e incluso no entienden, la importancia de los nuevos mecanismos de comunicación e información. Los que prácticamente hemos nacido en la era digital no solo utilizamos estas herramientas porque sean más económicas y nos aporten mayor libertad, sino porque no sabemos ni queremos vivir de una manera diferente.

Ha llegado el momento de cambiar las reglas del juego para devolver el poder a los ciudadanos. El actual sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, con la mayoría de partidos sin democracia interna, ha entregado el poder del país a unas cuantas personas. Con una nueva ley electoral, con partidos provistos de democracia interna y con la rendición de cuentas y control mediante las redes sociales, España podrá tener una democracia mucho más afianzada. Ha llegado la hora de que los cuarenta y siete millones de ciudadanos de nuestro país recuperemos el poder. Porque no podemos olvidar que España será lo que quieran los españoles.

7
ÉTICA Y POLÍTICA

Los sondeos publicados por el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en diciembre de 2013 señalan que el primer problema para los españoles es el desempleo (mencionado por un 77% de los ciudadanos encuestados), pero llama la atención que la corrupción aparezca en segundo lugar (citado por un 37,6%), por encima incluso de la economía (un 29,7%). Cuando en un país que supera el 25% de paro, en el que prácticamente un tercio de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza relativa y en el que los ciudadanos han perdido casi un 30% de poder adquisitivo, se sitúa a la corrupción como segunda preocupación, está claro que algo importante está fallando.

Si se rompe la confianza entre dos socios de una empresa, entre los dos miembros de una pareja, entre el médico y su paciente, o entre el abogado y su cliente, es señal de que existe un problema grave que en muchos casos se vuelve irresoluble. Desde la política debemos trabajar para recuperar esa confianza entre el ciudadano y el representante público, pues de ello depende la salud de nuestro sistema democrático. Es obvio que algo marcha muy mal si la mayoría de los españoles piensa que los que nos dedicamos a la política u ocupamos un cargo público lo hacemos para enriquecernos o, directamente, para robar.

El origen de esta percepción se encuentra en la situación económica a la que nos han conducido los distintos Gobiernos de los últimos años, en la mala gestión de las cuentas públicas y en el despilfarro en el que han incurrido durante años nuestras Administraciones. Pero también porque los casos de corrupción que están saliendo a la luz provocan una sensación de enorme desconfianza en la ciudadanía y se está extendiendo la idea de que los ladrones no trabajan de forma individual o en grupos, sino que existen auténticas bandas organizadas en las alcaldías, los Gobiernos autonómicos e, incluso, los Gobiernos nacionales.

El número de casos de corrupción aumenta sin cesar y los nombres de las personas implicadas son muy conocidos. Por desgracia, ya forman parte de la vida de todos los españoles, que los encontramos un día sí y otro también en las noticias y en las primeras páginas de los periódicos. La erosión que provoca en el panorama político debe ponernos en guardia como representantes públicos, y no olvidar que nuestro objetivo es mejorar y afianzar nuestra democracia, a la que aún podemos considerar «de baja intensidad». Y para ello es indispensable reformular leyes y reforzar algunos valores básicos, como la honestidad y la honradez. Los cambios en el funcionamiento interno de los partidos, en el sistema electoral o en la relación entre los ciudadanos y sus representantes no serán suficientes si no incorporamos valores y transparencia. Asimismo es imprescindible formular leyes que contemplen la creación tanto de mecanismos de prevención como de expulsión, con el fin de que la corrupción se detecte y sea erradicada de inmediato del sistema y de las instituciones.

Para poder gobernar un país, una comunidad autónoma o un ayuntamiento no solo hay que ganar las elecciones, sino también tener autoridad moral para ejercer ese gobierno y para que los ciudadanos se sientan, como mínimo, satisfechos y conformes con esa potestad. Son muchos los expertos que han puesto de relieve la diferencia entre la potestas y la autoritas de los gobernantes, que actualmente está de plena actualidad. Por ejemplo, algunos Gobiernos legitiman su potestas en las mayorías que han conseguido en las urnas,es decir, conforme al poder que les otorga la ley para ejercer ese gobierno. Y, mientras tanto, dilapidan la autoritas, es decir, la autoridad moral, contradiciendo sus programas electorales, mintiendo a los ciudadanos e incluso contemplando sin sobresaltos cómo algunos miembros de sus partidos roban y malversan los fondos públicos. De ahí que sea fundamental que la ética vuelva a adquirir un valor prioritario en la política. Solo así se recuperará la autoridad moral y los representantes públicos podremos mirar a los ojos a los ciudadanos sin que estos nos perciban con desconfianza

No es razonable que los gobernantes pidan esfuerzos a los ciudadanos y que sacrifiquen su bienestar con recortes y subidas de impuestos, y que, al mismo tiempo, casi todos los días nos lleguen informaciones sobre la mala gestión del dinero público. Los ciudadanos no podemos aceptar que si un Gobierno está inmerso en gravísimos casos de corrupción no se produzcan ni dimisiones ni se asuman responsabilidades. Actualmente, al Ejecutivo de la nación le han salpicado los casos Gürtel y Bárcenas, y lo mismo ha ocurrido con los Gobiernos de algunas comunidades autónomas: Andalucía en el caso de los ERE, o Cataluña en los del Palau, Clotilde o ITV. Resulta hiriente que sean los dirigentes de los mismos partidos políticos que gobiernan —algunos están implicados directamente— quienes se suban a una tribuna para anunciar a los ciudadanos recortes sociales y subidas de impuestos. Puede que la crisis económica que padecemos, ayudada por la mala gestión, esté obligando a reducir algunas partidas presupuestarias e incluso a subir impuestos temporalmente. Si a los ciudadanos se les explicara la situación sin recurrir a mentiras, estoy seguro de que la mayoría lo comprendería. Pero lo que no se entiende —así lo constatan los estudios sociológicos— es que sean los mismos gobernantes quienes amparen y permitan la corrupción como modus operandi. El daño más grave que provoca la corrupción no es la cantidad de dinero público que se roba o se malversa (sin olvidar que se trata de delitos), sino la quiebra de confianza en nuestras instituciones y en el propio sistema.

El 24 de febrero de 2005, en el hemiciclo catalán se vivió una escena más propia de la Mafia que de una sede parlamentaria. El intercambio de insinuaciones entre el entonces presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y Artur Mas, líder de la oposición, fue verdaderamente bochornoso. Lo transcribo a continuación:

PASCUAL MARAGALL: Muy brevemente, porque pienso que, efectivamente, hemos tocado un punto clave. Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%.

ARTUR MAS: Usted ha perdido completamente los papeles. Si era para esto, se podía haber ahorrado esta intervención. Yo le pediría una cosa, y se lo digo con toda la modestia: entre ustedes y nosotros hemos de hacer cosas muy importantes en los próximos meses al servicio de este país. No lo olvide. Para hacer estas cosas importantes es muy necesario que un cierto círculo de confianza entre ustedes y nosotros siga existiendo, [...] y que no se rompa. Y con su última intervención esto se rompe. Usted envía la legislatura a hacer puñetas. Supongo que es consciente de ello, y le pido formalmente que retire esta última expresión.

P. M.: Accedo a su demanda por una sola razón, porque usted acaba de decir una cosa muy importante: que interesa más el país que todo lo que nos ha dicho antes [...]. Espero que ustedes estén en condiciones de cumplir su parte de obligación en los meses que vendrán, en los cuales se jugará el Estatuto, la Constitución y, en buena medida, nuestro futuro.

A. M.: Yo le agradezco, señor Maragall, esta rectificación, que es buena, no le humilla en absoluto. Pero les vuelvo a decir que si en algún momento ustedes tienen alguna sospecha, al margen de lo que se ha dicho hoy, sobre lo que sea, hagan el favor de ir a los tribunales.

En esta última réplica, Artur Mas, lejos de desmentir o de rebatir al entonces presidente Maragall, dejaba caer lo importante que era para CiU no destapar el asunto que acababa de poner sobre la mesa el presidente socialista. Después de algunos años hemos podido saber que aquel «3%» al que se refería el líder del PSC era la «mordida» que se llevaba Convergència i Unió de las obras públicas de la Generalitat.

En aquel momento se abrió una investigación en el Parlamento y también en la Fiscalía que acabó en nada. Los que sabían algo no colaboraron, hasta que en 2009 se destapó el que después sería el caso Palau, junto con otros casos de corrupción vinculados a la obra pública en Cataluña.

Desde que nos constituimos como plataforma cívica, una de las prioridades de Ciudadanos ha sido la de no jugar al silencio con asuntos relacionados con la corrupción. Y algo ha cambiado desde que pisamos la Cámara por primera vez. Estamos convencidos de que hay que limpiar las heridas de la corrupción del mal llamado «oasis catalán», aunque escuezan y supuren. Lamentablemente, se han ido conociendo nuevos casos, pero desde nuestra formación siempre hemos optado por llevarlos al control político para que se depuren responsabilidades. Así, hemos sido los impulsores de las principales comisiones de investigación en el Parlamento, como la del caso Palau, la de las cajas de ahorros catalanas rescatadas con dinero público, la venta de preferentes o las irregularidades en las concesiones sanitarias de la Generalitat. También propusimos la investigación del caso Spanair, en el que se perdieron más de doscientos millones de euros de dinero público, pero ningún otro grupo de la oposición nos apoyó.

En Ciudadanos creemos que, si el Parlamento es la casa de los ciudadanos, es ahí donde debe actuarse con transparencia y control respecto al dinero de todos, poniendo en cuestión la mala costumbre que existía en la Cámara de no tratar allí los asuntos relacionados con la corrupción. En ese sentido, hemos realizado varias preguntas parlamentarias al Gobierno, y quizá una de las más sonadas fue la que le planteé a Artur Mas el 6 de junio de 2012, durante una sesión de control, a raíz del informe policial del caso Palau. En él se concluía que una serie de empresas se habían repartido comisiones ilegales y entregado un porcentaje de esas cantidades a Convergència i Unió:

Señor Mas, hoy la pregunta al Gobierno no la va a formular Ciutadans, sino los ciudadanos a los que hemos abierto esta sesión parlamentaria. En concreto, María Paula les pregunta, aunque les extrañe que algunos ciudadanos participen también en la política catalana, cosa que no han hecho otros partidos políticos: ¿Qué opina usted del informe policial que se ha conocido esta semana donde se admiten donaciones de las principales concesionarias de Obras Públicas a su partido y a su Gobierno? […] Ya sé que a ustedes no les gusta hablar de esto en sede parlamentaria, pero los ciudadanos se preguntan: ¿Nos cuestan en Cataluña las obras públicas, el agua y los peajes más dinero porque hay que pagar un tanto por ciento al Gobierno? Nosotros queremos que el presidente de la Generalitat dé la cara y no se esconda.

La respuesta del presidente Mas fue la siguiente:

Usted, señor Rivera, que siempre acostumbra a pedir que se cumplan las normas, las leyes, los decretos y el ordenamiento jurídico, me admitirá que aquí el juicio todavía no ha comenzado, pero a usted le da igual y lo ha hecho independientemente de si las cosas son verdad o no, porque usted no busca la verdad, usted busca «enmierdarlo» todo, y perdone la expresión, y cuanta más porquería pueda lanzar, aunque no la pueda demostrar, mejor. Pero ya sabemos cómo funciona usted, siempre ha funcionado de esta manera. ¿Y sabe qué pasa? Que hay mucha gente que les cala, y cuando se presentan a las elecciones, tienen un apoyo muy modesto, porque la gente sabe que usted hace demagogia.

Para Artur Mas, los que «enmierdamos» somos los que denunciamos los casos de corrupción, los que pedimos explicaciones y los que planteamos soluciones, cuando es obvio que los que ensucian la vida pública son aquellos que amparan la corrupción o la practican en el interior de sus partidos. Creo que parte de la labor de un grupo parlamentario es controlar al Gobierno, aunque a algunos no les guste, y, sobre todo, plantear alternativas y proponer comportamientos que se alejen de lo que, por desgracia, se está generalizando en los diferentes Gobiernos de España.

En los últimos meses se ha producido un intenso debate sobre si era necesario o no apartar de sus cargos públicos a los imputados en casos de corrupción. En mi opinión, no podemos abordar la cuestión sin diferenciar lo que es la responsabilidad política de la responsabilidad judicial. Algunos partidos, por su interés en tener a esas personas sentadas en un escaño o en una alcaldía pese a estar imputadas, intentan convencer a la opinión pública de que no se pueden pedir responsabilidades políticas hasta que una persona no sea condenada en sentencia firme. Esta idea ha contribuido a la pérdida de confianza de la que venimos hablando.

No podemos permitir que la sospecha sobre los representantes de los ciudadanos se extienda a toda la vida pública, y de ahí que pidamos el alejamiento temporal de sus cargos de todos aquellos que se vean implicados. Este no es únicamente un asunto de partidos, sino que afecta a todo el sistema democrático: si en un Parlamento hay cuatro imputados por cuatro casos distintos de corrupción (como ocurre, por ejemplo, en el Parlamento donde yo me siento), el problema no es solo de esas cuatro personas y de sus partidos, sino de toda la Cámara y de la vida política en general. Es inaceptable que un porcentaje muy alto de ciudadanos llegue a sospechar, a veces con mucho fundamento, que sus representantes, aquellos que reciben un sueldo público, hayan cometido un delito. No se puede representar a los ciudadanos estando bajo sospecha.

Reconozco que esta decisión puede resultar injusta, en especial si finalmente dichos imputados resultan absueltos, pero creo que es más importante proteger la confianza en la democracia, en las instituciones y en nuestros representantes. Por eso, más allá de los derechos y garantías procesales de los imputados en un caso de corrupción, desde mi punto de vista, el debate real debería girar en torno a cómo proteger la confianza de los ciudadanos, uno de los valores principales en los que se basa la democracia representativa y que ahora está en jaque.

Desde un punto de vista jurídico, resulta complicado encontrar mecanismos que logren apartar de un cargo público a quien lo ostenta y tiene un mandato durante cuatro años, pero desde el punto de vista político es bastante sencillo, y pasa por que los partidos con representación en las instituciones lleguemos a un pacto contra la corrupción y por la transparencia. En ese pacto deberíamos acordar, por ejemplo, que los imputados no puedan formar parte de las listas electorales y, en el caso de que la imputación sucediera durante una legislatura, comprometernos a que esa persona no volverá a presentarse y a suspenderle de la militancia del partido. Lo deseable sería que ellos mismos tomaran esa decisión y se marcharan por propia iniciativa, pero como sabemos que eso no ocurre, y puesto que en ocasiones los mismos partidos los amparan, solo nos queda aplicar mecanismos de obligado cumplimiento. De ese modo se lograría que lo que no funciona con la propia ética de los partidos, funcione mediante un pacto político o una legislación distinta.

No podemos olvidar que otro gran aliado de la corrupción es nuestro sistema electoral y la falta de democracia interna de las formaciones políticas. El mejor antídoto son las elecciones primarias en los partidos y las listas abiertas, pues de ese modo se evitaría la presencia de personas puestas en entredicho. Si los ciudadanos pudieran escoger a sus diputados, es evidente que los imputados lo tendrían mucho más difícil que los que han tenido un comportamiento intachable.

Otro asunto que ha encendido a la opinión pública en los últimos años es el de los sueldos que perciben los políticos y algunos cargos. En plena crisis económica y ante una creciente pérdida de confianza en las instituciones, hemos sabido, por ejemplo, que algunos alcaldes se subían el sueldo de forma arbitraria, así como la cuantía de los desproporcionados salarios de los cargos de confianza designados «a dedo» —es decir, personas que no han sido votadas en las urnas— por las cúpulas de los partidos. En realidad, creo que el debate no se ha generado únicamente por la cantidad de euros que cobran, sino porque esos sueldos se deciden casi siempre de forma opaca y sin rendir cuentas a los ciudadanos. Que un diputado que legisla para un país o una comunidad autónoma cobre tres mil euros al mes no puede considerarse excesivo, si lo comparamos con lo que cobra cualquier profesional con responsabilidad semejante en el ámbito privado; incluso en muchos casos es inferior. Lo que verdaderamente indigna, y con razón, es la arbitrariedad, el bajo nivel de formación y, sobre todo, de resultados que ofrecen la mayor parte de los cargos públicos.

Cuando los ciudadanos de un país sienten que el sistema democrático y la economía funcionan de una forma más o menos aceptable, con políticos que saben estar a la altura de las circunstancias, no se abren debates como estos. Yo era muy joven entonces, pero no recuerdo que nadie cuestionara el sueldo de Felipe González, de José María Aznar, de Adolfo Suárez o de Jordi Pujol. La crisis económica y la crisis de confianza en la política y en los políticos han provocado este cuestionamiento. Y, llevados por el corporativismo, son bastantes los representantes públicos que intentan defender un modelo obsoleto en el que ni se rinden cuentas ni se fijan los salarios de una manera objetiva. También los hay que caen en el populismo, proponiendo reducciones taxativas o incluso la supresión de los sueldos de los cargos públicos, lo que haría prácticamente imposible que una persona se dedicara en exclusiva a la tarea de gobernar o legislar el país. Cuando uno hace bien su trabajo, la mayoría de los ciudadanos no cuestiona cuánto cobra, sobre todo si hablamos de un sueldo razonable para su tarea, su dedicación y su formación. El problema surge por la desconfianza en las instituciones y en los cargos que las ocupan, por los casos de corrupción y por la falta de transparencia.

Si a los funcionarios se les fija su sueldo a través de una ley y en función de su categoría laboral y de su formación, ¿no sería razonable actuar del mismo modo con los cargos públicos? Ha llegado el momento de plantearse la aprobación de una ley nacional de sueldos para cargos públicos que permita crear un mecanismo que acabe con la arbitrariedad y la opacidad, por un lado, y que, por otro, deje sin argumentos al populismo.

Dicha ley debería determinar categorías salariales en función de parámetros transparentes para que los sueldos de los políticos y de los cargos que dependen de la política pudieran medirse con objetividad. Sería razonable pedir que la subida o bajada de sueldo de un cargo público dependiera de parámetros ajenos a su voluntad, como el presupuesto del ente que gestionan y la dimensión poblacional o territorial que este tiene. Si esta ley prosperara, por ejemplo, los alcaldes no se podrían subir o bajar los sueldos, y sus honorarios serían proporcionales al presupuesto del Ayuntamiento y al número de habitantes de su municipio. Los sueldos de los diputados tampoco los determinaría la Mesa de cada Parlamento, sino que quedarían establecidos en proporción al presupuesto de cada comunidad autónoma.

Como en cualquier empresa o institución, lo lógico sería que en la primera categoría de esa tabla de salarios estuviera el presidente de Gobierno de la nación, y desde ahí, los ministros, los presidentes de las comunidades autónomas, los consejeros, los alcaldes, los concejales…, y así hasta cubrir todos los cargos elegidos democráticamente. De este modo también acabaríamos con los casos insultantes de alcaldes o consejeros que cobran lo mismo o más que el presidente del Gobierno de España, como el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que tiene un sueldo superior a los cien mil euros anuales frente a los setenta y cinco mil que percibió el presidente Rajoy en 2012 (El Confidencial, 2/10/2013).

Además, debería acordarse que ningún cargo público cobrase más de un sueldo por asumir varias funciones a la vez. Por ejemplo, hay muchos concejales que son también diputados en una Cámara autonómica o en el Congreso. ¿Cómo es posible que se puedan acumular cargos y sueldos sin dedicarse a tiempo completo a una función pública? Estas situaciones son las que ponen en entredicho la ética de algunos de nuestros representantes, y deberían impedirse por ley.

También sería conveniente que contemplara la transparencia en el formato de los salarios. Si los cargos públicos percibimos un sueldo y unas dietas de desplazamiento, representación y otros conceptos, deberían ser conocidos por todos los que nos pagan y en ningún caso ser acumulables. Por ejemplo, hay alcaldes que reciben dietas por asistir a diferentes consejos de administración de algunas empresas públicas, lo que les permite recibir, como hemos sabido a través de la prensa, más de una decena de pagos diferentes. Si por su condición de alcalde, concejal o consejero, alguien tiene que asistir a un consejo de administración de una empresa pública, en ningún caso debería cobrar varias veces por hacer una labor que se deriva directamente de su cargo. Hemos conocido la existencia de casos de degradación de este tipo a través de la noticia publicada por el Diario de Navarra (2/05/2010), que explicaba cómo Caja Navarra había destinado seiscientos mil euros a pagar dietas a los miembros de su consejo de administración, entre los que había cargos políticos, profesionales y representantes sindicales.

Esta tabla de sueldos también permitiría adaptar los salarios públicos a la situación económica del país, como ha ocurrido con los funcionarios o en la empresa privada en general. En épocas de bonanza, lo lógico sería que los sueldos se actualizasen en función del incremento del coste de la vida (IPC) y, en momentos de recesión delicados como el actual, se podrían reducir los salarios de los políticos de una manera global, homogénea y objetiva.

Por primera vez, en 2009 Ciudadanos llevó al Parlamento de Cataluña, a través de una propuesta de resolución, una reducción del 15% de los sueldos de los diputados. Finalmente, la Mesa del Parlamento asumió la medida y los salarios se redujeron entre un 7% y un 1% según las funciones. Me parece razonable que, en plena crisis, los diputados y los cargos públicos demos ejemplo y hagamos lo mismo que han tenido que hacer muchas familias, muchas empresas y muchos funcionarios de este país. Habrá a quien le parezcan medidas insuficientes y habrá a quien le parezcan exageradas, pero, en cualquier caso, es lo mínimo que podemos hacer en este momento.

Evidentemente, una ley de estas características tendría que ser aprobada en el Congreso de los Diputados, pero los viejos partidos, al menos hasta la fecha, se han encargado de pasar por alto este asunto.

Si ha sido nocivo para nuestro sistema democrático no tener una tabla de sueldos como la que algunos proponemos, más escandaloso aún es el hecho de que no haya transparencia a la hora de nombrar, proponer y adjudicar sueldos a los llamados «cargos de confianza« designados por los políticos. Es seguro que en España existe un exceso de cargos de confianza, situación que responde a la «necesidad» de los viejos partidos de colocar en las Administraciones públicas a una especie de «funcionariado de partido» que ha servido más a sus propios intereses que al interés general. Tiene sentido que en algunos casos concretos existan cargos de confianza; por ejemplo, que el presidente de una comunidad autónoma tenga un secretario o una secretaria elegidos por él mismo. Pero lo que no tiene explicación es que existan decenas de personas que viven alrededor de algunos políticos y que cobren sueldos públicos cuando su verdadera actividad se desarrolla en los partidos e incluso en sus campañas electorales. En este sentido, ha habido diferentes escándalos, y algunos sonoros: por ejemplo, como publicó Periodista Digital en octubre de 2008, en la diputación de Almería se generaba un gasto de ciento veinte mil euros mensuales en cargos de confianza, entre los cuales había personas designadas por el Partido Socialista que ni siquiera acudían a las instituciones para las que supuestamente trabajaban, sino que lo hacían en el partido. Ante semejante despropósito, se hace imprescindible una reducción del número de cargos de confianza y una regulación transparente y objetiva de sus ingresos.

Para los ciudadanos, otro motivo de indignación y sospecha sobre la labor de los partidos y la gestión de sus cuentas es la opacidad con la que han funcionado hasta la fecha. Desde un punto de vista jurídico, las formaciones políticas son asociaciones con un trato especial en la Constitución, ya que se consideran «órganos fundamentales para la democracia». Los partidos reciben importantes ingresos —dinero público— a través de las subvenciones para las campañas electorales y el funcionamiento ordinario de sus grupos parlamentarios y municipales, pero, paradójicamente, aunque son los administradores de la democracia y de los presupuestos públicos, funcionan con una opacidad asombrosa.

