«Solo cuando los pueblos conocen la verdad pueden reclamar sus derechos y oponerse con fuerza a las medidas de austeridad y a la carga insostenible de la deuda». Así presentábamos el libro Vivir en Deudocracia.

Dos años después, no solo no se han solucionado las cuestiones que entonces empezábamos a vislumbrar, sino que la situación ha empeorado La deuda sigue siendo un obstáculo para el desarrollo humano en muchos rincones del planeta, entre ellos el nuestro. Con este libro queremos aportar un análisis riguroso y actualizado, hecho desde la ciudadanía y para la ciudadanía, en el que abordamos las razones y causas que explican la crisis y la acumulación de la deuda, así como las consecuencias sobre la población y las posibles alternativas. El libro está dedicado a todas las auditoras ciudadanas que desde sus respectivos espacios desafían la dictadura de la deuda y los mercados.

AA. VV.

¿Por qué no debemos pagar la deuda?

Razones y alternativas

ePub r1.3

Titivillus 25.04.2022

Título original: ¿Por qué no debemos pagar la deuda?

AA. VV., 2013

Ilustraciones: Marc Rodríguez Porcell

Diseño de cubierta: Adriana Fàbregas

Agradecimientos: Gerard Malet

Fotocomposición: Text Gràfic

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prólogo

PERE CASALDÀLIGA

Al pirata anónimo

Codicia de codicia de codicia

en el banco mundial del mar abierto,

cerrado el corazón a la justicia,

reacio a toda luz el ojo tuerto.

La muerte por blasón y la ictericia

del oro por salud, en el acierto

de cuentas entre imperios tu pericia

de ladrón de ladrones gana el puerto.

Lobo transnacional, vampiro inmundo

de nuestra sangre para el Primer Mundo

y entre escollos de lucro zahorí.

Mercenario del dios de la galerna,

tatarabuelo de la Deuda Externa,

antepasado del FMI.

Sin publicar, una hojita en

Todavía estas palabras

Pere Casaldàliga, religioso siempre vinculado a la teoría de la liberación, nacido en Balserany (Barcelona) el 16 de febrero de 1928. Hizo de la Prelatura de São Félix do Araguaia (Mato Grosso), donde fue obispo, una trinchera en la defensa de los excluidos, en una época en la que muchos oponentes de la dictadura acababan presos, torturados o muertos. Afrontó la represión militar en Brasil y los pistoleros al servicio del latifundio. Escapó de la muerte en 1976, cuando, por engaño, la bala dirigida a él le quitó la vida al padre jesuita João Bosco Burnier. Pere Casaldàliga acompaña todavía hoy las transformaciones que la globalización impone a los pueblos y ha sido y es un incansable luchador contra la opresión de la deuda allá donde se viva.

I
La deuda en el mundo

GRISELDA PIÑERO y IOLANDA FRESNILLO

¿Qué significa la deuda para los pueblos?

La población española, al igual que la griega o la portuguesa, está sufriendo las criminales consecuencias de las políticas de austeridad que se imponen tras la cortina de la deuda. La crisis de la deuda, que está ahogando a los países de la periferia europea, se asemeja a la que vivieron numerosos países africanos, asiáticos y latinoamericanos, crisis que, de hecho, siguen viviendo.

La deuda ha sido y sigue siendo un mecanismo de dominación de los acreedores sobre los deudores, un mecanismo que ha servido como palanca para imponer un modelo económico centrado en el neoliberalismo. Mediante los llamados planes de ajuste estructural en los países empobrecidos, que en Europa son los de austeridad, la deuda provoca el empobrecimiento de las poblaciones, el menoscabo de sus derechos económicos, sociales y culturales y, por ende, el aumento de las desigualdades.

La crisis de la deuda en los países empobrecidos no se ha acabado

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), casi un tercio de los países de bajos ingresos se encuentran hoy en riesgo de sobreendeudamiento, a pesar de haber recibido en muchos casos importantes cancelaciones de deuda. De hecho, la deuda total de los «países en desarrollo» ha pasado de 2,1 billones de dólares en el año 2000 a 4,9 billones de dólares en 2011. En el contexto de la crisis económica global, muchos países se han endeudado aún más para suplir los impactos de la crisis en sus economías. Los países empobrecidos han visto reducidos sus ingresos por exportaciones, los precios de las materias primas se han vuelto extremadamente cambiantes, los ingresos por remesas de migrantes han caído y las empresas multinacionales han incrementado los niveles de repatriación de beneficios, además de seguir evadiendo impuestos y profundizando la fuga de capitales, con lo cual dejan cada vez menos recursos a disposición de esos países. En este contexto, es especialmente preocupante el sustancial incremento de la deuda privada en algunos países empobrecidos. Mientras en el año 2000 la deuda pública de los países en desarrollo era de 1,3 billones de dólares y la deuda privada era de tan solo 0,5 billones, a finales de 2011 la deuda pública había subido hasta 1,76 billones y la privada, a 1,71 billones (deuda a largo plazo). Por ejemplo, como vienen alertando algunos medios financieros, la burbuja de crédito privado en Asia podría derivar en una nueva crisis de deuda.

El precio del «perdón» de la deuda

Después de años de movilizaciones sociales se implementaron iniciativas de «alivio de deuda» para los países más pobres y más endeudados con las que se pretendía reducir la deuda de estos países a «niveles sostenibles». Pero las cancelaciones ofrecidas se reciben solo después de comprobarse la ejecución de programas de ajuste controlados por el FMI. Privatizaciones, liberalización financiera, eliminación de subsidios, reducción de salarios a funcionarios, recortes en sanidad y en educación, entre muchas otras medidas, fueron impuestas a países como Mali, Haití, Camerún, Tanzania o Bangladesh, a cambio del «perdón» de parte de sus deudas. En Malí, Malawi o Haití, por ejemplo, la eliminación de los subsidios al algodón, a los fertilizantes y al arroz respectivamente, y la obligación de abrir sus mercados y privatizar las empresas públicas agrícolas, no solo supuso la ruina de millones de campesinos, sino también una grave amenaza a la soberanía alimentaria de sus poblaciones.

Estas políticas, que perpetúan la relación de dependencia de los países supuestamente beneficiarios, son totalmente ineficaces e insuficientes a largo plazo ya que, después de recibir las cancelaciones parciales de sus deudas, los gobiernos siguen recurriendo al crédito, en muchos casos del FMI, reproduciendo ciclos de sobreendeudamiento.

Blanqueo de deudas, de América Latina a Europa

En América Latina, la crisis de la deuda en los años ochenta llevó a diferentes rondas de refinanciaciones, una de las respuestas más habituales ante situaciones de sobreendeudamiento. En el sudeste asiático, Ecuador o Argentina a finales de los noventa, o Grecia e Irlanda en la actualidad, refinanciar la deuda ha sido también la respuesta. Este tipo de refinanciaciones no hacen más que perpetuar el problema del endeudamiento y sirven de palanca para imponer los planes de ajuste estructural del FMI. Durante las refinanciaciones además no se tiene en cuenta el origen de la deuda, por lo que en muchos casos se acaban blanqueando deudas ilegítimas, odiosas e impagables.

Blanqueando y eternizando deudas bancarias. El caso irlandés

En el año 2006, antes del estallido de la crisis, la deuda pública irlandesa era de 43.766 millones de dólares, un 24,6% del PIB, y el país presentaba superávits fiscales. Considerada la prueba del éxito del modelo neoliberal, Irlanda pasó de un extremo a otro: de ser llamada el «tigre celta» al rescate. El Anglo Irish Bank, que había participado de lleno en la burbuja inmobiliaria irlandesa, fue rescatado por el Gobierno irlandés en 2010, lo que multiplicó la deuda pública irlandesa por tres, y disparó el déficit fiscal hasta el 30,9%, en un claro ejemplo de socialización de deudas privadas. La situación llevó al Gobierno irlandés a pedir un «rescate» de 90.000 millones de euros al FMI y a la Unión Europea (UE), que fue a parar fundamentalmente a la recapitalización bancaria, mientras se imponía un brutal plan de austeridad.

En el primer trimestre de 2013, la deuda pública había aumentado hasta el 125% del PIB. En enero del mismo año, y al borde de la suspensión de pagos, el Gobierno irlandés pactó una refinanciación de su deuda con el Banco Central Europeo (BCE), canjeando los pagarés de deuda a corto plazo (con un interés del 8%) por bonos del Estado a largo plazo con un interés mucho menor. A pesar de la presión mediática para que la refinanciación de la deuda se considerara un proceso exitoso, la campaña Anglo, not our debt denuncia que este canje significa el blanqueo de una deuda ilegítima «que fue acumulada para pagar a especuladores que se jugaron el dinero en un banco irresponsable, ahora bajo investigación criminal».

Grecia, quitas y nuevas deudas; refinanciación a la latinoamericana eternizando la deuda y la austeridad

Antes de la crisis, la deuda pública griega ya era más elevada que la del resto de sus vecinos europeos, en parte debido a la herencia de la dictadura de los coroneles, que cuadriplicó la deuda pública entre 1967 y 1974. Una deuda odiosa que después heredaría la democracia griega. Por otro lado, los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, el elevado gasto militar y una serie de llamativos casos de corrupción están también entre los factores de la elevada deuda pública griega.

Grecia también tuvo una burbuja de deuda privada; tras la crisis financiera, que cerró el grifo del crédito a sus bancos, muchos bancos fueron rescatados, lo que aumentó la deuda pública. En 2010, ante la posibilidad de una suspensión de pagos, la troika (formada por el FMI, la Comisión Europea y el BCE) aprobó el primer «rescate»: un crédito de 110.000 millones de euros, con un draconiano plan de austeridad, recogido en el memorándum firmado con la troika. Cada tramo del «rescate» que se desembolsa requiere el cumplimiento de las condiciones del primer memorándum, lo cual socava día a día la soberanía griega. Es importante destacar que, de los 23 tramos del «rescate» griego cobrados desde 2010, un 77% de los recursos se ha destinado al sector financiero.

Sin embargo, año y medio después del primer «rescate», Grecia se encontraba en la misma situación: con una deuda impagable. En marzo de 2012 la troika aprobó el segundo «rescate» con la condición de que los acreedores privados aceptasen una quita, es decir, el impago de una parte de la deuda. Ante el riesgo de no cobrar nada, el 95,7% de los tenedores de bonos privados aceptaron el canje por nuevos bonos garantizados y bajo jurisdicción británica, con una quita de hasta un 78,5% del valor real de la deuda. No obstante, la deuda pública griega sigue aumentando. La previsión del FMI para 2013 es que llegue al 176% del PIB. En Grecia, el PIB ha retrocedido un 25% desde 2007, la tasa de desempleo llega al 27% —entre los jóvenes, a más del 57%— y casi la mitad de la población está en riesgo de pobreza.

Los riesgos de no pagar: Argentina y los fondos buitres

Argentina hizo suspensión de pagos de su deuda en 2001, después de décadas de seguir los dictados del FMI y de situar su economía (y su población) al borde del abismo. Este país aprovechó la suspensión temporal de pagos para renegociar su deuda privada y parte de la deuda bilateral y, al mismo tiempo, acumular reservas suficientes para poder pagar la deuda con el FMI. Sin embargo, en lugar de repudiar la deuda odiosa de la dictadura y analizar a través de una auditoría la ilegitimidad de las deudas posteriores, el Gobierno optó por ofrecer a los mercados dos canjes de bonos de deuda, en 2005 y 2010, con una importante quita y un retraso de los vencimientos.

El 93% de los tenedores de bonos (acreedores privados) aceptaron la quita y perdieron parte de su inversión (hasta un 75% en algunos casos). Los acreedores que no aceptaron la quita vendieron los bonos a los «fondos buitre», que, después de comprarlos a un 2% del valor nominal, recurrieron en 2012 a los tribunales reclamando al país el retorno del 100% del valor nominal de dichos bonos. Una sentencia desfavorable para Argentina, como la que se ha producido en agosto de 2013 en los juzgados de Nueva York, no solo pone contra las cuerdas a este país sino que pone en riesgo los procesos de reestructuración de deuda, como, por ejemplo, los de Grecia, Jamaica o Belice.

La deuda en el Caribe; condenados a la pobreza

De la situación de endeudamiento fuera de Europa destaca la que viven los pequeños países insulares del Caribe. Desde 2010, Antigua y Barbuda, Belice, San Cristóbal y Nieves, Granada y Jamaica reestructuran sus deudas soberanas, que fueron aumentando sin pausa desde la década de los noventa, hasta alcanzar niveles de deuda pública superiores a los de Grecia. Así, San Cristóbal y Nieves tiene una deuda pública cercana al 200% del PIB y Jamaica, una del 143%. La crisis económica global, el impacto del descenso del turismo (del que son altamente dependientes), así como los efectos económicos de huracanes y tormentas son algunos de los factores clave para explicar este aumento de la deuda.

Desde la década de los noventa, el FMI desplegó en la región sus programas de ajuste, que con la crisis actual se renovaron y en algunos casos, como el de Jamaica, endurecieron sus condiciones. De seguir bajo los dictados del FMI, los pequeños estados del Caribe tienen por delante años de ajustes y austeridad, y, por tanto, de empobrecimiento, desigualdades y violaciones de derechos.

En abril de 2013, en una situación límite, Jamaica pactó con el FMI un nuevo «rescate» de 930 millones de dólares y una reestructuración de su deuda interna. Según la Campaña para la Justicia Económica y Social de Jamaica (CESJ), que promueve una auditoría de la deuda en ese país, la deuda jamaicana es en buena parte ilegítima: deuda de corrupción, derivada del rescate bancario en los noventa, o deuda correspondiente a megaproyectos de infraestructuras inútiles que solo beneficiaron a la élite de la industria turística.