En mi opinión, los partidos deberían ser los primeros en dar ejemplo en la transparencia de sus cuentas. Existe una fórmula muy sencilla que, por desgracia, no cuenta con el apoyo de los viejos partidos. Dicha fórmula consistiría en instaurar la obligatoriedad de presentar las cuentas en la Administración —algo que hacemos todos— y de hacerlas públicas a través de las páginas web del Ministerio del Interior y el Tribunal de Cuentas. De esta manera, los representados podrían ejercer el derecho a la información y saber de dónde proceden nuestros ingresos y cuáles son, y en qué cuantía, las fuentes de financiación: dinero público, cuotas de afiliados, créditos bancarios o donaciones privadas.

En las dos últimas campañas en las que he sido candidato a la Presidencia de la Generalitat, publiqué en mi blog mi sueldo, mi patrimonio y mi currículum. Igualmente, en la campaña de las elecciones de 2012, propuse a la ejecutiva del partido que, aunque no era obligatorio hacer públicas las cuentas —la ley solo nos obliga a presentarlas a los órganos de fiscalización, como el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Cuentas—, «colgásemos» las fuentes de financiación en la página web de Ciudadanos para dar detalle del crédito que en aquel momento teníamos con una entidad bancaria. Aquello supuso un activo para nuestra candidatura, aunque, en mi opinión, el verdadero activo es formar parte de un partido político cuya dirección es la primera interesada en mostrar a los ciudadanos que no tiene nada que esconder.

Me gustaría que algún día en nuestro país todos los cargos públicos, todos los candidatos a unas elecciones y todos los partidos políticos estuviésemos obligados por ley a ofrecer esta información y que no fuera únicamente un ejercicio voluntario de los que creemos que la ética es una cuestión clave para el funcionamiento de una democracia.

Con toda seguridad los nombres y apellidos más oídos en los últimos años en nuestro país no han sido los de los buenos políticos, los buenos científicos, los líderes sociales o los buenos empresarios, sino los de todos aquellos que aparecen en la larga lista de casos de corrupción —Gürtel, Bárcenas, Campeón, ITV, ERE, Pretoria, Pallerols, Palau, Nóos, Mercurio, Millet—. Es posible que los españoles los conozcan mejor que a sus propios representantes públicos. Por eso, es imprescindible limpiar la herida y descubrir la verdad, que todos los que han estado robando dinero público para sus intereses particulares o los de sus partidos sean juzgados y condenados. Además, creo que estamos obligados a analizar qué ha fallado, dónde y en qué momento se han roto los lazos de confianza con los ciudadanos.

Deseo que, en un futuro cercano, no aparezcan personas imputadas por casos de corrupción en las listas electorales, del mismo modo que espero que ya no se produzcan arbitrariedades en la aprobación de sueldos públicos y de cargos de confianza. Quiero pensar que en ese fututo próximo los detalles sobre las cuentas de los partidos estarán disponibles en un solo click (no olvidemos que en gran medida se financian con los impuestos que pagan todos los ciudadanos) y, sobre todo, que la palabra ética sea un activo imprescindible para aquellos que opten por trabajar en la vida pública.

8
LA GRAN REFORMA PENDIENTE

Debido a la terrible crisis que estamos atravesando, son ya incontables las empresas que se han visto obligadas a tomar decisiones drásticas, muchas veces dolorosas, que han provocado un aumento del desempleo enormemente preocupante. Se cuentan por miles las reducciones de plantilla y de partidas presupuestarias que se han producido en los últimos años, con los consiguientes despidos y bajada de salarios de cientos de trabajadores. El número de parados ronda los seis millones y una de cada tres familias españolas tiene dificultades para llegar a fin de mes. Ante semejante coyuntura económica, ciudadanos y empresas se han visto obligados a ajustarse tanto que a estas alturas podemos afirmar que a muchos españoles no les quedan agujeros en el cinturón.

Esta durísima situación se hace aún más dolorosa si cabe por la lentitud a la hora de abordar la gran reforma pendiente del país: la reforma de las Administraciones públicas del Estado y sus instituciones, incuestionablemente necesaria por las repercusiones económicas y burocráticas que tendría en los ciudadanos —además del saneamiento democrático que supondría—, pero que el presidente Mariano Rajoy, pese a la mayoría absoluta que respalda a su Gobierno, ha preferido pasar por alto hasta la fecha.

Necesitamos unas Administraciones públicas más modernas y ágiles, mejor adaptadas a las nuevas tecnologías y, sobre todo, eficaces, porque a la Administración española no le sobra músculo, le sobra grasa. El músculo se encuentra en los servidores públicos y en los servicios esenciales, y estoy convencido de que si preguntamos a los ciudadanos si deberíamos prescindir de policías, jueces, médicos, profesores o bomberos, la mayoría respondería que no, que incluso faltan. Pero sí sobra grasa, esto es, duplicidades administrativas, unas estructuras políticas sobredimensionadas y también duplicadas, y organismos politizados disfrazados de entes públicos.

La gran pregunta que muchos nos hacemos hoy es por qué durante los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy se han llevado a cabo recortes sociales, subidas de impuestos y reformas que han perjudicado a los intereses de los ciudadanos —recordemos algunas de carácter fiscal o laboral— y, en cambio, no han abordado las reformas de la Administración pública y de las instituciones del Estado que tanto necesitamos. Mucho me temo que la respuesta vuelve a ser la de siempre: a los partidos políticos que han gobernado y que gobiernan nuestro país les interesa disponer de esas estructuras como agencias de colocación de cargos de confianza, de políticos venidos a menos e, incluso, en algunos casos, para poner al frente a comisarios políticos.

La primera parte de esa reforma debería empezar por los entes locales. En los últimos años los ayuntamientos han estado insuficientemente financiados —ya que el modelo de financiación local se ha demostrado insuficiente para las competencias que desarrollan los ayuntamientos— por lo que aprovecharon la bonanza económica y el «boom inmobiliario» para conseguir dinero mediante impuestos locales o recalificaciones de terrenos. Asimismo hemos visto cómo algunos partidos políticos han utilizado los municipios desde una perspectiva electoralista y no de servicio al ciudadano, lo que ha llevado a un gran endeudamiento —a veces las promesas electorales cuestan caras— al poner en marcha gigantescas construcciones e infraestructuras que después se han visto infrautilizadas. Es fácil encontrar en toda España bibliotecas que no se pueden financiar, campos de fútbol de césped artificial en pueblos de menos de cinco mil habitantes, rotondas por doquier, pabellones deportivos, piscinas climatizadas, etc. La reforma resulta imprescindible porque el endeudamiento de los ayuntamientos ha llevado a la quiebra a muchos de ellos.

En mi opinión, ha llegado el momento de plantear una fusión de municipios. Es un debate que lleva abierto varios años, pero los viejos partidos no quieren abordarlo porque son conscientes de que esa fusión les haría perder poder político. Algunos apelan al miedo y advierten de los inconvenientes de esta reforma: el argumento más utilizado es la pérdida de identidad, tradición y servicios, un planteamiento que cae por su propio peso, ya que esos municipios pasarían a ser distritos o pedanías de otro ayuntamiento mayor y, por tanto, no solo quedaría garantizado el servicio a los ciudadanos, sino que los servicios se mancomunarían y se mejoraría la gestión con una economía de escala de los contratos públicos, al tiempo que se optimizarían los recursos humanos. En el fondo, lo que ocurre es que no quieren abandonar los cargos y prescindir de ayuntamientos que pueden firmar contratos públicos con empresas privadas e, incluso, como hemos visto en algunos ejemplos de corrupción política, quedarse una comisión ilegal para ellos o para sus partidos, así como disponer de estructuras públicas para colocar a sus cargos de confianza.

Durante la última década, en algunos países de la Unión Europea se han fusionado entidades municipales para conseguir una economía de escala y mejorar los servicios a los ciudadanos con un coste menor. Actualmente hay en España 8.115 ayuntamientos, y se han realizado estudios que analizan esta posibilidad, tanto en algunas comunidades autónomas como a nivel nacional. Si se llevara a cabo dicha fusión con el criterio de que no se mantuvieran entes municipales que gestionan poblaciones de menos de cinco mil habitantes, el número quedaría reducido a unos mil ayuntamientos.

Desde un punto de vista racional y de servicio al ciudadano, que es el que debería primar en la Administración pública, esta fusión, junto a la creación de una adecuada mancomunidad de servicios, ofrecería un igual o mejor servicio a los ciudadanos y, repito, con un coste menor. Con seguridad estas medidas implicarían un descenso del número de cargos públicos, y algunos alcaldes pasarían a ser concejales. Pero los que pensamos que la Administración pública es un instrumento al servicio de los ciudadanos y no un fin en sí misma creemos que esta sería la mejor solución. Al fin y al cabo, a un ciudadano medio que quiera disfrutar de buenos servicios a cambio de sus impuestos lo que verdaderamente le importa es cómo se prestan dichos servicios y cómo se gestionan sus impuestos. Ser un distrito o una pedanía de un ayuntamiento mayor, más allá de cuestiones identitarias, no cambiaría la vida diaria de los ciudadanos. O quizá sí, porque con los mismos impuestos se tendrían mejores servicios y se sanearían las cuentas de muchos municipios.

Tras los ayuntamientos, el siguiente nivel administrativo que se debería reformar son las diputaciones. Antes de la España autonómica, el país estaba organizado territorial y administrativamente en provincias que fueron creadas a principios del siglo XIX. La diputación era el organismo administrativo que gestionaba un territorio y prestaba servicio a todos los municipios de esa demarcación. Ese modelo funcionó hasta la creación del Estado autonómico, cuando las autonomías comenzaron a asumir competencias del Estado central y la relación con los ayuntamientos de sus territorios. Esta situación dio lugar a un solapamiento de funciones, e incluso de poder político, que no se había previsto mediante la creación de un mecanismo transitorio para traspasar la mancomunidad de servicios, la gestión y el apoyo de esos ayuntamientos a los Gobiernos autonómicos. Actualmente, de manera incomprensible, hay comunidades autónomas que cuentan con una Consejería de Administraciones Públicas y Gobernación que posee algunas funciones en materia local y, a la vez, una Diputación en cada una de las provincias de dicha comunidad con funciones que podría desarrollar el Gobierno autonómico. La lógica nos lleva a pensar que se debería mantener una u otra estructura político-administrativa, pero en ningún caso las dos.

La realidad es que las diputaciones funcionan como agencias de colocación de los partidos políticos, más aún teniendo en cuenta que a los diputados provinciales no los eligen los ciudadanos —como sí ocurre con los autonómicos—, sino que son las ejecutivas de los partidos, apoyadas por los concejales de cada formación, las que deciden quiénes ocuparán esos cargos y cómo se organiza económicamente la diputación. Los escándalos que hemos conocido en estos últimos años en algunas diputaciones son una buena prueba de ello. Constituyen un espacio perfecto para la corrupción debido a su opacidad, al gran presupuesto que gestionan y al elevado número de contratos que dependen de ellas. En muchas diputaciones trabajan políticos que no han logrado entrar en un Parlamento autonómico o en un ayuntamiento, o cargos de partido que en realidad trabajan para sus formaciones pero cobran de la diputación.

La revisión es evidente y necesaria, y así lo reconoció el presidente González —uno de los principales impulsores del Estado autonómico— en unas declaraciones a la Cadena Ser realizadas el 16 de junio de 2011, cuando propuso «eliminar de una vez administraciones que no son útiles». En ningún caso, suprimir las diputaciones implicaría la desaparición de las provincias como demarcación territorial.

Es cierto que una parte de los presupuestos de las diputaciones se destina a dar servicios a los ciudadanos, pero también que se ahorraría mucho dinero si se mancumunaran servicios y su gestión se trasladase a los Gobiernos autonómicos o a empresas especializadas que apoyaran a los ayuntamientos. Para prestar servicios comunes a diferentes municipios no hace faltan cargos políticos ni cargos de confianza, ni contar con toda una estructura administrativa. Suprimir las diputaciones ahorraría costes al ciudadano y permitiría agilizar la mancomunidad de servicios en el ámbito provincial, lo que repercutiría en una mejora estratégica general. Por ejemplo, en una determinada región de una parte de España, una serie de ayuntamientos con un interés común —por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona, una denominación de origen como Ribera del Duero o una zona turística como la Costa del Sol— podrían ponerse de acuerdo para disponer de ciertos servicios de forma mancumunada más allá del hecho de pertenecer a una provincia u otra.

Y no solo deberían suprimirse las diputaciones, sino también algunos «inventos» político-administrativos que, en realidad, responden más al «politiqueo» que a prestar servicio a los ciudadanos. En la década de los ochenta, en Cataluña, la Generalitat —gobernada entonces por Jordi Pujol—, para compensar el poder de las cuatro diputaciones catalanas, gobernadas por el PSC, dio carta blanca para la creación de los consejos comarcales, que no son más que organismos políticos de los que forman parte más de mil cargos públicos designados por los partidos. Estos consejos tienen muy pocas funciones reales, ya que el grueso de las competencias las asumen los municipios, las diputaciones o la comunidad autónoma, aunque sí necesitan de recursos económicos para mantenerse. Su existencia en algunas comunidades autónomas, lejos de aumentar el bienestar de los ciudadanos, implica una carga económica más para el erario público y una mayor burocracia para gestionar cualquier asunto.

Ciudadanos ha propuesto en el Parlamento de Cataluña la supresión de estos consejos comarcales, así como llevar al Congreso de los Diputados la de las diputaciones. El rechazo de los partidos que defienden la partitocracia ha sido unánime y han impedido que nuestra propuesta saliera adelante. Hemos visto cómo ellos, sean o no nacionalistas, se aliaban y votaban a favor del mantenimiento de esas estructuras. Aun así, estamos convencidos de que la mayoría de ciudadanos desea una administración más ágil, menos burocrática, menos costosa para su economía y que preste mejores servicios. Y eso solo será posible modernizando los entes públicos y asumiendo que hay que soltar lastre.

El último nivel de reformas afectaría a las propias comunidades autónomas. Muchos aspectos del modelo de Estado autonómico reproducen una organización de corte federal en un país descentralizado, pero con una soberanía única y nacional que reside en todos los ciudadanos. Hay quien defiende que el principal motivo del avance de la democracia española fue el modelo autonómico que se creó y se desarrolló después de la Constitución de 1978. Pero también hay quienes creen que su desarrollo es el principal responsable de los problemas de España y que debería volverse al modelo centralista.

En mi opinión, ni el modelo de Estado autonómico es una varita mágica ni está exento de errores. Y ni mucho menos es el principal problema de nuestro país. Hay naciones centralistas, como Francia, que funcionan razonablemente bien, mientras que otros países, como Alemania, Austria o Estados Unidos, son de corte federal, lo que implica que sus estados —que equivalen a nuestras autonomías— tienen amplias competencias y han conseguido niveles altos de bienestar y democracia. Por tanto, no podemos considerar al Estado autonómico ni como la solución ni como el problema, sino como un modelo que se puede perfeccionar, racionalizar y modernizar.

El verdadero obstáculo que ha encontrado el Estado autonómico en su desarrollo no es la descentralización de competencias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, sino el perverso sistema de partidos existente y, sobre todo, el peso y la tutela de las formaciones nacionalistas. España no ha seguido una hoja de ruta en la que se fueran cediendo competencias y suprimiendo entes a la vez que se creaban otros nuevos, y los viejos partidos tampoco fijaron un punto y final que acabara con la fase de descentralización. Se trata de un modelo permanentemente abierto, fruto de los pactos entre los diferentes Gobiernos nacionales y los partidos nacionalistas, que ha llevado a cuestionar al propio Estado —empezando por el Capítulo Octavo de la Constitución, que dejó abierto el desarrollo del Estado autonómico—. La transferencia de las competencias autonómicas no es el resultado de pactos entre las comunidades autónomas y los Gobiernos de España pensando en el bienestar ciudadano, sino de las exigencias de los partidos nacionalistas y separatistas, pues de ese modo obtienen más poder político en las comunidades que gobiernan estos partidos. Estas transferencias han sido mimetizadas y asumidas por el resto de las autonomías, en algunos casos gobernadas por partidos regionalistas o por las versiones regionalistas de los principales partidos nacionales, como PP, PSOE e Izquierda Unida.

En mi opinión, España se ha desarrollado de una manera táctica y no estratégica; no ha habido sino improvisación, intereses de poder y, en muchos casos, abandono del interés general. Por eso creo que ha llegado el momento de cerrar definitivamente el modelo autonómico y dejar claro qué competencias son exclusivas del Estado, innegociables y básicas para el funcionamiento del país; cuáles asumen las comunidades autónomas y, finalmente, cuáles asumen los ayuntamientos. Necesitamos poner un punto y final al desarrollo autonómico y abandonar la permanente reivindicación de competencias por motivos políticos e identitarios, muchas veces injustificada, innecesaria y perjudicial para el interés general.

Hay muchísimos ejemplos que demuestran que los Gobiernos autonómicos no solo han pretendido gobernar sus autonomías, sino copiar o duplicar instituciones que ya existen en la Administración General del Estado, en la Unión Europea o en futuras instituciones que deberían ser comunitarias. Desde los Defensores del Pueblo hasta los Tribunales de la Competencia Autonómicos, pasando por los Tribunales o Sindicaturas de Cuentas o por las mal llamadas «embajadas autonómicas». Muchos ciudadanos se preguntan si es necesario que las comunidades tengan embajadas que trabajen de forma independiente para sus propios fines, en incluso, como en el caso de Cataluña, en contra de los intereses de España y de la Unión Europea. Sería mucho más lógico que todas las comunidades trabajasen bajo la dirección y coordinación de la Embajada española para defender los intereses económicos, culturales y turísticos de las diferentes comunidades autónomas y creando sinergias entre sí y en favor de todos. En lugar de crear un solo ente, o un consorcio de entes territoriales, los ejemplos anteriores son nuevas figuras, nuevas empresas públicas y nuevas instituciones que en muchos casos duplican unas funciones que podrían desarrollarse a nivel estatal o a nivel comunitario en la Unión Europea.

Debemos ser capaces de lograr un modelo en el que la descentralización y la autonomía sean inseparables a la lealtad institucional y a la unión. Las autonomías no pueden ser el trampolín de lanzamiento de un nuevo Estado que acabe rompiendo la nación ni tampoco el cortijo o la masía donde los poderes políticos, locales o autonómicos se afinquen para tejer aun mayores lazos de clientelismo o corrupción. El Estado autonómico tiene que tener como único fin servir mejor a los ciudadanos y no servir mejor a los partidos políticos y sus dirigentes.

Para conseguir un Estado descentralizado también es fundamental que la Administración General del Estado y el Gobierno nacional asuman que hay decisiones que no pueden tomar solos, sino que deben contar con quienes tienen competencias para ello. De manera que, si uno realiza recortes en educación y sanidad o intenta aplicar impuestos que van a repercutir en la gestión autonómica o local, debería tener en cuenta a los representantes autonómicos de cada sector y en algunos casos también a la Federación de Municipios de toda España. Tan poco recomendable es que una autonomía actúe fuera de sus competencias como que un Gobierno central no asuma que algunas competencias están cedidas y que deben coordinarse con los Gobiernos autonómicos.

Otra institución que está pendiente de reforma son las Cortes Generales. La Constitución de 1978 establecía un sistema de doble cámara compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. El Senado debería ser una cámara de segunda lectura y recoger la representación territorial de las diferentes autonomías, pero, de facto, es en el Congreso de los Diputados donde se toman las decisiones importantes, tanto de ámbito nacional como de asuntos que afectan a todos los territorios de España. La realidad es que se ha convertido en un cementerio de «elefantes políticos», y la percepción que de él tienen los ciudadanos es que se trata de un órgano con muchos miembros, muy poco transparente, sin competencias exclusivas que lo justifiquen y lleno de expolíticos que, una vez acabadas sus carreras, son designados por sus formaciones para gozar de una jubilación plácida y dorada. Algunos ejemplos son el expresidente de Cataluña, José Montilla; el exconsejero del Gobierno catalán, Joan Saura, o el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán —que ha mantenido su cargo en el Senado para poder continuar aforado en el proceso de corrupción de los ERE de Andalucía—. Estos son algunos de los muchos ejemplos de políticos que, en lugar de jubilarse, volver al sector privado o a su trabajo anterior, prefieren vivir a costa de un organismo para el que han prometido unas reformas que no llevan a cabo, porque a ellos y especialmente a sus partidos les conviene que todo siga igual.

Respecto al Senado español solo hay dos opciones: reformarlo o suprimirlo. Si mantenemos el sistema autonómico como modelo de descentralización política y territorial, lo razonable sería tener un Senado al estilo de los países de corte federal: más racional y con competencias en asuntos territoriales y con menos senadores, elegidos, eso sí, en representación de las autonomías. En Estados Unidos, por ejemplo, hay dos senadores por estado, y hablamos de un país de trescientos cincuenta millones de habitantes. En cambio, en España, una parte de los senadores son elegidos en las urnas por los ciudadanos —al menos en teoría—, pero otra parte es designada directamente por los Parlamentos autonómicos hasta completar un número total de doscientos sesenta y seis senadores. En este sentido, debería establecerse un límite para que los senadores de los partidos nacionalistas, que tienen como único fin la defensa de los intereses de un determinado territorio y no el interés general, sean escogidos en toda España, o en la mayoría de circunscripciones españolas, y no solo en las de una comunidad autónoma, tal y como ocurre, por ejemplo, en el modelo alemán.

Suelo viajar dos o tres veces al mes a Madrid para mantener reuniones de trabajo, participar en mesas redondas, impartir conferencias o atender a los medios de comunicación. Sin embargo, el 22 de abril de 2013 llegué a Madrid por un motivo completamente diferente: mantener una reunión con el príncipe de Asturias. Como hago habitualmente, viajé en AVE y cuando llegué a la estación de Atocha me recogió un coche que me llevaría al Palacio de la Zarzuela. No era la primera vez que visitaba el palacio, ya que unos meses antes había mantenido una reunión privada con el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno. Tampoco era la primera vez que me encontraba cara a cara con el príncipe, a quien había tenido ocasión de saludarle y charlar brevemente con él en la inauguración de la línea del AVE entre Barcelona, Gerona y Figueras —don Felipe presidió la ceremonia como príncipe de Gerona—. Sin embargo, esta vez mi visita cobraba mayor importancia porque me iba a reunir con él en una audiencia privada en su despacho oficial de la Zarzuela.

Al llegar al recinto de la Zarzuela me acredité y en el mismo coche me llevaron hasta el acceso del edificio principal, conocido como «Puerta de Cristales» —que es la que se usa para las audiencias y visitas que reciben el rey, la reina y los príncipes de Asturias—. Desde el momento en que crucé la puerta del recinto de la Zarzuela tuve la sensación de encontrarme en un entorno que transmitía solemnidad y sobriedad. Si siete años antes, cuando empezábamos a organizar nuestra plataforma ciudadana en bares y centros cívicos e improvisando mesas informativas en la calle, me hubiesen dicho que me reuniría con el príncipe Felipe no me lo hubiese creído. Pero ahí estaba, en representación de casi trescientos mil catalanes que habían confiado en Ciudadanos en las últimas elecciones. Creo que, con buen criterio, el príncipe quería conocer la opinión de una nueva formación nacida en el siglo XXI sobre la situación política de España en su conjunto y de Cataluña en particular.

Antes de reunirme con don Felipe estuve unos minutos intercambiando impresiones con Jaime Alfonsín, jefe de su Secretaría. Después entré en el despacho, una sala elegante y austera, donde el príncipe recibe a ministros, políticos, empresarios, personalidades de la cultura y de la sociedad en general. La reunión duró unas dos horas y tuve ocasión de transmitirle la necesidad de abrir una nueva etapa política y democrática que ilusione a los ciudadanos, de modernizar nuestras instituciones y Administraciones públicas y de llevar a cabo algunas reformas democráticas urgentes. Asimismo le expliqué nuestra percepción de lo que está ocurriendo en Cataluña, y le di mi opinión sobre la necesidad de un proyecto común español atractivo como el mejor antídoto contra los intentos de destruir la convivencia y la unión por parte de los políticos separatistas.