La deuda y el FMI: dos obstáculos más para las revoluciones árabes

En los meses previos a las revueltas árabes, el FMI había publicado una serie de informes sobre la política económica y los ajustes y recortes sociales realizados por los gobiernos de Egipto, Libia, Argelia o Bahréin. Tanto el FMI como el Banco Mundial (BM) valoraron muy positivamente los avances económicos de los países del norte de África, obviando el empobrecimiento de la mayoría de la población, la negación de derechos económicos, sociales y culturales, la violación de derechos humanos, la falta de democracia o el aumento de las desigualdades.

En Egipto, los préstamos del FMI y el BM al régimen de Mubarak fueron la palanca para imponer la llamada reforma económica egipcia, que contribuyó al empobrecimiento de la población, la desestructuración de la clase media y el aumento de las desigualdades. En poco tiempo, el Gobierno congeló salarios, eliminó pagas extraordinarias y recortó de forma drástica la inversión en servicios públicos, como sanidad o educación. Mientras tanto, la deuda aumentaba. Dichas políticas de ajuste, el impacto de la especulación financiera que disparó los precios de los productos básicos en 2008, y la corrupción y despotismo del régimen de Mubarak fueron el combustible de la revolución egipcia.

El 31 de marzo de 2013, la deuda externa egipcia se elevaba a 38.385 millones de dólares, un 87,33% del PIB, con lo que destinaban casi un 30% del presupuesto al pago de la deuda. Después de la caída de Mubarak, el FMI volvió a escena, ofreciendo un crédito de 4800 millones de dólares al Gobierno de Mohamed Morsi, a cambio, nuevamente, de la implementación de un programa de ajuste, que incluía reformas fiscales, ajustes del déficit, recortes en los subsidios para materias primas como el gas natural o el aumento de las tasas en productos básicos. Sin embargo, el Gobierno interino egipcio, surgido del golpe de Estado de julio de 2013, rechaza de momento restablecer las negociaciones con el FMI.

Por su lado, la deuda de Túnez ascendía a finales de 2011 a 22.335 millones de dólares, de los cuales 14.958 millones correspondían a deuda pública. Una deuda que es heredada del régimen de Ben Alí y que, por tanto, podemos calificar como deuda odiosa. Al igual que en el caso de Egipto, el FMI, que nunca dudó en hacer negocios con los dictadores, se apresuró a ofrecer un crédito al nuevo Gobierno tunecino después del derrocamiento de Ben Alí. Un préstamo de 1636 millones de dólares, concedido en junio de 2013, acompañado del control directo y las consabidas políticas que impone el FMI.

Una de las reivindicaciones clave de las activistas en el marco de la revolución tunecina fue la realización de una auditoría de la deuda, exigiendo el no pago de la deuda odiosa de Ben Alí. Una demanda que fue asumida por todos los partidos políticos en las elecciones de octubre de 2011, después de la revolución. De esta manera se logró que en julio de 2012 se aprobara en el Parlamento tunecino, y por primera vez en un parlamento africano, una propuesta de ley para realizar una auditoría de la deuda, que quedaría en manos de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, esta Asamblea ha relegado el proyecto de la auditoría, que de momento está estancado.

Atacando la deuda y la austeridad también más allá de nuestras fronteras

Como hemos visto, la crisis de la deuda es el elemento clave que permite la violación de derechos económicos, sociales y culturales, no solo en nuestro país y la periferia europea, sino también en países de todos los continentes. Las crisis de deuda son recurrentes en el capitalismo, y solo abordando las causas sistémicas que las provocan podremos superarlas. También resulta innegable que no puede haber desarrollo humano sin romper con la infernal espiral de la deuda y la dependencia que esta provoca respecto a los mercados financieros y las instituciones financieras internacionales. Por ello es imprescindible que unamos fuerzas y reforcemos las alianzas internacionales para luchar coordinada y conjuntamente contra la deuda y la austeridad, contra el sistema económico y el sistema político que las originan y para la construcción de alternativas que nos permitan superar este sistema económico.

Bibliografía

ELLMERS, B. (2013) «Developing countries’ private debt is on the rise, and the international institutions are illprepared», en http://eurodad.org

JONES, T. (2012) «The state of debt. Putting an end to 30 years of crisis», en Jubilee Debt Campaign.

MEDIALDEA, B., ÁLVAREZ, N., FRESNILLO, I, LABORDA, J., UGARTECHE, O. (2013) ¿Qué hacemos con la deuda?, Madrid, Akal.

MILLET, D., TOUSSAINT, E. (2011) La deuda o la vida, Barcelona, Icaria.

II
La deuda en España

SERGI CUTILLAS y ULI WESSLING

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La actual crisis económica mundial se desató a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que paralizó el mercado mundial de crédito en 2008 extendiendo la crisis a Europa y, en especial, a España, donde había también una gran burbuja de crédito inmobiliario. Esta conjunción de factores creó la «tormenta perfecta», a la cual algunos llaman momento de Minsky (economista que predijo la crisis financiera). Ambos países habían hecho méritos para conseguir que se desencadenara esta crisis, que arrastramos desde hace seis años sin que se aprecien tan siquiera los brotes verdes que sendos gobiernos aseguran haber divisado.

El camino de ambos países en los años anteriores a la crisis fue paralelo: primero se aplicaron políticas de desregulación del sector financiero e inmobiliario. En Estados Unidos se aprobaron en los años ochenta leyes desregulatorias que provocaron ya entonces una grave crisis hipotecaria. Entre el 1999 y el 2000, debido a las influencias de los hombres de la élite financiera, Robert Rubin y Lawrence Summers dentro del Gobierno Clinton, se aprobaron las leyes Gramm-Leach-Bliley y Commodity Modernization, que eliminaban la separación entre la banca de depósitos y la de especulación, y quitaban restricciones a las transacciones de derivados, respectivamente. De ese punto en adelante un banco podría usar el dinero de las familias depositantes para especular en los mercados financieros. Además, estas medidas facilitaron el hecho que bancos hipotecarios crearan productos de «ingeniería financiera» que, resumiendo, les permitieron trocear hipotecas que habían dado y, así, venderlas a otros bancos de todo el mundo para quitarse los riesgos de estas de sus balances y, de este modo, poder dar nuevas hipotecas, volver a trocearlas, venderlas… La desregulación en España fue más de la «vieja escuela», aunque no por ello menos efectiva, y se realizó con nuevas leyes liberalizadoras del suelo y de las cajas, aprobadas a finales de los noventa. Estas leyes permitieron que se especulara con el suelo y facilitaron la construcción indiscriminada; el crédito fácil fue el factor que acabó de hinchar la burbuja inmobiliaria.

Además, los tipos de interés muy bajos facilitaron que las economías se inundaran de dinero prestado. En los Estados Unidos la bajada de los tipos de interés (del 6,50% en julio de 2000 al 1,75% en diciembre de 2001) fue establecida por el gobernador de la Reserva Federal (Banco Central de Estados Unidos), Alan Greenspan, después de las crisis de las «puntocom» y del 11S para estimular la economía, pero los mantuvo bajos demasiado tiempo. En España los tipos de interés bajos (9% en 1996 y 4,25% en 2000) fueron resultado de la entrada en el euro, que eliminó el peligro de devaluación y aumentó la confianza en la solvencia del país, lo cual animó a bancos extranjeros a prestar mucho dinero a bancos españoles. Este crédito, que entró a raudales en los primeros años del siglo XXI, vino principalmente de bancos alemanes, ingleses y franceses.

La combinación de desregulación, interés bajo y la voluntad de enriquecerse rápidamente generó, en los dos países, burbujas que dispararon los precios de las viviendas. Por tanto, el motor de sus economías pasó a ser un sector que dependía de una subida de precios ilimitada para seguir creciendo. En el momento en que el precio de la vivienda ya no pudo subir más empezó el desmoronamiento del mercado del crédito inmobiliario, lo que creó grandes agujeros en los balances bancarios, hasta que en 2008 los derivados inmobiliarios y sus seguros se hundieron en los Estados Unidos arrastrando entidades gigantes como Lehman Brothers, que quebró, sembró el pánico y extendió la crisis por todo el mundo. En España grandes promotoras inmobiliarias como Martinsa-Fadesa declararon quiebras. A partir de ahí, en un intento por salvar la economía mundial de la quiebra, los gobiernos de los países en crisis (o usando este argumento como pretexto) se han dedicado a «rescatar» sociedades privadas con dinero público. A la vez, bajo la justificación de un supuesto «exceso de gasto público» en estos países, se ha procedido a desmantelar el Estado de bienestar a través de una serie de recortes en las principales partidas del gasto social, es decir, en aquellos servicios públicos que son esenciales para la vida de las ciudadanas.

¿Cómo estamos actualmente?

La deuda pública se sitúa actualmente alrededor del 105% respecto a nuestro PIB (el PIB es el dinero que ganan todos los españoles en un año), mientras que en 2007 era solo del 40% sobre el PIB (frente al 65% de deuda que tenían Alemania y Francia ese mismo año). Esto significa que, en la actualidad, cada ciudadana del Estado español debe en concepto de deuda pública más de 20.000 euros.

A pesar de este aumento de deuda pública, la deuda privada supera con mucho estas cifras, llegando a un 325% respecto al PIB: un 126% de sociedades no financieras, un 113% de sociedades financieras y un 85% de deuda de las familias. Estas cifras evidencian que la crisis española fue causada, como en la mayoría de países sumidos en la presente crisis, por un exceso de endeudamiento privado, NO PÚBLICO. En estos años de crisis en los que el sector privado sobreendeudado no consume ni invierte e intenta ahorrar para digerir estos excesos de deuda, el aumento de deuda del sector público durante los años de crisis se debe a que este, a pesar de la fuerte caída de ingresos, está sosteniendo la economía con su gasto (que incluye tanto el gasto público infrafinanciado, como los rescates). La parte del gasto que supera lo que se ingresa debe pedirse prestada. A esta diferencia entre gastos e ingresos se le llama déficit (o superávit si los ingresos fueran superiores), lo que llamamos pérdidas (o beneficios) si habláramos de una empresa. Estas pérdidas son asumidas por todos los ciudadanos en forma de pago de la deuda.

La principal razón del aumento desproporcionado de la deuda pública ha sido principalmente el déficit anual, debido a una política fiscal que no ha permitido un sustento adecuado de los ingresos. No habría un problema de legitimidad con esta deuda si las «pérdidas» del Estado durante épocas de crisis se dedicaran a financiar servicios e infraestructuras necesarias para la ciudadanía, si el Estado intentara recaudar más de los que más tienen y si el juego de la economía fuera un juego justo que garantizara niveles razonables de equidad. Estamos viendo que esto no es así: el Estado no recauda de los que más tienen, gasta dinero en cosas innecesarias (gasto militar exagerado, trenes AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, etc.), mientras recorta derechos sociales básicos y da dinero para rescatar a entidades privadas, evitando que las grandes fortunas tengan que afrontar sus pérdidas, siempre bajo la amenaza por parte de los rescatados de una posible quiebra total de la economía si no se les rescata.

Entre 2008 y 2012 el promedio anual de déficit ha sido del 9% del PIB, pasando de una deuda acumulada del 40,2% respecto al PIB en 2008 al 84,2% en 2012 y al 105% en agosto de 2013. Sin embargo, una gran parte de estos déficits acumulados han sido causados por los costes directos e indirectos de las ayudas a la banca de diferentes formas: las inyecciones de capital (rescates del FROB), las garantías y los avales, la liquidez del Banco de España, la adquisición de activos sobrevalorados (banco malo), los esquemas de protección de activos y las ayudas fiscales. Veremos el tema de las ayudas con más detalle en el siguiente apartado.

Además, como consecuencia del aumento de la deuda y de los tipos de interés se ha pasado de pagar un interés anual de 18.600 millones de euros en 2008 a casi 40.000 millones en 2013. El pago de intereses es una de las partidas más importantes de los presupuestos (mayor que el gasto relacionado con el desempleo, que es de 30.000 millones) y se paga a las entidades financieras que poseen los títulos de esta deuda (las que prestaron el dinero), el 63% de las cuales son españolas y el 37%, extranjeras.

Hay otros datos macroeconómicos más «humanos», los que realmente deberían priorizarse cuando se deciden las políticas, que también han empeorado mucho, como el paro, que supera los seis millones de personas, o el número de personas desahuciadas, de lo que también hablaremos más adelante. Esto no parece que vaya a mejorar pronto. Es difícil creer a Rajoy cuando declara que «España va mejor» al mismo tiempo que el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, declara ante el juez que Rajoy y otros altos cargos del Gobierno cobraron sobresueldos que no declaraban y que recibieron dinero de empresas a cambio de concesiones en los años 2009 y 2010.

Políticas fiscales que dan la espalda a la ciudadanía

¿Y por qué decimos que el déficit es «lo que NO se ingresa para cubrir lo que se gasta» en vez de usar la frase hecha de «se ha gastado más de lo que se ha ingresado»? Pues porque España tiene, a todas luces, un problema fiscal de ingresos (en esto están de acuerdo tanto la derecha como la izquierda) y no de gastos (en esto no están tan de acuerdo).

Tal y como apunta Vicenç Navarro en su libro Hay alternativas, España gasta mucho menos en el sector público de lo que le corresponde por su PIB. Mientras el PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, el gasto público es solo un 72% del promedio de la UE-15. Un nivel equivalente al 94% de la UE-15 supondría un aumento de gasto público de 66.000 millones más al año, con lo que se mejoraría el Estado de bienestar existente y aumentaría el empleo.

Pero el Estado no gasta este dinero porque no lo quiere recaudar. Y no lo recauda porque la política fiscal del país es regresiva (carga con más impuestos a las personas que menos ganan), punto que tiene en común con el resto de países intervenidos. Si hacemos una comparación entre España y Suecia, observando los impuestos que pagan los diferentes grupos de población según sus ingresos, vemos que mientras una persona asalariada del Estado español paga un 26% menos de impuestos que una del mismo grupo en Suecia, el 1% de población española más rica paga un 80% menos de impuestos que en Suecia. Esta política fiscal regresiva de España ha implicado que el Estado haya tenido que pedir dinero a Europa y se haya sobreendeudado (a través del déficit anual), porque el Estado no ha querido recoger este dinero vía impuestos.

Según los presupuestos de 2013, la previsión de ingresos tributarios del conjunto de administraciones públicas españolas es de unos 320.000 millones de euros, que suponen un 32% sobre el PIB, mientras que la media europea de ingresos por impuestos se sitúa en el 38%. La recaudación de estos ingresos tributarios se realiza principalmente a través del IRPF (37%), el IVA (27%), el Impuesto de Sociedades (9%) y otras tasas corrientes y sobre productos como gasolina, tabaco y alcohol (27%). Es decir, entre las ciudadanas recolectamos el 91% de los impuestos, mientras que las empresas únicamente pagan el 9%.

El peso relativo de los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades ha disminuido notablemente entre 2007 (19% sobre el total de los Impuestos) y el último dato confirmado, de 2011 (9% del total), entre otras razones, por la disminución de ingresos de las empresas y, en consecuencia, por la reducción o inexistencia de beneficios en estas. Sin embargo, en los últimos años, en los que ha aumentado notablemente el paro, el porcentaje de los ingresos recaudados por IRPF ha crecido significativamente, pasando del 31% en 2007 al 37% sobre el total de los impuestos en 2011.

Es decir, que la baja recaudación del Impuesto de Sociedades no es únicamente debida a la bajada de beneficios. El Impuesto de Sociedades está en el 30% de los beneficios para grandes empresas y en el 25% para pymes, pero «deducciones» y «compensaciones» fiscales permiten que las grandes empresas paguen en realidad solo un 10% sobre sus beneficios. Si las empresas financieras, industriales y de servicios hubieran tributado entre 2007 y 2011 el 28,5% sobre sus beneficios (que es lo que la Agencia Tributaria considera el tipo nominal medio) y no únicamente el 11,9%, que es lo que tributaron en realidad, se hubieran recaudado unos 35.000 millones de euros más al año, cifra que supera los recortes realizados en los últimos años de crisis, que se sitúan entre 10.000 y 30.000 millones de euros anuales.

Por otra parte se estima que la economía sumergida (la que no aparece en las cuentas de nadie) en España representa entre el 20% y el 25% respecto a su PIB, niveles parecidos a los de Grecia e Italia, mientras que la media de la UE-15 está cerca del 10%. Es ilustrativo que el dinero en metálico en España suponga el 10% comparado con el PIB, frente al 5% en la eurozona, y que, en 2007, un 64% del total de dinero en efectivo que circulaba eran billetes de 500 euros.

Estos datos explicados así pueden dar la impresión de que en España somos todos unos pícaros, pero si nos fijamos en quién defrauda vemos que la mayor proporción de fraude fiscal, un 72%, corresponde a las grandes empresas y a las grandes fortunas, mientras que las pymes representan un 17% y los autónomos, un 9% (el propio Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda —Gestha—, urge a desterrar la creencia común y errónea que sitúa el grueso del fraude fiscal en autónomos y pymes). Si se eliminara el fraude de grandes fortunas el Estado recaudaría 44.000 millones de euros anuales, y si el fraude total se redujese hasta la media europea se podrían ingresar hasta 38.500 millones de euros anuales (ingresos de los que se han descontado ya los costes necesarios para reducir este fraude).

Como vemos sí que hay dinero. Sin embargo, los gobiernos de este país, en vez de atacar el problema de raíz para reducir el déficit (reduciendo las deducciones fiscales del Impuesto de Sociedades y combatiendo el fraude fiscal a gran escala) toman medidas que van en la dirección contraria; esto es, para equilibrar los ingresos con los gastos, el Estado está subiendo el IRPF y el IVA, y está reduciendo en gasto público, sobre todo el destinado a gasto social. Por otra parte engrosa el gasto público con rescates y con el aumento de otras partidas como el pago de intereses o manteniendo el gasto militar.

Vicenç Navarro apunta algunos ejemplos en los que se podría haber recaudado más en vez de gastar menos: la eliminación de las deducciones a empresas que facturan más de 150 millones de euros al año supondría un aumento de ingresos de 5600 millones de euros, esto implicaría que no sería necesario el recorte de 7000 millones en sanidad; un aumento de impuestos a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) evitaría el copago sanitario; un aumento del Impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de 1 millón de euros aumentaría los ingresos de las administraciones en 14.000 millones de euros no siendo necesario el aumento del IVA (que afecta a las clases trabajadoras y hace que se resienta el consumo); un impuesto sobre transacciones financieras permitiría un ingreso de 5000 millones de euros y evitaría el recorte en empleo público; y una reducción del fraude fiscal (a niveles de EU-15) aumentaría los ingresos en 38.500 millones de euros y evitaría las reducciones en el Estado de bienestar, que están siendo gestionados por las comunidades autónomas.

Cómo rescatamos a la banca

Como hemos visto la deuda pública no ha parado de crecer, entre otras razones, por esta absorción de deuda privada por parte del sector público. En el deterioro de las finanzas públicas ha sido determinante la implementación de mecanismos de ayuda pública a la banca dándole préstamos, mejorando su solvencia, ofreciendo garantías y adquiriendo activos tóxicos a precios por encima de su valor. Aunque las ayudas han sido de diferentes tipos y agregarlas no nos detalla el efecto que cada una ha tenido sobre el crecimiento de la deuda pública y sus intereses, según las estimaciones de Carlos Sánchez Mato, la cifra total de estas ayudas alcanza los 1,42 billones de euros, es decir, 1,4 veces el PIB. Para entender mejor cómo se han llevado a cabo debemos observar la siguiente tabla:

Fuente: Sánchez Mato (2013).

Las medidas de solvencia han sido de dos tipos. En primer lugar, las inyecciones de capital, que se han compuesto de aproximadamente 58.000 millones de euros. De estos, 14.000 millones corresponden a la aportación hasta 2011 del Estado español a las cajas de ahorro a través del FROB (fondo de rescate a la banca creado por el Estado español). El resto, 44.000 millones, corresponde al préstamo o «rescate financiero» de los estados de la UE al Estado español, a través del fondo europeo creado para este tipo de ayudas, denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este dinero también ha ido a parar a cajas y bancos a través del FROB. Esta última parte, proveniente de la UE, fue otorgada a cambio de la firma por parte del Estado español del Memorando de Entendimiento, firmado en julio de 2012, que incluye las condiciones exigidas a cambio del rescate, como las reformas laborales para bajar salarios, entre otras. El acuerdo autorizó al fondo de rescate europeo a desembolsar hasta 100.000 millones si fuera necesario, aunque de momento solo se han desembolsado estos 44.000 millones. Recientes informes y comentarios que llegan desde las élites financieras hacen intuir que el Estado se verá forzado a disponer del importe restante para continuar con la recapitalización de la banca.

En segundo lugar están los esquemas de protección de activos, con 28.000 millones otorgados por el Estado para cubrir las pérdidas de los bancos que, mediante fusiones, han absorbido entidades en quiebra. En total suman 87.000 millones de euros, una cantidad de dinero que ya ha sido empleada y que no será retornada, por lo que no podrá usarse en otras partidas presupuestarias. A pesar de que el Estado ha declarado por activa y por pasiva que todo este dinero era una inversión y no un regalo, a finales de julio de 2013 el FROB ha presentado sus resultados, con unas pérdidas de más de 26.000 millones y un agujero en su patrimonio de 21.000 millones, que deberán ser repuestos con más fondos públicos.

Por otra parte, durante este período se han utilizado dos grandes mecanismos para la compra de activos tóxicos de la banca: el primero fue el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) creado en 2008, que compró activos por valor de 21.000 millones; y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también llamada Banco Malo, creada en 2012 a raíz del rescate europeo, que ha comprado activos inmobiliarios en los últimos meses por valor de 51.000 millones de euros. El plan del Estado es revender estos activos y recuperar al menos una parte del dinero desembolsado, aunque es de esperar que haya numerosas pérdidas, como está pasando con el FROB, debido a que el SAREB ha comprado, con dinero público, pisos y préstamos por encima de su valor, el cual aún no ha dejado de caer, ni parece que vaya a hacerlo pronto.

En cuanto a las garantías y los avales, podríamos definir dos grupos distintos. El primer grupo, las garantías implícitas, englobaría las garantías del Estado que cubren las pérdidas, originadas por hipotéticas quiebras bancarias de los depósitos de hasta 100.000 euros que los ciudadanos tenemos en los bancos. Estas garantías ascienden a 792.000 millones de euros. El segundo tipo, el de los avales explícitos, comprende la deuda emitida por los bancos y garantizada por el Estado, la cual asciende a 111.000 millones de euros. En total el importe de las garantías suma 903.000 millones de euros, que es aproximadamente el 90% del PIB español. Estas garantías no tienen que ser desembolsadas si no se produce ninguna quiebra bancaria, pero sí que afectan a la solvencia y la credibilidad del Estado cuando, como ahora, la banca tiene problemas. En situaciones así, cuando el Estado pide dinero en los mercados, estas garantías de las que el Estado es responsable hacen que los bonistas, apreciando que el Estado puede tener mayores problemas en devolver el dinero, exijan mayores intereses para financiarlo (sube la prima de riesgo). Es por esto que en la actualidad se debe destinar más dinero a intereses (40.000 millones en los presupuestos de 2013) que a otras partidas importantes como la del paro (30.000 millones).

La banca también ha recibido ayudas en forma de liquidez. El BCE ha prestado a la banca española hasta 357.000 millones a través del Banco de España, entidad pública que es la garante de este dinero si la banca no pudiera devolverlo. La banca también se ha valido de otros mecanismos, como las participaciones preferentes y distintas líneas de crédito del Estado para recaudar más millones. La cifra total suma 362.000 millones de euros.

Es sorprendente observar estas cifras sabiendo que a pesar de que estas ayudas provienen del sector público, del cual somos propietarias las ciudadanas, se está castigando a las mismas ciudadanas desprotegiéndolas laboralmente y recortando el gasto social con el argumento de que no hay dinero para pagar necesidades prioritarias y básicas como la sanidad, la educación o las pensiones. Esta misma banca no cesa en su dinámica expoliativa, desahuciando a familias con problemas económicos que no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas, despidiendo a sus propios trabajadores, aumentando el cobro de las comisiones bancarias a los clientes, estafando a los ahorradores con productos malintencionados como las preferentes, cerrando el crédito a los pequeños y medianos negocios, y especulando contra la deuda pública del Estado propio y de otros estados con problemas.

Conclusiones

Finalmente, y visto que el problema de la deuda era privado y no público, ¿dónde nos lleva el pago de rescates a bancos, la compra de sus activos basura, la falta de ingresos fiscales, la ausencia de lucha contra el fraude, el mantenimiento del déficit y el aumento de la deuda? Pues, como todos sabemos, a una situación en la que se justifican los recortes como medida necesaria por la reducción de los ingresos del Estado y para poder «atajar» el déficit. Pero en realidad, el Estado español tiene un gasto público muy por debajo de la media de la UE-15. No tenemos un problema de gasto. Tenemos un problema de ingresos.

El aumento de tipo impositivo del IRPF y del IVA se está destinando principalmente a pagar los intereses de las entidades financieras (o a salvar las cuentas de estas entidades directamente). Estamos ante una situación en la que la población, a través de sus impuestos, financia y subvenciona a los que más tienen.

Casualmente, el valor de los recortes que se han realizado entre 2010 y 2012 (70.000 millones de euros) coincide con el valor de los rescates bancarios y el aumento de los intereses al servicio de la deuda (62.000 millones de euros). Es decir, el Estado no ingresa para poder justificar que debe recortar, y se recauda más de las ciudadanas y se hacen recortes sociales para disponer de dinero suficiente para pagar a las entidades financieras.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Bibliografía

ESTRADA, A., GUTIÉRREZ, E., INURRIETA, A. y MONTERO, A. (2012), ¿Qué hacemos con la política económica?, Madrid, Akal.

KRUGMAN, P. (2012), ¡Acabad con esta crisis ya!, Barcelona, Crítica.

Informe de Sánchez Mato (2013), «Las ayudas públicas al sector bancario español» publicado en www.matoeconomia.blogspot.es

NAVARRO, V., TORRES, J. y GARZÓN, A. (2011), Hay alternativas, Sequitur, ATTAC España.