Algunos amigos y conocidos que habían estado con el príncipe me habían comentado su buena preparación, su estrecho contacto con la actualidad política e institucional y su conocimiento sobre las opiniones de los diferentes actores políticos españoles. Me sorprendió gratamente su capacidad de escucha, el conocimiento de la situación política y su conciencia sobre la difícil situación, no solo económica, sino también institucional, que vive nuestro país. Me llamó la atención su interés por conocer mi trayectoria profesional y mi forma de compaginar la vida política con la vida personal y familiar, así como por mi presencia en las instituciones o en los medios de comunicación. Finalmente, tras un buen rato charlando en su despacho, nos hicimos una foto que después, amablemente, don Felipe se encargó de enviarme con una dedicatoria. Yo llevaba el pin de plata del corazón tribandera de Ciudadanos con la bandera de España, la bandera autonómica catalana y la europea —una edición especial que habíamos hecho para los nueve diputados de la actual legislatura—. Me lo quité de la solapa de mi chaqueta y se lo entregué a don Felipe, pensando que ese corazón simboliza lo que en realidad representa la Jefatura del Estado: una España diversa, unida y dentro de la Unión Europea.

En este momento en que la Corona está más cuestionada que nunca por el caso Urdangarin, también la Jefatura del Estado debería ser objeto de las reformas y renovaciones necesarias para impulsar una institución más profesional, más transparente, más cercana a los ciudadanos, más austera y con una intachable voluntad de servicio público. Estoy convencido de que, al margen de algunas minorías que legítimamente defienden un discurso dogmático sobre el modelo de Estado, ya sea en favor de la república o de la monarquía, la mayoría de españoles somos constitucionalistas y pragmáticos, y únicamente pedimos a nuestro jefe del Estado y a la Casa Real que se adecúen a los tiempos que vivimos, igual que el resto de instituciones, y que transmita la imagen de España que todos queremos.

Después de mi encuentro con el príncipe, reafirmo mi convicción de que, llegado el momento, estará a la altura de las circunstancias, aunque deberá lidiar con acierto la actual crisis de confianza que existe sobre las instituciones, y particularmente sobre la Corona, si quiere salir reforzado y ser el futuro rey de España. No le falta preparación, ni capacidad, ni tampoco apoyo, si la gestión de la transición de la Jefatura de Estado se pilota de una manera inteligente, ágil y su entorno familiar e institucional se lo permiten. El futuro rey de España debe entender que a quién hay que servir y convencer es a los ciudadanos españoles.

En una monarquía parlamentaria como la nuestra, el rey de España es rey porque así lo queremos la mayoría de españoles, y no por gracia divina o por una cuestión hereditaria. Fuimos los ciudadanos quienes decidimos en su día tener un sistema constitucional con una monarquía parlamentaria y también quienes podemos cambiar el modelo. Por tanto, el prestigio y la autoridad moral que el príncipe don Felipe adquiera serán los principales factores determinantes para que España siga siendo una monarquía parlamentaria o deje de serlo para convertirse en una república. Si el príncipe es capaz de ser el primer funcionario de España y participa de una nueva etapa política y democrática en las formas y en el fondo, estoy convencido de que, entonces, veremos a don Felipe como jefe del Estado. Si la Casa Real, el príncipe de Asturias y los partidos políticos siguen en el inmovilismo y en políticas reactivas y no activas, estarán cavando la tumba de la institución monárquica.

Existen en la actualidad dos vacíos legales flagrantes. El primero, la ausencia de una ley que debería regular el Estatuto de la Corona y de la Casa Real, una legislación que la Constitución prevé y que permitiría saber quiénes son considerados miembros de la Casa Real y quiénes simplemente familiares, lo que determinaría las incompatibilidades entre la vida pública, la privada y los negocios. El segundo vacío legal hace referencia a la Ley de Transparencia, que parece se aprobará antes de que finalice la legislatura 2011-2015. Sería un error dejar al margen, exenta de los criterios de transparencia, a la Jefatura del Estado. No hay que tener miedo de que los ciudadanos sepan a dónde va a parar el dinero de sus impuestos. La mayor garantía de confianza es la información y sería deseable que la Corona liderara la voluntad de someterse a esta ley, cuestión que deberían entender todos los partidos políticos y, de un modo especial, el que gobierna España con mayoría absoluta, el Partido Popular.

La sociedad el siglo XXI necesita administraciones e instituciones del siglo XXI. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y comunicado a través de las redes y medios de comunicación, que hacen que los ciudadanos estén cada vez más informados. Las nuevas generaciones de personas que han nacido en democracia no están dispuestas a resignarse y, por suerte, empiezan a cuestionar en qué se gasta el dinero de sus impuestos a la vez que se preguntan qué democracia quieren. Para que los ciudadanos recobren la confianza en los representantes públicos, es fundamental afrontar la reforma institucional en todos los ámbitos, no solo por motivos económicos, de agilidad y de servicio a los ciudadanos, sino por razones de índole democrática. Desde un concejal de un pequeño ayuntamiento de España hasta los elegidos para gobernar la Unión Europea, todos deben ser conscientes de que las instituciones a las que representan son instrumentos al servicio de los ciudadanos, y nunca al revés.

9
UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

Yo nací en el seno de una familia de comerciantes. Mi abuelo paterno, mis padres y mis tíos se dedicaron —muchos lo siguen haciendo— al comercio minorista en Cataluña. En mi casa he escuchado cientos de conversaciones y he vivido multitud de situaciones que me permiten afirmar que los autónomos y los emprendedores se llevan la peor parte de los trabajadores —trabajan tanto o más que los contratados por cuenta ajena, pero tienen menos derechos laborales— y de los empresarios —arriesgan lo mismo o más que los grandes empresarios, y sus dificultades para montar su negocio son enormes—. Probablemente, debido a mi origen familiar, me cuesta mucho entender que en pleno siglo XXI algunos sigan defendiendo una supuesta lucha de clases entre empresarios y trabajadores.

Uno de los grandes logros de la Constitución española de 1978 fue asentar las bases de una economía de mercado y, a la vez, garantizar un Estado social y de bienestar. Ambas características me parecen irrenunciables. Necesitamos empresas y empresarios que creen riqueza y puestos de trabajo; necesitamos trabajadores con derechos sociales que trabajen en esas empresas, y necesitamos un Estado que redistribuya la riqueza para garantizar el bienestar y el mantenimiento de una amplia clase media. En mi opinión, creo que es tan importante la creación de riqueza como su redistribución, pues solo así se podrá mantener una sociedad próspera y verdaderamente cohesionada.

Pese a ser el menos malo de los sistemas que conocemos, sin duda la economía de mercado tiene defectos y de ahí que sea imprescindible su regulación. Partiendo de la base de que siempre debe estar al servicio de los ciudadanos y no al revés, creo que es fundamental hacerse la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos para que la economía funcione? El primer objetivo de un sistema capitalista es la generación de riqueza, y para que funcione debe ponerse en marcha un círculo virtuoso. La chispa que lo hace funcionar se llama empresa: si no hay empresas, no hay economía y, por tanto, no hay país. Y si no se genera riqueza, esta no se puede distribuir y solo obtenemos miseria. De modo que el esfuerzo principal de un Gobierno, especialmente en una época de crisis, debería dirigirse a garantizar que las empresas que ya existen sigan funcionando, a evitar que se destruyan puestos de trabajo y a generar otros nuevos. Si hay empresas, habrá trabajadores, y estos deben tener unas condiciones sociales dignas y unos salarios justos en función del trabajo que realizan. Los trabajadores serán así consumidores, que aportarán en impuestos una buena parte de sus salarios y otra en el bienestar de sus familias. Si hay trabajadores, habrá consumo, se incrementarán las cotizaciones a la Seguridad Social y se garantizará una recaudación de impuestos que se podrán distribuir de una manera justa, lo que dará lugar a una sociedad con igualdad de oportunidades. Por otro lado, las cotizaciones sociales recaudadas garantizarán las pensiones futuras de quienes se jubilan después de trabajar toda su vida.

Si se reactiva la economía y recaudamos más impuestos, se podrá producir un debate legítimo sobre cómo se redistribuye la riqueza. Soy partidario de una sociedad en la que todo el mundo tenga acceso a ciertos servicios básicos, como una educación gratuita y universal, una sanidad pública, unos servicios sociales dignos y una justicia y una seguridad ágiles y efectivas. La cuestión clave no es si debemos o no pagar impuestos, puesto que es evidente que en una sociedad avanzada el Estado debe recaudar, sino cómo se redistribuye esa riqueza entre los ciudadanos y, sobre todo, cómo se gasta y cómo se invierte el dinero recaudado. En nuestro país hemos visto que en épocas de «vacas gordas», coincidiendo con la burbuja inmobiliaria y financiera, se ha despilfarrado muchísimo dinero en construcciones innecesarias —aeropuertos, carreteras e instalaciones municipales— que atendían únicamente a criterios electoralistas y que incluso ocultaban y han dado lugar a casos de corrupción

¿Cuál es el principal error en el que en su momento cayó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que está repitiendo el de Mariano Rajoy? Se está focalizando toda la acción de gobierno en el control del gasto público —que, por supuesto, es necesario— pasando por alto lo imprescindible: la reactivación económica, la diferencia entre gasto e inversión y la redistribución de la riqueza, que es la única manera de que la economía de las clases medias no se desmorone. Estoy de acuerdo con que las Administraciones públicas deben gastar menos y mejor —recordemos que lo hacen con el dinero de los ciudadanos—, pero la cuestión clave es cómo generar más ingresos. Hasta la fecha, la política del Gobierno de Rajoy se ha centrado en las subidas de impuestos (principalmente IVA e IRPF), que afecta a las clases medias, y llevando a cabo recortes en servicios fundamentales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, sin reducir el gasto en estructuras políticas, burocracia y duplicidades administrativas que no prestan servicio alguno a los ciudadanos.

Como dije antes, los esfuerzos deberían ponerse en el mantenimiento y en la creación de empresas, que son las que generan empleo. En mi opinión, se trata de implantar una política contraria a la actual: deberían bajar los costes de contratación para autónomos y empresarios, pues de ese modo habría más personas trabajando y se reduciría un importante gasto del Estado, que es quien acaba pagando las prestaciones por desempleo y los subsidios. Es verdaderamente preocupante que el principal foco de atención de la Reforma Laboral del Gobierno del Partido Popular haya estado en la reducción del coste del despido —es cierto que en este sentido debíamos adaptarnos a la media europea, que está en torno a los veinticinco o treinta días por año trabajado—, sin abordar el principal lastre del sistema laboral: los altos costes que deben soportar autónomos y empresarios a la hora de contratar a un trabajador. Así, por ejemplo, para que un trabajador reciba un salario «mileurista», el coste íntegro de ese contrato para el empresario acaba siendo de alrededor de los mil quinientos euros. Lo cierto es que se está incrementando el precio de la contratación sin que ese incremento vaya a parar a los bolsillos del trabajador, sino al Estado. Y el resultado es solo uno: frenar aún más la voluntad de contratación por parte de los empresarios. De nada sirve subir el tanto por ciento de las cotizaciones sociales del empresario si finalmente este acaba contratando a menos trabajadores.

Lo mismo sucede con los impuestos. El ejemplo más claro lo tenemos en el cambio de tipo de IVA de los productos culturales, que estaban dentro de la categoría de IVA reducido (pagaban un 8 %), pero han pasado al tipo general (ahora pagan un 21 %). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nos «vendió» la subida de IVA y el cambio de tipo de algunos productos como la única forma de recaudar más ingresos para el Estado. Sin embargo, la medida ha tenido el efecto contrario. Los empresarios del sector cultural demostraron que la subida del IVA no ha supuesto una mayor recaudación para el Estado, pues se ha traducido en un descenso del consumo, en nuevos despedidos y en menos empresas activas pagando impuestos debido a la pérdida de ingresos o incluso al cierre. Un mal negocio para todos. El Estado recauda menos, los empresarios tienen que cerrar sus empresas, los trabajadores cobran menos o son despedidos y los ciudadanos consumen menos cultura debido al mayor coste. Ha quedado demostrado que la subida de los tipos impositivos no supone ipso facto una mayor recaudación, e incluso en momentos tan críticos como el actual puede ser una medida contraproducente. Por si fuera poco, si además se suben los impuestos directos (IRPF) en los tramos en los que se encuentran las clases medias, el poder adquisitivo de las familias se reduce y, por tanto, disminuye su capacidad de gasto.

El principal problema de las cuentas públicas de nuestro país no se halla tanto en el gasto público excesivo que se produjo durante los años de bonanza, sino en la caída de ingresos por la crisis económica y el agujero de las cajas de ahorro.

La imagen de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, amigo personal del expresidente José María Aznar y uno de los hombres más poderosos del sistema financiero español, saliendo bajo fianza de la cárcel de Soto del Real refleja a la perfección el derrumbe y la mala gestión del sistema de cajas de ahorro españolas y, especialmente, de todas aquellas entidades en las que los partidos políticos han metido las zarpas. Como en otros muchos otros casos, Blesa fue designado directamente por el Partido Popular, que controlaba el consejo de administración de Caja Madrid —por cierto, también estaban presentes otros partidos, como el PSOE, IU o la patronal y los sindicatos—. El sistema español de cajas de ahorro, que por definición, en sus dos siglos de historia, se dirigía al fomento del ahorro y la obra social, se ha derrumbado en buena medida a causa de la mala gestión de los partidos políticos. No es casualidad que las cajas con una importante presencia política en sus consejos de administración sean las que hayan liderado el agujero financiero que ahora estamos pagando todos los españoles con las subidas de impuestos y los recortes en servicios públicos.

El expresidente José Luís Rodríguez Zapatero pronunció en cierta ocasión una frase que pasará a la historia por ser una de sus afirmaciones más desafortunadas. En un acto organizado en Nueva York por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, el expresidente dijo: «El sistema financiero español es el más sólido del mundo». Pocos años después los españoles hemos tenido que pagar la factura de un sistema bancario politizado y lleno de agujeros que, en definitiva, ha provocado un rescate de la Unión Europea que estamos pagando todos.

Tanto es así que España, pese a no haber sido formalmente intervenida por el Eurogrupo, como sí sucedió en el caso de Grecia, Portugal o Irlanda, de facto sí lo ha sido a través del llamado «rescate bancario», un rescate que nos ha obligado a aceptar unas condiciones y «deberes» impuestos trimestralmente por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Según el informe de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) del 24 de enero de 2014, casi el cien por cien las cajas se han convertido en bancos, mediante un rescate en el que Bankia —liderada por la antigua Caja Madrid— se ha llevado la cantidad mayor, 22.424 millones de euros, seguida de CatalunyaBanc —encabezada por la antigua Caixa Catalunya— con 12.052 millones, y NCG Banco —liderada por Caixa Galicia— con 8.981 millones. De este enorme agujero de casi cuarenta mil millones de euros, a los españoles no nos van a devolver prácticamente nada. De hecho, algunas de estas entidades se están vendiendo por la cantidad simbólica de un euro cuando han sido rescatadas con miles de millones de los presupuestos públicos. Podemos concluir que los ciudadanos le hemos hecho una gran «quita», con el dinero de nuestros bolsillos, a las cajas de ahorro que nuestros políticos han arruinado.

Al tiempo que hemos rescatado a las cajas, se ha creado el llamado «banco malo», la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), que no es más que un banco público que se ha quedado con todos los activos inmobiliarios que tenían las cajas y bancos rescatados. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, esos activos bajaron mucho de precio y ahora se contabilizan como viviendas en el balance de una empresa pública. La SAREB debería poner a la venta esos activos para recuperar parte de lo prestado a las cajas de ahorro y, en el caso de no poder venderlos, debería crear una bolsa de alquiler social para salvar a muchos ciudadanos de vivir en la calle. De hecho, nos hemos encontrado con la tremenda paradoja de que muchos han perdido sus viviendas tras la ejecución de sus hipotecas por parte de entidades como Caja Madrid, Caixa Catalunya o Caixa Galicia, entre otras muchas, cuando han sido esos mismos ciudadanos, con sus impuestos, quienes las han rescatado. Este modelo de rescate es de por sí tremendamente injusto, pero que esos mismos bancos y cajas de ahorro que han quebrado por mala gestión les quiten sus viviendas a los ciudadanos y se las acabe quedando el Estado roza lo inhumano.

Los Gobiernos de la nación nos «vendieron» que el rescate financiero serviría para que las entidades rescatadas inyectaran crédito a la economía española. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Las entidades rescatadas, lejos de conceder créditos a los autónomos, a las empresas o a las familias para reactivar el consumo y la creación de riqueza, deniegan sistemáticamente buena parte de las solicitudes y, cuando las aprueban, lo hacen a un interés que roza lo abusivo, pues manejan unos márgenes altísimos si los comparamos con los tipos con los que presta el Banco Central Europeo. Actualmente, una póliza de crédito concedida a un autónomo se paga a un interés de entre un 11 y un 12 %, cuando el Banco Central Europeo presta a las entidades a poco más de un 1 %.

Nuestros Gobiernos nos mintieron al asegurarnos que el rescate tenía como principal objetivo inyectar dinero a la economía española; en realidad, solo ha servido para salvar las cuentas de ciertas entidades, para pagar pensiones vitalicias e indemnizaciones millonarias a sus directivos y, sobre todo, para comprar deuda pública del Estado y conseguir así frenar la fiebre de los mercados y el ascenso de la prima de riesgo. Podemos hablar de una estafa en toda regla, puesto que el dinero de los ciudadanos se ha destinado a un objetivo fraudulento y contrario al que los presidentes del Gobierno nos dijeron. Estoy seguro de que muchos españoles no se opusieron en su día al rescate de las cajas y bancos porque pensaron que se trataba de una medida necesaria para reactivar la economía y volver a tener acceso al crédito. Nunca imaginamos que el objetivo sería tan diferente y tan alejado de nuestras necesidades.

Ni mucho menos soy partidario de dejar que el sistema financiero se hunda, pues es un sector estratégico y fundamental en una economía de mercado, pero una economía capitalista sin crédito es como una red de carreteras sin gasolineras. La factura del rescate la hemos pagado —y lo seguimos haciendo— con el argumento de servir gasolina a las gasolineras para que estas distribuyan el combustible entre los vehículos de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad es que el dinero no ha servido para comprar gasolina —que sería el crédito— y que las gasolineras hagan su función —que serían las entidades financieras—, sino que se ha destinado a salvar sus cuentas y las de sus directivos. Siguiendo con el símil, podríamos decir que buena parte de la gasolina servida a las gasolineras no se ha puesto a disposición de los ciudadanos para llenar el depósito de los vehículos, sino que se ha entregado a los Gobiernos para salvar su falta de combustible.

«Las preferentes son un producto financiero complejo que se ha vendido a personas que no tenían el perfil, sino que eran clientes minoristas y ancianos». El 24 de marzo de 2012, en el programa El Gran Debate de Telecinco, presentado por Jordi González y Sandra Barneda, Pau A. Montserrat, extrabajador de banca y analista económico, explicó así lo que se ha venido a llamar el «corralito español»: una estafa colectiva que ha afectado a casi un millón de familias. No puedo estar más de acuerdo con su afirmación. Las preferentes nunca deberían haberse comercializado de forma generalizada en la red de oficinas de las entidades financieras, puesto que son un producto complejo y de alto riesgo. Deben dirigirse a la banca de inversión y a la banca privada, donde el cliente tiene un perfil más acorde con la complejidad y los riesgos de este tipo de productos.

Estuve cuatro años —entre 2002 y 2006— trabajando en la entidad financiera La Caixa, uno de ellos en una oficina y los tres restantes en el departamento jurídico. Por aquellos años soplaban vientos favorables para el país en general y para la banca en particular. A día de hoy, tras haber visto lo que ha sucedido con la compra-venta viciada de preferentes por miles de personas que no sabían lo que compraban y haber hablado con antiguos compañeros de la banca, puedo afirmar que no solo había desconocimiento por parte de quienes compraban, sino también por parte de quienes vendían. Desde 2000, las preferentes se convirtieron en uno de los productos estrella de las entidades financieras, con una rentabilidad más alta que un depósito y una solvencia aparente basada en la imagen de una banca fuerte. Su mismo nombre, «participaciones preferentes», es engañoso, puesto que, en realidad, son todo lo contrario. De hecho, quienes han comprado estos productos subordinados han sido los primeros en pagar los platos rotos del hundimiento de las cajas y de los bancos españoles. Son miles las familias que invirtieron sus ahorros en lo que los propios vendedores de las oficinas consideraban —casi siempre de buena fe— un buen producto. No hay que olvidar que muchos de ellos y sus familiares compraron preferentes pensando en su fiabilidad y en la alta rentabilidad de sus ahorros. No se trata de culpar a todos los empleados de la banca en general, sino de buscar a los verdaderos responsables que decidieron vender estos productos a clientes minoristas que no daban el perfil de inversor.

Todas las entidades financieras españolas vendieron preferentes, tanto las que han sido rescatadas con dinero público como las que no lo fueron. De ahí que la máxima responsabilidad no solo recaiga en los consejos de administración de las entidades, sino también en el Estado. Ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni el Banco de España —organismos supervisores y reguladores del mercado financiero—fueron capaces de detectar el enorme riesgo que se estaba corriendo con la venta de este tipo de productos y con la mala praxis que se estaba produciendo en las oficinas. Un Banco de España y una CNMV verdaderamente independientes del poder político y de los lobbies financieros podrían haber evitado la creación de este «corralito», siempre con el ánimo de proteger a los consumidores y vigilando la gestión. Sin embargo, parece que, lejos de aprender de lo sucedido, se siguen cometiendo los mismos errores. Si al frente del Banco de España estuvo Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un exsecretario de Estado de los Gobiernos del PSOE, el PP ha puesto al frente de la CNMV a Elvira Rodríguez, una diputada y militante de ese partido. Está claro que las formaciones políticas prefieren mantener el control sobre el poder financiero situándose al frente de las instituciones reguladoras, en lugar de nombrar a verdaderos profesionales que actúen con independencia.

Pero lo peor del caso de las preferentes no es la estafa en sí, sino la falta de respuesta por parte de las instituciones del Estado ante el drama que se ha generado en tantas familias españolas. Hemos tenido que rescatar con dinero público a entidades financieras que ahora no quieren devolver el dinero estafado a sus clientes. Y mi pregunta es: ¿no deberíamos ser capaces de rescatar a las víctimas de esas entidades? Evidentemente, no todos los casos ni todos los compradores de preferentes eran ancianos o minoristas sin conocimiento sobre lo que adquirían y, con seguridad, también hubo mucha gente que invertía en ese producto de riesgo sabiendo lo que compraba. Sería oportuno que las instituciones del Estado hicieran un análisis pormenorizado, caso por caso, del consentimiento dado en cada contrato para saber si las personas que compraron preferentes lo hacían conociendo los riesgos o si lo hacían totalmente a ciegas. No es suficiente alegar que los clientes firmaban un contrato —de adhesión— para ese producto bancario, pues se ha sabido que en muchas ocasiones ni se les informaba y era la propia entidad la que se encargaba de dar el visto bueno a la CNMV. Si las entidades valoraban y aprobaban el perfil inversor de personas que no sabían ni leer ni escribir, es evidente que las responsables son ellas, pero también lo son la CNMV y el Banco de España por no haber tomado cartas en el asunto.

Otro drama humano relacionado con el fracaso de nuestro sistema financiero tiene que ver con la incapacidad de muchos españoles para hacer frente al pago de sus hipotecas y con los desahucios. Según datos del Banco de España, en 2012 fueron entregadas a cajas y bancos 23.337 viviendas. Es obvio que cuando compramos un piso y pedimos un préstamo hipotecario, asumimos ciertas responsabilidades y sabemos que, si se deja de pagar el préstamo, se puede perder la casa en favor del banco que te prestó el dinero. Pero también sabemos que en España, en muchos casos, las entidades financieras concedieron préstamos hipotecarios muy por encima del valor real del piso que se estaba adquiriendo. No solo daban el visto bueno, sino que incluso animaban al cliente para que pidiera más dinero, aceptando tasaciones infladas que respondían más al interés comercial de dichas entidades que a la valoración técnica del inmueble. En el mejor de los casos, las empresas de tasación actuaban de la mano de las entidades financieras, pero a veces estaban participadas en su accionariado por los propios bancos, lo que cuestiona su independencia. Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, esas mismas viviendas valen ahora un 30 o un 40 % menos de lo que costaron y del precio por el que fueron tasadas.

Con la crisis, muchas de las personas que adquirieron una vivienda han perdido su trabajo o sus empresas y son incapaces de afrontar el pago de los préstamos. La situación, entonces, se vuelve surrealista: tienen que entregar su piso al banco y, además, seguir pagando un préstamo durante el tiempo establecido por contrato, cuando ni siquiera pueden ya disfrutar de esa vivienda. Teniendo en cuenta la situación actual, se hace imprescindible que, en ciertos casos, la justicia aplique la dación en pago, que no es más que entregar la casa con el fin de liquidar la deuda contraída con el banco. Bastante doloroso es perder tu hogar como para, además, seguir pagando durante toda la vida un préstamo por un piso en el que no puedes vivir. No obstante, en mi opinión, la dación en pago es una figura jurídica que no se puede aplicar de forma indiscriminada, sino que debe analizarse caso por caso. No es lo mismo que unos padres de familia sin trabajo ni ingresos se vean obligados a seguir pagando el piso que compraron, que un inversor que se dedica a comprar y a vender deje de pagar un préstamo y se acoja a la dación en pago. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a enero de 2014, en España hay casi setecientos mil hogares que carecen de ingresos. Y, como ya he señalado, muchas de estas personas han podido comprobar cómo el mismo banco que les ha quitado su vivienda es una entidad rescatada con sus impuestos.

En definitiva, la crisis financiera la están pagando, y con creces, los ciudadanos, en muchos casos de una manera inhumana, y no quienes vendieron esos productos financieros tóxicos, quienes concedieron hipotecas o quienes pactaron tasaciones de manera irresponsable. Por todo ello 1.402.854 ciudadanos firmaron la Iniciativa de Legislatura Popular (ILP) para la dación en pago. Pero ya sabemos cómo terminó: con un no por respuesta de la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular. La falta de iniciativa por parte de los representantes públicos a la hora de solucionar este problema ha quedado más que demostrada. Frente a la insensibilidad del Gobierno, algunos creemos que existen soluciones posibles, pero no se quieren abordar. Una de ellas sería destinar una parte del rescate financiero a devolver el dinero a los «preferentistas» que verdaderamente han sido estafados, y otra, poner a disposición de las familias desahuciadas viviendas sociales que hoy tiene el Estado a través de la SAREB.

Porque si se quiere, se puede. Pero parece ser que algunos no quieren. La solución a estos asuntos no es ni el inmovilismo ni el populismo. La verdadera solución la tienen los Gobiernos, los legisladores y quienes estamos obligados a adaptar el Estado de Derecho a las demandas sociales y a las necesidades de nuestro país.

Hay que poner el mundo del derecho y no dejarlo del revés, que es como está ahora. Queremos un país en el que los bancos estén para prestar dinero a los ciudadanos y no en el que los ciudadanos rescaten a los bancos. Necesitamos un Gobierno que incentive el mantenimiento y la creación de empresas para crear puestos de trabajo y riqueza, y no que se dedique a aumentar los costes de contratación, los impuestos de las clases medias y la burocracia. Si somos capaces de rescatar bancos, debemos vivir en un país que sea capaz de rescatar personas. Necesitamos una economía al servicio de los ciudadanos.

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NO HAY DEMOCRACIA SIN PERIODISMO

El artículo 20 de la Constitución consagra uno de los principales derechos fundamentales de nuestro sistema democrático: el derecho a la información y a la libertad de expresión. Tal y como está dispuesto, se trata de un derecho fundamental y uno de los pilares básicos de la democracia. Pero, como ha ocurrido con otros derechos constitucionales, ha quedado muy mermado como consecuencia de la dependencia de los medios de comunicación respecto de los partidos políticos. Los mecanismos de censura y la trama de concesiones y subvenciones establecidos tanto en los medios públicos como en los privados —siempre respondiendo a intereses políticos— han provocado que los periodistas no informen con la libertad que sería deseable. Esto ha sucedido y sucede en algunas televisiones públicas, donde los directores actúan como auténticos comisarios políticos de los partidos en el poder y hacen que sea prácticamente imposible ejercer con libertad este derecho fundamental, de manera que formalmente existe, pero en su ejercicio las limitaciones son enormes.

Durante los siete años que llevo siendo representante público he vivido situaciones que poco tienen que ver con un sistema democrático. A través de numerosas conversaciones que he mantenido con periodistas de distintos medios fuera de los platós y de los micrófonos, he podido saber de primera mano que muchos de ellos han recibido «indicaciones» para evitar que los ciudadanos conozcan tanto a los nuevos actores políticos como las nuevas ideas que estos representan. Las presiones que ejercen los dirigentes de las viejas formaciones para que no nos inviten ni a entrevistas ni a debates no hacen más que reflejar su temor ante la aparición de nuevos movimientos civiles. Y en una huida hacia delante, como consecuencia de su pérdida de credibilidad, los obligan a aceptar el veto y la censura con la amenaza de retirarles las subvenciones y las licencias. Todavía no han asumido que lo que intentan frenar es una nueva forma de entender la política y ya es imparable.

En un país democrático, es muy triste que los que nos gobiernan o nos han gobernado tengan miedo a la libertad, a la pluralidad y a que los ciudadanos conozcan de primera mano las opiniones y las propuestas de todas las opciones políticas. Sin embargo, estos impedimentos no hacen más que realzar la tarea que los nuevos movimientos civiles venimos realizando, ya que no solo nos enfrentamos a dificultades económicas y a la falta de experiencia en el ámbito político, sino también a una praxis mafiosa que presiona a los medios de comunicación. De hecho, en estos siete años, en numerosas ocasiones he tenido que explicar a los ciudadanos por qué no aparecíamos en ciertos medios, ya fuesen públicos o privados. El motivo fundamental es la autocensura o la censura directa, que han jugado un papel clave a la hora de intentar silenciarnos.

El 26 de enero de 2014, el periodista y escritor Juan Carlos Girauta, en una entrevista concedida al medio digital e-noticies, explicó con claridad la importancia que han tenido los medios de comunicación para el nacionalismo catalán:

Un impagable trabajo de décadas al servicio de una inmensa operación de ingeniería social y de fabricación de un imaginario nacional. Sin TV3 y sin Cataluña Ràdio, puede estar seguro de que un par de generaciones de catalanes no serían sensibles —como, de hecho, lo son— a los cantos de sirena del secesionismo.

Los medios públicos de Cataluña se han convertido en un instrumento de «construcción nacional». Esta expresión no es una invención de los que estamos en contra de la secesión, sino la manera que tiene el propio Gobierno de la Generalitat de definir la situación de Cataluña. Para los Gobiernos de CiU, y también para los dos Tripartitos, ha sido prioritario dotar de un amplio presupuesto a los medios de comunicación. De hecho, el Gobierno de Artur Mas, que lidera los grandes recortes sociales y la subida de impuestos, no ha escatimado en el presupuesto para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el ente público que engloba los seis canales de televisión autonómica y las cuatro emisoras de radio públicas. En ellos, por ejemplo, se llegan a emitir películas cuyas versiones originales son en español y se doblan al catalán, como si el castellano fuera una lengua extranjera, cuando en realidad es una de las dos lenguas oficiales y la más hablada por los catalanes, según todos los estudios sociológicos. También se emiten programas y documentales que hacen apología del separatismo, en una televisión que forma parte del Estado, con títulos como Adéu Espanya. Por desgracia, estos programas forman parte del menú habitual de la parrilla de la televisión pública catalana a la que todos nos hemos tenido que acostumbrar.

En Cataluña, durante muchos años ha existido el mal llamado «oasis político», que no es más que un pacto entre los partidos nacionalistas que dominan las instituciones y los medios de comunicación, tanto públicos como privados subvencionados, con el fin de mantener un espacio mediático que trabaje, por un lado, para la construcción del Estado catalán y, por otro, para obviar los casos de corrupción y de mala gestión en los que se han visto implicados los sucesivos Gobiernos. No solo estamos hablando de una utilización indigna de los medios de comunicación públicos —pagados por todos— al servicio de una ideología, sino también de un gasto millonario en subvenciones concedidas a algunos medios privados para tal fin, logrando así que su función principal, que es la información libre y plural, quede enormemente condicionada.

Este mal uso queda recogido en los Presupuestos de la Generalitat, a pesar de que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se ha visto obligado a rescatar a esta institución porque no podía hacer frente al pago de proveedores ni de sueldos públicos. Por el contrario, sí ha sido capaz de mantener abiertos seis canales de televisión y cuatro emisoras de radio públicas, a cuyo mantenimiento ha destinando doscientos cuarenta millones de euros anuales. El mismo Gobierno que da prioridad al gasto de la «construcción nacional», ese que cierra quirófanos, escuelas, centros de salud y que reduce políticas sociales, no esconde sus prioridades, llegando a manifestar, a través del presidente Artur Mas, que los canales de televisión, las radios públicas y, en definitiva, las partidas destinadas a los medios de comunicación son prácticamente intocables pese a la crisis económica que atravesamos. La utilización de los medios al servicio de una ideología, por tanto, tiene repercusiones económicas directas y, por supuesto, políticas y democráticas de enorme gravedad.

El 6 de enero de 2014, en el informativo Telenotícies Migdia, emitido por TV3, la presentadora daba paso a una noticia sobre las elecciones en Bangladesh con un mapa de fondo en el que aparecía buena parte de África, Asia y el Sur de Europa. Se señalaban con claridad las fronteras de los diferentes países y se incluía una línea que separaba Cataluña del resto de España, como si fueran dos países. Ejemplos de manipulación como este los vemos muy a menudo en la televisión autonómica catalana, y ante ellos me hago la siguiente pregunta: ¿cómo alguien que se considere periodista puede asumir este tipo de manipulación? A mi juicio, solo hay dos respuestas posibles. La primera es que quien construye la noticia asume como propia una tesis política que falsea la realidad, y la segunda es que hay periodistas que, a pesar de no estar de acuerdo con ese ideario, aceptan las directrices que se dan desde la dirección del medio para no perder su puesto de trabajo.

El dilema de estar a favor o en contra de «la causa» lo explica perfectamente la escritora y periodista Anna Grau en un artículo publicado el 8 de noviembre de 2013 en el medio digital Crónica Global, en el que se desvelan la manipulación y la arbitrariedad a la hora de escoger los temas que se tratan en muchos medios de comunicación catalanes:

Yo, si me retrotraigo a mis tiempos de reportera política en el diario Avui, también tengo la tira que contar. Como no existía España, sino «el Estado español», hubo quien escribió con desparpajo sobre «los ríos del Estado español», mientras la palabra «país» se reservaba exclusivamente para Cataluña. […] Más recientemente, solo hacía falta ir a una tertulia en TV3 para incurrir en un curso acelerado de antropología. Te llamaban para «cantarte» los temas. Primer tema: «España nos roba». Segundo tema: «La independencia, más cerca que nunca». Tercero: «El catalán, lengua perseguida».

Ejemplos como estos también son frecuentes en otras televisiones públicas autonómicas o del Estado, como Telemadrid, Canal 9, Canal Sur o Televisión Española. Con una salvedad: los medios públicos catalanes no solo son instrumentos de los partidos políticos, sino que defienden y transmiten una ideología que pretende romper España para construir un nuevo Estado catalán, ideología que ha sido apoyada por todos los Gobiernos de la Generalitat, tanto los de Convergència i Unió como los presididos por el PSC con el apoyo de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verts.

Recuerdo con tristeza la frase que en cierta ocasión me dijo un presentador de informativos de una televisión pública autonómica con el que coincidí en una cena de amigos: «A pesar de que soy periodista, realmente solo soy un comunicador, porque ya no ejerzo el periodismo». Que una persona que trabaja en el área de informativos de una televisión pública diga con esa crudeza que ya no se considera periodista porque asume que, para conservar un puesto, debe sacrificar su vocación en favor de comunicar lo que un partido o un Gobierno quiere, es una buena muestra de lo que está ocurriendo en muchos medios públicos y subvencionados de toda España. Y es más: tengo muy buenos amigos en el campo del periodismo y gracias a ellos conozco de primera mano las presiones y censuras que padecen, pero por desgracia no puedo aportar sus nombres y apellidos en este capítulo porque pondría en riesgo su puesto de trabajo.

El 15 de octubre de 2013 acudí al programa de radio El Mon a Rac1, en Rac1, una de las emisoras propiedad del Grupo Godó. En un momento de la entrevista, el presentador, Jordi Basté, se refirió, con cierto tono de reproche, a mi presencia en los medios de comunicación: «Usted se queja de que en Cataluña no tiene repercusión, y tiene mucha». Esas palabras, que tantas veces he escuchado de periodistas que apoyan la causa separatista en Cataluña, revela el nerviosismo y la incredulidad al ver que Ciudadanos ha conseguido tener una considerable presencia en los medios tradicionales —televisión, prensa escrita o radio—, en los digitales y en las redes sociales, y, sobre todo, que lo hayamos logrado desde estudios, platós o rotativas situados en Madrid y con audiencia en toda España. En mi opinión, cuando uno se encuentra frente a un muro, es más inteligente buscar las grietas que intentar derribarlo a cabezazos. Desde que nació Ciudadanos tuvimos muy claro que nuestra política comunicativa no entendía de líneas editoriales, de «amigos», «enemigos» o favores políticos. Nuestra única política de comunicación es atender a todos aquellos medios que nos pidan una entrevista y asistir a los programas que nos invitan. Esta forma de actuar nos ha permitido aparecer en diferentes espacios y llegar a todos los ciudadanos.

A lo largo de estos años he aprendido que los medios de comunicación son, como bien dice su nombre, medios para comunicarse con los ciudadanos, y no tentáculos de los partidos. Y lo pienso también de los propios periodistas. Desde el mismo día en que empezamos a trabajar juntos, en 2009, nuestra actual jefa de prensa, Inma Lucas, me hizo entender que no debíamos ver a los periodistas como enemigos, sino como ciudadanos e incluso como aliados que nos pueden ayudar a trasmitir mejor nuestras ideas a través de su trabajo. Los periodistas son una parte importante del canal que nos conecta desde la política a los ciudadanos, y los españoles tienen bastantes menos prejuicios ideológicos y atienden menos a estrategias políticas y a batallas mediáticas de lo que muchos piensan. Algunos creyeron que si se nos cerraban las puertas en los medios de comunicación públicos y en los subvencionados por la Generalitat, los catalanes no conocerían la alternativa política que representamos. Para su desgracia, calcularon mal.

En el siglo XXI al poder de las redes hay que sumarle la pluralidad de los medios de comunicación digitales y, en el caso de Cataluña, la audiencia y la presencia de los medios de ámbito nacional en esta parte de España. Cuando voy a una entrevista en Telecinco, en Antena 3, o participo en una tertulia en Intereconomía o en laSexta, lo importante no es dónde esté situado el plató, sino el alcance de ese medio de comunicación. Son muchos los que no quieren ver lo evidente: los consumos de medios en Cataluña son prácticamente idénticos a los de otras partes de España, lo que significa que para explicar lo que ocurre en mi tierra puedo hacerlo desde un estudio situado en Cataluña o en cualquier otra parte de España, incluso desde cualquier parte del mundo. Los que quieren levantar fronteras deberían darse cuenta de que, en el terreno de la comunicación, esas fronteras son cada vez más inexistentes y que algún día desaparecerán por completo: lo importante no es dónde lo dices, sino lo que dices.

También en los últimos años he escuchado en multitud de ocasiones que Ciudadanos ha mejorado sus resultados electorales, y sigue creciendo en las encuestas, gracias a nuestra presencia en los medios de comunicación de ámbito nacional. Esta opinión nos halaga especialmente, ya que podemos concluir que las ideas de Ciudadanos resultan atractivas y coinciden, cada vez más, con las de muchísima gente. El mismo planteamiento podría aplicarse a otros dirigentes políticos que también aparecen en los medios nacionales y que, por el contrario, no solo no incrementan su apoyo en la sociedad, sino que pierden votos y valoración.

Asimismo hay quienes me piden explicaciones por asistir y responder a ciertos medios que tienen una determinada línea editorial, como si mi presencia en una entrevista o en un debate implicara que estoy a favor de la línea editorial del medio que ha pedido mi participación. Debo reconocer que igual que nos han censurado y se ha intentado que nuestra formación tenga menos presencia en los medios de comunicación públicos, en ninguno me han impedido expresarme con libertad ni me han dado consignas o «consejos» para posicionarme de una manera determinada sobre un tema. En estos siete años de andadura política, nosotros no le hemos pedido nunca a un medio de comunicación que no nos hiciera una pregunta; tampoco hemos pedido que nos envíen previamente el cuestionario de una entrevista ni hemos vetado a ningún periodista. Esto, que no debería ser noticia, por desgracia lo es, pues hay líderes políticos que vetan a ciertos medios de comunicación, niegan entrevistas, prohíben las preguntas en las ruedas de prensa —empezando por nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy— o impiden que participen determinados tertulianos en los programas a los que acuden. Los periodistas no deberían permitir que un representante público les prohíba hacer su trabajo, que consiste en preguntar. Sería bueno para nuestra democracia que reflexionaran y se unieran para defender el papel fundamental de su profesión en un sistema de libertades como el nuestro.

Pedro J. Ramírez, en su discurso final de despedida del 31 de enero de 2014, tras su destitución al frente de la dirección del diario El Mundo, dijo que uno de los objetivos de su periódico había sido «iluminar las cloacas». En nuestro país necesitamos periodistas que pongan luz a la verdad, aunque duela, que destapen casos de corrupción y que mantengan un espíritu libre y crítico. En ese mismo discurso, Pedro J. Ramírez apuntó directamente a los principales poderes del Estado como causantes de su destitución. Al margen de que uno pueda estar a favor o no de la línea editorial de El Mundo, creo que, en una democracia, es clave que periodistas como él y otros muchos puedan seguir ejerciendo su labor. El mismo día que conoció la destitución de Pedro J. Ramírez, la periodista y escritora Marta Rivera de la Cruz resumió en un tuit un principio que comparto: «Es más peligroso un presidente que quiere quitar periodistas que periodistas que quieren quitar presidentes».

Nuestra propuesta para garantizar el cumplimiento del derecho a la información y a la libertad de expresión es tener medios de comunicación públicos cuyas decisiones no dependan del Gobierno de turno, sino de profesionales del ámbito de la comunicación y del periodismo que, escogidos por concurso, los dirijan durante un tiempo limitado. A su vez, deberían establecerse incompatibilidades que impidan que miembros de un partido político, militantes o excargos públicos se conviertan en directores de esos medios. En cuanto a los medios de comunicación privados, si verdaderamente desean ser libres, no pueden depender ni de las subvenciones ni de la publicidad institucional, que se ha convertido en una forma de dependencia implícita del poder, y de manera muy especial en esta época de crisis. Cuando un medio de comunicación privado —que además de ser una empresa, cumple la función, recogida en la Constitución, de informar a los ciudadanos— se vende al Gobierno de turno para conseguir subvenciones, se convierte en el principal censor de sus propios periodistas ante el temor de perder su financiación si estos no obedecen sus dictados. Por último, si queremos consagrar el derecho constitucional a la información y a la libertad de expresión, los periodistas, desde el momento que ejercen una profesión que garantiza un derecho fundamental, deberían tener un estatus laboral distinto, o blindado, para poder dar información, incluso contra la propia línea editorial del medio para el que trabajan. Porque su labor no solo es en beneficio de una empresa, sino de la sociedad en su conjunto.

El tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, decía: «Prefiero periódicos sin gobierno a Gobiernos sin periódicos». Coincido con él en destacar la importancia que tienen los medios de comunicación en el buen funcionamiento de una democracia. Cuando el expresidente norteamericano pronunció esa frase, imaginaba unos medios libres, sin subvenciones y al servicio de la información y de los ciudadanos, y no al de los Gobiernos.

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado y estamos inmersos en la llamada «era de la información». Cuando hablamos de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no podemos obviar la existencia, también separada, de un cuarto poder, el de los medios de comunicación. Para que la frase de Thomas Jefferson sea aplicable hoy necesitamos periodistas que no solo comuniquen, sino que ejerzan verdaderamente su trabajo como periodistas. Hans Christian Andersen decía que «la prensa es la artillería de la libertad». Pero si la pólvora está mojada por culpa del poder político, nos faltará una de las armas esenciales con las que luchar por la libertad. Sin democracia no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia.

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LA FUERZA DE LA UNIÓN

Si hay un país que tiene claro lo que significa la fuerza de la unión, sin duda ese es Estados Unidos, una nación que se forjó tras un intenso debate político que derivó en una guerra de secesión (1861-1865). Seguramente por eso los diferentes presidentes que han dirigido la nación desde entonces han tenido claro que, gobierne quien gobierne, la unión no es negociable. En noviembre de 2012 unos ciento veintiséis mil separatistas del estado de Texas solicitaron al presidente Obama abrir un proceso de secesión. Su petición partía del victimismo por el agravio económico, y solicitaban que la recaudación fiscal fuese territorial, renunciando así a la solidaridad entre los diferentes estados de la nación. La respuesta del Gobierno de Obama —sin aspavientos, pero firme— demuestra hasta qué punto el valor de la unión se halla en la esencia de Estados Unidos:

Nuestros padres fundadores establecieron la Constitución de Estados Unidos «para formar una unión más perfecta» mediante la dura y frustrante pero necesaria tarea del autogobierno. Ellos consagraron en ese documento el derecho a cambiar nuestro Gobierno nacional a través del poder del voto, un derecho por el que generaciones de americanos han luchado para garantizar a todos. Pero no establecieron el derecho a marcharse. Como explicó el presidente Abraham Lincoln en su primer discurso inaugural en 1861, «considerando la ley universal y la Constitución, la unión de estos estados es perpetua». En los años siguientes, seiscientos mil americanos murieron en una guerra civil larga y sangrienta que reivindicó el principio de que la Constitución establece una unión permanente entre los estados. Y poco después de acabar la guerra civil, la Corte Suprema confirmó que «la Constitución, en todas sus disposiciones, vela por una unión indestructible compuesta por estados indestructibles». Aunque los fundadores establecieron una unión perpetua, también dispusieron un Gobierno que es, como el presidente Lincoln más tarde describiría, «del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», todo el pueblo.

En una nación de trescientos millones de personas, cada una con sus propias creencias profundamente arraigadas, la democracia puede ser ruidosa y polémica. Y eso es algo bueno. El debate libre y abierto es lo que hace funcionar este país, y muchas personas en todo el mundo arriesgan sus vidas cada día por las libertades que a menudo damos por sentadas. Pero por mucho que valoremos un debate saludable, no podemos permitir que el debate nos separe.