III
Impactos de la crisis de la deuda

Introducción

El pago de la deuda pública absorbe cada vez más cantidad de recursos públicos, lo que exige la reducción de los gastos en otras partidas. El pago de los intereses de la deuda representará para 2013 un 19% del PIB, 38.590 millones de euros[1], y esta cifra ha aumentado en 9742 millones desde 2012. Para compensar en parte el aumento de los gastos por pago de intereses, el gobierno ha ejecutado una serie de recortes en gasto social, y plantea continuar en la misma dirección para los próximos años. En este sentido es necesario subrayar dos aspectos, el primero es que el elemento clave para comprender este aumento de la deuda pública son los rescates a la banca que, recordamos, han costado directa e indirectamente 1,4 billones de euros. En segundo lugar, indicar que las partidas a las que se han aplicado los recortes no han sido escogidas de forma neutral y que, en muchos casos, han servido para imponer un nuevo modelo, como en el caso de la privatización del acceso a la sanidad y a la educación. Así, las privatizaciones ofrecen nuevos nichos de mercado, que transforman en mercancías las necesidades de las personas.

En definitiva, podemos observar que para alimentar el hambre insaciable de los intereses del capital estamos sacrificando el débil sistema del bienestar que se había construido. A pesar de que en ocasiones resulta complicado establecer los vínculos, podemos inferir que el rescate a la banca española finalmente se pagará con una menor protección social de la clase trabajadora, un mayor peso de trabajo sobre las mujeres, proyectos que generen más impactos ambientales y el desmantelamiento de las políticas de cooperación con el Sur, entre otros. Mientras seguimos pagando los mismos impuestos, que incluso aumentan —como el IVA—, la contrapartida que recibimos es cada vez menor. Finalmente, esto no es más que una redistribución de la riqueza desde los sectores más vulnerables a los sectores más enriquecidos.

De este modo, la «deudocracia», es decir el régimen impuesto por los acreedores, cuyo máximo representante es la troika, establece cuáles serán las políticas económicas aplicadas en España. Junto con las políticas de recortes, también se ha aprobado una reforma laboral que acaba con los derechos de las trabajadoras, conquistados tras largos períodos de lucha obrera; además, se ha dado la espalda a las políticas de empleo y a las políticas industriales, abocando a la miseria a una capa cada vez más grande de población sin empleo y marginando a los propietarios de pequeñas y medianas empresas.

Cada vez más, los derechos básicos, recogidos en la carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o en la propia Constitución, pasan a ser papel mojado para someterse a los derechos comerciales, a los contratos de endeudamiento. Uno de los ejemplos más graves en el caso español es el del derecho a disfrutar de una vivienda digna. La crisis de la deuda, muy vinculada al boom de la construcción, generó una deuda privada tanto para las familias como para los bancos. Pero las respuestas al problema del sobreendeudamiento hipotecario han sido distintas para unos y otros ya que, mientras los diferentes Gobiernos rescataban a la banca española y, de forma indirecta, a la banca europea, estos mismos Gobiernos han dado la espalda a los cientos de familias que han sido desahuciadas. Es más, son las fuerzas de seguridad del Estado las que asisten y practican los desahucios en caso de que haya resistencia. A la vez, tras la compra con dinero público de los activos inmobiliarios de bancos y cajas, esto no ha servido para poner a disposición de la ciudadanía un parque de vivienda social, sino para venderlo a bajo precio a empresas y fondos de inversión después de haberlo comprado a un precio por encima del de mercado.

A continuación repasaremos algunos de los impactos de la crisis de la deuda en este país y, aunque en esta ocasión no podemos incluirlos todos, esperamos que sirvan como ejemplo y como base para un futuro trabajo.

La gestión de la crisis financiera y sus efectos en la educación: ¿Hacia un cambio de modelo educativo?

MARCEL PAGÈS, TONI VERGER y XAVIER BONAL[*]

Introducción

En este capítulo revisamos de forma sintética cómo la crisis de la deuda ha afectado a la educación. Nuestro análisis se centra en el contexto estatal, aunque se toma también el caso catalán como referencia, ya que se trata de uno de los sistemas educativos que ha realizado ajustes más severos. Nos centramos en cuatro aspectos básicos del sistema educativo: la financiación, el profesorado, las becas y el acceso.

Dimensiones de impacto

Financiación

La financiación de la educación ha disminuido de forma drástica en los últimos años. Los presupuestos del Estado, así como los presupuestos autonómicos, han reducido sus partidas en educación sustancialmente tanto en términos absolutos como relativos.

Tabla 1

Gasto público en educación en España

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total (millones €)
46.459,30
50.880,40
53.092,20
52.714,50
52.025,00
51.055,90

Variación

8,69
4,17
-0,72
-1,33
-1,90

% PIB
4,41
4,68
5,07
5,03
4,89
4,81

Alumnado
8.588.537
8.665.004
8.947.901
9.164.394
9.380.909
9.460.648

Gasto per cápita
5,41
5,87
5,93
5,75
5,55
5,39

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Datos y cifras curso escolar 2012/2013.

Como vemos en la Tabla 1, después de una década de expansión educativa, a partir del año 2009 los presupuestos en educación empiezan a reducirse hasta alcanzar un nivel de recorte acumulado de un 4% en 2012. Vemos también cómo el gasto en educación en relación con la riqueza estatal se ha contraído. Además, los datos relativos al número de alumnos nos muestran que dicha reducción no responde a causas demográficas, pues la población escolar no ha parado de crecer. La ecuación de más alumnos y menos inversión representa una intensificación de la presión sobre el sistema educativo, algo que puede afectar claramente a los resultados y a la calidad de la educación.

En el caso catalán la presión económica para el ajuste se materializa de forma también muy evidente. Las reducciones empiezan igualmente a partir del año 2009 y, en términos absolutos, su volumen no difiere significativamente de las cifras del Ministerio de Educación. No obstante, si observamos la reducción interanual, podemos apreciar que entre los años 2010 y 2012 se acumula una reducción del 17,58% (véase la Tabla 2). Un recorte de esta magnitud es superado solamente por Grecia, lo que sitúa a Cataluña en el top de los recortes educativos a nivel europeo.

Tabla 2

Presupuestos liquidados del Departament d’Ensenyament

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.653,1 millones de euros
5.070,4 millones de euros
5.393,1 millones de euros
5.282,2 millones de euros
5.019,4 millones de euros
4.490,5 millones de euros

+8,96%
+6,36%
-2,06%
-4,98%
-10,54%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Ensenyament y el Departament d’Economia i Coneixement.

A nivel regulativo, la reforma del artículo 135 de la Constitución establece el marco legal que justifica la necesidad de ajustar las partidas destinadas a educación y a otros campos. A pesar de ello, se puede apuntar que esta reforma entra en conflicto con artículos de la misma carta que definen el derecho a la educación, entre los que destaca el punto 5 del artículo 27, donde se indica que «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación».

Profesorado

La política de profesorado —sus condiciones laborales y la evolución de las plantillas— es la que se ve más afectada por los ajustes presupuestarios. De las partidas destinadas a educación, las retribuciones al personal docente acostumbran a suponer alrededor de un 70% del presupuesto, de modo que la contención o la reducción salarial se convierte en la estrategia fundamental del proceso de ajuste.

En este sentido, el conocido como Decreto Wert establece una jornada mínima de 25 horas lectivas para el profesorado de Primaria, con lo que la jornada se aumenta dos horas respecto al modelo anterior. Por otra parte, dicho decreto define los criterios de substitución a partir del décimo día de baja, que hasta entonces se cubría desde el primer día, y el resto de ausencias a partir del cuarto día. En el mismo decreto se fija un aumento de hasta un 20% de las ratios profesor-alumno, que el ministro Wert defendió con el argumento de favorecer una mayor socialización de los niños y las niñas. Estas medidas conllevan graves problemas de sobrecarga en el profesorado y una menor atención al alumnado debido a la reducción de personal. Las plantillas docentes también se han visto afectadas, especialmente los interinos. Los sindicatos han denunciado que en Cataluña se han dejado de contratar alrededor de 3000 docentes en los últimos cursos; al mismo tiempo, según un informe de CC OO, se calcula que, a nivel estatal, se han perdido hasta 62.000 profesores en la enseñanza pública.

Por lo que respecta a las retribuciones, España redujo los salarios de sus docentes en el curso 2010-2011 hasta un 5%; en el siguiente año los salarios se mantuvieron congelados.

Becas

Otro ámbito central que se ha visto afectado por los recortes y que es de especial relevancia, por los efectos que supone en términos de desigualdades educativas, es el ámbito de las becas y las ayudas al estudio. El decreto de becas del Ministerio, vigente desde el curso 2012-2013, ha supuesto el establecimiento de nuevos criterios para acceder a las ayudas. Las nuevas restricciones han conllevado, por una parte, que al menos un 12% de los becados hayan perdido la beca que tenían y, por otra, un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio. La situación en Cataluña no es mucho mejor. Como podemos ver en la Tabla 3, cada vez hay menos alumnos becados, con porcentajes próximos al 11% en los últimos años. Esta escasa cobertura contrasta con los elevados niveles de pobreza infantil, con una tasa del 24,3% en 2011.

Tabla 3

Estudiantes becados en Cataluña

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alumnado
1.076,576
1.112.151
1.161.532
1.201.018
1.231.778
1.261.346
1.294.654

Becarios
168.296
188.623
112.740
136.646
126.216
140.771
143.834

Porcentajes
15,63%
16,96%
9,71%
11,38%
10,25%
11,16%
11,11%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Ensenyament y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Acceso a la educación y privatización

Otro elemento que destaca por su relación con las cuestiones de equidad es el acceso a la educación. Sobre este ámbito cabe decir que el aumento de las tasas en universidades y en ciclos formativos puede suponer un obstáculo para el acceso a la educación; de hecho, en el curso 2012-2013 la variación interanual del número de estudiantes matriculados tanto en cursos de grado como en másteres oficiales ha disminuido por primera vez en muchos años. En Cataluña, las tasas universitarias subieron hasta un máximo del 66%, mientras se aplicaba, por primera vez, el cobro de una tasa de 360 euros para los ciclos formativos de grado superior. Por otra parte, los recortes en las dotaciones directas de funcionamiento a los centros también tienen efectos adversos por lo que respecta al acceso, debido a que los centros disponen de menos dotación económica para dar apoyo a la escolaridad y para financiar costes básicos corrientes.

Estas políticas alimentan la tendencia a la privatización de la financiación educativa ya que los costes de la educación recaen cada vez más en agentes privados (sobre todo en las familias). De hecho, los indicadores recientes reflejan cómo a pesar de la crisis existe una tendencia al alza del gasto educativo de las familias. Ahora bien, la privatización también está afectando el nivel de la provisión educativa, lo cual se manifiesta claramente en el contexto catalán donde el Departament d’Ensenyament anunció el cierre de 61 grupos de P3 en el sistema público frente a los 10 o 12 centros concertados que también eliminan grupos en este nivel. La eliminación de estas líneas supone el cierre de dos centros, la reconversión de dos escuelas en centros de secundaria y el cierre progresivo de tres escuelas más. A pesar del cierre de escuelas públicas, el Departament mantiene y amplia conciertos privados para enseñanzas postobligatorias. Estas tendencias apuntan hacia un deterioro de la escuela pública frente a la consolidación de la opción privada y concertada.

Posiblemente, el nivel educativo en el que la privatización se manifiesta con más fuerza es el de la educación superior. Hace 15 años que no se crea ninguna universidad pública en el Estado español, tendencia que parece que la crisis esté consolidando e incluso acentuando. Sin embargo, desde que estalló la crisis en 2008 se han creado seis nuevas universidades privadas y hay dos más en camino.

Conclusiones

La crisis económica y financiera que estamos atravesando, y la forma en que está siendo gestionada por nuestros gobernantes, ha alterado drásticamente el campo educativo. La manifestación más evidente de los cambios que están acaeciendo tiene su origen en la reducción del gasto público en educación y en la consiguiente constricción de inversión directa en profesorado y becas, entre otras partidas. A su vez, a raíz de la reducción de las becas, pero también del incremento de tasas en diferentes niveles educativos, una mayor parte de la financiación educativa recae en los estudiantes y en sus familias. Estos cambios introducen nuevas barreras en el acceso a la educación y tienen implicaciones negativas en materia de calidad y equidad educativas.

La deuda no es con los bancos, ¡es con las mujeres!

COMISIÓN DE FEMINISMOS DE LA PACD

Que las consecuencias de una crisis económica como la actual tengan impactos diferenciados en las personas según el sexo no es más que la constatación de que vivimos bajo un sistema social y económico patriarcal, en el que se impone a las mujeres un papel social, político y económico supeditado al rol de los hombres. Por lo tanto, podíamos esperar que en una sociedad patriarcal, pero también capitalista y racista, los costes de la crisis se transmitan a través de las cadenas de poder hacia las mujeres, las clases trabajadoras y las personas inmigradas. Es, pues, una cuestión estructural y no coyuntural.

Por otro lado, las políticas destinadas a mejorar la situación en la que se encuentran las mujeres, así como las campañas de análisis y sensibilización sobre cuestiones de machismo, se siguen considerando políticas que afectan tan solo a las mujeres y que, en todo caso, tienen una importancia secundaria. Para nosotras, las cuestiones de violencia machista, reparto de tiempos e igualdad de oportunidades no son cuestiones que afecten solo a las mujeres, sino que deberían ser preocupaciones abordadas como sociedad. Además, considerarlas como secundarias, prescindibles, es una muestra de la construcción cultural de las prioridades sociales, construcción que respalda los intereses de las élites (varón, rico, blanco y heterosexual) pero que a través de diferentes mecanismos han sido asumidos por el resto de sectores.

Los recortes en las políticas de género, por otro lado, no han respondido tan solo a que este tipo de políticas no se haya priorizado por parte del gobierno de turno, sino que, como veremos más adelante, en el contexto de la crisis se ha aprovechado para estrangular financieramente a los sectores que resultaban más «molestos» a nivel político. Las reivindicaciones de los feminismos no se han limitado a las cuestiones del patriarcado, sino que tienen fuertes vínculos con los movimientos que luchan por la justicia económica y social. Parte de las organizaciones feministas abogan por un cambio de modelo que priorice la vida por encima de la acumulación de capital, y por lo tanto pueden ser consideradas como «enemigas» por parte de los grupos y las personas que representan y defienden el modelo capitalista patriarcal actual.

Si analizamos la situación de partida, al principio de la crisis, focalizando las condiciones en las que hombres y mujeres se enfrentan a los trabajos, esta dista mucho de representar un modelo de igualdad de oportunidades. En 2008, indicadores como la duración media de la vida laboral, el salario medio anual o la tasa de temporalidad dibujaban una situación de mayor precariedad para las mujeres en el ámbito laboral, a lo que había que añadir su mayor participación en el trabajo doméstico y de cuidados. La reforma laboral de febrero de 2012 empeoró la situación, ya que precarizó aún más las condiciones del contrato a tiempo parcial, redujo el Salario Mínimo Interprofesional, muy generalizado en sectores feminizados como el de trabajadoras del hogar, y suspendió la ampliación del permiso de paternidad. En este sentido, desde la economía feminista se reivindica que el sistema capitalista se basa en gran medida en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Por una parte, las clases trabajadoras pueden recibir unos salarios menores debido a los bienes y servicios resultado del trabajo doméstico y de cuidados, y por otro lado, que el reparto de los trabajos dentro de las familias están repartidos de forma desigual. Así, se ha defendido desde las esferas feministas que existe una deuda con las mujeres, o deuda patriarcal, debido a las implicaciones que en términos de tiempos, pero también de derechos sociales y políticos tiene el patriarcado. Una deuda que no creemos que pueda ser calculada ni devuelta, pero que tiene que dejar de aumentar.

Junto con la situación de partida en cuanto a tiempos y trabajo, nos gustaría centrarnos en segundo lugar en la violencia de género, que sigue siendo uno de los problemas sociales de mayor relevancia. Como muestran los informes sobre violencia de género del Ministerio de Sanidad y Política Social, entre 2003 y 2012 ha habido en el territorio español 614 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. Y, según los datos del Instituto de la Mujer, en 2009 se conocieron 4976 delitos de abuso, acoso y agresión sexuales. Consideramos que este es un problema de primer orden de la sociedad española y que se ha agravado en la actualidad ya que la deteriorada situación económica, además de imponer una mayor tensión por las mayores dificultades económicas por las que pasan muchas familias, implica que muchas parejas no puedan permitirse la separación. A la vez, hay constancia de que cada vez menos mujeres se atreven a denunciar por miedo a no encontrar empleo o a perderlo.

Tras la crisis de la deuda, en la que se han socializado las pérdidas del sector financiero, se desata la presión para que se reduzcan las partidas de gasto, especialmente las del gasto social. Desde 2009, en que el total del presupuesto en materia de igualdad y violencia de género ascendía a 66.018.510 euros, los recortes han supuesto que en 2013 la partida se haya reducido hasta 41.150.150 euros, 24.868.360 euros menos, es decir, una reducción del 37,7%.

La ley de dependencia, aprobada en 2006, reconoció el trabajo de 150.000 cuidadoras no profesionales, la inmensa mayoría de las cuales eran mujeres, que empezaron a cotizar a la Seguridad Social. Tras el recorte de 283 millones en 2011, y el retraso de las ayudas a 400.000 dependientes en el mismo año, el decreto del Gobierno (20/2012) eliminó la cotización social a las cuidadoras no profesionales, recortó un 15% las prestaciones, y redujo en un 13% más la aportación que el Estado hacía a las comunidades autónomas. En total, unos 1000 millones de euros. En su plan de recortes para este 2013, Rajoy se ha comprometido ante Bruselas a recortar en dependencia más de 1100 millones, una cantidad superior a los 1087 millones que figuran en los presupuestos de 2013, por lo que prevemos la práctica desaparición de las ayudas públicas a la dependencia.

Asimismo, se han justificado otro tipo de medidas que, a pesar de no estar tan directamente vinculadas con la reducción de gastos, han aprovechado un contexto favorable a nivel político, con la mayoría absoluta del PP. Entre estas encontramos la propuesta de reforma de la ley del aborto de Gallardón, pendiente de aprobación, que reducirá drásticamente los casos en los que se permita y financie el aborto, o la reforma que limitará a las parejas de lesbianas y a las mujeres solas acceder a la reproducción asistida, o la eliminación según la ley de tasas de la falta de «vejaciones injustas», que suele ser el primer paso en la detección de casos de maltrato, entre otras. En un caso de extrema preocupación, aquellas personas con mayor riesgo de vulnerabilidad, mujeres y niñas migrantes en situación irregular, quedan a partir del Real Decreto Ley 16/2012, y la falta de su desarrollo reglamentario, sin acceso al sistema público de salud.

Por otro lado, la mayoría de despidos en empleo público, así como el empeoramiento de las condiciones laborales, siendo el sector público un sector ampliamente feminizado, ha aumentado el riesgo de pobreza para las mujeres. Además, aquellos servicios que antes se ofrecían desde el sector público, principalmente a través de la asistencia sanitaria y de las ayudas para financiar la alimentación de los niños y las niñas en las escuelas, se han privatizado, con lo que se ha aumentado la carga de trabajo doméstico.

En definitiva, aquellas personas que realmente acaban pagando las pérdidas del sector financiero son las que pertenecen a los sectores más empobrecidos y con menores derechos políticos que, a través de una menor protección de sus necesidades básicas y de una mayor precarización y carga de trabajos, acaban transfiriendo sus recursos, o lo que les pertenece de forma legítima. No nos gustaría acabar sin destacar el papel de las mujeres como protectoras de la calidad de vida en tiempos de crisis. Diferentes iniciativas, tanto en el Estado español como en los países del sur de Europa, lideradas por mujeres, se oponen a las políticas de «austericidio», pero también velan por la dignidad de la vida de otras personas. Así, diferentes redes de protección de la salud de las personas en situación irregular, iniciativas para el cuidado comunitario de niños y niñas, o de ancianos y ancianas, así como redes de mujeres que comparten conocimientos, tiempos y trabajos permiten que, en tiempos de crisis, la vida se mantenga en condiciones.

Así, concluimos recordando que la deuda es con las mujeres y no con los bancos, pero que, en cambio, la deuda que se reconoce y cuyo pago se impone sin importar las consecuencias es la deuda bancaria, mientras la deuda con las mujeres se olvida. Es más, los recortes aplicados para el pago de la deuda financiera así como las políticas como la reforma laboral, generan, en un contexto capitalista, una mayor carga de trabajo para las mujeres, aumentando de esta forma la deuda patriarcal.

La deuda y la sanidad: ¿Qué se debe, a quién y por qué?

ALBANO DANTE FACHIN POZZI[*]

Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas en «hacer los deberes»: en el año 2011 la Generalitat empezó a aplicar las tijeras en los presupuestos sanitarios. Aunque con matices, el impacto de estos recortes se puede extrapolar a la situación que está viviendo la sanidad en el resto de España, donde el pago de la deuda está poniendo en cuestión el derecho universal a la sanidad pública de la que dependen millones de personas. Unos recortes que están poniendo vidas en riesgo. Una de las partidas que más ha sufrido por los recortes ha sido la dedicada a la sanidad, que ocupa más del 30% de todo el dinero gestionado por la Generalitat. El presupuesto dedicado a CatSalut pasó de los 9547 millones de euros en 2010 a los 8506 millones en 2012.

Paralelamente, entre los años 2010 y 2012, el dinero que dedica la Generalitat a pagar intereses por su deuda ha evolucionado inversamente: si en 2010 se pagaban 950 millones de euros, en 2012 se pagaron 1994 millones. Para el 2013 se espera que los intereses se lleven 2200 millones. Se podría decir que los 1000 millones que se quitaron del sistema público de salud han ido a parar directamente al pago de los intereses de la deuda de la Generalitat. El enorme impacto que todo esto está teniendo tanto en los ciudadanos usuarios del sistema público como en sus trabajadores obliga a analizar esta situación de manera conjunta.

En primer lugar evaluemos el impacto del recorte en el sistema. El mismo Artur Mas —que en un primer momento se refirió a los recortes en sanidad como «ajustes para garantizar la sostenibilidad del sistema»— ha reconocido en 2013 que «ya se ha tocado hueso». Pero la realidad es aún más dura y una mirada al funcionamiento del sistema nos habla de algo más que de un «hueso tocado»; en ella vemos un «hueso roto». Plantas enteras de hospitales públicos se cierran mientras los pacientes se amontonan en los pasillos de urgencias, así como decenas de quirófanos permanecen cerrados mientras las listas de espera no paran de crecer. Entre 2011 y 2012 en Cataluña se registró un aumento de las personas en lista de espera de un 35%. En España este aumento fue de un 24%, es decir, que afectó a más de medio millón de personas.

Pruebas diagnósticas, transporte sanitario, atención primaria, urgencias. No hay ámbito sanitario que se salve de unos recortes que impactan con especial dureza en los colectivos más vulnerables. Ante esta situación la respuesta del conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, es usar la televisión pública para «recomendar totalmente la contratación de mutuas de salud privadas»[2]. Unas mutuas que, normalmente, están totalmente fuera del alcance económico de estos colectivos en situación de vulnerabilidad.

A nivel estatal, en 2012 el Gobierno del Partido Popular asestaba un duro golpe al modelo sanitario español con la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 que suponía «la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria», tal y como denuncian las plataformas Yo SÍ, sanidad universal y Dempeus per la Salut Pública, o la ONU, que, a través del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ha pedido que se asegure el acceso a los servicios de salud a todas las personas que residan en España, independientemente de su situación legal.

A pie de calle, los efectos se han empezado a sentir con dureza. El caso del ciudadano senegalés Alpha Pam, muerto como consecuencia de una tuberculosis de la que no fue tratado por los servicios sanitarios de Baleares, encendió todas las alarmas y puso sobre la mesa una situación que no solo afecta a la población inmigrante, sino que deja a miles de ciudadanos españoles desprotegidos, como por ejemplo los mayores de 26 años que nunca hayan estado dados de alta en la Seguridad Social. Mientras todo esto sucede, los trabajadores de la sanidad han entrado en una espiral de pérdida de derechos laborales y caída de poder adquisitivo sin precedentes. En 2012 el sueldo de los médicos de la provincia de Girona cayó de media un 25% según el Colegio de Médicos[3]. Ante este escenario, aparece la primera pregunta obligada: ¿en qué hemos gastado tanto? Aunque la falta de transparencia congénita en nuestro país dificulta una respuesta clara a esta pregunta, lo que es seguro es que no fue en sanidad donde se gastó en exceso. Según datos de Eurostat, en 2009 Cataluña invirtió en sanidad casi un 6% de su PIB. En el mismo año toda España invirtió casi un punto más y la media de la UE-27, un 7,5%. Aun así, seguramente una parte de la abultada deuda catalana tiene que ver con la financiación del sistema sanitario público, como decimos, una de sus mayores partidas.

Es en este punto donde aparece la segunda pregunta obligada: ¿cómo se gastó el dinero de la sanidad? La respuesta es también obligada: mal. Otra vez, Cataluña sirve para ilustrar la manera en que se ha gastado el dinero de nuestra sanidad. Una parte importante se gastó en infraestructuras y, como siempre pasa en nuestro país, cuando se trata de infraestructuras, la huella del derroche y las irregularidades son bien visibles: sobrecostes inexplicables, sobredimensionamiento, defectos constructivos, contrataciones dudosas (cuando no escandalosas) y un largo etcétera que ha sido ampliamente descrito por instituciones tan poco sospechosas de ser antisistema como la Sindicatura de Comptes catalana —que ha detectado y documentado irregularidades en decenas de hospitales— o el Tribunal de Cuentas, donde se investigan casos tan graves como el del diputado de CiU Xavier Crespo, implicado en una red que causó pérdidas de 2,4 millones de euros en dos hospitales públicos de la provincia de Girona.

Un caso que deja clara la manera en que se gestionó el dinero de la sanidad lo encontramos en la construcción del nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona. En julio de 2009 se inauguró un nuevo edificio de este hospital que costó a las arcas de la Generalitat unos 500 millones de euros, 200 de los cuales corresponden a los gastos financieros que generará la inversión hasta el 2032. Pese a que esta deuda será pagada con dinero público, el edificio no es propiedad pública ya que la Generalitat traspasó la propiedad del inmueble a la Fundación Privada Hospital de Sant Pau.

Por otro lado, en el conjunto del Estado español la deuda sanitaria con proveedores asciende a casi 10.000 millones de euros. Entre los proveedores encontramos, por ejemplo, a una industria farmacéutica que ejerce una constante presión a los poderes políticos en defensa de sus intereses empresariales. Aunque según la OCDE España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos (solo por detrás de Francia y muy por delante de países como Suecia, Alemania, Finlandia u Holanda), la patronal Farmaindustria hace campaña contra los genéricos, critica los intentos de reducción en el gasto farmacéutico y presiona al poder político para cobrar sus facturas afirmando que el pago de lo que se adeuda «tranquilizaría a los accionistas internacionales». Asimismo, encontramos también una importante deuda con fabricantes de tecnología sanitaria y no podemos dejar de acordarnos de que muchas de estas máquinas están hoy sin uso por falta de recursos. O lo que es peor: máquinas compradas con dinero público puestas a disposición de los clientes de las mutuas privadas, como ya ocurre en Cataluña.