Seamos claros: nadie duda de que nuestro país se enfrenta a grandes desafíos, y las recientes elecciones han traído consigo un debate intenso sobre cómo deberían ser tratados. El presidente Obama dijo la noche en que ganó la reelección: «Puede que hayamos luchado ferozmente, pero solo es porque amamos este país profundamente y nos preocupamos intensamente de su futuro». Si se trata de encontrar la forma de fortalecer nuestra economía, reducir nuestro déficit de forma responsable o proteger nuestro país, necesitamos trabajar juntos, escucharnos unos a otros, para encontrar la mejor forma de avanzar.

En julio de 2013, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, envió una carta a Mariano Rajoy en la que planteaba la apertura de un proceso separatista en Cataluña. Durante los meses transcurridos desde entonces, en varias entrevistas me han preguntado sobre cuál debería haber sido la respuesta del presidente del Gobierno a esa solicitud, y siempre he contestado que Rajoy debería haber adoptado la misma posición que en su momento adoptó la Casa Blanca. Como hemos visto, el Gobierno de Obama se refiere a la Constitución norteamericana como marco de referencia, invita a los separatistas a intentar reformar la Carta Magna con amplias mayorías y a participar en los procesos electorales votando a distintos Gobiernos, al tiempo que les recuerda que no existe el derecho a separar a los norteamericanos. El mal llamado «derecho a decidir» que se han inventado los separatistas catalanes es un disfraz que esconde el derecho a la autodeterminación recogido en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Este derecho en ningún caso le podría ser concedido a Cataluña, pues, como queda explícito en las resoluciones de Naciones Unidas, Cataluña forma parte de un Estado democrático, España. Con el «derecho a decidir» se pretende vestir de democrático lo que en el fondo es un intento de vulneración de las leyes democráticas, de nuestra Constitución y de nuestras libertades. Porque la democracia solo se puede ejercer desde la ley, nunca contra ella.

Es evidente que el derecho a la autodeterminación, tal y como lo configura la Resolución 1.514 de la Asamblea General de la ONU del 14 de diciembre de 1960, no puede ser invocado para territorios de países democráticos en los que existen derechos fundamentales e incluso autogobiernos, como es el caso de Cataluña dentro de España. Reivindicar el derecho a la autodeterminación para un territorio de un Estado de la Unión Europea sería reconocer que existen estados miembros que no respetan los derechos humanos. Los catalanes no somos un pueblo oprimido; gozamos de derechos y libertades, somos una de las regiones europeas con más autogobierno y más competencias, y disponemos de instituciones democráticas desde las que se gobiernan dichas competencias. Basta con echar un vistazo a la Avenida Diagonal de Barcelona, llena de empresas multinacionales que cotizan en el Ibex, para darnos cuenta de que, a pesar de la crisis actual, Cataluña no es el Sáhara Occidental.

Somos muchos los demócratas que estamos a favor del derecho de autodeterminación en el sentido en el que lo recoge la ONU en su resolución. Es un derecho para pueblos oprimidos o excolonias, sin Gobiernos autónomos, en los que no se respetan los derechos fundamentales. No es el caso de Cataluña, donde se ha puesto en marcha un intento de separar a los ciudadanos españoles entre sí vulnerando las leyes democráticas.

En una entrevista publicada en El País el 11 de noviembre de 2013, Francesc de Carreras recordaba que «el “derecho a decidir” no existe en ningún ordenamiento jurídico». Efectivamente, ninguna Carta Magna democrática lo recoge, a excepción de la de Etiopía. Sin embargo, las democracias modernas han desarrollado Constituciones en las que aparecen mecanismos para reformarlas, pero siempre con el apoyo de amplias mayorías de la población. Si una minoría de españoles pudiese condicionar a la mayoría y decidir si somos una monarquía o una república, si somos cuatro naciones con derecho a la autodeterminación y no una nación de ciudadanos libres e iguales, la inestabilidad se apoderaría del país. Como digo, nuestra Constitución dispone de mecanismos para cambiar hasta su última coma, pero siempre mediante mayorías reforzadas que garanticen la estabilidad económica y política de la sociedad. En definitiva, lo que pretenden los separatistas es vencer sin convencer y, en contra de las leyes democráticas, ejercer una presión que desemboque en un conflicto que justifique soluciones al margen de la ley.

En la misma entrevista, De Carreras recordaba que «no todo el mundo puede decidir sobre todo», porque en un Estado de Derecho cada ámbito competencial tiene su propia capacidad de decisión. Así, el Parlamento de Cantabria, pese a tener competencias autonómicas, en ningún caso puede decidir si España pertenece o no a la Unión Europea, porque es evidente que esa decisión compete al conjunto de los españoles. Tampoco el Parlamento de la Comunidad de Madrid podría decidir si España sale del euro o si nuestro país le declara la guerra a Estados Unidos, puesto que son competencias nacionales que solo las Cortes pueden ejercer. Que el Parlamento de Cataluña decida sobre las fronteras de España y la soberanía nacional es tan inviable jurídicamente como los ejemplos anteriores.

Esquerra Republicana, incapaz de asumir que la mayoría de los españoles no queremos romper la convivencia, tiene como principal objetivo dar un golpe contra la Constitución y contra el Estado de Derecho, y esto supone un peligro para nuestras libertades. De hecho, si la ruptura de los valores democráticos de los ciudadanos frente a la Constitución saliera triunfadora en las urnas, la sociedad en su conjunto también sería responsable de la deriva. Es verdaderamente preocupante escuchar en boca de Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, y de algunos líderes de Convergència i Unió la idea de que la solución que necesita Cataluña en estos momentos pasa por separarse del resto de España, y, por si fuera poco, mediante una declaración unilateral de independencia, es decir, atentando contra la Constitución y las leyes democráticas.

Inquieta también saber que el referente de los políticos separatistas es Kosovo, donde se vivió un drama de terribles consecuencias tras una cruenta guerra civil y que actualmente es un territorio en tierra de nadie que algunos países han reconocido como estado soberano y otros no. No hay ningún futuro para Cataluña y para el conjunto de España si el referente es la antigua Yugoslavia y la guerra de los Balcanes, probablemente una de las mayores vergüenzas de la Europa del siglo XX. Cataluña forma parte de un Estado democrático, que es España, en el que todos los ciudadanos somos soberanos, no los territorios, en contra de lo que instauró la Constitución de Yugoslavia de 1974. Además, en Cataluña no hay ningún conflicto entre ciudadanos por cuestiones de raza o religión, como sí sucedía en la antigua Yugoslavia.

El único caso de referéndum separatista no vinculante planteado en un estado democrático es el de la provincia de Quebec, en Canadá. Pero debemos recordar que el Gobierno regional no decidió quién y cómo se votaba en el referéndum, sino que lo hizo el Tribunal Constitucional canadiense al aprobar la «Ley de claridad», con la que se fijaba la pregunta, los umbrales de participación y, también, los umbrales de mayorías reforzadas en el caso de que hubiera territorios dentro de Quebec que optaran por seguir perteneciendo a Canadá.

Los separatistas catalanes en absoluto han aceptado este sistema; por un lado, han declarado la unidad territorial de Cataluña, lo que ha creado la paradoja de que Cataluña es indivisible pero España no lo es, y, por otro, no reconocen la soberanía nacional del pueblo español. Ellos se consideran autosoberanos, tal y como hicieron a través de la famosa declaración soberanista presentada en el Parlamento de Cataluña y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos. Al contrario de lo que sucedió en Canadá, los separatistas catalanes no respetan las reglas de juego, no aceptan la Constitución como marco de convivencia y tampoco que sea el conjunto de los españoles quien decida sobre lo que es de todos. La vía internacional no es válida para el separatismo, puesto que no se puede invocar el derecho a la autodeterminación, y la vía interna no es aceptada por los separatistas, puesto que no reconocen ni la soberanía nacional del conjunto de los españoles, ni la legitimidad del Tribunal Constitucional, ni al Gobierno de España y las Cortes como los únicos capaces de tomar una decisión sobre la soberanía de nuestro país.

En lo que respecta a la situación interna, en mi opinión es un grave error considerar la separación como la solución a los problemas de Cataluña y del conjunto de España. El debate real debería centrarse en cómo arreglar el problema de fondo que tiene España, aportando soluciones desde una posición reformista, pero en ningún caso rupturista. Si aceptamos que la solución a los problemas de España pasa por separarnos y levantar fronteras, estaremos dando por válido algo que es falso, porque en un mundo globalizado como el actual, y en el marco de la Unión Europea, la autarquía y la separación nunca traerán prosperidad. Los separatistas nos intentan vender la idea de que la secesión traería ventajas económicas, y este planteamiento es radicalmente falso, ya que una hipotética separación de Cataluña del resto de España y de la Unión Europea traería consigo muchas más dificultades para salir de la crisis.

Pero no son solo motivos económicos o políticos los que nos llevan a pensar que la unión es mejor que la separación. También hay motivos humanos, culturales y familiares. Aunque a algunos no les guste recordarlo, somos cuatro millones de ciudadanos catalanes los que tenemos padre o madre nacidos en otras partes de España.

El mayor problema que genera la ruptura de un país es la quiebra social y emocional de sus ciudadanos. El fondo de este debate no es administrativo o económico, sino identitario. Es el debate entre quienes defienden identidades compartidas e inclusivas y quienes defienden identidades únicas y excluyentes. En Cataluña somos siete millones y medio de identidades, y la identidad pertenece a cada persona, no es colectiva. Los separatistas pretenden que los catalanes solo podamos ser catalanes, que dejemos de ser españoles y, por tanto, ciudadanos de la Unión Europea. En un mundo como el nuestro, ir a favor de la identidad única no solo supone un atentado contra el sentido común, sino que, además, puede generar graves problemas de convivencia entre los millones de ciudadanos que viven en un territorio.

Tras la manifestación del 11 de septiembre de 2012 y la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Convergència i Unió —bajo el reclamo separatista—, estaba claro que el debate político se centraría en la secesión de Cataluña. Pese a que en el programa electoral de Ciudadanos hablábamos de propuestas en todos los ámbitos de gobierno —sanidad, educación, economía, infraestructuras, justicia, etc.—, éramos conscientes de que el tema principal de la campaña debía girar en torno a la idea de unión y convivencia, que era lo que Artur Mas estaba poniendo en jaque.

El verano anterior a la convocatoria de elecciones nos habíamos fijado en la campaña que se había puesto en marcha en Reino Unido a raíz del debate sobre la secesión de Escocia. El Gobierno británico y los «unionistas» defendían el eslogan de «Better together» y nos pareció adecuado utilizarlo en su versión española. Lo tradujimos como «Mejor unidos», incorporando así el concepto de «unión», pues España, a diferencia de Reino Unido, no es la suma de cuatro naciones, sino de cuarenta y siete millones de españoles libres e iguales. En cualquier caso, nuestro objetivo principal era defender en positivo el valor de la unión y de la convivencia frente a la separación y el conflicto. Al «Mejor unidos» le sumamos el corazón tribandera —la bandera autonómica, la nacional y la europea—, en un intento de cerrar el círculo con un mensaje claro: hay que arreglar España, pero no romperla.

En el debate separatista se está obviando algo fundamental, y es que, para muchos catalanes, una ruptura con el conjunto de España nos obligaría a escoger entre ser catalanes y ser españoles, dos realidades que han sido históricamente complementarias. Nunca me ha gustado juzgar a las personas por sus sentimientos y no lo haré ahora. Cada cual puede sentir lo que quiera y como quiera, pero nunca bajo amenaza. Curiosamente, si algo caracteriza al discurso nacionalista en Cataluña es el rechazo a ser español.

El expresidente francés Charles de Gaulle dijo: «Patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero; nacionalismo, cuando el odio por los demás pueblos es lo primero». Coincido plenamente con esta idea porque creo que el nacionalismo es una ideología nociva para la convivencia. Buscar un patrón único de identidad en torno a una religión, una lengua, una raza o un determinado origen puede resultar muy perjudicial para una sociedad. Todos los nacionalismos han tenido efectos muy dañinos y la historia de Europa bien lo demuestra. Cuando los estados contemporáneos han fracasado a la hora de organizar racionalmente la sociedad y de garantizar derechos a los ciudadanos, los nacionalismos, los populismos y los fanatismos religiosos han crecido.

Es lo que está ocurriendo ahora en España. La falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y la grave crisis económica que está asolando el país han creado la tormenta perfecta para el auge del separatismo y el populismo nacionalista. En un momento de debilidad política e institucional como el actual es cuando más fuerza adquieren discursos como el «España nos roba» y cuando ciertos viajes utópicos se presentan como la solución a los problemas reales de los ciudadanos.

Sin duda, la mejor manera de combatir estas ideas es reafirmando la democracia, fortaleciendo las instituciones y creando confianza. Por eso, a diferencia de otros actores políticos, pienso que la solución a lo que está ocurriendo en Cataluña no es contentar a aquellos que nunca van a estar contentos, sino arreglar España, nuestra democracia y nuestra economía. El inmovilismo y la miopía de los viejos partidos políticos españoles, sobre todo PP y PSOE, les impiden ver —o no quieren ver— la crisis institucional, política y ética que atraviesa el país. Esta falta de miras ha provocado un vacío de representación en buena parte de los ciudadanos, vacío que está siendo aprovechado por aquellos que quieren separarnos y dividirnos.

Como representante de un grupo parlamentario en Cataluña, una de las preguntas que más suelen hacerme es cómo hemos llegado a esta situación. No hay un solo culpable, y las responsabilidades son compartidas. Treinta y tres años de Gobiernos nacionalistas en Cataluña, más o menos conservadores, han servido para construir un Estado a partir de la ruptura de otro. Pero también los sucesivos Gobiernos de España tienen su parte de responsabilidad, y no tanto por no haber contentado las ansias nacionalistas, sino por no haber sabido vertebrar España creando un plan de desarrollo autonómico, planificado en el tiempo, que incluyera con claridad cuáles eran los límites que en ningún caso se podían cruzar.

El sistema electoral y la irresponsabilidad de los viejos partidos han hecho que los nacionalistas se conviertan en árbitros de la política nacional. Cualquier Gobierno con mayoría en las Cortes habría podido cambiar la ley electoral y, sin embargo, ninguno lo ha hecho. Tanto PSOE como PP, ante políticas como la territorial, la energética, la hidrológica, la educativa o la internacional, deberían haber mirado al otro lado del hemiciclo y pactar con el principal partido de la oposición los asuntos de Estado. Sin embargo, han puesto en manos de partidos nacionalistas y separatistas, como Convergència i Unió, Esquerra Republicana o el Partido Nacionalista Vasco, la decisión sobre políticas que nos afectan a todos. Los Gobiernos del PSOE y del PP han estado más preocupados por el pacto con los nacionalistas que por crear una hoja de ruta para un desarrollo autonómico racional al servicio de los ciudadanos.

El separatismo ha copado las instituciones catalanas, que hoy en día están gobernadas por Convergència i Unió con el apoyo de Esquerra Republicana. Según los últimos estudios sociológicos, entre un 35 y un 40 % de ciudadanos que viven en Cataluña podrían estar a favor de la separación, frente a la inmensa mayoría de españoles que queremos seguir viviendo juntos. Llegados a este punto, la solución fácil para el Gobierno de España sería intentar contentar a los separatistas, si bien creo que el camino más sensato, aunque con más dificultades, consiste en contentar a la mayoría de españoles que apostamos por la convivencia. Esto solo será posible si hacemos las reformas necesarias y aportamos soluciones para el conjunto del país, vertebrándolo y asumiendo que en ningún caso se puede poner en duda la unión de todos los españoles. Se puede negociar un modelo de financiación, se puede debatir sobre qué competencias deben tener ayuntamientos, autonomías y Estado, se pueden actualizar y mejorar algunos artículos de la Constitución, pero no podemos dinamitar lo que nos une y lo que tanto nos ha costado construir para contentar a aquellos a quienes no solo no les importa el proyecto común español, sino que se dedican a finiquitarlo.

Una muestra de esta falta de visión de los viejos partidos la hemos vivido en primera persona en Ciudadanos. Ante la creciente deriva separatista encabezada por Artur Mas y la falta de una alternativa mayoritaria en Cataluña para aquellos que defendemos la convivencia dentro de España y de la Unión Europea, pensamos que sería adecuado comenzar a trabajar en la articulación de una futura mayoría política y social que respetase la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el progreso económico y social de una Cataluña dentro de España.

Según las encuestas publicadas en el último trimestre de 2013, y ante una nueva consulta electoral, Ciudadanos podría convertirse en la fuerza política con mayor número de votos entre los que defendemos la convivencia y estamos en contra de la separación. Por ello, como presidente de mi partido, envié una carta dirigida al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitando una reunión para explorar su voluntad de construir un Gobierno catalán basado en la convivencia. Nos parecía fundamental conocer de primera mano la opinión de los responsables de las calles Génova y Ferraz. No podemos olvidar que fue en la sede del PP en Madrid donde se decidió prescindir de Alejo Vidal-Quadras y sellar el «pacto del Majestic» con Jordi Pujol en 1996, y que fue en la sede del PSOE donde Felipe González pactó en 1993 con Jordi Pujol y se dio luz verde a los dos tripartitos PSC-PSOE-Esquerra Republicana.

La carta decía lo siguiente:

Unos días antes de enviarla, el 22 de septiembre de 2013, el diario El Mundo destacó en su portada: «Rivera llama a PP y PSOE a “sumar” frente al separatismo», e incluso la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo aceptar la propuesta de nuestro partido para unir fuerzas en Cataluña. Sin embargo, la respuesta a la carta no pudo ser más decepcionante. Por parte del PSOE, su vicesecretaria general, Elena Valenciano, declaró públicamente que no tenían ninguna intención de dialogar con Ciudadanos ni con el Partido Popular sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Sin embargo, sí buscaron el diálogo con los separatistas de CIU o ERC, e incluso Alfredo Pérez Rubalcaba se desplazó a Barcelona para reunirse con Artur Mas. Por parte del PP, el presidente Rajoy contestó a través del secretario de Estado, Jorge Moragas, remitiéndonos a la delegación del partido en Cataluña de la siguiente manera:

Le escribo en relación con la reciente carta que ha emitido al presidente del Gobierno en la que muestra su interés por mantener un encuentro con el objeto de buscar posibles acuerdos entre nuestras fuerzas políticas.

En nombre del presidente le agradezco muy sinceramente su disposición al diálogo. Desde el Gobierno compartimos que esta es una herramienta imprescindible para buscar soluciones a los restos a los que nos enfrentamos como país, actuando siempre desde la responsabilidad, dentro de nuestro marco legal y con la mayor lealtad institucional.

Por todo ello, estimamos de gran valor su ofrecimiento y le invito a que canalicemos dicho diálogo a través de nuestros respectivos partidos en Cataluña.

El «tacticismo», el electoralismo y el miedo han podido más que la visión de Estado. Probablemente, en las direcciones de los dos viejos partidos están más preocupados por la subida de Ciudadanos que por dialogar y apostar por una alianza entre aquellos que defendemos la convivencia, y, en efecto, parecen ocuparse más en intentar contentar a Artur Mas y los suyos —pensando en futuras alianzas en el Congreso de los Diputados para tener mayoría— que en hacer posible un Gobierno constitucionalista en Cataluña.

Los últimos sondeos indican que Convergència i Unió y Esquerra Republicana podrían perder la mayoría, por lo que la alternativa de la convivencia y la unión es más real que nunca. Para ello se necesita voluntad política por sumar junto a Ciudadanos, pero las respuestas del PP y del PSOE indican que les importan más las siguientes elecciones y asegurarse el poder que las generaciones futuras.

12
SIN SED DE VENGANZA, CON SED DE JUSTICIA

Cuando oyes hablar a Irene Villa es casi imposible no contagiarte de su optimismo y de su energía; diría que incluso es difícil pestañear. El sábado 7 de diciembre de 2013, en el programa laSexta Noche, Iñaki López la entrevistó, y aunque había hablado con ella en alguna ocasión, vi la entrevista de principio a fin. Personas como Irene Villa y los valores que transmiten representan lo mejor de este país: la dignidad, las ganas de vivir, la ausencia de rencor y la felicidad.

Como muchos españoles recordarán, Irene sufrió un grave atentado de ETA cuando explotó una bomba en el vehículo en el que viajaba junto a su madre, camino del colegio, en el madrileño barrio de Aluche. Era el 17 de octubre de 1991. Irene perdió sus piernas y tres dedos de una mano. Puede parecer contradictorio vivir semejante drama y ser capaz de transmitir tanta dignidad y felicidad. No hay duda de que ella lo consigue gracias a su fortaleza interior y a los valores que la acompañan y la definen, unos valores que comparten la gran mayoría de las víctimas del terrorismo en España: ellos y ellas representan la democracia, el Estado de Derecho y los valores civiles. Mientras los terroristas ponían bombas, disparaban tiros en la nuca, secuestraban y extorsionaban, esas personas, lejos de tomarse la justicia por su mano y vivir en el odio, han conseguido encarnar los valores más positivos y esperanzadores de nuestro país. En Irlanda también hubo numerosas víctimas, pero se crearon bandos, y el rencor y la venganza fueron monedas de cambio durante años. Sin duda, ese es el gran ejemplo que nos dan a diario personas como Irene y muchos otros. No han pedido venganza ni la han ejercido; tan solo han exigido dos cosas a su país: justicia y dignidad.

Durante la entrevista, Irene Villa utilizó varias veces expresiones como «¡Qué suerte tengo!» o «La vida es un regalo». Esas frases solo puede decirlas una víctima del terrorismo, si es consciente de que la vida continúa. Por desgracia, la fortaleza y la capacidad de superación que tienen Irene y otras víctimas no siempre se consiguen. El dolor de ver cómo matan delante de ti a tus seres queridos, el sentimiento que provoca su pérdida, o sufrir en tu persona un atentado, con las consiguientes secuelas físicas y psicológicas, es demasiado grande. Una persona puede intentar enfrentarse a una tragedia en su vida de la manera más positiva posible, pero es evidente que las consecuencias son muy graves y, a veces, imposibles de superar. No cabe duda de que todas las víctimas son un ejemplo para nuestra democracia. Cada una de las víctimas.

Irene ha conseguido algo muy difícil: reivindicar el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas —justicia y dignidad—, y a la vez transmitir bondad y esperanza. Mientras veía la entrevista, seguía los comentarios en Twitter y encontré una frase que reflejaba lo que yo mismo estaba sintiendo pero no habría sabido explicar: «Deberían recetarse entrevistas como la de Irene Villa como antidepresivos en España». Después de oírla, no se puede estar más de acuerdo con la afirmación de que la vida es un regalo y que vale la pena vivirla.

Hay una actitud que ha hecho mucho daño a nuestro país y, en especial, a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Me estoy refiriendo a la posición «buenista» y equidistante de una parte de la política y de la opinión pública. Intentar equiparar a víctimas y a verdugos ha sido un grave error de terribles consecuencias, y muchas de ellas las seguimos pagando. Por ejemplo, la presencia de Batasuna y de sus herederos en las instituciones justo cuando estábamos a punto de ganar la batalla y conseguir que los terroristas y sus representantes políticos no tuvieran presencia en ayuntamientos y parlamentos. También causó dolor e indignación entre las víctimas y entre los que nos consideramos demócratas ver cómo el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tres años después de llegar al poder, consideraba «hombre de paz» a Arnaldo Otegui, condenado por colaboración con banda armada. Del mismo modo, produjo una gran indignación el hecho de que el expresidente José María Aznar, que fue víctima de ETA y, aparentemente, un presidente firme en la lucha contra el terrorismo, dijera que el grupo terrorista era un «movimiento vasco de liberación». Las declaraciones de uno y otro dolieron mucho a las víctimas, pero también a cualquier ciudadano que reivindique y crea en la justicia.