En esta deuda también hay facturas emitidas por empresas de sanidad privada que prestan servicio público. Un servicio que, como demuestran infinidad de estudios, suele resultar más caro cuando se presta desde el sector privado. Un ejemplo claro lo vemos en el estudio de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que demuestra que las resonancias magnéticas gestionadas desde el sector privado son un 138% más caras que en el sector público.

Y mientras se paga con dinero público a empresas privadas, se cierran servicios públicos. ¿Cuántas de las empresas acreedoras son propiedad de «amigos» de los gestores de nuestra sanidad? La opacidad impide saberlo, pero diversos casos conocidos y ampliamente documentados en Cataluña nos permiten tener sospechas más que fundadas. El aparato propagandístico orquestado por los poderes financieros que ya está sacando tajada de la destrucción de nuestra sanidad está en marcha. Por ejemplo, el pasado 11 de junio de 2011 el diario La Razón titulaba: «La Sanidad acumula una deuda récord de 9390 millones» y sentenciaba en el subtítulo: «En un entorno de crisis económica tan severo como el actual, la Sanidad española es, simplemente, insostenible».

Por este motivo una auditoria ciudadana que nos permita conocer el verdadero impacto de la deuda en nuestra sanidad y nos permita sacar a la luz las falacias que promueven la destrucción del sistema sanitario público no solo es un acierto, es una necesidad urgente: la necesidad urgente de convertirnos en ciudadanos cuando lo que quieren es que seamos clientes.

La crisis de la deuda, motor del empobrecimiento en España

ALBERT SALES E INÉS MARCO[*]

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Estado español la tasa de personas en situación de «riesgo de pobreza y de exclusión social» se situaba a finales de 2012 en un 21,1%, registrando una pequeña disminución respecto al 21,8% de 2011. En la nota de prensa que emitía la agencia estadística española se celebraba que dicha reducción podía atribuirse a las relativas buenas condiciones económicas en que se encontraban las personas mayores de 65 años y a la menor incidencia que tenía la pobreza relativa entre esta parte de la población. Sorprendentemente, las personas jubiladas del país en situación de riesgo de pobreza, que en 2011 eran un 20,8% del total de jubilados, a finales de 2012 tan solo suponían un 16,9%.

El INE demostraba no estar habituado a interpretar datos en un contexto de no crecimiento. El umbral de riesgo de pobreza es una cifra relativa que cambia en función de los ingresos medios de la población. Se fija en el 60% de la mediana de ingresos de todos los hogares. Teniendo en cuenta la caída de los ingresos medios de los hogares españoles, es un umbral en descenso desde 2009. Un pensionista que en 2011 tenía unos ingresos de 7500 euros anuales se situaba por debajo del umbral de pobreza. En 2012, a pesar de no haber aumentado su renta, el mismo pensionista ya no se situaba por debajo de dicho umbral gracias al descenso de los ingresos del resto de la población. Cada vez hay que ser más pobre para ser considerado pobre en España.

En términos absolutos, el descenso de la renta de los hogares es imparable desde 2008. De los 26.500 euros anuales en 2008 a los 24.609 euros anuales en 2011, los ingresos de las familias han ido cayendo a causa de la destrucción masiva de puestos de trabajo y a la reducción de las transferencias públicas.

Las medidas de austeridad han distribuido el impacto de la crisis cebándose en la población más vulnerable e imponiendo políticas antisociales que empeoran el ya triste panorama de la protección social. A ciertos sectores de la población la imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado les arroja irremediablemente a una situación de pobreza permanente. En los primeros compases de la recesión han sido jóvenes, mujeres de mediana edad y trabajadores inmigrantes los que han recibido el mazazo del desempleo, precisamente las personas con menores cotizaciones a la Seguridad Social y una protección social más débil. Este hecho, unido a los recortes en todo tipo de programas sociales y sanitarios, ha disparado el riesgo de pobreza entre las familias con personas dependientes, así como la vulnerabilidad de la infancia y de las personas ancianas.

La reforma laboral, un pilar básico del «austericidio» en el que vivimos, ha acelerado la destrucción de los empleos que podríamos considerar «de calidad». En anteriores crisis, el mercado laboral español se había mostrado altamente «dualizado». La destrucción de empleos afectaba, sobre todo, a los jóvenes y a las mujeres, mientras que los hombres de mediana edad mantenían sus puestos de trabajo o recibían propuestas de prejubilación que les permitían seguir siendo los «sustentadores principales» del hogar. Se trataba de un sistema altamente desigual desde la perspectiva generacional y de género, aunque frenaba la caída en la pobreza de muchos hogares. El estrepitoso fracaso del modelo económico español, la profundidad de la recesión que sufrimos y las reformas de la legislación laboral hacen que la situación actual sea tristemente novedosa. En el primer trimestre de 2013, se calcula que había 1,9 millones de familias en las que ninguna persona en edad de trabajar tenía empleo, y que dos millones de personas paradas no recibían ningún tipo de prestación. Además, cada vez son más las personas que, a pesar de tener un empleo, se encuentran en la pobreza. El 12% de la población ocupada vive en hogares bajo el umbral de la pobreza.

A los problemas del desempleo, o del empleo precario, se suman las cargas que muchas familias tienen que hacer frente, entre las que destacan las deudas hipotecarias. Los deshaucios se han convertido en una muestra de la magnitud del problema. Pero la mayor parte de las situaciones de empobrecimiento se vive en el interior de los hogares y es invisible para el resto de la sociedad. Un 14% de las familias llega a fin de mes con extrema dificultad; un 20%, con dificultad y un 29%, con cierta dificultad. Un 40% de las familias del Estado español declaran no disponer de efectivo para hacer frente a gastos imprevistos como la avería de un electrodoméstico.

El informe sobre España lanzado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto de 2013 no deja lugar a dudas. El futuro que las élites internacionales y nacionales plantean para la sociedad española se fundamenta en la polarización social y en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. El FMI afirma en su documento que los salarios aún deben rebajarse un 10% más, que los gastos en sanidad y educación deben reducirse, que hay que aumentar la recaudación de impuestos como el IVA y que hay que adelgazar la administración pública en todos sus niveles. En el mejor de los casos, estas medidas permitirían, según el FMI, frenar el aumento del desempleo y dejar la tasa de paro en un desesperante 20%.

Al mismo tiempo que se produce el «austericidio» oímos a diario el bochornoso discurso oficial que pretende convertir la lucha contra la pobreza en una suerte de actividad voluntariosa en la que todos los actores sociales deben ponerse de acuerdo. El programa neoliberal de destrucción del Estado de bienestar convive con actividades caritativas de todo tipo y con una narrativa cada vez más peligrosa de estigmatización y culpabilización de las personas en situación de pobreza. Se asume el empobrecimiento de las clases medias como si fuera el resultado de una catástrofe natural de la que nadie tiene culpa, mientras se atribuye la alta vulnerabilidad de las clases trabajadoras a problemas derivados de sus malos hábitos, sus vicios y su falta de cultura del esfuerzo.

El desmantelamiento del precario Estado de bienestar español, del wellfare, se produce en paralelo a la imposición del workfare. Para los voceros del neoliberalismo, las personas desempleadas carecen de incentivos para buscar un nuevo trabajo a causa de la supuesta bondad de los subsidios. Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE, se ha pronunciado en este sentido en repetidas ocasiones, afirmando sin ningún pudor que las personas sin empleo esperan hasta el agotamiento del subsidio para aceptar una oferta de empleo.

La utilización de los débiles subsidios públicos por parte de los hogares socialmente más vulnerables está continuamente bajo sospecha. En un contexto de recortes, se transmite a la ciudadanía que existe una competencia constante por los escasos recursos públicos y que estos deben ser utilizados para socorrer a las personas que quieran trabajar, sometiendo, de este modo, a los «pobres oficiales», los usuarios de los servicios sociales, a un constante escrutinio y vigilancia que asegure que no cesarán en su empeño de lograr la «inserción laboral».

No se trata solo de reducir el Estado a su mínima expresión. La crisis ha servido para consolidar la transición al workfare ya iniciada en los noventa. Quien no asume la precariedad de los minijobs y otras opciones laborales de precariedad laboral y vital no tiene derecho a la asistencia. Como en el resto de países sometidos a las políticas de la troika, la tendencia al empobrecimiento generalizado se acelera con cada imposición aplicada.

IV
Deuda ilegítima

PABLO MARTÍNEZ, IOLANDA FRESNILLO, INÉS MARCO y GEMMA TARAFA

El concepto de deuda ilegítima. Experiencias desde el Sur

Durante décadas, organizaciones de la sociedad civil han elaborado estrategias para abordar una salida social a la tiranía de la deuda, especialmente en países del Sur. En el marco de dichas estrategias, se ha llegado a la conclusión de que la cancelación de la deuda no solo tiene sentido como estrategia para liberar recursos para el gasto social, sino, sobre todo, por una cuestión de justicia. La deuda atenta contra el bienestar de la población y sirve a los intereses de unos pocos. En el corazón de esta injusticia encontramos el concepto de deuda ilegítima.

La definición de lo que constituye una deuda ilegítima es aún motivo de discusión entre organizaciones sociales y académicos. Incluso algunos gobiernos como el noruego o el ecuatoriano, e instituciones como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han trabajado sobre esta cuestión. Entre todos ellos se llega a una serie de definiciones no muy diferentes entre sí. Por ejemplo, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Ecuador (CAIC), que realizó una auditoria de la deuda ecuatoriana entre 2007 y 2008, argumenta que «la deuda ilegítima se expresa en aquellos créditos contraídos por el Estado bajo condiciones inaceptables y que han vulnerado los Derechos Económicos y Sociales, Culturales y Ambientales y han dado viabilidad al despojo o la apropiación/explotación indebida (vía privatización) de los recursos naturales».

El propio Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), junto con la red ¿Quién debe a Quién?, han trabajado en una definición que considera ilegítima toda aquella deuda acumulada por préstamos que, directa o indirectamente, compromete la dignidad de los ciudadanos o pone en peligro la coexistencia pacífica entre los pueblos. Tal deuda se origina en acuerdos financieros que violan los derechos humanos y civiles reconocidos por los países en todo el mundo, o que ignoran las normas de las leyes internacionales que regulan las relaciones entre estados y entre pueblos.

Institucionalmente, tanto la UNCTAD como el BM publicaron en 2008 sendos informes sobre el concepto de deuda odiosa. A diferencia de la deuda ilegítima, la deuda odiosa es un concepto jurídico que surge en 1898 para caracterizar la deuda cubana contraída bajo el régimen colonial español. El jurista ruso Alexander Sack definió poco después la deuda odiosa como aquella que ha sido contraída: a) por un régimen despótico para consolidar su poder; b) en contra del interés de la ciudadanía y a favor del interés de las personas próximas al poder; y, c) con conocimiento por parte de los acreedores. Aunque lejos de las definiciones usadas por la sociedad civil, el debate sobre la deuda odiosa representa un paso importante hacia el reconocimiento del concepto de deuda ilegítima. El documento de la UNCTAD, «El concepto de Deuda Odiosa en la Ley Pública Internacional», ha llevado a la aprobación, en mayo de 2012, de los principios para la promoción del endeudamiento y el crédito soberanos responsables. Aunque nuevamente lejos de las expectativas de las organizaciones sociales, que en general reclaman principios obligatorios y más ambiciosos, la aprobación de estos principios supone un nuevo hito en la lucha por unas finanzas Norte-Sur más justas y que no generen sistemáticamente deudas ilegítimas.

Por su lado Cephas Lumina, el experto independiente de Naciones Unidas acerca de los efectos de la deuda externa sobre los derechos humanos, publicó en 2009 un informe en el que analizaba la cuestión de la deuda ilegítima y llamaba a la «realización de mucho trabajo para formular el concepto de deuda ilegítima como un término legal internacionalmente aceptado con criterios precisos». Lumina también presentó en 2012 los principios rectores sobre deuda externa y derechos humanos, que fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La mayor parte del debate alrededor de la deuda ilegítima ha girado en torno a las bases legales de este concepto, pero a pesar de su importancia para su reconocimiento en los niveles institucionales, el concepto de deuda ilegítima no se puede restringir a las limitaciones de la jurisprudencia internacional. Si consideramos la legislación como un cuerpo en evolución, vemos cómo repetidamente se ha modificado respondiendo a las reivindicaciones sociales, como en el caso del derecho de voto para las mujeres o el derecho a una jornada laboral de ocho horas.

La (i)legitimidad es pues el escalón previo a la (i)legalidad en cuanto se toma conciencia de que ciertas situaciones, ciertos comportamientos o ciertas estructuras deben ser modificadas por su inmoralidad, arbitrariedad o parcialidad, o bien por ser abusivas, indeseables, perniciosas, injustificables o de naturaleza inconsistente; en resumen, porque son injustas. La ilegitimidad expresa el consenso generalizado sobre una realidad particular injusta. Nuestra principal referencia es por tanto la justicia, no la legalidad.

Propuesta de la PACD: ¿Cuándo una deuda es ilegítima?

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) compartimos las principales ideas que se han generado especialmente desde los movimientos en contra de la deuda de los países del Sur, pero también somos conscientes de que el concepto de deuda ilegítima es un concepto evolutivo e ideológico, y muy dependiente del contexto y de la realidad a la que haga referencia. Por tanto, creemos que la definición de lo que es legítimo e ilegítimo debe hacerse acercándose lo más posible a las preocupaciones, la realidad y la sensibilidad de la población en un contexto económico determinado.

A continuación presentamos la definición del concepto deuda ilegítima construida desde la PACD. Aunque esta no pretende ser una definición completa y cerrada, nos gustaría que sirviera como punto de partida para generar un debate que incluya a más colectivos y que concluya con una definición de deuda ilegítima consensuada entre todas.