Todos los presidentes del Gobierno de España han negociado para intentar acabar con el terrorismo. Pero los mejores resultados llegaron de la mano del Pacto Nacional por las Libertades y contra el Terrorismo, impulsado en el año 2000 por Rodríguez Zapatero y aprobado por unanimidad por los dos principales partidos. Dicho pacto se acompañó de una legislación firme en materia penal que contemplaba un apoyo decidido por parte de la justicia y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para acabar con el terrorismo.

A fecha de hoy, ETA ya no atenta, pero no ha entregado las armas, no se ha disuelto y no ha pedido perdón por sus masacres. En mi opinión, con personas que tienen pistolas, bombas y las manos manchadas de sangre inocente nunca hay nada que negociar. Sería impensable que un grupo de violadores, de asesinos en serie o de mafiosos negociara con el Estado la reducción de sus penas, el disfrute de privilegios penitenciarios o su entrada en la vida política. Y, sin embargo, pese a ser una banda terrorista cuyo principal objetivo es la destrucción del Estado, los Gobiernos de España han negociado.

En la actualidad, personas afines al entorno de ETA ocupan cargos en las instituciones públicas, rinden homenajes a terroristas excarcelados, acuden a actos en favor de la banda y sus presos, y siguen sin asumir que ellos son los perdedores. Nunca se debió hablar de paz en relación con ETA porque ni había bandos ni había guerra. Únicamente podemos hablar de justicia, porque solo ha habido asesinos y víctimas: unos que apretaron el gatillo y otros que pusieron su nuca. El final de ETA no es el final de una guerra, sino el resultado de la aplicación estricta del Estado de Derecho y de la defensa de la dignidad de las personas que perdieron su vida o la de sus familiares por el mero hecho de ser ciudadanos, demócratas y españoles.

Uno de los puntos de inflexión en mi vida, que hizo que un día optara por el servicio público y por la defensa de las libertades, fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Las sensaciones que viví aquella tarde del verano de 1997 siguen grabadas en mi mente. Cuarenta y ocho horas antes de que la banda terrorista asesinara al concejal del Partido Popular de Ermua, los españoles supimos por un comunicado de la propia banda que lo habían secuestrado, imponiendo de ese modo un ultimátum, un claro chantaje, para conseguir un acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. A pesar de conocer la cobardía de los etarras, sinceramente creí que aquella amenaza no se cumpliría, quizá porque no podía asumir semejante crueldad, o quizá porque pensé que el Gobierno acabaría negociando. Durante cuarenta y ocho horas los españoles tuvimos el corazón en un puño, imaginando la angustia que, sin duda, estarían viviendo Miguel Ángel Blanco y sus familiares.

Recuerdo que estaba en casa con mis padres; todos esperábamos la noticia de su liberación, pero esta no llegaba. Cada minuto se hacía eterno. En aquel momento sentí una especie de silencio compartido con millones de españoles que deseaban lo mismo que yo: que se produjese un milagro y se nos comunicara, al fin, que lo habían liberado. Sin embargo, la noticia que llegó fue la que no queríamos escuchar: ETA había disparado a Miguel Ángel Blanco, hiriéndolo de muerte a las afueras de Lasarte, en Guipúzcoa. El joven concejal estuvo luchando varias horas por su vida, pero finalmente falleció esa misma madrugada a causa de los dos tiros que le disparó el asesino Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Me acuerdo bien del testimonio y la voz entrecortada del periodista Santiago Acosta en los informativos de Telecinco, y de cómo tuvo que interrumpir su conexión porque no podía leer el parte médico que anunciaba la muerte inminente del concejal vasco. Pese a los años transcurridos, al recordar aquel momento sigo sintiendo una gran indignación: no entra en mi cabeza que una persona llegue a ser tan inhumana como para ejecutar a sangre fría y por la espalda a un hombre maniatado por el mero hecho de ser un demócrata y pensar de manera diferente. Solo un fundamentalista o un seguidor de una ideología totalitaria pueden cometer una barbarie semejante.

Aquellos momentos de tristeza, junto a las imágenes de la manifestación de Madrid y la aparición del llamado «espíritu de Ermua», con tantos españoles hermanados por la defensa de la libertad, de la vida y de la democracia, me marcaron para siempre. Entonces me hice dos preguntas que seguramente muchos ciudadanos también se habrán hecho: ¿cómo es posible que en un país democrático sus ciudadanos sean asesinados por ser simplemente demócratas y españoles?; ¿qué podemos hacer para que dejen de matarlos? No encontré las respuestas. Pero hoy, al recordar aquel triste capítulo, pienso que, quizá, mi manera de contestar a esas preguntas fuera implicarme, años después, en la vida pública y en la defensa de las libertades.

El terrorismo tiene un valor negativo añadido si se compara con otro tipo de delitos: los terroristas no solo asesinan a personas, sino que, además, pretenden generar terror en la sociedad contra la que atentan. Que alguien asesine movido por un interés particular es un delito muy grave, pero que una banda terrorista amenace a todos los demócratas de un país instala un terror colectivo en la sociedad de consecuencias aún más graves. Antoni Asunción, director general de Prisiones durante el Gobierno de Felipe González desde 1989, ideó y puso en marcha la política penitenciaria de dispersión de presos. El objetivo era evidente e inteligente: desmontar el entramado que ETA tenía tanto fuera de las prisiones como dentro de ellas. La dispersión de presos, medida que ha sido cuestionada y criticada por los partidos nacionalistas y los colectivos proetarras, debilitó a la banda terrorista, puesto que se impedía que los presos etarras se pasaran información y se organizaran de manera mafiosa en las prisiones del País Vasco, que era desde donde principalmente operaban.

Esta medida situó a Antoni Asunción en el objetivo número uno de ETA. No solo formaba parte del Gobierno de la nación, sino que era el artífice de un modelo penitenciario que estaba contribuyendo a mermar las fuerzas de la banda. Aquellos fueron unos años muy virulentos, y la política penitenciaria impulsada por Asunción llevó a ETA a cometer varios atentados contra funcionarios y sus familias, e incluso llegó a actuar en el propio Ministerio. Asunción vivía en un piso alquilado en Madrid, pero los vecinos de la finca se sentían muy incómodos por la presencia del alto cargo en el edificio. Es humano y comprensible temer que se cometa un atentado en tu casa, pero es profundamente injusto que un cargo público, que trabaja precisamente para evitar este tipo de acciones, sufra en sus propias carnes la discriminación y el señalamiento por parte de sus conciudadanos. No hay duda de que el miedo puede dar lugar a situaciones injustas.

Así, Asunción, se vio obligado a trasladarse a una buhardilla que se habilitó en el propio Ministerio de la calle San Bernardo, donde vivió custodiado por seis guardias civiles que vigilaban desde la puerta del edificio. Incluso dejó gimnasio al que iba habitualmente debido a las quejas de algunos clientes por la presencia continua de escoltas en la puerta y, en ocasiones, en el interior del edificio. De hecho, Asunción adquirió su propia casa en Madrid, pero durante años no quiso vivir en ella para evitar que la banda terrorista supiera dónde se ubicaba y para que no se reprodujera el mismo problema con los vecinos del inmueble. Incluso cuando volvía a su tierra, Valencia, los primeros que entraban en su casa eran los TEDAX, el cuerpo de la Policía responsable de desactivar explosivos.

Esta es la realidad que han vivido cientos de cargos públicos en nuestro país, y que yo he personalizado en Asunción. Vivir día a día con escoltas, mirando debajo del coche, esperando el visto bueno de los TEDAX para entrar en casa, sin poder llevar a tus hijos al colegio y sin poder acudir a lugares públicos son algunas de las consecuencias que han tenido que pagar muchos españoles simplemente por realizar su trabajo. Por supuesto, desde aquí recordamos a todos los que no están, a las víctimas y a sus familias, pero también debemos ser conscientes del enorme sacrificio que muchos ciudadanos han hecho para acabar con el terrorismo en España y defender la democracia.

Aunque algunos quieran esquivar la siguiente cuestión, es evidente que para entender el terrorismo de ETA hay que preguntarse por qué mata. Su principal objetivo es la separación del País Vasco del resto de España y, por tanto, la ruptura de la España constitucional y democrática. Ese objetivo político es el mismo que tienen hoy los nacionalistas catalanes respecto a Cataluña. Muchos han mantenido la equidistancia entre asesinos y víctimas, e incluso algunos han llegado a cometer el error de mantener y mostrar indiferencia ante un atentado.

Un buen ejemplo de ello fue la negociación oculta de Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de la Generalitat durante el primer Tripartito (2006-2010), con la banda terrorista en 2004. El exdirigente de Esquerra se reunió con ETA entre los días 3 y 4 de enero de ese año, tal y como conocimos a través del diario ABC (26/01/2004). A esa reunión asistieron el jefe del «aparato político» de ETA, Mikel Albizu, alias Mikel Antza, y José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, huido de la justicia española. El objetivo del encuentro era pactar una tregua territorial por la cual ETA dejaría de matar solo en Cataluña. Esa propuesta inmoral, hecha por el presidente en funciones de la Generalitat —el presidente Pasqual Maragall se encontraba fuera de España—, es uno de los capítulos más repugnantes que hemos sufrido los catalanes y el conjunto de españoles en los últimos años.

Pero esa idea macabra de Carod-Rovira venía de lejos. El 31 de mayo de 1991, dos días después del atentado en el cuartel de la Guardia Civil de Vic, el mismo Carod-Rovira publicó un artículo en el diario Avui titulado «ETA, Kataluñatik kanpora!» (ETA, fuera de Cataluña) en el que defendía lo mismo que negoció años después. Esto viene a demostrar que en la cabeza de algunos de los ideólogos del actual separatismo catalán ya estaba muy presente aquella famosa frase de Xabier Arzalluz: «Unos mueven el árbol y otros recogen las nueces». Que ETA haya matado durante tantos años por ideas separatistas ha llevado a algunos políticos nacionalistas a adoptar comportamientos lamentables. La violencia y el terrorismo son incompatibles con la democracia, y solo se puede negociar, dialogar y pactar soluciones políticas entre demócratas, nunca con los asesinos ni con sus portavoces.

Uno de los momentos más emotivos, y a la vez más dolorosos, que he vivido respecto al terrorismo durante los años que llevo en el Parlamento de Cataluña tuvo lugar en 2011, precisamente, durante la celebración del 20.º aniversario del atentado de Vic (29 de mayo de 1991). Recuerdo que la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) convocó un acto de homenaje en el solar donde había estado situada la casa cuartel. Fui con José María Fuster Fabra, buen amigo y abogado defensor en muchos juicios de víctimas, policías y ciudadanos que han sufrido en primera persona los horrores del terrorismo. Se me pusieron los pelos de punta en cuanto entré en el solar, pensando en la matanza que allí se había producido.

A la tristeza que me provocaba el recuerdo de ese acontecimiento se añadió comprobar la ausencia de algunas personalidades políticas locales que no tuvieron ni la decencia ni la dignidad de asistir para homenajear a los ciudadanos que murieron en aquel atentado. Esa ausencia representa justamente la equidistancia que los ideólogos del nacionalismo catalán han mostrado siempre con ETA y su entorno. Ni el alcalde de Vic, ni un solo consejero del Gobierno, ni el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, estuvieron en aquel acto, lo que explica por qué muchas víctimas se sienten desamparadas por las instituciones autonómicas gobernadas durante treinta años por el nacionalismo catalán. Los silencios, las omisiones y el trato indiferente, e incluso despectivo, hacia las víctimas del terrorismo en Cataluña hablan por sí solos.

Parece ser que para algunos políticos separatistas la línea divisoria no se encuentra entre demócratas y asesinos, sino entre los separatistas y los que defendemos la unión. Los que somos tolerantes y defendemos la convivencia creemos que la única línea divisoria está entre demócratas y aquellos que atentan contra la democracia. Precisamente episodios como este nos llevaron a Mariona (mi pareja durante once años y madre de mi hija Daniela) y a mí a donar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares la indemnización por daños morales que recibí tras celebrarse un juicio por amenazas contra mi persona.

Ese capítulo fue otro de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir en estos últimos años. El 20 de septiembre de 2007, mientras participaba en una conferencia en Valladolid, me llamó Mariona para decirme que los vecinos habían encontrado un paquete en la puerta de casa con una foto en la que aparecía yo con una bala sin percutir en la frente y un chorro de sangre. Junto a la foto había, además, una carta en la que se me amenazaba de muerte. Es espeluznante convertirte en diana de unos asesinos por el mero hecho de defender tus ideas y las de miles de ciudadanos, pero aún mayor es la impotencia que te produce darte cuenta de que esa amenaza afecta a tu familia y los que más quieres. Los Mossos d’Esquadra se encargaron de la investigación y a las pocas horas la prensa se hizo eco de la noticia. Muchos ciudadanos se solidarizaron conmigo y con mi familia, y al cabo de unos días los autores de la amenaza enviaron un correo electrónico intentando justificarse. Esto permitió que la Policía los detuviera para tomarles declaración. Lo más preocupante del asunto es que los autores de la amenaza resultaron ser militantes de las juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya en La Garriga, el pueblo donde yo vivía, y, como explicaron en sus declaraciones, planearon esta amenaza de muerte al salir de una reunión en la agrupación local de ERC. En la carta que había junto a la foto me daban un ultimátum: o dejaba la política o hacían que me mataran.

Joan Puigcercós, el entonces presidente de Esquerra Republicana, me llamó para decirme que iban a proceder a un expediente disciplinario contra estos militantes de sus juventudes. Tras el juicio hubo una sentencia condenatoria a un año y nueve meses de cárcel por delito de amenaza y a pagar una indemnización de tres mil euros por daños morales. Mariona y yo decidimos utilizar ese dinero para ayudar a las asociaciones de víctimas del terrorismo. El mensaje era claro: el que amenazase a los militantes de Ciudadanos o a quienes defendemos la unión, la democracia y la convivencia sería juzgado y condenado, y con el dinero obtenido se ayudaría a aquellos que también han sufrido el dolor de la amenaza terrorista.

A finales de 2013 la Fundación Villacisneros quería presentar en Barcelona el libro titulado Cuando la maldad golpea, en el que se recogen los testimonios de varias víctimas que han quedado marcadas por la lacra terrorista. La fundación se puso en contacto con Carina Mejías, diputada de Ciudadanos, para contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario y organizar la presentación. Entonces pensamos que el mejor lugar para celebrar el acto era el Parlamento de Cataluña, que es la sede autonómica de la representación ciudadana y un lugar en el que durante mucho tiempo se había obviado a las víctimas del terrorismo. De hecho, el 11 de junio de 2013, Ciudadanos propuso en el Parlamento que se recordase a las víctimas del atentado de Hipercor, coincidiendo con el 26.º aniversario de la matanza, pero la propuesta fue rechazada por mayoría. Finalmente, el 13 de diciembre celebramos el acto de presentación en el Parlamento, en el que intervine junto a Íñigo Gómez-Pineda, presidente de la Fundación Villacisneros, el periodista, escritor y amigo, Arcadi Espada, y Ana Velasco y Lourdes Rodao, dos de sus autoras. También acudieron la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, diputada nacional por el Partido Popular; Alejo Vidal-Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo, y María San Gil, exdiputada del Parlamento Vasco y miembro del Patronato de la Fundación Villacisneros.

Me hizo especial ilusión volver a ver a María, a quien siempre he considerado una persona valiente, coherente y digna. Una de las imágenes que tengo grabadas en mi mente es el día que San Gil fue a la Audiencia Nacional y cruzó su mirada con la del asesino de Gregorio Ordóñez, una mirada que representaba la de miles de víctimas del terrorismo en España y la de millones de españoles que les apoyamos. Aquel día María San Gil plantó cara a los cobardes que infunden terror. Su valentía y su coherencia la convierten en una figura excepcional que no debemos olvidar y, pese a no estar en la primera línea política, la sitúan como un referente para muchos de nosotros, como tantos concejales, diputados y cargos públicos que han dado la cara en el País Vasco y en toda España para defender el orden constitucional y la democracia. María San Gil, Consuelo Ordóñez, Irene Villa, Ortega Lara, Mari Mar Blanco, Gotzone Mora, Daniel Portero, Maite Pagazaurtundua, el padre de Santos Santamaría, Roberto Manrique, los miembros de la familia Mújica, de la familia Abascal y de la familia Buesa, son personas a las que he tenido el placer de conocer y con las que comparto un sentimiento: no tenemos sed de venganza, solo sed de justicia.

Puesto que conozco de primera mano el dolor, el sufrimiento y el miedo que han vivido las víctimas del terrorismo y sus familias, puedo comprender el golpe moral que ha supuesto la derogación, el 21 de octubre de 2013, de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Más allá de debates jurídicos legítimos sobre si la doctrina Parot encajaba o no en el Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, lo que resulta bastante evidente es que nuestros Gobiernos, desde 1978 hasta 1995, cometieron el grave error de no adecuar el Código Penal —vigente durante la dictadura— a una realidad política que debía hacer frente a cientos de juicios por terrorismo. Que nuestro sistema penal castigara de igual modo el asesinato de una persona que el de veinticinco en un atentado terrorista demuestra hasta qué punto el código anterior a la reforma de 1995 era injusto. Las consecuencias de la inacción de los Gobiernos de UCD y del PSOE hasta esa fecha ha beneficiado a muchos presos, y no solo a terroristas, sino también a violadores y asesinos que vemos ahora cómo son puestos en libertad.

Los demócratas debemos defender el Estado de Derecho incluso cuando el resultado de las sentencias no nos guste o nos duela, pero también creemos que un país debe utilizar todos los instrumentos democráticos y judiciales a su alcance para que la justicia sirva a los fines de la democracia. La paradoja de todo esto surge al ver que aquellos que actúan cada día contra la democracia, contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos son los mismos que se aprovechan de ellos.

Las primeras declaraciones de Mariano Rajoy sobre la derogación de la doctrina Parot fueron lamentables. Resultó obvio que intentaba mirar hacia otro lado y esquivar las preguntas de los periodistas, como es su costumbre. Pocos días después, rectificó y recibió a las asociaciones de víctimas. Hay quienes optan por defender la equidistancia en este asunto y dicen que no hay que escucharlas ni apoyarlas a la hora de tratar las políticas penitenciarias, judiciales o antiterroristas. Pero, en mi opinión, son las representantes de esa dignidad y siempre hay que tenerlas en cuenta. Ni mucho menos esto está reñido con la aplicación estricta del Estado de Derecho ni con el respeto a la justicia, pero no olvidemos que las leyes de un país y las políticas de un Gobierno deben estar al servicio del interés general y modificarse cuando se aprecien fallos. Si los Gobiernos y los Parlamentos no reaccionan, las leyes quedan obsoletas y corremos el riesgo de que los ciudadanos —en este caso, las víctimas— desconfíen del propio Estado de Derecho y del sistema político. Debemos hacer pedagogía sobre lo que significa tener un Estado de Derecho con todas sus consecuencias, pero también debemos escuchar y respetar a aquellos que representan la dignidad frente a los que representan la inmoralidad.

En España también hemos vivido casos de personas desaparecidas o asesinadas en manos de criminales y, por dilaciones del proceso judicial, por errores en la instrucción o por un sistema excesivamente garantista, en algunos casos los familiares han sufrido aún más dolor al encontrarse con que el Estado de Derecho no les resarcía su dignidad. Tuve el honor de conocer al padre de la desaparecida Marta del Castillo, Antonio del Castillo, y a su tío, Javier Casanueva, durante un acto político que organizamos en el Palacio de Congresos de Sevilla el 18 de enero de 2014. Javier Casanueva pronunció unas palabras que resumen una de las principales ideas de este capítulo: «En un Estado de Derecho es necesario intentar reinsertar en la sociedad a los asesinos y a los delincuentes, pero también es necesario reinsertar a las víctimas y a los familiares inocentes de esos asesinos». Recuerdo aquel día como uno de los más emotivos de los últimos años. El periodista Albert Castillón, que presentaba el acto, dio la bienvenida a la familia de Marta del Castillo y nombró a su padre, Antonio, que se sentaba a mi lado en la primera fila del auditorio. Antonio del Castillo no se levantó de la silla, mostrando una vez más la humildad y discreción que le caracteriza. Pero el público empezó a levantarse de sus asientos y más de mil cuatrocientas personas le estuvimos aplaudiendo durante un largo minuto como si de un abrazo colectivo se tratara.

En 2008 estuve por primera vez en Washington y fui a visitar el Cementerio Nacional de Arlington, situado en las proximidades del Pentágono, donde están enterrados trescientos mil norteamericanos que han muerto en guerras civiles, en conflictos internacionales o en atentados terroristas. Me impactó muchísimo la solemnidad del lugar y cómo los norteamericanos han resuelto de una manera digna y memorable lo que en otros países es motivo de disputa: en el cementerio de Arlington todas las cruces son iguales, desde la del último caído de la guerra de Afganistán e Irak, pasando por las de los muertos en la guerra civil americana, hasta la del presidente John Fitzgerald Kennedy y su esposa. Esta forma de hacer las cosas demuestra hasta qué punto los norteamericanos han querido reconciliarse consigo mismos.

Me gustaría que en España algún día mostrásemos esa misma dignidad y respeto hacia nuestros muertos. Seguimos teniendo fosas comunes y muertos enterrados en nuestras cunetas, y no solo hay quien sigue queriendo mantener a las dos Españas en vida, sino también en los cementerios. Estados Unidos, tras los atentados de las Torres Gemelas, se mostró más unido que nunca a través de sus representantes públicos. En España, en cambio, después de una barbarie como la del 11-M en Madrid, nos encontramos con partidos políticos divididos que, a su vez, intentaban dividir a la sociedad con el único objetivo de ganar, o no perder, unas elecciones. En España, ante un atentado terrorista, los viejos partidos se pelean, mientras que en Estado Unidos se unen. Creo que una de las maneras de examinar la dignidad de un país es la forma de mostrar respeto a sus muertos. Estoy convencido de que algún día aprobaremos esta asignatura pendiente.

13
LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA

En septiembre de 2011, la Fundación Robert Bosch me invitó a participar en el «EU Integration Forum», un foro proeuropeo de jóvenes líderes políticos de la Unión Europea que se celebró en la ciudad de Essen (Alemania). Me pidieron que fuera ponente de una de las mesas de trabajo que se organizarían durante las jornadas, pues el objetivo del foro era crear un lugar de encuentro en el que, cada año, pudiésemos debatir sobre los retos a los que se enfrenta la Unión. El planteamiento me gustó desde el principio y acepté la oferta.

Mi intervención duraría unos diez minutos y después se abriría un turno de debate y conclusiones. Opté por abordar un tema sugerente y de futuro, por lo que, a modo de reclamo, decidí escribir en la pizarra de la sala: «Los Estados Unidos de Europa». En plena crisis económica, política y democrática, creí conveniente centrar el debate en la necesidad de una mayor unificación política, frente a las tesis antieuropeístas, que plantean o bien la disolución de la Unión Europea, o, en el mejor de los casos, la salida de algunos países, con la consiguiente congelación del proyecto europeo. Entre los participantes de la mesa de trabajo había personas de diferentes nacionalidades, con diferentes rangos de responsabilidad y provenientes de distintas culturas. Cuando terminé de hablar, vi caras de escepticismo y de incredulidad entre los oyentes. Esto no me sorprendió, pues era consciente de que el tema que había elegido generaría polémica.

No hay duda de que el aumento del euroescepticismo, el cuestionamiento del avance europeo y las malas relaciones con los Estados del Sur por parte de los países tradicionales, así como las crisis financiera y de deuda de unos y otros, están poniendo en jaque la solidaridad entre las naciones de Europa. Con todo, plantear el asunto de forma tan directa permitió que se abriera una discusión inmediata sobre si queríamos avanzar en el proyecto común europeo o si, por el contrario, queríamos frenarlo o incluso disolverlo. Los representantes italianos y portugueses estuvieron de acuerdo con mi planteamiento, mientras que percibí el habitual escepticismo entre los representantes británicos y un celo bastante comprensible en los de los países del Este, como Polonia o Hungría. Nada de esto me sorprendió. Lo que verdaderamente me inquietó fue el escepticismo que también se está instalando en los representantes de países que han encabezado el proyecto europeo, como Alemania, sobre todo si tenemos en cuenta que quienes estábamos allí éramos políticos jóvenes.

Aquella experiencia me permitió encontrarme cara a cara con una realidad evidente: en Europa existe una crisis de valores civiles que se ha convertido en el primer enemigo del proyecto común europeo. La Unión Europea es un proyecto de paz, libertad y prosperidad económica y social para casi cuatrocientos millones de ciudadanos, así como un instrumento irrenunciable para el futuro de nuestra sociedad. Pero es preciso reformar las instituciones europeas, los mecanismos de funcionamiento de la Unión, la legitimidad democrática de las instituciones, y afianzar unos valores comunes que, a día de hoy, resultan imperceptibles para los ciudadanos. Estoy convencido de que la mayoría de los europeos queremos vivir juntos y compartir un proyecto común —y no solo un mercado económico—, si bien los resultados de la gestión de la crisis económica y financiera que asola Europa, sumados a la falta de transparencia y de legitimidad democrática de las instituciones comunitarias, han provocado que el euroescepticismo aumente en la mayoría de los países miembros de la Unión, incluso en aquellos que, como Alemania y Francia, han sido su motor principal.

La Unión Europea padece una clara crisis de crecimiento. El proceso de unificación europea necesariamente se ha cocinado a fuego lento, puesto que estamos ante una cesión de soberanía de los Estados miembros a un ente supranacional, cuestión esta que nunca ha sido fácil de aceptar, sobre todo para las viejas naciones de Europa. Además, la crisis económica ha puesto de manifiesto que no se puede crear un mercado único ni llevar a cabo la unificación económica y fiscal sin abordar el asunto de la deuda pública única para toda Europa —los eurobonos— y sin fijar unos techos de déficit para los diferentes países, lo que daría lugar a una economía más homogénea entre ellos y que se pudieran cumplir los criterios de convergencia. Tampoco deberían olvidarse las situaciones diferentes que viven los países miembros y las estructuras de sus economías.

Paralelamente, han salido a la luz las carencias democráticas de una Europa que, a día de hoy, no tiene un presidente y un Gobierno elegidos en las urnas, y tampoco un Parlamento europeo con plenas competencias en el que los representantes tengan una relación directa con los ciudadanos, como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos.

En Europa hacen falta unos valores comunes que sean defendidos, y creo que el mejor instrumento para lograrlos sería una Constitución europea que fijara derechos y libertades, y unas instituciones más democráticas y con mayor legitimidad que fueran escogidas por todos los ciudadanos europeos.

Estoy convencido de que el euroescepticismo tiene su origen en las carencias democráticas de las instituciones europeas. Debido al sistema de reparto de poder de la Unión, quienes están tomando las decisiones hoy en día respecto a las políticas que afectan al bienestar y a la economía de los europeos no son ni los Gobiernos nacionales ni un Gobierno europeo, sino el Ejecutivo de un país concreto, como está ocurriendo de facto con Alemania. Quizá sea este el motivo por el que los ciudadanos «desconectan» de Europa, puesto que consideran injusto que los criterios que rigen la vida diaria de su país no estén legitimados en las urnas.

Existen en Europa una Comisión Europea y una Presidencia, que se ocupa por turnos, que no responden a la lógica de una federación de Estados, sino a mecanismos más propios de una organización internacional que de una supranacional. En cambio, en Estados Unidos de América existe un presidente, un Gobierno, un Congreso y un Senado, elegidos en las urnas, que legislan y que tienen plenas competencias, además de los Gobiernos estatales, que cuentan con sus propias Constituciones. Es muy difícil que los ciudadanos de Grecia, Italia o España se sientan hoy más europeos que hace unos años cuando las decisiones sobre la política fiscal o los recortes sociales de sus países las están tomando la presidenta de Alemania, el presidente de Francia o, en el mejor de los casos, un comisario europeo.

A Europa le queda un largo camino para llegar a ser una federación de Estados. Pero la situación que vivimos actualmente es tan incomprensible como lo sería en Estados Unidos si las decisiones macroeconómicas, fiscales o bancarias del país las tomara el gobernador de Nueva York o de Virginia, debido a su peso económico, en lugar de hacerlo el presidente de Estados Unidos, el Congreso y el Senado.

Si queremos pensar en Europa como una verdadera unidad política, necesitaremos un presidente y un Gobierno europeos, elegidos por todos los ciudadanos, con capacidad de decisión sobre las competencias comunitarias. El Consejo Europeo, donde están representados los Gobiernos nacionales de los Estados miembros —es el que, a día de hoy, sigue teniendo más peso en la toma de decisiones—, debe quedar relegado a desempeñar un papel secundario, de coordinador entre los Estados miembros y las instituciones europeas. De este modo se produciría una relación democrática y directa entre los ciudadanos, el presidente, el Gobierno y el Parlamento Europeo, sin necesidad de pasar por los Gobiernos nacionales y sus ministros como intermediarios. Este es uno de los principales escollos que existen en la actual Unión Europea. Y no será fácil sortearlo, porque muchos de esos Gobiernos nacionales prefieren decidir por sí mismos y en ningún caso delegar esa función en un presidente y en un Gobierno europeos.

No me cabe duda de que antes o después tendremos que abordar este debate sin ambigüedades y medias tintas. El riesgo que corremos, si no emprendemos estas reformas institucionales, es muy alto, y pasa por un rechazo masivo de la Unión por parte de sus ciudadanos. El objetivo debe ser innegociable: unir a todos los europeos en unos Estados Unidos de Europa.

La crisis económica ha hecho aflorar graves deficiencias en el proceso de unificación. Es evidente que en la Unión Europea se han conseguido muchos avances que han permitido conciliar y unificar políticas que eran impensables hace unas cuantas décadas. Los ciudadanos de los Estados miembros disfrutamos hoy de una ciudadanía europea, de unas libertades reconocidas, de unos tribunales de justicia comunitarios… No tenemos que pagar aranceles, ni pasar aduanas en el espacio comunitario, y tenemos una moneda única gracias al Pacto del Euro. Sin embargo, algunas políticas se han mostrado poco eficaces a la hora de abordar un mundo globalizado y afrontar la crisis económica que atravesamos. La no existencia de una deuda pública europea ha provocado serias dificultades en países que han tenido que ser rescatados, como Grecia, Irlanda o Portugal, o en otros que se han visto obligados a someterse a planes de ajuste durísimos impuestos por la Unión Europea, como es el caso de España. También hemos visto que la falta de control de las cuentas públicas y de criterios comunes sobre el déficit ha traído como consecuencia que se dispare la deuda en algunos países, con los consiguientes recortes y subidas de impuestos. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo ha tomado decisiones sobre la economía europea pensando más en las circunstancias y los criterios de Francia y, sobre todo, de Alemania, que en el interés general de la Unión. Es obvio que no debe de ser fácil tomar decisiones cuando hay veintiocho países con veintiocho economías distintas —y sus respectivas soberanías nacionales—, y quizá sea esa la mayor complejidad de la Unión Europea. Se hace necesario implementar el proceso de unificación a un ritmo mayor para conseguir que, en un futuro próximo las políticas fiscales, bancarias y de deuda pública sean las mismas para todos los miembros y sean implementadas por un Gobierno de Europa que piense en todos.

Uno de los pasos atrás que se han dado en el seno de la Unión ha sido el rechazo a elaborar una Constitución europea. En mi opinión, se debió al desconocimiento de los ciudadanos acerca de las instituciones europeas, a la falta de legitimidad democrática de estas y al euroesceptcisimo histórico por parte de algunos países miembros. Intentar avanzar con procesos que requieren la unanimidad de veintiocho naciones no es sencillo. En Europa hemos pasado de quince a veintiocho miembros en apenas dos décadas y, entre los doce últimos Estados que se han incorporado, los hay que mantienen una posición contraria a la unión política. En mi opinión, sería conveniente avanzar en la unificación, aunque ello suponga dejar atrás a algunos de dichos Estados. La situación «a medias» que vivimos actualmente es la causante del fracaso de las políticas europeas, un fracaso que están sufriendo los ciudadanos en sus bolsillos y en su bienestar.

Desde hace más de medio siglo, la construcción de la Unión Europea se ha caracterizado por dar pasos hacia adelante pero también algunos pequeños hacia atrás. El mayor de los logros fue la creación de un mercado único, pero no podemos olvidar que la Unión Europea nació, sobre todo, para defender la paz, la libertad y el bienestar de sus ciudadanos. Ha sido todo un éxito que, en una Europa que sufrió dos guerras mundiales, se haya mantenido la paz entre algunos de los Estados más importantes, como Francia y Alemania, secularmente enfrentados. Pero ha llegado el momento no solo de aspirar a un mercado único y a un espacio de paz y libertad, sino de avanzar hacia una verdadera unificación que permita tener derechos y libertades comunes, por un lado, y afrontar la globalización de una forma más precisa y contundente para competir con regiones como China, el Cono Sur de América, India o Estados Unidos, por otro. En este sentido es necesario afianzar políticas exteriores comunes que, a día de hoy, dejan mucho que desear. Prueba de ello es la tibieza y la neutralidad de las instituciones europeas a la hora de posicionarse con claridad en relaciones comerciales, geoestratégicas, energéticas o en conflictos armados.

La Unión Europea tiene a sus principales enemigos dentro de ella. En primer lugar, están aquellos que no creen en una Europa unida y, en segundo, aquellos que por su ideología tienden a defender la identidad por encima de la ciudadanía y del proyecto común. Como ya advirtió el premio Nobel de Literatura Mario Vagas Llosa, «el nacionalismo es hoy día el peor enemigo que tiene Europa». Y es que, en pleno siglo XXI, hay partidos nacionalistas que defienden la secesión de partes del territorio de la Unión Europea.

Mención especial merece el caso de Artur Mas y de Convergència i Unió, que intentan vestir de europeísmo lo que en el fondo no es más que un ataque al fundamento de todo este proceso de unión. Defender en Bruselas —sede de la Unión Europea— la ruptura no solo es contradictorio, sino absurdo. Los políticos nacionalistas catalanes se disfrazan de europeístas para dar una pátina de modernidad a lo que, en plena globalización, es una ideología obsoleta basada en la identidad, la diferencia y la mitología del pasado. De hecho, en sede europea, algunos partidos nacionalistas renuncian al concepto de «nacionalismo» porque saben que en la Unión se considera un problema, como la xenofobia y el racismo. Durante el Gobierno del segundo Tripartito (2006-2010), Joan Puigcercós, miembro de Esquerra Republicana, reconoció en una entrevista radiofónica esta contradicción. Cuando se le preguntó si su partido era nacionalista o catalanista contestó: «Mire, en realidad, somos nacionalistas. Pero si nos denomináramos así, en Europa creerían que somos un partido de extrema derecha. Por eso decimos que somos catalanistas». Es evidente que hasta los propios nacionalistas, pese a vestirse de europeístas, son conscientes de que su ideología se considera una amenaza en Europa.

Artur Mas, en su huida separatista hacia adelante, está empezando a cometer graves errores y a recibir jarros de agua fría; entre ellos, uno de los más sonados ha sido el envío masivo de cartas a los líderes europeos desde la Generalitat para reivindicar la secesión de Cataluña del resto de España. El 8 de enero de 2014, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, a través del portavoz de la Comisión, Olivier Bailly, volvió a decir —ya lo había hecho el 20 de noviembre de 2013— que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea en caso de secesión.

En un artículo publicado el 4 de enero en el diario El Mundo, Arcadi Espada explicaba: «Que una Cataluña independiente sea imposible dentro de Europa no es solo una cuestión jurídica. No es que no quepa dentro de los tratados europeos; es que no cabe dentro de la moral europea». Coincido con Espada en que la Unión Europea no solo debería dar una respuesta jurídica al asunto secesionista, sino que, por atentar contra su propia naturaleza de proceso de unificación, debería pronunciarse a favor de la unión y en contra de los desafíos nacionalistas. Que las instituciones europeas y los líderes europeos no se atrevan a posicionarse con claridad en contra de levantar nuevas fronteras en el corazón de Europa demuestra hasta qué punto hay escasez de valores comunes. Si tuviéramos una Constitución europea, la unión sería uno de los pilares fundamentales, y los movimientos separatistas, uno de sus principales adversarios.

La unión de todos los europeos es un objetivo necesario y loable para afrontar el futuro del continente. Pero, repito, es preciso acometer reformas y replantear actitudes. Se han producido tropiezos importantes, como la dificultad a la hora de abordar la crisis económica y financiera o el fracaso al elaborar una Constitución europea. Para defender la unión de los europeos debemos corregir aquello que no funciona y potenciar la democratización de Europa, la unificación de las políticas europeas y superar, desde los valores civiles y la ciudadanía, a los nacionalismos, que precisamente pretenden frenar esa unificación. La idea de la unión viene de lejos y, aunque tardemos años en verla realizada, estoy seguro de que lo conseguiremos. Como dijo Victor Hugo en el Congreso de la Paz de París de 1849:

¡Mi venganza es fraternidad! ¡No más fronteras! ¡El Rin para todos! ¡Seamos la misma república, seamos los Estados Unidos de Europa, seamos la federación continental, seamos libertad europea, seamos paz universal!

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MOVIMIENTO CIUDADANO: POR LAS BUENAS O POR LAS URNAS

En marzo de 2009 tuve la suerte de asistir a un curso de marketing político organizado por la Universidad George Washington, junto a mis compañeros del comité ejecutivo de Ciudadanos Jordi Cañas y Nito Foncuberta. Unos meses antes habíamos recibido información de las jornadas, en las que participarían asesores del Partido Demócrata que habían llevado la campaña de Barack Obama de 2008, así como asesores del Partido Republicano que habían trabajado en la del candidato republicano John McCain. Nosotros deseábamos conocer los entresijos electorales norteamericanos y ver cómo funcionaba el país más avanzado del mundo en lo referente a la gestión de campañas electorales. Estuvimos seis días en Washington y nos alojamos en un apartahotel en la Avenida Pensilvania, a poco más de diez minutos de la Casa Blanca. Me sentí un privilegiado por poder pasar aquellos días en la capital estadounidense y aprender tanto en tan poco tiempo. Una de las cosas que más me llamó la atención de aquel curso fue lo que dijeron los asesores de la campaña de Obama cuando explicaron que el flamante presidente de Estados Unidos había conseguido tejer una gran red de ciudadanos mediante las redes sociales. Gracias a internet, el Partido Demócrata había conseguido que el peso de las estructuras tradicionales de partido y la recaudación para financiar la campaña perdieran relevancia y que ganara peso la relación directa con los ciudadanos.

Entonces me vino a la cabeza una pregunta: ¿cómo funciona la política española si la comparamos con la innovadora gestión de la campaña de Barack Obama y del Partido Demócrata? En España, los viejos partidos basan sus campañas en su aparición en los medios de comunicación tradicionales, que controlan directa o indirectamente. Asimismo destinan sus presupuestos millonarios a mítines para convencidos, obviando la relación directa con los ciudadanos y planteando una gestión de campaña solo compatible con los políticos del partido. Por el contrario, la idea de tejer una gran red de ciudadanos en todo el país no solo me pareció atractiva, sino que, a la vista de los resultados electorales, creo que es una de las ideas más innovadoras de los últimos años en la política mundial. Estoy convencido de que cuando Barack Obama acabe su segunda y última legislatura —en Estados Unidos hay limitación de mandato constitucional de ocho años para los presidentes de Gobierno— y se analice su trayectoria como gobernante, lo más destacable no será tanto la gestión económica y política como la nueva relación que ha logrado establecer entre ciudadanos y representantes públicos.

Esas ideas que aprendí en Washington me marcaron profundamente y, al regresar, intenté transmitirlas. Aquella estrategia encajaba perfectamente con la idea que yo tengo de Ciudadanos: no podemos dejar de ser un movimiento civil aunque tengamos forma de partido político, pues este no es un fin en sí mismo, sino un instrumento jurídico para poder concurrir a unas elecciones y participar en las instituciones.

Así, en 2013 me planteé si era posible extrapolar el modelo de movilización ciudadana que impulsó Obama y tejer una red de ciudadanos en todo un país con el objetivo de promover un cambio en la vida pública y democrática española. Conozco las carencias de nuestra joven y reciente cultura política y democrática, pero estoy convencido, y cada vez más, de que el modelo de movimiento civil organizado y canalizado a través de un partido puede concurrir a unas elecciones para defender un programa electoral y llevar a cabo una serie de reformas que son del todo necesarias. En mi opinión, hay una minoría emergente de ciudadanos, cada vez más amplia, que estamos preparados para organizarnos y cambiar las cosas desde la sociedad civil, por lo que, salvando las distancias con el modelo norteamericano, mis compañeros y yo estamos dispuestos a tejer esa red ciudadana en toda España. En las elecciones de 2012, Ciudadanos triplicó el número de votos y de escaños, y contactaron con nosotros plataformas civiles, grupos municipales, foros de debate, fundaciones y, en definitiva, multitud de representantes de la sociedad civil que se interesaban por nuestras ideas y nuestra forma de entender la política. Muchos nos han preguntado si esos valores podían ser extrapolables al conjunto de España y, después de muchas conferencias, coloquios, mesas redondas, entrevistas en medios de comunicación tradicionales o digitales, hemos llegado a la conclusión (lo hicimos antes de 2013) de que había llegado el momento de poner en marcha una plataforma civil que aglutinara a cientos de miles de españoles en torno a un proyecto democrático común.

Partíamos de la experiencia del nacimiento de Ciutadans en Cataluña, en 2006, que ni mucho menos surgió como un partido formalizado por tres personas que firmaron en un despacho ante notario y que se inscribió en el registro del Ministerio de Interior. Ciudadanos nació como un movimiento civil, un movimiento que se organizó para llevar a cabo actos en diferentes partes de Cataluña, entre 2005 y 2006, y que al fin tomó la decisión de convertirse en partido político para concurrir a las elecciones. Pero nunca hemos dejado de ser un movimiento civil. Creemos que ese formato —que fue tan útil para Cataluña—, lo es ahora para impulsar una nueva etapa política en el país y proponer un proyecto común atractivo para todos los españoles. Desde el verano de 2013 empezamos preguntarnos cómo debería ser esa plataforma, qué reformas esenciales debía defender y cómo debía organizarse. Llegamos a la conclusión de que, en primer lugar, debía ser un instrumento para presionar democráticamente al Gobierno y a la oposición, y, en segundo lugar, en el caso de que estos no atendieran a nuestras demandas, debíamos convertir esa plataforma en una opción electoral.

El equipo de Ciudadanos ideó la puesta en marcha de una página web en la que apareciera un documento con el que los ciudadanos se pudieran implicar. También pensamos que la mejor manera de explicar ese compromiso era presentarlo en las principales ciudades de España. Por experiencia sé que el mejor método para aprobar un documento que sintetice muchas ideas en muy poco espacio es hacerlo entre pocas personas y aceptar enmiendas posteriores que lo mejoren. Por eso creí oportuno iniciar un primer borrador y compartirlo con personas que tuvieran visión política y capacidad para poder redactar conjuntamente el documento. Pensé que Juan Carlos Girauta, escritor, periodista, licenciado en derecho y amigo desde hace años, era la persona idónea para semejante tarea. Debía construir un texto que dijese muchas cosas en pocas líneas, que sumara y no dividiera y que, sobre todo, planteara propuestas, ideas y valores más allá de etiquetas, ideologías o tópicos. Se trataba de hacer un documento que mirara hacia el futuro, que representara un compromiso activo por parte de aquellos que lo firmaran y que finalizara con una llamada a la acción. A mi borrador se añadieron las enmiendas y mejoras de Juan Carlos Girauta y poco después se lo dimos a leer a Francesc de Carreras y a Antoni Asunción. A los pocos días tuvimos redactado el documento sobre el que giraría la plataforma. Se trataba de una manera novedosa de poner en marcha un movimiento civil y político, y contábamos con la experiencia del manifiesto que lanzaron los intelectuales que fundaron Ciudadanos en 2005. En el manifiesto aportamos buenas ideas, propuestas de reforma y una llamada a la acción... Pero el termómetro principal sería el número de personas que suscribiera el nuevo compromiso.

Decidimos que la presentación oficial de Movimiento Ciudadano la haríamos el 24 de octubre de 2013 en el teatro Goya de Madrid. Allí daríamos a conocer nuestras ideas a todos los ciudadanos españoles. Previamente convocamos una rueda de prensa, el 18 de octubre de 2013, en la que participamos Juan Calos Girauta, Antoni Asunción y yo mismo para anunciar el texto, informar de la página web en la que se podía leer y firmar el compromiso, y para explicar la intención de la gira que iniciábamos desde aquel momento. Quizá de una manera un tanto precipitada, al final salió a la luz el compromiso ciudadano:

Nos enfrentamos a varias graves crisis superpuestas: la económica, la institucional, la territorial, la ética. Como resultado, grandes segmentos sociales han desarrollado una preocupante desconfianza hacia nuestro sistema democrático. Necesitamos una reforma profunda de nuestro país que garantice la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos, y tal reforma solo podrá llevarse a cabo reforzando nuestros principales valores civiles: la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.

La mayoría de ciudadanos ha dejado de confiar en los políticos y en las políticas inmovilistas y decadentes que nos han conducido a esta situación. No podemos permitirnos caer en el optimismo ingenuo ni en el catastrofismo. Y lejos de aportar soluciones, los populismos solo traerían problemas añadidos. Ni el futuro está escrito, ni vamos a dejar que lo escriban por nosotros. España será lo que queramos los españoles.

La voluntad de la mayoría es la única que puede lograr los cambios requeridos. Las reformas que proponemos reforzarán los pilares de nuestra democracia y de nuestra nación.

Son objetivos urgentes: democratizar los partidos políticos, abrirlos a la sociedad, someterlos al principio del mérito, hacerlos transparentes e implacables con la corrupción, generalizar el mecanismo de las elecciones primarias; conseguir un sistema de representación que devuelva el poder a los ciudadanos, pudiendo los representados escoger a partidos y también, directamente, a sus representantes a través de listas abiertas, de acuerdo con una ley electoral justa y proporcional; asegurar una efectiva división de poderes, alejando a los partidos del poder judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos reguladores y de supervisión del sector financiero y de los medios de comunicación; reformar las Administraciones públicas, poniéndolas realmente al servicio de los ciudadanos y las empresas, asegurando los servicios públicos esenciales y suprimiendo burocracias y duplicidades.

Como base de las grandes reformas, defendemos la aprobación de un pacto nacional por la educación que mire a una generación —no a una legislatura o a un Gobierno— y que garantice un sistema educativo de calidad para todos. Por encima de cualquier otra consideración. La educación se dedicará a formar buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales.

Los españoles vamos a abrir una nueva etapa política. La Constitución de 1978, que ha garantizado treinta y cinco años de estabilidad, libertades y progreso económico y social, seguirá siendo, con las actualizaciones necesarias, marco y garantía de nuestros derechos y libertades. Todo cambio es posible desde la Constitución; ningún cambio es democrático fuera de ella: en un Estado de Derecho, lo legítimo es lo legal.

La nueva etapa exige cerrar y enterrar el capítulo de las dos Españas, así como las luchas territoriales, para que crezca sin cortapisas la nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley.

Una España diversa que reconoce su historia, sus lenguas y su cultura como patrimonio de todos, sin hacer de esa riqueza lastre o arma política que ponga en riesgo nuestro futuro unidos.