De los debates históricos recogemos la idea de fondo: que una deuda ilegítima es aquella contraída por un gobierno que no ha destinado los recursos generados al beneficio de la población. Las deudas de élite, que sirvieron para financiar infraestructuras innecesarias, pero que beneficiaron a las empresas constructoras y a los políticos de turno, son un ejemplo de ello. Por otro lado, deudas ilegítimas son todas aquellas que han propiciado violaciones de derechos humanos o impactos sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando los recursos que un Estado debe destinar al pago de la deuda impide que haga frente a las necesidades básicas de su población. A estas dos líneas básicas, desde la PACD, añadimos una tercera, relacionada con la política fiscal del Estado. En este sentido, consideramos deuda ilegítima aquella deuda derivada de una política fiscal regresiva o permisiva con el fraude fiscal, que reduce los ingresos del Estado.

En un análisis más detallado, clasificamos las diferentes fuentes de deuda ilegítima siguiendo una línea temporal. Así, podríamos tener en primer lugar aquellas deudas que fueron ilegítimas desde su mismo origen, a continuación aquellas que tienen ilegitimidad en el proceso de adquisición y, por último, aquellas que devinieron ilegítimas durante su ejecución.

Ilegitimidad en origen

En el caso de las deudas ilegítimas desde su origen, distinguimos dos grupos distintos. El primero, las deudas que se contrajeron debido a mecanismos que facilitaron el endeudamiento, especialmente a través de la reducción de ingresos fiscales. El caso del Estado español es paradigmático, ya que los ingresos fiscales provienen principalmente de las rentas del trabajo, y en cambio la fiscalidad es escasa en cuanto a las rentas del capital. Figuras como las SICAV, que permiten a los grandes capitales tributar al 1%, o la permisividad con las empresas multinacionales, que finalmente tributan alrededor de un 5% (en vez del 30% establecido), impiden que los ingresos sean mayores y, por lo tanto, fomentan que los gobiernos tengan que incurrir en deudas para financiar sus gastos. El fraude fiscal en el Estado español, calculado en torno a los 80.000 millones de euros anuales, junto con el desinterés de los gobiernos por acabar con este, tiene también un impacto negativo sobre las finanzas públicas. Otro de los mecanismos que han facilitado el endeudamiento son las privatizaciones, que han ofrecido al sector privado monopolios u oligopolios de interés estratégico, pero que también eliminaron una de las fuentes de ingresos estatales.

Aquí también debemos hacer referencia a las deudas contraídas bajo amenazas o bajo presión de instituciones no elegidas democráticamente, como puede ser la conjunción de la Comunidad Europea, el BCE y el FMI, y su imposición de medidas regresivas y antisociales. Al fin y al cabo, el «rescate bancario» no deja de ser un ejemplo de deuda contraída bajo coacción.

La segunda forma de generar deudas ilegítimas desde su origen tiene que ver con los gastos públicos que no responden a los intereses de la población. En este punto incluiríamos las deudas generadas para financiar proyectos que vulneran los derechos económicos, sociales y culturales, y las que generan directa o indirectamente desigualdad social, impactos medioambientales, o de género. Un ejemplo sería el gasto derivado de los 19 programas especiales de armamento (PEAs) que, según el Centro Delás, representan un 3% del PIB, es decir, 31.631,8 millones de euros. El presupuesto de los PEAs para 2012, que cubrirá tan solo los gastos administrativos, está dotado con 4,9 millones de euros. Además, una de las características habituales de los presupuestos para la compra de armamento es que suele ampliarse continuamente el límite del gasto presupuestado, lo que para el caso de los PEAs ha supuesto una desviación del 32% respecto al importe inicial. Estos programas generan déficit y se financian a través de la emisión de deuda.

Para el Estado español, y desde la crisis financiera de 2007, el ejemplo más notable de gastos que benefician a una élite en detrimento de la mayoría son los rescates financieros y las ayudas públicas a la banca. Según Carlos Sánchez Mato, hasta 2012 las ayudas públicas a la banca ascienden a 1,42 billones de euros. Este es uno de los ejemplos más visibles y claros de deuda ilegítima en el Estado.

Ilegitimidad en proceso

Siguiendo con la línea temporal, nos encontramos con aquellas deudas cuya ilegitimidad proviene de su proceso de contratación. Aquí podemos encontrar diversas causas de ilegitimidad relativas al modo en que se produjo este endeudamiento como, por ejemplo, todas las deudas cuyos contratos contuvieran cláusulas abusivas (tales como intereses excesivamente elevados —usura— y que generaron el efecto «bola de nieve», en que el deudor se ve incapaz de hacer frente a los pagos si no es mediante otro préstamo) o ilegales (cuando las cláusulas vulneran directamente alguna de las leyes del país).

También debería considerarse ilegítima toda deuda contratada sin la debida transparencia, es decir, cuando se omitió a la población parte o la totalidad de la información relativa a su contratación o cuando, en el caso de que hubiera existido esta información inicialmente, no se pueda obtener en la actualidad.

Deberíamos incluir también en este apartado las deudas generadas por proyectos mal diseñados o programados, los famosos «elefantes blancos», las infraestructuras que cuestan mucho más dinero del presupuestado inicialmente y que no cumplen todas las especificaciones del proyecto, y que al fin y al cabo no han beneficiado a la población de un modo acorde al peso que suponen sobre las arcas públicas. La Ciudad de las Artes en Santiago de Compostela, la Ciudad de la Cultura en Valencia o el Aeropuerto de Castellón serían unos pocos de los muchos ejemplos de este tipo de proyectos.

Y por último, las deudas resultantes de gastos relacionados con irregularidades cometidas por la administración en la concesión de contratos, lo cual nos vuelve a remitir a las deudas de corrupción.

Ilegitimidad en la ejecución

Para finalizar, nos encontramos con aquellas deudas que resultan ilegítimas independientemente de su origen o del uso de los recursos generados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) establece el denominado pacta sunt servanda, cuyo significado indica que lo pactado obliga, es decir, que deben cumplirse los contratos. Este es un principio básico, pero que según la misma Convención puede incumplirse bajo ciertas circunstancias. En especial (a) cuando lo pactado está en oposición con una norma del derecho internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (b) cuando existe un Estado de Necesidad, o (c) cuando ha habido un cambio fundamental de las circunstancias, rebus sic stantibus.

Cuando un contrato de endeudamiento vulnera los Derechos Humanos, la protección de estos derechos está legalmente por encima del cumplimiento del contrato. Sucedería lo mismo en caso de Estado de Necesidad, cuando el pago de intereses se vuelve excesivo, e impide el gasto social de primera necesidad y causa el empobrecimiento de la población.

En el Estado español, los vínculos entre la socialización de las pérdidas del sector financiero y los recortes en las partidas destinadas al gasto social son evidentes, así como las vulneraciones de los derechos humanos derivadas de los recortes. La exclusión de algunas personas de la cobertura sanitaria básica, como las inmigrantes en situación irregular, son un claro ejemplo de ello. En este sentido, el pago de la deuda, independientemente de su origen o su contratación, supone una violación de los derechos humanos. También se da esta causa de ilegitimidad cuando el pago de la deuda supone un menoscabo de la soberanía de un pueblo, como podemos ver en el caso de España y su supeditación a los intereses de la UE.

Para el caso de un cambio fundamental de circunstancias podrían existir numerosas razones. Las presiones especulativas que sufren las deudas soberanas de los países de la periferia europea (Portugal, Grecia, España, Italia, Irlanda…), que hacen aumentar los intereses que estos países deben pagar para financiarse en los mercados, podrían considerarse un cambio fundamental de circunstancias. El mismo contexto económico de recesión económica, de aumento del desempleo y de mayores niveles de necesidad en el que nos encontramos desde los inicios de la crisis en 2008 constituiría un cambio fundamental de circunstancias.

Un concepto en evolución

Desde la PACD, en el marco de este proceso de auditoría ciudadana que hemos iniciado, solo hemos esbozado algunas ideas básicas de lo que puede constituir deuda ilegítima. Esperemos que estas ideas sirvan para alimentar un debate más en profundidad, durante el que colectivamente decidamos, a través de un proceso de auditoría ciudadana, lo que es justo o no pagar, y a partir del cual también empecemos a caminar hacia una sociedad mejor y más justa.

V
La auditoría como camino a las alternativas

PACD BARCELONA

Ante la ilegitimidad de la deuda y la necesidad de abordar su cancelación o incluso su repudio, los movimientos sociales de todo el mundo han puesto en marcha durante décadas un amplio abanico de estrategias, entre ellas la de las auditorías de la deuda.

Planteadas no como un fin en sí mismas, sino más bien como una herramienta que evidencie la ilegitimidad de estas deudas, la auditoría en sus diferentes formatos busca sumar argumentos, pruebas y fuerzas a la exigencia de no pagar las deudas que no corresponde pagar. Con este horizonte, aunque con diferentes objetivos y metodologías se han llevado a cabo diferentes experiencias de las que es preciso aprender para poder afrontar la situación de endeudamiento ilegítimo en nuestro país.

La auditoría pública realizada en Ecuador por el Gobierno en 2007 y 2008, la realizada por el juez Jorge Ballestero en Argentina en el 2000 o la que acaba de finalizar el Gobierno de Noruega sobre las deudas de las que es acreedor, son ejemplos que quedan muy lejos de la idea de la auditoría ciudadana que planteamos. Sin embargo, es necesario reconocer el precedente que marcan experiencias surgidas desde los movimientos sociales en países como Brasil o Filipinas. En Egipto, Túnez, Grecia, Portugal o Irlanda los movimientos sociales también han iniciado procesos para realizar auditorías ciudadanas o reclamar auditorías públicas de la deuda. En todos los casos existe un reclamo común: la exigencia de saber cómo se han generado las deudas, quiénes son los responsables y cuáles sus impactos, para así reclamar responsabilidades y construir modelos alternativos al del endeudamiento.

La auditoría ciudadana como camino a la construcción de alternativas

En nuestro país, la irresponsabilidad de las élites dirigentes y la actual situación de los derechos sociales y culturales como consecuencia de la deuda ilegítima obligan a la ciudadanía a buscar alternativas al sistema político y económico actual. En este momento, parece más claro que nunca que nos encontramos ante un sistema que, además de generar desigualdades sociales y promover una dinámica de crecimiento de la producción que destruye los recursos del planeta, se basa en un endeudamiento creciente, a la larga insostenible.

La socialización de las deudas generadas por el sistema financiero es consecuencia de las decisiones asumidas por los partidos políticos en el poder sin haber realizado una consulta a la ciudadanía, hecho ineludible teniendo en cuenta la gravedad de las consecuencias que hoy constatamos. A partir de esta socialización, en la que las deudas privadas pasan a ser públicas, se ha apelado a la supuesta obligación moral de los deudores con los acreedores, bajo el supuesto de que una deuda debe devolverse bajo cualquier circunstancia. A partir de agosto de 2011 y tras la modificación del artículo 135 de la Constitución española, la devolución del capital así como el pago de los intereses de la deuda tienen máxima prioridad, por lo que debe asegurarse su pago por encima de cualquier otro gasto del Estado. Las políticas económicas y especialmente la reducción de las partidas de gasto social están condenando a la población a una pérdida progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, y a un empobrecimiento sistemático.

Los objetivos de la PACD

El proceso de auditoría ciudadana que proponemos desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos! (PACD) está en construcción, especialmente porque lo estamos construyendo entre muchas. Queremos que paralelamente al trabajo de análisis de la deuda del Estado se realicen auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, eléctrica…) o de diferente ámbito (municipal, autonómico y estatal). Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadoras, cada asamblea local, constituyen una fuente de información de primera mano acerca del proceso de endeudamiento llevado a cabo por las diferentes instituciones públicas. Por otro lado, también aportan información sobre los principales impactos de la deuda y de las medidas de austeridad impuestas para pagar esa deuda.

En un camino hacia la construcción de alternativas, desde la PACD se plantea un proceso de auditoría ciudadana abierto, colectivo, permanente y descentralizado. Por eso, uno de los primeros objetivos que se planteó la PACD es la difusión de la información que permita comprender las causas y consecuencias de la crisis de la deuda, que en la mayoría de ocasiones ha sido sistemáticamente ocultada por los medios de comunicación de masas. Así, queremos evidenciar que la problemática de la deuda en el país responde al sobreendeudamiento privado, al trato diferenciado por parte de los diferentes gobiernos ante la deuda de las familias y la de los bancos, o a las presiones que los gobiernos de los países europeos, especialmente aquellos cuyos bancos son acreedores de la banca española, han ejercido sobre los gobiernos del país.

Junto a esta tarea de investigación y difusión, otro de los objetivos de la PACD es trabajar por el derecho a la información y, sobre todo, por fomentar el empoderamiento de la ciudadanía en las cuestiones políticas, sociales y económicas. Sabemos que, en muchas ocasiones, la información no está disponible o bien los documentos que están al alcance de la ciudadanía resultan prácticamente incomprensibles por la complejidad del lenguaje utilizado.

La voluntad de que la auditoría sea ciudadana implica que no se pretenda limitar la auditoría a un análisis de expertos. Al contrario, todas somos auditoras en potencia, en tanto que podemos solicitar información, exigir explicaciones a las administraciones, compartir esa información y las respuestas, analizar los datos desde nuestro punto de vista, denunciar las irregularidades y proponer alternativas. La auditoría podrá empoderar tan solo si se realiza desde y para la ciudadanía.

Entendemos que a partir de ese análisis colectivo podemos no solo caminar hacia el no pago de la deuda ilegítima y la depuración de responsabilidades de los verdaderos causantes de la crisis, sino también hacia la construcción de alternativas. El objetivo del proceso de auditoría por tanto no es tan solo dirimir entre deudas legítimas e ilegítimas, sino denunciar las irregularidades del sistema financiero actual a la vez que el funcionamiento de las instituciones que, a pesar de ser supuestamente democráticas, atentan contra el bienestar y los derechos de la población. Solo a través de la comprensión colectiva de cómo hemos llegado a esta situación, podemos proponer alternativas que realmente respondan a las necesidades e intereses de la población (y no de los mercados, las élites económicas y los acreedores). Por lo tanto, el proceso de auditoría ciudadana busca contribuir a la apropiación de su soberanía a través de espacios de aprendizaje y de democracia participativa.

La auditoría ciudadana que proponemos no puede, además, limitarse a un análisis financiero, sino que debe responder a la complejidad de la situación. Entre todas, cada una desde nuestras vivencias y capacidades, podemos abordar un análisis más amplio y profundo que abarque desde los recortes en los derechos fundamentales a los impactos ambientales, de género, culturales, sociales, económicos y políticos de las medidas adoptadas o los proyectos financiados a crédito.

Lo queremos hacer además sin limitarnos a un ámbito territorial (el estatal, autonómico o local), sino abordando los diferentes espacios de endeudamiento institucional, desvelando que este problema es el resultado de una dinámica económica y política que va más allá de nuestras fronteras. Nuestra crisis es la de Grecia, Chipre, Portugal o Islandia, pero también la de Argentina, Jamaica o Túnez. Si la deudocracia es global, los procesos de auditoría también lo deben ser, y por ello nos coordinamos desde abajo con otros movimientos similares a través de redes como ICAN (Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda).

Diferentes fases del proceso de auditoría ciudadana

La auditoría ciudadana engloba entre otras las siguientes fases, que no tienen por qué ser consecutivas.

Acceso a la información: Como veremos más adelante, el acceso a la información es una de las fases previas a la realización de la auditoría ciudadana. Sin los datos difícilmente podremos hacer frente a los objetivos del proceso planteado. En este sentido necesitaremos conocer el funcionamiento y los plazos del calendario de participación y toma de decisiones de las administraciones públicas. Una vez conocemos los plazos y procedimientos legales para presentar instancias, alegaciones, mociones, etc., nos lanzaremos a solicitar la mayor información posible para analizarla y obtener las evidencias de las irregularidades, ilegitimidad, falta de transparencia y otras cuestiones relevantes que se encuentren durante la revisión o análisis.

Como ejemplo, alguna de la información que debería estar accesible a la ciudadanía, en formato trabajable, es:

Expedientes presupuestarios completos (previsiones, modificaciones interanuales aprobadas, ejecuciones trimestrales), cuadro de financiación.

Estandarización de las partidas presupuestarias para que sean comparables varios años entre sí.

Contratos firmados con todas sus modificaciones y expedientes de adjudicación (proveedores, concursos públicos, préstamos bancarios, avales y otros contratos bancarios…)

Publicación abierta de todos los documentos de estudio de las sindicaturas de cuentas y del tribunal de cuentas.

Base de datos pública con todas las leyes aplicables completas (en todo su proceso, con qué votos y cuándo se aprobaron), ordenada por fechas, temas, regiones, entrada en vigor…

Análisis de datos: Es el trabajo de análisis y obtención de las evidencias que servirán como prueba de los argumentos utilizados para evidenciar la ilegitimad de la deuda y defender su no pago. Una vez tenemos la información para analizar, estableceremos prioridades de análisis, de manera que empezaremos por tratar los hechos o casos más relevantes. Es importante que obtengamos evidencias y documentemos los casos que evaluamos. Este análisis no debería estar relegado a expertos, sino que deberíamos poder disponer de las informaciones de forma que sean comprensibles para un amplio sector de la población, y así poder realizar un análisis lo más colectivamente posible. El análisis, como se ha comentado antes, tampoco se debería centrar tan solo en cuestiones técnicas o financieras. Por ejemplo, se puede documentar el impacto social o ambiental de un proyecto determinado preguntando a los vecinos y vecinas afectados cuál ha sido ese impacto.

Acciones de incidencia: Durante el proceso se podrán llevar a cabo tantas acciones como sean necesarias para conseguir nuestros objetivos, como ejemplos actuales, entre otros, disponemos de mociones en los ayuntamientos exigiendo auditorías ciudadanas, transparencia y accesibilidad a los presupuestos…

Tejer redes: El éxito de nuestra tarea dependerá, en gran parte, de la masa crítica que podamos conseguir, tanto para apoyar o trabajar las acciones o el análisis conjuntamente. Como veremos más adelante, es necesario abrir los procesos de auditoría ciudadana a la mayor cantidad de grupos posibles.

Difusión: Es imprescindible comunicar y hacer públicos los trabajos y resultados obtenidos. Además de ello, es importante que a través de las acciones de comunicación se muestre el proceso de auditoría ciudadana como algo replicable. Por otro lado, reclamamos transparencia a las administraciones públicas, y por tanto debemos hacer gala de esa misma transparencia. Artículos, boletines, comunicados y notas de prensa, breves informes, grabaciones de las acciones que se realicen y difusión en redes sociales, así como estar en la calle con mesas informativas son algunas de las estrategias disponibles.

Educación popular: Se trata de empoderar a la sociedad con el conocimiento de la realidad financiera, identificando el rol de la deuda y los mecanismos que la generan, con el objetivo de poner a la luz la verdad sobre el sistema para el repudio de la deuda ilegítima, exigiendo responsabilidades así como el cambio hacia un nuevo sistema por el que se abogue por la transparencia, la democracia y la justicia social.

Exigir responsabilidades: Identificar a los autores y exigir todas las responsabilidades, incluso por vías judiciales si el caso lo requiere.

Transparencia e información

Teniendo en cuenta que la primera fase de cualquier auditoría es solicitar información, consideramos que como ciudadanas somos auditoras en potencia y no necesitamos más que las ganas de saber. Porque más allá de lo simple que pueda parecer el planteamiento, el querer saber y el sentirnos con el derecho a poder preguntar, es el paso más importante para generar un proceso de auditoría desde abajo. La información está y tenemos el derecho legal a obtenerla. Uno de los objetivos de la PACD es la lucha por la transparencia, ya que queremos contribuir a conseguir que las cuestiones públicas estén sometidas a un control completo de la ciudadanía, a través de mecanismos como los programas electorales vinculantes, referéndums revocatorios o presupuestos participativos (especialmente en el ámbito local).

Si bien es muy importante situar el marco de la línea de trabajo en la incidencia en cuanto a la transparencia y acceso a la información, debemos trabajar la traducción de este marco a acciones de incidencia con las instituciones y de capacitación y empoderamiento popular. El caso de cafèambllet[7] es un ejemplo de auditoría ciudadana que ha servido para hacer mella en la credibilidad política, señalar responsables —que a día de hoy están involucrados en procesos judiciales— y desarrollar conciencia social alrededor de la corrupción institucional. Poco a poco, gracias a estos ejemplos, vamos entendiendo que las alternativas reales no pasan por la reforma o el cambio de poder de las instituciones, sino por una transformación plena que asuma el valor democrático en su máxima expresión como elemento base de control y justicia.

Al abordar la cuestión de la transparencia y el acceso a la información nos encontramos a menudo con un elevado nivel de desinformación en las propias administraciones públicas, contra el que debemos actuar. Los procesos de participación se han burocratizado, convirtiendo el acceso a la información en complejos procesos legales, y la propia información en inaccesible e ininteligible. A menudo no disponemos de la información que deseamos o esta es incompleta, enrevesada o confusa. En ocasiones nos encontramos también con actitudes en las administraciones que obstaculizan ese acceso a la información. Existe poca cultura de transparencia y nos encontramos con respuestas reaccionarias ante preguntas directas —y legítimas— de trabajadores públicos. Parece como si un sentimiento de miedo a compartir invadiese las mentes de quienes deberían estar al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, es precisamente esta falta de cultura de transparencia sobre la que debemos trabajar.

Debemos por lo tanto ser capaces de poner en evidencia la falta de transparencia en las administraciones denunciando y haciéndola pública, para lo que podemos iniciar vías de acceso a la información con el objetivo de hacerla pública y abierta a la ciudadanía a través de distintos mecanismos. Algunos ejemplos son los casos de organización ciudadana en contra de la burocracia innecesaria como los Observatorios Ciudadanos Municipales[5] o tuderechoasaber[6], la presión popular en las calles para reclamar transparencia a todos los niveles y a todo tipo de organizaciones públicas (AAPP así como Empresas Públicas y Mixtas), la presión hacia las Sindicatura de Cuentas, Defensores del Pueblo o el Tribunal de Cuentas para que hagan públicos y accesibles sus informes y la información que disponen, o las vías judiciales para exigir a la administración el cumplimiento de su responsabilidad con la ciudadanía en materia de acceso a la información. Finalmente estaremos en condiciones de valorar la vía judicial ordinaria, tanto para la exigencia de documentación de interés social como para la denuncia de algún proceso considerado ilegítimo y, por supuesto, ilegal a la vez que potenciaremos las denuncias ciudadanas de prácticas ilegítimas o corruptas ante la justicia estatal, europea o internacional.

Recientemente hemos colaborado con la presentación de las instancias ciudadanas llevadas a cabo en Sant Joan Despí, Sant Adrià del Besós y El Masnou que han conseguido aumentar el nivel de transparencia de sus ayuntamientos durante el 2012, y en este sentido, hemos conseguido algunos triunfos en los últimos meses. El martes 25 de junio de este año, vivimos un momento histórico: el Ayuntamiento de Badalona, a instancia de la moción presentada en colaboración con el Grupo de la Auditoría de la Deuda de Badalona, ha sido el primero de todo el Estado que declara ilegítima una parte de su deuda; reconociendo que esta fue contraída sin responder a los intereses de los ciudadanos. Así, hemos conseguido introducir la ilegitimidad en el discurso político, a través de mociones para declarar ilegítima parte de la deuda, como las aprobadas, hasta la fecha, en varios municipios de Cataluña y la Comunitat Valenciana que declaraban ilegítimos los intereses generados en el Plan de Pago a Proovedores-ICO.

Alianzas con otros movimientos

Las movilizaciones de los grupos sectoriales que están sufriendo los recortes, principalmente trabajadoras y usuarias de los servicios públicos como la sanidad y la educación, así como otras plataformas movilizadas por los derechos básicos, o como resultado de grandes fraudes como las preferentes, tienen todas un nexo en común. La lucha por unos presupuestos que respondan a las necesidades básicas y en contra de los recortes tienen mucho que ver con la reivindicación del No pago de las deudas ilegítimas.

Los recortes han sido permanentemente justificados como una política necesaria ante una situación insostenible de las finanzas públicas, pero el trabajo de la PACD puede servir de argumento a todos estos movimientos, difundiendo la reflexión sobre qué significa el concepto deuda ilegítima, aportando información sobre las experiencias en otros países, así como actuando como vínculo entre los diferentes movimientos y organizaciones que quieran hacer estudios sectoriales concretos (como los hay en sectores como el de las eléctricas, la privatización del agua o la gestión hospitalaria, entre otros), aportando argumentos para desmentir el discurso oficial y herramientas en la medida de lo posible que ayuden a conseguir los objetivos, agruparlos y difundirlos. De esta forma, trabajando todas juntas podremos empoderar a la sociedad y generar y potenciar el debate sobre qué modelo económico, político y social queremos, construyendo una nueva alternativa al sistema actual que responda a los intereses y necesidades de la población.

Ninguna acción aislada, por mucho potencial que parezca tener, será suficiente por sí misma para generar una transformación real de las administraciones. Lo único que permitirá un cambio real será la sucesión de las diferentes y diversas acciones. Por tanto, se necesita coordinación entre los movimientos y colectivos que luchen contra la austeridad y, por tanto, por el no pago de la deuda.

Para que la exigencia de la mayoría social permita «no pagar la deuda ilegítima y denunciar a los culpables, exigiendo responsabilidades», como ciudadanas que somos os alentamos a ejercer vuestro derecho a demandar información y a realizar auditorías ciudadanas.

Somos auditoras ciudadanas ¿y tú?

Este libro ha sido financiado a través del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), un centro de investigación de las interferencias Norte-Sur y de la correspondiente generación de deudas contraídas entre comunidades durante el actual proceso de globalización. El ODG actualmente centra su atención en las nuevas formas de anticooperación. Particularmente las ligadas al modelo energético, así como a la generación de nuevas deudas ilegítimas a través de actores y procesos transnacionales.

This book has been produced with the assistance of the European Union. The contents are the sole responsibility of ODG and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

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Notas

[1] «El 19% del PIB, para abonar la deuda y sus intereses en 2013», El Economista, 13 de abril de 2013. <<

[*] Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS), Universitat Autònoma de Barcelona. <<

[*] Editor de la revista cafèambllet y autor del libro Artur Mas: ¿dónde está mi dinero? <<

[2] Entrevista al conseller Boi Ruiz en el programa Ágora de TV3, el 10 de enero de 2011. <<

[3] «El salari dels metges gironins ha caigut entre un 20% i un 30% de mitjana en un any», Diari de Girona, 7 de febrero de 2012. <<

[*] Colectivo RETS. <<

[4] www.cafeambllet.com <<

[5] www.ocax.net <<

[6] www.tuderechoasaber.es <<