Lamentablemente, los partidos políticos representados hasta ahora en las Cortes Generales no han sido capaces de articular ni de vertebrar un proyecto común español que mire hacia el futuro sin prejuicios. Ha llegado el momento de convertir indignación y preocupación en acción e ilusión. Se ha acabado el tiempo de la resignación, de los súbditos; es la hora de la esperanza, de los ciudadanos. Nos veremos en las calles, en las redes y en las instituciones. Todos juntos, como un movimiento ciudadano. ¡Muévete!

El día antes de la rueda de prensa, con el texto ya listo en la página web (www.movciudadano.es), tuve la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Mi amigo Loquillo tiene una canción que me gusta especialmente titulada «La vida es de los que arriesgan». Justo ese día la había escuchado, por lo que decidí actualizar mi «estado» del whatsApp de mi teléfono móvil con esa frase. El periodista y amigo Manuel Romero, director del diario digital La Voz Libre, se dio cuenta del cambio y lo publicó en su diario como noticia. Como Loquillo dice en su canción, yo soy de los que creen que hay que arriesgar para alcanzar una meta. Lanzar una idea novedosa en la política española a través de un compromiso de los ciudadanos es una manera de arriesgar. Y lo cierto es que, en muy poco tiempo, nos dimos cuenta de que eran muchísimos los que nos apoyaban. Antes de la presentación del manifiesto, en internet se habían inscrito veinticinco mil personas, y todas nos facilitaban sus datos personales, su profesión, el lugar donde vivían, su edad... En definitiva, ciudadanos dispuestos a participar activamente que se ponían al servicio de la plataforma para difundir nuestras ideas en toda España.

En esta corriente de opinión también se encontraban personas de la sociedad civil y del mundo político. Quiero mencionar especialmente la colaboración de la abogada y activista Carolina Punset, a quien conocí el 12 de septiembre de 2013 en una entrevista en el programa El gato al agua de Intereconomía, mientras ella presentaba su libro No importa de dónde vienes, sino adónde vas. Desde el primer momento me llamó la atención su entusiasmo y su sentido común, así como su ambición a la hora de plantear propuestas para cambiar las cosas. Al final del programa nos intercambiamos los correos electrónicos y, cuando pusimos en marcha Movimiento Ciudadano, pensé que a ella le podría interesar, sobre todo teniendo en cuenta que Carolina había sido la creadora de una plataforma ciudadana en Altea (Alicante). Lo cierto es que fue ella quien contactó con nosotros para ponerse a disposición de la plataforma, y le planteé que interviniese en el acto del madrileño teatro Goya como una de los oradores principales. Fue el gran descubrimiento de la presentación. Reconozco que a veces uno se puede equivocar en sus primeras impresiones, pero la actitud y la presencia que yo había percibido en la entrevista de televisión fueron las mismas que ella demostró en la tribuna del teatro madrileño. Necesitamos personas con ilusión y esperanza que crean que nada es imposible. Esas son las únicas que pueden llevarnos a cambiar las reglas del juego.

Unos días antes de la presentación en Madrid había recibido un mensaje de felicitación de Luis Salvador, militante del PSOE y una de las personas que se había caracterizado por defender la democracia interna de su partido. Había coincidido con él en diferentes medios de comunicación y, la verdad, pese a estar en partidos distintos, siempre encontré en él a una persona razonable, moderada y con sentido común que no intentaba hacer de la diferencia una trinchera, sino un debate legítimo para aportar distintas soluciones a los problemas. Luis me envió por SMS una felicitación por la iniciativa. Precisamente, en esos días él intentaba proponer en el seno del PSOE ciertos cambios a la hora de elegir a los candidatos y a su secretario general, pero no tuvo mucho éxito: ya sabemos que, al menos hasta la fecha, el Partido Socialista no está sabiendo aceptar los cambios que la sociedad exige. En cualquier caso, hablé con Luis y nos dimos cuenta de que coincidíamos en la necesidad de empezar a sumar fuerzas entre aquellos que queremos mejorar nuestra democracia. Le dije que contábamos con él y le invité al acto del teatro Goya. Un par de días antes del acto me confirmó que asistiría como invitado.

Además de estas personas, otros muchos nos han ido prestando su apoyo, desde fundadores de Ciudadanos, como Francesc de Carreras, pasando por abogados como Javier Nart, hasta periodistas y escritores como Arcadi Espada o Félix de Azúa. Este último, catalán afincado desde hace algunos años en Madrid, asistió al acto del teatro Goya, y unos días después, el 28 de octubre de 2013, dedicó su sección en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser al Movimiento Ciudadano con las siguientes palabras:

Estuve en un mitin de verdad, de los de antes, euforizante, heterodoxo y amenazador. Fue en el teatro Goya. El mitin no había sido apenas anunciado, era sábado y con nubarrones. A pesar de todo el teatro lleno en sus ochocientas butacas, quedaron fuera casi mil personas. Albert Rivera, de Ciudadanos, presentaba su Movimiento Ciudadano, un ataque a los partidos escleróticos, a la democracia moribunda y a la holgazanería política. Él y sus acompañantes están persuadidos de su capacidad para abrir ventanas en el búnker de la partitocracia. Aire fresco. A la reunión la llamó «La Conjura de Goya». No es mal patrón. Por primera vez en muchos años me ha parecido verle los ojos al futuro.

El acto fue emocionante desde el primer momento. Inevitablemente, teníamos dudas sobre el número final de asistentes, pero antes de comenzar, mi compañera Lula Bueno, encargada de coordinar los actos de Movimiento Ciudadano, me confirmó que el aforo del teatro —unas setecientas personas— estaba completo un cuarto de hora antes de empezar la presentación. Tal era el número de personas que no pudieron acceder que se habilitó otra parte del teatro para que unas ochocientas personas siguieran la presentación a través de una pantalla. Y aun así, más de trescientas personas se quedaron en la calle.

Las casi mil ochocientas personas que asistieron aquel día a la presentación de Movimiento Ciudadano son un claro síntoma de que algo está ocurriendo en la sociedad civil. Aquel día se respiraba emoción en el ambiente y había muchas expectativas, ilusión y ganas de escuchar nuestra propuesta. Fui el encargado de cerrar el acto y explicar las principales bases y compromisos de Movimiento Ciudadano. Antes habían intervenido Antoni Asunción, Juan Carlos Girauta y Carolina Punset, así como doce ciudadanos anónimos que leyeron un párrafo del compromiso ciudadano. También presentamos el vídeo promocional titulado: «No somos súbditos, somos ciudadanos» y, mientras se proyectaba, pude comprobar cómo algunos de los asistentes se emocionaban. Ya en la tribuna, se me ocurrió escenificar un pacto simbólico entre los ciudadanos y firmantes del manifiesto. Propuse llamarlo «La Conjura del Goya», que no es más que el compromiso de todos por no parar de luchar hasta conseguir las reformas con las que soñamos. Desde entonces «La Conjura del Goya» se ha convertido en nuestro particular pacto entre caballeros.

Soy consciente de que ese día vivimos momentos de euforia e ilusión, y que seguramente vendrán otros menos buenos por el camino. Sé que aquellos que quieren que todo siga igual no nos lo van a poner fácil, pero estoy seguro de que lo que representa esa «Conjura del Goya» cada vez estará más presente en más familias, en más hogares y en más lugares de España.

Tras el acto de Madrid se dispararon las firmas del compromiso ciudadano. La gente empezó a conocernos y planificamos un calendario de actos por las diferentes capitales de España. La siguiente parada sería en mi ciudad, Barcelona, donde nació Ciudadanos, una de las ciudades más importantes de España. Tras la experiencia de Madrid, escogimos un auditorio más grande y el 23 de noviembre de 2013 más de mil doscientas personas llenaron el Palacio de Congresos de la Feria de Barcelona. Además de los ya citados que intervinieron en Madrid, en esta ocasión se sumaron Arcadi Espada, el abogado José María Fuster Fabra, el periodista César Cabo, el asesor político Fran Carrillo, el colaborador televisivo Anthony Toffoli, el presidente de Ciudadanos de Cádiz, Juan Marín, y la escritora y periodista Anna Grau. Entre el público había personalidades del mundo del deporte, como el presidente del Terrassa Futbol Club, Jesús Fernández, el presidente del club de fútbol de Hospitalet, Miguel García, y el publicista y expresidente del R.C.D Espanyol, Fernando Martorell, estos dos últimos militantes de Ciudadanos.

El 14 de diciembre de 2013 la cita era en Valencia. Ya contábamos con más de cuatro mil quinientas personas inscritas en Movimiento Ciudadano y era evidente que el acto desbordaría el auditorio de la Feria de Valencia. También se sumaron personalidades de la sociedad civil, entre ellas el cantante valenciano Francisco, que quiso dedicar unas palabras de apoyo a Movimiento Ciudadano. La siguiente parada fue Sevilla, otra de las ciudades más importantes de España. Habíamos alquilado un auditorio de quinientas personas, pero viendo el interés que estaba despertando nuestra propuesta, decidimos reservar el Palacio de Congresos de Sevilla (FIBES), el mayor en el que habíamos participado hasta la fecha, con mil cuatrocientas personas de aforo. Algunos periodistas sevillanos me dijeron que un palacio como ese no lo llenaba ni el PSOE ni el PP. Teniendo en cuenta que nuestra plataforma no tiene representación parlamentaria en Andalucía, ni, por supuesto, apoyos económicos o mediáticos, parecía una utopía poder llenar aquel espacio. Pero la realidad volvió a sorprendernos y se superaron todas las expectativas. El auditorio se llenó hasta la bandera para recibirnos. Acudieron como invitados representantes de la sociedad civil, cofradías, colegios profesionales, y recibimos el apoyo muy especial de la familia de la desaparecida Marta del Castillo, representada por su padre, Antonio del Castillo, y su tío, Javier Casanueva, portavoz de la familia y presidente de la Asociación Víctimas y Justicia.

Para el año 2014 Movimiento Ciudadano tiene actos programados en las principales ciudades de España. Mientras, los miembros de la plataforma pondrán en marcha el desarrollo participativo de algunas de las cinco reformas estructurales que plantea el compromiso ciudadano: la reforma del sistema de partidos, la de la ley electoral, la de las Administraciones públicas y las instituciones democráticas, garantizar una verdadera separación de poderes y, finalmente, la propuesta de un gran pacto nacional por la educación. Juan Carlos Girauta es el encargado de coordinar los trabajos presentados, y cada una de estas áreas de acción contará con un responsable; por ejemplo, el abogado Javier Nart será el encargado de desarrollar la reforma de la justicia para garantizar la separación de poderes que defendemos en nuestro maifiesto.

Antes del verano de 2014 estaremos elaborando los documentos que desarrollarán las reformas que presentaremos a la sociedad española. Cuando estén listos, solicitaremos al Gobierno de España que nos reciba en nombre de los ciudadanos inscritos en la plataforma para pedir que se comprometan a llevar a cabo las reformas que planteamos y en un calendario concreto. El objetivo no es otro que poder abrir una nueva etapa política en España.

Soy una persona optimista por naturaleza, pero en este caso prefiero mantenerme escéptico. El presidente Rajoy, que tiene mayoría absoluta, lejos de emprender reformas de este calado, ha optado por empeorar aún más la situación. Basta con referirnos a cómo ha actuado respecto a la educación, ya que, lejos de liderar un pacto nacional, ha promovido la contrarreforma de la ley anterior, y, claro está, el PSOE e IU ya se han encargado de amenazar con otra contrarreforma si llegan al Gobierno.

Otro ejemplo es el de la justicia, ámbito en el que de entrada se pide un poder judicial independiente de los partidos políticos, Sin embargo, Mariano Rajoy ha aprobado una reforma en el sentido contrario, es decir, una medida que le permite controlar el poder judicial, junto a PSOE, Izquierda Unida y los nacionalistas, y repartir el nombramiento de los vocales como si fueran cromos. ¡Ojalá cambiara la actitud del Gobierno de España y del principal partido de la oposición! Pero si no cambia, no nos quedaremos con los bajo cruzados. Ese es el compromiso de «La Conjura del Goya». Si nuestras reformas y peticiones no se contemplan, pasaremos a decisiones colectivas. Es decir, o lo hacen por las buenas o lo haremos por las urnas.

Con mucha frecuencia me preguntan: «¿Crees que vuestro innovador proyecto de plataforma puede funcionar en España?». Mi respuesta siempre es la misma: no solo ya ha funcionado en Estados Unidos —y lo vimos en la campaña electoral de Obama de 2008—, sino que también ha funcionado en nuestro país, concretamente con la plataforma que dio origen a Ciudadanos y que ha continuado con el crecimiento exponencial de nuestro partido. No solo hemos conseguido entrar en las instituciones, siendo el primer partido que emergía en el panorama político español después de décadas, sino que, además, hoy somos la fuerza política que más crece en Cataluña. De hecho, los sondeos nos sitúan como la tercera fuerza política en las próximas elecciones autonómicas.

Recuerdo perfectamente cómo y dónde conocí la noticia del último sondeo de Metroscopia. Fue el 3 de noviembre de 2013 y lo leí en el diario El País. En ella se otorgaba a Ciudadanos veintiún escaños en el Parlamento de Cataluña y un 15,5 % de intención de voto, lo que nos situaba claramente como tercera fuerza política en intención de voto. Yo me encontraba en Granada, invitado por el Club de la Constitución, y también porque habíamos organizado un acto en el que participaba junto a mis compañeros y amigos Fernando de Páramo y Fran Hervías. Tras su finalización, fuimos de tapas por la céntrica Calle Navas granadina y, mientras cenábamos, Fran Hervías sacó el móvil y nos enseñó el resultado de la encuesta. Y no solo en Cataluña, donde ya somos una fuerza parlamentaria, sino también en el conjunto de España está ocurriendo algo insólito: ante la mera expectativa de que Movimiento Ciudadano se pueda convertir en un futuro en una opción electoral, muchos españoles han manifestado su voluntad de votarnos tal y como muestra la encuesta de GESOP publicada el 3 de febrero en El Periódico, según la cual nos convertiríamos en la quinta opción política en intención de voto para las próximas elecciones generales.

Esta es la demostración de que un movimiento civil organizado, con buenas ideas, con personas competentes y con portavoces que expliquen sus proyectos a la ciudadanía, no solo es posible, sino que, de hecho, ya funciona como un modelo exitoso. El tiempo dirá si Movimiento Ciudadano debe concurrir a las elecciones y si será o no un revulsivo en la política española. En cualquier caso, dicen que si no juegas un partido ya lo has perdido, y que si lo juegas, puedes perderlo. Los que formamos parte de esta plataforma estamos dispuestos a jugar la partida. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados si el PP, el PSOE y los nacionalistas pretenden que nos conformemos con una España decadente que los españoles no merecen.

Durante mi intervención en el acto de Movimiento Ciudadano en Sevilla al que me he referido antes, dije unas palabras que a algunos les parecerán idealistas y a otros imprudentes. Me salieron del corazón y, además, estoy convencido de que lo que dije es posible:

Me gusta trabajar con buena gente, no sé trabajar con mala gente. Me parece fundamental que sean buenos profesionales, pero también que sean buena gente. Así es más fácil trabajar bien, disfrutar e ilusionarse. Quiero que Movimiento Ciudadano sea un movimiento de buena gente. De gente con valores y buena fe para gestionar las cosas, porque ese es un compromiso ético importante.

En el corto pero intenso tiempo que llevamos trabajando duro, dedicándole muchísimas horas e ilusión, hemos formado un gran equipo y hay multitud de personas implicadas. Puede sonar a tópico, pero, de verdad, no lo es: al tiempo que trabajamos, disfrutamos; y mientras disfrutamos, trabajamos. En 1992, Johan Cruyff, entrenador más que emblemático del Barça en la final de Wembley contra la Sampdoria italiana, antes de saltar al campo les dijo a sus jugadores: «Salid y disfrutad». Algo parecido les digo yo a mis compañeros una y otra vez: «Trabajad y disfrutad».

Es una labor que no entiende de horarios ni fines de semana y en la mayoría de casos ni siquiera es retribuida. Pero si verdaderamente creemos en lo que hacemos, se puede generar ilusión y transmitir esperanza. No quiero pensar que la política es sinónimo de puñaladas entre compañeros de partido, de mediocridad, de zancadillas y de conspiraciones. En mi opinión, es algo noble y necesario. De hecho, todos deberíamos preguntarnos si podemos hacer algo por nuestro país. Porque del mismo modo que se contagia la frustración, la resignación y el mal ambiente, también se contagia la felicidad.

Son muchas horas de trabajo, reuniones, hoteles, vuelos y trenes, nervios, entrevistas... La mejor manera de abordar el trabajo es disfrutando de él y siendo conscientes de que estamos innovando en la política española e intentando hacer de nuestro país un lugar en el que nuestros hijos puedan ser más felices.

Este es el objetivo que me mueve —estoy seguro de que es compartido por mis compañeros— para poner en marcha esta plataforma. El tiempo dirá si Movimiento Ciudadano ha sido un instrumento útil para que el futuro vuelva a estar en manos de todos los españoles.

15
MUÉVETE

Si algo he aprendido en estos años de trabajo en la vida pública es que para intentar transformar un país es fundamental que nos transformemos individualmente. Tan importantes son las aptitudes como las actitudes y, como ya dije en el primer capítulo, no es lo mismo preguntarse qué nos va a pasar mañana que preguntarnos qué vamos a hacer mañana. De hecho, esa fue la cuestión que trasladé a mis compañeros y al auditorio que llenaba el Palacio de Congresos de Sevilla el día 18 de enero de 2014:

Nosotros nacimos con una Constitución, derechos y libertades debajo de un brazo y con el Estado del bienestar bajo el otro. Pero ahora podemos comprobar que nuestra Constitución no se aplica, que nuestros derechos y libertades se cuestionan y que nuestro Estado del bienestar y nuestra economía se desmoronan. La pregunta que os planteo, y especialmente a los que tenéis treinta o cuarenta años, es la siguiente: ¿qué podemos y estamos dispuestos a hacer? Nuestros padres lucharon para conseguir la reconciliación y la democracia; a nuestros abuelos les tocó luchar en bandos enfrentados siendo hermanos, primos, cuñados o vecinos. ¡Qué triste! Pero están ahí… ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer los que hemos nacido en democracia?

Transformarse individualmente significa ser consciente de que cada cual tiene la llave de su propia vida y que juntos tendremos las llaves de nuestro país. Hasta la fecha, el gran logro de los que quieren que en este país todo siga igual ha sido hacernos creer que hay cambios imposibles. Sin embargo, en democracia nada es imposible, ya que todo depende de la voluntad de la mayoría de ciudadanos. Repito: España será lo que queramos los españoles.

Los que creemos en una España más democrática, unida y próspera hemos pasado a la acción. Se ha acabado el tiempo de la resignación y los lamentos; se han agotado los días del calendario para la queja sin acción y la protesta sin propuesta. En democracia, la palanca para cambiar el mundo son las papeletas y los votos. Albert Einstein decía: «No podemos cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo». Y en un país democrático nada cambiará si votamos a los que nada quieren cambiar. Una de las tareas clave que tenemos por delante para comenzar a transformar nuestro país es convencer a cientos de miles de españoles de que abstenerse no es la solución, y que, de hecho, es parte del problema.

El historiador británico Arnold Toynbee decía una gran verdad: «El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan». A raíz de la tremenda crisis que atravesamos, los españoles nos estamos dando cuenta de lo que han hecho mal nuestros gobernantes, pero también, y sobre todo, de lo que hemos dejado de hacer los ciudadanos. El país no se arreglará solo, y tampoco vendrán los «hombres de negro» a hacerlo. Los únicos hombres y mujeres que pueden transformarlo son los ciudadanos. Porque España es más que Bankia, Bárcenas, los ERE de Andalucía… Es mucho más que el «España nos roba», mucho más que rojos y azules, que ETA, que su prima de riesgo y que «Villarriba contra Villabajo». España, a pesar de todo, vale la pena.

Para saber qué anhelan los ciudadanos españoles, el equipo del Movimiento Ciudadano envió una pregunta a las cincuenta mil personas que en el mes de enero de 2014 ya habían firmado el compromiso ciudadano que planteamos. Apenas una semana después se recibieron más de quinientos correos electrónicos en los que los ciudadanos explicaban con qué país soñaban: «Sueño con una España donde la educación no entienda de clases»; «Sueño con una España que prometa futuro a nuestros jóvenes y en la que estos no tengan que marcharse a otros países»; «Sueño con una España en la que no existan fronteras y donde los nacionalismos queden relegados al pasado»...

Como tantos españoles, yo también tengo mi sueño: sueño con una España de ciudadanos libres e iguales, con una nación diversa pero unida, con un país que forme a buenas personas y buenos profesionales. Quiero vivir en un país donde los bancos presten dinero a los ciudadanos y no donde estos sean los encargados de rescatar a los bancos; un país en el que las administraciones y las instituciones estén al servicio de las personas y no de los partidos políticos. Sueño con una nación en la que, en todos sus rincones, ser valiente no salga tan caro y donde, como diría el maestro Joaquín Sabina, ser cobarde no valga la pena.

Ha llegado la hora de que los españoles volvamos a tener un proyecto común que nos ilusione. Es el momento de abrir una nueva página democrática en nuestra historia que nos permita recobrar el aliento y la esperanza que nunca debimos perder.

Juntos podemos. Muévete.

AGRADECIMIENTOS

Quiero hacer público mi agradecimiento:

A mis padres, que siempre han estado a mi lado en los buenos momentos y en los menos buenos. Ellos me han permitido, con sus valores de libertad y humildad, vivir una vida feliz haciendo lo que más me gusta: aprender, disfrutar y soñar.

A Mariona, una gran mujer, mi mejor amiga desde la adolescencia, mi pareja durante once años y la madre de mi hija Daniela, por haber compartido conmigo una maravillosa etapa de nuestras vidas.

A mi equipo de colaboradores en Ciudadanos y en el Parlamento de Cataluña, un grupo de amigos y buenas personas que disfruta intentando cambiar el mundo. Siempre han demostrado lealtad, autocrítica y capacidad de trabajo, y de ellos aprendo cada día.

Y a los militantes y simpatizantes de mi partido, ciudadanos que un día se levantaron y se preguntaron, como lo hacía yo, qué podían hacer por su país.

A las personalidades que impulsaron el primer manifiesto que dio nacimiento a Ciudadanos, por haber sido valientes y coherentes y habernos permitido a muchos ciudadanos ver una luz de esperanza para regenerar la vida pública en España.

A los amigos y amigas que me han ayudado a compaginar mis obligaciones ordinarias con mi dedicación a este proyecto, y que me han permitido compartir con ellos grandes momentos, reflexiones, preocupaciones, emociones e ilusión.

A Juan Verde, por haberle dedicado al prólogo de este libro su valioso tiempo y por haberme dedicado tan apreciadas palabras. Es un auténtico lujo contar con el apoyo de una persona que destila entusiasmo, profesionalidad y pasión en que se propone.

A Fernando de Páramo, periodista, abogado, amigo y compañero de sueños e ilusiones, que me ha ayudado a sacar a la luz el sueño de escribir mi primer libro, siendo en todo momento mi escudero y mi asesor.

A mi coach Maria Àngels Casanovas, que me ha ayudado durante este último año a crecer como persona, a saber perseguir mis sueños, a ser más humano y a descubrir que la felicidad no está al final del trayecto, sino en cada minuto que disfrutamos de la vida.

A Lola Cruz, mi editora en Espasa, y a Ana Rosa Semprún, directora de la editorial, por haber confiado en este proyecto desde el primer minuto y haberme dado libertad y confianza para escribirlo y disfrutarlo.

A todos los ciudadanos españoles que a lo largo de estos siete intensos años en la vida pública nos han mostrado a mi equipo y a mí su cariño, su apoyo, nos han dado su energía y nos han transmitido su ilusión y su esperanza.